La Plena Edad Media. Siglos XII-XIII

PROYECTO EDITORIAL

HISTORIA DE ESPAÑA. 3.er MILENIO

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Elena Hernández Sandoica

La Plena Edad Media. Siglos XII-XIII

Ignacio Álvarez Borge

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ISBN: 978-84-995817-5-0

Índice

Introducción

1. Las bases materiales de la expansión

       1.1. La producción. El campesinado

               1.1.1. La familia y las explotaciones campesinas

               1.1.2. La economia campesina. Agricultura y ganadería

               1.1.3. Diferencias internas en el campesinado

               1.1.4. Las comunidades locales, las aldeas y los concejos

       1.2. La apropiación del excedente. Los señores

               1.2.1. Las bases del poder señorial. Propiedad de la tierra y jurisdicción

               1.2.2. La economia señorial. Señorios y ganadería

               1.2.3. La guerra como factor de expansión

               1.2.4. Diferencias internas en la clase señorial

       1.3. La circulación del excedente. Ciudades y mercados

               1.3.1. ¿Qué es una ciudad en la Plena Edad Media?

               1.3.2. Formación y desarrollo de los núcleos urbanos

               1.3.3. La red de mercados y el entorno rural

               1.3.4. La sociedad urbana y el gobierno de las ciudades

2. Los procesos de expansión

       2.1. León y Castilla

               2.1.1. Alfonso VI y la conquista de Toledo

               2.1.2. Crisis y conflictos en el reinado de Urraca

               2.1.3. El Imperio de Alfonso VII

               2.1.4. La separación de los reinos de Castilla y León

               2.1.5. La reunificacion con Fernando III. La conquista de Andalucía

               2.1.6. El reinado de Alfonso X

               2.1.7. El fin de la gran expansión y el comienzo de los conflictos

       2.2. Aragón y Cataluña

               2.2.1. La unión de Aragón y Navarra y la expansión hacia el valle del Ebro

               2.2.2. Alfonso el Batallador y la conquista de Zaragoza

               2.2.3. Condes y condados catalanes (1076-1131)

               2.2.4. La unión de Aragón y Cataluña

               2.2.5. Los reinados de Alfonso II y Pedro II. La política occitana

               2.2.6. El reinado de Jaime I. Las conquistas de Mallorca y Valência

               2.2.7. Expansion mediterrânea y conflictos internos a fines del siglo XIII y comienzos del XIV

       2.3. Portugal

               2.3.1. Alfonso Enriquez y la formación y consolidación del reino

               2.3.2. Conflictos internos y expansión territorial en la primera mitad del siglo XIII

               2.3.3. De la restauración del poder regio a la reanudación de los conflictos. Los reinados de Alfonso III y Dionis

       2.4. Navarra

               2.4.1. La restauración de la monarquía navarra

               2.4.2. Los reinados de Sancho VI y Sancho VII y el fin de las posibilidades de expansión peninsular

               2.4.3. La casa de Champaña

               2.4.4. La vinculacion a la monarquía francesa

3. La articulación política

       3.1. La expansión territorial y los modelos de organización social y política

               3.1.1. Los territorios antiguos

               3.1.2. Las Extremaduras

               3.1.3. El protagonismo de las ordenes militares

               3.1.4. Los repartimientos

       3.2. El gobierno de los reinos

               3.2.1. El rey y la corte regia

               3.2.2. La administración territorial

               3.2.3. La fiscalidad

               3.2.4. Las cortes

               3.2.5. El derecho y las leyes

               3.2.6. Los grupos minoritarios. Judíos y mudéjares

4. Iglesia y cultura

       4.1. La organización diocesana

               4.1.1. Diócesis y provincias eclesiásticas

               4.1.2. La organización diocesana

       4.2. Órdenes religiosas e intentos de reforma de la Iglesia

               4.2.1. Cluniacenses

               4.2.2. Cistercienses

               4.2.3. Canónigos regulares y premonstratenses

               4.2.4. Órdenes mendicantes

               4.2.5. Herejes y heterodoxos

       4.3. Tiempo de catedrales

       4.4. Las primeras universidades

       4.5. La caballería

5. Notas sobre algunas interpretaciones y debates historiográficos

       5.1. El feudalismo hispánico

       5.2. La Reconquista

Selección de textos

Bibliografía

Introducción

El fenómeno más relevante en la historia de España durante la Plena Edad Media es, sin duda, la gran expansión de los reinos cristianos del norte. Esa expansión no se produjo a lo largo de un proceso continuo, sino en diversos momentos cada uno de los cuales responde a sus propias características y a circunstancias históricas específicas. Ese proceso global es lo que tradicionalmente se denomina Reconquista y, en efecto, llevará a que desde mediados del siglo XIII los reyes cristianos integren en sus reinos gran parte de la península, excepto el reino nazarí de Granada. Décimos que la Reconquista se fue desarrollando a impulsos a lo largo de diversos períodos y su éxito no dependió solo de la determinación de los reyes cristianos y sus ejércitos, sino de la propia situación en al-Andalus y en el norte de África. Victorias militares y crisis políticas explican el desarrollo de los acontecimientos, como veremos en el segundo capítulo, pero no podemos entender la Reconquista atendiendo solo a esos aspectos.

La Reconquista fue el resultado de un proceso general de desarrollo y expansión de las sociedades cristianas del norte. Esa situación, que subyace al fenómeno político más visible de las conquistas, no es particular de la península Ibérica. Es común a otras zonas de Europa y es el resultado del desarrollo del feudalismo, entendido como un sistema global de organización de la sociedad. Frecuentemente el término feudalismo se asocia a otros que tienen un contenido negativo, y eso se justifica porque era un sistema social que consagraba formas de explotación de unos hombres por otros, privilegios jurídicos y falta de libertades. Pero el desarrollo del feudalismo llevó a un período de expansión y crecimiento en todos los ordenes de la vida social, económica, intelectual, etc. Así, la Plena Edad Media en toda Europa es una época de caballeros violentos y arbitrarios, de servidumbre y explotación del campesinado, pero también es una época de crecimiento de las ciudades, de formación de las universidades y de expansión de las entidades políticas, como por ejemplo en las Cruzadas o en la Reconquista.

En el primer capítulo de este libro se explicará como era la organización social y económica que, bajo el sistema feudal, generó las dinámicas de desarrollo, crecimiento y expansión que se concretaron en las conquistas territoriales. En el capítulo segundo se describen los procesos de expansión de los distintos reinos hispánicos, su historia política. En el tercer capítulo se verá como se organizo políticamente esa expansión, cuáles eran las instituciones más importantes y el papel de los principales agentes políticos. La ideología dominante que daba cobertura a la organización social y política era una ideología religiosa dominada por la Iglesia. En el capítulo cuarto se hablará de la Iglesia y la cultura en ese período. Con ello se ofrece un panorama bastante completo de como se vivió en los reinos hispánicos en aquel período, de cuáles fueron los principales acontecimientos y, tan importante o más, de las razones que los provocaron y que nos ayudan a entenderlos.

Sin embargo, el proceso histórico de expansión de la Plena Edad Media desemboco en una grave crisis, tanto en la península Ibérica como en otras zonas de Europa. Su estudio corresponde a los siguientes volúmenes de esta colección, pero nos parece necesario señalar aqui que buena parte de las causas de esa crisis están en las propias características de la sociedad feudal en la época de desarrollo y expansión. Se trata de problemas estructurales que, como iremos viendo, caracterizarán también este período.

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Las bases materiales de la expansión

Como ya hemos señalado, el proceso de expansión territorial de los reinos cristianos peninsulares, la Reconquista, no es un fenómeno puramente militar o político dirigido por impulsos religiosos. Las causas que lo explican son más complejas y hay que buscarlas en la propia estructura social y económica de las sociedades feudales cristianas del norte (Mínguez, 1989). Durante la Alta Edad Media en esas sociedades se vivió un proceso de formación del feudalismo, seguramente siguiendo caminos parcialmente distintos pero que desembocaron en situaciones bastante similares en lo fundamental. Hacia 1100 muchos historiadores coinciden en calificar esas situaciones como feudales.

Durante los siglos XII y XIII en la península la fuente fundamental de riqueza seguia siendo la tierra. Era el principal medio de produccion del que se obtenía lo básico del sustento del conjunto de la sociedad. Lo característico del feudalismo es que mientras los campesinos tienen acceso a la tierra en condiciones que podemos considerar en general como de estabilidad y la trabajan con un grado de autonomia considerable, sin embargo un grupo reducido de la población, la clase feudal, los señores, obtienen una parte importante de la produccion de los campesinos. Disfrutan de esa capacidad no sólo mediante el establecimiento de relaciones económicas con los campesinos (algo que también hacen en ocasiones, por ejemplo arrendando tierras con contratos de corto plazo, o utilizando el trabajo de jornaleros), sino fundamentalmente mediante lo que los historiadores marxistas denominan coerción extraeconómica. En ese concepto se engloban elementos diversos. Por ejemplo, un sistema jurídico que garantiza que los señores son una clase privilegíada. También una ideología promovida por la Iglesia (cuyos miembros más destacados son también señores) que justifica que unos y otros, señores y campesinos, tienen funciones sociales distintas. Se trata de la division trifixncional de la sociedad en clérigos, guerreros y campesinos planteada como una division natural y querida por Dios para el buen funcionamiento de la sociedad. Y en ese concepto de coerción extraeconómica podemos incluir también el monopolio de la violencia legítima, derivado de la division trifuncional mencionada, que se concretaba en una abrumadora superioridad militar de los señores frente a los campesinos.

La Plena Edad Media se caracteriza porque esa forma de organización de la sociedad se concreta en un contexto de crecimiento económico. En ese crecimiento tuvieron un papel importantisimo las ciudades, que canalizaron el excedente de la producción agraria hacia intercambios comerciales y, mediante una densa red de mercados locales, crearon nuevos círculos de relaciones económicas. En toda Europa occidental hacia el siglo XII se produjo un renacimiento urbano y también en la península con sus propias características, como veremos más adelante. Como señalan muchos autores, es muy probable que la autonomia de los campesinos en la Alta Edad Media les permitiera protagonizar una primera fase de desarrollo económico y generar excedentes que darían lugar a la aparición de mercados. También es muy probable que la apropiación por parte de los señores de una parte importante de ese excedente, en el contexto de la formación y consolidación del feudalismo, fuera también en determinadas circunstancias un impulso al desarrollo económico, promoviendo el aumento de la producción agraria. Si en un primer momento los señores cobraban de sus campesinos dependientes rentas en especie, en productos agrarios, pronto necesitaron de la existencia de mercados y ciudades donde poder transformar esos productos en otros no agrarios o en dinero. En un segundo momento, los señores exigieron frecuentemente todas o una parte de las rentas directamente en moneda y las ciudades garantizaron la necesaria circulación de los productos agrarios para transformados en moneda para pagar las rentas. Asi pues, el crecimiento agrario, fuera motivado por la relativa independencia del campesinado o por las demandas de los señores o por ambas razones, es necesario para explicar el surgimiento de las ciudades medievales y su crecimiento en la Plena Edad Media. Pero también las ciudades favorecieron e impulsaron a su vez el crecimiento de la producción agraria. En ellas se asentaba una poblacion cada vez más numerosa de gentes no dedicadas a la agricultura, comerciantes o artesanos que, aunque pudieran cultivar un huerto y quizá algunas parcelas extramuros, no obtenían de la agricultura lo necesario para mantenerse. Ellos proveian al mercado local con bienes y productos artesanales. Junto a ellos un cierto número de nobles que vivian en las ciudades, funcionarios de la administración, un número considerable de clérigos que poblaban las ciudades medievales, criados, forasteros, etc. Todos ellos consumian productos agrarios, de manera que el aumento de la población urbana fue también un factor que impulso el desarrollo de la agricultura.

Campesinos, señores y burgueses son las tres clases sociales fondamentales que podemos encontrar en la Plena Edad Media, junto a otros grupos minoritarios. En correspondencia, las explotaciones agrarias campesinas, los dominios y señoríos y las ciudades son los tres ámbitos de desenvolvimiento de la economia feudal plenomedieval; aunque no existe un pleno acuerdo entre los historiadores a la hora de valorar el papel de cada uno de ellos. Para un grupo importante de historiadores, representados quizá por G. Bois, las pequeñas explotaciones campesinas son el eje de la economia medieval, son el motor que impulsa el desarrollo agrario y, como consecuencia, del conjunto de la economia. La historiografía francesa ha tenido y sigue teniendo un peso muy importante entre los historiadores españoles; de manera que estas tesis han influido en sectores amplios del medievalismo hispánico que ven también en el campesinado al principal agente económico, gracias a la autonomia de gesción de las explotaciones campesinas y a la estabilidad en el acceso a la tierra. Otra linea de interpretación pone más énfasis en los señores, en el peso de la exacción señorial que condicionaba el conjunto de las relaciones económicas y sociales; de manera que no son las explotaciones campesinas sino los dominios y señoríos los marcos fondamentales de desarrollo de la economia plenomedieval. En esta interpretación quizá tienen más peso las ideas de algunos autores ingleses como R. Hilton, también un autor muy influyente entre algunos sectores del medievalismo hispánico. Simplificando bastante, he seleccionado a esos dos autores, Bois y Hilton, como representativos de las líneas de interpretación que ponen más énfasis en unos aspectos u otros porque además ambos, que se cuentan entre los autores más importantes que han elaborado teorias sobre el funcionamiento del feudalismo, conceden una importância sustancial a las ciudades. Las teorias tradicionales situaban a las ciudades medievales como apéndices al margen del feudalismo; eran, como se ha repetido muchas veces, “islas de libertad en un mar feudal”. El mundo rural y el mundo urbano se contraponían. Sin embargo, hoy es claro para la mayor parte de los autores que ambos mundos no son sino uno solo. El feudalismo, teniendo una clara base vinculada a la tierra y las relaciones en torno a ella, necesitó de las ciudades para desarrollarse plenamente. Por su parte, muchas ciudades europeas de hoy dia son hijas, podríamos decir, del feudalismo. Lo que es válido para el resto de Europa es válido también para la península Ibérica. Por lo tanto, los intercambios comerciales, los mercados, en definitiva las ciudades son elementos fondamentales en la dinámica de desarrollo del sistema feudal.

Ciudades, señorios y pequeñas explotaciones campesinas son los tres pilares que soportan la economia feudal plenomedieval, sin que podamos decir que uno de ellos es más importante que los demás de una forma general. En cada zona concreta, incluso en cada comarca, las relaciones económicas y sociales se anudan de una forma determinada dentro de unas pautas generales comunes. En unas zonas los señorios serán más débiles y, por lo tanto, la autonomia y el protagonismo de los campesinos serán mayores. En otras zonas, como por ejemplo a lo largo del Camino de Santiago, los intercambios comerciales y las ciudades serán elementos más importantes. También surgirán otras villas y ciudades ligadas más al desarrollo de la ganadería y menos a los intercambios comerciales, como en las Extremaduras castellana y leonesa. En otras zonas, en fin, el peso de los señorios, por ejemplo de ordenes militares o episcopales, es mayor en la regulación de más aspectos de la vida social y económica.

En las páginas siguientes iremos desgranando estos problemas con más detalle. Antes también conviene señalar que, en correspondencia con el crecimiento económico, esta época se caracteriza igualmente por ser un período de crecimiento demográfico. Las fuentes conservadas no permiten apenas estimaciones de tipo estadistico, por lo que las cifras siempre tienen un valor muy aproximativo; además, los distintos autores discuten también frecuentemente en torno a esas cifras. Pero si hay un cierto acuerdo en señalar que el aumento de la población de los reinos cristianos peninsulares a lo largo de todo el período fue importante. En varias zonas se ha estimado que la población se duplico entre finales del siglo XI y finales del siglo XIII. Cifras concretas solo pueden aventurarse para el final del período y siempre con ese valor relativo que hemos mencionado. Hay que tener en cuenta también que esas cifras corresponden al momento en que ya se ha producido la gran expansión territorial de los reinos cristianos, cuando al-Andalus habia quedado reducida ya al reino de Granada. Hacia 1300 algunos autores sostienen que Castilla podía contar con unos 3 millones de habitantes, cifra que otros auto res elevan hasta 4* 5 millones en las primeras décadas del siglo XIV. Para la Corona de Aragón se ha hablado de menos de un millon de habitantes, quizás entre 800.000 y 900.000; Cataluña no llegaría a medio millon de habitantes; entre 180.000 y 200.000 podía tener Aragón, más o menos como Valencia, mientras que Mallorca no llegaría a los 50.000. Para Navarra a finales del siglo XIII se han estimado más de 150.000 habitantes, aunque otros autores reducen un tanto esa cifra. Por entonces en Portugal se han calculado unos 700.000 habitantes. Por último, hay que tener en cuenta que detrás de esas cifras hay importantes diferencias regionales en las distintas zonas de los diversos reinos, diferencias que podían ser muy importantes.

En cualquier caso, la mayor parte de esos habitantes eran campesinos; comenzaremos, pues, estudiando el campesinado y las condiciones de la producción agraria.

1.1. La producción. El campesinado

Todas las sociedades tienen, de una u otra manera, una cierta vision de sí mismas. Una de las visiones que existía en la Edad Media y que fue muy difundida, aunque nunca fue la única ni excluyente de otras, es la conocida diferenciación trifuncional en guerreros, clérigos y campesinos. Esa era la vision que tenían los poderosos y, puesto que eran ellos quienes tenían acceso a la cultura y la escritura, es también la que ha llegado hasta nosotros de forma expresa en muchos textos. A partir de ahí algunos historiadores consideran que es necesario entender la sociedad medieval como una sociedad estamental, formada por ordenes o estamentos y, puesto que éstos se definen mediante criterios jurídicos y de estatus, serían esos criterios los que nos deberían servir para estudiar al conjunto de la sociedad.

Frente a ello, otros historiadores consideran que la vision que esas sociedades (o un sector de ellas) tenían de sí mismas, con ser muy importante y ayudarnos a entender muchos aspectos de su funcionamiento, no tiene por qué ser necesariamente la única a tener en cuenta ni la más relevante desde un punto de vista histórico. Así, por lo que se refiere a la sociedad plenomedieval, los criterios jurídicos y de estatus no resultan suficientes para comprender la dinámica de las relaciones sociales. Necesitamos introducir criterios de análisis económico, que se articulan mucho mejor mediante el concepto de clase social que mediante el concepto de orden o estamento. En ese sentido, Julio Valdeón ha demostrado con brillantez la utilidad y la necesidad de la utilización del concepto de clase social en el análisis de la sociedad medieval (Valdeón, 1977). Poco después, Juan Carlos Martin Cea ofreció una excelente definición del campesinado como clase:

       El campesinado es quien se encarga de la producción de bienes primários; es decir, quien extrae de la tierra con su trabajo todos aquellos alimentos que nutren al resto de la sociedad. En cuanto a la porción que le corresponde en el reparto social de la propiedad y de la renta, está mediatizada por las relaciones sociales de producción. Normalmente, el campesino detenta —salvo excepciones— la propiedad de los medios o instrumentos de producción (arado, hoces, bueyes, etc.) y posee el dominio útil de la tierra sobre la que trabaja, pero en virtud de las mencionadas relaciones de producción la clase no-productora —integrada por los señores laicos o eclesiásticos— extrae de la clase productora —los campesinos— todo lo necesario para mantener su sistema de vida mediante una coacción extra-económica (no basada, por consiguiente, en mecanismos específicamente económicos, como sucede en el mundo capitalista actual) (Martin Cea, 1986: 37).

1.1.1. La familia y las explotaciones campesinas

Hemos señalado que la explotación de la tierra era la principal fuente de riqueza en este período. Los campesinos son quienes trabajan la tierra y son, por lo tanto, los productores de esa riqueza que después se extiende de forma desigual al conjunto de la sociedad mediante coacción y mediante intercambios comerciales. Por lo tanto, conviene comenzar observando la organización económica y social a partir de las que eran sus células básicas, las explotaciones campesinas.

El solar en Castilla, el casal en Galicia, el masen Cataluña son términos que se utilizan en la documentación de los siglos XII y XIII para referirse a las explotaciones campesinas. Cada uno de esos términos designa a una unidad de explotación correspondiente a una familia campesina. Remiten al lugar de habitación, a la casa (es conocido también, por ejemplo, el significado del término solar como parcela urbana) y a las tierras de cultivo que son trabajadas por la familia campesina. Por lo tanto, son términos que remiten a las unidades campesinas y que corresponden a unidades familiares, no a individuos. Esas familias campesinas no constituyen solo explotaciones agrarias, sino que también son unidades de extracción de renta para los señores y unidades fiscales a efectos de los tributos regios. Así, por ejemplo, un solar es la casa y las tierras que trabaja la familia campesina, pero también es la unidad de tasación a la hora de pagar las rentas al señor y los tributos regios. El señor recaudará rentas de sus solares y por cada uno de ellos, y en un concejo se establecerá que hay un determinado número de solares (10, 15, 20…; a veces ese número no correspondia con la realidad) y en función de ese número se fijará la cuantía de los tributos regios (en Castilla a ese número en el siglo XIII se le denomina cabeza de pecho).

En un nivel de descripción general no es posible reconstruir con detalle como eran las explotaciones agrarias campesinas porque había muchas variaciones según las distintas zonas y, por otro lado, como veremos más adelante, el campesinado no era una clase homogénea. Pero podemos hacer algunas aproximaciones a modo de ejemplo.

La referencia fundamental de la familia campesina y de su explotación agraria es la propia casa, el lugar de residencia y habitación. Frecuentemente las casas campesinas tienden a ser de planta rectangular y constan de una o a veces dos o tres habitaciones. El tamaño varia; en las zonas de hábitat disperso, generalmente zonas montañosas, tienden a ser construcciones exentas y de mayor tamaño (unos 50 o 70 m²); en las zonas de hábitat concentrado es más frecuente encontrar construcciones en hilera con muros compartidos y de menor tamaño (unos 30 m²). Estas características, por ejemplo, se han señalado para Navarra (Jusué, 1988; Miranda, 1999). El recinto principal podía completarse con otras construcciones menores cercanas dedicadas a establos, bodega, almacén, etc. Así, a menudo la casa campesina incluía varias edificaciones. Ese complejo en León, por ejemplo, se denominaba corte y no era extraño que algunas de esas dependencias fueran excavadas, tal y como ha señalado Carlos Reglero (Reglero, 1994: 366-374). En el siglo XIV se despobló el lugar de Fuenteungrillo, cerca de Medina de Ríoseco, y los trabajos arqueológicos que se han realizado muestran que las edificaciones principales, seguramente destinadas a residencia, eran de planta rectangular y tenían alrededor de unos 20 m², mientras que las secundarias no solían llegar a 10 m² y eran de planta más irregular. Los masos catalanes también eran construcciones complejas con dos o tres habitaciones principales destinadas a residencia, de alrededor de unos 10 m2 cada una, y otros edificios secundarios adosados o no a los anteriores.

Entre los materiales de construcción destaca la piedra. Lógicamente su utilización también es diversa en función de su disponibilidad y de las características de cada zona. En zonas montañosas es frecuente que todos los muros sean de piedra, mientras que en las zonas lianas aparecen también el adobe y el ladrillo. No es raro encontrar muros con una base de piedra y sobre ella una pared de adobe. Para los tejados se utilizaban tejas y, más frecuentemente, madera o paja. Generalmente las construcciones eran de una sola planta, aunque las mejores construcciones podían incluir también un tablado formando una estancia superior utilizada como almacén. Esa elevación en altura parece característica del siglo XIII en adelante y seria una consecuencia del desarrollo agrario.

El centro de las casas campesinas era el hogar, el fuego. En algunas zonas el término y sus derivados se utiliza en relación con las situaciones de avecindamiento. Se hablará así del número de fuegos que hay en un lugar (fogatges) en una expresión sinónima al número de solares. En esos contextos, cada fuego o cada solar corresponden a una familia campesina. De manera similar, en algunas zonas de Castilla el fumo es la unidad de tasación de las rentas pagadas por los campesinos (fumadga).

Junto a la casa, la explotación campesina se compone de las tierras de cultivo y los derechos de aprovechamiento de las tierras comunales de la aldea. Algunas parcelas, significativamente las huertas y las eras, podían estar próximas a la casa; las restantes parcelas, dedicadas básicamente al cultivo de cereales y a viñas, podían estar más o menos dispersas por el término de la aldea o incluso en los términos de otras aldeas cercanas. En cuanto al aprovechamiento de los comunales, era una consecuencia de disponer de la condición de vecino de un lugar y resultaba fundamental por cuanto proporcionaba pastos para el ganado doméstico, madera que era la principal fuente de energía y material de construcción, y permitía obtener también otros recursos del bosque, caza y ciertos productos de recolección. En el siguiente apartado nos detendremos en estos aspectos con más detalle.

El trabajo de esas tierras, su explotación, corresponde a las familias campesinas. Su composición y estructura se conocen relativamente bien gracias a los trabajos de varios autores, entre los que podemos destacar a Reyna Pastor y sus colaboradores para Galicia o Lluís To para Cataluña (Pastor, 1990; To, 1997). La familia campesina medieval en la mayor parte de la península era una familia nuclear. Son muy escasas las zonas donde existen familias extensas. Es una familia conyugal formada por los padres y los hijos. La documentación plenomedieval no permite aproximaciones demográficas tan precisas como para otras épocas posteriores, pero los estudiosos si han dado algunas cifras que son generalmente admitidas como válidas. Según los cálculos de Reyna Pastor para algunas zonas de Galicia, la media del número de hijos por matrimonio se sitúa alrededor de tres, con un índice de masculinidad, una proporción de hombres/mujeres, que podría ser de 130/100. Un modelo ideal nos situaria frente a una familia compuesta por cinco miembros: el padre, la madre, dos hijos varones y una hija. La esperanza de vida media podría situarse en torno a los 45 anos, a pesar de una mortalidad infantil muy elevada, con edades de casamiento en torno a los 20/23 anos para los hombres y a los 15/18 para las mujeres. De esa manera, en ocasiones la familia conyugal podía extenderse y configurarse como una familia troncal, añadiendo algún hijo casado y sus propios hijos; una familia compuesta, por lo tanto, por abuelos, hijos y nietos. En esa circunstancia es frecuente que alguno de los hermanos haya abandonado ya la unidad familiar paterna formando la suya propia. Es así sobre todo en el caso de las hijas que abandonan la familia paterna para instalarse con su marido, a menudo en la casa de los padres de éste. No es raro que alguno de los hermanos varones permanezca soltero, continúe viviendo en la casa de sus padres y más tarde conviva con su hermano y la familia de éste, dando lugar a una figura característica.

Es necesario insistir en que aqui sólo se puede ofrecer una breve reconstrucción ideal y que la composición concreta de las familias campesinas presenta muchas variaciones, sobre las cuales los estudiosos procuran llegar a determinar ciertos tipos.

La composición de las familias y de las explotaciones campesinas está muy condicionada por las normas que rigen las sucesiones hereditarias. A lo largo de la Edad Media esas normas se irán modificando pasándose de un sistema que garantiza una participación equivalente en la herencia para todos los descendientes, varones y mujeres, a un sistema que prima la sucesión masculina y la primogenitura. Esa transformación se hará con distintos ritmos en las distintas zonas; en algunas no hará sino apuntarse sin llegar a consolidarse mientras que en otras se desarrollará plenamente; y tendrá también un contenido jurídico e institucional distinto.

Entre una sucesión plenamente igualitaria y otra institucionalizada a favor del varón primogénito caben muchas situaciones concretas. Hay que tener en cuenta que cada caso presenta una situación biológica determinada que es la primera que condiciona la sucesión hereditaria (número de hijos, composición del grupo de herederos por sexos, edades, etc.). Es posible, por ejemplo, que una parte, en ocasiones sustancial, de la herencia de las hijas se reciba en forma de dote matrimonial, frecuentemente antes de que se produzca la muerte de los padres y se lleve a cabo el reparto de la herencia. La dote incluye a menudo bienes muebles. De manera que si vemos que en un reparto hereditario las hijas reciben una cantidad menor de tierras, puede estar reflejando un acceso anterior a otra parte de la herencia en forma de dote. Otras veces, sin que se trate de dotes específicamente, podemos ver repartos desiguales de tierras tras los cuales puede haber diversas formas de composición entre los herederos. Por ejemplo, los herederos menos beneficiados en el reparto, tanto varones como mujeres, pueden recibir en compensación una parte mayor en los bienes muebles (aperos de labranza, utensilios domésticos…), o en el ganado doméstico, o puede haber compensaciones monetarias.

Pero una parte de la herencia dificilmente divisible entre los herederos era la propia casa, el edificio o conjunto de edificios que formaba el núcleo de las explotaciones campesinas. Hay la tendencia a que la casa pase a manos de solo un heredero, generalmente el varón primogénito. En las explotaciones campesinas también hay un número variable de parcelas; algunas de esas parcelas por su tamaño, proximidad a la residencia, calidad, etc. forman el bloque fundamental, mientras que otras, generalmente más alejadas, más pequeñas, pueden considerarse complementarias. También hay la tendencia a que ese bloque de parcelas fundamentales, que dan personalidad a cada explotación, permanezcan unidas a la casa. Por ese camino entre los campesinos se desarrolla una tendencia a primar a uno de los hijos en la herencia de los padres. Pero, como hemos visto, esa tendencia se puede equilibrar con otro tipo de compensaciones en favor de los restantes herederos.

Junto a la tendencia que mencionamos, la presión señorial también actuó en algunas zonas favoreciendo la sucesión desigual que primara el mantenimiento de la explotación agraria (para los señores una unidad productora de renta) en las mismas condiciones con el paso de las generaciones. Los señores estaban interesados en que a una familia campesina le sucediera otra de composición parecida, que garantizara el mantenimiento de la fuerza de trabajo necesaria para sacar adelante la explotación agraria y pudieran pagar las rentas. De la misma manera, les interesaba que la explotación agraria mantuviera sus características básicas, de forma que pudiera producir la renta, sin desmembramientos excesivos que pusieran en peligro la capacidad para mantener a la familia campesina y, por consiguiente, pagar la renta señorial. En diversas zonas se puede ver como los señores intervinieron en las prácticas de las sucesiones hereditarias de los campesinos procurando imponer una sucesión desigual que primara la primogenitura y la sucesión masculina. Pero donde esa tendencia tuvo mayor éxito fue en Cataluña con la institución del hereu. Comenzó a desarrollarse en la segunda mitad del siglo XI, como ha mostrado Lluís To, y supone que uno de los hijos, el hereu, recibe el mas y la mayor parte de las tierras que lo integran (To, 1997). El hereu es generalmente el varón primogénito, aunque ocasionalmente también puede ser una mujer, y recibe sus derechos de herencia mediante un heretament, un acuerdo que se realiza aún en vida de sus padres, generalmente cuando se casa. Los padres se reservan el usufructo vitalicio de los bienes que desde entonces pertenecerán ya al hereu; de manera que el hereu, su esposa y sus hijos vivirán en casa de los padres, adoptando la familia una forma de familia troncal y patrilocal. El hereu deberá mantener a sus padres en su vejez y cuidará también de sus hermanos, pagando las dotes de sus hermanas. En cuanto a los otros herederos varones, si los hay, reciben una cantidad menor de tierras; pueden instalarse por su cuenta en otro mas adquiriendo otras tierras formando una nueva explotación campesina; pueden emigrar a una villa o ciudad cercana combinando actividades agrarias con otras no agrarias; o pueden renunciar a formar su propia familia y a una parte de su independencia, permaneciendo en la casa de sus padres y del hereu en una situación de semisubordinación característica y aportando su fuerza de trabajo para el desarrollo de la explotación agraria.

La institución del hereu convívio con otras formas de repartos igualitarios o semiigualitarios. Parece que se desarrolló antes entre los sectores medios y acomodados del campesinado catalán. En otras zonas, como en Castilla, la tendencia a la sucesión masculina y a la primogenitura tuvo un desarrollo mucho menor, con una pervivencia de las formas tradicionales.

Un elemento que condicionaba las prácticas hereditarias y la propia composición de las familias entre el campesinado es la posibilidad de acceso a nuevas tierras. No debemos olvidar que en la península durante los siglos XII y XIII hay un contexto de expansión. El acceso a nuevas tierras puede concretarse tanto en roturaciones en las zonas originarias como en la emigración hacia el sur, hacia las nuevas tierras que se van incorporando a los reinos cristianos con el proceso de la Reconquista.

Las roturaciones suponían poner en cultivo tierras ganadas al monte mediante talas o rozas. El proceso roturador había comenzado antes y continuo con diferentes ritmos en las distintas zonas en los siglos XII y XIII. Los testimonios son diversos pero entre los más expresivos se encuentran los que recogen los conflictos a que dio lugar. Conflictos a veces entre señores y campesinos, a veces entre concejos rurales y a veces entre señores. Las roturaciones en ocasiones fueron iniciativa de los campesinos pero en otras ocasiones también fueron promovidas por los señores que, mediante la formación de nuevos solares, buscaban aumentar el número de sus campesinos dependientes y con ello sus rentas. También los reyes fomentaron las roturaciones en las zonas que controlaban directamente. Pero, como décimos, el proceso roturador dio lugar a conflictos. Las situaciones concretas eran variadas y complejas y reducir los espacios de monte alteraba también el equilibrio entre agricultura y ganadería de manera que en ocasiones unos u otros procuraron frenar ese proceso. También se produjeron roturaciones, aunque en menor medida, ganando terreno en zonas húmedas y pantanosas.

La visión general que podemos ofrecer es que mediante las roturaciones los campesinos pudieron acceder a nuevas tierras. Pudieron ampliar las expiotaciones existentes completándolas, si era necesario, para adecuarlas a la fuerza de trabajo disponible, a los componentes de la unidad familiar y a sus necesidades de mantenimiento. Por otro lado, la posibilidad de poner en cultivo nuevas tierras era también un factor que influía en los repartos hereditarios. En las zonas donde existían fórmulas de repartos igualitarios o equivalentes entre todos los herederos el riesgo era la fragmentación excesiva de las explotaciones, haciéndolas demasiado pequeñas para sostener a las nuevas explotaciones familiares que se creaban. Eso podía compensarse de diversas maneras, algunas de las cuales ya las hemos señalado, por ejemplo adquiriendo tierras de otros campesinos que por diversas circunstancias necesitaran deshacerse de una parte de sus parcelas. Pero también podía compensarse completando las tierras recibidas en herencia con otras nuevas, roturando nuevas tierras. En cualquier caso, los diversos caminos no eran excluyentes.

Otra vía de acceso a la tierra en esta época fue la emigración hacia el sur, hacia los territorios que se iban conquistando. Se conocen especialmente bien dos procesos: la instalación de gentes procedentes del norte del Duero en las Extremaduras, los territorios entre el Duero y el Sistema Central, desde finales del siglo XI, estudiado por Angel Barrios (Barrios, 1985); y la instalación de gentes del norte tras la conquista de Andalucía desde mediados del siglo XIII que ha quedado recogida, a veces con detalle, en los repartimientos de las tierras conquistadas, como el de Sevilla estudiado por Julio González (González, 1951). En el sur obtuvieron tierras muchos nobles pero no hay duda de que promovieron la instalación de algunos de sus campesinos procedentes del norte en las tierras que adquirían en Andalucía. Y junto a los nobles en los repartimientos figuran también un número considerable de peones, campesinos que habían participado en las campañas militares como soldados a pie, que obtuvieron pequeñas explotaciones agrarias.

En conjunto, la vision que podemos ofrecer de los territorios cristianos peninsulares en los siglos XII y XIII es una vision donde, en general, existen recursos suficientes en forma de tierras para cultivar. Lógicamente esa vision general debe matizarse en cada zona y en cada momento concreto en función de diversos factores. Uno de esos factores son las propias condiciones geográficas de cada zona. Otro son los ritmos concretos de la expansión demográfica, agraria y política, que no son un continuo perfecto durante todo el período. Y otro factor es la presión señorial, porque el acceso a la tierra estaba condicionado, y a veces dirigido, por los intereses señoriales. Los señores promovian el aumento de las unidades de producción, de sus campesinos dependientes, pero con el mismo o mayor interés procuraban también evitar su disminución intentando impedir la instalación de sus campesinos en tierras de otros señores o en el realengo. Por otro lado, plantear que el acceso a la tierra no supone, en términos generales, un problema para el campesinado plenomedieval no significa, en absoluto, que ese acceso esté libre de cargas. Todo lo contrario, y ése es un freno importante en algunas ocasiones.

El desarrollo del poder señorial condicionará la expansión agraria. Las tierras roturadas en el marco de la aldea no escapan a la sujectión señorial. En cuanto a la emigración hacia el sur, muchas veces significaba instalarse en tierras pertenecientes al rey, en el realengo; pero el realengo también era el señorio del rey y sus campesinos estaban igualmente sujetos al pago de rentas y tributos. Además, el realengo se organizaba política e institucionalmente a partir de concejos urbanos que controlaban zonas más o menos extensas, los alfoces; los campesinos que vivian en las aldeas de los alfoces pasaron a estar dominados por las oligarquías que controlaban los concejos urbanos. Más adelante hablaremos con detalle de esos aspectos, pero podemos resumir que a medida que avanza la Plena Edad Media no existirá tierra sin señor, sea éste un noble, un eclesiástico, un concejo o directamente el rey.

Otro aspecto importante para caracterizar las explotaciones campesinas durante la Plena Edad Media es la estabilidad. Hablando siempre en términos generales, el acceso a la tierra por los campesinos se hacia en condiciones de estabilidad. Según venimos insistiendo, dentro del campesinado hay diferencias importantes; más adelante nos referiremos a ello, pero en términos generales la mayor parte de los campesinos trabajaban sus tierras con bastantes garantias de no ser expropiados incluso durante generaciones. Los señores no disputaron a los campesinos que fueran ellos quienes se ocuparan de la producción agraria. Cierto que algunos señores dispusieron de grandes explotaciones, gesción adas directamente y trabajadas por criados y jornaleros o mediante prestaciones personales en trabajo. Pero no vemos, excepto en situaciones muy concretas, que hubiera una tension entre la explotación directa por los señores y las tenencias campesinas; en general no vemos, por ejemplo, que los señores intentaran extender sus grandes explotaciones a costa de las tenencias campesinas. De hecho, la mayor parte de los señores optaron por la cesión a los campesinos de una parte muy significativa de sus tierras en forma de tenencias. Las garantias de estabilidad no significan, lógicamente, que la producción campesina no estuviera condicionada por los señores, por la sustracción señorial.

En algunas zonas esa estabilidad se concreta en la enfitéusis como la forma de posesión de la tierra por los campesinos. Más tarde los juristas denominarán a esos derechos dominio útil, mientras que los derechos del señor propietario se denominarán dominio eminente, por encima quedará todavía también para los señores el dominio señorial, la capacidad de ejercicio de derechos señoriales sobre el conjunto de la aldea. Esta division de derechos articulada por los juristas resulta útil para conocer la superposición desigual de derechos de señores y campesinos sobre la tierra (lo que Bartolomé Clavero ha llamado propiedad territorial feudal y Javier Pena propiedad parcial diferenciada) (Clavero, 1989: 4-5; Pena, 1995: 61-65), pero las relaciones sociales y económicas entre señores y campesinos se desenvolvían en marcos más amplios que los rígidos limites de las nociones jurídicas, y estas resultan muchas veces insuficientes para comprender aquellas. Las definiciones legales de los derechos de propiedad solo adquieren un mayor grado de operatividad en el análisis social y económico en aquellas zonas en las que había un mayor peso de la tradición jurídica, como era Cataluña. En otras zonas, las capacidades y derechos de unos y otros estarán menos dictadas por definiciones jurídicas y más por usos y costumbres y por la coerción señorial.

Sea, por lo tanto, mediante la enfitéusis, sea mediante otros mecanismos similares, los campesinos disponían de sus tierras a cambio del pago de rentas y, mientras cumplieran esas condiciones, en la práctica podían estar bastante seguros de que dispondrían de esas parcelas durante su vida, y sus sucesores después de ellos. En esas condiciones se desenvolvían los campesinos solariegos castellanos y también eran las condiciones de los establiments, las concesiones enfitéuticas en Cataluña. De manera similar, los foros gallegos son también cesiones a largo plazo, hay foros perpetuos y otros que se hacen por varias generaciones.

Dentro de un marco general de estabilidad, a medida que avanza el siglo XIII en los contratos agrarios realizados por las instituciones eclesiásticas comienza a apreciarse una tendencia a la reducción de los plazos. Pero es una tendencia que debe analizarse en el contexto de los primeros sintomas de la crisis bajomedieval, cuyo estudio se realiza con detalle en el siguiente volumen de esta colección.

La estabilidad y la posibilidad de acceder a nuevas tierras mediante roturaciones o mediante la emigración, nos llevarían a pintar un cuadro bastante optimista de las condiciones en las que se desenvolvio la producción agraria en la Plena Edad Media. Ciertamente es asi por lo que se refiere a la producción agraria y son esas condiciones las que explican el desarrollo de la agricultura y la expansión global de la sociedad plenomedieval. Pero no podemos ofrecer una vision igualmente positiva del conjunto de las relaciones sociales, porque en paralelo a la producción por los campesinos está también la apropiación por los señores de una parte muy importante del producto agrario. Centrados todavía en el estudio de la producción y vistas algunas de sus características generales, debemos aún continuar analizando con más detalle otros aspectos de la economia agraria y de la vida campesina.

1.1.2. La economia campesina. Agricultura y ganadería

¿Qué extensión de tierras cultivables tenían las explotaciones campesinas? La respuesta también es diversa y siempre sólo aproximativa, entre otras cosas por la dificultad de conocer con exactitud las equivalencias de las diversas unidades de medida utilizadas en la Edad Media. En primer lugar, la geografía impone sus condicionantes y, asi, en las zonas montañosas la proporción de tierras de cultivo será menor frente a los terrenos de pastos, frecuentemente comunales. Por otro lado, en zonas con buenas condiciones de regadio la productividad de la tierra es mayor y el tamaño de las explotaciones más reducido. En segundo lugar, también aqui hay que tener en cuenta la diversidad de situaciones dentro del campesinado. Pero también podemos proponer algunos ejemplos que nos ayuden a obtener una cierta vision, aunque sea impresionista.

A partir del siglo XIII se hacen frecuentes en la documentación los contratos agrarios, arrendamientos por plazos y en condiciones diversas (foros gallegos, establiments catalanes, etc.), cuyo estudio ha permitido una cierta aproximación a estos aspectos. Por otro lado, en algunos casos, los especialistas que estudian el período plenomedieval aceptan como válidos también para esa época —insistiendo en su carácter de referencias aproximativas— datos procedentes de otros momentos posteriores. En ese sentido, por ejemplo, Luis Martínez ha señalado que puede darse por válido que en las zonas lianas próximas a Burgos una familia campesina tipo podía disponer de unas 12 Ha, mientras que en las zonas de montana podrían estar alrededor de las 2 Ha. En Cataluña, en el Maresme, Coral Cuadrada ha calculado explotaciones de entre 3 y 12 Ha para el siglo XII, mientras que en el siglo XIII aparecen explotaciones de unas 25 Ha. En zonas del prepirineo navarro, Fermín Miranda ha apuntado que la media de las heredades campesinas seria de menos de 10 Ha (Martínez Garcia, 2001; Cuadrada, 1990; Miranda, 1999).

Hay que insistir en que son datos aproximativos que sólo nos sirven para obtener una impresión general. Pero es una impresión, al fin y al cabo.

También hay bastante coincidencia al señalar un alto grado de parcelación. La impresión es que los campesinos contaban con parcelas pequeñas y dispersas por diversas zonas de la aldea o de las aldeas próximas. Muchas parcelas serían inferiores a una capacidad de una fanega de sembradura, es decir, aproximadamente un tercio de hectárea y abundarían las de la mitad de esa extensión. En otras zonas se han señalado medias bastante superiores, en torno a las 2 Ha por parcela, aunque quizá el mayor tamaño de las parcelas corresponde a las capas superiores del campesinado. En Ávila, la investigación exhaustiva de Ángel Barrios permite constatar la diversidad de situaciones, dentro de una tónica general de predominio de las pequeñas parcelas. El tamaño medio de las parcelas en la mayor parte de los lugares oscila entre 0,2 y 0,8 Ha para las tierras de cereal y entre 0,1 y 1,1 Ha para las viñas; aunque en determinadas zonas, como eran los núcleos más próximos a la ciudad de Ávila y la villa de Olmedo, las medias podian subir hasta las 2,4 Ha para el cereal y 1,8 para el viñedo (Barrios, 1983-1984, vol. 2: 100-106).

Cereales y viñedos ocupan la mayor parte de las tierras campesinas y junto a ellos los huertos y árboles frutales. Entre los cereales, el más apreciado era el trigo, cuyo cultivo se combina también con la cebada. Ambos se utilizan para la elaboración del pan, el alimento más importante en la dieta campesina, aunque en ocasiones la cebada también se destinaba al alimento de los animales. La proporción de cultivos de trigo y cebada era diversa: en muchas zonas, cuando los campesinos pagan a los señores rentas en especie se especifica que se pague la mitad en trigo y la otra mitad en cebada. Podríamos pensar entonces que, si las características del terreno lo permitian, sería frecuente destinar la mitad de las tierras de cultivo de cereales a cada uno de esos productos. Pero podríamos pensar también que los campesinos destinaban una mayor proporcion de su producción de trigo al pago de las rentas. Es decir que ese pan por mitades podría significar casi todo el trigo producido por los campesinos y una proporcion bastante menor de la cebada. Cuando ya tenemos series de precios consistentes, a partir del siglo XIII, vemos que el trigo dobla casi siempre el precio de la cebada.

Si en las zonas llanas se cultiva trigo y cebada, en las zonas altas aparece también el centeno. El déficit cerealicola de las zonas montañosas se acompaña además de la producción de un cereal menos apreciado cuyo destino era también el consumo humano.

El sistema de cultivo más extendido para los cereales es el de ano y vez, que implica que cada ano se cultivan aproximadamente la mitad de las parcelas, dejando la otra mitad en barbecho, aunque no faltan ejemplos de sistemas más extensivos. Las tierras en barbecho permiten algún aprovechamiento para pastos, lo que a su vez proporciona un cierto abono y favorece la regeneración del suelo. Los índices de productividad que pueden obtenerse mediante este sistema son muy bajos. Algunos autores señalan cifras más elevadas y lo cierto es que la productividad de la tierra depende de la combinación de varios factores, pero la mayoría de los especialistas coinciden en señalar que el índice de productividad estaria, como norma general, en torno a 1 a 3 o 1 a 4. Una consecuencia de un índice tan bajo es que cada ano es necesario reservar entre un cuarto y un tercio de la cosecha para utilizarla como simiente para el ano siguiente.

Junto al cereal, en muchas zonas el viñedo ocupa también un lugar destacado en el terrazgo agrícola. El vino era un elemento muy importante en la dieta y, en consecuencia, su producción estaba muy extendida. Se cultivan tanto viñedos como parrales y en algunas zonas a lo largo del siglo XIII los parrales pudieron llegar a tener tanta o más importancia que el cultivo tradicional de la vid en cepa. De una u otra manera, es claro que se trata de un cultivo en expansión durante los siglos XII y XIII, como lo atestiguan las numerosas menciones de viñas de reciente plantación. Tuvo una mayor importancia en las zonas próximas a las ciudades y en algunos dominios eclesiásticos y su expansión en esta época está claramente relacionada con el desarrollo de las ciudades.

El cultivo de las viñas exigía una inversion de mano de obra considérable. Los documentos reflejan bien las técnicas de cultivo, que incluían las tareas de excavar, podar, cavar, binar y vendimiar. Excavar consiste en limpiar la tierra en torno a las cepas facilitando que el agua penetre mejor en la tierra y suele hacerse en invierno; la poda se realiza a finales del invierno o comienzos de la primavera y es una tarea fundamental para el correcto crecimiento de la planta; en primavera es necesario cavar de nuevo las viñas eliminando las malas hierbas; tarea que se realiza otra vez a comienzos del verano con el nombre de binar; y por fin la vendimia en septiembre o comienzos de octubre.

Junto al cereal y la vid, otro cultivo típicamente mediterráneo es el olivo, que exige un clima cálido con ausencia de fuertes heladas. Era un cultivo importante y tradicional en zonas del valle del Ebro y en Andalucia.

Las explotaciones campesinas se completan con unas parcelas de huertas. Las huertas representan una forma de cultivo intensivo, generalmente estaban próximas a la casa campesina y se dedicaban sobre todo al cultivo de hortalizas y legumbres para atender al autoconsumo de la familia campesina. Asociados a las huertas aparecen a menudo los árboles frutales, pero en algunas zonas, como las montañas cantábricas, alcanzarán un mayor peso en la producción agraria. Los pomares, destinados al consumo de la fruta y a la elaboración de sidra, son un elemento característico del paisaje agrario cantábrico en esta época. Otros cultivos que aparecen frecuentemente asociados a las zonas de huertas, porque demandan abundante agua, son el lino y el cánamo, destinados a la producción textil. Se trata también de cultivos en expansión durante la Plena Edad Media.

Uno de los factores que permitió la expansión agraria plenomedieval fue una cierta mejora y desarrollo de las técnicas agrarias; sin embargo, es una mejora limitada sin que podamos decir que asistamos a un desarrollo técnico notable. Quizá el elemento más reseñable sea que, como ya hemos apuntado, en los campos de cereal se extendió el sistema de cultivo de ano y vez, sobre todo desde finales del siglo XII. Hubo también una mejor organización del terrazgo agrícola de las aldeas; las parcelas destinadas a los diferentes cultivos tienden a agruparse formando pagos en los que predominan las viñas, por ejemplo, o pagos en los que predominan las tierras de cereal. Sin embargo, no parece que existiera una distribución en hojas del terrazgo, que sería un desarrollo posterior.

El instrumento más importante en las labores del campo era el arado, que se corresponde con el arado tradicional romano. La reja, el elemento central del arado, generalmente era de hierro que, aunque escaso, estaba presente en el utillaje agrario en la mayor parte de las zonas en las azadas, hoces, etc.

Como animales de tiro se utilizaban fundamentalmente los bueyes. Su importancia queda claramente reflejada en el término yugada, que en algunas zonas se utilizaba como unidad de medida de la tierra, referida a la extensión que puede labrar una yunta de bueyes. En una proyección ideal, una explotación campesina debía disponer de un par de bueyes. En ese sentido, los documentos que recogen el pago de rentas en algunas zonas establecen frecuentemente clasificaciones de los campesinos y aluden a los que poseen una yunta como el estándar normal, correspondiente a una explotación campesina completa. Esos textos aluden a quienes poseen un par de bueyes, quienes poseen solo un buey, que solían pagar la mitad de la renta que los anteriores, y quienes no poseen animales de tiro, frecuentemente calificados como azaderos y que pagaban la cuarta parte. Esa clasifïcación, que aparece en muchas ocasiones, nos indica que muchos campesinos no disponían de una yunta completa, debiendo asociarse con otros vecinos o parientes para arar sus campos.

Otro instrumento fundamental en el desarrollo de la economia agraria son los molinos. La Plena Edad Media es un período de expansión del molino hidráulico. En esta época aumenta notablemente el número de molinos horizontales, más sencillos, y aparecen también los molinos verticales, más complejos y costosos pero también más eficaces. Los molinos, llamados aceñas (aunque ese nombre en ocasiones parece reservado a los molinos verticales), suelen ir asociados a otras construcciones como canales o presas. En los territorios de la Corona de Castilla los molinos no son un monopolio señorial; sin embargo muchos están en manos de los señores por los elevados costes necesarios para levantar y mantener los molinos y las construcciones anejas. En otras ocasiones, la formula para hacer frente a esos costes consistía en la participación de varios copropietarios. Cada uno de ellos disponía de unos determinados derechos generalmente expresados en horas para moler; a esos derechos de molienda se les suele denominar veces. Quien no disponía de sus propios derechos de uso en un molino debía pagar una determinada cantidad para moler su grano, generalmente una parte de la harina obtenida. En la Corona de Aragón el molino si era un monopolio señorial; es decir, que en los lugares de señorio solo el señor podía levantar un molino. Indudablemente era una fuente de rentas importante, pero también era un poderoso medio de control económico social.

Los molinos se utilizaban para transformar el grano en harina, pero también para la obtención de aceite a partir de las aceitunas, para moler las semillas de lino y obtener aceite de linaza o para la fabricación de panos (batanes o molinos bataneros).

Junto a las tierras de cultivo y los instrumentos necesarios para su trabajo y la formación de los productos agrarios, las explotaciones campesinas se completan con el ganado doméstico. Ganado para el trabajo del campo y como fuente de alimentación. De hecho, cuando hablamos de explotaciones agrarias deberiamos hablar de explotaciones agropecuarias, pues las explotaciones campesinas son el resultado de un equilibrio, difícil en ocasiones, entre agricultura y ganadería.

Los grandes propietarios de rebaños en esta época son los señores, pero los campesinos también disponían de algunas cabezas. En primer lugar, los animales de tiro eran necesarios para el trabajo del campo; en segundo lugar, la carne, aunque fuera escasa y se consumiera en menor cantidad que otros alimentos, también era un elemento necesario en la dieta; en tercer lugar, los señores demandaban en ocasiones rentas que consistian en algunos animales o en piezas de carne; por último, la venta de algunos animales o de queso podía proporcionar algunos ingresos para la economia campesina en el mercado local.

La especie más importante son los bueyes, por su utilización como animales de tiro. Una pareja de bueyes, una yunta, garantiza la fuerza de trabajo necesaria para cultivar las tierras. Disponer de ellos debía ser uno de los principales objetivos del campesino aunque, como ya hemos señalado, no todos podían conseguido. No disponer de bueyes o tener uno solo reducia drásticamente la capacidad de cultivo y con ello el tamaño de las explotaciones. Una explotación más pequeña producía menos, de manera que, aunque estuviera gravada con una renta señorial menor, hacía más difícil el sostenimiento de la familia campesina, incluso en épocas de buenas cosechas, obligando a todos o a parte de sus miembros a vender su fuerza de trabajo, contratándose como jornaleros al servicio del señor o de otros campesinos vecinos acomodados.

Los bueyes son, con diferencia, los animales que más se utilizan como animales de tiro, tanto para el arado como enganchados a un carro. Su mayor fuerza y resistencia los convierte en idóneos para ello. De todas formas, en ocasiones podían ser sustituidos en ambas funciones por las vacas y los asnos. Pero las vacas se destinaban prioritariamente a la producción de leche, consumida o vendida después en forma de queso, o a la reproducción. En cuanto a los asnos, su fuerza es menor y se suelen destinar a tareas de acarreo y transporte. En esta época todavía se utilizan poco las mulas para el trabajo del campo; son también un animal de transporte y pocos campesinos podían disponer de ellas. Tampoco el caballo, a diferencia de otras zonas del norte de Europa, se utilizo de forma significativa en las tareas agrícolas. Era un animal muy valioso, destinado al transporte y esencial en la guerra, y un signo de estatus social elevado. Cierto que podía haber algunos campesinos que dispusieran de caballo pero eso les conferia una capacidad militar que no tenían otros campesinos y que les acercaba a la nobleza. Son los llamados caballeros villanos que en algunas zonas incluso recibieron privilegios similares a la nobleza. Por otro lado, solo los campesinos más ricos podían llegar a adquirir un caballo y su modo de vida estaba más próximo al de la baja nobleza que a los demás campesinos. En algunas zonas podemos encontrar también algunos casos de campesinos que poseen yeguas destinadas a la cria y reproducción, bien en beneficio del señor, bien para acudir al mercado.

Junto a bueyes y vacas, en las explotaciones campesinas podemos encontrar frecuentemente ovejas, cabras, cerdos y gallinas. Las gallinas y otras aves de corral se atestiguan generalmente de forma indirecta. Por ejemplo, en determinadas zonas es frecuente el pago de una gallina formando parte de la renta que se entrega al señor. Pocas veces se mencionan las palomas, pero sí los palomares. Los cerdos proporcionaban una parte importante de la carne que se consumia en la dieta campesina; lo más frecuente debía ser criar uno, dos a lo sumo. Ovejas y cabras también podían destinarse a la producción de carne para el autoconsumo de la familia campesina, pero de ellas se obtenía también leche y lana.

El período de los siglos XII y XIII es una época de claro desarrollo de la ganadería en la España cristiana, pero ese desarrollo fue protagonizado y beneficio sobre todo a los señores; señores que serán señores de tierras y vasallos pero también ganaderos propietarios de grandes rebaños. A ese desarrollo de la ganadería señorial nos referiremos más adelante. Para los campesinos el ganado tenía otro sentido; estaba destinado al autoconsumo, a proporcionar las proteínas de origen animal necesarias en la dieta; también como animales de tiro y acarreo eran igualmente necesarios en el trabajo del campo; y proporcionaban también lana o cuero con los que confeccionar vestidos y calzado. Agricultura y ganadería son dos elementos que era necesario equilibrar entre sí y que forman lo sustancial de las explotaciones campesinas.

Ese equilibrio era distinto en las distintas zonas. En las zonas lianas lo principal es el cultivo de la tierra; sin embargo en las zonas montañosas hay menos tierras aptas para el cultivo y el clima limita el desarrollo de algunos cultivos pero, por el contrario, abundan los terrenos de pastos, de manera que la ganadería será más importante. Así, los campesinos de los llanos y los de las zonas altas se diferencian porque sus explotaciones tienen una orientación económica distinta. Los primeros cultivarán trigo, cebada y viñas; las parcelas de los segundos se destinarán al cultivo de centeno y algo de cebada, árboles frutales y pastos. Los mejor situados entre los primeros dispondrán de una yunta de bueyes, quizá un asno y una vaca, algunas aves de corral, unas pocas ovejas y cabras y un cerdo. La riqueza de los segundos se mide por el número de sus cabezas de ganado, pudiendo disponer de pequeños rebaños de vacas y piaras de cerdos, además de ovejas y cabras. Los campesinos con orientación ganadera en las montañas crían el ganado con un objetivo distinto; necesitan criar ganado, como los del llano, para cultivar sus parcelas, aunque fueran más escasas, y para el autoconsumo, pero también necesitan disponer de excedentes de ganado para venderlos y compensar su déficit de producción de cereales o de vino. Por otro lado, la composición de la renta señorial se adecua a esa diferente orientación económica, puesto que los señores exigen más rentas en carne o en cabezas de ganado.

La distinta orientación económica de unos y otros tiene como consecuencia también algunas diferencias en la organización social y se hace visible en formas de poblamiento que también son diferentes. En el llano predominan las aldeas, mientras que en la montana abundan los caseríos dispersos o semidispersos. La agricultura en buena medida conlleva la división de las herencias (la propiedad puede ser colectiva en algunos casos, pero la explotación, el cultivo de las tierras, tiende a ser claramente individual o limitado a un número reducido de individuos); por el contrario, en relación con la ganadería podemos encontrar formas de propiedad y explotación más amplias. Los rastros documentales de familias extensas en estas épocas se refieren a zonas de montana. El ámbito territorial de las solidaridades vecinales y de las obligaciones y los derechos también es distinto en unos casos y en otros; en el llano se centran más en la aldea, en la montana se extienden a territorios más amplios, frecuentemente los valles.

El papel de la ganadería en las explotaciones campesinas, en uno y otro caso, determina que una parte de las explotaciones esté compuesta por terrenos y derechos de pasto. Algunos son individuales, otros son colectivos. De propiedad y aprovechamiento individual suelen ser los prados. Frecuentemente el campesino dispone de algunas parcelas destinadas a prados, además de las tierras de cereal, las viñas y las huertas; prados que se distinguen en el terrazgo de la aldea por las cercas que los limitan respecto de las tierras de cultivo. Por otro lado, los campesinos disponen de derechos de aprovechamiento de las zonas de titularidad colectiva del conjunto de la aldea, los comunales. La documentación suele referirse a esas zonas con el término monte, que debemos entender con un sentido general de zonas no cultivadas. Según la geografía de cada zona pueden ser zonas más elevadas, o no; suelen ser también zonas arboladas o semiarboladas. En cualquier caso, son las zonas no cultivadas que pertenecen al conjunto de los vecinos de un lugar y de las que los campesinos pueden obtener los recursos que proporciona la naturaleza. Recursos variados, como veremos, y que incluyen alimento para el ganado en forma de pastos naturales, bellotas, etc.

Por lo tanto, el monte, el aprovechamiento de los comunales, es un elemento muy importante, imprescindible en muchas ocasiones, en el desarrollo de la ganadería doméstica campesina. Pero no solo en relación con el ganado, también lo es en un sentido general. Además de pastos, del monte los campesinos obtienen madera, lena y caza y les permite obtener otros frutos mediante recolección. La madera es imprescindible como material de construcción y en la elaboración de muchos utensilios domésticos y de las herramientas para el trabajo del campo. La lena es imprescindible para el fuego, para cocinar los alimentos y proporcionar calor. La caza, generalmente de piezas menores, permitía completar la dieta añadiendo otra fuente de proteínas animales. Los frutos del bosque que podían obtenerse mediante recolección también solían tener un carácter complementario. Pero ese carácter complementario de la caza y la recolección adquiria una mayor importancia en épocas de malas cosechas; entonces el bosque podía ser imprescindible para mitigar en alguna medida las hambrunas.

Por lo tanto, el bosque y los comunales también cumplen una función importante en la economia campesina. La relación entre tierras cultivadas y tierras incultas es, en consecuencia, una relación delicada para mantener el equilibrio adecuado entre agricultura y ganadería, y porque el monte proporciona otros elementos necesarios, como hemos visto en el párrafo anterior.

Esa relación y esos equilibrios podían alterarse de varias maneras. En primer lugar, por una excesiva extensión de las tierras de cultivo a costa de los terrenos incultos; de manera que la roturación de nuevos campos de cultivo tenía un limite, traspasar ese limite afectaba negativamente al conjunto de los vecinos de la aldea. Fijar ese limite y hacerlo respetar fue un problema que en ocasiones dio lugar a conflictos. En segundo lugar, los señores rompieron también esos equilibrios en su beneficio obligando a los vecinos a recomponerlos con dificultades. Lo hicieron, por ejemplo, al introducir sus ganados a pastar en los comunales; puesto que la capacidad de aprovechamiento del monte era limitada y sus rebaños eran mucho más numerosos que los de los campesinos. Lo hicieron también al reservar se el aprovechamiento de algunas zonas incultas formando cotos y dehesas. En algunos casos vedaron la entrada de los campesinos y sus ganados en esos cotos y dehesas; en otros casos impusieron fuertes restricciones al limitar el acceso solo a ciertas épocas del ano; o al imponer cuotas de aprovechamiento en forma del número de cabezas de ganado que podían pastar en esas zonas, o de las cargas de lena que podían obtenerse, o mediante la imposición de rentas y cánones que los campesinos debían pagar por aprovechar los recursos de esos espacios. Todo ello son otras tantas formas de presión señorial que, como ha señalado Reyna Pastor, dieron lugar a conflictos y motivaron resistencias y luchas campesinas (Pastor, 1980).

En paralelo al aprovechamiento del monte podemos hablar también de los rios. La pesca en los rios y arroyos que cruzaban la aldea permitía también a sus habitantes obtener otra fuente de alimentos que, además, era imprescindible en ciertas épocas del ano en las que la religión cristiana limitaba el consumo de carne. Por otro lado, como sucede con la caza y la recolección, en épocas de malas cosechas aumentaba su papel como fuente alternativa de alimentos. Pero también los señores limitaron e impusieron restricciones en muchos lugares a la pesca en los rios. Muchas zonas de pesca, pesqueras, se establecieron en los cauces y presas artificiales construidos para servir a los molinos. El acceso a esas pesqueras estaba limitado a los propietarios o sujeto al pago de cánones y rentas.

1.1.3. Diferencias internas en el campesinado

En las páginas anteriores hemos procurado esbozar una descripción del campesinado plenomedieval y de sus explotaciones agrarias con un carácter global. Hemos hablado del campesinado de una forma general, pero es necesario tener en cuenta que no era una clase social homogénea.

Todos los campesinos en la Plena Edad Media se definen, en primer lugar, por su situación estructural de dependencia respecto de los señores. Pero dentro de esa definición general podemos encontrar varias situaciones concretas. Por supuesto, existen situaciones individuales que pueden ser muy diversas, y es algo que debemos tener en cuenta, pero eso no es lo más relevante. Lo que resulta significativo es que podemos encontrar grupos, fragmentos de clase si se prefiere, con situaciones equiparables y, por lo tanto, con una posición similar en la estructura social. La evolución de las relaciones sociales en esta época y en otras está marcada, por un lado, por el antagonismo estructural fundamental entre campesinos y señores y, por otro lado, por las posiciones concretas que los distintos sectores de cada una de esas clases adoptan en cada momento de la evolución histórica en relación con esa tension estructural.

Determinar entonces cuáles eran los distintos sectores o grupos dentro del campesinado —como también sucederá después cuando hablemos de los señores— resulta un elemento de la mayor importancia. Por ese camino ha avanzado con mucha solidez Juan Carlos Martin Cea en sus estudios sobre el campesinado castellano (Martin Cea, 1986).

Un primer asunto que hay que abordar es cuáles son los criterios que podemos utilizar para intentar reconocer los diferentes sectores del campesinado. Un criterio puede consistir en atender a las distintas situaciones legales. Se trataría entonces de analizar los términos que aparecen en los textos de la época, como vasallos, solariegos, mancebos, hombres de behetría, etc., procurando ofrecer una definición jurídica de cada uno de ellos. Ése es el camino por el que más se han adentrado hasta ahora la mayoría de los autores que se han ocupado de este tema. Pero esos estudios resultan insuficientes y, sin excluir las definiciones legales, resulta imprescindible acudir a las bases económicas que sustentan en muchos casos las diferencias, tanto o más que las propias definiciones jurídicas.

Desde este segundo punto de vista, la reflexión gira en torno al tamaño de las explotaciones, el número y la calidad de las tierras, la orientación económica de los cultivos, y también en torno a los animales de labor. Podemos ver, entonces, campesinos con explotaciones suficientes como para atender al mantenimiento de sus familias y el pago de las rentas, con buenas posibilidades de acceso al mercado y con los animales de labor necesarios para el trabajo de esas tierras. En definitiva, explotaciones campesinas en las que existe un buen equilibrio entre la tierra disponible y la fuerza de trabajo necesaria para cultivarla, y también un equilibrio entre agricultura y ganadería. Frente a ellos, en el otro extremo, podemos ver campesinos con pocas tierras, o de peor calidad, o que no disponen de los animales de labor necesarios para cultivarlas adecuadamente. Y entre los dos extremos una gradación con todas las situaciones posibles.

Como hemos señalado más arriba, los textos que recogen el pago de rentas por los campesinos reflejan esa situación intentando establecer modelos que, de una u otra manera, expresan los distintos niveles. Es frecuente que en el nivel más alto, el que por otro lado se considera estándar y que sirve como referencia a los demás, se hable del campesino que dispone de un par de bueyes, o se haga referencia a un solar entero, o a un pechero entero, o a un casado, o que avanzando el tiempo se hable de los campesinos que disponen de tierras por un valor determinado. Son expresiones que intentan reflejar una situación tipo, considerada normal, a partir de la cual se fija el nivel impositivo para el pago de la renta al señor. En el nivel inferior se suele situar a los campesinos que solo disponen de un buey, o que no disponen de un solar entero, etc. Son campesinos con explotaciones incompletas incapaces de generar la renta suficiente y que están gravadas con la mitad de la renta que las anteriores. Por debajo todavía los que no disponen de animales de tiro, denominados a veces azaderos, cuyas explotaciones eran muy reducidas y seguramente se veían obligados a vender su fuerza de trabajo, al menos parcialmente, trabajando como jornaleros al servido del señor o de otros campesinos acomodados. La renta que les correspondia pagar solia ser la cuarta parte que la de los campesinos del primer grupo. A veces su situación se equipara a la de las viudas.

La cantidad de tierras (solar entero, medio solar), los animales de labor (un par de bueyes, un buey, sin animales de tiro) o la situación familiar (casado, soltero o viuda) son todos elementos que aluden a la misma situación, el carácter completo, o no, de las explotaciones campesinas.

Una situación específica, y bien conocida gracias a los trabajos de Martin Cea, es la de los yugueros o quinteros (Martin Cea, 1984). Son campesinos que no disponen de tierras ni de animales de labor, pero si disponen de un arado y un yugo. El señor les proporciona los bueyes y a cambio los yugueros trabajan las tierras del señor, pudiendo quedarse con una quinta parte de la cosecha y recibiendo también un salario, generalmente en especie (doce fanegas anuales de cereal, por ejemplo). Los yugueros y los quinteros dependían estrechamente del señor y formaban parte del escalón más bajo del campesinado. En ese grupo podemos incluir también a los jornaleros que, careciendo de tierras, venden su fuerza de trabajo. Los textos que recogen la explotación de los grandes dominios, generalmente dominios eclesiásticos por las características de la documentación de esta época, se refieren a ellos. En los momentos en que los trabajos agrícolas eran más intensos se recurría a contratar jornaleros: obreros para trabajar las viñas, segadores, etc. Probablemente eran campesinos que completaban sus ingresos con trabajos ocasionales. Otros trabajaban permanentemente al servido del señor a cambio de un salario o de manutención: mancebos, hortelanos, pastores, etc., que en realidad son criados.

Por lo tanto, podemos ver situaciones muy diversas dentro del campesinado en función de la posesión de tierra y de los animales de labor, pero no podemos calcular cuántos campesinos se encontraban en las distintas situaciones. En las páginas anteriores hemos hablado de las condiciones de acceso a la tierra y de una relativa estabilidad. Es probable, entonces, que en esta época de desarrollo y expansión, muchos campesinos, hablando en términos generales, no encontraran graves problemas. Pero siempre en un marco de coerción por los señores, de manera que las crisis agrarias, las malas cosechas o las violencias de los poderosos podían hacer que las cosas cambiaran drásticamente y muy deprisa, como de hecho sucedió en muchas zonas a partir de las últimas décadas del siglo XIII y en la primera mitad del siglo XIV.

Frente a las condiciones de expansión y desarrollo que mencionamos, muchos señores intentaron fijar las situaciones de sus campesinos dependientes y, cuando pudieron, intentaron hacerlo de manera que fueran permanentes. El objetivo era ligar al campesino a la tierra, impedir su movilidad, evitar que se estableciera en lugares donde las condiciones fueran más favorables o las rentas menos gravosas. En definitiva, los señores pretendían asegurarse la percepción de rentas. Siempre las relaciones de dependencia de los campesinos respecto a los señores habían tenido un componente personal y otro más vinculado a la tierra. Algunos autores, como ya se ha mencionado, han avanzado intentando buscar las definiciones jurídicas relativas a las distintas situaciones. En esta época veremos como los señores en algunas zonas intentaron reforzar los vínculos de dependencia personal, llegándose incluso al desarrollo de algunas formas de servidumbre.

Donde más lejos se llegó en ese sentido fue en Cataluña. Lo ha estudiado con detalle Paul Freedman (Freedman, 1993). Allí se produjo en torno a 1200 un reforzamiento del poder señorial que supuso la adscripción a la tierra de un importante sector del campesinado. Serán los remensas, que para poder librarse de esa adscripción debían pagar una cantidad (redimentia). Los remensas, además de esa adscripción personal y hereditaria a la tierra, estaban sujetos a otros malos usos: el derecho del señor a obtener buena parte de los bienes del campesino muerto sin testar y también de los que morían sin hijos y de las mujeres adúlteras, o el derecho a recibir un pago en caso de incendio fortuito del manso, o a recibir también un canon con ocasión del matrimonio del campesino. A ello se unia en muchos casos el ius maletractandi, literalmente el derecho de maltratar a los campesinos dependientes, reconocido en amplias zonas de Cataluña y Aragón desde el siglo XIII, que legitimaba la violencia arbitraría de los señores sobre los campesinos.

La adscripción a la tierra es uno de los componentes de la servidumbre. Otro, como era la limitación de la capacidad de actuación jurídica alcanzó un menor desarrollo. En otras zonas de la península los intentos de los señores por adscribir a los campesinos a la tierra, por fijar sus situaciones de dependencia buscando garantizar el pago de las rentas, tuvieron un desarrollo menor que en Cataluña. En Castilla y León se promulgaron disposiciones que también limitaban la movilidad de los campesinos, pero menos que a los remensas catalanes. Se intenta fijar la situación de las tierras impidiendo cambiar de una forma señorial a otra. Por ejemplo, que las heredades de abadengo, las que estaban sometidas a un señor eclesiástico, no pasasen a solariego, es decir, al dominio de un noble laico, y viceversa. Este proceso comienza a atestiguarse en León a finales del siglo XI y se dibuja ya con más claridad en Castilla a partir de las disposiciones de la Curia de Nájera a finales del siglo XII. Podemos decir entonces que, como sucedió en Cataluña, también aqui el momento de finales del siglo XII y comienzos del XIII es un momento de reforzamiento del poder señorial, en el sentido de que los señores dispondrán desde entonces de instrumentos legales más desarrollados para garantizar su dominación sobre los campesinos.

Tal y como se puede percibir en Castilla, hay un doble proceso. Por un lado, se intenta establecer la situación señorial de las tierras y de los lugares, lo que llevará a la definición de las formas de dominio señorial características: el abadengo, el solariego, el realengo y la behetría. Por otro lado, se prohíbe el traspaso de heredades de una forma señorial a otra. Esa prohibición está relacionada originariamente con el intento de proteger el realengo, los dominios controlados directamente por los reyes, pero se extenderá a las demás formas señoriales. Como cabe imaginar, esa prohibición se incumplió con frecuencia y dio lugar a bastantes conflictos.

La limitación en el traspaso de heredades de un tipo de señorío a otro, de alguna manera también era una forma de adscripción del campesinado a la tierra, aunque menos rígida que en el caso catalán. Aqui se concreto en el desarrollo del principio de al pie de la heredad. El campesino podía abandonar sus tierras, por ejemplo para ir a otro lugar, y podía traspasárselas a otro campesino; pero en todo caso debía respetarse el principio de al pie de la heredad que significaba que el nuevo campesino debía respetar la dependencia señorial originaria pagando las rentas correspondientes. De esta manera el señor intentaba garantizar que aunque cambiara el campesino no se modificara la situación señorial, ni su capacidad de obtener renta.

En los territorios castellanos y leoneses al norte del Duero existe un tipo de campesinado característico; se trata de los hombres de behetria que tenian un régimen legal que presenta algunas peculiaridades. Hablaremos de ellos y de las aldeas sujetas al señorio de behetria más adelante, cuando repasemos los distintos tipos de señoríos con más detalle.

Podemos ver como hay distintas situaciones legales y distintas situaciones económicas y que no existe una equivalencia exacta entre unas y otras. Es decir, un campesino sujeto a una dependencia más estrecha desde el punto de vista jurídico podía tener de hecho una situación económica relativamente favorable, frente a otro que teniendo unos lazos jurídicos menos gravosos dispusiera de tierras insuficientes para mantener a su familia. Asi, se ha dicho que muchos remensas de Cataluña Vieja formaban un sector medio, incluso alto, del campesinado catalán aunque estuvieran sujetos a leyes muy estrictas y opresivas. Las definiciones legales no son suficientes para analizar la diferenciación interna del campesinado.

Es muy probable que los campesinos más acomodados fueran quienes más se beneficiaran del contexto general de expansión y desarrollo económico que hemos señalado. En algunos casos, los limites entre ese sector del campesinado y la baja nobleza eran bastante borrosos, de manera que se podian dar movimientos de ascenso social. El elemento que actuaba como vehiculo en ese movimiento de ascenso era la capacidad militar. La guerra condicionaba muchos aspectos de la organización de la sociedad en toda la Europa feudal; también en la península, incluso más aún si cabe en la medida en que el proceso de expansión territorial se formulo como Reconquista y como Cruzada frente a los musulmanes. El desarrollo de las tácticas y de las técnicas de guerra hacen que la pieza fundamental sean los guerreros a caballo, los caballeros. En la práctica, para poder guerrear a caballo es necesario disponer de medios económicos considerables; por ejemplo, para poder adquirir y mantener al menos un caballo y las armas correspondientes, pero también para poder llevar a cabo el adiestramiento necesario en el manejo de las armas. Ni los caballos, ni las armas, ni el tiempo para aprender a utilizar ambos en la guerra con eficacia están al alcance de la mayoria. Por eso la guerra será una asunto básicamente limitado a la nobleza. Pero los campesinos más acomodados sí podrán disponer de los medios militares propios de los caballeros y a algunos de ellos eso les permitirá acceder a la nobleza. Los reyes de Castilla y León concedieron privilegios a los habitantes de algunos lugares que disponían de caballo, los caballeros villanos, colocándolos en una situación equiparable a la de la baja nobleza. Se trata de una continuación de una política ya iniciada en la época condal, en el siglo X. La primera concesión de este tipo que se conoce está recogida en el fuero de Castrojeriz de 974, otorgado por el conde de Castilla Gard Fernández, aunque algunos autores dudan de la completa validez de ese texto. Es un proceso que está claramente relacionado con el interés de los condes y después de los reyes por aumentar sus tropas. En algunas zonas, como en la Extremadura castellana y leonesa, los caballeros villanos tendrán un desarrollo específico en relación con la situación de frontera durante un largo período de tiempo, desarrollo que les llevará a poder situarse en una posición hegemónica desde el punto de vista económico y político mediante el control de los grandes concejos de la zona.

El acceso a la nobleza de los caballeros villanos viene a reafirmar la posición destacada de los campesinos más ricos en las aldeas y comarcas en las que viven. Pero a medida que la necesidad de tropas en la zona disminuia porque la frontera se alejaba, y a medida también que la nobleza se va desarrollando más como clase, dotándose de formas de vida y de elementos externos de representación simbólica de estatus, y a medida que se desarrollan también las estructuras señoriales, entonces los limites entre el campesinado acomodado y la baja nobleza se irán haciendo más claros. Siempre hubo una cierta movilidad social pero a lo largo de la Plena Edad Media irá disminuyendo. Lo que no implica que los campesinos más ricos dejaran de desempeñar un papel muy importante en la articulación de las relaciones sociales en el mundo rural.

Campesinos hacendados los denomino Salvador de Moxó, oligarquías rurales o elites campesinas los denominan otros autores (Moxó, 1978). Algunos lograron acceder a la nobleza situándose en una posición de clase diferente, entrando en círculos de relaciones clientelares o vasalláticas que les permitieron desenvolverse en una posición económica y política superior. Otros no accedieron a la nobleza y permanecieron vinculados a los ámbitos locales y comarcales en los que vivian. Su posición en esos ámbitos fue de liderazgo. Los podemos encontrar ejerciendo y monopolizando los oficios concejiles rurales, también al servido del señor como oficiales señoriales locales, o enfrentados a él encabezando las resistencias y luchas antiseñoriales, o proporcionando algunos de sus miembros como clérigos para que atiendan las iglesias y parroquias locales. Son un punto de referencia para sus convecinos campesinos, el primer lugar donde acudir para obtener un pequeño préstamo para salir de un mal momento ocasional, o para solicitar su mediación en los pequeños conflictos cotidianos. Cada vez más, los estudiosos de la sociedad rural llaman la atención sobre el papel de este sector del campesinado en la vida local. Un papel que podía adoptar diversas formas, algunas aparentemente contradictorias como era cooperar con el señor en ocasiones y enfrentarse a él en otras.

Chris Wickham ha planteado que estas elites locales campesinas fueron las que promovieron el desarrollo institucional de los concejos rurales. Su argumento se centra en la Toscana italiana y se extiende a otras zonas de Europa y merece la pena tenerlo en cuenta también en la península Ibérica. En un primer momento, la existencia de limites muy fluidos entre el campesinado y la baja nobleza permitió a los campesinos más ricos acceder al estantus superior, a la baja nobleza, y desvincularse de sus comunidades. Entraron, como ya he apuntado, en círculos de relaciones más amplios que les permitieron desligarse de sus comunidades locales originarias, a no ser para dominarlas. Pero esos limites entre el campesinado y la baja nobleza fueron haciéndose más rígidos, de manera que dar el salto a la nobleza fue resultando cada vez más difícil. Entonces los campesinos más destacados centraron su acción política en sus propias comunidades procurando dirigirlas, para ello promovieron el desarrollo de las instituciones concejiles rurales cuyos oficios monopolizaron. Fue un proceso que tuvo lugar en líneas generales a lo largo del siglo XII y hacia 1200 ya vemos a muchos concejos rurales en funcionamiento.

1.1.4. Las comunidades locales: las aldeas y los concejos

La vision más generalmente admitida sobre la evolución del poblamiento medieval señala que durante la Alta Edad Media predomina un poblamiento disperso y fragmentário; después ese poblamiento en muchas zonas se fue haciendo más compacto. El resultado de ese cambio seria la formación de las aldeas medievales tal y como las conocemos, por ejemplo, en el siglo XIII. Esa visión debe mucho al modelo expuesto por Pierre Toubert para el Lazio italiano y a todo el debate posterior sobre el incastellamentum. En lo que hay menos acuerdo entre los historiadores es en señalar a los responsables de esa transformación en el poblamiento; para algunos, fueron los señores los que promovieron una readecuacion del poblamiento para dotarse de marcos de dominación más adecuados; para otros, el cambio se debió sobre todo al desarrollo agrario protagonizado por los campesinos.

Muchos de los elementos que se han indicado para otras zonas de Europa están presentes también en la península Ibérica. En las zonas de dominio cristiano más antiguo se observa ese proceso que va de un poblamiento más disperso y fragmentário a la formación de las aldeas. En las zonas que se van reconquistando progresivamente a los musulmanes hay, por un lado, una pervivencia de las estructuras de poblamiento musulmanas y, por otro lado, la modificación o reestructuración como consecuencia de la repoblación cristiana que en muchas zonas se hizo sobre una base poblacional débil, bien porque ya lo fuera en época musulmana, bien porque se debilitara sensiblemente tras la conquista cristiana. Aunque en otras zonas, como las de la expansión aragonesa, la población y el poblamiento musulmanes pervivieron largo tiempo.

Pero lo cierto es que, con diferencias de ritmos y espacios, un poco por todas partes se fue diíundiendo un modelo que está en la base de muchos de nuestros pueblos actuales, un modelo de aldeas y concejos que iremos perfilando en las páginas siguientes.

Antes conviene detenerse a señalar algunos aspectos previos. Los historiadores y los geógrafos históricos suelen manejar dos modelos de poblamiento rural alternativos. En algunas zonas se habla de poblamiento disperso, cuando el caserío se distribuye a lo largo de espacios más o menos amplios, con campos de cultivo o prados intercalados entre las casas, que pueden estar incluso bastante alejadas entre sí. Es un modelo que encontramos generalmente en zonas de montana, pero no exclusivamente, y donde la ganadería tiene un mayor peso en la economia campesina. En otras zonas se habla de poblamiento concentrado, cuando las casas se agrupan lindando unas con otras y formando calles, mientras que los campos de cultivo se extienden de forma bastante homogénea alrededor de esas agrupaciones. Es un modelo característico de zonas lianas y con una mayor orientación agrícola.

Lo cierto es que en muchos casos las estructuras de poblamiento que encontramos no corresponden perfectamente a ninguno de los dos modelos, habiendo que hablar más bien de grados de concentración o de dispersión del poblamiento. Muchos autores señalan la tendencia que hemos indicado hacia la formación de las aldeas en la Alta Edad Media pero, siendo una idea válida y comúnmente admitida, habría que tener en cuenta al menos otros dos factores: por un lado, el poblamiento no permaneció estable durante la Plena Edad Media y, por otro lado, la formación de una red de aldeas, allí donde se produjo, no elimino por completo otras estructuras territoriales previas.

Es muy probable que, como señalan la mayor parte de los autores que se ocupan de estos aspectos, durante la Alta Edad Media en las zonas lianas se produjera una tendencia a la concentración del hábitat cuyo resultado fuera la aparición de las aldeas medievales. Pero seguramente no hay que pensar en ese fenómeno como algo homogéneo y uniforme desde el punto de vista espacial y cronológico. Más bien fue un proceso que tuvo lugar a lo largo de un período de tiempo más prolongado, seguramente con distintos ritmos en las diversas zonas. Ese proceso de transformación del poblamiento, que identificamos como una tendencia a la agrupación, estaba todavía en marcha en los siglos XII y XIII incluso en lo que podemos denominar los territorios antiguos. Mientras tanto, en las zonas montañosas y en algunas otras, el poblamiento disperso siguió siendo característico. Pero incluso allí donde se produjo una tendencia a la agrupación en aldeas, junto a los núcleos concentrados pervivieron otras formas de poblamiento semidisperso de menor entidad. Núcleos menores, agrupaciones de unas pocas casas, donde quizá vivían dos o tres familias, perviven más o menos tiempo. Otros núcleos, que quizá fueron aldeas en tiempos anteriores, fueron perdiendo población en los siglos XII y XIII, convirtiéndose en granjas. Ese proceso de evolución del poblamiento, que nos ofrece un panorama más complejo que el de un universo de aldeas homogéneo y estable, todavía era perceptible en la Baja Edad Media. Las estructuras agrarias, la evolución demográfica y las coyunturas económicas fueron dictando los ritmos en las distintas zonas.

Por lo tanto, unas estructuras de poblamiento complejas, con predominio de aldeas en algunas zonas, pero no exclusivamente, y con poblamiento disperso en las zonas montañosas.

Antes de que se produjera ese proceso tendente a la formación de aldeas, lo característico eran formas de poblamiento más dispersas y fragmentadas y los ámbitos territoriales de actuación de las comunidades campesinas eran más amplios. Ese carácter territorial, más que puramente local, de esas comunidades tenía un componente económico, vinculado a un menor desarrollo de la agricultura, y también un componente político, puesto que los territorios eran los ámbitos de aprovechamiento económico y de organización política de esas comunidades. Así, para referirse a ellas, en las zonas montañosas se habla de comunidades de valle o también se habla de comunidades supralocales; en otras zonas parece que de lo que se trata es de la pervivencia, transformada, de antiguos sistemas castrales. Posteriormente, en la Plena Edad Media encontramos todavía rastros de esos ámbitos territoriales. En algunas zonas montañosas su pervivencia fue mayor, trascendiendo incluso la Edad Media, en consonancia también con el mantenimiento de estructuras de poblamiento disperso (Díez Herrera, 1990; Martin Viso, 2000). En otras zonas, la tendencia a la formación de las aldeas no anulo por completo a los territorios, que continuaron teniendo un cierto contenido económico y a veces también político. Aprovechamientos comunes de pastos entre varias aldeas, por ejemplo, o distritos de la administración territorial, son reflejo en muchas ocasiones de aquellos territorios anteriores y nos muestran que el ámbito de actuación de los campesinos medievales no eran solo las aldeas, incluso en las zonas donde se desarrollo más la tendencia a la agrupación del poblamiento, sino que se mantuvo una cierta proyección territorial más amplia.

Al lado de las estructuras de poblamiento, con la tendencia a la formación de las aldeas con los matices que hemos señalado, tenemos que situar también la organización institucional de las comunidades campesinas, los concejos rurales. Aldeas y concejos son términos que van paralelos pero que no son totalmente equivalentes. Cuando hablamos de aldeas hablamos de realidades materiales, de edificios y construcciones, en definitiva del poblamiento; cuando hablamos de concejos hablamos de instituciones, de regímenes legales, en definitiva de la organización política. Aldeas y concejos coinciden cuando existe un poblamiento concentrado, pero los concejos se desarrollaron también en las zonas de poblamiento disperso o semidisperso.

Podemos intentar situamos en el siglo XIII y preguntarnos que era una aldea en ese momento. Podríamos responder a esa pregunta diciendo que es un lugar de poblamiento más o menos concentrado y dotado de tres elementos o características que lo configuran como tal: los términos, la parroquia y las instituciones locales de gobierno, es decir el concejo.

En nuestro hipotético ejemplo de una aldea del siglo XIII podemos ver que se trata de un lugar con unos limites territoriales bien precisos. Es un lugar dotado de términos que son reconocidos como pertenecientes a ese lugar por los que viven en él y por los que viven en las aldeas de alrededor que, lógicamente, cuentan también con sus propios términos bien delimitados. A lo largo de la Al ta Edad Media y aun durante buena parte de la Plena ha habido un proceso de delimitación territorial que fue paralelo también a ese proceso de tendencia a la agrupación del poblamiento. Hablamos de términos bien delimitados y precisos pero hay que tener en cuenta que la delimitación de términos entre unas y otras aldeas fue un proceso conflictivo, incluso muy conflictivo en ocasiones. Por otro lado, el hecho de contar con unos términos no anula completamente esa proyección territorial más amplia que hemos señalado antes.

Por lo tanto, en primer lugar nuestra aldea dispondrá de unos términos; en segundo lugar, otro elemento bien visible será la parroquia (Calleja, 2000). De hecho, el proceso de fijación de los términos concejiles o municipales está estrechamente relacionado con el propio establecimiento de la red parroquial. La parroquia representa un forma de adscripcion de la comunidad de fieles a un territorio bien definido. La parroquia tiene que tener un ámbito de actuación claramente establecido y delimitado con las otras parroquias de alrededor. El establecimiento de la red parroquial supone determinar quiénes pertenecen a una parroquia y quiénes pertenecen a otra. Habia que organizar el culto y las prácticas religiosas de los fieles, pero el asunto también tenía un componente económico porque también habia que organizar la recaudación de las rentas de la Iglesia. La más importante de esas rentas serán los diezmos, cuya recaudación quedo más o menos organizada a lo largo del siglo XII. Entonces fueron muy frecuentes los conflictos entre obispos y monasterios en torno a la jurisdicción eclesiástica por hacerse con el control de los diezmos. El resultado de esos conflictos fue, ya en el siglo XIII, una red parroquial prácticamente definida. Pero no se trataba solo de los diezmos, aunque esa fuera la renta más importante. La comunidad de fieles de una parroquia debe atender el culto y las prácticas religiosas en su iglesia y la administración de muchos sacramentos daba lugar al pago de ciertas cantidades. Determinar quién era parroquiano de una iglesia y quién lo era de la vecina, es decir el territorio y la población adscrita a cada parroquia, significaba determinar, además de donde debía pagar el diezmo, donde debía bautizarse, donde debía casarse y donde debía enterrarse. Todo ello tiene un contenido religioso, pero también un contenido económico y un contenido simbólico; es decir, son elementos que marcan la identidad de los individuos al señalar la pertenencia a una comunidad. En ese sentido tienen un significado especial los enterramientos. La obligación de que los fieles cristianos fueran enterrados en el cementerio de la iglesia hizo que los cementerios se convirtieran en puntos de referencia muy importantes de la identidad familiar. En el cementerio reposarán los restos de los antepasados, guardará una parte muy importante de la memoria individual y familiar, y también de la memoria colectiva de la comunidad. De esta manera se desarrollarán fuertes lazos de vinculación entre las comunidades campesinas y sus iglesias parroquiales.

Nuestra aldea hipotética tendrá sus términos, su parroquia (o quizá varias parroquias si es un núcleo más grande) y, en tercer lugar, tendrá también sus instituciones de gobierno, su concejo. A pesar de disponer de algunos estudios clásicos, como el de Font Ríus sobre los concejos en Cataluña o el de Carmen Carlé sobre Castilla y León (Font Ríus, 1946; Carlé, 1968), en general la historiografía hispánica no ha avanzado mucho en el estudio de los concejos rurales en la Plena Edad Media. En muchos casos tenemos que argumentar en relación con lo que conocemos para el período posterior de los siglos XIV y XV, cuando la documentación es más abundante y existen más estudios. Por otro lado, los concejos mejor conocidos son los de los núcleos que tienen una mayor entidad y están mejor documentados, mientras que sabemos bastante menos sobre los de los lugares más pequeños.

Será a partir de la segunda mitad del siglo XII y durante el siglo XIII cuando vemos que las comunidades campesinas disponen de una organización política e institucional más o menos uniforme y extendida. No quiere esto decir que antes no la tuvieran de alguna manera; es posible que sí, pero que solo sea a partir de entonces cuando la documentación nos la comience a revelar con una cierta claridad. Pero también parece claro que a lo largo de la Plena Edad Media hubo un proceso de desarrollo institucional de manera que los antiguos concilia altomedievales se transformaron y se configuraron como auténticos concejos. Son aspectos poco conocidos en los que la investigación debe seguir profundizando.

Sea como fuere, lo cierto es que en el siglo XIII podemos ver algunas características de esas instituciones. En primer lugar, los concejos están encabezados por una serie de oficiales que podemos considerar los oficiales de gobierno. Los nombres son diversos y no parece que con los distintos términos se haga referencia siempre a las mismas funciones: jueces, alcaides, sayones, merinos, son algunos de los términos más frecuentes. Se ha procurado establecer definiciones de cada uno de estos términos, intentando señalar funciones específicas para cada uno de estos oficiales a imitación de lo que sucede en los concejos urbanos, pero en los pequeños concejos de los ámbitos rurales no parece que sea posible establecer siempre diferencias con claridad. Además, podía haber distintas tradiciones comarcales o regionales. De manera que, por ejemplo, un juez de un lugar puede tener las mismas funciones que un alcaide en otro. En general, probablemente algunos de estos oficiales concejiles tenían más bien funciones judiciales, en relación con los conflictos de vida cotidiana de las aldeas, y a esos oficiales en la mayor parte de los casos se les denominaba alcaides o jueces; mientras que otros parecen más bien vinculados a funciones ejecutivas, recaudación de rentas, ejecución de sentencias, persecución de delincuentes, funciones que en bastantes casos parecen relacionadas con los merinos. Además podía haber otros oficiales menores encargados de tareas más concretas.

¿Quién y como nombraba a estos oficiales? Las situaciones también parecen ser muy diversas. Los agentes que participan son los vecinos del lugar y el señor. Puede haber casos en que todos oficiales (excepto, claro, los oficiales menores) fueran nombrados directamente por el señor, sin intervención alguna de los vecinos; y también el caso contrario, en que los oficiales son elegidos por los vecinos, limitándose el señor a sancionar o confirmar la elección vecinal, o ni siquiera eso. Y entre esos dos extremos muchas situaciones intermedias; por ejemplo, algo que parece bastante frecuente, el señor nombra a algunos de esos oficiales y los vecinos a otros. En general, parece que los señores tendieron a reservarse un mayor control sobre los oficiales más relacionados con tareas de tipo ejecutivo, que en Castilla suelen ser los merinos, y menos en relación con los otros. Es lógico porque los señores, en la mayor parte de los casos, no estaban demasiado interesados en la vida local y dejaban que los asuntos cotidianos se resolvieran mediante los mecanismos de regulación internos de las comunidades locales.

Los oficiales dirigen el concejo en la vida diaria pero en relación con determinados asuntos la toma de decisiones es más amplia y queda en manos del conjunto de los vecinos del lugar. Las asambleas concejiles se reúnen, por ejemplo, para la elección de los oficiales, cuando disponen de esa capacidad, y también para resolver asuntos diversos de la vida de la comunidad. Suele utilizarse la expresión concejos abiertos para referirse a estas reuniones del conjunto de los vecinos. En algunas zonas algunos sectores de la historiografía han desarrollado una visión romántica de los concejos abiertos, hablando de ejercicio de libertades y de peculiaridades respecto de otras zonas. Sin embargo, no parece que ésa sea la visión más adecuada y habría que considerar a las asambleas vecinales más bien como un instrumento funcional para el desarrollo normal de la vida en las comunidades campesinas. Había asuntos que, atañendo a todos, se resolvían mejor en esos ámbitos que en otros porque se garantiza una mayor difusión de las decisiones y un cierto grado de consenso en torno a ellas. Por ejemplo, cuesciones relativas a la organización de los pastos comunales, o a algunas infraestructuras comunes, como el mantenimiento de los caminos o los puentes, etc. Por lo tanto, no se trata tanto de un instrumento de libertad frente al señor, cuanto de un mecanismo de funcionamiento interno de las comunidades campesinas. Aunque también es cierto que, en contextos concretos, las asambleas concejiles desempeñaron un papel relevante en el desarrollo de los conflictos antiseñoriales.

Este modelo de comunidad campesina local que hemos descrito brevemente es un modelo que podemos ver en funcionamiento en el siglo XIII, pero ¿cuándo y como se formo? Es necesario insistir en que el asunto de las estructuras de poblamiento y su evolución es solo una parte de problema. Con distintos grados de concentración o de dispersión de los asentamientos, este modelo con algunas varíantes se fue extendiendo por las diversas zonas.

Los concejos rurales se formaron en paralelo al desarrollo de los concejos urbanos que, por otra parte, son mucho mejor conocidos por los historiadores. Es probable que el desarrollo de los segundos influyera en los primeros, que hubiera un cierto mimetismo; pero no parece que ésa sea una explicación totalmente convincente. Habría que tenerlo en cuenta pero como un elemento secundario.

Podemos señalar cuatro factores que intervinieron de manera importante en la formación y desarrollo de los concejos rurales. Son cuatro factores que resultan decisivos, aunque la combinación del peso de cada uno de ellos en cada caso es muy difícil de determinar. Se trata (1) del desarrollo de las estructuras señoriales, también (2) de la organización eclesiástica con la recaudación del diezmo y el establecimiento de la red parroquial, (3) el desarrollo igualmente de las monarquías feudales y especialmente de la fiscalidad regia, y (4) el papel, que ya hemos mencionado, de las elites campesinas. Como hemos apuntado, es muy difícil determinar cuál de estos elementos tuvo un mayor peso en cada caso, por lo tanto no los enumeramos por orden de importancia, sino simplemente por orden de exposición.

Comencemos por las estructuras señoriales. Ya las hemos mencionado en las páginas anteriores. No hay duda de que los señores tuvieron un papel de primer orden en la organización de la sociedad rural en todos los sentidos. Intervinieron de forma decisiva en las comunidades campesinas para garantizarse la extracción de excedente. El desarrollo del poder señorial desde la Alta Edad Media implicaba también una territorialización y una organización de ese poder. Ser señor significaba, como veremos con detalle más adelante, ejercer derechos y recaudar rentas, lo que conlleva la necesidad de determinar con cierta precisión sobre qué o quiénes se ejercen derechos, cuál es el ámbito territorial concreto donde se ejercen esos derechos, quiénes pagan las rentas; y significa también dotarse de una organización, que necesariamente debe tener un mínimo de eficacia, para hacer efectivo el ejercicio de esos derechos y la recaudación de las rentas. De esa manera, el desarrollo del poder señorial supone una delimitación y territorialización de las comunidades campesinas dependientes y supone también el desarrollo de formas de organización institucional.

La formación del poder señorial durante la Alta Edad Media se estudia con detalle en el volumen anterior de esta colección; pero durante los siglos XII y XIII se asiste a una extensión y desarrollo de los señoríos. Será ahora cuando se establezca que todos los lugares tienen un señor o varios, sea éste del tipo que sea, incluso el propio rey, puesto que el realengo se caracteriza en esta época como los lugares dependientes bajo el señorío directo del rey. Todo esto es un proceso que tiene distintos ritmos en las diversas zonas, pero también hemos apuntado ya que la segunda mitad del siglo XII en unas zonas, o los anos en torno a 1200 en otras, fueron momentos significativos de desarrollo del poder señorial.

También el siglo XII fue el momento de organización y generalización del pago del diezmo a la Iglesia. Sus orígenes son muy anteriores pero en los reinos cristianos peninsulares el pago del diezmo se generalizo durante el siglo XII, al mismo tiempo que se desarrollan las propias estructuras eclesiásticas. Durante el siglo XII son muy frecuentes los conflictos entre monasterios y obispos por la jurisdicción eclesiástica. Muchos monasterios disponían de grandes patrimonios que incluían iglesias locales y otros monasterios menores; además de sus derechos como señores o como propietarios, los monasterios intentaron disponer también de la jurisdicción eclesiástica sobre sus dominios. El desarrollo de las instituciones diocesanas hizo necesario determinar qué derechos correspondían a cada uno y en qué lugares. La pieza clave de esos derechos eclesiásticos era la percepción del diezmo. En ese contexto se desarrollaron los conflictos a que aludimos, que a veces fueron muy intensos. En líneas generales, esos conflictos entre obispos y monasterios y entre los obispos entre sí tuvieron lugar y se resolvieron a lo largo del siglo XII, aunque en algunos casos se extendieron todavía a momentos posteriores. De esos conflictos surge la organización de la recaudación del diezmo que ya vemos bien establecida en el siglo XIII. El pago del diezmo también conllevaba la necesidad de delimitar a las comunidades campesinas y organizar la recaudación. El diezmo también supone determinar quién debe pagar a quién. El elemento fundamental en esa delimitación y organización del pago serán las parroquias, de las que ya hemos hablado.

Como vemos, el desarrollo de rentas y tributos diversos es fundamental en la organización institucional de las comunidades campesinas. Rentas señoriales, diezmos y también tributos regios. Los siglos XII y XIII son también un período de desarrollo en la península de los poderes regios como monarquías feudales. Ese desarrollo supone, entre otras cosas, el de una fiscalidad regia basada en determinados tributos. Más adelante nos detendremos a analizarlos con cierto detalle. Por ahora tenemos que tener en cuenta que el desarrollo de la fiscalidad regia conlleva también una definición de las unidades a partir de las cuales se recaudan los tributos; es decir, de las comunidades campesinas, de manera que será necesario determinar el ámbito de actuación de cada una de ellas y desarrollar instituciones capaces de hacer efectivo el pago de los tributos.

También las elites campesinas tuvieron un papel muy destacado en la formación y desarrollo de los concejos rurales. Ya lo hemos mencionado en las páginas anteriores. Fueron ellas quienes finalmente se hicieron con el control de los mecanismos y las instituciones de gobierno local de las comunidades campesinas. A medida que las posibilidades de ascenso de los campesinos más ricos a la baja nobleza se fueron reduciendo, éstos proyectaron su acción política hacia sus propias comunidades, propiciando el desarrollo de instituciones (cargos y oficios) para, controlando esas instituciones, controlar en última instancia a sus comunidades. En definitiva, mediante los concejos, las elites campesinas institucionalizaron y formalizaron el lideradgo económico y social que ya ejercían en las comunidades locales, convirtiéndolo también en control político.

Como hemos indicado, resulta muy difícil determinar cuál fue el peso de cada uno de estos cuatro factores —poder señorial, estructuras eclesiásticas, fiscalidad regia y elites campesinas— en la formación de los concejos rurales en cada caso. Por ejemplo, en otras zonas de Europa se ha discutido mucho si la formación de los concejos fue promovida por los señores para facilitar la dominación señorial o si, por el contrario, surgieron a iniciativa de los campesinos, precisamente para hacer frente al desarrollo de los poderes señoriales. Lo cierto es que los concejos rurales se desarrollaron tanto en zonas con un alto grado de señorialización como en zonas donde los poderes señoriales eran relativamente débiles. También los vemos actuando tanto en alianza con el señor como enfrentándose a él. De manera similar, la diferenciación interna del campesinado también tiene una entidad distinta en cada zona, e incluso en cada caso concreto. En definitiva, no parece que pueda generalizarse y hablar de un factor más importante que otros, sino que habrà que buscar la combinacion que se dio en cada lugar, en cada contexto concreto. En cualquier caso, los cuatro factores que hemos mencionado tuvieron un desarrollo específico durante la Plena Edad Media y una consecuencia muy significativa de ese desarrollo fue la formación y consolidación de los concejos rurales.

1.2. La apropiación de excedente. Los señores

Siendo la tierra el principal medio de producción y disponiendo los campesinos de una considerable autonomia en sus explotaciones agrarias, lo que caracteriza al feudalismo es la apropiación por los señores de una parte considérable de la produccion campesina. En este apartado veremos de qué manera se produce esa apropiación.

1.2.1. Las bases del poder señorial. Propiedad de la tierra y jurisdicción

El instrumento jurídico-institucional que permitió a los señores obtener una parte de la producción agraria de los campesinos es lo que algunos autores llaman propiedad territorial feudal o, para otros, la propiedad parcial diferenciada. Con esas expresiones, en definitiva, se alude a las fórmulas jurídicas que permiten a los señores disponer de derechos sobre la tierra superpuestos a los derechos de los campesinos. Podemos considerar ambos como derechos de propiedad, entendiendo que se trata de una propiedad distinta de la propiedad absoluta tal y como se concibe en el mundo capitalista; por eso se habla de propiedad feudal, como propone Clavero, o de propiedad parcialy diferenciada como propone Javier Pena (Clavero, 1989; Pena, 1995). Se trata, en cualquier caso, de derechos superpuestos a los de los campesinos y distintos a los que éstos poseen.

La capacidad que tenían los señores de obtener el excedente se formulo en términos jurídicos, pero es conveniente no verla sólo de esa manera. De hecho, es muy probable que en la península Ibérica durante la Plena Edad Media sólo tuviera una formulación jurídica bien definida en algunas zonas; allí donde existía una mayor pervivencia de formas legales vinculadas a la tradición romana. En otras zonas, una definición jurídica más o menos precisa no se produjo hasta tiempo después. Pero ni en unas zonas ni en otras es correcto argumentar en torno a este asunto exclusivamente en términos legales.

La capacidad de obtener rentas y de ejercer derechos que disfrutaron los señores en los siglos XII y XIII, y aun en otras épocas, debe argumentarse en términos de poder en general. Ese poder tendrá en parte una definición legal, pero no podemos comprenderlo aludiendo solo a ese aspecto. Por ejemplo, existe una retórica de protección en la dominación señorial, retórica que se expresa a veces como defensa; de manera que el señor será un protector que defiende a sus vasallos campesinos dependientes. En el fondo de esa idea está la división trifuncional de la sociedad en clérigos, guerreros y campesinos, a la que ya hemos aludido. Algunos autores, de una forma inapropiada, han planteado que se dieron algo parecido a unas relaciones contractuales entre campesinos y señores que explicarían los señoríos y las relaciones de dependencia. Los campesinos pagaban a los señores para que éstos les defendieran. Ciertamente ese tipo de argumentos explican muy poco. ¿De qué o de quiénes debían defender los señores a los campesinos?

La retórica de la protección y la defensa debe entenderse en un contexto en el que la violencia es estructural en las relaciones sociales. No se trata de la violencia individual, cotidiana o esporádica, sino de la violencia de clase; la violencia que determina y define las relaciones entre señores y campesinos y que es un componente muy importante del poder que ejercían los señores. La respuesta a la pregunta que hemos formulado es que los señores debían defender a los campesinos de los propios señores. Hay que insistir en que, aunque las manifestaciones concretas afectan a individuos y lugares determinados, es un problema colectivo, de relaciones entre clases sociales. La manifestación concreta es la violencia de un señor sobre una aldea, pero lo que convierte a ese hecho en definitorio de las relaciones sociales es la enorme superioridad militar de los señores y sus privilegios jurídicos.

En el feudalismo, los señores crearon una situación de violencia, controlada por ellos, que les permitió proyectar la opresión sobre los campesinos con una retórica de protección y defensa.

Otro aspecto que debemos tener en cuenta, relacionado con lo anterior, es que ser señor de un lugar es, en parte, ser capaz de imponerse como tal. No es solo una cuestión de tener derechos, sino también de ejercer derechos. Los textos de la época nos narran con cierta frecuencia exigencias, imposiciones y actuaciones de los señores que son presentadas como arbitrarías, pero que no por eso son menos eficaces. En muchas ocasiones los textos que nos narran ese tipo de situaciones se refieren a conflictos entre los propios señores, frecuentemente entre nobles e instituciones eclesiásticas, y generalmente son los eclesiásticos los autores de los textos que se han conservado y que, lógicamente, nos narran su versión de los acontecimientos. Por eso nos los presentan como arbitrarios, no sujetos a derecho, etc. Pero de nuevo es necesario aproximarse a estos aspectos distinguiendo su contenido retórico. Frente a la actuación arbitraría y violenta de los nobles, los eclesiásticos solían esgrimir documentos que muy frecuentemente incluían interpolaciones, cuando no eran completas falsificaciones. ¿Fuerza contra derecho? Es así como a menudo lo presentan los textos eclesiásticos, pero lo cierto es que las cosas solían ser más complicadas. En ocasiones los nobles llevaron a cabo una forma de imposición violenta sobre los campesinos; por su parte, los eclesiásticos frecuentemente llevaron a cabo otras formas de imposición sobre los campesinos a partir de su control de la escritura. Los crímenes diplomáticos de los clérigos, como los ha denominado algún autor, no estaban exentos también de una forma de violencia y, en todo caso, eran otra manera tanto o más eficaz de imponerse como señores.

Por lo tanto, ser señor en sentido general (obtener rentas de los campesinos mediante una coerción extraeconómica) en la Plena Edad Media no era sólo una cuestión de derecho sino de poder. Alain Guerreau lo ha expresado con claridad al señalar que “en el marco de la Europa feudal hay que razonar fundamentalmente en términos de poder y no derecho” (Guerreau, 1984: 203).

Una vez que hemos caracterizado el poder señorial, tenemos que analizar con un poco más de detalle sus componentes. Los dos componentes básicos son la propiedad de la tierra y la jurisdicción.

Existe una tradición historiográfica considerable que ha intentado establecer una tipología de los señoríos a partir de esos dos componentes. El autor más destacado dentro de esa tradición ha sido Salvador de Moxó (Moxó, 1964 y 1973). En función de que los derechos del señor derivaran de la propiedad de la tierra podía hablarse de señoríos territoriales o solariegos, mientras que si los derechos derivaban de la jurisdicción sobre las personas podía hablarse de señoríos jurisdiccionales. Este tipo de propuestas fueron innovadoras cuando se plantearon en el panorama historiográfico hispano y eran paralelas a otras similares que se proponían en otras historiografías europeas, sobre todo en Francia y en Italia. Por otro lado, eran propuestas que procedían de una visión de los señoríos en tiempos posteriores, en la Edad Moderna, y estaban condicionadas por el propio debate que tuvo lugar cuando se produjo la abolición de los señoríos a comienzos del siglo XIX; debate sobre las características de los señoríos, cuando los señores plantearon esa doble composición (territorial y jurisdiccional) para intentar conservar grandes propiedades de tierras aunque perdieran el derecho a ejercer la jurisdicción.

Es un asunto bien conocido y se estudia con detalle en otros volúmenes de esta colección, pero es necesario tenerlo en cuenta aqui porque el debate jurídico sobre los señoríos en la Edad Moderna y a comienzos de la Edad Contemporánea ha condicionado la visión de los señoríos medievales.

La historiografía sobre los componentes de los señoríos se enriqueció con la aportación de otros autores como Bartolomé Clavero, para quien la propiedad territorial feudal englobaba un conjunto de derechos superpuestos que podian distinguirse: un dominio útil generalmente en manos de los campesinos que trabajaban la tierra; por encima de él un dominio eminente en manos del señor-propietario y que puede ser dominio directo cuando la relación entre el beneficiario del dominio eminente y del dominio útil era una relación enfitéutica; y por encima todavía un dominio señorial que recoge el conjunto de derechos del señor sobre toda la villa o aldea (Clavero, 1989: 4-5). En el contexto de la discusión con Moxó, Clavero planteó una idea que resulta fundamental para comprender los señoríos: “No hay señorío formado tan solo por el derecho dominical sobre la tierra, ni tan sólo por la jurisdicción” (Clavero, 1975: 116).

Las propuestas de Moxó y de Clavero datan de los anos setenta y ambas comparten dos características: una vision de los señoríos más moderna que medieval y un planteamiento historiográfico que en ambos casos deriva de la historia jurídico-institucional, aunque con importantes matices diferenciadores. Otros autores han contribuido al desarrollo historiográfico posterior en los anos ochenta y noventa desde el ámbito del medievalismo, matizando propuestas o planteando otras nuevas. Merece la pena destacar la labor de Luis Martínez quien, asumiendo que derechos territoriales y jurisdiccionales eran inseparables, propuso también hablar de prevalencia de derechos para poder distinguir y analizar los componentes del señorío que se reflejan en las diversas rentas (Martínez Garcia, 1986: 266-275). Javier Pena, como ya he indicado, ha definido la fragmentación y superposición de derechos característica del feudalismo como propiedadparcial diferenciada y ha propuesto un análisis más económico que jurídico (Pena, 1995). Por su parte Carlos Estepa, reconociendo también las limitaciones de las definiciones estrictamente jurídicas y asumiendo, por otro lado, que el poder señorial adoptó diversas formas y que hay una clara evolución durante la Edad Media, ha propuesto su estudio a partir de tres categorías de análisis: propiedad dominical, dominio señorial y señoríojurisdiccional No son definiciones jurídicas cerradas, sino categorías de análisis que, por lo tanto, son más flexibles y, en ese sentido, más históricas; pero también responden a realidades concretas que se expresan mediante el ejercicio de determinados derechos y el cobro de ciertas rentas. Podemos caracterizar la propiedad dominical como la propiedad de los señores, que genera relaciones de dependencia, distinta de los derechos del campesino sobre la tierra, de la propiedad campesina. El dominio señorial se refiere al ejercicio de derechos sobre el conjunto de la aldea. El señorío jurisdiccional seria el desarrollo propio de la Baja Edad Media del dominio señorial (Estepa, 1989).

Muchas de estas propuestas derivan del estudio de las estructuras señoriales en los territorios antiguos de los reinos cristianos; son las zonas donde las estructuras señoriales eran más complejas, frente a las zonas que se fueron reconquistando posteriormente donde se impusieron formas señoriales más sencillas. En buena medida, esa complejidad característica del norte es consecuencia del propio proceso de formación de los señoríos, mientras que en el sur se implantaron formas señoriales ya desarrolladas.

Podemos poner un ejemplo teórico que quizá nos ayudará a comprender la situación. Imaginemos un monasterio cualquiera en torno a 1300, hacia el final del período que estudiamos aqui, en las zonas del norte, en los “territorios antiguos”. Nuestro monasterio hipotético puede disponer de propiedades y derechos en un número variable de lugares. Para un monasterio de una cierta relevancia una cifra de 50 o más lugares no es exagerada, aunque por supuesto había otros con un número bastante menor de lugares y otros con un número mucho mayor. El conjunto de propiedades y derechos en esos, digamos, cincuenta lugares forman el dominio del monasterio, aunque en realidad corresponden a situaciones muy diversas. Un dominio sea de un monasterio, de cualquier otra institución eclesiástica o de un noble laico tiende a tener coherencia económica. Coherencia que deriva de su diversidad estructural, puesto que está formado por elementos diversos. En nuestro caso hipotético pueden ser tierras en zonas apropiadas para el cultivo de cereal, otras en zonas de viñedos, derechos de pastos, molinos, derechos de extracción de sal, rentas en dinero, etc. En cada lugar, por lo tanto, el dueno del dominio posee unos bienes o unos derechos concretos; en unos casos, por ejemplo, el monasterio tendrá todo el lugar y el conjunto de sus habitantes serán sus vasallos; en otros lugares solo poseerá un molino, o parcelas concretas, o una parte en los tributos regios, etc. En definitiva, el monasterio que tomamos como referencia tendrá bienes y derechos en algunos lugares que incluyen el señorío en sentido estricto, pero tendrá también otros bienes y otros derechos en lugares sujetos al señorío de otros señores. Simplificando un poco podemos hablar de lugares donde es señor y lugares donde es propietario o, utilizando la terminología propuesta por Estepa, hablar de lugares donde su poder deriva de la propiedad dominical y otros donde deriva del dominio señorial. Es una situación que puede llegar a ser bastante complicada en algunas zonas, porque los dominios se yuxtaponen y se superponen formando una red de intereses señoriales que puede ser muy densa. El problema es ¿;y qué tipo de derechos corresponden a un señor (nuestro monasterio, por ejemplo) en aquellos lugares en los que tiene bienes pero donde no dispone del señorío en sentido estricto, es decir donde solo es propietario? ,;Cuál era su relación con los campesinos y con señores de esos lugares?

Hablamos de propiedades y tenemos que recordar que lo hacemos en sentido feudal, no capitalista. Seria lo que Clavero llamó dominio eminente y dominio directo o lo que Estepa considera propiedad dominical; por debajo quedan los derechos de los campesinos (dominio útil, propiedad campesina) y por encima la situación señorial concreta que pueda tener cada lugar (dominio señorial).

Utilizando la terminología más sencilla podríamos decir que, dentro de su dominio, nuestro monasterio era señor, por ejemplo, en 20 lugares y propietario en otros 30. Como señor de esos 20 lugares el conjunto de sus habitantes tendrán vínculos de dependencia con el monasterio. Como propietario, en los otros 30 lugares dispondrá, por ejemplo, de tierras que son trabajadas por los campesinos que habitan esos lugares y dependen del señor correspondiente y también, en alguna medida, del monasterio. El problema es que el monasterio se considerará señor, y lo será en cierto sentido, del conjunto de su dominio; en aquellos lugares donde dispone de derechos de señorío en sentido estricto y también en aquellos donde dispone de propiedades. En estos últimos lugares el señor-propietario, como nuestro monasterio, tenderá a considerar a los campesinos que trabajan sus tierras, y le pagan rentas por ello, como sus vasallos.

Como hemos señalado, esta situación de yuxtaposición y fragmentación de derechos señoriales es característica del norte de la península y tampoco tuvo la misma intensidad en todas las zonas. De manera similar, la proporción de derechos de señorío y derechos de propiedad que disfrutaron los titulares de los diversos dominios era muy variable en función de distintos factores. Entre esos factores podemos destacar qué tipo de bienes y derechos concretos se adquirieron en cada lugar, cuándo y como se adquirieron y qué otros señores tenían intereses en ese lugar.

Los grandes dominios tienen su origen en la Alta Edad Media, pero no dejaron de crecer y de desarrollarse durante los siglos XII y XIII. Hoy ya disponemos de un número relativamente abundante de estudios sobre dominios eclesiásticos que nos informan de que su formación frecuentemente fue un proceso largo y complejo. Muchos dominios integraron una parte de los bienes y derechos que los formaban mediante donaciones regias. Donaciones que a partir del siglo XI frecuentemente incluyeron concesiones de inmunidad y de exención. La concesión de exención suponía por lo general la transferencia de las rentas regias en el lugar a manos del beneficiario. La inmunidad situaba a los bienes y derechos transferidos fuera de la jurisdicción regia colocándolos bajo la jurisdicción del beneficiario que, de esa manera, se convertía en señor de esos lugares. Por ese camino se formaron muchos señoríos, pero también intervinieron otros factores. Hay que tener en cuenta que las donaciones regias en bastantes casos lo que hacían básicamente era confirmar y desarrollar derechos previos del beneficiario. Por otro lado, otra forma de desarrollar derechos de señorío sobre una aldea era mediante acumulación de propiedades en ella, sin que fuera necesaria una donación regia, aunque los señores procuraron en muchos casos consolidar sus derechos, frente a los campesinos y frente a otros señores, mediante documentos regios.

La formación de los dominios es paralela al proceso de formación y desarrollo de las estructuras señoriales. Una parte de la historiografía ve la formación de los señoríos como una fragmentación del poder público, de la soberanía; fragmentación que además se produjo de una forma brusca y rápida. Esa explicación se viene utilizando para zonas del sur de Francia y para Cataluna, pero en otras zonas de la península la formación del poder señorial no se hizo a costa del poder central, monárquico, sino que ambos se desarrollaron de forma paralela.

Mediante inmunidades, mediante acumulación de propiedades y derechos y mediante diversas formas de imposición se fueron desarrollando los señoríos en un proceso que se extiende durante toda la Plena Edad Media. Hacia 1200 (un poco antes en unas zonas, quizás un poco después en otras) las estructuras señoriales ya han alcanzado una cierta madurez. Lógicamente había señoríos mucho antes, al menos desde las primeras concesiones de inmunidad, pero por entonces ya podemos ver que se ha desarrollado la idea de que todos los lugares tienen que tener un señor (a veces la retórica de los textos dirá un señor que los defienda). El poder regio se configura también, por un lado, como realengo y, por otro lado, como un poder superior por encima de los señoríos.

La yuxtaposición y la fragmentación y la articulación compleja entre propiedad señorial y señoríos son características de los territorios del norte de la península donde, como décimos, los señoríos se forman al mismo tiempo que se van decantando las propias estructuras señoriales. En las zonas que se van reconquistando hacia el sur el panorama suele ser más sencillo porque sobre ellas se proyectan formas señoriales ya existentes y porque las estructuras señoriales se crean prácticamente ex novo. De esa manera se forman señoríos más coherentes, no tan fragmentados como en el norte, y los dominios (el conjunto de bienes y derechos) y los señoríos (los lugares donde se ejercen derechos señoriales) tienden a coincidir sobre zonas más compactas y homogéneas. Lo veremos más adelante cuando hablemos de los modelos de organización social y política de los distintos territorios que se fueron integrando en los reinos cristianos peninsulares.

Para completar esta caracterización del poder señorial en la Plena Edad Media es útil plantearse qué es ser señor en la Edad Media, en qué consistía ser señor de un lugar. Es conveniente ofrecer una visión general sistematizando en la medida de lo posible los distintos derechos de los señores.

En términos generales, podemos decir que el ejercicio del señorío, ser señor de un lugar, se concreta en tres aspectos que podemos distinguir aunque, lógicamente, están muy relacionados entre sí: el control político e institucional del concejo, el control de los términos y, en tercer lugar, la obtención de rentas de todos los habitantes no privilegíados del lugar.

Los señores controlaban los concejos, las instituciones de gobierno de las villas y aldeas y ese control se materializaba de varias maneras. En primer lugar, podían establecer el régimen legal de los lugares mediante fueros. Los fueros regulan todo tipo de aspectos de la vida local. Hay fueros muy breves que se refieren solo a uno o dos aspectos concretos y otros mucho más amplios. Mediante fueros pueden regularse el pago de las rentas, el número, funciones y formas de nombramiento de los oficiales concejiles, en fin todo tipo de aspectos de la vida en las villas o aldeas. Eso incluye también la capacidad de fijar la cuantía de las multas judiciales (caloñas) e incluso la posibilidad de dictaminar en algunos casos si un determinado hecho era o no delito, estando sujeto al pago de una multa o quedando exento.

Esa capacidad de regular los regímenes legales de los lugares ofrecía a los señores posibilidades de control muy amplias. La regulación de los delitos y la cuantía de las multas se acompañaba de un control sobre la administración de justicia. La justicia se administraba por los señores o, más frecuentemente, en nombre de los señores; era una justicia señorial. Esa capacidad se contenía expresamente en los privilegios de inmunidad que prohibían la entrada de los oficiales regios en los lugares señoriales. Generalmente, la administración de justicia señorial se concretaba en el cobro de las multas judiciales, las caloñas, por los señores. Ni todos los delitos conllevaban siempre el pago de las mismas multas, ni los señores percibían siempre la misma proporción en las caloñas. Es muy frecuente que las multas se dividan entre el señor y los oficiales judiciales, o entre el señor, los oficiales y la parte agraviada. Un tipo de delitos que aparecen frecuentemente reflejados en los fueros eran los homicídios. La multa correspondiente recibe ese mismo nombre en muchas zonas (omeciellos, homicídios), de modo que se dirá que los señores perciben caloñas y homicídios, refiriéndose a las multas judiciales en general y a las correspondientes al delito de homicídio en particular. La frecuencia con que se mencionan esos delitos nos da una idea de su importancia en la vida local e, indirectamente, nos muestra también que probablemente existía un alto grado de violencia en las comunidades campesinas.

Aunque podían hacerlo y no faltan ejemplos de ello, los señores en la mayor parte de los casos no actuaban directamente como jueces; ejercían su capacidad judicial mediante el nombramiento de los oficiales concejiles. Ese sería un tercer aspecto que podemos englobar dentro de la capacidad señorial de controlar política e institucionalmente a los concejos (capacidad para regular el régimen legal de las villas y aldeas, administración de justicia y nombramiento de los oficiales concejiles). Los señores controlaban el nombramiento de los oficiales concejiles que, en esa medida, eran también oficiales señoriales. Ya nos hemos referido a estos aspectos y hemos mencionado que había muchas variaciones locales; variaciones en el número, nombre y funciones de los oficiales, y variaciones también en la forma de acceso al cargo: por nombramiento directo del señor, por elección vecinal pero con aprobación necesaria por el señor o sin participación señorial.

En general los señores no están interesados en intervenir directamente en la vida diaria de las aldeas; en muchos casos además tampoco podrían hacerlo porque un señor podía serio de muchos lugares distantes entre sí. Por lo tanto, el control político e institucional en muchos casos no se materializaba en una participación en las cuesciones cotidianas. Era un control más general, encaminado sobre todo a garantizar el cobro de las rentas. Para ello era necesario un cierto grado de consenso con los vasallos campesinos dependientes o, al menos, con ciertos sectores de entre ellos. En ese sentido destaca el papel de los campesinos acomodados; en cierta forma, los señores los necesitaban para el desenvolvimiento diario de las relaciones señoriales, de manera que muy frecuentemente monopolizaron los oficios concejiles. En otros casos, no dudaron en encabezar los movimientos antiseñoriales sirviéndose de su liderazgo en la vida local, casi siempre para renegociar las posiciones respectivas en el marco del señorío.

Junto al control político e institucional de los concejos, el segundo aspecto general que da contenido al señorío plenomedieval es el control sobre los términos concejiles, sobre las tierras, montes, baldios, etc. que pertenecen al conjunto del concejo, los comunales. Ya hemos mencionado la importancia de ese tipo de terrenos en la economia campesina. El control sobre los comunales hacía que los señores pudieran regular su aprovechamiento, condicionando así el desenvolvimiento de la vida económica local. Con frecuencia los señores acotaron o adehesaron parte de los términos concejiles limitando la entrada de los vecinos y reservándose el uso de esas zonas.

El mayor interés de los señores por los comunales en la mayor parte de los casos radica en sus posibilidades de aprovechamiento ganadero. Los señores podían introducir sus rebaños en los montes de los concejos que dominaban, de manera que podían disponer de amplios terrenos de pastos. El asunto fue discutido a veces por los vecinos de las aldeas, que intentaron limitar el número de cabezas de ganado que podía introducir el señor en los comunales del concejo con el fin de que no se agotaran los pastos. El control sobre los comunales tenía, por lo tanto, un claro contenido económico para los señores y contribuyó a que la ganadería se convirtiera en una de las bases más importantes de la economia señorial, como veremos más adelante. Una buena muestra del interés de los señores por controlar los términos de sus lugares es la frecuencia con la que intervienen al lado de los concejos en los pleitos por delimitación de términos entre concejos vecinos.

El tercer aspecto que da contenido al señorío medieval es la obtención de rentas. Rentas que deben pagar todos los vecinos no privilegíados de cada lugar a su señor. Su análisis ha dado lugar a bastantes estudios aunque no siempre se da una visión global. Se trata de un aspecto complejo sobre el que se ha discutido bastante; los diversos autores que se han ocupado de su estudio han intentado establecer tipologías y clasificaciones que con frecuencia han sido discutidas por otros autores. El problema es mayor en las zonas donde las estructuras señoriales son más fragmentarias y complejas; en general, allí donde propiedad señorial y señorío no siempre coinciden. A continuación vamos a analizar este aspecto con más detalle. Por ahora digamos que los señores podían obtener esas rentas al margen, en teoria, de la estructura de la propiedad de la tierra en cada lugar; aunque en la práctica con frecuencia se confunden y se entremezclan con las rentas derivadas de la propiedad señorial.

Antes de repasar algunos tipos de señoríos y las rentas, hay que tener en cuenta que la expansión de los dominios y señoríos en este período, y su consecuencia, que es el aumento de la dependencia campesina, se produjo, como cabe imaginar, en un contexto de conflictividad social. Los campesinos se opusieron a la dominación señorial pero no pudieron evitaria. El asunto ha sido bien estudiado por Reyna Pastor en Castilla y León en este período. No hubo grandes levantamientos que afectaran a regiones enteras, como pasará posteriormente en la Baja Edad Media, pero sí multitud de conflictos que van saliendo a la luz a medida que aumentan los estudios de base; aunque la documentación y los testimonios escritos, realizados por los eclesiásticos miembros de la clase señorial, nos ofrecen muchas veces una visión distorsionada. Los campesinos protagonizaron en ocasiones luchas violentas contra sus señores, generalmente breves y puntuales, pero sobre todo realizaron una resistencia callada y permanente a la dominación señorial. Algunos de los conflictos más importantes y mejor documentados tuvieron lugar en ámbitos urbanos o semiurbanos, por lo que nos referiremos a ellos más adelante, aunque en ocasiones también tuvieron un componente campesino.

1.2.2. La economia señorial. Señoríos y ganadería

En este apartado haremos un breve repaso de los ingresos que obtenían los señores. Veremos como se concretaba en la práctica la capacidad de obtener una parte de la producción campesina.

La economía señorial se asienta fundamentalmente en tres bases: en primer lugar, rentas que proceden de los dominios y señoríos; en segundo lugar, ingresos procedentes de la ganadería; y, en tercer lugar, otros ingresos procedentes de la actividad militar y de la guerra. A su vez, estos últimos pueden ser básicamente de dos tipos: por un lado, la participación en el botín de guerra y, por otro lado, otros ingresos derivados de la monarquía en los que se incluyen las rentas de los oficios públicos (tenencia de castillos, oficios de la administración territorial, etc.) y las rentas o pensiones anuales que disfrutaban muchos nobles situadas en determinadas rentas regias, los llamados situados. Este tipo de rentas forman parte de la compensación por la prestación de los servidos militares, el auxilium, la ayuda militar que forma parte de las obligaciones vasalláticas de los nobles con el rey.

En este apartado nos referiremos a las rentas que proceden de los dominios y señoríos y a los ingresos derivados de la ganadería. En el próximo analizaremos el papel de la guerra en la economia señorial. Pero antes de hacer un repaso de las distintas rentas conviene mencionar los distintos tipos de señoríos que existían.

En función de los distintos criterios que se adopten para su análisis, pueden establecerse varias clasificaciones de los señoríos. Puede tenerse en cuenta, por ejemplo, el tipo de derechos concretos que se ejercen, que no eran idénticos en todos los casos; puede valorarse también la extensión, puesto que no eran lo mismo los señoríos de los principales nobles que los de los nobles locales; puede tenerse en cuenta también la mayor o menor antigüedad; o los diferentes titulares, etc. Además, la combinación de varios de esos criterios, y de otros más, permitiría llegar a establecer una clasificación muy compleja. Pero quizá la principal conclusión que podríamos obtener a partir de un análisis de ese tipo es la diversidad del señorío medieval. Es una conclusión que debemos asumir de entrada para dejar de lado una visión demasiado homogénea y un tanto monolítica sobre el señorío, que es quizá la dominante. El poder señorial en la práctica se concretaba de una forma bastante diversa. No solo en los grandes ámbitos territoriales de la península, sino incluso en una misma zona las estructuras señoriales podían ser bastante complejas.

Se suelen utilizar distintos términos para los diferentes tipos de señoríos en función de los diversos titulares.

Durante la Edad Media la Iglesia, como es sabido, acaparó importantísimas propiedades y señoríos muy extensos en los reinos cristianos peninsulares. Los señoríos de la Iglesia se suelen denominar abadengos, en referencia a que su titular sea el abad de un monasterio, aunque el término se utiliza frecuentemente en relación con todos los señoríos eclesiásticos, sea su titular un monasterio, un obispo, un cabildo o un hospital. A veces a los señoríos de los obispos se les da también un nombre específico: episcopalías o episcopados:r, otras veces, cuando el titular de la institución eclesiástica es un prior se habla también de prioratos. Dentro de los señoríos eclesiásticos se pueden incluir los de las ordenes militares, que en algunas zonas fueron muy extensos, dando a esas zonas una personalidad acusada desde el punto de vista de la organización social y económica. Dado que las ordenes estaban gobernadas por maestres, a sus señoríos se les conoce como maestradgos. Todos estos señoríos son, en sentido general, abadengos.

Los señoríos de la nobleza en algunas zonas se denominan solariegos. El término tiene un doble sentido. Por un lado se utiliza solariego para referirse a un lugar sujeto al señorío de un noble laico, en contraposición a abadengo cuando el titular es un eclesiástico. Así pues, el solariego nobiliario se contrapone al abadengo eclesiástico. Por otro lado, el término solariego tiene otra acepción más general refiriéndose a cualquier tipo de señorío, por contraposición a los lugares o personas no sujetos a dependencia señorial sino directamente al rey, es decir por contraposición al realengo. Pero, como veremos, el realengo también se puede considerar una forma de señorío, puesto que se refiere a los lugares donde el rey ejerce directamente como señor.

Un tipo específico de señorío nobiliario son las villas de behetría, el señorio de behetría. La behetría es distinta del solariego, no forma parte de él. La behetría es característica de las zonas de Castilla y León al norte del Duero, aunque se conoce mejor su extensión en Castilla que en León. Es una forma señorial compleja insuficientemente conocida hasta ahora cuando, sobre todo gracias a los trabajos de Carlos Estepa, se percibe no solo su extensión en algunas zonas castellanas, sino también su importancia en la formación y evolución de otras formas señoriales (Clavero, 1974; Estepa y Jular, eds., 2002; Estepa, 2003). Según el Becerro de las Behetrías, compuesto a mediados del siglo XIV, sabemos que por entonces aproximadamente la cuarta parte de los lugares de Castilla al norte de Duero eran behetrías.

Suele decirse que las behetrías se caracterizaban porque sus habitantes gozaban de una situación mejor que la de quienes vivían en lugares de abadengo o de solariego. Esa situación seria una consecuencia de que los habitantes de las villas de behetría podían elegir a su señor; si podían elegirlo en el ámbito de todo el reino de Castilla se habla de behetrías de mar a mar, si estaban restringidos al ámbito de una familia concreta se habla de behetrías de linaje. Los habitantes de las villas de behetría eran hombres de behetría y la capacidad de elegir señor remite originariamente a los hombres de behetría, no tanto a los lugares que habitaban, aunque después acabó por referirse a las villas de behetría.

La behetría remite a la anterior benefactoría, que deriva de la expresión bene facere, hacer el bien. Se trata de la idea de que un hombre libre puede elegir un señor que le haga bien. Es una idea que existe en otras zonas de Europa y de la península referida a los sectores de la nobleza, pero que en las zonas de Castilla y León en los siglos XI y XII se extendió a algunos sectores del campesinado, seguramente entre el campesinado acomodado y en relación con su capacidad militar dentro de las clientelas de los nobles más poderosos. La benefactoria se asienta sobre dos ideas de carácter general. De un lado, la idea de que todo hombre debe tener un señor, lo que nos habla de la extensión de las relaciones señoriales. De otro lado, la idea de que los nobles y, en este caso, un cierto sector del campesinado próximo a la baja nobleza pueden elegir un señor que les haga bien. Igual que sucedia con la idea de la protección y la defensa señorial, vemos otra vez la fuerza de la retórica generada por la ideología feudal. Esa retórica, en la práctica, tenía un contenido claramente distinto cuando se trataba de relaciones entre nobles y cuando se trataba de relaciones entre nobles y campesinos.

Hacia 1100 la frontera entre el campesinado acomodado y la baja nobleza todavía era un frontera fluida y los hombres de behetría pertenecian a ese sector. Su relación con los nobles, al integrarse en sus clientelas y convertirse en sus vasallos, se rodeó de la retórica del bene facere. Pero con el paso del tiempo la frontera entre la baja nobleza y el campesinado se fue haciendo cada vez más clara y las relaciones entre aquellos nobles y sus vasallos se fueron decantando hacia una relación entre señores y campesinos.

La retórica del hacer el bien y de la libertad de elección de señor se mantuvo después e incluso parece que durante la Baja Edad Media volvió a revitalizarse, aunque ya en un contexto totalmente distinto. Pero a lo largo de los siglos XII y XIII la realidad de las villas de behetría se alejará cada vez más de aquella retórica hasta hacerla prácticamente irreconocible. Las villas de behetría se caracterizarán porque sobre ellas se irán extendiendo, como sobre las demás, los dominios de los nobles laicos y de las instituciones eclesiásticas. De manera que la mayor parte de sus habitantes se verán obligados a trabajar tierras ajenas, entrando en relaciones de dependencia por la tierra. La libertad de elegir al señor se diluyó así en una realidad de dominios nobiliarios. Por otro lado, la antigua benefactoria evoluciono hacia una forma característica y peculiar de señorío. Esta forma de señorío, el señorío de behetría, es lo que podemos percibir al final de la Plena Edad Media. La información sobre qué eran las behetrías en ese momento nos la proporciona el Becerro de las Behetrías, compuesto en 1352. Entonces sabemos que las villas de behetría se caracterizaban por la existencia en ellas de dos niveles de señorío. Uno, que denominamos señorío superior o singular, está ocupado por un noble que es el autentico señor del lugar. Otro nivel, que denominamos señorío intermedio, está formado por un grupo más o menos amplio de nobles llamados naturales o diviseros. Este grupo intermedio es lo que caracteriza realmente a las behetrías del final de la Plena Edad Media. Los naturales o diviseros proceden de los nobles que tenían propiedades en cada villa o aldea (aunque con el tiempo ya no se hizo necesario tener tierras para tener derechos como divisero o natural); además de esas propiedades, de sus dominios concretos, tienen ciertos derechos sobre el conjunto de la villa, derechos que con el tiempo se convertirán en una renta. Por otro lado, uno de esos naturales o diviseros será el que ocupe el señorío superior o singular actuando como el señor del lugar. De esa manera, las behetrías serán una forma de señorío nobiliario colectivo.

Junto a abadengos y solariegos, y las behetrías en algunas zonas, el realengo también se configurará como una forma de señorío durante la Plena Edad Media. En un cierto sentido, el rey era señor de todo el reino, sus derechos se extendían por encima de los de los señores; pero en sentido estricto el rey también era señor de algunos lugares que dependían directamente de él. Son los lugares que denominamos de realengo, en contraposición a los abadadengos, los solariegos o las behetrías. En pocas circunstancias los reyes estaban interesados en ejercer directamente como señores, de forma que en algunos casos los reyes pueden ceder temporalmente el señorío efectivo de sus lugares de realengo a ciertos nobles; de manera que aunque el rey sigue siendo el titular del señorío su aprovechamiento corresponde al noble beneficiario de la concesión. Otro tipo específico de realengo está formado por los lugares que se adscriben a determinados miembros de la familia regia, por ejemplo a las reinas. En Castilla y León algunos dominios importantes se adscribieron a mujeres de la familia regia dando lugar al infantado.

El realengo abarcaba a muchas de las principales ciudades, aunque también se extendía por el ámbito rural en villas y aldeas. En bastantes casos las ciudades controlan el territorio circundante; entonces los derechos de los concejos urbanos se pueden equiparar al ejercicio del señorío, de manera que se habla de señoríos concejiles para referirse a los derechos de los concejos urbanos sobre los territorios que controlan. Es un fenómeno bien conocido y estudiado en las Extremaduras castellana y leonesa, pero se puede extender también a la Extremadura aragonesa, zonas en las que algunos concejos (Ávila, Salamanca, Segovia, Daroca, Calatayud, etc.) controlan territorios que pueden llegar a ser muy extensos. En algunas zonas, a esos territorios se les denomina alfoces. Además, en algunos casos, aunque poco frecuentes, los reyes concedieron aldeas a algunas ciudades, sin formar parte de los alfoces, sino en concesiones prácticamente idénticas a las que podía recibir cualquier otro señor. También por ese camino se formaron señoríos concejiles en Burgos y en Zaragoza, por ejemplo, aunque no fue algo muy frecuente. Los señoríos concejiles son señoríos colectivosy de ellos se benefician realmente los grupos oligárquicos que contólan los concejos urbanos. Algunos autores han utilizado también la expresión señoríos corporativos para referirse a esta situación.

Generalmente, cuando se piensa en los señorios y en las estructuras señoriales se hace con la premisa de que a un lugar le corresponde un señor, y es cierto que esa situacion es característica de muchas zonas, pero no de todas. En los territorios antiguos del norte las estructuras señoriales eran más complejas. Ya hemos visto como bajo el señorío subyace también una estructura de propiedad señorial y que frecuentemente no coinciden ambas. Además, también son bastante frecuentes los casos en que el señorío en sentido estricto también estaba fragmentado. Son lugares que no tienen un único señor, sino 2 o 3 o más; señores que además no tienen por qué ser del mismo tipo. De esta manera podemos encontramos un lugar que pertenece en parte a un abad y en parte a un obispo; o también podemos encontrar un lugar que pertenece en parte a un abad, otra parte a un noble y otra parte a otro noble sin conexiones aparentes con el anterior. Cuando hay varios señores del mismo tipo (por ejemplo, todos eclesiásticos) se habla de señorío compartido, si hay varios señores de distinto tipo (por ejemplo, un abad y un noble) se suele hablar de condominio.

En algunas zonas este tipo de situaciones en que el señorío sobre un lugar no corresponde a un único señor sino a varios son bastante frecuentes. Los cálculos son difíciles de hacer para este período de los siglos XII y XIII porque generalmente no contamos con fuentes que recojan con una cierta precision la situación señorial de todos los lugares de una zona en un momento determinado. Una información de ese tipo la proporciona el Becerro de las Behetrías para Castilla la Vieja en 1352; entonces sabemos que la fragmentación señorial en algunas comarcas de esa zona afectaba aproximadamente a la mitad de los lugares. También las inquirições portuguesas describen la elevada fragmentación señorial en las zonas entre el Duero y el Mino.

Por tanto, el señorío era una realidad muy diversa en la Plena Edad Media, como también lo eran las rentas que generaba. El estudio de las rentas ha preocupado bastante a los historiadores en los últimos anos pero aún quedan importantes preguntas pendientes. El análisis de las rentas debe hacerse de una forma global. Ha habido un cierto debate entre los especialistas para intentar clasificar los distintos tipos de rentas. Así, se ha hablado de rentas territoriales frente a otras señoriales o jurisdiccionales; o se establece también una diferencia entre rentas y tributos. Los debates han permitido avanzar en el planteamiento de problemas, pero no siempre han generado respuestas plenamente convincentes. Una de las propuestas más sugerentes la ha realizado Julio Valdeón, quien prefiere hablar de renta feudal antes que de renta señorial, puesto que la primera expresión refleja un concepto más amplio que el segundo. Según este autor “podríamos definir a la renta feudal como el conjunto de censos, tributos, prestaciones, diezmos, etc., que bajo las más variadas rúbricas y en las formas más diversas (en dinero, en especie o en trabajo) entregaba el campesinado dependiente a los señores” (Valdeón, 1983: 77-78).

Desde ese punto de vista, el conjunto de rentas y prestaciones que forman la renta feudal componen un todo coherente y puede plantearse que no tiene mucho sentido que los estudiosos utilicen criterios de clasificación que en ocasiones finalmente ofrecen una visión que rompe esa realidad global y coherente. Eso ha llevado a algunos autores incluso a plantear que no es posible hacer clasificaciones de las rentas de ningún tipo. Ciertamente no hay que dejar que los métodos de análisis desvirtúen el objeto que se ha de analizar, pero también parece claro que para poder estudiar la renta feudal es necesario establecer siquiera una mínima clasificación o agrupación de las distintas rentas, por mucho que esta sea fundamentalmente descriptiva.

Una primera aproximación a las rentas puede hacerse considerando las formas de pago, que pueden ser de cuatro tipos: en especie, en dinero, mixtas incluyendo tanto productos como dinero, y rentas o prestaciones en trabajo. Las rentas en especie suponen la entrega directa de productos agrarios o ganaderos por parte del campesino. Las rentas en dinero implican una transformación previa de los productos agrarios en moneda a través de los mercados. En cuanto a las rentas en trabajo, son las prestaciones personales llaamadas sernas o corveas e implican el trabajo directo del campesino en beneficio del señor sea en tareas agrarias o en otras, de manera que el señor sustrae fuerza de trabajo de las expiotaciones campesinas.

El volumen de rentas que recibían los señores de uno u otro modo era diverso, como también su evolución a lo largo de los siglos XII y XIII.

Las rentas en trabajo suponen que el campesino debe emplear unos dias a la semana, al mes o al ano en trabajar directamente para el señor. En general se considera una obligación muy pesada para los campesinos, de manera que procuraron conmutar esas rentas en trabajo por otras rentas en especie o en dinero. Su evolución y las características de las prestaciones fueron estudiadas en su día por Isabel Alfonso (Alfonso, 1974). Generalmente, la prestación de las sernas estaba muy regulada, fijándose tanto las condiciones en que debían realizarlas los campesinos, como las contraprestaciones, en forma de mantenimiento, que debía ofrecer el señor.

La terminología que expresa las rentas era muy diversa, no solo entre los distintos reinos sino entre las distintas regiones y comarcas. Por otro lado, un mismo término puede utilizarse en varias zonas con significados parcialmente diferentes; mientras que otras veces la misma realidad puede reflejarse utilizando términos distintos. En definitiva, el léxico de las rentas es muy amplio y su análisis es complejo. En ocasiones, el análisis se ha visto lastrado por una concepción jurídica excesivamente rigurosa de la relación que se establece entre señores y campesinos y se expresa mediante el pago de las rentas. Así, un término debía referirse siempre a un mismo concepto, en todas las zonas y en todos los momentos cronológicos o con muy escasas variaciones en la evolución histórica. El análisis de los términos y los contextos documentales en que aparecen era, por lo tanto, el camino seguido para analizar las rentas. Ciertamente, es un camino que debe recorrerse, pero no es el único ni el análisis resultante debe aislarse del conjunto de la dinámica de las relaciones sociales. En definitiva, no se trata tanto de tener en cuenta los nombres de las rentas (algo que también hay que hacer) como los conceptos que generaban el pago de las rentas. Desde ese punto de vista el panorama, aunque sigue siendo complejo, resulta algo más claro.

En primer lugar, los campesinos dependientes de un señor le pagan una renta por el hecho de serio, una renta que, como se dice en algunos textos, expresa el reconosçimiento de sennorio. Son rentas que reflejan el vínculo personal entre el vasallo y el señor, o que reflejan la dependencia del vasallo respecto del señor por el suelo en que habita, por el solar. Así, se ha discutido sobre el carácter personal o territorial de las rentas que reflejan esa relación. ,;Por qué se paga? ¿Por ser vasallo o por vivir en un lugar sujeto al señorío de un señor? A veces será posible establecer esa diferencia o señalar que uno de los dos componentes tiene un mayor peso en la relación, pero con frecuencia será imposible distinguir entre ambos sin hacerlo de una forma arbitraría.

El campesino puede, además, trabajar tierras que pertenecen al señor, o tierras propias, o tierras de otros señores (o tierras de otros campesinos, o de burgueses, aunque con frecuencia serán tierras de un señor, bien del señor del lugar o de otro señor-propietario) y lo hará en una composición variable. El trabajo y la explotación de las tierras es otro de los conceptos que generan el pago de rentas. Algunos autores las han denominado rentas agrarias. Pueden ser rentas en dinero, en trabajo o en especie; en ese último caso, pueden establecerse como rentas proporcionales a la cosecha, entre una quinta parte y la mitad. Cantidades muy elevadas, por lo tanto, que nos hablan de la importancia de esta relación. No siempre resulta fácil distinguir las rentas agrarias y las rentas por reconocimiento de señorío. Cuando el señor lo es de todo el lugar y cuando no hay otros señores propietarios con derechos en el término, ambos conceptos aparecen frecuentemente unidos y se pueden materializar en un único pago, en una única renta.

La importancia de las rentas agrarias deriva de que muy frecuentemente los señores no se ocupan de la explotación directa de la mayor parte de las tierras, que ceden en tenencia a los campesinos, como ya hemos visto. Pero en esto también hay muchas variaciones. Cierto tipo de señores sí se reservan una parte significativa de las tierras cuya explotación gestiónan directamente; por ejemplo, los monjes cistercienses y seguramente también los sectores inferiores de la nobleza. Por otro lado, también es frecuente que las tierras más próximas a la residencia señorial (el palatium, la torre, el monasterio) también estén controladas por el señor. A ese tipo de tierras cuya explotación dirigen o controlan directamente los señores se las denomina la reserva, en contraposición a las tenencias campesinas, y es en ellas donde se efectúan las labores agrarias de las sernas, las prestaciones personales en trabajo.

La realización de sernas también es una de las formas en que puede concretarse el reconocimiento de señorío o el reconocimiento de que las tierras que trabaja el campesino pertenecen al señor. Lógicamente, hay una relación directa entre el tamaño de la reserva y el volumen de las sernas. Así, la tendencia a la conmutación de las sernas por pagos en especie o en dinero indica también una tendencia a la reducción del tamaño de las reservas. Pero es una tendencia que se combina con otros factores. Por ejemplo, el trabajo realizado mediante las sernas puede sustituirse por el trabajo de criados y empleados domésticos o jornaleros. También hay que tener en cuenta que en ciertos contextos, como la existencia de mercados urbanos próximos, y para ciertos cultivos, como el vino, en ocasiones los señores aumentaron las tierras de sus reservas orientándose a una producción para el mercado que les proporcionaba claros beneficios económicos.

Por tanto, las sernas son un tipo de renta que podemos caracterizar por la forma de la prestación, pero el concepto que las genera puede quedar asumido también en las rentas de reconocimiento de señorío o en las rentas agrarias pagadas en especie o en dinero.

Otro tipo de rentas son las que derivan de la obligación de los campesinos de alojar y mantener al señor cuando acudia al lugar. Probablemente son rentas que obedecen a una tradición antigua que remite a una forma de ejercicio del poder itinerante, con la presencia física del señor y la manifestación de su superioridad y la dependencia de sus subordinados mediante la oferta de comida y de alojamiento. Esa obligación tiene un contenido material que podía llegar a ser bastante pesado para los campesinos, puesto que el mantenimiento y el alojamiento no se refieren solo a la persona del señor, sino también a su comitiva y animales de transporte. Pero también tenía un contenido simbólico; la comida era un acto ritual y público en el que, al ofrecer los alimentos, los vasallos se muestran públicamente como vasallos y el señor como señor. A partir de ahí se desarrollan muchas variaciones. El beneficiario puede ser únicamente el señor o también su representante, en el caso de que el señor no acuda personalmente. Otras veces se establece que la obligación solo tendrá lugar una vez al ario y puede hacerse solo si el señor está presente o, en su ausencia, transformarse en un pago en productos o en dinero. Esto último será bastante frecuente de manera que, a lo largo de la Plena Edad Media, en bastantes casos esas obligaciones se transformarán en el pago de rentas fijas en dinero o en especie y, puesto que eran rentas fijas, tendieron a devaluarse. Entre los términos que recogen estas obligaciones podemos mencionar albergaria para el alojamiento y conducho, yantar o cena para el mantenimiento.

Otro tipo de rentas tienen en origen un componente militar. Remiten a la antigua obligación de los hombres libres de realizar servidos y prestaciones militares. Con el tiempo las actividades estrictamente militares quedarán en manos de los nobles, mientras que los campesinos, o bien participarán en tareas auxiliares de acarreo y transporte, o bien verán transformarse sus deberes en el pago de rentas. En principio se trata de rentas regias, pero pueden ser asumidas por los señores en algunos casos. Uno de los nombres más frecuentes para ese tipo de rentas es el de fonsaderas, en relación con la participación en el fonsado, en el ejército. Por otro lado, los vasallos deben participar en la defensa del señorío y en relación con ello se desarrollan también obligaciones diversas; en muchos casos, tienen que ver con tareas de mantenimiento, reparación o abastecimiento de fortificaciones. En ocasiones se mantienen como tales obligaciones, pero otras veces se transformarán también en el pago de rentas.

La administración de justicia y el ejercicio de la jurisdicción son otra fuente de ingresos para los señores, que se concretará en el cobro de las multas judiciales impuestas a los delincuentes, como las caloñas y homicídios o, en un sentido más general, las sanciones derivadas del incumplimiento de las normas de todo tipo en relación con la vida local impuestas por los señores. Como ya hemos mencionado, la participación de los señores en las multas judiciales podía ser muy diversa.

El vasallaje y la jurisdicción señorial pueden concretarse también en derechos diversos de los señores que se materializan en otros tantos pagos o prestaciones por los campesinos. Derechos a que el señor herede los bienes del campesino muerto sin descendencia legítima; derechos a que el señor apruebe, de una u otra forma, el matrimonio de sus campesinos, etc. Durante la Plena Edad Media el ejercicio de esos derechos señoriales se suele expresar mediante el pago de otras tantas rentas (mañeria, nuncio, huesas, etc.) En este período, en bastantes casos, los campesinos lograron la supresión de esas rentas que, aunque fueron devaluándose puesto que solía tratarse de cantidades fijas de dinero, provocaban un claro rechazo, de manera que los fueros buenos fueron derogando esas rentas. Pero en otras zonas se mantuvieron e incluso se reforzaron. Eso sucedió en Cataluña con los llamados malos usos: la intestia, que permitía al señor obtener un tercio o la mitad de los bienes del campesino que moría sin testar; la exorquia, que permitía también al señor hacerse con parte de los bienes del campesino que moría sin dejar descendientes legítimos; la cugucia, que permitía al señor obtener todos o parte delos bienes de la esposa de un campesino que fuera hallada culpable de adulterio la arsina, por la que el señor recibía un pago compensatorio en caso de que la vivienda del campesino fuera destruida por un incendio; la firma de spoli, que también permitía al señor obtener un pago del campesino cuando éste entregaba una dote; y, por último, la remensa,, que también obligaba al campesino a pagar un canon al señor cuando deseaba abandonar su tenencia.

Los señores se reservaban, como hemos visto, parte de los espacios sin cultivar de sus dominios, zonas de bosques y los espacios incultos que se denominan genéricamente monte. El aprovechamiento por los campesinos de los recursos de esos espacios podía generar otros tantos pagos; como el montazgo, que era la renta que debía pagarse para que los ganados pudieran pastar en los montes del señor.

En algunas zonas se desarrollaron los que se suelen denominar monopolios señoriales. Es decir, los señores se reservaron el derecho a construir y beneficiarse de algunos elementos fundamentales en el desenvolvimiento de la vida cotidiana de las comunidades rurales, como eran los molinos o los hornos para cocer el pan. En esos casos, los campesinos sólo podían utilizar los molinos y los hornos del señor, y a cambio de hacerlo debían pagar un canon. Frecuentemente, el señor arrendaba el molino o el horno a un miembro de la comunidad campesina a cambio de una renta y era el arrendatario el que percibía los cánones que debían pagar sus vecinos. Los monopolios señoriales tampoco se desarrollaron de una forma uniforme en la península. No existían en la Corona de Castilla y estaban más extendidos en la de Aragón, aunque también allí había diferencias en las distintas zonas.

Al hablar de los ingresos que percibían los señores hay que incluir también el diezmo y en general las que podemos denominar rentas de Iglesia. Son rentas que derivan del desarrollo de las estructuras eclesiásticas, de la formación de una organización diocesana, como veremos más adelante; son las rentas derivadas de la administración de los sacramentos y, sobre todo, el diezmo. En un sentido estricto podrían no ser consideradas rentas señoriales, pero las estructuras eclesiásticas se desarrollan en paralelo a las estructuras señoriales y con una clara interconexión entre ambas. Por otro lado, las instituciones eclesiásticas, obispos, cabildos, monasterios, ordenes militares, hospitales en algunos casos, eran también poderosos señores que reforzaban su poder con su autoridad eclesiástica. Otra razón para considerar el diezmo en esta revisión de los ingresos señoriales es que, en algunos casos, los nobles laicos también podían percibir parte del diezmo en los lugares donde eran señores.

Otro tipo de rentas señoriales serían las que podemos denominar tasas de tránsito de mercancias, como el portazgo, que era el canon que debía pagarse por introducir mercancias en una ciudad o al atravesar ciertas zonas. Los portazgos solían pertenecer al rey, pero en no pocas ocasiones fueron transferidos a los señores en las concesiones regias.

Junto a los portazgos, otras rentas regias diversas podían transferirse en mayor o menor medida a los señores. De hecho, para algunos autores, casi todas las rentas señoriales podrían considerar se el resultado de la transferencia de derechos regios. Es una visión que pone el énfasis en la defmición del señorío como una enajenación de la soberania y del poder público. En cierta medida es así, puesto que los reyes transferían derechos, que se convertían en rentas para los señores, mediante las concesiones de señoríos. Pero es una visión demasiado simplista, porque frecuentemente las concesiones regias consolidaban o desarrollaban derechos previos de los señores y porque los poderes políticos centrales, las monarquías, se desarrollaban también mediante las concesiones a los señores. Al final de la Plena Edad Media tiende a haber una mayor defmición de lo que pertenecía exclusivamente al rey. Así, el Fuero Viejo de Castilla comienza señalando las “quatro cosas [que] son naturales del señorio del Rey, que non las debe dar a ningund ome, nin las partir de si, ca pertenescen a el por razon del señorio natural: Justicia [es decir, mayoría de justicia], Moneda, Fonsadera, e suos yantares". Todo lo demás podía ser de los señores de una u otra forma.

En paralelo a la caracterización del señorío que hacíamos más arriba señalando su diversidad estructural, puesto que no todos los señores ejercían los mismos derechos en los distintos lugares, hay que señalar también la diversidad de las rentas señoriales, puesto que no todos los señores percibían las mismas rentas. En definitiva, muchos tipos de señores y muchos tipos de dominios y señoríos en cuanto a su forma y fecha de constitución, componentes, etc.

Otro de los pilares importantes de la economia señorial era la ganadería. En general, durante la Plena Edad Media se asiste a un desarrollo muy notable de la ganadería en los reinos cristianos de la península. La ganadería será uno de los pilares del desarrollo económico del período de los siglos XII y XIII. Ya hemos hablado del papel de la ganadería en la economia campesina, pero el desarrollo al que aludimos será protagonizado, sobre todo, por los señores.

Ya durante la Alta Edad Media, la formación de los grandes dominios es paralela a la configuración de sus propietarios como dueños de rebaños de ganado. En aquel período, lo que se conoce mejor son los dominios de algunos monasterios y esos dominios muestran el interés de los monjes por adquirir zonas de pastos. No abundan entonces las referencias a los grandes rebaños —aunque también las hay—, pero la importancia de las tierras de pastos indica claramente su existencia. Es posible que, como han señalado algunos autores, en los siglos X y XI tuviera mayor peso el ganado bovino, aunque no es seguro, frente al protagonismo que adquirirá en los siglos XII y XIII el ganado ovino.

Sin duda, el desarrollo de la ganadería en esta época fue posible gracias a la expansión territorial de los reinos. Con la conquista de Toledo en 1085 la frontera de Castilla y León se situará en el Tajo, incorporándose los territorios de la vertiente sur del Sistema Central. Posteriormente se incorporarán los territorios de los valles del Guadiana y del Guadalquivir. Espacios enormes que ofrecían excelentes posibilidades para los rebaños de los señores del norte. De esa manera comenzaron los grandes ciclos de trashumancia: en verano los rebaños aprovechaban los pastos del norte y en invierno se trasladaban al sur. El desarrollo de esos ciclos de trashumancia dio lugar en Castilla a la formación de la Mesta, que protagonizará el gran desarrollo de la ganadería ovina y de la producción de lana en Castilla en la Baja Edad Media.

La Mesta se formó en el siglo XIII, seguramente durante el reinado de Alfonso X de Castilla. Estaba integrada por dueños de rebaños para organizar los ciclos de trashumancia, el traslado de los ganados en sus rutas nortesur. Mover grandes rebaños a lo largo de cientos de kilómetros era una tarea difícil de abordar para un único ganadero, aunque fuera un señor poderoso. Reunir los rebaños, organizar a los pastores, determinar los caminos que debían recorrerse, atravesar tierras con estatutos jurídicos muy distintos, pagar las tasas de tránsito, defender los ganados frente a los intentos de robo, etc. Una tarea complicada que, sin embargo, se podía realizar con más facilidad uniendo los rebaños de todos los propietarios en cada zona del norte y formando grandes rebaños para conducirlos hacia el sur y viceversa.

Así surgió la Mesta hacia mediados del siglo XIII, quizá entre 1260 y 1265 como ha sugerido Bishko, contando enseguida con el apoyo de la monarquía (Bishko, 1981). En 1273, en el primer texto que se conserva, Alfonso X confirmo en un documento privilegios anteriores concediendo al Concejo de la Mesta la protección regia para los rebaños a cambio del pago de un tributo, el servido. Más tarde, ya en 1343, ese tributo se unió a las tasas de tránsito, los montadgos, que debían pagar los rebaños en su camino hacia el sur o hacia el norte, formando un único impuesto llamado servido y montazgo que será una importante fuente de rentas para la monarquía. A partir de entonces, a lo largo de los siglos XIV y XV la Mesta irá adquiriendo sus perfiles institucionales que conservará después durante la Edad Moderna.

El papel de la Mesta y la ganadería trashumante en el desarrollo económico de Castilla y en la economia señorial se valorará con más detalle en otros volúmenes de esta colección, donde se dará cuenta también de su organización institucional. La Mesta fue estudiada por un historiador américano, Julius Klein, a comienzos de este siglo; su obra, con ese mismo título, es uno de los “clásicos” de la historiografía hispaña y ha sido reeditada en varias ocasiones (Klein, 1985). Sin embargo, como es lógico, trabajos posteriores han contribuido a matizar o corregir los puntos de vista de Klein. Para el período que nos interesa aqui, en relación con los orígenes de la institución y el desarrollo de la ganadería en los siglos XII y XIII también merecen ser destacados los trabajos de Ch. J. Bishko y de Reyna Pastor (Bishko, 1981; Pastor, 1973).

Entre las tesis de Klein que han sido corregidas está la idea de considerar a la Mesta desde sus orígenes como una asociación de pequeños y medianos propietarios de ganado, una asociación con tintes democráticos. Hoy sabemos que la Mesta y, en general, los grandes ciclos de trashumancia respondían a los intereses de los grandes propietarios de rebaños, de los señores; aunque otros pequeños y medianos pudieron unirse a la Mesta donde fundamentalmente actuaron como pastores. Tampoco la Mesta inicio ni los ciclos de trashumancia, ni la política de apoyo regio a los grandes propietarios de rebaños.

De hecho, el término mesta, como en Aragón ligallo, hace referencia a una asociación de ganaderos en un ámbito comarcal o regional para la defensa de sus intereses y la organización del pastoreo de los ganados. Así, antes y después de la Mesta hubo muchas mestas, ligallos o hermandades de ganaderos. De manera similar, los grandes ciclos de trashumancia entre el norte y el sur siguieron coexistiendo con otros ciclos de menor radio, de ámbito comarcal o regional; movimientos de ganado entre los pastos de verano y los pastos de invierno, entre el valle y la montana, las zonas lianas y las zonas altas. Probablemente, para algunos de esos ciclos y las correspondientes asociaciones de intereses ganaderos puedan rastrearse orígenes muy antiguos. La novedad en los siglos XII y XIII está en la incorporación del control político y militar sobre nuevos territorios que podían beneficiar a los principales propietarios de rebaños y en la incorporación de nuevos grupos sociales con ese mismo interés económico en la ganadería.

Así, como ha señalado Reyna Pastor, desde mediados del siglo XII comienzan a hacerse frecuentes en Castilla las concesiones de privilegios regios a las instituciones eclesiásticas para que sus ganados puedan tener libertad de pastos; es decir, para que sus rebaños puedan moverse libremente por todo el reino sin pagar las tasas de tránsito correspondientes (Pastor, 1973). Concesiones de ese tipo se fueron extendiendo a muchos monasterios y fueron confirmadas por los sucesivos reyes. Al mismo tiempo, esos rebaños no debieron dejar de crecer de manera que, si al principio la libertad de pastos se refiere a omni ganado uestro, como vemos en los primeros ejemplos, a finales del siglo XIII se comenzarán a establecer limites señalando el número máximo de cabezas de ganado que gozarían de esos privilegios. En la medida en que podamos interpretar esos limites fijados en los documentos regios como el número real de cabezas de ganado que tenian esos monasterios por entonces, tendremos una idea del tamaño de los rebaños de algunos monasterios al final del siglo XIII. Podemos ver algunos ejemplos de la zona de Burgos: el monasterio de San Pedro de Cardeña tenía libertad de pastos para 6.000 ovejas y cabras y 50 yeguas; el monasterio de San Millán de la Cogolla para 10.000 ovejas y cabras y 100 yeguas; el monasterio de Santa Maria la Real de las Huelgas de Burgos para 9.000 vacas, 3.000 cerdos y 150 yeguas; pero la cabaña más numerosa seria la del Hospital del Rey de Burgos con libertad de pastos para 30.000 ovejas, 10.000 vacas, 2.000 cerdos y 150 yeguas.

Al mismo tiempo, algunos nuevos señores que surgirán en este período, como las ordenes militares, tendrán también una orientación claramente ganadera. Tanto en Castilla (entre el Tajo y Sierra Morena) como en Aragón (en el Bajo Aragón y en el Maestrazgo) recibirán extensos dominios, a veces en zonas poco pobladas, favorables para el desarrollo de la ganadería. De esa manera, desarrollarán importantes cabañas y, además, controlarán importantes zonas de pastos por cuyo aprovechamiento por otros ganaderos recibirán sustanciales beneficios (Rodríguez-Picavea, 1994). De hecho, se ha dicho que los origenes de la Mesta como institución no es ajena a la pugna por el control de los pastos en el valle del Guadiana entre los ganaderos del norte y las ordenes militares.

También los concejos de las Extremaduras castellana y aragonesa tendrán una clara orientación ganadera. Los concejos de Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Calatayud, Daroca, etc., dispondrán de territorios muy amplios situados en zonas de frontera con al-Andalus. Estos concejos, como se ha demostrado muy bien en Castilla, estarán controlados por grupos que se configurarán como oligarquías y que basarán su hegemonía en la guerra y en la ganadería; son los caballeros villanos. Estos concejos y sus grupos dirigentes serán uno de los pilares de la expansión territorial en los siglos XII y XIII. La inestabilidad característica de las zonas de frontera y la escasez de población favorecieron el desarrollo de la ganadería. Los concejos castellanos y leoneses entre el Duero y el Sistema Central primero comenzaron a intentar extender sus territorios, sus alfoces, hacia la vertiente sur de la Cordillera Central ampliando sus espacios de pastos. Más tarde, al sur de esa zona, en la Transierra se crearon nuevos concejos que, como el de Cuenca, dispusieron también de extensos alfoces con una clara orientación ganadera; aunque en paralelo surgieron también las ordenes militares que fueron dotadas, como hemos mencionado, con grandes dominios con un claro perfil ganadero entre el Tajo y Sierra Morena.

Los señores del norte, laicos y eclesiásticos, los caballeros villanos y las ordenes militares compartirán durante la Plena Edad Media un interés por la ganadería que será uno de los pilares de su desarrollo como clase dominante. Y, junto a ellos, también la monarquía; no solo promoviendo políticas favorables a esa expansión de la ganadería señorial, sino participando igualmente de esa misma expansión. También los reyes eran propietarios de rebaños. Aunque las características de la cabaña regia no se conocen bien en esta época, si hay suficientes indicios de su existencia y del interés directo de los reyes en la ganadería.

La expansión territorial de los reinos cristianos en la Plena Edad Media y el desarrollo de la ganadería son dos hechos estrechamente unidos y esa unión se manifiesta en la Mesta y en la organización de los grandes ciclos de trashumancia, que son quizá los aspectos mejor conocidos. Pero junto a esos grandes ciclos y al margen de la Mesta hubo también un desarrollo ganadero, basado en mestas locales y comarcales y en ciclos de trashumancia de menor radio. Asi, en Aragón no hubo una institución equiparable a la Mesta pero también un hubo un desarrollo notable de la ganadería sobre la base de asociaciones de ganaderos, ligallos, de ámbito menor, tanto en la zonas de los Pirineos como en el Bajo Aragón. La asociación más importante fue la Casa de Ganaderos de Zaragoza, cuyos origenes se sitúan en la cofradia de San Simon y San Judas que se documenta a comienzos del siglo XIII; aunque hay que retrotraerse a la propia conquista de la ciudad a comienzos del siglo XII y a los privilegios que recibieron sus habitantes para que sus ganados pudieran pastar libremente por todo el territorio del reino. Esos privilegios después se fueron limitando parcialmente y estableciendo con mayor precisión porque, evidentemente, entraban en conflicto con los intereses ganaderos de los habitantes de otras zonas, pero permiteron el desarrollo de los rebaños de los ganaderos zaragozanos. La Casa de Ganaderos de Zaragoza y otras como las de Tauste y Ejea, o los ligallos de Teruel, Calatayud y Caspe, etc., fueron instituciones fundamentales en el desarrollo de la ganadería en Aragón y sirvieron, básicamente, a los intereses de los grandes propietarios de rebaños, los señores y las oligarquías que controlaban las ciudades.

1.2.3. La guerra como factor de expansión

Junto a los dominios y señorios y a la ganadería, el tercer pilar de la economia señorial son las actividades militares y la guerra. Los nobles son, por definición, guerreros y su posición privilegíada en la sociedad se justificará ideológicamente por su condición de guerreros, bellatores, según la division trifuncional de la sociedad desarrollada por la Iglesia. La Iglesia presentará la guerra como defensa de la cristiandad y en la península esa proyección alcanzará una intensidad específica al formularse como recuperación , Reconquista, de los territorios ocupados por los musulmanes. La motivaciones religiosas legitiman, además, el espolio del enemigo, de manera que de la guerra podian obtenerse no solo beneficios espirituales, sino también beneficios materiales directos.

La guerra es, como decimos, la razón de ser de la nobleza medieval. Los edificios políticos de las monarquías plenomedievales peninsulares se basarán, como en otras zonas de Europa, en el reconocimiento del rey como su señor natural por los nobles. En algunas zonas los ritos y las ceremonias que hacen pública y manifiestan esa relación se desarrollan más y se hacen más explícitos; en otras zonas serán menos formales. En algunas zonas esa relación se acompañará de un entramado de instituciones feudovasalláticas bien definiadas, en otras zonas esas instituciones, u otras equivalentes, serán menos rígidas y más flexibles. En cualquier caso, el vasallaje de los nobles hacia el rey incluirá siempre un componente militar, un deber de asistencia y ayuda militar.

Ese edificio político tiene también unas sólidas bases económicas. Unas, como hemos visto en las páginas anteriores, eran la acumulación de tierras y derechos en forma de dominios y señorios, que permiten la configuración de la nobleza como clase dominante. Otras, como veremos ahora, derivarán de la guerra como un factor de acumulación y expansión económica, que permiten la reproducción de la nobleza como tal clase dominante.

El vasallaje regio y las actividades militares derivadas afectaban a todos los nobles, bien directamente, como vasallos directos del rey, bien indirectamente, como vasallos de otros nobles vasallos, a su vez, del rey. Eso se concretaba en la participación , de una u otra forma en el ejército regio. Durante buena parte de la Plena Edad Media esa participación se irá definiendo y redefiniendo, no solo en los reinos cristianos peninsulares, sino en casi todas las monarquías occidentales, y así se recogerá en algunos códigos legales.

Junto a la posición social y el privilegio jurídico, acompañados de la fuente de legitimación social, las actividades militares y la guerra se constituirán como una fuente de ingresos y rentas de primer orden para la nobleza. Esos ingresos pueden derivar de varios caminos.

En primer lugar, los reyes tenian que conseguir hacer efectivo su señorio natural y conseguir también que la asistencia militar de los nobles fuera eficaz. Para lograrlo debían ofrecer compensaciones a los nobles. Esa es la raiz del contrato feudovasallático que se desarrollo en otras zonas de Europa y dentro de la península sobre todo en Cataluña. Las concesiones de tierras en feudo son la compensacion al vasallaje nobiliario y a su corolario de auxilium (ayuda militar) y consilium (consejo). Ese era un camino que, con mayor o menor rigidez formal, se desarrolló también en los otros reinos peninsulares. Pero las concesiones feudales chocaban siempre con tendencias patrimonializantes; al paso de unos anos lo que era visto como una concesión feudal por el rey y por los teóricos del poder regio, era visto como una propiedad patrimonial por los nobles. Los nobles disfrutaban de bienes y derechos en propiedad y de otros bienes y derechos por concesión regia, concesión que puede ser temporal o vitalícia. Ambos tipos de bienes y derechos tendían a confundirse.

Cuando la base económica de la relación se debilitaba, los vínculos entre los reyes y los nobles también se hacían más débiles, abriéndose el camino de las sublevaciones nobiliarias.. La ayuda militar podía convertirse, así, en amenaza militar. Para evitarlo era necesario reforzar esa base económica. El vasallaje, digamos, genérico, derivado del reconocimiento del rey como señor natural debía reforzarse con otros lazos de vasallaje, digamos, directo. Para establecer esos lazos, entre lo que podía entregar el rey para reanudar o reforzar la fidelidad de los nobles, había básicamente tres posibilidades: oficios públicos que generaban rentas, nuevas tierras y, en tercer lugar, dinero.

Los oficios públicos diversos, tanto de la administración central como de la administración territorial, eran el vehículo para hacer efectivo el gobierno regio. Más adelante lo veremos con más detenimiento, por ahora digamos que esos oficios eran ejercidos casi siempre por nobles que recibían las rentas derivadas del ejercicio de esos cargos. Para los reyes era una forma de gobernar, para los nobles una forma de obtener poder y riquezas. En ese sentido, las dinámicas de los distintos reinos a lo largo de la Plena Edad Media no fueron siempre idénticas. En unos u otros momentos los reyes se apoyaron en los distintos sectores de la nobleza. Pero, en cualquier caso, los reyes disponían de los oficios públicos para distribuir entre los nobles y recomponer o reforzar alianzas. Junto a los oficios, frecuentemente incluidas en ellos, también la tenencia de castillos y fortalezas.

Además de oficios y fortalezas, los reyes también podían distribuir tierras y, como ellos, también eran un recurso limitado. Los dominios y señoríos que podían conceder los reyes procedían, o bien de los dominios regios, o bien de los de otros nobles que por una u otra razón hubieran perdido todas o parte de sus tierras, o bien de una expansión exterior que permitiera adquirir nuevos territorios.

Las donaciones de tierras procedentes de los dominios regios fueron frecuentes, pero tenían unos limites claros. En primer lugar, suponían una reducción de los ingresos de la monarquía, que siempre estaba falta de recursos económicos. En segundo lugar, suponían también una reducción del control directo del rey sobre el reino, algo que durante esta época seguia siendo una de las bases del poder regio. Una de las fuentes de alimentación de los dominios regios (junto a otras como enlaces matrimoniales, herencias de los nobles muertos sin descendientes legítimos, compras, etc.) eran las confiscaciones. Las sublevaciones nobiliarias eran frecuentes. De hecho, en realidad eran una forma de acción política, eran un instrumento para renegociar posiciones en el contexto político. Cuando un noble o un grupo de nobles se sublevaban no buscaban acabar con la monarquía ni —casi nunca— eliminar al rey. Tras las sublevaciones casi siempre hay enfrentamientos entre bandos o facciones nobiliarias; el rey muchas veces actúa como mediador o tiene que apoyarse en el bando que le ofrece más garantias de un soporte más sólido y duradero. El fracaso en una sublevación suponía la confiscación de todas o de parte de las tierras, tierras que pasaban a manos del rey y que éste redistribuía entre los sectores que le apoyaban. De esa manera, se sentaban las bases para que, con el paso del tiempo, los descendientes de quienes habian perdido sus tierras plantearan una nueva reclamación, procurando renegociar sus propias posiciones políticas.

Por lo tanto, los conflictos internos, las luchas civiles, frecuentes durante la Plena Edad Media, no son (o no siempre, o no sólo) fruto de la falta de capacidad de los gobernantes, o de la ambición de los nobles, o de la existencia de unas estructuras políticas muy poco desarrolladas; son una consecuencia de la estructura social y económica, son un componente estructural del sistema. Por supuesto, cuanta mayor fuera la capacidad militar de los nobles, mejor seria su posición en ese proceso casi continuo de negociación y renegociación.

Así pues, conseguir más tierras dentro del reino era complicado (recordemos que la traición, el delito que cometían los sublevados, se podía castigar con la muerte); el rey tenía que despojar a unos para recompensar a otros. Para obtener más tierras (y, claro, las rentas que se derivaban) sin desestabilizar el reino y sin reducir peligrosamente los dominios directos del rey, la solución era la expansión exterior, la conquista.

De nuevo hay que insistir en que la expansión territorial de los reinos cristianos de la península, la Reconquista, además de estar motivada por razones políticas e impulsos religiosos, obedece también a razones económicas. Conquistar nuevas tierras permitía al rey disponer de unos recursos muy importantes para mantener el equilibrio político en el reino reforzando enormemente su papel. Esa es la principal línea de fuerza que hay detrás de la expansión territorial durante todo el período, pero se articulo de diferentes maneras en los distintos contextos históricos concretos.

Otro mecanismo del que disponía el rey para reforzar o garantizar el apoyo militar de los nobles, además de las concesiones de tierras, eran las concesiones directamente de rentas. El pago a los nobles, o a algunos nobles, de cantidades de dinero periodicamente, procedentes del conjunto de rentas e ingresos de la monarquía. Generalmente, esos pagos se sitúan en rentas regias concretas, de manera que más adelante se los denominará situados. Estas rentas o pensiones funcionarán, finalmente, como lo hacían las concesiones de tierras. El vasallaje nobiliario se establecerá a cambio de rentas, igual que se hacía a cambio de tierras. Los feudos que recibe el vasallo de su señor pueden ser tierras o rentas; se ha hablado así de feudos de bolsa y de feudalismo bastardo para significar este tipo de relaciones feudovasalláticas que se establecen a partir de rentas en vez de a partir de tierras. Se trata de un desarrollo que será característico de la Baja Edad Media, pero en los siglos XII y XIII que estudiamos aqui hay claros precedentes. Consisten generalmente en el pago de cantidades de dinero a los nobles a cambio de su participación en el ejército, cantidades que se denominan soldadas.

El origen de las soldadas es anterior. Seguramente tan antiguo como el establecimiento de pactos a partir de tierras, lo eran los pactos a partir de joyas, objetos valiosos, dinero o ganado. Habría que remontarse a los orígenes del sistema feudovasallático y a los mecanismos del don-contra don que han analizado los antropólogos. Pero en la Plena Edad Media alcanzaron un peso específico en la forma de prestación de la asistencia militar por los nobles y en la configuración del ejército y, por extensión, en el conjunto del sistema político. En correspondencia, fueron un sustento económico importante para la nobleza.

El desarrollo de las soldadas en este período es consecuencia directa de la política de parias en el siglo XI. Desde 1031 el califato de Córdoba se desmembró en toda una serie de reinos menores independientes, los Reinos de Taifas; aunque en realidad el proceso de desintegración ya había comenzado unos anos antes, en 1009, tras la muerte de los sucesores y descendientes de Almanzor. Desde mediados del siglo XI, la debilidad política de un al-Andalus dividido se contrapone con el fortalecimiento de los reinos cristianos. Entonces los príncipes cristianos impondrán su protectorado militar a las taifas a cambio del pago de elevadas cantidades de dinero, las parias. Ayuda militar, garantía de paz frente a otras taifas andalusíes, frente a otros príncipes cristianos, o frente al propio protector cuya garantía de paz era también una amenaza de guerra. Fernando I de Castilla recibirá parias del reino taifa de Toledo (1043), en algunos momentos del de Zaragoza (1060), y después de Badajoz y Sevilla (1063). Mientras tanto el conde de Barcelona, Ramón Berenguer I, obtenía las parias de las taifas de Lérida (1046), Tortosa (1052) y también de Zaragoza (1046, 1051-1052, 1058-1062). Sus sucesores, Ramón Berenguer II y Berenguer Ramón II, extenderían el sistema obteniendo tributos de taifas levantinas y andaluzas; pero en Valência se enfrentaron con la oposición del Cid, mientras que sobre la taifa de Zaragoza se proyectarán también los intereses de Navarra y Castilla. A partir delos anos setenta Alfonso VI de Castilla impondrá su protectorado sobre Zaragoza y obtendrá también las parias de Granada, además de las de Toledo, Badajoz y Sevilla que ya había obtenido su padre Fernando I.

En definitiva, durante la segunda mitad del siglo XI se produce un importantísimo trasvase de dinero, oro o plata desde al-Andalus hacia los reinos y principados cristianos. No es posible calcular las cantidades totales, pero hay un acuerdo general en considerar que eran muy elevadas. Se ha dicho, por ejemplo, que al final de su reinado Fernando I de León y Castilla podía obtener alrededor de 40.000 o 48.000 dinares anuales, correspondientes a las parias de los reinos de Toledo, Zaragoza, Badajoz y Sevilla. Sancho II pudo obtener entre 10.000 y 12.000 dinares; Alfonso VI entre 140.000 y 152.000 dinares (por ejemplo, las parias del reino de Granada se fijaron en 1075 en un primer pago de 30.000 metcalesy otros 10.000 anuales); cantidades similares a los 150.000 dinares que podía obtener el Cid en las zonas levantinas en 1091.

Se trata, en todo caso, de cantidades muy elevadas que tuvieron como consecuencia cambios importantes en los reinos cristianos, cuya economia monetaria estaba mucho menos desarrollada que en al-Andalus. Por lo que se refiere a la nobleza y a su participación en el ejército, no hay duda de que los ingresos que obtenían los reyes por las parias se tradujeron en un desarrollo significativo de los pagos monetarios a los nobles en forma de soldadas. La invasión almoravide cortó los pagos de las parias, pero el sistema de soldadas siguió desarrollándose posteriormente.

Las soldadas se extendieron al conjunto del entramado nobiliario. Las recibían los vasallos directos de los reyes y cuando estos tenían sus propios vasallos, como era el caso de los magnates, también los recompensaban mediante soldadas.

La asistencia militar —que, como hemos señalado, podía transformarse en amenaza militar si cambiaban las circunstancias— era una de las bases económicas de los nobles mediante las recompensas en forma de oficios públicos, tierras o rentas y soldadas. De esa manera, las actividades militares fueron un factor de expansión durante la Plena Edad Media. Pero la guerra todavía ofrecía otra fuente de ingresos muy importante: el botín.

Como ha mostrado Garcia Fitz recientemente, la mayor parte de las campañas militares en Castilla y León frente a al-Andalus no eran campañas destinadas directamente a la conquista territorial, sino campañas cuyo objetivo era el saqueo, el robo y la destrucción de los soportes económicos del enemigo (Garcia Fitz, 1998). Sus conclusiones pueden, con toda seguridad, extenderse al conjunto de los reinos cristianos peninsulares. Esas campañas, algaras, eran la forma más frecuente de practicar la guerra medieval. Se trataba de robar todo lo posible, bienes, ganado, rehenes cautivos, y destruirtodo lo demás. La legalizacion del robo en la guerra pasa por considerado como botín. Además, cuando se trata de la guerra contra los infieles musulmanes no existen los limites morales que la Iglesia procura imponer en los enfrentamientos entre cristianos.

Son muy abundantes los testimonios que sitúan a las expectativas de botín como uno de los estímulos más importantes para la participación en las campañas militares. De hecho, no faltan ejemplos de campañas que fracasaron o no alcanzaron plenamente sus objetivos por la codicia de los nobles guerreros, más preocupados por obtener un botín sustancial que por alcanzar un completo éxito militar. En correspondencia con su importancia, se procurará regular la forma de reparto del botín, aunque seguramente la propia naturaleza de las actividades militares y el robo y el saqueo imponían diferencias en las diversas situaciones concretas. Según esas regulaciones, todo lo obtenido pasaba a manos del líder militar de la campaña, el rey cuando se trataba de expediciones regias, un magnate o un caudillo si eran expediciones organizadas por un noble o un concejo. Posteriormente el jefe militar distribuía el botín entre los participantes en la campaña en función de criterios diversos, la naturaleza de su participación, la destreza militar o el valor mostrado en la campaña, etc. En las expediciones regias los nobles más poderosos acudían con sus propias huestes; así, eran ellos quienes recibían la parte correspondiente del botín que después distribuían entre sus vasallos. Pronto se impuso, seguramente a imitación de las prácticas en el mundo islámico, que una quinta parte del botín de todas las campañas fuera para el rey y el resto para los participantes; de manera que los reyes obtenían un parte importante del botín, lo que podía suponer ingresos sustanciales.

Estas campañas militares, las algaras, solían ser relativamente rápidas y sorpresivas para ser más eficaces. Una duración excesiva permitía al enemigo organizarse y plantar batalla, algo que generalmente se trataba de evitar en la guerra medieval. Para facilitar la movilidad, los ejércitos solían ser pequeños, aunque no faltan ejemplos de campañas realizadas por ejércitos más amplios y de mayor duración. Se trataba de hacer el mayor daño posible al enemigo y obtener también el mayor botín posible para volver después a sus bases; eso generalmente se traducía en la destrucción de las cosechas y el robo del ganado. De esa manera, el botín solía consistir en ganado, bienes y mercancias valiosas y fáciles de transportar y en ocasiones también rehenes cautivos que después eran liberados a cambio del pago de fuertes sumas o vendidos como esclavos.

Las actividades militares fueron una fuente de ingresos importante para los nobles, ingresos que se concretaban de diversas maneras, como hemos ido viendo (oficios públicos, tierras, rentas, botín), de manera que la guerra es un elemento estructural de primer orden en la definición económica dela nobleza medieval y, por extensión, del conjunto de la clase señorial. Asi entendida, la guerra es un factor de expansión inherente a la sociedad feudal. Las sociedades feudales son expansivas por naturaleza, puesto que la clase dominante tiene en la guerra una de sus bases económicas. Esa expansión se canalizará de diversas maneras en cada contexto concreto. Para los reinos cristianos peninsulares será la Reconquista frente a al-Andalus, pero también en Aragón se canalizará desde fines del siglo XIII como expansión por el Mediterráneo. En otras zonas de Europa ese carácter expansivo de la sociedad feudal se revestirá de otras formas, por ejemplo dando lugar a las Cruzadas, o en la expansión germana hacia el Este, etc.

Y junto a la guerra y las actividades militares, los dominios y señoríos forman el otro gran soporte económico de los señores. Hasta ahora venimos hablando de los señores en general, pero ya han ido apareciendo matices diferenciadores entre los distintos sectores que integran la clase señorial. Conviene que nos detengamos en esas diferencias con un poco más de detalle.

1.2.4. Diferencias internas en la clase señorial

Cuando ofrecemos unas características generales a todos los señores como clase dominante damos una vision adecuada para comprender la fractura social fundamental de la sociedad medieval entre señores y campesinos. Pero, así como el campesinado no formaba una clase homogénea, tampoco todos los señores tienen las mismas características. Por ejemplo, es evidente que no todos participaban en las actividades militares de la misma manera; la guerra era algo propio de los nobles laicos y no de los eclesiásticos, aunque tampoco será extraño encontrar a dignatarios eclesiásticos participando en campañas militares.

Las diferencias entre los señores pueden analizarse siguiendo varios criterios. Aqui no pretenderemos exponerlos todos, sino solo algunos de los más importantes. Lo haremos de esa manera para no ofrecer un catálogo de diversidades demasiado amplio que anule la idea que queremos transmitir de una estrecha interrelación entre todos los sectores de la clase señorial.

Algunas diferencias entre los señores derivan de la propia constitución institucional de cada uno de ellos. Así, el primer nivel diferenciador que podría establecerse, y uno de los que se suelen considerar más claros, seria entre nobles laicos y señores eclesiásticos. Conviene, sin embargo, considerar que ambos no pertenecían a mundos distintos. Como ya hemos señalado, quienes dirigían las instituciones eclesiásticas en la mayor parte de los casos no eran sino nobles, y frecuentemente se comportaban como tales. En paralelo, los nobles laicos establecían lazos de todo tipo con las instituciones eclesiásticas, lazos con componentes religiosos, pero también con componentes económicos.

Por ejemplo, muchos monasterios fueron fundados por nobles que después los siguieron controlando durante generaciones de diversas maneras. Primero como propietarios; después, a medida que se fue extendiendo la prohibición de la propiedad de las iglesias y monasterios por los laicos, con otros vínculos como los de patronato. Abades y, más frecuentemente, abadesas de una misma familia se sucedían al frente de la institución. Los fundadores y sus sucesores transferían bienes a esos monasterios contribuyendo así a dotarlos de dominios y señoríos. Esos dominios, a su vez, funcionaban como una especie de bienes en reserva para el conjunto de la familia de los fundadores y patronos. Así, el monasterio era un refugio, espiritual y material, en caso de necesidad. Viudas, huérfanos y enfermos disponían de un lugar donde vivir como monjes o como familiares o, en otros casos, podían disfrutar de rentas procedentes del dominio monástico. Refugios espirituales y materiales durante la vida de los individuos y también refugios para la eternidad, donde las oraciones de los monjes o las monjas garantizaban la gracia divina. Los monasterios eran también lugares de enterramiento de los nobles; de manera que eran puntos de referencia importantísimos para las familias nobles, puesto que contenían una parte significativa de sus senas de identidad y de su memoria colectiva, la memoria de los antepasados.

En fin, vínculos muy estrechos con contenidos espirituales y económicos que a veces se traducían en relaciones aparentemente contradictorias en las que conviven episodios de devoción y otros episodios conflictivos.

No podemos, por tanto, pensar que el mundo de los nobles y el de los eclesiásticos fueran distintos. Pero, si observamos un dominio eclesiástico y otro de un noble laico, sí podemos percibir algunas diferencias que conviene apuntar. Una primera diferencia viene determinada por el carácter perpetuo de las instituciones eclesiásticas y de sus bienes, frente a la inestabilidad de los dominios nobiliarios. Por supuesto, los dominios eclesiásticos también sufren cambios, reajustes, desmembraciones, etc., con el paso del tiempo pero, en general, son mucho más estables y permanentes que los dominios nobiliarios. Estos están sujetos a las fragmentaciones derivadas de las sucesiones hereditarias y son, por lo tanto, mucho menos estables. Como hemos indicado para los campesinos, las normas hereditarias parten del principio del reparto equivalente de los bienes entre todos los coherederos para irse desarrollando tendencias a que uno de los herederos, generalmente el varón primogénito, reciba una parte mayor que los demás (Beceiro y Córdoba, 1990). Repartos equivalentes y repartos desiguales tienen durante los siglos XII y XIII una incidencia diversa entre los distintos sectores de la nobleza y en las diversas zonas pero, en términos generales, podemos decir que en esta época la muerte de un noble suponía una fragmentación , mayor o menor, de su dominio.

Por lo tanto, estabilidad eclesiástica frente a inestabilidad nobiliaria que hacen que los perfiles externos de los dominios y su composición sean distintos. Por otro lado, los objetivos que unos y otros, nobles y eclesiásticos debían cubrir con sus ingresos también eran distintos. Una comunidad doméstica de una familia noble, aunque pudiera ser relativamente amplia al estar formada por los padres, hijos solteros, algún otro pariente y un grupo más o menos numeroso de criados y dependientes directos, era más reducida que una comunidad monástica. Los ingresos de unos y otros debían garantizar su mantenimiento físico, pero los nobles debían atender también al sostenimiento de su capacidad militar (armas, caballos…). Ambos grupos realizaban importantes gastos suntuários, pero eran de distintos tipo.

No es necesario desgranar con detalle el catálogo de las diferencias, que en la mayor parte de los casos son obvias. Tampoco las instituciones eclesiásticas eran iguales entre sí. También existían distintas formas de defmición institucional que determinaban sus bases económicas. Obispos, cabildos, monasterios u hospitales son instituciones diferentes y la organización de sus dominios y señoríos y el conjunto de la estructura de sus ingresos reflejarán esas diferencias. Las ordenes militares también son instituciones eclesiásticas, pero la guerra es uno de sus principales objetivos. En cuanto a las ordenes monásticas, aunque tienen bastantes aspectos comunes, también tienen perfiles diferenciadores. Recordemos el caso de los cistercienses con vocación, frecuentemente incumplida, de un control directo de sus tierras. También las ordenes mendicantes o conventuales, como dominicos, franciscanos o trinitarios, comienzan a extenderse durante el siglo XIII. Tenderán a instalarse en núcleos urbanos y no en zonas rurales. Algunos, cumpliendo su definición de mendicantes, como los franciscanos, obtendrán una parte importante de los ingresos necesarios para su mantenimiento mediante donaciones y limosnas; mientras que otros irán configurando importantes dominios territoriales.

En fin, existen elementos constitutivos y definiciones institucionales que marcan orientaciones económicas distintas y determinan la existencia de claras diferencias en la clase señorial. Otro factor de diferenciación importante que también debemos tener en cuenta es el tamaño de los dominios. Se suele hablar así de alta y de baja nobleza y de alto y bajo clero. Entre los dominios grandes y los pequeños no solo hay diferencias cuantitativas, sino también cualitativas. Digamos, en ese sentido, que la cantidad también condiciona la calidad.

Las diferencias cuantitativas son obvias, los señores más poderosos extienden su influencia por decenas, a veces cientos de lugares; mientras que los menos poderosos generalmente apenas se extienden por unos pocos lugares. Pero los señores más poderosos podrán también desarrollar una dominación más intensa sobre sus lugares y sus campesinos dependientes. En general, los campesinos estarán en menores condiciones de oponerse a las exigencias del señor cuanto más poderoso sea éste.

Páginas atrás hemos visto como en las zonas del norte, en los territorios antiguos, podía haber una trama bastante densa y compleja de derechos de propiedad y de derechos de señorío. En algunas zonas se ha detectado a lo largo de la Plena Edad Media una tendencia que lleva a que los señores más poderosos sean los que accedan a los derechos de señorío sobre los lugares (dominio señorial), mientras que los menos poderosos disfrutarían de derechos de propiedad (propiedad dominical). Es una tendencia a la concentración del poder señorial en manos de los más poderosos que se desarrolla más o menos en las distintas zonas y que se articula también de diferentes maneras.

La capacidad de ejercer un poder más intenso que disponían los grandes señores se contrapone parcialmente con un control menos directo de los lugares que integran sus dominios y señoríos. Así, un noble local cuyos intereses (tierras y derechos) se extienden por 4 o 5 lugares vecinos, por ejemplo, puede tener una presencia inmediata y un control directo y permanente. Por el contrario, cuanto mayor sea el dominio más se diluye la presencia directa del señor y más necesarios resultan los, digamos, intermediarios señoriales, oficiales diversos encargados de la administración del dominio.

Entre la alta nobleza existen distintos términos para referirse a los distintos sectores. El más utilizado al comienzo de este período es el de magnates, que después se irá sustituyendo por ricos hombres. Para la baja nobleza entre los términos más frecuentes están los de milites e infanzones, después se irán imponiendo los de caballeros e hidalgos. Pero la terminología es muy rica y variada en las distintas zonas y a veces, aunque no siempre, determina un contenido institucional (Mattoso, 1985; Gerbet, 1997).

En Castilla y León, junto al término magnates, pueden aparecer otros como optimates, incluso príncipes, para referirse a la alta nobleza. Además, un sector de la nobleza llevaba también el título condal, título que procedia de la Alta Edad Media pero que se siguió utilizando después, aunque con un contenido parcialmente distinto, puesto que ya no obedecia a una organización del reino en condados. En Cataluña, los Usatges señalan la existencia de cinco categorías o niveles dentro de la nobleza encabezada por los condes, que actúan como soberanos; por debajo de ellos los vizcondes y los comdors, vasallos de los condes, miembros de la alta nobleza y propietarios de grandes dominios que incluyen la propiedad de fortalezas como alodios, además de otros bienes en concesiones feudales de los condes. Por debajo quedaríanlos vasvassores, los vasallos de los vasallos de los condes, y en el nivel inferior los milites; estos últimos situados frecuentemente en los limites todavía difusos entre la baja nobleza y los sectores del campesinado acomodado. Unos limites que con el tiempo se irán haciendo más claros y difíciles de superar. También con el tiempo esa jerarquia nobiliaria se reducirá básicamente a dos grupos, la alta nobleza de rics homens o barons, formada por los descendientes de los vizcondes y comdors, y la baja nobleza de los cavallers en la que se agruparán los vasvassores y los milites.

Otro término que designa a los nobles en diversas zonas es el de dominus y, junto a él, en Navarra, Aragón y zonas de Castilla el término senior. En todo el centro y el oeste del norte peninsular los miembros de la baja nobleza son denominados infanzones, aunque en principio el término no se referia a un sector de la nobleza sino a la calidad nobiliaria en si; pero en la medida en que para los sectores más poderosos se utilizaban otros títulos, infanzón termino por quedar reservado a los sectores inferiores. En algunas zonas, los reyes concedieron privilegios de nobleza, infanzonía, a los habitantes de ciertas zonas y generalmente se utilizarán términos para diferenciados de los nobles de sangre. A éstos en Aragón se les denominará infanzones ermunios, para distinguidos de los infanzones de carta o de población, mientras que en Navarra se hablará de infanzones de abarca para referirse a los campesinos con privilegios característicos de la nobleza.

Por lo tanto, en las distintas zonas hay diversos términos que unas veces reflejan un contenido institucional parcialmente distinto y otras veces expresan diferencias de estatus dentro de la nobleza pero con un mismo contenido institucional. Esos términos, en general, muestran la existencia de dos sectores, la alta y la baja nobleza, que puede apreciarse con bastante claridad en todas las zonas y durante todo el período. Pero a veces se ha ofrecido una visión demasiado rígida que elimina los matices que también existieron.

Salvador de Moxó estudio las familias de la alta nobleza castellana durante el período plenomedieval, a las que denomino nobleza vieja para contraponerlas a la nobleza nueva surgida en la segunda mitad del siglo XIV con la dinastía Trastámara (Moxó, 1969). En otro volumen de esta colección se estudiará la renovación nobilaria tras la victoria de Enrique de Trastámara sobre Pedro I, ahora interesa referirse a la caracterización que hizo Moxó de la nobleza vieja. Su trabajo es un clásico que ha influído notablemente en los autores que han estudiado este tema; de él se deriva que un grupo relativamente reducido de familias formaron la alta nobleza castellana durante los siglos XII y XIII. Eran un grupo bastante cerrado y, en la mayor parte de los casos, ocuparon esa posición de una forma bastante estable. A medida que han ido aumentando los estudios con posterioridad a Moxó, se ha comprobado que esa visión se debe matizar un tanto. En primer lugar, hay que tener en cuenta que, aunque existía una alta y una baja nobleza, esa caracterización es insuficiente para considerar al conjunto de la nobleza. Entre un magnate y un noble local siempre hubo sectores intermedios. Podemos reconocer relativamente bien el papel y la posición de los magnates por su proximidad al rey, su liderazgo militar, sus grandes dominios o sus relaciones con las principales instituciones eclesiásticas, aspectos todos ellos relativamente bien documentados en esta época; pero la falta de documentación hace que resulte mucho más difícil definir social, económica y políticamente a los nobles que no ocupan los sectores más elevados. Aun así, es un error considerar que todos los nobles que no pertenecían al reducido círculo de la alta nobleza formaban un grupo homogéneo teniendo las mismas características. Por tanto, había una alta y una baja nobleza, pero también otros grados intermedios. Esa gradación no era igual en todas las zonas, ni en todos los momentos a lo largo de este período. Conocerla con precisión —algo de lo que aún estamos lejos— nos ayudará a conocer también mejor la estructura social en general y la evolución política.

Tampoco parece acertado considerar que la alta nobleza castellana estuvo formada en los siglos XII y XIII siempre y solo por las mismas familias, en una sucesión lineal de padres a hijos varones. En la misma línea del argumento anterior sobre la articulación más compleja de la nobleza, hay que considerar también que a lo largo de ese período hubo procesos de ascenso y descenso dentro de la nobleza. Procesos relacionados con diversos factores, como la proximidad al rey, los repartos hereditarios, la destreza militar, etc.

La guerra es un elemento de primer orden en la definición de la nobleza y es un elemento común a sus diversos sectores. Durante este período, las actividades militares adquirieron una connotación peculiar al articularse en torno a la caballería y el espíritu caballeresco. Esta es la época en la que comienzan a extenderse las investiduras de armas y los torneos y se desarrollan los componentes religiosos e ideológicos, reflejados muy bien en la literatura, que darán consistencia a un modo de ser y de comportarse propio de los nobles. Más adelante nos referiremos con más detenimiento a estos aspectos, pero ahora conviene tener en cuenta que la caballería se irá difundiendo en esta época entre la nobleza de los distintos reinos, dotándola de un alto grado de coherencia formal, aunque no pueda plantearse un proceso idéntico ni una misma cronología en todas las zonas.

La caballería aporto, entre otras cosas, un modo de ser noble, como décimos, y en ese sentido contribuyó a aumentar la distancia social entre los señores y los campesinos. Pero esa distancia, aunque cada vez mayor, no era infranqueable en este período. En bastantes aspectos, la vida de un noble local y la de un campesino acomodado no eran tan distintas. Mucho nobles vivían en ámbitos rurales y los menos poderosos disponían de pequeños dominios, no mucho mayores que las explotaciones de sus vecinos campesinos más ricos y, como ellos, atendían también a las tareas agrarias cuando era necesario. Para muchos nobles locales lo que los definia como tales eran las actividades militares, la participación en la guerra como guerreros especializados. En ese período eso significa guerrear a caballo; es decir, disponer de caballo, armas y el adiestramiento necesario. Eso estaba también al alcance de algunos campesinos acomodados que también podían participar en actividades militares como caballeros. Son los caballeros villanos, para los que la guerra fue un vehículo de ascenso social.

Mediante el botín y las soldadas, la guerra permitía a los caballeros villanos reforzar su posición económica; su capacidad militar les permitía también integrarse en las comitivas armadas de los nobles más poderosos o al servido directo del rey, con lo que entraban en redes vasalláticas y clientelares más amplias adquiriendo un papel político relevante. En algunas zonas los caballeros villanos recibieron privilegios de ennoblecimiento, con lo que se culminaba el proceso de ascenso social al integrarse en la nobleza. El papel militar de los caballeros villanos fue especialmente significativo en las zonas próximas a la frontera con al-Andalus, en las Extremaduras castellano-leonesa y aragonesa. Aqui, como veremos, el control del territorio se organizo mediante concejos que controlaban zonas amplias (alfoces); las aldeas de esas zonas y sus habitantes dependían de los concejos principales. El control sobre alfoces que con frecuencia eran muy extensos permitió que algunos habitantes de los concejos principales se beneficiaran de un desarrollo notable de la ganadería; además tuvieron una participación destacada en actividades militares y ambas cosas les permitieron finalmente controlar los concejos principales y, a través de ellos, sus amplios alfoces. Así, durante el siglo XII mediante la guerra y la ganadería se fue fraguando la hegemonía de los caballeros villanos de las Extremaduras. No eran señores en sentido estricto, pero en cierta medida si podemos considerados miembros de la clase señorial, y son un magnífico ejemplo de como la guerra actuaba como un vehiculo de ascenso social en la Plena Edad Media.

1.3. La circulación del excedente. Ciudades y mercados

Durante la Plena Edad Media el desarrollo agrario y el crecimiento económico fueron paralelos al desarrollo también de la dominación señorial. Ambas cosas fueron posibles gracias a las ciudades. En las páginas siguientes veremos como surgieron y se desarrollaron y cuál fue su papel en este período.

1.3.1. ¿Qué es una ciudad en la Plena Edad Media?

Para comenzar será necesario, en primer lugar, intentar definir qué es una ciudad en este período de los siglos XII y XIII y, por extensión, en el conjunto de la Edad Media.

Para algunos autores el mundo rural y el mundo urbano eran dos mundos distintos y en buena medida contrapuestos durante la Edad Media. Quizá donde mejor se resume esa concepción es en la conocida definición de Postan, para quien las ciudades eran “islas no feudales en un mar feudal” (Postan, 1975: 239). Muchos autores, sin embargo, consideran que en esta época hay una interrelación muy estrecha entre el campo y la ciudad, que las murallas que frecuentemente rodeaban a las ciudades no marcaban el limite entre dos mundos distintos. En ese mismo sentido, se afirma también que las sociedades urbanas no pueden entenderse al margen de las estructuras feudales globales.

De hecho, no resulta una tarea sencilla determinar qué es urbano y qué es rural en esta época. Por ello, un primer paso necesario a la hora de analizar el mundo urbano plenomedieval debe ser intentar definir qué es una ciudad en la Edad Media. Algo que nos servirá también para comprender similitudes y diferencias con el papel de la ciudad en el mundo antiguo y en el mundo capitalista. Es una tarea que ha sido abordada por numerosos autores y que cuenta con una amplia tradición historiográfica en toda Europa. Sin embargo, aún hoy sigue habiendo disparidad de criterios y desacuerdos.

Recientemente J. M. Monsalvo ha propuesto una definición muy completa y al mismo tiempo matizada:

       Podríamos sintetizar ese perfil (de la ciudad medieval) en unos cuantos enunciados: una topografía específica, donde resalta el recinto amurallado; un alto volumen de población y una alta densidad y compactación urbanística de la aglomeración; el desarrollo de la especialización artesanal, del mercado estable y una oferta de servicios variada y diversificada; una proyección sobre espacios rurales normalmente adyacentes, proyección siempre económica, como irradiación material sobre un hinterland, y a veces incluso jurisdiccional; una estructura social con un mayor número de grupos sociales, más variado, más móviles y con más posibilidades de encuadramiento en organizaciones diversas; un régimen jurídico que no era universal en la época y que venía marcado por los privilegios, las franquicias y las libertades personales y colectivas; residencia de diversos poderes, entre los cuales, uno de ellos, el municipal o comunal, respondia como ningún otro a la capacidad que las gentes de la ciudad, o una parte de las mismas, desplegaron para ejercer por sí mismas poder político y gobernar en su ámbito; finalmente, una encrucijada cultural donde se dieron cita todas las corrientes de pensamiento, los valores y las mentalidades de la época medieval, incluidas las que se daban en otros ambientes, pero donde se generaron además algunas específicas, ligadas al dinamismo, estilo de vida y las nuevas exigencias de conjuntos humanos más variados, numerosos y socialmente más nuevos de los que eran tradicionales en otros ámbitos (Monsalvo, 1997: 13).

Es una definición muy completa y, como señala el propio autor, no todas las ciudades en todas las zonas reúnen todas estas características o no las reúnen de la misma forma. Esto nos lleva a plantear la existencia de diversos grados en el desarrollo de las ciudades. A partir de ahí pueden señalarse también diversos tipos de ciudades y, en cierta medida, iremos viendo algunos de ellos a lo largo de las páginas siguientes. Esa gradación es expresiva igualmente de la idea de que entre el mundo rural y el mundo urbano con frecuencia no había limites rígidos.

Los aspectos topográficos y demográficos de la ciudad son quizá los que pueden apreciarse con más facilidad. La trama urbana, la red de calles y edificaciones de las ciudades medievales todavía condiciona hoy el aspecto de muchas ciudades actuales. Las ciudades medievales eran agrupaciones densas de construcciones, edificios y calles, frecuentemente rodeadas de una muralla. Así, la densidad de las construcciones y la muralla hacen visible a la ciudad. Pero esa primera apreciación debe ser matizada para no resultar desenfocada. Una aglomeración densa de casas no es por sí misma una ciudad, hay núcleos urbanos pequeños y otros núcleos esencialmente rurales bastante grandes. Por otro lado, en casi todas las ciudades, junto a los espacios típicamente urbanos, existen también espacios rurales. Huertas y corrales pueden alinearse junto a las casas para formar el trazado de las calles.

Para algunos autores, la muralla forma el elemento externo distinguible por excelencia de las ciudades medievales. El muro marcaria el limite entre el mundo rural y el mundo urbano. Murallas que tenían una finalidad defensiva pero que también tenían una función administrativa para delimitar espacios y sujetos desde el punto de vista social, económico y político. Pero también la muralla nos puede engañar en ocasiones. No todas las ciudades tenían muralla, mientras que algunos núcleos rurales sí disponían de cercas y fortificaciones. Tampoco la muralla, cuando la hay, delimita de forma tajante los espacios urbanos; como décimos, intramuros existen frecuentemente espacios agrarios característicos del mundo rural, mientras que el desarrollo urbano hizo que muchas ciudades se extendieran más allá de sus murallas.

La topografía urbana es consecuencia de la mayor densidad demográfica. La agrupación de edificaciones y calles corresponde a una mayor densidad de población de los núcleos urbanos respecto a los rurales, pero ¿cuánto mayor?, ¿qué número de habitantes debe tener un lugar para que podamos considerado como una ciudad en la Edad Media? Nadie podría dar una respuesta concreta con un valor general. Con varios cientos de habitantes, quizá entre 500 y 1.000, puede haber núcleos que tengan una clara entidad urbana mientras que otros son núcleos rurales.

Por tanto, la topografía urbana y la densidad demográfica, siendo los aspectos externos que pueden apreciarse con más facilidad, deben considerarse de una forma matizada en cuanto a su papel en la definición de la ciudad. Nos dan una imagen física de lo que es una ciudad, pero no nos ofrecen, estrictamente, los componentes sociales, económicos o políticos de esa definición.

Para ello habrá que tener en cuenta otros factores de los enumerados por Monsalvo. Podrían resumirse básicamente en tres, según la formulación realizada por C. Estepa: especialización económica, diversificación social y proyección como centro de un territorio (Estepa, 1982).

En primer lugar, por lo que se refiere a la especialización económica, hay que tener en cuenta que en una ciudad podemos encontrar actividades agrarias propias del mundo rural; algunos de sus habitantes cultivan campos y huertos y crían ganado y otros lo hacen como un complemento a otras tareas; pero lo que define a una ciudad como tal es la presencia de otras actividades económicas diversas que no se dan, o lo hacen con una intensidad mucho menor, en los ámbitos rurales. Son actividades ligadas, sobre todo, a la artesanía y las manufacturas y al comercio. Esas actividades son consecuencia de los mercados, de la constitución de las ciudades como puntos de intercambio de productos. Lo veremos con más detalle en las próximas páginas, pero valga señalar ahora que el excedente de la producción agraria se canaliza en el mercado mediante su transformación en dinero y en productos artesanales manufacturados.

La relación de oficios que podemos encontrar en una ciudad medieval puede llegar a ser muy amplia. De hecho, la mayor o menor amplitud de esa nómina es un magnífico indicador del grado de desarrollo urbano. Entre los más frecuentes estarían los relacionados con la construcción, como carpinteros, pedreros o pintores; también los dedicados al trabajo de los metales, como herreros, cuchilleros, caldereros, armeros y, en menor medida, los oficios relacionados con los metales nobles, como plateros y orfebres; otros oficios frecuentes serían los relacionados con el trabajo de la piel, como peleteros, zapateros, corregueros o vaineros; también los del sector textil, cuya importancia y especialización aumento a medida que lo hacía el desarrollo de la ganadería ovina, como tejedores, alfayates (sastres), bataneros, traperos, paneros o tintoreros; también son muy frecuentes los oficios relacionados con el abastecimiento de la ciudad y la transformación de los productos agrarios y ganaderos, como carniceros, pañaderos, molineros, pescaderos, bodegueros, carboneros, etc. La lista puede ampliarse mucho con la presencia de otros oficios más especializados y menos frecuentes.

Producción artesanal y comercio van de la mano en muchos casos, de manera que muchos artesanos son también comerciantes. El comercio se organiza a través de puntos permanentes, tiendas, y de ferias y mercados temporales de duración y frecuencia variable. La compraventa de algunos productos se organiza concentrándose en determinados lugares, dando lugar en las ciudades más grandes a la aparición de mercados especializados, de grano, de ganado, etc.

Además de la especialización económica, las ciudades medievales se caracterizan también por la diversificación social. En las ciudades encontramos también señores y campesinos, como en los ámbitos rurales, pero también otras gentes que se integran en otros grupos sociales. Aunque parezca una paradoja, una parte que puede ser considerable de la población urbana está compuesta por campesinos. Por otro lado, las ciudades sirven de sede a algunos poderes feudales, a algunos señores; instituciones urbanas muy destacadas en la jerarquia señorial, como obispos y cabildos, son instituciones típicamente urbanas, y no pocos nobles viven temporal o permanentemente en ciudades. Pero en una ciudad encontraremos otros grupos sociales. En primer lugar artesanos y comerciantes. También gentes al servido de la administración en las instituciones centrales y territoriales de la monarquía, en los señorios y en las propias instituciones municipales; gentes de leyes, abogados, procuradores, notarios. Acompañando a los poderes y a los poderosos una corte más o menos amplia de servidores, criados, clérigos y capellanes. También gentes de minorías étnicas o religiosas se asientan frecuentemente, aunque no exclusivamente, en las ciudades; los más numerosos serán francos, musulmanes y judios. Y el que según algunos autores pudo ser en algunas ciudades un sector muy numeroso de la población, los pobres, mendigos y marginados; un sector amplio y heterogéneo en el que no faltan aventureros, enfermos y prostitutas, pero alimentado sobre todo por los desempleados y empleados temporales cuyos salarios apenas les permiten sobrevivir y que alternan la mendicidad con el trabajo ocasional.

Por supuesto, no todas las ciudades reúnen el mismo espectro de grupos sociales ni en la misma proporción. Por otro lado, la presencia de grupos sociales urbanos nos permite también plantear una gradación, un desarrollo mayor o menor de las características que nos permiten considerar a un lugar como ciudad.

La presencia de grupos sociales diversos no significa que las sociedades urbanas se desenvuelvan al margen de las relaciones de dependencia. En ese sentido, en primer lugar, aunque la mayor parte de las ciudades en los distintos reinos dependían directamente de los reyes, eran realengas, no faltan ejemplos de ciudades señoriales u otras en las que, sin serio estrictamente, el peso relativo de los poderes señoriales que tenían su sede en ellas era tan fuerte que de hecho ejercían un control muy importante en la vida de la ciudad.

En las ciudades realengas el rey normalmente no intervenía en el control de los asuntos cotidianos de la ciudad, algo que fue quedando en manos de las instituciones de gobierno municipal, de los concejos, que disponían de un grado de autonomia considerable. Así, frente a la opresión señorial que caracteriza a los ámbitos rurales, algunos autores han puesto mucho énfasis en definir las ciudades medievales como espacios de libertad para sus habitantes. Una afirmación que merece muchos matices. A medida que se va conociendo con más detalle la vida política de más ciudades, se pone de relieve en todos los casos el papel de grupos oligárquicos, de constitución y características diversas (comerciantes en unas zonas, caballeros villanos en otras), que monopolizan las instituciones concejiles. Son grupos generalmente muy cerrados, cimentados en torno a intereses económicos y que refuerzan su unión con alianzas matrimoniales, que se suceden a veces durante generaciones en los oficios concejiles y en el control de la ciudad. Mientras tanto, la mayor parte de la población queda al margen de esos grupos y se mantiene, de hecho, en una relación de subordinación respecto a ellos.

En tercer lugar, conforme a las características que hemos señalado, las ciudades se configuran como centros de un territorio; proyectan su influencia sobre las áreas circundantes en un radio que puede ser más o menos amplio. Esa proyección puede ser de varios tipos, pero hay que destacar, sobre todo, la influencia económica y el control político y jurisdiccional. La influencia económica se da siempre; las ciudades son los centros económicos del territorio circundante. Mediante el mercado, las ciudades se abastecen de productos agrarios, en primer lugar, del territorio más próximo; el mercado urbano es un punto de referencia para los campesinos del entorno. Pero la influencia de la ciudad va más allá, no es solo pasiva, sino que también condiciona la producción agraria. Con frecuencia, aunque no siempre, a la proyección económica le acompaña también un control político mediante la adquisición de derechos jurisdiccionales sobre territorios más o menos amplios. El protagonismo en la aplicación y el ejercicio de esos derechos recaerá en las instituciones de gobierno municipal, en los concejos. El territorio sobre el que se ejerce influencia económica y el territorio dominado politicamente no tienen por qué coincidir. La adquisición de jurisdicción sobre un territorio, un alfoz como se denomina en Castilla, sitúa al concejo urbano en el grupo de los señores, como señoríos colectivos, y los intereses señoriales de los concejos competirán con los de los otros señores de la zona.

Generalmente las ciudades medievales tienen también una constitución jurídica propia que define sus perfiles, sobre todo institucionales, pero también sociales y económicos. Esa constitución jurídica frecuentemente se expresa en un fuero o en una sucesión de fueros y privilegios. Así, podríamos hablar de la constitución jurídica como otro elemento definitorio de la ciudad medieval; pero siendo un aspecto muy importante conviene situarlo en un plano secundario respecto a los otros. Podemos decir que los fueros y ordenamientos contribuyen a hacer que una ciudad sea de una manera o de otra, concediéndole un territorio determinado, favoreciendo la instalación de comerciantes extranjeros o, en fin, de muchas maneras concretas, pero nunca o casi nunca podremos decir que una ciudad lo es por el hecho de tener un fuero.

Tal y como hemos ido apuntando, la definición de ciudad medieval que proponemos lleva a que podemos considerar los núcleos urbanos en términos relativos, permitiendo establecer una gradación entre esos núcleos según el mayor o menor desarrollo de esas características. La diversificación social y la especialización económica son criterios relativos; podemos encontrar lugares donde estén más acentuados que en otros. No todos los lugares que podemos considerar ciudades o núcleos urbanos son iguales ni tienen las mismas características concretas. Merece la pena destacar que, junto a las ciudades más grandes (aquellas para las que la topografía y la demografía son criterios evidentes) había una red que puede ser bastante densa de pequeñas ciudades que cumplían, básicamente, una función de articulación del territorio a nivel comarcal. Pequeñas ciudades, que en algunas zonas la historiografía suele denominar villas (aunque en otras zonas ese mismo término se utiliza también para designar a los núcleos rurales, a las aldeas), que podríamos considerar núcleos semiurbanos y que cuentan con paralelos en otras zonas de Europa.

1.3.2. Formación y desarrollo de los núcleos urbanos

Si nos situáramos al final del período que estudiamos aqui, en torno a 1300, podríamos observar que en los distintos territorios de los reinos cristianos de la península había un desarrollo urbano desigual. Podríamos ver también que las ciudades que existían por entonces tenían algunas características que las diferenciaban, en parte porque habían tenido también distintos orígenes. Veremos ahora como se había ido formando esa red de ciudades.

Para ello deberíamos atender básicamente a tres procesos: el desarrollo de núcleos en los territorios antiguos que tienen su origen en la Alta Edad Media, la conquista de ciudades musulmanas y la formación de otras ciudades nuevas.

El fenómeno urbano en la península remite en muchas ocasiones al mundo romano y en algunas zonas a épocas prerromanas. Como se estudia con detalle en otros volumenes de esta colección, el fin del Imperio Romano fue paralelo a un decaimiento de la vida urbana; en bastantes zonas, sin embargo, las ciudades mantuvieron un cierto papel durante el período visigodo y pasaron después a manos musulmanas donde se desarrollaron y alcanzaron un nuevo esplendor. En las zonas que no fueron conquistadas por los musulmanes el fenómeno urbano era, en general, poco significativo. Pero a medida que los reinos y principados cristianos fueron desarrollándose durante la Alta Edad Media, surgieron o resurgieron algunos núcleos, primero preurbanos y que irán adquiriendo con el tiempo una mayor entidad. Es el caso de Oviedo y León en el reino asturleonés, Burgos en Castilla, Pamplona en Navarra y Barcelona, Gerona, Vic o la Seo de Urgell en los condados catalanes. Será en el siglo X cuando comencemos a ver un cierto desarrollo de estos núcleos con las primeras menciones a una cierta actividad comercial, aunque pocos podrían considerarse ciudades por entonces. Algunos correspondían a anteriores emplazamientos romanos, como León, Pamplona, Barcelona o Gerona, que en Cataluña habian mantenido una cierta vitalidad y en las otras zonas habian sufrido una degradación considerable. Otros serán núcleos nuevos como Oviedo o Burgos. Su desarrollo en la Alta Edad Media obedece a varios factores que no corresponde analizar aqui; aunque conviene recordar su papel como sedes del poder político, la restauración o fundación de sedes episcopales y el crecimiento agrario altomedieval, generador de excedentes que permitieron la revitalización o creación de mercados.

Sea como fuere, a partir del siglo X en los territorios antiguos de los diversos reinos comienza a haber una cierta red de núcleos urbanos y preurbanos, aunque era una red muy poco densa, pero esos núcleos no dejaron de crecer durante toda la Plena Edad Media, que será una época de crecimiento económico y desarrollo urbano.

En el siglo XI, especialmente en la segunda mitad, comienza un importante desarrollo del comercio que tendrá claras consecuencias en la trama urbana. Entre sus causas hay factores externos que tendrán gran importancia. Uno de ellos, la afluencia de moneda y metales preciosos a los reinos cristianos como consecuencia del pago de parias por las taifas musulmanas. Otro, el Camino Francés, el Camino de Santiago como un eje de peregrinación y de comercio a lo largo del centro y el oeste del norte peninsular.

Desde el descubrimiento de las reliquias del apóstol a comienzos del siglo IX, su sepulcro se convertira en un lugar de peregrinación. Durante el siglo IX y el siglo X será fundamentalmente un culto local y regional, aunque también atraerá a gentes de otras zonas de la península y de la Europa cristiana; pero será a partir de mediados del siglo XI cuando la peregrinación alcance una proyección realmente notable. Entre finales del siglo XI y comienzos del XII quedo fijada una ruta terrestre que se mantendrá después sin apenas variaciones; ruta que, entrando en la península por Jaca o por Roncesvalles, atravesaba Navarra, Castilla, León y Galicia para llegar a Santiago de Compostela. Una ruta que fue descrita por Aimeric Picaud en su Guia incluída como libro V del Liber Sancti Iacobi o Codex Calixtinus, compuesto hacia mediados del siglo XII. El Camino de Santiago ha sido objeto de una producción historiográfica muy abundante en los últimos anos, al hilo de las celebraciones religiosas y alentada por su recuperación como ruta turística y cultural. Los trabajos de un buen número de autores han contribuido a aclarar muchos aspectos relacionados con el Camino y las peregrinaciones en sus diversos componentes: religiosos, económicos, sociales y políticos (VV. AA., 1994; Estepa, Martínez Sopena y Jular, coords., 2000; o Garcia Turza, coord., 2000). Pero también hay algunas exageraciones en el planteamiento general de lo que supuso el Camino de Santiago en la evolución histórica del norte de la península durante la Plena Edad Media y una cierta falta de coherencia en la explicación de la articulación de los diversos componentes de las peregrinaciones.

La afluencia de peregrinos se acompañó de un desarrollo comercial muy notable, y ambas cosas tuvieron como consecuencia el crecimiento de bastantes lugares a lo largo del Camino y su transformación en villas o ciudades. No hay duda de que el Camino de Santiago supuso un impulso notable en el crecimiento de algunos núcleos preurbanos anteriores, como Pamplona, Burgos, León y el propio Santiago. Pero también supuso la adquisición de una entidad urbana, mayor o menor según los casos, de otros muchos lugares. Jaca, Sangüesa, Estella, Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Belorado, Villafranca Montes de Oca, Castrojeriz, Palencia, Carrión, Sahagún, Mansilla, Astorga, Ponferrada, Villafranca del Bierzo, Triacastela, Puertomarín, deben mucho de su desarrollo al Camino. Un desarrollo que fue auspiciado y favorecido por los reyes navarros y castellano-leoneses mediante la concesión de privilegios diversos que quedaron recogidos en fueros. Los más significativos de esos privilegios son quizá los tendentes a favorecer el asentamiento de población franca, es decir extranjera, en diversos lugares, población dedicada básicamente al comercio. Esos privilegios quedaron recogidos en los llamados fueros de francos, como el de Jaca de 1077 o el de Logroño de 1095. Desde finales del siglo XI y durante el siglo XII, básicamente, los sucesivos reyes de Navarra, Castilla y León desarrollaron una intensa política foral favoreciendo el desarrollo del Camino de Santiago o Camino Francés. Nuevos pobladores, francos o no, burgueses o ruanos contribuirán al desarrollo de las ciudades del Camino. Un camino que se ampliaba además con otras rutas y ramales secundarios, de manera que se convirtió en un autentico eje articulador del territorio desde el punto de vista económico, además de una ruta de peregrinación. No es posible saber con certeza cuántos extranjeros se asentaron a lo largo de las ciudades y villas del Camino, en algunos lugares se ha apuntado que al filo del siglo XIII podian suponer alrededor del 20% o 25% de sus habitantes.

El siglo XII es un autentico período de renacimiento urbano en los reinos cristianos peninsulares, tal y como ha sido calificado también en otras zonas de Europa. Otros elementos, además del Camino de Santiago, contribuyeron a ese desarrollo. Son elementos derivados de la expansión territorial de los reinos y de las políticas regias. Entre finales del siglo XI y comienzos del XII, los reinos cristianos dan un importante salto territorial que llevará a Castilla y León hasta el Tajo y a Navarra y Aragón hasta el Ebro, lo que supone, entre otras cosas, la integración de importantes ciudades musulmanas.

En Castilla y León, ya durante el reinado de Fernando I a mediados del siglo XI se había dado un avance importante en la zona más occidental, con la conquista de núcleos como Viseo, Lamego y Coimbra; pero el hecho más relevante será la conquista de Toledo en 1085, que llevará la frontera al valle del Tajo. Desde el punto de vista del desarrollo urbano esto supuso, en primer lugar, la ocupación de una importante ciudad pero, además, permitió la formación de otras. La conquista de Toledo permitió consolidar el dominio castellano y leonés al sur del Duero, dominio que llevó a la formación de importantes núcleos urbanos en esa zona, las Extremaduras, a lo largo del siglo XII, como Ávila, Salamanca o Segovia. El afianzamiento de la frontera permitió también durante la primera mitad del siglo XII el control sobre otros puntos en la Transierra, al sur del Sistema Central, como Sigüenza, Molina, Madrid, Medinaceli, etc; eran menos importantes, no se trataba de grandes ciudades como Toledo, sino núcleos que podemos considerar semiurbanos. Por su parte, Alfonso Enríquez, rey de Portugal, conquistaba Lisboa en 1147. En la segunda mitad del siglo XII se conquistaron algunas ciudades al sur del Tajo, como Cuenca en la zona oriental.

Mientras tanto, en Aragón, poco después de la conquista de Toledo por los castellanos, se conquistaba Huesca en 1096 y Barbastro en 1100 y, ya en 1118, Zaragoza. Con esta, inmediatamente después, se incorporaron otras ciudades musulmanas como Tudela, Tarazona, Borja, Calatayud y Daroca entre 1119 y 1120. A mediados del siglo XII, nuevas ciudades musulmanas importantes pasaron a manos aragonesas y catalanas, como Tortosa en 1148 y Fraga y Lérida en 1149; más tarde, ya en 1170, se ocupo también Albarracín. La conquista del valle del Ebro, como en Castilla sucedia con Toledo en el Tajo, suponía la integración de amplísimos territorios y la necesidad de organizar su dominio y defensa. Así, algunas ciudades aragonesas de esa zona adquirieron perfiles similares a las que por entonces se estaban formando en las Extremaduras castellana y leonesa. El modelo común, aunque con variaciones posteriores, fue el fuero de Sepúlveda en 1076 que organizaba amplios territorios controlados por un concejo principal de una villa o ciudad. Así, antiguas ciudades musulmanas como Daroca, Calatayud o Albarracín continuaron desarrollándose bajo dominio aragonés, pero se transformaron en parte para acomodarse a esa nueva forma de organización. Y, como en Castilla, también surgieron ciudades nuevas por ese mismo impulso, como Teruel, una aldea conquistada en 1169 que se desarrolló como un concejo extremadurano y adquirió perfiles urbanos.

La Victoria sobre los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 abrió el camino para la gran expansión de los reinos cristianos por Andalucia y Levante. Poco a poco, en un rosario de conquistas, se fueron incorporando a Castilla y León y Aragón las ciudades de al-Andalus, excepto las del reino de Granada. Tanto las grandes capitales como Cáceres, Badajoz, Córdoba, Jaén, Sevilla o Murcia para Castilla o Valência para Aragón, asi como muchas otras ciudades más pequeñas y villas, puesto que se incorporaban territorios con una trama urbana densa y consolidada desde hacía tiempo.

La incorporación de ciudades musulmanas a los reinos cristianos se hizo manteniéndose algunas de sus características y modificándose otras con una mayor o menor transformación. En primer lugar, el grado de urbanización de al-Andalus, si podemos medirlo por el número, tamaño y peso específico de sus ciudades en el conjunto de la organización social, económica y política, era mucho mayor que en los reinos cristianos. Siempre es arriesgado dar cifras durante la época medieval, pero algunos datos sobre la población de las ciudades musulmanas —que podemos tomar como referencias aproximadas— pueden ayudarnos a expresar bien esta idea. Antes de contar con catastros o padrones fiscales, la población de las ciudades se suele calcular a partir del perímetro amurallado, estableciendo un índice de densidad de habitantes por hectárea. El problema, como es fácil suponer, radica en el establecimiento de ese índice, que no siempre es asumido por todos los autores. Torres Balbás ha propuesto un índice medio de 348 habitantes por hectárea en las ciudades andalusíes; una cifra que, siendo también discutida, suele aceptarse como un referente aproximado (Torres Balbás, 1972). Así, por ejemplo, Toledo y Zaragoza antes de ser conquistadas contarían con unos 37.000 y 17.000 habitantes respectivamente; Sevilla en el siglo XII pudo tener alrededor de 83.000; Badajoz también en el siglo XII unos 26.000 y Mallorca unos 25.000. Mientras tanto, la ciudad de León, según cálculos de C. Estepa, podía contar con unos 1.500 habitantes hacia 1100, cifra que se habría doblado hacia 1200, llegando a unos 5.000 habitantes a finales del siglo XIII (Estepa, 1977); para Burgos en el siglo XIII se admite la cifra de unos 7.000 habitantes.

Tras la conquista, la población de las ciudades musulmanas sufrió diversos cambios. Si en un primer momento la conquista, en la mayor parte de los casos, suponía la permanencia de buena parte de la población, después los acontecimientos políticos marcaron trayectorias diversas. Asi, por ejemplo, la conquista de Toledo se realizo mediante un acuerdo de capitulación que daba garantias a la población musulmana; pero ese acuerdo fue roto enseguida por los conquistadores y una parte de la población musulmana fue abandonando la ciudad, manteniéndose la población mozárabe y judia anterior a la conquista. También Zaragoza —como otras ciudades del valle del Ebro— fue conquistada mediante capitulación en 1118, garantizándose las condiciones de vida de la población musulmana y, aunque una parte emigro tras la conquista, otra parte considerable permanecio en la ciudad; el acuerdo de capitulación suponía que los musulmanes abandonarían el recinto amurallado para instalarse extramuros en el arrabal de la Moreria; como en Toledo, también la población judia permanecio en su anterior emplazamiento. En Valencia, conquistada en 1238, permanecio la mayor parte de la población musulmana anterior. Mientras que la ciudad de Mallorca fue conquistada y saqueada a finales de 1229 y alli la fractura fue mayor, aunque también continuaria un cierto número de población mudejar. En cuanto a las ciudades andaluzas, la población musulmana siguió trayectorias diversas en los primeros momentos. La conquista se hizo casi siempre mediante capitulación y frecuentemente los pactos garantizaban la permanencia de los antiguos pobladores que en bastantes ocasiones pudieron conservar incluso su propia organización administrativa. Por tanto, en principio mantenimiento de la población musulmana o de una parte importante —porque siempre hay que contar que los sectores más destacados y los cuadros dirigentes emigraron— en bastantes casos, aunque no en todos, hasta la revuelta de 1264 que se saldo con la expulsion de los musulmanes. Pero en otros casos, que incluyen algunas de las ciudades más emblemáticas como Córdoba o Sevilla, la mayor parte de la población musulmana tuvo que abandonar la ciudad inmediatamente después de la conquista.

Asi pues, la conquista de las ciudades musulmanas supuso, desde el punto de vista poblacional, tanto algunas continuidades como algunos cambios. La pervivencia de la población musulmana fue diversa, mayor en el caso de las ciudades conquistadas por los aragoneses y menor en las conquistadas por los castellanos. En estas últimas, aun cuando en bastantes casos la conquista no supuso la expulsion inmediata de los pobladores musulmanes, sea porque las condiciones de hecho les llevaron a emigrar, sea por la represión tras episodios de revueltas, al cabo de unos anos la población musulmana anterior se había reducido drásticamente o había desaparecido. En general, los procesos de repoblación por nuevos habitantes cristianos fueron lentos —aunque indudablemente más rápidos en las ciudades que en el campo—, lo que supuso un freno considerable en la vida urbana. Mientras tanto, los pobladores musulmanes que permanecieron fueron recluidos en determinados barrios, formando aljamas o morerias.

Pero en esta combinacion compleja de transformaciónes y continuidades, las ciudades musulmanas aportaron —además de la población urbana en algunos casos— otros elementos. En primer lugar una estructura económica a partir de una red de intercambios comerciales, puesto que la proyección económica de las ciudades musulmanas, su influencia comercial, ya estaba establecida desde hacia mucho tiempo. Entre las aportaciones también hay que tener en cuenta la continuidad de algunas instituciones características, como zalmedinas o jueces locales, almotacenes o almojarifes en relación con la regulación del mercado local y el pago de cánones y tasas, etc. También una topografía urbana característica de las medinas, donde sobresalen el zoco (el mercado), la mezquita y el alcázar.

En el proceso general de desarrollo urbano de los reinos cristianos que estamos perfilando en estas páginas, junto a la incorporación de ciudades musulmanas y el desarrollo de los núcleos preurbanos y urbanos altomedievales, hay que tener en cuenta también la formación de otras ciudades nuevas en los siglos XII y XIII, el desarrollo de núcleos rurales que adquieren características urbanas (Gautier-Dalché, 1979). En relación con esto, ya hemos mencionado el impulso que supuso el Camino de Santiago y la organización del control de los espacios de frontera en las Extremaduras en torno a grandes concejos. Tanto el desarrollo de las ciudades y villas del Camino de Santiago como las de las Extremaduras obedecen a factores políticos y a factores económicos. En el caso del Camino el apoyo regio y el desarrollo comercial se unieron, además, a factores religiosos al articularse en una ruta de peregrinación. En el caso de las ciudades de las Extremaduras, ya se ha señalado la necesidad de defensa del territorio y los aspectos militares, pero el desarrollo urbano también fue consecuencia de la vinculación ganadera de los grupos militarizados que se hicieron con el control de los concejos principales.

Política y economia estarán presentes también en la formación de otras ciudades nuevas en los territorios antiguos durante el período plenomedieval. Ese fenómeno se conoce como repoblaciónes interiores, aunque la expresión —ya consolidada en la historiografía— no es afortunada y habria que hablar más bien de fundación y desarrollo de villas nuevas, en una expresión que refleja bien los paralelismos con fenómenos similares o equivalentes en otras zonas de Europa. También se habla de villas reales, puesto que la mayoria de los casos se refieren a lugares de realengo y obedecen a la iniciativa regia, aunque no faltan ejemplos en lugares de señorio y por iniciativa de sus señores.

Las repoblaciones interiores o fundación de villas nuevas fueron bastante intensas en los territorios castellanos y leoneses al norte del Duero en los siglos XII y XIII, promovidas por los sucesivos reyes. Se trataba de zonas donde el proceso de señorialización era bastante intenso; en algunos casos los reyes procuraron reforzar su control sobre ciertas zonas y reordenar el equilibrio de poderes alentando la creación de núcleos urbanos o semiurbanos. El instrumento del que disponían los reyes era la concesion de privilegios y franquezas mediante fueros a los habitantes de un determinado lugar realengo.

Durante la segunda mitad del siglo XII y las primeras décadas del siglo XIII los reinos de León y Castilla estuvieron separados y la frontera entre ambos fue a menudo un territorio conflictivo. La necesidad de reforzar el poder regio en las zonas de frontera fue especialmente importante entonces y para ello los reyes, sobre todo los de León Fernando II y Alfonso IX, optaron por fundar o impulsar el desarrollo de algunas villas reales. El proceso ha sido muy bien estudiado por Pascual Martínez Sopena en la zona de la Tierra de Campos occidental (Martínez Sopena, 1985); alli los reyes de León promovieron el desarrollo de núcleos como Villalpando, Mayorga, Aguilar de Campos, Villafrechós o Castroverde; mientras que Alfonso VIII de Castilla impulsaba el desarrollo de Tordehumos. Al sur de esa zona iba adquiriendo por entonces cierta entidad Valladolid, cuyos orígenes se sitúan a fines del siglo XI, y su desarrollo eclipsaba a otros núcleos anteriores como Duenas o Simancas, mientras que los reyes impulsaban también el desarrollo de otras villas reales como Torremormojón, Medina de Rioseco, Uruena, Torrelobatón, etc.

El control de la frontera fue un factor importante en el desarrollo de las villas nuevas, pero no el único. Aún en el terreno de la política, la necesidad de reforzar el poder regio, en competencia con los poderes señoriales, se sentía también en otras zonas y fue un elemento importante en la fundación de otras villas nuevas. En muchos casos a esas villas se les asigno un territorio, un alfoz, que dependería jurisdiccionalmente de la villa. Pero crear o reforzar jurisdicciones realengas en zonas densamente señorializadas no era fácil; los reyes recurrieron a los expedientes habituates, sobre todo compras y cambios con los señores y propietarios de la zona, pero los conflictos fueron frecuentes y a menudo pervivieron largo tiempo entre los señores y los concejos de las villas, que dificilmente lograron obtener derechos sobre distritos compactos y homogéneos.

La creación de las villas reales suponía, por lo tanto, cambios en las estructuras de poder, cambios políticos. Pero suponía también cambios en el poblamiento, cambios económicos y cambios sociales. Las iniciativas regias pretendían el crecimiento de la población de las villas mediante la atracción de nuevos pobladores que, lógicamente, acudirían en primer lugar de las aldeas del entorno. Cambios económicos también, porque, como veremos, las villas nuevas adquirieron una función de mercado, o la reforzaron si ya la tenían, de manera que la red de mercados locales y comarcales cambio su fisonomía y recibió un gran impulso haciéndose más densa y trasladándose incluso los mercados de algunos lugares a otros. Con el crecimiento de las villas, sus pobladores adquirieron un peso notable, significativamente los artesanos y comerciantes más destacados que formaron oligarquías; ellos se beneficiaron en primer lugar del desarrollo económico y controlaron las instituciones de gobierno, los concejos de las villas nuevas.

Las iniciativas regias en este proceso tuvieron un éxito diverso. No todas las fundaciónes alcanzaron el mismo desarrollo; muchas villas reales o villas nuevas no pueden considerarse ciudades. Pero ya hemos visto como el fenómeno urbano no puede valorarse en términos absolutos sino en términos relativos. Así, algunos núcleos se desarrollaron más y otros menos, hasta el punto de que algunos no llegaron a distinguirse claramente de los núcleos rurales. Pero desde un punto de vista general, las villas nuevas en conjunto supusieron un desarrollo muy importante en el grado de urbanización de unos territorios antes escasamente urbanizados, mediante la creación de un entramado bastante denso de villas, núcleos intermedios o pequeñas ciudades. Esas villas, como en otras zonas de Europa, eran imprescindibles para dar densidad a una red jerárquica de relaciones económicas, sobre todo comerciales, sin la cual no se hubiera dado el mayor crecimiento de las ciudades más importantes de la zona, como Valladolid, Burgos o León.

Así, del terreno de la política pasamos también al de la economia. En ese sentido, la creación de villas nuevas y el desarrollo de las ciudades y villas del Camino de Santiago no son dos procesos distintos, sino que deben verse como un único proceso global. Un proceso de desarrollo comercial claramente apoyado por los reyes, que comenzó en la segunda mitad del siglo XI a lo largo del Camino de Santiago y que no dejó de continuar durante los siglos siguientes. Pero es cierto que el Camino de Santiago tiene suficiente peso por sí mismo en la historia y en la historiografía. En cualquier caso, las iniciativas regias de fomento del comercio en algunos núcleos del Camino Francés y la fundación de villas nuevas son en bastantes ocasiones una misma cosa. Muchas ciudades y villas del Camino son también villas nuevas y para el desarrollo de otras villas fuera del Camino se utilizaron abundantemente los instrumentos jurídicos, en forma de fueros, característicos de las ciudades y villas del Camino de Santiago.

El crecimiento agrario, la generación de excedentes agrarios y el impulso del comercio a lo largo del Camino de Santiago fueron paralelos, en un relación recíproca de causa-efecto, con el desarrollo de muchos otros núcleos urbanos y semiurbanos. Asi, las rutas terrestres secundarias, toda una serie de puntos costeros o los caminos transversales que enlazaban con el Camino de Santiago en sentido norte-sur vieron surgir también toda una serie de villas nuevas o villas reales en ese período. En Galicia Ribadeo, Vivero, La Coruña, Bayona o La Guardia vinieron a unirse en el siglo XIII a Mondoñedo, Lugo, Tuy o Santiago junto a otras ciudades y villas del Camino. En Asturias, las peregrinaciones a San Salvador de Oviedo, la ruta que llevaba a Santiago bordeando el Cantábrico y el desarrollo del comercio marítimo hicieron que junto a la antigua capital, Oviedo, y Avilés surgieran en el interior las villas nuevas asturíanas, las polas, como Pola de Lena, Pola de Allande, Pola de Siero, etc., y que en la costa se desarrollaran puertos como el de Llanes. Pero el desarrollo del tráfico marítimo fue especialmente intenso en la costa cántabra y vasca donde se desarrollaron los puertos de San Vicente de la Barquera, Santander, Laredo, Castro Urdiales, San Sebastián o Fuenterrabía, mientras que ya en 1300 se fundo Bilbao. Los puertos vascos y cántabros eran los lugares de salida y entrada del comercio castellano y en las rutas que los unían con Burgos y otras ciudades del interior surgieron también otras villas nuevas como Frias, Miranda, Medina de Pomar, etc. (Ruiz de la Pena, 1976 y 1981).

El desarrollo urbano, renacimiento urbano como se designa frecuentemente en otras zonas de Europa, la formación de una red densa y jerarquizada de ciudades y villas, es un fenómeno generalizado en los reinos cristianos de la península. En Aragón, junto a Jaca y las principales ciudades musulmanas como Zaragoza, Huesca, Barbastro, Fraga o Tarazona, y las ciudades extremaduranas como Daroca, Calatayud, Teruel y Albarracín, hay que tener en cuenta otros núcleos menores como Borja, Alcaniz, Tauste, Ejea, etc. En Cataluña se han realizado algunas estimaciones de la población urbana que muestran como durante la Plena Edad Media muchas villas y ciudades aumentaron notablemente su población; las cifran son siempre relativas pero en algunos casos pudo llegarse a doblar la población urbana entre 1200 y 1300 aproximadamente. Así, en la primera mitad del siglo XIV, al final del período que estudiamos aqui, Barcelona podía contar con unos 40.000 habitantes (unos 25.000 hacia 1200); a continuación le seguían Perpiñán y Lérida que superaban los 10.000 habitantes; entre 5.000 y 7.000 podian tener ciudades como Tortosa, Tarragona, Gerona o Puigcerdá; entre 2.500 y 5.000 habitantes núcleos como Cervera, Villafranca del Penedés, Manresa, Berga, Montblanc o Valls; y por debajo otras villas entre las que se cuentan núcleos como Vic, La Seo de Urgell, Besalù, etc.

El territorio se va articulando a partir de una red densa y jerárquica de núcleos urbanos y semiurbanos, cada uno de ellos con una funcion y un significado económico concreto. La formación de esa red, el desarrollo urbano plenomedieval, está relacionado directamente con el crecimiento agrario, generador del excedente necesario para alimentar tanto los mercados locales como, indirectamente, el gran comercio. La ciudad medieval no es solo un mercado pero, sin duda, es un mercado. En las páginas siguientes veremos como se desarrolla el mercado urbano, tanto el pequeño comercio como el gran comercio.

1.3.3. La red de mercados y el entorno rural

El comercio a escala local y comarcal y el de más amplia escala, incluyendo el internacional, son los dos pilares sobre los que se asienta el desarrollo urbano. El mayor o menor peso de uno u otro condiciono distintos tipos de ciudades pero, en cualquier caso, ambos fueron posibles por el excedente agrario generado por los campesinos. Lo ha señalado con precisión R. Hilton:

       Defino la primera categoria de ciudades como los lugares que surgieron del movimiento de la producción simple de mercancias de la economia campesina. Eran ciudades donde el excedente de la producción de la familia campesina se transformaba en dinero. En parte para que los campesinos pudieran comprar sal y bienes manufacturados que no podían obtenerse en el pueblo, pero sobre todo para que pudieran obtener dinero para el pago de las rentas, las tasas judiciales y los impuestos. Esas ciudades quedaban, por tanto, dominadas por el mercado de productos y por una serie reducida de empresas de manufacturas de madera, cuero, hierro y tejidos de lana. Los productores agrícolas del entorno constituían para estos artesanos una parte de su mercado, pero también atendían a aquellos cuyos negocios estaban en el mercado, es decir, la elite de la pequeña ciudad. Porque, tal como cabría esperar de una economia donde las mercancias voluminosas no podían trasladarse a largas distancias, había muchos pequeños lugares de venta más que unos pocos grandes. […]

       La segunda categoria de ciudades comprende a los mayores centros urbanos, aunque en esta clasificación no los defino por el tamano. Estas ciudades surgieron de la acción combinada de la clase dirigente feudal, del Estado (o las formaciónes análogas), y del capital comercial. Fueron los derivados urbanos, no de la conversion del excedente campesino en dinero que pasaba a constituir los ingresos de los terratenientes y el Estado, sino del gasto de este excedente tras su primera conversion en dinero en el pequeño mercado de las ciudades. Estas categorías urbanas son, desde luego, en cierta medida, analíticas. En la práctica los mercados campesinos existían también en las grandes ciudades del segundo tipo, aunque la mayor parte de los ingresos de los terratenientes o de los capitalistas comerciales no se gastaran en los pequeños mercados urbanos… (Hilton, 1988: 112-113).

En esas líneas se resume de una forma breve, pero muy acertada, el papel y el significado del mercado en las pequeñas ciudades y villas y en las grandes ciudades; el papel del mercado local y del comercio de más amplio radio. También la función económica en el feudalismo de las pequeñas ciudades y villas, la mayoría tanto en la península como en el resto de Europa Occidental, y las grandes ciudades.

Básicamente, podemos decir que el desarrollo de las actividades comerciales en la Edad Media puede tener lugar en tres ámbitos, adoptando otras tantas formas que conviene diferenciar: los puntos estables de venta, es decir, las tiendas, los mercados semanales y las ferias que se suelen celebrar con una periodicidad anual. A diferencia de las tiendas y los mercados, las ferias no se celebran en todas las ciudades y, aunque comienzan a organizarse desde el siglo XII, su mayor auge será en la Baja Edad Media.

Como hemos señalado, muchos artesanos son también comerciantes y venden sus productos en puestos permanentes. Los concejos regulan, a veces con bastante detalle, en qué condiciones deben realizarse esas actividades. Con frecuencia, los procesos de producción y de venta se realizan en los mismos lugares, de manera que el taller artesano es también una tienda. La producción y venta de algunos productos suele concentrarse en determinadas zonas de la ciudad. Esa agrupación a veces es espontánea pero otras veces es el resultado de las normas impuestas por el concejo para, por ejemplo, concentrar actividades insalubres en determinadas zonas, o controlar mejor la aplicación de las regulaciones —que solían ser muy rígidas— sobre los procesos productivos, o sobre los precios, etc. El resultado todavía es bien visible en muchos cascos antiguos de nuestras ciudades donde la denominación de las calles todavía responde a esas agrupaciones de oficios: Herrerías, Carnicerías, Platerías…

También es frecuente que las actividades comerciales se agrupen formando barrios en las ciudades. A veces esos barrios se establecieron fuera de los perímetros de las murallas antiguas, formando burgos nuevos extramuros que más tarde se irían incluyendo dentro de las posteriores ampliaciones de las murallas. En algunas ocasiones esos burgos nuevos, barrios de artesanos y comerciantes, pueden tener una regulación jurídica diferente o parcialmente diferente del resto del núcleo urbano, sobre todo cuando su formación obedece al establecimiento de comerciantes extranjeros, francos, como será frecuente en las villas y ciudades del Camino de Santiago.

También podemos encontrar con bastante frecuencia que el comercio permanente se concentra en determinados puntos concretos de la ciudad, edificios o plazas. Son los zocos o azogues que encontramos en muchas ciudades y que a menudo remiten a la tradicion musulmana. La obligación de que los comerciantes establecieran sus puntos de venta —tablas es la denominación más frecuente— concentrados en un determinado recinto facilitaba el control de las actividades mercantiles por las autoridades municipales, el pago de tasas y cánones, el control sobre pesos y medidas, etc.

Las tiendas, los barrios o burgos y los zocos o azogues son las expresiones de las actividades artesanales y comerciales que se desarrollan de forma permanente en la ciudad. En muchos casos se celebra además un mercado con una periodicidad semanal. Frecuentemente tenemos noticias de esos mercados a partir de documentos que recogen concesiones de los reyes, en los casos de ciudades y villas realengas, o de los señores, en las de señorio. Suele interpretarse entonces que el mercado se celebra a partir del momento de la concesión; es decir, el mercado es consecuencia directa de la política regia o señorial. En ocasiones puede ser así, pero en otros casos lo más probable es que el mercado se viniera celebrando con anterioridad de una manera informal; lo que hacen las concesiones es regularlo y también potenciarlo al determinar franquicias y exenciones para los comerciantes que acudieran al mercado. Así, la intervención regia o señorial es importante puesto que regula el mercado y favorece su desarrollo, pero hay que pensar que el mercado surge como consecuencia del desarrollo económico, sobre todo del crecimiento agrario. No puede entenderse la historia de los mercados, como hicieron algunos historiadores del pasado, sólo en clave política e institucional sino, en primer lugar, en clave económica.

Teniendo esto en cuenta, hay que considerar también que para el período plenomedieval gran parte de la información que poseemos se refiere a las instituciones que regulan el mercado y en menor medida, y casi siempre de forma indirecta, a su contenido económico. Los documentos que recogen las concesiones de mercado señalan, en primer lugar, el dia en que habia de celebrarse y el lugar, el espacio físico dentro de la ciudad. El dia de celebración es importante para establecer un circuito de mercados entre las villas y ciudades de cada comarca o zona. Dos mercados celebrados el mismo dia en dos villas próximas compiten entre si, con el resultado de que generalmente uno termina imponiéndose sobre otro. El lugar se establece también con precision en espacios abiertos más o menos amplios, frecuentemente extramuros. Las concesiones recogen también regulaciones más o menos detalladas y toda una serie de privilegios y exenciones para quienes acudieran a comprar y vender sus productos al mercado, exenciones o reducciones en los cánones y las tasas por la introducción de mercancias en la ciudad y otras relativas a las compraventas.

Los puestos permanentes y el mercado semanal forman el primer nivel en el desarrollo del comercio en las ciudades. Es el comercio que caracteriza a las ciudades pequeñas y a las villas aunque, obviamente, también está presente en los grandes núcleos urbanos. Los dos motores, complementanos, de este tipo de comercio son, por un lado, la transformación de los excedentes agrarios en moneda y en productos manufacturados que no se producen en los ámbitos rurales y, por otro lado, el abastecimiento de las ciudades. Son actividades comerciales que se extienden por el radio de influencia de cada villa o ciudad y, aunque puedan desarrollarse con mayor o menor intensidad y haya que tener en cuenta también variaciones locales o regionales, son bastante similares en la mayor parte de los casos. Los productos artesanales son, en líneas generales como señalaba Hilton, los derivados de la industria textil, del cuero, de la metalurgía y de la madera; en definitiva, los utensilios de uso agrario y de uso doméstico, los vestidos y el calzado, a lo que habría que añadir también el comercio de la sal, necesaria para la alimentación de hombres y animales y para la conservación de la carne y el pescado. Los oficios relacionados con esos productos son los más frecuentes y están presentes prácticamente en todos los núcleos urbanos y semiurbanos. En contrapartida, los campesinos acuden al mercado a vender sus excedentes de la producción agraria y ganadera, esenciales para el abastecimiento de la ciudad: ganado, vino, cereales, productos hortofrutícolas, aves de corral, plantas textiles. Su consumo en la ciudad con frecuencia necesitaba de la transformación y venta posterior por otros artesanos y comerciantes especializados. Así, junto a los oficios relacionados con las actividades citadas, encontraremos también a carniceros, vinateros, pescaderos y pañaderos.

En paralelo al desarrollo de la producción artesanal y del comercio en la Plena Edad Media surgen las corporaciones de artesanos y comerciantes, antecedentes en algunos casos de los gremios posteriores. Su desarrollo es bien conocido en otras zonas de Europa y también en la península, aunque aqui no alcanzaron la misma proyección económica, social y política en todas las zonas. En primer lugar, habría que señalar que el término gremios no es el que se utiliza en la península en la Edad Media. Lo que encontramos son cofradías u oficios. En segundo lugar, el mayor peso de esas cofradías se documenta en el período posterior, durante la Baja Edad Media; ahora, en la Plena Edad Media de los siglos XII y XIII se asiste al surgimiento de esas cofradías y a sus primeros pasos en un proceso histórico que, como décimos, será diverso.

Como tales cofradías, las primeras asociaciones de artesanos y comerciantes surgen con un marcado carácter religioso y asistencial. Muchas se refieren a un oficio o un grupo de oficios determinado y reciben el nombre del santo patrono, pero con frecuencia en esta época las cofradías no son exclusivas, pudiendo agrupar a gentes de oficios diversos. La exclusividad y el control de las actividades del oficio en cuestión serán características propias de las zonas donde esas cofradías alcancen un mayor desarrollo. Algo que sucederá en Aragón y Cataluña, pero no en Castilla.

Vários autores han llamado la atención sobre los diversos significados históricos que alcanzaron las cofradías de oficios, con el fin de no caer en generalizaciones a partir de aquellas zonas donde alcanzaron un mayor desarrollo. Ese mayor desarrollo es lo que algunos autores denominan corporativismo integral que, en palabras de J. M. Monsalvo, “implicaría control de la producción, control de la comercialización, incidencia en la política económica y configuración como un poder en la ciudad” (Monsalvo, 1995: 45). Solo resulta ajustado hablar de gremios, un término que surge en la Edad Moderna, cuando las cofradías o asociaciones alcanzaron ese papel. En la península ese desarrollo se alcanzará en la Baja Edad Media en Aragón y Cataluña, no en Castilla. La pregunta es por qué en unas zonas sí y en otras no. La respuesta se dará con más detalle en el siguiente volumen de esta colección, pero frente a las explicaciones tradicionales, que ponían el énfasis en cuesciones económicas, Monsalvo pone de manifiesto también las causas sociales y políticas, las distintas formas de organización social y política de los artesanos y comerciantes y de sus sectores más poderosos en unas zonas o en otras.

Aunque puede haber algunos casos que se remonten a fines del siglo XII, como los tejedores de Palencia o los tenderos de Soria, las cofradías de oficios comienzan a documentarse con cierta frecuencia en el siglo XIII, como la de San Marcos de los zapateros de Barcelona, la de los recueros de Soria o la de los curtidores de Zamora, todas ellas de comienzos del siglo XIII, o muchas otras que van surgiendo o dejando sus primeros registros documentales en las diversas ciudades en las décadas siguientes.

En general, las cofradías están dirigidas por oficiales (cónsules, mayordomos, prebostes, claveros, etc.) que se ocupan de la organización de las tareas asistenciales y religiosas y de la administración de los bienes de la cofradía; bienes que podían ser mayores o menores según los casos y que eran el resultado de las cuotas que pagaban los asociados. Las cofradías procuraron también tomar la iniciativa en la regulación de diversos aspectos relacionados con el desenvolvimiento de los oficios respectivos: acceso al ejercicio del oficio, procesos de selección y requisitos de los aprendices, condiciones para la elaboración de los productos, etc. En esta época todavía no puede decirse que funcionaran como auténticos gremios, ni siquiera en las zonas donde alcanzarán un mayor desarrollo durante la Baja Edad Media. Las pretensiones de las cofradías en algunas zonas para controlar la producción artesanal suponían una intromisión en las atribuciones de los concejos urbanos. Eso hizo que fueran prohibidas o que se adoptaran medidas que limitaran sus funciones en varias ocasiones a lo largo del siglo XIII. Así, el rey Jaime I de Aragón las prohibió temporalmente, mientras que Jaime II las disolvió, aunque volverían a surgir más tarde. En Castilla, primero Fernando III en 1250-1251 y después Alfonso X en 1252, 1258 y 1268 adoptaron también diversas medidas contra las cofradías de oficios que pretendían actuar al margen de las autoridades concejiles. Se procuraba restringir sus funciones a las actividades religiosas y asistenciales.

La red básica de intercambios entre las ciudades y villas y su entorno rural forma el entramado fundamental del comercio medieval, es la primera base del desarrollo urbano y se concreta, preferentemente, en las tiendas y los mercados semanales. Durante la Plena Edad Media surgieron también las ferias comerciales que se reunían con periodicidad anual. Son reuniones más amplias de comerciantes durante un período variable, aunque frecuentemente duran 15 dias. Como sucede con los mercados semanales, conocemos las ferias en esta época a través de los documentos que recogen las concesiones regias o señoriales otorgando franquezas y exenciones a los comerciantes que acudieran a las ferias. Privilegios diversos que se refieren a los dias de duración de la feria y también a los períodos inmediatamente anterior y posterior -10 dias antes y 10 dias después, por ejemplo— para que los comerciantes acudan desde sus lugares de origen y después regresen. Privilegios de nuevo en torno a aspectos fiscales pero también en ocasiones en torno a aspectos criminales, todo ello para favorecer la afluencia de comerciantes y compradores.

La primera concesión de feria conocida en Castilla data de 1116, recogida en el fuero concedido por Alfonso I de Aragón a Belorado, en el Camino de Santiago entre Logroño y Burgos, cuando el rey de Aragón, tras la ruptura de su matrimonio con la reina Urraca de Castilla, dominaba algunos puntos significativos en tierras castellanas. Es posible que esa primera concesión, que incluía también un mercado semanal los lunes, haya que relacionarla con el crecimiento que experimentaba la cercana ciudad de Burgos por entonces, como han indicado varios autores; o también con el proyecto político del rey aragonés intentando consolidar sus posiciones castellanas. En todo caso, aunque significativa, la concesión parece un hecho aislado que no tuvo continuidad. Ladero Quesada ha estudiado la evolución de las concesiones de ferias en Castilla durante la Plena y la Baja Edad Media (Ladero, 1994). Por lo que se refiere al período que estudiamos aqui, según sus conclusiones, hay que reseñar la activación de un primer foco de ferias en villas del Camino de Santiago o próximas a mediados del siglo XII, que incluía las ferias de Carrión, Sahagún y Valladolid. La concesion de ferias era también un elemento de la política de reactivación económica que se incluye en las tareas repobladoras; en ese sentido hay que interpretar las concesiones a fines del siglo XII y en las primeras décadas del XIII a ciudades y villas del valle del Tajo como Alcalá de Henares, Plasencia, Cáceres, etc. Más tarde, en la segunda mitad del siglo XIII y comienzos del XIV, las concesiones se dirigirán a villas y ciudades extremeñas, andaluzas y murcianas; al tiempo que en los territorios del norte se reorganizan las de la cuenca del Duero, potenciando las de Valladolid y creando las de Benavente en detrimento seguramente de las de Carrión y Sahagún, y se crean otras más en algunos puntos de la costa cantábrica y en algunas villas de las rutas comerciales más importantes.

La política de creación de ferias decayó desde entonces hasta finales del siglo XIV, para volver a tomar el gran impulso que caracterizará a las ferias castellanas del final de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, animadas especialmente por el comercio de la lana, y que tendrán una de sus máximas expresiones en Medina del Campo. Será entonces cuando las ferias adquieran un papel protagonista en el desarrollo del comercio. Hasta entonces, durante los siglos XII y XIII, su papel y su extensión a distintos lugares serán más limitados. La falta de datos detallados impide valorar con precisión ese papel en ese período. No hay duda de que las ferias se vinculan en muchos casos al desarrollo de tráficos comerciales interregionales e internacionales, pero también se ha llamado la atención sobre ferias con una dedicación fundamentalmente agrícola y ganadera, menos relacionada con ese gran comercio y más con el desarrollo económico regional o comarcal. No puede, así, generalizarse la vision de las grandes ferias bajomedievales, las mejor conocidas, al conjunto de las ferias.

Como en Castilla, también en Aragón y en Cataluña las ferias fueron una de las formas de expresarse el desarrollo del comercio. En Aragón se celebraban ferias en Jaca desde 1187 y en Zaragoza desde 1250; a lo largo de la segunda mitad del siglo XIII y primeras décadas del XIV se concedieron otras a Calatayud, Daroca y Tarazona. Pero fueron los territorios catalanes los que vieron un impulso comercial mayor y más antiguo; en correspondencia con ello, las primeras ferias en ciudades y villas catalanas se documentan ya en el siglo XI en lugares como Perpiñán, Gerona, Martorell, etc.; a fines del siglo XII surgen las de Villafranca del Penedés y a comienzos del XIII las de Barcelona y Tarrasa. Como en Castilla, también los reyes aragoneses utilizaron la política de concesion de ferias como un elemento para impulsar la repoblacion; en ese sentido, durante el siglo XIII se concederán ferias a ciudades de la Cataluña Nueva como Reus, Valls y Montblanc.

También aqui habria que distinguir las ferias con orientación agraria y ganadera de las que responden al desarrollo de tráficos comerciales de mayor alcance. Ese comercio a larga distancia es, como venimos señalando, otro de los factores del desarrollo urbano plenomedieval. En parte se manifiesta en las ferias; pero ni todas las ferias responden a ese tipo de comercio, ni se concreta sólo en las ferias. Conviene detenerse un poco más en señalar sus principales características.

El comercio a larga distancia, que venimos denominando también interregional o internacional, responde a la acumulación de excedentes en manos de la clase señorial. Los nobles, los eclesiásticos y los propios reyes son, básicamente, quienes demandan esos productos. Las dificultades del transporte y la inseguridad hacen que solo resulte rentable transportar a largas distancias productos valiosos, poco voluminosos y poco pesados para rentabilizar al máximo las cargas. Así, se trata sobre todo de productos que podemos con-, siderar de lujo: telas finas y tejidos lujosos, especias, joyas, metales preciosos, esclavos… En Castilla y Leon, el primer impulso importante de este tipo de comercio vino de la mano del desarrollo del Camino de Santiago, a partir de la segunda mitad del siglo XII, coincidiendo también, como ya hemos indicado, con la introducción de cantidades importantes de moneda y de metales preciosos procedentes de al-Andalus a través del pago de parias. Se ha señalado que una parte considerable de esos ingresos volvieron a al-Andalus mediante intercambios comerciales. La España musulmana era en esos momentos la principal via para la introducción en la península de productos procedentes de oriente; productos de lujo que entonces pudieron ser adquiridos por eclesiásticos, nobles y reyes de los reinos cristianos, revirtiendo a al-Andalus una parte de las parias. Otra parte, sin duda, está en la base de la primera expansión comercial en torno al Camino de Santiago que ponía a Navarra, Castilla y León en contacto con el sur de Francia y el resto de Europa. Un ramal del Camino seguia el curso del valle del Ebro para unirse a la ruta principal a partir de Logroño; de esa manera, el Camino de Santiago reactivo también el tráfico comercial entre Castilla y Leon, Aragón y Cataluña.

Además de esta ruta este-oeste, otras rutas importantes son las que recorrían la península en sentido norte-sur; rutas que ponían en contacto a Castilla y León con al-Andalus y, a través de la España musulmana, con el Próximo Oriente. Además, la consolidación del dominio cristiano en la Transierra, en el valle del Tajo, convirtió a Toledo y otras ciudades de la zona en hitos importantes de esas rutas, desarrollándose también flujos comerciales interregionales entre los territorios castellanos y leoneses al norte y al sur del Sistema Central. Más tarde, la conquista de Andalucia en el siglo XIII abrió nuevas posibilidades hacia el comercio mediterráneo; su mejor exponente será el desarrollo de Sevilla, donde actuarán de forma destacada comerciantes genoveses y catalanes, pero será un desarrollo sobre todo bajomedieval. Desde finales del siglo XII y durante el siglo XIII comenzó también a desarrollarse el comercio marítimo cantábrico, las rutas que llevaban desde los puertos castellanos hasta el norte de Europa.

En Aragón el Ebro, navegable hasta Tudela en Navarra, era la principal ruta comercial, tanto para el comercio interior, como para el interregional entre Aragón y Cataluña, como en cuanto via de entrada del comercio internacional procedente de los puertos del Mediterráneo. Otras rutas terrestres ponían también en relación Aragón con Cataluña a través de Fraga o de Monzón hacia Lérida. Con Castilla siguiendo el curso del Ebro se enlazaba con el Camino de Santiago, mientras que otras rutas se dirigían hacia Soria a través de Borja y Tarazona, o hacia el valle del Tajo a través de Calatayud y Daroca. Estas dos últimas ciudades, junto a Teruel, también eran hitos importantes en la ruta que se dirigía hacia el sur, hacia Valência. Por último, el comercio internacional también ponía en relación Aragón con el sur de Francia por el norte, por los Pirineos, siguiendo primero el Camino de Santiago hasta Jaca y desde allí hacia Huesca y Zaragoza.

Pero será en Cataluña donde el comercio a larga distancia adquirirá una mayor importancia y donde tendrá mayor peso en la definición de la estructura económica y social. Será un desarrollo basado, sobre todo, en el tráfico marítimo y será claramente impulsado por los reyes, que participarán directamente en actividades comerciales y que orientarán en gran medida su política exterior en función de intereses comerciales.

Como hemos señalado, ya durante la Alta Edad Media el peso del comercio en los condados catalanes era superior al de las otras zonas cristianas del norte de la península. Pero será en el siglo XII cuando comience a producirse un desarrollo del comercio que adquirirá proporciones realmente notables. Siguiendo diversas rutas, el tráfico marítimo catalán se dirigirá a tres grandes zonas: el Mediterráneo occidental, el Próximo Oriente y el Atlántico norte. La primera zona engloba el Mediterráneo occidental y se concreta en rutas hacia el sur de Francia, Valencia, las islas de Mallorca, Sicilia o Cerdeña y el norte de África. Las rutas hacia el sur de Francia fueron más importantes durante el siglo XII, en correspondencia con los dominios occitanos de los condes de Barcelona y reyes de Aragón. La expansión política hacia el sur de Francia se frenó drásticamente a comienzos del siglo XIII, como veremos, y desde entonces adquirieron mayor peso otras rutas comerciales. Las conquistas de Mallorca, Valência y Sicilia a lo largo del siglo XIII y Cerdeña a comienzos del XIV expresan con claridad como los intereses comerciales determinaban la política exterior y las empresas militares. Algo que también es perceptible en la relación con el norte de África. El tráfico comercial también será intenso entre esa zona y los puertos catalanes y se intensificará aún más con las conquistas de Valência y de las islas del Mediterráneo occidental. Desde fines del siglo XI las Cruzadas volvieron a abrir los contactos directos y el tráfico marítimo entre Europa occidental y el Próximo Oriente. De nuevo política y comercio se aliarán para la apertura de rutas que pongan en contacto los puertos catalanes con algunos de los principales puertos de Egipto, Siria y Palestina, Bizancio y el mar Negro; tráficos que comenzarán a desarrollarse en el siglo XIII pero que adquirirán mayor importancia en el siglo XIV. Algo parecido cabe decir de la tercera zona de desarrollo del tráfico marítimo catalán, el Atlántico norte. Las conquistas aragonesas y castellanas de Valencia, Murcia y buena parte de Andalucía en el siglo XIII facilitaban la circunnavegación de la península, abriendo nuevas rutas que pondrán en relación los puertos peninsulares ya en manos cristianas. Un hito importante en esas rutas será el puerto de Sevilla, donde la presencia de comerciantes catalanes, junto a los italianos, será frecuente desde la segunda mitad del siglo XIII. Bordeando la península, esas rutas se dirigían después hacia norte de Europa, hacia Flandes o hacia Inglaterra.

El principal de los puertos catalanes en esta época será el de Barcelona y a él se unirán con una importancia notable los de Valência y la ciudad de Mallorca tras la conquista. Pero hay que destacar también otros como el de Tortosa, puerta de entrada al tráfico fluvial por el Ebro, o los de Blanes, San Feliú de Guixols, Cadaqués o Cotlliure (Perpiñán); además de otros menores como Rosas, Palamós, Tossa, Tarragona, Salou, etc.

El desarrollo del comercio internacional lleva a la presencia de grupos de comerciantes catalanes en diversas ciudades del Mediterráneo. En la medida en que la importancia de esas colonias y la actividad de los comerciantes aumentaban fue necesario establecer instituciones de gobierno, que se denominarán consulados. Los consulados irán adquiriendo una mayor definición a lo largo de la segunda mitad del siglo XIII. La primada de Barcelona resulta bien patente, puesto que desde 1266 el concejo de la ciudad tendrá el privilegio de nombrar los cónsules que, con el título de Cónsules de los Catalanes, tendrán jurisdicción sobre todos los súbditos del rey, catalanes y aragoneses, asentados en cada colonia. Para la resolución de los pleitos entre comerciantes o entre éstos y los marineros se crearon también tribunales propios, que se concretarán en los Consulados del Mar, el primero se formará en Barcelona y después se establecerán otros en Valência y Mallorca. La importancia que adquirió el comercio marítimo se concreto también en la elaboración de un código o reglamento de navegación y comercio; la primera version de ese código son las Ordenanzas de la Ribera de Barcelona, reconocidas por el rey Jaime I en 1257, en las que se regulaba la actividad del puerto de Barcelona; poco después se elaborarían las Costumbres del Mar que constituyen una recopilación de derecho marítimo que posteriormente irá extendiéndose a otros puertos del Mediterráneo (Libro del Consulado del Mar).

El comercio internacional, aunque era muy rentable, estaba sujeto a muchos riesgos y la preparación de las expediciones generalmente exigía el desembolso de cantidades importantes. Por eso normalmente no eran actividades individuales sino que las llevaban a cabo sociedades comerciales. Con frecuencia esas sociedades se establecían también en torno a relaciones familiares, pero no siempre. En esta época, el tipo de sociedad más frecuente será la comanda. Una asociación de comerciantes para llevar a cabo una determinada operación en la que uno de ellos aporta la mayor parte del capital y determina la operación, mientras que otro es el el encargado de gestionar la expedición a cambio de una parte en los beneficios. Entre los socios que forman la sociedad hay generalmente una jerarquia de estatus y de riqueza, pero con frecuencia también la hay de edad y de parentesco. Con el tiempo se desarrollan sociedades más amplias, con mayor número de participantes y en las que también aumenta la distancia entre el capital y la gestión de las operaciones.

En el desarrollo del comercio a larga distancia en este período los reinos cristianos actúan, en lineas generales como ya hemos señalado, como exportadores de materias primas, fundamentalmente lana y, según las zonas, hierro o también productos alimentarios, y sobre todo como importadores de productos manufacturados y de lujo o especias. Estas características generales, que para otras zonas se han considerados como propias de una economia colonial, definen a grandes rasgos la situación en Castilla y Aragón y solo se rompen en Cataluña. En efecto, en Cataluña se desarrollará en los siglos XII y XIII una industria textil notable, que permitirá la exportación de panos, no de lana como sucedia en Castilla o en Aragón. Se ha dicho que esa industria textil permitió asentar los cimientos para el desarrollo del comercio internacional, aunque su papel quizá se haya sobrevalorado en ocasiones. Cataluña exportaba panos, pero también otros productos que, como la plata, tuvieron igualmente un peso notable en el desarrollo de su comercio internacional. Por otro lado, mientras que Castilla y Aragón eran básicamente importadores de productos de lujo, el comercio catalán actuaba como un mercado de importación y también de exportación. Los comerciantes catalanes importaban productos manufacturados y de lujo pero en parte los reexportaban redistribuyéndolos en Aragón y Castilla y en otras zonas de Europa occidental. Mientras tanto, en Aragón y en Castilla se adoptaron en general políticas, proteccionistas diríamos hoy, tendentes a salvaguardar en los mercados las producciones locales, y políticas que entorpecian el desarrollo de manufacturas que pudieran situarse en los circuitos internacionales. Esas políticas estaban dictadas en parte por la necesidad de contener las subidas de precios y de garantizar el abastecimiento de los mercados locales, pero también por los intereses económicos de los poderosos, de los nobles y de los grupos dirigentes de las ciudades. Un ejemplo de ese tipo de disposiciones es el establecimiento de precios y salarios llevado a cabo por el rey Alfonso X de Castilla en las Cortes de Jerez de 1268, en el que se tienen en cuenta distintos valores, tanto de precios como de salarios, para las distintas zonas del reino.

Ese mismo texto nos da una idea del tipo de productos que se podían encontrar en los mercados, una información que también nos proporcionan los registros de las tasas (peajes, aduanas, portazgos, lezdas) que debían pagarse al introducir los distintos productos en cada reino o en su tránsito por ellos; tasas que iban a parar a manos del rey o de los concejos urbanos o de los nobles y sobre todo eclesiásticos que las habían recibido por concesión regia. Uno de los más conocidos de esos textos procede de las cuentas del rey Sancho IV de Castilla a finales del siglo XIII, donde se recogen las tasas, el diezmo de la mar o de los puertos, que se pagaban por los productos que entraban y salían del reino por los puertos del Cantábrico. Se importaban sobre todo telas de Francia y Flandes, se exportaba sobre todo lana, hierro y cuero.

Las medidas que podríamos llamar proteccionistas se concretan también en la prohibición de exportar fuera del reino ciertos productos, las denominadas cosas vedadas; entre ellas figuran el oro y la plata, el ganado y significativamente los caballos, las monedas y las armas.

1.3.4. La sociedad urbana y el gobierno de las ciudades

Según hemos señalado al comienzo de este apartado, un sector de la historiografía suele identificar la ciudad medieval como un ámbito de libertad, frente a la opresión feudal del mundo rural. Ya hemos indicado algunos matices importantes a ese punto de vista y conviene ahora repasar con un poco más de detalle la estructura social de los ámbitos urbanos, para determinar con una mayor precisión el papel de la ciudad en la sociedad feudal.

La ciudad medieval, como hemos ido viendo, corresponde a una realidad diversa y conviene, por lo tanto, establecer las generalizaciones con una cierta prudencia. En primer lugar, hay que recordar que los señores feudales están presentes en las ciudades, con un grado mayor o menor pero que puede llegar a ser bastante intenso. Muchas ciudades son realengo, se incluyen en la jurisdicción regia y dependen del rey, pero otras son ciudades de señorío y dependen, sobre todo, de señores eclesiásticos. Algunos núcleos urbanos crecieron en torno a establecimientos eclesiásticos, otros eran sede de instituciones diocesanas, obispos y cabildos. No faltan también ejemplos de ciudades sujetas al señorío de algún noble (por ejemplo, algún miembro de la familia regia), pero son más frecuentes las ciudades que, desde el punto de vista señorial, podemos considerar abadengos. La presencia de los señores eclesiásticos es mayor en las pequeñas ciudades y villas. Ya hemos ido viendo que, aunque a veces la visión que se ofrece de la ciudad medieval deriva de las ciudades más grandes y más desarrolladas, la red de ciudades pequeñas y villas es un elemento fundamental del fenómeno del desarrollo urbano plenomedieval. Ciudades que frecuentemente rondarán entre 1.000 o 2.000 habitantes, incluso menos, sometidas a un monasterio o a un cabildo, cuyos habitantes son sus vasallos y se ven sujetos a una trama de obligaciones y dependencias no muy distintas de las de los habitantes de las aldeas con sus respectivos señores.

Otras ciudades eran realengos, pero en ellas la presencia de los señores feudales también se dejaba sentir y con frecuencia intensamente. Durante este período, sobre todo en el siglo XII, muchas ciudades y villas regias se constituyen como tenencias, están gobernadas por un tenente o dominus villae que actúa por delegación regia. Se trata de un noble, a menudo un miembro de la alta nobleza, que sustituye al rey como señor de la ciudad y su distrito. Su sede será el castillo, el alcázar o la fortificación principal; otro elemento que recordará permanentemente a los habitantes de la ciudad la hegemonía social de la nobleza. También las ciudades regias son sede de importantes instituciones eclesiásticas, monasterios, obispos y cabildos que ejercerán una influencia notable en la vida urbana. Algunas de estas instituciones, por ejemplo, figurarán entre los principales propietarios de casas en la ciudad; a veces se trata de barrios enteros que pertenecen a un monasterio o al cabildo de la catedral. En otros casos las instituciones eclesiásticas obtienen privilegios y donaciones regias que les sitúan en una posición preeminente. No será raro encontrar casos en los que obtengan una cierta capacidad de control sobre el mercado urbano, el elemento central en el desenvolvimiento de la vida económica de la ciudad, mediante, por ejemplo, la concesión de parte de las tasas sobre el mercado o sobre la circulación de productos.

En definitiva, los habitantes de las villas y ciudades no estaban libres de la actuación de los poderosos feudales, que estaban presentes en las ciudades y condicionaban la vida urbana de muchas maneras. Pero tampoco los habitantes de las ciudades, los ciudadanos, formaban un grupo homogéneo. Una primera distinción que podemos tener en cuenta seria de tipo legal, entre quienes tienen plenos derechos legales, los vecinos, y quienes no los tienen, los moradores. La condición de vecino exigía ciertos requisitos, como haber nacido en la ciudad o vivir en ella durante un determinado período de tiempo o ser propietario de una casa. La vecindad suponía plenitud de derechos y deberes. Pero más importante que esta diferenciación legal es la social y económica, que a veces también podía tener una plasmación legal o institucional pero que, en todo caso, determinaba un mundo heterogéneo, de intereses contrapuestos y a menudo conflictivo.

En ese sentido, cada ciudad tiene sus propias características y el papel de los distintos grupos urbanos e incluso su definición no son siempre iguales. Pero intentando encontrar un criterio general podríamos decir que en la mayor parte de las villas y ciudades de esta época encontramos, al menos, cuatro grupos con perfiles propios que nos permiten distinguidos: el patriciado urbano, las gentes de los oficios, los miembros de las minorías y los pobres y marginados.

El patriciado, la oligarquia, es el sector menos numeroso pero más poderoso de los habitantes de las ciudades. Son los más ricos y quienes controlan también políticamente las ciudades, como veremos. Su composición es diversa, pero tienen algunas características comunes. Su riqueza puede venir de distintas fuentes, pero son siempre el grupo preeminente desde el punto de vista económico. Tienden a formar oligarquías cerradas en cada ciudad, de manera que las alianzas políticas y los intereses económicos se refuerzan con alianzas de parentesco. Los estudios prosopográficos que han podido realizarse en algunos casos muestran una trama densa de relaciones de parentesco que da consistencia a esos grupos formados por un número reducido de familias. En ocasiones su riqueza y su posición social les permite una relación directa con los reyes y pueden llegar a ocupar cargos destacados en la corte. Por su puesto, no son comparables la riqueza ni el papel social a nivel general de los grupos más poderosos de las grandes ciudades y los de las villas y ciudades pequeñas. Los primeros, centrados en Barcelona, Zaragoza, Valência, Burgos, Toledo o Sevilla, pueden actuar en un radio de acción que abarca el reino e incluso a nivel internacional; los segundos actúan a un nivel local y comarcal. Pero lo significativo es que tanto unos como otros tienden a formar grupos oligárquicos para perpetuarse en su posición preeminente, sea en una villa, sea en una gran ciudad.

En muchos casos, las oligarquías urbanas están formadas por los comerciantes más ricos según la escala de cada lugar, pero en otros casos su composición es distinta. En las ciudades de las Extremaduras, cuyos concejos controlaban alfoces muy extensos y que durante el siglo XII tuvieron un papel político y militar muy destacado como frontera con al-Andalus, los grupos armados de las ciudades, los caballeros villanos, alcanzaron una posición de clara preeminencia frente a otros grupos urbanos de comerciantes y artesanos. Así, las oligarquías urbanas de esas ciudades estarán integradas por caballeros villanos, que desde fines del siglo XII se harán con el control del poder político en sus ciudades monopolizando los cargos concejiles. La base de su preeminencia social y de su poder político y económico no será el comercio, sino las actividades militares y la ganadería. En tanto que caballeros formarán una auténtica nobleza urbana, puesto que sus privilegios eran similares a los de la nobleza territorial.

El ennoblecimiento será también una aspiración para las oligarquías de comerciantes de otras ciudades. Ciudades donde no existió la caballería villana o donde, habiendo existido, fue perdiendo buena parte de su papel y su contenido al no tener el protagonismo militar de las ciudades de frontera de las Extremaduras. En Barcelona o en Zaragoza los ciudadanos más destacados estarán próximos a la nobleza y procurarán establecer relaciones de parentesco con miembros de la baja nobleza y de los sectores nobiliarios intermedios. En Burgos la oligarquia de comerciantes se configurará también como caballería villana recibiendo privilegios en el siglo XIII. Así, por ejemplo, mientras que los caballeros villanos de Burgos en el siglo XIII serán comerciantes cuyos orígenes familiares se remontan en ocasiones a pobladores francos y cuyas actividades militares se limitaban a la exposición pública de su atuendo militar en el alarde anual, los caballeros de Ávila serán ganaderos y tendrán un pasado de autenticas actividades militares.

En las ciudades catalanas, tomando el ejemplo de Barcelona, la población urbana se dividirá formalmente en tres grupos, denominados manos'. la mano mayor, la mano mediana y la mano menor. Los grupos más poderosos se encuentran en las dos primeras manos. La mano mayor está integrada por los más ricos, que reciben la denominación de ciudadanos y más tarde ciudadanos honrados; formaban lo que podríamos llamar la alta burguesia que basaba su riqueza en el comercio marítimo y en la propiedad de inmuebles urbanos. Es un grupo con una clara vocación de ennoblecimiento mediante alianzas matrimoniales con sectores de la nobleza y que, desde el punto de vista económico, tendrá también una creciente vocación rentista. Una alta burguesia de ese tipo solo puede surgir y desarrollarse en las ciudades más grandes y en un contexto también de desarrollo notable del comercio, como era el caso de Barcelona. La mano mediana está formada igualmente por comerciantes, específicamente los de los sectores punteros como los comerciantes de panos, los propietarios y patronos de barcos, los cambiadores —que figuran siempre entre los grupos más destacados de entre los comerciantesy también gentes de oficios altamente especializados y valorados como los notarios. La mano mayor y la mano mediana dominarán el poder municipal a través del Consell, como veremos más adelante. Los limites entre ambos no eran cerrados y, aunque existían algunas diferencias sociales y económicas, los dos forman el sector más poderoso que domina la ciudad.

Por debajo de las oligarquías urbanas se encontraba el sector más numeroso de los habitantes de las ciudades, las gentes de los oficios, artesanos, menestrales, pecheros, el común, los miembros de la mano menor en las ciudades catalanas; en definitiva la mayoria de la población urbana. Estaban en una posicion de clara subordinación respecto a la oligarquia, aunque no sería ajustado transmitir la impresión de que carecían por completo de poder político. Ellos formaban el tejido productivo básico de la economia urbana, tanto en las manufacturas como en el comercio. Un tejido diverso en las distintas zonas y en los distintos tipos de ciudades.

Otro grupo que podemos distinguir entre los habitantes de las ciudades son los miembros de las minorías étnico-religiosas: los judios y los mudéjares. A ellos nos referiremos con más detalle en otro capítulo. No todos los judios y los mudéjares vivian en ámbitos urbanos, también se encontraban asentados en aldeas, sobre todo los mudéjares de algunas zonas como Aragón y Valência. Pero será frecuente encontrar en las ciudades comunidades de moros y judios a menudo, aunque en esta época todavía no siempre, agrupados en determinados barrios, aljamas o morerías. Tanto unos como otros estaban excluidos del poder político y del gobierno de las ciudades; tenian su propia organización dependiendo directamente del rey. La exclusion de la vida política no significaba que unos y otros no tuvieran un papel económico que, en ocasiones, podía llegar a ser notable, con una cierta especialización en determinados oficios, como eran los relativos a la construcción para los mudéjares o al préstamo y cambio de moneda entre los judios.

Entre los miembros de las minorías que habitaban las ciudades en esta época también tenemos que tener en cuenta a los extranjeros, especialmente a los francos que poblaron las ciudades y villas del Camino de Santiago. Ya hemos visto que desde la segunda mitad del siglo XI y durante el siglo XII los reyes favorecieron su asentamiento mediante un ordenamiento jurídico beneficioso. En algunos casos ese ordenamiento se extendió al conjunto de los habitantes de la ciudad; en otros casos se mantuvo durante un tiempo la especificidad de los francos, aunque poco a poco fue desapareciendo.

El último grupo que podemos encontrar en las ciudades son los pobres y los marginados. Ya hemos hecho algunas referencias a ellos. Son un grupo de perfiles indefinidos formado por gentes diversas: trabajadores cuyo salario no es suficiente para el mantenimiento de su familia, trabajadores temporales, emigrantes, enfermos, mendigos, prostitutas… La realidad de estos sectores en las ciudades medievales es mejor conocida durante los siglos XIV y XV que durante los siglos XII y XIII, pero es probable que muchas de las conclusiones que se pueden establecer sobre ellos durante la Baja Edad Media sirvan también para el período plenomedival. Aunque seguramente habria que establecer también algunas matizaciones, porque los siglos XII y XIII forman un período de crecimiento económico general y de desarrollo urbano en particular, de manera que las crisis bajomedievales habrían aumentado el número de pobres y marginados y su presencia en las ciudades, pero no debemos pensar que no existieran o no fueran numéricamente relevantes en el período anterior. Hay que tener en cuenta igualmente las circunstancias de las fuentes conservadas en esta época, más escasas y más vinculadas directamente a los poderosos. Sin embargo, aunque los testimonios directos sean escasos, los indirectos sí nos hablan de su existencia y de su importancia creciente: las instituciones de caridad de las iglesias; los hospitales que, si inicialmente se vinculan sobre todo a las peregrinaciones, no dejaron de aumentar en número tanto cuando el volumen de peregrinos se redujo durante el siglo XIII como en las ciudades que no formaban parte de las rutas hacia Santiago; los testamentos que incluyen cantidades para la atención a los pobres o las instituciones de caridad encargadas de atenderlos; o las propias cofradías que, como hemos indicado, tenían una clara orientación asistencial. Circunstancias personales, enfermedades o coyunturas económicas desfavorables podían hacer que el tránsito entre el grupo de las gentes del común y la pobreza o marginación se recorriera con facilidad.

Por lo tanto, el conjunto de los habitantes de las ciudades no forman un grupo homogéneo sino heterogéneo. La preeminencia de los más ricos, de las oligarquías, se plasmará también en el control político que ejercieron sobre las ciudades a través de sus instituciones de gobierno. Repasaremos ahora como se gobernaban las ciudades y cómo se fue materializando el control político de las oligarquías.

El régimen municipal de las ciudades y villas no era, en principio, muy distinto del de los núcleos rurales, aunque con el tiempo, a medida que las ciudades crecieron en número y en tamaño, sí fue distinguiéndose y haciéndose más complejo. También hay que tener en cuenta que ese régimen no fue único en el conjunto de los reinos cristianos, sino diverso en los distintos reinos.

Las ciudades castellanas y leonesas de la meseta estaban gobernadas por un número generalmente reducido de oficiales: jueces, alcaides y merinos. Se trata, en origen, de oficiales regios en las ciudades del rey, o señoriales en las de señorío. En algunas ciudades los oficios de juez y alcaide parecen tener algunas diferencias; el juez a veces parece tener una cierta primacía sobre los alcaides que pueden ser varios en cada ciudad. En otros casos no pueden hacerse distinciones entre unos y otros; no en vano algunos textos hablan de los “ iudices qui vulgo alcaides vocantur". Sus funciones son políticas, militares y judiciales y su número es variable, generalmente un número par: 2, 4, 6 u 8, en función del tamaño de la ciudad, aunque ese número no permaneció fijo durante todo el período y pudo variar en función de las circunstancias políticas. Junto a ellos actuaba un merino, un oficial al que generalmente se suelen atribuir funciones ejecutivas, aunque también tenía un componente militar y fiscal. Por debajo otros oficios subalternos como sayones, fieles, andadores, etc.; una lista que puede ser más o menos larga en función del tamaño de la ciudad. Otros oficiales importantes desde el siglo XIII serán los escribanos y notários encargados de la realización de las escrituras públicas; de nuevo en las ciudades más grandes su número podía ser variado pero en ese caso suele haber un escribano mayor, que era el encargado de la realización y custodia de las escrituras que afectaban al concejo.

En los actos más solemnes o para los asuntos más importantes también se podía reunir en ocasiones el conjunto de los vecinos; es lo que en algunos lugares se denomina el concejo abierto. La existencia de estas reuniones o asambleas vecinales es uno de los argumentos que ha llevado en ocasiones a hablar de libertad cuando se trata de las ciudades medievales. No obstante, es preciso tener en cuenta que el autentico poder político raras veces radicaba en el conjunto de los vecinos e insistir en el carácter oligárquico de los grupos que controlaban los concejos. A medida que las ciudades se van desarrollando a lo largo del siglo XII en los textos se hacen cada vez más frecuentes las alusiones a los boni homines o probi homines, los hombres buenos. Es un concepto informal que en principio alude a los notables, las gentes prestigiosas que tienen alguna forma de autoridad reconocida entre el conjunto de los vecinos. La fama pública, la edad, el reconocimiento social son elementos que están presentes en ese concepto de hombre bueno; pero junto a esos elementos, y condicionándolos muy estrechamente, también habrá otros como la posición social, la capacidad de influencia o el poder, en definitiva elementos ligados a la riqueza; de manera que, finalmente, los hombres buenos serán los ciudadanos más destacados de cada lugar y la riqueza quizá no llegó a ser nunca el único elemento definitorio, pero si el más importante. A medida que avanza el tiempo y las ciudades crecen, cuando los textos aluden a asambleas vecinales hay que pensar que quienes tenían una participación activa en ellas eran los hombres buenos.

El nombramiento de los oficiales concejiles correspondia al rey o al señor, o a su representante, el dominus villae o tenente, pero poco a poco las ciudades fueron alcanzando mayores cuotas de autonomia mediante concesiones que quedaron recogidas en los fueros. En ese proceso los tenentes desaparecieron en el siglo XIII y la facultad de nombrar a los oficiales concejiles fue pasando a manos de los vecinos. La autonomia urbana fue un proceso generalizado en las ciudades medievales de la península —y en la mayor parte de Europa— pero no en todas las zonas tuvo las mismas características ni la misma plasmación institucional ni, finalmente, llegó a los mismos resultados. Como también pasaba en los concejos rural es, el arco de posibilidades era amplio, iba desde el nombramiento de todos los oficiales por el rey o el señor a su voluntad, hasta su elección por los vecinos sin ninguna interferencia, pasando por la posibilidad de elección por los vecinos y la confirmación por el rey o el señor, u otras fórmulas como la elección de unos oficiales por los vecinos y el nombramiento de otros por el rey. La situación en cada ciudad estaba fijada por el fuero local y esos fueros, circunscritos a una serie de tipos o familias, recogen una creciente autonomia municipal, una participación cada vez mayor de los vecinos. Cuando el rey Alfonso X extienda a las ciudades de Castilla el Fuero Real a mediados del siglo XIII, con un éxito diverso, habrá alcaides foreros y alcaides del rey, los primeros actuarán conforme al fuero local y serán oficiales concejiles, los segundos serán oficiales regios. Muchos fueros recogen también ciertas condiciones para el ejercicio de los oficios concejiles. Pueden limitado a un cierto sector de la población como los caballeros villanos en los concejos de las Extremaduras. Pueden también limitar la duración del ejercicio del cargo, restringiéndolo generalmente a un ano consecutivo, aunque en esos casos no será raro ver como los mismos personajes se suceden en anos alternos.

La autonomia municipal y la participación vecinal en el nombramiento de los oficiales no significan que existiera un sistema democrático, sino que el poder político en las ciudades pasará de manos del rey o de sus delegados a manos de los grupos de ciudadanos más ricos e influyentes. Sea mediante normas que limitan los cargos a unos grupos determinados, sea mediante la influencia y el control efectivo de las reuniones vecinales, los estudios prosopográficos que han podido hacerse en algunas ciudades muestran el protagonismo de los sectores preeminentes, de las oligarquías urbanas, en el gobierno de las ciudades. La mayoría de la población, el común, los pecheros, los pobres y marginados y los miembros de las minorías religiosas quedaron en la práctica excluídos del juego político o vieron como su papel se reducía notablemente. Los más ricos y poderosos harán que la política de las villas y ciudades sea su política, y así se reflejará en las reuniones de las cortes.

En ese proceso de definición del poder político urbano en el siglo XIII surgen instituciones intermedias entre las asambleas vecinales y el círculo reducido de los oficiales concejiles. En Castilla y Aragón frecuentemente se los denominará jurados; en Cataluña, Valência y Mallorca, como veremos enseguida, serán los consells. El número de personas que detentaban el cargo de jurado era diverso en cada ciudad. Por lo general, los jurados eran elegidos por los vecinos, generalmente en el ámbito de cada parroquia, puesto que a medida que las ciudades aumentaron de tamaño las asambleas vecinales se configuraron como asambleas parroquiales; será frecuente que haya dos jurados por cada parroquia. El conjunto de los jurados formará en algunos lugares un cabildo y sus funciones serán las de asistir a los oficiales concejiles y vigilar que actúen correctamente. También los jurados procederán, generalmente, de los sectores urbanos más destacados.

El gobierno de las ciudades en Castilla sufrirá cambios institucionales importantes a mediados del siglo XIV, cuando el rey Alfonso XI instaure los regimientos; entonces el gobierno urbano pasará a manos de un número determinado de regidores vitalicios nombrados por el rey. Ese cambio se interpreta frecuentemente como el fin de la autonomia municipal en Castilla, y en cierta medida fue así, pero también fue, sobre todo, un cambio que garantizaba una mejor cobertura institucional al poder de las oligarquías urbanas; algo que, como hemos visto, ya existia, aunque menos formalizado, en los siglos XII y XIII.

Como hemos ido viendo, durante este período se fueron incorporando a los reinos cristianos importantes ciudades musulmanas. En muchos casos en esas ciudades se conservaron algunas instituciones de origen musulmán. Uno de los ejemplos más notables es Toledo donde, entre los oficios concejiles, junto a los alcaides, figura el alguacil con funciones ejecutivas similares a las de los merinos, los almojarifes con atribuciones fiscales, el almotacén para la vigilancia y control del mercado y, durante el siglo XII, el zalmedina, el señor de la ciudad. Cargos similares encontraremos también en las ciudades andaluzas y en Murcia durante el siglo XIII.

También en Aragón será visible la tradición de algunas instituciones de origen musulmán. Así, a la cabeza del concejo de Zaragoza —una vez que desaparece el tenente a partir del siglo XIII— se sitúa el zalmedina que reúne atribuciones judiciales y ejecutivas; y entre los oficiales concejiles encontramos también al almutazaf (almotacén) que se configurará como un juez del mercado. Como sucede en otras ciudades, entre el conjunto de los vecinos y los oficiales concejiles se sitúan los jurados. En Zaragoza probablemente había 20 jurados desde la conquista, aunque posteriormente Jaime II en 1271 situo su número en 12. Los jurados eran representantes de las parroquias pero su elección se realizaba, como era característico de las ciudades aragonesas en el siglo XIII, mediante cooptación. Es decir, los jurados salientes elegían a quienes debían sustituirlos en el cargo anualmente. La renovación de los cargos se realizaba el dia 15 de agosto. El zalmedina era nombrado por el rey entre candidatos propuestos por las parroquias en un turno rotatorio entre todas ellas.

En las ciudades de la Corona de Aragón están presentes también los vegueres (generalmente en las más grandes) y los batlles o bailes (generalmente en las pequeñas); eran oficiales regios o señoriales encargados de la administración del patrimonio regio o señorial en cada zona. A medida que fueron desarrollándose y consolidándose los oficios concejiles, las atribuciones de los batlles y vegueres fueron limitándose a la recaudación de las rentas pertenecientes al rey o al señor. En Cataluña los oficiales concejiles reciben en ocasiones la denominación de cónsules, como en otras zonas de Francia e Italia. Los primeros que se conocen datan de Perpiñán y Lérida en 1197. Otra denominación frecuente será paciarii (paers en catalán), término que indica su relación con las instituciones de pazy tregua del siglo XI; y también jurados. Cónsules, paers o jurados actuarán con el asesoramiento y la supervision de un grupo de consejeros cuyo número será diverso. El caso más emblemático es quizá el de la ciudad de Barcelona. En 1258 el rey Jaime I fijó el número de consejeros de Barcelona en doscientos, una cifra a todas luces elevada que se redujo poco después, en 1265, a cien formándose así el Consell de Cent. Aunque los cargos eran de duración anual y no renovables de forma consecutiva, y aunque se prohibía que pudiera haber dos consellers que vivieran en la misma casa, la hegemonía de los más poderosos, favorecida por el sistema de elección mediante cooptación, era clara, como muestran las relaciones de miembros del Consell de esta época.

En definitiva, durante la Plena Edad Media en los reinos cristianos de la península se asiste a lo que Font Ríus, al estudiar el caso de Cataluña, ha caracterizado como “el tránsito del municipio rudimentario al municipio organizado” (Font Ríus, 1946). En ese proceso las ciudades reducen su dependencia directa del rey y de sus oficiales delegados para pasar a estar controladas por las oligarquías urbanas.

La presencia de poderes feudales y las desigualdades jurídicas, económicas y políticas entre los habitantes de las ciudades hacen que el mundo urbano sea también un mundo conflictivo. Puesto que los siglos XII y XIII forman en general un período de crecimiento económico y de desarrollo, los conflictos sociales en las ciudades serán menos frecuentes que en el período posterior de la crisis bajomedieval. Pero, aunque con menor frecuencia que en los siglos XIV y XV, las ciudades también fueron escenario de luchas sociales en la Plena Edad Media y los conflictos llegaron a ser muy intensos en algunas ocasiones. Por otro lado, su carácter repetido y extendido a diversos tipos de villas y ciudades hacen que debamos considerados también como un elemento importante de la vida urbana, derivado de las características de la estructura social.

En general podemos distinguir dos componentes fundamentales en los conflictos de este período. De un lado, en las ciudades de señorio, casi siempre eclesiástico, enfrentamientos de los habitantes de las ciudades y villas con sus señores, abades, obispos y cabildos; y enfrentamientos también con instituciones eclesiásticas que, sin ser señores de la ciudad, controlaban aspectos fundamentales de la vida urbana. Por otro lado, conflictos entre los distintos sectores de la población urbana por el control político y económico de las ciudades. De hecho, muchos textos que recogen las regulaciones de las villas y ciudades (fueros, privilegios, ordenamientos, estatutos) se elaboraron en contextos conflictivos y sus disposiciones están encaminadas, de una u otra manera, a resolver los enfrentamientos. En algunos casos los textos lo señalan explícitamente, en otros puede deducirse del contexto.

Entre los conflictos sociales en ámbitos urbanos más intensos de este período están los que se produjeron en diversas villas y ciudades del Camino de Santiago a comienzos del siglo XII, las rebeliones burguesas. Son conflictos que se producen en las primeras fases del desarrollo urbano, cuando algunos núcleos rurales y otros semiurbanos se están transformando en villas y ciudades; por ello en estos conflictos intervienen grupos sociales diversos, burgueses, por supuesto, y señores, pero también campesinos en ocasiones. Son conflictos que se producen en un contexto de inestabilidad política en el reino, tras la muerte de Alfonso VI, durante el reinado de Urraca y sus enfrentamientos con su marido Alfonso el Batallador, rey de Aragón.

Los núcleos principales de esos conflictos fueron Santiago de Compostela y Sahagún. En Sahagún los enfrentamientos más intensos se desarrollaron entre 1110 y 1116 y fueron narrados en las llamadas Crónicas Anónimas de Sahagún. Los primeros conflictos en la villa datan ya de fines del siglo XI, tal y como recogen los fueros que otorgo Alfonso VI en 1085 y 1087. Los conflictos enfrentaban a los habitantes de la villa con su señor, el abad del monasterio de los santos Facundo y Primitivo en torno al que iba creciendo y desarrollándose la villa. Pero la autentica revuelta tuvo lugar unos anos después, entre 1110 y 1116. Los burgueses, con el apoyo de los clérigos seculares de la villa y del rey de Aragón, se enfrentaron abierta y violentamente al abad y los monjes, que contaban con el apoyo de la reina Urraca y de una parte de la nobleza. En ese contexto, entre los más perjudicados estaban también los campesinos de la zona que, formando una hermandad, iniciaron también una amplia revuelta contra sus señores. En algunos momentos los campesinos y los burgueses parecen actuar aliados contra su enemigo común, el abad; pero después se pone de manifiesto que los intereses de unos y otros no eran coincidentes. Como consecuencia de la revuelta y durante unos anos los burgueses lograron controlar la villa dictando nuevas normas y leyes y, en alianza con las tropas del rey de Aragón, llevaron a cabo episodios muy violentos. Más tarde, los habitantes de la ciudad se dividieron en dos sectores, franceses y castellanos, y mientras los primeros apoyaron al rey de Aragón los segundos lo hicieron a la reina Urraca. La consolidación de la reina Urraca y las divisiones internas entre los burgueses pusieron fin a la rebelión de Sahagún, que se saldo con su derrota, aunque la oposición de los burgueses al señorio del abad siguio latente y volvió a ponerse de manifiesto en 1136 y en 1152. Ese último año el rey Alfonso VII dio un nuevo fuero a la villa que en parte supone una Victoria para los burgueses al reducirse las cargas señoriales.

Aunque la gran revuelta de Sahagún termino en 1116, la situación política a nivel del reino distaba mucho de ser estable. Además de los partidarios de la reina y los del rey de Aragón, en Galicia habia un sector importante de la nobleza que apoyaba a Alfonso Raimúndez, futuro Alfonso VII, fruto del matrimonio anterior de la reina Urraca con Raimundo de Borgoña. En el contexto del enfrentamiento de la reina con su hijo, en la ciudad de Santiago de Compostela se produjeron también revueltas de los burgueses contra su señor, el arzobispo Diego Gelmírez, en 1116 y 1117.

Santiago era una ciudad bastante mayor que Sahagún y experimentaba un desarrollo notable en ese período debido a la afluencia de peregrinos y a los ingresos que generaban. El control de la ciudad en esa fase de desarrollo es lo que subyace en la revuelta, que quedo narrada con bastante detalle en la crónica llamada Historia Compostelana, compuesta a instancias del arzobispo Gelmírez. En esta ocasión los burgueses sublevados actuaron en alianza con un sector del cabildo compostelano hostil al arzobispo. Como en Sahagún, los rebeldes lograron hacerse con el control de la ciudad, aunque durante un período más breve, y la revuelta de Santiago también estuvo acompañada de algunos episodios de gran violencia en los que se vio envuelta la propia reina Urraca. También aqui, finalmente los burgueses fueron derrotados cuando el arzobispo, la reina y Alfonso Raimúndez unieron sus fuerzas contra ellos. Igualmente, en Santiago los enfrentamientos volvieron a repetirse en 1136.

Las rebeliones burguesas en el contexto de la inestabilidad política durante el reinado de Urraca no se limitaron a Sahagún y Santiago; por los mismos anos hubo revueltas también en Carrión, Burgos, Palencia y Lugo. Tampoco se limitaron al primer período del reinado de Urraca. Ya mencionamos que los conflictos se repitieron en Sahagún en 1136 y 1152, en Santiago en 1136, también en Lugo entre 1159 y 1161 y de nuevo en 1182, y en Tuy en 1170 y 1218.

En las ciudades de las Extemaduras castellana y leonesa también se registraron conflictos durante el siglo XII. En Ávila la llamada Crónica de la Población de Ávila registra varios episodios, en 1110, 1157-1161, 1184-1185 y 1209, que reflejan los enfrentamientos entre distintos sectores de la población urbana por el control de la ciudad; en este caso son enfrentamientos entre los caballeros villanos, llamados serranos, con orientación militar y ganadera, y los artesanos, comerciantes y gentes de oficio, los menestrales.

Enfrentamientos entre caballeros y menestrales se produjeron también en otras ciudades y en ocasiones los conflictos latentes estallaron por problemas banales, como el llamado motín de la trucha en Zamora en 1158. La disputa de un zapatero y un caballero por la adquisición de una trucha se convirtió en un conflicto entre los habitantes de la ciudad y los caballeros. Un grupo de caballeros reunidos en una iglesia murieron al ser ésta incendiada y destruida por un un grupo de ciudadanos que, temiendo la ira regia, tuvieron que abandonar la ciudad. Posteriormente fueron perdonados por el rey con la obligación de reconstruir la iglesia. En este caso, en el centro del conflicto estaba también la contestación de los vecinos al representante regio, al tenente.

Enfrentamientos con los señores en algunos casos y en otros enfrentamientos entre los distintos sectores de la población urbana. También en las ciudades de la Extremadura aragonesa se registran ese segundo tipo de conflictos. Asi, la instauración de los jurados en Teruel ha sido interpretada como una consecuencia de los conflictos entre distintos grupos de habitantes de la ciudad (Gargallo, 1991).

Por lo que se refiere a Cataluña, también durante el siglo XII se registran enfrentamientos en algunas ciudades y villas de señorío eclesiástico en las que los ciudadanos intentaban reducir las cargas señoriales. Es el caso de Vic entre 1175 y 1185, cuando sus habitantes intentaron obtener de su señor, el obispo, mayores competencias fiscales y judiciales. Por lo que se refiere a Barcelona, las tensiones entre los distintos sectores de la población urbana están latentes en las reformas realizadas durante el reinado de Jaime I. El privilegio de 1258 está claramente relacionado con la agitación que vivia la ciudad por entonces y que se concreto en algunos estallidos de violencia. Pero los episodios más graves se produjeron unos anos después, en 1285. En el contexto de la guerra con Francia con el telón de fondo del control sobre Sicilia, se desarrolla en Barcelona durante unas semanas una gran revuelta liderada por un ciudadano, Berenguer Oller. Los rebeldes se hicieron con el control de la ciudad en un movimiento claramente dirigido contra los burgueses más poderosos de la ciudad que controlaban el Consell y las magistraturas municipales. Finalmente, la revuelta fue sofocada por el rey, pero las tensiones y los conflictos volverlan a resurgir posteriormente con gran intensidad.

Los conflictos sociales en los ámbitos urbanos encontraron también un cauce de expresión en diversas zonas de Europa a través de los movimientos religiosos disidentes y las herejias; la más importante de esas herejias en los siglos XII y XIII fueron los cátaros en el sur de Francia. Un movimiento que también se propago por la península a fines del siglo XII y comienzos del XIII, especialmente en Cataluña, aunque también se extendieron por ciudades castellanas y leonesas como Burgos, Palencia o León pero con menor intensidad.

Las disidencias religiosas que predicaban la pobreza evangélica frente a la ostentación de los más ricos, las revueltas y los conflictos de diverso tipo nos indican que la sociedad urbana plenomedieval era una sociedad desigual e injustamente jerarquizada, donde se dejaba sentir también con frecuencia la opresión señorial y donde los grupos oligárquicos formados por los burgueses más ricos se hicieron con el control de los resortes del poder político y económico.

2

Los procesos de expansión

En los anos treinta del siglo XI la situación política de la península Ibérica cambio sustancialmente. En al-Andalus desde unos anos antes el Califato Orneya de Córdoba vivia un proceso de desintegración que llevó a su desaparición formal en 1031. El Califato fue sustituido por toda una serie de reinos menores, los llamados Reinos de Taifas. Mientras tanto, en los reinos cristianos el rey de Navarra Sancho III el Mayor desarrolló una política que le permitió adquirir una posición hegemónica y controlar amplias zonas. A su muerte en 1035 surgieron nuevos reinos y algunas fronteras se modificaron sustancialmente.

La nueva situación en las décadas siguientes resulta, en cierta medida, paradójica, puesto que frente a la superioridad económica y cultural de al-Andalus nos encontraremos con una superioridad militar y política de los reinos cristianos. A partir de los últimos anos del siglo XI entran en juego también los imperios que se irán formando en el norte de África y que se extenderán por al-Andalus, los almorávides primero y los almohades después. Estos factores se conjugarán de diversas formas concretas en los siglos XII y XIII. El resultado final será una expansión territorial muy notable de los reinos cristianos; pero no es ajustado ver esa expansión como el resultado de un proceso lineal, continuo. A lo largo de las páginas siguientes iremos describiendo la evolución política de los distintos reinos y territorios cristianos en ese período.

2.1. León y Castilla

Tras la muerte de Sancho III el Mayor de Navarra en 1035 los territorios que controlaba fueron divididos entre sus hijos: el mayor, Garcia, obtendría el reino originario de Navarra, Fernando el condado de Castilla, Ramiro Aragón y Gonzalo los condados de Sobrarbe y Ribagorza. Fernando, por tanto, obtuvo Castilla y poco después obtendría también León, por derechos dinásticos adquiridos a través de su esposa Sancha, hermana del rey Vermudo III de León, a quien Fernando derroto en 1037 en la batalla de Tamarón, con el resultado además de la muerte del rey leonés. Desde entonces Fernando I gobernará como rey de León y Castilla. La división de los territorios controlados por Sancho el Mayor es uno de los hitos de la historia política de la península y ha sido analizado e interpretado por diversos autores. Una de las consecuencias es que creó un precedente que seria repetido posteriormente.

Fernando I gobernó en Castilla desde 1035 y en León desde 1037 hasta su muerte en 1065. Al final de su reinado, en 1063, quedo determinado como habría de ser su sucesión que, de nuevo, se concretaría en un reparto entre sus hijos: el mayor, Sancho, heredaría también ahora el territorio originario, es decir, en este caso Castilla, Alfonso obtendría León y Garcia Galicia, mientras que las hijas, Elvira y Urraca recibirían el control sobre algunos importantes y poderosos monasterios fundados y dotados por los reyes de León o los condes de Castilla y que se constituían como una dotación de Infantado. Este reparto, en efecto, se llevó a la práctica a la muerte del rey, pero no habría de resultar efectivo y al cabo de unos anos Alfonso VI de León obtendría el control sobre todos los territorios que había gobernado su padre y los ampliaria notablemente.

2.1.1. Alfonso VI y la conquista de Toledo

La división de los reinos de Fernando I presentaba contradicciones y aspectos potencialmente conflictivos que no tardaron en hacerse evidentes. Uno de ellos era que a Sancho, en tanto que primogénito, le correspondia Castilla, mientras que el título imperial, con lo que suponía de pretendida hegemonía y superioridad, correspondia al rey de León, es decir, a su hermano Alfonso. Por otro lado, la separación de Galicia respecto del reino de León también era un elemento nuevo.

Sancho II de Castilla mostro pronto que su proyecto político era expansivo. En 1067 se enfrento con éxito a los reyes Sancho IV Garcés de Navarra y Sancho Ramírez de Aragón en la llamada guerra de los tres Sanchos. Estaba en juego la recuperación de los territorios nororientales (Bureba y Montes de Oca) del antiguo condado de Castilla, que habían pasado a Navarra en la división a la muerte de Sancho el Mayor; y también los tributos, las parias, de la taifa musulmana de Zaragoza, tributos que había obtenido Fernando Iy que ahora le eran disputados a Sancho II de Castilla por los reyes de Navarra y de Aragón. El ano siguiente, 1068, Sancho II se enfrento y vencio a su hermano Alfonso VI de León en la batalla de Llantada, aunque esa Victoria no tuvo otras consecuencias. La situación de Garcia en su reino de Galicia era inestable y eso facilito que Sancho se hiciera con el control sobre Galicia en 1071. En un primer momento parece que Sancho y Alfonso actuaron conjuntamente contra su hermano Garcia, pero la adquisición de Galicia por Sancho le llevaria a un nuevo enfrentamiento con Alfonso de Leon. Otra vez, una nueva Victoria para Sancho II de Castilla en la batalla de Golpejera, que ahora le llevó a convertirse en rey de Leon, mientras que Alfonso se exilio en Toledo.

Sancho II de Castilla consiguió asi hacerse con el control de todos los territorios que habia gobernado su padre Fernando I. Pero sería un control efimero. Importantes sectores de la nobleza leonesa mantenian su apoyo a Alfonso VI, entre ellos también su hermana la infanta Urraca. Esta gobernaba la ciudad de Zamora, rebelde al rey Sancho, que murió ese mismo ano de 1072 intentando sofocar esa rebelión. Esos episodios dejaron una gran huella en los relatos épicos, que acusaron a la infanta Urraca y al propio Alfonso VI de alentar la muerte de su hermano; de manera que, según esos relatos, el Cid, Rodrigo Diaz, alférez de Sancho II, obligé a Alfonso VI a jurar en la iglesia de Santa Gadea de Burgos que no habia intervenido en el asesinato del rey de Castilla.

Sea como fuere, la muerte de Sancho permitió que Alfonso VI recuperara el trono de León y obtuviera también el de Castilla, además, claro está, de los territorios gallegos, y se convirtió en el auténtico sucesor de Fernando I, reinando en León y Castilla hasta su muerte en 1109. También Alfonso desarrolló una política expansiva que se saldaria con importantes éxitos pero que no estaba exenta de riesgos (Estepa, 1985; Reilly, 1989; Minguez, 2000).

En 1076 importantes sectores de la nobleza navarra conspiraron contra su rey, Sancho IV Garcés, e instigaron su asesinato. El resultado fue el reparto del reino de Pamplona entre Alfonso VI de León y Castilla y Sancho Ramirez de Aragón. Alfonso VI obtendría los territorios navarros del valle del Ebro con La Rioja hasta Calahorra, además de Álava, Vizcaya y parte de Guipúzcoa, mientras que Sancho Ramírez obtendría el resto, los territorios centrales de Navarra.

Uno de los aspectos más importantes del reinado de Alfonso VI será la relación con las taifas de al-Andalus; relación marcada, primero, por la política de parias y, después, por la conquista de Toledo en 1085. Desde mediados del siglo XI Fernando I habia desarrollado una política de protectorado militar sobre los reinos de taifas que le habia permitido recaudar importantes tributos, parias, de las taifas de Zaragoza, Toledo, Sevilla y Badajoz. Se ha calculado que esas parias podían representar unos 40.000 dinares de oro al ano. El reparto de sus reinos entre sus hijos incluía también el reparto de las parias, de manera que Garcia de Galicia obtendría las de Badajoz y Sevilla, Alfonso VI de León las de Toledo y Sancho II de Castilla las de Zaragoza. Ya hemos mencionado la política de Sancho para hacerse con el control de las parias de Zaragoza, que siguieron siendo disputadas por Navarra. Alfonso VI reforzó igualmente la política de parias, consolidando los tributos obtenidos por su padre y aumentándolos con nuevas parias, como las de Granada en 1075. Se ha calculado que Alfonso VI pudo recibir con cierta regularidad unos tributos de unos 140.000 dinares anuales.

Las parias son un reflejo de las grandes tensiones y la inestabilidad política de los reinos de taifas. En ese contexto los reyes y príncipes cristianos desarrollaron su protectorado militar sobre esos reinos a cambio de los tributos. Con ello los reinos de taifas entraban en un círculo vicioso de difícil salida. Para pagar las parias que les garantizaban el apoyo militar necesario para controlar sus reinos, los reyes de taifas debían aumentar los tributos sobre sus súbditos; tributos que en bastantes casos eran ilegales según la tradición islámica, lo que provocaba el descontento, frecuentemente expresado en rebeliones y luchas internas, alentadas casi siempre por reyes vecinos; esto, a su vez, hacía más necesario el apoyo cristiano para mantenerse en el poder, apoyo que sólo se obtenía mediante nuevas parias.

Ese contexto político y militar determinaba una situación donde podían adquirir un protagonismo notable, no sólo los reyes y príncipes cristianos, sino también los jefes militares más destacados. Alvar Fáhez o Pedro Ansúrez, por ejemplo, pero sobre todo el Cid. Rodrigo Díaz había sido un personaje próximo a Sancho II, con quien había ocupado el cargo de alférez, es decir jefe militar del ejército regio. Al margen del grado de historicidad del episodio épico y legendário de la jura de Santa Gadea de Burgos, lo cierto es que su relación con Alfonso VI estuvo marcada por las tensiones. Unas tensiones que seguramente eran el reflejo de los conflictos entre los diversos sectores de la nobleza castellana de esos momentos, en un contexto de desarrollo y consolidación del poder nobiliario. Lo cierto en que en 1081, desterrado por el rey, el Cid abandono Castilla acompañado de sus vasallos, que formaban un pequeño grupo de guerreros. Desde entonces, con su ejército, tendrá una actividad militar muy destacada como mercenario al servido, en ocasiones, del rey de Castilla o de reyes musulmanes o actuando por su cuenta. Entre esos hechos destaca su colaboración con el rey al-Mutamin de Zaragoza en los anos ochenta y, posteriormente, su actuación en las zonas levantinas, que le llevaría a conquistar la Valência musulmana en 1094, gobernándola hasta su muerte en 1099, aunque su viuda Jimena aún conservaria la ciudad unos anos más (Fletcher, 1989; Pena, 2000).

Las soldadas y el botin son los principales impulsores de la guerra en este período y no tanto la fe religiosa o el espiritu de Reconquista, como se ha señalado en ocasiones. Y todo ello con el trasfondo de las parias. En principio, la política de los reyes cristianos respecto a las taifas será la de intervención y protectorado, sin conquista directa; pero esa política también tenía algunos limites y no siempre podía mantenerse sin una intervención directa. Sea como fuere, lo cierto es que la situación política determinada por la política de parias cambio sustancialmente en 1085, cuando Alfonso VI conquisto Toledo incorporándolo a sus reinos.

La taifa de Toledo estaba gobernada por los Du-1-Nuníes, una dinastía de origen beréber, desde el final del califato, y desde 1062 pagaban parias regularmente al reino de León y Castilla. El último representante de la dinastia, al-Qadir, gobernó desde 1075 a 1085 con el apoyo de Alfonso VI. En diversas ocasiones se enfrento con los reyes de las taifas de Zaragoza, Sevilla o Badajoz y contó también con el rechazo de un sector importante de la ciudad, que se oponía a las crecientes exigencias tributaras, necesarias para conservar y renovar el apoyo del rey castellano. Un apoyo que cada vez le resultaba más necesario a al-Qadir para mantenerse en el trono. Finalmente, un sector de los habitantes de Toledo opto por ofrecer la entrega de la ciudad a Alfonso VI bajo ciertas condiciones y, tras un largo período de asedio, la ciudad se rindio al rey Alfonso en mayo de 1085. Los acuerdos de capitulación incluian que los musulmanes abandonarían el alcázar, conservando sus bienes y las mezquitas. Pero los acuerdos se incumplieron y pronto la mezquita mayor fue transformada en catedral cristiana.

La conquista de Toledo tendrá amplias consecuencias. En primer lugar, supone una importante transformación de las fronteras, puesto que ahora los limites del reino de Castilla se sitúan en el valle del Tajo. De manera que los territorios entre el Duero y el Sistema Central, las Extremaduras, que antes constituían una frontera insegura, podrán incorporarse de una forma efectiva y plena al reino repoblándose. La repoblación de esas zonas seria, además, una necesidad para conservar el control sobre el Sistema Central y sobre Toledo. En segundo lugar, la conquista de Toledo también reforzó considerablemente la posición de Alfonso VI entre los restantes reyes y principes cristianos peninsulares. El antiguo título imperial leonés, expresado en el título de Imperator totius Hispanie que utilizaba Alfonso VI y que tantas veces tuvo un escaso contenido, adquiria ahora un nuevo sentido al recuperar la antigua capital de la Hispania visigoda. Y, en tercer lugar, la conquista de Toledo representaba también para los musulmanes de al-Andalus la pérdida de una ciudad emblemática y fue el detonante que provoco la intervención de los almorávides en la península.

El movimiento almorávide tuvo su origen en la influencia ejercida entre algunas tribus beréberes (los Sinhaya, entre el sur del actual Marruecos y el Niger) por la doctrina maliki, una de las escuelas de interpretación del islam, difundida entre ellos por Ibn Yasin a partir de 1039. El malikismo se caracteriza por su rigorismo y la defensa de la ortodoxia islámica interpretada a partir del derecho consuetudinario de la ciudad santa de Medina. El rigorismo se manifestaba en la vida en el ribat, convento fortaleza donde se reunían los seguidores de Ibn Yasin y que les dio nombre (al-murabitum, gentes del ribat). A finales de los anos cuarenta los almorávides iniciaron un proceso de expansión de su doctrina y de conquistas en el Magreb. En 1062 fundaron la ciudad de Marrakech, que convirtieron en su capital y lograron importantes éxitos militares dirigidos por su emir, Yusuf ibn Tasufin, aunque reconociendo la autoridad nominal del califa de Bagdad. Su expansión les llevará a la conquista de Fez en 1067 y, más adelante, alcanzarán Tremecén en 1081 o Ceuta en 1084. El rigorismo islámico de los almorávides contrastaba con lo que era considerado por algunos como decadéncia moral de los reyes de taifas andalusies expresada, por ejemplo, en los pactos con los cristianos o en la exigencia de tributos ilegales, contrarios a las normas del islam.

En principio los reyes de taifas eran hostiles a los almorávides que, sin embargo, contaban con el apoyo y la admiración de un sector de la población musulmana peninsular. Pero la conquista de Toledo por Alfonso VI hizo que cambiaran las cosas. A pesar de las diferencias, ante la amenaza de nuevas conquistas, los reyes de taifas llamaron en su ayuda a los almorávides. En 1086, Yusuf ibn Tasufin infringirá una grave derrota a Alfonso VI en la batalla de Ságrajas o Zalaca. Poco después, el ejército almorávide volverá a cruzar el estrecho, pero esta vez las disensiones y la falta de colaboración de los reyes de taifas les impedirán alcanzar sus objetivos, que consistian en la recuperación de la fortaleza de Aledo en Murcia que estaba en manos cristianas. El fracaso de Aledo (1089) llevo a Yusuf ibn Tasufin a cambiar su política respecto a los reyes de taifas, iniciando un proceso de conquista que se extendería muy rápido por gran parte de al-Andalus. Granada y Mâlaga en 1090, Córdoba, Carmona, Sevilla, Almería y Murcia en 1091 y Badajoz en 1094 pasaron a manos de los almorávides que, como decimos, contaban con el apoyo de importantes sectores de la población musulmana peninsular. Solo se resistieron unos anos Valencia, conquistada por el Cid en 1094 y conservada por su viuda Jimena hasta 1102, y Zaragoza, donde la dinastía de los Hudíes pudo mantenerse en el poder hasta 1110.

La presencia de los almorávides cambio sustancialmente la situación. Los reyes cristianos dejaron de percibir las parias y, desde el punto de vista militar, se encontraron en una situación mucho más complicada, incluyendo la perdida de algunos territorios del reino de Toledo que habían sido conquistados en 1085. Ese cambio de situación caracterizará el último período del reinado de Alfonso VI y alcanzará su máxima expresión en la batalla de Uclés en 1108, en la que el ejército del rey castellano y leonés sufrirá una grave derrota por los almorávides. En la batalla, además, morirá el heredero del trono, el infante Sancho, único hijo varón de Alfonso VI. El ano siguiente, cuando los almorávides se encontraban en su momento de mayor expansión, moría el rey Alfonso iniciándose una grave crisis.

2.1.2. Crisis y conflictos en el reinado de Urraca

Alfonso VI tuvo dos hijas y un hijo varón: Teresa (ilegítima), Urraca y Sancho. Ambas hijas se casaron con dos personajes francos, Enrique y Raimundo de Borgoña, venidos a Castilla atraídos por las campañas contra los musulmanes y en el contexto de una influencia franca en la corte y en muchos ámbitos del reino que había comenzado antes y que se intensifico con Alfonso VI. Ambos personajes se convirtieron en unos de los magnates más influyentes del reino y recibieron amplios dominios. Teresa y Enrique recibieron la tierra portucalense, los territorios al sur del Mino, y su dominio en esa zona derivará en la formación del reino de Portugal, como veremos más adelante. Por su parte, Urraca y Raimundo recibieron Galicia y otras importantes tenencias del reino. Hasta el nacimiento del infante Sancho parecía que el reino pasaría al conde Raimundo por su matrimonio con la infanta Urraca; en 1105 nació el hijo de ambos, Alfonso Raimúndez, futuro Alfonso VII. Pero el nacimiento del hijo varón de Alfonso VI despejo los problemas sucesorios. Sin embargo, su muerte en la batalla de Uclés en 1108 volvia a ponerlos encima de la mesa con toda crudeza. Además, poco antes, en 1107, había muerto el conde Raimundo de Borgoña.

La sucesión debía corresponder a la infanta Urraca y, tras ella, a su hijo Alfonso Raimúndez. La inestabilidad militar, con los almorávides amenazando con recuperar Toledo, aconsejó que la reina contrajera un segundo matrimonio. Entre los candidatos parece que se barajó algún magnate castellano, pero finalmente se opto por Alfonso I el Batallador, rey de Aragón y Navarra. La unión de las dos coronas debería servir para frenar la amenaza almorávide que, recordemos, por entonces conquistaban también la taifa de Zaragoza en 1110. Pero tanto el matrimonio como el proyecto político fracasaron rotundamente, iniciándose una grave crisis política. Se ha insistido en las desavenencias personales entre los dos cónyuges, Urraca y Alfonso el Batallador, pero más importante que eso es resaltar que el proyecto político que suponía la unión de los reinos tenía enemigos poderosos. Lo cierto es que las guerras civiles y la inestabilidad política caracterizarán el período del reinado de Urraca hasta su muerte en 1126 (Reilly, 1982).

Los diferentes grupos y sectores establecieron diversas alianzas, inestables y cambiantes, y se enfrentaron entre si en funcion de las situaciones y acontecimientos concretos. La reina Urraca contó con el apoyo de sectores importantes de la nobleza castellana, encabezados por los Lara. El rey de Aragón logro controlar militarmente algunos puntos clave, estableciendo guarniciones y tropas en ciudades y villas importantes del Camino de Santiago como Belorado, Burgos o Castrojeriz, cuyos habitantes le apoyaron frecuentemente, asegurándose asi una ruta de penetración en Castilla. En ese contexto se producen las rebeliones burguesas, de las que ya hemos hablado, y que en algunas ciudades castellanas, como en Sahagún, contaron con el apoyo de las tropas aragonesas. El matrimonio de Urraca y Alfonso el Batalladovy jalonado de enfrentamientos, pero también de intentos de reconciliaeión, alejaba las expectativas de herencia del trono de Alfonso Raimúndez (hijo, recordemos, de Urraca en su primer matrimonio con Raimundo de Borgoña). A su alrededor se concitaron los intereses de la poderosa nobleza gallega, encabezada por el conde Pedro Froilaz. En ese contexto credo enormemente la influencia del obispo de Santiago, Diego Gelmirez, apoyando a unos u otros según sus intereses de engrandecimiento de la sede compostelana, que por entonces se elevo al rango de arzobispado, y de su poder Personal. También en Santiago se produjeron importantes revueltas de sus habitantes burgueses. Gelmirez llegô a coronar a Alfonso Raimúndez como rey de Galicia en 1111. El conde Enrique de Portugal y, a su muerte en 1112, su viuda Teresa también procuraron consolidar y ampliar sus dominios en esta situación.

La crisis no es, ni mucho menos, únicamente el resultado de los enfrentamientos de dos esposos desafectos, como se ha presentado en ocasiones, aunque ese componente estuvo presente. Tampoco es, exclusivamente, la consecuencia de los enfrentamientos entre sectores nobiliarios por controlar el poder regio. Las rebeliones burguesas de Sahagún, Santiago y otros lugares y los levantamientos campesinos también en Sahagún, así como el apoyo de los habitantes de algunas ciudades y villas al rey de Aragón, nos ponen claramente de manifiesto que la crisis también tenía un componente social. En definitiva, la inestabilidad política y militar de este período también refleja la existencia de una crisis social más profuda; J. M. Minguez la ha calificado como una crisis de crecimiento (Minguez, 1994: 253-258). Durante el siglo XI el poder señorial se habia ido desarrollando y consolidando, tanto para los nobles laicos como para las instituciones eclesiásticas. Las parias también contribuyeron a desarrollar la hegemonía de los señores, sea en forma de soldadas para los nobles, sea en forma de donaciones para los eclesiásticos. El nuevo contexto político y militar tras la invasión almorávide cambio sustancialmente la situación, al tiempo que surgieron los primeros levantamientos derivados de la explotación señorial. También el siglo XI había visto crecer los mercados y la vida urbana, sobre todo a lo largo del Camino de Santiago, y con ellos el papel de nuevos sectores sociales, los burgueses, que durante la crisis buscarán ajustar mejor su posición social y política al desarrollo económico que iban alcanzando.

Se ha dicho que fue en este período de crisis durante el reinado de Urraca cuando se estableció el feudalismo en los territorios de Castilla y León (Bonnassie, 1984). Es una interpretación que busca establecer paralelismos con los procesos de feudalización en Cataluña y en zonas del sur de Francia, aunque con algunas diferencias cronológicas. Sin embargo, para otros autores el feudalismo ya se había ido formando y desarrollando en León y Castilla en el período anterior, de manera que ésta es una crisis en un contexto de desarrollo y consolidación del feudalismo, no de su formación.

2.1.3. El Imperio de Alfonso VII

En 1126 murió la reina Urraca y fue sucedida por su hijo Alfonso Raimúndez, Alfonso VII. Los primeros anos de su reinado, hasta la muerte de Alfonso el Batallador de Aragón en 1134, serán de consolidación interna. Para ello era necesario estabilizar, aunque fuera temporalmente, la situación con el rey de Aragón que seguia controlando zonas y enclaves importantes dentro de Castilla. Ese objetivo se consiguió con el tratado de Támara (1127); Alfonso el Batallador seguiría controlando las zonas del Ebro y la Rioja, así como la extremadura soríana, pero renunciaria a extender su control a otras zonas de Castilla y León reconociendo el gobierno de Alfonso VII. El alcance del tratado es difícil de establecer con precisión , pero lo cierto es que los conflictos entre ambos reyes fueron escasos desde entonces; aunque en 1131 Alfonso VII conquisto el enclave de Castrojeriz que todavía estaba en manos aragonesas.

El potencial alcanzado en esos primeros anos de consolidación se mostraría claramente a partir de 1134, tras la muerte de Alfonso el Batallador (Recuero, 1979; Reilly, 1998). El rey de Aragón murió sin hijos y en su testamento estableció que el reino fuera repartido entre las ordenes militares que se habian creado en Jerusalén: la del Santo Sepulcro, la de San Juan y la del Temple. Pocos fueron los que sostuvieron que debía cumplirse el testamento, creándose una situación de inestabilidad e incertidumbre. Los magnates navarros optaron por reinstaurar su propia monarquía en la persona de Garcia Ramirez, mientras que el reino de Aragón pasó a manos de Ramiro II,hermano de Alfonso el Batalladory monje benedictino que había ocupado diversas dignidades eclesiásticas hasta entonces. En ese contexto, Alfonso VII desempeñó un papel relevante, puesto que su posición política era una de las más sólidas. Así, pudo recuperar las zonas del Ebro, Alava y la Rioja, además de Soria, e incluso se hizo temporalmente con el control de Zaragoza. Además, en tanto que árbitro de la situación, obtuvo el vasallaje de los nuevos reyes de Navarra y de Aragón, Garcia Ramírez y Ramiro II. Poco después, Ramiro de Aragón cedería de hecho el control del reino de Aragón al conde de Barcelona, quien también prestaria vasallaje a Afonso VII.

De esa forma, el título imperial de sus antecesores, que Afonso VI había dotado de contenido, volvia ahora a tener un claro sentido y reflejaba la supremacía del rey de León en el contexto de los reinos cristianos peninsulares. En 1135 Afonso VII quiso escenificar esa supremacía haciéndose coronar como emperador en una gran ceremonia celebrada en la catedral de León. Más tarde, el debilitamiento de los almorávides le permitiría desarrollar una política de expansión en al-Andalus que reforzaría su hegemonía; pero antes, durante su reinado también se asistió a la independencia y formación del reino de Portugal.

Durante la crisis que caracterizo el reinado de Urraca, los condes Enrique y Teresa procuraron reforzar su dominio sobre esas zonas y, en la práctica, tuvieron una actuación autónoma. Esa misma política fue seguida también por su hijo Alfonso Enríquez durante el reinado de Alfonso VII. Al comienzo, Afonso Enríquez aceptó nominalmente la superioridad de Afonso VII y a cambio pudo actuar también con considerable autonomia; pero en 1139 Afonso Enríquez adoptó el título de rex portugalensium y poco después reforzaría su posición convirtiéndose en vasallo del Papa, eludiendo así los vínculos políticos que le unían con Afonso VII.

Afonso VII pudo dar contenido a su proyecto imperial gradas también, en alguna medida, al debilitamiento de los almorávides en la península. Durante su reinado se asistirá al declive de los almorávides, la formación de las llamadas segundas taifas y los comienzos de la expansión almohade. El rigorismo religioso de los dirigentes y gobernadores almorávides fue debilitándose y no tardaron en surgir descontentos y algunas revueltas; al mismo tiempo, el control militar también se hacía más débil, de un lado, por las dificultades en mantener un ejército suficientemente poderoso de forma permanente en la península y, de otro, por la presión de los almohades en el Magreb, otro movimiento político-religioso que no tardaria en derrotar y sustituir a los almorávides.

Además, a las situaciones de debilidad política y militar en al-Andalus correspondían otros tantos procesos de expansión de los reyes y príncipes cristianos. Así, Afonso el Batallador de Aagón pudo conquistar Zaragoza y gran parte del valle del Ebro entre 1118 y 1120. A partir de los anos cuarenta, el dominio almorávide en la península se deshizo rápidamente. En varias zonas se establecieron poderes independientes, las llamadas segundas taifas. Algunas de esas segundas taifas apenas se mantuvieron unos anos de forma independiente hasta ser conquistadas por los almohades, pero otras lograron resistir durante más tiempo. Destacará sobre todo la dinastía de los Banu Ganiya en las Baleares y, en la península, Valência y Murcia, donde Ibn Mardanis, el rey Lobo, resistirá la expansión almohade en alianza con el rey de Castilla hasta los anos setenta.

El debilitamiento de los almorávides y las segundas taifas se correspondieron, como décimos, con movimientos expansivos de los reyes cristianos. Por lo que se refiere a Castilla y León, Alfonso VII desarrollará una actividad militar intensa y obtendrá éxitos importantes. En un primer momento logró consolidar la defensa de Toledo y la frontera del Tajo, con las conquistas de la fortaleza de Oreja en 1139 y de Coda en 1142, y unos anos más tarde, conquisto Calatrava en 1147. Pero el episodio más destacado será la conquista de Almería ese mismo ano de 1147. La ciudad era un importante enclave comercial y en la campaña participaron también el rey de Navarra y el conde de Barcelona, vasallos del emperador, y naves de las flotas pisana y genovesa. Almería permaneció bajo el control castellano y leonés durante una década y con ella se conquistaron también Ubeda Baeza y Andújar.

Esos anos en torno a 1150 corresponden al momento de mayor auge de la proyección política de Alfonso VII. En 1150 moría el rey Garcia Ramírez de Navarra y al ano siguiente, 1151, Alfonso VII firmó un tratado con Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona y príncipe de Aragón. Se trata del tratado de Tudején, en el que Ramón Berenguer IV reconoce la supremacía política del emperador, al tiempo que ve reconocida su posición en Aragón y Cataluña. Ambos acuerdan la conquista y reparto del reino de Navarra, que no se llevaría a efecto, y pactan también el reparto de las respectivas áreas de expansión en al-Andalus; de forma que para Ramón Berenguer IV quedarían las zonas levantinas de Valencia, Denia y Murcia, pero reconociéndose vasallo de Alfonso VII que, de esa manera, veia expresadas y formalizadas sus pretensiones de situarse como una autoridad superior sobre el conjunto de la península. Por entonces, sus hijos Sancho y Fernando comienzan a titularse reyes.

Pero la situación era bastante menos prometedora de lo que nos podría hacer pensar el tratado de Tudején. Ya en 1146, un ano antes de la conquista de Almería, un ejército almohade había cruzado el estrecho por primera vez ocupando algunas plazas en al-Andalus. El movimiento almohade se había formado en el sur del Magreb en los anos veinte a partir de la actuación de Muhammad ibn Tumart, líder e iniciador de este movimiento político y religioso, opuesto doctrinalmente al malikismo de los almorávides. Frente al rigorismo en la interpretación del Corán de los almorávides, los almohades proclamarán la unidad de Dios como esencia del islam; de ahi su nombre, al-muwahhidun, los unitarios. Ibn Tumart había tomado el título de Mahdi, guiado por Dios, y a su muerte sus seguidores proclamaron califa en 1130 a uno de sus discípulos, Abd-al-Mumin, con quien comenzó la gran expansión política y militar de los almohades frente a los almorávides. En 1146, el mismo ano que enviaron tropas a la península, los almohades conquistaron Marrakech, la capital almorávide, y en los anos siguientes irían extendiendo su dominio por el norte de Africa y al-Andalus. En la península sus conquistas se iniciaron a finales de los anos cuarenta y se extendieron hasta 1172, cuando lograron hacerse con los territorios levantinos, la taifa controlada por el rey Lobo, Ibn Mardanish. Fue un proceso largo y violento. Los almohades establecieron su capital en la península en Sevilla y desde alli promovieron un desarrollo cultural muy notable.

En ese proceso de expansión, en 1157 los almohades ocuparon Almería y poco después las otras tierras que habían sido conquistadas por Alfonso VII unos anos antes. Acababa asi lo que no había sido sino un cierto espejismo, no exento de paralelismos con la conquista de Valência por el Cid a finales del siglo XI. Y acababa también la vida del rey emperador, puesto que en el camino de retirada, tras haber intentado sin éxito auxiliar a las tropas castellano-leonesas de Alméría,, moria Alfonso VII en el verano de 1157.

2.1.4. La separación de los reinos de Castilla y León

La muerte del emperador supuso el fin de la idea del Imperio hispánico, que apenas volverá a tener contenido en el futuro. Supuso también la separación de los reinos de Castilla y León, puesto que, siguiendo las disposiciones de Alfonso VII, su hijo Sancho, el primogénito, heredó el reino de Castilla y Fernando el de León. De nuevo un reparto de los reinos, siguiendo la tradición que remonta a Sancho el Mayor de Navarra. Según esa tradición, el hijo mayor heredaba los territorios nucleares y de esa forma Castilla correspondió a Sancho III. Pero de nuevo se planteaba la contradicción de que la supremacía correspondia tradicionalmente a León como sede del título imperial, en manos del hijo menor Fernando II. Algunos autores han interpretado esa situación argumentando que el reparto de los reinos de Alfonso VII seria expresión de una supremacía castellana que se estaria desarrollando en ese período.

Sea como fuere, lo cierto es que desde 1157 hasta 1230 Castilla y León permanecieron como dos reinos separados y frecuentemente enfrentados entre si. En este período Castilla estuvo gobernada por Sancho III (1157-1158), Alfonso VIII (1158-1214) y Enrique I (1214-1217), mientras que en León reinaron Fernando II (1157-1188) y Alfonso IX (1188-1230) (González, 1943, 1944 y 1960).

El reinado de Sancho III de Castilla fue muy breve, puesto que murió un ano más tarde que su padre en el verano de 1158. El heredero de Castilla sería su hijo, Alfonso VIII, un niño de tres anos de edad. La minoria de Alfonso VIII abrirá un período de inestabilidad marcado por la expansión territorial de los reyes de León y de Navarra sobre Castilla, por las luchas entre las distintas facciones o bandos de la nobleza castellana por hacerse con el control del poder regio mediante el ejercicio de la tutoria, y por la amenaza militar de los almohades que consolidaban su dominio sobre al-Andalus. Las alianzas y los enfrentamientos entre los distintos sectores serán dinámicos y cambiantes, determinando una situación política muy inestable.

Durante la minoria de Alfonso VIII las dos principales familias de la nobleza castellana, los Lara y los Castro, se disputaron la tutoria regia y el control sobre la persona del rey; es decir, el control sobre los resortes del poder regio. Fueron los Lara quienes fmalmente actuaron como tutores y entonces se fraguo la preeminencia de esta familia en el contexto del conjunto de la nobleza castellana. Los Castro, por el contrario, se aliaron con Fernando II de León, quien invadió Castilla entre 1162 y 1169 ocupando Toledo y diversos puntos de la frontera entre ambos reinos en la Tierra de Campos. Mientras tanto, la minoria de Alfonso VIII había sido aprovechada por el rey de Navarra, Sancho VI el Sabio, para ocupar la Rioja y los territorios disputados desde antiguo entre Navarra y Castilla.

En ese período Fernando II de León era el rey cristiano más poderoso de la península, puesto que a la minoria de Alfonso VIII de Castilla hay que unir la minoria también de Alfonso II de Aragón. En esos anos Fernando II llevó a cabo diversas campañas contra los almohades que le permitieron tomar Alcántara en 1166. Pero en la expansión hacia el sur los intereses de León chocaron con los de Portugal. El protagonismo en la expansión portuguesa correspondia entonces a un caudillo militar, Geraldo Sem Pavor, que ocupo diversos puntos en la Transierra llegando a controlar temporalmente Cáceres y Badajoz, zonas de expansión del reino de León. Ambas ciudades volvieron a manos musulmanas y los intereses contrapuestos de ambos reyes, Fernando II de León y Alfonso Enríquez de Portugal, les llevarían a varios enfrentamientos en los que Portugal frecuentemente contó con la alianza de Castilla. En relación con esos enfrentamientos y para asegurar la inestable frontera con Portugal, Fernando II fundo por entonces Ciudad Rodrigo.

La mayoría de edad de Alfonso VIII en 1169 o 1170 no cambio la situación inicialmente de forma sustancial, pero poco después establecería una alianza con Alfonso II de Aragón que habría de ser duradera y que le permitiría enfrentarse al rey de Navarra. La guerra se desarrolló entre 1173 y 1176 y se saldo entonces con la recuperación de La Rioja por Alfonso VIII en 1179. Posteriores enfrentamientos en 1199 y 1200 permitieron al rey de Castilla recuperar las zonas de Alava y Guipúzcoa controladas por Navarra, marcando el fin de los intentos de expansión peninsular de Navarra.

La consolidación de Alfonso VIII le permitió también iniciar una política de expansión hacia al-Andalus, expansión limitada debido al auge del poder almohade. El episodio más significativo en estos momentos es la conquista de Cuenca en 1177 tras un largo asedio. En la toma de Cuenca, junto al rey castellano participaron también las tropas del rey de Aragón. La alianza entre Alfonso VIII de Castilla y Alfonso II de Aragón se plasmo en el tratado de Cazola en 1179. De forma similar al tratado de Tudején en 1151, firmado por sus antecesores Alfonso VII y Ramón Berenguer IV, en el tratado de Cazola los reyes de Castilla y de Aragón se repartían y delimitaban las áreas de conquista y expansión en al-Andalus, que coincidían a grandes rasgos con las establecidas en 1151; pero la novedad ahora seria que la relación entre ambos reyes será en pie de igualdad, sin incluir ninguna prestación de vasallaje del rey de Aragón respecto del de Castilla.

Sin embargo, la expansión de los reinos cristianos hacia al-Andalus fue muy limitada en esos anos y en muchas ocasiones se encontraron a la defensiva, puesto que los almohades, tras la conquista de la taifa de andalusí de Murcia en 1172, controlaban el conjunto de la España musulmana. En ese contexto se crearon las ordenes militares peninsulares, a imitación de las que se habían fundado en Tierra Santa y bajo la influencia también de la difusión y desarrollo de la idea de cruzada en la expansión de los reinos cristianos peninsulares, algo que venía proponiéndose ya desde finales del siglo XI. La orden de Calatrava se fundo en 1158. El castillo de Calatrava había sido conquistado por Alfonso VII y su defensa se había encomendado a la orden del Temple, pero los caballeros templarios lo abandonaron sintiéndose incapaces de defender la posición. En 1158 fueron sustituidos por un grupo de monjes y caballeros dirigidos por el abad Raimundo del monasterio cisterciense de Fitero. Se creaba así la orden de Calatrava que recibió la aprobación del papa en 1164. Cáceres había pasado a manos de Fernando II de León en 1169 y para su defensa se estableció en 1170 una hermandad de caballeros. La ciudad fue recuperada por los almohades en 1174, pero la hermandad de caballeros se convirtió en la orden de Santiago en 1175 cuando recibió la aprobación del papa. Otra hermandad similar se estableció también en San Julián de Pereiro en la frontera entre León y Portugal en la Beira Alta, y recibirían la aprobación del papa en 1177. Esa orden cambiaria posteriormente su nombre por el de Alcántara, tras recibir ese lugar. Más tarde se estableceria la orden de San Jorge de Alfama en Aragón y posteriormente la de Montesa, que incorporaria a la anterior, y en Portugal la orden de Avis. Los miembros de las ordenes, los freires, conjugaban la vida religiosa con las actividades militares y las ordenes tendrán un papel muy relevante en la expansión de los reinos cristianos. Para ello recibieron importantes donaciones que en Castilla y León incluian el control sobre amplios territorios al sur del Tajo. Como veremos más adelante, la presencia de las órdenes y sus formas de dominación caracterizarán la organización social en esas zonas.

Mientras tanto, las relaciones entre Fernando II de León y Alfonso VIII de Castilla siguieron siendo tensas por la reclamación de ambos del control sobre las zonas fronterizas entre el Cea y el Pisuerga. Se sucedieron los episodios de enfrentamientos que fueron seguidos de treguas y tratados de escaso cumplimiento. En 1181 ambos reyes firmaron el tratado de Medina de Ríoseco y poco después, en 1183, el de Fresno Lavandera.

En 1188 moria Fernando II de León siendo sucedido por su hijo Alfonso IX. Para consolidar su posición y hacer efectivo su gobierno, una de sus primeras medidas fue la convocatoria de una curia extraordinaria, una gran reunión a la que acudieron los principales nobles y los eclesiásticos más destacados del reino, obispos y abades. Algunos textos reflejan también la presencia en esa reunión de enviados de las ciudades (electis civibus ex singulis civitatis) y un sector de la historiografía ha querido ver en ello los origenes de las asambleas representativas, de las cortes.

A pesar de que Alfonso IX de León fue armado caballero por Alfonso VIII de Castilla e inicialmente le presto vasallaje, la relación entre ambos seguirá siendo conflictiva por la disputa en torno a la frontera. Los enfrentamientos, en los que el rey leonés no dudará en aliarse con los almohades, y los pactos y tratados se suceden en el tiempo, como el tratado de Tordehumos de 1194. En ese contexto se planteó también un pacto dinástico con el matrimonio de Alfonso IX de León con Berenguela, hija de Alfonso VIII de Castilla. La union, celebrada en 1197, seria anulada por el papa debido a la relación de parentesco entre los esposos; pero de ese matrimonio nació el infante Fernando que anos más tarde heredaría primero el trono de Castilla y después el de Leon, uniendo de nuevo ambos reinos.

El proyecto de unión dinástica tenía como trasfondo la situación militar en la península y la hegemonía que habian alcanzado los almohades. No en vano en 1195 Alfonso VIII había sufrido una gran derrota en la batalla de Alarcos a manos del ejército del califa al-Mansur. A la derrota de Alarcos le acompañó la pérdida de algunas plazas importantes como Trujillo o Plasencia. Los anos siguientes, además de las campañas de 1199 y 1200 contra Navarra que permitieron a Alfonso VIII hacerse con el control de Alava y Guipúzcoa, van a estar marcados por la hegemonía de los almohades, que en 1203 conquistaron las Baleares, donde la dinastía de los Banu Ganiya habían permanecido independientes y habían logrado también extenderse en algunos puntos del norte de África. No había duda de que los enfrentamientos entre los reyes cristianos facilitaban también esa hegemonía almohade y desde algunos sectores eclesiásticos, con el apoyo del papado, se procuraba alentar un cambio en la situación, mediante el desarrollo de la idea de cruzada. Finalmente la cruzada contra los almohades se predico y en la primavera de 1212 se fue reuniendo en Toledo un importante ejército al que se incorporaron numerosos caballeros europeos. A ese ejército se unieron las tropas de los reyes de Aragón y de Navarra y, aunque no participaron los reyes de León ni de Portugal, si lo hicieron nobles de ambas zonas; además, lógicamente, del ejército de Alfonso VIII de Castilla, que encabezaba la campaña. A esa concentración de tropas le correspondió otro ejército almohade que se reunió en Sevilla al mando del califa al-Nasir. El encuentro entre ambos ejércitos tuvo lugar el 16 de julio de 1212 en el llano de las Navas de Tolosa (Jaén) y se saldó con una gran victoria para Alfonso VIII y sus aliados.

La batalla de las Navas de Tolosa marcará el inicio del fin del poder almohade en la península. A la muerte del califa al-Nasir en 1213 comenzará un período de inestabilidad política en el ámbito del imperio almohade, tanto en al-Andalus como en el norte de África. Esa inestabilidad viene determinada por varios factores; en primer lugar, una crisis dinástica como reflejo de los conflictos internos y, en segundo lugar, la fragmentación política con la formación de dinastias independientes que finalmente sustituirán a los almohades. En el norte de África esa desintegración dará lugar al gobierno de los Hafsíes en Tunez, de los Zayyaníes en el Magreb central y de los Benimerines en el Magreb Occidental. Ese proceso tendrá su reflejo en la península con el surgimiento de poderes independientes a partir de algunas dinastias locales, las llamadas terceras taifas, que se desarrollarán en algunas zonas (Murcia, Valencia, Niebla), hasta ser conquistadas por los reinos cristianos. La más destacada de esas terceras taifas, y la única que resistirá la expansión cristiana del siglo XIII, será la formada por Muhammad ben Nasr en Granada, que dará lugar a la dinastía y reino de los Nasríes o Nazaríes en Granada. A la decadencia de los almohades y las terceras taifas correspondió un gran impulso expansivo de los reinos cristianos protagonizado por Fernando III de Castilla y León y por Jaime I de Aragón.

El largo reinado de Alfonso VIII de Castilla finalizo en 1214 sucediéndole en el trono su hijo Enrique I, menor de edad. La minoria fue, de nuevo, un momento de auge del poder de los Lara, la principal familia de la nobleza castellana, que actuaron como tutores y, de nuevo también, como había sucedido durante la minoria del propio Alfonso VIII, el rey de León intento intervenir en Castilla. Pero Enrique I murió poco después, en 1217, y el trono de Castilla pasó a manos de su hermana Berenguela quien, a su vez, renuncio a favor de su hijo Fernando. Fernando III era, recordemos, hijo de Alfonso IX de León en su matrimonio con Berenguela, hija de Alfonso VIII de Castilla.

2.1.5. La reunificación con Fernando III. La conquista de Andalucía

Por lo tanto, Fernando III comenzó a reinar en Castilla en 1217 y los primeros anos fueron de consolidación interior. Una consolidación que fue posible gracias a las treguas establecidas con su padre, Alfonso IX de León, en 1218 y que le permitieron, entre otras cosas, enfrentarse con éxito a la oposición de algunos sectores de la nobleza. Mientras tanto, la ausencia de conflictos significativos entre León y Castilla y la debilidad de los almohades permitían a Alfonso IX de León desarrollar una política expansiva concretada en diversas campañas contra al-Andalus. Finalmente, esas campañas darían sus frutos con la conquista de buena parte de la actual Extremadura: Cáceres en 1229 y Mérida y Badajoz en 1230. Grandes éxitos militares que se producían al final de su reinado, puesto que Alfonso IX moría en septiembre 1230.

Alfonso IX había contraído dos matrimonios, con Teresa de Portugal primero y después con Berenguela de Castilla y, aunque ambos fueron anulados por el grado de parentesco próximo que le unia a sus esposas, de ambos tuvo descendientes (además de varios hijos e hijas ilegítimos). Del matrimonio con Teresa de Portugal nació el infante Fernando, que murió en 1214, y las infantas Sancha y Aldonza o Dulce. Del matrimonio con Berenguela de Castilla nacieron el que seria Fernando III y Alfonso, que será señor de Molina y será conocido como Alfonso de Molina. Fernando III fue reconocido como heredero de León en 1218 pero posteriormente su padre Alfonso IX opto por una línea de sucesión diferente, estableciendo que habrían de sucederle sus hijas Sancha y Dulce que se repartirían el reino. Una decisión que reflejaba la oposición de importantes sectores de la nobleza leonesa a la unión con Castilla. Pero el reparto del reino también despertaba la oposición de otros sectores que, además, reflejaban la tradicional hostilidad hacia los intereses portugueses. Finalmente, Fernando III alcanzó un acuerdo con sus hermanastras Sancha y Dulce por el que éstas renunciaban a sus derechos al trono a cambio de una renta vitalicia anual de 30.000 maravedís. Fernando III compro, por tanto, los derechos de sus hermanastras y también evito una más que probable guerra civil. El dinero que permitió ese acuerdo procedia de las parias que pagaban varios reyes de las terceras taifas en al-Andalus. Inmediatamente después, Fernando III estableció un acuerdo con el rey de Portugal, Sancho II, en torno a algunas plazas fronterizas y defendio también los intereses de Teresa de Portugal.

El período posterior todavía fue de consolidación interna, pero pronto iniciaria una política fuertemente expansiva mediante campañas prácticamente anuales contra al-Andalus (González, 1980; Rodríguez López, 1994). En realidad, ya antes de su acceso al trono leonés había iniciado esa política de expansión militar, en la que tuvieron un papel importante las ordenes militares, que le permitió conquistar Baeza en 1226. En 1233 y 1234 las campañas se saldaron con la conquista de Trujillo y Medellin en Extremadura y de Ubeda en Jaén. La expansión fue posible por las luchas entre los diversos poderes surgidos en al-Andalus. La desintegración del poder almohade se acelero a la muerte del califa Yusuf II al-Mustansir. La presión de los ejércitos cristianos y las luchas entre las distintas taifas determinaron de nuevo el pago de importantes tributos, parias, que no hicieron sino aumentar tanto las luchas y sublevaciones internas como la capacidad militar del rey de Castilla. Así, las campañas de Fernando III en 1235 se saldaron con la firma de un tratado con Ibn Hud de Murcia, que por entonces extendia su control sobre zonas amplias de al-Andalus, a cambio del pago de 430.000 maravedís. Una cantidad muy elevada que ocasionó la imposición de nuevos tributos y el descontento de sectores de la población. En Córdoba algunos de esos sectores hostiles a Ibn Hud se apoyaron en 1236 en tropas cristianas de la frontera, que no dudaron en intervenir y ocupar uno de los barrios de la ciudad. Esa acción imprevista e improvisada de las tropas castellanas de la zona de Andújar contó enseguida con el apoyo del rey que acudió a Córdoba con su ejército, obteniendo la capitulación de la ciudad ese mismo ano de 1236.

La de Córdoba fue la primera de las grandes conquistas llevadas a cabo por Fernando III y no tardarían en sumarse otras, mientras Jaime I de Aragón extendia también sus dominios por las zonas levantinas.

En 1238 Jaime I conquisto Valência y ese mismo ano murió Ibn Hud de Murcia. Ibn Hud había logrado controlar buena parte de al-Andalus, en parte contando con el apoyo de Fernando III a cambio de importantes parias, pero a su muerte sus dominios se dividieron facilitando, entre otras cosas, la consolidación de Ibn Nasr en Granada, que daria origen al reino Nazari. Ante la presión de Jaime I de Aragón, el sucesor de Ibn Hud en Murcia, su hijo Muhammad ben Hud, establecio en 1243 un tratado (pacto de Alcaraz) con Fernando III reconociéndose como su vasallo y entregándole las fortalezas del reino, en las que se establecerían tropas castellanas. Así se incorporo Murcia a los territorios del rey de Castilla en una ocupación que en principio fue fundamentalmente militar y en la que el protagonismo corresponde a su hijo el infante Alfonso, futuro Alfonso X.

La conquista de Valência por Aragón y la de Murcia por Castilla situaba a ambos reinos en el mismo frente de expansión y pronto surgieron algunos conflictos. Para resolverlos y establecer la frontera entre ambos reinos en esa zona se alcanzo en 1244 el tratado de Almizra, en el que se acordó que los limites de los territorios castellanos por el norte incluirían puntos como Almansa, Villena y Alicante.

Una vez solucionados los problemas de las fronteras en Murcia, el siguiente paso sería la conquista de Jaén. Jaén pertenecia al rey de Granada que controlaba también Málaga y Alméría,, formando la taifa más importante en esos momentos junto a Sevilla que, por su parte, había continuado reconociendo la autoridad del califa almohade y por entonces se situó bajo la del emir hafsi de Tunez. La ciudad y el territorio de Jaén estaban rodeados de importantes enclaves castellanos desde hacía unos anos (Andújar en 1225, Baeza en 1226, Martos en 1228, Ubeda en 1233) y la situación se agravo con la toma de Arjona en 1245, de forma que la situación de peligro y los ataques de las tropas de la frontera eran casi permanentes. En 1245 Fernando III inicio un largo asedio y el ano siguiente, ante la imposibilidad de defender la ciudad, el rey de Granada, Muhammad ben Nasr ben al-Ahmar, opto por entregarla en un acuerdo que incluía la prestación de vasallaje al rey de Castilla y el pago de un tributo anual de 150.000 maravedís durante 20 anos. Un acuerdo que también permitía al rey musulmán consolidar su dominio en Granada, Málaga y Alméría,, formando el reino Nazari con capital en Granada.

La conquista de Jaén y el pacto con el rey de Granada despejaban el camino hacia Sevilla, la ciudad más importante de al-Andalus y la capital del imperio almohade en la península. Un camino que además se vio facilitado por los conflictos y la inestabilidad interna que por entonces se vivia en Sevilla. El asedio de la ciudad comenzo en 1247 y en la campaña participo y desempeñó un papel muy importante una flota de guerra formada en los puertos cantábricos al mando del comerciante burgalés Ramón Bonifaz. Junto a las tropas castellanas participaron también las del rey de Granada vasallo de Fernando III. Tras un largo asedio y una compleja campaña militar, que incluyo la toma de las principales ciudades y fortalezas que rodeaban y protegían Sevilla y el control de la navegación por el rio Guadalquivir, la ciudad de Sevilla capitulé en noviembre de 1248. Tras la conquista, otras ciudades de la baja Andalucia (Jerez, Medina Sidonia, Rota, Sanlúcar) reconocieron también la autoridad de Fernando III.

Fernando III rnurió en 1252. Se ha calculado que al comienzo de su reinado el reino de León abarcaba unos 100.000 kilómetros cuadrados y el de Castilla unos 150.000, mientras que los territorios incorporados durante su reinado se extendían por otros 100.000 aproximadamente. De manera que los perfiles territoriales de sus reinos habían cambiado radicalmente en unos 20 anos. Una enorme expansión territorial en un contexto ideológico de reconquista y cruzada que, junto a los rasgos de su personalidad trazados por los cronistas, hicieron del rey una figura legendaria con ciertos tintes religiosos que culmino en la canonización del rey ya en el siglo XVII. Tras la conquista militar vino la necesidad de establecer un control efectivo del territorio y su ocupación, lo que se realizo mediante los repartimientos, como veremos más adelante, repartos de tierras entre quienes, de una u otra manera, habían participado en las campañas militares.

2.1.6. El reinado de Alfonso X

Fernando III fue sucedido por su hijo Alfonso X (1252-1284). El apelativo con que se le conoce, el Sabio, refleja bien una de las características de su reinado como es el desarrollo intelectual y cultural. Pero el apogeo que se experimento en ese campo no se corresponde con la situación que se vivirá en otros. Los problemas económicos y los conflictos internos forman parte también de las características de su reinado, mientras el rey se embarcaba en una vana aventura imperial (O’Callaghan, 1996).

Las grandes conquistas y el proceso de expansión durante el reinado de Fernando III ocultaron temporalmente las contradicciones sociales y los problemas económicos. Es probable que, como ha señalado T. Ruiz, la conquista de la Andalucía Bética contribuyera también en alguna medida a agudizar los problemas económicos (Ruiz, 1981); pero, en todo caso, la causa última de los problemas deriva de las características del sistema social y económico. En ese sentido, hay que insistir en el marco fundamental de las relaciones sociales y en la posición de la nobleza como clase dominante extractora de excedente. Una de las manifestaciones más claras de las dificultades económicas de la época es el alza de precios, que probablemente remite a un proceso inflacionario persistente desde finales del siglo XII. Esa situación se daba en otras zonas de Europa y ha sido abundantemente analizada por los historiadores. Diversos factores habrían causado un crecimiento del gasto de los señores, lo que ocasionaria un aumento de precios y derivaria, finalmente, en una situación de crisis de las economias señoriales; ante esa situación, los señores llevarían a cabo un proceso de reajuste en la gestión de sus dominios. Un proceso de ese tipo se ha estudiado con bastante detalle en Inglaterra, pero también se ha apuntado para otras zonas de Europa y seguramente no fue ajeno al desarrollo del señorío que tuvo lugar en Castilla y León y en otras zonas de la península a finales del siglo XII. Las conquistas y la expansión territorial durante la primera mitad del siglo XIII permitieronpaliar o soslayar en parte esos problemas pero, a su vez, también introdujeron nuevos elementos que agravaron los problemas económicos una vez que se frenó el proceso de expansión territorial. Así, a partir de mediados del siglo XIII, desde 1250 aproximadamente, los problemas económicos surgieron al primer plano.

Las fuentes insisten en la carestía y en los elevados precios como uno de los aspectos de esos problemas económicos. En ese sentido, Alfonso X procuro frenar la carestía mediante una política de fijación de precios y salarios. Las primeras medidas figuran ya en las primeras cortes en los inicios de su reinado, las cortes de Sevilla de 1252, pero aparecen más desarrolladas unos anos después en las cortes de Jerez de 1268. Allí se planteó, entre otras cosas, un ambicioso programa de establecimiento de los precios de diversos productos y de los salarios de los jornaleros y trabajadores. Ese programa incluía una tasación diversa según las distintas zonas del reino (Andalucía, Toledo, Extremaduras, norte del Duero) de manera que se refleja bien la diferente situación económica de los territorios gobernados por Alfonso X. A esas medidas se añadieron también nuevas acuñaciones y alteraciones en el valor de la moneda.

En ocasiones se ha señalado que la causa del alza de los precios fueron precisamente las alteraciones en el valor de la moneda pero, como ponen de manifiesto los estudios más recientes, es necesario situar las causas de fondo en las condiciones políticas y sociales (Castán, 2000). De hecho, esos estudios muestran que la política monetaria de Alfonso X estuvo dirigida fundamentalmente a aumentar los ingresos de los tributos regios, los ingresos fiscales, de manera que la política monetaria era, ante todo, política fiscal. Esa política se oriento hacia una revalorización de la plata, la moneda de curso común, y una devaluación del oro, la moneda del comercio internacional generalmente de productos de lujo. En esa misma línea, las fijaciones de precios se centraron con mucho detalle en los productos de importación, frecuentemente panos y telas de lujo, que tenían poco impacto en la situación económica de la mayor parte de la población.

El objetivo de aumentar los ingresos de la monarquía fue una de las constantes del reinado de Alfonso X. Una de las razones que lo explican fueron los enormes gastos ocasionados por el denominado fecho del Imperio, las aspiraciones vanas del rey de Castilla por ser coronado emperador del Sacro Romano Imperio, del Imperio Germánico. En 1250 murió el emperador Federico II de la dinastía Staufen, que había mantenido una relación muy conflictiva con el papado por la aspiración de ambos poderes, el emperador y el Papa, de configurarse como un poder superior y por las pretensiones de ambos de controlar Italia. La lucha entre los partidarios del Papa (güelfos) y del emperador (gibelinos) fue muy intensa en algunos momentos. La muerte de Federico II da comienzo al período que se conoce como Interregno, aunque de hecho su hijo Conrado IV actuará como emperador hasta su muerte en 1254. Ese período se caracteriza por la existencia de dos candidatos al trono imperial, el rey Alfonso X de Castilla y el conde Ricardo de Cornualles, hermano del rey de Inglaterra. Alfonso X estaba emparentado con la dinastía Staufen a través de su madre, Beatriz de Suabia, nieta del emperador Federico I. El fecho del Imperio comenzó en 1256 cuando la ciudad de Pisa ofreció el trono imperial al rey de Castilla. La elección correspondia a los siete principes electores: los arzobispos de Maguncia, Tréveris y Colonia, el conde palatino del Rin, el duque de Sajonia, el margrave de Brandenburgo y el rey de Bohemia o el duque de Baviera. Los electores no alcanzaron un acuerdo para elegir a uno solo de los candidatos, ni siquiera para establecer el procedimiento de elección, lo que origino un largo período de intensa actividad diplomática para mantener vivas las aspiraciones al trono imperial. Una actividad diplomática que resulto enormemente costosa puesto que era necesario mover las voluntades de las diversas partes interesadas mediante sobornos. Alfonso X contó en un primer momento con un cierto apoyo por parte del papa Alejandro IV, pero la política del papado fue cambiante con el telón de fondo de la situación en el reino de Sicilia, hasta que finalmente el papa Gregorio X opto por apoyar a Rodolfo de Habsburgo que fue elegido en 1273. Alfonso X aún intento mantener vivas sus aspiraciones unos anos más pero, finalmente, en 1275, renuncio a sus aspiraciones imperiales.

Según reconoció el propio rey en alguna ocasión el fecho del Imperio era el asunto más importante para él. Y fue una fuente continua de gastos y uno de los factores que, además de empeorar la situación económica, contribuyeron al alejamiento de algunos sectores nobiliarios, que provocaron varias crisis internas y rebeliones como veremos.

Antes es conveniente referimos a otros aspectos del reinado de Alfonso X, como el mantenimiento de una política de expansión territorial y los problemas para mantener el control sobre las zonas conquistadas.

A comienzos de su reinado, en 1253 y 1254, esa política de expansión se dirigió hacia Navarra donde, tras la muerte del Teobaldo I en 1253 y en un contexto de problemas internos, Alfonso X intento renovar el vasallaje que algunos reyes navarros habían prestado a sus antecesores. En el trasfondo estaba la situación en Gascuña, sobre la que Castilla tenía algunas pretensiones desde tiempos de Alfonso VIII y, sobre todo, la relación con Jaime I de Aragón, aliado del rey de Navarra. Más tarde la expansión se dirigió hacia el sur y se saldo con la conquista de algunos territorios y taifas en la costa atlántica de Andalucía. Antes de eso, en 1260 Alfonso X proyectó y llevó a cabo una expedición contra el norte de África que se centro en la ciudad de Salé, bajo el control de los benimerines. La flota castellana llego a conquistar la ciudad pero apenas pudo mantenerla bajo su control durante unos meses. Entre 1261 y 1262 se llevó a cabo la conquista del reino de Niebla, cuyo rey era vasallo y tributário de Alfonso X, con el telón de fondo de las pretensiones del rey de Castilla sobre el Algarve portugués. En 1264 se conquistaron e incorporaron definitivamente Cádiz y otros puntos que habian reconocido la autoridad del rey de Castilla tras la conquista de Sevilla por Fernando III, pero que permanecían independientes o semiindependientes bajo la tutela del rey de Granada o del émir de los benimerines.

Probablemente esas conquistas de Niebla y Cádiz influyeron en el cambio de actitud del rey de Granada, Muhammad I Ibn al-Ahmar, que hasta entonces se mantenía como vasallo de Alfonso X. Lo cierto es que entre 1264 y 1266 tuvo lugar una gran rebelión de los musulmanes que vivian en las zonas conquistadas e incorporadas a Castilla unas décadas antes. Una revuelta que fue especialmente intensa en Murcia y que fue apoyada, si no instigada, por el rey de Granada. En los primeros momentos, los musulmanes sublevados lograron hacerse con el control de varias ciudades importantes, tanto en la baja Arndalucia como en Murcia. En la primera de esas zonas, las tropas castellanas pudieron recuperar el control de esos puntos al cabo de unos meses, pero la situación de guerra en la frontera de Granada aún se mantendría unos meses más. Finalmente, el rey de Granada, ante la amenaza de invasion del ejército castellano y hostigado también por problemas internos, tuvo que firmar una tregua con Alfonso X, renunciando a apoyar la sublevación que todavía permanecía viva en Murcia y comprometiéndose al pago de un tributo anual de 250.000 maravedís. La sublevación de los musulmanes de Murcia era también una amenaza potencial para el control que Jaime I de Aragón ejercia sobre Valência. Eso motivo la intervencion del rey de Aragón en Murcia, conquistando las diversas plazas y haciéndose con el control de la zona entre 1265 y 1266. La ocupación de Jaime I puso fin a la revuelta y poco después entregaba de nuevo Murcia al rey de Castilla; pero antes realizo un repartimiento que pretendia la instalación de aragoneses en la zona, mediante el cual se entregaban grandes lotes de tierra a diversos nobles del reino de Aragón. Ese repartimiento será posteriormente anulado por el rey de Castilla, pero se mantendrá una cierta presencia aragonesa en la zona; una zona donde también destacaban los intereses del infante don Manuel, hermano de Alfonso X.

Una de las consecuencias de la revuelta de los mudéjares fue la reducción de la población musulmana en las zonas que habian sido conquistadas por Castilla. Tras las conquistas, los acuerdos de capitulación suponían en la mayoria de los casos, aunque no en todos, el mantenimiento de la mayor parte de la poblacion musulmana. En los anos siguientes, una parte de esa poblacion, mayor o menor según los casos, fue emigrando bien al reino musulmán de Granada, bien al norte de Africa, pero en visperas de la revuelta todavía permanecían contingentes importantes que fueron quienes protagonizaron la rebelión, en buena medida por la presión que recibían al no cumplirse los acuerdos de capitulación o hacerlo solo parcialmente. Tras la revuelta, el éxodo de los musulmanes en las poblaciones andaluzas fue muy importante y también lo fue en Murcia, aunque allí todavía permaneció un volumen considerable de población musulmana, sobre todo en las zonas rurales. Será necesario repoblar las distintas zonas y para ello se realizarán diversos repartimientos.

Las revueltas y el papel desempeñado en ellas por el rey de Granada hicieron también que aumentara el carácter militar de la frontera, donde no tardarían en volver a surgir nuevos problemas. El pacto con Muhammad I de Granada establecido en 1265 se respetó en lineas generales y fue renovado, asi como las parias que conllevaba, por su hijo y sucesor Muhammad II en 1273. Sin embargo, las cosas cambiaron sustancialmente en 1275 con la invasión de los benimerines norteafricanos.

Ya hemos señalado que el dominio de los almohades en el norte de África fue sustituido por la formación y desarrollo de varios emiratos o sultanatos; uno de ellos era el formado por la dinastía de los Banu Marin, los benimerines. En 1270 conquistaron Marrakech, la capital almohade, afianzando su control en el Magreg occidental. La situación se caracterizará por el juego de alianzas y enfrentamientos entre Castilla, Granada y los benimerines, con el trasfondo del control sobre el estrecho de Gibraltar y del tráfico comercial en la zona. Un juego de alianzas y enfrentamientos cambiante en función de los intereses contradictorios de unos y otros. Los reyes de Granada se apoyaron en los sultanes benimerines con frecuencia, pero no faltaron momentos en los que buscaron el apoyo de los castellanos para evitar el riesgo de una conquista y de la pérdida de su independencia.

Ya hemos visto como al comienzo de su reinado Alfonso X proyectaba ampliar la expansión por el norte de Africa, proyecto que se saldó con la expedición a Salé en 1260. Cuando Muhammad I de Granada rompió su alianza con Alfonso X en 1264 y promoviô la revuelta de los mudéjares contó también con el apoyo de tropas venidas del norte de Africa. Pero una intervención mucho más importante comenzo en 1275 contando con el apoyo de Muhammad II de Granada. El rey de Granada concedió a los benimerines Algeciras y Tarifa, para que pudieran disponer de puertos para poder desembarcar las tropas y los abastecimientos. Las campañas de 1275 se desarrollaron por el valle del Guadalquivir; no fueron campañas de conquista, sino de saqueo y de botín. Desde entonces la guerra será latente en la frontera durante el resto del reinado de Alfonso X hasta 1284 y durante el de su hijo y sucesor Sancho IV. Las principales campañas de los benimerines en la península en esos anos se desarrollaron en 1275, 1277, 1282 y 1283.

No hay duda de que la situación interna del reino de Castilla y los conflictos derivados de las sublevaciones nobiliarias favorecieron la intervención de los benimerines. No es casual que la intervención norteafricana de 1275 se produjera poco después de una de las rebeliones nobiliarias más importantes. Pero los conflictos internos en Castilla habian comenzado antes. Ya en los primeros anos del reinado de Alfonso X, en 1254 y 1255, se produjo una primera rebelión encabezada por el infante don Enrique, hermano del rey, y por Diego López de Haro y su hijo Lope Diaz. El primero se consideraba agraviado porque Alfonso X no habia respetado las importantes concesiones territoriales que le hiciera su padre Fernando III. En cuanto a los Haro, siendo una de las familias más importantes de la nobleza castellana, en pugna muy frecuente con los Lara, se encontraban desplazados por la influencia y el peso político que ejercía Nuño González de Lara. Los sublevados, que buscaron el apoyo del rey de Aragón, fueron derrotados o exiliados. Pero las tensiones entre los distintos sectores nobiliarios y entre éstos y el rey siguieron latentes. Nuevas revueltas se produjeron entre 1269 y 1273. De nuevo en la sublevación participaba, encabezándola, un hermano del rey, el infante don Felipe, además de los Lara y los Haro con su amplio grupo de parientes, vasallos y aliados. Los primeros episodios se produjeron ya en 1266, cuando Nuño González de Lara busco el apoyo del rey de Granada. Más tarde los sublevados se reunieron en Lerma contando con el apoyo de algunas villas y ciudades. Las razones del descontento eran diversas, algunas casi anecdóticas y otras de mayor calado; entre esas últimas, el intento del rey de imponer un nuevo cuerpo normativo, el Fuero Real, anulando los viejos privilegios y regulaciones nobiliarias, un fuero nobiliario que más tarde al ser recopilado se conocerá como el Fuero Viejo de Castilla. Más adelante volveremos sobre los intentos de Alfonso X de reforzar la autoridad regia estableciendo un nuevo derecho territorial. Otro motivo de queja era la extensión del realengo en León y Galicia a costa de los dominios nobiliarios. También pedían los sublevados que se aumentaran las soldadas y las rentas que percibian en los tributos regios, algo que será una constante en casi todas las sublevaciones nobiliarias.

Preocupado por los asuntos de la elección imperial, el rey opto por la negociación, aceptando la mayor parte de las peticiones y poniendo fin a la sublevación en 1273, pero la rebelión y su desenlace habian reforzado considerablemente la posición de la nobleza. En los meses siguientes, el rey hizo un último e inútil intento de reavivar sus aspiraciones al trono imperial y en ese contexto se produjo la invasion de los benimerines en 1275, mientras el rey se encontraba en Francia entrevistándose con el Papa. Entonces se produjo también la muerte del heredero al trono, el infante don Fernando, llamado de la Cerda, y su muerte abrirá un grave conflicto sucesorio. Fernando de la Cerda se había casado con la hija del rey de Francia Luis IX y cuando murió tenía dos hijos, Alfonso y Fernando. La cuestión que se planteo era si a la muerte de Alfonso X el reino habria de pasar al siguiente hijo del rey, Sancho, el futuro Sancho IV, o a los hijos de Fernando de la Cerda. La cuestión polarizo a los distintos sectores de la nobleza y a los grupos de poder del reino. El rey mantuvo al principio una actitud ambigua; más tarde, en 1278, se decanto por apoyar a Sancho que fue reconocido como heredero; pero después, en 1281, propuso una division del reino de manera que Alfonso de la Cerda obtendría el reino de Jaén. A esa solución se opuso el infante Sancho. La propuesta era el resultado de la presión de los partidarios de los hijos del infante Fernando de la Cerda; entre sus principales apoyos estaban el rey de Francia, Felipe III, y el rey de Aragón, Pedro III, además de nobles importantes como Juan Núñez de Lara. La situación económica, política y militar de esos anos era muy delicada. Hay que recordar la intervención de los benimerines desde 1275; para hacerla frente eran necesarios nuevos tributos extraordinarios, puesto que las arcas de la monarquía estaban vacías tras los últimos episodios del fecho del Imperio. Además, se produjeron nuevas revueltas y agitaciones nobiliarias, con algunos de los principales nobles exiliados en Aragón, en Navarra o en Francia, o con la rebelión del infante don Fadrique, que fue ejecutado en 1277. La situación desemboco en la rebelión abierta del infante Sancho contra su padre Alfonso X y en una guerra civil desde 1282 hasta la muerte del rey Alfonso en abril de 1284. El infante Sancho contó con el apoyo de importantes sectores de la nobleza, de muchos de los principales eclesiásticos del reino y de bastantes concejos de villas y ciudades. En una reunión de los partidarios del infante celebrada en Valladolid en abril de 1282 se llegó a decidir la deposición del rey Alfonso, a lo que éste respondió desheredando a su hijo. Por su parte, en la guerra el rey busco el apoyo de los benimerines. La situación quedo reflejada en los dos testamentos realizados por el rey. En el primero, de noviembre de 1282, reconoce que el sucesor legítimo deberia ser Sancho, pero le deshereda por los agravios que ha cometido, determinando que el reino debe pasar a Alfonso de la Cerda, el hijo mayor del infante Fernando de la Cerda. En el segundo testamento, de enero de 1284, se mantiene a Alfonso de la Cerda como sucesor en el reino de Castilla, pero se conceden también los reinos de Sevilla y Badajoz al infante Juan y el de Murcia al infante Jaime, y ambos habrían de reconocer el señorio del rey de Castilla. En abril de 1284 murió Alfonso X y con su muerte termino el enfrentamiento civil al ser sucedido por su hijo Sancho.

La sublevación y la guerra civil iban más allá de la disputa sucesoria. En torno a la sucesión se formaron bandos y facciones que no eran sino el reflejo de una situación de crisis que venía lastrándose durante todo el reinado de Alfonso X, tal y como reflejan las otras sublevaciones y revueltas nobiliarias que hemos mencionado. Sublevaciones y revueltas que empiezan, por tanto, durante el reinado de Alfonso X, creciendo en importancia a medida que transcurre, y que continuarán después en los últimos anos del siglo XIII y durante buena parte de la primera mitad del siglo XIV, reflejando a nivel político una situación de crisis que hunde sus raíces en causas sociales y económicas. De esa forma, los conflictos no tardarán en volver a surgir.

Antes de analizarlos, conviene aún detenerse brevemente en otro de los aspectos que caracterizan el reinado de Alfonso X, como es su tarea legislativa. Una tarea caracterizada por el intento de implantar un derecho territorial que anulara las diversidades jurídicas de los distintos territorios de la corona y que ampliara y reforzara la autoridad regia. Un derecho nuevo que se inspiraba en el Derecho Romano, cuyo estudio y difusión se estaban extendiendo por amplias zonas de Europa.

A comienzos de su reinado se elaboro el Fuero Real, un fuero municipal amplio destinado a sustituir la gran diversidad de regulaciones locales, con mayor o menor proyección territorial, existentes hasta entonces. Mediante diversas concesiones, sobre todo entre 1256 y 1265, el Fuero Real fue extendiéndose a distintos lugares; sin embargo, en bastantes de esos lugares se contesto la aplicación de ese nuevo derecho y recuperaron sus fueros locales tradicionales unos anos más tarde.

Otro paso más en los objetivos legislativos y políticos de Alfonso X lo representa el Espéculo, un código general elaborado seguramente tras el Fuero Real y que quedó inacabado y nunca llegó a promulgarse. La razón es que el proyecto que representaba el Espéculo fue sustituido por otro más ambicioso que se plasmo en las Siete Partidas. Era un código muy amplio cuya elaboración trascenderá el reinado de Alfonso X para terminarse después. Es posible que el impulso en la elaboración de las Partidas derivara de las aspiraciones imperiales del rey, del fecho del Imperio, de manera que Alfonso X quisiera aparecer como el autor de un gran código legal en una unión entre acción política, labor legislativa y propaganda que era característica. Aunque todavía quedan importantes lagunas por resolver, lo cierto es que las Partidas se convirtieron en un código de derecho territorial castellano y a mediados del siglo XIV en el Ordenamiento de Alcalá se estableció la prelación legislativa, la forma de aplicación en relación con los fueros locales y el Fuero Real.

2.1.7. El fin de la gran expansión y el comienzo de los conflictos

Como hemos señalado, el reforzamiento de la autoridad regia era uno de los objetivos de la política legislativa de Alfonso X. Pero los conflictos y las sublevaciones nobiliarias. marcan también claramente los limites en la consecución de esos objetivos. El pleito dinástico canalizará en parte esas revueltas, pero los conflictos y las sublevaciones se sucederán en las décadas siguientes. Por otro lado, las rebeliones y guerras civiles en esta época son el reflejo político de una crisis que es una crisis global del sistema social y económico. Una crisis que estalla cuando termina la gran expansión. En cierta medida, la crisis es consecuencia del fin de la expansión, del fin de las conquistas, puesto que la imposibilidad de recurrir a la expansión territorial como uno de los mecanismos de reproducción social de la nobleza hará que se desarrollen los conflictos internos. Pero, a su vez, el fin de la expansión territorial, la imposibilidad de extender los limites del reino a costa de Granada o los benimerines, también es una consecuencia de la crisis. La expansión feudal castellana había terminado. En otros volúmenes de esta colección se estudia con detalle la crisis bajomedieval y la recuperación posterior, ahora solo nos detendremos en señalar los conflictos políticos que jalonan los últimos anos del siglo XIII y los primeros del XIV durante los reinados de Sancho IV (1284-1295) y Fernando IV (1295-1312).

La muerte de Alfonso X permitió el acceso al trono de su hijo Sancho IV. Los primeros anos de su reinado estarán marcados por la consolidación interior, en el contexto de una situación internacional complicada por lo que se refiere a las relaciones con el papado, Francia y Aragón. En la consolidación interior el rey se apoyó en Lope Díaz de Haro que se convirtió en su privado, auténtico hombre fuerte del reino; obtuvo el título de conde, entonces ya con carácter honorífico, pero que marcaba su situación preeminente entre el conjunto de la nobleza, y los cargos de mayordomo mayor y alférez mayor. Sin embargo, esa situación provocaba el rechazo de otros sectores de la nobleza encabezados por los Lara. En 1288 cambio el juego de alianzas y termino la privanza de Lope Díaz de Haro. Fue un final trágico que incluyó la muerte del conde y que ocasiono un reposicionamiento de los distintos sectores de la nobleza. Lope Díaz de Haro era partidário de la alianza con Aragón frente a Francia en el enfrentamiento que ambos mantenían por el reino de Sicília. Su muerte provoco la reacción del rey de Aragón, Alfonso III, con la consecuencia de la rebelión de Alfonso de la Cerda y de sus partidarios. Los hijos de Fernando de la Cerda no habían renunciado a sus aspiraciones al trono de Castilla, contando siempre con el apoyo de Aragón, y contando también con una base de legitimación en el testamento de Alfonso X, que había desheredado a Sancho. El período demediados de 1288 a finales de 1291 será, de nuevo, un período de inestabilidad; el enfrentamiento con Aragón se convertira básicamente en un conflicto interno como consecuencia de las actuaciones de los partidarios de los infantes de la Cerda y de los Haro.

A finales de 1291 Sancho IV alcanza un acuerdo con el nuevo rey de Aragón Jaime II (tratado de Monteagudo) que permitirá estabilizar la situación y terminar las hostilidades con Aragón. El tratado, además de un pacto dinástico que no llegó a cumplirse, incluía una delimitación de futuras conquistas de ambos reinos en el norte de África y muestra que Sancho IV no había renunciado a continuar la expansión territorial hacia el sur. De esa manera, se puede dividir su reinado en dos etapas, los anos 1284 a 1291 marcados por los conflictos internos y la consolidación en el trono, y los anos 1292 a 1295, caracterizados por la guerra con los musulmanes. La estabilidad alcanzada con el tratado de Monteagudo permitió al rey desarrollar una política activa contra los musulmanes, encaminada a obtener el control sobre el estrecho. Una política que venía también determinada por la renovación de las hostilidades de los benimerines, cuyo ejército había vuelto a cruzar el es trecho en 1291.

Recordemos que los puertos de Algeciras y de Tarifa estaban controlados por los benimerines desde 1275; de manera que las campañas de Sancho IV se dirigieron contra Tarifa, conquistada en septiembre de 1292. Hasta entonces la relación con Granada había sido pacífica, pero la conquista de Tarifa y la negativa de Sancho IV de entregar la ciudad al rey de Granada determino una nueva alianza entre el rey de Granada, Muhammad II, y el sultán benimerín, Abu Yaqub. Los esfuerzos de ambos se dirigieron a la recuperación de Tarifa en 1293 y 1294, defendida por una guarnición encabezada por Alfonso Pérez de Guzmán, conocido por su actuación en la defensa de la ciudad como Guzmán el Bueno.

Por entonces se agravo la enfermedad que padecia el rey y que le ocasiono la muerte en abril de 1295. Le sucedería su hijo Fernando IV, que contaba con nueve anos de edad. Generalmente, al analizar su reinado suelen considerarse dos períodos: los anos de la minoria de edad, entre 1295 y 1301, durante la cual ejerció la regencia su madre la reina Maria de Molina, y la mayoría desde 1302 hasta su muerte en 1312. Pero todo su reinado está caracterizado por un denominador común como son los conflictos internos y las sublevaciones nobiliarias., una continuación de una situación estructural que había comenzado durante el reinado de Alfonso X y que aún habría de continuar posteriormente (González Mínguez, 1976). Son conflictos entre los distintos sectores y bandos nobiliarios con el rey, pero también, sobre todo, son conflictos entre los distintos sectores nobiliarios entre si, en pugna por controlar el poder regio y por acceder a los recursos económicos generados por la monarquía. Una demanda constante de cargos y oficios, tierras y rentas que subyace o está en primer plano, según las circunstancias concretas, en casi todos los episodios de revueltas y enfrentamientos. Todo el reinado de Fernando IV estará marcado por la guerra civil, abierta en ocasiones, larvada en otras.

Del final del reinado de Sancho IV se conservan unos Cuadernos de Cuentas que recogen los ingresos y los gastos de la monarquía. En ellos se refleja la participación nobiliaria en las rentas regias y las enormes soldadas que recibían los nobles más poderosos (Hernández, 1993). Muchos de los episodios de revueltas tenían como objetivo aumentar esa participación, tanto en forma de soldadas y quitaciones, como en forma de tierras y heredades. Para hacer frente a los levantamientos era necesario contar con el apoyo de otros sectores nobiliarios, cuya fidelidad y ayuda militar se obtenía, igualmente, mediante el pago de soldadas u otras compensaciones económicas. De esa forma, las revueltas y la guerra eran estrategías de consolidación política y económica de la nobleza, al menos de los sectores más destacados. Quienes finalmente pagaban el resultado de esa estratgía eran, fundamentalmente, los campesinos y los habitantes de las ciudades que debían hacer frente a continuas contribuciones fiscales extraordinarias (llamadas servidos), necesarias para poder pagar a la nobleza. Las crónicas reflejan esa situación durante este período con mucha frecuencia.

Los distintos bandos y facciones se organizan en torno a algunos de los nobles más poderosos que se alian o luchan entre si y con el rey en funcion de un juego de alianzas y enfrentamientos complejo y cambiante. Entre los personajes más destacados, que protagonizarán buena parte de la historia política de esos anos, podemos destacar a los siguientes: Alfonso de la Cerda, hijo del infante don Fernando de la Cerda hijo primogénito de Alfonso X, que contó con el apoyo de los reyes de Aragón; su reclamación del trono de Castilla perdió fuerza tras el tratado de Monteagudo en 1291 entre Sancho IV y Jaime II, pero volverá a primer piano tras la muerte de Sancho IV en 1295. El infante don Enrique, hermano de Alfonso X, que se habia exiliado en los primeros anos del reinado de su hermano, pero regresó a Castilla anos más tarde a finales del reinado de Sancho IV, siendo un personaje políticamente muy activo hasta su muerte en 1303. También el infante don Juan, hermano de Sancho IV, que en el segundo testamento de Alfonso X recibía los reinos de Sevilla y Badajoz y que mantuvo sus aspiraciones a reinar en algunas zonas. Los Lara fueron con frecuencia aliados de los infantes de la Cerda y tradicionalmente hostiles a los Haro, aunque sus alianzas cambiaron en ocasiones. Los Haro alcanzaron cuotas muy importantes de poder en el reinado de Sancho IV, durante la privanza de Lope Diaz; en este período estuvieron frecuentemente enfrentados al infante don Juan por el señorio de Vizcaya, que el infante reclamaba por su matrimonio. Reivindicaciones y personajes concretos que sirven para canalizar y dar forma a los conflictos y sublevaciones que, sin embargo, como venimos insistiendo, responden también a causas estructurales.

El período de la minoria de edad de Fernando IV y la regencia de Maria de Molina, entre 1295 y 1301, fue muy conflictivo. A comienzos del reinado, en 1296, Alfonso de la Cerda y el infante don Juan acordaron repartirse el reino; el primero sería rey de Castilla con Toledo, Córdoba, Murcia y Jaén, el segundo seria rey de León con Galicia y Sevilla. Ambos fueron proclamados reyes por sus partidarios en Sahagún y en León y actuaron como tales. El acuerdo contaba con el apoyo firme del rey Jaime II de Aragón que, a cambio, recibirla, Murcia. La consecuencia fue la guerra civil y la guerra con Aragón. La reina regente Maria de Molina supo ganarse el apoyo de algunos sectores de la nobleza y de las oligarquías urbanas que dirigían los concejos más importantes. En ese período, Jaime II de Aragón invadio Murcia. También el rey de Portugal, Dionis, intervino en diversos episodios de la guerra, apoyando en unas ocasiones a los sublevados y en otras a la reina Maria de Molina.

La mayoria de edad del rey en 1302 no cambio sustancialmente las cosas, aunque si habían cambiado las alianzas, puesto que desde 1300 el infante don Juan renuncio a sus aspiraciones regias y reconocio a Fernando IV, pero la inestabilidad política se mantendrá con don Juan y Juan Núñez de Lara tomando un papel relevante. La guerra con Aragón por el control sobre Murcia continuaba, aunque con una intensidad relativamente baja. La situación no parecía tener una solución por si misma y Fernando IV y Jaime II acordaron someterse a la decision que adoptaran tres jueces árbitros, que fueron el infante don Juan, el rey Dionis de Portugal y el obispo de Zaragoza. Los jueces árbitros dictaron la llamada sentencia de Torrellas en 1304 que se completo con el acuerdo de Elche de 1305. Significaban la division del antiguo reino de Murcia y la integración en la corona de Aragón de la zona nororiental, el actual Alicante. El acuerdo con Aragón incluía también una parte relativa a Alfonso de la Cerda que renunciaba a sus aspiraciones al trono y al título de rey, reconociendo a Fernando IV, a cambio de un amplio señorio extendido por diversas zonas del reino, un señorio que, según se estipulaba en el acuerdo, debía garantizarle una renta de 400.000 maravedís anuales.

La sentencia de Torrellas solucionaba una parte de los problemas y permitió que el rey tomara algunas medidas para aumentar su control sobre el reino y su gobierno efectivo, pero no dejaba de ser una ilusion, puesto que en 1307 y 1308 estallaron nuevos episodios de revueltas nobiliarias. Finalmente el rey tuvo que aceptar las condiciones de los nobles sublevados, que incluian el control sobre los cargos y oficios de la corte.

Al final de su reinado, Fernando IV procuré también desarrollar una política expansiva hacia el reino Nazari de Granada; política que se saldará con más fracasos que aciertos. También era, en parte, una forma de hacer frente a la presión de la nobleza, dirigiéndola hacia un objetivo exterior. Para ello, a finales de 1308 alcanzo un acuerdo con Jaime II de Aragón (tratado de Alcalá de Henares) para repartirse futuras conquistas en el reino de Granada. Por ese acuerdo Aragón obtendria Almería en el caso de que las campañas culminaran con éxito. La situación en la frontera con Granada también había sido inestable en los primeros anos del reinado de Fernando IV, aunque desde 1304 se había renovado la alianza con Muhammad III de Granada y el pago de las parias tradicionales. La alianza con Castilla permitió al rey de Granada desarrollar una política expansiva por el norte de Africa, que le llevo a hacerse con el control de Ceuta en 1306. En esa política, lógicamente, el rey de Granada chocaba con los benimerines. El trasfondo de todo ello seguia siendo el control del estrecho. En 1309 las tropas de Castilla se dirigieron contra Algeciras y las de Aragón contra Alméría,, pero ninguna de las dos plazas fueron conquistadas, aunque la campaña castellana se saldo con la conquista de Gibraltar. El pacto entre el sultán benimerin, Abu Rebia, y el rey de Granada (no olvidemos que Algeciras estaba en manos de los benimerines) y el abandono del ejército regio por algunos nobles castellanos hicieron fracasar la campaña de Algeciras. La traición de esos nobles, entre los que se encontraban el infante don Juan y don Juan Manuel, hijo del infante do^ Manuel hermano de Alfonso X, refleja bien la situación interna del reino. La lucha contra ellos y los intentos de retomar la guerra contra Granada marcan el final del reinado de Fernando IV, que ya seria breve, puesto que el rey murió en septiembre de 1312. Le sucedería su hijo y heredero, Alfonso XI, que entonces contaba con un ano de edad. La crisis política interna, que había caracterizado todo el reinado de Fernando IV, continuará durante la larga minoria de su sucesor. En estos anos, la situación de guerra civil casi continua se vio agravada por otros desastres, como las epidemias de 1296 o las malas cosechas y el hambre de 1301. Una situación que empeoraria en los anos siguientes, encaminándose el reino hacia una crisis generalizada.

Frente a la presión de la nobleza, Sancho IV y Fernando IV buscaron frecuentemente el apoyo de las oligarquías urbanas. La acción política de esos grupos se canalizó entonces mediante dos instrumentos no contradictorios, las cortes y las hermandades.

Las hermandades son uniones o ligas, generalmente de concejos de villas o ciudades, en defensa de intereses comunes, pueden ser intereses económicos (generalmente ganaderos o comerciales) o políticos, y son relativamente frecuentes desde el siglo XIII. Pero durante las últimas décadas del siglo XIII y las primeras del XIV alcanzaron una gran relevancia en el contexto de las crisis políticas que hemos ido analizando, al formarse las llamadas hermandades generales; uniones no de unos pocos concejos, sino de grupos amplios abarcando grandes zonas del reino. La primera de estas hermandades de amplia proyección se produjo en 1282 en el contexto de la sublevación del infante Sancho contra Alfonso X, siendo formada por los concejos que apoyaban al infante contra los desafueros cometidos por el rey, desafueros que remitían a las reformas jurídicas y legislativas, tendentes a un mayor control y centralización del poder concejil, y a la política fiscal de Alfonso X. Muerto el rey Alfonso, Sancho IV suprimio las hermandades a finales de 1284, pero el movimiento resurgio con gran fuerza en la minoria de Fernando IV, extendiéndose por las diversas zonas del reino. En ese período, las hermandades fueron uno de los apoyos más sólidos, si no el que más, con los que contó el rey y la regente Maria de Molina; a cambio lograron importantes beneficios, como la confirmación de los privilegios concejiles (frente a la política centralizadora anterior de Alfonso X) e incluso una participación efectiva en el gobierno del reino, mediante la presencia de consejeros, que fue reconocida en las Cortes de Cuéllar en 1297. A partir de 1302 es as hermandades generales declinaron pero aún habrían de resurgir con fuerza otra vez tras la muerte de Fernando IV, durante la minoria de Alfonso X.

El fenómeno de las hermandades se ha interpretado desde diversos puntos de vista. Así, algunos autores han destacado que se trata de un movimiento que expresa la alianza entre la monarquía y las ciudades frente a la nobleza. Otros autores han puesto mayor énfasis en subrayar el contenido de defensa de la paz pública y de la seguridad frente a las tropelias y los delitos cometidos por la nobleza, ante la manifiesta incapacidad de los reyes en algunos momentos de garantizar la seguridad del reino. Ambos componentes, y otros más, estaban presentes en las hermandades, pero es necesario considerar que quienes promueven y lideran las uniones entre ciudades y villas son sus grupos dirigentes, las oligarquías que controlan los concejos urbanos. Son grupos que, tanto en el ámbito de sus ciudades como en el ámbito del reino, actúan movidos por sus propios intereses de clase; intereses que no son los de la mayoría de los habitantes de las ciudades, aunque puedan coincidir con ellos en ocasiones. Este aspecto es fundamental para entender el papel de las hermandades en este período y ha llevado a J. M. Mínguez a señalar que: “Las reivindicaciones aparentemente generales y de carácter explícitamente jurídico y político formuladas por las hermandades están dictadas prioritariamente por los intereses de clase del grupo dirigente que, como tales, son antagónicos a los del resto de la población de los concejos” (Mínguez, 1990: 554).

Otro instrumento de acción política de las oligarquías urbanas eran las reuniones de cortes, un instrumento que no era contradictorio con las hermandades. Ambas eran dos formas paralelas, y a veces superpuestas, de institucionalización de la acción política. Más adelante nos referiremos a las cortes con un carácter general a la hora de estudiar la articulación política de la sociedad feudal; veremos sus orígenes, funcionamiento, etc. Ahora conviene reseñar que los reinados de Alfonso X, Sancho IV y Fernando IV fueron un período de una gran intensidad en las reuniones de cortes. No es posible determinar con certeza cuántas reuniones se realizaron en esos anos, por que hay problemas de fuentes y no siempre es posible precisar el alcance de algunas reuniones. Por otro lado, se reunieron frecuentemente cortes con alcance general para todos los territorios del reino, pero también, sobre todo desde los anos noventa, hubo reuniones específicas y separadas para los distintos territorios. Durante el reinado de Alfonso X (1252-1284) se celebraron al menos 21 reuniones, más los ayuntamientos promovidos por el infante don Sancho durante su rebeldia en 1282 y 1283. Durante el reinado de Sancho IV (1284-1295) se conoce bien la realización de tres reuniones y hay indicios de la celebración de otras cuatro más. Durante el reinado de Fernando IV (1295-1312) están bien documentadas 14 reuniones y hay datos que indican que quizá se celebraron otras tres o cuatro más. En definitiva, podríamos aceptar la cifra de entre 45 y 50 reuniones con presencia activa de procuradores de las ciudades en el período entre 1252 y 1312. Una cifra que, aunque la distribución en el tiempo es desigual, nos da una idea de la importancia del fenómeno y de la proyección política de la oligarquías urbanas. De nuevo se han ofrecido explicaciones que destacan la alianza del rey con las ciudades, o la situación de inestabilidad política generada por las sublevaciones nobiliarias.. De nuevo también, junto a esos factores, hay que destacar, por un lado, la constante situación de apremio económico de la monarquía que solo podía paliar mediante tributos extraordinarios y, por otro lado, el peso económico y social de las oligarquías urbanas y su capacidad de actuación política.

2.2. Aragón y Cataluña

La trayectoria de los territorios de Navarra y Aragón en los siglos XI y XII está marcada por la division en el reparto de los reinos entre los hijos de Sancho el Mayor y la reunión unos cuarenta anos después, para volver a separarse, ya definitivamente, en 1134 mientras que Aragón se unirá a Cataluña.

En 1035, cuando murió el rey Sancho el Mayor de Navarra, Garcia Sánchez III (1035-1054) heredó el reino de Pamplona, mientras que Aragón, que había permanecido unido a la monarquía pamplonesa durante el siglo X, pasó a manos de Ramiro I (1035-1063); por su parte Gonzalo (1035-1043) obtuvo los condados de Sobrarbe y Ribagorza. Ramiro gobernó como rey en Aragón, aunque reconociendo la superioridad de su hermano Garcia de Navarra; también pudo ampliar sus dominios haciéndose con el control de Sobrarbe y Ribagorza a la muerte de su hermano Gonzalo en 1043. Garcia, el primogénito entre los hijos legítimos de Sancho el Mayor —puesto que Ramiro, que era el mayor, era ilegítimo— había recibido los territorios originarios de la dinastia, el reino de Navarra, en el que se incluía La Rioja alta en torno a Nájera. En 1045 Garcia conquisto Calahorra ampliando sus dominios en el Ebro riojano. Además, en el reparto de 1035 Garcia había recibido también algunos territorios al oeste que antes habían pertenecido a los condes de Castilla, los territorios castellanos del Ebro y La Bureba, llevando los limites del reino de Navarra hasta las proximidades de Burgos. Esa asignación de territorios castellanos occidentales para Navarra dará lugar a conflictos en el futuro. Pero en estos momentos, hacia mediados del siglo XI, llevó a un enfrentamiento entre Garcia Sánchez III y su hermano Fernando I de León y Castilla. En la batalla de Atapuerca entre ambos perdió la vida el rey de Navarra y también se abrió el camino de la pérdida de esos territorios.

Garcia Sánchez III fue sucedido en Navarra por su hijo Sancho IV Garcés (1054-1076), conocido como Sancho de Peñalén, por su muerte trágica en ese lugar. Por su parte, Ramiro I de Aragón murió en 1063 y fue sucedido por su hijo Sancho Ramírez (1063-1094). De los descendientes de Sancho III el Mayor, mientras se consolidarán las líneas dinásticas de Castilla y León (Fernando) y de Aragón (Ramiro), la línea principal de Navarra se debilitará. Además de la pérdida de los territorios castellanos, también Ramiro de Aragón se hizo con el control de algunas plazas navarras. Pero la razón de fondo de ese debilitamiento está en el papel de la nobleza y en la posición del rey respecto a los distintos sectores nobiliarios. La nobleza expresaba su hegemonía mediante el gobierno de los distintos distritos, llamados honores o tenenciasy en nombre del rey. El reparto de las tenencias era una clave fundamental en el equilibrio de poderes. Expresaba, como décimos, la hegemonia de la nobleza, pero también era un instrumento muy poderoso en manos de los reyes. Los reyes de Aragón, Ramiro y Sancho Ramírez, supieron o pudieron aprovecharlo, los reyes de Navarra, sobre todo Sancho IV Garcés, no.

La situación de la frontera entre Navarra y Castilla ocasiono un nuevo enfrentamiento en 1067 entre Sancho IV Garcés y el rey de Castilla, ahora Sancho II, en el que el rey de Navarra contó con el apoyo del de Aragón, Sancho Ramírez. Fue la llamada guerra de los tres Sanchos, en la que participaron los tres nietos de Sancho el Mayor que llevaban su mismo nombre. Tras la guerra, el rey de Castilla afianzó y aumento su control sobre los territorios en disputa. Otro elemento importante en la política, tanto interna como externa, era la proyección sobre la taifa musulmana de Zaragoza y las parias correspondientes. En 1069, Sancho IV de Navarra obtuvo del rey al-Muqtadir de Zaragoza el compromiso del pago de 12.000 mancusos anuales, un acuerdo que fue renovado en 1073. Por un lado, esto suponía la ruptura de la anterior alianza entre Zaragoza y Castilla; por otro lado, el pacto se configuraba como un freno a la política expansiva de Sancho Ramirez de Aragón. Esa política se concreto, entre otras cosas, en la campaña dirigida contra Barbastro en 1064. La ciudad fue conquistada pero no tardé en volver a ser recuperada por los musulmanes. Pero lo más significativo de esa campaña es que el rey de Aragón contó con el apoyo del papa Alejandro II promoviendo la participación de caballeros ultrapirenaicos. Eso ha llevado a plantear, exagerando un tanto, que la campaña de Barbastro podría considerarse como un precedente de la Primera Cruzada. Poco después, Sancho Ramirez se declaraba vasallo de la Santa Sede. El vasallaje pontificio era un instrumento de acción política que más tarde seria utilizado por los reyes de Portugal. Mediante ese hecho, Sancho Ramirez buscaba afianzar su independencia en el contexto peninsular, respecto del rey de Navarra y también respecto de las crecientes muestras de hegemonía castellano-leonesa. La vinculación con el papado como miles Sancti Petri, caballero de San Pedro, se produjo en 1068 y quizá por entonces nació el hijo primogénito de Sancho Ramirez. Un pequeño detalle ilustra sobre su proyecto político. El rey de Aragón eligio para su hijo y heredero el nombre de Pedro, renunciando al elenco de nombres de su estirpe familiar (Sancho, Garcia o Ramiro); con ello se rompia simbolicamente con el pasado y se apuntaba hacia un futuro político nuevo.

2.2.1. La unión de Aragón y Navarra y la expansión hacia el valle del Ebro

Mientras en Aragón Sancho Ramirez disenaba y comenzaba a hacer realidad su proyecto político, en Navarra Sancho IV Garcés tuvo que enfrentarse a la oposición de la nobleza. Tras esa oposición estaba la política de distribución de las tenencias y seguramente también el reparto de los ingresos generados por las parias. Finalmente, en 1076 una conjura nobiliaria acabo con su vida al ser asesinado en Peñalén. Su muerte fue inmediatamente aprovechada por los reyes de León y Castilla y de Aragón que ocuparon el reino de Navarra y acordaron dividirlo entre ellos, contando con el apoyo de los magnates navarros. Alfonso VI de León y Castilla obtuvo los territorios que reclamaba en la frontera con Navarra, incluyendo Álava, Vizcaya y parte de Guipuzcoa y, además, anexionaba también La Rioja. Mientras tanto, Sancho Ramirez obtenia los territorios centrales del reino de Navarra, gobernando desde entonces como rey de Aragón y de Navarra (Buesa, 1996).

Se iniciaba así una situación política nueva, situación que aún habria de cambiar más en 1081, cuando a la muerte del rey al-Muqtadir de Zaragoza el reino fue dividido entre sus hijos, al-Mutamin gobernará en la parte occidental con sede en Zaragoza y Mundir lo hará en la parte oriental con sede en Lérida. La unión con Navarra, por un lado, y la division de la Taifa de Zargoza, por otro, proporcionarán a Sancho Ramirez de Aragón un marco favorable para llevar a cabo su política de consolidación y expansión.

Los resultados no tardaron en llegar, con avances importantes por la orilla derecha del rio Cinca hacia Lérida en los anos ochenta, mientras que hacia Huesca se avanzaba más lentamente. También se establecerá una guarnición avanzada en El Castellar, en la línea del Ebro cerca de Zaragoza. En una campaña sobre Huesca en 1094 moria el rey Sancho Ramirez siendo sucedido por su hijo Pedro I (1094-1104). La expansión iniciada por su padre continuo durante el reinado de Pedro I. Su primer objetivo fue la ciudad de Huesca, necesaria para afianzar el control sobre los territorios conquistados en los anos anteriores (Laliena, 1996). Huesca era una ciudad importante, quizá de unos 7.000 habitantes, bien defendida y bien fortificada. La campaña implico la construcción de algunas fortificaciones, como el llamado Pueyo de Sancho, para hacer más eficaz el asedio cortando las comunicaciones e impidiendo el abastecimiento de la ciudad. El asedio comenzó probablemente en mayo de 1096 y para apoyar a los sitiados el rey de Zaragoza, al-Mutamin, acudió en noviembre con un ejército en el que se integraban también algunos magnates castellanos. Ese ejército sufrió una severa derrota por las tropas de Pedro I y tras la derrota de su rey los asediados de Huesca capitularon a finales de noviembre.

La conquista de Huesca abria el camino de futuras adquisiciones, tanto hacia Zaragoza como hacia Lérida. En 1100 se conquisto Barbastro, reforzando considerablemente las posiciones en el Cinca, y en los anos siguientes las campañas se dirigieron sobre todo hacia varios puntos al sur de Huesca, hacia Zaragoza, estableciendo incluso una fortificación en los arrabales de Zaragoza, Juslibol. Pero la conquista de Zaragoza aun habria de tardar bastante.

Los éxitos militares de Pedro I se producen también en un contexto en el que hay un nuevo factor interviniendo en la política peninsular, como son los almorávides. Ya hemos mencionado su intervención en la península tras la conquista de Toledo por Alfonso VI de León y Castilla en 1085 y el progresivo control de las distintas taifas andalusies en los primeros anos de la década de los noventa. Desde 1094 hasta 1102 Valência estuvo en manos del Cid y después de su viuda Jimena. Antes de la conquista por el Cid, al-Mustain de Zaragoza intervino en varias ocasiones en Levante con la intención de expandir su dominio hacia esas zonas, por donde se extendía también la influencia de su hermano Mundir que gobernaba en Lérida pero cuyos dominios llegaron hasta Denia. La presencia del Cid en Valência frenó la expansión de los almorávides en esa zona e, indirectamente, favoreció la expansión aragonesa en los anos noventa. En su política de expansión territorial, Pedro I de Aragón no tuvo enfrente a los almorávides sino a las taifas de Zaragoza y Lérida. Finalmente, los almorávides conquistaron Valência en 1102 y poco después el resto de las taifas orientales (Albarracín, Tortosa, Lérida), que probablemente ya reconocian la autoridad del emir almorávide desde unos anos antes. Solo permaneció independiente Zaragoza hasta 1110 en que, tras la muerte del rey al-Mustain, paso al dominio almorávide, mientras su hijo al-Dawla se refugíaba en Rueda de Jalón donde resistió hasta 1130.

Pedro I de Aragón murió en septiembre de 1104. Se había casado en dos ocasiones y de su primer matrimonio, con Inès de Poitou, tuvo un hijo y una hija. Su hijo y heredero, también llamado Pedro, rnurió aquejado de una larga enfermedad poco antes de la muerte del rey; de manera que el reino pasó al hermano de Pedro I, Alfonso Sánchez, conocido como Alfonso el Batallador.

2.2.2. Alfonso I el Batallador y la conquista de Zaragoza

Alfonso I (1104-1134) ya ejercia un papel relevante en los últimos anos del reinado de su hermano. Seguramente la enfermedad del infante heredero hacia prever que, a la muerte del rey Pedro I, Alfonso habria de tener una posición importante, incluso que la sucesión podría recaer en él, como asi sucedió. Se ha dicho que los 30 anos del reinado de Alfonso I pueden dividirse en cuatro etapas: la primera, entre 1104 y 1109, fecha esa última de su matrimonio con Urraca, hija de Alfonso VI de Castilla y Leon; la segunda, entre 1109 y 1117 en que su política se centro en intentar controlar los territorios castellanos y leoneses; la tercera, entre 1117 y 1127 corresponde a la gran expansión por el valle del Ebro; y la cuarta y última, entre 1127 y su muerte en 1134, caracterizada por una ralentización en la expansión (Lema Pueyo, 1997).

En los primeros anos del reinado de Alfonso I se mantuvo la política expansiva que había caracterizado el reinado de Pedro I. Asi, en 1105 se conquistaron Ejea y Tauste en la parte occidental de Aragón hacia el Ebro, y en 1107 Tamarite y San Esteban de Litera en el Segre hacia Lérida. Esa primera fase de expansión se interrumpió enseguida por la orientación hacia los asuntos de Castilla y León desde 1109. También hay que tener en cuenta que en 1110 los almorávides culminaban su control sobre los territorios musulmanes de la península con la conquista de Zaragoza.

Según hemos señalado, en 1108 moria el hijo y heredero del rey Alfonso VI de León y Castilla en la batalla de Uclés, y al ano siguiente moria el rey. La sucesion en 1109 corresponde a la infanta Urraca, que era viuda y que tras acceder al trono se caso con Alfonso I de Aragón. Es probable que fuera el propio Alfonso VI el que recomendara esa solución, destinada a fortalecer ambos reinos ante la expansión almorávide. El matrimonio se acompañó de un acuerdo expresado en dos documentos, una carta de arras de Alfonso a Urraca y una donación de Urraca a Alfonso, que recogían los derechos de ambos en los dos reinos y garantizaban que Alfonso de Aragón ejerciese como soberano en León y Castilla. De esa manera, el rey de Aragón utilizará hasta 1127 el título imperial que correspondia a los reyes de León.

Probablemente las personalidades de los reyes eran opuestas, algo en lo que se insiste frecuentemente pero que no deja de ser una especulación, más o menos avalada por su trayectoria personal y por la version de unos cronistas siempre interesados. Lo cierto es que la unión dinástica contó con numerosos y poderosos enemigos, de manera que los conflictos no tardaron en surgir. Hemos hablado de ello en el apartado correspondiente al trazar la evolución política de Castilla y León. Alfonso I intento hacer efectivo su dominio en León y Castilla y lo consiguio en la parte oriental. Para ello, entre 1110 y 1117 tuvo que implicarse en la política castellano-leonesa y en una sucesion de enfrentamientos y pactos, que pueden resumirse en una guerra latente prácticamente continua. Enfrentamientos con los partidarios de su mujer, la reina Urraca, o con los partidarios del hijo de esta en su primer matrimonio, Alfonso Raimúndez, futuro Alfonso VII de León y Castilla. Alfonso I de Aragón logro controlar de una forma efectiva las zonas riojanas, alavesas y vizcaínas, recuperando el dominio que habian tenido los reyes de Navarra sobre esos territorios, y controlo también las zonas soríanas. Además estableció guarniciones en diversos puntos (Burgos, Castrojeriz, Carrión, etc.), que le garantizaban un cierto dominio, aunque inestable, en esas zonas. Ya hemos señalado como el rey de Aragón contó con el apoyo de algunos sectores, especialmente de la población de algunos núcleos urbanos o semiurbanos. Burgueses que entonces protagonizaron algunas importantes revueltas y que, como en el caso de Sahagún, contaron con el apoyo de las tropas aragonesas. En la oposición al rey de Aragón se alineaba buena parte de la nobleza más poderosa y también los principales eclesiásticos que el rey removio de sus cargos.

El matrimonio entre Urraca y Alfonso I había sido anulado por el papa Pascual II, a instancias de los eclesiásticos opuestos al matrimonio, y la separació'n definitiva entre ambos se produjo en 1114. A partir de enfonces Alfonso I fue renunciando a intervenir en el reino de León y Castilla, que siguió debatiéndose en conflictos entre los partidarios de la reina Urraca y los de su hijo Alfonso Raimúndez, aunque continuo interviniendo para conservar su control sobre zonas de Castilla y los territorios orientales fronterizos con Navarra y Aragón. Desde enfonces su política se centro sobre todo en la expansión hacia el valle del Ebro, una política que poco después se saldaria con conquistas muy importantes (Lacarra, 1978; Stalls, 1995; Lema Pueyo, 1997).

Durante los reinados de sus antecesores, su padre Sancho Ramirez y su hermano Pedro I, se habían dado avances sólidos en dirección a Zaragoza como hemos ido viendo. En 1117 Alfonso I retomo la campaña y Zaragoza, en manos de los almorávides desde 1110, fue finalmente conquistada en diciembre de 1118. En la campaña, que fue predicada como cruzada, participaron nobles del sur de Francia y algunos nobles catalanes y otros castellanos partidarios del rey de Aragón. En mayo se estableció el sitio de la ciudad que se rindio en diciembre. La conquista de Zaragoza será el inicio de una cascada de conquistas que le dieron el control del valle medio del Ebro y de amplios territorios al sur de ese rio, prácticamente todo el antiguo reino musulmán de Zaragoza. En 1119 las conquistas se extendieron por Tudela, Tarazona, Borja y Soria, en 1120 Calatayud y Daroca y en 1124 Alcañiz. Era prácticamente imposible avanzar más y más deprisa. El ritmo de las conquistas se redujo desde enfonces, en buena medida por la defensa más eficaz de los musulmanes en otros lugares. Pero la política de expansión aun se mantuvo hasta el final del reinado de Alfonso I. En 1125 y 1126 el rey lanzó campañas hacia Andalucia, en 1129 conquisto Molina de Aragón y en 1133 Mequinenza.

La expansión territorial gracias a las conquistas fue espectacular. La extensión originaria del reino se ha calculado en unos 4.000 kilómetros cuadrados, durante los reinados de Sancho Ramirez y de Pedro I se incorporaron alrededor de otros 9.000, y durante el de Alfonso I unos 25.000. En cien anos, el pequeño condado que Sancho el Mayor habia dejado a su hijo Ramiro como reino se habia convertido en una formación política de primer orden en la península.

Alfonso I murió en 1134 en una campaña contra Fraga, que era un punto clave para después poder conquistar Lérida. Su muerte traerá cambios políticos muy importantes, que se concretarán en la restauración de la monarquía navarra y en la unión de Aragón y Cataluña, según veremos. Antes de referimos a esos cambios repasaremos la evolución de los condados catalanes en la segunda mitad del siglo XI y en las primeras décadas del XII.

2.2.3. Condes y condados catalanes (1076-1131)

Si el ano de 1035, con la muerte de Sancho el Mayor de Navarra y el reparto de sus reinos, puede considerarse una fecha emblemática en la evolución política de los territorios cristianos centrales y occidentales del norte peninsular, también en los territorios orientales es una fecha significativa, determinada por la muerte de Berenguer Ramón I y el inicio del gobierno condal en Barcelona por Ramón Berenguer I.

La zona nororiental de la península, que había pertenecido al Imperio carolingio, se organizaba en varios condados, cuyas dinastias actuaban en la práctica de forma independiente desde finales del siglo IX y comienzos del X. Son los condados de Barcelona, Gerona, Ausona, Urgell, Cerdaña, Besalú, Ampurias, Rosellón y Pallars. Ya desde entonces los condados de Barcelona, Gerona y Ausona forman un núcleo que permanecerá casi siempre unido en los avatares posteriores.

Según la conocida interpretación de P. Bonnassie, entre 1020 y 1060 se desarrolló una crisis, sobre todo política y social, que tuvo como consecuencia la feudalización de esas zonas (Bonnassie, 1975-1976). Su estudio corresponde a otros volúmenes de esta colección; diremos solamente aqui que esa crisis determino el desarrollo del poder señorial de la nobleza y que la solución pasó por una reconstrucción de las estructuras del poder político basada en las instituciones feudales. Pactos y acuerdos, convenientiae, entre los condes y los nobles y entre los condes entre si, basados en la prestación de vasallaje a cambio del disfrute y la posesión de beneficios en forma de tierras, señorios o castillos. Durante la crisis fueron frecuentes los conflictos y las revueltas nobiliarias., como la de Mir Geribert en los anos cincuenta. Ése es el contexto que caracterizo buena parte del gobierno condal de Ramón Berenguer I (1035-1076), período en el que se asiste tanto a los momentos más duros de la crisis como a la posterior recuperación y reconstrucción del poder condal. La crisis también se vio favorecida por la política sucesoria, basada en una concepción patrimonial del poder condal. Asi, Berenguer Ramón I a su muerte en 1035, como hiciera también Sancho el Mayor de Navarra, dividio los territorios que gobernaba entre sus herederos, disgregando incluso el núcleo central formado por los condados de Barcelona, Ausona y Gerona. Ramón Berenguer I pudo recomponer ese núcleo central, no sin dificultades, mediante la renuncia de los derechos de sus hermanos y obteniendo también el vasallaje de los condes de Cerdaña, Ampurias, Besalù y Pallars. En definitiva, recompuso sobre unas bases nuevas el poder y la hegemonía de la casa de Barcelona concretada en su línea dinástica.

En esa recomposición se sirvio de varios instrumentos, unos jurídicos y políticos y otros militares y económicos. Entre los instrumentos jurídicosy políticos están las ya mencionadas convenientiae, los pactos feudovasalláticos y las Constituciones de Paz y Tregua. Entre los militares y económicos, la política de parias. En el contexto de las luchas nobiliarias. y los conflictos internos surgen los movimientos de la Paz y Tregua de Dios como una iniciativa eclesiástica para poner limites a la violencia nobiliaria. La Paz de Dios supone la protección de los lugares sagrados y se amplia a viudas, huérfanos, etc.; la Tregua de Dios impone la prohibición de la guerra y la violencia en un período determinado. El incumplimiento de ambas supone graves penas eclesiásticas que incluyen la excomunión. El movimiento fue originariamente eclesiástico y fue desarrollándose en diversos concilios en el sur de Francia y en Cataluña, pero más tarde los poderes civiles, en este caso Ramón Berenguer I, se sirvieron de ese instrumento para restablecer la paz en su territorio y fortalecer su autoridad. En 1064 Ramón Berenguer I decreta una Constitución de Paz y Tregua cuyo garante ya no eran las penas eclesiásticas sino el poder civil, el propio conde. Así, el movimiento de la Paz y Tregua salía del ámbito eclesiástico para convertirse en un instrumento jurídico general de derecho público. Es probable que en ese contexto Ramón Berenguer I dictara también algunas normas que se recogieron después en la recopilación de los Usatges de Barcelona; un código que, aunque atribuido a este conde, se realizo con toda probabilidad en el siglo XII.

También la política de parias será otra de las bases que permitirán la recuperación y reconstrucción del poder condal. Desde mediados del siglo XI, Ramón Berenguer I desarrollará una política activa de obtención de parias de las taifas de Lérida, Tortosa y Zaragoza. Más adelante, sus sucesores procurarán ampliar esas parias a otras zonas como Denia, Valencia, Murcia e incluso Granada, con un éxito diverso. Los condes de Barcelona pudieron cobrar algunas de esas parias con cierta regularidad y otras de forma ocasional, como resultado de determinadas expediciones militares actuando como mercenarios. Así, por ejemplo, en 1077 las tropas de los condes de Barcelona intervinieron en alianza con el rey de Sevilla en su disputa con el de Toledo en torno a Murcia y el pago a sus servidos militares fueron 30.000 dinares. El dinero de las parias permitió a los condes recomponer alianzas o establecer otras nuevas, traspasando, como sucedia en otras zonas, buena parte de los ingresos de las parias a los distintos sectores nobiliarios y eclesiásticos.

La sucesión de Berenguer Ramón I en 1035 se había concretado en una disgregación de sus territorios. Ramón Berenguer I pudo, no sin muchas dificultades, recomponer sus dominios, como hemos mencionado. Además, mediante pactos vasalláticos o convenientiae obtuvo también el reconocimiento de su superioridad por otros condes, recuperando la posición preeminente de la casa de Barcelona en la zona. A la muerte de Ramón Berenguer I en 1076 de nuevo volvió a imponerse la concepción patrimonial del poder condal con un nuevo reparto. Esta vez la sucesión determinaba que gobernarían conjuntamente sus dos hijos varones, Ramón Berenguer II (1076-1082) y Berenguer Ramón II (1076-1096). Era una solución difícil de aplicar en la práctica. Las discordias entre ambos hermanos dieron como consecuencia el asesinato de Ramón Berenguer II en 1082, un asesinato del que seria acusado su hermano. Ramón Berenguer II, conocido como el Fratricida, gobernará en adelante en solitario, pero tendrá que enfrentarse a la oposición de los partidarios de su hermano. A partir de 1086 logro una cierta consolidación y pudo desarrollar una activa política militar dirigida a conquistar Tortosa y a imponer su autoridad en Levante. Sin embargo, no obtuvo resultados notables. Por entonces también, como hemos ido viendo, los almorávides extendían su dominio en al-Andalus.

La muerte de su hermano en 1082 significaba que sus derechos condales pasaban a su hijo, el futuro Ramón Berenguer III. La hostilidad de los partidarios del conde asesinado y de su hijo seguia latente, encabezada por el conde de Cerdaña (hermano de la viuda de Ramón Berenguer II y tio, por tanto, de Ramón Berenguer III). Finalmente, en 1096, Berenguer Ramón II fue retado ante la curia del rey emperador Alfonso VI de León y Castilla; el reto o riepto fue decidido mediante un duelo judicial en el que el conde resulto derrotado. Como resultado de su derrota, Ramón Berenguer II fue declarado culpable de la muerte de su hermano y hubo de exiliarse, pasando el gobierno condal a manos de su sobrino Ramón Berenguer III.

Ramón Berenguer III (1096-1131) ha recibido el sobrenombre de el Grande por sus éxitos en la consolidación y ampliación de los dominios condales. Son anos de hegemonía almorávide en la península y el conde de Barcelona pudo hacerles frente de una forma eficaz. El logro más destacado en ese sentido fue la conquista de Balaguer en 1105 en alianza con el conde de Urgell y de su pariente el conde castellano Pedro Ansúrez. En 1114, con ayuda de una flota pisana, ocupo las Baleares, aunque poco después pasarían a manos de los almorávides y más tarde quedarían bajo el poder de una dinastía local, los Banu Ganiya. El objetivo de alcanzar el Ebro se materializo en campañas contra Tortosa, aunque no seria conquistada hasta mediados del siglo XII. Sin embargo, se afianzó el dominio sobre la zona de Tarragona, tierra de nadie desde finales del siglo XI y en amenaza permanente. En ese sentido se procedió a restaurar la sede metropolitana de Tarragona, restableciendo el arzobispado que ejercería su jurisdicción sobre los obispados catalanes que, de esa forma, dejaban de depender del arzobispo de Narbona. Un primer intento de restauración se había producido ya en 1092, pero fracasó ante la oposición del arzobispo de Narbona y ante la imposibilidad de ocupar materialmente Tarragona. En 1118 la tarea de restauración de la sede tarraconense recayó en el obispo de Barcelona que fue investido como arzobispo, desarrollando en los anos siguientes una política efectiva de control político y militar de la zona y una repoblación.

Ramón Berenguer III amplio también los dominios condales adquiriendo otros condados pirenaicos y mediante una política de expansión en el sur de Francia en Occitania. En relación con lo primero, adquirió los condados de Besalú en 1111 y de Cerdaña en 1117, incorporando ambos a los dominios de la casa condal de Barcelona. La adquisición de Besalú y Cerdaña fue el resultado de la política matrimonial y las uniones dinásticas de los condes de Barcelona con las restantes casas condales de la zona. Una política que también desempeñó un papel muy importante en la expansión occitana. Se ha dicho que esa expansión fue el resultado de una política tendente a la formación de un gran principado feudal, extendido tanto al sur como al norte de los Pirineos. Pero es una afirmación que resulta un tanto exagerada. En esta época, más que de un proyecto político de tanta envergadura, habría que hablar de los comienzos del desarrollo del comercio y de una política tendente a favorecer ese desarrollo. Durante el gobierno de Ramón Berenguer III la política occitana se saldo con la incorporación de Carcasona y la Provenza marítima.

El condado de Carcasona había sido adquirido mediante compra por Ramón Berenguer I entre 1067 y 1070, pero se perdería poco después. Más tarde, ya en 1112, Ramón Berenguer III, contando con el apoyo de algunos sectores locales, logro imponer su autoridad y obtuvo el vasallaje del vizconde. En cuanto a Provenza, su adquisición es consecuencia del tercer matrimonio de Ramón Berenguer III con Dulce de Provenza, también en 1112. Con motivo de su matrimonio, Dulce de Provenza recibió de su madre, la condesa, los derechos sobre la Provenza marítima y poco después los cedió a su esposo, el conde de Barcelona. Tanto en Provenza como en Carcasona, los intereses del conde de Barcelona chocaron con los del conde de Tolosa. La lucha entre ambos se saldó por entonces con un tratado en 1125 que incluía el reparto de Provenza.

En 1131 murió Ramón Berenguer III y en su testamento dictó un nuevo reparto de sus dominios entre sus hijos varones, muestra otra vez de la concepción patrimonial. Pero fue un reparto desigual. El hijo mayor, Ramón Berenguer IV, heredaría la parte fundamental con los condados de Barcelona, Gerona, Ausona, Besalú, Cerdaña y Carcasona; mientras que el segundo hijo, Berenguer Ramón, heredaría Provenza. Así pues, Ramón Berenguer IV (1131-1162) obtuvo la mayor parte de los dominios de su padre, excepto Provenza, y muy pronto, en virtud de la sucesión de Alfonso I de Aragón, adquirió también el control sobre Aragón.

2.2.4. La unión de Aragón y Cataluña

En 1131 el rey Alfonso I el Batallador de Aragón habia redactado un testamento que fue ratificado poco antes de su muerte. No tenía descendientes y sus campañas militares y el proceso de expansión territorial se caracterizaron por el espíritu cruzado del rey. Las conquistas que habia realizado en la península eran una aportación a la cruzada. El testamento refleja ese espíritu cruzado, puesto que en él se determina que a su muerte sus reinos habrían de pasar a las tres ordenes militares que se habían formado en Tierra Santa: la del Santo Sepulcro, la del Hospital de San Juan y la del Temple. Una disposición sorprendente e inédita que no habria de cumplirse y que se saldó a su muerte en 1134 con la separación de Navarra, por un lado, y con la unión de Aragón y Cataluña, por otro. Ninguno de los sectores que formaban la sociedad política ni en Aragón ni en Navarra, ni los otros principes cristianos tanto de la península como del sur de Francia eran favorables al cumplimiento del testamento. Los nobles navarros optaron enseguida por designar a su propio rey, eligiendo a Garcia Ramirez, un descendiente de Garcia Sánchez III. La solución se adopté de una forma rápida y, aparentemente, sin problemas internos. Todo da a entender que era una solución que ya estaba planteada antes de la muerte de Alfonso I, quizá como consecuencia del descontento entre la nobleza navarra por las menores recompensas, en forma de honores y tenencias recibidas en los territorios conquistados, frente a la nobleza aragonesa.

En cuanto a Aragón, se opto por designar sucesor del rey Alfonso a su hermano Ramiro (otro hijo, por tanto, de Sancho Ramirez), un eclesiástico destacado que por entonces era obispo de Barbastro tras haber ocupado diversas dignidades eclesiásticas. Las soluciones adoptadas, tanto en Navarra como en Aragón, estaban condicionadas también por la actuación de Alfonso VII de León y Castilla, que desde 1127 había ido consolidando su posición interna. Su coronación imperial en León en 1135 exponía bien claramente las intenciones de su política peninsular, reclamando una hegemonia y una superioridad sobre los restantes príncipes y reyes cristianos que ya había ejercido su abuelo Alfonso VI. De hecho, poco después de la muerte de Alfonso I, Alfonso VII ocupo con su ejército La Rioja y llegó hasta Zaragoza. El emperador logro en buena medida sus propósitos. En relación con Navarra, estableció un acuerdo con Garcia Ramirez, reconociéndole como rey pero recuperando otra vez los territorios orientales de Castilla y La Rioja y obteniendo la prestación de vasallaje del rey de Navarra. En cuanto a Aragón, reconoció también como rey a Ramiro II, el Monje, cediéndole el dominio sobre Zaragoza también a cambio de la prestación de vasallaje.

Esos acuerdos se establecerán a lo largo de 1135 y 1136 y, como vemos, deshacían el testamento de Alfonso I. A esos acuerdos se opusieron, claro está, las ordenes militares beneficiadas por el testamento, que contaron con el apoyo del papado que, a su vez, presionó a los sectores eclesiásticos de la península. Sin embargo, las pretensiones de las ordenes no consistían tanto en heredar un reino, que no hubieran podido administrar ni conservar, como en obtener compensaciones económicas. Compensaciones que finalmente se producirían.

Los acuerdos de Garcia Ramírez de Navarra y Ramiro II de Aragón con Alfonso VII de León y Castilla clarificaban bastante la situación, pero aún quedaba abierta la crisis sucesoria en Aragón, puesto que el rey Ramiro, como hemos mencionado, había sido hasta entonces un eclesiástico y no contaba con descendientes. Para solucionar el problema dinástico se dispuso el matrimonio del rey Ramiro con Inés de Poitiers, hermana del duque de Aquitania. El matrimonio se celebro en noviembre de 1135 y en agosto de 1136 nació su hija y heredera, Petronila. El siguiente paso consistió en la alianza con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, pactando su matrimonio con Petronila. Las capitulaciones matrimoniales se realizaron en 1137 y la boda se celebro en 1150. El acuerdo contemplaba que Ramiro transmitía a su hija los derechos regios, derechos que serían ejercidos por el marido de esta, el conde de Barcelona, en su nombre. Ramiro II conservo el título de rey hasta su muerte en 1157, pero se retiro de la vida pública y quien gobernó, de hecho, en Aragón tras los esponsales de 1137 fue Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona que desde entonces se intitulará también princeps aragonensium.

Tras los esponsales con Petronila en 1137, Ramón Berenguer IV desarrolló una política de pactos y acuerdos que le permitieron consolidar su dominio sobre Aragón. En primer lugar obtuvo el apoyo de Alfonso VII, reyemperador de León y Castilla que, como hemos visto, había ocupado Zaragoza a la muerte del Batallador. Ramón Berenguer IV obtendrá el control del reino de Zaragoza pero prestando vasallaje a Alfonso VII. Establecerá también acuerdos con Alfonso VII para la conquista y el reparto del reino de Navarra, que había recuperado su independencia con el rey Garcia Ramírez. Pero en ese sentido la política del rey de León y Castilla será ambigua, puesto que también pactará con el rey de Navarra que era igualmente su vasallo.

En esa política de consolidación en Aragón, además de los pactos con Alfonso VII, Ramón Berenguer IV también alcanzó acuerdos con las ordenes militares a las que, recordemos, Alfonso el Batallador había legado el reino de Aragón. En 1140 y 1141 estableció acuerdos con las ordenes del Hospital y del Santo Sepulcro y en 1143 con la del Temple. Las ordenes renunciaban a sus derechos y a cambio recibían importantes donaciones, tanto de tierras y señoríos como de rentas.

A partir de la consolidación de su dominio en Aragón, su política se dirige en dos sentidos: la expansión territorial en la península y la intervención en el sur de Francia. En la península, según hemos ido viendo, los anos de mediados del siglo XII están marcados por el declive del poder almorávide, con la formación de gobiernos independientes en diversas zonas de al-Andalus, las segundas taifas,, y los comienzos de la intervención almohade. Ese contexto facilito, sin duda, la expansión territorial protagonizada por Ramón Berenguer IV. Una expansión que se saldo en 1148 con la conquista de Tortosa, lo que llevaba la frontera hasta el delta del Ebro, y en 1149 con las conquistas de Fraga y Lérida. Se garantizaba así el control sobre todo el valle del Ebro y sobre el rio que será una vía de comunicación muy importante para el tráfico comercial; también se adquirían extensos territorios y se consolidaba el control sobre otros ya conquistados con anterioridad pero que se mantenían en una situación de inseguridad. Se trata de la Cataluña Nueva (los territorios al sur del Llobregat) cuyo dominio se establecerá a partir de pautas distintas de los territorios del norte, la Cataluña Vieja. Desde el punto de vista político, las zonas conquistadas ahora no se integraron propiamente ni en el reino de Aragón ni en el condado de Barcelona, sino que recibieron su propia organización política como dos marquesados, de Lérida y de Tortosa. Además, en las conquistas participo activamente el conde de Urgell, Armengol VI que, en virtud de un pacto con Ramón Berenguer IV obtuvo algunos derechos sobre Lérida. Desde el punto de vista social y económico, esta zona recibirá una regulación jurídica característica que, entre otras cosas, determinará un desarrollo de los señoríos menor que en las zonas del norte. Una regulación que se establecerá mediante cartas de población y franquicia (fueros), de los que son buenos ejemplos las de Tortosa en 1148 y Lérida en 1150. Posiblemente por entonces se realizo también la recopilación de buena parte de las normas que darán contenido a los Usatges, el código que seria de aplicación en las tierras del condado de Barcelona, aunque su influencia se extendió a otras zonas.

La crisis del imperio almorávide desde 1145 favoreció esas conquistas y la renovación del cobro de las parias. En Levante entre 1147 y 1172 gobernó Ibn Mardanis, el llamado rey Lobo, que pudo mantener su independencia respecto de los almohades, entre otras cosas, por su política de alianzas con los príncipes y reyes cristianos de la península. Ya lo hemos mencionado en relación con Castilla. Por lo que se refiere a Aragón, en 1149 Ibn Mardanis estableció un tratado con Ramón Berenguer IV comprometiéndose al pago de sustanciosas parias. En esos anos, anteriores al desarrollo pleno del imperio almohade, con las conquistas de Almería por Alfonso VII de León y Castilla en 1147 y las inmediatamente posteriores de Tortosa y Lérida por Ramón Berenguer IV, parecía que la expansión de los reinos cristianos iba a continuar en los anos siguientes. En ese contexto tuvo lugar el tratado de Tudején entre Alfonso VII y Ramón Berenguer IV en 1151 por el que ambos acordaron el reparto de los territorios de las futuras conquistas en al-Andalus. En ese tratado a Aragón y Cataluña corresponderían Valência y Murcia. Pero la expansión por esas zonas aun tardaria en llegar. En los anos siguientes a las conquistas de Tortosa y Lérida se tomaron diversas plazas que garantizaban el control de los territorios entre ambos puntos, en las actuales comarcas de Las Garrigas y el Priorato.

Otro importante foco de atención de la política de Ramón Berenguer IV fue el sur de Francia. Ya hemos mencionado como a la muerte de su padre el condado de Provenza pasó a manos de su hermano. Muerto éste en 1144 el heredero sería su hijo menor de edad. Durante la minoria, Ramón Berenguer IV actuó como tutor de su sobrino y hubo de intervenir en la zona en varias ocasiones. Los intereses de los condes de Barcelona y de la rama provenzal de la familia chocaban con los de los condes de Tolosa, como ya hemos indicado. Otros importantes actores políticos con intereses en la zona fueron el emperador Federico I Barbarroja, el rey de Francia Luis VII y el rey de Inglaterra Enrique II. El emperador reclamaba derechos sobre Provenza, mientras que la clave de la actuación de los reyes de Francia y de Inglaterra era el ducado de Aquitania. Leonor de Aquitania era la heredera del ducado y reclamaba también derechos dinásticos sobre el condado de Tolosa. Leonor de Aquitania se caso primero con el rey Luis VII de Francia, pero su matrimonio fue anulado enseguida y en un segundo matrimonio se caso con el rey Enrique II de Inglaterra. El rey de Inglaterra tenía importantisimos dominios en Francia (el llamado Imperio Angevino) reunidos por su herencia paterna (el duque de Anjou) y materna (Matilde, emperatriz, reina de Inglaterra y duquesa de Normandía); el matrimonio con Leonor de Aquitania reforzaba enormemente su posicion en Francia donde, como cabe imaginar, sus intereses chocaban con los del rey de Francia. Leonor, en tanto que duquesa de Aquitania, reclamaba derechos sobre el condado de Tolosa y aqui, en el enfrentamiento con los condes de Tolosa, coincidían los intereses de Leonor de Aquitania y Enrique II de Inglaterra con los de Ramón Berenguer IV. En 1154 ambos alcanzaron un pacto que marcaria el inicio de una alianza que habría de mantenerse con el tiempo. En contrapartida, el conde de Tolosa recibió el apoyo del rey de Francia.

El tablero francés era el escenario de un juego muy complejo y cambiante de alianzas y enfrentamientos. En ese escenario supo desenvolverse Ramón Berenguer IV con habilidad, reforzando su posición mediante una adecuada política de pactos.

Ramón Berenguer IV murió en 1162; su sucesor sería su hijo Alfonso, rey de Aragón por la herencia de su madre Petronila.

2.2.5. Los reinados de Alfonso II y Pedro II. La política occitana

La segunda mitad del siglo XII y los primeros anos del XIII están determinados por los reinados de Alfonso II el Casto (1162-1196) y de Pedro II el Católico (1196-1213). En ese período de desarrollo del imperio almohade en la península, reforzado con el dominio sobre Levante a la muerte de Ibn Mardanis en 1172, el eje principal de la actuación de ambos reyes será el sur de Francia, lo que venimos denominando la política occitana, que ahora alcanzará su mayor proyección. Por lo que se refiere a los territorios peninsulares, se asistirá también a un desarrollo institucional de la unión política entre Aragón y Cataluña.

Cuando murió Ramón Berenguer IV, Provenza estaba gobernada por su sobrino y a la muerte de este sin descendencia, en 1166, pasó a manos de Alfonso II. Como ya hiciera su padre, mediante una hábil política, con pactos feudovasalláticos o de otro tipo, Alfonso II extendió su autoridad por amplias zonas de Occitania: Baux, Razes, Carlat, Nimes, Béziers, Carcasona, Bigorra, Foix o Bearn. Entre 1168 y 1185 encomendó el gobierno de Provenza a sus hermanos Ramón Berenguer y Sancho sucesivamente. En 1196, tras la muerte de Alfonso II, de nuevo se separaron los dominios provenzales y los peninsulares. En Aragón y los condados catalanes fue sucedido por su hijo Pedro II, mientras que Provenza pasó a manos del hijo menor, Alfonso. Sin embargo, como había sucedido con sus antecesores, numerosos señores de la zona reconocieron la autoridad de Pedro II. Pactos dinásticos y feudovasalláticos y alianzas diversas situaron a Pedro II como el poder hegemónico en la zona. Una hegemonía que aumento con la incorporación de Montepellier a sus dominios en 1204, como consecuencia de su matrimonio con Maria de Montpellier. La hostilidad tradicional con los condes de Tolosa disminuyo también desde 1190 con la firma de un tratado, que se reforzaría más tarde con un pacto dinástico (el matrimonio del conde de Tolosa, Ramón VI, con Leonor hermana de Pedro II) y que finalmente se convertiria en alianza.

La proyección en el sur de Francia se ha explicado en ocasiones como la realización de un gran proyecto político y se ha aludido a una identidad cultural entre las zonas catalanas y las occitanas. Ambos aspectos, proyecto político y semejanzas culturales, estuvieron presentes en alguna medida, pero también hay que tener en cuenta otros factores. Uno de ellos, al que ya hemos hecho alusión, es el desarrollo comercial. Por otro lado, hay que considerar también los elementos de debilidad estructural que condicionaron la política occitana. En ese sentido, es importante tener en cuenta el elevado grado de fragmentación política de la zona. Los señores del sur de Francia buscaron la alianza y la protección de señores más poderosos (los condes de Tolosa y los condes de Barcelona primero, después reyes de Aragón) para poder defender y desarrollar sus intereses. Pero eran alianzas inestables que era necesario restablecer y recomponer con frecuencia. Así, en cierta medida, la autoridad de los condes de Barcelona y los reyes de Aragón en esa zona fue también uno de los instrumentos y recursos políticos de los señores feudales de la zona. Ese hecho marca un primer elemento de debilidad estructural y determina un alto grado de inestabilidad. Una inestabilidad que aumentará también por la agitación social y religiosa, que provocará tensiones y que, finalmente, será el factor que hará fracasar la expansión occitana.

La agitación religiosa se extenderá por diversas zonas de Europa occidental durante el siglo XII, siendo una de sus bases los movimientos que propugnaban la pobreza evangélica frente a las grandes riquezas que acumulaba la jerarquia eclesiástica. Pobreza, ascetismo y pureza religiosa, frente a la riqueza, nepotismo y corrupción de amplios sectores de la Iglesia oficial. De manera que esos movimientos religiosos tenían también un contenido de lucha social. En el sur de Francia la agitación religiosa se concreto sobre todo en el desarrollo del catarismo.

Los cátaros o albigenses (puesto que la ciudad de Albi era uno de los principales centros cátaros) se extendieron a lo largo del siglo XII, sobre todo en su segunda mitad, y fueron condenados como herejes por la Iglesia oficial. Era un movimiento religioso dualista. El dualismo, de influencia oriental y que había estado presente en los primeros tiempos del cristianismo, consideraba que el mundo se regia por la acción de dos principios antagónicos, el Bien y el Mal, Dios y el Demonio según la interpretación cristiana del dualismo. Jesucristo era la figura que mostraba el camino para superar el Mal y alcanzar a Dios. De esa manera, y ésta puede ser la principal diferencia doctrinal con el cristianismo, la salvación de la humanidad no estaba garantizada por la muerte y resurrección de Jesucristo, sino que solo seria posible siguiendo su ejemplo. Los bienes materiales eran obra del Demonio y, por otro lado, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, se propugnaba una vuelta a la vida y la pobreza evangélica. En ese aspecto, el catarismo enlazó en algunos aspectos con los movimientos de pobreza voluntaria que por entonces se desarrollaban en algunas zonas, sobre todo en Italia.

Pero el catarismo tenía una organización jerárquica y en ese sentido se puede considerar a este movimiento como una auténtica Iglesia. La elite religiosa, equivalente en alguna medida a los sacerdotes cristianos, eran los llamados puros o perfectos, que habían recibido el sacramento denominado consolamentum que marcaba su apartamiento de los bienes materiales y el compromiso de una vida de pobreza, castidad y abstinência. Por debajo de ellos el resto de los fieles y por encima, en algunas zonas, se desarrolló también una jerarquia episcopal. Aunque los cátaros no fueron un movimiento unitario y hubo diferencias en su organización en las distintas zonas.

La vida ascética y muy rigurosa de los puros o perfectos, frente a la riqueza y ostentación de la jerarquia eclesiástica cristiana, causaron la admiración de amplios sectores de la población. De manera que el catarismo se extendió con rapidez, primero en los núcleos urbanos y después en las zonas rurales. Se extendió, sobre todo, por el norte de Italia y el sur de Francia y, en menor medida, por otras zonas de Europa Occidental (Inglaterra, Cataluña, las ciudades del Camino de Santiago). Probablemente sus orígenes fueron consecuencia del aumento de la relación, los tráficos comerciales y la influencia cultural de Europa oriental donde, en los Balcanes, el dualismo se había desarrollado en los bogómilos búlgaros.

El catarismo fue condenado como herejía en el concilio de Letrán de 1179 y el papado procuro atajarlo con diversas medidas que resultaron poco eficaces. Finalmente, en 1208, el papa Inocencio III proclamo una cruzada contra los herejes cátaros. A esa cruzada se adhirieron con entusiasmo un buen número de señores del norte de Francia. Su objetivo podía ser religioso, pero sin duda era también político y económico, puesto que lo que se proponía era la conquista de los territorios cátaros. Los señores del sur de Francia, que hasta entonces habían actuado contra el catarismo sin demasiada convicción, tuvieron que enfrentarse a un dilema: defender a sus vasallos, a sus ciudades, puesto que el catarismo se extendió sobre todo por los núcleos urbanos, o unirse a la cruzada. Casi todos optaron por lo primero, puesto que defender a sus vasallos era, en buena medida, defenderse a si mismos. En ese contexto, el rey Pedro II, que había actuado con dureza contra la herejía en Cataluña y Aragón, opto también por apoyar a sus vasallos occitanos frente a los caballeros cruzados. La guerra comenzó en 1209 y fue rápida y muy cruenta. Los cruzados, dirigidos por Simón de Montfort, actuaron frecuentemente con gran crueldad, como en la toma de Béziers en julio de 1209. Los habitantes de la ciudad se negaron a entregar a los acusados de herejía, algo más de 200, y la respuesta de los cruzados fue el saqueo de la ciudad y el asesinato de sus habitantes, quizá unos 15.000. La consigna, en palabras del cronista, fue “Matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos”. La actitud de los cruzados, ejemplificada en casos como el de Béziers, mostraba que la cruzada era también una guerra de conquista y termino por decantar la actitud de muchos nobles del sur de Francia. Nobles que solicitaron la ayuda de su señor, el rey Pedro II, que a comienzos de 1213 recibía el vasallaje incluso de los condes de Tolosa, con quienes sus antecesores se habían enfrentado frecuentemente durante el siglo XII. Era el momento de mayor poder político del rey de Aragón; y también el principio del fin, puesto que Pedro II moria poco después, en septiembre de 1213, encabezando el ejército que se enfrento a los cruzados en la batalla de Muret. Murió el rey y los señores occitanos sufrieron una gravísima derrota que dejo el control de la zona en manos de Simon de Montfort.

La derrota de Muret pondrà fin a la política de expansión de los reyes de Aragón en el sur de Francia, aunque Provenza todavía se mantendrá hasta mediados del siglo XIII en manos de una rama de la familia de los reyes de Aragón, la del conde Alfonso, hijo menor de Alfonso II.

Por lo que se refiere a la situación en la península, durante la segunda mitad del siglo XII se consolido la unión política de Aragón y Cataluña. En ese proceso podemos destacar tres factores: el reforzamiento del control sobre los territorios conquistados en el período anterior, la incorporación de otros condados a los dominios regios y el reconocimiento de la formación política catalano-aragonesa y de su papel por los otros reinos cristianos peninsulares.

En esta época, el término Cataluña, Cathalonia, comienza a tener un significado político, frente a las referencias a los diversos condados que caracterizan al período anterior; unas referencias que, por otro lado, se seguirán manteniendo. Esa concepción de un territorio definido políticamente es, en parte, consecuencia de la contraposición con Aragón. Ni la referencia a los diversos condados, ni la referencia a Barcelona expresan adecuadamente una realidad que ahora era más amplia y que, en cierta medida, alcanzó una mayor definición y conciencia de sí misma por contraposición a la otra parte integrante de los territorios de la monarquía, Aragón. Otro factor que influye en la definición política de Cataluña es la integración de nuevos y amplios territorios, la Cataluña Nueva, que tendrán su propia personalidad, sin integrarse políticamente en los condados de la Cataluña Vieja. En definitiva, los reyes seguirán siendo condes de Barcelona, etc., pero comienza a existir una concepción política de Cataluña como los territorios que, junto a Aragón, forman los dominios peninsulares de la monarquía.

En ese desarrollo político influyó también la incorporación de otros condados catalanes a los dominios de la monarquía. Condados que hasta entonces habían permanecido independientes, gobernados por sus propias dinastias, aunque en relación vasallática con los condes de Barcelona. Al núcleo central formado por los condados de Barcelona, Gerona y Ausona se habían incorporado a comienzos del siglo XII los de Besalú (1111) y Cerdaña (1117); ahora se incorporarán también los de Rosellón y el Bajo Pallars (Pallars lussá). El condado de Rosellón pasó a manos de Alfonso II en 1172 por disposición testamentaria del último conde, Girardo II, muerto sin descendientes. En cuanto al Bajo Pallars, en 1177 murió el conde Ramón VI, encomendando la tutela de su hija y heredera a Alfonso II, que desde entonces controlo el condado hasta incorporarlo definitivamente a sus dominios hacia 1193. Como hizo con los dominios provenzales, Alfonso II cedio el gobierno de la Cerdaña y el Rosellón a su hermano Sancho, y de este pasaron a su hijo Nuño Sancho, pero reconociendo la autoridad regia. Por tanto, ampliación de los dominios de los reyes en Cataluña, con la incorporación de los condados de Rosellón y Bajo Pallars, y hegemonía también sobre los restantes, como ya sucedia antes, expresada mediante lazos vasalláticos. Como hemos ido viendo, las instituciones feudo-vasalláticas eran importantes instrumentos legales en la articulación política de la zona desde mediados del siglo XI. En ese sentido, a finales del siglo XII, se elaboro un cartulario, el Liber Feudorum Maior, en el que se copiaron los documentos que recogían los pactos vasalláticos que sustentaban los derechos de los reyes.

Éstos eran los anos del apogeo almohade y no se produjo una gran expansión territorial en la península a costa de los musulmanes. Más que de expansión, hay que hablar de consolidación y reforzamiento del control sobre los territorios conquistados a mediados del siglo XII. Por lo que se refiere a las conquistas, en el ámbito aragonés quizá lo más relevante sea la conquista de Albarracín por un noble navarro, Pedro Ruiz de Azagra. Él y sus descendientes conservaron su dominio sobre la zona, independientes de los reyes de Aragón durante una centuria. En esa misma zona, Alfonso II ocupo la mayor parte de las tierras turolenses y organizo el control de esas zonas fronterizas con el Levante musulmán, mediante importantes concesiones a las ordenes militares y extendiendo también el modelo de los grandes concejos extremaduranos. Así, en 1169 se conquisto el pequeño baluarte de Teruel para convertido en la cabeza de un amplio territorio concejil. Durante esa época se reforzó también el control sobre la Cataluña Nueva mediante la concesión de cartas de población y franquicia que atrajeron pobladores e hicieron efectivo el dominio cristiano de la zona.

Durante el reinado de Alfonso II la realidad política que suponía la unión de Aragón y Cataluña se consolido también en el contexto de los restantes reinos cristianos de la península. En ese sentido, no faltaron los conflictos con Navarra, a cuya reincorporación a los dominios aragoneses no renunciaba Alfonso II; ni tampoco los conflictos con Castilla por la posesión de algunas plazas fronterizas, pero Alfonso II de Aragón participo activamente al lado de Alfonso VIII de Castilla en la conquista de Cuenca en 1177. Poco después se estableció el tratado de Cazola entre ambos reyes, al que ya nos hemos referido al analizar la evolución política de Castilla en ese período. Los componentes de ese tratado se asemejan a los del tratado de Tudején entre Alfonso VII y Ramón Berenguer IV en 1151, y conllevan un reparto de las zonas de expansión y futuras conquistas en al-Andalus. Pero la posición política de Alfonso VIII de Castilla y de Alfonso II de Aragón habia cambiado respecto de sus antecesores. Así, el tratado de Cazola también introducirá novedades, como son el fin del vasallaje del rey de Aragón respecto al de Castilla por la posesión de Zaragoza, vasallaje que procedia de los acuerdos tras la muerte de Alfonso el Batallador, y, por otro lado, la confirmación de Levante como zona de expansión del rey de Aragón pero renunciando a extenderse al sur del puerto de Biar, es decir a Murcia.

En 1196 murió Alfonso II y fue sucedido por su hijo Pedro II. Durante su reinado, entre 1196 y 1213, los asuntos del sur de Francia, condicionados por el problema cátaro, ocuparon el primer piano de la política regia, según hemos mencionado, hasta la derrota y muerte del rey en la batalla de Muret. Un momento importante en ese contexto político fue el ano 1204, cuando el rey, además de su matrimonio con Maria de Montpellier, viajo a Roma donde se celebro la ceremonia de su coronación por el Papa Inocencio III. Era un acto con un carácter simbólico dirigido, por un lado, a renovar la tradicional alianza con el papado que databa de tiempos de Sancho Ramírez y, por otro lado, a exponer públicamente la posición política que pretendia ocupar el rey de Aragón en el contexto europeo y peninsular. Unos anos más tarde, de poco habría de servir al rey de Aragón su alianza con el papado frente a la cruzada contra los cátaros.

Por lo que se refiere a la política peninsular, hay que señalar el mantenimiento de la política de su padre. Como Alfonso II habia hecho en los anos setenta del siglo XII, también Pedro II lanzó diversas campañas contra el Levante musulmán en 1206, 1208 y 1210. Por otro lado, la derrota de los castellanos en Alarcos habia puesto de manifiesto la superioridad militar que podían desplegar los almohades frente a un rey cristiano actuando individualmente. Anos más tarde, en 1212, Pedro II de Aragón participo junto a Sancho VII de Navarra con Alfonso VIII de Castilla en la campaña, predicada como cruzada, que llevó a la batalla de las Navas de Tolosa. La derrota de los almohades en esa batalla abrió el camino de la gran expansión castellana y leonesa en el siglo XIII, como hemos visto, y, como veremos, abrirá también el camino de la gran expansión catalano-aragonesa.

2.2.6. El reinado de Jaime I. Las conquistas de Mallorca y Valência

La muerte del rey Pedro II en Muret en 1213 dejaba el trono en manos de su hijo Jaime I (1213-1276) que entonces contaba con cinco anos de edad. Además, el rey niño estaba custodiado por Simón de Montfort, a quien se lo había entregado su padre Pedro II como garantía en el mantenimiento de un pacto firmado unos anos antes. La presión del papa hizo que el rey fuera entregado a los nobles y magnates encabezados por el conde Sancho, un hijo de Ramón Berenguer IV, tío-abuelo por tanto de Jaime I, que gobernaba el Rosellón. El conde Sancho fue designado procurador real por el papa y ejerció la regencia durante unos anos. En ese contexto de los primeros pasos del reinado de Jaime I se celebro una importante reunión en Lérida en 1214 a la que asistieron nobles y eclesiásticos, pero también representantes de las ciudades, en la que el rey fue aceptado como tal y recibió el juramento de fidelidad. Una asamblea que viene siendo considerada como un hito en los orígenes de las cortes aragonesas y catalanas.

El reinado de Jaime I se caracteriza, como veremos, por la gran expansión territorial derivada de las conquistas de Mallorca y Valência (Shneidman, 1975). Pero también será una época de conflictos internos y sublevaciones nobiliarias.. En cierta medida, los procesos históricos en Aragón y en Castilla son paralelos y las causas son similares; pero en Aragón, además, los intereses de los grupos dominantes en las distintas zonas, Aragón y Cataluna, serán diversos y en ocasiones incluso contrapuestos, lo que determinará un factor añadido de inestabilidad y conflictos.

Inestabilidad y conflictos internos que ya aparecen en los primeros anos del reinado de Jaime I y que permanecerán, latentes o en primer piano, en el futuro. La regencia del conde Sancho tenía poderosos enemigos; además, el regente intento reanudar la intervención en Occitania de los anos anteriores, desarrollando una política opuesta a la del papado. Ambos hechos motivaron el final de la regencia y el comienzo del gobierno personal de Jaime I en 1218. El rey, sin embargo, seguia siendo un niño y el gobierno estaba en manos de consejeros y parientes. Los anos siguientes, una década aproximadamente, están marcados por las sublevaciones nobiliarias., tanto en Aragón como en Cataluña, mientras el rey apenas tiene poder efectivo. Una muestra de su aislamiento es el fracaso en varias campañas militares por falta de apoyo de los nobles. Uno de esos nobles destacados era Pedro de Ahones, que fue derrotado y muerto por el rey en 1226. La muerte del noble rebelde dio lugar a una revuelta casi generalizada en la que participaron los principales nobles y que fue apoyada por las oligarquías de algunas ciudades, como Zaragoza, Huesca o Jaca. Era un momento crítico para el rey, pero también marcará el inicio de la recuperación del poder regio. Con la intervención del papa, la disputa entre el rey y los sublevados se resolvió en 1227 mediante una sentencia arbitral, la llamada, concordia de Alcalá. Los sublevados reconocieron la autoridad de Jaime I, pero a cambio obtuvieron importantes concesiones. En definitiva, se alcanzo un acuerdo que seguramente beneficiaba a todos en esos momentos, pero no se resolvieron los problemas que habían originado los conflictos y los rebeldes lograron, aunque parcialmente, alcanzar sus objetivos.

Los problemas, como veremos, resurgirán posteriormente y los enfrentamientos entre el rey y sectores importantes de la nobleza, sobre todo aragonesa, caracterizarán las décadas siguientes. Pero, mientras tanto, el final de la rebelión permitía a Jaime I recuperar la iniciativa política. Una iniciativa que se basó en buscar la expansión exterior como solución a los problemas internos. La desintegración del dominio almohade en la península, tras la victoria de Alfonso VIII de Castilla y sus aliados en la batalla de las Navas de Tolosa, facilitaba esa política. Por otro lado, la expansión era una forma de soslayar, al menos temporalmente, los problemas planteados por los nobles. Así, la iniciativa de Jaime I se concreto en el planteamiento de la conquista de las Islas Baleares y del Levante valenciano. Primero se abordaria la conquista de Mallorca y después la de Valência. A finales de 1228 el rey convoco cortes en Barcelona y después en Lérida y en ellas se acordó la empresa militar de Mallorca y se establecieron los detalles de la participación en el ejército, así como las recompensas que se recibirían una vez conquistada la isla, además del tributo, bovaje, para financiar la campaña.

Se ha insistido en que la conquista de Mallorca fue una empresa catalana, en la que no participaron los aragoneses, y que respondia a los intereses de las oligarquías de comerciantes. Ambas cosas son ciertas en buena medida, pero son necesarios también algunos matices. Las tropas que participaron en la conquista eran de composición variada, con presencia destacada de gentes procedentes de Cataluña, pero con un número también notable de caballeros aragoneses (quizá en torno a la tercera o la cuarta parte), además de otros procedentes del Rosellón, la Provenza, etc. De manera similar, hay que matizar también que los intereses comerciales en muchas ocasiones no eran ajenos a los intereses nobiliarios ni, por supuesto, a los intereses regios.

La flota partió a comienzos de septiembre de 1229 de los puertos de Cambrils, Salou y Tarragona. Tras el desembarco y algunos enfrentamientos con los defensores de la isla, comenzó el asedio de la ciudad de Mallorca el 18 de septiembre, un asedio que se extendió hasta finales de ano cuando se libro el asalto final, el 31 de diciembre. A diferencia de los casos más frecuentes, en que tras un asedio más o menos prolongado se obtenía la capitulación, que evitaba grandes matanzas y el saqueo de los bienes, en este caso la ciudad de Mallorca fue saqueada por las tropas cristianas, que asesinaron a una buena parte de sus habitantes y de los que, procedentes de otras zonas de la isla, se habían refugíado en la ciudad. Con toda seguridad las crónicas que refieren esos hechos, tanto cristianas como musulmanas, exageran cuando ofrecen cifras, pero los muertos musulmanes debieron contarse por miles. Inmediatamente se realizo el reparto del botín y comenzó el repartimiento de la isla, la distribución de las tierras entre quienes habían participado en la conquista, conforme a los criterios que se habían acordado con anterioridad. Los focos de musulmanes resistentes que quedaban en la isla fueron sofocados en los meses siguientes. Una parte importante de los pobladores musulmanes supervivientes debió emigrar al norte de África o a Menorca, mientras que muchos de los que se quedaron fueron sometidos a duras condiciones de dependencia servil.

A diferencia de Mallorca, Menorca se sometió a la autoridad de Jaime I de una forma pacífica en 1231. Los musulmanes de Menorca acordaron firmar un tratado (tratado de Capdepera) reconociendo la autoridad del rey de Aragón y comprometiéndose al pago de un tributo anual. A cambio de su sumisión, los musulmanes menorquines pudieron conservar su situación hasta 1287 en que la isla fue plenamente incorporada al dominio cristiano. Tras la conquista de Mallorca y la sumisión de Menorca comenzaron las campanas en el levante peninsular para la conquista de Valencia, lo que retrasó la conquista de las otras islas, Ibiza y Formentera. Ambas fueron conquistadas en 1235 completando en control sobre las Baleares.

Por entonces la posición del rey se había reforzado notablemente. Un reforzamiento que se expresa con toda claridad en las conquistas, pero también en otros episodios de su actuación política, como son los acuerdos con el rey Sancho VII de Navarra y la incorporación del condado de Urgell. En 1231 Jaime I obtuvo el condado de Urgell tras la muerte de la condesa Aurembiaix, mediante un acuerdo con su esposo Pedro de Portugal que, a cambio de la renuncia a sus derechos en Urgell, obtuvo en feudo Mallorca. Por otro lado, a comienzos de 1231 Jaime I alcanzó un acuerdo con el rey Sancho VII de Navarra que, de hecho, le situaba como heredero del trono navarro. Ese acuerdo no se llevó finalmente a efecto, pero muestra que Jaime I, como sus antecesores, no había renunciado a volver a incorporar a sus dominios el reino de Navarra, que seguia su propia trayectoria independiente desde la muerte de Alfonso el Batallador. Sancho VII no tenía hijos, por lo que el reino de Navarra debía pasar su sobrino Teobaldo de Champaña. El acuerdo entre Sancho VII y Jaime I de 1231 consistió formalmente en un prohijamiento mutuo que convertía a cada uno en heredero del otro; sin embargo, la diferencia de edad hacía que, de hecho, el acuerdo supusiera situar a Jaime I como heredero de Navarra. Poco después, en 1234, murió Sancho VII y el acuerdo no se llevó a efecto, puesto que el sucesor en el trono navarro fue Teobaldo de Champaña, pero es una muestra de la proyección y de la nueva posición política del rey de Aragón en el contexto peninsular.

Tras la conquista de Mallorca, la política de expansión territorial se centro en Valência (Burns, 1982; López Elum, 1995; Torro, 1999). En este caso, se ha venido insistiendo en que el principal impulso procedió de la nobleza aragonesa. Si la conquista de Mallorca fue promovida por la burguesia catalana en función de sus intereses comerciales, la de Valência lo habría sido por la nobleza aragonesa que buscaba extender sus dominios y señorios; aunque más tarde el protagonismo aragonés se vería sustituido por la participación de los catalanes en la reconquista y repoblación de Valência. De nuevo es necesario establecer algunos matices, puesto que el claro interés de los nobles aragoneses por aumentar sus dominios no debe esconder la participación de la nobleza catalana desde el comienzo de las campañas, ni hacernos ignorar que la conquista de Levante también tenía claras consecuencias comerciales.

En la conquista del Levante valenciano suelen distinguirse tres etapas: 1225-1236, 1236-1239 y 1239-1245 (Ubieto, 1979-1981; Ferrer, 1999). También aqui es necesario señalar que la crisis almohade proporciono un contexto político y militar que facilito las conquistas cristianas. En los momentos inmediatamente anteriores a las conquistas destaca en la zona la figura de Ibn Hud de Murcia, que logro extender su autoridad a buena parte de al-Andalus; sin embargo, el gobernante musulmán de Valencia, Ceyt Abuceyt, no reconocia a Ibn Hud y mantenia su vinculación con el califa almohade.

Durante la primera etapa, entre 1225 y 1236, la conquista se extiende por la zona norte, el actual Castellón, y pueden señalarse como hitos las conquistas de Morella por el noble Blasco de Alagón a fines de 1231 o comienzos de 1232 y las de Burríana y Peñíscola por Jaime I en 1233, tras las que van siendo tomados los distintos lugares de la zona. La segunda etapa, entre 1236 y 1239, corresponde a la conquista de la propia ciudad de Valência en 1238. El proceso es similar al de la conquista de Mallorca unos anos antes, iniciándose con una reunión de cortes en Monzón para la organización de la campaña. Para la empresa se obtuvieron bulas pontifìcias concediendo indulgencias de cruzada a los participantes. Sin embargo, en los primeros momentos, tanto la nobleza como los principales concejos mostraron poco entusiasmo. La debilidad política y militar de los musulmanes valencianos es clave para comprender el desarrollo de las operaciones que, finalmente, se saldaron con la capitulación de Valência el 28 de septiembre de 1238 y la adquisición de los territorios hasta el rio Júcar. En los anos siguientes que forman la tercera etapa, entre 1239 y 1245, tras un período de tregua roto en varias ocasiones, se irán conquistando los restantes territorios valencianos, tanto algunos focos de resistencia musulmana al norte, como las zonas al sur del Júcar. Las conquistas de Alcira y Denia en 1243 y Játiva en 1244 marcan los principales hitos de esas campañas.

Por entonces, en 1243, se producía el control militar castellano de Murcia. Las áreas de expansión de ambos reinos se habian establecido en los tratados de Tudején en 1151 y de Cazola en 1179. El primero indicaba Valência y Murcia como zonas de expansión aragonesa; el segundo, por el contrario, establecía que Murcia sería para Castilla, señalando los limites en el puerto de Biar, es decir, incluyendo para Castilla los territorios del actual Alicante. Ahora, en 1244, se establecerá un nuevo acuerdo, el tratado de Almizra, que, en lineas generales, ratificará los limites establecidos en el tratado de Cazola senalándolos con más precisión. El puerto de Biar seguirá marcando la referencia del limite de la expansión entre ambos reinos.

La conquista de Valência significo la incorporación de amplios territorios, alrededor de 24.000 kilómetros cuadrados, a los dominios de Jaime I, territorios que en una proporción muy importante siguieron habitados por sus pobladores musulmanes inmediatamente después de las conquistas. Incluso bastantes fortalezas siguieron en manos de los gobernantes musulmanes locales tras los pactos de reconocimiento de la autoridad del rey aragonés. Por lo tanto, el dominio cristiano en esos primeros anos era débil y la situación potencialmente conflictiva. En efecto, los conflictos surgieron pronto en forma de rebeliones de sectores amplios de los musulmanes valencianos. Los primeros episodios se producen entre 1247 y 1249. Tras la intervención militar, la sublevación mudéjar se saldará entonces con la expulsion de una parte de la población musulmana; algunas fuentes dan la cifra de 60.000 expulsados. Pero los problemas volverían a surgir de nuevo en 1258 y otra vez con gran intensidad en 1275 y 1276. El apoyo de los benimerines en algunas ocasiones y del rey de Granada en otras alentará esas sublevaciones.

La cuestión mudéjar afectaba también a los territorios conquistados por Castilla y causará la ocupación temporal de Murcia por Jaime I de Aragón en 1265. Como ya hemos visto al estudiar ese período de la expansión castellana, en 1264 se produjo una gran revuelta de los mudéjares andaluces y murcianos que contaron con el apoyo del rey de Granada. Para sofocar esa revuelta, que amenazaba también a sus dominios valencianos, Jaime I intervino ocupando Murcia entre 1265 y 1266. La intervención era una muestra también de que el rey de Aragón no renunciaba por completo a aumentar sus dominios hacia el sur, traspasando las fronteras fijadas en el tratado de Almizra (Torres Fontes, 1967; Rubio, 1989). Para asegurar la presencia aragonesa en la zona, Jaime I realizo un reparto de tierras que suponía la entrega de grandes lotes a algunos nobles. Ese repartimiento de Murcia hecho por Jaime I debe entenderse también como un instrumento político utilizado por el rey en un contexto de conflictos y enfrentamientos con los nobles. Alfonso X de Castilla recupero Murcia en 1266 y anuló el apresurado repartimiento realizado por Jaime I; sin embargo, se mantendrá un apreciable presencia de aragoneses en la zona.

La incorporación de Mallorca y Valência a los dominios de Jaime I se realizo constituyéndose en dos reinos, dos entidades políticas nuevas, sin integrarse políticamente en las ya existentes, Aragón y Cataluña. Esa solución es resultado de la concepción patrimonial de sus dominios, que había caracterizado a sus antecesores y seguia presente en la concepción política de Jaime I. La consecuencia final de esa concepción patrimonial será, como veremos, la separacion y el reparto de los reinos a su muerte. La personalidad jurídica y política de Mallorca se establecerá mediante la carta de franqueza de 1230, que se extenderá a Ibiza y Menorca. En cuanto a Valencia, obtuvo también un regulación jurídica propia en 1239 mediante su fuero, la Costum, cuya version romance, los Furs de Valência,, se ratificarán en 1261.

La concepción patrimonial y una complicada política dinástica llevaron a Jaime I a plantear diversas formas de repartos de sus dominios; repartos que en ocasiones incluyeron la separacion de Aragón y Cataluña. Jaime I se caso en dos ocasiones, la primera con Leonor hija del rey de Castilla Alfonso VIII, con quien tuvo un hijo varón llamado Alfonso; este matrimonio fue anulado en 1229. Su segundo matrimonio fue con Violante hija del rey de Hungria, con quien tuvo varios hijos, entre ellos los que serían sus sucesores, Pedro II de Aragón y Jaime II de Mallorca. Jaime I no pretendió que el conjunto de sus dominios pasara a manos de un único heredero sino que, como décimos, planteó diversos repartos de los distintos territorios entre sus herederos. Repartos que fueron modificados en varias ocasiones a lo largo de su reinado mediante acuerdos y testamentos. Desde la situación inicial del primer testamento de 1232, en la que el infante Alfonso heredaría todos sus dominios; hasta la situación final en que, muerto Alfonso, los reinos se dividieron entre los infantes Pedro y Jaime; pasando por otras situaciones, como la que se recoge en el cuarto testamento de 1248, que propone una division de los territorios entre los cuatro hijos varones. En esos repartos a lo largo del tiempo el rey distribuyo de diversas maneras los cinco bloques que formaban sus dominios: Aragón, Cataluña, Mallorca, Valência y los territorios que conservaba en el sur de Francia. De la política regia en ese sentido no puede deducirse una intención de mantener la unión dinástica entre Aragón y Cataluña. Por otro lado, los repartos hicieron que se fueran perfilando los limites territoriales de las diversas zonas y, en algunos casos, se introdujeron modificaciones sustanciales. Asi, las tierras entre el Segre y el Cinca con Lérida como núcleo principal, inicialmente vinculadas a Aragón, se adscribieron en ocasiones al heredero que habria de recibir Cataluña, y lo mismo sucede con el antiguo condado de Ribagorza.

Jaime I renuncio a extender sus dominios en las zonas del sur de Francia, donde sus antecesores habian tenido un papel tan importante unas décadas antes. Fue una consecuencia de la derrota y muerte de su padre en Muret, como vimos, y de las imposiciones del papado. Sus intervenciones fueron escasas y no parecen obedecer a una línea política firmemente establecida. Será una situación que se ratificará en 1258 en el tratado de Corbeil entre Jaime I y Luis IX de Francia; el rey de Aragón renunciaba a extender sus dominios en el sur de Francia, excepto en los núcleos más próximos y en los que disponía de un control directo (Rosellón, Cerdaña y Montpellier), mientras que el rey de Francia renunciaba a los derechos que le pudieran corresponder sobre los condados catalanes en tanto que heredero y sucesor de Carlomagno. Lo cierto es que Jaime I renunciaba a mantener la política de sus antecesores más próximos, mientras que el rey de Francia no renunciaba prácticamente a nada. La política occitana fue sustituida por la expansión por la península y por el Mediterráneo.

Los sucesivos repartos de los territorios y la cambiante política regia en ese sentido fueron elementos de inestabilidad y conflictos. Conflictos que, por otro lado, respondían a una situación estructural derivada de las pretensiones nobiliarias de aumentar sus rentas, que provocaba una inadecuación en la articulación política entre la monarquía y amplios sectores de la nobleza. La patrimonializacion de las tenencias y honores, su carácter hereditario, será uno de los elementos de tension más frecuentes. En el fondo de los problemas estará también el descontento porque los resultados de las conquistas no respondían a las expectativas de algunos sectores nobiliarios; especialmente de los nobles aragoneses en relación con Valência. Así, los problemas que había tenido que enfrentar Jaime I en los primeros anos de su reinado volvieron a resurgir con intensidad. En ese contexto, cuando el primogénito del rey, el infante Alfonso, se vio perjudicado en los repartos hereditarios de los anos cuarenta (repartos que en 1243 y 1248 reducían sus expectativas de herencia únicamente a Aragón) encontró el apoyo de un sector de la nobleza opuesta a Jaime I. La muerte del infante Alfonso en 1260 no eliminará los problemas entre los hijos del rey, que tendrán nuevos protagonistas en los anos siguientes. Mientras tanto, en 1259 fueron nobles catalanes los que protagonizaron una revuelta contra el rey, que tendrá que ceder a parte de sus pretensiones. La revuelta de los mudéjares de Murcia en 1264 dará lugar a otra confrontación entre los nobles y el rey, que no encontrará en ellos apoyo para la invasion de Murcia realizada el ano siguiente y a la que sólo se incorporarán algunos sectores tras varias concesiones. Nuevos conflictos surgirán en Cataluña en torno al condado de Urgell a finales de los anos sesenta, y a lo largo de los setenta tanto en Aragón como en Cataluña. Uno de los principales protagonistas en esos anos fue Fernando Sánchez, hijo ilegítimo del rey. En la tarea de sofocar las revueltas también tuvo un protagonismo notable el infante Pedro. El enfrentamiento entre los hermanastros se saldo con la muerte del primero en 1275.

Poco después, en julio de 1276 murió el rey Jaime I. Los conflictos con los nobles que habían caracterizado buena parte de su reinado volverán a surgir y se harán más agudos en los anos siguientes. A su muerte sus reinos fueron divididos tal y como se había establecido en el último reparto de 1262. El infante Pedro recibió Aragón, Cataluña y Valencia, y el infante Jaime Mallorca y los territorios del sur de Francia.

2.2.7. Expansion mediterrânea y conflictos internos a finales del siglo XIII y comienzos del XIV

En las últimas décadas del siglo XIII y las primeras del XIV, en los territorios peninsulares de Aragón, Cataluña y Valência Jaime I fue sucedido por Pedro III (1276-1285), Alfonso III (1285-1291) y Jaime II (1291-1327). Mientras tanto, Mallorca y los territorios del Rosellón, Confient, Cerdaña y Montpellier formaron un reino propio gobernado por Jaime II de Mallorca (1276-1285 y 1298-1311), Sancho I (1311-1324) y Jaime III (1324-1343), hasta que fue definitivamente reincorporado a los territorios de la corona de Aragón a mediados del siglo XIV. Tal y como se expresa en el título de este apartado, fueron anos de expansión por el Mediterráneo, una expansión determinada por intereses comerciales y que continuará más adelante, pero que ahora se concreto también en una expansión política con las conquistas de Sicilia en 1282 y de Cerdeña en 1323 (Lalinde, 1979; Giunta, 1989). Pero fueron anos igualmente de graves conflictos internos, sobre todo en Aragón, que determinarán posteriormente nuevas formas de articulación política en el período siguiente.

La division de los reinos propuesta por Jaime I contó con la oposición, como cabe pensar, del heredero de mayor edad, Pedro III. Enseguida quedo establecido que su hermano, Jaime II de Mallorca, reinaria en las Baleares y en los territorios del sur de Francia reconociendo la autoridad superior del rey de Aragón, en una vinculación de dependencia feudovasallática. Lo cierto es que la propia configuración del reino de Mallorca, con los territorios continentales y las islas, era peculiar y dificultaba su consolidación como formación política independiente (Abulafia, 1996). Por ejemplo, los reyes de Mallorca residieron habitualmente en Perpiñán. Jaime II de Mallorca se alio con los enemigos de su hermano, Francia, el papado y los Anjou como veremos, y eso causo que, tras la muerte de Pedro III de Aragón, su sucesor Alfonso III recuperará el control pleno sobre el reino de Mallorca en 1285. Durante su reinado, en 1287, se procedio a la conquista militar y la plena incorporación de Menorca, que hasta entonces mantenia su población y gobernantes musulmanes, reconociendo la soberania de los reyes de Aragón y de Mallorca. Fue una conquista violenta y con consecuencias muy graves para los pobladores musulmanes, que en un número importante (alrededor de unos 40.000) fueron reducidos a la esclavitud. Alfonso III fue sucedido en 1291 por su hermano Jaime II de Aragón, que igualmente reinará en Mallorca hasta 1298. En ese ano, ante las presiones de Francia y el papado hubo de restituir el reino de Mallorca a su tio de igual nombre, Jaime II de Mallorca, que había reinado entre 1276 y 1285 y volverá a hacerlo entre 1298 y 1311. Desde entonces hasta 1343 el reino de Mallorca se mantendrá como tal, gobernado por los sucesores de Jaime II de Mallorca, Sancho I y Jaime III, hasta que Pedro IV de Aragón lo reincorpore definitivamente a la corona aragonesa. En ese sentido pude decirse que fue un reino independiente, pero sus reyes reconocian la autoridad de los reyes de Aragón, a quienes prestaron vasallaje y con los que colaboraron política y militarmente en varias ocasiones. Asi, por ejemplo, la participación de Mallorca en la conquista de Cerdeña por Jaime II de Aragón en 1323 será muy destacada. Fueron anos de desarrollo económico, sobre todo comercial, en estrecha relación con el desarrollo de los puertos peninsulares de Barcelona y Valência y la política de expansión por el Mediterráneo de los reyes de Aragón. Desde el punto de vista político, la existencia del reino de Mallorca dependio de la relación de fuerzas entre las potencias que se jugaban la hegemonía en el Mediterráneo occidental, tanto o más que de si mismo o de la voluntad de sus reyes.

Una situación en el Mediterráneo que estará marcada por la expansión catalano-aragonesa y la conquista de Sicilia. Y frente a sus intereses políticos y económicos los de Francia y su principal aliado en la zona, el papado. El comercio fue el gran impulsor de esa política de expansión. Ya hemos mencionado su papel en las conquistas de Mallorca y Valência en tiempos de Jaime I. También llevará a la intervención en el norte de Africa donde, a cambio de ayuda y protección militar, se obtendrán privilegios comerciales en acuerdos que incluirán también el cobro de tributos. Comercio y expansión política, como tantas veces en la historia, eran dos caras de la misma moneda. Del desarrollo del comercio se beneficiaban los reyes, a veces de forma directa, pero sobre todo de una forma indirecta mediante tasas y tributos. Tampoco la nobleza era ajena al crecimiento del comercio y a la expansión política, sobre todo en Cataluña, mientras que la nobleza aragonesa, en general, permaneció más al margen de ese proceso.

La conquista de Sicilia tuvo lugar en 1282. El rey de Aragón, Pedro III, había obtenido derechos dinásticos por su matrimonio con Constanza de Sicilia. El reino de Sicilia se había ido formando por la actuación de caballeros normandos durante la segunda mitad del siglo XI y la primera del XII, y se extendia por la isla y el sur de la península italiana. A finales del siglo XII, mediante matrimonio, el reino pasó a manos del emperador alemán Enrique VI de la dinastía Staufen. El emperador aumentaba asi sustancialmente su influencia en Italia en contra de los intereses del papado en una lucha entre partidarios del papa (güelfos) y del emperador (gibelinos) que ya venia de atrás. Varios miembros de la dinastía Staufen se sucedieron en el trono de Sicilia durante la primera mitad del siglo XIII, manteniendo la tension y los enfrentamientos con el papado. En 1264 el papa Urbano IV otorgó el reino de Sicilia a Carlos de Anjou, hermano del rey Luis IX de Francia y uno de los personajes más destacados del panorama europeo de esos anos. Poco después eran derrotados y muertos los últimos representantes de la dinastía Staufen en la zona, de manera que sus derechos pasaban a Constanza, la esposa de Pedro III de Aragón. Durante varios anos Pedro III mantuvo en suspenso la reclamacion de los derechos dinásticos, pero el 30 de marzo de 1282 estallo una gran revuelta en Palermo contra los gobernantes franceses; son las llamadas Visperas Sicilianas (Runciman, 1961). Fue un levantamiento muy violento y no hay duda de que el rey de Aragón lo instigo de una u otra manera, porque desde hacia tiempo preparaba una gran flota de guerra. La explicación formal de esos preparativos era una expedición contra Túnez pero, finalmente, la flota se dirigió desde Túnez a Sicília, donde desembarco Pedro III a finales de agosto de 1282, haciéndose rápidamente con el control de la isla.

La conquista de Sicilia por el rey de Aragón era un duro golpe para Carlos de Anjou, el papado y el rey de Francia, que formaban una sólida alianza. La reacción no tardo en llegar. Por otro lado, la conquista de Sicilia y los problemas posteriores generaron un contexto que permitió a los nobles aragoneses y catalanes obtener importantes concesiones de su rey, según veremos más adelante. La primera reacción contra la conquista fue la excomunión del rey de Aragón por el papa, algo que no fue ajeno a las reclamaciones nobiliarias que mencionamos. Además, el rey de Francia, Felipe III, sobrino de Carlos de Anjou, preparo una invasion de Aragón y Cataluña para la que contó con el apoyo del rey Jaime II de Mallorca y del rey de Navarra Felipe I, hijo del rey de Francia puesto que por entonces el trono de Navarra estaba vinculado a los reyes de Francia. El intento de invasion se produjo en 1285 pero fue rechazado por las tropas de Pedro III, tanto en el frente navarro como en el más importante que se desarrollo en Cataluña.

Pedro III murió a finales de 1285. Su hijo mayor, Alfonso III el Liberal le sucedio en Aragón, Cataluña, Valência y Mallorca, recuperada tras la alianza de Jaime II de Mallorca con el rey de Francia; mientras que el segundo hijo, también llamado Jaime, sucedio a Pedro III en Sicilia. El reinado de Alfonso III fue breve, entre finales del 1285 y mediados de 1291. En esos anos su hermano Jaime pudo consolidar el control sobre Sicilia y lanzar varias campañas contra los dominios angevinos en Italia. Mientras tanto, Alfonso III reforzó su posición en Mallorca con la conquista de Menorca, como hemos mencionado, y tuvo que seguir haciendo frente tanto a las pretensiones nobiliarias en el interior, como a la amenaza procedente de Francia. Además, Aragón dio refugio y apoyo a los infantes de la Cerda, pretendientes al trono que ocupaba Sancho IV de Casilla, según hemos visto; de manera que entre 1288 y 1291 Castilla se unió a Francia y a Navarra en su oposición a Aragón.

Cuando comenzaba a cosechar algunos éxitos y a consolidarse en su complicada situación política (Cortes de Monzón de 1289, tratado de Brignoles o de Tarascón de 1291), murió prematuramente Alfonso III. El heredero seria su hermano Jaime II el Justo que gobernaba Sicília. Según el testamento de su hermano, al heredarle en sus dominios de la península y de Mallorca, Jaime II debería renunciar al trono de Sicília a favor de su hermano menor Federico. Sin embargo, Jaime siguió controlando Sicilia. Los problemas que caracterizaron el período anterior (Castilla, Francia y Navarra, Sicilia e Italia y los conflictos internos) seguirán presentes durante su reinado adquiriendo diversas formas y contenidos concretos. Pero, en general, Jaime II logro consolidar la posición de la corona de Aragón tanto en la península como en el Mediterráneo y, aunque hubo de renunciar a Sicilia y a Mallorca, mantuvo también una política de expansión territorial.

Los conflictos con Castilla se solucionaron temporalmente con el tratado de Monteagudo a fines de 1291 entre Jaime II y Sancho IV de Castilla. Recordemos que si la causa del conflicto era el apoyo del rey de Aragón a los pretendientes al trono de Castilla, los infantes de la Cerda, en el trasfondo del problema estaba también la pretensión aragonesa de hacerse con el control de Murcia, un conflicto cerrado en falso en el tratado de Almizra en 1244 entre Jaime I y Fernando III de Castilla, tal y como se reflejó en la invasión de Murcia por Jaime I en 1265. El tratado de Monteagudo pacifico las relaciones con Castilla, pero no resolvió los problemas, que volvieron a surgir poco después. Entre 1296 y 1304 se desarrollaron nuevos conflictos por las mismas razones, como vimos al trazar las líneas de la evolución política de Castilla en ese período. En esa época Jaime II ocupo Murcia, una ocupación que en parte seria ratificada por la sentencia de Torrellas de 1304 y el acuerdo de Elche de 1305, que pusieron fin al conflicto y determinaron la incorporación del norte de Murcia, el actual Alicante, a los dominios del rey de Aragón.

Mientras tanto, en 1298, Jaime II de Aragón hubo de renunciar al trono de Mallorca reintegrándolo a su tio, Jaime II de Mallorca, como hemos mencionado. La situación de Sicilia y las presiones de Francia y del papado explican esa solución; además, Mallorca permanecería en dependencia feudal de los reyes de Aragón.

Los conflictos en torno a Sicilia habían seguido caracterizando los comienzos del reinado de Jaime II reavivados por su negativa a renunciar a la isla, tal y como se recogía en el testamento de Alfonso III y como consecuencia del tratado de Tarascón de 1291 firmado por Alfonso III. En 1295 se firmo el tratado de Agnani que modifico sustancialmente la situación. Mediante ese tratado se establecía un pacto dinástico entre Jaime II y los Anjou, al acordarse su matrimonio con Blanca de Anjou; Jaime II se comprometía a renunciar a Sicilia devolviéndola a la Santa Sede y a cambio obtenía derechos sobre Córcega y Cerdeña. En ese acuerdo se enmarca también la devolución de Mallorca a Jaime II que se llevó a cabo poco después.

Sin embargo, la renuncia de Jaime II de Aragón a gobernar en Sicilia no supuso que la isla quedara bajo control del papa y volviera a manos de los Anjou, como se establecio en 1295. Desde que Jaime II accedió al trono de Aragón en 1291 gobernaba en Sicilia como su lugarteniente su hermano Federico, que retuvo el control de la isla tras el tratado de Agnani. Incluso el rey de Aragón se enfrento a su hermano para obligarle a cumplir los acuerdos, aunque lo hizo sin mucho entusiasmo. Finalmente, Federico se consolido en Sicilia y logro ver reconocida su posición en nuevos acuerdos (tratado de Caltabellota de 1302). Posteriormente reinaron sus sucesores, de manera que el reino de Sicilia permanecio en una rama de la casa de Aragón durante el siglo XIV hasta su reincorporación a la corona de Aragón a comienzos del siglo XV.

La solución del problema siciliano era imprescindible para reforzar la posición internacional de Jaime II y acabar con los enfrentamientos con Francia y el papado; lo que, a su vez, le permitió hacer frente a los problemas internos y desarrollar una política peninsular expansiva que se saldo con la ocupación de la zona de Alicante, como ya hemos mencionado. Más adelante retomo Jaime II la política de expansión por el Mediterráneo haciendo efectivos los derechos que habia recibido sobre Cerdeña en el tratado de Agnani.

La campaña para la conquista de Cerdeña comenzó en 1323 y Jaime II contó con el apoyo del rey Sancho I de Mallorca. Por entonces Cerdeña pertenecia a la ciudad de Pisa. También Génova tenía intereses, indirectos en este caso, derivados de su competencia comercial con los puertos catalanes y valencianos. Aunque el rey de Aragón contó con el apoyo de algunos sectores importantes de los habitantes de la isla, las hostilidades se extendieron hasta 1326. Las luchas y las epidemias hicieron estragos en las tropas, tanto aragonesas como pisanas, en una campaña en la que tuvo un protagonismo notable el infante Alfonso. En las décadas siguientes el dominio aragonés será contestado por Génova. En la conquista de Cerdeña Jaime II tuvo el apoyo tanto de nobles catalanes como aragoneses, lo que es buena prueba de la existencia de un nuevo marco de relaciones a nivel interno. Por otro lado, la conquista también afianzó su posición internacional y fue otro paso importante en el desarrollo político y comercial de los territorios bajo su dominio.

El proceso de expansión mediterrânea tiene como hitos principales en este período las conquistas de Sicilia y Cerdeña, pero fue más allá alcanzando el Mediterráneo oriental, con intervenciones en zonas bizantinas. Son intervenciones de compañías de mercenarios catalanes y aragoneses, los almogávares, que les llevaron a dominar los ducados de Atenas y Neopatria en la Grecia continental. Tropas de almogávares habían participado ya en las campañas contra Valência bajo el mando de Jaime I y su actuación fue muy importante en la conquista de Sicilia. A comienzos del siglo XIV (1303), tras la estabilización de la situación política en Sicilia, companias de almogávares pasaron a actuar al servido del emperador Andrónico en Asia Menor frente a los turcos. El patrono no tardo en convertirse en enemigo (1305) y las compañias de mercenarios comenzaron a actuar por su cuenta en la zona, contando con el apoyo de Jaime II de Aragón y del rey Federico de Sicilia. Como consecuencia de su actuación lograron controlar los ducados de Atenas (1311) y de Neopatria (1319), que quedarían vinculados a los reyes de Sicilia.

Junto a la expansión mediterrânea, el otro eje que marcará la evolución política de la Corona de Aragón en las últimas décadas del siglo XIII son los conflictos internos, sobre todo en Aragón y con menor intensidad en Cataluna. Se trata, fundamentalmente, de conflictos y levantamientos nobiliarios que son una continuidad de los que habían caracterizado, en buena medida, el reinado de Jaime I. Es un proceso que presenta bastantes paralelismos con lo que por entonces sucedia en Castilla. Como alli, también en Aragón la expansión territorial y los conflictos nobiliarios están estrechamente relacionados. Las causas formales de los conflictos son distintas (cuestiones dinásticas en Castilla, problemas generados por la conquista de Sicilia en Aragón), pero los procesos sociales y políticos de fondo son similares. Como también lo serán las reivindicaciones de los rebeldes que, en última instancia, buscaban aumentar sus ingresos mediante los recursos generados por la monarquía y reforzar su hegemonía social y política, para lo cual pretenderán ahora establecer instrumentos de control en la ejecucion de la política regia, mediante el control de los oficiales regios, por ejemplo, o mediante el reforzamiento de sus privilegios jurídicos, etc. Sin embargo, el resultado fue aparentemente distinto en ambas zonas, dando lugar a una articulación política en Aragón, el pactismo, peculiar no solo en el contexto peninsular sino también, en buena medida, en el europeo. Una articulación política que surgirá ahora, a finales del siglo XIII, y que se desarrollará en el período posterior y que forma también uno de los ejes de reflexión historiográfica más importantes. Son preocupaciones historiográficas que, como sucede en casi todas partes, no son ajenas a la situación actual y al pasado más reciente. González Antón ha realizado una revisión crítica del proceso histórico y de las visiones historiográficas, clarificando el primero y llamando la atención sobre algunos excesos entre las segundas. Por ejemplo, el riesgo de identificación de los intereses de los grupos dominantes con los del conjunto de los habitantes del reino; en última instancia, el riesgo de identificación de la sociedad política con la sociedad (González Antón, 1997: 209-214).

Como décimos, las luchas nobiliarias. de finales del siglo XIII, especialmente intensas en los anos ochenta, son una continuación de las que se habían producido antes, durante el reinado de Jaime I. Conviene recordar que los últimos anos de su gobierno estuvieron caracterizados por el levantamiento de un sector de la nobleza aragonesa liderado por su hijo ilegítimo, Fernando Sánchez, y que el infante Pedro, futuro Pedro III, tuvo un protagonismo notable en la lucha contra su hermanastro y sus aliados. Poco tiempo después, reinando ya Pedro III, la conquista de Sicília encenderá la chispa de un nuevo levantamiento nobiliario. Ya hemos visto que la conquista situó al rey de Aragón en una delicada posición internacional por su enfrentamiento con Francia y el papado. Además, Pedro III fue excomulgado por el papa, lo que liberaba a sus súbditos del mantenimiento de las relaciones de fidelidad y del cumplimiento de las obligaciones vasalláticas. El asunto de la excomunión podía tener mayores o menores consecuencias en función del contexto político en que se produjera. En este caso, unido a la presión de Francia, creó un marco en el que pudo crecer con gran fuerza la rebelión nobiliaria. Los rebeldes formaron una Union, una hermandad juramentada. Los acontecimientos se desarrollaron en las reuniones de Tarazona y Zaragoza en 1283 y se saldaron con la aceptación por el rey del llamado Privilegio General, en el que se recogían las aspiraciones de los nobles y otras disposiciones de carácter general. Entre otras cosas, se ponen limites a la actuación judicial del rey reforzando el papel del Justicia como juez nobiliario; se confirman propiedades y derechos nobiliarios, limitando también la extensión del realengo; y se determinan, reduciéndolas en algunos casos, las obligaciones militares de los nobles. Las oligarquías urbanas que participaron en la Union, sobre todo de Zaragoza, obtuvieron igualmente una regulación beneficiosa de diversos aspectos relativos al comercio y la fiscalidad. Cabe destacar también que el Privilegio General recogía la obligación de celebrar cortes en Zaragoza cada ano (González Antón, 1975; Sarasa, 1984).

Inmediatamente después de la reunión de Zaragoza, el rey convoco cortes en Barcelona y en ellas se aprobaron unas Constituciones que en parte recogen acuerdos similares a los contenidos en el Privilegio General aragonés (justicia, fiscalidad, etc.), aunque con la incorporación de otros asuntos; así, normas relativas a la organización concejil, incluyendo el privilegio denominado Recognoverunt proceres en el que se reconocía y establecía el régimen municipal de Barcelona. Los acuerdos de las cortes de Barcelona de 1283 incluyen también la obligación de celebrar cortes anualmente y el compromiso de no modificar el régimen legal sin su acuerdo. Esto último se ha considerado por algunos autores como un hito en el desarrollo del pactismo en Cataluña. Sin embargo, la situación en Cataluña no era como la de Aragón y las cortes de Barcelona se celebraron en un contexto en el que el rey contaba con el apoyo de sectores amplios de la nobleza y las oligarquías urbanas catalanas. La conquista de Sicília era vista de una forma bien distinta por los poderosos catalanes que por los poderosos aragoneses.

Mientras los grupos dominantes en Cataluña encontraban, en general, un reflejo a sus aspiraciones en la política regia, el descontento se extendia entre amplios sectores de la población urbana que veían como aumentaba y se consolidaba el poder de las oligarquías urbanas. Ese descontento queda reflejado en la revuelta liderada por Berenguer Oller en la ciudad de Barcelona en 1285, que fue apoyada por menestrales y artesanos y dirigida contra la alta burguesia, y que fue finalmente reprimida con dureza por rey.

La revuelta de Berenguer Oller en Barcelona se produjo en el contexto de la invasion francesa. El Privilegio General en Aragón y las Constituciones de Barcelona permitieron a Pedro III y a su sucesor Alfonso III reforzar su posición interna y hacer frente a la presión francesa, que se concreto en el intento de invasion de 1285. Pero la Unión no se habia disuelto en Aragón; al contrario, se habia dotado de una organización interna y habia obtenido el apoyo de los grupos dominantes urbanos que determinaron la adhesion de un buen número de ciudades y villas. De hecho, la Unión fiincionaba como un contrapoder en Aragón respecto a la monarquía. Los unionistas acusaban al rey de no respetar el Privilegio General. Las tensiones desembocaron en una nueva rebelión y en una guerra abierta entre la Union, uno de cuyos líderes era ahora el obispo de Zaragoza, y el rey Alfonso III en 1287. De nuevo serán sectores de la nobleza y de la oligarquia urbana de Zaragoza los que protagonicen esta nueva rebelión. El rey fue incapaz de derrotados militarmente y, a finales de ano, aceptó sus condiciones, que quedaron recogidas en dos documentos, los Privilegios de la Union. Entre las disposiciones podemos mencionar la regulación más formalizada del consejo que asistía al rey en las tareas de gobierno determinando, además, que sus miembros serían elegidos por las cortes y desempehando un papel muy destacado los representantes de Zaragoza. Por otro lado, el rey se compromete a respetar lo acordado, entregando 16 castillos como garantía del cumplimiento de los Privilegios; en caso contrario, los unionistas podrían livrar aquellos a otro rey. En definitiva y en palabras de González Anton: “El rey Alfonso acepta el destronamiento e incluso el cambio de dinastía y por tanto legaliza por primera vez en el reino el derecho de insurrección de los súbditos, dando fuerza oficial a la rebelión unionista” (González Anton, 1975, vol. 1: 206).

En el futuro, el Privilegio General de 1283 será confirmado por los reyes pero no así los Privilegios de la Unión de 1287. Alfonso III no tardo en dar los primeros pasos en contra de los acuerdos de 1287 y lo hizo mediante una convocatoria general de cortes en Monzón en 1289 en la que se reunieron representantes de la nobleza, el clero y las ciudades de Aragón, Cataluña y Valência. Alli se adoptaron nuevos acuerdos que en parte recogen aspectos incluidos en los Privilegios anteriores pero en un contexto claramente distinto. Se reconoce la vigéncia del Privilegio General y de las Constituciones delas cortes de Barcelona de 1283, con lo que, de hecho, se anulan los Privilegios de la Union. En las cortes de Monzón se adoptaron acuerdos en torno a aspectos judiciales, la actuación de los oficiales regios, el consejo real, aspectos comerciales, fiscalidad, etc.

Hemos visto como Jaime II pudo reforzar su posición internacional, sobre todo tras el tratado de Agnani de 1295. También a nivel interno su posición será más sólida. Hubo de enfrentarse a nuevas revueltas nobiliarias. y episodios unionistas, pero no tuvieron ni la viruléncia ni las consecuencias de los anteriores. En 1296 comenzó una guerra de bandos en Cataluña entre varios sectores de la nobleza que habría de durar varios anos. En cuanto a los episodios unionistas, de nuevo en 1301, en el contexto de la guerra con Castilla por la cuestión de Murcia, importantes sectores de la nobleza aragonesa se rebelaron a causa del retraso del rey en los pagos de las rentas debidas a los nobles. Esta vez el rey lleva el caso ante las cortes y lo pone en manos del Justicia, quien condenará a los rebeldes. Hubo algunos conatos de resistencia, pero las divisiones internas entre los rebeldes y los apoyos con que contaba el rey hicieron que fracasaran rápidamente. En esa ocasión las reclamaciones nobiliarias. se centraban ahora en el núcleo de los problemas.

Después de esos episodios los conflictos con los nobles, aunque volvieron a surgir, como por ejemplo en 1318 y 1319, tuvieron un carácter puntual, menos generalizado. Las conquistas en Murcia y más tarde en Cerdeña también tuvieron su papel, así como la política norteafricana o la expansión en el Mediterráneo oriental. Otro factor que había sido causa de tensiones en el pasado, como era la composición territorial de los dominios regios y la concepción patrimonial que de ellos tuvieron los reyes, también alcanzó un punto de inflexión en 1319, al decretar el rey la indivisibilidad de los territorios de la corona.

Sin embargo, las rebeliones nobiliarias. y las Uniones de finales del siglo XIII habían abierto un camino que volvería a ser recorrido anos después, a mediados del siglo XIV, aunque en un contexto parcialmente diferente; un contexto de crisis más general, agravada también por los conflictos dinásticos, las epidemias y las guerras.

2.3. Portugal

La zona oriental del reino de León tenía una clara personalidad en el conjunto del reino. No es lugar para remitirse aqui a los orígenes de esa personalidad histórica, pero entre sus características en el siglo XI es necesario señalar que estaba dominada por una nobleza muy poderosa. Las conquistas durante el reinado de Alfonso III (Oporto en 868, Coimbra en 878) situaron la frontera en el rio Mondego y permitieron la incorporación de los territorios entre el Mino y el Duero, restaurando también la sede episcopal de Braga. Coimbra fue recuperada por los musulmanes en las campañas de Almanzor a finales del siglo X y conquistada ya definitivamente por Fernando I en 1064, poco después de las conquistas también de Lamego y Viseo en 1057 y 1058.

Ya hemos mencionado cómo a la muerte de Fernando I de León y Castilla, en 1065, sus reinos fueron divididos entre sus hijos obteniendo Garcia el reino de Galicia, incluyendo las tierras al sur del Mino; aunque finalmente su hermano Alfonso VI se hizo en 1072 con el control de todos los territorios de su padre. En 1096 Alfonso VI entrego a su hija Teresa y al marido de esta, el conde Enrique de Borgoña, la tierra portugalense, que incluía todas la tierras al sur del Mino. Mientras tanto, Raimundo de Borgoña, casado con otra hija del rey, la infanta Urraca que finalmente sucedería a su padre, había recibido unos anos antes el territorio de Galicia y en esos anos, hasta la donación a Enrique, controlo también las zonas portuguesas.

La situación en esos momentos era complicada. La conquista de Toledo por Alfonso VI en 1085 había llevado la frontera con al-Andalus hasta el Tajo, abriendo unas claras perspectivas de expansión que llevarían, por ejemplo, en la zona Occidental a las conquistas temporales de Santarem y Lisboa. Pero la posterior invasión de los almorávides termino con esas perspectivas, poniendo en peligro incluso las zonas toledanas. La taifa musulmana de Badajoz, que dominaba el centro y el sur del occidente peninsular, fue conquistada por los almorávides en 1094. En ese marco se produjo la cesión de la tierra portugalense al conde Enrique. El carácter de esa donación ha sido objeto de discusión entre los historiadores portugueses, buscando en ella las bases jurídicas para la posterior independencia de Portugal.

La presión militar de los almorávides caracterizará los anos siguientes. Sin embargo, el conde Enrique logro consolidar su posición en la zona. Su valia como jefe militar le permitió asentar su liderazgo político entre la poderosa nobleza de la zona; un liderazgo que reforzó mediante donaciones a algunos de los nobles más destacados. Por otro lado, la diócesis de Braga obtuvo la dignidad de sede metropolitana en 1100 y en el futuro vendrían los pleitos con la de Santiago de Compostela, que obtuvo también el rango arzobispal en 1120, por la fijación de los obispados dependientes de una y de otra.

En 1109 murió el rey Alfonso VI sucediéndole su hija Urraca, esposa primero del conde Raimundo de Galicia y después del rey Alfonso el Batallador de Aragón. Ya hemos referido los principales acontecimientos que tuvieron lugar en esos anos de crisis política y también de crisis social. Poco después, en 1112 murió también el conde Enrique de Portugal. De su matrimonio con Teresa acababa de nacer su hijo Alfonso Enríquez.

Durante el complicado reinado de Urraca en León y Castilla las tierras portuguesas permanecieron en manos de su hermana, la condesa Teresa. A la presión almorávide se unieron entonces los intentos de los sectores dominantes en Galicia por extender su influencia al sur del Mino. En esa línea actuaron el arzobispo Gelmírez y la poderosa familia de los Traba, a veces aliados y otras veces enfrentados entre sí. Mientras tanto, la también poderosa nobleza portuguesa buscaba consolidar y reforzar su posición. En ese contexto, la condesa Teresa, que utilizaba el título de reina desde 1117, se apoyó en los Traba, un apoyo que, finalmente, le enfrentaria a amplios sectores de la nobleza portuguesa. Esos sectores encontraron a su principal valedor en el joven Alfonso Enríquez que, cuando alcanzó la mayoría de edad legal (1124), liderará la revuelta contra su madre. La situación cambio también en León y Castilla tras la muerte de la reina Urraca en 1126, con el acceso al trono de Alfonso VII. En 1128 Alfonso Enríquez y un amplio sector de los nobles portugueses derrotaron a la condesa Teresa y a Fernando Pérez de Traba. A partir de entonces el territorio portugués quedará en manos de Alfonso Enríquez.

2.3.1. Alfonso Enríquez y la formación y consolidación del reino

Alfonso Enríquez comenzó su gobierno titulándose infante o príncipe y lo termino como rey. Su gobierno abarca un largo período entre 1128 y 1185 durante el cual obtendrá la independencia política respecto al rey-emperador Alfonso VII, formando el reino de Portugal; logrará también consolidar esa formación política nueva en el contexto peninsular e internacional y ampliará sus limites mediante una política de expansión territorial.

Alfonso Enríquez comenzó su gobierno reconociendo la autoridad superior de su primo el rey Alfonso VII de León. Son momentos, entre 1126 y 1135, en los que Alfonso VII está consolidándose también en su posición en León y Castilla, afianzando su autoridad en Galicia o en Castilla frente a la nobleza, mientas Alfonso el Batallador todavía controlaba militarmente algunas zonas castellanas. Era un reconocimiento suficientemente vago que permitía a Alfonso Enríquez desarrollar su política de forma autónoma en la práctica. Una política que por entonces pasaba, entre otras cosas, por extender su dominio a zonas de Galicia y de León. La situación en los reinos cristianos peninsulares cambio sustancialmente, como hemos visto, tras la muerte del rey Alfonso el Batallador de Aragón en 1134. Su muerte permitió al rey de León y Castilla alcanzar una posición hegemónica entre los restantes príncipes y reyes cristianos peninsulares. La coronación imperial en León en 1135 manifestaba esa hegemonía que se concretaba en el vasallaje de los reyes de Navarra y de Aragón y del conde de Barcelona. Alfonso Enríquez se sumo a esa nómina de vasallos en 1137 tras el tratado de Tuy. Un acuerdo feudovasallático que ha suscitado no pocas páginas pero que en la práctica no tenía grandes consecuencias políticas. Alfonso Enríquez aspiraba a actuar de forma independiente, como de hecho venía haciéndolo, y Alfonso VII no ponía grandes trabas, siempre y cuando se limitara a sus dominios portugueses. De hecho, los enfrentamientos entre ambos vendrán cuando Alfonso Enríquez intente extender sus dominios hacia Galicia.

En 1137 Alfonso Enríquez lanzó campañas contra Toroño y Limia en Galicia que se saldaron con el tratado de Tuy. Una nueva invasión en 1141 provoco la intervención de Alfonso VII y los ejércitos de ambos se encontraron sin llegar a enfrentarse en la primavera de ese ano, alcanzándose una tregua que puso fin al conflicto. Por entonces Alfonso Enríquez ya se titulaba rey de Portugal o rey de los portugueses, un título que había comenzado a utilizar hacia 1139 o 1140. Poco después, en 1143, en algunos documentos de la cancillería leonesa se le reconocerá también como rey. En ese ano dio Alfonso Enríquez otro paso más en el proceso de formalización jurídica de la independencia política al declararse vasallo de la Santa Sede. Como había hecho el rey de Aragón Sancho Ramírez unas décadas antes, el vasallaje pontificio era utilizado como un instrumento de legitimación política, en este caso frente al rey-emperador Alfonso VII de León y Castilla. Sin embargo, el papado tardará en reconocer el título regio de Alfonso Enríquez; no lo hará hasta 1179, cuando en una bula Alejandro II le reconozca como rey y le tome bajo su protección.

Ese hecho señala el último hito en la formalización de la monarquía portuguesa. Un proceso que tiene esa doble vertiente, una formal y jurídica, como hemos visto, y otra que deriva de la consolidación interna de Alfonso Enríquez, fundamentalmente en relación con la nobleza y la jerarquia eclesiástica. En el proceso de consolidación interna debemos considerar dos aspectos que fueron otros tantos instrumentos utilizados por Alfonso Enríquez. Ambos habían sido utilizados ya en su tiempo por su padre el conde Enrique. En primer lugar, una política de concesiones a los nobles y a las instituciones eclesiásticas que, si bien reforzó el poder de estos, permitió al rey contar con su apoyo. En segundo lugar, una política de expansión territorial basada en que, como sucedia en el resto de la península y de la Europa feudal, el liderazgo militar y la guerra, y las expectativas que generaban, eran un elemento de cohesión interna. La política de expansión estuvo orientada en dos direcciones, hacia el sur frente a los almohades, y hacia el norte y el oeste frente a León. La actuación en una u otra dirección dependió de varios factores, uno de ellos, muy importante, la situación interna de al-Andalus y del reino de León.

Los primeros anos de gobierno de Alfonso Enriquez son un momento de consolidación del dominio almorávide en la península; de manera que, al margen de algunas campañas aisladas hacia el sur que, ciertamente, contribuyeron a darle prestigio militar, la política entonces respecto a al-Andalus será fundamentalmente defensiva y centrada en la defensa de Coimbra. A partir de los anos cuarenta el imperio almorávide comenzó a tener serios problemas, tanto en el norte de Africa como en la península. En ese contexto, que en la península se concreto en la formación de poderes independantes en algunas zonas, las segundas taifas, los reyes y principes cristianos obtuvieron importantes éxitos militares. Fue entonces cuando Alfonso VII de León y Castilla conquistaba Almería en 1147 y Ramón Berenguer IV, conde Barcelona y principe de Aragón, conquistaba Tortosa en 1148 y Lérida y Fraga en 1149. Por entonces, también en 1147, Alfonso Enriquez conquistaba Santarem y Lisboa extendiendo sus dominios hasta el Tajo. En esas campañas el rey de Portugal contó con la ayuda de contingentes de caballeros cruzados procedentes de diversas zonas del norte de Europa, que habian recalado en Oporto en dirección a Tierra Santa. El sitio de Lisboa fue largo y penoso, comenzó en julio y la ciudad se rindió a mediados de octubre. Buena parte de sus habitantes musulmanes abandonaron la ciudad tras la conquista.

Tras el declive almorávide, los almohades no tardaron en conquistar la mayor parte de al-Andalus (ocuparon Badajoz y Sevilla ya en 1147 y las conquistaron definitivamente en 1150) y el equilibrio de fuerzas militares volvió a cambiar rápidamente en perjuicio de los intereses de los reyes cristianos. También cambio sustancialmente la situación en León y Castilla tras la muerte de Alfonso VII en 1157, puesto que ambos reinos se separaron iniciándose un período de frecuentes conflictos entre ellos.

En ese contexto, en alianza con Castilla Alfonso Enriquez réorienté su política de expansión hacia zonas del reino de Leon. A finales de los anos cincuenta y durante los sesenta los enfrentamientos se sucederán en las zonas disputadas, el sur de Galicia y la zona occidental del reino de Leon. En esos anos Alfonso Enriquez ocupo Tuy y llegó a controlar temporalmente Salamanca. Para hacer frente a la situación en la frontera con Portugal, el rey Fernando II de León créé y fortifico Ciudad Rodrigo, separándola de la jurisdicción del concejo de Salamanca. También las zonas de expansión hacia al-Andalus fueron otro foco de conflictos entre Portugal y Leon. Son anos de consolidación almohade y la zona del Tajo era una zona de frontera insegura, con frecuentes incursiones de tropas encabezadas por jefes militares locales que, en buena medida, actuarán por su cuenta. Uno de esos jefes militares será Geraldo, llamado Sem Pavor. Al frente de un ejército no muy numeroso de caballeros y aventureros realizo importantes conquistas en los años sesenta: Beja en 1162, Évora, Trujillo y Cáceres en 1165, Montánchez, Serpa y Juromenha en 1166, y la campaña contra Badajoz en 1169. Su actuación frecuentemente se ha comparado con la del Cid castellano. La mayor parte de esas plazas volvieron a manos de los almohades poco después, pero en Évora se consolido el dominio portugués. Tras la conquista recibió el fuero de Ávila y en las décadas siguientes tuvo un importante papel en la defensa de la frontera del Tajo y en la consolidación del dominio portugués en los territorios entre el Duero y el Tajo, la Extremadura portuguesa.

Geraldo Sem Pavor actuaba de forma independiente pero al servido del rey de Portugal, a cuyos dominios se incorporaban las plazas conquistadas. Eso hacía peligrar las expectativas de futuras conquistas del rey de León, sobre todo cuando el objetivo de los portugueses se dirigió abiertamente hacia Badajoz, la ciudad musulmana más importante de la zona Occidental de al-Andaius. En la campaña contra Badajoz en 1169 participaron conjuntamente Geraldo Sem Pavor y Alfonso Enríquez, lo que ocasiono la intervención del rey Fernando II de León. Los portugueses fueron derrotados y, finalmente, el rey cayó prisionero de Fernando II. Alfonso Enríquez recupero su libertad pero tuvo que renunciar a su política en beneficio de León, al menos temporalmente. Por su parte, Geraldo Sem Pavor no tardó en pasar al servicio del califa almohade, primero en Sevilla y después en Marruecos.

Aunque Alfonso Enríquez no murió hasta 1185, poco después de la derrota de Badajoz, en 1170, quedo asociado al trono el mayor de sus hijos legítimos, Sancho. En ese período entre 1170 y 1185 fue Sancho, que después reinaria como Sancho I, el protagonista de la acción política. En esos anos, en 1178, Sancho renueva la política de expansión frente a León, coincidiendo también con nuevos enfrentamientos entre Fernando II de León y Alfonso VIII de Castilla; pero sus intentos se saldarán en fracasos. Mientras tanto, en el sur la situación se caracteriza por la defensa frente a los almohades, que estaban alcanzando su momento de esplendor. Como sucedia en el resto de la península, también en Portugal las ordenes militares tuvieron un relevante papel en la defensa frente a los almohades para lo cual recibieron importantes donaciones. En Portugal serán sobre todo los templarios con propiedades en el Tajo, mientras que al sur destacarán la orden de Santiago y la orden de los caballeros de Évora. La orden de Évora fue fundada inicialmente para la defensa de esa ciudad en 1175 o 1176; más tarde recibirán el lugar de Avis que se convertirá en sede principal de la orden y adoptarán ese nombre.

En 1185 murió Alfonso Enríquez y le sucedió en el trono Sancho I. Su reinado pleno se caracterizará, como ya venía sucediendo, por la defensa frente a los almohades, que lanzarán duras campañas contra las zonas conquistadas en las décadas anteriores, y también por los conflictos con el reino de León. Ambas cosas, ahora unidas a algunos desastres naturales, provocarán también algunos conflictos internos, los primeros de una larga serie que caracterizará la primera mitad del siglo XIII.

En 1190 y 1191 el califa almohade al-Mansur lanzó dos importantes campañas contra los territorios portugueses en las que volvió a recuperar todas las plazas importantes al sur del Tajo excepto Évora, que quedo aislada. Santarem y Lisboa volvían a quedar así en la línea de frontera corriendo un riesgo evidente. Eran los momentos de predominio militar de los almohades en la península, como quedo bien patente poco después en 1195 en la derrota del ejército del rey Alfonso VIII de Castilla en la batalla de Alarcos. Predominio militar que imponía una situación defensiva para los cristianos en las fronteras, una situación que se mantuvo hasta la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 y, por lo que se refiere a la zona más Occidental de la península, hasta la conquista de Cáceres y Badajoz por Alfonso IX de León en 1229 y 1230.

En cuanto a las relaciones con León, en 1188 murió Fernando II siendo sucedido por Alfonso IX. Al comienzo, las relaciones entre Sancho I de Portugal y Alfonso IX de León serán cordiales y se establecerá un nuevo pacto dinástico mediante el matrimonio del rey de León con Teresa, hija de Sancho. El matrimonio, celebrado en 1191, duro pocos anos, siendo anulado por el parentesco próximo entre ambos cónyuges (Alfonso IX había nacido del matrimonio de Fernando II de León con Urraca Alfonso, hija de Alfonso Enríquez de Portugal; por lo tanto Alfonso IX y Teresa Sánchez eran primos carnales). La alianza entre ambos reyes no duro mucho más. La guerra comenzó en 1196, contando el rey de Portugal con la alianza del de Castilla, Alfonso VIII, mientras Alfonso IX de León se apoyaba en los almohades. Por entonces Sancho I ocupó Tuy y Pontevedra en el sur de Galicia, aunque ambas ciudades volvieron a manos leonesas poco después. En esta fase los conflictos terminaron en 1199.

En esos anos de finales del siglo XII y comienzos del XIII diversas catástrofes naturales, hambres y epidemias asolaron varias zonas del país. Fueron fenómenos que vinieron a agravar la situación de crisis e inestabilidad como consecuencia de la presión militar de los almohades en el sur y de la guerra con León. En ese contexto existen no pocas noticias de conflictos y alteraciones en las ciudades (Lisboa, Coimbra, Oporto, Leiria), de sublevaciones nobiliarias. y de enfrentamientos entre el rey y sectores de la jerarquia eclesiástica. En relación con esos últimos, hay que destacar los conflictos de Sancho I en los últimos anos de su reinado con los obispos de Oporto y Coimbra; enfrentamientos en ambos casos en torno a la distribución de rentas y el ejercicio de la jurisdicción, y que serán un preludio de los que vendrán después.

Así pues, cuando murió Sandio I en 1211, la dinámica de consolidación y expansión que había caracterizado al gobierno de su padre había cambiado por otra de crisis política y conflictos. Una situación determinada por la relación de fuerzas con los almohades y el reino de León, pero también por los desequilibrios internos. La consolidación del reino de Portugal había sido posible con el apoyo de la nobleza y de la jerarquia eclesiástica que, a cambio, habían reforzado su hegemonía social y económica. En los anos siguientes, como en los otros reinos cristianos peninsulares, las contradicciones se harán patentes en forma de conflictos políticos.

2.3.2. Conflictos internos y expansión territorial en la primera mitad del siglo Xlll

Sancho I fue sucedido por su hijo Alfonso II (1211-1223), un rey fisicamente débil, y este a su vez por su hijo Sancho II (1223-1247). En esta época, fundamentalmente en el período entre 1230 y 1240, se producirá una importante expansión territorial que llevará a la incorporación del Alentejo y de parte del Algarve. Es una expansión paralela a la que por entonces se producía en Castilla y León y en Aragón, como consecuencia de la desintegración del imperio almohade y la formación de las terceras taifas. Pero también en Portugal la expansión encubría profundas contradicciones políticas, sociales y económicas que determinaron que fuera igualmente un período de conflictos internos. La historiografía portuguesa interpreta esos conflictos como una lucha entre los intentos de centralización monárquica, desarrollados sobre todo en esta época por Alfonso II, pionero en el contexto peninsular, frente al desarrollo de los poderes señoriales de la nobleza y la Iglesia.

El acceso al trono de Alfonso II significo el exilio en León de su hermano Pedro Sánchez, que seguramente tenía pretensiones de ocupar el trono dada la debilidad física del rey (probablemente padecia lepra) y que finalmente le haría morir prematuramente. El testamento de su padre Sancho I buscaba un compromiso entre la concepción patrimonial del reino, que hemos visto predominante en otras zonas, y la imposición de una única línea dinástica, la del varón primogénito, que garantizara la unidad del reino. En ese compromiso el rey declaro heredero en el trono a Alfonso pero hizo importantes concesiones a sus hijos legítimos, incluyendo a las infantas, una de las cuales, Teresa, había sido reina de León al casarse con Alfonso IX, como ya hemos mencionado. El asunto de los territorios que habían sido concedidos a las infantas fue una de las causas de los conflictos durante el reinado de Alfonso II, puesto que el rey pretendia que no fueran considerados señoríos plenos y retener asi la jurisdiccion en esas zonas. Ese asunto ocasiono también la intervención leonesa, animada además por el infante exiliado Pedro Sánchez. De nuevo se vivieron momentos de guerra entre León y Portugal entre 1211 y 1212y otra vez al final del reinado de Alfonso II a partir de 1219.

La política de centralización monárquica quedaría patente en la reunión de una curia al comienzo del reinado, en 1211, en la que se dictaron leyes que establecían la superioridad judicial del rey por encima de los señores. En esa curia se establecieron también normas que prohibian la extensión del abadengo. En definitiva, una política de afirmacion del poder regio frente a los poderes señoriales. El enfrentamiento no tardo en producirse y, como una continuación de los conflictos que habia tenido su padre al final de su reinado con los obispos de Oporto y Coimbra, fue especialmente intenso con algunos sectores de la jerarquia eclesiástica. En ese contexto, ya en 1220, ordeno el rey la realización de una gran pesquisa, unas inquisiciones generales, para determinar los derechos regios y los derechos señoriales en los lugares del reino, pesquisa que se centro en las tierras al norte del Duero, aquellas que estaban más fuertemente señorializadas. El objetivo último era registrar con detalle los derechos regios y limitar los abusos señoriales.

Mientras tanto, la situación de la frontera con al-Andalus todavía no varió significativamente. Sólo merece destacarse la toma de la fortaleza de Alcácer do Sal en 1217 con la ayuda de caballeros cruzados. La batalla de las Navas de Tolosa en 1212, en la que no participo el ejército del rey de Portugal, significo el comienzo del fin del imperio almohade, pero sus efectos aún tardarían unos anos en hacerse patentes en la zona más occidental de la península.

La gran expansión portuguesa tuvo lugar en los anos treinta, reinando ya Sancho II (1223-1247), que sucedio a su padre en 1223. Ya en 1226 Sancho II lanzó una campaña contra Elvas, paralela a otras de Alfonso IX de León contra Cáceres y Badajoz, que se saldó con un fracaso, aunque los habitantes musulmanes de Elvas abandonaron la ciudad poco después. Las conquistas leonesas en Cáceres y Badajoz, las principales ciudades musulmanas de la zona, en 1229 y 1230 debilitaron enormemente la resistencia militar musulmana en la zona occidental de la península y abrieron el camino de las grandes conquistas portuguesas en los anos siguientes. En 1232 se conquistaron Moura y Serpa, entre 1232 y 1234 Beja, en 1234 Aljustrel, en 1238 Mértola, en 1239 o 1240 Ayamonte, etc. Estas conquistas significaban la incorporación de todo el Alentejo y de una parte del Algarve, quedando en manos musulmanas solamente la parte más suroccidental de la península, el resto del Algarve, que seria conquistado en las décadas siguientes por Alfonso III.

Las conquistas de los anos treinta fueron realizadas por los jefes militares de la frontera y por las ordenes militares, que tuvieron un papel muy destacado, sobre todo la Orden de Santiago que, en consecuencia, recibió importantes dominios en la zona. Por otro lado, esas conquistas no supusieron enfrentamientos con León, ahora unido a Castilla bajo el reinado de Fernando III. Las relaciones entre Sancho II de Portugal y Fernando III de Castilla y León quedaron establecidas en 1231 mediante el tratado de Sabugal. Recordemos que Fernando III había accedido al trono de Castilla en 1217 y que para poder acceder al trono de León en 1230 hubo de adquirir los derechos hereditarios de sus hermanastras Sancha y Aldonza, hijas de la infanta Teresa de Portugal en el primer matrimonio de Alfonso IX de León. El tratado de Sabugal incluyó también el compromiso de Sancho II de Portugal de defender los derechos y señoríos de Teresa cuesción ados, como vimos, por su antecesor Alfonso II. Se ponía así fin a un conflicto en Portugal, aunque no tardarían en surgir otros.

Las tensiones entre diversos sectores de la nobleza y de la jerarquia eclesiástica, que habían caracterizado el reinado de Alfonso II, marcarán también el reinado de su hijo Sancho II. Enfrentamientos, en parte, entre partidarios de la centralización monárquica y partidarios del desarrollo del poder señorial, como en época de su antecesor; pero también enfrentamientos y violencias nobiliarias. sin otra formulación política que la lucha por el poder y por las rentas. Las conquistas de los anos treinta supusieron, de alguna manera, un paréntesis en los conflictos que resurgieron aún con más fuerza en los anos cuarenta. La situación en esos anos se ha calificado como anárquica porque las violencias nobiliarias. y los abusos señoriales se extendieron por zonas amplias del reino.

Uno de los ejes de los conflictos seguia siendo el enfrentamiento entre el rey y buena parte de la jerarquia eclesiástica portuguesa en torno a la jurisdicción y los derechos señoriales, puesto que los obispos pretendían convertir su jurisdicción eclesiástica en derechos temporales. En esa pugna los obispos contaron con un aliado muy poderoso, el papado. En marzo de 1245 el papa Inocencio IV emitía una bula en la que culpaba al rey Sancho de la situación del reino y en julio, mediante una nueva bula, el papa deponía al rey considerándole incapaz de gobernar. También nombraba el papa defensor del reino al hermano del rey, el infante Alfonso, que había salido de Portugal en los anos veinte y permanecía en Francia como protegido de Luis IX.

Como consecuencia de la bula pontifica no tardó en estallar una guerra civil entre los partidarios de los dos hermanos, Sancho y Alfonso. Ambos contaban con apoyos tanto dentro como fuera del reino; a Sancho le apoyó el infante Alfonso de Castilla, el futuro Alfonso X, mientras que Alfonso recibió el apoyo de destacados nobles castellanos y leoneses. La guerra termino a comienzos de 1248, no por la Victoria de ninguno de los contendientes, sino por la muerte del rey Sancho II.

2.3.3. De la restauración del poder regio a la reanudación de los conflictos. Los reinados de Alfonso III y Dionfs

A pesar de la guerra civil, Alfonso III (1248-1279) sucedió a su hermano con muy poca respuesta interna o, al menos, pudo acabar enseguida con la oposición que pudiera haber. Muy pronto retomo la política de expansión territorial, que se había detenido como consecuencia de los conflictos de los anos cuarenta. Probablemente haya que entender ese hecho como un instrumento de consolidación regia entre los sectores nobiliarios. Sea como fuere, lo cierto es que en marzo de 1249 conquisto Faro y en los meses siguientes el resto de Algarve. Una conquista muy rápida que se explica por la debilidad de los musulmanes en la zona.

El Algarve formaba parte de la taifa de Niebla cuyo rey, tras la conquista de Sevilla por Fernando III de Castilla y León en 1248, reconocia la autoridad superior del heredero de Castilla, el futuro Alfonso X. Asi surgio el conflicto entre ambos Alfonsos en torno al Algarve. Las reclamaciones de Alfonso X aumentaron cuando accedio al trono de Castilla en 1252, pero al ano siguiente se establecio un acuerdo entre ambos que impidio que el conflicto se convirtiera en un auténtico enfrentamiento. Como tantas veces, el acuerdo se anudo en 1253 en torno a un pacto dinástico, el matrimonio del rey de Portugal con Beatriz, hija ilegítima del rey de Castilla. El Algarve pasaría a manos del hijo que naciera de ese matrimonio y, mientras tanto, Alfonso de Portugal retendria sus derechos sobra la zona, aunque mediante cesión del rey de Castilla en un pacto feudovasallático. Lo cierto es que la situación era compleja porque en ese momento Beatriz todavía era menor de edad y el rey de Portugal seguia legalmente casado con su primera esposa, Matilde. Pero los esponsales se celebraron y la situación se fue despejando con la muerte de Matilde unos anos después y el nacimiento de los hijos de Alfonso de Portugal y Beatriz. Por otro lado, entre 1261 y 1262 Alfonso X conquistaba el reino musulmán de Niebla. La nueva situación quedo ratificada en 1267 mediante el tratado de Badajoz que confirmaba la cesión, ahora plena, del Algarve al hijo de Beatriz y Alfonso, Dionís, que anos más tarde sucedería a su padre. En el tratado se fijaron también las fronteras, que quedaron establecidas en el curso del rio Guadiana, con lo que las plazas al este del rio que estaban en manos portuguesas (Aroche, Arocena, Serpa) pasaron a Castilla. Anos más tarde, en 1297, reinando ya Dionís, las fronteras se reajustaron mediante el tratado de Alcañices.

El reinado de Alfonso III y el de su sucesor Dionís se caracterizan por un reforzamiento del poder regio tras los conflictos del período anterior. Durante el reinado de Alfonso, ese reforzamiento se concreto en varios frentes. En primer lugar, una política económica destinada a mejorar las finanzas de la monarquía. En ese sentido, el rey buscó beneficiarse de nuevas fuentes de ingresos como eran los derivados de las actividades comerciales y promovió un autentico desarrollo comercial mediante la concesión de ferias. Era una política que, obviamente, beneficiaba también a los concejos, que apoyaron al rey en no pocas ocasiones. Otras medidas de carácter económico y relacionadas con el desarrollo del comercio se tomaron a comienzos del reinado en reuniones de cortes. Son reuniones a las que por primera vez acuden representantes de los concejos y, por lo tanto, son las primeras que pueden considerarse como auténticas cortes. A finales de 1253 en Lisboa se estableció un ordenamiento que fijaba los precios y los salarios de un buen número de productos. Seguidamente, en las cortes de Leiria de 1254 el rey se comprometió a no devaluar la moneda en un período de siete anos a cambio del cobro de una contribución especial, superior a la que habitualmente se pagaba por ese concepto. Cumplido ese plazo el rey acunó nueva moneda devaluándola y en otra reunión de cortes en Coimbra en 1261 se estableció el valor de esa nueva moneda y se alcanzó el compromiso de no realizar nuevas acuñaciones (por lo tanto no habría más devaluaciones) durante su reinado; a cambio el rey percibiría un impuesto, el monedaje, distinto de la moneda forera tradicional, cuya cuantía y forma de recaudación también se establecieron en las cortes.

Inflación, alteraciones monetarias y fijaciones de precios y salarios son problemas que, como hemos visto, existían también en Castilla en esos mismos anos y que sin duda responden a las mismas razones. Hay que tener en cuenta las dinámicas generadas en el proceso de expansión territorial, según se suele insistir generalmente, pero también los desequilibrios generados por el sistema social y económico, desequilibrios determinados por la hegemonía de los grupos dominantes; e igualmente debe tenerse en cuenta la política económica y fiscal de la monarquía que buscaba aumentar sus recursos.

En relación con la política de reforzamiento del poder regio y con las medidas para mejorar las finanzas del rey hay que mencionar también otras iniciativas. Algunas eran de tipo judicial y procesal para establecer con mayor claridad la justicia regia. Otras pretendían proteger tanto los derechos como las rentas del rey. Así, en 1258 se realizaron otras inquisiciones generales en la región entre el Duero y el Mino para, como en el caso de las realizadas durante el reinado de Alfonso II, determinar los derechos regios y evitar los abusos señoriales. También hay que señalar que en el desarrollo de su política Alfonso III se apoyó frecuentemente, además de en los concejos, en sectores de la nobleza media e inferior a los que potenció en el contexto del conjunto de la nobleza.

Quizá por eso, quizá por su capacidad para mantener los equilibrios políticos, o por las medidas reguladoras de la administración de justicia, o por una combinación de ésos y otros factores, lo cierto es que Alfonso III pudo desarrollar su política sin tener que enfrentarse de una manera significativa a la oposición de la nobleza. Quienes sí se opusieron a su política fueron los miembros de la jerarquia eclesiástica encabezados por los obispos. En 1268 la oposición de los obispos al rey se hizo abierta y radical. Igual que había sucedido unos anos antes, los obispos portugueses buscaron el apoyo del papado. Las cuestiones también eran similares; básicamente, la delimitación de la jurisdicción episcopal, que era vista por los obispos como una intromisión en sus derechos. Sin embargo, los resultados del conflicto entre el rey y los obispos serán ahora bien distintos a como habían sido en los anos cuarenta. De un lado, por la propia situación del papado, que en esos anos vivia un período inestable puesto que entre 1268, cuando los obispos presentaron sus quejas al papa, y comienzos de 1279, cuando murió Alfonso III, se sucedieron un total de seis pontífices, además de un período de sede vacante de tres anos y medio. Falto, entonces, consistencia y continuidad en el apoyo' del papado a los obispos portugueses. Pero, por otro lado, la situación interna en el reino de Portugal era muy distinta a la de los anos cuarenta; como lo era también la posición política de Alfonso III respecto a la que había tenido su hermano Sancho II. En 1273 Alfonso III llevó el problema ante las cortes reunidas en Santarem, unas cortes a las que no acudieron los obispos que se encontraban en la curia pontificia. En las cortes el rey se declaro dispuesto a obedecer al papa y nombró una comisión encargada de revisar el asunto de las quejas de los obispos. Era una forma de eludir el problema y una muestra de la capacidad política del rey.

A comienzos de 1279 murió Alfonso III siendo sucedido por su hijo Dionís, que ya se venía ocupando de las tareas de gobierno desde el ano anterior. En buena media, el reinado de Dionís (1279-1325) supone una continuidad de las políticas llevadas a cabo por su padre. Continuo la política de centralización monárquica, cuyos resultados permitieron al rey mantener una posición destacada en el contexto peninsular; pero, a diferencia del período anterior, el desarrollo del poder regio generará ahora, a finales del siglo XIII y comienzos del XIV, sublevaciones nobiliarias. y conflictos internos, similares a los que se producían también por esos anos en Castilla y en Aragón.

Dionís heredó el conflicto planteado por los obispos contra su padre. Al acceder al trono se establecieron negociaciones que se alargaron durante varios anos y que finalmente permitieron que se alcanzara un acuerdo en 1289. Terminado el enfrentamiento con los obispos, puesto que otros acuerdos posteriores solventaron conflictos de menor escala, y levantadas las penas canónicas que pesaban sobre el reino desde 1267, la posición interna e internacional de Dionís se consolido de forma notable. En los anos siguientes participará activamente en la política peninsular en el contexto de los conflictos que envolvían al reino de Castilla. Dionís había apoyado a Sancho IV de Castilla en el enfrentamiento con su padre Alfonso X y después durante su reinado. A la muerte de Sancho en 1295, con la minoria de Fernando IV, se agudizaron los problemas en Castilla. Ya mencionamos las sublevaciones y la guerra provocadas por el infante Juan y por Alfonso de la Cerda que, con el apoyo del rey de Aragón, pretendían dividirse el reino. Dionís apoyo al infante Juan e intervino militarmente en Castilla en 1296 y 1297, aunque su intervención tuvo un alcance limitado. Finalmente, Dionís reconoció al rey Fernando IV, cuya posición venía sosteniendo fundamentalmente su madre la reina Maria de Molina, y cesó su intervención mediante la firma del tratado de Alcañices en 1297. El tratado satisfacía casi todas las reclamaciones fronterizas del rey de Portugal, incorporando a sus dominios algunas de las plazas disputadas al este del Guadiana (Moura, Serpa), la zona de Ribacoa, entre Salamanca y Portugal y algunos otros lugares. Acuerdos posteriores delimitaron con detalle una frontera que apenas sufriría modificaciones en el futuro.

La política de reforzamiento del poder regio se concreto en esos anos en varias líneas de actuación; podemos destacar dos: el control sobre las ordenes militares y la realización de nuevas inquisiciones. Las ordenes militares habían adquirido importantes dominios, sobre todo al sur del Tajo, en correspondência con su papel militar en el proceso de expansión territorial, como sucedia también en los otros reinos cristianos peninsulares. Una de las más destacadas era la Orden de Santiago, con amplísimos dominios en el Alentejo y el Algarve, y que sin embargo estaba vinculada a Castilla y León donde había sido fundada, donde disponía del grueso de sus dominios y de donde procedían la mayor parte de sus miembros y sus maestres. Dionís procuro independizar a la orden en Portugal disponiendo de un provincial propio que pudiera actuar al margen del maestre. No logro un reconocimiento pleno de sus propósitos por la oposición de los maestres, pero sí consiguió que, de hecho, la provincia portuguesa de la orden actuara de forma independiente. En esa línea, cuando se dictó la disolución de la Orden del Temple en 1312, Dionís creó una orden nueva, la Orden de Cristo, a la cual pasaron los dominios que antes tenían los templarios en Portugal.

Desde 1284 y en los anos siguientes Dionís ordeno también la realización de nuevas inquisiciones, algunas de carácter local o comarcal y otras (1288-1289) de carácter general referidas a zonas amplias del reino. Ya hemos visto como desde el reinado de Alfonso II se habían realizado varias inqusiciones encaminadas fundamentalmente a determinar los derechos regios. Sin embargo, las inquisiciones realizadas por orden de Dionís suponían algunas novedades puesto que ahora se orientaban, no a asegurar los derechos y atribuciones del rey, sino a averiguar los orígenes de los derechos ejercidos por los señores, tanto laicos como eclesiásticos.

Las nuevas inquisiciones y otros elementos de la política de centralización de la monarquía provocaron el descontento de algunos sectores nobiliarios, descontento que se concreto en sublevaciones encabezadas primero por el hermano del rey y después por su hijo, ambos llamados Alfonso. El hermano del rey protagonizo sublevaciones en 1281, 1287 y 1299. En ellas subyacía también una reclamación del trono al considerar a Dionís hijo ilegítimo, puesto que había nacido cuando la unión del rey Alfonso III y Beatriz no era válida desde el punto de vista canónico, al permanecer todavía casado el rey con su primera esposa; sin embargo, el infante Alfonso sí había nacido cuando el matrimonio de sus padres ya era canonicamente válido. En cualquier caso, el segundo hijo de Alfonso III había recibido de su padre un importante señorío en la frontera con Castilla y en torno a esas tierras y castillos se desenvolvieron los conflictos con el rey Dionís. En las tres ocasiones en las que protagonizo revueltas, estas acabaron mediante el cambio de los dominios en la frontera por otros en el interior.

Posteriormente fue el propio hijo y heredero de Dionís, también llamado Alfonso, el que encabezó la rebelión nobiliaria. El descontento que se había ido arrastrando termino en rebelión abierta y en una guerra civil entre 1319 y 1324. En los primeros momentos, el infante Alfonso ocupo varias ciudades, entre ellas Coimbra y Oporto. La sublevación alcanzaba grandes proporciones lo que obligó al rey a entablar negociaciones. Así, en 1322 se llegó a un primer acuerdo que, sin embargo, fue roto poco después reanudándose las hostilidades en 1323. A comienzos de 1324 se alcanzó un nuevo acuerdo en el que el rey hubo de ceder a buena parte de las peticiones de los sublevados. Poco después, a comienzos de 1325 murió el rey Dionís, sucediéndole en el trono su hijo Alfonso IV.

La rebelión y la guerra civil mostraban los limites de la política de centralización monárquica y reforzamiento del poder regio que habían desarrollado tanto Dionís como su padre Alfonso III. Unos limites que derivaban de la hegemonía nobiliaria. Otra vez hay claros paralelismos con lo que sucedia en Aragón y en Castilla. Los rebeldes no pretendían eliminar a la monarquía sino renegociar sus posiciones políticas y económicas. El último acuerdo consistió en aumentar las rentas de los sublevados y sustituir a los principales oficiales regios. Una lucha, por tanto, que no era (o no sólo) de los nobles contra el rey, sino de distintas facciones o bandos nobiliarios entre sí.

2.4. Navarra

Ya hemos visto como a la muerte de Sancho III el Mayor en 1035 sus reinos y territorios fueron divididos entre sus hijos. Los territorios originarios fueron para Garcia Sánchez III, el mayor de sus hijos legítimos, llamado de Nájera. Garcia, como sus antecesores, no era rey de Navarra, un título que no se utilizará hasta la segunda mitad del siglo XII, sino rex pampilonensium, rey de los pamploneses, en referencia al regnum Pampilonense, el reino de Pamplona, que formaba la zona nuclear de los dominios de la dinastia. Unos dominios que desde hacía aproximadamente un siglo unían a esa Navarra nuclear las tierras de la actual Rioja en torno a Nájera y Viguera. Poco después, en 1045, Garcia conquisto Calahorra con la ayuda de sus hermanos, los reyes de León y Castilla y de Aragón, ampliando sus dominios en el valle del Ebro. Además, Garcia había recibido también la parte nororiental del antiguo condado de Castilla. La disputa en torno a esos territorios con su hermano Fernando I de León y Castilla desemboco en la batalla de Atapuerca en 1054 en la que murió el rey Garcia.

Le sucedió su hijo Sancho IV, llamado de Peñalén, porque murió asesinado allí en 1076. Tras la muerte del rey Sancho sus territorios fueron repartidos entre sus primos, los reyes Alfonso VI de León y Castilla y Sancho Ramírez de Aragón. El asesinato fue el resultado de una conspiración en la que participaron los sectores más destacados de la nobleza del reino, encabezada por los propios miembros de la familia regia. Dada la aparente facilidad y la rapidez de la solución posterior no parece que pueda ignorarse la participación también en la conspiración, de una u otra manera, de los reyes de León y Castilla y de Aragón. El primero obtuvo el control de las tierras riojanas, alavesas y vizcaínas y parte de Guipúzcoa. El segundo obtuvo la Navarra nuclear, el reino de Pamplona. Desde entonces, Sancho Ramírez de Aragón y sus hijos y sucesores, Pedro I y Alfonso I el Batallador, serán reyes de los aragoneses y de los pamploneses. El matrimonio de Alfonso el Batallador con la reina Urraca de León y Castilla le llevó a intervenir en esa zona y, como hemos visto, controlo diversos puntos de Castilla y las zonas riojanas.

En un testamento que era imposible de cumplir en las condiciones políticas de la época, Alfonso el Batallador determino que sus reinos debían pasar a las ordenes militares. A su muerte, en 1134, el resultado fue una nueva separación de Aragón y Navarra y la unión posterior de Aragón y los territorios de la casa condal de Barcelona.

2.4.1. La restauración de la monarquía navarra

Si en 1076 los nobles navarros, sin duda buscando un mayor beneficio político y económico, habían optado por la división del reino, en 1134 por idénticas razones optaron por restaurar una monarquía propia. Lo hicieron proclamando rey a Garcia Ramírez, llamado el Restaurador, descendiente por via ilegítima de Garcia de Nájera. Pero no fueron derechos dinásticos lo que le convirtió en rey, sino la elección de los nobles. Por lo tanto, la legitimidad política de la monarquía pamplonesa se restablecía a partir de unas fuentes que en futuro seguirán presentes en la articulación política del reino.

Si el asesinato de Sancho IV en Peñalén y la división del reino estuvieron determinados porque la nobleza navarra pretendia una mayor participación en los ingresos generados por las parias, los acontecimientos de 1134 y la restauración de la monarquía seguramente lo estuvieron porque esa misma nobleza buscaba un mayor beneficio en el proceso de expansión territorial, que en los anos de unión con Aragón había dejado a muchos nobles navarros en posiciones secundarias.

Pero el principal protagonista político en los reinos cristianos peninsulares tras la muerte de Alfonso el Batallador de Aragón era el rey de León y Castilla Alfonso VII. Ya hemos mencionado su recuperación de la Rioja y de la zona nororiental de Castilla y la ocupación también de Zaragoza. A cambio de los territorios del antiguo reino musulmán de Zaragoza obtuvo el vasallaje del rey de Aragón Ramiro II el Monje y después del conde de Barcelona Ramón Berenguer IV. En 1135 Garcia Ramírez de Navarra también le presto vasallaje y como tal vasallo acudió a la coronación imperial de Alfonso VII en León.

Garcia Ramírez debía atender a los dos frentes, al castellano y al aragonés. La alianza con Alfonso VII era imprescindible para mantenerse en el trono y le permitió lanzar algunas campañas y ocupar algunas plazas en la frontera de Aragón en 1137. Sacaba partido el rey de Navarra de la situación en Aragón que todavía no estaba plenamente clarificada. Pero esa situación no tardaria en aclararse en beneficio de Ramón Berenguer IV, también vasallo y aliado de Alfonso VII. Ambos pactaron en 1140 un reparto del reino de Navarra, reparto que finalmente no se llevó a efecto por las reticencias de Alfonso VII. Sin embargo, las tropas de Ramón Berenguer IV recuperaron algunas de las plazas fronterizas que habían perdido unos anos antes.

El reino de Navarra se configuraba así como una pieza en equilibrio inestable entre vecinos poderosos. Una situación que volverá a repetirse. La renovación de la alianza con el rey-emperador y un pacto dinástico en 1144 restablecieron el equilibrio por unos anos hasta la muerte de Garcia Ramírez a finales de 1150.

2.4.2. Los reinados de Sancho VI y Sancho VII y el fin de las posibilidades de expansión peninsular

Durante la segunda mitad del siglo XII y las primeras décadas del siglo XIII se sucedieron los reinados de Sancho VI el Sabio (1150-1194) y de Sancho VII el Fuerte (1194-1234). Fueron reinados largos caracterizados, en general, por la estabilidad interna y el crecimiento económico a partir del desarrollo comercial y urbano. Una estabilidad que, junto al juego de fuerzas políticas en la península, fue uno de los factores que hicieron que el reino de Navarra se consolidara en esa época. A cambio, al final de este período también quedo claro que los limites territoriales del reino quedarían reducidos a unos 12.000 kilómetros cuadrados, sin posibilidades de participar en la gran expansión territorial hacia al-Andalus que protagonizarán los otros reinos cristianos peninsulares.

La consolidación del reino de Navarra, formalmente reconocido por el Papa como tal en 1196, como formación política independiente se produjo en un contexto de luchas y guerras con Aragón y con Castilla. Fue el resultado de la determinación política de los reyes Sancho VI y Sancho VII, que contaron casi siempre con el apoyo de los sectores más importantes de la nobleza; pero también fue el resultado de los recelos mutuos entre sus dos principales oponentes, Aragón y Castilla. Sus reyes pactaron en varias ocasiones el reparto de Navarra (1151, 1157, 1179, etc.), pero finalmente no lo llevaron a efecto.

En este período las luchas y los enfrentamientos fronterizos con Aragón fueron relativamente frecuentes, sucedidos por pactos y treguas. Algunas plazas de la frontera cambiaron de manos, bien por conquista bien, al final, como resultado de acuerdos financieros. Pero tuvieron mayor alcance los conflictos con Castilla.

El reinado de Sancho VI comenzo con la renovación del vasallaje con Alfonso VII de León y Castilla. Pero la situación política en la península cambio a los pocos anos con la muerte del emperador (1157), la separación de los reinos de León y Castilla, la muerte del heredero de Castilla Sancho III (1158) y la minoria de su hijo y sucesor Alfonso VIII. Poco después moria también el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV (1162) y le sucedia su hijo Alfonso II, que también era menor de edad. De manera que en los anos sesenta el contexto político en la península era claramente beneficioso para Sancho VI de Navarra. Ofreció su vasallaje al rey Fernando II de Leon, que aspiraba a controlar Castilla, y ocupo La Rioja y las demás tierras disputadas entre Navarra y Castilla. Pero la mayoria de edad del rey de Castilla y su alianza con el rey de Aragón hicieron que la situación volviera a cambiar en los anos siguientes. Alfonso VIII de Castilla lanzó diversas campañas entre 1173 y 1176 para recuperar las plazas que había perdido. En ese último ano se estableció una tregua que incluía el compromiso de someter el conflicto fronterizo al arbitrio del rey Enrique II de Inglaterra. La tregua se transformo en un acuerdo en 1179 que, si bien no reconocía todas las pretensiones navarras, dejaba en manos de Sancho VI una parte de las zonas que había conquistado en los anos sesenta, aunque La Rioja volvió a manos castellanas.

La paz duro alrededor de 20 anos. En los últimos anos de la centuria se renovo la alianza entre los reyes de Aragón y de Castilla para repartirse el reino de Navarra. Mientras tanto, en 1194 había muerto Sancho VI de Navarra sucediéndole su hijo Sancho VII. En cumplimiento de su pacto con el rey de Castilla, Pedro II de Aragón ataco y conquisto algunas plazas, pero enseguida detuvo sus propósitos. Sin embargo, Alfonso VIII de Castilla sí lanzó una gran campaña militar que le permitió recobrar todas las tierras disputadas (Álava, parte de Vizcaya y Guipúzcoa) entre mediados de 1198 y comienzos de 1200.

La frontera entre Navarra y Castilla quedo así establecida y sufriría pocas variaciones en el futuro, aunque aún habrían de cambiar de manos algunas villas fronterizas. Se cerraban también las posibilidades de una auténtica expansión territorial del reino de Navarra en la península. Sancho VII pudo aún participar en las conquistas en al-Andalus pero bajo fórmulas que limitaban una auténtica expansión territorial.

En los anos sesenta, durante las minorías de Alfonso VIII de Castilla y de Alfonso II de Aragón, Sancho VI el Sabio había desarrollado una política de intervención en el Levante musulmán en el contexto de las segundas taifas. Esa política se saldó en 1167-1168 con la cesión de Albarracín al noble navarro Pedro Ruiz de Azagra por el rey Lobo de Murcia, mientras el rey de Navarra pactaba con Alfonso II de Aragón el reparto de las tierras que en el futuro pudieran ambos conquistar en Murcia y Valência. Albarracín se mantuvo como un territorio independiente en la práctica, bajo el dominio de Pedro Ruiz de Azagra y de sus sucesores, con el apoyo de Navarra y aliado en ocasiones de Castilla y en otras ocasiones de Aragón, hasta que finalmente fue incorporado a Aragón a finales del siglo XIII.

La política de intervención en Levante fue retomada por Sancho VII ya en el siglo XIII, cuando comenzó a debilitarse el imperio almohade tras la batalla de las Navas de Tolosa, batalla en la que participo el rey de Navarra como aliado de Alfonso VIII de Castilla. En los anos siguientes lanzó algunas campañas hacia Levante en las que no obtuvo conquistas territoriales pero de las que probablemente obtuvo beneficios económicos. Para ello logró hacerse con el control de una red de villas y castillos desde Navarra hasta el Maestrazgo, que le permitieron disponer de un corredor por el reino de Aragón para lanzar sus campañas militares.

Buena parte de esas plazas las obtuvo el rey de Navarra mediante compras o en empeños a cambio de préstamos. Ciertamente, Sancho VII disfruto de una situación financiera que le permitió, por ejemplo, prestar cantidades importantes a los reyes vecinos en alguna ocasión. Esa situación financiera obedecia a las reformas fiscales y tributarias que se realizaron durante su reinado y que podemos resumir en dos aspectos. Por un lado, la política de unificación de pechas; es decir, la transformación de las diversas rentas que pagaban los campesinos de realengo en una renta nueva unificada y más fácil de recaudar. Y, por otro lado, la política de promocion de la vida urbana y el comercio, que proporcionaba nuevos y sustanciales ingresos.

Si en la península la expansión territorial de Navarra quedo bloqueada en este período por sus poderosos vecinos, sin embargo el reino se extendió hacia el norte incorporando algunos territorios más allá de los Pirineos, los territorios que se denominarán Ultrapuertos (Herreros, 1998). La zona suroccidental de Francia estaba vinculada a Inglaterra por entonces; tras el matrimonio de Leonor de Aquitania con Enrique II de Inglaterra, era una pieza del denominado Imperio Angevino que incluía importantes posesiónes del rey de Inglaterra en suelo francés. En el complejo juego de alianzas y enfrentamientos que se jugaba en ese escenario participaron también los reyes de Navarra y de Castilla estableciendo varios pactos dinásticos. Así, Alfonso VIII de Castilla se casó en 1170 con Leonor, hija de Enrique II de Inglaterra, que recibió como dote la Gascuña. Mientras que Sancho VI el Sabio de Navarra casaba a su hija Berenguela con otro hijo de Enrique II, Ricardo Corazón de León que sucedió a su padre en el trono inglés, y a su hija Blanca con el conde Teobaldo de Champaña. La intervención política de los reyes de Navarra en la zona se saldo ya en 1193 con el dominio navarro de los castillos de Rocabruna y San Juan de Pie de Puerto, al norte de los Pirineos, y en los anos siguientes los señores de Tartás, Agramont y Luxa prestaron vasallaje al rey Sancho VII, que pasó a controlar así las zonas de Cisa, Mixa y Ostabares.

Los pactos dinásticos que hemos mencionado, además de facilitar la expansión en Ultrapuertos, condicionaron de una forma muy importante la trayectoria posterior del reino. Sancho VII no tuvo hijos legítimos por lo que el trono debía pasar al hijo de su hermana Blanca, el conde Teobaldo de Champaña. Sin embargo, el rey intento plantear otra solución consistente en entregar el reino de Navarra a Jaime I de Aragón. Para ello, como ya hemos mencionado, ambos reyes establecieron un acuerdo de prohijamiento mutuo que se formalizo a comienzos de 1231. Ambos reyes se convertían en sucesores uno del otro, pero la diferencia de edad y las dolencias del rey de Navarra hacían evidente que, en realidad, se trataba de convertir al rey de Aragón en heredero de Navarra. Unos anos después, en abril de 1234, murió Sancho el Fuerte pero el pacto sucesorio no se cumplió y Teobaldo I, conde de Champaña, se convirtió en rey de Navarra. Se abria así un período en el que la historia política de la monarquía navarra estará muy ligada a Francia.

2.4.3. La casa de Champaña

Al este de Paris, el condado de Champaña se extendía por una superficie algo mayor que el reino de Navarra y era uno de los principados que integraban el complejo escenario político francés de la época. Cuando murió Sancho VII el conde Teobaldo accedió al trono navarro sin que la solución propuesta por su antecesor de entregar el reino al rey de Aragón encontrara apenas apoyos. Durante 40 anos los condes de Champaña Teobaldo I (1234-1253), Teobaldo II (1253-1270) y Enrique I (1270-1274) se sucedieron en el trono de Navarra. Sus intereses patrimoniales y políticos siguieron muy vinculados a Francia, aunque también tuvieron que hacer frente, y lo hicieron con eficacia, a las presiones de los reyes de Aragón y de Castilla en la península. Como en el período anterior, supieron mantener el equilibrio entre las potencias peninsulares, estableciendo alianzas con unos o con otros según las circunstancias. Desde el asesinato de Sancho IV en Peñalén en 1076 y pasando por la restauración de Garcia Ramirez en 1134, la nobleza navarra habia tenido un papel determinante en la evolución de la monarquía. Ahora ese papel se concretará en instrumentos institucionales y jurídicos que suponen la concepción de una monarquía que no es el resultado del orden divino, sino de la voluntad del reino. Un reino que antes se concretaba en los nobles a los que ahora se unirán las oligarquías urbanas. El rey lo será mediante un pacto con los poderes del reino, pacto que se expresará mediante el juramento de respetar sus fueros y privilegios (Lacarra, 1972). Unos fueros y privilegios que ahora comenzarán a ponerse por escrito y darân contenido al Fuero General. Se establecen así unas bases de legitimidad de la monarquía que suelen definirse como pactismo. Sin embargo, no será raro que los reyes posteriores ignoren esas bases de legitimidad cuando les resulte conveniente o que las utilicen como un recurso político más en manos de la monarquía. Por otro lado, hay que subrayar que la formulación política que se establece ahora, era, como lo será en Aragón, nobiliaria y oligárquica.

Durante su gobierno, los reyes de la casa de Champaña residieron frecuentemente en Francia. Se ha dicho que en sus casi 20 anos de reinado Teobaldo I apenas permaneció durante 6 anos y medio en Navarra. Sin embargo, suplieron su presencia directa con el desarrollo de una administración eficaz frecuentemente dirigida por oficiales franceses. Los términos de la relación del rey con la nobleza y las oligarquías urbanas (el reino en la formulación jurídica e institucional) quedaron establecidos a comienzos del reinado de Teobaldo I. En mayo de 1234 fue proclamado rey y a continuación nombró un senescal, un lugarteniente, de origen francés para que se ocupara de los asuntos del reino, mientras él se centraba en los asuntos franceses, que por entonces se encaminaban hacia un conflicto con el rey de Francia. En los anos siguientes creció el descontento entre los nobles navarros y algunos sectores de la población de las ciudades, especialmente en Tudela. La nobleza, sobre todo la baja nobleza de los infanzones, articulo sus reclamaciones y su agitación política mediante juntas, hermandades nobiliarias., como la de Obanos, que permanecieron activas en todo este período aunque fueron disueltas formalmente y perseguidas. El descontento nobiliario llevó al establecimiento de una comisión para poner por escrito los fueros y privilegios que debía respetar el rey. Así, en 1238 se estableció el Fuero Antiguo que formará el núcleo originario del Fuero General que se irá recopilando y ampliando posteriormente. En adelante, los reyes de Navarra habrán de jurar los fueros al acceder al trono.

Los redactores del Fuero Antiguo incluyeron un preámbulo en el que incluían su visión de los orígenes y la constitución política del reino. En ese texto se reflejan varias ideas importantes en torno a la concepción de la monarquía; entre ellas podemos destacar algunas. En primer lugar, el rey como jefe militar y como árbitro y mediador entre los guerreros, en definitiva entre los nobles. En segundo lugar, la idea de que primero se establecen los fueros y privilegios y posteriormente se elige un rey que debe respetarlos. No era solo una visión del pasado era también una concepción del presente y la formulación de un programa político (Martin Duque, 1996).

El Fuero incluía algunas limitaciones en la capacidad del rey para nombrar a sus oficiales de gobierno, imponiendo la presencia de nobles navarros frente a los de origen francés, cuyo número se limitaba a cinco. A la cabeza de esos oficiales figuraba el senescal, auténtico lugarteniente del rey, que era quien gobernaba en las frecuentes estancias del rey fuera del reino.

En efecto, Teobaldo I tuvo una participación activa en la política internacional y en los asuntos franceses. Entre 1239 y 1240 encabezó la cruzada, luchando en Tierra Santa sin obtener grandes resultados. Entre 1242 y 1244 participo también en la guerra entre Francia e Inglaterra por la Gascuña, como aliado de Luis IX de Francia, y fortaleció su posición en los territorios de Ultrapuertos.

La posición de Teobaldo I en el contexto peninsular también fue bastante sólida. Su reinado coincidió con los períodos de gran expansión castellana y aragonesa durante los reinado de Fernando III de Castilla y de Jaime I de Aragón. Sin embargo, los problemas con Castilla y Aragón se reiniciaron inmediatamente después de su muerte. En cuanto a la situacion interna, el Fuero Antiguo había servido para sofocar la rebelión nobiliaria, aunque permanecía un descontento latente entre algunos sectores de la baja nobleza. Posteriormente los problemas más agudos vinieron por el conflicto que desde hacía tiempo enfrentaba a los reyes con los obispos de Pamplona por la jurisdicción y las rentas de los burgos que formaban la ciudad.

Teobaldo I murió en 1253 y fue sucedido por su hijo Teobaldo II (1253-1270), que entonces era menor de edad. La aparente estabilidad interior y peninsular se transformo en conflictos en los primeros anos de su reinado. Volvieron a surgir los enfrentamientos con Castilla y Aragón y la amenaza de invasion. En ese contexto, Teobaldo II y su madre la reina Margarita buscaron la alianza con Aragón, opción preferida también por un sector importante de la nobleza navarra, estableciendo el tratado de Monteagudo en 1254. Jaime I de Aragón se comprometía a ayudar militarmente a Teobaldo II contra sus enemigos, lo que evidentemente se referia en primer lugar a Castilla, mientras Teobaldo II se comprometía a no establecer ningún pacto dinástico con Alfonso X de Castilla. En esos momentos el rey de Navarra permanecía soltero y el pacto dinástico con Castilla era una de las posibilidades que se barajaban. La amenaza de invasion castellana se mantuvo unos meses, pero ahora las tropas castellanas habrían de enfrentarse al ejército de Jaime I. Finalmente Alfonso X renuncio a intervenir. Además del pacto con Aragón, la reina Margarita buscó también un pacto dinástico que contribuyera a asegurar la posición de su hijo en el trono de Navarra y la opción elegida fue el matrimonio con Isabel, hija del rey de Francia Luis IX, que se celebro en 1255. El apoyo de Francia y de Aragón frente a Castilla e Inglaterra, que a su vez habían establecido una alianza resolviendo sus problemas en torno a la Gascuña, permitió a Teobaldo consolidarse en el trono y hacer frente también a los problemas internos.

La debilidad de su posición en los primeros momentos había dado pie a que sectores de las oligarquías urbanas y, sobre todo, de la nobleza aumentaran sus exigencias para proclamar al nuevo rey. Exigieron el juramento de los fueros e impusieron el nombramiento de un senescal navarro, no francés, y la presencia de un consejo de 12 notables navarros que habrían de asistir al rey en las tareas de gobierno hasta que cumpliera 21 anos. En los primeros momentos el rey y sus partidarios aceptaron esas condiciones pero, como hemos visto, hacia 1255 Teobaldo II había logrado consolidar su posición internacional y pudo ignorar los compromisos alcanzados en 1253, imponiendo un gobierno personal que ya no fue contestado por la alta nobleza ni por las oligarquías urbanas. Solo permaneció una cierta agitación entre sectores de la baja nobleza que siguió manifestándose en juntas de infanzones.

Por su parte, las oligarquías urbanas obtenían, como en los restantes reinos cristianos peninsulares, una forma de participación política a través de las cortes. Ya en 1245, durante el reinado de Teobaldo I, se había reunido la cort general con la presencia de representantes de las ciudades; ahora se repetirán esas reuniones en 1256 y 1264. Las cuestiones también son las mismas que en otras zonas, la aprobación de un tributo extraordinario, monedaje, a cambio del compromiso regio de no alterar el valor de la moneda. Otra vez los mismos problemas y la misma política regia.

Como su padre, también Teobaldo II prefirió residir en sus dominios franceses antes que en Navarra, dejando el gobierno del reino en manos de senescales franceses. No resulta sorprendente si tenemos en cuenta que, según los cálculos de Garcia Arancón, las rentas regias ordinarias del reino de Navarra eran alrededor de la cuarta parte de las rentas que proporcionaban el condado de Champaña.

El enfrentamiento con Castilla se transformo pronto en alianza. En su reclamación de la Gascuña Alfonso X de Castilla cambio la alianza inglesa por la francesa lo que, a su vez, favoreció un acercamiento entre Castilla y Navarra, expresado en un acuerdo ya en 1256. Eso permitió a Teobaldo II desarrollar una política activa en el sur de Francia. En 1265 obtuvo el condado de Bigorra en perjuicio de los intereses del rey de Inglaterra, lo que se tradujo en un enfrentamiento abierto en 1266. El resultado fue la obtención de la plaza de Lourdes y la consolidación de los dominios de Ultrapuertos.

La última gran empresa política y militar de Teobaldo II fue la participación en la cruzada contra Túnez dirigida por Luis IX de Francia. En esa empresa murió el rey francés en 1270 a causa de la peste y a finales de ese mismo ano murió también el rey de Navarra aquejado de la misma enfermedad. Puesto que no tenía hijos en su matrimonio con Isabel, la sucesión en el trono de Navarra y el condado de Champaña recayó en su hermano Enrique, que durante la presencia de Teobaldo en la cruzada ya actuaba como senescal en Navarra.

El reinado de Enrique I fue breve, entre finales de 1270 y mediados de 1274. Su acceso al trono no dio lugar a conflictos internos ni tampoco en el ámbito peninsular. Permanecía amparado por una sólida alianza con Francia, renovada con su matrimonio con una sobrina del rey francés, Blanca de Artois. En su reinado se apuntaron algunos intentos de cambios de alianzas pero la brevedad del mismo impidió que esos proyectos dieran paso a una situación política nueva. En cuanto a la política interna, lo más destacable es el conflicto que se desato en Pamplona entre las autoridades civiles y el obispo y que se saldo con la adquisición por el rey de los derechos señoriales sobre la ciudad que tenía el obispo. Entonces se rompió también la fusion alcanzada unos anos antes entre los burgos que formaban la ciudad, los de la Navarreria y San Miguel, San Cernin y San Nicolás. Ruptura que será un preludio de los graves conflictos que tendrán lugar poco después.

La muerte de Enrique I en 1274 convertía en heredera a su hija Juana, que entonces tenía ano y medio. La situación dinástica abria el camino, de nuevo, a la intervención castellana y aragonesa, pero la solución que finalmente propugno la reina Blanca de Artois fue la de un mayor acercamiento a Francia, al prometer en matrimonio a la heredera de Navarra Juana con Felipe, segundo hijo del rey de Francia. Felipe accedería más tarde al trono francés con lo que el reino de Navarra quedaría directamente unido al de Francia durante medio siglo.

2.4.4. La vinculación a la monarquía francesa

Entre 1274 y 1328 se sucedieron en el trono de Navarra cuatro reyes de Francia de la dinastía de los Capetos. El esposo de Juana, Felipe, se convirtió en heredero de Francia al morir su hermano mayor en 1276. El matrimonio concertado en 1274 se celebro en 1284. Juana I y Felipe I el Hermoso reinaron hasta 1305 (como Felipe IV reino en Francia entre 1285 y 1314) y les sucedieron sus tres hijos: Luis I el Hutin (el Testarudo) entre 1305 y 1316 (Luis IX en Francia entre 1314 y 1316), Felipe II el Largo entre 1316 y 1322 (Felipe V en Francia en esos mismos anos) y Carlos I el Calvo entre 1322 y 1328 (Carlos IV en Francia en el mismo período). Este último murió sin descendencia y mediante la aplicación de la Ley sálica, que impedia la sucesión femenina en el trono, el reino de Francia paso a Felipe VI de Valois, mientras que el trono de Navarra paso a una hija de Luis el Hutin, Juana II, casada con otro magnate fiancés, Felipe de Evreux. Con Juana II y sus sucesores Evreux el reino de Navarra recuperó su independencia de la monarquía francesa, pero no asi su vinculación con Francia donde los Evreux disponían de importantes dominios.

En los anos de finales del siglo XIII y comienzos del XIV en los que los reyes de Francia lo fueron también de Navarra, el reino de Navarra se convirtió en un apéndice, un satélite como se le ha denominado en ocasiones, de Francia. En general, los reyes de Francia sostuvieron su dominio en Navarra mediante la ocupación militar y la dura represión de cualquier intento de oposición interna. El gobierno de Navarra estuvo en manos de oficiales franceses que controlaron casi todos los niveles de la administración; no solo el cargo de gobernador o senescal, sino casi todos los oficios de la administración central y los más significativos de la territorial.

Según hemos apuntado, a la muerte de Enrique I en 1274 tanto Jaime I de Aragón como Alfonso X de Castilla iniciaron maniobras políticas para hacerse con el control de Navarra. Ambos contaban con partidarios en el reino que deseaban una desvinculación de Francia tras el gobierno de los reyes de la dinastía de Champaña. Sin embargo, el compromiso de matrimonio de la heredera Juana con el hijo del rey de Francia en 1274 anuló sus planes, cuyo desarrollo también estuvo condicionado por los propios problemas y la situación interna en Aragón y en Castilla. Pero la opción francesa se tomo al margen de las preferencias políticas de la nobleza y las oligarquías urbanas de Navarra. Eso desemboco en conflictos y enfrentamientos que se extendieron por amplias zonas del reino pero que alcanzaron especial significado en Pamplona. Mientras tanto, el rey de Francia, Felipe III, actuaba como defensor de los intereses de su hijo y de su prometida y, en consecuencia, en 1276 envió un fuerte ejército para sofocar las revueltas. En Pamplona los habitantes de la Navarreria se enfrentaron a los de los burgos de San Cernin y San Nicolás. Los primeros, dirigidos por algunos nobles y con el telón de fondo del conflicto de jurisdicciones en la ciudad, apoyaban la intervención castellana. Los segundos, encabezados por el gobernador francés y algunos otros nobles, apoyaban la opción francesa. El ejército enviado por el rey de Francia ataco la Navarreria pamplonesa y acabo con la revuelta en la ciudad en una acción que las crónicas recogieron como tremendamente cruenta y devastadora. Mientras tanto, las tropas castellanas enviadas en su apoyo optaron por no intervenir. Una vez sofocada la revuelta en Pamplona, el ejército francés no tardo en acabar con los demás focos de resistencia, desatando una dura represión contra sus oponentes. Una oposición que se articulaba también en juntas o hermandades, como la junta de los infanzones de Obanos, que siguió activa durante este período a pesar de la represión francesa, o la hermandad de las buenas villas propugnada por las oligarquías urbanas.

Por entonces el prometido de Juana I se convirtió en heredero de Francia. En 1284 se celebro su matrimonio y en 1285 moría el rey de Francia con lo que Felipe I se convertía también en rey de Francia. En esos anos se lanzaron ataques contra Aragón desde Navarra en el contexto del enfrentamiento entre Francia y Aragón provocado por la conquista aragonesa de Sicilia. Juana I murió en 1305 y lue una ocasión para que resurgiera en Navarra la oposición a la unión de las dos coronas. Mientras el rey Felipe I seguia gobernando en Navarra, sectores de la nobleza y las oligarquías urbanas solicitaron que el trono pasara a manos de su hijo Luis, puesto que era él y no su padre el auténtico heredero de los derechos dinásticos de Juana I. Finalmente, en 1307 Luis I acudió a Navarra para ser coronado pero, en contra de lo que habían pretendido quienes habían solicitado su presencia, desato una vez más una dura represión contra los que habian encabezado este nuevo episodio de oposición. Luis el Hutin accedio al trono de Francia en 1314 y a su muerte en 1316 fue sucedido en ambos reinos por sus dos hermanos, Felipe II (V de Francia) y Carlos I (IV de Francia).

Ninguno de los dos últimos reyes Capetos de Navarra pisó el reino navarro y ambos continuaron la política de sus predecesores, caracterizada por el gobierno de oficiales franceses y la represión de los intentos de oposición. Según se suele insistir, la oposición de los navarros a los reyes Capetos es consecuencia del rechazo a un gobierno extranjero. Pero hay que destacar que la raiz del problema no está tanto en la nacionalidad de los reyes como en el hecho de que importantes sectores de la nobleza y de las oligarquías urbanas quedaron excluidos de los resortes de gobierno y de los recursos económicos que generaba. Todo ello en un contexto en que ya empezaban a aparecer los primeros sintomas económicos de la crisis bajomedieval.

3

La articulación política

En los capítulos anteriores hemos estudiado los aspectos fondamentales de la organización social y económica de las sociedades feudales de los reinos cristianos de la península Ibérica, que explican que esos reinos protagonizaran un proceso de expansión territorial muy importante a lo largo de los siglos XII y XIII. En relación con esos aspectos, ahora revisaremos como se organizaban políticamente esas sociedades; como se articulaba politicamente la hegemonía de la clase dominante, de los señores, por medio de la monarquía; cuál era la participación de los otros grupos sociales. En definitiva, como se gobernaba y cuáles eran los instrumentos de gobierno. El protagonismo corresponde no tanto a los reyes como a la monarquía en tanto que forma de gobierno, viendo de qué manera los distintos grupos sociales se relacionan con ella. Podríamos hablar de monarquía nobiliaria, para subrayar que la monarquía plenomedieval responde al desarrollo del programa político de la nobleza y la jerarquia eclesiástica, para desarrollar y consolidar su hegemonia social y económica. También podemos hablar de monarquía feudal, y no tanto para señalar que se construye a partir de un entramado de relaciones feudovasalláticas, como suele utilizarse la expresión en ocasiones, sino para significar que el gobierno de la monarquía en este período corresponde al desarrollo del sistema feudal, del feudalismo, como constitutivo del conjunto de las relaciones económicas, sociales y políticas.

Antes de analizar esos aspectos, conviene tener en cuenta que la organización social y política no era monolítica y perfectamente homogénea, sino que presenta diversas varíantes, diferentes formas de articulación en las distintas zonas. Son formas que derivan, fundamentalmente, del proceso de expansión territorial que se produjo, como hemos visto, a lo largo de un período de tiempo muy largo y de una forma discontinua, no lineal. Los contextos históricos y la evolución de la sociedad feudal a lo largo de ese período impusieron las distintas formas de organización social y política que se fueron desarrollando.

3.1. La expansión territorial y los modelos de organización social y política

Entre la conquista de Toledo en 1085 y la de Sevilla en 1248, o entre la conquista de Zaragoza en 1118 y la de Valência en 1238, no solo hay amplios territorios sino también un dilatado período cronológico. Las conquistas y la expansión territorial se fueron traduciendo en diversas soluciones desde el punto de vista social y político, en función de la evolución general de las sociedades feudales que las protagonizaron. Esas soluciones no fueron idénticas en los distintos reinos, pero sí bastantes similares en general, lo que nos habla de un trasfondo y unas características comunes. En la medida en que las distintas soluciones se fueron imponiendo en las diversas fases de la expansión territorial, las diferencias se establecerán en sentido norte-sur.

Para obtener un perfil detallado, casi siempre hay que buscar las claves de la organización social y política en los niveles locales y comarcales. Cada lugar, cada zona concreta, tiene sus propias características y quizá podrían, a partir de ahí, establecerse determinados modelos. Pero, por encima de la diversidad local o comarcal, hay también varios tipos o modelos de carácter regional que extienden sus características por zonas amplias, aunque dentro de ellas pueda haber un número a veces elevado de varíantes locales y comarcales (Moxó, 1979; Garcia de Cortázar, Portela, Cabrera, González y López de Coca, 1985).

A esos grandes modelos nos vamos a referir a continuación. El proceso de expansión territorial determino la existencia de cuatro grandes modelos sucesivos de organización social y política, cada uno de ellos con una determinada concreción cronológica y espacial. En primer lugar, los territorios antiguos, las zonas originarias, que en León y Castilla corresponden a los territorios entre el Cantábrico y el Duero; en Aragón y en Navarra son también los territorios de los antiguos reinos, la Navarra nuclear o los valles pirenaicos aragoneses; y en los condados catalanes es la Cataluña Vieja. En segundo lugar, las Extremaduras; en León y Castilla las zonas entre el Duero y el Sistema Central y en Aragón amplias zonas al sur del Ebro. En tercer lugar, los territorios donde el protagonismo, no sólo político sino también social y económico, correspondió a las ordenes militares; zonas del valle del Guadiana o del Bajo Aragón y el Maestrazgo. Y, en cuarto lugar, las grandes zonas conquistadas en el siglo XIII, Andalucía Bética, Murcia, Mallorca y Valencia, donde los repartimientos de las tierras conquistadas nos ofrecen las nóminas de los beneficiarios, entre los que se destaca claramente la nobleza.

Hay que insistir en que en esos cuatro grandes modelos se incluyen muchas situaciones concretas diversas. Sin embargo, teniendo eso en cuenta, analizando esos modelos podemos obtener una visión bastante completa de la organización social y política en las distintas zonas de los reinos cristianos de la península en este período. Para su estudio haremos referencia a diversos aspectos, algunos de los cuales ya han sido analizados en los capítulos anteriores. Por ello frecuentemente solo los mencionaremos y los situaremos en los contextos correspondientes.

3.1.1. Los territorios antiguos

En buena medida, los elementos que determinan la organización social y política de estas zonas, los territorios originarios de los reinos cristianos, proceden de la Alta Edad Media. Por ello conviene tener presente lo que se explica en otros volúmenes de esta colección. Durante el período plenomedieval de los siglos XII y XIII, sin duda el fenómeno más relevante en estas zonas es la extensión de los dominios y señoríos en manos de la nobleza y de las instituciones eclesiásticas. Un proceso que tiene sus orígenes durante la Alta Edad Media y que no dejará de crecer y desarrollarse en los siglos siguientes. Habrá distintos ritmos en las diversas zonas y a lo largo del tiempo, pero en conjunto es un proceso denso y compacto, que significará la sujeción directa a los intereses señoriales de buena parte de la población.

Ese proceso tiene básicamente dos componentes que con mucha frecuencia se complementan entre sí: la acumulación de propiedades y las inmunidades y exenciones. Las segundas son determinantes en la constitución de los señoríos en muchos casos y frecuentemente vendrán a reforzar o consolidar situaciones de hecho determinadas por la extensión de las propiedades de un noble o de una institución eclesiástica. La inmunidad suponía situar a las tierras y los campesinos fuera de la jurisdicción regia; la exención suponía que esos mismos campesinos y tierras quedaban exentos del pago de todas o parte de las rentas regias; ambas cosas en beneficio del señor.

Los beneficiarios de ese proceso de expansión de los dominios y señoríos serán diversos. Entre las instituciones eclesiásticas, los obispos y los cabildos figuran entre los primeros lugares, tanto cronológicamente como por la extensión de sus dominios, y junto a ellos los grandes monasterios benedictinos fundados en la Alta Edad Media; posteriormente se irán sumando monasterios de las diversas ordenes: cluniacenses, cistercienses, premonstratenses y, después, los conventos de las ordenes mendicantes. También las ordenes militares extenderán sus dominios por el norte aunque el grueso de sus intereses estará en otras zonas. Y junto a los eclesiásticos los nobles laicos. En general, la documentación conservada para este período nos ofrece más dificultades para conocer con cierto detalle sus dominios en los siglos XII y XIII; unos dominios que, además, estaban sujetos a continuos repartos hereditarios y eran, por lo tanto, menos estables. Sin embargo, hay suficientes elementos para conocer algunos de ellos, lo que nos permite deducir también la extensión de los dominios y señoríos nobiliarios en este período, si no de una forma muy detallada, si en una vision de conjunto.

De manera que se irá formando una trama muy densa de dominios y señoríos que frecuentemente se superpondrán, dando lugar a las características de fragmentación y yuxtaposición que ya hemos mencionado. El contrapunto será una progresiva reducción de los realengos, las tierras y los hombres dependientes del rey. Al mismo tiempo, ese realengo se irá configurando también como una forma de señorío, señorío regio, equiparable a las otras formas señoriales nobiliarias. y eclesiásticas.

Dominios y señoríos son, pues, en estas zonas y con las características mencionadas, los principales ejes articuladores de la organización social y política. Y los elementos nucleares de esa organización, las células que le dan contenido, son los concejos rurales. Concejos que serán tanto una forma de organización política de los campesinos, interna y externa, como un instrumento de dominación señorial. Los concejos rurales responden a la tendencia a la concentración del poblamiento en las aldeas en las zonas lianas, pero también se extienden por la zonas de poblamiento disperso en las montañas. A través de los concejos se vehicularon las relaciones tanto con los poderes locales y comarcales, con los señores, como con el poder central, con la monarquía y sus aparatos de gobierno. En muchas zonas, el gobierno del rey se ejercerá en los siglos XI y XII mediante la intervención de los nobles a través de las tenencias, el gobierno de los distritos por delegación regia.

El señorío directo del rey, el realengo en sentido estricto, se reducirá a medida que se desarrolle el poder señorial, pero también se reestructurará y se reorganizará. El principal instrumento en esa reorganización serán los concejos urbanos. Hemos hablado ya del renacimiento urbano, del crecimiento de las ciudades, que en el norte se articulará en las ciudades y villas del Camino de Santiago y en la política de promoción y desarrollo de villas reales y villas nuevas. El apoyo regio al desarrollo de esas villas y ciudades incluirá también que sus aparatos de gobierno, los concejos urbanos, reciban el control de zonas rurales circundantes más o menos amplias, los alfoces. En la medida que los dominios nobiliarios y señoriales se hubieran extendido por esas zonas, en bastantes ocasiones fue necesario redefinir el estatus señorial de algunas de las aldeas que se integraban en los alfoces de las villas y ciudades, extrayéndolas de la jurisdicción señorial y recuperándolas para el realengo. Un realengo que ahora quedaba en manos de quienes controlarán los concejos; es decir, de las oligarquías urbanas. Al final, en la práctica en muchos casos esto supondrá el establecimiento de nuevas formas de dominación a favor de los grupos emergentes de las villas y ciudades. Era un proceso claramente paralelo al que se daba en las Extremaduras.

Por tanto, el realengo disminuyó y se reorganizo para acabar beneficiando a las oligarquías urbanas. Pero se desarrolló también el conjunto de la organización política y el poder regio adquirió nuevos contenidos que se extendían por encima de los señoríos, sobre todo en lo referente a la justicia y la fiscalidad. El desarrollo de los señoríos, la reorganización del realengo y los nuevos contenidos del poder regio hicieron que las tenencias fueran desapareciendo en muchas zonas y se sustituyeran por nuevas formas de administración territorial a lo largo de los siglos XII y XIII. No sólo cambiaron los distritos, sino también, sobre todo, el contenido del poder que se ejercía en ellos.

Poco a poco se tenderá a una mayor territorialización de los ámbitos de poder, el concejo, el señorío, el distrito administrativo. Distintos ámbitos que se superponen, cada uno de ellos con su propia definición territorial, y en los que se desarrollan diversas formas de relaciones sociales, económicas y políticas: la justicia local, el pago de rentas al señor, la fiscalidad y la justicia regia, etc. En ese proceso también intervino la Iglesia, definiendo sus propios ámbitos territoriales, las parroquias, los arcedianatos y arciprestazgos y las diócesis episcopales.

Pero no seria ajustado ver esos procesos como algo lineal, continuo y carente de tensiones. Al contrario, los conflictos en la demarcación de los ámbitos territoriales fueron muy frecuentes. Eran, en definitiva, conflictos entre poderosos que pugnaban por aumentar, en unos casos, o defender, en otros, sus ámbitos de poder.

3.1.2. Las Extremaduras

La conquista de Toledo en 1085 por Alfonso VI llevó la frontera de León y Castilla hasta el Tajo. Eso permitió, por un lado, la incorporación efectiva y el dominio de los territorios entre el Duero y el Sistema Central; por otro lado, hizo que también fuera necesario organizar el control sobre esos territorios para poder sostener y defender eficazmente las conquistas en el Tajo. Son los territorios que forman las Extremaduras históricas castellana y leonesa.

Durante bastante tiempo se ha venido considerando, a partir de las tesis de Sánchez Albornoz, que eran territorios prácticamente desiertos durante la Alta Edad Media. Sin embargo, según los estudios más recientes de A. Barrios, no se puede sostener la tesis del vacío poblacional, aunque la densidad de población fuera débil (Barrios, 1982). En el siglo X se llevaron a cabo los primeros esfuerzos repobladores y reorganizadores por los reyes asturleoneses y los condes de Castilla, aunque las posteriores campañas musulmanas dirigidas por Almanzor desbarataron en parte esos esfuerzos. Sobre esa base, en las últimas décadas del siglo XI, ya antes de la conquista de Toledo, se retomo la tarea de reorganizar el dominio de los reyes castellano-leoneses sobre las tierras y los hombres del sur del Duero. De hecho, algunas interpretaciones sostienen que esa reorganización fue un paso necesario previo a la posterior expansión hasta Toledo. De esa manera debe entenderse el fuero de Sepúlveda de 1076, que sentará las bases sobre las que se desarrollará la organización social y política de la zona desde finales del siglo XI, durante los siglos XII y XIII. Así, el fuero de Sepúlveda contiene ya algunos aspectos fundamentales, como son el control regio de estas zonas, su consideración como realengos, sin una presencia destacada de dominios y señoríos nobiliarios. Los habitantes de estas zonas, tanto los ya existentes como los nuevos pobladores, tendrán un estatus de hombres libres dependientes del rey, no vasallos señoriales, y gozarán de diversos privilegios fiscales y judiciales no teniendo, por ejemplo, que responder por haber cometido ciertos delitos o viendo reducidas sustancialmente algunas penas. Pero ese estatus no significa identidad de posiciones, puesto que ya en el fuero de 1076 se refleja la existencia de una jerarquia social. Por otro lado, el dominio regio se organiza a partir de territorios amplios, alfoces, en torno a determinados centros que se irán configurando como villas o ciudades.

El modelo iniciado en el fuero de Sepúlveda fue desarrollándose y aplicándose a toda la zona en otros fueros. En muchos casos primero serán fueros breves que después, ya a finales del siglo XII y en el siglo XIII, serán sustituidos por fueros extensos; fueros que como los de Ávila y Salamanca, o el de Cuenca más al sur, se convertirán también en modelos y se irán extendiendo a otros concejos.

Como décimos, la zona no estaba despoblada, pero sí había una baja densidad de población. La ordenación jurídica que beneficiaba a sus habitantes pretendia atraer nuevos pobladores que garantizaran la ocupación y defensa del territorio. Los textos cronísticos y, sobre todo, el análisis exhaustivo y escrupuloso de la antroponimia han permitido a Barrios detectar la procedencia de los nuevos pobladores (gallegos y astur-leoneses, castellanos, vasco-navarros y riojanos, aragoneses y francos) y sus zonas de asentamiento (Barrios, 1985).

Desde finales del siglo XI y durante parte del siglo XII los concejos de la zona estarán sujetos al régimen de tenencias, estarán controlados por nobles que actúan como delegados regios, los tenentes. Sin embargo eso no significo que se desarrollaran señoríos nobiliarios, a diferencia de lo que sucedia en el norte, donde las tenencias favorecieron el crecimiento de los señoríos de la nobleza. En esa época los concejos de las Extremaduras tuvieron un protagonismo militar muy destacado en la defensa de la frontera mediante las milicias concejiles. Entonces se fraguó también la hegemonía de los caballeros villanos que integraban esas milicias, hegemonía basada al principio en su participación en la guerra, una guerra que casi siempre era de pillaje y de botín, y más tarde en la ganadería. Más adelante, ya en el siglo XIII, los caballeros villanos vieron reconocida su hegemonía social y económica mediante fórmulas jurídicas que les garantizaban el control político de los concejos de las villas y ciudades y, por lo tanto, el dominio sobre las aldeas de los alfoces. Esas fórmulas quedarán recogidas en los fueros más extensos y en diversos privilegios. Se formarán así los señoríos concejiles colectivos en beneficio de los caballeros villanos. Una vez que la frontera se traslado más al sur y las milicias concejiles perdieron protagonismo militar, sustituidas en buena medida por las ordenes militares, los caballeros villanos basaron su hegemonía en la ganadería. Al mismo tiempo que se construía la hegemonía de los caballeros villanos se elaboraba también la justificación de esa hegemonía, justificación que incluía una construcción histórica de sus orígenes, tal y como se refleja en la Crónica de la Población de Ávila, elaborada en el siglo XIII para justificar la preeminencia de los caballeros villanos de Ávila, los serranos.

En paralelo a ese proceso se va desarrollando también la organización episcopal, superpuesta a la organización concejil. Si los señoríos de la nobleza y de los monasterios se desarrollaron muy poco en las Extremaduras en comparación con las zonas al norte del Duero, sin embargo los obispos y los cabildos sí formaron dominios muy importantes. De manera que las jerarquías eclesiásticas diocesanas se sumaron a las oligarquías urbanas para integrar las características de la dominación feudal en estas zonas. En realidad, los caballeros villanos y los obispos y canónigos no son grupos distintos, sino que en cada concejo formaron un único grupo oligárquico, a partir de relaciones de parentesco y de intereses económicos comunes, que extendía sus ramificaciones a todos los resortes del poder.

El modelo del feudalismo extremadurano (Barrios, 1983-1984; Villar, 1986) alcanzó su máxima expresión en los grandes concejos de la zona, los de Ávila, Segovia y Salamanca, o Soria en la zona más Occidental, pero el modelo se extendió también a otros concejos menores centrados en torno a villas como Sepúlveda, Cuéllar, Olmedo, Ledesma, Ciudad Rodrigo, etc. Más tarde, al final de la Edad Media, tanto unas como otros formarán las Comunidades de Villa y Tierra.

El modelo concejil de las Extremaduras se extendió también a las zonas al sur del Sistema Central, en la cuenca del Tajo, aunque aqui hay que tener en cuenta algunos otros factores. Recordemos que tras la conquista de Toledo los almorávides se hicieron rápidamente con el control de al-Andalus, recuperando algunas plazas en el Tajo y poniendo en peligro la propia ocupación cristiana de Toledo. Fue a partir de mediados del siglo XII, con la desintegración del imperio almorávide, cuando castellanos y leoneses comenzaron a afianzar y extender sus posiciones en la zona. De manera que la consolidación del dominio cristiano tendrá lugar en un contexto parcialmente distinto y, en consecuencia, la organización social y política en la zona entre el Tajo y el Sistema Central también es un tanto diferente.

En primer lugar, hay que tener en cuenta el caso de Toledo, con todas las connotaciones políticas y religiosas que acompañaban a la ciudad, derivadas de la antigua capitalidad del reino visigodo. A la conquista de Toledo siguió la inmediata restauración de la sede arzobispal, la principal sede de la península. Y la restauración de la sede se acompañó, a su vez, de la formación de un importantísimo señorío territorial para los arzobispos. De manera que el señorío de la mitra toledana se extendió por zonas amplias del Tajo central. La ciudad tenía también algunas características peculiares, en parte derivadas de su pasado como una importante ciudad musulmana, en parte derivadas también de la complicada situación tras la conquista. Así, una población heterogénea, integrada por grupos musulmanes que permanecieron (aunque muchos emigraron), grupos de mozárabes descendientes de la población cristiana que había existido bajo la dominación musulmana, grupos de nuevos pobladores castellanos y leoneses, grupos igualmente de nuevos pobladores francos y también una importante población judia. Distintos grupos, que tendrán diferentes ordenamiento jurídicos, darán a la ciudad un perfil característico, aunque no tardarán en destacarse los cristianos, mozárabes, castellano-leoneses y francos.

Junto al señorío del arzobispo, en la zona también se desarrollarán algunos señoríos nobiliarios y de otras instituciones eclesiásticas, aunque con una intensidad bastante menor que en las zonas del norte. Además de la propia ciudad de Toledo, en la zona existía un entramado de villas y pequeñas ciudades en la época musulmana (Talavera, Madrid, Alcalá, Guadalajara). Algunas de ellas recibieron una ordenación jurídica similar a la de los concejos de las Extremaduras, de manera que el régimen concejil se extendió también por esta zona, aunque sobre la base de un organización previa de origen musulmán. El caso más destacable es el de Cuenca conquistada y dotada de un fuero en 1177. El fuero de Cuenca se convertirá en un modelo para otros y supondrá la formación de un concejo dotado de un alfoz muy amplio, equiparable a los grandes concejos de la Extremadura del Duero.

Esta forma de organización social y política, determinada por la formación de concejos realengos que controlan territorios amplios y vinculados a una fiinción militar, se desarrollará también en algunas zonas de Aragón desde el siglo XII, aunque con ciertas variaciones. En Calatayud y Daroca, conquistadas en 1120, y en Teruel, ocupada hacia 1170, se formaron también concejos que recibieron el control de territorios muy extensos. Como los grandes concejos castellanos y leoneses, también los concejos de la Extremadura aragonesa tuvieron un importante papel militar en relación con la frontera con el Levante musulmán. E igualmente las elites de los guerreros se impusieron como grupo preeminente frente a los restantes habitantes de las villas y a los campesinos de las aldeas que integraban los grandes alfoces. Los fueros de estos concejos recogen las similitudes con los concejos de las Extremaduras castellana y leonesa y, en algún caso, presentan claras conexiones con algunos textos forales castellanos; es el caso de los fueros de Teruel y Cuenca que están estrechamente relacionados.

Pero, a diferencia de Castilla, la preeminencia social y económica de los caballeros urbanos no se ratificará mediante una completa hegemonía política o, al menos, la formulación jurídica no terminará siendo tan favorable a los intereses de los grupos oligárquicos que dominen las villas centros de los concejos. En Aragón, desde mediados del siglo XIII, las aldeas disfrutaron de una organización política propia configurándose como comunidades de aldeas frente a los concejos de las villas y ciudades (Corral, 1987). La comunidad de aldeas de Daroca se formo en 1248, la de Calatayud en 1256 y la de Teruel en 1276 y tuvieron sus propios cauces de representación y acción política, distintos y paralelos a los de los concejos de Daroca, Calatayud y Teruel.

En Cataluña no se desarrolló una forma de organización similar a la de las Extremaduras, pero también habrá un contraste en la organización social y política entre los territorios antiguos, la Cataluña Vieja, y los que fueron incorporados de forma efectiva en el siglo XII, la Cataluña Nueva. Las conquistas de Tortosa y Lérida a mediados del siglo XII permitieron la incorporación efectiva de estas zonas nuevas, que se caracterizarán por un desarrollo de los dominios y señoríos menor que en las zonas antiguas. A diferencia de la rápida señorialización que se había extendido por los condados catalanes en el siglo XI, entre 1020 y 1060 aproximadamente, las zonas nuevas se van a integrar de forma mayoritaria en los dominios directos de los condes-reyes. Así, en los primeros momentos posteriores a la conquista el contraste será claro; pero ese contraste se irá difuminando después poco a poco, a medida que sobre la zona se vayan desarrollando también los dominios nobiliarios y eclesiásticos. Entre esos últimos destacarán los de los grandes monasterios cistercienses de la zona, Poblet y Santes Creus, y los de las ordenes militares. También las ciudades representarán un papel importante en la zona, las de tradición musulmana, como Lérida y Tortosa, y Tarragona donde la vida urbana se fue restaurando en el siglo XII.

3.1.3. El protagonismo de las ordenes militares

Al sur del Tajo y también al sur del Ebro las ordenes militares, tanto las internacionales como las hispánicas, tuvieron un papel muy importante desde el siglo XII. Primero, por su actuación militar en la conquista y defensa de los territorios; después, por la formación de amplisimos señorios en esas zonas del Alentejo, la Mancha actual, el Bajo Aragón y el Maestrazgo (Lomax, 1976; Izquierdo y Ruiz, eds., 2000).

Su origen se sitúa en Tierra Santa en las primeras décadas del siglo XII, tras las conquistas realizadas como consecuencia de la Primera Cruzada. Allí surgieron las ordenes del Temple y del Hospital de San Juan de Jerusalén y también, aunque con un carácter militar menos definido, la del Santo Sepulcro. Su misión era defender los Santos Lugares y a los peregrinos cristianos que allí acudían frente a los musulmanes. A imitación de esas ordenes y posiblemente también por influencia de los movimientos político-militares y religiosos del Magreb musulmán (almorávides y almohades), en los reinos cristianos de la península surgieron también otras ordenes en la segunda mitad del siglo XII, según ya hemos mencionado. La fundación de la Orden de Calatrava puede datarse en 1158; en los anos setenta se fundaron también las de Santiago (primero hermandad de caballeros de Cáceres), Alcántara (primero San Julián de Pereiro) y Avis (primero caballeros de Évora); y en 1201 se fundó la de San Jorge de Alfama en Aragón; más tarde, la disolución de la Orden del Temple a comienzos del siglo XIV daria lugar a la formación de la Orden de Montesa, a partir de los dominios templarios en Valencia, y la Orden de Cristo, a partir de los de Portugal.

Las ordenes están integradas por caballeros nobles que al ingresar adquieren un doble compromiso, militar y religioso. El contexto en el que surgen es complejo y los facto res que inciden en su formación son diversos; entre ellos hay que mencionar el espíritu cruzado, las necesidades militares frente a los musulmanes y la difusión de una religiosidad entre los laicos que busca un mayor protagonismo y cauces de expresión de la vida religiosa. Por otro lado, no hay que olvidar que los miembros de las ordenes, los freires ,son nobles y, por lo tanto, las ordenes son tanto un fenómeno eclesiástico como un fenómeno nobiliario. Ese doble carácter religioso y militar se refleja en las respectivas regias, el conjunto de normas que regulaban la vida de los miembros de las ordenes. Cada orden tiene su propia regulación y hay variaciones significativas entre ellas. Algunas ordenes peninsulares, como las de Calatrava, Alcántara y Avis, estaban afiliadas al císter y sujetas a la supervisión (visita) del abad del monasterio cisterciense francés de Morimond. Otras, como la Orden de Santiago, admitían el matrimonio de sus miembros que, por lo tanto, no estaban sujetos al celibato que caracterizaba a otras ordenes. Pero, en cualquier caso, todas las ordenes militares integran esa doble vertiente, religiosa y militar, procurando conjugarlas de diversas maneras.

Los perfiles institucionales y organizativos de las ordenes militares fueron definiéndose a lo largo del tiempo; no estaban, por lo tanto, determinados plenamente desde el principio. Por otra parte, esos perfiles no son idénticos para todas las ordenes y hay variaciones, tanto entre las ordenes internacionales y las hispánicas, como dentro de cada uno de esos grupos. Hay que tener en cuenta que las ordenes internacionales eran mucho más grandes en número de miembros y propiedades que las hispánicas. Pero, por encima de esas diferencias, podemos trazar algunos rasgos comunes que nos sirvan para una primera aproximación. En primer lugar, hay que tener en cuenta que todas las ordenes tienen una estructura organizativa jerárquica. Las células básicas en la organización de la ordenes las constituyen centros, en número variable y distribuídos por diversas zonas, que pueden denominarse conventos o casas pero que muy frecuentemente se denominan encomiendas. Allí vive un número indeterminado de freires dirigidos por un comendador; además, claro, de un grupo también variable de sirvientes y criados. Las encomiendas también tienen características muy diversas, unas son básicamente residenciales y otras son fundamentalmente militares, unas son urbanas y otras son rurales, etc. Las encomiendas se sostienen, y contribuyen al mantenimiento de los miembros de la orden, con las rentas y tierras que tienen asignadas; son, por lo tanto, señoríos que funcionan de forma autónoma. No es posible determinar con precisión el número total de encomiendas de todas las ordenes militares existentes en la península hacia, digamos, 1300. Diferentes autores dan diversas cifras, entre otras cosas porque, como hemos dicho, en esta época se va avanzando en un proceso de definición institucional que aún tardará en completarse. Pero se pueden tener en cuenta algunas cifras a modo indicativo. Así, por ejemplo, se suele admitir que la Orden del Temple disponía antes de su disolución en 1312 de un número de encomiendas en el conjunto de los reinos cristianos de la península que podría aproximarse al centenar.

Algunas ordenes tenian también ramas femeninas y disponían de casas y conventos de monjas. La Orden de Santiago admitía el matrimonio de sus miembros y recomendaba que cuando los caballeros se reunian, bien por razones religiosas en ciertas épocas del ano o por razones militares, sus esposas acudieran a los conventos femeniños de la orden. También las Órdenes de Calatrava y del Hospital de San Juan tenian ramas femeninas. Las monjas del Hospital tuvieron una presencia destacada en Aragón con el monasterio de Sijena (Huesca).

Las diversas casas y encomiendas de una zona o de un reino se agrupaban en un nivel jerárquico superior; entre los templarios son los maestrazgos provinciales, entre los hospitalarios son los prioratos; entre los santiaguistas son las encomiendas mayores. Su extensión, número de encomiendas incluidas, etc., también son variables. A principios del siglo XIV la Orden del Hospital organizaba el conjunto de sus posesiónes en torno a 20 prioratos (que más tarde se distribuirían en 7 lenguas agrupando a varios de esos prioratos). La Orden del Temple distribuía sus encomiendas en la península en dos maestrazgos provinciales uno para la Corona de Aragón y otro para la de Castilla y Portugal; mientras que la Orden de Santiago distribuía sus propiedades en cinco encomiendas mayores. Por encima de ese nivel intermedio se sitúa el nivel superior de gobierno de las órdenes encabezado por el maestre, a su lado actuan también otros altos oficiales con distintos nombres y funciones en las distintas órdenes (senescales, mariscales, claveros, etc.). Otra institución importante era el capítulo general que en teoria correspondia a la reunión de todos los miembros de la orden. Entre sus funciones y prerrogativas estaban las de aprobar las normas de funcionamiento de la orden y elegir al maestre; aunque frecuentemente la elección del maestre recaía en un grupo más reducido, un consejo que en algunas órdenes tenía también un carácter permanente y asesoraba al maestre.

No es posible determinar cuántos miembros tenian las órdenes en un momento dado en este período. Entre los freires habia caballeros, que eran los más numerosos, y clérigos para atender y dirigir el culto religioso, y otros miembros con un estatus inferior también con funciones militares o para atender diversos oficios. Por otro lado, podía haber también una vinculación temporal, no permanente, a una orden en calidad de familiares; personas (generalmente nobles) que se asocian a una orden durante un período más o menos breve. Una forma de aproximarse a estos aspectos es a través de los contingentes militares que aportan las diversas ordenes en un momento determinado. Tampoco son cifras completamente determinantes, puesto que las tropas de las ordenes integraban no solo a los freires, sino también a otros guerreros, caballeros, peones y tropas auxiliares, que no formaban parte de las ordenes pero participaban en las campañas, ligados por vínculos vasalláticos o por el pago de soldadas. Por tanto, las cifras tienen un valor aproximativo, hacia mediados del siglo XIII la Orden de Santiago reunia en algunas de sus campañas unos 300 caballeros, aunque seguramente no todos eran miembros de la orden. Los calatravos hacia 1300 quizá rondaran los 150 miembros. En Aragón, las tropas de las ordenes que participaban a comienzos del siglo XIV en la defensa de la frontera meridional de Valência se fijaron de la siguiente manera: 100 caballeros templarios, 60 del Hospital, 30 de la Orden de Calatrava y 20 de la de Santiago. Esas cifras no se refieren, lógicamente, al total de sus miembros, pero nos dan una idea aproximada del peso proporcional de cada una de ellas en la zona. Cuando la Orden del Temple fue disuelta, a comienzos del siglo XIV, se ha calculado que podía contar con unos 300 miembros en Aragón y unos 100 en Castilla, cifras que quizá estén un poco abultadas. En fin, datos muy inciertos pero que nos hablan, en general, de un número limitado de miembros de las ordenes militares en la península.

Sin embargo, las órdenes tuvieron un importante papel militar en las últimas décadas del siglo XII y durante la primera mitad del siglo XIII. Fueron anos caracterizados, como hemos visto, primero por la defensa frente a los almohades, y después, tras la batalla de las Navas de Tolosa, por la gran expansión de los reinos cristianos. En ese contexto las ordenes militares formaron amplios dominios que caracterizaron el conjunto de la organización social y política en zonas extensas de la península. En Castilla y León su presencia será muy importante en la zona entre el Tajo y el Guadiana, en La Mancha y Extremadura actuales. Era una zona poco poblada bajo dominio musulmán, en la que la estructura urbana característica de otras zonas de al-Andalus, era más débil, sobre todo en La Mancha. Eso propicio que las distintas ordenes, tanto hispánicas como internacionales, recibieran amplísimos dominios, coherentes y compactos, con un orientación preferente hacia la ganadería (Lomax, 1965; Martin, 1973; O’Callaghan, 1975; Rodríguez-Picavea, 1994; Ruiz Gómez, 2002). Entre los señoríos más importantes de la Orden de Santiago en la zona está Uclés (Cuenca), sede principal de la orden, Mora (Toledo) y más al sur Montiel (Ciudad Real) o Segura de la Sierra (Jaén); en la actual Extremadura sus dominios se extendían por el sur en torno a centros como Montánchez (Cáceres), Mérida o Usagre (Badajoz). La orden de Calatrava había recibido el castillo de Calatrava (Calatrava la Vieja) en el Guadiana a mediados del siglo XII; después se abandono el lugar y el centro de la orden se traslado algo más al sur a Calatrava la Nueva (Ciudad Real); otros centros importantes en la zona fueron Almagro (Ciudad Real) y Maqueda (Toledo). La Orden de Alcántara había recibido el lugar de ese nombre (Cáceres) en el Tajo a comienzos del siglo XIII, convirtiéndose en sede principal de la orden y centro de sus dominios, que se extendían sobretodo por la Transierra leonesa (la actual Extremadura), en la frontera con Portugal y en el sureste. Aproximadamente la mitad de la actual Extremadura se repartía entre los dominios de las Órdenes de Santiago y Alcántara. Alli también estaba Jerez de los Caballeros (Badajoz), un importante centro templario junto al de Montalbán (Toledo) en el Tajo. En cuanto a la Orden de San Juan, sus dominios manchegos se centraban en torno a Consuegra (Toledo), sede principal de la orden en Castilla y Leon.

En Portugal las ordenes militares extenderán sus dominios en la zona del Tajo y, sobre todo, más al sur en el Alentejo. En la zona del Tajo, entre ese rio y el Mondego, dispondrán de importantes dominios los templarios en torno a Castelo Branco o Pombal en el valle del rio Zêzere. También la Orden de San Juan en torno a Belber, aunque los hospitalarios se extenderán también al sur en el Guadiana portugués. La Orden de Avis tiene su sede en ese lugar, en el Alentejo, y sus dominios se extienden también por Coruche, Juromenha, etc. Pero la orden más poderosa en la zona, por la extensión de sus dominios, será también la de Santiago; sus propiedades abarcaban buena parte del Alentejo occidental y del Bajo Alentejo, con centros como Palmela, Alcácer do Sal, Aljustrel o Mértola.

Los comienzos de la formación de los dominios de las ordenes militares en Aragón remiten al testamento de Alfonso el Batallador. Como hemos visto, el rey dispuso que a su muerte (1134) sus reinos pasaran a manos de las ordenes militares que se habían formado en Tierra Santa: el Temple, el Hospital y el Santo Sepulcro. El testamento no se cumplió pero fue necesario compensar a las ordenes con donaciones territoriales que fueron aumentando posteriormente. De esa forma, sus dominios, a los que después se unieron los de las ordenes hispánicas, se extendieron por diversas zonas de Aragón y Cataluña, pero fueron especialmente significativos al sur del Ebro, en la frontera con el Levante musulmán, en el Bajo Aragón y en el Maestrazgo castellonense (Ledesma, 1982 y 1994).

La Orden del Santo Sepulcro no tenía el componente militar de las otras; surgió para la custodia del Santo Sepulcro en Jerusalén y estaba integrada por clérigos y monjas, aunque en Tierra Santa sí parece que sus miembros tuvieron en ocasiones un cierto papel militar. En Aragón sus intereses se centraban sobre todo en Calatayud (Zaragoza). Bastante más extensos fueron los dominios de los templarios. En el momento de su disolución, a comienzos del siglo XIV, contaban con unas 40 encomiendas en Aragón, Cataluña y Valência (Martínez Díez, 2001). La encomienda de Monzón (Huesca) era uno de sus centros más importantes, aunque también tuvieron intereses notables en el valle del Ebro con otras encomiendas importantes en Novillas, Zaragoza, etc., y al sur del Ebro en la frontera con Valência en Cantavieja o Alfambra (Teruel). En esa última zona se había fundado también una pequeña orden hacia 1175, la Orden de Alfambra, que fue absorbida pocos anos después por la del Temple. No fue la única orden local existente en Aragón, porque en la desembocadura del Ebro se formo en 1201 otra pequeña orden, la de San Jorge de Alfama, para defender la frontera en esa zona. Tras la conquista de Valência los templarios recibieron también propiedades allí, sobre todo al norte en el actual Castellón; y también eran importantes las encomiendas templarias en Cataluña, sobre todo en la Cataluña Nueva, con centros como Barberá, Asco, Tortosa, etc. (Pagarolas, 1999). Las encomiendas valencianas del Temple y del Hospital fueron la base de la posterior Orden de Santa Maria de Montesa tras la disolución de los templarios (Guinot, 1986). La Orden de San Jorge de Alfama se unió también a la de Montesa ya a finales del siglo XIV.

La Orden del Hospital de San Juan tuvo en Aragón un peso similar al de los templarios. Sus propiedades e intereses fueron abundantes en el valle del Ebro, con casas y encomiendas en Zaragoza, La Almunia de Dona Godina, Caspe, etc.; pero el centro de sus dominios aragoneses y catalanes se situó desde mediados del siglo XII hasta finales del siglo XIII en Amposta, en la desembocadura del Ebro, sede de la castellanía, equivalente al priorato en otras zonas, el nivel jerárquico intermedio cuyo castellán era la máxima autoridad de la orden en Aragón y Cataluña (Bonet, 1994).

Las ordenes militares hispánicas de Santiago y Calatrava también tuvieron una presencia notable en Aragón, aunque menor que las del Temple y el Hospital (Sáinz de la Maza, 1980). Sus encomiendas se situaron en ambos casos en zonas de frontera. El núcleo principal de los santiaguistas en Aragón desde comienzos del siglo XIII fue Montalbán (Teruel) al sur del Ebro; mientras que los calatravos recibieron Alcañiz (Teruel) en 1179, desde donde se gobernaban las otras encomiendas de la zona.

Como en Castilla y Portugal al sur del Tajo, los dominios de las ordenes militares en Aragón, en Teruel, en la frontera con Valência y en el Bajo Aragón y en tierras del actual Castellón se extendieron por zonas poco pobladas o cuya repoblación fue necesaria tras la conquista a los musulmanes. Por tanto, a su carácter militar unieron también su carácter repoblador y organizador de hombres y tierras. También sus dominios en esas zonas se diferencian, en general, por su carácter extenso y compacto. Las ordenes dirigieron el proceso de repoblación mediante fueros y cartas pueblas que regulaban sus relaciones como señores con sus vasallos campesinos. En Castilla y en Leon, al sur del Tajo, el fuero de Cuenca sirvió como modelo en muchos casos porque contenía los dos elementos fundamentales, la orientación ganadera y la regulación de las actividades y prestaciones de carácter militar (o militares en origen) de los vasallos. Aspectos ambos que estarán presentes también en los señoríos aragoneses de las ordenes.

3.1.4. Los repartimientos

Entre los anos treinta y sesenta del siglo XIII los reinos cristianos de la península incorporaron amplísimos territorios: la Andalucia Bética, Murcia, Mallorca y Valência. Se trataba de zonas, en general, ricas y bien pobladas, dotadas de una infraestructura agraria bien desarrollada, incluso sofisticada, y de una trama urbana densa. En la mayor parte de los casos la población musulmana permanecio inmediatamente después de las conquistas, sobre todo en los núcleos rurales; aunque después el número de mudéjares, y por lo tanto, la población de las distintas zonas, se redujo sustancialmente en bastantes casos. La integración de estos territorios a los reinos cristianos se hizo mediante la entrega de tierras y casas a nuevos pobladores o nuevos propietarios —según los casos— cristianos. Esos repartos, es decir repartimientos, se conservan para varias zonas. Los textos, los libros de repartimientos, nos muestran que en esas zonas se desarrollaron también unas determinadas formas de organización social y política que, aunque no son homogéneas, presentan claras características diferenciadoras respecto a las que se daban en otras zonas. Hay que insistir en las dos razones que explican esas diferencias: la evolución social y política de los reinos cristianos y las características propias de las zonas conquistadas.

Décimos que las formas de organización social y política determinadas en los repartimientos no son idénticas en todos los territorios incorporados en el siglo XIII y, más alla de las diferencias locales y comarcales, que también son muy importantes puesto que se trata de territorios muy extensos, distinguiremos a grandes rasgos, las correspondientes a cada una de las grandes zonas: Andalucia, Murcia, Mallorca y Valência.

A) Andalucia y Murcia

Es conveniente comenzar recordando las fechas fundamentales de las conquistas y la expansión territorial que redujo al-Andalus al reino nazari de Granada, extendido aproximadamente por las actuales Málaga, Granada y Almería. Córdoba fue conquistada en 1236, Murcia en 1243, Jaén en 1246, Sevilla en 1248, Jerez, Arcos, etc. inmediatamente después y Niebla y Cádiz en 1262-1264. Las conquistas significaron la permanencia de buena parte de la población musulmana en los ámbitos rurales; mientras que los habitantes de las ciudades, entre los que se encontraban las elites dirigentes, fueron obligados a abandonarlas en muchos casos y emigraron hacia Granada o hacia el norte de Africa. De manera que en los anos siguientes a las conquistas la población mudéjar era numerosa. Algunos sectores de esa población mudéjar protagonizarom una importante revuelta entre mediados de 1264 y comienzos de 1266. Tras la revuelta, gran parte de la población musulmana fue expulsada o emigro de forma que la situación cambio sustancialmente, sobre todo en el campo. Por lo tanto, conviene distinguir las condiciones creadas tras las conquistas y las que surgieron tras la revuelta de los mudéjares a partir de mediados de los anos sesenta.

Los territorios conquistados en Andalucía se dividieron en tres grandes unidades políticas, los reinos de Córdoba, Jaén y Sevilla. Pero el marco básico de la organización social y política en toda la zona será, a diferencia de las tierras manchegas, la formación de grandes concejos de realengo a los que se adscribirán territorios amplios, a veces muy amplios. También surgirán algunos señoríos que merece la pena tener en cuenta. Así, el arzobispo de Toledo formará un bloque señorial compacto al norte de Jaén, el llamado adelantamiento de Cazorla. También las ordenes militares formaron algunos señoríos en las zonas de Jaén (Segura, de la orden de Santiago), Córdoba (Priego, de la de Calatrava) y más tarde también en Sevilla (Osuna de Calatraba, Estepa de Santiago o Morón de Alcántara). Sus señoríos se formarán fundamentalmente en las zonas fronterizas con el reino de Granada y hay que relacionados con la organización de la defensa de la frontera. Pero, al margen de los señoríos mencionados y algunos otros, la mayor parte de las tierras andaluzas conquistadas en el siglo XIII se organizaron en torno a concejos dependientes del rey. El modelo tiene claros paralelismos con la organización concejil de las Extremaduras al sur del Duero, pero también hay importantes diferencias que nos permiten hablar de dos formas de organización social y política distintas. En primer lugar, los concejos extremaduranos se formaron sobre una red de poblamiento débil, en una zona con una densidad de población reducida y carente de una trama urbana. Por el contrario, Andalucía Bética en el siglo XIII reunia las características opuestas. En segundo lugar, la nobleza apenas intervino en la organización y repoblación de las Extremaduras, mientras que su presencia en Andalucía será muy importante. Los grupos dirigentes de los concejos extremaduranos estarán formados por caballeros villanos vinculados a la guerra y la ganadería; sin embargo, en las ciudades andaluzas, además de los caballeros villanos, los sectores procedentes de la nobleza territorial tendrán también un papel destacado. En correspondencia con la presencia de la nobleza en Andalucía, en los territorios de los concejos realengos se formaron dominios —inicialmente dominios, no señoríos— en manos no sólo de instituciones eclesiásticas como obispos y cabildos, tal y como sucedia en las Extremaduras, sino también de diversos sectores nobiliarios.

El papel de la nobleza en la zona quedo recogido y reflejado en los repartimientos; sin embargo, como hemos apuntado, no hay una evolución lineal y se produjeron importantes transformaciónes desde finales del siglo XIII. En bastantes ocasiones se ha sostenido que el latifundismo andaluz fue una consecuencia de la conquista y de los repartimientos del siglo XIII, pero los trabajos más recientes hacen que sea necesario introducir matices y corregir en parte ese planteamiento.

Se han conservado los repartimientos de varias zonas como Carmona, Écija, Jerez, Puerto de Santa Maria o Vejer, aunque el texto más importante es el que corresponde al repartimiento de Sevilla realizado en 1253 que fue estudiado en su día por J. González (González, 1951). La situación en otras zonas puede completarse, aunque sea parcialmente, a través de otras fuentes diversas. El texto de Sevilla y otros recogen que las concesiones realizadas tras la conquista fueron de dos tipos: donadíos y heredamientos. Los donadíos son concesiones, donaciones, que recompensan la participación en las campañas de conquista, la fidelidad política o la proximidad al rey, y de ellas se beneficiaron parientes del rey, miembros de la nobleza e instituciones eclesiásticas. Los heredamientos son concesiones de tierras a nuevos pobladores para que se asienten en ellas y las repueblen; su tamaño es mucho más reducido que los donadíos. Tampoco todos los donadíos eran iguales. En el repartimiento de Sevilla se distingue entre donadíos mayores y donadíos menores. Los donadíos mayores solían incluir, por lo general, una alquería, una aldea, y extensiónes amplias de olivar y de tierras de cereal que podían abarcar fácilmente más de 600 hectáreas. Los donadíos menores, aunque diversos, solían abarcar partes de una alquería y extensiónes menores de tierras. Los beneficiarios de los donadíos mayores fueron, como hemos señalado, miembros de la familia regia, sectores de la alta y media nobleza, ordenes militares y eclesiásticos destacados. Los donadíos menores fueron mucho más numerosos y sus beneficiarios también más diversos; entre ellos figuran otros nobles vasallos de los reyes, otros eclesiásticos e Iglesias y monasterios, vasallos de los infantes y de los parientes del rey y oficiales diversos.

Los heredamientos pretendían asentar nuevos pobladores y suele distinguirse entre varias categorías: caballeros de linaje o caballeros hidalgos, es decir, miembros de la nobleza, generalmente de la baja nobleza; caballeros villanos y peones. Son también muy diversos pero suelen consistir en propiedades urbanas y tierras de labor, generalmente de cereal y viñas, de extensión variable. Una característica que merece reseñarse es que los olivares pasaron a manos de los mayores propietarios, sobre todo de los que recibieron donadios mayores.

La estructura de la propiedad de la tierra que determinan los repartimientos expresa el proyecto de organización social y política que pretendia el rey. Supone la formación de grandes propiedades, pero en algunos estudios, como los realizados por M. González, se viene insistiendo en que eran predominantes las propiedades pequeñas y medianas; de manera que el latifundismo andaluz no seria consecuencia directa de las conquistas, sino del fracaso del modelo pretendido entonces y de las transformaciónes posteriores en la Baja Edad Media (González Jimènez, 1988: 115-126). Conviene tener en cuenta que, considerando las técnicas agrarias, los rendimientos de los cultivos y otros factores, el limite para distinguir las pequeñas y medianas propiedades de las grandes se debe situar, según esos estudios, en torno a las 400 hectáreas (una cifra que se consideraria muy elevada para otras zonas); de manera que solo las propiedades que superan esa extensión deberían considerarse grandes propiedades, mientras que las inferiores quedarían englobadas en las categorías de propiedades pequeñas o medianas. Conforme a esos criterios y según cálculos de M. González relativos a las tierras de labor, el repartimiento de Sevilla habría beneficiado a 44 grandes propietarios que recibieron tierras con una extensión de más de 450 hectáreas; esos 44 propietarios habrían recibido en total 26.505 hectáreas, con una extensión media de sus propiedades de algo más de 600 hectáreas. Otros 975 propietarios habrían recibido tierras que pueden calificarse como propiedades medianas, con una extensión de entre 120 y 300 hectáreas; en total se trataría de 145.892 hectáreas con una extensión media de unas 150 hectáreas por propietario. Por último, en el nivel inferior habría 1.064 beneficiarios de pequeñas propiedades con una extensión de entre 30 y 90 hectáreas aproximadamente; en ese nivel se repartirían un total de 42.210 hectáreas con una extensión media para cada propietario de 38 hectáreas. De esa manera, del total de más de 200.000 hectáreas distribuidas en el repartimiento de Sevilla, el 12,40% iria a engrosar las grandes propiedades, el 68,30% las medianas y el 19,30% las pequeñas (González Jimènez, 1988: 118-119).

Por tanto, generalizando el caso mejor conocido de Sevilla, se ha mantenido que los repartimientos establecieron un modelo donde primaban las pequeñas y medianas propiedades. Sin embargo, desde las últimas décadas del siglo XIII y durante la Baja Edad Media la situación fue cambiando, teniendo lugar una concentración de la propiedad y el desarrollo de los señorios. Esos cambios fueron en buena medida la consecuencia de lo que se suele calificar como fracaso o fracaso relativo de la repoblación de Andalucia. Un fracaso que, a su vez, habría que relacionar, entre otras cosas, con la revuelta mudéjar de los anos sesenta, la subsiguiente expulsion de gran parte de la población musulmana y su incidencia en el mundo rural. Un fracaso que era visible en los anos setenta del siglo XIII.

Los nuevos pobladores procedian mayoritariamente de los territorios castellanos y leoneses, sobre todo de las tierras al norte del Duero, aunque también de las Extremaduras o de La Mancha, y no faltaban, en proporciones menores, gentes procedentes de otras zonas, Aragón, Portugal e incluso otros países de Europa. Parece que en los primeros momentos la afluencia de gentes fue notable y, en ese sentido, se discute sobre la incidencia que la repoblación de Andalucia tuvo en las tierras del norte. Para algunos autores, la numerosa emigración a Andalucia habría sido uno de los factores que desencadenarían la crisis bajomedieval. Para otros, el traslado de gentes del norte hacia el sur ni habría sido tan numeroso ni habría tenido las consecuencias tan negativas que se han apuntado. Uno de sus argumentos es, precisamente, ese fracaso de la repoblación de Andalucia que sería visible hacia 1270. Por entonces los textos insisten en hablar de tierras vacías o despobladas y de la carencia de hombres que las trabajen. Parece, por tanto, que la corriente de nuevos pobladores, imprescindible para repoblar un territorio tan amplio, se redujo de forma importante pasados los primeros momentos. Incluso es posible que algunos de los primeros pobladores abandonaran la empresa y retornaran a sus lugares de origen ante las dificultades del establecimiento en Andalucia. Entre esas dificultades se suele aludir en primer lugar a la inestabilidad militar derivada de una situación de frontera. Pudo ser, sin duda, un factor importante, pero conviene tener en cuenta también otros. En ese sentido, la revuelta de los mudéjares, más allá de una conspiración instigada por el rey de Granada, nos habla de una inadecuación estructural entre la nueva situación creada con los repartimientos y la situación preexistente. La posterior expulsion de los mudéjares agravaria los problemas al aumentar la desarticulación de las estructuras agrarias.

La consecuencia fue la falta de hombres y la existencia de tierras vacías que mencionamos y el resultado, a medio plazo, una transformación del modelo propuesto en los repartimientos. Transformación favorable a la nobleza que iniciaria un proceso, lento pero intenso, de desarrollo de la gran propiedad y de formación de señoríos; proceso que caracterizará el período bajomedieval.

En cuanto a la organización del dominio castellano en Murcia, tiene algunos paralelismos claros con Andalucia pero también hay algunos matices diferenciadores (Torres Fontes, 1990). Recordemos que la conquista castellana en 1243 adquirió la forma de una ocupación o protectorado militar, como consecuencia del tratado de Alcaraz establecido entre el rey musulmán de Murcia y el entonces infante Alfonso en nombre de su padre Fernando III. El rey musulmán entrego al infante el control de las fortalezas del reino pero, más allá de esa ocupación militar no hubo un cambio sustancial. Incluso el rey musulmán permaneció durante un tiempo como tal, reconociendo la autoridad superior del rey de Castilla. Pero ese pacto no fue aceptado en todas partes y algunos dirigentes locales se negaron a entregar sus fortalezas. La resistencia fue mayor en Mula, Lorca y Cartagena que fueron sometidas por conquista en 1244 y 124$. Mientras tanto, el rey aragonés Jaime I había conquistado Valência en 1238 y en 1244, mediante el tratado de Almizra, se establecía la frontera entre los ámbitos de la expansión aragonesa y castellana, una frontera que incluía al actual Alicante dentro de Murcia y, por tanto, en la zona castellana.

También en el caso de Murcia la revuelta mudéjar de 1264 marca un antes y un después. Desde 1243 hasta 1264, en cuanto a la presencia cristiana, hay que hablar de guarniciones militares que en algunos casos dieron lugar al asentamiento, siempre reducido, de nuevos pobladores. La población musulmana conservo su situación, sus recursos económicos, incluso su organización política. Sólo en los casos de los núcleos que no aceptaron el tratado y fueron sometidos por conquista la fractura fue mayor y el dominio cristiano alcanzó un mayor desarrollo. Lugares como Cartagena, Alicante o Mula recibieron fueros en esa época, pero tampoco los asentamientos de nuevos pobladores debieron ser muy numerosos todavía por entonces.

La revuelta mudéjar de 1264 tuvo una intensidad notable en Murcia y fue sofocada por el rey de Aragón, no por el de Castilla. Como ya hemos visto, Jaime I de Aragón ocupo Murcia en 1265 y 1266. La razón es doble; por un lado, la revuelta amenazaba con extenderse y poner en peligro sus conquistas valencianas; por otro lado, el rey de Aragón no renunciaba a ampliar sus dominios por el sur incorporando Murcia. En 1266 Jaime I devolvió Murcia a Alfonso X de Castilla, pero antes realizo un repartimiento encaminado a mantener la presencia aragonesa. El proyecto de Jaime I consistía en realizar amplias donaciones a miembros de la nobleza en un número limitado, en torno a cien, que garantizarían el control político y militar de la zona sobre la población musulmana. Ese proyecto efímero fue anulado por el rey castellano, pero en la repoblación de Murcia hubo una presencia notable de gentes procedentes de Aragón y Cataluña, tanto de nuevos pobladores como de nobles que obtuvieron algunos señoríos importantes.

Tras la revuelta mudéjar y la recuperación de Murcia por Alfonso X, el rey castellano inicio una auténtica repoblación de la zona a partir de 1266 en un contexto distinto. La población musulmana se redujo, sobre todo en las ciudades de donde fue expulsada o, como en el caso de la propia ciudad de Murcia, quedó concentrada en determinados barrios. Las guerras con Granada y la situación fronteriza contribuyeron también a un debilitamiento de la población originaria, aunque en conjunto la población mudéjar siguió siendo numerosa en la zona.

El proyecto repoblador de Alfonso X en Murcia presenta bastantes paralelismos con el desarrollado en Andalucía. Murcia se organizo también como un reino y el núcleo básico de la organización social y política serán los concejos de realengo. Los elementos específicos derivan del mantenimiento de una importante población musulmana y de la presencia de pobladores catalanes y aragoneses. Ese proyecto repoblador se llevó a cabo mediante sucesivos repartimientos o particiones, de los que se han conservado varios textos referidos a Murcia, Lorca y Orihuela, que se extienden durante la segunda mitad del siglo XIII y principios del XIV. También aqui se entregaron donadios y heredamientos. Los donadíos, cuya concesión habia comenzado ya antes de la revuelta mudéjar, beneficiaron a algunos miembros de la nobleza e instituciones eclesiásticos. Entre los nobles destacará el infante don Manuel, hermano de Alfonso X; entre los eclesiásticos, las ordenes militares de Santiago y el Temple. Los heredamientos distinguen también el estatus de los nuevos pobladores, caballeros y peones con varias subcategorías. Desde el punto de vista agrario buena parte de la zona era muy rica, con cultivos de regadio, hecho que se refleja en los repartimientos. En general, al lado de los grandes donadíos, que aunque amplios no fueron muy numerosos, se desarrollarà la pequeña propiedad, sobre todo en las zonas de huerta.

B) Mallorcay Valência

A finales del 1228 en Barcelona y seguidamente en Lérida, Jaime I de Aragón reunió cortes de Cataluña y de Aragón en las que se acordo y se organizo la conquista de Mallorca. Según hemos visto, la ciudad de Mallorca fue conquistada el 31 de diciembre de 1229 y a lo largo de 1230 el dominio cristiano se extendio al resto de la isla, sofocando los núcleos de resistencia musulmanes. La vecina isla de Menorca se sometio al rey de Aragón mediante un pacto en 1231 y fue final y definitivamente conquistada en 1287. Mientras que las islas de Ibiza y Formentera lo fueron en 1235; alli el protagonismo correspondió al arzobispo de Tarragona y a dos de los principales magnates, el conde Nuño Sánchez y el infante Pedro de Portugal, que actuaron en nombre del rey.

La incorporacion de Mallorca a los dominios del rey de Aragón (hemos visto como después se convirtió en reino independiente durante un tiempo) y la repoblación por pobladores cristianos, sobre todo catalanes aunque también gentes procedentes de otras zonas, estuvieron parcialmente determinadas por las condiciones en que se desenvolvio la conquista. En este caso, y a diferencia de otras zonas, la conquista de Mallorca fue una ocupación militar violenta. La ciudad fue saqueada durante varios dias y buena parte de sus pobladores musulmanes se vieron obligados a huir o fueron asesinados. En el resto de la isla algunas zonas fueron dominadas sin resistencia, pero en otras se organizaron focos de resistencia que también fueron sofocados violentamente. No se trata, por tanto, de las condiciones más frecuentes de las capitulaciones que encontramos en otros casos y que,por lo general, respetaban la vida y las formas de existencia de los pobladores musulmanes.

De esa manera, una parte de la población musulmana superviviente debió huir, en principio hacia la vecina isla de Menorca. Otra parte quedo sometida a los nuevos dominadores cristianos en duras condiciones, aunque también se constata la existencia posterior de musulmanes libres, tanto en la ciudad como en zonas rurales.

Las reuniones de cortes habían fijado las condiciones de la participación en la campaña militar y las recompensas posteriores. El Libro del Repartimiento recoge los mecanismos para el asentamiento de nuevos pobladores cristianos. El conjunto de las tierras de la isla se distribuyeron en unidades básicas denominadas caballerías, que fueron agrupadas en ocho lotes. Cuatro de esos lotes fueron para el rey formando la medietas regis que le correspondia, en la que se integraron 5.674 caballerías. Los otros cuatro lotes restantes, que sumaban otras 7.762 caballerías, formaban la medietas magnatum que fue distribuida entre los principales nobles que participaron en la conquista: el conde Nuño Sánchez del Rosellón, tío-abuelo del rey, el conde Ponce Hugo III de Ampurias, el vizconde de Bearn y el obispo de Barcelona. Las casas de la ciudad de Mallorca fueron repartidas siguiendo un procedimiento similar. Posteriormente el rey distribuyo casas y tierras tanto a nobles e instituciones como a las Ordenes del Hospital y del Temple, como a nuevos pobladores que se instalaron en Mallorca procedentes de diversas zonas. No hay duda de que el protagonismo entre los nuevos pobladores corresponde a los catalanes, aunque no faltaron gentes procedentes de otros territorios de los dominios de la corona (Aragón y el sur de Francia) y de otras zonas (Navarra, Italia, incluso Castilla). Por su parte, los magnates hicieron otro tanto recompensando a sus propios vasallos y asentando igualmente nuevos pobladores.

Por tanto, los intereses nobiliarios estuvieron presentes desde los primeras momentos, aunque no impidieron el desarrollo de la pequeña y la mediana propiedad. Por otro lado, la isla y la ciudad tenian una importante tradición comercial que continuo desarrollándose tras la conquista cristiana (ya hemos mencionado que los intereses comerciales no fueron ajenos a la conquista), pero ahora en el contexto de la expansión catalano-aragonesa en el Mediterráneo (Abulafia, 1996).

Desde el punto de vista político, como hemos visto, Mallorca no se integro en ninguna de las formaciónes políticas existentes bajo el control del rey de Aragón, sino que formo un reino propio. Su constitución jurídica quedo perfilada en la carta de población de 1230, donde se establecieron las libertades y privilegios de los pobladores, mientras que los asuntos no regulados en la carta de población se regirían por los Usatges de Barcelona. El reino fue gobernado por lugartenientes del rey auxiliados por bailes y vegueres. Desde mediados del siglo XIII se fueron perfilando también las instituciones concejiles de la ciudad de Mallorca (consell y jurados) que, en principio y durante el siglo XIII, extendieron su jurisdicción a toda la isla.

La conquista del Levante peninsular, el reino de Valencia, Sarq al-Andalus para los musulmanes, se extendio durante varios anos y pueden distinguirse varias fases, como ya hemos mencionado. Los primeros pasos pueden situarse en el proyecto fallido de conquista de Peñiscola en 1225, aunque se hicieron realidad unos anos después, a comienzos de los anos treinta, con las conquistas en la zona norte, en el actual Castellón (Morella en 1231 o 1232, Burríana y Peñiscola en 1233). Entre 1236 y 1239 fue conquistada la zona central, con el hito más significativo de la capitulación de Valência el 28 de septiembre de 1238. Entre 1239 y 1245 se fueron conquistando las tierras al sur del Júcar (Alcira y Denia en 1243, Játiva en 1244). Como en el caso de Mallorca, el Levante se integro en los dominios de Jaime I de Aragón como un reino, el reino de Valência. Su ordenamiento jurídico también quedó establecido mediante el fuero, la Costum de 1239 que dará lugar a los Furs o Fueros que se irán configurando en sucesivas confirmaciones. Aunque en este caso no se extenderán al conjunto del reino porque un buen número de lugares se regirán por fueros aragoneses. Son lugares sobre todo en la zona norte y en el interior, donde eran más importantes los intereses de la nobleza aragonesa.

Ese hecho se ha visto con frecuencia como un elemento significativo de la dualidad valenciana; dualidad entre la influencia aragonesa y la catalana, que sería el principal elemento constitutivo de la personalidad social y política de las tierras levantinas tras la conquista cristiana. Una dualidad que se expresa de diversas formas: contraste entre el interior y el litoral, procedencia de los pobladores, ordenamiento jurídico (aristocratizante o señorial el aragonés, más favorable a la libertad individual en los Furs de inspiración catalana). En fin, aspectos que han estado presentes en la historiografía tradicionalmente, pero que deben ser sometidos a revisión, como ya está sucediendo en algunos casos.

Una característica de la conquista de Valência que determina su posterior organización social y política es la existencia de una numerosa población musulmana que, en un porcentaje elevado, permaneció tras la conquista, sobre todo en las zonas rurales. Solo en las zonas del norte, las primeras que fueron conquistadas, parece que la población musulmana descendió notablemente desde los primeros momentos. Pero la trayectoria de los musulmanes valencianos estuvo sujeta también a diversos avatares; especialmente las rebeliones entre 1247 y 1249, que en algunas zonas se extendieron hasta 1258, y después la invasion de los benimerines en 1275 y 1276 en alianza con el rey de Granada, a la que se sumo una nueva rebelión de sectores de los mudéjares valencianos. La rebelión de 1247 ocasiono la expulsión de un número elevado de musulmanes de la zona y los acontecimientos de los anos setenta probablemente también se saldaron con una reducción de la población musulmana, sobre todo en algunas zonas. Esos hechos y un proceso de emigración gradual y difícil de cuantificar redujeron el número de los pobladores originarios, en un descenso que fue desigual afectando más en unas zonas que en otras. Pero, aun así, la población mudéjar siguió siendo numerosa. Algunos cálculos señalan que hacia 1270 podía haber alrededor de 30.000 habitantes cristianos frente a unos 150.000 o 200.000 musulmanes; sin embargo, revisiones recientes tienden a reducir algo las diferencias entre ambas cifras para finales del siglo XIII. En cualquier caso, la pervivencia de población musulmana, aunque desigual, fue importante e incluso puede considerarse determinante en varias zonas. Un documento de 1278 recoge la existencia de más de 100 aljamas musulmanas en toda la zona en esa fecha.

La incorporación de Valência a los dominios de Jaime I supuso, como en los otros casos que hemos visto, la entrega de tierras a nobles e instituciones eclesiásticas y el asentamiento de nuevos pobladores. La mejor guia para conocer la repoblación valenciana es el Libro del Repartimiento, que ha sido estudiado recientemente de forma exhaustiva por R. Ferrer y cuyas conclusiones seguimos aqui (Ferrer, 1999). El texto recoge las entregas de tierras y donaciones hechas entre 1237 y 1252 y, a pesar de las lagunas y otras dificultades de interpretación, nos permite conocer con cierto detalle las características de la repoblación valenciana en esos anos.

En las conquistas de los primeros anos treinta en la zona norte tuvo un protagonismo notable la iniciativa de algunos nobles, especialmente Blasco de Alagón. La participación nobiliaria se hacia con la expectativa de obtener nuevas tierras, nuevos señorios, y fueron frecuentes las concesiones regias de lugares aún antes de haber sido conquistados, precisamente para animar la presencia de los nobles en el ejército regio, una presencia que no estaba garantizada y que el rey hubo de ganarse en cada momento. El Libro del Repartimiento recoge un total de 154 concesiones de señorios entre 1234 y 1249 que se agrupan mayoritariamente en dos períodos: entre 1237 y 1239 se realizaron 117 concesiones (84 en 1238) y entre 1248 y 1249 otras 28. Las primeras hay que relacionarlas claramente con la conquista de la ciudad de Valencia, con las recompensas a cambio de la participación en la campaña militar. Las segundas están relacionadas con la situación creada tras la revuelta de 1247; son concesiones que se derivan de la necesidad del control militar de un territorio amplio y poblado mayoritariamente por musulmanes (Ferrer, 1999: 186).

Los beneficiarios de las concesiones de señorío fueron diversos: miembros de la alta nobleza; personas e instituciones eclesiásticas como los obispos de Barcelona, Huesca y Zaragoza; ordenes militares como las del Temple y el Hospital; varios monasterios; y junto a ellos una lista amplia de miembros de la baja nobleza, oficiales regios y caballeros. Las concesiones consistian en la entrega de lugares, castillos y aldeas, sobre los que se entregaban derechos territoriales y, en pocas ocasiones, jurisdiccionales. Por lo general no fueron señoríos muy extensos, casi siempre limitados a uno o dos lugares (solo el 3% de los beneficiarios obtuvieron cuatro señoríos), y en los casos en que se otorgaron concesiones más amplias no tuvieron un carácter compacto. El carácter aislado y generalmente reducido de los señoríos valencianos formados inmediatamente después de la conquista hará que muchos de los primeros beneficiarios los vendan no mucho tiempo después, cambiando notablemente la nómina de los titulares de señoríos en unas pocas décadas.

El resto del territorio permanecio en el realengo y fue objeto de concesiones para el asentamiento de nuevos pobladores cristianos, que son las que dan mayor contenido al Libro del Repartimiento. Se trata de tierras y casas que se entregan como alodios o a cambio del pago de un censo anual a la hacienda regia. También los beneficiarios, el tamaño de las concesiones, etc., son muy diversos. No es raro ver a los que recibieron señoríos obteniendo también tierras dentro del realengo. Por otro lado, hay que tener en cuenta las diferencias entre las tierras de regadio, la huerta, y las de secano. Ferrer ha establecido que la “donación tipo” fue de 9 hectáreas y, según el tamaño de las explotaciones recibidas, los nuevos pobladores podrían dividirse en tres grupos. Según sus palabras, “un primer grupo, en torno a un 20%, que obtendrá lotes de tierra cuya extensión será inferior a las nueve hectáreas; un segundo grupo, sobre un 58%, cuyas parcelas tendrán nueve hectáreas; finalmente un tercer grupo, un 22%, que alcanzará lotes de tierra de una extensión superior a las nueve hectáreas” (Ferrer, 1999: 232). Son cifras que nos hablan de la importancia de las pequeñas y medianas explotaciones, aunque hay que tener en cuenta que también habia variaciones sustanciales en las diversas comarcas.

Por lo general los peones obtuvieron menores extensiónes de tierra que los nobles o caballeros; pero no hay una norma fija y otros factores, como el momento de la donación (sea en los anos de la conquista, sea después de las rebeliones de 1247), o como la zona (diferencias entre las comarcas del sur y del centro), hacen que sea necesario introducir otros matices, además de la condición social de los beneficiarios. El origen de los repobladores también puede determinarse con cierta precisión a través del estudio del Libro del Repartimiento. Según las conclusiones del autor citado, el 45,27% serían procedentes de Cataluña, el 40,06% de Aragón, el 6,52% serían musulmanes valencianos y el resto estaria integrado por pequeños grupos de navarros, ultrapirenaicos, castellanos, italianos, etc.

La pervivencia de la población musulmana, las concesiones de señoríos y la instalación de nuevos pobladores cristianos hacen que el mundo rural valenciano presente una considerable diversidad de situaciones. En conjunto, como ha señalado Guichard, a finales del siglo XIII podemos encontrarnos tierras en manos de los nuevos pobladores cristianos; en segundo lugar tierras poseídas por cristianos pero trabajadas por musulmanes; y, en tercer lugar, lugares habitados por musulmanes pero sometidos al señorío de un señor cristiano (Guichard, 2001: 618).

3.2. El gobierno de los reinos

El entramado institucional y político de cada uno de los reinos cristianos peninsulares en este período de los siglos XI-XIII tiene sus propias características y especificidades. Sin embargo, esas características se desarrollan en un contexto social y económico común, y común también a otras zonas de Europa, de manera que hay claros paralelismos.

El primer elemento que hay que destacar es que el rey (el conde en Cataluna) es el centro de todo el edificio político. La organización política se sustenta, en primer lugar, de una forma muy directa sobre la figura del rey. Las instituciones de gobierno son escasas y poco desarrolladas aunque, como veremos, hay una clara evolución en ese sentido a lo largo del período que estudiamos. De esa forma, el papel del rey es central en el gobierno. Es un gobierno directo que se sustenta en la idea del reino como un señorío del rey, en el sentido de que la relación del rey con el reino no es sustancialmente distinta de la que mantiene cualquier señor con sus señoríos. Así podemos entender, por ejemplo, la concepción patrimonial del reino que tenían los reyes y que se plasmo en diversas ocasiones en repartos hereditarios, o en proyectos de repartos.

Poco a poco se irá produciendo también una evolución y se irán desarrollando más las instituciones de gobierno. En ese sentido veremos que hay una clara diferencia entre, a grandes rasgos, el siglo XII y el siglo XIII. Cargos y oficios más abundantes y más precisos en su definición y funciones para atender a una situación más compleja o más desarrollada, sobre todo por lo que se refiere a la administración de justicia y la fiscalidad. Las razones de esa evolución son diversas y se relacionan entre sí de una forma muy estrecha: el desarrollo de los señoríos nobiliarios, el desarrollo también de las ciudades y de la vida urbana, el proceso de expansión y la incorporación de nuevos y extensos territorios, etc.

En esa evolución también interviene una concepción política nueva que se irá desarrollando con cierta intensidad en el siglo XIII. Es una concepción que se basa en el Derecho Romano; es decir, en la reelaboración o relectura del Derecho Romano que realizaron algunos juristas medievales y que se fue difundiendo en la Plena Edad Media por diversas zonas de Europa. Italia será el foco de irradiación de esas nuevas ideas que surgen y se inspiran, también hay que tenerlo en cuenta, en un contexto eclesiástico. En ese marco tenemos que considerar las políticas de centralización monárquica que se desarrollan en el siglo XIII, como hemos ido viendo. Uno de sus mejores exponentes fue Alfonso X de Castilla, no tanto por el éxito relativo de su política o sus logros en la práctica, cuanto por que procuro dar cobertura a esa concepción política mediante una tarea legislativa muy importante.

Pero, dentro de esa evolución que mencionamos y que iremos desgranando en sus aspectos concretos, el rey siguió siendo el elemento central. Eso hace que tienda a producirse entre algunos historiadores una cierta identificación entre la monarquía y el rey; entre la monarquía como sistema de gobierno y la figura del rey como individuo con sus propias características personales. Es una identificación, o una confusión, comprensible en cierto modo para el período y el contexto histórico que consideramos y a la que no es difícil escapar. Pero conviene estar alerta y tener en cuenta que ambas cosas no eran lo mismo. El hecho de que el rey sea el centro del gobierno hace que la calidad del gobierno de la monarquía dependa en gran medida de sus cualidades personales (o, a menudo, de la falta de ellas). Reyes incapaces, torpes, minorías regias, etc., condicionaron a menudo la evolución política. Pero, aun así, la monarquía como institución superior de gobierno estaba por encima de los propios reyes. Un buen ejemplo es el incumplimiento del testamento de Alfonso el Batallador en 1134.

La razón es que la monarquía medieval, como sistema político, no es en última instancia exclusivamente (aunque así aparezca en muchas ocasiones) una forma de gobierno personal, sino que representa los intereses colectivos de la clase dominante feudal, de los nobles y de la Iglesia a quienes se unieron las oligarquías urbanas. Evidentemente sus intereses no eran monolíticos y por eso unos u otros (o, más bien, sectores o facciones de unos y de otros) aparecen con frecuencia aliados o enfrentados con la monarquía. En ese sentido, hay que tener en cuenta que la monarquía no representaba un proyecto político distinto del de los poderosos, sino que la monarquía era el proyecto político de los poderosos en esta época. Otra cosa es que en la realización de ese proyecto, que finalmente no consistía en otra cosa que en la dominación social y la explotación económica, hubiera una fuerte competencia interna, y que esa competencia, en forma de conflictos, sublevaciones o pactos, diera una determinada apariencia al conjunto del edificio político.

Con cierta frecuencia algunos historiadores han transmitido una visión de la evolución política y del gobierno como si la monarquía hubiera ido desarrollando instrumentos y mecanismos de gobierno que después hubieran ido siendo asumidos por la nobleza. En definitiva, una visión de la nobleza depredadora de los recursos de la monarquía, que obstaculiza y frena constantemente el progreso político. Es una visión que tiene que ver con las concepciones políticas contemporáneas de los historiadores. A veces se basa en la concepción de la monarquía como una fuerza de progreso; otras veces ese carácter no se atribuye a la monarquía directamente, sino a las formas de gobierno central o centralizado (de las que la monarquía era una de ellas). Frente a ellas, las formas de poder descentralizado o compartido, en las que cada parte debe negociar su posición en el conjunto, negociaciones que implican tensiones y conflictos, son vistas como frenos al progreso. Estas concepciones tienen que ver con la historia del siglo XIX y también con nuestros días, y condicionan la visión de las organizaciones políticas medievales. Condicionamientos que se han dado tanto entre las posiciones historiográficas conservadoras como entre las progresistas.

Pero ni la monarquía plenomedieval se desarrolló a pesar de la nobleza, ni la nobleza se desarrolló a costa de la monarquía. Ambas eran, como hemos venido insistiendo, parte del mismo sistema político. En las páginas siguientes repasaremos como se articulaban los diversos elementos que lo integraban y cuáles eran los principales instrumentos para hacerlo efectivo.

3.2.1. El rey y la corte regia

En correspondencia con las características de la organización política que hemos apuntado, en esta época las instituciones centrales de gobierno eran débiles y estaban poco desarrolladas. La más importante era el propio rey que gobierna, como décimos, de forma directa y personal y lo hace auxiliado y acompañado por una pequeña curia o corte.

Hay una clara continuidad con el período altomedieval. Apenas hay un desarrolló institucional de lo que podríamos llamar la administración central. Ni tampoco hay, lógicamente, sedes estables de esas instituciones casi inexistentes, es decir capitales en sentido estricto, que sean el centro político de referencia. Por supuesto hay ciudades que tienen una connotación especial; León y Burgos en León y Castilla, Pamplona en Navarra, Jaca en Aragón o Barcelona en Cataluña, pero la propia expansión territorial también matizo en parte su papel que tendrán que ir compartiendo con otras; así, Toledo y después Sevilla, Estella, Zaragoza, etc. Pero esa connotación especial no era, en todo caso, el equivalente de una capitalidad en sentido moderno.

La monarquía no tiene un único punto de referencia concreto, no se asienta en un lugar determinado. Al contrario, la monarquía es itinerante. El ejercicio de la realeza implica la presencia física del rey, lo que obliga a desplazamientos casi continuos permaneciendo pocos dias en cada lugar. Eso no supone que los reyes no tuvieran preferencia por determinados lugares y que permanecieran en ellos durante estancias más prolongadas; no solo en algunas ciudades, sino también en determinados monasterios. Se suele presentar a la monarquía itinerante como una consecuencia de la falta de instituciones políticas desarrolladas, pero hay que entenderla como una forma de gobierno funcional con las características del sistema político. En cierto sentido, la presencia física hace rey al rey, es una forma de reinar. La presencia en los distintos lugares y la relación directa con los vasallos hacen que el rey se muestre y sea reconocido como tal (y los vasallos, a su vez, como tales vasallos). La monarquía itinerante implica el ejercicio del poder regio y la resolución de los problemas in situ (administración de justicia, concesión de fueros, etc.).

Podemos ver, a modo de ejemplo, el itinerario del rey Aifonso VII de León y Castilla en 1146 según la detallada reconstrucción de S. Barton a partir de los documentos conservados: el 29 de enero el rey estaba en Carrión de los Condes (Palencia), el 10 de febrero en León, 3 dias después en Valência de don Juan (León), el 20 de febrero en Zamora, entre el 21 y el 30 de marzo en Ávila, en abril en Toledo, el 7 de mayo en Almonacid (Toledo) donde reunió a su ejército con el que 15 dias después alcanzaba Córdoba, ciudad que fue tomada el 24 de mayo; allí permaneció un tiempo, pero el 19 de agosto ya estaba de vuelta en Toledo, el 15 de octubre se encontró con el rey Garcia Ramírez en Niencebas en la frontera con Navarra, ambos reyes estuvieron en Burgos a comienzos de noviembre y después en San Esteban de Gormaz (Soria); el 8 de diciembre el rey se dirigió a Arévalo (Ávila), el 8 de enero ocupo con su ejército el castillo de Calatrava en el Tajo y el 3 de febrero estaba en Salamanca. En total, según los cálculos de Barton, entre finales de enero de 1146 y comienzos de febrero de 1147 el rey recorrió al menos unos 2.150 km, que seguramente fueron unos cuantos más (Barton, 1997: 121-124).

En las tareas de gobierno el rey se apoya en una pequeña curta o corte integrada por magnates, altos oficiales y eclesiásticos, además de diversos oficiales menores de carácter doméstico. La composición de esas curias presenta algunas variaciones en los distintos reinos y a lo largo del tiempo, pero sobre la base de algunas características comunes. En primer lugar encontramos a los altos oficiales del gobierno central, que durante el siglo XII son básicamente dos: el alférez y el mayordomo. El alférez, que en los textos latinos aparece como armiger, signifer o vexilifer, es el jefe del ejército regio; el jefe de la comitiva armada que acompaña al rey en tiempos de paz y el jefe también de la hueste regia en tiempos de guerra. El cargo era ocupado por miembros de la al ta nobleza, generalmente por jóvenes de las familias más destacadas. El mayordomo (senescal en Cataluña) era el mayor de la casa del rey, es decir, era el oficial superior de la administración regia, supervisor de la gestión de los oficios regios, de los ingresos, de los oficiales menores, etc. El cargo se registra a lo largo del siglo XII con diversos términos latinos que hacen referencia al mismo oficial: economus, dapifer, pincerna, villicus, además claro está de maiordomus. Términos que hacen referencia a los distintos cometidos que pueden englobarse en sus funciones y la concepción doméstica del gobierno del reino. Como el de alférez, el cargo de mayordomo también correspondia a miembros de la alta nobleza. Al lado de estos altos oficiales regios, otros magnates forman parte también del entorno más próximo al rey acompañándole en períodos más o menos prolongados. Junto a ellos también algunos clérigos que se ocupan no solo de los servicios religiosos sino también de cuestiones administrativas. Una de esas cuestiones es la relativa a la expedición de los documentos regios en manos del canciller; que dirigía a un grupo de escribas que elaboraban los documentos.

Además de los altos oficiales y los magnates y eclesiásticos destacados, cuya presencia y actuación en la corte podemos relacionar con el gobierno del reino, en el entorno regio también figuran un número variable de oficiales vinculados a los asuntos domésticos. El camarero, vinculado originariamente al cuidado de las estancias del rey; el repostero, el copero o el bodeguero, relacionados en principio con el aprovisionamiento de la mesa del rey; el despensero, que controla los pagos y gastos de la corte; y otros oficiales y servidores diversos como los caballerizos, los monteros, cazadores y halconeros, los porteras, los capellanes o los médicos. También una comitiva integrada por hombres de armas especializados, guardas, escuderos, ballesteros, etc.

Una de las atribuciones regias más importantes es la de impartir justicia. La justicia regia se imparte también en el marco de la curia o corte, de manera que la curia actúa también como un tribunal de justicia. Lógicamente, no se trata de asuntos cotidianos sino de los pleitos y conflictos más importantes que afectan, generalmente, a los poderosos. En relación con esa tarea también pueden aparecer en la curia oficiales especializados, jueces o alcaides, expertos en leyes, que en principio asesoran al rey y al conjunto de la curia en esos aspectos y que, con el tiempo, irán adquiriendo mayor relevancia y competencias.

Con algunas pequeñas variaciones, esta descripción puede ajustarse a las distintas curias o cortes de los reinos cristianos peninsulares en el siglo XII. Como vemos, por lo que se refiere al gobierno y la actuación política (lo que algunos autores consideran la parte pública de la corte, frente a la parte puramente doméstica) la curia está formada por un grupo reducido de personas, altos nobles y eclesiásticos, que integran lo que los especialistas han denominado la curia ordinaria. En determinadas ocasiones se producen reuniones más amplias en torno al rey a las que acuden los principales nobles y eclesiásticos del reino y no solo los que le acompañaban de forma habitual o más frecuente. Esas curias ya no corresponden, por lo tanto, al entorno más próximo al rey sino a grupos mucho más numerosos. Es lo que los especialistas han denominado curia extraordinaria, curia plena o cort general. Son reuniones que se producen en relación con acontecimientos o situaciones especialmente importantes: la coronación de un nuevo rey, grandes cuestiones financieras, administrativas o judiciales, las campañas militares más importantes, etc. Como veremos más adelante, desde finales del siglo XII y durante el siglo XIII esas reuniones amplias darán lugar a la formación de las cortes.

Ése no fue el único cambio que tuvo lugar en el siglo XIII. También la corte o curia ordinaria sufrió varias transformaciónes. Esas transformaciónes pueden resumirse en un mayor desarrollo y especialización de los oficiales de la corte. Las Siete Partidas para Castilla a finales del siglo XIII, las Ordinacions de Cort para Aragón en 1344 o las Leges Palatinas para Mallorca en 1337 nos dan una idea de como al final del período que nos ocupa la corte se ha desarrollado considerablemente. Los oficiales de lo que podríamos llamar la administración central son mucho más numerosos; las Ordinacions hacen referencia a unos 220 oficios y las Leges a unos 150.

Aumenta el número de los oficiales y se definen también con mayor precision sus funciones. Al mismo tiempo, los altos oficios tradicionales, que continúan en manos de la alta nobleza, van perdiendo su carácter de gobierno efectivo para convertirse, cada vez más, en títulos honoríficos acompañados de rentas sustanciosas. Por ejemplo, entre 1183 y 1350 hubo un total de 18 alféreces mayores en Castilla, cinco de ellos pertenecían a la familia Haro y seis a la de Lara, ambas eran las dos familias más importantes de la nobleza castellana; de los siete restantes cinco eran infantes (hijos de los reyes) o hijos de infantes y los otros dos eran miembros también de la más alta nobleza. Por otro lado, oficios que antes tenían un carácter doméstico (repostero, camarero) adquieren ahora mayor relevancia política. En paralelo a ese proceso comienza a haber una mayor presencia de gentes especializadas, miembros de la baja nobleza y letrados, que ocuparán cargos menores pero que serán quienes se ocupen, de hecho, de gestionar de forma efectiva el gobierno del reino. Por ejemplo, mientras el cargo de mayordomo se convierte en un título honorífico, las instituciones de la hacienda regia se desarrollan notablemente a medida que lo va haciendo la fiscalidad, sobre todo a partir de mediados del siglo XIII. Junto a la hacienda, otro ámbito que experimento un desarrollo notable fue la cancilleria. Los textos escritos, los documentos, eran un instrumento cada vez más importante en la acción política y, en correspondencia, el número de documentos expedidos por la cancilleria regia aumenta notablemente. Creció así el número de oficiales de la cancilleria que, además, hubo de desarrollar considerablemente su organización para controlar qué documentos se expedían y a quién. Del siglo XIII datan los primeros registros de las cancillerías regias que se conservan; libros donde se va haciendo referencia, en forma de resúmenes de los apartados dispositivos, de todos los documentos que se expiden.

En los dominios del rey de Aragón fue frecuente la existencia de un representante del rey, procurador o lugarteniente, que ejercía las atribuciones del poder regio por delegación del monarca en los distintos territorios. También en Navarra los reyes de la casa de Champaña y los de la casa real de Francia, casi siempre ausentes del reino navarro, instituyeron la figura del senescal como alto oficial delegado del rey.

Mientras la corte se hace más numerosa y especializada, va aumentando el papel de los letrados y algunos oficios tradicionales pierden mucho de su carácter administrativo y de gestiόn, comienza a ser frecuente que los reyes tomen sus decisiones y actúen políticamente con el apoyo de un grupo reducido de personas de su confianza. Es un pequeño consejo integrado generalmente por nobles y eclesiásticos próximos al rey que pueden tener o no oficios regios. Este consejo, al principio informal, se irá institucionalizando y adquiriendo una mayor relevancia política y administrativa, dando lugar, ya en la Baja Edad Media, a la formación del Consejo Real.

3.2.2. La administración territorial

Junto a la administración central, el otro pilar del gobierno de los reinos en la Plena Edad Media es la administración territorial. La segunda será tanto más importante cuanto que la primera era, en general, débil y poco desarrollada, aunque hay una evolución a lo largo del período, como hemos ido viendo. En esta etapa se suceden dos formas de gobierno territorial que reflejan las características del poder regio y del conjunto del sistema político y su evolución. La primera corresponde a los tenentes y se extiende a grandes rasgos durante los siglos XI y XII; la segunda corresponde a los merinos y oficiales equivalentes durante el siglo XIII.

Como ya hemos ido apuntando, la tenencia es el gobierno del territorio por los nobles por delegación regia. Los tenentes tienen los distritos que gobiernan en nombre del rey; generalmente se trata de la alta nobleza. Probablemente esta forma de gobierno territorial existía ya en el reino de Pamplona en el siglo X; se viene sosteniendo también que el reinado de Sancho III el Mayor de Navarra (1000-1035) fue un momento clave en su desarrollo y expansión a otras zonas. En cualquier caso, desde la segunda mitad del siglo XI y durante el siglo XII las tenencias se extendieron al conjunto de los reinos cristianos peninsulares.

A partir de los trabajos clásicos de Lacarra sobre Aragón y de Grassotti para Castilla en los anos sesenta se ha avanzado en intentar definir la naturaleza institucional de las tenencias como concesiones beneficiales a partir de un pacto feudovasallático y también sus componentes, características, tipología, etc. (Lacarra, 1967; Grassotti, 1969). Sobre todo en Aragón, el término tenencia se suele considerar en la práctica equivalente al de honor. Disfrutar de algo en tenencia o en honor, o disponer de la tenencia de o la honor de un lugar, vendrían a ser expresiones equivalentes, aunque el concepto de honor puede ser más amplio que el de tenencia. Tenencias y honores se refieren a bienes y derechos disfrutados como beneficios a cambio de la prestación de un servido, hablando en términos de relaciones feudo-vasalláticas, y se contraponen a los bienes y derechos alodiales que forman parte del patrimonio personal y familiar de los nobles.

Por tanto, el rey concede a los nobles las tenencias y honores a cambio de la prestación de servicios; éstos casi siempre son servicios militares, sea la participación en el ejército regio en las campañas emprendidas por los reyes, sea la defensa del territorio en el contexto inestable de la expansión política y territorial. De esta forma, se ha destacado a menudo el carácter militar de las tenencias y, en relación con ello, se ha puesto de relieve el papel de las fortificaciones militares y castillos que se constituyeron en centros territoriales y en núcleos de los distritos que conformaban las tenencias. Concesiones beneficiales (feudo-vasalláticas) y función militar serían, así, los dos ingredientes más importantes de este sistema de administración y gobierno del territorio. En ese dibujo, el rey permanece en una posición de control del sistema, sustituyendo a unos nobles y recompensando a otros a su voluntad.

Las concesiones de tenencias se extendieron a zonas amplias de los reinos y, siguiendo la tipología propuesta por Lacarra, se ha hablado de tenencias de interior y de frontera. Las primeras tendrían un contenido fundamentalmente económico y de dominio político; las segundas tendrían un contenido fundamentalmente militar de defensa del territorio en zonas recientemente reconquistadas o fronterizas. En esa línea se ha querido ver una distribución de los reinos en distritos más o menos homólogos o equiparables (con la variación tipológica que se ha señalado y algunas otras más), organizados en torno a castillos o fortificaciones.

Lo cierto es que el sistema de tenencias, utilizando una expresión que se usa con frecuencia aunque quizá no sea del todo apropiada, era muy diverso y presenta muchas varíantes y matices, para cuya comprensión es necesario observado también desde otros puntos de vista. Muchas tenencias obedecen en líneas generales al esquema que se ha presentado: distritos generalmente no muy extensos, integrados por un número variable de aldeas, centrados en torno a un castillo sede del tenente, el noble que ejerce como delegado regio en la zona. Pero no es ésa una descripción que pueda generalizarse ni en el tiempo, desde mediados del siglo XI hasta finales del siglo XII, ni en el espacio con relación a todos los territorios de los reinos cristianos. Al lado de esas tenencias existen otras que parecen corresponder a un único lugar, a una única villa o aldea donde no tiene por qué existir un centro fortificado de importancia o, en el caso de que así fuera, no parece ser ése el principal elemento constitutivo de la tenencia. Existen también tenencias muy amplias, a veces amplísimas, que se refieren a grandes territorios que no se corresponden con el modelo formulado. Por otro lado, es frecuente que los nobles más importantes no dispongan de una única tenencia sino de varias que no tienen por qué estar próximas entre sí. De manera similar, no es raro que los nobles dispongan de diversas tenencias a lo largo de su vida política activa. También encontramos la formación de agrupaciones de tenencias que tienden a permanecer en el tiempo, a veces se trata de grupos compactos y otras veces no; en esos últimos casos la coherencia económica y política de los agrupamientos no deriva de la compactación territorial sino de otros factores, como la generación de recursos complementarios (agrícolas y ganaderos, por ejemplo), etc.

Las tenencias pueden ser vistas como una forma de gobierno de la monarquía, según venimos indicando, pero también eran una forma de participación política y de desarrollo patrimonial y señorial de la nobleza. Desde el primer punto de vista, se ha insistido en la capacidad del rey para controlar el sistema. Una capacidad que se muestra, por ejemplo, al observar las listas de tenentes y tenencias y los cambios relativamente frecuentes que se producen en ellas. Desde el punto de vista de la nobleza debe señalarse también que la actuación del rey estaba determinada por el poder nobiliario. De hecho, como venimos insistiendo, no eran intereses contradictorios sino complementarios. El rey podía cambiar a los tenentes, pero no podía hacerlo fuera del juego de poderes nobiliarios. Así, las tenencias no eran hereditarias pero se heredaban con frecuencia; no llegaron a convertirse estrictamente en bienes patrimoniales de los nobles, pero sí hubo una presión muy fuerte en ese sentido, sobre todo en algunas zonas, que limitaba la capacidad de actuación del rey. De hecho, en Aragón se impusieron limites normativos que intentaban garantizar una sucesión cuasi hereditaria. En otras zonas, sin llegar a tanto, hay una clara tendencia a que algunas tenencias permanezcan en el control de una determinada familia o grupo familiar durante largos períodos. Es algo que a veces se oscurece buscando sucesiones de padres a hijos varones primogénitos, ignorando que en amplias zonas ese sistema sucesorio aún no se había desarrollado entre la nobleza de este período; hermanos, tios, primos y emparentados por vias femeninas (esposos de las hijas, hermanas, tias, etc.) participan en un sistema que es más abierto y complejo de lo que en ocasiones se considera.

Muchos nobles disponen de tenencias en las mismas zonas donde se encuentra su patrimonio familiar. En tanto que tenentes disfrutan y ejercen las atribuciones del poder regio y tiende a producirse una mezcla entre ambas cosas. De manera que disponer de un sólido patrimonio en una zona facilitaba el acceso al cargo de tenente que, a su vez, permitía consolidar y reforzar la posición patrimonial. El ejercicio del poder regio por el tenente se concretaba en atribuciones de tipo militar, fiscal y judicial y en la percepción de rentas derivadas de esas atribuciones (cobro de rentas e impuestos, multas judiciales, etc.) que se repartían entre el rey y el tenente.

Las tenencias prácticamente desaparecieron, un poco por todas partes, desde comienzos del siglo XIII y fueron sustituidas por otras formas de gobierno territorial. Es cierto que en algunas zonas pervivieron sistemas heredados de las tenencias, como los prestameros que sustituyeron a los tenentes en algunas zonas del norte de Castilla, aunque con perfiles territoriales distintos; pero en la mayor parte de las zonas las listas de tenentes terminan a finales del siglo XII o en las primeras décadas del siglo XIII, al tiempo que van adquiriendo más fuerza otros oficiales territoriales y se van formando otros distritos.

Los factores que determinan ese cambio son diversos. En primer lugar, las atribuciones de los tenentes chocaban con la formación y el desarrollo de los señoríos, puesto que los lugares señoriales quedaban fuera del campo de actuación de los tenentes, o sus atribuciones en ellos se reducían sustancialmente. De manera que el desarrollo señorial fue vaciando de contenido en la práctica el poder de los tenentes, tanto político como económico. Por otro lado, ya hemos apuntado que no es ajustado dibujar un panorama en el que las tenencias se extendían de forma homogénea por el conjunto del reino, permaneciendo de esa forma durante décadas. No todas las zonas se distribuían en tenencias ni el peso de los tenentes fue idéntico. Ya hemos visto como su papel fue secundario en las Extremaduras frente al desarrollo que fueron adquiriendo los concejos. En otros casos, los reyes se reservaron un control más directo sobre sus bienes y derechos en algunas zonas. Un control que finalmente también se ejercía mediante oficiales regios delegados, pero unos oficiales con una consideración diferente, puesto que procedían de la baja nobleza, de sectores urbanos o semiurbanos o de elementos destacados del campesinado. Una denominación frecuente para esos oficiales, aunque no exclusiva, es la de merinos; son, por lo tanto, los merinos locales que encontramos en Castilla y León, Navarra y Aragón en los siglos XI y XII.

Estas situaciones son particularmente bien conocidas en Cataluña, donde los condes-reyes se preocuparon de registrar por escrito sus dominios directos y las rentas que generaban. Quizá en otras zonas se hicieran registros similares que no se han conservado; quizá haya que explicado por una mayor tradición en Cataluña de la cultura escrita; quizá se trate de un mayor celo burocrático-administrativo. Lo cierto es que se conservan capbreus (cabreos), como se denomina a esos registros, de los dominios condales desde mediados del siglo XII. Los capbreus, editados y estudiados por Bisson, ofrecen multitud de información muy valiosa y permiten conocer con cierta precisión las formas de administración de esos dominios (Bisson, 1984; Salrach, 1993). Los dominios condales en las distintas zonas se agrupaban en distritos que se consideraban honores (aunque también el concepto de honor aqui puede ser más amplio que la denominación de los distritos); los bienes y derechos condales en cada distrito eran administrados por oficiales locales denominados bailes, por lo que los distritos también pueden denominarse bailías. Las bailías no eran iguales ni en su extensión, ni en la cantidad y calidad de los bienes comprendidos; en correspondencia, tampoco todos los bailes eran iguales y en algunas zonas hay un baile principal y otros subordinados; pero, en general, se trata de oficiales condales procedentes de la baja nobleza o del campesinado acomodado. Otros oficiales eran los vicarios o vegueres, delegados de los condes en ciertas zonas con funciones superiores a las de los bailes, aunque la concurrencia y los conflictos entre ambos serán frecuentes. Más tarde, a lo largo del siglo XIII, las veguerías, los distritos de actuación de los vegueres, se desarrollarán y extenderán al conjunto de Cataluña que quedo dividida en 18 veguerías (Lalinde, 1966).

Otro de los factores que incidieron en los cambios en la organización territorial en el siglo XIII fue el desarrollo progresivo de nuevos contenidos para el poder regio. Esos nuevos contenidos se refieren al desarrollo de elementos que ya existían en el período anterior pero que ahora alcanzarán una nueva dimensión, sobre todo por lo que se refiere a la justicia y la fiscalidad regias. Como veremos en el próximo apartado, se irán imponiendo nuevos tributos regios que se extienden con carácter general al conjunto del reino, no sólo a los vasallos de realengo, sino también a los integrantes de los dominios señoriales. Por otro lado, el desarrollo de los señoríos hizo que la justicia regia fuera alcanzando una nueva y más precisa definición, tanto sobre los vasallos realengos como sobre los señoriales; puesto que, aunque el señorío suponía en muchos casos la asunción de atribuciones jurisdiccionales por los señores, se mantuvo la superioridad de la justicia regia en relación con determinados delitos. Por otro lado, la justicia regia actuaba también en casos de pleitos entre señores, entre señores y vasallos o entre vasallos de diferentes señores. Por lo tanto, nuevas atribuciones judiciales y fiscales que se extendían por el conjunto del reino, por encima de los señorios, y cuyo ejercicio efectivo era necesario organizar. Es un proceso que, por supuesto, no estará exento de conflictos y serán frecuentes las quejas de los señores frente a lo que consideran intromisiones de los oficiales regios. A lo largo de ese proceso fueron surgiendo nuevos distritos y nuevos oficiales cuyas funciones y atribuciones derivan de esos nuevos contenidos del poder regio (Álvarez Borge, 1993). La definición de esos contenidos es gradual y también lo será la de los oficiales y los distritos, que al principio coexistirán también con las tenencias y los tenentes, hasta sustituirlos prácticamente por completo desde comienzos del siglo XIII.

Algunas veces nos encontraremos con nuevas denominaciones; otras veces términos antiguos, como los de merino o veguer, adquirirán nuevas funciones y nuevas atribuciones en relación con unos oficiales determinados.

Como hemos mencionado, durante el siglo XIII las veguerías se extendieron al conjunto de Cataluña con una mayor definición. En Aragón los merinos locales y comarcales continúan existiendo y sus distritos de actuación, los merinados, se van perfilando hasta quedar establecidos los de Barbastro, Calatayud, Daroca, Ejea, Huesca, Jaca, Ribagorza, Sobrarbe, Tarazona, Teruel, Las Valles y Zaragoza. Posteriormente, con el precedente de la formación de uniones o juntas de concejos, se fueron formando distritos más amplios denominados sobrejunterías al ser el ámbito de actuación del oficial superior de las juntas, el sobrejuntero. Fue en la segunda mitad del siglo XIII cuando se fueron definiendo las sobrejunterías, superpuestas a los merinados, de Huesca y Jaca, Ribagorza y Sobrarbe, Tarazona, Teruel y Zaragoza. En Navarra durante el reinado de Teobaldo I (1234-1253) y sobre todo con Teobaldo II (1253-1270) se van formando también distritos, merindades gobernados por merinos con mayores atribuciones y proyección territorial que los merinos locales tradicionales. Son las merindades de Tudela, Sangüesa, Montarias (Pamplona) y Estella, mientras que en el territorio de Ultrapuertos el abad de Abaurrea actúa como administrador de la zona, equiparable al merino. Más tarde se formará también la merindad de Olite.

También en Castilla y León existían merinos locales en algunas zonas; sobre ellos, desde finales del siglo XI, en algunas zonas actúan otros merinos con una mayor proyección territorial mientras se desarrollan las tenencias. Desde finales del siglo XII y comienzos del XIII se van perfilando más los distritos de actuación de esos merinos territoriales y las zonas al norte del Duero quedaron divididas en tres grandes merindades mayores, las de Galicia, León (que en principio incluye Asturias) y Castilla. Más tarde se formarán también distritos equivalentes para el reino de Murcia, Andalucía y la Frontera (en relación con las zonas fronterizas con el reino de Granada); al mismo tiempo, al frente de los grandes distritos se sitúan oficiales denominados adelantados o adelantados mayores que sustituyen, con funciones similares y quizá algunos matices diferenciadores, a los merinos mayores (Jular, 1990). Esta división en grandes distritos a cargo de merinos o adelantados mayores no se extiende a todos los territorios de la corona de Castilla, puesto que no afecta a grandes zonas como las Extremaduras o amplias zonas al sur del Sistema Central, zonas concejiles, del arzobispado de Toledo o de las ordenes militares, como hemos ido viendo. Esos grandes distritos estaban, a su vez, divididos en otros menores basados casi siempre en los concejos de realengo y en Castilla la merindad mayor quedo dividida en otras 19 merindades menores.

Así pues, los perfiles de la administración territorial de los reinos cristianos peninsulares cambiaron sustancialmente a lo largo de los siglos XII y XIII. Los cambios en los distritos y en la denominación y funciones de los oficiales reflejan la evolución de la monarquía, del poder regio que, a su vez, nos muestra los cambios en la evolución del conjunto del sistema político. Las tenencias representan la participación de la nobleza, de la alta nobleza, y son un vehículo de desarrollo del poder señorial. Los distritos y oficiales que van alcanzando mayor desarrollo en el siglo XIII, con las variaciones que hemos ido viendo en los distintos reinos, representan un desarrollo del poder regio que en ocasiones ha sido definido como centralización monárquica. También los nuevos oficiales serán nobles y no será raro encontrar a miembros de la alta nobleza entre ellos, pero en el ejercicio de sus cargos la característica más sobresaliente en esta época es que son oficiales regios, por encima de su posición nobiliaria.

3.2.3. La fiscalidad

Uno de los campos donde se concreta la evolución del sistema político y del poder regio es la fiscalidad. Los estudios sobre la fiscalidad regia realizados por autores como Ladero para Castilla o Sánchez para Cataluña han mostrado la importancia de las transformaciónes que se producen en los sistemas fiscales a partir de la segunda mitad del siglo XIII. Son transformaciones que tienden a la formación de lo que en ocasiones se ha denominado fiscalidad de Estado, que alcanzará un mayor desarrollo y configuración durante la Baja Edad Media (Ladero, 1993; Sánchez, 1995). Su estudio corresponde a otros volúmenes de esta colección; aqui nos centraremos en la descripción de las principales fuentes de ingresos de las monarquías durante la Plena Edad Media, basados aun en rentas y tributos que después los historiadores de la fiscalidad bajomedieval calificarán como antiguos o tradicionales y en los primeros pasos de los nuevos sistemas fiscales a partir de nuevos tributos.

Una linea de fuerza recorre y caracteriza la fiscalidad en el período que consideramos (y después); se trata de una endémica falta de recursos de las monarquías, más aguda en unos momentos que en otros, pero que se hará evidente en el siglo XIII. La expansión territorial también es, en parte, un intento de respuesta a esos problemas y, por otro lado, los ritmos de la expansión se verán condicionados de una forma importante por los problemas económicos y financieros de las monarquías.

Las rentas y los tributos que podian obtener los reyes en este período eran muy diversos. Los distintos reinos tienen algunas características específicas, pero además hay una gran variedad terminológica en las distintas zonas y comarcas para referirse a rentas y tributos que a veces son equivalentes. Sin embargo, es posible establecer una cierta clasificación atendiendo a los conceptos que generan los ingresos y no tanto a los términos concretos con que se expresan en las distintas zonas. Una buena parte de esos conceptos tienen su origen en la Alta Edad Media; algunos autores incluso plantean una evolución desde la fiscalidad propia del final del Imperio romano, pero es una propuesta discutida por otros autores y, en todo caso, hay que considerar una clara evolución. Por otro lado, otros tributos representan novedades fiscales y desarrollos propios de la Plena Edad Media y reflejan la evolución de la sociedad, del sistema político y de la monarquía feudal como una pieza clave de ese sistema.

Un primer bloque de ingresos lo obtienen los reyes a partir de sus propiedades y dominios patrimoniales, de los realengos. Son ingresos similares en cuanto a su tipología a los de cualquier otro señor en sus dominios y señoríos. La composición de esos dominios (campesinos, tierras, casas, derechos…) y los ingresos correspondientes se conoce especialmente bien para Cataluña donde, como ya hemos mencionado, los condes-reyes se preocuparon de realizar registros, capbreus, algunos de los cuales se han conservado. Entre ese conjunto de rentas merece la pena destacar los censos, fijos o proporcionales a la cosecha, que pagaban los campesinos que trabajaban los dominios condales; una renta que en Castilla y León se expresará frecuentemente con el término infurción. Cabe mencionar también en este apartado los ingresos procedentes de los monopolios que los reyes se reservaban en algunas zonas, como hornos, molinos, etc.

Hay otra serie de ingresos que se extienden más allá de los dominios regios directos, abarcando sectores más o menos amplios. Son ingresos más generales pero que se vieron afectados por la extensión de los señoríos, puesto que algunos habitantes de señoríos los pagarán y otros no, dependiendo de la naturaleza de estos tributos y de las condiciones de la situación señorial: privilegios, tipos de señoríos, etc. El señorío superior del rey se reflejaba frecuentemente en el pago de un tributo personal o colectivo; a esas características responde la questía o la pecha en Cataluña y Aragón y la martiniega o la marzadga en Castilla y León. El reconocimiento del señorío superior del rey también se expresaba en la obligación de prestarle alojamiento a él y a su comitiva. Merece la pena recordar en este punto lo que hemos señalado sobre el carácter itinerante de la monarquía. Esa obligación se recoge en rentas como la cena en Aragón y Navarra o el yantar en Castilla y León. En principio se trataba, en efecto, de ofrecer comida y alojamiento cuando el rey acudia al lugar y después se convirtió en un tributo anual pagado en moneda, independientemente de que el rey estuviera o no presente. Otras rentas regias tienen su origen en las obligaciones de tipo militar: servidos de vigilancia, construcción y reparación de fortalezas o participación en el ejército regio. Algunas de esas obligaciones terminaron convirtiéndose en prestaciones en trabajo a favor de los centros regios o en pagos en moneda; otras, en la medida en que el ejército se componía fundamentalmente de guerreros especializados, caballeros, quedaron conmutadas en rentas que, como la fonsadera, remitían a la obligación originaria de participar en el fonsado, la hueste regia. Era una renta que no era pagada por los vasallos de los nobles (solariegos y behetrías), puesto que sus obligaciones militares quedaban incluidas en las que debían realizar sus señores. En relación con las actividades militares hay que mencionar que los reyes recibían el quinto del botín, la quinta parte de lo que se obtuviera en las expediciones militares, y también las parias, los tributos pagados por reyes y gobernantes musulmanes a cambio de protección o bajo la amenaza de guerra.

Otras fuentes importantes de ingresos regios procedían de las tasas derivadas del tráfico de mercancias: derechos de aduanas, lezdas, portadgos. Su importancia fue mayor a medida que se fueron desarrollando el comercio y las ciudades. El aprovechamiento de los montes de titularidad regia por los ganados daba lugar al pago de otra tasa, el montadgo. Fue una tasa que frecuentemente pasó a manos de los señores, pero la expansión territorial y la adquisición de amplios espacios permitió que se produjera un gran desarrollo de la ganadería trashumante que dio lugar a la formación de la Mesta, como hemos visto. Así, el montadgo en Castilla cobro una nueva importancia como impuesto sobre el tránsito de ganados.

Como consecuencia de sus atribuciones judiciales, los reyes percibían también multas y calonas judiciales. El desarrollo de los señoríos redujo esas percepciones a los realengos y a los casos reservados a la justicia regia. Por otro lado, solo una parte de las multas y calonas regias iban a manos del rey, puesto que otra parte quedaba para los oficiales judiciales: alcaides, jueces, merinos, etc.

Ciertos bienes del reino eran de titularidad regia; son las denominadas regalias. Bajo ese concepto pueden entenderse los derechos de aprovechamiento de los montes que hemos mencionado, o los derechos de acuňación de moneda que veremos enseguida, pero entre las regalias más características están las minas y las salinas. Los reyes procuraron imponer derechos exclusivos sobre las minas (sobre todo de hierro) y las salinas, aunque también hubo minas en manos de particulares y los derechos regios sobre las salinas no se extendieron hasta el siglo XII. Posteriormente, unas y otras se expiotaron frecuentemente mediante arrendamientos.

Los mudéjares y los judios que habitaban en los reinos cristianos quedaron en muchos casos en relación de dependencia directa del rey al que pagaban un tributo, el pecho de moros y el pecho de judios, que alcanzaron bastante relevancia en la media en que estas poblaciones eran numerosas en ciertas zonas. A ellos nos referiremos más adelante.

El conjunto de rentas y tributos que hemos mencionado, y algunos otros menores, forman lo que podríamos denominar ingresos ordinarios de las monarquías en el siglo XII y buena parte del XIII. Muchos de ellos estaban limitados por el desarrollo de los señoríos; además, hubo otras concesiones de privilegios y exenciones, concretos pero numerosos, a favor de los señores, sobre todo eclesiásticos, en relación con determinadas rentas y derechos regios. Por otro lado, los nobles participaban de una forma importante en los ingresos regios a través de las soldadas, pagos por oficios, etc. Ambas cosas limitaban la capacidad financiera de las monarquías, determinando esa situación de falta de recursos a la que hemos aludido.

Para hacer frente a esa situación a lo largo del siglo XIII se fueron imponiendo nuevos tributos extraordinarios. Con el tiempo algunos de esos tributos se irán convirtiendo en ordinarios y serán una de las bases de la fiscalidad regia bajomedieval. Por eso los especialistas subrayan la importancia de las transformaciónes fiscales del siglo XIII. Esos nuevos ingresos proceden de dos fuentes, la moneda y la participación regia en las rentas eclesiásticas.

En Castilla y León en los anos treinta del siglo XII, durante el reinado de Alfonso VII (1126-1157), y quizá con algunos antecedentes ya a finales del siglo XI, los reyes comenzaron a solicitar un tributo extraordinario al que estaban obligados todos los habitantes del reino excepto los nobles y que se denominará pedido. Con el tiempo, ese tributo se irá haciendo cada vez más frecuente, al mismo tiempo que aumentarán también las concesiones de exenciones. Finalmente, en el siglo XIII el pedido será sustituido por el servicio. Antes de eso, en los primeros anos del siglo XIII comenzó a establecerse otro tributo también originariamente extraordinario,, la moneda o moneda forera. Probablemente, desde que comenzaron las primeras acuñaciones en los reinos cristianos los reyes pudieron recaudar una tasa con ese motivo, tasa que parece reflejarse en algunos textos con el término moneta. Una forma de aumentar los ingresos regios era reducir la ley de la moneda, acunar nuevas monedas con menor cantidad de plata aunque nominalmente fueran del mismo tipo. Eso provocaba el alza de los precios y desequilibrios y tensiones en el comercio. Ambos hechos, perjudiciales en general, tenían especiales consecuencias negativas para los habitantes de las ciudades. Como veremos, desde finales del siglo XII y durante la primera mitad del siglo XIII comienzan a dar sus primeros pasos las cortes a las que acuden enviados de las ciudades. En las cortes leonesas de Benavente en 1202 se alcanzó el acuerdo con el rey Alfonso IX para el pago de una determinada cantidad a cambio de que el rey no acuñara nueva moneda varíando la ley de la existente durante un período de siete anos. Por lo tanto, las cortes compraron al rey su prerrogativa de acuñación de moneda durante siete anos a cambio del pago de un maravedí por cada habitante del reino, pago del que quedaban exentos los nobles. Si eso sucedia en León en 1202, probablemente por esos mismos anos sucedia lo mismo en Castilla puesto que, aunque no hay constancia documental de los primeros acuerdos, poco después se documentan las primeras concesiones de exención del pago de ese impuesto, llamado moneda, en favor de algunas instituciones eclesiásticas. De ser un pago ocasional y a cambio de la compra de la prerrogativa regia, la moneda se convirtió durante la primera mitad del siglo XIII en un tributo ordinario en reconocimiento precisamente de la prerrogativa regia de acuñación de moneda. Así, la moneda se convirtió en moneda forera pagada cada siete anos o cuando un nuevo rey accediera al trono. Hubo algunas concesiones de exención, como hemos apuntado, pero fueron escasas y la moneda fue un tributo generalizado, pagado por todos los habitantes del reino, tanto vasallos de realengo como de señorío; solo los nobles tuvieron una exención global. El acuerdo de Benavente suponía el pago de un maravedí por cada pechero y a finales del siglo XIII se pagaban 6 maravedís en León y 8 en Castilla, cantidades que quedarían fijadas en el futuro; aunque mientras tanto, a lo largo del siglo XIII, hubo pagos de otras cantidades y pagos también en función de la riqueza de los contribuyentes.

La moneda se convirtió, por lo tanto, en un impuesto ordinario pagado cada siete anos y pronto los reyes comenzaron a solicitar a las cortes cantidades extraordinarias; en principio para atender gastos excepcionales, por ejemplo con motivo de campañas militares, aunque más tarde fue necesario recurrir a impuestos extraordinarios para atender a gastos que podríamos calificar de ordinarios, como era el pago de las soldadas de los nobles. Esos impuestos extraordinarios son los servidos que sustituyen al anterior pedido. Los servidos eran acordados en reuniones de cortes y corresponden al pago de la cantidad equivalente a un cierto número de monedasr. 2, 3, 6… Aunque hay varios precedentes, Alfonso X recibió los primeros servidos en 1269 y desde entonces se repitieron las contribuciones con mucha frecuencia en 1274, 1275, 1277, 1279, 1282, etc. De manera que el impuesto extraordinario se convirtió en un recurso muy frecuente de la monarquía, aunque no perdió su carácter de excepcional, no forero o aforado (es decir, ordinario), al tener que ser acordado y concedido en las reuniones de cortes.

También los reyes de Aragón y de Navarra hubieron de buscar nuevos recursos e ingresos en el siglo XIII. Serán el monedaje o maravedí en Aragón y Navarra y el bovatge en Cataluña, ambos similares a la moneda forera castellana aunque con algunos matices diferenciadores. También en el siglo XII hay precedentes de la obtención de tributos generalizados y extraordinarios a cambio del mantenimiento de la estabilidad de la moneda. Así, en Cataluna en 1118, en 1173 y en 1200 se documentan los primeros antecedentes de los bovatges, pero será durante el reinado de Pedro II en 1205 cuando tendrá lugar la solicitud de un monedaje general, tanto para Cataluña como para Aragón; un tributo que gravaba a todos los habitantes de ambas zonas, excepto a los ricos hombres, la alta nobleza, con una tasa de 10 dineros por libra según el valor de los bienes de cada uno. Era un tributo extraordinario pero durante el reinado de Pedro II se repitió en 1209, 1211 y 1213. En adelante en Cataluña y en Aragón habrá una evolución diferente. En Aragón la denominación más frecuente será monedaje y desde 1236 Jaime I logrará imponer su reconocimiento como un tributo ordinario pagado cada siete anos, igual que la moneda castellana, y con un valor de un maravedí por pechero; de ahí que el tributo se denomine en ocasiones también maravedí. Posteriormente irá perdiendo un tanto su carácter generalizado al hacerse relativamente frecuentes las exenciones. El monedaje se impuso en Valência en 1266 y también en Mallorca en 1301.

En Cataluña la denominación será bovatge y se mantendrá como un tributo proporcional al valor de los bienes de los pecheros; una de las unidades de capitación serán los bueyes y de ahí procede su nombre. Pero la diferencia entre el bovatge catalán y el monedaje aragonés no era solo la forma de recaudación. El bovatge no se convertirá estrictamente en un impuesto ordinario; se establecerá que los reyes puedan solicitado una vez al comienzo de su reinado, aunque tenderá a hacerse más frecuente. Jaime I solicito en Cataluna cuatro bovatges en 1217, 1229, 1236 y 1264. Sus sucesores intentaron recaudarlo al inicio de sus reinados con éxito diverso. Finalmente, en 1300 Jaime II venderá a la nobleza y las ciudades el derecho a recaudar el bovatge que, de esa manera, en el futuro solo se pagará en los abadengos al inicio de cada reinado.

En Castilla los conflictos y sublevaciones nobiliarias. en las últimas décadas del siglo XIII y primeras del XIV supusieron un aumento muy importante de la presión fiscal. En el período de unos 40 anos desde el acceso al trono de Sancho IV en 1284 hasta la mayoría de edad de Alfonso XI en 1325, consta que los reyes o sus tutores solicitaron el pago de servidos a las cortes en más de 20 ocasiones y en total la cifra de servidos concedidos se aproxima a los 100.

También en los territorios de los reyes de Aragón se produjo una situación similar. Aqui las causas fueron la expansión por el Mediterráneo, con las conquistas de Sicilia y Cerdeña, y los conflictos tanto internos como internacionales a que dieron lugar. El levantamiento de la Unión en Aragón y los conflictos en Cataluña en 1283 marcan un hito en la evolución política y tendrán también claras consecuencias en la fiscalidad. A partir de ahí, la nobleza y las oligarquías urbanas podrán determinar las condiciones de las relaciones con la monarquía en numerosas ocasiones. Los reyes necesitaron subsidios extraordinarios con frecuencia y las cortes se los otorgaron; pero a cambio se reservaron el control de la gestión y recaudación de esos subsidios. Para ello a partir de las cortes surgirán instituciones específicas como la Generalitat o la Diputación del General, cuyo desarrollo político e institucional se produjo en el período siguiente, en la Baja Edad Media.

En Navarra los reyes de la casa de Champaña impusieron también la recaudación del monedaje. Se conservan unas cuentas realizadas en 1266 que recogen con detalle los ingresos y los gastos de la monarquía en ese momento del reinado de Teobaldo II. Por entonces probablemente ya estaba establecido el cobro del monedaje cada siete anos, como en los vecinos Castilla y Aragón. Las cuentas de 1266 reflejan el pago de dos maravedís, en lugar de un maravedí como es habitual, y se ha dicho que los ingresos consignados en las cuentas podrían corresponder a los monedajes de 1257 y 1264. Sea como fuere, el análisis de las cuentas muestra la enorme importancia del tributo, cuyo valor entonces doblaba al del conjunto de los ingresos ordinarios de la monarquía navarra (Garcia Arancón, 1985). Por esas fechas se estableció también el monedaje en Portugal, un tributo extraordinario que se sumaba a otro ordinario, la moneda forera, similar a la moneda castellano-leonesa.

Otra fuente de ingresos extraordinarios para las monarquías cristianas a lo largo del siglo XIII será la participación en las rentas eclesiásticas. De nuevo se trata de recursos extraordinarios, que en principio responden a concesiones concretas y puntuales, pero que se irán haciendo frecuentes, tanto porque esas concesiones se van sucediendo, como por los abusos regios. En ese sentido, las dos fuentes de ingresos más importantes serán las tercias y las décimas.

En teoria, una tercera parte del diezmo eclesiástico se destinaba a la construcción y mantenimiento de los templos; por concesiones pontifìcias los reyes comenzaron a percibir una parte de esa tercera parte del diezmo a la que se denominará tercia y que corresponde, en realidad, a las dos novenas partes del diezmo. En Castilla, contando con algunos antecedentes, la percepción de tercias o tercias reales se hará frecuente desde mediados del siglo XIII. En 1247, con motivo de la conquista de Sevilla, el papa Inocencio IV concedió al rey Fernando III las tercias de todo el reino durante tres anos, y desde entonces se cobraron con cierta regularidad. Tanto es así que en los anos setenta ya se situaba el pago de soldadas a nobles en la recaudación de tercias, lo que nos indica que ya era un ingreso regular. Sin embargo, todavía los reyes en esa época se encontraron con la oposición de los sectores eclesiásticos que intentaban evitar el pago de tercias. Las tercias suponían el ingreso de cantidades muy elevadas para la hacienda regia.

La contribución económica de la Iglesia a las monarquías peninsulares respondia a la concepción de los procesos de expansión territorial como cruzada. Era, en la justificación teórica, una ayuda a la cruzada (Linehan, 1975). Así, además de las tercias, los reyes solicitaban y recibían otros subsidios y contribuciones de los eclesiásticos. Una forma de concretarse esos subsidios será el pago de la décima parte de los ingresos de las instituciones eclesiásticas, obispados y monasterios. Se trata de la tasa que se denominará décima (no confundir con el diezmo), cuya recaudación se hacía también mediante concesión pontificia. En Castilla hay ejemplos de varias concesiones de décimas en la segunda mitad del siglo XIII, aunque su cobro todavía entonces era esporádico. La situación era similar en los otros reinos cristianos peninsulares, aunque no consta en ellos la recaudación de tercias pero si de décimas. Así, hubo concesiones de décimas en los anos sesenta y setenta del siglo XIII en Navarra y Portugal y Pedro III de Aragón cobro décimas también en 1279-1280, una contribución que sus sucesores percibirán regularmente desde comienzos del siglo XIV.

El desarrollo de la fiscalidad regia en el siglo XIII conllevó también el de la propia administración fiscal. Se fue formando una trama burocrática densa y compleja de tesoreros, arrendadores, cogedores, etc. Nuevos oficios, ya no vinculados necesariamente a la alta nobleza, sino a expertos en la gestión cotidiana de las haciendas regias, letrados y frecuentemente judios. Así, los almojarifes o tesoreros mayores castellanos, o los bailes generales y maestres racionales de la corona de Aragón. Las nuevas formas de gestión burocrática se recogen en registros y cuentas detallados, algunas de las cuales se han conservado y nos informan pormenorizadamente de los ingresos y los gastos de los reyes, como las ya mencionadas de Navarra en 1266 y otras. Pero, para atender al desarrollo de la fiscalidad, la burocracia hubo de extenderse al conjunto del reino, no sólo a los niveles de la administración central; en los niveles locales y territoriales se realizaron censos, padrones y encabezamientos para garantizar la correcta recaudación de los tributos.

3.2.4. Las cortes

Las cortes comenzaron también su andadura en los reinos cristianos peninsulares en el siglo XIII. Su formación y desarrollo está relacionado, fundamentalmente, con dos aspectos. Por un lado, el peso que van alcanzando las ciudades en la vida económica de los reinos y, especialmente, el papel social y económico de los grupos dirigentes urbanos que ahora obtienen, mediante las cortes, un ámbito también para la acción política en correspondência con ese papel social y económico. Por otro lado, como hemos ido viendo en las páginas anteriores, el desarrollo de la fiscalidad regia, puesto que las cortes aprobaban los tributos extraordinarios (Martin, 1989).

Ha habido una historiografía liberal y romántica que ha querido ver en las cortes medievales instituciones propiamente parlamentarias. Se ha interpretado que las cortes adquirieron un poder legislativo que limitaba los poderes del monarca. Las cortes legislaban y, puesto que los enviados de las ciudades (sus representantes según esta interpretación) fueron adquiriendo el peso fundamental en las reuniones de cortes, se trataría de instituciones a las que se ha querido dotar de un cierto carácter democrático. Así, frente a las monarquías absolutas de la Edad Moderna, las cortes medievales se han dibujado en ocasiones como modelos de representación política democrática. Es, en todo caso, una visión deformada de la democracia. Algunos historiadores del siglo XIX contribuyeron a crear esa visión que después se ha utilizado en ocasiones con fines políticos.

Las cortes medievales no eran, por supuesto, una institución democrática ni, desde el punto de vista de la teoria política, tenían autentica capacidad legislativa. Refiriéndose a las cortes castellanas, Pérez Prendes ha expresado muy acertadamente cuál era su papel legislativo (Pérez Prendes, 1974: 136-151). Frente a quienes sostienen que las cortes llegaron a dotarse de una auténtica capacidad legislativa compartiéndola con el rey, es decir que el rey legislaba con las cortes, este autor mantiene que la capacidad legislativa permaneció siempre en manos del rey. Sin embargo, para que las leyes fueran efectivas se necesitaba que fueran aceptadas y conocidas; por tanto, consenso y difusión son conceptos clave para entender el papel de las cortes. Así, el foco del análisis no es quién legisla, puesto que siempre legislo el rey en esta época, sino cómo se legisla, como se dictan las leyes. Y es ahí donde las cortes desempeñan su papel que podría resumirse en que el rey legisla en las cortes, Ciertamente hubo momentos, situaciones conflictivas o minorías regias, en las que las cortes tuvieron una gran importancia política y pudieron oponerse con éxito a las pretensiones de los reyes, imponiendo incluso en ocasiones su propio programa político. Otras veces, las acuciantes necesidades financieras de la monarquía hacen aparecer también a las cortes en el primer plano político. Pero de esos contextos históricos concretos no se derivará el desarrollo de una teoria política que sea capaz de cambiar el conjunto del sistema. En la raiz de esos contextos históricos (minorías regias y sublevaciones nobiliarias. en Castilla a fines del siglo XIII y comienzos del XIV; levantamiento de la Unión aragonesa a fines del siglo XIII) lo que está en juego es el equilibrio de fuerzas entre el rey y los poderosos del reino y de los poderosos entre si. Un juego de poderes que a veces se desarrolla en las cortes y otras no.

Si las cortes no tenian un auténtico poder legislativo, aunque las oligarquías urbanas lograron que el rey dictara normas que les resultaban favorables, tampoco eran, ni mucho menos, instituciones democráticas. En las cortes estaban presentes los nobles, por lo general la alta nobleza, los eclesiásticos más importantes y los enviados de las ciudades, y es en la presencia de estos últimos donde se ha querido ver ese pretendido carácter democrático. Pero la mayor parte de los habitantes de los reinos eran campesinos y no hay ninguna instancia de representación para ellos. En cuanto a los enviados de las ciudades, poco apoco se irán fijando los mecanismos de representación mediante procuradores o síndicos, y hay que insistir en que no eran elegidos por el conjunto de los habitantes de las ciudades ni representan sus intereses. Eran elegidos por los concejos, los órganos de gobierno ciudadano, y representarán los intereses de quienes controlaban los concejos; es decir, de las oligarquías urbanas. Tampoco todas las ciudades y villas estaban representadas en las cortes, solo las de realengo. Por lo tanto, la gran mayoría de los habitantes de los reinos cristianos, los campesinos y los pecheros o el común de las villas y ciudades, no tienen ningún cauce de representación en las cortes medievales. Otra cosa es que los reyes en las cortes adoptaran disposiciones que podían afectar a todos o a grupos amplios y que esas disposiciones pudieran, o no, resultarles beneficiosas.

Páginas atrás hemos visto como los reyes gobernaban rodeados de una pequeña curia integrada por algunos magnates y eclesiásticos; la llamada curia ordinaria. En determinadas ocasiones se celebraban reuniones más amplias, con motivo de acontecimientos o de situaciones especialmente importantes, a las que acudia toda o casi toda la alta nobleza y los principales eclesiásticos del reino; era la curia plena o curia extraordinaria. En Cataluña hay que tener en cuenta también las asambleas de Paz y Tregua que tenían unas características y composición equivalentes. En los textos en las lenguas vernáculas se utilizan los términos cort o corte (o los plurales corts y cortes) para referirse a lo que en latín se denominaba curia. Sin embargo, los historiadores prefieren hablar de cortes solo cuando a esas reuniones amplias se incorporaron gentes de las ciudades, reservando el término curia para las reuniones de origen altomedieval con magnates y eclesiásticos.

Por tanto, la incorporación de los enviados de las ciudades seria el elemento fundamental para hablar de las cortes medievales. Se ha visto en ello un cambio trascendental de la antigua institución de la curia en la que los magnates y eclesiásticos prestaban su obligación de aconsejar al rey (consiliurrí). Sin embargo los cambios fueron graduales. La presencia de enviados de las ciudades en las curtas plenas, transformándolas así en cortes, comienza a producirse en diversas zonas hacia finales del siglo XII y comienzos del XIII; pero tardará todavía un tiempo en alcanzarse un cierto grado de formalización e institucionalización en la representación de esos sectores; algo que no se producirá hasta mediados del siglo XIII e incluso más tarde en algunas zonas. Posteriormente, ya en la Baja Edad Media se irán desarrollando más los perfiles institucionales de las cortes: modo de celebración de las reuniones, procedimientos de designación de los enviados de las ciudades, etc.

En los reinos de León y Castilla, separados en el período entre 1157 y 1230, la asistencia de gentes de las ciudades su produce por primera vez a finales del siglo XII y comienzos del XIII (Procter, 1988; VV. AA., 1988; O’Callaghan, 1989). Tradicionalmente se ha considerado que la primera ocasión fue una curia plena realizada a comienzos del reinado de Alfonso IX de León en 1188. Un texto habla de la reunión de la curia; otro texto menciona que Alfonso IX dictó unos decreta en una curia a la que asistieron archiepiscopo et episcopis et magnatibus regni mei et cum electis civibus ex singulis civitatibus. Ambas cosas se han relacionado y se ha hablado así de la primera curia con representantes ciudadanos, lo que dataria la primera reunión que puede considerarse como cortes. La primera reunión en León, en el conjunto de Castilla y León y en toda la península. Entre ciertos sectores historiográficos y políticos ha habido una clara preocupación por datar las primeras cortes en uno u otro reino antes que en otros. Lo cierto es que el texto de los decreta que habla de los cives, de los ciudadanos, no lleva fecha, procede de un manuscrito del siglo XVI y es muy probable que contenga una recopilación de varios hechos que no se produjeron en una única curia, sino en varios momentos (Estepa, 1988a y 1988b). En 1202 en la curia de Benavente en la que se acordo la compra de la moneda al rey durante siete anos habrían asistido también multis de qualibet villa regni mei. De nuevo en 1208 en León se habría reunido una curia con la presencia de civium multitudine destinatorum a singulis civitatibus considente. Mientras tanto, en Castilla diversos textos, algunos de ellos bastante tardios, recogen la presencia de ciudadanos en varias curias; por ejemplo, una crónica escrita a finales del siglo XIV habla de la presencia de ciudadanos en una curta ya en 1169, cuando Alfonso VIII de Castilla accedió a la mayoría de edad. Otros textos han hecho pensar que hubo ciudadanos también en una curta en 1187. En 1207 Alfonso VIII hizo un ordenamiento de precios de diversos productos tras un acuerdo con ciudadanos de Toledo y posiblemente de otras ciudades y villas. Probablemente hubo también enviados de las ciudades en las reuniones celebradas con motivo del acceso al trono de Enrique I en 1214 y del matrimonio de Fernando III con Beatriz de Suavia en 1219. Tras la reunificación de los dos reinos en 1230, es muy probable que también hubiera enviados de las ciudades en la curta reunida en ese ano en Benavente. Después de eso nada puede decirse con seguridad hasta la convocatoria de cortes en Sevilla por Fernando III en 1250 de la que se conservan ya cuadernos de cortes, textos enviados a los concejos en los que se recogen las disposiciones adoptadas por el rey en las cortes.

Por tanto, hay una primera etapa entre finales del siglo XII y mediados del siglo XIII en la que esporádicamente pudo haber enviados de las ciudades en reuniones de la curta plena, Su presencia ha llevado a considerar esas reuniones como cortes, pero debe entenderse, en todo caso, como una etapa inicial, formativa, de una institución que no alcanzará un cierto grado de desarrollo hasta mediados del siglo XIII. Nada se sabe de cuántas ciudades enviaban gentes a participar en las reuniones, cuál era su papel en ellas, ni quiénes ni como los elegían. Por otro lado, mientras tanto siguieron reuniéndose curias plenas con asistencia de magnates y eclesiásticos y sin la presencia de ciudadanos. A partir del reinado de Alfonso X (1252-1284) las reuniones de cortes ya se van haciendo frecuentes y se formaliza la presencia de los representantes de los concejos urbanos. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIII, sobre todo en los anos finales correspondientes a la minoria de Fernando IV, hubo reuniones separadas para los reinos de Castilla y de León (o León, Extremadura y Toledo), pero desde comienzos del siglo XIV volvieron a reunirse cortes conjuntas.

En los dominios de los reyes de Aragón, por el contrario, aunque en ocasiones se celebraron reuniones conjuntas, lo normal será la reunión de cortes específicas para cada uno de los reinos y territorios. Sus orígenes no son distintos de los ya vistos para León y Castilla. A partir de un cierto momento, a las reuniones amplias de la curta (cort general), en las que los magnates y eclesiásticos prestan al rey su deber de consilium, comienzan a acudir también gentes de las ciudades. Hay que tener en cuenta igualmente las asambleas de Paz y Tregua, las reuniones del rey con los magnates y eclesiásticos en las que se decretaba la paz y tregua regias; en definitiva, se garantizaba la pervivencia del orden jurídico bajo la autoridad del rey. Desde el reinado de Pedro II tiende a haber una fusión entre la curta plena y las asambleas de paz y tregua. En el fondo de todo el proceso está el desarrollo urbano y el peso social y económico de las oligarquías urbanas que reclaman y obtienen una participación política. También aqui en una primera etapa la presencia de los ciudadanos será más o menos esporádica, para alcanzar después un mayor grado de institucionalización. Entre la historiografía catalana y aragonesa los acontecimientos de 1283 suelen tomarse como un hito en el proceso de formación y desarrollo de las cortes (González Antón, 1978; Sarasa, 1979; Gonzalvo, 1986; VV. AA., 1991).

Fue en el reinado de Jaime I (1213-1276) cuando comenzó el proceso de formación de las cortes, aunque también hay que considerar algunas reuniones de curias plenas en la segunda mitad del siglo XII en las que se adoptaron decisiones especialmente significativas. Entre las que se refieren a Cataluna conviene recordar la de Fondarella en 1173 en la que se impuso por primera vez el bovatge y se determino el ámbito catalán desde Salses hasta Tortosay Lérida, o la de 1188 en Gerona donde se rechaza el bovatge, o la de Barcelona en 1198 en la que se otorga una protección especial a los ciudadanos a los que se extiende la paz y tregua. En Aragón se ha hablado de la presencia de ciudadanos ya en una reunión en Zaragoza en 1164 y se destaca la importancia de otras en Huesca en 1188 o en Daroca en 1196. Pero una fecha que suele aceptarse generalmente como un momento importante en ese proceso de formación de las cortes es 1214, a comienzos del reinado de Jaime I, cuando el legado pontificio, en funciones de regente, convoca una reunión en Lérida a la que asisten los magnates y los principales eclesiásticos pero también gentes de las ciudades de Cataluña y de Aragón. Allí los asistentes jurarán fidelidad al nuevo rey y se aprobará una constitución de paz y tregua para Cataluña. Posteriormente Jaime I convocará con cierta frecuencia reuniones de la curta plena a las que asistirán con regularidad enviados de las ciudades. Se convocarán algunas reuniones conjuntas en relación con asuntos que afectan tanto a Cataluña como a Aragón y más tarde también a Valência (reuniones en Monzón en 1217 y 1236 y en Lérida en 1275); pero con más frecuencia habrá reuniones específicas para Cataluña o para Aragón, en las que participaron multi alii nobilesy clerici et laici, cives et burgenses de Aragóne et de Cathalonia (Monzón en 1217), o civium et aliorum proborum hominorum villarum Cathaloniae (Barcelona en 1228). También, como veremos, durante su reinado se convocaron reuniones equivalentes para Valência.

Entre las reuniones conjuntas de este período merece destacarse la de Monzón en 1236 en relación con la conquista de Valência. También la conquista de Mallorca se organizo en cortes, en este caso en Barcelona y Lérida. Otra reunión específica de la cort general de Cataluña que merece reseñarse es la reunión también en Barcelona en 1251 en la que se estableció la primada de los Usatges y del derecho consuetudinario frente al Derecho Romano y Canónico y el Liber Iudicum. En cuanto a las reuniones aragonesas, puede destacarse también la de Huesca en 1247 en la que se promulgaron los Fueros de Aragón según la recopilación realizada por el obispo Vidal de Canellas; y la de Ejea en 1265 en relación con las funciones y atribuciones del justicia de Aragón como juez de los pleitos entre el rey y los nobles o de los nobles entre sí.

El reinado de Jaime I puede considerarse un período de formación de las cortes en Aragón y en Cataluña. La presencia de los enviados de las ciudades se repite con cierta frecuencia en esa época y se van desarrollando también usos y procedimientos, informales todavía, pero que se irán consolidando. Un paso más, y muy significativo, en ese proceso tendrá lugar durante los reinados de Pedro III (1276-1285) y de Alfonso III (1285-1291). Ya hemos visto las importantes consecuencias tanto internacionales como internas de la conquista de Sicília en 1282. El descontento nobiliario en Aragón se concreto en el levantamiento de la Unión que contó con el apoyo de las oligarquías de algunas ciudades. A lo largo del levantamiento, como hemos visto, se celebraron varias reuniones —unas serán cortes en sentido estricto y otras no puesto que no fueron convocadas por el rey—, que marcarán un auténtico desarrollo de la institución (González Antón, 1975). Las reuniones de Tarazona y Zaragoza y de Barcelona en 1283 se saldaron con la aprobación por el rey del Privilegio General de Aragón y de unas Constituciones para Cataluña que establecen limites a la capacidad de actuación de los reyes, que en muchos casos no podrían actuar sin el consentimiento del reino representado en las cortes. En definitiva, el pactismo que habría de llevarse a la práctica mediante la convocatoria anual de las cortes, un compromiso que no se cumplió, será, para algunos autores, el auténtico nacimiento de las cortes aragonesas y catalanas. En los anos siguientes el enfrentamiento entre el rey y algunos de los sectores más poderosos del reino de Aragón, organizados en la Union, se mantuvo. En ese contexto siguieron celebrándose reuniones que irán consolidando el proceso de desarrollo de las cortes. En 1287 los rebeldes imponen al rey los Privilegios de la Unión que limitaban aún más las prerrogativas regias. La reacción del rey fue la convocatoria de cortes conjuntas para Aragón, Cataluña y Valência en Monzón en 1289 donde se volvió a los parâmetros de 1283. Los episodios de la rebelión unionista continuaron, pero ahora el rey estará en una posición de fuerza e incluso utilizará a las cortes para hacer frente a la revuelta. Jaime II (1291-1327) convoco nueve reuniones de cortes de Aragón y once de Cataluña a lo largo de su reinado. La obligación de la convocatoria anual que se había establecido en 1283 se transformo en tríanual en Cataluña en las cortes de Lérida en 1301 y en bianual en Aragón en las cortes de Zaragoza de 1307, pero tampoco se cumplió en el futuro.

Al margen de algunas reuniones conjuntas, Cataluña y Aragón formaron sus propias cortes y lo mismo sucederá en Valência en un proceso paralelo a los anteriores (López Elum, 1998). Sus orígenes pueden situarse en la reunión convocada por Jaime I en 1261 en la que se renovaron y proclamaron los Furs y se determinaba también que el sucesor en el trono habría de jurar los fueros y privilegios valencianos un mes después de su acceso a la corona. Nuevas convocatorias durante el reinado de Jaime I y de sus sucesores (dos en cada uno de los reinados de Pedro III, Alfonso III y Jaime II) irán consolidando la institución. También aqui se acordo en 1301 la celebración de cortes cada tres anos, algo que tampoco habría de cumplirse. En cuanto a Mallorca, no habrá cortes sino que el concejo de la ciudad (consell) tendrá en principio atribuciones sobre el conjunto de la isla, como los de Menorca e Ibiza. Más tarde se crearán nuevos concejos en la isla de Mallorca y desde comienzos del siglo XIV se articulará su relación con el consell de la ciudad.

Así pues, en Castilla y León a lo largo de la segunda mitad del siglo XIII y en Aragón a partir de los anos ochenta, las cortes, que habían surgido en el período anterior, van desarrollándose y alcanzando sus perfiles formales e institucionales. Pero es un proceso que aún se extiende al período siguiente, durante la Baja Edad Media. Así, las reuniones aragonesas en el período de la Unión siguieron siendo, ante todo, un fenómeno nobiliario.

Las cortes representan la reunión de los tres brazos y estamentos, pero la autentica novedad respecto a la anterior curia plena es la presencia del tercer brazo, de los representantes de las ciudades. La presencia nobiliaria correspondia a la alta nobleza, a los ricos hombres; solo en Aragón estará representada en dos brazos, uno de la alta nobleza y otro de la nobleza media e inferior de los caballeros. La presencia del segundo brazo nobiliario fue desarrollándose en las primeras décadas del siglo XIV y hay que relacionarla con la política de Jaime II de buscar el apoyo de los sectores inferiores de la nobleza, frente a la alta nobleza que en buena medida había protagonizado el levantamiento unionista. En cuanto al brazo eclesiástico, correspondia al alto clero, a los arzobispos y obispos, los abades de los principales monasterios y los maestres de las ordenes militares. A media que avance después la Baja Edad Media, la alta nobleza y el clero irán perdiendo su interés por las cortes, puesto que dispondrán de otros medios para la acción política. Por tanto, los representantes de las ciudades irán adquiriendo mayor protagonismo. Se irá definiendo qué ciudades y villas pueden enviar sus representantes. En Aragón desde comienzos del siglo XIV se determina la representación de 24 villas y ciudades; en Castilla y León su número fue variable (100 ciudades y villas en 1315) hasta que en el siglo XV se fijó en 17. También el carácter de la representación, número de procuradores y modo de designación se irán definiendo con mayor precisión a partir del siglo XIV; así como los procedimientos seguidos en las reuniones, presentación de peticiones, reuniones de los brazos, etc.

Por lo que se refiere a los otros reinos cristianos peninsulares, Portugal y Navarra, tanto el contexto histórico como el marco cronológico son similares a los de Castilla y Aragón. En Portugal también se ha discutido sobre la fecha de las primeras cortes, el momento en que la curia plena se transforma en cortes al acudir enviados de las ciudades. Ya hemos visto cómo más que buscar una fecha concreta hay que hablar de procesos de formación y desarrollo institucional. Se ha aludido a unas posibles primeras cortes en 1211, con motivo del acceso al trono de Alfonso II, o a otra posible reunión en Guimarâes en 1250; ambas fueron curias plenas y se discute en ellas la presencia de los ciudadanos a partir de unos textos que o son tardios o poco concluyentes o ambas cosas. A mediados del siglo XIII en Portugal, como en Castilla y León, los problemas económicos eran importantes; para atajarlos, Alfonso III de Portugal, como Alfonso X de Castilla, siguió una política de establecimiento y fijación de precios y de devaluación monetaria. El ordenamiento de precios se dictó en diciembre de 1253 y a comienzos del ano siguiente se reunieron cortes en Leiria para obtener el acuerdo de los concejos sobre ese ordenamiento. Allí también los concejos compraron la moneda al rey a cambio de una contribución extraordinaria, el monetagio, evitando la devaluación prevista. La presencia de los concejos estaba determinada porque ellos eran los principales implicados en las medidas económicas que se adoptaron. Posteriormente las cortes se reunieron con cierta frecuencia, aunque sin periodicidad concreta, durante el resto del reinado de Alfonso III (1248-1279) y de Dionís (1279-1325). De nuevo los asuntos monetarios estuvieron presentes en las cortes de Coimbra en 1261, mientras que las posteriores de Santarem en 1273 y Évora en 1282 se centraron en los problemas eclesiásticos; y las inquirições fueron el eje de las reuniones de Lisboa en 1285 y de Guimarâes en 1288. Sucesivas reuniones que fueron consolidando una institución que también en Portugal alcanzará pleno desarrollo en la Baja Edad Media.

En cuanto a Navarra, el período de formación de las cortes puede situarse entre los anos treinta del siglo XIII y los treinta del siglo XIV. Son varios los factores que intervinieron a lo largo de ese proceso; algunos son comunes a los otros reinos, como los asuntos monetarios, que motivaron la primera reunión que puede considerarse propiamente de cortes, con presencia de hombres de la rúa,, en 1245 en la que se acordo el pago de un monedaje. Otros factores son específicos del contexto histórico navarro en el siglo XIII. La importancia que iban alcanzando las oligarquías urbanas se refleja en que ya Sancho el Fuerte hizo jurar a procuradores de las villas y ciudades el acuerdo de prohijamiento mutuo con Jaime I de Aragón en 1231. Cuando poco después accedió al trono el duque de Champaña, Teobaldo I (1234-1253), sin que se respetara el acuerdo anterior, el nuevo rey hubo de jurar los fueros de Navarra. Tanto en la toma de la jura al rey que dio lugar a su acceso al trono (alzamiento) como en el establecimiento de esos fueros (Fuero Antiguo) participaron también representantes de las ciudades. A partir de ahí, la formación de las cortes de Navarra corresponde a la confluencia de dos procesos históricos. Por un lado, la ampliación de la curta plena con enviados de las ciudades, paralela a lo que sucede en otras zonas, con el trasfondo del desarrollo de la fiscalidad, que ya está presente en las cortes de 1245. Por otro lado, la formación de juntas y hermandades de nobles y de ciudades que serán especialmente activas desde los anos setenta del siglo XIII. A las juntas nobiliarias, que como la junta de los infanzones de Obanos estaban ya activas, se unieron también juntas de las buenas villas en la época del gobierno del reino por los reyes de la casa de Francia (1274-1328). Ambos movimientos, nobiliario y ciudadano, confluyeron con frecuencia en ese período. Las juntas y hermandades contribuyeron al desarrollo de la acción política de los grupos dirigentes urbanos mediante representación, algo que también estaba presente en las cortes. Unas cortes, la cort general, que alcanzará igualmente en Navarra pleno desarrollo institucional en la Baja Edad Media.

En la medida en que las cortes son un instrumento de gobierno, los asuntos que se tratan en ellas son muy diversos. Todo tipo de problemas pueden ser llevados a las cortes en función del contexto histórico concreto. Ya hemos subrayado la importancia de la fiscalidad y las contribuciones extraordinarias en el proceso de formación y consolidación de la institución. También hay que destacar los asuntos relativos a la justicia y al mantenimiento de la paz pública. Igualmente, la preocupación por el cumplimiento de las leyes, algo que en primer lugar se referia a los oficiales regios, cuya actuación fue objeto de frecuentes regulaciones en las cortes. Y, como décimos, todo tipo de asuntos en función de las circunstancias concretas. En un momento determinado un asunto puede ser planteado en cortes (por ejemplo, la política exterior) y unos anos más tarde ese mismo tipo de problemas pueden desaparecer de las reuniones de cortes. No hay un cuerpo de atribuciones establecido y cerrado para las cortes, sino que depende del contexto histórico y de la voluntad y la posición política del rey. Cuando las cortes van alcanzando ya un cierto desarrollo, los brazos o estamentos comienzan también a presentar al rey sus peticiones o agravios (greuges) y en relación con ello los asuntos pueden ser muy diversos, desde grandes asuntos de interés global a cuestiones relativas a ámbitos locales. Pero los procedimientos y normas de funcionamiento de las cortes se establecerán en el período posterior.

3.2.5. El derecho y las leyes

Otro aspecto que debemos considerar a la hora de analizar la articulación política y el gobierno en los reinos cristianos peninsulares en este período es su organización jurídica; es decir, qué leyes se aplicaban, cuál era su procedencia y como fueron evolucionando los sistemas jurídicos. Repasaremos ahora algunos de esos aspectos aunque de forma breve.

Desde mediados del siglo VII las leyes visigodas quedaron recogidas en un código legal, el Liber Iudiciorum. Se ha discutido entre los historiadores cuál fue posteriormente el ámbito y el grado de aplicación de ese código, del Liber, en los distintos reinos y territorios cristianos del norte de la península durante la Alta Edad Media. Desde quienes defienden una vigéncia plena y una aplicación, diríamos, profesional del Liber en varias zonas (condados catalanes, León), hasta quienes sostienen la no aplicación del Liber en otras (Castilla, Aragón, Navarra). O quienes matizan que la resolución de los pleitos y conflictos no pasa en esta época por la aplicación mecànica y regular de un código legal, sino que obedece a la dinámica derivada de las relaciones sociales y las relaciones de poder, aunque el código legal pueda tomarse como un punto de referencia y, en ese sentido, aludirse a él en las sentencias, pero más con un carácter retórico que como el instrumento de la justicia. Por último, y de forma no totalmente contradictoria con las posiciones anteriores, también se ha afirmado que el sistema legal (si cabe hablar en esos términos) no tiene por qué ser unitario, sino que pueden coexistir diversos tipos de tradiciones jurídicas y de resolución de conflictos; unas remiten al mundo romano y otras a tradiciones indígenas, no romanas en ciertas zonas del norte, o quizá a formas germánicas.

Sea como fuere, al lado del Liber —allí donde pervivía— y de las normas consuetudinarias —en otras zonas—, desde la Alta Edad Media fueron surgiendo regulaciones locales en relación con determinados aspectos, son los fueros. Durante la Plena Edad Media los fueros se extendieron de una forma muy notable a medida también que avanzaba el proceso de expansión territorial. Los fueros responden a una realidad muy diversa, reflejan en parte costumbres y usos locales, pero casi siempre se otorgan para modificar en mayor o menor medida las situaciones precedentes, sea para conceder privilegios, sea para promover la instalación de nuevos pobladores, sea para fomentar el desarrollo comercial o, muy frecuentemente, para atender a varios de esos y otros aspectos a la vez en función de los contextos históricos concretos en las distintas zonas. Así, en función de la atracción de pobladores y la concesión de privilegios en algunas zonas a los fueros locales se les denomina cartas de población y franquicia.

Los fueros los otorga el rey o, en su caso, el señor correspondiente. En ese caso no es raro que se reclame también de alguna manera la participación del rey, otorgando o confirmando el fuero dándole así más valor. Pueden ser amplios, recogiendo un conjunto de normas que caracterizarán la organización jurídica, o muy breves, haciendo apenas referencia a algunos aspectos de la vida local. Desde un punto de vista jurídico y en términos generales, son más trascendentes los primeros en tanto que determinan modelos de organización social y política.

Por tanto, con una mayor o menor pervivencia del Liber y de los usos consuetudinarios (sean indígenas, sean germánicos), los fueros se extienden a lo largo de la Plena Edad Media desarrollándose una fragmentación jurídica en los distintos reinos y territorios cristianos. Pero, dentro de esa fragmentación y diversidad, existen también tipos o familias de fueros; es decir, fueros similares entre sí que van creando y extendiendo modelos. En la medida en que la concesión de un fuero responde a un determinado objetivo político y ese mismo objetivo pretende alcanzarse en otras zonas, el contenido de un fuero se va concediendo a otros lugares con escasas modificaciones, dando lugar a esos tipos o familias.

La situación es muy diversa y presenta muchos matices que no pueden analizarse aqui con detalle, pero sí es conveniente repasar brevemente los elementos fundamentales. En León se suele insistir en un alto grado de pervivencia del Liber y ya en 1017 o 1020 se otorgó el Fuero de León que incluía algunos preceptos con carácter local y otros de aplicación más amplia, quizá para el conjunto del reino; un fuero que, en todo caso, fue concedido después a diversos lugares del reino. Sahagún era una villa de señorío del abad del importante monasterio con sede en ese lugar y tenía una presencia notable de francos y burgueses, puesto que estaba en el Camino de Santiago; recibió un fuero en 1080 que atendia a ambas características (señorío monástico y desarrollo urbano). Ese fuero sufrió varias modificaciones hasta que fue confirmado en 1152 por Alfonso VII. El Fuero de Sahagún fue tomado como modelo y otorgado a varios lugares de Asturias (Oviedo, Avilés), a Santander, a Santo Domingo de Silos en Castilla, etc. Otro fuero leonés importante es el Fuero de Benavente, otorgado por el rey Fernando II en dos concesiones en 1164 y 1167, que se utilizará también como modelo para algunas de las llamadas repoblaciones interiores en zonas leonesas y asturíanas.

Castilla se ha considerado tradicionalmente como una zona donde no estuvo vigente el Liber, aunque algunos autores en los últimos anos vienen sosteniendo una mayor pervivencia de las leyes visigodas. El particularismo jurídico castellano quedó reflejado en la elaboración de la conocida Leyenda de los jueces de Castilla, que narra un episodio en el que los castellanos, para liberarse del sometimiento político al rey leonés, habrían elegido en el siglo IX sus propios jueces, Nuño Rasura y Laín Calvo, para que los gobernaran según sus propias costumbres; posteriormente, ya en tiempos de Fernán González a mediados del siglo X, la ruptura con los reyes y las leyes leonesas se simbolizo mediante la quema en Burgos de todos los ejemplares del Liber existentes en Castilla. Una leyenda que pretende explicar ese particularismo jurídico y también político castellano. La leyenda no contiene elementos históricos salvo en lo que se refiere a que en Castilla se desarrollaron formas judiciales distintas a las leonesas. Algunos autores lo han expresado calificando a Castilla como un pais sin leyes (Guilarte, 1989). Esa expresión alude a que en Castilla los jueces no dictan sus sentencias en función de ningún código de leyes (el Liber), sino en función de las normas consuetudinarias, los fueros locales y su libre albedrío; esas sentencias son las fazañas, que se refieren a aspectos muy diversos y que creaban jurisprudencia y se fueron recopilando en diversos textos para su utilización como referencia por otros jueces posteriores.

Junto a las fazañas, merece la pena considerar algunos de los fueros locales que, o bien íntegramente, o bien en algunas de sus disposiciones más características, alcanzaron una mayor extensión. Entre ellos hay que tener en cuenta el Fuero de Castrojeriz de 974 que, aunque data de la Alta Edad Media, contiene los primeros privilegios a los caballeros villanos que después se extenderán a otras zonas en fueros posteriores, significativamente a las Extremaduras. Sin embargo, conviene mencionar las dudas sobre la autenticidad de ese fuero que vienen manifestándose en los trabajos más recientes. Otro fuero que merece destacarse es el de Logroño de 1095 (aunque también la datación es discutible), que refleja el asentamiento de pobladores francos en los núcleos a lo largo del Camino de Santiago, recogiendo privilegios y favoreciendo el desarrollo de la vida urbana. Un fuero que alcanzo también una amplia extensión al concederse después a otros lugares de la Castilla oriental, el actual País Vasco y Navarra.

El papel de la caballeria villana y la formación de alfoces extensos son los dos ejes de los fueros de las Extremaduras, tanto castellana y leonesa como aragonesa, que cuentan entre sus principales referencias con el Fuero de Sepúlveda de 1076, el Fuero de Soria, que no se ha conservado pero sirvió de modelo a los aragoneses de Calatayud (1131) y Daroca (1142), los Fueros de Cuenca y de Teruelz finales del siglo XII, y más tarde otros fueros extensos como el de Salamanca.

Cuando Toledo fue conquistado en 1085 se creo en la ciudad una situación peculiar. Por un lado, se mantuvo una considerable población no cristiana de musulmanes y de judios. Por otro lado, la ciudad contaba con una importante población cristiana que se habia mantenido en época musulmana; a esos cristianos mozárabes se sumaron después de la conquista nuevos pobladores cristianos castellanos y leoneses y francos. Cada uno de esos grupos tuvo, en principio, su propia regulación jurídica, respetándose la vigencia del Liber para los mozárabes y disponiéndose normas específicas para castellano-leoneses y francos. Con el tiempo los distintos regímenes jurídicos tendieron a integrarse, fundiéndose en uno solo a lo largo del tiempo. El resultado será el Fuero de Toledo que tenía una base importante en el Liber, en su traducción castellana denominada Fuero Juzgo, y que posteriormente se extenderá por Andalucía y Murcia (Córdoba, Sevilla, Murcia, Cartagena, etc.).

El primer lugar donde se promovió y regulo el asentamiento de pobladores francos fue en Jaca en 1077. El Fuero de Jaca, que pretendia un impulso del comercio y las actividades artesanales y respondia al desarrollo del Camino de Santiago como ruta comercial y de peregrinación, fue después aplicado a otros núcleos en el Alto Aragón y, sobre todo, en Navarra. En Navarra el fuero de Jaca se otorgó a lugares como Estella o Pamplona, donde posteriormente se ampliaron las disposiciones forales convirtiéndose sus fueros, a su vez, en modelos para nuevas concesiones a otros lugares. Por lo que se refiere a Aragón, si el fuero de Jaca supone lo que algunos autores han denominado el modelo burgués, existía también el modelo nobiliario a partir del Fuero de Sobrarbe, que recogía, fundamentalmente, los privilegios de los nobles, de los infanzones, y regulaba sus deberes militares. En el siglo XII ese fuero de Sobrarbe o Fuero de los infanzones de Aragón fue concedido a diversos lugares, como la propia Zaragoza o Tudela en Navarra. Más tarde en esos núcleos se fueron desarrollando también sus propias disposiciones forales. El tercer gran grupo de fueros aragoneses es el de los concejos de la Extremadura (Calatayud, Daroca y Teruel), que ya hemos mencionado por su relación con los fueros extremaduranos castellanos y leoneses.

Cataluña es otra de las zonas donde se produjo una larga pervivencia del Liber Iudiciorum. A su lado, también aqui se irán desarrollando regulaciones locales, cartas de población y de franquicia, es decir, fueros. Como en otras zonas, era necesario atender a situaciones no reguladas en el Liber y también a nuevas realidades sociales, económicas y políticas mediante esas normas locales, que hicieron que poco a poco el Liber fuera perdiendo su vigéncia. Cuando a mediados del siglo XII se incorporaron los territorios de la Cataluna Nueva, lo hicieron recibiendo una regulación jurídica propia, derivada de su situación y del proyecto político que pretendían desarrollar en esas zonas los condes-reyes; una regulación que quedó reflejada en las Cartas de población de Tortosay de Lérida en 1149 y 1150 respectivamente. Por otro lado, el tribunal condal actuaba también dictando sentencias que suplían la falta de adecuación del Liber, esas sentencias creaban una práctica jurídica, usualia, y se fueron recopilando dando lugar a la formación de un código legal, los Usatges. Es posible que un núcleo inicial de ese código fuera realizado hacia mediados del siglo XI, durante el gobierno condal de Ramón Berenguer III, pero recibió una redacción más amplia y alcanzó una plena formación en el siglo XII. Los Usatges st impusieron primero como norma fundamental, al lado de las regulaciones locales, en las tierras del condado de Barcelona (Barcelona, Gerona y Ausona) y después se fueron extendiendo a otras zonas catalanas.

Frente a la fragmentación jurídica derivada de los fueros locales, fragmentación muy acusada en algunos reinos a pesar de la existencia de algunas familias de fueros, fue desarrollándose sobre todo a partir del siglo XIII la formación de un derecho territorial en cada uno de los reinos cristianos peninsulares. Las razones son varias, pero conviene tener en cuenta dos que son complementarias. Por un lado, un proceso general en Europa Occidental de formación de un derecho común, ius commune, a partir de la reelaboración del Derecho Romano y del desarrollo del Derecho Canónico, ambos principalmente por juristas italianos a partir del siglo XII. En su formulación teórica es el derecho común a toda la comunidad de los cristianos. La recepción de ese derecho común se produjo en la península a lo largo del siglo XIII y en su expansión, tanto aqui como en el resto de Europa, tuvieron un papel fundamental las universidades. Frente a los particularismos jurídicos personales o locales, el derecho común propugnaba la aplicación de normas generales bajo la autoridad máxima del poder de los reyes. Así, el derecho común fue un instrumento para el reforzamiento del poder regio. Y ése es el segundo elemento que conviene tener en cuenta al valorar los procesos de formación de derechos territoriales en los reinos cristianos peninsulares: el desarrollo del poder regio y las políticas de centralización monárquica que se establecieron a partir del siglo XIII y a las que hemos aludido al hablar de la evolución de la fiscalidad, las instituciones de gobierno, etc.

Es necesario insistir en que la formación de un derecho territorial, superador del pluralismo normativo, es un proceso largo que no se culminará hasta el período posterior de la Baja Edad Media, aunque comenzó en el siglo XIII y cuenta con algunos precedentes en el siglo XII. En ese contexto hay que situar al propio código de los Usatges, que supone un primer paso de superación de la fragmentación jurídica en el condado de Barcelona. Su fecha temprana, de mediados del siglo XII, es consecuencia de la pervivencia de una tradición jurídica y legal mayor en Cataluña que en otras zonas de la península.

En Castilla y León el proceso de formación de un derecho territorial culminará en el Ordenamiento de Alcalá de 1348; un código amplio sobre materias diversas promulgado en las cortes celebradas en ese lugar y ese ano bajo el reinado de Alfonso XI. En él se establece, además, la prelación de las leyes; los jueces debían juzgar desde entonces, en primer lugar, conforme a lo dispuesto en ese ordenamiento, en segundo lugar, en los fueros locales y, en tercer lugar, en las Partidas.

Pero antes de llegar al Ordenamiento de Alcalá se había seguido un largo camino. Podemos situar los primeros pasos a finales del siglo XII en una curia celebrada en Nájera seguramente hacia 1185, bajo el reinado de Alfonso VIII de Castilla. Allí se aprobó un conjunto de normas que son conocidas como Ordenamiento de Nájera; algunos autores han dudado de la celebración de esa curia y por ello hablan de Pseudo Ordenamiento de Nájera. Lo cierto es que no se conserva un texto original, sino que esas disposiciones se incluyeron en otras posteriores como es el Ordenamiento de Alcalá, incluyendo y mezclando normas de procedencia diversa. Entre ellas figura un conjunto de normas que se suele denominar Devysa y que se refieren a los derechos de los señores en las behetrías. Las normas de las Devysas también sirvieron como fuente para la realización del Ordenamiento de Alcalá como parte integrante del Ordenamiento de Nájera; pero es dudoso que fuera así en origen, puesto que las Devysas probablemente se redactaron en el siglo XIII.

La creación del derecho mediante sentencias judiciales, fazañas, la proliferación de fueros y regulaciones locales y, probablemente también, la iniciativa regia de reunir un corpus legal, llevaron a la redacción de algunas recopilaciones de normas. Se trata del Libro de los Fueros de Castilla y del Fuero Viejo de Castilla. Ambas son recopilaciones privadas que reflejan las normas vigentes, pero no son leyes o códigos de leyes en la medida en que no son oficiales, no tienen el carácter de leyes dictadas o aprobadas por los reyes. El Libro de los Fueros de Castilla se compuso probablemente hacia mediados del siglo XIII en Burgos o su comarca y condene, básicamente, una recopilación de fueros de la zona, normas consuetudinarias y fazanas. Da la impresión de que, por tanto, era una recopilación orientada a la práctica jurídica, realizada por la iniciativa de algún juez o experto legal de la zona. También en el siglo XIII y también en el entorno de Burgos debió realizarse la primera redacción del Fuero Viejo de Castilla. Lo que ha llegado a nosotros es una versión posterior, de mediados del siglo XIV que, al estar dividida en epígrafes, títulos y leyes, se conoce como versión sistemática o Fuero viejo sistemático. Pero no hay duda de que esa versión se basa en otra u otras anteriores que no tenían esa forma sistemática; esa versión previa, desconocida textualmente, se conoce como asistemática y dataria, como décimos, de mediados o quizá de principios del siglo XIII. En el Fuero Viejo se incluyeron como fuentes el Ordenamiento de Nájera y las Devysas, además de otras normas relativas, sobre todo, al derecho nobiliario centradas en cuestiones civiles y procesales. Ambos textos, Libro de los Fueros y Fuero Viejo, presentan muchas dificultades de interpretación en diversos aspectos, datación, relaciones entre ellos y con los otros textos citados, etc., pero, en cualquier caso, tienen la utilidad de mostramos normas vigentes, o pretendidamente vigentes, en Castilla la Vieja en la Plena Edad Media procedentes del derecho consuetudinario. La razón de su redacción y el contexto en que se realizaron hay que situados en la necesidad de recoger y poner por escrito ese derecho consuetudinario, el derecho de Castilla o el fuero de Castilla, frente a la intención del rey de imponer un derecho regio, un fuero regio o fuero real. En esos intentos, quizá con precedentes anteriores, destaca sobre todo el rey Alfonso X el Sabio (1252-1284), cuya tarea legislativa a partir del Fuero Real, el Espéculo y las Siete Partidas ya hemos comentado páginas atrás. El último y definitivo paso en ese proceso de establecimiento de un derecho territorial castellano fue el Ordenamiento de Alcalá, ya a mediados del siglo XIV.

En Aragón, las disposiciones forales fueron desarrollándose en el siglo XII aplicândose al lado de normas consuetudinarias. La dispersion de normas procedentes unas de textos forales y otras de los usos consuetudinarios, recogidas por los jueces mediante fazañas, llevo a que se realizaran varias recopilaciones de carácter privado, no oficial, en la primera mitad del siglo XIII. Sin embargo, el derecho territorial aragonés se formo a mediados de ese siglo a partir de la iniciativa del rey Jaime I. En las cortes aragonesas de Huesca de 1247 se aprobó una recopilación, el Fuero de Aragón también denominado Código de Huesca; contenía ocho libros siendo numerosas las disposiciones que se refieren al derecho privado y al derecho nobiliario. Es muy probable que el autor del texto aprobado en las cortes fuera el obispo de Huesca Vidal de Canellas. En todo caso, Canellas realizo otra obra más extensa que condene el Fuero de Aragón pero con ampliaciones que lo interpretan y aclaran; es el llamado Vidal Mayor que, a diferencia del Fuero de Aragón y segùn la mayor parte de los especialistas, debe considerarse una obra privada sin carácter oficial. Al fuero de Aragón aprobado en Huesca fueron añadiéndose después otras normas y disposiciones, entre ellas el Privilegio General de Aragón fruto de la rebelión unionista.

Ya hemos mencionado cómo se produjo la primera elaboración del Fuero General de Navarra, el llamado Fuero Antiguo, en el contexto de la sucesión de Sancho VII el Fuerte por Teobaldo I. Esa primera redacción se realizo en 1238 por una comisión formada por 10 ricos hombres, 20 caballeros y 10 eclesiásticos, además del obispo de Pamplona y el propio rey y su consejo, y probablemente constaba únicamente de una decena de artículos, además del prólogo al que hemos hecho referencia. Los reyes navarros debían desde entonces jurar los fueros al comienzo de su reinado y eso motivo que se fueran realizando recopilaciones durante el siglo XIII que iban ampliando ese núcleo originario del Fuero Antiguo; fueron iniciativas privadas, aunque seguramente no alejadas del entorno de la corte. Las primeras de esas recopilaciones tienen un carácter desestructurado, asistemático, y posteriormente, ya en la Baja Edad Media, se hicieran versiones más amplias y estructuradas, sistemáticas. Además, en la Baja Edad Media los reyes promulgaron también varios amejoramientos, ampliaciones, del Fuero.

En Cataluña, el código de los Usatges del siglo XII se amplio y se fue extendiendo su ámbito de aplicación desde el condado de Barcelona hacia otras zonas catalanas a lo largo del siglo XIII y en las cortes de Barcelona de 1251 se aprobó su aplicación, junto a las normas y costumbres locales, en sustitución del Liber. Al mismo tiempo, se fueron elaborando también recopilaciones de esas normas y costumbres locales (costums), como las de Lérida, Tortosa o Barcelona y, más tarde, Gerona; son recopilaciones similares a los fueros extensos de otras zonas.

En Valencia, en los primeros anos de la conquista se fueron concediendo diversas cartas de población o fueros que tomaban como modelo los de otras zonas, especialmente el fuero de Zaragoza, que se concedió sobre todo a lugares del actual Castellón, y también fueros catalanes. Posteriormente, tras la conquista de Valencia, Jaime I otorgó en 1239 una Costum cuya redacción originaria no se ha conservado; esa costum se tradujo después del latín al romance, se amplio y se fue concediendo también como fuero local a diversas zonas. La Costum es el núcleo originario de los Furs (fueros) de Valência que fueron jurados y proclamados como texto legal común para todo el reino por Jaime I en 1261. Sin embargo, siguió coexistiendo con los fueros locales de origen aragonés en varias zonas. De hecho, los nobles aragoneses insistirán en que se reconozcan esos fueros y será una de las reivindicaciones del levantamiento de la Union. Finalmente, ya en el siglo XIV, los Furs se impondrán como derecho único del reino. A diferencia de Aragón y Cataluña, los Furs de Valência son un código basado en el Derecho Romano.

En Mallorca, mientras tanto, las distintas islas fueron recibiendo sus respectivas cartas de población tras la conquista, con clara influencia del derecho catalán e incluyendo en algunos casos la vigéncia de los Usatges. Las cartas de población fueron ampliándose mediante prácticas judiciales y mediante las ordinacions (ordenanzas) dictadas por los gobernadores y los consells de las islas.

Por último, en cuanto al reino de Portugal, la formación de un derecho territorial es un proceso más tardio. El período que estudiamos aqui está caracterizado por el pluralismo normativo derivado de los fueros; unos fueros portugueses derivados frecuentemente de modelos castellano-leoneses. Durante el siglo XIII los reyes dictaron numerosas leyes y conjuntos de normas que intentarán superar la fragmentación jurídica, pero sin conseguido del todo por la vigéncia de los fueros y costumbres. La primera recopilación oficial de leyes portuguesas, las Ordenaçoes Afonsinas, será bastante posterior de mediados del siglo XV.

3.2.6. Los grupos minoritarios. Judíos y mudéjares

En el estudio de la articulación política y del gobierno de los reinos cristianos es necesario referirse también a las minorias, las comunidades de judios y de mudéjares. Ambas se integran en el sistema político de una manera específica, al margen de la población cristiana mayoritaria. Cristianos, judios y mudéjares convivirán en muchos lugares pero no se mezclarán entre sí. Las comunidades de mudéjares y de judios formarán núcleos cerrados, contando con su propia organización jurídica y política. La especificidad derivaba de la consideración originaria de esos grupos como directamente vinculados al rey y sujetos a su protección. El carácter multicultural que se ha reclamado en ocasiones para los reinos cristianos peninsulares solo lo fue entre ciertas elites intelectuales que recibieron y asumieron la influencia cultural de los otros. Sin embargo, en la mayor parte de los casos la presencia de gentes de distintas culturas y religiones en un determinado lugar no supuso un auténtico intercambio para la mayor parte de la población. La brillantez de algunos intelectuales o la situación de la corte en algunos momentos no son generalizables al conjunto de la sociedad. Este asunto fue objeto de un debate historiográfico en el que participaron Américo Castro y Sánchez Albornoz anos atrás; un debate casi olvidado ya pero que puede recobrar una cierta actualidad. Por otro lado, hay que tener en cuenta que las comunidades judias y las mudéjares presentan algunas características comunes pero también algunas claras diferencias como veremos.

Hacia finales del período que estudiamos aqui, en torno a 1300, muchas ciudades de los reinos cristianos peninsulares contaban con un cierto número, mayor o menor, de población judia. También estaban presentes en núcleos rurales pero su densidad allí, salvo algunos casos excepcionales, era mucho menor. Su estudio debe mucho a algunas obras clásicas entre las que destaca la de Baer (Baer, 1981, l.a ed. hebrea en 1945; Suárez, 1980; Cantera, 1986); con posterioridad, especialmente en las últimas décadas, abundan los estudios sobre las comunidades judias en unos u otros lugares o zonas sobre todo en el período bajomedieval.

Los números son siempre inciertos en esta época, aunque las fuentes fiscales de finales del siglo XIII permiten una mayor aproximación con un cierto grado de precisión. Así, se ha dicho que en esos momentos podía haber unas 100 comunidades judias organizadas en Castilla y más de 30 en León, y se ha calculado la población total de judios entonces en esas zonas en unas 100.000 personas. Destacaba sobre todo la importante judería de Toledo, que quizá integraba a unos 5.000 habitantes. Un volumen excepcional del que estaban muy alejadas el resto de las juderías. Las comunidades hebreas se reparten un poco por todas partes, pero es significativa su escasez en la franja norte del litoral cantábrico y atlântico, donde están casi ausentes, y su abundancia en las zonas de la meseta norte. En Aragón, las fuentes fiscales de finales del reinado de Jaime I nos hablan de 16 comunidades judias organizadas en las ciudades y villas de realengo. La más importante de todas ellas era de la de Zaragoza, que quizá pudiera contar con unas 250 familias, seguida en importancia por las comunidades de Calatayud y Huesca (entre 150 o 180 familias) y a bastante mayor distancia por el resto. Se ha dicho que, en conjunto, los judios aragoneses podían suponer unos 20.000 habitantes, aunque es posible que la cifra fuera algo menor. En Cataluña el volumen de habitantes judios debía ser similar o quizá algo más elevado que en Aragón. Como en las otras zonas, los judios catalanes se concentraban sobre todo en las ciudades, destacando especialmente la judería de Barcelona; la única de la península que podía acercarse en número de habitantes a la de Toledo. Otras comunidades judias importantes eran las de Tarragona, Lérida, Montblanc, Perpiñán, Gerona, etc. En Mallorca y Valência el mayor desarrollo de las comunidades judias es consecuencia de la conquista cristiana y tiene lugar a partir de la segunda mitad del siglo XIII. En Mallorca se instalaron sobre todo en la Almudaina y después fueron estableciéndose en otros lugares y parece que muchos de ellos procedían del norte de África. En Valência están atestiguadas las comunidades judias en la época musulmana en lugares como Denia o la propia ciudad de Valência, donde en vísperas de la conquista cristiana podían vivir unas 160 familias judias. Tras la conquista también se produjo un aumento de la población judia, destacando las comunidades citadas, además de las de Játiva, Castellón, etc. En Navarra las juderías se extendían en torno a dos ejes, el valle del Ebro y el Camino de Santiago. Las comunidades más numerosas estaban en Pamplona, Estella y, sobre todo, en Tudela (Carrasco, 1993). En este último lugar, en el que había tres sinagogas, después de la Peste Negra de mediados del siglo XIV se contabilizan entre 350 y 400 familias judías, alrededor de unos 2.000 individuos; cifra que seria más elevada a finales del siglo XIII y que podría suponer entre el 25 y el 30% de la población de la ciudad. En Portugal una de las primeras comunidades judias documentadas es la de Coimbra. Su presencia se atestigua primero en las ciudades conquistadas a los musulmanes a medida que avanza la conquista cristiana y después más al norte, como en Oporto. Se ha sostenido que la aparición de comunidades judias en determinados núcleos debe entenderse como un signo de desarrollo urbano.

Las comunidades judias son, en parte, el resultado del desarrollo de las comunidades altomedievales en las zonas cristianas o de las que existieron en las zonas musulmanas que después fueron conquistadas. Una población judia que, por tanto, remite parcialmente a tiempos anteriores. Pero el panorama que encontramos hacia finales del siglo XIII también es consecuencia de fenómenos migratorios. Los períodos almorávide y almohade fueron épocas de exacerbación religiosa islámica en al-Andalus y en el norte de África. Ambos movimientos se extienden, aunque no de una forma uniforme, durante un dilatado período de tiempo de unos 200 anos, entre mediados del siglo XI y mediados del siglo XIII aproximadamente. En esa época se produjeron emigraciones de judios a los reinos cristianos peninsulares procedentes de las dos zonas, tanto de al-Andalus como del norte de África. Así, las comunidades preexistentes aumentaron su población y se establecieron también otras muchas nuevas. Otro factor que también se ha señalado es el desarrollo del comercio y, especialmente, el papel del Camino de Santiago, que haría que judios procedentes de otras zonas de Europa se instalaran también en los reinos cristianos de la península. Ese desarrollo de las comunidades judias durante los siglos XII y XIII se produjo en un contexto favorabie que ha llevado a algunos autores a hablar de una edad de oro o una época de esplendor. Un contexto determinado por la coexistencia pacífica con la población cristiana garantizada, además, por la protección regia, todo ello en un marco general de desarrollo económico y comercial. Esa edad de oro se contrapone al período siguiente, a la Baja Edad Media, marcado por el desarrollo del antisemitismo que culminará en violentas persecuciones y, finalmente, en la expulsión de los judios.

En este período no existe por lo general, como sucederá posteriormente, la obligación de que todos los judios de un lugar vivan concentrados en una determinada zona de la ciudad, bien delimitada y diferenciada respecto al resto. Sin embargo, muchos judios se agrupan en determinadas calles formando barrios con una clara personalidad; son las juderías, aún hoy reconocibles en bastantes de nuestras ciudades (Lacave, 1992). Algunos podían vivir dispersos y entremezclados con la población cristiana, pero eran una minoria. Ese agrupamiento era, en parte, una solución de autodefensa ante una población mayoritaria cristiana que, si en esta época no era hostil en líneas generales, si era claramente distante en muchos aspectos. Por otro lado, también era un mecanismo de conservación de las senas de identidad de la población judia, tradiciones, ritos, creencias, etc. Como hemos apuntado, en la mayor parte de los casos los judios formarán una sociedad dentro de la sociedad un microcosmos, sin que se produzca una auténtica mezcla de las poblaciones cristiana y judia. El núcleo de la judería era la sinagoga, el templo, lugar para la celebración del culto, para la reunión de la comunidad y también para el estudio. Generalmente se trataba de edificios no muy suntuosos, de acuerdo con las tradiciones y características del culto judio y también con los limites impuestos frecuentemente por las autoridades cristianas.

Como hemos señalado, los judios no formaban parte de la organización política de los cristianos, excepto en el hecho de que ambos eran vasallos de los reyes, sino que disponían de una estructura organizativa propia y paralela a la de los cristianos. Son las aljamas, el equivalente a los concejos cristianos, que forman las células básicas de la organización política de las comunidades judias. Desde el punto de vista jurídico, los judios se rigen por sus propias leyes contenidas en la Torá y el Talmud y por los privilegios y regulaciones concretos otorgados por los reyes; además, en las aljamas se dictan ordenanzas (taqqanot) en relación con diversos aspectos de la vida local. Durante la Plena Edad Media no hay un modelo predeterminado de organización institucional de las aljamas, sino que esa organización se va desarrollando, sobre todo a lo largo del siglo XIII y posteriormente. Hubo varíantes locales y regionales, pero todas las aljamas alcanzaron finalmente un modelo similar. El centro político y administrativo de las aljamas era el consejo, caracterizado a veces como un consejo de ancianos. Estaba integrado por un número variable de miembros, con frecuencia alrededor de 20; son el equivalente de los jurados y regidores en los concejos cristianos. El consejo surgía de la asamblea, la reunión de todos los judios varones que integraban la aljama, que lo designaba y se reunia también para aprobar o sancionar las cuestiones más importantes. Por su parte, los miembros del consejo dictaban las ordenanzas y nombraban a los oficiales de las aljamas que las dirigían en los asuntos cotidianos. Entre los oficiales más importantes estaban los odelantados o muqaddemin, con funciones fundamentalmente de carácter ejecutivo, encargados de llevar a efecto las disposiciones del consejo; también los miembros del tribunal, el Beth- Din, un tribunal tanto religioso como civil, integrado por varios jueces o dayanim. La ejecución de las sentencias y la aplicación de las penas en los casos más graves correspondia a las autoridades cristianas. En los casos de pleitos entre miembros de las dos comunidades, judios y cristianos, actuaba un juez de cada parte. También son importantes los oficiales relacionados con la recaudación de las tasas e impuestos y con su administración. Por su parte, los rabinos son las máximas autoridades religiosas de las aljamas y, en principio, no intervienen en el desarrollo de la vida política; sin embargo, su autoridad moral les confiere una gran capacidad de mediación y arbitraje y con cierta frecuencia tienen un papel relevante en relación con los conflictos y asuntos más importantes. En relación fundamentalmente con la recaudación de impuestos, pueden celebrarse reuniones de los representantes de las aljamas de un determinado reino o territorio y, en ocasiones, en esas reuniones pueden tomarse disposiciones de carácter más amplio, más allá de los asuntos puramente fiscales. Sin embargo, esas reuniones no alcanzarán un pleno desarrollo institucional.

El modelo descrito representa una visión general que puede presentar diversas variaciones locales. Lógicamente, las aljamas más grandes tienen una organización más compleja y las más pequeñas tienen un desarrollo institucional menor. Las comunidades judias más reducidas no forman una aljama por sí mismas, sino que se integran en otras aljamas mayores próximas. Hay que tener en cuenta que el modelo descrito se irá constituyendo a lo largo del tiempo, a partir del siglo XIII y durante el XIV. También hay que subrayar que, de forma paralela a lo que sucede en los concejos cristianos, igualmente las aljamas judias estarán dirigidas y controladas de hecho por sus habitantes más poderosos y ricos. También aqui se forman oligarquías que unirán a su poder económico el poder político derivado del control de las instituciones de gobierno de las aljamas. En respuesta a las desigualdades sociales y económicas, las aljamas judias también son escenario de tensiones y conflictos; conflictos sociales que a menudo se desarrollan en el ámbito cotidiano pero que en ocasiones adquieren mayor alcance.

La concentración de la población judia en los núcleos urbanos es expresiva de la dedicación artesanal y comercial de la mayoría de sus miembros. Comerciantes y artesanos modestos en su mayoría y en relación con oficios y mercancias diversos. También es frecuente la dedicación a la medicina, tarea en la que algunos judios alcanzaron una gran relevancia. Pero, sin duda, los ámbitos más sobresalientes son los relacionados con las actividades crediticias y financieras y también con las intelectuales. En el campo intelectual destacaron sobre todo dos focos: Toledo, donde algunos judios protagonizaron buena parte de las actividades de la Escuela de Traductores, y Gerona cuya escuela rabínica alcanzó un gran prestigio. Los judios hispanos participaron también activamente en el desarrollo del pensamiento judio a nivel general y en los debates entre las distintas corrientes del judaísmo. Fundamentalmente en el desarrollo de la cábala frente a la interpretación racionalista de Maimónides. Este último, que había nacido en Córdoba aunque desarrolló su vida intelectual en Egipto, es autor, entre otras obras, de la Guia de Perplejos (1190), donde intenta explicar los principios fundamentales de la fe judia a través de la razón, conjugar fe y razón. La difusión de su pensamiento en el sur de Francia y en la península Ibérica dio lugar al surgimiento de una corriente contraría, que ponía el énfasis en la vertiente mística de la religión; es la cábala, en cuyo planteamiento y desarrollo destacaron intelectuales judios castellanos a lo largo del siglo XIII. Las interpretaciones racionalistas se extenderán entre las elites, mientras que las místicas lo harán entre los sectores populares. Mientras tanto, la escuela rabínica de Gerona alcanzará también un gran prestigio y uno de sus representantes, Nahmánidas, será uno de los protagonistas de la llamada Disputa de Barcelona. Se trata de un debate presidido por el rey Jaime I de Aragón que tuvo lugar en julio de 1263 en el que se enfrentaron algunos de los más brillantes intelectuales cristianos y judios en defensa de sus creencias respectivas.

El objetivo último de la Disputa de Barcelona era intentar demostrar, frente al judaísmo, que la única fe verdadera era el cristianismo. En cierta medida, es significativo de un cambio de actitud hacia los judios que terminará plasmándose en el surgimiento o resurgimiento del antisemitismo, que caracterizará el período posterior, pero que ya comenzará a estar presente en la península en las últimas décadas del siglo XIII. De hecho, en el contexto europeo ese cambio comenzó en el concilio de Letrán de 1215 y no es ajeno al reforzamiento doctrinal de la Iglesia en la lucha contra las herejías. Ese cambio se refleja, entre otras cosas, en que ya comienza a imponerse la utilización de signos externos para la identificación de los judios. Alfonso X de Castilla dictó normas que obligaban a una cierta forma de vestir, evitando todo tipo de ostentación, mientras que su contemporáneo Jaime I de Aragón imponía la utilización de señales especiales.

El antijudaísmo no era solo una cuestión de los teólogos cristianos, sino que comenzó a calar en el conjunto de la sociedad. Ese hecho está relacionado también con las actividades financieras de los judios y con su papel como arrendadores y recaudadores de impuestos. En ocasiones se ha exagerado la posición de los judios en esos campos, puesto que no todos los prestamistas eran judios, una actividad a la que no escapaba la propia Iglesia, ni la presencia de judios entre los arrendadores y recaudadores de impuestos fue mayoritaria, salvo en momentos excepcionales. Pero es indiscutible que los judios destacaron en el mundo de los negocios financieros. Las prohibiciones canónicas cristianas sobre la usura, aunque se soslayaban mediante diversos subterfugios, limitaban esa actividad entre los cristianos y sin embargo no afectaban directamente a los judios. A medida que avanza el siglo XIII, sobre todo en la segunda mitad, el asunto de las deudas de los cristianos con los judios irá creciendo en importancia y será objeto de diversas regulaciones, al tiempo, también, que se limitaba la tasa de interés de los préstamos. En Castilla la tasa de interés se limito al 33,3% anual, una cantidad muy elevada que se explica por las condiciones económicas y monetarias de la época, pero que, ante el surgimiento del menor problema, dejaba fácilmente al deudor (frecuentemente cristiano) en manos del prestamista (frecuentemente judio). Esa cantidad se redujo después al 25%, mientas que en Aragón y en Navarra era del 20%; cifras en todo caso elevadas que llevaban a situaciones que eran vistas como una extorsión por los cristianos. Por otra parte, la dedicación al mundo de los negocios llevó también a algunos judios a participaren el sistema financiero de la monarquía actuando como arrendadores y recaudadores de impuestos. Eso generará rechazo también por parte de los cristianos, que acusarán a los recaudadores judios de cometer abusos, y culminará en la imposición de prohibiciones y limitaciones legales. Lo cierto es que los reyes procuraron rodearse con cierta frecuencia de oficiales y administradores judios en un contexto, como hemos visto, de crecientes dificultades financieras de las monarquías. Uno de ellos fue Abraham el Barchilón, judio toledaño arrendador de buena parte de las rentas regias en Castilla durante algunos anos del reinado de Sancho IV a finales del siglo XIII. Tanto en las cortes castellanas como en las aragonesas se procuraron poner limites a la presencia de los judios en la corte y a sus funciones en el sistema fiscal.

Lo que se planteaba como abusos de los arrendadores y recaudadores judios era consecuencia de la búsqueda del beneficio económico en el negocio del arrendamiento. El arrendador pagaba una determinada cantidad al fisco regio a cambio del cobro de un tributo o grupo de tributos y el beneficio radicaba en recaudar una cantidad mayor que la que se había pagado; lógicamente, cuanto mayor fuera la recaudación mayor era el beneficio para el arrendador. El negocio no estaba exento de riesgos y hacía que, finalmente, el recaudador o el arrendador judio apareciera como el responsable del aumento de la presión tributaria. Pero ese aumento era una consecuencia de la política regia que, a su vez, estaba determinada por la necesidad de atender a la creciente presión de la nobleza sobre las arcas regias. De este modo, los arrendadores y recaudadores judios podían aparecer como responsables últimos de una situación que en realidad era mucho más compleja.

El aumento de la presión fiscal de la monarquía también tuvo consecuencias en el sistema de crédito y préstamo judios y, en última instancia, favoreció el desarrollo del antisemitismo. Los judios, como también los mudéjares, estaban sujetos al pago de un tributo específico cuya cuantía aumento a finales del siglo XIII. Se ha dicho que eso llevó a que muchos prestamistas judios ejecutaran las garantias de sus préstamos sobre los cristianos para hacer frente al pago del impuesto; de manera que el sistema crediticio se hizo más gravoso para muchos deudores cristianos, creándose así condiciones favorables para que surgiera o aumentara el sentimiento antijudío. En cualquier caso, resulta claro que los orígenes del antisemitismo no son exclusivamente una cuestión religiosa, sino que debe entenderse en el contexto de la situación social y económica de la época.

Si la imagen tópica de las comunidades judias nos las presenta como comunidades florecientes y pujantes desde el punto de vista económico —algo que, ya hemos dicho, debe matizarse en función de las diferencias internas, puesto que la posición de las elites no puede extenderse al conjunto de la población judía—, la imagen de las comunidades mudéjares es bastante diferente. Frente a esa pujanza económica, hay que destacar, con un carácter general, la situación deprimida de la mayor parte de la población mudéjar y su presencia más abundante en los ámbitos rurales que en los urbanos.

Las comunidades musulmanas se fueron integrando en los reinos cristianos a medida que éstos fueron ampliando sus fronteras y extendiéndose hacia al-Andalus. Las conquistas supusieron la permanencia, en mayor o menor medida, de parte de la población musulmana según hemos ido viendo en las distintas zonas. Además, en las zonas del norte se documenta también la existencia de núcleos o barrios musulmanes que responden a otros fenómenos. Uno de ellos seria la captura de moros cautivos en las expediciones militares; algunos de ellos volvieron a al-Andalus tras el pago de un rescate, pero otros permanecieron en tierras cristianas donde terminaron asentándose. Otro fenómeno seria la emigración, que llevaría a que en algunas zonas del norte se instalaran en los siglos XII y XIII artesanos musulmanes especializados. Son musulmanes que en su mayor parte proceden de zonas sujetas ya a dominio cristiano y que se trasladan a otras zonas más al norte. Así, por ejemplo, se ha detectado la emigración de gentes procedentes de la zona de Toledo a ciertas zonas de la meseta norte. Estos fenómenos explican la presencia de barrios musulmanes, moverías, en zonas del norte donde no había habido nunca una población musulmana significativa o, si la había llegado a haber, había desaparecido mucho tiempo antes. Ese fue el origen de la moreria de Burgos o de otras ciudades del norte. Pero es más significativa y más importante numéricamente la permanencia de población musulmana a medida que avanza la conquista y la expansión de los reinos cristianos (De Miguel, 1988; Ladero, 1989).

La mayor parte de las conquistas se hicieron mediante capitulación y respetando, por lo general, las condiciones de vida de la mayoria de la población musulmana. La evolución posterior fue diversa y determino distintas situaciones en las diferentes zonas, según hemos ido mencionando. En general, a medio y largo plazo, hubo una mayor pervivencia de población musulmana en las zonas aragonesas que en las castellanas. En Toledo las condiciones de la capitulación no fueron respetadas por los cristianos desde los primeros momentos y la población musulmana se fue debilitando durante el siglo XII por la emigración a otras zonas de al-Andalus y, en menor medida, hacia el norte. En las zonas rurales la pervivencia fue mayor, como sucederá también en otras zonas de la península, por el interés de los señores cristianos por asegurar la continuidad en la explotación de las tierras. El fuero de Cuenca ofrecía garantias a la población musulmana y fue utilizado frecuentemente en la zona por las ordenes militares para repoblar y organizar sus amplios señorios. Sin embargo, como hemos apuntado, la densidad de población en La Mancha actual fue débil, tanto antes como después de la conquista. Mientras tanto, la pervivencia de población musulmana en el valle del Ebro fue notable. En algunas ciudades, como en Zaragoza, fueron obligados a abandonar los recintos amurallados e instalarse en barrios extramuros; en otros casos la población musulmana urbana se concentro preferentemente en determinadas zonas, pero sin que esas zonas o barrios estuvieran perfectamente delimitados. Se ha calculado que hacia 1300 en la moreria de Zaragoza podía haber 202 casas con 79 obradores (quizá entre 1.000 y 1.500 habitantes), lo que nos permite hacernos una idea de la evolución de la población musulmana en la ciudad si tenemos en cuenta que en el momento de la conquista cristiana, en 1118, Zaragoza podía tener entre 20.000 y 25.000 habitantes; desde luego, no los 50.000 que algún cronista musulmán señala que abandonaron la ciudad tras la conquista. Las principales ciudades aragonesas como Huesca, Calatayud o Daroca, conservaron sus morerías en esta época o la crearon, como en el caso de Teruel. Pero la pervivencia de mudéjares fue más significativa en los ámbitos rurales en el valle del Ebro, donde permanecieron comunidades importantes (Ledesma, 1980). Lo mismo cabe decir del Ebro navarro, donde se concentraba la población musulmana del reino de Navarra. La moreria de Tudela sería la más numerosa, pero otros pueblos de la zona contaron también con un volumen significativo de pobladores mudéjares.

La permanencia en los núcleos rurales y la debilitación progresiva en los urbanos es una característica que se repite en todas las zonas. También en Andalucía, donde la evolución de la población musulmana tras la conquista, además de responder a esas características, está marcada por la posterior sublevación mudéjar de 1264. Las condiciones favorables de las capitulaciones se rompieron a partir de 1264 y desde entonces la población musulmana se redujo muy sustancialmente por la emigración a Granada o al norte de África (Montes, 1997). La situación inmediatamente posterior a las conquistas fue similar en Andalucía y en Valencia, con la permanencia de buena parte de la población musulmana rural. También en Valência hubo sublevaciones posteriores, según hemos visto, y emigración de algunos sectores pero, a diferencia de Andalucía, las comunidades mudéjares siguieron siendo muy importantes en el campo valenciano aunque, en general, quedaron relegadas a las zonas menos ricas.

En definitiva, al final del siglo XIII nos encontramos con un panorama desigual en las distintas zonas. En general, encontramos morerías urbanas no muy numerosas, herederas de los antiguos habitantes de las ciudades musulmanas o formadas ex novo en los siglos XII y XIII. En cuanto al campo, el panorama es muy diverso, con una pervivencia notable de mudéjares en las zonas de expansión aragonesa, en el valle del Ebro y en el reino de Valencia, mientras que en las zonas castellanas se redujo de una forma muy significativa, sobre todo tras la revuelta de 1264. Muchas comunidades musulmanas de las zonas rurales quedaron sujetas a la dependencia señorial a medida que los señoríos se fueron extendiendo por las zonas conquistadas. En Aragón y en Navarra a los campesinos dependientes mudéjares se les denominará exdricos.

La organización de las comunidades musulmanas en los reinos cristianos es similar a la de las comunidades judías, tomando como base también las aljamas. Aljamas judias y aljamas mudéjares tienen claros paralelismos. Por lo general, los musulmanes conservaron sus oficiales de gobierno según sus propias tradiciones, rigiéndose también por la ley islámica. En Castilla, desde el reinado de Alfonso X se va instituyendo la figura del Viejo Mayor, después denominado Alcaide Mayor, nombrado por el rey y con atribuciones sobre todas las aljamas musulmanas del reino.

En general, la condición económica de los musulmanes en los reinos cristianos fue humilde. Salvo casos excepcionales, no hubo entre ellos elites destacadas como sucedia entre los judios. Los habitantes de las morerías urbanas eran, en su mayoría, artesanos y pequeños comerciantes. Su papel fue especialmente significativo en oficios relacionados con la construcción; ellos protagonizaron el desarrollo de técnicas y formas constructivas y decorativas que se concreto en la arquitectura mudéjar tan característica de algunas zonas. En el campo, los campesinos musulmanes contribuyeron también al mantenimiento y difusión de técnicas agrarias, especialmente las relacionadas con los regadios que habían alcanzado un importante desarrollo en algunas zonas de al-Andalus. Como a los judios, también a los musulmanes se les impuso la utilización de signos externos, en este caso primero en relación con el cabello y la barba, y se les prohibió la utilización de prendas y panos propios de la clase nobiliaria.

Ambas comunidades, judias y musulmanas, estaban sujetas al pago de tributos regios (además de las rentas señoriales en el caso de los sometidos a señorío), aunque en algunas ocasiones los reyes cedieron esos tributos a los señores. Los más significativos son en Castilla el pecho de moros y el de judios y en Aragón la peyta o pecha. Además, en los dos casos se dio la solicitud de ayudas y subsidios extraordinarios. En general, la fiscalidad sobre judios y moros comienza a conocerse a partir de la segunda mitad del siglo XIII, fecha a partir de la cual se conservan documentos fiscales, a veces muy detallados. Se constata también un aumento muy significativo de la presión fiscal sobre ambas comunidades en las últimas décadas del siglo XIII. Tanto en Aragón como en Castilla se trata de tributos encabezados; es decir, se asigna a cada aljama una determinada cantidad (cabeza de pecho, según la terminología castellana) que después era repartida entre los vecinos en función de su riqueza. La contribución de judios y moros a la Hacienda regia era notable en ambas zonas aunque, dada su mayor riqueza en términos generales, los judios destacan claramente sobre los musulmanes. Según algunas estimaciones, judios y moros contribuían aproximadamente al 25% de los ingresos regios en el conjunto de la Corona de Aragón hacia finales del siglo XIII o comienzos del XIV. La parte más importante de esa cantidad correspondia a los judios en Aragón y en Cataluña, mientras que en Valência correspondia a los mudéjares, al tiempo que la participadón total se elevaba allí hasta el 33%. Esa cuarta parte, en términos generales, de los ingresos regios era equivalente al valor de los ingresos obtenidos por el monedaje pagado por los cristianos que, sin embargo, eran mucho más numerosos. Por lo tanto hay que concluir que la presión fiscal era muy superior entre estas comunidades, especialmente sobre los judios. El peso de la presión fiscal hizo que las aljamas judias tomaran disposiciones muy duras contra los que pretendían evitar el pago de impuestos.

En Castilla la conclusion es similar. Las contribuciones de los judios eran muy superiores a las de los mudéjares y la presión fiscal sobre los judios era muy elevada. Las cuentas y los registros fiscales del reinado de Sancho IV permiten una aproximación detallada, especialmente el llamado Padrón de Huete de 1290 que ofrece datos pormenorizados de casi todas las aljamas judias del reino. La contribución anual de los judios estaba por entonces entre los dos millones y dos millones y medio de maravedís, cifra equivalente también a la recaudación de la moneda o a un servido extraordinario pagados por los cristianos.

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Iglesia y cultura

Durante toda la Edad Media la Iglesia ocupa un lugar central en la organización social, económica y política; además proporciona gran parte de la cobertura ideológica que da coherencia al conjunto del sistema. Los habitantes de los reinos cristianos eran vasallos de sus señores y de los reyes, pero también —excepto, claro, los grupos minoritarios que hemos mencionado— eran fieles cristianos. En el período plenomedieval esa doble definición, temporal y religiosa, fue fuente de conflictos en otras zonas de Europa, pero en la península esos conflictos, aunque existieron, tuvieron un grado menor debido, entre otras cosas, al proceso de expansión territorial y a la dinámica de enfrentamientos contra los musulmanes.

Con frecuencia se suele caracterizar a la Edad Media como la edad de la fe. Los hombres medievales aceptarían las creencias religiosas de una forma natural y la religión impregnaria todos los aspectos de la vida de los individuos. Creencias religiosas ortodoxas, conforme a los dictados de la jerarquia eclesiástica, o heterodoxas y disidentes, consideradas como herejías por esa jerarquia. Seguramente hay algo de exageración en esas afirmaciones y algunos estudios han mostrado que las manifestaciones del escepticismo religioso, de la no creencia —ni en la ortodoxia oficial, ni en las desviaciones heréticas— podían ser más frecuentes de lo que se refleja en la visión citada que, por otro lado, es la más extendida entre los historiadores. En cualquier caso, el centro de nuestro interés aqui no se sitúa en torno a la religión y las creencias —algo a lo que también nos referiremos, lógicamente—, sino en torno a la Iglesia y la organización eclesiástica.

Desde la Alta Edad Media, la Iglesia adopta una forma de organización dual. Por un lado, la Iglesia secular nucleada a partir de las diócesis episcopales; por otro lado, la Iglesia regular a partir de los monasterios y las ordenes religiosas. Será ahora, en la Plena Edad Media entre los siglos XI y XIII, cuando esa organización dual se desarrolle plenamente y adquiera unos perfiles que perdurarán largo tiempo (Garcia Villoslada, dir., 1982). En la primera parte de este capítulo analizaremos el proceso de formación y desarrollo de la organización eclesiástica en esas dos vertientes. En la segunda repasaremos brevemente algunas de las principales manifestaciones culturales, cuyo desarrollo estuvo condicionado también por el peso de la religion y de la Iglesia (Nieto y Sanz, 2001).

4.1. La organización diocesana

4.1.1. Diócesis y provincias eclesiásticas

A finales del siglo XIII en los reinos cristianos peninsulares había un total de 50 diócesis episcopales, obispados, que se distribuían en cinco provincias eclesiásticas, archidiócesis, gobernadas por sus respectivos arzobispos. Además, cinco de esas 50 diócesis eran sedes exentas; es decir, sus obispos no dependían de ningún arzobispo sino directamente del papa y del rey. Esa descripción corresponde a un momento determinado en un proceso de evolución largo y complejo. En momentos anteriores la situación había sido distinta, tanto en el número de diócesis como en la vinculación a unas u otras provincias, y la situación se modificará también posteriormente con nuevos cambios y reajustes. Algunas diócesis plenomedievales eran continuidad directa de las del período visigodo. Otras, la mayoría, se vieron afectadas de una u otra manera por la invasion musulmana y fueron restablecidas o restauradas tras la conquista cristiana, restauraciones que también supusieron cambios y modificaciones. Por fin, otras diócesis corresponden a fimdaciones alto o plenomedievales, aunque algunas de ellas se reclamen herederas de otras sedes anteriores desaparecidas. Por el camino también se formaron o restauraron otras que después desaparecieron y no tuvieron continuidad. En definitiva, el proceso de formación y desarrollo de las sedes episcopales no es, en términos generales, lineal y continuo (Mansilla, 1994).

Las cinco diócesis exentas, independientes, que encontramos a finales del siglo XIII son las de Oviedo, Leon, Burgos, Mallorca y Cartagena. Las diócesis de Oviedo y León corresponden a fundaciónes altomedievales, ambas en el siglo IX, y las dos alcanzaron la exención a comienzos del siglo XII. La diócesis de Burgos se formo como tal en las últimas décadas del siglo XI, a partir de un mosaico complejo de sedes y obispos anteriores, y enseguida obtuvo la exención a finales de ese mismo siglo. El carácter de exentas de esas tres diócesis obedece a su importancia en el contexto político de ese período. Las sedes de Mallorca y Cartagena se formaron poco después de las conquistas, en 1232 y 1250 respectivamente. La de Mallorca es una fundación nueva y la exención es una consecuencia de las disputas entre el obispo de Barcelona y el arzobispo de Tarragona que alegaban, ambos, derechos eclesiásticos sobre las islas. La de Cartagena corresponde a la restauración de la antigua sede romana y la exención se produjo en el contexto de la disputa sobre la zona de Murcia entre los reyes de Castilla y de Aragón, que tenía su paralelismo en la disputa también entre los arzobispos de Toledo y Tarragona por incluir la sede de Cartagena en sus respectivas provincias eclesiásticas. Asi pues, disputas eclesiásticas e intereses políticos explican la exención o independencia de esas sedes.

El resto de los obispados se agrupan en las cinco provincias eclesiásticas existentes a finales del siglo XIII, encabezadas por las sedes metropolitanas y dirigidas por sus arzobispos. Son los arzobispados de Santiago, Braga, Toledo, Sevilla y Tarragona. Primero se fundarán o restaurarán las sedes, después se organizarán sus provincias respectivas asignándoles unas u otras diócesis en un proceso en el que abundan las disputas y los conflictos.

La formación de las provincias eclesiásticas refleja el proceso de evolución política de los reinos, aunque con matices. Así, la provincia de Santiago corresponde al ámbito leonés, aunque controlará también algunas diócesis portuguesas. La de Braga corresponde al ámbito portugués y se extiende también a obispados gallegos. La provincia de Toledo corresponderá a Castilla. La de Sevilla, la más tardia, supone la restauración de la antigua metrópoli romana y responde a la conquista de Andalucía Bética extendiéndose por el sur de Portugal. Por último, Tarragona responde también a la antigua capital provincial y sede metropolitana romana y corresponde a la Corona de Aragón, aunque se extiende también a Navarra, el actual País Vasco y La Rioja.

La sede episcopal de Santiago se había formado a partir de la antigua sede de Iria Flavia y alcanzó una gran importancia con el desarrollo de las peregrinaciones a la supuesta tumba del apóstol. A finales del siglo XI su obispo consiguió del papa el traslado definitivo de la sede de Iria a Compostela y la exención respecto de su metropolitano, el arzobispo de Braga, cuya sede había sido restaurada unos anos antes. A comienzos del siglo XII el obispo Gelmírez obtuvo la dignidad arzobispal y a partir de entonces comenzó el proceso de formación de la provincia y la adscripción de sedes episcopales dependientes en disputa con los arzobispos de Braga y de Toledo. Para ello se convirtió a Santiago en heredera de la antigua sede de Mérida y obtuvo el reconocimiento de su carácter de metropolitana sobre los obispados de Ávila y Salamanca, restaurados a finales del siglo XI y comienzos del XII, y más tarde sobre otras sedes que se fueron fundando o restaurando a medida que avanzaba el proceso de expansión territorial: Coria (1142), Ciudad Rodrigo (1168), Plasencia (1189) y Badajoz (1255). Tras largos conflictos primero con los arzobispos de Toledo y después con los de Braga, finalmente el de Santiago vio reconocida también su autoridad sobre la sede de Zamora, fundada en la Alta Edad Media y restaurada a comienzos del siglo XII. La disputa entre Santiago y Braga se extendía también a otras sedes portuguesas; algunas de ellas, como Lamego (1144-1148), Lisboa (1147), Évora (1166) e Idana/La Guarda (1199-1215), quedaron también integradas en la provincia de Santiago. Cuando la ciudad de Mérida fue conquistada en 1230 su sede, cuyos derechos fundamentaban los de Santiago, ya no fue restaurada, manteniéndose así la provincia de Santiago.

La restauración de la sede episcopal de Braga tuvo lugar en 1070 y unos anos más tarde, en 1099 o 1100, se restableció también su carácter de sede metropolitana. A partir de ahí se fue formando su provincia eclesiástica, incluyendo diócesis ya existentes aunque con diversos avatares. Ya hemos mencionado los intentos de controlar la sede de Zamora, disputada por los arzobispos de Braga, Toledo y Santiago y que finalmente pasó a ser controlada por este último. La provincia de Santiago también incluyó las diócesis de Lamego, Lisboa, Idana y Évora, pero Braga retuvo las de Viseo y Coimbra. Sin embargo, la mayor parte de las diócesis dependientes de Braga estaban en territorio gallego y leonés, como Mondoñedo, Lugo, Tuy, Orense y Astorga, además de Oporto en Portugal. Pero otras diócesis que debían corresponderle, como León y Oviedo, obtuvieron la exención y escaparon al control del arzobispo de Braga, o la propia Iria Flavia, que daria origen a la sede de Santiago. Entre finales del siglo XII y mediados del XIII Braga controlo también la sede de Silves, que después pasó a la provinda de Sevilla.

La sede de Toledo fue restaurada en 1088, poco después de la conquista, recuperando su carácter de metropolitana y de sede primada en la península; de manera que los arzobispos de Toledo restaurarán su provinda, heredera de la provincia Cartaginense romana, y procurarán imponer su supremacía entre los restantes obispos y arzobispos peninsulares. Ambas cosas dieron lugar también a disputas y enfrentamientos; ya hemos mencionado algunos de ellos en relación con Santiago y Braga. A la provincia de Toledo se incorporo la diócesis de Palencia, que había sido restaurada en la primera mitad del siglo XI, y después las de Osma (1088), Segovia (1119), Sigüenza (1124), Cuenca (1179), Albarracín-Segorbe (1172-1219), Baeza-Jaén (1228-1246) y Córdoba (1236). En cuanto al carácter de sede primada, que en teoria situaba al arzobispo de Toledo como primera autoridad religiosa en la península, en la práctica tuvo escaso contenido más allá de la autoridad moral y el título honorífico.

En 1249, meses después de la conquista, se restauro la sede de Sevilla. Algunas de las sedes dependientes que le correspondían, como Córdoba, ya había sido asignada a Toledo, de manera que la provincia de Sevilla quedo formada entonces por el obispado de Cádiz, como heredero del de Medina Sidonia (1266), y el obispado de Silves en el Algarve portugués. La sede de Silves corresponde a una fundación nueva realizada por el rey Sancho I de Portugal en 1189; entonces quedo asignada a la provincia de Braga hasta 1252, aunque en disputa con Santiago. Tras haber sido recuperada por los musulmanes, cuando volvió a ser conquistada de nuevo por Alfonso X de Castilla, a mediados del siglo XIII, la sede episcopal se incorporo a la provincia de Sevilla.

Las diócesis de Aragón y Cataluña más las de Pamplona, La Rioja y Valência se integraron en la provincia de Tarragona. Algunas de estas diócesis no habian interrumpido sus nóminas episcopales y otras fueron restauradas en la Alta Edad Media, mientras que otras fueron restablecidas a medida que fueron avanzando las conquistas. En los condados catalanes los obispados de Urgell, Vich, Gerona y Barcelona dependian del arzobispo de Narbona, a cuya provincia fueron asignados al ser restaurados en los siglos VIII y IX, aunque no faltaron intentos de independizarse formando una provincia propia. Sin embargo, eso no se haría realidad hasta la restauración definitiva de la diócesis y sede metropolitana de Tarragona a partir de 1118. En las décadas siguientes se irá formando la provincia con las sedes señaladas y otras que se fueron restaurando como Tortosa (1118-1148), Lérida (1149) o Valência. Esta última había sido restaurada temporalmente en los anos de la conquista del Cid a finales del siglo XI y defmitivamente ya tras la conquista de 1238. La restauración de la sede de Lérida en 1149 supuso el traslado y la desaparición de la anterior sede de Roda-Barbastro. Las diócesis aragonesas que se incorporaron a la provincia de Tarragona fueron las de Huesca (1096), Zaragoza (1118) y Tarazona (1120), las tres restauradas inmediatamente después de las conquistas. Como en el caso de Lérida, la restauración de Huesca supuso también el traslado de la anterior sede de Jaca. Posteriormente, los conflictos entre las sedes de Huesca y de Lérida sobre los limites diocesanos serán frecuentes e intensos. En el territorio navarro constan obispos de la sede de Pamplona desde el siglo IX, que se incorporo a la provincia tarraconense hasta que obtuvo el carácter de sede exenta ya a finales del siglo XIV. Los reyes pamploneses conquistaron también el Ebro riojano y en el siglo X restauraron el obispado de Calahorra, primero con sede en Nájera y después, desde mediados del siglo XI tras la conquista, en la propia Calahorra. En el siglo XIII los obispos de Calahorra trasladaron su residencia a Santo Domingo de la Calzada, que pasó a compartir la titularidad de la sede con Calahorra.

La fundación o restauración de las diócesis y la formación de las provincias eclesiásticas obedece a las necesidades de organización de la Iglesia, pero también es un proceso político. Los obispos y arzobispos no son solo líderes religiosos, sino también agentes políticos. Una acción política que no es ajena a su configuración igualmente como poderosos señores que disponen de amplios dominios.

Los arzobispos pueden intervenir en el conjunto de las diócesis que forman su provincia y sobre la que ejercen su jurisdicción. Esa intervención se expresa mediante la celebración de concilios provinciales que reúnen, bajo la dirección del arzobispo correspondiente, a los principales eclesiásticos de cada provincia; y también mediante las atribuciones jurisdiccionales de los arzobispos por encima de las de los obispos. Pero en este período ambos aspectos tendrán una importancia relativa y la mayor capacidad de intervención de los arzobispos derivará de la consagración de los obispos de sus sedes dependientes. Un asunto, el de la designación de los titulares de las sedes episcopales, que será central en todo el período, como veremos.

El establecimiento de las diócesis y las provincias representa la territorialización de un entramado muy sólido de relaciones de poder con un amplio contenido: religioso y eclesiástico, por supuesto, pero también político y económico. No es difícil imaginar, por tanto, que su formación dio lugar a abundantes conflictos en los que intervinieron numerosos agentes interesados. Hemos mencionado algunos al hablar de la formación de las provincias eclesiásticas, en los que se enfrentaron varios arzobispos en conflictos que se alargaron a veces durante mucho tiempo. También la formación de las sedes episcopales fue un proceso plagado de enfrentamientos y disputas en muchas ocasiones. En esos conflictos intervinieron los obispos y arzobispos, claro está, pero también los reyes y los papas.

Una de las claves del proceso son los intentos de reforma de la Iglesia desde la segunda mitad del siglo XI. La llamada Reforma Gregoríana por el impulso dado por el papa Gregorio VII. Una reforma con pretensiones muy amplias, abarcando diversos aspectos; entre los más importantes, la lucha contra la corrupción del clero —manifestada, por ejemplo, en la compraventa de cargos eclesiásticos— y la unificación y centralización de la Iglesia bajo el gobierno pontificio. En ambos aspectos se darán pasos importantes, pero continuarán en el programa de reformas posteriores. Para alcanzar un mayor grado de unificación y centralización en el gobierno de la Iglesia era necesario acabar con la influencia de los poderes laicos, reyes y nobles, en muchos ámbitos eclesiásticos. Ese es el origen de la llamada Querella de las Investidurasy que enfrento a los papas con los emperadores germanos, y también con varios reyes del Occidente europeo, en torno a la designación de los obispos. En el fondo del asunto estaba la lucha por la supremacía entre el poder eclesiástico y el poder civil.

En la península, la reforma de la Iglesia desde el siglo XI siguió un camino en parte coincidente y en parte distinto al de otras zonas de la Europa cristiana. No hubo, en líneas generales, un enfrentamiento entre los reyes cristianos peninsulares y los papas, sino apoyo mutuo en el contexto de la expansión territorial frente a al-Andalus. Ya vimos como reyes de Aragón y de Portugal se declararon vasallos de la Santa Sede, utilizando el vasallaje pontificio como un instrumento de afirmación y consolidación política.

En Cataluña las asambleas de Paz y Tregua sirvieron para el desarrollo y la consolidación de los poderes eclesiásticos y también de los condes de Barcelona. En León y Castilla el concilio de Coyanza (Valência de Don Juan, en León) en 1055, antes de la reforma pontificia, impulsado por Fernando I, estableció las primeras disposiciones tendentes a terminar con la propiedad de las iglesias por los laicos. El objetivo no se alcanzó inmediatamente ni de forma plena, pero se dieron pasos muy importantes para el desarrollo del poder eclesiástico a partir de una estructura de gobierno episcopal. Los obispos irán adquiriendo el control sobre un buen número de iglesias y monasterios locales iniciándose el proceso de territorialización de las diócesis. Los nobles laicos mantuvieron todavía el control de muchas iglesias y monasterios, transformando sus derechos de propiedad en derechos de patronato, pero el objetivo ya estaba establecido. En este sentido, la reforma de la Iglesia en León y Castilla fue relativamente independiente de los procesos que poco después se llevarían a cabo por iniciativa pontificia. Pero la Reforma Gregoríana sí influyó decisivamente en otros cambios en las últimas décadas del siglo XI. El más importante fue la unificación de los ritos litúrgicos, suprimiendo los ritos de tradición peninsular e imponiendo los ritos romanos. El cambio contó con la oposición de sectores importantes del episcopado, tanto en Aragón como en Castilla. La Crónica Najerense, elaborada a mediados del siglo XII, narra algunos aspectos de la introducción de los nuevos ritos en Castilla y León. Señala la celebración de un concilio en Burgos presidido por el legado pontificio, el cardenal Ricardo. Se trata del concilio de Burgos de 1080. El texto de la crónica muestra claramente el apoyo del rey Alfonso VI, pero también refleja las disputas y los conflictos en torno al cambio de liturgía. Narra igualmente la crónica cómo se recurrió a una ordalía, el juicio de Dios, para resolver esas disputas. La crónica sitúa los acontecimientos en 1077. El Domingo de Ramos de ese ano se enfrentaron en Burgos dos caballeros en un duelo en defensa de cada uno de los ritos; uno representaba al rey pro lege romana y otro caballero castellano luchaba pro lege toletana. Triunfo el caballero castellano, pero el asunto no quedo zanjado y hubo de celebrarse una nueva ordalía, ahora del fuego. Los dos libros, el que contenía la liturgía romana y el que contenia la liturgía tradicional hispaña (toletana), fueron arrojados a una gran hoguera; el que no resultara dañado por el fuego seria el vencedor. El libro que contenia el rito hispano salto del fuego eludiendo las IIamas, pero el rey volvió a arrojarlo a la hoguera de una patada.

Finalmente, con el apoyo de los reyes, se impuso la liturgía romana, tanto en León y Castilla como en Aragón y Navarra. El cambio de rito no era solo una cuestión simbólica, aunque también lo fuera, puesto que significaba y contenia otros cambios en la organización de la Iglesia. Cambios inspirados por Roma, pero también por el monasterio de San Pedro de Cluny en Francia, ya que los monjes cluniacenses, con el apoyo de los reyes, desempeñaron un papel muy relevante en las transformaciónes eclesiásticas de este período. Cambios litúrgicos y organizativos protagonizados por clérigos francos que aportan un bagaje cultural diferente, europeo se ha dicho en muchas ocasiones. Ellos traerán también un tipo de escritura nuevo en muchas zonas de la península, la letra carolina francesa, que termino por imponerse también sustituyendo a la antigua visigótica en León, Castilla, Aragón y Navarra, puesto que en los condados catalanes ya se venía utilizando la carolina desde hacía tiempo.

En ese contexto comienza a desarrollarse el proceso de fijación y territorialización de las sedes episcopales; un proceso que afecta a las sedes ya existentes y que se extiende en la restauración y el establecimiento de nuevas sedes a medida que avanza la expansión territorial de los reinos. Un proceso que, según venimos insistiendo, no es exclusivamente eclesiástico, sino también político, puesto que forma parte del propio proceso de consolidación y desarrollo del poder monárquico. Cuando los reyes apoyan ese proceso e intervienen en él de diversas maneras, están organizando y consolidando también en alguna medida su propio poder.

La fijación y territorialización de las diócesis, el ámbito de actuación de los obispos, dio lugar a numerosos e intensos conflictos que fueron especialmente importantes durante el siglo XII. Conflictos entre obispos y también entre obispos y abades. La delimitación del territorio de una diócesis, o la formación de una nueva sede, daban lugar al establecimiento de largos conflictos con los obispos vecinos por la disputa sobre unos u otros territorios. Los conflictos son muy numerosos, muchas diócesis se vieron inmersas con mayor o menor intensidad en este tipo de enfrentamientos. A veces las disputas alcanzaban un contenido político de primer orden cuando, por ejemplo, las zonas en discordia se extendían por reinos distintos o por ámbitos políticos diferenciados. Sucedía a la hora de establecer las provincias eclesiásticas y sucederá también con los limites entre las diócesis. Por otro lado, los obispos debían hacer efectivos sus derechos eclesiásticos, la jurisdicción episcopal, en el ámbito territorial de sus diócesis. A partir del concilio de Coyanza se fue transfiriendo progresivamente la propiedad de iglesias y monasterios en manos de los laicos a otras instituciones eclesiásticas, fueran obispados o monasterios; de manera que los conflictos entre obispos y propietarios laicos de iglesias y monasterios, aunque existieron, no fueron muy abundantes. Pero si lo fueron, abundantes e intensos y en ocasiones violentos, los conflictos entre los obispos y los grandes monasterios y abadias. Los monasterios, en muchos casos, consideraban que podian ejercer derechos eclesiásticos sobre los lugares que se integraban en sus dominios y señorios, unos dominios de los que formaban parte numerosas iglesias y monasterios locales. De manera que los obispos se encontraron con la oposición de los abades y fueron frecuentes los conflictos. Tanto las disputas en torno a los limites de las diócesis como las que enfrentaron a los obispos con los abades de los monasterios más poderosos se extendieron a veces durante períodos muy prolongados, pero fueron especialmente significativas durante el siglo XII. Así, puede considerarse a ese período, el siglo XII, en lineas generales, como un momento importante en el proceso de territorialización de la organización eclesiástica diocesana. También en el siglo XIII hubo conflictos, pero el proceso ya habia alcanzado un desarrollo notable, de manera que éstos tuvieron entonces un carácter más puntual, menos extendido, aunque en ocasiones siguieron expresándose de forma violenta.

La razón de que ese proceso fuera conflictivo es que tenía un claro componente económico. Se trataba de delimitar ámbitos de jurisdicción eclesiástica, donde unos u otros, obispos y abades, ejercían sus funciones pastorales sobre la comunidad de fieles mediante la cura de almas; es decir, básicamente, el nombramiento de los clérigos que atendían el culto en las iglesias y parroquias locales, y la supervision de sus actividades conforme a las normas canónicas. Pero también se trataba, y esto es fundamental para entender la dinámica de los conflictos, de establecer y determinar los ámbitos para la recaudacion del diezmo.

El diezmo corresponde al pago a la Iglesia de la décima parte de la producción agraria y ganadera. Tiene raices muy antiguas, pero en los reinos cristianos peninsulares se generalizo durante el siglo XII. Era una renta tan sustanciosa para sus beneficiarios como gravosa para los campesinos. Se pagaba alrededor del 10% bruto de la producción agraria y ganadera, lo que hacia que en anos de malas cosechas el peso del diezmo en las economias campesinas aumentara notablemente. Una formula teórica de reparto del diezmo era la siguiente: un tercio para el obispo y las instituciones diocesanas, otro tercio para el sostenimiento del clérigo o clérigos locales y otro tercio para la fábrica de la iglesia, es decir, para el mantenimiento de la iglesia y del culto. Más tarde, desde mediados del siglo XIII, las dos terceras partes del tercio correspondientes a la fábrica —es decir, dos novenos del total del diezmopasaron a manos del rey, formando las tercias regias que ya hemos mencionado al hablar de la fiscalidad regia. En la práctica la distribución del diezmo presenta muchas variaciones, con la participación también de los patronos y propietarios laicos de las iglesias y de los señores de los lugares —que frecuentemente coincidían— y con la participación, en sustitución del obispo, de abades y monasterios. Por encima de la casuística concreta de su distribución, muy diversa no solo entre las distintas zonas sino a veces entre lugares próximos, se trata de una renta muy importante, cuya generalización fue fundamental en el proceso de organización de las diócesis y que subyace detrás de muchos de los conflictos que se generaron en ese proceso.

La resolución de esos conflictos hizo que cada diócesis adquiriera sus propios perfiles, tanto territoriales como en su estructura interna. Aunque los conflictos fueron largos e intensos, resolverlos interesaba finalmente a todos. En la busqueda de acuerdos, a veces dificiles de alcanzar, intervinieron los reyes y, sobre todo, los papas, mediante resoluciones directas o a través de la actuación de legados pontificios, cuya presencia en la península fue frecuente en los siglos XII y XIII.

4.1.2. La organización diocesana

Al mismo tiempo que se va desarrollando ese proceso de restauración y territorialización de las sedes episcopales, también las diócesis se irán organizando internamente conforme a un modelo jerárquico que perdurará largo tiempo. La célula básica de esa organización es la parroquia; un grupo de parroquias de una zona determinada formarán un arciprestazgo a cuyo frente se sitúa el arcipreste; por encima están los arcedianos; y en el nivel superior el obispo y el cabildo. Una jerarquia de clérigos determinada por sus funciones eclesiásticas y también por la tasa de participación en el diezmo. Esta forma de organización se va estableciendo progresivamente, aunque en muchas zonas el proceso es un tanto oscuro y aparece en la documentación ya bastante perfilada en el siglo XIII.

Los obispos encabezan y dirigen el conjunto de la organización diocesana. Como consecuencia de los intentos unificadores y centralizadores de la Reforma Gregoríana, el II concilio de Letrán en 1139 estableció claramente que la elección de los obispos debía corresponder a los cabildos catedralicios que, a esos efectos, adquirían el carácter de representantes de la comunidad de fieles; posteriormente, los obispos electos debían recibir la consagración por el arzobispo, el propio papa o el legado pontificio. El concilio determinaba además ciertos requisitos que debían reunir los candidatos en cuanto a edad, formación, etc. Sin embargo, la designación delos obispos era un asunto político de primer orden y, frecuentemente, también un asunto económico; de manera que las cosas distaron mucho de seguir el modelo determinado en el concilio. Los intereses detrás de la designación del titular de una sede episcopal eran muchos y diversos y, en consecuencia, también lo eran los agentes que participaban en ella: el rey, el papa y los legados pontificios, el arzobispo correspondiente, otros obispos, los miembros del cabildo y los poderosos de cada zona, tanto nobles como miembros de las oligarquías urbanas. Los intereses de unos u otros y, por lo tanto, su posición en cada caso, podían variar en función de multitud de situaciones concretas, y con ellos el juego de alianzas y enfrentamientos. Los reyes no renunciaron nunca a controlar la designación de los obispos. Nieto Soria ha estudiado las relaciones entre la monarquía y el episcopado en Castilla en el período entre 1250 y 1350 y sus conclusiones, que con algunos matices pueden hacerse extensivas al conjunto del período que estudiamos aqui y a los otros reinos peninsulares, no pueden ser más expresivas:

       A partir de los datos manejados parece patente la presencia de una política real dirigida a mantener un control lo más estrecho posible de lo que era un elemento clave con vistas a conseguir un cierto dominio sobre el conjunto de la Iglesia castellano-leonesa, las elecciones episcopales. Bien a través de la influencia sobre los cabildos catedralicios, en los que frecuentemente poseían algún representante de probada fidelidad, bien a través de la mediación ante los pontífices, los monarcas pretendieron ir colocando en las sedes más significativas a personajes eclesiásticos de toda su confianza, consiguiendo seguramente un alto porcentaje de éxitos en esta aspiración (Nieto Soria, 1988: 205).

Los intereses de los reyes y de los papas coincidían en muchas ocasiones y, de hecho, los papas sancionaron y apoyaron las pretensiones regias con frecuencia. Pero otras veces sus intereses fueron divergentes y apoyaron a candidatos diferentes. Tampoco los intereses de los arzobispos coincidían siempre con los de los reyes ni, a pesar de lo que pudiera parecer, con los de los papas, y no faltaron casos de conflictos entre ellos. Los obispos de las sedes menos ricas aspiraban frecuentemente a acceder al control de diócesis más poderosas, de manera que los obispos de otras sedes también intervinieron en las designaciones en las sedes vacantes. La participación de los nobles y miembros de las oligarquías derivaba de su interés por situar en puestos eclesiásticos destacados a miembros de sus grupos familiares; el poder económico y social del obispo, tanto en la ciudad como en el conjunto de la diócesis, lo situaba frecuentemente en el centro del juego de poderes e intereses locales y comarcales.

El ámbito donde confluían todos esos intereses, y donde se desenvolvia el juego de alianzas y enfrentamientos que subyacían a las elecciones episcopales, era el cabildo catedralicio. Los miembros del cabildo tenían un papel protagonista en la elección del obispo según la teoria establecida por los cánones conciliares, excepto en algunos casos reservados directamente al rey o al papa. En la mayoría de los casos a través de los canónigos se expresaban los intereses y las posiciones de los grupos y sectores que hemos mencionado. El resultado fue muy diverso en función de las situaciones concretas; no era difícil encontrar tanto aliados como enemigos en los distintos contextos. Casi siempre se impusieron los más poderosos, los reyes y los papas. Tampoco la sucesión episcopal dio lugar siempre a grandes tensiones o, al menos, no siempre han quedado documentadas; pero no faltan ejemplos de dobles elecciones, de obispos electos que nunca fueron consagrados, de designaciones que no respetaban las normas canónicas, etc.

En cualquier caso, dada la posición política, social y económica de los obispos, la mayoría procedían de los grupos dominantes en la sociedad feudal. De las oligarquías urbanas y de la nobleza media o inferior en los casos de las sedes menos ricas y poderosas, de la alta nobleza en las sedes más importantes. Entre los miembros de la más alta nobleza es frecuente también encontrar a miembros de la familia regia desarrollando una carrera eclesiástica, ocupando sedes y acumulando cargos y prebendas que les permitían disponer de rentas abundantes y ejercer una acción política protagonista. Un buen ejemplo lo representa a mediados del siglo XIII el infante don Felipe, hijo precisamente del rey Fernando III, el Santo de Castilla y Leon. A la edad de unos 12 anos fue nombrado canónigo de Toledo y poco después canónigo también de Burgos y de Valladolid y abad de la abadia de Castrojeriz en Burgos. A los 16 anos fue elegido también abad de Santa Maria de Valladolid, acumulando cargos y prebendas con la anuencia del papa. Continuo recibiendo otros beneficios eclesiásticos y en 1246, con 18 o 19 anos, fue elegido obispo de Osma —la edad mínima debía ser de 30 anos según las normas canónicas- aunque no llegó a recibir la consagración. Poco después obtuvo la abadia de Covarrubias en Burgos y en 1252, con unos 25 anos, fue elegido arzobispo de Sevilla, hasta que en 1258 abandono el estado eclesiástico para casarse primero con la infanta Cristina de Noruega y después con Leonor Rodríguez de Castro y participar, más adelante, en las rebeliones nobiliarias contra su hermano Alfonso X de Castilla. Su caso, bien conocido, no es en absoluto excepcional. En todos los reinos encontramos frecuentemente a miembros de la familia real ocupando cargos eclesiásticos destacados a lo largo de todo el período.

Junto al obispo, en el nivel superior de la organización diocesana, se encuentra el cabildo catedralicio. Desde antiguo los obispos viven y actúan rodeados de un conjunto de clérigos. Durante la Alta Edad Media bastantes obispos estuvieron vinculados a monasterios; después, en paralelo al proceso de desarrollo de las diócesis, se fueron formando y estableciendo también los cabildos. Los canónigos que los integran atienden el culto en la iglesia principal de la diócesis, en la catedral, y auxilian al obispo en sus tareas pastorales de diversas maneras; además, como hemos visto, tienen un papel muy importante en la designación de los obispos. Los cabildos se fueron organizando también a lo largo de un proceso y en el siglo XIII vemos que han alcanzado ya un desarrollo y unos perfiles característicos. Los elementos principales de ese proceso son tres: la separación de los bienes del obispo y el cabildo, el establecimiento de normas para regular la vida en común de los clérigos del cabildo y la formación de una jerarquia capitular.

En algunas diócesis desde finales del siglo XI se observan ya actuaciones tendentes a determinar, dentro del conjunto de los bienes de la diócesis, qué bienes se asignan al obispo y qué bienes se asignan al cabildo. De alguna manera, el cabildo se hace autónomo del obispo en los aspectos económicos, al menos parcialmente. Hay una división en mesas; unos bienes se asignan a la mesa episcopal y otros a la mesa capitular. El término alude al carácter de mantenimiento que justifica y explica en términos religiosos la posesión de esos bienes y rentas. Como cabe imaginar, la separación de las mesas también dio lugar a disputas y conflictos entre las dos partes interesadas. La asignación de bienes al cabildo es paralela también a su propio proceso de organización interna. Un elemento importante en esa organización fue la adopción de la regia de San Agustín por parte de bastantes cabildos catedralicios, que comenzó a finales del siglo XI y se extendió durante el siglo XII. Otros cabildos no adoptaron ninguna regia, sino que se organizaron conforme a las disposiciones canónicas.

La organización interna de los cabildos catedralicios supuso el establecimiento de una determinada jerarquia. Al frente del cabildo se sitúa el prior o el deán. El número de canónigos de cada cabildo era diverso y cambio también con el tiempo, generalmente para ir aumentando. En Santiago de Compostela a mediados del siglo XIII había 86 canónigos, 60 en Palencia y en Oviedo, 50 en León, 40 en Burgos y en Segovia, 26 en Salamanca, 13 en Ávila, etc. No todos los canónigos eran iguales; algunos tenían asignadas determinadas misiones en relación con la liturgía —cantor— o la escuela catedralicia —magister scholarum—; otros tenían atribuciones en el gobierno territorial de la diócesis, como los arcedianos; entre el resto de los canónigos se distingue también en ocasiones entre mayores y menores; en fin, junto a los canónigos, también forman parte de los cabildos un número variable de personas con una posición secundaria, los racioneros.

Los miembros del cabildo tienen asignada una participación en el conjunto de las rentas generadas por los bienes que se integran en la mesa capitular, el diezmo y los diversos bienes y derechos de que pudiera disponer el cabildo: vasallos y derechos señoriales, patrimonio rural y urbano, participación en rentas regias, etc. Esa asignación, denominada prebenda, constituye una renta vitalicia y era distinta en fiinción de la posición de cada uno en la jerarquia capitular. Un texto de 1206 recoge como era la organización de la diócesis de Palencia a esos efectos y nos puede servir como ejemplo. Probablemente en un contexto de disputa entre el obispo y el cabildo, en 1206 ambas partes eligieron a dos jueces árbitros que calcularon que el total de las rentas de la diócesis ascendia en esos momentos a 15.570 maravedís anuales. Los árbitros asignaron 6.725 a la mesa episcopal y 8.845 a la mesa capitular; también detallaron como debían repartirse las rentas, las prebendas, entre los miembros del cabildo ofreciéndonos, además, información detallada sobre su composición. Tenian la consideración de miembros del cabildo catedralicio los abades de tres abadias de canónigos regulares de la diócesis (Husillos, Hermidas y Lebanza); además, en el cabildo habia cuatro arcedianos a los que se asigna una renta anual de 200 maravedís cada uno; otros 200 maravedís para los canónigos que ejercían las funciones más importantes: el sacristán, el cantor y el maestrescuela; mientras tanto, el deán percibiria una renta de 300 maravedís, en correspondencia con su posición jerárquica superior; el resto de los canónigos, hasta alcanzar la cifra total de 60, se dividia en tres categorías: habia 20 canónigos que habrían de recibir una renta anual de 100 maravedís cada uno, otros 20 una renta de 50 maravedís y 9 canónigos 25 maravedís; además habia otros 12 racioneros que recibirían una renta anual de 10 maravedís.

En las distintas sedes, la organización interna diocesana fue formándose a lo largo de un proceso más o menos largo. El siglo XII es todavía un momento de formación, mientas que en el siglo XIII es bastante frecuente la elaboración de textos normativos, estatutos, constituciones u ordinationes, que reflejan ya una organización diocesana prácticamente completa y recogen la estructura y la composicion de los cabildos. En el establecimiento de constituciones y normas, en la fijación de la organización de los cabildos, destaca la tarea del cardenal Gil Torres en Castilla a mediados del siglo XIII. A él se deben las constituciones de las diócesis de Salamanca, Ávila, Burgos, Calahorra, Plasencia, Segovia, Córdoba, Cuenca y quizá también Ciudad Rodrigo.

La jurisdicción del obispo se extiende sobre todo al territorio de la diócesis —con la salvedad, ya expuesta, de los lugares sujetos a la jurisdicción eclesiástica de monasterios u ordenes militares—, pero las diócesis se dividen también en distritos, arcedianatos, donde actúan los arcedianos como delegados de los obispos. Su número es variable en función de la extensión el territorio de la diócesis. Hemos visto como la diócesis de Palencia se dividia en 4 arcedianatos, 4 también tenía la de Salamanca, 3 las de Ávila y Segovia, las de Burgos y León tenían 6, Orense 5, etc. Los arcedianos eran miembros destacados de los cabildos y no era raro que entre ellos se eligiera a los obispos. En algunas diócesis los arcedianatos estaban subdivididos a su vez en arciprestazgos, a cargo del arcipreste, que reunían un cierto número de parroquías de una zona determinada. El esquema jerárquico completo más frecuente del gobierno territorial diocesano seria obispo/arcediano/arcipreste/párroco; sin embargo, en el siglo XIII no en todas las diócesis se había desarrollado esa estructura completa. La división en arciprestazgos parece generalizarse en un momento posterior. También posteriormente el título de arcediano fue adquiriendo un carácter honorífico y económico y perdiendo funciones de gobierno eclesiástico.

Como hemos señalado, el principal elemento económico que daba contenido a la organización diocesana era el diezmo y su recaudación se realiza a través de las parroquias que se configuran como las células básicas de esa organización, situadas en el nivel inferior de la estructura jerárquica de las diócesis. Es ahora, en la Plena Edad Media, cuando se conforma lo que algunos autores denominan la parroquia clásica, por contraposición a la situación en los períodos anteriores, antiguo y altomedieval, y en referencia a que su definición y sus características perdurarán largo tiempo. Sus componentes, aunque los distintos autores ponen el énfasis en unos u otros aspectos, pueden resumirse en los siguientes: el lugar de culto, el territorio, los fieles, el clérigo o clérigos y el patrimonio necesario para sostener el templo y el culto.

La formación de la red parroquial es paralela y forma parte del proceso de territorialización y organización de las diócesis. La parroquia es el primer ámbito donde se realiza la actividad pastoral de la Iglesia, la cura de almas, concretada en la administración de los sacramentos por el párroco y los clérigos adscritos. Los fieles cristianos deben atender la liturgía y recibir los sacramentos en su parroquia correspondiente, de manera que es necesario delimitar el ámbito territorial de cada parroquia. Ya hemos visto en el capítulo 1 la relación entre la formación de la red parroquial y los concejos. Por lo tanto, un ámbito territorial definido para la actividad pastoral y también para la recaudación de rentas. La más importante es el diezmo, según hemos señalado, pero también hay que tener en cuenta otras rentas derivadas generalmente de la administración de los sacramentos, los llamados derechos de estola o rentas de Iglesia, tanto voluntarios como obligatorios: misas, aniversarios, limosnas, etc. La más sustanciosa entre esas rentas era la que derivaba de los enterramientos, lo que dio lugar a no pocos pleitos entre instituciones eclesiásticas disputándose el enterramiento de los fieles.

4.2. Órdenes religiosas e intentos de reforma de la Iglesia

Durante la Plena Edad Media, en paralelo a la organización diocesana, se desarrolla también la estructura de la Iglesia regular. Las órdenes monásticas y después las mendicantes se extienden en una red densa de monasterios y conventos. No serán completamente ajenos a la organización diocesana y en algunos casos los obispos conservarán derechos de supervision, de visita, de los monasterios. Sin embargo, las órdenes monásticas y mendicantes tendrán también su propia estructura organizativa paralela a la de la Iglesia secular.

La fundación de monasterios y conventos responde también a que las distintas órdenes representan otros tantos movimientos de reforma, de búsqueda de una mayor adecuación a los ideales de la vida cristiana. Ideales que, frecuentemente, encontraban un reflejo muy lejano en las instituciones existentes, e ideales que no tardaban en ser traicionados propiciando el surgimiento de nuevas órdenes (Atienza, 1994). Los monasterios de las órdenes del grupo benedictino —benedictinos, cluniacenses y cistercienses— aspiraban a ser el mejor ámbito para el desarrollo de la vida cristiana centrada en la oración y el trabajo, pero se constituyeron como poderosos, a veces poderosísimos, señores. La acumulación de riquezas, la participación muy activa en los asuntos mundanos, la configuración de los claustros como ámbitos donde también se disputaba por las rentas procedentes de los vasallos campesinos, los alejaba de aquel ideal religioso. Surgieron así nuevas órdenes, ahora conventuales o mendicantes, vinculadas al desarrollo de la vida urbana. Responden a nuevas realidades sociales y económicas que demandan también nuevas formas de religiosidad. Una religiosidad que desde el siglo XI y sobre todo en el XII venía expresándose en movimientos que rechazaban la acumulación de riquezas por la Iglesia, como algo ajeno y contrario al modelo evangélico, y reclamaban la pobreza voluntaria como una via de santidad. Esos movimientos disidentes amenazaban la posición de la jerarquia eclesiástica y fueron rechazados por la Iglesia oficial, que los consideraba herejías. Algunos movimientos heréticos, como los cátaros, alcanzaron gran extensión en ciertas zonas de Europa. Las principales órdenes conventuales de esta época, dominicos y franciscanos, surgirán influidas por ese contexto. Bien por su orientación a la lucha contra la herejía, como los dominicos, bien asimilando parte de las propuestas de los movimientos de pobreza voluntaria, como los franciscanos.

4.2.1. Cluniacenses

Durante la Alta Edad Media el monacato benedictino se fue extendiendo por los territorios cristianos del norte de la península Ibérica. Sus orígenes se remontan a la fundación del monasterio de Montecasino por Benito de Nursia en el siglo VI para el que elaboro una regia, un conjunto de normas que regulaban la vida en el monasterio. Más tarde, ya en la época del imperio carolingio, esa regia fue reformada por Benito de Aniano en un contexto de reforma eclesiástica inspirada por Carlomagno y su sucesor Luis el Piadoso, que procuraron extenderla al conjunto de los monasterios del imperio. La regia de San Benito hacía que la vida de los monjes girara en tono a la oración y el trabajo como forma ideal de expresión de la vida cristiana. También establecía con claridad la autoridad del abad en el monasterio e insistía en la obediencia que debían prestarle los monjes.

El ideal benedictino expresado en la reforma impulsada por los carolingios fue extendiéndose al mismo tiempo que también decaía. En la península la benedictinización más temprana se dará en los condados catalanes que formaron parte del imperio carolingio. En los territorios centrales y occidentales del norte peninsular su presencia se dará a partir del siglo X, sustituyendo lenta y progresivamente a formas monásticas ligadas a tradiciones locales y visigodas.

Mientras tanto, a comienzos del siglo X surge también en Francia un movimiento de reforma del monacato benedictino. En 909 se fundaba en Borgoña el monasterio de San Pedro de Cluny con el objetivo de recuperar los aspectos esenciales del espíritu benedictino, que estaban un tanto diluidos por entonces en otros monasterios. La reforma centraba la vida monástica en el culto y la liturgía, sitúando en un segundo plano el trabajo de los monjes. Pronto la reforma cluniacense alcanzó un gran prestigio y fue extendiéndose a otros monasterios que quedaban sujetos al de Cluny, formándose así una auténtica congregación, la ordo cluniacensis. Se trataba tanto de nuevas fundaciones como de antiguos monasterios que se reformaban adoptando las normas y la sujeción cluniacense. Esa expansión debe mucho a la actuación de los abades de Cluny en los siglos X, XI y XII, algunos de los cuales alcanzaron un gran prestigio religioso y una no menor influencia política.

Ambas cosas, prestigio e influencia, llegaron también a la península y fueron especialmente significativas en León y Castilla. Allí los reyes Fernando I (1035-1065) y Alfonso VI (1065/72-1109) establecieron estrechas relaciones con el monasterio de Cluny, favorecieron la instalación de monasterios y prioratos cluniacenses y se apoyaron en monjes cluniacenses para llevar a cabo sus proyectos, tanto en aspectos religiosos como en aspectos políticos (Bishko, 1968 y 1969).

A mediados del siglo XI, Fernando I estableció un pacto de asociación (iconiunctio) con el monasterio de San Pedro de Cluny, comprometiéndose al pago de un censo o renta anual de mil metcales, monedas de oro, anuales. Esa alianza fue renovada por su hijo y sucesor Alfonso VI, quien en 1077 duplico el censo anual, que ascendia hasta dos mil metcales, además de realizar en otros momentos otras donaciones de cantidades muy importantes, como la entrega de 10.000 talentos en 1090. Eran sumas muy elevadas que contribuyeron a reforzar la posición de Cluny en el contexto general y que procedían de los tributos, parias, que por entonces pagaban los reyes de las taifas musulmanas a los reyes de Castilla y de León. En relación con el pacto con Cluny, conviene recordar también que por entonces, en 1068, el rey aragonés Sancho Ramírez estableció su vasallaje con la Santa Sede, vinculando el reino de Aragón al papado. Son pactos, tanto el de los reyes castellanos y leoneses con Cluny como el de los aragoneses con Roma, que tienen un componente religioso pero que no pueden entenderse al margen de las relaciones políticas. Se ha discutido sobre si la asociación de Fernando I y Alfonso VI de León y Castilla con el monasterio de Cluny suponía el establecimiento de relaciones vasalláticas, como sucedia en el caso aragonés. No parece que fuera así en un sentido estricto, pero los reyes buscaron situarse bajo el patronato del patrono eclesiástico más prestigioso de la época.

La alianza con los cluniacenses en Castilla y León se concreto también en la fundación o entrega de monasterios que pasaron a integrarse en la congregación dirigida por el de Cluny. La primera dependencia cluniacense será el monasterio de San Isidro de Dueñas (Palencia) en 1073; en los anos siguientes se fueron sumando San Salvador de Villafría (Lugo) en 1075, Santiago de Astudillo, San Juan de Hérmedes de Cerrato y San Zoilo de Carrión (los tres en Palencia) en 1076 o 1077, Santa Maria de Nájera (La Rioja) en 1079, etc. Más adelante se integraron otros monasterios en zonas gallegas y portuguesas hasta alcanzar la cifra de 30 prioratos cluniacenses en la península.

La influencia cluniacense se extendió también a otros monasterios que, sin embargo, no se integraron en la dependencia del de Cluny. Uno de los casos más significativos es el monasterio de Sahagún (León), uno de los monasterios más poderosos de los reinos cristianos peninsulares por entonces. En 1079 fue designado abad de Sahagún un monje cluniacense, Roberto, que fue sustituido poco después por otro cluniacense, Bernardo de Sédirac o de Salvetat, hasta que éste fue nombrado arzobispo de Toledo en 1086. De manera que la benedictinización de Sahagún se hizo bajo la influencia, que no dependencia, cluniacense. Fuera de Castilla y de León la expansión cluniacense será sobre todo en ese sentido de la influencia religiosa del modelo cluniacense, más que en la adquisición de prioratos dependientes. Esa influencia ya existía en Aragón y en Navarra en tiempos de Sancho el Mayor (1000-1035) y se concreto, por ejemplo, en la introducción de la regia benedictina en monasterios como San Juan de la Pena hacia 1025. Más tarde, a fines del siglo XI, los monasterios de Leire e Irache también fueron reformados siguiendo modelos cluniacenses pero sin adscribirse a la orden. En Cataluña la benedictinización se había introducido desde la época del dominio carolingio. Posteriormente, Cluny obtuvo también algunos monasterios dependientes, pero su influencia se dejó sentir igualmente en los movimientos de reforma durante el siglo XI. En ese sentido merece destacarse la actuación del obispo Oliba desde su monasterio de Ripoll y la sede episcopal de Vich en la primera mitad del siglo XI.

La expansión almorávide en al-Andalus a finales del siglo XI corto los ingresos que recibían los reyes cristianos por las parias. Eso significo que los reyes de León y Castilla cesaron en los pagos del censo a Cluny. El monasterio continuo reclamándolo pero las circunstancias militares habían cambiado y también fue cambiando el contexto político que lo había generado. A cambio del censo Cluny recibió otras donaciones de monasterios, sobre todo en la zona Occidental, durante la primera mitad del siglo XII e incluso alguno más posteriormente.

La influencia cluniacense fue más allá de la expansión de la congregación o de la inspiración de la reforma monástica en diversas zonas. Supuso, en un sentido general, la introducción de ideas y corrientes culturales europeas. En esa línea, los cluniacenses apoyaron de una manera significativa el desarrollo de las peregrinaciones a lo largo del Camino de Santiago. Un apoyo físico, diríamos, que se percibe en la geografía de los prioratos cluniacenses (Nájera, Burgos, Carrión, etc.), y también religioso, mediante la difusión de la concepción de la peregrinación como forma de expiación de los pecados. También los cluniacenses promovieron la idea de cruzada en los procesos de expansión territorial de los reinos cristianos. El cambio de rito litúrgico, con la introducción de la liturgía romana sustituyendo a la hispaña, fue igualmente promovido de forma activa por los monjes cluniacenses. Su influencia religiosa y política llegó a ser muy amplia en los anos de finales del siglo XI y comienzos del XII, no solo en el ámbito monástico sino también en el episcopal. Alfonso VI de León y Castilla situo a monjes cluniacenses como obispos de un buen número de sedes, especialmente en las que se fueron restaurando tras la conquista de Toledo en 1085, de manera que en esos anos nos encontramos a obispos cluniacenses en Toledo, Santiago, Braga, Valência (en los anos de la conquista del Cid), Zamora, Salamanca, Osma o Segovia.

El prestigio religioso cluniacense fue decayendo desde mediados del siglo XII, y con él también la influencia política, en la misma medida que la vida en los monasterios se iba alejando del ideal de los primeros tiempos de la reforma. Nuevos patronos eclesiásticos, intercesores ante Dios, sustituirán a los cluniacenses en el favor de los poderosos. La vinculación de los prioratos más alejados con la casa central también fue debilitándose, de manera que bastantes monasterios cluniacenses de la península entraron en una fase de decadencia durante el siglo XIII.

4.2.2. Cistercienses

A finales del siglo XI se inicio un nuevo movimiento de reforma monástica dando lugar a la formación de la orden cisterciense. Sus orígenes se sitúan en 1098 en la fundación del monasterio de Cíteaux, cerca de Dijon, en Francia, por Roberto de Molesmes. Otra vez una vuelta al espíritu inicial de la regia de san Benito, pero con unas características específicas. El monacato cisterciense, con una clara influencia inicial del eremitismo, promovia el apartamiento de los monjes de la vida mundana. Los monasterios habían de establecerse en lugares apartados, inhóspitos, y los monjes habían de mantenerse con el trabajo de sus manos. La balanza que situaba la oración y el trabajo como los dos componentes de la vida monástica, según la regia benedictina, se había inclinado claramente del lado de la oración en la orden cluniacense, con un gran desarrollo de los actos litúrgicos, quedando el trabajo en un segundo plano. Ahora, la reforma cisterciense rechazará la liturgía sofisticada y fastuosa volviendo a formas de culto más simples, reduciendo los actos litúrgicos e insistiendo en el trabajo como componente esencial de la vida monástica. Por tanto, se propugnaba una vida ascética que se expresaba incluso en los propios hábitos, que habían de ser de lana sin teñir, blancos, frente a los hábitos negros de los cluniacenses. En los anos siguientes a la fundación de Cíteaux se fundaron también en Francia las cuatro principales abadias que se convertirán en casas madre de la orden: La Ferté, Pontigny, Claraval y Morimond. A diferencia también de los cluniacenses, los monasterios cistercienses se organizaban en principio como entidades más autónomas; el vínculo entre ellos se establecía mediante la asistencia al capítulo general que reunia anualmente a todos los abades en el monasterio de Cíteaux. Los perfiles concretos y específicos de la orden se irán definiendo en los anos siguientes a la fundación de Cíteaux y una figura central en ese proceso es San Bernardo, abad de Claraval entre 1115 y 1153, uno de los personajes más influyentes de su tiempo. Entre las características específicas cistercienses está la consideración de la vida cristiana como una lucha por alcanzar a Dios, los monjes y la vida monástica tienen un componente de milicia al servido de Dios. Esa característica, que relaciona religión y milicia, se refleja en las cruzadas, en la participación de San Bernardo en la preparación de la segunda cruzada. En la península, esa concepción se concretará en la afiliacion cisterciense de varias ordenes militares.

La expansión cisterciense en toda Europa occidental fue muy rápida y muy intensa; en la península, las fundaciónes se suceden desde mediados del siglo XII y durante la primera mitad del siglo XIII (Álvarez Palenzuela, 1978; VV. AA., 1991). La primera fue el monasterio de Fitero, en Navarra, en su asentamiento original en Niencebas en 1140; le suceden una larga lista de más de 60 fundaciónes en los siglos XII y XIII realizadas por los reyes y la alta nobleza. Entre los monasterios masculinos, en Cataluña merecen destacarse los de Poblet y Santes Creus, ambos en la Cataluña Nueva. Poblet fue fundado en 1151 por el conde de Barcelona y principe de Aragón Ramón Berenguer IV, convirtiéndose en panteón real de Aragón e integrândose en la nórnina de los monasterios más poderosos de la península. Santes Creus habia nacido muy poco antes, a finales de 1150, en el primer emplazamiento de Valldaura del Vallés, por iniciativa de Guillermo Ramón de Monteada, uno de los nobles catalanes más importantes de esa época. En Aragón los monasterios cistercienses más importantes serán Veruela, Rueda y Piedra, los dos primeros fundados también hacia mediados del siglo XII y el tercero en 1185. En Castilla y León las fundaciónes son muy numerosas; podemos mencionar a Huerta (1145), Rioseco (1150) o Gumiel (1194) en Castilla; Moremela (1158), Sandoval (1171) o Carracedo (1200) en Leon; y Oseira (1141) y Sobrado (1142) en Galicia. En Portugal hay que destacar el importante monasterio de Alcobaça (1153-1178), fundado por Alfonso Enriquez y panteón de la familia real portuguesa.

Tan rápido como la expansión fue el distanciamiento de los ideales iniciales. Muchos de los monasterios citados y otros más se convirtieron en poderosas e influyentes instituciones. Las características originarias, relacionadas con el ascetismo y que vinculaban a los monjes al trabajo y a la explotación directa de los bienes de los monasterios, fueron quedando olvidadas a medida que los dominios y señoríos se iban ampliando y los monasterios se iban haciendo más poderosos (Portela, 1981; Pérez Embid, 1986).

Otra característica del cister, que también lo diferencia de los cluniacenses, es la existencia de una rama femenina; de manera que se fundaron también numerosos monasterios de monjas en un proceso paralelo en el tiempo al de los monasterios masculinos y con similar intensidad. Pueden mencionarse los de Cadins en Gerona (h. 1160), las Franquesas en Lérida (1186), Valldonzella en Barcelona (1237), Casbas en Huesca (1172), Tulebras en Navarra (1149), Canas en La Rioja (1170), San Andrés de Arroyo en Palencia (1173), Carrizo y San Miguel de las Dueñas en León (1176 y 1152), etc. Pero los más importantes fueron el de Vallbona en Lérida, cuyos origenes datan de mediados del siglo XII, aunque su organización como monasterio de monjas cisterciense seria hacia 1175, y el de las Huelgas de Burgos, fundado en 1180. Ambos se constituyeron como cabezas de sendas congregaciones, disponiendo sus abadesas de jurisdicción sobre otros monasterios de la orden y celebrándose en ellos capítulos generales que reunían a las otras abadesas de la congregación. De Vallbona dependieron alrededor de otros 10 monasterios en la Corona de Aragón; mientras que la abadesa de las Huelgas de Burgos se situaba a la cabeza de otros 14 monasterios en Castilla y León. Las Huelgas fue fundado por el rey Alfonso VIII de Castilla, se convirtió también en panteón real y fue dirigido, al lado de la abadesa, por una mujer de la familia real castellana que actuaba como señora del monasterio. Llegó a disponer de un amplísimo dominio con propiedades y derechos en alrededor de unos 200 lugares, lo que le convirtió en uno de los monasterios más poderosos de la península. Sus abadesas obtuvieron, además, privilegios eclesiásticos excepcionales que les permitían ejercer una jurisdicción similar a la de un obispo.

4.2.3. Canónigos regulares y premonstratenses

Durante este período se irán definiendo las diferencias entre los monjes y los clérigos, centradas en la actividad sacerdotal, la función pastoral y la cura de almas, que caracterizará a los segundos frente a los primeros. Unas diferencias que, sin embargo, todavía permanecerán difusas en bastantes casos. En ese sentido, desde mediados del siglo XI se dictarán medidas canónicas tendentes a regular la vida común de los clérigos. También la Reforma Gregoríana, con su énfasis en el desarrollo de la centralización eclesiástica y el control del clero, incidirá en ese desarrollo. El resultado será la regulación de las casas religiosas integradas por clérigos, abadías, colegíatas y monasterios de clérigos. Para ello se tomará como referente la regia de San Agustín, que regulaba aspectos como el dormitorio y la comida común de los clérigos, etc. Ya hemos mencionado como muchos cabildos diocesanos fueron adoptando la regia de San Agustín en su organización desde finales del siglo XI. También lo hicieron otras casas de clérigos que desde entonces serán canónigos regulares.

Los canónigos regulares se extendieron, por lo tanto, por los reinos cristianos peninsulares durante la segunda mitad del siglo XI y, sobre todo, en el siglo XII. Su expansión se realizo tanto a partir de congregaciones como mediante la adopción de la vida regular por abadias y colegíatas que se integraron en la organización diocesana, formando parte del entramado jerárquico del gobierno diocesano, y que en algunos casos excepcionales obtuvieron también privilegios que las eximían de la jurisdicción episcopal, situándolas bajo la dependencia directa del papa. Entre las congregaciones de canónigos regulares más importantes destaca la encabezada por el monasterio de san Rufo de Aviñón (Francia), con una presencia notable en Cataluna. En su expansión merece destacarse la actuación de San Olegario a comienzos del siglo XII, abad del monasterio de san Adrián del Besós que alcanzó también el abadiato de San Rufo y fue obispo de Barcelona y arzobispo de Tarragona, cuya diócesis y provincia restauro desde 1118. Se ha dicho que la congregación de San Rufo llegó a disponer de 350 casas dependantes en la zona; una cifra que probablemente resulta exagerada, pero que nos habla de la importancia de la presencia de los canónigos regulares en Cataluña. Una presencia que no consistió únicamente en la fundación de nuevos centros, sino en la transformación de anteriores monasterios benedictinos o prebenedictinos en canónicas regulares.

En Aragón y Navarra también tuvieron una importancia considerable, recibiendo un apoyo notable del rey Sancho Ramirez (1063/76-1094), mientras su contemporáneo castellano-leonés, Alfonso VI, impulsaba la instalaciôn de los cluniacenses. Entre las canónicas más importantes de la zona están las de Montearagón y Siresa (ambas en Huesca), la primera fundada en 1086 y la segunda reorganizada bajo la regla de San Agustin en 1082. A comienzos del siglo XII se fundo también en el Pirineo navarro la colegíata de Santa Maria de Roncesvalles, que regento uno de los hospitales más importantes de la península para la atención de los peregrinos que entraban por ese punto por el Camino de Santiago. En Castilla y León la presencia de los canónigos regulares también será notable, aunque no parece que alcanzara la densidad que tuvieron en Cataluña. Podemos mencionar las colegíatas de San Isidoro de Leon, Santillana del Mar, Covarrubias, Párraces, etc.

Además de la congregación de San Rufo, cuya importancia en Cataluña hemos reseñado, otras congregaciones tuvieron también alguna presencia en la península, aunque menor. Como la de San Anton, dedicada al cuidado de los leprosos, con casas de cierta importancia en Castrojeriz (Burgos) y en Olite (Navarra), y otras más en distintas zonas.

Dentro del ámbito de los canónigos regulares de San Agustin, surgio a comienzos del siglo XII una orden nueva a partir de la fundación del monasterio de Premontré (en Laon, Francia) por San Norberto, en 1120. Son los premonstratenses, conocidos también como mostenses o norbertinos. Igualmente se trata de canónigos, clérigos, pero tienen algunas características específicas. Comparten con el císter originario la influencia del eremitismo; asi, en sus inicios los premonstratenses buscarán asentarse también en ámbitos rurales y en zonas poco pobladas, y también tendrán una vertiente ascética. Pero en tanto que clérigos ejercerán una actividad sacerdotal y se caracterizarán por desarrollar una atención especial a la predicación.

La instalacion de los premonstratenses en la península se realizo a partir de mediados del siglo XII y tradicionalmente se viene atribuyendo a la actuación de dos clérigos, miembros de familias de la alta nobleza que, tras un período en Francia, llevarían a cabo las primeras fundaciónes. Sea como fuere, lo cierto es que sectores de la nobleza, como los Ansurez castellanos emparentados con los condes de Urgell catalanes, apoyaron el establecimiento de monasterios premonstratenses. Monasterios que fueron más numerosos en Castilla y León que en otras zonas. Las primeras fundaciónes, ambas de mediados del siglo XII, corresponden a los monasterios de Retuerta, cerca de Penafiel, en Valladolid, y La Vid, cerca de Aranda de Duero, en Burgos. Posteriormente se fueron añadiendo otras fundaciónes, casi todas a lo largo de la segunda mitad del siglo XII y algunas también posteriormente, que formaron la provincia o circaria de Castilla. Son especialmente numerosas las fundaciones en las zonas de Burgos y Palencia, donde se hallan los monasterios de Ibeas de Juarros, Villamayor de Trevino, Santa Cruz de Monzón, etc., y también el que quizá fuera el monasterio premonstratense más poderoso de la península, la abadia de Santa Maria la Real de Aguilar de Campoo, establecida también a mediados del siglo XII. Los monasterios en Navarra, Aragón y Cataluña fueron menos numerosos y se integraron en la circaria de Gascuña. Entre ellos merece señalarse también el de Bellpuig de las Avellanas en Lérida, fundado en 1166.

En los primeros momentos varias de las fundaciónes se organizaron como monasterios dúplices, integrados por clérigos y monjas, pero no tardo mucho tiempo en que las monjas se instalaran en sus propias sedes, aunque bajo la dependencia de los abades masculinos. Como sucedió en los otros casos, la expansión de la orden se acompañó también de un distanciamiento respecto de los ideales iniciales que la habían animado, especialmente en lo que se refiere a la vertiente ascética.

4.2.4. Órdenes mendicantes

Como hemos ido viendo, la historia del monacato plenomedieval está determinada, por un lado, por los sucesivos movimientos de reforma que buscaban alcanzar el ideal de la vida cristiana mediante la vida en el monasterio y, por otro lado, por los relativos fracasos de esos movimientos. Hablamos de fracasos porque las órdenes monásticas no tardaron en alejarse de los ideales iniciales que alentaban el espíritu de cambio y reforma en el que habían surgido. Con el paso de los anos el alejamiento del mundo, el ascetismo, el ideal expresado en el ora et labora^ etc. iban quedando en segundo plano frente a la caracterización de los monasterios como centros económicos y señoriales de primer orden. Ese papel económico y señorial, feudal en definitiva, se refleja en los claustros, que viven no pocas tensiones por el reparto de las rentas que obtenían los monasterios. Tensiones entre abades y cabildos, en las abadias y colegíatas de canónigos regulares, o entre abades y monjes, en los monasterios del mundo benedictino. Al lado de los abades, en los monasterios se establecen diversos oficios (.sacristanes, mayordomos, cilleros, etc.) que tienen asignados diferentes grados de participación en las rentas. Por tanto, habrá luchas por los cargos y por las rentas que se reflejan en los textos, en algunos casos de forma clara y en otros de forma velada.

Otro desajuste venía determinado por el asentamiento preferentemente rural de los centros monásticos, mientras que las ciudades no paraban de crecer y desarrollarse y sus habitantes adquirían mayor peso e influencia en la sociedad medieval. En ese sentido, durante el siglo XII se desarrolló también entre los laicos la búsqueda de una mayor participación en la vida religiosa cristiana. Son movimientos que reclaman para los laicos más protagonismo religioso, una vida más acorde con el ideal cristiano; movimientos que surgen y se desarrollan sobre todo en los ámbitos urbanos y que no encuentran reflejo o correspondencia en las estructuras eclesiásticas establecidas.

El ideal de la vida cristiana era el que se contenía en el Evangelio e incluía, entre otras cosas, un alejamiento de los bienes materiales conforme al ejemplo de Jesús y de los apóstoles. Así, la vida ascética y la pobreza voluntaria aparecían como formas adecuadas para alcanzar la vida eterna. En la práctica, era lo contrario de lo que ofrecía la jerarquia eclesiástica, apegada a los bienes materiales y que acumulaba enormes riquezas. Los movimientos de pobreza voluntaria fueron, por tanto, movimientos disidentes o heterodoxos y algunos de ellos fueron considerados herejías por la jerarquia eclesiástica que determinaba cuál era la creencia oficial o, en otros casos, fueron uno de los elementos que dieron contenido a las que eran consideradas como desviaciones heréticas.

Herejías que alcanzaron una importancia notable durante el siglo XII, sobre todo en la segunda mitad, y especialmente en zonas como el sur de Francia o el norte de Italia. También encontraron eco en la península, como veremos en el siguiente apartado, aunque menos que en las zonas citadas. Ya hemos mencionado a los cátaros, la principal herejía de la época, cuando hablamos del reinado de Pedro II el Católico de Aragón, y también hay que citar a los valdenses o pobres de Lyon, ciudad en la que surgieron, guiados por la pobreza evangélica y el rechazo a la corrupción del clero.

Con una clara influencia de los movimientos que buscaban nuevas formas de religiosidad y en el contexto de las herejías surgieron también nuevas ordenes religiosas que fueron admitidas dentro de la Iglesia oficial, aunque algunas, como los franciscanos, tuvieron una historia tortuosa. No fundaron monasterios rurales, sino conventos, por lo que se les llamará conv en tu a l no serán monjes apartados del mundo y recluidos en sus monasterios, sino fratres o frailes, hermanos, que vivirán implicados en la sociedad y en estrecha relación con los laicos; en su espíritu inicial estaba el no disponer de grandes patrimonios, sino vivir sobre todo de las contribuciones de los creyentes en forma de limosnas, por lo que también se les denominará mendicantes. Un calificativo utilizado de forma general para el conjunto de estas ordenes y que, sin embargo, no responde a las características de todas ellas y que, en todo caso, también fue traicionado con el paso del tiempo.

La Orden de Santo Domingo, los dominicos o predicadores, recibió la aprobación del papa y quedó constituida como tal en 1216. Fue fundada por Santo Domingo, un clérigo castellano canónigo del cabildo de Osma, miembro quizá de la familia Guzmán, una de las familias de la alta nobleza castellana. El origen de la orden se sitúa en la actuación de ese personaje en el sur de Francia, en zonas donde se habían propagado los movimientos heréticos. Desde el punto de vista eclesiástico, tanto la Iglesia secular como las ordenes monásticas se habían mostrado claramente insuficientes e incapaces de enfrentarse a los herejes. Ambas tenían limitaciones derivadas de su estructura organizativa y ambas representaban ejemplos alejados del espíritu religioso que había alentado a los movimientos disidentes. La actuación de santo Domingo y sus seguidores se encaminó a subsanar ambas carencias; de manera que la orden surgió alentada por un espíritu de ascetismo y austeridad material —como otras, según hemos ido viendo— y orientada de una forma preferente a la actuación en el mundo laico, difundiendo la doctrina cristiana mediante la predicación. Así, los frailes dominicos serán predicadores y harán de la predicación itinerante, a partir de sus conventos, su principal actividad religiosa. Eso significaba desarrollar la formación intelectual de los miembros de la orden para hacerlos capaces de enfrentarse con éxito a la tarea de la difusión de la doctrina ortodoxa oficial. Por lo tanto, las casas y los conventos dominicos se configurarán como centros de estudio y algunos de ellos se desarrollarán hasta el máximo nivel. Las herejías pusieron de manifiesto que la Iglesia necesitaba dotarse de armas intelectuales que a esas alturas ya no podían proceder de los monasterios. Para eso surgió la orden dominica, para luchar eficazmente contra las herejías y difundir la doctrina cristiana oficial desde los púlpitos.

Esa vinculación a la lucha intelectual contra las herejías y su capacidad y preparación intelectual hicieron que enseguida los dominicos quedaran vinculados con la Inquisición, que surgió en ese contexto de finales del siglo XII y comienzos del XIII. Según la tradición eclesiástica y las normas canónicas, correspondia al obispo cuidar de la adecuación de las prácticas y las creencias de los fieles de su diócesis como uno de los componentes de la actividad pastoral. Por lo tanto, era el tribunal episcopal el que debía hacer frente a las causas relacionadas con esos aspectos. Pero ese modelo, que servia para enfrentarse a las desviaciones individuales o a los casos aislados, resulto claramente insuficiente para enfrentarse a las herejías de masas como eran los movimientos disidentes de finales del siglo XII y comienzos del XIII. Por ello se instituyeron nuevos tribunales. Eran tribunales que debían averiguar el carácter herético de los casos denunciados mediante el procedimiento de preguntar a los acusados, mediante inquisición, y cuyos miembros no tardaron en utilizar la tortura para obtener las respuestas esperadas en el procedimiento inquisitorial. Se formo así la Inquisición, los tribunales de la Inquisición, a lo largo de un proceso en el que la actuación de esos tribunales se fue formalizando e institucionalizando. Esos tribunales quedaron controlados por los dominicos desde 1232.

La expansión de los dominicos fue muy rápida en toda Europa y también en la península, donde a mediados del siglo XIII contaban ya con 20 conventos, un número que se duplico a finales de ese mismo siglo, cuando muchas de las principales ciudades de los reinos cristianos peninsulares contaban con un convento dominico. Algunos de esos conventos fueron establecidos por el propio fundador de la orden. La expansión no se tradujo solo en el número de conventos, sino también en la influencia política y social. En ese sentido, los dominicos alcanzaron altas cotas desde los primeros momentos y, por ejemplo, miembros de la orden se sucedieron como confesores de los reyes, ejerciendo así una clara influencia al máximo nivel político, y ocuparon también frecuentemente las sedes episcopales. Los dominicos también tuvieron una rama femenina establecida desde los primeros momentos. En la península el número de conventos de monjas fue menor que el de frailes, y a comienzos del siglo XIV se habían fundado siete.

Si los dominicos nacieron para difundir la doctrina oficial del cristianismo determinada por la jerarquia eclesiástica y luchar contra las herejías, los franciscanos representan una cierta asimilación dentro de la Iglesia de algunas de las ideas en que se basaban los movimientos disidentes. Se trata de la pobreza voluntaria, el ideal evangélico del apartamiento de los bienes materiales. Animado con ese espíritu fundo san Francisco de Asís (1181-1226) su orden, la Orden de San Francisco o los frailes menores, que recibió la aprobación pontificia en 1223. Los franciscanos contaron también entre sus filas, como los dominicos, con intelectuales destacados pero, a diferencia de ellos, inicialmente no harán del desarrollo intelectual uno de sus objetivos principales. Su influencia no vendrá dada tanto por la predicación, aunque también actuarán en ese sentido, como por el ejemplo de una vida austera; un ascetismo que en el ideal de su fundador incluía también una cierta simplicidad intelectual.

Por lo tanto, los franciscanos suponen un intento de incluir dentro de la Iglesia las ideas de la pobreza voluntaria que formaban un sustrato muy potente en la religiosidad de la época. El éxito de la empresa queda reflejado en la expansión de la orden. Las fundaciónes en la península se suceden en las principales ciudades hasta alcanzar, ya a finales del siglo XIV, la cifra de más de 120 conventos. Los franciscanos tendrán también una rama femenina, las ciarisas, la orden de Santa Clara, cuya expansión por la península también fue notable y rápida. A mediados del siglo XIII ya había más de 20 conventos de clarisas en la península, cifra que se acercaba a 50 hacia 1300.

Los franciscanos se comprometian a vivir en la pobreza, sosteniéndose con las limosnas de los fieles y renunciando a la posesión de bienes y propiedades. Además, predicaban la pobreza también como una via de salvación. Ese planteamiento teoricamente fue admitido por la Iglesia; era una forma de aliviar la presión que suponían las herejías basadas o inspiradas también en la pobreza voluntaria. Pero, aunque admitido, era problemático y controvertido para la jerarquia. Por otro lado, la expansión de la orden hacia difícil mantener el espíritu inicial. En consecuencia, no tardaron en surgir los conflictos y las tensiones internas. Unos eran partidarios de mantener una lectura literal de la regla establecida por San Francisco; otros, animados por los papas y la jerarquia eclesiástica, proponían una lectura más abierta, adaptando la regia inicial y aceptando la propiedad de bienes y patrimonios en alguna medida. Mientras los segundos se alejaban del espíritu inicial, los primeros, zelanti, guardaban celosamente la integridad de la regla franciscana. Las tensiones entre ambos grupos quedaron un tanto apaciguadas durante el gobierno de la orden por San Buenaventura (1257-1274), que supone una solución de compromiso y también una orientación más intelectual de la orden. Pero no tardaron en volver a surgir. La orden no cesaba de extenderse y algunos de sus miembros, los más próximos al papado y la jerarquia eclesiástica, obtenían altas cotas de prestigio religioso y de influencia política, ocupando sedes episcopales u obteniendo el favor regio al convertirse en confesores de los reyes. Pero otros franciscanos rechazaban esa vertiente de esplendor e influencia política, reclamando profundizar en la vertiente espiritual originaria. Estos últimos serán conocidos como espirituales en las últimas décadas del siglo XIII.

Entre los espirituales franciscanos se difundieron también ideas apocalípticas inspiradas en el pensamiento de Joaquín de Fiore. Éste profetizaba la llegada de la Tercera Edad, la Edad del Espíritu Santo —las anteriores eran la Edad del Padre y la Edad del Hijo—, en la que triunfaria plenamente la religion y que vendría determinada por la acción de una legión de hombres espirituales que actuarían al margen de la jerarquia eclesiástica. Sus ideas fueron condenadas por la Iglesia, pero influyeron en algunos franciscanos que compartian esa vision apocalíptica y mesiânica.

Ese franciscanismo, digamos, radical, que quizá no estaba tan alejado del propio San Francisco como pretendían sus oponentes, se extendio también al ámbito laico a través de grupos de begardos y beguinos y beguinas que formaban comunidades, algunas más organizadas y otras más marginales. De nuevo, el ascetismo, la austeridad muy religiosa y la adecuación entre las ideas y las obras les confirieron un importante prestigio religioso que se concretaba en apoyo social y, en algunas ocasiones, también político. Finalmente, los espirituales franciscanos fueron condenados como herejes a comienzos del siglo XIV, pero sus ideas se habían extendido por diversas zonas de Europa, incluyendo la península como veremos, y seguirán latentes en diversos grupos posteriormente.

Los franciscanos y los dominicos fueron las ordenes mendicantes que, con diferencia, alcanzaron mayor extensión a lo largo del siglo XIII, pero no fueron las únicas. A finales del siglo XII, en 1198, se aprobó la regia de la Orden de la Santísima Trinidad, fundada por San Juan de Mata. La regia representa un compromiso entre la vida monástica y la canonical, pero lo que caracteriza a la orden es el hecho de estar centrada en la redención de cautivos cristianos en manos musulmanas. Para ello los trinitarios obtuvieron privilegios especiales que les permitían solicitar limosnas de forma generalizada. En ese sentido los trinitarios serán mendicantes, pero sus casas y conventos dispondrán también de patrimonios y algunos de ellos llegarán a formar importantes dominios. A finales del siglo XIII contaban con 35 conventos en los reinos cristianos peninsulares, algunos de ellos establecidos por el propio fundador, como el primero, en Lérida, en 1201. Merece destacarse el convento de Burgos, que llegó a ser el más poderoso de la orden en la península.

La toma de cautivos en las guerras, en incursiones fronterizas o en actos de piratería era una actividad que realizaban tanto los cristianos como los musulmanes. La venta de esos cautivos a cambio de importantes cantidades permitía obtener ingresos sustanciosos. La redención de los cautivos cristianos fue también el objetivo de la Orden de la Merced, fundada en Barcelona por San Pedro Nolasco en 1218 y aprobada por el papa en 1235. Su expansión también fue notable, sobre todo en la Corona de Aragón y en competencia con los trinitarios. A finales del siglo XIII contaban con 57 casas: 26 en la Corona de Aragón, 8 en Francia, 1 en Mallorca, 2 en Navarra y 20 en Castilla y Portugal; pero en la mayor parte de los casos se trataba de pequeños establecimientos.

En las últimas décadas del siglo XIII se extendieron también en la Corona de Aragón los carmelitas, que habían nacido como orden en Tierra Santa a comienzos del siglo XIII con un componente eremítico, transformándose después en mendicantes. A las primeras fundaciónes en Huesca y Lérida continuaron otras en Sangüesa, Zaragoza, Perelada, Gerona y Palma de Mallorca durante el siglo XIII. La instalación en Castilla comienza ya a principios del siglo XIV y la presencia de monjas carmelitas también es posterior.

Otra orden con una expansión todavía escasa en el siglo XIII en la península será la de los mendicantes agustinos. Ya hemos visto la impronta de la regia de San Agustín entre los canónigos regulares y los premonstratenses. Desde mediados del siglo XIII se aglutinan otros grupos que siguiendo la misma regia tenían también un componente eremítico. Su formación como orden mendicante conllevará su expansión en la península con algunas fundaciones en el siglo XIII en Castilla (Andalucía y Murcia), Aragón y Valência.

Por tanto, las diversas ordenes mendicantes, expresión de nuevas formas de religiosidad y de movimientos de reforma de la Iglesia, comienzan su expansión durante el siglo XIII. Una expansión que continuará de una forma incesante en los siglos siguientes, al tiempo que surgirán nuevas ordenes y se reformarán y reestructurarán las anteriores, dividiéndose en diversas ramas y congregaciones. Por otro lado, el comienzo del establecimiento de los mendicantes coincidió también con la gran expansión de los reinos cristianos peninsulares durante el siglo XIII; de manera que los nuevos conventos se instalarán también en las ciudades de Andalucía Bética, Murcia, Valência o Mallorca, acompañando los ritmos de la expansión política. Esa será también una diferencia con las ordenes monásticas, que durante los siglos XI y XII habían instalado sus centros, lógicamente, en los territorios que entonces eran cristianos en zonas más al norte. De esa forma, la geografía monástica y la conventual presentan claras diferencias.

La instalación de los mendicantes supuso también una alteración de las estructuras eclesiásticas. Su prestigio religioso atraía a los fieles, que veían en ellos mejores intercesores ante Dios, de manera que bastantes fieles preferían atender el culto y la liturgía y recibir los sacramentos en los conventos antes que en las iglesias parroquiales, con el consiguiente perjuicio para estas últimas. No solo era una cuestión religiosa, era también una cuestión económica, puesto que los pagos, las rentas de Iglesia, se desviaban del clero parroquial a los frades. Los conflictos entre los mendicantes y el clero secular diocesano y parroquial y, en algún caso, también con abades y monasterios, fueron frecuentes y no siempre pacíficos. Hay ejemplos de enfrentamientos violentos, de incendios de los nuevos conventos, etc., protagonizados por clérigos o por monjes. En la mayor parte de los casos ahora ya no estaba en juego la percepción del diezmo, pero sí las otras rentas y las limosnas. La instalación de un convento suponía la llegada de un fuerte competidor. Esa competencia fue especialmente significativa en torno a los enterramientos, puesto que los clérigos y los monjes intentaron evitar que los fieles eligieran ser enterrados en las iglesias conventuales, lugar preferido en muchos casos porque representaba, en su opinión, una mayor proximidad a Dios. También fue intensa la competencia sobre los testamentos y las mandas testamentarias. Los conflictos se solucionaron de diversas formas, algunas ordenes y conventos obtuvieron privilegios de los papas y los obispos —no olvidemos que los mendicantes accedieron a las sedes episcopales en un número significativo— o el apoyo de los reyes, pero la hostilidad del clero local no era fácil de vencer y en muchos casos las disputas permanecieron largo tiempo.

4.2.5. Herejes y heterodoxos

Los movimientos disidentes y las herejías alcanzaron un gran desarrollo, como hemos ido apuntando, en el sur de Francia y en el norte de Italia. Se trataba, fundamentalmente, de los cátaros y los valdenses; ambos movimientos estarán presentes también en la península, sobre todo en Cataluña, aunque con una intensidad menor. También será apreciable la presencia del espiritualismo disidente franciscano, activo en algunas comunidades y cuya influencia se extendió también a través de algunos intelectuales destacados y contando en ocasiones con apoyos políticos, sobre todo en la corte de Mallorca y en menor medida en la de Aragón.

La presencia de los cátaros y los valdenses en la península tiene como referencia fundamental los territorios catalanes. Como hemos visto, la zona tenía una relación muy estrecha con el Languedoc, con el que le unían lazos culturales y políticos. Conviene recordar la acción política de los reyes de Aragón, la política occitana en la segunda mitad del siglo XII durante los reinados de Alfonso el Casto (1162-1196) y Pedro el Católico (1196-1213). Los territorios catalanes eran una zona natural de influencia de las ideas presentes en el sur de Francia y viceversa. En ese contexto debemos enmarcar la expansión de los movimientos heréticos en Cataluña que, sin embargo, no llegaron a alcanzar el mismo desarrollo que en Francia o en Italia (Adroer y Catalá, 1996).

Ambos movimientos, cátaros y valdenses, están presentes en Cataluña aunque frecuentemente los textos no permiten distinguidos con precisión. Hay que tener en cuenta que la vision disponible sobre las disidencias y herejías procede, precisamente, de sus contrarios, de la jerarquia eclesiástica oficial o de los reyes y gobernantes. Es, por tanto, una información distorsionada en la que las acusaciones, sobre todo en los aspectos dogmáticos y teológicos, pero también en los formales, se mezclan dando una visión global negativa. En la lucha contra las herejías, en la que se enmarcan los textos conservados, hay una tendencia a acusar a todos de todo. También hay que considerar que los movimientos disidentes en muchos casos estaban faltos de cohesión y coherencia,de manera que muchos grupos se nutrían de ideas diversas, incluso contradictorias. Por último, hay que señalar que seguramente no todos los grupos o personas que fueron perseguidos como herejes lo eran en sentido estricto. Es probable que bastantes de ellos no tuvieran un pensamiento religioso auténticamente desarrollado, caracterizándose más por la contestación social y política que por las cuesiones teológicas. En esos casos, el enfrentamiento con la Iglesia oficial venía dado por el enfrentamiento con la jerarquia, la lucha contra sus riquezas y su corrupción, no por cuestiones dogmáticas.

En ese contexto debemos considerar la expansión de las herejías en los territorios peninsulares, sobre todo en Cataluña. De los cátaros, ya dijimos que cabe dudar que fueran realmente una herejía del cristianismo, sino más bien una autentica religion alternativa, puesto que las diferencias dogmáticas son demasiado grandes. En cualquier caso, fueron considerados como tal herejía y las condenas se sucedieron en la segunda mitad del siglo XII, hasta que finalmente se lanzó contra ellos la cruzada a comienzos del siglo XIII. Los valdenses se desarrollaron desde 1170 aproximadamente y su principal característica era la pobreza voluntaria y la predicación; en esto coincidían parcialmente con los cátaros, pero no en otros aspectos. También fueron condenados desde 1184. En Cataluña, los primeros textos que nos informan de la extensión de los movimientos heréticos son de finales del siglo XII. En 1194 el rey Alfonso II de Aragón ordenaba la expulsion de sus reinos de todos los herejes, a los que califica de innumerables, mencionando expresamente a los valdenses. Poco después, en 1197, su hijo y sucesor Pedro II dictaba una orden similar, centrada también en los valdenses o sabatos (por la forma característica de sus zapatos o sandalias), imponiendo penas durísimas contra los herejes. Una de sus disposiciones permitía asesinar a los que fueran considerados como tales sin que hubiera de celebrarse un juicio.

Era una respuesta a la expansión de las herejías en los territorios catalanes, pero también respondia a la evolución de los acontecimientos en el sur de Francia, donde el problema cátaro no dejaba de crecer con el apoyo en ocasiones de la nobleza de la zona. Eso situaba al rey aragonés en una posición contradictoria de apoyo, por un lado, al papado y la ortodoxia oficial y, por otro lado, de alianza con los nobles del sur de Francia, sus vasallos. Finalmente pudieron más las alianzas políticas que la fidelidad religiosa y eso, como vimos, costó la vida al rey aragonés en 1213 al ser derrotado y muerto por los cruzados en la batalla de Muret.

Las ordenes regias dan muestra de su decision de luchar contra las herejías en Cataluña, pero no sirvieron para acabar con ellas. Otros textos y acontecimientos siguen mostrando su presencia en los anos siguientes. El sucesor de Pedro el Católico, Jaime I, heredó también la cuestión de las herejías, aunque ahora ya alejado de los problemas del sur de Francia. Diversas disposiciones regias ponen de manifiesto la pervivencia de grupos de herejes en Cataluna en la primera mitad del siglo XIII. Las constituciones depazy tregua dictadas por Jaime I en 1225 y 1228 excluían de la paz regia a los herejes y a quienes les apoyaran. Poco después, en 1232, dictaba el rey nuevas constituciones para perseguir a los herejes. Una de las medidas que se imponen entonces es el establecimiento de tribunales de la Inquisición, que comienzan así a actuar en la península en los dominios del rey de Aragón. El canonista y dominico catalán San Raimundo de Peñafort, consejero de Jaime I, contribuyó en el desarrollo de los tribunales inquisitoriales, cuya actuación quedo regulada con más detalle en un concilio en Tarragona en 1242.

Por tanto, los cátaros y los valdenses se extendieron por Cataluña, donde alcanzaron un cierto desarrollo. Sin embargo, su incidencia allí fue menor de la que alcanzaron en Francia o en Italia. No hay que pensar en un fenómeno masivo, sino en núcleos dispersos pero bastante activos. La presencia en otras zonas de la península será más reducida. En Castilla y León se ha documentado en la primera mitad del siglo XIII la existencia de grupos considerados como herejes en León, Burgos y Palencia. El Camino de Santiago, vía de tránsito de personas e ideas, fue el elemento que favoreció su extensión a esas zonas. En Burgos y Palencia (1232 y 1236) hay textos que nos hablan de grupos de herejes y de la actuación de las autoridades eclesiásticas o de los castigos impuestos por las autoridades civiles. En León su presencia debió ser algo mayor, a juzgar por el relato elaborado por Lucas, obispo de Tuy y autor, además, de una importante crónica, de una obra en la que narra la actuación en la ciudad de un grupo de cátaros. La presencia de los cátaros en León data de comienzos del siglo XIII y se extendió, al menos, hasta los anos treinta, cuando Lucas de Tuy escribió su obra. Sin embargo, se ha puesto en duda la fiabilidad de su relato que, basado sin duda en la existencia de un grupo disidente, les atribuye características que probablemente no tenían. Por tanto, la información disponible hasta ahora nos indica que las grandes herejías estuvieron también presentes, pero con un carácter limitado, en León y Castilla.

Los espirituales franciscanos fueron condenados como herejes a comienzos del siglo XIV. Ya vimos como sus ideas fundamentales constituían un franciscanismo radical, a partir de la pobreza voluntaria, acompañado también de una visión apocalíptica del mundo en el que vivían. Esas ideas se extendieron también por los reinos cristianos peninsulares en el contexto de las controversias dentro de la orden franciscana y de los espirituales con el papado. Se extendieron a diversos sectores de la población a través de comunidades de begardos y beguinos; es decir, laicos que vivían en comunidades animados por un afán religioso, pero sin una formalización rígida y no reconocidas por la jerarquia oficial (Pou, 1991). Ahora, bastantes de esas comunidades se reclamarán parte de la Orden de San Francisco a través de la regia tercera, la que unia a los laicos con la orden. La presencia de esas comunidades en la península saldrá a la luz sobre todo a partir del momento en que comienzan a ser perseguidos por las autoridades eclesiásticas desde las primeras décadas del siglo XIV.

Las ideas de los espirituales franciscanos se difundieron también entre algunos círculos intelectuales y la coherencia de su pensamiento atrajo igualmente a algunos ambientes cortesanos. Uno de esos intelectuales destacados fue Arnaldo de Vilanova, médico de los reyes de Aragón en las últimas décadas del siglo XIII y a comienzos del siglo XIV. Su proximidad a los reyes le permitió exponer sus ideas en diversos ámbitos, ideas que también quedaron reflejadas en varios textos. Arnaldo era clérigo y quizá procedia de una familia de conversos judios; fue un defensor apasionado del movimiento espiritual franciscano y sus obras fueron condenadas a comienzos del siglo XIV. Vários miembros de la familia real aragonesa fueron especialmente receptivos a esas ideas, sobre todo en las ramas mallorquina y siciliana, y contribuyeron también a su expansión en el período entre los siglos XIII y XIV. Vários miembros de la familia fueron personajes de una religiosidad acusada y próximos a la orden franciscana, que se debatía entre el espiritualismo y el sector más acomodado y próximo al papado. Pero quizá el personaje más significativo de ese entorno es el infante don Felipe, hijo del rey Jaime II de Mallorca. Fue fraile franciscano y su posición política le permitió una eficaz defensa de los grupos de espirituales que por entonces se extendían por Mallorca, Sicila y Nápoles con su apoyo y el de otros miembros de su familia.

También la corte de Mallorca y la de Aragón apoyaron a otro de los grandes pensadores de la época, Ramón Llull. Sus ideas no llegaron a ser definitivamente condenadas, pero si perseguidas, por lo que debemos considerarle un personaje cuyo pensamiento se situaba en el limite de lo que podía ser aceptado por la ortodoxia oficial. Nació en Mallorca en los anos treinta del siglo XIII y fue un laico, no un clérigo, autor de numerosas obras sobre temas y aspectos diversos. Destaco en el campo de la reflexión filosófica y fue un hombre preocupado por la reforma de la Iglesia. En ese sentido, una de sus obras más notables fue el Ars Magna,, que pretendia ser un tratado sobre el arte y método de convencer, destinado a la predicación frente a los infieles pero también a lograr una auténtica conversión dentro del mundo cristiano.

4.3. Tiempo de catedrales

Tomamos prestada la conocida expresión que da título a un libro de G. Duby para introducirnos, muy brevemente y de forma sintética, en el mundo intelectual y de las artes. En efecto, la catedral, que alcanzará su máxima expresión con el arte gótico a partir del siglo XIII, supone quizá la mayor expresión de la cultura medieval, no solo en el sentido estrictamente artístico, arquitectónico o escultórico, sino también filosófico y teológico. Por tanto, podemos tomar la catedral como símbolo del desarrollo cultural plenomedieval.

En el período de los siglos XII y XIII se asiste a importantes cambios intelectuales y artísticos, Cambios que son una consecuencia del desarrollo económico, social y político que hemos ido viendo en los capítulos anteriores. El crecimiento agrario, la consolidación de una sociedad señorial, el desarrollo del comercio y de las ciudades, la expansión territorial marcan la evolución de las sociedades cristianas peninsulares, que adoptan también nuevas herramientas intelectuales para intentar comprender el mundo en el que viven y nuevas formas de expresión. Muchas de ellas son comunes al espacio cultural cristiano europeo, otras derivan en buena medida de aportaciones propias.

El desarrollo urbano supone cambios de primer orden. La ciudad es un espacio económico y ámbito de nuevas formas de relaciones sociales, pero también es un espacio cultural. Los monasterios seguirán siendo focos culturales importantes, pero ahora surgirán otros nuevos en los ámbitos urbanos. En paralelo, el latin seguirá siendo la lengua por excelencia de la cultura y del intercambio de ideas, pero ahora se incorporarán también las lenguas vernáculas, el gallego-portugués, el castellano y el catalán. Ahora será cuando esas lenguas comiencen a fijarse como tales mediante textos escritos, y no solo como resultado de la acción espontánea de las gentes, sino también con el apoyo de los reyes, que desde el siglo XIII sustituyen el latin por las lenguas vernáculas en el funcionamiento de la corte y la administración y realizan o promueven la producción de obras literarias, históricas, etc. en esas lenguas. El caso más significativo es, como es bien conocido, el rey Alfonso X el Sabio de Castilla pero su contemporáneo aragonés, Jaime I, también debe ser mencionado en ese sentido.

Nuevos espacios culturales, nuevos vehículos de expresión, nuevas formas de entender el mundo; por tanto, el período que nos ocupa no es ni mucho menos estático desde el punto de vista intelectual o cultural, como tampoco lo es desde el punto de vista económico, social o político. En estas páginas no podemos desarrollar con detalle esos cambios y transformaciones, algo que alargaria sustancialmente este volumen; nos limitaremos a ofrecer un breve repaso de las principales tendencias en el campo del arte, la filosofia y la literatura. El lector interesado en ampliar esos aspectos deberá acudir a obras especializadas o manuales y síntesis específicas sobre esos campos.

Desde el punto de vista artístico, el siglo XII será el período de mayor difusion y desarrollo del románico, y durante el siglo XIII comenzará a extenderse el gótico. Ambos fueron movimientos europeos que caracterizaron el arte cristiano peninsular, pero también se desarrollo aqui un movimiento específico, el mudéjar, consecuencia de la estrecha relación que se daba en la península con la cultura musulmana.

Los origenes y la primera difusion del románico son anteriores, pero desde las últimas décadas del siglo XI se extiende lo que los especialistas denominan el románico pleno. La gran mayoría de las obras arquitectónicas conservadas son eclesiásticas. En las iglesias predomina la planta basilical que evolucionará hacia la cruciforme, cubiertas con pesadas bóvedas de cañón soportadas mediante arcos de medio punto, mientras que el crucero puede cubrirse con una cúpula. El resultado son edificios muy sólidos, no muy elevados excepto en las torres y con escasos vanos, para poder soportar los enormes pesos de las bóvedas. Edificios en cuyo interior la escasa luz natural y la solidez de los muros y las columnas o pilares crean una atmósfera especial, adecuada a la casa de Dios. Un Dios distinto y distante de los hombres, tal y como lo reflejan también las representaciones escultóricas y pictóricas. Esas representaciones forman parte de los templos dándoles significado en conjunto. La pintura y la escultura tienen un sentido fundamentalmente didáctico, son vehículos de enseñanza de la doctrina y las creencias religiosas entre los fieles que, en su gran mayoría, no saben leer ni escribir y no tienen acceso a los textos religiosos. Así concebidas, pueden ser consideradas representaciones expresionistas, en el sentido de que procuran transmitir una idea dejando de lado la adecuación formal. Las pinturas o las miniaturas de los códices tienen un carácter esquemático al servido de la claridad en la idea que se desea transmitir, mientras que la escultura se somete a los marcos arquitectónicos, tanto en las portadas como en los capiteles que adornan las columnas. Las portadas, los claustros o las pinturas de los muros interiores desarrollan programas iconográficos mostrando los elementos esenciales de la religion que los fieles deben creer (y temer).

La mayor expresión del arte románico son los monasterios, con sus iglesias y sus claustros, y la expansión de este estilo artístico estará ligada a la de las ordenes monásticas, entre las que desempeñan un papel muy significativo los cluniacenses, introductores en la península de ideas europeas en tantos aspectos. El románico peninsular produjo numerosas obras muy notables. No es posible hacer referencia a todas ellas en estas páginas, pero entre las imprescindibles merece la pena destacar los monasterios de Santa Maria de Ripoll (Gerona), Santo Domingo de Silos (Burgos) o San Isidoro de León, las catedrales de Jaca (Huesca), Zamora o Santiago de Compostela, y las iglesias de San Vicente de Ávila o San Martin de Fromista.

La orden cisterciense surgió, como hemos visto, animada por un espíritu ascético, que se contradecía con el esplendor simbólico del románico. De esa forma, los cistercienses impulsaron un nuevo estilo arquitectónico que se caracterizaba por la pureza de líneas y la ausencia de ornamentación; al mismo tiempo, utilizaron innovaciones constructivas, los arcos ojivales y las bóvedas de crucería fundamentalmente, que derivarán en cambios formales. Esta arquitectura cisterciense, mucho más sobria que la románica de su época, se difundió en la península a través de los monasterios de la orden como Moreruela, Poblet, Huerta, etc.

En la primera mitad del siglo XII, en la Isla de Francia en torno a Paris comenzó a formarse un nuevo estilo artístico; sus primeros pasos se situaron en un contexto monástico, pero pronto se extendió a la construcción de grandes iglesias episcopales, catedrales. Es el gótico, que se extenderá también por la península a lo largo del siglo XIII. Las innovaciones técnicas de las construcciones cistercienses caracterizarán también a la nueva arquitectura gótica. Los arcos ojivales estilizan y elevan los edificios, que ahora se cubren mediante bóvedas de crucería que ya no necesitan pesados muros para sostenerse, sino columnas y contrafuertes. El resultado son edificios más altos, más esbeltos, con amplios vanos, luminosos, en los que la estructura arquitectónica se extiende al exterior del edificio mediante arbotantes y contrafuertes. La casa de Dios, la auténtica ciudad de Dios que quiere ser la catedral, es ahora distinta para ofrecer a los fieles un concepto de Dios que también va cambiando. Frente al carácter eminentemente simbólico del románico, se suele caracterizar al gótico como un arte más naturalista,, un arte que se inspira más en la naturaleza para expresar una idea de Dios comprensible para los hombres y más próximo a ellos. En ese sentido, la escultura, que sigue en lo fundamental determinada por los marcos arquitectónicos y sigue orientada a un carácter didáctico, pierde la rigidez de las tipologías simbólicas y se acerca a una representación de las formas naturales. La pintura queda en buena medida desplazada de los muros interiores de los templos, que ahora son sustituidos por vanos y éstos se cierran mediante vidrieras. Los murales románicos, iluminados con velas y antorchas y que creaban una atmósfera muchas veces estremecedora, se sustituyen por nuevas sensaciones de luz y color que penetran en las iglesias a través de las vidrieras góticas.

El gótico tendrá una larga trayectoria y experimentará algunos cambios formales muy significativos hasta el siglo XVI, pero en su introducción en la península en el siglo XIII será un arte de catedrales. Por supuesto, las manifestaciones artísticas son muy numerosas, pero es ahora cuando se levantan tres de las grandes catedrales góticas de la península, las de Burgos, Toledo y León.

En paralelo a la difusión del gótico, en el siglo XIII también va adquiriendo madurez el estilo mudéjar. Es un estilo propio de la península, fruto de la estrecha relación con el mundo musulmán y que se extiende a medida que avanza el proceso de expansión territorial. En las construcciones mudéjares la piedra se sustituye por el ladrillo, más barato y que permite más combinaciones ornamentales. Las pesadas bóvedas de piedra se sustituyen también por cubiertas de madera profusamente decoradas. Son esos elementos decorativos y ornamentales, donde el yeso tiene un papel esencial, los que caracterizan el arte mudéjar al difundir en contextos cristianos elementos decorativos característicos del mundo musulmán, geométricos y vegetales sobre todo. También las torres son características de muchas construcciones mudéjares. Toledo fue uno de los principales focos de un estilo que se extiende por diversas zonas, destacando las construcciones en la Tierra de Campos en Castilla y en Aragón.

Los cambios formales que se van produciendo en los siglos XII y XIII no son el fruto de innovaciones técnicas. Estas, por supuesto, posibilitan materialmente esos cambios y contribuyen a difundidos, pero son el resultado de nuevas concepciones intelectuales y filosóficas. Las técnicas están al servido de las ideas y no al contrario, aunque las ideas necesiten de las técnicas para expresarse mejor. Hay, por tanto, un desarrollo intelectual que se manifiesta claramente en el ámbito de la filosofia. En este período de los siglos XII y XIII se asiste, de hecho, a un renacer de la filosofia. Hasta entonces, durante la Alta Edad Media, desde la desaparición del mundo clásico, apenas puede hablarse de filosofia sino sólo de teología. Ahora la filosofia recuperará su entidad de la mano de la escolástica.

Durante toda la Alta Edad Media la reflexión sobre el sentido del ser humano y su relación con Dios está dominada por el pensamiento de San Agustin, un pensamiento teocéntrico que propugna un acercamiento a Dios fundamentalmente místico. El panorama comenzará a cambiar durante el siglo XII. Autores como Anselmo de Canterbury, primero, y después otros como Pedro Abelardo, etc. desarrollarán otro tipo de explicaciones. La discusion entre los círculos intelectuales de la Europa cristiana giraba entonces en torno a la cuestión de los universales; la cuestión de si las especies, las cosas o los entes, los universales, existen por si mismos o solo en cuanto que individuos u objetos concretos. ¿Existe una noción universal del hombre, aplicable a todos los hombres e independiente de cada uno de ellos, o solo existe en cuanto que se plasme en cada individuo concreto? Los llamados realistas pensaban que los universales existen per se; los llamados nominalistas pensaban que solo existen individuos o cosas, no conceptos sustanciales independientes de ellos. La cuestión de los universales agitó el pensamiento del siglo XII y provoco un primer distanciamiento de la concepción agustiniana a través de autores que buscaban una explicación racional o razonada, aunque la via mística siguió latiendo con fuerza en otros autores como el cisterciense San Bernardo.

Frente al protagonismo absoluto de Dios, el hombre comenzaba a tener algún papel por la via del razonamiento. En la busqueda de ese papel recobrado se volvió la vista atrás, a los autores clásicos ignorados durante la Alta Edad Media, y sobre todo a Aristóteles, el maestro de la búsqueda del conocimiento a través de la razón. En la recuperación del pensamiento de Aristóteles los reinos cristianos peninsulares tuvieron un papel notable. La filosofia clásica había desaparecido del occidente de Europa, excepto el neoplatonismo teocéntrico de San Agustín, pero se había transmitido al mundo islámico, donde las obras de Aristóteles y otros autores eran conocidas y comentadas. Esas obras llegaron al mundo cristiano en muchos casos a través de la península, donde los contactos con el mundo musulmán eran estrechos y tenían una larga tradición. Es necesario citar la obra de autores hispanomusulmanes como Averroes (1126-1198) o hispanojudíos como Maimónides (1135-1204). El primero comento ampliamente la obra de Aristóteles eliminando distorsiones introducidas por otros autores y desarrolló un pensamiento que subordinaba la religion a la filosofia. El segundo, partiendo de Aristóteles, intento una explicación e interpretación global del judaísmo.

Ambos autores fueron muy influyentes en el mundo intelectual cristiano durante el siglo XIII y contribuyeron a recuperar el aristotelismo. Pero la filosofia aristotélica también se introdujo en Occidente a través de traducciones realizadas en la península de obras árabes. Frecuentemente se habla de la Escuela de traductores de Toledo, aunque la expresión no es del todo ajustada. Por otro lado, Toledo fue el centro más importante pero también destacaron otros en el valle del Ebro. Las conquistas cristianas a finales del siglo XI y en las primeras décadas del XII de ciudades como Toledo, Huesca o Zaragoza supusieron la incorporación al mundo cristiano de importantes focos de la cultura musulmana y también, por primera vez, de contingentes numerosos de población musulmana que aportaban un amplisimo bagaje cultural. En ese contexto, en los siglos XII y XIII se realizaron abundantes e importantes traducciones de obras griegas y árabes primero al latin y después al romance. Los traductores serán hispanos cristianos, musulmanes y judios, pero también intelectuales de otras zonas de la Europa cristiana que vinieron a la península atraídos por el enorme caudal de conocimientos disponibles en las fuentes musulmanas. En el siglo XII hubo una actividad traductora notable en Barcelona, Zaragoza o Tarazona, pero el foco más importante, como hemos señalado, será Toledo. No parece que allí se formara entonces una auténtica escuela de traductores, en el sentido de una organización institucionalizada y estable, sino el trabajo autónomo de diversos traductores generalmente formando pequeños grupos. Por otra parte, sí se ha destacado que muchos de esos traductores trabajaron en el entorno del obispo y del cabildo, que disponían de una importante biblioteca y que animaron la realización de traducciones. En el siglo XIII se continuo y amplio la tarea iniciada en el siglo XII, animada también por el obispo y después, ya en la segunda mitad de ese siglo, por el rey Alfonso X el Sabio, gran impulsor de las traducciones.

Hemos destacado el impulso que supuso el interés por la recuperación de Aristóteles en la tendencia por otorgar al hombre y a las explicaciones racionales un mayor papel. De esa forma, el siglo XIII estará dominado en los ámbitos intelectuales europeos por la recepción de Aristóteles y dará algunos de los mejores frutos de la filosofia escolástica, como Santo Tomás de Aquino (1224-1274). Y junto al hombre, claro está, también la naturaleza y los fenómenos naturales, de manera que el naturalismo gótico no es solo estético, sino también filosófico y científico. El conocimiento de la naturaleza también se enriqueció de una forma muy importante a partir de las fuentes árabes y, junto a las obras filosóficas, se tradujeron obras de astronomia y astrología, medicina, etc.

La evolución intelectual tiene también un claro reflejo en la producción literaria. En ese campo, en los siglos XII y XIII tendrán lugar dos innovaciones de gran calado; en primer lugar, la utilización en los escritos literarios de las lenguas vernáculas, dándoles así una auténtica entidad; en segundo lugar, la incorporación de autores laicos a la producción literaria. Ambas cosas no suponen, lógicamente, que no continúe existiendo una importante literatura latina, ni que muchos de los autores más destacados sean clérigos, pero ahora la literatura ya no será exclusivamente latina ni se realizará exclusivamente en ámbitos eclesiásticos. Son los tiempos del mester de juglaría y del mester de clerecía,; es la época de los juglares y de los cantares de gesta. Se cantará a Dios y a la Virgen Maria, pero también a los hombres y al amor.

En el campo de la literatura latina sigue habiendo una producción muy importante, en la que destaca la lírica culta realizada por clérigos pero con la incorporación de temas inspirados en la épica y los cantares de gesta. Así, el Carmen Campidoctoris sobre el Cid, o el Poema de Almería, que narra la conquista de esa ciudad por Alfonso VII de León y Castilla en 1147. También temas religiosos o eclesiásticos, como la hagiografía, las vidas de santos, como la que compuso Grimaldo sobre Santo Domingo de Silos; u obras que, realizadas en un ámbito eclesiástico, tienen un contenido profano, como los poemas amorosos, Carmina amatoria, compuestos probablemente por un monje de Ripoll; también obras historiográficas, crónicas e historias, más abundantes y ricas en León y Castilla que en Aragón y Cataluña.

Pero es más significativa y característica la literatura romance. En esta época se compondrán cantares de gesta sobre los héroes épicos, como el Cantar del Cid que obtuvo una versión final a comienzos del siglo XIII. También se desarrollarán las obras líricas por trovadores y clérigos. En el ámbito profano, la poesia lírica compuesta por los trovadores y cantada por los juglares tendrá una clara influencia de la lírica provenzal. Esa influencia será muy notable en Cataluña por las relaciones tan intensas de esa zona de la península con el sur de Francia; de hecho, varios autores de origen catalán escribirán poesias en lengua provenzal. La lengua catalana comenzará sus primeros pasos literarios como lengua escrita en otro campo, el de la literatura eclesiástica, con las llamadas Homilies d’Organya, una colección de sermones con una cierta influencia cátara realizados a finales del siglo XII o comienzos del XIII. Después, a lo largo del siglo XIII, la utilización del catalán, catalanesc, se irá extendiendo y codificando en textos literarios, historiográficos, filosóficos, teológicos, etc. La lírica provenzal también tuvo una influencia destacable en el occidente de la península, donde se desarrolló una poesia trovadoresca en gallego-portugués; se trata de las cantigas, género que se suele dividir en tres grupos: cantigas de amor, de amigo y de escarnio y maldecir. Junto a la lírica profana de los trovadores se desarrolla también una lírica de temática religiosa y carácter eclesiástico. En ese campo podemos destacar autores como Gonzalo de Berceo y sus Milagros de Nuestra Señora, o las Cantigas de Santa Maria, compuestas por el propio rey Alfonso X de Castilla. También en este período se dan las primeras manifestaciones de obras dramáticas en lenguas vernáculas; en sus comienzos se trata de obras derivadas de los actos litúrgicos y la primera de ellas será el Auto de los Reyes Magos, compuesta probablemente a mediados del siglo XII.

Nuevos temas y nuevos géneros literarios que reflejan la evolución social. Una sociedad señorial y dominada por la nobleza que encuentra ahora también sus modelos literarios. Los primeros se encuentran en los cantares de gesta que hemos mencionado; de ellos derivará en el siglo XIII y a imitación de modelos europeos la realización de los que pueden considerarse los primeros libros de caballerías. Entre ellos cabe mencionar el Libro de Apolonio o el Libro de Alexandre, obras de ficción, relatos de aventuras sobre ambos personajes tomados del mundo clásico, el rey de Tiro y Alejandro Magno. Estas obras se enmarcan en el desarrollo de la caballería y del espíritu caballeresco. A ello nos referiremos más adelante, pero antes es conveniente detenerse en el mundo de la educación, en el surgimiento de las universidades, focos de irradiación de muchos de los cambios que hemos mencionado.

4.4. Las primeras universidades

Los cambios y el desarrollo intelectual durante este período, que hemos esbozado brevemente, tienen lugar en un contexto de desarrollo de la educación y de las instituciones educativas. La culminación será la formación de las primeras universidades desde comienzos del siglo XIII. Las escuelas catedralicias y urbanas y las universidades posibilitarán ese desarrollo intelectual en tanto que ámbitos de estudio y transmision de conocimientos y contribuirán a difundirlo. A su vez, las nuevas instituciones educativas se asientan en el desarrollo y crecimiento de las ciudades y la vida urbana, en el llamado renacimiento urbano. Se trata de un fenómeno europeo que tiene su correspondência en los reinos cristianos de la península.

Durante la Alta Edad Media la cultura y la educación quedaron recluidas en los ámbitos monásticos. Los principales monasterios fueron también focos culturales. También algunas sedes episcopales desempeñaron ese papel, aunque en menor medida que los monasterios. La situación fue cambiando desde finales del siglo XI y, sobre todo, a lo largo del XII. El renacimiento urbano situo a las ciudades en el primer plano económico, social y político y también, lógicamente, en el primer piano cultural. La cultura y la educación se instalaron desde entonces preferentemente en las ciudades. Eso no significa que los monasterios abandonaran por completo cualquier tipo de papel en relación con la cultura, pero quedaron en un segundo plano. Además, las ordenes monásticas que más se extendieron durante el siglo XII, como es el caso de los cistercienses, no centraron su objetivo en el desarrollo intelectual, de manera que los monasterios cistercienses no serán, hablando en términos generales, grandes centros culturales.

Desde el siglo XII los nuevos ámbitos protagonistas de la cultura y la educación en las ciudades serán las escuelas catedralicias o episcopales. Su desarrollo obedece a los factores generales que hemos señalado y también a otros específicos, como es el interés por mejorar la formación del clero, impulsado por la Reforma Gregoríana desde finales del siglo XI. En relación con esa tarea, la formación básica y elemental de los clérigos, los obispos venian ejerciendo sus funciones desde antiguo, de forma que ya existian escuelas en el entorno episcopal. Pero ahora esas escuelas se reforzarán y desarrollarán notablemente. Es un proceso que también está relacionado con el desarrollo y la organización de los cabildos, puesto que las escuelas quedarán integradas en los cabildos catedralicios, que designarán a uno de sus miembros, el magister scholarum o maestrescuela, para que dirija y coordine las enseñanzas de los estudiantes, clérigos o aspirantes a convertirse en clérigos. Las enseñanzas entonces se agrupaban en dos grupos de disciplinas, el trivium y el cuadrivium. El primero comprendía gramática, retórica y lógica; el segundo música, aritmética, geometria y astronomia. Eran las disciplinas que se consideraban como artes en una clasifícación tradicional. Fuera de ahí quedaban otras disciplinas, algunas diríamos científicas, y que exigían un conocimiento más especializado, como la medicina, el derecho o la teología. Algunas escuelas catedralicias desarrollaron también algunas de esas enseñanzas.

Hablamos de escuelas episcopales, catedralicias o capitulares porque en gran parte de Europa, como hemos señalado, se desarrollaron en ese ámbito y bajo la jurisdicción eclesiástica diocesana. Ése fue el caso también de los reinos cristianos en la península. Pero en otras zonas, como en Italia, las escuelas urbanas se desarrollaron en bastantes casos en el entorno y bajo la jurisdicción de los concejos, de las instituciones de gobierno municipal; son, entonces, escuelas concejiles, no episcopales.

Lógicamente no todas las escuelas, diocesanas o concejiles, alcanzaron el mismo desarrollo. Muchas se limitaron a la formación elemental de los clérigos y burgueses de su entorno más próximo. Pero otras alcanzaron un mayor desarrollo, se dotaron de más y mejores maestros, introdujeron nuevas disciplinas y atrajeron estudiantes de diversas zonas. En Europa, en Francia por ejemplo, destacaron las escuelas episcopales de Reims, Laon, Chartres o Paris; en la península merece la pena destacar las de Santiago de Compostela, Leon, Salamanca, Palencia y Toledo en Castilla y León; o las de Coimbra u Oporto en Portugal; o Gerona en la Corona de Aragón, donde hay que reseñar también los estudios de medicina de Montpellier, uno de los centros más importantes de toda Europa en esa especialidad.

El desarrollo de algunas escuelas está en la base de la formación de las primeras universidades. Hablamos de universidades cuando quienes las integran, la universitas de maestros y estudiantes, adquieren un estatuto jurídico propio, una autonomia jurídica y organizativa respecto de las autoridades diocesanas o concejiles según los casos. La universitas st organiza, así, como una corporación con diversos grados de independencia dentro de la vida urbana; estará gobernada por sus propios oficiales, encabezados por el rector, dispondrá de sus propias normas de funcionamiento y sus miembros estarán al margen, en bastantes casos, de la jurisdicción ordinaria. De esa forma, generalmente a lo largo de procesos de varios anos o décadas, desde comienzos del siglo XIII comenzaron a formarse las primeras universidades, las corporaciones de maestros y estudiantes comenzaron a recibir los privilegios y las normas jurídicas que las regulaban. Se fueron formando las primeras y grandes universidades europeas, como las de Paris, Orléans y Toulouse en Francia, Bolonia, Padua o Nápoles en Italia, u Oxford y Cambridge en Inglaterra. No todas las universidades se organizaron igual. Ya hemos visto que unas, la mayoria, tienen un origen diocesano y otras concejil. Los dos grandes centros durante el siglo XIII serán Paris, con un gran desarrollo de los estudios de teología, y Bolonia, que destacará sobre todo en derecho. La universidad de Paris, que será tomada como modelo por otras, se organizará en facultades que agruparán a los maestros y estudiantes de cada disciplina —artes, teología, derecho y medicina—; la de Bolonia se organizará en naciones que agrupan a maestros y estudiantes por su procedencia.

También en la península a lo largo del siglo XIII se establecieron varias universidades a partir de escuelas diocesanas, aunque tuvieron un éxito diverso. Las universidades se definen, igual que en otras zonas de Europa, como estudios generales y sus características quedaron muy bien reflejadas en las Siete Partidas, el gran código legal impulsado por el rey castellano Alfonso X el Sabio.

El primer estudio general, es decir, universidad, establecido en la península fue el de Palencia. Surgió probablemente como consecuencia del desarrollo que alcanzaba la escuela diocesana desde finales del siglo XII y obtuvo el apoyo del rey Alfonso VIII de Castilla, quien lo impulso notablemente entre 1208 y 1214, a instancias del obispo de la ciudad. Sin embargo, el estudio general de Palencia no llegó a consolidarse, dotado como estaba con escasas rentas y debido a la proximidad de otros centros que alcanzaron mayor desarrollo. En la primera mitad del siglo XIII hubo varios intentos de revitalizarlo, pero posteriormente fue extinguiéndose. Poco después que el de Palencia se establecio también el estudio general de Salamanca, a finales de 1218 o comienzos de 1219, por Alfonso IX de Leon. Su estructura y organización quedo fijada en 1254 mediante un privilegio de Alfonso X que, entre otras cosas, establecía en once el número de cátedras: tres de derecho canónico, una de derecho civil, dos de lógica, dos de gramática, dos de medicina y una de música. Alfonso X establecio también otros centros de enseñanza importantes en Sevilla y en Murcia. El primero dedicado al estudio del latin, griego y árabe, el segundo a las artes y la medicina; sin embargo, esos centros no se desarrollaron plenamente como universidades. A finales del siglo XIII consta que funcionaba ya el estudio general de Valladolid, cuya fundación y origenes son inciertos; quizá por traslado del de la vecina Palencia, quizá por el desarrollo de la escuela que existía en la ciudad en la colegíata de Santa Maria la Mayor. En 1293 el rey Sancho IV fundaba el estudio general de Alcalá de Henares concediéndole los privilegios que tenía el de Valladolid. Sin embargo, cabe dudar de la efectividad de esa fundación y la Universidad de Alcalá no tendrá una auténtica vida académica hasta bastante tiempo después.

En los territorios peninsulares de la Corona de Aragón no había ningún estudio general en esos anos. En el sur de Francia funcionaba el de Montpellier, reconocido como tal en 1289, donde tenian gran importancia los estudios de medicina, como hemos apuntado. En la península, ya en 1300 se fundo el estudio general de Lérida, que contaria con enseñanzas de derecho, medicina, filosofia y artes. También a finales del siglo XIII, en 1290, se fundo la primera universidad portuguesa con sede en Lisboa y que recibió diversos privilegios del rey Dionís; poco después se traslado a Coimbra, cambiando posteriormente varias veces de sede entre una y otra ciudad.

Esas fundaciónes cierran la nómina de las universidades establecidas en la península en este período, puesto que en el reino de Navarra no hubo estudio general’ aunque sí algunos intentos de establecerlo en Tudela. De todas ellas, fue la de Salamanca la que tuvo mayor proyección en esta época.

Junto a las escuelas urbanas que llegaron a transformarse en universidades, siguieron desarrollándose otras que no alcanzaron ese nivel pero continuaron proporcionando formación y educación a clérigos y burgueses. Durante el siglo XIII en la península, además de las escuelas diocesanas, se establecieron también escuelas concejiles que en la mayor parte de los casos ofrecían un nivel de formación inicial. Por otro lado, los mendicantes también crearon sus propios centros de enseñanza que, en algunos casos, alcanzaron un alto nivel. La dedicación a la predicación implicaba una formación intelectual y eso les llevó a establecer estudios en muchos conventos. Esto será característico de los dominicos desde sus inicios y los franciscanos, que en el espíritu de su fundador no tenían esa orientación de una forma tan acusada, no tardaron en adquirirla. Además, muchas cátedras universitarias fueron ocupadas por frailes. Entre los estudios dominicos de la península destacaron algunos de los establecidos en conventos de la Corona de Aragón, como los de Barcelona, Gerona, Lérida, Mallorca o Valência; junto a ellos cabe resenar también el del convento de Esteban de Salamanca en Castilla.

4.5. La caballería

Durante la Plena Edad Media de los siglos XII y XIII, la Iglesia continuo monopolizando en buena medida el mundo de la cultura, según hemos ido viendo. La reflexión intelectual y la enseñanza se realizan fundamentalmente en contextos eclesiásticos; también el arte es en gran medida arte sacro, aunque no hay que caer en la exageración de considerar que no existía otro tipo de manifestaciones artísticas. Mediante ese monopolio, la Iglesia se aseguraba el control no solo religioso sino también ideológico del conjunto de la sociedad. Pero hemos visto también algunos cambios en el pensamiento filosófico, el arte o la literatura que suponen una disminución del teocentrismo altomedieval, que otorga al hombre un mayor protagonismo. En ese sentido, en esta época también surge y se desarrolla un modelo social nuevo, el del caballero y la caballería, un modelo que no es eclesiástico, sino laico, pero sí sigue siendo también un modelo religioso.

La caballería será el elemento que vendrá a dar cobertura ideológica a la dominación social desarrollada por los nobles. La posición social de la Iglesia ya tenía su propia legitimación, ahora será necesario ofrecer un modelo ideológico complementario para justificar la expansión de la señorialización y la dominación social de la nobleza. La caballería, el espíritu caballeresco, ofrece un modo de ser, unas pautas de comportamiento a la nobleza, que la definen, identifican y diferencian respecto a otros grupos sociales. En realidad, la dominación nobiliaria contaba ya con una sólida justificación desde el siglo X cuando se formula la teoria de los tres ordenes que dividia a la sociedad en bellatores (guerreros), oratores (clérigos) y laboratores (campesinos). Su función era la defensa de la sociedad y eso justificaba su posición hegemónica. Pero ahora esa teoria de legitimación se desarrolla mucho más hasta ofrecer un modelo social completo, el de la caballería; modelo que abarcaba todos o casi todos los aspectos de la vida, no solo los que se refieren a la actividad militar, sino al comportamiento público y privado, la lealtad y la fidelidad, la religiosidad, incluso el amor. Conviene insistir en que es un modelo laico, pero también es un modelo religioso, en cuya definición y formulación la Iglesia desempeñó un importante papel.

La unión entre función militar y dominación social, que está en el origen de la caballería, es muy anterior. Un hito importante será la hegemonía de la caballería pesada en las operaciones militares, que ya se percibe en Europa en tiempos carolingios. Otros cambios en las técnicas de lucha, relativos por ejemplo a la posición de la lanza en el combate, provocaron innovaciones en las armas y los instrumentos de guerra que reforzaron más aún la posición del guerrero a caballo, del caballero. Desde la segunda mitad del siglo XI los guerreros por excelencia serán los caballeros y ellos llevarán el peso de las operaciones militares. Si la profesionalización en la guerra había limitado la participación de los no nobles, ahora la caballería pesada los excluirá casi por completo, excepto para tareas auxiliares y secundarias o en contextos muy específicos, como los que permitieron el desarrollo de la caballería villana en la península. El equipamiento militar —los caballos de guerra, las lanzas, espadas, escudos, cotas de malla, etc.— era muy sofisticado y muy caro y, además, era necesario un adiestramiento laborioso para poder utilizado en la guerra. Sólo los nobles disponían de tiempo para adiestrarse y de los recursos para adquirir las armas y los caballos.

Así pues, fue el desarrollo de la caballería pesada el que termino de configurar la identificación entre la función militar y la posición social, entre caballería y nobleza. Esa identificación se produjo además en un contexto en el que la función militar refuerza la consideración social elevada que ya venía teniendo. El concepto clásico de nobilitas va adquiriendo nuevos contenidos que incluyen o acentúan los referidos a la función militar. También desde finales del siglo XI se aumentará aún más la consideración social del guerrero al crearse, desde las cruzadas, el modelo del guerrero por Dios, el guerrero por la cristiandad. El modelo del caballero cruzado, que se extendió rápidamente por toda Europa, no era solamente un modelo militar o noble, sino también religioso. La mayor expresión de esa concepción religiosa de la función militar serán las ordenes militares, cuyos miembros, como hemos visto, reunían ambas características. De esa forma, la ideología de la caballería, que justificaba la dominación social de la nobleza, adquiria también un perfil religioso modelado por la Iglesia.

Para difundir ese modelo, los juglares, que vivían y trabajaban al servido de los nobles, desarrollaron una tarea eficaz de propaganda, transmitiendo en sus romances y cantares de gesta relatos y aventuras de héroes que representaban el modelo que se debía imitar. Poco a poco, el contenido militar y religioso se fue completando hasta convertir al modelo en una autentica forma de vida en todos los aspectos, como hemos apuntado. Es el espíritu caballeresco, la vida caballeresca, que será el referente, no solo para los nobles, sino también para los burgueses enriquecidos que aspiraban al ennoblecimiento.

La caballería, el estatus de caballero, se alcanzaba mediante un rito iniciático, la investidura de armas. Los relatos y cantares, primero, y después los tratados de caballería difunden el rito y contribuyen a unificar los procedimientos. Mediante la investidura de armas, el noble aspirante era armado caballero por otro noble de superior rango y generalmente de mayor edad. Entre ambos se establecía una relación especial de padrinazgo, un vínculo que venía a unir, y frecuentemente a reforzar, los vínculos de parentesco y los vasalláticos. En tanto que rito iniciático, la investidura de armas a menudo marcaba el paso de los jóvenes a la edad adulta.

En la península, las ceremonias de las investiduras de armas se difunden a partir del siglo XII. Conviene mantener reservas sobre las noticias aportadas por textos posteriores, literarios o cronísticos, que mencionan ceremonias anteriores durante el siglo XI. Desde mediados del XII hay noticias con cierta regularidad de que los reyes, los hijos de los reyes y los miembros de la alta nobleza son armados caballeros. Alfonso VII de León y Castilla armo caballero a su hijo Sancho, el futuro Sancho III de Castilla, en 1152; en 1153 hizo lo mismo con el rey de Navarra, Sancho VI; Alfonso el Casto de Aragón también fue armado caballero en 1174. A partir de esas fechas los ejemplos se van multiplicando en las últimas décadas del siglo XII y a lo largo del XIII en todos los reinos cristianos de la península. Sin embargo, son casos que se refieren casi siempre a las familias regias y la alta nobleza. Cabe dudar de que entonces todavía se hubiera extendido la costumbre de la investidura de armas al conjunto de la nobleza. Siendo así, probablemente para muchos nobles, sobre todo de los sectores de la nobleza media e inferior, durante el siglo XIII la caballería era todavía un modelo a imitar, pero sin el componente formal que implicaba la investidura.

Será en las primeras décadas del siglo XIV cuando veremos que la investidura de armas ha alcanzado una mayor difusión, cuando en las cortes regias se celebren en ocasiones ceremonias en las que son investidos decenas de caballeros. Entonces la caballería adquirirá también un mayor significado político y se convertirá en un elemento de jerarquización interna dentro de la nobleza.

En la península era relativamente frecuente que las investiduras de armas se celebraran en las campañas militares, antes o después de entrar en batalla, pero también se realizaban ceremonias al estilo europeo en ámbitos religiosos y rodeadas de un mayor contenido religioso. En la segunda mitad del siglo XIII se escriben obras y tratados sobre la caballería que describen las virtudes y el comportamiento de los caballeros, como el amplio apartado dedicado a la caballería en las Siete Partidas o el Libre de l’ordre de cavalleria de Ramón Llull.

La vida caballeresca conlleva también otros actos y ceremonias. Unos de los más importantes eran las justas y los torneos, que se celebraban con motivo de festividades diversas. En ellos, mediante la lucha reglamentada, se trataba de determinar quién era mejor caballero, quién tenía más y mejores habilidades como guerrero. Era un ámbito de sociabilidad de carácter festivo para la nobleza y creaba un contexto de competencia entre los nobles y de emulación. Pero los torneos también eran necesarios para el adiestramiento militar de los nobles en tiempo de paz. Con ese significado surgieron, aunque poco a poco fueron adquiriendo mayor contenido ritual y perdiendo carácter militar.

5

Notas sobre algunas interpretaciones y debates historiográficos

Muchos de los aspectos que conforman la realidad histórica del período plenomedieval en los reinos cristianos peninsulares son o han sido objeto de debate y controvérsia entre los historiadores o, cuando menos, de matizaciones de mayor o menor intensidad. Desde los rendimientos agrarios hasta las primeras formulaciones del pactismo como sistema de gobierno, pasando por los orígenes de las cortes, la caracterización de las ciudades o la constitución de los señoríos; para todos o casi todos los problemas no existe una visión única sino varias, que generalmente son complementarias y a veces también se contradicen.

No hace mucho, en uno de los manuales más recientes de Historia Medieval Universal sus autores, J. A. Garcia de Cortázar y J. A. Sesma, hablaban de una selva bibliográfica para referirse a la producción historiográfica. Las obras y trabajos —y los puntos de vista de sus autores y sus concepciones teóricas y metodológicas— sobre la península en el período de los siglos XI-XIII todavía no son, quizá, una selva, pero sí son ya un bosque con algunos claros pero denso y tupido en otras zonas. Por otro lado, dificilmente puede hablarse de una única historiografía hispaña para este período, sino de varias historiografías en relación con las distintas formaciónes políticas. Cada reino y, en ocasiones, algunos territorios tienen un desarrollo historiográfico propio —un desarrollo acelerado además en las últimas décadas— solo parcialmente conectado con el resto. Hay un historiografía catalana, otra aragonesa, castellano-leonesa, navarra, portuguesa… Cada una de ellas tiene sus propias preocupaciones y debates característicos y su propio desarrollo historiográfico. Esto es algo común al conjunto de la historiografía medieval europea, fragmentada en diversas historiografías nacionales/regionales. Los problemas o discusiones característicos de unas zonas no siempre tienen reflejo en otras, donde el discurso historiográfico sigue sus propios caminos. Hay, por lo tanto, un cierto ensimismamiento historiográfico (solipsismo lo ha calificado Garcia de Cortázar en relación con la historiografía castellana altomedieval) (Garcia de Cortázar, 2000). Esa situación, por otra parte, no tiene consecuencias exclusivamente negativas; el solipsismo ha producido debates en ocasiones muy brillantes que han hecho avanzar sustancialmente nuestros conocimientos, pero se echan de menos más visiones de conjunto y enfoques comparativos que, hoy por hoy, quizá son menos de los que cabría desear.

La abundancia de puntos de vista es un reflejo de la madurez alcanzada por la historiografía medieval peninsular, que en las últimas décadas ha experimentado un desarrollo muy notable. Algunos de esos puntos de vista han ido quedando reflejados a lo largo de las páginas anteriores. Para otros, el lector interesado tendrá que acudir a obras especializadas que se recogen en la bibliografía. Pero hay dos cuestiones de gran importancia, y que suponen interpretaciones o visiones de conjunto, que es conveniente revisar. Una es la cuestión del feudalismo hispánico, la otra el significado histórico de la Reconquista. Los diferentes planteamientos en torno a ambas cuestiones suponen otras tantas interpretaciones de la evolución histórica de los reinos hispánicos peninsulares en el período que estudiamos aqui. Por lo tanto, es conveniente referirse a ellas con un poco más de detalle.

5.1. El feudalismo hispánico

Hay un buen número de obras que estudian con detalle la historiografia sobre el feudalismo donde el lector podrá ampliar los aspectos que aqui se exponen solo de una forma resumida. La mejor introducción al tema, a mi modo de ver, la ha realizado J. Valdeón (Valdeón, 1992; aunque es conveniente leer también Valdeón, 1981), tanto por lo que se refiere a la península Ibérica como al conjunto de Europa. Para el conjunto de Europa, C. Wickham ha realizado una revisión muy reciente en la XLVII Settimane de Spoleto (Wickham, 2000); el conjunto de las aportaciones allí realizadas deben también tenerse en cuenta (VV. AA., 2000). Valdeón y Wickham tienen, además, la virtud de hacer asequible para el lector no especializado en historiografía la exposición de las diversas metodologías y conceptos. Para la historiografía europea también es conveniente acudir a la revisión que realizo en su dia A. Guerreau, en la que a la agudeza de las críticas se une el interés de las sugerencias (Guerreau, 1984).

Hasta finales de la década de los anos sesenta del siglo XX la historia medieval de España era Historia de la Iglesia —de hecho, más bien, historia eclesiástica en muchos casos—, Historia Política de tipo fáctico —acontecimientos, reyes, batallas— o Historia de las Instituciones. Esta última, la Historia de las Instituciones, comenzó a desarrollarse desde finales del siglo XIX por influencia, sobre todo, de la historiografía alemana y tuvo la virtud de ofrecer —o buscar al menos— no solo una descripción de personajes y acontecimientos, sino una interpretación general de la evolución histórica. Animados generalmente por una ideología liberal y burguesa, sus cultivadores tenían la plena convicción de que las sociedades, como era el caso de las sociedades medievales, se organizaban mediante o a partir de instituciones; instituciones jurídicas, políticas, económicas, sociales que, por lo tanto, era necesario conocer y estudiar. Por ese camino surgió en España una poderosa Historia de las Instituciones, cuyo mejor representante fue Sánchez-Albornoz, que la doto de una gran erudición. Sánchez-Albornoz no fue el primero ni el único; a su maestro, Hinojosa, hay que unir sus discípulos: Garcia de Valdeavellano, Grassotti y otros autores.

Como es lógico, los historiadores españoles de las instituciones desarrollaron una vision institucional del feudalismo y lo hicieron en paralelo a otros historiadores europeos —Ganshof es el principal autor de referencia de una larga lista—. Para ellos, el feudalismo es la consecuencia de la existencia de unas determinadas instituciones jurídicas, las instituciones feudovasalláticas. Son instituciones que regulan las relaciones de los reyes con los nobles y/o de los nobles entre si y que, cuando son predominantes, caracterizan al conjunto de la organización política. El feudalismo, así entendido, supone la existencia del contrato feudovasallático, cuyos dos componentes básicos son el beneficio o feudo y el vasallaje. La prestacion de vasallaje de unos nobles a otros o de los nobles al rey, expresada en el homenaje feudal, se hace a cambio de recibir un beneficio o feudo. El vasallo dispondrá de ese beneficio o feudo, básicamente tierras, aunque no solo ni siempre tierras, mientras mantenga esa condición de vasallo, y solo en ese caso; puesto que el feudo no supone una transmisión plena de derechos, sino parcial, dado que los bienes infeudados siguen perteneciendo en última instancia al señor. Cuando el rey concede tierras a sus vasallos nobles como feudos, a menudo esas tierras y los campesinos que las trabajan quedan fuera de la autoridad pública regia en beneficio de los nobles, que pueden desarrollar sus instrumentos de dominación señorial. Asi pues, los feudos son un camino de desarrollo de los señorios y éstos, a su vez, suponen una fragmentación de la autoridad pública, de la soberania. Habría por tanto, también una relación entre el desarrollo de las instituciones feudovasalláticas y la fragmentación del poder público en beneficio de los poderes señoriales.

Pero, siguiendo con los planteamientos de los historiadores institucionalistas, los señorios no derivan únicamente de las concesiones feudales. El desarrollo de las instituciones feudovasalláticas es característico del período plenomedieval, mientras que las formas del poder señorial son bastante anteriores y perduraron mucho tiempo después. Conviene, así, distinguir, según estos autores, dos conceptos. Por un lado, el régimen feudal cuando existen instituciones feudovasalláticas y estas caracterizan las formas de organización política; un concepto que se refiere, entonces, a las relaciones internobiliarias y a las relaciones entre el rey y los nobles; en definitiva, al régimen político, a “las obligaciones y los ritos de menos del uno por ciento de la población”, como diría Fossier. Por otro lado, el régimen señorial cuando los señoríos son característicos como forma de dominación de los poderosos —nobles y eclesiásticos— sobre la mayoría de la población campesina, que se sitúa bajo su dependencia. Ambos regímenes coincidieron en algunas épocas y en ciertas zonas, pero, se insiste, solo cabe hablar de feudalismo en relación con el primero, en relación con las instituciones feudovasalláticas.

Este planteamiento, en realidad, debe mucho a la evolución histórica de algunas zonas de Francia. Es el modelo característico de la Francia del centro y del norte que se ha tomado como referencia para otras zonas de Europa.

Así las cosas, los historiadores institucionalistas hispánicos han sostenido que en la mayor parte de los reinos cristianos peninsulares no hubo feudalismo durante la Plena Edad Media. Sánchez-Albornoz lo expresó en su conocida tesis de la inmadurez del feudalismo hispánico (Sánchez-Albornoz, 1956, t. 2; Grassotti, 1969; Garcia de Valdeavellano, 1981). Durante la mayor parte de la Edad Media y en la mayor parte de los territorios cristianos peninsulares el feudalismo no llegó a desarrollarse como tal. Ciertamente, por influencias externas, desde fines del siglo XI hubo instituciones feudovasalláticas —los textos castellanos señalan que los feudos en Castilla se denominaban prestimonios, préstamos—, pero imperfectas, sin que llegaran a vincularse por completo los dos componentes básicos del beneficio y el vasallaje; además, esas instituciones no llegaron a caracterizar al conjunto de la organización política. Eso fue así, según sus interpretaciones, por las características propias de la Reconquista —Sánchez-Albornoz también insistía en hablar de un temperamento hispánico, diferenciador de otras zonas de Europa, y que se reforzó y desarrollo durante la Reconquista—. Las continuas luchas contra los musulmanes permitieron a los reyes hispanos mantener un control sobre la nobleza mucho mayor que el de sus contemporáneos en otras zonas de Europa. Además, la fragmentación de la soberania fue menor también aqui que en otras zonas por un desarrollo más limitado de los señoríos y una mayor capacidad de los reyes para intervenir sobre ellos. No hubo, por tanto, feudalismo en sentido estricto; o, si se prefiere, hubo un desarrollo inmaduro, imperfecto, etc. del feudalismo. Esto es así para la mayor parte de los reinos cristianos peninsulares hasta el siglo XIV. Solo Cataluña escapa a esa situación puesto que, por su vinculación con el mundo carolingio, tiene una trayectoria institucional diferente con un mayor desarrollo de las instituciones feudovasalláticas. Por otro lado, durante la Baja Edad Media se daria una mayor contaminación de influencias europeas y las cosas cambiarían parcialmente.

Para los historiadores institucionalistas hubo en la España cristiana medieval (excepto en Cataluña) un régimen señorial, pero no un régimen feudal. Al modelo del, digamos, feudalismo institucional, limitado cronológica y espacialmente, se presentaron en Europa otras alternativas que buscaban una caracterización más amplia de las sociedades medievales, no determinada exclusivamente por las instituciones. Antes de repasar esas otras concepciones y metodologías del análisis histórico, y su incidencia en la historiografía peninsular, conviene decir que el modelo institucionalista, predominante hasta los anos setenta, sigue vivo en la actualidad. Tal y como reclaman muchos autores, sigue siendo necesaria una relectura abierta de los autores clásicos institucionalistas puesto que muchos de sus excelentes trabajos continúan siendo referencias fundamentales (Ruiz de la Pena, 2000). Pero también desde algunos sectores, por lo general menos vinculados al medievalismo y más a la Historia del Derecho, se sigue sustentando el modelo de análisis estrictamente institucional. El debate sigue vivo, aunque quizá amortiguado, y no faltan obras actuales que continúan proponiendo, a diferencia de los planteamientos que se sostienen en este libro, la inexistencia del feudalismo en la España cristiana plenomedieval.

En Europa, la alternativa a la Historia Política y a la Historia de las Instituciones vino de la mano de lo que se suele llamar inapropiadamente la escuela de Anales. Para lo que nos interesa aqui, el autor clave es Marc Bloch, cofundador de la revista Anales con Lucien Febvre en 1929. Frente a la caracterización de la sociedad a partir exclusivamente de sus instituciones jurídicas y políticas, Bloch propuso una visión más amplia y englobadora. Así, hablará de sociedad feudal (título del que fue su libro más influyente), cuyo elemento más característico son las relaciones de dependencia. La organización política (instituciones feudovasalláticas) no puede separarse de la realidad social (poder señorial) y el feudalismo se refiere a ambas. Si la historia era hasta entonces, básicamente, el estudio de acontecimientos y/o instituciones, con Bloch se abria enormemente el panorama al incorporarse al análisis histórico la Geografía, la Antropología, la Economia, etc. Las instituciones jurídicas eran, lógicamente, importantes, pero no eran lo que definia exclusivamente a una sociedad. Podia hablarse, entonces, de una sociedad feudal sin que en ella existieran feudos estrictamente, igual que, como decía Bloch, los físicos siguen hablando de átomos para referirse a una realidad que es divisible. La sociedad feudal de Bloch también suponía una cierta forma de pensar y de comportarse, una mentalidad, cuyo estudio sería desarrollado también por historiadores franceses posteriores, especialmente Le Goff.

Otra forma de entender el feudalismo en la historiografía europea es la derivada del materialismo histórico. A partir de los trabajos de Marx y Engels en el siglo XIX, la historiografía marxista se desarrolló sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Se desarrolló antes en los países comunistas, lógicamente, pero su influencia en la historiografía europea occidental fue limitada, por el aislacionismo de los dos bloques durante la Guerra Fria y porque frecuentemente el materialismo histórico en esos países alcanzó unas formas excesivamente academicistas y doctrinales, a menudo alejadas de la realidad histórica. Aunque hubo algunos autores, como VV. Kula y otros, que escaparon a esa generalización y si ejercieron una influencia considerable. En el desarrolló historiográfico han tenido más trascendencia los historiadores marxistas occidentales, que han transmitido una vision renovada del materialismo histórico: Hilton, Vilar, Bois, etc. Desde el punto de vista marxista, el feudalismo es un modo de produción, y ese concepto y el de formación social y económica son ejes fondamentales del análisis histórico, aunque otros autores consideran más adecuado el concepto de sistema social Los debates de la historiografía marxista sobre las transiciones de las sociedades caracterizadas por unos modos de producción a otros (del esclavismo al feudalismo, del feudalismo al capitalismo) han sido especialmente fecundos. Aunque la historiografía marxista es muy rica y variada, el centro del análisis gira en torno a las relaciones de producción, la generación de excedentes y la forma de apropiación de ese excedente. Desde este punto de vista, los componentes básicos del feudalismo son la hegemonía de la pequeña producción campesina y la sustracción del excedente campesino por los señores mediante coerción extraeconómica.

Ambas corrientes de interpretación llegaron a España a partir de los anos setenta, a menudo entremezcladas, produciéndose una importantísima renovación historiográfica. Desde entonces, se ha generalizado en sectores amplios de los historiadores la concepción de las sociedades cristianas plenomedievales como sociedades feudales (VV. AA., 1986; Sarasa, 1986; VV. AA, 1989; Valdeón, 1998; Salrach, 1998). Incluso autores de formación institucionalista, como Moxó, asumieron, en parte, las nuevas interpretaciones y se mostraron partidarios de un concepto amplio y englobador del feudalismo (Moxó, 1972). Sea, para unos, como sociedades caracterizadas estrictamente por el modo de producción feudal; sea, para otros, como sociedades caracterizadas por un sistema social y económico feudal. Lo cierto es que esa renovación historiográfica a la que aludimos fue muy rápida y con frecuencia se ha concretado en modelos teóricos escasamente definidos (una crítica en Iradiel, 1993). Además, en los últimos anos, tanto en España como en el resto de Europa, también se ha ido reduciendo el interés por la reflexión teórica en beneficio de nuevos campos historiográficos (mentalidades, género, microhistoria).

Pero el desinterés por la teoria no significa, ni mucho menos, unanimidad de planteamientos. Hay, por ejemplo, en la actualidad un debate muy significativo sobre la formación del feudalismo; un debate que debe mucho a las obras de A. Barbero y M. Vigil para la zona Occidental y de P. Bonnassie para Cataluña, y que queda reflejado en otros volúmenes de esta colección (Barbero y Vigil, 1978; Bonnassie, 1975-1976).

Por otro lado, como decíamos más arriba, los planteamientos institucionalistas siguen presentes en la historiografía actual. En fechas muy recientes Porras Arboledas, un historiador del derecho, escribía:

       Como antes exponía, el régimen feudal, tal y como acabamos de resumido, no se dio en la península Ibérica, salvo en Cataluña, por ser el único territorio hispánico que había pertenecido al Imperio carolingio, heredando, pues, de él sus estructuras.

       En el resto de los reinos peninsulares desde luego se dieron distintas manifestaciones feudales, como la inmunidad, el vasallaje o el beneficio (llamado en Castilla prestimonio, honor o atondo y, más tarde, tenencia), pero estos dos últimos elementos no se dieron necesariamente juntos, no apareciendo el contrato de feudo más que de modo meramente testimonial; los señores no se hicieron independientes del rey ni cuajó una pirámide feudal digna de tal nombre; además el vasallaje solía ser temporal. En realidad, el ambiente creado por la reconquista no era el más propicio para el desarrollo del feudalismo en Castilla, León, Aragón o Navarra, reinos que quedaron a mitad de camino de esa evolución (Porras, Ramírez y Sabaté, 2003: 42).

En contraste, poco antes, Garcia de Cortázar señalaba que:

       En el siglo XII, aquella sociedad que, a comienzos del siglo VIII, habíamos caracterizado como pluriestructural, se había convertido en una sociedad feudal. Esto es, una sociedad caracterizada por tres conjuntos de elementos: un primero, socioeconómico, la dominación expropiadora de los señores sobre los campesinos; un segundo, sociopolítico, el establecimiento o, al menos, el reconocimiento de una jerarquia de poderes, siempre concurrenciales y, con frecuencia, en disputa, dotados de jurisdicción compartida sobre hombres y tierras que se ha descrito como una pirámide en cuyo vértice superior, en el caso que estudiamos, estaba el rey; y el tercero, sociocultural, el encuadramiento del reino de León y Castilla en el marco ideológico de la Christianitas, cuyos agentes fueron, de un lado, los monjes cluniacenses y, de otro, el papado renovado por la reforma gregoríana (Garcia de Cortázar, 2000: 561)

5.2. La Reconquista

En la corte del rey asturíano Alfonso III en la segunda mitad del siglo IX se dio forma a una ideología de la Reconquista muy potente que se desarrollará durante toda la Edad Media (un buen resumen en Martin, 1993). No es necesario explicaria con detalle porque ha llegado hasta nuestros dias y forma parte de nuestra memoria colectiva. Las conquistas territoriales de los reinos cristianos frente a al-Andalus son un proceso de recuperación de los territorios perdidos con la invasion musulmana y de restablecimiento de la fe cristiana; una reconquista frente a los ilegítimos usurpadores musulmanes. Esa ideología de la Reconquista se reforzó más aún desde finales del siglo XI, cuando la lucha contra los musulmanes se formulo como cruzada. De esa manera, la Plena Edad Media, que es la época de la gran expansión territorial de los reinos cristianos, se caracteriza por ser la época de la cruzada de la Reconquista (que había empezado antes y aún continuo después). Ésa, conviene insistir, era la ideología de la época y ha llegado con escasas variaciones hasta nuestros días, donde se refleja en muchos manuales escolares y obras divulgativas (por ejemplo, para la historiografía catalana, Sabaté, 1996).

Sin embargo, en las últimas décadas, a medida que se extendía la renovación historiográfica, y con ella la vision de las sociedades cristianas como sociedades feudales, comenzaba a formularse una nueva interpretación de la Reconquista. A. Barbero y M. Vigil, que contribuyeron a abrir importantes nuevos caminos en la historia medieval de la península, abordaron ya en 1965 el estudio de “los orígenes sociales de la Reconquista” (en un artículo publicado en 1965 y después en forma de libro en Barbero y Vigil, 1974). Una interpretación que considera las conquistas territoriales como resultado de la expansión de las sociedades feudales. Esa es la interpretación que se sostiene en este libro. Frente a la Reconquista —en sentido tradicional—, con su carga de connotaciones religiosas, habría que hablar más bien de la expansiony cuyas causas se encuentran en la propia dinámica social y económica del feudalismo. Una expansión que en la península tuvo sus características propias, pero cuyas causas no son sustancialmente distintas de las causas de la expansión de otras sociedades feudales europeas.

Esta interpretación se ha ido haciendo cada vez más frecuente en las obras especializadas que analizan los procesos de reconquista y repoblación de las distintas zonas, y cuenta con algunas formulaciones de carácter general, como la que ha realizado Mínguez (Mínguez, 1989; compárese con Lomax, 1984). Así entendida, la Reconquista obedece a los intereses de los grupos dominantes cristianos (reyes, nobles, jerarquías eclesiásticas y, en determinados casos, oligarquías urbanas) que ven en la expansión territorial y la lucha contra al-Andalus una forma clara de desarrollar su hegemonía social, económica y política. La ideología de la Reconquista fue un instrumento de justificación al servido de los poderosos. Así pues, si hemos de explicar este período no podemos situar en primer lugar a la religion para a continuación afirmar el compromiso religioso de los reyes y sus guerreros, sino a la inversa, plantear que la religion fue la justificación de una dinámica expansiva que hunde sus raices en la estructura social y económica.

Un proceso secular como el de la Reconquista es un proceso complejo en el que intervienen muchos factores económicos, políticos, sociales y religiosos (González, 2000); pero no todos esos factores intervinieron de la misma manera. Para explicar ese proceso es necesario plantear cuáles son los factores principales y cuáles los secundarios.

En relación con el papel protagonista del proceso de expansión territorial en la historia de los reinos cristianos en este período, se ha desarrollado también la idea de la importancia de la frontera. Una frontera que, con las modificaciones a lo largo del tiempo, condicionaria la vida, no solo de sus habitantes más próximos, sino del conjunto de los habitantes de los reinos cristianos. La frontera se convierte, asi, para algunos autores, en el autentico eje de la organización social y política. En el origen de estos planteamientos había una clara influencia de la historia e historiografía norteamericana y del papel de la frontera en la formación histórica de Estados Unidos. Ha sido un historiador británico, A. Mackay, quien ha presentado una vision global más compacta de la historia medieval de España desde ese punto de vista (Mackay, 1981). Para él, el período entre 1000 y 1350 en los reinos hispánicos se caracteriza como “la época de la frontera”, puesto que “en España los problemas de la guerra fronteriza afectaron a la mayoria de la población y, en consecuencia, dotaron a la sociedad de una mezcla de caracteres nobles y ‘democráticos’” (Mackay, 1981: 13). El papel de la frontera es tanto como decir el papel de la guerra y la organización militar, de manera que “la España medieval era una sociedad preparada para la guerra” (Mackay, 1981: 12).

Pero, si nadie duda de la importancia del proceso de expansión territorial y sus consecuencias en la organización de los distintos territorios, hay mucho menos acuerdo en aceptar que la frontera sea el único concepto clave que explica la organización de la sociedad cristiana medieval. Y tampocose acepta, lógicamente, el carácter “democrático” de esa sociedad. Por otro lado, en cierto sentido, todas las sociedades medievales de Europa occidental eran “sociedades preparadas para la guerra”. Puede plantearse, más bien, el argumento contrario al expuesto por Mackay: la guerra y la expansión territorial no son tanto la causa de una determinada forma de organización social, sino más bien la consecuencia, de forma que es la hegemonía de la nobleza, y sus necesidades de reproducción social, la que explica la dinámica de expansión territorial. Otra cosa es que a medida que avanza el proceso de conquistas se fueran adoptando diversos modelos de organización social, tal y como se ha explicado más arriba.

Selección de textos

Documento 1

Fuero de Sepúlveda de 1076

       “4.- Et omnis homo qui habuerit iudicium cum homine de Sepuluega, firmet ille Sepuluega super infanzones siue super uillanos, nisi fuerit uassallo de rege.

[…]

       7. - Et habeant suas alkazauias IIIIor, et kinneria IIIIor, et retrouatida IIIIor, et suas uigilias IIIIor [prestaciones militares]; et de suas quintas et de omnibus suis calumniis la septima parte.

       8. - Et non den portadgo in nullo mercado.

[…]

       10.- Et si aliquis homo de Sepuluega occiderit hominem de aliqua parte de Castella, la octaua parte pectet.

[…]

       13.- Et si aliquis homo de Sepuluega occiderit alium de Castella et fugier usque ad Duero, nullus homo persequatur eum.

[…]

       17.- Et siquis homo de aliqua terra mulier aliena, aut filia aliena, aut aliquam rem de suis facinoribus quod contingerit adduxerit, et ubiaret se mittere in Sepuluega, nullus tangat eum.

[…]

       26.- Totas las uillas que sunt in termino de Sepuluega, sic de rege quomodo de infanzones, sedeant populatas ad uso de Sepuluega, et uadan in lur fonsado et lur apellido; et la uilla que non fueret pectet LX solidos; et si habuerint a pendrare por illos LX solidos comedant assadura duas uaccas uel XII carneros, et pecten in enfurcion de rege.

[…]

       30.- Et ad fonsado de rege si uoluerint ire non uadan nisi los caualleros, si non fuerit a cerca de rege aut a lide campal, et ad isto uadan caualleros et pedones los uezinos.”

(Sáez, E.; Gibert, R.; Alvar, M. y Ruiz-Zorrilla, A., 1933: Los fueros de Sepúlveda, Segovia: 43-51)

Documento 2

Crónica Najerense sobre el cambio litúrgico en Castilla a finales del siglo XI

       “Prefatus itaque rex Aldefonsus postquam regnorum suscepit regimina, nuntios Romam misit ad Papam Aldebrandum qui cognominatus est Gregorius septimus, ut romanum ministerium in omni regno suo constitueret celebrandum. Memoratus itaque papa cardinalem suum Ricardum, abbatem Massiliensem, in Yspaniam misit; qui, apud Burgensem ciuitatem nobile et generale concilium celebrans, diuinum officium iuxta romanam consuetudinem in omni regno predicti regis haberi mandauit.

       Era Ma. Ca. XVa., in dominica de ramis palmarum, apud Burgis, pugnauerunt duo milites, unus regis Aldefonsi pro lege romana, et alter castellanus scilicet Lupus Martínez de Matanza pro lege toletana; et uictus est miles regis. Super quo illis adhuc contendentibus, accenso magno igne in platee medio, missi sunt in eum duo libri: unus Romanum officium continens, alter uero officium continens Toletanum, sub tali condicione ut cuius modi liber ignem illesus euaderet, eius officium teneretur. Sed cum Toletanus magnum extra ignem saltum dedisset, mox rex iratus illum in ignem pede reiciens dixit: ad libitum regum flectantur comua legum”.

(Ubieto, A. [ed.], 1985: Crónica Najerense, Zaragoza: 116)

Documento 3

Crónica Anónima de Sahagún sobre la revuelta en Sahagún a comienzos del siglo XII

       “En aqueste tiempo, se levantaron contra el abbad e todos nosotros, non solamente los ricos e aun como quiera deçir los nobles burgueses, mas aun las personas muy biles, ansi como cortidores, ferreros, xastres, pelliteros, çapateros e aun los que en las casas soterranas façian sus ofiçios; los quales, según su costumbre, llamaban honbres mançevos, ca aquestos tales tomavan arcos e saetas e armas de dibersas maneras, e por fuerça quebrantando, rovaban.. ninguna cosa demandando al abbad nin façiendoselo saber; e ya si alguno les reprehendiese de los exçesos sobredichos o les contradixiese, duramente respondiendo, deçían:

       De parte del diablo fue e vino quien dono a los mojes poseer tal heredad […].

       E nos e el abbad, oyendo estas cosas, dentro del claustro nos ençerravamos, ansi como los ratones en sus cavernas…”

(Ubieto. A. [ed], 1987: Crónicas Anónimas de Sahagún, Zaragoza: 72-73)

Documento 4

Confirmación de la concesión de la villa de Alesón al sacristán del monasterio de Santa Maria de Nájera por Alfonso VII de León y Castilla en 1135

       “Ego Adefonsus, Dei gratía Hispaniarum imperator, facio hanc cartam donationis et confirmationis…, de ilia villa que dicitur Alason, illam bonam donationem laudo et confirmo et concedo Deo et ad iluminationem altaris et tibi Iohanni, sacriste, ut habeas et possideas tu et illi sacristani que post te venturi sunt totam ad integro, cum omnibus terminis et omnibus suis pertinentiis et cum totis suis directiciis, qui ad ipsam villam pertinent vel pertinere debent. Et nullus merinus regis vel sayon vel quislibet homo sit ausus ibi aliquid demandare vel introire et non pectet homicidium vel fossadera nec aliquam rem nisi sacristano qui eam tenuerit, sed sit libera, et ingenua et quieta, et sine omni regali pecto et sine maio foro, Domino Deo el altari beati Marie predicte in perpetuum et sit semper in potestate de illo sacristano qui servierit prenominato altari”.

(Cantera, M., 1991: Colección documental de Santa Marta la Real de Nájera. Tomo I (siglos X-XIV), San Sebastián: doc. 43)

Documento 5

Alfonso VIII confirma en 1169 las propiedades del monasterio de Santa Maria de Huerta y le concede privilegios de pastos

“ […] Ego Ildefonsus, Dei gratía rex, uos domine Martine abbas de Orta com omnibus monachis presentibus et futuris ibidem Deo seruientibuscum omnibus hereditatibus, siue regalibus, siue que aliis modis iustis adquisistis, uel adquirere poteritis, sub protectione et defensione Dei et nostra suscipimus et presenti scripti patrocinio confirmamus hereditates uero que modo habetis in presenti cartula iussimus nominari, scilicet… Insuper mutationem abbatie quam fecistis de Cantuos in Orta concedimus et confirmamus, preterea pro remedio anime nostre et parentum nostrorum, pietatis etiam intuitu in toto regno nostro, omni ganado uestro pascua libera et absoluta concedimus ita ut nec alicui concilio uel alicui homini pro ganado uestro herbaticum detis” .

(Garcia Luján, J. A., ed, 1981: Cartulario del monasterio de Santa Maria de Huerta, Santa Maria de Huerta, doc. 13)

Documento 6

Concesión de Alfonso VIII de Castilla a Sahagún en 1195 para que se celebre una feria anual

       Eapropter presenti pagina presentibus et futuris notum sit ac manifestum quod ego Aldefonsus, Dei grada rex Castelle et Toleti, una cum uxore mea Alienor regina et cum filio meo Ferrando, ad preces et instantiam domni Petri, uenerabilis abbatis Sancti Facundi, instituo apud Sanctum Facundum feriam generalem. Instituo itaque, concedo et confirmo ut in Sancto Facundo in festo Pentecostes feria singulis annis incipiat, per quindecim continuos dies duratura. Et quicumque, siue christianus, siue iudeus, siue maurus, ad feriam istam de quacumque terra uenerit, securus sit per omnia et undecumque sit secure ueniat, a die prima qua a domo sua egredietur usque ad diem illam quam ad eam reuertetur; nec pro debito proprio nec aliqua de causa pignoretur aliquis in feria, nec in eundo nec in redeundo; nec sit ausus aliquis sediciones uel boltam in feria facere uel feriam in aliquo disturbare”.

(González, J., 1960: El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, Madrid, doc. 642)

Documento 7

Disposiciones de Pedro II de Aragón contra los herejes en 1197

       “Petrus, rex Aragónum et Comes Barchinonae, Universis Archiepiscopis, Episcopis et caeteris Ecclesiarum Dei praelatis atque rectoribus,Comitibus, Vicecomitibus, Vicariis, Meriniis, Bajulis, Militibus, burgensibus, omnibusque populis in regno et potestate nostra constitutis, salutem et integram Christianae relligionis observantiam. Quoniam Deus populo suo nos presse voluit, dignum et justum est ut de salvatione et defensione ejusdem populi continuam pro viribus geramus sollicitudinem. Quapropter praecedentium patrum nostrorum in fide imitatores, sacrosanctae Romanae Ecclesiae canonibus obtemperantes, qui haereticos a consortio Dei et sanctae Ecclesiae et catholicorum omnium exclusos, utique damnandos ac persequendos censuerunt, Valdenses videlicet, qui vulgariter dicuntur Sabatati, qui et alio nomine se vocant pauperes de Lugduno, et omnes alios haereticos quorum non est numerus nec nomina sunt nota, a sancta Ecclesia anathemizatos, ab omini regno et potestativo nostro, tanquam inimicos crucis Christi Christianaque fidel violatores et nostros etiamque regnique nostri públicos hostes, exire ac fugere districte et irremeabiliter praecipimus…

       Sciendum etiam quod si qua persona nobilis aut ignobiolis aliquem vel aliquos praedictorum nefandorum in aliqua parte regionum nostrarum invenerit, quodcumque malum, dedecus et gravamen, praeter mortem et membrórum detruncationem intulerit, gratum et acceptum habebimus, et nullam inde poenam pertimescat quoquo modo incurrere, sed magis ac magis gradam nostram se noverit promereri, et post bonorum spoliationem, dedecus et gravamen quod eis irrogaverint, teneatur tradere corpora Vicariis aut Bajulis nostris ad justitiam quem inde fieri mandavimus exequendam”.

(Menéndez Pelayo, M., 1992, l .a ed. 1880-1882: Historia de los heterodoxos españoles, Madrid, vol. III: 221-221)

Documento 8

Reducción de las sernas que debían hacer los campesinos de La Nuez de Abajo (Burgos) establecida por su señor, el abad del monasterio de San Salvador de Oña, en 1237

       “Sabuda chosa sea e manifiesta, a quantos esta karta uieren, ke io don Michael por la gracia de Dios abbat de Onna e el conuiento del logar, absoluemos e lessamos a uos nostros uassallos de la Nuez de Rio de Urbel, ke sodes agora, e a los que seran sienpre hi moradores, las sernas ke fata aqui nos faziedes en quinze días, ke nunqua uos las demandemos deste dia en adelant, ni nos ni los que uernan despues de nos, ni fagades nunqua serna premia. E uos que nos aiudedes sienpre dos dias kada un anno, unu a senbrar e otro a trillar con cuerpos, e con bues, e con bestias; el que ouiere jugu de bues o de bestias, ajude con ell, el que ouiere un bue do bestia, ajude con ell, e el qui non ouiere bue o bestia, ajude nos con so cuerpo, e fazet la lauor bien e lealmientre, e el qui touiere la nuestra chasa, de uos kada un dia destos a kada unu de uos dues libras de las del cuende don Sancho, la una de trigo e la otra de comunna, e uino a jantar, e un conducho condido con sayn, o con mantecha, o con keso. A tal pleytu uos fazemos esta mercet e este lessamiento de las sernas ke cual sequier de vos, o de los ke seran, ke ouiere iugu de bues o de bestias, o si ouiere heredat para ell, ke nos de kada un anno dos almudes de pan, ell unu de trigo, e ell otro de ordio, e un sueldo de dineros, si fueren los bues do las bestias tales con que pueda omne labrar. El qui ouiere un bue do bestía con ke pueda labrar o heredat pora un bue, denos kada un anno un almud e medio de pan, lo medio de trigo e lo medio de ordio, e nuef dineros. Ell açadero de nos kada un anno un almud de pan, el medio de trigo e el medio de ordio, e sex dineros. La filandera de nos kada un anno, medio almud de pan, la una quarta de trigo e la otra de ordio, e tres dineros. El qui non fuere uezinu, ke de otra parte uiniere morar entre uos, de una quarta de almud de pan kada un anno a nos, la media de trigo e la media de ordio, e sea uassallo deli abbat de Onna e akell en cuia kasa morare, de desto rechabdo all abbat. Los uerfanos, fata XII annos, den un fuero. Si ouieren iugu de bues o de bestias, con ke pueda omme labrar o un bue o heredat pora ell, den cuemo por iugu de bues dan los otros. Si ouieren una bestía con ke omme pueda labrar o un bue o heredat pora ell, den cuemo dan los otros por un bue. Si esto non ouieren den quanto ell açadero. El qui dellos fuere de XII annos, de cuemo ouiere, assi cuemo dissiemos de suso ke diessen los otros. El qui tuuiere bues o bestias, o bue o bestía con ke omme pueda labrar, de Carnestolliendas fata Sant Andrés, quanto tienpo ke quier ke lo tenga de fuero por ello, assi cuemo si lo touiesse tod ell anno. Est pan sobredicho, nos daredes sienpre en agosto, e los dineros por Sant Michael en el mes de setienbre”.

(Álamo, J. del, 1950: Colección diplomática de San Salvador de Oña (822-12841 Madrid, doc. 481)

Documento 9

Regía de San Benito, sobre el trabajo de los monjes

       “48. El trabajo manual cotidiano

       La ociosidad es enemiga del alma y por eso los hermanos deben estar ocupados a unas horas en el trabajo de las manos y a otras en la lectura espiritual.

       En consecuencia, nos parece conveniente distribuir de esta manera ambos espacios de tiempo, a saber:

       Desde Pascua hasta el uno de octubre, por la mañana, desde la salida de prima hasta casi la hora cuarta trabajarán en lo que fuera necesario, desde la hora cuarta hasta casi el oficio de sexta se dedicarán a la lectura; y después de sexta, una vez que se hayan levantado de la mesa, descansarán en la cama guardando un silencio absoluto, de manera que el que quiera leer lo hará para sí a fin de no molestar a los demás; se anticipará el oficio de nona a la hora octava y media y después, hasta vísperas, volverán a trabajar en lo que haga falta. Y si por las circunstancias del lugar o por pobreza tuvieran necesidad de hacer la recolección personalmente no deben entristecerse por ello, ya que precisamente entonces, si viven del trabajo de sus manos, como nuestros padres y los apóstoles, es cuando serán verdaderos monjes. Pero todo se dispondrá moderadamente en atención a los pusilánimes.

       Desde el uno de octubre hasta el comienzo de la cuaresma, hasta que termine la hora segunda se dedicarán a la lectura; a la hora segunda se dirá tercia y después, hasta nona, cada uno se ocupará del trabajo que se le haya encomendado. Todos dejarán sus tareas cuando oigan la primera señal de nona, de manera que estén ya preparados cuando se toque la segunda; y después de comer se dedicarán a sus lecturas o a los salmos.

       Los dias de cuaresma, por la mañana estarán ocupados en sus lecturas hasta que termine la hora tercia, y desde entonces hasta el fin de la décima trabajarán en lo que se les haya mandado; recibiendo cada uno para estos dias cuaresmales un libro de la biblioteca que deberán leer del todo y por orden, los cuales libros habrán de ser repartidos al principio de la cuaresma.

       Y ante todo serán designados uno o dos ancianos que recorran el monasterio a las horas en que los hermanos se dedican a la lectura para que tengan cuidado, no sea que alguno, desidioso, se dedique a la holganza o a charlar en lugar de ocuparse de la lectura, de manera que no sólo resulte inútil a sí mismo sino que distraiga a los demás; y el así sorprendido, lo que ojalá no ocurra, será castigado hasta dos veces, y si no se enmienda se le someterá al castigo ordinario para que los demás tengan temor. Y que ningún hermano se acerque a otro a horas intempestivas.

       Los domingos se dedicarán todos a la lectura menos los que tengan a su cargo una tarea concreta y si alguno fuera tan perezoso o abúlico que no quiera o no pueda leer se le encomendará algún trabajo para que no esté ocioso.

       A los hermanos enfermos o débiles se les encargarán tareas u oficios tales que les eviten estar ociosos pero sin que les abrumen por la dureza del trabajo o les inciten a dejarlos, debiendo el abad tener en cuenta su flojedad”.

(Leclerq, J. [ed.] y Linaje Conde, A. [trad.], 1994: La regia de San Benito ordenada por materias, y su vida, en el español corriente de hoy, Silos: 125-126)

Documento 10

Regía de San Francisco, sobre la pobreza de los frailes

“Cap. I. Los hermanos deben vivir sin nada propio en castidad y obediencia

       Ésta es la regia y vida de los hermanos: vivir en obediencia, en castidad y sin nada propio y seguir la doctrina y las huellas de nuestro señor Jesucristo el cual dice: ‘Si quieres ser perfecto, vete, vende todas las cosas que tienes y dáselas a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo.

Cap. II. Admisión y vestido de los hermanos

       Si alguno, queriendo, por inspiración divina, abrazar esta vida, viene a nuestros hermanos, sea recibido benignamente por ellos… el mencionado aspirante venda todas sus cosas y procure distribuírselo todo a los pobres… Guárdense los hermanos, y también su ministro, de entrometerse de ninguna manera en sus negocios, y de recibir dinero alguno ni por sí mismos ni por intermediarios…

[…] Los otros hermanos que han prometido obediencia, tengan una túnica con capucha, y otra sin capucha si fuere necesario, y el cordón y los calzones. Y todos los hermanos vistan ropas viles, y puedan, con la bendición de Dios, remendarias de sayal y otros retales.

Cap. VII. Modo de servir y trabajar

[…] Y los hermanos que saben trabajar, trabajen y ejerzan el oficio que conozcan, siempre que no sea contra la salud del alma y pueda realizarse decorosamente… Ypor el trabajo puedan recibir todas las cosas que son necesarias, menos dinero. Y, cuando sea menester, vayan por limosna como los otros pobres…

Cap. VIII. Los hermanos no reciban dinero

[…] Por eso, ninguno de los hermanos, dondequiera que este y dondequiera que vaya, tome ni reciba ni haga recibir en modo alguno moneda o dinero ni por razón de vestidos ni de libros, ni en concepto de salario por cualquier trabajo; en suma, por ninguna razón, como no sea en caso de manifiesta necesidad de los hermanos enfermos; porque no debemos tener en más ni considerar más provechosos los dineros y la pecunia que las piedras. Y el diablo quiere cegar a quienes los codician y estiman más que las piedras.

Cap. IX. La mendicación

[…] Y, cuando sea menester, vayan por limosna y no se avergüencen… Y cuando los hombres los abochornan y no quieren darles limosna, den por ello gracias a Dios, pues los bochornos padecidos recibirán un gran honor ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo… Y la limosna es la herencia y la justicia que se debe a los pobres, adquirida para nosotros por nuestro Señor Jesucristo. Y los hermanos que trabajan en su adquisición recibirán gran recompensa…

Cap. XVII. Los predicadores

[…] Guardémonos, pues, todos los hermanos de toda soberbia y vanagloria; y denfendámonos de la sabiduría de este mundo y de la prudencia de la carne, ya que el espíritu de la carne quiere y se esfuerza mucho por tener palabras, pero poco por tener obras, y busca no la religion y santidad en el espíritu interior, sino que quiere y desea tener una religion y santidad que aparezca exteriormente a los hombres… El espíritu del Señor, en cambio […] se afana por la humildad y la paciencia, y la pura y simple y verdadera paz del espíritu.”

(Regía de San Francisco, en Guerra, J. A. [ed.], 1978, San Francisco de Asis, Escritos, biografías, documentos de la época, Madrid: 91-110)

Documento 11

Regía de la orden militar de Santiago, sobre la vida religiosa y la actividad militar de los freires

       “ 1.- Aqui se compieçan los establimientos de la orden de la caualeria de Sancti Iacobi que toda en tres cosas esta, auedes a saber en coniugal castidad, en obediencia guardar, en ueuir sin propio… Aquestas tres cosas son establidas a complimiento de la perfecta caridad, ca la perfecta caridad fueras desecha todo el tremor, e los auandichos freyres ponen sus personas e sos cosas en diuersos periglos e en muchos martirios e esfuerçanse a amar a Dios con toda su mient e con todas sus fuerças a su proximo asi como asi mismos.

[…]

       6.- A matutinas cada dia se leuanten quanto mas ayna oyeren la campaña de su ecclesia, si fueren sanos o no fueren trabaiados de grandes labores. Primeramientre commiendese a Dios e a la gloriosa Sancta Maria e a los bienauenturados apostolos, a Sanct Paulo e a Sanct lago e desent a todos los sanctos e quanta humildat pudieran digan III pater noster en honor de Sancta Trinidad, e por salut de sos almas. Silencio tengan en la ecclesia mientre que el seruimiento de Dios se fiziere, pocas cosas de necessidad fablen, en las oras de Sancta Maria deuen estar en pie en la ecclesia sino fuere en la propia fiesta, en las otras oras al uenite e al hymno e a Mag' e a Benedictus e siempre quando dixieren Gloria Patri enclinen las cabezas al altar. Mas cum las oras del dia non pudieren oyr digan I pater noster fincando los ynoios sino fuere fiesta.

[…]

       10. - Si alguno de los freyres otras abstinencias quisieren far segunt la prouidencia del maestre las fagan, assi que por aquesto non delexe el seruitio e la defension de la Christiandad… Mas grant cosa es poner so cuerpo en diuersos periglos que entormentar so cuerpo por muchos quebrantamientos.

       ll. - Agora caualleros de Christo leuantad uos de las obras de las tiniebras e uestid uos las armas de luz… Ninguna cosa non a mas buena ante Dios que finir la uida por espada o por fuego o por agua o por captiuidad o por muchos periglos non recontables.

[…]

       13. - Onde si alguno febleciere so cuerpo por grandes ayunos e sos fuerzas le fallecieren en seruitio de nuestro sennor sepa que fizo mala cosa…

       14. - Tod aquel que es deffendedor cumple aquellas cosas que Dios dira a los iustos el dia del iudizio. Houi fambre e distes me a comer, houi sed e diestes me a beuer, Assi como el deffendedor libra a alguno de captiuidad que non sea preso, este da a comer a fambriento, e da a beuer al sediento e uiste al desnudo e uisita aquel que iaze en la carcel. Qui ha mas fambre o mas sed que aquel que es en poder de moros?

       15·- Ond si algun frayre fuere medroso o non fuere conuenible por yr en cabalgada segunt la prouidentía de so maestro, faga algunas otras cosas de la meson, que non sea embalde mas faga aquello quel mandaren, ca como dize Sant Ieronimo, ‘Faz alguna cosa que el diablo non te falle uagaroso.”

(Lomax, D.W., 1965,: La orden de Santiago (1170-1275), Madrid: doc. 1)

Documento 12

Fuero General de Navarra, preâmbulo sobre los orígenes y la constitución política del reino

       Tras la conquista musulmana de la península, “En estas montannas se alçaron muitpocas gentes et dieronse cabalgadasy etprisieronse cauallosy et partienlos a los plus esforçados, entroa que fueron en estas monatannas de Aynsa de Sobarbe plus de. CCC. a cauallo, et non era nenguno que fizies por otro ia sobre las ganancias e las caualgadas. Et fo grant la enuidia entre ellos, et sobre las caualgadas barallauan, et ouieron lur acuerdo que trasmisiessen en Roma por consellar al apostoligo Altebrano que estonç era, et otrosi a Lombardia, qui son omnes de grant iustiçia et en Francia. Et estos trasmisieronles dezir que ouiessen rey por que se cabdellasen, etprimerament que ouiessen lures establimientos iurados et escriptos. Et fizieronlo como les consellaron. Escriuieron lures fueros et consello de lombardos et franceses, quanto mellor pudieron, como omnes que se ganauan las tierras. Et pues eslieron rey."

(Texto y comentários en Martin Duque, A., 1996:
“Del espejo ajeno a la primera memoria propia”, en Signos de identidad
histórica para Navarra, Pamplona: 21-50, 42-43)

Documento 13

Libro del Repartimiento del reino de Valência

Reparto de alquerías y aldeas:

       De alqueriis et villis fanche datis

       Anno Domini M°.CC°XXX°. Septimo (1237).

Artallus de Luna: alqueriam de Paterna et de Manizes. VII idus iulii.

       Frater Lupus Martini, comendator de Alcanniz: villas sive alquerias de Betera et de Boyla. VIII° idus iulii.

       Egidius de Atrossillo, filius Peregrini de Atrossillo: alqueriam de Nachara de la Serra. XIII kalendas madii.

       Rodericus Eximini de Luesia: alqueriam de Foyos totam integram. Kalendas augusti.

       G. de Aquilone: alqueriam de Rascayna, cum furnis et milendinis. II nonas augusti.

       Eximinus de Urrea: alqueriam de Suyllana. II nonas augusti.

[…]

       Anno Domini M°. CC°.XXX°. Octavo (1238).

       Furtadus de Alora: alqueriam de Soto. XVI kalendas febroarii.

       Dominicus Lupi de Ricla: alqueriam de Felx que est inter Villam Merchant et Vanalgazir. Pridie kalendas febroarii.

       Eximinus Petri de Darocha: alqueriam de Silx, cum furnis et molendinis. XIIII°. kalendas febroarii.

       Palazinus de Focibus et Artallus: alqueriam de Alcaçer et de Spioca. III°. kalendas febroarii.

       Comendator de Alcanniz, alqueriam de Chibella del'Algarbia, cum furnis et molendinis. X°. kalendas mardi.

Reparto de casas en la ciudad de Valência (1239)

       Incipimus ad Portam Bovatelle

[…]

       Nadai: domus Mahomat Amoalig… captivus est.

       P de Balaguer: domus Cahat Ahayat… Dedit ad incensum.

       R Çacoma: domus Açat Alhadet.

       R Dezplan: domus Mahomat Algarbal.

       Maymon Bellamor: domus Amet Abnalfaqui… Hic fuit.

       R Babat: domus Mahomat çapater… (Sed non habet nomine).

       Garcia Retri de Sarasa: domos Mahomat Alatar, Abdalla Abidail et alia de ipso F. Sancti Iusti.

       Berenguer de Casa Iusana. Domus Mahomat Alhabez.

       Berenguer Mulet: domus Ali Axaar.

(Desamparados, M. y Ferrer, R. [eds.], 1979 y 1980, Libre del Repartiment del régné de Valência, vol. II: 32-34; vol. III: 24)

Documento 14

Crónica de la Población de Ávila, sobre la supremacía de los caballeros villanos

       “Ca los llamados serranos [los caballeros villanos] tienen que ellos son castellanos derechos, e de tales nunca sopieron menestrales ningunos, fueras todos cavalleros e escuderos; e guaresçieron siempre por cavalleria e non por al; e nunca se mezclaron en casamientos con menestrales, nin con ruanos, nin otros ornes ningunos, fueras con cavalleros fijos dalgo, nin lo farien por cosa del mundo.”

(Hernández Segura, A. [ed.], 1966: Crónica de la Población de Ávila, Valência: 23)

Documento 15

Mandato de Pedro III de Aragón estableciendo las tasas de recaudación del bovatge en Cataluña en 1277

       “Mandamus vobis, quatenus, visis presentibus, levetis, colligatis et recipatis et recepi, colligi ac levari faciatis bovaticum Catalonie, tam in civitatibus quam in omnibus aliis locis in hunc modum: Dentur nobis pro pare bovum, octo solidos et, si fuerit vitulus qui non habet annum, dentur duo solidos. De asino vel asina, que habet annum vel ultra, dentur nobis quatuor solidos; et si fuerit asinus vel asina que non habet annum, dentur nobis duos solidos. De equo, rocino vel egua vel mulo vel mula, que habet annum vel plus, dentur pro unoquoque sex solidos; si vero non habet annum, dentur tres solidos. Pro bestiis vero minutis, pro unaquaque, quatuor denarii. Pro porcellis et agninis, duo denarios. Pro exaderiis et bordariis vel simplicibus ministralibus unusquisque, det duos solidos. Item, pro pignoribus, octo denarios pro libra. De rebus mobilibus, duodecim denarii pro libra. De honoribus, quatuor denarii pro libra, exceptis domibus in quibus habitant. De operatoriis vero et domibus que locaverint, dentur secundum istam racionem, ut honor qui locatus fuerit decem solidos extimentur ad pretium centum solidorum. Nullus enim, per cartam ffanquitatis bullatam vel sigillatam aut alio modo ab hoc se valeat excusare. Item, homines qui morantur in domibus religionum, sive sint mercenarii sive alii quilibet, qui habitum non portent, hodie ab hoc bovatico nullatenus excusentur. Est enim sciendum quod, pro equitatura propria quam aliquis equitat et pro utensilibus domus sue, non dabit bovaticum. De omni blado et vino, dabit bovaticum sicut de mobili, deducto eo quod sibi fuerit necesarium usque ad novellum. De comandis autem factis in domibus re[li]gionum dentur bovativum sicut est predictum. Et, si aliquis periuraverit se, perdat illud de quo se periuraverit, et insuper donet nobis tantum quantum erit illud de quo periuraverit. Si autem homo qui periuraverit fuerit alterius dominationis, illud quod pro periuro habebitur dividatur per medium inter nos et dominum periurii. Et, quia bovaticum predictum de iure nobis debetur sicut primum quod facimus ratione nove dominationis nostre, barones, magnates, milites nec aliqui alii nullam partem accipiant sive habeant.”

(López Pizcueta, T., 1993: “Sobre la percepción del ‘bovatge en el siglo XIV: una aportación al tema de la tasación directa en la Cataluña bajomedieval”, en M. Sanchez Martínez [comp.], Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluña bajomedieval, Barcelona: doc. 1)

Documente 16

Privilegio General de Aragón de 1283

       “Estas son las cosas de que son spuilados los rrichos omnes, mesnaderos, cavalleros, infançones, ciudadanos, e los omnes de Aragón e de Ribagorça e del rregno de Valência e de Teruel:

       1. - Que el senyor Rey observe e confirme fueros, costumpnes, usos, privileios e cartas de donaciones e de camios del rregno de Aragón, e de Valencia, e de Ribagorça, e de Teruel.

       2. - Item que enquisicion non seya feyta nunqua contra nenguno en nengun caso; e, si feyta es la inquisicion e non es judgada, que non seya dado judicio por ella nin vaya ad acabamiento. E, si dada es sentencia, que vienga a exsecucion.

       3. - Item que la Justicia de Aragón judge todos los pleytos que venieren en la Cort con conseyllo de los rrichos omnes, mesnaderos, cavalleros, infançones, ciudadanos e de los buenos omnes de las villas, según fuero e ancianament fue costumpnado.

       4. - Item que seyan tornados en possession de las cosas que fueron despullados en tiempo del senyor Rey don Jayme e suyo, de que ellos se tienen por agrevyados que son publicas e notorias.

       5. - Item que el senynor Rey en sus gerras e end sus feytos que tocan a las comunidades, que los rrichos omnes, mesnaderos, cavalleros e los honrrados ciudadanos e omnes buenos de las villas seyan en su conceyllo e que tornen en lur honrra, assi como solian en tiempo de su padre.

       6. - Item que end cada uno de los logares ayan judges de aquell mismo regno, es a ssaber, en Aragón de Aragón, e en Valência de Valencia, e en Ribagorça de Ribagorça.

[…]

       9.- Item que los sobrejuncteros usen assi como solian antigament usar e non ayan otro poderio ni prengan de las villas de mercado sino X solidos e cada V solidos de las otras villas de aquellas que en la Jura seer querran. Mas los sobrejuncteros que seyan executores de las sentencias e endcalzadores de los malfeytores que sean jutgados por las Justicias de las cibdades e de las villas e de los otros lugares de Aragón.

[…]

       12. - Item las salvas de los infançones que seyan asi commo el seynor Rey padre suyo, e las juro en Exeya. Aquello mismo en seyan de las compras que fazen los infançones del rreyalengo, que se fagan segund quel seynor Rey padre suyo las juro e las confirmo en Exeya.

       13. - Item las onores de Aragón que tornen a las cavallerias segund que eran al tiempo quel seynor Rey don Jayme fino. Et los rricos omnes que ayan las pagas a San Miguel con lures calonias e sus azemblas, segund que avien usado antiguament e costumpnado, salvo que todos los de los villeros de Aragón den e paguen segund que costumpnaron en tiempo quel seynor Rey don Jayme fino, es a saber: peytas, caballerias, senas, açemblas, calonias, tributos, huest e monedage. En todas las otras cosas que finque salvo a los de los villeros lures privilegios segund que demandado fue.

[…]

       15.- Item que honor no sea tollida ni emparada por el senyor Rey a ningun rric homne de Aragón si donques el rrich omne non fiziesse por que. Encara aquesto primeramient que sea visto, jutgado e conossido por Cort General, es a saber, por la Justicia de Aragón de conceyllo de los rricos omnes e otros ondrados cavalleros, infançones, ciudadanos e otros omnes de las ondradas villas de Aragón. Et aquesto mismo sea de los mesnaderos: que non sea emparada lur mesnaderia si non fiziessen por que, e que fuesse judgado primeramient por Cort e por los sobredichos, segund que dicho es de susso.

       Et otrosi que los rrichos omnes non puedan toller tierra nin honores que dadas avran a lures cavalleros, si donques el cavallero non fiziesse por que. Et encara en aquesto primeramient que sea conoxido por vasallos de aquell mismo rrich omne, d’aquellos que tenrran tierra por ell.

       16.- Item que los rrichos omnes de la mesnada que an a servir lo seynor Rey, que sean comtados en aquel mes los dias de la yda e de la tornada, d’aqui a que sean tornados en lures casas. Et aquello mismo de los cavalleros que ternan onores de los rricos omnes.

[…]

       23. - Item peages nuevos que non sean dados especialment de pan e de vino que lievan con bestias, nin de ninguna moneda nin de ningunas otras cosas que usadas fueron de dar peage en Aragón; e que los peages se tornen e se prengan en aquelos lugares que antiguament se solian prender e no en otros.

[…]

       24. - Item que los rricos omnes de Aragón non sean tenidos por las onores nin por las tierras que tienen del seynor Rey de servirlos por aquellas fueras de su seynoria ni passar mar.

[…]

       28.- Item quel seynor Rey faga Cort General de aragoneses en cada un ayno una vegada en la ciudat de Çaragoça.”

(González Anton, L., 1975: Las Uniones Aragónesas y las Cortes del reino (1283-1301), Zaragoza, vol. 2: 14-19)

Documento 17

Ejemplo de una fazaña sobre el desafio entre caballeros en tiempos de Sancho IV de Castilla ( 1284-1295)

       “Ante el rey don Sancho dixo un escudero mal a Martin Alfonso de Angulo: que le matara un su pariente sin desafiar. Et dixo Gonçalo Peres de Ocharan, vn cauallero pariente de Martin Alfonso, que el le desafiara por mandado de Martin Alfonso. Preguntaron a Martin Alfonso que por que lo mandara desafiar; dixo Pero Lopes de Fontecha que era abogado de Martin Alfonso, que non auya ya por que lo desir, que muchas cosas le pudiera faser por que seria vergüença de las desir, asi commo yaserle con la muger o acometerle su cuerpo, mas abasaua asas quel tenya desafiado cuando lo mato. Preguntaronle que que dia le desafiara; dixo Pero Lopes de Fontecha que el cauallero non auya de tener el calendario en la çinta sinon el espada. Et dio el rey por quito a Martin Alfonso.”

(Suárez, E, 1942-1943: “La colección de ‘fazanas’ del ms. 431 de la Biblioteca Nacional”. Anuario de Historia del Derecho EspañoL, XIV: 379-592: 584)

Documento 18

La ceremonia de la investidura de armas según Ramón Llull

       “Parte IV. Del modo con que el escudero debe recibir la caballería.

       1. Primeramente, el escudero, antes de entrar en la Orden de Caballería, debe confesarse de las faltas que ha hecho contra Dios, a quien quiere servir en la Orden de Caballería, y hallándose sin pecado debe recibir el cuerpo de Jesucristo sacramentado como corresponde.

       2. Para armar un caballero conviene que se destine una fiesta de las que de precepto se celebran al ano, para que por razón de la fiesta se congreguen aquel día muchos hombres en aquel lugar, donde el escudero ha de ser armado, y rueguen todos a Dios que dé al escudero gracia y bendición con que sea leal a la Orden de Caballería.

       3. Debe ayunar el escudero la vigilia a la fiesta en honra del santo de quien se celebra. Y la noche antecedente al día en que ha de ser armado, ha de ir a la iglesia a velar, estar en oración y contemplación, y oír palabras de Dios y de la Orden de Caballería…

       4. El día de la función conviene que se cante misa solemne; y el escudero debe llegarse ante el altar y ofrecerse al sacerdote, que está en lugar de Dios, y a la Orden de Caballería, para servir en ella a Dios… También conviene que aquel día haya sermón, en que se expliquen los catorce artículos en que está fundada la fe, los diez mandamientos de la ley de Dios, los siete sacramentos de la Iglesia y los demás pertenecientes a la fe…

       9. Cuando el sacerdote haya hecho lo que toca a su oficio, conviene entonces que el príncipe o alto barón que quiere hacer caballero el escudero que pide Caballería, tenga en sí mismo la virtud y Orden de Caballería, para que con la gracia de Dios pueda dar la virtud y Orden de Caballería al escudero que la quiere recibir…

       ll. Debe el escudero arrodillarse ante el altar y levantar a Dios sus ojos corporales y espirituales y sus manos. Y entonces el caballero le ha de ceñir la espada, en la que se le significa la castidad y la justicia. Debe darle un beso, en significación de la caridad, y darle una bofetada, para que se acuerde de lo que promete, del gran cargo a que se obliga y del grande honor que recibe por la Orden de Caballería.

       12. Después que el caballero espiritual y terrenal ha cumplido con su oficio en armar el nuevo caballero, debe éste montar a caballo y manifestarse así a la gente, para que todos sepan que es caballero y que se es obligado a mantener y defender el honor de la Caballería…

       13. En aquel día se debe hacer gran festín, con convites, paseos y las demás cosas correspondientes al festín de Caballería. Y el señor que arma caballeros ha de repartir dádivas a los nuevos caballeros. Y éstos también deben repartirias…”

(Llull, R.: Libro de la Orden de Caballería, en Cuenca, L. A., 1975: Floresta española de varia caballería. Raimundo Lulioy Alfonso X, Don Juan ManueL, Madrid: 184-188)

Documento 19

Las universidades según las Partidas

       Partida Segunda. Titulo XXX, Que fabla delos estudios e delos maestros que leen las çiençias e de los escolares que aprenden los saberes en las escuelas.

       LEY PRIMERA… Estudio es ayuntamiento de maestros e de escolares que es fecho en algunt lugar con voluntad e con entendimiento de aprender los saberes: e son dos maneras; la una es a que dizen studio general en que ha maestros de las artes, e de gramatica, e de logica, e de rretorica, e de arismetica, e de geometria, e de musica e de astronomia, e otrosy que a maestros de decretos e sennores de leyes: e este estudio debe seer establesçido por mandado del Papa, e de enperador e de Rey. La segunda manera es a quel dizen de estudio particular, que quier tanto dezir commo quando algunt maestro amuestra en alguna villa apartada mente a pocos escolares; e tal commo este puede fazer perlado o conçejo de algunt lugar.

       LEY II… Mandamos que los escolares o los maestros, o sus mensageros e todas sus cosas sean seguros e atreguados en veniendo a los estudios, e en estando en ellos e en yendose para sus tierras…

       LEY III… Para seer el estudio general conplido quantas son las çiençias tantos deven seer los maestros que las muestren, asy que cada una delias aya y un maestro a lo menos: pero sy de todas las çiençias non pudieren aver maestros, que ayan de gramatica, e de logica, e de rretorica, e de leyes. E los salarios de los maestros deven seer establesçidos por el Rey…

       LEY VI… Ayuntamiento e confradias de muchos omnes defendieron los antigos que non se fiziesen en las villas nin en los rregnos, porque delias se levantan sienpre mas mal que bien: pero tenemos por derecho que los mestros e escolares puedan esto fazer en estudio general, porque ellos se ayuntan con intençion de fazer bien, e son estrannos e de lugares departidos, onde conviene que se ayuden todos a derecho quando les fuere meester en las cosas que fueren a pro de sus estudios o anparança de sy mesmos e de lo suyo. Otrosy pueden establesçer de sy mesmos un mayoral sobre todos a que llaman en latin rector, que quier tanto dezir commo rregidor del estudio, a que obedescan en las cosas que fueren convenibles, e guysadas e derechas. E el rrector deve castigar e obrar e apremiar a los escolares que non levanten bandos nin peleas con los omnes de los lugares o fizieren los estudios nin entre sy mismos, e que se guarden en todas guysas que non fagan desonrra nin tuerto, e defenderles que non anden de noche, mas que finquen asosegados en sus posadas, e punnen de estudiar, e de aprender e de fazer vida honesta e buena: ca los estudios para eso fueron establesçidos e non para andar de noche…

       LEY VII… Los maestros que muestran las sentençias en los estudios pueden judgar sus escolares en los pleytos e en las demandas que ovieren los unos contra los otros, e en las otras que algunos omnes les fiziesen que non fuessen sobre pleyto de sangre; e non les deven demandar nin traer a juycio ante otro alcalle syn su plazer dellos.

(Juárez Blanquer, A. y Rubio Flores, A. [eds.], 1991: Partida Segunda de Alfonso X el Sabio, Madrid: 275-280)

Documento 20

Las soldadas y la acción política de los nobles en tiempos de Fernando IV de Castilla

       En 1307 Fernando IV decide atacar a Juan Núñez de Lara, que en esos momentos estaba enfrentado al rey; en realidad lo hacía instigado por el infante don Juan que, a su vez, queria actuar contra Diego López de Haro, aliado entonces de Juan Núñez de Lara y enfrentado en un largo pleito con el infante don Juan a propósito del señorío de Vizcaya. Finalmente:

       “[…] El Rey ovo á otorgar que saldria de Búrgos (hacia Aranda) dende en cuatro días, mas que non tenía aver para pagar los caballeros; é el infante don Juan le dijo que echase luégo cuatro servidos en la tierra para pagar las soldadas, é fizolo así…”

       Una vez que los nobles recibieron su paga el rey se dirigió con las tropas a Aranda, pero en cuanto comenzó el cerco y las hostilidades los nobles pidieron más.

       “ […] Los ricos omes é los caballeros que eran con él afincdronle que les diese algo, é demandábanle caballos é armas é otras muchas cosas. E el Rey veyendo que non avia ocho dias que comenzára la guerra é les diera a todos algo, é caballos a los mas dellos, é le afincaban tan aina, tomo ende gran enojo, é demas que veia que le non servian commo avia menester. ”

       Un ano más tarde, en 1308, se reunieron cortes en Burgos:

       “E desque fueron todos ayuntados, entraron en su ayuntamiento é cataron todas las rentas de los reinos por menudo, é quien las tenian; é desque sopieron cuanto montaban lo cierto, otrosi cataron todas las cuantías que tenian los grandes omes é los infantes é los caballeros, é fallaron que montaban mucho mas las cuantías que tenian de cuanto montaban las rentas, é ovieron á dejar todos cada uno segund su estado de la cuantía que tenian. É desque lo ovieron todo contado por menudo épor granado, fallaron que avian menester para pagar cada ano las soldadas a los fijos-dalgo épara el comer del Rey épara tenencia de los castillos, demas de las rentas, cuatro cuentos é medio [4,5 millones de maravedís]; é desque la cuenta ovieron encerrada, fablaron onde avria este aver.”

(Rosell, C. [ed.], 1953: “Crónica de don Fernando Cuarto”, en Crónicas de los reyes de Castilla, Ed. Biblioteca de Autores Españoles, vol. 66, Madrid: 144 y 160)

Documento 21

Ordenanzas de la aljama de Tudela de 1305, sobre los judios que pretendían eludir el pago de impuestos

       “Acordo la aljama, guárdela su Roca y su Redentor, con apercibimiento de anatema por los libros de la Torá, acerca de todo hombre que deba pagar algún impuesto en la ciudad de Tudela, bien sea de los que ahora habitan en ella, o fuera de ella, o de los que vengan en el futuro a habitar en ella: Aquel que debiendo pagar un impuesto pida para sí mismo o para su prójimo una exoneración del impuesto de nuestro señor el rey, su majestad sea ensalzada; o aquel que pida que se le rebaje lo que deba pagar en el impuesto, o en otros gastos que haga la aljama, guárdela su Roca y su Redentor, tanto [si lo pide] en virtud de los sellos reales de exención de impuestos que tenga hoy, como [si lo pide] en virtud de los sellos que solicitará después de hoy; o quien pida ayuda de los cortesanos o de alguien de los pueblos gentiles para que se le exonere del impuesto; desde el momento de esta ordenanza hasta que se completen cincuenta anos, pagará a nuestro señor el rey, su majestad sea ensalzada, 1.000 maravedís de oro y será anatema para esta ciudad y para todo Israel durante 20 anos completos; su alimento será alimento de gentil, su vino, vino prohibido para un judio; no se podrá contar con él cuando se necesiten 3 judios ni cuando se necesiten 10 para rezar; nadie de los que habitan en esta ciudad tendrá con él ninguna sociedad, no hablará ni negociará con él; ahora bien, si ocurriera que tuviese un pleito o una querella con alguna persona, se permitirá al demandante y a los testigos que se encuentren en esta situación hablar con él, pero después de terminado el pleito, se abstendrán de hablar con él; y nadie tendrá con él negocios, ni comercio, ni comerá ni beberá con él en la misma mesa, ni cumplirá un precepto en su compañía, ni circuncisión, ni boda, ni duelo, ni le acompañará en su entierro; sino que se comportarán con él como se comportan con uno que ha muerto.”

(Lacave, J. L., 1998: Los judios del reino de Navarra. Documentos hebreos 1297-1486, Pamplona: doc. 1: 39-40)

Bibliografía

Como se ha indicado, la bibliografía sobre la evolución histórica de los reinos cristianos peninsulares durante la Plena Edad Media es muy abundante. El lector interesado en ampliar conocimientos o en contrastar hipótesis y puntos de vista podrá hacerlo fácilmente. Hay un buen número de manuales, enciclopedias y obras de síntesis, algunas más antiguas y otras más recientes, que frecuentemente se refieren al conjunto del período medieval, pero que constituyen un buen punto de partida. A partir de ahí, los trabajos especializados son muy numerosos. Existen recopilaciones que orientarán al lector y nos evitan la necesidad de ofrecer aqui una bibliografía muy amplia. Entre las más recientes y exhaustivas puede verse VV. AA. (1999): La Historia Medieval en España. Un balance historiográfico (1968-1998), Pamplona.

En las páginas siguientes ofrecemos una relación de las obras citadas a lo largo del libro que hemos ampliado con una selección bibliográfica, con el fin de que pueda servir como una primera orientación. Como cualquier selección es incompleta y, por eso mismo, discutible. En general, se incluyen las referencias más recientes, aunque en ocasiones sigue siendo necesario acudir a trabajos de los anos cincuenta o sesenta. Se han seleccionado preferentemente monografías para no alargar enormemente la lista. Casi siempre los aspectos más importantes están bien reflejados en libros monográficos, pero se citan también algunos artículos cuyas aportaciones, por unas u otras razones, resultan fundamental es. La evolución política puede seguirse también a través de colecciones y series como Reyes de Navarra o Corona de España,, cuyos volúmenes no se citan individualmente.

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