© del prólogo: Enric Juliana, 2015.

© Jaime Miquel, 2015.

© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2015.
Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

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CÓDIGO SAP: OEBO716

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Índice

DEDICATORIA

PRÓLOGO. EL HOMBRE QUE VIO QUE LA MONTAÑA SE MOVÍA

PREÁMBULO. QUIÉNES SOMOS

PRIMERA PARTE. EL APRENDIZAJE

1. EL FRANQUISMO NOS HIZO SUMISOS (1939-1975)

2. LA TRANSICIÓN, UN PACTO ENTRE ÉLITES (1975-1982)

3. LLAMARON DESENCANTO A LO QUE EN REALIDAD FUE MANSEDUMBRE (1982-1996)

4. LECCIONES DE CINISMO (1996-2004)

5. LA DIDÁCTICA DE LA GEOMETRÍA VARIABLE (2004-2010)

6. EL LADO IZQUIERDO DE LO MISMO (2010-2011)

7. EL LAPSO HEGEMÓNICO DEL PP (2011-2012)

8. «NO NOS REPRESENTAN», ALGO MÁS QUE UN ESLOGAN (2013-2014)

9. LA RUPTURA COMO FENÓMENO ELECTORAL (2014)

10. FELIPE VI NECESITA UN ORDEN NUEVO

SEGUNDA PARTE. CRÓNICA DE LA SITUACIÓN ACTUAL

1. CRISIS DE CONFIANZA EN LA CLASE POLÍTICA Y LOS PODERES PÚBLICOS

2. CRISIS DE IDENTIDAD DEL ESPAÑOL Y DEL MODELO TERRITORIAL

3. LA UNIÓN EUROPEA, ESPAÑA Y SUS NACIONES

4. LA RED HA LIBERALIZADO EL NEGOCIO DE LOS VOTOS

5. LAS ENCUESTAS SE CONTRADICEN Y FALLAN, NO TIENEN NÚMEROS

6. CÓMO INTERVIENE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL EN LOS RESULTADOS

7. LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES EUROPEAS ERAN EXTRAPOLABLES

8. TRIBULACIONES MUNICIPALES DEL PP

9. CAMBIOS PROFUNDOS EN OCTUBRE DE 2014

10. ERRORES ESTRATÉGICOS

11. PODEMOS PASTOREA Y ACIERTA. ESTAMOS EXHAUSTOS

12. DAVID CONTRA GOLIAT

13. EL CIS DE ENERO DE 2015 DISTANCIA AL PSOE. SÁNCHEZ REACCIONA

14. QUINTO CICLO, TERCERA FASE: EMERGE CIUDADANOS Y YA SON CUATRO

TERCERA PARTE. LA PERESTROIKA DE FELIPE VI (2015-2019)

1. EL ELECTOR DE LA RUPTURA NO ES DE IZQUIERDAS, ES DE ENFRENTE

2. FUNDAMENTOS, DATOS O RAZONES PARA LA REBELIÓN

3. LA CONTIENDA ES SENCILLA, LA CONQUISTA ES IMPORTANTE

4. RECAPITULACIÓN

5. LAS ELECCIONES DE ANDALUCÍA ANUNCIARON EL FINAL DE ESTE ORDEN

6. POR FIN SOMOS EUROPEOS

7. CUÁLES SON LOS PROBLEMAS

8. APROXIMACIÓN A LA PERESTROIKA DE FELIPE VI

9. QUIEN LO TIENE QUE ENTENDER ES ÍÑIGO ERREJÓN

10. UN PROFUNDO CAMBIO DE TODOS

NOTAS

ESCRITO PARA TODOS, DEDICADO A LA GENERACIÓN

MÁS JOVEN

PRÓLOGO

EL HOMBRE QUE VIO

QUE LA MONTAÑA SE MOVÍA

por

ENRIC JULIANA

Tuve noticia de Jaime Miquel en la plaza de la Mare de Déu de Valencia, una de las más bellas de la ciudad, donde los valencianos celebran la festividad de la Geperudeta, un lugar muy apacible entre semana. Sentados en una terraza, un amigo valenciano me dijo: «Tendrías que conocer a Jaime Miquel, es un analista electoral que va por libre, con unas teorías muy interesantes sobre lo que puede ocurrir en España en los próximos años. Dice que el actual sistema de partidos ya no es capaz de absorber todo el malestar que la crisis va a provocar...». Primavera de 2013.

Hice caso a Salvador Giménez, uno de esos valencianos vivaces que oyen crecer la hierba, y me puse en contacto con el hombre que se crio entre encuestas. Jaime Miquel, de origen valenciano, es hijo de uno de los introductores de los sondeos de opinión en España, allá en la década de 1960. Delegado del Instituto Gallup en España, su padre dirigió las primeras encuestas para conocer la popularidad del joven príncipe Don Juan Carlos de Borbón. Mientras su progenitor radiografiaba la Transición, Jaime estudiaba Geografía y se adentraba en el oficio paterno comenzando desde abajo, como entrevistador. Antes que fraile ha sido cocinero.

Quedamos un día para tomar café en Madrid y lo que más me sorprendió de aquel tipo alto, enjuto y algo quijotesco fue la convicción con la que defiende sus razonamientos, sin ondulaciones especulativas. Respeta los datos, pero no se columpia con ello. Tiene una teoría general de España. Me dijo: «En este país se está configurando una gran zona de ruptura, desde la izquierda, pero también desde el centro y la derecha; desde la periferia, pero también desde el centro. Cada vez habrá más gente que se colocará enfrente del sistema, pidiendo cambios en profundidad. Por el momento no tienen ni un programa, ni un partido que los represente, incluso plantean cosas contradictorias, pero en esa plaza cada vez hay más gente. Mira cómo va creciendo el número de gente que no sabe lo que haría si hoy se convocasen elecciones. Puede llegar el momento en que los dos partidos principales no sumen el 50% de los votos y que la suma de los votos de «ruptura» sea mayor. Verás como en España pronto se empieza a hablar de la conveniencia de una gran coalición entre PP y PSOE».

Miquel añadió, además, el siguiente pronóstico: «UPyD difícilmente será el gran sintetizador de esta situación. Tiene un enfoque demasiado viejo de la política. Ha colocado el discurso sobre la unidad de España en el centro de su programa político y con sus reclamos para fortalecer el Estado central y debilitar las autonomías solo va a conseguir que en Madrid les aplaudan mucho y que en las distintas periferias se les observe con cierto recelo, ya no solo digo en Cataluña y el País Vasco. Se equivocan. Con ese discurso no obtendrán mucho más de un millón de votos en las próximas elecciones europeas». Diciembre de 2013.

Tomé nota de las palabras de Jaime Miquel. Las apunté en una libreta y al cabo de cinco meses pude comprobar que, efectivamente, UPyD apenas superaba el millón de votos en las elecciones al Parlamento Europeo que tuvieron lugar el día 25 de mayo de 2014. Concretamente, el partido magenta obtuvo 1.015.994 votos, el 6,5% de los sufragios emitidos. Cuatro eurodiputados. El partido que parecía destinado a representar una «tercera vía» entre PP y PSOE se veía súbitamente desbordado por una nueva agrupación electoral denominada Podemos que obtenía 1.245.948 votos (7,9%) y cinco eurodiputados. Al cabo de una semana, el rey Juan Carlos I anunciaba su abdicación y la situación política española entraba en una fase de agitación sin precedentes. Sin precedentes, efectivamente: sin la sombra amenazante de un golpe militar, sin terrorismo y sin violencia política en las calles. Por primera vez en su historia, España afrontaba una crisis de calado plenamente insertada en las coordenadas políticas y culturales de la democracia liberal europea.

Por pura casualidad, el día de la abdicación tuve la oportunidad de conocer, a través de otro amigo común, a Juan Carlos Monedero, uno de los promotores de ese ente llamado Podemos, del que tanto se hablaba aquellos días. Habíamos quedado para almorzar y Monedero, hombre con tendencia a la hiperactividad, llegó bastante agitado. No podía ser de otra manera, dada la noticia del día. «Nos están llamando de Izquierda Unida para que nos pronunciemos inmediatamente a favor de la Tercera República y no hay forma de hacerles entender que esto no es lo que hoy preocupa a la gente. La gente hoy quiere decidir, quiere retomar la democracia, no regresar a 1931». Volví a tomar nota. Y de nuevo pensé en uno de los comentarios de Jaime Miquel meses atrás, en una cafetería de la calle Príncipe de Vergara de Madrid: «Cuando me refiero a la zona de ruptura, no estoy hablando de derecha e izquierda; en la zona de ruptura hay gente de distintas tendencias y orientaciones que en un futuro pueden llegar a ser muy antagonistas, lo que les une es que han decidido ponerse “enfrente” del estado actual de las cosas para exigir cambios. Son muchos y diversos, pero su contingente principal es la nueva generación de españoles educada plenamente en democracia, liberada del recuerdo del autoritarismo y del reclamo sentimental de la Transición, gente que quiere una verdadera convergencia europea. Fíjate bien. Quieren más democracia, exigencia de responsabilidades, transparencia; son intransigentes ante la corrupción y diría que empiezan a detestar aquel cuadro de Goya en el museo del Prado en el que aparecen dos hombres enterrados hasta las rodillas, moliéndose a garrotazos».

Ha pasado un año desde la abdicación del rey Juan Carlos y parece que haya transcurrido una eternidad. Las recientes elecciones municipales y autonómicas han sido muy explícitas. Más de lo que muchos pensaban. De entre las personas que en España vieron venir la ola, Jaime Miquel merece una mención especial. La vio venir y le dio un nombre: zona de ruptura. Al escribir estas líneas recuerdo una de las escenas más inquietantes de la película Interestellar, estrenada hace unos meses. En busca de un nuevo hogar para los humanos, una nave espacial logra posarse en un planeta que parece cubierto por una tranquila y no muy profunda capa de agua. Al fondo se observa una silueta oscura que parece una cadena montañosa. Todo está en orden, todo está tranquilo, hasta que uno de los exploradores descubre que las montañas no son montañas y que una inmensa muralla de agua se les está acercando.

Una fenomenal ola de descontento está recorriendo España y parece ser más alta de lo que había previsto el discurso oficial. Jaime Miquel nos explica en este libro cuáles son las energías sociales que la han puesto en marcha, cuál es su velocidad de desplazamiento y la oportunidad de cambio positivo que significa para el país, si gente ágil y con mentalidad abierta sabe surfearla y reconducirla. El título del libro —cosecha Miquel— es de lo más sugerente que se ha escrito desde que el horizonte comenzó a moverse.

ENRIC JULIANA

Madrid, 2 de junio de 2015

PREÁMBULO

QUIÉNES SOMOS

Somos materia en transformación circunstancialmente consciente de estar viva e individuos de una especie que puebla uno de tantos planetas que viajan por el cosmos. En nuestra galaxia hay 200.000 millones de estrellas y en el resto del universo hay cientos de miles de millones de galaxias, con unos 60.000 millones de planetas cada una. La importancia de nuestra especie pensante es, por lo tanto, infinitesimal en el universo y nuestra dimensión individual es prescindible o irrelevante dentro de la evolución de nuestro mundo, aunque otorgamos importancia a nuestros actos, como por ejemplo la que le doy yo a la creación de este libro. Somos 7.100 millones de personas en este planeta y el conjunto de nuestras actividades altera los procesos de la naturaleza de tal modo que hemos impuesto en el plazo inmediato el ciclo geológico del homoceno, que es una consecuencia no deseada del crecimiento económico sostenido que aparentemente exige la subsistencia humana. La finitud geográfica de la Tierra desvela una realidad última a este individuo de especie pensante que nos enseña Kant: el planeta es el único lugar donde estuvimos, estamos y estaremos. Es nuestra casa, es de todos y eso impone un sentido último a la existencia humana que es necesariamente la solidaridad entre sus individuos. Aunque no deja de ser una obviedad, porque una especie no es otra cosa que un conjunto de individuos imperativamente solidarios, transportadores infinitesimales de materia genética hacia el futuro.

Estamos organizados en civilizaciones —algunas más arcaicas, otras más evolucionadas—, que apenas sabrán convivir en el mundo global del siglo XXI. La nuestra es la más avanzada o determinante para el progreso científico y técnico, ha definido lugares de encuentro entre las personas y lo que llamamos la ciudadanía, proporcionando derechos y seguridades a sus individuos que son inimaginables en otros lugares del planeta. Somos los occidentales de la Unión Europea, 500 millones de personas muy evolucionadas, seguras y ricas en términos globales que se declaran en crisis, lo que resulta inconcebible para un centroafricano. Es inconcebible se mire como se mire porque tenemos lo nuestro y además lo suyo; compramos sus tierras y los empleamos o los echamos; transformamos su sustento en beneficio para nuestra multinacional de agricultura extensiva y finalmente en aportaciones para nuestros sistemas de salud, educación, subsidios y pensiones. Nos declaramos en crisis cuando en más de medio mundo no llegan los antibióticos ni hay agua potable.

La globalización de los problemas es ineludible para este ciudadano occidental que prefiere mirar para otro lado mientras refuerza las vallas de Ceuta y Melilla; el europeo de la Unión no se quiere ver reflejado en el Mediterráneo de Lampedusa. La globalización es irritante y vergonzosa, porque nos obliga a enseñar nuestros valores más íntimos y a asumir el carácter egoísta e injusto de nuestra existencia occidental. Su fragilidad se advierte por al menos dos razones. Por un lado, el envejecimiento de una población autóctona europea que ya no asegura su reemplazo. Por otro, el desprestigio de las instituciones y el desgobierno en la gran región fronteriza del sur, donde los sistemas electorales han dejado de representar a las personas, y las sociedades se están desintegrando. La Unión Europea se defiende de lo que Fernando Vallespín llama los nuevos bárbaros, las hordas de desfavorecidos que llegan a sus fronteras para traspasarlas como puedan. La globalización invita a rectificar, pero el europeo occidental mira para otro lado porque la Unión se salva en último caso parapetada detrás del terciario, es decir, los Pirineos, los Alpes y los Cárpatos. Por el este, el paso lo bloquean los rusos con un Estado precámbrico.

En cuanto a nosotros, somos personas que vivimos en España, un Estado soberano del suroeste de la Unión Europea, una zona de mercado y una de las regiones más ricas del planeta. Tenemos una renta per cápita de más de 30.000 dólares y casi treinta veces más que en África central. Somos algo más de 42 millones de habitantes de nacionalidad española y alrededor de 5 millones de extranjeros. El primer grupo está distribuido en cuatro generaciones a las que he puesto nombre.

• Los niños de la guerra. Nacidos antes del año 1939, suman algo más de 4 millones de personas y todos han cumplido ya los setenta y siete años de edad.

• Los niños de la autarquía. Nacidos entre los años 1939 y 1958, los más jóvenes de entre ellos tienen ahora cincuenta y siete años y suman casi 9 millones de personas.

• Las dos generaciones anteriores dieron paso a una tercera: los reformistas. Nacidos entre los años 1959 y 1973, son más de 9,5 millones de personas.

• A la cuarta generación, la más joven, la he llamado los ciudadanos nuevos. Son casi 20 millones de personas nacidas después del año 1973; los mayores rondan los cuarenta años de edad y más de 12 millones de ellos están convocados a las urnas en 2015.

Las tres primeras generaciones son hijas de la España de la dictadura y han vivido alejadas del poder ininterrumpidamente desde el año 1939. La cuarta se desarrolla plenamente en la democracia, la Unión Europea, el euro y el mundo globalizado. Son los ciudadanos nuevos, usuarios plenos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que han socializado el conocimiento, lo que conocemos como la red.

España existe como Estado, administración o aparato burocrático, pero no como sociedad plenamente identificada con la nación española. La España entendida como una sola nación, tanto por Franco como por el pacto de 1978 nunca ha existido. La identidad española supone que todo el territorio del Estado está castellanizado y todo vestigio de otras culturas o identidades nacionales forma parte de la diversidad de esta única nación española, que es castellana. Esta identidad española está en crisis, porque omite el hecho de que las poblaciones autóctonas vasca y catalana se definen como otras identidades nacionales, y junto a la gallega suman unos 4 millones de personas.

La realidad plurinacional ha superado con creces el modelo territorial del Estado y no hay reciprocidad política ni convivencia entre las naciones. Además de esto, y después de un largo proceso de aprendizaje, las personas han asociado los grandes partidos políticos a la corrupción y a los poderes patrimoniales y financieros, los contratistas de lo público y los burócratas de las administraciones que autorizan los gastos y las inversiones. Una amalgama de intereses que denomino el bloque burocrático español. Es el mismo concepto que otros llaman la casta y es un poder autónomo, arbitrario y corrupto que engloba al representativo y que viene de la época de los castillos.

Aprendí la profesión de mi padre, Jorge Miquel Calatayud (Agres, 1931), creador de la empresa que inició las actividades de Gallup en España en 1969. Empleado de ICSA, una consultora de ingenieros catalanes, supo convencer a George Gallup para empezar a hacer encuestas en España. Así nació ICSA-Gallup, una empresa de capital catalán establecida en Madrid y gestionada por un valenciano que no estaba loco. España era un país de valores oficiales donde mandaba Franco (y además mucho) y donde la opinión de las personas no existía. Así que no es de extrañar que hasta el año 1977 detuvieran a los entrevistadores que iban por las casas haciendo preguntas de política.

De niño entendí que mi padre se dedicaba a averiguar lo que pensaba la gente. Más tarde supe que asesoró con sus encuestas al príncipe Juan Carlos en la etapa preconstitucional y luego desempeñó otros trabajos junto a su colaborador más íntimo y también maestro mío, Ricardo Romero, como los preparatorios del referendo sobre la Ley para la Reforma Política de 1976 y otros previos a la legalización del Partido Comunismomento justo, en un período de tiempo breve, y tenían que ser entendidas por todo el mundo como pasos firmes hacia la normalidad democrática. Ellos hicieron las primeras encuestas de intención de voto para los periódicos, así como otros estudios pioneros y preparatorios tanto para las elecciones constituyentes de 1977 como para otras posteriores y, en definitiva, trabajaron con éxito en aquel proceso de transformación de la naturaleza del Estado.

Transcurridos tantos años de democracia parlamentaria como de dictadura, el poder representativo está atravesando su crisis más profunda y la España institucional del siglo XX se ha hundido en el desprestigio más absoluto. «El problema son los burócratas», se afirmaba en la URSS de Gorbachov a finales de la década de 1980, cuando nadie había imaginado aún que aquel inconmensurable poder soviético no tardaría en formar parte del pasado. Y sucedió, casi de repente, glásnost. La URSS nos demostró hace tiempo que nada es para siempre por mucho que lo parezca. Esta enseñanza ahora es doblemente útil, porque ayuda a los españoles más antiguos a aflojar las tuercas del pensamiento político. La historia funciona muchas veces así: produce acontecimientos que son imposibles de imaginar por las personas y que no están en las agendas de los políticos, sucesos que inmediatamente adquieren lógica y explicación dentro del proceso histórico. Así había caído el muro de Berlín en noviembre de 1989, así estallaron las primaveras árabes en 2011 y así se sucedieron los acontecimientos en el Maidán de Kiev.

Podría decirse que el orden institucional está en peligro cuando el PSOE cuestiona el statu quo al plantear una reforma de la Constitución en un sentido federal. No es esto lo que quiere la mayoría de sus votantes ni hay más problemas territoriales que los planteados en el País Vasco y en Cataluña: las personas corrientes quieren que se resuelvan estas cuestiones específicas y no otras.

Este año caerá el PP en las urnas muy por debajo de su registro de 2011 y como consecuencia inmediata tendrá que pactar la legislatura con el PSOE. Ya no existen otras fórmulas para controlar y, en este caso, reformar el orden establecido en 1978, al tiempo que se cumple con los compromisos de Maastricht y Lisboa. Se agotó el tiempo para resolver los problemas, porque los doscientos escaños que se calcula que sumará el bipartidismo este año estarán respaldados en la calle por tres de cada diez electores: son pocos y de edad avanzada o representativos del pasado.

Estos tres de cada diez electores definen la estabilidad institucional en torno al PP y el PSOE. Hay otros dos que también la definen, aunque piden que se reforme en algún sentido la Constitución de 1978: son los votantes de IU o Ciudadanos, pero también los de Coalición Canaria o el Partido Regionalista de Cantabria. Otros tres no votan y dos lo harán reclamando un orden completamente nuevo o un Estado para su nación.

«Lo que sea España solo lo pueden decidir el conjunto de los españoles». Lo dijo Mariano Rajoy el 12 de julio de 2014 en la escuela de verano de su partido y tiene razón. Lo que conocemos como España será algo distinto a medio plazo y lo que sea se decidirá entre todos.

PRIMERA PARTE

EL APRENDIZAJE

1

EL FRANQUISMO NOS HIZO SUMISOS (1939-1975)

Faltaba un año para que la guerra terminase cuando Franco promulgó la Ley de la Administración Central del Estado. Esa fue la primera pieza de su nueva España. También eligió gobierno el 30 de enero de 1938 que se ocupó de implantar el Fuero del Trabajo, la primera de las leyes fundamentales del reino. Su preámbulo sería la carta fundacional del régimen.

Renovando la Tradición Católica, de justicia social y alto sentido humano que informó la legislación del Imperio, el Estado, Nacional en cuanto es instrumento totalitario al servicio de la integridad patria, y Sindicalista en cuanto representa una reacción contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista, emprende la tarea de realizar —con aire militar, constructivo y gravemente religioso— la Revolución que España tiene pendiente y que ha de devolver a los españoles, de una vez para siempre, la Patria, el Pan y la Justicia.

Este preámbulo del Fuero del Trabajo estableció un poder militar y católico que estaría destinado a restituir en la historia y en las personas el orgullo de una España uninacional, imperial y autosuficiente, con la pureza de unos valores patrios singulares o distintos del marxismo y del capitalismo. Esos valores han perdurado como idea central de la identidad española hasta el final del siglo XX y aún subsisten en las personas de mayor edad de nuestra sociedad, pero también en la forma en que ejerce el poder representativo la clase política convencional de nuestros días.

Franco no había inventado nada. En realidad, el ideólogo o el inspirador de aquella revolución era el falangista José Antonio Primo de Rivera, que expresaba así su esencia en el cine Madrid el 19 de mayo de 1935:

La propiedad feudal era mucho mejor que la propiedad capitalista y que los obreros están peor que los esclavos. La propiedad feudal imponía al señor —al tiempo que le daba derechos—una serie de cargas; tenía que atender la defensa y aun la manutención de sus súbditos.

Ese pensamiento es, al mismo tiempo y objetivamente, predemocrático y precapitalista. Casi un año más tarde, el 2 de febrero de 1936 decía lo siguiente en el cine Europa de Madrid:

¿Es que España y la civilización occidental son cosas tan frágiles que necesiten cada dos años el parche sucio de la papeleta del sufragio? Es ya mucha broma esta. Para salvar la continuidad de esta España melancólica, alicorta, triste, que cada dos años necesita un remedio de urgencia, que no cuenten con nosotros. Por eso estamos solos, porque vemos que hay que hacer otra España, una España que se escape de la tenaza entre el rencor y el miedo por la única escapada alta y decente, por arriba, y de ahí por dónde nuestro grito de «¡Arriba España!» resulta ahora más profético que nunca. Por arriba queremos que se escape una España que dé enteras, otra vez, a su pueblo las tres cosas que pregonamos en nuestro grito: la Patria, el Pan y la Justicia.

José Antonio se estaba quejando de la convocatoria electoral del 16 de febrero de 1936 que ganó el Frente Popular. No tardaría en venirse arriba con sus quejas y terminar llamando a la rebelión. En ese éxtasis, pronunció las tres necesidades que cierran la carta fundacional del régimen y preámbulo del Fuero del Trabajo del 9 de marzo de 1938: «la Patria, el Pan y la Justicia». La propuesta de Franco fue volver a la España imperial, autosuficiente, obligatoriamente castellana y unidad de destino en lo universal. En aquellos años, las ideas del Caudillo coincidían con las de Benito Mussolini y Adolf Hitler, con la diferencia de que el fascismo y el nacionalsocialismo lideraron a las masas en Italia y en Alemania (ellos sabrán cómo encaja eso en su historia), mientras que el nacionalcatolicismo se había instalado en España a cañonazos. Era una diferencia sustancial que se reflejaba en la Ley de Responsabilidades Políticas, promulgada el 9 de febrero de 1939 que formalizó el sometimiento de la sociedad civil al nuevo orden castrense y gravemente religioso.

Artículo 1.º Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que desde primero de octubre de mil novecientos treinta y cuatro y antes de dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España y de aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave.

El siguiente artículo de esta ley perseguía expresamente a las organizaciones políticas del Frente Popular y otras que concurrieron en las elecciones generales del año 1936.

Artículo 2.º Como consecuencia de la anterior declaración y ratificándose lo dispuesto en el artículo 1.º del Decreto número ciento ocho, de fecha trece de septiembre de mil novecientos treinta y seis, quedan fuera de la Ley todos los partidos y agrupaciones políticas y sociales que, desde la convocatoria de las elecciones celebradas en dieciséis de febrero de mil novecientos treinta y seis, han integrado el llamado Frente Popular, así como los partidos y agrupaciones aliados y adheridos a este por el solo hecho de serlo, las organizaciones separatistas y todas aquellas que se hayan opuesto al triunfo del Movimiento Nacional.

Aquello significaba la persecución hasta la eliminación total de cualquier oposición a la dictadura y de cualquier pensamiento distinto del nuevo Movimiento Nacional. España era uninacional y los nacionalistas vascos y catalanes habían dejado de existir. Entre 1937 y el día 1 de abril de 1939, había emigrado de España una cifra incierta de personas que podría rondar el medio millón. Los menos se tiraron al monte y otros se escondieron.

Al terminar la guerra en 1939, los recursos demográficos eran escasos, la natalidad se había interrumpido y los muertos de la contienda junto a los emigrados en edad de procrear habían dejado un vacío demográfico indirecto insalvable: el de los nacimientos imposibles por no existir padres. Eran 26 millones de personas cuando la dictadura establecida en España inició un camino autárquico y ajeno a la legalidad internacional, con políticas poblacionales estrictas que obstaculizaron la emigración al exterior hasta 1946.

Durante los primeros años de la dictadura fueron encarceladas y fusiladas miles de personas en España. Entre ellos, estaba el presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys, que fue capturado por los nazis en Francia, entregado a la policía española y fusilado el 15 de octubre de 1940. En el mes de diciembre de 1946 la Asamblea General de la ONU se pronunció en contra de la admisión de España por su alineación profascista durante la guerra. Alemania había perdido la suya y Franco se había quedado aislado del mundo con su nacionalcatolicismo. Un nacionalcatolicismo, por cierto, que no debía ser muy católico porque tuvieron que pasar catorce años para que el Vaticano reconociera la España de Franco. Lo hizo con poco entusiasmo y por razones geopolíticas en 1953 junto al acuerdo que permitiría la presencia militar de Estados Unidos en territorio español y algunos créditos estadounidenses; el régimen franquista estaba consolidado y, como tal, era un aliado frente a la URSS.

La autosuficiencia económica pretendida por Franco había fracasado con anterioridad al ingreso de España en la ONU en el año 1955. Por entonces, España y Portugal eran los países más pobres de Europa, por lo que el objetivo de la autarquía y la organización de la sociedad bajo la dirección del Estado y de la Iglesia habían fracasado. El régimen se resistía a cambiar una legislación donde la nacionalidad española tenía que ser mayoritaria en la propiedad y el control de las empresas y los capitales para declararse finalmente la bancarrota de las cuentas públicas en 1958. La población, menos de 32 millones de personas, sufría la miseria en un país que no podía progresar, aislado del mundo por mucho palmarés imperial que exhibiera.

Estos ciudadanos más viejos evolucionaron en unas condiciones de precariedad extrema, vivieron la persecución y el aislamiento internacional para forjar hábitos y valores distintos y propios de la austeridad o muy materialistas. La España uninacional, católica y precapitalista de Franco seguía sin pintar nada en el concierto internacional, pero su dictadura había creado una sociedad temerosa, alejada del poder, sumisa y clientelar, características que han perdurado en el tiempo hasta nuestros días.

El plan de estabilización de 1959 significó la entrada de capital y el know-how extranjeros iniciándose lo que conocemos como el desarrollismo de los sesenta. En paralelo, la sociedad tomaba contacto con el exterior mediante la emigración y la llegada de turistas a España. El éxito de la economía española durante la década de 1960 consolidó la aceptación del régimen por parte de la mayoría social, ya que las personas pudieron satisfacer sus necesidades materiales más básicas. El desarrollismo de los sesenta no fue más que la normalización o internacionalización de la economía española que siguió al cambio de la legislación. No se produjo más milagro que la claudicación de los planteamientos autárquicos del régimen o, dicho de otro modo, el final del anticapitalismo de Franco. De todos modos, el dictador había vendido lo principal de su ideología.

Aquella convención mediante la cual las potencias occidentales reconocieron la dictadura de Franco demostró a las personas lo que era la legalidad internacional. Las potencias occidentales dejaron España en manos de un dictador por razones geopolíticas, lo cual decepcionó profundamente a muchos de los contrarios más veteranos. La aceptación internacional de esta realidad española generó el vocablo dictablanda, que se empleaba para justificar esta segunda etapa del franquismo y diferenciarla de la primera, a pesar de que todo el mundo sabe que hasta el rabo todo es toro. Sin embargo, la gente corriente necesita un mundo en el que poder vivir, desarrollarse, sonreír, creer, querer, en el que poder ser. En eso se convirtió la vida cotidiana; en eso consistió la aceptación de lo que había y lo que tenía que venir.

Durante esa década se produjo el baby boom —la cohorte más numerosa de la historia de la demografía española—, la economía creció y con ella el tamaño de las familias. La emigración del campo a la ciudad creó nuevas clases urbanas de origen rural que ocuparon espacios segregados en las ciudades, barrios obreros que había que construir para los nuevos trabajadores industriales y de servicios. En la sociedad se buscaba la normalidad como meta, una normalidad que marcaban los alemanes o los franceses que nos visitaban: queríamos ser europeos.

Los cambios se sucedían rápidamente. En 1970 la población era de 34 millones de personas de las que el 63% no habían cumplido aún los cuarenta y dos años y en España no había extranjeros. Un poco antes, en 1968, apareció ETA, que mató y avivó el recuerdo de la guerra. Ese mismo año Adolfo Suárez González fue nombrado gobernador civil de Segovia. El 22 de julio de 1969 Franco formalizó su sucesión en quien fue el rey Juan Carlos. Un día antes, el hombre había pisado la Luna, algo que no parece casual y en ese caso fue excéntrico. Al día siguiente estalló el caso Matesa, el primer gran escándalo de corrupción política en España con tres ministros implicados e indultados por Franco. Esta cultura política del amo y su favor, de origen feudal, la mantuvo viva Franco y perdura hasta nuestros días. La trama del caso Matesa se urdió con fondos del Banco de Crédito Industrial para la instalación de maquinaria textil que se exportaba pero no se vendía, por lo que no se instalaba. El empresario Juan Vilá Reyes fue condenado a más de doscientos años de cárcel y casi 10.000 millones de pesetas en indemnizaciones. Fue indultado por el rey Juan Carlos en el año 1975.

En 1970 se celebró el llamado Proceso de Burgos, un juicio sumarísimo contra dieciséis miembros de ETA, con varias condenas a muerte que no terminaron en fusilamientos por una protesta interna que incluía a la Iglesia y por la presión internacional. Casi cuatro mil personas fueron detenidas por aquella policía de Franco en el País Vasco durante los dos años anteriores para conseguir detener a los dieciséis encausados: vivíamos en una dictadura.

El 20 de diciembre de 1973 ETA mató al presidente del gobierno Luis Carrero Blanco. Al año siguiente, se produjo la Revolución de los Claveles en Portugal, que vivimos en España como algo imposible por la naturaleza de nuestro ejército. Ese mismo año estalló el caso Sofico, una estafa inmobiliaria de envergadura que fue uno de los mayores escándalos económicos de la dictadura. En 1975 la justicia castrense condenó a muerte y ejecutó a cinco personas. Franco, anciano, murió pocos meses después. Llegaba el final del período de la historia que conocemos como franquismo, cuarenta años que determinaron las vivencias de tres de nuestras cuatro generaciones actuales.

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LA TRANSICIÓN, UN PACTO ENTRE ÉLITES (1975-1982)

Al finalizar los cuarenta años de franquismo, la sociedad no era más uniforme que al concluir la guerra en 1939. Un joven combatiente de veinticinco años en 1937 estaba vivo y había cumplido sesenta y tres años en 1975. En España había quienes deseaban la continuidad del régimen pero eran cada vez menos. Los nacionalistas vascos y catalanes no habían dejado de existir, lo mismo que los comunistas, los socialistas o muchos de los que habían perdido la guerra (que en el fondo fuimos todos), y otros que fueron perseguidos durante la dictadura. En ese momento había tantos franquistas como antifranquistas. La gente aún llenaba la plaza de Oriente, pero muchas personas dejaron de ir a misa de un domingo para otro. La mayoría social no quería ser de derechas ni de izquierdas, o al menos no quería asumir protagonismo alguno. El recuerdo de la guerra estaba vivo y la sociedad temía a la policía y a los militares.

Una figura excepcional entra en la Historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea.

Esas eran las palabras que le dedicaba a Franco el príncipe Juan Carlos de Borbón en el acto de su proclamación como rey de España el 22 de noviembre de 1975. Ambas afirmaciones son ciertas. En tanto que militar golpista, Franco debe ser uno de los grandes y desde luego su figura explica la clave de la vida política contemporánea de nuestras tres generaciones de más edad, que es la cultura de la confrontación para la imposición como el fundamento de la acción política en lugar de la negociación para el perfeccionamiento del acuerdo. Se trata de un problema cultural o un problema de todos, pero está localizado en las tres generaciones mencionadas.

Por entonces, la mayoría antepuso un principio colectivo de paz social al establecimiento inmediato de las libertades democráticas. Esto determinó el desenlace del debate de la época: se llamó reforma. En 1975, se mostraron pactistas los nacionalistas catalanes, los vascos y los principales partidos políticos de la oposición al régimen, como el PSOE de Felipe González, el PCE de Santiago Carrillo y el PSP de Enrique Tierno Galván. La sociedad había vivido alejada del poder, no tenía cultura democrática y era temerosa.

Las élites pactaron una reforma, con la cual se inició lo que conocemos como Transición, un proceso vertiginoso de transformación de la naturaleza del Estado que se inicia en 1976 con el referendo sobre la Ley para la Reforma Política, continúa con una Ley de Amnistía, la legalización de los partidos políticos, la celebración de elecciones constituyentes en 1977 y el establecimiento de la Constitución de 1978. En 1979 se inició la descentralización administrativa. En mayo de 1980 el PSOE rompió el consenso constituyente mediante una moción de censura al presidente Suárez, que dimitió en enero de 1981. El respaldo social a la monarquía se consolidó ese mismo año tras el intento de golpe de Estado del 23-F. En octubre de ese año se iniciaba el proceso de adhesión de España a la OTAN y al año siguiente ganó las elecciones un partido de la oposición al régimen: el PSOE. En 1983 se completó el modelo territorial y en 1986 se ratificó mediante referendo el compromiso Atlántico adquirido cinco años antes. Ese mismo año, España ingresó en la Comunidad Europea. Pudo hacerlo en 1981 pero se encontró con el veto francés.

Colectivamente nos mostrábamos temerosos y sumisos, o vivíamos alejados del poder. La Transición fue un asunto de los políticos, como habían sido siempre estas cosas en España. El franquismo nos había transformado esencialmente en idiotas respecto de lo público; por eso la cultura política de la burocracia española siguió siendo predemocrática y la cultura económica de los poderes patrimoniales y financieros, precapitalista. El orden establecido en 1978 no era una fórmula o un aparato. Lo que no supimos entender los más veteranos era que había que desarrollar estos cambios profundos también en nuestra forma de pensar y de ser, porque había que empezar el trabajo cotidiano en lo que es de todos. No lo hicimos, lo dejamos todo en manos de los partidos políticos suponiendo que se encargarían de todo con eficacia, lealtad y autocontrol en la administración de los recursos públicos. Vivíamos alejados del poder quizá porque estábamos acostumbrados a ser dirigidos. No supimos plantearnos colectivamente que teníamos que construirnos individualmente en una nueva cultura donde la persona corriente es dueño de lo público y ejerce este poder a través de las instituciones.

A finales de 1975, el 86% de los entrevistados por Gallup en España apoyaba la sucesión prevista, que concentraba el poder político en un rey, que era aprobado por el 54% de la población. Por aquellas fechas la monarquía era un hecho aceptado para el 40%, mientras que un 38% consideraba que debía ser sometida a referendo y un 22% no informaba sobre este asunto. El 61% estaba conforme con el cese del presidente Carlos Arias Navarro, algo que resultaba inaceptable para otro 15%; estos porcentajes daban una dimensión tranquilizadora al problema.

El 32% de los encuestados reaccionó positivamente al nombramiento de Adolfo Suárez y el 43% se manifestaba a favor de una gran reforma política, aunque estaban divididos entre los que pedían una nueva constitución y los que preferían la modificación gradual de la legislación vigente. El 23% temía cualquier cambio brusco o necesitaba una evolución muy controlada de las cosas.

En julio de 1976, un 67% respaldaba la amnistía política y el 61% pedía la legalización de los partidos políticos, aunque solo el 30% incluía en esa legalización al Partido Comunista, mientras que un 40% no opinaba, así que no se podía avanzar mucho. Un poco más tarde, en octubre de 1976 la aprobación del presidente Suárez era del 58%. Fuera uno u otro el camino legal preferido, la mayoría de las personas coincidía en un lugar común que fue la certidumbre más sólida de todo aquel proceso: el 85% de los entrevistados por Gallup quería el sufragio universal. Tras someterse a referendo la Ley para la Reforma Política el 15 de diciembre de 1976, la popularidad de Adolfo Suárez subió hasta el 74% de aprobación en febrero de 1977. En ese mes, los partidarios de la legalización del PCE eran el 43%, el doble que los detractores. Fue entonces cuando España estableció relaciones diplomáticas con la URSS. Queríamos un Estado como el de los franceses o los alemanes, una democracia europea occidental; queríamos ser iguales, nada de distintos. El PCE fue legalizado en abril y el 15 de mayo la popularidad del presidente Suárez alcanzó el máximo histórico del 79% de aprobación en las encuestas de Gallup.

Por su parte, la popularidad del rey Juan Carlos subió hasta el 83% de aprobación, aunque la mitad de los encuestados opinaba que la monarquía tenía que ser sometida a referendo. Pasadas cuatro décadas y dos reyes, los datos son los mismos.

La Transición política española fue un proceso de transformación legal pactado entre élites desconectadas de la mayoría social. No fue el producto de la presión de la sociedad, sino una expresión de los lugares de encuentro entre los poderes predemocráticos y los partidos de vanguardia, que también pertenecían a las élites. No existía más cultura democrática que la de los implicados en la transformación de la naturaleza del Estado, que eran los sindicatos clandestinos, los militantes de los partidos políticos de la oposición al régimen y un buen número de asociaciones de vecinos independientes, además de los curas de algunas parroquias de barrios obreros. Nada más.

Nos convocaron un día del año 1977 a votar a los partidos políticos y lo hicimos con la misma incultura democrática que nos caracterizaba dos años antes, cuando el príncipe Juan Carlos juró las leyes fundamentales del reino en el acto de su proclamación como rey de España. Nos limitábamos a votar lo que nos ponían delante y nada más porque éramos una sociedad acostumbrada a ser dirigida.

En vísperas de las elecciones constituyentes de 1977 el 17% de los futuros electores se autodefinían marxistas, el 16% socialdemócratas, democratacristianos el 7%, franquistas evolucionistas el 10% y el 6% involucionistas; de los demás no se sabía gran cosa. Esta clase de números determinó la definición del lugar electoral que debía ocupar el régimen reformista para dirigirse a un votante mayoritario que no entendía de política pero no quería ser ni de derechas ni de izquierdas. Ese sitio era el centro. Así se llamó y fue un acierto en términos de mercado. Esa etiqueta era exclusiva de Adolfo Suárez, la Unión de Centro Democrático (UCD) y el Centro Democrático y Social (CDS).

Alianza Popular reunió una porción decisiva del electorado franquista de dudosas intenciones respecto del proceso democrático y esto redujo el involucionismo al 6%. La resistencia social a las reformas era finalmente residual. En aquellos tiempos las organizaciones revolucionarias eran muchas. El comunista Enrique Líster fundó el Partido Comunista Obrero Español (PCOE); la sección internacionalista del Partido Comunista de España (PCE) pasó a llamarse Partido de los Trabajadores de España (PTE); estaban el Movimiento Comunista, la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), que eran maoístas, los trotskistas de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), la Organización de Izquierda Comunista (OIC) y el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), y también Acción Comunista y algunas otras. Fueron organizaciones muy activas en la clandestinidad, pero su legalización las transformó en partidos parlamentarios («burgueses»), que concurrieron a las elecciones constituyentes de 1977. Como no obtuvieron representación, en la mayoría de los casos se preguntaron «¿y ahora qué?», y acabaron disolviéndose.

La primera expresión de la nueva democracia española fue pluripartidista. La UCD de Adolfo Suárez ganó las elecciones de 1977 con ciento sesenta y seis escaños. El PSOE de Felipe González consiguió ciento dieciocho imponiéndose al Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván que se quedó en seis a pesar de haber reunido más de ochocientos mil votos. Alianza Popular sumó 1,5 millones de votos y dieciséis escaños. Completó la representación de los partidos que concurrían en el ámbito estatal el PCE de Santiago Carrillo, con diecinueve diputados. Los nacionalistas catalanes sumaron catorce escaños, los vascos nueve y otros partidos dos. Sumando las listas socialistas del PSOE y del PSP se completó una Cámara (166-124-19-16-14-9-2) que no fue muy diferente de la que proporcionó la convocatoria plebiscitaria de 1979 (168-121-23-10-9-11-8).

Este ciclo constituyente finalizó precipitadamente en el mes de mayo de 1980 cuando el PSOE planteó una moción de censura al presidente Adolfo Suárez que liquidó las posiciones consensuadas de la Transición política española. Desde esa fecha, ganaba el PSOE y la acción política se basó en la confrontación para la imposición de las políticas que se debían seguir, característica del pensamiento político posfranquista que perdura en la clase política española. La democracia no es lo que nos enseñan.

Pienso que las medallas de la Transición política —si es que tiene que haberlas— están muy injustamente repartidas. El consenso no fue obra de Adolfo Suárez, sino de las personas corrientes. Juan Carlos de Borbón y Adolfo Suárez fueron los protagonistas del finiquito de las leyes fundamentales del reino o del ordenamiento jurídico de Franco. El primero abjurando la lealtad manifestada a esas leyes en su proclamación del 22 de noviembre de 1975; el segundo fue el actor principal pero pudo haber sido cualquier otra persona, simplemente tenía la edad y daba el perfil político que se necesitaba para llevar adelante la Transición. Adolfo Suárez era un político franquista, lo que en aquellos tiempos era exactamente lo contrario que ser un demócrata. Por ahí hay que empezar. Además, en España, el apellido Suárez pertenecía a Luis en el mundo del fútbol y a Fernando en la política, ya que este fue el último ministro de Trabajo nombrado por Franco y un personaje popular del régimen. Nadie sabía quién era Adolfo Suárez, que tampoco había hecho ningún mérito especial para protagonizar un proceso que no podía imaginar porque la música que amansaba a las fieras cuando fue elegido presidente era la evolución de las leyes fundamentales del reino.

Quien interpretaba esa música era Manuel Fraga Iribarne, que fue desde mi punto de vista uno de los artífices principales de la Transición. Fraga fue el promotor de la Ley de Prensa de 1966 durante su etapa de ministro de Información y Turismo, fue cesado después del caso Matesa en 1969 y desterrado por Franco a Londres en 1973 porque era incómodo por aperturista. Fraga regresó para coleccionar a los políticos del búnker y llevarlos a la democracia. Ni más ni menos. Terminó con la parte del régimen que se resistía a una evolución rápida de las cosas y redujo el involucionismo a la nada con el señuelo de la evolución de las leyes fundamentales del reino. Esto son hechos y esa es su aportación histórica, aunque de estas cosas no se habla, y por eso se le recuerda entre los nacionalistas y en la vieja izquierda por su etapa como ministro de Gobernación en el primer gobierno del rey aún franquista que presidió Arias Navarro entre los años 1975 y 1976. La policía mató a personas en Vitoria y la ultraderecha en Montejurra. Fraga también fue un político del régimen cuando otros eran demócratas.

El otro artífice principal de la Transición política a mi entender fue Santiago Carrillo. Los comunistas y los socialistas más viejos eran republicanos y aquello tampoco tenía buena pinta en 1976 para una parte más joven de la sociedad, que era más crítica, quería una evolución inmediata de las cosas y, desde luego, sin rey. Carrillo supo explicar con éxito a muchas de estas personas y a los viejos republicanos las razones que aconsejaban aceptar la nueva monarquía democrática; los condujo razonadamente a las urnas. Digamos que lo fácil era lo del centro y lo complicado de verdad lo de los extremos, aunque también es cierto que en términos cuantitativos lo central era abrumadoramente mayoritario.

Y, por último, están los nacionalistas. El independentista canario Antonio Cubillo trató de plantear en la ONU la africanidad del archipiélago canario, un hecho geográfico incuestionable aunque no tanto la demanda social de su descolonización por parte de España. Con independencia o no de su razonabilidad, Antonio Cubillo sufrió un atentado en Argel el 5 de abril de 1978 a manos de los servicios secretos españoles, según sentenció la Audiencia Nacional el 21 de octubre de 2003. No voy a dar unos datos que están en la red. No solo porque ilustra que no todo fueron acuerdos y facilidades, sino también porque esa entrevista pudo cambiar el rumbo de los acontecimientos, puesto que indicaría un camino cierto y directo a las mayorías sociales vasca y catalana, que fueron, desde mi punto de vista, los terceros protagonistas principales de la Transición intentando autogobernarse dentro de España.

La moción de censura al presidente Suárez en mayo de 1980 finiquitó el consenso político cuando la Transición no estaba ni mucho menos terminada, como demostró el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, que se presentó en las agendas de los políticos como el Maidán en Kiev. Pensar otra cosa me parece un disparate. El rey Juan Carlos no intentó sino alcanzar el formato institucional propio de una democracia europea occidental cuando los militares golpistas pretendieron de verdad restablecer la dictadura. A toro pasado se puede pensar que si no se hubiera producido, se tendría que haber inventado, porque los acontecimientos posteriores consolidaron una monarquía que era cuestionada por cuatro de cada diez electores y esa cifra quedó reducida a la mitad. Se trataba precisamente de lo contrario, que era normalizar la situación de una sociedad de consumo de masas llamada a formar parte del Mercado Común.

Franco había muerto en 1975. Pasaron dos años hasta las elecciones y otro más para tener una Constitución. Después de casi seis años seguían en el poder muchos políticos que, aunque reformistas, eran los de Franco, como el mismísimo Adolfo Suárez. El producto de la Transición no podía ser otro que derrotarles en las urnas y así sucedió en octubre de 1982.

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LLAMARON DESENCANTO A LO QUE EN REALIDAD

FUE MANSEDUMBRE (1982-1996)

Me estrené en mi profesión como técnico de estudios con una serie de seis sondeos preelectorales para UCD, que era el partido del gobierno en la campaña de 1982. Su electorado mayoritario de 1979 quedaría reducido a 1,4 millones de votos y once escaños, mientras que el CDS del expresidente Adolfo Suárez se hizo con seiscientos mil votos y dos escaños: ambas formaciones fueron laminadas por la legislación electoral. Un tercio de los votantes de UCD había elegido la coalición de AP con el Partido Demócrata Popular (PDP) de Óscar Alzaga, mientras que otro tercio se había incorporado al PSOE. Dotados de la nueva legalidad democrática, las elecciones de 1982 solo las podía ganar el PSOE. En ellas, aplastó a sus rivales con doscientos dos escaños. La popularidad del presidente Felipe González era del 62% de aprobación por tan solo un 13% de desaprobación cuando llegó a La Moncloa. Esas elecciones las tenían los socialistas más que ganadas sin referendo atlántico, pero lo comprometieron. Además de esto prometieron la creación de ochocientos mil puestos de trabajo, que entonces era una cifra enorme, y años más tarde se convirtió en el primer hito del desprestigio de la joven democracia española: el de la promesa electoral incumplida.

Pero lo importante por revelador fue el tercer eje de los socialistas en aquella campaña de 1982. Comprometieron lo que se llamó entonces la moralización de la administración pública, que es la regeneración democrática de ahora. El problema estaba ahí y ahí sigue: la burocracia española es un poder autónomo y arbitrario que engloba al representativo y existe desde siempre.

Durante esa legislatura aún se producirían más desengaños. En 1984 ocurrió el primer escándalo de financiación ilegal de un partido: el PSOE. Un diputado del SPD alemán, Peter Struck, declaró haber entregado un millón de marcos personalmente a Felipe González. Era un donativo procedente de la trama de financiación ilegal de los socialistas alemanes, que tenía su origen en los sobornos políticos de Friedrich Karl Flick, un poderoso empresario alemán. El conocido como caso Flick le descubrió a los electores que las grandes fortunas y las empresas financian a los partidos políticos a cambio de ventajas de algún tipo. Compran a los representantes. González afirmó no haber recibido dinero «ni de Flick ni de Flock», pero el escándalo fue considerable.

En 1985 apareció en Gallup un cliente para encargar una encuesta mensual. Aquel contrato acabaría prolongándose durante casi dos años. Mi trabajo se limitaba a traducir las preguntas y trasladar el encargo a la red de campo y las especificaciones al centro de cálculo para devolver una cinta con los datos. Entre los años 1985 y 1986 asistí al proceso de creación de la pregunta del referendo sobre la OTAN de este cliente, uno de tantos que debieron de intervenir en ese asunto. Cuando reemplazaron «OTAN» por «Alianza Atlántica» el voto favorable al sí mejoró diez puntos, pero seguía ganando el no. Muchos lectores recordarán que finalmente no se votó sobre la OTAN, porque lo que se llevó a referendo fue la política de seguridad exterior del gobierno, un decálogo que se resumía en tres propuestas: desaparecían las bases norteamericanas, se prohibía el tránsito de material nuclear por nuestro territorio y permaneceríamos en la Alianza Atlántica, aunque sin integrarnos en su estructura militar. El referendo atlántico de 1986 jamás lo habría ganado el gobierno sin hacer encuestas porque nadie habría encontrado esta fórmula.

Hicimos otros trabajos para la prensa a propósito del referendo. Para acertar con la estimación había que resolver una cuestión técnica que se resumía en un fenómeno de ocultación del voto en sentido contrario. Había un número significativo de entrevistados que verbalizaban su voto negativo a la permanencia de España en la OTAN, pero introducían la papeleta del sí en un procedimiento técnico paralelo que llamábamos de urna simulada. Digamos que las encuestas que no se publicaron fueron decisivas para dar con la formulación de la pregunta deseada y se convocó el referendo cuando creyeron tenerla. El 12 de marzo de 1986 ganó el sí buscado por el gobierno con el 52,5% de los votos.

Aquella interpretación del referendo era propia del PCUS o de Francisco Franco. No se trataba de que los ciudadanos expresaran su posición sobre la materia atlántica, sino que el referendo solo se planteó cuando hubo posibilidades de ganarlo. En España es el gobierno quien promueve los referendos y solo lo hace para ganarlos, lo que no es democracia directa. Los canarios, por ejemplo, no pueden opinar sobre el negocio del petróleo que quieren instalar en sus islas porque el gobierno prefiere no saberlo. Por eso está prohibido que alguien lo pregunte. Esta interpretación predemocrática de la política nos la enseñó Felipe González, y este pensamiento no es de derechas ni de izquierdas, sino español posfranquista o representativo del «porque aquí mando yo». El PSOE de Felipe González quiso configurar el resultado ganador en el referendo de la OTAN retorciendo la voluntad de las personas con una actitud totalitaria y tramposa.

La postura del PSOE en el asunto del referendo no fue la única destacable. El problema planteado en España con respecto a la Alianza Atlántica era muy grave y los aliados esperaban la colaboración de todos los partidos. Sin embargo, como Fraga podía derribar al gobierno si perdía el referendo, hizo una campaña implícita contraria al sí que se solapó con el silencio sepulcral de Adolfo Suárez. La derecha española exhibió un sentido de Estado y del interés general muy particular e inesperado, puesto que priorizó la conquista del poder parlamentario a la solución del conflicto atlántico. Y esto se anotó.

A pesar de todo, el poder del PSOE seguía siendo firme. Repitió mayoría absoluta en julio de 1986 con ciento ochenta y cuatro escaños, que eran menos que en la anterior legislatura pero aún eran muchos, mientras que la Coalición Popular liderada por Fraga consiguió ciento cinco escaños y el CDS de Adolfo Suárez dimensionó su espacio electoral quedándose por debajo del umbral de los 2 millones de votos y diecinueve escaños.

No parecía que en general la ética del poder fuera a mejor. Por ejemplo, en el mismo año de las elecciones estalló el caso KIO, otro escándalo financiero con suspensiones de pagos y condenas a empresarios. Otro detalle ilustrativo de esta ética se vio en abril de 1988, cuando el entonces vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, se encontró atrapado en un atasco volviendo por carretera de Portugal. Primero intentó colarse pero la gente lo increpó y se dio la vuelta. Mandó que le enviaran un Mystère, un avión militar, al aeropuerto portugués de Faro para recogerlo y llevarlo a Sevilla. Todo el episodio ejemplifica la didáctica del «puto amo» consustancial a esa clase política española posfranquista que ahora desprecia la mayoría social.

Naturalmente, aún se destaparían cosas mucho peores. En 1989 nos encontramos con el caso Juan Guerra. El hermano del vicepresidente ocupaba un despacho en la delegación del gobierno de Andalucía en el que se dedicaba a sus actividades empresariales privadas. Se trataba de un caso claro de nepotismo que entrañaba un delito fiscal por el que Juan Guerra fue condenado años después. Alfonso Guerra llegó a ser desaprobado por siete de cada diez personas, un dato masivo que es una señal previa antes de desaparecer de la forma en que en general lo hacen. Guerra dañó irreparablemente la imagen del político antifranquista español en una sociedad que ya se encaminaba a lo que luego se llamó el desencanto, que en realidad no fue otra cosa que mansedumbre.

Aun así, en 1989 se celebraron elecciones generales y volvió a ganar el PSOE con ciento setenta y cinco escaños por ciento siete del PP. Felipe González gobernaba la España de los fondos estructurales, las autovías, el AVE y los Juegos Olímpicos de Barcelona. Por su parte, la derecha española de ámbito estatal no era la única opción de voto, ya que en las elecciones autonómicas de 1983, 1987 y 1991 concurrieron un buen número de partidos políticos regionales como Unió Valenciana, el Partido Andalucista, el Partido Aragonés Regionalista, Extremadura Unida, Unió Mallorquina, Coalición Galega, etc. Así era y es España, muy dispersa en lo territorial. Algunas de estas fuerzas políticas aún perduran en sus territorios, mientras que otras desaparecieron engullidas por el bipartidismo, que se convirtió en el tercer ciclo del comportamiento electoral.

Tras diez años en el gobierno del PSOE el elector medio había aprendido lo que era una promesa electoral incumplida, un referendo absolutista, el abuso de poder y el nepotismo, además de descubrir también las cloacas del Estado. Desde el caso Lasa y Zabala en 1983 hasta el number one de Txiki Benegas en 1991 habían pasado ocho años en los que se había intentado matar a etarras, o al menos eso parecía. En 1992, saltaron los casos de los fondos reservados y de los GAL que le enseñaron al elector dos cosas más: por un lado, que los políticos disponían de un dinero que no tenían que justificar porque se gastaba en actividades inconfesables y, por otro, que algunos se lucraban con esos fondos. Por si eso fuera poco, se confirmó que las campañas electorales de los partidos políticos se financiaban ilegalmente. Estábamos en los prolegómenos del caso Filesa, la primera trama de envergadura que organizaba un partido político (el PSOE) para afrontar sus gastos electorales (las elecciones generales de 1989).

Con todos esos precedentes y una tasa de desempleo que alcanzaba el 20%, en la primavera de 1992 la desaprobación de Alfonso Guerra era del 72% y la de Felipe González del 46%. El PSOE perdía las elecciones en las encuestas. La popularidad de Felipe González ya era tan solo del 30%, una cifra que ya no remontaría aunque extrañamente sí los resultados de su partido. Muy extrañamente. Y tampoco hay que olvidar que además seguían apareciendo informaciones que dejaban al poder en mal lugar. En septiembre de 1992 el gobierno devaluaba la peseta. El aluvión de casos escandalosos parecía no tener fin: en noviembre el caso Roldán formalizó el hito del desprestigio de las instituciones; el caso AVE mostró al electorado la existencia de comisiones en la adjudicación de la línea de AVE Madrid-Sevilla; el caso SEAT demostró la existencia de más financiación ilegal del PSOE; el caso Casinos destapó que CiU hacía lo mismo; el caso Ibercorp fue de impacto porque el gobernador del Banco de España se estaba llevando el dinero y hubo también algo con el BOE; y más tarde el caso Urralburu acabó con la condena por primera vez de un expresidente de una comunidad autónoma.

Cumplidos diez años de gobierno socialista El País publicó una encuesta que mostraba a la sociedad sumida en el desencanto al que nos hemos referido antes. Solo el 7% de los entrevistados consideraba que el PSOE había cumplido con sus promesas electorales. La gente pensaba que la actuación de los socialistas había ido de mejor a peor. Cinco de cada diez entrevistados opinaban que en España había mucha corrupción, y tres que bastante, es decir, ocho de cada diez. Y de esto hace poco más de veinte años. La imagen que proyectaba el PSOE había cambiado profundamente, pero lo más importante era otra cosa. El 59% de los entrevistados consideraba que los beneficiados de la década de gobierno socialista habían sido las rentas más altas, los empresarios, los bancos y los propios políticos. Siete de cada diez personas opinaban que los perjudicados habían sido las rentas medias y bajas.

El desencanto apareció en la gente corriente al constatar que el gobierno socialista y la democracia eran lo mismo de siempre. Después de diez años de socialismo la riqueza seguía sin repartirse de otra forma. Durante estos años el PSOE se transformó en una familia político-económica beneficiada por una ley electoral trucada en su origen. El poder representativo no había materializado la expectativa colectiva de cambio en lo sustancial: la igualdad social, la justicia contributiva, la igualdad de oportunidades y la movilidad social. Todo esto seguía más o menos igual que en los tiempos de Franco. En aquellas circunstancias la sociedad fue, como siempre, idiota de lo público, lo común o lo de todos.

Hoy se puede decir de forma terminante que se ha hecho una política más afín a los segmentos altos de la sociedad que a los más desfavorecidos [...] los errores económicos se superan. Lo que es mucho más difícil de superar son las desviaciones ideológicas y culturales. Sobre todo se crea esa cultura de que aquí se puede ganar dinero en muy poco tiempo.

Lo dijo Nicolás Redondo en 1992 en una entrevista publicada en El País el día que se cumplieron diez años de gobierno socialista en España. El elector ya había comprendido que los partidos políticos estaban conectados con las clases altas en general y que estas coinciden con los poderes patrimoniales y financieros. Se empezó a decir que «son todos iguales» y la gente siguió con sus cosas. Sin embargo, Nicolás Redondo estaba advirtiendo de que el PSOE no era socialista ni obrero, aunque sí muy español y en consecuencia algunos se estaban forrando. Aquello no tenía nada de moralización de la vida pública sino al revés y siguieron los escándalos hasta el caso Banesto, que se llevó por delante a Mario Conde, un banquero importante en esa época.

Tras diez años de gobierno socialista, las elecciones ya solo las podían ganar el PP o el PSOE, aunque todas las encuestas daban ganador por un estrecho margen al PP. El 13 de mayo de 1993 el gobierno devaluó la peseta, y el 24 de ese mismo mes José María Aznar vapuleó a Felipe González en el primer debate televisado de la democracia española entre presidenciables. Se inauguraba así el bipartidismo, con una audiencia de más de 9 millones de espectadores que ya quisieran los líderes de estos partidos ahora. En el segundo debate Felipe González supo imponerse con claridad a Aznar.

El 6 de junio de 1993 el PSOE consiguió ciento cincuenta y nueve escaños, derrotando al PP de José María Aznar, que se había quedado en ciento cuarenta y uno. Fue contra todo pronóstico, aunque venían muy igualados. A propósito de estos sorprendentes resultados, debo decir que recibí una visita durante esa campaña en la que me aseguraron que ganaría González. Vinieron a informarme y a observar mi reacción, y no a que les informara o les diera mis datos, aunque fuera ese el motivo de la visita. El resultado electoral de 1993 fue y sigue siendo incomprensible en algunos aspectos, y su revisión exhaustiva es una materia que tengo reservada para el final de mi carrera.

En 1993 Felipe González seguía conservando intactos cinco de los atributos que estudió Gallup sobre este líder: inteligencia, amabilidad, decisión, liderazgo y determinación. Once años después de empezar a gobernar mantenía en valores positivos la honestidad, lo cual da una idea de su fortaleza. Es el líder más completo que he estudiado y un comunicador irrepetible. Felipe González había perdido imaginación, programa, altruismo, fiabilidad y sinceridad. Ese fue el déficit asumido por todos, que se llamó desencanto. La sociedad entendió por fin que el líder no tiene las soluciones, que el margen de maniobra real de la acción de gobierno es limitado o está condicionado y que los políticos fallan tanto o más que aciertan, pero esconden sus errores.

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LECCIONES DE CINISMO (1996-2004)

En las elecciones legislativas de 1996, diecinueve años después de las constituyentes, ganó por fin el partido de Manuel Fraga Iribarne y José María Aznar con ciento cincuenta y seis escaños por ciento cuarenta y uno del PSOE. No hay que olvidar que Alianza Popular se abstuvo en la votación parlamentaria del 21 de julio de 1978 sobre el proyecto de la nueva Constitución española y que su diputado Federico Silva Muñoz votó en contra. Insistiendo en esta idea, José María Aznar formó parte en su juventud del Frente de Estudiantes Sindicalistas (FES), inspirado en el pensamiento de José Antonio Primo de Rivera.

La mayoría del PP era insuficiente, lo que le obligaba a pactar con los nacionalistas para llevar adelante la legislatura. Lo hizo mediante un pacto con CiU, algo impensable en nuestros días. Con ese espíritu y no otro José María Aznar autorizó contactos con el «movimiento vasco de liberación», denominación con la que se refirió en septiembre de 1998 a ETA como se puede comprobar con facilidad en YouTube. El elector constataba ahora la asombrosa flexibilidad de este político español en una lista que ya era interminable sobre la utilización interesada que se estaba haciendo del poder representativo. Este votante reaccionó al calificativo de Aznar con cierta sorpresa, pero con el paso del tiempo concluyó que el cinismo es consustancial a la política española, porque el PP en la primera legislatura de Zapatero intentó desgastarlo por haber autorizado los mismos contactos que se encuentran en YouTube buscando «Aznar»+«movimiento de liberación».

El 12 de marzo del año 2000 el PP ganó las elecciones generales con ciento ochenta y tres escaños por ciento veinticinco del PSOE. Aznar estableció plusmarcas que su partido tampoco superará este año, como los siete escaños del País Vasco o los doce de Cataluña. Ese resultado electoral de Aznar sigue siendo paradigmático entre lo que llaman los críticos en ese partido, que es lo que antes se llamaba el Búnker.

Aznar despegó muy pronto. Ganó por la mínima las elecciones generales de 1996 y apenas un año después ya nos había dicho «el milagro soy yo», un síntoma inequívoco de que había contraído el mal de poder. Chaplin retrata esta enfermedad en El gran dictador mediante una escena en la que el mundo es un gran balón con el que juega el dictador, quien al final se asusta y trepa por una cortina hasta el techo y ahí se queda. «España va bien», nos repetía en su segunda legislatura José María Aznar. Había conquistado el mundo y, para demostrar la quintaesencia del absolutismo monárquico y la españolidad, el 5 de septiembre de 2002 se casó su hija con un tal Alejandro Agag en la basílica del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Este acto ilustra que, además de haber perdido el norte, quien es capaz de organizar algo semejante es hortera antes que poderoso y está muy acomplejado, ya que eso no se le ocurre a quien no tiene nada que demostrar, como es el caso de los poderes reales españoles. Aznar era un simple político enfermo de poder y la boda por todo lo alto de su hija una horterada que nos permite comprender la clase de valores que han naufragado en el ámbito de la política. Entre los testigos, estaba Manuel Fraga Iribarne —que consideraba la celebración un error del mismo calibre que la posterior foto de las Azores—, acompañado por Rodrigo Rato, Mariano Rajoy y el nostálgico de la dictadura Jaime Mayor Oreja. Entre el millar de invitados asistieron dos jefes de Estado, su compañero de guerra Tony Blair y Silvio Berlusconi que más tarde sería condenado por la ley, junto a Francisco Correa, Álvaro Pérez «el Bigotes» y otros amigos de la familia. Todo ideal, según la revista Hola.

Poco después de la faraónica boda, el 20 de noviembre de 2002, al día siguiente de la catástrofe del Prestige, el Partido Popular de Manuel Fraga Iribarne y José María Aznar condenó el golpe militar del 18 de julio de 1936. Lo hizo en el Congreso de los Diputados en su segunda legislatura en el poder; tardaron veintisiete años desde la muerte de Franco en condenar el golpe y en reconocer a quienes padecieron la represión de la dictadura. El PP votó a favor en el Congreso aunque no estaban obligados a tramitarlo porque gobernaban con mayoría absoluta desde el año 2000. Lo hicieron precisamente para bloquear las iniciativas emergentes sobre la recuperación de la memoria histórica. Pactaron una condena y a otra cosa. Jaime Mayor Oreja calificó más tarde el franquismo como una etapa de extraordinaria placidez de la historia de España sin que nadie de su partido lo desautorizara porque así es una parte del PP y de los españoles más antiguos. Esta cultura política es la que yo llamo posfranquista, que existe entre los dirigentes políticos convencionales y los electores más antiguos en España, pero no en Italia o en Alemania. El neofascismo es otra cosa que no tiene nada que ver con un líder popular que es cabeza visible de su partido en Europa y se distingue porque Jaime Mayor Oreja no lleva el pelo rapado.

El año 2013 tampoco empezó muy bien para el PP. El 15 de febrero se celebró una manifestación mundial contra la Guerra de Irak, y la movilización fue propia de los grandes acontecimientos porque nadie quería implicarse en ese conflicto. Tres días más tarde, la Unión Europea se había pronunciado en contra de un eventual ataque de Estados Unidos a Irak. Aznar pensaba de otra forma y quería ir a esa guerra, así que el día 22 se reunió con el presidente estadounidense George Bush en su rancho de Crawford, en Texas, para hablar del conflicto bélico. Venía de recibir buenas calabazas del presidente mexicano Vicente Fox que se sumarían a las del Vaticano en un alarde de ingenuidad negociadora. Estaba haciendo el ridículo internacional pero él estaba convencido de su protagonismo en el devenir de la historia de la humanidad y planeaba por encima del bien y del mal con auténtico acento tejano, muy cerca de Dios. Con su actitud, Aznar recordaba a Franco, aquel daba vergüenza ajena, mientras que el Generalísimo daba otra cosa.

Entre los días 22 y 26 de febrero de 2003 el CIS había realizado una encuesta sobre la implicación de España en la Guerra de Irak. El 91% de los entrevistados, lo que incluía a casi siete de cada diez votantes del PP, era contrario a que España se involucrase en el conflicto, pero además el 60 % consideraba muy mala la gestión que estaba haciendo el gobierno sobre este asunto.

José María Aznar no tardó en forzar dos fraudes parlamentarios objetivos y que a medio plazo le costarían las elecciones de 2004 al PP, acelerándose a su vez el proceso de desprestigio de la clase política y del poder representativo en España. A propuesta de su partido, el Congreso votó el 4 de marzo de 2003 sobre la implicación de España en la guerra de Irak, sustentándose legalmente en una interpretación laxa de la resolución 1441 del Consejo de Seguridad de la ONU del 8 de noviembre de 2002. El resultado de la votación fue de ciento ochenta y tres votos a favor por ciento sesenta y cuatro votos en contra: Aznar había conseguido el 100% de los votos de su partido y ese fue el único respaldo que obtuvo su propuesta.

El resultado de esa votación es paradigmático y explicativo de la crisis de representatividad del sistema en que nos encontramos inmersos. Fuimos a la guerra porque le dio la gana a José María Aznar, a pesar de que nadie más quería. Y nadie es nadie. Hizo lo mismo que González con la OTAN pero a capela y le enseñó al elector cómo funciona el poder representativo en España, cómo se manda: se hace lo que yo digo y punto. Nos enseñó el carácter despótico y predemocrático de su pensamiento político porque había forzado dos fraudes que son objetivos o indiscutibles:

1) Todos los diputados del PP votaron contra los intereses de sus electores siendo conscientes de ello: Aznar había forzado un primer fraude.

2) Una parte estimable de estos diputados votaron en contra de sus conciencias. De otra forma no habrían sumado el 100% de votos favorables, porque la sociedad arrojaba otros porcentajes que lo hacían imposible.

El elector medio concluyó que muchos de sus representantes no tienen ni principios ni tan siquiera vergüenza. El resultado de esta votación dejó claro que el diputado es un mandado en su partido, que vota en el Parlamento lo que le ordenan, aunque sea lo contrario de lo que piensa, o no sale en la foto; por lo tanto, no defiende los intereses de las personas sino otros que ni él mismo conoce. El elector medio aprendió que, después de votar, los partidos hacen lo que creen conveniente con el diputado y con su voto. Incluso te llevan a la guerra. Así se escribe la historia y de esos polvos vienen estos lodos.

José María Aznar es el vivo retrato de la costra del siglo XX o el «porque me da la gana» imperial del político español en su acepción castellana de castillo, señor y vasallo que se ha quedado en el primer tomo de la historia de España. Su carácter sobrado y chulesco, con el dedo corazón apuntando al cielo, profundizó en la sociedad la crisis de confianza en la clase política en general.

Según todas las encuestas, a finales de 2003 el PP de Aznar había perdido la mayoría absoluta. La razón estaba clara: estaban haciendo lo contrario de lo que querían sus votantes. Sin embargo, la vida seguía y a las personas se les fue olvidando que este aprendiz de caudillo había implicado a España en una guerra. En el PP alardeaban de la buena marcha de la economía y esperaban su reválida, aunque fuera con mayoría relativa.

5

LA DIDÁCTICA DE LA GEOMETRÍA

VARIABLE (2004-2010)

La campaña electoral de 2004 estuvo marcada por los atentados islamistas del 11-M. Tres días después de cometerse estos, ganó las elecciones el PSOE. Un desenlace que dejó sin habla al Aznar de los «desiertos remotos» y las «montañas lejanas», a ese Aznar que no encontró armas químicas en Irak, pero que no se subió por la cortina hasta el techo para esconderse porque el político español no necesita rectificar. El político español se cree que es por lo menos tan infalible como el papa, que tiene un don y punto. Pues bien, esas elecciones de 2004 las tenía ganadas el PP y las perdió José María Aznar precisamente por implicar a España en la guerra contra Irak haciendo caso omiso de la voluntad de las personas. Voy a explicar esta afirmación.

Que las autorías de los atentados fueran islamista o de ETA habría sido irrelevante en términos electorales si la implicación en el conflicto de Irak hubiese contado con el respaldo de la mayoría social, pero era justo al revés. Para que quede claro este planteamiento no hay más que comparar la reacción ante los atentados que se cometieron en el metro y en un autobús de Londres el 7 de julio de 2005, que nunca fueron atribuidos al IRA ni le costaron las elecciones a nadie. En España, el gobierno necesitaba que el autor de los atentados fuera ETA porque de lo contrario se considerarían una consecuencia de la implicación de España en la guerra de Irak. Y precisamente fue esto lo que percibió la gente, que reaccionó con contundencia.

El PP fue derrotado en las urnas y ganó contra todo pronóstico el PSOE de Zapatero con ciento sesenta y cuatro escaños por ciento cuarenta y ocho de los populares. A pesar de los resultados, los socialistas se impusieron únicamente en cuatro comunidades autónomas: Andalucía, con quince escaños de ventaja, otros tantos en Cataluña, tres en el País Vasco y dos en Aragón. Una ventaja de treinta y cinco escaños de los socialistas sobre el PP en cuatro territorios que quedó reducida a dieciséis por su desventaja en otros.

La primera legislatura de Zapatero podría calificarse de plácida. Como asuntos más llamativos podría decirse que bajo este gobierno del PSOE se aprobó la ley que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la ley de dependencia; se llevó adelante la regularización de ochocientos mil inmigrantes; se mantuvieron conversaciones con ETA; se dio carpetazo al Plan Ibarretxe, y se emprendió la reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña. También en 2005 se sometió a referendo un proyecto de constitución europea que rechazó ese mismo año la sociedad francesa. El fracaso del Tratado Constitucional de 2004 dio lugar al Tratado de Lisboa como solución de emergencia. Este último acuerdo, al que se llegó el 13 de diciembre de 2007, propició que la Unión Europea disponga de personalidad jurídica, de unidad monetaria y del Banco Central Europeo (BCE). A partir de entonces, la Unión Europea tiene autoridad económica, pero su proceso de unificación política está inequívocamente interrumpido y así continuará en tanto el área de la Unión no sea más homogénea.

Rodríguez Zapatero no solo se encontró con un resultado electoral favorable, sino también con una economía en plena expansión en lo que podíamos llamar la España del pelotazo, un proceso en el que aumentaría aún más la desigualdad social: los ricos riquísimos, los propietarios del suelo vendiendo a ese precio que no se puede decir que no, los políticos y los burócratas imponiendo las normas y los constructores contratando dinero público. La gente de a pie como siempre, justitos a fin de mes. La economía crecía a base de ladrillo y de obra pública. Ya no se trataba de la cultura del dinero rápido como había advertido Nicolás Redondo, ahora podías hacerte millonario. La población hablaba de pelotazos mientras alicataban el litoral, construían infraestructuras sobredimensionadas, y los nuevos puertos deportivos se llenaban de barcos de una eslora media superior a la francesa. Toda esa locura la viví en primera persona y conocí a todo tipo de gente, incluso personas extraordinariamente comprometidas entre las rentas más altas.

Zapatero lideró a las personas normales durante los años de la gran estafa que se produjo en España en la primera década del siglo XXI. Fueron los años en los que se cambiaron las maletas por baúles para llevarse el futuro de los hijos y los nietos de la gente corriente. Era la estafa perfecta, en la que los políticos quemaban el dinero público en obras absurdas porque así se financia el bloque burocrático. A las personas les da lo mismo que quien estuviera al frente de todo fuera un bambi, pero hay que dejar claro que llenaron España de grúas, hicieron su negocio y desaparecieron llevándose incluso los ahorros de los abuelos. El elector mejor formado se sintió estafado y dejó de votar a este partido, pero ahora exige responsabilidades a quienes decidieron esas obras que no voy a especificar porque se podrían escribir libros enteros con ellas y se encuentran con facilidad en la red.

El PP había ocupado su posición en el contexto de la crisis económica desde el verano de 2007, y en octubre los dos grandes partidos estaban igualados en las encuestas. La intromisión de los obispos en la campaña solicitando el voto para el bien mayor en enero de 2008 y la espantada de Alberto Ruiz-Gallardón al verse excluido de las listas de Rajoy propiciaron un nuevo distanciamiento del PSOE ya en vísperas de las elecciones. El PP empleó sentido común apoyándose en Merkel y Sarkozy para recuperar sus posiciones y a partir de entonces recurrió al mantra de la limitación de los derechos de la población inmigrante, en un escenario de crisis, para volver a empatar en las encuestas. Sin embargo, el 21 de febrero se celebró un debate televisivo de corte económico en el que Pedro Solbes pulverizó al representante del PP, Manuel Pizarro. Ahí se terminó la contienda porque Solbes había dejado claro que en España no había crisis ni motivos para alarmarse sobre la marcha de la economía.

Esa confrontación entre Solbes y Pizarro fue el prólogo a los debates entre los dos candidatos presidenciables que, después de quince años, podían volver a enfrentarse en televisión. Zapatero y Rajoy se vieron las caras el 25 de febrero y el 4 de marzo y en ambos casos quedaron en tablas. Entre tanto, algunas cabezas visibles del PP tampoco fueron de demasiada ayuda para su partido en la campaña electoral. Por ejemplo, el entonces secretario ejecutivo de Comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, comentó desde Londres determinada estrategia de la abstención, que le brindó al PSOE el factor movilizador que necesitaba. Rodrigo Rato estaba olvidado o ausente. Y Aznar irrumpió en la recta final de la campaña para terminar de estropear el resultado del PP. Su aparición no solo no aportó más votos, sino que perjudicó a Rajoy, porque movilizó a otros electores en contra del PP, lo que se tradujo en un mejor resultado de los socialistas.

Si en las elecciones generales de 2000, el PP obtuvo el 30,4% del censo electoral, progresando unos seiscientos mil votos con respecto a las elecciones de 1996, en las de 2008 alcanzó el 29,3%, progresando lo mismo. Conclusión: el candidato que pongan es irrelevante porque el resultado electoral es inequívocamente el de la marca PP.

Esas elecciones generales terminaron con unos datos bastante relevantes para los analistas. La suma de las candidaturas españolas del PSOE, PP, IU/ICV y UPyD proporcionó un nuevo récord del 88,8% de los votos válidos, mientras que la tasa de participación general registrada había retrocedido un par de puntos, del 75,7 al 73,3%. Hasta esas elecciones generales, cuanto mayor era la participación más votos válidos estaban sumando las candidaturas españolas. Se había registrado por primera vez en la historia de nuestro comportamiento electoral colectivo una concentración de voto en las candidaturas que cubren el ámbito estatal que era independiente de la participación general registrada. Eso significaba inequívocamente que se habían producido transferencias de voto muy importantes desde los electorados de los partidos autonómicos a los estatales. Decenas de miles de votantes típicos del PNV en el País Vasco y de ERC en Cataluña trasladaron su confianza al PSE-EE y el PSC respectivamente. Zapatero había seguido una estrategia diferente a la del PP en Cataluña: había impulsado el Estatut mientras que el PP lo había recurrido.

En resumen, la victoria del PSOE en 2004 puede considerarse una excepción territorial en un período iniciado en 1996, en el que el bipartidismo estaba dominado por el PP. A consecuencia de estos resultados, los populares se mostraron rabiosos durante toda la legislatura, y volvieron a perder las elecciones generales de 2008, con ciento cincuenta y cuatro escaños. Se demostraba así que esa rabia se transmite y la gente la percibe. El PSOE, con ciento sesenta y nueve escaños, había ganado en Andalucía, Cataluña, País Vasco, Aragón y Canarias. La España del pelotazo aún marchaba como una locomotora, el bloque burocrático español proporcionaba pleno empleo y el bipartidismo había establecido plusmarcas. Para hacernos una idea más precisa de esto último, cabe destacar que en aquellas elecciones generales solo hubo seis comunidades autónomas donde resultaron elegidos diputados distintos del PSOE o el PP: País Vasco (PNV), Cataluña (CIU, ERC e ICV), Madrid (IU y UPyD), Galicia (BNG), Canarias (CC) y Navarra (NaBai). Entre todos sumaron veintisiete escaños. Aún había dinero, con lo cual no había tensiones.

Sin embargo, la idea de que no había crisis se desvaneció enseguida porque la gente, y sobre todo los más jóvenes, empezó a quedarse sin trabajo. El elector se dio cuenta de que sí había crisis, y además profunda, y en octubre de 2009 el PP ganaba en las encuestas por más de tres puntos de ventaja. En cambio, como Zapatero se había impuesto un año antes negándola, no había modificado su discurso. El PSOE transfería más de un millón de sus votantes a otros partidos, se desmovilizaban otros tantos y con ello se vino abajo en todas las encuestas. El 68% de los entrevistados por el CIS desconfiaba de Zapatero y el 80% de Rajoy. Nunca antes el presidente y su principal opositor habían sido desaprobados simultáneamente con un porcentaje de personas semejante. Era un dato que había que tener muy en cuenta. Solo confiaban plenamente en ellos 7 millones de votantes socialistas y menos de 6 millones de populares. El barómetro del CIS de octubre de 2009 señaló además que Carme Chacón o Alfredo Pérez Rubalcaba serían mejores candidatos socialistas que Zapatero. Por su parte, el PP contaba con una ventaja en las encuestas que se debía a la dificultad del PSOE para encontrar electores afluentes, ya que el voto útil se había desactivado y así sigue. Ni abstencionistas, ni nacionalistas, ni comunistas u otros de la vieja izquierda votarían de nuevo al PSOE para hacer frente al PP.

En esta etapa, los dos partidos fueron hegemónicos sobre todos los demás mediante una confrontación que evidenció contradicciones con el interés general al llegar la crisis, cuando la sociedad y la Unión Europea exigieron la colaboración de ambos. Ambos partidos hicieron oídos sordos: el PSOE presentaba al PP como la derecha más reaccionaria de Europa mientras que los populares ninguneaban la gestión de los socialistas al frente del gobierno. Los países del norte estaban asombrados de ver a los españoles peleándose con el país patas arriba y dispuestos a despeñarse con un pedazo de PIB que podía arrastrar a toda la Unión. Comprendieron que somos otra cosa y se asustaron por nuestro tamaño. Como consecuencia de esta forma de relacionarse basada en el desencuentro en unas circunstancias que exigían el acuerdo, un número creciente de electores se fue distanciando de ambos partidos, al fin percibidos como iguales, muy alejados del mandato y convertidos definitivamente en familias político-económicas. Empezaba entonces el rosario de escándalos de unos y otros que desembocaron en el desprecio general hacia toda la clase política.

¿Qué posibilidades tenían los socialistas de remontar esta situación? Ninguna. A finales de 2009 el PSOE ya había despreciado sin contrapartidas electorales el voto útil nacionalista y también el de determinados abstencionistas mediante su pacto con el PP en el País Vasco. Se cometió un error estratégico descomunal porque, además de perder amigos, le habían regalado a los populares ese elemento moderador que necesitaban para mejorar su imagen.

En cuanto al PP, giró sobre sí mismo y se transformó sin dificultades en el gestor alternativo de la economía que estaba sin estrenar. Desde ese momento todo lo político-ideológico pasó a un segundo plano con lo que la transferencia directa del PSOE al PP arrojaba un diferencial de 1,5 millones de votos favorable a los de Rajoy. El cuadro se completaba con otras transferencias del PSOE hacia UPyD de más de trescientos mil electores y de casi cuatrocientos mil hacia IU/ICV. Los socialistas ya no podían ganar y no asumieron este hecho, porque los políticos viven en un mundo irreal en el que se creen capaces de levantar cualquier resultado. Nadie les dice nada porque en caso contrario no sale en la foto, y los asesores externos no caben porque el problema empieza por quien paga. Zapatero simbolizaba la transformación del PSOE en una herramienta gestora de los ajustes exigidos por Bruselas, una percepción que estaba costando votos. Además, se pensaba que en términos de mercado cualquier solución razonable exigía su sacrificio.

Los resultados de los partidos convencionales hegemónicos como el PSOE y el PP siempre se han configurado interelectoralmente y se optimizan en las campañas, aunque en esa optimización se decida quién se llevará las primas o lo fundamental del resultado político, esto es, cuál será la actualidad de la que nos informarán los periodistas. En 2009, la crisis ocupaba el centro de las preocupaciones de las personas y en consecuencia ya había fijado el eje sobre el que tenían que decidirse más votos en las siguientes elecciones generales. En otoño de ese año, el PSOE carecía de factores aglutinantes porque estos eran de naturaleza económica y Zapatero había perdido la confianza de la mayoría social. Lejos de dirigir un mensaje para exponer la gravedad de la situación y requerir la colaboración de todos (que es lo único que podría hacer para tratar de recomponer la situación), Zapatero habló de brotes verdes, planes E y hasta de coches eléctricos como posibles soluciones para materializar el cambio del modelo productivo hacia unos objetivos y en unos plazos que tampoco explicaba. Se empeñaba en intentar convencer al elector de que pronto vería la luz cuando este ya sabía lo que estaba pasando. La conclusión lógica es que Zapatero estaba doblemente fuera de la realidad.

A un año de las elecciones en el PP trabajaban para que los votantes próximos al PSOE dieran por perdida su hegemonía electoral. «Caerán como fruta madura», decían los populares, siempre enfrentados al PSOE con el antisocial lema de cuanto peor (para todos) mejor (para nosotros), que naturalmente el elector medio anotó y subrayó.

En las elecciones europeas de 2009 todas las encuestas, salvo una, daban como ganador al PP, seguido por el PSOE y a gran distancia IU, UPyD y dos candidaturas nacionalistas. El estudio número 2800 del CIS era el único que arrojaba unos resultados distintos y daba como vencedor al PSOE. En las tablas de resultados de ese estudio, que se puede consultar en la red, se encuentra la información que permite calcular la intención de voto y afirmar sin ningún género de duda que con esos datos el PP debería haber sido estimado como el partido político más votado. Pensando de mejor a peor, no se trata tanto de un problema con la técnica de la pregunta (el entrevistador no debe sugerir) como más bien un problema con la técnica de estimación que quizá no funciona con muestras exageradamente desviadas en voto declarado como es el caso. Sin embargo, todo tiene unos límites y con los datos del estudio 2800 del CIS ganaba el PP con las dos técnicas de estimación que utilizo. De hecho, con cualquier técnica que utilice cualquiera. Quedaron mal en tiempos preelectorales dentro del sector profesional y poselectoralmente con todo el mundo, porque ganó el PP, tal como auguraban todas las encuestas.

6

EL LADO IZQUIERDO DE LO MISMO (2010-2011)

El ciclo electoral protagonizado por el PSOE finalizó precipitadamente con los decretos de Zapatero de mayo de 2010 ya en plena crisis económica. La intención de voto a los socialistas cayó al umbral del 20% del censo electoral, una pérdida de más de diez puntos que dio origen a un miniciclo hegemónico de los populares. El bipartidismo se había desarrollado ininterrumpidamente entre los años 1992 y 2010, dieciocho años en los que solo el PP o el PSOE podían ganar las elecciones generales sumando con sus votos recogidos más del 50% del censo electoral.

Ese estado de cosas estaba empezando a cambiar. En mayo de 2010 el PSOE se desplomó en las encuestas. Zapatero había anunciado la bajada de los sueldos de todos los funcionarios y una reforma del mercado laboral que terminaría con el pago de los cuarenta y cinco días por año trabajado implantado por Franco, además de introducir la flexibilización, lo que significaba que se podían modificar sustancialmente las condiciones en las que estaban trabajando las personas.

A partir del barómetro del CIS de julio de 2010 en todas las encuestas aparecía como vencedor el PP con mayoría absoluta. Zapatero había gobernado a corto plazo, sin plan ni criterio y sobre todo sin liderazgo. No supo sobreponerse a la dificultad, demostró incompetencia y poca fiabilidad. Ya no tenía margen para recuperar la confianza ciudadana. No tenía más proyecto que hacer lo que dijeran la Unión Europea y los acreedores o así lo entendió la gente. Zapatero era desaprobado por siete u ocho de cada diez electores según las circunstancias y cuestionado por todo el flanco izquierdo de su electorado. Había perdido la confianza de cuatro de cada diez de sus votantes en 2008 y de la mayoría social, y su turno de presidencia de la Unión Europea había sido un fracaso rotundo en términos electorales. La «conjunción planetaria» que una vez mencionó la socialista Leire Pajín no debió de producirse porque nadie notó ni un cosquilleo.

El electorado socialista se disponía a abstenerse masivamente en las siguientes elecciones, las que fueran, ante la certeza de que el PSOE era solo el lado izquierdo del sistema europeo que obligaba y quitaba. Este aprendizaje fue definitivo y fundamental, estructural y definitorio en el tiempo de una situación electoral completamente nueva. En el mes de octubre se confirmó la desmovilización más profunda del electorado socialista hasta entonces, así como la dispersión de todos sus refuerzos. No se trataba de la progresión electoral del PP sino de un problema del PSOE: no menos de 2 millones de sus votantes habían decidido abstenerse y no menos de 1,5 millones votarían al PP, a IU o a UPyD. En noviembre de ese año el PSOE se enfrentaba a la sonora derrota del PSC en Cataluña.

La lógica de la optimización de los resultados aconsejaba el reemplazo del cartel electoral del PSOE, así que Zapatero nombró vicepresidente a Alfredo Pérez Rubalcaba. Ese movimiento socialista ocultaba una decisión que ya estaba tomada y tendría tres efectos. La decisión era que José Luis Rodríguez Zapatero no sería el candidato del PSOE en las siguientes elecciones generales. Si todo iba según lo previsto y comenzaban a remontar en las encuestas, anunciaría su renuncia al final de la legislatura. El candidato sería Rubalcaba y su proclamación se formalizaría en un proceso de primarias.

El primer efecto de esta decisión era inmediato: nadie quería que apareciera Zapatero en sus campañas. En un principio se limitó a la contienda catalana que por entonces estaba en curso, pero luego incluso el castellano-manchego José María Barreda fue especialmente explícito al respecto en su campaña de 2011.

El segundo efecto tenía que ver con la movilización y la activación del voto útil, cuya intensidad dependería de la nitidez con la que los socialistas fueran capaces de comunicar una nueva oferta electoral —partido, programa y líder— distinta y progresivamente distante de la de Zapatero. El movimiento era seguro porque Zapatero tenía una valoración de 5,3 puntos sobre 10 entre los votantes del PSOE, mientras que Rubalcaba llegaba a 6,2 y además recibía mejores puntuaciones de los demás electorados que el presidente (según el CIS). La mejor valoración media de Rubalcaba se fundamentaba en su gestión como ministro del Interior.

El último efecto podía ser devastador: la valoración media de Rubalcaba era de 4,5 puntos frente a 3,1 de Rajoy. Esta pequeña distancia es un abismo. El dolce far niente de Rajoy esperando la caída de la fruta madura resultaría insuficiente frente a la nueva comunicación de los socialistas, más inteligible y sobre todo creíble. Además, si empezaba a remontar el PSOE en las encuestas, el liderazgo de Rajoy sería cuestionado vivamente en su propio partido. El cálculo debía de ser que Rajoy ya no era contrincante digno y cualquier otro que eligieran les favorecería, puesto que el aún prestigiado Rodrigo Rato y el entonces alcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón estaban descartados.

No sucedió nada de esto. No había plan ni cálculo porque Rubalcaba ocupó la vicepresidencia justificando a Zapatero y naturalmente el PSOE no remontó en las encuestas. Le comunicó al elector que ellos son así, porque Rubalcaba era lo mismo que Zapatero y para ese viaje no hacían falta alforjas. Personalmente, aquí tuve claro que no estaban en los números ni en el resultado electoral, lo mismo que el elector medio, y que los acontecimientos les tenían que estar superando.

Hagamos un breve inciso para fijarnos no tanto en los políticos como en los votantes. El siglo XXI se gestó en España con la llegada al mundo de los reformistas (1959-1973), que son los artífices del cambio profundo de mentalidad y actitud, además del cambio de los valores sociales sin ruptura generacional. Son sobre todo los nacidos en el desarrollismo de los sesenta, su edad en 2015 es de entre cuarenta y dos y cincuenta y seis años y configuran un grupo generacional crucial que suma algo más de 9,5 millones de personas. Han sabido ensamblar los valores antiguos con otros procedentes de la normalidad exterior y de la nueva realidad democrática. Las mujeres de este grupo de reformistas cambiaron mucho más con respecto a sus madres que los hombres respecto a sus padres. Esta generación en su conjunto logró la transición social hacia la normalidad exterior que significaba Europa. Los reformistas vivieron y viven un mundo aproximado. Esencialmente relativistas, crecieron en un contexto donde las normas de convivencia cambiaron sustancialmente, se formaron en un sustrato económico expansivo y su entorno evolucionó desde la precariedad hacia situaciones infinitamente más favorables.

Los babyboomers son quienes podrían explicarlo todo. Emparejados con niños de la autarquía en muchos casos, todos son hijos del mundo antiguo y padres de esos ciudadanos nuevos que conforman nuestra generación más joven, esa que vive ya en el mundo de Google, Skype y Twitter, el mundo global, en definitiva. Los ciudadanos nuevos son los protagonistas del siglo XXI. Lo que conocemos como España será como ellos convengan y no nos quepa ninguna duda de que cambiarán profundamente su diseño institucional.

De entre estos ciudadanos nuevos, los de mayor edad tenían un año en 1975 y suman casi 20 millones de personas de las que más de 12 tienen edad para votar y están convocados a las urnas en 2015. Para esta generación el franquismo está en el mismo lugar que Napoleón, en los libros de historia. Pronto distinguiremos los que incorporaron en algún momento las nuevas tecnologías de la información y comunicación de los que crecieron después de la revolución tecnológica de finales del siglo XX que produjo la autocomunicación social. Son personas muy distintas. Los primeros saben usar la red, los segundos son la red: la población actual de entre diez y quince años que pronto empezará a votar es internauta en el 90% de los casos y el 70% dispone de teléfono móvil personal. Viven en red.

Al acabar 2008, la economía española se estaba deteriorando vertiginosamente con el consiguiente aumento del desempleo en los años siguientes por encima del 25% de la población activa, pero el doble entre los más jóvenes. El aprendizaje de estos ciudadanos nuevos que deciden su voto de forma creciente en la red y lideran a las generaciones precedentes es el de un orden económico e institucional supuestamente avanzado que inexplicablemente se derrumbó enterrando sus proyectos existenciales y sus seguridades más básicas. Muchos de ellos, sobre todo internautas, urbanos, mejor formados o especializados, más jóvenes y críticos, concluyeron en la segunda mitad de 2010 que los poderes no representan a las personas en España, ni tan siquiera el poder representativo. Organizados en red desde entonces han seguido la revolución islandesa, las primaveras árabes y muchos de ellos han liderado el fenómeno de los indignados, que eclosionó en mayo de 2011 mediante las movilizaciones del 15-M.

Se trata de la primera generación que se ha interesado por el poder en España desde 1939, marcando con ello una discontinuidad. Han sabido liderar un cambio profundo en la sociedad contagiando su interés a todos. Han recuperado la capacidad crítica de las personas normales de más edad poniendo fin a su desinterés por los asuntos de todos. El 15-M fue, finalmente, un fenómeno intergeneracional de masas propuesto y liderado por la generación más joven.

Volvamos ahora a la historia reciente política y electoral. Como ha quedado dicho, el barómetro de enero de 2011 del CIS indicó con rotundidad que casi 1,5 millones de los electores del PSOE votarían al PP, lo que daba un diferencial particular de casi 3 millones de votos favorable a los populares, que estaban en disposición de conseguir 11,5 millones de votos. El PP obtenía una rentabilidad mayor que la proporcional por la desmovilización de unos 2 millones de electores socialistas que se restaban del total que se computan como válidos. En la medida en que ni IU ni UPyD capturaban el grueso de esos votantes, el PP mejoraba su posición relativa sobre los demás y conseguía más escaños con el mismo resultado.

El PSOE quedó reducido en las encuestas a 7 millones de votos, con lo que los más de 11 millones de electores que le habían dado la victoria en 2008 se habían dispersado. Podía pensarse que los socialistas tenían recorrido hasta los 9 millones si lograban movilizar a todos sus abstencionistas pero esta posibilidad estaba medida y un escenario distinto con otro líder apenas sumaría un millón de votos más: ya no podían evitar la mayoría absoluta del PP en las elecciones generales con Rubalcaba como candidato.

Así pues, en vísperas de las elecciones municipales de mayo de 2011 el PSOE tenía unos 7 millones de votos calculados para elecciones generales, el 20% del censo electoral, lo que les llevaba hacia el 30% de los votos válidos como mucho. Esa era la peor situación preelectoral conocida por los socialistas ante unos comicios locales. El 2 de abril de 2011 Zapatero anunció que no repetiría como candidato electoral del PSOE. Hacerlo antes de las elecciones municipales era necesario para flexibilizar las campañas de los candidatos locales y autonómicos para no perder votos. Tras el anuncio podían incluso discrepar abiertamente y, como diría Felipe González, «hipotizar sobre el futurible» a conveniencia. Trataban de evitar el peor resultado conocido del PSOE en unas elecciones municipales, porque todas las encuestas coincidían en la victoria del PP en las elecciones generales por unos quince puntos de ventaja, lo cual tiene su extrapolación.

Los creadores de opinión habían alcanzado una conclusión errónea en vísperas de esas elecciones. Concluyeron que el PSOE y el PP siempre quedan muy empatados en las elecciones municipales en España con independencia de lo que hubiera sucedido en las elecciones generales contiguas. Como esto había sido así en las tres últimas convocatorias, acabaron cometiendo este error de apreciación. En las elecciones municipales de 1999 ganó el PP aventajando en menos de cuarenta mil votos al PSOE, en 2003 ganó el PSOE con una ventaja de algo más de cien mil votos y en 2007 ganó el PP con ciento cincuenta mil votos de ventaja. Muy igualados siempre, aunque el PP hubiera ganado con mayoría absoluta en las elecciones generales del año 2000 y el PSOE con mayoría relativa en las dos siguientes. Ganara uno u otro las elecciones generales, en las municipales empatarían, esa fue su conclusión. Tampoco había encuestas que informaran sobre los resultados totales de las elecciones municipales porque no hay clientes interesados en esa estimación. Las encuestas que se publican son siempre relativas a los resultados de municipios concretos.

No era así. Los periodistas entendieron la situación de inmediato porque todas las encuestas que se empezaron a publicar coincidían en el desplome del PSOE, fuera en Madrid, A Coruña o Cádiz. El PP ganó con casi 8,5 millones de votos en las elecciones locales de 2011, un gran resultado, aventajando en más de 2 millones de votos al PSOE, que había perdido casi dos mil trescientos concejales en toda España y cerca de 1,5 millones de votos respecto a las elecciones municipales de 2007. Los indignados tuvieron mucho que ver en esto.

Antes de seguir adelante, vale la pena fijarse en el caso particular de UPyD para mostrar algunas cosas sobre las encuestas que quedaron de manifiesto en estas elecciones municipales. El desprecio demoscópico a este partido en la legislatura 2008-2011 fue una constante que se dio muy particularmente en la Comunidad de Madrid ante las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2011. Nadie había hecho los números para unos periodistas que ya habían decidido que UPyD no entraría en la Asamblea. Los resultados de las elecciones europeas de 2009 confirmaban que estaban dentro, aunque la participación fuera quince puntos superior. El cerrojazo de los medios convencionales a UPyD fue perceptible, no querían saber nada de ese partido y hacían como si no existiera aunque sabían que estaba ahí. No quisieron concluir que UPyD tendría necesariamente más votos en las elecciones autonómicas de 2011 que en las europeas de 2009 en la Comunidad de Madrid, como sucedería con cualquier otra candidatura, y construyeron una realidad preelectoral donde UPyD no existía. Se puede decir de otra forma: UPyD estaba ante las elecciones generales con 1,1 millones de votos como peor resultado en 2010; aun así los periodistas despreciaban el dato.

Lo de las encuestas con UPyD en la legislatura 2008-2011 nos enseñó que no querían la presencia de ese partido o que les complicaba el negocio, porque los únicos datos verdaderos con los que contaron fueron los de Publiscopio, la publicación de José Luis Zárraga y Obradoiro de Socioloxia, además de las tablas de resultados del CIS, y no sus estimaciones de la intención de voto. UPyD rompió un bloqueo informativo concertado que se llamó entonces luz de gas consiguiendo sus resultados en la red y en la vía pública, lugares que habían escapado al control de los medios. Algo parecido había sucedido con Compromís en la Comunidad Valenciana.

Finalmente, UPyD consiguió ocho diputados autonómicos y más de sesenta concejales en la Comunidad de Madrid, como no podía ser de otra forma. Todas las encuestas de los medios habían fallado, lo mismo que su análisis de la situación preelectoral o su verdad oficial, enseñándonos así algo muy valioso porque era la primera vez que sucedía: las encuestas no habían influido tanto como en 2008 o en cualquier campaña anterior. Los medios no determinaron la configuración final del resultado electoral, no consiguieron desanimar a los votantes de UPyD, que habían decidido su voto en la red y en la calle.

Volvamos ahora a los indignados. En vísperas de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2011 los ciudadanos nuevos produjeron el movimiento que se ha llamado 15-M. Los medios de comunicación habían restado importancia a la protesta ciudadana y este fue uno de sus factores desencadenantes. Los mismos creadores de opinión concluirían luego que el 15-M fracasaría como fenómeno transformador de la sociedad por lo que no valía la pena darle mayor importancia ni dedicarle más análisis. Estaban equivocados, porque reapareció en modo electoral en 2014 y naturalmente tal fenómeno se estaba estudiando en Berkeley y en la Universitat Oberta de Catalunya desde su origen.

La primera y quizá última convicción de muchos electores del PP fue que eso lo había organizado el entonces demonizado Rubalcaba, cuando precisamente el 15-M era la expresión de lo opuesto o significaba entre otras cosas la retirada de la confianza electoral a los socialistas. La España más antigua y los medios más conservadores viven en el despiste sociológico y demoscópico desde entonces. El 15-M igualó al PSOE con el PP y por extensión a estos con los demás partidos, ahora responsables de la situación. El grito de «No nos representan» se refería a todos, esos ciudadanos se habían puesto enfrente de su poder representativo.

Las acciones no convencionales se revelaron como óptimas para la consecución de los objetivos electorales de quienes estaban cerca de la protesta. Había que estar en la red y había que generar vídeos de impacto para subirlos a YouTube. Nada que ver con la contienda de 2008. La red se había situado en el centro de la comunicación electoral y se intuía que una parte considerable de las decisiones de voto se producirían en su entorno. La autocomunicación social era un hecho que rompía el monopolio de la verdad que sumaban los medios convencionales, y este fenómeno tenía un impacto considerable en el mercado electoral. El orden institucional imponía una desigualdad extrema y el empobrecimiento de las personas con un PIB per cápita de ricos, y el sistema se mostró vulnerable por primera vez desde el año 1939.

El 22 de mayo de 2011 la gente que no pensaba votar estaba acampada en las plazas. El PSOE cosechó su peor resultado en unas elecciones municipales, con algo más de 6 millones de votos. El PP ya tenía la victoria contundente que necesitaba para solicitar la convocatoria de elecciones generales y acortar la legislatura. Terminaba una de las campañas electorales más erráticas y desdibujadas que he conocido, despreciada por las audiencias y los anunciantes hasta el punto de ceder el protagonismo a otras informaciones en las parrillas de las televisiones.

El muy transformador 15-M pudo ver la luz en España en mayo de 2011 y ocupar su espacio en la historia porque el poder parlamentario había dejado de representar a las personas. Surgió para reemplazarlo, no para participar del sistema. La gente no se marcharía de las plazas y no votaría a los partidos. Se trataba de un fenómeno asambleario autónomo contrario al liderazgo del partido de vanguardia y el pensamiento organizado, porque allí no se esperaba a la Izquierda Unida de Cayo Lara, pero tampoco a Lenin, ni a Karl Marx, ni a Trotski ni a Mandel, aunque sí estaban Touraine, Sampedro, Judt, Hessel, Morin, Castells o Acemoglu. Esto da una idea del despiste de quienes veían la pluma del faisán.

Aquello era otra cosa que lo negaba todo y quería empezar desde cero en las plazas de toda España. Aunque eran personas de todas las edades y condiciones sociales, todas tenían algo en común: compartían el desprecio a sus representantes, la insumisión a los poderes públicos y el interés en coincidir en soluciones y determinaciones ciudadanas. Las personas compartían en las plazas cierto entusiasmo emancipatorio o empoderamiento que era consecuente a la ocupación masiva del espacio público. El 15-M está en el origen de la rebelión de los idiotas de ese año y ganó su primera batalla permaneciendo en las plazas durante la jornada electoral del 22 de mayo de 2011. Se habían rebelado y habían ganado. El gobierno no tuvo más remedio que entender que «No nos representan» no era un eslogan y dejó hacer.

Algunos trataban de explicar que había que respetar lo que tenía que suceder el domingo y es que el pueblo constituido en asamblea elegiría a sus representantes por sufragio universal. Incluso que había que participar eligiendo a partidos pequeños y honestos porque existían aunque no aparecieran en las televisiones. El debate duró una siesta. Ese viernes por la tarde las plazas estaban a reventar y la gente ya no se marcharía. El que quisiera votar que votara y no pasaba nada. Viví esos días con preocupación porque la colmatación del espacio público impedía actuar a la policía y, a pesar de ello, las masas concentradas en las plazas estuvieron en situación de riesgo permanente.

Si lo comparamos con otros hechos históricos, aquello que estaba sucediendo podía parecerse a la acción espontánea de Rosa Luxemburgo en el sentido expresado por los comunistas consejistas de la revolución alemana de 1918. Anton Pannekoek decía lo siguiente en su texto de 1912 «Acciones de masas y revolución»:

La ilusión de que la conquista del poder es posible a través del parlamento se apoya básicamente en la idea de que el parlamento elegido por el pueblo es el órgano legislativo principal. Si el parlamentarismo y la democracia dominaran, si el parlamento controlara la totalidad del poder del Estado y la mayoría popular controlara al parlamento, sería la lucha electoral el camino directo para la conquista del poder político; es decir, la conquista paulatina de las mayorías populares mediante la práctica parlamentaria, el esclarecimiento de las conciencias y la puja electoral.

Podría tratarse del primer perroflauta de la historia. La vieja izquierda española se había dejado por el camino lo que rescató el 15-M para situarlo en el centro del movimiento: el esclarecimiento de las conciencias. Ahí estaba su propuesta, en la evolución de los valores de las personas hacia un lugar donde lo público o lo que es de todos ocupara el interés principal, entendido esto como la acción práctica revolucionaria o estar ya en el camino. La gente leía el ¡Indignaos! de Stéphane Hessel hasta convertirlo en un best seller. Como resultado de la autocomunicación social, había nacido el primer movimiento ciudadano en red del primer mundo.

Se llamó el movimiento de los indignados. Si se parecía a algo era a los consejistas. En 1920, Otto Rühle en «La revolución no es un asunto de partido» describía el poder representativo de esta forma:

... desde el primer día los partidos no eran más que máquinas para preparar las elecciones. Burguesía, parlamentarismo, partidos políticos se condicionan mutua y recíprocamente. El uno es necesario al otro. Ninguno es concebible sin el otro.

Los comunistas consejistas representaron lo opuesto al partido de vanguardia a principios del siglo XX como lo hacía el 15-M a principios del XXI. Sus líderes eran revocables y no perseguían la organización del pensamiento, sino la activación de la conciencia crítica y emancipatoria de las personas como el arma principal de su evolución colectiva y autónoma. Su empoderamiento, como se dice ahora.

La indignación no se limitaba a aparecer dentro de nuestras fronteras. En octubre de 2010 el ejército marroquí actuó contra la población saharaui como siempre lo había hecho, como si no existieran cámaras de vídeo en los teléfonos móviles, Internet o YouTube. El 17 de diciembre de ese mismo año se quemó a lo bonzo Mohamed Bouazizi, vendedor ambulante tunecino al que la policía había confiscado sus medios de vida y maltratado, y la administración no le hizo caso cuando él lo denunció. Es el comienzo de las primaveras árabes. En mayo de 2011 nuestros ciudadanos nuevos sorprendieron al mundo. El 15-M es sobre todo un fenómeno asambleario de masas sin precedentes en España, impulsado por la generación más joven que reflexiona sobre el poder, el orden establecido y la representación política en términos de «lo que tenemos y lo que queremos».

Su impulso se resume en la expresión «democracia real ya». De las seguridades propias del paradigma europeo occidental, el joven pasa a una nueva situación donde los recursos públicos se han esfumado, las empresas y las administraciones despiden a las personas, el desempleo se dispara hasta el 56% y la mitad de ellos se han quedado sin presente ni futuro. Muchos saben que ya no alcanzarán a cotizar lo suficiente como para que les quede una pensión. ¿Qué ha pasado?, se preguntan, y se interesan por el poder.

El 15-M está interconectado con la revolución islandesa y las primaveras árabes, protestas seguidas tanto en los medios convencionales como en la red. El 15-M es revolucionario e inmediatamente posterior a estas. Quizá el joven sin futuro aprendiera que la colmatación del espacio público impide actuar al sistema cuando los tanques que enviaba Mubarak a la plaza Tahrir se mezclaban con las personas. El 15-M surge y se desarrolla en la red y de inmediato se manifiesta como una forma de acción política, como un contrapoder nuevo, diferente, ciudadano y asombrosamente poderoso. Es revolucionario porque persigue el establecimiento de un orden nuevo. Se trata de un movimiento magmático y muy poderoso porque domina las tecnologías de la comunicación del siglo XXI, que es donde se deciden progresivamente más votos. Los ciudadanos ya tenían capacidad para aglutinar un resultado electoral autónomo en la red. Por eso el 15-M en modo electoral y en las elecciones europeas se expresó contundentemente en Madrid y en Barcelona, vehiculado por la candidatura Podemos. Es poderoso porque dispone de información propia, la que está en la red, su capacidad de convocatoria asombra y su repercusión es global. Uno de los factores determinantes de su origen es la autoprotección ante los poderes públicos en ausencia de una sociedad civil elaborada. La revisión es global y el juicio también. No sirve nada, todo es injusto y corrupto, no nos representan. El 15-M no está planificado y es cotidiano, se expresa a través de la convocatoria, la movilización, la ocupación y finalmente la colmatación del espacio público con la adhesión de la mayoría social, también en las encuestas y finalmente en las urnas.

Tras unas elecciones locales turbulentas en las que irrumpió el 15-M, el 28 de julio de 2011 Zapatero convocó las elecciones generales. Se celebrarían el día 20 de noviembre. Rubalcaba era el candidato del PSOE desde el día 27 de mayo pero eligió el día 8 de julio para anunciar su dimisión de los cargos de vicepresidente primero, ministro del Interior y portavoz del gobierno. Coincidiendo con ese anuncio se realizaban las entrevistas del barómetro de julio del CIS. Esa encuesta reflejaría en toda su dimensión el impacto mediático de la presentación del candidato virtual socialista. La idea de los estrategas del PSOE no pudo ser otra que superponer una realidad preelectoral en la que Rubalcaba recortaba distancias con el PP, que es lo que nos dijo su estimación de la intención de voto, sin advertir que lo fundamental de ese barómetro fue otro dato que estaba en las tablas de resultados: el PSOE transfería un 10% de sus votantes al PP, que conservaba con toda claridad su mayoría absoluta. No había pasado prácticamente nada.

Justo después de esta encuesta la realidad se mostró implacable con Rubalcaba. La deuda soberana española había alcanzando el máximo histórico de los cuatrocientos puntos básicos en el mes de agosto, aniquilando así la credibilidad del líder socialista en vísperas de las elecciones generales. Se le suponía en el puente de mando de la economía española, era el vicepresidente del gobierno y no había discrepado en nada con Zapatero. El PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, Elena Salgado y Alfredo Pérez Rubalcaba había fracasado, mientras que el PP era percibido como la única alternativa para una mejor gestión de la economía y un partido europeo normal y corriente, como pudieran ser el de David Cameron o el de Angela Merkel. No había «derechona», solo otros gestores de las mismas políticas europeas; la estrategia de la confrontación no podía funcionar porque el escenario era otro, pero su cultura política es la que es y no lo entendieron.

Por entonces ya existía un pequeño espacio ciudadano de ruptura. La mayoría social expresaba la voluntad de que el PSOE dejara pasar al PP y probar lo único que quedaba. Los populares no asustaban y las razones eran tan simples como que no quitarían la sanidad ni la educación ni harían algo muy distinto que el PSOE con las pensiones o los subsidios. Tampoco se inventarían los puestos de trabajo, porque estos los crean los empresarios y nadie esperaba milagros. La gente confiaba en una mejor gestión por parte de los populares puesto que las políticas no podían ser muy distintas.

El desempleo había pasado del 11,3 al 20,9% en la legislatura que se terminaba y la mitad de los jóvenes estaban sin trabajo. En el mes de agosto de 2011, como acostumbran a hacer estas cosas, Zapatero propuso la reforma del artículo 135 de la Constitución española para habilitar a la Unión Europea en el establecimiento de los márgenes estructurales del endeudamiento público de España. Una reforma para tranquilidad del sistema de la UE que no pedía nadie cercano al votante ni fuera ni dentro de España. Venía a ser el aval de la millonada que nos enviarían para tapar los agujeros de los bancos, y luego se supo que lo ingresaban en el BCE porque, tal y como estaban los tiempos, era mucho más seguro que prestárselo a las empresas y a las personas. Son hechos que algunos electores van anotando y otros los van explicando, de modo que se pueden encontrar en la red todo tipo de informes relativos a quién está devolviendo los cerca de 50.000 millones de euros que le han prestado a los bancos españoles.

El electorado anotó la facilidad con que cambiaron el artículo 135 de la Constitución y subrayó el cinismo en la lista de estos políticos finalmente iguales porque acababan de hacer en un momento lo que le habían asegurado durante décadas que era prácticamente imposible. Fue en el mes de septiembre cuando se votó la reforma de este artículo 135 del título VII de Economía y Hacienda que en su punto 2 somete al criterio de la Unión Europea «los límites del endeudamiento del Estado y las comunidades autónomas». Eso suena a aviso para navegantes poco serio y poco claro porque las comunidades autónomas son Estado.

El único diputado que se rebeló en aquella sesión fue Gaspar Llamazares. Lo hizo muy enfadado desde su escaño interrumpiendo la sesión calificándola como una pantomima. Se encuentra en la red y vale la pena verlo porque aportó el hito del escrache parlamentario, una palabra que no sé de dónde ha salido pero que sirve en este caso. Gaspar Llamazares fue el primer diputado que rompió con las formas del hemiciclo al final de la segunda legislatura de Zapatero, unas formas con fuerte olor a naftalina hasta entonces. Para hacernos una idea de ello, el presidente del Congreso José Bono le llamó la atención una vez al ministro Miguel Sebastián por ir a trabajar sin corbata en verano. Está en YouTube.

Precisamente Gaspar Llamazares es una de las víctimas de las deficiencias del sistema. Las trampas de la legislación electoral, que veremos luego, habían traducido el millón de votos que obtuvo IU/ICV en las elecciones generales de 2008 en solo dos diputados. Aquello fue un atropello que violentó a todos. Incluso Zapatero comentó que había que hacer algo a propósito de la reforma de la ley electoral, pero naturalmente no se hizo nada. Gaspar Llamazares fue una voz que clamaba en el desierto durante cuatro años, sin faltar al trabajo ni un solo día, en la soledad más absoluta y sin traicionar ninguno de sus principios. Eso hizo que se ganara el aprecio de las personas y desarrollar un perfil personal mucho más transversal que el organizado bajo las siglas IU, puesto que la experiencia y la coherencia producen la idea de la honestidad, un valor electoral muy apreciado por ser muy escaso. Lo cierto es que hablaba desde un lugar distinto y en esa legislatura se consolidó como una rareza del sistema. El 15-M de Madrid le había entregado una carta para el presidente Zapatero unos días antes de la reforma constitucional y fue, a mi entender, el único parlamentario que se salvó del juicio sumarísimo al que los indignados sometieron a la clase política. Fue sumarísimo porque en junio de ese año fueron zarandeados, sin distinción, los diputados del Parlamento de Cataluña cuando se disponían a debatir los presupuestos. También está en YouTube y vale la pena verlo.

En las elecciones generales de 2011 los socialistas perdieron más de 4 millones de votos y quedaron reducidos al 28,3% de los votos válidos, su peor registro desde que el partido existe. Ganó el PP con ciento ochenta y seis escaños, tres más que Aznar en el año 2000 y un registro corriente si te vota el 30,4% del censo y tu rival se desfonda. Rajoy consiguió el mejor resultado del PP en unas elecciones generales, aunque muy insuficiente en número de votos o en apoyos populares. El PP no había hecho otra cosa que permanecer en su sitio porque no había ganado un volumen significativo en número de votos respecto a su posición del año 2008. En esa posición del entorno del 30% del censo habían ganado una vez con mayoría relativa en el año 1996, dos veces con mayoría absoluta en los años 2000 y 2011 y habían perdido en otras dos ocasiones en los años 2004 y 2008.

Los resultados de la elecciones generales de 2011 evidenciaron la debilidad electoral del PP porque, habiendo incorporado casi 1,5 millones de electores procedentes del PSOE había saldado unos seiscientos mil votos positivos respecto a su resultado de 2008. El PP había perdido un millón de sus votantes en la abstención como veríamos luego en Andalucía, pero además había transferido más de cuatrocientos mil electores a UPyD. Había conseguido diecisiete escaños más que Zapatero en 2008 pero con medio millón de votos menos.

7

EL LAPSO HEGEMÓNICO DEL PP (2011-2012)

Del PP se esperaba que obtuviese unos 11,5 millones de votos y no llegó a los 11, luego algo no terminó de funcionar. Respecto a los resultados de las elecciones generales de 2008 ganaron votos en Canarias, Aragón, Cataluña, Extremadura y Andalucía, pero los perdieron en Cantabria, Murcia, Madrid, la Comunidad Valenciana, Navarra y Asturias. La mayoría absoluta del PP, como ya se ha apuntado, se basó en el ingreso de casi 1,5 millones de electores procedentes del PSOE, un dato principal e irrefutable que remitía a ciertos costes populares que permanecían ocultos. En concreto, el PP había transferido unos cuatrocientos mil votos a UPyD y alrededor de un millón de sus votantes de 2008 se habían desmovilizado. UPyD ocupaba ya al inicio de la campaña la posición del entorno del millón de votos que finalmente refrendaron las urnas, por lo tanto el partido de Rosa Díez no era la razón que explicaba el mal resultado del PP en número de votos. En definitiva, la mayoría absoluta alcanzada por Mariano Rajoy en 2011 se sustentó en un electorado inicial de menor tamaño que el de Zapatero en su última legislatura, un respaldo social muy insuficiente.

En esas elecciones generales se evidenció la crisis de representatividad del sistema de partidos en su conjunto. Se había producido una abstención profunda del electorado socialista que, junto al millón de populares, arrojaba un total de 3 millones de electores desmovilizados del bipartidismo. Sin embargo, la suma de los escaños del PP y del PSOE solo había retrocedido veintisiete actas y solo en ocho comunidades autónomas.

IU/ICV había ocupado espacio en Andalucía (2), Aragón (1), Asturias (1), Cataluña (3), la Comunidad Valenciana (1) y Madrid (3), lo mismo que UPyD en Madrid (4) y Valencia (1). Aparte de estos partidos, solo se habían beneficiado cuatro formaciones políticas autonómicas del retroceso del bipartidismo y en particular del PSOE. Fueron CiU (de 10 a 16), Amaiur (7), Compromís-Equo (1) y el asturiano FAC (1). Ninguna otra candidatura mejoró sus resultados.

El elector tenía la experiencia reciente del gobierno socialista recortando los salarios a los funcionarios, congelando las pensiones y abaratando el despido, medidas eficaces en euros y en la imagen de una sociedad ordenada y solvente que es capaz de asumir los sacrificios que se le pidan. Zapatero se había dedicado la segunda mitad de su segunda legislatura a defender la imagen de solvencia de España en las cumbres de la Unión Europea, incluso le habían prestado una silla al efecto en una cumbre del G-20 celebrada en Washington.

Desde entonces la política económica estaba unificada en España y no se decidía en La Moncloa, sino en la Alemania de Merkel y la Francia de Sarkozy, o al menos así lo entendían las personas corrientes. Había que cumplir los presupuestos y nada más en tanto no fuéramos convergentes. Y esto significaba que el Estado tenía que gastar mucho menos, que era exactamente lo mismo que tenía que hacer el elector medio con su economía privada.

La imagen de solvencia de España que mantuvo la ministra Elena Salgado hasta el mismo día de las elecciones generales de 2011 se desvaneció cuando el 6,0% de déficit comprometido para ese año se transformó en el 8,51% reconocido por el nuevo gobierno de España. La conclusión del ciudadano alemán o del francés pudo ser que los políticos españoles no cumplen con sus compromisos ni son transparentes. El elector interiorizó que esto de la convergencia no era ninguna tontería: o se cumplía con las exigencias de la Unión Europea o la economía española terminaría intervenida, como la de Grecia.

Después de ganar las elecciones Rajoy desapareció. Un comportamiento que la gente no olvida, porque explica determinada interpretación de la exposición ante los medios y las comparecencias públicas. Al límite de la paciencia ciudadana cuatro de sus ministros anunciaron el 30 de diciembre de 2011 la aprobación de un decreto sobre medidas de orden económico y social y de corrección del déficit público. El gobierno decretó el incremento de los impuestos de bienes inmuebles (IBI) y de la renta de las personas físicas (IRPF), además de la congelación del sueldo de los funcionarios y la tasa de reposición de empleo público.

Todo esto se hizo antes de empezar a hablar, porque el objetivo del decreto era corregir 15.000 millones de euros de las cuentas públicas para absorber una desviación que el PSOE había ocultado en el cumplimiento de la cifra de déficit público. Así lo presentaron los ministros y lo llamaron herencia. Al elector no le sorprendieron estas medidas, aunque no estuvieran escritas en el programa electoral del PP. Tampoco lo estaban algunas de las decisiones trascendentales de los gobiernos de Zapatero, como la reforma laboral o la constitucional.

Sin embargo, poner como excusa la herencia era poco menos que insultar a las personas en ámbitos determinados como en la Comunidad Valenciana, con los acreedores llamando a la puerta y los cajones llenos de facturas que ni siquiera se habían contabilizado. «Que salgan las facturas de los cajones que las pago», dijo Montoro y aparecieron muchas en las administraciones gobernadas por el PP que se justificaban gracias a la herencia que atribuían íntegramente a los socialistas. Cualquier herencia valenciana o madrileña era necesariamente del PP, que disponía ya de una colección respetable de presuntos culpables que finalmente deterioraron la credibilidad de las estadísticas oficiales españolas en la Unión Europea y en los mercados financieros. La Unión Europea le comunicó al elector común, en julio de 2014, que los gobernantes autonómicos valencianos del PP habían falseado sistemáticamente las cuentas. Esto también es la herencia. En el contexto valenciano un presunto culpable que no dimite no está en la política para representar a las personas, porque hay muchos otros limpios del todo que pueden hacerlo y el sentido común invita a retirarse. El escaño no es suyo, es de los votantes. Y si al final resulta que era inocente, los votantes lo celebrarán. Todo el mundo tiene mala suerte alguna vez, y ser imputado por un juez en un momento determinado puede suceder. Pero que todos los imputados permanezcan en sus cargos también es herencia. Luego construyen una historia falsa, pero la mentira cae como fruta madura en determinados ámbitos territoriales.

Las encuestas decían de las medidas del gobierno que, aun siendo impopulares, se estaban adoptando en el momento adecuado. Así pues, Rajoy tenía el margen del ganador, por lo que podría contar con la expectativa de la mejor gestión: todo lo que hiciera en estos primeros meses gozaría de un plus de benevolencia ciudadana. Decidió gastar ese margen de golpe con una decisión estratégica: el anuncio de la llegada de medidas presupuestarias de la máxima dureza, advirtiendo además que la situación económica no mejoraría durante los dos años siguientes.

Desde ese momento cambió el panorama. La propuesta de Rajoy a la mayoría social no era otra que su empobrecimiento sostenido en el tiempo. España ya es muy desigual, pero en ese momento la sociedad empezó a romperse. La gran mayoría de las personas siempre ha vivido al límite, con el riesgo de no poder cubrir sus gastos, con independencia de la marcha de la economía. Lo que dijo Nicolás Redondo en 1992 era una verdad como un templo en 2012: el problema era y es cultural. Aquí el poder patrimonial no sabe aplicar adecuadamente el capitalismo porque no sabe cuidar a las personas, que son las piezas de su maquinaria de hacer dinero. El bloque burocrático español y el propietario antiguo tienden a abusar de la ignorancia del administrado y del empleado en unos parámetros culturales que no son europeos ni occidentales. Esta es la herencia verdadera.

El gobierno del PP continuó su camino y el 5 de enero de 2012 anunció un plan para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida, lo que venía a significar que se imponía disciplina y control. Sin embargo, no eran más que palabras porque a finales de marzo informaron sobre una ley de amnistía fiscal. Para la gente corriente que no tiene dinero opaco los beneficiarios de esta amnistía eran inequívocamente los políticos corruptos, los burócratas, los poderes patrimoniales y financieros, las rentas más altas, los empresarios y el crimen organizado. El elector entendió que el poder representativo se disponía a premiar el fraude. Desconozco la eficacia en euros de la medida, pero indudablemente tuvo un coste para el PP en términos electorales.

Eran días de actividad frenética para intervenir en los entornos financiero, laboral, industrial y empresarial. El 27 de enero de 2012 el gobierno suprimió los incentivos a las empresas de energías renovables con el objeto de contener el déficit tarifario. Ese mismo día presentó un anteproyecto de ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera orientado a establecer multas a las administraciones no convergentes en la reducción del déficit público conforme al espíritu de la reforma constitucional. El gobierno del PP trasladaba con ello la presión de Bruselas a las comunidades autónomas: la medida abriría un frente revisionista de las aportaciones y la financiación autonómica. También el 3 de febrero, el gobierno presentó un decreto de saneamiento del sector financiero de 50.000 millones de euros para una mayor cobertura de los activos de los bancos. El día 10 se promulgó otro decreto, esta vez de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que significó la generalización del despido con veinte días por año trabajado y toda la flexibilidad para el empresario. Así, en pocos días, el elector de la ruptura veía primero que los impagos de los bancos los tendrían que asumir las personas normales y, segundo, que podían cambiar por completo las condiciones de trabajo. El día 17 el gobierno intervino en las retribuciones de la dirección en el sector público empresarial estableciendo límites salariales. El 24 propuso quitas a los proveedores de las administraciones y presentó un anteproyecto de ley de reforma de organismos supervisores que unificaba los ocho en uno, la comisión nacional de mercado y la competencia; racionalización, simplificación, control.

Pero no toda la actividad se desarrollaba en los despachos. El 15 de febrero de 2012 se iniciaron los sucesos de lo que se llamó la primavera valenciana, que se resume en una brutalidad policial inusitada ejercida contra la población de forma indiscriminada. Tuvo su origen en las protestas de los estudiantes del instituto Lluís Vives de Valencia y culminó con la ocupación de la ciudad por las masas. Eran el poble, no l’enemic y habían echado a la policía de la calle. Aquello debió de ser un «no quiero protestas» que se les fue de las manos. Las batallas de la opinión se ganaban ya en la red y los valencianos habían ganado a quienes dieron esas órdenes o a quienes las interpretaron de ese modo.

Siguiendo con la crónica de los acontecimientos, el 2 de marzo el gobierno fijó el objetivo del déficit público en el 5,8% del PIB. Rajoy presentó esta cifra como un acto de soberanía, pero a los diez días la Unión Europea determinó que sería el 5,3%. Como el gobierno lo asumió sin rechistar, quedó patente la idea de que la soberanía económica estaba definitivamente cedida. También el 2 de marzo se hizo público el cuadro macroeconómico del gobierno con una caída del 1,7% del PIB y una tasa de paro del 24,3% de la población activa: no habría recuperación ni creación de empleo a corto plazo. Una semana más tarde, el 9 de marzo se creó el fondo para la financiación de pagos a proveedores de las administraciones públicas. La banca sindicó un préstamo de 35.000 millones para que los ayuntamientos y las comunidades autónomas pudieran pagar sus deudas con proveedores. El día 16 el gobierno presentó un plan de racionalización del sector público empresarial que eliminaba unas veinte empresas públicas. Etcétera. España estaba en obras, en reformas constantes.

Las siguientes elecciones que se celebraron fueron las autonómicas del 25 de marzo de 2012 en Andalucía. Todo lo que sucedió lo daban por descontado unos u otros encuestadores excepto una cosa: el electorado popular contribuiría a la abstención con más votos que los razonablemente estimados. Al PP se le calculaba alrededor de 1,8 millones de votos, que era quedar por debajo de su resultado andaluz de las recientes elecciones generales pero por encima de su posición autonómica de 2008. No fue así, se quedó en algo más de 1,5 millones de votos, que eran casi doscientos mil menos que en las últimas elecciones autonómicas y la friolera de cuatrocientos mil votos menos que en las elecciones generales de noviembre de 2011, celebradas tan solo cuatro meses antes.

Sobre quiénes fueron y por qué se desmovilizaron estos electores andaluces del PP distingo al menos tres colectivos y razones: los recién llegados procedentes del PSOE reactivos a las reformas de Rajoy, otros electores del lado extremo del PP que nunca han aceptado al líder gallego y son los mismos que no le votaron en las elecciones generalesy, por último, determinados electores populares andaluces que nunca votarían a Javier Arenas.

Por su parte, el PSOE obtuvo el resultado catastrófico de 1,5 millones de votos y un retroceso de más de seiscientos mil respecto a su posición previa. Un registro lamentable que debió proporcionarles cuarenta y un escaños y no cuarenta y siete. Griñán estaba radiante pero no su electorado. Habían perdido cientos de miles de votos, aunque sumaran con IULV-CA para seguir gobernando en Andalucía. También fracasaron el Partido Andalucista y UPyD que no consiguieron ni un solo diputado en unas condiciones extraordinariamente favorables. Ese mismo día naufragó el PP en Asturias derrotado por el partido de Francisco Álvarez Cascos y así llegaban los de Rajoy al borde del mismo abismo electoral que el PSOE en la legislatura anterior.

El 3 de abril de 2012 Rajoy insistía en la idea de que no veríamos resultados a corto plazo y eso era ya mucho insistir. Había dibujado ante el ciudadano un panorama económico peor de lo que cabía suponer, lo contrario de lo que había hecho Zapatero, para comunicarle en ese escenario su intención de cumplir con la cifra de déficit público que indicara Bruselas. El mensaje era sencillo y lo entendió el elector con claridad: Rajoy sería el más fiel guardián de la política económica de la Unión Europea y su gestión se diferenciaría de la de Zapatero en que él sí respondería a las expectativas comunitarias.

Para la gente de a pie esta política económica se resumía en «dame más y toma menos». Eso es lo que hizo el PSOE, es lo que estaba haciendo el PP y es lo que harán los siguientes en la legislatura de 2015. La valoración de la gestión de Rajoy dependía por completo de la aceptación social de unas políticas que en el tiempo podían ser percibidas como injustas o inasumibles por parte de la mayoría social. De hecho, la reforma del mercado laboral decretada por Rajoy fue interpretada como una exigencia de la Unión Europea que no ayudaría a crear empleo sino todo lo contrario. Una medida que, sin estar escrita en el programa, no sorprendió a nadie porque la gente ya había perdido cualquier capacidad de asombro. Rajoy lo fiaba todo a la benevolencia de las personas ante una situación muy complicada de gestionar y, a los tres meses de empezar, apelaba continuamente a una paciencia que el elector tiene y no hace falta recordarle.

Enfrente se encontraba el PSOE, que no estaba legitimado para hacer una política de oposición frontal al PP, puesto que había participado de los mismos principios de actuación y esto incluía a Eduardo Madina y Pedro Sánchez, quien también saltó al campo y jugó minutos cubriendo donde le dijeron. Y no solo eso, sino que además los socialistas habían engañado deliberadamente sobre el cumplimento del objetivo de déficit público o, en caso contrario, eran incompetentes, lo que a los efectos prácticos venía a ser lo mismo, porque la ministra Elena Salgado había proclamado en plena campaña electoral que la economía española alcanzaría sin dificultades el objetivo comprometido del 6,0% del PIB para el año 2011.

Así pues, el panorama se había ensombrecido por completo para Rajoy. El PP había fracasado en Asturias, y en Andalucía no había aritmética y gobernaría la coalición del PSOE con IULVCA. El gobierno había presentado los presupuestos indicados por Bruselas del 5,3% de déficit público y naturalmente no se los había creído nadie. La expectativa ciudadana sobre una mejor gestión de la economía en manos del PP se derrumbó precipitadamente con la caída de Rodrigo Rato en mayo de 2012. El margen que daba ser ganador de las elecciones generales se había terminado y, con la crisis de Bankia (la misma que la de Caja Madrid, la CAM o cualquier otra caja expoliada por los políticos), el mito de la mejor gestión de la derecha pasó a mejor vida. Todos eran igual de incompetentes y ninguno era de fiar. Ya se planteaba el rescate de la banca española porque estaba desplomándose la confianza de los acreedores y de los inversores en la solvencia de la economía. El 30 de mayo la prima de riesgo alcanzaba un máximo histórico de 547 puntos básicos y todavía subiría más.

Más allá de nuestras fronteras, en mayo de 2012, se produjo otro acontecimiento fundamental: la quiebra del sistema electoral griego. En las elecciones parlamentarias, el PASOK comenzó su imparable declive y pasó a ser el tercer partido más votado desbordado por Syriza, una coalición electoral que emergió en dos o tres meses. En la repetición de las elecciones griegas de un mes más tarde, Syriza mejoró sus resultados proponiendo el caos como programa, mientras que el PASOK los empeoró defendiendo el euro. Con ello, el PASOK, es decir, la vieja izquierda del siglo XX pasaba a ser el lado izquierdo del sistema en todo el sur endeudado. Una observación muy sencilla: en términos de mercado, el PSOE formaba parte del lado izquierdo del sistema UE.

Una parte del electorado griego había definido el nuevo espacio ciudadano de ruptura de las sociedades endeudadas del sur de Europa. Los votantes de Syriza eran personas de todos los orígenes electorales que se enfrentaban a su poder representativo. Grecia nos permitió tomar medidas electorales de la insumisión a los acuerdos comunitarios y la negación de las políticas en curso, la auditoria y la moratoria. La depuración de responsabilidades. Enfrente de todo, sin ser sistema ni parecerlo.

El hecho incuestionable es que el PASOK se decidió por apoyar el programa de Nueva Democracia y no el de Syriza, y esa fue la solución para gestionar el euro en Grecia. La enseñanza de este episodio es doble. Lo primero que aprendió todo el mundo fue sorprendente, ahora se podían ganar las elecciones proponiendo el caos. La segunda enseñanza encierra el secreto o la debilidad del marco referencial del sistema: la idea de que un Estado de la zona euro no es viable fuera de ella y se derrumbaría al día siguiente de la salida de Europa. Esta es la debilidad última de la posición política de la Unión Europea sobre las sociedades endeudadas del sur de Europa y es lo que propició la fusión de la izquierda y la derecha griegas del siglo XX como ente gestor. El sistema se salvó in extremis, pero el poder representativo griego había explotado, la izquierda y la derecha se reunieron, y frente a ellas quedaron los ciudadanos indignados con Syriza. Algo parecido sucedió más tarde en Italia y algo similar es lo que sucederá en 2015 en España.

El mensaje que enviaron los resultados de las dobles elecciones griegas fue diáfano y amargo para el PSOE: ser un partido mayoritario histórico ya no garantizaba ser la segunda fuerza política en España. Lejos de ponerse a pensar un poco, miraron a la Francia de Hollande, un recurso característico del político español que es profundamente incapaz de hacer autocrítica. Los resultados griegos obligaban a una reflexión muy profunda y más compleja aún, porque esas elecciones definieron tres escenarios posibles en España.

1) Una contienda convencional entre el PSOE, el PP, IU/ICV y UPyD por la hegemonía de los votos del sistema, con los ciudadanos dispuestos a asumir lo que indique el gobierno o la Unión Europea. Esta mayoría social es decreciente.

2) Una mayoría electoral creciente que es consciente de los problemas de la desigualdad y la corrupción, de la ausencia de futuro o de su empobrecimiento inexorable. El caso griego permitió visualizar esta nueva mayoría frente a la vieja izquierda que se explica con la figura «todos la mitad de ricos; tú también, Evangelos».

3) En España, además hay un tercer escenario en el que compiten las naciones que no son la española o castellana, que viven desde siempre su particular lucha para llegar a la ruptura con el Estado uninacional.

Este tercer escenario es transitorio, porque si el siglo XXI es el de la unificación política de Europa las disputas territoriales se terminan. Actualmente no hay orgullos patrios ni posiciones irreconciliables ni ultrajes ni otras historias. Hay Estados soberanos, confederados y federaciones de Estados que se han fusionado en una unidad política. Hay de todo y hay donde elegir. Todo tendrá estabilidad en ese horizonte de la unificación. La España actual tiene un encaje fácil o natural confederando Estados como en Bélgica. Se trata en todo caso de encontrar una solución transitoria que resuelva el hecho de la plurinacionalidad de modo convergente en ese proceso. Todo lo demás es ruido en el plano teórico de la unificación política de Europa.

El retroceso del PP de Rajoy en las encuestas entre los meses de noviembre de 2011 y mayo de 2012 (45-43-41-42-39-39-36-3637-37) no fue distinto del sufrido por el PSOE de Zapatero entre los meses de mayo y noviembre de 2009 (41-42-40-39-40-39-3838-36). El PP fue perdiendo apoyos hasta julio de 2012 y desde esa fecha los sondeos indicaban que ya no ganaría las elecciones generales con mayoría absoluta, mientras que el PSOE se mantenía a duras penas en su resultado logrado en 2011. IU/ICV, UPyD y otras fuerzas políticas progresaban en ausencia de ofertas aglutinantes del nuevo espacio ciudadano de ruptura.

En julio de 2012, Rajoy había incumplido todas sus promesas y España estaba al borde del rescate, Rato pulverizado y con él el mito de la mejor gestión de la derecha. El miniciclo hegemónico del PP había terminado. En ese mes y después de décadas de convivencia tormentosa se produjo el divorcio entre la mayoría social y la clase política española en general. Desde entonces, cada uno va por su lado.

El bipartidismo parlamentario había funcionado ininterrumpidamente desde mediados de 1992 hasta el mes de mayo de 2010. Con la caída del PSOE, se dio paso a un fugaz período de hegemonía electoral del PP, que ganó las elecciones generales de 2011 con una mayoría absoluta que en menos de un año ya había perdido según los sondeos. Desde entonces, la cámara resultante en unas elecciones generales sería claramente pluripartidista, pero, sobre todo, la mitad más joven del censo había reforzado la abstención hasta definir el espacio ciudadano de ruptura con su sistema de representación. La abstención superaba el 40% del censo electoral, y siete de cada diez abstencionistas eran menores de cuarenta y cinco años de edad.

Los números del CIS en julio de 2012 indicaban de un modo inequívoco que el sistema electoral estaba dejando de representar a las personas, porque el bipartidismo había perdido casi 12 millones de sus votos mientras que el supuesto reemplazo de IU/ ICV y UPyD solo había sumado 3 millones por 1,5 de otros partidos y los votos en blanco. La estabilización de la suma de IU/ ICV y UPyD en algo más de 4 millones de votos indicaba que los comunistas no serían capaces de conquistar más de ochocientos mil electores procedentes del PSOE, que no estaban incorporando a votantes partidarios de la ruptura y que perdían a los más críticos. También significaba que UPyD no sería el reemplazo convergente del PP, porque ahí había espacio, pero tampoco el voto de castigo del PP extremo. Además, pasado un año apareció VOX.

Personalmente, hice un estudio con el que comprobé que la recuperación del PSOE y el PP hasta producir una tasa de participación similar a la de 2011 no le proporcionaría a ninguno de los dos un número suficiente de escaños para arrollar al otro sumando con terceros. El sistema estaba roto y sabíamos que sería así por lo menos hasta la tasa de participación del 68%. Seguiría fragmentado aunque el bipartidismo reincorporase 3 millones de electores como umbral superior de la movilización posible. No había más porque suponer una participación superior a la de 2011 sin los votantes de la ruptura no era realista.

Desde entonces nos encontramos inmersos en el quinto ciclo del comportamiento electoral en España, que es pluripartidista como el primero (iniciado en 1977), aunque desde 2012 presentaba la particularidad de que el sistema había dejado de representar a varios millones de electores sobre todo jóvenes. El análisis demográfico es concluyente. Un ejemplo que se visualiza bien: Ada Colau, candidata a la alcaldía de Barcelona con una fuerza política de nuevo cuño, es una ciudadana nueva del mundo global que tenía un año en 1975, que tiene muchísimas cosas que hacer, y cuando recibe un orden que no le sirve construye el suyo que tiene otra forma, funciona y es resolutivo.

La debilidad electoral del PP que observamos en las elecciones autonómicas de Andalucía y Asturias se confirmó en el País Vasco y luego en Cataluña, como veremos a continuación. Solo pudieron defender sus resultados en Galicia, aunque de forma muy insuficiente. Los votantes del PP se marchaban a la abstención para reunirse con los desmovilizados del PSOE. Quedaba confirmado que el bipartidismo había perdido más de 10 millones de votos respecto al año 2008 de los que más de la mitad estaban en la abstención.

El 21 de octubre de 2012 se celebraron elecciones autonómicas en el País Vasco y en Galicia. En las de Galicia, el PP de Alberto Núñez Feijóo había revalidado la mayoría absoluta pero la noticia escondía un retroceso de más de cien mil votos respeto al año 2009. Lo que acababa de suceder lo anticiparon en mayor o menor medida los sondeos que se publicaron con la única excepción de la Alternativa Galega de Esquerda (AGE) de Xosé Manuel Beiras, cuya progresión se produjo en la segunda semana de la campaña. Este nuevo electorado no respondía a la partición del nacionalismo gallego en dos mitades, el votante de origen, del Bloque Nacionalista Galego (BNG), era uno de sus ingredientes principales pero otro igual de importante era el socialista ya desmovilizado. AGE nacía en un nuevo espacio ciudadano que era transversal y de ruptura con el statu quo, dando así respuesta a un elector insumiso y necesitado de aliados en las instituciones para imponer otras políticas. Venía a ser la Syriza gallega y así se la llegó a conocer. El PSOE saldó estos comicios con una derrota contundente, y lo mismo le sucedió en el País Vasco. También deberían preguntarse en UPyD por qué fueron marginales en Galicia cuando las encuestas los situaban por encima del millón de votos en España y promediando más del 8% de los votos válidos en circunscripciones como Madrid, Alicante, Guadalajara o Murcia. Rosa Díez había creado un partido asimétrico en lo territorial que era marginal en las comunidades autónomas donde hay nacionalistas, como Galicia, Cataluña, Navarra o el País Vasco.

En las elecciones al Parlamento vasco, el PNV y los partidos de EH-Bildu progresaron del 28 al 38% del censo, mientras que el PP, el PSOE y UPyD retrocedieron del 29 al 23% y la abstención del 41 al 37%. La mayoría electoral se manifestó claramente nacionalista, consiguiendo cuarenta y ocho de los setenta y cinco escaños autonómicos, a dos de los dos tercios de la cámara pero sin dudas, no como en Cataluña. Antonio Basagoiti había fracasado al frente del PP vasco y también Patxi López al frente del PSE-EE; el primero, con muy buen criterio, desapareció.

Desde las elecciones generales de 2011, se habían celebrado cinco elecciones autonómicas, pero en 2013 no se votaría nada. Esos cinco resultados autonómicos eran, por lo tanto, centrales para estimar la evolución de la estructura electoral durante el año 2012 y proyectarla hacia el 2013, porque las únicas referencias que tendríamos serían las encuestas de los periódicos y los estudios del CIS y sus equivalentes autonómicos. Pienso que es aquí donde se perdieron la generalidad de los analistas de los partidos y los proveedores de encuestas. Todos los resultados de todas las elecciones de todos los ámbitos definen una estructura donde el movimiento de un dato en un momento dado y en un ámbito concreto explica algo relativo a otro ámbito y otro tipo de elección. La cuestión es disponer de herramientas adecuadas y las que requiere la situación actual no se improvisan.

Cualquier resultado de cualesquiera elecciones tiene una ubicación exacta en un ámbito y un continuo temporal de resultados definitivos de un tipo —locales, autonómicas, generales o europeas—, permite extrapolar valores interelectorales referidos a otros ámbitos o tipos de elección y describe el relato del comportamiento electoral. De este modo, los resultados del PP, del PSOE y la abstención que se produjeron en las cinco comunidades autónomas donde se votó en 2012 nos permiten calcular otros valores razonables para elecciones generales y municipales que, dependiendo de cada ámbito, transitan por encima o por debajo del valor medio total de España en valores y tendencias conocidos a lo largo de la historia electoral. Los resultados estimados así obtenidos sirvieron para saber cómo estaban evolucionando las fuerzas políticas, como por ejemplo IU y el PSOE, en el reparto de los veintiún puntos de censo que aún conservaba la vieja izquierda española; entre los siete a catorce del ámbito estatal y los diez a once de algunos municipios metropolitanos había un abismo. En definitiva, los porcentajes sobre censo que obtuvieron los partidos en los comicios de 2012 explicaron algo muy concreto al tiempo que algo muy general sobre las características y la evolución del comportamiento electoral. Sin este planteamiento se perdería la pista a los números de situación durante 2013, puesto que no se tenían que celebrar elecciones de ningún tipo.

La primera observación sobre los comicios autonómicos de 2012 se refiere a la dispersión de las tasas de participación registradas, que además fueron todas atípicas. En Cataluña se produjo la tasa de participación más alta conocida en unas elecciones autonómicas, aunque no deje de ser un registro muy normal, en torno al 70% del censo. En Asturias, Andalucía o Galicia, la participación descendió hasta diez puntos respecto a los registros de las elecciones precedentes. Esta dispersión remite a cambios estructurales en estos ámbitos, donde aparecieron nuevos factores aglutinantes del voto, como la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) y la progresión de Ciutadans en Cataluña, o el decremento de posiciones hegemónicas, como las del PP y el PSOE en Andalucía.

Una segunda observación se refiere a la crisis electoral generalizada del PSOE que formalizaron estos comicios incluso en los ámbitos en donde estaba gobernando. Inevitablemente razonable era su evolución hacia el 14% del censo electoral en elecciones generales, entre cinco y seis puntos menos que en 2011. Así lo confirmaban las encuestas de intención de voto en elecciones generales para una participación inferior al 60% del censo, y así se deducía de las tasas de fidelidad de voto de los partidos en los estudios del CIS. Todo era coherente y convergente porque el PSOE había dejado de retener un millón de votos en 2012 respecto a las posiciones precedentes en cinco comunidades autónomas. Dicho de otra forma, el PSOE no solo no remontaba sino que seguiría perdiendo votos.

Otra observación sobre estos cinco comicios tiene que ver con el proceso acelerado de caída electoral del PP, incapaz de doblar en Andalucía el resultado de las elecciones generales, con el Foro Asturias Ciudadano (FAC) por delante en Asturias, y en pleno retroceso en Galicia, aunque el resultado político lo escondiera. El PP estaba ya situado en el umbral de la marginalidad en el País Vasco y Cataluña, donde la progresión de Alicia Sánchez-Camacho resultó muy escasa y Ciutadans les había ganado el espacio unionista de éxito, mientras que los menos de ciento treinta mil votos de Basagoiti en el País Vasco eran, como poco, para reflexionar.

Como cuarta observación, debe considerarse la evolución insuficiente de IU/ICV. Todos los valores de ese año conducían hacia el 7% del censo electoral, salvo en el País Vasco. Lo de Galicia lo explicaba Anova, el nuevo partido de Xosé Manuel Beiras, que era el socio de IU en AGE mientras que lo demás era muy limitado. En Cataluña, Andalucía o Asturias las posiciones de los comunistas resultaron escasas o muy alejadas de las conquistadas en otros tiempos.

Una quinta observación se refiere a la irrelevancia de UPyD en las comunidades autónomas donde concurren candidaturas nacionalistas. Sólo defendió cierto espacio en Asturias, porque su propuesta resultó también insuficiente en Andalucía. El aprendizaje es que la España uninacional no se puede desdoblar en las comunidades autónomas plurinacionales. Esto es, el PP y UPyD son distintos en Madrid o en Alicante pero son lo mismo en Barcelona o en Bilbao. Y Ciutadans, sin embargo, emerge en Cataluña porque dice lo mismo pero es catalán. Una observación final se refiere a los nuevos fenómenos electorales de AGE y la CUP, que nacieron en el espacio ciudadano de ruptura y progresaron espectacularmente durante las campañas electorales. El caso de AGE nos confirmó que el espacio se ocupa con un liderazgo fuerte como el de Xosé Manuel Beiras pero sobre todo que cualquier alternativa nueva podía progresar en las campañas actuales hasta límites aún desconocidos. Así había sucedido en la Comunidad Valenciana con Compromís en mayo de 2011, consiguiendo sus resultados en la segunda semana de aquella campaña, y AGE nos confirmó un año más tarde que esto ya sería así. El caso de la CUP en Barcelona redondeó la teoría del espacio ciudadano de ruptura: no hacía falta un líder preexistente para ocupar el espacio, ni nomenclaturas ni historias, porque quien propongan los ciudadanos será el idóneo aunque nadie le conozca ahora. Luego veríamos que esto es bastante aproximado pero no exacto, porque sin una campaña en los medios convencionales o sin réplicas forzadas por contenidos de éxito en YouTube no habría notoriedad suficiente y, sin esta, no se podría competir. La notoriedad para el candidato y la oferta electoral es como la gasolina para el coche.

8

«NO NOS REPRESENTAN», ALGO MÁS QUE UN

ESLOGAN (2013-2014)

Como ya se ha dicho en el capítulo anterior, el año 2013 fue extrañamente no electoral, no se votó nada en España. En febrero de 2013 se celebraron elecciones legislativas en Italia y el Movimiento 5 Estrellas (en italiano Movimento 5 Stelle, o M5S) de Beppe Grillo ocupó el espacio equivalente al de Syriza en Grecia. La clase política española seguía pensando que lo sucedido en Grecia hacía menos de un año o después en Italia eran cosas de griegos e italianos, y que algo semejante no podía pasar en España. Sin embargo, el sistema electoral español estaba ya tan fragmentado y bloqueado como el griego o el italiano, en este caso por la desmovilización electoral. ¿Era una irresponsabilidad lo que estaba haciendo el M5S en Italia? ¿Por qué no le daba gobernabilidad al fracasado frente amplio de Pier Luigi Bersani? Mal que le pese a los dirigentes del PSOE o de IU y en general a quienes se plantean la unidad de la izquierda, los votantes del M5S no distinguieron entre Bersani y Berlusconi, como aquí no distinguían otros equivalentes entre Rubalcaba y Rajoy, percibidos como los gestores del sistema mediante el que se obliga a la gente a pagar las deudas que no son suyas, se privilegia a los banqueros y a las grandes fortunas y se financian los partidos en connivencia con los burócratas corruptos.

No dar gobierno al lado izquierdo fue la posición política del 20% de los votantes italianos y esto descolocó por completo a una vieja izquierda española que no vio venir el golpe porque estaba mirando a Francia. Que a los políticos españoles no les viniera bien lo del M5S era de lo más comprensible porque tenía que ser fastidioso que la gente se organizara por su cuenta irrumpiendo en los medios y en las contiendas electorales haciendo caso omiso de la jerarquía y plantando cara a todos aunque redujeran a siete días la duración de las campañas. En la red, que es donde se deciden la generalidad de estos votos, la campaña es permanente.

Desde las movilizaciones de 2011, cualquier portavoz ciudadano que estaba en las redes sociales se podía colocar en las cabeceras de los medios digitales o generar cientos de miles de visitas en YouTube para convertirse en un fenómeno de audiencia del máximo interés y mucho más atractivo para los anunciantes que cualquier líder mediático preexistente del viejo lado izquierdo. Los líderes de la vieja izquierda española estaban desorientados, aunque los más espabilados entendieron que formaban parte del sistema que quería derribar un número creciente de electores. Se había tenido que estrellar Bersani para que lo entendieran, cuando estaba planteado así desde que el PASOK pactó con Nueva Democracia en Grecia. Los militantes de la izquierda más ignorantes de la situación suspiran aún por sumar con el PSOE aunque esa boda esté arreglada. Aquí nadie suma con nadie.

Bersani y Beppe Grillo se diferenciaban entre sí sobre todo en que el primero quería desalojar a la derecha del poder, mientras que el segundo quería destruir el sistema en su conjunto, como Syriza en Grecia. Los medios convencionales llamaron a esta actitud «antipolítica» y el sistema se defendió como pudo. La campaña del M5S vino a coincidir con la de Syriza en la idea central: la deuda no es de las personas normales, con lo que definían un lugar donde no podía llegar la política formal. Una posición inexpugnable, desafiante y ganadora. «No nos representan» no era un eslogan y no se habían enterado porque, en lugar de fijarse en lo que estaba sucediendo, todos —clase política, académica y creadores de opinión— miraron para otro lado. Empiezan a comprenderlo ahora pero siguen sin enterarse del todo porque negaron la mayor, se quedaron sin números y, por lo tanto, sin capacidad de análisis. Puedo asegurar que no los tienen ni aproximados. En primer lugar, porque entienden el fenómeno en términos de izquierda y derecha, además de nacionalismos. Es otra cosa que no tiene nada que ver con eso. Y en segundo lugar, porque si no identificas el fenómeno electoral no existe y solo lo puedes medir en las urnas.

En abril de 2013, según las encuestas, las elecciones generales las ganaba el PP con ciento treinta y cinco escaños por ciento veinte del PSOE, veinticinco de IU/ICV y dieciocho de UPyD. El bipartidismo acumulaba una pérdida de más de 10 millones de votos respecto a las elecciones generales de 2008. IU/ICV y UPyD sumaban cada uno medio millón de votos más que en 2011 y ERC había ganado la posición central en Cataluña, como no podía ser de otra forma: si dices que nos independizamos pero esperamos a ver qué dice el Tribunal Constitucional pierdes frente al que dice que eso es lo de menos porque para eso nos independizamos.

El barómetro de abril del CIS insistía en la desmovilización masiva de los antiguos electorados del bipartidismo hasta acumular 7 millones de nuevos abstencionistas procedentes del PP y del PSOE. El PP había caído en menos de dos años al umbral donde se desenvolvía el PSOE y les separaba un millón de votos. La conclusión era clara: el bipartidismo estaba perdiendo electores que no incorporaban IU/ICV ni UPyD.

Los comicios de 2011 reflejaron el hundimiento del PSOE, sumido en el mismo proceso de crisis que el PP había iniciado poco después. El bipartidismo era historia desde mayo de 2010, pero el monopartidismo popular también desde julio de 2012. La fragmentación era un hecho y recalaban en la abstención millones de electores huérfanos de oferta, lo que era sin lugar a dudas la antesala de la redefinición profunda de los apoyos populares a la que estamos asistiendo en España. El PP y el PSOE se encaminaban ya hacia la autorrepresentación en un proceso mucho más griego que francés. Quizá se entienda mejor formulado de este modo: si los electores estaban en la abstención era porque no estaban dentro del sistema y solo se volverían a interesar por este para cambiarlo. El PSOE formaba parte de ese sistema y el elector medio ya no se dejaría convencer.

El sistema de representación se hundía. Lo que perdían los dos grandes partidos definitivamente no lo recuperaba nadie, alimentando así un abstencionismo joven, urbano y progresivamente más transversal en lo ideológico. Teníamos, pues, todos los datos de la ruptura: era generacional, con la clase política, con el modelo territorial del Estado, con las instituciones, con el sistema de representación y, en definitiva, con el orden político heredado del siglo XX. Los partidos de vanguardia tenían que desorganizarse para volver a empezar, transformados en plataformas ciudadanas, o dejarían de representar a las personas. Esta desmovilización masiva era la consecuencia combinada del repudio a las prácticas de los políticos y la unificación de las políticas de los Estados bajo directrices de la Unión Europea en tanto que socio deficitario.

¿Por qué no remontaba el PSOE si el PP lo hizo en la legislatura anterior hasta superar a su rival? Las cosas no habían sucedido exactamente así. El PP progresó algo pero solo superó a su rival porque este se desplomó. El PSOE no remontaba porque únicamente podía hacerlo incorporando a electores centrales en contienda directa con el PP, en tanto que desde 2010 define el lado izquierdo del mismo sistema, un sistema que sirve para sujetar los compromisos comunitarios y el orden institucional, como en Alemania, Italia o Grecia. Las circunstancias han cambiado y no es el asunto de los socialdemócratas europeos propiciar debilidades institucionales ni desencuentros, aunque haya otras personas que prefieran otro orden. No era esa su función pero seguían sin comprenderlo un año más tarde, cuando Pedro Sánchez le negó el voto a Jean-Claude Juncker para convertirse en presidente de la Comisión Europea. No era eso lo que se esperaba de los socialdemócratas españoles.

Las viejas organizaciones políticas de la izquierda estaban a punto de descubrir por esas fechas que ya no representaban a las personas que estaban situadas en la ruptura. Los ciudadanos nuevos estaban escapando al control de los medios convencionales, sus decisiones de voto se estaban produciendo de forma autónoma y cada vez más en el entorno de la red, y los partidos políticos tradicionales se mostraban incapaces de entender que todo había cambiado. Se trataba del impacto de la revolución tecnológica de finales del siglo XX y no entendían que se había producido la intercomunicación global y la autocomunicación social. Se estaba o no se estaba en la red, y los partidos no estaban, eso era todo.

Se visualiza claramente este problema cultural de la vieja izquierda con el ejemplo de la abdicación de Juan Carlos I. Si esta se producía para iniciar un proceso constituyente que culminara con un referendo sobre la continuidad de la propia monarquía, ¿qué objeción podía plantear a este proceso una persona de convicciones republicanas? Los republicanos viejos y sus organizaciones políticas plantearon todas las objeciones posibles porque para ellos abdicación era anatema. Por un lado, asocian república con izquierda y esta con libertad, y por otro, monarquía con absolutismo y oligarquía. Son dogmáticos. Los más jóvenes entendieron la abdicación como una oportunidad, porque no tienen nada de esto en la cabeza y ese suceso les puede ayudar objetivamente a iniciar otra etapa. Ha pasado mucho tiempo desde 1975 y mucho más desde 1939. La izquierda española de la Transición política estaba fracasando en la historia de una forma contundente. Su cultura antigua ya era autorrepresentativa y explicativa del pasado, las reflexiones de su nomenclatura o los pensamientos de sus intelectuales resultan desde entonces irrelevantes en la zona de ruptura, que no quiere saber nada del pasado, vive el presente, mira hacia el futuro y se organiza sin ellos.

Según los sondeos, en agosto de 2013 la única suma de partidos que podía investir a un presidente en España era entre el PP y el PSOE. El PP llegaría a ciento sesenta escaños si sumaba los veintidós que obtendría UPyD, mientras que el PSOE alcanzaría ciento treinta y seis, agregando los treinta y cuatro escaños de IU/ICV y hasta ciento cincuenta y ocho sumando además los de UPyD. El PP perdía 5 millones de votos respecto a su posición de 2011, que era más de lo que había retrocedido el PSOE en la legislatura anterior. Los socialistas perdían más de 6 millones de votos respecto a su posición de 2008 y nadie dentro del partido levantó una ceja. Hacían como si nada, ahí seguían Rubalcaba, Elena Valenciano, Eduardo Madina, la lacónica Carme Chacón, el perdedor Tomás Gómez... Rubalcaba ya era desaprobado masivamente por nueve de cada diez electores. IU/ICV no conseguía sumar nada para poder decir que no eran ellos y su oferta se dirigía ya a la mitad con más edad del censo porque son vistos como el PCE, que es el equivalente al KKE griego y no tiene nada que ver con Syriza. Sin embargo, IU/ICV era el refugio de los viejos socialistas y tenía recorrido hasta los 3 millones de votos. UPyD conquistaba espacio a costa del PP en sus ámbitos naturales que son las comunidades autónomas donde no hay nacionalistas o estos son muy minoritarios como Madrid, Murcia, las dos Castillas, la Comunidad Valenciana y Aragón. Se acercaba al umbral de los 2 millones de votos en España. Ese es el registro más alto que han marcado los de Rosa Díez.

En aquel verano de 2013 el Partido X-Red Ciudadana, una organización que tiene su origen en el 15-M, se planteó antes que cualquier otra agrupación política disputar la contienda electoral de la ruptura. Intentaba formular en modo electoral la protesta de la sociedad. La ruptura con el sistema tenía ya un tamaño total de unos 8,5 millones de electores de los que se podían aglutinar algo más de un millón de votos en torno a una candidatura representativa de este espacio en las elecciones europeas, liderada, por ejemplo, por Ada Colau, o por el Gran Wyoming, para que se entienda mejor. Se trataba de entrar en el Parlamento enfrentados a la clase política convencional. El impacto estimado de una candidatura aglutinante del espacio de la ruptura era de ocho escaños en unas elecciones generales: tres por Madrid y uno por Sevilla, Málaga, Murcia, Valencia y Alicante, respectivamente. Sin embargo, había que tener en cuenta que esta posición podría verse reducida a la nada o triplicada según lo que sucediera en las elecciones al Parlamento europeo de 2014.

En noviembre de 2013 el PP permanecía en el umbral de los 6 millones de votos y el PSOE alrededor de los 5 millones. En Cataluña, lo que ganaba ERC era lo que perdía CiU. No había fuerzas políticas emergentes que conquistaran electores del bipartidismo, salvo Anova, Compromís y Ciutadans. Desconozco el electorado fundacional de la CUP pero intuyo que su ingrediente PSC osciló entre minoritario e irrelevante. Lo que pasaba inadvertido en ese año sin elecciones es que más de 16 millones de electores estaban situados ya en la abstención. En ese número residía el potencial de la ruptura, que además era con el orden de 1978. Momentáneamente no intervenía en los porcentajes de votos válidos y, por lo tanto, no existía para la generalidad de los creadores de opinión y no estaba en la actualidad política.

La mayoría absoluta del PP de Rajoy le permitía aplicar sus políticas haciendo oídos sordos a las protestas, pero ya solo estaba respaldada en la calle por algo más de 6 millones de electores sobre un censo total de 36 millones. A eso lo llamó la «mayoría silenciosa», pero en realidad era desaprobado por la mayoría social, que creía que había mentido en el asunto de los sobres. Era censurado por el 60% de los ciudadanos de dieciocho o más años de edad, lo que incluía a tres de cada diez de sus votantes, que pedían su dimisión. Rajoy le explicó al elector que esto es España en su acepción castellana de castillo, señor y vasallo y que ya sabíamos quién era el señor. Ese discurso evidenció la necesidad de cambios profundos en la mentalidad y en algunas actitudes por parte de todos. El elector lo anotó en su lista de cuentas pendientes.

A finales de 2013 y principios de 2014 seguían produciéndose rebeliones populares tanto en España como fuera. Los opositores ucranianos habían tomado la plaza de la Independencia (Maidán) de Kiev y el gobierno se planteaba establecer el estado de excepción. El 10 de enero de 2014 se iniciaban los sucesos de Gamonal de Río Pico, comunidad histórica que da nombre al barrio burgalés, donde los vecinos se quejaban de unas obras absurdas decretadas por el poder político. El 18 de enero las personas habían obligado a los políticos a parar las obras en Burgos y el 23 de febrero habían echado del poder a Víktor Yanukóvich en Kiev. Una revolución en toda regla que se había saltado cualquier legalidad doméstica o internacional pero que era reconocida de inmediato por las potencias occidentales.

En el terreno electoral se producían noticias de signo muy diverso: el 12 de diciembre de 2013 Artur Mas anunció que la consulta soberanista se celebraría el día 9 de noviembre de 2014; y un poco más tarde, el 16 de enero de 2014, se presentó VOX, el nuevo partido político de Alejo Vidal-Quadras y José Antonio Ortega Lara con la idea central de eliminar las comunidades autónomas. En las encuestas votaba el 52,3% del censo electoral en España: todos los partidos bajaban y aumentaba la abstención. En marzo de 2014 el sistema electoral general estaba quebrado, mientras que los sistemas vasco y catalán representaban a la perfección a las personas. La ruptura del español con su poder representativo era un hecho y Burgos nos permitió visualizarla finalmente: la mayoría social había ganado a su propio poder representativo. No se haría el bulevar pero además los ciudadanos presentarían su propia candidatura para ganar las elecciones municipales de 2015 y hacer la política de los burgaleses, no la del PP ni la del PSOE. La ruptura consistía ya en ganarle las elecciones a los partidos del sistema.

Los sucesos del barrio de Gamonal de Burgos señalaban que iban a proliferar las candidaturas independientes en los ámbitos locales españoles. Las encuestas confirmaban insistentemente una situación en la que el PP no podía arrollar al PSOE con ayuda de nadie ni viceversa, y la fragmentación del Congreso resultante en unas elecciones generales era un hecho incuestionable. El PP y sus aliados naturales —UPyD, Ciutadans, el PRC cántabro y el FAC asturiano— sumaban ahora ciento sesenta y dos escaños, mientras que el PSOE e IU/ICV llegaban a ciento treinta y siete, muy lejos de los ciento setenta y seis para conseguir la mayoría absoluta. En estas circunstancias, las encuestas ya no ofrecían otra suma razonable que la que se daba entre el PP y el PSOE. Razonable para la Unión Europea y el euro por su estabilidad para transitar de 2015 a 2019, lo que definía una contienda particular entre ambos partidos que se resumía en una idea: el que gane pondrá presidente y el que pierda lo investirá.

Este era un panorama completamente nuevo que entonces era ajeno a los creadores de opinión, salvo rarísimas excepciones, como el periodista Enric Juliana de La Vanguardia y, en otro ámbito de difusión, la valenciana Amparo Tórtola de El Mundo y la gallega Fernanda Tabarés de TV Voz, periodistas de la actualidad real y virtual; además de mis compañeros de periódico, claro. Estos periodistas entendieron que había un nuevo espacio electoral que se había dimensionado a lo largo de 2013. Entendieron que la realidad electoral se transformaba e intuyeron que tenían que averiguar qué estaba sucediendo para ajustar algunos parámetros en sus respectivos análisis. Sus trabajos se encuentran en la red perfectamente datados.

La experiencia reciente nos había indicado que en los Estados endeudados del sur de Europa los ciclos legislativos de cuatro años se agotaban con costes electorales salvajes. El PP de Rajoy no era una excepción y en tan solo dos años había perdido 5 millones de sus votantes, lo mismo que había sucedido con el PSOE en la legislatura anterior. El PP empezó la legislatura con el 44% de los votos válidos y terminaba el año 2013 en el umbral del 30% en clara mayoría relativa y con nadie con quien entenderse. Había pasado un año en el que las rentas medias y bajas habían asumido una reducción drástica de su capacidad adquisitiva. El PP de Rajoy había jugado al calendario largo o el de agotar la legislatura a cualquier precio, pero nadie lo había cubierto en Grecia, España, Italia o Portugal desde que empezó la crisis sin perder su hegemonía electoral.

Rajoy lo fio todo a los presupuestos generales de 2014 y no pudo alcanzar su objetivo porque, lejos de agregar condicionalidad comunitaria a la política económica, tenía que trasladar a la mayoría social con hechos y no con palabras el mensaje inequívoco de que lo peor ya estaba superado. En 2014 eran muy pocos los que encontraban trabajo y en las casas se agotaban los recursos. El elector medio comprendió finalmente que estaba presenciando el empobrecimiento y la incertidumbre, aunque los datos macroeconómicos le permitieron afirmar a Rajoy hace ahora un año que la recuperación había llegado para quedarse. Dentro de la zona euro y con un PIB per cápita similar al francés, atravesábamos una situación social y unas perspectivas incomprensibles. La caída del PP estaba asegurada, lo mismo que la protesta, la tensión y la violencia aparecieron en Madrid en marzo de 2014, con setenta policías heridos en una manifestación.

9

LA RUPTURA COMO FENÓMENO ELECTORAL (2014)

Antes de la autocomunicación social, las personas ya se habían hecho una idea determinada sobre las características de sus representantes. Los conceptos centrales son que los políticos no cumplen sus promesas, favorecen a gente determinada definiendo clientelas o configurando familias o clanes territoriales, se financian ilegalmente, utilizan fondos reservados para actividades inconfesables, se lucran, desprestigian las instituciones, engañan deliberadamente, no se entienden entre ellos, venden sus principios y no pintan nada en sus partidos, en los que mandan dos si no es uno que atiende a los intereses de los poderes patrimoniales y financieros en connivencia con los burócratas de las administraciones aprovechando la ignorancia del administrado.

El elector medio ya había aprendido, con anterioridad a la esperpéntica rueda de prensa de María Dolores de Cospedal sobre el despido de Luis Bárcenas, que el representante no responde ante el ciudadano. El votante solo elige, no ejerce el control. Los gobernantes derivados de la voluntad popular y de la legislación electoral adquieren la condición de poderosos: el poder para la gente corriente es la capacidad para decidir gasto o inversión. La experiencia reciente, aunque también la histórica, une indisolublemente el poder con la corrupción. Se entiende que donde hay poder (decisión de gasto o inversión), hay corrupción y que esto termine siendo un problema o no es una cuestión de control.

El elector antiguo reclama que alguien controle a los políticos, que alguien arbitre o haga que funcionen los mecanismos de control: es idiota de lo público o vive alejado del poder. Los más jóvenes son plenamente conscientes de que los ciudadanos organizados son los únicos que pueden y deben controlar a sus representantes para conseguir un funcionamiento adecuado del sistema institucional: ahí está la ruptura con el pasado.

La actuación continuada de la justicia en casos de corrupción política terminó de convencer a la gente de que el problema son los poderes patrimoniales y financieros, los burócratas corruptos, los contratistas de las administraciones y los políticos. El fracaso de estos últimos cuarenta años es rotundo en términos de moralización de la vida pública, como decía el PSOE en 1982 y que ahora se llama la regeneración democrática. Esta fue la conclusión objetiva de una sociedad que se despertaba todos los días con un caso de corrupción nuevo: Palma Arena, ERE, Campeón, ITV, Millet, Cambrils, Brugal, Emarsa, Dívar, Nóos, Gürtel, la operación Pokemon, el escándalo de cooperación en Alcorcón, etc. El problema común o de todos los administrados es un sistema burocrático en el que algunos se lucran en ausencia de control.

Toda esa información contrastaba con las enormes dificultades económicas con las que se encontraba el ciudadano de a pie. El informe Foessa de Cáritas de 2014 referido al año anterior explicaba la situación de esta forma:

Esta intensa destrucción de empleo llevó a la tasa de paro a su mayor registro histórico. Especialmente preocupante es la tasa de paro del 55% para los menores de veinticinco años, que no tiene parangón alguno en los países de nuestro entorno [...] El rasgo más preocupante de la evolución de la renta en la crisis es el aumento sin precedentes de la desigualdad social en su distribución [...] Los procesos de dualización social conllevan ruptura. En este sentido, el no dotarnos de los mecanismos redistributivos necesarios nos lleva a la fragmentación social.

El elector medio entendió por fin que tenía que organizarse porque el bloque burocrático español es un poder autónomo y arbitrario que engloba al representativo y para muestra la presencia de Repsol en el archipiélago canario o el depósito Castor, que no se habría instalado ahí de haberlo sabido los dueños de todos los recursos públicos. A partir de este género de evidencias, un número creciente de personas se interesó por concurrir a las elecciones para enfrentarse a los partidos preexistentes. No se trataba de una improvisación, sino de la conclusión a la que llegaron después de un largo proceso de aprendizaje. La otra forma de imponerse y de dejar clara la idea «gobernarás conforme a la voluntad de las personas o te echaremos» es la rebelión, como pasó en el mencionado barrio de Gamonal, en Burgos.

La gente corriente también había aprendido que la legalidad internacional está condicionada por la geopolítica. Estados Unidos y la Unión Europea reconocieron la revolución del Maidán, y Rusia auspició la celebración de una consulta soberanista en Crimea, que ahora es rusa estableciendo otra legalidad internacional de facto. El elector español que rompió con su sistema aprendió esto, así como también lo hicieron el nacionalista vasco, el catalán y el gallego. El Maidán enseñó a las personas corrientes que la mayoría puede imponer su voluntad saltándose cualquier convención previa o que el éxito de una rebelión es posible porque la legalidad internacional se adapta a las circunstancias. Y además, este español que ha roto con su sistema forma parte del espacio ciudadano de ruptura de las sociedades endeudadas del sur de Europa. El vasco o el gallego no son del norte sino del sur endeudado, como Portugal.

En el mes de enero de 2014 se iniciaba la larga precampaña de las elecciones europeas. El PP llegaba con su programa electoral incumplido y asediado por los escándalos, liderado por quien no es apreciado por la gente y asfixiando las economías familiares con todo tipo de impuestos directos e indirectos. Los números iniciales decían que el PP y el PSOE podían conseguir treinta y cuatro de los cincuenta y cuatro eurodiputados (el 63%) pero sumando menos de 9 millones de votos, aproximadamente el 24% del censo electoral. El sistema se había hundido y todo lo que no fuera PP, PSOE, IU/ICV, UPyD o el nuevo Movimiento Ciudadano de Javier Nart ya era ruptura con el sistema. Se trataba de la ruptura de las personas normales con su sistema de representación, los indignados en general situados claramente en la abstención, o bien la ruptura con la burocracia o el Estado español, como sucedía con los votantes de CiU, ERC, PNV, EH-Bildu y el BNG, o las dos cosas a la vez, como expresan los votantes de la CUP en Cataluña.

El PP y el PSOE solo conservaban el 40% de los electores que tenían en 2011 y esto anunciaba resultados catastróficos de ambos partidos en los comicios europeos. Con los datos que teníamos ganaba el PP con 4 millones de votos y dieciocho eurodiputados y le seguía el PSOE con algo más de 3,5 millones y dieciséis actas. Aparentemente no pasaba nada extraño, las candidaturas ciudadanas no existían y el PP ganaba con el 29,6%, seguido por el PSOE con el 26,7%, IU con el 11,0% y UPyD con el 9,0%.

Sin embargo, la abstención estimada en estos comicios europeos alcanzaba el 63% del censo electoral, y el PP y el PSOE se disponían a recibir un castigo mayúsculo porque perdían más de 2 millones de votos cada uno, es decir, 4,5 millones de retroceso del bipartidismo en las elecciones europeas de 2014 respecto a las precedentes del año 2009. Estos resultados estimados para el PP y el PSOE confirmaron la desmovilización y la fragmentación del sistema electoral general. Las demás candidaturas eran una incógnita. La coalición Izquierda Plural debería haber disputado la contienda con el joven Alberto Garzón o con cualquier independiente, pero lo hizo con Willy Meyer, demostrando por enésima vez que los partidos políticos toman algunas decisiones con el conocimiento pleno de que decepcionan y cuestan votos.

ERC había empatado con CiU en las encuestas y tenía que decidir si reeditaban la coalición Europa de los Pueblos-Verdes (EdP-V) con el BNG en Galicia y, por entonces, Eusko Alkartasuna en el País Vasco, que obtuvo un eurodiputado en 2009. Ahora sería con EH-Bildu y el BNG, además de la Entesa de Baleares, porque la Chunta Aragonesista (CHA) se tenía que descolgar necesariamente para proteger sus intereses municipales de este año. A favor de esta decisión de ERC estaba el golpe táctico de medirse con CiU en Cataluña y obtener más votos en ese parcial. En contra de reeditar esa coalición estaba el rendimiento político que podrían obtener los republicanos aceptando la oferta de los convergentes. Tampoco quiero decir con esto que los abertzales lo tuvieran decidido. CiU necesitaba a ERC para aprobar los presupuestos de Cataluña pero ERC necesitó a CiU para fijar la fecha del referendo prometido por Artur Mas, que ya había cumplido. Los convergentes proponían una candidatura soberanista unitaria con todo el sentido político, ya que había una fecha para la celebración del referendo: después de las elecciones europeas.

Según fuera la decisión que tomara ERC se encajarían las demás piezas. Supuesto el acuerdo entre catalanes, CiU no renovaría con el PNV y otras formaciones de ámbito autonómico la Coalición por Europa (CEU). Si finalmente se formalizaba la coalición EdP-V entre republicanos y abertzales, el BNG participaría y Anova se quedaría sin su socio preferente, Sortu. Beiras potenciaba una coalición entre quienes respaldaran un nuevo proceso constituyente u orden nuevo cuyo modelo de Estado fuera como poco confederal, aunque para Anova lo que parecía prioritario era que el BNG no apareciese en la fotografía europea. Eso podría suceder si había pacto entre catalanes, y los abertzales se quedaban solos o si decidiendo concurrir en solitario se encontraban con los de Beiras.

Así de farragoso fue todo desde el principio. La coalición CEU (CiU, PNV, CC, CxG) y la EdP-V (ERC, EH-Bildu, BNG) estaban pendientes de una evolución de las cosas que estaba controlada por los partidos catalanes, a quienes interesaba marcar los tiempos, demorando la decisión de no concurrir en la candidatura soberanista que conformarían CiU, ERC y CUP, algo que sabía todo el mundo. El partido barcelonés de diseño ICV ocupaba ya el tercer puesto en la muy española lista del comunista Meyer. He calificado a ICV de partido de diseño porque son federales, confederados, independentistas y lo contrario, con EUiA para amarrar concejales y además verdes, pero no con Equo, aunque sí en Europa, y por supuesto incluidos en Guanyem (que para las elecciones municipales de Barcelona se rebautizó como Barcelona en Comú). Les falta un alerón aunque eso es un tic de la vieja política de cuotas que no puede funcionar en el siglo XXI.

Nadie movió ficha hasta que lo hicieron los republicanos, porque había diversos partidos con diferentes expectativas como el entonces emergente Compromís valenciano a quien convenía la concurrencia de ERC con EH-Bildu y el BNG para volver la cara hacia el noroeste y encontrarse con los ojos de Anova, porque se gustaban y sumaban para entrar en el Parlamento europeo. Finalmente, CiU, el PNV, Coalición Canaria y Compromiso por Galicia reeditaron la Coalición por Europa (CEU), ERC lideró a Nova Esquerra Catalana y Catalunya Sí y EH-Bildu lo hizo con el BNG, y, después de un fado interminable, Anova fichó por los comunistas españoles despreciando el espacio electoral de la ruptura que había conquistado en las elecciones autonómicas.

Pablo Iglesias, el conductor del programa La Tuerka de Público TV, se postuló para su aclamación y proclamación como líder de la ciudadanía y les puso las pilas a los demás contendientes del espacio de la ruptura: Red Ciudadana-Partido X, Ahora Tú Decides (ATD!) y los valencianos de Compromís, que buscaban un enganche ciudadano además de ser liderados por Madrid. Por si fueran pocos, apareció el juez Elpidio Silva ofreciendo un liderazgo carente de contenido político o características votables y a última hora Recortes Cero con el pintor Antonio López cerrando la lista.

Red Ciudadana-Partido X fueron los primeros en ponerse en marcha. Se presentaron en enero de 2013 y les aconsejé alcanzar acuerdos con Anova y Compromís, como organizaciones preexistentes situadas en el espacio de ruptura que tenían experiencia, aseguraban el resultado y necesitaban el liderazgo de los ciudadanos en el ámbito estatal. Le expliqué lo mismo a estos: que necesitaban ser liderados por quienes se habían enfrentado a todo. Sin embargo, estas nuevas organizaciones no supieron entenderse con los partidos preexistentes ni entre ellas y los números uno Pablo Iglesias, Elpidio Silva y Hervé Falciani concurrieron por separado.

Compromís no llegó a pisar el espacio. Lanzaron la Primavera Europea, liderada por los valencianos seguidos por Equo y la Chunta Aragonesista. La Chunta se sentaba con Cayo Lara en el Congreso y todos tenían que haber cedido el protagonismo de la lista a una organización ciudadana poderosa en Madrid pero fue un desastre, porque finalmente dejaron el liderazgo estatal en manos de Equo y con ese perfil verde no se era un buen aspirante en el espacio de la ruptura.

La relación entre los viejos partidos y las nuevas organizaciones ciudadanas la explico con el ejemplo de la sabana, que es de Lluís Miquel Campos, el controvertido estratega del Bloc Nacionalista Valencià (BNV) de Pere Mayor, Enric Morera y Joan Baldoví y el mejor interlocutor técnico que he tenido en un partido político.

No puedes decirme que vamos a colaborar y a hacer cosas nuevas, porque eso es lo que dicen las gacelas y yo soy un león, entonces eres comida para mí. Y si vienes diciendo que eres un leopardo, te echo porque nos comemos las mismas cabras. ¿Tú quién eres, que vienes a decirme a mí que tengo trescientos concejales, que vamos a medias en esto? No eres el elefante, que es poderoso y haría negocios con él porque además comemos cosas distintas.

La posición de las organizaciones ciudadanas era débil frente a las organizaciones preexistentes, que son viejos leones asentados sobre sus territorios. Y era así porque ninguno de los nuevos candidatos para ocupar el espacio de la ruptura parecía ser el elefante. Nadie arrastraba de verdad a las masas para enfrentarse a los partidos convencionales. Salvo el magistrado, del que se llegó a decir en la red que estaba convencido de que iba a sorprender, todos eran conscientes de que el voto ciudadano estaba fragmentado. El vértigo al fracaso debió estimular la agrupación de estas propuestas, pero pienso que se les fueron los plazos. Los ciudadanos organizados frente al sistema reprodujeron las mismas dinámicas negociadoras de los viejos partidos pero sin experiencia alguna y no supieron encontrarse ni con ellos mismos. Les había faltado pragmatismo y los datos de participación en sus primarias fragmentadas tampoco fueron gran cosa. Aquello quedó repartido en cuatro candidaturas que se postulaban para ocupar el mismo espacio electoral que el M5S en Italia y Syriza en Grecia. Fueron Podemos, liderada por Pablo Iglesias; el Partido X, que llevaba un buen cartel electoral, Hervé Falciani, aunque aún no se sabía si sería un buen candidato. Además de estos, Recortes Cero de Antonio López y el Movimiento Red del juez Elpidio Silva.

En la contienda de la ruptura, la campaña de las elecciones europeas se ganaba o se perdía en Madrid. Ser o no ser dependía de la capacidad que tuviera cualquiera de estas candidaturas para juntar doscientos cincuenta mil votos ciudadanos y para esto se necesitaba Madrid.

La Primavera Europea pedía un proceso constituyente en Europa con un electorado consolidado y emergente en la Comunidad Valenciana pero sin resultados en Madrid en manos de Equo. Primer descarte.

El juez Elpidio Silva tenía un buen cartel aunque no pudiera tenerlo. Su buen cartel era de perfil populista por haber encarcelado dos veces a un banquero que más tarde fue considerado uno de los ideólogos de las preferentes; ese era y es Miguel Blesa en la red. A pesar de todo, era imposible que ganara porque los imputados por la justicia no deben concurrir a las elecciones en nombre de los ciudadanos. Me sorprende que esta circunstancia no fuera considerada por un juez. Segundo descarte.

Algo distinto es lo que sucedía con Hervé Falciani, que tenía un buen cartel aunque sin características votables como candidato. Es decir, quien persigue al evasor fiscal goza de un buen cartel, pero el elector necesita saber lo que piensa y lo que propone sobre el modelo territorial del Estado, Cataluña, Gibraltar, la monarquía, el concordato con la Santa Sede, la OTAN o los toros. El elector quiere conocer sus ideas y sus respuestas exactas. Tercer descarte.

Por lo tanto, el mejor colocado era Podemos, aunque los aspirantes a representar el asalto civil al poder representativo habían roto el espacio electoral y estaban destinados a fracasar.

Sin embargo, las primeras encuestas que se hicieron sobre los candidatos concurrentes nos informaron sobre una notoriedad media del 50% del censo electoral de Pablo Iglesias. Una notoriedad similar a la de Josep Antoni Duran i Lleida, ligeramente inferior a la de Cayo Lara y muy superior a Alfred Bosch. Pablo Iglesias existía para una proporción sorprendente del censo electoral, tan sorprendente que pregunté a una de estas empresas si no se estarían agregando menciones relativas al fundador del PSOE, a lo que me contestaron «Eso mismo nos preguntamos nosotros». Esos datos eran definitivamente del joven Pablo Iglesias, lo que le proporcionaba una superioridad prácticamente definitiva frente a sus rivales en la contienda de la ruptura.

El PSOE había anunciado en la segunda semana de febrero que su candidata sería Elena Valenciano, un error de principiante que supo aprovechar el PP. Eso era atacar desde demasiado lejos porque una campaña es un todo que debe tener tensión creciente. Las campañas actuales son vertiginosas y en un día se comunica más y de más formas que en una semana del año 2008. Son distintas y se evidenció un problema cultural y en definitiva de adaptación de los viejos partidos. Le sucedió a Artur Mas en las elecciones autonómicas de 2012 y parece que no lo aprendieron en el PSOE: los candidatos se desfondan en las campañas actuales.

El PP aplazó la proclamación de su candidato hasta el mes de abril y dejaron a Elena Valenciano dando puñetazos al aire durante dos meses. Lo dijo todo y de todas las formas posibles antes de entrar en contienda. Rajoy nombró al europeísta Miguel Arias Cañete que era de lo mejor valorado que tenía y un candidato compacto o idóneo para lo que había que hacer.

En plena precampaña, el 16 de abril coincidían dos noticias en los periódicos. Por un lado, se trasladaba a la justicia un supuesto fraude de 3.000 millones de euros relativo a cursos de formación para el empleo que se sumaba a la escandalera de los ERE en Andalucía; por otro, esta comunidad autónoma lideraba el desempleo en la Unión Europea con una tasa de paro del 36,3% de la población activa. Canarias y Extremadura superaban también la tasa de desocupados de la isla francesa de Reunión, situada al este de Madagascar, en África. El hecho cierto para el elector medio es que siete de cada diez jóvenes andaluces no tenían nada que hacer mientras otros les robaban los recursos para su formación laboral.

El 22 de abril la eurodiputada del PP Pilar del Castillo, que fue presidenta del CIS con Aznar, explicó en una entrevista en TVE1 que las elecciones europeas reflejarían la vigencia del bipartidismo como hecho estructural del sistema de representación. Eso no era cierto, pero es que, además, dicho por ella era desinformar deliberadamente a las personas. El bipartidismo se disponía a sumar menos del 25% del censo electoral español y esto era lo verdaderamente importante, que se venía abajo o que la mayoría estaba en otro sitio.

En esos días se iniciaba el juicio contra el magistrado Elpidio Silva por el caso Blesa. Era uno de los candidatos a las elecciones europeas y los medios estaban lanzando su particular campaña contra él. Sus números en la red eran de lo más respetables y esta réplica de los medios convencionales podía situarle en la contienda. Elpidio Silva tiene unos setenta mil seguidores en las redes sociales y esto le proporciona una notoriedad autónoma o independiente que no es mercantilizable ni controlable por ningún sistema, porque es el producto de la autocomunicación o de la conversación colectiva. Cuando entró en los medios convencionales con motivo de su juicio, entró también en todas las casas y llegó a todas las edades. «Que hablen de mí aunque sea mal» es un axioma imprescindible. Por ejemplo, el Gran Wyoming emitió en su programa de La Sexta el rap de Toni Cantó, que su partido no quiso difundir en la campaña de 2011 y con esta emisión sí llegó a la gente.

Finalizando el mes de abril, José María Aznar polemizaba sobre su ausencia en la campaña de Miguel Arias Cañete al tiempo que las Sorayas se arrojaban sobresueldos y cesantías en sede parlamentaria. Por su parte, el gobierno rebajó el objetivo de déficit público en tres décimas y publicó el cuadro macro que tenía que convencer a las personas de que lo peor ya estaba superado. Y luego, lo de siempre: sobrecostes en las obras del AVE y nueve detenidos de Adif en Madrid y en Barcelona por presunta malversación. Fomento reconocería en plena campaña electoral que estos sobrecostes podían ascender a la astronómica cifra de 10.000 millones de euros.

Las primeras encuestas que se publicaron comprensivas de todas las candidaturas alzaron considerablemente las expectativas del PP y del PSOE en términos absolutos y en la proporción de los eurodiputados que conseguiría el bipartidismo sobre el total. El estudio preelectoral del CIS nos informó sobre la movilización de la población más anciana como el único factor explicativo: el marketing de lo peor ya está superado resultaría eficaz para imponerse en estas «superprimarias».

Se podían considerar primarias en el PSOE porque si perdía Elena Valenciano, Rubalcaba, que era desaprobado por las masas, debería por fin desaparecer del todo. También pasaba lo mismo en el PP, porque si no ganaba Arias Cañete, a quien se le complicarían las cosas hasta límites insospechados sería a Mariano Rajoy, que difícilmente completaría la legislatura sometido al popular «caerán como fruta madura» de la anterior. Eran primarias en VOX, porque si la candidatura de Vidal-Quadras no obtenía al menos un eurodiputado habría fracasado frente al PP de Rajoy, y lo mismo para Ciutadans y Javier Nart, que consiguiendo un eurodiputado también fracasarían si no sumaban votos por fuera de Cataluña, puesto que su apuesta principal era discutirle el espacio a UPyD en el ámbito estatal. También simbolizaban unas primarias en Cataluña: si la coalición electoral L’Esquerra pel Dret a Decidir que lideraba ERC conseguía más votos que la Coalición por Europa de CiU, Oriol Junqueras podía ser visualizado como el president virtual de la Generalitat.

Pero, sobre todo eran las primarias del espacio ciudadano de ruptura. Quienes se postulaban para representar a las personas frente a los partidos preexistentes, arrastrarían a las masas o no lo harían y quienes no obtuvieran al menos un eurodiputado habrían fracasado. Me refiero a Podemos de Pablo Iglesias, el Partido X de Hervé Falciani, el Movimiento Red del juez Elpidio Silva y Recortes Cero, la candidatura avalada por el pintor Antonio López. Quienes no fueran capaces de ocupar el espacio electoral de la ruptura en aquellas elecciones europeas tampoco lo harían al año siguiente porque sería necesariamente otra propuesta.

Eran, por último, las primarias del propio sistema de representación. La gente corriente despreciaba su poder representativo hasta el punto de que la participación electoral iba a quedarse en el 40%. El 60% de abstención y el bipartidismo totalizando menos del 25% del censo, que era sumar entre los dos lo que antes uno, eran los parámetros principales. No se trataba de desafección, aquellos resultados formalizaban con toda claridad la ruptura, porque la abstención era abrumadoramente joven. Pilar del Castillo insistió durante la campaña electoral en que la abstención sería la propia de unas elecciones consideradas secundarias en una sociedad que está sufriendo. Sin embargo, sumar entre los dos partidos mayoritarios el 25% del censo electoral no tenía otra lectura que el sistema de representación se había hundido, algo que sabíamos desde julio de 2012.

Durante la campaña la Unión Europea ratificó las previsiones de crecimiento de la economía española presentadas por el gobierno, y el PP redondeó su posicionamiento «en la buena dirección».

Llegó la publicación de las primeras encuestas propias de la campaña, entre las que se encontraba la del CIS del día 6 de mayo, que lanzó durante cuatro días en los medios convencionales a la candidatura Podemos de Pablo Iglesias, a quien atribuían el 1,8% de los votos válidos y un eurodiputado. Aparecían cerca de la representación Ciudadanos y la Primavera Europea de Compromís y Equo, aunque no VOX. El Movimiento Red del juez Elpidio Silva, el Partido X de Hervé Falciani y Recortes Cero habían desaparecido. La respuesta a la pregunta de intención de voto del CIS era espontánea, por lo que aparecieron en la lista quienes tenían notoriedad, que es presencia en la red pero también en los medios convencionales, como Pablo Iglesias, o quienes estaban ya en la política, como Ciudadanos, Compromís o Alejo Vidal-Quadras. Los que no estaban en la lista era porque no tenían notoriedad suficiente ni experiencia previa en contiendas electorales. La encuesta del CIS promocionó a Podemos como el único contendiente de la ruptura y capitalizó el espacio sin dificultades.

Felipe González abrió el melón de la Grosse Koalition en plena campaña electoral y pudimos comprobar que efectivamente el pensamiento político español que denomino posfranquista es diferente o no es exactamente europeo occidental. Nadie quería oír hablar de esto, ni los políticos ni los periodistas, salvo rarísimas excepciones. Por ejemplo, el recurso de Rubalcaba fue el mismo que el del director de La Razón: nunca, jamás, imposible, aquí no. Hasta el 23-F se superó sin ese pacto entre la izquierda (del Frente Popular) y la derecha (de Franco). Felipe González habló de eso porque la cuestión no es opinable sino matemática, es un hecho de sobras conocido por los especialistas que se materializará en 2015, salvo españoladas. Si lo necesita España, se hará, nos vino a decir Arias Cañete y la gran coalición quedó virtualmente configurada durante unas horas.

El domingo día 11 de mayo publicaron sus encuestas La Vanguardia y El Mundo. El PP iba por delante y todo conforme a lo esperado, pero con ERC muy fuerte. Sigma Dos confirmaba la posición de Podemos mientras que la irrupción de Ciudadanos aparecía en los números de tres entidades encuestadoras.

El lunes día 12 de mayo de 2014 fue asesinada Isabel Carrasco, la presidenta del PP de León, en plena campaña electoral. El suceso fue condenado de inmediato por las fuerzas políticas concurrentes y casi todas las campañas quedaron suspendidas. Los políticos no querían un debate que, sin embargo, parecían necesitar algunos medios. El discurso era que no había sido la izquierda radical (porque la presunta asesina era la madre de una militante del PP), pero era por culpa del odio vertido por esos radicales en las redes sociales. Buscaban un debate que nadie quería. El suceso produjo la detención de algún adolescente, más descerebrado que apologeta del terrorismo y la polémica ahuyentó el fantasma de la gran coalición, aunque José Bono y Rita Barberá secundaron la idea, lo cual generó un aluvión de adhesiones a Compromís en plena campaña. Al día siguiente, otro tipo de terremoto más real se producía en la costa valenciana. Los informes técnicos encargados por el gobierno atribuían al depósito Castor la actividad sísmica inusual de la costa de Vinaroz. A falta de algunas comprobaciones, habría que desmantelar la instalación indemnizando a sus propietarios con el dinero de todos.

En paralelo a la gran coalición que había comentado Felipe González, el socialista Ramón Jáuregui había planteado una reforma de la Constitución en un sentido federal; una entelequia de la vieja izquierda española que no saben explicar porque el Estado de las autonomías fue un invento de los políticos y porque omiten que esa solución no es aceptada por las naciones vasca y catalana, luego no sirve y esto tampoco es opinable. El popular Esteban González Pons sacó partido con un perfil inusualmente central en TVE1 ironizando sobre el orden en que se aplicarían las propuestas de los socialistas.

Hacia el miércoles de la primera semana de la campaña, el marco referencial era el plebiscito a las políticas de Rajoy, lo cual convenía a los contendientes principales: voten al PP si quieren recortes o voten al PSOE si quieren interrumpir la recuperación de la economía. Una solución muy precaria para una contienda cerrada entre los dos grandes partidos con el objetivo pírrico de obtener un voto más que el contrario. Una solución referida en negativo exige el cerrojazo informativo sobre terceras opciones y así sucedió.

En la sesión de control del miércoles 14 de mayo se debatió sobre las prospecciones petrolíferas en el archipiélago canario. El argumento del ministro fue: «Tenemos que saber si hay petróleo para luego decidir qué se hace». Esto debió pasar inadvertido a la nación catalana porque ninguno de sus dirigentes políticos reaccionó. Si en España solo se pregunta lo que se va a decidir y solo lo hace el gobierno era la ocasión perfecta para plantear un referendo no vinculante en el archipiélago canario sobre la necesidad de saber si hay petróleo, porque es de suponer que el canario no quiere ese negocio en sus costas aunque los recursos petrolíferos fueran tan abundantes como los saudíes. El caso reunía la voluntad de las personas, los intereses de la economía, los compromisos comunitarios, la libertad de mercado, la legislación internacional y, en definitiva, era el caso perfecto para investigar sobre la parte teórica del referendo catalán. Pues bien, ni caso.

El día 15 de mayo llegó el debate entre Miguel Arias Cañete y Elena Valenciano. Miedosos los dos, tuvo una audiencia media de menos de 2 millones de espectadores, la más baja conocida en este tipo de contienda entre los candidatos de los partidos mayoritarios. Todo muy falso y muy pactado y dirigido a los más mayores. Lo importante del debate fue lo que no se dijo. Cataluña, la corrupción, la crisis de confianza en los políticos y el desprestigio de las instituciones, los síntomas del agotamiento del orden de 1978. Los funcionarios se manifestaban en Francia ese día y Arias Cañete se reveló extraordinariamente torpe porque no lo esgrimió como argumento y debió hacerlo cada vez que Elena Valenciano se tiraba a Europa. El debate español lo ganaron y lo perdieron los dos. Cada uno se dedicó a su público y ninguno salió con más votos con los que entró.

También se celebraba esa misma noche un debate entre los candidatos a presidir la Comisión Europea donde sí se habló de Cataluña y con toda normalidad, porque era un tema comunitario de actualidad. El liberal Guy Verhofstadt declaró: «... la UE no debería inmiscuirse en esto. Que resuelvan ellos, españoles y catalanes». Una visión plurinacional de España. La verde Ska Keller fue aún más lejos: «... respetar el derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña y Escocia». La misma visión plurinacional. La ausencia de la cuestión catalana en el debate español subrayó la actitud antididáctica de la clase política convencional y la mentalidad y las actitudes que hay que desterrar.

En este orden de cosas, el día 16 de mayo llegaron las declaraciones machistas de Arias Cañete.

Si haces un abuso de superioridad intelectual parece que eres un machista y estás acorralando a una mujer indefensa.

Aquel asunto entró en los titulares de todos los periódicos del día siguiente. En Alemania o en Dinamarca este candidato ya habría perdido las elecciones y habría tenido que abandonar la campaña pidiendo disculpas. Se esperaban al menos las disculpas del popular, cuando para sorpresa de todos se anticipó Felipe González, avergonzado por haber siquiera sugerido la posibilidad de que pudiera producirse un pacto entre el PSOE y el PP.

Ese mismo día aparecía Emilio Botín en el canal público 24h, diciendo insistentemente: «Denme cinco años y verán, esto va a ser fantástico...». La banca y el Ibex35 estaban echando el resto en la España que va bien ante el descalabro de Arias Cañete. Los socialistas europeos reaccionaron aunque tímidamente y su jefe Hannes Swoboda declaró «Rajoy y Cañete son machos ignorantes».

Al día siguiente el rey Juan Carlos viajó a Arabia Saudí y otros Estados árabes a vender la alta velocidad de la España que funciona. Era un rey muy maltrecho, aparentemente hinchado por algún tratamiento e impedido para hacer ese trabajo. Así no podría desarrollar mucho tiempo más sus funciones oficiales.

A punto de finalizar la primera semana de la campaña, el PP había cancelado casi todas las entrevistas de Arias Cañete. Era un plebiscito a las políticas de Rajoy y él tomó el mando. El candidato había hundido cualquier planteamiento porque ahora era el objetivo de los periodistas y no podía estar al frente de la España que va bien. Estaba siendo muy torpe porque aún no había reparado en que su frase contiene la convicción de que el hombre es superior intelectualmente. No se daba cuenta, ni nadie se lo explicó. Desde que hizo esas declaraciones, el PP empezó a atravesar dificultades. «No hay que exagerar», nos vino a recomendar al unísono la prensa conservadora, alineándose con ese pensamiento español o diferente.

El domingo día 18 terminaba la primera semana de la campaña con la publicación de las que serían las últimas encuestas. Empatados, nos dijo Metroscopia en El País, que insistía en que Podemos y Ciudadanos conseguirían representación. Finalizada esa jornada, Syriza había consolidado su posición en las elecciones municipales en Grecia, un resultado que esperaba aunque no tan pronunciado. Una noticia que pasó inadvertida.

Al día siguiente, se celebró el debate entre los representantes de las candidaturas que obtuvieron eurodiputados en 2009. Ese debate batió plusmarcas negativas con menos de novecientas mil personas de audiencia y una cuota de pantalla del 4,2%. No le interesó a nadie. Los datos de audiencia de los dos debates señalaban que la sociedad estaba viviendo de espaldas a la campaña o despreciando el proceso electoral. Se habló de Cataluña y Josep Maria Terricabras, el candidato de ERC, lo dijo muy claro: «¿Ha encontrado usted el derecho a la felicidad escrito en alguna parte?».

González Pons no supo qué contestar, se quedó paralizado con media sonrisa pintada en la cara. El pensamiento de Terricabras explica que la nación catalana se ha rebelado y que las rebeliones no atienden las reglas del orden existente ni respetan a las mayorías. La rebelión no necesita ser mayoritaria, es gente corriente diciendo hasta aquí hemos llegado a alguien sin importarles cuántos son en un orden europeo donde el uso de la fuerza está descartado para resolver los problemas.

Ese día cambió la campaña en Cataluña. Empezaba la segunda semana y todas las encuestas daban fuerza a ERC pero había dudas con CiU. Pienso que los nacionalistas catalanes no habían caído en la cuenta de que la mayoría social no era cosa de votos válidos y que la participación electoral de 2009 había sido del 37% en territorio catalán. La pista me la dio un editor que me preguntó mucho antes que otros más interesados a quién beneficiaría un incremento de la participación en Cataluña. Esa pregunta lo decía todo. En España se vaticinaba un ligero retroceso de la participación, no así en Cataluña, que debía aumentar. Sí, pero ¿hasta dónde podía llegar?, ¿hasta el 50%? Se dieron cuenta, en definitiva, de que en términos absolutos los resultados no refrendarían la idea de que la amplia mayoría social estaba reclamando un Estado propio, por lo que estos resultados no favorecerían el proceso soberanista en los plazos previstos. Pero si CiU no obtenía más votos que ERC, se podía entender que el liderazgo de Artur Mas se debilitaría.

En las elecciones europeas de 2009 había votado el 36,9% de los electores, ocho puntos menos que la media española. Ni Feedback ni nadie se atrevió a afirmar que la participación podía ser superior al 50% del censo electoral en Cataluña, pero esto era más que suficiente. Esto es, subir hasta quince puntos respecto al año 2009 mientras que la media española podía caer al 40% y conseguir esta comunidad autónoma un diferencial de veinte puntos de participación con respecto a España. Esto sería un hito, considerando que era la contienda europea, porque votarían veinte puntos menos que en las elecciones autonómicas de 2012.

¿Alguien se atrevía entonces a afirmar que en estas elecciones europeas podía votar en Cataluña el 70% del censo? Nadie. El frente soberanista sumó 2,1 millones de votos en 2012, que es quedar a seiscientos mil votos de la mitad del censo, incluyendo a ICV, y votando más del 67% del censo total en resultados definitivos (tampoco fue el 70%), en unas elecciones que fueron plebiscitarias. Si Cataluña iba camino de independizarse, reaccionaba el elector españolista de Barcelona como principal fenómeno desencadenado. Y si esto es lo que sucede con una participación del 70%, lo que suceda con una del 75% no va ser muy distinto y con otra del 80% nada, porque esa tasa no es imaginable en Cataluña.

Ahí estaba Feedback estimando en plena campaña europea el equivalente a 2,3 millones de votos soberanistas en unas eventuales elecciones autonómicas. Mis números decían que unos cien mil más. CiU tendría que obtener ochocientos mil votos para reflejar de algún modo esa movilización mayoritaria secesionista, pero, si no sumaba una cantidad aceptable de votos, ERC se colocaría por delante y Junqueras sería el president virtual de la Generalitat.

Mariano Rajoy quizá estaba feliz al ver a Artur Mas desbordado por las circunstancias. Serían 1,4 millones los votos secesionistas catalanes en estas elecciones europeas, según deducía la encuestadora de La Vanguardia. Pienso que los estrategas de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se dieron cuenta de esta circunstancia en plena campaña electoral y hubo un paso atrás de ERC medido y de auxilio para reforzar el resultado de Artur Mas.

El día 20 de mayo los encausados eran los directivos de Caixa Penedés a cuenta de sus planes de jubilación mientras los ERE seguían su curso y veíamos a los primeros imputados de la Junta de Andalucía entrar a declarar. Siempre sonrientes, ahora con sombreros de verano. Nos enterábamos ese día de que la máquina de desahuciar había marcado una cifra de cincuenta mil viviendas en el último año en España. Entraron con fuerza en la campaña los cadáveres de la Complutense el mismo día en que Esperanza Aguirre anunció que el candidato Miguel Arias Cañete pediría disculpas, y así sucedió la mañana siguiente.

El 21 la noticia era la agresión sufrida por la comitiva de Montoro en Cataluña y se quedó en los informativos y en las tertulias hasta el día 23. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría insistía en que el incidente era producto del debate soberanista. Debería reflexionar, porque la misma gente que hirió a setenta policías nacionales en Madrid habría actuado de forma parecida con la comitiva del recaudador. Ese suceso no fue catalán sino genuinamente español.

Al día siguiente saltó la noticia que salvó la campaña de la Primavera Valenciana: la imputación de varios directivos del Canal 9. Un éxito de Compromís y muy particularmente de su líder Enric Morera, que era vitoreado por las calles de Valencia. El día 23 de mayo hice números porque la campaña estaba más que finiquitada. Sabíamos que Podemos y Ciudadanos estaban dentro con claridad, aunque no teníamos encuestas que nos permitieran estimar qué había sucedido en la segunda semana de la campaña. La Primavera Europea estaba en la frontera pero dentro y VOX también se situaba en el límite pero fuera. La tasa de participación estaba muy consensuada y sería algo inferior a la del año 2009, así que el PP tenía que conseguir unos 4,5 millones de votos y el PSOE unos 4 millones. Los números de las demás candidaturas no ofrecían dudas.

Por fin, el día 25 se celebraron las elecciones y aquello fue espectacular. Con cinco escaños y más de un millón de votos, Podemos había formalizado el espacio ciudadano de ruptura de las sociedades endeudadas del sur de Europa. La desmovilización electoral del bipartidismo y la progresión de terceros permitía visualizar el nuevo ciclo electoral pluripartidista que se había iniciado en el mes de julio de 2012.

La gente prefirió a Pablo Iglesias y no a Hervé Falciani ni a Elpidio Silva. Esos electores votaban lo mismo pero eligieron masivamente una oferta. El CIS les había asignado un eurodiputado y los medios habían promocionado a esta formación, lo que pudo ser determinante de su éxito. No discuto la estimación del CIS pero con esos datos directos podían haber estimado perfectamente a Podemos extraparlamentario. Esto es significativo. La promoción de Podemos no dividió el espacio de la izquierda, que es un beneficio indirecto que podían esperar en el PP para asegurar su victoria sobre el PSOE. Progresó en la segunda semana de la campaña para definir otro espacio que restó votos a todos, incluido el PP. En la escala local ya no quedaba rastro de posición hegemónica de nadie.

Los de Pablo Iglesias marcaron grandes resultados en todo el territorio, lo que planteó de inmediato dos retos a esta organización, porque no es lo mismo conseguir un acta para Bruselas, que definir una novedad poderosa en el terreno electoral. No tiene nada que ver. El primer reto era dar respuesta a un elector que quería terminar con la que sintetizaron como la casta para establecer un orden completamente nuevo. Pablo Iglesias les dijo que iban a por ellos y la gente le había tomado la palabra: «Aquí tenéis mi voto, así que ahora a cumplir». El segundo era dotar de estructura territorial a un resultado que para hacernos una idea de su impacto tenía que superar con creces los cien concejales en ámbitos metropolitanos como la Comunidad de Madrid. Habían aglutinado en esta comunidad autónoma doscientos cincuenta mil votos de la ruptura y Podemos era una realidad virtual que pronto aparecería en la parte alta de las encuestas desbordando a IU/ICV y UPyD.

La otra novedad que marcaría la crónica electoral fue la irrupción de Ciudadanos. Promediaron el 4,8% en Madrid con más de cien mil votos, lo cual significaba ganarle a la UPyD de Rosa Díez el 20% de su electorado y entrar en números de concejales. Utilizaron estas elecciones europeas como trampolín para las municipales y generales de 2015 y sus votos fuera de Cataluña son los que le faltaron a UPyD, por lo que consiguieron con creces sus objetivos. Ganar Madrid es crucial en el negocio electoral porque sus resultados marcan tendencia en la España más castellana o española.

El PP y el PSOE habían perdido 5 millones de votos respecto a sus posiciones precedentes y ahora sumaban entre los dos menos de 8 millones de votos, una cifra ridícula. Rubalcaba anunció su renuncia a la carrera electoral en el PSOE el mismo día 26 de mayo, aunque no dimitió nadie. Los socialistas fueron los únicos que se consideraron derrotados, aunque parece que aún no han entendido por qué. El PP se limitó a suspender la celebración de su victoria. Habían ganado pero fue la primera vez que prefirieron decir que no habían perdido. Rajoy manifestó que esos resultados no eran extrapolables a unas elecciones generales y Cospedal aseguró que los votos perdidos estaban en la abstención y no en otras opciones. Ese registro del PP de 4 millones de votos es extrapolable, aunque Rajoy no sabe cómo, y señala para 2015 unos 7 millones de votos para su partido. En el PP debieron comprender que ya estaban derrotados aunque ganaran las elecciones generales porque sería con un número de escaños muy insuficiente.

La Izquierda Plural de Willy Meyer, que incluía a ICV y Anova, igualó su resultado de 2011 con 1,6 millones de votos y seis actas. Detrás venía Podemos con cinco actas y luego UPyD con cuatro. IU/ICV y UPyD habían defendido sus espacios agregando 1,5 millones de votos más que en 2009 pero a los dos se les había metido el enemigo en casa. Luego la CEU con tres actas, con dos ERC y Ciudadanos y con una la Primavera Europea y la coalición Los Pueblos Deciden de EH-Bildu y el BNG.

Los nacionalistas vascos y catalanes junto a los gallegos del BNG y Anova sumaron un millón de votos más que en 2009 y siete actas que venían a subrayar que España es un Estado plurinacional del sur de la Unión Europea. Esos diputados representan a naciones distintas de la española, que nadie va a españolizar o castellanizar jamás, lo que sugiere un cambio profundo en algunas mentalidades y actitudes.

Las formaciones nuevas en el ámbito estatal como Ciudadanos, Primavera Europea, Podemos y otras que no consiguieron representación como VOX, Recortes Cero, el Partido X o la candidatura del juez Silva sumaron más de 2,5 millones de votos donde antes no había nada. El PP y el PSOE eran ya partidos del montón en infinidad de municipios, porque un total de 5 millones de electores habían encontrado a quién votar fuera del bipartidismo. Los dos grandes partidos tradicionales compensaron su hundimiento por lo que la tasa de participación se mantuvo en el umbral de la precedente.

Los resultados en Cataluña subrayaron que su sistema electoral representa a la perfección a las personas o que la crisis de representatividad se ciñe al sistema español o general. ERC consiguió seiscientos mil votos, imponiéndose a CiU, que había sumado quinientos cincuenta mil votos. El parcial de ICV-EUiA fue de doscientos sesenta mil, con lo que se totalizaron 1,4 millones de votos soberanistas, que es la cifra exacta que nos había avanzado Feedback.

Oriol Junqueras se había convertido en el president virtual de la Generalitat, pero a nadie le interesó fijarse en esta otra dimensión del resultado. La parte española necesitaba a alguien que no haría nada ilegal, es decir, Artur Mas, quien ya no podía convocar elecciones autonómicas el 9 de noviembre porque las ganaría ERC. A Mas no le interesaba hablar de este asunto ni a Junqueras ni a Rajoy ni a nadie, aunque la nueva situación electoral estuviera ahí. El resultado de las dos formaciones nacionalistas fue magnífico pero todo el mundo pasó de puntillas por el resultado. Estas son las paradojas de este negocio. CiU ganó más de cien mil votos en Cataluña y ERC más de cuatrocientos mil, habían sumado medio millón de votos más que en 2009, que es una barbaridad, pero nadie sacó pecho.

El PSC había perdido cuatrocientos mil votos y el PP catalán otros cien mil, con lo que se transformaron ambos en partidos que pueden quedar terceros o séptimos, porque Podemos también había alcanzado los cien mil votos, lo que nos viene a decir que Barcelona es ultraurbana, multicultural y global antes que catalana, que también lo es y mucho. Lo que pensaran en el PSC sobre el resultado daba lo mismo. Había liquidado a Pere Navarro, que abandonó abrumado su cargo de secretario general del partido. No debió hacerlo: todo aquello tenía que suceder y la responsabilidad no fue ni mucho menos suya. Quien mejor resumió la situación de los socialistas catalanes fue Miquel Iceta: «Antes de tirarse a la piscina hay que saber no solo si hay agua, sino si hay piscina». Era el resumen perfecto pero inaudito en términos de mercado porque el encargado del PSC nos dio a entender que el partido era un solar. Es un comentario demoledor porque nadie vota a lo que no sabe si existe y es decirle a los que quedan que vayan saliendo en lugar de invitar a una ronda.

En el territorio vasco se impusieron los jeltzales por menos de una cabeza. Consiguieron el 27,5% de los votos válidos por el 23,4% de EH-Bildu y esto suma cinco de cada diez papeletas. El PSOE consiguió el 13,9% y el PP el 10,2%. Habían perdido cien mil y cuarenta mil votos respectivamente y solo sumaban dos y pico de cada diez votos, porque Podemos se había hecho con casi uno y el otro se había dispersado. Como en Cataluña, el PP y el PSOE ya eran partidos del montón. Patxi López renunció a su cargo de secretario general del PSE-EE y más tarde a la secretaría general del PSOE, pero sigue, mientras que Arantza Quiroga se limitó a declarar que las elecciones europeas «habían confirmado signos de vitalidad en el PP vasco». A veces parece que a los políticos no les enseñan a hablar porque su frase daba a entender que el PP no estaba muerto como se le suponía. Se expresó como Iceta con lo de la piscina. Les costaba comprender lo que estaba pasando y ni siquiera ellos sabían exactamente lo que estaban diciendo.

UPyD pasó de la nada al algo más del 3%, mientras que Ciudadanos no entró en el sistema vasco. Un dato muy a tener en cuenta. Se puede decir que UPyD es un partido genéticamente vasco y constitucionalista. Es vasco porque sus promotores lo son, lo es Rosa Díez y lo es Carlos Martínez Gorriarán, así como Fernando Maura y Fernando Savater. Como tal partido vasco pudo llegar a superar al PP, tal como está haciendo Ciutadans en Cataluña. Ya hemos visto que en estos sistemas no hay espacio para segundas marcas de ámbito estatal que defienden la España uninacional que no existe.

El éxito de Podemos en Cataluña y en el País Vasco, sistemas electorales en los que irrumpió con fuerza, responde a otro fenómeno: son ciudadanos nuevos del mundo global, sureños de la Unión Europea que no necesitan políticos ni patrias ni naciones. Se puede decir que la prehistoria de la humanidad termina con la socialización del conocimiento y la autocomunicación social, porque ahí empieza la verdadera historia colectiva, en este mundo supranacional en el que se reconocen como sociedad.

La Primavera Europea situó en Bruselas a Jordi Sebastià gracias a los votos de los nacionalistas valencianos del BNV y los verdes de Equo en el ámbito estatal. El perfil verde era necesariamente perdedor frente al ciudadano de Podemos, y la contribución de la Iniciativa del Poble Valencià al resultado fue nula. Más bien al revés, obligaron a pintar de verde la candidatura y esta solo consiguió cuarenta y cuatro mil votos en Madrid.

Colaboro con los nacionalistas valencianos del actual BNV desde mediados de la década de 1980. Aparecí por su antigua sede de Almirante para entrevistarme con el secretario de organización Pere Mayor. Empezábamos a realizar trabajos para Unió Valenciana en Gallup y tenía que comprender cómo se estructuraba ese mercado. Al fondo Capilla, el más antiguo de los que no existen, como Pep Cortell o Enric Cuenca, los mejores. Me preguntó Pere si sabía dónde me había metido. Éramos muy jóvenes, pero él ya era un tipo duro y tenía las ideas llenas de cicatrices. Entonces había violencia en las calles de Valencia y mi cliente era amigo de sus enemigos. Tampoco era yo muy blando y empecé a hablar de los asuntos electorales. Pere siguió siendo un tipo duro a lo largo de su carrera política. Por esa razón, la Unitat del Poble Valencià (UPV) se trasformó en el BNV en lugar de desdibujarse o integrase en el hegemónico PSPV-PSOE de Joan Lerma. La UPV se transformó en el Bloc y permaneció enfrente. Compromís fue su marketing ganador desde 2009 hasta la eclosión de Podemos y mi cliente principal desde 2011 hasta finales de 2013.

Les venía pidiendo el perfil ciudadano que exhibió Podemos desde las elecciones municipales de mayo de 2011, pero su materia genética es la que es. El BNV es sobre todo valenciano y eso es una limitación para hacerse con los electores desmovilizados del PSOE, pero la Iniciativa del Poble Valencià (IdPV), que es su socio en Compromís, es de origen comunista y vieja izquierda del siglo XX, por lo que naturalmente no capturó un solo voto castellano o español de la ruptura. Forman parte de lo que se hunde por autorrepresentativo, que son los socios de las coaliciones que no aportan resultados pero exigen su cuota en términos patrimoniales. Compromís era un cadáver electoral cuando me llamaron en esa campaña porque estos exdirigentes comunistas no hicieron caso de las recomendaciones durante esos años. Solo lo hicieron los del BNV, el muy pragmático Enric Morera y el diputado Joan Baldoví, distinguido por la prensa parlamentaria como el azote del gobierno. El elector desmovilizado del PSOE había votado a Podemos, y los resultados de Compromís quedarían reducidos inexorablemente a los de obediencia territorial o valencianos del BNV, lo que significaba volver a empezar.

Recomendé a Pere Mayor liquidar la sociedad con la IdPV y olvidarse de la marca Compromís-Equo porque el resultado había sido del BNV y lo que quedaba en las ciudades ya era de Podemos. Le recomendé alcanzar otros acuerdos a este lado de la línea, donde ya estaba su organización. El BNV es el león pero Podemos inequívocamente es el elefante que había desbordado al PSOE. Más tarde, Grecia nos hizo a todos rebajar nuestros niveles de autoexigencia.

Lo de Anova fue algo análogo a lo del BNV. Había colaborado en la campaña del BNG de las elecciones autonómicas de 1997 con un estudio continuo de la intención de voto. Tuve como interlocutores a Francisco Jorquera y Mario López Rico, un equipo perfecto porque reuníamos el conocimiento profundo de la organización, la información electoral objetiva y la capacidad para perfeccionar la estrategia y diseñar acciones tácticas orientadas a la conquista de objetivos electores específicos. Pienso que hicimos un gran trabajo. El BNG le ganó las elecciones al PSdeGPSOE y todos conservamos un gran recuerdo de aquella colaboración.

Años más tarde me llamó Mario, en otoño de 2013. Estaba en Anova. Él y Luis Eyre entendían el fenómeno de la ruptura y sabían que había que dejarse liderar por los ciudadanos desde Madrid en las elecciones europeas y no por el PCE. Tenían el enfoque acertado y mantuvieron conversaciones con todos los que se postularon para liderar a los ciudadanos frente al resto de los partidos, y esto incluye a Podemos.

Beiras se había equivocado casi dos años antes creando AGE, porque habilitaba a los comunistas de Esquerda Unida, que eran residuales en Galicia. Y volvió a equivocarse pactando lo mismo para Europa. Podemos conquistó casi noventa mil votos en Galicia por algo más de cien mil votos de AGE, el híbrido entre Anova y la Esquerda Unida de Yolanda Díaz y Cayo Lara. Anova había despreciado su conquista electoral de 2012, que eran los votantes de la ruptura desmovilizados del PSdeG-PSOE y quedarían reducidos a su esencia nacionalista, porque la comunista no existe en la sociedad gallega. Comenté la situación con Mario a quien le recomendé lo mismo que a Pere: liquidar acuerdos y entenderse con Podemos, aunque dando por supuesto que ni ellos ni los valencianos tendrían cintura para hacerlo.

En Izquierda Unida pasó lo mismo. Habían despreciado a Gaspar Llamazares desde el inicio de la legislatura para finalmente ofrecerle la nada en las listas europeas. Casi terminan en los tribunales. Hay un trasfondo que no se comprende desde fuera. Llamazares hizo unas primarias abiertas en su organización en las que podía votar cualquiera inscribiéndose en una lista y pedía las mismas primarias en Izquierda Unida, que era algo así como pedirle peras al olmo. Con Izquierda Unida tenía que suceder lo mismo que con Compromís y con AGE, que era su reducción electoral, en este caso a la esencia comunista o al PCE.

El análisis de los resultados de estas elecciones europeas sería enorme desde un punto de vista técnico, porque había que redefinir todos los escenarios municipales y provinciales encajando los resultados de Podemos, Ciudadanos y VOX como primera medida. Después había que comprender la nueva estructura y esperar un par de encuestas para ver dónde aparecían estas candidaturas nuevas en la intención de voto en las elecciones generales. A partir de ahí había que calcular todos los escenarios provinciales y esperar el análisis poselectoral del CIS para perfeccionar las transferencias de voto. Luego el barómetro de julio de 2014 del CIS con las transferencias y la intención de voto en elecciones generales, donde apareció Podemos arriba, para volver a estimar los resultados provinciales. Solo con esto se podía disponer de una base numérica sólida para, por ejemplo, conocer el efecto de la reforma de la ley electoral en los comicios locales, algo que cuando empecé a hacer números comprendí que no habían hecho en Génova.

10

FELIPE VI NECESITA UN ORDEN NUEVO

El Parlamento ya estaba virtualmente fragmentado con anterioridad a la irrupción de Podemos y Ciudadanos, la progresión meteórica de ERC o la fortaleza exhibida por EH-Bildu y el PNV en las elecciones europeas de 2014. Después de esas elecciones, la situación electoral española era incuestionablemente más parecida a la italiana o la griega que a la francesa aunque ese era el resumen que no le interesaba a nadie. Los comicios europeos formalizaron lo que se estaba observando y midiendo desde el mes de mayo de 2010. El espacio electoral de la ruptura era una realidad también en España y se había configurado en unos plazos tan sorprendentes como en Grecia y en Italia. Ya tenía números y podía dimensionarse por encima de los 3 millones de votos o del 15% de los válidos en las elecciones generales de 2015.

Con la interpolación de esos resultados, Podemos conseguía ya ocho escaños en unas eventuales elecciones generales: tres por Madrid y uno por Asturias, Valencia, Alicante, Las Palmas y Barcelona respectivamente. Esto para empezar, porque ya se sabía que su éxito electoral tendría un efecto llamada sobre otros electores que consideraron la posibilidad de votar a esta candidatura y además se alzaría su notoriedad media en España. Más gasolina y mejores resultados.

Se puede decir que el factor promocional principal con que contó Podemos en la campaña europea fue el propio sistema institucional. La Sexta o Público TV crearon la notoriedad del candidato, y la encuesta del CIS catapultó al estrellato la marca Podemos. Pero a partir de ahí consolidó su pujanza mediante las propias encuestas que difundieron los medios confirmando su irrupción. Que Podemos conseguía representación y solo era un acta era más noticia que cualquier otra cosa. Y la siguiente en importancia, que Ciudadanos también lo hacía.

Los resultados de las elecciones europeas apuntalaron la gran coalición como la única solución para gobernar España y certificaron el final de un ciclo en el que el orden heredado del siglo XX se quedaría en ese siglo, algo que pareció aún más evidente con el anuncio de la abdicación del rey Juan Carlos el 2 de junio de 2014. Sucedió de repente y se puso en marcha el procedimiento sucesorio.

El día 4 el aún príncipe Felipe cometió un error. Se refirió a España en un acto institucional como «una nación, una comunidad política unida y diversa». Sorprendente. España es un Estado plurinacional y, por lo tanto, diverso aunque desunido y sumido en la crisis institucional y territorial propia del final del orden de 1978.

CiU anunció que se abstendría en la sesión parlamentaria del 11 de junio, lo mismo que los nacionalistas del PNV, mientras que los comunistas de Cayo Lara y los diputados de Amaiur, ERC, BNG, Geroa Bai, Compromís-Equo y Nueva Canarias votarían en contra. Rajoy alabó el sentido de Estado de Rubalcaba por garantizar su voto favorable a la sucesión. El clamor republicano duró un par de tardes: muchas banderas y mucha gente en la calle el día 2 de junio cuando se anunció el suceso, lo mismo el día 7 y poco más. Estaban muy seguros de lo que hacían y aquello se tramitó por un procedimiento de urgencia para tener rey nuevo ese mismo mes.

El suceso debía interpretarse como una oportunidad que no se le puede negar al sistema institucional para resolver los problemas conforme a las pautas de nuestra civilización. Con Juan Carlos I de Borbón se tenía que quedar la España uninacional que no existe, se tenía que desmantelar el bloque burocrático y poner fin a las clientelas y la corrupción. Se tenía que poder dejar en el pasado mucho equipaje y mucha esencia para poder ser finalmente europeos occidentales. Dicho de otra forma, se tenía que poder hacer la perestroika, es decir, un cambio tan profundo de las cosas que produce otro orden institucional. Si por el contrario el nuevo monarca lo interpretaba como la continuidad del orden de 1978 tendríamos nuestro particular Maidán, porque esto estaba ya en todos los números.

Para la vieja izquierda española, la abdicación es anatema y pidieron un referendo sobre la continuidad de la monarquía. Echar al rey en lugar de a todos era darle la vuelta al problema y situarlo en un terreno perdedor. La sucesión monárquica estaba avalada por la mayoría y debía producirse con total normalidad. Según datos de Metroscopia, en 2012 preferían la monarquía el 57% de toda la población y la república el 37%, pero consideraban que el príncipe Felipe estaba preparado para ejercer como rey el 79% y, además, el 76% consideraba que la sucesión se produciría sin complicaciones. Unos grandes registros que significaban que la mitad de los republicanos apoyaban la sucesión monárquica. No se trataba de una paradoja sino de una oportunidad. Dicho de otro modo, no se trataba de echar al rey sino de reemplazar a la clase política. Por eso fracasaron las movilizaciones convocadas a favor de un referendo sobre este particular. No hay datos eludibles, el príncipe Felipe contaba con el respaldo de ocho de cada diez ciudadanos.

El domingo 8 de junio de 2014 Metroscopia insistía en el amplio respaldo social con que contaba la decisión del aún rey Juan Carlos I. Para tranquilidad del sistema institucional, ocho de cada diez entrevistados la aplaudían y seis estaban en desacuerdo con la celebración de un referendo, así que los números aseguraban el proceso sucesorio. Para su intranquilidad, cinco de cada diez entrevistados votarían a favor de la continuidad de la monarquía por cuatro en contra. Puestos a decidir las cosas, el respaldo de la monarquía en España no era muy distinto del que podían tener los procesos soberanistas en Cataluña o en el País Vasco. Además, el paralelismo con Cataluña lo anudó la reclamación del derecho a decidir expresado por la vieja izquierda española y en mayor o menor medida por los nacionalistas.

Volviendo al análisis poselectoral, la clase política española y la generalidad de los creadores de opinión se quedaron a gusto calificando al millón largo de personas que se habían puesto frente a ellos, lo que escondía su incomprensión del fenómeno. Al sistema de representación configurado en dos lados se le puede condicionar muy seriamente, lo había demostrado Syriza, pero solo a favor de la mayoría social. El escenario de contienda siempre lo fija el sistema, porque tiene la capacidad para hacer suyo cualquier otro que se proponga, o es David contra Goliat. Pero en la sociedad conectada en red del siglo XXI es así más que nunca: ahora se gana con la inteligencia, no con el tamaño o la fuerza, y la capacidad ciudadana es ya claramente superior a la de los enormes sistemas clientelares como el español. El análisis que produjo este sistema institucional sobre los resultados de los comicios europeos fue antianálisis, algo mucho más que preocupante, porque, como ya hemos afirmado más de una vez, no habían entendido nada ni tenían intención de hacerlo.

Lo primero que tenían que considerar para comprender lo sucedido es que la hegemonía del PP y del PSOE sobre las demás formaciones se fundamentó en el respaldo de la población más anciana, como se puede comprobar en el estudio preelectoral del CIS de esas elecciones europeas: casi uno de cada dos votantes actuales del bipartidismo tiene sesenta y cinco o más años de edad. Aquí tenemos el primer dato para la reflexión. La estabilidad institucional del siglo XX servía para ese siglo y no para el XXI; así que la sucesión monárquica se produjo in extremis, porque la parte principal de su estabilidad institucional se explicaría y se sustentaría en el pasado que representan ya el PP y el PSOE o exclusivamente en sus doscientos noventa y seis escaños que ya solo representaban a tres de cada diez electores, especialmente de avanzada edad.

El proceso no sería respaldado por las naciones distintas de la española o castellana ni por la vieja izquierda republicana. Este marco ya era de por sí endeble, además de transitorio, porque Rubalcaba renovaría el pacto de hace casi cuatro décadas mientras que los aspirantes a la secretaría general de su partido lo cuestionaban en algún sentido para resolver el problema territorial.

Lo segundo que debía tenerse en consideración para enfocar el análisis poselectoral era la existencia del espacio ciudadano de ruptura con el sistema en su conjunto, que en España tuvo un tamaño aproximado de 8,5 millones de electores residentes en la abstención hasta la irrupción de Podemos. Este elector no era distinto que el de Syriza en Grecia o el que votaba al M5S en Italia y no estaba ahí para pactar con la izquierda porque su misión no era derrotar a la derecha. Es otra cosa.

El tercer concepto para entender los resultados europeos es que lo que llamamos desafección, un eufemismo que esconde la ruptura definitiva con la clase política convencional o la que conoce el elector. Los datos del barómetro del CIS de abril de 2014 confirmaron la situación de desprestigio de casi todas las referencias institucionales, pero muy especialmente de los partidos políticos, que puntuaron en ese estudio 1,89 sobre 10. Los partidos políticos constituyen el segundo problema que tiene España, porque las personas no los disocian de la corrupción, y esto sumaba el 62,3% de las menciones en ese estudio en tendencia creciente hasta los siete de cada diez personas. A partir de ahí se puede empezar a entender algo, porque asociando simplemente la ruptura con la izquierda no se sale del lío.

El análisis poselectoral fue, en definitiva, muy superficial por parte de las organizaciones preexistentes y de los creadores de opinión. Este fenómeno de no querer ver lo evidente se describe con numerosos ejemplos en La señal y el ruido (Península, 2014), del especialista del pensamiento probabilístico y la predicción Nate Silver. En Grecia y en Italia se habían dimensionado espacios electorales nuevos, pero asignamos unas probabilidades previas muy altas a sucesos tales como la durabilidad del sistema de representación bipartidista que conocemos, de modo que podemos considerar una estimación inicial del 4% a la idea en lugar de gobernar el PP o alternativamente el PSOE, este año sucederá de otra forma. La probabilidad de que los resultados de Syriza y el M5S en las elecciones griegas e italianas respondieran a mecanismos que pudieran ser comunes en España podía ser del 50%, y solo del 4% como la confirmación de que esto no podía pasar aquí. Explica Nate Silver que, aplicando el teorema de Bayes en este ejemplo, la estimación final sobre la posibilidad de que gobierne en España algo diferente del PP o alternativamente el PSOE es del 29%.

Algo así pasó con el análisis poselectoral del año 2014: las estimaciones previas del sistema sobre la salud del bipartidismo eran demasiado altas y los resultados de Grecia e Italia pesaron poco en la estimación final de lo que podía suceder aquí. La autocrítica brilló por su ausencia en todas las organizaciones políticas preexistentes porque lo del PSOE no fue lo contrario. Nos hablaron durante unas horas del liderazgo de Susana Díaz, por mucho que los socialistas hubieran retrocedido más de trescientos mil votos en Andalucía. Los mismos que habían perdido más de 4 millones de votos en 2011 habían quedado reducidos al 10% del censo electoral y, salvo Rubalcaba, que imaginó derrotar al PP con Elena Valenciano, ahí nadie se daba por aludido y la autocrítica no significó poner fin a algo, sino sencillamente apartarse un poco. Esas son actitudes que hay que corregir.

La ruptura era un hecho incontestable que nadie quería o podía ver. Concluir que las cosas habían ido bien es lo que hizo UPyD, aunque les discutiera el espacio Ciudadanos, porque no sucedió al revés. Fracasos rotundos fueron los de IU/ICV/Anova y Compromís-Equo frente a Podemos, aunque a ambos les supiera a victoria. El PP había ganado, pero había perdido 2,5 millones de votos y a CiU le había ido muy bien pero les había ganado la partida ERC en casa. Lo sucedido no agradó a la clase política en general ni al sistema institucional o al statu quo en su conjunto. La gran coalición que subyacía como realidad matemática o no opinable no cabía en las cabezas de los creadores de opinión.

El 9 de junio, Josep Antoni Duran i Lleida confirmó que dimitiría de sus cargos después de la investidura del rey, que se produciría con la abstención de CiU. Ese fin de semana la gente se manifestó en Canarias porque no querían prospecciones petrolíferas cerca de sus islas, y en el País Vasco se formó una cadena humana de más de cien kilómetros con la participación de todos los que respetan a esa nación en un clima mucho más que festivo. Transmitieron que sería perestroika porque no había razones para que fuera otra cosa.

Ese mismo día sucedió lo que yo estaba esperando. Dos encuestas situaron a Podemos como tercera fuerza política, lo que en España era un escenario electoral completamente nuevo. Por delante, el PP con ciento cuarenta escaños, que es ganar y llevarse las primas, y el PSOE por debajo de cien aunque cerca, que es quedar segundo con muy pocos votos. Detrás venía Podemos por encima de los treinta escaños y luego IU/ICV y UPyD debajo de los veinte. Son encuestas para la historia realizadas por GESOP y Celeste-Tel, dos empresas con larga trayectoria en este tipo de trabajos.

Podemos se había hecho con cerca del 15% de los votos válidos que eran más de 3 millones de personas. La ruptura con el orden existente era un fenómeno electoral incontestable antes del discurso del nuevo rey, pronunciado el 19 de junio de 2014. Lo sorprendente no era el fenómeno, sino la potencia de la demanda, y aquellos treinta y tantos escaños de Podemos que daban las encuestas en unas eventuales elecciones generales cayeron como ladrillos sobre las cabezas de la clase política y los creadores de opinión, salvo contadas excepciones.

En el PSOE ya habían renunciado al secretariado Rubalcaba y a Carme Chacón. Susana Díaz lo hizo después de conocerse que su partido estaba por debajo de los 5 millones de votos estimados para elecciones generales, con Podemos por encima de los 3 millones. Otros ya estaban descartados, como Patxi López o el canario Juan Fernando López Aguilar. Aquello quedó en manos del producto zapaterista Eduardo Madina, que pronunció sus primeras y casi últimas palabras: «shock de modernidad», dijo. Luego apareció inmediatamente Pedro Sánchez, un socialista parecido a Toni Cantó, aunque mucho más convencional como político, que visitará una vez al año cada provincia de España. Provincia, concretó el madrileño, que también se refirió a los pueblos de España, mientras que otro aspirante, José Antonio Pérez Tapias, hablaba de la plurinacionalidad del Estado. Un militante de base, Alberto Sotillos, les vino a decir: pero ¿vosotros de qué vais?, y desapareció. Todo esto sucedía antes del discurso de proclamación del nuevo rey.

El socialista Óscar López hacía antianálisis y mataba al mensajero en Los desayunos de TVE, descalificando las últimas encuestas. Los números del PSOE estaban en su sitio, pero lo que había sucedido es que los electores desmovilizados regresaban al sistema para derribarlo, porque Podemos era el aliado que necesitaban para echarlos a todos, lo mismo que el M5S en Italia o Syriza en Grecia. La defensa numantina del «aquí no pasa nada» es otra de las características de este político español del pasado que es capaz de decir un día que no pierde las elecciones mientras no lo diga un juez.

El 11 de junio se celebró el debate parlamentario para aprobar la ley orgánica relativa a la abdicación del rey. El primero en intervenir fue el diputado de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela que reclamó que se sometiera a referendo la continuidad de la monarquía. Nada nuevo. La socialista Soraya Rodríguez nos vino a decir que aquí no estábamos para debatir sino para cumplir con los requisitos legales previstos en este caso de la abdicación del rey. Lo contrario de lo que aseveró el popular José Antonio Bermúdez de Castro dirigiéndose a Coscubiela, puesto que a su juicio en la sesión se estaba debatiendo esa cuestión de fondo y el Congreso, que representa la soberanía popular, se expresaría monárquico. A continuación, el Congreso aprobó votar con carácter urgente la ley de abdicación del rey Juan Carlos I con trescientos once votos a favor, diecinueve en contra y seis abstenciones.

Mariano Rajoy aseveró que España es una monarquía con hondas raíces históricas y lo es porque así lo quieren los españoles. Se cuidó mucho de hacer referencias a España como una sola nación. Rubalcaba insistió en lo del trámite aunque justificando el voto afirmativo de los socialistas en su compromiso con el consenso de la Transición política y el orden del setenta y ocho.

Duran i Lleida era noticia por desmarcarse de CDC, aunque lamentando que el PP y el PSOE llevaran tiempo «excluyendo a los nacionalistas catalanes de la historia». Tenía razón porque llevaban unos cuarenta años seguidos trabajando para Madrid y porque es así como lo viven. Después, nada brillante ni relevante, como las intervenciones de Cayo Lara y luego la de Rosa Díez que prefirió dirigirse a la audiencia para explicar el procedimiento. Aitor Esteban lo tuvo fácil porque el PNV no refrendó la Constitución de 1978. Dijo: «El nuevo rey debe ayudar a encaminar el Estado a un nuevo modelo».

Este, desde luego, era un comentario constructivo. Llevan cuarenta años esperando pero saben que esto se termina. Sabino Cuadra, de Amaiur, calificó la Transición de tramposa y se refirió a la pretensión de perpetuar el engaño de la España uninacional. Fue una intervención poderosa y reivindicativa, muy por encima del perfil que han mostrado los abertzales a lo largo de la legislatura. Sabino Cuadra se vino arriba al final y terminó ondeando la ikurriña gritando «goras» a la república de Euskal Herria. También sabían en Amaiur que el viejo orden agoniza y que su calendario para el año próximo es el idóneo. Pueden ganar en su tierra, pero el rival es el peor, porque el PNV es a la contienda electoral lo que Rafa Nadal a Roland Garros. No compiten en un plano sino en un poliedro y mantienen a la formación en una centralidad perfecta, hagan lo que hagan, es decir, con Josu Jon Imaz o con Juan José Ibarretxe. Son centrales en el eje nacionalista pero, gracias a su arte en materia electoral, mantienen la reciprocidad electoral con el PP y con el PSE-EE. Su posición es mucho más confortable que la de CiU en términos políticos y además es más rentable en términos electorales. En el PNV plantean las campañas desde muy lejos, porque son muy complejas, para terminar atendiendo todos los planos de su poliedro. Compiten muy bien, ganan en campaña sobre las posiciones estimadas desde el inicio y la verdad es que da gusto verlos.

Después intervino Alfred Bosch, un líder revolucionario. Sus datos de popularidad son los más altos de un líder nacionalista catalán en España y superiores a los de otros líderes del ámbito estatal hasta el punto de liderar la lista del CIS en julio de 2014. Es muy didáctico, tiene un gran talante y lo desdramatiza todo. Juega con la ventaja de la defensa numantina del español castellano antiguo que niega la evidencia y se entiende con esos otros españoles del siglo XXI que han roto con su sistema. Bosch es consciente de que comparte enemigo con ellos, así que se dirige a ellos, cosa que puede considerarse toda una novedad. Ha captado esto y lo emplea en su discurso. Su humor es inteligente y cómplice, por eso cae bien si lo escuchas en un bar sin saber quién es.

Alfred Bosch es un líder revolucionario porque lo dijo en el debate del Estado de la nación de 2014 y lo repitió en la sesión sobre la ley de abdicación: que el 9 de noviembre los catalanes votarían porque era la voluntad de siete de cada diez, y el resto de los españoles no lo podría impedir sin salirse de Europa. Está en otra onda que, siendo revolucionaria, aporta mesura y esto evidencia dominio de la situación, que es el requisito necesario para transmitir confianza. Alfred Bosch es secuencial y llega por un camino muy original que no es estridente. Dijo en el Congreso que Cataluña se iba a independizar el mismo día 10 y aquello no desentonaba, se puede comprobar en YouTube y vale la pena.

Sus palabras ya están escritas en las páginas de la historia, como las de Sabino Cuadra o las de Olaia Fernández del BNG, porque objetivaron la plurinacionalidad del Estado en una sesión parlamentaria que era icónica, y certificaron a su vez el fracaso del modelo territorial pactado en la Transición política. En aquella sesión pudimos constatar que España no es una nación ni está mucho menos unida, como había afirmado Felipe de Borbón días antes de su proclamación como rey. Quedaba claro que debía alejarse de ese concepto.

Contrastando con todas estas manifestaciones, el discurso del diputado popular Alfonso Alonso contuvo más naciones únicas. Después se rechazaron las enmiendas que pedían el referendo sobre la continuidad de la monarquía y la ley salió de la sesión con el respaldo de doscientos noventa y nueve votos a favor por diecinueve en contra y veintitrés abstenciones, ausentándose los nueve diputados restantes. Los aspirantes a la secretaría general del PSOE hablaban de la reforma de la Constitución en un sentido federal o de plurinacionalidad del Estado, por lo que el control exhaustivo del voto socialista en su respaldo a la ley de abdicación no se correspondía con la demanda de muchos de los militantes ni por supuesto votantes. Recordaba un poco la votación, también en el Congreso, de la Guerra de Irak: el diputado está supeditado a lo que indique su partido, que era en este caso asegurar la estabilidad institucional. En protección de esta se debe ser una cosa y la contraria a la vez como lo declaró Alfredo Pérez Rubalcaba, el político del PSOE que más votos le ha costado a su partido. Se afirmó que fue el discurso de un hombre de Estado. Yo no lo veo así. Fue un discurso responsable, sin más.

El día 19 de junio de 2014 tuvo por fin lugar en el Congreso de los Diputados el acto de proclamación del nuevo rey de España. De lo que dijera en su discurso dependería el desenlace a medio plazo de las cosas. Podía presentarse como el heredero de la España uninacional que no existe, aunque quepamos todos, o alternativamente sugerir la plurinacionalidad del Estado y la necesidad de superar el marco institucional vigente para resolver el problema de una forma definitivamente integradora. Sabríamos si la sucesión monárquica respondía a un plan concreto, o a un liderazgo del sistema para encontrar las soluciones, o se planteaba como la continuidad del orden precedente en otro envase más atractivo. Sabríamos si serviría o no para cerrar una etapa e iniciar otra. Sabríamos si el sistema institucional recuperaría un mínimo de prestigio y volvería a proporcionar ciertas seguridades a las personas o no lo haría. Sabríamos si emprenderían la perestroika que necesitaba el orden institucional y, si no era esto, también sabríamos si el nuevo monarca era al menos consciente de que su estabilidad era muy precaria, porque el PP y el PSOE estaban sujetando todo en clara minoría social o respaldados por tres de cada diez electores especialmente ancianos.

La Vanguardia había ocupado la centralidad en el análisis y había desplazado con claridad a la prensa de Madrid. Se había convertido en el salvavidas de todos. Cualquier catástrofe de cualquier actor político encontraba marco conceptual y horizonte en las páginas de La Vanguardia. Lo expresó Enric Juliana en la presentación de su último libro, España en el diván, el día de San José de 2014, en el Casino de Madrid. Delante del ministro Margallo y de todo el oficialismo madrileño, dijo: «Los españoles dramatizan mucho».

Entendí mucho mejor a Alfred Bosch. Es verdad, el español más antiguo tiende a dramatizar o a entender lo que sucede como una tragedia cuando no coincide con lo que piensa. Siendo así, se plantean situaciones que no se pueden resolver y los problemas se convierten en desgracias con facilidad. Lo que esconde es inseguridad y es normal porque las identidades vasca o catalana contemporáneas están tan claras como la francesa o la alemana, mientras que la española está en crisis porque es la castellana histórica, que es predemocrática y no tiene encaje a capón en la civilización europea occidental o hay que cepillarla tanto que será otra.

Aludía a La Vanguardia porque publicó la nube de palabras del discurso del nuevo rey Felipe VI según lo pronunció. De mayor a menor tamaño aparecían las palabras «España», «españoles», «señorías», «rey», «ciudadanos», «hoy», «gran», «respeto», «hacia», «responsabilidad», «valores», «mundo» y «quiero». En otro nivel inferior había mencionado «deber», «siempre», «vida», «historia», «intereses», «política», «siglo», «ser», «convivencia», «debe», «Constitución», «instituciones», «objetivos», «pueblos», «lenguas», «renovada», «sentido» y «generación». Había que esforzarse mucho para encontrar la palabra nación.

Por mi parte, había anotado estos conceptos por orden de aparición. Comenzó refiriéndose a quiénes somos y qué hacemos aquí con las palabras «respeto» (al poder parlamentario), «emoción», «responsabilidad», «esperanza», «nación», «trabajo», «fe», «admiración», «gratitud», «convivencia», «superación», «dedicación», «dignidad», «fidelidad», «Constitución», «libertad», «Leonor», «unidad», «permanencia», «legalidad» y «justicia».

Luego vino cierta explicación de su figura con «escuchar», «comprender», «advertir», «defender», «legitimidad», «convicción» (monárquica), «contribución», «cauce» (para la cohesión, catalizador), «reflejo» (de la sociedad), «intérprete», «compañero», «cercano», «honesto», «ejemplar» y «transparente».

Sobre la situación actual, nos dijo «renovación», «nuevo mundo», «generación», «víctimas», «solidaridad», «jóvenes», «empleo», «tragedia», «oscuridad», «superación», «convivencia», «paz», «herencia», «éxito», «libertades» y «derechos».

El discurso se centró en «revitalizar», «fortalecer», «instituciones», «acuerdos», «preocupaciones ciudadanas», «confianza», «entendimiento», «unidad», «diversidad», «pueblos», «lenguas», «convivencia», «suma», «patrimonio común», «expresión cultural», «legalidad», «afecto», «lealtad» y «nación».

Y respecto a las condiciones generales del siglo XXI o el futuro nos habló de «desafíos», «cambios profundos en la mentalidad y en algunas actitudes», «disconformidad», «visión», «renovación», «conocimiento», «cultura», «educación», «tecnología», «ciencia», «iniciativa», «progreso», «modernización», «ecología», «mujer», «planeta», «europeísmo», «Iberoamérica», «Mediterráneo», «árabe», «retos», «globalización», «esperanza», «fe», «sociedad», «españoles», «orgullo» y «rey».

Desde luego, me sorprendió porque habló en el mismo límite y me gustó. Diría que mucho y explico por qué. Estaba comentando el acto en TVE1 Fernando Ónega que condensó su experiencia en dos palabras y una observación: «Cercano y honesto», dijo refiriéndose en definitiva al monarca. La observación de Ónega fue que Iñigo Urkullu no había aplaudido el discurso y Artur Mas tampoco. Se notó que lo dijo molesto y en la obligación de informar. Lo leo con mucha frecuencia porque escribimos en el mismo periódico y nunca es estridente. Cuando se enfada suele ser porque las cosas han pasado de castaño oscuro. Pasados cinco minutos esa observación era la noticia de todas las ediciones digitales. Habían aplaudido entre poco y nada, lo mismo que los diputados del PNV y de CiU, salvo Josep Antoni Duran i Lleida. Los demás no estaban, claro, me refiero a los diputados de Amaiur, Geroa Bai, ERC y BNG. Tampoco asistieron al acto los republicanos de la Izquierda Plural ni el valenciano Joan Baldoví, subrayando la precariedad de la estabilidad institucional.

Artur Mas fue diáfano el respecto. Como el discurso no reconocía la plurinacionalidad del Estado, no podía aplaudirlo. Aunque Ónega también tenía razones para molestarse porque el padre del nuevo monarca juró las leyes fundamentales del reino y a los años había llegado la democracia a España. Pienso que a Ónega le había gustado lo mismo que a mí y estaba molesto porque el discurso estaba en el límite de lo que podía hacer, si se quería ver. No quisieron expresarlo de este modo (y esto también lo habrá entendido Fernando Ónega) porque ellos representan a las personas de unas naciones que quieren Estados propios y, aunque el discurso diera cauce a cambios profundos en la mentalidad y en algunas actitudes, resultaba insuficiente puestos en los zapatos de los votantes de CiU o del PNV. Aplaudir era tener que dar explicaciones y asumir demasiados riesgos electorales y pienso que cada cual estuvo en su papel.

A Enric Juliana le había sorprendido la cantidad y el tamaño de las banderas españolas que de la noche a la mañana aparecieron en ese Madrid vertical y dominador, porque el gran sur es otra cosa mucho más sufridora y menos engalanada. Juliana muchas veces le da sentido a lo que observo o lo que explica sobre todo ello me sirve. Publicó esto el día 18 de junio en La Vanguardia, un día antes del discurso:

Hay un monarquismo que hubiese querido una proclamación más ostentosa, más alfonsina. Y hay un oficialismo madrileño que desde el minuto uno de esta madrugada intentará determinar la caligrafía del nuevo rey de España. Este va a ser un dato importante de la crónica política.

Es mi apreciación de que el rey Felipe VI habló desde el borde y tendió la mano pero antes de que sucediera. No se podía esperar otra cosa en ese acto y Juliana nos aclaró que el problema sería ese oficialismo madrileño que tendería a negar la plurinacionalidad del Estado entre otras cuestiones esenciales.

Me viene a la cabeza lo que le dijo Moratinos en tiempos de Zapatero al primer representante que enviaba China a Oriente Medio.

—Haga usted las menos declaraciones posibles. Y cuando tenga que hablar, simule que en el fondo los israelíes tienen una buena parte de razón —dijo Moratinos.

—¿Y qué dirán los árabes? —preguntó el chino.

—No se preocupe usted, que lo entenderán —le contestó Moratinos.

Felipe de Borbón era como ese chino haciendo sus primeras declaraciones. El oficialismo madrileño serían los israelíes y Artur Mas e Iñigo Urkullu, los árabes: la nación de todos estuvo en su discurso, pero pienso que los árabes recibieron el mensaje y que cada cual está interpretando su papel en lo que no es una tragedia. Tampoco es una comedia, ni un cuento ni una fábula porque es la historia de España que, como dice Artur Mas, es un Estado plurinacional. Está al sur de la Unión Europea y es clientelar y corrupto en pleno siglo XXI porque los más mayores hemos sido idiotas de lo público durante los últimos setenta años.

Digamos que todas las cosas están cambiando profundamente y en alguna medida la monarquía de Felipe VI lo sabe. No es una mala noticia. Y por eliminación, el camino que queda es el que se articula sobre tres Estados confederados en una idea territorial donde cabe Portugal, si eso se correspondiera con la voluntad de las personas. Habríamos resuelto de este modo un problema que no deja de ser transitorio y que es el de la forma jurídica que garantice la cohesión de los territorios y las naciones peninsulares en tanto no se ha producido la unificación política de los Estados soberanos, las confederaciones y las federaciones de la Europa del siglo XX. Sería un salto al vacío negar este propósito y un sinsentido situarlo como un hecho más allá de este siglo.

Aun así, está por ver que se vayan a producir estos cambios profundos propiciados por el sistema, porque para emprenderlos hay que comprender a la sociedad actual desde una óptica completamente nueva. El siglo XXI es, de una u otra forma, el de la homogenización socioeconómica del espacio europeo y su consecuente unificación política. No hay que olvidar que el tesoro genuinamente nuestro o lo que defenderemos en un mundo global como única certidumbre es la ciudadanía. Y esto es el símbolo del respeto, el acuerdo y la convivencia ordenada, que es lo único que permite la expansión de las personas.

Tras la proclamación de Felipe VI, el domingo 22 de junio de 2014, El País y La Vanguardia publicaron sus encuestas sobre el significado del nuevo rey. Me acordé de mi padre, porque las preguntas eran las mismas que las de las encuestas de cuarenta años atrás, pero también se parecían las respuestas y de algún modo sentí que la historia se estaba repitiendo. El 91% quería el acuerdo de todas las fuerzas políticas, como entonces se pedía el sufragio universal; el 75% respaldaría el liderazgo del nuevo rey para desbloquear la situación desde su función mediadora, y el 58% sentía seguridad ante su figura, como sucedía cuarenta años antes con su padre cuando los partidos políticos aún no tenían números. Los datos eran los mismos y entonces cambió la naturaleza del Estado.

El día 24 apareció otra encuesta, la de GESOP sobre elecciones autonómicas en Cataluña, y arruinó cualquier otro plan previo. Podemos irrumpía con nueve diputados autonómicos en el sistema particular catalán. ¿Elecciones plebiscitarias el 9-N? ¿Para qué, si ya solo hay números para perder?

Al día siguiente la noticia era por fin la dimisión de Magdalena Álvarez, que coincidía por casualidad con la de Willy Meyer. El comunista participaba con otros eurodiputados españoles en un fondo de pensiones operado por una sicav en Luxemburgo. ¿Quién podría hacerse un fondo de pensiones en España? Porque ese ahorro solo lo puede hacer la gente que gana mucho dinero como por lo visto los eurodiputados comunistas, pudo pensar cualquier elector. Ese mismo día se confirmaba la imputación de la infanta Cristina y detenían a un buen número de dirigentes de la UGT por un presunto fraude con los cursos de formación laboral.

El día 26 de junio el líder del PP en el Senado José Manuel Barreiro fue declarado «presunto inocente» de soborno. Ese mismo día el Congreso aprobó el aforamiento del rey Juan Carlos con la abstención del PSOE. Y también ese día el Parlamento de Cataluña se pronunció a favor de la celebración de un referendo sobre la continuidad de la monarquía. La novedad que tengo anotada fue la abstención de Ciutadans en esa votación. Para redondear la jornada, el rey Felipe VI viajó a Girona y se encontró con Artur Mas.

Y por último, Alfredo Pérez Rubalcaba anunció también ese día que se retiraba de la política. Desde mi profesión, no merece ningún aprecio especial porque era un líder de descarte desde 2011 hasta que lo dejó en 2014 después de perder millones de votos. Debió marcharse antes, pero siguió costando votos a su partido. Por lo tanto, no le tengo aprecio electoral ninguno y no puede ser de otra forma entre quienes trabajamos para conseguir resultados concretos. Y en otro orden de cosas, Rubalcaba se limitó a sujetar el orden de 1978 porque esa era su obligación. Era desaprobado por las masas cuando lo dejó, mucho más que Alfonso Guerra, y a pesar de eso, dudo mucho que hubiera abandonado si Elena Valenciano le hubiera ganado las elecciones europeas a Miguel Arias Cañete.

Podría decirse que la soberanía nacional se quedará en la parte de la historia europea que termina con el siglo XX y no tiene nada de dramático el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español actual. En esa Europa unificada es donde se tiene que representar la monarquía de Felipe VI, pero también cualquier solución institucional y nosotros mismos. Desde este punto de vista, los problemas nacionales o territoriales actuales de los Estados soberanos como el español son transitorios y menores, o no son mayores de los que pueda plantear esta realidad unificadora a los Estados confederados o a las federaciones actuales como la alemana, por ejemplo, saber dónde queda Baviera en esa Europa unificada.

SEGUNDA PARTE

CRÓNICA DE LA SITUACIÓN ACTUAL

1

CRISIS DE CONFIANZA EN LA CLASE POLÍTICA

Y LOS PODERES PÚBLICOS

«Qué largo se me está haciendo el franquismo», decía una pancarta en una manifestación de 2014 en Madrid en la que resultaron heridos setenta policías, que no olvidemos que son funcionarios que van a trabajar y no llegan a fin de mes con lo que les pagan. «Franco ha Werto», sostenía otra que jugaba con el apellido del ministro popular José Ignacio Wert. «Rajoy, eres tonto del culo», decía otra tan grande que parecía la cabecera. La fractura social estaba más que planteada y ya eran muy pocos los que daban soporte al sistema de la izquierda y la derecha organizado en torno al PSOE y el PP. Un sistema que, pasados cuarenta años, definía una estabilidad institucional precaria y cada vez más cuestionada en tanto que el elector la asocia a prácticas que son ajenas a la función de representar y a la administración leal de los recursos de todos. Han pasado casi cuatro décadas ininterrumpidas de democracia formal en las que el elector ha recibido determinada didáctica por parte de sus representantes que califico de posfranquista y repaso ahora para sintetizar este aprendizaje en algunos de sus hitos.

El elector más antiguo puede pensar que el PSOE de Felipe González se impuso al Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván en 1977 gracias a la financiación ilegal que había recibido desde el extranjero. El episodio del caso Flick de 1984 le enseñó que las grandes fortunas y las empresas financian a los partidos políticos a cambio de ventajas. En cierta medida, los poderes patrimoniales y financieros compran el favor del partido político o como poco lo condicionan. En 1986 el elector aprendió que las promesas de los políticos son más bien señuelos para ganar elecciones. Al acabar la legislatura del PSOE, no había ni rastro de los ochocientos mil puestos de trabajo prometidos. Ese mismo año el elector también entendió que los referendos solo los convoca el gobierno y, cuando lo hace es, para ganarlos. El caso Filesa en 1989 le informó sobre la financiación ilegal de las campañas electorales. Aprendió mediante el caso del AVE Madrid-Sevilla que los grandes contratistas de lo público, sean españoles, alemanes o franceses, pagan comisiones a los partidos políticos y a los burócratas. Este caso le informó de tramas de políticos, burócratas, contratistas y poderes financieros. Los más antiguos entendieron que el poder real no había cambiado y, como ya dije, llamaron desencanto a lo que fue mansedumbre.

En aquellos años de dominio socialista, el elector constató que los partidos políticos no eran capaces de encontrar los lugares comunes y ya lo había interiorizado o entendido como una característica cultural. En España, las cosas no se discuten si se pueden resolver antes mediante la imposición. El elector dedujo que la mayoría parlamentaria servía para laminar a los rivales electorales igual que hizo Franco por otros medios. Con los años, comprendió que los políticos del PSOE y del PP son iguales en muchos de sus actos y que su pensamiento sigue siendo predemocrático ante infinidad de situaciones. Y por si alguien aún no se había enterado, el entonces vicepresidente Alfonso Guerra le explicó a las masas quién era aquí el amo.

Los tribunales le explicaron al elector común que existen fondos reservados, un dinero que se puede gastar sin dar explicaciones porque se emplea para financiar actividades inconfesables, como, por ejemplo, intentar matar etarras. Además de entender esto enseguida el elector también supo que algunos políticos se lucraban con esos fondos. A principios de la década de 1990 fue cuando comprendió la magnitud del problema de la corrupción, porque los escándalos de estos políticos desprestigiaban a instituciones que difícilmente podían estar bajo sospecha, como el Banco de España o la Guardia Civil.

Apareció José María Aznar hablando del movimiento de liberación vasco en vez de ETA para decirle al elector que los principios se pueden cambiar hasta donde haga falta. Aznar le enseñó que los representantes que elige cuando hay elecciones no pintan nada. Los diputados populares no defendieron los intereses de sus electores en el caso de la votación sobre la implicación de España en la Guerra a Irak. Pero además es normal que el diputado vote en contra de su conciencia. El elector medio entendió por fin que la gente es lo de menos para estos partidos políticos una vez han conseguido su voto.

Ya en los últimos tiempos de escandalera continua, el elector medio se sintió insultado porque, en lugar de explicarse y ser cesados, estos políticos que le gobiernan abusaron de la presunción de inocencia. El campeón de este argumento es sin duda Mariano Rajoy, el presidente del gobierno que no dimitió cuando encerraron al tesorero de su partido como sería lógico y normal al otro lado de los Pirineos. Véase, por ejemplo, el caso de Jaume Matas, condenado a nueve meses de prisión por tráfico de influencias en el caso Palma Arena pero presunto inocente de apropiación indebida, falsedad documental, prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delitos fiscal y electoral la última vez que lo consulté en la red. No voy a extenderme porque llenaríamos páginas y páginas.

Después de todo esto, inevitablemente se produce la ruptura definitiva del elector con la clase política entendida como un todo. El PSOE y el PP han dejado de representar a las personas por la conducta de sus dirigentes, que es el producto de un pensamiento político determinado que nunca dejó de ser predemocrático. Diseñar una ley electoral para que ganara el régimen reformista en las elecciones constituyentes de 1977; convocar el referendo de la OTAN en 1986 para torcerle la mano a la gente; intentar matar etarras con los GAL; apelar a la presunción de inocencia en lugar de cesar o dimitir; cargar contra el poder judicial, etc., son conductas tan españolas como aparcar en el carril bus de la Gran Vía de Madrid o borrar el ordenador del tesorero que persigue la justicia. No son conductas propias del político convencional de sello UE.

El elector se siente finalmente burlado y cualquier vínculo emocional con los partidos y los políticos que conoce se ha destruido. El votante se desmoviliza sintiéndose estafado o engañado y no va a regresar. Entiende que está en manos de gente muy poco seria y que tiene que terminar con esta situación, como venían diciendo los más jóvenes desde hacía ya algún tiempo.

Pongamos un ejemplo para ilustrar esta ruptura. El 25 de julio de 2014 la exministra socialista Magdalena Álvarez anunció su renuncia a un cargo político en el Banco Europeo de Inversiones pero cargando contra Mariano Rajoy y Luis de Guindos y exhibiendo una actitud impasible ante sus problemas con la justicia. Lo importante es lo que declaró Manuel Chaves: «Quítate tú que voy a poner a uno de los míos». La gente no quería a Magdalena Álvarez y no hacía falta hacer encuestas, pero le faltó verbalizar que la jueza Mercedes Alaya estaba compinchada con De Guindos y Rajoy para quitarle ese cargo. Esto da una idea de lo que tienen en la cabeza mientras les persigue la justicia, lo cual transmite cierta sensación de impunidad además de burla al elector. La alcaldesa de Valencia y diputada de las Cortes valencianas Rita Barberá afirmó ese mismo día que en la Comunidad Valenciana aún no habían condenado a nadie de su partido. Eso es simple y llanamente insultar a las personas porque el argumento «a mí que me registren» no sirve si reúnes la mejor colección de imputados y presuntos inocentes de Europa. Rafael Blasco es uno de ellos y fue condenado, aunque luego dicen que ya no es suyo y se quedan tan anchos. O, por ejemplo, Carlos Fabra, que tiene incluso un monumento en el aeropuerto de Castellón y desde luego no muestra la actitud que se espera de todos. Especialmente la del presidente, considerando idóneas a Rita Barberá o Esperanza Aguirre para representar a las personas.

La ruptura entre la mayoría social y la clase política convencional como un concepto totalizador y uniforme tiene fundamentos muy serios, es profunda, estructural y definitiva. El político español de nuestros días es percibido como una persona ambiciosa, atraída por la fama, el poder y el dinero, además de interesado. Las personas a veces pueden estar equivocadas pero no se inventan las cosas de la nada.

Solo hay un madrileño al que se le puede pasar por la cabeza dejar el coche en el carril bus de la Gran Vía mientras saca dinero en un cajero: el «amo». Y, desde luego, solo ese es capaz de tirar la moto de un policía municipal saltándose un alto. Lo primero no te puede costar menos de quinientos euros porque es un disparate descomunal, nadie hace eso. Y por lo segundo duermes en un calabozo una noche como poco y te quedas pendiente de un juicio muy serio. Nadie se salta un alto de la policía salvo un delincuente desesperado que sabe muy bien lo que se está jugando. Nadie hace eso, excepto un delincuente que se da a la fuga o Esperanza Aguirre que con esa actitud muestra un desprecio rotundo a las personas normales, a las que parece considerar idiotas. Aguirre se comportó en este episodio como la dueña de Madrid o la «puta ama» y esto no es de izquierdas ni de derechas sino una forma de entender el mundo. El elector tiene esta idea de los políticos como seres despreciables porque es lo que saben, lo que ven, lo que leen, lo que les dicen o lo que deducen. En este punto la red está teniendo un papel fundamental que los políticos tradicionales desconocen por completo.

Así, por ejemplo, Rajoy sigue negando la mayor incluso después de que la justicia haya demostrado que en su partido se efectuaron pagos en dinero negro para realizar unas obras en su sede de la calle Génova de Madrid. No es opinable, porque estamos hablando de la conclusión de un juez: en el PP existe la tal caja B de la que antes negaban su existencia y sobre la que ahora no contestan preguntas. El elector no es tan tonto como supone María Dolores de Cospedal, que sale a explicar «los pagos en diferido» a su tesorero encarcelado Luis Bárcenas o cuenta entre sonrisas que han borrado el contenido del ordenador que usaba el que fue su compañero de partido. Nadie hace eso. Cospedal le dice al elector un día sí y otro también que les da todo igual porque gobiernan ellos y ya está. Al final, el desprecio es recíproco, así no se gobierna.

En los barómetros del CIS de 2014, la corrupción, el fraude y la clase política en general superaban el 70% de las menciones, el segundo problema de España después del paro. Siete de cada diez ciudadanos lo entendían así y siendo el PP y el PSOE quienes han gobernado desde hace décadas es normal que sus políticos sean señalados como los principales responsables de la situación. Por su didáctica y ejemplo, el elector medio desconfía de todas las referencias institucionales en la actualidad y, después de cuarenta años de democracia representativa, se puede calificar sin lugar a dudas como un fracaso colectivo rotundo.

Hay al menos tres factores que han precipitado la ruptura con la clase política. Y digo ruptura porque desafección pertenece a un lenguaje institucionalmente estable para hacer del suceso un problema manejable. La desafección tiene arreglo, mientras que el hecho cierto de la ruptura solo admite una renovación profunda y completa de personas, mentalidades y algunas actitudes.

El primer factor es la utilización creciente de la red como herramienta para documentar y denunciar las situaciones. Esto ayuda mucho a descubrir al político, al burócrata y al empresario tramposos. Las cosas no son como nos dicen los medios convencionales, que las simplifican. En la red se encuentra otra información que es ciudadana o desinteresada y que amplía la verdad. Dicho de otra forma, ahora es muy difícil ser una cosa y parecer otra sin que se enteren terceros y termine sabiéndose en la red.

En segundo lugar, la falta del dinero que todo lo paga y aplaza ha forjado la convicción social de que algunos políticos en activo han gastado irresponsablemente los recursos públicos quizá durante décadas, han quebrado las cajas de ahorros y han generado clientelas autonómicas al socaire de la financiación de sus competencias. Además, se han financiado ilegalmente y algunos se han lucrado con dinero público. La gente no se lo inventa, sino que es lo que dicen los tribunales de justicia, los medios de comunicación y la red, lo que se sabe y se comenta. La sociedad culpa a los políticos, pero sobre todo a los del PSOE y el PP porque son los que se han repartido el poder representativo en España desde 1982.

Por último, el elector medio ha concluido en la penuria que la corrupción es generalizada en España y alcanza a todas las instituciones y actividades económicas. No hay justicia contributiva ni distributiva por culpa de los políticos y los burócratas corruptos. Legislan de tal modo que las grandes empresas y las rentas más altas pagan menos precio por el trabajo y menos impuestos. Y esto es porque finalmente todos son lo mismo. La conclusión es dramática y da una idea de la gravedad del problema.

Las escuetas respuestas de Rajoy en su comparecencia parlamentaria para dar explicaciones por el escándalo de la financiación ilegal de su partido en enero de 2013 son un buen ejemplo de esta didáctica que estoy explicando. Rajoy le aseguró al elector que en el PP no había caja B y por lo visto posteriormente puede que haya hasta diecisiete. La gente sigue a sus cosas en lugar de exigir su dimisión, aunque está documentada esta petición por Metroscopia. Y además, la reacción del extinto Rubalcaba fue muy discreta, la propia de quien asegura que tampoco tiene este tipo de caja en su partido mientras la sociedad en su conjunto está convencida de que los dos partidos se financian ilegalmente. Bárcenas cobraba su salario del PP cuando ya estaba encausado, un dato que deben tener en cuenta el elector medio y también Angela Merkel.

En definitiva, Mariano Rajoy es un líder del pasado que expresa determinado equilibrio de poder en su partido. Esto no tiene nada que ver con su idoneidad para representar a las personas. Está ahí después de perder dos veces contra José Luis Rodríguez Zapatero, porque Francisco Camps y el PP de la Comunidad Valenciana lo apoyaron cuando estaba grogui y lo llevaron en volandas hasta el XVI Congreso de su partido que se celebró en Valencia a finales de junio de 2008.

Rajoy no es el mejor, sino lo que hay. Este puede ser otro enfoque mientras el sistema represente, pero todo pierde sentido cuando lo que hay no es lo mejor y además es detestado por la mayoría social. Algo que no pueden entender el holandés, el alemán, el danés o el sueco, porque no es propio de los europeos occidentales: permanecer sin prestigio es una españolada y desde luego que en términos electorales Soraya Sáenz de Santamaría estaría defendiendo la posición intentándonos convencer de que quien piense que todo eso es un disparate y no se merece tener el sello UE no entiende de esto.

«Luis. Lo entiendo. Sé fuerte». Si buscamos estas frases en Google encontraremos casi doce mil resultados que informan sobre quién las pronunció y quién es Luis. Para la gente corriente esta frase es de Mariano Rajoy, y Luis es su tesorero o al menos en ningún caso es un señor que pasaba por ahí. Es un SMS que el presidente envió en enero de 2013 al tesorero cuando ya estaba en la cárcel, algo que le habría costado el puesto a cualquiera en otro país de Europa. Un golpe demasiado bajo para unas personas antes sumisas que han despertado. Los tribunales dicen que se financian ilegalmente, que cobran comisiones en connivencia con los burócratas corruptos del Estado y queman el dinero público para financiarse, porque lo hacen mediante sobrecostes en las adjudicaciones de los contratos de las administraciones pero ellos no saben nada de esto.

Algunos periódicos madrileños fueron capaces de presentar como virtud lo que le dijo Rajoy por SMS a Bárcenas argumentando que era la prueba fehaciente de que el presidente no cede a chantaje alguno. Hace falta un cambio profundo en la mentalidad y en las actitudes de algunos, porque precisamente ese correo le confirmó lo contrario a las personas: Rajoy trató de evitar hasta el último momento que su tesorero encarcelado aportara a la justicia el testimonio y las pruebas de la financiación ilegal del PP y del cobro de sobresueldos opacos por parte de sus dirigentes.

En España, el contrato y la licencia o la concesión pública siempre han sido para el amigo. De eso siempre se ha encargado el político. Así lo cree la gente corriente y alguna razón tendrán para pensar así. Pero el elector medio entiende que lo sucedido en España en los últimos años va mucho más allá. Los políticos dieron licencias para construir carreteras por las que no pasarían coches y aeropuertos en los que nunca aterrizarían aviones. Para la gente corriente todos ellos, sean del PP o del PSOE, son los responsables de las cuentas públicas junto a los burócratas de las administraciones que actúan condicionados por los bancos y los grandes patrimonios y empresas, que son precisamente los contratistas de lo público.

Por todo lo expuesto hasta ahora desconfían de Rajoy ocho de cada diez ciudadanos (CIS), esto es, las masas. Del extinto Rubalcaba desconfiaban nueve de cada diez cuando el PSOE perdió las elecciones europeas hace ahora un año. Son valores de desprecio ciudadano incontestables y equivalentes. Rubalcaba, Tomás Gómez, Patxi López o Carme Chacón fracasaron en 2011 y ahí siguieron hasta el descalabro europeo. Incluso algunos siguen ahí. No son conscientes de que se terminó el partido de vanguardia que organiza a las masas o el lugar donde están los que saben de las cosas y dirigen el destino de las personas. No se han enterado aún de que son percibidos como los burócratas de la URSS en tiempos de Gorbachov: son el problema. Alguien como Tomás Gómez nos permite visualizar lo que significa la casta dirigente del PSOE repudiada por su electorado desde 2011.

La crisis de confianza en los políticos se ha generalizado y ha llegado a afectar a la representatividad del sistema en su conjunto: son todos iguales es otro lugar común dramático. La convicción social es que han hecho un negocio de la función de representar a los ciudadanos y no resuelven los problemas porque están más por la labor de defender sus propios intereses. Se mire como se mire no es desafección, se trata de la ruptura ciudadana con la clase política convencional o que conoce.

Un caso particular es el líder que genera cierta audiencia. Suele confundir las cosas y explicar cómo son cuando solo es una parte doblemente interesada de una oferta electoral, una de tantas. Están en el negocio de los votos y son alguien para el público pero no son conscientes de que su percepción del problema es necesariamente parcial, igual que la de otros elementos como puedan ser los propios medios que los explotan. Los líderes mediáticos de la vieja izquierda española en particular no asumen que la sociedad se está transformando mediante un proceso vinculado a la red que ha prescindido de ellos mismos en tanto no sean capaces de reinventarse.

Los jóvenes representantes de la izquierda tienen que replantearse muchas cosas. Así por ejemplo, Alberto Garzón tiene que evolucionar hacia algún lugar desde el PCE, que es la esencia de IU, o ser del PCE con todas sus consecuencias. Está descolocado porque la gente que votó a Podemos ha pasado por encima de cualquier caché y estos líderes mediáticos ahora valen la mitad para los medios. En ese segmento de mercado los que valen son los nuevos, como Pablo Iglesias, David Fernàndez o Ada Colau, los líderes de la ruptura.

Los datos nos permiten concluir que se ha producido la ruptura entre la mayoría social y la clase política convencional mediante un juicio sumarísimo que se concreta en determinadas convicciones sociales. De cada diez personas encuestadas en edad de votar, diez de ellas creen que existe corrupción política, casi diez que los partidos tapan a sus corruptos y ocho que los políticos crean problemas en lugar de resolverlos porque defienden sus intereses en lugar del interés general. Por comparar un poco, la percepción de que existe corrupción política en el promedio de los Estados africanos era del 72% en 2007 (Gallup, dato tomado de Castells), y eso son veintitrés puntos menos que en España.

Sin confianza en los políticos, el representante popular cae en desgracia y la gente reduciría el número de concejales y de diputados de todo tipo. El problema se agrava por la convicción de que la crisis no la pagan los bancos ni los más ricos (91%) o que ellos pagan menos impuestos que los proporcionales (88%). De esto el elector también responsabiliza a los políticos.

La corrupción es inversamente proporcional a la fortaleza de la sociedad civil. Esta fortaleza se puede medir por su capacidad para identificar y conseguir objetivos ciudadanos o colectivos. Una sociedad es tanto más avanzada cuanto mayor control ejerce sobre su progreso, cuanto más vale el mérito sobre la recomendación y cuanta mayor movilidad social puede proporcionar a sus individuos. También cuanto mejor controla el buen funcionamiento de sus instituciones o menos corrupción contienen estas.

Sin confianza en las referencias institucionales se difumina lo público, lo que es de todos no sirve o es problema, y la sociedad se desintegra. La situación actual se resume en que las encuestas nos devuelven convicciones sociales arraigadas en lugar de opiniones diversas y estas convicciones son dramáticas: no hay confianza en los líderes, ni en los partidos, gobiernos, parlamentos o sindicatos, ni en otras instituciones mucho más cercanas como los ayuntamientos. Tampoco existe un modelo territorial de referencia porque el PP tiene que defender el Estado de las autonomías cuando seis de cada diez de sus votantes las suprimirían, mientras que el PSOE plantea el estado federal cuando eso solo lo quieren dos de cada diez de los suyos. Estamos, por lo tanto, situados ante un profundo cambio que además es inminente, porque sin referencias institucionales prestigiadas, la sociedad se desintegra. Es lo que está sucediendo en España. El filósofo Cornelius Castoriadis afirmaba esto en una entrevista en 1997: «Ninguna sociedad puede perdurar sin crear una representación del mundo y, en ese mundo, de ella misma». En España hemos sido incapaces de representarnos como un todo desde siempre cuando ese todo ya está cediendo el protagonismo a otro que es la Unión Europea, considerando además que el mundo ya es global y evoluciona de otra forma aún incierta. Por lo tanto, el problema es de difícil resolución. Manuel Castells lo dice de otra forma en Redes de indignación y esperanza (Alianza, 2012):

Si la mayoría de la gente piensa de forma contraria a los valores y normas institucionalizados en las leyes y reglamentos impuestos por el Estado, el sistema cambiará, aunque no necesariamente para cumplir las esperanzas de los agentes del cambio social.

Esto va a cambiar, porque se ha producido la quiebra definitiva de la confianza ciudadana en los partidos políticos y en la clase política en general, identificados por la mayoría social como los responsables principales de la situación de endeudamiento extremo en la que nos encontramos, sea por irresponsabilidad, por incompetencia o por saqueo de las arcas públicas como sugiere la sucesión de procesos judiciales. Este desprecio a los representantes populares ha acarreado la más profunda crisis de confianza en las instituciones de la democracia que se conoce desde 1977. Dichas instituciones están desacreditadas y la crisis de representatividad se ha extendido a todo el sistema.

El Parlamento es percibido como algo inútil. Un ejemplo claro se visualizó cuando dieron portazo a la iniciativa legislativa popular Stop Desahucios. El Congreso de los Diputados vale tanto para el votante como un obispo, que es casi nada, y algo más que un político o un banquero, que es nada. Los sindicatos comparten nivel de desprecio social con la patronal, las multinacionales y los ayuntamientos.

Desde 2012 los partidos y los políticos son desaprobados por nueve de cada diez electores, el Parlamento y el gobierno por ocho, y los ayuntamientos o los sindicatos por siete. Así no hay sociedad, es otra cosa. La corrupción ha fulminado el sistema de partidos en Grecia y en Italia en el mismo proceso de destrucción de los viejos electorados del siglo XX que se está produciendo en España y parece inevitable concluir que la crisis de confianza en las instituciones de la democracia que padecemos es insalvable sin una renovación completa o muy profunda de la clase política actual.

Cuando al menos ocho de cada diez personas coinciden en una posición, nos encontramos ante una convicción social arraigada y masiva. Se instaló en la sociedad la sensación de que el fraude había sido generalizado y que los políticos eran la parte sustancial del problema. La demoscopia es rotunda desde entonces: la convicción de las masas es que los políticos son los culpables de la situación porque, además de esto, la gente identifica un poder burocrático en cada pueblo y en cada provincia que está ahí desde siempre.

Entre tanto, la clase académica se ocupa de sus cosas. Los que se habían enterado de todo eso no se atrevieron a acercarse mucho o solo plantearon la existencia de una crisis sistémica aunque sin ahondar en la situación crítica del poder representativo en el sur de Europa, como demostraron los resultados de Syriza en Grecia, del M5S en Italia o la monumental abstención electoral en España hasta la eclosión de Podemos y Ciudadanos.

Pero todo esto tiene que ver con las características de la materia social. Cinco de cada diez entrevistados en un estudio del CIS realizado en 2007 creían que son muchos los políticos implicados en casos de corrupción. Distintas fuentes coincidían en esas fechas en que el número de personas imputadas por casos de corrupción política en España era cercano al millar entre representantes electos, funcionarios y empresarios. En este mismo estudio (el número 2.671) se preguntó a la gente si se deberían cumplir las leyes siempre sin excepciones o si había ocasiones en las que cada uno debería actuar según su conciencia aunque esto significara infringir la ley. Tres de cada diez entrevistados optaron por esta segunda alternativa de respuesta, lo que equivale a algo más de 9,5 millones de personas mayores de edad para las que delinquir es una opción. El dato es alarmante y evidencia quizá dos problemas.

Uno se refiere al déficit educativo de nuestra sociedad. Con estos principios no vamos a ninguna parte. Las normas son las que digamos las personas y se hacen para cumplirse, ese es el camino que hay que seguir porque no hay otro.

El segundo problema tiene que ver con la antididáctica de los dos grandes partidos, el PSOE y el PP, que son incapaces de identificar y depurar los casos de corrupción que pueda haber en sus filas antes del escándalo, pero luego se muestran implacables con los casos que la justicia identifica en sus oponentes. Si el presunto corrupto es de los suyos incluso cargan contra el poder judicial y no guardan las formas, como el socialista Manuel Chaves, que llegó a afirmar que la fianza impuesta por la jueza Alaya a su compañera de partido Magdalena Álvarez respondía a intereses electorales. En el país serio que queremos, quien se expresa así termina en los tribunales por injurias al poder judicial, apartado de la vida pública y la gente lo repudia. En ese país serio, ante un caso como el de Bárcenas, el presidente dimite. Aquí de momento eso no ha pasado. La deducción lógica es que las personas de más edad y peor formadas, que son quienes sustentan el bipartidismo, atienden, en mayor proporción que otros, a parámetros que no son europeos occidentales.

Para las personas corrientes o el elector común, una carretera sin coches o un aeropuerto sin aviones no son negocios fallidos, sino estafas orquestadas desde la concesión de las obras hasta el rescate de sus contratos de explotación con el dinero de todos. Estafas en las que, por supuesto, están implicados los responsables políticos. Que esto lo hayan financiado unos bancos que no han medido su riesgo o están implicados y han perdido, sean españoles o alemanes, no es un asunto que le incumba a la gente corriente. No venga usted a exigirme que atienda sus impagos. El elector concluye que se dedican a quemar el dinero público en obras que no sirven para nada y que esto es así porque ahí está su financiación ilícita. Los votantes de más edad se preguntan si quieren ser gente de sello UE, mientras que los más jóvenes lo tienen meridianamente claro.

El elector medio, sea viejo o nuevo, ha aprendido por fin que el poder representativo no puede resolver ningún problema de eficiencia de la burocracia española, que es quien dirige nuestro destino colectivo al dictado de los poderes reales. El hito es el de un gobierno sustentado en ciento ochenta y seis escaños que se ha mostrado incapaz de acometer cualquier reforma relativa a las administraciones territoriales. Véase, si no, su intento de reducción del número de municipios y el muy discreto abandono de esta idea. España es un conjunto de territorios autónomos donde cada cual tiene organizada las cosas a su manera y eso no lo desmonta ningún poder emanado del representativo sin un cambio profundo de todos. La basura de este pueblo la recoge esta empresa que le cuesta más a la gente que cualquier otra y no la va a recoger ninguna otra aunque sea más barata, ni este pueblo se va a fusionar con el vecino porque allí la basura la recoge otra empresa en otro entramado de intereses. Este pensamiento procede de un grupo de debate realizado con electores desmovilizados del PSOE en 2011 en la ciudad de Valencia.

Existe un problema grave de resistencia de los políticos y los burócratas españoles a implementar cualquier reforma, por lo que el elector concluye que la burocracia constituye un poder arbitrario y autónomo, un entramado mafioso en el que participan políticos, funcionarios y contratistas del Estado. Su naturaleza histórica es esa o así lo percibe la gente. Esta amalgama de poder que he llamado el bloque burocrático viene a ser lo que Pablo Iglesias llama la casta, que se expresa en forma de eres o gürteles y autovías sin coches, o depósitos Castor que aparecen donde no los quiere nadie y hay que pagar entre todos para que desaparezcan. Todos los caminos conducen al mismo lugar y es que se precisan profundos cambios en la mentalidad y las actitudes por parte de todos.

La ruptura de la mayoría social con este bloque burocrático que ha vivido por encima de las posibilidades de todos es un hecho incuestionable que ha precipitado el desprestigio de todas las instituciones de la democracia, incluido el modelo territorial del Estado. El sistema institucional heredado del siglo XX ha dejado de representar los lugares centrales o consensuados de la sociedad, por lo que la sucesión monárquica no se plantea como la continuidad de un orden sino todo lo contrario: es la única oportunidad que tiene el sistema institucional en su conjunto para transformar su estabilidad virtual en real y, para ello, su prioridad absoluta es que este orden nuevo sea el producto de un acuerdo duradero entre las distintas naciones que conviven en España. De otra forma la monarquía española no subsistiría hasta que llegara el momento de la unificación política de Europa. Subsistir y perdurar institucionalmente para algún día dejar de sancionar leyes nacionales porque ese es el futuro común de las monarquías históricas europeas.

La monarquía no es un problema sino todo lo contrario. El hito de la sucesión ya es el de la perestroika porque Felipe VI goza de la confianza de siete de cada diez ciudadanos, las personas que están dispuestas a vivir cambios profundos porque coinciden con el monarca en la urgencia de las reformas que requiere el orden institucional. Lo demás son inventos de los políticos, el problema.

2

CRISIS DE IDENTIDAD DEL ESPAÑOL

Y DEL MODELO TERRITORIAL

En España hay naciones distintas de la española que priorizan en el siglo XXI la independencia de sus territorios sobre cualquier otro objetivo político. A ellas pertenecen personas identificadas entre sí como semejantes en sus costumbres o en una cultura que entienden que es distinta de otras, se expresan electoralmente en sus comunidades autónomas de forma mayoritaria y definen sistemas electorales propios. Es un dato objetivo que España es un Estado plurinacional miembro de la Unión Europea y una evidencia que expresó Artur Mas el día de la proclamación del rey Felipe VI. La nación vasca y la catalana no se sienten integradas en españolidad alguna, algo tan normal como que otros no quieran euskaldunizarse. Y es normal sobre todo porque siempre ha sido así.

La negación de la plurinacionalidad del Estado español tiene que ver con el pasado predemocrático que afecta a las tres generaciones más antiguas de la población actual, pero no tiene nada que ver con otros 20 millones de personas. El problema puede resumirse en que en la Constitución de 1978 no podía constar que Cataluña o el País Vasco fueron naciones porque se habría producido un golpe de Estado; se escribió «nacionalidad» y aun así el intento de golpe se produjo. Esto nos dice que la Constitución de 1978 es posfranquista y estuvo inevitablemente condicionada por poderes predemocráticos. El modelo territorial de las autonomías no ha propiciado la integración de las naciones vasca y catalana, que son mayoritarias en sus territorios, por lo que no sirve o ha fracasado. Este y no otro es el problema que hay que resolver.

La sociedad actual no es plenamente española si 4 millones de sus habitantes se consideran otra cosa. Poner objeciones a esto o directamente negarlo es eludir la realidad y, por lo tanto, fracasar en la búsqueda de soluciones. Estas personas existen, aunque fastidien a muchos de los españoles más antiguos y existen desde siempre. En cualquier caso, la España del siglo XXI es un Estado plurinacional y también lo contrario porque no es necesario rasgarse las vestiduras por los asuntos patrios ni tener un sentimiento nacional de ninguna clase. El problema es de los más antiguos y le complica el futuro a la generación más joven porque estamos en el siglo de la unificación de los Estados soberanos, las federaciones y las confederaciones de Europa. Ante este horizonte, los problemas que plantea la plurinacionalidad del Estado parecen mucho más asumibles por todos, porque lo cierto es que la sociedad actual es menos española o castellana y más plurinacional que en 1975.

España es uno de los Estados más antiguos del mundo pero nunca ha sido una nación porque una parte de sus habitantes siempre se ha sentido de naciones distintas de la española. En nuestros días, la nación de seis de cada diez ciudadanos vascos es Euskal Herria, lo mismo que Catalunya es la de cinco de cada diez catalanes y Galiza la de casi dos de cada diez gallegos. El planteamiento institucional de la independencia de Cataluña en 2012 puso fin al consenso autonómico y con ello entró en barrena el modelo territorial del Estado. Es un hecho objetivo. Hay un precedente en 2005 que se conoció como Plan Ibarretxe, pero los nacionalistas vascos desistieron de convocar el referendo. Antes, siete de cada diez ciudadanos se declaraban conformes con el Estado de las autonomías, pero ahora ya no. Muchos de ellos prefieren un Estado central sin comunidades autónomas, otros se orientan hacia un modelo descentralizado o federal y se deduce que otros son confederados. Ya no existe un modelo territorial de referencia para la sociedad en su conjunto.

Esta dispersión de pareceres sobre la cuestión territorial ha situado al habitante del Estado ante su propia identidad y esto es algo que le resultó incómodo desde el inicio de la Transición política a muchos españoles por la estrecha asociación de los símbolos con la dictadura. Franco consiguió que todo lo que sonara a español sonara a predemocrático y centralista y se obvió el asunto, pero la situación actual obliga al habitante a revisar su identidad y a decidirse:

• Vivo en un Estado plurinacional del sur de Europa y lo es porque la identidad nacional de parte de sus habitantes es distinta de la española, y configura mayorías sociales en unos territorios (País Vasco amplia, Cataluña escueta) o minoría en otros (Navarra, Galicia).

• Vivo en un Estado del sur de Europa que es uninacional, la única nación que existe es la española y niego la existencia de otras.

La quiebra del consenso autonómico es un hecho, tanto los partidos políticos como los electores han movido sus posiciones y hay por ello mucha confusión. Los partidos de ámbito estatal no pueden representar la dispersión actual de preferencias de sus electorados sobre el modelo territorial, y sobre un censo total de 36 millones de electores, 14 millones de personas se inclinan hacia el Estado central, mientras que defienden el Estado de las autonomías tal y como lo conocemos 13 millones, y los 9 millones restantes se distribuyen entre el Estado federal, el confederado u otro que desconocemos donde algunas autonomías se independizan. Casi cuatro de cada diez ciudadanos que no son nacionalistas vascos o catalanes prefieren ahora un Estado central sin autonomías o al menos que la parte central recupere competencias, lo que es la consecuencia lógica de la pérdida de confianza en ese escalón de la administración territorial, que de nuevo tiene que ver con los políticos.

La percepción ciudadana generalizada es que buena parte de la deuda se ha generado en las comunidades autónomas donde se han realizado inversiones absurdas, gastos innecesarios y contrataciones arbitrarias de personal. El problema no tiene solución en la situación actual, porque el Estado de las autonomías ha forjado una cultura reivindicativa frente a la parte central, que es insolidaria entre los territorios y se opone a la filosofía federal. Esta nefasta cultura territorial se resume en la cláusula Camps del Estatuto revisado de los valencianos: me darás lo mismo que al catalán. Además de ceder el liderazgo de los intereses valencianos a otro territorio, es la cláusula que provoca un conflicto con Cataluña. Aporta tensiones, no cohesiona territorialmente y retrata la cultura que ha forjado durante cuatro décadas esa clase política convencional que ahora es detestada.

El problema es difícil de resolver, porque la España federal que sugiere el PSOE y la vieja izquierda en general no es viable desde el Estado de las autonomías. La solución autonómica fue un invento de los políticos y muchas de estas comunidades autónomas son de nueva planta o simples decisiones administrativas de la Transición. Cualquier otra solución del modelo territorial que se hubiera producido tenía que contar con la aceptación de los nacionalistas vascos y catalanes porque no había más problema de envergadura que encajar su demanda de autogobierno; lo demás era sobre todo descentralización administrativa. Por lo tanto, si se estableciera el Estado de La Rioja o el de Castilla-La Mancha, no respondería a la presión social de los riojanos o los castellano-manchegos, sino a una solución de los políticos como en su momento fue el establecimiento de estas comunidades autónomas.

Así pues, se trata de alcanzar acuerdos sólidos y duraderos, no de repetir la historia. Y hay que tener muy en cuenta este punto, porque el PSOE tampoco explica, continuando con el ejemplo, si en su España federal desaparece La Rioja englobada en las Castillas o si las Castillas se suman; no explican nada de esto. Son necesarios cambios profundos en el pensamiento político para encontrar las soluciones a un problema en el que es imposible la vuelta atrás, porque la determinación soberanista de las instituciones de Cataluña nos ha situado ya en otro escenario. En resumen, si el PSOE propone el Estado federal se encontrará con que no es esto lo que quieren 5 de sus exiguos 7 millones de votantes de 2011 y lo mismo le sucede al PP, que tiene que defender el Estado de las autonomías cuando prefieren un Estado mucho más centralizado seis de cada diez de sus votantes.

La demanda soberanista de Cataluña ha complicado la situación política de los actores históricos del negocio de los votos y ha abierto un frente de crisis permanente del sistema, que es un bucle porque se desestabiliza a sí mismo como factor crítico de fondo y además hoy el desconcierto de la clase política es generalizado. El PP no puede hacer otra cosa que defender el statu quo, mientras que la mayor parte de sus votantes de más edad suprimiría las comunidades autónomas. Los votantes del PSOE prefieren lo que hay o un Estado central antes que federal (CIS, barómetros), mientras que Pedro Sánchez habla de otra cosa.

Por otro lado, el eje identitario (nación única o Estado plurinacional) cruzado sobre el espacio ciudadano de ruptura (electores sumisos al orden europeo o no) define un nuevo cuadrante para la ultraderecha española del siglo XXI. Se trata del espacio ultranacionalista español xenófobo y antieuropeísta, que tiene posibilidades de éxito electoral en ciudades como Madrid o Valencia a partir de votantes englobados en el PP o ya en la abstención.

El dato objetivo es que el Estado de las autonomías fue un pacto entre élites que no ha resuelto el problema de integración de las distintas naciones en un Estado. Por lo tanto, el consenso autonómico forma parte del pasado de la sociedad en su conjunto y también de la política formal porque el más objetivo de los datos es la ruptura del modelo territorial del Estado por parte de los partidos políticos nacionalistas y las instituciones autonómicas. Ahora las personas en el País Vasco y en Cataluña expresan su necesidad de Estados propios y también de parlamentos y presidentes. No escuchar estas voces es una actitud que se sale de la historia. El viejo político español del lado derecho del sistema no quiere oír hablar de este asunto y el del lado izquierdo no sabe muy bien lo que quiere, pero esto no es una fatalidad, sino las dificultades específicas que hay que superar en ese cambio en la mentalidad y algunas actitudes que exige la situación.

Son tres los conceptos ineludibles que hay que considerar si se quieren encontrar las soluciones a este problema: 1) en España hay varias naciones; 2) el Estado de las autonomías es un modelo de convivencia insuficiente, y 3) las mayorías sociales vasca y catalana están expresando la voluntad de transformar sus comunidades autónomas en Estados.

Estos tres conceptos tienen que ser considerados para construir la convivencia de todos, porque a priori no hay problema que no tenga solución o dificultad que no se pueda superar. Si fuera algo irresoluble estaríamos hablando de otra cosa llamada desgracia. De momento, lo único que vale o tiene prestigio del sistema político institucional es que aprueban al rey Felipe VI siete de cada diez ciudadanos, aunque tres de ellos se declaren republicanos. Estos datos son muy importantes. La abdicación del rey Juan Carlos I tiene que servir para cerrar una etapa de cuarenta años e iniciar otra impulsada por los más jóvenes donde se pueda materializar el doble paradigma de la potencia europea occidental y del pueblo o la nación de Europa. Será una nueva etapa donde desaparecerán los interlocutores políticos del siglo XX, ahora ya desprestigiados y despreciados por todos, y tiene que ser necesariamente así porque la situación no tiene ningún sentido. Los protagonistas del presente y los dueños del futuro son los nacidos en 1974 o con posterioridad, que representan el 34% del censo electoral, una proporción que aumenta todos los días del año. Son los ciudadanos nuevos del mundo global.

Se tiene que desarrollar un proceso constituyente con la participación directa de los ciudadanos y se debe concluir este proceso con un referendo sobre la continuidad de la propia monarquía. El consenso autonómico ya es historia y el Estado federal que plantea el PSOE no resuelve las aspiraciones de las naciones vasca y catalana, así pues la única solución mayoritaria es una monarquía como la belga o una república como la helvética, lo que prefieran las personas. Incluso podría sumarse Portugal en este esquema, un paso que sería eficaz porque estamos en el camino de la unificación política de todos los territorios europeos.

En ese horizonte cabría preguntarse dónde quedan las monarquías históricas como la española. Se puede decir que la monarquía tiene sentido como ventaja diplomática heredada porque la institución no está adscrita a ningún partido, lo cual tiene un valor singular en la representación institucional del Estado. Digamos que se puede comprender este papel de la institución pero siempre vinculado a los intereses del Estado.

Por lo tanto, la conclusión es que la monarquía histórica europea pierde cualquier sentido político en una Europa unificada, pero a esta idea podemos añadir la observación de Enric Juliana de relajarse un poco o no dramatizar tanto. Pónganse Urkullu o Artur Mas en los zapatos del monarca y entenderán que el primer interesado en restablecer la convivencia es él mismo, que además es consciente de que tendrá que ser refrendado después de un vertiginoso proceso de reformas para subsistir aquí en tanto Europa no se unifique políticamente. Con siete de cada diez ciudadanos a favor, el rey puede impulsar los cambios que la propia institución necesita para hacer el tránsito, que son los mismos que requiere el actual orden institucional para subsistir y son tan profundos que producirán otro.

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LA UNIÓN EUROPEA, ESPAÑA Y SUS NACIONES

La Unión Europea y la zona euro constituyen una superestructura económica y financiera cuyas exigencias anulan la soberanía de los Estados miembros no convergentes. En la Unión Europea se es soberano si la economía crece, si hay productividad, si se ahorra y si se puede redistribuir. Y la soberanía solo se aplica para esto último: redistribuir la riqueza. La Unión determina cuánto se puede endeudar un Estado miembro, y lo que indica se cumple cueste lo que cueste. Es así como funciona. España está al frente de la pobreza infantil y Cáritas anunciaba en junio de 2014 que la demanda de su asistencia se había triplicado y que no tenían infraestructuras ni recursos para atender a más personas. Que Cáritas pida auxilio en el siglo XXI en el primer mundo porque la gente pasa hambre en algunos lugares como en España es una idiotez en términos globales.

Sin este espacio de soberanía económica, la política de los partidos que gobernaban hasta ahora se unifica porque, antes que cualquier otra cosa, están obligados a reducir el déficit público o a converger y, en definitiva, a cumplir con los compromisos comunitarios. El PSOE y el PP, PASOK y Nueva Democracia en Grecia o el Partido Democrático y el de Berlusconi en Italia se han visto obligados a hacer lo mismo: recaudar más dinero y gastar menos. La gente lo entiende y percibe que estos partidos gestores en realidad son los dos lados del mismo sistema. Muchos electores les retiran el apoyo y se tienen que agrupar los hasta entonces rivales al tiempo que los tribunales evidencian que son la parte principal del problema. Esto es común en el sur bruto y endeudado y es así como nacieron Syriza, el M5S o más recientemente Podemos: son los aliados de las personas normales frente a su poder representativo. De ello, se puede concluir que la política unificada de reducción del déficit en las sociedades secularmente corruptas y clientelares del sur tiene como coste la configuración de mayorías emergentes enfrentadas al poder representativo preexistente y el hundimiento literal de sus sistemas electorales y órdenes institucionales.

El marco referencial que emplea la Unión Europea para asegurar su dominio o su poder institucional sobre las personas en España se estructura sobre la idea de que «la economía española no es viable fuera del sistema (euro)». Esto no está escrito en ninguna parte, pero es el concepto central mediante el que la Unión impone el respeto hacia sus referencias institucionales y sus políticas: fuera de la Unión Europea solo encontrarás pobreza. Un dogma que parece exagerado cuando Estados como Finlandia u Holanda se pueden plantear el futuro por su cuenta con un tamaño minúsculo y esto nos dice que el tamaño no es lo importante para las personas, aunque sí lo es para los poderes patrimoniales y financieros que operan en una escala global. Estar fuera de la Unión Europea, por otro lado, es una opción que no existe para un Estado con un PIB del tamaño de España.

La necesidad de esta pertenencia a la zona euro es directamente proporcional al patrimonio. Según esta idea, cuanto más se tiene más se pierde fuera del euro. Es, por otro lado, un concepto de viabilidad asociado a una ventaja en riqueza económica sobre otras regiones del planeta, luego intrínsecamente insolidario o divergente en el gran plazo de la humanidad. Además de esto, es un dogma y una estafa intelectual porque las condiciones fuera del euro serían otras, nada más. Negar la viabilidad futura de uno de los Estados más antiguos del mundo es además una necedad porque España no se hundiría en el mar al día siguiente de salir de la Unión Europea o el euro. Invertir, financiar y establecerse en España sería atractivo para otros agentes.

El elector de la ruptura le ha dado la vuelta a una situación que es estrictamente teórica porque del euro no sale nadie. Es exactamente al revés. La Unión Europea iguala a Estados Unidos pero no sin España y además le alcanzaría China. Por lo tanto, no pueden excluir a España del euro sin perder mucho en el negocio financiero mundial. Aparte de esto, ¿se quedaría fuera para dejar de cobrar? Es exactamente al revés, insisto. Se hará lo que sea necesario para que España permanezca en la Unión Europea y el euro.

El euro es hoy por hoy un negocio financiero franco-alemán de dudosa conveniencia para las sociedades del norte que exige de momento el empobrecimiento a las personas de las sociedades clientelares del sur y así seguirá siendo en tanto no se haya producido una regeneración firme. La posición inexpugnable de las nuevas mayorías del sur es la de no pagar la deuda mientras la justicia no determine qué parte no es legítima, con la certidumbre de que la Unión Europea tendrá que proponer finalmente otras políticas.

Este marco de la irreversibilidad del euro es la pieza central del poder institucional de la Unión Europea y necesita los esfuerzos de todos los Estados miembros de la zona. Quebraría si un Estado abandona el euro o la Unión. Por eso se evitó a toda costa la salida de Grecia. Las encuestas dicen que esa ya es la posición de su mayoría social, y la italiana va por el mismo camino. Este marco explica todo lo demás: la reducción del déficit conforme a los compromisos comunitarios, las privatizaciones consecuentes y, en definitiva, el adelgazamiento de lo público en lo que se considere conveniente.

Sobre este marco de la irreversibilidad del euro se estructuran las decisiones de voto de una parte decreciente del electorado, los que eligen directa o indirectamente a los partidos del sistema como el PP y el PSOE. Esta parte del electorado está dispuesta a asumir la política unificada de reducción del déficit público que impone la Unión Europea en los Estados no convergentes del sur, donde el papel de los socialdemócratas es diáfano y, por lo tanto, la actitud del PSOE ya es la propia de quien no ha asumido para qué está ahí.

Una vez que las personas han asumido que fuera del euro solo hay miseria, los poderes públicos hablan de la deuda de las familias y las empresas y dicen: «Habéis vivido por encima de vuestras posibilidades». El elector medio nunca ha vivido por encima de sus posibilidades, se ha endeudado en lo que ha podido y ha cumplido siempre con sus compromisos. Es un dato objetivo que casi la totalidad de los propietarios de inmuebles hipotecados en España cumple con sus vencimientos, y otro que este es el único endeudamiento de envergadura de las personas normales a lo largo de su vida. Esta es la tasa de cumplimiento de las personas en España, la gente corriente se endeuda en lo que puede pagar y lo paga. Así pues, no es cierto que el elector medio haya vivido por encima de sus posibilidades porque eso es algo que solo pueden hacer las rentas más altas, las empresas, los bancos y las administraciones. Y los políticos.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de marzo de 2013 relativa a la legislación hipotecaria le vino a decir al elector que los partidos políticos acomodaron sus principios a los intereses de los poderes financieros desde el inicio de la democracia. Podría concluirse que es una responsabilidad compartida, los primeros desprotegiendo deliberadamente a las personas y los segundos beneficiándose de ello. Lo han descubierto los ciudadanos nuevos actuando al margen de las viejas organizaciones políticas. Un dato demoledor para el PP y para el PSOE y aun quizá más para IU. Fueron los más jóvenes organizados por su cuenta quienes denunciaron y provocaron la sentencia del TJUE en marzo de 2013 que obligó a dejar en manos del poder judicial los desahucios y a rebajar los intereses de demora. Recuperaron para las personas lo que los partidos políticos habían asignado a los poderes financieros mediante una legislación abusiva, predemocrática y precapitalista que saca ventajas de la ignorancia de las personas. España ha sido así desde siempre y ahí están sus logros o su hispanidad.

El sistema oculta la información deliberadamente porque no se puede saber que las personas normales no se endeudan en más de lo que pueden. La deuda de las familias que no se destina a comprar vivienda se concentra en unas rentas tan altas que coinciden con los poderes patrimoniales. Y por otro lado, la deuda de las familias no es miscible con la deuda de las empresas. Nunca encontraremos la información desagregada porque así se hace pagar a la gente.

Por lo tanto, en la zona de ruptura el enemigo que hay que batir está identificado y es el concepto familias y empresas. Así es como ejerce el poder la Unión Europea: responsabilizando a las personas sobre un total por pagar que no es suyo. Quienes han generado la deuda son las empresas, sobre todo las del Ibex35, los contratistas de lo público, las rentas más altas y, por supuesto, los políticos y los burócratas corruptos. Y quienes la han financiado son los bancos de la Unión Europea. Nada de esto tiene que ver con la gente corriente.

El espacio europeo es un área de actividad económica que define una zona de mercado, pero es sobre todo la ciudadanía o las seguridades que requieren las sociedades más avanzadas. Y la ciudadanía conlleva el respeto, la cooperación, la solidaridad, el diálogo y el aprecio en la convivencia. Por el contrario, la política e incluso la normativa española suelen aprobarse mediante el desencuentro, como, por ejemplo, las leyes de educación. Aquí las cosas se hacen con la actitud posfranquista del «aquí mando yo». La civilización europea occidental es la solución negociada y el lugar central como eje de la convivencia aunque de momento esa centralidad sea marcadamente franco-alemana y financiera. Lo dijo Viviane Reding: resuelvan ustedes sus problemas territoriales mediante el diálogo, pónganse de acuerdo en algo. Muchos de los españoles más antiguos tienen que cambiar profundamente porque las democracias más avanzadas hacen que su pensamiento sea claramente predemocrático.

Lo ilustro con un ejemplo. En febrero de 2012, el PP y el PSOE votaron en contra de la ilegalización de Amaiur en el Congreso de los Diputados. Repito: el PP de Rajoy votó en contra de la ilegalización de Amaiur. Los de Rosa Díez cosecharon sus cinco votos a favor por trescientos veintiséis en contra y cero abstenciones: todos los diputados presentes en la Cámara le dijeron a UPyD que ETA es una cosa y Amaiur es otra. En esta civilización que define la vieja Europa y la normativa UE quien es legal es normal y es así por lo menos hasta que llegas a los Pirineos. Cualquier sentencia del Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo es una norma de convivencia de nuestra civilización y como tal hay que explicarla, por lo que todas las reservas del PP, el PSOE y no digamos de UPyD respecto a la sentencia relativa a la doctrina Parot son únicamente españolas, no son europeas occidentales. Rajoy calificó la sentencia europea contra la doctrina Parot de injusta y con esto transmitió la idea de que los etarras estaban saliendo de la cárcel sin cumplir sus condenas. ¿Para qué? Es una didáctica que no tiene nada que ver con los valores de la convivencia europea, esas reservas no son convergentes.

Este pensamiento político español antiguo bloquea cualquier avance hacia su integración en la sociedad europea del siglo XXI y convierte esta postura en el principal problema que hay que superar. Un presidente que califica de injusta una sentencia del Tribunal de Estrasburgo no representa los valores de esta civilización. No es una opinión, es algo objetivo. Representa otros que pueden ser parecidos pero no encajan porque la convivencia europea se construye con piezas de origen.

En resumen, la política unificada de reducción del déficit público que impone la Unión Europea y que se aplica en España mediante el PSOE y el PP propone el empobrecimiento de todos y la exclusión de los más jóvenes durante décadas. Es así porque la distribución de la renta es muy desigual en España. Estamos en el siglo XXI y las generaciones más jóvenes de todo el sur de Europa se han movilizado para encontrar en un nuevo espacio electoral a sus mayores. Las evidencias incontestables de la rebelión de los jóvenes son los resultados no deseados que producen los sistemas electorales, como la progresión de Syriza hasta la condición de primera fuerza política en Grecia, el M5S en Italia o la abstención electoral en España hasta la eclosión de Podemos y las candidaturas ciudadanas de este año. Los costes electorales de aplicar estas políticas de la Unión Europea en el sur de Europa son desproporcionados, no se pueden cumplir las legislaturas y la gente se organiza en pocos meses y asalta los sistemas: Anova, CUP, Podemos. Los resultados no deseados expresan la oposición ciudadana pero también y de un modo contundente la despreocupación creciente sobre el abandono de la zona euro. Son electores que se sienten a merced de estafadores y otros que se empobrecen dentro de la zona o no tienen futuro.

En otro orden de cosas, la Unión Europea está blindada en su concepción ante el secesionismo cuando basta el veto del Estado implicado en un conflicto de esta naturaleza para zanjar el asunto; aquilata este compromiso de sus fundadores y lo traslada a los Estados adheridos. En definitiva, el corso no puede decir nada porque el francés lo veta. De esta realidad debe partir cualquier análisis y con esta realidad hay que construir cualquier planteamiento de convivencia siempre que nos movamos en parámetros convencionales de la UE; a Merkel o a Hollande no se les puede hablar de secesión ni de declaración unilateral de independencia, esto es un propósito totalmente desenfocado. Desplazar el PIB catalán o el vasco a otro espacio dentro de la Unión Europea es sobre todo una complicación para los poderes económicos y financieros si no entienden exactamente dónde está el beneficio. La Unión Europea no va a dar facilidades a los independentistas, menos el BCE y menos aún las empresas del Ibex 35.

El elector soberanista catalán mayoritariamente contempla la posibilidad de una Cataluña independiente dentro del euro y algo parecido le pasa al vasco. Por el contrario, para el español que rompe con su sistema el euro es un asunto menor. El espacio ciudadano de ruptura de las sociedades endeudadas del sur de Europa define una revolución que supera a los Estados y las cuestiones nacionales. En ese escenario y en este siglo de la unificación, las cuestiones nacionales vasca y catalana son realidades que no van a dejar de tributar en la Unión ni van a escapar a su normativa sean jurídicamente Estados soberanos, federados, confederados o partes de un Estado. Cualquier conflicto que plantee una comunidad autónoma española lo será también de un Estado miembro de la UE y lo tendrá que resolver dentro de su legalidad y sin causar problemas o de modo convergente. Sin embargo, la generación más joven necesita soluciones definitivas porque la situación es terminal y, si no la resuelven los políticos desde el statu quo, la resolverán las personas de otra forma.

En el desarrollo de estas políticas de la Unión Europea a lo largo del tiempo y en una reflexión obligada por las circunstancias, los ciudadanos nuevos descubrieron que el PIB per cápita español es parecido al francés y dedujeron que si no tienen futuro ni ven un euro en su bolsillo es por el desigual reparto de la riqueza. Los datos objetivos nos dicen que la materia social más antigua está poco elaborada o es muy bruta, sumisa y clientelar, que son características que comparte con las sociedades portuguesa y griega. Comparte con griegos e italianos la corrupción de la clase política y la quiebra de la confianza ciudadana en las referencias instituciones, además de acreedores, eurobonos virtuales y movilidad limitada. Pero también comparten estas sociedades la disposición de una mayoría creciente para recuperar la soberanía monetaria si es eso lo que se les plantea, porque quien se empobrece dentro de la zona no tiene nada que perder. Quien pierde fuera de la zona son los bancos y poderes patrimoniales, que no se pueden autoexpulsar. Es ahí donde reside el poder teórico último de los ciudadanos del sur de la Unión Europea. La batalla es teórica y la inteligencia ciudadana en red ha desbordado la capacidad de respuesta del sistema, que va a remolque en las nuevas situaciones.

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LA RED HA LIBERALIZADO EL NEGOCIO

DE LOS VOTOS

A finales del siglo XX se inició una revolución de los materiales y las tecnologías de la comunicación que ha tenido como una de sus consecuencias la creación de la red en un ámbito global. Su influencia transformadora en la evolución de la humanidad se concreta también como un contrapoder ciudadano formidable que sería largo de explicar. Las primaveras árabes de 2011 fueron posibles gracias a esta revolución previa. Solo esto, no es necesario dar más ejemplos. Gracias a esta red la humanidad ha socializado el conocimiento, los ciudadanos generan su propia información, los especialistas se encuentran con facilidad y el hallazgo del dato o la evidencia están antes en la red que en las publicaciones científicas. Otros ciudadanos no jerarquizados pero sí expertos aportan su conocimiento a caballo de distintas disciplinas, sugiriendo así espacios nuevos. Los límites de las materias se desdibujan y la jerarquía científica, aunque se resiste, cambia. El fenómeno es grandioso pero es esencialmente caótico y el futuro muy incierto. La conversación permanente en las redes sociales es multimillonaria y ahora se progresa a otra velocidad y de un modo verdaderamente pluridisciplinar. La misma tecnología por la que se obtiene el conocimiento actúa como el medio de comunicación de conclusiones y hallazgos. Esto es la sociedad en red del siglo XXI. Ahora es cuando abandonamos la prehistoria y empieza la verdadera historia de la humanidad.

El problema del sistema institucional español no está en la calle, está en la red porque ha descubierto a los ciudadanos o administrados que el funcionamiento de sus instituciones es mucho más que deficiente. La red está en la esencia del poder financiero global, pero también es un arma formidable para el control ciudadano de las instituciones, una herramienta para la justicia social y la verdad y un medio del mundo global que ha liberalizado el negocio de los votos en el sur de Europa.

En el ámbito electoral, la red significa sobre todo el final del monopolio de la verdad. Lo que sucede está en la red. Como muestra, un botón. Se dieron órdenes desproporcionadas y hubo brutalidad policial en los sucesos del Instituto de Enseñanza Secundaria Lluís Vives de Valencia que generaron la primavera valenciana en 2012. No hubo radicales ni respuestas proporcionadas. La verdad está en la red porque ahí están los vídeos y los testimonios de los ciudadanos. La verdad oficial se transforma entonces en mentira oficial: lo sabemos todo porque la gente informa, graba, denuncia. YouTube se transforma en vigilante al tiempo que en un arma electoral. Los medios convencionales son percibidos ahora como parte inequívoca del sistema, alineados con la clase política y los poderes. Su verdad es ahora menos cierta que la verdad ciudadana y se perciben posicionados con relación a las mentiras oficiales.

Del otro lado de la raya están los ciudadanos nuevos que han roto con el sistema de representación y su medio es la red. Ahora es perceptible y delimitable el conjunto de intereses creados sobre la función de representar ajenos a esta, de tal modo que las instituciones de la democracia pierden legitimidad de modo proporcional a la cantidad de mentira oficial y de trampa que contienen. La sociedad visualiza el bloque burocrático español y lo identifica como el enemigo a batir. Se desvanece la confianza ciudadana en las instituciones, y el sistema entra en crisis porque el ciudadano es cada vez más consciente de la nula representatividad de los partidos políticos y concluye al fin que están enormemente condicionados por los intereses que ellos mismos han construido y están parasitando la función de representar.

La red también es ciudadanía, convocatoria, movilización, participación política, solidaridad, libertad y pensamiento crítico, un lugar de encuentro y de producción, un lugar de acción. La red es el arma para el activismo cultural y político del siglo XXI y para un desarrollo vertiginoso en el tiempo de la sociedad civil y el control inmediato de las instituciones de la democracia. Red es control: vigilancia ciudadana de los recursos públicos, representantes y gobernantes. Es participación de la juventud y futuro. Los jóvenes ciberactivistas españoles son la vanguardia continental y global, su capacidad de convocatoria y de movilización es asombrosa. Red es programa económico y solución ciudadana, es una herramienta para la creación de actividad y empleo. Es volver a empezar y también es comunicación intergeneracional, el aprendizaje de las nuevas tecnologías de las comunicaciones y del conocimiento lo realiza la generación más joven que enseña a las precedentes. Se acortan las distancias distintivas y la sociedad cambia. La red es el arma definitiva para fijar las nuevas posiciones ciudadanas organizadas en modo electoral.

En España ha caído un modelo de gestión, una ética de lo público y un sistema de representación (el bipartidismo), todo a la vez, y este último cae a pesar de estar blindado por la Ley Orgánica 5/1985 de Régimen Electoral (LOREG): la red impone por último la liberalización del negocio de los votos. La LOREG ha perdido buena parte de su eficacia al servicio del sistema pero se volverá en su contra este año donde las candidaturas ciudadanas superen las posiciones del PSOE o del PP, que será en un buen número de provincias y en los grandes municipios metropolitanos. Sucederá como en Grecia, donde la prima de cincuenta escaños sirve para lo contrario de lo que se pudo pretender.

El aprendizaje último de todo esto es que ya no hace falta ser sistema ni parecerlo para concurrir a unas elecciones con posibilidades de éxito. El fenómeno de la elección es una decisión que se produce a partir de la información de que se dispone, aunque también de un condicionamiento determinado; porque a diferencia de la elección entre Burger King o McDonald’s es común elegir una segunda opción personal para evitar el triunfo de una tercera, el llamado voto útil. Sí, pero sobre la información de la que se dispone y es aquí donde se ha producido un cambio sustancial en el negocio de los votos: en el control de la información de que dispone el elector.

La revolución tecnológica de finales del siglo XX ha propiciado la intercomunicación global y la autocomunicación social. Estos fenómenos han derivado en la socialización del conocimiento de la humanidad. Ni más ni menos. Esta socialización en tiempo real y sobre un medio autónomo como la red ha roto el monopolio de la verdad que ejercía el conjunto de los medios convencionales, que están perdiendo influencia sobre un número creciente de decisiones de voto que se toman en el nuevo entorno de la red donde también ocupan espacio.

La clase política y los medios de comunicación, o los creadores de opinión, entienden del resultado político de unas elecciones generales los votos válidos y el número de representantes que obtiene cada partido en cada sitio, pero no conocen el comportamiento electoral de las personas. Desconocen el efecto de la legislación electoral sobre el comportamiento, por lo que no pueden definir los límites de la razonabilidad de los resultados políticos ni sus zonas de riesgo. Esto no tiene mayores consecuencias cuando los sistemas electorales son estables, pero en las circunstancias actuales les pasa inadvertida la desmovilización masiva del electorado del bipartidismo, que es el fenómeno principal que se viene produciendo desde mayo de 2010, hasta la eclosión de Podemos y luego de Ciudadanos. Y de la desmovilización electoral se puede decir lo mismo que del desempleo: si las personas no están trabajando o votando, los sistemas se hunden.

Para entender mejor la situación, pondremos un ejemplo. En Castellón, que reparte cinco actas, siempre han ganado esos escaños los mismos que en España, fueran UCD, el PP o el PSOE, pero este año puede suceder lo mismo que en Salamanca y es que aparezca por primera vez un tercero en una circunscripción blindada. También aparecerán escaños para terceros en otras donde nunca había sucedido nada, como Huelva, Almería, Burgos o Toledo. La desmovilización electoral del bipartidismo tiene una incidencia delimitable sobre el resultado político, pero objetivarla requiere de un conocimiento profundo de la materia electoral. Este es el cálculo especializado que le falta en estos momentos al sistema institucional, porque no puede saber cuáles de sus números son los buenos: cuanta más incertidumbre, más se los cambian.

Los políticos o los periodistas no tienen por qué ser especialistas en estos cálculos y nadie les ha informado sobre este asunto, o bien las informaciones que reciben son parciales y se contradicen. Los medios convencionales intervinieron con competencia hasta las elecciones generales de 2008, cuando la red aún tenía una actividad incipiente en este campo, pero dejaron de hacerlo en los comicios autonómicos de 2012, cuando ya estaba plenamente desarrollada. La campaña de las elecciones autonómicas de Cataluña de ese año certificó la incompetencia electoral de los medios convencionales y la consecuente crisis del negocio de los votos. Los medios catalanes actuaron con criterios clásicos desconociendo u obviando que al menos tres de cada diez de las decisiones de voto de la mitad más joven del censo residente en los ámbitos más urbanos, como Barcelona y Tarragona, se producirían en la red. No vamos a detenernos en esto, simplemente hay que dejar claro que los medios influían sobre los electores indecisos hasta la configuración final del resultado, pero desde 2012 la red ya había roto el monopolio de la información.

La campaña de las elecciones autonómicas de Cataluña de 2012 aportó el hito de la incompetencia electoral de los medios convencionales y la liberalización del negocio de los votos. Los medios presentaron a la mayoría social de Cataluña claramente decantada por la independencia, con la mayoría absoluta de CiU, o a punto de alcanzarla, y ERC con más escaños que en 2010. El CEO de la Generalitat —organismo equivalente al CIS— y las encuestas de los medios convencionales construyeron esta realidad preelectoral que era errónea. El resultado fue el contrario a sus intereses porque desencadenaron una reacción españolista de otros electores que reforzaron los resultados de Ciutadans, el PSC y el PP. El avance unionista en Barcelona y Tarragona enjugó la movilización nacionalista, con lo que se alcanzó una configuración final del resultado que fue contraria a lo anticipado y defraudó todas las expectativas. La sucesión de primeras planas de todos estos medios fue para enmarcar lo siguiente: el frente soberanista sin ICV-EUiA, porque no estaban ahí en esa campaña, ganaría diez escaños a los partidos concordantes con España, que es donde estaban entonces los de Joan Herrera.

Los medios catalanes admitieron por fin que CiU no conseguiría la mayoría absoluta pero sería por el ascenso de ERC, la CUP e ICV-EUiA, que le ganaba espacio al PSC. Nada de Ciutadans. Insistieron hasta el final en la idea de que al menos siete de cada diez diputados de las nuevas cortes serían soberanistas. TV3 lanzaba a los cuatro vientos la noticia de la mayoría absoluta errónea pronosticada por el CEO de la Generalitat y también anunciaba que la participación sería histórica antes de que la gente empezara a votar, el domingo 25 de noviembre.

Ahora es evidente que presentar a la sociedad catalana un Parlamento donde el soberanismo ganaba diez escaños sin contar los de ICV no fue una buena idea. Y animar a la participación electoral en ese clima de euforia secesionista, peor aún. Por lo tanto, los medios convencionales catalanes consiguieron unos resultados contrarios a sus intereses fracasando en términos de mercado y con ellos unos partidos políticos que quedaron completamente desorientados sobre cómo enfocar sus acciones promocionales futuras.

Las elecciones autonómicas de Cataluña de 2012 nos dijeron también que estos medios ya no delimitan las posibilidades de éxito de una formación. No son necesarios en el espacio de la ruptura ni sus campañas millonarias logran ocultar las candidaturas no deseadas. Ya no hacen falta millones de euros ni medios convencionales ni tan siquiera líderes carismáticos: los ciudadanos se organizan en la red, aglutinan su resultado electoral delante de todos e irrumpen en el sistema, algo impensable hace unos años. Por último, el tercer aprendizaje de esos comicios fue que los ciudadanos nuevos, en el peor de los contextos (el voto útil a ERC), desde una esquina del mercado y con cuatro euros en el bolsillo pueden asaltar el sistema de representación y situar hasta tres diputados rebeldes. Esto es lo principal, que sus decisiones de voto se resuelven en la red en ámbitos metropolitanos como Madrid, Barcelona o Valencia de forma autónoma con coste cero y con peaje cero.

El sistema no controló el negocio de los votos en las elecciones autonómicas de Cataluña de 2012 y era la segunda vez que sucedía. La AEG y la CUP confirmaron que los movimientos ciudadanos que viven en la red tienen capacidad para asaltar el sistema de representación sin organizaciones vetustas ni presupuestos multimillonarios ni el favor de los medios convencionales, porque su influencia no llega al lugar donde los más jóvenes deciden su organización y su voto y estos son además los prescriptores.

Las elecciones en Cataluña de 2012 establecieron el hito de la liberalización del negocio de los votos en España, al tiempo que evidenciaron la crisis del bipartidismo, también en los sistemas particulares. Los dirigentes del PP y del PSOE parecían extrañamente perdidos, aún más después de las elecciones europeas, y dudo que sepan afrontar las contiendas electorales de 2015. No se fían de sus números y los medios tampoco saben muy bien qué hacer, porque no entienden el comportamiento electoral y se encuentran con los resultados o no los ven venir. El PP y el PSOE solo sabrán resistir: captan a tres de cada diez electores en España que además son muy mayores. Por el contrario, en el espacio de la ruptura las campañas están muy claras porque las determina la demanda y se plantearán para progresar hasta límites insospechados en la segunda semana: saben cómo.

Lo principal de todo esto es que los medios de comunicación no podrán intervenir de forma competente en los procesos electorales en tanto no entiendan los límites de su influencia actual y lo que sucede más allá de los límites a los que llegan. Se trata de un trabajo que no se improvisa. Podría decirse por los resultados conseguidos por algunos partidos que se han dormido en los laureles o en la autocomplacencia de la influencia en unos tiempos en los que las ideas vienen desde abajo y hay que estar con los pies en el suelo para entender lo que está sucediendo. Los medios están arriba y no controlan los efectos no deseados de su intervención en los procesos electorales, que se manifiestan ahora exagerados, y no saben cómo resolver este problema. Mi recomendación es que se limiten a informar para no perjudicar sus propios intereses.

Estos medios dirigieron la campaña de las elecciones generales de 2008 mucho más que los contendientes, perdieron influencia electoral en 2011, y en 2012 se manifestaron incompetentes. Los mismos que configuraban los resultados mientras monopolizaban la verdad antes de la autocomunicación social mejor que ahora no te ayuden, o que Dios se ocupe de mis amigos que yo ya me ocupo de mis enemigos, como decía el líder valencianista Vicente González Lizondo, porque la cosa está así de desvencijada.

Que el sistema está desconcertado lo demuestra el producto de la comunicación política de estas elecciones catalanas, con La Vanguardia o El Periódico trabajando finalmente para espacios ajenos a sus intereses, pero también la rectificación de El País en verano de 2013, situando al PSOE en el 30% de los votos válidos, que era su sitio después de arrastrarlo dos años por el 22%.

Más recientemente tenemos el caso Podemos que sirve para explicar por qué estos medios antes influyentes son incompetentes y van a remolque de las situaciones. Podemos fue promocionado por La Sexta y el CIS y luego por todos, una inversión impagable y probablemente no deseada y forzada por la necesidad de justificar el fenómeno y el escaso parecido de sus escenarios preelectorales con la realidad. Los medios convencionales no entienden las contiendas actuales y lanzaron al estrellato a Podemos, que alcanzó de inmediato resultados muy importantes en unas encuestas, que a su vez tiraron de todas las candidaturas ciudadanas municipales. Y por último, el PP se planteó reformar la ley electoral: aquí visualizamos que el sistema va a remolque y que el fenómeno Podemos se explica mucho en su incompetencia electoral.

Se puede pensar también que el sistema institucional apoyó decididamente a las candidaturas de la ruptura en términos estratégicos clásicos. El CIS pudo entender que Pablo Iglesias dividía el espacio de la izquierda en unas elecciones muy ajustadas, así que interesaba lanzarlo; pudo asignar un eurodiputado a Podemos igual que no hacerlo, con la estructura de datos que tenía. Asignar ese eurodiputado significaba promocionar a Podemos. Decidieron hacerlo y fue honesto porque con esos números estaban más dentro que fuera. Pero Podemos no dividió a la izquierda, sino que configuró un espacio diferente que es transversal y llegó a representar enseguida a más de 3 millones de electores.

Suponer que la ruptura es un asunto de la izquierda es un pensamiento español antiguo que impedía comprender la situación. Sondaxe realizó un estudio poselectoral en junio de 2014 que demostró la transversalidad plena de este nuevo electorado. Tres de cada diez votos de Podemos en Galicia llegaron del PSOE y otros tres del entorno nacionalista, pero dos llegaron del PP y otros dos estaban desmovilizados. Así pues, la ruptura no es un asunto de la izquierda sino de todos.

Y en Cataluña los medios le hacen la campaña a ERC todos los días porque prescriben poco o van a remolque de la sociedad civil. Se pueden compartir o no los motivos de esta rebelión de la nación catalana, llevan cuarenta años esperando a ver qué hay de lo suyo y hacen bien en retirarle el saludo a quien no quiere hablar, pero tampoco dejan votar a siete de cada diez que quieren hacerlo para tomar un dato y esa mayoría es aplastante. No se puede confundir a la gente desde el poder porque eso se llama totalitarismo, e imponer el pensamiento único se llama fascismo. Los nacionalistas catalanes están convencidos de que suman ocho de cada diez de sus ciudadanos, una conclusión que es producto de una propaganda detestable. No es cierto o, incluso, es rotundamente falso. Incluyendo a ICV, no alcanzan los 2,7 millones de votos o, lo que es lo mismo, la mitad del censo electoral de Cataluña, aunque ganen las elecciones con más del 50% de los votos válidos. Son casi cinco de cada diez los que firmarían ahora mismo la independencia de Cataluña. No son seis ni siete ni ocho. Hay que objetivar el problema y tratar de encontrar las soluciones, no hay que inventarse nada.

Los problemas solo se resuelven desde la verdad y lo de Nate Silver se lo encuentra uno por todas partes. Las posibilidades previas asignadas son demasiado fuertes y las de los nacionalistas de CiU y ERC no lo son menos. A diferencia del vasco, existe un perfil de dirigente político que interpreta que quien no es catalán no puede llegar a entender sus asuntos electorales; eso sí que son posibilidades previas fuertes y la clase de mentalidad que requiere cambios profundos. Entender lo electoral es una cuestión de especialización y desde luego Cataluña es distinta, específica o monográfica, pero no es inescrutable y es mucho más homogénea y fácil de estudiar que Andalucía, por poner un ejemplo. Lo curioso es que quienes han demostrado saber menos que nadie han sido precisamente los estrategas de CiU y los creadores de opinión, que restaron importancia al fenómeno de la ruptura del español con su sistema y trazaron un calendario soberanista erróneo. No son malos, son peores.

En resumen, los ciudadanos nuevos suman más de 12,5 millones de personas en edad de votar, de los que los más mayores tienen cuarenta y un años de edad en la actualidad. Esta generación más joven ha construido una sociedad civil virtual y lidera a una nueva mayoría social que es sujeto revolucionario en tanto que niega la representatividad del sistema institucional vigente. Es un escenario de contienda donde el marco referencial es cambiante y se sustenta en la información que se comparte en la red, que es la prueba, la evidencia, el dato y la razón. Los votos se deciden cada vez con mayor frecuencia en esta red donde los medios convencionales delimitan a la perfección los intereses del sistema en su conjunto y pierden influencia.

La inteligencia ciudadana en la red ya ha desbordado a la del sistema institucional en España y se ha invertido la situación. La información de las personas salta a los medios convencionales cuando es trending topic. La gente lo sabe porque el negocio es así o los anunciantes pagan impactos sobre audiencias. El sistema en su conjunto está desconcertado y desbordado por unos ciudadanos nuevos que son vanguardia en el mundo global desde el fenómeno de los indignados. Mirar para otro lado o decir lo que conviene funcionó un tiempo, pero luego dejó de hacerlo. La red es un factor de liberalización en el negocio de los votos que se manifestó por primera vez en las elecciones municipales del año 2011 mediante los resultados de Compromís en la Comunidad Valenciana y UPyD en Madrid. En 2012 se confirmó la potencia autónoma de las multitudes conectadas mediante los fenómenos AGE en Galicia y CUP en Cataluña. En 2013 no hubo elecciones de ninguna clase, aunque sí una evolución de la estructura del comportamiento electoral, y en 2014 los medios convencionales han ido a remolque de las situaciones o de conceptos estrella como la casta, un auténtico hallazgo en términos de mercado.

5

LAS ENCUESTAS SE CONTRADICEN Y FALLAN,

NO TIENEN NÚMEROS

Explicaré ahora por qué casi nadie tiene los números de la situación electoral, precisamente cuando son imprescindibles. Hay que distinguir los datos que se publican sobre la intención de voto en unas elecciones de las opiniones sobre los temas de actualidad que aparecen en esas encuestas. La primera materia es discutible porque las estimaciones de voto se basan en técnicas que ahora mismo están en profunda revisión, mientras que las opiniones de los ciudadanos sobre los temas de actualidad política son indiscutibles. Se trata de resultados obtenidos por muestreo sobre una población infinita (cien mil individuos o más) donde mil casos proporcionan un margen de error de algo más de tres puntos sobre cien o inferior a cada alternativa de respuesta. Por lo tanto, si nueve de cada diez entrevistados en una encuesta de ámbito estatal de mil casos opinan que la crisis no la pagan los bancos ni los ricos, no nos debe caber ninguna duda de que al menos ocho de cada diez electores lo creen así, lo cual se traduce en casi 30 millones de personas con derecho a voto en España. Esta opinión define por su unanimidad una convicción social y por su tamaño se refiere a la amplia mayoría social, lo que llamo las masas en este libro, porque se visualiza mucho mejor.

Dedico la mayor parte de mi tiempo de trabajo a la investigación del comportamiento electoral, lo que requiere la actualización y el perfeccionamiento constante de los procedimientos de estimación de resultados con datos procedentes de encuestas. Al final de un año he dedicado al menos un 20% de mi tiempo a crear, perfeccionar y seleccionar los utensilios y los ingredientes de lo que se conoce popularmente como la cocina de las encuestas, que no es ni mucho menos inventarse los resultados, sino aplicar criterios, procedimientos de cálculo o intervenciones en la información numérica que responden a hallazgos concretos de cada investigador (know-how), que se emplean continuadamente y con normalidad en el tratamiento de la información y que o bien son elementos esenciales, o bien exige la receta de la estimación de los resultados que se esté aplicando. Un cocido no se puede preparar en una sartén, del mismo modo que una paella es imposible sin arroz y, si lo intentas, te sale una fideuá que es un menjar de turistas.

Los asesores procedentes de la investigación de mercados o de la opinión pública dedicamos la mitad de nuestros informes a explicar cómo hemos operado para obtener los datos y la otra mitad a explicar los resultados y lo que significan. Se hace así porque uno no puede ir a las personas de un partido y decirles que les va a votar un 6% sin más, hay que explicar de dónde sale ese dato y qué fiabilidad tiene. Esta circunstancia me la hizo ver uno de los clientes con los que más a gusto he trabajado a lo largo de mi carrera: el gerente de UPyD Sinforoso Alcalá. En vísperas de las elecciones municipales de 2011 me dijo un día: «No me cuentes cómo lo haces y dime lo que te sale». Ese fue un aprendizaje importante y mis informes cambiaron. En esa campaña, Alcalá se presentó un día con un informe que aseguraba que UPyD conseguiría más de sesenta concejales en la Comunidad de Madrid. Aunque eso lo negaban las encuestas, en el Banco Popular lo sabían. No hay que olvidar que si alguien sabe de encuestas en España es el Banco Popular porque está especializado en dar crédito a las organizaciones políticas. Sinforoso o Antonio Cortés de IU, con quien también he disfrutado mucho trabajando, son las personas que se presentan en los bancos especializados con sus estimaciones electorales y todos los escaños o todos los concejales en la cabeza para negociar los créditos. En esas reuniones están los resultados casi exactos que se van a producir proporcionados por los mejores especialistas. Unos financian y otros se comprometen a reintegrar y deciden en función de unos resultados estimados que tienen una traducción exacta en dinero público que ambas partes conocen a la perfección.

Decía antes que las técnicas de estimación de la intención de voto están en profunda revisión y es así porque se juntan dos problemas. El primero es que a través de las encuestas nunca hemos obtenido una información precisa sobre la participación electoral. La intención de participar en las elecciones que se obtiene de las encuestas es exagerada, pero no proporciona constantes respecto a los resultados conocidos, por lo que esta materia la omiten la generalidad de las empresas encuestadoras. Los investigadores terminábamos de precisarla por procedimientos indirectos que ya no funcionan. Por ejemplo, los 12 millones de telespectadores de audiencia de uno de los debates entre Rubalcaba y Rajoy de las elecciones generales de 2011 me llevaron a estimar una participación un punto y medio de censo superior a la que se produjo donde el PP aparecería con casi 11,5 millones de votos y el PSOE en el entorno de los 7,5 millones, con lo que IU/ICV obtenía seis diputados y no once. Digamos que cinco de estos escaños comunistas se explicaron en un peor resultado del PP que el esperado según la información de que disponía.

El segundo problema es que en las encuestas de nuestros días informan como mucho seis de cada diez entrevistados y a partir de aquí todo es bastante incierto e hipotético si se ha dormido uno en los laureles. El comportamiento electoral está cambiando profundamente y esto ya plantea suficiente incertidumbre como para tener dudas técnicas, por lo que hay que disponer de herramientas para trabajar con tasas muy altas de incertidumbre y eso requiere estudio y ensayo con encuestas y resultados conocidos.

La técnica más extendida entre los especialistas y las empresas que producen estimaciones de la intención de voto es la que llamo de estimación por desviaciones porcentuales respecto a un comportamiento electoral conocido. Su concepto es sencillo: se utiliza el indeciso en la intención de voto para alzar la estimación de las candidaturas que vienen subrepresentadas respecto a un comportamiento electoral conocido. Si el 20% de todos los entrevistados no contestan lo que van a votar, pero nos dicen que votaron al PP menos de los que en realidad lo hicieron, emplearemos parte de ese 20% de incertidumbre para alzar la posición del PP y análogamente los demás que vienen subrepresentados en la encuesta hasta reducir el dato No Contesta (NC) a cero.

Esa es la estimación y es la más extendida, porque son necesarios muy pocos conocimientos para su aplicación. Esta técnica ha dejado de funcionar por una razón muy sencilla: si son cuatro y no dos de cada diez los que no contestan lo que van a votar, está asegurada la sobrecorrección de algunos valores subrepresentados respecto al comportamiento electoral conocido. Digamos que esta técnica no puede distribuir tanta incertidumbre o que está preparada para asignar hasta un 12% de NC sobre una distribución de al menos el 70% de los entrevistados, que manifiestan intención de votar por algún partido. No es la técnica más sólida porque la estimación no es comprensiva de la tasa de participación o se refiere únicamente al cálculo de los votos válidos, pero es sencilla y fácil de aplicar. La utilizo como técnica de contraste porque presenta debilidades muy serias, como que la intensidad de la corrección depende del volumen de la incertidumbre. Otra de las debilidades de esta técnica es que no discrimina entre los entrevistados que no quieren informar y los que realmente están indecisos y es en esta reflexión donde explico la solución del problema. Alfonso Guerra dijo en una ocasión con su característica agudeza que «los encuestadores predicen el voto mirando por el retrovisor», lo que evidencia que el diputado constituyente entiende de estas cosas y así me lo confirmó nuestro común amigo e interlocutor técnico Pepe Moreno de ODEC, el Rolls-Royce de las empresas de proceso de datos de encuesta que apareció en Gandía de la mano de Pepe Pellicer a principios de la década de 1960, reuniendo a profesionales de la importancia de Tomás Sereno o Luis Pistoni, aunque cada uno en lo suyo. En ODEC no había más corbatas que las de Luis, y en Gandía se trabajaba en sandalias cuando íbamos a Madrid como los hombres de negro; nos daban envidia.

Se puede decir de la única técnica de estimación de la intención de voto que funciona lo mismo que decía Casey Stoner de su Ducati: «Es difícil hasta para salir de boxes». A pesar de eso, Stoner ganó el Mundial con esa moto en 2007, por lo que era difícil pero no imposible. Llamo a esta técnica de estimación de la intención de voto por equivalencia a absolutos censales. Para aplicar la primera, hemos visto que basta con conocer los porcentajes sobre censo de los partidos y de la abstención en las últimas elecciones celebradas para producir una estimación aceptable. La que explico ahora exige una formación especializada y compromete mucho más de lo que un pollster al uso puede asumir. Formación sólida porque hay que fijar una tasa de participación probable y hay que trabajar con los números absolutos o el número de votantes de cada candidatura y de la abstención. Esta técnica la publiqué en la red como recetas de cocina electoral II hace ya algunos años para conocimiento de todos, porque iba a ser necesaria su aplicación, aunque no me consta que nadie la haya aprovechado.

La técnica de estimación de la intención de voto por equivalencia a absolutos censales parte de un supuesto teórico contrastado:

Un entrevistado que ha votado a un partido político e informa de ello en una encuesta es electoralmente más parecido al que ha votado al mismo partido pero no informa de ello que a cualquier otro.

En otras palabras, informen o no, votaron lo mismo o se abstuvieron igual y su comportamiento fue distinto del de aquellos otros dos que, informando o no, votaron a otro partido. Por lo tanto, eliminamos del cálculo a los que llamo no informantes, que son los que no contestan si votaron y a quién votaron para trabajar exclusivamente con los entrevistados que nos informan sobre su comportamiento electoral en el pasado. Este planteamiento resuelve tres problemas.

• Todos los entrevistados están clasificados respecto a un comportamiento electoral conocido, como por ejemplo las elecciones generales de 2011.

• Los que no contestan en la intención de voto son informantes que están indecisos, puesto que hemos eliminado a los no informantes sobre su comportamiento electoral en el pasado.

• No importará que en la muestra se sobrerrepresente o se subrepresente a unos u otros partidos respecto a un comportamiento conocido porque trabajaremos cada origen electoral de modo independiente.

Expliquemos esto último. Los entrevistados que nos dicen que votaron al PP en una encuesta equivalen a los casi 11 millones de votos que tuvo ese partido en las elecciones de 2011 menos las defunciones estimadas. Si la mitad de estos entrevistados nos dicen que volverán a votar al PP, equivalen a casi 5,5 millones de votos menos las defunciones estimadas. Es decir, a esta técnica le da lo mismo cuánto se parece a la realidad la proporción de casos que dicen haber votado en este ejemplo al PP en 2011, porque lo que le interesa averiguar es cuántos se quedan y cuántos se marchan y adónde. La estimación no es la corrección de la imagen respecto a un patrón con la bolsa de NC, sino el resultado de unos movimientos que cuantificamos en número de electores.

Este concepto metodológico presenta una ventaja que a su vez es su principal inconveniente o dificultad: el cálculo integrado de los votos a candidaturas o blancos y la abstención. Si se falla en la tasa de participación estimada, falla la estimación en número de votos y en porcentajes sobre censo aunque no necesariamente en porcentajes de votos válidos. Este es el reto que la encuestadora convencional no puede asumir porque su trabajo es otro, que consiste en proporcionar estimaciones precisas simultaneando hasta diez o más estudios, lo que a su vez significa producir cientos de estimaciones en cada proceso electoral.

El beneficio inmediato de esta técnica de estimación por equivalencia a absolutos censales es la reducción de la incertidumbre, puesto que discrimina a los que no informan de los que están indecisos. Sobre la asignación de estos indecisos, la experiencia me dice que no hay mejor criterio que el que indiquen las transferencias de voto observadas o que terminarán por decidirse en las mismas proporciones o, dicho de otra forma, que respetaremos la estructura de la información que configuran los entrevistados que ya están decididos. Es el criterio más prudente además de objetivo.

La información que tendrá que considerarse será el cruce del recuerdo de voto con la intención de voto sin simpatía u otra variable que clasifique a los que no contestan: simpatía no es voto y confunde. Haremos equivaler la base de entrevistados de cada partido votado y de la abstención a los resultados definitivos residentes ausentes incluidos, aunque la muestra se refiera al censo electoral de residentes (CER). Trabajamos con el censo total porque los antecedentes con los que comparamos son los resultados definitivos que incluyen a estos electores residentes en el extranjero, y el impacto del escrutinio del censo electoral de residentes ausentes (CERA) es limitado y conocido que afecta únicamente a la tasa de participación.

Por lo tanto, la generalidad de los especialistas no tiene números mientras no tenga resueltas todas sus dudas técnicas. Esto es algo que tampoco se improvisa. Creo que se ha entendido. No tienen números quienes no son verdaderamente especialistas porque las técnicas al uso trabajan con volúmenes demasiado grandes de NC, que es un concepto comprensivo de no informantes e indecisos y, por lo tanto, sobrecorrigen los datos.

Algo que he aprendido observando la realidad preelectoral convenida es que las encuestas de intención de voto que publica El País crean más que otras el estado de opinión de la clase política y periodística, y que es esta opinión experta la que realmente influye en las personas y configura la opinión pública. Las encuestas en sí son leídas por pocos electores y son tenidas en consideración por menos aún. Damos por supuestas la independencia y profesionalidad del trabajo que realiza el privilegiado autor de la encuesta más influyente, pero nos encontramos a finales de 2010 ante un fenómeno de incoherencia explicativa sin precedentes en la demoscopia electoral española. Me refiero a la evolución de sus estimaciones expresadas en porcentajes de votos válidos que conducían a explicaciones imposibles del retroceso electoral de los socialistas. Las encuestas de El País aseguraban que el PSOE había retrocedido desde el 33,8% de los votos válidos en el mes de noviembre de 2010 hasta el 24,3% en la primera semana de diciembre y que esto había sucedido sin verse alterada la posición relativa del PP, anclado en el 43%, ni las de IU, en el entorno del 8%, y UPyD, hacia el 4%. Dicho de otra forma, los casi diez puntos de votos válidos que había perdido el PSOE en un mes los habrían ganado otras candidaturas distintas de las mencionadas y la intención de votar en blanco, dato que obteníamos por omisión, puesto que la encuesta no informaba al respecto. Eso resultaba poco menos que imposible.

La sucesión de estimaciones que nos ofrecían estas encuestas de El País, con el PP anclado en el 43% de los votos válidos, les impedía explicar que el decremento socialista se producía por la desmovilización de su electorado, que es lo que realmente estaba sucediendo, porque debieron alzar necesariamente la posición relativa del PP cuando bajaron al PSOE a ese irreal 24,3% que compensaron por omisión con otros y blancos. El político no va más allá de lo que ve y lo que comenta un periodista que siempre encuentra lógica a los datos, como el efecto Sánchez de agosto de 2014 que solo vieron y explicaron ellos, porque Sigma Dos, NCReport y Celeste-Tel dejaron de inmediato las cosas muy claras.

El despiste demoscópico genera inseguridad en los partidos políticos convencionales y se trata de una circunstancia cada vez más frecuente desde el desplome electoral del PSOE en 2010. El no saber dónde estamos se generalizó cuando una encuesta de Sigma Dos situó al PP en el 35,4% de los votos válidos en unas elecciones generales en España el mismo día que Metroscopia lo hacía en el 22,5%. Esto sucedió el 12 de mayo de 2013 y estamos hablando de una diferencia de casi trece puntos de votos válidos en la posición estimada para el mismo partido por dos empresas el mismo día. El lector que consultara El País y El Mundo se debería de quedar confundido y preguntándose cuál de las dos estimaciones sería la correcta.

Se puede decir que cualquier resultado que obtiene una candidatura en el promedio España tiene una desagregación o estructura territorial. Los partidos no consiguen sus votos de forma homogénea en el espacio, aunque tampoco lo hacen de forma aleatoria. Los consiguen de determinada forma territorial que se puede estudiar y conocer, ya que el comportamiento electoral define constantes entre ámbitos y tipos de elección, como por ejemplo el PP, que obtiene mejores posiciones relativas en Madrid, Galicia o la Comunidad Valenciana que en España, lo mismo que el PSOE lo hace en Andalucía o en Extremadura. En definitiva, el estudio del comportamiento electoral permite diferenciar qué números son razonables y qué otros resultan imposibles.

Metroscopia afirmaba en una estimación del mes de mayo de 2013 que UPyD obtendría el 13,1% de los votos válidos en unas elecciones generales en España con una participación del 53,0%. Esto equivale a 2,4 millones de votos, pero también localiza setecientos mil votos en la Comunidad de Madrid, es decir, el 30% de todos los que obtiene este partido, lo que es una buena referencia. Esta información que nos daba Metroscopia sin querer estaba situando a los de Rosa Díez como primera fuerza política en la Comunidad de Madrid.

Con anterioridad, esta empresa había estimado un 10,4% para UPyD en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, con una tasa de participación del 58,0%. Si algo no se ha estudiado no se sabe. UPyD concentra sus votos en determinadas comunidades autónomas entre las que destaca Madrid, y es residual en otras, como Galicia o Cataluña, por lo que de momento un promedio de este partido en España es necesariamente inferior a cualquier otro que obtenga en la Comunidad de Madrid. El pollster no tiene por qué entender del comportamiento electoral, pero debe tener a su disposición las mejores técnicas de estimación o le sucede esto y finalmente acaba desinformando y confundiendo. Cuando alguien publica una estimación sobre un ámbito, otros sabemos si es o no razonable. Aquí vemos que realmente no tienen números de situación electoral.

La situación plantea a las empresas unos problemas de tal calibre que en verano de 2013 este proveedor de El País abandonó la serie de datos que había iniciado en 2011 orientándose por fin hacia los números razonables. Nos venían diciendo que IU/ICV obtendría 3 millones de votos con el 52,0% de la participación, pero ahora serían 2,5 millones, con el 62,0%. No se sostenía la reincorporación al voto de diez puntos de censo en beneficio exclusivo del PSOE y el PP que nos presentaron, porque otros datos electorales como las tasas de fidelidad de voto inferiores al 45% de estos partidos en los estudios del CIS lo negaban, pero, como digo, las técnicas están sometiéndose a una profunda revisión y es comprensible que sucedan estas cosas. Más adelante explicaré algunas situaciones confusas que plantearon las encuestas, hasta alcanzar el hito de la desinformación a finales de 2014, puesto que el problema se fue acentuando conforme aumentaba la ocultación del recuerdo de voto de los electores del PP y del PSOE, declarándose abstencionistas en las elecciones generales de 2011.

Los periodistas no se enteraron del cambio en la serie de datos de El País, hecho que subraya el limbo demoscópico en el que viven la generalidad de los creadores de opinión y los tertulianos que vemos en las televisiones. Deberían admitir que aún no saben lo que está sucediendo, porque ese es el punto de partida desde el que se puede empezar a construir una explicación razonable. Está finalizando un ciclo electoral y con él un orden establecido. Esto es lo que hay que entender.

6

CÓMO INTERVIENE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL

EN LOS RESULTADOS

Se puede decir que España es un promedio muy difícil de entender desde el punto de vista electoral. Primero, porque se refiere a un sistema general y a dos sistemas particulares, que son el vasco y el catalán, con fuerzas políticas hegemónicas distintas del PP o del PSOE. Estos sistemas particulares se estructuran en torno a CiU y ERC en Cataluña, igual que el PNV y EH-Bildu estructuran el sistema vasco. En estos ámbitos, los unionistas o constitucionalistas como les llaman y les gusta ser llamados, suman menos votos que los nacionalistas. Esto ya es así en todo tipo de elecciones.

También podemos distinguir en España un subsistema electoral completo: Andalucía. Otro promedio territorial de comportamientos electorales tan diferenciados como la alta participación de Jaén al tiempo que baja en Cádiz, con presencia de electores comunistas en unas provincias pero no en otras, y lo mismo sucede con los andalucistas o más recientemente con los votantes de Podemos y Ciudadanos. Desde el punto de vista electoral, Andalucía es más país dentro de España que cualquier otra comunidad autónoma, y también la más compleja de estudiar. Las demás comunidades son relativamente homogéneas en su comportamiento, aunque muy distintas entre sí. No es lo mismo Castilla y León que Galicia, aunque en ambos territorios el PP sea hegemónico.

España es muy compleja porque es plurinacional y también porque la población ocupa el territorio de forma muy desequilibrada, lo que hizo en origen inviable cualquier sistema de representación uninominal por distritos como propuso Fraga recién llegado de Londres. No es posible porque hay una enorme España central que exigiría distritos gigantes, está despoblada o es un espacio rural salpicado de pequeñas capitales de provincia. Y, además, en el centro está Madrid, con su enorme área metropolitana. Para situarnos, Móstoles es la cuarta ciudad más grande de este centro peninsular. Un centro deshabitado y un noroeste que envejece hasta el punto de que los orensanos y los asturianos están ya en peligro de extinción.

Esta complejidad territorial va acompañada de expresiones electorales singulares, como, por ejemplo, Coalición Canaria, Nueva Canarias, la Chunta Aragonesista, el Bloc Nacionalista Valencià, el Partido Andalucista, Anova, el Bloque Nacionalista Galego, el Partido Regionalista de Cantabria, el Foro Asturias Ciudadano, Més per Mallorca, etc. Infinidad de fenómenos territorializados que particularizan cualquier generalización. España es un promedio muy complejo y difícil de comprender como un todo desde el punto de vista del comportamiento electoral.

Pero si la comprensión del comportamiento electoral es difícil de asimilar, su traducción en representantes en unas elecciones generales es prácticamente imposible, incluso para los especialistas. En las elecciones generales de 2015 veremos al PSOE defender el 75% de sus 7 millones de votos de 2011, aunque debe conservar el 85% de los escaños. Aquí falla algo. Lo que falla es lo contrario de lo que sucede en otros ámbitos verdaderamente proporcionales. En las elecciones autonómicas de Cataluña de 2012 CiU perdió el 7% de los votos que tenía pero el 20% de los escaños. Por lo tanto, podemos concluir que la traducción en escaños de la voluntad popular no es lineal ni es la misma en todos los casos.

Hay algo que interviene en el proceso y que es difícil de explicar porque no se refiere al comportamiento electoral, sino al producto de la legislación electoral sobre este comportamiento. Es algo que se concreta en el caso de las elecciones generales en que las dos candidaturas más grandes que concurran en el ámbito estatal conseguirán siempre una prima en escaños de alrededor de treinta que se convertirá en la penalización para las demás.

Si nos acercamos a los datos, comprobamos que UCD consiguió ciento sesenta y ocho escaños en 1979 con el 35% de los votos válidos, pero el PSOE de Zapatero necesitó el 44% para conseguir ciento sesenta y nueve escaños en 2008: aparentemente no hay ninguna relación entre los porcentajes de votos válidos y los escaños que consiguen los partidos en España.

Cada ámbito es un mundo en España. CiU perdió casi cien mil votos en la circunscripción de Barcelona en las elecciones autonómicas de 2012, que es poco, y le costó nueve actas, que es mucho. Sin embargo, el PP y el PSOE pueden perder cantidades ingentes de votos en unas elecciones generales en La Rioja sin perder los escaños, solo se reparten cuatro y es raro que un tercer partido tenga opciones a acceder a alguno.

Digamos que un resultado de Barcelona en las elecciones autonómicas es muy proporcional al comportamiento electoral de las personas, porque esta circunscripción reparte más de ochenta escaños y la ley D’Hont apenas interviene, mientras que en la circunscripción de La Rioja el resultado es muy mayoritario porque solo se eligen cuatro diputados en elecciones generales, está blindada para los dos partidos más grandes y la ley D’Hont tampoco interviene porque no hay nada que repartir con terceros si el sistema funciona.

Parece que se va entendiendo un poco mejor. En principio, repartir muchos escaños es proporcional y repartir pocos es mayoritario, pero tampoco es exactamente así porque el problema en España es mucho más complejo: La Rioja reparte dos escaños más de los que le corresponden a esta circunscripción por su peso poblacional. El sistema de representación emplea la provincia como unidad territorial de referencia para la afijación de los escaños. Esto desdibuja cualquier asociación simplificada entre comportamiento electoral y su traducción en representantes que hubiéramos alcanzado porque, situados ya en el límite, nos obliga a conocer estas desproporciones y necesariamente se pierde la comprensión.

Lo que subyace desde el origen de la moderna democracia española es un pacto para que ganara el régimen reformista de Adolfo Suárez y UCD en las elecciones constituyentes de 1977. Un pacto mediante el que se desplazaron más de treinta escaños de las provincias más pobladas (que se repartirían de muchos en muchos y es donde ganaban los partidos de la oposición al régimen) hacia las provincias interiores y despobladas para repartirlos de pocos en pocos, y allí ganaba el régimen reformista de UCD. Fue un pacto de la izquierda para perder porque nadie es tan incompetente como para no verlo cuando se negocia. Es objetivo y el arreglo se descubre cuando el legislador asigna dos escaños fijos por provincia bastando uno para cumplir con el requisito sobre su representación, que un año más tarde reflejaría la Constitución de 1978 en el artículo 68.2. No existía más unidad de referencia que la provincia, por lo tanto el criterio tenía lógica. Sin embargo, ¿por qué dos escaños fijos por provincia y no solo uno? Para asegurar determinado resultado electoral que viabilizara la Transición política. ¿Y por qué no elegir a todos los diputados en una sola circunscripción? Porque en las elecciones constituyentes de 1977, UCD (166 escaños) habría obtenido ciento veinticuatro, mientras que el PSOE (118) habría sumado ciento cinco. Por el contrario, el PCE (19) conseguía treinta y cuatro en circunscripción única, mientras que AP (16) se habría hecho con veintinueve actas. A los nacionalistas (23 actas) les daba lo mismo, porque de una u otra forma conseguían la misma cuota de representación (26). Con todo, los políticos del régimen sumaron ciento ochenta y cuatro escaños, que habrían sido ciento sesenta y dos en circunscripción única, mientras que los de la oposición sumaron ciento cuarenta y tres y no ciento sesenta y dos. La legislación que se aplicó, basada en la provincia, eliminó, además, a diez formaciones políticas, algunas involucionistas: FDC-EDC, FDI, ASDCI, AET, AN18, RSE, FJOSA, FUT, ESB, PSPV y PSG.

Las elecciones constituyentes de 1977 no las podía ganar la oposición al régimen, o al menos no las podía ganar de forma contundente. Era un arreglo de la vieja izquierda española con los poderes predemocráticos o un pacto entre élites que perdura hasta nuestros días porque beneficia al PSOE y el PP, y no molesta a los nacionalistas que se sienten suficientemente representados en sus ámbitos, aunque falten escaños en la circunscripción de Barcelona porque reparte suficientes. Están equivocados. Aun siendo esto así, sin ese pacto preconstitucional que obliga a representar a la provincia, la mayoría actual del PP sería relativa y no absoluta, con lo que podrían defender incomparablemente mejor sus intereses. Y como aprendizaje último, dejaron que se consolidara la España de los castillos por no saber mirar más allá de los límites de su obediencia territorial.

La Constitución de 1978 establece en su artículo 68.2, relativo a las Cortes Generales, que los diputados del Congreso se elegirán por provincias, debiendo estar todas representadas, al igual que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Es la ley rectora del proceso electoral constituyente de 1977 que estableció la asignación fija de ciento dos diputados, a razón de dos por provincia, uno para Ceuta, otro para Melilla y el reparto proporcional a la población de derecho de cada provincia de otros doscientos cuarenta y ocho para sumar los trescientos cincuenta escaños de que consta la Cámara.

Por lo tanto, las provincias no están representadas en escaños de modo proporcional al número de habitantes, lo cual sobrerrepresenta en el Congreso a las comunidades autónomas pluriprovinciales y menos pobladas como Castilla y León, que reparte trece escaños de más, subrepresenta a las más pobladas, sean pluriprovinciales (–9 escaños en Cataluña) o no (–12 escaños en Madrid).

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) está obligada a corregir esta desproporción desde el establecimiento de la comunidad autónoma como unidad territorial de referencia, porque se está vulnerando el principio de igualdad de representación de las personas en el Congreso de los Diputados. El legislador está obligado porque el establecimiento de la comunidad autónoma es posterior a la Constitución de 1978 e invalida a la provincia como unidad territorial de referencia, esto es objetivo y toda la normativa posterior tan irrefutable como que el modelo territorial del Estado se ha convenido en llamar de las autonomías y no de las provincias. Este es el enfoque jurídico para obligar al legislador a cambiar la LOREG planteando el caso en los tribunales, y el momento de hacerlo es cuando se convoquen en el BOE las elecciones generales de este año. Como a Al Capone que fue procesado por delito fiscal.

Esta trampa de asignar dos escaños fijos por provincia y no uno estaba pensada, como dije anteriormente, para que ganara el régimen reformista en 1977, pero beneficia a los dos partidos más grandes que concurran en el ámbito estatal. Hasta ahora eran el PP y el PSOE pero ya no es así, porque Podemos es segundo en algunos ámbitos. La LOREG se ha vuelto en contra del bipartidismo, algo que ya podía suceder desde julio de 2012 y se materializó tan pronto hubo algo que votar, lo que subraya la incompetencia electoral de los interesados PP y PSOE.

Resultó bochornoso y se abochornaron cuando Gaspar Llamazares se presentó con casi un millón de votos en las elecciones legislativas de 2008 y le dieron únicamente dos escaños, porque esa es la derivada de este asunto. Era para avergonzarse porque en esas elecciones el PP y el PSOE sumaron trescientos veintitrés escaños que es la plusmarca del bipartidismo. Eso indicaba cómo funciona el sistema: el resultado político o el producto de la legislación sobre el comportamiento electoral elimina a terceras opciones de numerosos territorios, lo que después de cuarenta años de democracia parlamentaria ha significado el reparto del poder representativo entre dos familias políticas en dos tercios de las cincuenta y dos circunscripciones o en once de las diecisiete comunidades autónomas, como sucedió en las elecciones legislativas de 2008. El sistema está trucado en origen y esto ha transformado el poder representativo en estas familias políticas antagónicas en una proporción considerable del territorio.

Luego una cosa es el comportamiento electoral, que se estudia en número de votantes y posiciones sobre el censo total de cada candidatura en cada ámbito de elección, y otra es su expresión en representantes, lo que requiere conocer bien la legislación electoral específica en tanto que factor distorsionante, y se estudia en porcentajes de votos válidos y escaños.

Así, por ejemplo, Podemos logró un extraordinario 7,8% de los votos válidos en Teruel en las elecciones europeas de 2014, pero hace falta un 16% como mínimo para optar al tercer y último escaño en las elecciones generales de este año porque se trata de una circunscripción blindada. Por lo tanto, ya tenemos bastante claro que no todas las circunscripciones son iguales y que en función del comportamiento electoral y de la legislación son cincuenta y dos situaciones distintas las que hay que conocer y agrupar.

Si clasificamos las provincias según las posibilidades que tiene una nueva fuerza política de obtener un escaño, funcionando el sistema, comprobamos que se reducen a siete en las que con suerte conseguiría representación por una o dos. Así sucedió con el CDS de Adolfo Suárez en 1982. Ya no hablemos del Partido Reformista Democrático de Miquel Roca en 1986, que resultó extraparlamentario o más recientemente con UPyD reducido a un escaño en su debut en 2008. Algo parecido a lo que tiene que suceder con cualquiera que lo intente y es esto lo que ha quebrado el fenómeno electoral aglutinado por Podemos, y luego por Ciudadanos, porque son tercero y cuarto en discordia con unos valores muy competitivos.

• Circunscripciones blindadas. Son veintisiete provincias poco pobladas que reparten pocos escaños (ciento cuatro), pero más de los que corresponden a su peso poblacional, y la combinación de los dos factores reparte los representantes entre dos y privilegia a uno. Los porcentajes exigidos para obtener un escaño van desde el 13% de Cantabria, que elige cinco, hasta el 31% de Soria, que elige dos. Estos escaños los consiguen las dos candidaturas más grandes que concurren en el ámbito estatal, que hasta ahora han sido el PSOE y el PP. Estas circunscripciones o provincias son Cantabria, las gallegas Ourense y Lugo, La Rioja, Huesca, Teruel, Castellón, Castilla y León y Castilla-La Mancha al completo, Cáceres, Huelva y Almería, además de Ceuta y Melilla que contribuyen con un diputado cada una.

• Circunscripciones nacionalistas. Son once circunscripciones donde se eligen sesenta y nueve escaños. Algunas son suficientemente proporcionales como, por ejemplo, A Coruña que reparte ocho escaños y se consigue uno con el 10% de los votos válidos, pero hay que superar a los partidos de ámbito autonómico para obtenerlo. En Galicia están Anova y el BNG, y en Canarias CC. Se trata de A Coruña, Pontevedra, Navarra, las cuatro provincias de Cataluña, las tres del País Vasco y las dos de Canarias.

• Muy difíciles. Son siete provincias que reparten cincuenta y siete escaños en total, tan difíciles que en 2011 solo los consiguieron el PSOE y el PP. Se trata de Badajoz, que es casi imposible, Baleares, Alicante, Murcia, Granada, Córdoba y Cádiz.

• Posibles. Son siete circunscripciones que reparten ciento veinte escaños y es en estos ámbitos donde tendría más posibilidades de conseguir representación una nueva fuerza política de ámbito estatal. Son Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga y Asturias.

En las elecciones generales de 2011 todos los escaños de las circunscripciones blindadas fueron para el PSOE o para el PP, y exactamene lo mismo sucedió con todos los escaños de las circunscripción muy difíciles. Así ha sido siempre con rarísimas excepciones. La consecuencia incontestable es que en media España nunca han existido representantes distintos del PP (o antes UCD) o del PSOE.

Se puede mejorar el sistema electoral pero se trata de una medida que no se quiere llevar adelante. También se puede combatir la LOREG desde la legalidad, porque el reparto de los trescientos cincuenta escaños del Congreso no es proporcional a la población de derecho de las comunidades autónomas. El asunto tiene otras derivadas como que, aun respetando la desigualdad que introducen los dos escaños fijos por provincia, el PP habría obtenido en 2011 ciento setenta escaños si estos se hubieran totalizado por comunidades autónomas antes de su reparto. La mayoría absoluta vigente es fraudulenta porque es el producto de una desigualdad en la representación de las personas que introduce el artículo 68.2 de la Constitución de 1978 y que el legislador no quiere corregir.

La caída continuada del PP y el PSOE anunciaba ya en 2012 y de un modo inequívoco el final de este orden electoral que predetermina la Constitución de 1978: los dos más grandes del ámbito estatal, que es el concepto crucial del sistema, son demasiado pequeños y esto define una situación completamente nueva en la que aparecen terceros disputando escaños en las circunscripciones blindadas y sobrerrepresentadas. Como por ejemplo pasa con Podemos y el PRC en Cantabria que se disputan un escaño, el cual se consigue por el desplome del PP y del PSOE. Es la primera vez que sucede desde el año 1977 y se denomina efecto no deseado. La debilidad electoral del PP y del PSOE es de tal calibre que en una circunscripción blindada como es Cantabria irrumpe un tercero con un escaño distinto del concepto crucial. Por lo tanto, el sistema electoral se dispone a producir resultados no deseados este año, algo desconocido hasta ahora. Desde septiembre de 2013 el bipartidismo solo tenía asegurados el 100% de los escaños en La Rioja, Ceuta y Melilla. La situación actual es completamente nueva porque el PP y el PSOE se enfrentan a los comicios de este año a la defensiva o a perder lo menos posible, pero saldrán de ellos obligados a entenderse y conminados a emprender las reformas que necesita España, lo que tampoco es una mala noticia.

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LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES EUROPEAS

ERAN EXTRAPOLABLES

La situación actual, el período en que las cosas están cambiando, es un concepto demasiado amplio y no es un instante, por lo que resolví describirla como un proceso. Esta situación actual tiene sentido en el continuo del comportamiento electoral y se ubica en el quinto ciclo descrito en la primera parte de este libro. Esos ciclos no se ciñen a las convocatorias electorales, sino al revés, los resultados de las elecciones refrendan con números exactos las situaciones que observamos y datamos interelectoralmente. Repasémoslos de nuevo: el primer ciclo y constituyente no finalizó en las urnas, sino en mayo de 1980, cuando el PSOE planteó la moción de censura al presidente Adolfo Suárez. Desde esa fecha cambió el ciclo y a partir de ahí ganaría el PSOE. El segundo, pues, fue un ciclo de hegemonía socialista (1980-1992), el tercero fue de bipartidismo (1992-2010) y a este le siguió el lapso hegemónico del PP (2010-2012) hasta llegar al ciclo pluripartidista actual.

Habíamos transitado a ciegas durante el año 2013, porque no fue electoral, y la generalidad de los medios y los creadores de opinión le perdieron la pista a la estructura de los datos. Las novedades se expresaron en las elecciones europeas de 2014, que confirmaron las medidas del espacio ciudadano de ruptura, por lo que en el mes de junio anoté como dato fijo la concentración de los comicios de este año en una sola fecha. Aunque la decisión no estuviera tomada, cualquier otra sería demasiado arriesgada: tenían que anticipar las elecciones generales para orientar con ese resultado la solución poselectoral de los ayuntamientos y las comunidades autónomas. No hacerlo así sería dar carta blanca a todo tipo de mayorías y, desde luego, implicaría perder el control de algunas de las grandes capitales. Por entonces, el asesor del PP Pedro Arriola podía ser considerado un friki de los que llegan a Madrid a montar bronca, pero suponíamos que sabía lo que estaba haciendo. Era esto o cambiar la ley electoral para fijar alcaldes por cualquier procedimiento, lo que de paso propiciaría la convergencia del lado izquierdo y, en alguna medida, la estabilización del problema, aunque más artificiosamente, porque el respaldo real de esos alcaldes fijos promediaría un vecino y pico de cada diez, y encima los de más edad.

Las elecciones europeas del 25 de mayo de 2014 actuaron como catalizador de la zona de ruptura, agrupando a 1,2 millones de personas en torno a Podemos, y medio millón de sufragios que sumaron otras candidaturas fracasaron en el mismo intento. Todos enfrente del sistema de representación preexistente. El efecto llamada del resultado ganador de las elecciones europeas de Podemos fue inmediato y espectacular. Habían conseguido en Galicia ochenta mil votos que inmediatamente ya eran el doble, porque una encuesta de Sondaxe nos daba, a mediados de junio, un dato directo del 12,2% para los posibilistas, si se repitiera la votación de las elecciones europeas. Era una pregunta inteligente de Carlos Cigarrán, que le permitió medir el efecto llamada del resultado de Podemos por orígenes electorales, y que publicó en La Voz de Galicia antes que nadie. Para hacernos una idea de esa magnitud del 12,2%, era el mismo dato directo que conseguían el PP y el PSOE en las encuestas del CIS, en elecciones generales en España. Esta información de Sondaxe era coherente con otras encuestas de Celeste-Tel, GESOP y NCReport, el barómetro de julio de 2014 del CIS y otras de Metroscopia y Sigma Dos. La clase política en general y los creadores de opinión en particular comprobaron de inmediato que los resultados de las elecciones europeas eran, como no podía ser de otra forma, extrapolables.

En el verano de 2014, los de Pablo Iglesias superaban ampliamente en intención de voto a formaciones históricas, como IU/ ICV, u otras nuevas, como UPyD. Sus votantes no eran 3 millones de frikis, sino la gente corriente liderada por la generación más joven. La encuesta de Sondaxe y las que vinieron después, nos informaron sobre la transversalidad plena de este nuevo electorado. En Galicia, tres de cada diez de los nuevos votantes de Podemos procedían del PSOE, otros tres del BNG o la AGE, dos llegaron del PP y los dos restantes estaban desmovilizados.

En agosto de 2014, las encuestas de intención de voto en unas elecciones generales situaban primero al PP (139-151 escaños), seguido por el PSOE (79-98) y a continuación Podemos (32-58). Después venían ERC (14), IU/ICV (13), CiU (12), UPyD (10), Amaiur (7), PNV (5), CC (3), Ciudadanos (2), CUP (1), Compromís (1) y Geroa Bai (1). Podemos era la tercera fuerza política en España y esto, aunque fuera difícil de creer, era fácil de entender, porque lo decían todas las encuestas. La gente les había tomado la palabra: si vais a por ellos, aquí tenéis nuestros votos. Podemos se situó en el 15% de los votos válidos en unas elecciones generales, alrededor de cincuenta escaños, representando a más de 3 millones de personas Todas las estimaciones coincidían en situar a Podemos como tercera fuerza política, con la excepción de Metroscopia, que alzó a los posibilistas hasta un helénico 27,7%, al tiempo que otorgaba una caída de diez puntos al PP, respecto a su estimación previa, para colocarlo tercero con el 20% de los votos válidos. Una fase inédita en España, pluripartidista como en el ciclo constituyente, pero con tres partidos preponderantes.

Se trataba de la formulación, en modo electoral, del «espacio ciudadano de ruptura de las sociedades endeudadas del sur de Europa», el concepto teórico que he explicado con anterioridad y que el periodista Enric Juliana llamó con sintético acierto zona de ruptura. Un electorado transversal en lo ideológico, porque sus factores aglutinantes eran otros e idénticos a los que habían configurado los resultados de Syriza y el M5S, con conjunto de factores que ya he resumido en la idea «os vamos a echar al mar por donde más tiburones haya», es decir, os vamos a derrotar en las urnas y os vamos a poner delante de los tribunales, a todos sin excepción. En este sentido, definir a los grupos de poder político como la casta fue un acierto pleno en términos de mercado, producto de una inteligencia electoral admirable. «La casta es un concepto muy nuestro», diría Lluís Miquel Campos, al que le respondería que los conceptos no son de quien los propone, eso es relativamente fácil, sino de quienes, utilizándolos, movilizan a los electores. La casta era algo que entendía todo el mundo para referirse a la clase política convencional, quienes habían convertido la función de representar en un negocio, y entre ellos, los campeones eran los políticos del PP y del PSOE, que permanecían inmutables en sus puestos, sin prestigio social, a punto de quedarles dos telediarios en el poder.

En España, el desarrollo de la red como medio para informarse había producido, desde 2008, la socialización del conocimiento y la autocomunicación, lo que significó la ampliación exponencial del entorno social del elector y el final del monopolio de la verdad que ejercían los medios convencionales. Incapaces de adaptarse a su menor influencia, los medios se mostraron incompetentes en los comicios autonómicos de 2012. Desde entonces, se crean sus propios problemas, como por ejemplo Podemos, algo que generó audiencia, fue negocio y divertido cuando sumaba veinte escaños, pero le hizo un boquete al bipartidismo. El sistema mediático que monopolizaba la verdad iba ahora a remolque de las situaciones, una circunstancia que encontraba irritante y a la que tampoco supo adaptarse la muy acomplejada y esclerótica vieja izquierda española del siglo XX. Para redondear la situación, la demoscopia evidenció problemas técnicos insuperables, hasta alcanzar el hito de la desinformación a finales de 2014. Cada empresa definía una realidad diferente, de lo que se deducía que nadie sabía realmente lo que estaba sucediendo con el comportamiento electoral de las personas.

Por ejemplo, la LOREG se ideó para que los dos primeros partidos en el ámbito estatal sumasen más de cien escaños cada uno, sobrerrepresentando a los castellanos, y reservando una prima de alrededor de treinta actas al ganador de las elecciones, en otras tantas circunscripciones. De este modo, se aseguraba que el tercero más votado no se acercara a los cincuenta escaños; por lo tanto, si el PSOE estaba por debajo de cien actas, y Podemos por encima de cincuenta, era porque los posibilistas eran segundos en algunos ámbitos.

La segunda dificultad con la que se encontraron los analistas fue imaginar qué mayoría de gobierno se podía hacer con estos números, porque descartaban de antemano el pacto entre el PP y el PSOE. Y era un problema de difícil resolución, porque por esas fechas, no había otra suma posible para gobernar. Lo que parece claro es que el PP, UPyD y Ciudadanos no podían agregar a nadie más en un acuerdo que era insuficiente. Sumando el PSOE con IU/ICV llegaban a noventa y dos escaños, muy lejos de la mayoría absoluta de ciento setenta y seis. Agregando los escaños de Podemos sumaban ciento cuarenta y siete y aún faltaban veintinueve. ¿Qué había que hacer?, ¿sumar a ERC, CiU y PNV, para lograr ciento setenta y ocho escaños y así investir un presidente del PSOE? ¿No era esto imposible en tanto el PSOE no reconociera la plurinacionalidad del Estado? Y, en todo caso, ¿no era muy poco serio presentarse en Bruselas con una coalición entre el PSOE, Podemos, IU/ICV, ERC, CiU y PNV para gestionar la convergencia UE, cuando la lógica de la estabilidad y la garantía era otra? Pero, además, este cálculo partía de una premisa interesada, y es que Podemos pactaría con el PSOE. La única mayoría de gobierno posible que existió en España en el verano de 2014 fue la gran coalición.

Una derivada importante de la irrupción de Podemos es que arruinó las expectativas electorales de IU/ICV y UPyD. El partido de Rosa Díez había bajado a diez escaños, cinco por Madrid y uno por Valencia, Sevilla, Málaga, Alicante y Murcia. Estando así las cosas, apareció Ciudadanos en las encuestas y luego refrendó sus resultados de las elecciones europeas. La suma de ambas formaciones ponía de relieve su potencia electoral en Cataluña y Madrid, y con esto se articulaba un proyecto político de reemplazo del PP, ahora desprestigiado, atado al siglo XX y votado por los más mayores.

En UPyD debieron de suponer que, sin ellos, Albert Rivera no podría dar el salto, pero la realidad era que Javier Nart se había llevado a cien mil madrileños consigo con la misma facilidad con que Pablo Iglesias se había llevado a otros doscientos cincuenta mil. Sabía que ese acuerdo no se podía materializar y, llegados a este punto, el problema eran los políticos, como en la URSS fueron los burócratas. La perestroika que necesitaba España se podía producir si se daban determinadas condiciones, entre ellas, que hubiese alguien para recibir el nuevo orden institucional.

Si tras las elecciones europeas el panorama no era nada bueno para los grandes partidos tradicionales, en el otoño de 2014 iba a empeorar todavía más. El PSOE de Pedro Sánchez secundó el recurso del gobierno a la ley de consultas catalana, la sanidad española había dejado escapar el virus del ébola, o eso parecía, y los políticos del PP, el PSOE e IU insistían en defraudar a sus representados, ahora mediante cuantiosos gastos superfluos cargados en una entidad bancaria quebrada por ellos mismos y rescatada por todos. El elector anotó que los políticos, además de robarle, lo hacían con gastos pagados. También estaba sobre este escenario de impunidad y desvergüenza lo más hondo del sindicalismo y del socialismo asturiano.

Ahora más que nunca quedaba claro que el problema eran los políticos, tras el doble hito de las tarjetas negras para sus gastos y la impunidad con que la ministra Ana Mato eludía asumir las responsabilidades de todos los escándalos en los que estaba involucrada.

El PP y el PSOE solo aglutinaban a la parte más antigua del censo electoral y su papel se asemejaba cada vez más al de la UCD en 1977, aunque no se hubieran percatado: facilitar una reforma institucional tan profunda que produjera otro orden. Necesariamente, lo quisieran ver o no los políticos, llegaban tiempos de grandes reformas, porque el sistema es cualquier cosa menos suicida, y no se puede subsistir como sociedad sin referencias institucionales prestigiadas. Para hacernos una idea de la profundidad de esta crisis, los líderes políticos mejor valorados en España en el barómetro de julio de 2014 del CIS habían sido la navarra Uxue Barcos (3,94) y el republicano Alfred Bosch (3,75).

Los acontecimientos del mes de octubre fueron letales, porque llovía sobre mojado.

Se estaban produciendo cambios profundos en el comportamiento electoral de las personas, que se manifestaban de dos formas. Por un lado, mediante la desmovilización masiva de los votantes más jóvenes del PSOE y el PP, formaciones que habían envejecido su base electoral considerablemente en los últimos años y ya solo reunían a tres de cada diez votantes en las urnas. Por otro lado, se reincorporaban al sistema estos y otros electores en torno a nuevas ofertas, fueran de la zona de ruptura, como Podemos, u otras convencionales, como Ciudadanos. La situación era de mayor fragmentación electoral que la constituyente y plasmaba la ruptura de la sociedad con el orden de 1978, que ya solo servía a los votantes de más edad, reunidos en torno al PP y el PSOE. Los demás, por unas u otras razones, cuestionaban ese orden. Unos querían reemplazarlo por otro completamente nuevo, como era el caso del votante de Podemos, pero también de CiU, ERC, CUP, EH-Bildu o PNV. Y, en cualquier caso, todos querían reformarlo, así que la estabilidad institucional era muy precaria y perecedera a corto plazo.

En el mes de octubre de 2014, el PP rondaba los ciento cincuenta escaños, el PSOE cien y Podemos cincuenta. Laminados por la legislación electoral y hacia los diez escaños cada uno, IU/ ICV y UPyD. La incertidumbre era si los posibilistas terminarían de desbancar al PSOE en España, como ya estaba sucediendo en Madrid o en la Comunidad Valenciana. Por aquellas fechas, Podemos no iba a pactar con el PSOE, porque ese fenómeno electoral no aparecía para derrotar a la derecha. Ese electorado no era de izquierdas sino de enfrente, querían acabar con la clase política convencional y habían llegado de todas partes. Votaban a Podemos 1,3 millones de electores procedentes del PSOE, pero medio millón venían de IU/ICV y más de cuatrocientos mil habían votado a Rajoy en 2011; otro medio millón votó a otros partidos y otros tantos se abstuvieron. No pactarían con el PSOE porque sus votantes lo detestaban tanto como al PP. No sumarían con la vieja izquierda, como tampoco lo hacían el M5S en Italia o Syriza en Grecia. El balón de oro del negocio de los votos, Íñigo Errejón, recibía su trofeo.

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TRIBULACIONES MUNICIPALES DEL PP

Aunque Rajoy se apresuró a afirmar que los resultados de los comicios europeos de 2014 no eran extrapolables, lo cierto es que en el PP debieron de comprender que perderían el control de numerosos ayuntamientos a causa de la fragmentación del sistema. Su posterior propuesta de una reforma de la ley electoral evidenció, sobre todo, que estaban en la inopia respecto a los números de situación, porque el panorama municipal del 30% para el PP estaba planteado así desde 2013; un corte en el 40% de los válidos no lo pasaba nadie. Por poner un ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el PP solo conseguiría en la primera vuelta dos de los veinticuatro municipios de treinta mil o más electores, y esto lo sabíamos los especialistas antes de la eclosión de Ciudadanos.

Se planteó debate sobre este asunto, porque el PSOE tardaba en reaccionar, y ahí apareció el argumento que empleó Rajoy después de los comicios municipales de mayo. Sin vergüenza, porque ya la habían perdido, explicaron la necesidad de atribuir las alcaldías a las listas más votadas. Había que fijar a estos alcaldes. Incluso se celebrarían dos vueltas, aclaraban, tratando de asociar esta idea con el concepto de regeneración democrática. La justificación de lo que querían hacer la expresó de esta forma Esperanza Aguirre, la «dueña» de Madrid: «Las coaliciones de perdedores no pueden desplazar al partido ganador». Al afirmar esto, no quería acordarse, por ejemplo, de la coalición de perdedores entre el PP de Basagoiti y el PSE de Patxi López, para desplazar al ganador PNV en las elecciones autonómicas de 2009. Dos perdedores aliados contra un ganador, como la suma del PP y Unió Valenciana en la ciudad de Valencia, que situó en la alcaldía a Rita Barberá en 1987, desplazando al ganador PSOE. Así de caraduras son los políticos para un elector medio que entiende mucho más de lo que se imaginan. La «puta ama» de Madrid debería explicar cuál es la muy española excepción que justifica el pacto de perdedores en el País Vasco. No les salen los números de otra forma y dicen lo que les pasa por la cabeza, porque hasta entonces siempre había colado. Ahora, los ciudadanos nuevos los visualizan como la momia que se convierte en serrín al final de la película.

La incursión del PP en la posible reforma electoral respondió a su propia convicción de ser la fuerza política más votada en España, por lo que una reforma de la legislación en un sentido mayoritario les beneficiaría. Ese era un análisis demasiado simple, porque estaba cambiando profundamente la estructura del comportamiento electoral, aparte de otras consideraciones territoriales. En términos de mercado, no se sostenía la formalización de la catástrofe municipal del PP como preámbulo de las elecciones generales. Por lo tanto, tenían que darse cuenta y harían coincidir ambos comicios. Y con esto, el resultado general indicaría el sentido de los pactos municipales y autonómicos de este año.

Esta ocurrencia de la reforma de la ley no habría tenido grandes efectos en Madrid, por lo que calculé a lo grande y descubrí que el PP conseguía el 40% en seis de las cuarenta y siete ciudades de más de cien mil electores que hay en España, luego su error de cálculo era monumental o, alternativamente, lo del 40% era un señuelo. Siendo así, el propósito de la reforma no sería otro que establecer un porcentaje de exclusión en torno al 15% para concurrir en una segunda vuelta, lo que eliminaría de los municipios a quienes no lo hubieran alcanzado.

En el otoño de 2014, el PP conseguiría 2,3 millones de votos en las cuarenta y siete ciudades de más de cien mil electores, que se traduce en un porcentaje del 30,6% y unos trescientos cincuenta concejales. Más concretamente, Rajoy conservaba Badajoz, Almería, Cádiz, Cartagena y Murcia, pero necesitaría a UPyD en Burgos, Granada, Salamanca y Logroño. Todo lo demás, lo perdía de una u otra forma, porque el PSOE y las candidaturas impulsadas por Podemos sumaban la mayoría en León, Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca, Castellón, Alcorcón y Elche, pero también en Vigo, Alcalá de Henares, Getafe, L’Hospitalet, Gijón, Fuenlabrada y Zaragoza. Si a la fórmula se agregaba a IU/ICV, los populares también perdían Alicante, Valladolid, Huelva, Albacete, Sevilla, Móstoles, Málaga, Jerez de la Frontera y Madrid; lo mismo que sucedía en Oviedo, Leganés y Sabadell, donde no tenían mayoría. Si se animaba el Partido Regionalista de Cantabria, el PP también perdía Santander; con Compromís abandonaban Valencia; se marchaban de A Coruña con la presencia del BNG y de Córdoba con la de algún otro. Nunca fueron gran cosa (y menos ahora) en San Sebastián, Terrassa, Bilbao, San Cristóbal de La Laguna, Pamplona y Santa Cruz de Tenerife. Y junto a estos resultados, otros autonómicos igual de lamentables.

Quizá finalmente comprendieron que ya no promediarían el 37% en España, o que quedarían excluidos de los ayuntamientos en Cataluña, el norte de Navarra y el País Vasco. El caso es que la reforma electoral no se produjo y solo sirvió para evidenciar ante los ciudadanos una vez más algunas características de su cultura política. Su intento de caudillaje despreció a todas las minorías sin excepción, y encima llamó idiotas a las personas corrientes. Pretendieron quedarse las alcaldías consiguiendo casi dos vecinos de cada diez, uno jubilado y el otro a punto. Esa legitimidad de nivel Cospedal o, lo que es lo mismo, de vergüenza ajena, solo convencía a los peor formados, que son los más mayores, y a esos ya los tenían. Sabíamos que no podían despertar las bajas pasiones que pretendían, porque la mitad más joven del censo es considerablemente más convergente que la de más edad, y no le presta atención a esas españoladas, porque no forman parte de su civilización. Por el contrario, los ciudadanos nuevos, liderando a las generaciones precedentes, ya habían mandado al PP al lugar de la refundación.

Y en cualquiera de los casos, en este asunto de las alcaldías, Rajoy empleó un argumento profundamente cínico. Todo el mundo sabe que si Podemos gana las elecciones generales y queda segundo el PSOE, tratarían de investir a Pedro Sánchez contra la lista más votada. Pero si gana Podemos y queda segundo el PP, le ofrecería de todo al PSOE para impedir el gobierno de la lista más votada. Ese es el vergonzoso nivel Cospedal al que me refiero, que supone que el elector es tonto, una idea que forma parte de la cultura política que llamo posfranquismo y muere este año.

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CAMBIOS PROFUNDOS EN OCTUBRE DE 2014

Metroscopia situó a Podemos como primera fuerza política en España con el 27,7 % de los votos válidos. A continuación venía el PSOE con el 26,2 % y en tercer lugar el PP con el 20,7 %. Con estos datos, UPyD (3,4 %) e IU/ICV (3,8 %) quedarían reducidos a la nada en términos de escaños; recordemos por ejemplo, que Gaspar Llamazares consiguió dos actas con casi un millón de votos en 2008. Luego publicó el CIS la estimación correspondiente a su barómetro de octubre, que era distinta de la de Metroscopia, aunque realizada en el mismo contexto. El CIS situó al PP como primera fuerza política con el 27,5 % de los votos válidos, y a continuación al PSOE con el 23,9 %, seguido por Podemos con el 22,5 %. A gran distancia, IU/ICV (4,8 %) y UPyD (4,1 %).

¿Cuál de las dos estimaciones era la correcta? ¿Cómo podíamos saberlo? Pues estudiando las tablas de resultados del CIS, con independencia de su estimación. Por un lado, la encuesta más influyente animaba a Pablo Iglesias a ganar con mayoría absoluta, como se llegó a verbalizar en un desenfoque, porque eso ya no existe en España. Y por otro, el mejor trabajo publicado con el que contamos los profesionales, que es el del CIS.

La encuesta de Sigma Dos de octubre de 2014, anticipó plenamente la estimación del barómetro del CIS, aunque dejando poco espacio para «otros y blancos». Esta circunstancia me hizo suponer en un principio la sobreestimación de Podemos, pero no era así, porque empataba con el PSOE, ligeramente sobreestimados ambos. En todo caso, ya había discrepancia entre las referencias fundamentales.

El PSOE alcanzaba el 14,3% en la intención de voto en los datos directos del CIS, mientras que el PP se quedaba en el 11,7%. La fidelidad de voto del PP, antes de asignar indecisos, era del 47,3% de sus votantes de 2011, lo que equivalía a 5,2 millones de votos, menos las defunciones estimadas. La fidelidad del PSOE era del 47,3%, es decir, 3,3 millones de votos, menos las defunciones estimadas. Solo por este factor, el PP aventajaba al PSOE en 1,9 millones de votos, luego la suma de todos los factores estaba explicando por qué se venía por debajo en datos directos, y quedaba por encima en estimados. En las mismas fechas, el CEO de la Generalitat, en su segunda oleada de 2014, dio como ganador a ERC en Cataluña con una estructura de datos que, según mis técnicas, ganaba CiU. Hay que comprender que el voto no es simpatía ni nada que se le parezca, hay que estudiar en profundidad el comportamiento electoral, distinguir los fenómenos que se están produciendo, medir su dimensión y localizarlos en el territorio. Los porcentajes de votos válidos y escaños son productos finales de interés político y periodístico, en un momento dado, mediante estimación, o en un escrutinio.

Concluí, equivocadamente, que el barómetro de octubre del CIS estaba expresando los valores máximos de Podemos, porque había sido capaz de sumar 5,2 millones de electores, que representaban el 22,0% de los votos válidos y ochenta escaños en elecciones generales. Esto estaba muy por encima de los 3,2 millones de votos que estimé a finales de 2013. Consideré que Podemos estaba expresando sus valores máximos por un buen número de razones. En primer lugar, porque no había más mercado. La zona de ruptura del español con su sistema de representación tiene un tamaño total de unos 8,5 millones de electores, pero esto incluye a otras formaciones como el Partido X o Recortes Cero y la extrema derecha, que también es ruptura. En segundo lugar, lo que pasaba en España, en términos electorales, no era diferente de lo que estaba sucediendo en Grecia y en Italia, así que disponíamos de otras medidas del fenómeno y algunas muy cercanas. En 2013, AGE marcó en Galicia registros máximos del 20,0% de los votos válidos en las encuestas que ya no alcanzan, por poner un ejemplo. En tercer lugar, los datos del barómetro de octubre del CIS reflejaron cierto efecto Sánchez, que coincidía con otro efecto tarjetas sobre el electorado del PP, y un tercer efecto llamada del resultado europeo de Podemos. Supuse plenamente expresado este fenómeno, que también era una consecuencia de la promoción no deseada que venía haciendo el sistema mediático de esta oferta electoral. Una cuarta razón era que la intención de voto a Podemos recogía la expectativa ciudadana intacta; hasta ahora, habían aglutinado a un electorado que era transversal en lo ideológico, lideraban la expectativa del orden nuevo y no habían hecho grandes renuncias, pero pronto tendrían que matizar esa ilusión colectiva. Aún una razón más para pensar que Podemos había alcanzado sus valores máximos era que su progresión meteórica tenía que removilizar a determinados electores temerosos del entorno del PP, pero también a otros del PSOE. Socialistas y populares debían mejorar los registros del barómetro de octubre del CIS, porque además del moderado efecto Sánchez, que indicaba un cambio de tendencia, el PP debía recuperar volumen por este factor miedo hasta sus 7 millones de votos habituales.

Por último, en la medida en que los dirigentes de Podemos no supieran zafarse del gen latinoamericano, que no tiene nada que ver con el doble paradigma insatisfecho de nuestra sociedad total, que es la potencia europea occidental-el pueblo de Europa, su propuesta política perdería sentido. Y también en la medida en que se sintieran cómodos en el lado izquierdo —y la verdad es que se les veía encantados—, su propuesta perdería transversalidad. Además existían otras cuestiones, como la monarquía o el modelo territorial, sobre las que, en tanto no dieran respuestas claras —y no las daban—, o abandonasen el lugar estratégico inexpugnable que es la moratoria en el pago de la deuda, en tanto no esté auditada —y lo abandonaron—, que les harían perder votos. La inteligencia electoral de esta formación estaba siendo notable, pero no terminaban de entender que su sitio era enfrente, ni en la izquierda, ni abajo. Eran razones suficientes para considerar que difícilmente mantendrían estos registros en el tiempo.

Estaba equivocado, aquellos valores de octubre no fueron los máximos. Podemos progresó en los meses siguientes hasta registros helénicos, para finalmente ceder o volver al sitio.

Nos encontrábamos en el quinto y último ciclo del comportamiento electoral, pluripartidista y con tres fuerzas hegemónicas desde el mes de junio de 2014: el PP, el PSOE y Podemos. Este quinto ciclo tiene sus precedentes en la gran desmovilización del electorado socialista de mayo de 2010 que puso fin al bipartidismo (1992-2010) y dio paso al lapso hegemónico del PP, que se prolongó hasta el mes de julio de 2012. Se desmovilizaron desde entonces cantidades ingentes de electores populares de la mitad más joven del censo, para reunirse con los socialistas en la abstención. Ahí permanecieron durante todo el año 2013 y los primeros meses de 2014.

Así pues, este ciclo fue marcadamente abstencionista en sus inicios, para recuperar tasas razonables de participación desde los comicios europeos de 2014. En esta segunda fase, se reincorporaron al sistema (para derribarlo) numerosos electores del espacio ciudadano de ruptura residentes en la abstención. Más tarde, y en menor medida, la abstención descendería por la movilización de otros electores de la contienda convencional en torno a Ciudadanos y otras candidaturas de reemplazo. También aumentó la participación, respecto a los valores mínimos de 2014, por la pujanza de las candidaturas nacionalistas en sus respectivos ámbitos territoriales.

En definitiva, del estudio del CIS se deducía una información principal: la suma de los escaños del PP y el PSOE se había alejado de los dos tercios de la Cámara. Ya no había segunda y tercera candidatura, sino dos fuerzas políticas igualadas, PSOE y Podemos, lo cual dibujaba una situación completamente nueva en España. Podemos aventajaba al PSOE en la Comunidad Valenciana (+4 escaños), Madrid (+4), Navarra (+1), Murcia (+1), Baleares (+1) y Asturias (+1), mientras que venían detrás de los socialistas en las dos comunidades castellanas (–8), Andalucía (–5), Extremadura (–3), Cataluña (–3), Galicia (–3) y el País Vasco (–1).

El PP y el PSOE se disponían a perder 11 millones de votos (3,8 el PP y 7,1 el PSOE) respecto a las elecciones generales de 2008, que son los comicios de referencia porque expresan la plenitud del bipartidismo. El PP ganó espacio primero en 2011 para luego desplomarse, mientras que el PSOE primero se desplomó, para luego perder espacio. O lo que es lo mismo, ya no quedaba ningún rastro de bipartidismo ni de posición hegemónica de nadie en el sistema electoral general, ni de estos dos grandes partidos ni de ningún otro, porque estaba fragmentado en todos los niveles de representación.

Particularmente, advertí de la situación terminal del PP y el caos consecuente si no se situaba, en los comicios de este año, una pieza de reemplazo del PP. Me ocupé de comentar la situación a quien, aun sin querer, informaría a los poderes reales. Si UPyD no pactaba con Ciudadanos, se quedaría al margen, porque Albert Rivera aportaba Cataluña y para resolver Madrid no era obligatorio hablar con Rosa Díez. Pienso que hice lo que habría hecho cualquier otra persona que tuviera los números en la mano. Ese PP que daba vergüenza ajena dejaría en la abstención a un número enorme de personas sin representar en el sistema general, liberales o conservadores de la mitad más joven del censo de sello UE; nada que ver con la identidad histórica.

Describir de un modo comprensible para el lector la situación que estaba atravesando el sistema de representación no es fácil. Exigía identificar alguna variable explicativa del comportamiento electoral, y en esta búsqueda localicé dos más poderosas que otras: la edad y el nivel de estudios del elector. Estas dos variables se relacionaban con otras para definir perfiles, como, por ejemplo, el tamaño del municipio y la conectividad; en los ámbitos metropolitanos la población es significativamente más joven, es más internauta y está mejor formada que en los medios rurales, pero también vota proporcionalmente más a Podemos y a Ciudadanos que al PP o al PSOE.

La relación entre la edad del elector y su nivel de estudios define un patrón en España. Conforme avanza la edad media del elector, retrocede su nivel de estudios. Este patrón expresa una discontinuidad en la materia social, que podemos agrupar en dos mundos claramente diferenciados. Uno procede del siglo XX, es bruto o poco instruido, sumiso, clientelar y marcadamente irresponsable de lo público. A este mundo pertenecen tres de nuestras cuatro generaciones de electores. El otro mundo, mucho más elaborado, especializado o instruido, cívico, crítico, europeo occidental, global y volcado en el siglo XXI, es el de la generación más joven. Un total de 20 millones de personas de las que más de 12 millones votan en 2015.

El comportamiento de la población más joven se estaba superponiendo sobre la estructura preexistente, que solo organizaba a la parte más antigua de la sociedad. Decir que el bipartidismo había quedado anclado en el siglo XX no era una opinión, sino un cálculo razonable. Por el contrario, Podemos cuadruplicó enseguida en la intención directa de voto al PSOE y el PP en el primer cuartil y duplicó al bipartidismo en la mitad más joven del censo.

Al finalizar 2014, anotamos un dato fijo: el PP no tenía capacidad para reunir a más de 7,3 millones de personas en las urnas, la mitad de ellos de sesenta y cinco o más años de edad. Incluso podían quedar por debajo de los 7 millones de votos si Pedro Sánchez, decidiendo que su contienda era la central, la libraba con éxito.

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ERRORES ESTRATÉGICOS

En pleno mes de agosto de 2014, el entonces eurodiputado de UPyD, Francisco Sosa Wagner, escribió esto en El Mundo:

... UPyD debería liberarse de las prácticas autoritarias que anidan en su seno, prácticas que desembocan en la expulsión constante de afiliados o en su sepultura en vida cuando deciden permanecer en sus filas acogidos a un ominoso silencio.

Sosa Wagner abrió el debate sobre la conveniencia de pactar con Ciudadanos y cargó contra la dirección de su propio partido, y creo que sabía muy bien lo que hacía. El artículo de opinión se titula «Después de las europeas» y se encuentra con facilidad en la red. Con independencia de la cantidad de razón o de fundamento que pudiera contener su acusación, nadie suele hacer algo semejante en este negocio, porque, como poco, los periodistas visualizan una crisis interna y les complican la vida hasta límites insospechados. Así pues, declarar eso fue sorprendente y erróneo, en términos de mercado, porque solo lo hace quien se marcha muy contrariado de algún sitio. Antes he comentado que la suma de UPyD y Ciudadanos ponía en aprietos muy serios al PP y recomendé ese pacto, aunque también me consta que el debate estaba mucho más que planteado en la formación magenta desde la noche del 25 de mayo de 2014.

Vivo en un pueblo pequeño de Madrid donde hay una agrupación de UPyD, cuyo coordinador fue Antonio Checa hasta que fue llamado a mayores responsabilidades. Checa es un economista brillante que tuvo la habilidad de comprometerme periódicamente para explicarles cómo estaba la situación electoral. El debate sobre el pacto quedó planteado porque en las elecciones europeas, y en nuestro pueblo, UPyD se encaramó a la segunda plaza, con cerca de mil votos, pero Ciudadanos había conseguido casi seiscientos. Seiscientos votos son muchos, y la realidad de UPyD en sus pueblos es que sus militantes se preguntaron qué había pasado, y qué había que hacer. Antonio recabó mi punto de vista. «Nada —le aconsejé—, no tienes que hacer nada más que sumar esos votos de Ciudadanos a tu parcial de este año, porque no van a presentar una lista aquí, como tampoco la presentó UPyD en 2011». La razón es que nadie va regalando su marca al primero que le llama diciendo que la quiere representar, salvo que se haya vuelto loco, por lo que Ciudadanos no haría una lista en mi pueblo hasta que no tuviera un Antonio Checa, y esto no tenía que suceder en 2015; primero tenían que resolver su salto a la política en el ámbito estatal, y esto empieza por los grandes municipios metropolitanos y las capitales de provincia. Le recordé que UPyD cubrió en el 50% del censo electoral las elecciones municipales de 2011.

A la vista de este consejo, se entiende la postura de la dirección nacional de UPyD, defendiendo su posición en el mercado. Aunque la irrupción de Ciudadanos hubiera marcado registros en toda España, si tenía que haber contienda en mayo, sería en los municipios de más de treinta mil electores. Esto, que lo sabe la dirección de un partido como UPyD, no se supone en los pueblos, luego fallaba la comunicación interna. Quien entiende las encuestas, y Carlos Martínez Gorriarán las entiende muy bien, sabía que, a diferencia de Podemos, Ciudadanos no había marcado buenos registros en la intención de voto en elecciones generales en España (CIS). Pudo suponerse, como yo supuse entonces, que llegadas estas elecciones generales, Ciudadanos sería percibido como un partido político catalán, por lo tanto, si había que hablar se hablaba, pero tienes que moderar mucho tus expectativas. La dirección de UPyD protegía una posición real conquistada en el territorio, frente a otra virtual, que era la de Ciudadanos, que tampoco podía llegar muy lejos sin un acuerdo con UPyD, o con una fuerza de mucho peso en Madrid. Era perfectamente comprensible mantenerse en esa posición.

La polémica sobre la conveniencia de este pacto surgió porque Podemos había ocupado la tercera plaza en la intención de voto en elecciones generales, superando a IU/ICV y UPyD. Este hecho redujo drásticamente las expectativas electorales de ambas formaciones. IU/ICV o PSOE/PSC siguen el mismo esquema que UPyD/C’s. Lo primero era vieja izquierda y sería superado, mientras que lo segundo era algo nuevo.

UPyD se hacía con cuatro escaños por Madrid y uno por Valencia, aunque tuvo opciones en Sevilla, Málaga, Alicante y Murcia, mientras que Ciudadanos conseguía dos escaños por Barcelona. La suma lineal de esto era insuficiente para reemplazar al PP. Sin embargo, su fusión aunaba la potencia electoral de C’s en Cataluña y UPyD en Madrid, y con esto se articulaba el proyecto político de reemplazo.

Siguiendo una cadena lógica, UPyD: a) no tenía entrada en Cataluña, luego no podía b) ser un partido de reemplazo del PP por sus propios medios; así que c) debieron plantearse la propuesta de Ciudadanos como una oportunidad, máxime cuando d) el partido dejó de tener opciones al pasar a ocupar la quinta plaza en España. Se abordó un debate intenso en el seno de UPyD, propiciado por los resultados de las elecciones al Parlamento europeo. Recomendé llevar adelante ese pacto por razones de estrategia general, que en el caso de UPyD significaba ser o no ser. Y según datos objetivos, esos electorados se sentían gemelos y querían juntarse, por lo que hacer caso omiso a esta demanda era la mentalidad que se tenía que quedar definitivamente en el pasado.

A Sosa Wagner le contestó, en tono perdonavidas, una diputada de su partido por Madrid, incendiándolo todo con calificativos inaceptables. Fue en un artículo titulado «Querido Paco», aparecido en El Mundo, que le costó prestigio a esa diputada.

El 21 de agosto, Carlos Martínez Gorriarán escribió esto en su cuenta de Twitter: «El criticado es corrupción política pura. Ha engañado masivamente. Mentiroso 100%». También es inédito y un error mayúsculo, en términos de mercado, llamar corrupto en público al responsable de tu partido en Bruselas. Nunca había visto nada semejante, porque es autodestructivo. Cualquier discrepancia entre quien representa a un partido en Bruselas, que era Sosa Wagner, y un dirigente en Madrid, que es Carlos Martínez Gorriarán, tenía que haberse resuelto de puertas adentro, porque si uno planteó la crisis, el otro la formalizó. Y además, matar al mensajero no parecía posible, en tanto que se trataba de un eurodiputado electo hasta 2019. Un eurodiputado que, recordemos, planteaba una propuesta acertada y tenía predicamento en las bases. Pienso que Sosa Wagner sabía lo que estaba haciendo, porque expulsarlo sería la constatación de una práctica autoritaria y habría que expulsar a muchos más, incluso a todos.

A mi amigo Antonio Checa le había recomendado, mucho antes de que se formalizara esa crisis de partido, lo que Franco a la sonrisa del régimen, su ministro José Solís: «Haga usted como yo y no se meta en política». Dicho de otra forma, Antonio es una persona joven que quiere cambiar las cosas, con sus ideas, a su manera, con su gente y en su municipio, donde no tiene que aparecer Ciudadanos, pero tampoco Gorriarán ni Sosa Wagner ni nadie a resolver los problemas. Si acaso Rosa Díez y solo a hacer campaña. Luego tiene que ir haciendo su camino que es lo importante, porque esos pollos se pelarán solos.

Estaban ya quitándose las plumas, cuando Rosa Díez superó la crisis por elevación, advirtiendo de la necesidad del debate, y remitió a los medios a un consejo político de celebración inminente. Lo resolvió en un minuto y es que son tiempos de hula hoop y hace falta cintura y buen talante. El 23 de septiembre se reunieron Albert Rivera y Rosa Díez. Decidieron colaborar, incluso concurrir juntos a las elecciones.

Sosa Wagner fue degradado a eurodiputado raso y el 17 de octubre de 2014 abandonó su cargo. A finales del mes de noviembre, Albert Rivera dio por fracasado su intento de colaboración con UPyD. Ese día finalizó el proyecto político de Rosa Díez en el ámbito estatal. No había entendido la necesidad de situar, ahora, veinticinco diputados que podrían convertirse en ochenta o cien a medio plazo.

Me recordó de algún modo a Mijaíl Gorbachov, que hizo justo lo contrario. Cuando el hombre fue capaz de controlar las cabezas nucleares desde el espacio, la URSS comenzó a gastar lo que no tenía en lo que no se podía pasear por la plaza Roja. Gorbachov comprendió que el capitalismo de Estado había perdido frente a la economía libre de mercado y actuó consecuentemente. A veces, la consecuencia en las ideas conduce a la actuación inconsecuente, en el caso de UPyD, contra sus propios intereses electorales.

Según las encuestas, en noviembre de 2014, las elecciones generales las ganaba el PP con 6,5 millones de votos, el 27,2% (126 escaños), seguido por el PSOE (89) y Podemos (82), empatados a 5,2 millones de votos y el 21,7%. IU/ICV (9) defendía el 5% con 1,3 millones, mientras que UPyD (5), el 4% con un millón de votos. Los demás partidos sumaban 4,7 millones de electores (39 escaños), hacia el 20% de los votos válidos. Con ello quedaba claro que el PP no había caído diez puntos en la intención de voto, ni tampoco Podemos era la fuerza política más votada, ni dimos crédito a la idea de que el PSOE podía superar el 25% de los votos válidos. Lo único cierto era la suma de los escaños del PSOE y el PP para gobernar España, pero la novedad que había aportado el barómetro del CIS es que esa suma ya no alcanzaría los dos tercios de la Cámara, dada la progresión de Podemos.

Desde que apareció Podemos, en España no se hablaba de otra cosa y casi nadie sabía muy bien lo que decía. Se percibía la desorientación de los analistas sobre lo que estaba sucediendo. El lado izquierdo no arrollaba al derecho ni viceversa, porque ahora existía enfrente, que era un lugar compartido por las naciones distintas de la castellana o española y los futuros diputados de la ruptura, un sitio donde el PSOE y el PP eran la casta. Costaba asimilar este concepto, especialmente a los creadores de opinión que se posicionaban en alguno de los bandos tradicionales: casta pura y dura, nada que pactar, como en Italia y en Grecia.

Un mes más tarde, en diciembre, Rajoy volvió a equivocarse. Anunció que pensaba repetir como candidato, con lo que ya había expuesto cómo sería su campaña. El único argumento de los populares, que es indestructible, aunque de eficacia conocida y limitada, es que España ha superado la crisis bajo su mandato, lo que se traduce en que Rajoy tiene la confianza de la Unión Europea y cualquier otra opción sería una aventura. Este argumento, que no era cierto, convencía a unos y a otros no, en unas cifras que están consolidadas desde 2013, con independencia de los indicadores de la economía o de lo que pudiera decir un presidente que era desaprobado por ocho de cada diez ciudadanos, es decir, por las masas.

A este error estratégico del PP de Rajoy se le sumó otro: las elecciones generales iban a celebrarse en su fecha. Antes debieron pedir consejo a uno de sus asesores valencianos, Elías Amor Bravo, un economista experto en el ciclo político de los negocios, que apareció por Gallup en 1986 para estudiar las series históricas de popularidad de los presidentes del gobierno, los indicadores de confianza del consumidor y las series de intención de voto. Elías Amor les habría advertido sobre cierta relación entre los indicadores macroeconómicos y el comportamiento electoral de las personas. España no es Alemania u Holanda, por lo que fiar los resultados electorales a la bondad de los indicadores macro, con cinco de cada diez jóvenes en paro, era un disparate mayúsculo que nos advertía, por otro lado, de la distancia enorme que existía entre gobernantes y gobernados.

La buena marcha de la economía era un argumento que no podía desplazar ni un solo voto más hacia el PP de los que ya tenía; por lo tanto, la idea de agotar la legislatura, que contenía el espectáculo de su hecatombe territorial, no dejaba de ser una equivocación. Una de dos, o estaban en la inopia (que es lo que parecía), o se hacían los locos para ir haciendo camino a ver qué pasaba (que es lo que realmente estaba sucediendo). Lo que le esperaba al PP en las elecciones de mayo, se concreta en perderlo todo para volver a empezar, aunque refundados. Perderlo casi todo en mayo y querer aguantar hasta noviembre en precario, además de ocurrente, fue contumaz.

Por su parte, el PSOE volvió a tener posibilidades por primera vez desde la irrupción de Podemos. Si mejoraban seis puntos de votos válidos sobre su posición, conquistaban treinta escaños y empataban con el PP. El PSOE podía progresar, por ejemplo, si Pedro Sánchez declaraba que Griñán y Chaves carecían de prestigio social y, por lo tanto, debían abandonar la política con independencia de otras consideraciones. Permanecer sin prestigio no es convergente, y lo que tenía que hacer Susana Díaz era orientarse. El PSOE ganaría endosando al PP el posfranquismo, una cultura política anterior que interpreta el mandato popular como la licencia para el caudillaje. Y ganaría explicando a los votantes qué es la socialdemocracia y quién es quién en la internacional socialista. Sin embargo, no supieron defender su espacio y el PSOE entró en barrena.

Por último, IU se desorientó. Si se desorganizaba en procesos convergentes, su resultado electoral desaparecería. Su única certidumbre era que podían reunir un millón de electores siendo como son y a pesar de Podemos. El joven Alberto Garzón se despistó, porque alcanzar la precampaña es llegar a la sabana, un lugar donde hay viejos leones dispersos defendiendo cada uno a su manada. IU es quizá el más viejo y vigila preocupado a un recién llegado. Podemos es un león joven, fuerte y socialdemócrata, que se recoge la melena con una goma, cuyas intenciones son llevarse a la mitad de la manada en mayo, para recoger a los que queden en noviembre. En estas circunstancias, no existen amigos. La obligación de Alberto Garzón no era otra que defender con uñas y dientes a su manada del intruso socialdemócrata; si Letizia es reina antes que Letizia, lo mismo sucede con el más viejo de los leones. Tenderle la mano al joven león fue declararse gacela, comida para el intruso y para todos, porque el retroceso municipal de Izquierda Unida en las elecciones de mayo, que ya se daba por descontado y era de toda la organización, iba a ser, sin embargo, el primer resultado político atribuido en exclusiva a Alberto Garzón.

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PODEMOS PASTOREA Y ACIERTA.

ESTAMOS EXHAUSTOS

A finales de 2014, Podemos defendía la posición conquistada negando un pacto con aquellos que presentaron como la casta, aunque terminaran entendiéndose con el PSOE de Ximo Puig y con Compromís, coalición de cuotas, para gobernar en la Comunidad Valenciana, por poner un ejemplo. Esto funciona así.

El 27 de noviembre de 2014, apareció en rueda de prensa el economista Vicenç Navarro, convenientemente flanqueado por Juan Torres y Pablo Iglesias. Desde ese día, el proyecto político de Pablo Iglesias se puede calificar de socialdemócrata, además de incoherente con el discurso de las castas, porque la ruptura no consistía en echar al PP, sino en echarlos a todos. Y desde ese día, Vicenç Navarro era el ministro de Economía alternativo a Luis de Guindos, presidido por un independiente pactado entre el PSOE y Podemos. Como por aquellas fechas, la gente, exhausta, necesitaba imperiosamente creer, se hizo la vista gorda, aunque la ruptura es lo contrario de la reforma, y esto, que está al final de cualquier viaje, no era una conjetura ni es eludible.

Con su definición socialdemócrata, Podemos pactaría contra el PP después de mayo, es decir, más de lo mismo y además no lo que se pretendía originalmente, porque el elector de la ruptura pactaba tanto con Pedro Sánchez como Tsipras con Venizelos o Beppe Grillo con Renzi: nada. Los dirigentes de Podemos defraudaron a medio plazo la expectativa central de sus votantes, que era el proceso constituyente. Desconcertaron a los electores procedentes del PP, que no eran de izquierdas, pero también a los que venían de IU/ICV o de cualquier otro partido, incluso los socialistas. Es necesario explicar esto último.

La fidelidad de voto del PSOE, en octubre de 2014 (48%), superaba en cinco puntos la de enero de ese año (43%) y en diez puntos la de julio (38%). Esto era así por un factor que llamé Pedro Sánchez. Por lo tanto, quienes votaron a Rubalcaba en 2011 y lucían en transferencia hacia los posibilistas, ya no estaban en el PSOE sino en la abstención, y el grueso de los votantes en la zona de ruptura. Con este nuevo giro, los socialistas regresaban al sistema, unos por el factor Sánchez y otros para derribarlo y para no pagar la deuda en tanto no estuviera auditada, una posición política inexpugnable que unía a millones de personas de una región europea en la defensa del mismo objetivo.

«No pactaremos con el PSOE», decían los posibilistas de Podemos. Ese fue su marketing hasta las elecciones de mayo de 2015, porque después sería lo mismo echarlos a todos que al PP, el proceso constituyente que la reforma de la Constitución, el asalto civil al poder parlamentario que el nuevo partido de vanguardia pactando con los socialistas y los aparatos con cuotas que se encontraron en los territorios. Si Podemos pagaba la deuda aunque no estuviera auditada, si no era el proceso constituyente, si se entendían con los que llamaban la casta, Podemos era más de lo mismo, confrontación y lado izquierdo puro y duro.

Los dirigentes posibilistas desvirtuaron la esencia del fenómeno electoral, los factores que habían aglutinado a estos votantes, de orígenes diversos, situados enfrente, y los pastorearon con éxito hacia el lado izquierdo. Lo llamo pastorear porque defraudan las expectativas aunque sin perder muchos votantes, porque es esto o no es nada.

Aunque se tratase de un movimiento calculado, me resultó sorprendente que abandonasen un espacio de éxito electoral tan pronto para competir con el PSOE en su campo o intentar reemplazarlo, una aventura que, en términos de mercado, no se entendía muy bien. Parecía cuota y reparto, construcción desde arriba, reforma que no es ruptura, y la prolongación de lo de siempre. Si ganaba el PP al PSOE y estos a Podemos, sumando ciento setenta y seis o más escaños, ¿qué harían los posibilistas?, ¿investir a Pedro Sánchez o forzar la gran coalición? Esta era la gran cuestión planteada, porque lo primero era conquistar el cielo por consenso.

Podemos ya había pactado con Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV), el partido de diseño barcelonés. Es más, la activista Ada Colau encabezó la coalición que presentó listas municipales en Barcelona en la que también estaba incluida ICV, que es quien legalizó la candidatura. Eso es arte. Nadie lo denunció, pero todo eso es pasteleo, cuota, intrigas cortesanas y fraude. La dirección de Podemos se orientó de inmediato hacia el reparto del poder en los territorios, previo acoso al PSOE, para luego pactar contra el PP allí donde hiciera falta. Por lo tanto, ya se podía concluir que la presidenta de la Comunidad Valenciana sería la candidata de Compromís, Mónica Oltra, como solución consensuada entre el PSOE, que en teoría era casta, y la dirección de Podemos, que desde estos pactos también lo sería; aún no había eclosionado Ciudadanos.

Los posibilistas habían transformado la ruptura en reforma, porque su aportación se concretaba en quitar de en medio a los de Esperanza Aguirre para dar entrada a los de Tomás Gómez o Gabilondo en Madrid, o a los de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana. Para ese viaje, no hacía falta alforjas.

En resumen, Podemos pastoreó con éxito al elector de la ruptura hacia el lado izquierdo. Es como si el Chaplin que recoge el trapo rojo en Tiempos modernos hubiese tomado la primera bocacalle a mano izquierda, porque la manifestación formada a sus espaldas iba más lanzada hacia delante que Robert Kubica. Lo que estaba haciendo Podemos era un fraude respecto al fenómeno electoral, si consideramos, por ejemplo, que novecientos mil de sus votantes procedían del PP. ¿Eran estos de izquierdas, socialdemócratas nórdicos o qué? Sin embargo, el elector de la ruptura hizo la vista gorda a las irregularidades de los dirigentes posibilistas, su declaración socialdemócrata u otras renuncias anticipadas. Serán golfos, pero seguro que menos; además son nuevos y, sobre todo, no hay otros. Con la gente exhausta, la necesidad de creer empezaba a ser imperiosa. Eso facilitaría mucho las cosas. A gente como Albert Rivera, por ejemplo.

A finales de 2014, nos encontrábamos ya en situación preelectoral, la de los diversos comicios de 2015. Si tuviera que calificarla con un solo adjetivo, elegiría caótica, la más incierta que he conocido en toda mi carrera. Según unas encuestas, ganaría el PP y según otras Podemos, algo que también haría el PSOE a ratos, según Metroscopia. Se estaban produciendo cambios profundos en el comportamiento electoral, que se resumían en que la mitad más joven del censo, recientemente desmovilizada, regresaba al sistema de representación, pero ocupando espacios nuevos o haciendo caso omiso del bipartidismo. Desde el punto de vista demoscópico, encuestas realizadas en fechas similares tendrían que proporcionar resultados parecidos, por lo que, ante estas diferencias, se evidenció la debilidad de los procedimientos técnicos de algunas empresas encuestadoras y del sector en su conjunto. Alguien estaría dando la información cierta, pero los demás, no. Eso tenía más trascendencia de lo que parecía. Los periodistas dudaron de sus fuentes o referencias habituales, porque advirtieron que no tenían una comprensión ordenada de lo que estaba sucediendo. Como consecuencia, la clase política también dudó. Todos dudaron menos los electores.

El problema era indudablemente técnico y se acentuaba conforme progresaba la ocultación de voto del electorado del PP. En una legislatura ordinaria, se van produciendo hitos de incumplimiento o fracaso del partido del gobierno, que en las circunstancias actuales se vieron superados por otros vergonzantes y asociados al privilegio y la corrupción política. Se trata de un número creciente de entrevistados que votarán al PP, pero no lo dirán en las encuestas, que puede explicar el irreal 20% de los votos válidos que vi publicado para este partido, finalizando el año, porque no bajaba del 27%, según mis estimaciones. La incertidumbre era menor de lo que parecía y el interrogante principal quedó despejado en el barómetro del CIS de enero de 2015. En concreto, el lugar que ocupaba Podemos y la confirmación, o no, de la inversión de la tendencia del PSOE, que había mejorado sensiblemente en el estudio de octubre de 2014. La posición del PP estaba clara, y la refrendaría el CIS, con una tasa de fidelidad del 50% de sus votantes de 2011, lo mismo que el millón justo de IU/ICV y UPyD.

Sin embargo, atendiendo a la intención de voto por edades, el PP de Mariano Rajoy ya había aterrizado en el lugar de la refundación. Había que construir una alternativa, que parecía ser Ciudadanos y Albert Rivera. Máxime si se anticipaban las elecciones autonómicas en Cataluña, porque empezaría la campaña dos meses antes doblegando al PP, un impacto idóneo en vísperas de las elecciones generales. Como ya he dicho en el capítulo anterior, los estrategas de Mariano Rajoy se habían equivocado.

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DAVID CONTRA GOLIAT

Se pueden decir dos cosas de Cataluña: quien se establece allí suele ser catalanizado o integrado en su cultura y sus costumbres, y su población autóctona o de origen catalán define masivamente una nación, que vive su integración en España como sometimiento, siendo esto así desde Atapuerca, que es una forma exagerada de decir desde siempre. Negar la plurinacionalidad del Estado español es negar la existencia de estas personas y es, por lo tanto, una necedad. La combinación de estas dos ideas sobre Cataluña nos dice que su sociedad actual tiene una personalidad histórica visualizable y poderosa, distinta e integradora de flujos migratorios, hasta forjar una materia social que es, en sus grandes números, multicultural y marcadamente metropolitana. La nación catalana es una parte de esta sociedad más amplia y global, inmersa ahora en la integración europea, un proceso de cesión creciente de soberanía del viejo Estado miembro del siglo XX, en favor de la Unión.

La aspiración colectiva que estructuró los cambios en España a partir de 1975 se puede resumir en la idea queremos ser europeos. El español o castellano quería vivir en una potencia europea occidental, un país de un tamaño considerable, democrático, ciudadano y próspero, que está bien organizado y su Estado equilibra las desigualdades protegiendo o ayudando a las personas. Una idea que puede simbolizar sobre todo Alemania. Este Estado avanzado, inalterablemente próspero, es el mismo al que aspiran ocho o nueve de cada diez catalanes de origen autóctono, aunque en otra dimensión: es distinto de España y es necesario para consolidarse políticamente en el mundo, algo que pueden simbolizar perfectamente Holanda o Dinamarca.

Pasados cuarenta años, este doble paradigma permanece inalterable, porque ambas aspiraciones continúan insatisfechas. Termina ahora el posfranquismo y con él la incultura política dominante de tres de nuestras cuatro generaciones actuales. Hoy se está hundiendo el orden de 1978 en España, sustentado tan solo por tres de cada diez personas, los peor formados e informados, los de mayor edad y dependientes, y nos encaminamos a un proceso constituyente donde Cataluña encontrará la estabilidad institucional que necesita. Entre tanto, asistimos, desde 2010, a lo que llamo política soberanista de máximos, donde se optimizan los márgenes y se crean nuevas situaciones, dentro de la legalidad, para hacer progresar la aspiración nacional. Esta es mi crónica.

Aprobado previamente por las Cortes Generales, los ciudadanos con derecho a voto de Cataluña refrendaron su nuevo Estatut de autonomía con el 73,9% de los votos el 18 de junio de 2006. A continuación, el Partido Popular recurrió ante el Tribunal Constitucional un extenso número de artículos. La sentencia 30/2010 del 28 de junio de este tribunal, que llegó muy tarde, resolvió la constitucionalidad del texto, por seis votos a favor y cuatro en contra, con algunas excepciones relativas a catorce artículos. Recordemos que el nuevo Estatut fue propuesto por el Parlament de Catalunya, impulsado por Zapatero, negociado con ERC y cepillado por CiU, en aquellos tiempos de la geometría variable donde prometer una cosa y la contraria era posible e incluso saludable. En cualquiera de los casos, el nuevo Estatut era el producto de la soberanía popular, había sido refrendado por las Cortes Generales y por los ciudadanos de Cataluña, y si no cabía en la Constitución de 1978, lo que se estaba evidenciando es que había que cambiar la Carta Magna, que era lo contrario que agarrarse a ella al estilo de Moisés, pero con gafas.

En ese verano de 2010, cuando la posición electoral del PSOE se desmoronaba, apareció Felipe González justificando las decisiones políticas del presidente Zapatero. Trató de convencer a su electorado de que la reforma del mercado laboral que había impulsado el gobierno era progresista, al igual que la congelación de las pensiones o cualquier otra medida que pudiera adoptar (TVE-1, 10 de junio de 2010, vale la pena buscarlo y verlo). Lo justificó todo aludiendo a las exigencias de los mercados, que era la forma convenida para referirse al nuevo poder financiero global. Felipe González explicó a su elector que los mercados son los que negocian con la Unión Europea en su conjunto la liquidación de la deuda y las condiciones del crédito, determinando las directrices de la política económica de cada Estado miembro de la zona euro: así que Zapatero hace lo único que se puede hacer, y todo lo que haga es progresista. Su reaparición con estos argumentos no tuvo ningún efecto positivo sobre el electorado socialista desmovilizado. Con esto quiero decir que Felipe González fue un recurso de autoridad del PSOE que se evidenció inútil para resolver sus problemas electorales. Para los ciudadanos nuevos, Felipe González es un señor con pelo blanco, que en otros tiempos fue el presidente del gobierno, y que aparecía justificando a Zapatero. En ese empeño firmó ese verano «Apuntes sobre Cataluña y España», un artículo de Carme Chacón, entonces ministra de Defensa, en el que figuró como coautor. Comienza así: «Cataluña es hoy uno de los sujetos políticos no estatales, llamados naciones sin Estado, con mayor nivel de autogobierno de toda Europa».

Cataluña era la nación sin Estado del 55% de sus ciudadanos con derecho a voto, a juzgar por los datos de la tercera oleada de 2010 del barómetro de opinión del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat. Según este estudio, Cataluña debería ser un Estado federal dentro de España para el 31% de todos sus ciudadanos, y un Estado independiente para el 24%. Por el contrario, Cataluña no era una nación para otro 38,7%, que opinaba que debía ser una región dentro de España (5,4%) o una comunidad autónoma (33,3%). Los datos no eran distintos de los que había en 1975, cuando Cataluña era la nación sin Estado de la mitad de sus ciudadanos, y la parte de España en la que vivía algo menos de la otra mitad, mientras que de los otros no sabíamos nada. En cualquier caso, la mayoría social no era secesionista en 2010, y solo dos de cada diez de sus electores se planteaban la independencia de España como el mejor futuro para Cataluña, siempre según el CEO.

Ahora pasemos a contextualizar este escenario dentro del ciclo bipartidista que vivía España antes de 2010. En las elecciones generales de 2004, el PSOE le ganó al PP únicamente en cuatro comunidades autónomas, en las que consiguió una ventaja de treinta y cinco escaños. Estas comunidades fueron Cataluña, Andalucía, el País Vasco y Aragón. Cuatro años después, en las elecciones generales de 2008, el PSOE volvió a ganar en las mismas comunidades y, además, en Canarias, aumentando su ventaja sobre los populares hasta treinta y ocho escaños en estos territorios. En esas elecciones generales del año 2008, el PSC consiguió en Cataluña veinticinco diputados, diecisiete más de los que obtuvo el PP.

Cataluña era, en la plenitud del bipartidismo, la comunidad autónoma que mayor ventaja proporcionaba al PSOE (mediante el PSC) sobre el PP en las elecciones generales. Esta debió ser una consideración esencial para el president de la Generalitat, José Montilla, a la hora de planificar las elecciones autonómicas de 2010, si es que el PSC y el PSOE compartían intereses electorales. Digo esto, porque los datos del último barómetro del CEO de la Generalitat y otras encuestas privadas dibujaban un escenario preelectoral donde el PSC defendía los treinta y siete escaños de las elecciones autonómicas de 2006, pero retrocedería cinco en las elecciones generales.

Se puede decir que, antes de llegar a Cataluña una crisis económica que estaba asociada al despilfarro y la corrupción política, su sociedad era responsable de que la gente de Extremadura tuviera presente y futuro, como también lo había sido, en una medida muy importante, del título mundial de la selección española de fútbol, algo que también significó una gran alegría en Cataluña para el 87% de sus ciudadanos, aunque hubieran laminado su Estatut. Este dato es de Noxa, empresa de Julián Santamaría, un expresidente del CIS que publicaba en La Vanguardia, y no se trata de algo superficial.

En aquellos tiempos, la única forma que tenían los socialistas de no depender de terceros en Cataluña era consiguiendo los votos entre el electorado característico de CiU, lo que debía hacerse desde el hecho diferencial catalán, aunque sin perder de vista que cuatro de cada diez votantes del PSC eran abiertamente contrarios a la evolución de Cataluña hacia la forma de Estado, para posteriormente confederarse o independizarse, tal como indicaban los datos del último barómetro del CEO. Pero también es cierto que el PSC y el PP ocupaban espacios políticos muy distantes en Cataluña, un ámbito territorial donde no existían transferencias de voto significativas entre ambos partidos, algo que abundaba en la idea de que los socialistas podían acercarse al electorado nacionalista sin correr grandes riesgos. Sin embargo, Montilla se estaba equivocando. Su respuesta unánime a la sentencia adversa del Tribunal Constitucional sobre el Estatut desprotegió a casi seiscientos mil de sus electores, cuya nación no era Cataluña.

En el PSC sabían que estos electores suelen abstenerse en las elecciones autonómicas. La abstención selectiva de los electorados del PP y el PSC hacía de Cataluña una comunidad de participación electoral baja en este tipo de comicios, como el País Vasco o Baleares, pero de participación media en elecciones generales, como Galicia, Navarra, Andalucía o Asturias. Podría decirse que una parte importante de los votantes del PSC en las elecciones generales se abstenía en las elecciones autonómicas, mientras que otra del PP votaba a CiU. Esto era algo normal. De este modo, los socialistas obtuvieron medio millón de votos más en las elecciones generales de 2004, que en las autonómicas precedentes, diferencia que se amplió a novecientos mil votos en las generales de 2008, respecto a las autonómicas del año 2006. Por lo tanto, no era normal renunciar a esos electores de antemano, que era lo que se estaba haciendo al insistir en una redefinición de conceptos sobre las cuestiones territoriales que dificultaría, con toda probabilidad, su incorporación al voto en las siguientes elecciones generales.

En teoría, Montilla salvaba los muebles en las elecciones autonómicas de 2010, pero el error se había producido. Su respuesta unánime fulminó el tripartito, porque el PSC había domesticado a ERC, y ahora aterrizaba en sus dominios evidenciando que los republicanos no eran más que un partido comparsa. Eso provocó una transferencia importante de sus votantes hacia el lugar seguro nacionalista, es decir, CiU, que finalmente se concretó en noventa mil electores. El posicionamiento estridente del PSC había arruinado la aritmética del tripartito, y la certeza preelectoral de que estos partidos ya no sumarían suficientes escaños consolidó este ingreso de los convergentes de origen republicano.

Como observador de la contienda, pienso que ERC también se equivocó. Habría dado por perdidos esos electores centrales porque su problema principal solo se podía resolver con un mensaje nítidamente independentista. ERC dudó en campaña al retirar por momentos su consulta soberanista y ofreció un flanco a Solidaritat Catalana per la Independència y otras formaciones, con un coste adicional de otros setenta mil votos. Con todo, los partidos nacionalistas sumaron ochenta y seis escaños en las elecciones autonómicas de 2010, incluidos los de ICV-EUiA, quince más que en 2006. Además de esto, con su respuesta unánime, el socialista José Montilla dividió la base electoral del PSC, porque Cataluña no era la nación de algo menos de la mitad de sus votantes, lo que, a la larga, propiciaría la transferencia de unos noventa mil de estos al PP y a Ciutadans.

Zapatero y Rajoy recibieron sendos castigos de una magnitud semejante: el PSC perdió cien mil electores y el PP los setenta mil que ahora habían votado a CiU. El PP había transferido proporcionalmente más votantes a CiU que el PSC; por lo tanto, no había ninguna confirmación de la confianza de la sociedad catalana en la futura capacidad de los populares para gestionar la crisis económica, aunque sí en la de CiU, un dato que fue importante y central.

En 2012 ya volvía a gobernar CiU en Cataluña, que había ganado las elecciones de 2010 con sesenta y dos escaños, lo que venía a significar la aplicación de la política de convergencia UE al dictado del PP, y esto, inexorablemente, la pérdida de su hegemonía electoral a medio plazo. Las encuestas ponían de relieve que el enganche mayoritario de Artur Mas y CiU había sido económico, y la sensación social generalizada era que España le costaba a Cataluña un dinero que, en tiempos de crisis, no podía pagar. La Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) de Artur Mas decidió ponerse enfrente del orden de 1978, institucionalizando la independencia de Cataluña como el objetivo político inmediato de su partido, y convocó unas elecciones para el mes de noviembre que fueron plebiscitarias.

Los datos eran concluyentes sobre las seguridades de Artur Mas: ocho de cada diez ciudadanos de Cataluña exigían el derecho a votar lo que creyeran conveniente, siete de cada diez consideraban viable el Estado catalán y otros siete querían esclarecer esta materia en una consulta no refrendaria; cinco pensaban que, siendo independientes, su nivel de vida sería más alto y cuatro votarían decididamente a favor en un hipotético referéndum por la independencia. Las cosas habían cambiado sustancialmente en tan solo dos años. En la medida en que CiU cumpliera con la expectativa que había generado, esto es, que planteara con todas sus consecuencias la independencia de Cataluña, conservaría el 20% de los electores de ERC que había conquistado y la hegemonía electoral. Por el contrario, si CiU defraudaba a estas personas, ERC se marcharía por delante.

En vísperas de las elecciones autonómicas de 2012, eran cinco de cada diez electores los que votarían a favor de la independencia de Cataluña, pero serían cuatro con un buen acuerdo económico y fiscal. La mayoría social consideraba que España les costaba un dinero imposible de pagar, una opinión que inclinaba ligeramente la balanza del lado de una hipotética Cataluña independiente, aunque dentro de la Unión Europea.

En la precampaña, Artur Mas creó un estado de opinión en el cual la independencia de Cataluña sería posible bajo su liderazgo. Sin embargo, la iniciativa del líder convergente se daba de bruces con una Unión Europea, de construcción franco-alemana, blindada para evitar precisamente lo que quería plantear el líder convergente. Artur Mas planteaba las cuestiones conceptualmente, porque a la hora de la verdad una legislación en la que el único veto del Estado implicado en un conflicto de soberanía es suficiente para liquidar el problema era necesariamente revisable, por la propia lógica de la construcción europea. Tan insostenible sería, en los términos UE, la negación del dato exacto de cuántos quieren la independencia en Cataluña como cuestionar la existencia de la nación catalana. Pero las cosas no funcionan así. El Estado español advirtió que ese conocimiento no se obtendría, y la Unión Europea le dijo taxativamente al líder de CiU en plena campaña que Catalonia is Spain, por lo menos tanto como Corsica is France.

Fue el socio político de Artur Mas en CiU, Josep Antoni Duran i Lleida quien rebajó la expectativa soberanista, explicando que esa Cataluña independiente no formaría parte de la Unión Europea, con lo que la viabilidad económica y el mejor nivel de vida terminaba ahí. Su discurso era que España nos cuesta un dinero que no podemos pagar, pero salir del euro nos costaría aún más. El quiebro de Duran i Lleida resultó letal, porque aportó tibieza y no liderazgo en la recta final de la campaña, y lo que era cuestión de veinticuatro horas terminó siendo debatido por todos, incluidos destacados dirigentes de la Unión Europea. En estas circunstancias, CiU ya solo podía perder. Si se imponía el concepto sumiso al euro perdería votos, sobre todo los de los soberanistas, pero si se mostraban insumisos, también perderían otros votos, los centrales, porque ya no veían en la declaración de independencia una oportunidad económica.

Así las cosas, el 25 de noviembre de 2012 se celebraron las elecciones y CiU consiguió cincuenta escaños (–12), mientras que ERC se hizo con veintiuno (+11). El PSC había conseguido veinte (–8 respecto a 2010 y –17 respecto a 2006). Ya era un partido del montón, seguido por el PP (19) e ICV (13). Quien se posicionó sobre el terreno fue Ciutadans, acogiendo casi por igual a exvotantes del PP y del PSC, hasta sumar nueve escaños, seis más que en 2010. También apareció un outsider: la CUP.

El planteamiento de las elecciones como un referendo soberanista había trasladado la contienda del plano autonómico al estatal, lo que propició la participación atípica de esa franja de electores del PSC y del PP, que dejaban los comicios autonómicos en manos de los partidos catalanes. CiU no midió adecuadamente este fenómeno, que se localizó sobre todo en Barcelona y Tarragona, y fue el factor principal de su mal resultado político. Mantuvo su posición electoral y su condición de fuerza política hegemónica, pero perdió casi el 20% de los escaños en un retroceso inferior a cien mil votos. Algunos medios catalanes y el CEO de la Generalitat fracasaron en los cálculos que hicieron en esta campaña, pero también se equivocaron algunos medios de la prensa de Madrid. Sobran los comentarios, porque hablan los datos: un 20% del electorado del PP de Cataluña terminó enrolándose en Ciutadans. Como no quieren ser como les dicen que son, se marchan.

Tras las elecciones, quedó clara una cosa: Artur Mas intentó retrasar la fecha de la consulta hasta 2016, junto a las elecciones autonómicas, pero las circunstancias se lo impidieron, conminándole a liderar algo que era muy concreto y que se tenía que votar mucho antes. Sus dudas daban indicios de que era un mal líder, ya que dejó en manos del republicano Oriol Junqueras el sentido común y las seguridades del proceso independentista. Sin embargo, esta apreciación resultó ser incorrecta.

El coste político de la aventura de CiU había sido desproporcionado. No supieron gestionar la expectativa secesionista que habían generado, porque tampoco esa coalición comparte una cultura común de la independencia. CiU jugó la partida en el terreno de ERC, que es algo así como si el PNV lo hiciera en el de EH-Bildu, en una contienda que se advertía incierta y muy exigente en la ubicación de la expectativa soberanista.

A partir de esos comicios autonómicos de noviembre de 2012, la capacidad del sistema político para canalizar la expectativa soberanista quedó desbordada. La Assemblea Nacional Catalana (ANC) unió, como independentistas, a tres formaciones con representación parlamentaria: CDC, ERC y la emergente CUP. En términos electorales, Artur Mas se había equivocado, quedándose solo con los independentistas, y de ahí su intento de rectificación. CiU había perdido doce escaños, pero ahora la CDC era una marca soberanista, en un terreno donde el fuerte era ERC. Artur Mas puso los dos pies en la independencia, y el futuro electoral inmediato tuvo más pinta de ERC como vencedor que de cualquier otra cosa, como en el País Vasco tiene más pinta de Sortu que de EH-Bildu (su coalición con Alternatiba, Aralar y EA).

Por su parte, el socio de CDC en CiU, la Unió Democrática de Catalunya (UDC) de Duran i Lleida, había fijado perfectamente su posición, que era la de CiU de toda la vida. Así pues, en CDC se planteó un debate sobre qué decisión tomar: o prescindir de Artur Mas, lo que parecía más que improbable, o liderar el proceso independentista desbordando a ERC, lo que parecía más que imposible, ya que en esa contienda no participaría UDC, hasta el punto de que podía romper la coalición para representar la posición central o equidistante de todos.

Aparentemente, ganaba la CDC de Artur Mas liderando la ilusión colectiva. Sin embargo, la realidad parecía otra: Mas ya estaba amortizado para hablar con Rajoy por lo que, tratándose de independencia, quien mandaba era Junqueras. Quien ganaba con todo esto era UDC, porque finalmente se impondría la lógica del sistema (el sello UE). Siguiendo esa lógica, ERC no les condiciona y se mostrarían de acuerdo con la independencia, pero tributando en lo que hoy es España, utilizando el euro como divisa, y endeudándose solo lo que les dejen. La aventura de Artur Mas estaba resultando ser un disparate electoral para CDC, porque UDC jugaba sin marca y ERC obtenía el rédito electoral.

En noviembre de 2013, la situación electoral ya era completamente nueva en Cataluña, con ERC como primera fuerza política en las encuestas en tres de las cuatro circunscripciones, y doce escaños para elecciones generales, desplazando a CiU a la tercera posición en número de votos (el PSC aún era la segunda fuerza más votada), aunque no en escaños. Las tres formaciones aparecían en el rango de los quinientos cincuenta mil votos, mientras que el PP, con trescientos cuarenta mil, se había descolgado. La nueva situación no tenía nada que ver con la de las elecciones generales de 2011 y poco con las autonómicas de 2012, porque se redistribuían numerosos escaños e irrumpían nuevas fuerzas políticas. La situación electoral de Cataluña constataba la quiebra del consenso autonómico, pero también la redefinición profunda de los apoyos populares, en el plazo inmediato, en un sistema electoral que representa a la perfección a las personas.

Los números de Cataluña eran suficientes para justificar la estrategia secesionista en términos comunitarios convencionales, esto es, contando con la celebración de un referendo consultivo, planteado por quien fuera competente, a propuesta del Parlament catalán. Los que respaldaron la consulta del 9 de noviembre de 2014, o 9-N, y pactaron la doble pregunta del referendo fueron CIU, ERC, CUP e ICV/EUiA, unas fuerzas que sumaron 2,1 millones de votos en las elecciones autonómicas de 2012. Según mis estimaciones, sumaban 2,4 millones de votos con anterioridad a los comicios europeos de 2014, aproximadamente el mismo número de personas que prefería que Cataluña fuera un Estado independiente.

El problema radicaba en que la mitad del censo electoral son 2,7 millones de votantes, luego faltaban, como poco, trescientos mil catalanes para alcanzar la mitad de todos y representar a la mayoría. Esto no tendría mayor importancia si la consulta no vinculante fuera promovida por el señor Rajoy, porque la respuesta de doble sí sería superior al 50%, aunque no representara a la mayoría social, y este sería el dato objetivo de un referendo planteado para obtener un conocimiento preciso.

Con independencia de que la posición estuviera fijada por criterios políticos, los analistas de Rajoy debieron de concluir que el dato de un referendo consultivo de sello UE proporcionaría un resultado ligeramente favorable a la transformación de Cataluña en un Estado, y aunque no sumaran más de la mitad del censo, esto no se podía saber u objetivar. Por el contrario, en una consulta no autorizada, solo votarían quienes necesitan un Estado para Cataluña, lo que les obligaría a conseguir una participación superior al 50% del censo. Siendo inferior, su resultado remitiría a la minoría de los catalanes.

Personalmente, había dedicado algunos informes a explicar estas circunstancias numéricas a los dirigentes nacionalistas de ERC y a un responsable político cercano al gobierno catalán, insistiendo en que su calendario era erróneo, porque el español primero tenía que romper con su sistema, y debían situar su rebelión detrás de este hecho y no delante. Naturalmente, no me hicieron caso, y me acordé de ellos cuando leí una encuesta de GESOP en El Periódico, que atribuía cincuenta y seis escaños a Podemos en unas eventuales elecciones generales y otras nueve actas en el Parlament. Y supongo que ellos se acordaron de mí, porque les había explicado lo que tenía que suceder en las elecciones europeas y en el macroescenario electoral de 2015, y, por lo tanto, su mejor opción era esperar hasta 2016. En esos contactos, por mi parte comerciales, percibí que el proceso iniciado por Artur Mas había desbordado todas las estructuras políticas. Mas no pintaba nada en este contexto, pero ERC tampoco tenía el control de una situación en la que no había marcha atrás, porque la sociedad civil había tomado la palabra a los políticos y no permitiría dilaciones.

Cuando antes he dicho en «términos convencionales», me refería a que el presidente Rajoy y el portavoz de ERC en el Congreso, Alfred Bosch, se lo dijeron todo en el debate sobre el estado de la nación de 2014. «No vas a votar», dijo el primero. «A ver cómo lo impides», contestó el segundo. Y tenía razón, aunque en términos revolucionarios. La parte de la sociedad catalana que es secesionista estaba convencida de sumar una gran mayoría social, y que había llegado el momento de romper con España, porque, además, el reconocimiento internacional de la República de Cataluña sería inmediato.

No era así realmente. Como he dicho anteriormente, la mayoría electoral catalana son más de 2,7 millones de personas y no sumaban esa cantidad de votos. Y en el contexto de la Unión Europea está muy claro quién es quién, aunque la legalidad internacional se manifieste orientativa. Sin embargo, aun siendo cuatro de cada diez los catalanes que votaran en ese referendo no autorizado, los partidos nacionalistas estaban a cuatro escaños de superar los noventa, o lo que es lo mismo, dos tercios de la Cámara. Ese era un acuerdo potencial de los políticos que les permitiría comportarse como quien representa a la amplia mayoría social. Alfred Bosch tenía razón, no se puede impedir que las personas voten en Cataluña si han decidido hacerlo, como tampoco se podría controlar la situación el día 10 de noviembre de 2014 con un millón de personas en la calle. Daba lo mismo que fuera mayoría que minoría, elecciones plebiscitarias o referendo, porque estaba planteando que no escuchar a la nación catalana produciría una rebelión.

El político posfranquista español, o castellano, no iba a dar facilidades de ninguna clase, porque tampoco había números para llevar a las urnas a 2,7 millones de votantes en un referendo no autorizado, y pienso que fue la certidumbre central de los analistas de Rajoy. Ni para conseguir esa cifra de votos, ni para superar los noventa escaños en unas elecciones más plebiscitarias que las de 2012. Esto tenían que saberlo en el PP, aunque también en ERC, especialmente Cesc Iglésies, una persona muy bien formada en investigación. Se puede decir que lo sabían todo, incluso que habían hecho creer a la nación catalana que llegaban a ser la amplia mayoría social. Había 2,4 millones de electores convencidos de ser siete o más de cada diez y un millón plenamente movilizado y pensando en la celebración de una independencia que se produciría el día 10 de noviembre de 2014.

El poder solo se ejerce por la fuerza o convenciendo a las personas, por lo que en España no lo ejercía nadie desde hacía tiempo. La mayoría social aborrece a la clase política, la percibe como tramposa o como «una casta», algo que extiende el problema a la generalidad de las instituciones. Aparentemente en Cataluña no ha pasado nada, pero si España no estuviera en el euro, el Parlament ya habría proclamado la independencia para luego arreglar los flecos. Hoy por hoy es razonable pensar esto, lo cual da una idea de la precariedad de la situación. Un asunto muy antiguo y muy estructural, que no se resolvería el 9-N. A propósito de ello, Enric Juliana aportó mesura, recordándonos que esa fecha no estaba escrita en el calendario maya.

Pienso que se equivocaron los responsables de la Unión Europea confundiendo a las personas en España. Debieron explicar que el escenario en el que Cataluña abandona la UE no existe, porque nadie regala nada, y esa porción de PIB que unos quieren poner en otro sitio es de la Unión Europea y de la zona euro. Si algo tiene Cataluña es millones de catalanes pagando facturas, igual que cientos de miles de empresas y organismos públicos. Si las cosas habían cambiado en España y su modelo territorial del Estado resultaba, a todas luces, desintegrador, habría que resolver el problema de una forma consensuada y conveniente para la convergencia UE, o sin perjudicar la posición del euro en la escala global. Lo advirtió en septiembre de 2012 la vicepresidenta europea, Viviane Reding, y es un compromiso tan ineludible como el cumplimiento del objetivo de déficit público.

Lo estaba haciendo muy mal la Unión Europea, dejando este asunto bloqueado en manos de Rajoy, cuando sucedió el Maidán de Kiev, lo que viabilizaría una solución para Cataluña de sello UE aunque sorprendentemente revolucionaria. Una revolución no atiende a mayorías ni órdenes establecidos, suele suceder cuando las masas se suman al impulso de una minoría que ha dicho hasta aquí hemos llegado. Acababa de suceder en Ucrania algo semejante, y la Unión Europea lo había legitimado, luego el sistema le había proporcionado a la nación catalana un patrón. Fuera legal o no la consulta, su resultado servía para que el Parlament de Catalunya proclamase la independencia y el Estado español suspendiera la autonomía. Y, en este escenario, la Unión Europea exigiría soluciones inmediatas, eso es todo.

En términos de mercado, la aventura secesionista de CiU había sido un fracaso, pero los trece escaños que aportó ICV, a posteriori, le permitieron salvar los muebles a Artur Mas. Sin embargo, lo que sucede siempre sirve para aprender, como, por ejemplo, que el aumento de la participación en Cataluña contiene una reacción unionista en Barcelona. Sumar los escaños de la izquierda de diseño y negar este fenómeno era engañarse.

Después de las elecciones europeas de 2014, las cosas volvieron a cambiar sustancialmente. Desde esos comicios, la aritmética secesionista quedó reducida a la nada. Ya no había números de ninguna clase, porque Podemos conseguiría representación en unas hipotéticas elecciones autonómicas. En concreto, GESOP informaba, en junio de 2014, que ERC ganaría en unas hipotéticas elecciones (39 escaños), seguida por CiU (30), Ciutadans (16), PP (13), PSC (12), ICV-EUiA (10), Podemos (9) y CUP (6). Los cálculos que hice con el CEO del mes de octubre confirmaron plenamente estas posiciones.

La suma de CiU, ERC, ICV y CUP sería ahora de ochenta y cinco escaños, sin contar con Podemos, que venía de atrás adelante doblando en Barcelona con Ada Colau, y tenía que pasar por encima de los de Herrera al estilo fosbury flop, esto es, con deportividad, elegancia y sin despeinarse, porque pactar algo con ellos sería equivocarse. Con la gente de Podemos no se podía contar para independizarse, aunque sí para obligar al español a permitir la celebración del referendo. Si no había números, con la irrupción de Podemos y Guanyem Barcelona (estos últimos denominados posteriormente Barcelona en Comú), menos aún, y la idea de sustituir la consulta del 9 de noviembre por unas elecciones plebiscitarias, que era errónea, se esfumó. Ya no era una alternativa porque solo serviría para perder, así que nadie volvió a hablar sobre esta posibilidad.

Hagamos un inciso que nos permite no perder de vista la dinámica del gobierno de Rajoy. En la primera semana de septiembre, las circunstancias habían situado en la actualidad el hito de la actividad no convergente del poder real español: la presencia de la petrolera Repsol en el archipiélago canario no es del interés de las personas de la Unión Europea. Era el ejemplo perfecto en el momento adecuado. Con el caso Repsol, se podía visualizar el PP de Rajoy subordinado a los poderes reales españoles, que hacen su negocio con independencia del interés comunitario. Lo podía ver Merkel y lo podía ver cualquiera, luego se podía concluir que el PP no sabe resolver los problemas en parámetros comunitarios convencionales y es incapaz de proteger el interés general europeo.

Mientras tanto, el Parlament de Catalunya ya había producido una ley de consultas que pasaría el filtro constitucional, según el dictamen jurídico a que fue sometida por la propia institución. Estos eran los datos antes de la sesión parlamentaria del día 19 de septiembre en la que se aprobaría. Oriol Junqueras había declarado que una sentencia del Tribunal Constitucional contra Cataluña significaría inevitablemente la desestabilización del sistema euro. Esta era exactamente la presión que había que ejercer sobre la Unión Europea, porque la trasladaría al gobierno del PP y al Constitucional: tenían que preferir una sentencia favorable a Cataluña, porque votar para saber no se puede prohibir, y significaría desbloquear un asunto en que se había actuado con un comportamiento claramente posfranquista. Dicho de otra forma, la amplia mayoría social de Cataluña había expresado su deseo de votar lo que creyera conveniente, en un referendo no vinculante: esto era democracia, normalidad y estabilidad de la zona, mientras que recurrirlo era una españolada, visto desde Edimburgo, París o Berlín.

Frente a esto, se dictó un recurso basado en la unidad de destino en lo universal (todos castellanos), en tanto que «raza con vocación imperial, que sigue al líder o a la persona dotada para el gobierno, y defiende los valores patrios incluso con las pistolas». Estos conceptos, expresados por José Antonio Primo de Rivera en octubre de 1933, explican plenamente la «españolización» a la que se refería José Ignacio Wert, que es lo que está en el fondo del problema: la tolerancia con el franquismo de muchas de las personas pertenecientes a la franja de más edad. El político español, del PP o del PSOE, elude el hecho de la plurinacionalidad, aunque aquí no haya más unidad de destino en lo universal que la de sello UE, ni tercios ni tanques para imponer nada. Y además, no hay quien venda a los más jóvenes los logros de esa hispanidad de cientos de millones de personas, porque como concepto civilizador, en el siglo XXI, es un fracaso rotundo. ¿Cómo vive la gente en la hispanidad?

Cuanto más se movía el español, más se hundía por el peso de la armadura. Pienso que en la Unión Europea se dieron cuenta. Una sentencia contraria a la voluntad de los catalanes, para obtener un dato no vinculante, tenía que ser peor alternativa para Merkel o los mercados que una sentencia favorable, porque siete de cada diez electores querían votar. No se entendía muy bien por qué no podían hacerlo, así que responderían de alguna otra forma.

La Unión Europea estaba esperando una sentencia favorable a Cataluña, porque era conforme con los parámetros de convivencia comunitaria, mientras que otra contraria agravaría el problema en manos de un español que buscaba petróleo en aguas canarias. La ruptura de millones de personas en toda España con este sistema de inspiración predemocrática era un hecho, y los nuevos votantes de Podemos y las candidaturas ciudadanas exigían el referendo de Cataluña, que también podía pedir ayuda al primo grande, y de hecho Alfred Bosch debió de hacerlo. El PP de Rajoy estaba en aprietos, porque su recurso al Constitucional era contrario a la voluntad de las personas y de los intereses de la Unión Europea. Su método era, como siempre, resolver los problemas a tortazos, unas formas que están muriendo de puro viejo.

El 7 de septiembre José Antonio Zarzalejos escribía esto en La Vanguardia: «... se convocaron unas elecciones adelantadas (25-N de 2012) en las que CiU pidió lo que los catalanes le negaron: una mayoría «indestructible» [...] ¿es que nadie imaginó que el 9-N ofrecía solo insurrección o fracaso, que para el caso es lo mismo?». Sí, yo mismo lo imaginé, estudié, medí, racionalicé, simplifiqué y lo escribí en varios informes, que facilité personalmente a algunos dirigentes de ERC e indirectamente a otros de la CDC. Si no lo imaginaron, yo lo hice por ellos y les informé o advertí insistentemente, así que me consta que disponían de los números.

Ese mismo día aparecían dos encuestas que aseguraban que seis de cada diez catalanes con derecho a voto eran partidarios de suspender el referendo si el Tribunal Constitucional fallaba en contra de Cataluña, y el día 8 escribió Antonio Garrigues Walker lo siguiente en ABC:

No puede haber consulta en estos momentos pero tendremos todos que aceptar, sin reservas, que el nacionalismo catalán, un nacionalismo con raíces fuertes, va a mantener siempre como referencia política básica la capacidad de decidir sobre su propio destino y que seguirá luchando sin pausa para ejercitar esa capacidad con los medios que estime más útiles y más eficaces.

[...] tendrá que abrirse desde ahora mismo un periodo de búsqueda activa y comprometida de alternativas al modelo vigente, con o sin reforma constitucional, en las que se reconozca de antemano la singularidad catalana, la posibilidad de crecimientos asimétricos entre las autonomías y la conveniencia de adoptar acuerdos (conciertos fiscales y otros) que profundicen y garanticen tanto el autogobierno como la solidaridad.

El 11 de septiembre de 2014 se celebró la Diada, que reunió a una cifra enorme de personas, casi dos millones de catalanes. Transcurrida la jornada, el balón de oro del negocio de los votos, Íñigo Errejón, escribió en Twitter: «Solo un necio o un irresponsable podría no escuchar y pretender que tapándose los ojos y los oídos va a solucionar algo». Lo estaba entendiendo todo por instinto. El primo grande le exigía a Rajoy un profundo cambio en su mentalidad y en algunas de sus actitudes, para adquirir el sello UE del derecho a saber y la obligación de conocer. Me sorprendió, porque estaba haciendo su trabajo y solo podía estar guiado por su conocimiento de la materia electoral y la intuición.

El día después de la Diada, Mariano Rajoy se encontraba en apuros. Tenía a la nación catalana movilizada con unas cifras inimaginables y al primo grande español exigiendo movimientos. Ningún dirigente del PP reconoció que la Diada había sido un éxito rotundo de la sociedad catalana, porque nadie en ese partido identifica como una nación a quienes reclaman un Estado para Cataluña. Habían aparecido casi dos millones de personas en la calle, pero Rajoy nos vino a decir que eran hologramas: su idea era que lo que ha pasado, no ha sucedido, y se quedó tan ancho.

Sin que Rajoy abriera la boca, asistimos a la aprobación de la ley de consultas, el día 19 de septiembre, y su recurso inmediato al Tribunal Constitucional. Entre tanto, se debatía el futuro de Escocia con normalidad democrática y jurídica, en una contienda muy cerrada, a la que llegó la independencia, desde atrás, desbordando al unionismo por momentos. Lo importante era que se estaba votando en Escocia, mientras que el resultado del referendo escocés no beneficiaría a nadie; un no aportaría poco al proceso catalán, pero un sí traería incertidumbre y malas noticias financieras, que no estarían resueltas en positivo con anterioridad al 9-N.

El 16 de septiembre se celebraba la segunda sesión del debate de política general del Parlament de Catalunya y Oriol Junqueras se ofreció para entrar en el Govern con el objeto de blindar la consulta del 9-N. Artur Mas había manifestado el hartazgo de Cataluña con el Estado español, aunque no con España, así que la suma de ERC parecía más que oportuna, aunque, como ataba a CDC a la insumisión teórica de los republicanos, el president rechazó la oferta. Pienso que se equivocó. Si no se podía ejercer presión sobre el PP de Rajoy, de forma directa, habría que hacerlo de forma indirecta, y explicarle a la Unión Europea que los catalanes estaban unidos, hartos del Estado español y determinados a votar el 9-N. Quien tratara de impedirlo sería el responsable de la desestabilización financiera de la zona euro. Mas estaba aflojando en el mismo momento en el que el ministro Margallo le daba la idea a Iñigo Urkullu de hablar de tanques. Inmediatamente después pudimos constatar que, como sabía Alfred Bosch, forman parte del pasado. Este dato también fue importante.

Por su parte, UDC podía reaparecer en un lugar distinto de la CDC, aunque sería el que había ocupado siempre CiU. Cataluña se autogobernó dentro de España durante décadas, con reciprocidad electoral y normalidad política, o cercanía entre los votantes de CiU y el PP. Entonces, era mucho más complicado hacerse una foto con el rey y la bandera española detrás, y Jordi Pujol se la hacía con total normalidad. Su didáctica democrática le llegó con nitidez al elector medio español. Con Jordi Pujol hubo unidad de acción, aunque pendiente de una revisión profunda que nunca se produjo, y sus problemas con el fisco son los propios del funcionamiento ordinario de la burocracia y los poderes reales, que engloban de una u otra forma al poder representativo, en Cataluña y en cualquier rincón de España.

El vertiginoso septiembre de 2014 seguía avanzando lleno de acontecimientos. El día 17 se habló de Cataluña en el Congreso de los Diputados. Artur Mas trasformaba el hito del 9-N en unas elecciones anticipadas, que serían plebiscitarias. Quienes no decían esta boca es mía eran Duran i Lleida y UDC y, en general, cada cual estaba en su papel. ERC se postulaba para liderar la rebelión, pero, como había ganado la partida electoral, podía romper con CiU a conveniencia y ganar contundentemente esas elecciones autonómicas anticipadas. Conforme se acercaba la fecha, la sensación preocupante era que los políticos habían decidido que el momento de Cataluña había llegado, habían convencido a la nación de sumar la amplia mayoría social, habían acordado que se votaría el 9-N, aunque lo tratara de impedir la parte central del Estado, pero llegado el momento, desaparecerían. CiU acataría la más que probable sentencia contraria del Tribunal Constitucional y ERC intentaría reconducirlo todo a las urnas.

El día 18 se votó en Escocia y ganó el no a la independencia con el 55% de los votos y una participación del rango del 80%. Diez puntos de ventaja del unionismo. El conservador David Cameron explicó que pudo bloquear la propuesta soberanista escocesa, pero un demócrata esclarece las situaciones. Ya he comentado antes que cualquier resultado escocés sería malo para el proceso soberanista catalán, o no ayudaría. El primer ministro escocés, Alex Salmond, dimitió ese mismo día, como lo habría hecho David Cameron de haber perdido el referendo. Todo el episodio británico fue una lección de convivencia democrática y solución negociada de los conflictos que nos permitió visualizar que España es distinta. Comprendemos mejor el producto de esta hispanidad, una cultura que da sentido pleno a la entelequia derecho a decidir como una forma de decir democracia, frente a una actitud política autoritaria y ausente.

El día 19 el Parlament aprobó la ley de consultas no vinculantes, con ciento seis votos a favor en una cámara de ciento treinta y cinco (ocho de cada diez), aunque no se publicó en el Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya (BOGC) y nadie recurrió nada; se dejó como incógnita la fecha de publicación de la ley y del decreto de convocatoria del referendo. Estaba prevista una reacción inmediata del gobierno, que no se produjo, y el día 21 escribió esto José Antonio Zarzalejos en La Vanguardia:

El sistema constitucional español, muy diferente del británico, consagra un Estado indivisible —soberanía única depositada en el conjunto del pueblo español— pero reconoce el autogobierno de las nacionalidades y las regiones. Los referéndums vinculantes están reservados para la reforma de la Constitución, si es por el procedimiento agravado, y para los estatutos de autonomía. Por lo tanto, no cabe —ni al amparo del artículo 92 de la Carta Magna, ni mediante una habilitación por ley autonómica— someter a consulta no vinculante nada menos que un fundamento del Estado. Por esa razón el proceso soberanista catalán ha entrado en una consunción política y jurídica. La contemporaneidad en una sociedad evolucionada como la catalana impide una desobediencia civil impropia de un entorno internacional que contemplaría semejante escenario con perplejidad.

Efectivamente, se trata de una sociedad mucho más evolucionada y menos dramática que el promedio de España, y no va a hacer otra cosa que progresar en términos convergentes o UE, como había observado Antonio Garrigues Walker. El artículo de Zarzalejos continúa así:

Nuestro particular win-win no es el escocés, pero está emparentado. Y consiste en una reforma constitucional de corte federal que se someta a referéndum en toda España, no para dar más a nadie, sino para que los autogobiernos sean de mayor calidad y preserven mejor y más ampliamente las especificidades —financieras, lingüísticas, institucionales y culturales— de comunidades con percepción nacional como Cataluña. Por supuesto, ni en el Principado ni en el País Vasco una medida de esa naturaleza haría desaparecer las tensiones secesionistas, pero —véase Quebec— las haría regresar a lo que representaban hace tres lustros. Condición imprescindible para abordar en el futuro esta iniciativa —y habrá que hacerlo, sí o sí— es sentar un principio constitucional de lealtad mutua como ocurre en la mejor tradición de estados compuestos como el alemán. Se cumplirá así la advertencia escocesa: es mejor que ganemos todos. O que nadie pierda.

Las cosas son como son y hay quien las ve y las explica, aunque la clase política sea torpe, pero la solución es confederal o no es federal. El Estado de Murcia, el de Castilla y León, el de Castilla-La Mancha o el de Madrid serían la consumación de la arbitrariedad de los políticos y de la construcción desde arriba. Para resolver el problema de integración territorial de Cataluña y el País Vasco no hay que hacer cargar a los demás con problemas que no existen, ni se le puede decir a nadie cómo tiene que organizarse. Si el riojano no reclama un Estado propio, no hay nada de qué hablar.

El día 22 el líder socialista Pedro Sánchez escribía lo siguiente en El País:

... el presidente Mas [...] ha desarrollado un proceso lleno de juegos de palabras para aparentar que respetaban la legalidad [...] En unas semanas, Mariano Rajoy habrá demostrado que el Estado no admite desafíos.

Este texto podría estar firmado por Francisco Franco, María Dolores de Cospedal o José María Aznar, y lo que afirma es rotundamente falso. Si algo había hecho el president Artur Mas, era respetar la legalidad, por lo tanto, este artículo solo servía para visualizar a todos estos políticos reunidos, con su cultura posfranquista, interpretando el orden de 1978 como las Tablas de Moisés. El título de este artículo «Política para un nuevo pacto» era toda una paradoja, porque es precisamente esta forma de pensar, y de expresarse, la que impide cualquier avance. Lo preocupante en este caso era ver a Pedro Sánchez blandiendo el espadón, porque le dijo a los poderes reales que no se estaba enterando de nada; el líder de los socialistas españoles no debe lucir armadura en el siglo XXI, y menos aún despreciar al presidente de los catalanes.

Otro diario de gran tirada, El Mundo, sugería en su portada del 23 de septiembre que el 9-N podía votarse en Cataluña aunque no la consulta. Serían unas elecciones anticipadas, con ERC y CiU sumados en una lista independentista. A la vista estaba que toda la noticia era una chapuza. Primero, porque no había plazo legal para la convocatoria cuando la publicaron; Cataluña se rige por la LOREG, que exige más de cincuenta días desde la fecha de la convocatoria, por lo que el 9-N ya era imposible votar, así que desinformaron. Y, segundo, porque ERC es un partido político catalán, no es un movimiento revolucionario ni una ONG, y además tenía las elecciones autonómicas ganadas rompiendo con CiU y liderando el proceso, que era justo lo contrario de lo que publicó este medio y se rumoreó aquel día. La oferta de Oriol Junqueras de defender el 9-N desde el gobierno se debe interpretar en su momento y en la insumisión teórica previa al desenlace de los acontecimientos. Además de esto, la nación catalana no sumaría, por esas fechas, noventa escaños o más de 2,7 millones de electores, que son dos tercios de la cámara o la mitad del censo electoral. Y sobre este panorama, además tenía que irrumpir Podemos para restar escaños a todos. Por lo tanto, jugárselo a esa carta inmediata era un disparate, y aquel rumor duró unas horas. Las elecciones autonómicas anticipadas y plebiscitarias no se celebrarían hasta 2015, y a ser posible, después de las elecciones municipales de mayo, si es que CDC era capaz de encontrar otros apoyos distintos de los republicanos para llegar a esa fecha.

En este contexto de gravedad, Rajoy optó por marcharse a China el día 24 sin la ley de consultas publicada en el BOGC y sin poder recurrir nada. La situación empezó a ser divertida. Los portavoces del PP se quejaban en lo que se pareció por momentos a la escena de Bienvenido, Mister Marshall en la que Pepe Isbert, que es Artur Mas, está soñando que está en la barra de un saloon del oeste americano y allá al fondo el representante de la vedette, que es Rajoy, ambos tomándose unos whiskis; se desafían y se dicen una serie de palabras que no se entienden. Pero la noticia estrella ese día era la dimisión de Alberto Ruiz Gallardón. El PP había renunciado a tramitar su ley del aborto. Como Rajoy nunca había tenido predicamento en el búnker, sus políticas habían centrifugado a los más críticos, por lo que el episodio no tuvo mayores consecuencias en su matemática electoral.

Al día siguiente, Artur Mas decía ser David frente a Goliat. Esta metáfora alimentó la expectativa de poder lanzar una pedrada contra la frente del Estado español que fuera tan certera que lo derribara. Sin embargo, salvo una sentencia del Tribunal Constitucional favorable a la ley de consultas catalana, lo convergente sería dimitir si finalmente no se votaba nada el día 9 de noviembre. O, como mucho, rematar la legislatura para no concurrir como cartel de CiU en unas elecciones anticipadas. El día 26 se produjo la comparecencia de Jordi Pujol en el Parlament de Catalunya, un formalismo del que nadie esperaba nada: el expresident estuvo lamentable. Maleducado, soberbio, prepotente, déspota, iracundo, polifémico, desafiante y, además, ausente, senil, trastornado y ridículo; estaba claro que había que podar la rama. Sin embargo, esta comparecencia solo mereció unas horas en la actualidad política. La razón fue porque apenas unas horas más tarde, a las diez y media de la mañana del día 27, el astuto y hábil David catalán daría su siguiente paso hacia la pedrada certera: la firma de la ley de consultas y el decreto de convocatoria.

El acto de convocatoria de la consulta no refrendaria finalizó con un discurso del president Artur Mas, del que destaco sus palabras amables a las personas corrientes que viven en España. Siete de cada diez electores de Cataluña habían manifestado en las encuestas su deseo de votar este asunto tan concreto, casi 4 millones de personas, la amplia mayoría social, y debió legitimarse ahí, porque ese número es tan transversal que incluye a muchos unionistas y a otros que reclaman un orden nuevo, con independencia de la cuestión nacional. Artur Mas prefirió legitimarse con los votos obtenidos por los partidos políticos del frente soberanista en las elecciones autonómicas de 2012, incluida ICV, cuando eso sumó algo más de 2 millones de personas, menos del 50% del censo electoral de Cataluña. Las cuentas deben estar siempre claras y los apoyos ser sólidos, no de cartón piedra.

Las reacciones fueron nítidas. La ANC convocó una concentración en todos los ayuntamientos de Cataluña, para el día 4 de octubre a las siete de la tarde, para protestar en el caso de que no se pudiera comenzar la campaña de la consulta, porque el gobierno había recurrido la convocatoria ante el Tribunal Constitucional. La sociedad civil, representada en la ANC, recibió la convocatoria como el acontecimiento histórico que fue. En aquellos momentos Artur Mas era el líder indiscutible de la nación catalana. Había cumplido su promesa de convocar una consulta no refrendaria y había llegado más lejos que nadie. Oriol Junqueras explicó que la insumisión consistía exactamente en votar y que esto era fácil de entender; ambos transmitieron que se trataba de ejercer un derecho democrático, el de saber, y que en nuestro entorno comunitario el Estado está obligado a conocer.

Los titulares de la prensa de Madrid del domingo 28 de septiembre fueron más que preocupantes, porque evidenciaron que los medios convencionales no estaban dispuestos a aceptar el profundo cambio en la mentalidad que requería la situación. Me quedo con el de El País: «Mas deja el destino de Cataluña en manos de la movilización callejera», un titular tan dramático como ofensivo y pasado de rosca. ¿Por qué no en manos de la movilización ciudadana? ¿Adónde quería llegar con este titular El País? Hasta esa fecha, Artur Mas no había cometido ningún acto ilegal. Es más, abundando en esta idea, la parte de la sociedad catalana que quiere un Estado propio es mucho más convergente que la media española. Esas personas no quieren otra cosa que ser como los holandeses o los daneses; por lo tanto, o calificar su movilización de callejera no solo fue despreciativo, sino también antididáctico y posfranquista. Insisto, ¿qué quiso decir con eso El País?

El Consejo de Estado dictaminó, ese mismo domingo, que el recurso interpuesto por el gobierno podía seguir su curso al Tribunal Constitucional. El lunes 29 se celebró un Consejo de Ministros extraordinario. El gobierno había finalizado su recurso contra la ley y la convocatoria del 9-N. Compareció Rajoy para explicar que la consulta de autodeterminación era contraria a la Constitución, que expresa la indisoluble unidad de la nación española. Calificó la consulta de antidemocrática por sustraer el derecho a votar y a decidir de todos. Esa misma tarde, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso a la ley de consultas catalana y la impugnación de la convocatoria del referendo no vinculante, y quedaron cautelarmente suspendidos.

Al día siguiente, el Govern suspendió la campaña institucional del voto, aunque exigiendo al Tribunal Constitucional la misma celeridad para sentenciar que para admitir a trámite. Ramon Tremosa explicaba en Twitter que el gobierno tenía que cumplir la legalidad, pero la gente tenía que salir a la calle. El independentista Alfred Bosch se mantuvo en la insumisión teórica o en la obediencia a Cataluña que quería votar. ¿Y Artur Mas? ¿Seguía siendo el líder indiscutible de la nación catalana? Estaba en el guion que reuniría a las fuerzas políticas partidarias del referendo para preguntarse, todos juntos «¿y ahora qué?», y colegiar el liderazgo. ¿Qué liderazgo? Ninguno, porque antes o después los partidos políticos dejarían a su suerte a las personas. CiU porque gobiernan, son quienes firman los decretos y no harían nada ilegal, y ERC por la misma razón. Se trata de un partido político que concurre a las elecciones, con larga trayectoria en el negocio de los votos, que tenía la victoria electoral a su alcance. Esquerra no es un movimiento revolucionario capaz de declarar unilateralmente la independencia, aunque así lo expresen sus dirigentes.

Entonces, ¿qué? El independiente Alfred Bosch recordaba a los catalanes que había que vestir camiseta amarilla en la concentración convocada por la ANC el 4 de octubre en la plaza de Sant Jaume. No obtuve datos precisos sobre la cantidad de personas que se reunieron, porque era, a todas luces, distinta del Maidán de Kiev y coherente con las encuestas, donde seis de cada diez de todos desistirían de ir más allá si la consulta quedaba suspendida. Este dato fue capital: quienes quieren un Estado para Cataluña no son unos bárbaros, el bárbaro es el español antiguo con su clase política desencontrada y tramposa que niega el conocimiento y, afortunadamente, desaparece. Así pues, aparecían en el horizonte unas elecciones anticipadas, que ganaría ERC en esos momentos, con Podemos desbaratando la vieja aritmética, aunque impulsando otra nueva mucho más resolutiva y, por fin, convergente; algo que la nación catalana no supo entender.

Ramón Cotarelo describía la esencia del problema un día antes de la concentración, es decir, la interpretación autoritaria, posfranquista o predemocrática de la acción política desplegada por el muy español PP:

Si, en un determinado momento, un órgano judicial recibe una querella contra el presidente Mas por prevaricación o contra los diputados catalanes por sedición, se pondrá en marcha en aplicación del procedimiento. Y en un giro de este, el proceso soberanista o su máximo dirigente pueden encontrarse en un proceso penal. No sería la primera vez que el mundo viera a un presidente de la Generalitat entre rejas. Pero la cuestión es si España puede llegar hasta ahí. No si quiere, sino si puede.

La noche del 13 de octubre se reunían los partidos del frente soberanista para tomar una decisión respecto a la consulta del 9-N, y al día siguiente el president Artur Mas anunció que la consulta no se ajustaría a los términos expresados en el decreto de su convocatoria, pero que se celebraría. David contra Goliat. Artur Mas propuso transformar el 9-N en un acto de afirmación nacional y resolver la cuestión en unas elecciones verdaderamente plebiscitarias, con una lista única y un único objetivo programático. Oriol Junqueras se preguntaba por qué el Parlament de Catalunya no proclamaba la independencia, pero ni asumió el liderazgo, ni desautorizó a Artur Mas, ni forzó elecciones. Ahí lo perdió todo. Algunas voces, como Enric Juliana o poco después el economista Luis Garicano, empezaban a sugerir la necesidad de que las próximas elecciones autonómicas debían celebrarse después de las elecciones generales, porque la matemática española sería otra y pluripartidista.

Veinte días después, volvíamos a empezar. El 9-N se votaría bajo otro marco legal y esto también lo trataría de impedir el gobierno. GESOP (46,8%) y Metroscopia (44,0%) nos informaron, el día 29 de octubre, que cuatro o cinco de cada diez ciudadanos respaldarían el nuevo 9-N, confirmándose con estos datos la razonabilidad de las estimaciones previas de unos 2 millones de afluentes a las urnas, que no serían refrendarias ni vinculantes. Pero lo principal de la encuesta de Metroscopia es que únicamente el 17% de los entrevistados consideraba que Cataluña debía continuar como hasta ahora después de esa fecha. El 29%, 1,6 millones de electores, consideraba que el Parlament de Catalunya debería proclamar la independencia si los partidos soberanistas sumaban la mayoría absoluta.

Aquel concepto de los dos tercios de la cámara (noventa diputados o más) había pasado a mejor vida, por la simple razón de que ya era inalcanzable, lo que nos da una idea de la relatividad de las posiciones políticas en el sistema particular catalán, inspiradas en la optimización continua de los márgenes legales. Si ya no había posibilidad de conseguir noventa diputados, bastaría con la mayoría simple (68 diputados), redefiniéndose la contienda en el plano teórico, con toda naturalidad, y al margen de Podemos, interpretado como un fenómeno unionista o español. Cesc Iglésies sabe que eso es un error, porque ahora hay tanto españoles de identidad histórica como gamonales. Así se visualiza bien y así se lo expliqué. El sistema electoral catalán, que representa a la perfección a las personas, mediante diez fuerzas políticas y tasas de participación crecientes, expresa, además, una contienda que es sobre todo legal contra la parte central del Estado, como característica diferencial. Y esto es así porque la nación catalana existe: son personas de verdad, no son hologramas, como quiere hacer creer Rajoy.

Enric Juliana anticipaba que la brigada Aranzadi recurriría la consulta alternativa organizada por Artur Mas. Había ganado David, porque, ¿qué es una consulta no refrendaria, sino una encuesta? ¿O qué es una encuesta, sino una consulta no refrendaria? ¿Y que son ambas cosas, sino conocimiento, algo que es útil o ayuda a tomar las decisiones? Había ganado David con una pedrada en la frente que resultó ser mucho más que certera, porque el Estado español estaba negando, finalmente, el conocimiento; que inventen ellos.

El día 30 de octubre, se reunía el Consejo de Estado, en una sesión presidida por Landelino Lavilla, el último candidato de UCD a la presidencia del gobierno, en el año 1982. El Consejo se manifestó contrario a la legalidad de la consulta. El día 31, el Consejo de Ministros aprobó recurrir esta iniciativa ante el Tribunal Constitucional. Estábamos en el escenario que había anticipado Alfred Bosch: el 9-N votaremos y ustedes no podrán impedirlo. Artur Mas levantó a los ciudadanos de Cataluña contra el Estado español, llamando a su participación en la jornada del 9-N. Esto sucedía el día de la onomástica de mi hija Juana, también de la princesa Leonor, viernes previo a la reunión ordinaria del Tribunal Constitucional, programada para el martes día 4 de noviembre. Aquel discurso impresionó. Mas calificó el nuevo recurso de impúdico, y acusó al gobierno de Mariano Rajoy de ejercer abuso de autoridad. Su discurso fue terminal: se han reído de nosotros, se han mofado. Nos dicen que no tiene garantías legales, lo que es un argumento hipócrita.

Oriol Junqueras había perdido protagonismo, centralidad y liderazgo. Quería la independencia, pero yendo detrás de Artur Mas. No dio el paso adelante que se esperaba de él y de su organización, evidenciando su condición de partido del sistema, cuyo negocio está en la representación legal de los ciudadanos. Junqueras no iba a liderar la insumisión teórica que predicaba, ni ERC era una organización determinada a proclamar la independencia de Cataluña. La gente lo comprendió. Además, también había que entenderse con el gamonal, con el primo grande, el castellano o español que había roto con su sistema. Para eso era necesario que se explicara todo bien (algo que no se hizo) y también esperar a que se votase en España.

Ese mismo día 31 de octubre, el CEO de la Generalitat difundió una estimación de la intención de voto en elecciones autonómicas en la que situaba a ERC por delante, lo que coincidía con las últimas estimaciones. Sin embargo, Artur Mas ahora era mucho más líder que Oriol Junqueras, algo que coincidía con mis cálculos: los convergentes (34) iban por delante de los republicanos (33), lo contrario de lo que afirmaba la estimación del CEO, que asignó intervalos de 32-33 escaños para CiU y 38-39 escaños para ERC. El problema es técnico, y lo mismo sucedía con las posiciones atribuidas a Podemos (16 escaños según mis cálculos y 10-11 según el CEO). Mis números con el estudio del CEO, segunda oleada de 2014, publicado el 31 de octubre, fueron estos: CiU, 834.000 votos (34 escaños); ERC, 787.000 (33); PSC, 426.000 (15); Podemos, 383.000 (16); PP, 337.000 (12); C’s, 256.000 (8); ICV/EUiA, 255.000 (9); CUP, 240.000 (8).

Lo afirmo con rotundidad: CiU recuperó el liderazgo durante el mes de octubre o, lo que es lo mismo, finalmente Artur Mas estaba liderando a la nación catalana y Junqueras no. Los números del CEO eran distintos: ERC (38-39), CiU (32-33), PSC (1416), Podemos (10-11), C’s (8-9), CUP (8-9) e ICV/EUiA (8-9). La diferencia sustancial es que CiU, ERC, CUP e ICV/EUiA sumaban 75 escaños, según mis números, frente a los 80 del CEO. Alejados de los 87 escaños de 2012, y en todo caso de los dos tercios de la Cámara (90). La solución en manos del primo grande: Podemos, como advertí a todos antes de que fueran ellos, porque alguien sería.

El negocio funciona así; CiU o ERC no son distintos del PP o el PSOE. Cualquier solución al final será negociada, esta es la única certidumbre que tienen los señores Mas y Junqueras, con los números en la mano. Todo lo demás es una forma de hacer política. ¿Manda, entonces, la parte de la sociedad autóctona que es capaz de exigir al president la creación de una lista única y la convocatoria inmediata de unas elecciones plebiscitarias para proclamar la independencia? Tampoco. La nación catalana puede sumar algo más de la mitad del censo electoral, pero no toda ella es independentista, menos aún secesionista.

El 3 de noviembre, la Generalitat anunció que iniciaría acciones legales contra el gobierno de España por abuso de autoridad; y el día 4, el Tribunal Constitucional suspendió la consulta. Se sobreentendió que si la Generalitat no actuaba en el proceso, el gobierno no haría nada, por lo que el viernes 7 de noviembre la certidumbre era que no se impediría la celebración del acto participativo.

El 9 de noviembre de 2014 votaron más de 2,3 millones de personas en Cataluña, el día 10 Artur Mas era el líder indiscutible de la nación catalana y el día 11 explicó que las elecciones se celebrarían en su momento, nada de en tres meses con candidatura unitaria.

El día 12 compareció Mariano Rajoy, como representante de lo que se extingue, para decirnos «que lo que ha sucedido no ha pasado», una fórmula que funcionó durante décadas, con la misma eficacia que el espadón y la colleja. No había ningún problema político, si acaso legal... A esto se llama morir con las botas puestas.

¿Habría proclamación unilateral de la independencia? No, lo único que puede haber es una solución negociada y convergente en términos UE. En resumen, la Diada había reunido a casi dos millones de personas que reclamaron la celebración de la consulta no refrendaria del 9-N. Las encuestas previas y posteriores al recurso del gobierno informaron que seis de cada diez electores acatarían la suspensión de esta consulta, de una u otra forma; unos acatando sin más, otros manteniendo este objetivo, aunque aplazando su materialización. Estos datos eran coherentes con la transversalidad de la demanda de un derecho ciudadano (votar exactamente esto) y la intensidad de la presión de la sociedad. Si fueran siete de cada diez los ciudadanos determinados a independizarse unilateralmente, Cataluña ya sería independiente. ¿Cuántos eran, entonces? Esto es lo que no quería saber el gobierno, pero tampoco el PSOE de Pedro Sánchez. Por eso el concepto derecho a decidir, que es una forma de decir democracia, adquirió sentido frente a la cultura política posfranquista española.

Artur Mas anunció ya en enero de 2015 la celebración de elecciones autonómicas el día 27 de septiembre. Yo lo consideré un error y las encuestas me dieron la razón. La cuestión catalana es densa, compleja, difícil de entender y exige esfuerzo obtener su expresión electoral. Por lo tanto, en el mismo momento en el que Artur Mas nos dijo que hasta la vuelta del verano no habría novedades, todos, sin excepción, nos quitamos el asunto de la cabeza.

La noticia del día 31 de marzo fue la presentación de la hoja de ruta del proceso soberanista. El vicepresidente Francesc Homs explicó que el 27 de septiembre se votarían unas elecciones plebiscitarias respecto a la independencia de España. Se aprobaría una Constitución en el mes de julio de 2016 y se proclamaría la independencia en marzo de 2017, con o sin el acuerdo del Estado español. Se parecía un poco a las inauguraciones electorales del gobierno de Rajoy, pero todo ello quedó anotado.

Ramón Cotarelo prestó atención a esto, que teníamos puesto a un lado. Expresó en su blog lo que aquí llamo cultura política posfranquista, que nos llega en sus parámetros principales vehiculada por la identidad histórica, que es castellana, de castillo, señor y vasallo.

El PP confía todo a la vigencia de la ley con una práctica de gobierno despótica y autoritaria en la que la ley dice lo que él quiere y, si no lo hace, se reforma. Y los demás la acatan sin rechistar. [...]. El nacionalismo español, desconcertado, está a la defensiva, no tiene iniciativa y se enfrenta a la soberanista sin otra propuesta que la prohibición y, llegado el caso, la represión.

Es lo mismo que explico en este libro, el problema no es otro que una cultura política que siempre ha sido predemocrática y precapitalista. Sobre el referendo no vinculante que el Estado español le negó a las instituciones de Cataluña, dijo lo siguiente:

No hay ninguna razón válida para negarlo como no sea un autoritarismo impresentable y una concepción patrimonialista del Estado y su territorio, propia de la oligarquía tradicional española, para la cual Cataluña es «tierra conquistada». [...] No es fácilmente comprensible por qué el nacionalismo español se niega a tratar con el catalán en el nivel que merece. Deben de intervenir muchos factores, incluso de naturaleza neurótica.

Por lo tanto, esta identidad histórica que necesita españolizar Cataluña no le sirve a la monarquía de Felipe VI para resolver los problemas. Sigo a Ramón Cotarelo porque enseña, es un jefe y puede ser extraordinariamente crítico con Mariano Rajoy «el Sobresueldos», o con quien quiera. Digamos que conozco su forma de entender las cosas, pero la finalización de este artículo me sorprendió. Mucho.

Si el Estado convoca un referéndum de autodeterminación en Cataluña, habiendo negociado condiciones, pregunta y consecuencias, no habrá recuperado la iniciativa política pero, cuando menos, se pondrá a la par. Y tendrá toda la legitimidad del mundo para defender la continuidad de Cataluña en un Estado español plurinacional.

Ramón Cotarelo, catedrático de Ciencia Política y de la Administración, estaba imaginando la perestroika de Felipe VI.

En todo caso, la situación de David contra Goliat, con el primo mayor mirando, es insólita y evidencia un déficit importante de aprecio, pero también un desconocimiento profundo del contexto general del proceso: en 2017, todos calvos en el sur de Europa. La rebelión de esta nación del sur está englobada en otra de la que abstraerse resulta muy poco inteligente.

Aunque es normal que falte aprecio, porque el editorial de El País del miércoles 1 de abril nos recordó que los medios forman parte central del problema. «Es lo que olvidan Convergencia Democràtica de Catalunya y Esquerra Republicana (acompañadas de sus organizaciones de agitación)...», así llaman a la sociedad civil, «... en su alucinante hoja de ruta unitaria...». Esa actitud contrasta con lo que le sugirió esta noticia a Cotarelo, que fue la misma reflexión que inspira este libro. Lo que hacen la CDC y ERC es política de máximos, pero el español antiguo, sea quien sea, se pone de los nervios y se sale del tiesto con un lenguaje y una intencionalidad impropios de alguien que es miembro de la Unión Europea. De momento, se trata de acuerdos entre partes y declaraciones, así que se puede decir que a El País, maleducado, le pesa la armadura.

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EL CIS DE ENERO DE 2015 DISTANCIA AL PSOE.

SÁNCHEZ REACCIONA

Iniciado el año 2015 insistía en el periódico para el que escribo, La Voz de Galicia, en que el PP tenía que anticipar las elecciones generales para hacerlas coincidir con su hecatombe territorial, que se iba a producir en mayo. Sabía que no iba a ser así y que la alternativa consistía en atemorizar a las personas entre mayo y noviembre. Dejarse arrollar por los pactos alcanzados con la premisa de todos contra el PP, como preámbulo de unas elecciones generales, solo se explicaba como un error de cálculo formidable o como una excusa para argumentar que les estaban arrebatando el poder legítimamente conquistado en las urnas; todo ello, en un clima de vulnerabilidad creciente ante la amenaza del terrorismo islamista. A ellos, los artífices de la recuperación de la economía, el ejemplo de Europa, el orden y el buen gobierno. Eso fue negar la realidad, reconcentrarse en su esencia: fracasar en mayo y en noviembre, porque la contienda no es otra que la conquista de la identidad española del siglo XXI, que es distinta de la histórica, fielmente representada por el PP de Rajoy y José María Aznar. Las encuestas insistían en que la mitad de los votantes del PP ya han cumplido como mínimo los sesenta y cinco años, y la mitad de los del PSOE, los cincuenta y cuatro (CIS). El bipartidismo ya había perdido el apoyo de los más jóvenes, y se sustentaba desde entonces en la España peor formada e informada, menos crítica y más dependiente.

El 25 de enero de 2015, Syriza ganó las elecciones legislativas en Grecia. Lo hizo para auditar la deuda pública exterior y renegociar la parte ilegítima, que devolverían conforme a sus posibilidades, expresadas en la evolución de su PIB. Ganaban para reducir el gasto militar y subir la presión fiscal hasta el 75% en rentas superiores a los 500.000 euros, para establecer una tasa de transacciones financieras y para reformar la ley electoral. En tanto que fenómeno social, el electorado de Syriza era tan transversal en lo ideológico como el de Podemos, ciudadanos enfrentados a su propio poder representativo, dispuestos a eliminar a la clase política convencional. Lo nuevo frente a lo viejo. Como fenómeno político, Syriza ocupó la posición del PASOK y no sucedió nada extraordinario. Se transformó en la fuerza política hegemónica del lado izquierdo del sistema de representación griego, en la socialdemocracia del siglo XXI, y ya. No se auditó la deuda, ni se renegoció casi nada, ni Grecia abandonó el euro, ni la Unión Europea, ni los griegos se lo plantearon.

Lo que estaba sucediendo en España no era distinto. Se había producido la ruptura de una parte mayoritaria de la sociedad con la clase política convencional, lo que no tenía arreglo de ninguna clase. Lo llamaron desafección y sonó a chuleo, porque lo fue. El elector subrayó este comportamiento y completó la fractura. Los políticos, preocupados desde entonces por la desafección ciudadana, permanecen, sin prestigio, aislados en sus cargos.

Cuando comparé los datos directos del barómetro de enero de 2015 del CIS con los del octubre anterior tuve la sensación de que esto ya lo habíamos vivido. Podemos había igualado sus registros por encima del 20% entre los votantes de hasta sesenta y cuatro años de edad, mientras que el PP mejoraba entre los votantes mayores de cincuenta y cuatro años, y muy especialmente entre los mayores de sesenta y cuatro años (20,1% en octubre y 26,4% en enero). Por el contrario, los registros de los populares empeoraban entre los más jóvenes (4,3% de las personas de hasta los veinticuatro años de edad, y 6,0% de gente de entre veinticinco y treinta y cuatro años). Con estos datos directos, no hacía falta calcular nada para afirmar que Podemos era la fuerza política hegemónica entre los votantes de hasta sesenta y cinco años de edad, esto es, los nacidos después de 1950. O lo que es lo mismo, se había producido la ruptura de la sociedad del siglo XXI con el orden electoral preexistente, que era sustentado por la sociedad del siglo XX. El bipartidismo solo organizaba a los más mayores, la generalidad de los niños de la guerra, y la parte más antigua de los nacidos en la autarquía. Los demás son liderados, desde entonces, por los ciudadanos nuevos.

El mismo estudio del CIS indicaba que el PSOE estaba fracasando en la contienda contra el PP procedente del siglo XX, pero también entre los más jóvenes por la conquista del lado izquierdo del sistema, frente a los posibilistas. La organización política Podemos era percibida de forma opuesta en términos generacionales. La gente de mayor edad, dependiendo de su formación, advertía dos clases de riesgos: radicalismo o mayor presión fiscal sobre sus patrimonios. Por el contrario, los votantes jóvenes de la socialista Elena Valenciano en las elecciones europeas de 2014 se planteaban votar a Podemos como lo normal.

En enero de 2015, el PP (27,1%) lideraba la intención de voto, seguido por Podemos (25,6%), con un cuerpo de ventaja sobre el PSOE (19,6%). La distancia de estos tres partidos sobre los demás era considerable y entre ellos se hacían con trescientos de los trescientos cincuenta escaños en juego. Si consideramos que Podemos promediaba unos puntos menos en Andalucía, donde votan 6,3 millones de electores, que representan el 17,4% del censo electoral español, entenderemos que los posibilistas estaban superando a los populares en algunos ámbitos, avanzando un paso importante en la comprensión de la situación: el PP y Podemos se estaban disputando las primas que consigue la lista más votada, unos treinta escaños, y les separaba un punto de censo. Pero, además, si Podemos promediaba el 25,6% en España es porque su electorado no entendía de naciones, porque ese resultado encerraba, necesariamente, posiciones importantes en los sistemas catalán y vasco.

Como acabamos de decir, con 4,6 millones de votos, el PSOE había descendido al 19,6% de los votos válidos, el registro más bajo que había estimado para este partido en elecciones generales en España. Muchos de sus votantes se incorporaban a Podemos y ya sumaban 2 millones, tres de cada diez de los que votaron a Rubalcaba, cuatro entre los más jóvenes y dos entre los de mayor edad. Pedro Sánchez había generado cierta expectativa y había remontado diez puntos de fidelidad en octubre de 2014, pero los perdió el PSOE de Susana Díaz. Se comportaban como una vieja estructura de poder encaminada hacia la autorrepresentación. Aludiendo a la cocina, el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, aseguró que el CIS había manipulado los datos para perjudicar a su partido, trasladando al elector la idea de que este organismo es, en realidad, una herramienta propagandística al servicio del gobierno. Antonio Hernando, que simboliza la renovación, se comportó como un viejo político español en apuros, incapaz de comprender que el 27,3% estimado por el CIS para el PP, en su barómetro de enero, estaba a casi veinte puntos del 44,6% alcanzado por este partido en 2011, casualmente, el del gobierno. Las encuestas no son ni mucho menos como se imagina el dirigente socialista, ni en el CIS ni en las empresas que se dedican a esto.

Este barómetro del CIS trajo otras novedades importantes. Desde el punto de vista técnico, nuestros cálculos no coincidían plenamente con sus conclusiones numéricas. Sin embargo, hay que reconocer que esto era normal, porque la matriz de transferencias de voto publicada por Metroscopia en el mes de enero, por poner un ejemplo, tenía poco que ver con su estimación de resultados aplicando mis procedimientos, donde simpatía no es voto y solo sirve para estropear la estructura de la información.

Según mis cálculos, el PP estaba situado en el 26% de los votos válidos, y no en el 19,2%. Lo mismo sucedía con el PSOE, que estimé con claridad en el 18% y no en el 23,5% que dio la entidad encuestadora. De hecho, la situación que definían esas transferencias del mes de enero de Metroscopia era la misma que calculé con los datos del barómetro de enero del CIS. Lo que sucedía era lo contrario de lo que imaginó Antonio Hernando: ambos sondeos habían estimado al PSOE por encima de donde estaba. Podemos había empatado con el PP con una estimación de alrededor de los 6 millones de votos, mientras que la fidelidad de los socialistas (38,8%) había caído diez puntos respecto al barómetro anterior.

El PSOE estaba situado, por primera vez en su historia, por debajo del 20% de los votos válidos en España. Esto no lo reflejaba la estimación del CIS (22,2%), pero sí sus tablas de resultados. Este dato fue central, porque vino a significar que Pedro Sánchez, un candidato idóneo por la naturaleza de la contienda, que generó cierta expectativa contrastada en datos, no había sido capaz de levantar esa losa que ya era el PSOE, con su autoridad andaluza y su colección de perdedores, como Tomás Gómez y Carme Chacón, o sus flamantes candidatos electos, como Ximo Puig. Esta información era más importante de lo que parece, porque nos decía que, aunque la gente estuviera exhausta y tuviera necesidad de creer en Pedro Sánchez, el PSOE se lo impedía. Susana Díaz es alguien en su tierra, pero su incursión en España fue pura intriga, equilibrio de poderes, sobreactuación, interés partidista y ambición personal, todo lo que en nuestros días conduce a la autorrepresentación.

Antonio Cortés, de Izquierda Abierta, me hizo un comentario revelador en una de nuestras comidas en los aledaños del Congreso. Según él, Pedro Sánchez es percibido por el electorado potencial como «demasiado perfecto, artificial». No le pregunté de dónde había salido esa apreciación, pero inequívocamente procedía de investigación cualitativa, y letal para las aspiraciones socialistas. Lo anoté, porque tuve acceso, a toro pasado, a un informe de Random, la empresa de Fernando Canales, preparatorio de las elecciones europeas de Izquierda Unida, y aquel análisis me resultó más que brillante. Lo que significaba esa apreciación es que el PSOE es algo determinado y no se puede pretender que sea otra cosa, salvo que todos sus dirigentes fueran reemplazados por perfectos Pedros Sánchez, algo imposible.

El CIS insistía en la ruptura de las generaciones más jóvenes con el orden electoral preexistente. Se quisiera ver o no, se trata de un nuevo ciclo constituyente y así lo están refrendando las urnas. IU/ICV, con cinco escaños, comenzó el año defendiendo un millón de votos, el 4,5% de los válidos, retrocediendo un punto de censo respecto al mes de octubre. UPyD, con tres escaños, caía por debajo del millón de votos. Casi trescientos mil de sus electores de 2011 se enrolaron en Podemos, y esto sucedía antes de la progresión de Ciudadanos, que Metroscopia daba acertadamente por segura en esas fechas. A diferencia de IU/ICV, cuyo electorado es sedimentario y compactado a lo largo de los años, UPyD se estaba jugando el futuro en los comicios de mayo, en el supuesto de que conseguiría algún representante en el Parlamento en Andalucía. Si no eran capaces de conseguir ningún diputado (como así ha sido), y luego igualaran su registro municipal de 2011, significaría que no se habían desarrollado como proyecto político en el territorio durante los últimos cuatro años. Y a estos datos hay que añadir la progresión de Ciudadanos.

En ese mes de enero, según mis estimaciones, Ciudadanos podía conseguir siete escaños en España. Se emparejaba con UPyD en número de votos y superaba al PP en Cataluña. Su tendencia era claramente ascendente y se marcharía por delante. Los valores del resto de partidos eran orientativos, porque precisaban de demoscopia específica de la que disponía en unos casos y en otros no. En principio, CiU iba por delante de ERC, y CUP estaba dentro, lo mismo que sucedía con Geroa Bai.

El domingo día 8 de febrero, El País publicó una estimación de Metroscopia que introdujo cierta confusión, porque entraba en contradicción con la del CIS. El PP no podía estar en el 20% de los votos válidos (Metroscopia) con una fidelidad directa de cinco de cada diez de sus votantes de 2011 (CIS), porque esto les aseguraba algo más de 5 millones de votos antes de asignar indecisos.

Todas las encuestas recogían cierta progresión del partido de Albert Rivera, pero Metroscopia le atribuyó el 12,2% de los votos válidos, que para una participación del 72% significaba que Ciudadanos había conquistado 3,2 millones de electores en España, más de treinta escaños. A continuación My Word publicó valores altos para Ciudadanos que validaban esta información, por lo que corregí su posición al alza en mis estimaciones. Desde entonces, se puede afirmar que en la arena política española son cuatro los partidos preponderantes: dos emergentes y dos en regresión.

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QUINTO CICLO, TERCERA FASE: EMERGE

CIUDADANOS Y YA SON CUATRO

Después de haber pasado por los ciclos constituyente (19771980), hegemónico del PSOE (1980-1992), bipartidismo (19922010), hegemónico del PP (2010-2012) y pluripartidista (20122015), nos encontramos actualmente en el quinto ciclo. De momento, ya ha completado dos fases: entre julio de 2012 y julio de 2014 había dos partidos preponderantes (PP y PSOE), en un equilibrio similar al del ciclo constituyente; entre julio de 2014 y enero de 2015, los partidos preponderantes son tres (PP, PSOE y Podemos). Esta fase ya ha finalizado, así que ahora comenzamos a definir las características de la tercera.

Desde el mes de febrero de 2015, son cuatro los partidos en contienda, porque todas las encuestas posteriores al barómetro de enero del CIS estimaron a Ciudadanos en valores importantes y crecientes. Muchos ciudadanos que se habían desplazado hacia la abstención se reincorporaban al sistema, aunque lo estaban haciendo en espacios nuevos. La demoscopia al principio de este ciclo había sido contradictoria y confusa, aunque por fin todos los expertos coincidían en la importancia de la irrupción de Ciudadanos.

A estas alturas, comprendí que esta situación ya la habíamos vivido. Las transferencias de voto entre las elecciones generales de 1979 y 1982 expresaron un movimiento desde UCD hacia el PSOE (21,7%), que es equivalente al que se estaba produciendo desde este partido hacia Podemos (26,1%). Lo mismo que sucedía con el PCE, que perdió a cuatro de cada diez de sus votantes en favor del PSOE en 1982 (37,3%), que son equivalentes a los que estaban abandonando IU para incorporarse a Podemos (40,6%). Tan pronto la transferencia del PP a Ciudadanos superase el 10% se intensificaría hasta ponerse por encima del 20%, conservando el PP su 50% de fidelidad, porque esos electores ya se habían marchado. Se completaba el paralelismo entre la situación actual y la de 1982. Entonces moría una clase política, ahora también.

La historia se repetía, estaba sucediendo lo mismo que hacía treinta y tres años. Desde la muerte de Franco, a finales de 1975, hasta las elecciones legislativas de 1982, habían pasado siete años y en España continuaban gobernando los políticos de la dictadura. La transformación de la naturaleza del Estado exigía su salida del poder. Adolfo Suárez había sido gobernador civil de Franco cuando otros eran demócratas. UCD se transformó en partido y el democristiano PDP de Óscar Alzaga abandonó la disciplina centrista, concurriendo en coalición con la Alianza Popular de Manuel Fraga Iribarne, en las elecciones legislativas de 1982. Entre el CDS del expresidente Suárez y la UCD de Landelino Lavilla conservaron un tercio de sus electores, el PSOE se hizo con tres de cada diez y otros tantos la coalición AP-PDP. Lo que sucedió entonces es que había finalizado la Transición política, estábamos en la democracia y ese electorado se disgregó. Los factores aglutinantes, que eran la prudencia, el temor, la paz social o la neutralidad, se disiparon y estos electores centrales pudieron finalmente declararse de izquierdas o de derechas.

En 2015, está sucediendo algo parecido a lo vivido en aquellas elecciones de 1982, aunque el régimen que termina implique la crisis de dos partidos, y no de uno. Se ha disipado la confianza en la clase política convencional, y sus miembros no han hecho nada, por lo que el aprecio de muchos se ha transformado en desprecio. Para hacernos una idea global de la situación de los dos grandes partidos, hagamos un breve resumen cronológico. En febrero de 2014, tres de cada diez de los votantes del PSOE en 2011 se habían pasado a Podemos, uno dejaba de votar y otro se había dispersado; los socialistas habían perdido a la mitad de los 7 millones de personas que votaron a Rubalcaba. Y en el PP sucedía lo mismo, porque les quedaban seis de cada diez de sus votantes de 2011. Uno ya era de Ciudadanos, casi otro de Pablo Iglesias, un tercero se abstenía y el cuarto se dispersaba. En ambos casos, eran sus votantes más jóvenes quienes abandonaban el bipartidismo con la misma naturalidad que los que se habían alejado de la UCD treinta y tres años antes. Lo que finaliza en 2015 es un orden, el de 1978, una ética de lo público y una cultura política, que es predemocrática en muchas de sus manifestaciones, como, por ejemplo, la permanencia en un cargo público cuando se ha perdido el prestigio. Del otro lado de los Pirineos se dimite en estas situaciones. Aquí no se hacía pero, afortunadamente, sucederá dentro de poco.

Como el PP ya solo organizaba la parte más antigua de la sociedad (según las encuestas del CIS), Albert Rivera y Ciudadanos fueron identificados como la alternativa, en cuestión de semanas y sin pedir permiso a UPyD. Como en 1982, tan pronto se celebren los comicios legislativos, habrá terminado el orden electoral que conocemos, y con él, el posfranquismo y el primer tomo de la historia de España, que, como sabemos, abarca desde que existe hasta Juan Carlos I. Naturalmente, esto no es ningún drama, sino todo lo contrario.

Acababa un orden antiguo y empezaba a instaurarse uno nuevo. Podemos había desplazado al PSOE, y Ciudadanos progresaba. Rajoy debió asumir que los indicadores macroeconómicos no devuelven la confianza a las personas y que alcanzar el 35% de los votos válidos en España es una idea que formaba parte del pasado. Debió anticipar las elecciones generales para cubrir con los resultados los pactos municipales y autonómicos que se produjeran. Sin embargo, cometió un error mayúsculo al no hacerlo y quedó abocado a argumentar, reconcentrado en sus esencias, que los frentes populares les habían arrebatado los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Lo mismo que hizo Basagoiti con Urkullu, por poner un ejemplo.

Por su parte, Susana Díaz a finales de enero de 2015 había convocado elecciones en Andalucía, que se celebrarían el día 22 de marzo. Unas elecciones doblemente anticipadas, un año sobre su fecha y dos meses respecto a las elecciones municipales en España. Ese día, estaban convocadas a las urnas 6,2 millones de personas que configuraban el censo de residentes (CER), y otros doscientos mil electores afincados en el extranjero (CERA), que carecen de sufragio, porque su voto es rogado o censitario y se abstienen masivamente.

Salvador Giménez, un joven periodista y productor valenciano, con el que yo ya había colaborado en alguna campaña, se empeñó en montar una empresa para difundir estos trabajos más allá del cliente de turno. Le dije que no se confundiera. Dedicarse a desentrañar el mandato popular, que está en los resultados que se producen, y en las encuestas, aprender a construir y explicar el dato electoral cierto, a defenderlo y difundirlo frente a análisis interesados, exigía asumir que la vida consiste en subir y bajar montañas; pero no en cruzarlas, sino en escalarlas y continuar caminando por las crestas. Del dato electoral cierto se vivía con dignidad cuando esto funcionaba, pero ahora casi todo es trampa. Lo de las crestas de las montañas no le asustó, y no hacía falta hacer encuestas en Andalucía. Con lo que se publicaba y el estudio del CIS, había más que suficiente para producir una información de calidad, y empezamos a suministrar mi información electoral a El Español, estudios desk research comprensivos de mis investigaciones y las encuestas que se publicaban. Así cubrió El Español las elecciones andaluzas, proporcionando al lector una información amplia y detallada.

La decisión de Susana Díaz parecía acertada de antemano, supiera o no ganar al PP. Sobre todo porque, al menos aparentemente, los americanos ya habían pasado por Villar del Río, y la vida volvía a la normalidad, con lo que la gente empezaba a pensar en su partido de toda la vida. Además, la política real griega estaba desactivando la ilusión colectiva del asalto ciudadano al poder parlamentario, la renovación completa de la clase política y el orden nuevo. En la medida en que Grecia se olvidaba de la moratoria en el pago de su deuda, la propuesta política de Podemos perdía fuerza tanto en España como en Andalucía. Y cuando la marea del juicio sumarísimo a la clase política bajase, y podía hacerlo antes de marzo, se oirían voces en los territorios, como las de Mónica Oltra en la Comunidad Valenciana o la de Gaspar Llamazares en Asturias, advirtiendo a los candidatos de Podemos que lecciones, las justas. Había contienda en Andalucía, con el PSOE y el PP puestos en el umbral de los cuarenta escaños. Los socialistas iban por delante aunque con poca ventaja, porque Podemos se hacía con veinte actas dibujando un escenario de pluripartidismo. Y como no podía ser de otra forma, IU-LVCA defendía su espacio, siendo como son y a pesar de Podemos. Pocas actas para entrar en juego, pero no eran oportunistas, ni televisivas, ni expertas en marketing. Son como son y están ahí desde siempre. Además reapareció Julio Anguita para confirmarlo.

El reverso de la moneda para el PSOE fue que la irrupción de Susana Díaz, con sus elecciones anticipadas, cuestionó el liderazgo de Pedro Sánchez (lo único que estaba funcionando), y el partido se volvió a desplomar en el ámbito estatal. Se producían movimientos en el seno del PSOE y, para sorpresa de todos, Tomás Gómez, un candidato perdedor de Madrid, fue destituido el 11 de febrero, y fue un acierto. Desde entonces, la andaluza manda en Andalucía y el madrileño es el secretario general del PSOE, una losa de partido. Como nuevo candidato de los socialistas a la presidencia de la Comunidad de Madrid apareció Ángel Gabilondo el 22 de febrero. Otro acierto, ahora para librar la contienda central contra Ciudadanos, desplazando al PP, inevitablemente, al espacio que ocupaba Marine Le Pen en Francia. En ese contexto se pudo visualizar que su candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, adolecía de la misma artificialidad que Pedro Sánchez en el PSOE.

El debate sobre el estado de la nación celebrado los días 24 y 25 de febrero fue una constatación más de la desafección política de los ciudadanos. Según los datos de audiencia, habíamos batido la plusmarca de desinterés por la labor del Congreso de los Diputados, percibido como algo tan inútil y desprestigiado como el resto de las instituciones de representación política. Un lugar donde el tiempo se detiene al inicio de cada legislatura en una estabilidad determinada, que se concretaba en ese momento en ciento ochenta y seis, el número de diputados que consiguió el PP en las elecciones generales de 2011, aunque todos los indicadores señalaban que habían perdido virtualmente unos setenta escaños desde el principio de la legislatura.

En ese debate, Mariano Rajoy insistía en afirmar que había evitado el rescate, aunque la verdad es que había conseguido un «préstamo» de 40.000 millones de euros a la banca. También, como presidente del gobierno resultó «patético» al calificar con este adjetivo desde la tribuna a Pedro Sánchez; no es ese comportamiento lo que esperan los socios europeos de los conservadores españoles. Rajoy puso también de manifiesto que estaba profundamente desinformado sobre la materia electoral, cuando advirtió a Rosa Díez que Albert Rivera se llevaría sus votos. Nadie le había explicado al presidente que entre los que ya habían decidido a votar a Ciudadanos, había 1,5 millones de sus votantes de 2011, o más. Muchíiiiisimos más que los de UPyD. Era una forma meridianamente clara de constatar que los políticos son maleducados y encima no saben lo que dicen.

Pedro Sánchez desaprovechó su oportunidad en este debate. Debió decir, días antes, que permanecer sin prestigio no es convergente, en alusión a sus imputados andaluces y para conocimiento de Susana Díaz. Tenía condiciones favorables, pero hubiera sido mejor que no gritara. Obama había ganado susurrando y Sánchez debería preguntarse por qué. Quien está seguro de lo que dice y, lo que es más importante, de que se le entiende, no necesita gritar. Quien dice cosas interesantes, tampoco tiene que alzar la voz, porque los contenidos mantienen la atención; quien tiene confianza en sí mismo, menos aún.

Poco después del debate, el día 28, Rosa Díez se inmoló con un monólogo interminable en La Sexta, en prime time. En su discurso se reivindicaba como la líder de un proyecto político que progresa sin dificultades, tras señalarle los periodistas que no había logrado congregar ni a sus militantes en la Puerta del Sol para pedir la dimisión del presidente del gobierno. Díez quedó retratada sobre todo por la batería de argumentos que empleó sobre su figura y partido.

En resumen, el debate sobre el estado de la nación había sido irrelevante. Ahora ya eran cuatro en contienda y en el Congreso faltaban los líderes de reemplazo, Iglesias y Rivera. Salvo el «patético» error de Rajoy, mostrando lo que no quería, ahí no pasó nada. Pedro Sánchez no supo aprovechar su oportunidad y todo lo demás era secundario.

Más importante que el debate fue que, en ese mes de febrero, se confirmó la incorporación de un cuarto partido preponderante: Ciudadanos. El PP defendía a esas alturas 6,3 millones de votos, que representaban el 25,9% de los válidos, y proporcionaban ciento catorce escaños, siete menos que apenas hacía unas semanas. Ciudadanos se había situado hacia los 2,3 millones de votos, según mis estimaciones, reincorporando al sistema a electores desmovilizados. Esto reducía las posiciones relativas de todos. Se trataba de algo que era ajeno al debate sobre el estado de la nación, lo mismo que la progresión de Amaiur hasta los trescientos mil votos y cinco escaños, puesto que respondía al incremento de tres puntos en las tasas de participación sobre las que calculaba las estimaciones.

El electorado inicial de Ciudadanos se configuró a partir de votantes que ya habían abandonado el bipartidismo. Es decir, sin reducir la fidelidad de voto del PP, en este caso, lo mismo que había sucedido en el mes de octubre anterior con la transferencia de voto del PSOE a Podemos, que se materializó mientras progresaba la fidelidad de voto de los socialistas. UPyD e IU/ICV resultaron especialmente damnificados por la irrupción de Ciudadanos. Los primeros, porque disputaban el mismo espacio, los segundos por su retroceso relativo; estaban en la raya del 5% autonómico que necesitarían en mayo en Madrid o en la Comunidad Valenciana. La irrupción de Podemos liquidó la cima del 35% de los votos en España, y la de Ciudadanos convirtió en residuales, en el ámbito estatal, a IU/ICV y UPyD. Ciudadanos inutilizaría al partido magenta, mientras que los comunistas debían defender un millón de votos en España, como en 2008, pero por las razones opuestas, o como sucedió con el PCE de Santiago Carrillo en las elecciones de 1982. Agárrate, que viene la ola, es el consejo que yo le daría al joven Alberto Garzón, y deja de tenderle la mano a Pablo Iglesias, porque te arrastrará. O, si seguimos con la metáfora de la sabana, Garzón tendría que defender a la manada con uñas y dientes frente al intruso socialdemócrata de la coleta o desaparecería del lugar.

Con seis partidos en contienda en el ámbito estatal, en las elecciones del mes de mayo se visualizaría, inevitablemente, la hecatombe territorial del PP, alejado del 35% de los votos en España y retrocediendo considerablemente en número de electores. Se darían calabazas en mayo y después habría una segunda cosecha en noviembre incluso con otro candidato, porque de mayo a noviembre, no podrían cambiar demasiado las cosas. «Caerán como fruta madura», dice la sabiduría popular.

Así pues, en este estado de cosas, los analistas despertaron para coincidir en que el bipartidismo dejaría de existir en 2015. El caso es que no era exactamente así. El bipartidismo (19922010) finalizó en tiempos de Zapatero y se caracterizó porque solo podían ganar las elecciones generales el PP o el PSOE, y podía hacerlo cualquiera de los dos. Las elecciones generales de 2011 refrendaron un lapso hegemónico del PP que también había concluido; así que puede afirmarse que el bipartidismo finalizó precipitadamente hace años, cuando se desmovilizaron los socialistas.

El momento actual es de transformación profunda de los parámetros del comportamiento electoral. Se confronta el siglo XX con el siglo XXI, la identidad de los siete premios Nobel con la de los treinta latentes. La interpretación predemocrática del mandato popular, que es la licencia para el caudillaje, queda situada frente al lugar de encuentro, la esencia de la construcción europea. La contienda es muy sencilla y la conquista, muy importante. Lo que desaparece ahora es una cultura, el muy español posfranquismo. La expresa la clase política mediante su interpretación del mandato, y se sustenta en las generaciones más antiguas, incomparablemente peor formadas que la población más joven. No es desafección, es ruptura con lo que les da vergüenza ajena, y ellos son quienes lideran a las generaciones precedentes. Podemos y Ciudadanos se superpusieron sobre lo que había, y ahora eran cuatro los grandes partidos, aunque dos estaban envejecidos y en pleno retroceso.

El domingo día 8 de marzo, se publicaron cinco encuestas sobre las elecciones autonómicas en Andalucía, y la información era concluyente sobre la victoria del PSOE. Ganaban los socialistas con el 33% de los votos válidos y cuarenta y dos escaños, seguidos por el PP, con el 27% y treinta y seis escaños. A continuación venía Podemos, al que se le calculaban unos ochocientos mil, con el 19% y veintidós actas de diputado. A más distancia, Ciudadanos, que conseguía cinco escaños, que luego serían más, porque los de Rivera sumaban doscientos setenta mil votos en la primera semana de marzo, el 9% pero con una tendencia alcista. Por detrás, y con dificultades, los comunistas de IULV-CA, que conservaban unos doscientos treinta mil electores y cuatro actas, mientras que UPyD marcaba cien mil votos al inicio de la campaña, lo que en Andalucía significaba quedar descartado.

Las encuestas de Andalucía permitieron visualizar, por vez primera, la transformación de una estructura de representación de tres fuerzas políticas, donde dos eran hegemónicas (50/47/12), en otra de cinco partidos con tres hegemónicos (42/36/22/5/4), que, con el paso del tiempo, serían cuatro. Sobre las características de unos y otros electorados, Mariano Rajoy nos dijo, en esa campaña, que nunca lo nuevo trajo nada bueno, declarándose así viejo, y con esto está todo explicado. Rajoy nos dijo estar en posesión de la fórmula, que solo su partido y su vieja verdad, su idea, garantizan el orden y el buen gobierno, unos argumentos de vergüenza ajena para la generación más joven, que está muy por encima del nivel Cospedal intrínseco a esa identidad.

Según nuestras estimaciones, el PP, que había conseguido 1,6 millones de votos en las elecciones autonómicas de Andalucía del año 2012, tenía que retroceder unos cuatrocientos cincuenta mil votos. Una diáspora en toda regla. Conservaba a un millón de sus antiguos electores, pero ciento cincuenta mil se habían incorporado a Ciudadanos, ciento treinta mil al PSOE, cien mil a Podemos, cincuenta mil a UPyD y unos doscientos mil se abstenían. El candidato del PP, Juanma Moreno, no solo no podía ganar las elecciones, sino además iba a retroceder en esta campaña.

Al PSOE tampoco le irían mejor las cosas. Si el PP se disponía a perder catorce actas, el PSOE retrocedería cinco, porque sus 1,4 millones de votos eran ciento sesenta mil menos que en 2012. Quienes ganaban, antes de empezar, y con contundencia, eran Podemos y Ciudadanos. Los primeros, ganando más de veinte escaños donde antes no había nada. No tenían más que abstenerse y dejar gobernar a la lista más votada, en minoría, en gran coalición o como si les partía un rayo, porque son la casta; por lo menos hasta que estuvieran metidos los votos de mayo. Y los segundos, con cinco o más escaños, formalizaban su alternativa al PP en el ámbito estatal, al tiempo que desbancaban a su rival UPyD, que resultaría extraparlamentario.

Iban a ser unos comicios redondos para las fuerzas políticas de reemplazo, lo que subrayaba que en el PSOE tampoco sabían lo que estaba sucediendo con el comportamiento electoral de las personas. Gobernaría Susana Díaz, aunque difícilmente igualando el número de votos que consiguió su partido en 2012, para quedar en manos de terceros. ¿Era esto ganar o más bien un error de cálculo?

A mediados del mes de marzo se habían publicado unas diez encuestas sobre las elecciones en Andalucía y en ellas UPyD había desaparecido. Es comprensible que fueran extraparlamentarios en Cataluña, que lo fueran en Galicia tenía un pase, pero ¿en Andalucía, con Rivera galopando? Cuando se fracasa se suele poner el cargo a disposición de quien corresponda, aunque también se puede poner la excusa de que el candidato era muy malo, o que el partido no dio la talla. Cualquier cosa menos reconocer el fracaso. Y después de dimitir la dirección fracasada, suele suceder que una gestora negocia una integración en otra organización (en este caso con Ciudadanos), porque han quedado desperdigados algunos concejales de UPyD en el territorio. Aunque también se puede decir que no ha pasado nada y no hacer nada, y seguir así hasta la desaparición del tablero electoral, que es lo que les ha sucedido por sostenella y no enmendalla.

Según mis estimaciones, en Andalucía ganaba el PSOE (41 escaños), seguido por el PP (31), Podemos (21), Ciudadanos (12) e IULV-CA (4). Se empezó a hablar de un pacto PSOE-Ciudadanos, a lo que reaccionaron brillantemente los de Rivera: para eso, primero me quitas a Chaves y a Griñán de en medio. Eso no se atrevió a decirlo nunca Pedro Sánchez.

TERCERA PARTE

LA PERESTROIKA DE FELIPE VI (2015-2019)

1

EL ELECTOR DE LA RUPTURA

NO ES DE IZQUIERDAS, ES DE ENFRENTE

Cuando Podemos reunió a 1,2 millones de personas en las elecciones europeas, marcó un registro de 3,2 millones de votos para las elecciones generales de este año. Esta fue la nueva posición razonable de los de Pablo Iglesias, confirmada de inmediato por cuatro encuestas, que se realizaron entre los meses de junio y julio de 2014, además del barómetro estival del CIS.

Podemos capitalizaría el espacio de la ruptura si se las ingeniaba para concurrir enfrente del sistema de los dos lados (el izquierdo y el derecho), ese sistema que había pasado a ser detestado por los votantes que había reunido. El sistema institucional al unísono situó a Podemos en la izquierda radical, populista y peligrosa, porque en ese contexto tendría que perder necesariamente potencia, ya que su voto había sido demasiado transversal. Y, en todo caso, ese es el lugar que asigna el statu quo a una novedad de estas características, como formación de cierre del lado izquierdo, porque ahí finalmente suma y hasta reemplaza al PSOE.

Una encuesta de Sondaxe en Galicia, nos explicó que dos de cada diez votantes de Podemos llegaron del PP, una medida que el citado barómetro de julio del CIS fijó en España en un punto de censo (350.000 electores de origen PP sin asignación de indecisos) sobre nueve (3,2 millones de votos a Podemos), casi uno de cada diez electores, no dos. Estos no eran de izquierdas, ni radicales, ni populistas, ni chavistas, que es como calificaban los medios a los posibilistas, ni tampoco frikis, como afirmaba Pedro Arriola en otro intento de llevarlos a ese extremo izquierdo del sistema. Las comunicaciones vinculadas al poder insistían en asociar a Podemos con el fenómeno chavista, vehiculando el concepto por algún nexo curricular de sus promotores. El chavismo era idóneo para llevar a la esquina a Podemos, porque expresa muy bien lo del populismo, el intervencionismo y el desabastecimiento.

Sin embargo, el espacio electoral ocupado por los votantes que aglutinaba Podemos era nuevo, por lo que estaba dotado de características dadas por los electores, no al revés. Pablo Iglesias fue el depositario de una esperanza determinada, y esta organización tenía ante sí el reto de responder a las expectativas que había generado, considerando que sus votantes no eran de izquierdas ni de abajo, sino de enfrente, y habían llegado de todas partes para reemplazar a la clase política convencional. No al rey, que propiciando la perestroika habría sido más que útil y, por lo tanto, con toda probabilidad, refrendado.

Aparentemente, los dirigentes de Podemos lo tenían claro, aunque también sabemos cómo es la política y cuál era el origen de unas personas que se sentían de izquierdas, como Elena Valenciano, hablaban de su unidad y defendían esa etiqueta en Europa.

En el mes de julio, los promotores de Podemos decidieron una evolución muy controlada de su organización y, con el mejor de los criterios electorales, dieron soberanía a aquellos círculos que sumaran más de doscientos militantes en el ámbito local, una cifra enorme. Con esto, demostraron conocimiento y sensatez, porque mantenían el carácter soberano del círculo como unidad organizativa, en los municipios con más de cincuenta mil habitantes con derecho a voto, salvo raras excepciones, al tiempo que la asamblea de ciudadanos decidiría sobre los municipios de menor tamaño. Podemos se transformaba en partido, pero se planteaba las elecciones municipales en dos envites. Este año, la red municipal básica, autónoma y federada, solos o en compañía, para un desarrollo territorial del proyecto muy controlado durante los cuatro años siguientes.

Que sea una u otra organización la que capitalice el espacio de la ruptura importa poco, porque en las circunstancias actuales cualquiera de ellas no es más que una protagonista casual, lo importante son las personas: por qué se han juntado estos electores, cuántos son, dónde están, de dónde vienen, cómo son, en qué están pensando. Es decir, el fenómeno electoral de tomarle la palabra a quien desprecia el statu quo o quiere reemplazarlo por otro, es la potencia de la demanda de políticos nuevos lo que ha propiciado la aparición de todo tipo de referencias representativas de las personas. Burgos sugirió, con su Gamonal, una candidatura teórica de los vecinos para recuperar el control de su poder representativo frente al PP y el PSOE.

Así pues, se concluye que es enfrente donde se había situado la mayoría emergente del siglo XXI, lo que queda en el otro lado es la minoría menguante del siglo XX, sustentando el orden de 1978. Ada Colau y Guanyem Barcelona explicaban en un principio la situación, aunque mucho menos con ICV dentro, una cuota que se paga a lo que muere, aún se vuela con alerón.

En términos de mercado, es objetivo que determinados medios convencionales promocionaron a Podemos. Por eso, busqué su impacto y encontré cinco artículos del escritor e investigador de la Segunda República Española, Félix Rodrigo Mora, que observó lo siguiente en su blog en el mes de julio de 2014:

¿Cuál ha sido la inversión realizada en Podemos? A juzgar por lo descomunal de la campaña mercadotécnica, probablemente sean varios cientos de millones de euros en dos meses. Todo ello ha sido realizado conforme a la ortodoxia de la actividad publicitaria comercial y política. Tan enorme suma ha convertido a dicho grupo y a sus jefes en universalmente conocidos, cuando hace solo unas semanas apenas nadie sabía de su existencia. Y la operación de promoción continúa, con unos gastos estimables en muchos millones por mes.

Podemos fue interpretado por algunos como una operación de reemplazo del PSOE, controlada por los poderes fácticos, para imponer a medio plazo el capitalismo comunista inventado en China. Una operación del capital para una economía polivalente y preparada para ser financiada incluso por los BRIC como preámbulo de ese futuro probable en el que las sociedades del sur de Europa se han desintegrado, y la civilización europea se atrinchera detrás del Terciario. Una sociedad sin derechos o con pocos, salarios bajos para todos y muchas horas de trabajo.

Personalmente, lo veo de otra forma. El sistema de los dos lados no tiene salida, si consideramos que la notoriedad media del candidato europeo Pablo Iglesias fue su propio producto, lo mismo que el sondeo del CIS y la promoción consecuente que consolidó a los posibilistas como la alternativa única de la ruptura. Podemos rompió el mercado y golpeó mortalmente al PSOE. Se las prometían felices, pero sumaron en un lugar distinto e imprevisto por ellos mismos. En los resultados de Podemos hay un tiro en el pie que se da la España de Pacheco, algo que no responde a la intención de los poderes fácticos. Muy a su pesar, las ideas se propagan, asaltan los medios, llegan a los editoriales que tienen que llegar y se difunden.

Que vienen a remolque, lo demostró el agobio del PP con el amago de propuesta de los alcaldes fijos. El galope de Podemos en las encuestas les pilló por sorpresa y lo primero que se les ocurrió fue blindarlos, puesto que sus listas serían las más votadas en el sistema general, un concepto insuficiente para modificar esta ley. Los apoyos populares estaban cambiando profundamente y, por lo que vimos, no tenían base de cálculo para estimar el efecto de la reforma. Los resultados de las elecciones municipales de 2011 podían considerarse caducos, porque correspondían a otro ciclo electoral durante el cual el PP era hegemónico.

Los resultados de las encuestas sorprendían a los propios dirigentes posibilistas, que expresaron lo que estaba sucediendo en los medios, con cierto agobio, en su ponencia política de julio de 2014:

... intentan que Podemos no hable más que para defenderse, que se discuta no de lo que dice Podemos sino sobre la «polémica» continua en torno a Podemos [...] que genere un efecto de ruido y encasillamiento en una posición simbólica de extrema izquierda...

Es cierto que la campaña fue impagable, pero a efectos prácticos, daba lo mismo que Podemos fuera un invento de los poderes o el producto de su incompetencia electoral. Lideraba con fuerza la idea del asalto civil al poder representativo, lo que estimuló la concurrencia de todo tipo de candidaturas independientes a los ayuntamientos. Esa millonada de la que se hablaba en la red, estaba haciendo finalmente la campaña de la ruptura con el orden de 1978 en todos los ayuntamientos de España. Esto se puede calificar de incompetencia, aunque los posibilistas hubieran vendido la posición a sus promotores, en una contienda de los poderes fácticos con el objetivo de destruir al PSOE, porque sería una situación sobrevenida. Y si no era así, eso es lo que pareció y sucedió.

Por su parte, en el PSOE no asumen que la sociedad ha castigado a su casta dirigente, y muy particularmente a la generación política de Zapatero, porque han recibido de lo lindo en todos los comicios celebrados desde 2011. Y siguen como si nada. Es un mensaje demasiado rotundo como para no escucharlo, pero si realmente no lo ven es que no están pendientes del resultado electoral. Estos dirigentes prefieren ser barones o princesas de los recuerdos, como el perdedor Tomás Gómez, que garantizaba el fracaso y hubo que echarlo; como Ximo Puig, que expresaba el equilibrio de la casta valenciana; o como los incombustibles Patxi López y Carme Chacón. U otros, como el abochornado Griñán. Ya hemos explicado con datos en qué consiste la ruina electoral de este partido, o por qué resulta artificial Pedro Sánchez. Sobran todos los que perdieron en los comicios de 2011 y 2012, y muchos más.

El siguiente gran paso que se dio en el PSOE fue en el verano de 2014, cuando se presentó Pedro Sánchez en sociedad como el nuevo secretario general de los socialistas. Repitiendo el formato de los barones, incorporó en su ejecutiva a muchos de los de siempre. El joven Sánchez presentó su partido como un cauce centenario, antifranquista y anticlerical, de izquierdas, español y uninacional, aunque se organice de un modo federal que nadie explica y nadie quiere (CIS). Lució armadura plateada y espadón.

A pesar de ello, no hay más votos para el PSOE, porque ahora es vieja izquierda española del siglo XX, y eso vende lo que vende. Fue y sigue siendo esto, y no será otra cosa, porque sus miembros no asumen que su contienda es por el elector central, con criterios gestores y perfil tecnócrata, que es lo opuesto a negar el voto a Jean-Ckaude Juncker para presidir el Eurogrupo, como hizo Sánchez. Eso fue una españolada del que aún no sabe dónde está, ni para qué. Sánchez está para coincidir con los acuerdos de su grupo socialdemócrata europeo, no para dar la nota. Está a un lado de la raya junto al PP, con todo lo que se hunde en el sur de Europa, no al otro. El PSOE no puede plantearse ser Podemos, porque no es ese su papel. Hay una frontera muy bien marcada: están ellos, después de IU/ICV, y al otro lado está la zona de ruptura, un lugar donde el PP y el PSOE se hunden por el peso de sus armaduras.

En el PSOE tienen que asumir que ya no representan a la mayor parte de los electores que han perdido, porque ahora son un partido gestor, central y comprometido con la estabilidad institucional comunitaria, además de socialdemócrata. En cualquier caso, son un recuerdo del pasado, como el PASOK. Están para aplicar las políticas de convergencia hasta que haya algo que redistribuir, porque nadie espera otra cosa de ellos en la Unión Europea, pero tampoco en España. Insisten en que son la izquierda liberadora de la derecha, prolongando la confrontación del siglo XX hasta la autorrepresentación. Llamarse PSOE no les garantiza nada, al contrario, lastra las posibilidades de los socialistas españoles entre los más jóvenes. La marca está teñida de confrontación, posfranquismo, privilegio y desprestigio. No son los tribunales los que tienen que eliminar a los políticos, sino el sentido común europeo o la autoexigencia personal y colectiva de una sociedad avanzada. Esperar a que un juez decida si un político es corrupto o no, es español. Las personas que no tienen prestigio tienen que abandonar su cargo sin que nadie se lo indique en nuestra civilización. Aquí esto no pasa, y es una manifestación más de la cultura política posfranquista que está muriendo en nuestra sociedad total.

Hasta hace poco, la vieja izquierda española miraba a Francia, aunque ahora necesariamente dirige su mirada al cielo. Sus dirigentes más antiguos no entienden que se han quedado enfrente de las personas corrientes, que ya no les votan porque los visualizan como el lado izquierdo de un sistema único de sello UE, que aquí es clientelar y corrupto, en el que participan igual que el PASOK en Grecia, o el Partido Democrático en Italia. Ya no existen posiciones intermedias: o bien se defiende la aplicación de las políticas de convergencia, en manos de estas familias, que en el sur son mafiosas, o bien no se hace. Por esa razón resultó incomprensible, desde el norte de la Unión, la actitud inicial de Pedro Sánchez. De hecho, doblemente incomprensible, porque la situación electoral española era similar a la de los países de su entorno.

Syriza no es una hipótesis, es la mayoría social griega dispuesta a imponer sus condiciones a la Unión Europea, y tomando por el pito del sereno al PASOK, lo mismo que ha sucedido aquí con el PSOE. En tanto que fenómenos electorales, Syriza es una realidad revolucionaria tan cierta como el italiano M5S o el español Podemos. Son expresiones de una materia social similar, que es joven y lidera a las generaciones precedentes, con un nuevo pensamiento de lo público.

El 15-M es un acontecimiento físico y posmediático previvido en el espacio virtual, que se despliega secuencialmente entre la red, la calle y la plaza, como la retroalimentación entre el fenómeno colectivo de la ciudad y las redes tejidas en el ciberespacio.

Esta definición es del grupo de investigadores DatAnalysis15M, que coordina Javier Toret, un colaborador de Manuel Castells al que ayudé desinteresadamente a situarse en los números del negocio, porque lo habían imaginado y lo querían intentar. Esta definición es de todos, ya que está en la red desde el año 2013; se encuentra con facilidad buscando en Google «tecnopolítica» + «Javier Toret». Mis técnicas de estimación de la intención de voto también están en la red, y se encuentran tecleando mi nombre + «recetas de cocina electoral». El conocimiento ahora es de todos, pero unos saben utilizarlo mientras que otros no saben por dónde empezar, porque el problema no se resuelve por disponer de un candidato joven, ordenadores, bases de datos, internet y cuentas en Twitter con cien mil seguidores. Que se lo pregunten a Alberto Garzón. Del mismo modo que tampoco se resolvió el cambio cultural de los más antiguos, respecto a su aprendizaje predemocrático, por el hecho de disponer del sufragio universal y una constitución. Se resuelve estudiando, investigando, comprendiendo. Evolucionando. Esta es la diferencia. Y es sustancial.

Los dirigentes de IU/ICV tampoco entendían lo que estaba pasando, pero su instinto les advertía que acercarse al PSOE costaba votos. A pesar de todo, como ambos partidos comparten demasiados intereses, los de Cayo Lara y Alberto Garzón no se distanciaron del PSOE y quedaron reducidos a algo más de un millón de votantes. Es así porque, para el elector medio, no existe un solo hito o un logro colectivo atribuible al PCE o a IU, desde 1977. Ninguno. Se interpreta que su función ha sido entrar en juego cuando el PSOE no ha llegado, como sucede en Asturias o en Andalucía, y como le indicaron que tenía que ser a Pedro Escobar en Extremadura, aunque hizo caso omiso, con el mejor de los criterios. Son profesionales de la cuota y comparten desde siempre poder e intereses municipales con los socialistas. Debo subrayar que esto no es una opinión, sino una conclusión de la investigación cualitativa, contrastada por dos empresas en vísperas de las elecciones europeas del año pasado.

Los comunistas viven en el pasado y en una reflexión circular, lo que intentan superar con conceptos como frente amplio, bloque social, convergencia cívica, espacio plural y lo que les quede por inventar para decir que no son ellos. Sus intelectuales se embarcan en elucubraciones absurdas en las que se atribuyen el papel de vanguardia, dando por supuestas adhesiones externas que no existen, tras deliberaciones que no interesan en la zona de ruptura. No entienden que eso del partido que señala el camino a las masas es una idea senil y pretenciosa en la sociedad en red del siglo XXI. Y, desde luego, evidenciaron una debilidad extrema llamando a otras puertas.

Los medios de comunicación también daban señales de estar perdidos. Colocaron en el ámbito de la izquierda radical y populista a los millones de personas que se pusieron enfrente de su poder representativo en 2015, configurando nuevas candidaturas ciudadanas. El fenómeno es mucho más simple, aunque quizá muchos se estén percatando ahora. Está pasando lo mismo que sucedió tras la rebelión de Burgos: no solo no se hizo el bulevar, sino que, además, los vecinos se presentaron a las elecciones posicionándose enfrente del poder representativo preexistente.

Sumar la ruptura con la izquierda, además de un fraude, sería resolver el problema en falso. Cuando los medios monopolizaban la verdad, organizados en dos bandos, determinaban la configuración fina de los resultados electorales. Así fue hasta las elecciones legislativas de 2008. Influyeron sobre la clase política y sobre los electores, informando a favor de uno, en contra del otro y omitiendo a terceros. Estaba todo muy controlado, porque además lo veían de la misma forma: lo de Grecia es cosa de griegos y lo de Italia, de italianos; en España es distinto, porque es como ha sido siempre. Eso es lo que llamo cultura política posfranquista, y sé ridiculizarla y destruirla. ¿Cómo vive la gente en la hispanidad?, es una pregunta demoledora. Nada es para siempre como demuestra el devastador ejemplo de la URSS. El dogmático análisis poselectoral que hizo el sistema de las elecciones de Andalucía de marzo de 2015 forma parte de esa cultura del aquí mando yo o de esto es así, que viene a ser un tirar para adelante mientras el sistema aguante.

A los creadores de opinión la situación actual les resulta desconcertante, porque los electores están definiendo otros espacios u otra forma de organizarse, sin su conocimiento previo; lo del consentimiento ya es historia. Efectivamente, la realidad se ha puesto al bies o transversalmente, y el problema de los medios es el mismo que el de los políticos. Desde que votaron en Italia, los jefes de la comunicación de ese bando de la vieja izquierda española, que clamaba por su unidad, se quedaron sin posición política ni argumentos. No entienden nada, porque Italia no es Grecia, ni España es Francia, y deambulan despistados enfrente de las personas, incluso negando su capacidad para organizarse autónomamente o sin ellos. «No hay tradición», llegó a escribir una intelectual posfranquista afín a los de la ceja, un pensamiento patrimonialista de una clase tan fracasada como la política. La vieja izquierda española del siglo XX no quiso entender que Syriza estaba enfrente del PASOK y del KKE. Esta realidad, que era crucial, fue omitida deliberadamente en su análisis interesado, y resulta sorprendente, por obtuso, que no encontraran el paralelismo entre la situación electoral española y la griega y la italiana, y buscasen las soluciones a su crisis en Francia, donde las primarias abiertas podían ser una opción para otra clase de problema, en un sistema que, aun decepcionante, funciona. Que en el PSOE se hicieran primarias, y que estas fueran abiertas o cerradas, era irrelevante en la zona de ruptura, porque esa organización representa lo que detestan esos votantes.

Nuestra historia reciente e infinidad de datos objetivos sobre la materia social e incluso la legislación electoral nos hace más parecidos a Grecia o Italia que a Francia. El análisis que obvió lo sucedido en Italia, porque remitía a la larga trayectoria democrática italiana como condición previa para el nacimiento de fenómenos como el M5S, fue antianálisis, posmodernismo o ceja sostenible, y lo destruyó Podemos. Los medios y los políticos afines a la vieja izquierda no han hecho ninguna clase de análisis, porque su reformista empeño en reconstruir su facción a partir de electores de la zona de ruptura es tan estéril como intentarlo en Grecia o en Italia. Repetimos el concepto: se trata de uno de los dos lados del sistema gestor UE que esos electores quieren derribar, de modo que deben buscar los votos en otro lugar.

Distinguir entre Syriza y el movimiento de Beppe Grillo, o el de Pablo Iglesias, no tiene sentido desde un punto de vista electoral, porque solo se consigue un electorado mayoritario con ingresos transversales, es decir, con votantes procedentes de las viejas izquierda y derecha, que no han llegado a su destino para pactar con el PASOK, el Partido Democrático ni el PSOE, y no ver esto es ser muy torpe además de ciego. Todo lo contrario, llegan para acabar con ellos.

En el PP, temen que Podemos pacte con el PSOE, y en el PSOE, piensan que puede ser, y la generalidad de los periodistas lo ven igual. Están equivocados, escribí.

2

FUNDAMENTOS, DATOS O RAZONES

PARA LA REBELIÓN

Han pasado casi cuatro décadas ininterrumpidas de democracia representativa en España, y durante este tiempo, las generaciones de más edad nos hemos limitado a votar, como único ejercicio de construcción de lo común o lo público. Los más mayores tuvieron prohibido interesarse por lo que es de todos durante los cuarenta años de franquismo. Los reformistas, que son los nacidos en la década de 1960, protagonizaron el tránsito de los valores sociales de la dictadura a la democracia, sin ruptura generacional, aunque sin cultura ni tradición en la gestión de lo público; luego hicieron todo lo que pudieron, y además con mucho éxito. Esta fue una generación crucial, produjo cambios profundos en la mentalidad y en las actitudes, que trasladó a la siguiente y, en general, se alejó de los valores del franquismo de la misma forma que los ciudadanos nuevos, sus hijos, superan hoy los valores posfranquistas.

Los más de 12 millones de estos electores de hasta cuarenta y un años de edad que votan este año constataron que nadie se había planteado cómo se ejerce el poder en España durante siete décadas ininterrumpidas (1939-2010). Para esta generación, la desigualdad social o la pobreza infantil son realidades incomprensibles e insultantes, su movilidad social es nula y la cohesión territorial es un recuerdo del pasado. El ciudadano nuevo del mundo global entiende que la materia social española es mucho más griega que francesa, y también mucho más idiota de lo público, porque le basta con fijarse en las carreteras radiales, en los AVE hacia la nada o en la intensidad de los escándalos judiciales. Este joven ciudadano se siente estafado cuando compara el PIB per cápita español (31.000 dólares/año) con el francés (35.600 dólares/año). Los franceses tienen futuro y empleo, los españoles no, y esto les convierte en los más tontos de la Unión Europea. ¿Por qué España lidera la desigualdad social en Europa?, ¿por qué el 20% que más dinero gana ingresa siete veces más que el 20% que menos gana, cuando en Francia es menos de cinco?, se preguntan.

Su conclusión es que los poderes patrimoniales y financieros se quedan más desde siempre, sin dar explicaciones, porque los ciudadanos de más edad han sido muy ignorantes, básicos, temerosos, sumisos e idiotas de lo público. Todo el cambio comienza por el conocimiento de las obligaciones ciudadanas y la defensa de los derechos más elementales. Los poderes reales españoles no han tenido razones para producir cambios en su mentalidad y en algunas de sus actitudes, al menos durante los últimos setenta años. Este ciudadano nuevo, que es la vanguardia de la sociedad actual y el motor de los cambios, recibe lo que recibe y se pregunta cómo es esto posible. La generación más joven necesita otro orden y lo conseguirá, sobre todo, porque ser idiota en el primer mundo y en el siglo XXI es inviable. Le hará falta todos los recursos para subsistir, y además competir, lo que exige la occidentalización de los poderes reales españoles, es decir, que paguen sus deudas, asuman sus impagos, tributen más, aprecien algo y retribuyan mejor a sus trabajadores, y dejen de comprar el favor de los representantes, de corromper a los burócratas y de estafar preferentemente a las personas, abusando de su buena fe y de su ignorancia. Este tomo de nuestra historia, afortunadamente, se ha cerrado.

La realidad de la Unión Europea es el endeudamiento público ilegítimo de su región fronteriza del sur, en la primera década del euro y del nuevo siglo, lo que ha supuesto el deterioro vertiginoso de las condiciones de vida de las personas, después de veinte años de desarrollo de lo acordado en Maastricht. La disciplina presupuestaria comprometida es inviable en la región, porque en el sur hay tramas corruptas que sustraen el dinero público a diario, el elector es informado de un caso detrás de otro todos los días del año y su conclusión no puede ser otra. Para aplicar aquí las políticas de la Unión Europea, habría que pasar a la reserva a millares de burócratas o cambiarlos de destino, porque los datos objetivos e ineludibles son el empobrecimiento de la mayoría y el enriquecimiento ilícito de algunos al hilo del gasto o la inversión de los recursos públicos, con lo que crece obscenamente la desigualdad social. El problema está mucho más que localizado en los políticos, los burócratas corruptos y los contratistas de lo público.

En la zona de ruptura, el poder representativo actual forma parte de un sistema corrupto, desde la administración local hacia arriba, mediante el favor del partido político y del burócrata. El dato objetivo, o el hito del poder autónomo de la burocracia española, es la incapacidad del PP para fusionar ayuntamientos en España, con ciento ochenta y seis escaños y todo el poder territorial acumulado. El poder representativo actúa subordinado a unos poderes reales a los que les sobra despotismo, arbitrariedad, especulación, pelotazo, favor, soborno y mordida, porque les falta ilustración, fair play, capitalismo y decencia. Es la España de los castillos, esa que se ha quedado definitivamente en la historia; y para ello me remito a cualquier estudio actual del CIS, es decir, a los datos directos de intención de voto cruzados por edades.

El centro teórico de la ruptura es joven, ultraurbano, con una buena formación, internauta, crítico, emprendedor, europeo y occidental. Es global: no necesita nación, ni patria, ni bandera, ni himno, ni raíz, ni gen, ni historia de ningún género, porque el problema es otro. Son personas normales del mundo global que habitan en un Estado endeudado y corrupto del sur de Europa, y que a pesar de eso es una de las regiones más ricas del planeta. Plantean cambios profundos en el pensamiento y la ruptura con la burocracia y la cultura política española del siglo XX, por inviable, dogmática, absurda, antieconómica, precapitalista y predemocrática.

Estamos inmersos en un proceso revolucionario en red en el sur de la Unión Europea, que en España se ha materializado en la ruptura de la mayoría social con el orden preexistente o de 1978. Los jóvenes protestan, el elector medio no tiene mucho más que perder y, en último caso, ser la mitad de ricos siempre será mejor que ser todos pobres menos unos pocos ricos. Que los pobres sean la mitad de ricos parece una entelequia, pero que lo sean los ricos se transforma en un mecanismo socializador formidable y en un banderín de enganche: Syriza, el M5S o las nuevas candidaturas de la zona de ruptura en España son la expresión electoral de la despreocupación sobre el abandono de la zona euro, y este es un lugar teórico inexpugnable para la política formal.

Lo ineludible es que cinco o más de cada diez ciudadanos nuevos del sur de Europa no encuentran empleo, pero las sociedades del norte son selectivas absorbiendo estos recursos demográficos; por lo tanto, no hay empleo, ni movilidad plena. Las mayorías sociales del sur piden eurobonos, pero la sociedad danesa, la francesa o la alemana los rechazan. Estos son dueños de su destino porque se lo han trabajado cuando aquí éramos idiotas, y por eso aquí nuestro destino lo determinan los poderes reales y los intereses inconfesables de las castas y las clientelas territoriales. La bronca continua del español antiguo y la corrupción de su sistema político y burocrático no caben en la Unión Europea del siglo XXI. Son conceptos consolidados en la zona de ruptura, pero también en el norte de la Unión. Para que se entienda, la España de los castillos que acabamos de mencionar está más muerta que Carracuca.

En la zona de ruptura, es creencia común que una parte considerable de la deuda pública exterior de España no es legítima y es una determinación plantear la moratoria de su pago, en tanto no esté auditada. El elector se sabe estafado con el concepto único familias y empresas, además de insultado en su inteligencia precisamente porque va a plantear lo contrario. O asumen los acreedores la mitad de la deuda y su correspondiente financiación, o se deja de pagar esta en su totalidad en tanto la justicia no determine responsabilidades. ¿Verdad que no está ahí el PSOE? ¿Cómo pretenden convencer entonces a estos votantes?

La deuda pública del Estado español no es legítima en tanto no esté auditada. Que los bancos alemanes han obtenido beneficios espectaculares en España durante casi una década es tan cierto como que si tienen vencimientos impagados de los bancos, las empresas o las administraciones públicas españolas no es un problema que tengan que resolver las personas corrientes, que pagan sus impuestos y las hipotecas de sus casas, como único endeudamiento a lo largo de sus vidas y, por supuesto, sus gastos corrientes. El elector común piensa que los políticos no tienen ni idea de lo que es vivir en España, y esto le indigna, porque en realidad él nunca ha vivido por encima de sus posibilidades.

Además, el Parlamento español ha dejado de representar a la mayoría social. El hito de su inutilidad es el texto saliente de la comisión encargada de tramitar, en el Congreso de los Diputados, la iniciativa legislativa popular Stop Desahucios, en 2013. Defraudó a los promotores de la iniciativa, al casi millón y medio de firmantes y a nueve de cada diez ciudadanos de dieciocho o más años de edad. El Parlamento español defraudó a las masas. Las declaraciones de los portavoces de Stop Desahucios nos dijeron que fue un portazo, y el episodio constató la ineficacia del procedimiento y la inutilidad de un poder representativo que, finalmente, desprotege a las mismas personas a las que exige que asuman los impagos de quienes se quedan con sus casas. El elector concluye que le obligan los mismos que se transformaron en familias económicas, los que vaciaron las arcas públicas y hundieron las cajas de ahorro, los que se lucran y blanquean dinero. La convicción social generalizada es que lo siguen haciendo en connivencia con los burócratas corruptos y los grandes contratistas de lo público, que suelen ser las empresas del Ibex 35, donde luego encuentran acomodo.

El pensamiento del político español convencional o que conoce el elector es tramposo, opaco y dogmático, y esto es lo que está en el centro de la crisis de representatividad del sistema institucional. Se visualiza con la afirmación «Gibraltar español, Ceuta también». Gibraltar porque está en Cádiz y Ceuta porque lo quiere el ceutí o, alternativamente, porque siempre ha sido así o incluso porque sí.

Le explican al más joven que ser español es una desgracia, porque la mayoría de los vascos y los catalanes no quieren serlo, y no hay forma de resolver ese problema. Es de necios plantear las cosas así. Y a mí qué me cuenta usted de las esencias patrias, resuélvalo, contesta necesariamente este joven. El mundo ya es global y en la Unión Europea no hay ni siquiera fronteras, y si la mayoría social vasca reclama un Estado propio, o siete de cada diez catalanes votarían en un referendo no vinculante, no hay razones para no atender estas demandas. Las leyes están para cumplirse, dice el político español, y es cierto, pero también para cambiarse, especialmente si pasados cuarenta años no han resuelto los problemas, contesta el sentido común europeo occidental.

El español antiguo también requiere cambios muy profundos o, en caso contrario, apartarse y dejar hacer a los más jóvenes sin rasgarse las vestiduras, porque se trata de resolver los problemas, no de convivir con ellos. La ruptura es, por lo tanto, política, institucional, electoral, generacional, territorial, cultural y, sobre todo, irreversible y definitiva. La España que se queda en la historia es uninacional, y el factor aglutinante de la indignación y superador de la pasividad es el inmovilismo de los poderes públicos ante todo tipo de situaciones mientras persiste el enriquecimiento ilícito y el privilegio de los menos, a costa del empobrecimiento generalizado de las personas corrientes. Una cultura despótica que se sublima mediante la designación de Esperanza Aguirre como candidata a la alcaldía de Madrid.

Quienes están fracasando en la historia son los miembros de la burocracia española, la clase política de la Transición y los poderes reales. Los ciudadanos nuevos no se dejarán organizar por quien no tiene prestigio, y los más antiguos los entienden perfectamente. Se trata de la rebelión de los idiotas, de las tres generaciones del mundo antiguo lideradas por los más jóvenes. En este libro están los datos ineludibles que lo confirman y que impiden mirar para otro lado.

Por todo lo expuesto, se puede concluir que, en la emergente zona de ruptura, la respuesta a la pregunta de quiénes son los votantes del PP y del PSOE, ha quedado reducida a cinco clases de personas:

1. Las que reciben sus nóminas: los militantes, cargos orgánicos y públicos de estos partidos y su área de influencia, sus familiares y amigos.

2. Los contratistas de las administraciones que pagan las comisiones y los burócratas corruptos, además de las legiones de privilegiados, enchufados y clientelas. En definitiva, todos los que se benefician del dinero público de forma ilícita.

3. Los poderes patrimoniales y financieros, que coinciden con las rentas más altas y, en muchos casos, con los contratistas de lo público, que son quienes han generado la deuda en connivencia con los anteriores.

4. Las personas de más edad y ausentes de las ciudades, jubilados, peor formados e informados, y más explicativos del pasado.

5. Las personas de orden, que no ven otra salida que hacer lo que les diga el gobierno, o su partido de toda la vida, y justifican lo que el alemán o el holandés no conciben, porque somos así o porque esto funciona así. Expresan la cultura del mal menor y el mirar para otro lado, la actitud tolerante con lo intolerable, y representan lo que se ha quedado en el pasado. Muchos de estos son votantes potenciales del espacio Le Pen.

Con la emergencia de la zona de ruptura, y la abdicación del rey Juan Carlos I, el ciudadano nuevo pudo dar por finalizado el primer tomo de la historia de España. Todo parece indicar que en la legislatura que empieza este año se producirá una transformación profunda del actual Estado español, en un proceso que será ordenado y liderado por el propio sistema institucional, porque la única alternativa es otro caótico y liderado por las masas.

Es matemática, luego será perestroika conforme al pensamiento político de Felipe VI, y aunque esto no le convenga al político de turno o al poder de carretera o radial, de concesión y contrato público preadjudicado, porque esta idea de España, donde en cada pueblo manda uno, ya ha fracasado en la historia. Aunque en general la clase política que desaparece y los creadores de opinión no se hayan enterado aún, pienso que algunos de ellos, como Pedro J. Ramírez, saben de qué estoy hablando. Una parte de la historia ya está escrita, y lo demás será actualidad llegado el momento. O por decirlo de otra forma: si hay planes trazados y alguien sabe algo, Pedro J. Ramírez también.

3

LA CONTIENDA ES SENCILLA, LA CONQUISTA

ES IMPORTANTE

Los sistemas electorales están produciendo resultados tan sorprendentes como indeseados por los poderes en los países endeudados del sur de la Unión Europea. Ahí están Syriza, el M5S o Podemos, que son fenómenos que se asimilan como hechos consumados, porque casi nadie los advierte. El sistema institucional ya es electoralmente incompetente en España, y esto incluye a los medios de comunicación y la generalidad de los creadores de la opinión política; cuando deciden promocionar algo se les va de las manos y, en general, responden como pueden a las situaciones que plantea la generación más joven en materia electoral. Los medios convencionales están desconcertados o no tienen una comprensión objetiva y ordenada del fenómeno de la ruptura, porque no le prestaron atención en sus comienzos, pero tampoco se fían mucho de sus fuentes.

A lo largo de mi carrera, he trabajado para muchas de las organizaciones políticas originadas en el siglo XX. En todas hay conflictos internos, bandos, fuego cruzado, deslealtades y negociación permanente. Tan pronto apareces, le vienes mal a alguien, aunque solo intervengas en el estudio del comportamiento electoral, para la determinación de unos objetivos electorales específicos, y luego desaparezcas. La política española que nos llega del siglo pasado está cargada de cortesanos y exige impostura (que es un eufemismo manejable para referirse al cinismo) en la defensa de posiciones falsas para ganar alguna ventaja al estilo trilero. Así es de lamentable. En todas las organizaciones preexistentes, se toman decisiones que cuestan votos, como la continuidad de Rubalcaba en el PSOE después del año 2011, o la de Rajoy después del caso Bárcenas. La vieja política española contiene mucha mentira, trampa, cuota o peaje, y más desvergüenza aún, a juicio del elector medio.

La premisa de la que debe partir el análisis de la situación es que siempre es posible desplazar a uno de los dos grandes partidos en cualquier sistema de representación, o bien que cualquier sistema admite una redefinición muy profunda de los apoyos populares, aunque sea un hecho muy infrecuente. Sucedió en España en 1982 cuando el PSOE y la coalición AP-PDP desplazaron a UCD; aquel suceso encontró lógica cuando aún no se había votado, porque culminaba una transición política, y así lo anticiparon todas las encuestas. Acaba de suceder en Cataluña, con ERC desplazando al PSC, y también a CiU por momentos, y asimismo ha sucedido en Grecia, donde Syriza lideraba una mayoría completamente nueva en los ayuntamientos, en el mismo proceso de redefinición de los apoyos populares que visualizamos en 2013 en Italia y más tarde en España. Los factores aglutinantes del elector que se ha enfrentado a su poder representativo son comunes en el sur endeudado, y los buenos resultados electorales de Syriza, el M5S y Podemos son similares y se explican en el mismo conjunto que los malos resultados del PASOK, el Partido Democrático y el PSOE.

Las acciones de las diferentes candidaturas que aspiran a obtener representantes completan el escenario de contienda, donde cada oferta con posibilidades de éxito ha definido un espacio característico, que es comprensible y atractivo para determinados electores. La oferta electoral consiste en una organización (que funciona bajo una marca) que proyecta su imagen a través de sus responsables políticos (segundo elemento) y un programa de actuación o de lo que se propone hacer en nombre de todos. Son tres cosas: una marca, un conjunto de personas y unos propósitos. Si los programas no se cumplen y los responsables no tienen prestigio, las marcas restan votos en lugar de sumarlos; esta es la circunstancia actual del PSOE, el PP o IU, que parten en clara desventaja en las contiendas de este año a causa de este factor.

Por otro lado, están lo que llamo determinantes de la estrategia: factores que tienen que ver con las posibilidades propias, con relación a las condiciones generales de la contienda. A quién represento y por qué lo hago, a quién más puedo representar, cuántos votos significa ese objetivo, dónde están, cómo son esos votantes, cuál es el posicionamiento que hay que ocupar para dirigirse a ellos, qué eje puede hacer palanca mejor que qué otros, y por qué. Y lo que es más importante, si puedo y además quiero hacerlo; en caso afirmativo, hay que responder entonces, cómo lograrlo. En esa respuesta está la estrategia.

Esa es la teoría, porque cualquier cambio que exija la consecución de unos objetivos pone en riesgo las seguridades más básicas sobre las que se asientan la generalidad de las organizaciones preexistentes, cuya única certidumbre es haber llegado hasta aquí, con todas sus virtudes y todos sus defectos. «Seremos como dices, pero somos», e intentan ocupar la posición sin moverse del sitio, y pasado el proceso electoral siguen siendo los mismos, o menos. El caso paradigmático es el del PCE, pero, sobre todo, el de su envoltorio Izquierda Unida. Me consta que tienen el análisis de lo que está sucediendo desde el otoño de 2011 y que contratan a los mejores proveedores de este tipo de información, pero, incomprensiblemente, esta organización se ha dejado arrollar por las circunstancias. Aunque eso no es nada que no tenga arreglo, ahí está el Partido Comunista francés para corroborarlo.

Algunas marcas de la Transición política permanecen inalterables, como el EAJ-PNV o el PSOE en todas sus versiones (PSdeG-PSOE, PSPV y hasta PSC), porque nunca votan distinto estos diputados en el Congreso, aunque sean de otro partido. Otras se trasformaron, como AP en el PP. Estas marcas, insisto, son del siglo XX y están vinculadas al restablecimiento de la democracia en España. La marca PSOE contiene mucho Pablo Iglesias y aún más Felipe González, del mismo modo que la marca PP contiene tanto Aznar como Rajoy, y aún conserva mucho Franco. Las marcas pueden servir para varias generaciones: ERC, por ejemplo, está ahí desde siempre, pero es ahora cuando está representando a más personas.

En otro nivel tenemos las marcas nuevas. UPyD es una de ellas, está estrechamente asociada a Rosa Díez, pero ya ha completado su ciclo y muere. Del mismo modo, Anova tampoco se explica sin Beiras. Otras marcas nuevas, como la CUP, se explican solas después de años de trabajo en los ayuntamientos, mientras que Guanyem Barcelona (o Barcelona en Comú) es una marca de los ciudadanos enfrentados al sistema de representación, que se visualiza como algo poderoso y nacido para ganar, mediante Ada Colau. A pesar de ello, está contaminada por la vieja izquierda de la cuota de los de Herrera. Podemos es una marca oportuna, muy bien pensada y mejor gestionada en su lanzamiento al mercado. Luego está la marca Ciudadanos, que está planteando muy bien su progresiva expansión. Por último, Compromís es una marca consolidada que ocupó espacio en la zona de ruptura, gracias a Enric Morera y Joan Baldoví, interpretando a Lluís Miquel Campos.

La promoción de las causas sociales que hay detrás de estas marcas es, por lo tanto, la de las personas, porque son ellas las que determinan su valor o prestigio social. Las marcas PP y PSOE los han perdido en los últimos años, y por eso valen menos en el mercado de votos. Es la consecuencia del apego al cargo de sus dirigentes, la antididáctica contumaz del escaqueo de la responsabilidad o el coleccionismo de presuntos inocentes. Son marcas cargadas de trampas, escandalera, procesos judiciales y sospechas, que no le aportan valores positivos a la nueva mayoría social. Marcas, también, cargadas de confrontación y desencuentro, lo contrario al sello UE.

A lo largo de esta última legislatura que acaba a finales de 2015, hemos conocido sucesivas encuestas de situación electoral y de opinión, que, siendo plenamente coincidentes, han definido nuevas convicciones sociales. Nueve de cada diez electores coinciden en que los bancos no pagan la crisis. Otra convicción del mismo calibre es que la presión fiscal favorece a las rentas más altas, porque tributan menos; por lo tanto, el sistema contributivo es injusto. Otras se refieren a los partidos políticos, interpretados como un todo ilegal o tramposo. La conclusión y la convicción social generalizada es que los políticos del PP y del PSOE reúnen familias privilegiadas, forjadas en el siglo XX, que están determinadas a perpetuarse en el poder. En estas condiciones, cualquier propuesta alternativa tiene clara ventaja en términos de mercado, pero no solo enfrente, como Podemos, sino también en la contienda convencional, como Ciutadans en Cataluña y Ciudadanos en España.

El entramado institucional está desprestigiado y sus referencias institucionales no convencen. Todo es discutible y discutido, salvo la política comunitaria, que es dogma para los 11 millones de votantes del PP y del PSOE, lo mismo que para la generalidad de los nacionalistas vascos y catalanes, aunque por otras razones. La rebelión de los idiotas viene a desdoblar la contienda, puesto que aglutina a los desertores del sistema, tanto de la izquierda como de la derecha, en otros espacios electorales, y lo hace, como se ha dicho antes, de un modo irreversible y definitivo. Son personas necesitadas de una norma nueva, que resuelva los problemas institucionales actuales, además de las aspiraciones propias o exclusivas de los 4 millones de habitantes que definen naciones distintas de la española o castellana. La situación es terminal y exige una redefinición profunda del marco institucional, que sea asumida por todos, convergente y, finalmente, prestigiada.

Esta rebelión de los idiotas no viene a destruir, sino a resolver los problemas de las personas, o a construir en un espacio alternativo al pacto de gobierno entre el PP y el PSOE, que debería forzar la mayoría emergente este año. Siendo así, quedarían obligados a sujetar la estabilidad institucional que aún proporciona el orden de 1978, porque la obligación de los nuevos diputados de Podemos y Ciudadanos, y los representantes de las naciones, sería defender los intereses de las personas durante la definición del orden nuevo. Y, después, liderarlo. Como los políticos del régimen reformista en 1975, los del PP y del PSOE tendrán que propiciar los cambios que requiere el orden institucional, conforme a la voluntad de la nueva mayoría social, que, participando en su definición, los recibirá. Este es el proceso que llamo la perestroika de Felipe VI (2015-2019).

La rebelión de los idiotas concurre enfrente y podría plantear en los tribunales, antes de empezar, la desigualdad que introduce el artículo 68.2 de la Constitución con los argumentos que hemos visto, porque el legislador estará obligado a corregirla. Este enfoque puede producir la reforma de la ley electoral, y este procedimiento debiera ponerse en marcha, con independencia de cualquier otra consideración.

El factor movilizador y generador del entusiasmo o el empoderamiento de las masas es la potencia latente de una sociedad total que ocupa la economía catorce del mundo siendo como somos, desencontrados, sin haber remado juntos en la misma dirección jamás. Una sociedad que ha alcanzado la certidumbre de que su voluntad se impone cuando todas las personas de todas las clases defienden un interés concreto que consideran justo. Stop Desahucios triunfó en Luxemburgo, y los vecinos del barrio burgalés de Gamonal pararon las obras ordenadas por sus representantes electos. El posicionamiento estratégico preciso que deben tomar las masas es la moratoria en el pago de la deuda pública exterior, porque toda ella es ilegítima en tanto no se fiscalicen los gastos y las inversiones realizados durante los últimos quince años, o desde que existe el euro. Este es el lugar común del espacio ciudadano de ruptura de las sociedades endeudadas del sur de Europa.

Como ya ha quedado dicho, el dato que mejor ilustra esto es que el 97% de los propietarios de inmuebles hipotecados cumplen con los vencimientos que han contratado, y esta es la única deuda de envergadura que contrae el elector medio a lo largo de su vida. La deuda no es de las personas corrientes y no la deben pagar, este es un concepto sencillo, al tiempo que un lugar electoral inexpugnable.

En otro escenario, ERC o EH-Bildu tienen recorrido si entablan su debate soberanista con la Unión Europea, haciendo caso omiso del gobierno de España. El marketing del «no te necesito» o «no me condicionas» parece idóneo para sus objetivos, pero poco pueden avanzar cuestionando la legitimidad de la deuda pública exterior española. Por unas u otras razones, la generalidad de las organizaciones del siglo XX, y especialmente las de obediencia nacional, están limitadas para situarse en este espacio y, en consecuencia, solo pueden representar a los electores que son sumisos a las políticas de la Unión Europea sobre España, o sobre unos hipotéticos País Vasco o Cataluña independientes.

Distingo, por lo tanto, tres escenarios de contienda electoral, con independencia del tipo de convocatoria de que se trate.

1. El escenario convencional, estructurado en torno al PP y al PSOE como viejas fuerzas hegemónicas, donde también compite IU/ICV, con Ciudadanos y Podemos como fuerzas políticas de reemplazo.

2. Un segundo escenario donde se enfrentará el poder representativo preexistente a las iniciativas ciudadanas en los ámbitos locales, además de a Podemos en el ámbito autonómico. Podemos disputa la contienda convencional, pero también la de la ruptura, porque no hay alternativas. La trayectoria de Syriza en Grecia le proporciona un baño de realismo al elector de la ruptura en España, que viabiliza las renuncias de los posibilistas sin grandes costes electorales.

3. El tercer escenario lo definen los sistemas particulares de Cataluña y el País Vasco, estructurados en torno a las candidaturas nacionalistas hegemónicas, con el PP y el PSOE en retroceso, frente a Ciutadans y Podemos, con nuevas candidaturas ciudadanas en los ámbitos metropolitanos y globales, como es el caso de Guanyem Barcelona o Barcelona en Comú.

En el escenario convencional, el concepto central es que España es inviable fuera del sistema del euro, mientras que, en la zona de ruptura, España es más viable si dejamos de pagar la parte de la deuda que no es legítima. Cuando hablan de viabilidad, se refieren a la capacidad de las personas para asumir los impagos de otros; así lo entiende ya este elector. Esos otros son además los que tributan menos que las rentas del trabajo. Así lo entiende el elector medio, porque el votante de más edad será idiota de lo público, pero no es tonto, y cualquiera sabe que, de otra forma, no aparecen kilómetros de AVE hacia la nada, ni se construyen aeropuertos para pájaros, o carreteras radiales por las que no pasarán coches, como se hizo en la España del pelotazo que lideró José Luis Rodríguez Zapatero.

En el escenario de la ruptura no hacen falta campañas multimillonarias, ni tan siquiera líderes carismáticos para conseguir los resultados electorales. Los candidatos que propongan los ciudadanos serán de inmediato idóneos y superiores a cualquier líder mediático preexistente. Los medios convencionales determinaban hasta hace poco la configuración fina de los resultados, pero ahora no entienden las contiendas que se libran y promocionan gratuitamente a las candidaturas de la zona de ruptura. Antes de la intercomunicación global y de la autocomunicación social, estos medios delimitaban la verdad, pero ahora las personas crean e intercambian su propia información, y deciden su voto de forma creciente en la red, un lugar donde hay evidencias desinteresadas que completan otra verdad, que es más cierta.

La rebelión de los idiotas se está enfrentando en 2015 a todas las castas de todas las naciones. El presunto inocente Oriol Pujol y sus hermanos son un buen ejemplo de esa costra del siglo XX que se extiende sobre la sociedad catalana. Esto demuestra que no basta ser nación rebelde para vacunarse contra la golfería, y esa es la razón por la que ha irrumpido Podemos en la demoscopia catalana, terminando de aclarar algunas ideas.

No se trataba de hacer cremalleras entre lo viejo y lo nuevo, sino de construir lo nuevo en un lugar diferente. La fórmula era mediante la celebración de primarias conjuntas y abiertas a todos los vecinos de los pueblos, sumando aquellas estructuras situadas en el espacio de la ruptura. La razón es muy simple: quienes no aceptasen una fórmula sin peajes de ninguna clase no estarían compartiendo nada, sino negociando cuotas de poder del orden preexistente, como por ejemplo ICV en Cataluña. Estos acuerdos deben ser universales, válidos para todo el sur endeudado, básicos y muy sólidos. Este es un asunto que recomendé estudiar en los ámbitos locales, porque la oferta de la ruptura no necesitaba de nadie desde el nivel autonómico hasta el estatal.

Las elecciones generales son las más sencillas de enfocar. Podemos y Ciudadanos no han necesitado de nadie para pasar por encima de IU/ICV y UPyD; el sistema los ha llevado en volandas. Podemos es un efecto no deseado de la intervención incompetente de los medios del sistema, algo que se les ha ido de las manos por la fortaleza de la demanda que configuró una pieza de reemplazo del PSOE a medio plazo. Al elector le da lo mismo si Podemos sustituye al PSOE o no, porque de momento la renovación le sirve. No es el marketing eficaz de los poderes reales reemplazando al PSOE; como mucho es algo que se han encontrado por el camino. De hecho, cuando se presentaron, hablaban de la unidad de la izquierda, la nacionalización de la banca y, desde luego, gritaban que «el pueblo unido jamás será vencido», haciendo suya la simbología de la izquierda latinoamericana del siglo XX. La verdad es que eso aquí, en el siglo XXI, no pinta nada. Si querían ser el partido de vanguardia que liderara a las masas, iban listos, porque la vanguardia es ciudadana; no son más que los que lideran casualmente una manifestación agitando un trapo rojo. Ciudadanos fue, por el contrario, algo que necesitaba el sistema, así que Albert Rivera se multiplicó de todas las formas posibles durante los meses de febrero y marzo de 2015. No digo que esta visibilidad fuera concertada, sino que era de cajón que iba a producirse.

Las viejas organizaciones políticas tienden a apartarse del fenómeno electoral y del mandato, definiendo jerarquías con señores y cortesanos, que cuestan fortunas, ocultan los fracasos y defienden a un amo que toma decisiones decepcionantes. Tan pronto como han conseguido los votos de sus electores, estos pasan al olvido. Esa ha sido mi experiencia durante más de treinta años de trabajo para los partidos políticos, de modo que no espero nada nuevo de ellos, en tanto el ejercicio de la representación apareje fama, dinero y poder. Casi todos despegan y enseguida planean por encima del bien y del mal, acercándose al estatus de dios, aunque sin acento tejano, que eso es cosa de horteras.

Lo de subírsele el poder a la cabeza lo pudimos comprobar también con Zapatero, escuchándose a sí mismo al inicio de su segunda legislatura, con aquel gesto del tamaño de un pez balanceante, que expresaba a la perfección su concepto de la geometría variable, esa fórmula que sirvió para tomarle el pelo a ERC con el Estatut, convertir en lehendakari a Patxi López con el PP, y a Montilla en president con unos republicanos con tragaderas y el partido de diseño izquierdista, que para eso está. Zapatero casi planea, pero pulsó el botón interplanetario y se le vino el cielo encima.

El caso de ICV-EUiA nos permite visualizar el final de este orden tramposo de los partidos de vanguardia. ¿A quién va a representar esa coalición, ahora que la raya está marcada en Barcelona? A un elector imposible que, además de ser federal y confederado, tiene que ser verde en Europa y amigo de los comunistas españoles, tiene que participar en el frente de la nación catalana, para sumar escaños independentistas, pero considerando todo esto la vieja política de cuotas y castas, para ocupar espacio en Guanyem Barcelona (o Barcelona en Comú). Para esa organización, es normal ir a las europeas con IU, independizarse con ERC, conquistar Barcelona con Ada Colau y otros municipios con EUiA y, para las generales, decir a los cuatro vientos que están hablando con Podemos, a ver si cuela, y si no, con los comunistas. Son la quintaesencia de la política de cuotas de la vieja izquierda española, que les lleva a la autorrepresentación de forma inexorable, porque esos electores tan complicados no existen. Ahora deben estarse quietecitos en la vieja izquierda como casta que son y dejar de vivir del cuento. Tu marca ya no existe y tu política, tampoco, porque la ruptura significa votar a CUP, Guanyem Barcelona o Podemos.

El espacio de la ruptura tiene un tamaño potencial de un centenar de diputados, dispuestos a irrumpir en los tres sistemas electorales, el general, el vasco y el catalán. La rebelión de los idiotas defenderá este espacio enfrente del poder representativo preexistente con las ideas que hemos visto antes. Su consecuencia debería ser la suma del PP y el PSOE en el ámbito estatal, y la redefinición de los apoyos populares en la legislatura que empieza este año, con la certidumbre de que ya estamos inmersos en un proceso constituyente.

En el sistema general, el espacio de la ruptura puede conseguir, según mis estimaciones, cincuenta y siete escaños: Andalucía (12), Comunidad Valenciana (6), Madrid (9), Castilla y León (6), Galicia (3), Aragón (4), Canarias (3), Castilla-La Mancha (2), Baleares (2), Asturias (3), Extremadura (2), Cantabria (1), Murcia (2), Navarra (1) y La Rioja (1).

En el sistema particular catalán, Podemos debería conseguir cuatro escaños y tres en el vasco. Esto suma sesenta y cuatro escaños potenciales, que cuestionan desde el mes de marzo de 2015 sus órdenes domésticos y las órdenes UE. Este espacio de la ruptura, que está capitalizando Podemos, puede finalmente imponerse en las elecciones legislativas, porque los estrategas del PSOE y del PP no saben qué hacer, y sus medios de comunicación afines no saben qué decir. Los nacionalistas serán hegemónicos en sus territorios. Mandan CiU (12) y ERC (8) en Cataluña, mientras que el entorno de EH-Bildu y el PNV defienden seis y cuatro actas respectivamente. Los diputados de estas naciones no están para pactar con nadie que no reconozca la plurinacionalidad del Estado.

El dimensionamiento de la ruptura ha reducido al concepto PCE las posibilidades de IU, en términos de escaños, y eso son como mucho cinco. UPyD es ya extraparlamentario desde las elecciones autonómicas de Andalucía, mientras que Ciudadanos se ha dimensionado por encima de los treinta escaños en elecciones generales, que era su objetivo, para optar a cien a medio plazo. La negativa de UPyD al acuerdo con Albert Rivera fue lo de menos, porque se trata de situar la pieza de reemplazo del lado derecho y el sistema no es idiota ni suicida.

Por su parte, Ciudadanos (46 escaños) debe sumar treinta y ocho en el sistema general, ninguno en el vasco y ocho en el catalán. Esto suma cuarenta y seis escaños que llamaremos liberalconservadores de identidad convergente o sello UE, que se consiguen en Cataluña (8) Madrid (8), la Comunidad Valenciana (7), Andalucía (6), Castilla y León (4), Castilla-La Mancha (3), Murcia (2) Galicia (2), Cantabria (1), Baleares (1), Canarias (1) Navarra (1), Aragón (1) y Asturias (1).

Esto significa que terceras opciones irrumpirán en las circunscripciones blindadas produciéndose en el sistema electoral, por vez primera, resultados no deseados o contrarios a los pretendidos por el legislador.

En definitiva, el PP (111-125 escaños) no se puede alejar mucho de las cien actas, ni sumar con Ciudadanos ciento setenta y seis escaños. Y esto es lo mismo que suman el PSOE (93) y Podemos (64); por lo tanto, no se podrán arrollar el uno al otro ni comprando el favor de terceros, como ha sido costumbre hasta ahora. No hay más suma de dos que la de la gran coalición. No es mala noticia, sino buena, porque se trata de propiciar el escenario institucional que canalice nuestra potencia colectiva latente, que solo se alcanza mediante la materialización del doble paradigma de nuestra sociedad total: la potencia europea, el pueblo de Europa.

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RECAPITULACIÓN

Hemos repasado el aprendizaje recibido desde el año 1939 por las cuatro generaciones autóctonas que convivimos en España: los niños de la guerra (nacidos en 1938 o antes), los de la autarquía (1939-1958), los reformistas (1959-1973) y los ciudadanos nuevos (nacidos a partir de 1974). Hemos esquematizado el comportamiento electoral, distinguiendo tres sistemas y cinco ciclos en elecciones generales en España, para enfocar progresivamente más la atención sobre el final del bipartidismo, el miniciclo hegemónico del PP y los acontecimientos posteriores a su desplome electoral en julio de 2012.

Hemos asimilado las lecciones de los cinco comicios autonómicos de 2012, considerando que serían los últimos resultados con los que contaríamos desde que ganó Rajoy, porque durante el año 2013 no se votaría nada en España. Estas cinco elecciones autonómicas produjeron datos y novedades muy importantes: el PP había dejado de ingresar trescientos mil votos respecto a sus posiciones precedentes; el PSOE 1,2 millones; nacieron AGE y CUP en el espacio de ruptura, aunque luego los de Beiras lo abandonaran, mientras que Ciutadans rompió los esquemas unionistas en Cataluña, y el FAC le ganó al PP en Asturias.

Hemos descrito la evolución de la situación electoral —basándonos en encuestas y estudios de variabilidad espacial durante el año 2013— para explicar la fragmentación del Parlamento y la existencia de un espacio ciudadano de ruptura, de unos 8,5 millones de electores. Se reincorporasen o no al sistema electoral (para derribarlo), la gran coalición fue una realidad matemática, o no opinable, desde finales de 2013 hasta el verano de 2014. El bipartidismo estaba reducido a tres de cada diez de todos los votantes, pero lo que perdían, se perdía, no se incorporaba a IU/ICV o UPyD.

En 2014, se celebraron por fin elecciones en España. De no haberse reincorporado al sistema unos 2,5 millones de electores, que aparecieron donde no había nada, la participación habría sido inferior al 40% del censo electoral. El bipartidismo había retrocedido 5 millones de votos respecto al resultado europeo de 2009. Podemos sumó algo más 1,2 millones de votos, pero medio millón de electores habían votado a otras candidaturas de la ruptura, además de los setecientos mil largos que lo hicieron por Ciudadanos o VOX.

Hemos valorado los resultados de las elecciones europeas, así como el acontecimiento sucesorio y los hitos centrales de la finalización del orden de 1978, que culmina, como todos sabemos, con un fracaso colectivo rotundo. Tenemos una comprensión general de los factores que han forjado el desprecio de las masas a la clase política, entendemos que se ha producido una ruptura profunda de la sociedad del siglo XXI con el poder representativo preexistente, y, como consecuencia, la generalidad de las referencias institucionales han caído en el desprestigio. Hemos explicado la relación entre el descrédito de los políticos y el comportamiento electoral, los números o los parámetros de la ruptura, y hemos esbozado la situación preelectoral de 2015.

Hemos visto también cómo ejerce el poder la Unión Europea en España y cómo las personas corrientes le han dado la vuelta a la situación, haciendo hincapié en que solo los especialistas tienen los números y la comprensión de lo que está sucediendo, o que la generalidad de los medios y los creadores de opinión están desorientados. También hemos explicado las trampas de la legislación electoral para entender cómo se traduce todo esto en escaños y en cuotas de poder representativo.

En este punto, he subrayado la inspiración predemocrática de la acción política desplegada por el binomio PSOE-PP desde que existe y su anclaje profundo en el siglo XX, para fijar ahí los fundamentos de la rebelión de los idiotas; es tan simple como que su cultura posfranquista es de vergüenza ajena para los ciudadanos nuevos.

Hemos subrayado también que en el siglo XXI lo español, entendido en términos positivos, existe, es formidable, muy apreciado en el mundo global y pasa por encima de las naciones. Para entendernos, lo español del siglo XXI es completamente nuevo y está construido por la generación más joven, que ya ha roto con cualquier orden histórico preexistente, y es vanguardia en el mundo global, liderando la rebelión de los idiotas en todo el sur de Europa. Es un fenómeno que tiene que ver con la autocomunicación social y no con las cuestiones nacionales. Quien suponga otra cosa, que le pregunte a Javier Toret.

Hemos visto que no queda posición hegemónica de nadie en el territorio y que los poderes reales no tienen más salida que asumir la perestroika. Modificar la ley electoral, para fijar alcaldes respaldados por casi dos de cada diez vecinos, habría sido establecer otra rebelión de Gamonal como contrapartida lógica o natural, sin sumar otros apoyos tan pronto fueran elegidos.

También he explicado que las candidaturas de la ruptura tienen el éxito asegurado, enfrente de cualquier convergencia de la vieja izquierda; ahí reunirán con facilidad a la nueva mayoría social. El sistema de representación se asalta con la fuerza de la razón y de la evidencia, porque esto es lo que moviliza las emociones de las personas en lo que es común o universal, y es esto lo que genera la voluntad colectiva de cambio. El elector medio se ha rebelado y quiere ser europeo occidental; no le sirve ser español en su acepción histórica o castellana, porque es predemocrática y precapitalista y, en consecuencia, es inviable en la Unión Europea del siglo XXI.

Pienso que hemos asimilado los parámetros principales de la materia electoral y que ya tenemos una comprensión suficiente sobre las razones y las magnitudes de los cambios estructurales que se están produciendo. España es muy compleja y cualquier planteamiento estratégico para conseguir un resultado electoral se tiene que descomponer en al menos tres factores, puesto que se conseguirá en tres sistemas electorales diferentes. Por eso, el lingüista estadounidense George Lakoff no le pudo aportar nada relevante a Zapatero, en la campaña de las elecciones legislativas de 2008, la última que dirigieron los medios de comunicación convencionales con competencia y pudo ganar cualquiera, pero lo hizo el PSOE porque Solbes asestó el golpe definitivo. O quizá las perdió Pizarro, el oponente de Solbes en el debate económico, después de equivocarse mucho ambos partidos.

En España no se pueden reducir las contiendas a dos conceptos antagónicos que le dan sentido a todo, ni en el sistema general, ni en los particulares. No hay una derecha, sino tantas como territorios, y para muestra Cantabria, con el PP y Ciudadanos acompañados por el PRC. Y en los sistemas particulares vasco y catalán, es lo mismo pero al cubo, porque hay otro eje donde se desdobla esa dicotomía, lo que produce expresiones ciudadanas como Guanyem Barcelona o la CUP, en un lugar donde coexisten Ciutadans y el PPC.

En Estados Unidos pones a Obama junto a los pobres en un lado, y a los republicanos y la industria de la guerra en el otro, y eso puede tener cierto sentido, pero aquí no es tan sencillo. George Lakoff fue un lingüista oportuno en 2004 y en su país, porque el discurso de los demócratas estadounidenses había quedado en inferioridad teórica, frente a la evolución de los republicanos hacia el concepto neocon. Su éxito de ventas No pienses en un elefante termina diciendo algo así como «habla desde los valores... y cambia el marco». En España, no hay ningún marco que cambiar, porque el sistema no convence ni impone nada, ese es el planteamiento acomplejado de la vieja izquierda. Quien entiende, explica y lidera, es la generación más joven; su concepto de casta para referirse a los poderes establecidos es el que ha impuesto el marco, el que ha acorralado al sistema de los dos lados. Insisto: el sistema no tiene números, ni análisis, ni entiende nada.

Este panorama no tiene nada que ver con el mundo dicotómico de Lakoff. En las elecciones autonómicas de 2012, Álvarez-Cascos ganó en Asturias a la popular Cherines, aunque fuera para Lakoff el vivo retrato de la familia tradicional española. Ganó Álvarez-Cascos porque sí y punto, y, del mismo modo, perdió este año. Porque el poder real es así en Asturias, o porque estamos en España. No hay una derecha en Asturias, son tres, y por lo menos dos viejas izquierdas. Por lo tanto, durante las contiendas de este año, quienes traigan a colación a Lakoff son de diseño o no se enteran, y quienes nieguen la mayor, cambiando el marco, siendo listos, solo son personas acomplejadas que han aprendido un truco de trilero. Se les distingue porque no escuchan y no tienen más proyecto que sacar ventaja de cada situación.

En otro orden de cosas, el negocio de los votos está intervenido por una ley que favorece a los partidos más grandes que concurran en las Castillas, por simplificarlo. El análisis de los resultados electorales, en términos de escaños, es muy impreciso y conduce a errores, porque se trata de una simplificación doblemente distorsionada del comportamiento electoral. Sin embargo, la comparación de los resultados esperados con otros conocidos permite clasificar las circunscripciones y organizar las contiendas electorales. Describo a continuación la situación para los muy aficionados, tomando como referencia las últimas posiciones del extinto bipartidismo. En octubre de 2014, escribí que en las elecciones generales de 2015 no sucedería nada en Salamanca, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Ceuta, Melilla, Ávila, Palencia, Segovia, Soria, Zamora, Lugo, Orense, Huesca y Teruel. Un pequeño grupo de circunscripciones blindadas. Podemos ya estaba produciendo resultados imprevistos o no deseados, expresando sus valores máximos en el mes de marzo, cuando rozaron los cien escaños.

En la situación actual, el PP no supera los 6,6 millones de votos ni alcanza los ciento veinte escaños, mientras que Podemos (64 escaños) termina situado en 4 millones cortos, por detrás del PSOE (93), en el entorno de los 5 millones y medio de votos, con Ciudadanos (46), por encima de los 3 millones y medio de votos, aunque cuarto y distanciado en términos de representantes, mientras que IU (2) se queda en menos de un millón y UPyD (0) desaparece.

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LAS ELECCIONES DE ANDALUCÍA ANUNCIARON

EL FINAL DE ESTE ORDEN

Las elecciones autonómicas de Andalucía de marzo de 2015 parecían sencillas, pero se fueron complicando. La estimación que publicó El Español, el día 16 de marzo, fue la siguiente: PSOE (41), PP (31), Podemos (21), Ciudadanos (12) e IU (4). Yo tenía las ideas más o menos claras, pero las últimas encuestas me hicieron dudar. Cuando trabajas con la encuesta que has diseñado y dirigido, miras de reojo las demás, si es que miras alguna; pero no era el caso. Las últimas encuestas dieron un resultado bajo a Podemos (hacia los 15 escaños), respecto a mi posición inicial (22), que más tarde confirmó el preelectoral del CIS (21-22), y parecía estar todo más o menos claro.

Trabajo en número de votos y los escaños son los que salgan, ni los miro. Las últimas encuestas dieron más fuerte al PSOE y el PP que mis cuarenta escaños iniciales o los cuarenta y uno finales, pero coincidían en una tasa de participación unos puntos más alta que en 2012 (60,8%). Tampoco me fijo en los escaños que publican las empresas encuestadoras, sino que tomo el censo de Andalucía, resto la abstención estimada, aplico los porcentajes de votos válidos que me dan las empresas y obtengo el número de electores de cada candidatura. A continuación, los distribuyo entre las provincias conforme a un algoritmo, que en este caso combinaba las elecciones autonómicas de 2012 y las europeas de 2014, para obtener un patrón territorial aplicable a las nuevas candidaturas de Podemos y Ciudadanos. A partir de ahí, calculo los porcentajes de votos válidos y los escaños por provincias, y los sumo. De los escaños, solo estudio el total, porque es donde están: a) el resultado político y b) la situación poselectoral. Y estas dos cosas estaban claras: el bipartidismo estaba quebrado.

Era necesario explicar esto para comprender el tipo de preguntas que me hago sobre una situación preelectoral dada. En este sentido, ¿era razonable suponer una tasa de participación superior a la del año 2012? Aunque Narciso Michavila afirmara en Twitter que sería similar, relacionando solicitudes de voto por correo con participación electoral, lo razonable era suponer que sería superior, porque Podemos y Ciudadanos estaban recuperando a electores desmovilizados del PP, el PSOE e IULV-CA. Hago un paréntesis para destacar la formidable labor informativa que desplegó Michavila en Twitter, con motivo de las elecciones legislativas en Grecia, compilando en tablas comparativas las encuestas que se publicaban.

¿Tendría el PSOE más votos en estas elecciones a la Junta de Andalucía que en las autonómicas de 2012? En principio, no. La gestión de los socialistas, al frente de la Junta de Andalucía, forma parte del desprecio ciudadano a la clase política en toda España. Los hitos del escándalo de los ERE y el caso Gürtel son gemelos. Además, la irrupción de Podemos y Ciudadanos definía una contienda de reemplazo, así que estimé 1,4 millones de votos para el PSOE, cien mil menos que en las últimas elecciones, y con ese resultado conseguían cuarenta y un escaños. Por lo tanto, quienes estimaron cuarenta y cinco escaños socialistas, se estaban situando en 1,6 millones de votos, por encima del resultado de 2012 y a pesar de los ERE, Podemos y Ciudadanos, salvo que Michavila tuviera razón respecto a una participación baja. Y la tuvo.

¿Y el PP? El preelectoral del CIS nos dijo que perdía unos cuatrocientos cincuenta votos, con transferencias abiertas hacia todos sus rivales, excepto UPyD. Estimé 1.043.000 votos para el PP (36 escaños) en la primera entrega de este estudio para El Español, en el mes de febrero. La última estimación fue de 1.062.000 votos, que son los mismos, pero treinta y un escaños, porque ahora Ciudadanos (12) hacía computar como válidos a los electores desmovilizados en la estimación de febrero. El PP había conseguido 1.064.168 votos escrutado el 95,95 % del censo, una estimación perfecta, pero les proporcionó treinta y tres escaños.

¿Hasta dónde podría llegar Podemos? Estimé setecientos noventa mil votos posibilistas. Las encuestas de la segunda semana los situaron hacia los quince escaños, excepto MyWord, la empresa de la expresidenta del CIS, Belén Barreiro, que habló de ochocientos setenta y cinco mil votos y veintitrés escaños, un dato que había que anotar, porque ella había entendido, con dos años de antelación, lo que estába sucediendo ahora. ¿Y Ciudadanos? MyWord había alzado la posición de los de Rivera hasta los diez escaños, pero esto lo confirmaban todas las encuestas de la última semana, lo que significaba que debían rondar los cuatrocientos cincuenta mil votos, esa fue mi referencia. IULV-CA defendería cuatro actas, como poco, que podrían ser hasta siete, con un número de votos inferior a los trescientos mil, lejos de los cuatrocintos treinta y ocho mil de 2012.

Mi impresión es que me había quedado alto con Podemos, que les sobraban unos cincuenta mil votos, por lo que la participación sería más bien del 65%. Estudié, por último, las transferencias de voto de la segunda encuesta de GAD3 para ABC: mil doscientas entrevistas, posteriores a las del CIS, la empresa de Narciso Michavila, y una referencia más que fiable. Con esta información, completé la tendencia, pero incorporé lo que mi socio Salvador Giménez llamó el efecto segunda semana, sobre Ciudadanos. Cien mil votos por debajo de Michavila eran treinta y un escaños, pero Ciudadanos podía hacerse con casi otros cien mil en la última semana. Ya había pasado en 2011 en Valencia (Compromís), en 2012 en Galicia (AGE) y en Cataluña (CUP), y en 2014 en España (Podemos). Podía suceder lo mismo con Ciudadanos en Andalucía, por lo menos hasta los catorce escaños. Facilité a El Español las horquillas de PSOE (41-43), PP (31-29), Podemos (21-18), Ciudadanos (12-14) e IULV-CA (4-7).

Cuando los de Rivera sumaron diez escaños en las encuestas, se visualizó una situación actual inédita. El PSOE y Ciudadanos podían sumar la mayoría. En ese momento, se resquebrajó la España de los castillos y finalizó el posfranquismo, porque se había formalizado, en Andalucía, el quinto ciclo del comportamiento electoral, en su tercera fase, cuya expresión es pluripartidista y cuatripartita. Tan pronto sucedió esto, Susana Díaz anunció que se disponía a ganar con una mayoría amplia y que no pactaría, porque «a defender Andalucía no me gana nadie», agregó. ¿En qué mundo vive esta gente? ¿Por qué el político español por principio no pacta (?), cuando todo el mundo sabe que lo hace con el diablo cuando le hace falta? Como Pedro Sánchez, que afirmaba que no le temblaría el pulso para eliminar corruptos, pero ahí seguían los senadores Griñán y Chaves, de puro jefes que son, casos simétricos o equivalentes a las concejalas Esperanza Aguirre y Rita Barberá.

El número de personas que opinaban que Pedro Arriola era un friki aumentó considerablemente cuando designaron candidata de Madrid a «la puta ama» de la ciudad, o cuando hicieron trending topic a Albert Rivera con Naranjito, la mascota del Mundial de fútbol celebrado en España en 1982. Los miembros del antiguo orden no saben qué es exactamente lo que está sucediendo, y ante el aluvión de encuestas que se publicaban, encumbrando a Ciudadanos en Andalucía y en España, a Mariano Rajoy se le ocurrió decir que Ciudadanos pactaría con el PSOE, lo mismo que Podemos, IU y hasta UPyD, que ya no existía. Nos vino a decir que estaba más solo que la una (?) y se me volvió a aparecer la momia convirtiéndose en serrín, aunque no parecía cosa de Arriola, porque no se puede ser tan friki.

Rivera lo resolvió en un minuto. Dijo: me quitan de en medio a Chaves y a Griñán y ya puede ir gobernando la lista más votada, aunque hablaremos de pactos hasta con Podemos, como es natural, y después de las elecciones municipales de mayo, veremos. Rivera le dijo a Rajoy lo que Pedro Sánchez no termina de decirle a Susana Díaz, una diferencia sustancial. Un mes más tarde, el 29 de abril, El País tituló «Ciudadanos descarta pactos de gobierno antes de las generales»; un titular que me recuerda a Cruyff porque esto es política total. Aunque también recuerda muchas cosas más. Siguiendo otro símil deportivo, es como navegar la popa en cuarta posición, pero pegado a ellos, que es igual que ir tercero y más fácil que ir segundo, porque el primero te cubre y, si lo hace bien, no le sobrepasas. Muy inteligente e intuitivo este Rivera, porque hace velocidad, y sabe que atrás y al bordo contrario montará primero en la baliza de septiembre en clase ESP, detrás de los CAT en tiempo real, pero metiendo una minutada al PPV, el PSC y Podemos. De septiembre a noviembre no es ceñida ni es nada; le recortarían por eslora, pero Ciudadanos podría entrar junto al PP en las generales si Rajoy se equivocaba aún más, si cabe, y no hacía meta en septiembre, porque entonces la regata sería otra, su planteamiento estratégico, también, y de perdidos al río.

No busqué los datos de audiencia de los debates televisados entre los candidatos del PP, el PSOE e IULV-CA, porque no le vi mucha utilidad. Ahí no estaban dos de los contendientes, la candidata de Podemos, Teresa Rodríguez, y el de Ciudadanos, Juan Marín, cuya caravana electoral se había limitado a un vehículo con cuatro ocupantes, porque no hacía falta más para realizar en los pueblos el resultado virtual de Ciudadanos. Esta campaña de Ciudadanos nos enseñó a todos que las cosas están cambiando profundamente.

El día 20 de marzo, dos días antes de las elecciones, Augusto Delkáder escribió en El País, el artículo «Elecciones andaluzas especiales», anticipándonos que en Andalucía no pasaría nada. Una de dos: o era lo que estoy explicando, que los poderes no se están enterando de nada, o bien era un aviso a navegantes, lo que me recordó que Andalucía es un territorio especial de la OTAN, que quizá se rige por otras reglas. Me quedé pensativo.

... cambios en el edificio político, pero como diría un castizo dentro de un orden. El bipartidismo sumaría más del 63% de los votos y el PSOE revalidaría una vez más su posición de fuerza más votada alcanzando una cifra de escaños alrededor de cincuenta que le permitirá tener más de una opción para formar gobierno con Izquierda Unida o Ciudadanos.

Vale, pero ¿con qué tasa de participación? Por ejemplo, votando el 68% del CER, el 63% que sumaría el bipartidismo son 2,7 millones de electores, pero nos dice que el PSOE conseguiría cincuenta escaños, y esos se consiguen con 1,8 millones de votos para esta tasa, cuatrocientos mil más que en 2012 a pesar de los ERE, Podemos y Ciudadanos. Difícil de creer, pero cuadraba perfectamente con la estimación de 1,1 millones de votos para el PP, que se deducía de los treinta y tres escaños que nos anticipó el autor.

El Partido Popular navegaría de su mejor resultado con cincuenta escaños en el 2012 a treinta y tres sillones en el Parlamento andaluz. Y el resto de los escaños se repartirían entre Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos con once, ocho y siete respectivamente. El pretendido y cacareado protagonismo de Podemos y su entronización como fuerza alternativa a Partido Popular y PSOE, al menos en estos resultados previsibles de Andalucía, se desvanece y queda muy lejos de los veinte escaños que Izquierda Unida consiguiera en 1994.

Lo que significa que Podemos obtendría, al menos, cuatrocientos mil votos, y Ciudadanos e IULV-CA unos trecientos mil cada uno. Es decir, al menos setecientos mil electores puestos en otro lugar.

Probablemente lo más significativo de estos resultados sería la fragmentación del centro derecha con la aparición de Ciudadanos, que ocuparía con mucho más éxito el papel desempeñado en el pasado por el Partido Andalucista y abre expectativas de una modificación del panorama electoral español que terminaría con la ocupación del territorio político por el Partido Popular desde la extrema derecha al centro que construyó Aznar.

Salí de dudas después de este párrafo. Este señor no estaba entendiendo nada. El centro que construyó Aznar lo simboliza Esperanza Aguirre, por ejemplo, que es otra de las momias que se hace serrín al final de esta película. Es exactamente al revés, Ciudadanos ha ocupado el espacio emergente, la identidad liberal-conservadora de sello UE, plenamente convergente, desplazando al PP a un espacio que llamé Le Pen, porque se entiende muy bien. Lo preocupante fue lo siguiente:

De confirmarse estos primeros indicios y con las cautelas de extrapolar al resto de España estas tendencias, podríamos sacar dos conclusiones apresuradas y provisionales: que el país se puede gobernar con estabilidad y los populismos baratos con pedigríes universitarios tienen éxito limitado en la parroquia.

No se había enterado de nada y miré en internet a ver quién era. «Madre del amor hermoso», me dije, para rematar con un «Santo Cristo de la Agonía». Porque a) están más que en la inopia con el significado de los números, b) retrata la incompetencia electoral de los medios que explico en este libro, c) así ya no se influye en el voto, y d) así ya no se ejerce el poder. Ni nerviosos, ni preocupados, ni nada, actuando como quien manda en la España de los castillos, que es insultando a la parroquia.

Por su parte, Fernando Vallespín, expresidente del CIS, tituló su artículo sobre estas elecciones de Andalucía «Primer asalto», publicado también en El País ese mismo viernes previo a la votación. Extraigo este párrafo:

Lo más interesante del domingo puede que sea, sin embargo, lo que no sabremos el lunes. ¿Cuál será el efecto de esta elección sobre la próxima, y de esta sobre la siguiente? Y, ¿quién pactará con quién? Dada la voluntad del voto, es muy previsible que se produzca un efecto reflexivo de una elección a otra.

Esto es lo único que me interesó, porque nos vino a decir que el PSOE aguantaría, aunque sin explicar si en el entorno de los cincuenta escaños, o en el de los 1,5 millones de votos de 2012, porque fueron seiscientos cincuenta mil menos que en 2008 y son los que ahora se tenían que incorporar masivamente a Podemos, y en menor medida a Ciudadanos. Vallespín nos vino a decir que sería el PP quien perdería los votos (y efectivamente, así tenía que ser) respecto a los comicios de 2012, para terminar advirtiendo que Podemos acabaría envejecido y encajando en el lado izquierdo del sistema electoral. En realidad, lo habían hecho con lozanía, exactamente igual que Syriza en Grecia, y el PSOE ya había iniciado su proceso de pasokización, algo que Augusto Delkáder, de una forma, y Fernando Vallespín, de otra, ocultaron en sus artículos.

Delkáder anunció el resultado de la votación como un segundo plato de lentejas, mientras que Vallespín explicó de manera insuficiente lo que tenía que suceder para determinar el deterioro de las ofertas de reemplazo en su evolución poselectoral. El expresidente del CIS debe de saber que el eje izquierda-derecha funciona como un reloj en el norte de Europa, pero no a martillazos, zancadillas, deslealtades y desencuentros, no sin pactar nunca, como lo hace en España. Por eso, ese eje no funciona aquí, pero lo hará, porque la guerra terminó hace siglos y no tiene nada que ver con más de 20 millones de personas que no se rasgan las vestiduras porque derecha e izquierda colaboren, exactamente igual que los del norte de Europa.

Contrastan estas ideas de la España de Pacheco con el titular de este periódico, del domingo 22 de marzo, el día que votaron los andaluces: «Andalucía comienza a dibujar el futuro mapa político de España». A eso se le llama dar una de cal y otra de arena, o nadar y guardar la ropa. O lo que es lo mismo: incompetencia.

El día 22 de marzo votaron los andaluces. Ganó el PSOE (47 escaños), seguido por el PP (33), Podemos (15), Ciudadanos (9) e IULV-CA (5). Recordemos que en las elecciones autonómicas de 2012, el PSOE (47 escaños) había perdido seiscientos cincuenta mil votos y nueve actas respecto a las elecciones precedentes, que se celebraron en 2008, mientras que el PP (50) perdió ciento sesenta mil votos, aunque ganase tres escaños. Por lo tanto, antes de que los andaluces empezasen a votar, el domingo 22 de marzo, había una bolsa de unos ochociento mil electores desmovilizados del bipartidismo, de los que una parte regresaron al sistema, aunque enrolados en las ofertas de reemplazo, que fueron Podemos (15) y Ciudadanos (9), para sumar, junto a otros aportes, un millón de votos y veinticuatro escaños donde antes no había nada. UPyD (0) desapareció de las encuestas en España, mientras que IULV-CA (5) pasó el corte, unos números que para ellos fueron más que suficientes.

Estos resultados formalizaron en las urnas la existencia del quinto ciclo de comportamiento electoral, que se había iniciado en 2012 y perfeccionado en febrero de 2014, con dos fuerzas políticas emergentes, Podemos y Ciudadanos, y otras dos en regresión. El PP (33 escaños) perdió medio millón de votos y diecisiete actas, y el PSOE (47) no igualó su resultado de 1,5 millones de 2012, aunque mantuvo los escaños.

Se entendía perfectamente lo que estaba retrocediendo y se visualiza con dos ejemplos. Uno es considerar idóneas para representar a las personas a Esperanza Aguirre y Rita Barberá, rodeadas de corruptos, encarcelados, imputados, investigados o presuntos inocentes. El otro, la presidencial idea de los adanes surgiendo por doquier, como toda reflexión sobre las nuevas candidaturas, en un alarde de inteligencia política y de comprensión de la materia social, que formalizó un hito más en el proceso de reconcentración del PP, para ocupar el nuevo espacio electoral Le Pen. Un lugar donde solo faltaba José María Aznar, pasando por encima de Mariano Rajoy, después de la hecatombe municipal de mayo, que ya se daba por supuesta.

El 23 de marzo, El País ofreció el titular «Díaz obtiene una sólida mayoría», pero subtitulando al bies de la realidad: «Podemos se apodera del espacio de IU» y «Ciudadanos puede tener la llave del gobierno». Podemos es un fenómeno transversal y había conquistado más votantes de origen PSOE que de cualquier otro, por lo tanto, la afirmación de El País era falsa. Ciudadanos ya tenía un buen manojo de llaves por esas fechas, aunque la consigna no podía ser otra que «Susana, por favor, hasta después del mes de mayo, no marees». Así pues, esto también era falso.

Al día siguiente, la actualidad política tenía poco que ver con el comportamiento electoral de las personas. Los medios convencionales demostraron por enésima vez sus vicios y su incompetencia. Su conclusión fue tan miope como cabía esperar. Para ellos el bipartidismo resistía en España y, naturalmente, el PSOE había superado a Podemos en vísperas de las elecciones municipales. Este lugar común tenía matices de bando. Para unos, el PSOE ya estaba ganando las elecciones generales, mientras que para otros, estando de acuerdo en que lo de Podemos y Ciudadanos no era para tanto, estas elecciones no eran extrapolables. Unos medios trasladaron a capón los resultados de Andalucía a España, mientras que, según otros, tanto estas elecciones como las europeas no eran extrapolables; así les va a unos y otros.

Susana Díaz duraría dos semanas en la actualidad política, pero la vida volvería a la normalidad en Villar del Río. Se había equivocado anticipando estos comicios, porque perdió más de cien mil votos, y el hecho cierto es que había quedado en manos de terceros en vísperas de las elecciones municipales. Podemos y Ciudadanos solo tenían que esperar los acontecimientos pactando lo mínimo imprescindible hasta después de las elecciones de mayo.

Tan importante como el posicionamiento de Podemos, fue lo sucedido con Ciudadanos, porque significó la materialización en las urnas de un resultado virtual, ya que apenas dispusieron de organización. Los votos a Ciudadanos fueron, indudablemente, al hueco, consiguiendo con ello un resultado importante que tendría un efecto llamada, del que nos tenía que informar el barómetro de abril del CIS, la encuesta que nos sacó de dudas. Librado el primer asalto, el PP de Rajoy estaba noqueado, Podemos y Ciudadanos materializaron su espacio, IU subsistió y UPyD desapareció. Se aclaraban los escenarios.

No vamos a describir lo sucedido con UPyD, pero su final se explica en el contexto de la cultura predemocrática que interpreta el mandato como la licencia para el caudillaje, que no conoce el error y conduce a la autodestrucción cuando se pretende construir, ex novo, en la España del siglo XXI. Esa dirección no escuchó a la sociedad, tampoco a sus simpatizantes, menos aún a sus militantes, despreció a sus dirigentes y fracasó en Andalucía frente a quien le había ofrecido el pacto. Sin embargo, insistieron en que su proyecto, su idea, es lo que necesita España, y que los que se equivocaron fueron los votantes, al elegir a los partidos corruptos. Por eso, Rosa Díez no tenía que asumir ninguna responsabilidad.

Los dirigentes de UPyD se rebelaron y el resto de la historia ya la conoce el lector. Toni Cantó pidió un referendo sobre un eventual acuerdo con Ciudadanos que la dirección, al más puro estilo de la España de los castillos, negó: la casta dirigente lo habría perdido. Los infalibles caudillos de ese partido recibieron su primera y última lección de humildad, algo que tenía que pasar, porque habían llegado a Madrid sin admitir más verdad que la suya, y así hasta el final, lo que fue ridículo. El juguete es nuestro o lo rompemos, dijeron. Y lo rompieron. Recomendé a Toni Cantó que renunciara a su candidatura valenciana, pero conservando su escaño en el Congreso para terminar la legislatura en el grupo mixto. Así haría tránsfugas a los de abajo, Rosa Díez y Carlos Martínez Gorriarán, respecto a la voluntad de sus militantes y sus votantes. Esta recomendación fue publicada en una entrevista que me hizo por esas fechas Marta Hortelano, periodista de Las Provincias que me vigila, igual que Hèctor Sanjuan de El Mundo; lo de Amparo Tórtola es distinto, con ella no tengo más secretos que la información reservada o pagada por algún cliente.

Pronto empezarían a aparecer las encuestas sobre elecciones autonómicas y municipales en España, además de otras sobre intención de voto. El sistema llegó a pedir explicaciones a Podemos por su resultado andaluz y estos no supieron defenderlo. Paradójicamente, habían conquistado quince escaños poniendo fin al bipartidismo, habían quebrado un patrón, inauguraban el pluripartidismo con la mitad más joven y mejor preparada de Andalucía, pero teníamos que suponer que habían fracasado. Con el paseíllo de todos tras la «faraona» caminando por la rampa, la noche del 22 de marzo, se suponía también que el sistema se había tragado a Podemos y a Ciudadanos. Incluso Susana Díaz convertía el «no marees hasta mayo» en un «gobernaré en solitario», todo aquello seguía para adelante sin mayores complicaciones. Me resultó inaudito y me preocupé, porque los medios del sistema no estaban ni mucho menos dispuestos a someterse al profundo cambio en la mentalidad y en algunas actitudes que exige la situación. No se percataban de que esto había cambiado ni aun sucediendo las cosas delante de sus narices, o, si lo intuían, no lo verbalizaban.

El lector recordará la victoria de Alberto Núñez Feijoo en las elecciones a la Xunta de Galicia de 2012, un resultado que se consideró extrapolable en el PP. Refrendaba, inequívocamente, las políticas del presidente Rajoy, aunque ya hubiera perdido cantidades ingentes de votantes. Si buscamos declaraciones en YouTube, seguro que nos encontramos al portavoz, Carlos Floriano, asegurando esto, el mismo que explicaba ahora que las elecciones de Andalucía no eran ni mucho menos extrapolables. Dan vergüenza ajena. En realidad, todas las elecciones que se celebran nos informan de algo concreto al tiempo que también de algo general, como el cuadro de transferencias del PP hacia Ciudadanos y, en menor medida, hacia Podemos, además de la desmovilización de una parte importante de sus votantes de 2011 que observamos en Andalucía. Esto sí que era extrapolable, lo mismo que se podía descontar la absorción del electorado de UPyD, por parte de Ciudadanos, como efecto inmediato de los resultados de Andalucía, u otras observaciones.

En el PSOE consideraron extrapolables a España los resultados andaluces, tal cual, y les parecieron suficientes. Una exageración que les llevaba a pensar que Pedro Sánchez ya ganaba las elecciones generales, cuando Susana Díaz es a Pedro Sánchez lo que Feijoo a Rajoy. Lo inaudito por miope, dogmático y torpe, o también por interesado y falso, fue considerar que aquí no había pasado nada, cuando en realidad Podemos y Ciudadanos habían quebrado en la cocina del bipartidismo el sistema de representación preexistente, habían hecho añicos las cautelas respecto a terceros y habían formalizado en las urnas un ciclo, pluripartidista e iniciado antes de que los gallegos, los vascos y los catalanes votaran en sus elecciones autonómicas de 2012. Los posibilistas no sabían exactamente lo que habían conseguido y la actualidad se tragó su éxito. Lo expliqué en mi periódico con tres artículos.

El PP se tenía que encontrar con la fragmentación del sistema y su hecatombe territorial en el mes de mayo y el PSOE ya era el tercer partido en España y se estaba distanciado de los dos primeros. La actualidad política pasaría, lo viejo seguiría siéndolo y también lo nuevo, situado enfrente de todo, un lugar tan teórico como la independencia de Cataluña para ERC, pero que servía para forzar la gran coalición y arrinconar el bipartidismo en el siglo XX con su cultura política posfranquista. Al igual que con Patxi López en el País Vasco, aunque de otra forma, Susana Díaz sería investida por el PP, y esto tenía que suceder en vísperas de las elecciones municipales.

Era insólita la resistencia de unos y otros creadores de opinión a asumir la evidencia. Concluían que los resultados no eran para tanto, con lo que subrayaban su incompetencia electoral y quedaba patente que forman parte del problema. Su inteligencia le da vergüenza ajena a la generación más joven, que sabe lo que está sucediendo o que las elecciones las ganan quienes ganan los votos, y las pierden quienes los pierden. Lo cierto es que Podemos y Ciudadanos habían ganado en Andalucía, mientras que el PSOE y el PP habían perdido y ahora estaban obligados a reunirse en vísperas de las elecciones municipales. Gobernaría el PSOE con la abstención del PP, si esta era la voluntad de los ganadores.

Recomendé a algún responsable de Podemos y Ciudadanos no pactar nada con el PSOE e, incluso en el caso de Podemos, alejarse de cualquier imagen de negociación. Les recordé que Syriza mejoró los resultados en la repetición de las elecciones legislativas de 2012. Y les hice ver que la galopada de Ciudadanos había terminado de volcar la contienda: ahora el enfrentamiento es de lo nuevo contra lo viejo, de Podemos y Ciudadanos frente al PP y el PSOE. Si pactaban con el PSOE, el partido viejo se rearmaría.

Tras fracasar en un primer intento, el día 5 de mayo, Susana Díaz apeló a la responsabilidad de las demás fuerzas políticas, lo que tenía un pase, pero habló de tacticismos y de estrategia del regate corto, dando por supuesto que el administrado es un ignorante. La responsabilidad de la situación creada en Andalucía era exclusivamente suya, porque Susana Díaz adelantó las elecciones por el acoso de Podemos en las encuestas o para ganar a sus rivales en vísperas de las elecciones municipales, es decir, por puro tacticismo, regate corto, interés personal y partidista. Los andaluces votaron para que Susana Díaz hiciera un paseíllo triunfal, en definitiva, para que el hemisferio izquierdo del sistema pudiera decir que el PSOE es la primera fuerza política en Andalucía y en España. Por lo tanto, si tenía problemas para ser presidenta porque los nuevos no son tontos, como dijo Teresa Rodríguez, podía entenderse con el PP o convocar de nuevo elecciones.

Los partidos emergentes llegaron para terminar con el viejo bipartidismo, las clientelas, la podredumbre y el sobrecoste del contrato público, esto es, para terminar con lo que representan para sus electores el PP y el PSOE. Las candidaturas nuevas tienen que reemplazar a las viejas a medio plazo, por lo que pedirle a Ciudadanos o Podemos que resolvieran la situación, en vísperas de las elecciones municipales, era como pedirle peras al olmo, además de dejar claro que no habían entendido nada.

6

POR FIN SOMOS EUROPEOS

El 15 de junio de 2014, conocimos el manifiesto Guanyem Barcelona. Lo firmaban, entre otros, Gala Pin, Albert Recio, Gerardo Pisarello, Zaida Muxí, Joan Subirats, Manuel Delgado, Raimundo Viejo, Jordi Mir, Xavier Domènech, Marcelo Expósito, Pere Portabella, Gemma Tarafa, Eloi Badia, Carlos Sánchez Almeida y Ada Colau. Extraigo dos párrafos.

Vivimos tiempos de cambios profundos. Aprovechando el contexto de crisis, los poderes económicos han emprendido una abierta ofensiva contra los derechos y las conquistas sociales de la mayoría de la población. Sin embargo, el anhelo de una democracia real es cada vez más intenso en las plazas, en la calle, en la red pero también en las urnas.

[...]

Queremos una auténtica democracia metropolitana, que obligue a los representantes a mandar obedeciendo. Una democracia con descentralización y elección directa de los concejales y concejalas de distrito, con controles sociales sobre los presupuestos y con iniciativas y consultas ciudadanas vinculantes que ayuden a tomar decisiones compartidas y legitimadas.

El manifiesto de la plataforma ciudadana Guanyem Barcelona reproduce lo que estoy explicando. Su contenido es universal o útil para cualquier municipio metropolitano del muy corrupto sur de Europa. Se trata de la generación más joven que lidera la rebelión de los idiotas, en cada municipio, frente al bloque burocrático, que decide quién explota la gasolinera o el estanco, y quién recoge la basura, o cómo es el plan urbanístico, y qué engloba al poder representativo preexistente; la España de los castillos que tiene que llegar a su fin.

Sobre las elecciones municipales, la novedad fue la concurrencia de todo tipo de iniciativas ciudadanas al asalto del poder representativo, espacio que visitó la vieja izquierda, aunque travestida de movimiento ciudadano. Podemos marcó de inmediato las distancias, anunciando que no concurrirían en estas elecciones municipales. Lo que no quiso decir que finalmente no fueran a hacerlo donde lo estimasen oportuno, anunciándolo o no, solos o en compañía, sino que no tenían nada que ver con los lugares de confluencia de Izquierda Unida, o de la izquierda española superada por las circunstancias y que está buscando a ver qué juntaba o cómo se vestía para presentarse en público.

En España, hay 8.117 municipios, que de momento no se pueden fusionar, donde habitan cerca de 35 millones de electores residentes, configurando el CER.

• 9 millones de personas, el 26% del censo, residen en 7.500 municipios de tamaño inferior a los 10.000 electores.

• 13 millones de personas, el 38%, habitan en algo más de 500 municipios de 10.000 a 100.000 electores.

• 13 millones largos de personas, el 36% del CER, votan en los 47 municipios de más de 100.000 electores.

Cualquier candidatura nueva del ámbito estatal, debió concurrir en 2015 en los municipios de más de treinta mil electores, porque esto se debe planificar en dos legislaturas. Me refiero en concreto a Ciudadanos y Podemos, las marcas de reemplazo, porque aquello de las puertas abiertas fue un desmadre.

Concurriendo en los municipios de treinta mil o más electores, se cubre el 41% del censo electoral, que son algo más de 14 millones de personas. Con esto, una candidatura de las características de Podemos, se asegura más de 2 millones de votos municipales, con proyecto común. Por tomar un dato de referencia, con un resultado de 2,1 millones de votos, el PCE consiguió 3.700 concejales en las elecciones municipales de 1979.

Un nuevo proyecto político, nacido para reemplazar el poder representativo preexistente, tiene que estructurarse sobre las cuarenta y siete ciudades de más de cien mil electores que hay en España. A esta red básica, hay que agregar una selección de los municipios de de treinta mil a cien mil electores, de los ámbitos más propicios, además de las capitales de provincia. No se debe eliminar de esta red a ninguna gran ciudad, porque nunca hubo un target territorial más simple o definido; las nuevas candidaturas se construyen dando forma territorial a la porción más urbana del censo, con la seguridad de que es proporcionalmente más joven, dinámica, mejor formada o más crítica que el promedio España. No debían presentarse listas municipales, bajo una misma marca, en los municipios de menos de treinta mil electores, porque no es posible dar cohesión o unidad de acción política a todas las candidaturas locales en menos de ocho años.

El día 24 de mayo se celebraron elecciones en trece comunidades autónomas y en todos los ayuntamientos de España, para elegir diputados autonómicos y concejales. Aunque el libro sea entretenido, mi impresión es que apenas caben pocos números más, de modo que explicaré lo que tenía que suceder en verso, y seré breve.

Con menos de treinta puntos,

de porcentaje, se entiende,

el PP quedó primero,

aunque perdió dos millones,

de paisanaje y de duende.

Lo que han visto no ha pasado,

nos volvió a decir aquel,

el de la barba y las gafas,

el de las tablas de piedra,

el mismísimo Moisés.

Ocurrente y contumaz,

nunca dicharachero,

nada tuvo que decir,

sobre tan hondo agujero.

Segundo quedó el PSOE,

defendiendo el palmarés,

con cinco con seis millones,

acercándose al PP.

Dónde estás Andalucía,

dónde, Susana Díaz,

vaya con el resultado,

llegan tiempos de agonía.

El PP se quedó en cuadro en España y su secretaria general, María Dolores de Cospedal, antes o después, tarde o temprano, pero antes de las elecciones generales, tendría que marcharse a su caso y detrás el presidente. Al menos eso dice el manual, aunque con esta tropa vaya usted a saber. Sucedió lo que sabemos desde hace muchas páginas, y es que el sistema de representación quedó fragmentado en los niveles local y autonómico, un escenario donde el pacto entre el PP y el PSOE es una posibilidad más. En Galicia, donde el PP resiste mejor que en España, las listas más votadas tuvieron que sumar apoyos para conseguir la generalidad de las alcaldías. Los estrategas populares se equivocaron, porque debieron anticipar las elecciones generales en lugar de reconcentrarse con designaciones como las de Esperanza Aguirre o Rita Barberá, incapaces de competir con Ciudadanos por la mitad más joven del censo.

La matemática electoral apuntala una legislatura de hierro pactada entre el PP y el PSOE, y esto definirá determinada reorganización de los apoyos populares que aún desconocemos. No sería una mala noticia, porque significa el final de la cultura de la confrontación de los dos lados del sistema. Los socialdemócratas europeos del siglo XXI tienen asumido que ellos son el sistema, por lo que se entienden con los conservadores en lo que haga falta. Así es el sello UE, las cosas se resuelven mediante el diálogo y el acuerdo, y los políticos también están obligados a hacerlo en España.

La nueva estabilidad institucional que puede proporcionar la suma del PP y el PSOE iniciaría su andadura con el respaldo de 11 millones de personas, que son pocas, significativamente mayores y representativas del siglo pasado. El proceso demográfico juega en contra de esta mayoría precaria, porque cada año que pasa se pierden doscientos mil apoyos populares del viejo bipartidismo. Apenas hay tiempo para resolver los problemas de una forma ordenada. Pero para abordarlos y resolverlos, se requieren profundos cambios en la mentalidad y en algunas actitudes de todos. Es la obligación de todos representar lo que somos: una sociedad plurinacional necesitada de objetivos precisos y del cumplimiento estricto de nuevas normas de convivencia. Obligados, porque esto es lo que requiere la simple subsistencia en el extraordinariamente competitivo primer mundo del siglo XXI. En 2014, Estados Unidos acumulaba doscientos setenta premios Nobel, Reino Unido ciento diecisiete, Francia cincuenta, España siete y toda la hispanidad menos de treinta. Es un baremo convencional que nos indica que está todo por hacer.

7

CUÁLES SON LOS PROBLEMAS

Creo que ya podemos colocar cada pieza en su sitio. El PP está junto al PSOE sujetándolo todo, como demuestra la actuación de ambos en la sucesión monárquica. Los nuevos diputados de Ciudadanos, junto a IU/ICV y otras formaciones preexistentes, piden reformas profundas, aunque comparten intereses con el PP. A continuación, hay una raya muy bien marcada y, al otro lado, la zona de ruptura, conformada por los electores que reclaman un orden completamente nuevo, y representada por los diputados de las naciones que coexisten en España y los de Podemos. En términos de mercado, estos electores quedan enfrente del sistema de izquierda-derecha y no son miscibles con los que están a ese otro lado: lo que en un bando es reforma de la Constitución, en el otro es ruptura con el orden (uninacional) de 1978 y con la cultura política posfranquista.

En términos del comportamiento electoral, el PP y el PSOE se han quedado en el siglo XX con los electores de más edad, y son fuerzas políticas que necesitan refundarse para continuar. En cambio, Podemos y Ciudadanos reemplazan este déficit del sistema, empujados por los electorados emergentes, y la generación más joven lidera este proceso. Se trata del mismo fenómeno electoral, los ciudadanos al asalto de las instituciones, unos cogiendo el testigo de las políticas comunitarias en curso, los otros enfrentados a ellas. La sociedad organizada está enfrente.

Describir los acontecimientos que se han producido para comprender la gravedad de la crisis institucional y la urgencia de los plazos que hay que cumplir es relativamente sencillo. Sin instituciones prestigiadas no hay grupo social que pueda subsistir. Analizar el impacto electoral de esta situación crítica es mucho más complejo, porque requiere de la construcción de metodologías, unidades de medida y técnicas de cuantificación, aunque también se logra la síntesis electoral. Trasladar todo esto al terreno de la identificación de las dificultades, la formulación de propuestas o la implementación de las soluciones escapa necesariamente al propósito explicativo de un investigador del comportamiento electoral y de la opinión pública, especializado en la estimación prospectiva de resultados, nada más.

En este libro he organizado una serie de acontecimientos y datos, que normalmente no se consideran en el análisis, para construir una descripción incuestionable de los acontecimientos, en tanto que está basada en evidencias científicas, como son los datos del CIS u otros que expongo, como, los resultados electorales que se producen en las elecciones. Esta síntesis se ha hecho con la pretensión de que le sirva a alguien, como por ejemplo, a quienes tienen la responsabilidad de resolver la crisis institucional que atraviesa España (aunque en realidad somos todos), pero también a quienes se tienen que enfrentan este año, en las urnas, al poder representativo preexistente. Unos y otros tendrán que producir un profundo cambio en su mentalidad y en algunas de sus actitudes, porque la gran coalición que habría que forzar, antes que un gobierno de independientes del ministro Navarro, serviría necesariamente para desarrollar la perestroika que necesita el Estado.

Titulé el preámbulo «Quiénes somos», porque si no tenemos esto claro no podemos comprender lo que nos sucede. Identificaremos algunos problemas si sabemos lo que está pasando, y solo resolveremos los que sepamos identificar: la desmovilización electoral se explica en un proceso de pérdida de confianza del elector medio en la clase política, hasta la ruptura de cualquier vínculo emocional, pero se resuelve mediante la formulación de candidaturas completamente nuevas. Todo lo demás es caos y es desgracia, aquello que está sucediendo pero no tiene forma de problema, como, por ejemplo, la corrupción políticoburocrática. En tanto la sociedad civil no sea capaz de construir un sistema de control externo a los agentes del sistema de representación, la desgracia continuará. Sin embargo, traducir las desgracias en problemas requiere del esfuerzo cotidiano de todos, y exige un profundo cambio colectivo en el que nuestros ciudadanos nuevos se juegan el futuro.

Si queremos ser europeos occidentales —y queremos—, lo mejor que podemos hacer es empezar a serlo, porque tenemos la certidumbre de que no hace falta más de una década para dejar un proyecto de sociedad estructurado y en funcionamiento. Estamos en el primer mundo y en el siglo XXI, aquí todo es posible. Pero esto exige la creación de un espacio a algo que es nuevo para los más mayores y la dedicación cotidiana a lo que es de todos, lo común o lo público. Hay que identificar los lugares donde se esconde nuestra potencialidad latente, que es enorme. Tenemos que dedicar esfuerzos a ser la potencia que nos merecemos, al tiempo que el pueblo de Europa cuya nación ha encontrado el marco institucional que necesitaba. Las instituciones no funcionan con piloto automático, ni la vida consiste en convivir con los problemas, sino en resolverlos. Si la hormiga no para, nosotros tampoco. Si las instituciones no se cuidan, se pierden, como sucede con todo en la vida, y lo que se pierde, en este caso, son las posibilidades de los que vienen detrás. La situación es, por lo tanto, muy grave y el tiempo muy escaso: el bipartidismo solo organiza a la mitad más antigua del censo electoral, por lo que la estabilidad que vivimos es virtual.

Sobre la organización del nuevo espacio electoral de la ruptura, el análisis se ha centrado en Podemos. Para condensarlo destaco este fragmento escrito por el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo Albino Prada:

Podemos tendría su núcleo inicial en un mensaje creíble dirigido a los colectivos más directamente maltratados por la crisis en España (que rondan los 7 millones de personas), pero que también plantea un mensaje de futuro para amplios sectores de las clases medias que no confíen ya en el viejo bipartidismo [...] Si a los 7 millones de ciudadanos más castigados añadimos los sectores de las clases medias que respalden estas propuestas, estaríamos ante una mayoría social potencial imbatible.

Prada expuso este análisis en dos entregas, en el mes de agosto de 2014, en La Voz de Galicia. Se fijó en el fenómeno electoral y no en la organización que lo había capitalizado. El texto es una rareza porque, en primer lugar, ningún otro columnista se había atrevido a proponer medidas y, después, porque no hizo las cuentas en términos de izquierda y derecha, como hace el statu quo, sino que demostró un profundo cambio en su mentalidad, que le permitió comprender la naturaleza transversal y la potencia del nuevo fenómeno electoral. Efectivamente, una mayoría social emergente y formidable, situada en un lugar inexpugnable, que tiene un tamaño total de unos 8,5 millones de personas, que están presentes en los tres escenarios electorales de los que hablábamos con anterioridad. Un análisis distinto y lúcido.

Para los ciudadanos de la generación más antigua, se trata de una renovación o actualización profunda e inmediata de muchos de sus parámetros existenciales. Hay que salir de la oscuridad, la ignorancia y el dogmatismo, hay que abandonar el «que inventen ellos» de los escasos siete premios Nobel españoles que hemos mencionado antes, sin desmerecer a Goya ni a Cervantes.

La primera dificultad a la que me enfrento para enfocar el problema es que el marco teórico en el que hay que situar el análisis, para alcanzar una representación ordenada de nuestra sociedad como síntesis prioritaria, es cambiante: se refiere a la cesión progresiva de protagonismo del Estado, en favor de una política europea unificada, que de momento es percibida como extranjera e injusta. Sin embargo, en el sistema general, el referente o el paradigma del elector medio permanece inalterable cuarenta años después: quisiera ser el ciudadano de una potencia europea occidental, lo que interioriza o define como un Estado que proporciona asistencia sanitaria, educación, subsidios, pensiones y orden público, derechos, seguridades y ciudadanía. Todo esto, en un marco inalterable de prosperidad económica. Un paradigma que es ajeno a la globalización o lo que suceda en cualquier otro lugar del planeta y, por lo tanto, inestable en el tiempo o muy imperfecto. Dicho de otra forma, a lo que aspira el elector medio andaluz, catalán o vasco es a vivir como cree que lo hace el alemán o el holandés, y sin tener que pararse a considerar la esperanza media de vida del habitante centroafricano o la convivencia con los atentados en Irak. Eso es todo, es así de simple, al menos hasta que el Estado Islámico llegue al estrecho o el sistema aguante, en definitiva. Los alemanes o los daneses no lo ven distinto, así que en el gran plazo de la humanidad, nuestro mundo es inviable. En la actualidad, está configurado en zonas de seguridad y prosperidad, donde existe la ciudadanía aunque todos vigilados, zonas de extracción de recursos, donde el individuo apenas tiene derechos, y zonas de guerra, donde el individuo no importa. Nosotros somos los privilegiados habitantes de la zona segura y vigilada, además de los fabricantes de las herramientas que se emplean en las zonas de extracción, de las que somos propietarios, y de la maquinaria de guerra, uno de los pilares de nuestra civilización. No estaría de más revisar los fundamentos occidentales de nuestra existencia.

Sin embargo, y aunque todos compartan este europeísmo asociado a la prosperidad y la ciudadanía, no todos los andaluces, vascos y catalanes son capaces de representarse como la misma sociedad. Muchos de los últimos rechazan la identidad española, algo que, por el contrario, no le plantea problemas a la generalidad de los primeros. Aquí pues, nos encontramos con una dificultad propia de los políticos ibéricos, que es su incapacidad para adaptar la definición institucional de la vieja España, dogmáticamente uninacional, a la realidad que impone la sociedad del conocimiento del siglo XXI, que es plurinacional.

En ello reside una de las claves del éxito o del fracaso de la perestroika que necesita el Estado. El geógrafo valenciano Josep Vicent Boira lo explicó así en La Vanguardia, en un artículo titulado «Nueva geografía humana»:

... se advierte una consecuencia final: la monarquía de Juan Carlos tuvo en el Estado de las autonomías su plasmación espacial (y viceversa). La de Felipe de Borbón deberá buscar también su nuevo espacio geopolítico, pues la ley de Schmitt certifica que es imposible continuar como hasta ahora.

La ley a la que se refiere el profesor Boira sostiene que no existe pensamiento político sin referencia espacial, ni espacio sin referencia política, lo que no es exactamente una ley, pero se entiende. El texto además sugiere otra cosa que me interesa mucho más: el espacio geográfico o cartográfico no es coincidente con el espacio vivido, que es la observación de la que parte la geografía de la percepción y del comportamiento, y esta, la puerta de la geografía humanística, el lugar donde encontraremos las nuevas soluciones geopolíticas consensuadas y estables, aunque no una teoría política del espacio.

La geografía humanística es más un «pero qué coño estamos midiendo» o una actitud crítica al positivismo que una alternativa geográfica. Se encuentra información sobre ella buscando en la red al catedrático de Geografía Humana José Estébanez Álvarez, a quien tuve el privilegio de tener como maestro. En definitiva, el entramado de indicadores de la sociedad del bienestar o los indicadores macroeconómicos son conceptos de la ciencia positiva, que están muy alejados de la realidad de las personas en el sur de Europa. O, por decirlo de otra forma, objetivan determinada realidad que converge respecto a la cifra de déficit, pero no otra que diverge en términos de igualdad o cohesión social; hasta ahí llega el socialdemócrata, reduciendo gasto militar para pagar la metadona. Sin embargo, no se objetivan los mecanismos mediante los que el sistema produce heroinómanos, ni existe un compromiso comunitario de convergencia social de cumplimento restricto, pero sí existe un compromiso económico. Porque no se tienen en cuenta la angustia o la frustración. Lo vemos ejemplificado en esas películas futuristas donde todos van vestidos de forma impecable en un mundo perfecto, en el cual, a pesar de todo, algunos no son felices y piensan que hay gato encerrado. Y lo hay. El concepto Estado de bienestar es detestable para la gente corriente del sur de Europa.

La identidad española que tampoco le sirve a Felipe VI para representarla en el siglo XXI es la que verbalizó el ministro de Educación José Ignacio Wert mediante el concepto de la españolización de Cataluña. Esa identidad está sumida en una crisis profunda, porque entiende que en todo el territorio se habla el idioma castellano o español, se ama el legado histórico y cultural de la hispanidad, no hacerlo es anomalía y cualquier otra manifestación es diversidad, haciendo caso omiso a que, desde Atapuerca, los hay que no serán castellanizados o españolizados jamás, y que suman unos 4 millones de personas en la actualidad y la mayoría electoral en dos de sus territorios históricos. Esto es objetivo y negarlo es una españolada que además queda fuera de la historia, por lo que no cabe en la Unión Europea del siglo XXI. La España uninacional es dogmática, y se ha quedado en el tomo anterior de nuestra historia. Ya no hay tercios españoles, ni tampoco tanques.

Esto es, a mi entender, lo que indicó Felipe VI en su discurso de proclamación: quien niegue la evidencia o la verdad tendrá que producir un cambio inmediato en su mentalidad, porque el orden de 1978 no da más de sí. El grave problema es que el símbolo de la renovación en el PSOE, Pedro Sánchez, comparte dogmatismo con Mariano Rajoy, aunque esté dispuesto a hacer de La Rioja un Estado, para resolver un problema que no existe, porque es otro. «La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados», afirmó Groucho Marx, y es perfectamente aplicable al caso.

Los políticos españoles no parecen estar muy dispuestos a impulsar estos cambios en sus mentalidades, o parecen más bien dispuestos a quedarse en la parte de la historia que empieza con Isabel y Fernando, y termina con el rey Juan Carlos I, que es la muy absolutista España de los castillos, la de Franco y los cuarenta años de pensamiento político posfranquista. La Constitución de 1978 estuvo condicionada por el temor a la intervención del ejército, que, además, lo hizo. Este pensamiento es razonable y hace que la norma sea posfranquista.

Los únicos problemas respecto del modelo territorial del Estado son los específicos del País Vasco y Cataluña. No hay más, todo lo demás son inventos de los políticos españoles. La solución a estos problemas requiere que el diseño institucional reproduzca la realidad plurinacional del Estado. Una adaptación que será transitoria, porque se asienta en un proceso donde lo nacional está cada vez más regulado por la Unión Europea o es progresivamente menos soberano. Una hipotética Cataluña independiente es un país que tributa en una Europa progresivamente más unificada, donde el poder ejecutivo es finalmente elegido por el Parlamento de todos. Si Cataluña es hoy por hoy una parte de España, cuyas políticas son progresivamente menos españolas y más europeas, también es una parte más pequeña aún de esta Europa unificada, que delimita los parámetros de su autonomía, que no soberanía. Así pues, relativicemos también la envergadura de las aspiraciones nacionales dentro de Europa, porque estarán determinadas por la realidad supranacional UE, si es que se pretende construir en euros, como en los casos ibéricos.

El euro es la apisonadora económico-financiera del continente, que pasa por encima del botijo, las castañuelas y el orden de 1978, pero también del txistu, els castellers y las monarquías históricas sancionadoras de leyes nacionales. ¿Será todo esto la diversidad de nuestra futura identidad europea de ricachones, en la escala global? ¿Conservará cada cual su identidad nacional de ricachón, y, por lo tanto, sus objetivos nacionales o de país, respetados y encajados en esta Europa próspera y unificada? No tengo ni idea, aunque no veo más problema que un encaje técnico de todo lo que tenga que ver con la aspiración nacional en la realidad supranacional europea.

Esto que sucede en España es también un problema de la Unión Europea: ¿es que no les interesa que los sureños de la Unión tengan trabajo y cierta capacidad adquisitiva? ¿Qué tiene que decir la Unión Europea sobre el 56% de desempleo juvenil en España? ¿Dónde han quedado las seguridades más básicas de las personas en el sur de Europa? Tampoco existe un modelo productivo de la Unión Europea para la gran región fronteriza del sur, ni más política que la de «paga lo que debes y ya hablaremos». ¿Dónde está la reindustrialización del sur de Europa, como objetivo prioritario de la Unión? Llegará a medio plazo si Podemos se queda enfrente, porque el sur se ha rebelado y la Unión Europea tiene capacidad para resolver sus problemas. Grecia sola no puede, el gran Sur, sí.

¿Dónde está el beneficio tangible de la política comunitaria actual para el elector medio del sur? De momento, no existe tal beneficio, porque la política no es otra que obligarle a pagar las deudas contraídas por otros. Así lo entiende el elector y así lo expresó Metroscopia, el proveedor de encuestas de El País y la empresa que más información proporciona sobre el espacio ciudadano de ruptura, además de hacer un seguimiento puntual de las materias institucionales y de actualidad. Metroscopia nos dijo, en 2012, que seis de cada diez electores esperaban la concurrencia de nuevas candidaturas ciudadanas, enfrentadas a los partidos preexistentes, no sumadas a ellos. Mis conclusiones sobre el apoyo de los republicanos más jóvenes al rey Felipe VI, se basan, sobre todo, en datos de Metroscopia. Digamos que se pueden discutir sus estimaciones de la intención de voto, pero es un referente esencial en el estudio de la opinión pública española de los últimos años.

En agosto de 2014, Metroscopia publicó en El País un informe titulado «Pulso de España». Sobre el desempleo, la percepción de siete de cada diez entrevistados era que no disminuiría en los próximos años. Otros siete de cada diez opinaban que el gobierno era incompetente para hacer frente a la situación, y solo tres le atribuyeron algún mérito en la mejoría de los indicadores macroeconómicos. La mayoría consideró que esta mejoría estaba englobada en otra de rango UE, y que en realidad no existía. Digamos que nos negamos a aceptar que los indicadores mejoran, porque no lo hacen nuestras condiciones de vida, ni nuestros hijos y nietos encuentran un trabajo en España.

En este estudio, Metroscopia informó sobre la percepción que tienen los habitantes de su país, su nación o su Estado: España. El 75% de los entrevistados opinó que España no es un país que se preocupe por el futuro de sus jóvenes. No es un lugar innovador o que estimule la creatividad, a juicio de otros siete de cada diez entrevistados. Tampoco es un lugar donde haya buenas perspectivas de futuro (67%), ni es un Estado que tenga las ideas claras sobre cuál es su lugar en el mundo actual (62%). Este estudio es fundamental o central, porque explica la potencialidad latente a la que me refiero. Si somos la cuarta economía del euro, y la número catorce del mundo, sin saber dónde ir, sin inventar nada, ni ocuparnos del futuro, ¿qué podemos llegar a ser si nos interesamos un poco por esto, y las personas de todos los territorios suman, de una puñetera vez, sus capacidades? Mi impresión es que nos saldríamos, entre otras razones, porque bajo estas circunstancias reuniríamos el talento que tenemos desperdigado por el mundo, que es incalculable. Naciones, ¿somos o no somos familia? Pues hay que diseñar la casa con buenas habitaciones con baño y terraza para cada uno, pero con una cocina inimaginable. ¿Por qué no lo imaginamos un poco? ¿No es esto estimulante, no ayuda a producir el profundo cambio en la mentalidad que exige la situación? ¿Es que no nos lo merecemos?

Son datos muy importantes para valorar la gravedad de la crisis, porque confirman que esta va mucho más allá de lo institucional. Esa misma encuesta arrojaba un dato capital e irrefutable: el 75% de los entrevistados consideraba que España necesita una segunda transición, que modificara y actualizara muchos aspectos de su sistema político. De hecho, en la segunda entrega de este espléndido «Pulso de España» de Metroscopia, que nos facilitó El País, las comunidades autónomas eran aprobadas por el 34%, los ayuntamientos por el 31%, el Parlamento por el 29%, el gobierno por el 21% y los partidos políticos por el 10%. En ese mismo estudio, Felipe VI era aprobado por el 69% de todos los encuestados.

Felipe VI es aprobado por siete de cada diez de los que viven en España, por lo tanto, es lo único que sirve del sistema político y es el único que puede liderar las soluciones.

Hayamos sido idiotas o no, apreciémonos, porque somos mucho más de lo que creemos y hay que multiplicar la autoestima de todos antes de empezar a trabajar. Somos varias sociedades con muchos recursos, algunos insospechados porque nunca han definido un todo, y en general están muy mal gestionados y muy injustamente repartidos. Es la consecuencia lógica de un proceso histórico que nos mantuvo aislados del mundo, bajo el mando militar o la disciplina castrense y gravemente religiosa, durante demasiadas décadas del siglo XX. Sin embargo, ese proceso histórico diferente está ubicado en la parte de la historia de España que ya ha terminado.

Ha estallado la rebelión de los idiotas, que no es otra cosa que un profundo cambio en la mentalidad y en algunas actitudes de las personas más antiguas, impulsado por la generación más joven. Los ciudadanos nuevos lo tienen claro, por lo que es de necios sostener que esto no tiene solución; se trata simplemente de la adecuación del orden institucional vigente a lo que indican los números de la sociedad de un modo incontestable. No se es europeo occidental si no se es capaz de encontrar las soluciones a los problemas mediante el diálogo y el perfeccionamiento de las normas de convivencia, y esto es cosa de todos.

Desdramaticemos la situación. Aunque sean graves y muy injustos para las personas corrientes, se trata de los problemas propios de unos idiotas de lo público que hemos sido expoliados, y despertamos ahora que nos empobrecemos, pero alcanzaremos sin dificultades los ochenta años de edad. Por ejemplo, mi hermano mayor Jorge fue diagnosticado de cáncer de colon, operado y curado mientras yo escribía este libro; en cambio, hay millones de personas en el mundo que en la misma situación, mueren. Seamos conscientes de lo que tenemos, sepamos lo que somos. Generamos cantidades ingentes de recursos públicos todos los días del año, pero España lidera la desigualdad social y la pobreza infantil en Europa. Son datos y evidencias del fracaso colectivo de los cuarenta años de etiqueta democrática, que han servido, sobre todo, para consolidar y perpetuar las castas y clientelas territoriales, haciendo un uso interesado de las reglas de convivencia, o una trampa discurrida para cada ley, como el eje de la acción política.

La gente corriente piensa que si aquí faltan recursos, se debe a la corrupción, la podredumbre de la burocracia y el sobrecoste del contrato público. Y si esto lo piensa el ciudadano medio es porque no es de otra forma. Han pasado más de setenta años desde que terminó la guerra, y como en la URSS de finales de la década de 1980, el problema son los burócratas. Por lo tanto, hay que dedicar tiempo cotidiano a supervisar las actividades de las personas que gestionan el gasto, la inversión o la financiación de los recursos que son de todos, sean funcionarios o cargos políticos. La iniciativa Guanyem Barcelona lo expresó de esta forma en su manifiesto:

Queremos una ciudad que promueva la honestidad de los gobernantes y que impida la connivencia mafiosa entre política y dinero. Hay que poner fin a la acumulación de cargos, limitar sueldos y mandatos, impulsar agendas transparentes y establecer mecanismos efectivos de control de los responsables públicos. Queremos un nuevo contrato ético entre ciudadanía y representantes.

Tenemos, por lo tanto, un problema de adaptación institucional a la realidad plurinacional del Estado. En tanto este asunto no esté resuelto, carecemos de posibilidades objetivas para representarnos como una sociedad. Sin esta representación, es imposible definir objetivos colectivos o asumibles por todos. La realidad UE impone organización, solución eficaz y objetivos precisos, crecimiento económico, alta productividad, renovación tecnológica, financiación y, en definitiva, impone unas condiciones muy exigentes que solo son asumidas, sin grandes quebrantos, por las sociedades más maduras o elaboradas, además de capitalizadas. No es el caso. Sin objetivos colectivos precisos, no se puede pertenecer al primer mundo, porque no se puede subsistir. Ni tampoco con una desigualdad social como la actual.

El elector medio ya puede sintetizar el problema. El statu quo, aparentemente granítico, impide que nos representemos como un todo. En tanto esto no esté resuelto, no puede haber planes ni modelo productivo. No existe, por lo tanto, un horizonte cierto para la recuperación de tasas dignas de empleo o para la reducción de la desigualdad social. Nadie se ocupa de los más jóvenes, pero tampoco sabremos representarnos en la Unión Europea, y menos aún en el mundo global. No son desgracias, son problemas que tenemos que resolver, y empezamos a hacerlo en 2015.

8

APROXIMACIÓN A LA PERESTROIKA DE FELIPE VI

No es razonable contemplar otro escenario poselectoral que no sea el que reúna al PP y el PSOE en un bloque de gobierno capaz de sujetar el orden de 1978, para impulsar su reforma, además de garantizar el cumplimento de los compromisos comunitarios. Contemplo este escenario como el convergente, en términos UE, y superador de la confrontación característica de nuestra clase política. Un bloque similar al que representaba el régimen en 1975, resistiéndose a morir, en tanto que estructura de poderes e intereses, pero en la necesidad de hacerlo, y por esto UCD se impuso en las elecciones constituyentes. Son certidumbres incontestables, porque no había en 1975, ni existen cuarenta años después, números de la sociedad que nos permitan sostener lo contrario. Seguimos siendo igual de divergentes respecto al doble paradigma de la potencia europea occidental-el pueblo de Europa, pero más que entonces entre nuestros territorios. Exhibimos una tasa de desempleo tercermundista, pero tiene que mantenerse durante décadas en manos de los políticos y los poderes fácticos, lo que indica, de un modo inequívoco, que la economía no sigue ningún modelo ni dirección hacia ningún lugar, ni existe sentido alguno de lo público, y que lo único que hay son políticos y burócratas, constituidos en clase y dispuestos a perpetuarse.

¿Por qué tiene que durar décadas esta situación? ¿A qué estamos esperando? No tiene que durar décadas porque no hay que esperar a nadie. El sistema de los dos lados que conocemos está acorralado por la mitad más joven del censo electoral, envejecido y obligado a hacer la perestroika que necesita el Estado. Conminado a hacerlo, además, in extremis, por el simple proceso demográfico y la incongruencia histórica. Salvo que Podemos venda su alma al diablo, sumarán los dos lados como en Alemania, Italia o Grecia, pero será para producir los cambios profundos que requiere la situación, atendiendo a las demandas de los diputados no representados por ese pacto, en tanto que representantes de la nueva mayoría social a medio plazo.

Pienso que el sistema es plenamente consciente de la gravedad y la precariedad de la situación, y emprenderá una reforma tan profunda que cambiará la naturaleza del Estado. Es lo que yo llamo perestroika, y creo que se va a llevar a cabo porque la alternativa es el caos. La gran coalición debe ser interpretada como la suma final de un orden, que es obligado a liderar un proceso constituyente. Como en 1975, las circunstancias y los poderes fácticos obligan a actuar a la vieja clase política que muere. Está entendido y asumido por todos que la gran coalición destruirá al PSOE, pero este partido ya está destruido en cualquier situación poselectoral, por lo que solo cabe esperar su pasokización y el dimensionamiento de Podemos como la clase política de reemplazo, perfectamente encajada en el lado izquierdo del sistema, como Syriza en Grecia. El PSOE se ha quedado en el siglo XX.

Partimos, por lo tanto, de una situación poselectoral en la que el Parlamento español y los autonómicos están fragmentados. El PSOE ha pasado a ser la tercera o cuarta fuerza política en numerosos municipios metropolitanos e incluso en alguna comunidad autónoma. La única suma para gobernar, o la única de sello UE, es la gran coalición, ya sea de doscientos o de doscientos veinte escaños, con el conocimiento pleno de que su respaldo social no alcanza a tres de cada diez electores, que es la situación idónea para producir los cambios con la participación de todos.

Los contenidos de las legislaturas que empiezan ahora se ajustarán a la reforma verdadera que requiere la situación terminal en la que nos encontramos. Se trata de recuperar la confianza en una clase política nueva no de suprimirla del todo, y, en consecuencia, lo urgente es encontrar el lugar de encuentro entre todos, para recuperar el aprecio por las instituciones, no para destruirlas. Volvió a ser Metroscopia quien estudió y clarificó este extremo, aportando encuestas donde los partidos políticos son necesarios para las masas (75%) u otros lugares comunes, como que sin ellos la democracia no existiría (66%). El elector necesita una clase política de confianza y un sistema que lo represente, eso es todo. Es una pretensión de lo más razonable, así que calificar esto de radical o populista es cavernícola. Se trata de un proceso de reformas tan profundo que yo lo llamo perestroika, porque lo ordena y lidera el propio sistema. Esta es la expectativa razonable, pero también la última oportunidad para resolver los problemas.

¿Cómo se inicia este proceso? Situados en la realidad plurinacional y en los parámetros de nuestra civilización europea occidental, se debe dotar a las comunidades autónomas de la competencia que las faculte para convocar referendos no vinculantes, sobre las materias que se estimen convenientes. El mecanismo produce un conocimiento previo a la toma de decisiones y no se sostiene, en el mundo de la información, eludir el dato o tratar de resolver los problemas a ciegas.

El orden de 1978 es el que no quiere saber cosas como cuántos canarios rechazan el negocio del petróleo en sus islas, aunque ya sabemos que son la mayoría. Y es así porque el canario ha aprendido a no esperar ningún beneficio de nadie, por mucho que se lo prometan. Pero si el que llega le habla de un negocio que es incompatible con la especificidad turística del archipiélago, lo insulta. No puede ser del interés de las personas corrientes de la Unión Europea que Repsol inicie actividades petroleras en las islas Canarias, o en las Baleares, lo que significa que esas actividades, además de lesionar lo que se tiene, son divergentes en la consolidación del interés común europeo.

El conocimiento tiene que estar puesto sobre la mesa. Si siete de cada diez electores catalanes quieren votar en un referendo sobre la forma jurídica que prefieren para Cataluña, viene a ser como si quieren saber cuántos prefieren que se pinten de amarillo las guarderías, y cuántos otros de verde. Negar el conocimiento y hacer caso omiso de la voluntad de la mayoría social de Cataluña no ayuda a resolver nada. Considerar peligroso el conocimiento es una actitud oscurantista y tan española como la Santa Inquisición. La actitud del «aquí mando yo y no hay más que hablar» ya solo reúne a su alrededor a los idiotas de lo público que no han sido capaces de producir el profundo cambio en su mentalidad y en algunas de sus actitudes que exigen las circunstancias; son minoría.

¿Hay que impulsar la perestroika para resolver la cuestión catalana? Ni mucho menos. Esa cuestión no estaba encajada en tiempos y no tiene el impacto electoral de una rebelión de los idiotas que, además, irrumpe en su sistema con toda naturalidad. Que el PP y el PSC no representen a nadie, no significa que se haya esfumado la parte de la sociedad que no se considera nación en ese territorio. Ahí está Podemos, marcando diez diputados autonómicos que no necesitan independizarse de nadie, sino que se cumpla la voluntad de las personas y terminar con la podredumbre de las castas, que también existe en Cataluña.

Y a propósito de esta podredumbre, me gustaría hacer dos comentarios. El asunto Pujol está mucho más que descontado, o no tiene efecto electoral. Primero, porque la CDC de Artur Mas ha demostrado una incompetencia electoral inusitada desde 2010, por lo que ya había regalado su capital electoral de décadas a ERC con anterioridad al escándalo. Y segundo, porque hay votantes que repetirán por el PP a pesar de Bárcenas, otros que lo harán por el PSOE a pesar del escándalo de los ERE y, por las mismas razones, otros lo harán por la CDC o por CiU, a pesar del asunto Pujol.

Pienso que el episodio tiene un efecto que sobresale por encima de otros: la caída de un mito de la sociedad catalana, que afirma que la picaresca es un valor exclusivamente castellano o español. Se terminó la idea, porque encontramos grandes pícaros en Barcelona, Madrid o Sevilla. El problema son los políticos y los burócratas. Este es el aprendizaje último: el enemigo lo tiene en casa todo el mundo, y es el mismo. Y un segundo efecto sobre la nación catalana, que es similar al de la pérdida de un familiar, pero en dramáticas o extrañas circunstancias. Fue un golpe que, visto con perspectiva, superaron sin grandes dificultades y en muy poco tiempo.

Dicho esto, agrego lo siguiente. En 1982, Ricardo Romero dirigía en Gallup un monumental estudio sobre la juventud de Cataluña, encargado por algún organismo de la Generalitat, en el que participé bajo su dirección en alguno de sus capítulos. Aquel estudio me enseñó que se trata de una sociedad compacta y muy distinta, mucho más elaborada que la media española, que contiene una nación poderosa, precisa en sus señas y vigilante de su destino. Cataluña no había perdido su personalidad durante la dictadura, sino todo lo contrario, y me llamó la atención la fortaleza de su asociacionismo juvenil. Había de todo: asociaciones culturales en torno al arte, la artesanía, el cómic o el cine, y otras de carácter deportivo, centradas en actividades de montaña, mucho ciclismo, excursionismo, lo que ahora se llama senderismo, hockey, baloncesto, etc. Nada que ver con Madrid.

El dato actualizado de esta sociedad distinta, más elaborada y en consecuencia más avanzada que la media española es la fortaleza de su sistema electoral, en el que consiguen representación hasta ocho formaciones diferentes: CiU, ERC, CUP, ICV/EUiA, el PP, el PSC, Ciutadans y Podemos, lo que contrasta con la crisis profunda del sistema de representación general, que solo ha sido capaz de producir la ruptura, cuando, por fin, no aguantó más. En este punto, recojo unas palabras del profesor Víctor Lapuente Giné, doctorado en Oxford y profesor del instituto para la Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo.

Al renunciar a discutir la sustancia política, «Madrid» ha dejado que el nacionalismo catalán monopolice la palabra democracia. [...] Ha llegado la hora de que tanto el gobierno como las fuerzas políticas españolas dejen la toga jurídica y bajen al ruedo político a enfrascarse en las preguntas incómodas, que, queramos o no, han estado entre nosotros desde hace décadas, por no decir siglos.

Vale la pena leer este artículo titulado «Demos y lo demás», porque viene a explicar lo mismo pero mejor, porque lo hace con la seguridad propia del especialista en gobernanza europea. El «Madrid» que menciona el profesor Lapuente es la España de los castillos a la que me refiero en este libro, con su poder de carretera o radial que busca petróleo en las islas Canarias y su estabilidad institucional de cartón piedra. Esa españolidad ya no se sostiene, se sale de la historia porque se constata que es bruta, absurda, antieconómica, divergente, despótica y, naturalmente, repudiada por la generación más joven.

Lo que muere es una identidad despreciable de España, forjada por las castas políticas y los poderes reales durante siglos, resuelta normalmente a cañonazos, cuyo único legado cierto es la burocracia tramposa, el despotismo conquistador, el saqueo, la barbarie y, eso sí, el arte para contarlo en castellano o español. ¿Qué más es la hispanidad? ¿Catolicismo? ¿Fútbol? ¿Toros? ¿En qué consiste el orgullo hispano? ¿Ser muchos hablando igual? ¿Obra pública? ¿Monumento? ¿Vestigio? ¿Qué emociones mueve? ¿Quiénes se emocionan con esto? «Es arte», me dice Inés Ordóñez, licenciada en Ciencias Químicas a punto de emigrar. Tiene razón. Es emocionante y temperamental expresión artística, pero ¿qué más? ¿Algo más? ¿Cómo vive la gente en la hispanidad? Está todo por hacer.

La perestroika de Felipe VI consiste, entonces, en construir una identidad colectiva nueva, adecuada a nuestros tiempos y necesariamente alejada de las esencias imperiales. Así daremos por concluido el primer tomo de la historia de España y podremos llevarlo a la biblioteca: desde sus orígenes hasta el rey Juan Carlos I.

El tomo segundo se escribe con una identidad que es nueva, plenamente democrática, de sello UE, sin reservas de ninguna clase. Esa identidad tendrá que ser asumida por los españoles más antiguos, algunos de estos dogmáticamente uninacionales, porque los jóvenes son ya ciudadanos nuevos del mundo global y de la Europa progresivamente más homogénea, un área metropolitana real y virtual, donde lo nacional es una particularidad expresada de un modo institucionalmente estable. Los paradigmas de la potencia europea occidental y del pueblo o de la nación europea así lo exigen.

En conclusión, tenemos por delante una legislatura que se inicia con un referendo consultivo, en cada comunidad autónoma, para saber cuántos de sus electores prefieren que su territorio se transforme en un Estado. Si los referendos los convoca el gobierno y solo para ganarlos, este ya está ganado, porque el procedimiento sirve para objetivar datos diferentes en el País Vasco y en Cataluña, nada más.

En este punto, la gran coalición formada por PP y PSOE tendrá que impulsar un proceso constituyente, con la participación directa de los ciudadanos y pactado con las fuerzas políticas depositarias del orden nuevo. Una nueva constitución confederará tres territorios, si así lo han decidido las personas, o incluso cuatro, si se incluyera Portugal, en un proceso donde, finalmente, se somete a referendo la continuidad de la propia monarquía.

La nueva constitución será una normativa transitoria y útil para recuperar el tiempo perdido, en tanto no se haya producido la unificación de los Estados soberanos, las confederaciones y las federaciones de Estados que coexisten en la Unión Europea. Inclinarse por una monarquía como la belga o una república como la helvética es todo un riesgo para su inspirador, aunque inteligente y medido, porque quien es capaz de impulsar este proceso ha liderado las soluciones y es refrendado.

9

QUIEN LO TIENE QUE ENTENDER

ES ÍÑIGO ERREJÓN

No cabe ninguna duda de que Íñigo Errejón, director de la campaña electoral que situó a Podemos donde está, no es un friki. O, como mínimo, es menos friki que Pedro Arriola y entiende incomparablemente mejor lo que ha sucedido. Íñigo Errejón es, sin lugar a dudas, el balón de oro del negocio de los votos en España, aunque esta afirmación sorprenda e incluso fastidie a algunos. Su diagnóstico de la situación, una vez cosechado el éxito electoral, fue este:

Junto a la crisis social y de legitimidad, el otro rasgo crucial del momento es el de la expansión de un descontento inorgánico, transversal y que no se expresa en los códigos de las identidades políticas tradicionales, en medio de una sociedad civil en general desorganizada, de una ruptura de los lazos comunitarios y de varias décadas de retroceso de los valores de cooperación social. Un ánimo destituyente, así, difuso y fragmentado.

Está escrito en julio de 2014 en Le Monde Diplomatique y es un pensamiento mucho más técnico que político, más descriptivo y basado en evidencias que interpretativo o sujeto a teorías. Aquí todo es nuevo y basta con describirlo para que otros lo entiendan, se expliquen las situaciones y todo progrese. O, alternativamente, negarlo, como hacen la clase política preexistente y la generalidad de los creadores de opinión, que parecen más bien dispuestos a recibir la ola, con su sistema de los dos lados, que a anticiparse a ella o retirarse tierra adentro, porque se encantaron en su autocomplacencia y ya no pueden surfearla. Un suicidio en toda regla, porque no podrán escribir una línea coherente, ni decir dos palabras seguidas cuando se haya terminado de votar este año.

Íñigo Errejón explicó lo que había sucedido desde parámetros técnicos, o a partir de los datos objetivos de que disponía entonces. Supo que su electorado había «atravesado las lealtades tradicionales», una forma de decir que, por alguna razón, habían sumado a electores antagónicos en términos convencionales. Habían definido enfrente, en definitiva, y lo supo enseguida, aunque lo expresó en voz muy baja (al atravesar un relativamente pequeño terremoto).

... parecen haber venido de sectores muy diversos: abstencionistas, votantes tradicionales del PSOE y de otras formaciones, algunas difícilmente imaginables para una rígida aritmética ideológica. Sociológicamente, desafiando de nuevo las etiquetas, es un voto maduro (el 45% entre treinta y cinco y cincuenta años), urbano y de las periferias urbanas golpeadas por los recortes, considerablemente educado y que se autopercibe lejos del estigma de «extrema izquierda» que los medios conservadores han querido acuñar (3,7 en una escala de 0 a 10). Un voto considerablemente diverso y que atraviesa relativamente las identificaciones y lealtades tradicionales [...]. En su conjunto, el «pequeño terremoto» del fenómeno «Podemos» ha contribuido a rasgar el monopolio simbólico de la representación política por parte de los dos principales partidos (PSOE y PP) y, así, abre la puerta a posibilidades inéditas.

Por lo tanto, todo hacía suponer que era igual de consciente de la situación terminal del orden de 1978, porque está nítidamente expresada en las estadísticas demográficas, sociales y electorales. Lo que significaba que habría tomado como posición estratégica el enfrente recién fundado, plenamente democrático, europeo y occidental y, como dato definitorio de la legislatura, la gran coalición entre el PSOE y el PP, la reunión de la casta para entregar otro orden a la mayoría ciudadana emergente.

Dicho de otra forma, Íñigo Errejón, que desarrolló una campaña excepcional y perfecta en 2014, era necesariamente consciente de que la suma del PP y el PSOE agonizaba en términos electorales y representaba lo mismo que el régimen en 1975, que es un orden que se extingue y esto dará lugar inevitablemente a un proceso constituyente. Estaba escrito en los números de la sociedad, y este ciudadano nuevo del mundo global, de algo más de treinta años de edad, que es doctor en Ciencias Políticas e investigador de la Universidad Complutense de Madrid, lo sabía. Por lo tanto, su diagnóstico de la situación, antes de la irrupción de Ciudadanos, no podía ser otro que este:

a) La mitad más joven del censo no vota al PP ni al PSOE, pero UPyD e IU/ICV los reemplazan de forma muy insuficiente; los electores de menos de cincuenta y cinco años de edad eligen antes otras opciones, sean Podemos, las candidaturas de convergencia ciudadana en los ámbitos locales u otras nacionalistas. Una fractura en el comportamiento electoral que se explica plenamente desde el análisis demográfico.

b) Enfrente es ahora un lugar común, porque ahí están también los electores de las naciones no española o castellana. Ese lugar común es la democracia, la identidad europea occidental y se formaliza mediante el hito común del derecho a saber y la obligación de conocer. Dicho de otra forma, si se organizara un referendo europeo sobre las prospecciones petrolíferas en Canarias o en Baleares, se descubriría que lo que quisieron hacer fue la españolada perfecta, que es el negocio de algunos. Un disparate, diría un finlandés o un belga.

c) El régimen reunido para resistir sería grotesco, porque su consecuencia última es el Maidán. Es lo contrario. Como entonces UCD, el bipartidismo se reúne para emprender las reformas que produzcan otro orden institucional, que represente verdaderamente a las personas. Para llevar adelante la perestroika conforme a la voluntad de enfrente, que es la mayoría inexorablemente emergente, el siglo XXI, la civilización europea, la certidumbre plurinacional, la ciudadanía y la prosperidad. Aquí es la españolidad castellana despótica y bruta, la mansedumbre, la clientela, la ignorancia, el negocio de algunos; lo que se acaba, por fin, definitivamente y para siempre.

Esto es, a priori, lo que el joven estratega debía de tener en la cabeza cuando escribió ese artículo. Una buena base, porque ahora tenía que entender lo más complicado, y de su capacidad de comprensión del fenómeno, o de la posición que ocupara su organización, y de su compromiso, dependería la claridad y la velocidad del proceso. Y lo que había que entender ahora no era ni mucho menos sencillo: el aliado inequívoco del orden nuevo, o quien lo estaba necesitando urgentemente, y lo estaba propiciando, era la monarquía de Felipe VI.

Íñigo Errejón sabe que solo se conquista el poder parlamentario librando la contienda en el escenario que elija el sistema: votando este año primero municipales y luego generales, es decir, con sus armas, como La Sexta, el CIS y el Canal 24h repitiendo machaconamente los datos, pero, sobre todo, a favor de la mayoría social. Y, desde luego, sabe que el problema son los poderes reales, los burócratas y los políticos corruptos, no un rey que está casi sin estrenar.

Si no se fían unos de otros, y están tensos, es imposible que encajen las piezas. Tienen que relajarse un poco, o como dice Enric Juliana, desdramatizar. ¿Sería capaz de entender esto Íñigo Errejón? ¿Sabría asumir el papel del primo mayor para obligar a la gran coalición a resolver los problemas de la familia, conforme a la voluntad de las personas y los parámetros de convivencia UE? ¿O es que ya no somos familia? ¿Sería capaz de entender que había que intentar la perestroika, y que Felipe VI era precisamente la pieza teórica sobre la que articularla?

Y, sobre todo, ¿sería capaz de comunicar a su electorado, como hizo Santiago Carrillo en su día a los comunistas, que no se le podía negar al sistema institucional la oportunidad de producir los cambios? ¿Sería, en definitiva, pragmático, consciente de dónde estaba, y experto en el negocio de los votos, o, por el contrario, sería un político joven dogmáticamente republicano?

¿Entendería que tendría que respaldar lo único respetado por siete de cada diez personas, que era el rey Felipe VI, para recibir un orden nuevo? De otra forma, su pensamiento político resultaría dogmático y finalmente torpe, porque no se puede sustraer ningún dato en el análisis. Y por lo tanto, antiguo, predemocrático y tan contaminado por el siglo XX como el PCE, porque el mismo argumento que exige que los catalanes voten lo que crean conveniente, si lo quieren siete de cada diez, sirve para no crear un problema donde no lo hay.

Metroscopia nos dijo que el 50% de los republicanos respaldan a Felipe VI, porque de otra forma no sería aprobado por el 69% en agosto de 2014. Mi hipótesis es que estos republicanos felipistas son especialmente jóvenes y están situados en la ruptura.

Ya está explicado lo que tenía que entender quien entiende la materia electoral en Podemos. Íñigo Errejón es una rareza en este libro, porque tengo motivos para ajustarle y aquí salen todos trasquilados, pero sabe ganarle las elecciones al bloque burocrático, la amalgama de funcionarios y políticos que se lucran y fidelizan adjudicando y expoliando nuestros recursos públicos. Aunque el asunto de los alcaldes fijos se lo estaba diciendo de otra forma, porque significaba la retirada del bipartidismo de Cataluña, el País Vasco y el norte de Navarra, las Castillas para el PP y Andalucía para el PSOE, como idea general, pero eliminando a los demás partidos excepto el resultado virtual de Podemos, por entonces. Si no era incompetencia de los populares, es que ya estaban en obras o, alternativamente, que los más críticos en la red tenían razón. Si la millonada invertida en Podemos no era para establecer el capitalismo comunista, liderado por Pablo Iglesias, era entonces para crear el nuevo Felipe González y el nuevo PSOE.

Pero si nadie les había explicado nada a los posibilistas, y no entendían para qué estaban ahí, tampoco tendría mayores consecuencias a medio plazo, porque Pablo Iglesias no deja de ser alguien que casualmente ha agitado el trapo rojo para que le sigan y lo han promocionado los medios, consciente o inconscientemente. Lo importante, y lo imparable, como en Cataluña, son las personas corrientes, y si no lo entienden en Podemos, porque finalmente son más de lo mismo, o un invento del sistema, lo entenderán otros. Lo que les suceda como organización, en definitiva, importa menos que poco, porque sirve cualquiera. La potencia de la demanda asegura la formulación de este espacio en modo electoral, antes o después, con o sin impostores, porque es nítido y no admite dudas, ni cuotas, ni cremalleras, ni más acuerdo que alcanzar otro orden.

Quien justifica a Mussolini en Italia lleva la cabeza rapada y se le denomina neofascista. En cambio, quien justifica a Franco en España puede llevar corbata, ocupar un cargo público y lo podemos llamar posfranquista. Quien tiene al tesorero en la cárcel, dimite, y quien insulta a las mujeres, abandona la campaña. Justificar otra actitud no es convergente. Con esto quiero decir que la cultura política desarrollada en España, durante los últimos cuarenta años, no es exactamente europea occidental.

Con lo que rompe el ciudadano nuevo es con un sistema mediante el que Repsol hace lo que cree conveniente en las islas Canarias, lo que ya ha fijado el hito de la actividad no convergente del poder real español. Es un profundo cambio que nos permitirá identificar a todos cuál es el enemigo común, que no es otro que nuestra propia incultura, y nuestra mansedumbre colectiva. Ámsterdam recibe a miles de turistas que van allí a fumar marihuana, pero no se desparraman como lo hacen otros en cualquier lugar de España. Una cosa es que hagan lo que quieran, y otra muy distinta es que te tomen por el pito del sereno. Es un asunto de todos que se cumplan las normas más básicas de convivencia, y el problema solo se resuelve entre todos, porque es una cuestión de cambio cultural o de progreso educacional. Es solo un ejemplo, pero el futuro se gana trabajando todos los días por él. Lo que es de todos no funciona con piloto automático, sino con el esfuerzo cotidiano de la comunidad.

La identidad española actual exige que el catalán y el vasco compartan ilusiones y lugar en el mundo con el madrileño o el andaluz. En cambio, hasta ahora se le exigía otra cosa al estilo castellano antiguo y al de Moisés, es decir, estando obligados a conocer y amar la cultura castellana, y administrados por mí porque así se dictó en la ley de 1978. Esta actitud, además de posfranquista, es una pretensión senil, una idiotez en el siglo de la unificación política de Europa y un inconveniente para la generación más joven y la monarquía de Felipe VI, que necesitan un orden institucional prestigiado, de sello UE, para poder ser.

Es imprescindible producir un profundo cambio en la identidad española o castellana histórica, basado en la evidencia y en la razón. No hay que españolizar Cataluña ni el País Vasco, como tampoco hay que euskaldunizar Cuenca. La idea de la españolización es detestada o repudiada por 4 millones de personas desde siempre, pero también por la mayoría emergente y por los más jóvenes. El primo mayor es una figura que le permite construir al español del siglo XXI una identidad distinta, en positivo y por fin sumable en una sociedad plurinacional, y, con esto, representarnos a los habitantes ibéricos en la Unión Europea y en el mundo, fijar objetivos colectivos y progresar. Y podemos hacerlo hasta límites insospechados, porque somos una potencia europea occidental latente por el tamaño de nuestra economía, pero sobre todo por las capacidades de las personas. Está todo por hacer, pero tenemos jóvenes preparadísimos que toman el mando, a los que solo les falta una identidad y un proyecto que compartir. Ser español no es ser autoritario. La generación más joven no quiere ser así y no es así.

¿Ganaría el Estado español un referendo europeo sobre la simple presencia de Repsol en aguas canarias? ¿Ganaría un referendo sobre la prohibición de los referendos no vinculantes como la ley de consultas catalana? Perdería ambos por paliza. La Unión Europea tiene un problema grave con el gobernante español porque prescinde del conocimiento no vinculante y desarrolla actividades no convergentes. ¿Qué habría pasado si nadie hubiera recurrido la ley de consultas catalana y se hubiera estrenado con la doble pregunta de marras? Nada, porque lo que recurrió el español fue la posibilidad de obtener un conocimiento preciso; todo lo demás fue y es política, marketing y pensamiento predemocrático.

Mantengo conversación técnica fluida con Xabier Mikel Errekondo, un campeón de Europa de balonmano que es diputado de Amaiur, porque entiende las encuestas, le interesa mucho esta materia, quiere aprender más y yo estoy dispuesto a enseñar. Hay que entender que Xabier Mikel es legal con los votos incluso del PP en el Congreso de los Diputados, como he explicado antes, luego es como los del PSOE, FAC, UPN o UPyD. Si hago este comentario evidente en este libro es para subrayarlo. Pienso que en esto consiste la perestroika de Felipe VI, porque hemos llegado al borde y no hay otra alternativa que romper con el pasado, reconocernos, apreciarnos y resolver los problemas. El orden de 1978 venía haciendo aguas desde mayo de 2010, pero desde julio de 2012 ya sabemos con seguridad que se irá a pique. Cada cual tendrá sus datos y en las urnas nos veremos. La colección de informes de situación electoral, el análisis y los números actualizados se encuentran con facilidad en la red tecleando mi nombre.

Volvía de Barcelona en AVE, el 19 de marzo de 2013, cuando me encontré con Eduard Punset, en esa cinta interminable, que no funcionaba. Me excusé por abordarle y le recordé que nos conocimos en 1994, con motivo de su proyecto político FORO, que concurrió en coalición con el CDS en las elecciones europeas de ese año. Mantuvimos unas cuantas conversaciones técnicas en torno a aquel proyecto ciudadano, al que se incorporó un jovencísimo Juan Garrigues en el cuarto puesto de la lista, algo que era insólito en aquellos tiempos. Eduard Punset sabía, hace veinte años, que los partidos políticos tendrían que transformarse en otra cosa que sería algo parecido a su FORO ciudadano, anticipado dos décadas en el tiempo. «Pues debimos conversar mucho más», me dijo con su sonrisa siempre amplia y su mirada interrogante y cómplice.

Podemos abandonó la zona de ruptura para declararse socialdemócrata, que era competir contra el PSOE en su espacio de renovación. Retoqué algunos números y escribí en Twitter: «La casta dirigente de @ahorapodemos pastorea la ruptura al lugar socialdemócrata del @PSOE. Ese fraude lo explicaremos detalladamente». Luego lo desarrollé en varios artículos en mi periódico, La Voz de Galicia.

Solo quedan cuatro años para construir un orden nuevo o para hundirnos en el caos, y pienso que los poderes reales son conscientes de que el problema está localizado en el desprestigio de la clase política convencional a la que condicionan. Por eso, la perestroika de Felipe VI no es una improvisación, sino una construcción lógica, basada en la información electoral y de la opinión pública, que no pierde de vista cuáles son los problemas, dónde están las mayorías, cuál es el mandato, en qué proceso estamos y cómo se converge.

10

UN PROFUNDO CAMBIO DE TODOS

Finalizando el año 2013, había pedido la liquidación de mi trabajo en Compromís, que era mi cliente principal, porque tenía que dedicar el año siguiente a escribir este libro. Por unas u otras razones, en 2014 me quedé sin clientes políticos, algo que nos preocupó entre poco y nada a Guadalupe y a mí, porque solo nos quedamos con lo bueno que nos da la vida, y lo principal ya estaba hecho: el esfuerzo de síntesis que dio origen a este libro. Si Rajoy no adelantaba las elecciones generales, y sabía que no lo haría, no tenía ninguna prisa en publicar. Y, además, tenía que irrumpir Ciudadanos cambiando los números, con o sin UPyD, de modo que continué caminando por las crestas de las montañas. Cada cual tiene un camino que hacer, y si es por las crestas, no es por el valle. Esto me lo enseñó, casi antes que a leer y a escribir, Josefina Unturbe Jiménez, Fifí, una mujer formidable, amiga y maestra de los valores que hay en mí.

Tenía que hacer ingresos y le había ofrecido a Ramón Luque mis técnicas de estimación de la intención de voto, con su correspondiente curso de formación. El secretario ejecutivo de política electoral de IU Federal es un experto en encuestas, aunque no lo quiere reconocer. Compila todo lo que se publica, elabora sus propios indicadores y hace un seguimiento continuo de la intención de voto. Quien dedica su tiempo a esto es un obrero del dato, un compañero, no es un friki de los que llegan a Madrid a montar la bronca ni aparece en los papeles de nadie, ni se hace ministro, como el españolizador José Ignacio Wert. Ramón produjo un cambio y esto le permitió estabilizar al viejo león, ahora recuperándose de la paliza recibida en mayo.

Sin darme cuenta, lo estaba viendo todo desde fuera. Me interesó entonces la investigación y la didáctica de la profesión más que cualquier otra cosa. Me reuní con José Luis Sanchís una tarde de marzo, después de más de veinte años, para hablar del análisis demográfico que estructura este libro. Lo había difundido Enric Juliana en La Vanguardia, con gran repercusión. Parece que su artículo con mis datos le abrió los ojos a mucha gente. Pienso que la clave fueron cuatro o cinco figuras de otro artículo que había preparado para la revista de la Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión (AEDEMO), que conocía Enric. Creo que lo comprendió todo cuando vio todas esas figuras, que se pueden encontrar en la citada revista y que Juliana sintetizó. Uno solo es experto en algo; en cambio, leer un clásico es algo que sucede porque existen editores. Me entrevistaron en la SER y en TV3. Me felicitó Manuel Castells, con quien me carteo, e incluso conocí a Orencio Osuna, amigo de mis amigos y persona de mi interés, lo que es la persona, el ser. Comparte conmigo que quien lo está contando como actualidad, no está investigando, y como está cambiando todo, termina explicando lo que ya ha pasado. Nos dedicamos a lo mismo, él estudia la oferta electoral y yo la demanda. Orencio Osuna ha entrevistado a todos los actores de la zona de ruptura y de la vieja izquierda española, mediante entrevistas en profundidad, como las que se emplean en investigación cualitativa. Convenciones profesionales, porque el análisis se construye con pensamiento científico —el dato objetivo o positivo que evidencia el hecho— y precientífico —la propia explicación del investigador sobre por qué sucede esto—. Y esta explicación se deduce de grupos de debate y entrevistas en profundidad, pero también de los resultados de las elecciones o las estimaciones de la intención de voto. Orencio Osuna es un investigador de la materia social antes que periodista, y una gran persona.

Fue bonito el reencuentro con José Luis Sanchís, ambos sin corbata, acompañados de nuestros colaboradores, que son jóvenes y se interesaron en proyectar un máster impartido por ambos. Y lo que es más asombroso, empezaron a organizarlo todo. José Luis Sanchís no necesita presentación. Es el asesor o consultor político de más larga trayectoria que hay en España, y es quizá el profesional que más campañas presidenciales ha asesorado en América.

Se había producido un profundo cambio en mí. Los políticos que se orienten ellos solos, porque yo tengo mucho que hacer, me dije, y me vino a la cabeza Lo que el viento se llevó, la escena en la que Vivien Leigh jura que no volverá a pasar hambre. Allí estaba yo jurando que no me volvería a quedar pendiente de la llamada de un político para confirmar un encargo. Mi padre y maestro principal, Jorge Miquel, el hombre que trajo las encuestas de Gallup a España en tiempos de Franco, me entendió perfectamente. Desde entonces, me dedico a la investigación, a escribir en La Voz de Galicia, a la didáctica de la profesión, a escribir libros, como el Manual del analista electoral, que ya está en marcha, y a proyectar otros, como la Geografía electoral de España (1977-2019), o Elecciones en España: 1977-2015, que es de este estilo, pero con muchas figuras explicativas y un coautor de los que firman delante, porque la vida es así. De los políticos, como de todo lo demás, se encarga mi socio y agente editorial Salvador Giménez, y ellos están encantados.

La generación más joven no es idiota de lo público, como somos las precedentes, y está asaltando las instituciones organizándose ex novo. No es otra cosa lo que está sucediendo, se termina el despotismo de la España de los castillos, un conjunto de municipios autónomos que no se pueden agregar porque cada cual lo tiene organizado a su manera y el poder representativo no pinta nada. Se terminó la ignorancia, el que inventen ellos, el aquí mando yo y que me lo diga un juez. Y lo llamaron desafección, lo que fue condescendencia y burla para esta gente, que lidera a las generaciones precedentes con un nuevo pensamiento de lo público.

El viejo bipartidismo se hunde reconcentrado en sus esencias, al tiempo que emergen Ciudadanos y Podemos como alternativas de reemplazo para terminar con esta situación. Esto es lo que está sucediendo, pero miran para otro lado cuando hay que hacerlo de frente, y por eso son electoralmente incompetentes y van dando palos de ciego pensando que el administrado es un ignorante. No es una cuestión de comunicación, es que no son convergentes, su cultura política es predemocrática y lo explicamos de forma sencilla con un doble ejemplo.

¿Son Esperanza Aguirre y Rita Barberá idóneas para representar a las personas? Rodeadas de encarcelados, imputados, investigados y presuntos inocentes, en Dinamarca o en Alemania sería inconcebible esta designación. Fue una españolada mayúscula. ¿Tenía que decir un juez que los señores Chaves y Griñán no son de fiar para que se marchasen a sus casas? En Holanda o en Finlandia nadie les habría dicho nada, porque no tendrían vergüenza para continuar en la política activa: permanecer sin prestigio no es convergente.

Es la ruptura definitiva con una clase política percibida como privilegiada y tramposa, que se ha gastado en juergas los ahorros de los abuelos entre otras fechorías. Es un juicio sumarísimo, una convicción social que se han ganado a pulso, un lugar común de las masas. Ahora, el PP y el PSOE son lo mismo, lo viejo, lo despótico, dogmático y desleal, lo tramposo y lo corrupto, votados por los más mayores y los peor formados, clavados en el siglo XX y detestados por una nueva mayoría social que, naturalmente, impondrá sus condiciones. Nada es para siempre, abran bien los ojos porque esto se termina este año.

Está cambiando todo. «Viva Fraga Iribarne, que nos deja ver más carne», es una expresión machista de la década de 1960 que se refiere a los fenómenos del turismo y el bikini, pero que también explica una forma de entender el poder: hay uno que manda y decide lo que es conveniente para todos. Más cerca aún, el 24 de febrero de 1981 aparecieron afeitadas personas que hasta el día 23 llevaron barba. Se asustaron. Pienso que estos dos ejemplos explican perfectamente lo que se ha quedado en el siglo XX, lo que ya ha muerto. Y ahí está Esperanza Aguirre y Gil de Biedma, grande de España, marcando el hito de la reconcentración de su partido en esa esencia histórica, que es predemocrática y en la Transición se llamó el Búnker. Y ahí veremos a José María Alfredo Aznar López, el militante del FES, galopando sobre Mariano Rajoy y las elecciones de este año a la conquista del pasado, con armadura plateada y su característico acento tejano.

Por su parte, Albert Rivera se ha lanzado a la conquista del paradigma, que es la moderna identidad española, adecuada al siglo XXI y convergente, volcada en su primer mundo y alejada de la histórica. ¿Cómo vive la gente en la hispanidad? ¿Por dónde empezamos? ¿Justicia? ¿Derechos humanos? ¿Seguridad jurídica? ¿Ciudadanía? ¿Administración leal? ¿Qué aporta la hispanidad? ¿Orgullo exactamente de qué? ¿Continuamos o mejor no? La primera pregunta es letal, las demás solo vienen por si no se entiende bien la primera. El PP se queda en el siglo XX con esta identidad histórica fracasada, lo mismo que el PSOE y el sistema en su conjunto, y esto incluye a la generalidad de los medios y los creadores de opinión.

¿Está viviendo Grecia una revolución en manos de radicales populistas, antisistema, si no colectivistas, comunistas y en cualquier caso frikis? ¿No es así como llama este sistema a Podemos, y por extensión a todos sus votantes, además de idiotas? ¿Qué está pasando en Grecia? ¿Se marchan de la UE, se quedan o los expulsan? Syriza es la clase política de reemplazo del detestado PASOK, igual que en España Podemos define, para todos los inris, la clase política de reemplazo del detestado PSOE, inmerso en un proceso de pasokización desde mayo de 2010. Y, análogamente, Ciudadanos y el PP.

La identidad española histórica es un fracaso rotundo en el mundo global del siglo XXI, y la España de los siete premios Nobel es un insulto a la inteligencia y a la potencialidad latente de las personas. El problema son los políticos y los burócratas corruptos al servicio de los poderes fácticos, que coinciden con el Ibex 35, los contratistas de lo público, los que cobran y reparten y es así desde siempre: así lo vive la gente, luego así es. A la generación más joven le da vergüenza ajena todo esto, porque ha superado la inteligencia de todos los que conforman este sistema de nivel Cospedal: jefes del Ibex 35, la clase política, los medios convencionales y la generalidad de los creadores de opinión, inalterables con su España de la izquierda y la derecha, nacionalistas aparte, cuando el bacalao se corta ahora con otra tecnología, y al bies.

Antón R. Castromil, profesor de Opinión Pública de la Universidad Complutense de Madrid, expresaba la situación de esta forma en El País, el día 1 de abril:

El malestar social que asoma en España no se dirige hacia el sistema en su conjunto, sino hacia aquellos que lo han copado durante casi cuarenta años. Y hacia las prácticas patrimonialistas y corruptas de una minoría, que ha terminado por colocar a la clase política en su conjunto entre las principales preocupaciones de la ciudadanía.

Creo que lo principal de su artículo «¿Secuestrados por el populismo?» es esto:

No me parece, en fin, que hayamos llegado a un punto en el que merezca la pena añorar tiempos y retóricas pasadas. Más bien al contrario. El horizonte nos muestra una sociedad más abierta, plural y dinámica. Con los peligros e incertidumbres que todo ello conlleva.

Pedro Arriola no resultó ser un friki de los que llegan a Madrid a montar la bronca, porque entendió que lo del centro-derecha ya es un camelo para la gente corriente y desplazó a su Partido Popular al nuevo espacio Le Pen. En el fondo hace bien, porque es su lugar natural. En España, este espacio se parece mucho más al italiano, pero yo lo bauticé Le Pen porque es un concepto estable y serio, más votable por el católico y se visualiza mejor que un escandaloso espacio Berlusconi. En este nuevo lugar que defiende el PP desde la designación de las candidatas de Madrid y Valencia ya cabe todo; se podrá admirar a Franco, suprimir cualquier derecho a los extranjeros, ilegalizar el aborto, buscar petróleo en las Canarias o suspender la autonomía de Cataluña. Se hará lo que indique el líder, la persona dotada para el mando. Aquí, en este espacio Le Pen, es el líder quien tira del elector, en la ruptura es el electorado el que empuja al líder a la conquista del siglo XXI.

El sistema protege una concepción del poder parlamentario estructurado en dos lados en el entendido de que negocian y acercan sus posiciones; en España han funcionado interrumpidamente enfrentados desde 1980. El problema central de la crisis de representatividad de los partidos españoles es de cultura política. La novedad de la situación es que ningún actor tiene una posición hegemónica o arrolladora frente al otro, por lo que tienen que buscar los lugares de encuentro y no saben hacerlo.

Las ideas o las posiciones previas que nos llegan del siglo XX tienen tal arraigo que los creadores de opinión se plantean cualquier escenario, menos la gran coalición. No cabe en las cabezas de los políticos y los periodistas españoles aunque haya sucedido en Grecia y luego en Italia, en Alemania y en Europa y aunque sean habas contadas desde mediados de 2012 y números concretos desde junio de 2014. El problema es el bloque burocrático, que incluye a los políticos y su montaje mediático, que resisten a admitir que la realidad se ha puesto al bies, porque significa que su modelo de negocio, afortunadamente, se ha venido abajo.

Esto es algo que el joven Balón de Oro del negocio de los votos, Íñigo Errejón, sintetizó igual que Messi en un diálogo con el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, publicado en La Vanguardia a finales del mes de marzo de 2014: «Es más fácil imaginar la construcción de un país nuevo que reformar España».

Hace poco noté a mi padre preocupado cuando supo que pronto entregaría este original. Me llamó la atención sobre el hecho de que la Constitución de 1978 contiene el concepto de la nacionalidad, que está situado en el mismo borde que el discurso de proclamación de Felipe VI y, por lo tanto, eludiendo reconocer la plurinacionalidad del Estado, la norma lo hace; ese es el hilo conductor, me dijo. Él trabajó con datos como los míos hace cuarenta años, en un proceso de transformación tan profundo que cambió el orden institucional. Me recordó que cualquier evolución de las cosas que pudiera producirse (porque sabe que sucederá, aunque no tanto si llegará a vivirlo), aunque fuera incuestionable desde mi punto de vista electoral y de las mayorías, tendría que describir un proceso de transformación perfecto desde el orden de partida, o sería inviable. Me comprometió en un terreno que no es el mío, sin entender muy bien por qué. Me miró y, antes de que pudiera responder nada, me dijo: «Ya lo entenderás». No le pregunté, porque hay cosas que nunca contará; de hecho, si puedo escribir algo sobre esto, es porque abdicó su rey.

Escribí la primera y la segunda parte de este libro con todas las seguridades. La tercera contiene evidencias numéricas igualmente incontestables o, por decirlo de otra forma, el relato de lo que ha sucedido tiene las expresiones cuantitativas que he expuesto. Las estimaciones de los resultados son necesariamente aproximadas, en tanto que futuribles, pero es mi profesión; nada sencilla, porque la gente vota de verdad, y estabas en los números, o estabas en la inopia. Los aspectos relativos a cómo salir de la situación terminal en que se encuentra el orden de 1978 solo son las conclusiones de un especialista de la materia electoral, por lo que doy por supuesto que la tercera parte de este libro es tan discutible como indiscutibles las dos primeras.¹

JAIME MIQUEL,

11 de mayo de 2015

1 Ya se habrá dado cuenta de que esto no es un libro. Usted disimule que nos están mirando. Es el mejor informe estratégico que he escrito para el mejor cliente que existe, usted, el dueño de lo que es de todos.

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