Ante el fin de ETA, este libro relata los inicios de la organización armada, con la derecha en su punto de mira como único objetivo.

Entre 1976 y 1981, durante los «años de plomo», las diferentes facciones de la banda terrorista ETA intentaron borrar del mapa a la derecha vasca. Las llamadas campañas «antialcaldes» y «antichivatos» le sirvieron para organizar una cruzada de limpieza ideológica con el fin de depurar del censo electoral, y del espacio público, a todo ese segmento ideológico. El asesinato del primer edil de Galdácano, Víctor Legorburu tuvo dos consecuencias: lograr la dimisión en masa de alcaldes y concejales, así como privar a la derecha vasca de candidatos para unas elecciones que se barajaban como inmediatas tras los primeros comicios de 1977. Problema que no tuvieron los partidos nacionalistas.

Militantes de AP, UCD o formaciones carlistas fueron colocados en el punto de mira. Sus candidatos pasaron a ser perseguidos, extorsionados… y asesinados. Los primeros crímenes fueron lo suficientemente «ejemplarizantes» como para crear un ambiente de terror generalizado, huida de familias enteras, y provocar mutaciones ideológicas salvavidas o la autocensura. Los afiliados de UCD, AP y formaciones de extrema derecha vivieron las amenazas en absoluta soledad porque las ejecutivas de sus partidos, en Madrid, no supieron proteger a los suyos. El llamado nacionalismo institucional, receptor de parte de los votos de esa derecha vasco-española que no tenía inconveniente en apoyarlo en las urnas, se mostró indiferente a esta situación.

Éste es un relato contra el miedo, para aclarar cómo empezó todo y con quiénes se inició el intento de ETA por exterminar a la derecha vasca. Pero, sobre todo, es un libro que evidencia esa memoria selectiva, capaz de recordar la Guerra Civil y el franquismo, mientras deja en un segundo plano el terrorismo abertzale en un intento de diluirlo entre otros extremismos y violencias.

Gorka Angulo Altube

La persecución de ETA a la derecha vasca

ePub r1.0

Titivillus 15.03.2021

Título original: La persecución de ETA a la derecha vasca

Gorka Angulo Altube, 2018

Editor digital: Titivillus

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A mi esposa Alicia, por todo el tiempo para ella que me he llevado para mí en esta primera aventura literaria. Tu amor incondicional y tu infinita paciencia conmigo siempre me han estimulado para seguir adelante en el camino de nuestra vida juntos. Un camino que empezamos desde Santiago de Compostela, donde terminan los caminos de otros.

INTRODUCCIÓN

Juan Pablo Fusi, Julio Caro Baroja y José Luis de la Granja siempre han sido algunos de mis referentes. Los tres sostienen que en el País Vasco del siglo XX encontramos tres grandes culturas o tendencias políticas: derechas, izquierdas y nacionalistas vascos. Representan a una sociedad plural siendo los tres vértices que forman un triángulo, unas veces equilátero, otras isósceles y otras escaleno. Siguiendo los datos que ofrece el historiador y catedrático universitario, José Luis de La Granja, los diputados a Cortes elegidos en las tres provincias vascas y Navarra durante el periodo republicano (1931-1936) y agrupados en las tres grandes tendencias fueron un total de 72 repartidos así: 27 parlamentarios de derechas españolistas, 27 nacionalistas vascos y 18 de las izquierdas. Los diputados de derechas se repartían entre 16 tradicionalistas, 7 católicos independientes, 3 de la CEDA y un monárquico. Todas esas tendencias derechistas desaparecerán con la Guerra Civil y con la dictadura franquista quedando algunos restos marginales en 1977. Los principales dirigentes vascos de los partidos derechistas fueron asesinados durante la guerra o pasaron a un segundo plano durante la dictadura. Los partidos de las derechas fueron disueltos o se extinguieron.

De esa manera, la tendencia de derechas llega a la Transición en el País Vasco siendo la única que no tenía ni líderes ni siglas de referencia del periodo republicano, algo que sí tenían las izquierdas y no digamos el nacionalismo vasco. Queda una derecha sociológica en el seno de una sociedad vasca totalmente nueva, por cambios generacionales o por la llegada masiva de inmigrantes de otras zonas de España que duplicaron la población de 1940. Esa derecha que procedía de lo que el sociólogo Amando de Miguel acuñó como «franquismo sociológico» y que estaba vinculada a una amplia clase media. En la misma estaban también los restos muy minoritarios del carlismo, que terminó suicidándose en Montejurra en 1976. El carlismo fue como una bomba que explotó y cuyos restos salieron despedidos en todas direcciones desde la extrema derecha con Fuerza Nueva hasta la extrema izquierda con Herri Batasuna, pasando por la gran mayoría de fuerzas políticas.

Los 243.114 votos (24%) que sumaron en las elecciones generales de 1977 en el País Vasco las diferentes candidaturas de centro derecha y derecha, Unión de Centro Democrático (UCD), Alianza Popular (AP), Democracia Cristiana Vasca y los sucedáneos guipuzcoanos de UCD y AP, fueron un resultado casi irrepetible, sólo superado en votos en las elecciones generales de 2000 por el PP.

A partir de los comicios de 1977 y hasta mediados de los años noventa, el espacio de la derecha y centro derecha no nacionalista experimentó un retroceso constante en el País Vasco, fundamentalmente por el miedo producido y extendido por el terrorismo abertzaley sus servicios auxiliares. Hay datos elocuentes como la ausencia de candidaturas con las siglas de UCD y AP en 1977 en Guipúzcoa, la provincia vasca más nacionalista, o en las elecciones municipales de 1979 en la misma provincia, en la que UCD no consiguió presentar ni una sola lista después de haber obtenido más de 50.000 votos un mes antes. Las campañas electorales de las formaciones mencionadas se realizaban en régimen de clandestinidad, sin que fuera posible una relación normalizada, al igual que en otras partes de España, entre candidatos y electores como la que sí mantenían los partidos nacionalistas. El acoso de las diferentes ramas de ETA contra la derecha y centro derecha no nacionalista en las provincias vascas y Navarra comenzó en 1975 con el fin del franquismo y el comienzo de los atentados, precisamente donde mayor apoyo de masas tuvo el golpe de Estado contra la República. En algunos casos siendo los terroristas hijos o nietos de franquistas.

Las campañas «antialcaldes» y «antichivatos» le sirvieron a ETA y su trama política para depurar el censo electoral y a la sociedad vasca, en lo que fue una auténtica cruzada de limpieza ideológica o étnica contra personas de ideología de derechas o no nacionalista.

Los asesinatos de los presidentes de las diputaciones de Guipúzcoa y Vizcaya, Juan María de Araluce y Augusto Unceta-Barrenechea, marcaron el inicio de un éxodo continuo de familias vascas. En el caso de Araluce, precedido por el secuestro y asesinato del empresario Ángel Berazadi, parte de las élites guipuzcoanas vinculadas al mundo empresarial o al franquismo comenzaron a salir temporalmente de sus lugares de residencia por sentirse amenazadas a finales de 1976. En el caso de Augusto Unceta-Barrenechea, con el precedente del secuestro y asesinato del prócer de Neguri, Javier de Ybarra, comenzó un año después el exilio definitivo de familias ligadas al régimen que fenecía o a la gran burguesía industrial vizcaína. Fueron fundamentalmente empresarios y profesionales que no querían pagar las extorsiones de la banda, y ciudadanos que no se identificaban con el nacionalismo vasco o rechazaban públicamente sus símbolos y reivindicaciones.

A esto hay que unir las dimisiones en masa que se produjeron en los ayuntamientos vascos tras el asesinato del alcalde de Galdácano, Víctor Legorburu, en 1976, lo que privó a la derecha vasca de cuadros y candidatos para unas elecciones locales democráticas que se planteaban como inmediatas. No tuvieron los mismos problemas los ediles del Movimiento identificados con el nacionalismo vasco a los que nadie recordó su pasado, en muchos casos vinculado a familias franquistas.

Otra cuestión a tener en cuenta fue el ambiente de miedo creado por los asesinatos de supuestos colaboradores o confidentes policiales que la mayoría de las veces eran simplemente crímenes sectarios por motivos ideológicos, ajustes de cuentas o eliminación física de competidores profesionales. La psicosis en numerosas localidades pequeñas o de tamaño medio con víctimas, o en poblaciones próximas, condenó a muchas personas al silencio, el cambio público de ideas o la autocensura permanente. En definitiva, el mejor mecanismo de defensa fue identificarse con lo fácil (el nacionalismo) para no llevar una vida difícil. Después de varias elecciones, a los objetivos de ETA, declarados o no, se sumaron los militantes y dirigentes vascos de UCD y AP.

Estar afiliado a esos partidos en las provincias vascas se convirtió en militancia de riesgo no sólo por ser objetivos de ETA, sino también de la persecución, acoso y señalamiento por parte de toda la red de chivatos, predicadores y palmeros de la banda terrorista. La campaña declarada de la rama político-militar de ETA contra la UCD vasca o los asesinatos y amenazas de las otras facciones etarras contra afiliados o simpatizantes de este partido, Alianza Popular o formaciones de extrema derecha, fue una continuación de las campañas «antialcaldes» y «antichivatos» que estuvieron a punto de hacer desaparecer en el País Vasco a los partidos de centro derecha y derecha con los niveles de afiliación más bajos de España. A la falta de sensibilidad o empatía por las víctimas del terrorismo en general, hubo que sumar la falta de apoyo de las ejecutivas de UCD y AP en Madrid y la ausencia de cualquier rasgo mínimo de humanidad o compasión desde el llamado nacionalismo vasco institucional. Mientras ETA o los Comandos Autónomos asesinaban a militantes o simpatizantes de UCD, la gran preocupación del PNV y del lehendakariCarlos Garaikoetxea eran los traspasos competenciales al consejo general preautonómico o al Gobierno vasco.

La preocupación de los dirigentes nacionalistas no estaba en los graves sabotajes continuos a la pluralidad, en la persecución a un sector de la sociedad cuyos votos, sí, les interesaban, pero no la existencia en Euskadi de los partidos receptores naturales de esos sufragios. La preocupación de los líderes del PNV, en el partido o las instituciones, más bien se situaba en la asunción de mayores cotas de autogobierno, y no precisamente para ponerlo al servicio de la ciudadanía vasca en general o para organizar mejor la convivencia, sino para poder hacer un país a su medida, para los suyos. El PNV se vio favorecido por una conjunción de circunstancias muy favorables hasta 1986: el apoyo masivo en las urnas (también a cuenta de la ausencia obligada de otros) en las primeras elecciones locales, forales y autonómicas, con la ausencia institucional de HB, en eso que algunos llamaron el «pacto del árbol y las nueces» o la coalición en la sombra. Y sobre todo, por el firme respaldo desde Madrid, donde, a derecha e izquierda, siempre ha habido total fascinación por el nacionalismo, por integrarlo en un sistema constitucional que siempre ha rechazado, pero del que siempre se ha beneficiado sobremanera.

En Madrid, con Adolfo Suárez en La Moncloa se veía al PNV como más importante que la presencia de UCD en el País Vasco, porque se concebía a los jeltzalescomo el dique y la solución al terrorismo de ETA. Pero eso no ocurrió. Se fortaleció al nacionalismo a costa de debilitar a los constitucionalistas de centro derecha. No, no hubo la reacción firme contra el terrorismo que le correspondía al PNV democrática y moralmente. Por ser el principal partido vasco, en votos y militancia, y por ser la primera fuerza nacionalista, el PNV tenía la suficiente legitimidad y autoridad moral y electoral para hacer frente a todo el entramado del terrorismo abertzale. ¿Hubo presencia de cargos del PNV en funerales y manifestaciones? Sí, la hubo, aunque menos de la deseada. ¿Hubo condenas a los atentados de ETA? Sí, las hubo, pero jugaron mucho a la ambigüedad, a ponerse de perfil, a preocuparse en los ayuntamientos más por los asesinos (detenidos) que por los asesinados. Al fondo, demasiadas veces pesó más la idea de la pluralidad nacionalista que de la pluralidad de la sociedad vasca, y se confundieron la cultura de la solidaridad con la incultura de la complicidad. Quizá porque se consideraba más vascos a los verdugos que a sus víctimas, aunque estas últimas tuvieran en regla los apellidos y erre haches negativos.

¿Quiere decir esto que el PNV fue cómplice de los terroristas? En absoluto, lo que no estuvo fue a la altura de las circunstancias, como tampoco lo estuvo años más tarde cuando impulsó el pacto de Estella dejando fuera a los constitucionalistas a los que ETA mataba en serie. La condena o la asistencia a funerales o manifestaciones no fue suficiente siendo el primer partido. Hubo que esperar hasta el acuerdo de Ajuria Enea en 1988 para encontrar una respuesta de amplio consenso democrático liderada por un lehendakari del PNV. Hasta entonces consenso era sumarse a las iniciativas que proponía el PNV, ya que si las impulsaban otros partidos eran rechazadas por los jeltzales. Hasta el pacto de Ajuria Enea la única mano tendida era para pedir más dinero y poder a Madrid. Estaban a otras cosas, estaban en la aplicación a la política y la sociedad vasca de la filosofía del Athletic de Bilbao: conmigo sólo pueden jugar los míos, pero los míos pueden jugar fuera con el resto. Algo así como el país es sólo para los míos (los vascos), que también pueden beneficiarse de lo de los demás (el resto de España). En resumen, el llamado «ámbito vasco de decisión». Y si toda la respuesta que pueden dar es la recurrente primera manifestación contra el terrorismo organizada por el PNV en 1978, sólo se les puede decir que repasen la hemeroteca de entonces con las cambiantes declaraciones de varios dirigentes peneuvistas. ¿Una manifestación «por una Euskadi libre y en paz» fue «contra ETA»? ¿Una manifestación en la que se excluyó a UCD y se planteaba un reparto de culpas con una equidistancia entre el partido del Gobierno y la banda terrorista ETA?

Urge un relato claro de dónde estuvieron algunos que hoy se dan golpes de pecho reivindicando un compromiso contra el terrorismo que fue débil o ausente cuando mataban a determinadas víctimas. Por eso este libro es necesario. Para contar cómo empezó todo, con qué personas se inició el intento por borrar o esterilizar a todo un segmento de la ciudadanía vasca de centro derecha o derecha que no se identificaba con el nacionalismo vasco, aunque pudiera llegar a respaldarlo puntualmente en las urnas.

Este es un libro de memoria, de relato, pero también un testimonio contra el miedo, porque en el País Vasco, a la hora de expresar ciertas opiniones, sigue habiendo un miedo reverencial, no a ETA, sino al nacionalismo vasco en general. Para escribir este libro (habrá otros porque da para ello) he investigado como un historiador para escribir como un periodista con su propia línea editorial. He recorrido diferentes localidades vascas con víctimas de derechas, donde lo que más me ha impresionado ha sido la falta de empatía, de memoria hacia las víctimas y las respuestas de anónimos vecinos de esas víctimas, fruto de la reiteración o la mentira, dando por buenas las razones de los verdugos.

Algo así como ir a la España de 1975, en la que en casi todos los pueblos, al preguntar por vecinos asesinados, te respondían que le mataron «por rojo» o «por fascista». Las razones de los verdugos siempre reiteradas hasta alojarse en el inconsciente del resto de la población, que termina haciéndolas suyas o repitiéndolas por miedo como un autómata. Tengo la impresión de que desde 1975 he vivido en una sociedad cobarde, en la que contrastaba mucho el alto nivel de bienestar económico y material con un nivel ético y moral que lindaba con la indigencia más absoluta. He vivido en una sociedad en la que una minoría defendía muy activamente al terrorismo abertzale, otra minoría resistía o denunciaba más bien pasivamente al terrorismo abertzale y otros terrorismos, y en el medio había una gran mayoría silente, acobardada, que no sabíamos si estaba esperando a ver quién ganaba para posicionarse o si no era capaz de salir de ese terreno acotado por la cobardía moral y la complicidad. Hoy es necesario un relato y una memoria de aquello. Para recordar a la mayoría dónde estuvieron y para vencer en su paz con estas armas (relato y memoria) a los que un día vencimos en su guerra con las armas del Estado de derecho.

VÍCTOR LEGORBURU
EL ALCALDE OLVIDADO HASTA EN EL CEMENTERIO

La última misa de recuerdo treinta y tres años después

Galdakao (Galdácano entre 1630 y 1982)

domingo, 15 de febrero de 2009 [1]

Junto a la pequeña iglesia de Santa Bárbara de Zuazo —la capilla privada de la fábrica de explosivos de la localidad vizcaína— un reducido grupo de personas espera el comienzo de la misa de doce. Son los familiares de Víctor Legorburu Ibarreche, alcalde de Galdácano y diputado provincial asesinado por ETA el 9 de febrero de 1976. Aquel lunes negro fue la imagen perfecta del clásico crimen de los «años de plomo»: a primera hora de la mañana, el cadáver tendido en la acera y tapado con una sábana o manta, mientras el miedo hace estragos entre vecinos y curiosos que aceleran el paso entre la indiferencia hacia las víctimas y la complicidad con los verdugos. Cuando asesinaron a Víctor Legorburu fue como cuando asesinaron a cientos de personas en Euskadi durante las décadas de los setenta, ochenta y noventa: nadie vio nada y más bien parecía que el regidor galdacanés había muerto por impacto de una cornisa, un mal resbalón en la acera o un ataque cardíaco.

Desde 1977, año tras año, los domingos próximos al 9 de febrero los familiares más cercanos a Víctor Legorburu, junto a contados amigos y vecinos, recuerdan en un ambiente íntimo, entre la clandestinidad y la soledad, a una víctima del terrorismo cuyas misas de réquiem son posibles gracias al único sacerdote dispuesto a ejercer que han encontrado en el pueblo. Tarea imposible porque, en ésa y en otras localidades vascas, nunca faltan curas que sujetan pancartas en algunas de las concentraciones por los presos locales de ETA o los que se ponen de perfil dando excusas cínicas para no oficiar misas por víctimas del terrorismo. Desde 1978, una esquela publicada días antes de la misa anual en el diario El Correo, suele recordar al político asesinado con un «falleció», en lugar de «fue asesinado», como si hubiera muerto por enfermedad o accidente. Hasta en eso las víctimas del terrorismo se han visto obligadas a mantener una discreción o un silencio que también se registra en los cementerios. En el de Galdakao, uno puede encontrarse el llamativo nicho del dirigente etarra Francisco Javier López Peña, alias Thierry o Zulos, típico abertzale radical hijo de emigrantes castellanos, en su caso, del barrio galdacanés de Aperribay, feudo electoral socialista de donde sorprendentemente también salieron otros sanguinarios pistoleros de ETA como Jon Bienzobas Arretxe, Karaka, y Javier García Gaztelu, Txapote.

Fallecido por un derrame cerebral en 2013, en un hospital de París, en su lápida aparece una ikurriña sobre las que hay superpuestas una estrella roja y un puño negro, acompañados por una inscripción en euskera —lengua que nunca aprendió— que nos indica que se trata de un «preso político vasco asesinado en París». Precisamente la versión particular de la familia del terrorista, que no dudó en atribuir a las autoridades francesas el «asesinato político» del preso expulsado de la banda. En el mármol también puede leerse en vascuence: «En víspera del Estado vasco, míranos Xabi, porque estarás con nosotros». El mismo Estado vasco fallido que, en nombre de ETA, Thierry intentó conseguir entre 2006 y 2007 en plan bronco y amenazador, en las negociaciones entre representantes de la banda terrorista y del gobierno de Rodríguez Zapatero. Al fracaso de aquellas conversaciones contribuyó significativamente López Peña con sus paranoias, de las que puede dar fe el líder histótico del PSE Jesús Eguiguren. En el mismo pasillo, varias filas más arriba y a veintitrés nichos a la izquierda de su tumba, con algunas letras desaparecidas y caídas por el paso del tiempo, está la sepultura de Eloy García Cambra (y su esposa), policía municipal de Galdácano asesinado por varios disparos de un etarra al que iban a proceder a identificar, junto a otros tres, el 29 de agosto de 1972.

Fue la primera víctima vasca de ETA que tuvo en el País Vasco una calle con su nombre y también la primera a la que se la quitaron. En un panteón aparte se hallan los restos mortales de Víctor Legorburu, acompañados por los de su nuera y las cenizas de su esposa. Las tumbas del alcalde y el policía municipal asesinados no recogen ni las causas de su fallecimiento ni su condición de víctimas del terrorismo: las inscripciones en las mismas se limitan a poner la fecha de la muerte y poco más. Hasta en los cementerios vascos las víctimas de ETA son silenciadas y sus verdugos exaltados como héroes.

Meses después de ese domingo 15 de febrero, el fallecimiento del cura oficiante José Luis Zallo y el cierre de la capilla imposibilitarán que se sigan celebrando más eucaristías por la que probablemente sea la única víctima de ETA a la que su familia ha recordado públicamente en su pueblo cada año desde su asesinato durante más de treinta años. Ante la imposibilidad de la celebración de una misa, a la familia Legorburu Zuazua no le ha quedado más consuelo que seguir publicando cada año una esquela de aniversario en las fechas cercanas a su muerte pidiendo una oración por su alma y el de su esposa, fallecida en 2004.

Cuarenta y dos años después del asesinato de Víctor Legorburu no hay nada en Galdácano que le recuerde y cuesta mucho encontrar a alguien de más de 60 años que pueda dar una opinión equilibrada sobre él. Uno llega a la conclusión de que a Legorburu le asesinó ETA porque los nacionalistas le odiaban o despreciaban. Alguno da un poco de tregua a su animadversión para recordar que hizo «cosas por el pueblo», pero a renglón seguido no olvida que fue el alcalde que mandó demoler el edificio del antiguo batzoki (sede del PNV) o recuerda sus ideas sobre el euskera, lengua que paradójicamente conocía en su entorno familiar y que fue la única que habló hasta los 8 años. Memoria selectiva porque Legorburu también ordenó derribar el antiguo círculo carlista local (con lo que firmó el acta de defunción del carlismo en su pueblo), un edificio a tres metros del batzoki derribado, y solía hablar en euskera con sus paisanos cuando paseaba por el monte o visitaba caseríos. No había nada que irritase más a los nacionalistas ultrajados que Víctor Legorburu fuera vascoparlante, tuviera todos sus apellidos vascos, se identificase con el tradicionalismo y estuviera suscrito a la revista integrista Fuerza Nueva desde 1967[2] , según él, por ser un semanario católico y defensor de la Tradición.

En algún medio se le ha llegado a apuntar como miembro del partido nacido de esa publicación, pero el mismo se constituyó como tal posteriormente a su registro como asociación política, el 6 de julio de 1976. El líder ultraderechista Blas Piñar, en uno de sus libros de memorias[3] , dice que fue «la primera víctima mortal de ETA relacionada con nuestro Movimiento». La familia de Víctor Legorburu siempre ha rechazado cualquier intento de vinculación, manipulación o instrumentalización política que se ha intentado hacer con su nombre[4] . En 1976 el grupo terrorista parapolicial Batallón Vasco-Español reivindicó, en nombre del «comando Víctor Legorburu», el incendio de una librería en Tolosa (Guipúzcoa) y las amenazas a diversas personas de ideología nacionalista. Incluso una centuria madrileña de Fuerza Joven (rama juvenil de Fuerza Nueva) utilizó el nombre del político vizcaíno asesinado, al que llegaron a colocar en su particular panteón de mártires de la ultraderecha española con el estudiante falangista Matías Montero Rodríguez de Trujillo, únicamente porque también fue asesinado un 9 de febrero.

Un supuesto odio al euskera como pretexto para el asesinato

En 1975, la familia de Antonio Garay Bilbao —vecino de Galdácano fallecido el 7 de enero de ese año— puso en euskera el epitafio en la lápida de su tumba. En el periódico La Gaceta del Norte sus familiares habían publicado dos esquelas, una en vascuence y otra en castellano[5] , sin que les pusieran pega alguna en un diario al que el españolismo a ultranza de sus editores condenaría al declive y al cierre nueve años después. No lo veían igual en la comisión permanente del ayuntamiento presidida por el alcalde Legorburu que, para sorpresa de propios y extraños, en octubre de 1975 denegó por segunda vez el permiso solicitado por un hijo del fallecido para poner en la lápida de la tumba de su padre una dedicatoria en lengua vasca. Fue una orden municipal que devolvía a los primeros años del franquismo, cuando se publicaron aquellas funestas órdenes que intentaban borrar el euskera de todos los sitios. Aunque se podía poner en castellano y euskera, no dejó der ser una decisión extemporánea en momentos en los que la dictadura daba sus últimas bocanadas y hacía décadas que había abierto la mano en cuestiones relacionadas con lenguas autóctonas. Además, la tumba era propiedad de la familia, un espacio privado, como los hogares, como las cocinas en las que Franco nunca entró para cuestiones lingüísticas, lo que permitió la transmisión entre generaciones, de aquella manera, del vasco, catalán, gallego y otras lenguas.

Para la familia Garay Zamalloa y para algunos vecinos de Galdácano fue una decisión tan injustificable como humillante, más atribuible al turbio funcionario o político falangista trasladado al País Vasco con afanes evangelizadores españolistas que a un alcalde tradicionalista y vasco por los cuatro costados. La familia agraviada recurrió a los tribunales en enero de 1976 con un recurso contencioso administrativo. Un año después, la Audiencia Territorial de Burgos anulaba la inexplicable decisión del consistorio galdacanés. A partir de aquí hay dos versiones: una, la de la familia del primer edil, que asegura que siempre era implacable con la aplicación de las normas y se limitó a aplicar la ley en sentido estricto ofreciendo la posibilidad de que la losa estuviera en euskera y castellano. Otra, la de un número indeterminado de vecinos de Galdácano y la de la banda terrorista ETA, para los que la polémica por la lápida en euskera del ayuntamiento con la familia Garay Zamalloa pasó a formar parte de la larga lista de acciones antivascas que los nacionalistas apuntaban en el «debe» de Legorburu.

A favor del alcalde asesinado hay que contar la repetida historia de muchos vascos nacidos en caseríos y núcleos rurales dispersos que tenían el vascuence como lengua única hasta su escolarización. La llegada a las aulas de las escuelas nacionales de esos niños y niñas era casi siempre un motivo para el escarnio por no saber expresarse en castellano correctamente. A eso contribuían maestros nacionales trasladados de otras regiones o condiscípulos que hacían de esos niños objetos de burlas o castigos, que les hacían ver el euskera como una lengua propia de aldeanos o de gente culturalmente retrasada. Había niños que internalizaban aquello de manera que, por vergüenza o miedo, decidían no hablar la lengua vasca más que en círculos familiares o sociales próximos y pasaban a utilizar el castellano como lengua única. Víctor Legorburu fue uno de esos niños que vivió la estigmatización por la lengua materna y, al igual que muchos de su generación (nació en 1912), no transmitió el euskera a sus hijos, como tampoco lo hicieron por miedo o vergüenza muchos nacionalistas vascoparlantes durante las dos primeras décadas de la dictadura franquista. ¿Eran también antivascos esos nacionalistas?

Unamos a esto la total identificación del alcalde y diputado provincial con el régimen franquista tras la guerra (en la que participó desde la retaguardia) y su pertenencia, llamémoslo así, a una clase social superior a la mayoritaria del pueblo. Una clase que tenía relaciones laborales, económicas o sociales diferentes, en las que sólo se utilizaba el castellano, y que además era parte de la sociedad oficial en Vizcaya. Esa mejor posición socioeconómica y sus estrechas relaciones con el establishment franquista vizcaíno dieron pábulo a numerosas envidias pueblerinas que coadyuvaron a la propagación de ciertas leyendas urbanas falsas sobre el regidor galdacanés. Maledicencias que engordaron el catálogo de justificaciones de su asesinato. No fue la única víctima de ETA provocada en parte o en todo por esos cotilleos de aldea tan frecuentes entre nacionalistas. En su contra hay que señalar que no era el momento de volver al contexto de los orígenes del régimen en la posguerra. De la misma manera que como alcalde, para superar la Guerra Civil, decidió no reponer un monolito destruido por ETA con los nombres de los caídos locales del bando nacional, entre los que estaba el de un hermano suyo, el episodio de la prohibición del epitafio en euskera no ayudaba precisamente a olvidar la contienda, y menos con el dictador moribundo.

Por la propia personalidad del regidor aquello fue un pulso entre una autoridad terca, temperamental, y unos vecinos que cuestionaban aquella autoridad. Desde el nacionalismo fue interpretado como un pecado de lesa patria del regidor tradicionalista, en un capítulo más en el que los seguidores de Sabino Arana y ETA son tan rigoristas con los demás y tan laxistas con ellos mismos. Federico Krutwig Sagredo, uno de los ideólogos del nacionalismo radical de base lingüística, llegó a sostener en su libro Vasconia, auténtica biblia de ETA, que el lehendakari en el exilio, Jesús María de Leizaola, «merecía ser fusilado de rodillas y por la espalda» por no enseñar el euskera a sus hijos.[6] Nadie del PNV ha cuestionado nunca públicamente ni a Leizaola ni a ningún otro dirigente por no transmitir el euskera a sus hijos. ¿Hubo desde la dictadura de Franco una persecución sistemática de la lengua y la cultura vasca hacia su exterminio, tal y como se ha apuntado desde el nacionalismo vasco? No, porque nunca llegó a promulgarse una normativa general que prohibiera el uso del euskera, catalán o gallego hasta su erradicación absoluta. Si hubiera sido así el euskera habría desaparecido por completo en el País Vasco y Navarra.

Tras su victoria militar en la Guerra Civil, los defensores del nuevo régimen ordenaron castellanizar los nombres en las que denominaban despectivamente como «lenguas regionales». Fue una forma violenta más de institucionalizar el nuevo régimen a través del miedo. Se prohibieron en el Registro Civil los llamados «nombres extranjeros», entre los que se incluían los nombres laicos o en idiomas que no fueran el castellano, y se obligó a escribir únicamente en castellano topónimos, rótulos, carteles, lápidas mortuorias o nombres de barcos. La derogación de la cooficialidad lingüística en el País Vasco, Cataluña y Galicia hizo del castellano lengua única para la administración, educación y medios de comunicación. A esto le acompañaron, especialmente durante la primera década de la dictadura, una serie de medidas administrativas de segundo o tercer grado para imponer la exclusividad del castellano, aplicadas con rigor por autoridades locales, arribistas del régimen y funcionarios (básicamente, subalternos, policías, jueces, maestros y secretarios de la administración local) que sólo produjeron abusos, vejaciones y agravios en espacios públicos y escuelas.

En algunos casos los encargados de aplicar aquellas ridículas órdenes eran autoridades o funcionarios vascoparlantes que hablaban mejor euskera que castellano, y por ello siempre hacían la vista gorda o terminaban enfrentándose con algún «camisa nueva» de la Falange utilizando uno de los libros de cabecera de muchos carlistas en aquella época: Vasconia españolísima [7] . Todas aquellas normas sectarias que exigían «hablar en cristiano» para no ser acusado de aldeano, inculto o separatista, formaron parte de una interminable serie de disparates y barbaridades del régimen franquista que sólo sirvieron para conceder verosimilitud al relato del nacionalismo sobre la persecución del franquismo a todo lo vasco. Un relato en el que destacó el supuesto impulso, planificado desde Madrid, para fomentar la emigración en aluvión de mano de obra procedente de otras regiones, con el objetivo de españolizar Vasconia. Un proceso muy similar al de rusificación de todas las repúblicas de la URSS desarrollado desde Moscú por los dirigentes soviéticos. Aquellos funcionarios y aquellas disposiciones uniformistas y centralistas dieron argumentos y razones a todos los nacionalistas y, sobre todo, contribuyeron a crear un sentimiento de derrota, desistimiento e incluso de rechazo al régimen de Franco de muchos carlistas, católicos o derechistas que habían combatido durante la guerra en las filas del bando sublevado.

Antiguos combatientes del bando nacional o simpatizantes del Nuevo Estado franquista se convirtieron desde los primeros años de la dictadura en los perdedores del bando vencedor, gracias a decisiones como la supresión de los conciertos económicos a Vizcaya y Guipúzcoa o las disposiciones contra el euskera que intentaban en vano asociar cualquier muestra de vasquismo con nacionalismo. Además, esas medidas punitivas reprimieron proyectos regionalistas, auspiciados desde el carlismo, que pretendían legitimar el nuevo régimen en las provincias vascongadas buscando la complicidad de parte del nacionalismo vasco más arrepentido de su alianza con el Frente Popular. El resultado final fue que esos pretendidos intentos del franquismo de humillación al nacionalismo, arrinconando al euskera y la cultura vasca o suprimiendo los regímenes privativos de Vizcaya y Guipúzcoa, sólo sirvieron para que el nacionalismo consiguiera capitalizar y patrimonializar el folclore y sus expresiones, las tradiciones, la cultura en euskera y cualquier atisbo de vasquismo, desde asociaciones-tapadera en las que junto a la familia, la cuadrilla y la Iglesia se iría reconstruyendo la comunidad nacionalista en aquella sociedad vasca del silencio[8] .

Un exponente del carlismo perseguido por ETA

El carlismo sociológico vascoparlante, sólidamente implantado en el norte de Álava, desde el Duranguesado hasta Ondárroa, y en el interior de Guipúzcoa desde el valle del Urola hasta el Goyerri y la comarca de Tolosa, fue abandonando la defensa de la causa de la Legitimidad Proscrita para unirse al nacionalismo de manera convencida o convenida. El resto lo hicieron el Concilio Vaticano II y el gap generacional entre los nacidos durante las dos primeras décadas de la posguerra y sus padres, con especial relevancia en el nacionalismo vasco entre padres del PNV e hijos de ETA. El proceso de descomposición quedará culminado por la ausencia de transmisión doctrinal entre generaciones, el cierre premeditado por el régimen de los círculos carlistas, la ausencia o cierre de publicaciones y el recelo, cuando no odio, con el que siempre miraron los falangistas a los carlistas desde el Decreto de Unificación de 1937. Víctor Legorburu era carlista, de los que colaboraron y se integraron plenamente en el régimen franquista hasta quedar difuminados por completo en el mismo.

Un carlismo de comunión diaria, boina roja y romería anual de Montejurra, que olvidaría su pleito con los «usurpadores» alfonsinos y que, con la proclamación del príncipe de España como sucesor de Franco en 1969, defendería inicialmente como opción monárquica el juancarlismo, siempre y cuando fuera una monarquía tradicional, católica, social y representativa, enemiga de la «partitocracia». Resultaba un tanto paradójico que los carlistas, siempre unidos contra los «usurpadores» y desunidos por la cabeza de la corona, pasaban ahora a unirse con el heredero de los «usurpadores» como cabeza de la corona. Ese sector del carlismo colaboracionista con el franquismo terminará en las filas de formaciones políticas como Fuerza Nueva, Comunión Tradicionalista o Unión Nacional Española (UNE), un pequeño partido que participará en la fundación de Alianza Popular. A pesar de las clamorosas diferencias entre facciones carlistas, siempre hubo cierta solidaridad entre los que se identificaban genéricamente como carlistas o tradicionalistas, a la hora de participar en los pocos resquicios institucionales que dejaban el Nuevo Estado y el partido único.

Juan Félix Ériz, industrial de Elorrio, estuvo vinculado al carlismo carloshuguista y en menor medida, a aquel simulacro de ETA carlista que fueron los Grupos de Acción Carlista (GAC). Posteriormente, como otros de su generación e ideología, intentó afiliarse al PNV, sin éxito en su caso, quizá porque los jeltzales le conocían demasiado bien. Cuenta Ériz que en las elecciones de 1971 a procuradores en Cortes por representación familiar de Vizcaya —en las que no salió elegido— se presentó como candidato carlista junto con Ángel Zaldumbide Fernández (concejal en Bilbao en los años cincuenta), y que fue Víctor Legorburu quien gratuitamente les imprimió sus pasquines de propaganda electoral, como hacía con otros carlistas a pesar de sus diferencias ideológicas[9] . Juan Félix Ériz señala que se quedó «profundamente triste» cuando los milis asesinaron a Legorburu, porque no sabía «cuáles eran sus últimas actuaciones políticas», aunque no olvidaba su gesto con él[10] . Eso sí, triste, pero nada de condenas, nada de críticas a la banda terrorista. Y extraño agradecimiento de un personaje cínico hasta las cachas, nada recomendable por su actuación siempre a ambos lados de la ley y la moral, cuando intervenía como mediador en secuestros o el pago de extorsiones a ETA, a lo que ya se dedicaba de lleno en febrero de 1976.

Víctor Legorburu era franquista, sin duda alguna, pero ante todo carlista, identificado con un carlismo genérico hacia el que el nacionalismo vasco manifestó cierta tolerancia durante la dictadura de Franco. Los nacionalistas pensaban que aquellos carlistas vascos estaban equivocados, pero en el fondo les consideraban de los suyos, por su origen, apellidos, lengua, catolicismo y parte de sus reivindicaciones políticas (fueros). La comunidad nacionalista despreciaba al funcionario venido de fuera, al maestro falangista castellano o montañés, al guardia civil andaluz, extremeño o manchego, al obrero emigrante, en definitiva, a aquéllos que por su origen, lengua o profesión personificaban la invasión o la ocupación. No ocurría lo mismo con el alcalde, concejal, funcionario o empresario carlista vasco porque era a quien había que recurrir para solucionar papeleos burocráticos y pedir recomendaciones o empleo. El escritor y catedrático universitario Jon Juaristi, uno de los mejores conocedores de la historia y realidad del País Vasco, asegura que el desprecio y el aislamiento hacia estos últimos llegaron al final de la dictadura franquista:

Lo provocó ETA, con su estrategia de acción-represión-acción encaminada a arrancar al franquismo su máscara de tolerancia y obligarle a descargar sobre las masas una violencia indiscriminada. Y a dividir al pueblo en vascos patriotas y vascos traidores, y a poner a los inmigrantes ante la disyuntiva de apoyarles o ser tratados como enemigos.[11]

Así, vascos como Víctor Legorburu pasaban a convertirse en traidores y los inmigrantes o sus hijos se convertían urgentemente al nacionalismo vasco más radical para sacudirse los complejos producidos por sus orígenes, lengua materna y ubicación sociolaboral. Víctor Legorburu fue la persona a la que recurrieron en 1945 para presidir el Club Alpino Ganguren —que contribuyó a fundar— porque el Ministerio de la Gobernación exigía a sus promotores un presidente «afín a la causa nacional». Entonces no era ni un traidor ni un antivasco para los nacionalistas. Hoy no hay nada ni nadie que recuerde al primer edil asesinado en los locales de esa sociedad deportiva. Como tampoco se le recuerda por ninguno de sus logros para el municipio. Hubo franquistas excelentemente relacionados con las altas esferas del poder económico y político del régimen que hicieron poco o nada por sus localidades, como Pilar Careaga en Bilbao, y hubo franquistas, como Víctor Legorburu en Galdácano, que con una agenda de relaciones y una capacidad de influencia mucho más limitadas hicieron mucho por su pueblo. Mucho si comparamos con otros municipios vizcaínos y guipuzcoanos de mayor tamaño, y si tenemos en cuenta la limitación absoluta de recursos que manejaba en toda España (excepto en Álava y Navarra) la administración local durante el franquismo.

Por eso nunca se le criticó ni se le consideró traidor o antivasco. Hay que tener en cuenta que cuando Legorburu llega a la alcaldía, en 1966, gestiona un presupuesto de alrededor de 5 millones de pesetas de las de entonces, para una población de 12.000 habitantes. En 1976, el presupuesto anual gestionado era de casi 120 millones de pesetas de entonces para una población de 25.000 habitantes. En nueve años al frente del consistorio galdacanés, a Víctor Legorburu le tocó dirigir el ayuntamiento en la transición de una población exclusivamente rural a una población industrial —con un aumento demográfico imprevisible— a la que hubo que dotar de servicios como ambulatorio, instituto y polideportivo, así como de infraestructuras y una red de distribución de aguas. Servicios, infraestructuras y obras de urbanización que, en proporción al número de habitantes, no era posible encontrarlas en municipios del Gran Bilbao, algunos de los cuáles duplicaban la población de Galdácano. Su último logro era la adjudicación a su municipio de un gran hospital comarcal, por cuyo inicio de obras y la inauguración de otras terminadas, Legorburu había decidido presentarse a la reelección como alcalde hasta su jubilación laboral, para la que le quedaban trece meses.

Era consciente de que venían nuevos tiempos y que, por edad y mentalidad, su tiempo había pasado. Fue apenas quince días antes del atentado mortal y sólo puso una condición para seguir: ser votado por unanimidad de todos los concejales. Le votaron todos, incluidos dos que luego aparecieron como nacionalistas «de toda la vida». Las amenazas de ETA rondaban desde hacía tiempo al alcalde tradicionalista reelegido en una localidad en la que las fechorías de la banda terrorista habían estado presentes desde 1972. Excepto en el asesinato del agente municipal Eloy García Cambra, tiroteado por la espalda cuando iba a practicar diligencias de identificación a cuatro etarras, acompañado por otro policía municipal y varios guardias civiles, eran las clásicas acciones de lo que veinticinco años más tarde se denominaría como terrorismo de baja intensidad o terrorismo callejero, por lo que las autoridades policiales de entonces ni siquiera consideraron la muerte del policía local como un salto cualitativo de ETA. El que fue director general de Seguridad entre 1965 y 1974, Eduardo Blanco Rodríguez —un teniente coronel del Ejército que participó en la Guerra Civil y formó parte de la División Azul— no veía ni el asesinato de García Cambra ni a ETA como un problema «preocupante», sino más bien como un problema «efímero» que iba a resolverse en su generación, a la que él situaba «en el crepúsculo»[12] .

Las declaraciones de un franquista ortodoxo como Blanco Rodríguez restando importancia a la violencia de ETA contrastan con la relevancia mediática, política y social que tuvo el funeral por el guardia municipal García Cambra, a pesar de celebrarse en el mes de agosto. Las honras fúnebres estuvieron presididas por el ministro de Justicia, Antonio María de Oriol, y el gobernador civil, así como por destacadas autoridades civiles y militares. Según los periódicos vizcaínos, para los que la muerte del policía de Galdácano fue su principal noticia durante varios días, a los funerales asistieron alrededor de tres mil personas. En definitiva, una trascendencia que desaparecería casi por completo con las víctimas de ETA a partir de 1978. Las acciones registradas entre 1972 y 1975 no serían más que un anticipo de lo que vendría después. El Domingo de Resurrección de 1972, un comando de ETA interrumpió una misa en la iglesia de Andra Mari para leer un comunicado en el que se reivindicaba el Aberri Eguna o día de la patria (vasca) que se celebra ese día desde 1932. El diario católico La Gaceta del Norte lo calificó de «asalto sacrílego» e incluso editorializó sobre ello[13] .

Un año después, en apenas dos días, se registran dos acciones terroristas, una de respuesta a la otra —muy habituales en los ocho años siguientes— causadas por ETA y por grupos parapoliciales de extrema derecha. Primero un comando etarra incendió la librería de los hijos de Ramón Achutegui, sargento de la policía municipal de la localidad de Amorebieta y prisionero derechista durante la Guerra Civil en los barcos-cárcel de Bilbao, al que ETA relacionaba con los Guerrilleros de Cristo Rey acusándole de haber incendiado el coche del párroco. Menos de cuarenta y ocho horas después otro incendio destruye parte de la casa cural[14] . Este último no fue un hecho aislado, ya que en aquellos años hubo numerosos episodios de agresiones y amenazas a sacerdotes. Ambos atentados son el mejor ejemplo de una violencia creciente, en saltos cualitativos y entre dos bandos bien definidos que buscaban ETA y grupúsculos de incontrolados ultraderechistas para, cuatro años después, intentar «argentinizar» España y «ulsterizar» el País Vasco. El 1 de mayo de 1975, la explosión controlada de un coche-bomba trampa junto al cementerio de Galdácano dejaba tres guardias civiles con heridas leves, uno de los cuales había sido herido tres años antes en el tiroteo en el que murió el policía local Eloy García Cambra. Varios mandos policiales interpretaron aquel coche-bomba como el presagio de algo peor que llegaría nueve meses después.

Un cadáver tendido en el suelo mientras la vida cotidiana sigue

El 9 de febrero de 1976 amanecía en Galdácano con frío y lluvia. A las ocho y diez de la mañana, todavía casi de noche, manteniendo las rutinas de cada día laborable, Víctor Legorburu salió del número 2 de la entonces calle Reyes Católicos (hoy Lapurdi) para dirigirse a una imprenta de su propiedad que también hacía las veces de garaje para su vehículo particular. Con su coche se trasladaba todos los días a Bilbao, a la central de la Caja de Ahorros Municipal, donde trabajaba como subdirector-jefe del Negociado de Inmuebles, actividad que compaginaba con su taller tipográfico, que tres encapuchados de ETA incendiaron dos años antes causando graves daños materiales con ultimátum incluido: debía abandonar Euskadi en seis meses[15] . Las amenazas recibidas le obligaban a ir escoltado por dos agentes de la policía municipal, uno de acompañamiento a pie y otro conduciendo un vehículo oficial con el que hacía guardia frente al portal de su casa y seguía después al regidor y su escolta al garaje, desde donde ambos policías seguían en su Land Rover el coche de Legorburu hasta los límites del municipio. Un dispositivo de seguridad llamativo entonces —totalmente impensable por ineficaz años después para personas amenazadas por ETA— del que habían tomado buena nota en la banda terrorista hasta planificar el atentado al detalle.

Aquel 9 de febrero, seis miembros de ETA situados en tres puntos diferentes y con dos coches robados a su disposición, esperaban a Víctor Legorburu para ejecutar una acción criminal con la que se especulaba en diferentes medios policiales, políticos y periodísticos desde hacía días. Veinticuatro horas antes del atentado, durante la toma de posesión de Pedro de Arístegui como presidente de la Diputación de Vizcaya, los diputados provinciales, alcaldes la gran mayoría, fueron prevenidos ante un posible atentado de ETA contra alguna autoridad local en los días posteriores. El martes 3, los periodistas que cubrían en la localidad vizcaína de Bérriz el desenlace del secuestro de José Luis Arrasate fueron testigos de una llamada anónima en la que se anunciaba «una acción importante» para el lunes 9. Precisamente era el día en que finalizaba el plazo de dos meses que ETA militar había dado a alcaldes y concejales para que dimitieran, en un comunicado fechado el 25 de noviembre de 1975.[16] La banda terrorista iniciaba lo que denominó como «campaña antialcaldes», dentro de su panfleto o documento de análisis denominado como «E.T.A. frente al Juancarlismo», que terminaba así: «Se acabó el plazo. Todo alcalde, tanto el bueno como el malo, corre ya el riesgo de ser ejecutado».

No era cierto. Para ETA militar había alcaldes buenos y malos, ya que la organización terrorista amenazó y atentó sólo contra los alcaldes y concejales que consideraba «antivascos», que no se identificaban con el nacionalismo, que no pedían la oficialidad del euskera, que no exigían amnistía o la legalización de la ikurriña o que no reivindicaban autogobierno en nombre de la foralidad. Y por eso Víctor Legorburu era para ETA uno de los alcaldes malos. En realidad su «campaña antialcaldes» ya había sido anunciada en octubre de 1975, con un comunicado tras el fusilamiento de los militantes de ETA Juan Paredes Manot, Txiki y Ángel Otaegui, en el que la banda aseguraba que adoptaría «una ofensiva» contra «todos los alcaldes, diputados a Cortes, delegados sindicales y demás responsables gubernamentales y administrativos» que ejerciesen su función en el País Vasco, a los que acusaban de ser «cómplices conscientes y directos del Gobierno español». ETA les daba un plazo de dos meses para dimitir porque, en caso contrario, deberían soportar «todas las consecuencias» respondiendo con «sus vidas y bienes»[17] .

El plazo supuestamente había expirado en la primera semana de diciembre, pero nadie dimitió por el ultimátum etarra y además la propia organización rechazó que el asesinato del alcalde de Oyarzun (Oiartzun), Antonio Echeverría Albisu, el 24 de noviembre de 1975, estuviera relacionado con la denominada «campaña antialcaldes». Durante el mes de enero de 1976, las dos ramas de ETA, la militar y la político-militar, definen sus tácticas violentas y los polimilis optan por secuestros y atracos, mientras que los milis dirigen sus acciones hacia los asesinatos de cargos franquistas, supuestos colaboradores con las Fuerzas de Seguridad (chivatos), policías y guardias civiles.

Víctor Legorburu, tras salir del portal de su casa, se dirige caminando junto al agente municipal Francisco Ruiz Sánchez hacia la avenida Juan Bautista Uriarte, muy transitada por vehículos y peatones a pesar de la hora. Los terroristas les tienden una emboscada y, a escasos diez metros del portal, comienzan a dispararles desde varios puntos ráfagas de metralleta que alcanzan a ambos. Consiguen correr calle abajo ocho o diez metros, pero les disparan con pistola desde enfrente y ambos se desploman sobre la acera: el alcalde, muerto en el acto por destrucción de centros vitales, cae junto a la pared de un solar en obras con cuatro heridas de bala, una mortal de necesidad, y el guardia municipal gravemente herido cae junto a un vehículo aparcado con doce impactos de bala por todo el cuerpo. El otro guardia de escolta intenta hacer frente a los etarras, pero se encasquilla su arma reglamentaria y se parapeta entre varios coches para evitar ser alcanzado por ráfagas de metralleta. Los pistoleros huyen rápidamente en varios coches ante el miedo paralizante de los viandantes. Sólo el hermano del policía herido, empleado en una sucursal bancaria próxima, se atreve a acercarse a las dos víctimas abatidas, lo que anima a otros testigos mudos a secundarle.

Consiguen una ambulancia para trasladar al guardia herido al Hospital de Basurto, donde le salvan la vida. El cadáver del regidor asesinado permanece en la acera sobre un charco de sangre cubierto por una manta hasta que el juez determina su levantamiento. Numerosos curiosos se agolpan en las ventanas de las viviendas próximas al lugar del crimen en la principal arteria de Galdácano, pero no hay muestras públicas de indignación o repulsa, únicamente silencios, corrillos en la calle que hablan en voz baja, pasos rápidos de adultos con niños de la mano que van al colegio preguntando sin obtener respuesta y los «expertos» de siempre que ya lo vaticinaban, que recuerdan la ideología del alcalde para justificar su asesinato o que sueltan en voz alta el «algo habrá hecho» de connivencia. En fin, los primeros síntomas y expresiones de una sociedad moralmente enferma que durante décadas no sería capaz de salir de un terreno delimitado por la complicidad y la cobardía moral. Es la foto del terrorismo en el País Vasco de la Transición: un cadáver tendido en el suelo en posición decúbito supino, mal tapado con una manta, mientras a su alrededor nada detiene la vida cotidiana, se impone el silencio del miedo y la complicidad que crea un ambiente espeso en blanco y negro.

Según la prensa, al funeral de Víctor Legorburu asistieron alrededor de cinco mil personas, bajo una intensa lluvia, encabezando el cortejo fúnebre la familia y las autoridades. Entre las mismas, el núcleo duro del régimen en Vizcaya y dos altos cargos cuyos nombres tendrían relevancia posteriormente: el subsecretario del Ministerio de Gobernación, José Manuel Romay Beccaría, y el vicesecretario general del Movimiento, Ignacio García López. Hubo intentos de monopolización de la víctima por parte de una incipiente extrema derecha organizada, lo que se convertiría en un clásico en los funerales de las víctimas de ETA hasta principios de los años noventa. Dan fe de ello la presencia de Blas Piñar y del pretendiente carlista Sixto Enrique de Borbón, grupos de jóvenes cantando el «Cara al sol» y los gritos a favor de España y del Ejército, casi de ritual, escuchados tras la misa. A Víctor Legorburu se le concedieron diferentes medallas y distinciones a título póstumo, como las de hijo predilecto y alcalde perpetuo, pero todas quedaron allí, en su capilla ardiente o su funeral, porque el silencio, ese silencio tan unido a las víctimas del terrorismo, borró progresivamente memorias, declaraciones y nombramientos. Lo único que no consiguió borrar fue la memoria de la familia del alcalde y del policía de escolta herido, porque aquel atentado marcó y determinó sus vidas.

La familia de Víctor Legorburu guardó silencio y, siete meses después, se fue para siempre de su pueblo, de la tierra en la que se pierde siglos atrás el origen de todos sus antepasados y apellidos vascos. Fue la segunda familia vasca de una víctima civil de ETA que abandonó el País Vasco inaugurando un éxodo forzoso que duraría más de cuarenta años. La misa de recuerdo anual fue la única conmemoración que quedó de él. En el libro Olvidados, que reúne los testimonios de diecinueve víctimas de ETA, cuenta el hijo de Víctor Legorburu que la experiencia vivida con el asesinato de su padre le obligó durante casi tres décadas a no hablar de ello «ni con los amigos más íntimos»[18] . Así describe el ambiente en 1976:

El respaldo social que se encontraba en aquellos tiempos era nulo, totalmente nulo. La reacción de la sociedad, cuando se trataba de un civil, era decir «algo habría hecho», lo cual, indudablemente… Si era una persona de uniforme, un guardia civil, etc., bueno, pues ya se sabe a qué se exponen, para eso están, se decía, para que les disparen, no están para otra cosa. Ése era el ambiente. La coartada del franquismo, de la dictadura franquista que aún hoy en día sigue sirviendo, en el año 76 estaba en plena vigencia.

En el mismo testimonio, Víctor Legorburu Zuazua reivindica en el destierro impuesto, en el desarraigo obligatorio, la dignidad de su padre desde la memoria, la serenidad y la ausencia de odio, la receta que ha impedido que las víctimas de ETA se hayan tomado la justicia por su cuenta:

Mi padre me enseñó que había que construir en positivo así que yo no he alimentado el odio en mí mismo, ni tampoco en mis hijos. El odio es lo peor para uno mismo, porque te consume. Ya sólo falta que encima de hacerte lo que te hacen te dediques a odiar toda la vida. Eso habría sido una victoria todavía superior para ellos.

El policía municipal de escolta que resultó gravemente herido en el atentado contra Legorburu, no puede aportar un testimonio mejor o diferente. Treinta y cinco años después de aquel día en que sobrevivió de milagro, Francisco Ruiz Sánchez relató su experiencia entrevistado en un periódico manchego[19] .

Como otros hijos de emigrantes en Euskadi, Francisco Ruiz ingresó en la policía municipal de su pueblo en 1972, con 24 años, a la vuelta del servicio militar tras abandonar su oficio de fontanero. El 9 de febrero de 1976 sobrevivió de milagro con doce disparos en vientre, cadera y piernas. Después vinieron cinco años de calvario con operaciones, una dolorosa rehabilitación física y psicológica que tuvo que pagar de su bolsillo, y la baja definitiva como guardia municipal sentado en una silla de ruedas. De remate una paupérrima pensión por invalidez absoluta de 18.000 pesetas, que no llegaban ni de lejos para sacar adelante mujer y cuatro hijas. La tierra de promisión se convirtió en tierra de decepción: delatado por su silla de ruedas, en las calles del pueblo al que llegó con sus padres cuando tenía 6 años, le trataban como a un apestado. Le dejaron de hablar o saludar hasta sus vecinos. El miedo o el respaldo a los terroristas en el País Vasco han fabricado miseria humana en cantidades industriales. Los políticos le dieron dos medallas y le dijeron que tenía que salir adelante solo. Con el escarnio grabado a fuego en la memoria y el alma volvió a desandar lo andado por sus padres y, tras una estancia en La Rioja, se estableció en Valdepeñas, su localidad natal.

Allí tuvo que vivir en condiciones extremas, pedir ayuda a Cáritas, hasta que le concedieron una licencia para la apertura de un estanco. A partir de ahí, Francisco Ruiz volvió a la vida, abandonó sus muletas, recuperó la movilidad, el ánimo y las ganas de vivir, hasta convertirse en un pequeño empresario con varios negocios familiares. Todavía le quedan secuelas físicas y psicológicas de aquel lunes negro de 1976, pero por encima de ellas mantiene intacto un profundo deseo de justicia y memoria, sin odios ni revanchas.

El primer nombre en el plan de limpieza étnica de ETA-M

El mismo día del asesinato de Víctor Legorburu, la rama militar de ETA emite un comunicado en el que advierten que seguirán con la misma línea dentro de su «campaña antialcaldes» y reivindica el crimen en nombre del comando «Yon Urcelai» (sic). Acusan al primer edil galdacanés de ser un «destacado fascista, colaborador económico y de información de los Guerrilleros de Cristo Rey y enemigo de la cultura vasca», la última acusación por el asunto de la lápida mortuoria en euskera[20] . Lo de «destacado fascista», ETA lo hace extensible a todas sus víctimas que tienen ideas derechistas, sean de UCD o de Falange. Desde luego, más fascistas son los etarras que, como Franco, recurren a la pena de muerte. La vinculación a los guerrilleros de Cristo Rey —investigada por el autor de este libro— no deja de ser una falsa leyenda aldeana que nadie pudo demostrar. La muerte de Legorburu en atentado inaugura una línea de acción de ETA militar que tendrá un doble efecto: por un lado, supondrá el inicio de una catarata de dimisiones de numerosos alcaldes y concejales en el País Vasco, y en menor medida en Navarra, que tendrán escaso o nulo eco en la prensa para evitar un efecto dominó.

La consecuencia a medio plazo sería que la derecha vasca, organizada en Alianza Popular y Unión de Centro Democrático, no podría disponer de candidatos experimentados y dispuestos para las primeras elecciones generales, municipales y vascas, algo que no ocurrió en el resto de España[21] . Por otro lado, la banda inicia una campaña sectaria encubierta contra personas que se definen genéricamente como de derechas, que servirá para neutralizar, esterilizar y borrar del mapa a todo un segmento ideológico de la sociedad vasca que no es nacionalista y que oscila entre el centro derecha y la extrema derecha. Hay que tener en cuenta además que ese segmento está representado por la única de las tres grandes tendencias políticas en el País Vasco que, a diferencia del nacionalismo (PNV, ANV y partidos nacidos de ETA) y el socialismo/comunismo (PSOE, PCE y partidos nacidos de escisiones de ambos) no tiene ni líderes ni siglas de referencia de la Segunda República o de la lucha contra el franquismo. ETA siembra el miedo entre ese sector de la ciudadanía españolista y de derechas, y lo neutraliza evitando que tenga militantes y candidatos electorales. Será, en resumen, una auténtica limpieza étnica e ideológica.

La «campaña antialcaldes» de los milis será duramente criticada por la rama político-militar de ETA desde la que se considera que «de no tener una rectificación rápida y tajante» les conducirá «hacia el militarismo y hacia un marginamiento del Pueblo». No se paran ahí en las críticas porque a los polimilis no les parece «congruente» que «teniendo en cuenta el actual contexto político», la rama militar pase «de hacer ejecuciones de txakurras y txibatos (sic) a hacer ejecuciones de alcaldes». Desde ETA-pm les preguntan a los «militaristas», ante su campaña indiscriminada, si no existen «otras formas de represalia menos contundentes», al menos para «quienes no son o aparecen ante el Pueblo como claramente fascistas»[22] . La respuesta crítica de ETA-pm a la fracción militar etarra por su campaña contra los cargos locales del Movimiento nos aporta las dos claves que van a determinar la organización y estrategia de los milis durante los treinta y cinco años siguientes. Por un lado, seguirán al pie de la letra la idea base del documento «E.T.A. frente al Juancarlismo»: la muerte de Franco sólo suponía la continuidad de su régimen en Juan Carlos I, por lo que ETA luchará contra el juancarlismo como lo hizo contra el franquismo. Y, por otro lado, primará la estrategia militarista irracional por encima de cualquier estrategia política o reflexión ideológica, siempre dirigida por la élite de una organización rígidamente jerarquizada a la que quedan subordinadas todas las demás organizaciones afines. En resumen: las botas (militares) siempre por encima de los votos.

En los días posteriores al atentado contra Legorburu, la Policía identifica a tres de los posibles autores que serán amnistiados veinte meses después. Entre los que disparan, según fuentes policiales, está Isidro Garalde, Mamarru, el hijo de Rita Bedialauneta, una conocida carlista en la localidad vizcaína de Ondárroa de las que durante el franquismo iba a Montejurra todos los años. Los hinchas locales de su hijo, algunos también hijos de carlistas, se dedicaban a insultarla y hostigarla porque estaba en contra de sus fechorías. Carlista y franquista, sí, como el alcalde asesinado. Otro caso más de etarra hijo o nieto de franquistas que decide asesinar franquistas cuando Franco ya había muerto. Un caso más de esa esquizofrenia paranoide con el franquismo de los que quizá lo tendrían que haber arreglado primero en su casa, aceptando que la Guerra Civil fue una contienda entre vascos y no entre vascos y españoles; asimilando que hubo una parte de la sociedad vasca, en la que estaban sus padres, tíos o abuelos, que luchó con Franco y legitimó su régimen en las provincias vascas.

Pero parece que, para algunos dirigentes y militantes de ETA como Mamarru, eso era inaceptable porque rompía su discurso sobre la guerra entre españoles y vascos, sobre la invasión de Euskal Herria, el franquismo disfrazado de democracia y otros delirios parecidos para justificar sus asesinatos en serie. ¿Por qué no empezaron asesinando a sus padres y abuelos franquistas, si tanto odiaban a los que pensaban como ellos? ¿Por qué no les dispararon primero a sus padres o les condenaron al silencio o el exilio como hicieron con otros que pensaban igual, por ser franquistas o carlistas, por haber combatido en el Requeté, por rechazar la ikurriña o por no haberles transmitido el euskera? Preguntas sin respuestas porque ni ellos son capaces de responderse más de cuarenta años después. Hoy lo único que recuerda al primer edil asesinado en 1976 y a las demás víctimas de ETA en Galdakao es una escultura de acero en la plaza Urreta del barrio del mismo nombre. El monumento ha sido bautizado por su autor como Besarkada Estua (el fuerte abrazo), ese abrazo fuerte colectivo que desde la sociedad y las instituciones vascas llegó muy tarde a quienes padecieron a ETA y a las enfermedades morales transmitidas por la banda.

En el mismo hay una placa que dice en euskera y castellano «en recuerdo de todas las víctimas del terrorismo» y el nombre del autor Jesús Lizaso. Lo dice así, con la misma frialdad que el rectángulo de metal en el que se escribe esa equidistante dedicatoria que termina sin incluir los nombres de las diez víctimas registradas en Galdakao. Suena a memoria tardía, a mala explicación urgente, a expediente administrativo traspapelado buscado a toda prisa para tramitarlo con rapidez. Es como esos cenotafios y tumbas del soldado desconocido que recuerdan a todos y a nadie. La obra en acero está en una plaza con bancos y equipamientos infantiles, y parece que forma parte del mobiliario urbano. La colocaron allí en 2007, justo para que el 27 de abril de ese año se celebrara el primer homenaje a las víctimas del terrorismo organizado por el ayuntamiento. Ese día el alcalde del PNV tuvo la decencia y la honradez —todo hay que decirlo— de pedir perdón a las familias de las víctimas por el olvido institucional y de asumir «los errores cometidos» a la hora de expresar su cariño a las mismas. Queda la esperanza de que quizá alguno de los niños que juegan en esa plaza, en su curiosidad infantil, pregunten a sus padres qué son las víctimas del terrorismo y que les respondan desde la verdad, la memoria y la justicia.

ETA PONE EN SU PUNTO DE MIRA A ALCALDES Y CONCEJALES

La «campaña anti-alcaldes» empezó antes de 1975

La rama militar de ETA asegura que su «campaña antialcaldes» comienza con el asesinato de Víctor Legorburu en 1976, pero las amenazas, acosos y atentados contra alcaldes comienzan en 1968, bajo acusaciones de colaboracionistas o confidentes. Juan Beguiristáin Izaguirre fue alcalde del municipio guipuzcoano de Lazcano (Lazkao desde 1980) durante 33 años, en tres etapas desde 1936, la última de casi 19 años. Previamente había sido concejal tradicionalista durante el periodo republicano. Después de haber sido calificado en varias ocasiones por ETA como chivato, en agosto de 1968, mientras estaba de vacaciones, un comando etarra asaltó e incendió su casa destruyéndola parcialmente. Varios días después fue detenido el comando del que formaba parte un sobrino del regidor. Entre los detenidos faltaba uno de los mitos de la organización, Eustaquio Mendizabal, Txikia, que también intervino[23]. De hecho, en el convento de los benedictinos de Lazcano se celebraron algunas reuniones de ETA en aquella época. En pleno estado de excepción, tras el asesinato del comisario Melitón Manzanas, la dictadura había sacado lo peor de sí mismo con la vuelta a un decreto-ley sobre bandidaje y terrorismo de 1960 que pasaba a la jurisdicción militar todos los delitos sociopolíticos.

La primera expresión de una situación de excepcionalidad casi permanente hasta la muerte del dictador (habría tres estados de excepción más) sería el consejo de guerra contra los autores del incendio, que bien puede considerarse un preámbulo del Consejo de Burgos. El fiscal llegaría a pedir la pena de muerte para tres de los cuatro acusados que finalmente fueron condenados a elevadas penas de cárcel. La decisión judicial causa estupor entre muchos vecinos de Lazcano, pero no le afecta a su alcalde. A pesar de nuevas amenazas, Juan Beguiristáin no dimite y mantiene la makila de mando hasta las elecciones de enero de 1976, en las que gracias a la nueva normativa electoral le sustituye el empresario Joaquín Irízar Garmendia, de Forjas Irízar. Reyes Corcóstegui Villar, alcalde de Oñate (Oñati desde 1981) entre 1955 y 1976, recibió el 21 de septiembre de 1968 una carta firmada por ETA en la que se le acusaba de ser «colaboracionista con la Dictadura» y se le informaba de que estaba en la lista negra. La misiva amenazante empezaba criticando a Corcóstegui por organizar personalmente ¡un concurso de perros de pastor!; para el que la banda pedía un boicot total, llegando a calificar como «enemigos del Pueblo» a los que apoyasen la exhibición canina.

A las amenazas no fue ajeno el llamado Grupo Autónomo que dirigía Xabier Zumalde, El Cabra, precursor del llamado «impuesto revolucionario». Un personaje a medio camino entre el cura Santa Cruz y Rambo, con un toque de aquel profesor Franz de Copenhague del TBO por sus inventos para colocar ikurriñas y otros ingenios para la lucha guerrillera. Zumalde liderará durante un par de años en la zona de Oñate y Mondragón un grupo local conocido como Los Cabras, pero Reyes Corcóstegui no se lo toma demasiado en serio y no dimitiría hasta septiembre de 1976. Oficialmente se fue por su temor a que se reprodujesen en Oñate los graves incidentes registrados en las fiestas locales de Fuenterrabía, Irún y San Sebastián. Antes de irse pidió «amnistía política, restauración foral y la plena garantía de una convivencia pacífica en la libertad»[24]. No le faltaron tampoco las amenazas de ETA dentro de su «campaña antialcaldes». El 14 de diciembre de 1971, el alcalde de Ondárroa Miguel Ángel Arrizabalaga Arcocha asiste como testigo encañonado al incendio de su perfumería en la localidad pesquera provocado por tres miembros de ETA. Era alcalde desde 1968, vascoparlante, carlista y oficial de requetés.

Había recibido amenazas seis años antes y el día del atentado los autores del mismo dejaron octavillas en las que acusaban al regidor de «colaboracionista y guerrillero de Cristo Rey». El ataque sufrido no arredra a Arrizabalaga que decide seguir al frente del consistorio ondarrés[25]. Aguantará hasta 1977 y dimitirá en desacuerdo por la legalización de la ikurriña. A partir de ahí arrecian las amenazas de ETA contra él y su familia que culminan con el asesinato de su hermano en 1978. José Salazar Ibarreche, alcalde del pequeño municipio vizcaíno de Ceberio, escuchó desde su casa la explosión de una bomba en su vehículo particular el 2 de diciembre de 1973. Salió inmediatamente porque minutos antes había visto a unos niños jugando cerca. Afortunadamente se habían ido antes del estallido. El coche quedó destrozado y el regidor, aunque consciente de que la causa del atentado podía ser política, no daba crédito a lo que había ocurrido. La Guerra Civil y su participación como voluntario en la División Azul[26] quedaban muy lejanas, pensó. Era desde 1955 alcalde de un municipio rural de menos de 1200 habitantes y eso, políticamente hablando, no era relevante. Como mucho un objetivo fácil para ETA y nada más. Siguió en el cargo hasta su muerte por enfermedad, dos meses después, sin encontrar una explicación.

Después del asesinato de Víctor Legorburu

Con los casos citados queda demostrado que, con Franco vivo, ETA ya tenía en su punto de mira a los alcaldes. Como puede verse son atentados puntuales, espaciados en municipios pequeños de Vizcaya y Guipúzcoa, muy en la línea de actuación de la banda entonces con un terrorismo de baja intensidad consistente en atracos, amenazas, sabotajes y búsqueda de daños materiales con explosivos o incendios. Los alcaldes no dimiten porque no tienen miedo, no dan importancia a ETA a la que contemplan como una organización desarticulable policialmente. A estos episodios conocidos tenemos que sumarles un número incontable de amenazas y presiones contra alcaldes y concejales, que aumentará en progresión geométrica tras el asesinato de Víctor Legorboru. Al día siguiente de su muerte, ETA asesina en la localidad guipuzcoana de Cizúrquil (Zizurkil desde 1980) a Julián Galarza Ayastuy, un mecánico de ideología abertzale. Los pistoleros iban a por el alcalde José Antonio Vicuña Rodríguez, pero se equivocan y, a diferencia del silencio sobre la masacre de la banda en la cafetería Rolando de Madrid, esta vez la organización reconoce su error.

Vicuña es un empresario con un negocio de chatarra que pone en marcha al año siguiente una fundición de aceros al carbono en Lacunza, un pequeño municipio de la comarca navarra de La Barranca, donde el nacionalismo radical tiene una presencia significativa. Ese mismo año es también uno de los promotores de Guipúzcoa Unida (GU), la marca electoral de Alianza Popular en Guipúzcoa en las primeras elecciones generales. La banda terrorista no renuncia a su objetivo y, tras un periodo de vigilancia, ETA intenta asesinar de nuevo a José Antonio Vicuña en febrero de 1979, un mes antes de las elecciones municipales. El día que los terroristas le esperan en el ayuntamiento para asesinarle, se retrasa, los pistoleros se desesperan y deciden irse porque no llega y un niño se asusta cuando les ve ponerse las capuchas. Eso le salva la vida. El asesinato de Julián Galarza suscitó una inesperada reacción de los polimilis, comentada anteriormente, a la que se le unieron otros acontecimientos como la reciente renovación parcial de algunos ayuntamientos o la posibilidad de elecciones municipales, en las que los milis entienden que tener concejales o alcaldes afines «conlleva mucho riesgo para demasiado escaso beneficio» remitiendo a un debate entre las organizaciones de la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) para fijar una postura definitiva[27].

Los dirigentes de la fracción militar también tienen en cuenta el secuestro y asesinato por parte de los polimilis del empresario afín al PNV, Ángel Berazadi, la frustrada fuga masiva de la cárcel de Segovia y la creación del llamado Movimiento de Alcaldes, en el que algunos no abandonan la palabra «movimiento»: del Movimiento franquista pasan al Movimiento de Alcaldes y de ahí al llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV). Todo esto ralentiza la llamada «campaña antialcaldes» hasta el extremo de que ETA-m reconoce que realiza acciones discriminadas, revelando incluso que algunos alcaldes fueron a consultarles y que los milis les aconsejaron «continuar en sus puestos»[28]. Lo que ETA-m no reconoce en sus papeles es el «éxito» de su campaña. Antes los alcaldes y concejales amenazados no dimitían. Ahora sí, y a quien persiguen es a los que no se identifiquen con el nacionalismo o apoyen públicamente su paquete básico de exigencias. En un contexto convulso, con un verano caliente en las fiestas locales en las que se registran duros incidentes por las provocaciones de grupos de incontrolados o por las muertes de varios ciudadanos en manifestaciones causadas por abusos policiales o pistoleros parapoliciales, ETA vuelve a su «campaña antialcaldes» después de varios atentados, fallidos o con víctimas mortales, contra agentes de Policía y Guardia Civil, personas acusadas por los etarras de ser «chivatos» o vinculadas a cargos locales del Movimiento franquista.

Más suerte que José Antonio Vicuña fue lo que tuvo el 18 de septiembre de 1976 el alcalde de Andoain, Pedro Gallo Boada. Nacido en Rentería, era conocido por su empresa mueblera y por su afinidad con el régimen franquista desde que a los 17 años participase en la Guerra Civil como asistente de Camilo Alonso Vega en la IV Brigada de Navarra. Estuvo al frente del consistorio andoaindarra entre el 16 de febrero de 1973 y el 22 de julio de 1977. Aquel sábado en el que volvió a nacer iba en su vehículo particular hacia su fábrica de muebles en Soravilla, Talleres Gallo, acompañado por un hijo y un sobrino, cuando a pocos metros de la entrada había un coche parado con un individuo agachado bajo el capó simulando estar manipulando el motor. Detuvo su automóvil, bajó para prestar ayuda, y en ese momento otro individuo salió por detrás armado con una ametralladora. Al intentar abrir fuego se le encasquilló el arma. El regidor andoaindarra, alertado por su hijo, reaccionó con rapidez pudiendo darse a la fuga con su coche. Posteriormente llegaría a negar el atentado frustrado para evitar protagonismo mediático, pero la Guardia Civil lo desmintió. Diez meses después decidió dimitir definitiva y oficialmente acosado por nuevas amenazas.

Durante un tiempo se marchó a vivir fuera del País Vasco y decidió volver a Andoain. Abuelo del conocido torero Eduardo Gallo mantuvo una vida discreta sin renunciar a sus ideas. Hasta su muerte en 2004, solía celebrar todos los años el aniversario del 18 de julio de 1936 con un grupo de nostálgicos franquistas en San Sebastián. Otro resultado de la «campaña antialcaldes» de ETA-m es el que refleja el caso del alcalde de Andoain en 1976. ¿Qué consigue ETA? Fundamentalmente atemorizar y ese miedo paraliza, impide evolucionar para participar en el nuevo sistema democrático. Hay víctimas del terrorismo o personas amenazadas que enquistan sus posturas en una ideología radical basada en un nacionalismo español o un antinacionalismo vasco, y en un rechazo parcial o total a la democracia. Su repercusión en las urnas es marginal, al mismo nivel que ciertas formaciones de extrema izquierda antisistema. A pesar de que con los años se va logrando la estabilidad institucional, la neutralización y desaparición de las amenazas golpistas o el amplio respaldo ciudadano a la Constitución y los estatutos de autonomía, hay un sector de la ciudadanía que se autoexcluye. A eso no es ajeno el terrorismo de ETA y su trama política como causante y también como segmento social totalmente equiparable por su rechazo común al Estado democrático de derecho.

Una vez celebradas las primeras elecciones generales, autonómicas y municipales hay un intento permanente y exitoso desde el Partido Nacionalista Vasco por situarse en el centro del sistema, poniendo a ETA y su entorno en un extremo, y a formaciones como UCD, Coalición Popular o PP, en el otro extremo. Es la recurrente Teoría de la Balanza en la que, intencionadamente, se sitúa el fiel de la balanza en el PNV y trata de equipararse a ETA, no con formaciones de extrema derecha antidemocráticas como Fuerza Nueva o Falange Española de las JONS, sino con formaciones como UCD, Coalición Popular o PP, para que aparezcan como fuerzas radicales, centralistas o antivascas, no se les vote y de paso los electores más vasquistas apoyen a los jeltzales. Frente a ese sector crítico minoritario que rechaza de plano el pluralismo, las libertades y las elecciones, se impone la inevitabilidad e irreversibilidad de la democracia, al margen de ambiciones o expectativas personales en la política. Eso obliga a ciudadanos que se identificaban con el franquismo político o sociológico a aceptar el sistema democrático, tras una evolución progresiva hacia posiciones más abiertas, moderadas y posibilistas.

La misma situación se reproducirá a finales de los años ochenta en Europa en países del bloque comunista, en los que, desde la nomenklatura de cada país o desde la simple identificación con el sistema comunista, hay miles de ciudadanos que evolucionan hacia posiciones propias de una izquierda democrática, homologable a formaciones socialdemócratas o eurocomunistas de Europa occidental. Sorprende muchas veces que, desde formaciones de izquierda como PSOE, Podemos o Izquierda Unida, recuerden a miembros de UCD y PP su pasado en el Movimiento franquista y no miren igual a compañeros suyos en el Parlamento Europeo o en sus propias filas con un pasado vinculado a los partidos únicos de la Europa del Este o a formaciones de extrema izquierda que defendían la Democracia de China, Cuba, Albania o la URSS. Ser antifranquista no le convierte a uno en demócrata cuando se han defendido ideologías que no lo eran. ETA amplía su radio de acción y pone la vista en las tres diputaciones vascas, especialmente en sus presidentes y en aquellos diputados provinciales que también están al frente de alcaldías. El atentado contra Víctor Legorburu hace que más de uno se tiente la ropa, sobre todo en las localidades medianas y pequeñas donde los mecanismos de control social son más estrechos.

El miedo es ya un fantasma presente que se extiende rápidamente por las corporaciones locales. Las dimisiones se suceden bajo la apariencia de traslados laborales, incompatibilidades profesionales, enfermedades sobrevenidas, obligaciones familiares, ausencias deliberadas de los plenos y otras razones aducidas repentinamente por parte de quiénes empiezan a recibir amenazas verbal o telefónicamente. Eso para los que dimiten, desaparecen de la escena institucional y se quedan en casa, porque hay otros a los que la banda terrorista, al margen de su origen vasco o foráneo, les obliga a marcharse.

Cestona: cuando asesinan al hijo porque no pudieron asesinar al padre

Es importante recordar aquí el caso de Juan Sánchez Corral y de su hijo en la localidad guipuzcoana de Cestona (Zestoa desde 1984). En 1978, Juan Sánchez Corral es un maestro de Cestona, a donde llegó a finales de los años cuarenta procedente del pueblo salmantino de Guadramiro, una población agrícola y ganadera de Vitigudino que rondaba entonces los seiscientos habitantes. Nunca dejó la nostalgia por su tierra natal. Era el típico funcionario trasladado, con vivienda en un grupo de casas sindicales y la posibilidad de ser parte de las fuerzas vivas de un municipio que multiplicaba por seis la población de su localidad de origen. En Cestona, donde le conocían como don Juan o maixu (maestro en euskera), era maestro, teniente de alcalde y, como había estudiado algo de Derecho, también secretario del juzgado. Por decisión suya una calle de la villa balnearia llevaba el nombre de Pío Baroja. Era su homenaje al escritor que antes de su carrera literaria ejerció como médico rural allí. Aunque el maestro se definía públicamente como republicano, le colgaron el sambenito de enemigo de lo vasco. Un sábado por la mañana de septiembre de 1978, con el curso recién comenzado, le dispararon una ráfaga de metralleta desde un coche sin que le alcanzase ninguna bala[29].

Cuatro días después, ETA reivindicaba el ametrallamiento acusando a Sánchez Corral de «miembro colaborador al servicio de las fuerzas represivas que invaden Euskadi» y de «comportamiento antivasco y antiobrero»[30]. Poco tiempo después del «aviso» de ETA, Juan Sánchez se marcharía a Salamanca capital desde donde pediría a su familia que votasen al PSOE ante la irrelevancia de la derecha. Varios vecinos de Cestona le confirmaron que en el santuario vascofrancés le tenían como «objetivo a ejecutar». Como funcionario de Educación había reunido puntos suficientes para conseguir plaza en una escuela pública de la capital charra. Se marchaba en un momento en el que el nacionalismo radical exigía mayor número de profesores vascoparlantes y muchos docentes pedían traslados a destinos más tranquilos. En 1990, el boletín La Razón de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), publicaba una carta de Sánchez Corral en la que agradecía a la AVT su trabajo con las víctimas y pedía ayuda para mejorar la situación económica de su nuera y tres nietas. Curiosamente él no se consideraba una víctima del terrorismo. La explicación a ello la aportaba su nuera en 2005: «Nos daba miedo identificarnos porque parecía que nosotros éramos los verdugos y no las víctimas».

Seis años antes de esa carta, ETA había asesinado en Cestona a su hijo, Juan Sánchez Sierro, de 39 años, cuando sacaba a pasear a su perra Beki sobre las siete de la mañana. Era el segundo hijo que perdía allí en circunstancias trágicas (otro se ahogó en una presa). Aquel 8 de noviembre de 1984, después de secuestrar en su coche a un vecino suyo cuando salía de casa, un pistolero le preguntó a Juan si era Maixu Txikia (maestro pequeño), como se le conocía en el pueblo. Después de contestar afirmativamente, le introdujeron en el automóvil del secuestrado, acompañado de otros dos terroristas para dirigirse las cinco personas y la perra a las canteras de Aizarna. Una vez allí, los terroristas bajaron del coche a Juan Sánchez y le dispararon tres veces. Dejaron el cadáver acompañado por su cocker spaniel y la trampa de una bomba con un detonador atado con sedal a varios casquillos, para que cuando la Guardia Civil los recogiese se produjera la explosión de un kilo de goma 2. Los miembros de la Benemérita descubrieron la trampa y al animal lamiendo las heridas de su dueño abatido. Al día siguiente El Diario Vasco abría su primera con una escalofriante foto del cadáver mal tapado con una chaqueta y custodiado por su perra, con este titular: «Cestona: asesinado un afiliado de ELA-STV».

Juan Sánchez Sierro vivía como un vecino más de la localidad del valle de Sastarrain: chapurreaba el euskera, tomaba vinos con su cuadrilla y era un trabajador afiliado a ELA, un sindicato nacionalista que jamás ha hecho nada por reivindicar su memoria (ni la de otras víctimas afiliadas). Algo que no ha dejado de hacer valientemente su viuda, Pilar Linto, hasta en uno de esos programas sobre víctimas de ETA que de vez en cuando emiten en la televisión pública vasca, no sé si por equivocación en la programación o por vergüenza democrática. El diario abertzale Egin, siempre el anticipo justificador a los crímenes de ETA, titulaba en una esquina de su portada: «Amenazado por ETA, muere en atentado en Zestoa». Quería decir algo así como que, si Juan Sánchez hubiera seguido los pasos de su padre, no hubiera muerto, pero que como no lo hizo así estaba bien muerto. Mientras introducían el cadáver de su dueño en una ambulancia para trasladarlo al depósito municipal, la perra mordía los cordones de los zapatos de su propietario o hacía guardia en el asiento del conductor. Esa imagen conmovedora de fidelidad y humanidad del animal le encoge a uno el alma, porque la primera conclusión a la que se puede llegar es que Beki tuvo más sensibilidad con su dueño que los pistoleros y el que redactó la noticia en la gaceta de los etarras, ellos que despectivamente denominan como txakurras (perros) a policías y a periodistas que no utilizaban su libro de estilo.

Como remate, un día después, Egin informaba del funeral del electricista asesinado titulando la noticia así: «Funerales y entierro trabajador muerto en atentado» (sic)[31]. Sonaba mal, era contradictorio que los defensores del llamado Pueblo Trabajador Vasco asesinasen a un trabajador vasco, en este caso para vengarse de su padre al que no pudieron matar por ser concejal. No tuvieron suficiente con obligarle a que dimitiese en el ayuntamiento y se marchase de Euskadi. Los verdugos mataron por segunda vez a Juan Sánchez al calificarle de «chivato», aprovechando la ocasión para anunciar que iban a relanzar su campaña contra los chivatos. De paso se reafirmaron en su limpieza étnica e ideológica diciendo que «aunque los chivatos intenten camuflar su labor afiliándose a partidos o haciéndose pasar por personas apolíticas, deben saber que ETA no va a consentirles que parasiten en el territorio de Euskadi sur». Alguien debería haber explicado a los verdugos que su víctima había votado a opciones nacionalistas. La viuda y sus hijas se marcharon del pueblo diez meses después del atentado mortal, cuando comenzaba el nuevo curso escolar. Juan Sánchez padre volvió por primera vez de su obligado exilio para estar en el entierro de su hijo.

El día del funeral recibieron el pésame de Ramón Jáuregui, primer delegado socialista del Gobierno central en Euskadi, y antes alcalde forzoso de San Sebastián, tras ese comunicado de ETA en el que los pistoleros reivindicaban el atentado fallido contra el padre de Juan Sánchez y se atribuían la explosión de un artefacto de escasa potencia en el portal del domicilio del alcalde en funciones de San Sebastián, Fernando de Otazu Zulueta. Pocas horas después de la detonación, Otazu dimitía dando paso a una gestora municipal —la primera y única en una capital vasca— que presidiría un abogado laboralista de 31 años llamado Ramón Jáuregui Atondo. El regidor donostiarra dimisionario, como procurador guipuzcoano en representación de la administración local en las cortes franquistas, había presentado un texto en la Comisión de Régimen Especial reivindicando el reconocimiento de la región vasca (tres provincias y abierta a Navarra) y de la autonomía municipal[32]. Ante las amenazas de ETA, el ministro de Asuntos Exteriores Marcelino Oreja le mandó como agregado cultural a la embajada de España en Buenos Aires. Murió en San Sebastián, justo catorce años después de su forzosa dimisión. Días después de su renuncia la Policía detectó cerca de su casa a un comando de ETA que iba a por él.

Echevarríatik…

Oiartzun: Crónicas de un pueblo que ha convivido con la violencia es el subtítulo de un documental rodado allí en 2014 y que forma parte del relato sobre el terrorismo de los herederos de ETA y Batasuna. Toma su título, Echevarríatik Etxeberriara, de dos de sus protagonistas con un juego de palabras en euskera: de (Antonio) Echevarría a (Rufino) Etxeberria. El primero era alcalde de la localidad guipuzcoana cuando fue asesinado por ETA en 1975. Por cierto, se apellidaba Echeverría, no Echevarría. El segundo es uno de los líderes de Sortu, partido sucesor de Batasuna, y también uno de los ideólogos de Oldartzen (embistiendo, acometiendo, en castellano), la hoja de ruta de ETA y su entorno desde 1994, sinónimo de terrorismo callejero a mansalva y de asesinatos de políticos en nombre de la «socialización del sufrimiento». Una especie de Solución Final en versión abertzale en la que Oyarzun (Oiartzun desde 1990) fue uno de los laboratorios para la puesta en práctica de aquel delirio medio nazi, medio yihadista, de ETA y su entorno. Oyarzun es uno de esos pueblos guipuzcoanos en los que con ser nacionalista y expresarlo no parece que sea suficiente.

Es uno de los ejemplos que mejor resume la vida en las poblaciones vascas pequeñas o medianas en las que, gracias a ETA, el nacionalismo radical se ha implantado sólidamente para un par de generaciones y en las que el constitucionalismo ha sido prácticamente barrido. Es también paradigma del fuerte contraste de una sociedad opulenta económicamente pero miserable moralmente. Se nota que hay dinero hasta para lo que iba a ser el mayor plató cinematográfico del País Vasco y una referencia para el resto de España: el parque industrial audiovisual Zinealdea. Después de gastarse casi 25 millones de euros, lleva cerrado desde el final de las obras en 2010 mientras los artífices de la cosa se echan la culpa. También en Euskadi hay aeropuertos de Castellón. A 11 kilómetros de San Sebastián y rondando los 10.000 habitantes, Oyarzun tiene pinta de Neguri de la llamada izquierda abertzale, cuya población no ha dejado de crecer en los últimos cuarenta años. Cuando uno observa que allí hay chalets calificados como VPO o urbanizaciones y zonas residenciales premium, tiene la sensación de que está en localidades madrileñas como Pozuelo, Las Rozas o Boadilla, pero viendo las omnipresentes pancartas y pintadas a favor de los presos que contrastan con las residencias de alto standing, uno sólo puede llegar a la conclusión de que vive en una sociedad surrealista.

Es imposible imaginarse que, entre los residentes de las urbanizaciones de las localidades madrileñas antes mencionadas, las fuerzas políticas más votadas fueran Izquierda Unida o Podemos. En Oyarzun, aunque uno tenga que pellizcarse para creerlo, la fuerza más votada es Bildu. Por ello no deja de sorprender (o indignar) que, en ése y en otros municipios vascos, haya residentes de clase media-alta con un nivel de vida digno de cualquier país del norte de Europa que defiendan a ultranza una ideología que justifica matar al que no piensa igual y tiene sus referentes en Cuba, Corea del Norte o Venezuela. ¿Se han preguntado alguna vez cómo vivirían si Euskadi fuera como las dictaduras que tienen en sus países de referencia? De momento viven encantados en una sociedad dicotomizada en dos bloques: uno nacionalista radical y otro nacionalista institucional con los constitucionalistas extinguidos. Es el modelo que buscan hoy para la sociedad vasca los sucesores de ETA y Batasuna. Con el Pacto de Ajuria Enea, la ciudadanía vasca se dividía claramente entre demócratas y violentos. Después, con el Pacto de Estella, a los vascos nos dividían entre nacionalistas y constitucionalistas. Hoy, los fideicomisarios de ETA y Batasuna pretenden hacer una división entre ellos, Bildu, y el PNV, o entre ellos y el resto.

Y en eso, Oyarzun es uno de los modelos a seguir, justo en una localidad con un gran nivel de vida y una sociología política que contrasta por su proximidad o vecindad a las tres localidades más habitadas de Guipúzcoa (San Sebastián, Irún y Rentería), donde existen una pluralidad y diversidad manifiestas, homologables a las del resto del País Vasco. Cuando un forastero entra en Oyarzun es consciente de que cruza una frontera que establece la división entre la Guipúzcoa plural y la Guipúzcoa que ETA y su brazo político han querido convertir en su particular «zona nacional», con el refuerzo demográfico de muchos hinchas de la banda que vieron allí el lugar perfecto para vivir. Los carteles bilingües aparecen rabiosamente rectificados con tachones de pintura para que sean monolingües. Pancartas y pintadas forman parte de la decoración y el mobiliario urbano. La fachada del ayuntamiento, buen ejemplo de edificación de estilo barroco construida con piedra de sillería, parece un tablón de anuncios cutre con pancartas colgando. En el balcón central han retirado los mástiles para las banderas y han colocado tras la barandilla de hierro forjado una bandera española pequeña para burlar el cumplimiento de la ley de banderas.

La casa consistorial y la plaza en la que está ubicada son el mejor resumen del ambiente dominante en el pueblo: el nacionalismo más ultra e intransigente es dueño absoluto de la situación. Los abertzales más radicales tienen con sus tiendas y bares su propio universo, compartido sólo con los que tienen la misma fascinación por el pistolerismo abertzale en un espacio social e ideológico previamente depurado. No es para menos, porque primero fueron a por los de derechas y de paso borraron del mapa a los constitucionalistas, para después ir a por los del PNV y EA. Hay un dato elocuente: desde 1979 se han celebrado en Oyarzun 10 elecciones municipales. Se han votado 10 corporaciones de 13 concejales, se han elegido en 39 años 130 ediles entre los que sólo ha habido 1 del PSE en 1983, y 2 de Ezker Batua-Aralar —la marca vasca de Izquierda Unida más la escisión de Batasuna— gracias a la ausencia en las urnas de la formación abertzale ilegalizada. El PNV estuvo en la alcaldía entre 1979 y 1987. La escisión de Eusko Alkartasuna del PNV en 1986 puso en manos de Herri Batasuna y sus formaciones herederas el gobierno municipal, excepto entre 2003 y 2007. El PP lleva presentándose a las elecciones locales en Oyarzun desde 1995, con candidatos foráneos como hace el PSE. Excepto en 2003, que superaron juntos el 10% de los votos válidos, PP y PSE han sumado en los demás comicios locales entre un 4% y poco más de un 6%. En Oyarzun identificarse públicamente con los partidos constitucionalistas era ser un candidato seguro al gato negro en la puerta de casa.

El gato negro de Oyarzun

Antonio Echeverría Albisu tomó posesión como alcalde de Oyarzun y jefe local del Movimiento el 30 de agosto de 1974. Al día siguiente, el diario La Voz de España informaba de ello con una fotografía del nuevo regidor y su antecesor en funciones Ignacio Arocena Arbelaiz, junto al subjefe provincial del Movimiento. Otra foto que rompería ETA. Ignacio Arocena y Antonio Echeverría, los dos fueron alcaldes de Oyarzun, a los dos les pusieron un gato negro muerto en la puerta de casa y a los dos les asesinó ETA al mejor estilo de la mafia. Arocena fue alcalde en funciones durante seis meses tras la muerte de José María Egüés Apezteguía, un veterano carlista navarro que llevaba casi cinco años como alcalde de Oyarzun y al que ETA le incendió su zapatería en agosto de 1971. Tras el asesinato de Echeverría se puso al frente del consistorio oyarzuarra Iñaki Aristizabal Iriarte, uno de esos alcaldes que pasó del Movimiento franquista al MLNV. Fue el candidato de Herri Batasuna a la alcaldía de Oyarzun en 1979. En enero de ese año le detuvieron por vinculación a ETA y trece meses después fue condenado a un año de prisión por hacer de correo para la banda y esconder en su casa a etarras que luego llevaba a Francia. También le habían detenido durante veinticuatro horas tras el asesinato de Antonio Echeverría, primo segundo suyo.

Al regidor le pegaron un tiro en el hemitórax en la puerta de su casa a la hora de comer. Con 33 años era el alcalde más joven de la provincia y la primera víctima de ETA tras la muerte de Franco. Su verdugo dijo que tenía un recado para él y cuando salió a la puerta de su casa le disparó y huyó. La Policía atribuyó el atentado a Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, y Juan Lorenzo Lasa Michelena, Txikierdi, dos pistoleros amnistiados en 1977 que decidieron seguir su carrera delictiva hasta la cúpula de ETA. Dos días antes fueron a por él también con lo del recado pero no consiguieron tenerlo enfrente. Echeverría se inclinó, se desangraba, sintió que estaba herido de muerte, y en ese fallecimiento a cámara lenta pidió perdón. Una ambulancia le trasladó a un centro médico donostiarra pero no salió vivo de Oyarzun. Los que no le perdonaron la vida reivindicaron el asesinato dentro de su particular «campaña anti-chivatos», añadiendo otros cargos punibles en su particular código penal, como su «anti-vasquismo» [¿era antivasco un hombre que sólo hablaba en euskera en casa?], sus «gestiones contra la nueva ikastola» y el «engaño indiscriminado» a campesinos y al pueblo de Oyarzun para enriquecerse[33].

Una vez más todas las leyendas propias de esa envidia enfermiza pueblerina que ha alimentado la mentalidad cainita de los chivatos de ETA. Se nota que algunos llevaban fatal el éxito de sus negocios como agente de la propiedad inmobiliaria. Sólo les faltó lo de ese matrimonio in articulo mortis con una viuda rica para heredar su patrimonio, que le atribuyeron y que nunca se celebró. Bastaba con leer la esquela para deducir el estado civil del alcalde. El día que las hermanas de Antonio Echeverría fueron a buscar sus papeles y efectos personales a su despacho del ayuntamiento se encontraron con todos los cajones abiertos y vacíos. No había papeles y nadie había visto nada. Las hermanas del primer edil tampoco vieron el gato negro muerto en casa, pero hubo quien decía haberlo visto. Todo aquello era el guión perfecto para rodar en Oyarzun una miniserie televisiva de la época, «Nadie debe saber », sobre la ‘Ndrangheta, la mafia calabresa. Las tres últimas letras de la denominación de la organización criminal y su modus operandi ya encajaban perfectamente en la ETA de entonces. La banda terrorista, en el comunicado de reivindicación del crimen, avisa del comienzo de la «campaña antialcaldes» en la que no incluye al alcalde de Oyarzun a pesar de que el plazo fijado había vencido.

Eso sí, utiliza el asesinato de Echeverría como ejemplo de lo que puede ocurrir si no se siguen sus instrucciones. Ningún alcalde se había tomado en serio las amenazas y dentro de la organización estaban discutiendo entre las dos grandes ramas cuáles iban a ser sus objetivos. Al funeral de Antonio Echeverría asistieron miles de personas. Fue todo el pueblo y los que representaban principalmente a instituciones locales y organizaciones del Movimiento. Los periódicos de aquel día coinciden en el silencio y la serenidad que presidieron las honras fúnebres. Nada de gritos, nada de ultraderechistas con el «Cara al sol». Una misa en euskera y castellano, y el entierro. Tras el mismo, la familia Echeverría Albisu fue estigmatizada en el pueblo por aquel atentado. El padre de la víctima, un hombre sencillo de caserío que sólo hablaba euskera, quedó muy traumatizado por todo, sobre todo por la imagen de su hijo moribundo, y murió siete meses después. María Dolores, una de sus dos hijas, también fallecería años más tarde muy marcada por lo mismo que su progenitor. La tienda de alimentación de toda la vida de los Echeverría Albisu sufrió el boicot impulsado por los soplones de los etarras.

Entre los que retiraban la palabra y el saludo se encontraban las caras de algunos a los que durante años les habían fiado en la tienda por falta de dinero. Aquella familia fue víctima colateral del asesinato, y casi cuarenta y tres años después todavía tienen que soportar a los perdonavidas locales. Menos mal que quedó Mari Carmen Echeverría, una mujer valiente que ha sabido llevar con dignidad el nombre de la familia reivindicando justicia y memoria. Las víctimas del terrorismo más valerosas siempre tienen nombre de mujer. Uno de los que portaban el ataúd del alcalde era Ignacio Arocena, concejal y el alcalde en funciones que entregó el bastón de mando a Echeverría. Con la llegada de la democracia, Arocena dejaría la corporación oyarzuarra y se dedicaría exclusivamente a su negocio de hostelería, que simultaneaba con una licencia de taxi. De familia navarra de ideas tradicionalistas, sin una identificación pública, es posible que enfocase sus simpatías políticas hacia Guipúzcoa Unida y Unión Foral, marcas de Alianza Popular que no se presentarían a las urnas en Guipúzcoa con sus propias siglas hasta las elecciones vascas de febrero de 1980.

Cuando se estaba desarrollando la campaña electoral para aquellos comicios, el viernes 16 de febrero, después de cerciorarse de que estaba en casa, le llamaron para un servicio a un conductor cuyo coche estaba averiado camino del Castillo del Inglés. Su hija pequeña le vio salir con su asesino y ante la tardanza la familia denunció su desaparición. Al día siguiente la Guardia Civil encontraría el cadáver dentro del taxi, en un camino forestal desviado hacia un paraje solitario, a pocos metros de la carretera de subida al castillo del Inglés, a 3 kilómetros escasos de su casa y restaurante. Allí, con 43 años, le quitaron la vida el mismo viernes dentro de su coche con dos disparos por la espalda, uno en la cabeza y el otro en el costado derecho. El domingo una esquela íntegramente en euskera anunciaba lo que fue un discreto funeral tras el que comenzó una larga noche de indiferencia y odio para la viuda, Josefa Lecuona, y sus hijos, dos niñas y un niño entre 8 y 12 años, a los que el ambiente graso de Oyarzun les encerró en la burbuja de la sociedad del silencio, ese submundo al que se condenó durante décadas a las víctimas del terrorismo. Josefa Lecuona tuvo que soportar durante cierto tiempo el boicot a su establecimiento y a aquéllos que, por miedo o miseria moral, le volvían la cara cuando se cruzaba con ellos.

En pleno 2018, junto a su restaurante y vivienda, los defensores locales de los derechos humanos para los etarras han realizado varias pintadas de acercamiento a los presos de la banda. Un cartel próximo nos explica en varios idiomas que algunas de las carreteras de Oyarzun las construyeron en la posguerra con batallones de presos del bando perdedor. Como siempre la memoria selectiva que nos recuerda lo que pasó en la Guerra Civil, pero no lo que pasó anteayer por la tarde con el terrorismo. Al igual que Mari Carmen Echeverría, la viuda de Ignacio Arocena tuvo que soportar lo indecible para sacar adelante a sus hijos. ETA justificó el crimen acusando a su marido de ser «confidente y chivato», añadiendo dosis de limpieza étnica al afirmar que consideran imprescindible «mantener la campaña armada ofensiva contra el aparato de apoyo oficial que constituyen los colaboracionistas y confidentes, mientras éstos no abandonen el territorio nacional vasco». Según el comando ejecutor, Ignacio Arocena Arbelaiz tenía que abandonar el País Vasco porque sus verdugos no le consideraban suficientemente vasco. Uno de los miembros del comando ejecutor juzgado y condenado por este crimen, Pedro María Aira Alonso, Kinito, había nacido en Puebla de Valdeorras (Orense).

Vasquitos de postal así son los que llevan décadas repartiendo los carnés de vasco. José Ramón Goñi Tirapu, gobernador civil de Guipúzcoa entre 1987 y 1990, y antes vecino de Oyarzun, revela que el auténtico chivato era un cómplice de ETA que quiso librarse de él porque le hacía la competencia profesional[34]. Nada más español que la envidia, nada más peligroso que la envidia en versión guerracivilista. Por si alguien tenía dudas ya estaba Egin para ampliar, anticipar o corroborar la versión de la banda. Esta vez el rotativo proetarra contaba que el taxista asesinado «había alternado en algunas ocasiones con un guardia forestal de la localidad muerto recientemente en atentado». Y claro, según Egin, cuando alternas con gente a la que asesina ETA también te puede pasar lo mismo. Ése era el mensaje de la correa de trasmisión del miedo. El guardia forestal era Fernando Rodríguez Espínola, Guardia pequeño. Tres meses antes, el 13 de noviembre, le mataron en el bar Irubide, lleno de clientes, que sorprendentemente vieron algo en su carrera hacia debajo de las mesas cuando disparaban a Rodríguez Espínola desde la puerta, a menos de tres metros de la barra. Llevaba veinticuatro años trabajando como guarda forestal, los últimos veinte en Guipúzcoa.

Asimismo, desde 1964 colaboraba como corresponsal local para El Diario Vasco y desde cuatro meses antes para La Voz de España y Unidad. De esto último tomaron buena nota los chivatos que informaron a la banda sobre él para preparar la coartada de los asesinos, quienes no dudaron en acusarle de ser «confidente de la Guardia Civil», aunque para los criminales la verdadera razón para matarle fue que era de derechas. Casi treinta años después de su asesinato, el ayuntamiento de Constantina, su localidad natal, bautizaba a una calle del municipio sevillano con su nombre. En Oyarzun, nada ni nadie le recuerdan públicamente. Incluso en la taberna en la que le asesinaron, con la última reforma del local, han tenido el detalle de borrar los impactos de bala que quedaron en la barra cuando le mataron.

El primer y único cargo público nacionalista exiliado

El gato negro que presagiaba la muerte apareció de nuevo en Oyarzun el 4 de marzo de 1996. La noche anterior lo habían matado y colocado en la puerta de la casa de Joxe Mari Mitxelena, uno de los impulsores de las concentraciones por la paz en el pueblo y concejal de Eusko Alkartasuna, al que llevaban persiguiendo desde diciembre de 1995 con pancartas insultantes, llamadas telefónicas maliciosas y pintadas amenazantes. Mitxelena ya sabía lo que significaba el gato muerto y dimitió tres días después. A pesar de eso siguieron acosándole hasta que decidió irse del pueblo con su familia. Fue el único cargo público de un partido nacionalista que abandonó Euskadi por las amenazas del entorno de ETA. Le sustituyó Xanet Arozena, guitarrista del popular grupo musical Egan. Aguantó tres meses como concejal porque los radicales boicoteaban las actuaciones de su conjunto musical en cada pueblo que tocaban. Cuando dimitió forzosamente, el presidente de su partido, Carlos Garaikoetxea, comparó a los que perseguían al edil con las juventudes hitlerianas. Uno se pregunta dónde estaban su memoria y dignidad cuando, dos años después, el exlehendakari no tuvo ningún empacho en aliarse en el pacto de Estella con aquéllos con los que en 1996 encontraba «un paralelismo escandaloso con las actitudes históricas fascistas».

Y así siguieron en lo que quedó del partido de Garaikoetxea hasta convertirse en los tontos útiles o inútilmente tontos de la ilegalizada Batasuna. Quizá si los militantes y cargos públicos de PNV, Eusko Alkartasuna o Aralar hubieran sufrido lo mismo que los militantes y cargos públicos de UCD, PP, PSE, Alianza Popular, Unidad Alavesa o Unión del Pueblo Navarro, y no hubieran sufrido ciertos síndromes de Estocolmo, se habría terminado ETA mucho antes. En el libro Padre nuestro que estás en Euskadi, el periodista vasco Julio Flor reúne veintidós testimonios de víctimas del terrorismo callejero y de la violencia de persecución en el País Vasco a mediados de los años noventa. Entre los testimonios hay varios de Oyarzun. Llaman la atención las declaraciones de Nemesio Velasco, concejal entonces del PNV[35]. Velasco es un pequeño empresario hecho a sí mismo que llegó a Oyarzun en 1964 con diecisiete años, procedente de la localidad vallisoletana de Aldea de San Miguel. Trabajó duro, le fue bien en sus negocios, se casó con una chica del pueblo de más de ocho apellidos vascos y se afilió al PNV, según él, porque «con un gobierno de aquí» es la manera «más cercana de colaborar y llegar a los ciudadanos».

Como si los del PP vasco y el PSE fueran extranjeros a los que no les interesa Euskadi. A los dos ediles jeltzales en Oyarzun les insultaban, acosaban y perseguían con la misma saña que a los cuatro de EA. Uno de los comisarios políticos locales de HB le advirtió a Nemesio Velasco que mientras él vivía bien «los presos seguían sufriendo». ¡Hay que ver la sensibilidad con los presos de los batasunos locales! Llegaron a presentar una moción para que se izase la ikurriña a media asta rodeada por una manta, porque decían que los presos también pasaban frío. Melonadas aparte, a Nemesio Velasco le quemaron las oficinas de su empresa en dos ocasiones en menos de nueve meses, dejándolas en siniestro total, probablemente para rematar la advertencia del comisario batasuno. Antes de la campaña de acoso contra él, se implicó en la situación de dos presos de ETA del pueblo: visitó en la cárcel a uno de ellos e hizo gestiones por los dos reclusos con parlamentarios de su partido. Como muestra de gratitud, más bien de esquizofrenia, le quemaron su negocio dos veces. Parece que no era suficiente lo que había hecho por dos delincuentes encarcelados, llegando incluso a plantear a los gerifaltes locales de Herri Batasuna un borrón y cuenta nueva, consciente de que era difícil:

Vosotros debéis convertiros en demócratas y cada vez que nos juntemos vamos a hablar de todo sin mayor problema. Después hará falta un gran esfuerzo económico, porque no se puede consentir que los presos salgan a la calle sin un trabajo. A una persona que lleva más de diez años en la cárcel hay que enseñarle de todo. Luego habrá muchos presos que no tengan vivienda, etc. (…). Qué van a decir las víctimas del terrorismo. Dirán que estamos sacando a presos que han matado anteayer. Los parados dirán que estamos dando trabajo a los presos de ETA, etc. Todo eso lo tendremos que soportar. Peros somos conscientes de que o hacemos algo así o esto no se acaba nunca. Es seguro que nos atacarán por todos lados, pero con el tiempo acabará esa pesadilla de la violencia.

Hasta aquí el testimonio de un hombre que no pone límites a sus agresores y que como mucho pone la otra mejilla. Es un cargo público del PNV al que su partido no le desautoriza y tampoco parece recordar ni los quince ataques al batzoki en los últimos años ni a sus compañeros de corporación a los que también están hostigando. Además, parece que le preocupan más los presos etarras que sus víctimas. Su actitud es algo así como decirles a los terroristas que lo que han hecho les va a salir gratis y que encima se lo van a reconocer, que van a tener premio, que han tenido razón con sus actividades delictivas y que, además, es lo mismo que plantean los propios familiares y seguidores de los etarras encarcelados. Cierto que este testimonio es de hace más de veinte años, pero lo más terrible es que son declaraciones de cuando más arreciaba el terrorismo callejero en Euskadi en general y en Oyarzun en particular. A pesar de los sabotajes y las continuas amenazas, Nemesio Velasco dice estar dispuesto a seguir reuniéndose y hablando con HB, aunque la dirección del PNV pensase que no iba a conseguir nada así. Su actitud, más propia de un afectado por el síndrome de Estocolmo que de un terco demócrata, fue la misma que llevó al líder de su partido en Guipúzcoa, Joseba Egibar, a meter a su formación en el pacto de Estella.

… Etxeberriara

Lo más fuerte es que, hoy, en 2018, ése es el enfoque que defienden los nuevos «ingenieros» de la paz, los mismos que ayer eran los ingenieros que planeaban las negociaciones con la banda siguiendo la pauta de la construcción de la autovía de Leizarán (el único logro de ETA junto al cierre de las obras de la central de Lemóniz). Joxe Mari Mitxelena, regresado ya de su obligado destierro, aporta su testimonio en la película Echevarríatik Etxeberriara dispuesto a aparcar sin olvidar lo que pasó, pero mirando hacia adelante. En el documental están representadas todas las voces que representan a la llamada izquierda abertzale en sus diferentes expresiones y todas vienen a decir sin la menor crítica que «ETA cumplió su función», aunque no nos digan cuál. Hablan, desde quien ha militado en ETA y ha estado en la cárcel —sin que en el filme nos digan los delitos— como Ixiar Galardi, hasta quienes dejaron de verle sentido al pistolerismo etarra y se metieron en Aralar, como Joseba Errekalde, lo que le costó la amistad y el saludo de Galardi. La portavoz del colectivo de presos llega a justificar el recurso a la violencia «si un pueblo es pisoteado», pero no hace balance de lo que ha conseguido ETA o de lo que consiguió ella, a la que detuvieron y encarcelaron en 1982, con apenas 19 años, y salió de prisión veinte años después por el asesinato en 1981 de un policía retirado, Leopoldo García Martín, el intento de asesinato de un guardia civil y varios atentados con explosivos.

Los mejores años de su vida entre rejas para nada, ése es el resumen más certero y sincero. El dirigente de Sortu Rufino Etxeberria se refiere a «las violencias de distinto signo y sus víctimas», casi como si hubiéramos estado viviendo sin enterarnos en otra Irlanda de Norte. Se nota que siguen en su burbuja y desde ahí pretenden imponernos su relato. Buen ejemplo es la alcaldesa Aiora Pérez de San Román que aprovecha la ocasión para cantar la salmodia monocorde de siempre: guerras carlistas, cierre de Lemóniz, la dispersión, las torturas policiales, el cierre de Egin y Egunkaria… lo de siempre. ¿Existen las víctimas para ella? La primera, Antonio Echeverría, no tiene ningún protagonismo para el director del largometraje Ander Iriarte. Menos interés para la regidora de Bildu, pero Iriarte tiene un punto de lucidez y pregunta a Pérez de San Román si no habría que recordar también a Antonio Echevarría. «Menuda pregunta, majo», responde la alcaldesa. Piensa durante unos segundos eternos la respuesta y asegura que «para avanzar en la resolución del conflicto hay que reconocer a todas las víctimas». Respuesta ajustada a su idea del empate infinito, a su pretensión de nivelar a todas las víctimas en nombre del conflicto para así convertir su derrota en empate.

En cuestión de reconocimientos, en Oyarzun los incondicionales de ETA empezaron hace veinte años a reconocer sólo a sus víctimas y sus presos. El 3 de junio de 2014, la Guardia Civil detuvo a cinco vecinos —posteriormente absueltos— por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo. La operación policial se activó tras un reciente homenaje a dos etarras muertos en prisión en un collado del monte Aritxulegi de Oyarzun al que los arrestados denominan como Gudarien Basoa (el bosque de los gudaris). Allí ensalzaban la figura de los etarras muertos como consecuencia de sus actividades terroristas, plantando un nuevo árbol por cada pistolero fallecido durante el año anterior. Cada mes de marzo tenían lugar actos de homenaje a los que sólo se podía acudir con invitación para poder atravesar los controles de seguridad que establecían los organizadores. Antes de cada acto, un grupo de personas colocaban unas tarjetas verdes de plástico sobre cada roble para identificar cada árbol con el miembro de ETA al que se homenajea. El espacio natural compuesto por 239 esquejes de roble, uno por cada etarra muerto, fue desmantelado por agentes de la Benemérita.

Es curioso que en Oyarzun, donde los etarras han vigilado siempre con tanto celo a los chivatos, los responsables del «bosque de los gudaris», más bien del bosque de los horrores o de los asesinos, tuvieran entre los etarras recordados a uno de los chivatos más eficaces que ha tenido la Guardia Civil: Luis Casares Pardo. Casares fue el etarra confidente que entregó a sus compañeros del comando Eibar y llevó a los agentes del instituto armado hasta Francisco Mújica, Artapalo, en la caída de la cúpula etarra en Bidart, probablemente el mayor golpe contra la dirección de la banda[36]. Ramón Sagarzazu, uno de los detenidos, denunció el operativo policial delirando: «Quieren un estado amnésico. Que olvidemos de dónde venimos y, con un poco de suerte, tampoco sepamos a dónde vamos». No estaría mal que alguien les recordase que vivimos en un Estado de derecho que es el que ha vencido a sus gudaris, a ésos de los que están tan orgullosos por darlo todo por la patria. Por supuesto, ese darlo todo era siempre con riesgo mínimo y a costa de quitar a sus víctimas algo (el patrimonio) o todo (la vida). Todavía no han entendido que entre los terroristas (sus gudaris a los que consideran víctimas) y sus víctimas hay una notable diferencia: los terroristas eligieron serlo y sus víctimas no. Que empiecen el relato por ahí.

JUAN MARÍA DE ARALUCE
EL ÚLTIMO TRADICIONALISTA QUE PRESIDIÓ LA DIPUTACIÓN DE GUIPÚZCOA

Aquel lunes negro donostiarra

San Sebastián, 4 de octubre de 1976

Palacio de la Diputación Provincial de Guipúzcoa

Juan María de Araluce Villar, nacido en Santurce (Vizcaya) en 1917, es a sus 59 años presidente de la diputación guipuzcoana. Doctor en Derecho, notario por oposición desde 1944, con un recorrido profesional comenzado en Extremadura y, desde 1947, continuado en Guipúzcoa, en Tolosa y Rentería. Sus ideas carlistas le llevaron a formar parte del Requeté combatiendo en la aviación, donde se licenció con el grado de teniente piloto. Inició su carrera política relativamente tarde, con 51 años, cuando aceptó el cargo de presidente de la Diputación de Guipúzcoa que le llevará también a las Cortes y el Consejo del Reino. Representaba a un carlo-franquismo que tomaba posiciones tras la muerte del dictador desde las filas de UNE. Araluce tenía también un perfil vasquista. No era el del carlismo antropológico euskaldún de don Antonio Arrue Zarauz, fallecido mes y medio más tarde que Araluce, en el año en que el carlismo se autoinmoló en Montejurra. Era un vasquismo de estudioso por los temas del país, del caserío, de la propiedad, del derecho privado, de temas relacionados con su profesión en los que era un auténtico erudito.

El carillón del despacho del presidente de la Diputación toca las dos de la tarde y el redactor de El Correo Español-El Pueblo Vasco, Fernando Pescador, pulsa la tecla para detener su grabadora. Después de casi dos horas de entrevista, Araluce entrega al periodista unos folios grapados que son fotocopias de la moción presentada en las Cortes en la Comisión de Gobernación pidiendo la derogación del decreto-ley de 23 de junio de 1937, supresor de los conciertos económicos de Vizcaya y Guipúzcoa. «Guárdelo». —le dice— «Quizá en el futuro pudiera tener un carácter histórico». Juan María de Araluce, como buen fedatario público, lo tenía todo bien escrito y lo deja todo escrito, porque la entrevista para El Correo es casi su testamento político. Araluce es el dirigente político institucional más destacado del País Vasco del tardofranquismo por los cargos que ocupaba (presidente de Diputación, procurador en Cortes y consejero del Reino) y por sus planes aperturistas, en los que hizo de la recuperación del Concierto su gran reivindicación política, dentro de su visión de la foralidad desde la Tradición. Su discurso no era la retórica hueca de cualquier cargo público franquista.

Con motivo de una visita a San Sebastián del ministro de la Gobernación Rodolfo Martín Villa en septiembre de 1976 —diecisiete días antes de su asesinato— dentro de una escalada creciente de violencia terrorista y policial, Juan María de Araluce se dirige a Martín Villa con un discurso que firmarían hasta los nacionalistas:

Pero no todo, señor ministro, es asunto de orden público ni todo producto de unas jornadas de tensión, cuya clarificación a todos nos interesa, sino también medidas de gobierno que marquen en hechos concretos el propósito de restablecer las estructuras tradicionales de nuestro peculiar régimen político-administrativo a la medida de los tiempos y de las necesidades que su funcionalidad al día demanda. Comprenderéis que me refiero a la corrección de una serie de errores políticos que durante 150 años han venido entorpeciendo las relaciones de estas provincias con la Administración del Estado[37].

Entre esos errores estaba para Araluce la supresión por decreto en 1937 del régimen concertado de Guipúzcoa y Vizcaya, con una disposición legal de Franco que el político tradicionalista calificaba de «sancionadora, inmantenible e injusta». Una comunidad no podía ser sancionada como «en las excomuniones medievales a las ciudades que se oponían a las tropas del Papado»[38]. Éste es un criterio ampliamente compartido por alcaldes y concejales de Guipúzcoa, la mayoría de ellos próximos al carlismo y afines a las tesis de la corporación provincial, convertida en un auténtico lobby del españolismo foralista frente al lobby nacionalista del llamado Grupo de Alcaldes de Vergara. El liderazgo del notario desde la Diputación no pasa desapercibido para ETA que ya había comenzado a amenazarle en 1973, lo que le obligaba a ir escoltado por policías de paisano. Por esa circunstancia, pensando en su mujer y sus 9 hijos, quería dejar la política, pero seguía porque se lo habían pedido el Rey y el antecesor de Martín Villa en el Ministerio de la Gobernación, Manuel Fraga. De no haber sido asesinado es bastante probable que Juan María de Araluce hubiera terminado en las filas de Alianza Popular, el partido de Fraga, a través de Unión Nacional Española (UNE) asociación de la que era un destacado directivo.

A las dos y cuarto el presidente de la Diputación se levanta de su mesa de trabajo, en una esquina del despacho presidencial, flanqueada por las banderas de España y Guipúzcoa. La bandera rojigualda con el escudo de España del pretendiente carlista don Javier de Borbón —el mismo escudo de la Restauración con un escusón del Sagrado Corazón de Jesús— pertenece al Tercio de San Ignacio, uno de los ocho tercios creados durante la Guerra Civil en las provincias vascas con voluntarios del Requeté, en este caso del valle del Urola. La presencia en su despacho de la bandera del tercio guipuzcoano mencionado es una expresión de sus ideas tradicionalistas y un homenaje a los requetés de su provincia de adopción. La enseña de Guipúzcoa lleva el escudo vigente entre 1513 y 1979, cambiado por los revisionistas de la heráldica y la vexilología porque no se adaptaba a su particular visión nacionalista de la historia. Esa versión tradicional del escudo se mantiene en una escribanía de plata que presidía la mesa de Juan María de Araluce y que todavía se conserva —junto al carillón— en el despacho del ahora diputado general de Gipuzkoa, así, como topónimo único (¿el gentilicio en castellano es gipuzkoanos?).

Araluce sale de su despacho, se despide de sus colaboradoras y baja en ascensor al vestíbulo del palacio provincial donde le esperan su chófer y dos escoltas. Una de sus secretarias, Marisol Aguirre, está de vacaciones en Alicante. Suele acompañarle en el coche oficial. Sus vacaciones le salvarán la vida. Casi veinte años más tarde, en junio de 1996, Marisol Aguirre acompañará a su marido José María Ruiz Urchegui, secretario general de la Asociación de Empresarios de Guipúzcoa (Adegi), a un viaje de negocios a Suecia anticipado dos días más por la pareja como viaje de placer. En sus días de estancia en Estocolmo, ETA colocó una bomba lapa en los bajos del vehículo de Ruiz Urchegui que, al explotar, amputó las dos piernas a un primo suyo, empleado de Adegi, al que había encargado llevar su automóvil al taller. Aquel viaje le salvó la vida a Marisol Aguirre. No tiene la misma suerte del destino José María Elícegui Díaz, conductor de Presidencia de la Diputación. Es su último día de trabajo tras doce meses al volante de un vehículo oficial a propuesta de su futuro suegro, también chófer de la institución provincial. Tiene 25 años, la vida por delante, una boda fijada para el 28 de junio del año siguiente y otras posibilidades laborales en las que no preocuparse por los posibles riesgos de las amenazas a su jefe.

Elícegui lleva a Araluce a su domicilio en la avenida de España (hoy, como en el periodo republicano, avenida de la Libertad), a unos trescientos metros de la Diputación en línea recta. El Seat 132, con un guion de Guipúzcoa en su parte delantera derecha que le delata como coche oficial, se detiene frente a los números 7 y 9 de la avenida, seguido por un Renault 12 en el que viajan los escoltas. En cuestión de segundos tres individuos, que llevaban un rato merodeando por la zona, disparan con metralletas primero contra los tres policías y después contra el presidente y su chófer. El atentado es muy similar a los que entonces se registraban en Oriente Medio. Sus ejecutores habían recibido meses antes instrucción militar en la Academia de Policía de Souma (Argelia)[39]. En el quinto piso del número 9 la familia Araluce Letamendía había comenzado a comer quince minutos antes. Escucharon los disparos, se miraron y los tres hijos mayores se abalanzaron a la terraza. Entre los árboles adivinaron que se trataba de su padre. Bajaron rápidamente a la calle y comprobaron el dantesco espectáculo. Uno de ellos subió a casa para llamar a varias ambulancias mientras un cura que pasaba por allí dio la extremaunción a muertos y heridos.

Volvió con sus hermanos y como los segundos de espera a la ambulancia se les hacían eternos decidieron llevar entre los tres a su padre agonizante a la residencia Nuestra Señora de Aránzazu (hoy Hospital Donostia) en el mismo coche oficial, con los cristales pulverizados, las alfombrillas y asientos ensangrentados y numerosos impactos de bala en la carrocería. En el centro hospitalario piden ayuda y consiguen poner a su padre en una camilla hacia el quirófano. Minutos después morirá en la mesa de operaciones. Los servicios sanitarios de urgencia también alertados por la Policía sólo consiguen trasladar con vida a José María Elícegui, pero sólo sobrevivirá nueve horas. Los tres policías de escolta, el policía conductor Alfredo García González y los inspectores Antonio Palomo Pérez y Luis Francisco Sanz Flores, murieron prácticamente en el acto. Sus compañeros recogieron en el lugar del crimen alrededor de noventa casquillos. Aquella tarde negra donostiarra dejó cinco muertos y una decena de heridos que ETA reivindicó cuatro horas después del múltiple atentado llamando a los medios de comunicación. En esos momentos se instalaba en el salón del trono del Palacio de la Diputación de Guipúzcoa la capilla ardiente del presidente asesinado y fue oficiada una misa.

El atentado impresionaba, pero impresionaba más la respuesta serena de la viuda e hijos del político muerto. Uno de sus hijos hizo unas declaraciones a la prensa pocas horas después del crimen que resumen la respuesta familiar: «Mi padre nos enseñó siempre a perdonar, así que todos nosotros perdonamos siempre de todo corazón». Araluce era supernumerario del Opus Dei y siempre transmitió a su esposa e hijos la misma fe religiosa que él vivió, hasta el punto de que varios hijos eligieron voluntariamente pertenecer a la prelatura fundada por por San Josemaría Escrivá de Balaguer. José María Araluce Letamendía suele contar que su vocación sacerdotal nació en el momento en que viendo a su padre moribundo, se acercó a él y le sonrió transmitiéndole una sensación de paz inenarrable[40]. Todavía hoy suele confesar que no se acuesta un solo día «sin rezar» por los que asesinaron a su padre. Cinco días después del quíntuple asesinato, el programa de TVE Informe Semanal ofrecía un reportaje sobre el mismo en el que la familia Araluce Letamendía reiteraba su perdón «de todo corazón» a los asesinos anunciando que estaban «rezando mucho por todos ellos». Este testimonio le costó a la familia más de un disgusto con gente que les llegó a acusar de síndrome de Estocolmo y de alinearse con los terroristas.

Casi cuarenta y dos años después la respuesta de la viuda e hijos de Araluce contrasta con la de otros familiares de víctimas, católicos también, que nunca han dejado de repetir que ni olvidan ni perdonan. La respuesta sosegada y serena de la familia tuvo su prolongación en la respuesta del Gobierno de Adolfo Suárez que evitó en todo momento tomar decisiones drásticas como el Estado de excepción que pedía la ultraderecha. El atentado fue condenado o rechazado por casi todos los partidos, algunos de ellos todavía sin legalizar. Entre los testimonios de condena hubo dos que llamaron la atención. Por un lado, el del PNV, por un ligero matiz: en un comunicado «lamentaba» el quíntuple homicidio frente a la firme condena —la primera a una acción de ETA— seis meses antes del asesinato de Ángel Berazadi, ideológicamente próximo a los jeltzales [41]. Según fue avanzando la Transición, el PNV tuvo una postura más clara, contundente e inequívoca frente al terrorismo etarra. Por otro lado, los veintisiete alcaldes del Grupo de Vergara condenaban y repudiaban el atentado en Donostia. Es un dato muy a tener en cuenta ya que algunos de ellos, un año después, aparecerían vinculados a la Mesa de Alsasua, embrión de Herri Batasuna, formación en la que militarían.

Llegaron a condenar los atentados de ETA un año después de la muerte de Franco, cuando no había elecciones, partidos e instituciones representativas, pero no lo hicieron nunca en plena democracia, justificando y aplaudiendo los crímenes de ETA-m. Una comisión de los Alcaldes de Vergara quiso expresar en la Diputación su pésame a la corporación provincial, recibido con notable frialdad. Las diferencias políticas entre los diputados provinciales y los regidores de Vergara eran casi irreconciliables, rozando el guerracivilismo cuando el diputado y alcalde de Zarauz, Gervasio Juaristi, tuvo que ser neutralizado para evitar agresiones. En las calles y bares donostiarras el múltiple atentado era el único tema de conversación en voz alta. Era parte de las reacciones que nunca más se repitieron en la ciudad vasca más veces golpeada por ETA y sus organizaciones afines, dejando 94 muertos. Frente al portal del domicilio de los Araluce apareció una bandera española grande con un crespón negro atada entre dos árboles. Flores y velas completaban un improvisado altar ante el que muchos peatones se detenían a rezar. La enseña rojigualda estaba acompañada por una blanca con la cruz de Borgoña de los requetés. Antiguos combatientes del bando nacional homenajearon al político muerto.

Eloy Ruiz Arámburu, capitán del Tercio Nuestra Señora de Begoña, le impuso la boina roja del tercio al que perteneció Araluce durante la guerra. Ruiz Arámburu era el máximo responsable de UNE en Vizcaya y padre de un joven al que ETA había intentado asesinar en marzo en la localidad de Portugalete acusándole de chivato. Otras futuras víctimas de la banda terrorista también tributaron su particular reconocimiento al político asesinado. La Diputación de Vizcaya en pleno, con su presidente Augusto Unceta-Barrenechea al frente, concedió a Juan María de Araluce la medalla de oro del Señorío. Tres meses después la corporación vizcaína estaba en el punto de mira de ETA-m y el 8 octubre de 1977 los terroristas repetirían en Guernica el atentado de San Sebastián. Los funerales por el presidente de la Diputación y los tres policías (la familia del chófer decidió separar los actos fúnebres) congregaron a una gran multitud en la catedral del Buen Pastor y sus aledaños. Grupos de ultraderechistas insultaron e intentaron agredir con paraguas y bastones a Marcelino Oreja y Rodolfo Martín Villa, los ministros asistentes a la misa, a los que sus servicios de seguridad tuvieron que sacar por la sacristía. Oreja Aguirre, cuya carrera en la política comenzó por iniciativa de Araluce, nunca olvidó las miradas de odio y el silencio que acompañó la salida de los cuatro féretros.

Un silencio roto después por los gritos de «¡Franco, Franco!», «Gobierno dimisión», «Ejército al poder», «Ni amnistía ni perdón, ETA al paredón», proferidos por alrededor de un millar de personas que se manifestaron por las principales calles donostiarras, culminando la marcha de protesta con una noche de cristales rotos. Hubo numerosos episodios de violencia callejera organizada por grupos de Guerrilleros de Cristo Rey venidos ex profeso desde Madrid y otros puntos de la geografía española. Los incontrolados sembraron el pánico asaltando bares, rompiendo escaparates, cruzando coches y agrediendo a personas. Tiempo después se repetirían durante años en Donostia los mismos incidentes causados por los fascistas que apoyaban a los asesinos de Juan María de Araluce, su chófer y escoltas. A Marcelino Oreja le marcó para siempre el asesinato de aquel hombre en el que tenía esperanzas porque proponía soluciones políticas donde casi todos los cargos del búnker franquista imponían soluciones policiales y judiciales, a poder ser excepcionales. Para Oreja, los planes de Araluce de recuperación de los conciertos en Vizcaya y Guipúzcoa, con la transferencia de competencias a las instituciones forales, eran un punto de partida para una convivencia democrática en la que se implicasen los cargos locales procedentes del Movimiento.

El mismo día del funeral al entonces ministro de Asuntos Exteriores, el único ministro vasco de Suárez, le informaron de que él era objetivo de ETA. Esa noticia y el recuerdo de su padre, diputado tradicionalista asesinado en octubre de 1934, le estimularon a implicarse a fondo en la cuestión vasca. La banda terrorista reivindicó el atentado con rueda de prensa incluida en la localidad vascofrancesa de Bayona, un ejemplo más de la impunidad de los asesinos en Francia, garantizada por diferentes ministros o el presidente de la República Valéry Giscard d’Estaing. En el boletín Zutik, ETA justifica el asesinato de Araluce y sus acompañantes destacando su cargo de consejero del Reino. Los milis dicen que deciden «hacer justicia» a raíz de la muerte del joven irunés, Jesús María Zabala Erasun, el 8 de septiembre, cuando la Guardia Civil reprime salvajemente a tiros una manifestación en Fuenterrabía. La muerte de Zabala aparece unida a otras acciones represivas policiales entre las que se incluye a Eduardo Moreno Bergareche, Pertur [42] , dirigente de ETA asesinado por sus colegas de armas. En el mismo comunicado, ETA-m hace mención por primera vez a la llamada Alternativa KAS en la que sus «puntos programáticos» serían los «cauces democráticos mínimos».

En número anterior de Zutik, del mes de marzo, los ideólogos de los milis habían rechazado el proceso de democratización con una idea que será dominante durante varias décadas: «La democracia que nos propone el Gobierno Español es una democracia para fascistas únicamente». Es decir, es un franquismo disfrazado. En la publicación etarra también acusan al presidente de la Diputación y procurador en Cortes de ser «uno de los miembros más característicos de la línea dura de la Dictadura en Euskadi» y de haber formado parte del «grupo dirigido por Sixto de Borbón» en la sangrienta romería carlista de Montejurra en 1976. Sobre esto último la familia siempre ha rechazado las acusaciones a Araluce de haber financiado y organizado a los grupos terroristas ultras que actuaron en los sucesos del 9 de mayo, tal y como describe el «Informe Montejurra´76» (página 23). Es cierto que el presidente de la Diputación estuvo allí, entre otras razones porque tenía casa en Estella. Acompañado por dos de sus hijos, Araluce se encontró con Germán Raguán Zubeldia, prohombre del carlismo guipuzcoano y consuegro del empresario Ángel Berazadi. Raguán le contó los incidentes acaecidos que, según los hijos de Araluce, tuvieron por parte de su padre una respuesta interrogativa: «¿Quién es este Sixto y de dónde ha salido?».

Relacionándolo siempre con Montejurra, ETA y varios carloshuguistas elaboran un perfil de Juan María de Araluce en el que se le atribuye un abultado patrimonio inmobiliario y una gran fortuna en acciones de diversas empresas conseguido por corruptelas desde sus cargos públicos. Nada más lejos de la realidad. La economía doméstica de los Araluce Letamendía no era nada boyante tras el asesinato del cabeza de familia. A la viuda, Maite Letamendía, y sus nueve hijos, les quedó el cobro de un pequeño seguro por la condición de procurador de Araluce, una pensión de viudedad, algunos ahorros y lo que consiguen por la venta de la notaría de Rentería. La situación les obliga incluso a pedir un préstamo a la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, cuyo consejo de administración presidía el notario asesinado. La entidad les ofrece como gesto solidario el pago del alquiler de una vivienda. Mantienen el piso que ya tenían en San Sebastián, alquilado a la familia Domínguez-Alcahud, pero en septiembre de 1977 deciden trasladarse a Madrid tras diez años de vida en la capital guipuzcoana. A pesar de su ilimitada capacidad de perdonar, de su deseo de seguir adelante en la vida sin odio, se les hacía muy cuesta arriba seguir en Donostia, sobre todo a las tres más pequeñas que tenían que aguantar en el colegio insultos y bromas humillantes, como que les pusieran en la espalda una pegatina que decía «soy una fascista».

María Teresa Letamendía Goitia, vasca por los cuatro costados, se marcha de su tierra con su numerosa prole con un deseo que determina el resto de su vida hasta su fallecimiento en 2006: que el odio nunca anidase en su corazón ni en el de sus hijos. Cuando volvió del hospital conociendo la muerte de su marido reunió a sus hijos y les dijo: «Papá está en el Cielo y nosotros somos cristianos y tenemos que perdonar. Perdonamos de todo corazón». Y desde 1976 los Araluce Letamendía no han dejado de perdonar a los asesinos de su padre. El atentado contra Juan María de Araluce tuvo como consecuencia la implantación de un régimen de miedo con mayúsculas para décadas entre los apellidos de las élites donostiarras y del resto de la provincia. Fue el comienzo del éxodo fuera del País Vasco de una clase alta o media-alta identificada con el régimen que se extinguía o propietaria de empresas cuyos balances empezaban a llenarse de números rojos. Hay salidas provisionales, temporales, que terminan convirtiéndose en definitivas con secretarias y asistentas domésticas excusando la ausencia de sus jefes. Las familias de derechas deducen que si ETA ha sido capaz de matar al cargo institucional más destacado del País Vasco, también puede hacerlo con otros representantes institucionales de menor rango.

La «campaña antialcaldes» sigue presente y en la misma hay que enmarcar el asesinato de Araluce. De esa manera, continúa la sangría de cargos locales que se retiran o deciden identificarse con el Grupo de Vergara como seguro de vida. Tampoco pasó desapercibido el secuestro y asesinato de Ángel Berazadi seis meses antes, otra vez presente. Durante su cautiverio, los terroristas fotografiaron al gerente de Sigma en el inmundo agujero en que le retuvieron simulando leer Hautsi, el órgano de los polimilis (todavía no tenían Egin), encañonado por una pistola. Los secuestradores hicieron múltiples copias acompañadas por el sello de la banda y tres líneas con el nombre de su víctima recordando la fecha de su sentencia de muerte. Cuatro meses después, en pleno verano, se las remitieron a algunos empresarios guipuzcoanos a modo de intimidación para obligarles a pagar el llamado «impuesto revolucionario»[43]. La primera conclusión a la que llegan los receptores de las cartas extorsionadoras es que si se han atrevido a secuestrarle y pegarle un tiro en la nuca a Berazadi por no pagar, pueden hacerlo con cualquiera. Y si además los terroristas no tuvieron en cuenta su ideología nacionalista, uno que no le identifique con esa ideología lo tiene peor todavía.

En algunas localidades guipuzcoanas con empresas en crisis, sus propietarios decidieron vender todo e irse a vivir a San Sebastián o fuera del País Vasco. 1976 marcó el comienzo de una diáspora de vascos objetivos de ETA que se negaban a aceptar el nacionalismo obligatorio o a ser extorsionados por unos delincuentes con coartada política. Cuarenta y dos años después, desde el nacionalismo en general, la única preocupación es la de la dispersión de los presos etarras. Nadie pide el regreso a Euskadi de los que se tuvieron que marchar precisamente por culpa de los conmilitones de los que están en las cárceles por asesinar, secuestrar, extorsionar, amenazar o sabotear.

Porque el rey se lo pidió y por el Concierto

El domingo 22 de noviembre de 2015, con motivo de los cuarenta años de la proclamación de Juan Carlos I como rey de España, el diario ABC dedicaba varias páginas con diferentes testimonios sobre don Juan Carlos. Había uno de noventa palabras titulado «Porque el rey se lo pidió», firmado por Marta Araluce Letamendía, hija menor del político asesinado. En el mismo contaba que ese título era la respuesta que le dio su madre cuando a los diez años no entendía por qué su padre, teniendo una notaría y una vida cómoda, se dedicó a la política. A Juan María de Araluce el rey le pidió a finales de 1975 que siguiera al frente de la corporación provincial guipuzcoana un mandato más. No quería continuar en las instituciones por las amenazas, por su familia y porque pensaba que ya había hecho lo suficiente para poner en marcha la recuperación del concierto económico y la foralidad. Con cierta proximidad a los «tecnócratas» de Laureano López Rodó, defendía las ideas de una monarquía tradicional en la persona de Juan Carlos I, desde un carlismo pasado por un aggiornamento al franquismo. Como presidente de la Diputación, Araluce tenía asiento en las Cortes de la dictadura. Desde ahí los procuradores representantes de la administración local le auparon hasta el Consejo del Reino, un consejo asesor del jefe del Estado que formaba parte del entramado institucional franquista.

El Consejo tuvo un papel destacado en la elección de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno. A Juan María de Araluce le sirvió para tener una relación especial con el monarca recién coronado para quien el tema vasco era de gran preocupación. La noche del asesinato de Araluce, el rey Juan Carlos llamó personalmente a su viuda para expresarle su más sentido pésame, un gesto que Maite Letamendía le agradeció de por vida. Diez meses antes, el mismo Juan Carlos de Borbón habló con Araluce para pedirle un favor especial: su continuidad en la política. Por lealtad a la Corona y a España, el notario guipuzcoano de adopción decidió seguir. No lo tuvo fácil. Primero por una maniobra del diputado Joaquín Aperribay Elosúa[44] para ser él presidente de la Diputación. Aperribay buscó apoyos dentro de la corporación (llegando a ofrecer el cargo de vicepresidente al corporativo Eduardo Manzano) y también fuera. Intervino el gobernador civil Emilio Rodríguez Román asegurando que le estaban presionando «desde arriba» y tratando de convencer a algunos diputados de que votasen a Joaquín Aperribay con una frase desconcertante: «Es que si sale elegido presidente (Araluce) le van a matar». ¿Qué información tenía Rodríguez Román? ¿Quién le presionó «desde arriba»?

El presidente Araluce ya había decidido volver a presentarse, pero hay varios diputados que se plantean la participación en la elección de un tercer candidato por si Araluce fuera asesinado antes de la votación y quedase solo Joaquín Aperribay. El «voluntario» es el alcalde de Irún, Federico Bergareche. En la elección del 18 enero de 1976 el resultado es el siguiente: Araluce consigue 10 votos, Aperribay 3 (el suyo y dos más), Bergareche ninguno y uno en blanco. Con el veredicto de las urnas y el apoyo de La Zarzuela, el reelegido presidente se siente legitimado para continuar su labor de la restauración foral, una reivindicación en la que hay dos enfoques. Uno, desde el tradicionalismo, con España como nación de referencia sin entidades intermedias entre la provincia y la nación. Tiene un carácter más administrativo que político. El otro enfoque, desde el nacionalismo, con Euskadi (Euskal Herria era más propio del carlismo) como nación, con un estatuto de autonomía para las tres provincias vascas y Navarra. Siguiendo el primer enfoque, tanto Araluce como la gran mayoría de su corporación, el modelo institucional que se buscaba era el de una diputación y unas juntas generales, con el concierto económico recuperado y sin más simbología que las banderas de España y Guipúzcoa.

El presidente confía en los trabajos de una comisión especial creada por real decreto en noviembre de 1975 para el estudio de la implantación de un régimen especial para Vizcaya y Guipúzcoa. En los trabajos de la misma participan representantes y técnicos de las administraciones central y local, así como agentes económicos y sociales. La comisión nació por una moción que el procurador Araluce había presentado en Cortes en junio de 1975 (la enmienda Araluce), una moción en la que pedía la reintegración de Guipúzcoa y Vizcaya al Concierto Económico argumentando que ya había quedado suprimida la fundamentación punitiva del decreto de Franco de 1937. Un año antes, Araluce y un grupo de siete procuradores vasconavarros, presentaron enmiendas al proyecto de Ley de Bases de Régimen Local en el que se contemplaba una disposición reguladora de los llamados regímenes especiales, con la que pretendían derogar definitivamente el decreto de 1937 y restablecer para Vizcaya y Guipúzcoa el estatus de Álava. Ninguna de esas dos enmiendas fueron admitidas a trámite.

En 1968, 31 años después del nefando decreto supresor del régimen concertado, con un decreto-ley de 6 de junio, Francisco Franco hizo un gesto simbólico, más bien un corte de mangas, mediante un nuevo decreto en el que suprimía ahora la justificación del Preámbulo del decreto de 1937 de la desaparición del Concierto por ser «un notorio privilegio» y por la «traición» (se suele hablar erróneamente de «provincias traidoras», pero esa denominación no existe) de Guipúzcoa y Vizcaya a la causa nacional. Franco borra los argumentos fundados en la Guerra Civil, pero mantiene la idea de privilegio cayendo en la incoherencia de mantener el Convenio en Navarra y el Concierto en Álava. La misma incoherencia que había supuesto suprimir el régimen concertado en Guipúzcoa en junio de 1937, después de que el bando nacional hubiera conquistado la provincia en octubre de 1936 manteniendo el Concierto. La medida es absurda y cae como un jarro de agua fría entre los defensores de la foralidad afines al Movimiento. Especialmente porque rechazan de plano la idea de privilegio o insolidaridad de un sistema tributario y financiero concertado que venía funcionando ininterrumpidamente desde mediados del siglo XIX en Navarra y desde 1878 en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.

Precisamente fue «el protomártir de la Cruzada», José Calvo Sotelo, el último ministro de Hacienda que había renovado el concierto a las tres diputaciones vascas en 1926. Hubo intentos previos de recuperar el sistema concertado arrebatado por el capricho del dictador, pésimamente asesorado por falangistas como el cuñadísimo Ramón Serrano Súñer. El 1 de abril de 1942, el entonces presidente de la Diputación de Guipúzcoa, el carlista Fernando Arámburu Olarán, enviaba una memoria al ministro secretario general de Movimiento, Jose Luis Arrese, solicitando la devolución del sistema al entender que la derogación era una medida punitiva provisional impuesta por la guerra. Arámburu tenía esperanzas en Arrese, a pesar de ser falangista, porque era vizcaíno y pertenecía a una familia bilbaína estrechamente vinculada con el carlismo. La ausencia de una respuesta favorable le decepcionó tanto que abrió el camino a otros carlistas desafectos con el Movimiento. Arámbaru Olarán terminaría en las filas de los monárquicos juanistas. Hubo otros intentos parecidos, con idéntico resultado, en los años sesenta desde el ayuntamiento de Tolosa y desde la propia Diputación presidida por el monárquico Antonio Epelde hasta la toma de posesión de Juan María de Araluce como presidente de la Diputación el 14 de noviembre de 1968. Desde ese día ya hablaba de descentralización y recuperación del Concierto[45].

¿Qué impulsaba a los corporativos guipuzcoanos a su recurrente petición? La situación económica de la institución provincial. A finales de los años sesenta y principios de los setenta, Guipúzcoa y Vizcaya se turnaban en el número uno del ranking de renta y desarrollo de las provincias de España. La industrialización y el desmesurado crecimiento económico y demográfico colisionó con un déficit total de recursos para la dotación de infraestructuras y servicios. La desaparición de arbitrios en 1966 (vino, riqueza), dejó a la corporación sin más fondos que los que transfería el Estado. En esa situación, Araluce y su equipo miraban con envidia a las vecinas Navarra y Álava, con una industria casi incipiente, donde el mantenimiento de los sistemas particularistas tuvo una importancia vital para el desarrollo económico de ambas. Con Guipúzcoa integrada en el régimen fiscal general, a Juan María de Araluce, siguiendo a su referente Laureano López Rodó, no le quedó otra que diseñar un plan de infraestructuras para el desarrollo energético de la provincia. Incluyó una novedad: la implantación de la televisión en todos los pueblos de Guipúzcoa, algunos aislados informativamente, para abrir en los mismos una ventana al resto de España. La decisión no pasó desapercibida para ETA.

La Diputación contra el Grupo de Alcaldes de Vergara

La reelección de Juan María de Araluce en enero de 1976 estuvo acompañada de una importante renovación en casi la mitad de los ayuntamientos guipuzcoanos. Las alcaldías más importantes siguieron en manos de regidores afines a las ideas de Araluce. Después del nombramiento de los nuevos alcaldes, bajo la supervisión de la Jefatura Provincial del Movimiento, en Guipúzcoa quedaron perfilados dos bandos de representantes de las instituciones locales, algo que no se produciría ni en las otras dos provincias vascas ni tampoco en Navarra. Por un lado, los de la Diputación, carlistas o monárquicos en su mayor parte, excepto dos o tres que luego se identificarán con el nacionalismo. No fueron los únicos porque, incluso antes del nombramiento de Araluce en 1968, hubo otros que a la muerte del dictador aparecerían como nacionalistas de toda la vida. Uno de ellos, José Ramón Estomba Goikoetxea, sería consejero del Gobierno vasco con el lehendakari José Antonio Ardanza. Por otro lado, el llamado Grupo de Alcaldes de Vergara, ediles de consistorios ubicados en su mayoría en la comarca del Alto Deba. Los de Vergara tendrán una influencia relativa: más de lo que les correspondía por su representatividad y menos de la que les atribuyen los escribas del relato abertzale de la Transición en Euskadi.

Araluce y los suyos eran conscientes de que la nueva situación les dejaba al margen con sus lealtades. Excepto los dos o tres que se fueron decantando por el nacionalismo, el resto estaban en las listas de ETA, dentro de la «campaña antialcaldes», por su condición de corporativos locales o provinciales asociados al franquismo. Esa situación invitaba al desánimo o a la retirada, pero cerraron filas en torno a su jefe político. Les unía la defensa de la foralidad, una visión del país que había predominado a lo largo del siglo y medio y, además, la mayoría hablaban euskera, incluso entre ellos, también el presidente Araluce, aunque no dominaba la lengua vasca. Su profesión de notario en Tolosa le obligó a aprenderla por su utilidad en cuestiones relacionadas con el derecho de sucesiones y también porque era un estudioso de temas vascos relacionados con la antropología, el derecho o la historia. Frente a ellos surge el Grupo de Vergara. Comenzaron casi en régimen de clandestinidad, reuniéndose semanalmente en una borda de Aránzazu para coordinar su labor. Los más habituales eran Imanol Murua (concejal de Zarauz y alcalde desde 1977), Ignacio Iruin Izaguirre (padre del conocido abogado abertzale Iñigo Iruin y alcalde de Hernani) y el ya nombrado anteriormente Iñaki Aristizabal, alcalde de Oyarzun.

Lo que podía haber quedado en un grupo comarcal de ediles alcanzó protagonismo político con la llegada de Adolfo Suárez a la presidencia del Gobierno en julio de 1976. Dos de sus ministros, Rodolfo Martín Villa y Marcelino Oreja se convertirán en mediadores e interlocutores gubernamentales del Grupo de Vergara. ¿Por qué se fían Oreja y Martín Villa del grupo de alcaldes del Alto Deba? Marcelino Oreja, sin prescindir de los de la Diputación, también se fía de ellos porque cree que el nacionalismo es fuerte, los tradicionalistas son viejos y los falangistas son pocos. Rodolfo Martín Villa se fía sobre todo de los alcaldes de Azcoitia y Vergara, Juan Ignacio de Uría y José Luis Elkoro. Del primero por sus buenos contactos con la Casa Real y por representar el espíritu de los caballeritos de Azcoitia, ilustrados azcoitianos del XVIII, lo que le daba a Uría una imagen aperturista, moderada y de auténtico experto en la cuestión vasca. El regidor azcoitiano se convierte en el asesor vasco de cabecera del ministro leonés. En el segundo, en José Luis Elkoro, Martín Villa creyó ver a uno de los suyos: un político reformista que desde el Movimiento quiere ir desmontando el franquismo para ir construyendo un sistema democrático.

A esa conclusión llegó cuando le informaron de que era miembro de una conocida familia carlista de Elgueta (Guipúzcoa), lo que le otorgaba unos antecedentes bastante fiables. Hijo de Bartolomé Elcoro Arbulu, sobrino de Felipe (concejal franquista) y Ruperto, este último fusilado en el pinar de Mañaria por los republicanos. Bartolomé Elcoro fue el alcalde responsable de la represión en la posguerra en Elgueta donde había nacido su hijo José Luis en 1935. La Junta de Guerra Carlista le puso en mayo de 1937 al frente del consistorio guipuzcoano, donde nombró al dictador Francisco Franco «alcalde honorario» en 1949. La «adhesión inquebrantable al invicto caudillo» duró casi sesenta años en Elgueta. A Bartolo Elcoro le separaron de la alcaldía por sus corruptelas y cacicadas dejándole como jefe local del Movimiento. Nadie habla hoy de su responsabilidad en la represión de la posguerra, en las multas a los vascoparlantes. A otros, no identificados con el nacionalismo, no dejan de recordarles la misma labor de sus padres o abuelos. José Luis Elkoro siempre suele tapar su pasado ideológico y el de su familia. Su biografía política es como la del expresidente del PNV, Xabier Arzalluz: parece que comienza sobre los 35 años dejando un amplio espacio negro sobre su pasado.

José Félix Azurmendi, exdirector de Egin, cuyo presidente del consejo de administración de la empresa editora era José Luis Elkoro, contaba en 2008 que el exalcalde vergarés iba a Montejurra con la boina roja todos los años[46]. En una entrevista en el diario en euskera Berria, Elkoro repasa su biografía sin hacer referencias al cargo y poder de su padre[47]. Cuenta lo mal que lo pasaba de chaval en un internado de Vitoria en la posguerra porque hablaba en euskera. ¿Qué problemas podía tener el hijo de un alcalde franquista? ¿Por qué no habla de la labor represora contra el euskera dirigida por su progenitor en la posguerra en su localidad natal? Preguntas sin respuesta para otro nacionalista de biografía tuneada. Antes de entrar en política, José Luis Elkoro hizo mucho dinero como pequeño empresario aprovechando la «paz social» del régimen con el aval de la posición política de su apellido. Éste es un dato muy a tener en cuenta, porque hay hijos de gudaris, de militantes del PNV, miembros de conocidas familias nacionalistas que tienen que «pagar» las consecuencias de las ideas de sus mayores varias décadas después de la guerra. Además, los que luchaban contra el franquismo lo hacían desde la clandestinidad, la cárcel o el exilio, lo que no hace el próspero empresario de Elgueta, todavía con la boina roja carlista en casa.

Elkoro, residente en Vergara, se integró en Alkartu-Nai, un colectivo social local convertido en un grupo de presión contra la inoperancia del consistorio. Desde ahí entró por el Tercio Sindical como concejal en la corporación local en 1974. El 1 de febrero de 1976, después de jurar los Principios Fundamentales del Movimiento, se convirtió en alcalde de la villa mahonera [48]. Una de sus primeras decisiones fue enviar una carta al rey, el 29 de marzo, en la que solicitaba la reintegración foral para volver a la situación anterior a la ley abolitoria de 1839, con un estatuto de autonomía como el de Estella de 1931. Esa misiva a La Zarzuela le pondrá a Elkoro al frente del grupo de ediles que forman la contra al grupo de la Diputación, convertido en el objetivo a batir. Años después, siguiendo el relato de los seguidores de ETA-m, el exregidor dirá que en 1976 se sucedieron las dimisiones de alcaldes y concejales «desbordados por el pueblo»[49]. Más bien eran ediles en las listas de objetivos de los milis, dentro de su campaña contra cargos públicos locales, de la que se aprovecharon sus simpatizantes en diferentes localidades para, previa amenaza, obligarles a dimitir o aceptar sus reivindicaciones.

El Grupo de Vergara, ensoberbecido por el reconocimiento que tuvo en instancias gubernamentales, intentó convertirse en un anticipo de Udalbiltza, la asociación de cargos electos municipales creada por los partidos nacionalistas vascos firmantes del pacto de Estella en 1998. Pero fracasaron en el intento de organizar una especie de asamblea constituyente para la redacción de un estatuto de autonomía por tres causas. La primera fue que dejaron de lado a los partidos políticos. No contaron con ellos y cuando fueron legalizados, al no estar afiliados a ninguno, los líderes no contaron con los alcaldes de Vergara. La segunda causa fue que carecían de legitimidad en la representación (hasta ellos lo reconocían). Tras las elecciones generales, la constitución de las gestoras municipales dejó a los regidores de Vergara con la misma legitimidad que los otros elegidos con la normativa municipal vigente del Movimiento. Y la tercera causa es que estaban sobrerrepresentados. Eran cuatro gatos del Alto Deva, porque no consiguieron la adhesión de ninguno de los alcaldes de las trece localidades más grandes del País Vasco y Navarra, que representaban al 57% de la población vasconavarra. Los alcaldes de las localidades más importantes, demográficamente hablando, que participaban en el Grupo de Vergara eran los de Hernani (28.000 habitantes) y Mondragón (26.000).

José Luis Elkoro quedó abducido por Telesforo Monzón, vergarés, jeltzale histórico y señorito de apellido largo y herencia. En el último lustro de su vida, Monzón fue una mezcla del cura Santa Cruz y del Sabino Arana más reaccionario. A este último se parecía también porque ni terminó sus estudios de Derecho ni pegó un palo al agua en toda su vida. El ayatollah del nacionalismo radical procedía de una familia de la pequeña nobleza rural guipuzcoana vinculada al tradicionalismo, en la que fue educado en su infancia por un sacerdote integrista como tutor y asesor espiritual. El joven Monzón intentó ingresar en una institución nobiliaria, la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, para lo que encargó a un experto en genealogía un expediente demostrativo de la nobleza de sus cuatro primeros apellidos, que tanto combinaba y utilizaba a capricho. Le falló el Ortiz, camuflado en la variante alavesa de Ortiz de Urruela, precisamente los apellidos de sus antepasados artífices de una gran fortuna en Guatemala, de la que le llegarían restos suficientes para no tener que trabajar nunca. Rechazado en la Maestranza zaragozana le quedaba la posibilidad de recibir un título nobiliario de Alfonso XIII al que dirigió instancia con la antefirma «A los Reales Pies de Vuestra Majestad», pero en eso también fracasó.

Agotadas sus aspiraciones nobiliarias, Telesforo Monzón se afilió al PNV con 25 años donde realizó una meteórica carrera entre 1930 y 1936, iniciada como concejal en el ayuntamiento de su villa natal y culminada como ministro (consejero) de Gobernación del Gobierno vasco, pasando por la presidencia de la ejecutiva guipuzcoana del PNV y un escaño en las Cortes republicanas. En el ejecutivo que presidía José Antonio Aguirre, Monzón fue el principal responsable político de los asaltos a las cárceles de Bilbao del 4 de enero de 1937, en las que fueron asesinados 224 presos derechistas cuyas familias le convirtieron de por vida en la bestia negra de la derecha vasco-españolista. Ya en el exilio, se distanció provisionalmente del Gobierno vasco en los años cincuenta para ir por libre en sus devaneos con los monárquicos juanistas —convencido de la inminente proclamación de Juan III— y rompió definitivamente con el fantasmal Gobierno vasco en los sesenta, probablemente porque no le nombraron lehendakari a la muerte de José Antonio Aguirre, tal y como él deseaba fervientemente. Muerto Franco, Telesforo Monzón aparece como el tótem del brazo político de ETA-m. Su brillante oratoria, siempre salpicada de paradojas, metáforas y analogías, sirvió para estructurar el argumentario que justificaba y legitimaba los crímenes de ETA, atractivo hasta para hijos o nietos de requetés.

Monzón fascinaba a las vociferantes masas abertzales con su logorrea populista, pero sobre todo con sus poesías y canciones, casi siempre resultado de una sádica combinación de muerte, sangre, sacrificio patrio y juventud que parecían estimular su inspiración creativa. Como herencia dejó eso y un relato —entre la frivolidad y la política ficción— mitificador de la Guerra Civil (según él, entre vascos y españoles) con el que concebía a los pistoleros etarras como los continuadores de la partida del cura Santa Cruz y los gudaris de 1936. En su célebre «la guerra no ha terminado» sólo coincidía con el líder ultraderechista Blas Piñar, nacionalista e integrista como él, aunque el Caudillo del Tajo en versión española, con la misma ideología que le transmitieron a Monzón en el hogar paterno durante su niñez. Dentro de su obsesión enfermiza por la interminable guerra de los vascos contra España llegó a calificar el asesinato de Araluce como «una acción sangrienta y heroica más de una guerra impuesta a los vascos hace cuarenta años y que continúa». Sus envejecidos coetáneos del PNV, con la moderación y el sentido común que da la vida, le trataban de demente o le enmendaban la plana en artículos en la prensa o declaraciones, para recordarle su incoherente pasado o para desmentir sus historias —más bien sus histerias— sobre un supuesto Estado vasco durante la Guerra.

Al ilustre vástago de la casa de los Olaso le sedujo el llamado Movimiento de Alcaldes que lideraba José Luis Elkoro porque le recordaba el movimiento de ayuntamientos vasco-navarros para aprobar el estatuto de Estella en 1931. Quizá el dirigente abertzale olvidaba que fue un proyecto carlo-nacionalista de autonomía clerical en el que se dejaron fuera a izquierdas y republicanos (al frente de los ayuntamientos de las cuatro capitales, las localidades industriales de Vizcaya y Guipúzcoa, la Rioja alavesa y la Ribera navarra) y con el que sólo representaban a la mitad de la población de las cuatro provincias, a pesar de tener detrás a más de tres cuartas partes de los municipios vasco-navarros. Elkoro se dejó llevar por Monzón hasta las conversaciones en la lavandería del hotel Chiberta, los cinco encuentros que mantuvieron en la localidad vascofrancesa de Anglet, entre abril y mayo de 1977, representantes de los partidos nacionalistas y los carlistas de Carlos Hugo con las dos ramas de ETA. El objetivo era presentar una alternativa nacionalista unitaria, una especie de platajunta nacionalista que, en un órgano común, agrupase a las tres provincias vascas y Navarra.

Era una iniciativa de la que quedaban fuera los históricos no identificados con el nacionalismo, como PSOE y PCE. El formato era parecido al del pacto de Estella: una unidad de acción por la construcción nacional excluyente. Algo así como háganse nacionalistas o cállense. ETA puso sus condiciones con la pistola encima de la mesa: unidad nacionalista y boicot a las elecciones si no se garantizaba una amnistía a los 35 presos políticos que quedaban y no se legalizaban todos los partidos. Fue una cumbre que terminó en fracaso absoluto. El PNV se presentó a las elecciones, recurriendo a una fórmula transversal para el Senado con el PSOE: el Frente Autonómico. En el relato abertzale de la Transición, la ruptura de Chiberta fue el comienzo de todos los males y la justificación de que la vía terrorista era el camino correcto. Cuarenta y un años después, los seguidores de ETA-m siguen pensando lo mismo. A José Luis Elkoro, la participación en Chiberta sólo le sirvió para ser seducido por completo por la figura de Telesforo Monzón, convirtiéndose en albacea de su legado. La estrecha relación entre ambos llevaría al empresario de Elgueta a participar en la fundación de Herri Batasuna y del diario Egin, lo que le llevó a erigirse como una de las «vacas sagradas» del abertzalismo radical. El nacionalismo vasco siempre tiene la costumbre de mitificar o exaltar a sus figuras, olvidando o excusando su pasado cuando éste no es muy ejemplar, y de odiar a sus enemigos recordando su pasado permanentemente.

Siguiendo la estela de Monzón, José Luis Elkoro fue uno de los impulsores de Herri Batasuna desde el llamado grupo de independientes de la Junta de Apoyo, al margen de los cuatro partidos que constituyeron la coalición radical. Elkoro tendrá hasta 1997 un gran peso en HB formación con la que será elegido parlamentario vasco y senador. Su gran frustración política será no conseguir la makila de diputado general de Guipúzcoa, cargo para el que fue candidato en 1987 y 1991. Tuvo que conformarse con volver a la alcaldía vergaresa en 1987, aprovechando la escisión del PNV. En 1991, a pocos meses de terminar su mandato, todos los partidos representados en el consistorio, excepto HB, pidieron su dimisión acusándole de amedrentar a los empresarios que construían la autovía de Leizarán[50]. El conflicto de la autovía, solucionado como uno de los dos grandes logros de ETA (junto a la paralización de la central de Lemóniz), enfrentó duramente a Elkoro con Imanol Murua, diputado general de Guipúzcoa y antiguo compañero suyo en el Grupo de Alcaldes. El regidor vergarés nunca tuvo en sus empresas los problemas que tuvieron otros muchos colegas suyos con sindicalistas abertzales o las extorsiones de la banda terrorista. Jamás se solidarizó con los afectados. El millonario de HB pudo seguir haciendo dinero durante la dictadura de ETA, con la misma paz que durante la dictadura de Franco.

El debate sobre la foralidad de 1976

En 1976 se cumplía el centenario de la ley abolitoria de los fueros de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. La efeméride fue la ocasión para la apertura de un debate sobre la restauración foral, una reivindicación prácticamente unánime. Esa restauración tiene dos grandes enfoques. Uno, desde la Tradición, con España como nación y los símbolos e instituciones de cada provincia (Diputación y Juntas Generales). Se trata de una visión foralista y concertista, que defiende el modelo de relación provincia-Estado sin entidades intermedias, como el actual modelo de la Comunidad Foral de Navarra, o con una mínima interrelación entre las tres provincias vascas. El otro gran enfoque, desde el nacionalismo, con Euskadi como nación y los símbolos e instituciones comunes como la ikurriña, un gobierno y un parlamento vascos para las cuatro provincias, incluyendo a Navarra. La visión autonomista se remonta a las reivindicaciones de autogobierno común de las tres diputaciones vascas en 1917, continuadas durante la dictadura de Primo de Rivera y culminadas con el Estatuto de Autonomía de 1936. El primer enfoque, por influencia del carlismo tradicional, lo defienden las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa, y posteriormente los partidos de la derecha vasco-españolista.

El segundo enfoque lo defienden los partidos nacionalistas históricos, PNV y Acción Nacionalista Vasca, así como también los grandes partidos de izquierda del periodo republicano, PSOE y PCE. Durante el debate constituyente, el PNV, especialmente sus dirigentes más veteranos, que miraban con recelo la idea del ejercicio del derecho de autodeterminación por asociarlo a partidos de izquierda, hará una síntesis interesada de los dos enfoques buscando una legitimidad en los llamados derechos históricos y la foralidad para justificar una amplia autonomía para el País Vasco y Navarra en un mismo entramado institucional. La idea de la defensa de los derechos históricos es obra de los senadores jeltzales Federico de Zavala Alcíbar-Jáuregui y Mitxel Unzueta, vista inicialmente con desconfianza en el PNV, hasta que Juan Ajuriaguerra decide estratégicamente recuperarla para el debate de la Constitución de 1978. Federico de Zavala es el gran ideólogo, como autor de un libro, De los fueros a los estatutos, que tendrá un éxito notable durante el debate sobre la foralidad de 1976. Zavala, con uve para resaltar su origen nobiliario, era natural de Tolosa, hijo del abogado y diputado provincial integrista Ladislao de Zavala Echaide. Con ambos tuvo una gran relación Juan María de Araluce durante su etapa como notario en la villa del Oria.

Como datos anecdóticos señalar que Federico de Zavala fue tío del pistolero ultraderechista del Batallón Vasco Español, Ladislao Zabala Solchaga, hijo de un vicepresidente franquista de la Diputación de Guipúzcoa y nieto del general Solchaga. Asimismo, es el único político relevante del PNV cuya esquela ha podido leerse en el diario ABC [51] , uno de los más odiados por el nacionalismo. Todo ello prueba las complejas relaciones en el seno de destacadas familias carlistas vascas por las militancias más opuestas. También es el ejemplo de cómo la relación entre integrismo y nacionalismo se mantiene hasta pasada la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué carlistas clásicos como Federico de Zavala se convierten al nacionalismo desde el debate sobre la foralidad? La respuesta podemos encontrarla en la renuncia de la derecha vasca, representada por UCD y AP, a defender el enfoque del foralismo del que siempre hizo una de sus señas de identidad. Una derecha con más actitudes que proyecto de país. En el caso de UCD, porque desde Madrid antepusieron al PNV a la débil estructura ucedista vasca, que nunca tuvo ni un perfil ni un discurso propios en relación al autogobierno por sus complejos ante el PNV. En el caso de AP, la formación de Manuel Fraga siempre reivindicó la foralidad, aunque sometida a un esencialismo españolista que borraba cualquier singularidad.

A la gran aportación de Federico de Zavala hay que unirle las actividades de la editorial Auñamendi y la Interprofesional de Estudios y Publicaciones (IEPSA), una sociedad anónima donostiarra supuestamente dedicada a «fines culturales» que hizo las veces de Platajunta o Asamblea de Cataluña. En la IEPSA se daban cita los opositores a la dictadura[52] buscando espacios de tolerancia. Publicaron un libro Historia de los estatutos vascos de autonomía convertido como de cabecera para los nuevos tiempos con el ya citado de Zavala. En 1976, a pesar de una dictadura que daba sus últimos coletazos, con las prohibiciones a destajo de los gobernadores civiles, se organizaron una serie de debates sobre las foralidad y el autogobierno, acompañados por reuniones con los ayuntamientos para solicitar reintegración foral y autonomía. La IEPSA organizó el 13 de junio de 1976 el primer mitin político desde la República en San Sebastián, bajo el formato de ciclo de debates y conferencias, con Xabier Arzalluz (PNV), Enrique Múgica (PSOE), Francisco Idiáquez (PCE) y Mariano Zufía (Partido Carlista). Una semana después vino la puesta en escena de los dos enfoques sobre la foralidad descritos anteriormente en actos organizados por las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa, el Grupo de Vergara y la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País (RSBAP).

Los solemnes actos de afirmación foral tuvieron gran repercusión en la prensa donostiarra (también en la regional y nacional) cuyos diarios rivalizaban para ver quién era más foralista, en una guerra comercial no declarada entre los dos periódicos. En Vergara, para sortear las prohibiciones del gobernador civil, el 21 de julio se celebró una misa y un pleno extraordinario con una moción única e histórica, leída por José Luis Elkoro, en la que se solicitaba imprescriptibilidad de los derechos históricos, euskera, amnistía, autonomía, pero reconociendo desde el principio que «no resulta fácil ejercer la representatividad que no se tiene». La villa mahonera era un escenario con gran carga simbólica: albergó el Seminario fundado por la RSBAP y fue escenario del abrazo entre los generales Espartero y Maroto. Al mismo acudieron con sus estandartes representantes de 68 de los 500 ayuntamientos que había entonces en el País Vasco y Navarra. Miles de personas, convocadas por partidos y consistorios participaron en la conmemoración controlada por un amplio despliegue de la Guardia Civil, con Antonio Tejero al frente. Entre el público estaban personalidades del país y los futuros dirigentes de los principales partidos vascos. Hubo adhesiones destacadas como las de Marcelino Oreja y José María de Areilza, este último fue quien más animó al Grupo de Alcaldes a celebrar el acto.

Paradojas de la historia, un año más tarde, se reunirán en Guernica los parlamentarios vascos elegidos el mes anterior, lo que trastocaba por completo las pretensiones de los Alcaldes de Vergara. Además, el debate foral quedaba en un segundo plano porque en las agendas reivindicatorias de los partidos se pusieron por delante demandas como amnistía, cooficialidad del euskera, legalización de los partidos, así como un autonomismo genérico. El 21 de julio de 1976, la Diputación de Guipúzcoa, encabezada por su presidente Juan María de Araluce, ratificó en San Sebastián la reinstauración de los fueros desde la reivindicación del concierto y las instituciones provinciales. También la Diputación de Vizcaya celebró en Bilbao una sesión plenaria con representantes de sus entonces 95 ayuntamientos. El presidente de la institución provincial, Augusto Unceta-Barrenechea, siguiendo la línea de su homólogo guipuzcoano, reclamó la urgente restauración de los fueros e instituciones tradicionales representativas actualizadas. El acto en la capital vizcaína finalizó con la entonación del «Gernikako Arbola» y el grito de «Gora Euskal Herria!» del alcalde de Bedia Luis Uriarte (asesinado por ETA en 1979), coreado por los asistentes. Araluce y Unceta-Barrenechea siguen la hoja de ruta marcada por la comisión creada en noviembre de 1975.

Las conclusiones de los trabajos de la Comisión de Estudio, después de diez sesiones de trabajo fueron bastante limitadas[53]. En primer lugar, no estudió, ni siquiera superficialmente, el concepto de región vasca. La única concesión que se hacía era la de una «región vascongada», una vez restablecido el régimen especial y con participación de las instituciones representativas: las juntas generales. Precisamente, la solicitud de restauración de las asambleas provinciales fue el aspecto más destacado de los trabajos de la Comisión de 1975. No llegaron a recoger la restauración del régimen concertado para Vizcaya y Guipúzcoa, pero los comisionados consiguieron el Real Decreto Ley 20/1976 de 30 de octubre, que derogaba el funesto decreto abolitorio de 1937 sin aportar más novedades. Era una reparación moral mínima, tardía y estéril. Todo esto revelaba cuál era el modelo de autogobierno que proponía la derecha vasco-españolista para las tres provincias vascas: el primer enfoque al que antes se hacía referencia. En la reunión de la Asamblea de Parlamentarios Vascos de Guernica, en julio de 1977, donde ondeaban la bandera española, la ikurriña y el pendón señorial, el diputado Xabier Arzalluz lee una declaración consensuada en la que se reclama «la devolución del poder foral y libertades originarias de los vascos»[54].

La idea de «pueblo vasco» como comunidad única y diferenciada, así como la idea de devolución de la soberanía originaria son dos constantes que determinarán el discurso del PNV a partir de 1977, con los demás partidos democráticos a rebufo. El nacionalismo institucional renunció al discurso foralista cuando dejó de serle útil. La tardía recuperación de los conciertos para Vizcaya y Guipúzcoa (mayo de 1981) fue un gran error por parte de los diferentes gobiernos de Adolfo Suárez, ya que su restauración en 1977 (junto a las instituciones forales) hubiera obligado a cambiar por completo el discurso nacionalista al que se sometieron Adolfo Suárez, UCD y PSOE. Al final, se impuso un modelo de autogobierno que, en teoría, descansaba sobre la ciudadanía vasca y sus tres territorios. En la práctica, desde el nacionalismo institucional gobernante en solitario o en coalición, excepto entre 2009 y 2012, se ha impuesto un modelo en el que se han puesto al servicio de la nación vasca tanto a la ciudadanía vasca como a sus tres territorios, diluyendo la personalidad de cada territorio en favor de la uniformación y la centralización representada por el Gobierno vasco. En pocos años, se pasó de soportar el uniformismo y centralismo de Madrid, en nombre de la nación española, a soportar el uniformismo y centralismo de Vitoria, en nombre de la nación vasca.

A día de hoy, el nacionalismo institucional interpreta el sistema concertado como una recuperación parcial de la soberanía perdida por el pueblo vasco en 1839 y como un pacto bilateral, de tú a tú, entre Euskadi y España. En 2013, el presidente del PNV Andoni Ortuzar[55] , interpretaba el Concierto Económico como una «mínima devolución de la soberanía originaria de los fueros vascos». Quizá Ortuzar desconoce que, en el siglo XIXy anteriores, los fueros no eran de los vascos en su conjunto ni de una entidad político-administrativa común: los fueros eran de cada provincia y diputación, cuyas élites económicas y políticas no cuestionaban su pertenencia a España ni tenían una conciencia de pueblo vasco. Lo de la identidad vasca como nexo de unión de las tres o cuatro provincias aparece a lo largo del siglo XIXcon escritores que no dudaban de su condición de españoles o franceses. Esa identidad común queda reforzada políticamente por el fundador del PNV Sabino Arana y su revisionismo de la historia, que más que de vascos hablaba de «bizkaínos o bizkaitarras ». No hay soberanía originaria como tal, únicamente cierta autonomía fiscal, económica y administrativa en cada provincia que, tras las guerras carlistas y, sobre todo, como adaptación a la estructura de un estado nacional y liberal, es reformada y modernizada con un nuevo sistema.

Ese sistema, vía decreto de 21 de julio de 1876, es el de los regímenes concertados, el cual satisfizo a los liberales de las «provincias exentas», opuestos a una total abolición foral en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, ya que Navarra iba por otro camino desde 1841. Otra de las interpretaciones que se hacen desde el nacionalismo vasco es que el Concierto es «la única soldadura entre Euskadi y el Estado español» y que, roto el Concierto, «estamos libres todos». ¿Libres para qué? Libres, según el imaginario nacionalista, para separarnos de España si no cumple sus supuestos pactos con el pueblo vasco. Habría que preguntarse qué tiene que hacer España cuando los nacionalistas no cumplen esos supuestos pactos. Conviene recordar a los jeltzales que todo se hace en el marco de la Constitución de 1978, la cual no reconoce más que un solo estado y una sola soberanía, por tanto no puede haber pacto entre iguales porque no negocian con el Estado una o tres entidades del mismo rango, o porque no hay un sujeto con una soberanía al margen de la del estado o equiparable a la misma. No estaría de más que en la segunda década de siglo XXI, los nacionalistas pusieran la realidad política y legal por un lado, y sus ensoñaciones por otro.

El subconsciente suele jugar malas pasadas a los nacionalistas, porque, en el fondo, siguen pensando que la representación exclusiva y plenipotenciaria de los vascos la tienen ellos. A eso ha contribuido una cadena de errores desde La Moncloa, iniciada en 1978 con Adolfo Suárez y continuada por todos sus sucesores. Entonces las negociaciones para la redacción del Estatuto de Guernica ofrecieron la foto que más buscaban y deseaban los nacionalistas: una negociación mano a mano entre Carlos Garaikoetxea, visto por ellos como el representante del pueblo vasco, y Adolfo Suárez, visto como el representante del Estado español. Ahí está la imagen del pacto entre iguales que tanto gusta exhibir al PNV. Por parte del presidente Suárez y de UCD fue un error de largo alcance pensar que la solución al problema vasco estaba en poner todo en manos del PNV, al que se le financió y se le concedió una representación en exclusiva de los partidos vascos. Las negociaciones para el Estatuto y la recuperación del Concierto para Vizcaya y Guipúzcoa, dejaron en un segundo plano, casi como convidados de piedra, a PSE y UCD vasca, y en un primer plano a Suárez y Garaikoetxea.

Tras esa foto vinieron otras en las que la debilidad o la ausencia de mayorías en las Cortes Generales obligaron a UCD, PSOE y PP a pactar con el PNV el cupo o la transferencia de competencias, siempre en detrimento de sus líderes y sus partidos en Euskadi. Esa mala costumbre política ha permitido que el nacionalismo se apropiase tanto de las peculiaridades de una autonomía vasca surgida del consenso de los partidos democráticos, así como de la representación de lo vasco, debilitando a los líderes en Euskadi de PSE, UCD o PP vasco, hasta extremos como el de Patxi López siendo lehendakari. En relación a los conciertos hay que destacar también el apoyo de los socialistas vascos y de la derecha vasca representada por UCD y PP. Con la mediación del PSE fue posible en varias ocasiones la negociación del Cupo o de aspectos relacionados con el Concierto. Gracias a UCD se devolvieron a Vizcaya y Guipúzcoa en 1981 los conciertos suprimidos por Franco. Y, desde el PP vasco, sobre todo por medio de su entonces diputado general en Álava, Ramón Rabanera (al que ETA intentó asesinar en un par de ocasiones), fue posible en 2002 la renovación del Concierto por tiempo indefinido y en mejores condiciones que las de 1981.

Con la tradición hacia el progreso

La prensa donostiarra del 26 de febrero de 1976 informa sobre la celebración de una reunión de Unión Nacional Española (UNE) en un hotel de San Sebastián, presidida por Juan María de Araluce[56]. A la misma asisten alrededor de un centenar de personas entre las que destacan alcaldes, diputados provinciales y empresarios. Araluce les explica que los tiempos han cambiado y que las instituciones van a arropar a «grupos determinados» por lo que cada uno «tendrá que defender su casa». El presidente de la Diputación se refiere claramente a las familias políticas del franquismo que empiezan a organizarse en las asociaciones nacidas a la sombra del llamado «espíritu del 12 de febrero» de Arias Navarro. UNE fue una de las organizaciones acogidas al Estatuto de Asociaciones de diciembre de 1974, cuyos promotores siempre solían poner un par de ceros más a la derecha del número real de afiliados para inflar las cifras de fichas de seguidores, entre las que solían figurar personas (casi siempre, familiares, amigos o vecinos) que desconocían su pertenencia a las mismas[57]. La UNE, promovida por los Oriol, los javieristas José Luis Zamanillo y José María Valiente —artífices en la década de los cincuenta de la aproximación al franquismo de esa rama del carlismo— y la quitaesencia del carlo-franquismo de la Unificación, pretendía integrar en sus filas a lo quedaba del Carlismo para reivindicar «una monarquía social, representativa y tradicional».

Algo así como un franquismo sin Franco, con Juan Carlos I en el lugar del dictador, bajo el lema «con la tradición hacia el progreso». En un terreno abonado para la captación de seguidores como era el País Vasco consiguieron reunir entre las tres provincias a unos trescientos afiliados utilizando la bandera de la reivindicación de la foralidad, especialmente en municipios en los que todavía tenía cierta presencia el carlismo sociológico. Araluce se suma con entusiasmo a UNE porque en su programa se encuentran las dos grandes ideas fuerza de su pensamiento político: la defensa de la monarquía tradicional y la afirmación de las regiones. Un regionalismo interpretado como provincialismo en el caso vasco-navarro. El mejor ejemplo de eso lo confirma la prensa, al día siguiente de la primera reunión pública de la UNE en Guipúzcoa, haciendo pública una carta de la UNE al «Rey de España y Señor de Vizcaya», exactamente de la comisión ejecutiva del Señorío de Vizcaya de la UNE, presidida por el sestaotarra Eloy Ruiz Arámburu. En la misiva solicitaban a Juan Carlos I que convocase en Guernica a las Juntas Generales de Vizcaya, «símbolo de nuestros fueros y libertades», y las presidiera para ser aclamado como señor de Vizcaya «al igual que en otros tiempos lo hicieron sus antepasados con sus augustos predecesores». El escrito terminaba con vivas a Euskalerria y España[58]. Su difusión era una forma de aparentar una actividad totalmente inexistente.

La UNE, autorizada provisionalmente por el Consejo Nacional del Movimiento en junio de 1975, estaba liderada en 1976 por el exministro de Obras Públicas Gonzalo Fernández de la Mora. El entonces director de la Escuela Diplomática apareció sólo una vez en el País Vasco, y lo hizo en Bilbao, el día anterior al último desfile conmemorativo de la toma de la capital vizcaína por los sublevados en 1936. Fernández de la Mora fue a disertar sobre el mensaje póstumo del dictador, aprovechando la ocasión para exhibir parte de su muestrario de temas recurrentes: «crepúsculo de las ideologías» (al parecer de todas menos la suya), balance del «Estado de obras», riesgos de la «partitocracia» y fidelidad inquebrantable al caudillo con su gran aportación al imaginario franquista: «Franco es el hombre de Estado más importante que ha tenido España, por lo menos desde tiempos de Felipe II». La presencia en la capital vizcaína del futuro presidente de la UNE confirmaba en el País Vasco las primeras reuniones, contactos o conversaciones para la constitución de lo que sería Alianza Popular de Euskalerria (sic), de la que formarían parte los partidos o asociaciones de los siete magníficos de AP.

Diez días antes de la conferencia del exministro de Obras Públicas, se había presentado en Bilbao y San Sebastián, Unión del Pueblo Español (UDPE), formación que, según su vicepresidente Javier Carvajal, tenía 85.000 afiliados en toda España y 2000 en Vizcaya, una cifra que para sí hubieran querido los fundadores de la entonces Alianza Popular del Señorío de Vizcaya, que no llegaron a entregar ni un millar de carnés en sus mejores momentos. Las señoras bien de derechas de Bilbao y alrededores quizá podían recordar a Javier Carvajal, más que por su partido político, por su aportación como arquitecto a la decoración y mobiliario de la tienda de Loewe en la capital vizcaína. El 29 de octubre del año anterior, tres semanas antes de la muerte del dictador, Carvajal y Fernández de la Mora participaron en un larguísimo programa-debate sobre España con y sin Franco, en Dossier de l´ecran, en la segunda cadena de la televisión pública francesa. Desde París y Madrid intervinieron 39 representantes de las dos Españas: la oficial del régimen franquista y la del exilio o la clandestinidad, entre los que estaban el último presidente del Gobierno de la República Fernando Valera y el entonces lehendakari del Gobierno vasco en el exilio Jesús María de Leizaola.

Entre los participantes desde Madrid destacó una licenciada en Derecho de 25 años llamada Loyola de Palacio: hablaba de superar la Guerra Civil y afrontar el futuro sin rupturas, y de un País Vasco en el que, según ella, se veían más banderas españolas que ikurriñas. Nadie de los suyos le recordó que la ikurriña estaba ilegalizada y perseguida. Treinta y un años después una bandera española y una ikurriña cubrirían su ataúd. Los testimonios de Palacio, Carvajal y Fernández de la Mora (los tres fundarían Alianza Popular y su rama juvenil) en aquel programa dejaban constancia de que se estaba gestando —en el País Vasco también— una derecha ligada al régimen que moría, que oscilaría entre ser una derecha inequívocamente antidemocrática, albacea testamentaria del franquismo, y ser una derecha progresivamente democrática en evolución hacia posiciones liberal-conservadoras dejando atrás el lastre de los nostálgicos. Entre ambas se situaban Juan María de Araluce y los suyos, también marcados por las dos grandes interpretaciones que el franquismo político hace del sistema que defiende. Por un lado, los que consideran que el Movimiento Nacional es un recurso excepcional impuesto para hacer frente al peligro revolucionario, basándose en el precedente fallido de 1934.

Desaparecido Franco, el régimen —según ellos— debía ceder paso a un sistema democrático limitado u homologable a los de Europa occidental. Lo resumía Manuel Fraga a la salida del hospital de La Paz tras visitar a Franco agonizando en noviembre de 1975: «Esto se ha acabado, hay que inventar otra cosa». Por otro lado, estaban los que consideran que la Guerra Civil es una cruzada victoriosa contra la revolución y también contra los excesos de los sistemas democráticos de la Restauración y la República. Según esta interpretación, en ambos sistemas la «partitocracia» había abierto la puerta al comunismo y el separatismo, derrotados por las armas. Por lo tanto, la única democracia posible era la democracia orgánica franquista defendida con vehemencia por Fernández de la Mora y sintetizada en un «después de Franco, el Rey y las instituciones». El líder de UNE defiende un partido doctrinario en el que, con un toque de Donoso Cortés y Vázquez de Mella, se daban cita José Calvo Sotelo, Víctor Pradera y Ramiro de Maeztu, por cierto, los tres asesinados por los republicanos en 1936. La asociación de Fernández de la Mora fue una de las siete federadas en la Alianza Popular de los siete magníficos, seis de ellos ministros con Franco.

La gran coalición estaba promovida por Manuel Fraga (Reforma Democrática), Cruz Martínez Esteruelas (Unión del Pueblo Español), Federico Silva Muñoz (Acción Democrática Española), Laureano López Rodó (Acción Regional), Enrique Thomas de Carranza (ANEPA), Licinio de la Fuente (Reforma Social) y Gonzalo Fernández de la Mora[59]. Juan María de Araluce no es un líder destacado a nivel nacional, pero tiene influencia en la asociación con más jefes que afiliados de base. El propio Fernández de la Mora confiesa en sus memorias que «no había nada en la base»[60]. Además de pocos, en UNE no estaban bien avenidos: hubo varias escisiones que mermaron notablemente sus raquíticas bases. La más mediática se produjo después de la presentación de Manuel Fraga a Santiago Carrillo en el Club Siglo XXI de Madrid, el 27 de octubre de 1977. Una tumultuosa asamblea suspendida por violentos incidentes terminó con la UNE herida de muerte y dividida en dos facciones que se atribuían las siglas. Frente a Fernández de la Mora, los Oriol y otros connotados tradicionalistas, los vicepresidentes de UNE José Luis Zamanillo y José María Velo de Antelo rompieron la organización y con Alianza Popular.

Zamanillo, veterano requeté con una activa participación en el 18 de julio, salió hacia la nada dando un portazo con un puñado de afiliados y José María Velo de Antelo, un diplomático de carrera, franquista hasta la médula, cuya adhesión incondicional a la dictadura no se vio premiada con la categoría de embajador. Para su desgracia, no llegó a ser embajador hasta que un ministro del PP, Abel Matutes, le nombró director de la Escuela Diplomática. Como agradecimiento esperó hasta su jubilación para escribir un libro en el que descarga toda su rabia y frustración contra el PP, reivindicando más democracia para ese partido cuando resulta que Velo de Antelo es un franquista que no cree ni en la democracia ni en los partidos políticos. Como remate, el libro finaliza recordando a Juan María Araluce, según Velo, presidente de la «diputación de San Sebastián» (sic), asesinado por «la explosión de un coche bomba»[61]. Así de enterado estaba en todo. Los dirigentes de UNE que se quedaron en AP tardarían un año en marcharse ante su negativa a aceptar la Constitución. El voto favorable a la Carta Magna fue una cuestión que fracturó a los aliancistas a nivel nacional, pero que sirvió para liberar al partido del lastre reaccionario y evolucionar hacia posiciones democráticas liberal-conservadoras. En el País Vasco, excepto el cisma en AP por la Constitución que produjo un número de bajas contadas con los dedos de las manos, no afectó a la gran mayoría de los afiliados procedentes de UNE.

Guipúzcoa Unida (GU), el partido póstumo de Araluce

Los diputados provinciales más fieles al presidente Araluce y otras personas vinculadas a organizaciones del Movimiento o a micropartidos de derechas, iniciaron un proceso de conversaciones en noviembre de 1976 que culminaron con la constitución de una alianza electoral de nueve partidos más un grupo de independientes con la denominación de Guipúzcoa Unida (GU). Nombrarían como presidente del honor de la misma a Juan María de Araluce y, como dato anecdótico, la coalición quedaría registrada con sede en el número siete de la Avenida de España, el número anterior al domicilio de la familia Araluce Letamendía, unidos por la misma acera en la que fueron ametrallados el político tradicionalista, su chófer y tres escoltas. En la denominación de GU había una referencia al Club GU fundado en San Sebastián en los años treinta por el arquitecto José Manuel Aizpúrua y el pintor Juan Cabanas Erausquin, ambos falangistas de primera hora. El Club GU era una iniciativa cultural abierta, medio sociedad gastronómica, medio tertulia, con un carácter vanguardista y anticomunista que reunía a intelectuales y artistas de diferentes tendencias. Desaparecería tras la Guerra Civil, pero un grupo de admiradores intentaría muy de lejos algo parecido a una refundación con las actividades culturales impulsadas desde el Club Guipúzcoa del Movimiento, promotor de los Premios Guipúzcoa de literatura (en euskera y castellano) y de la editorial Ágora para escritores noveles guipuzcoanos.

El común denominador de los impulsores de GU eran la monarquía, el foralismo y el catolicismo en la defensa de un cierto regionalismo guipuzcoano, anticipo de lo que serían posteriormente Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Unidad Alavesa (UA). La formación hizo llegar una declaración escrita afirmando su objetivo de estar presente en las urnas en todos los comicios defendiendo lo que sus promotores denominaban «principios inmutables». Autoproclamados como «españoles por encima de cualquier otra consideración» y conocidos los nombres de sus promotores, vinculados a cargos en la administración local y estructura del Movimiento durante el franquismo, partían como los outsiders de la política guipuzcoana. En su declaración programática no había nada de las exigencias y reivindicaciones que se imponían entre todas las formaciones desde el centro hasta la extrema izquierda, con lo cual ocupaban un amplio espacio político del que se desconocía el número real de seguidores. La candidatura al Congreso la encabezaron el presidente de la Cámara Sindical Agraria, Roque de Arámbarri, y el diputado provincial Eduardo Manzano, ideólogo y estratega de la coalición. El apoyo de la Comunión Tradicionalista Carlista les hizo pensar que podían conseguir excelentes resultados, sobre todo en las comarcas con mayor presencia del tradicionalismo antes de la Guerra Civil.

En clave optimista los candidatos de GU llegaron a pensar en dos o tres diputados. Estaban convencidos de que en Guipúzcoa quedaban todavía, incluso entre los potenciales votantes del PNV, muchos seguidores de un auténtico régimen foral compatible con la unidad de España que GU defendía con el lema de Alianza Popular, «España, lo único importante». Ése fue el primer error de los promotores de GU. El segundo fue no tener en cuenta la rápida organización del PNV en Guipúzcoa, también en las comarcas donde predominó durante décadas el carlismo sociológico. Precisamente, en esas zonas de Guipúzcoa, con predominio vascoparlante y con menor índice de población inmigrante que de población autóctona, fue donde se había experimentado un mayor cambio desde el tradicionalismo españolista al nacionalismo vasco. El tercer error fue la campaña electoral, imposible de realizar en condiciones normales. Cada vez que anunciaban un acto en la prensa se encontraban con piquetes y reventadores que impedían los mítines o conferencias. Esto obligó a organizar discretos e improvisados recorridos, en los que no faltaban los insultos, ante los problemas para celebrar actos en hoteles y restaurantes. Como dato curioso apuntar que la propaganda electoral iba en castellano y también en euskera (como Gipuzkoa Elkartuta), algo que no se vería en las campañas de los partidos de centro derecha hasta comienzos de los años noventa.

La Policía llegó a aconsejar a los responsables de Guipúzcoa Unida el abandono de la campaña. Éstos alquilaron coches con matrícula de Guadalajara (con el distintivo provincial GU) para caravanas electorales que fueron apedreados en varias ocasiones, al igual que la sede electoral de la calle Urbieta. Peor suerte hubo con la cartelería siempre repuesta a altas horas de la madrugada y casi siempre retirada por empleados municipales de limpieza a primera hora de la mañana. Sólo fueron posibles tres actos en Tolosa, Zarauz y San Sebastián, el último con la presencia de Manuel Fraga. El mitin organizado en el polideportivo de Anoeta el 30 de mayo de 1977, fue un acto muy esperado, el único gran acto que pudo celebrar GU bajo extremas condiciones de seguridad, después de ser aplazado en una ocasión. Pocas veces hubo tantos policías por metro cuadrado protegiendo un mitin. Estaban para evitar la presencia de reventadores y también para que Fraga no se enfrentase a mamporros con ellos como ya había hecho en Lugo. El líder conservador acudió a San Sebastián con paraguas y tirantes rojigualdas, adquiridos a pares en la tienda del club londinense de cricket Marylebone, cuyos colores eran los de la bandera española. Reminiscencias de su etapa como embajador en Gran Bretaña.

El acto central de GU reunió a un público maduro que asistió con invitación y tuvo que pasar controles de seguridad en los que había que mostrar el DNI. Asistieron alrededor de 2500 personas, con el redondeo y con muchas niñas bien, luciendo escarapelas rojigualdas, en un paisaje de banderas de España y Guipúzcoa, acompañados por unos cuantos guardaespaldas como en las películas: gesto duro, cicatriz en la cara y mascando chicle. En el mitin sonaron el himno de España, el «Agur jaunak » y el «Gernikako Arbola» acompañados por los gritos de rigor de «Gora Euskalerria!» y «¡Viva España!». Fraga frunció el ceño cuando los servicios de seguridad redujeron y desalojaron a uno de los provocadores que había burlado los controles de entrada. Era un conocido jugador de la Real Sociedad, futuro abogado de Herri Batasuna, conocido, sí, más que por sus dotes balompédicas como centrocampista por haber organizado una exhibición de la ikurriña en el viejo Atocha en los prolegómenos de un Real Sociedad-Athletic de Liga. Fue en diciembre de 1976, con la bicrucífera todavía proscrita a ciertos efectos. La foto de los capitanes de los dos equipos vascos, Iríbar y Cortabarría, los dos abertzales que renunciaron a jugar en la selección española después de haber defendido sus colores, fue una de las imágenes de la Transición en Euskadi.

Por la tribuna fueron desfilando todos los oradores. El carlista azcoitiano Roque Arámbarri dirigiéndose en euskera a la endomingada concurrencia, con pitos aislados de la gente bien de la capital, que consideran que es lengua de aldeanos, lecheras y asistentas domésticas, y los aplausos de viejos tradicionalistas siempre dispuestos a afirmar su españolidad desde su etnicidad vasca. Después le tocó hablar a la cuota madrileña Alianza Popular, con el abogado Ramón Hermosilla y Cruz Martínez Esteruelas, exministro de Educación con Franco (impulsor del examen de selectividad) y candidato al Congreso por Teruel, donde le madrugaron el escaño por 1244 votos. De los oradores de aquel mitin, sólo sobrevivieron políticamente los más mayores hasta edades muy provectas: Fraga y Arámbarri. Hermosilla y Martínez Esteruelas abandonaron la política en cuanto las urnas les abandonaron a ellos, para dedicarse al derecho después de hacerse más de derechas todavía. Y llegó Fraga tronando en nombre del orden, la ley, el Ejército y las reformas necesarias para la democracia. Fue la puesta en escena de una derecha alcanforada, nostálgica con los valores del franquismo, pero consciente de que había que adaptarse a lo nuevo.

Las limitaciones a la campaña de GU fueron sorteadas como pudieron por los responsables de campaña. Un grupo de mujeres se encargó del ensobrado y de la distribución de candidaturas en las principales localidades de la provincia. El día de las elecciones la coalición consiguió 27.048 votos, fue la cuarta fuerza (8,16%) entre 15 que concurrían al Congreso y le faltaron 3956 votos para sentar en la Carrera de San Jerónimo a su cabeza de lista Roque Arámbarri. GU consiguió situarse como segunda fuerza en 9 municipios guipuzcoanos pequeños y de tradición carlista. Y como tercera fuerza en 16, algunos importantes como Irún, Éibar, Azpeitia y Azcoitia. Dos días después de las elecciones, el candidato al Senado y dirigente de GU, Luis Larrañaga Bilbao, denunciaba en la prensa el acoso sufrido durante la campaña. Según Larrañaga, los sabotajes a su propaganda (también la que estaba en euskera), las amenazas, coacciones y la ausencia en los espacios de propaganda en televisión, impidieron que GU tuviera interventores suficientes para cubrir todas las mesas electorales de la provincia. La competición por el mismo espacio de otras dos opciones de centro derecha españolista dejaron claro a todos sus defensores que la ausencia de una de las listas hubiera permitido a GU tener un diputado y que eran demasiados para un espacio reducido, no tan amplio como se esperaba a priori. Guipúzcoa Unida concurría en un espacio fraccionado por la presencia de la Democracia Cristiana Vasca (DCV) y de los Demócratas Independientes Vascos (DIV), un sustituto de UCD. La DCV obtuvo pésimos resultados en el País Vasco, a excepción de Guipúzcoa por la presencia en sus listas del notario Miguel Castells Andriaensens, excombatiente del bando nacional que terminó en las filas de la derecha antifranquista.

Después del fiasco electoral, los responsables de Guipúzcoa Unida se plantearon su continuidad remarcando su foralismo guipuzcoano, españolismo y catolicismo. Dos meses después de los comicios, Juan María Álvarez Emparanza, hermano de un fundador de ETA, conocido pintor y crítico de arte, defendía el proyecto de GU como «toda una manera de ser, de concebir la vida, el país y la nación»[62]. Esa idea fuerza es la que siempre ha prevalecido en la derecha vasca desde 1977, aunque su problema ha sido su puesta en práctica, sobre todo en materia de comunicación. Con la oportunidad perdida de las elecciones generales, los dirigentes de GU se plantearon la búsqueda de una imagen nueva para unas posibles elecciones municipales, objetivo que tropezó con su exclusión de las gestoras municipales por el pacto PNV-PSOE y la falta de gente dispuesta a dar la cara. El miedo gobernaba a la derecha sociológica. Sólo tuvieron presencia en la gestora donostiarra. A finales de 1977, la constitución de UCD de Guipúzcoa en octubre y la celebración en noviembre del I Congreso Provincial de Alianza Popular escribieron el acta de defunción de Guipúzcoa Unida. La mayoría de sus promotores terminarían apoyando a Marcelino Oreja en 1979 para que la derecha vasca tuviera un escaño guipuzcoano en el Congreso.

José Antonio Vivó, el diputado de Araluce que asesinó ETA

La localidad guipuzcoana de Olaberría es un municipio dividido en dos grandes zonas separadas por una carretera ascendente de 3 kilómetros. Cada núcleo de población simboliza a cada una de las dos Guipúzcoas de los últimos sesenta años. Arriba, en torno al ayuntamiento y la monumental iglesia de San Juan Bautista, el «balcón del Goierri» ofrece panorámicas desde el Txindoki hasta el Aizkorri, con esa Guipúzcoa pintada con todos los verdes, rural, reservada, tradicional y vascoparlante. Abajo, el antiguo Poblado José María Aristráin, barrio obrero en el que predominan los inmigrantes de otras zonas de España. Ahora denominado barrio de Ihurre o Yurre, es un buen ejemplo del urbanismo industrial de mediados del siglo XX, invadido desde principios de los sesenta por una pesada contaminación acústica y atmosférica procedente de la Nacional I y de las fábricas de la zona. La Guipúzcoa profunda de caseríos, iglesia, apellidos vascos y euskera frente a la Guipúzcoa de la inmigración, castellanoparlante, fábricas y acentos diversos de toda la geografía española. El Poblado de Aristráin fue en pleno franquismo una de esas iniciativas residenciales obreras con las que el paternalismo empresarial de la época hacía las veces de estado social.

José María Aristráin Noáin, de padres navarros, argentino de nacimiento y fortuna, fue uno de esos prohombres de la industria de la posguerra que apostó en 1955 por el sector siderúrgico, con una ambiciosa planta dedicada a la fundición y laminación especializada en chapa magnética, un producto innovador en el que España era deficitaria. Aristráin decidió instalar una gran factoría en Olaberría, junto a la N-I que une Madrid con Irún. Al otro lado de la carretera compró un pinar donde construyó en 1960 un barrio para los trabajadores de su empresa, mano de obra mayoritariamente inmigrante, pasando la población de Olaberría de 497 habitantes en 1950 a 1528 en 1970. El Poblado se convirtió en 216 viviendas en bloques residenciales adjudicadas a los empleados de la firma que, por una renta mínima, gozaban de todos los servicios imaginables como vivienda, calefacción gratis, garaje, guardería, escuela, polideportivo, economato de empresa, atención sanitaria y zonas verdes, servicios inexistentes en otras poblaciones industriales. Para gestionar los recursos humanos de la compañía siderúrgica, el patrón hispano-argentino se fijó en José Antonio Vivó Undabarrena, un ATS con excelentes dotes de mando y organización.

Nacido en 1930 en la localidad burgalesa de Espinosa de los Monteros, destino de su padre, funcionario judicial, Vivó Undabarrena había vivido la mayor parte de su vida entre San Sebastián, Beasáin e Idiazábal, localidades en las que fueron naciendo sus seis hijos. La gerencia de personal llevó a los Vivó Subijana a la colonia de Aristrain en Olaberría donde tenían vivienda por el cargo del cabeza de familia. Cuando llevaba casi una década en la acería le nombraron alcalde. El 16 de abril de 1966 juró el cargo y cinco años después fue elegido diputado provincial con Juan María de Araluce de presidente. En 1977, el regidor de Olaberría fue uno de los promotores de Guipúzcoa Unida, formación con la que intentó hacer campaña por la comarca del Goyerri por medio de contactos con algunos amigos y con la colaboración doméstica de sus tres hijos menores encartando papeletas electorales. El resultado para GU en su municipio no fue muy destacado para la influencia que podía tener utilizando su cargo: cuarta fuerza con un 13,17%.

El 6 de febrero de 1979 a José Antonio Vivó le quedaban menos de dos meses al frente del consistorio olaberritarra y como diputado foral. Tres horas antes de que comenzase la campaña electoral para las segundas elecciones generales, dos encapuchados de ETA (Mercedes Galdós y Félix Ramón Gil Ostoaga) llamaron a la puerta de su domicilio. Abrió Julieta, su mujer, y pensó que se trataba de una broma. A empujones, arrancando el cable del teléfono y pistola en mano, los etarras le sacaron de dudas. Querían hablar con José Antonio Vivó. Los terroristas tuvieron suerte: Vivó estaba en casa y pidió ponerse unos zapatos para salir, pero le dijeron que sólo era «un momento». En realidad guardaba una pistola en la mesilla de su dormitorio que no pudo utilizar contra sus agresores. Los terroristas tranquilizaron a Julieta Subijana y a sus tres hijos menores, y obligaron a su marido a salir al descansillo de la escalera para bajar al portal. Allí le disparó tres veces Mercedes Galdós dejándole gravemente herido. Le trasladaron en un coche particular a un centro médico de Beasáin donde falleció[63].

El alcalde de Olaberría había sido escoltado hasta un par de meses antes por la Guardia Civil, después de haber recibido amenazas dos años antes. Un dato que los chivatos de ETA hicieron llegar a sus asesinos. La dirección de la empresa comprendió su situación desde el principio. No era para menos: José María Aristráin, además de amigo personal de Manuel Fraga, era uno de los donantes más generosos de Alianza Popular. A Vivó le ofrecieron irse a Madrid, pero él pensaba que si querían matarle lo harían allí también. Conocida la fatal noticia, el presidente en funciones de la Diputación, Santiago San Martín, y el diputado foral, Eduardo Manzano, se dirigieron hacia la casa de su compañero en una noche de lluvia, viento y nula visibilidad, con el corazón en un puño y la sensación de que ETA iba también a por ellos. Al día siguiente les tocó portar por segunda vez el ataúd de un miembro de la corporación provincial asesinado. La familia quería un funeral en la intimidad, pero estuvieron acompañados por numeroso público y todas las autoridades encabezadas por el gobernador civil y el ministro Marcelino Oreja. La Diputación de Guipúzcoa celebró una misa especial en el Buen Pastor donostiarra por el diputado asesinado y decidieron otorgarle a título póstumo la medalla de oro de la provincia de Guipúzcoa.

Se aprobó la apertura del expediente, pero éste nunca fue aprobado porque requería unanimidad y votaron en contra dos diputados (Olaizola y Tellería) que necesitaban convalidar públicamente su nacionalismo oculto o sobrevenido, ante las inminentes elecciones locales y forales. De uno de ellos, rebautizado como Imanol, impulsor de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, se han llegado a publicar amplios y detallados apuntes biográficos en los que curiosamente no aparece su paso por la corporación provincial presidida por Juan María de Araluce. Es un ejemplo más de cómo algunas personas que participaron en las instituciones durante el franquismo y se identificaron después con el nacionalismo, nunca tuvieron problemas con ETA, nadie les llamó franquistas ni tampoco les recordaron su pasado. A otros que se identificaron con Alianza Popular o UCD, les amenazaron, persiguieron, insultaron e incluso asesinaron, cuando no dejaron de recordarles su pasado o no cesaron de llamarles franquistas. No sólo negaron una medalla de reconocimiento a una víctima del terrorismo, sino que nunca se solidarizaron con sus compañeros de corporación amenazados, escondiendo en sus biografías políticas cualquier referencia a su condición de diputados provinciales o justificándolo por la causa que abrazaron públicamente a la muerte de Franco.

José Antonio Vivó no tuvo medalla ni se detuvo un segundo la campaña electoral por su asesinato. No hubo tampoco manifestaciones o paros de condena, sólo la carta al director que firmaba un ciudadano indignado en El Diario Vasco criticando a los alcaldes de Vergara por no protestar por el asesinato de Vivó y sí por la detención del alcalde de Oyarzun por colaboración con ETA[64] (sería condenado por ello). El día de las elecciones, en Olaberría, Unión Foral del País Vasco —continuadora de Guipúzcoa Unida— no obtuvo ningún voto. UCD fue segunda fuerza consiguiendo el mejor resultado de la historia para una formación de centro derecha no nacionalista en la localidad goyerritarra. Dos días después del atentado, la banda terrorista lo reivindicaba calificando a su víctima como «el clásico fascista que durante largos años de identificación con el régimen franquista se había ocupado de montarse una posición social, política y económica, digna de todo explotador»[65]. Posiblemente, si los terroristas hubieran mirado entre los que ahora les apoyaban, habrían encontrado a alguien que respondía a ese perfil con el que su víctima no tenía nada que ver. Visto el comunicado, la frialdad de la gente, el distanciamiento de vecinos que tanto le debían a Vivó y la brutalidad del asesinato, la familia Vivó Subijana se marchó del País Vasco.

Su viuda y cuatro de los seis hijos se marcharon a Madrid. Algunos de sus integrantes volvieron años más tarde, de visita o para vivir en Euskadi. Dicen que fue así porque su padre les enseñó a amar y respetar a esa tierra. Treinta y nueve años después del asesinato de Vivó, Olaberría —con menos de un millar de vecinos— oscila entre el título de municipio guipuzcoano más rico (una empresa o autónomo por cada menos de 10 habitantes) y el de municipio guipuzcoano con mayor porcentaje de personas mayores (3 de cada 10 superan los 65 años) y con menor porcentaje de niños y jóvenes por debajo de los 19 años. Un ejemplo bien definido de «suicidio demográfico» con posibilidad de extenderse por todo el territorio guipuzcoano en los próximos años. En el Poblado de Aristráin o Ihurre uno sólo encuentra jubilados paseando, antiguos trabajadores de la acería que se conocen todos. En pocos metros cuadrados siguen teniendo todo a mano: farmacia, consultorio local con enfermera y médico, transporte a los centros de día más próximos, la antigua escuela reconvertida en centro de pensionistas y piscinas. Entre tanto nivel de bienestar material en Euskadi siempre asoman las carencias de la memoria y la moral.

Cuando uno pregunta a un grupo de mayores al sol en un banco por José Antonio Vivó cambian las caras y las respuestas. Sólo se escucha el ruido de la fábrica de ArcelorMittal, la antigua Aristrain. Un octogenario se atreve a confesar que sintió mucho la muerte de su jefe de personal, que hubo indignación, pero muy contenida y privada, que el miedo —todavía palpable en el ambiente— impidió a más de uno ir al funeral. En Mendialde, el bloque en el que residían los Vivó Subijana, quedan tres matrimonios mayores y una viuda con pocas ganas de hablar. Los demás pisos están tan cerrados como la memoria de sus habitantes. Nadie quiere recordar al regidor asesinado. Nada le recuerda ni en el ayuntamiento de Olaberría ni en su barrio. A unos 12 kilómetros de allí, en Ezquioga (Ezkio-Itsaso), Mercedes Galdós Arsuaga, Bitxori en el alias terrorista y Mertxe para sus fans, la etarra que disparó a Vivó, pasea a sus 62 años cerca del caserío familiar. Desconfía de los extraños desde que salió de la cárcel en 2005, después de 19 años y 5 meses en prisión por asesinar a 17 personas (apenas 13 meses por cada víctima). En su insuperable currículum sangriento hay incluido un niño de 13 años, Alfredo Aguirre Belascoáin, del que llegó a decir que «era un objetivo», así, con menos escrúpulos que las arpías de Hitler.

Consiguió eludir cerca de 11 años de condena por matricularse en Psicología y Mecanografía, por limpiar la cárcel, practicar aerobic y fútbol sala. El Código Penal era así de surrealista e injusto con los asesinos en serie que no admiten preguntas como: ¿está convencida de que el terrorismo que practicó no sirvió para nada? ¿Está arrepentida de sus 17 asesinatos? El 13 de julio de 2014, Mercedes Galdós firmaba en Gara, con otros conocidos etarras orgullosos de sus crímenes, una carta en la que acusaban al PNV de «corresponsable» de la dispersión de los presos de ETA, requiriendo a la formación jeltzale «una autocrítica reconociendo el mal causado con su apoyo a las políticas de excepción, entre cuyas consecuencias cabe destacar el balance trágico de 16 personas fallecidas…». La asesina confesa de 17 personas y de 8 asesinatos frustrados, sin el menor átomo de arrepentimiento por ello, pidiendo a los demás autocríticas por el mal causado, dando clases de moral con las manos manchadas de sangre, siempre en ruedas de prensa sin preguntas. Los criminales orgullosos de sus fechorías no suelen tener respuestas.

Los diputados de Araluce que pudieron contarlo

La página de esquelas de El Diario Vasco del 9 de noviembre de 2014 publicaba dos necrológicas (una de la familia y otra de sus amigos de Marianistas) de Jesús María Ayestarán Alcorta, de quien recordaban que había sido alcalde de Orio. El ayuntamiento de la localidad pesquera no llegó a tanto. Ayestarán fue, desde los años sesenta, el último alcalde del franquismo y había sido también diputado provincial con Araluce. De familia carlista y vascoparlante llegó a la política por el deseo de hacer algo por Orio, municipio marinero a 11 kilómetros de San Sebastián. El 9 de marzo de 1974 inauguró el nuevo edificio del ayuntamiento oriotarra que reemplazaba al anterior devorado por un incendio justo nueve años antes. De aquella inauguración con las principales autoridades de la provincia se hicieron muchas fotos del alcalde, algunas de las cuáles llegarían a manos de ETA. La banda le apuntó en la lista de objetivos de la «campaña antialcaldes». Desde entonces no dejaron de acosarle con pintadas amenazantes e insultos, mientras alguno de los chivatos de la banda seguía actualizando los datos sobre Ayestarán. Dejó la política en 1979, privatizando su vida por completo. Soltero, sin hijos, se refugió en San Sebastián desde donde mantuvo relación con la mayoría de sus antiguos compañeros de corporación provincial.

En Orio le dejaron de saludar hasta los vecinos a los que más favores había hecho. En alguna ocasión tuvo que recordar a un par de conversos al abertzalismo, integrantes de la mítica trainera de Orio de la primera mitad de los años setenta, el día en que le dieron la mano a Franco y se fotografiaron con él después de ganar la prestigiosa bandera de La Concha (1970, 1971 y 1972). Nunca entendió aquel desprecio, aquel odio sobrevenido hacia él, aquella prisa por borrar el pasado. Ése fue el tema de conversación que mantuvo en numerosas ocasiones con Gervasio Juaristi, compañero en la Diputación y antiguo alcalde de Zarauz. Juaristi fue el único diputado provincial que siguió en la actividad política con la democracia desde las filas de Alianza Popular. Al igual que Ayestarán, procedía de una familia tradicionalista con el euskera como único idioma. Compartía con su amigo oriotarra una misma vocación de servicio público no remunerado, a costa de sacrificar el tiempo que le exigían sus respectivos negocios. Gervasio Juaristi entró al consistorio zarauztarra en 1965 por el Tercio Sindical. En diciembre de 1972 fue nombrado alcalde de una localidad que vivía el pleno empleo de la pequeña industria y el turismo de las élites madrileñas, desde que la reina Isabel II eligiera como lugar de veraneo a la villa costera.

Eso le permitió tener una amplia agenda de contactos a todos los niveles, de gran utilidad para un municipio en constante crecimiento urbanístico y demográfico con la llegada de inmigrantes, sobre todo de Extremadura. Juaristi recuerda como el peor momento de su mandato, y uno de los peores de su vida, el día que le comunicaron la condena a muerte del vecino de su pueblo Juan Paredes Manot, Txiki, un chaval de ETA-pm de 21, que había llegado a Zarauz 12 años antes con su familia desde Zalamea de la Serena (Badajoz). Una familia a la que él ayudó a establecerse. A pesar de las notables diferencias ideológicas entre Juaristi y los Paredes Manot, afines al abertzalismo radical, éstos tienen una buena opinión del exregidor por su solidaridad hacia ellos a su llegada a la localidad costera. El alcalde pidió la conmutación de la pena capital a la que le había sentenciado a Txiki un consejo de guerra en Barcelona por la muerte de un policía armado en un atraco. Pero la ejecución se cumplió porque Franco había decidido despedir su régimen de la misma manera que lo había inaugurado: fusilando a opositores. El mismo día de la ejecución, Gervasio Juaristi tuvo la visita inesperada de Jesús Muñecas, teniente de la Guardia Civil al mando del cuartel de Zarauz.

El militar trató de intimidar al alcalde pistola en mano por su rechazo al fusilamiento de Txiki. Juaristi le respondió que el responsable del orden público en el pueblo era él y que se abstuviera de amenazarle. No era la primera vez que chocaba con el oficial de la Benemérita. Las detenciones de algunos vecinos habían producido otros desencuentros entre el político conservador y el futuro golpista. En pleno debate sobre la legalización de la ikurriña en enero de 1977, por coherencia con sus ideas, Gervasio Juaristi decide dimitir como alcalde y diputado provincial. Como buen carlista no estaba en contra de la bicrucífera como símbolo, pero sí de su uso como bandera oficial. Así que decidió retirarse para dar paso a uno de sus hombres de confianza al que había puesto al frente de Urbanismo después de la renuncia de su segundo: Imanol Murua. El gobernador civil Emilio Rodríguez Román conocía las simpatías nacionalistas de Murua, por lo que le pidió a Juaristi que, para ser alcalde, le hiciera jurar los Principios del Movimiento. Y en las dependencias del Gobierno Civil, a menos de tres meses de la desaparición del Movimiento, Imanol Murua juró con el gobernador, Gervasio Juaristi y el concejal José Luis Lombide Eguíbar como testigos.

El regidor zarauztarra se retiraba para dedicarse a su taller Engranajes Juaristi. A pesar de su salida del consistorio y la Diputación, Juaristi llevó escolta temporalmente y eso le salvó la vida. Un día el guardia civil de paisano que le protegía descubrió en los alrededores del garaje del empresario a un individuo armado contra el que hizo dos disparos intimidatorios poniéndole en fuga. Varios años después, el nombre del exalcalde apareció en los papeles de un comando algunos de cuyos integrantes eran del pueblo. El 14 febrero de 1984, después de un mitin de Manuel Fraga en el Instituto de Zarauz, en la campaña electoral de las elecciones al Parlamento vasco, explotó un artefacto de escasa potencia colocado por los Comandos Autónomos. No hubo víctimas, aunque sí algunos daños materiales que la Consejería de Educación del ejecutivo de Vitoria pretendía que los pagasen los militantes de Coalición Popular que habían sido víctimas. Quince años después, en agosto de 1999, la pequeña empresa de Juaristi fue objetivo del terrorismo callejero. Los autores del ataque lanzaron varios artefactos incendiarios que causaron daños por alrededor de 70.000 euros, paralizando la producción de engranajes para automoción y aeronáutica.

El sabotaje se produjo un domingo, hacia las cuatro o cinco de la tarde, y Juaristi no se enteró hasta horas después, avisado por unos vecinos de que varios jóvenes habían comentado el atentado en un bar frecuentado por radicales. El propio afectado tuvo que llamar a la Ertzaintza después de comprobar que era cierto. Meses antes había dejado de ser miembro de las Juntas Generales de Guipúzcoa, de las que formó parte entre 1995 y 1999 elegido en las listas del Partido Popular. El veterano militante popular pensó que le dejarían en paz, pero la muerte le volvió a rondar cuando el 9 de enero de 2001 ETA puso camuflada entre las flores de una tumba una bomba compuesta por cinco kilos de dinamita y metralla, que no llegó a explotar por un fallo en el teléfono móvil utilizado como detonador. Aquel día la cúpula del PP vasco homenajeaba al concejal popular José Ignacio Iruretagoyena, asesinado tres años antes por la banda terrorista. Gervasio Juaristi acompañaba a los familiares del edil homenajeado, al que él animó a formar parte de la lista del PP en Zarauz. Un milagro salvó de nuevo a Gervasio Juaristi. Suele decir que en algo le respetaron: siendo empresario nunca le mandaron la carta del llamado «impuesto revolucionario».

AUGUSTO UNCETA
EL PRIMER PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VIZCAYA DESPUÉS DE LOS DE NEGURI

Los ultras intentan manipular el triple asesinato en la villa foral

Guernica (Vizcaya), 10 de octubre de 1977

El carillón de la Casa de Juntas toca las cinco de la tarde. A varios centenares de metros del templo de la foralidad, bajo una lluvia fina y pertinaz, miles de personas se agolpan en torno a otro templo —este religioso— totalmente abarrotado: la iglesia de Santa María o Andra Mari, donde se celebra un triple funeral. Sobresalen tres banderas españolas en un mar de paraguas que cobija a una multitud política y socialmente heterogénea unida por la indignación ante el último atentado de ETA. El día anterior un comando de la banda terrorista había asesinado al exalcalde de Guernica y presidente de la Diputación Foral del Señorío de Vizcaya, Augusto Unceta-Barrenechea Azpiri, y a sus dos escoltas, los guardias civiles Ángel Rivera Navarrón y Antonio Hernández Fernández-Segura, cuando Unceta se dirigía a jugar con tres amigos en el Jai-Alai guerniqués uno de sus dos partidos semanales a paleta argentina. Hacia la una menos diez, en un aparcamiento (ya desaparecido) anexo al frontón, fue tiroteado cuando sacaba de su vehículo particular una bolsa de deporte. Los dos guardias civiles escoltas, en otro coche, recibieron varias ráfagas de metralleta a las que intentaron responder, pero sus cuerpos quedaron tendidos en el suelo acribillados.

La tarde del triple asesinato de Guernica quedó instalada la capilla ardiente del presidente de la Diputación y exalcalde en su chalé de Canala, a unos 8 kilómetros de la villa, con unas privilegiadas vistas al impresionante paisaje del estuario de Urdaibai. A diferencia del presidente de la Diputación guipuzcoana, Juan María de Araluce, asesinado un año antes, no hubo velatorio en el salón del trono del palacio foral de Bilbao. La asistencia a la misa de cabo de año por Araluce fue el último acto oficial del presidente de la Diputación del Señorío de Vizcaya. Con él todo quedó reducido a un duelo familiar hasta la tarde del funeral con visitas de amigos, autoridades civiles y militares, mientras la oscuridad iba cayendo. Era la imagen más dura de la soledad y el miedo que empezaban a imponerse en la comarca de Busturia entre los correligionarios del político asesinado. Un paisaje parecido se reproducía en la casa cuartel de la Guardia Civil de Guernica, tantas veces repetido y casi nunca contado o fotografiado. Allí se organizó una modesta capilla ardiente con dos ataúdes, sostenido cada uno por un par de caballetes, unas velas, una bandera de España acompañado todo por un grupo de mujeres vestidas de negro que rezaban.

Entre ellas, Encarnación, una madre jovencísima de 18 años, por su aspecto casi una adolescente con un niño en brazos de 8 meses llamado Antonio, como su padre, al que apretaba contra ella mientras lloraba desconsoladamente. Hay imágenes que aunque se vean en color siguen siendo en blanco y negro en el papel, la memoria o el alma. Es la viuda de Antonio Hernández Fernández-Segura, 23 años, un guardia civil de Baños de Graena (Granada) al que sus padres intentarán dar el último adiós. Para eso Juan Hernández, obrero agrícola, 54 años, y su esposa Primitiva Fernández-Segura atravesarán toda la Península de sur a norte en un desvencijado taxi intentando llegar a tiempo a una tierra de la que no entendían nada. Aquellas gentes humildes, aquella madre de 18 años, son indeseados figurantes de las mismas escenas que se repetirán cientos de veces con más miembros de la Benemérita. Los familiares del guardia granadino tendrán que volver a su pueblo, a casi 900 kilómetros, para sentir el calor, la solidaridad humana y el reconocimiento institucional que no tuvieron donde mataron a su hijo. En el otro ataúd, Ángel Rivera Navarrón, soltero, natural de Socuéllamos (Ciudad Real), municipio que casi 31 años después le dedicará una calle. Llevaba en el instituto armado 10 meses.

El asesinato de Augusto Unceta-Barrenechea y sus escoltas tiene especial incidencia en Guernica. Se puede decir que, salvo los simpatizantes de los asesinos, al funeral va todo el pueblo. Asiste incluso una representación oficial del PNV encabezada por Antón Ormaza, sabiniano ortodoxo, lo que suscita cierta polémica incluida en el seno de los jeltzales por la ideología españolista del presidente de la Diputación vizcaína. Hubo una tentativa descarada por parte de la ultraderecha golpista de manipular el funeral intentado capitalizar a las víctimas y provocar incidentes. La presencia del presidente de Fuerza Nueva, Blas Piñar, y del capitán de la VI Región Militar, Mateo Prada Canillas, no fueron una casualidad. Si no hubiera sido por el atentado, Prada Canillas tenía previsto al día siguiente imponerle a Augusto Unceta la Gran Cruz del Mérito Militar, una condecoración castrense que podía ser concedida a civiles por la realización de acciones y hechos o la prestación de servicios de destacado mérito. Para Mateo Prada, el mérito de Unceta era su rechazo público e institucional a la ikurriña. Un mes antes, Prada había participado en la localidad valenciana de Játiva en una reunión con altos mandos militares (cinco tenientes generales y un almirante, exministros cuatro de ellos) en la que acordaron intentar que el rey cambiara el Gobierno, por otro encabezado por el duro teniente general Campano, y disolviera el Congreso de los Diputados elegido tres meses antes.

Con motivo de los sucesos de Vitoria del 3 de marzo de 1976, Prada Canillas quiso imponer la ley marcial en la capital alavesa pidiendo la intervención del Ejército, hasta que le paró los pies el entonces ministro-secretario general del Movimiento, Adolfo Suárez, que sustituía en funciones al ministro de la Gobernación (Manuel Fraga) de viaje en Alemania. El mismo Adolfo Suárez, siendo presidente del Gobierno, escuchó un «¡Presidente, viva la madre que te parió!», exclamado por el teniente general Prada Canillas cuando explicó a prácticamente todos los oficiales generales de los tres ejércitos con mando, que con el Código Penal en una mano y los estatutos del Partido Comunista de España en la otra era imposible en ese momento la legalización del PCE. Suárez se quedó con el nombre de Prada y, ocho meses después de la legalización del PCE en el Sábado Santo de 1977, decidió el traslado a Canarias del alto militar porque el presidente Suárez no quería en la Capitanía de Burgos a aquel general ante una posible autonomía del País Vasco. No era para menos: siendo capitán general en Burgos, durante la visita a varios acuartelamientos de la Guardia Civil y la Policía Armada en Bilbao y San Sebastián, en mayo de 1975, reiteró a los en teoría responsables del orden público y en la práctica responsables de la durísima represión que se vivía en el País Vasco, dos mensajes tan recurrentes como estimulantes: «No necesitan reconciliarse con nadie» y «Detrás de ustedes (guardias y policías), estamos nosotros (militares)».

Una vez más el recurso al miedo y al Ejército, los principales elementos «legitimadores» de la dictadura franquista. El discurso de Prada no era una opinión aislada, era más bien un criterio ampliamente compartido por militares y policías de alta graduación que pensaban que la cuestión vasca se arreglaba con palo y tentetieso. Ésa era también la visión de Blas Piñar. El notario toledano asegura en sus memorias que no conocía personalmente al presidente de la diputación vizcaína asesinado, pero que tenía noticia de su «españolismo y valentía personal» por lo que le admiraba y se sentía «obligado» a acudir a su entierro[66]. El general de la Guardia Civil Juan Atarés Peña —asesinado ocho años después por ETA— amonestó a Blas Piñar por su presencia en el funeral con el objetivo de politizarlo. Con el mismo argumento Jaime Unceta —hermano de Augusto— vetó la visita del líder integrista al domicilio familiar. Al término de la misa se registraron incidentes con grupos de ultraderechistas alentados por la presencia del presidente de Fuerza Nueva en la villa foral, cuyo vehículo acordonaron acompañándole hasta la carretera de salida. Hubo un intento de monopolizar al político asesinado argumentado que estaba suscrito al entonces semanario Fuerza Nueva.

La suscripción no era particular, estaba a nombre de una de las empresas de la familia Unceta-Barrenechea, que por el mismo procedimiento también recibía otras revistas, como Cambio 16. Ambas publicaciones eran los semanarios más vendidos de España entre mediados y finales de los setenta. La revista Fuerza Nueva, que solía dedicar espacios reducidos para las víctimas del terrorismo, le dedicó dos páginas al funeral de Augusto Unceta y sus dos escoltas con una versión tan diferente como manipulada del resto de los medios[67]. ¿Era Unceta tan ultra como Blas Piñar o Mateo Prada Canillas? Rotundamente, no. Lo que hubo fue un intento de la ultraderecha por hacer de Augusto Unceta un mártir a su medida al haber sido el cargo institucional más relevante del País Vasco que se opuso a la legalización de la ikurriña. En su pueblo, para cuestiones políticas, al político asesinado le consideraban un txotxolo (tontaina en sentido cariñoso) con afán de llevar la contraria. Sin una formación académica universitaria y sin una convicción política clara, Unceta formaba parte de la alta burguesía local con la cabeza más llena de números negros, balances y ventas que de ideas políticas.

Augusto Unceta era una especie de conseguidor, un hombre influyente, bien relacionado, muy comprometido con sus paisanos y siempre dispuesto a hacer un favor a quien se lo pidiese en su improvisada «oficina» en la terraza del popular Arrién. Entre las peticiones predominaban las recomendaciones para ciertos empleos, las agilizaciones de trámites administrativos complejos y ciertos favores políticos. Era un hombre muy unido a su pueblo a través de iniciativas deportivas relacionadas con la pelota o la bicicleta, como la Sociedad Ciclista Guerniquesa, fundada en 1958 por un grupo de aficionados locales, entre los que estaba Unceta, y presidida por él durante quince años. Fue además un innovador en el surf, deporte que él introdujo en Urdaibai, décadas antes de que la ola izquierda alcanzase fama mundial. Unceta formaba parte de la élite económica local, paternalista, simpatizante del régimen franquista y políticamente procedente del tradicionalismo o de lo que se conocía como estasiñotarrak (monárquicos conservadores aperturistas)[68]. Eran fundamentalmente empresarios y rentistas que mantenían una relación social de cierta familiaridad con sus convecinos, marcada por un trato filantrópico institucionalizado desde tiempo atrás, cuando la mayor parte de la población de Guernica vivía en régimen de alquiler y se estableció una estrecha relación entre arrendatarios y propietarios.

Obieta, Toña, Unceta-Barrenechea, Gandarias, Sarricolea y Anitúa eran apellidos vinculados a los ricos locales que durante el franquismo tuvieron un poder económico muy destacado en la comarca vizcaína de Busturia, poder que se extendió al ámbito político local o provincial. De hecho, durante el franquismo, buena parte de los concejales de la corporación guerniquesa, más que vinculados a las diferentes familias políticas del régimen, lo estaban a los diferentes grandes apellidos o las empresas de la comarca. Esos apellidos estuvieron en el punto de mira de ETA después del asesinato de Augusto Unceta. En su funeral, una conocida personalidad de Neguri, predijo que la historia de Javier de Ybarra se repetiría en Guernica, con un éxodo de familias de derechas parecido al registrado en el acomodado barrio guechotarra después del secuestro y asesinato del prócer de los Ybarra. El exalcalde Jesús Toña, los hermanos Sarricolea y otras familias destacadas decidieron irse en silencio por amenazas o cartas extorsionadoras mientras sus negocios se hundían lentamente. Empezaron abandonando la villa temporalmente o prolongando sus vacaciones para no volver más. El miedo y la amnesia se impusieron.

Conmoción política y social

El triple crimen de Guernica conmociona a la sociedad vasca y levanta una ola de condena y repulsa social, política y mediática que no se volverá a repetir hasta 1981, con el secuestro y asesinato del ingeniero José María Ryan. Desde la extrema izquierda a la extrema derecha prácticamente todos los partidos y sindicatos manifiestan su condena a la acción terrorista. Incluso medios afines a los pistoleros, como el diario Egin [69] o la revista Punto y Hora, se unirán con sus editoriales a las críticas por los asesinatos de la rama militar de ETA, a las que también se sumarán los polimilis [70]. Evidentemente los asesinos tenían que justificar el crimen como fuera y, años después, en una enciclopedia dedicada a la banda terrorista, sus apologetas llegan a asegurar que, tras el asesinato de Unceta y sus escoltas, «rompió en aplausos» la asamblea de los trabajadores de las fábricas de servicios de mesa JYPSA (cubiertos Dalia) y Trébol reunidos por la grave crisis laboral y financiera que atravesaban[71]. Mentira, porque a esa asamblea en la Casa Social asisten un redactor y un fotógrafo de Egin que al día siguiente del asesinato relatan que los trabajadores reunidos en asamblea informativa, después de conocer la noticia del atentado, elaboraron un comunicado en el que declaraban rotundamente: «Manifestamos que no nos sentimos involucrados ni favorecidos por métodos ajenos a los usuales en la clase trabajadora».

La noticia de la muerte de Augusto Unceta les llegó como un rumor extendido desde atrás hacia adelante, recibido con murmullos de incredulidad y miedo. El comunicado de respuesta fue redactado por iniciativa del abogado laboralista de los afectados, Antonio Giménez Pericás, primero abogado, después magistrado por el cuarto turno y siempre un demócrata ejemplar comprometido públicamente contra las dictaduras de Franco y ETA. Pericás conoció en carne propia las cárceles del franquismo en 1962 tras un consejo de guerra en el que tuvo la osadía de solicitar públicamente su ingreso en el PCE, aprovechando que en esa sala también estaban siendo juzgados, entre otros, Agustín Ibarrola, Vidal de Nicolás, Enrique Múgica y Ramón Ormazábal. Años después, en la carrera judicial, fundaría Jueces para la Democracia y en 1998 el Foro Ermua. 1977 fue un año muy crítico para la familia Unceta-Barrenechea, accionista mayoritaria del sector cubertero en la comarca de Busturia, y para sus empleados, a los que Giménez Pericás buscaba una solución[72]. Hubo mucha presión por parte de los trabajadores de La Platería y Trébol hacia los Unceta-Barrenechea que sintieron que perdían el aura de respeto social y reconocimiento empresarial que tenían en Guernica.

Esa crisis dejó muy tocados a los hermanos Unceta por la contundente respuesta de sus empleados, pero sobre todo porque en marzo de 1977 encontraron un inesperado agujero negro en las cuentas de sus empresas originado por la pésima gestión gerencial de uno de sus hombres de confianza: Ignacio Arcocha Basterra. Abogado y de familia nacionalista, Arcocha fue ascendido a consejero delegado cuatro años antes, después de haber conseguido como gerente que JYPSA-Trébol llegara a ser el mayor fabricante europeo de cubertería y cuchillería de mesa. Con una plantilla de casi 1200 empleados (aproximadamente un tercio de la población laboral de Guernica) en pie de guerra, Arcocha redondeó su traición a los Unceta marchándose a Magefesa, la principal empresa de la competencia, y dejando un déficit que situaba a los principales accionistas al borde de la quiebra. La movilización obrera tuvo especial relevancia entre junio y julio con la ocupación activa de las plantas de las factorías para evitar su cierre. Las movilizaciones y negociaciones continuaron después del verano. Precisamente, Augusto Unceta había participado minutos antes de su asesinato en una reunión con directivos de JYPSA, empresa presidida por su hermano Jaime y de la que él había formado parte del consejo de administración hasta pocos días antes.

Un franquista heterodoxo amenazado

El apellido Unceta-Barrenechea, junto al de Gandarias, estaba ligado a la industrialización de la villa foral con la instalación allí en 1913 de la conocida fábrica de armas Astra. Al año siguiente, la empresa nacida en Éibar, comenzaba a fabricar una pistola para el Ejército español que le abriría su cartera de contratos con gobiernos de todo el mundo. El propietario de la compañía armera prometió a Alfonso XIII que nunca vendería un arma «que se empleara contra España o que fuera usada para matar a españoles». La promesa duró hasta la Guerra Civil en la que ambos bandos se aprovisionaron con la producción de Astra. El bombardeo de Guernica en 1937 afectó sólo a una parte pequeña de la fábrica, por casualidad, ya que los bombarderos no tenían información de la lealtad de los Unceta a la causa nacional. Más bien se aliaron la suerte y la ruta de los aviones de la Legión Cóndor y la Aviación Legionaria que entraban por el sudoeste de la villa. Aquel 26 de abril de 1937 marcó la retina y la memoria de Augusto Guillermo, un niño de 13 años de Guernica al que siempre le quedó la convicción de que Dios le había elegido entre unos cuantos para salvarle de aquel infierno.

Aquel crío nunca olvidó lo que vio: fuego, destrucción, pánico y decenas de cadáveres quemados, destrozados o acribillados por las balas. Como edificios más destacados se salvaron la fábrica de Astra y la Casa de Juntas. Cuando entraron los nacionales, corrió el rumor de que varios falangistas de Tudela querían talar con hachas el mítico Árbol, por considerarlo un símbolo del nacionalismo vasco. Jaime del Burgo Torres, padre del político navarrista y capitán del Tercio de Begoña, organizó un anillo de seguridad con requetés armados y con bombas de mano para proteger el viejo roble y la Casa de Juntas. Desde 1937, Unceta tuvo que escuchar durante mucho tiempo la misma mentira franquista de que Guernica había sido incendiada y destruida por los rojo-separatistas y sus propios habitantes, versión que él siempre negaría a los periodistas e historiadores que acudían a su despacho de alcalde entre 1962 y 1967, cuando todavía no podía hablarse públicamente sobre el bombardeo, aunque en el pueblo era tema de conversación entre amigos y familias. Hastiado porque treinta y seis años después todavía había quien sostenía públicamente la gran falsificación, mandó una carta al diario ABC [73] contando la verdad de lo que ocurrió aquella fatídica jornada, respondiendo así a una información malintencionada del escritor falangista Eugenio Montes, corresponsal en Roma del diario citado.

Fue la primera autoridad política del régimen franquista que lo hizo. Nadie le contestó, ni siquiera Montes, fascista y cobarde a partes iguales. Augusto Unceta-Barrenechea, crecido entre las ruinas de la villa devastada, no demostró grandes habilidades para los estudios por lo que su progenitor decidió incorporarle cuando era muy joven a la plantilla de la empresa armera en la que tuvo el cargo de inspector jefe, una categoría profesional más propia de la época en la que la compañía fue militarizada. Para él, igual que para los demás apellidos ilustres de la comarca, en pleno franquismo la política y las instituciones tenían un valor secundario, puramente instrumental. Sí, eran parte del franquismo sociológico, económico y político, pero su identificación con la dictadura era más bien relativa. Había un sistema de necesidades recíprocas: el régimen franquista necesitaba el apoyo de las élites económicas para tener cierta legitimidad y las élites económicas recibían a cambio el proteccionismo fiscal, laboral y económico del dictador que les garantizaba seguridad e ingresos. Cuando acabó la dictadura, parte de esas élites se vieron desprotegidas y buscaron refugio político en los nacionalismos periféricos del País Vasco y Cataluña, quizá para convalidar su continuidad en el nuevo sistema democrático o probablemente para borrar su pasado.

Excepto en sus manifestaciones públicas contra la ikurriña, no se conocen testimonios o acciones de Augusto Unceta persiguiendo desde sus cargos políticos al nacionalismo vasco o al euskera. La lengua vasca se hablaba en su casa, era el idioma materno de su esposa, Dolores Ugalde, una sencilla mujer procedente de un caserío de Zugastieta y hermana de un trabajador de Astra. En su cuadrilla de amigos, los Cuarenta, había nacionalistas conocidos como Eduardo Vallejo, futuro alcalde de la villa y diputado del PNV, o el constructor Carmelo Intxausti, futuro influyente miembro de la ejecutiva vizcaína de los jeltzales. Ni los mencionados ni otros nacionalistas menos conocidos abjuraron jamás de su amistad con él, posiblemente por su campechanía y cercanía a sus convecinos, siempre por encima de diferencias políticas, económicas o sociales. El PNV tenía una junta local clandestina en Guernica que funcionó continuamente entre 1964 y 1968 hasta que las delaciones obligaron a los peneuvistas locales a desactivar su grupo ante posibles encarcelamientos. Los soplos no procedieron de Unceta, sino de jóvenes vinculados a ETA detenidos que pretendían despistar así a la Guardia Civil del tristemente célebre capitán Manuel Hidalgo Salas.

El empresario guerniqués, con buenos contactos en Policía, Guardia Civil y Ejército por su negocio armero, tuvo que mover todas sus influencias policiales o en el Gobierno Civil para la puesta en libertad de detenidos de su pueblo. Incluso, muy discretamente, llegó a pagar de su bolsillo el traslado a Guernica de los restos de Andoni Campillo, un militante de ETA-pm, antiguo trabajador de Astra y JYPSA, abatido por la Policía en Barcelona. El directivo de Astra, consciente del amplio malestar ciudadano con las incontroladas actuaciones del capitán Hidalgo y sus hombres, fue uno de los que más presionó al gobernador civil de Vizcaya, José Antonio Zarzalejos Altares, para que trasladasen fuera del País Vasco al oficial de la Benemérita al frente del cuartel de Guernica. Unceta, siempre al pie de la calle, era consciente de que venían nuevos tiempos políticos. Se interesó incluso por Alianza Popular, pero su relación con este partido no pasó de un par de encuentros informales con dirigentes vizcaínos de la formación conservadora. No tenía ninguna ambición política. Sólo pensaba en agotar su mandato e irse. Su gran desvelo eran las amenazas constantes desde el atentado contra Araluce (ahora te toca a ti, le decían), que le obligaban a ir armado, acompañado por dos guardaespaldas, y la situación de las empresas familiares.

La crisis de la empresa cubertera de los Unceta-Barrenechea, además de por el gran número de familias afectadas, tuvo un gran impacto psicológico en Guernica. Hay que tener en cuenta que JYPSA hizo de la villa foral uno de los principales centros europeos de fabricación de cubertería de alta calidad, junto a Sheffield en Gran Bretaña, Solingen en Alemania y Thiers en Francia.

Presidente de la Diputación el día que murió el franquismo en Euskadi

El gran mentor y padrino político de Augusto Unceta fue Javier de Ybarra y Bergé, presidente de la Diputación vizcaína a finales de los años cuarenta y defensor entonces de la recuperación del concierto económico para Vizcaya, lo que le costaría el cese. En 1977, en menos de cuatro meses, ETA asesinó a los dos. Ybarra abrió a Unceta la agenda a las grandes familias del régimen en Vizcaya, a cuyo liderazgo institucional puso fin el empresario guerniqués cuando, en junio de 1976, fue nombrado presidente de la entonces Diputación Provincial de Vizcaya. Su llegada al despacho principal de la primera institución vizcaína estuvo precedida por la dimisión de su antecesor Pedro de Arístegui Bengoa. El último acto que presidió Arístegui fue el sábado 19 de junio de 1976. También sábado y 19 de junio (de 1937) fue el día en que cayó Bilbao en poder de los sublevados contra la República, tras once meses de combates y bombardeos que todavía se prolongarían un par de semanas más en territorio vasco, hasta la caída de las localidades vizcaínas fronterizas con Cantabria. La fecha de la toma de la capital vizcaína fue uno de los hitos bélicos que el bando vencedor destacó en su calendario conmemorativo para convertirlo en el particular 20-N del régimen en el País Vasco, sobre todo, porque no hubo una conquista más fácil para los rebeldes: prácticamente entraron en Bilbao en columna y sin disparar.

Lo celebraban siempre las autoridades franquistas y también miles de ciudadanos vascos —de los que muchos asegurarían poco tiempo después que nunca estuvieron allí— que conmemoraban cada aniversario de la «Liberación» de la villa con el centro de la ciudad profusamente decorado con la simbología de la dictadura. Aquel 19 de junio de 1976, la plaza Moyúa y la Gran Vía fueron engalanadas por última vez con las banderas de España, la Falange y el Requeté, repitiéndose las mismas liturgias y programas desde 1938: misa de campaña y desfile militar con una exaltación permanente a Franco, el Ejército, la victoria militar y los logros del régimen, que se ganaban la cerrada ovación de los miles de presentes que abarrotaban misa y desfile, incluso en calles adyacentes. Era la más clara demostración de que también en el País Vasco había un franquismo sociológico. Prueba de ello eran los miles de asistentes que no iban precisamente en autobuses desde otras provincias, como cuando muchos de ellos iban en noviembre a la madrileña plaza de Oriente. En numerosos balcones de viviendas particulares no faltaba la bandera española.

Años más tarde no faltará la versión exculpatoria de algunos adheridos al nacionalismo vasco que justificarán la presencia de la rojigualda en sus casas «por obligación de las autoridades franquistas bajo sanción» o más sencillamente, «porque si no la ponías, venían los (policías) municipales y te ponían multa», versión desmentida por franquistas declarados o conocidos que no veían necesario hacer tantos aspavientos patrióticos. Los dejarían para más adelante, cuando los inasequibles al desaliento pasaban a la clandestinidad, cuando ya nadie se pavoneaba en público con su españolismo o su adhesión al franquismo, dejando a los más osados exhibir la bandera española en la corbata, la solapa de la chaqueta o del abrigo. Tras la muerte de Franco, siete meses antes, se había barajado la posibilidad de suprimir definitivamente la «Liberación» de Bilbao y sustituirla por un homenaje a la Fuerzas Armadas, pero se impusieron los criterios de quienes todavía no eran conscientes de que en España y el País Vasco comenzaba una nueva etapa histórica con cambios profundos, sin vencedores ni vencidos.

Era costumbre que cada año asistiera un ministro para presidir los actos del día de la «Liberación» pronunciando un discurso-arenga tras la parada militar y de paso inaugurase algo relacionado con el ministerio que encabezaba o que sirviera para exaltar los logros del régimen. Solían ser escuelas públicas, bloques de viviendas de protección oficial, obras de infraestructura, etc. Semanas antes del 19 de junio, se especulaba en la prensa local con la posibilidad de que representase al Gobierno su vicepresidente primero Manuel Fraga, pero el propio Fraga decidió no acudir. Probablemente los muertos de Vitoria y Montejurra en marzo y mayo de ese mismo año, así como el aperturismo —según los medios— del entonces ministro de la Gobernación ante el nuevo tiempo político, le hicieron declinar su presencia en Bilbao para evitar abucheos y malas caras. En lugar de Fraga fue alguien dispuesto a subir la adrenalina patriótica de los más ultras: el ministro del Ejército, teniente general Félix Álvarez-Arenas Pacheco, Clausewitz para sus compañeros de armas. A un ministro del Ejército, militar africanista y franquista de primera hora como Álvarez-Arenas no le podía tocar inaugurar otra cosa que un busto de Franco con su testamento en el salón de sesiones de la Diputación de Vizcaya, a la que el dictador había despojado de su principal singularidad desde 1878: el Concierto Económico.

La figura de bronce sería retirada dieciséis meses más tarde. No faltó quien la utilizó como improvisado perchero para su abrigo en una de las primeras reuniones de la Asamblea de Parlamentarios Vascos. Aquella inauguración tenía su punto de sarcasmo y despedida a un régimen que daba sus últimas bocanadas. Se puede decir que fue el día en que oficialmente el franquismo murió en el País Vasco. Para Pedro de Arístegui fue su último acto en el Palacio Provincial y con él se fueron los políticos del Neguri de los vencedores, que había controlado con los suyos todo el poder económico y político vizcaíno desde 1937. El último político de Neguri, como le bautizó el malogrado periodista José María Portell, se iba oficialmente por «causas personales y familiares», pero la causa real fue su indisimulado desacuerdo ante los planteamientos, «excesivamente centralizadores», de la comisión creada para la recuperación de los conciertos de Vizcaya y Guipúzcoa a finales de 1975. Sumemos a eso la «campaña antialcaldes» de ETA, que le había colocado en el punto de mira de la banda. Quizá también tuvo que ver con su marcha una reiterada falta de aspiraciones políticas, así como una necesaria adaptación a los nuevos tiempos.

Con la dimisión de Arístegui se abrieron las especulaciones ante los posibles sustitutos reducidos a una terna formada por Augusto Unceta-Barrenechea, Luis Olarra y Pedro Zubiría. Olarra y Zubiría representaban a la continuidad de Neguri al frente de la primera institución vizcaína. Finalmente se optó por la fórmula más sencilla: nombrar al número dos de la Diputación como presidente de la misma. Unceta-Barrenechea tomó el testigo haciendo suyo el discurso de la reivindicación foralista con el que se identificaba al cien por cien desde su etapa al frente del ayuntamiento de Guernica. Después de los actos de conmemoración del centenario de la abolición foral, el presidente de la corporación vizcaína envió una carta-informe al rey y a la presidencia del Gobierno pidiendo la derogación completa del decreto supresor de los conciertos de 1937. El presidente Unceta daba la vuelta a los «argumentos jurídicos» en los que se basaba el carácter sancionador del decreto de Franco, justificando su petición en que «no se trataba de privilegios, sino de auténticos derechos fundamentales en situaciones históricas anteriores a la unidad nacional llevada a efecto por los Reyes Católicos a fines del siglo XV»[74]. Un informe de la Dirección General de la Guardia Civil remitido varias semanas después de que la carta de Augusto Unceta proponía lo mismo como medida paliativa.

Con ambos escritos y la comprensión del ministro de Hacienda, Eduardo Carriles, el vicepresidente segundo para asuntos del Interior Alfonso Osorio se dirigió a Adolfo Suárez para solicitarle la restauración de los conciertos para Vizcaya y Guipúzcoa, encontrando en el presidente «una insólita resistencia». En el mes de octubre, dos días antes de la derogación por el consejo de ministros del Decreto-Ley de 23 de junio de 1937, el rey recibió en audiencia en La Zarzuela a la Diputación de Vizcaya en la que los corporativos expusieron al monarca la necesidad de restaurar el régimen especial. Entre los diputados provinciales de Vizcaya se imponían las tesis de recuperación del sistema concertado, porque la situación económica de la provincia obligaba a cambios político-administrativos que se tradujeran en mayor disponibilidad presupuestaria para invertir en servicios e infraestructuras. Para los de Neguri, el Concierto reforzaba su ideología proteccionista que exigía un mercado nacional en el que se privilegiaban a sus negocios siderúrgicos y bancarios. Para los carlistas, el régimen especial formaba parte de sus reivindicaciones foralistas cercenadas después de la guerra. Al margen de las clásicas reivindicaciones también se plantearon otras soluciones descentralizadoras.

El escritor y analista Jesús Laínz revela en uno de sus libros[75] que meses después de la muerte del dictador, cuando el debate sobre la descentralización comenzaba a generalizarse como parte del proceso de democratización que reivindicaban la mayoría de los españoles, surgió entre algunos dirigentes provinciales de la cornisa cantábrica la idea de crear una mancomunidad interprovincial de carácter económico. El objetivo de la misma era reunir a las provincias de Asturias, Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa para gestionar en común diversos servicios. Entre los promotores de este proyecto estaban el presidente y el vicepresidente de la Diputación Provincial de Santander, Modesto Piñeiro y Leandro Valle, así como los presidentes de las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa. El proyecto fracasó tras el asesinato de Juan María de Araluce, así como por el cambio de visión territorial de los nuevos dirigentes políticos vascos hacia Álava, Navarra e incluso La Rioja (como defendía el proverista Manuel Maysounave). En Santander también se rechazó la idea de mancomunidad interprovincial cantábrica en cuanto se tuvo noticia de ello.

El 13 de mayo de 1976, en un debate organizado en el Ateneo de la capital montañesa entre diferentes personalidades políticas y culturales de la época, como Fernando María Pereda, procurador en Cortes; Fernando Barreda, presidente del Centro de Estudios Montañeses; Leandro Valle, vicepresidente de la Diputación; Carlos Monje Rodríguez, alcalde de Torrelavega; Manuel Pereda de la Reguera, presidente del Ateneo; y un economista convertido al regionalismo desde el Sindicato Vertical franquista llamado Miguel Ángel Revilla Roiz; este último propuso al auditorio la idea de crear una región que englobara, junto a la provincia de Cantabria, las de Burgos, La Rioja, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava provocando una gran bronca que convenció a los promotores de la necesidad de olvidar para siempre su iniciativa de mancomunidad cantábrica. Dejando al margen propuestas pintorescas, la idea que prevaleció fue la de la recuperación de los conciertos con la fotografía del rey en Guernica jurando los fueros. Ése fue el discurso permanente de Augusto Unceta desde que llegó a la presidencia de la Diputación porque era consciente de que era un tema con muchos seguidores en la sociedad vizcaína. En los quince meses que estuvo al frente de la corporación provincial, Unceta promovió la celebración de diversos actos institucionales relacionados con la foralidad.

El ya comentado del centenario de la abolición foral estuvo acompañado de otro, días después en el mes de julio, sobre los quinientos años de la jura de los fueros vizcaínos por parte de Fernando el Católico. Eran la continuidad a la reiterada petición de restauración del Concierto para Vizcaya, iniciada por Javier de Ybarra durante su etapa como presidente de Diputación (1947-1952) o por los procuradores vizcaínos Martín Fernández Palacios e Ignacio Satrústegui Aznar, que pidieron en 1972 la restauración del régimen concertado para Vizcaya y Guipúzcoa en una enmienda a un proyecto de ley para el régimen local. Entre ambas demandas subrayar la de un ciudadano, Pedro de Arregui y Sabarte, que realizó un estudio enviado en 1963 a Franco y las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa, junto a cartas al ministro de Justicia y procuradores en Cortes en las que solicitaba el restablecimiento del sistema concertado como «vizcaíno, vasco, español y cristiano».

Una medalla de Guernica para Franco

Durante los mandatos de Augusto Unceta-Barrenechea en el ayuntamiento de Guernica (1961-1967) y la Diputación de Vizcaya (1976-1977) hubo dos decisiones controvertidas que le condenaron al odio eterno de muchos nacionalistas. La concesión a Franco de una medalla de la villa foral con motivo de la celebración del sexto centenario de la fundación de Guernica y su rotundo rechazo a la legalización de la ikurriña en enero de 1977. La medalla conmemorativa le fue entregada al dictador el 23 de marzo de 1966 en una audiencia en El Pardo a la corporación municipal. A los ediles les acompañaban el ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega, responsable de la IV Brigada de Navarra que tomó Guernica tres días después del bombardeo, y el gobernador civil de Vizcaya Guillermo Candón Calatayud, duro entre los duros del régimen, un enfermo que veía ikurriñas donde los colores rojo, blanco y verde aparecían juntos. Aquella condecoración tenía mucho de provocación y torpeza. Fue una decisión impuesta al consistorio desde la Diputación vizcaína con división de opiniones y a regañadientes del ayuntamiento guerniqués porque, en el fondo, lo consideraban tan humillante como el nombramiento de Franco como «hijo adoptivo» de Guernica veinte años antes.

El reconocimiento como «hijo adoptivo y predilecto» de jefe del Estado fue una práctica habitual entre los ayuntamientos de localidades destruidas por la guerra para ganarse su favor en la reconstrucción de las mismas. Entre los concejales que fueron a Madrid estaba Luis Iriondo Aurtenetxea —hermano de Rafael, futbolista y entrenador— superviviente del bombardeo cuyo testimonio recurrente suele aparecer en documentales y reportajes. A Luis Iriondo nunca le han echado en cara públicamente su participación en el encuentro oficial con Franco. La entrega de la distinción al dictador no tuvo demasiada relevancia en la capital comarcal de Busturia más allá de círculos o cuadrillas nacionalistas. En Guernica, a mediados de los sesenta, sólo funcionaban el PNV y ETA, lo demás eran trabajadores (muchos llegados desde la localidad zamorana de Toro) cuya única preocupación era ganar dinero. Uno de los asistentes al Pardo se sintió tan avergonzado o culpable que fue ingresado días después de la recepción en un hospital por un intento de suicidio. El nacionalismo no perdonó ni olvidó jamás lo que Euzko Gaztedi (EGI), las juventudes del PNV, llegaron a comparar en su boletín Gudari [76] «como si el Quisling (sic) de Polonia hubiera nombrado a Adolfo Hitler hijo adoptivo del ghetto de Varsovia».

En la misma publicación declaraban al alcalde Augusto Unceta-Barrenechea «culpable del delito de colaboración con el enemigo y traición a Euzkadi», una acusación de la que la banda terrorista tomó buena nota. En 1979, una de las primeras decisiones de la corporación elegida en las urnas fue retirar a Franco el título de hijo adoptivo y la medalla de 1966 por considerarlo indigno de tales honores. Evidentemente la familia del dictador no se molestó en contestar los requerimientos de devolución que hicieron el consistorio guerniqués y otros del resto de España.

El rechazo a la ikurriña como bandera oficial

Once años después de la concesión de la medalla a Franco, otra decisión de Unceta, esta como presidente de la Diputación de Vizcaya, puso de nuevo en la picota al propietario de Astra. La tarde del 18 de enero de 1977, el ministro de la Gobernación Rodolfo Martín Villa cursó una instrucción a los cuatro gobernadores civiles del País Vasco y Navarra para que las Fuerzas de Seguridad del Estado no persiguieran el uso de la ikurriña y pudiera ser exhibida en ayuntamientos y diputaciones junto a la rojigualda, dando siempre carácter preferente a la bandera nacional. Con esta orden ministerial se sintieron traicionados por el gobierno de Adolfo Suárez los alcaldes, concejales y diputados provinciales contrarios a la ikurriña como enseña oficial, que sí aceptaban como símbolo del Partido Nacionalista Vasco. El ministro de la Gobernación desconocía el grado de adhesión colectiva al símbolo proscrito, pero reconocía que había sido exhibida y utilizada por amplios sectores más allá de las filas del PNV. Martín Villa aceptaba implícitamente que no era la bandera del partido fundado por Sabino Arana, tal y como argumentaban los opositores a la tricolor vasca. La permisividad gubernamental era una medida para la distensión y la concordia antes de que por la vía de los hechos apareciera la bandera en los balcones de ayuntamientos del País Vasco y Navarra.

Los corporativos agraviados interpretaron la decisión ministerial como un logro de los alcaldes del Grupo de Vergara que se apresuraron a vender como un éxito propio la legalización de la ikurriña. Los regidores del Movimiento convertidos al nacionalismo aseguraban que habían presionado o amenazado al ministro con colocar en sus ayuntamientos la bandera reivindicada si no se despenalizaba su uso y exhibición. A mediodía del 18 de enero, seis alcaldes guipuzcoanos que representaban a veintisiete ayuntamientos desmarcados de la línea oficial, se reunían con el titular de Gobernación en Madrid para supuestamente tratar las cuatro grandes reivindicaciones políticas del momento: legalización de la ikurriña, oficialidad del euskera, reintegración foral y amnistía. Excepto para la ikurriña, todo se redujo a una declaración de intenciones remitida a la toma de decisiones posteriores o a la celebración de elecciones generales. El hecho de que un par de horas después del encuentro fuera divulgada la resolución definitiva de Martín Villa sobre la enseña vasca, fue entendido por los alcaldes de Vergara como el resultado positivo de sus conversaciones con el ministro. La decisión estaba tomada desde días antes.

Rodolfo Martín Villa había hablado del asunto con el rey y el presidente Suárez. También se había reunido en Pamplona y Vitoria el día 14 con representantes de los ayuntamientos y diputaciones del País Vasco y Navarra, con la excepción de veintisiete consistorios alineados con las tesis del Grupo de Alcaldes de Vergara. En esa reunión con representantes municipales y provinciales, el ministro Martín Villa dejó claro que la ikurriña podía ser permitida para usos particulares como fiestas, mítines, manifestaciones, eventos deportivos o actos folclóricos, pero fue un tanto ambiguo con la exhibición oficial en instituciones al pulsar un alto rechazo a esa posibilidad. ¿Qué le hizo tomar a Martín Villa una polémica decisión que le enfrentaba con la mayoría de alcaldes y concejales vasconavarros? En el ejecutivo de Adolfo Suárez, el vicepresidente segundo para asuntos del Interior Alfonso Osorio seguía con especial atención los acontecimientos del País Vasco y Navarra. Osorio cuenta en sus memorias[77] que, en septiembre de 1976, el prestigioso catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense, Vicente Palacio Atard, bilbaíno de nacimiento y de ideas derechistas españolistas, le recomendaba que se legalizase la ikurriña desde el gobierno porque era un símbolo que la mayoría de los vascos habían hecho suyo y también porque «los gestos morales a tiempo» tienen muchas veces «gran importancia histórica» por poder cambiar «el curso de los acontecimientos».

En la misma dirección un informe de la Dirección de la Guardia Civil en manos de Alfonso Osorio recomendaba que la bicrucífera dejase de ser un problema de orden público, como en Francia, donde le drapeau tricolore coexistía sin conflictos con la ikurriña en algunos consistorios vascofranceses. En el informe del instituto armado no pasaban desapercibidos los seis guardias asesinados cuando iban a retirar banderas vascas unidas a artefactos explosivos[78]. El día anterior a las reuniones de Pamplona y Vitoria mencionadas, el consejo de ministros había modificado varios artículos de la Ley de Orden Público y había dedicado mucho tiempo a un informe de Martín Villa sobre la situación del País Vasco y Navarra. En ese informe se planteaba la necesidad de tomar medidas inmediatamente sobre el euskera, la ikurriña, las instituciones forales y los presos políticos. Conversando con el vicepresidente Osorio, inspirándose en la propuesta del historiador Vicente Palacio y en el ejemplo vascofrancés, el ministro Martín Villa hizo un gesto tardío por la concordia. Y lo hizo sabiendo que le enemistaba con los ediles y miembros de las diputaciones, a los que pedía encarecidamente que no dimitiesen pese a presiones y amenazas, y también le enfrentaba con Ángel Ugarte, responsable de los servicios secretos en el País Vasco entre 1974 y 1979.

La foto publicada en la prensa del 19 de enero con Rodolfo Martín Villa estrechando la mano del alcalde de Mondragón José Antonio Altuna era, para algunos, la imagen de la traición. Ese mismo día se reunió a mediodía el consejo de la todavía Diputación Provincial de Vizcaya con la ikurriña como único punto del orden del día. Por unanimidad se aprobó una moción en la que se calificaba como «desgraciada instrucción» la orden del Ministerio de la Gobernación que, todo hay que decirlo, no se pronunciaba de manera clara si la tolerancia hacia la ikurriña implicaba la obligatoriedad o no de izarla en edificios públicos. Ése era el principal punto de discrepancia. Los diputados provinciales aseguraban que habían sido engañados, rechazaban que la bicrucífera ondease en centros oficiales y proponían que sólo estuvieran la enseña nacional y el pendón del Señorío «excluyendo todas las partidistas». Los corporativos de la Diputación vizcaína, al igual que numerosos alcaldes y concejales, estaban obstinados en que la ikurriña era la bandera del PNV y en que era un símbolo impuesto por una minoría. La mayoría de los miembros de la institución provincial eran alcaldes que se planteaban dimitir antes que izar una enseña no considerada por ellos como representativa del pueblo vasco.

Otros regidores organizaron de inmediato consultas locales para saber el grado de respaldo ciudadano que tenía en sus respectivos municipios la enseña rojo, blanca y verde. La reacción de la institución presidida por Augusto Unceta-Barrenechea estuvo acompañada por las dimisiones de los gobernadores civiles de Guipúzcoa y Vizcaya, José Manuel Menéndez-Manjón Sancho-Miñano y José Antonio Zarzalejos Altares. El mismo camino pretendían seguir un número indeterminado de alcaldes y concejales, pero el anuncio de su dimisión por la legalización de la ikurriña fue recibido con amenazas del entorno de ETA por «fascistas» y las presiones del Ministerio de la Gobernación para evitar un colapso administrativo por vacío de poder en los consistorios vasconavarros. Esto ponía en una situación muy delicada a muchos ediles que decidieron buscar salidas personales, como no acudir a los plenos para ser cesados, no hablar en público sobre la cuestión, dar largas al asunto o simplemente permitir la bandera, en ocasiones izada por la vía de la fuerza de manifestantes. En el domicilio de Augusto Unceta el teléfono comenzó a sonar a todas horas con llamadas anónimas amenazantes que obligaron al directivo empresarial a doblar las medidas de seguridad de su familia.

Las dificultades financieras de los negocios de los Unceta, sumados a la posición inmovilista contra la ikurriña del presidente de la Diputación, crearon un ambiente hostil contra el exalcalde guerniqués aprovechado por ETA y su entorno para incrementar las amenazas. A pesar de las mismas, Augusto Unceta siguió haciendo la misma vida de siempre, no cambió sus rutinas, no se planteó la dimisión a pocos meses para dejar el cargo ni tampoco pensó en marcharse del País Vasco. Como otras víctimas de ETA pensaba que no había hecho nada malo. En febrero de 1977, junto con otro corporativo vizcaíno, tuvo un encuentro en la Diputación con el periodista de Blanco y Negro José María Moreiro, no contado hasta después de su asesinato. En esa entrevista informal con el redactor del diario madrileno ABC, Unceta y otro diputado provincial le mostraron las pistolas que llevaban. El presidente de la institución provincial reveló que dos escoltas le seguían día y noche, mientras repetía «me van a matar, nos van a matar»[79]. El empresario le confirmaba al periodista las llamadas telefónicas recibidas para presionarle y obligarle a irse, pero no estaba dispuesto a marcharse: «La situación se hace insostenible. Presionan mediante estas amenazas para que me marche, pero no abandonaré. No podemos ceder».

Pero era consciente de que algunos políticos con sus decisiones le habían dejado a los pies de los caballos:

Es muy fácil decidir desde la lejanía de un despacho, cuando los que estamos aquí, en los puestos, somos nosotros, que hemos vivido siempre aquí y no tenemos por qué huir de nuestra tierra. ¡Aunque nos maten! Y nos van a matar, pero nos defenderemos.

Eran las palabras nerviosas, angustiadas y premonitorias de un hombre que se sabía en el punto de mira de los terroristas, que se sentía engañado. Por eso, una semana después de la autorización de la ikurriña, mandó una durísima carta al ministro Rodolfo Martín Villa que llegaría a impresionar al ministro leonés. Probablemente la tendría bien presente el día que ETA asesinó al presidente de la Diputación de Vizcaya:

Sr. ministro:

En mi vida, en pocos días, han ocurrido varias situaciones que jamás hubiera podido soñar que pudieran sucederme. Que me traicionara un ministro. Usted lo ha hecho conmigo, y curiosamente no me siento herido ni humillado. Solamente me siento defraudado. Usted puede pactar con quien quiera. Como hombre, como ministro, o como lo que sea, pero ni Dios le da derecho a jugar como usted lo ha hecho conmigo. Usted ha jugado conmigo y ha hecho que en este momento sea yo en Vizcaya un valiente para unos, quien les ha chafado la maniobra para los otros. En 1977 no deseaba ser un valiente, porque ya se sabe dónde se acaba. En cuanto a chafar la maniobra separatista al encabezar la postura de la Diputación de Vizcaya, que entiendo que es la única posible por razones históricas, y sobre todo por la convicción de que no representa la mayoría, por ser de un partido político y, por lo tanto, no poder representar jamás el sentimiento de ciudadanía que para conseguir su revanchismo tratan de enmascarar como elemento pacificador. Pocas horas han faltado, en San Sebastián, para demostrar lo contrario. Como no quiero mezclar en esta carta mis sentimientos particulares con los conceptos, argumentos y temas más o menos políticos, éstos los voy a exponer separadamente, por si al señor ministro le pueden ayudar a comprender un poco algunos aspectos de nuestra tierra. Al señor ministro le cabe el honor de haber dividido más aún a los vizcaínos con la publicación de su confusa instrucción. Aquí en Vizcaya jamás habían soñado con poder colocar la bicrucífera en los Ayuntamientos. Creo que el señor ministro ha confundido el problema Guipúzcoa con Vizcaya. Yo lo siento mucho, pero usted debe sentirlo mucho más. Gracias, señor ministro, por aumentar mi servicio de protección y porque la Guardia Civil vigila más el recorrido de mi casa. Creo que no le interesará saber el calibre de la pistola con la que mi hijo abre la puerta cuando llaman, desde su instrucción de paz y justicia. De mi mujer es mejor que no le diga nada, y también esto se lo debemos a usted. No deseo extenderme más. Basta con acompañarle dos noticias de la Prensa para que vea que su autorización no es precisamente lo que ha traído la paz a las Vascongadas, y que la bandera nacional, nuestra bandera, nunca será respetada por los partidarios de su «Ikurriña». Que Dios le dé al señor ministro más suerte en sus decisiones futuras y nos libre a nosotros de usted».

Con esta carta y la declaración de rechazo de la Diputación vizcaína, Augusto Unceta expresa públicamente su posición con respecto a la ikurriña. La rechaza —al igual que un sector de la derecha vasca— por entender que se trata de un símbolo partidista que los nacionalistas quieren imponer a la población vasca. Cree que la reivindicación de la enseña rojo, blanca y verde es un problema de Guipúzcoa, más que de Vizcaya, ya que la inmensa mayoría de los alcaldes que solicitan la legalización de la misma son guipuzcoanos, especialmente los vinculados al Grupo de Vergara. Además, Unceta entiende —equivocadamente— que es una reivindicación minoritaria y que su legalización será motivo de discordia porque, quiénes la defienden, no respetarán que la bandera española ondee junto a la bicrucífera; en esto acertó de pleno. No era una opinión ni disparatada ni aislada de la clase política franquista. La misma postura que el presidente de la Diputación sostenían viejos carlistas, antiguos requetés, muchos de ellos padres de etarras o de nacionalistas de nuevo cuño a los que sus hijos nunca se atreverían a insultar, amenazar o matar por rechazar la ikurriña. Era una posición tan legítima como discutible. Quizá nadie les había explicado a Unceta y a quiénes rechazaban la ikurriña que había dejado de ser bandera del PNV en 1936, tras la constitución del primer Gobierno Vasco.

Fue Santiago Aznar (PSOE), ministro de Industria del ejecutivo del lehendakari Aguirre, el que propuso que la ikurriña fuera decretada bandera oficial el 18 de octubre de 1936. El mismo Aznar envió una carta al alcalde de Baracaldo y subjefe provincial del Movimiento, Luis Alfonso Caño González, para recordarle ese dato histórico que desmentía el recurrente argumento de bandera partidista. Caño González, también procurador en Cortes y diputado provincial, declaró en septiembre de 1976[80] , después de una reunión en Bilbao con el ministro Martín Villa, que no se podía «imponer en una comunidad una bandera que sería rechazada por una parte de esa comunidad». ¿Quién rechazaba la ikurriña? La mayor parte de las élites políticas locales y provinciales del tardofranquismo en el País Vasco y un sector de la sociedad, de clase media y alta, que no se identificaba totalmente con el franquismo, pero sí con algunos de sus valores como la moral católica, el orden o el respeto a la ley, símbolos y autoridades. Era una generación un tanto desideologizada que no había conocido la República o no había participado en la guerra. Pertenecían a una generación a la que les habían enseñado desde niños a rechazar la ikurriña y el estatuto de autonomía de 1936 con la misma vehemencia que el comunismo.

Para ese sector de la sociedad vasca, la ikurriña era un símbolo para la discordia que traían los opositores al régimen dispuestos a acabar con el orden, la ley y la paz. Jesús María Duñabeitia, el único bilbaíno que ha sido alcalde de la villa y presidente del Athletic Club de Bilbao, después de izar la enseña bicrucífera en San Mamés, sufrió en su negocio el boicot de los opositores a la ikurriña, principalmente gentes pudientes de la capital vizcaína y del barrio guechotarra de Neguri. Entre los más ideologizados, carlistas y falangistas también rechazaban la tricolor como símbolo separatista o de partido, pero no decían nada de otras banderas de partido, como las de la Falange y el Requeté, que ondeaban junto a la rojigualda en algunos ayuntamientos, entre ellos el de Guernica. La derecha más neta y extrema, alentada por el diario La Gaceta del Norte, Alianza Popular y Fuerza Nueva, fue la única oposición a la presencia de la ikurriña en las calles y centros oficiales del País Vasco. La Gaceta comenzó su harakiri particular —siendo el periódico regional más rentable de España— al referirse a la enseña vasca como la «bandera bicrucífera» en contraposición a la bandera nacional. Como remate, en febrero de 1977, al poco de autorizarse la ikurriña, celebró su 75 aniversario con una «ratificación de principios» con los que se situará junto a la derecha a la que apoya a cambio de nada.

En la campaña electoral para las generales de 1977 sólo admitía publicidad de AP, UCD y Democracia Cristiana Vasca (DCV). En el caso de DCV siempre y cuando no pusieran la palabra Euskadi en su publicidad. La Voz de España, principal diario guipuzcoano, y el vespertino Unidad, ambos del Movimiento, también hicieron su particular campaña contra la ikurriña. La Voz, dirigida por Jesús María Zuloaga, el primer periodista que tuvo que abandonar el País Vasco por las amenazas de ETA, organizó en pleno verano de 1976, junto a Unidad, un concurso para una bandera para Guipúzcoa con los colores rojo y blanco, que pudiera ser también la del País Vasco[81]. La iniciativa de Zuloaga fue recibida por el nacionalismo vasco como un insulto, respondido con una intensa campaña de boicot a los periódicos guipuzcoanos del Movimiento en el que no faltaron los sabotajes de ETA a las furgonetas de reparto. Desde los partidos políticos fueron Comunión Tradicionalista y Alianza Popular los principales detractores de la bicrucífera vasca como enseña oficial. En el caso de AP, Unión Nacional Española llegó a mandar un telegrama de felicitación a la Diputación de Vizcaya por su repudio a la ikurriña. Hay que recordar también que varios diputados provinciales como Pedro Zubiría y Luis Uriarte formaban parte de las filas de la entonces Alianza Popular Vasca del Señorío de Vizcaya.

En Alianza Popular las reticencias hacia la ikurriña se mantuvieron hasta entrados los años ochenta. Empezaron antes de constituirse el partido, cuando Manuel Fraga, en mayo de 1976, declaró en Venezuela sobre la ikurriña, tras distinguir entre banderas regionales y bandera separatista, que «antes de permitir esa bandera, pasarán sobre mi cadáver». Su formación evitó durante años en sus sedes y actos políticos la exhibición de la ya enseña oficial vasca. En la clausura del I Congreso de AP de Vizcaya en 1977, los mayores aplausos se los llevó en su intervención el presidente de Nuevas Generaciones cuando dijo que no admitían la «bandera bricrucífera» ni «el término Euzkadi». Al antiguo líder juvenil, hoy abogado, se le puede leer alguna vez ahora en Deia, el diario del PNV, el partido al que atribuía en exclusiva lo que rechazaba en 1977. Todavía en 1983, Gregorio Ordóñez decía que aceptaban la ikurriña como bandera del País Vasco, admitiendo que todavía podía haber «algún sector del partido» que no lo comprendiera. Ordóñez confesaba que hubieran preferido «otra bandera», pero que la respetaban desde el momento en que «fue asumida por el País Vasco»[82]. Hasta enero de 1988, en un congreso regional casi de refundación, Alianza Popular no aceptaría la ikurriña como bandera propia.

En el resto de la derecha vasca no hubo problemas. UCD hizo suya la enseña desde el principio. La derecha opositora a la dictadura de Franco, organizada en DCV, en la que se integró Acción Liberal Vasca, el micropartido de Adolfo Careaga, reivindicaba la legalización de la ikurriña como gesto de concordia desde antes de la muerte de Franco. La DCV de Julen Guimón —candidato de Alianza Popular a lehendakari en 1986— fue el primer partido vasco que solicitó la legalización en el verano de 1976. Guimón lucía una en su despacho desde 1974, adquirida en el País Vasco francés. Al año siguiente, en pleno estado de excepción y con Franco todavía en El Pardo solicitó la legalización de la enseña vasca «como muestra de buena voluntad por parte del Gobierno español»[83]. El líder democristiano vasco solía decir que de la misma forma que los símbolos españolistas se identificaron con la dictadura, los símbolos vascos fueron asumidos por todos los enemigos del sistema, fuesen nacionalistas vascos, socialistas, comunistas o simplemente demócratas. Lo que no dejó de sorprender a Julen Guimón fue los que de la noche a la mañana cambiaron de colores por puro oportunismo:

Personalmente, me resultaba irritante ver a muchos exfranquistas, agazapados y mudos, cuando no conversos, que escondían o tornasolaban el tricolor sus banderas rojigualdas (las llamadas «colgaduras») que, durante largos años, habían adornado sus balcones y consentían, acaso complacidos, que la guardia municipal multase a quienes no aceptaban su imposición, en las conmemoraciones oficiales del régimen, Eran los tiempos seguros en los que otras banderas estaban prohibidas y, al amparo de «legalidad», era fácil situarse al lado de la patria, la ley y el orden[84].

Ese cambio de bandera llevaba consigo un cambio urgente de ideología o un postureo con el que algunos intentaban aparecer como nacionalistas o vasquistas de toda la vida. La verdad es que lo debían de llevar muy en secreto hasta la muerte de Franco o la España de la picaresca seguía muy viva. Fernando García de Cortázar y José Manuel Azcona, dos historiadores particularmente odiados por el nacionalismo vasco lo analizaban así:

Como en todos los cambios de régimen, legiones de oportunistas, pillos o simplemente pusilánimes, haciendo protestas de democracia, corrieron a las oficinas de afiliación política para buscar una convalidación de antifranquismo. El PNV, el partido ganador, se llevó un buen lote de profesionales y empresarios que se habían beneficiado de la paz laboral y del autoritarismo del régimen anterior. Y hubo muchos pícaros que se dieron prisa en comprar una ikurriña, echando pestes del dictador, no mucho antes su caudillo. El tirón vasquista era tan grande y el miedo a ETA tan profundo que pronto desaparecieron de la calle emblemas, liturgias y emociones que recordaran los años del nacionalismo de España. El españolismo, asimilado manipuladoramente a la política opresora del franquismo, es el gran castigado de la nueva situación. Miles de conversos al nacionalismo vasco tratan de borrar sus antiguas lealtades a golpe de intolerancia y exclusivismo. En una gran ceremonia de la confusión, la religión nacionalista cambia de dioses y los antiguos son desposeídos de sus altares. Comienza la carrera por ser más vasco que nadie, en la que lo grotesco, lo insólito y lo oportunista alcanzan con comodidad difíciles plusmarcas[85].

Se abría así una etapa de convivencia, muy limitada temporalmente, entre símbolos que desde la misma tarde de la legalización dio lugar a dos posturas. Por un lado, la de los que buscaban la concordia y la convivencia sin ver incompatibilidad entre banderas. Por otro lado, la de los que tan pronto como se izó la ikurriña comenzaron a arriar o quemar la española. En San Sebastián fue posible ver durante días en el ayuntamiento la rojigualda, la ikurriña y la bandera local, y en la sede provincial del Movimiento las banderas de los vencedores en la guerra. En los ayuntamientos vizcaínos en los que sus alcaldes se negaron a colocar la ikurriña, los chivatos de ETA tomaron buena nota de los nombres de los ediles opositores para actuar contra ellos. Alfonso Elexpuru Colsa dimitió como alcalde de la localidad costera de Baquio el 20 de enero, al negarse a aceptar las disposiciones dictadas por el Gobierno en torno a la ikurriña. Cuarenta y nueve días después le incendiaron su chalé que fue destruido parcialmente. El exregidor declaró a la prensa que le habían quemado su casa por ser «vasco y español», y negarse a colgar la ikurriña en el ayuntamiento porque la consideraba como «bandera del Partido Nacionalista Vasco». Otros ediles recibieron amenazas de muerte que les obligaron a dimitir, marcharse fuera o que fatalmente se cumplieron, como en el caso de Luis Uriarte.

No faltaron tampoco las imposiciones por la fuerza en algunos consistorios sin esperar a decisiones de plenos o comisiones. En la Diputación vizcaína, los corporativos no tardaron mucho en ver la ikurriña en dependencias del palacio provincial. El 28 de febrero, aprovechando la presentación de la traducción al euskera de El Quijote en la sede de la institución vizcaína, dos militantes del PNV colocaron una ikurriña en la mesa presidencial ante la mirada atónita del vicepresidente y alcalde de Durango, Francisco Amorrortu, y los aplausos de parte de los asistentes. Los que proponían como alternativa la bandera carmesí del Señorío se quedaron solos, con el consuelo de la historia del pendón señorial recogido en las actas de Tierra Llana, el 25 de enero de 1596: «Y por el consiguiente, atento que no se halla la bandera deste dicho Señorío, se hordeno que en buscalla se hagan las diligencias necesarias, e que del primer repartimiento se haga una bandera nueva con las armas de Vizcaya». En el ayuntamiento de Bilbao, el alcalde José Luis Berasategui, exrequeté y catedrático universitario, se ve obligado a nadar y guardar la ropa para evitar amenazas. Actuando desde la ambigüedad fue testigo de tensos enfrentamientos en el público de varios plenos entre defensores de la ikurriña (militantes del PNV la mayoría) y defensores de la bandera española (funcionarios del Movimiento enemigos de la tricolor).

La bicrucífera tardaría casi seis meses en colocarse en los mástiles del consistorio por la decisión del alcalde de organizar un referéndum ante las presiones (y amenazas) de los defensores y detractores de la enseña vasca. A las presiones de los afiliados del PNV contra la corporación hubo que sumar las de nostálgicos del franquismo, que llegaron a amenazar de muerte, si se izaba la ikurriña, a Hipólito Suárez, hermano del presidente del Gobierno, que ejercía de médico en la capital vizcaína. Sin la anunciada consulta y discretamente la bandera se izó el 10 de julio, sin acceder a una petición del PNV por celebrarse el 83 aniversario de la primera vez en que se mostró públicamente la enseña diseñada por los hermanos Arana Goiri. Cuarenta años después de la legalización de la ikurriña y su posterior reconocimiento como bandera vasca en el estatuto de Guernica, ha quedado claro que la parte no nacionalista o constitucionalista, en aras de la convivencia y la búsqueda de referencias comunes, ha tenido que aceptar casi todos los símbolos del nacionalismo vasco como propios, mientras que el nacionalismo vasco se ha dedicado permanentemente a impugnar, perseguir, cuestionar o eliminar aquellos símbolos que representaban o recordaban la presencia del Estado o la existencia de España en territorio vasco.

Desde instituciones gobernadas por el nacionalismo se han despilfarrado millones de euros de los contribuyentes en interminables procesos judiciales por la obsesión enfermiza de algunos nacionalistas de incumplir la ley para ofrecer la imagen virtual de un país independiente, ante la ausencia de banderas de España. El nacionalismo repite de manera recurrente que la enseña española no nos representa a todos, argumento que no utiliza en Navarra para que la ikurriña sea expuesta en ayuntamientos de la comunidad foral en nombre del respeto a la pluralidad. Tampoco en el País Vasco francés, donde jamás se ha pedido que se retire la tricolor francesa. ¿Qué ha unido el nacionalismo después de que haya obligado a toda la sociedad vasca a aceptar sus símbolos mientras rechaza cumplir las leyes de símbolos que no le gustan? Sería deseable cierta autocrítica teniendo en cuenta que los vascos, en materia simbólica e identitaria, sólo estamos de acuerdo, casi unánime, con nuestra bandera y poco más. Discrepamos sobre el «Gora ta gora», himno sin letra metido con calzador en 1983, por PNV y CDS (4 parlamentarios desvinculados de UCD), que bien podía haber sido cambiado durante el Gobierno de Patxi López por el «Gernikako Arbola».

Se discute permanentemente sobre los límites del territorio, el nombre de la comunidad (Euskadi, Euskal Herria, País Vasco, Vascongadas o Vasconia), para unos, país o nación; para otros, región o autonomía. Y no digamos sobre una festividad civil y política que una a todos los vascos al margen de su credo político. A la sociedad vasca sólo le une el euskera, la ikurriña, el concierto económico y poco más. No estaría mal que algunos reflexionasen más sobre lo que une emocionalmente a los vascos, que en lo que les separa políticamente. Y de paso que piensen en la contribución a la convivencia sobre su postura institucional contra la exhibición de la bandera española, símbolo de un Estado, cuyo principal representante en el País Vasco es el lehendakari desde 1980. Excepto entre 2009 y 2012, siempre lo ha sido del PNV.

Tiempos de soledad, miedo y amnesia

En los funerales por el presidente de la Diputación y sus dos escoltas contrastaron la tensión de los ultras, con sus gritos, insultos y provocaciones, y la serenidad de la gran mayoría de los allí presentes. El enfrentamiento se reproduce hasta en euskera en el autobús que lleva a Ondárroa a varios asistentes al acto fúnebre. Cantaban «Laugarren guerra santua» (La cuarta guerra santa), una especie de himno que los requetés del Tercio de Begoña (fundado en Ondárroa) habían preparado para su entrada en Bilbao. Fue la primera guerra que ganaron los carlistas, aunque luego perdieron en la paz. Augusto Unceta-Barrenechea y sus escoltas fueron asesinados seis días antes de que se debatiera y aprobara el texto de la Ley de Amnistía que, en dos meses, dejaría las cárceles vacías de presos políticos. El atentado de Guernica influyó en los legisladores que establecieron el 6 de octubre (dos días antes del atentado) como fecha límite para beneficiarse de la ley. La norma que regulaba la amnistía tuvo como efecto colateral que el triple asesinato de Guernica no fuera esclarecido policialmente. Un baldón más para la familia del empresario y político asesinado, a la que, después del entierro en el panteón familiar, no le quedó otra que una mezcla de resignación y soledad ante la amnesia de la sociedad guerniquesa.

Los vecinos de la villa foral barajaron como causas posibles del asesinato del presidente de la Diputación vizcaína, reivindicado por ETA-m al día siguiente, su posición ante la ikurriña, los honores a Franco y su negativa a pagar el impuesto revolucionario. Sobre lo último, el chantaje de los pistoleros se convirtió en un mal endémico durante treinta y cinco años. Después de la muerte de Franco se recibieron en la comarca de Busturia las primeras cartas chantaje de ETA, acompañadas por llamadas telefónicas anónimas. Las familias Unceta-Barrenechea y Sarricolea se negaron de plano a pagar. Fue el comienzo de tres décadas de coacciones sin tregua en los envíos de cartas extorsionadoras, preferentemente a médicos y empresarios. Aquí hay que recordar el salvaje atentado que sufrió en 1992, con 74 años, Valentín Marzana Ispizúa, propietario de una empresa mediana dedicada a la fabricación de equipos de alumbrado para automoción. Marzana resultó herido grave en manos y ojos al abrir un paquete bomba enviado a su empresa. El industrial había recibido la exigencia del llamado impuesto revolucionario, pero se negó a pagar, a pesar incluso de ser requerido personalmente por un comando que se presentó en su casa.

Como la estupidez no tiene límites, hay que rescatar el caso de un político local que, ante la petición de una manifestación de rechazo por el atentado contra Valentín Marzana, llegó a rechazar la propuesta porque la empresa era de la localidad vecina de Forua. Con los años, investigadores historiográficos locales como José Ángel Etxaniz, añadieron como otra posible causa más del asesinato de Unceta y sus escoltas la recalificación de los terrenos en los que se iba a construir la central de Lemóniz. El 31 marzo de 1977, la Diputación de Vizcaya acordó modificar el plan general de ordenación de la comarca Plencia-Munguía para dar luz verde a la construcción de la planta nuclear. Hubo manifestaciones multitudinarias contra el proyecto pidiendo la dimisión de Unceta, a las que hizo caso omiso el presidente de la ya Diputación Foral del Señorío de Vizcaya. ETA intervino en el debate sobre la central de Lemóniz consiguiendo con sus atentados y víctimas que Iberduero paralizara las obras. Fue, junto al cambio de trazado de la autovía de Leizarán, el gran logro de la banda terrorista. El atentado de Guernica fue el comienzo de los «años de plomo» después de que la banda llevara más de tres meses sin asesinar. Habría que esperar hasta 1989 para encontrar un periodo de tiempo similar sin acciones de la banda.

La primera consecuencia que tuvo el atentado fue la posibilidad de que la Diputación de Vizcaya estuviera gobernada por una comisión gestora, como algunos ayuntamientos. De los doce corporativos que formaban el gobierno provincial, al menos ocho habían decidido dimitir por la falta de apoyo del Gobierno de España, los problemas derivados de su cuestionada representatividad y la traición de Martín Villa por la ikurriña. Sólo la dimisión de tres diputados provinciales obligaba a constituir una gestora. El gobierno de Suárez consiguió a duras penas convencer a la corporación para que siguiera hasta la celebración de elecciones locales, presidida por el alcalde de Durango, al que ETA tuvo entre sus objetivos. Los asesinatos de Augusto Unceta-Barrenechea y Víctor Legorburu, así como las dimisiones de los alcaldes de Guecho, Bedia y Ondárroa (también diputados) por la ikurriña, dejaron a la corporación con el quorum mínimo. La segunda consecuencia fue una estigmatización de la derecha sociológica en Guernica y su comarca que impidió la existencia de una estructura mínima en la zona de Busturia. En 1979 hubo una candidatura al consistorio guerniqués, con las siglas de Unión Foral del País Vasco, que fue retirada en el último momento.

Alianza Popular intentó sin éxito abrir una sede a principios de los años ochenta en Guernica. En 1987 logró presentar una lista en las elecciones municipales sin conseguir representación. Lo volvería a intentar en 1991 con el mismo resultado. Entre 1995 y 2007 la sala de plenos del ayuntamiento de la villa foral tuvo una concejala del PP, Margarita Santo Domingo, que durante una legislatura compaginó el cargo con un escaño en las Juntas Generales de Vizcaya. Santo Domingo, de familia carlista, fue objeto de pintadas, insultos y amenazas durante años. Ella y el alcalde del PNV, Eduardo Vallejo de Olejua, eran hijos de dos militares del bando nacional que tomaron la villa en 1937. A la edil popular nunca dejaron de recordárselo sin que se sintiera molesta por ello. Sin embargo, al regidor jeltzale pocos se atrevieron a hacerlo en público. Antón Ormaza, histórico nacionalista bermeano y expresidente del PNV en Vizcaya, repudiaba a Vallejo como candidato en las elecciones generales de 1986 en una carta en el diario El Correo en la que le señalaba como «hijo de jefe militar y de jefa de Falange»[86].

En otra ocasión, en el mismo periódico, Dunixi Abaitua, alcalde guerniqués en 1979, defenestrado después por el PNV sin terminar su mandato, recordaba a Eduardo Vallejo en el mismo diario que su padre fue teniente coronel del Ejército de Franco frente a su progenitor capitán de gudaris del Ejército Vasco en 1936. El progenitor de Vallejo era un militar al que el estallido de la guerra le pilló en zona republicana desde donde no dejó de trabajar como quintacolumnista al servicio del bando nacional. Pasó bastante información sobre posibles objetivos militares, entre los que estaba Guernica. Ironías de la vida: su hijo fue uno de los que más exigió la petición de perdón del Gobierno de España a la localidad vizcaína por el bombardeo. Por lo que nunca pidió perdón el alcalde y diputado del PNV (fallecido en 2017) fue por las ideas franquistas de sus padres, algo muy habitual en el País Vasco. Basta con repasar la polémica en el diario El Correo con el venerado Antón Ormaza para comprobar la debilidad o ausencia de argumentos en su defensa. Una vez más, los hijos de franquistas convertidos al nacionalismo exigiendo condenas a los demás al régimen que defendieron sus padres.

La popular Margarita Santo Domingo pidió públicamente el traslado del cuadro Guernica de Pablo Picasso a la villa foral, un dato relevante en la hija de un militar franquista vinculada a una derecha que siempre rechazó a Picasso y su obra más conocida. Mientras la concejala del PP hacía gestiones para una cesión a su pueblo de la famosa pintura, el alcalde Eduardo Vallejo se sumaba al coro de que los que exigían al Gobierno de España que pidiera perdón por el bombardeo de la localidad vizcaína en 1937, como lo había hecho ya el Gobierno alemán. Para empezar ningún gobierno español bombardeó Guernica. Fueron militares golpistas contra el Gobierno de la República, ayudados por aviones de la Alemania nazi y la Italia fascista. Por la misma razón, el Gobierno de España tendría que pedir perdón a ciudades como Alicante o Madrid que sufrieron los durísimos raids aéreos de los rebeldes. O el Gobierno de Navarra pedir perdón a las localidades de Vizcaya y Guipúzcoa que tomaron los requetés navarros en 1936 y 1937. La petición de perdón al Gobierno español la justificaba el nacionalismo vasco porque, el 15 de junio de 1987, el Parlamento alemán aprobó por unanimidad una propuesta del Partido Socialdemócrata (SPD) que, además de condenar el bombardeo de 1937, pedía al ejecutivo de Helmut Kohl una serie de compensaciones a la villa arrasada por la aviación de la Alemania nazi. Todo venía precedido por la labor de un jesuita guipuzcoano, Jesús Arana Urquiola, residente en Alemania desde 1981.

El 14 de mayo de 1999, el ministro del Interior Jaime Mayor Oreja intervino en una conferencia sobre el Estatuto en la Casa de Cultura de Guernica. A la salida un grupo de radicales le increpó y lanzó huevos, monedas y otros objetos, provocando una carga de la Ertzaintza contra los que atacaban al ministro. A raíz de ese incidente, dos días después, el presidente del PNV en Vizcaya Javier Atutxa, acusó en Abadiano a los dirigentes del PP de ser «los herederos políticos de aquellos» que fueron responsables del bombardeo de Guernica[87]. Por ello consideró que la villa foral no era «el sitio idóneo» para que el ministro del Interior pronunciara una conferencia. Además de fallarle el subconsciente con las distinciones entre vascos con movilidad geográfica total y movilidad limitada en función de sus identidades políticas, al máximo burukide vizcaíno del PNV le flaqueaba la memoria con el padre del alcalde de su partido. De paso, también con los padres de otros afiliados al mismo que ocuparon cargos locales durante el franquismo, tanto en la comarca del Duranguesado, a la que pertenece Abadiano, como en el vecino valle de Arratia, de donde era oriundo Atutxa.

¿Qué clase de herederos eran los hijos de franquistas con carné del PNV? ¿De quién podía considerarse heredero Atutxa, promotor entre sus afiliados en 1996 de una campaña de boicot al diario El Correo (el más leído y vendido en Vizcaya)? Ser del PP en Guernica nunca fue fácil, y menos cuando asociaban a este partido con el bombardeo para evitar su presencia en las urnas y llevarse parte de sus votos. En 1994 los populares vascos comenzaron la campaña electoral al Parlamento vasco en una céntrica plaza de la villa foral con los principales candidatos encabezados por Jaime Mayor Oreja. Los vecinos de las viviendas más próximas les observaban desde sus casas a hurtadillas detrás de las cortinas o de persianas a medio bajar. Parecían extranjeros recién llegados a tierra extraña. El día de las elecciones obtuvieron 653 votos (7,55%) que a más de un nacionalista le hizo preguntarse de dónde salían las papeletas del PP vasco. En siete años llegarían casi a duplicar el resultado de 1994. Eso con los sufragios. Con el número de afiliados del pueblo conseguir uno rozaba el milagro.

La tercera consecuencia que tuvo el asesinato de Augusto Unceta fue la amnesia que invadió a la sociedad guerniquesa. Sorprendentemente su nombre no ha desaparecido todavía de la historia de las diferentes asociaciones en las que participó, pero sí de la memoria colectiva de su municipio. El 9 de noviembre de 2013 se celebró en Guernica un acto en favor de los derechos de los presos de ETA. Según sus convocantes, era para «continuar un camino que conduzca a la resolución del conflicto, a una paz con derechos para todos, sin vencedores ni vencidos» y en lo que consideraban un lugar «muy especial por su significado»: la antigua fábrica de armas Astra, Unceta y Cía. No se sabe si por mala intención o desconocimiento, los convocantes realizaron el acto por los presos etarras en la antigua fábrica de una víctima de ETA, precisamente la víspera del Día de la Memoria[88]. Su objetivo era refundar la organización de apoyo a los presos de ETA, Herrira, descabezada semanas antes por la Guardia Civil. La antigua fábrica de Astra forma parte ahora de un programa del Gobierno vasco para reconvertir el viejo patrimonio industrial en talleres de creación cultural. En 1997 la fábrica de armas quebró y sus pabellones quedaron abandonados. Veinte años, los transcurridos desde la muerte de Unceta, habían quebrado la ética, la moral y la memoria de buena parte de los guerniqueses.

Manuel Lejarreta, el expresidente de la Diputación de Álava exiliado

El 25 de julio de 2014 falleció en Majadahonda (Madrid), a los 88 años, Manuel María Lejarreta Allende. Unas líneas en el diario El Correo recordaban en una breve semblanza biográfica al que fue alcalde de Vitoria entre 1966 y 1971, presidente de la Diputación de Álava entre 1972 y 1977 y procurador en las Cortes franquistas. Evidentemente no se recordaban las causas por las que tuvo que irse a vivir a Madrid. Lejarreta era un abogado experto en derecho administrativo, que inició su carrera política en el ayuntamiento de Vitoria donde era asesor jurídico. Su tío, José Lejarreta Salterain había sido alcalde de la capital alavesa entre 1941 y 1944. Él había nacido en Abanto Ciérvana (Vizcaya) y fue siguiendo los destinos en esa provincia de su padre, notario de profesión, hasta establecer su residencia en Vitoria. Desde su nombramiento como alcalde, el 20 de junio de 1966, le tocó trabajar por una ciudad cuya demografía era imparable (en una década duplicó su población), siempre con un perfil más administrativo que político, lo que le permitió hacer algunos gestos hacia los vencidos en la guerra, como homenajear al obispo Mateo Mújica, expulsado de su diócesis y de España en 1936, y denominó Luis Dorao Merino a una escuela pública, en recuerdo del maestro republicano lerrouxista y director del periódico La Libertad.

Manuel Lejarreta continuó su carrera política, sin salirse de su perfil tecnocrático, en la presidencia de la diputación alavesa. El 5 de enero de 1972 juró el cargo y permaneció en el mismo hasta febrero de 1977. Su mayor logro político al frente de la corporación provincial fue la renovación para veinticinco años del Concierto Económico, el 26 de noviembre de 1976, y una restauración simbólica de las Juntas Generales de Álava dos días después. En la institución foral puso orden en el funcionariado, mejoró la plantilla y la organizó como si fuera el director general de una empresa plenamente integrado en la misma. Era el primero en llegar y siempre supervisaba todos los negociados para controlar el trabajo de los funcionarios. Fue el único presidente o diputado general homenajeado en una comida por los empleados públicos el día de su despedida. Desde la diputación optimizó los recursos del régimen concertado para la atracción de nuevas empresas, con ventajas fiscales, suelo industrial muy barato y buenas comunicaciones con unas carreteras que eran la envidia de toda España. También hizo gestos hacia el euskera posibilitando la apertura de la ikastola Ikasbidea. Lejarreta también vinculó su currículum profesional a su carrera de jurista, como abogado de empresas en las que ocupó cargos directivos o asesores: Forjas Alavesas S.A. y Prefabricados Alaveses S.A. entre otras.

En abril de 1977 fue nombrado director general de Administración Local por el Gobierno de Adolfo Suárez, por lo que se le vinculó erróneamente después con UCD. Para cuestiones políticas su nombre únicamente se barajó como posible candidato al Senado por Unión Foral en 1979, sin llegar a presentarse. Las amenazas de ETA comenzaron a mediados de 1976. Desde entonces Lejarreta tomó medidas de seguridad como la utilización de un chaleco antibalas, la vigilancia de su casa por varios miñones (policías forales) y una serie de precauciones sólo conocidas por sus más íntimos, como avisar a su esposa antes de salir de su despacho, para que ésta se asomara a la ventana y observase si notaba algo sospechoso para hacer una señal que obligara a no detenerse a su vehículo oficial. Aquella mujer, llegaba a pedir a sus cinco hijos que le acompañasen a su padre porque pensaba que si había niños los etarras no mataban. Fue un calvario que duró más de un lustro, hasta que los padres, cansados de tantos sobresaltos, agotados por esa angustia que afectaba a toda la familia, decidieron trasladar su vida a Madrid. Una nueva casa, un nuevo horizonte, una nueva vida para Manuel Lejarreta, al que le tocó volver a empezar con 55 años.

Se marcharon cuando ETA empezó a pedirle el impuesto revolucionario a comienzo de los años de plomo. A un primo suyo, Luis Manuel Allende Porrúa, odontólogo bilbaíno, le secuestró ETA-pm durante diez días en 1982. Le liberaron tras pagar un rescate y murió de cáncer ocho meses después por el estrés padecido durante su cautiverio. De cáncer también murió en Pamplona, en 1987, su esposa María Jesús Lobo Amestoy, con 49 años. Quizá no fue ajeno el martirio indecible al que sometió ETA a la familia Lejarreta Lobo.

Una vez instalados en Madrid siguieron viviendo con esa nostalgia que te obliga a vivir recordando lo mejor de tu pasado y a los amigos de verdad que quedaron en la ciudad, en la tierra que les vio nacer, donde el abogado dedicó lo mejores años de su vida. En su nueva vida, en el obligado exilio madrileño, Manuel Lejarreta intentó pasar lo más inadvertido posible. Volvió a Vitoria en contadas ocasiones: para el entierro de su primera esposa o para las bodas de sus tres hijas. Precisamente, la mayor de ellas, suele decir que jamás le escucharon quejarse.

LOS CRÍMENES SECTARIOS DE ETA CONTRA LA DERECHA VASCA

Los supuestos chivatos como coartada criminal

Los confidentes o chivatos son una de las grandes obsesiones de ETA prácticamente desde su fundación. En los primeros años sesenta todas sus acciones se reducían a señalar en octavillas, pintadas, panfletos o publicaciones internas —no sólo de ETA, también de las juventudes del PNV y de formaciones de extrema izquierda clandestinas— a los considerados como informadores de la Guardia Civil o la Policía Armada. El primer ataque contra un supuesto delator tuvo lugar el último día de 1963 en el barrio guechotarra de Algorta. A Ramón Cea, Carburito [89] le incendiaron su droguería después de haber hecho un llamamiento de boicot a su propietario por haber denunciado supuestamente a los organizadores de una huelga en octubre de 1962. La misma acción se repetiría hasta 1975 con ataques con artefactos explosivos o incendiarios a negocios, vehículos y propiedades particulares de los que la banda y sus servicios de información calificaban como confidentes. En un boletín Hautsi [90] en el que reivindican varios atentados en las localidades vizcaínas de Zamudio y Galdácano en agosto de 1973, los terroristas aclaran que su intención hacia los señalados «no era, en ninguno de los casos, ejecutarles», sólo «advertirles» en un aviso que hacen extensible «a todos los demás chivatos de Euskadi». Las «ejecuciones» llegarán cuatro meses antes de la muerte de Franco.

En 1975, la organización armada define a los chivatos como «otro cuerpo al servicio de la represión» que «representan en Euskadi Sur una verdadera organización de información». Los etarras destacan que ya habían realizado diferentes ataques contra confidentes, pero entienden que no ha sido suficiente. Añaden que «a diferencia de los miembros de la Guardia Civil, Policía Armada y Cuerpo General de Policía (naturales en su casi totalidad de otros pueblos del Estado), los chivatos son en gran parte nacidos en Euskadi Sur. Su conocimiento de los movimientos obreros y populares vascos les convierte en los ojos y oídos del aparato represivo»[91]. En la misma publicación, ETA justifica y reivindica los asesinatos de Carlos Arguimberri, Francisco Expósito Camio y Demetrio Lesmes. Estos tres crímenes marcan el inicio de una campaña enloquecida contra supuestos confidentes que, con el paréntesis de 1977, se prolongará hasta 1985, abandonándola a partir de ese año. Solamente en 1991 habrá que sumar una nueva víctima bajo la misma acusación. En cuanto al origen vasco de los supuestos delatores que señalaba ETA en 1975, la práctica totalidad de sus víctimas son vascas tal y como revelan sus apellidos, pero sólo hasta 1978. A partir de entonces la gran mayoría serán personas nacidas fuera del País Vasco.

Si sumamos a las víctimas de esa campaña de ETA los 19 casos de policías municipales atacados bajo el mismo «delito» de confidentes, el número total de atentados es de 99. Al margen de los mismos, el número de amenazados por la misma causa es imposible de determinar. El periodista Florencio Domínguez Iribarren, uno de los mayores expertos sobre terrorismo en España, ha estudiado en profundidad los datos de todas las víctimas acusadas de confidentes y establece el siguiente perfil en función de sus orígenes, ocupación laboral y tamaño del municipio en el que se registran los ataques:

Se puede afirmar que existe un perfil social que, especialmente en localidades de pequeño y mediano tamaño, sirve a la colectividad nacionalista afín a ETA para caracterizar a los supuestos confidentes. Se trata de personas, en su mayoría de fuera, bien del País Vasco, bien de la localidad en cuestión, que tiene un sistema de relaciones sociales amplio, abierto a todo el mundo, lo que suscita sospechas en el mundo cerrado y receloso que sirve de sustrato social a ETA. Las sospechas ascienden hasta la organización terrorista que cierra el círculo actuando contra las víctimas y confirmando de este modo el carácter sospechoso que presentaban[92].

La persecución llegará a extremos realmente obsesivos en municipios pequeños y medianos. La antropóloga noruega Marianne Heiberg vivió en Elgueta (Guipúzcoa), entre febrero de 1975 y septiembre de 1976, para realizar el trabajo de campo de su tesis doctoral sobre el nacionalismo vasco. En el periodo señalado Elgueta tenía alrededor de 1200 habitantes. En su investigación Heiberg destaca «el sorprendente paralelismo entre las acusaciones de chivatazo y las acusaciones de brujería de otras partes del mundo» en un municipio pequeño en el que todos se conocían:

Los vascos del pueblo creían firmemente que en Elgeta vivían muchos informadores de la policía —chivatos—. Durante mi estancia allí, se confeccionaron dos listas de informadores locales. En una de ellas se nombraba a treinta y tres personas, de las que veintiocho eran inmigrantes y cinco vascas. Se sobrentendía que, a su debido tiempo, ETA se ocuparía de estas personas[93].

La investigadora nórdica añade que quedaban señaladas «aquellas personas que, de una manera u otra, quebrantaban las normas del lugar, revelándose, con ello, como antivascos». Los datos ofrecidos por Marianne Heiberg ilustran la paranoia de los informadores de ETA que se vivió en localidades pequeñas y medianas del País Vasco y Navarra, como Elgueta (33 confidentes sólo en una de las dos listas de un municipio de 1200 habitantes).

A ese fenómeno tampoco fueron ajenas grandes localidades como San Sebastián e Irún donde aparecieron las llamadas «listas negras». En el caso de la ciudad fronteriza, en menos de dos meses, ETA distribuyó dos listas de amenazados entre los que había «chivatos». En la primera incluyó a los tres últimos alcaldes del franquismo que abandonaron la comarca del Bidasoa al igual que el resto de los señalados. En febrero de 1978 aparece expuesta en un lugar público otra lista de once nombres con su domicilio y número de teléfono particular. La mayoría son funcionarios locales próximos al último alcalde del Movimiento, Federico Bergareche Abaigar, a los que se avisa de que «serán juzgados con el mayor rigor»[94]. El entonces presidente de la gestora municipal, Julen Elgorriaga (PSE), reacciona con rapidez haciendo desaparecer las «listas negras» de las calles irunesas y negocia con el Gobierno Civil el rápido traslado de los empleados públicos amenazados. En octubre de 1978 el Boletín Oficial publicaba las plazas vacantes de interventores para Guipúzcoa a las que no se había presentado nadie. Después de lo ocurrido en Irún no era necesario explicar los motivos. Un mes más tarde circula una tercera lista con ocho nombres de iruneses o con largos años de residencia en la localidad del Bajo Bidasoa, acompañados de datos personales, domicilio y teléfono de cada uno de ellos[95]. Los casos mencionados de Irún y Elgueta no son aislados.

ETA amenazará y asesinará en su particular causa general contra los supuestos colaboradores policiales a taxistas, funcionarios, comerciantes, industriales, hosteleros, obreros y empleados a los que a buena parte de ellos les une también su ideología derechista. Llaman la atención entre los mismos antiguos guardias civiles dedicados a otras labores. Una situación en la que también estaban el padre de Rafael Díaz Usabiaga, líder del sindicato LAB con un peso muy destacado en la trama política proetarra, o los padres del etarra David Álvarez Peña, muerto en 1978 después de un tiroteo con agentes de la Benemérita, y los hermanos Sánchez del Arco. No tuvieron problemas, como tampoco los tuvieron los progenitores de otros militantes abertzales vinculados al régimen franquista de la misma manera que algunas de las víctimas de ETA. Bajo la acusación de informadores policiales, la banda terrorista realiza su particular depuración ideológica o limpieza étnica atentando contra personas de un mismo pueblo, de una misma comarca o zona. Víctimas que tenían entre sí relaciones de amistad, familia o vecindad y que por eso fueron asesinadas. Detrás de los crímenes contra los supuestos confidentes hay demasiados ejemplos de ajustes de cuentas por odios guerracivilistas, competencia profesional, rivalidades personales y, sobre todo, por defender ideas de una derecha españolista.

Carlos Arguimberri, el primero de la lista

ETA dio un salto cualitativo en los actos de intimidación constante a los vascos no nacionalistas con el asesinato de Carlos Arguimberri Elorriaga. Con 43 años y soltero, Arguimberri era miembro de una familia carlista afín al régimen de Franco del barrio devarés de Iciar. Su padre fue sepulturero, carpintero, guardia y cartero, encargado de servicios propios de personal subalterno no cualificado (habituales en excombatientes del Requeté), al margen de la agricultura o la fábrica —las dos actividades económicas predominantes en Iciar— lo que marcaba la diferencia con el resto de la vecindad. Carlos Arguimberri era chófer de un pequeño autobús que cubría cuatro veces al día los 6 kilómetros de distancia entre su barrio y Deva, además de regentar un restaurante con su hermano. Era una persona servicial, muy implicado en su comunidad, por lo que fue hasta 1974 alcalde pedáneo y concejal en Deva, donde continuaba como consejero local del Movimiento, más que por su afinidad al franquismo por su vocación pública, y también para hacer de puente entre las autoridades y su comunidad. Representaba a ese carlismo de apellidos vascos, euskaldún y católico que compatibilizaba vasquismo y españolismo. Una tendencia con cierta presencia en la geografía vasca y navarra que rompía el relato nacionalista de invasión franquista y la identificación de lo vasco con el nacionalismo.

El asesinato de Arguimberri estuvo precedido por una serie de acciones intimidatorias propias de esa combinación de cotilleo pueblerino y caza de brujas a la que han sido tan aficionados siempre el nacionalismo en general y ETA en particular. Arguimberri, vinculado a grupos parroquiales, se desmarcó de las actividades nacionalistas incipientes en los años sesenta entre los hijos del bando perdedor. Entonces comenzó a extenderse el rumor de su responsabilidad en varias detenciones y en el traslado de un sacerdote por el Obispado. Después llegaron en 1972 las pintadas de «Karlos hil» (muerte a Carlos) que pudieron observar los asistentes a su funeral tres años después. El paso siguiente fue incendiarle su microbús, condenarle al oprobio hasta el extremo de que los padres no permitían a sus hijas relacionarse con él. Le convirtieron en un proscrito. Habían preparado el terreno para su eliminación física, que tuvo lugar el 5 de julio de 1975. Fue al mediodía, mientras conducía su autobús a la altura del kilómetro 40 de la N-643, en la explanada de la casa del caminero de Atxilli. Dos pistoleros que viajaban como pasajeros le obligaron a salir de la carretera, le gritaron en euskera «hi txakur bat haiz» (eres un perro) y le dispararon nueve tiros casi a quemarropa ante veintitrés horrorizados viajeros, entre ellos un hermano y una hermana de Arguimberri.

Joseba Zulaika, antropólogo y profesor de estudios vascos en la Universidad de Reno (Nevada, EE. UU.) ha estudiado en profundidad las cinco muertes violentas vinculadas al terrorismo registradas en Iciar entre 1975 y 1980[96]. Considera a Carlos Arguimberri, al que conocía personalmente, como una «víctima propiciatoria» cuya muerte él desaprobó públicamente frente a la celebración de otros:

En el pensamiento y las conversaciones, el homicidio era un acto realizado hacía tiempo. Para algunos fue motivo de celebración con champán. Impresionado aún por la conmoción de mi madre y de otras mujeres de Itziar, mostré mi desaprobación por la muerte y recibí el reproche de mis amigos. Las gentes mayores se guardaron para ellos su opinión. Preguntar por el suceso era de lo más inapropiado, como si se tratara de una votación secreta. Parecía que en general los habitantes del pueblo rechazaban el acto por razones morales pero estaban indecisos respecto de sus motivaciones políticas.

Esa supuesta indecisión era por sus cargos políticos en el Movimiento y quedó en suspenso tras la presencia en el funeral de Arguimberri de las principales autoridades civiles y militares de la provincia, representantes del Régimen en definitiva, igual que policías y guardias civiles. Da igual que la misa fuera en euskera porque el ataúd iba cubierto con la bandera española. Vamos, que para ellos, en el fondo, bien muerto estaba.

Zulaika confiesa su descubrimiento de que hechos «sólidamente establecidos» sobre Carlos Arguimberri, como el de su papel de traidor en los sucesos de 1960 eran «totalmente falsos». No había nada de verdad en aquellos rumores que le convirtieron en «villano oficial», en la víctima de una campaña escalonada de acusación y persecución que culminó en su asesinato físico y moral. El caso de Arguimberri es lo suficientemente ilustrativo para explicar la limpieza étnica de ETA que en poco tiempo impediría la presencia de la derecha vasca españolista en zonas rurales, permitiendo así que el nacionalismo se apoderase de su espacio. Además, en este atentado comienzan a entrecruzarse las llamadas campañas «antialcaldes» y «antichivatos» contra personas de derechas con el objetivo no reconocido de borrar del mapa a uno de los vértices tradicionales del triángulo político vasco. Con uno o dos muertos se callaba a todo un colectivo, a una parte de la sociedad vasca. Si de verdad hubiera habido tantos «chivatos» como decían ETA y los Comandos Autónomos antes se habría terminado el terrorismo. Lo que nunca reconocerán es que los auténticos chivatos estaban en sus filas: para informar de objetivos y para traicionarles ante la Policía.

La derecha condenada al silencio y la clandestinidad

En el verano de 1975, en apenas treinta y cuatro días, ETA asesinó a dos personas más en Guipúzcoa: el taxista Francisco Expósito Camio y el guarda jurado Demetrio Lesmes Martín. Para reivindicar ambas muertes, los terroristas recurren a dos comunicados calcados en los que destacan que continúan «la campaña antitxibatos» (sic) iniciada con el asesinato de Carlos Arguimberri. Expósito de 54 años, era natural de Usúrbil, hijo de unos casheros del pueblo, y estaba casado con una vasca con la que tenía cuatro hijas. Sin militancia política y sin cargos, había sido campeón y subcampeón de España de ciclocross —deporte con muchos seguidores en el País Vasco— lo que le granjeaba cierta popularidad entre sus vecinos. El atentado fue reivindicado con panfletos aparecidos en las aceras de varias calles. Demetrio Lesmes fue asesinado el 8 de agosto en Hernani. Había sido víctima de un atentado fallido días antes que confirmaba las amenazas recibidas previamente. Nacido cincuenta y cuatro años antes en Sotoserrano (Salamanca), vivía en Hernani desde 1946. Estaba casado, con tres hijos, era miembro de la Guardia de Franco y trabajaba como vigilante en Pedro Orbegozo, S.A. En ambos casos, Expósito y Lesmes, los funerales tuvieron una asistencia importante de gente con autoridades muy destacadas pese a ser agosto.

Los tres asesinatos del verano de 1975 se repetirán durante una década con perfiles muy similares a los de esas víctimas. Serán lo suficientemente ejemplificadores como para que hagan efecto las amenazas contra personas a las que se apunta como informadores policiales. Como bien apunta el periodista Florencio Domínguez Iribarren:

Su asesinato no es un hecho individual, ni la elección de estas víctimas es aleatoria o accidental. Son víctimas símbolo con cuya muerte se pretendía —y en parte se consiguió— matar civil y políticamente a una parte de la sociedad vasca, la que disputa al nacionalismo el exclusivismo de lo vasco[97].

Siguiendo datos del periodista citado, entre 1977 y 1982, ETA organiza cada año una media de más de 20 comandos armados, consiguiendo en ese periodo una leva de más de 600 activistas. En 1978, cuando comienzan los peores «años de plomo», las diferentes ramas de la banda podían sumar entre 450 y 500 miembros. Con semejante disponibilidad de efectivos, desplegados en prácticamente todas las comarcas del País Vasco y auxiliados por grupos que les proporcionan asilo e información, la capacidad de intimidación será de lo más efectiva.

A la intimidación se le une lo que la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann describe como «la espiral del silencio»[98] , una teoría que trata de demostrar cómo la presión social puede hacer que una persona renuncie a expresar públicamente su opinión si siente que sólo le apoyará una minoría. El ejemplo de cada víctima sirve para expandir el miedo entre sus círculos sociales más cercanos. Ese miedo se extiende cuando diferentes sectores o colectivos de la sociedad vasca empiezan a sentir que corren peligro de ser atacados y tiene repercusión en la opinión pública. El temor obliga a callar a unos (los vascos españolistas), pero permite a hablar a otros (los nacionalistas vascos), lo que contribuyó a generar una opinión nacionalista predominante que minimizó o borró al resto de opciones políticas. Así se impone su relato, su libro de estilo, su visión de la realidad. Es un mecanismo de control social e ideológico eficaz porque el miedo, en estado latente o manifiesto, obliga a la ciudadanía a identificarse mayoritariamente con las opciones nacionalistas, especialmente en las poblaciones de tamaño medio o pequeño. El miedo a la represión y el aislamiento obligan a sobrevivir en un nacionalismo poco menos que obligatorio, repartido entre el PNV controlando instituciones y sociedad civil, y ETA y su trama civil controlando la calle en barrios y municipios.

El catedrático universitario Alejandro Muñoz-Alonso, diputado y senador del PP entre 1989 y 2016, estudió a fondo la situación de sus compañeros en el País Vasco entre finales de los setenta y mediados de los ochenta, sumando a lo anteriormente descrito los fenómenos de «subirse al carro del vencedor» y del voto «útil»[99]. Siguiendo a Muñoz-Alonso, un segmento del electorado de derecha o centroderecha no nacionalista vota al que le disgusta menos entre los que piensa que van a vencer (PNV), bien para evitar que ganen otros (los nacionalistas radicales) o bien por temor a ser identificado votando a sus opciones naturales. ¿Quién va a participar en actos electorales minoritarios en los que no falta el acoso de los abertzales radicales? ¿Quién va a relacionarse con candidatos ajenos a su municipio rodeados de escoltas o ertzainas? ¿Quién puede votar con garantías en colegios electorales sin cabinas y sin interventores de partidos constitucionalistas? A los interrogantes planteados y a lo anteriormente expuesto debemos añadirle también el proceso de desaparición del Estado en el País Vasco, en sus leyes, símbolos o en la renuncia a hacer sentir su presencia o ejercer sus competencias más definitorias.

El prestigioso sociólogo y profesor en varias universidades norteamericanas, Juan J. Linz[100] , confirma la presencia de la espiral del silencio en el País Vasco porque no todas las opiniones se expresaban con igual libertad. Su equipo de investigación constata el temor de una parte de la ciudadanía a «las presiones de todo orden de los activistas simpatizantes con miembros de la ETA», y también de los inmigrantes en situación minoritaria «en parte deseosa de integrarse, en parte socialmente aislada de la Comunidad vasca». Los vascos no nacionalistas, los españoles, según Linz, «no podían hacer gala pública de signos de identidad sin que ello fuera percibido como un acto hostil a lo vasco». Todo eso, concluye el sociólogo hispano-alemán, «contribuía a que se produjera un silencio y con ello el proceso de la espiral del silencio». El miedo de los no nacionalistas trae su silencio y con ello ETA consigue borrarles de la sociedad y del mapa político.

Cuando se intentó implantar Alianza Popular de Euskalerria

En el verano de 1976, especialmente en Vizcaya, tienen lugar las conversaciones para la creación de lo que llegaría a denominarse como Alianza Popular de Euskalerria. Son independientes, cargos públicos locales del Movimiento o personas vinculadas a los micropartidos nacidos del Estatuto de Asociaciones de 1974, cuyos promotores siempre inflaban las cifras de asociados. Entre estas últimas destacan dos en tierra vasca: UNE, a la que ya hemos hecho referencia, y Democracia Social (DS), vinculada al ministro de Trabajo Licinio de la Fuente. DS era la derecha obrera, solidaria, con una pizca de pensamiento joseantoniano y un toque populista hacia las clases pasivas recurriendo a sus éxitos con la Seguridad Social, en la línea de los exministros Girón de Velasco y Solís Ruiz. Era un minipartido atractivo para los miembros del Sindicato Vertical franquista en las grandes empresas y bancos del Gran Bilbao, como General Eléctrica, Sefanitro, Altos Hornos de Vizcaya, Babcock & Wilcox, Astilleros Españoles, Aceros Olarra, Iberduero, Banco de Bilbao y Banco de Vizcaya. Jesús Pérez Bilbao, miembro de Unión del Pueblo Español (UDPE) se pone al frente de DS en Vizcaya por medio de Vicente Toro, subsecretario de Trabajo. Pérez Bilbao es el secretario general del Consejo Económico Interprovincial del Norte de España, desde donde conoce muy bien el mundo empresarial y laboral vizcaíno.

Uno de sus grandes fichajes será el de Antonio Merino. Ambos se convertirán en dos años en los hombres fuertes del partido o de lo que quede del mismo, después de que en ese lapso de tiempo desaparezcan dos tercios de los afiliados. Fue esa derecha sindicalista de Pérez Bilbao y Merino la protagonista del primer mitin de la entonces Alianza Popular del Señorío de Vizcaya. El 29 de marzo de 1977, Licinio de la Fuente fue el orador estrella de un acto anunciado por cientos de carteles tachonados de rojo y gualda con el exministro como de luto, en ese museo de los horrores urbanísticos e industriales que fue Baracaldo en pleno desarrollismo. Le acompañó Noel Zapico, líder de los sindicatos verticales, con un público entusiasta de más de mil personas que llenaron el Salón Galindo, entrando en éxtasis cuando Isabel Lipperheide —hija de la ganadera Dolores Aguirre— hizo su entrada en el cine con una gran bandera española. Tres semanas después la coalición conservadora se presentaba en el Trueba de Bilbao con José María Ruiz-Gallardón. La moral era alta en el banderazo de salida hacia las urnas. Tras la publicación del Manifiesto de nueve puntos en la prensa vasca el 27 de enero, los promotores habían recibido más de 5000 testimonios de adhesión y aliento.

La militancia de la entonces Alianza Popular Vasca, sección del Señorío de Vizcaya, eran personas procedentes del tradicionalismo, la burocracia franquista o simplemente identificadas con valores del franquismo como el catolicismo, el orden y la ley. Los que venían del carlismo eran gente de poblaciones medianas o pequeñas, vascoparlantes, acostumbrados a convivir con los nacionalistas. Diametralmente opuestos a ellos eran los afiliados urbanitas procedentes de Bilbao y Guecho, que vivían en una burbuja de rechazo a todo lo que no fuera como lo que ellos defendían. Parecía que vivían en un telediario del franquismo. La ikurriña, la amnistía, el autogobierno vasco, la Constitución, son las grandes cuestiones ante las que la Alianza Popular vasca aparece como un partido del pasado, con un esencialismo españolista que parece una ideología defensiva o más bien antinacionalista. La redefinición del espacio de centro-derecha en Euskadi obligará a la moderación y la adaptación a los nuevos tiempos. Del no a todo (ikurriña, estatuto de autonomía, Constitución) pasarán al sí a todo. A pesar de ello, nunca a nadie se le recordará tanto su pasado como a los de AP del País Vasco. No pasó lo mismo con formaciones de extrema izquierda que en 1977 defendían programas o ideologías maximalistas.

Alianza Popular tenía una doble estructura en marzo de 1977. Por una parte, el llamado Partido Unido de Alianza Popular (PUAP) en el que se integrarían los independientes y las asociaciones como Reforma Democrática, Democracia Social, UDPE y otras. Por otra parte, había una Federación de partidos de Alianza Popular en la que estaban en pie de igualdad el PUAP, UNE y Unión Democrática Española (UDE) del exministro de Obras Públicas Federico Silva Muñoz. En Vizcaya, el PUAP, conocido como el partido cero, era el mayoritario. En pocos meses de 1977 se forma una mínima organización piramidal, con familias del régimen franquista y familias de intereses. Todos esos grupos que se unen en AP no tenían experiencia en cómo articular la participación de la gente ni cómo organizar un partido. Más que haber política lo que hay es una colisión entre grupos no habituados a pactar. La primera muestra de ello es la elaboración de listas. Se constituye un comité en el que están todos representados y se decide elaborar una relación de candidatos a los que hay que puntuar entre 1 y 10. Había un consenso previo en que la idea era que el cabeza de lista al Congreso fuera el exalcalde de Guecho y diputado provincial, Pedro Zubiría, pero una jugada diabólica de UNE y Opus consigue que el candidato al Congreso con más puntos sea Pedro de Mendizábal Uriarte, dejando a Zubiría para el Senado.

Pedro de Mendizábal, supernumerario del Opus, combatiente requeté con apenas 15 años, abogado en ejercicio y escritor, desplaza a un hombre de Neguri como Zubiría, con una amplia agenda de contactos que alcanza la Casa Real y al que muchos veían como el candidato perfecto de AP. Con Mendizábal al Congreso y Zubiría al Senado, AP de Vizcaya afronta una campaña electoral decisiva para el futuro del partido en el País Vasco. En Guipúzcoa, AP no concurre con sus siglas. Su candidatura es la de Guipúzcoa Unida. En Vizcaya y Álava, AP realizan dos campañas muy diferentes. En el caso de Álava porque tenían muchos menos recursos y el ambiente era más receptivo a sus ideas en las poblaciones del sur de la provincia vasca más castellana y menos nacionalista. El partido se fundó en Álava con poco afiliados y muy influenciado por el tradicionalismo de Hermandad Alavesa y UNE. El cabeza de lista alavés es el abogado José María de Aresti Azpiazu, letrado del consejo de administración de IBM e hijo del falangista Aresti Elorza, casi director-gerente vitalicio de la Caja Provincial. Aresti Azpiazu es yerno del empresario de naipes Félix Alfaro Fournier, quien pone a su disposición un local para oficina electoral y el vespertino Norte Exprés de su propiedad. Alfaro Fournier fue el primer empresario que se negó públicamente a pagar a ETA el «impuesto revolucionario».

Como dato anecdótico señalar que las candidaturas alavesas de AP fueron las que tenían mayor presencia femenina de toda España, destacando Ana María Vidal-Abarca, fundadora de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Con el Seat 600 de una amiga y un megáfono, Vidal-Abarca se recorrió la provincia sin demasiado éxito en las urnas. Al margen de incidencias de carteles arrancados realizaron una campaña tranquila en la que esperaban conseguir representación. Su discurso demasiado anclado en el pasado no conectó con el electorado de centro-derecha entre el que UCD barrió. En Vizcaya repitieron discursos y mensajes unidos a una ineptitud absoluta en la organización de la campaña. AP tenía enfrente a gente de extrema izquierda y PNV que ya sabían hacer campañas. Tanto AP como UCD en el País Vasco se dedican a imitar las campañas de los demás por falta de criterio, por desconocimiento de sus posibilidades reales, por no buscar un equilibrio entre el qué quieres y el qué puedes hacer en realidad. Con las arcas llenas, Alianza Popular gasta inútilmente decenas de millones en vallas que no utilizan, en folletos que no llegaban o en una cartelería hecha en un papel pesado y caro que apenas aguantaba en las paredes.

Como éxito consiguen celebrar mítines multitudinarios o irrepetibles en localidades imposibles como Ondárroa. Destacar el de Manuel Fraga en Bilbao el 10 de junio ante 7000 personas en la Feria de Muestras de Bilbao. Los actos se organizaban gracias a un costoso servicio de seguridad formado por gente inquietante, más bien de matones de Fuerza Nueva con pistola al costado. A algunos mítines hay que acudir con invitación y ése era el problema: la asistencia. Sumar a eso los riesgos de que hubiera chivatos abertzales tomando nota del público, reventadores especializados o que se terminase a tiros como ocurrió en Valmaseda. Cuando había inconvenientes así, los posibles votantes o simpatizantes se alejaban, rompían su posible vínculo emocional porque era muy arriesgado hacerlo público. A la dilapidación de recursos en Vizcaya, tenemos que unirle la dilapidación de otro capital que no supo aprovechar la derecha: el apoyo mediático incondicional de los periódicos La Gaceta del Norte de Bilbao, el diario regional más importante de España, y Norte Exprés de Vitoria. Una mejor coordinación de estrategias comunicativas con esos diarios hubiera supuesto conseguir parte de los votos que fueron a UCD y transmitir mejor los mensajes al electorado natural, pero la línea editorial de La Gaceta y Norte Exprés no ayudó a romper el estigma derechista y franquista.

Alianza Popular conseguirá en Vizcaya su único diputado vasco, entre los dieciséis aliancistas elegidos en toda España en 1977. Después de esos comicios comenzó la desbandada con la precipitada marcha de algunos candidatos, porque existía cierta sensación general de que iban a por ellos. Todo empezó con las amenazas directas al diputado Pedro de Mendizábal, cuyos escoltas detectaron a varios sospechosos en las inmediaciones de su domicilio el mismo día de las elecciones. Arreciaron los insultos en la calle a conocidos militantes e incendiaron el coche particular del candidato al Senado Jaime Cibrián. Hubo cierta psicosis hasta con los vecinos que supuestamente miraban mal y podían chivarse. En poco más de año y medio desaparecen dos tercios de los afiliados. Hay algunos que no vuelven más y otros que sólo vuelven para montar broncas en reuniones y congresos. Pedro de Mendizábal sale apresuradamente del País Vasco en julio de 1977. Le aloja en su casa de Madrid provisionalmente Álvaro Lapuerta, diputado popular por La Rioja. El Banco Santander le ofrece la posibilidad de seguir trabajando como asesor jurídico de la entidad en la capital de España. Vuelve a Vizcaya en ocasiones puntuales por motivos políticos o familiares. Se quedará en Madrid hasta su muerte, el último día de 1981.

El obligado exilio de Mendizábal en Madrid, sin renunciar a su escaño, deja a los aliancistas vascos sin representación, sin visibilidad, porque el diputado vizcaíno va por libre hasta terminar en aquel proyecto fallido llamado Derecha Democrática Española, que era más bien una extrema derecha antidemocrática muy española. El caso del diputado Mendizábal no fue aislado. El asesinato de Javier de Ybarra también influyó en el ánimo de algunas familias guechotarras con ilustres apellidos y carnés de AP del Señorío de Vizcaya. La diáspora de la derecha vasca sociológica y política había comenzado tras las primeras elecciones en cuarenta y un años. Con unas deudas de más de 40 millones en Vizcaya, sin representación, el partido desaparecido en Guipúzcoa y en Álava arrinconado por la fuerza de UCD, a finales de 1977, Alianza Popular organizó sus congresos provinciales para tener durante 1978 organizaciones estables que cortasen la hemorragia de militancia. La división por el voto en el referéndum constitucional tuvo una traumática relevancia en las provincias vascas. Los sectores más radicales abandonaron una formación que buscaba desesperadamente el centro político desde una derecha rancia que no dejaba de mirar al pasado. Eran inmovilistas contra el cambio, conservadores que no querían cambiar nada sin saber por qué. Algunos de aquellos ultras aparecieron después en las filas de otros partidos con la vitola de democristianos o liberales.

El annus horribilis de Alianza Popular en el País Vasco

1979 fue el peor de la historia de Alianza Popular en tierra vasca. Los pésimos resultados de las elecciones generales y locales, el no en el referéndum del estatuto de autonomía y los asesinatos de Modesto Carriegas y Luis Uriarte plantearon a los dirigentes de la AP vasca la desaparición del partido en las tres provincias. Los resultados electorales de las generales con la marca Unión Foral del País Vasco (UFPV) fueron catastróficos si se comparan con los del AP y GU en 1977. En Vizcaya perdió un 36% de los votos de AP en 1977 y en Álava un 9%. En Guipúzcoa, donde en lugar de AP concurrió Guipúzcoa Unida, perdieron el 87% de las papeletas conseguidas por GU veinte meses antes. UFPV, más que un partido para las tres provincias fue la marca electoral vasca de la efímera Coalición Democrática de Manuel Fraga, Alfonso Osorio y José María de Areilza. El partido del arbolito fue un fracaso idéntico al de la formación nacida del pacto de Aravaca, al que se negaron a votar incluso los más incondicionales de AP en Euskadi. Para colmo de adversidades, en algunos pueblos de raigambre carlista, sus siglas se confundieron con las de la coalición Unión Nacional de Blas Piñar.

La campaña electoral de Unión Foral fue una auténtica catástrofe. Hubo incluso algún genio que no tuvo mejor idea que insertar un anuncio en el diario Egin con la papeleta de Vizcaya de UFPV[101]. Un primer mitin-coloquio en la localidad de Orduña fue reventado por trabajadores de las empresas de aceros de Luis Olarra, cabeza de lista al Congreso. Hubo un continuo acoso de los empleados de Olarra que imposibilitaron la campaña del proyecto de partido foralista vasco ideado por Pedro Morales Moya, exdiputado alavés de UCD. Morales Moya, número uno de UFPV por Álava, fue uno de los primeros tránsfugas al Grupo Mixto al discrepar cómo trataba la Constitución la cuestión foral. El otro cabeza de lista, en Guipúzcoa, era el exprocurador en Cortes, Manuel Escudero Rueda, reducido a la mínima expresión por la lista de UCD que encabezaba Marcelino Oreja. El propio Oreja, conocedor de las dificultades electorales en la provincia más nacionalista para dos partidos que competían en el espacio de centro-derecha españolista, propuso a Escudero una alianza entre UCD y UFPV que no fue posible ni para el Senado. No faltó algún cachondo proponiéndoles la denominación de «Españoles por Guipúzcoa». ¿Por qué falló la fórmula UFPV con tres cabezas de lista muy buenos? Fundamentalmente porque fracasó Coalición Democrática en toda España.

En el caso de Guipúzcoa, por falta de espacio. Manuel Escudero Rueda, procurador aperturista en las Cortes del tardofranquismo, formaba parte del núcleo duro de los llamados «procuradores trashumantes», un grupo informal de oposición al régimen franquista desde dentro del mismo, formado por carlistas disidentes como José Ángel Zubiaur, Auxilio Goñi y Antonio Arrúe, entre otros. Encabezó en 1977 junto a un hijo de José María de Areilza la lista de Demócratas Independientes Vascos (DIV), sucedáneo de UCD en Guipúzcoa. Las urnas nunca le reconocieron su ingente labor por la recuperación del Concierto Económico y las libertades, ni con DIV ni con UFPV. Hubiera sido más práctico haberse aliado con Marcelino Oreja en una lista única. En Álava, donde mejor se mantuvo el tipo, el fracaso estuvo relacionado con la incapacidad de los candidatos para vender bien el mensaje en la misma línea exitosa que lo haría Unidad Alavesa una década después. Y eso que llevaban como cabeza de lista a Morales Moya, artífice del éxito de UCD en Álava. Mención aparte merece, una vez más, el caso vizcaíno. ¿Por qué se desfonda AP en Vizcaya con Unión Foral? Su promotor y mecenas, Luis Olarra, quería un partido nuevo, como el PNV, pero sin ser nacionalista.

Olarra introduce gente propia en UFPV quitando a los de AP. Era un empresario con ambiciones políticas que desconocía que las cuentas de resultados en la política son las que dictan las urnas. Sin hacer campaña, sin ni siquiera apelar al voto tradicional, no se sabía lo que quería. La «no campaña» produce un «no resultado», perjudicado por la confusión con Unión Nacional, que ponen por delante en veintidós localidades vascas a la coalición ultraderechista liderada por Blas Piñar. La política siempre fue para Olarra su peor inversión. En esa campaña surrealista de 1979 se gastó 50 millones de pesetas, gracias a créditos del Banco de Bilbao (20 millones), Banco de Vizcaya (20 millones) y la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao (10 millones). Repartió vino de sus bodegas, fue al bingo para dejarse ver y organizó una tómbola en un histórico hotel bilbaíno. Después del fracaso de las generales todavía quedó ánimo para continuar con el invento de UFPV en los comicios para ayuntamientos y diputaciones. Se llegaron a presentar algunas listas publicadas en el Boletín Oficial que duraron hasta que candidatos y afiliados de AP se tomaron en serio las amenazas genéricas contra ellos. Decidieron retirarse menos en Álava, donde cuatro papeletas llegaron a la campaña.

La de Vitoria, encabezada por Pedro Morales Moya, no llegó a la cita con las urnas. Ese día sólo hubo tres listas de UFPV en Álava. Las tres obtuvieron un concejal cada una en Ayala, Laguardia y Ribera Alta. Eran la única representación que tenía Alianza Popular en el País Vasco. El siguiente frente que se abre para los aliancistas vascos es el debate por el estatuto de Guernica. En el País Vasco estaban por la abstención, incluso había varios por el sí, siempre con una desconfianza absoluta hacia el PNV. De hecho, los vascos presentes en la Junta Directiva Nacional de AP, Jesús Pérez Bilbao, Antonio Merino, Roque Arámbarri y Ana María Vidal-Abarca, defienden el sí frente al «comando del no» liderado por José María Ruiz Gallardón. Hasta Fraga dudaba entre la abstención y el sí, pero ganan las tesis de Ruiz Gallardón que tendrán pésima acogida en la mermada afiliación vasca. El jurista madrileño busca argumentos emocionales como la unidad de España o el ambiente antiespañol que se vivía en el País Vasco. De fondo estaba su polémica con el líder de Fuerza Nueva, Blas Piñar, en las páginas de opinión del diario ultraderechista El Imparcial. Ruiz Gallardón era consciente de que AP no podía avanzar hacia el centro porque UCD era un muro insalvable que lo impedía, mientras observaba que los votos de la derecha sociológica más neta se podían escapar hacia los ultras.

La elección como diputado por Madrid de Blas Piñar había encendido las alarmas en la sede nacional aliancista de la madrileña calle Silva. Los estrategas del partido entendían que en cuestiones sensibles, como la unidad de España o el estado de las autonomías, había que ofrecer una imagen de firmeza para que la derecha del barrio de Salamanca no fuera tentada por los nostálgicos del franquismo. El entonces presidente nacional de AP, el notario Félix Pastor Ridruejo, defendía una nueva derecha desvinculada del régimen anterior. En un valiente artículo, «Franquismo», publicado el 14 de enero de 1978 en el diario Informaciones, Félix Pastor pedía a la derecha española distanciamiento con el antidemocrático régimen anterior y la invitaba a «vacunarse contra sus propios virus y llorar sus culpas» como única manera de poder mirar al futuro sin «quedar convertida en una estatua de sal». En esa misma línea pretendían actuar los directivos de la AP vasca hasta que llegó el mazazo del no al estatuto. Muchos años después, el Partido Popular vasco hizo bandera y reivindicación del estatuto de Guernica frente a las veleidades del nacionalismo. El eterno burukide peneuvista Joseba Egibar siempre responde a la defensa estatutaria recordando a los populares vascos su no en el referéndum.

Es como si cada vez que hubiera un atentado y el PNV lo condenase, hubiera alguien del PP que habría recordado a los jeltzales cuando no condenaban los asesinatos de ETA o se ponían de perfil. Nadie les ha explicado que al PP vasco se incorporaron antiguos militantes y cargos públicos de UCD o de formaciones escindidas del partido centrista de la Transición, que siempre dieron el sí al estatuto de Guernica, a pesar de que el partido de Egibar les obligó a retirarse del bloque favorable en la campaña del referéndum. El no impuesto desde Madrid fue interpretado por un sector de los afiliados como un no al proceso autonómico que se inauguraba. Más lenguaje duro para no recibir nada y ofrecer una imagen radical. Hubo quien pensó que con esa negativa era mejor abstenerse de concurrir en las primeras elecciones al Parlamento vasco. Los asesinatos y amenazas de ETA y su entorno, el no al estatuto, la fuga permanente de afiliados y la salida del País Vasco de los principales dirigentes hicieron plantearse a los que quedaban la continuidad de Alianza Popular. No era para menos. Cuatro días antes de que finalizase 1979 se marchó definitivamente con su familia a Madrid el sestaotarra Carlos Ruiz Cortadi, fundador y primer tesorero de AP en Vizcaya, a la que se afilia desde UNE.

Ruiz Cortadi fue concejal y teniente de alcalde en Sestao en los últimos años del franquismo. Llegó al consistorio de la Margen Izquierda con 30 años y un empleo fijo en una sucursal bancaria del que vivía, avalado políticamente por su pertenencia a una conocida familia carlista. Uno de sus seis hermanos, Eloy, fue víctima de un atentado de ETA en 1976 del que se salvó milagrosamente. Los terroristas le señalaron como «guerrillero de Cristo Rey». Desde entonces comenzó a recibir amenazas telefónicas y a tomar medidas de autoprotección. En 1978, la Policía Nacional le informó de que, en la desarticulación de un comando de ETA, incautaron detallada información sobre sus rutinas. Ese día cambió su vida para siempre. Empezó con escoltas, dijo adiós a la política y terminó marchándose temporalmente a Madrid con un traslado laboral. Decidió lo último en 1979, después de que su hijo de 6 años notase que un coche les seguía, y después de salir un día de casa encontrándose a tres sospechosos vigilándole desde un automóvil. Dos meses después encontró casa en la capital de España y volvió para recoger a su familia. Siempre cuenta que cuando iban por la carretera, a la altura de Orduña, no pudo evitar llorar.

El 10 de enero de 1980, ETA-m asesinaba en Vitoria a Jesús Velasco Zuazola, comandante de Caballería y jefe del Cuerpo de Miñones de Álava, policía foral alavesa. El nombre de Velasco era uno de los que más sonaba para dirigir a la Ertzaintza, el cuerpo policial vasco contemplado en el estatuto de Guernica. Además, el militar asesinado era marido de Ana María Vidal-Abarca, candidata y dirigente de Alianza Popular en Álava. Manuel Fraga se trasladó a la capital alavesa para asistir al funeral de Velasco y reunirse con la ejecutiva de su partido. En el hotel Canciller de Álava le plantearon la situación en las tres provincias vascas del partido que presidía desde hacía un mes. Un informe elaborado por Antonio Merino llegaba a la conclusión de que si Madrid ponía el dinero concurrirían a las elecciones vascas con sus propias siglas. Al frente de la AP vasca quedaba un puñado de militantes entre los que destacaban Antonio Merino, un grupo de mujeres y de jóvenes de Nuevas Generaciones con el apoyo incondicional de su líder nacional Alejandro Martín Carrero. La determinación y valentía de Antonio Merino, que tuvo que marcharse temporalmente, fue clave para la continuidad del proyecto de Fraga en el País Vasco.

AP se mantuvo en las provincias vascas gracias a la organización vizcaína en la que el alma mater fue Merino. Quizá algún día alguien reconozca la extraordinaria labor de ese hombre cuando nadie quería dar la cara poniéndose al timón de una opción política desprestigiada, rota y perseguida. Manuel Fraga les dijo que sí, que buscaría el dinero debajo las piedras. Algunos jóvenes proponían hacer la campaña ellos y que los candidatos los pusiera Madrid. Buscar setenta nombres y apellidos para las tres listas fue un objetivo casi imposible, conseguido justo cuando estaban a punto de agotarse el plazo límite. La decisión de estar en las urnas fue clave para el futuro del partido. Se hizo una campaña muy útil, con un lema «La razón de la derecha», con el que sabían dónde iban y lo que buscaban. Cambiaron el modelo de las campañas. El resultado fue de dos parlamentarios entre sesenta. Uno en Vizcaya, Florencio Aróstegui, y otro por Álava, Santiago de Griñó, con 43.751 votos para la esperanza. Los dos escaños abrieron una nueva etapa en los años ochenta en los que la formación conservadora resistió, creció y fue el único partido españolista de centro-derecha con implantación en Euskadi. Evitaron ser una formación personalista lo que no evitó las trifulcas internas más por ambiciones personales que por motivos ideológicos.

El discurso de Florencio Aróstegui (redactado por Javier Zarzalejos) durante la investidura como lehendakari de Carlos Garaikoetxea fue toda una declaración de intenciones ante los nuevos tiempos. Alianza Popular aceptaba implícitamente el nuevo marco institucional y en el mismo terminaría defendiendo el estatuto de Guernica. No faltó un largo conflicto interno por las reticencias de los afiliados de mayor edad a aceptar la nueva realidad política y sus símbolos. Les cuesta más aceptar la ikurriña que la Constitución, hasta el extremo de que, en su visión rancia y negativa, llegan a borrar la enseña vasca de publicaciones y merchandising electoral, o incluso a esconderla cuando se colocó en despachos y salas de reuniones en las sedes del partido. La sociedad y el partido evolucionaban, menos ese sector refractario dispuesto a negar cualquier cosa que no fuera lo que pensaban. Hay un dato elocuente[102] : los dos partidos que delimitaban los extremos del Parlamento vasco inaugural en 1980, Euskadiko Ezkerra y Alianza Popular, avanzaron en 1988 hacia posiciones desconocidas: EE daba su «sí inequívoco» a la Constitución, que había rechazado en 1978, y Alianza Popular defendía el estatuto de Guernica sin ambigüedades en la ponencia política de su V Congreso Regional.

Fue todo un anticipo a la refundación de AP en el Partido Popular de 1989. La fórmula de Coalición Popular, nacida en 1982 y muerta en 1986, en el País Vasco, sirvió para ofrecer una imagen de moderación lastrada en ocasiones por el discurso franquista. También para llegar a la conclusión definitiva de que en las provincias vascas sólo podía haber un partido de centro-derecha no nacionalista porque no había sitio para más.

El hijo de Modesto Carriegas homenajea a su padre asesinado

El 24 de abril de 2001, Rafael Carriegas Robledo tomaba posesión como diputado por Vizcaya en el Congreso, en sustitución de Jaime Mayor Oreja. Por un momento un maremágnum de emociones le embargó recordando a su padre Modesto Carriegas Pérez, asesinado por ETA-m en 1979, después de haber sido candidato por Vizcaya con Unión Foral del País Vasco (UFPV). Rafa —como le llaman los suyos— culminaba una carrera política iniciada diez años antes, precisamente para reivindicar la memoria de su padre y de las demás víctimas del terrorismo. Era una muestra más del compromiso de un hombre que, junto a su madre y hermanos, sintió en carne propia la soledad, el frío, el aislamiento social y la indiferencia política que sufrieron las víctimas de ETA durante los «años de plomo». En 1991, Rafa Carriegas decidió renunciar a la comodidad de su trabajo como empleado fijo en una sucursal bancaria en Briviesca para meterse en política como concejal del PP en la capital de La Bureba burgalesa. Cuando terminaba la legislatura le trasladan a Bilbao donde seguirá en lo público en recuerdo de su progenitor. Nunca olvidó lo que éste dijo tras pedir la opinión de los cuatro hijos mayores sobre su participación en la lista de UFPV: «Rafa ha sido el mejor, el que más claro me ha dicho que para adelante»[103].

Aquellas palabras siempre resonaron en el chaval de 14 años al que ETA le obligó a ser mayor cuando tenía que ser adolescente, al que la obligatoria madurez anticipada le hizo abandonar sus estudios universitarios para ponerse a trabajar en un banco, tras aprobar una oposición. La vuelta al País Vasco, después de más de una década fuera, lleva implícita la continuidad en la política. Hay motivos para renunciar como el salvaje ataque que sufrió la oficina bancaria que dirigía en Bilbao (más de 300.000 euros en daños) o el asesinato de Gregorio Ordóñez. No había marcha atrás para él y en 1995 se presenta como candidato del PP para el ayuntamiento de Baracaldo y las Juntas Generales de Vizcaya resultado elegido en ambas instituciones. Posteriormente seguirá en el consistorio de la localidad fabril hasta 2007, encabezando la lista popular en 1999 y 2003. Eran tiempos difíciles en los que podía haber seguido el camino de Sabino Fernández Palacio, un histórico en Vizcaya de UCD y PP que, harto de lo que llevaba sufrido, se marchó a Asturias después de que un comando de terroristas amateurs incendiase el bar de sus hijas. Otros terroristas pretendían atentar contra Rafa Carriegas. Eso dedujo la Guardia Civil por los datos sobre él encontrados entre la documentación incautada en febrero de 2005 tras la detención del etarra Javier Pérez Aldunate.

En 2007, Rafael Carriegas abandona la política porque pensaba que ya había hecho todo lo que tenía que hacer por su padre y también para que su hijo no sufriera lo mismo que él. Al ya exconcejal, exjuntero y exdiputado le quedó la espina clavada de que la Policía y la Justicia nunca pudieron detener y juzgar a los asesinos de su progenitor, un caso que quedó prescrito en 2012. Como compensación le quedan los homenajes, medallas y reconocimientos a un hombre asesinado por sus ideas. También haber superado la segunda parte de los «años de plomo» en los que se jugaba la vida cada día mientras aguantaba la insolidaridad de algunos concejales del PNV, que oscilaba entre las dudas a una condena rotunda a atentados hasta compartir con él vehículos del ayuntamiento para ir a actos oficiales. El portavoz popular en Baracaldo fue testigo de la imposibilidad de poder implantar mínimamente su partido en la cabecera de la Margen Izquierda por los continuos ataques a la sede local del PP. La situación de acoso llevó a los dirigentes del PP a cambiar de local, encontrándose con serias dificultades por la negativa de las inmobiliarias a alquilarles oficinas o incluso por la recogida de firmas de vecinos para evitar la apertura de una nueva delegación popular en Baracaldo.

A finales de 1978, Antonio Merino y Jesús Pérez Bilbao, principales dirigentes de Alianza Popular en Vizcaya, buscaban a alguien de la Margen Izquierda del Nervión para ir detrás de Luis Olarra en la candidatura de Unión Foral del País Vasco (UFPV). Querían un candidato desconocido en la política, pero conocido en otros ámbitos y con capacidad de atraer votos en uno de los bastiones electorales del PSOE. Por indicación de los responsables de AP en Baracaldo contactaron un sábado de diciembre de 1978 en un céntrico hotel bilbaíno con Modesto Carriegas quien, en poco más de una semana, les dio el sí definitivo después de hablarlo con su familia. Publicadas las candidaturas en la prensa el 21 de enero[104] , seis días más tarde el director del Banco Hispano-Americano en Baracaldo tuvo la mala suerte de ser víctima de un robo y secuestro un tanto rocambolesco. Cuatro etarras entraron en el banco, retuvieron a 23 empleados y se llevaron 60.000 euros de la época. Para retrasar la denuncia del atraco, uno se llevó al director de la sucursal como rehén hasta la estación de Renfe, mientras los otros huían en un coche robado. El secuestrador tomó con el director un tren de cercanías hasta Bilbao, donde le liberó en un bar, advirtiéndole de que permaneciera allí durante una hora. Nadie fue detenido por aquel robo y secuestro.

La primera y única experiencia electoral de Carriegas fue de lo más desalentadora por el resultado de UFPV en Vizcaya. Le quedó el consuelo de que en Baracaldo sólo perdieron un 22% de votos respecto a 1977 y del apoyo de sus hijos ensobrando y buzoneando papeletas electorales. Modesto Carriegas volvió a su vida cotidiana sin más compromisos al no estar afiliado a Alianza Popular. Además de la familia y su trabajo estaba su afición a la pelota y los bolos. Fue presidente de la Federación Vizcaína de Bolos entre 1969 y 1975 quintuplicando el número de fichas federativas de un deporte rural minoritario muy practicado en la franja fronteriza entre Vizcaya y Cantabria. Allí, en Arcentales, en el límite oeste de la geografía vizcaína con Burgos y Cantabria, nació él en 1932. Con una infancia marcada por la posguerra, huérfano de madre, Modesto empezó desde la nada hasta llegar en 1972 a director de sucursal en la importante plaza de Baracaldo por su don de gentes y visión comercial. Todo había vuelto a la aparente normalidad pero después de las vacaciones familiares en Lequeitio le vieron nervioso. Ya en el mes de septiembre le llegó a confesar a su mujer que notaba que le seguían. Durante los primeros días de ese mes hubo dirigentes de AP que recibieron amenazas por teléfono.

Los Carriegas Robledo se preparaban para el inicio del curso escolar con la celebración del cumpleaños del cabeza de familia. Fue la última reunión con el padre, que sopló 47 velas. A la mañana siguiente asesinaron a Modesto en el portal de su casa dos encapuchados que le esperaban allí escondidos, porque conocían sus horarios e itinerarios. Aquel 13 de septiembre de 1979, el reloj ya había tocado las ocho de la mañana cuando a Carriegas los dos delincuentes le interceptaron el paso y le dispararon repetidamente casi a quemarropa provocándole la muerte instantánea. Los tiros se escucharon en toda la escalera lo que levantó las sospechas de la esposa de Carriegas. La mujer bajó corriendo las escaleras para encontrarse con el cadáver de su marido al que trasladaron a un centro hospitalario próximo pensando que todavía respiraba. De vuelta a casa, rota por el dolor, a Mercedes Robledo le quedaron fuerzas para abrazar a sus hijos mientras les decía: «Le han matado. Ahora todos tenemos que estar unidos». Veinticuatro horas después del atentado lo reivindicaba la rama militar de ETA en su boletín oficial particular, el diario Egin [105]. Los terroristas «argumentaban» el crimen por la supuesta negativa de Carriegas al pago de las extorsiones de la banda, aprovechando el comunicado para mandar un aviso a navegantes. Redondeaban su justificación tildando de «antivasco» al empleado de banca tiroteado.

Diez días después de la muerte de Modesto Carriegas, el diario El Correo publicaba una carta de su viuda María Mercedes Robledo Amantegui en la que respondía una por una a las acusaciones de ETA para justificar el crimen[106]. La esposa de Carriegas desmontaba el argumentario de los pistoleros subrayando que eran mentira los «delitos» imputados como «antivasco», «fascista» o el impago del llamado impuesto revolucionario. Mercedes Robledo destacaba que su marido «era español», pedía paz y terminaba con un rotundo «yo, os perdono». Hasta aquí la grandeza y valentía de una mujer a la que ETA había condenado al luto. A partir de aquí la miseria moral de los terroristas y sus chivatos que debieron de sentirse muy ofendidos porque alguien les afease públicamente sus fechorías. No tuvieron otra idea mejor que enviar una carta amenazante a Mercedes Robledo y sus cinco hijos exigiendo su salida de Baracaldo. La destinataria respondió con serenidad y gallardía quedándose hasta junio del año siguiente, al finalizar sus hijos el curso. No se fueron muy lejos: volvieron al piso familiar en el bilbaíno barrio de Irala para rehacer su vida. ¿Por qué mató ETA a Modesto Carriegas? Sin duda alguna, por su presencia en la lista de Unión Foral. Era un crimen sectario que la organización terrorista no quería reivindicar como tal.

Los asesinos buscaron lo del «impuesto revolucionario» aprovechando un momento de oleada de cartas no sólo a empresarios, sino también a comerciantes y profesionales autónomos en la Margen Izquierda. El titular de Egin del día anterior ya llevaba implícita la acusación: «Banquero de Unión Foral muerto en Baracaldo». Lo más increíble de todo es que algunos de los redactores del vocero en papel de ETA, con necesidad de algo más que un curso acelerado de ética periodística, terminaron como profesores en la facultad de Ciencias de la Información de la universidad pública vasca. La noticia del atentado fue interpretada como un hecho aislado, pero las amenazas a los aliancistas iban en aumento, no sólo por la presencia en sus filas del empresario Luis Olarra. El entonces presidente de la Confederación General de Empresarios de Vizcaya, con sus fábricas del metal en crisis o en suspensión de pagos, optó por la línea dura ante la larga huelga de sus empleados, no sólo contra los sindicatos también contra ETA. Olarra fue uno de los primeros patrones en negarse públicamente a pagar la extorsión etarra llegando a enviar al dirigente de Herri Batasuna, Jon Idígoras, una lista de objetivos de HB ante los que actuarían elementos mafiosos marselleses y corsos si él o algún familiar suyo sufrían un atentado.

En aquel portal del número 3 de la hoy plaza Auzolan quedaron dos impactos de bala, en una pared y en el ascensor. En el alma de la familia de Modesto Carriegas quedó una herida a cerrar por una madre coraje a la que le se escapó el mayor de sus hijos. Está todavía por contar y escribir la desconocida lista de víctimas colaterales de ETA a las que la banda terrorista llevó al cáncer, los trastornos psíquicos, las adicciones incurables o el suicidio. A los cuatro restantes consiguió educarles en principios de solidaridad social con el ejemplo: ayudando a prostitutas, gestionando un comedor para marginados o colaborando con asociaciones para la rehabilitación de toxicómanos. Su retoño menor fue el alumno más aventajado trabajando en cárceles con reclusos sociales. A todos les quedó siempre presente el padre que les enseñó a amar su tierra con sus rudimentos de euskera, conociendo muchos pueblos a los que iban para seguir campeonatos de pasabolo. El hombre que antes de salir de casa ponía la mirada en todos ellos. Se lo arrebataron un maldito día de septiembre, una semana antes de que Rafa cumpliera 15 años. Fue en ese portal frente al que tantas veces ha pasado él desde que se fueron de aquella casa en 1980. Ese portal en el que nunca más quiso entrar desde que se fueron.

El secreto que Luis Uriarte se llevó

Luis María Uriarte Alzaa, más un número incontable de apellidos vascos, nació en 1924 en el seno de una familia numerosa de aquel Durango preindustrial y mayoritariamente carlista y vascoparlante. El hijo de un carlistón decimonónico hizo suya desde su infancia la causa de la boina roja y la bandera blanca con la Cruz de Borgoña. Y de esa causa mantuvo siempre constantes sus creencias religiosas, su amor a las tradiciones forales y la cultura vasca, así como su defensa de España como patria de los vascos. Su paso por la localidad-taller de Éibar, donde estudió en las escuelas de formación de las armerías, no le hizo cambiar de ideas ni ver su defensa de la tradición incompatible con la industrialización y la clase obrera. Se casó en 1954 con María Victoria Garay Ugarte, cuya familia estaba relacionada con las canteras para fabricar cemento. El matrimonio con una vecina de Bedia le llevó a trabajar en la famosa cementera de Lemona —principal centro de empleo de la comarca— dirigiendo un taller para el mantenimiento de los camiones de la empresa. Por ello trasladó su residencia a Bedia, donde fue alcalde desde 1965 a 1977, dedicándose a las labores municipales sin remuneración por las tardes, después de su trabajo.

Una localidad de alrededor de 1400 habitantes, con un presupuesto en 1974 de poco más de 1 400 000 pesetas (unos 8500 euros de ahora), no obligaba a mucha labor de despacho, pero sí de viajes y llamadas telefónicas con el respaldo de una amplia agenda de contactos ministeriales para acometer actuaciones en el alumbrado público, el asfaltado de caminos, la construcción de viviendas o el mantenimiento de escuelas públicas. Su paso por el consistorio de Bedia reforzó sus convicciones foralistas, por las limitaciones económicas a las que condenaba a los ayuntamientos, sobre todo a los pequeños, la ausencia obligada del Concierto Económico en Vizcaya. La reivindicación de la recuperación del régimen concertado formaba parte de su ideario tradicionalista heredado de su padre. Del mismo aprendió también a comprender la importancia de la institución provincial a la que no concebía sin sus peculiaridades forales. Fue el empleo de su progenitor en la Diputación de Vizcaya, como responsable de los trabajadores para el mantenimiento de carreteras y caminos del Señorío, el que le sirvió como ejemplo para ser siempre un defensor a ultranza de las singularidades administrativas y fiscales de Vizcaya.

Como tantos carlistas compartió la decepción que les produjo aquella inexplicable e inexplicada estupidez de Franco en 1937, que tanto decepcionó a los combatientes requetés en el bando nacional. Luis María Uriarte, fiel a la idea de sus mayores, decidió vincularse a comienzos de la década de los sesenta a uno de los intentos de reorganización del carlismo javierista en Vizcaya. En abril de 1961 quedó constituida la Junta Señorial de la que formaba parte Luis Uriarte representando a las juntas locales del valle de Arratia. La junta estaba presidida por Eduardo Clausen Lund, emparentado con la familia Zubiría, uno de cuyos integrantes tendría una gran influencia en la carrera política de Luis Uriarte. También la tendría, cuando ya era alcalde de Bedia, Fernando de Ybarra y López-Dóriga, marqués de Arriluce de Ybarra, uno de los más destacados representantes del todopoderoso clan de Neguri presente en todos los consejos de administración de las principales empresas y bancos vascos. El marqués de Arriluce, presidente de la Diputación de Vizcaya entre 1967 y 1970, le animó a presentarse para diputado provincial en 1971 por el partido judicial de Durango. Salió elegido y ya en el palacio de la Gran Vía bilbaína, con Pedro de Arístegui de presidente, conoció a Pedro Zubiría Garnica, diputado como él y alcalde de Guecho.

La relación con Perico Zubiría fue determinante para su participación en la constitución de Alianza Popular del Señorío de Vizcaya, formación a la que se afilian, directamente o a través de UNE, carlistas de la zona del Duranguesado de la mano de Uriarte. En febrero de 1977 dimitió como alcalde de la pequeña anteiglesia de Arratia, precisamente en coherencia con la decisión que había tomado semanas antes la Diputación vizcaína de rechazar la ikurriña como bandera vasca oficiosa. Esa posición marcaría a todos los diputados provinciales, especialmente a Luis Uriarte que, en una audiencia del rey a la Diputación de Vizcaya, el 2 de febrero de ese año, se atrevió a expresarle al monarca su decepción por la decisión gubernamental de legalizar la ikurriña como bandera del pueblo vasco. Las palabras de reproche de Uriarte rompiendo un poco el protocolo impactaron al rey. Hubo incluso quien a la salida del Palacio de Oriente le afeó la conducta, a lo que el todavía diputado provincial le respondió que ésa era la postura de la gran mayoría de los diecinueve representantes recibidos por Juan Carlos I. Como tradicionalista no aceptaba más banderas oficiales que la rojigualda de España y el pendón señorial vizcaíno. La misma postura que tomaron carlistas y alfonsinos durante la Segunda República.

Entendía que la ikurriña era el símbolo del PNV y no la bandera de los vascos, una prueba más de que nunca había habido ni símbolos ni instituciones comunes entre vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses. Antes de la audiencia real, el alcalde de Bedia se había entrevistado con otros diputados con el ministro Rodolfo Martín Villa. Pensaban que cumpliría las garantías que les había dado de que la tricolor jeltzale podría permitirse como símbolo partidista, pero no como bandera oficial. Él, como alcalde y diputado, no estaba dispuesto a tolerarla en los balcones de su ayuntamiento o la Diputación, así que dimitió, al igual que alrededor de cien alcaldes y concejales de toda la geografía vasca a principios de 1977. Otro factor determinante para su renuncia como regidor y miembro de la corporación provincial fueron las amenazas recibidas en la calle, por carta o teléfono los diez últimos días de enero de 1977. Las muestras de intimidación arreciaron después de abandonar la política institucional. Desde que su renuncia se hizo pública en la prensa, en donde en algún medio le situaron como «próximo a la extrema derecha»[107] , Luis Uriarte se colocó sin saberlo más cerca del punto de mira de ETA. Pensó que militando en Alianza Popular y sin cargos públicos le dejarían tranquilo, pero no fue así: ETA le apuntaba.

Ya en 1978, la Policía, su esposa, compañeros de partido y sus amigos más próximos, le aconsejaron que abandonase el País Vasco durante una temporada ante la avalancha incesante de amenazas de muerte recibidas. Los asesinatos de sus compañeros de corporación provincial, Víctor Legorburu y Augusto Unceta-Barrenechea, los tuvo siempre muy presentes. Vivió escoltado durante meses por la Guardia Civil, en un régimen de libertad vigilada que aconsejaba marcharse temporalmente, por lo menos hasta después de las elecciones municipales. La familia tiró de agenda recurriendo a unos buenos amigos de Navarra dispuestos a acogerle. Protegido por la Benemérita se fue a un pueblo de la Comunidad Foral durante año y medio, donde lo visitaban su esposa e hijos. El chivato de la vecina localidad de Lemona que le seguía a sol y sombra no dejó de vigilar al entorno familiar del exalcalde. El destierro, el alejamiento de la familia y la condena a la inactividad le deprimieron mucho. Aquel hombre alegre, amigo de sus amigos, muy aficionado a las costumbres sociales y gastronómicas del ir de potes o de organizar comidas con su cuadrilla, se fue apagando en el obligado exilio. La vuelta de unas vacaciones en el sur con su esposa le pilló desprevenido.

Tenía previsto irse el domingo 30. Antes regresó a su taller, fiel a sus horarios y rutinas, hasta que el soplón en plantilla del pueblo dio cuenta a los terroristas. El sábado 29 de septiembre, Luis madrugó y se trasladó a los talleres en su coche llegando antes de la apertura. Mientras hacía tiempo leyendo el periódico para iniciar su jornada laboral dos pistoleros le dispararon con pistola y metralleta, a menos de metro y medio de distancia, veinte tiros de los que nueve impactaron en su cuerpo dejándole en estado muy grave. Le trasladaron en una ambulancia al hospital de Basurto en Bilbao todavía consciente, mientras repetía que sus agresores eran de ETA y que les perdonaba. Durante los seis días que sobrevivió no fue capaz de revelar a su familia la identidad de sus asesinos. Estuvo consciente hasta el miércoles 3. Ante las insistentes preguntas de su mujer respondía: «Les conozco y les perdono». Con tres hijos de edades entre los 15 y los 22 años quizá temía que tratasen de enfrentarse a los verdugos para terminar corriendo la misma suerte. El viernes 5 de octubre murió a las nueve y media de la mañana llevándose a la tumba el nombre de sus verdugos, quizá pensando que así podría evitar que en su familia corrieran la misma suerte que él o que se tomasen la justicia por su mano.

El atentado contra Uriarte sorprendió a dirigentes de Alianza Popular en Vizcaya como Antonio Merino o Pedro Zubiría que no sabían nada de su discreto regreso. El impacto fue brutal porque la cada vez más reducida militancia aliancista vasca era consciente de que eran un objetivo previamente estigmatizado con ser de extrema derecha o franquista. A eso contribuyó la prensa y no precisamente el Egin. En el diario donostiarra La Voz de España, un antiguo periódico carlista integrado en la antigua cadena de Prensa del Movimiento, prácticamente justificaban el atentado contra Uriarte al día siguiente del mismo, tras señalarle como «un franquista que se opuso a la legalización de la Ikurriña» o apuntar que «era conocido por su ideología franquista». ¿Era franquista por su oposición a la ikurriña? En ninguna crónica destacan que era vascoparlante o defensor, como los nacionalistas, de la reintegración foral. Prevaleció la justificación de ETA, apuntalada como siempre por Egin. Un supuesto redactor del rotativo de Hernani, anónimo como siempre, escribía, anticipando el comunicado de ETA, que «otras informaciones apuntan a sus vinculaciones con otras personas de ultraderecha y con las fuerzas policiales».

La banda terrorista tardó tres días en asumir la autoría de un caso más de limpieza étnica disfrazado de ataque contra «los confidentes y colaboracionistas de la policía» a los que avisa que seguirían atacándoles «hasta tanto no se decidan a abandonar definitivamente Euskadi Sur, para no volver jamás. En caso contrario correrán la misma suerte que José María (sic) Uriarte Alza»[108]. Hay un dato curioso: tres horas antes que Luis Uriarte, fallecía en un hospital de la localidad vascofrancesa de Bayona el etarra Justo Elizarán Sarasola, ametrallado veintidós días antes en Biarritz por terroristas de extrema derecha, justo el mismo día en que la organización a la que pertenecía Elizarán asesinaba a Modesto Carriegas. Dos décadas después, los hijos de Elizarán tendrán un papel muy destacado en ETA y su organización juvenil en la persecución a miembros del Partido Popular. La familia de Uriarte jamás permitió que el odio y la venganza se adueñasen de sus corazones. Siguieron viviendo en Bedia, vinculados a asociaciones de víctimas para defender la memoria del padre y marido, luchando contra la tentación de pasar página. De eso ya se encargaron las diferentes corporaciones locales, incapaces de recordar a la única víctima del pequeño municipio.

El día del funeral se sintieron arropados por todo el pueblo de Bedia, incluido el cura que no había tenido buena relación con el exregidor asesinado. La misa fue íntegramente en euskera, excepto a la hora de pasar el cepillo en la que el sacerdote recurrió en castellano a la generosidad de los presentes recordando unas obras de rehabilitación recientes en el templo. La mayoría de los asistentes, procedentes del Gran Bilbao, se miraron entre si sorprendidos por la insólita petición. Después llegó lo de siempre, el silencio, el olvido, excepto para la gente de Alianza Popular, para la que hubo un antes y un después de los asesinatos de Modesto Carriegas y Luis María Uriarte.

Vicente Zorita, un trabajador de Altos Hornos militante de AP

Vicente Zorita Alonso militaba en Alianza Popular porque se identificaba con una derecha compasiva, con alma social. Su carnet de AP desmiente la imagen tantas veces repetida de un partido asociado al mundo de Neguri. Zorita vivía en la Margen Izquierda del Nervión y se consideraba un trabajador, por eso se afilió al partido de los exministros de Franco, desde Democracia Social. Vicente era del micropartido promovido por Licinio de la Fuente, ministro de Trabajo de 1969 a 1975. Era un maestro de taller que en los últimos años de su vida laboral trabajó como administrativo en Altos Hornos de Vizcaya (AHV), donde había sido jurado de empresa por el sindicato del metal de la Organización Sindical franquista. Como representante de los trabajadores del buque insignia de la industria vasca destacó por su capacidad de influencia para colocar allí a gente o para que no despidieran a nadie por cuestiones políticas. Algunos empleados de la siderúrgica vizcaína, residentes en Santurce y Portugalete, le debían a Zorita su puesto de trabajo. Leonés de Ponferrada, donde había nacido en 1920, llegó a Vizcaya procedente de Madrid donde su familia tenía una empresa de trescientos empleados. Cuando se casó con la santurzana Rosario Zabala Batarrita en 1947, se establecieron en la localidad portuaria de la familia de su esposa y comenzó a trabajar en AHV.

En 1980, con 60 años, algunos problemas de salud le obligaban a ir tramitando su jubilación para ver crecer a sus cinco nietos. Tres años antes se había afiliado a Alianza Popular junto a un grupo de amigos formando parte de la ejecutiva provincial. A pesar de las amenazas, los malos resultados electorales y la desbanda de muchos afiliados, Zorita siguió vinculado al partido de Manuel Fraga que tenía los veinticinco nombres justos para rellenar la candidatura vizcaína al primer Parlamento vasco. Fue de número tres en la lista que encabezaba Florencio Aróstegui, elegido parlamentario. Siendo un hombre muy conocido en Santurce su militancia en AP no pasó desapercibida. Y menos por su inveterada costumbre de ronda diaria de vinos con su cuadrilla, tan habitual en los bares de la céntrica calle Capitán Mendizábal (hoy Itsasalde), conocida popularmente por la «calle del dólar». Esa calle era el principal granero electoral de la derecha en Santurce, pero también la zona de alterne de cuadrillas de abertzales radicales que en más de un bar escucharon las opiniones en voz alta de Vicente Zorita sobre el terrorismo, tema del que se hablaba en voz baja o en la intimidad, si es que el miedo permitía hablar de ello.

Había en Zorita una confianza absoluta en la democracia, una convicción inquebrantable en que nunca sería objetivo de nadie, que le impulsaba a hablar en voz alta en público, opinando sin mirar antes a su alrededor. En su familia le pidieron prudencia, discreción, sobre todo después de los asesinatos de Modesto Carriegas y Luis María Uriarte. En una visita en el mes de octubre de 1980 a su familia en Madrid, uno de sus hermanos le llegó a advertir muy seriamente: «Corres peligro tal y como hablas»[109]. Su propia esposa ha repetido en más de una ocasión que ése fue su «error»: decir lo que pensaba en voz alta. La tarde del viernes 14 de noviembre fue un día más en su costumbre de ir de bares y retirarse antes de las diez de la noche a su domicilio junto al parque de Santurce. Su hija menor de 15 años le vio aproximarse al portal, en cuyas inmediaciones le esperaba desde hacía rato una célula de ETA a bordo de un Citroën CX. Le introdujeron en el vehículo robado con matrícula de Oviedo y le llevaron a las afueras del municipio, a un oscuro camino vecinal junto a un taller mecánico y una panificadora. Le taparon los ojos con una servilleta sujeta con esparadrapo y le dispararon con saña siete tiros: cinco en el cuerpo y dos en la cabeza, uno de remate final.

Quedó de rodillas, en medio de un gran charco de sangre, con la boca tapada no se sabe bien si con una bandera española o una pegatina roja y amarilla de Alianza Popular, cuyo carné llevaba orgullosamente siempre en la cartera. La peor de las mafias no hubiera cometido un crimen con mayor crueldad. Sobre las 23:30 una llamada al diario Egin reivindicaba el atentado para «ETA militar de Santurce». El comunicante justificaba un crimen sectario en nombre del «problema de la empresa Olarra», un conflicto laboral en la empresa de un destacado militante de Alianza Popular. El cuerpo fue levantado más tarde con el juez ahogado en lágrimas al tratarse de un amigo personal. Fueron a por Zorita como fueron a por otros, porque los chivatos de ETA consideraban intolerable que se les criticase en público. Los matones tenían en Santurce una red de admiradores barbudos luciendo el Egin bajo el brazo o las insignias de las Gestoras Pro Amnistía en lugar visible, para que se supiera de lo que eran. Siempre pavoneándose con esa chulería tan propia de los matones impunes que se creen los amos de la calle. Durante años, mientras hacían su ronda diaria de vinos, esa gentuza dirigía los incidentes de las manifestaciones, decidían lo que había que quemar o evaluaban la vida de los demás, si debían seguir vivos y, en caso afirmativo, dónde debían vivir, si en Euskadi o en lo que ellos llaman España.

La información para asesinar a Vicente Zorita salió de ahí, de alguna de esas cuadrillas de la que podía formar parte su verdugo, hoy paseándose por Santurce sin problemas. La noche del 14 de noviembre de 1980, ETA-m rompió la vida de aquel hombre generoso sólo por ser de Alianza Popular y decir en voz alta lo que la mayoría de la ciudadanía pensaba sobre el pistolerismo nacionalista. La familia del militante de AP asesinado se derrumbó por completo. Su viuda, tres hijas y un hijo llevaron como pudieron aquella terrible tragedia que marcaría para siempre sus biografías. Los responsables en Vizcaya de AP instalaron la capilla ardiente en la sede del partido en Bilbao, en el decimocuarto piso de un edificio de oficinas, en un local cedido por la empresaria ganadera Dolores Aguirre y su marido Federico Lipperheide. No hacían falta carteles en el exterior, porque la presencia permanente de la Policía Nacional delataba la sede aliancista. En las oficinas velaron el cadáver y celebraron una misa. Al día siguiente, domingo 16, tuvieron lugar los actos fúnebres a los que asistieron el presidente nacional Manuel Fraga y el comité ejecutivo nacional de su partido. Una semana antes Fraga había viajado a la capital vizcaína con motivo del segundo congreso regional de su partido para subir la moral de su menguada afiliación y relanzar la formación conservadora en el País Vasco.

Con la iglesia de San Jorge abarrotada y la familia Zorita Zabala arropada por la plana mayor de AP, los hinchas de los pistoleros esperaron a que terminara la misa para ir a insultar a la víctima dando vivas a ETA-m y pidiendo que matasen a más. Disueltos con contundencia por la Policía Nacional el espectáculo dejó huella en Fraga, no consolado ni con los abrazos de su gente ni con los gritos de «Viva España» escuchados. En su rostro quedó el disgusto y el dolor por lo que veía, expresado en sus memorias:

La frialdad de las gentes, ante la horrible tragedia; el aire provocador de unos pocos; las voces dramáticas de la viuda, que al final de la ceremonia, en el cementerio, no se pudo contener, y gritó: «¡Asesinos! ¡Que los maten a ellos también!». Aquello era algo que hay que vivirlo para conocerlo; el drama de un pueblo al que algunos quieren convertir en un pueblo maldito que desanda los caminos de la Historia. En lo que de mí dependan, no lo conseguirán[110].

La familia de Vicente Zorita echó mucho de menos una llamada o una declaración de pésame del lehendakari Carlos Garaikoetxea o de su partido, tal y como se hizo tras los asesinatos de dirigentes de la UCD vasca.

Todo el apoyo del PNV se redujo a la moción de condena del ayuntamiento de Santurce con alcalde nacionalista. Fue demasiado para AP vasca, un partido al que el PNV había excluido, tanto de las conversaciones previas como de la manifestación celebrada posteriormente «contra el terrorismo y por la paz», el domingo 2 de noviembre en San Sebastián en respuesta al asesinato del dirigente de UCD de Guipúzcoa Juan de Dios Doval. La contundente réplica del PNV quedaba en entredicho con el sarcasmo del veto a Alianza Popular con dos parlamentarios, uno más que el PCE-EPK al que sí se convocó, olvidando el lehendakari Garaikoetxea sus palabras de que «ninguna colaboración sería rechazada» ante el ofrecimiento de AP en el Parlamento vasco de «colaboración sincera»[111]. Lo que hacía el PNV era poner a AP a la altura de HB, probablemente por el no de los populares al estatuto de Guernica. Fue un inmenso error. Con Vicente Zorita no hubo manifestación ni ninguna muestra de repulsa general fuera de Santurce, excepto una carta al director en la prensa. Su familia fue recibida casi un mes más tarde por Fraga en Madrid para buscar una solución definitiva a su situación en la que estaba implicado a fondo el presidente de AP en el País Vasco Antonio Merino.

Cuando finalizaba noviembre, la familia Zorita Zabala se tuvo que marchar de Santurce en silencio, sin avisar. Los hinchas de los terroristas no tenían bastante con haber jaleado el crimen, con haber insultado a la familia el día del funeral. Empezaron a amenazarles por teléfono a todas horas. En ese sinvivir la Guardia Civil les sacó de allí. Cuando volvían ocasionalmente por pocos días para resolver asuntos burocráticos o reuniones familiares volvían a recibir otra vez llamadas maliciosas amenazantes. Hasta que decidieron quedarse en Alicante para no volver. Se sintieron solos, rodeados de un silencio espeso, de una cobardía asfixiante. La única persona que les ayudó de verdad fue Antonio Merino. El presidente de los aliancistas vascos tramitó el cobro de una póliza de seguro suscrita por todos los candidatos de AP en las elecciones vascas de 1980. Merino recurrió a su amistad con el presidente de AP en la Comunidad Valenciana, Juan Antonio Montesinos García, el único dirigente nacional dispuesto a echar una mano de verdad. Montesinos era miembro de una conocida familia conservadora en Alicante que ha dado políticos a la provincia durante cinco generaciones. Fundador de AP, diputado nacional entre 1982 y 1991, tiró de agenda para buscar una salida digna a la familia de Vicente Zorita que, con todos sus integrantes, no volvió a pisar Santurce hasta 2005, en el 25 aniversario del asesinato del padre y marido. Acudieron a una ofrenda floral y un homenaje a las víctimas de AP, UCD y PP presidido por Mariano Rajoy y María San Gil.

La banda terrorista ETA intentó justificar el crimen sectario como si los terroristas fueran los defensores de los intereses de los trabajadores de la empresa de Luis Olarra. Los graves problemas de su acería ocupaban amplios espacios en la prensa como un duro pulso entre el vehemente empresario y el comité de empresa controlado por la corriente más radical de Comisiones Obreras, ligada al Movimiento Comunista (EMK). Una vez más, ETA pretendía hacer suyas las reivindicaciones de los obreros asesinando, pero la única razón que llevó a los pistoleros a asesinar a Vicente Zorita fue su militancia en Alianza Popular.

Alberto López-Jaureguízar, siempre con las víctimas desde Alianza Popular

El compromiso de Alberto López-Jaureguízar Poncela con las víctimas del terrorismo le llevó a afiliarse a Alianza Popular a principios de julio de 1982, por ser el partido en el que ya militaba desde 1977 su esposa María Victoria Vidaur, y por ser también la formación a cuyos dirigentes siempre veía en los funerales por las víctimas. López-Jaureguízar era bilbaíno, nacido en 1939, hijo de padre vallisoletano y madre vizcaína, profesor mercantil y con una carrera profesional desarrollada desde los 18 años en Tabacalera, donde era apoderado, el segundo cargo en el escalafón provincial después del delegado. Llevaba casado dieciocho años con la donostiarra María Victoria Vidaur, con la que tenía tres hijas y un hijo entre 5 y 15 años. Era un hombre con una visión casi calvinista de la vida. Compaginaba su empleo en Tabacalera con labores de contabilidad en una administración de lotería y la dirección de una gestoría abierta con un amigo suyo. Era una persona entregada por completo a familia y trabajo desde una austeridad casi extrema, que le impedía coger más de quince días de vacaciones. De casa al trabajo y del trabajo a casa, no hacía otra vida, siempre con su familia como eje vertebrador.

Entre 1979 y 1980, los dos años con mayor número de muertos provocados por el terrorismo, en cuatro meses Alberto López-Jaureguízar vive muy intensamente dos atentados que le convencerán de la necesidad de implicarse con las víctimas del terrorismo. El primero de ellos en Bilbao, el 19 de septiembre de 1979, iba a trabajar a primera hora de la mañana cuando fue testigo directo de los asesinatos del coronel de Caballería Aurelio Pérez-Zamora Cámara y del comandante de Infantería Julián Ezquerro Serrano[112]. Todos los días hacían el mismo recorrido desde el cuartel de Garellano al Gobierno Militar en un Land Rover del Ejército conducido por un soldado que sobrevivió a los disparos. La dantesca escena conmocionó al apoderado de Tabacalera por la impunidad y sangre fría con la que actuaron los terroristas, y también las circunstancias de los dos oficiales muertos: los dos llevaban menos de un mes destinados en la capital vizcaína, y el comandante Ezquerro, de 39 años, era padre de cuatro hijos de corta edad con su esposa embarazada de un quinto. Aquel doble crimen le concienció de hacer algo por las víctimas, como asistir a sus funerales para acompañar a sus familiares, dejar un ramo de flores en el lugar de los atentados o poner la bandera española con un crespón negro en el balcón de su vivienda cada vez que asesinasen a militares, policías o guardias civiles.

Cuatro meses después del atentado de Bilbao, Alberto y María Victoria vivieron, a poca distancia de su domicilio, el asesinato en un bar de Algorta de José Manuel Palacios Domínguez, de 31 años, agente comercial en paro al que ETA-m acusó de ser confidente. Les impresionó e indignó la nula respuesta ciudadana en la misa funeral por Palacios. Excepto los familiares más directos, algún amigo y ellos, no había nadie en la iglesia. No podían comprender la insolidaridad e insensibilidad de los vecinos de Guecho, el tercer municipio de Vizcaya en habitantes, el de más renta per cápita y en el que los dos partidos más votados eran de centro derecha. En vivo y en directo al matrimonio López-Jaureguízar Vidaur le tocó constatar la soledad de las víctimas de ETA en casi todos los funerales a los que voluntariamente asistieron. Otro motivo de desazón para ellos fue la apropiación de la calle, del pensamiento y de los símbolos por parte del nacionalismo en general. Algorta siempre fue escenario de algaradas callejeras violentas. Cuando veían a aquellos niñatos embozados organizando disturbios volvían a casa con la idea de firme de blindar el «cordón sanitario» en la educación de sus hijas e hijo.

María Victoria Vidaur San Ginés y una lista larga de apellidos que recita como las alineaciones de los mejores equipos de fútbol, es una mujer coraje, peleona, quizá con ese carácter heredado de su padre militar y un hermano policía. Vasca de una pieza, con los apellidos hasta enlazar con la casa Urrutia de Avellaneda, en las Encartaciones. Estudió Filosofía y Letras pero renunció a ejercer por establecer como primera prioridad la educación de su prole. Con la llegada de la democracia se afilió en 1977 a Alianza Popular, siendo la primera secretaria que este partido tuvo en Vizcaya. En los primeros comicios generales se hizo cargo de ingratas e impagables tareas como el voto por correo y la coordinación de apoderados e interventores, misiones imposibles para un partido como AP en la Euskadi de la Transición. Su militancia en AP iba acompañada de una exteriorización permanente de sus convicciones, no exenta de riesgos en el barrio guechotarra de Algorta, de mayoría nacionalista, con los radicales controlando la calle, frente a los siempre españolistas barrios de Neguri y Las Arenas. Lo de colocar la bandera rojigualda en la terraza de su piso, situado cerca de la zona de bares de los radicales, era de una auténtica heroicidad, sobre todo si tenemos en cuenta que las familias de Neguri más españolistas ya habían renunciado en 1977 a hacer lo mismo.

María Victoria y su marido siempre tuvieron una idea clara de España, transmitida a sus hijos sin rodeos ni complejos. Ellos mismos predicaban con el ejemplo en la defensa de la democracia, la libertad y el orden frente a los ultras que les insultaban en la calle o funerales: nacionalistas extremos y fuerzanuevistas. La militancia de su esposa fue la que llevó a Alberto López-Jaureguízar a dar el paso de afiliarse a Alianza Popular en 1982, cuando se perfilaba lo que el periódico conservador La Gaceta del Norte bautizó como «la Gran Derecha» y los nacionalistas «la sopa de letras». Eran los primeros pasos para lo que fue después Coalición Popular, la alianza electoral de conservadores, democristianos, liberales y regionalistas presente en las urnas entre 1982 y 1986. Curiosamente fue el País Vasco donde primero concurrió, con la suma de AP, UCD, los democristianos del PDP y los liberales del PDL, y el último lugar en que se pegaron carteles de la Coalición reducida a AP y Partido Liberal, en las elecciones vascas de 1986. Ni Alberto ni su mujer llegarían a ver en las urnas del País Vasco aquel primer proyecto de unidad del centro-derecha.

El día del Carmen de 1982, la familia se iba de vacaciones a un apartamento alquilado entre María Victoria y su hermana para pasar el resto del verano con sus respectivos hijos. Alberto les llevaría ese día, al término de su jornada laboral, aprovechando que era viernes y no trabajaba el sábado. A primera hora de la mañana quiso llevar a revisar su viejo Renault 10 de segunda mano, matriculado en Valencia en 1967. Antes pasó por la oficina de Correos. Al volver a su automóvil le dispararon a bocajarro causándole la muerte con dos certeros impactos. A los pocos minutos, la viuda y sus hijos eran avisados por una vecina. Se acercaron al coche con el cuerpo de Alberto desplomado sobre el volante. La escena fue durísima con las niñas gritando con dolor desgarrador que habían matado a su padre. Estuvieron presentes hasta el levantamiento del cadáver presenciado todo por un grupo de curiosos silenciosos incapaces de un mínimo de empatía. Fue cuando empezaron a sentir la soledad más absoluta. Todos los partidos democráticos condenaron el atentado. En la calle y en su casa nada ni nadie se solidarizó con ellos públicamente, excepto un oficial de la Armada que fue a darles el pésame vestido de uniforme y sin acompañamiento de seguridad.

El sábado 17 se celebraron los funerales con asistencia de Jorge Verstrynge, Marcelino Oreja, como delegado del Gobierno, y una amplia representación de AP y UCD. El PNV fue representado por el alcalde de Guecho. Aquel día, María Victoria Vidaur decidió irse del País Vasco para sacar a sus hijos del ambiente menos deseado por ella para su educación. Su primera preocupación fue responsabilizarse de que sus hijos nunca sintieran hacia los asesinos de su progenitor el rencor y el odio que ellos sintieron por él. Cuatro días después, la prensa, excepto Egin, se hizo eco de una carta de la viuda de López-Jaureguízar dirigida a los asesinos de su marido en la que defendía su memoria finalizando con un «Dios os perdone como yo lo hago»[113]. Era una respuesta gallarda y contundente a la basura que veinticuatro horas antes podía leerse en el diario amigo de ETA, en forma de comunicado esquizoide de reivindicación en el que acusaban al apoderado de Tabacalera y afiliado a Alianza Popular de ser «agente colaborador de las FOP» y de «promover financieramente grupos parapoliciales de ideología fascista». Para Egin, lo único noticiable de la viuda fue que abandonaba el País Vasco. Más que un suelto informativo aquello era un mensaje de victoria absoluta a los criminales, sus hinchas y sus confidentes.

Enterrado su marido, en pleno verano, María Victoria Vidaur decide irse del País Vasco. Una vez más Antonio Merino recurre al alicantino Juan Antonio Montesinos para ayudar a otra familia exiliada por el terrorismo abertzale. En menos de dos meses, María Victoria, Guiomar (15 años), Lorena (14 años), Verónica (13 años) y Rodrigo (6 años) se van a vivir a Alicante, a más de 800 kilómetros, con una pensión de 60.000 pesetas y una vida reorganizada a contrarreloj. En menos de dos meses vivían en una ciudad lejana donde no conocían a nadie. Allí a la viuda y madre le tocará luchar a brazo partido por sus hijos, a los que el asesinato de su padre les dejó atascados en los estudios y muy tocados, psicológica y emocionalmente. Por fortuna, no les faltó la ayuda de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la que María Victoria Vidaur fue delegada en la Comunidad Valenciana. El periodo de adaptación fue largo, duro, lleno de sufrimiento. En el mismo aparecieron otros vascos desterrados por ETA como los Arrizabalaga de Ondárroa o la viuda de Vicente Zorita y sus hijas. La relación con ellos sirvió un poco como terapia de grupo para superar aquella larga noche oscura del alma. Entre María Victoria Vidaur y Rosario Zabala se fue cimentando una estrecha amistad hasta convertirse casi en hermanas de sangre. Las dos fueron protagonistas del documental Trece entre mil, dirigido por Iñaki Arteta, una película que debería emitirse en la televisión pública vasca con numerosas reposiciones.

ETA-PM ATACA AL CORAZÓN DE UCD

Un partido fallido en el País Vasco

Unión de Centro Democrático siempre fue una formación débil en estructura en el País Vasco, muy determinada siempre por sus orígenes y circunstancias. En el caso de Álava, el partido se forma tras las elecciones generales de 1977. Un grupo de amigos (Juan Carlos Ibarrondo, Chus Viana, Pedro Morales, Alfredo Marco Tabar, Josefa Lafuente y José Nasarre de Letosa), unidos por el alavesismo y la defensa del concierto deciden presentarse a las primeras elecciones en lo que ellos denominan como una candidatura independiente, foral y alavesa. El 5 de mayo de 1977, a las ocho de la noche, daban a conocer su lista electoral, promovida por Viana, Morales e Ibarrondo. El proyecto electoral, surgido en la víspera de san Prudencio, levantó una gran expectación de cara a las urnas. Para eso recogen firmas en el teatro Florida de Vitoria. Hasta que deciden presentarse con las siglas de UCD, después de que Marco Tabar hubiera mantenido varias conversaciones con Adolfo Suárez, a quien conocía de su etapa como procurador en Cortes en la primera mitad de los setenta. De esos contactos emergerá la figura de Chus Viana, auténtico animal político, convertido en cinco años en la mano derecha de Suárez. Su carisma y el fuerte respaldo electoral en Álava, donde la formación centrista gana las dos primeras elecciones generales con él como cabeza de lista, serán sus mejores avales para liderar la UCD vasca hasta el pulso final con Marcelino Oreja en enero de 1982.

Los nacionalistas decían de Viana que si hubiera sido del PNV, Euskadi hubiera sido independiente en dos años. Su labor de mediación, de búsqueda permanente de consensos y acuerdos, desde la moderación, por la concordia, hicieron de él un político excepcional. Un derrame cerebral se lo llevó a los 44 años en 1987, cuando era líder en Euskadi y parlamentario del Centro Democrático y Social (CDS), del que también fue número dos a nivel nacional. Siempre dispuesto a sumar, su última voluntad fue apoyar la investidura de José Antonio Ardanza como lehendakari, para que con los dos votos del CDS sumara mayoría absoluta en primera votación. Hasta su constitución formal como partido, después del primer congreso de 1979, UCD en Euskadi eran unas siglas con tres realidades diferentes: la clandestinidad de Guipúzcoa, la semiclandestinidad en Vizcaya y la visibilidad en Álava. En el territorio alavés era un partido con fuerte presencia en Vitoria y el sur de la provincia, en la franja fronteriza con La Rioja. En Vitoria competían de tú a tú con un nacionalismo en cierto modo incipiente, en una sociedad, la vitoriana, con grandes dudas identitarias por la gran cantidad de inmigrantes llegados durante varias décadas.

Entre 1950 y 1980, la ciudad pasó aproximadamente de 52.000 a 190.000 habitantes. En 1975, el 58,18 % de los empadronados habían nacido fuera de la capital alavesa. El nacionalismo tradicional quedaba ligado a apellidos clásicos de otra generación, como los Aranzábal, Ibarrondo o Guerenabarrena; a nuevos valores como Javier Aguirre o Joseba Azkarraga, y a la ikastola Olabide, una institución educativa vasquista pensada en principio para hijos de guipuzcoanos que se trasladaban a vivir a la capital alavesa. Los resultados de las primeras elecciones locales dieron al PNV la alcaldía de Vitoria, la Diputación de Álava y el mayor número de ediles, lo que limitó completamente las aspiraciones de los centristas por liderar las instituciones locales más importantes. En el consistorio capitalino sumaban mayoría absoluta con el PSE, pero no consiguieron ponerse de acuerdo para arrebatar el primer sillón municipal al carismático José Ángel Cuerda, alcalde durante veinte años con PNV y Eusko Alkartasuna. Desde el minuto uno, la UCD alavesa defendió sin complejos un discurso foralista de trazo grueso, muy diferente al de UCD en Vizcaya y Guipúzcoa, que obligó al nacionalismo en Álava a una estrategia diferente, por su falta de mayorías absolutas y por su estructura un tanto precaria que obligaba a recurrir a la abultada afiliación jeltzale de Vizcaya en la celebración de actos.

Tampoco olvidaban los peneuvistas que en el referéndum constitucional la participación en Álava fue casi quince puntos superior a la media del País Vasco, dato que ponía en evidencia el supuesto rechazo a la Carta Magna tan recurrente en el nacionalismo vasco. En esa situación, con Navarra cada vez más alejada, desde el PNV se hizo lo indecible para que Álava no siguiera el mismo camino que la provincia vecina, nominando a Vitoria como sede de las nuevas instituciones autonómicas. Los ucedistas alaveses no tenían mentalidad autonomista. Entraron con dudas en la preautonomía vasca, sin ideas claras al respecto, llegando a defender incluso la restauración del estatuto de autonomía de 1936. Por otro lado, tenían una organización muy básica: nunca llegaron a los cuatrocientos afiliados, con una limitación absoluta de recursos económicos que les obligó a tener que depender de la ayuda económica de la organización nacional para poder adquirir su primera y única sede en Vitoria. Tuvieron a su favor el entusiasmo de sus gentes, un fuerte respaldo electoral y un ambiente mucho más relajado que el que tenían sus compañeros de Vizcaya, y no digamos los de Guipúzcoa, por la ausencia o minoritaria presencia del abertzalismo radical en Álava.

Todo eso ayudó a realizar campañas electorales sin incidencias, llegando con absoluta normalidad a sus posibles electores. El ejemplo más palmario fueron las elecciones municipales de 1979: UCD consiguió presentarse con sus propias siglas en la mitad de los municipios alaveses obteniendo diez alcaldías y colocándose como el segundo partido en concejales detrás del PNV. Hay que tener en cuenta la abundante presencia de listas de independientes (la tercera fuerza en número de concejales) en buena parte de los pueblos de Álava. Eran ideológicamente próximos a UCD por lo que no fue necesaria la presencia en las urnas de la formación centrista. Las amenazas de ETA y la descomposición del partido pusieron en manos del nacionalismo municipios en los que era minoritario o inexistente en 1979. Ni en los mejores momentos en las urnas del PP, entre 1995 y 1999, se volverían a conseguir los 109 concejales de UCD en Álava en 1979. El relativo éxito alavés contrastó con el absoluto fracaso de la implantación de UCD en Guipúzcoa. Fue la única provincia en la que el partido gubernamental no concurrió en 1977 con sus propias siglas. Un error que retrasó la constitución de la organización a finales de ese año, privando a los ucedistas de estar en las gestoras de algunos ayuntamientos importantes, como San Sebastián e Irún.

La participación en las gestoras locales hubiera ayudado a poder presentar listas de UCD en al menos una docena de municipios como tenía previsto Jaime Mayor Oreja, pero no fue posible en ningún sitio. El miedo a significarse y la presión de los abertzales radicales impidieron al partido de Adolfo Suárez presentar candidaturas. La única excepción fue San Sebastián, donde los centristas concurrieron con una lista denominada Coordinadora Independiente, tercera opción más votada en la capital guipuzcoana con cinco concejales. Resultó tarea imposible presentar candidatos en localidades como Irún o Éibar, en las que UCD había sido el tercer partido más votado un mes antes, con porcentajes por encima de la media de la provincia y donde además tenían afiliados. UCD nunca superó en Guipúzcoa la situación de clandestinidad ni logró sacudirse la imagen, tan repetida por sus adversarios, de partido-sucursal del Gobierno creado desde arriba con abundante respaldo mediático y al servicio del ministro Marcelino Oreja. En Vizcaya las expectativas eran infinitamente mejores. El partido fue una coalición de dos micropartidos de salón en 1977 con unos resultados en las urnas bastante aceptables: segunda o tercera fuerza en dos tercios de los municipios vizcaínos. Todo apuntaba a un partido fuerte, pero no fue así.

UCD fue una formación con muy pocos afiliados en Vizcaya, apenas trescientos, con sedes en Bilbao y Guecho. Los bastiones electorales vizcaínos eran el Gran Bilbao, Encartaciones y Ermua. En los comicios locales de 1979, los centristas pudieron tener papeletas electorales con su logo en Bilbao, Baracaldo, Guecho, Santurce y Zalla, poblaciones en las que fueron elegidos dieciocho ediles de UCD. Lo insólito fue que no se pudieran presentar en localidades del Gran Bilbao, como Portugalete y Sestao, en las que, siguiendo la tendencia de localidades vecinas y sociológicamente idénticas, hubiera sido posible sacar como mínimo un par de concejales en cada una de ellas. Peor fue en Lanestosa y Carranza, las localidades vizcaínas más occidentales, fronterizas con Cantabria y Burgos, donde UCD había sido primera o segunda fuerza más votada en las elecciones generales de 1977 y 1979, y no pudo concurrir en las municipales. O el caso de Ermua, segunda fuerza con alrededor de un 30% en los dos comicios generales, que casi duplicaba la media provincial. Había votos para sacar tres o cuatro concejales, pero no había personas dispuestas a serlo. Son datos que ilustran la dramática situación de un partido nacional al que el miedo borró del mapa electoral.

Las primeras elecciones municipales de la democracia fueron en Euskadi muy determinantes para el futuro, tanto, que anularon para siempre la posibilidad de que las formaciones de derecha o centro-derecha no nacionalista estuvieran presentes en los ayuntamientos de los pueblos medianos y pequeños de Vizcaya y Guipúzcoa con una organización mínima de afiliados, en algunos de los cuales había posibles votantes de tradición carlista que hubieran garantizado la presencia de UCD, Alianza Popular o PP en sus consistorios. La persecución inmisericorde de ETA y su trama política a todo lo que no fuera nacionalista, y la indiferencia del PNV, donde primó su carácter nacionalista sobre su carácter democrático, neutralizaron y anularon por completo las opciones de la derecha vasca constitucionalista. Al PNV no le interesaba su participación porque le interesaban sus votantes habituales en otro tipo de comicios. Para ETA y Herri Batasuna era un éxito total en su campaña permanente de limpieza étnica y en su obsesión contra un franquismo que había muerto. El primer congreso regional de UCD llegó relativamente tarde: dos años más tarde de la constitución de la UCD vasca con una dirección rotatoria para tratar de coordinar lo que en realidad eran tres partidos (uno por provincia) con las mismas siglas.

Entre el otoño de 1977 y enero de 1979, durante año y medio, el partido centrista intentó implantarse en las provincias con el resultado comentado anteriormente. Los días 14 y 15 de diciembre de 1979 se celebró en Bilbao el primer congreso de la UCD vasca, un intento de articular un partido autónomo de Madrid —no participaron en el cónclave dirigentes nacionales— con una dirección liderada por el ticket Chus Viana-Jaime Mayor, presidente y secretario general respectivamente, acompañados por dos vicepresidentes, Alfredo Marco Tabar y Adolfo Careaga. Fue un intento fallido de relanzamiento «para diseñar los perfiles ideológicos» de la formación en la nueva etapa autonómica, intentando articular una alternativa al nacionalismo y al socialismo. El congreso constituyente vino precedido en ese año por los problemas en las elecciones municipales y la exclusión durante la campaña del estatuto de Guernica, para que participara Euskadiko Ezkerra. En esa campaña del referéndum se transmitió que el estatuto había sido un logro del nacionalismo, sin ninguna aportación por parte de UCD. En las primeras elecciones vascas, marzo de 1980, UCD perdió más de la mitad de los votos obtenidos en las generales del año anterior.

Resultados desastrosos que anticipaban un declive imparable, acelerado por la campaña de ETA-pm y la crisis interna. Por mucho que se intentó la implantación de UCD en las provincias vascas fue una tarea imposible. Para posibilitar los contactos con la población o poder captar afiliados, se recurrió incluso a poner anuncios en la prensa en los que se decía «ven a visitarnos», «ven a hablar con nosotros», con las señas de las sedes y sus teléfonos cuando más arreciaban las amenazas. No se sabe quién fue la lumbrera que llegó a publicar anuncios así en el diario Egin.

Ser afiliado a UCD era más o menos como serlo de un partido perseguido durante la dictadura franquista. Las fichas de afiliados y simpatizantes se escondían siempre en un lugar seguro, solo conocido por un par de responsables del partido. La militancia centrista vasca no recibía correspondencia del partido en papelería de uso interno. Las comunicaciones internas se enviaban en sobres sin remite y con las direcciones apuntadas a mano. Para evitar la identificación por domiciliaciones bancarias del pago de las cuotas, éstas se llegaron a abonar en una sociedad pantalla creada a tal efecto.

UCD vasca en las listas de ETA

Las dos ramas de ETA y los Comandos Autónomos atentaron contra UCD, como partido o contra personas vinculadas al mismo aprovechando la condición de partido en el Gobierno de España. La persecución a la UCD vasca, localizada fundamentalmente en Guipúzcoa, fue una medida de presión de ETA-pm supuestamente para acelerar el proceso estatutario y aplacar las políticas penitenciaria y antiterrorista del ejecutivo de Adolfo Suárez. La política antiterrorista, si puede denominarse así, fue un completo desastre por la falta de apoyos al Gobierno de los principales partidos de la oposición. El terrorismo, una crisis económica desbocada y la permanente amenaza golpista eran tres frentes ante los que los consejos de ministros presididos por Adolfo Suárez se mostraron incapaces. La desmoralización fue tal que pasó factura al partido del gobierno iniciando un proceso de descomposición imparable. Había dos ramas de ETA muy activas, más los Comandos Autónomos, contra los que se trabajaba con mandos policiales, militares de carrera, que actuaban con criterios de guerra, de represión indiscriminada, dejando a la población vasca más cerca de ETA que de los cuerpos policiales.

La cuestión de los mandos, especialmente los bajos e intermedios, trajo de cabeza a los gobernadores y al Ministerio del Interior. Muchos eran antiguos militares de baja graduación, ultraderechistas para los que no había otra solución que la mano dura. Se trabajaba con funcionarios pésimamente pagados, en un ambiente medio corrupto, medio mafioso, coqueteando con tentativas delictivas. Cada cuartel, cada comisaría, era como una célula autónoma fuera del control directo de los gobernadores civiles, a los que les surgió un nuevo frente: el del terrorismo parapolicial. En esas circunstancias se trató de poner freno a polimilis, milis y autónomos en los peores años, con actuaciones policiales inútiles, mal coordinadas y peor organizadas. Las detenciones fueron otro frente problemático por la arbitrariedad de las mismas, unida a la falta de garantías de muchos arrestados sobre los que los cuerpos policiales actuaban igual que durante la dictadura. Si ya había problemas, Interior se encontró con otro: el de la inestabilidad de los gobernadores civiles en el País Vasco. Sólo en Vizcaya hubo tres en apenas dos años. Las recetas de ilegalizaciones, legislaciones y regímenes excepcionales, se consideraban como de extrema derecha, se veían con los complejos de una joven democracia que venía de un sistema autoritario.

Desde UCD se propuso el aislamiento político de quienes utilizaban la violencia como medio de acción política o no la condenaban. Esa propuesta aparece por primera vez de la mano de Jaime Mayor Oreja entres reuniones que tuvieron lugar en San Sebastián y Bilbao en 1978 (30 de enero, 6 y 7 de febrero), entre partidos y sindicatos vascos, para fijar una posición común contra el terrorismo. En la primera reunión, en la donostiarra sede del PCE, la propuesta de Mayor Oreja causó estupor, sobre todo en pequeños partidos abertzales de extrema izquierda. A ese primer encuentro asistieron dieciocho partidos políticos y cuatro sindicatos. A la siguiente reunión, en la sede del PSE en la capital guipuzcoana, la presencia se redujo a seis partidos y dos sindicatos, ninguno nacionalista, que volverían a verse una semana más tarde en Bilbao sin resultados. El entonces dirigente guipuzcoano de UCD publicó un artículo en El Diario Vasco (15 de febrero, página 5) en el que expondría sus ideas contra el terrorismo.

El Gobierno de Suárez intentó primero negociar con ETA para después dárselo todo al PNV, que se autopresentaba como el problema y la solución, como el dique capaz de frenar al terrorismo nacionalista. La negociación con el sector VII Asamblea de ETA-pm fue un intento de ejemplificar en ellos la disolución que se buscaba en el resto de la banda terrorista. Las conversaciones comenzaron discretamente entre el secretario general de EE Mario Onaindia y el ministro del Interior Juan José Rosón en el verano de 1980. En el seno de Euskadiko Ezkerra la mayoría de sus dirigentes apostaban por la irreversibilidad democrática con una apuesta total por las nuevas instituciones nacidas del estatuto de Guernica. Las acciones policiales contra militantes de EE o EIA asustaron a los que creían en la vía institucional. Se temía una rebelión de las bases capitaneada por disidentes más próximos a las pistolas de ETA-pm que a los cargos públicos de EE. Había un sector que amenazaba con el abandono de las instituciones, un primer paso para una rebelión de las bases que podrían terminar en HB. En la organización armada llevaban meses planteándose un volantazo estratégico imitando a las Brigadas Rojas: del tiro en la rodilla al «ataque al corazón del Estado».

Todo porque la cúpula de los polimilis había constatado que su discurso era más propio para un debate intelectual universitario que para el común de los mortales de las masas. Asimismo, se veían con menor visibilidad y protagonismo informativo que los milis. El giro estratégico se tradujo en un cañón giratorio que puso a UCD en su punto de mira. Uno de los grandes secretos de ETA-pm sigue siendo poner nombres y apellidos a los autores de esa decisión. Los exdirigentes de EE y polimilis no se ponen de acuerdo a día de hoy[114]. En 1987, el exdirigente de ETA-PM (VIII Asamblea) Txutxo Abrisqueta, deportado en Cuba, en una entrevista publicada en la revista de pensamiento Larrun [115] , vinculada al semanario en euskera Argia, afirmaba que «a instancias de la dirección de EE, ETA-pm decide un cambio de táctica con el fin de efectuar una presión fuerte al poder central». El miembro de la cúpula de los octavos aseguraba que las ejecutivas de la coalición y la facción etarra consideraban que era «el momento oportuno» para presionar una negociación. Es decir, sólo les interesaba «atacar al partido en el poder» para negociar «temas pendientes», como la incorporación de Navarra, la amnistía, la retirada de las FOP y la oficialidad del euskera, al margen del estatuto de Guernica.

Abrisqueta reconoce que, en noviembre de 1980, EE y ETA-pm, a punto de la ruptura total, llegan a un acuerdo: dejar de atacar a UCD. Sería en el País Vasco, porque en enero de 1981, antes de anunciar el «alto el fuego» del 27 de febrero de 1981, los polimilis planearon atentar contra el presidente del Congreso de los Diputados, Landelino Lavilla, y secuestrar al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, José Luis Álvarez. Les salvó el Congreso Nacional de UCD en Palma de Mallorca. El dirigente de EE, Xabier Markiegi, consideró «fantasiosas» las declaraciones de Txutxo Abrisqueta y que fue su partido el que instó a los polimilis a dejar las armas. En cualquier caso, la decisión final salió de ETA-pm. Es cierto que a comienzos de 1979, EIA (Euskal Iraultzarako Alderdia, en castellano Partido para la Revolución Vasca), partido que vertebraba Euskadiko Ezkerra (EE) denunció en varias ocasiones en las páginas de Egin a UCD acusando a la formación centrista de empeorar la vida política vasca. La rama militar etarra ya había abierto el fuego contra los cargos públicos disparando contra un concejal electo y su familia en Santurce la noche del 4 de mayo. Dos meses más tarde, el 3 de julio, un comando polimili hería de gravedad al diputado de UCD Gabriel Cisneros, secretario de Información de UCD en aquellos momentos, ante la resistencia de éste a ser secuestrado.

Posteriormente, el 11 de noviembre de ese año la misma organización terrorista secuestraba a Javier Rupérez, diputado de UCD y secretario de Relaciones Internacionales del partido, quien fue liberado a 9 kilómetros de Burgos, tras 31 días de cautiverio en un chalé de la localidad abulense de Hoyo de Pinares. Todavía hoy se mantienen las dudas sobre el desenlace del secuestro con un posible pago desde el Gobierno de varios cientos de millones de pesetas, procedentes de los fondos reservados, y la excarcelación de catorce presos etarras. Hubo una víctima colateral: Geraldine Molenveld, la primera esposa de Rupérez, muerta en 1983 por un cáncer al que no fue ajeno la tensión extrema que vivió la mujer durante el rapto de su esposo. El hoy «hombre de paz» Arnaldo Otegi quizá podría aclarar algunos detalles de todo esto, sin el menor ápice de compasión o arrepentimiento por sus víctimas. Otegi sólo puede exhibir un historial delictivo más que una biografía política. Ya en el año 1980, continuaron las acciones de ETA-pm contra UCD. La noche del 9 de junio, un comando intentó atracar y secuestrar en su domicilio de Razamonde (Orense) al diputado de UCD Eulogio Gómez Franqueira, número dos de la formación centrista en Galicia y toda una institución en la provincia de Orense.

Gómez Franqueira fue un emprendedor que comenzó como maestro rural para terminar como presidente de la Caja Rural de su provincia y gerente de Coren, la principal cooperativa agroalimentaria de España. Cuando los etarras obligaron al diputado a que les acompañase, éste les pidió permiso para vestirse en su dormitorio. Aprovechando un descuido de su vigilante, sacó una pistola que guardaba sobre un armario y le disparó, hiriéndole en el cuello. Apagó la luz, se tiró al suelo y escondido parapetado entre las camas eludió las ráfagas de los terroristas. Tras el tiroteo el comando decidió huir con uno de sus integrantes herido. La Policía le detuvo en Vigo horas después. Tras esa acción frustrada, la dirección de ETA-pm decide actuar contra UCD en el País Vasco siguiendo las candidaturas de la formación centrista. Un ejemplo paradigmático es la lista de UCD por Guipúzcoa al Parlamento vasco en 1980. Los siete primeros candidatos fueron amenazados y obligados a exiliarse. Uno asesinado y otro que lo pudo contar gracias al mal tiempo: Jaime Mayor Oreja, Juan de Dios Doval, Gonzalo Urbistondo, Ignacio García Rementería, José María Silveti, Nieves Baglietto y José Manuel Goenaga.

A Jaime Mayor Oreja le intentaron asesinar en el mes de agosto. El mes anterior, el general José Antonio Sáenz de Santamaría, delegado especial del Gobierno para el País Vasco desde febrero, le hizo llegar documentación interna de ETA-pm en la que ponían a UCD como objetivo. En un pleno del Parlamento vasco celebrado los días 17 y 18 de julio, Mayor Oreja se lo hizo ver al portavoz de Euskadiko Ezkerra, Javier Olaverri, pidiéndole que no pretendiera dar «lecciones de democracia» en la cámara y clarificase las relaciones de su partido con ETA-pm. Olaverri acusó veladamente a la UCD vasca de ser los chivatos de la Policía para que detuvieran a militantes de EE por colaboración con los polimilis, repitiendo la palabra complicidad con el silencio del resto del parlamento reunido provisionalmente en la diputación vizcaína. En el mes de agosto, un comando polimili intenta asesinar al número dos de la UCD vasca en varias ocasiones, aprovechando que todos los días hacía footing con sus hermanos con el mismo itinerario: desde Igueldo a la playa de Antilla en Orio por Kukuarri. La primera vez les falla el robo de un segundo coche para huir. La segunda, los días 18 y 19, llueve por primera vez en ese mes veraniego, por lo que Jaime Mayor y sus acompañantes suspenden su actividad deportiva en abierto.

Siguiendo el orden de la candidatura, el número dos, Juan de Dios Doval fue asesinado. El tercero, Gonzalo Urbistondo, fue vigilado por informadores de la banda y pudo ser objetivo en un atentado confuso registrado en su domicilio. El siguiente, Ignacio García Rementería, junto a su hijo Iñaki, dirigente de las juventudes de UCD guipuzcoanas, se ve obligado a dejar el País Vasco después de que sus datos aparecieran en poder de un comando de chivatos. Fueron a Valencia, donde ambos murieron tempranamente de cáncer. Nieves Baglietto y José Manuel Goenaga Tellechea también tuvieron que abandonar tierra vasca por amenazas. El segundo, estudiante, se dio de baja y se marchó fuera para continuar sus estudios de Derecho, regresando tiempo después y desapareciendo definitivamente de la política. Mención aparte merece el caso de José María Silveti Andreano. Vasco de Guetaria, con los dos apellidos de origen italiano, Silveti (siciliano) y Andreano (napolitano), como descendiente de industriales conserveros emigrados, los salatori, un fenómeno que se repite en las localidades pesqueras del Cantábrico. De familia carlista, su madre pescadera era seguidora de Marcelino Oreja Elósegui, padre del ministro y diputado guipuzcoano de UCD.

Silveti había comenzado apoyando a Guipúzcoa Unida y su proximidad a Marcelino Oreja le llevó a afiliarse a Unión de Centro Democrático, formando parte de sus candidaturas a Juntas Generales. Su única experiencia política era su paso por el consistorio guetariano donde fue concejal entre 1967 y 1973. Se presentó para presidente de la Cofradía de Pescadores de su pueblo y fue elegido por sorteo. Como tal optó después a la presidencia de la Federación de Cofradías de Bajura de Guipúzcoa, realizando una enorme labor para un sector tocado por la crisis en esos momentos. Silveti era miembro del comité provincial y de las Juntas Generales de Guipúzcoa cuando el 22 de octubre de 1979, en plena campaña para el referéndum del Estatuto de Autonomía, un comando de los autónomos le intentó secuestrar en las oficinas de la Cofradía de Guetaria dejando un siniestro mensaje: le asesinarían si en ocho días no resolvía el problema de las licencias de pesca. Le salvó una reunión en San Sebastián. Se marchó con su mujer y sus tres hijos a Torremolinos durante una semana. En abril de 1980 recibe llamadas amenazantes. Le cuentan también que durante varios días dos extraños habían preguntado por él en la lonja del puerto. Un altercado con uno de los radicales de su pueblo le produce un amago de infarto que aconseja su hospitalización y salida hacia Madrid.

En plena campaña de los polimilis siguieron las amenazas obligándole a salir de Guetaria definitivamente. Recibió la solidaridad del municipio pesquero, encabezada por su ayuntamiento. Un dato muy relevante porque esas muestras de apoyo eran inexistentes en los «años de plomo». Además, el consistorio estaba gobernado por la mayoría absoluta de Getariako Ezker Abertzaleen Batasuna, una coalición abertzale de izquierda con militantes de HB, EE e independientes. Fue un reconocimiento a su trabajo por el principal sector económico de la villa del Ratón. Se organizó una manifestación de apoyo pidiendo su regreso. En la marcha solidaria de protesta también estuvieron los abertzales radicales locales que justificaron su presencia con una nota de prensa un tanto paranoica: puntualizaban que no apoyaban a «un político de UCD», sino a Silveti «como persona y vecino de Guetaria»[116]. Como si fuera posible separar la condición humana y social de la de persona amenazada. Vamos, que si le asesinaban se entiende que no veían mal que lo hicieran como político, pero sí como persona. Hubo quien fue más allá, como el exjugador de la Real Sociedad y abogado de HB José Antonio de la Hoz Uranga, concejal en la villa marinera.

Uranga remarcaba que Silveti no podía ser considerado vasco, sólo español, a pesar de que hablaba euskera bastante mejor que castellano. Al abogado abertzale no le parecía suficiente el esfuerzo permanente de su paisano por mejorar las condiciones de los arrantzales guipuzcoanos. A raíz de las amenazas, el armador amenazado forjó una gran relación personal con Adolfo Suárez, quien le llamaba el Pescador. Silveti fue un hombre feliz haciendo de anfitrión con el presidente el 6 de marzo de 1980, el día que fue a comer a Guetaria entre fuertes medidas de seguridad. Le dio la bienvenida con unas palabras en euskera que emocionaron al político abulense. Lo que no consiguió fue hacerle degustar en condiciones las delicatessen del mar a un abonado forzoso a las tortillas francesas por los problemas que sufría para masticar. En plena ofensiva contra la militancia ucedista vasca, el propio Silveti llamó a La Moncloa consiguiendo que el presidente Suárez se interesara personalmente por la situación de las familias de los asesinados de UCD y de los amenazados. Desde su obligada marcha de Guetaria, el Pescador se fue alejando cada vez más de su querido municipio.

Primero, estuvo seis meses en Arrecife de Lanzarote como inspector de pesca para Canarias. Después inició un largo periplo por Perú, Ecuador, Chile y Seychelles, siempre vinculado con la actividad pesquera. En 1990 se asentó en Madrid iniciando una nueva vida laboral como camarero y cocinero hasta su jubilación. Nunca dejó de volver a su amada Guetaria, donde le consideran un embajador. Las mujeres guipuzcoanas del partido de Suárez también sufrieron los problemas con ETA. María José Usandizaga formaba parte de un grupo de mujeres de San Sebastián que se identificaban con UCD: Isabel Bastida, Amalia Pradera, Begoña Satrústegui, Josefina Peironcely, y alguna otra cuyo nombre no se puede citar por sus actividades económicas presentes, eran las dinamizadoras de un partido que funcionaba en la provincia gracias al trío Jaime Mayor, Gonzalo Urbistondo y Gonzalo Quiroga. Iban por los pueblos de tamaño medio como los testigos de Jehová visitando a personas a las que poder fichar para su proyecto. Las labores de captación se realizaban en condiciones poco convincentes para los posibles nuevos afiliados con entrevistas en lugares inhóspitos u organizando reuniones de las que salían de dos en dos con las luces apagadas, para evitar a los «notarios» abertzales sobre todo frente a la sede donostiarra de la calle Idiáquez. Jaime Mayor Oreja confesaba, casi treinta años después, que no se podían celebrar actos o reuniones de UCD como un partido más:

«O eran clandestinos o se producían incidentes, como en la campaña a favor de la Constitución. Cuando montábamos una reunión en Vergara, citábamos a los de Éibar, y cuando hacíamos la reunión aquí, iban los de Vergara. Teníamos que salir de las casas con la luz apagada, de forma espaciada y de tres en tres…Yo he tenido que reunirme con un carnicero en la zona fría de la tienda. En ese ambiente tuvimos que hacer la Transición». [117]

Usandizaga fue de número cinco en la lista de Marcelino Oreja al Congreso en 1979. Un año después, cuando comenzó la razia etarra contra su partido sufrió en carne propia la psicosis brutal colectiva que se apoderó del grupo de militantes donostiarras. La impresión fue tal entre sus integrantes, con ilustres apellidos como Peironcely, Muguruza, Azcárate o Lasarte, que salieron despavoridos en un sálvese quien pueda. Representaban a un puñado de idealistas de raigambre monárquica o liberal, afiliados al gran partido de la Transición por sus posiciones moderadas y españolistas. María José Usandizaga, casada con Gonzalo Urbistondo, se dio cuenta de que la seguían por la calle a la salida de su trabajo o domicilio. Le pusieron escolta —policías de paisano poco o nada formados en tareas de vigilancia personal— compartida con un directivo de Telefónica (los autónomos asesinarían a los dos) hasta que la Policía Nacional se presentó en su oficina obligándole a hacer un equipaje de urgencia para salir temporalmente del País Vasco. Se fue a Madrid, en medio de un impresionante dispositivo de seguridad que tomó el edificio en el que residía. Los que decidieron quedarse se vieron obligados a cambios frecuentes de domicilio, a pernoctar en casas de amigos o familiares o a ser acompañados por ellos al trabajo.

La situación de miedo generalizado en las bases ucedistas guipuzcoanas provocó el desestimiento, la retirada de los contados afiliados, unos temporalmente, otros definitivamente. El miedo derrumbó por completo la posibilidad de construir UCD en Guipúzcoa como un partido normal, como una opción política más. ETA y los Comandos Autónomos no sólo asesinaron a destacados miembros o simpatizantes del partido gubernamental, mataron la presencia de un partido con más de 50.000 votos en la provincia más difícil de España. En la visita de Adolfo Suárez a Donostia, en marzo de 1980, en la recta final de la campaña de las elecciones vascas, el presidente del Gobierno reconoció el coraje de su gente diciendo que «si en España es ya difícil ser militante o simpatizante de UCD por las críticas que recibimos, en el País Vasco es además un acto de fe en los valores éticos que nos mueven y un acto de valor incluso físico». Desde la presentación del partido en Guipúzcoa, el miedo a ETA fue tumbando las expectativas mínimas de que UCD tuviera una presencia mínima en la provincia vasca más nacionalista. A finales de 1977 el objetivo de UCD-Guipúzcoa era ir implantándose por toda la provincia durante los meses siguientes, con nuevos afiliados y sedes. Desde el partido gubernamental aseguraban que tenían listas de candidatos para 15 municipios guipuzcoanos.[118]

Otros objetivos fallidos de ETA

La campaña etarra contra lo que representaba UCD como partido gubernamental en el País Vasco se extendió a las otras dos provincias y a los gobernadores civiles. En Vizcaya, políticos de UCD residentes en la localidad de Guecho fueron objetivos de los terroristas a pesar de estar escoltados. El nombre de Joaquín Nebreda, Tacho, candidato a la alcaldía guechotarra en 1979 y miembro destacado de la ejecutiva vizcaína, apareció entre los objetivos de un comando de ETA-pm desarticulado en mayo de 1982 en Alcalá de Henares. El 9 de octubre de 1980, la muerte del suegro de Tacho Nebreda obligó a su familia a cambiar de domicilio del barrio guechotarra de Algorta a la capital vizcaína. Los polimilis le tenían localizado para asesinarle en su domicilio de Algorta, pero la mudanza les hizo perderle la pista. Cuatro meses después de la detención de los etarras, Nebreda se traslada a vivir a Madrid por cambio en su actividad laboral, según él, sin que tuviera que ver la aparición de su nombre en papeles de ETA. Era un habitual en los funerales por las víctimas de la banda terrorista porque consideraba que los políticos debían de predicar con el ejemplo en tiempos de muchos muertos, militares o policías la mayoría, en actos fúnebres casi clandestinos con grupos de ultras gritando «UCD traidores».

Uno de los objetivos más codiciados por los terroristas fue Chus Viana, al que incluso intentaron secuestrar en varias ocasiones. Viana fue un político generoso, visionario y audaz; uno de los padres del estatuto de Guernica, el hombre de Suárez en Euskadi, y eso no pasó desapercibido para las dos ramas de ETA. Su praxis política le llevó a buscar una derecha vasca renovada, autonomista, capaz de aceptar los símbolos del nacionalismo para todos en aras de la convivencia y la concordia. Se lo premiaron con la exclusión de UCD en la campaña del referéndum por el Estatuto de Guernica y las acciones de ETA contra políticos de UCD. Entre 1978 y 1981 no dejaron de amenazar y perseguir a Viana. Empezaron llamando al portero automático de su casa pidiendo que bajase a la calle y terminaron con varios intentos frustrados de secuestro y asesinato. Le salvaron sus escoltas y los cambios de domicilio. Para el presidente de la UCD vasca hubo un antes y un después tras el asesinato del dirigente ucedista alavés José Ignacio Ustaran. El después fue la dura tarea de hacer frente a la descomposición del partido en el País Vasco en general, y en Vitoria en particular, donde más fuertes eran. Chus Viana se vio obligado a alquilar varios pisos en la capital alavesa para organizar las reuniones de UCD.

Llegó a confesar su convicción de que la tensión que estaba viviendo la pagaría algún día. La situación fue tan desesperante que barajaron en un par de ocasiones la disolución del partido en confidencias a periodistas. Hubo dimisiones, bajas forzosas y afiliados que se marcharon definitivamente. El principio del fin del partido de la Transición comenzó en el País Vasco, donde más dio y donde menos recibió. El otro frente en Euskadi contra el ejecutivo de UCD lo abrió ETA contra los gobernadores civiles. Uno de los grandes errores de la política de Interior contra el terrorismo abertzale fue la inestabilidad de los gobernadores civiles en las provincias vascas. Venían de paso, sin conocimiento de la realidad social y política, sin coordinación eficaz con los servicios de Inteligencia e Información de Guardia Civil y Policía. La palma se la llevaron Marcelino Oreja y Pedro Manuel de Arístegui. Oreja fue el primer delegado del Gobierno de España. Además, fue nombrado con rango de ministro, quizá inspirándose en la figura de los ministros para Irlanda del Norte de los gobiernos británicos. El supergobernador fue recibido con frialdad o desprecio por el nacionalismo institucional, porque para el PNV no podía haber otra autoridad legítima que no fuera la suya en el Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos.

Para los jeltzales el delegado del Gobierno o gobernador general era la contra del Estado al mapa institucional vasco copado por ellos. En ese enfoque de la realidad decidieron impugnar cualquier representación institucional o simbología estatal en tierra vasca. Hubo alguno que, sin mucho conocimiento de la historia de España, llegó a comparar sus funciones con las de un corregidor o un virrey. Para rematar el rechazo ya estaba Xabier Arzalluz con sus mítines flamígeros o declaraciones desdeñosas en su obsesión enfermiza con Marcelino Oreja, por el que tuvo un poco más de consideración institucional el lehendakari Carlos Garaikoetxea, casi vecinos, por la proximidad de sus residencias oficiales en la misma calle del vitoriano paseo de Fray Francisco. Dada la importancia del cargo de Oreja Aguirre, la cúpula de ETA-m decidió atentar contra él. A finales de noviembre de 1981, la detención de un comando de milis reveló las intenciones de la banda. Conocían al detalle los itinerarios posibles del vehículo del delegado del Gobierno, así como el blindaje del automóvil, por lo que los terroristas planearon colocar una bomba de 15 kilos de goma-2 y 10 kilos de metralla para hacerla explotar en alguna calle cercana a la residencia de Los Olivos, al paso del coche oficial.

El irunés Pedro Manuel de Arístegui y Petit, diplomático y padre del futuro diputado del PP Gustavo de Arístegui, aceptó ser gobernador civil de Guipúzcoa como un servicio a su provincia natal. En los casi dos años que estuvo en el cargo sufrió cuatro ataques de ETA, abortados por la Policía o la mala puntería de los terroristas. Éstos llegaron a colocar una bomba en el club de tenis en el que solía jugar varias veces a la semana o lanzaron una granada anticarro contra el Gobierno Civil que impactó contra una ventana sin causar daños. Hubo un cuarto intento fallido aprovechando las clases de vuelo que recibía el gobernador en el aeropuerto de Fuenterrabía para aprender a pilotar una avioneta. La Policía descubrió que uno de los instructores, colaborador de ETA, quería simular un fallo técnico para realizar un aterrizaje forzoso en un descampado en el que esperaba un comando para asesinar a Pedro de Arístegui. Como alternativa planearon que el gobernador pilotase solo una avioneta saboteada para que se accidentase durante el vuelo. El diplomático guipuzcoano, acostumbrado a situaciones límite parecidas durante su etapa como embajador de España en Nicaragua, se tomó el asunto hasta con cierta flema irónica.

Probablemente le marcó más el odio con el que era recibido en algunos pueblos de la provincia que solía visitar durante los fines de semana. Aficionado a la gastronomía, fue en una ocasión al restaurante del conocido restaurador Carlos Arguiñano. Después de más de una hora sentado en la mesa sin que le atendiesen, con el comedor casi vacío, un familiar del popular cocinero le espetó que se largase porque allí no era «bien recibido». En la localidad de Fuenterrabía le declararon persona non grata. Como respuesta fue al día siguiente a la localidad del Bidasoa con una gran txapela e hizo solo una ronda de vinos por los principales bares, ante la mirada atónita de los hosteleros y sus escoltas. Lo que no consiguió ETA durante su etapa en Guipúzcoa, lo hizo en el Líbano la artillería siria durante su paso por la embajada de España en Beirut. Un proyectil disparado por las tropas de Damasco en el Líbano impactó en un jardín interior de la legación española matando al embajador, su suegro, su cuñada y un guardia. El Gobierno de España no tomó medidas contra la intencionalidad del disparo de las fuerzas armadas del régimen baazista sirio contra el antiguo palacio de Chehab.

La historia desconocida del primer cargo de UCD contra el que atenta ETA

La campaña electoral de las elecciones municipales de 1979 en Euskadi fue un sabotaje permanente contra UCD, una presión difícilmente soportable, allí donde se pudo presentar: carteles arrancados a diario, pintadas amenazadoras e insultos por la calle a los cuatro que se atrevían a repartir propaganda. La víspera de la cita electoral, el cabeza de lista de UCD en la localidad vizcaína de Santurce, Javier Capetillo, estuvo a punto de retirar la papeleta pensando a lo que se exponía siendo elegido concejal. Para su sorpresa el escrutinio adjudicó 2225 votos y 3 ediles a UCD. Uno de ellos era Luis Gustavo Arias Regueiro, un lucense que dejó su localidad natal de San Pedro do Incio para emigrar al País Vasco a finales de los años cincuenta. A base de trabajo, tesón y sacrificio se abrió paso con varios negocios de hostelería. Para él, ser concejal era una forma de manifestar su integración total en Santurce, de mostrar su agradecimiento a ese pueblo de acogida y también de exhibir el orgullo de representar a la diáspora gallega, presente como una quinta provincia en la orilla izquierda del Nervión. Seis días antes del pleno constitutivo de la primera corporación democrática, la noche del 4 de mayo, el concejal electo de UCD resultó herido en un atentado de ETA-m en el bar que explotaba con su familia, frecuentado por jubilados y vecinos del santurzano barrio de Las Viñas.

Después de tirotear el escaparate del bar Kuchi, tres encapuchados se dirigieron al bar Montefuerte regentado por el candidato de UCD. Mientras uno de ellos vigilaba armado en el exterior, los otros dos obligaron a tumbarse en el suelo a los tres clientes que había en ese momento y dispararon contra la familia Arias Valcárcel, refugiada rápidamente en la cocina o bajo la barra. Luis Arias fue alcanzado por dos proyectiles en una pierna y una mano. Su hija recibió de rebote en el pecho un impacto que le obligó a retirar la lactancia a su primer bebé. Fue la primera víctima del terrorismo contra UCD, el gran protagonista de una historia desconocida. Once días después del atentado, ETA-m difundió un comunicado en el que reivindicaba seis atentados y acusaba a varios hosteleros de ser miembros colaboradores de «las fuerzas de ocupación españolas» o de gestionar establecimientos públicos «habitualmente frecuentados por miembros de los cuerpos represivos», pidiendo el boicot contra las personas o locales que «confraternicen o se relacionen» con los cuerpos policiales[119]. El comunicado etarra mencionado y otro más eran el anuncio de una ruina total, así que Luis Arias no se lo pensó mucho.

En cuanto le dieron de alta médica dimitió como edil sin llegar a participar en el pleno constituyente, vendió todo lo que tenía y buscó la apertura de un nuevo negocio en Vigo o La Coruña, eligiendo con su familia la ciudad herculina como nuevo destino. Cinco meses antes habían asesinado en otro bar del pueblo a un antiguo jefe de la Policía Municipal, miembro de Falange y padre de militantes de Fuerza Nueva. En las paredes exteriores y la puerta del lugar del crimen se podían leer pintadas que advertían de que se trataba de un local frecuentado por chivatos, ultraderechistas, policías y guardias civiles. Luis Arias se esperaba algo parecido. En aquella época los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y también de las diferentes policías municipales, procedían en su mayor parte de Andalucía, Extremadura, Galicia y Castilla-La Mancha, las regiones más desfavorecidas y con mayores índices de emigración de toda España. El acoso de ETA obligó a los agentes de Policía y Guardia Civil destinados en Euskadi (y a sus familias) a desconfiar de todo y de todos, lo cual reducía al mínimo sus posibilidades de interacción social. Ya no se trataba de lavar y secar el uniforme dentro de casa o de no revelar a los hijos la profesión del padre.

Era una situación que restringía las amistades de policías y guardias civiles a relaciones de paisanaje o parentesco con inmigrantes instalados en Euskadi procedentes de sus mismas comunidades de origen, condenando a los funcionarios policiales a frecuentar los mismos bares, al margen de la ideología de sus propietarios. ETA y su trama civil marcaban esos establecimientos con pintadas o atentados en una versión abertzale del judenboykott o boicot de los nazis a los negocios judíos en 1933. Pasados los años, la familia Arias Valcárcel conoció la identidad de uno de los integrantes del comando agresor: estaba empleado como dependiente en una ferretería próxima y era cliente habitual de su bar, donde jugaba casi todos los días al dominó con el hijo de Luis Arias. Aquella familia gallega, con hijos nacidos en Santurce, se fue y no volvió jamás. No faltaron los simpatizantes de los pistoleros que llegaron a exclamar despectivamente «¡mejor, un gallego menos!». En el comentario racista mejor hubiera sido hacer una precisión, porque los gallegos que les gustaban a los palmeros de ETA eran los que se identificaban con ellos.

Ese mismo año de 1979, Iñaki Ansoleaga Deusto, uno de los jóvenes valores de UCD en Vizcaya, recibía el susto de su vida cuando dos pistoleros de ETA-pm le secuestraron durante cuatro horas. Al principio se temió lo peor, pero los terroristas sólo querían su coche para cometer un atraco. Ansoleaga tuvo suerte porque esos dos polimilis junto a otros dos secuestraron la noche del 22 de febrero al delegado provincial del Ministerio de Agricultura en Vizcaya e ingeniero agrónomo, Víctor Herrero Royo. Después de permanecer durante horas en su casa del barrio guechotarra de Las Arenas, a las seis de la mañana se lo llevaron en coche a un descampado en el mismo municipio y le ordenaron bajar para acto seguido dispararle en la pierna izquierda. No fue una herida grave. El presidente Suárez, que visitaba Bilbao, se desplazó a su domicilio para interesarse por el funcionario riojano, delegado ministerial desde diciembre de 1974. Tres meses después del atentado fue trasladado a otra provincia fuera del País Vasco. El secuestro de Víctor Herrero desbordó el número de solicitudes de traslados de altos funcionarios de la administración del Estado en el País Vasco, al ser identificados por el nacionalismo como afines al gobierno de UCD o enemigos del pueblo vasco. Había precedentes tres meses antes.

En noviembre de 1978, ETA-pm intentó el secuestro simultáneo de los delegados del Ministerio de Educación en el País Vasco y Navarra. La acción tenía como objetivo reivindicar los derechos lingüísticos y ser una medida de presión a favor del euskera. Sólo consiguieron raptar al delegado interino en Guipúzcoa, José Javier Crespo Berisa. Fue liberado en Madrid tres días más tarde, después de la amplia difusión de un largo comunicado de dieciocho folios con reivindicaciones sobre la enseñanza del euskera y la entrega del Gobierno central al Consejo General Vasco de un cheque de 297 millones de pesetas para las ikastolas. Los terroristas amenazaron con más acciones similares. A raíz de ese secuestro, comenzó el éxodo a otras partes de España de funcionarios del entonces Ministerio de Educación y Ciencia, especialmente personal docente. La marcha o la desafección de los funcionarios acosados por el acoso terrorista debilitaron mucho la presencia del Estado en el País Vasco. El secuestro del delegado de Educación tuvo más consecuencias posteriores. Una de ellas fue la cesión de la Educación al futuro Gobierno vasco. Una chapuza técnica en toda regla, ya que era una competencia exclusiva del Estado regulada por ley orgánica que se integró en otra ley orgánica como es el Estatuto de Guernica.

Luis Candendo, la primera víctima mortal de UCD

En 1978, Jaime Mayor Oreja buscaba bajo las piedras nuevos afiliados para Unión de Centro Democrático en Guipúzcoa. Su objetivo era tener una mínima base social que le permitiera tener candidatos para concurrir a las elecciones municipales. En la pequeña localidad de Anzuola (ahora Antzuola), a un paso de la entonces Vergara (ahora Bergara), en las faldas del puerto de Descarga, consiguió en el mes de julio dar de alta el carné de Luis Candendo Pérez, un obrero de Altos Hornos de Vergara con experiencia como enlace sindical. Candendo, identificado con el cambio de los nuevos tiempos, se comprometió con la libertad y la participación afiliándose a UCD porque Mayor Oreja y su proyecto le inspiraban confianza. En un pueblo del interior de Guipúzcoa como aquél, con alrededor de 2200 habitantes, era todo un lujo tener a alguien. Los resultados de las elecciones de 1977, 162 votos entre todas las opciones desde el centro a la derecha (130 votos GU, 27 DCV y 5 DIP) invitaban a pensar en cierta presencia aunque fuera testimonial. En las siguientes elecciones generales UCD consiguió 133 votos y ése fue el mayor éxito. Años más tarde, el mejor resultado del PP fue de 73 papeletas en 2000. Un ejemplo más de cómo se ha ido borrando a la derecha en poblaciones guipuzcoanas medianas y pequeñas en las que podía haber tenido cierta visibilidad.

Luis Candendo, orensano de cuna e infancia, nació la víspera del inicio de la Guerra Civil en un concejo próximo a Orense capital. Crecido en el seno de una familia humilde fue uno de esos jóvenes audaces con deseo de mejorar su vida, que decidieron emigrar convirtiendo a Galicia en la tierra del adiós, en un éxodo de proporciones bíblicas durante el siglo XX. Después de una pequeña etapa en Asturias, Candendo llegó a mediados de los años cincuenta a Guipúzcoa para trabajar desde la nada en una de esas acerías que eran parte del paisaje de las provincias vascas costeras. Su biografía casi se la podría escribir de memoria Raúl Guerra Garrido en Cacereño : inmigrante que llega con sus manos y lo puesto a una localidad industrial en la que encuentra rápidamente un empleo; vive de patrona y consigue casarse con una vasca con la que tiene dos hijos y una hija, a los que la madre les habla siempre en euskera. La vasca era María Luisa Zabala, del caserío Iraeta de Anzuola. Uno de esos caseríos vascos bicentenarios donde custodian el frondoso árbol genealógico de la familia enraizado desde tiempo inmemorial en el mismo solar. Un matrimonio mixto, de ésos que tanto alteraban la presión sanguínea a los lepenistas con txapela de los RH y cien apellidos vascos.

Luis y su cuadrilla de amigos formaban parte de una sociedad local, la Danok Bat (todos a una), a los que algunos lugareños abertzales rebautizaron irónicamente como «la Real Sociedad». Nada que ver con el fútbol, mucho que ver con la envidia aldeana y el odio enfermizo. Se empieza motejando a la gente para pasar a crear o divulgar todo tipo de chismorreos pueblerinos falsos, tan repetidos que hasta los más incrédulos los acaban haciendo suyos. Eso ocurrió más o menos con Luis Candendo y varios amigos suyos: les acusaron de confidentes en una lista. Solía ser una estrategia que los más miserables utilizaban en las fábricas para que los trabajadores foráneos se marchasen y dejasen su empleo para que pudieran optar al mismo otros, al parecer con más derecho por lugar de nacimiento o ideología. Al margen de comentarios maliciosos aquel grupo de amigos siguió haciendo su vida, todos a una, como el nombre de su sociedad, creyendo que pronto se acabarían los cotilleos, las acusaciones de ser de extrema derecha, de las que luego se hacía eco la prensa con toda ligereza, sin ningún contraste, dando por buenas las razones de los verdugos. Ni Candendo ni sus amigos pensaban que fuera a ocurrirles nada, hasta que algo fatal ocurrió.

Desde la noche del 9 de noviembre de 1978, en el corazón y la memoria de María Luisa Zabala siempre resonaron las palabras de su hijo mayor que con 13 años le dijo: «Ama, ¿por qué han disparado al padre si era bueno?». Eso, que era buena persona, es lo único que te cuentan antiguos vecinos de la familia Candendo Zabala dispuestos a hablar. Desmienten de plano la versión de Egin, siempre asesinando por segunda vez a las víctimas de ETA. En la anónima crónica del periódico abertzale se aseguraba, según el testimonio de «la gente del pueblo», que Candendo era una persona «muy conocida por sus ideas de extrema derecha, a la que el pueblo no tenía simpatía»[120]. Como siempre, no falta «uno del pueblo» para acusar a la víctima de «chivato» y de haber estado en Montejurra en 1976. Es la metodología del portavoz mediático de los terroristas, siempre dispuesto a reforzar la reivindicación de los asesinos con informaciones basura, siempre preparado para disparar moralmente en la nuca de los muertos de ETA. Casi cuarenta años después del asesinato de Luis Candendo Pérez hay en la gente de Anzuola una mala conciencia colectiva por algo que no se hizo bien en el pasado y que impide hablar con libertad. En el barrio de la Antigua les cuesta hablar a los vecinos.

Es uno de esos polígonos de viviendas de los años sesenta que abundan en la geografía de los pueblos guipuzcoanos en los que la actividad económica predominante es la industria. Se construyeron de aquella manera para albergar dignamente a la creciente mano de obra que demandaba la industria en Guipúzcoa. En el barrio de la Antigua todavía queda perdida en un portal una placa del Instituto Nacional de la Vivienda con el yugo y las flechas. En el cuarto piso de un bloque de cuatro pisos, haciendo forma de ele con otro bloque de tres, vivía Luis Candendo con su mujer y sus tres hijos, entre los 7 y los 13 años. Todos los días, cuando salía de su trabajo como operario en Altos Hornos de Vergara, se acercaba hasta allí en su Renault 8 y esperaba a que su esposa bajase con la merienda con la que iba a la Danok Bat, a unos 200 metros de su casa cuesta abajo. Aquel 9 de noviembre, tras dejar el bocadillo en el asiento del copiloto, María Luisa Zabala vio rápidamente que un individuo con el rostro tapado por un pasamontañas se acercaba al coche de su marido por la parte del conductor y empezaba a disparar. Salió corriendo asustada hasta su casa, en el cuarto piso. María Luisa sólo acertó a entrar gritando en casa «han matado a vuestro padre».

El grito de la madre dejó sin habla a unos críos que estaban viendo en la televisión el mítico programa infantil Un globo, dos globos, tres globos. Fueron a cazar a su padre sabiendo de su rutina diaria y sus dificultades de movilidad (tenía una prótesis en la pierna izquierda desde la rodilla por un accidente laboral). Nueve balas impactaron en la cabeza y el tórax de Luis que murió instantáneamente, ensangrentado entre restos de los cristales de las lunas de su vehículo, quedando reclinado sobre el costado derecho y el asiento del copiloto. Con 42 años, allí quedó una vida, una ilusión, un proyecto de familia ahora rota. María Luisa Zabala enterró a su marido, vendió el piso de la Antigua y se marchó con sus hijos. Veinticuatro horas después del asesinato de Luis Candendo les arroparon dirigentes de UCD como Jaime Mayor Oreja, Chus Viana y dos miembros de la ejecutiva nacional, Enrique Galavis y Manuel Núñez, diputados que ocuparán altos cargos en diferentes gobiernos centristas. Al funeral quisieron ir el presidente Adolfo Suárez y Rafael Arias-Salgado, secretario general de UCD. Tuvieron que asistir a una multitudinaria manifestación convocada en Madrid por las principales fuerzas políticas y sociales contra el terrorismo que asolaba la España de la Transición.

La familia Candendo Zabala y los dirigentes de UCD estuvieron acompañados de mucha gente del pueblo, pero hubo ausencias destacadas: los amigos que ya no iban todos a una, como en el nombre de su sociedad. Algunos pidieron a sus mujeres que transmitieran a la viuda de Candendo su temor a ser reconocidos como amigos de Luis. A los miembros de la Danok Bat comenzaron a insultarles y amenazarles desde la misma tarde del asesinato de Luis Candendo. Estuvieron así durante semanas. Uno de sus amigos se marchó del pueblo y otro, José Fernando Artola Goicoechea, tenía intención de hacerlo en el mes de febrero de 1979. Artola, vasco de Hernani, era agente comercial, tenía 54 años, mujer y dos hijos. Llevaba quince años viviendo en Anzuola de donde había decidido irse por el ambiente irrespirable. No le dio tiempo. Pistoleros del comando Besaide de ETA-m intentaron matarle dos días antes sin resultados, pero la noche del 30 de enero no fallaron. Le dispararon seis veces desde un coche a cinco metros del lugar donde habían matado a su íntimo amigo. Fue trasladado herido grave, con el hígado y el diafragma perforados, a un centro médico de Vergara donde falleció nada más llegar. La prensa subrayó su vínculo de amistad y su ideología derechista como si fueran las razones que explicaban o justificaban su muerte.

Los milis tardaron dos días en reivindicar el atentado de Luis Candendo, al que acusaban de ser «confidente de la Policía» y haber formado parte de «un grupo parapolicial en Antzuola y Bergara»[121]. Las imputaciones eran extensibles a José Fernando Artola. Ni en Antzuola ni en las modestas viviendas de la Antigua recuerdan a Luis Candendo y José Fernando Artola. Más bien no quieren recordarles. El autor de este libro preguntando en euskera a un vecino mayor sobre el militante de UCD asesinado recibió como respuesta una mueca burlona apuntando a una señal en un jardín que en euskera dice que los perros (txakurrak ) están prohibidos en la hierba. Éste le respondió que eso es para los perros de cuatro patas, que txakurras de dos patas fueron los asesinos de Candendo, los que pasaron la información y los que les aplaudieron. Y el hombre se dio la vuelta malhumorado, mascullando algo ininteligible en euskera, con el diario Gara bajo el brazo. Se nota que no está acostumbrado a que le respondan así en su idioma. En el ayuntamiento mejor no preguntar. Desde 2007 mandan los abertzales radicales en un municipio en el que en 1995 sólo tenían un concejal. En la fachada barroca del edificio del siglo XVIII, muy típico en el Alto Deba, no hay banderas. En el número de febrero de 1954 de la revista National Geographic aparece una foto de unas chicas bailando danza vasca frente al consistorio de Anzuola. En la fachada está solo la bandera nacional y una colgadura con los colores de la rojigualda. Esa fotografía parece que traumatizó la memoria histórica del municipio. Hoy sólo en la ventana más a la derecha del segundo piso hay una bandera española de mesa. Es una forma de burlarse de la ley como se burlan de las dos únicas víctimas del terrorismo registradas allí. ¿Qué relato y qué memoria puede haber en ese municipio con ese ayuntamiento o con vecinos como el de los txakurras de dos piernas?

José Ignacio Ustaran, el dirigente de UCD asesinado como Aldo Moro

El 29 de septiembre de 1980, hacia las nueve de la noche, sonó el timbre del portero automático del cuarto piso en el número 68 de la avenida de Gasteiz, en Vitoria. Era el domicilio particular del matrimonio Ustaran Muela y sus hijos. José Ignacio, el padre, perito de seguros y dirigente provincial de UCD en Álava. Rosario o Charo, la madre, maestra no ejerciente, concejala de UCD en el ayuntamiento de Vitoria, muy ligada a temas de bienestar social. En la candidatura de Álava al Parlamento vasco de meses antes José Ignacio iba de número nueve y Charo de octava suplente. El matrimonio tenía tres chicas y un chico, todos entre 6 y 15 años. Al día siguiente era el cumpleaños de la pequeña Mariola. Una mujer decía que traía un paquete. Charo abrió la puerta del piso, preguntaron si su esposo estaba en casa y, cuando contestó afirmativamente, aparecieron otros dos hombres armados que se colaron en la vivienda. El domicilio particular hacía las veces de oficina profesional de Ustaran, ayudado por su esposa. Le localizaron en su despacho. Reunieron a la madre, la asistenta doméstica y dos de las tres hijas —faltaba la mayor— en la cocina, vigiladas por la mujer del timbre. En el despacho los gritos de los dos pistoleros alertaron al hijo de 13 años que estaba en su habitación estudiando.

Se asomó y pudo ver al final del pasillo, donde estaba la oficina de Ustaran, lo que pensaba que era una discusión con dos clientes. Cerró la puerta de su cuarto, pero la terrorista le vio obligándole a punta de pistola a reunirse con el resto de la familia en la cocina, después de cerciorarse de que no había llamado a nadie. Volvió a pasar por el estudio de su padre e intercambió con él una de esas miradas que nunca se olvidan, aunque duren fracciones de segundo. Fueron alrededor de treinta minutos que se hicieron eternos. Parecía que el tictac del reloj de la cocina se sumaba al suspense de ese asesinato a cámara lenta planificado por los etarras. Fue casi media hora de tensión al límite entre la angustia de la madre, que no dejaba de decirles a los secuestradores que se equivocaban, cierta indecisión de los etarras y los niños incapaces de cenar en medio de aquella escena kafkiana. En la cocina, en veinte metros cuadrados, Charo Muela, ya al borde de un ataque de nervios por la tensa situación, pidió a los etarras que se la llevasen a ella. En aquellos momentos le vino repentinamente a la memoria un anónimo recibido al que no le dieron mucha importancia. Les cortaron los tres teléfonos de casa y, después de interrogarle, se llevaron al padre al garaje, a buscar su coche para ir de allí a las afueras de Vitoria.

Minutos después llegó Esther, la hija mayor, y pidieron ayuda a un vecino. En poco tiempo llegaron policías que hablaban de secuestro. Y un hermano de la víctima, miembro de la ejecutiva alavesa del PNV, que planteaba contactar con la dirección de ETA en el sur de Francia. La noticia del desenlace del mismo llegó sobre la medianoche. Le tocó comunicarla a Enrique Villar, compañero de corporación, futuro parlamentario del PP y delegado del Gobierno. Villar tuvo que ser el fatal emisario porque el hermano peneuvista no reunió el valor suficiente. El grito desgarrador de dolor de Charo Muela sobrecogió a todos. Sus hijos lo llevan grabado en el alma desde entonces. Enrique Villar, fallecido en 2010, siempre nos contaba a los periodistas que para él, ser mensajero de aquella tragedia, era lo peor que le había ocurrido en toda su vida. Sobre las 22:20 había aparecido mal aparcado en el vado del número 8 de la calle San Prudencio, bajo la sede de UCD, el Talbot 150 de José Ignacio Ustaran. Unos vecinos que querían entrar en el garaje de su domicilio encontraron en el acceso al mismo el vehículo de Ustaran obstruyendo el paso al aparcamiento. Cuando fueron a moverlo descubrieron su cuerpo sin vida en el asiento trasero con dos disparos de bala.

La Policía no encontró casquillos dentro del coche. La trayectoria del tiro en la cabeza entraba por la frente y salía por la nuca, lo que hizo pensar a los investigadores que el dirigente alavés de UCD fue asesinado de rodillas, fuera del coche, en algún lugar desierto. Los terroristas suelen inspirarse en los crímenes de otros grupos armados. En este caso la muerte de Ustaran se parece al asesinato por las Brigadas Rojas del líder de la Democracia Cristiana italiana, Aldo Moro. El exprimer ministro estuvo secuestrado durante 55 días manteniendo en vilo al país, y al resto de Europa, entre falsas esperanzas y cartas que pedían socorro. La mañana del 9 de mayo de 1978, tras una llamada de los secuestradores, la Policía descubrió el cadáver de Aldo Moro acribillado por 11 balas en el maletero de un Renault 4. El coche había sido aparcado con premeditación criminal en la vía Caetani, en el centro de Roma, a medio camino de las sedes centrales de la Democracia Cristiana y del Partido Comunista Italiano, los dos principales partidos del país, los más firmes defensores de no negociar con los brigadistas. La noticia interrumpió la programación de las televisiones públicas europeas con la imagen del cadáver de Moro a la vista, con el portón trasero del Renault amaranto levantado.

Fue una estremecedora fotografía que dio la vuelta al mundo. Debió de quedar en la retina de algún dirigente de ETA-pm como posible idea para una acción criminal que pondrían en práctica con el militante de UCD José Ignacio Ustaran. ETA-pm dejó el cadáver del miembro de la ejecutiva alavesa de la formación centrista delante de la sede de su partido en Vitoria. Por si había dudas, al día siguiente los asesinos reivindicaron el crimen acusando a su víctima de ser de UCD y avisando de paso que iban a por los militantes y dirigentes de ese partido. No hubo polimilis que rivalizasen por la autoría del tiro de gracia a Ustaran, como hicieron con Aldo Moro los brigadistas Prospero Gallinari y Mario Moretti. El caso Ustaran es un crimen sin resolver, tapado con la manta de la impunidad por el final de ETA-pm avalado por los poderes del Estado. En eso, los polimilis fueron como los brigadistas: ni se arrepintieron ni se disociaron de sus crímenes. La supuesta razón o razones de Estado sirvieron para permitir la ejecución de Moro por sus captores y para dejar impune el caso del ucedista vitoriano. El asesinato de Ustaran tendrá un significado muy parecido al de Aldo Moro: ambos crímenes supondrán el principio del fin de ambos grupos terroristas, en el caso de los polimilis, su ruptura con su hasta entonces brazo político Euskadiko Ezkerra.

Mario Onaindia escribe en sus memorias que el asesinato de José Ignacio Ustaran fue «el día más importante de la historia de EE». Fue el día en que los políticos dijeron a los militares «hasta aquí hemos llegado». Hubo, en palabras de Onaindia, «una revolución de los sentimientos»[122]. Euskadiko Ezkerra y su partido principal EIA condenaron por unanimidad sin olvidar la «grave responsabilidad» del Gobierno de UCD en «la desestabilización del proceso democrático y autonómico». Hubo un «hasta aquí hemos llegado» a ETA-pm que nunca le dijo Arnaldo Otegi a ETA-m. El antiguo polimili reconvertido a los milis llegó a la cúpula del brazo político de la principal rama de ETA precisamente por su paso por la banda. Quien hoy se presenta como artífice de la paz jamás se plantó ante la dirección etarra. Sólo apostó por las «vías políticas» cuando estaba rodeada la cúpula de la organización armada y el Tribunal de Estrasburgo aceptó por unanimidad los argumentos jurídicos de la sentencia condenatoria a la ilegalización de Batasuna. Otegi descubrió la vía institucional cuando Europa condenaba a los suyos a la marginalidad progresiva si optaban por seguir encadenados a los dictados de ETA-m. Entretanto, siempre estuvo de rodillas ante la dirección de la banda.

En EE había una militancia variada procedente de diferentes escisiones o facciones de ETA, excepto la de los milis, formada por gente leída, algo que nunca abundó en las bases de HB. Mario Onaindía era con su carisma el nexo de unión entre todos ellos. El divorcio con las pistolas había comenzado desde que entraron en las instituciones elegidas por la ciudadanía mientras los defensores de partido con pistolas, los del desdoblamiento, se iban quedando fuera de juego. Al comité provincial ucedista la trágica noticia le pilló en la localidad de Oyón, en la Rioja alavesa. Solían celebrar reuniones itinerantes por la provincia para conocer a sus cargos locales. En Álava la formación centrista era la segunda fuerza con más ediles (103), después del PNV. Uno de sus graneros electorales estaba en los pequeños pueblos del sur fronterizos con La Rioja. Allí competían con los jeltzales, que llegaron a tener antes cargos públicos que afiliados gracias a campañas electorales en las que los carteles los tenían que ir a pegar militantes vitorianos o vizcaínos. Llamaron al bar en el que cenaban preguntando por Chus Viana. Volvió desencajado acertando a decir solamente: «Han matado a José». La vuelta a la capital alavesa fue de pesadilla. No podían creerlo.

A Juan Carlos Ibarrondo le llamaron esa misma noche a su casa para decirle que era el siguiente. Plantearon hacer una reflexión colectiva lo más lejos posible. Se fueron en dos coches hasta la pequeña finca que tenía en Extremadura el secretario Guillermo Valle Yustas, entonces delegado provincial del Ministerio de Obras Públicas. Una vez allí se dieron cuenta de que no tenía sentido la autodisolución de la UCD vasca y decidieron volver. En el viaje de regreso, de madrugada, detenidos en un semáforo de la Castellana en Madrid, un taxista y su pasajero observaron la matrícula de San Sebastián del Citroën Tiburón de Alfredo Marco Tabar. El taxi se situó a la par, bajaron las ventanillas, les llamaron «vascos, hijos de puta» y continuaron su recorrido. Los ucedistas no podían entender que en el resto de España midieran por el mismo rasero a todos los vascos. Los directivos alaveses de UCD habían aguantado estoicamente los insultos de los familiares de dos víctimas de ETA en sus funerales en Vitoria ese mismo año. Les consideraban «culpables» del terrorismo etarra. Pero que les asesinasen o insultasen por ser vascos era el colmo de la incomprensión. Hubo bajas en la organización alavesa, reducida a la sede de Vitoria y poco más.

A los que decidieron permanecer les tocó en la calle una larga temporada de malas miradas, insultos aislados y ninguna palabra de solidaridad de los ciudadanos o compañeros de otros partidos. ETA-pm consiguió que ser afiliado o directivo de UCD fuera motivo de estigmatización en la sociedad vasca en general y en la alavesa en particular. En Álava, la provincia menos nacionalista, UCD había ganado las dos elecciones generales, fue segunda fuerza en votos y concejales en los comicios locales, también en las elecciones vascas de 1980, aguantando el desplome general. Se montó la capilla ardiente en el hospital Santiago Apóstol donde los líderes de la UCD vasca recibieron el pésame de representantes de partidos y sindicatos democráticos encabezados por el lehendakari Carlos Garaikoetxea. Las solidaridades quedaron ahí. Después el funeral, con más de mil personas y las destacadísimas ausencias de ministros, miembros de la ejecutiva nacional de la formación centrista o los representantes de las instituciones que no fuesen vascos. Lo más excepcional fue la presencia de un senador por Burgos, Mariano Losa Quintana, vecino de la fronteriza Miranda de Ebro. El vacío, el desamparo y la indignación se apoderaron de los líderes de UCD en el País Vasco que pidieron a Adolfo Suárez una reunión urgente en La Moncloa.

Tres días después del atentado, el presidente Suárez recibió durante hora y media a una comisión formada por el secretario general de UCD Rafael Calvo Ortega, Marcelino Oreja, Jaime Mayor, Joaquín Aguinaga, Alfredo Marco Tabar y Jesús Viana, con un resultado decepcionante para la mayoría de los vascos. Por si fuera poco habían mantenido la noche anterior una cena bastante tensa con el ministro de Administración Territorial Rodolfo Martín Villa. Después de la reunión con Suárez, Chus Viana hizo unas declaraciones en las que subrayó que se jugaban su propia «supervivencia» y en las que puso de relieve su extrema generosidad o la falta de rumbo de su partido: «El tema del País Vasco se tiene que resolver como sea y si el precio es nuestro protagonismo estaríamos dispuestos a pagarlo».

Ya lo estaban haciendo y además obligados desde Madrid. A la salida del encuentro con el presidente en Moncloa, los representantes de UCD estuvieron a punto de encontrarse con el lehendakari Garaikoetxea. Suárez recibió al político navarro durante cinco horas para hablar de traspasos competenciales.

Garaikoetxea se llevó 2080 millones de pesetas para las ikastolas y otro pellizco importante para la siderurgia vasca. En un encuentro con los medios, preguntado por la presencia de la comisión ucedista vasca, dijo que le había sorprendido «gratamente» su presencia en sede presidencial esperando que fuera de gran ayuda «para sacar adelante esos temas de desarrollo autonómico»[123]. Es decir, que el lehendakari, con el cadáver de Ustaran recién enterrado, no se preguntaba por las razones de la entrevista de Suárez con los líderes de su partido en Euskadi. Tampoco parecía ver un grave problema de falta de libertades en la campaña etarra contra UCD, más allá de «una condena sin paliativos» y de calificar el asesinato de Ustaran «como uno de los crímenes más crueles que hemos padecido en los últimos tiempos». Toda su preocupación era el desarrollo competencial. El PNV iba a lo suyo, a recibir dinero y poder, como ha hecho siempre con la tranquilidad de que a los suyos no les mataban. Solidaridad con los atentados, sí, la justa, mientras durasen calientes los cadáveres y para quedar bien. Nada más. Mientras en la UCD vasca se estudiaba la posibilidad de autodisolverse porque les estaban cazando como a conejos, Herri Batasuna planteaba en público autodisolverse porque, según el brazo político de ETA-m, se les estaba «criminalizando» por su relación con los milis.

Una vez más, los constitucionalistas ponían las víctimas para que los abertzales pusieran el victimismo. La viuda e hijos de Ustaran decidieron que su vida no podía ser posible en una sociedad tan enferma. Charo Muela, 36 años, más de la mitad en la capital alavesa, fue concejal hasta el 23 de febrero de 1981 por la mañana. Alfredo Marco Tabar, amigo de su marido, con el que compartía afición cinegética, le animó a ir en la lista que él encabezaba. Antes de su sustitución en el ayuntamiento, en el mes de diciembre, anunció que abandonaba el País Vasco con sus cuatro hijos para rehacer su vida. Poco antes del funeral de su marido tuvo un duro enfrentamiento con su suegro por una inoportuna insinuación de éste en la que poco menos que le hacía culpable de la trágica muerte por su militancia en UCD. Para la viuda fue demasiado: dejó de hablarse con su suegro seis o siete años. Hasta entonces había aguantado ciertas discusiones subidas de tono, en las celebraciones familiares, porque la familia Ustaran Ramírez era nacionalista, empezando por el padre y un hermano, José Miguel o Mikel, y continuando por otro hermano, Javier, próximo a EE. Les costaba entender que uno de los suyos fuera de un partido español, pero le respetaban porque siempre se imponía la fraternidad familiar. Mikel, el del PNV, nunca dejó de mantener una relación normalizada con sus sobrinos huérfanos de padre.

Charo Muela se reivindicaba como sevillana de Constantina nacida en Medina del Campo, donde conoció a su futuro marido cuando éste cumplía las milicias universitarias en Montelarreina. Tuvo el calor, la solidaridad y el apoyo incondicional de su familia en Sevilla, ciudad en la que vivían seis de sus siete hermanos. Con la ayuda de Chus Viana y de uno de sus hermanos consiguió empleo en una sucursal de Caja de Ronda, trabajo que compaginaba con la venta de lotería y productos por catálogo. En 1987 Viana le pidió que encabezara la lista del CDS en Sevilla compitiendo con Javier Arenas (PDP) y Soledad Becerril (AP) por un mismo espacio electoral que solo dio concejales a la primera mujer ministra en España. Después de una campaña de perfil bajo durante varios meses, cuando Charo Muela se reincorporó a su despacho de directora de sucursal se encontró con un traslado inesperado a un empleo no ejecutivo. Le mandaron a una oficina a reclamar impagados. Su candidatura al consistorio hispalense no fue ajena a esa decisión de traslado desde la dirección general. Durante la campaña, la viuda de Ustaran tuvo un sonoro incidente con Txema Montero, el cabeza de lista de Herri Batasuna al Parlamento Europeo, hoy en la órbita del PNV.

En una rueda de prensa en Sevilla, Montero declaró que le gustaría hablar con Charo Muela para explicarle que los hechos «más incomprensibles» de toda la Transición en el País Vasco fueron los asesinatos por ETA-pm de personas de UCD, «por el simple hecho de ser de UCD». Quizá el abogado abertzale olvidaba que los concejales de HB no condenaban esos asesinatos tan «incomprensibles» para él. La alcaldable del CDS le respondió que no existía una «explicación posible» ni para el asesinato de su marido ni de ninguna de las demás víctimas. Los abertzales radicales siempre han considerado una provocación los actos en el País Vasco de formaciones ultraderechistas. No veían igual su presencia en la tierra natal de numerosas víctimas de ETA, todo un insulto a las mismas. Meses antes, Charo Muela había reivindicado en la prensa «un gesto» para las víctimas del terrorismo en el Parlamento vasco, ante la ofensa que para ella suponía que HB presentara como candidato a lehendakari al preso etarra Juan Carlos Yoldi, hoy abanderado contra la tortura… contra la tortura que no sea de ETA. La viuda e hijos de José Ignacio Ustaran nunca han dejado de reivindicar la figura de su marido y padre ni en Vitoria ni en Sevilla.

En 2003, José Ignacio Ustaran Muela ocupó como independiente el puesto veinticinco de la lista de Alfonso Alonso al ayuntamiento de Vitoria para homenajear a su progenitor y recordar también al valor de su madre para ser concejal en 1979. Hay en la viuda e hijos del directivo alavés de UCD asesinado un malestar indisimulado por cómo tuvo lugar el final de ETA-pm. Conviene no olvidar que una facción de polimis desapareció gracias al inicio de las negociaciones de un ministro del Interior de UCD, Juan José Rosón. La «factura» de la reinserción de los polimilis la pagaron familias como la de José Ignacio Ustaran, por las que nadie se interesó ante aquella impunidad obligatoria. En 2006, el hijo del dirigente de UCD asesinado, junto al de Basilio Altuna, capitán de la Policía Nacional también asesinado por ETA-pm, denunciaban su situación en una carta al director en el diario ABC [124]. El caso Ustaran ha prescrito. Sus asesinos tendrán hoy edades frisando el retiro laboral si es que se acogieron a las medidas de reinserción social. Un caso de los más de trescientos en el que las víctimas desconocen quiénes fueron los asesinos. Cuando se cumplieron 30 años del crimen de Ustaran, el treinta de septiembre de 2010, la familia publicó una esquela en ABC en la que se podía leer: «Tus asesinos nunca fueron juzgados. La impunidad aviva nuestro dolor». Debajo los nombres de la viuda e hijos asegurando que seguirían luchando por su memoria. Llevan haciéndolo sin descanso desde 1980.

Juan de Dios Doval, la última víctima de UCD de ETA-pm

La sala de vistas de la facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco (UPV) lleva el nombre de Juan de Dios Doval desde 2008. Cuando uno pregunta allí quién era Juan de Dios Doval de Mateo, un bedel muy serio responde que «un profesor al que ETA mató hace muchos años». Así, en nueve palabras, sin más datos. Casi veintiocho años después de su muerte, la UPV decidió recordar al único profesor universitario vasco que ETA consiguió matar, un hombre que enseñaba Derecho Procesal en el campus donostiarra. En homenaje le pusieron el nombre a una sala que responde a lo que Doval hacía: transmitir el conocimiento en la práctica. Lo hacía como profesor adjunto en la materia mencionada, desde que la facultad había iniciado su actividad docente en el curso 1969/1970, adscrita a la Universidad de Valladolid, en la que el profesor Doval se licenció en Derecho en 1966. Posteriormente se implicaría en la enseñanza con una tesis dirigida por el prestigioso catedrático catalán Manuel Serra Domínguez. El trabajo de investigación doctoral fue recogido en un libro, La revisión civil, en cuya dedicatoria el profesor recordaba que aprendió a amar la justicia de manos de su padre, el notario Calixto Doval Amarelle.

Juanchi Doval también amaba la Democracia y la Libertad, ambas con mayúscula, por eso quería que el libro de su tesis fuera presentado por alguien que compartiera con él las mismas inquietudes políticas. Eligió a Emilio Attard, diputado de UCD y presidente de la comisión del Congreso que elaboró la Constitución. Attard era un democristiano que luchó con los republicanos en la guerra, por eso el franquismo le negó la posibilidad de opositar a notario. El diputado valenciano se trasladó el 27 de febrero de 1980 a San Sebastián para presentar el libro y, como dijo él, mostrar su solidaridad con un candidato jurista. En realidad era un acto electoral disfrazado de acto cultural. El candidato jurista de Attard era Doval, número dos de la candidatura de UCD por Guipúzcoa en las elecciones al Parlamento vasco. El presidente de la Comisión Constitucional había estudiado a fondo la cuestión vasca y sabía de las dificultades que tenían sus compañeros de partido para representar sus siglas en la circunscripción más complicada de España. Al igual que un año antes, la campaña electoral de UCD quedó reducida a entrevistas en radio, ruedas de prensa, cuñas de radio, anuncios en periódicos, visitas de ministros y poco más. Nada de mítines, nada de contactos directos con posibles electores, sólo un anuncio para el voto por correo con teléfonos de San Sebastián, Irún, Zumárraga, Zarauz y Azcoitia.

El partido que gobernaba España por haber ganado las elecciones generales dos veces, tenía en Guipúzcoa un diputado y cero concejales porque el miedo y las amenazas lo impedían. No se podía hacer una campaña como el resto y eso se terminó pagando en las urnas. En las primeras elecciones vascas UCD se desplomó, perdió más de la mitad de los votos conseguidos un año antes en las generales y comenzó su descomposición. En Guipúzcoa la formación centrista consiguió un parlamentario, Jaime Mayor Oreja. Le faltaron 2161 votos para sentar a Juan de Dios Doval en la nueva cámara vasca. Se había afiliado un año antes, asumiendo el riesgo que suponía militar en un partido en régimen de clandestinidad, paradójicamente con más de 50.000 votos y cuarta fuerza en su provincia. En su época de estudiante fue miembro destacado de Juventud Universitaria Monárquica Española, la JUME, una agrupación política de universitarios liderada por Luis María Anson, que en los sesenta defendía la causa de don Juan de Borbón como alternativa democrática a Franco. Por la JUME pasó José Manuel García-Margallo, un año más joven que Doval, también donostiarra de adopción nacido en Madrid. Jaime Mayor llevó al profesor de Derecho a las filas del partido de Adolfo Suárez al que nadie se quería afiliar.

Cuando las cosas se pusieron mal optó por seguir en UCD sabiendo lo que había. Decía que no quería que sus hijos le vieran como un cobarde. La tarde del jueves 30 de octubre de 1980, la ejecutiva de UCD en Guipúzcoa celebró en la intimidad una misa por el juntero de la formación centrista Jaime Arrese, asesinado una semana antes por los autónomos. A la vuelta de su funeral en Elgoibar, Juan de Dios Doval se despidió de María Eugenia García Rico, hija de un dirigente irunés de UCD, futura concejal y parlamentaria del PP vasco, con un premonitorio «nos veremos en el próximo funeral». Después de la celebración religiosa, los miembros de la directiva centrista guipuzcoana se reunieron para cenar improvisando una reunión como las que ya tenían lugar en la sede del Gobierno Civil, para no ser localizados en su sede de la donostiarra calle Idiáquez por los confidentes de ETA-pm. El objetivo de Marcelino Oreja era decidir el futuro político de Jaime Mayor, alterado por la muerte de Arrese. La renuncia al escaño del flamante delegado del Gobierno obligaba a que Mayor Oreja dejara el escaño de parlamentario en Vitoria para ocupar el de diputado en Madrid de su tío. A Mayor le iba a sustituir en la cámara autonómica Juan de Dios Doval.

El profesor le había pedido que le pusieran en casa una puerta blindada, porque no se veía ni con licencia de armas ni con un escolta de compañía en una facultad en la que se reproducía entre el alumnado la tensión política de la calle. Doval tenía miedo a un secuestro por ser hijo de un conocido notario o porque ETA-pm hubiera decidido repetir con él la trágica muerte de Juan Ignacio Ustaran. Había ideado incluso un plan de contraseñas para franquear la puerta de su domicilio a los que llamaban al timbre. Después de despedirse de Marcelino Oreja en la puerta del restaurante se fue a casa. A la mañana siguiente se le había hecho tarde para llevar a sus hijos a un colegio próximo a la facultad en la que impartía clases, a poco más de un kilómetro de su domicilio, en la urbanización Lorea, construida en 1975 junto a la avenida de Tolosa, en los límites por el oeste del barrio del Antiguo. No le dio tiempo a arrancar su Simca 1200. Dos polimilis le estaban esperando en una parada de autobús a pocos metros de su coche. En cuanto cerró la puerta de su vehículo, se acercaron y le dispararon tres veces. Le impactaron dos proyectiles, uno le alcanzó el pecho, pero un bolígrafo detuvo la trayectoria de la bala. El otro quedó alojado en el lado derecho del tórax causándole la muerte casi en el acto.

Su esposa, Emma Inclán, escuchó los disparos deduciendo lo que había ocurrido. Dejó con una vecina a los pequeños Juan y Ruth, de 7 y 4 años, y bajó para encontrarse con su marido, prácticamente muerto, tumbado sobre el asiento del copiloto. Una ambulancia le trasladó a la residencia donde ingresó cadáver. Hubo testigos entre madres que llevaban a sus hijos a una parada de autobús escolar próxima y amas de casa que iniciaban sus compras en establecimientos cercanos. Incluso una mujer llamó asesinos a los pistoleros cuando huían a buen paso hasta un coche robado que les esperaba con un tercer terrorista al volante. Para Jaime Mayor la historia volvió a repetirse fatalmente con un candidato que le sucedía en una lista de UCD. Al secretario general de la UCD vasca no le dio tiempo a llamar a una tienda de puertas blindadas para pedir una, porque la radio informaba de «un atentado mortal» en Lorea. Enseguida se dio cuenta de quién podía ser. Mayor nunca ha olvidado su llegada al depósito de cadáveres y su encuentro con Gerardo, hermano de la víctima, roto por la pena. El atentado produjo una respuesta ciudadana inusitada en una sociedad atenazada por el miedo. Profesores, alumnos y personal no docente de la facultad en la que trabajaba Doval celebraron una asamblea en la que decidieron paralizar por completo toda actividad en señal de protesta.

Después alrededor de quinientas personas, iniciaron una manifestación silenciosa que se dirigió a pie hasta el centro de San Sebastián pasando por la calle de la sede de UCD. También cerraron sus puertas comercios del barrio en el que residía el militante centrista asesinado. PNV, PSE, PCE-EPK y UCD firmaron la convocatoria conjunta de una manifestación, de la que hay que destacar la implicación de los jeltzales cuya idea inicial era una marcha propia con sus afiliados. Fue muy significativo también el mensaje televisado del lehendakari Garaikoetxea condenando el atentado. La reacción de los profesores de la universidad pública vasca fue muy importante. Como docentes de Derecho expresaban en público su compromiso con lo que enseñaban en sus clases: la democracia, la pluralidad y el respeto a los derechos humanos, además de su rechazo al totalitarismo abertzale. Lo hacían en el año con más víctimas del terrorismo, ocho meses después de la constitución del Gobierno vasco con un lehendakari votado por el primer parlamento elegido por la ciudadanía. La protesta la encabezaban profesores nacionalistas, vinculados a pequeños partidos de izquierda como ESEI[125] , o afines a Euskadiko Ezkerra, la formación más próxima a la rama político-militar de ETA.

Entre ellos destacaba el decano en funciones, Gregorio Monreal, presidente de ESEI, senador en 1977 y primer rector de la universidad pública vasca. Junto a los profesores marchaban alumnos, varios de ellos terminarían en la política o dando clases en la misma facultad. La capilla ardiente y el funeral celebrados en la facultad de Derecho, entre grandes medidas de seguridad, tuvieron una amplia respuesta política y ciudadana, encabezada por el delegado del Gobierno Marcelino Oreja, el lehendakari Carlos Garaikoetxea y ministros como Agustín Rodríguez Sahagún (Defensa), Luis González Seara (Educación) y Francisco Fernández Ordóñez (Justicia). En el seno de la UCD vasca la situación era muy crítica. Sus dirigentes se sentían totalmente abandonados por Madrid. Tenían demasiadas razones para creerlo. Lo habían comprobado durante las negociaciones del Estatuto en las que algunos líderes ucedistas vascos consideraban que, desde Moncloa, Suárez les había marginado a ellos y al PSOE para poner todo en manos del PNV, autopresentado como el antídoto contra el terrorismo de ETA. Para eso, pensaron los militantes ucedistas, nos hacemos nacionalistas, no corremos riesgos y vivimos bien. Fue lo que muchos electores suyos en 1977 y 1979 terminaron haciendo con su voto, definitivamente o hasta la llegada del PP.

A Juan de Dios Doval de Mateo le enterraron en Ezcaray (La Rioja) con una bandera de UCD cubriendo su ataúd después de otra misa funeral. Se sentía muy vinculado al pueblo de la familia de su madre, su lugar habitual de vacaciones, y dijo que si le mataban quería descansar allí. Tras el sepelio se celebró una reunión en el ayuntamiento del municipio riojano entre dirigentes centristas con duras críticas a Adolfo Suárez por su ausencia en los funerales por el dirigente de UCD asesinado. Al día siguiente San Sebastián fue escenario de una manifestación con el lema «por la paz y contra el terrorismo», a la que asistieron alrededor de 15.000 personas. Fue un hito, por la unidad entre demócratas, por la movilización de la militancia del PNV, por la reacción masiva y la respuesta a los reventadores que agredieron a los participantes en la marcha. Destacar la ausencia de Euskadiko Ezkerra (EE), cuyos principales dirigentes, Juan María Bandrés y Mario Onaindia, se reunieron a la hora de la manifestación con el delegado del Gobierno Marcelino Oreja. EE condenó el atentado en un comunicado encabezado por un expresivo «¡Basta ya!», sin embargo no participó en la manifestación porque entendían que ir con UCD era respaldar su política antiterrorista.

Fue muy elocuente la portada del semanario ERE [126] , muy próximo a las tesis de EE y los polimilis. Sobre una foto de los dirigentes de la UCD vasca con rostros serios y abatidos en la manifestación de San Sebastián se destacaba la pregunta «¿No es hora de negociar?». Hubo una reacción firme a los insultos, provocaciones, pedradas y autobuses cruzados, con algunos políticos respondiendo a puñetazos a los ultras afines a ETA. Las muestras de recuerdo hacia la última víctima de los polimilis también tuvieron presencia en la prensa con varias cartas al director en El Diario Vasco, algo con precedentes muy contados. Las instituciones también condenaron el atentado suspendiendo plenos en los ayuntamientos de San Sebastián, Éibar, Zarauz, Lazcano y Fuenterrabía, con alcaldes del PNV, y la reunión del consejo de la Diputación de Guipúzcoa, con protestas de Herri Batasuna, supuestamente contra las tesis de ETA-pm. La reacción ciudadana de protesta por el asesinato de Doval no pasó desapercibida para varios dirigentes de ETA-pm que empezaron a ser conscientes de su falta de apoyos, a lo que no podían responder con una huía hacia delante de más terrorismo. Un mes después del asesinato del profesor Doval, otro docente de la Facultad de Derecho de la UPV abandonaba el País Vasco por amenazas del entorno de ETA.

Era el donostiarra Gabriel García Cantero, catedrático de Derecho Civil, vinculado a Alianza Popular. Había aparecido en la prensa defendiendo una ponencia sobre la familia en el I Congreso Provincial de AP de Guipúzcoa, en noviembre de 1977. El claustro de profesores se solidarizó con él rechazando las amenazas sufridas pero el catedrático se fue del País Vasco. El docente universitario fue también respaldado desde el Gobierno vasco, pero nadie aseguraba su integridad y era consciente de que los que le amenazaban conocían sus rutinas, domicilio y horarios de clases. Se marchó en silencio, como miles de vasco, acompañado de un suelto en la prensa y el frío silencio de buena parte de sus compañeros. No fue el único, aunque sí el primero de esa facultad. Antes que García Cantero, la viuda e hijos del directivo provincial de UCD asesinado se marcharon de San Sebastián, primero con los padres de ella y después a Madrid. Sólo volvieron al País Vasco por celebraciones familiares hasta 2002. Ese año se marcharon los últimos familiares residentes en Donostia. Eran primos suyos crecidos en la capital guipuzcoana a los que alguna vez en el colegio les dijeron que ETA sólo mataba «cerdos». A los hijos de Doval cuando decían en Madrid que eran donostiarras les respondían con un «seguro que eres etarra». También les tocó soportar insultos por la matrícula del coche. No entendían nada. Se habían tenido que ir de su ciudad natal, la adoptiva de su padre donde vivía desde niño (había nacido en Madrid en 1943) cuando trasladaron a su padre allí por su trabajo de notario.

La ciudad de la que su padre se negó a irse, a pesar de sentir su vida amenazada, no se sabe si porque no le dio tiempo o porque no quería que su familia pensara que era un cobarde. Cuando asesinaron a Jaime Arrese, Emma le pidió que se fuesen «porque van a venir a por ti, Juan»[127]. Y Juan respondió: «No puedo irme. Mi vida y mi trabajo están en San Sebastián. Correré el riesgo y me quedo aunque me maten». Pasado mucho tiempo, supieron que su padre solía aprovechar una pausa matinal para acercarse a la valla del colegio de los niños y verles jugar durante el recreo sin decirles nada. Era como si presintiese su dramático final. Años más tarde, en la entrega de una medalla del ayuntamiento de San Sebastián a las víctimas, descubrieron casos de familias que, para poder vivir tranquilos, habían optado por mentir en su entorno diciendo que sus parientes habían muerto en accidente o por causas naturales. Emma Inclán, la viuda de Juan de Dios Doval, nunca dejó de contarles la verdad a sus hijos ofreciéndoles una situación de normalidad aparente, mientras ella se guardaba el insuperable dolor por la trágica muerte de su marido. No escondió nada, ni fotos, ni recortes de prensa que pudieran recordar a las nueve menos diez de la mañana del viernes 31 de octubre de 1980.

Horas después ETA-pm reivindicó el crimen acusando a su víctima de ser «el más firme partidario y teorizador del recurso a las acciones ilegales, entre otras, al empleo del Batallón Vasco-Español». De paso atacaban a UCD, su objetivo real. En resumen, aprovechaban un objetivo fácil para atentar contra el partido del Gobierno echando todo tipo de basura sobre su víctima para justificar lo injustificable. Un año después detuvieron a los presuntos responsables del atentado. La policía dedujo que lo sabían todo de Juan de Dios Doval: dónde vivía, qué coche conducía, los horarios de salida y entrada a casa, reuniones en la sede, incluso a qué hora iba a la guardería a recoger a un sobrino. Esto último por un trabajador de la misma que informaba de sus movimientos. El resto de la información salió de la facultad. A los verdugos les salió gratis total. El presunto autor material, José María Salegui Zuloaga, durante el juicio celebrado en julio de 1982, tuvo la suerte de ser absuelto por falta de pruebas ya que los testigos no se ratificaron en sus declaraciones previas. A la hora de la verdad, nadie había visto u oído nada. La mano de ETA siempre tan alargada, sobre todo a la hora de apuntar para amenazar o matar.

A los resistentes y supervivientes de UCD les quedó la sensación de estar en la soledad más absoluta. No hubo ningún tipo de solidaridad ni de apoyo desde el nacionalismo institucional, más allá del funeral y manifestación, excepto la del entonces diputado del PNV, Gerardo Bujanda, quien les ofreció su casa como refugio. Jaime Mayor Oreja fue sustituido en el Parlamento vasco por Gonzalo Urbistondo, el candidato siguiente a Juan de Dios Doval. Urbistondo había sido objetivo de un atentado fallido el 18 de abril anterior. La noche de ese viernes ametrallaron la puerta de la vivienda del piso inferior al suyo. Quedó la duda de si los terroristas se habían equivocado de piso o si buscaban a un empresario que no había pagado sus extorsiones. De lo que no hubo duda era de que ambos eran objetivos de ETA.

El 9 de diciembre de 1980, el presidente Adolfo Suárez realizó una visita oficial de dos días al País Vasco. El PNV respondió a su visita con la sonrisa amable del lehendakari Carlos Garaikoetxea y la hostilidad de los alcaldes y concejales de su partido en 108 ayuntamientos, en una nueva demostración de que el PNV jugaba con dos barajas. Sus juntas municipales habían enviado a La Moncloa telegramas con el texto: «Suárez, no vengas sin Conciertos».

El ambiente en la calle fue gélido, de rechazo. Así lo propiciaron los nacionalistas supuestamente moderados. Hubo ayuntamientos como los de Rentería y Llodio que llegaron a hacer responsable al presidente de la «ocupación militar y el terrorismo que vivía el País Vasco». Los carteles y pintadas caricaturizando al presidente, que aparecía orinando sobre el árbol de Guernica, solo fueron el aperitivo de recepción de las juventudes del PNV. El mismo Suárez pudo verlo cuando la comitiva presidencial se trasladaba al palacio de Ajuria Enea desde el aeropuerto de Vitoria. Los diputados generales y el lehendakari pusieron la cara más amable para negociar con el presidente el restablecimiento de los conciertos para Vizcaya y Guipúzcoa, así como los primeros traspasos competenciales. En la calle, los insultos, el desprecio y la presión; en las instituciones, hospitalidad y diálogo. Así jugaban algunos a hacer política. Como desagravio, los militantes de UCD vasca recibieron al presidente calurosamente, aunque fuera en horas intempestivas.

En la misma sede frente a la cual ETA-pm dejó el cadáver de José Ignacio Ustaran, el presidente del Gobierno y de UCD quiso tener un momento de intimidad con los suyos, casi pidiéndoles perdón por no haber estado allí en los funerales de los afiliados asesinados. Suárez trató de animar inútilmente a su militancia, desmoralizada y en descomposición. El líder ucedista trató de transmitir dos mensajes casi agónicos:

«Sé lo difícil que es ser de UCD en el País Vasco».

«UCD no puede desaparecer jamás porque existen unos votantes, unos militantes, y unos caídos que reclaman nuestro esfuerzo».

Quizá el momento más emotivo de la visita fue la recepción que, al día siguiente, le tributaron en un hotel donostiarra los afiliados de su partido. Allí Suárez pudo sonreír entre el calor de los suyos, sobre todo mujeres del partido que le rodearon, abrazaron y besaron como si fuera una estrella del cine. Adolfo Suárez nunca olvidó esos momentos en el territorio más hostil para su primer partido. Hay que destacar también que el PNV pidió perdón por todos aquellos desaires. En febrero de 1984, el semanario Euzkadi, afín a la formación jeltzale, otorgó su premio político anual a Adolfo Suárez. Fue un acto de perdón y reconciliación. El presidente del PNV Xabier Arzalluz pidió públicamente perdón a Suárez por los desaires políticos promovidos por él. También lo hizo el diputado general de Vizcaya José María Makua, quien se negó a acudir a la recepción oficial organizada por la Diputación de Vizcaya con motivo de la visita oficial del presidente del Gobierno e 1980. Como gesto de reconciliación el líder jeltzale le hizo entrega de una makila (bastón de mando también) advirtiéndole que también lo utilizaban los pastores para defenderse de los lobos.

LA VIUDA CORAJE Y TRES AMIGOS DE UCD EN AZCOITIA Y ELGÓIBAR

Azcoitia: de utopía de la España conservadora a referente del nacionalismo

Azkoitia (Azcoitia entre 1457 y 1981) se halla en la comarca guipuzcoana de Urola Medio, protegida por el macizo de Izarraitz y atravesada por el río Urola. La villa guipuzcoana se ha distinguido siempre por ser cuna de nombres ilustres ligados a las hazañas militares, la Iglesia, la Ilustración, la política o la pelota vasca. Entre ellos destacan los Caballeritos de Azcoitia, sobrenombre con intención irónica con el que bautizó el jesuita leonés José Francisco de Isla a un grupo de nobles guipuzcoanos que estudiaban las ciencias y letras, con la misma metodología que los centros del saber franceses de finales del siglo XVIII. Paulino Garagorri, filósofo donostiarra y liberal orteguiano, incluyó a los ilustrados azcoitianos en la categoría de los «españoles razonantes» con la que da título a uno de sus trabajos[128]. Garagorri destaca su espíritu de robinsones de una isla para la crítica en el océano de esa intolerancia secular que dominaba al país. Aquellos ilustrados vascos fueron los impulsores de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País (RSBAP), primera y modelo de las que diez años después se extenderán por toda la geografía española, por impulso del conde de Campomanes.

Aquel triunvirato de Azcoitia que formaban Manuel Ignacio de Altuna, Xavier María de Munive e Idiáquez, conde de Peñaflorida, y Joaquín de Eguía, marqués de Narros, iniciaron en diciembre de 1764 este movimiento regenerador de influencia francesa. Quizá demasiado para un país que en los dos siglos posteriores daría tantos seguidores al Santo Oficio, el misoneísmo, el trabuco, el absolutismo o el crucifijo. Entre Azcoitia y la vecina Azpeitia hubo siempre una extraña convivencia o una indisimulada tensión entre el espíritu de la Ilustración y la Contrarreforma de la Compañía de Jesús, entre el nacionalismo y el tradicionalismo. A partir del siglo XIXterminó por imponerse un catolicismo a ultranza que convirtió a Azcoitia en el principal bastión guipuzcoano del integrismo durante la Restauración y la Segunda República. Un integrismo que dejó firmemente implantado en la vida y costumbres de la población local autóctona un rigorismo jansenista bajo la máxima «Nada sin Dios», todavía presente entre los más ancianos del lugar. Azcoitia fue el pueblo más integrista de España, el feudo electoral de la tendencia católica que anteponía la cuestión religiosa sobre la dinástica. Organizados en el Partido Católico Nacional, sus seguidores encontraron siempre un escaño seguro en el distrito electoral del que formaba parte Azcoitia.

El 31 de mayo de 2015 falleció en Azcoitia Juan Ignacio de Uría Epelde, auténtico albacea de aquellos españoles razonantes en pleno siglo XXI. Uría, descendiente del conde de Peñaflorida, era la reencarnación de los caballeritos fundadores. Lo demostró al frente de la RSBAP entre 1977 y 1979 con su erudición y conocimiento, así como por su determinación para retomar, a la muerte del dictador, el espíritu de los ilustrados azcoitianos del XVIIIque lucharon por regenerar la sociedad. Alcalde de la villa del Urola por aclamación popular en 1976, en un momento en el que a pesar de la muerte de Franco todavía los alcaldes y concejales tenían que jurar «servir a España con absoluta lealtad al jefe del Estado y estricta fidelidad a los principios básicos del Movimiento nacional». Juan Ignacio de Uría, con el entonces gobernador civil de Guipúzcoa presente, Emilio Rodríguez Román, juró sobre una vieja Biblia y después remitió al rey (con el que tenía relación por la rama familiar paterna) un telegrama pidiendo la amnistía y la restauración foral. Sus contactos con la Casa Real, la nobleza y círculos políticos madrileños le dieron un papel destacado (y desconocido) para asesorar sobre temas vascos al rey y a ministros como Rodolfo Martín Villa.

Por eso fue nombrado senador por designación real en la legislatura constituyente y, a propuesta del PNV, senador en representación del Parlamento vasco durante tres legislaturas entre 1981 y 1987. Contribuyó a la redacción y aprobación del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, y pasó a un segundo plano en su pueblo natal. Hay que destacar también que desde UCD y el ejecutivo de Adolfo Suárez se barajó su nombre como posible delegado del Gobierno en Euskadi, quizá como un intento de captarlo para sus filas. Juan Ignacio de Uría no era un nacionalista en sentido estricto, sino más bien un vasquista liberal que podía haber sido una referencia importante para el centro derecha vasco constitucionalista, siempre ayuno de vasquistas destacados. Y siempre forzosamente desplazado por el aberrigintza (hacer patria) del nacionalismo de la posibilidad de erigirse como defensor del herrigintza (construir país). La idea de patria vasca siempre es excluyente porque subordina la libertad de elegir a la obligación de ser, porque supone afirmar permanentemente un nosotros (la comunidad nacionalista) frente a un ellos (los no nacionalistas), con una línea divisoria entre ambos. Nada que ver con la idea de España de la Constitución de 1978, la primera de la historia que no deja españoles fuera.

En esa situación, las diferentes siglas que han representado el centro derecha vasco constitucionalista se han visto condenadas a estar en una esquina del tablero político vasco, con el terrorismo nacionalista apuntando sus armas y con una ideología defensiva de mínimos frente al nacionalismo. El carlismo y el integrismo, unidos al nacionalismo, eran la trilogía ideológica del confesionalismo en el País Vasco durante el primer tercio del siglo XX. De hecho, parte del nacionalismo en Guipúzcoa procede del integrismo. Es el caso de líderes destacados como el primer presidente del PNV en Guipúzcoa, Ignacio Lardizábal, el ideólogo Engracio de Aranzadi, Kizkitza o Telesforo Monzón. Monzón pasaría en su juventud del integrismo al nacionalismo para terminar en sus últimos años en el nacionalismo más integrista. La división entre carlismo e integrismo tenía que ver, más que con las diferencias personales de sus líderes y los resultados en las urnas, con sus mínimas diferencias ideológicas. Ambos eran antiliberales, antisocialistas, foralistas y defensores de un estado confesional. En Azpeitia y Azcoitia las rivalidades vecinales hicieron que la primera fuera carlista y la segunda integrista.

En 1931, trece de los dieciséis concejales del consistorio azcoitiano pertenecían a la Comunión Tradicionalista por tan sólo tres al PNV. Es cierto que a lo largo de la Segunda República la tendencia electoral se fue equilibrando entre tradicionalistas y nacionalistas, pero el tradicionalismo en su versión más integrista siempre mantuvo la hegemonía. Dos datos a tener en cuenta. La corporación municipal de Azcoitia es prácticamente la misma antes y después de la Guerra Civil, que duró dos meses justos en la villa del Urola. La fortaleza del tradicionalismo hizo que Azcoitia fuera una de las pocas localidades del interior de la provincia en las que se registró un intento de adherirse a la sublevación del 18 de julio, al alzarse la Guardia Civil de la localidad y un grupo de boinas rojas. El conato de rebelión fue sofocado y trece vecinos de la localidad fueran encarcelados, entre ellos Felipe Arzalluz Eizmendi, padre del que fuera presidente del PNV. Tras la contienda, Azcoitia continuó siendo un feudo del tradicionalismo en Guipúzcoa, a pesar de los intentos de las autoridades provinciales del Movimiento de introducir cargos afines a Falange. Los falangistas siempre fueron vistos en Azcoitia como un fenómeno extraño, ajeno, hasta el punto de que los autóctonos vascoparlantes solían decir sobre la Falange «aquí no hay afisión a eso».

Durante la dictadura franquista, los carlistas locales mantuvieron su círculo y su calendario de celebraciones, destacando la romería anual de Montejurra a la que fueron varios autobuses del pueblo hasta principios de los años setenta. No faltaba el homenaje en septiembre a seis requetés de la villa, excarcelados poco antes de la entrada de las tropas del general Solchaga y fusilados en Iraeta (Cestona) por un grupo de milicianos en retirada cuando intentaban pasarse a las filas de los nacionales. A ese acto de recuerdo acudían las familias carlistas de Azcoitia, entre ellas los Arzalluz Antia y, según los más veteranos, también acudió en diversas ocasiones Javier, el menor de la familia. Hasta hace pocos años, medio escondida en la maleza, una mole de piedra recordaba a los fusilados por «la horda marxista separatista». Después de la muerte de Franco, durante años, un grupo de mayores, cada vez más reducido por cuestiones biológicas e ideológicas, solía participar en el mismo acto. Entre los mismos había afiliados de Alianza Popular. Uno de ellos era Roque de Arámbarri Epelde, presidente regional de AP del País Vasco entre 1985 y 1988, genuino representante de ese carlismo vascoparlante de más de ocho apellidos vascos, foralista y españolista, que se identificará con AP y UCD.

Arámbarri era un abogado azcoitiarra muy relacionado con los baserritarras (caseros) por su presidencia de la Cámara Oficial Sindical Agraria de Guipúzcoa, organismo vinculado al Sindicato Vertical. Desde el mismo dio el salto a las Cortes franquistas como procurador en dos etapas (1958-1964 y 1971-1977). Su conocimiento de las instituciones del Movimiento y del agro vasco tradicional, así como las transformaciones socioeconómicas experimentadas en su propio pueblo, le llevaron a la conclusión de que ese carlismo casi antropológico, estrechamente vinculado al modo de vida tradicional del caserío, que él había vivido y defendido, era más bien una reliquia en extinción de la que sólo se podían salvar algunos elementos ideológicos como el españolismo, la monarquía, la foralidad y una visión conservadora. Entre finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, Arámbarri participó en lo que se llamó la Academia Errante, una especie de universidad popular con encuentros entre guipuzcoanos con inquietudes intelectuales de distinta ideología, formación y profesión. En las sesiones desarrolladas en diferentes municipios de Guipúzcoa participaron entre los más conocidos, José Miguel de Barandiarán, Jorge Oteiza, Luis Martín-Santos, Koldo Mitxelena o Julio Caro Baroja, en un clima de respeto y tolerancia entre comunistas, socialistas, liberales, nacionalistas y carlistas.

La intolerancia de la dictadura franquista terminó con la iniciativa por medio del acoso policial. La participación de Roque Arámbarri en aquellos encuentros le transmitieron la inevitabilidad de la democracia, además de la necesidad de un aggiornamento del carlismo. Lo intentó años más tarde con Guipúzcoa Unida (GU), una plataforma electoral que para él representaba a la perfección ese carlismo actualizado. Ante el fracaso en las urnas de GU seguirá defendiendo lo mismo desde Alianza Popular. Su sorpresa llegó en las primeras elecciones municipales en las que los carloshuguistas del EKA obtuvieron dos concejales en Azcoitia. Arámbarri no daba crédito. A pesar de eso siguió creyendo en que del viejo carlismo se podía salvar algo. Las dos primeras personas de Azcoitia con las que compartiría en complicidad la necesidad de un carlismo diferente fueron José Tomás Larrañaga Joxe Txiki y Ramón Baglietto.

Joxe Txiki y Ramón, casi hermanos de sangre

En Azcoitia todavía recuerdan al alcalde Pedro Alberdi Uría más conocido como Perón Txiki (Perón pequeño) o Perico Ezquerra, por acabar con la prohibición del baile agarrao y colocar la primera piedra para la fábrica conocida durante años como Acerías y Forjas de Zubillaga, a la que cedió gratuitamente los terrenos. Lo del baile agarrado, llamado allí «el dulce meneo», le supuso a Perón Txiki que el párroco retirase en la iglesia de Santa María la Real los bancos y reclinatorios reservados en lugar preferente a los miembros de la corporación municipal. Bajo la atenta mirada de los curas como guardianes de la moral, acompañados por una pareja de la Guardia Civil para mantener el orden, la prohibición eclesiástica reflejaba el ambiente católico integrista que se respiraba, lo que obligaba a los jóvenes del pueblo a ir a las fiestas de otros municipios como Zumárraga o Elgóibar, donde estaba permitido el agarrao frente a la mojigatería local. Pedro Alberdi, antiguo jefe de requetés y delegado local de excombatientes, rompe con la visión más ortodoxa del integrismo que mantenía a ultranza un modelo de industria local alpargatera, con mano de obra exclusivamente autóctona, obligando a más de cuatrocientos vecinos a trabajar en otras localidades próximas. Alberdi apuesta en 1955 por traer a su municipio la industria que evitase el éxodo laboral diario.

Los más viejos del lugar ponen el grito en el cielo porque ven quebrado su modelo de sociedad tradicional, su concepción integral del mundo, por el cambio de costumbres y la posible llegada de emigrantes. Una vez más el integrismo y el nacionalismo araniano se daban la mano estigmatizando la modernización y defendiendo a ultranza la vieja sociedad. Se resquebrajaba la metáfora de la patria vasca, la utopía de la España conservadora decimonónica que representaba el valle del Urola. La visión del alcalde Alberdi, un tradicionalista de manual, era la misma que la de los apellidos más destacados del integrismo guipuzcoano de la Restauración, con una presencia activa en el nacimiento de la industrialización de la provincia[129]. En este caso también había una aceptación de la modernidad, de lo nuevo, fundamentalmente porque el franquismo se sostenía sobre un sistema político confesional católico y antiliberal. Acerías y Forjas de Zubillaga en los años sesenta; Acerías y Forjas de Azcoitia o AFORASA en los años ochenta y noventa; GSB-Acero, después, y desde 2007, Gerdau Aceros Especiales Europa, cambió por completo a la villa del Urola, llegando a dar empleo a alrededor de ochocientas personas, una plantilla a la que los ajustes y cambios de accionariado han dejado por la mitad cincuenta años después de su fundación.

La puesta en marcha de Zubillaga supuso la llegada masiva de población foránea a Azcoitia, segregada de la población nativa en barrios como Floreaga o Txalon Erreka (barrio o casas de Franco). Se construyeron nuevas viviendas, motivo que impulsó a los Baglietto Martínez a extender su negocio familiar de pinturas y decoración de la calle Arragüeta en Éibar. Como responsable del mismo pusieron a Ramón, uno de los vástagos de la numerosa saga eibarresa. Tenían como contacto en Azcoitia a José Tomás Larrañaga, Joxe Txiki, hombre de varios oficios y concejal de confianza del regidor azcoitiarra. Se conocían desde años atrás en la fiesta anual del carlismo en Montejurra, por medio de la madre de Baglietto, natural de Azcoitia y amiga de la familia Larrañaga. Fue el comienzo de algo más que una amistad a pesar de los diez años de diferencia entre ambos. El bar Atraskua, como indica su nombre en una mezcla de euskera y castellano, el de atrás (de la iglesia), es uno de esos de toda la vida en Azcoitia. Probablemente el único del pueblo regentado por la misma familia desde su apertura en 1939. Para Joxe Txiki Larrañaga y Ramón Baglietto tenía un significado especial.

Fue la pensión del segundo cuando se instaló en la villa de Urola-Costa, era la salida y llegada de su circuito diario de chiquiteo, fue también el improvisado refugio o cuarto de socorro en los dos primeros atentados sufridos por José Larrañaga. El bar del antiguo panadero Félix Elorza fue un pequeño universo social de la Azcoitia en transformación de los años sesenta, donde Ramón y Joxe Txiki cimentaron su relación mientras el primero hacía un curso acelerado sobre la sociedad azcoitiarra, tan diferente entonces de la eibarresa en la que había crecido. José Larrañaga introdujo al joven Baglietto en los círculos locales y en su cuadrilla de amigos, le ayudó en su actividad empresarial y, dada su total sintonía política, le situó como concejal en el ayuntamiento durante la década de los sesenta con Eduardo Olano de alcalde, un antiguo pelotari al frente del consistorio entre 1965 y 1976, también en la lista de ETA. Larrañaga era un hombre de arrolladora simpatía e ilimitada generosidad, muy amigo de sus amigos, fiel a unos principios, eso que en Azcoitia llaman xano (sano) y en euskera pertsona fidagarria (persona de fiar).

Nacido en 1927 en el seno de una familia numerosa de Azcoitia, José Tomás Larrañaga Arenas heredó de su padre su ideología carlista y su puesto como juez de paz, en el que la eficacia en el mismo requería conocer el municipio y el Aizkoittiko euskerie, la variante del vascuence hablada allí. Con poca academia y mucha escuela de la vida, Larrañaga simultaneó su trabajo en el juzgado con la participación en una cooperativa empresarial dedicada a la construcción y la gestión de un par de gasolineras. Sus actividades laborales las compaginaba con las políticas, como teniente de alcalde, inspector provincial o jefe comarcal del Movimiento franquista, para él la mejor forma de poder hacer algo por Azcoitia. Era de esos carlistas críticos con el régimen que pensaba que éste sólo se podía cambiar desde dentro. Lo mismo pensaba su amigo Ramón Baglietto Martínez. Su biografía estuvo marcada por la tragedia al principio y el final de la misma. El clan de los Blaglietto Martínez[130] , conocido en Éibar por su militancia en el carlismo, en el bastión de referencia del socialismo vascoparlante, fue desterrado del municipio armero al ser considerados «declarados enemigos» de la República.

35 miembros de 5 familias apellidadas Baglietto —veinticinco de ellos eran niños entre 1 y 11 años— fueron obligados a trasladarse a Murueta, próxima a Guernica, donde fueron socorridos por los Unceta-Barrenechea, paisanos eibarreses propietarios de una famosa empresa armera. Años más tarde ETA atacaría a las dos familias. En Murueta sobrevivieron en una casa en ruinas a enfermedades, hambre y el bombardeo de la villa. Ramón Baglietto nació en Bilbao en enero de 1937, cuando la capital vizcaína era escenario de los asaltos a las cárceles bilbaínas, tras uno de los bombardeos del bando sublevado. Fue una de las matanzas indiscriminadas a presos derechistas en la Guerra Civil en el País Vasco, entre los que se encontraba el padre del recién nacido. Su madre tuvo que ocultar identidad e ideología mientras esperaba con inquietud noticias de su marido, liberado cinco meses después, tras la conquista de Bilbao por los rebeldes. La nota de una amiga en la que decía «los nuestros bien» tranquilizó a la parturienta. Ramón creció en el ambiente ideológico de la familia, en aquel tradicionalismo de catecismo, misa y romería de Montejurra, del que se iría distanciando por su desconfianza hacia Carlos Hugo y los pleitos sucesorios entre las diferentes familias del carlismo.

También tuvo una gran influencia en él su militancia en Juventud Obrera Católica (JOC), su participación en los Cursillos de Cristiandad y el ambiente religioso de su levítica familia, en la que algunos de sus hermanos fueron dejando sus vocaciones. Ramón optó siempre por trabajar en el negocio familiar. Posteriormente obtendría el título de decorador para terminar estableciéndose por su cuenta en Elgóibar con una tienda de muebles de diseño propio que también hacía las veces de estudio de decoración de interiores.

Íntimos amigos de Marcelino Oreja

El mes de agosto de 1971, Marcelino Oreja Aguirre vio alteradas sus tranquilas vacaciones familiares en Fuenterrabía por una llamada inesperada. Querían hablar con él dos carlistas de Azcoitia, avalados por el entonces presidente de la Diputación de Guipúzcoa Juan María de Araluce. Recibió a sus enigmáticos visitantes con ciertas dudas, en la terraza de su piso con vistas a la desembocadura del Bidasoa, la frontera natural con Hendaya donde el río dibuja su último tramo. Con ese fondo transfronterizo, lleno de historia, especialmente para un diplomático de carrera como él, comenzó otra carrera, la política, hasta entonces nada interesante para Oreja más allá de la diplomacia. Y eso que había antecedentes políticos familiares en el catolicismo y el tradicionalismo. De hecho, cuando fue confirmada la noticia del embarazo de su madre, un tío suyo mandó poner en un gramófono la Marcha de Oriamendi porque esperaban «un requeté» para 1935. Marcelino Oreja Aguirre fue ese requeté: el hijo póstumo de Marcelino Oreja Elósegui, ingeniero de caminos, diputado tradicionalista por Vizcaya y presidente del consejo de administración de Unión Cerrajera de Mondragón.

El espíritu de su padre le había marcado siempre, pero no le había animado a entrar en política, quizá porque siempre tuvo presente la trágica muerte de su progenitor, asesinado por sus ideas y cargo empresarial por milicianos socialistas en el «octubre rojo» de 1934. Alejado de camisas azules, boinas rojas y saludos romanos, Marcelino Oreja centró su vida profesional primero en la carrera, de la mano del ministro de Asuntos Exteriores Fernando Castiella, y después en actividades empresariales y bancarias privadas ligadas a los paquetes accionariales de su familia. Los dos de Azcoitia eran Joxe Txiki Larrañaga y Ramón Baglietto, lectores de sus artículos en El Diario Vasco y admiradores de la figura de su padre, amigo del progenitor de Baglietto. Buscaban a un renovador para la política guipuzcoana. Conocían como la palma de su mano el mapa político de la provincia, pueblo a pueblo, con predominio de carlistas en ayuntamientos y diputación. Pensaban que hacía falta alguien con apellido, currículum y un perfil reformista para ir cambiando en Guipúzcoa, desde dentro, las estructuras del régimen en las que ya veían la descomposición del carlismo hacia la nada y el crecimiento imparable del nacionalismo. La proximidad de las elecciones a consejeros nacionales del Movimiento era toda una oportunidad.

Marcelino Oreja dudó inicialmente, pero picado por la curiosidad hizo un viaje relámpago a Madrid para entrevistarse con un amigo, el notario Rafael Ruiz Gallardón —hermano y tío de los políticos José María y Alberto— que le convenció para presentarse a la elección por la necesidad de preparar el futuro a la muerte de Franco. También pesó mucho en la decisión favorable de Marcelino Oreja el compromiso de su padre con la defensa de la foralidad vasco-navarra, prácticamente borrada por la dictadura, uno de los grandes reclamos al carlismo del argumentario del nacionalismo vasco. Como un político en campaña, acompañado por sus amigos de Azcoitia, Oreja preparó un programa de visitas en veinte días a todos los municipios guipuzcoanos. Su apellido era la mejor carta de presentación y aceptación en las reuniones con consejeros locales del Movimiento en los pueblos pequeños (la gran mayoría carlistas), pero provocaba cierto rechazo en los municipios grandes y en las estructuras provinciales del Movimiento, donde le veían como un outsider nada afecto al régimen. En la elección de consejeros (uno por provincia) celebrada el 24 de octubre de 1971 ganó por goleada al oficialista Luis Ignacio Pedrosa Pérez del Busto[131].

De esa manera, Marcelino Oreja se garantizaba para cuatro años un asiento como procurador en las Cortes y otro en el Consejo Nacional del Movimiento. El nuevo consejero y procurador no olvidaría nunca el compromiso de Larrañaga y Baglietto con él, apuntándoles en su lista de grandes amigos. Para ellos siempre tuvo abiertas las puertas de su casa madrileña en Núñez de Balboa o del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde, preguntando por Marcelino, los conserjes les llevaban directamente al despacho ministerial del Palacio de Santa Cruz. Desde sus cargos políticos y desde sus múltiples contactos, Oreja fue su gran conseguidor en Madrid. En la Villa y Corte, a petición de Larrañaga y Baglietto, hizo innumerables gestiones para la alcaldesa de Fuenterrabía, así como para los alcaldes de Azcoitia, Mondragón, Elgóibar y otras localidades guipuzcoanas. La elección como consejero del Movimiento le pasaría factura años después con el PNV. Lo de Xabier Arzalluz con Marcelino Oreja fue una auténtica obcecación, especialmente durante la campaña electoral de las elecciones generales de 1979 en la que ambos eran candidatos por Guipúzcoa. Cuando se confirmó el escrutinio, al entonces diputado del PNV se le alteró más su estado de cabreo permanente al comprobar que su partido había perdido un escaño: el conseguido por la lista de UCD encabezada por Oreja.

Carlos Garaikoetxea cuenta en sus memorias que «en muchos mítines», el exjesuita «no se cansaba de echarle en cara su pasado en el Consejo Nacional del Movimiento» o su panteón familiar en El Pardo[132]. La memoria selectiva de Arzalluz es como la de parte de la sociedad vasca reconvertida al nacionalismo vasco: permanentemente activada para recordar el pasado de los que ocuparon cargos durante el franquismo, y también para olvidar el pasado de su padre o el de los que fueron cargos locales o afiliados al Movimiento y terminaron en su partido. Llama la atención en Arzalluz esa memoria selectiva también siempre activada para manifestar ciertas dudas sobre aspectos de sus ascendientes un tanto comprometedores. Para espantar a los demonios familiares recurre siempre a la duda para cuestionar lo que en su pueblo es vox populi desde hace varias generaciones. En lo más aproximado a una biografía autorizada que se ha publicado,[133] sorprende con un «he oído que mi bisabuelo ganó esa casa en una partida de mus». Así exculpa al tahúr de su antepasado, ganador a los naipes de la espléndida casa familiar de la calle Mayor en la que nació el líder jeltzale. Mención aparte merece el recuerdo a su padre con un «creo que, durante un tiempo, fue concejal». Cree, no asegura.

Es una muestra más del cinismo en grado supino de un reconvertido cuyos recuerdos le llevaban increíblemente hasta sus tres (casi cuatro) años de edad —¡gran memoria para algunos detalles tan lejanos!— cuanto le debió de marcar para siempre la imagen de su progenitor golpista custodiado por gudaris, durante su encarcelamiento por intentar sumarse al 18 de julio con la Guardia Civil en Azcoitia. Más sorprendente todavía es que, ya al frente del PNV, exaltó a veteranos nacionalistas del Euzko Gudarostea (Ejército Vasco) de la Guerra Civil, de los que, hasta su militancia en el PNV, sólo tenía una imagen represiva que supuestamente traumatizó su infancia. El fabulador Xabier Arzalluz se afilió al PNV en el tardofranquismo, con 35 años, tuneando su biografía, mandando a negro (no por su sotana) su ideología entre los 18 y los 30 años, que no era otra que la que mamó en su casa: integrismo y franquismo hábilmente diluidos después en las lecturas del jesuita Manuel Larramendi, filólogo y escritor del siglo XVIII, considerado por algunos como uno de los precursores del nacionalismo vasco. Ninguna familia nacionalista de las de siempre en Azcoitia le recordó jamás su pasado. Ni la de Román Sudupe, también presidente del PNV, ni siquiera la de Julene Urcelay, oradora y propagandista exiliada con su familia entre Venezuela y Argentina. Motivos tenían.

Al dirigente nacionalista le honra, todo hay que decirlo, el detalle de afiliarse al partido de Sabino Arana con Franco vivo, asumiendo el riesgo de ir a la cárcel. No le honra tanto esa biografía maquillada, en la que nunca corrigió cuando le ponían como catedrático de Derecho Político en la Universidad de Deusto. El propio Arzalluz se negaba a corregir en público su falsa cátedra universitaria. El 6 de marzo de 1990, en el programa de Mercedes Milá El Martes que viene, en TVE-1, la periodista barcelonesa le presentó como “catedrático de Derecho Político”, algo que el líder peneuvista no negó ni corrigió. Fue profesor en la institución jesuítica, sí, pero como un caso único en las universidades públicas y privadas de España: con más de tres décadas dedicado a la docencia no fue capaz de defender una mala tesis doctoral. De ahí sus complejos e inquinas hacia los catedráticos universitarios constitucionalistas. Su odio hacia los Oreja, Marcelino y Jaime Mayor, fue también siempre de psicosis de diván. La inquina de Arzalluz hacia Marcelino Oreja fue ampliamente compartida por sus paisanos más abertzales, hasta el extremo de convertir la amistad de Ramón Baglietto y Joxe Txiki Larrañaga con el ministro y diputado de UCD en un supuesto delito de lesa patria por el que ETA condenó a ambos a la pena máxima.

La encarnizada persecución de ETA a José Larrañaga

La noche del 13 de abril de 1978, cuando el reloj casi marcaba las 22:30, José Larrañaga finalizaba la ronda de vinos con su cuadrilla en el Atraskua. A la salida le dispararon once balas desde un taxi robado por dos individuos que llevaban un par de horas haciendo guardia. Con la columna de la entrada como parapeto improvisado pudo volver hacia el interior del bar con tres disparos en la parte baja de la pierna izquierda que le rompieron el peroné. Auxiliado por algunos clientes le trasladaron a la Policlínica de San Sebastián. A su inseparable Ramón Baglietto le tocó dar la noticia a la familia casi como si hubiera sido un accidente doméstico. Con el alta hospitalaria le pusieron dos muletas y escolta. Lo de las muletas lo llevó bien, pero lo de los escoltas lo aguantó poco tiempo porque limitaba su agenda cotidiana a la que no quería renunciar. Larrañaga había recibido en el juzgado algún anónimo, había escuchado comentarios calumniadores que se hacían en el pueblo, le habían llegado insultos hacia su persona en manifestaciones, pero nunca dio demasiada importancia a aquello. El primer atentado fue para muchos amigos y vecinos de Azcoitia un aviso de ETA-m, cuyo objetivo real era asesinarle. La banda terrorista lo reivindicó dos días después en Egin, diario que había señalado que Larrañaga estuvo «vinculado a la Falange»[134].

El rotativo abertzale, siempre anticipando las justificaciones de ETA, esta vez comentaba la noticia con una foto de agencia en la que aparecía Larrañaga convaleciente acompañado de su familia. La imagen debió de irritar mucho a sus agresores. En su comunicado reivindicatorio, la rama militar de ETA planteaba la disyuntiva de que «los elementos como el señor Larrañaga» sólo podían «marcharse del País Vasco» o someterse a la «justicia revolucionaria». Le acusaba de colaborar con «grupos de ideología ultraderechista» y del papel jugado contra «las movilizaciones del pueblo»[135]. Joxe Txiki siguió haciendo su vida en el pueblo indiferente a la verborrea etarra que justificaba la depuración ideológica en el valle del Urola. Su única significación política fue participar activamente en Guipúzcoa, en la campaña electoral de UCD en 1979, de la misma manera que lo había hecho por Guipúzcoa Unida en 1977. Lo hizo por su amigo Marcelino Oreja, sin estar afiliado a la formación centrista. Lo del carné de UCD se lo atribuyeron varios medios de «fuentes bien informadas». ETA-m volvió a cruzarse de nuevo en la vida de José Larrañaga, justo dos años después, la noche del 11 de abril de 1980, otra vez saliendo del Atraskua después de despedirse de su íntimo amigo.

De nuevo sospechó de un vehículo aparcado desde el que tres jóvenes encapuchados le dispararon una ráfaga de metralleta hiriéndole de gravedad. Con cinco tiros encima y alertados por los gritos de una vecina llamando asesinos a los terroristas, se volvió a repetir el ritual anterior: le devolvieron al bar y le llevaron a un centro médico donostiarra. Esta vez le alcanzaron el pulmón y varias complicaciones posteriores le tuvieron dos semanas en la UVI. La familia tomó la decisión de irse definitivamente si lograba sobrevivir. ETA-m volvió a atribuirse el atentado exigiendo a Joxe Txiki que abandonase el territorio vasco porque en caso contrario irían otra vez a matarle. Los pistoleros le atribuían los siguientes delitos: «ideología fascista, antivasco y estrecho colaborador de las fuerzas represivas que invaden nuestra geografía»[136]. Los delirantes depuradores étnicos le remarcaban que no tenía sitio en «una Euskadi que pretende conquistar un régimen democrático y autonómico». Se lo decían a un hombre que hablaba mal en castellano y que había hecho campaña para UCD, un partido que promovió el Estatuto de Autonomía. Durante semanas, excepto los más allegados, nadie en Azcoitia sabía nada sobre el paradero de José Larrañaga, primero hospitalizado y después viviendo en dependencias del Gobierno Civil hasta encontrar un destino para su obligado exilio.

Por su proximidad eligió Logroño y ya no volvió a vivir en su Azcoitia querida. Muy tocado por el asesinato de su amigo del alma y jubilado forzoso con una pensión por incapacidad permanente, Larrañaga se fue a la capital riojana prácticamente con lo puesto para rehacer una nueva vida dedicada a su familia y los amigos que le visitaban asiduamente. Se olvidó de la política porque, para él, fuera de su pueblo ya no tenía sentido. Allí podía hablar sin tener que mirar antes, fue libre en el más amplio sentido de la palabra a pesar de las dificultades iniciales que encontraron, como cuando las hijas tenían que acompañar a la madre a hacer compras porque no dominaba el castellano. No se olvidó de su pueblo natal al que volvía de vez en cuando, especialmente en fechas navideñas, para celebrar las fiestas con la familia. Los etarras y sus chivatos no se olvidaron de Joxe Txiki : el «honor» de la banda estaba en juego. El 31 de diciembre viajó en autobús acompañado por su esposa hasta Beasáin, desde donde les trasladó a Azcoitia un cuñado suyo. A las seis de la tarde llegó a su villa natal y después de pasar una hora con familiares, salió de chiquiteo con los amigos. Dos horas después le asesinaban en la calle Mayor, a la salida del bar Alameda.

Según la familia, la camarera de un bar alertó a los asesinos del comando «Goierri Costa»[137] , constituido por orden del dirigente de la banda Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, Txikierdi. Begoña Uzkudun Etxenagusia, la camarera, alojaba en su domicilio del barrio Sanjuandegui de Azpeitia a los miembros del comando citado. Les avisó en cuanto vio a Larrañaga la tarde noche del último día de 1984. Recibido el soplo, Ignacio Bilbao Beaskoetxea, Iñaki de Lemona, Miguel Ángel Gil Cervera, Kurika, y José Antonio López Ruiz, Kubati, robaron un coche a punta de pistola y se dirigieron a la calle Mayor de Azcoitia donde comprobaron que su objetivo estaba en el bar Alameda. Después Iñaki de Lemona y Kurika, a cara descubierta, esperaron a que José Larrañaga saliera del establecimiento para atacarle por la espalda de forma súbita y traicionera disparándole un par de tiros en la cabeza y el tórax que le causaron la muerte. Desplomado en el suelo, sus verdugos le remataron con nueve disparos y huyeron a su refugio en la vecina Azpeitia[138]. Nadie vio nada, nadie hizo nada. Le asesinaron a 40 metros del lugar donde los autónomos mataron a 3 vecinos en 1980, junto a la farmacia de la mujer del alcalde Uría volada por ultraderechistas en 1976.

El 2 de enero, el diario Egin abría su portada con el siguiente titular: «Un tercer atentado acabó con la vida de José Larrañaga». Necesitaban subrayar que ETA era infalible, aunque sus víctimas se marchasen del País Vasco, y que a la tercera fue la vencida. Uno no sabe quién estaba más enfermo, si el que redactaba aquella inmundicia de titular o los que redactaban los comunicados basura de ETA, como el publicado al día siguiente en el periódico de referencia de los etarras. Esta vez los criminales aseguraban que José Larrañaga, a pesar de haberse exiliado, «no había renunciado a seguir con su labor fascista y antivasca» y que «continuó militando en estructuras fascistas y haciendo viajes a Euskadi Sur»[139]. En la misma página de Egin que publicaba semejante sarta de calumnias, lo noticiable era que sus hijas portaron flores rojas y amarillas en el funeral. Al mismo acudieron dirigentes de Coalición Popular, encabezados por Jaime Mayor Oreja, líderes del PNV y PSE, alcalde, concejales demócratas, el presidente de las Juntas Generales de Guipúzcoa, así como el delegado del Gobierno Ramón Jáuregui. José Larrañaga Arenas tenía 57 años y sólo militaba en la familia y las amistades en su obligado confinamiento. Le enterraron en su amado pueblo, su familia volvió a La Rioja y allí se acabó todo.

Ni manifestación, ni paros, ni duelos públicos. El ayuntamiento condenó el asesinato, con la excepción de los dos concejales de HB. Uno de ellos, años más tarde, destacó como autor de estudios sobre el acoso y la violencia escolar. La saña y crueldad con la que ETA y sus chivatos persiguieron a Larrañaga hasta su muerte le podían haber servido de base para sus estudios.

Ramón Baglietto asesinado por el niño que salvó

Los diarios La Voz de España y El Diario Vasco del sábado 22 de septiembre de 1962 publicaban en portada la trágica noticia de la muerte de una madre y su hijo atropellados por un camión en Azcoitia. La calurosa tarde del día anterior María Nieves Beristáin, de 30 años, caminaba por la calle Calvo Sotelo (hoy Xabier Munibe kalea) con sus dos hijos, José Manuel y Cándido, de 2 años y 11 meses respectivamente, cuando al mayor se le escapó una pelota que llevaba consigo y fue rodando hacia la carretera[140]. Se soltó de la mano de su progenitora y corrió a buscarla. Los reflejos de la madre la impulsaron a seguirle para evitar su salida a la calzada por la que veía aproximarse un camión, mientras un testigo le cogió rápidamente al pequeño Cándido que llevaba en brazos. Horrorizado, vio cómo madre e hijo eran arrollados por el camión de una constructora que no pudo frenar a tiempo. Su conductor, fallecido en 2015, siempre cargó en su conciencia aquel terrible suceso. El testigo, encargado de una tienda de pinturas y decoración en la misma calle, puso un crucifijo en la mano de la mujer moribunda, tendida en el asfalto junto a su hijo muerto. Meses después, el padre viudo le devolvió agradecido aquella cruz adquirida en el santuario eibarrés de Arrate durante unos cursos de cristiandad.

Era Ramón Baglietto, el Pintor, y nunca perdió de vista a Cándido Azpiazu, aquel bebé de 11 meses al que salvó la vida. El drama shakesperiano acababa de comenzar. Con Franco todavía vivo, Cándido, convertido ahora en Kandido, se dedicaba con 14 años a frecuentar amigos abertzales entre los que pretendía destacar colgando ikurriñas y realizando pintadas. En 1976 quiso entrar en ETA, pero los responsables de leva no le vieron suficientemente maduro para disparar. Intenta sumar méritos como chivato y su primer objetivo es José Larrañaga al que, entre otras lindezas, le acusan de ser confidente policial. Aprovecha su trabajo como vendedor del Círculo de Lectores para meterse en la casa de Joxe Txiki y conseguir información. Él y su compinche José Ignacio Zuazolazigorraga llevaban ya tiempo ofreciéndose a ETA para crear un comando de acción en la comarca. En los primeros meses de 1980 ya tenían el visto bueno de la dirección de la banda, aunque tendrían que limitarse a ocultar las armas y seguir obteniendo información. Después del fallido atentado contra Larrañaga, la célula de Azpiazu se centra ahora en Ramón Baglietto al que vigilan durante un mes. El primer aviso le llega con una pintada a la salida de su garaje que dice «morirás», obra de Kandido, al que su objetivo le sorprende en plena faena.

Se lo tomó como una chiquillada hasta percatarse de que lo seguían y lo comenta con sus amigos. Primero, en una de las visitas a Joxe Txiki en la Policlínica intenta que por edad su hijo mayor le ayude a identificar a los tres etarras espías. La mujer de Larrañaga se opone. Después se lo cuenta a su amigo Jaime Arrese mientras comían el mismo día del crimen. El exalcalde de Elgóibar le pide extremar las precauciones. La esposa de Baglietto y la dependienta de la tienda habían visto a Azpiazu merodear frente a su domicilio particular y su comercio. Hacia las 20:45 del 12 de mayo de 1980 llama a su mujer para decirle que iba directo a cenar a casa. Cuando enfila la antigua carretera que une Elgóibar con Azcoitia por el Alto de Azcárate, bajo una copiosa lluvia, comienzan a perseguirle en un Seat 131 robado. El copiloto es Kandido Azpiazu. Dispararon varias veces contra su 124 con una metralleta Steiner y pistolas Browning. El Seat de Baglietto se salió de la carretera y se empotró contra un árbol. Los agresores pararon, Azpiazu bajó, se acercó al moribundo y le disparó el tiro o los tiros de gracia. Le dejaron con ocho balazos. En un bolsillo de su chaqueta la Policía encontró anotada en un papel la matrícula de uno de los coches de sus perseguidores, una pista fiable que cinco días después llevaría a la detención de los asesinos.

A Baglietto le mataron en la carretera de la muerte, a poco más de 50 metros de las curvas de Jáuregui, donde en 1976 asesinaron al empresario Ángel Berazadi. Su cadáver lo llegaron a ver los vecinos de varios caseríos, uno de ellos, Sebastián Aizpiri, comerciante y hostelero, sería asesinado por ETA en 1988 bajo la falsa acusación de narcotráfico. Aquel año, aquel atentado, fue cuando todo empezó a cambiar contra el pistolerismo abertzale[141]. Un poco más abajo de las curvas de Jáuregui está el caserío Txillarre, escenario de las conversaciones entre Arnaldo Otegi y el dirigente histórico del PSE Jesús Eguiguren. Javier Zabala, sacerdote carmelita y tío de la mujer de Baglietto, es quien comunica la noticia fatal. Pasaba por el lugar de la colisión. Dio la absolución al fallecido cuando descubrió que había disparos. Fue a la casa de Ramón Baglietto para decir que había sufrido un accidente, pero la ya viuda Pilar Elías le responde con ese sexto sentido: a Ramón le han matado. Cinco días después del atentado, el 17 de mayo, detenían a Kandido Azpiazu y a su amigo José Ignacio Zuazolazigorraga. El niño que salvó Ramón Baglietto contestó desafiante a la Policía que había sido él, sin el menor átomo de pena.

En 2001, veintiún años después, Erwin Koch, periodista alemán del semanario Der Spiegel, consiguió entrevistar a Cándido Azpiazu,[142] cuando llevaba en la calle 6 años. Por el crimen de Ramón Baglietto fue juzgado y condenado a 49 años y 2 meses de prisión. Salió en libertad condicional en 1995, apenas 15 años después del asesinato. Supuestamente por buena conducta y realización de actividades para redimir pena, merced a nuestra surrealista legislación penal, tanto como las respuestas del pistolero llenas de vergüenza y nula convicción:

—¿Cómo te convertiste en un asesino?

—Yo no soy un asesino.

—Has matado.

—Por necesidad histórica —el hombre agita sus grandes manos—, por responsabilidad ante el pueblo vasco, que es magnífico, que tiene una magnífica cultura, que habla una de las lenguas más antiguas de Europa, que nunca fue vencido por los romanos, ni por los visigodos, ni por los árabes. Un pueblo muy distinto al de los españoles.

Más adelante asegura que fue «la voluntad del pueblo» la que le llevó hasta ETA, diluyendo su responsabilidad en el colectivo. Otro ignorante iluminado al que algún predicador proetarra le había señalado la alta misión de asesinar a un españolista recurriendo a eximentes de responsabilidad como la «necesidad histórica». Curiosamente sus inductores a la yihad abertzale no aparecen ni en su círculo familiar más cercano ni tampoco en el de su conmilitón Zuazolazigorraga, hijo de un matrimonio de tradicionalistas de misa diaria. Tradicionalistas, sí, más derechistas que Larrañaga y Baglietto juntos, pero los etarras cuando buscan objetivos calificados en su jerga como «ultraderechistas, españolistas o franquistas», siempre empiezan buscando a partir de los vecinos. El ex-preso de ETA le cuenta al redactor de Der Spiegel que su padre no le había contado que le había salvado, pero que la muerte «tuvo que ser así» porque «formaba parte del aparato opresor, conocido de Marcelino Oreja». Décadas después sigue sin reconocer su error y su horror siendo además un arrepentido, un traidor para los suyos, beneficiado por las medidas especiales de reinserción para presos de ETA dispuestos a aceptar esas condiciones que los más duros denominan como la «vía del arrepentimiento».

En 1980, Azpiazu, Zuazolazigorraga y tres etarras más que salieron corriendo, redactaron la reivindicación de la muerte de Ramón Baglietto al día siguiente del atentado. Le acusaban de «fascista, confidente y enemigo del pueblo trabajador vasco», sin olvidar su «estrecha relación» personal y política con Marcelino Oreja[143]. El atentado abrió las disidencias en HB. Un concejal de la coalición radical, Miguel Peña Gogorza, condenó el asesinato de Ramón Baglietto, probablemente por ser hermano de la mejor amiga de la viuda de Baglietto. Peña Gogorza era hijo de un concejal franquista afín al tradicionalismo. El comité local de HB tardó nueve días en echarle por suscribir el manifiesto de condena. Años después volvería al redil del abertzalismo radical, sin condenar los atentados de ETA. La familia de Ramón Baglietto respondió que perdonaban a los pistoleros y decidieron enterrarle en Éibar. En la villa armera, Nieves e Inmaculada Baglietto Martínez, dos de las seis hermanas del simpatizante de UCD asesinado, abrieron una pequeña sede de la formación centrista a la que estaban afiliadas, inaugurada por el ministro de Trabajo Rafael Calvo Ortega en una visita durante la campaña electoral de las primeras elecciones al Parlamento vasco.

En esos comicios habían formado parte de la lista por Guipúzcoa en los puestos sexto y duodécimo. Sus posiciones políticas no pasaron desapercibidas ni antes ni después del atentado contra su hermano. Acertó de lleno Jaime Mayor Oreja, entonces secretario de la UCD vasca, cuando la misma noche del atentado confesó la impotencia de los militantes centristas ante la sensación de que les estaban cazando «como a conejos». Una semana después de esas declaraciones, Nieves Baglietto recibe por teléfono el mensaje de una voz anónima en nombre de ETA notificándole el mismo final que su hermano si no abandonaba el País Vasco. Ante las dudas la Policía le confirmaría su presencia en una lista negra[144]. No tardaría mucho en malvender su patrimonio para empezar de nuevo en Madrid con 55 años. Antes de irse se enteró de que un primo carnal suyo, Javier Baglietto, concejal de Herri Batasuna del ayuntamiento de Eibar, fue objeto de una petición de dimisión por diecisiete de los veintiún corporativos, después de colocar una pancarta en el balcón del consistorio llamando al homenaje a dos etarras muertos en una emboscada a la Guardia Civil en Ispáster (Vizcaya), con seis guardias asesinados. Por supuesto el concejal abertzale no condenaba el ataque a la Benemérita como tampoco la muerte de su primo.

Entretanto sus primos supervivientes insistían en el perdón. Seis años después de la muerte de Ramón, su hermano Pedro Mari publicó una carta inédita en el periódico nacionalista Deia [145] , para el dirigente etarra Eugenio Etxebeste Arizkuren, Antxon, primo suyo. La carta era una de las 450 que apoyan la iniciativa de la joven donostiarra Cristina Cuesta Gorostidi de promover una asociación por la paz, la primera en el País Vasco. Pedro Mari Baglietto remitió una de esas misivas a Cristina Cuesta. La había escrito en mayo de 1980, pero no había sido enviada a su destinatario. En un escrito lleno de serenidad invitaba a su pariente desconocido Antxon a la reflexión y le ofrecía su «abrazo conciliador». Para Pedro Mari Baglietto era necesaria la conciliación «entre hermanos, entre familias y entre amigos vascos». El hermano de la víctima de ETA terminaba con una frase convertida para Pedro Mari en su «permanente idea obsesiva»: La paz entre los vascos. Euzkaldunen artea, pakea. Evidentemente no tuvo respuesta, porque Etxebeste siempre ha sido más sensible a la vida de los lepidópteros que a la de los seres humanos no afines a ETA.

El peor año del terrorismo dejó cinco muertos en Azcoitia

Una vieja foto colgada en un bar de Azcoitia recuerda que el Club de Fútbol Anaitasuna fue campeón de España de aficionados en 1973, después de superar en la final a doble partido al Atlético Cacereño. Los extremeños emigrados a la localidad del Urola y otras localidades vecinas tuvieron la oportunidad de ver en el antiguo campo de Alcíbar el partido de vuelta que jugaron sus paisanos de origen contra sus paisanos de adopción. En aquel encuentro los seguidores extremeños exhibieron por primera vez una nueva bandera de tres franjas horizontales, verde, blanca y negra, que después sería la bandera de Extremadura. En ese año, el «efecto llamada» seguía aumentando la demografía del barrio azcoitiarra de Floreaga, al que se llega subiendo una cuesta de gran pendiente desde el centro del pueblo. Bloques de casas de construcción urgente ahora con fachadas irregulares, alternando balcones y miradores de aluminio llenos de ropa colgada con antenas parabólicas. En algunos portales retan a la Ley de Memoria Histórica al lucir todavía las placas metálicas grises del Instituto Nacional de la Vivienda franquista. Son los vestigios del desarrollismo que trajo prosperidad y mano de obra foránea al valle del Urola.

Antonio Piris Rodríguez, Carmen Carballo y sus tres hijos (un cuarto nacería en Azcoitia) recorrieron los 700 kilómetros que separaban la localidad pacense de San Vicente de Alcántara y Azcoitia, porque una oferta de empleo en Zubillaga al cabeza de familia duplicaba los ingresos domésticos, hasta entonces condicionados a empleos temporales. En Floreaga, rodeados de paisanos extremeños, los Piris Carballo dejaron muy atrás el Plan Badajoz para comenzar un nuevo plan de vida con el que tantos soñaban en la España profunda del arado. Pero al mediodía del sábado 29 de octubre de 1980 todo se les vino abajo. Su hijo José Mari murió al explotarle una bomba destinada a un guardia civil vecino suyo[146]. El artefacto no explotó cuando el agente puso en marcha su vehículo particular. El paquete bomba se desprendió y quedó abandonado en medio del aparcamiento de la plaza de los Atanos, mientras uno de los etarras, Jon Aguirre Aguiriano, Elertxuri, seguía la escena desde un piso próximo. La lluvia impidió que los niños jugasen en la plazoleta. José Mari, Fernando y Jesús, tres amigos que volvían de jugar un partido con el equipo del colegio en el coche del padre de uno de ellos, divisaron la bolsa abandonada y fueron a por ella atraídos por unos imanes que tenía.

Los terroristas los habían puesto para adosar la bomba al coche del guardia. José Mari Piris llegó el primero, tocó los imanes y explotó el artefacto. Su amigo Fernando iba tras él y pudo contarlo con terribles secuelas vitalicias en ojo y oído derechos. El cuerpo destrozado de José Mari lo identificó su hermana por las zapatillas que llevaba, prestadas por ella. El Diario Vasco publicó al día siguiente la conmovedora foto del chico muerto[147]. No fue capaz de remover mínimamente las entrañas del Herodes que vio todo. Los terroristas, en un alarde más de cinismo y miseria, mandaron su versión de los hechos a su diario portavoz[148]. Echaron la culpa a la Guardia Civil porque aseguraban haber llamado al cuartel de la zona avisando de la presencia del paquete explosivo abandonado. El Ministerio del Interior rechazó por completo el relato de los asesinos. No hubo tal llamada y los criminales no insistieron en su falsa versión. Las bombas que nunca explotan son las que nunca se ponen. Los etarras subrayaban en su comunicado que «razones de seguridad y clandestinidad» les impidieron retirar el explosivo. Para colmo decían unirse al dolor de las familias de ambos niños «represaliados» (sic). La muerte de José María Piris causó una conmoción silenciosa en el pueblo.

Al día siguiente hubo un funeral con asistencia masiva. La misma que a la posterior manifestación muda. La esquela publicada en El Diario Vasco decía que el niño de 13 años «falleció en accidente». La afonía ciudadana de entonces estrechaba la mano a los eufemismos. Ésas eran las respuestas de la sociedad vasca al terrorismo al alba de los años ochenta. Tras la misa, los restos mortales de José Mari Piris fueron trasladados a San Vicente de Alcántara, su localidad natal, donde fue enterrado. El ataúd iba cubierto con las banderas de España y Extremadura. La bandera tricolor que los extremeños mostraron por primera vez en Azcoitia —enseña oficial de la futura comunidad autónoma— se izó por primera vez a media asta en todos los ayuntamientos de la región. Era por la primera víctima infantil que ETA dejó en Azcoitia, donde apareció por primera vez la bandera verde, blanca y negra en 1973, el año en que llegó la familia Piris a la localidad del Urola. Desde la villa guipuzcoana, atravesando media España detrás de un furgón fúnebre, la familia Piris Carballo volvió a su punto de partida. Rotas sus vidas por el dolor decidieron alejarse del lugar maldito en el que asesinaron a uno de los suyos. No han vuelto más. A Carmen Carballo ni una dosis diaria de antidepresivos ha sido capaz de aliviarle el dolor.

Desde 1980, durante días, durante años, ha visitado la tumba de su hijo. En el verano del peor año de sus vidas recibieron en su casa de San Vicente de Alcántara una carta de la banda terrorista a nombre del chaval asesinado. El etarra que la escribió aseguraba que todo había sido un error porque la bomba no era para él. El destinatario de la bolsa de goma 2 les pidió perdón el mismo día de la muerte de José Mari, lo que los autores de aquella salvajada no han sido capaces de hacer. Hubo juicios y condenas. El etarra frío único testigo salió de prisión en mayo de 2011 sin el menor arrepentimiento. Cuatro meses después, Elertxuri firmaba en nombre del colectivo de presos de ETA su respaldo al llamado acuerdo de Gernika en el que se defendía «el final de la violencia». Agirre Agiriano firmaba así la hoja de ruta que maquillaba su derrota policial, judicial y política, después de que durante treinta años en la cárcel no tuviera tiempo de retractarse de sus crímenes. El asesino orgulloso de sus fechorías aparecía ahora en primera fila apostando por las vías políticas combatidas con sus atentados.

En el barrio de Floreaga, cuando preguntas por aquello, por «lo del niño de la bomba» como dicen algunos vecinos, te miran con desconfianza, con ese gesto de mejor dejarlo, de no tener que hablar sobre eso. Lo más desconcertante es que los que responden así todavía tienen el acento de sus lugares de origen, lejanos a tierra vasca. Una estela funeraria, como las típicas del País Vasco francés, recuerda en euskera y castellano al niño asesinado. La crónica del terrorismo en Azcoitia tuvo nuevos capítulos. Si 1980 fue en España el año más negro de la historia del terrorismo, en Azcoitia fue el año más negro de su historia desde el final de la guerra. En tres meses, ETA y los CAA dejaron cinco muertos. A los casos ya contados de Ramón Baglietto y el niño José María Piris, se sumaron los de Justino Quindós López, Elio López Camarón y Julio Muñoz Grau. Los tres eran amigos, de derechas y acusados por la rumorología abertzale de chivatos. Cuando paseaban o chiquiteaban por los bares de la calle Mayor había cuadrillas que les hacían el paseíllo. Es decir, les negaban el saludo, apartándose a su paso, porque ya les habían colgado el sambenito de confidentes y ultraderechistas. La tarde del sábado 28 de junio de 1980, después de ver varios partidos de pelota, hacían su ronda de vinos por la calle Mayor, muy frecuentada en ese momento.

Hacia las ocho y cuarto, cuando salían del bar Alejandro, en el que habría unas veinte personas, tres pistoleros de los Comandos Autonómos Anticapitalistas (CAA) les dispararon a corta distancia asesinando a Justino Quindós y Elio López. Malherido, Julio Muñoz intentó volver hacia dentro mientras los verdugos remataron a sus tres víctimas. Fallecería cuando le trasladaban a un centro hospitalario en San Sebastián. También resultó herido leve en una pierna el policía municipal Manuel Pérez Zarzo, que se encontraba dentro del bar donde le alcanzó una de las balas que entró en el mismo. Justino Quindós, de 60 años, dejó su Ampudia natal, en la palentina Tierra de Campos, para ser guardia civil. Desde los 21 años vivía en Azcoitia, donde siguió cuando abandonó la Benemérita con 36 años al encontrar empleo en Beltia, una empresa de herramientas. Vivía en el mismo edifico que Ramón Baglietto y Pilar Elías. Julio Muñoz, 63 años, nacido en Valladolid, llevaba muchos años viviendo en Azcoitia donde trabajaba como empleado municipal repartiendo notificaciones y revisando contadores de agua. Era padre de un concejal del PSE. Elio López Camarón, 60 años, era de Castronuevo (Zamora) por lo que le apodaban el Zamorano en Azcoitia. Viudo pocos meses antes de ser asesinado y con tres hijos. Trabajaba como mecánico en unos talleres de Azpeitia.

Las víctimas fueron asistidas por algunas de las muchas personas que transitaban por la calle Mayor, entre ellas varios familiares y el alcalde. Una vecina bajó varias sábanas para tapar los cadáveres durante hora y media. La respuesta ciudadana tuvo al silencio de nuevo como protagonista. Presencia masiva de vecinos en los funerales, pero nada más. Destacar la asistencia a las honras fúnebres del lehendakari Garaikoetxea y representantes de PNV, PSE y UCD. El consistorio expresó su repulsa por el triple crimen en un pleno extraordinario, en el que los ediles decidieron no ejercer sus funciones durante cuatro días en protesta por el atentado. Los Comandos Autónomos reivindicaron las tres muertes en un comunicado enviado a una emisora de radio donostiarra. Acusaban a sus víctimas de tener relaciones con la Policía y de ser chivatos. El mismo día de la reivindicación uno de los miembros del comando ejecutor fue detenido en un bar del donostiarra barrio de Gros cuando iba a entregar un comunicado a un medio. Jesús María Larzabal, Mikel o Lagun, portaba un arma utilizada en el triple crimen de Azcoitia. La Audiencia Nacional le condenó en 1982 a veinticinco años de prisión. Ocho años después, en 1990, también sentenció a veinticinco años, como autor material del triple asesinato, a Juan Carlos Arruti Azpitarte, Paterra.

La viuda coraje de Azcoitia

María Pilar Elías Zabala vive a caballo entre Azcoitia y Zarauz. Cuando está en su localidad natal es fácil encontrarla en la calle, saludando, hablando en euskera. Azcoitiana por los cuatro costados y prototipo de etxekoandre (ama de casa vasca) la conocen en el pueblo como la de Patatero, el mote de su abuelo heredado con orgullo por las siguientes generaciones. Lo de Patatero era por un grano prominente en la nariz. Se lo puso José Eguino Trecu, un paisano ordenado sacerdote que terminó de obispo de Santander. En la calle lo de siempre desde hace décadas. A Pilar, siempre con la cabeza alta, la vista arriba, le toca sortear miradas torvas a los que miran para otro lado o responder con ese gesto tan vasco de levantar la barbilla. Es el precio por ser la viuda de un asesinado por ETA o de su compromiso político. Cuando pasa por el bar Errexil, en los bajos de la casa natal de Arzalluz, no puede evitar una mueca de fastidio al ver un cartel del Memorial Kattu de ajedrez. Se celebra desde 1985 en homenaje a un etarra asesinado por los GAL dos años antes. Por su marido, por Jose Txiki Larrañaga, por las demás víctimas del terrorismo del pueblo, que hicieron más por el mismo que el etarra asesinado por los GAL, no hay nada parecido. Ninguno de los participantes parece tener ningún tipo de reparo moral por participar en un aparente torneo de ajedrez en homenaje a un etarra en activo asesinado por otros terroristas como él.

El homenaje a su marido se lo tiene que tributar ella. Suele contar que se casó con Ramón Baglietto el 18 de mayo de 1963, y que sigue casada con él. Cada año, en esas fechas, celebra en familia su aniversario de bodas recordando a aquel hombre de buen porte del que se enamoró desde el minuto uno, por esa mezcla de italiano y vasco de la que siempre hacía gala. De italiano, el Baglietto, por caballeroso, creativo y elegante. Y de vasco, el Martínez (el Gárate oculto), por esa fidelidad a los principios y la gente. No hubo problemas de incompatibilidad ideológica con el Pintor, por su origen eibarrés. Pilar Elías era de familia carlista, hija de margarita, con boina blanca en su juventud. Católica sin beatería, tuvo un fuerte desencuentro con el integrismo a los 16 años, cuando la echaron de la Congregación de Los Luises por bailar el agarrao en la puritana Azcoitia de finales de los cincuenta. Ella nunca se identificó con esa visión tan jansenista de la vida de sus mayores. Y cree que hizo bien, ahora que repasa sus vivencias en su casa de toda la vida del número 14 de la calle Ibai-Ondo, donde todavía hay algunos muebles de diseño de la tienda de Ramón, cuyas fotografías recuerdan cada día al hombre de su vida, con el que colaboraba con UCD más que los que tenían carnet del partido.

El asesinato de Ramón Baglietto le dejó una mísera pensión de viudedad de 17.000 pesetas, la solidaridad de su familia y el deseo de continuar la actividad política de su marido. Esperó a que sus dos hijos fueran mayores para presentarse a las elecciones municipales en Azcotia. Lo intentó por primera vez en 1991, pero le faltaron 21 votos. Lo consiguió desde 1995 a 2011. Ese último año le faltaron 51 papeletas para seguir en el salón de plenos. De haber sido elegida le hubiera arrebatado el sillón al PNV. El miedo a Bildu le restó votos de sus electores para la lista jeltzale, que no pudieron impedir que los abertzales radicales estuvieran en la alcaldía azcoitiarra por primera vez. En 2015 lo volvió a intentar por última vez con un resultado nefasto. La primera elección empezó con problemas desde el mismo día de la constitución del nuevo ayuntamiento. El número dos de la lista de Herri Batasuna, Luis María Lizarralde Izaguirre, también fue elegido. Era uno de los cinco miembros del comando que asesinó a su esposo, aunque no llegaron a condenarle por falta de pruebas. Huido de la Justicia a Uruguay fue extraditado y, cuando estaba encarcelado a la espera de juicio, los batasunos de Azcoitia decidieron presentarle al consistorio. El funcionario que organizaba el acto no tuvo mejor idea que sentar juntos a la edil del PP y al preso etarra.

Para Pilar Elías fue terrible aguantar cientos de miradas morbosas que gozaban con aquella humillación. Los hinchas locales de los terroristas abarrotaban el salón de plenos para jalear al preso etarra que optaría años después por el arrepentimiento y el perdón a sus víctimas. Desde aquel primer mandato, los ultras de Azcoitia no dejaron de perseguir a la concejala popular. Las pintadas, octavillas y pancartas insultando o señalando se convirtieron en algo tan cotidiano que pasó a formar parte del paisaje urbano. En 1998 comenzó a llevar escolta. Se la pusieron después del asesinato de su amigo José Ignacio Iruretagoyena. Los dos se habían negado a llevarla. Creían que nunca irían a por ellos, por ser vascos, por hablar euskera. Las cosas se pondrían peor en 1999. Por primera vez las Fuerzas de Seguridad del Estado le comunican que aparecen datos suyos en papeles de ETA. El 12 de marzo de 1999 le dejaron un paquete bomba en el buzón de su casa. Llegó a tenerlo entre sus manos, pero la intuición le hizo dejarlo y llamar a la Ertzaintza. Para sus hijos fue demasiado. Le pidieron que dejara todo. Ella les respondió entre categórica y terca: «El aita (padre) dio la vida y yo voy a seguir lo que él dejó». Desde entonces nunca más le dijeron nada. Pilar Elías bastante tenía con ocultarles los avisos policiales.

Durante años, los palmeros de ETA decoraron Azcoitia con carteles y fotos de la edil del Partido Popular. Manos amigas se ocupaban de arrancar esa propaganda insidiosa por la que le dejaron de saludar conocidos y vecinos de toda la vida. Una de esas amistades arriesgadas sufrió las consecuencias con un artefacto casero en la puerta de su casa de cuya explosión se salvó de milagro. No tenían suficiente con apuntar a la corajuda concejala: buscaban su aislamiento social absoluto o su muerte. Otra vez la didáctica del miedo consistente en matar a uno para atemorizar a todo un colectivo, para callarlo, para borrarlo del mapa. Pilar Elías es, en este caso, la española razonante frente a la intolerancia del nacionalismo más integrista. Mujer recia, etxekoandre metida en política por una mezcla de memoria, orgullo y dignidad, es todo un símbolo de la resistencia contra la intolerancia. En los dieciséis años que estuvo en el ayuntamiento jamás supo quién le votaba. Nunca puso cara a sus electores.

La imagen real de un municipio «ejemplo de convivencia»

El 16 de marzo de 2005, el ex-preso de ETA Cándido Azpiazu se instalaba como cristalero en los bajos de la casa de Pilar Elías, en el número 14 de la calle Ibai-Ondo de Azcoitia, donde llevaba viviendo desde que nació. Azpiazu dejó su trabajo de carpintero en una tienda de cocinas para abrir un nuevo negocio precisamente en el mismo edificio que construyó el abuelo de Pilar Elías en 1942, durante décadas residencia de sus descendientes. Los primeros encuentros de la convivencia forzada entre la viuda de Baglietto y el reconvertido carpintero se convirtieron en un intercambio de miradas en las que la comunicación no verbal expresaba la dignidad de la víctima, sin bajar la cabeza, y la sinvergonzonería del verdugo mirándola fijamente. ¿Por qué tenía que tragarse todos los días al asesino de su marido en el portal de su casa de toda la vida? La primera respuesta se la podía dar quien vendió el local a Azpiazu: César Boo, un cristalero de origen gallego con ganas de jubilarse. Boo y su mujer querían liquidar el negocio, pero lo hicieron pensando más en el dinero rápido para su bolsillo que en la tortura lenta para su vecina durante más de veinte años.

Nueve meses después de la apertura de la cristalería Aldeko, la Audiencia Nacional decidió investigar el patrimonio de Cándido Azpiazu y de su compañero de armas, Ignacio Zuazolazigorraga (con un restaurante en Tolosa) para embargar sus bienes y garantizar así el pago de la indemnización de 12,6 millones de pesetas (alrededor de 76.000 euros), que contemplaba la condena por el asesinato de Ramón Baglietto dictada en noviembre de 1981. La decisión judicial encolerizó a los radicales, ausentes desde 2003 de la corporación municipal por la ilegalización de Batasuna, aunque presentes por una de esas banderas de conveniencia en forma de candidatura local que burlaban la ley. A finales de enero de 2006 llenaron las calles de carteles animando a los azcoitianos a la asistencia a un pleno y una manifestación para respaldar a Azpiazu y Zuazolazigorraga, los dos condenados y excarcelados por la muerte de Baglietto. Como siempre en estas historias surgió el tonto útil de turno, en este caso, el alcalde nacionalista de Azcoitia, Asier Aranbarri. El regidor y su amplio grupo de concejales hicieron suyo en una moción el argumentario de los abertzales radicales: los ex-presos de ETA ya habían cumplido con la ley y tenían derecho a rehacer sus vidas.

Olvidaban algunos detalles. El primero, su negativa a pagar la indemnización que fija esa misma ley que supuestamente habían cumplido con una excarcelación muy anticipada. El segundo, que la viuda del simpatizante de UCD asesinado no actuaba por venganza sino por justicia. Aranbarri y los suyos promovieron una moción en la que se pusieron muy estupendos con los derechos humanos (de los verdugos), la reconciliación en la que «todos debemos hacer frente a los terribles hechos que han ocurrido a consecuencia de la violencia». Unos más que otros, especialmente los que han asesinado, les han jaleado igual que los indiferentes que rechazaban todas las violencias «vinieran de donde vinieran». Por si fuera poco, los ediles nacionalistas alababan los pasos dados por Zuazolazigorraga y Azpiazu en el camino de la reinserción. A uno siempre le queda la duda de si una vez puesto en libertad, un miembro de una organización terrorista no disuelta, que no se ha arrepentido, que no ha roto con la banda, ha dejado de pertenecer a ese grupo delictivo. En la iniciativa promovida por los ediles del PNV y EA no había ni una sola referencia al terrorismo o sus víctimas. La estupidez política y la comodidad de la falta de compromiso suelen provocar ciertos olvidos. El alcalde y concejales del PNV y EA tuvieron que enmendar su moción incorporando una reclamación a los ex-presos etarras para que se arrepintiesen y cumplieran la ley, por indicación de la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo y del entonces presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco, Iñigo Urkullu.

El consistorio azcoitiano aprobó el 26 de enero de 2006, en un tumultuoso pleno a puerta cerrada, la nueva moción de PNV y EA (mayoría absoluta). Antes el alcalde Aranbarri pidió a la Ertzaintza que interviniera para desalojar a los hinchas de Zuazolazigorraga y Azpiazu, y a un grupo de apoyo a la edil popular Pilar Elías encabezado por las presidentas de su partido en el País Vasco y Guipúzcoa, María San Gil y María José Usandizaga. En el caso de los batasunos llamaba la atención en esa defensa férrea de dos tipos acogidos en su día a las medidas de reinserción de manera encubierta, que fueron borrados de las listas del colectivo de presos etarras por traidores. En esa coherencia que tanto predica la trama civil de ETA, sus acólitos se movilizaban para defender a dos «traidores». Varios días después, Cándido Azpiazu portaba una pancarta con el lema «Ataques y venganza no. Solución democrática ahora», en una manifestación prohibida que los radicales convocaron para protestar contra los procesos abiertos por la Audiencia Nacional. Tras negociar con la Ertzaintza, la marcha recorrió las principales calles de Azcoitia, pasando frente al edificio que alberga la vivienda de Pilar Elías y la cristalería del verdugo de su marido. Para más inri, al término del acto, Azpiazu agradeció el apoyo recibido «de todo el pueblo».

La situación de la concejala azcoitiana del PP Pilar Elías produjo un gran revuelo mediático. El esperpento soliviantó al alcalde Asier Aranbarri, no por lo que de insultante y provocativo tenía que un antiguo pistolero de la banda abriera un negocio junto al portal de la viuda de una de sus víctimas. El regidor entre 2003 y 2011 pidió varias veces «generosidad» a todos, especialmente a Pilar Elías. En resumen: dos asesinos con una deuda económica pendiente con la Justicia protestan porque se les exige que paguen al quedar demostrado que no son tan insolventes como habían declarado. Eso molesta a sus hinchas y también a un alcalde y unos concejales nacionalistas, supuestamente demócratas al lado de las víctimas del terrorismo. Por si alguien tenía alguna duda sobre la actitud de los morosos, en el programa Diario de…, emitido por Telecinco el 1 de febrero de 2006 —después del pleno y la manifestación ilegal— entrevistan con cámara oculta a los autores materiales del asesinato de Ramón Baglietto. Ninguno de los dos muestra el más mínimo arrepentimiento por ello, justificando además el terrorismo. Así se expresaba Cándido Azpiazu:

¿De qué me voy a arrepentir? Eso no quiere decir que esté encantado de hacer lo que hice (…). Perdón humano igual le podría decir. Siento que haya podido sucederle todo esto, pero no reniego de mi pasado»[149].

La miseria supina del etarra que remató a Baglietto queda reflejada al quejarse su esposa de que Pilar Elías no tenía «ningún signo de humildad» cuando se cruzaba con su marido. Un asesino confeso y orgulloso de su crimen se mostraba molesto porque su víctima no se humillaba ante él. Se podía dar la mano con el alcalde autocomplaciente que pedía «generosidad» a la concejala viuda de una víctima del terrorismo. Los dos criminales justifican su acción: Zuazolazigorraga asegura que Ramón Baglieto «era un chivato» reforzando su falta de compasión y arrepentimiento con un «¿cómo me iba a dar pena?». Azpiazu justifica el atentado mortal «porque se tenía que hacer» al ser, según él, «un militante del aparato represor». Testimonios así son la expresión de una sociedad enferma retratada a la perfección por el programa mencionado desde el título, «Mi vecino: el terrorista que mató a mi marido», hasta el final. Todavía hubo que leer y escuchar a los clásicos imbéciles ambulantes, siempre sin mojarse, seguidores del autocomplaciente regidor, quejándose porque se había entrevistado a los antiguos pistoleros con cámara oculta. Les ofendía la cámara oculta, no las declaraciones de los asesinos, vomitivas para cualquier demócrata.

El mismo alcalde denunciaba la «presión político-mediática» que sufría «un municipio ejemplo de convivencia». Quizá echaba de menos esa equidistancia, más próxima a los verdugos que a sus víctimas, tan propia de su pueblo o de Euskal Telebista, la televisión pública vasca. Les soliviantaba que su localidad apareciera como un remake a escala de Alemania en 1932. A ellos, a los abonados a la teoría de la balanza: ETA y sus palmeros a un sitio; PP, PSE y los españolistas a otro, y ellos en el fiel de la balanza, de perfil, por encima del bien y del mal. Aquellos días se rompieron los espejos en los que se miraban los de la teoría de la balanza. Pilar Elías era el espejo roto. Un año después, el 28 de marzo, el consistorio organizó un homenaje —el primero— a las siete víctimas del terrorismo del municipio (seis muertos de ETA y Comandos Autónomos y uno de los GAL), al que sólo asistieron los familiares de dos de ellas. El Diario Vasco publicó la víspera una entrevista con el alcalde Asier Aranbarri[150] en la que negaba que fuera un acto para corregir la impresentable imagen de Azcoitia que, según el regidor, no fue provocada «ni por el Ayuntamiento ni por los azcoitiarras». Por supuesto, la culpa de que saltara en pedazos esa imagen idílica de convivencia armoniosa que tenían de su pueblo la tuvieron los medios de comunicación. Los españoles sobre todo.

Aranbarri todavía tenía el tupé de declarar que sufrió mucho en el tenso pleno de enero de 2006 porque se transmitió «una imagen inexistente» con la que, según él, «se trató de forzar una situación en la que fuimos los conejillos de indias por parte de ciertos sectores para ver qué podía pasar en un futuro, cuando las víctimas necesariamente se tengan que encontrar con sus asesinos». ¿Qué hizo como primera autoridad civil para desmentir aquella «imagen interesada» que según él causó «muchísimo enfado» entre sus convecinos? Entre otras cosas cometer una cadena de errores que en cualquier otro lugar le hubiera costado la continuidad en el cargo. No apoyó a la víctima, facilitó su humillación, defendió a dos canallas orgullosos de asesinar y encima promovió una moción de apoyo a los mismos que le tuvieron que corregir desde su partido. ¿Es normal que un asesino o un violador cuando salen de la cárcel pongan un negocio junto a la vivienda de sus víctimas o de sus familiares? ¿Es correcto que un alcalde y sus vecinos miren para otro lado o defiendan al delincuente supuestamente antes que a su víctima? Precisamente cuando le preguntan al primer edil azcoitiarra por las acusaciones al nacionalismo de mirar hacia otro lado en el tema de las víctimas, éste responde muy solemne que el nacionalismo vasco «siempre ha estado por los derechos humanos y al lado de las víctimas».

Con un poco más de memoria, y también de vergüenza, el propio Aranbarri podría preguntar a la viuda de Ramón Baglietto, a la familia de Joxe Txiki Larrañaga exiliada en Logroño o a los padres del niño José María Piris, a ver si el nacionalismo vasco ha estado de su lado, por sus derechos humanos. Ese compromiso al que alude el alcalde jeltzale queda en evidencia si se tiene en cuenta que el primer homenaje a las víctimas del terrorismo en Azcoitia tuvo lugar en 2007, cuando cinco de las siete víctimas habían sido asesinadas en 1980. Estamos en 2007 y desde 1979 el PNV siempre había estado al frente de la alcaldía azcoitiana. ¿No habían tenido tiempo en veintisiete años de acordarse de las víctimas en ese supuesto compromiso del nacionalismo con ellas? La única víctima homenajeada en el pueblo permanentemente, por los suyos, fue Ramón Oñederra Vergara, Kattu, considerado por la Policía como miembro activo de ETA-m y asesinado por los GAL en 1983, en la localidad vascofrancesa de Bayona. En julio de 2008, la mujer de Azpiazu se adjudicaba la mitad del negocio de cristalería de su esposo —la otra mitad era suya— en una subasta en la que sólo hubo otro postor. El dinero obtenido compensaba parcialmente al Estado por haber adelantado en 2000 la indemnización recibida por Pilar Elías y sus dos hijos en aplicación de la Ley de Solidaridad con las víctimas del terrorismo.

Los terroristas, como siempre, se declararon económicamente insolventes. Moralmente ya sabíamos que eran insolventes e indigentes. Aunque no todos. En 2011, el preso de ETA Luis María Lizarralde Izaguirre, Beltza, condenado a 74 años de cárcel por tres asesinatos (dos de ellos consumados y un tercero frustrado), firmaba un acta notarial con la que cedía la casa y el local en Azcoitia heredados de su padre (con un valor de 104.000 euros) a las familias de sus víctimas. Lizarralde participó en los asesinatos del teniente coronel Luis de la Parra, en junio de 1981, y del guardia civil Luis Miranda, un mes después. También estaba implicado en el atentado mortal a Ramón Baglietto. En enero de 2010 envió dos cartas al director de la prisión de Nanclares de la Oca, donde cumplía condena, en las que mostraba su arrepentimiento, pedía perdón a las víctimas y confirmaba su ruptura con ETA al salirse de la disciplina del colectivo de reclusos de la banda. En una de las misivas escribía lo siguiente: «Reconozco que con mi actuar como militante de la Organización ETA he causado daño y creado dolor, y por todo ello pido perdón a las víctimas». A nadie se le ocurrió exigir a Zuazolazigorraga y Azpizu que hicieran lo mismo.

Jaime Arrese, por la convivencia y la concordia desde la UCD vasca

La tarde noche del 19 de enero de 1977, Jaime Arrese Arizmendiarrieta, entonces alcalde de la localidad guipuzcoana de Elgóibar, izaba por primera vez la ikurriña en el balcón de su ayuntamiento junto a la bandera de España. Poco antes, la corporación del Movimiento franquista, todavía en activo, había aprobado por unanimidad la colocación de la bicrucífera vasca con una moción en la que entendía la legalización de la ikurriña como «un paso decisivo en favor de la convivencia y concordia tan deseados en todo el País Vasco». Aquel ayuntamiento sin ninguna legitimidad ciudadana, elegido por la legislación de la dictadura, daba la mano a la convivencia y la concordia sin que le sobrase ninguna bandera, sin observar ninguna incompatibilidad entre símbolos. Cuarenta y un años después, la ikurriña izada por el alcalde Arrese aparece enmarcada en una de las paredes de las escaleras que dan acceso al salón de plenos, justo enfrente de un cuadro en recuerdo a las víctimas del terrorismo en Elgóibar. Le acompaña una placa en la que se incluye la mención a la convivencia y la concordia, reproducida líneas más arriba, junto a un texto, extraído de una moción aprobada por el pleno elgoibartarra el 30 de marzo de 2012, que dice:

… las enseñas se convierten en símbolos de anhelo de un pueblo. Es entonces cuando cobran utilidad al convertirse, sencillamente, en activadores de sentimientos propios de identidad.

Todo viene provocado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que obliga en 2014 al ayuntamiento de Elgóibar a exhibir la bandera de España en su fachada principal. Dos años antes, una sentencia del Tribunal Supremo (TS) obligó al consistorio del Bajo Deva a colocar la enseña española en el exterior y en el salón de plenos. El alcalde del PNV, burlándose del veredicto del TS, decidió poner en una fachada lateral del edificio municipal, casi pegadas, las banderas de España, Euskadi, Europa, Guipúzcoa y Elgóibar. El regidor jeltzale, Alfredo Etxeberria Murua, completó su particular interpretación del veredicto judicial mandando instalar una placa en el exterior del ayuntamiento «hasta que desaparezca la imposición», con el texto de la moción del 30 de marzo de 2012, aprobada con el apoyo del PNV y Bildu, la abstención del PSE y el rechazo del único concejal del PP, en la que se dice:

La bandera española es un símbolo impuesto bajo amenaza de sanción en nuestra institución. En contra de la voluntad mayoritaria de los/las Elgoibartarras, en contra de la capacidad decisoria de sus representantes. Ello constituye una falta de respeto a la voluntad popular, una negación del derecho a decidir libremente. He ahí la bandera, símbolo de esta situación, puesta por quien no desea hacerlo, a la que el viento ondea con ironía.

La convivencia y la concordia entre diferentes por las que siempre luchó Jaime Arrese pagando el precio con su vida, aparecen manipuladas por el nacionalismo vasco en Elgóibar para dar rienda suelta a una interpretación sectaria de la sociedad vasca en donde parece que la única pluralidad existente es la de los nacionalistas. Los mismos que aplaudieron el asesinato de Arrese, los mismos que se pusieron de perfil, utilizan sus palabras para justificar un ejemplo más de la impugnación del nacionalismo vasco al Estado democrático de derecho en España.

Jaime Arrese Arizmendiarrieta más un número infinito de apellidos vascos, era vascoparlante practicante, un hombre fiel a su objetivo de convivencia y concordia sintiéndose por igual muy elgoibartarra, muy euskaldún y muy español. Como las tres banderas que ondearon en el balcón del ayuntamiento de Elgóibar durante sus últimos 110 días como regidor, sin mociones de rechazo a ningún símbolo, sin placas justificando complejos o pretextos para incumplir la ley. Nacido en una numerosa familia carlista humilde, asentada en Elgóibar desde hacía tres generaciones, era un hombre que optimizó las contadas oportunidades vitales que tuvo con esa combinación de entusiasmo, bonhomía, simpatía y caballerosidad que le definían. Trabajaba como responsable de administración de Arriola y Cía, y como contable en varios negocios de Ángel Usabiaga, un empresario que no dudó en enemistarse con el todopoderoso Ángel Berazadi, director gerente de Sigma (la firma de máquinas de coser), precisamente porque los dos se disputaban para sus empresas el know-how de Arrese. Se lo disputaron como si fuera un fichaje estrella de fútbol, deporte que Arrese practicaba como amateur en el C.D. Elgoibar, club en el que coincidió con Josechu Araquistain y Juan Cruz Sol, dos futuros jugadores internacionales del Real Madrid.

Llegó a la corporación municipal por el tercio de cabezas de familia el 7 de febrero de 1971[151] , en una renovación por cese de siete concejales con el empresario Ángel Ajubita Unzueta al frente del consistorio. Ajubita, fundador de una pequeña empresa de tornillería, hizo frente a tres lustros de cambios profundos en el municipio del Bajo Deva por la gran demanda de mano de obra para la industria de la máquina-herramienta y las fundiciones. La localidad guipuzcoana tuvo los mismos problemas que otras de la comarca cuyo crecimiento demográfico desmedido, por la llegada en aluvión de población foránea, se tradujo en problemas como la insuficiencia de viviendas, servicios e infraestructuras. Después de casi dieciséis años al frente del consistorio, Ángel Ajubita cedió la makila de mando a Jaime Arrese el 17 de abril de 1974, quien desde el minuto cero pensó en una gestión más próxima a sus convecinos que al régimen franquista. Así se lo dictaba su vocación de servicio público: sin cobrar un duro, sin abandonar su trabajo y ejerciendo un rato al mediodía o a partir de las seis y media de la tarde. De esa manera encaró los problemas mencionados anteriormente, heredados del anterior regidor, con un padrón municipal que no paraba de crecer.

Hizo realidad un instituto de enseñanza media en su pueblo e impulsó la regularización de la ikastola en la que matriculó a sus hijos para aprender la lengua que hablaban en casa, inculcándoles siempre que el euskera servía para comunicarse y no para diferenciarse. En lo que más destacó fue en su desconexión con el Movimiento franquista cuyo jefe local era paradójicamente él, una especie de «no alineado»: ni con el grupo de alcaldes de Vergara ni con el consejo de la Diputación de Guipúzcoa de Araluce. Rechazó sin dudarlo el cercano proyecto de central nuclear de Elorriaga-Itxaspe y se comprometió en la defensa de los derechos humanos de sus vecinos, enfrentándose incluso a mandos de la Guardia Civil sobre los que tenía la sospecha de actuaciones al margen de la ley o de abusos de autoridad. Los hijos de Jaime Arrese recuerdan todavía que, cuando su padre era alcalde, sonaba a horas intempestivas el teléfono o el timbre de casa. Venían a buscar a la primera autoridad civil del municipio —máximo responsable del orden público— después de la detención de vecinos de Elgóibar. Y lo hacían porque siempre manifestó especial interés por las condiciones de los arrestados, firmes candidatos a los malos tratos y la falta de garantías procesales, especialmente durante el Estado de excepción, lo que le obligó a pasar muchas horas en el cuartelillo de la Benemérita o en la comisaría de la Policía Armada en San Sebastián.

Llamaba sin dudarlo al poncio de turno o se enfrentaba con los guardias, incluido su máximo responsable Antonio Tejero, como cuando intentaron reventar las fiestas del pueblo o como cuando coincidió la presencia de la Policía Armada a punto de cargar con los niños saliendo de la ikastola. Su vigía por los derechos humanos se complementaba con sus reivindicaciones de autogobierno plasmadas en mociones del consistorio elgoibartarra, como la restauración foral y del régimen concertado para Guipúzcoa. En 1976 llegó a mandar una carta a la Casa Real invitando al rey a inaugurar la ikastola de Elgóibar, a la que, por mediación del monarca, el Consejo de Ministros había declarado como obra de interés social[152]. La gran preocupación de Jaime Arrese era la dimensión que estaba alcanzando el terrorismo, principal amenaza a la convivencia y concordia que él defendía. La madrugada del 8 de abril de 1976 volvió a sonar en horas de sueño el teléfono del 4º B, en el número 10 de la calle Antonio Arrillaga. Un policía municipal pedía al alcalde Arrese que se personase rápidamente para confirmar a la Guardia Civil la identificación de un cadáver con un tiro en la nuca, encontrado por una pareja de novios en la curva de Jaúregui, junto a la carretera entre Elgóibar y Azcoitia por Azcárate.

Jaime Arrese nunca olvidó la impresión que le produjo ver el cadáver de Ángel Berazadi Urbe, el director gerente de Estarta y Ecenarro o Sigma. Al único yerno del emprendedor Eulogio Estarta, con 58 años, le secuestró un comando de ETA-pm y le tuvo confinado durante casi veintiún días en una sucia estancia en el desván del abandonado caserío Ipiola, en el centro de Itziar (barrio de Deba), a unos 16 kilómetros de Elgóibar. Hubo intentos de negociación por parte de la familia y del PNV frenados en seco por la helada impasibilidad de su interlocutor Eugenio Etxebeste, Antxon. El negociador etarra, en sus inicios en la dirección de ETA en el santuario vascofrancés, no hizo nada por salvar la vida del nacionalista Berazadi, a la que él puso como precio 200 millones de pesetas (1.202.024 euros). Hizo menos por salvar la vida en julio de 1997 a Miguel Ángel Blanco, un mes antes de su extradición a España, en el ocaso de su influencia en la dirección de ETA. Cuando se trataba de posibles víctimas, el ideólogo y dirigente de la banda no conocía a nadie, ni siquiera a su primo Ramón Baglietto.

Sobre el trágico final del secuestro hay diferentes versiones: una, que la banda terrorista se mostró inflexible con el rescate solicitado (200 millones de pesetas) imposible de pagar para la familia. Dos, que había un principio de acuerdo, pero que el enlace entre la dirección y los raptores no llegó a tiempo, o que las diferencias entre los dirigentes de la banda, Eduardo Moreno Bergareche Pertur y Miguel Ángel Apalategui Apala, precipitaron el asesinato. Y tres, que el comando que retenía a Berazadi se sintió acorralado por la Guardia Civil, ya que la mitad de Itziar sabía que tenían al empresario. Las simpatías políticas de Ángel (rebautizado como Aingeru por los nacionalistas) Berazadi por el PNV hicieron que el crimen fuera condenado por los jeltzales. Era el primer asesinato que condenaban, cuando ETA llevaba anotadas más de 49 víctimas en su sangriento historial. El quinto secuestro de ETA fue el primero que la banda resolvió con la muerte de su rehén. El crimen conmocionó a la sociedad vasca en general y al municipio de Elgóibar en particular. La capilla ardiente fue instalada en Sigma, donde sus trabajadores lloraron su muerte, y al funeral asistió todo el pueblo con los empleados de Berazadi trasladando su féretro.

Todo en medio de un impresionante silencio recordado cuarenta y dos años después. Ese silencio espeso unido a la indiferencia de los cómplices fue también la respuesta de los vecinos de Elgóibar cuando la viuda Carmen Estarta, su hijo y sus cinco hijas se fueron para siempre del País Vasco. Al día siguiente del asesinato, sin hacer las maletas, abandonaron su residencia en el donostiarra barrio de Intxaurrondo. Cerraron el hermoso palacete Villa Yeyette, que tiempo después la viuda de Berazadi donó al consistorio capitalino. De allí al aeropuerto y a su casa de veraneo. A los tres días toda la familia emprendió un viaje de una semana por Oriente. Volvieron a la casa de veraneo, menos los dos pequeños, Enrique y Cristina, que terminaron sus estudios en Madrid. Siempre lo más lejos posible. Lejos del dolor y la injusticia, al sur, muy al sur de España, de Europa o de América, desperdigados por ahí con la decisión de no volver jamás. Así lo hicieron la viuda, Carmen Estarta Ansola, fallecida en 2008 en Tenerife o su hija Menchu, fallecida en 1995 en Sotogrande. Nunca volvieron, excepto Cristina, la menor, que lo hizo en 1996 para asistir a la boda de una íntima amiga. Volvería un par de veces más.

Quedó una calle que todavía recuerda a su padre o abuelo, Eulogio Estarta, el prohombre de la industria en Elgóibar. Quedó un velado recuerdo al directivo asesinado cada vez que homenajeaban a las víctimas del terrorismo del municipio guipuzcoano, con la asistencia de alguna prima suya y nadie de la diáspora familiar. ETA les dejó una herida incurable en el alma que les condenó al silencio durante cuarenta años. En 2016, la familia Berazadi Estarta recibió una carta de perdón de dos de los tres miembros del comando que asesinó a su padre (el tercero, autor material del crimen con 17 años, murió en un tiroteo con la Guardia Civil en 1980). En la misiva pedían perdón y expresaban su arrepentimiento. Probablemente, esas líneas largamente esperadas impulsaron a Cristina Berazadi a romper el silencio de cuatro décadas. En 2017, por primera vez, decidió asistir a un homenaje a su padre. Lo organizaba Confebask, la patronal vasca, recordando a los empresarios víctimas del terrorismo. Cristina volvió, recordó a su padre entre aplausos, se emocionó y habló a los medios. Nadie de la familia lo había hecho desde que se fueron. Sólo les quedó en la distancia el vínculo emocional con su tierra.

El viernes 13 de mayo de 1977 un rumor circuló insistentemente por Elgóibar: el alcalde había dimitido. Con discreción, Jaime Arrese había dictado esa semana su carta de dimisión para mandarla al gobernador civil. Una manifestación con menos de un centenar de vecinos en la que se había pedido su dimisión fue el detonante para poner fin a su carrera política provisionalmente. Un mes después votaría a Demócratas Independientes Vascos, el sucedáneo de UCD en Guipúzcoa. Más adelante, con algunos encuentros previos en el balneario de Alzola y la mediación de sus amigos Joxe Txiki Larrañaga, Ramón Baglietto y Marcelino Oreja, se afilió a Unión de Centro Democrático participando en diversas reuniones por toda la provincia para aquella tarea impagable que fue el intento de implantación de UCD en Guipúzcoa. Menos imposible era la elección de un diputado por la única circunscripción en la que el partido del gobierno no había conseguido representación porque no había podido presentarse con sus propias siglas. Adolfo Suárez encomendó el objetivo a Marcelino Oreja. La papeleta de UCD, encabezada por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, tenía como número dos y tres a Jaime Arrese y Jaime Mayor Oreja.

Los tres presentaron a los medios la lista en unas condiciones de clandestinidad que adelantaban la campaña que iban a poder realizar. Por razones de seguridad tuvieron que recurrir al salón del domicilio particular de los padres de Jaime Mayor Oreja en la donostiarra calle de Oquendo[153]. La campaña tuvo más de lo mismo: las recomendaciones policiales invitaron a no realizar ni un solo acto público. El único mitin, por llamarlo así, fue un acto reservado a amigos y familiares de afiliados el último día de campaña en un hotel donostiarra y sin publicidad. Marcelino Oreja participó en entrevistas a medios y encuentros con profesionales dados a conocer al término de los mismos. Fue una campaña invisible en la calle con mucho anuncio en prensa, cuñas en la radio y vallas publicitarias. Conseguido el objetivo de las elecciones generales, la elección de Marcelino Oreja, un mes más tarde, en los comicios municipales y forales, el objetivo era más modesto: obtener representación en las Juntas Generales de Guipúzcoa. Para llegar al parlamento foral de la provincia sólo consiguieron presentar con las siglas de UCD dos candidaturas en los distritos electorales de Azpeitia y Vergara. Marcelino Oreja reunió en el santuario de Aránzazu a sus candidatos y, tras encomendarse a la patrona de Guipúzcoa, con más valor que optimismo, intentaron hacer campaña[154].

Desde luego el balance de partida no podía ser más desalentador: en las elecciones a los ayuntamientos guipuzcoanos el PNV se presentaba en 60 localidades, PSE-PSOE en 40, Herri Batasuna en 31, Euskadiko Ezkerra en 27 y UCD en ninguna. Un mes antes, Unión de Centro Democrático había sido en Guipúzcoa la cuarta fuerza a 7260 votos de la tercera, Herri Batasuna, y a 9312 de la segunda, el PSOE. De los 81 procuradores o junteros elegidos en los cuatro partidos judiciales guipuzcoanos, UCD consiguió 3 y la Coordinadora Independiente (en la que estaban integrados los centristas) 4. Jaime Arrese, cabeza de lista por Vergara, fue elegido juntero con gran satisfacción para él por ser un abanderado de la foralidad. Con su cargo de representante en la cámara provincial, el exalcalde de Elgóibar se integró de pleno en el partido de Adolfo Suárez como miembro de la Comisión Ejecutiva provincial. Este órgano tenía previsto reunirse para tratar la dimisión de Marcelino Oreja como presidente provincial y como diputado nacional por su nombramiento como primer delegado del Gobierno (gobernador general), tres días antes de su toma de posesión.

Para su dimisión como diputado se barajaban dos posibilidades. La primera, que le sustituyera Jaime Mayor Oreja, que dejaría su puesto en el Parlamento vasco a Juan de Dios Doval (asesinado por ETA-pm el 31 de octubre). Y la segunda, que Mayor Oreja siguiera en la cámara autonómica y Jaime Arrese fuera al Congreso de los Diputados. Esta segunda era la más factible, de hecho, Arrese se veía ya como diputado. El 21 de octubre, el nuevo gobernador general —con rango de ministro— juró primero el cargo en Madrid y después se presentó en Vitoria a la sociedad vasca en un acto en un hotel de la capital alavesa. Ese mismo día, aprovechando un paseo por el vitoriano parque de La Florida, Mayor Oreja y Arrese cambiaron impresiones sobre la situación de seguridad de los cargos de la UCD vasca a los que la rama político-militar de ETA había puesto en su punto de mira. El asesinato del dirigente alavés José Ignacio Ustarán puso en alerta a todos menos a Jaime Arrese. Se sentía querido por sus vecinos, no había recibido amenazas y su confianza en que no iba a ocurrirle nada era total:

Por mí no te preocupes. De todos los fortines que podría encontrar para refugiarme, ninguno tan seguro como Elgóibar. Todo el mundo me conoce allí, de todos me considero amigo y no hay nadie a quién no haya hecho algún favor cuando era alcalde. Hasta los de ETA saben que alguna cosa me deben[155].

Cuarenta y cinco horas después de aquella conversación con Jaime Mayor, los autónomos le asesinaban en el corazón de Elgóibar. Un silencio como el del asesinato de Ángel Berazadi envolvió de nuevo a la capital de la máquina-herramienta. La vida cotidiana de Jaime Arrese estaba en la plaza de la Magdalena. A un lado, su trabajo con los números, nóminas y balances de Arriola y Cía. Al otro, el bar Iriondo donde cada día prácticamente a la misma hora tomaba su café después de comer como un ritual obligatorio. Durante un breve periodo de tiempo le pusieron como escolta a un guardia civil, Anselmo Durán. El cabo primero de la Benemérita iba de acompañamiento, como efecto disuasorio, pero a Arrese no le gustaba nada lo de llevar escolta. Se sentía libre, jamás pensó que fueran a por él. Terminó ganándose como amigo al agente extremeño padre de numerosa familia con residencia en la casa cuartel del pueblo. El 9 de octubre de 1978, pasadas las seis de la tarde, Anselmo Durán salió del cuartel vestido de paisano. Caminó un tramo hacia el centro del pueblo. En ese momento fue ametrallado desde un automóvil estacionado en las cercanías que se dio a la fuga después de los disparos. El cabo primero permaneció en el suelo sobre un gran charco de sangre hasta que se lo llevó un Land Rover del cuartel de la Benemérita.

Una de las primeras personas que se acercó al guardia moribundo fue su hijo Luis, de 13 años. Cuando vio a su padre con ocho impactos de bala se echó a llorar desconsoladamente y volvió corriendo a casa. El agente fue trasladado a un hospital donostiarra donde ingresó cadáver. El atentado fue reivindicado por los Comandos Autónomos a través de una llamada telefónica a Egin. También los autónomos conocían la costumbre de café diario de Arrese en el Iriondo. El 23 de octubre de 1980 dos células de los CAA se echaron a cara y cruz sus dos objetivos para esa jornada: el delegado de Telefónica en Guipúzcoa, José Manuel García Cordero y el dirigente de la UCD guipuzcoana, Jaime Arrese. Conocían al detalle sus rutinas diarias. A las dos y media de la tarde dos pistoleros entraron en el Iriondo y dispararon siete tiros al juntero de UCD, de los que cuatro impactaron en su cuerpo (dos en la cabeza y dos en el tórax). La noticia del atentado corrió por Elgóibar, aunque en la prensa se vio eclipsada por un suceso de gran relevancia como fue la muerte de cincuenta niños y tres adultos por una explosión de gas en un colegio público de Ortuella, y otras dos víctimas mortales más en sendos atentados de ETA y los CAA.

El asesinato causó conmoción porque Arrese gozaba de muy buena consideración en su municipio. Hubo una condena generalizada, excepto entre la gente de HB, a pesar de que el crimen fue obra de los autónomos a los que en teoría rechazaban. La repulsa institucional fue encabezada por la Diputación y las Juntas Generales de Guipúzcoa, al tratarse del primer cargo de elección popular asesinado por el terrorismo abertzale. El día del crimen una mujer viuda veló durante toda la noche el cadáver de Jaime Arrese en su domicilio particular. Era una forma de expresar su dolor por la injusta muerte de un hombre al que ella sentía que le debía eterno agradecimiento. Seis años antes de la muerte de Franco su hija, Ione Etxabe Garate, fue detenida en una ocasión y tiempo después decidió exiliarse al sur de Francia por su vinculación a ETA. Ione Etxabe era maestra en la ikastola, profesora de los hijos de Jaime Arrese y precisamente a él acudió la madre de Etxabe. Su marido sufría una enfermedad terminal y quería ver a su hija antes de morir. Arrese pidió permiso al gobernador civil pero éste se lavó las manos y el alcalde decidió ir por su cuenta corriendo un riesgo importante. Logró traer al pueblo a la chica durante unos días en los que pudo dar el último adiós a su padre.

Después, el regidor se la jugó de nuevo por ella para trasladarla de nuevo a Francia. La amnistía permitió la vuelta de Ione Etxabe a su pueblo y a su empleo en la ikastola, participando en la política local. Fue elegida concejal de Herri Batasuna en cuya candidatura local iba de número tres en 1979. La tarde del asesinato de Arrese, el ayuntamiento de Elgóibar se reunió en sesión extraordinaria para condenar el asesinato, declarar un día de luto y asistir a los actos en memoria del exalcalde y militante de UCD. Asistieron 14 de los 17 concejales. Se ausentaron el alcalde, Luis Arrieta Barrenetxea, de viaje profesional en Estados Unidos, un concejal de Elgoibarko Ezker Indarra (EE, ESEI e independientes) y la edil abertzale Ione Etxabe. Se aprobó una moción de seis puntos que contó con los votos favorables de los corporativos de PNV, PSOE, PCE-EPK y Elgoibarko Ezker Indarra, y la abstención de los dos ediles de HB presentes. Ione Etxabe fue incapaz de condenar públicamente el crimen de los Comandos Autonómos, pero no le dejó indiferente. 22 días después de ese pleno, en un escrito dirigido a la corporación, la concejala abertzale dimitió argumentando que tenía que cursar sus estudios de Magisterio (¿era profesora de ikastola sin título?) lo que le impedía asistir a comisiones municipales en las que era vocal.

Quedó en apariencia desligada de HB, aunque su nombre aparecería entre los candidatos suplentes en la lista de Herri Batasuna en Elgóibar, en las elecciones municipales de 1983. Los pistoleros reivindican el crimen con una llamada a Egin y un comunicado surrealista en dos entregas en el que exigen derechos humanos. Dicen que matan al militante de UCD porque este partido es «el que más representa hoy al capital y al Estado», a la vez que cuestionan el pasado de Arrese durante el franquismo. No llegan a reconocer ni de lejos que se han equivocado. Las investigaciones policiales acusaban del atentado a Juan Carlos Arruti Azpitarte, Paterra, y también a José Luis Salegui Elorza, Txipi. Este último murió en 1997 de un infarto en México. Paterra y Txipi eran militantes de los CAA de la zona del Urola. Es imposible que no tuvieran ningún conocimiento de quién era Jaime Arrese, de su pasado político bien visto hasta por gente próxima a HB. Paterra fue condenado en 1990 por la muerte de Jaime Arrese a 29 años de prisión y una indemnización económica a los familiares de la víctima de 20 millones de pesetas. Detenido en 1989 y condenado por 14 asesinatos, saldrá de la cárcel en 2013 beneficiado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. 24 años de prisión por 14 víctimas, 20 meses por cada una de ellas. Llegó a estar condenado a unos 1285 años de prisión por 10 atentados y 14 muertes.

En el caso del político de UCD de Elgóibar, los autónomos consiguieron movilizar por primera vez de forma masiva a un municipio contra el terrorismo, el mismo que ocho años después también sería escenario del inicio de la reacción social contra ETA. Al día siguiente del asesinato de Arrese la localidad del Bajo Deba permaneció casi paralizada. Las Juntas Generales de Guipúzcoa se reunieron en Elgóibar. A propuesta del diputado general Xabier Aizarna (PNV) condenaron por unanimidad (con la ausencia de HB), una moción de condena por el asesinato de su compañero señalando que por su muerte «no existirá nunca justificación alguna». A las honras fúnebres acudió una amplia representación institucional encabezada por el ministro Agustín Rodríguez Sahagún, el presidente del Parlamento vasco, consejeros del ejecutivo autonómico, dirigentes y diputados nacionales de UCD, cargos locales y forales de la provincia, así como representantes de PNV, PSE y PCE, convocantes de la manifestación posterior. Miles de personas marcharon en silencio, otra vez el silencio, desde la iglesia en la que se celebró la misa para volver a la plaza de los Fueros, después de pasar por delante del bar donde mataron a Arrese.

Fue la manifestación más grande que se conoce con gente del pueblo, exceptuando las del recibimiento a Arnaldo Otegi. Después llegó el olvido. Cuando el hijo menor de Jaime Arrese terminó COU, la viuda e hijos se fueron a vivir a San Sebastián para empezar otra vida. Los años siguientes al asesinato estuvieron marcados por comentarios con mala intención, malas miradas y algunos desplantes. La capital guipuzcoana les permitió llevar una vida más anónima y tranquila, lejos de su pueblo de toda la vida.

LA DÉCADA PERDIDA DEL CENTRO DERECHA VASCO NO NACIONALISTA

El final de la UCD vasca empezó en 1980

La UCD vasca comienza a incubar una crisis permanente en 1980 que se mantendrá hasta la desaparición del partido tres años más tarde. Los catastróficos resultados cosechados en las primeras elecciones autonómicas, el 9 marzo de 1980, dejaron prácticamente noqueada a su raquítica afiliación en el País Vasco. UCD consiguió 78.095 votos y 6 escaños en una cámara de 60, cuando, según las encuestas que supuestamente manejaban los dirigentes ucedistas, les daban una horquilla entre 10 y 14 escaños. Estimulado por esos datos, Jaime Mayor Oreja, cabeza de lista por Guipúzcoa, llegó a asegurar al comienzo de la campaña electoral que se podían producir «grandes sorpresas» con los resultados[156]. Y, sí, se produjeron con UCD, tras una campaña en la que sus responsables intentaron vender sus logros, incluso con algunas obras públicas del Gobierno que todavía tardarían entre tres y cinco años en ponerse en funcionamiento, como el puente de Róntegui o el hospital de Galdácano. Los votos conseguidos fueron el 46,31% de los escrutados un año antes en las elecciones generales. Excepto en Álava, donde los centristas vascos se situaron como segunda fuerza, conservando un 70% de los sufragios de los comicios generales, en Guipúzcoa y, sobre todo en Vizcaya, el desplome fue total.

En ambas provincias consiguieron sentar en el nuevo parlamento a sus cabezas de lista, pero se dejaron más de la mitad de las papeletas obtenidas en las generales de 1979 (entre el 55% y el 61%). Si el escrutinio de 1980 hubiera sido sobre los 75 escaños que tiene el Parlamento vasco desde 1984, UCD hubiera conseguido 9 parlamentarios. Sumados a los 2 de Alianza Popular, el resultado hubiera sido muy similar al del Partido Popular en 1994, cuando finalizó la «travesía del desierto» iniciada cinco años antes. En aquel momento el objetivo de UCD era ser la segunda o tercera fuerza política vasca y tener capacidad de influencia en la organización de la nueva comunidad autónoma. La composición de la cámara vasca, itinerante durante dos años hasta su ubicación definitiva en el antiguo instituto Ramiro de Maeztu de Vitoria, impedía que los líderes centristas vascos pudieran ser imprescindibles a la hora de articular mayorías con el PNV. Los jeltzales, con la anunciada ausencia de los 11 parlamentarios de Herri Batasuna, tenían una mayoría de 25 frente a los 24 que sumaban el resto de los partidos de la oposición. En esa situación los peneuvistas decidieron construir un país a su medida, para los suyos, sin contar para nada con el resto de las fuerzas políticas ni en las grandes ni en las pequeñas decisiones.

Para la formación del lehendakari Carlos Garaikoetxea, consenso era que los demás se sumasen incondicionalmente a sus propuestas. Además, en el PNV habían llegado a la conclusión, tras las negociaciones para el estatuto de Guernica, que si había que negociar algo con Madrid tenían línea directa con La Moncloa sin tener que contar con la sección vasca del partido gubernamental. Los dirigentes políticos e institucionales del PNV estaban muy ensoberbecidos por tener en monopolio la «triple corona» del poder institucional vasco, los grandes ayuntamientos, las tres diputaciones y el gobierno autonómico, sin necesidad de tener que repartir o consensuar nada. Y menos con UCD, a quien marginaban deliberadamente. A la frustración por los malos resultados en las urnas y la incapacidad de influir en la nueva era de la política vasca, hay que unir la campaña de ETA-pm contra la UCD vasca comentada anteriormente. La UCD vasca no tenía ni rumbo ni estrategia. No había un discurso o una línea política coherente. Eran, para regocijo del nacionalismo, una mera sucursal del partido gubernamental que más que UCD del País Vasco era UCD en el País Vasco.

Los efectos de la crisis en estado latente que atravesaba la formación centrista en Madrid tuvo reflejo inmediato en sus menguadas filas vascas. Primero, el partido se dividió entre «críticos» y «oficialistas». Los «oficialistas» eran los afines a Adolfo Suárez, liderados en Euskadi por Chus Viana. La figura del presidente del Gobierno quedó muy tocada durante 1980 por la moción de censura fallida del PSOE, la división y descomposición del grupo parlamentario, y los desastrosos resultados electorales en Cataluña, País Vasco y el referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico en Andalucía. Entre sus correligionarios vascos se levantaron voces muy críticas por la ausencia del presidente Suárez en los funerales de sus compañeros asesinados, que subrayaba la sensación general de abandono que tenían. Las embestidas terroristas unieron y dieron cohesión a los que decidieron mantener el carné de la UCD vasca, pero pronto afloraron las diferencias por motivos personales o de estrategia política. Durante 1981, la dimisión de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno y líder de UCD, y el Congreso Nacional de Palma de Mallorca, aumentaron las diferencias entre los suaristas y los críticos en las filas centristas vascas. Comenzó la batalla por controlar el partido en el País Vasco entre Marcelino Oreja y Chus Viana, en medio de una profunda crisis que dejó herido de muerte al partido del donut verde y naranja.

La pugna entre Marcelino Oreja y Chus Viana por la UCD vasca

La caída de Adolfo Suárez fue aprovechada por la familia democristiana de UCD, que intentó controlar el partido para convertirlo en la versión española de la Democracia Cristiana italiana o la Unión Demócrata Cristiana alemana. Uno de los abanderados del giro democristiano fue Marcelino Oreja, quien paradójicamente no terminó en las filas del Partido Demócrata Popular. El exministro de Exteriores defendía una tendencia ideológica en alza a nivel nacional en filas de UCD, frente al alavés Jesús Viana más próximo a un enfoque liberal y suarista nostálgico. El presidente de la UCD vasca, estrechamente unido a Adolfo Suárez, compartió con él unas largas vacaciones de más de un mes por Estados Unidos y Panamá, iniciadas por el expresidente tres días después de que fracasara el 23-F. Fueron casi cinco semanas para desconectar y también para planear un futuro político que pasaba por controlar UCD o fundar un nuevo partido a medida de Suárez. Durante la estancia de Viana en Contadora, en el Golfo de Panamá —entonces un destino turístico de lujo— se organizó un pequeño «golpe de Estado» en la UCD vasca que pretendía desplazar al líder alavés. A su regreso vacacional consiguió sofocarlo, pero la división en Euskadi entre los dos sectores era cada vez más profunda.

Era una versión vasca del pulso en Madrid entre Leopoldo Calvo-Sotelo y Adolfo Suárez. El primer enfrentamiento entre Viana y Oreja llegó en junio de 1981 con la elección de los presidentes provinciales. En Álava nadie dudaba del liderazgo y el control de la organización de Chus Viana. La asamblea provincial le reeligió con un respaldo del 85% de los compromisarios el 4 de julio de 1981. Ese mismo día el presidente alavés decidió presentarse a la reelección para presidir la organización vasca de UCD, pero no las tenía todas consigo. Antes, el 26 de junio, los afiliados vizcaínos y guipuzcoanos habían elegido a sus respectivos líderes. En Guipúzcoa, Jaime Mayor Oreja conocía prácticamente a todos los afiliados y ninguno cuestionaba su gestión al frente de la organización provincial, la más tocada por la amenaza terrorista. Además, era miembro de la ejecutiva nacional del partido, lo que reforzaba su candidatura única pensada como trampolín para dirigir el partido en el País Vasco. No hubo sorpresas y además contó con la bendición y presencia de Marcelino Oreja en el cónclave provincial. La guerra se desencadenó en Vizcaya entre Julen Guimón, afín a los Oreja, y Adolfo Careaga, respaldado por Jesús Viana, a pesar de que éste lo negase en la prensa[157].

Guimón procedía de la extinta Democracia Cristiana Vasca, lo que le acercaba más a Marcelino Oreja y Jaime Mayor. Desde hacía tiempo mantenía tensas relaciones con Viana por la muy discrepante interpretación que ambos hacían del proyecto de Ley de Territorios Históricos. Julen Guimón era muy crítico con las cesiones vizcaínas a favor del territorio alavés, donde más fuerte era su partido. También defendía la necesidad de una nueva política, acordada con Madrid, en la que hubiera más autonomía de los órganos centrales y en la que incluso pudieran utilizar la marca «centristas vascos». Una de sus aportaciones al Congreso de Palma de Mallorca fue la separación de los cargos de presidente del partido y presidente del Gobierno siguiendo el modelo del PNV. Una posible victoria de Julen Guimón en el congreso vizcaíno de UCD suponía de antemano el final de la presidencia de Jesús Viana de los ucedistas vascos. En esa situación, Viana apostó por Adolfo Careaga, presidente de la Junta de Obras del Puerto de Bilbao y exportavoz en el consistorio de la capital vizcaína, donde los divididos concejales de UCD apoyaban al PNV gratis et amore con una sumisión alarmante a uno de los peores alcaldes que ha tenido la primera ciudad vasca.

La presencia de Chus Viana y del suarista Agustín Rodríguez Sahagún reforzaba psicológicamente al candidato vizcaíno del primero. Adolfo Careaga venció por tres votos a Julen Guimón. El apoyo de las Juventudes fue decisivo. Una victoria pírrica y muy ajustada hasta en la elección de compromisarios para el congreso regional, traducida a un empate que podía reproducirse en la siguiente cita congresual. La previsión inicial era que la asamblea regional tuviera lugar en noviembre, pero los problemas internos del partido obligarían a dos aplazamientos para diciembre y enero. Las únicas noticias que había en la prensa sobre la UCD vasca eran las relacionadas con su crisis interna. Sólo se conocían las tensiones y rencillas internas, nada del trabajo de sus parlamentarios y diputados. No había ni partido ni proyecto ni rumbo. La tensión fue tan extrema que dejó tocadas hasta las relaciones personales entre los principales dirigentes. En el mes de noviembre de 1981 la ruptura entre Marcelino Oreja y Chus Viana fue casi total a raíz de la petición de dimisión del primero como delegado del Gobierno «por su continuo alejamiento del partido», que planteó el día 10 la ejecutiva alavesa, por 14 votos a favor, 3 en contra y una abstención.

La causa era una cena del delegado del Gobierno con Manuel Fraga en su residencia oficial en Vitoria, con presencia de gente de Alianza Popular, medios de comunicación y banca. Lo que se presentó como una cena «con un viejo amigo» del delegado del Gobierno fue en realidad un primer tanteo para futuras alianzas en el reducido espacio de centro derecha en el País Vasco. Cinco días antes de aquella solicitud, en una conferencia de Marcelino Oreja en Bilbao ante militantes vizcaínos, a la que asistió de incógnito Chus Viana, éste pidió la palabra para defender durante 23 minutos la gestión del expresidente Adolfo Suárez, criticada por un antiguo ministro suyo al que había ascendido hasta la categoría de embajador, la principal en la carrera diplomática. La solicitud de dimisión de Oreja de la UCD de Álava se volvió contra su líder. La militancia alavesa, excepto contados afiliados, vio con malos ojos la elección de Marcelino Oreja como delegado del Gobierno un año antes, quizá porque era un cargo muy codiciado por Chus Viana. Se habían visto algunos desencuentros, pero la decisión de la ejecutiva alavesa fracturó el partido. Hubo afiliados vizcaínos y alaveses que firmaron solicitudes de adhesión a Oreja en anuncios publicados en los diarios vascos de más tirada.

En Vizcaya, alrededor de una decena de compromisarios elegidos para el congreso regional, llegaron a constituir el llamado «colectivo liberal Nervión» para mediar entre los dos grupos enfrentados. En esa situación Marcelino Oreja dio un paso adelante y anunció su candidatura. Fue una decisión muy arriesgada porque una derrota hubiera supuesto un final abrupto de su carrera política. Al día siguiente, 18 de noviembre, Jesús Viana confirmó la suya. Uno de los suyos, el presidente vizcaíno, Adolfo Careaga, intentó disuadirle para que se retirara, pero en eso Viana tenía más de navarro que de alavés. Incluso se llegó a plantear su nombramiento como director general de RTVE. ¿Por qué no renunció? Sin duda alguna por una cuestión de orgullo, coherencia y lealtad hacia Adolfo Suárez, por el que tenía auténtica veneración. Chus Viana se reivindicaba como líder histórico, como fundador del partido que había estado al frente del mismo en los momentos difíciles, y como principal defensor del suarismo en tierra vasca. Pero la situación siguió complicándose con una petición de moción de censura contra él y la noticia de que ETA-m había intentado atentar contra Marcelino Oreja en Vitoria.

La fecha del decisivo congreso de UCD del País Vasco quedó fijada para el 8 de enero en el hotel Canciller Ayala de Vitoria, con dos líderes tan enfrentados que contaban cada voto posible de los 123 compromisarios. Chus Viana contaba, según él, con los votos de los 42 compromisarios alaveses y con la mitad de los 41 vizcaínos. Es decir, sumaba 63, mayoría absoluta, lo que le dejaba a Marcelino Oreja con los votos de los 40 compromisarios guipuzcoanos y 20 de los vizcaínos. La clave estaba en Vizcaya, en 3 votos dudosos, y hasta el propio expresidente Adolfo Suárez llegó a llamar personalmente a algunos compromisarios vizcaínos para que votasen a su hombre en Euskadi. Hubo una campaña muy intensa, con un alto riesgo de finalizar su carrera política el posible perdedor, pero lo que en realidad había era un partido sin ningún poder real que se descomponía por personalismos, ambiciones y miserias humanas. Quizá ahí es cuando se forjó la leyenda de «pocos y mal avenidos» que durante muchos años acompañó al centro derecha constitucionalista en Euskadi. La guerra interna llegó hasta las filtraciones del número de afiliados. Había un dato muy dramático: se comentó que el número de afiliados había descendido a la mitad desde alrededor de un millar, en apenas año y medio.

Como respuesta, Chus Viana llegó a asegurar que el número de bajas no era tal, que incluso se habían sumado nuevas fichas de afiliación, pero las cifras que mostraba dejaban en evidencia que no había músculo: 691 afiliados (251 en Vizcaya, 240 en Álava y 200 en Guipúzcoa). Casi todos recibían la información del partido en cartas anónimas, sin remitente, para no ser relacionados. El PNV, sólo en una de sus juntas locales en Bilbao, tenía más afiliados que UCD en el País Vasco. El congreso regional de la UCD vasca tuvo interés nacional por la presencia del secretario general, Iñigo Cavero, en conversación permanente con el presidente del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo. Finalmente se impuso Marcelino Oreja por 65 votos frente a 53 de Chus Viana, con 3 nulos y 2 blancos. Al hasta entonces presidente le fallaron algunos alaveses y la mayoría de los votos vizcaínos esperados. Fueron determinantes Julen Guimón y un pequeño grupo de bilbaínos y guechotarras dirigidos por Pilar Aresti y Ramón Churruca. El nuevo presidente Marcelino Oreja apuntaba a un nuevo comienzo, a un relanzamiento del partido con un nuevo estilo marcado por dos documentos, de organización y estrategia, que había que elaborar.

Demasiado tarde, pues la formación centrista estaba ya herida de muerte en las provincias vascas. La nueva ejecutiva se reunió por primera vez una semana más tarde, bajo un retrato de Adolfo Suárez y la ausencia de su fiel escudero en la organización vasca. Comenzaron los abandonos, aunque el primero que abandonó la UCD vasca fue su propio electorado.

La Gran Coalición de la sopa de letras

Durante el primer semestre de 1982 la progresiva descomposición de UCD es noticia prácticamente a diario. La ruptura del grupo parlamentario en el Congreso obligaba a pactarlo casi todo cuando todavía quedaba un año de legislatura. El presidente del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo decide aguantar así hasta donde se pueda y ese límite es el final de agosto cuando decide adelantar las elecciones cinco meses. La misma táctica sigue Marcelino Oreja que, con el adelanto electoral a la vista, decide aguantar hasta el mes de julio como delegado del Gobierno, siendo sustituido por Jaime Mayor Oreja durante cinco meses. En ese semestre Oreja intenta controlar el timón de la UCD vasca mientras sortea diferentes polémicas con Xabier Arzalluz y el Gobierno vasco. Los intercambios dialécticos con el caudillo jeltzale no eran novedad desde su candidatura a diputado por Guipúzcoa en 1979. De hecho, Arzalluz fue el único líder de un partido vasco que jamás se reunió o entrevistó con Marcelino Oreja. Las controversias con el Gobierno vasco comenzaron con el proyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, más conocida como LOAPA, que terminaría siendo aprobada con los votos de UCD y PSOE. El PNV hizo casus belli de la nueva norma que tenía en el delegado del Gobierno su principal abogado defensor.

Otra gran polémica fue la de las señalizaciones de tráfico durante el Mundial de fútbol de 1982, organizado en España y con una de sus sedes en Bilbao. El ejecutivo vasco, sin competencia para ello, decidió colocar en las carreteras de la comunidad unas señales de tráfico que informaban de la distancia a la capital vizcaína, con las grafías del Mundial´82 pero sustituyendo con ikurriñas el logotipo oficial del campeonato, con una bandera española. La aparición de muchas señales con la bandera vasca pintada de negro provocó una dura respuesta del consejero de Cultura Ramón Labayen insinuando que la autoría de las pintadas podía venir del delegado del Gobierno, quien había pedido su retirada. Labayen acusó a Oreja de intentar «humillar al pueblo vasco» y de «ultraje» a la bandera. Nadie le recordó al consejero vasco, un nacionalista de los más sectarios, que siendo concejal en San Sebastián había rechazado la candidatura donostiarra a sede mundialista, lo que ponía en entredicho su interés por el torneo. La falsa acusación tuvo como consecuencia que las Juntas Generales de Guipúzcoa declarasen como persona non grata a Marcelino Oreja, una sanción moral que duró 25 años. Fue revocada con los votos de PP y PSE, la oposición de Aralar y la abstención de PNV y EA.

El PNV utilizó ambas discusiones para, una vez más, poner en el bando de los enemigos del pueblo vasco al partido del Gobierno y, especialmente, al presidente del mismo en la comunidad autónoma. Marcelino Oreja pensaba en clave de adelanto electoral y para ello aumentó los contactos con Alianza Popular con la idea de buscar una fórmula de colaboración que sumase en las urnas. El presidente de la UCD vasca apostó por la coalición desde el principio. Un mes después de ser elegido, el 5 de febrero, centristas alaveses organizaron en Vitoria una cena-homenaje que tuvo las características de un acto preelectoral, con presencia de una destacada representación de AP de Álava y un discurso de Oreja de elevado tono alavesista. El posible acuerdo con AP fue rechazado por dirigentes y cargos del partido que terminaron en otras formaciones surgidas del mismo, como Centro Democrático Social, Partido Demócrata Liberal y Partido Demócrata Popular, fundados por Adolfo Suárez, Antonio Garrigues y Óscar Alzaga, respectivamente. En UCD vasca, los que quedaban, eran conscientes de que no se podía acudir ya a ninguna cita electoral en solitario, lo que obligaba a pactos electorales con AP e incluso con los nuevos partidos de centro derecha, porque eran demasiadas siglas para un espacio cada vez más reducido.

El diario La Gaceta del Norte anunció en septiembre[158] en primera, la creación en tres días de la que bautizó como «Gran Derecha», convirtiéndose casi en el órgano de la misma. El mismo diario señalaba que en la nueva conjunción de fuerzas de centro derecha en las tres provincias estarían representados AP, UCD y los liberales y democristianos, en ese momento con más siglas que afiliados en el País Vasco. El objetivo máximo, según el diario desaparecido año y medio después, era cinco escaños: dos en Vizcaya, otros tantos en Álava y uno en Guipúzcoa. Los mismo que había conseguido UCD en 1979. La organización de la coalición se alargó más de lo anunciado, casi hasta apurar la fecha y hora límite por el reparto de los primeros puestos en las listas, la financiación de la campaña y las dudas de los liberales. La campaña electoral se basó en actos sectoriales, charlas-coloquio con aforos muy limitados, caravanas electorales y cuñas en radio. La Gaceta del Norte respaldó a la coalición con artículos de Marcelino Oreja y Florencio Aróstegui, titulares y editoriales muy favorables y poniendo el acento en los temas que interesaban al electorado conservador: enseñanza, familia, divorcio y aborto.

Los líderes de los partidos que formaban la alianza de centro derecha hicieron campaña en las capitales vascas, con Landelino Lavilla llamando «fascistas» en Logroño a los de AP y pidiendo el voto para la coalición con AP en Bilbao. No faltó un sorprendente apoyo: el de la Comunión Tradicionalista. Pasó muy desapercibido en la prensa por la marginalidad de los seguidores de Sixto de Borbón, pero tenía su aquel que los tradicionalistas pidieran el voto para una coalición en la que había un partido llamado liberal. La unión cuatripartita fue un caso único en España, ya que UCD renunció a ir con AP en el resto de España. Ni siquiera en Navarra, donde iba coaligado el partido de Fraga con los regionalistas. Si UCD se hubiera sumado a ese acuerdo electoral es bastante probable que hubieran ganado en la comunidad foral un escaño más como primera fuerza. Los resultados electorales no fueron ni de lejos los esperados: 139.148 votos, 2 escaños y cuarta fuerza. En Álava, donde aspiraban ganar, hubo que conformarse con un tercer puesto y en Guipúzcoa faltaron 6850 votos para conseguir un escaño. Los resultados eran mejores que los de UCD en 1977, pero si se sumaban los votos del CDS (21.826), estaban a casi 40.000 votos de los más de 200.000 que aportaron UCD y AP en 1977 y 1979.

Hasta las siguientes elecciones, las municipales y forales, en mayo de 1983, a UCD le quedaban en el País Vasco algunos concejales y junteros que no terminaron la legislatura con las siglas con las que fueron elegidos. El grupo de 6 parlamentarios vascos se dividió: 4 se pasaron al CDS y 2 al PDP. El 18 de febrero de 1983 se anunció en Madrid la disolución de UCD. En las semanas siguientes el partido apagó la luz y cerró la puerta de sus sedes en el País Vasco. Sus afiliados optaron por irse a casa o a los partidos de la coalición. En Guipúzcoa, la gran mayoría de los afiliados terminaron en el democristiano PDP. En Vizcaya hubo más reparto entre AP, PDP y liberales. El único dirigente que no cambió de partido fue Marcelino Oreja, que conservó su escaño por Álava en el grupo popular del Congreso hasta septiembre de 1984. Hubo unanimidad entre los últimos de UCD vasca en que siguiera la coalición porque no había otra alternativa. Hasta las municipales de 1983 las únicas noticias de la derecha vasca que aparecían en los medios tenían que ver con las deudas de UCD, sus disputas internas, su presencia irrelevante en las instituciones o sus discursos de siempre.

Coalición Popular, un invento creado y extinguido en el País Vasco

La fórmula de Coalición Popular (CP) como lista única electoral que aglutinase a todos los partidos de ámbito nacional de centro derecha, con la participación de regionalistas de algunas comunidades, nació y murió en el País Vasco. Duró cuatro años. La desaparición de UCD simplificó en las provincias vascas aquella horrorosa «sopa de letras», AP-PDP-PDL-UCD, que quedó al igual que en el resto de España. El modelo de coalición electoral se inspiraba en parte en la coalición gobernante en Alemania entre 1982 y 1998, con conservadores, democristianos y liberales. En el País Vasco CP funcionó con altibajos. Los partidos pequeños aportaban poco o sólo el nombre para carteles y listas electorales. Los democristianos de Óscar Alzaga intentaron tener una estructura mínima en las provincias vascas con la apertura de tres pequeñas sedes en las capitales, pero el índice de afiliación fue bajísimo. No pasaron de los 180 carnés. Dentro de la coalición contribuían con un puñado de cuadros políticos y candidatos con experiencia procedentes de UCD. El precedente negativo en las urnas de la Democracia Cristiana Vasca no animaba mucho. Se sabía que existían porque su logo estaba en la publicidad electoral y salían en la prensa cuando tenían algún congreso o asamblea.

En el País Vasco celebraron durante 1985 asambleas provinciales para ofrecer una imagen de presencia y organización mínima con la que cuestionar la etiqueta de «partido fantasma» que les había colocado el PNV, molesto por la participación del PDP en la internacional democristiana europea. Aunque eran pocos rentabilizaron muy bien su presencia, porque de sus filas salieron algunos de los principales políticos del centro derecha con CP o el PP vasco, como Jaime Mayor Oreja, Julen Guimón, Carlos Iturgaiz, Alfonso Alonso o Iñaki Oyarzábal. El caso de los liberales era más preocupante: en cuestión de afiliados les sobraban la mitad de las plazas de un autobús. No llegaron a pasar de los treinta en Vizcaya. En Guipúzcoa y Álava se contaban con los dedos de una mano. El partido era una marca que fue cambiando de nombre prácticamente con la misma gente. Empezaron desde la Sociedad Euskalerría en 1981, con el periodista Germán Yanke como alma máter para recuperar la tradición liberal y foral vasca. Era uno de aquellos clubes liberales presentes en las principales ciudades de España y promovidos por Antonio Garrigues Walker y Eduard Punset, que sirvieron para organizar primero el Partido Demócrata Liberal (PDL) y después el Partido Reformista Democrático (PRD), dos formaciones que tuvieron un sólido respaldo financiero y se estrellaron en las urnas.

El 30 de julio de 1982 apareció el Partido Liberal Vasco (PLV) de Germán Yanke y Juan Luis Barandiarán, presentado en Bilbao con Antonio Garrigues y Julio Pascual[159]. El nuevo partido se integró en el PDL de Garrigues y después en la Unión Liberal (UL) de Pedro Schwartz. A raíz de la fusión del PLV con UL en julio de 1983 hubo dos interpretaciones contrapuestas entre dos sectores que se disputaban la dirección del mismo. Pilar Aresti, portavoz de la gestora del partido de Garrigues (PDL), remarcó que «los únicos liberales vascos» eran los suyos y no el grupo de Juan Luis Barandiarán. Aresti precisó que el PLV no estaba registrado y que ella tenía un poder notarial de Antonio Garrigues para crear en el País Vasco el partido de los liberales vascos[160]. Bienvenidos a la confusión por un microespacio y la disputa por la autenticidad liberal de dos facciones de salón ficticias. En realidad eran dos grupos de amigos con nombres de partido liberal. Antonio Garrigues nunca vio futuro en el País Vasco para sus partidos y optó por dejar el espacio de centro derecha en exclusiva al PNV. Lo hizo primero con el PDL y después con el PRD, que paradójicamente sí fundó en la vecina Navarra.

Los liberales vascos, como se hacían llamar aquel colectivo de amigos de Bilbao y Neguri, más parecido a un club gastronómico elitista, se pasaron en bloque en 1983 a la Unión Liberal (UL) de Pedro Schwartz y Esperanza Aguirre, y en 1985 al Partido Liberal de José Antonio Segurado. A pesar de la salida del PDP de la coalición en 1986, mantuvieron su nombre en la misma hasta las elecciones vascas de ese año, las últimas en las que hubo carteles de Coalición Popular. Las elecciones municipales y forales de 1983 eran un borrón y cuenta nueva para el centro derecha no nacionalista. Coalición Popular pretendía mejorar o mantener los resultados de UCD en 1979, pero reaparecieron los fantasmas del pasado. El miedo volvió a estar presente en la elaboración de las candidaturas hasta en Álava. El propio presidente de AP en este territorio, Pedro Morales Moya, manifestaba meses antes de esos comicios que las acciones terroristas «han condicionado y condicionan la libertad de formación de candidaturas en el País Vasco». Morales pensaba que no se podía buscar a «héroes y mártires» entre los aspirantes a concejales: «Tiene que quedar claro que mientras el PNV tiene esa libertad garantizada para formar candidaturas donde le dé la gana, una coalición como la nuestra está condicionada de forma grave»[161].

Ese condicionamiento por el miedo al que hacía referencia el presidente alavés de AP llegaba a zonas como la Rioja alavesa, donde nunca hubo víctimas del terrorismo, donde HB no existía, donde el nacionalismo era un fenómeno desconocido en las primeras elecciones municipales en las que el PNV llegó a tener antes concejales que juntas locales. Las subvenciones de la Diputación alavesa cambiaron el mapa político. En esas condiciones, Coalición Popular presentó únicamente 3 candidaturas en Guipúzcoa (San Sebastián, Irún y Zumárraga). En Vizcaya pudo tener listas en 15 municipios, entre ellos los 8 más habitados, pudiendo llegar al 75% de la población de la provincia. Y en Álava hubo papeletas en la mitad de los ayuntamientos del territorio. Los resultados fueron buenos en Guipúzcoa, a pesar de conseguir sólo 5 decisivos concejales en las dos principales ciudades. En Vizcaya estuvieron muy por debajo de la horquilla entre 30 y 50 ediles que se habían fijado. Fueron 27, con pérdidas en cuatro grandes localidades (Bilbao, Baracaldo, Guecho y Santurce) en las que UCD había sumado más. En Álava fueron 65 ediles, un tercio menos que UCD en 1979, y el premio de consolación de ser los más votados en cinco localidades con tres mayorías absolutas (Laguardia, Ribera Alta y Zambrana).

El CDS tuvo que conformarse con 2 ediles en la pequeña localidad alavesa de Ribera Baja. Menos mal que trajeron a Vitoria en campaña a su líder nacional, Adolfo Suárez. Por otro lado, la Coalición consiguió sentar en las juntas generales de los tres territorios a 14 representantes, con un peso muy destacado en Álava (9 procuradores), presencia ineficaz en Vizcaya (4 apoderados) por la mayoría absoluta del PNV y existencia testimonial en Guipúzcoa con un solo juntero. Los resultados fueron acogidos con cierto entusiasmo en filas de la Coalición, especialmente en AP, porque proporcionaban visibilidad, presencia institucional hasta entonces desconocida, y también votos determinantes en los consistorios capitalinos y las Juntas Generales de Álava. Las elecciones locales tuvieron una segunda vuelta para la Coalición Popular vasca nueve meses más tarde en el Parlamento vasco. La idea inicial era recomponer y homogeneizar los antiguos electorados de UCD y AP para conseguir una representación igual o superior a la conseguida por centristas y aliancistas en 1980. Por iniciativa de Euskadiko Ezkerra y CP, con el beneplácito del PNV, se aumentó el número de escaños de 60 a 75, pero no benefició a la Coalición.

El bloque tripartito consiguió unos resultados relativamente aceptables y alentadores que servirían como mínimo de referencia histórica para el centro derecha no nacionalista: 100.000 votos, 7 escaños y cuarta fuerza. La ausencia del CDS, por motivos económicos, dio la exclusiva del voto de centro derecha a la Coalición, que vio la cita electoral como una oportunidad única para consolidarse en el mapa político vasco. Internamente no sentó nada bien entre los cargos de AP la candidatura a lehendakari de Jaime Mayor Oreja, sobre todo a Florencio Aróstegui quien se postuló como candidato natural hasta enero de 1984. Entre los días 27, 28 y 29 de ese mes, durante el VI Congreso Nacional de AP celebrado en el Palacio de los Deportes de Barcelona (por la proximidad de las elecciones catalanas), el secretario general de la formación conservadora Jorge Verstrynge, reunió en un vestuario del recinto a Javier Zarzalejos, Carlos Robles Piquer, Pedro Zubiría, Antonio Merino y Florencio Aróstegui para confirmarles definitivamente que este último no sería candidato a lehendakari de CP. La noticia fue recibida con amargura por Aróstegui que ante la sorpresa de todos rompió a llorar.

Hay que recordar que Florencio Aróstegui era el dirigente aliancista vasco más conocido y reconocido en el País Vasco y el resto de España, por sus estrechos contactos con la dirección nacional del partido (fue miembro del Comité Ejecutivo), su buen trabajo parlamentario y su valiente discurso. En una época en la que AP sólo tenía 2 parlamentarios y 3 concejales en las tres provincias vascas, la labor política de Aróstegui destacaba en solitario convirtiéndose en un referente. Los enfrentamientos públicos con la dirección de su partido en el País Vasco, sus problemas empresariales y su resistencia a diluir el perfil propio de AP en la coalición le fueron distanciando progresivamente hasta su expulsión. Durante la campaña de las elecciones vascas de 1984, Florencio Aróstegui evitó que los carteles de Jaime Mayor Oreja aparecieran en Vizcaya. Fue la primera campaña en la que hubo presencia en las calles, en libertad condicional, de una opción de centro derecha vasco-española. La presencia de Manuel Fraga en mítines y repartos de propaganda movilizaba contra él a los abertzales más ultras que siempre intentaban sin éxito reventar su agenda electoral.

En la localidad guipuzcoana de Zarauz, tras un mitin del líder de la oposición en el instituto Lizardi, explotaron dos pequeñas bombas de escasa potencia cuando Fraga firmaba fotos, programas y libros, y la mayoría de los asistentes había abandonado el local. El atentado lo reivindicaron los Comandos Autónomos y apenas causaron daños materiales. Tras el escrutinio quedaba la posibilidad de influir en la política vasca en el modelo institucional, que ya creaba disenso en las filas del PNV. La crisis de los jeltzales, con la dimisión del lehendakari Carlos Garaikoetxea, sustituido por José Antonio Ardanza, con un perfil más posibilista, y el bloqueo del Parlamento vasco entre gobierno y oposición, plantearon en las filas de CP la posibilidad de ofrecer un pacto de gobernabilidad al PNV, rechazado por los jeltzales. El nuevo lehendakari Ardanza buscó un pacto de legislatura con el grupo parlamentario socialista que, hábilmente, se abstuvo de firmar su partido para no despertar las críticas de HB y no sentirse atado por un acuerdo inédito con españolistas.

La decisión de los nacionalistas de pactar con el PSE estaba ligada también en sus deseos de romper el bloqueo de las transferencias competenciales con el Gobierno de España y de poder pactar las leyes orgánicas con la mayoría socialista en el Congreso y el Senado. La alianza parlamentaria entre PNV y PSE fue recibida con enormes reservas y escepticismo en CP, porque quedaba fuera del juego de las grandes decisiones. Hay que tener en cuenta que el Parlamento vasco era entonces (1984-1985) una cámara infrautilizada, con mínima producción legislativa, lo que restaba protagonismo a una institución muy cuestionada por HB, a la que su inoperancia le daba la razón. A partir del acuerdo de legislatura en Vitoria, la Coalición centró sus iniciativas en la lucha contra el terrorismo, convertida en su principal preocupación y reivindicación. En mayo de 1985, CP presentó una propuesta de programa interdepartamental para luchar contra el terrorismo por valor de 510 millones de pesetas, una de las partidas presupuestarias más elevadas. En la iniciativa popular se implicaba a cinco consejerías y al Parlamento vasco poniendo el acento en la educación escolar y la concienciación ciudadana en lo que CP consideraba «el principal problema del País Vasco».

Fue sin duda alguna un plan audaz que iría acompañado por la búsqueda en el Parlamento vasco de plenos monográficos para debatir sobre el terrorismo o de una declaración institucional de respaldo a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Salvo algún apoyo puntual de los socialistas vascos, Coalición Popular se quedó sola en la defensa de sus iniciativas, que nunca prosperaron. A pesar de ello, el terrorismo no dejó de ser el leitmotiv de su actuación política. En junio de 1985, José Manuel Barquero, un catedrático de instituto que había debutado en la política vitoriana dos años antes como independiente[162] , sustituía en la secretaría general de CP vasca a Javier Zarzalejos, considerado entonces una de las grandes esperanzas de futuro del partido de Manuel Fraga. Zarzalejos volvería a la política una década más tarde estrechamente vinculado a José María Aznar en La Moncloa. Coalición Popular, con Julen Guimón de presidente, Jaime Mayor de portavoz, ambos del PDP, y el recién incorporado José Manuel Barquero, tenía como dirigentes a personas ajenas a la primera Alianza Popular vasca.

Alianza Popular toma el relevo de UCD en el País Vasco

La desaparición de UCD en 1983 hizo que la formación centrista pasara el testigo a la organización vasca de AP como principal fuerza política del espacio del centro derecha vasco no nacionalista. El partido liderado por Manuel Fraga había realizado su particular «travesía del desierto» durante un lustro negro, con unas pesadas deudas de más de 40 millones de pesetas en Vizcaya, siendo un partido fantasma en Guipúzcoa y en Álava, con tres concejales y esquinados por la fortaleza de UCD. La organización vizcaína era la que tiraba del carro, gracias a Antonio Merino, un infatigable grupo de mujeres de Bilbao y Guecho, y los jóvenes de Nuevas Generaciones, que realizaban la mayor parte de las actividades con proyección mediática. AP de Vizcaya perdió a uno de sus líderes más valiosos, Jesús Pérez Bilbao, cuando éste tuvo que marcharse a Madrid en 1980 dirigiendo el partido en la principal provincia vasca, por amenazas y seguimientos de ETA detectados por la Policía. Era también el presidente de Alianza Popular del País Vasco y había participado en la redacción de borrador del estatuto de Guernica, defendido en solitario ante una ejecutiva nacional de AP que lo rechazaba. En la misma estuvo como secretario general adjunto entre 1979 y 1982[163].

La desaparición del núcleo fundador, por amenazas de ETA o desavenencias ideológicas, la pérdida de afiliación o la autoexclusión de buena parte de la misma, la deuda millonaria y los malos resultados dejaron el partido al borde de la desaparición. El dinero de las cuotas (en recibos mensuales, trimestrales, semestrales o anuales) que muchos afiliados por seguridad evitaban pagar por domiciliación bancaria, daba vida al partido impulsado por mujeres sin complejos, como Pilar Gana, Magdalena Arteche, Pilar Yohn o la empresaria Dolores Aguirre. Los jóvenes, renovados y moderados, después de un primer grupo de Nuevas Generaciones de extrema derecha que se dio de baja, daban la cara en la calle, la universidad y la prensa con iniciativas educativas e incluso medioambientales. En octubre de 1983, el balance del partido en Vizcaya no podía ser más alentador en datos de afiliación. Habían crecido un 30% desde el último congreso celebrado en noviembre de 1981. Pero el proyecto de apertura de nuevas sedes se había quedado en el papel. En Guipúzcoa y Álava también crecían las fichas de afiliados, pero con cuentagotas.

Los congresos provinciales y regional[164] celebrados en 1985 fijaron una redefinición de estrategia política, determinada por la crisis del PNV, su alianza parlamentaria con el PSE, la evolución del terrorismo de ETA y el discurso foralista. Los líderes vascos de AP se plantearon consolidar la coalición ya que en el País Vasco no había las dificultades existentes en otras partes de España con el PDP. Los liberales, la otra fuerza auxiliar de Coalición Popular, no dejaban de ser un mero apéndice artificial aliancista. Para los conservadores vascos, la coalición era la mejor fórmula para un cambio de imagen que garantizase su implantación en la comunidad autónoma más adversa. Coalición Popular era para AP el camino hacia el centro y la moderación. También expresaba un compromiso inequívoco con las libertades y la modernidad para un partido liberal-conservador que buscaba en Europa su total homologación con los conservadores daneses y británicos (a pesar de una Margaret Thatcher recelosa de «los amigos fascistas de Fraga», como decía ella), o haciendo guiños a los gaullistas franceses o el Fianna Fáil irlandés. Ya no se hablaba de Franco, ahora los referentes eran Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Jacques Chirac y Helmut Kohl.

En las provincias vascas, los responsables de AP más jóvenes trataban de huir de la imagen que les ligaba con antiguos gestores de la dictadura franquista y con una débil defensa de los derechos fundamentales. No ayudaban en absoluto las diferentes tendencias que coexistían en la dirección nacional, la edad y el pasado de algunos dirigentes o las declaraciones de Fraga sobre el terrorismo y las medidas de excepción contra el mismo. El congreso vasco de AP en junio de 1985, siguiendo la pauta de presidencia rotatoria por provincias, eligió al guipuzcoano Roque Arámbarri como nuevo líder del partido. Arámbarri, de origen carlista, con 68 años no reflejaba la imagen de renovación que se buscaba. Los recelos de vizcaínos y alaveses fueron reprimidos por el respaldo incondicional de Fraga, cinco años más joven, que no veía ningún inconveniente en el primer presidente vasco de AP que hablaba euskera mejor que castellano. El debate se fijó en la autonomía de los partidos de la coalición fuera de los periodos electorales y en la relación con los órganos centrales de Madrid. Marcelino Oreja había pedido desde el principio la independencia en el funcionamiento de la Coalición Popular vasca, porque la dependencia restaba operatividad, dilataba la toma de decisiones y siempre se reflejaba una total ausencia de criterios propios.

En 1985 comenzaron a surgir las críticas y disconformidades con las declaraciones y posicionamientos de Madrid, donde había un total desconocimiento de la realidad vasca. Se repetía otra vez la historia de UCD. Las opiniones de Fraga sobre Estado de excepción o de la posibilidad de acabar con el terrorismo «en seis meses» amenazaban las tareas de cambio de imagen del centro derecha vasco desde Coalición Popular.

Los dos primeros pactos frustrados de AP con el PNV

El PNV, acostumbrado durante la primera legislatura a hacer un país a su medida para los suyos, sin negociar nada con el resto, se encontró a pocos meses de terminar la primera legislatura con un plante en bloque de toda la oposición en el Parlamento vasco que impedía el quorum de la mitad más uno de los escaños para poder reunirse. Los 25 escaños de los jeltzales, mayoría absoluta en condiciones normales, eran insuficientes frente a los 24 que sumaban PSE, Euskadiko Ezkerra y Grupo Mixto, por la ausencia de los 11 parlamentarios de HB. El 4 de marzo de 1983 se votaba la legislación electoral para las Juntas Generales (los parlamentos provinciales) y los nacionalistas querían una normativa que les beneficiase electoralmente para controlar todo el entramado institucional vasco (gobierno autonómico y tres diputaciones). La salida al pasillo de la oposición fue criticada por el PNV, que parecía olvidarse de su irresponsable abandono del Congreso y el Senado, en enero de 1980, tres meses después de aprobarse el estatuto de Guernica y dos meses antes de las primeras elecciones autonómicas.

La situación se desbloqueó tres días más tarde después de que el exsenador jeltzale Mitxel Unzueta, por orden de Xabier Arzalluz, pactara por teléfono con Miguel Herrero de Miñón la entrada de los 2 parlamentarios de AP, que sumados a los 4 de UCD que se habían pasado al CDS, sumaban los escaños justos para el quorum. Los aliancistas pidieron a cambio tres «contraprestaciones» que Unzueta revelaría un año más tarde en el diario del PNV a raíz de los problemas de su partido en Navarra[165]. Alianza Popular pedía en primer lugar al PNV que no negociara con el PSOE la renovación del Tribunal Constitucional. En segundo lugar, que se modificase la composición del consejo de administración de EiTB, la radiotelevisión pública vasca, para dar entrada a AP. Y en tercer lugar, el apoyo nacionalista a una proposición no de ley sobre el aborto que el parlamentario conservador Florencio Aróstegui iba a presentar. Los que siempre han presumido de la palabra dada no cumplieron nada. El voto libre del PNV y la misteriosa desaparición de algunos papeles sobre este acuerdo impidieron que prosperara la iniciativa de AP. ¿Quién del PNV ordenó hacerlos desaparecer?

Dos meses más tarde, después de las segundas elecciones locales y forales, el PNV temeroso de un posible acuerdo entre PSE, Euskadiko Ezkerra y Coalición Popular que le arrebatase los ayuntamientos de Bilbao y Vitoria, y la diputación alavesa recurrió a la coalición de centro derecha para evitarlo. El acuerdo a tres no era posible porque Euskadiko Ezkerra se negaba a unir sus votos con los de los populares para respaldar a candidatos socialistas. Y fue un error porque hubiera cambiado por completo el mapa político vasco. La coalición de centro derecha exigió a los nacionalistas a cambio de su abstención o el voto a sus propios candidatos, el apoyo o abstención de sus tres parlamentarios en Pamplona para que fuera posible un presidente de la Comunidad Foral propuesto por Unión del Pueblo Navarro y Coalición Popular. El 8 de junio de 1983, el regionalista Balbino Bados fue elegido presidente del Parlamento de Navarra con los 21 votos que sumaban UPN y CP frente a los 20 del PSN. La abstención del PNV permitió su elección. Pero en el larguísimo procedimiento para la elección del presidente navarro, la negativa de los jeltzales navarros a cumplir el acuerdo terminó con su expulsión del partido, la disolución de la organización del PNV en el Viejo Reyno y el comienzo de una larga crisis hasta la escisión de Eusko Alkartasuna.

El incumplimiento de los acuerdos enfadó bastante a los conservadores. Miguel Herrero de Miñón telefoneó a Mitxel Unzueta para pedirle explicaciones. Primero, Herrero le leyó un párrafo sobre el valor de la palabra de los vascos. Después, irónicamente le preguntó si en el PNV había vascos de palabra. Eso de lo que siempre presumía falsamente Arzalluz. A pesar de los resultados frustrantes (muy beneficiosos para el PNV) ambos políticos mantuvieron una estrecha relación que había comenzado tiempo atrás, cuando el Congreso era también sede del Senado y el diputado de CP era portavoz de UCD en la cámara baja. Fueron primando las relaciones personales sobre las diferencias políticas con muchos cafés, paseos por el Congreso y nada de vínculos familiares como se apuntó en más de un medio. Las relaciones entre Herrero y el PNV se fueron intensificando durante el debate constitucional desde enero de 1978. Los nacionalistas vieron en Herrero de Miñón la mejor defensa de sus tesis en las filas de UCD. Lo habían comprobado desde el primer contacto con él en 1977 los históricos Juan de Ajuriaguerra, Manuel de Irujo y Juan Manuel de Epalza, este último tío de su mujer. Los tres veteranos le pusieron en contacto con el diputado por Guipúzcoa, Xabier Arzalluz. A todo ello se refiere Herrero en su libro de memorias[166].

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, además de ser uno de los siete padres de la Constitución de 1978, es un erudito en materias relacionadas con los llamados derechos históricos y la reintegración foral. Además, su esposa Cristina Jáuregui Segurola (fallecida en 2015) era nieta de Fernando Jáuregui y Coste, diputado monárquico y presidente de la Diputación de Vizcaya. Herrero era para los peneuvistas un jurista muy culto políticamente, con una visión del tema vasco próxima al nacionalismo y muy diferente a la que predominaba en los cenáculos políticos madrileños. La relación entre Unzueta y Herrero siempre fue bien vista, tanto por Xabier Arzalluz como por Manuel Fraga. Conviene recordar que Mitxel Unzueta fue el autor intelectual que llevó al PNV a la senda de la reintegración foral en el debate constitucional. El paso de UCD a Alianza Popular de Miguel Herrero de Miñón abre nuevas expectativas a los nacionalistas en sus hasta entonces relaciones imposibles con AP. Manuel Fraga era consciente de que necesitaba tener una relación más cálida y próxima con los jeltzales en su carrera hacia La Moncloa.

Entre 1977 y 1981 el patrón de la derecha había intentado algunas aproximaciones en contactos escasos y contados. El primero con una comida con gente del PNV en el antiguo restaurante Medinaceli de Madrid, de la que los allí presentes sólo recuerdan a Fraga devorando una pierna de cordero y exponiendo su visión netamente foralista del autogobierno vasco ante la atenta mirada de su diputado por Vizcaya, Pedro de Mendizábal. La desaparición de UCD abrió la puerta a contactos con Coalición Popular que Miguel Herrero intentó engrasar permanentemente. Uno de sus «gestos» hacia el PNV fue la redacción de la ponencia política del VI Congreso Nacional de AP, en enero de 1984, en la que introdujo un apartado que hacía referencia a los derechos históricos. A pesar de su gran interés por la cuestión vasca, el diputado de UCD y AP nunca tuvo una relación estrecha con sus compañeros de partido en el País Vasco, donde contaba con algunos seguidores. No le veían con buenos ojos por su carácter distante y altivo, sus excentricidades y sus relaciones con el PNV después de haber incumplido los pactos. Su discurso foralista, que concebía como «fragmentos de Estado» a las provincias vascas y Navarra, encandilaba al nacionalismo.

En diciembre de 1985, Herrero de Miñón proponía en el borrador de ponencia política del VII Congreso Nacional de AP un progresivo acercamiento y colaboración entre Alianza Popular y PNV, que debía culminar en una alianza, al menos poselectoral. En enero de 1986, CP vasca rechazaba cualquier pacto electoral con el PNV con una dura crítica de Julen Guimón a que la política a seguir en el País Vasco se decidiera desde Madrid. Rechazaban al PNV por su «política antiespañola», pero en Madrid no terminaban de entenderlo. Afortunadamente en el VII Congreso Nacional de AP[167] los 30 compromisarios vascos consiguieron que se eliminaran las referencias a los pactos con los jeltzales. Tras ese cónclave estuvieron representados en el comité ejecutivo por Luis Olarra y Roque Arámbarri, dos enemigos de cualquier pacto con el PNV. Los nacionalistas les odiaban porque por sus apellidos, orígenes y conocimiento del euskera les consideraban poco menos que unos traidores. En Madrid parece que algunos dirigentes de los partidos de CP no leían los periódicos o no hablaban con sus militantes vascos. Días antes del congreso de AP, el presidente del Partido Liberal, José Antonio Segurado, en una visita a Euskadi con entrevistas con el lehendakari Ardanza y el presidente del PNV Jesús Insausti, defendió con firmeza un pacto de centro derecha con el PNV para «encontrar un equilibrio en el modelo de Estado»[168].

Eso mismo pensaban en UCD y terminaron desapareciendo mientras el PNV salía fortalecido. La Ley de Territorios Históricos con la que el PNV consiguió el control absoluto de todo el mapa institucional vasco salió adelante con los votos de los representantes del centro derecha no nacionalista acomplejados por la fortaleza de los jeltzales. La lección aprendida entre los líderes vascos de CP era que los pactos con el PNV equivalían a ir liquidando su presencia en el País Vasco. Para ellos sólo era posible la supervivencia con más autonomía con respecto de las sedes centrales y de los dirigentes de sus partidos en Madrid. La ausencia de CP vasca durante la campaña del referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN, en el que se impuso el no en el País Vasco y Navarra, fue una nueva excusa para pedir más autonomía con respecto de Madrid, y también una articulación más singular y un funcionamiento como si fuera un partido. Los columnistas habituales más próximos a CP no dejaron de repetirlo durante los cinco primeros meses de 1986 en la prensa vasca.

Las elecciones que inician la crisis de 1986

Las elecciones generales de 1986 se plantearon como la gran prueba de fuego de CP. El objetivo inicial era aumentar en votos, ser segunda fuerza en Álava para obtener un diputado y un senador, y conseguir dos diputados en Vizcaya y uno en Guipúzcoa.[169] En esta última provincia les faltaron 9083 votos para sentar a su cabeza de lista en el Congreso. En Vizcaya y Álava se quedaron como estaban, con un diputado. Las críticas se dirigieron a los buenos resultados sin diputados obtenidos en las provincias vascas por el Centro Democrático y Social. Los 114.967 votos de Coalición Popular suponían una consolidación a la baja que no dejaba satisfecho a nadie. El partido del expresidente Suárez sumó 32.896 votos más con respecto a 1982. Ese incremento contrastaba con la pérdida de 24.181 papeletas de Coalición Popular. Entre ambas formaciones sumaban 169.691 sufragios, 8717 más que cuatro años antes, lo que irritó más a los líderes de la Coalición, sobre todo en Álava, donde más votos perdieron (casi un 30%). En cuestión de pérdidas mejor les fue en Vizcaya, con una pérdida del 19%, y en Guipúzcoa con un 10% menos que cuatro años antes. CDS y Coalición Popular estaban todavía a más de 30.000 votos de los que sumaron entre UCD y Alianza Popular en las dos primeras elecciones generales.

La campaña electoral había sido relativamente tranquila. El CDS paseó por Bilbao a Adolfo Suárez en jersey, pegó algunos carteles, abrió una minisede en la capital vizcaína y poco más. Su principal activo fue una entrevista de Mercedes Milá en TVE al expresidente con audiencia récord, un mes antes de la cita con las urnas. Con muy pocos recursos el partido de Suárez consiguió los mejores resultados de su historia en unas generales. Como dato de la penuria de medios basta comentar que el CDS sólo pudo contratar 380 vallas publicitarias en toda España. Coalición Popular tuvo la mitad sólo en el País Vasco. La campaña del tripartito de centro derecha fue un tanto chirriante. Primero, con unas polémicas y recurrentes declaraciones del candidato a presidente del Gobierno asegurando que terminaría con el terrorismo «en seis meses» con medidas excepcionales. La presencia de Manuel Fraga en Bilbao no pasó desapercibida. El líder conservador se paseó en un día de lluvia por las principales calles bilbaínas con una enorme paraguas rojo y amarillo que le había regalado un emigrante español en México. Después participó en un mitin que terminó con incidentes por las agresiones verbales y físicas a parte del público, algunos de los cuáles detectaron a militantes de HB, y también del PNV, tomando nota de los asistentes.

El balance electoral no era muy alentador en toda España. Se llegó a la conclusión de que se había tocado techo y que había que plantearse otro proyecto diferente. Los democristianos del Partido Demócrata Popular decidieron crear grupos propios en Congreso y Senado, con una representación que ni de lejos habrían obtenido en solitario, tal y como se demostró un año más tarde. Los dinamiteros de UCD hacían lo mismo con Coalición Popular. Fue el final de la coalición en la que todavía seguirían los liberales hasta las elecciones vascas. A comienzos de septiembre de 1986, la dimisión del número dos nacional de AP, Jorge Verstrynge, y el adelanto electoral por la escisión de Eusko Alkartasuna del PNV dejaron a CP en una difícil situación. La crisis de AP, la salida del PDP y el planteamiento de Jaime Mayor Oreja de crear un nuevo partido, presagiaban un escenario muy complicado ante una inesperada cita con las urnas. El abandono de Alianza Popular de Jorge Verstrynge y la creación de su propio partido, Renovación Democrática, no tuvo ninguna incidencia en las filas de los aliancistas vascos. El fantasmal partido del exsecretario general llegó a tener tres seguidores en Vizcaya, ninguno procedente de AP.

La imagen de crisis en los medios no pudo evitarla nadie. Se arrastraba desde hacía tiempo. ¿Por qué entra en crisis Coalición Popular del País Vasco en 1986? En primer lugar, se constata que hay un descenso de votos de todo el espacio de centro derecha que no se consigue superar con la coalición ni en 1982 ni en 1986. Sumar siglas no era sumar votos. En segundo lugar, no se consigue superar el síndrome de dependencia orgánica y funcional que había con respecto de los órganos centrales de los partidos de la coalición en Madrid. Desde ahí se imponían las líneas de actuación y las fuentes financieras. Una dependencia que se personificaba en Carlos Robles Piquer, cuñado de Fraga, hombre puente con Madrid, visto por algunos como el «comisario» madrileño. En tercer lugar, no había arraigo, conexión con la calle ni adaptación a la política vasca, porque no había una elaboración táctica y doctrinal propia sobre las cuestiones relativas a la singular situación de Euskadi. No había líderes nuevos que representaran un cambio generacional y los líderes que había estaban muy quemados. Además, se transmitía una imagen centralista que no daba votos ni dinero para campañas, lo que se traducía en menor presencia institucional.

En cuarto lugar, la presencia en los medios siempre ofrecía discusiones, conflictos, crisis, enfrentamientos o largos periodos de silencio entre procesos electorales que impedían «vender» lo que se hacía en las instituciones. En quinto lugar, la ausencia de una estructura partidista unitaria obligaba a un complicado proceso de toma de decisiones entre tres partidos muy desiguales por el tamaño de AP con respecto a PDP y PL. Alianza Popular quitaba protagonismo a los otros partidos y terminaba imponiendo sus puntos de vista sobre algunas leyes importantes. Cada organización territorial funcionaba como un partido diferente con cargos descoordinados y distanciados. Y en sexto lugar, el espacio de centro derecha era reducido y fragmentado, lo que obligaba a una sola lista electoral. En las elecciones vascas de 1986 no fue posible una coalición con el CDS a pesar de que hubo varias conversaciones sobre el tema entre Manuel Fraga y Adolfo Suárez, además de una carta del primero, sin respuesta del segundo. Un acuerdo entre ambos hubiera garantizado tres o cuatro escaños más. En las elecciones municipales de 1987 el espacio se dividió más todavía. Sólo en Bilbao, la ciudad más grande, de 14 candidaturas, 4 eran de centro derecha. La única solución era crear un solo partido de ámbito vasco y Jaime Mayor Oreja trabajaba en ello.

Jaime Mayor Oreja quiere crear una UPN vasca

Los malos o pobres resultados de CP en el País Vasco en las elecciones celebradas entre 1982 y 1986, la falta de autonomía y la crisis nacional de la coalición, indujeron a Jaime Mayor Oreja a pergeñar la organización de un nuevo partido de centro derecha españolista de ámbito vasco, similar al regionalista Unión del Pueblo Navarro, que comenzaba a perfilarse como el gran partido de centro derecha en la vecina comunidad foral. El objetivo era convertir Coalición Popular vasca en una opción unitaria con personalidad propia, al margen de Madrid. El proyecto de Mayor Oreja no era precisamente nuevo. La idea de hacer el «partido político» de Coalición Popular del País Vasco y no la coalición de partidos en el País Vasco, no era novedosa. En 1983 ya se especulaba con esa posibilidad. Ocho días antes de una «cumbre» de CP en el parador de Argómaniz se lanzó un globo sonda, Coalición Vasca, que Marcelino Oreja terminaría desmintiendo: ni nuevo partido ni fusión de los partidos de CP en un nuevo partido regionalista vasco[170]. Los tres partidos coaligados rechazaban de plano cualquier proyecto integracionista o la posible participación de independientes que pudieran formar una especie de cuarto partido, como lo era el propio Marcelino Oreja, fuera de cualquier disciplina de partido tras la disolución de UCD.

Detrás del proyecto fallido de Coalición Vasca estaban los Oreja, Marcelino y Jaime, pero el rechazo a su proyecto en la «cumbre» de Argómaniz del 16 de junio de 1983 no les hizo renunciar al mismo. Un año más tarde volvería a plantearse el tema. Juan Ramón Calero, líder de Alianza Popular en Murcia, portavoz en el Congreso, secretario general adjunto de la formación conservadora y fundador del PADE[171] , cuenta que en una «cumbre» de Coalición Popular en San Sebastián, los días 2 y 3 de julio de 1984, Jaime Mayor Oreja planteó la necesidad de que en el País Vasco no hubiera tres partidos, con sus correspondientes sedes y sus fichas diferenciadas:

«Las circunstancias especiales que atraviesa esta región parecían recomendar que se fusionaran los órganos de los tres partidos y que en adelante no se hablase más que del partido de la Coalición. La propuesta de Mayor Oreja fue respaldada por Julen Guimón, secretario general nacional del PDP y diputado por Vizcaya de la Coalición Popular. También se mostró favorable a esta propuesta Pedro Schwartz, por entonces secretario general de Unión Liberal. Sin embargo, se opusieron rotundamente en primer lugar Oscar Alzaga, presidente del PDP y, a continuación, Antonio Fontán, por entonces presidente de UL. Fraga, que había acogido esta proposición con mal disimulado cariño, ya que coincidía con la que él mismo había sostenido en otra reunión de la Coalición celebrada meses antes en Sigüenza, al darse cuenta de la oposición de los políticos presentes salvó la situación con una larga cambiada. La propuesta fue rechazada»[172].

El proyecto esbozado un año antes iba dentro de una ponencia a debatir en la «cumbre» donostiarra, en la que se realizaba una enumeración exhaustiva de las posibilidades que tenía la Coalición entre las que estaba la desaparición de la alianza electoral tripartita y su conversión en un solo partido[173]. Manuel Fraga apostó por la continuidad de la coalición «teniendo cada partido su personalidad y su propia zona de influencia»[174]. El 16 de julio de 1986, después del fracaso electoral de las generales, la iniciativa fue presentada a Manuel Fraga en Madrid, en su despacho de la sede de AP, en un informe escrito al que se le pedía respuesta urgente. Habría dos reuniones más con el líder de AP, una en su despacho de la madrileña calle Génova y otra en Perbes, en la localidad gallega de Miño, durante las tradicionales vacaciones del dirigente conservador. La iniciativa también le fue expuesta al presidente del PDP Oscar Alzaga, con receptividad escasa. Todavía estaba demasiado presente la crisis nacional de CP por la salida de los diputados y senadores democristianos.

Sin embargo, la respuesta fue diferente en medios empresariales y financieros vascos consiguiendo incluso el importante apoyo económico de un conocido banquero de Neguri. La prensa del 22 de septiembre informaba del Partido Popular vasco como proyecto de partido impulsado por Mayor Oreja. La creación de un nuevo partido desde CP fue vista a corto plazo como «precipitada» por los dirigentes de la misma en las provincias vascas, ante la inmediatez de las elecciones autonómicas adelantadas por la ruptura del PNV, que imposibilitaban la constitución a tiempo y en forma de una nueva fuerza política. El argumento era débil porque dos semanas antes se había creado Eusko Alkartasuna, una escisión del PNV liderada por el exlehendakari Carlos Garaikoetxea. Desde Alianza Popular apostaban por no desaparecer en el País Vasco. Lo dejó claro en Madrid el secretario de la Interparlamentaria José María Aznar, el mismo que pidió a Mayor Oreja que siguiera al frente del proyecto de CP presentándose otra vez como candidato a lehendakari. La propuesta del político donostiarra tuvo tímidos apoyos en filas de CP: el liberal Ramón Churruca o el expresidente alavés de AP, Pedro Morales Moya, a punto de retirarse de la actividad política, respaldó el proyecto de Mayor Oreja desde el principio.

Morales fue diputado de UCD por Álava en la legislatura constituyente, pero terminó en el Grupo Mixto del Congreso en septiembre de 1978 por sus discrepancias sobre cómo se trataba la cuestión foral alavesa durante el debate constitucional. El mismo camino seguiría dos meses después el diputado centrista navarro Jesús Aizpún por la Disposición Transitoria Cuarta sobre el contencioso Euskadi-Navarra. Aizpún fundó el 3 de enero de 1979 Unión del Pueblo Navarro, cuya denominación era ya toda una declaración de intenciones: el pueblo navarro unido frente al pueblo vasco que pretendía la integración de Navarra sí o sí. Pedro Morales Moya quiso hacer algo parecido en Álava con un partido foralista. Para salir del paso se afilió a Alianza Popular y se dio por satisfecho con la marca electoral Unión Foral del País Vasco. El batacazo en las urnas le hizo renunciar a su proyecto partidista. Tendría que esperar cuatro años para ver en Unidad Alavesa lo que él quiso fundar. Una semana después de lanzar su idea de partido, Jaime Mayor Oreja se alejó de la política provisionalmente abriendo un paréntesis de seis meses, hasta marzo de 1987.

El diario nacionalista Deia del 29 de marzo de 1987 informaba de que Mayor Oreja ultimaba la creación de un partido de centro-derecha que podría llamarse Unión del Pueblo Vasco. Los promotores de la nueva formación se daban de plazo hasta el 10 de abril para concurrir a las elecciones municipales o aplazar a otoño la presentación del nuevo partido. Con apoyos en Vizcaya y Álava, con algunos nombres de conocidos militantes del PDP o Partido Liberal, Jaime Mayor intentaba de nuevo volver a la arena política aprovechando la división del llamado nacionalismo institucional. Desde los partidos de Coalición Popular, ya disuelta, la iniciativa fue recibida con el mismo recelo y el mismo rechazo que meses antes. Sorprendió mucho la falta de respaldos en Guipúzcoa, donde Jaime Mayor había sido el hombre fuerte de UCD y PDP. Intentó convencer con su proyecto a Gregorio Ordóñez en su casa del donostiarra paseo de Francia. Allí, mirando la desembocadura del Urumea, al portavoz de AP en el ayuntamiento de San Sebastián no se le ocurrió otra cosa que apuntar las posibles denominaciones de la nueva formación: Unión del Pueblo Vasco, Partido Popular Vasco y Nueva Derecha Vasca.

Acompañado por sus compañeros de partido, Pedro Vázquez Jáuregui y Eugenio Damboriena, se dirigieron a la notaría de Ordicia de Ignacio Pagola Villar, hermano de un amigo suyo, donde registraron las actas de constitución de tres partidos políticos. Los tres llevaban las denominaciones que barajaba Mayor Oreja y como sedes pusieron unos pisos de alquiler que tenía la familia de Eugenio Damboriena[175]. Alguna de esas denominaciones registradas todavía siguen inscritas en el registro de partidos del Ministerio del Interior. El proyecto del futuro líder del PP vasco se quedó en una idea que no pasó de la fase teórica. Desde las filas de Alianza Popular estuvo mal visto desde el minuto uno con una coral de voces críticas. Por un lado, los que miraban con decepción a un político del PDP al que habían impulsado como portavoz parlamentario y candidato a lehendakari, que ahora se alejaba de la política cuando más necesitaban un cartel electoral con garantías. Por otro lado, se juntaban todos los detractores de los Oreja, Marcelino y Jaime, a los que siempre habían visto como unos oportunistas incapaces de arriesgar nada, que pretendían crear un «partidito» como un proyecto de laboratorio sin apoyos, sin tiempo, sin demanda, siguiendo el modelo de talonario de UCD.

Alguno recordó incluso cuando Marcelino Oreja se ponía de perfil ante la falta de dinero para las campañas electorales o con las deudas de UCD. Lo que buscaba Jaime Mayor era una reconversión del centro derecha vasco no nacionalista al que quería unir bajo unas mismas siglas ofreciendo una renovación ideológica integral, desde una opción autonomista y autónoma de Madrid. Manuel Fraga siempre lo veía como una nueva versión de CEDA en la Segunda República y temía la posible emulación de otras comunidades. Fraga no quería que las siglas que presidía desaparecieran del País Vasco, lo mismo que pensaban allí los críticos con el proyecto. Curiosamente callaron cuando en 1991 la fusión entre UPN y PP obligó a disolver en Navarra al partido que presidía José María Aznar. El fracaso del partido nonato invitó a Mayor Oreja a retirarse temporalmente de la política. En 1989 volvería como líder del nuevo PP lanzado en paracaídas desde Madrid. Fue recibido con muchos recelos por los que recordaban su abandono tres años antes.

Entretanto hubo un embrión de partido fundado en junio de 1988: la Asociación Liberal y Foral Vasca. Formaron parte destacados militantes y cargos públicos del PDP y Partido Liberal como Enrique Villar, Pepa Lafuente o Fernando Maura que contactan con gente como Javier Peón, Antonio Damborenea, Álvaro Chapa, Antonio Garamendi o Carlos Olazábal, pero que se dan cuenta de que no había posibilidad de hacer un partido. Siguiendo la estela de «la batalla de las ideas» del sociólogo francés Raymond Aron y de los «laboratorios de ideas» o «grupos de reflexión» del país vecino. Estas asociaciones, diferentes a los think tanks anglosajones, surgieron en Francia a finales de los años setenta impulsadas por personalidades próximas al expresidente Valéry Giscard d’Estaing o al exprimer ministro Jacques Chirac. GRECE, CIEL, PAGEL, Club 89, Aries, Astrolabe o CERCLES eran algunos de los referentes de la Asociación Liberal y Foral Vasca cuyos integrantes terminarían en las filas del Partido Popular vasco. Como dato anecdótico señalar que los impulsores de este club político se inspiraron también en el sociólogo francés Alain Touraine, quien llegó a afirmar que la primavera política francesa de 1968 se fraguó en su departamento de la Universidad de Nanterre.

Dos elecciones en medio de una larga crisis

Las elecciones vascas fueron adelantadas quince meses por la situación insostenible derivada de la ruptura del PNV. 13 de sus 32 parlamentarios se habían pasado a EA, el nuevo partido fundado a mayor gloria del exlehendakari Carlos Garaikoetxea, lo que hacía casi imposible la gobernabilidad. Coalición Popular arrastraba los problemas de su ruptura interna, la obligada dimisión de Verstrynge, la crisis de AP en Galicia, a lo que se sumaba ahora la ausencia de un candidato a lehendakari propio. La renuncia de Jaime Mayor, candidato en 1984 y portavoz parlamentario, obligaba a buscar con urgencia un cabeza de cartel. La decisión del PDP de no presentarse a las elecciones vascas hizo que su antiguo número dos nacional Julen Guimón, se pasara a Alianza Popular, donde siempre fue muy bien visto por su lealtad y transparencia. Se imprimieron unos carteles horrorosos que engordaban al improvisado candidato a lehendakari: la imprenta tiró los carteles sin consultar la foto y con un error de composición. Fue el presagio de lo que venía. Manuel Fraga se echó en sus hombros la campaña, como si fuera él candidato, con un presupuesto mínimo: contaban con casi el 40% del dinero gastado en la campaña de 1984.

Hasta el CDS tenía más dinero. Fraga se sintió solo, abandonado en una misión imposible. La patronal y las grandes entidades financieras le negaron su apoyo después de haber tirado a la basura, cinco meses antes, cientos de millones en la Operación Roca y el Partido Reformista Democrático. Hasta el diario ABC le negó su respaldo dos días antes de las elecciones, con una editorial que había que leerla varias veces para creerse su petición de voto útil para el PSE:

…aunque la posición de este periódico contraria a los errores socialistas está clara, en el caso del españolísimo País Vasco no es rechazable que electores de centro y derecha voten, en conciencia, al PSOE como fórmula para salvar lo esencial: la unidad de la Patria española[176].

Fue una campaña con 62 actos, con mucho Fraga, mucho reparto en calle y un final casi surrealista: el día anterior al final de campaña, Julen Guimón habló en la tribuna del Club Siglo XXI de Madrid. Se intentó movilizar a los 2500 afiliados (un 40% eran mujeres) de AP en el País Vasco. Fueron 15 días durante los que se negó la crisis y se miró para otro lado con la debacle anunciada por las encuestas. Pero ésta llegó la noche del 30 de noviembre. Fue, como bien señaló el cabeza de lista guipuzcoano José Eugenio Azpiroz, un «fracaso histórico sin precedentes»[177]. El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, anunció la noche electoral «la desaparición de la derecha». Desde las filas populares, Leopoldo Barreda le recordó siempre que había que celebrar algún éxito en las urnas. Mejor suerte tuvo el CDS porque partía de cero. Hizo una campaña de perfil bajo, basada en su candidato a lehendakari Chus Viana y en la figura de Adolfo Suárez. Fue una campaña muy centrada en Álava, donde tenían a la mitad de sus 400 afiliados, con mensajes muy simples que ayudaba a transmitir la periodista Tonia Etxarri, jefa de prensa de la formación centrista.

El voto de Coalición Popular se dividió con el CDS igual que el del PNV con EA. Los 55.606 de la coalición sumados a los 40.445 de los centristas se quedaban en 96.051, muy cerca de las 100.581 papeletas conseguidas en solitario por Coalición Popular en las elecciones vascas de 1984. En Vizcaya, los populares perdieron 23.443 votos, un 42% de los conseguidos en 1984, casi todos en el Gran Bilbao, sufragios fugados hacia PSE y PNV. En Guipúzcoa perdieron 10.778 votos, casi un 45% de pérdida con respecto a dos años atrás. Y en Álava la catástrofe fue absoluta. Se dejaron casi el 54% de los votos conseguidos en las anteriores autonómicas: de 20.380 pasaron a 9428. Además superados por el CDS en 1611 votos. En esta última provincia la mayoría de los votos perdidos se fueron al PNV que, con la escisión de EA incluida, mejoró en 2000 votos los resultados de junio. Ese trasvase electoral reflejaba la existencia de una derecha no nacionalista de aquí y para aquí. CP pasó de 7 escaños a 2. En Álava de los 3 perdidos, 2 fueron al CDS de Chus Viana. En Vizcaya mantuvieron uno de dos y en Guipúzcoa perdieron el único obtenido en 1984. El CDS quedó como un partido alavés, más bien vitoriano.

La formación liberal no consiguió conservar los votos obtenidos en las elecciones generales de cuatro meses antes. Pasaron de 54.633 votos en junio a 40.445 en noviembre, perdiendo alrededor de 300 papeletas en Álava, 9000 en Vizcaya y 4000 en Guipúzcoa. Desde Alianza Popular echaron la culpa al partido de Viana de su duro revés electoral. Carlos Robles Píquer calificó de «inútil» su presentación. ¿Inútil con dos escaños, los mismos que CP? Eso sonaba a pataleta. Manuel Fraga dimitió de la presidencia de AP no sólo por los resultados de las elecciones vascas. Pensaba que había tocado techo, que su liderazgo estaba agotado. Pero no dimitieron otros, sólo el presidente de AP de Álava, Ramón Rabanera junto con su ejecutiva. En Guipúzcoa, Gregorio Ordóñez hablaba de la necesidad de una «nueva derecha vasca» a construir desde AP. Diez días después de la cita con las urnas, los aliancistas finiquitaban la coalición al decidir ir solos a las municipales para enfado de los contados liberales. Coalición Popular duró cuatro años y tres meses. Ya no contaban ni para el diario conservador ABC. El periódico que dirigía Luis María Ansón apelaba ¡cuatro días después de las elecciones! a un gobierno de coalición entre PNV y PSE, con 19 escaños los socialistas y 17 los jeltzales, pidiendo a Txiki Benegas «la generosidad y la oferta de que sea una personalidad del PNV quien asuma la presidencia del Gobierno vasco»[178].

Al margen de abandonos y rupturas, los aliancistas vascos decidieron seguir adelante en solitario mirando de reojo al CDS, muy tocado por la repentina muerte de Chus Viana, adversario a batir en la siguiente cita electoral. Para el presidente de AP Antonio Hernández Mancha, las elecciones municipales, forales y europeas de 1987 servirían «para clarificar quién es quién en el País Vasco». Su partido presentó candidaturas para cubrir el 87% del censo, buscando candidatos jóvenes o con experiencia para poder tener 15 listas locales en Vizcaya, 21 en Álava y 7 en Guipúzcoa. Los resultados permitieron una ligera remontada con respecto a noviembre. 65.969 votos suponían un incremento de casi 10.000 papeletas con respecto a 6 meses antes y permitían una representación digna para volver a empezar.

En Vizcaya el escrutinio dio 12 concejales en 8 ayuntamientos, que pudieron ser más, pero la presencia de CDS, PDP y alguna candidatura local impidieron por pocos votos la elección de los cabezas de lista en Portugalete (por 71 votos), Santurce (por 147 votos), Basauri (por 272 votos) o Baracaldo (por 166 votos), en este último municipio el PDP consiguió 160. En Álava, AP consiguió 35 concejales, poco más de la mitad de los 65 ediles obtenidos en 1983. Y en Guipúzcoa fue donde mejores resultados se registraron: subieron de 5 concejales (en San Sebastián e Irún) a 7 (3 en San Sebastián, 1 en Zarauz, 1 en Irún, 1 en Tolosa y 1 en Éibar) faltando 49 votos en Fuenterrabía para un edil. En Rentería quedó más lejos. Fue un éxito relativo: de las 3 únicas listas de 1983 se pasó a 7 y hubo concejales de Alianza Popular en cinco municipios guipuzcoanos, algo impensable. Curiosamente en 2015 el PP obtendría el mismo número de concejales. En Guipúzcoa comenzó a notarse el efecto Gregorio Ordóñez con 5000 votos más que en 1983, y eso que en plena campaña electoral los dirigentes guipuzcoanos de AP denunciaron la devolución en Correos de 40.000 cartas dirigidas a electores de la provincia. No sólo había que luchar contra el miedo, también contra los carteros abertzales.

En Juntas Generales hubo presencia en los tres territorios, aunque muy desigual: 4 en Álava, 1 en Vizcaya y 1 en Guipúzcoa. El PDP se presentó casi simbólicamente en las tres capitales vascas y en tres localidades vizcaínas (Baracaldo, Guecho y Santurce) sumando 1574 votos que sólo sirvieron para impedir que AP o el CDS no obtuvieran representación en varias ciudades. El Centro Democrático y Social registró en 1987 los mejores resultados de su historia en unas elecciones locales en Euskadi, para desaparecer por completo cuatro años más tarde. Con respecto a noviembre bajaron de 40.531 votos a 36.493, con un descenso de casi el 40% en Guipúzcoa, el 16% en su bastión alavés y una subida de 1336 votos en Vizcaya. En esta última provincia hubo 17 candidaturas locales consiguiendo un concejal en Baracaldo y otro en Portugalete, y le faltaron 121 votos en Basauri y 87 en Bilbao para sumar representación. En Álava, sólo pudieron presentar listas en cinco de los cincuenta y un municipios, en los que sumaron 5 concejales (2 en Vitoria, 2 en Ribera Baja y 1 en Bernedo). En Guipúzcoa todo se redujo a dos listas en San Sebastián e Irún y un edil en la ciudad fronteriza. En Juntas Generales el balance de los centristas vascos se redujo a 3 procuradores en Álava y 1 en Vizcaya.

En las elecciones europeas todo fue un reflejo de lo poco que pintaban los vascos en AP en 1987 con Hernández Mancha. No hubo candidatos del País Vasco en la lista que encabezaba Manuel Fraga al Parlamento Europeo. Antes de las elecciones, se celebraron los tres congresos provinciales que dejarían el partido dividido en dos grupos: por un lado, los foralistas o manchistas, alaveses y guipuzcoanos liderados por Pablo Mosquera, José Eugenio Azpiroz y Gregorio Ordóñez. Y por el otro lado, los autonomistas, entre los que estaban los vizcaínos y los dos parlamentarios vascos.

La crisis iniciada en 1986 no restará afiliaciones, el partido seguirá creciendo muy lentamente, sobreviviendo con las cuotas de afiliados, las ayudas de Madrid y la pequeña presencia institucional con la que habrá pactos locales de gobiernos en San Sebastián, Irún y Durango.

La primera refundación de Alianza Popular

El V Congreso Regional de Alianza Popular del País Vasco, celebrado en Bilbao el 16 de enero de 1988, fue el preámbulo de la refundación del partido a nivel nacional un año más tarde. La cita congresual marcó un importante punto de inflexión en la historia del partido en el País Vasco. En primer lugar, porque supuso la superación de errores del pasado aceptando lo que se venía acatando desde hacía tiempo: el estatuto de Guernica, la ikurriña como bandera y el entramado institucional vasco. La ikurriña había estado ausente en las sedes del partido, igual que la bandera española nunca ha estado en las sedes de los partidos nacionalistas. Hay un sector de la derecha vasca que decide tratar a la ikurriña como el nacionalismo vasco trata a la bandera española: sólo en instituciones y nunca en actos del partido. La ikurriña en las sedes de AP produce rechazo e incluso hay afiliados, contados, que se dan de baja. Otros, también contados, escondían las bicrucíferas que en algunos casos terminaban en la papelera. En segundo lugar, la ponencia política para el Congreso, redactada por el juntero vizcaíno Leopoldo Barreda y los parlamentarios Julen Guimón y José Manuel Barquero, ofrecía un duro análisis de la sociedad vasca, reconocía graves errores de táctica y estrategia, y no presentaba mucha claridad en cuestión de medidas renovadoras.

Eso sí, introduce un concepto «talante refundacional» que hará fortuna, porque el secretario general, Arturo García Tizón, lo hará suyo para el siguiente congreso nacional de AP, el de la refundación. Las declaraciones programáticas no eran lo mejor de los aliancistas vascos, eran más efectivas las noticias sobre la labor de sus dos parlamentarios suscribiendo el pacto de Ajuria Enea o respaldando el desarrollo de la Ertzaintza. Al congreso del aggiornamento se llegó en medio de la división entre los foralistas y los autonomistas que intentó apaciguarse dos días antes del cónclave con una reunión en Durango en la que se acordó que el presidente guipuzcoano José Eugenio Azpiroz lo fuera del partido en detrimento de José Manuel Barquero, el candidato de los autonomistas. Con la ponencia política hubo algunas fricciones cuando Gregorio Ordóñez defendió las enmiendas de Pablo Mosquera, algunas muy poco recomendables o poco reproducibles. Ambos, Ordóñez y Mosquera, encabezaban un sector con cierto barniz foralista para justificar su libertad de actuaciones y decisiones. Al final hubo acuerdo in extremis para la composición de la ejecutiva y un compromiso inequívoco para comenzar una «profunda renovación» que evitara convertirse en una opción marginal, desconectada y amenazada de desaparición por su propia inercia.

El congreso regional no trajo la paz a las filas aliancistas. Los foralistas decidieron seguir dando guerra, sobre todo a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que desestimaba el recurso de 55 senadores del Grupo Popular que entendían que la llamada Ley de Territorios Históricos (LTH) dejaba a los órganos forales provinciales sin la titularidad de los derechos históricos reconocidos y amparados en el texto constitucional. Un veredicto favorable a las tesis foralistas podría haber tambaleado parte del sistema político y administrativo del País Vasco. El TC sentenció que la LTH se ajustaba al contenido de Constitución y Estatuto, y que la titularidad era compartida entre las instituciones comunes y las de los territorios. Julen Guimón aceptó la decisión judicial e hizo una lectura muy positiva que resultaba una enorme decepción para los foralistas del partido, por ser un rechazo unánime, sin votos reservados, a sus tesis. Fue sin duda un golpe mortal al foralismo historicista. Siguiendo en la misma línea, el sector autonomista pidió en julio de 1988 la desaparición de los gobernadores civiles.

Todo esto irritó a los foralistas y en pleno mes de agosto, cuando menos noticias políticas había, comenzó un cruce de acusaciones iniciado con unas declaraciones de Gregorio Ordóñez en las que pedía «darles la patada» a los dos parlamentarios vascos de AP. La actividad de la ejecutiva regional estaba reducida al mínimo desde el congreso. En Álava y Guipúzcoa, que funcionaban como partidos diferentes, plantearon mociones de censura contra los dos parlamentarios, más preocupados por sus iniciativas en materia de derechos humanos, desarrollo estatutario, Ertzaintza, educación, medios de comunicación o lucha contra la pobreza. El conflicto personal disfrazado de diferencias ideológicas obligó a intervenir a la ejecutiva nacional con Antonio Hernández Mancha y Arturo García Tizón. Los dos sectores fueron convocados el 27 de septiembre a un careo de 3 horas en el que se pudo evitar la ruptura irreversible con un «apagón» de declaraciones y una petición de coordinación interna. Se decidió que cada uno iría por su lado y sin molestar. Fue significativa la ausencia del alavés Pablo Mosquera, presidente en su provincia desde el mes de marzo de 1987. En silencio, Mosquera se fue apartando del partido hasta la fundación de Unidad Alavesa.

Con él se fueron todos los integrantes de su ejecutiva menos Santiago Abascal y Carmelo Barrio, que salvarían al PP de Álava de su desaparición. Gregorio Ordóñez se hizo fuerte en Guipúzcoa y los vizcaínos siguieron adelante con la renovación. En octubre de 1988, AP de Vizcaya celebró unas jornadas en El Escorial con 42 militantes que fueron una especie de convención continuista del congreso de enero para actualizar su alternativa. Buscaban un discurso político más apropiado para la AP vasca, un discurso que fuera más allá de cuestiones simbólicas, testimoniales o de referencias al terrorismo. Sobre esto último es importante destacar el papel de Alianza Popular en el pacto de Ajuria Enea, donde consiguió incorporar un compromiso para aprobar en el Parlamento un programa de ayudas a las víctimas del terrorismo (la cláusula 12 del acuerdo). En las cincuenta horas de negociación del acuerdo fue el partido que más cedió. Lo reconoció hasta Xabier Arzalluz:

Todos hemos cedido con una determinada perspectiva, quien más ha cedido es Alianza Popular, desde el simple hecho que fue un partido que estuvo en contra de este Estatuto de Autonomía, y que, sin embargo, después ha ido asimilando una serie de cosas y aceptándolas[179].

Desde octubre de 1983 con Coalición Popular se proponía que fueran las instituciones vascas las que dirigieran la reacción contra el terrorismo, al que era necesario aislar social, política y jurídicamente empezando por la no legalización de Herri Batasuna. En noviembre de ese año, desde la coalición se impulsó un documento de treinta páginas «Hacia la paz en el País Vasco», que desarrollaba lo anterior incidiendo en la necesidad de unir a los partidos y de aplicar medidas policiales, separando la acción antiterrorista del desarrollo del autogobierno. Con esas ideas se mantuvo AP hasta las reuniones que alumbraron el pacto de Ajuria Enea. El acuerdo fue posible gracias a la intervención del presidente de Alianza Popular, Antonio Hernández Mancha, quien respaldó las negociaciones de Julen Guimón por teléfono, con el lehendakari Ardanza como testigo. Hernández Mancha estaba muy sensibilizado con los zarpazos del terrorismo a su gente en el País Vasco. El 10 de enero de 1987, siendo presidente de AP en Andalucía, participó con Alberto Ruiz-Gallardón en San Sebastián, en una manifestación sin precedentes convocada por Alianza Popular para pedir la libertad del industrial guipuzcoano Jaime Caballero Urdapilleta, simpatizante de AP, secuestrado desde un mes antes por ETA-m. Reunieron en la marcha a casi un millar de personas, bajo una intensa lluvia y sin el apoyo de ningún otro partido.

El CDS, el otro partido del espacio de centro derecha, apenas tenía eco mediático. Tuvo cierto protagonismo en Vitoria por los apoyos a la coalición de gobierno municipal entre Eusko Alkartasuna y Euskadiko Ezkerra y poco más. Se sabía que la formación suarista tenía dos parlamentarios, Alfredo Marco Tabar, en las filas del PP años después, y otro desconocido totalmente. La dimisión en bloque de la ejecutiva vizcaína del CDS el 1 de diciembre de 1988 abriría una crisis irreversible hasta su desaparición. La salida del histórico Iñaki Ansoleaga, presidente provincial, por discrepancias con José Ramón Caso fue el comienzo del final. La muerte de Chus Viana en 1987 rompió el cordón umbilical del partido con Madrid, donde no había mucho interés por un partido con 2 parlamentarios irrelevantes, 4 representantes en Juntas Generales y 8 concejales. Era un partido que cabía en una furgoneta y la crisis ponía de relieve la enorme fragilidad partidista del centro derecha no nacionalista.

GORKA ANGULO ALTUBE (Bilbao, 1968). Periodista y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad del País Vasco. Comenzó su carrera profesional en Bilbao en el ámbito de la prensa local y, posteriormente, en varias empresas de comunicación. Trabajó como redactor en Antena 3 Televisión en Galicia y Canarias. Posteriormente fue delegado en el País Vasco de las cadenas de televisión CNN+ y Cuatro. Ha sido colaborador de opinión en prensa escrita en diarios del Grupo Vocento (El Correo, El Diario Vasco y otros), así como en las ediciones vascas de El País y El Mundo. Tertuliano en programas de radio en la Cadena SER y Radio Euskadi, y de televisión en Euskal Telebista. Fue miembro del Consejo Asesor de RTVE en el País Vasco y consejero de Euskal Irrati Telebista (EiTB), la radiotelevisión pública vasca.

Notas

[1] El autor de este libro quiere reivindicar los derechos históricos de la toponimia tradicional en castellano, injustamente borrada del mapa como si no fuera posible la convivencia lingüística que establece la cooficialidad del castellano y el euskera en el País Vasco. <<

[2] Fuerza Nueva, número 475, 14 de febrero de 1976, página 9. <<

[3] Así sucedió. Madrid, Fuerza Nueva Editorial, 2005. Página 165. <<

[4] El País, 31 de julio de 1976. <<

[5] La Gaceta del Norte, 8 de enero de 1975, página 4. <<

[6] Vasconia. Pamplona, Herritar Berri, 2006 (1º edición 1963). Página 18. <<

[7] Vasconia españolísima. Datos para comprobar que Vasconia es la reliquia preciosa de lo más español de España, San Sebastián, Editorial Tradicionalista, 1939. Vizcarra, obispo católico tradicionalista, ideólogo de la Hispanidad junto a Ramiro de Maeztu y estrechamente vinculado a Acción Católica. Llama la atención el año de publicación de la primera edición, 1939, en plena ofensiva del franquismo contra las lenguas periféricas. En el capítulo XXI, Vizcarra defiende que todos los vascos deben ser bilingües como son los ciudadanos de otros países de Europa, ya que considera que la lengua vasca «no es ningún peligro para el espíritu español» sino «una razón más para no dejarse aventajar por nadie en españolismo». Zacarías de Vizcarra escribió en 1911 un breve catecismo en euskera, lengua que nunca dejó de utilizar. <<

[8] El código nacionalista durante el franquismo. Barcelona, Anthropos, 1985. <<

[9] Pacto, una publicación sevillana de los Grupos de Acción Carlista, evidentemente crítica con el franquismo, se pide el voto para los candidatos carlistas en 14 provincias (uno por provincia, excepto en Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, que son dos) y la abstención en el resto. <<

[10] Yo he sido mediador de E.T.A. Madrid, Arnao Ediciones, 1986. Página 172. <<

[11] El bucle melancólico. Madrid, Espasa, 1997. Página 328. <<

[12] La Gaceta de Norte, 31 de agosto de 1972, página 6. <<

[13] La Gaceta del Norte, 4 de abril de 1972, páginas 6 y 9. <<

[14] El Correo Español-El Pueblo Vasco, 9 y 11 de agosto de 1973, página 9. <<

[15] El Correo Español-El Pueblo Vasco, 22 de enero de 1974, página 7. <<

[16] Documentos Y, volumen XVI. San Sebastián, Editorial LUR, 1981. Páginas 165-166, 275-296 y 299-300. <<

[17] La Vanguardia Española, 10 de febrero de 1976, páginas 3 y 6. <<

[18] Iñaki Arteta y Alfonso Galletero. Olvidados. Madrid, Adhara Publicaciones, 2006. Páginas 51-60. <<

[19] Canfali (edición Valdepeñas, Manzanares y comarca), 28 de octubre de 2011, páginas 38 y 39. <<

[20] Documentos Y, volumen XVI. San Sebastián, Editorial LUR, 1981. Págs. 172 y 301-302. <<

[21] El Correo y El Diario Vasco, 19 de marzo de 2011. <<

[22] «La lucha armada y el grupo militarista», Hautsi, número 10, marzo 1976. Págs. 13 a 17. Documentos Y, volumen XVII. San Sebastián, Editorial LUR, 1981. Páginas 59 a 63. <<

[23] José María Portell. Los hombres de ETA. Barcelona, DOPESA, 1974. Página 122. <<

[24] El Diario Vasco, 12 y 22 de septiembre de 1976, página 8 en ambos. <<

[25] La Gaceta del Norte, 16 de diciembre de 1971. Página 7. <<

[26] ABC (edición de Andalucía), 24 de febrero de 1942, página 12. En la División Azul luchó con Vicente Rubio Ereño, asesinado por ETA en Santurce (Vizcaya) en 1978. <<

[27] «Las próximas elecciones municipales», Zutik número 66, marzo de 1976. Págs 32-37. En Documentos Y, tomo XVI. San Sebastián, Editorial LUR, 1981. Páginas 32-37 <<

[28] «Documento nº1», pág.5. En Documentos Y, tomo XVI. San Sebastián, Editorial LUR, 1981. Página 16. <<

[29] La Voz de España, 17 de septiembre de 1978, página 3. <<

[30] Egin, 21 de septiembre de 1978, página 7. <<

[31] Ver la portada de El Diario Vasco del 9 de noviembre de 1984 y Egin del 9 y 10 de noviembre de 1984, portada y página 7, respectivamente. También 12 de noviembre en página 6. <<

[32] El Diario Vasco, 14 de abril de 1976, página 8. <<

[33] Zutik, número 66, marzo de 1976. Páginas 49-50. Documentos Y, tomo XVI, San Sebastián, Editorial LUR, 1981. Páginas 165-166. <<

[34] José Ramón Goñi Tirapu. Mi hijo era de ETA, Barcelona, Espasa, 2012. Página 57. <<

[35] Julio Flor. Padre nuestro que estás en Euskadi. Barcelona, Planeta, 1998. Páginas 205-217. <<

[36] Jesús María Zuloaga. Objetivo Cero. Madrid, La Esfera de los libros, 2006. <<

[37] El Diario Vasco, 18 de septiembre de 1976, página 3. <<

[38] La Voz de España, 8 de febrero de 1976, página 22. <<

[39] Florencio Domínguez Iribarren, Josu Ternera. Una vida en ETA. La Esfera de los Libros, Madrid, 2006. Página 68. <<

[40] La Voz de Galicia, edición Bergantiños, 14 de enero de 2012. <<

[41] En varios números de Gertu (boletín informativo de juntas del PNV de Bilbao) de octubre de 1976, se recogen las discrepancias de afiliados en contra de que su partido condenase a ETA. Una junta local escribía a la ejecutiva protestando porque consideraba que con las condenas «estamos haciendo el juego al Gobierno español» y «nos declaramos la guerra a nosotros mismos». <<

[42] Zutik, número 67, noviembre de 1976, páginas 19 a 21. <<

[43] La Voz de España, 19 de agosto de 1976. Primera página. <<

[44] Alcalde de Deva entre 1967 y 1976. El 29 de junio 1989, siendo uno de los empresarios más importantes de la provincia (presidente de la armera SAPA) y vicepresidente de la Real Sociedad, ETA intentó secuestrarle en San Sebastián, pero sólo consiguieron asesinar a su chófer. Estrechamente relacionado con Marcelino Oreja, el exalcalde de San Sebastián y exconsejero de Cultura, Ramón Labayen (PNV) y el exdirigente de Herri Batasuna, Iñaki Esnaola, Aperribay se marchó del País Vasco temporalmente y a su vuelta recibió un paquete bomba. <<

[45] La Voz de España, 15 de noviembre de 1968, página 21. <<

[46] José Félix Azurmendi en María Antonia Iglesias, Memoria de Euskadi, Aguilar, Madrid, 2009, página 79. <<

[47] Berria, 23 de septiembre de 2007. <<

[48] La Voz de España, 6 de febrero de 1974, página 21. <<

[49] Egin, 23 de febrero de 1987, páginas 6 y 7. <<

[50] El Correo, 25 de enero de 1991, página 12. <<

[51] ABC, 3 de octubre de 1993, página 131. <<

[52] Participaron profesionales de diversas tendencias ideológicas desde la Democracia Cristiana Vasca hasta el Partido Comunista de Euskadi. Entre los más conocidos estaban Miguel Castells Adriaensens, Juan María Bandrés, Artemio Zarco, José Ramón Recalde, Joseba Elósegui, Enrique Múgica o Luis Haramburu Altuna. <<

[53] Virginia Tamayo Salaberría. La autonomía vasca contemporánea: foralidad y estatutismo (1975-1979 ), Instituto Vasco de Administración Pública, San Sebastián, 1994, páginas 159 a 177. <<

[54] La Voz de España, 22 de julio de 1977, primera página. <<

[55] El Correo, 16 de junio de 2013, página 31. <<

[56] La Voz de España, 26 de febrero de 1976, página 11, y con llamada en primera. <<

[57] Las asociaciones políticas debían ser compatibles con el Movimiento franquista y estar avaladas por 25.000 firmas y su presencia en al menos 15 provincias. A muchos de los avalistas que firmaron les dejaron como afiliados sin contar con su consentimiento para ello. <<

[58] ABC, 27 de febrero de 1976, página 4. <<

[59] En el I Congreso de AP, celebrado el 5 y 6 de marzo de 1977, la coalición se constituye en una federación de tres partidos: Acción Democrática Española, Unión Nacional Española y PUAP (Partido Unido de Alianza Popular), surgido este último de la fusión de las cinco asociaciones restantes. <<

[60] Gonzalo Fernández de la Mora. «Río arriba », Barcelona, Editorial Planeta, 1995. Página 272. <<

[61] José María Velo de Antelo. De ayer a hoy. Los orígenes del Partido Popular, Madrid, Galland Books. Páginas 284-285. <<

[62] La Voz de España, 21 de agosto de 1977, página 4. <<

[63] El Diario Vasco, 7 de febrero de 1979, página 3. La Voz de España, 7 de febrero de 1979, última página. <<

[64] El Diario Vasco, 14 de febrero de 1979, página 2. <<

[65] Egin, 9 de febrero de 1979, página 6. <<

[66] Blas Piñar. Por España entera (segunda parte de Escrito para la Historia), Fuerza Nueva Editorial, Madrid, 2001. Páginas 135-139. <<

[67] Fuerza Nueva, número 562, 15 de octubre de 1977, páginas 8 y 9. <<

[68] Los estasiñotarrak (en castellano, los de la estación) son los afines a Juan Tomás de Gandarias y Durañona, magnate vizcaíno y diputado por el distrito de Guernica entre 1896 y 1914. Era propietario del ferrocarril Amorebieta-Bermeo cuyos trabajadores eran también agentes electorales suyos. La sede de su partido estaba en la misma estación del ferrocarril en la villa foral, de ahí la denominación de estasiñotarrak. <<

[69] Egin, editorial «La violencia», 11 de octubre de 1977, página 10. <<

[70] Egin, 13 de octubre de 1977, última página, y La Vanguardia Española, 14 de octubre de 1977, página 13. <<

[71] Euskadi eta Askatasuna. Euskal Herria y la Libertad. Editorial Txalaparta, Tafalla (Navarra), 1994. Tomo 5. Página 42. <<

[72] José Ángel Etxaniz Ortuñez. «Luchas obreras en JYPSA-TREBOL. El encierro de los trabajadores de Dalia, junio-julio de 1977», Apuntes para la historia de Gernika-Lumo, editada por Gernikazarra Historia Taldea, Gernika, 2011, páginas 241-260. <<

[73] ABC, 17 de marzo de 1973, página 30. <<

[74] Alfonso Osorio. Trayectoria política de un ministro de la Corona, Editorial Planeta, Barcelona, 1980. Páginas 209 a 213. <<

[75] Jesús Laínz. Escritos reaccionarios para separatistas y progresistas, Ediciones Encuentro, Madrid, 2008, páginas. 219-220. <<

[76] Gudari, número 35, 1966, edición especial, página 5. <<

[77] Alfonso Osorio, op.cit., páginas 213 a 215. <<

[78] Entre el 15 de septiembre de 1975 y el 3 de mayo de 1976 murieron seis guardias civiles (tres en Aránzazu, uno en Ordicia, uno en Baracaldo y uno en Legazpia) y fueron heridos varios civiles en atentados por emboscada o bombas-trampa conectadas a ikurriñas cuando los agentes iban a retirar las enseñas prohibidas. Hubo también artefactos ficticios, lo que creó cierta psicosis entre los funcionarios policiales que finalmente renunciaron a intervenir. <<

[79] Blanco y Negro, «E.T.A., ni amnistía ni autonomía: sangre», 12 al 18 de octubre de 1977, páginas 20 a 24. <<

[80] ABC, 19 de septiembre de 1976, página 88. <<

[81] La Voz de España, 8 de agosto de 1976, y Unidad, 9 de agosto de 1976, ambos en primera página. <<

[82] El Correo Español-El Pueblo Vasco, 5 de septiembre de 1983, página 8. <<

[83] Revista Punto y Hora, 24-30 de marzo de 1977, página 21. <<

[84] Julen Guimón, Euskadi y la Transición. Una narración en marcha, Editorial Burguete, Bilbao, 1996. Página 188. <<

[85] Fernando García de Cortázar y José Manuel Azcona, El nacionalismo vasco, Biblioteca Historia 16, Madrid, 1991. Páginas 134 y 135. <<

[86] Antonio Ormaza Unamuno. «El derecho de no votar y de anular el voto», El Correo Español-El Pueblo Vasco, 20 de junio de 1986, página 41. Eduardo Vallejo le respondería con otra carta en el mismo diario seis días más tarde, que tendría nueva respuesta de Ormaza el 4 de julio. <<

[87] Deia, 17 de mayo de 1999, página 23. <<

[88] Gorka Angulo. «Astra, Unceta y ETA», El Mundo del País Vasco, 9 de noviembre de 2013, página 8. <<

[89] Le apodaban así tras una denuncia por vender en su comercio carburo para pescar, totalmente prohibido, ya que el carburo en contacto con el agua quitaba el oxígeno a los peces obligándoles a salir a la superficie por asfixia. Al comerciante le colgaron el mote por aquello y también el sambenito de que era confidente. <<

[90] Hautsi número 4, septiembre/octubre de 1973. En Documentos Y, volumen XVI. Editorial LUR, San Sebastián, 1981. Página 442. <<

[91] Zutik, número 65, agosto de 1975, páginas 28 y 29. <<

[92] Florencio Domínguez Iribarren. ETA: estrategia organizativa y actuaciones. 1978-1992. Servicio editorial de la Universidad del País Vasco. Bilbao, 1998. Páginas 238-241. <<

[93] Marianne Heiberg. La formación de la nación vasca. Arias Montano, Madrid, 1991. Páginas 207 y 208. Heiberg es tía del exprimer ministro noruego Jens Stoltenberg, actualmente secretario general de la OTAN. Su gobierno acogió en Oslo durante meses entre 2012 y 2013 a los dirigentes de ETA David Pla, Iratxe Sorzabal y Josu Ternera. No hubiera estado mal que desde la Embajada de España hubieran remitido a Stoltenberg un ejemplar del libro The Making of the Basque Nation [edición en inglés de La formación de la nación vasca] para que se enterase un poco sobre a quiénes estaba asilando y protegiendo. Marianne Heiberg alcanzó notoriedad por impulsar con su marido, Johan Jørgan Holst, ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, las conversaciones que permitieron la firma por la OLP y el Gobierno de Israel de la Declaración de Principios del 13 de septiembre de 1993. <<

[94] La Voz de España, 14 de febrero de 1978, página 4. <<

[95] El Diario Vasco, 24 de noviembre de 1978, página 5. En la relación aparecen dos funcionarios del ayuntamiento, un coronel de Infantería retirado, un arquitecto, un chófer, un médico, un abogado y un empleado de banca. <<

[96] Joseba Zulaika. Violencia vasca. Metáfora y sacramento, Editorial Nerea, Madrid, 1990. Páginas 101 a 131. <<

[97] Florencio Domínguez Iribarren. Las raíces del miedo, Aguilar, Madrid, 2003. Página 29. <<

[98] Elisabeth Noelle-Neumann. La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social, Ediciones Paidós, Barcelona, 1995. <<

[99] Alejandro Muñoz-Alonso, «La espiral del silencio en el País Vasco», Cuenta y Razón, 1988, número 33 (monográfico dedicado al País Vasco), páginas 45 a 52. <<

[100] Juan J. Linz et al. Conflicto en Euskadi, Ediciones Espasa-Calpe, Madrid, 1986. <<

[101] Egin, 25 de febrero de 1979, página 27. <<

[102] Gorka Angulo. «1988: cuando todo empezó a cambiar», El Correo, 6 de mayo de 2013, página 28. <<

[103] Iñaki Arteta y Alfonso Galletero. Olvidados, Madrid, Adhara Publicaciones, 2006, página 97. <<

[104] El Correo Español-El Pueblo Vasco, 21 de enero de 1979, página 17. <<

[105] Egin, 15 de septiembre de 1979, página 8. <<

[106] El Correo Español-El Pueblo Vasco, 23 de septiembre de 1979, página 18. <<

[107] El País, 19 de febrero de 1977, página 14. <<

[108] Egin, 3 de octubre de 1979, página 7. <<

[109] Iñaki Arteta y Alfonso Galletero. Olvidados, Adhara Publicaciones, Madrid, 2006. Página 128. <<

[110] Manuel Fraga Iribarne. En busca del tiempo servido. Editorial Planeta, Barcelona, 1987. Página 223. <<

[111] El Correo Español-El Pueblo Vasco, 7 de noviembre de 1980, página 18. <<

[112] Era natural de Pradejón (La Rioja) al igual que el concejal irunés Julio Martínez Ezquerro asesinado en 1977. El municipio les tributó un homenaje a ambos en septiembre de 2008. <<

[113] El Correo Español-El Pueblo Vasco, 21 de julio de 1982, página 14. <<

[114] Gaizka Fernández Soldevilla. Héroes, heterodoxos y traidores. Historia de Euskadiko Ezkerra (1974-1994), Tecnos, Madrid, 2013. Páginas 226-229. <<

[115] Txutxo Abrisketa, «ETA-PMren likidazioaren lekukoa Cubako deportaziotik mintzo», Larrun-Argia, 26 de julio de 1987, páginas 5-16. «EEk Eskatuta, ETA Pmk Taktika Aldatu Zuen: UCDri Erasotzea». <<

[116] Egin, 9 noviembre de 1980, página 5. <<

[117] Esta gran nación. Conversaciones de Jaime Mayor Oreja con César Alonso de los Ríos. Libroslibres, Madrid, 2007. Página 43. <<

[118] El Diario Vasco, 5 de enero de 1978, página 5. Un año después, UCD no consiguió presentar ni una lista en Guipúzcoa en las elecciones municipales. Solo fue posible presentarse en San Sebastián y renunciando a sus siglas como en 1977. <<

[119] Egin, 18 de mayo de 1979, página 7. <<

[120] Egin, 10 de noviembre de 1978, página 6. <<

[121] Egin, 12 de noviembre de 1978, contraportada. <<

[122] Mario Onaindia, El aventurero cuerdo. Memorias (1977-1981), Espasa Calpe, Madrid, 2001, páginas 527 y 534-535. <<

[123] El Correo Español-El Pueblo Vasco, 3 de octubre de 1980. Página 13. <<

[124] Ángel Altuna y José Ignacio Ustaran, «Justicia retributiva y reinserción activa», ABC, 9 de febrero de 2006, página 8. <<

[125] Euskal Sozialistak Elkartzeko Indarra fue el primer partido nacionalista vasco que condenó las acciones de ETA. Estaba formado fundamentalmente por profesores universitarios y miembros de diversos movimientos sociales o culturales. ESEI participó en 1977 en el Frente Autonómico al Senado, con PNV y PSOE. Se disolvió en 1981 por escaso apoyo electoral y buena parte de sus afiliados se integraron en Euskadiko Ezkerra. <<

[126] ERE, número 60, 5-11 noviembre de 1980. <<

[127] Cambio 16, número 467, 10 de noviembre de 1980, páginas 28 a 36. <<

[128] Paulino Garagorri. Españoles razonantes, Editorial Revista de Occidente, Madrid, 1969. <<

[129] Luis Castells. Modernización y dinámica política en la sociedad guipuzcoana de la Restauración. 1876-1915. Madrid, Siglo XX/UPV-EHU, 1987. <<

[130] Su apellido real era Gárate, pero un error administrativo derivado de un problema en el reconocimiento a un antepasado les llevó a apellidarse Martínez. <<

[131] La Voz de España, 26 de octubre de 1971, página 6. De 379 compromisarios electores votaron 364. Marcelino Oreja obtuvo 279 votos y Luis Ignacio Pedrosa consiguió 83 votos. <<

[132] Carlos Garaikoetxea. Euskadi: la transición inacabada. Memorias políticas. Barcelona, Editorial Planeta, 2002. Página 120. <<

[133] Javier Ortiz. Xabier Arzalluz. Así fue. Madrid. Editorial Foca. 2005. <<

[134] Sobre esa militancia declaró lo siguiente: «Es falso que pertenezca a la Falange, pero si fui jefe del departamento de política local del Movimiento y posteriormente inspector del Movimiento. Desde el punto de vista político procedo del campo tradicionalista». Deia, 12 de abril de 1980, página 3 <<

[135] Egin, 16 de abril de 1978, página 7. <<

[136] Egin, 16 de abril de 1980, página 8. <<

[137] Isabel San Sebastián. Los años de plomo. Memoria en carne viva de las víctimas. Madrid, Temas de Hoy, 2003. Página 117. <<

[138] ABC, 28 de enero de 2001, página 22. <<

[139] Egin, 3 de enero de 1985, página 8. <<

[140] Pedro Mari Baglietto. Un grito de paz. Autobiografía póstuma de una víctima de ETA. Madrid, Editorial Espasa Calpe, 1999. <<

[141] Gorka Angulo. «1988: cuando todo empezó a cambiar». El Correo, 6 de mayo de 2013, página 28. <<

[142] Erwin Koch. El País, 14 de agosto de 2001, página 14. <<

[143] Egin, 14 de mayo de 1980, página 7. <<

[144] Nieves Baglietto. Edurne, canto de cisne. Madrid, Sepha, 2008. Páginas 173-174. <<

[145] Deia, 5 de mayo de 1986, página 3. <<

[146] El 7 de julio de 1978, en la localidad vizcaína de Aracaldo, un chaval de 7 años encontró en la calle una bolsa de plástico con 2 kilos de goma-2, un reloj, un cable y una pinza. Desconociendo su contenido, llevó el paquete a casa donde su padre comprobó que se trataba de una bomba. Rápidamente cogió el artefacto, salió a la calle y lo arrojó a un descampado junto a la orilla de un río, donde explotó. Al parecer se había desprendido del vehículo particular de un guardia civil vecino suyo y estaba programado para explotar 10 minutos después de que el chico lo recogiera. <<

[147] El Diario Vasco, 30 de marzo de 1980, página 3. <<

[148] Egin, 4 de abril de 1980, página 7. <<

[149] El Correo, 3 de febrero de 2006, página 24. <<

[150] El Diario Vasco, 27 de marzo de 2007. <<

[151] La Voz de España, 9 de febrero de 1971, página 21. <<

[152] La Voz de España, 19 de octubre de 1976. Primera página. <<

[153] Isabel San Sebastián. Mayor Oreja. Una victoria frente al miedo. Madrid, La Esfera de los Libros, 2001. Página 68. <<

[154] El Diario Vasco, 20 de marzo 1979, página 5. <<

[155] Isabel San Sebastián. Op. cit. Págs. 36 y 37. <<

[156] El Diario Vasco, 23 de febrero de 1980, página 3. <<

[157] El Correo, 27 junio 1981, página 13 <<

[158] La Gaceta del Norte, 7 de septiembre de 1982, primera y página 10. <<

[159] El Correo Español-El Pueblo Vasco, 31 de julio de 1982, página 13. <<

[160] El Diario Vasco, 9 de julio de 1983, página 6. <<

[161] La Gaceta del Norte, 26 de febrero de 1983, página 15. <<

[162] Se afilió a Alianza Popular en enero de 1984. <<

[163] Gorka Angulo, ABC, 26 de julio de 2017, página 50. <<

[164] AP del País Vasco celebra cuatro congresos en menos de cinco años. El I Congreso los días 8 y 9 de noviembre de 1980. El II Congreso, 29 y 30 de enero de 1982. El III Congreso, 12 y 13 de noviembre de 1983. Y IV Congreso, 14 y 15 de junio de 1985. <<

[165] Deia, 7 de abril de 1984, página 14. «De los acuerdos con la Coalición y otras pequeñas historias». <<

[166] Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Memorias de estío. Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 1993, páginas 150-168. <<

[167] Madrid, 7, 8 y 9 de febrero de 1986. <<

[168] El Correo Español-El Pueblo Vasco, 6 de febrero de 1986, página 13. <<

[169] Jaime Mayor Oreja, El Diario Vasco, 1 junio 1986, página 6. <<

[170] Marcelino Oreja en El Diario Vasco, 8 junio 1983, página 8. <<

[171] PADE, Partido de Acción Democrática Española, después Partido Demócrata Español, fundado por Juan Ramón Calero en 1996 por el giro al centro del PP. Se disolvió en 2008. En el País Vasco apenas tuvo 10 afiliados, entre ellos el exdiputado de Coalición Popular, Adolfo Careaga. <<

[172] Juan Ramón Calero, La construcción de la derecha española, Editorial Prócer, Murcia, 1985. Capítulo 10, « Por fin, ¿qué hacer?» , página 282. <<

[173] El Correo Español-El Pueblo Vasco, 1 de julio de 1984, página 17. <<

[174] El Diario Vasco, 4 de julio de 1984, página 4. <<

[175] Miguel Platón. Gregorio Ordóñez. Tal como era. Fundación Gregorio Ordóñez, San Sebastián, 1991. Páginas 136 y 193-194. <<

[176] «El voto útil en el País Vasco», editorial de ABC, 28 de noviembre de 1986, página 19. <<

[177] El Diario Vasco, 2 de diciembre de 1986, página 6. <<

[178] ABC, editorial «Laberinto vasco», 4 de diciembre de 1986, <<

[179] El Diario Vasco, 16 de enero de 1988, página 4. <<