JOSÉ NATANSON

La nueva izquierda

Triunfos y derrotas de los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia,Venezuela, Chile, Uruguay y Ecuador

Debate

A Juan, que cada día sabe hacer más cosas,

y a Gigi, que nos quiere

Introducción

¿Cuándo comenzó el ascenso de la izquierda?

El 9 de noviembre de 1989, exactamente a las 18:53, Günter Schabowski, portavoz del Politburó del Partido Socialista de Alemania del Este, anunció en una conferencia de prensa la decisión del gobierno de simplificar los trámites para viajar fuera del país. “Los viajes privados al extranjero se pueden autorizar sin la presentación de un justificante, motivo de viaje o lugar de residencia”, informó.

—¿Cuándo entrará en vigor? —le preguntaron los periodistas.

Schabowski dudó unos segundos, consultó sus notas y respondió:

—Inmediatamente.

La noticia generó una estampida de alemanes orientales al puesto de control de Bornholmer Strasse, que a las once de la noche quedó completamente desbordado por una marea humana que al cabo de unas horas, con picos y palas, derrumbaría para siempre el Muro de Berlín.

En aquel momento, la mayoría de los países sudamericanos recién daba sus primeros pasos en el camino de la recuperación democrática; en otros, el ciclo neoliberal apenas comenzaba. Sin embargo, fue la caída del Muro —y la posterior implosión del bloque soviético— la que creó la oportunidad para la llegada al poder, algunos años después, de una nueva izquierda. Y esto, que parece una paradoja, tiene una explicación bastante sencilla: desaparecido el riesgo de que los gobiernos sudamericanos fueran puestos por Moscú al servicio de su estrategia planetaria, Estados Unidos distrajo su atención de su tradicional patio trasero y se embarcó en aventuras guerreras lejanas. Se abrió así un vacío de influencia en Sudamérica, que habilitó un espacio de autonomía inédito y permitió un giro a la izquierda que en otro momento, en plena Guerra Fría, Washington hubiera bloqueado a través de la presión internacional o el golpe de Estado.

O quizás no.

Quizás todo comenzó el 4 de febrero de 1992, en Caracas, exactamente a las 10:30 de una radiante mañana de sol, cuando un militar corpulento y moreno, con la boina roja perfectamente terciada y un tono de voz firme y tranquilo, apareció ante las cámaras de televisión para instar a la rendición a sus compañeros golpistas. Hugo Chávez Frías afirmó que los objetivos militares que se habían propuesto no habían podido cumplirse, pero dijo “por ahora”, y dijo “asumo la responsabilidad”, y ello alcanzó para transformarlo instantáneamente en la nueva esperanza de Venezuela. En un minuto y doce segundos, apenas 169 palabras, Chávez generó una corriente de empatía con una sociedad angustiada por la crisis económica, y dio el primer paso por un camino que seis años después concluiría con su arrollador triunfo en las elecciones presidenciales y su coronación como el primer representante de la nueva izquierda en llegar al poder. Su victoria fue un precedente fundamental para el cambio de rumbo en varios países de la región, y su figura, tal vez la más potente y sin dudas la más polémica de todas las que se ocupa este libro, se ha convertido en uno de los ejes de la política sudamericana, un imán que atrae y repele, percibido por algunos como un ejemplo de redención social, y por otros como el desvío autoritario que es necesario esquivar, aunque son pocos quienes se atreven a objetar esta idea elemental: la llegada de Chávez al poder, el 6 de diciembre de 1998, marcó el inicio de un nuevo tiempo en la política sudamericana.

O quizás el comienzo no se sitúe en Caracas sino en Buenos Aires, varios años después.

El 19 de diciembre de 2001, exactamente a las 22:41 de una noche calurosa, el presidente Fernando de la Rúa calificó de “grupos enemigos del orden que quieren sembrar la discordia y la violencia” a los desesperados habitantes de las barriadas pobres de Buenos Aires que cuatro días atrás habían comenzado a saquear supermercados y almacenes. Apenas concluyó el mensaje presidencial, sorprendentes ruidos de metal comenzaron a escucharse en la ciudad: la clase media salía a las calles en ojotas y shorts, golpeando cacerolas, espumaderas y sartenes, en el inicio de un estallido de ira que se extendería por varios días y que concluiría con la caída del gobierno y el definitivo punto final al modelo económico neoliberal vigente desde hacía diez años. Los cacerolazos del 19 y 20 de diciembre generaron un fuerte impacto en la conciencia nacional y dejaron una marca que traspasaría fronteras. Si Argentina, el primer país latinoamericano en modernizarse, el que siempre había encabezado los rankings regionales de progreso, el que más tarde había construido un sólido y generoso Estado de bienestar y el que luego logró incorporarse ágilmente, sin esfuerzo aparente, al mundo globalizado, terminaba así, en llamas y saqueado, ¿qué quedaba para el resto? Las imágenes de los caceroleros y piqueteros en las calles de la más europea de las capitales latinoamericanas se extendieron por la región como una evidencia incontrastable de que las recetas del Consenso de Washington ya no funcionaban, y que había llegado el momento de cambiarlas.

Pero quizás no tenga tanto sentido buscar el momento exacto en que todo comenzó. Antes o después, en Berlín, Caracas o Buenos Aires, lo importante es que una transformación fundamental ha ocurrido, un giro histórico profundo que en algunos casos se manifiesta en un clima de cambio de época, y que en otros se revela en el desmoronamiento de aparentemente sólidos sistemas partidarios, el colapso de regímenes económicos supuestamente exitosos y una sensación de incertidumbre, tensión y angustia, que ha llevado a que cada vez más sociedades sudamericanas exploren nuevas alternativas políticas.

La evidencia es abrumadora.

Si en Sudamérica vivieran cien personas, ochenta lo harían hoy bajo gobiernos de izquierda.

Si Sudamérica tuviera cien kilómetros cuadrados de superficie, ochenta y uno pertenecerían a países gobernados por la izquierda.

Si el producto bruto sudamericano fuera de cien dólares, noventa serían gestionados por ministros de economía de gobiernos de izquierda.

Y así podríamos seguir: si en Sudamérica hubiera cien militares, sesenta y cinco tendrían como comandantes en jefe a presidentes de izquierda, si produjera cien barriles de petróleo, noventa estarían controlados por gobiernos de izquierda, si exportara cien dólares, ochenta y cinco serían enviados al exterior por gobiernos de izquierda...

El nuevo tiempo político que vive la región, que algunos califican de giro a la izquierda y que otros, menos precisos, definen simplemente como posneoliberal, no es un accidente histórico transitorio ni un fenómeno limitado a uno o dos países, como fue la Revolución Cubana en 1959, el triunfo de Salvador Allende en 1970 o la victoria sandinista en 1979. En relativamente poco tiempo, casi toda Sudamérica dejó atrás la etapa neoliberal y eligió a líderes y partidos políticos que proponían un camino distinto: la tesis en la que descansa este libro es que se trata de una tendencia profunda que recorre casi toda la región y que ya asoma tan clara como el ciclo autoritario de los 60 y 70, la recuperación democrática de los 80 y el neoliberalismo de los 90. Como dijo el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en su ceremonia de asunción, no se trata de una época de cambios, sino de un cambio de época.

Este libro es un intento por retratar este nuevo ciclo histórico desde cuatro ángulos complementarios. El primer capítulo rastrea los orígenes de los presidentes de izquierda, describe sus personalidades políticas y analiza los procesos que los llevaron al poder. Es, junto al capítulo económico, el único ordenado país por país, porque la idea es conectar a una persona con un proceso histórico determinado: ¿por qué las características de cierto liderazgo se ajustaban a las necesidades de cierta sociedad en determinado momento?

El segundo capítulo está dedicado a la integración regional y la disputa por el liderazgo sudamericano. Releyéndolo confirmo algo que ya sospechaba, pero que de todos modos no deja de llamarme la atención: el protagonismo estelar del presidente venezolano. Hay, creo, una cierta idea de Chávez en este libro, que no es la del malvado dictador comunista que propaga la oposición, pero tampoco esa cruza virtuosa de Bolívar y el Che Guevara que defienden sus seguidores. Se trata más bien de que con sus malos modales Chávez a menudo arruina sus mejores ideas, como si —ex golpista al fin y al cabo— siguiera conspirando, sólo que contra sí mismo: por más que uno reconozca los avances sociales o los logros educativos de su gobierno, debe ser bastante irritante estar mirando la televisión un mediodía cualquiera, como el del 17 de junio de 2001, y que el hombre interrumpa la programación para transmitir en cadena nacional la imagen casi estática de sí mismo manejando una máquina perforadora en un túnel de ferrocarril... durante una hora y media. Y claro, a nadie le gusta tener que esperar para ver el final de la telenovela a que su presidente termine de cantar una balada con una banda recién llegada de Valencia o tener que soportar el festejo, en vivo, de su quintuagésimo cumpleaños. Eso debe de ser bolivarianamente molesto.

Pero no nos desviemos. El tercer capítulo analiza las políticas económicas de los gobiernos de izquierda y el objetivo de avanzar en una reversión, o al menos una corrección estilizada, del neoliberalismo que señoreó la región durante los 90. ¿Constituye esto una nueva política económica o se trata simplemente de cambios cosméticos? La respuesta, difícil, guía el capítulo y ayuda a revelar las coincidencias y los contrastes, desde la moderación de Brasil, Uruguay y Chile, hasta los intentos más radicales de Bolivia, Ecuador y Venezuela, aunque incluso en estos países la continuidad se mezcla con el cambio: Evo Morales cedió a técnicos apartidarios el control de la economía y se enorgullece de haber conseguido el superávit fiscal más alto de la historia de su país, Rafael Correa decidió mantener la dolarización que tanto había criticado en el pasado y pocos recuerdan hoy que la primera decisión económica de Chávez como presidente fue ratificar en su cargo a la ministra de Economía del gobierno anterior. En todos los casos, sin embargo, es posible encontrar una línea común: la voluntad de apropiarse —a través de nacionalizaciones, creación de nuevos impuestos o reformas tributarias— de una mayor porción de la renta para ampliar la base financiera del Estado, fortalecer su rol interventor y extender las políticas sociales.

El cuarto capítulo, un análisis de la forma de ejercer el poder y la relación con las instituciones, se interna en el debate pantanoso que contrapone la virtud republicana con el populismo, y constituye un intento por derrumbar algunos mitos y desbaratar ciertos lugares comunes. Es en muchos sentidos el capítulo más sudamericano de todos, pues los rasgos históricos específicos y la idiosincrasia regional desempeñan aquí un papel clave, papel que a veces —esa es mi impresión— es incomprendido por los analistas primermundistas que se quejan de que Rafael Correa no lleva adelante un gobierno prolijamente socialdemócrata (como si fuera posible) o de que Venezuela no consolida un sistema de partidos coherente (como si dependiera de la voluntad de una persona). Necesariamente, el texto se desvía a los temas cruciales del personalismo, el militarismo y el nacionalismo, este último un recurso siempre a mano y que a menudo deriva en planteos insólitos: la última vez que visité Bolivia, seguí de cerca el debate impulsado por algunos convencionales constituyentes oficialistas que proponían quitar el laurel y el olivo del escudo patrio, con el argumento de que el primero es un símbolo del Imperio Romano y el segundo del Imperio Español, y reemplazarlos por hojas de coca, ante lo cual los representantes de la región de Santa Cruz de la Sierra reclamaron que también se incluyera el patujú, una flor que crece en la zona y que reúne el rojo, el amarillo y el verde de la bandera nacional; otro grupo postuló la kantuta, de los mismos colores pero típica del área andina, y algunos hasta pidieron por la palmera. Al final, ante el riesgo de convertir al escudo en una ensalada, lo dejaron como estaba.

El quinto capítulo enfoca los temas de la pobreza y la desigualdad males endémicos de las sociedades sudamericanas, y describe las estrategias adoptadas para enfrentarlos, desde el modelo desordenado y ambicioso de las misiones venezolanas hasta el amplio programa brasileño, el Bolsa Familia, que hoy llega a la asombrosa cifra de cuarenta y cuatro millones de personas. En el final del capítulo ensayo un balance provisorio que revela algunos avances significativos, aunque lo que todavía queda por hacer es tanto que cualquier paso adelante deja siempre un amargo sabor a poco. ¿Pueden las políticas sociales resolver estos problemas o es necesario pensar en una reformulación más amplia del modelo de desarrollo económico? La idea que se defiende aquí es simple: la lucha contra la pobreza y la desigualdad debería ser el parámetro con el que se mide el éxito o el fracaso de los gobiernos de la nueva izquierda.

Antes del último capítulo, un par de aclaraciones necesarias, de foco y de estilo. La idea de que el libro se centre en Sudamérica, en lugar de América Latina, responde a la sensación, cada vez más extendida, de que la región se ha dividido en dos, en una línea que imaginariamente podemos situar en el Canal de Panamá: los países ubicados al norte de esta frontera invisible se encuentran cada más vez integrados a Estados Unidos, forman parte de su segundo perímetro de defensa y se han articulado económicamente con Washington a través de tratados de libre comercio. Comparten ciertos temas y preocupaciones, como las migraciones, los efectos de la economía de maquila o las remesas, que resultan relativamente ajenos a sus vecinos del sur. La vieja frase que Porfirio Díaz pronunció para México, “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”, hoy se aplica también a Centroamérica y el Caribe.

Al sur del Canal, en Sudamérica, el panorama es distinto: los países enfrentan otros desafíos en otras circunstancias y alimentan otras expectativas bajo gobiernos de otro talante. Este libro se ocupa de todos los países sudamericanos, salvo cinco. Los dos primeros, Guyana y Surinam, fueron excluidos por obvios motivos culturales y lingüísticos. Colombia y Perú, en cambio, quedaron afuera por razones más complejas: sus presidentes llegaron al poder tras derrotar en elecciones limpias a candidatos que se reivindicaban como izquierdistas y sus decisiones políticas y económicas los han acercado a Estados Unidos, con el cual ambos han firmado acuerdos comerciales. El caso de Colombia es muy claro; el de Perú es más complejo, pero preferí no tratarlo para no complicar el análisis. El último país excluido es Paraguay, que quedó afuera por un motivo sencillo: aunque Fernando Lugo podría perfectamente ubicarse dentro del grupo de presidentes de izquierda, este libro se ocupa no sólo del origen, sino de la gestión y los resultados de cada gobierno, y aún es muy pronto para avanzar en un análisis del nuevo momento político que vive Paraguay.

El esquema, por supuesto, tiene sus puntos débiles: en un país centroamericano —Nicaragua— gobierna un presidente claramente identificado con la izquierda, mientras que en uno sudamericano —Chile— fue un líder socialista quien negoció y firmó un tratado de libre comercio con Washington. Cuba queda afuera por razones más evidentes: por más que la nomeklatura castrista afirme que el suyo es un país democrático, pero de partido único, me limito a analizar aquí las democracias liberales y representativas, que, simplificando apenas, son aquellas en las que se celebran elecciones competitivas y razonablemente limpias. Quedan entonces siete países —Argentina, Brasil, Uruguay, Chile,Venezuela, Bolivia y Ecuador— que conforman el núcleo de este libro.

La penúltima aclaración es de estilo. El lector no encontrará aquí una investigación académica en sentido estricto; carece del tono adecuado y del rigor (mortis) que suelen caracterizar a este tipo de textos. Tampoco es una crónica periodística ni un ensayo de opinión, aunque tiene elementos de todos estos géneros, pues partí de la idea de que la mejor forma de radiografiar el nuevo tiempo que vive la región es combinar el análisis político y económico con las entrevistas que realicé en una docena de países a algunos de los principales protagonistas de la actualidad sudamericana: embajadores, periodistas, funcionarios de organismos internacionales, intelectuales y políticos (entre ellos media docena de presidentes y ex presidentes), cuyos nombres figuran en una lista ubicada al final de este libro: Ricardo Lagos me contó en su elegante oficina de Santiago cómo influyó la experiencia del gobierno de Salvador Allende en la renovación del socialismo chileno; el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, me explicó en su departamento lleno de libros de La Paz por qué el suyo es un gobierno de los movimientos sociales; en una larga entrevista bajo un reloj de pie en su despacho de San Pablo, Fernando Henrique Cardoso aceptó interpretar los avatares de los nuevos gobiernos de izquierda en función de la teoría de la dependencia que él mismo contribuyó a crear cuarenta años atrás; Teodoro Petkoff, en una almuerzo en Caracas y en una noche de caipirinhas en Brasil, me ayudó a entender la esencia contradictoria y cambiante del proyecto de Hugo Chávez; en Buenos Aires, Néstor Kirchner trató de convencerme de que intentaría recuperar las raíces del primer peronismo, Eduardo Duhalde recordó los días difíciles de su gobierno y Chacho Álvarez me dio una visión precisa de los límites y posibilidades del Mercosur.

Las impresiones más personales que salpican cada capítulo fueron recogidas a lo largo de la veintena de viajes por América Latina que realicé en los últimos años, algunos para hacer entrevistas y otros para asistir a conferencias y seminarios como parte de mi trabajo como jefe de redacción de Nueva Sociedad. Mi objetivo al contar estas pequeñas escenas no es folklorizar los temas, sino ilustrarlos con imágenes y sensaciones que, a veces, resultan más útiles que los análisis sesudos y los cuadros llenos de datos. Confío en que el lector me perdone una licencia final: este libro fue escrito pensando en un público sudamericano, con la idea de que pueda ser leído —y comprendido— tanto por un argentino como por un chileno, por un venezolano o un uruguayo. No me quedó más remedio, entonces, que sobreaclarar algunas cosas y simplificar otras: ningún argentino necesita que yo le recuerde quién fue De la Rúa o qué era la convertibilidad, y ningún ecuatoriano ignora quién fue Jamil Mahuad o qué es la dolarización, pero lo mismo no puede afirmarse en sentido inverso. Espero que esto no conspire contra la comprensión de los temas y que contribuya al objetivo de ofrecer una visión sudamericana y, por lo tanto, inevitablemente panorámica de las cuestiones analizadas.

Finalmente, el último capítulo. El tono aquí es más teórico y abstracto, pues el objetivo es tratar de identificar los rasgos esenciales de los gobiernos analizados y responder a una pregunta fundamental. ¿Tiene sentido seguir hablando de izquierda? Creo que sí, si definimos como tal a aquella corriente política que prioriza ante todo la lucha por la igualdad social, lo cual implica a su vez una serie de definiciones sobre el rol del Estado y su intervención en la economía, frente a una derecha que concibe a las jerarquías sociales como algo natural y hasta positivo, sobre todo si son fruto del mérito y del esfuerzo individual. Se trata, con todo, de una izquierda distinta, flexible, pragmática y reformista, que busca avanzar lentamente en la construcción de sociedades más justas y que para ello asume formas institucionales muy distintas, que no es revolucionaria, aunque en algunos casos se proclame como tal, y que es bastante democrática, por más que a veces insista con el canto de sirena de la democracia participativa. En suma, una izquierda diferente de la del pasado, matizada y atenuada, pero no disminuida, pues es en esa novedad, donde reside buena parte de su paradójico encanto.

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Y un día llegaron al poder

El complejo religioso de San Francisco, en Quito, es el más grande y uno de los más hermosos de América Latina. Ocupa dos manzanas e incluye un convento, varias capillas secundarias y una imponente iglesia, la más antigua de la ciudad, que comenzó a construirse en 1534 y que, según cuenta la leyenda de la guía turística, sólo pudo concluirse gracias a las gestiones endemoniadas de Francisco Cantuña, un indígena de fortuna que habría cerrado un pacto con el Diablo: su alma a cambio de ayuda para construir la iglesia, que terminó de erigirse gracias a la asistencia de miles de demonios, aunque parece que, al final, Cantuña engañó a Satanás y esquivó el infierno, pues pidió examinar la obra antes de entregarse y descubrió que el trabajo estaba incompleto. Faltaba una piedra.

Le pregunto a un hombre que vende una revista cristiana de ocho páginas si conoce la leyenda. La conoce, por supuesto, pero cree que es un cuento. Está parado a un costado del hermoso pórtico tallado en piedra de San Francisco. El sol radiante contrasta con la penumbra del templo, donde se respira ese fresco especial, marmóreo, que distingue el interior de las grandes iglesias. Algunos rayos de sol se cuelan por los vitrales y le sacan destellos a las paredes de oro y a la famosa talla de Bernardo de Legarda, la Virgen Alada de Quito. El altar no se deja ver por las tareas de refacción y ha sido reemplazado por una réplica en una enorme tela de plástico. Es domingo al mediodía y el carácter de atractivo turístico de San Francisco ha cedido su lugar a su función original. El joven cura oficia misa y cientos de personas lo escuchan con atención, casi todos indígenas o mestizos llegados para el sermón antes del almuerzo. La iglesia desborda de niños que juegan, se revuelcan en el piso, se concentran de a tres o cuatro alrededor de un celular y alguno hasta amaga patear una pelota de goma. Mientras el cura narra lentamente, con dicción perfecta y sin un solo error de sintaxis, la parábola “El fariseo y el publicano”, los niños le sacan crujidos al viejo piso de madera y los adultos tratan de controlarlos sin levantar la voz. Algunos llevan grandes botellas de gaseosas y las mujeres parecen esmeradamente vestidas, como para una fiesta importante. Hay bastante circulación por los pasillos laterales: una madre que sale a amamantar a su bebé, un hombre que prefiere regañar a su hijo en el exterior y un policía que entra, se persigna y se queda unos minutos antes de volver a su puesto. Muchos se conocen y se saludan, y los pocos turistas se destacan como moscas en un vaso de leche. Un rato después, cuando la misa finaliza, se abren las puertas y todos salen a la luz del mediodía de la plaza San Francisco, con sus edificios coloniales, amarillos, ocres y blancos, balcones de rejas y una vista espectacular de las cúpulas de Quito. Los niños, liberados por fin, corren y juegan, los vendedores callejeros ofrecen comidas, helados, juguitos, pescado encebollado y la edición dominical de El Comercio.

Esa mañana sólo pude detectar dos signos casi imperceptibles de la dramática sucesión de protestas sociales, rebeliones populares y cuartelazos que conmovió la historia reciente de Ecuador: una frase anti-política del cura, que mencionó al pasar a los dirigentes que, como los fariseos, fingen cumplir la ley cuando en verdad la evitan, y afuera, en la fachada de la iglesia, una placa de la Asociación de Periodistas que recuerda “la rebelión de los forajidos” de abril de 2005. Ese día de misa, mañana de sol de octubre de 2007, Ecuador vivía su enésima crisis política, esta vez a raíz de la discusión acerca de las alcances de la Asamblea Constituyente promovida por Rafael Correa y su atribución o no de disolver el Congreso y los máximos tribunales judiciales y electorales. Sin embargo, a pesar del clima de incertidumbre institucional, todo lucía pacífico y ordenado en Quito, y era realmente difícil encajar las imágenes de las tranquilas familias en la misa dominical con la rebelión indígena que en enero de 2000 acabó con el gobierno neoliberal de Jamil Mahuad, o imaginar las calles del hermoso centro colonial copadas por las barricadas y las movilizaciones de la clase media forajida que dos años después se alzaría contra Lucio Gutiérrez. Difícil. O quizás, si se piensa bien, no tan difícil, o al menos tan difícil como conciliar la Buenos Aires de hoy, ciudad desbordante de consumo y turistas, con las llamas del estallido de diciembre de 2001, o imaginar a la Venezuela Saudita del petróleo infinito incendiada y saqueada luego del Caracazo de 1989.

Y es que ahora, al recorrer los escenarios de las protestas sociales que conmocionaron a la región en los últimos años —las calles coloniales de Quito, la plaza Murillo de La Paz, la plaza Altamira de Caracas, el centro de Buenos Aires—, uno tiene la sensación de que fueron episodios aislados, breves estallidos de ira que se encendieron y apagaron sin continuidad ni sentido. Pero no fue así. Las rebeliones y revueltas de los últimos tiempos han ido definiendo un cambio histórico ya perfectamente reconocible. Es cierto, por supuesto, que en algunos países, como en Brasil, Uruguay o Chile, el tránsito de una etapa a la otra fue más suave y gradual, menos sangriento y más consensuado, y también es verdad que en algunos casos la transición ha demorado varios años, a punto tal que a veces resulta difícil detectar la frontera entre ambos momentos. Pero eso no debería oscurecer la idea esencial: la etapa neoliberal ha quedado atrás y hoy asistimos a un tiempo político definitivamente distinto.

El giro a la izquierda fue una respuesta lógica, casi obvia, al cuadro económico y social heredado del período anterior, pero no debería ser visto como un movimiento coordinado, sino como un proceso accidentado y largo, que todavía no ha concluido y al que cada realidad nacional le ha impuesto sus tiempos, sus ritmos y su folklore. Los líderes y partidos de izquierda han llegado al gobierno como consecuencia del derrumbe del sistema político-económico, como resultado de un largo trabajo de construcción política o por un simple golpe de suerte. Este capítulo es un intento por comprender las condiciones que permitieron que en menos de diez años, y en países tan diferentes como Argentina y Ecuador,Venezuela y Uruguay, Bolivia y Chile, se produjera este esperado cambio de rumbo.

Y para ello parto de la idea de que para entender mejor qué ha hecho cada uno de los presidentes sudamericanos, qué estrategia económica siguió, cómo maneja las instituciones democráticas, cuál es su mirada sobre la integración regional y qué está haciendo para reducir la pobreza y la desigualdad —en definitiva, los grandes temas de este libro—, es necesario repasar primero las condiciones que propiciaron su ascenso. ¿Por qué Venezuela eligió a un militar de pasado golpista y discurso anti-statu quo, Argentina a un matrimonio político que proponía recuperar los valores del viejo peronismo, Ecuador a un economista joven que criticaba al FMI, Brasil a un ex obrero metalúrgico que no terminó el quinto grado, Uruguay a un oncólogo prestigioso que prometía un cambio sin sorpresas, Chile a un sobrio académico socialista y después a una mujer divorciada y torturada por la dictadura, y Bolivia a un indígena cocalero que busca recuperar el tiempo perdido tras cinco siglos de explotación colonial y neocolonial? En las páginas siguientes intento responder a estas preguntas, como un primer paso para entender lo que viene después.

CAMBIO DE ÉPOCA EN VENEZUELA

Empiezo por Venezuela, no sólo porque de los países de los que me ocupo aquí fue el primero en girar a la izquierda, sino porque su historia tiene algo especial, un rasgo particular que marca una diferencia crucial con casi toda América Latina y que en buena medida explica el carácter tumultuoso y radical del cambio iniciado por Hugo Chávez: durante cuatro milagrosas décadas, desde 1958 hasta 1998, Venezuela logró mantenerse al margen de los golpes militares, las rebeliones sociales y las aventuras populistas que asolaron a prácticamente todos los países latinoamericanos, transitando un camino propio de crecimiento económico, paz social y estabilidad democrática.

Durante toda esta etapa, los gigantescos ingresos provenientes del petróleo alimentaron la mejora sostenida de los indicadores sociales y le pusieron límites a la competencia política, que era pacífica, casi dulce. Al cabo de décadas de estabilidad y progreso, la Venezuela del Punto Fijo, como denominan los historiadores a este período, había logrado crear una orgullosa y creciente clase media que actuaba como un colchón de estabilidad capaz de diluir las divisiones de clase hasta casi hacerlas desaparecer. Y quizás fue por eso que, cuando las grietas comenzaron a notarse, los venezolanos no tuvieron a mano una dictadura militar a la cual responsabilizar, ni un caudillo extraviado o una invasión extranjera a la cual señalar como culpables, y apuntaron al esquema de democracia consensual vigente hasta el momento, que ante sus ojos aparecía como la principal causa del colapso económico, apelando como respuesta a un cambio abrupto de orientación política. En este sentido, la historia del ascenso de Chávez es la historia del fin, lento y denso, de la ilusión de prosperidad eterna de la Venezuela Saudita.

Porque ya a principios de los 80, la sensación de progreso sin límites no alcanzaba a esconder la realidad de una macroeconomía crecientemente desequilibrada por el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, la expansión del gasto fiscal y los vicios del rentismo y la mala administración. En 1983, el gobierno de Luis Herrera Campins decidió enfrentar los pagos explosivos de la deuda externa mediante una devaluación sorpresiva del bolívar. La medida desató una inflación que se convertiría en la principal maldición de la economía nacional y que intentaría ser controlada con diferentes planes de shock, cada uno más ortodoxo que el anterior, pero todos igualmente ineficaces.

Seis años después, en un contexto de crisis y desilusión generalizada, Carlos Andrés Pérez asumió el poder con la promesa de dejar de lado los ajustes y devolverle a Venezuela el brillo que había tenido durante su primera presidencia, quince años atrás. Pero sólo catorce días después de su asunción, Pérez anunció un paquete de medidas acordado con el FMI en la más pura lógica neoliberal: desregulación, apertura, recortes presupuestarios, el compromiso de no aumentar los salarios y privatizaciones, entre ellas las de la compañía telefónica, el sistema de puertos y una línea aérea, todo lo cual implicaba un giro de 180 grados con respecto a sus promesas de campaña. El paquetazo, como se conoció el anuncio, incluía, además, una medida impactante, que encendió la mecha de la rebelión y estuvo a punto de terminar prematuramente con el mandato de Pérez: un fuerte incremento del precio del combustible y de las tarifas del transporte público.

Temprano en la mañana del 27 de febrero de 1989, el mismo día que entraba en vigencia el aumento, los estudiantes del Instituto Universitario Politécnico Luis Caballero Mejías se sentaron en una calle para bloquear la salida de los ómnibus de la terminal Nuevo Circo. Cerca de allí, los caraqueños pobres de los barrios periféricos también se manifestaban en contra de las nuevas tarifas. No tardaron en aparecer las primeras barricadas, y poco a poco la protesta se fue generalizando y radicalizando, sin ninguna coordinación previa y sin que un solo sindicato, organización social o partido político saliera a apoyarla. Al mediodía ya había bloqueos, cierres de vías, vehículos incendiados y saqueos masivos en Caracas. Las cárceles de El Junquito y Las Flores fueron tomadas por los presos amotinados y sesenta enfermos mentales se escaparon del Hospicio de Catia. La furia social había comenzado en la capital, pero las noticias corrieron rápidamente y al día siguiente las protestas ya se habían extendido a todas las ciudades del país.

Como la Guerra de Malvinas con los argentinos, el Caracazo puso a los venezolanos ante la dramática evidencia de que el suyo era un país latinoamericano más, y que el paraíso en el que muchos creían vivir en realidad no existía. Confirmó, además, que los canales de representación institucional que habían funcionado durante las décadas anteriores estaban agotados. Y, junto a la angustiante sensación de final de fiesta, reveló las dificultades para contener a las masas enardecidas por parte de un gobierno que reaccionó tarde y de la peor manera. Recién el martes al mediodía, a más de un día del estallido, el ministro de Relaciones Interiores habló por televisión para anunciar que no permitiría la violencia... pero se desmayó en vivo, lo que naturalmente no ayudó a controlar las cosas. Más tarde, el presidente Pérez utilizó la cadena nacional para anunciar la suspensión de las garantías constitucionales y ordenó una represión brutal que, por primera vez en cuarenta años, enfrentó a las fuerzas militares con los manifestantes desarmados. El saldo fue de trescientos muertos (según datos oficiales) y entre mil y tres mil (según estimaciones oficiosas).

El Caracazo sensibilizó a Hugo Chávez y lo llevó a acelerar sus planes. Había nacido el 28 de julio de 1954, en una casa de piso de tierra de la pequeña ciudad de Sabaneta, en el Estado de Barinas, en lo más profundo de la llanura venezolana. Hijo de un humilde maestro de escuela, Chávez pasó una infancia pobre y feliz, cursando sus estudios en la única escuela pública de la zona y jugando al baseball. Fue su pasión por el baseball la que lo llevó a descartar los consejos familiares de inscribirse en la Universidad de Mérida para trasladarse a Caracas e ingresar al ejército, que contaba con buenos entrenadores y peloteros, y que en Venezuela es una institución abierta a los sectores populares y un vehículo habitual para el ascenso de las clases postergadas.

Los planes de convertirse en un beisbolista profesional y llegar a las grandes ligas fueron rápidamente abandonados. Chávez se sintió cómodo con la vida cuartelaria y con la brigada de paracaidistas a la que fue asignado. Vivía en Caracas, una ciudad moderna y cosmopolita que lo asustó al principio y lo fascinó después, y seguía estudiando, porque la suya fue la primera promoción militar que egresó con título universitario. Lector voraz aunque desordenado, en esos años comenzó a interesarse por la política, la historia y, sobre todo, por esa religión laica venezolana que es el culto a Simón Bolívar. Además de desarrollar su talento para el mando y el liderazgo, el ejército reforzó en Chávez el diagnóstico, que arrastraba de Barinas, de que las cosas no andaban bien en Venezuela, impresión que confirmó en 1977, poco después de egresar de la academia militar, cuando fue enviado a una misión a la frontera colombiana para controlar la actividad guerrillera.“¿Para qué estoy yo aquí? Por un lado, campesinos vestidos de militares torturaban a campesinos guerrilleros, y por el otro lado, campesinos guerrilleros mataban a campesinos vestidos de verde”, le contaría décadas más tarde a Gabriel García Márquez.

Poco después de aquella experiencia en la frontera, Chávez fundó su primera organización clandestina, que tenía más palabras en su título que miembros en su haber: sólo él y tres soldados para el Ejército de Liberación del Pueblo de Venezuela, semilla de lo que más tarde sería el Movimiento Revolucionario Bolivariano 200, un grupo de conspiradores liderado por Chávez que había jurado salvar a la patria bajo la sombra del Samán de Güere, el árbol bajo el cual, según cuenta la leyenda, se sentaba a descansar el mismísimo Bolívar. Fueron años oscuros de encuentros clandestinos, que el joven oficial dedicó a reclutar adeptos, articular sus planes con otros núcleos conspiradores e iniciar algunos contactos con las organizaciones civiles antisistema. Era, de día, un oficial ejemplar que ascendía pacientemente en la carrera militar, y de noche un conspirador astuto que buscaba socios, se reunía con otros militares rebeldes, trazaba planes.

Porque a esa altura Chávez ya creía que la democracia era una cáscara vacía y que la única forma de desenmascararla era a través de un golpe cívico-militar que convocara a una reforma constitucional y sentara las bases de un nuevo orden. No era sólo una cuestión económica. A la inflación y el bajo crecimiento se sumaban la descomposición de las instituciones políticas y la indignación social ante los vicios de un país acostumbrado desde hacía demasiado tiempo a vivir por encima de sus posibilidades, que se escandalizaba cuando la prensa revelaba los negocios de la amante del presidente, cuando salían a la luz los más variados episodios de corrupción o cuando incluso los actos de gobierno más convencionales se convertían en un problema público, como la asunción de Carlos Andrés Pérez, tan pomposa y cara que los venezolanos la llamaron “la coronación”.

En el fondo, lo que ocurría en Venezuela era simple: las instituciones políticas y las estructuras administrativas de la democracia del Punto Fijo eran incapaces de contener a una sociedad que se había modernizado y complejizado como resultado de los avances económicos y sociales alcanzados tras largas décadas de prosperidad. La clase política, asustada por el Caracazo, ensayó algunas maniobras de oxigenación, como las leyes que habilitaron la elección directa de gobernadores y alcaldes. Pero ya era tarde. Chávez y los suyos habían visto cómo el gobierno de Pérez ordenaba al ejército reprimir brutalmente a miles de personas hambrientas e indefensas y, decididos a cambiar esta situación, hicieron lo que los militares latinoamericanos venían haciendo desde hacía siglos cuando algo no les gustaba: un golpe de Estado.

En la noche del 4 de febrero de 1992, los golpistas dieron los primeros pasos para tomar el gobierno y capturar a Pérez, que debía ser detenido y encarcelado como paso previo a la difusión por televisión de un video en el que Chávez instaba al pueblo a unirse a la asonada. Pero pocas horas después el plan ya había comenzado a fallar. Los militares, tal como estaba previsto, lograron llegar a un canal de televisión, pero no pudieron transmitir el mensaje: el video estaba grabado en VHS y no sabían cómo pasarlo a U Matic. La toma del Palacio de Miraflores y la captura del presidente tampoco pudieron concretarse: mientras la televisión mostraba la imagen de un tanque intentando trepar torpemente por la escalinata para derribar la puerta principal de la casa de gobierno, Pérez escapaba por una salida lateral disfrazado de policía y llegaba a otro canal de televisión, donde a la 1:15 de la madrugada, nervioso y exaltado, informó que un levantamiento militar quería acabar con la democracia, pero que había fracasado.

Era cierto. Las tropas rebeldes no habían logrado controlar Caracas ni detener al presidente, y el pronóstico de que la sociedad saldría masivamente a las calles nunca se cumplió. Aislado, incapaz de reestablecer el contacto con sus compañeros de armas y sin dar crédito a lo que veía —Pérez en el lugar que debía ocupar él hablándole a los venezolanos—, Chávez decidió rendirse. ¿Por qué lo hizo?, le pregunté años después a Teodoro Petkoff, referente intelectual de la izquierda venezolana, candidato presidencial en dos oportunidades y hoy una de las principales figuras de la oposición y el crítico más lúcido del gobierno, un hombre que guarda siempre reservas de paciencia para explicar a sus amigos extranjeros las contradicciones y claroscuros del chavismo. “Chávez a veces confunde”, me respondió en el restaurante donde almorzábamos, un sitio de estilo francés en el centro de Caracas en el que suelen reunirse políticos, periodistas e intelectuales. “Lo que pasa es que él es muchas cosas a la vez. Es un militar, nadie podría negarlo. Es un nacionalista, un showman, pero, es sobre todo, un político. Piensa y actúa políticamente, mide costos y beneficios. En ese momento, con Caracas perdida, se dio cuenta de que no tenía otra alternativa que rendirse. Quizás así le quedara alguna chance. Los años demostrarían que no se equivocó.”

Chávez llamó al ministro de Defensa y aceptó la condición que le impuso: que hablara por televisión para convencer a los militares que seguían combatiendo en otras ciudades de que también se rindieran. Sospechosamente, el ministro desoyó los consejos de Pérez, que había ordenado grabar y editar el mensaje, y dejó al líder de los golpistas solo ante las cámaras. Y entonces Chávez improvisó el minuto y medio que cambiaría la historia de Venezuela:

“Primero que nada, quiero dar buenos días a todo el pueblo de Venezuela, y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el Regimiento de Paracaidistas de Aragua y en la Brigada Blindada de Valencia. Compañeros: lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros, acá en Caracas, no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra. Oigan al comandante Chávez, quien les lanza este mensaje para que, por favor, reflexionen y depongan las armas porque ya, en verdad, los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros: oigan este mensaje solidario. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias”.

Visto por millones de venezolanos, repetido hasta el cansancio en los días siguientes, el mensaje provocó un enorme impacto. En primer lugar, por la naturalidad y el desparpajo. Como anotaron sus biógrafos, ¿a quién, si no a Chávez, se le puede ocurrir, después de una noche sin dormir, con una derrota militar a cuestas y en el trance de conminar a sus compañeros a rendirse, comenzar con un saludo de “buenos días a todo el pueblo de Venezuela”? Después, dos ideas quedarían grabadas para siempre. La primera, “asumo la responsabilidad”, sonaba insólita en un país acostumbrado a los políticos avestruces que esquivan el deber en los momentos críticos; la segunda, el famoso “por ahora”, funcionaría como una luz de esperanza. Porque, aunque fue un rotundo fracaso militar, el golpe constituyó una gran victoria política: descubrió las debilidades del gobierno, reveló las contradicciones del sistema y confirmó el profundo malestar de un sector del ejército con la democracia realmente existente. Chávez había perdido la batalla, había tenido que rendirse ante las cámaras y tenía ante si un futuro incierto de cárcel, pero de un día para el otro se había convertido en la cara de la asonada y en una figura nacional. Ese día Hugo Chávez empezó a ser Hugo Chávez.

Menos de un año después del intento de golpe, el Congreso acusó a Carlos Andrés Pérez de corrupción y lo destituyó del cargo. Las elecciones de 1994 consagraron a Rafael Caldera, un veterano ex presidente que se había alejado del partido que él mismo había fundado hacía cuatro décadas para desplegar un discurso crítico y capitalizar el clima antipolítico imperante. A mitad de su mandato, sin embargo, Caldera sufrió las consecuencias de una crisis financiera largamente postergada, e intentó enfrentarla con un paquete de medidas no muy diferente del implementado por Pérez, que incluyó la reducción de las prestaciones sociales y el inicio de la apertura al capital privado de la industria petrolera. Un poco más de neoliberalismo, más prolijo pero con resultados similares.

Mientras, Chávez recorría el país en una camioneta Toyota Samurai junto a dos amigos, que se turnaban al volante y hacían cientos de kilómetros cada día buscando articular las células de conspiración militar en algo parecido a un partido político. Allí donde paraban dejaban caer un mensaje que de a poco se fue haciendo carne en una sociedad hastiada de crisis y corrupción: triunfar en las elecciones presidenciales de 1998 y convocar a una asamblea constituyente para refundar Venezuela. Chávez era, en el clima de desconfianza y depresión de aquellos años, el único candidato que lograba transmitir cierta idea de esperanza, en base a un discurso desbordante de anécdotas familiares y recuerdos de su infancia, que combinaba el humor, la pedagogía popular y una crítica feroz al statu quo. No sólo cuestionaba al neoliberalismo y apelaba directamente al pueblo, palabra abandonada por los partidos tradicionales, sino que incluso parecía el pueblo: por fin un candidato mestizo, alto y corpulento, identificable con las clases populares, nacido en un pequeño pueblo de los Llanos, que no dejaba pasar un minuto sin mencionar a Bolívar y que evocaba en la cultura popular las imágenes de los héroes indómitos de la gesta independentista.

La crisis era gravísima. A fines de 1997, poco antes de las elecciones más decisivas de la historia de Venezuela, la caída del precio del petróleo anuló cualquier esperanza de recuperación y terminó de confirmar la sensación de fracaso absoluto. La pobreza se había triplicado y golpeaba a casi dos tercios de la población, más de la mitad de los venezolanos trabajaba en el sector informal y los índices de desigualdad eran incontrastables: el 70% de los estudiantes no llegaba al noveno grado, en las zonas más pobres del país la tasa de mortalidad infantil era 2,5 veces más alta que en las más ricas y la esperanza de vida doce años menor. Los homicidios en Caracas se dispararon hasta convertir a la ciudad en una de las más peligrosas de América Latina.

Chávez surfeó sobre esa ola de descontento y tuvo la astucia de percibir que la polarización social podía convertirse en polarización política, que los ingresos petroleros ya no alcanzaban para cerrar las brechas y que Venezuela se estaba dividiendo en clases sociales: los sectores más castigados, los campesinos en quiebra, la clase media sumergida y, sobre todo, los excluidos urbanos parecían —por primera vez en cuatro décadas— listos para apoyar a un candidato antisistema que decretara el final de la democracia tal como la conocían e inaugurara un nuevo ciclo histórico sobre las cenizas del Punto Fijo. Los viejos partidos, aterrados, intentaron lo imposible: cambiaron la legislación electoral, llamaron a Chávez fascista, autoritario e ignorante y alertaron sobre el riesgo democrático que supondría el ascenso al poder de un ex golpista, sin reparar en que eran pocos los que conservaban algún aprecio por las instituciones existentes. La desesperación se convirtió en absurdo cuando propusieron como candidata presidencial a una ex Miss Mundo, a la que le quitaron el apoyo a último momento para respaldar a un gobernador outsider que se presentaba como la contracara prolija del comandante. Pero todo fue en vano. El 6 de diciembre de 1998, Chávez obtuvo el 56,44% de los votos y se convirtió en presidente.

ARGENTINA DESPUÉS DE LA CRISIS

Si el giro a la izquierda de Venezuela fue el resultado del derrumbe simultáneo del sistema económico y político, el que cinco años después se produciría en la Argentina fue consecuencia también de la crisis del neoliberalismo, pero sin que se produjera una transformación radical del orden institucional ni un reemplazo masivo de elites, sino más bien un sacudón enorme, que se procesó constitucionalmente y al cabo del cual el matrimonio Kirchner logró llegar al gobierno.

Todo comenzó en diciembre de 2001, cuando el modelo neoliberal voló por los aires. Desde mediados del siglo XX, Argentina había construido un amplio Estado de bienestar en base a una pujante economía que, apoyada en la indestructible riqueza del campo, había ido consolidando un sector industrial sustitutivo y una creciente clase media. El modelo de desarrollo hacia adentro se mantuvo en pie a lo largo de tres décadas, durante las que se alternaron, tambaleándose, gobiernos militares y democráticos, y al final de las cuales la situación ya era insostenible: a principios de los 70 el país amenazaba con desmoronarse, colapsado por las demandas de los sectores populares sindicalizados, las exigencias de una clase media cada vez más combativa y un clima político caldeado por los primeros golpes de las organizaciones guerrilleras de izquierda y la represión paragubernamental de derecha.

En 1973, cuando regresó a la Argentina después de dieciocho años de exilio, Juan Domingo Perón se encontró con esta situación inmanejable. Muchos jóvenes interpretaron su retorno como la continuación de una revolución social inconclusa, mientras que los poderosos sindicatos lo veían como la única posibilidad de restaurar el orden perdido. Astuto, pero ya viejo y cansado, Perón quiso imponer un gran pacto social que moderara la puja distributiva y sentara las bases de la estabilidad, pero fracasó al poco tiempo, jaqueado por la crisis económica derivada del alza de los precios del petróleo y herido por las balas cruzadas de una violencia política indetenible. Su muerte, un año después, abrió el camino para la llegada al poder de su esposa, a quien el líder había colocado en la fórmula presidencial para evitar definirse por alguna de las líneas internas de su amplio movimiento, y cuya breve gestión fue un desastre del principio al fin: la inflación se fue por las nubes, el desempleo aumentó velozmente y la Argentina se vio obligada a suspender la venta de carne a Europa. El 24 de marzo de 1976, los militares dieron el golpe e inauguraron una nueva época de terror y de muerte.

Los Kirchner habían compartido el entusiasmo inicial de aquellos años de revival peronista. Néstor había nacido el 15 de febrero de 1950 en Río Gallegos, la capital de Santa Cruz, una provincia helada y desierta del sur, en la que el viento del mar austral sopla siempre implacable. Hijo de un empleado público de cierta jerarquía y de una trabajadora de correo chilena, asistió a la escuela estatal y después, como muchos jóvenes patagónicos que quieren continuar sus estudios, viajó a La Plata, una ciudad universitaria cercana a Buenos Aires. Pero la facultad ocupaba un espacio pequeño en su vida, pues dos cosas mucho más importantes le ocurrieron en aquellos años. La primera fue el contacto con los círculos de militantes universitarios peronistas que se articulaban naturalmente con las organizaciones armadas, con las que Kirchner simpatizaba desde cierta distancia. La segunda fue conocer a Cristina Fernández, la hija consentida de una familia de clase media, que aparentemente tenía poco que ver con ese joven altísimo de pelo largo y anteojos de triple aumento: las fotos de la época conservan la imagen de una joven delgada y hermosa, que vestía ropas caras, había ido a un colegio religioso y que, para sorpresa de todos, aceptó casarse con el desarrapado santacruceño en una ceremonia al final de la cual se cantó —marca de época— la marcha peronista. Aquellos años de militancia resultarían claves para la formación política de los Kirchner y dejarían en ellos una huella que perdura hasta hoy, detectable no sólo en el desprecio a los militares y en la voluntad de hurgar en el pasado para investigar los crímenes de la dictadura, sino en algunos tics generacionales menos tangibles, pero que definen a fuego su estilo político: una sobreestimación de lo que es posible hacer en base a la mera voluntad política y una visión de la realidad en lógica permanente de amigo-enemigo.“Para Kirchner —asegura Walter Curia, autor de la biografía más completa sobre el presidente argentino— su generación es su patria.”

El país, mientras tanto, se hundía en la noche de la dictadura. Ya antes de llegar al poder, los militares habían elaborado un diagnóstico sencillo: la crónica inestabilidad política de la Argentina se debía a las políticas proteccionistas y distributivas y a la debilidad de los gobiernos democráticos que, sobrecargados de demandas, habían caído una y otra vez en la tentación del populismo. Para terminar con la subversión izquierdista y la demagogia peronista era necesario, entonces, poner fin a cuatro décadas de regulaciones, indisciplina fiscal e inflación, mediante la domesticación de los sindicatos y la reducción de las industrias ineficientes, todo esto bajo el pesado telón de una represión sangrienta que incluyó las violaciones más atroces a los derechos humanos.

Aunque al principio una parte significativa de la sociedad, harta de la inestabilidad de los años anteriores, había acompañado al gobierno, con los años este consenso se fue diluyendo. El ensayo neoliberal no logró contener la inflación ni recuperar el crecimiento, y generó una serie de desequilibrios que estallaron finalmente en 1979, cuando el incremento de la tasa de interés internacional detuvo el ingreso de capitales y produjo un aumento demencial de la deuda externa. Tras cinco años de autoritarismo, especulación financiera y desindustrialización, el panorama era oscuro: el PBI era 15% inferior al de antes del golpe, los salarios reales habían caído un 40% y la participación de los trabajadores en el PBI, que en sus mejores tiempos Perón se había enorgullecido de haber llevado al 50%, se había reducido al 34%. Para colmo, el gobierno militar tenía que lidiar con las denuncias de violaciones a los derechos humanos, los enfrentamientos internos y un tibio renacimiento de los partidos políticos y los sindicatos, compleja situación de la que intentó salir con la brillante idea de declararle la guerra a Gran Bretaña e invadir las Islas Malvinas.

Casados y con un hijo en camino, los Kirchner habían observado con horror cómo iban desapareciendo cada vez más compañeros y amigos. Vivían en una casa de La Plata que les prestaba el padre de Cristina, con un pequeño patio de baldosas al fondo, un tilo y paredes de ladrillos gastados, de la que decidieron huir un par de años después, cuando la represión se acercaba peligrosamente a su círculo íntimo. Como muchos otros argentinos, optaron por el exilio interno y viajaron a Santa Cruz, donde abrieron un estudio jurídico; aprovechando un decreto de la dictadura que facilitaba las ejecuciones hipotecarias, se dedicaron a los negocios inmobiliarios hasta amasar una pequeña fortuna.

En 1983, el regreso de la democracia inauguró una nueva etapa en la historia argentina. No se trataba ya de un retorno transitorio a la espera del siguiente golpe de Estado, sino de una verdadera refundación que cambiaría todos los aspectos de la vida política y que llegaría a los confines más recónditos del país. En Santa Cruz, muy lejos del centro del poder, Kirchner consiguió su primer cargo público cuando el gobernador, un veterano peronista que carecía de funcionarios idóneos para completar los puestos liberados por los militares, escuchó la sugerencia de un amigo y lo designó al frente del organismo encargado de administrar las jubilaciones provinciales, un cargo opaco pero al que Kirchner supo sacarle el brillo: aumentó los sueldos, abrió delegaciones en el interior de la provincia y encabezó personalmente cada inauguración, cada obra. Cuando los líderes del peronismo santacruceño, advertidos de que ese desconocido se estaba excediendo en sus funciones, intentaron frenarlo, ya era tarde. En 1987, Kirchner se presentó como candidato a intendente de Río Gallegos, la capital provincial, y ganó por 111 votos, una diferencia escasa que no le impediría liderar una administración prolija e hiperactiva, que asfaltó calles, construyó nuevas plazas y produjo algunos gestos novedosos: sacó a los empleados del municipio a baldear las veredas con el argumento de que estaban muy sucias, y enfrentó una huelga de recolectores de basura obligando a funcionarios y militantes a manejar los camiones durante una semana.

En 1989, mientras Kirchner se afirmaba en la intendencia, la democracia argentina se acercaba peligrosamente a un nuevo abismo, aunque esta vez no por la amenaza de un golpe militar, sino como consecuencia de una nueva crisis económica. El dólar se había disparado, la recesión superaba los pronósticos más pesimistas y los precios se descontrolaban hasta redondear un cuadro dramático de hiperinflación, esa muerte del dinero que genera una sensación de angustia indescriptible y que suele derivar en soluciones extremas. Y en la Argentina de 1989, la respuesta extrema fue un cambio rotundo de orientación económica en base a un programa neoliberal de reformas tan acelerado y radical que sólo se compara a los que poco después aplicarían algunos países de Europa del Este. El líder de este movimiento fue el peronista Carlos Menem, que se había impuesto en las elecciones presidenciales de 1989 con un confuso discurso populista y que, una vez en el gobierno, se dedicó a desarmar impiadosamente el modelo desarrollista construido por su mismo partido cincuenta años atrás: su objetivo era cerrar, esta vez con la fuerza de los votos, el círculo económico abierto por la dictadura.

Pero con una innovación. A las clásicas políticas de apertura, desregulación y privatizaciones, la versión argentina del neoliberalismo sumó la decisión de fijar por ley una paridad de uno a uno entre el peso y el dólar. La convertibilidad, viga maestra del plan económico, permitió detener en seco la inflación y relanzar el crecimiento, aunque la clave de su éxito encerraba la semilla de su destrucción: el cambio sobrevaluado generaba un desequilibrio persistente de las cuentas externas, que durante los primeros años se mitigó con el ingreso de capitales vía privatizaciones, pero que con el tiempo se fue haciendo insostenible. La rigidez del dispositivo, fundamental para explicar su éxito como ancla antiinflacionaria, era también su condena a muerte: la modificación del tipo de cambio, se decía, implicaría un colapso automático en una economía dolarizada y proclive a la inflación. Al final, el sistema estalló solo y el efecto fue mucho peor que si se hubiera buscado una salida ordenada en el momento oportuno.

Pero eso sucedería después. Unos años antes, en pleno auge del menemismo, Kirchner decidió pegar su segundo gran salto político. Reconocido por su buena gestión como intendente y convertido en uno de los dos o tres referentes del peronismo provincial, se presentó como candidato a gobernador en las elecciones de 1991 y, tras una victoria ajustada, llegó a la cumbre del poder de Santa Cruz, un territorio inmenso pero con sólo doscientos mil habitantes y enormes yacimientos de petróleo, gas y carbón. Aunque asumió la gobernación sin una estructura política propia y sin el apoyo de un solo intendente, logró mantenerse allí durante doce años, hasta su elección como presidente en mayo de 2003, por lo que conviene detenerse un momento en su gestión provincial, que encierra algunas claves de su estilo político. Su primera medida como gobernador fue sanear las cuentas públicas mediante un severo recorte de los gastos y un riguroso manejo de caja, para luego aceptar algunos incrementos salariales y, con el tiempo, desplegar un ambicioso plan de obras de infraestructura, todo esto con el inconfundible estilo de los caudillos del interior argentino: feudalmente, sin respetar los límites institucionales y concentrando el poder en sus manos. Amo y señor de su emirato, Kirchner designó a un puñado de amigos en el Tribunal Superior de Justicia y modificó la Constitución provincial en dos oportunidades, la primera para habilitar la reelección y la segunda para habilitar la reelección indefinida, al tiempo que construyó un consenso importante en la opinión pública local gracias su buen manejo económico y una tenacidad notable para pelear en Buenos Aires los intereses de su provincia.

Aunque años después la crítica al neoliberalismo de los 90 ocuparía un lugar central en su discurso, lo cierto es que al principio Kirchner acompañó con entusiasmo el giro hacia la ortodoxia económica emprendido por Menem. Fue especialmente notable su apoyo a la privatización de YPF, la empresa petrolera estatal, una de las decisiones más controvertidas de aquellos años, de la que Kirchner supo sacar ventaja mediante la negociación de una suma importante de dinero como compensación para su provincia. Con el tiempo, sin embargo, el respaldo inicial fue mutando en diferenciación, y Cristina fue la cara más visible de este cambio. Primero como legisladora provincial y después como senadora y diputada nacional, fue ganando protagonismo en un Congreso donde llamaba la atención esa mujer de discurso duro y réplica rápida, que cuestionaba al gobierno menemista y se llevaba mal con sus compañeros, quienes terminaron decretando su virtual expulsión de la bancada peronista. Con estos episodios, la senadora estaba logrando hacerse conocida en los círculos nacionales antes que su marido, como parte de una estrategia de complementación que define a los Kirchner como un verdadero matrimonio político y que se apoya también en algunos contrastes insoslayables: a diferencia de Néstor, que ama los rigores de la gestión pública por sobre cualquier otra cosa, Cristina ha cultivado desde siempre un perfil más legislativo, que incluye una mirada más atenta sobre el mundo y cierta fascinación snob por los intelectuales y los libros.

En 1999, tras una década de reinado casi absoluto, Menem dejó el poder, pero el esquema económico siguió en pie. La coalición que lo reemplazó unía al radicalismo, un partido de clase media nacido a principios de siglo, con el Frepaso, una formación de centroizquierda liderada por Carlos “Chacho” Álvarez que había crecido como contracara del menemismo. Poco tiempo después del cambio de gobierno, se hizo evidente que el presidente, el radical Fernando de la Rúa, no lograría cumplir su promesa de relanzar el crecimiento y mejorar el cuadro social sin romper la convertibilidad, que aún gozaba de un consenso importante, casi total, en la opinión pública. Los sucesivos ajustes implementados para evitar el colapso sólo contribuyeron a prolongar una recesión que ya llevaba tres años, mientras que la crisis política generada por la renuncia de Chacho Álvarez a la vicepresidencia terminó de debilitar al gobierno. En diciembre de 2001, cuando De la Rúa anunció la incautación de los depósitos bancarios, desató una furia de cacerolas que pocos días después acabaría con la convertibilidad (y con su presidencia).

Es difícil exagerar la gravedad de la situación de la Argentina tras el cacerolazo de diciembre de 2001: el dólar se disparó hasta arañar los cuatro pesos, los pagos de la deuda se suspendieron y la pobreza alcanzó niveles nunca vistos. Circulaban por el país una docena de monedas, bonos acuñados por las provincias quebradas para pagarles a sus empleados, en un clima social cargado, con piquetes por toda la ciudad, ahorristas indignados que rompían las vidrieras de los bancos y un humor antipolítico que hacía pensar en una salida extrema al estilo venezolano. Eduardo Duhalde, un ex gobernador peronista que llegó a la presidencia por decisión de la Asamblea Legislativa con el objetivo de estabilizar la situación, completar el mandato de De la Rúa y convocar a elecciones, recordó aquellos momentos críticos en una entrevista que le hice años después, a propósito de la publicación del libro que escribió sobre su presidencia, oportunamente titulado Memorias del infierno. “El día que asumí mi mujer me preguntó qué posibilidades teníamos de salir de la crisis”, recordó.

—¿Y qué le respondió?

—Que teníamos, como mucho, un diez por ciento. Pero salimos. Yo decía que íbamos a salir en cuatro meses y se cagaban de risa; yo decía que íbamos celebrar la salida de la recesión en poco tiempo y me miraban como si estuviera loco. Nadie me creía.

Increíblemente, Duhalde tenía razón. Tras unos primeros meses caóticos, su gobierno fue consolidando una estrategia astuta que privilegió el día a día y que poco a poco logró estabilizar la economía y construir las bases de un nuevo modelo. La devaluación, que llevó el dólar a tres pesos, permitió devolverle competitividad a la industria y fue clave para que el campo aprovechara los extraordinarios precios internacionales y expandiera sus exportaciones hasta batir récords. El tan temido retorno de la hiperinflación no se produjo: la recesión y el desempleo actuaron como barreras naturales, mientras que los impuestos a las exportaciones y la suspensión de los pagos de la deuda contribuyeron a equilibrar las cuentas públicas. En pocos meses, el peor momento había quedado atrás.

Pero había un problema. Las elecciones presidenciales de 2003 se acercaban y el peronismo no lograba definir un candidato. Kirchner, más para dar a conocer su figura que pensando en la posibilidad real de un triunfo, había lanzado su candidatura presidencial con un mensaje que apelaba a la unidad del peronismo no menemista. “Yo planteo la construcción de un frente nacional y popular para que el peronismo vuelva a retomar su alianza histórica, que vuelva a representar a los sectores que nunca debió dejar de representar”, me dijo en junio de 2002, cuando le pregunté por sus planes para las elecciones del año siguiente.

—¿Y eso cómo se logra?

—Lo que trato es de que de una vez por todas, con grandeza e inteligencia, pueda aparecer un gran polo nacional que sea la alternativa a esta idea de que los únicos que pueden gestionar bien son aquellos que tienen ideas conservadoras o neoliberales, que gestionan bien con muy poca gente adentro, destruyendo el aparato productivo. Se puede gobernar desde un frente nacional con seriedad y responsabilidad, y algunos lo estamos demostrando en la gestión.

—Parece una batalla perdida.

—Bueno, hay muchas batallas que sonaron perdidas y se lograron revertir. Yo lo que debo hacer es seguir.

Aunque Kirchner sonaba entusiasmado, su proyecto parecía inalcanzable. El protagonista del momento no era él, sino Menem, que había logrado rearticular detrás suyo a la derecha peronista y que conservaba, inamovible, la adhesión de un sector de la sociedad que recordaba los primeros buenos años de la convertibilidad, un porcentaje pequeño pero quizás suficiente en un escenario político muy fragmentado. La clave para derrotarlo era encontrar un candidato peronista capaz de superar la primera vuelta y llegar al ballottage, pues se descontaba que allí Menem sería aplastado. El gobierno de Duhalde, fortalecido por el despegue económico, tentó sin éxito a varios gobernadores; uno no quiso, otro generaba demasiada resistencia, hasta que finalmente, casi por descarte, ofreció su apoyo a Kirchner, quien venía trabajando en su postulación junto a Cristina y un pequeño grupo de dirigentes, sin aliados partidarios de peso no se trataba de que la población no lo apoyara, el problema era que eran pocos los que lo conocían. Esto comenzó a cambiar con el respaldo público de Duhalde, que puso al servicio de Kirchner el apoyo del gobierno nacional y del poderoso aparato político que controlaba y que convirtió al desconocido gobernador de Santa Cruz, prácticamente de un día para el otro, en la única esperanza de frenar a Menem. Era el empujón que necesitaba, no para convertirse en presidente, sino para disputar con chances las elecciones: ese día Néstor Kirchner comenzó a ser Néstor Kirchner.

Aunque llegaba a las elecciones en un contexto económico todavía frágil, con el país en default y el recuerdo del estallido fresco en la memoria, Kirchner podía exhibir el capital político de sus doce años de gestión provincial, algunos gestos de distancia con las políticas neoliberales —tardía, pero distancia al fin— y la buena sintonía con el gobierno, expresada en el anuncio de que mantendría en su cargo al exitoso ministro de Economía de Duhalde. Lo acompañaba siempre Cristina, cuya figura, bastante conocida en la capital, lo ayudó a ganar presencia en los medios y contribuyó a seducir a los votantes de clase media. En una breve campaña, Kirchner desplegó un discurso frontal, por momentos agresivo, que atacaba sin piedad a Menem y que hasta poco tiempo atrás hubiera lucido fuera de foco: hablaba de volver a los valores del peronismo tradicional, reconstruir un sector industrial capaz de sustituir importaciones, recuperar el espíritu de la generación de los 70. El 27 de abril de 2003, Kirchner y Menem pasaron a la segunda vuelta. Una semana después, cuando las primeras encuestas confirmaron que se acercaba una derrota abrumadora, Menem anunció su renuncia al ballottage. Y así, el 14 de mayo de 2003, Kirchner se convirtió en presidente.

ECUADOR, EL REINO DE LOS OUTSIDERS

Hasta mediados de los 90, Ecuador no se diferenciaba tanto del resto de los países de la región. Como todos, había atravesado etapas conservadoras, centristas, socialdemócratas y derechistas, y luego un neoliberalismo empresarial que aplicó las clásicas políticas de apertura, desregulación y privatizaciones. No es que le fuera muy bien, pero tampoco era para tanto. Desde 1997, sin embargo, el país inició un ciclo de fuerte inestabilidad política, infrecuente aun para las alteradas repúblicas latinoamericanas, que lo llevó a batir el récord regional de gobiernos cortos, con ocho jefes de Estado en menos de diez años, en un contexto de descomposición partidaria, caos económico y creciente deterioro social. El ascenso de Rafael Correa se produjo al final de este proceso y fue, como el de Chávez, el epílogo de un derrumbe largamente anunciado.

Todo comenzó en agosto de 1996, cuando los ecuatorianos eligieron al primer outsider de lo que con el tiempo sería una lista demasiado larga. Perteneciente a una influyente familia de la costa, ex atleta olímpico y ex alcalde de Guayaquil, el extravagante Abdalá Bucaram ganó las elecciones con un discurso mesiánico y antipolítico que conquistó el apoyo de los ciudadanos, decepcionados por la crisis económica y la incompetencia de los viejos partidos. Sus primeras medidas como presidente fueron: el anuncio de que grabaría un disco con el grupo Los Iracundos, la decisión de no mudarse al palacio presidencial con el argumento de que carecía de una cancha de fútbol, el intento de contratar a Diego Maradona por un millón de dólares y la invitación a Carlos Menem para que cantaran tangos a dúo en la VI Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile. Además, claro, de un paquete de medidas económicas que incluyó un severo ajuste fiscal y un incremento de tarifas y que, junto a una corrupción desaforada, fue generando una creciente indignación en las clases medias y en el poderoso movimiento indígena. El 5 de febrero de 1997 se realizó el primer paro cívico contra Bucaram. El 11, apenas seis meses después de su asunción, el Congreso apeló a una curiosa figura —“incapacidad mental”— y lo separó del cargo.

Los partidos políticos tradicionales, que aún dominaban el Parlamento, se pusieron de acuerdo y designaron a uno de los suyos en reemplazo del jefe de Estado depuesto. Partían de la idea de que el problema era la debilidad institucional del presidente y que para remediarla era necesario apurar una reforma constitucional que concentrara más poder en el Ejecutivo y debilitara las funciones del Congreso. Pero el efecto fue exactamente el opuesto: al crear un esquema de todo o nada, la nueva Constitución le quitó al Poder Legislativo casi todos sus resortes de poder y lo forzó a apelar a una sola herramienta —la destitución— cada vez que quiso imponerle al gobierno un cambio de rumbo, algo que sucedería con demasiada frecuencia en los años siguientes.

El 12 de julio de 1998, Jamil Mahuad, el prestigioso alcalde de Quito, se impuso en las elecciones presidenciales e instaló una sensación de vuelta a la normalidad, como si el gobierno de Bucaram hubiera sido apenas un paréntesis insólito dentro de un proceso previsible y controlado. Su gestión comenzó bien, con la firma definitiva de la paz con Perú, pero a los pocos meses ya sufría los primeros efectos de la crisis económica mundial. El crack asiático de 1997 frenó el flujo de capitales hacia los países en desarrollo y cortó las líneas de crédito internacional. El precio del petróleo, principal producto de exportación de Ecuador, perforó su piso histórico —ocho dólares el barril— y puso en jaque las cuentas públicas. Los efectos positivos de la primera ola de reformas neoliberales iniciada por Bucaram no habían sido muchos ni muy relevantes —apenas una pequeña diversificación de las exportaciones y un suave incremento de las inversiones extranjeras—, pero incluso ellos fueron barridos por la crisis. Desesperado, Mahuad intentó frenar la corrida contra el sucre y, tras declarar un largo feriado bancario, anunció la incautación de los depósitos. En enero de 2000, en una última maniobra extrema, anunció la dolarización de la economía.

En el tercer capítulo de este libro me ocupo en detalle de la decisión, pero ahora no quiero dejar de subrayar un ángulo de análisis que a menudo se pasa por alto y que me parece fundamental. Lo escuché de Alberto Acosta, un reconocido economista ecuatoriano que fue el principal asesor de Rafael Correa en la campaña presidencial de 2006, más tarde su ministro de Energía y finalmente el presidente de la Asamblea Constituyente. “Lo más notable de la dolarización no fue la decisión en sí, sino los motivos por los que fue adoptada”, me dijo Acosta en una pausa de un seminario sobre integración energética al que asistimos en Quito, en un hotel desde el cual se veían los picos nevados de la cordillera. “Lo impresionante es que, más allá de que a uno le guste o no, de que esté o no de acuerdo, se decidió de manera totalmente improvisada. Una medida de semejante peso, la más importante de la historia económica reciente, se adoptó de un día para el otro, sin hacer ningún estudio del impacto ni un análisis más o menos amplio de sus consecuencias. Fue resultado de la debilidad de un gobierno desesperado, y hasta hoy lo estamos pagando”, concluyó Acosta.

El 21 de enero de 2000, diez días después de que Mahuad anunciara la dolarización, las organizaciones indígenas marcharon por las calles de Quito reclamando un cambio en la política económica y la renuncia del presidente, y en su camino encontraron la solidaridad inesperada de un grupo de militares de rango medio que habían aceptado en silencio el giro neoliberal que desmontó parte del poder corporativo del Ejército y que vieron en el reclamo indígena la excusa perfecta para el golpe. El cuartelazo comenzó con el anuncio de la conformación de una Junta de Salvación Nacional, presidida por un coronel ignoto de apellido Gutiérrez, que se desactivó pocas horas después, antes de que cayera la tarde, ante el repudio de los partidos políticos y el previsible rechazo de la comunidad internacional. Acorralados, los militares cedieron su lugar al vicepresidente, quien convocó, una vez más, a elecciones nacionales, en las que, una vez más, un outsider de discurso antipolítico se perfiló como el favorito.

Era, claro, Lucio Gutiérrez, el líder de los golpistas, un militar de origen popular que encaró su campaña con promesas de renovación política y un discurso nacionalista, de un izquierdismo vago, que sedujo al movimiento indígena nucleado en Pachakutik y que fue la clave de su triunfo en los comicios del 24 de noviembre de 2002. Pero una vez en el poder, igual que sus antecesores, Gutiérrez se encontró con un cuadro más complicado de lo previsto, que hacía imposible cumplir con al menos una parte de las promesas que tan graciosamente había lanzado durante su campaña. La economía, aunque controlada por el impulso estabilizador de la dolarización, no lograba recuperarse, y el clima político seguía crispado. Prematuramente desgastado, Gutiérrez ensayó un cambio de rumbo mediante la firma de un acuerdo con el FMI y un acercamiento a Estados Unidos y Colombia. Como era de esperar, el movimiento indígena le retiró su respaldo, y Gutiérrez no tuvo mejor idea que buscar una alianza con Bucaram, que aún controlaba un importante bloque parlamentario y con quien negoció un definitivo golpe de timón: el 9 de diciembre de 2004, cuando los rumores de un inminente juicio político se habían convertido en un estruendo, Gutiérrez ordenó la salida de todos los integrantes de la Corte Suprema y designó en su lugar a un puñado de jueces amigos, entre ellos un ex colaborador de Bucaram, cuyo primer fallo fue... anular las denuncias de corrupción contra Bucaram, que volvió de su exilio en Panamá en una ceremonia triunfal transmitida en vivo por la televisión.

Las manifestaciones comenzaron en marzo, pero al principio pasaron desapercibidas. Nadie, y mucho menos Gutiérrez, imaginaba una nueva pueblada: la sensación era que la estabilidad económica y las divisiones del movimiento indígena desactivarían rápidamente cualquier estallido. Con el paso de los días, sin embargo, se hizo evidente que algo estaba pasando. El epicentro era Quito, donde miles de vecinos de clase media habían salido a las calles. En la noche del 13 de abril, Gutiérrez habló por televisión y calificó de “forajidos” a los protagonistas de las protestas. Poco después aparecían las primeras pintadas: “Somos todos forajidos”,“Viva la rebelión de los forajidos” y “Que se vayan todos”. Las marchas continuaron. El 15 de abril, Gutiérrez declaró el estado de emergencia en Quito y ordenó una represión policial. Ese mismo día, ante la evidencia de que la furia popular no cedería, firmó un decreto por el cual ordenó el cese de la Corte Suprema que él mismo había designado cuatro meses antes, una decisión que buscaba aplacar los ánimos, pero que fue leída como una nueva señal de autoritarismo. El 19, miles de ciudadanos se reunieron en el parque La Carolina y avanzaron hacia el Palacio de Gobierno. En la mañana del 20, las fuerzas de seguridad, desbordadas por los manifestantes, se negaron a desatar una represión masiva. El jefe de policía renunció a su cargo y el Ejército anunció que retiraba su apoyo a Gutiérrez. En la noche del 20, el Congreso lo desplazó apelando a una dudosa figura (“abandono del cargo”) y designó en su lugar al vicepresidente.

¿Qué se puede sacar en limpio de esta monótona sucesión de crisis? En primer lugar, el agotamiento de las políticas neoliberales que habían comenzado a aplicarse en los 90 y que estuvieron lejos de arrojar los resultados esperados. Y en paralelo, alimentando y alimentándose del deterioro económico, la descomposición del viejo sistema de partidos, dominado desde siempre por la tradicional oligarquía exportadora de la costa, muy golpeada por la crisis, y por las nuevas elites de la sierra, cuya última carta, el quiteño Mahuad, había fracasado del modo más estrepitoso. Incapaces de garantizar una mínima hegemonía, los antiguos partidos fueron reemplazados por fuerzas amorfas sustentadas en estructuras clientelares y formadas alrededor de líderes improvisados, lo cual explica que cada uno de los estallidos que se sucedieron en los últimos años haya tenido un grado cada vez menor de organización: Bucaram cayó tras una serie de marchas que contaron con el apoyo de las fuerzas políticas tradicionales, quienes impulsaron su remoción y lideraron la transición a un nuevo gobierno; Mahuad fue desplazado por un golpe indígena-militar que contaba con una conducción, que aunque era débil y vacilante de todos modos existía, por más que después no lograra construir un proyecto político; y Gutiérrez, finalmente, fue apartado del poder por el espontaneísmo puro de ciudadanos sueltos sin un reclamo político claro más allá del rechazo al perfil autoritario que había ido asumiendo su gobierno.

Durante este período de rupturas sucesivas, dos actores que hasta el momento habían permanecido al margen de la escena política fueron logrando un creciente protagonismo. El primero es el movimiento indígena, el sector más afectado por las políticas de ajuste y apertura que, aunque habían propiciado el despegue económico de unos pocos enclaves conectados al mercado internacional —petróleo, banano, frutas y camarón—, expusieron a una competencia feroz a la gran masa de pequeños productores campesinos y trabajadores informales. Como en Bolivia, las organizaciones indígenas ecuatorianas atravesaron un proceso de cohesión y politización que las llevó a liderar el golpe contra Mahuad y a coprotagonizar los primeros meses del gobierno de Gutiérrez, aunque sin construir un verdadero proyecto político nacional ni erigir un liderazgo como el de Evo Morales. Y a veces, en verdad unas pocas, confluyeron con el segundo gran actor de esta etapa, las clases medias urbanas de Quito, núcleo de la rebelión forajida.

Así, en este clima crispado, el 20 de abril de 2005 el vicepresidente Alfredo Palacio reemplazó a Gutiérrez al frente de una débil gestión de transición, encargada de timonear el barco hasta las próximas elecciones. Temeroso de un nuevo brote de ira social, Palacio designó un gabinete de tecnócratas y académicos apartidarios, entre los cuales sobresalía su joven ministro de Economía y Finanzas: Rafael Correa nacido el 6 de abril de 1963 en el humilde barrio de Pedro Carbo, en Guayaquil, en el seno de un hogar de clase media baja ultracatólico. Su infancia y su primera adolescencia transcurrieron en el Colegio Lasalle y en las actividades de fin de semana organizadas por los Boy Scouts, hasta que en 1982 consiguió una beca e ingresó a la conservadora Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, de la que egresaría cinco años después con el título de ingeniero. A diferencia de la mayoría de sus compañeros, que luego de terminar sus estudios se inclinaban naturalmente por los negocios, Correa viajó con un grupo de curas lasallistas a Zumbahua, un pequeño poblado indígena de Cotopaxi, no muy lejos del viejo volcán apagado de Quilotoa, a 3.600 metros de altura, para enseñar matemáticas en la precaria escuela local y colaborar en la construcción de un molino. Fue allí donde aprendió el quechua elemental que luego utilizaría en su campaña y donde se contagió el rascabonito, la forma más molesta de sarna.

De Zumbahua a Lovaina, Bélgica, donde realizó un primer curso de posgrado, y de allí a Illinois, donde obtuvo su doctorado, y luego una vida en Guayaquil, no muy diferente de la de tantos otros intelectuales ecuatorianos. Correa siguió dando clases y trabajando como consultor para diferentes organismos internacionales, cuestionando en seminarios y publicaciones académicas la evolución económica de su país. “El sofisma del libre comercio”, “Canje de deuda: todo en función de los acreedores” y ”Lo mismo de lo peor: la política económica del gobierno de Gutiérrez”. Con estos trabajos, y con sus cada vez más frecuentes intervenciones en los medios, Correa se fue haciendo un lugar dentro del campo, por cierto minoritario, de los economistas heterodoxos ecuatorianos, a punto tal que Palacio lo contrató como asesor cuando asumió la vicepresidencia y lo designó ministro de Economía apenas se convirtió en el nuevo jefe de Estado.

La gestión de Correa como ministro intentó un cambio de orientación económica que, sin buscar una ruptura total, de todos modos resultó una grata novedad. Incluyó, entre otras medidas, el congelamiento de las negociaciones de libre comercio con Estados Unidos, la idea más bien esotérica de crear un tribunal internacional que juzgue la legitimidad de la deuda externa y, lo más importante de todo, la eliminación de un fondo especial, financiado con los recursos de Petroecuador, destinado al pago de intereses de la deuda. Con estas decisiones, y con su imagen de joven dinámico e inteligente, Correa logró expresar la sensación de hastío que dominaba a buena parte de la sociedad y convertirse, casi sin esfuerzo, en una referencia política importante. Su hiperprotagonismo y sus cada vez más evidentes ambiciones presidenciales tensaron la relación con un Palacio políticamente muy débil, que finalmente decidió desplazar a su subordinado. El 4 de agosto de 2005 tras una ríspida discusión con el presidente a raíz de un préstamo del Banco Mundial, el ministro dejó el gobierno. Ese día Rafael Correa comenzó a ser Rafael Correa.

La campaña electoral de 2006 se acercaba y Correa ya figuraba como uno de los favoritos. Su programa recogía hábilmente una serie de temas que las movilizaciones sociales de los últimos años habían ido introduciendo en la agenda pública y que, hasta el momento, ningún candidato se había animado a reivindicar: el entierro definitivo del tratado de libre comercio con Estados Unidos, la rescisión del contrato con la compañía norteamericana Occidental Petroleum y la anulación de la prórroga del acuerdo con Washington por la Base de Manta, un enclave militar estadounidense en Ecuador, fundamental para el Plan Colombia. Correa ofreció algunos gestos tranquilizadores, el más importante de los cuales fue el anuncio de que mantendría la dolarización en caso de ser elegido presidente, y los combinó con una retórica antineoliberal con algunos toques de antiimperialismo a lo Chávez. Su propaganda televisiva prometía acabar con “la dictadura de las mafias que se hacen llamar partidos políticos”, y sus actos se cerraban con el candidato agitando un cinturón mientras sus adherentes gritaban “¡Dale Correa!”. Su decisión más audaz fue el anuncio de que no presentaría candidatos legislativos, pues su primera medida como presidente sería convocar a una Asamblea Constituyente para refundar el país. El 15 de octubre de 2006, Correa obtuvo un 23% de los votos, un porcentaje inferior al esperado, pero suficiente para pasar a la segunda vuelta. El 26 de noviembre, con casi el 57%, se convirtió en presidente.

LA PACIENCIA DE LULA

La historia del ascenso al poder de Chávez, Kirchner y Correa es una historia accidentada, sacudida por puebladas, golpes militares, represiones sangrientas y resultados electorales inesperados. Es la historia de la descomposición de regímenes económicos y políticos y de la búsqueda desesperada de alternativas para superarlos. En contraste, los triunfos de Lula, en Brasil, de Tabaré Vázquez, en Uruguay, y de Ricardo Lagos, en Chile, fueron resultado de construcciones partidarias pacientes, del crecimiento de liderazgos que maduraron hasta encontrar el tono justo y del aprendizaje político derivado de la experiencia de gestión y la responsabilidad cotidiana en el manejo de los asuntos públicos. Pese a sus enormes diferencias, en los tres países la izquierda tuvo que recorrer un largo y sinuoso camino antes de ascender a la cúspide del poder.

La carrera política de Lula se inició a fines de los 70, cuando la sociedad brasileña, harta ya de la dictadura, comenzó a gestar un movimiento amplio de rechazo al régimen militar y a las políticas económicas que se venían aplicando hasta el momento. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Brasil había atravesado un proceso de modernización vertiginosa, el famoso milagro brasileño, bajo el liderazgo de un Estado fuerte, intervencionista y centralizado, heredero del poder concentrado del Imperio y del empuje de la gigantesca estructura burocrática creada por Getulio Vargas. Los militares, que habían tomado el poder en 1964, fueron lo suficientemente astutos como para no modificar la esencia de este esquema desarrollista, el más exitoso de América Latina, y lo suficientemente lúcidos como para habilitar al mismo tiempo cierto juego político: el Congreso permaneció abierto, de vez en cuando se celebraban elecciones semi-competitivas y hasta se admitió una oposición controlada.

Pero después de quince años, el cocktail de desarrollismo económico y autoritarismo político parecía agotado. El súbito incremento de los precios del petróleo de mediados de los 70 generó una crisis económica profunda en un país que importaba buena parte de la energía que consumía. Y lo curioso es que eran las fuerzas modernizadoras desencadenadas por el mismo modelo de desarrollo las culpables de que este malestar económico se haya ido convirtiendo, poco a poco, en algo parecido a un clamor de cambio político profundo: la urbanización acelerada había creado una sociedad civil consciente y activa, impensable en un país acostumbrado desde la colonia al abismo social entre ricos y pobres; el fortalecimiento del Estado y la expansión de una economía de servicios habían dado forma a una clase media cada vez más presente en las calles y en los medios de comunicación; y la vertiginosa industrialización había transformado a los campesinos sumisos y obedientes del Brasil medieval en obreros combativos que se organizaban en sindicatos, planeaban huelgas, reclamaban la democracia.

Luiz Inácio Lula da Silva era uno de ellos. Había nacido el 27 de octubre de 1945 en Vargem Comprida, un pueblito del interior más miserable de Pernambuco, un estado desolado del Nordeste brasileño, eternamente castigado por la sequía y el hambre. Séptimo hijo de dos labradores analfabetos, con cuatro hermanos muertos poco después de nacer, Lula pasó los primeros años de su infancia cazando cuises y palomas con una honda para que su madre, Doña Lindu, tuviera un poco de carne para agregar al invariable guiso de mandioca y porotos que constituía la cena familiar. Tan pobre era Lula, que probó el arroz recién a los dos años y se sacó su primera foto a los tres, cuando lo retrató un fotógrafo itinerante que recorría el Sertao: el futuro presidente viste los zapatos y el saco prestados por el fotógrafo.

En 1952, cuando Lula tenía siete años, su madre vendió lo poco que tenía —un reloj, un burro, unas figuras de santos y algo de ropa— y emprendió con sus hijos la odisea a San Pablo. Viajaron sentados en la carrocería de un camión de entreguerras, durante trece días con sus noches, y se instalaron en Vila Carioca, un barrio de calles de tierra cercano a Heliópolis, la mayor favela de la ciudad, en una casa compuesta por una sala, un dormitorio y una cocina pequeña, ubicada detrás de un bar, cuyo baño compartían con los borrachos. Lula trabajó como lustrabotas, repartidor de una tintorería y vendedor ambulante de naranjas, maní y tapioca. Los domingos iba al cine con un traje prestado y durante la semana asistía a la escuela, aunque la necesidad económica pudo más y tuvo que dejar en quinto grado, lo que le creó una dificultad para leer que hasta hoy lo avergüenza.“Mi madre logró, en un momento de miseria, criar a cinco hijos que se transformaron en hombres pobres pero honrados, y tres mujeres que no tuvieron que prostituirse. Creo que es algo fantástico”, diría después el presidente.

A los catorce años Lula ingresó a una fábrica de tornillos y dos años más tarde, empujado por la incansable Doña Lindu, siguió un curso de tornero mecánico que le permitió acceder a un puesto de operario en una gigantesca planta industrial especializada en remaches de carrocerías de autos. Al principio no quería saber nada con el sindicalismo, se conformaba con ser un buen empleado que todos los días llegaba a su casa con su overol orgullosamente manchado de grasa. Al poco tiempo, sin embargo, su hermano lo convenció de anotarse como suplente en la lista del sindicato de Sao Bernardo do Campo y Diadema, uno de los baluartes de los metalúrgicos paulistas. Tras las elecciones, Lula fue designado al frente de la secretaría de previsión social, un área de poca relevancia pero que le permitió hacerse un nombre en la complicada interna sindical. En 1975, por un descuido del líder histórico de los metalúrgicos, que pensó que cediéndole el poder se garantizaba un delegado obediente, Lula fue elegido presidente del sindicato, que para ese entonces ya nucleaba a cien mil trabajadores.

La crisis económica se agravaba. El gobierno, que aunque había conducido al país por la senda del progreso económico no dejaba de ser, después de todo, un régimen militar, tuvo la brillante idea de enfrentar el malestar social con una ley que prohibía las huelgas, que Lula desafió convocando a la asamblea sindical más grande de la historia de Brasil, una jugada notable en un país que ama los gestos grandilocuentes y vive pendiente de los récords. El 14 de marzo de 1979, ochenta mil metalúrgicos se reunieron en un estadio de fútbol para escuchar al operario bajo y barbudo que, desbordado por la convocatoria, tuvo que recurrir a un megáfono para hablarle a la gente, que luego iba repitiendo cada frase a los compañeros que estaban atrás, como en olas al revés. Al día siguiente, ciento setenta mil trabajadores iniciaron una huelga que concluyó con un incremento de salarios y que se repetiría al año siguiente, el 1º de abril de 1980, cuando comenzó un nuevo paro masivo que se extendió por cuarenta y un días, durante los cuales el sindicato fue intervenido y Lula detenido por la policía política de la dictadura, que lo encerró en un calabozo del que saldría un mes después, convertido en el sindicalista que había enfrentado al gobierno, había desnudado el fondo represivo que los militares ocultaban tras el ropaje de modernización económica y había expuesto las debilidades más evidentes del régimen. Ese día Lula da Silva empezó a ser Lula da Silva.

Las huelgas de 1979 y 1980 marcaron el inicio de lo que luego se conocería como el nuevo sindicalismo brasileño. Independiente del Estado y de las empresas, liderado por las comisiones internas de las fábricas y organizado de manera democrática y abierta, era muy diferente del sindicalismo verticalista y corporativo, férreamente controlado por el gobierno, heredado de la era Vargas. El nuevo sindicalismo mantenía una saludable distancia con la izquierda tradicional, se movía pragmáticamente y buscaba articular sus reclamos en un amplio frente antidictadura. Y muy pronto se convirtió en la base de un nuevo partido, idea que surgió de manera natural en 1979, cuando Lula viajó a Brasilia en busca de apoyo político y descubrió que, de los 482 diputados del Congreso, sólo dos eran de origen obrero. El 10 de febrero de 1980, en el salón de actos de un colegio católico de San Pablo, se fundó el Partido de los Trabajadores. Lo dominaban los sindicalistas, que ocuparon doce de los dieciséis cargos de la comisión directiva, a quienes se sumaron otras corrientes: grupos de intelectuales de clase media, ex militantes de partidos de izquierda, organizaciones sociales, como el Movimiento Sin Tierra, y las comunidades cristianas de base. Formado un poco al estilo de los partidos laboristas europeos de los 50, el PT descartó el marxismo ortodoxo como base de su accionar político y abrazó un socialismo difuso, que le permitiría irse reconvirtiendo con los años en una opción cada vez menos clasista y cada vez más amplia y moderada.

El 15 de enero de 1985 se realizaron las primeras elecciones presidenciales desde el golpe del 64. Triunfó Tancredo Neves, pero murió días antes de asumir el poder y dejó el lugar a su vicepresidente, José Sarney, un ex aliado de los militares de escasa legitimidad pública y una bien ganada fama de caudillo, que apenas asumió lanzó el Plan Cruzado, el primero de la serie de paquetes de shock heterodoxos que se aplicarían en los años siguientes con el objetivo de controlar la inflación sin afectar el crecimiento, y cuyos resultados serían siempre iguales, siempre decepcionantes: un éxito instantáneo que traería cierto alivio y, poco después, el resurgimiento de la crisis y el caos. Así, estancado y con tasas de inflación que llegaban al cien por cien, Brasil fue dejando atrás el recuerdo de los años dorados del milagro y se arrastró penosamente hasta la segunda elección presidencial.

Las encuestas pronosticaban un duelo mano a mano entre Lula y Fernando Collor de Melo, el hijo malcriado de una familia rica del Nordeste, petulante y terco, dueño de un discurso neoliberal que responsabilizaba de todos los males imaginables a los marajás, los funcionarios que cobraban altos salarios, mientras la televisión lo mostraba nadando entre las olas o haciendo jet ski. Impulsado por un poder económico que lo veía como el único capaz de frenar el crecimiento imparable del PT, Collor emprendió una campaña de demolición que contó con el apoyo de los grandes medios: la Red Globo, por ejemplo, llegó al extremo de editar el debate presidencial con los mejores momentos de Collor y las peores intervenciones de Lula. Los recursos más sucios de la política complementaron la estrategia: una ex amante de Lula que lo acusaba de haberla forzado a abortar, propaganda en televisión que se preguntaba si Brasil podía ser gobernado por un analfabeto y hasta las imágenes de un empresario que, tras pasar varios días secuestrado, fue mágicamente liberado por unos maleantes... vestidos con camisetas del PT. La ofensiva dio resultado y Lula perdió en la segunda vuelta.

En 1995, cuando asumió el gobierno, Collor quiso aplicar su programa neoliberal sin buscar respaldos políticos, ni articular alianzas estables ni negociar con el Congreso, sustentado sólo en su soberbia y en los consejos de un grupo de tecnócratas, pero al poco tiempo el fracaso económico ya era evidente. Entre rebrotes de inflación y la enésima crisis financiera, la difusión de una serie de escándalos de corrupción desató un movimiento de protesta ciudadano que, finalmente, obligó al presidente a presentar su renuncia. Fue reemplazado por su vicepresidente, Itamar Franco, que anduvo a los tumbos hasta que, en marzo de 1994, dio con el hombre indicado en el momento justo: Fernando Henrique Cardoso, primero designado canciller y después ministro de Hacienda, era uno de los sociólogos más prestigiosos de Brasil, coautor de “la teoría de la dependencia”, uno de los pocos planteos de teoría económica realmente originales creados en América Latina, y fundador de un partido de centro democrático que había compartido con el PT la lucha contra la dictadura. Desde un principio, Cardoso entendió que había que dejar de lado los congelamientos de precios y los shocks sorpresivos y desarrollar un programa de largo aliento que desarmara el esquema desarrollista vigente desde los 50 y reconfigurara la estructura económica brasileña en base a un diseño completamente nuevo, al que llamó Plan Real: una nueva moneda atada al dólar como ancla antiinflacionaria y una serie de reformas estructurales hicieron que, por fin, la inflación desapareciera del horizonte.

Cuando lo entrevisté en San Pablo, Cardoso insistió en que el objetivo principal de su gobierno no fue el ajuste neoliberal ni el achicamiento del Estado, sino la modernización de Brasil y su inserción en la globalización. Me recibió una tarde de invierno en su oficina ubicada en un edificio situado en medio de un caos de autopistas superpuestas, torres de cuarenta pisos y líneas de ómnibus y metro. En el silencio de un despacho amplio, decorado con relojes antiguos, jarrones orientales y pinturas modernas, Cardoso me explicó que, por ejemplo, Brasil es el único país de la región con un sistema financiero verdaderamente propio. “Durante mi gobierno abrimos el sistema financiero y entraron muchos bancos extranjeros, pero cuando se ve la nómina de los bancos, se comprueba que la mitad de los depósitos está en manos de entidades estatales. El banco más grande es el Banco de Brasil, el segundo es la Caja de Ahorro, también estatal. Y los que siguen, aunque privados, son brasileños, como Itaú.”

—¿No se privatizaron bancos durante su gobierno?

—Sí, pero los de los estados. Los grandes bancos nacionales no. Lo que sí hicimos fue hacerlos funcionar como verdaderas corporaciones. En Brasil, muchas empresas estatales tuvieron desde siempre accionistas privados, incluso Petrobras, desde Vargas. Nosotros privatizamos algunas compañías, como Vale do Rio Doce, hoy una de las empresas mineras más grandes del mundo. Pero lo central es que aquellas empresas que no privatizamos fueron transformadas en una corporación. Es el caso de Petrobras: tiene un CEO, cotiza en la Bolsa de Nueva York y funciona transparentemente. El Banco de Brasil estaba copado por los partidos políticos e hicimos un esfuerzo por desburocratizarlo, y gracias a eso mejoró mucho. Nuestro objetivo era modernizar, eficientizar, mejorar estas empresas, no venderlas. Eso marca una diferencia importante, por ejemplo, con Argentina.

Mientras Cardoso emprendía su programa de reformas, el PT seguía creciendo: había confirmado su fuerza en las calles liderando los actos públicos contra Collor y había comenzado a ofrecer claras muestras de que era capaz de gestionar con eficiencia ciudades importantes como Porto Alegre, pero todavía le faltaba mucho para convencer a los brasileños de que podía manejar el gobierno nacional. Amparado en su prestigio de intelectual, su buen manejo mediático y, sobre todo, los éxitos económicos del Plan Real, Cardoso derrotó a Lula en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 1994. Fortalecido, el presidente articuló una amplia coalición de partidos que le permitió apurar una reforma constitucional para habilitar su reelección, que obtuvo sin muchos problemas en 1998, cuando volvió a vencer a Lula. Su segundo mandato, sin embargo, fue mucho más complicado que el primero. Las crisis de Asia, primero, y la de Rusia, después, produjeron un fuerte impacto en una economía altamente dependiente de los capitales externos y lo obligaron a levantar el ancla que ataba el real al dólar, lo que generó una devaluación apenas controlada. Las reformas neoliberales, aunque habían producido una modernización económica acelerada, no habían logrado impulsar el crecimiento, que después del empujón inicial fue muy volátil y notablemente inferior al de las décadas de los 50 y 60. Y, pese a los avances en algunos indicadores sociales, lo cierto es que tras casi diez años de neoliberalismo los problemas estructurales seguían sin solución: Brasil era, al final del segundo mandato de Cardoso, un país injusto y desigual, con un sector de economía informal gigantesco y niveles de violencia urbana nunca vistos.

La situación fue empeorando a medida que se extinguía el mandato de Cardoso y se acercaban las elecciones presidenciales de 2002. El dólar se disparó hasta alcanzar los cuatro reales, el riesgo financiero aumentó y la sensación de incertidumbre se fue extendiendo. Se consolidaba, sombrío, el pronóstico de un colapso financiero al estilo argentino, alentado en parte por los desequilibrios económicos acumulados, y en parte por el temor que generaba un posible triunfo de Lula. “Hubo una campaña muy fuerte para sembrar terror”, me dijo Marco Aurelio García cuando le pedí que recordara los momentos previos a los comicios de 2002. Viejo amigo de Lula y su principal asesor en temas de política internacional, Marco Aurelio fue el responsable de diseñar el plan de gobierno del PT y ocupó durante un tiempo la presidencia del partido. Conversé con él después de un seminario sobre campañas electorales en una de sus habituales visitas a Buenos Aires. “En ese momento —recordó— toda la oposición, muchos sectores de derecha y algunos medios de comunicación jugaron con la idea de que, si ganábamos, se instalaría una doble inestabilidad: política, como en Venezuela, y económica, como en Argentina.”

—Algunos piensan que incluso ustedes creyeron en esa posibilidad y que por eso optaron por un mensaje moderado.

—Nosotros no creíamos que fuera a pasar eso, pero sí una parte importante de la sociedad, sin la cual no podíamos ganar las elecciones. Además, teníamos a los principales medios en contra, el establishment económico, parte de la comunidad internacional.

Parece entonces natural que Lula tomara nota de este clima convulsionado y confirmara un diagnóstico que venía rumiando desde hacía tiempo: para evitar que la presidencia se le escapara nuevamente de las manos, era necesario construir una opción definitivamente moderada. El giro petista, tan criticado por cierta izquierda distraída, no fue un simple intento de adaptación oportunista, sino el resultado de un largo proceso de aprendizaje político, consecuencia de tres derrotas electorales sucesivas y de la experiencia acumulada en la gestión de grandes ciudades, entre ellas San Pablo, la megalópolis infernal que desde hacía dos años gobernaba Marta Suplicy. En este sentido, el ascenso de Lula fue resultado del complejo estado de ánimo de una sociedad que ya comenzaba a desencantarse del neoliberalismo, pero que no estaba dispuesta a tirar por la borda los avances de modernización y estabilidad que tanto esfuerzo habían costado. En suma, una consecuencia tanto de los fracasos como de los éxitos de Cardoso.

El objetivo de la campaña era, por lo tanto, reflejar este balance, y fortalecer al PT como una alternativa programáticamente confiable, políticamente sólida e ideológicamente difusa, capaz de romper el voto anti-Lula que en el pasado siempre había impedido el triunfo. Las señales fueron inconfundibles. El candidato difundió un mensaje —la famosa “Carta al pueblo brasileño”— en el que ratificó su voluntad de no alterar el rumbo económico, se comprometió a respetar los acuerdos con el FMI y designó como compañero de fórmula al millonario José Alencar, un senador que había apoyado a Cardoso y que era, además, el propietario del segundo grupo textil más importante del país.

La transformación de su imagen fue parte fundamental de esta estrategia. Lula contrató a Duda Mendonça, el genio del marketing electoral brasileño, conocido como “el Roberto Carlos de la política”, por su capacidad para intuir las necesidades, los deseos y los miedos de los sectores populares. Por consejo de Mendonça, se sacudió la fama de dirigente combativo, agitador de huelgas y conflictos, y se presentó como un hombre conciliador y razonable, que prometía un cambio tranquilo con un discurso sencillo que convertía en virtud lo que antes era considerado un defecto: su pasado sindical ya no expresaba un espíritu belicoso, sino una extraordinaria capacidad para enfrentarse al poder y negociar, la falta de formación no era un signo de incapacidad, sino el recuerdo de una infancia pobre y honrada, similar a la de tantos brasileños. Y la promesa de alternancia ya no implicaba un salto al vacío, sino un cambio sereno, meditado, seguro. Aunque no le alcanzó para ganar en primera vuelta, el triunfo en el ballottage fue clarísimo: el 27 de octubre de 2002, Lula obtuvo el 62% de los votos y se convirtió en presidente.

URUGUAY, A SU RITMO

La historia reciente de Uruguay registra los ciclos habituales de la política latinoamericana —desarrollismo, autoritarismo, neoliberalismo—, pero atemperados por la sorprendente flema de sus habitantes. En esta perspectiva, parece natural que el camino recorrido allí por la izquierda haya sido largo, incluso más largo que el del PT, en un país que detesta los sacudones de la historia y que avanza siempre con movimientos amortiguados, como si caminara debajo del agua.

Todo comenzó en 1971, cuando todas las familias de la izquierda, desde los partidos Comunista y Socialista hasta la Democracia Cristiana, fundaron el Frente Amplio bajo el liderazgo incansable de Líber Seregni, un general progresista y simpatizante de la España republicana. El ensayo parecía interesante, pero duró poco. En 1973, los militares dieron un golpe de Estado y abrieron un paréntesis que recién se cerraría once años después, con las elecciones presidenciales de 1984, en las que los uruguayos se encontraron con un paisaje político curiosamente similar al de los 70: dos sólidos partidos —el Colorado y el Blanco— que se disputaban la adhesión de un electorado mayoritariamente centrista y de clase media, y un Frente Amplio que obtenía un nada desdeñable 20% de los votos.

Por ese entonces Uruguay todavía era la nación más integrada de América Latina. Desde principios del siglo XX, bajo la máxima “el Estado como escudo de los débiles” y por impulso de José Batlle y Ordóñez, el país había construido un modelo desarrollista que le permitió disfrutar de niveles casi europeos de igualdad y educación, apoyado en un sistema político sólido y estable, un bipartidismo casi perfecto, combinado con una cultura cívica envidiable: siempre me asombra, cuando viajo a Uruguay, como los autos se detienen respetuosamente en las esquinas para dejar cruzar a los peatones, algo que jamás haría un brasileño, y mucho menos un argentino.

Pero las grietas ya estaban apareciendo. La crisis del modelo estadocéntrico de crecimiento hacia adentro impulsó a la dictadura a implementar las primeras políticas de liberalización y apertura, profundizadas más tarde por los gobiernos democráticos. Al principio con éxito y después con resultados más dudosos, los cuatro presidentes que se sucedieron entre 1984 y 2004 condujeron un proceso de modernización económica que incluyó las clásicas recomendaciones neoliberales, aunque —siempre hay un matiz— atenuadas por una sociedad que nunca ha dejado de confiar del todo en el Estado: en 1992, por ejemplo, mientras el resto de América Latina giraba decididamente hacia la ortodoxia, Uruguay le ponía un freno popular a las reformas de mercado rechazando en un plebiscito las privatizaciones.

Mientras tanto, la izquierda seguía creciendo, aunque siempre como una fuerza minoritaria y de perfil más testimonial que programático. Pero en 1989 se encontró finalmente ante un desafío que marcaría un punto de inflexión en su trayectoria y que se convertiría en una de las claves de su victoria presidencial, quince años después: el reto consistía en transformar su creciente popularidad entre las clases medias montevideanas en un triunfo contante y sonante en las elecciones municipales. Curiosamente, era también un momento difícil para el Frente Amplio, en crisis por la decisión de los sectores más moderados de abandonar la coalición y por la virtual bancarrota financiera a la que lo había conducido la extenuante campaña contra la ley de amnistía. Sólo estas circunstancias explican que la conducción frenteamplista, desesperada por un candidato que le permitiera al menos salvar la ropa, haya recurrido a Tabaré Vázquez, un médico joven que militaba en el Partido Socialista desde su adolescencia, pero que tenía poco que ver con los abogados grises, los sindicalistas de pasado combativo y los dirigentes de mil asambleas que hegemonizaban el Frente Amplio y que hasta hoy mandan en la coalición. “Es sorprendente que se hable de la izquierda uruguaya en términos ‘de nueva izquierda’”, me dijo Felipe Michelini, subsecretario de Educación y Cultura del gobierno de Tabaré Vázquez y uno de los pocos dirigentes jóvenes del Frente Amplio, cuando conversamos en un seminario sobre partidos progresistas en Buenos Aires. “A diferencia de Bolivia o Venezuela, la izquierda uruguaya tiene poco de nueva. Basta ver el promedio de edad de nuestros dirigentes para comprobar que hay una conexión, digamos, biológica, con la izquierda de los 70. En muchos casos, son los mismos desde hace varias décadas”, agregó Michelini.

No era el caso de Tabaré. Hijo de un obrero industrial, criado en una casa con techo de chapa, el futuro presidente había pasado su infancia en La Teja, un barrio humilde de calles polvorientas del sur de la capital. Encarnación de las posibilidades de ascenso social en el Uruguay preneoliberal, Vázquez estudió medicina, dirigió una clínica privada y con los años se convirtió en uno de los dos o tres oncólogos más importantes de su país. Era, además, el fundador del club de fútbol El Arbolito, bautizado así por el frondoso paraíso bajo el cual se reunía a conversar con sus amigos, y más tarde presidente de El Progreso, un equipo de tercera categoría que bajo su conducción ascendió a primera división e incluso logró salir campeón. Médico en lugar de abogado, dirigente de fútbol en vez de sindicalista, mucho más joven que el promedio de los militantes de izquierda, Tabaré era un hombre relativamente desideologizado, que había pasado casi toda su vida alejado de la política y que justamente por eso aparecía como una figura fresca y renovadora.

En su primera campaña electoral, en la que nadie pensaba seriamente en la posibilidad de ganar la intendencia, Tabaré se animó a romper los moldes del Frente Amplio. Hizo caminatas en lugar de actos masivos, se metió en los barrios en vez de limitarse a pasar por las avenidas, dialogó cara a cara con los vecinos e inauguró un discurso ambiguo que se convertiría en una de sus marcas de fábrica. Mientras sus amigos le rogaban que hablara de las condiciones económicas estructurales, la situación geopolítica o el imperialismo,Vázquez ensayaba frases sencillas e insistía con ideas básicas sobre temas concretos: erradicar los basureros, asfaltar calles, parquizar plazas. Adornaba sus intervenciones públicas con metáforas futboleras y a menudo recurría, como Maradona, a la tercera persona para referirse a si mismo.“Este candidato...”, empezaba los discursos que enervaban a la conducción de su partido y que incluían vaguedades como “cambiamos para cambiar” o “hay que desperezar la utopía”. Incluso inventó un saludo: el pulgar derecho levantado, como haciendo okay, que acompañó con un eslogan ajeno a la tradición de la izquierda:“Delo por hecho”.

Pero ganó, cuando nadie se lo esperaba, y el 15 de febrero de 1990 se convirtió no sólo en el intendente de la ciudad en la que vive la mitad de la población uruguaya, sino también en el primer dirigente de izquierda en acceder a un cargo ejecutivo, en la historia de su país. Ese día Tabaré Vázquez empezó a ser Tabaré Vázquez.

Todos esperaban con ansiedad su desempeño al frente del gobierno de Montevideo, que él manejó a su manera. Al clásico repertorio municipal sumó programas sociales y de salud masivos, incluyendo una nueva y eficiente red de centros de atención primaria, y no se privó de recurrir al sector privado para la gestión de ciertas áreas estratégicas, como la recolección de basura. Hubo, por supuesto, algunos problemas. El boicot financiero del gobierno nacional generó dificultades presupuestarias que Vázquez subsanó incrementando los impuestos a los sectores más acomodados. Se detectaron algunos casos de funcionarios acusados de corrupción, que fueron desplazados, y aparecieron problemas no previstos, como el de los vendedores ambulantes de chorizos que llenaban de humo las calles del elegante centro de la ciudad y que, finalmente, fueron desalojados. Una de las grandes promesas de campaña, la descentralización, avanzó dificultosamente y, enterrada en un pantano de burocracia, estuvo lejos de cumplir los ambiciosos objetivos de radicalizar la participación ciudadana. Pero pese a todos estos problemas, la de Tabaré fue sin dudas una gestión exitosa, que rompió con el mito de la ineficiencia izquierdista y demostró que el Frente Amplio era capaz de gobernar igual o mejor que los partidos tradicionales.

El triunfo inesperado en las elecciones municipales y su éxito como intendente (más inesperado aún) confirmaron la buena estrella de Tabaré y lo convirtieron en el candidato natural del Frente Amplio para las elecciones presidenciales de 1994. Una vez más,Vázquez disputó la campaña con su discurso sencillo, viajando una y otra vez a los pueblos más alejados del interior, adonde los dirigentes de la izquierda casi nunca se animaban. Terminó tercero, a solo tres puntos del ganador, y por primera vez en treinta años creó la sensación de que el Frente Amplio podía algún día llegar al gobierno nacional.

Pero no sería tan fácil. Colorados y blancos reaccionaron asustados y promovieron una reforma constitucional que estableció el ballottage como un modo de entorpecer un posible triunfo de Tabaré, pues se esperaba que en la segunda vuelta los votos tradicionales confluirían contra la izquierda. Siempre pragmático, el líder del Frente Amplio amplió su círculo de alianzas políticas, al que incorporó a dirigentes y agrupaciones que convirtieron a la coalición en una sopa de letras, y poco a poco fue cambiando el tradicional programa anticapitalista por uno más lavado, que despotricaba contra el neoliberalismo pero no proponía ni la estatización de la banca ni la reforma agraria. Creó un nuevo escudo partidario —un extraño sol de colores al estilo Miró— y siguió navegando en las aguas de la ambigüedad:“Si hoy me preguntan si tengo que nombrar a un ministro de Economía, ¿saben a quién nombraría? A un ama de casa”, fue su mayor precisión económica.

Una vez más, no fue suficiente. Aunque se impuso en la primera vuelta, el colorado Jorge Batlle, con el apoyo de los blancos, lo derrotó en el ballotage.

La crisis económica de Uruguay ya había comenzado. La inestabilidad de sus dos grandes vecinos —Brasil, sumergido en la tormenta financiera anterior al triunfo de Lula, y Argentina, groggy tras el estallido de diciembre— golpearon de lleno a una economía vulnerable como la uruguaya, y terminaron de disipar las últimas esperanzas de recuperar un crecimiento razonable. En diciembre de 2002, un año después de los cacerolazos argentinos, Uruguay vivió la corrida bancaria más importante de su historia y confirmó los pronósticos más sombríos de recesión económica.

La izquierda se encontró ante un dilema: empujar al gobierno al precipicio sólo contribuiría a empeorar el cuadro económico, lo que podría derivar en una furia social al estilo argentino, mientras que acompañarlo ayudaría a garantizar la continuidad institucional, pero dificultaba la diferenciación de cara a la campaña presidencial que se avecinaba. La decisión, al final, fue apoyar algunas medidas y oponerse a otras, en una estrategia sinuosa que sintonizaba perfectamente con la personalidad de Tabaré Vázquez al final, las cosas se fueron acomodando solas: la inesperada recuperación argentina y la estabilización alcanzada por Brasil permitieron un relanzamiento de la economía uruguaya, que en el 2003 ya había superado los peores momentos de la crisis, pero que de todos modos lucía frágil e insegura.

En este contexto delicado, Tabaré se movió con más cautela que nunca. Esquivó definiciones concretas en temas sensibles, como la renegociación de la deuda externa, y por primera vez se negó a debatir por televisión con sus contrincantes. Le pidió a José Mujica, el carismático líder del sector del Frente Amplio dominado por los ex guerrilleros tupamaros, que cuidara el tono de sus declaraciones, y anunció que el moderadísimo Danilo Astori sería su futuro ministro de Economía. Convertido en sinónimo de ascenso social y en arquetipo perfecto de “Mi hijo el dotor”,Vázquez explotó su prestigio de médico para teñir de cierto tono clínico a sus discursos —decía, por ejemplo, que Uruguay tenía que ser como una enzima que catalizara la economía regional— y para construir un relación más directa con el electorado: el 9 de septiembre de 2004, por ejemplo, hablaba en un acto en Ciudad de la Costa cuando una mujer, apretujada entre la muchedumbre, se desmayó y cayó al piso. El candidato, rápido de reflejos, frenó con un gesto a los socorristas, saltó del escenario y la asistió personalmente. La foto salió en la tapa de los diarios.

Consciente de que el poder estaba más cerca que nunca, el Frente Amplio decidió apoyar sin titubeos, a su candidato estrella. Internamente, ya nadie discutía el liderazgo de Tabaré, que a esa altura ya era un dirigente conocido en todo el país, que no espantaba a casi nadie y que podía exhibir orgullosamente sus antecedentes en la gestión municipal. Con un mensaje sereno y un discurso cargado de promesas difusas que enfatizaba una idea de esperanza sin precisiones programáticas,Vázquez dio en la tecla de un país que ya había salido del abismo, pero que todavía estaba lejos de sus mejores tiempos. Y que buscaba un cambio tranquilo, que no implicaba mayores riesgos. El 31 de octubre de 2004, Tabaré Vázquez obtuvo el 50,4% de los votos y se convirtió en presidente.

CHILE POR EL CAMINO DE LA RENOVACIÓN

En Chile, como en Uruguay y en Brasil, la izquierda tuvo que esperar mucho tiempo para llegar al poder. Sin embargo, su ascenso estuvo marcado por una experiencia histórica muy singular, el breve período de gobierno de Salvador Allende, que hasta hoy define su personalidad política y, hasta cierto punto, sus desafíos y sus límites.

Aunque la historia de la izquierda chilena se remonta a principios del siglo pasado, su penúltimo capítulo comenzó en 1964, con el triunfo de la Democracia Cristiana, que implementó la primera reforma agraria y avanzó en la estatización parcial del cobre, la principal riqueza nacional. Seis años después, en las elecciones presidenciales de 1970, Allende sorprendió al mundo al obtener un tercio de los votos, un porcentaje moderado pero suficiente, para convertirse en el primer presidente socialista de la historia de su país. Su programa se resumía en una fórmula simple —avanzar hacia el socialismo sin resignar la democracia— e incluía la promesa de completar la nacionalización del cobre y estatizar algunos bancos e industrias estratégicas, además de un aumento de salarios, el congelamiento de precios y ciertas medidas que en aquel momento sonaban a revolución, como la entrega de medio litro de leche por día a cada niño.

Pero lo que parecía el inicio de una nueva etapa era, en realidad, el comienzo de la cuenta regresiva hacia el desastre. Allende tenía enemigos demasiado poderosos —los sectores de derecha que resistían los cambios, los militares, el gobierno de Richard Nixon— que esperaban con creciente impaciencia que les llegara el momento. Tras una primera etapa auspiciosa, la economía se fue deteriorando y el clima político se enrareció: los trabajadores mineros convocaron a una larga huelga, las amas de casa protestaban contra el desabastecimiento golpeando cacerolas y sartenes, y los grupos radicales de izquierda ganaban espacio en las calles y en las universidades. Los comandos de ultraderecha, generosamente financiados por la CIA, volaron dos torres de alta tensión, dinamitaron un monumento al Che Guevara y atentaron contra militares leales al gobierno. El 29 de junio de 1973, un coronel rebelde sacó a un regimiento de tanques a las calles y lo hizo avanzar lentamente hacia el Palacio de La Moneda, hasta que fue sofocado por las tropas leales al presidente: las imágenes de los tanques parando a cargar combustible en una estación de servicio quedarían grabadas en la historia.

Allende intentaba superar el clima de polarización y desgobierno ensayando un cambio de funcionarios tras otro y apelando a una estrategia de manual para despejar la neblina espesa que presagiaba un golpe: en un intento por comprometer a las Fuerzas Armadas con la democracia, designó a más y más militares en su gabinete. Pero todo fue en vano. Estrangulado por el bloqueo financiero dispuesto por Estados Unidos, golpeado por las maniobras desestabilizadoras de la derecha y zarandeado por los sectores más radicales de la izquierda, el presidente veía impotente cómo el país se le escapaba de las manos.

Ricardo Lagos fue más un espectador que un protagonista de aquellos años convulsionados. Había nacido el 2 de marzo de 1938 en el seno de una familia de clase media que conservaba los vestigios de un pasado más acomodado, hijo de un padre que murió cuando él era un niño y de una profesora de piano severa y exigente. Lagos, que siempre quiso ser el mejor en todo, cursó sus estudios en escuelas públicas e ingresó a la Facultad de Derecho, donde conseguiría una beca para realizar un posgrado en Estados Unidos. Tras su retorno a Chile, comenzó a trabajar en la Flacso como especialista en historia económica: su tesis sobre la concentración empresaria, publicada en 1961, demostró que once grandes grupos manejaban el 60% del capital chileno, revelación que convirtió al libro en un best-seller académico y le permitió granjearse cierta fama intelectual, a tal punto que Allende lo convocó para que lo acompañara en la campaña presidencial como extrapartidario y más tarde lo tentó con un cargo importante — embajador en Moscú—, que nunca llegaría a ocupar.

Hoy, más de tres décadas después, su evaluación sobre aquella etapa mezcla la necesaria autocrítica con una conciencia afinada de las circunstancias históricas del momento. “No tiene sentido pensar a Allende en el vacío, como hacen algunos. Su gobierno sólo se explica en su contexto, en su época, con los frentes populares en Europa, la revolución cubana, el deseo de cambio de una parte importante del país, el antecedente de las reformas de la Democracia Cristiana”, me dijo Lagos una tarde fría de invierno en la coqueta casa del barrio de Providencia, en Santiago, donde está instalada la fundación que creó tras su salida del gobierno. En una oficina amplia, con sillones de cuero, cuadros de artistas latinoamericanos, esculturas y libros, Lagos respondió lentamente a mis preguntas, como si no quisiera perturbar con respuestas rápidas una evaluación largamente meditada.

—¿La caída de Allende era inevitable?

—No. Pero la situación era difícil. La derecha había adoptado una postura antidemocrática, los militares dudaban y el gobierno no pudo controlar el proceso, que se desbordó. Allende tenía el apoyo de un tercio de la sociedad. Y es posible gobernar un país con un tercio, pero lo que no se puede es hacer cambios profundos, como los que él quería hacer, sin un apoyo claramente mayoritario.

En la noche del 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas ya controlaban el país. Allende había resistido los bombardeos de la aviación sobre La Moneda hasta que el final fue evidente y, para no entregarse, acabó con su vida pegándose un tiro con una ametralladora AK que le había regalado Fidel Castro. Muchos chilenos, entre ellos un sector importante de la Democracia Cristiana, asumieron la noticia con cierto alivio, como algo desagradable pero necesario, y se prepararon para una intervención militar rápida que restaurara el orden y convocara nuevamente a elecciones.

Pero se equivocaban. El jefe del Ejército, Augusto Pinochet, descartó desde un comienzo la idea de una breve gestión normalizadora y emprendió una remodelación profunda de la sociedad chilena que, bajo la sombra de una feroz represión, cedió a un grupo de jóvenes tecnócratas egresados de la Universidad de Chicago la suma del poder económico, con el explícito objetivo de construir un modelo ultraexportador, abierto y librecambista. El nuevo esquema, que sintonizaba con los aires ortodoxos que comenzaban a soplar en Europa y Estados Unidos, partía de un diagnóstico similar al que tres años después elaborarían los militares argentinos: los crónicos problemas de inestabilidad política respondían a un exceso de demanda de los sectores populares como resultado de las estrategias más o menos keynesianas que se habían aplicado hasta el momento. Se imponía, entonces, una solución drástica: resolver de un sablazo las tensiones entre el alto desarrollo político y el persistente atraso económico clausurando la democracia como condición necesaria para reconstruir la economía. Y aunque duela hay que decirlo: los resultados iniciales, tanto en términos de inflación como de crecimiento, fueron espectaculares.

Pero por poco tiempo. La crisis mundial de mediados de los 80, la misma que jaqueó a la junta militar argentina y terminó de convencer a los generales brasileños de que había llegado la hora de dejar el poder, impactó en el modelo pinochetista, que había conseguido inyectarle dinamismo exportador a la economía, pero que también la había tornado muy vulnerable a los caprichos de los mercados mundiales. El bajón de la economía internacional frenó el crecimiento y produjo un deterioro instantáneo de los indicadores sociales: el desempleo se disparó hasta arañar el 30% y la pobreza, que venía creciendo de manera lenta pero sostenida, alcanzó niveles escandalosos. En 1988, un Pinochet todavía confiado a pesar de la crisis decidió convocar a un plebiscito para refrendar su autoridad.

La izquierda se dividió ante el desafío electoral de 1988. Los comunistas argumentaron que era absurdo preguntarle a la sociedad si quería seguir viviendo bajo una dictadura; Pinochet era un tirano: tenía que irse y punto. Los socialistas, en cambio, se unieron a la Democracia Cristiana en su cruzada para ganar el referendo, una decisión impulsada por un grupo de jóvenes dirigentes que habían recorrido el mundo forzados por el exilio y que habían regresado a Chile más cosmopolitas y democráticos, con las ideas del eurocomunismo bien presentes y una autocrítica meditada de la experiencia de Allende. Uno de ellos era Ricardo Lagos.

Otro, más una militante que una dirigente, era Michelle Bachelet, la hija de un general legalista y masón cercano a Allende, muerto de un ataque cardíaco tras ser torturado por la policía política de Pinochet. Tras el asesinato de su padre, Bachelet fue detenida junto a su madre y torturada durante casi un mes, hasta que consiguió la libertad gracias a las gestiones de los pocos amigos que le quedaban a la familia. Inició así un largo exilio que la llevó a Alemania del Este, Australia y Estados Unidos, hasta que finalmente decidió volver a Chile para completar sus estudios de medicina. En los meses previos al plebiscito, Bachelet retomó el contacto con compañeros y se sumó a los núcleos de militantes que buscaban reconstruir el Partido Socialista.

El más importante era, sin dudas, el liderado por Lagos. El 25 de abril de 1988, en plena campaña por el No, Lagos protagonizó un episodio brevísimo pero de un enorme impacto simbólico, un avance crucial en la demorada transición democrática y el primer salto realmente importante de su carrera política. “Todo había empezado un par de semanas antes”, me contó cuando le pedí que recordara aquel momento. “Yo estaba en un acto en La Serena, junto con (Patricio) Alwin, que era el líder de la Democracia Cristiana. Recorríamos el país llamando a anotarse en el padrón y votar por el No, porque en la izquierda había muchos que no querían votar. Ese día, en el acto, un grupo, pequeño pero muy articulado, no dejaba de gritarnos que éramos unos traidores, que participar del plebiscito era como aliarse con Pinochet. Yo tenía que hablar después de Alwin y no sabía bien qué hacer: era un lugar poco grato, ese grupo no paraba de gritar y el clima se iba poniendo feo. En eso un periodista me alcanza un cable de noticias con declaraciones de Pinochet, que por primera vez se había referido a mí: no me acuerdo qué dijo, pero sí que me llamó por mi nombre y me criticó. Entonces se me ocurrió algo. Cuando me tocó hablar, dije que iba a leer unas declaraciones de Pinochet. Repetí sus frases. Y después anuncié que le iba a responder.‘Señor Pinochet, yo, Ricardo Lagos, desde acá, desde La Serena, le respondo…’ Hablé de los derechos humanos, de la pobreza, así, directamente a él. Me escucharon todos en silencio, como electrizados, y me aplaudió hasta el grupo que antes protestaba. Algunos días después me invitaron a un programa de televisión de mucha audiencia, uno de los pocos que había en ese momento. Faltaban pocos días para el plebiscito, no teníamos mucho tiempo, y entonces a mí me salió naturalmente: miré fijo a la cámara, levanté el dedo y empecé a hablarle a Pinochet, como si lo tuviera en frente...”

La intervención televisiva —el día en que Ricardo Lagos comenzó a ser Ricardo Lagos— conmocionó a un ambiente político acostumbrado desde hacía demasiados años a la censura y el miedo a la dictadura, y marcó un hito en la transición democrática. Pocos días después, el triunfo del No marcaría el final del gobierno militar y abriría el camino para que Alwin, líder de la Democracia Cristiana, en alianza con el Partido Socialista, se impusiera cómodamente frente al pinochetismo en las elecciones presidenciales de 1989. Así se inauguró el largo reinado de la Concertación, la sólida coalición que manejaría los destinos de Chile hasta el día de hoy. En el inicio de una asombrosa transición, cuya escenificación inaugural nunca ha dejado de llamarme la atención: una dictadura cruenta, que dejó miles de muertos, secuestrados y torturados, le entregaba el poder a un gobierno impecablemente democrático, en una prolija, casi alegre, ceremonia cívica, en la que los militares lucieron sus brillantes trajes de gala y todos salieron sonrientes en la foto.

Pese a las limitaciones institucionales y los graves desequilibrios económicos heredados, los primeros dos gobiernos de la Concertación —el de Alwin y el de su sucesor, el también democratacristiano Eduardo Frei— obtuvieron resultados más que aceptables. A lo largo de una década, el PBI se expandió un 7% anual, las exportaciones aumentaron y el desempleo se redujo. Cautelosa y prolija, la coalición priorizó el crecimiento económico por sobre cualquier otra variable, consciente de que una recesión podía abrir el camino para el retorno de la derecha pinochetista, que esperaba agazapada. Y, quizás por eso, no logró —en verdad, ni siquiera intentó— resolver algunas debilidades estructurales del modelo, como la vulnerabilidad externa y la escandalosa inequidad social, de las que hablaremos más adelante.

En 1993, pese a que ya era el líder indiscutido del socialismo y el gran referente de la izquierda chilena, Lagos sufrió una fuerte derrota al ser aplastado por Frei en las primarias presidenciales de la Concertación. El fracaso, sin embargo, le permitiría ocupar dos cargos ejecutivos que fortalecerían su imagen hasta hacerla aceptable para sectores cada vez más amplios de la población. Como ministro de Educación, Lagos impulsó una reforma para extender la escolarización obligatoria, fortalecer financieramente a las escuelas más pobres y tratar de equilibrar un sistema muy injusto. Más tarde, como ministro de Obras Públicas, demostró su capacidad para negociar mano a mano con el sector privado un conjunto de iniciativas que contribuyeron a mejorar la infraestructura del país. En el trance, la idea de que un socialista estaba genéticamente incapacitado para tratar con los empresarios se disolvió en el aire y contribuyó a fortalecer su figura, que en 1999 reunía una serie de características que hacían pensar en un triunfo cómodo en las elecciones presidenciales de ese año.

Pero la política mostró una vez más su cara imprevisible. La crisis del Sudeste Asiático de 1997 confirmó la vulnerabilidad de Chile y obligó al gobierno de Frei a recortar gastos y congelar el crecimiento. Por primera vez desde la recuperación de la democracia, la economía chilena lucía frágil y pesimista. Para colmo, el 16 de octubre de 1998 la noticia de que Pinochet había sido detenido en Londres generó una catarsis social largamente postergada. Y así, sorpresivamente, cuando ya todo parecía dispuesto para el triunfo de una Concertación por primera vez liderada por un candidato socialista, se consolidaba un clima de recesión económica y crispación emocional que complicaba la candidatura de Lagos, cuya figura expresaba la necesaria renovación de la coalición oficialista, pero también reavivaba los recuerdos del gobierno de Allende en algunos sectores de la sociedad chilena.

“La sensación, sobre todo en los últimos meses antes de las elecciones de 1999, era que la derecha podía ganar”, me dijo Manuel Antonio Garretón, uno de los politólogos más reconocidos de su país y uno de los grandes especialistas latinoamericanos en el estudio de las transiciones a la democracia. Almorzábamos en un restaurante francés en el oriente de Santiago, no muy lejos de la oficina de Lagos.“La derecha parecía imparable: tenía a Joaquín Lavín, que era un candidato carismático y fuerte; había hecho una buena campaña, jugaba con el desgaste de diez años de Concertación y con una situación económica que había empeorado mucho en los últimos meses. Agitaba también el fantasma de la vuelta de Allende, el socialismo, el caos. Tenían todo. Pero ganó Lagos.”

—¿Cómo se explica?

—Bueno, Lagos era un buen candidato, muy sólido y conocido. Era un momento difícil, pero a la Concertación le había ido bien económicamente, y eso pesaba. Pero lo fundamental, creo, es que se mantuvo la división del plebiscito de 1988 entre el Sí y el No. Ése es hasta hoy el gran clivaje que divide a la sociedad chilena. La derecha no pudo romper ese esquema.

Pero estuvo cerca. Aunque Lagos multiplicó los gestos de moderación, machacó una y otra vez con su probada capacidad de gestión y contó con el apoyo decidido de los partidos de la coalición, no alcanzó el 50% de los votos y tuvo que enfrentar el primer ballotage de la historia de Chile. Muchos se preguntaban si la conservadora sociedad chilena estaba lista para votar a un socialista, moderado, es cierto, pero socialista al fin y al cabo. Parecía difícil, pero sucedió: el rechazo a la derecha pinochetista pudo más y el 16 de enero de 2000 Ricardo Lagos se convirtió en presidente.

BOLIVIA, 500 AÑOS DESPUÉS

La historia reciente de Bolivia tiene una característica particular que marca una diferencia crucial con el resto de los países de la región. El ascenso al poder de la izquierda no fue un simple giro político, sino como un cambio más amplio en el marco de un movimiento de afirmación étnica largamente demorado, que le otorga al triunfo de Evo Morales el carácter de una revolución simbólica que ha llevado a algunos analistas, como el sociólogo francés Alain Touraine, a afirmar que no es ni en Venezuela ni en Brasil donde se juega el destino de la izquierda sudamericana, sino en la castigada, empobrecida y frágil Bolivia.

Todo empezó en el Chapare, a mediados de los 80, cuando comenzaron a llegar miles de agricultores que abandonaban las planicies secas del altiplano para trasladarse a esta zona húmeda, de 35 grados a la sombra, y a quienes más tarde se sumaron los trabajadores despedidos por el cierre de las minas de estaño. El eje de la economía local era la coca, que se venía cultivando desde antes de la invasión de los incas y que las autoridades coloniales supieron aprovechar como energizante para aumentar la productividad de los indígenas brutalmente explotados en Potosí. Las crónicas de la colonia cuentan que quienes mascaban coca rendían el doble y podían pasar largas horas sin comer, por lo cual los españoles no sólo admitieron, sino que incluso impulsaron el hábito de mascar una bola de hojas insalivada conocido como pijcheo. Ése fue el primer boom de la coca. El segundo, más reciente, ocurrió en los 70, cuando otra metrópoli, en este caso Estados Unidos, convirtió a la cocaína en droga de moda para los acelerados artistas y yuppies de la época. Por eso, aunque luego fue transformada en “hoja sagrada” por los movimientos de afirmación étnica, lo cierto es que el origen de la economía de la coca es mucho menos romántico de lo que habitualmente se piensa.

Una aclaración necesaria. La obstinación de los campesinos bolivianos en seguir cultivando coca no se debe a la voluntad diabólica de envenenar a los jóvenes primermundistas, sino a un cálculo estrictamente económico, en el sentido más capitalista de la palabra. Como explican Pablo Stefanoni y Hervé Do Alto, la coca tiene una serie de ventajas que no posee ningún otro cultivo. Demanda gran cantidad de mano obra y ocupa a toda la familia, no requiere una gran inversión de capital, ni fertilizantes ni una infraestructura especial: uno compra o alquila un lote y lo único que precisa, además de brazos bien dispuestos, son los plantines. Además, la coca puede ser cultivada —y resulta rentable— aun en pequeñas parcelas. Como diría un economista, no requiere economías de escala. Los productos sustitutivos —palmito, banano, piña— no sólo implican un proceso de aprendizaje más largo, sino que exigen cierta tecnificación y muchos fertilizantes. Clásico cultivo de minifundio, la coca se parece al café, con la diferencia de que rinde tres cosechas al año en lugar de una.

Pero esto fue algo que nunca entendió Ronald Reagan, que en 1980 lanzó la guerra mundial contra las drogas en base a la idea de acabar con el narcotráfico mediante el simple procedimiento de hacer desaparecer la oferta. La consecuencia, en Bolivia, fue la presión sobre los gobiernos para que erradicaran las plantaciones de coca, para lo cual Estados Unidos ofreció una generosa ayuda financiera y militar. Pero todo fue inútil. Diseñadas con una mirada puramente represiva, las estrategias de erradicación no lograron crear mercados para los productos sustitutivos o generar fuentes de trabajo alternativas y, al final, terminaron fracasando del modo más estrepitoso. El último recurso de la política antidroga, aumentar los costos y bajar el rendimiento de la coca mediante su combate militar, tampoco dio resultado, pues los campesinos optaron por cultivar más superficie para compensar la presión y, horrorizados ante una política cada vez más brutal, iniciaron un proceso cohesión que concluiría en su gran triunfo político.

En 1981, cuatro militares borrachos golpearon a un cocalero del Chapare que se negaba a declararse narcotraficante y, luego de un rato de culatazos y patadas, lo empaparon en nafta y lo prendieron fuego. El hombre corrió envuelto en llamas, gritando desesperado, hasta que cayó al piso, hizo una serie de convulsiones y murió. Evo Morales miraba la escena con los ojos sorprendidos de sus veintidós años recién cumplidos. Había nacido el 26 de octubre de 1959 en Orinoca, un pequeña localidad del departamento de Oruro, donde el frío se mete en la piel como agujas y la gente camina agachada, como si quisiera pasar desapercibida, en el seno de una familia cuya pobreza es difícil de exagerar. Cuatro de sus siete hermanos murieron poco después de nacer en una casa de barro que de noche se helaba y de día se calcinaba bajo los rayos de un sol asesino. La comida escaseaba y a veces apenas alcanzaba para hacer tostado de fideo y té, pero Evo Morales igual subía a los cerros y jugaba al fútbol con una pelota de trapo, esquivando a las llamas. Cada tanto, cuando tenía hambre o ganas de entretenerse, se acercaba a la ruta y comía las cáscaras de banana y naranja que arrojaban los pasajeros de los ómnibus que pasaban a toda velocidad, y que a él le parecían aviones. Su sueño, le contaría después a su biógrafo, el periodista argentino Martín Sivak, era subirse a uno de esos bólidos plateados.

A principios de los 70, Evo Morales cruzó la frontera argentina junto a su padre, que trabajaba por temporadas en la zafra azucarera, y se inscribió en la escuela local. Pero no entendía nada, pues su madre hablaba aymara y en español sólo le había enseñado el Padrenuestro, así que terminó abandonando el curso y dedicándose a vender helados de palito por las calles. Más tarde, de vuelta en Oruro, Evo completó el bachillerato ayudándose con distintos trabajos: ladrillero, panadero y trompetista de la Banda Real Imperial, con la que recorrió los campamentos mineros y los pueblos perdidos del altiplano. Años después, cuando llegó al Chapare, ya era un hombre hecho y derecho, que había sobrevivido a la sequía y al hambre, y al que sus compañeros le reconocían la mezcla de calma, seguridad y arrogancia para plantear sus objetivos, junto a una capacidad casi innata para negociar y sintetizar posiciones, una de las habilidades esenciales de cualquier sindicalista. Ascendió rápidamente en el sindicato cocalero, primero como secretario de deportes, después como secretario general y en 1988 como líder de la Federación del Trópico.

Fue su impulso, y el de otros jóvenes que, como él, habían llegado al Chapare provenientes del altiplano y las minas, el que hizo que los cocaleros fueran ganando peso dentro del movimiento campesino, hasta que en 1992 decidieron que había llegado la hora de trasladar sus demandas al terreno político. Aunque al principio intentaron asociarse con los partidos tradicionales de izquierda, al poco tiempo se convencieron de que lo mejor era construir una organización propia, sin ayuda de nadie. La primera gran oportunidad apareció durante la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, el millonario anglófono que gobernaba desde 1993 con un programa abiertamente neoliberal, pero que había llevado adelante una reforma constitucional que reconoció el carácter “pluricultural y multiétnico” del país y estableció la educación bilingüe en las escuelas, algo que a primera vista puede parecer una paradoja —un presidente pronorteamericano y conservador ensayando gestos de apertura a los indígenas—, pero que quizás no lo sea tanto: el reemplazo de la idea de clase por la de etnia o cultura sintonizaba con la espíritu anti-Estado-nación que defendía el pensamiento en boga en los 90. Con un problema: los indígenas bolivianos no son minorías a las que hay que proteger, sino amplias mayorías excluidas y empobrecidas, en las que la discriminación étnica se superpone, retroalimentándose, con la desigualdad social. En suma, una realidad más parecida al apartheid sudafricano que a las imágenes de esos indios posmodernos y coloridos —expresión pintoresca del buen salvaje— que a veces aparecen en el National Geographic.

En cualquier caso, la apertura iniciada por Sánchez de Lozada resultó una bendición para los cocaleros, que obtuvieron diez alcaldías y lograron elegir a Evo Morales diputado nacional por el Movimiento al Socialismo (MAS). Fue el inicio de un largo proceso de crecimiento político, que le permitió al movimiento indígena cohesionarse, aprender los rigores de la gestión municipal e ir construyendo poco a poco un verdadero proyecto nacional sustentado en un programa refundacionista, antiimperialista y antineoliberal.

El segundo salto en este camino se produjo el 15 de enero de 2002, cuando el gobierno acusó a Morales de ser el autor intelectual de un sangriento enfrentamiento entre campesinos y policías en el Chapare. Poco después, los grandes partidos se pusieron de acuerdo y lo expulsaron de su banca en una sesión presentada por la prensa oficial como un enorme acto de justicia. Al día siguiente, el embajador estadounidense en La Paz, Manuel Rocha, manifestó en voz alta su preocupación ante la candidatura del líder del MAS para las elecciones de junio de ese año. “Una Bolivia dirigida por gente que se ha beneficiado del narcotráfico no puede esperar que los mercados de Estados Unidos se mantengan abiertos para las exportaciones textiles”, amenazó Rocha. Pero el efecto fue el inverso al buscado. Para horror de los viejos partidos y asombro del embajador, las encuestas comenzaron a registrar un crecimiento imparable del líder cocalero, que hasta el momento se había ubicado en un tercer o cuarto puesto y que de repente aparecía disputando el primer lugar: casi de un día para el otro, Evo Morales lograba extender su influencia más allá del Chapare, los indígenas y mestizos urbanos comenzaban a hablar de él y su imagen se consolidaba como la expresión de un nuevo movimiento político. El 30 de junio de 2002, el líder del MAS sorprendió al mundo al obtener un segundo puesto, a menos de dos puntos del ganador. Aunque Sánchez de Lozada fue elegido nuevamente presidente, ese día Evo Morales empezó a ser Evo Morales.

Comenzaban así los años más convulsionados de la historia reciente de Bolivia, el inicio de lo que el sociólogo Fernando Calderón, en uno de los libros más interesantes para entender el cambio de época en el país, definió como “la política en las calles”. En mayo de 2003, poco después de asumir por segunda vez la presidencia, Sánchez de Lozada anunció un proyecto para exportar gas a Estados Unidos a través de puertos chilenos, una iniciativa rentable —y hasta razonable— desde el punto de vista económico, pero que difícilmente hubiera podido resultar más irritante: no sólo porque remitía, en la memoria popular, a la larga historia de saqueo de los recursos naturales, sino por la idea de que Chile —justamente Chile, el país que privó a Bolivia de su salida al mar— funcionara como puente.

En septiembre de 2003, un cabildo abierto de cuarenta mil personas en Cochabamba convocó a una huelga general por tiempo indefinido en reclamo de la anulación de las negociaciones con Estados Unidos y la nacionalización de los hidrocarburos, una demanda que conectaba con experiencias históricas de fuerte marca popular, como la Revolución Nacional de 1952, que había decretado por primera vez la estatización de las riquezas naturales. En una muestra de su capacidad de organización y su extraordinaria astucia táctica, el movimiento indígena liderado por Evo Morales desplegó bloqueos intermitentes, siembras de piedras y golpes imprevistos, y consiguió dejar a La Paz virtualmente aislada. Sánchez de Losada respondió a la “guerra del gas”, como se conocería después este desigual enfrentamiento, con un aparatoso operativo de seguridad que incluyó tanques de guerra, helicópteros y cientos de militares y que, tras largos días de combates, dejó un saldo de decenas de muertos. Pero ya era tarde. El reclamo, nacido como una protesta por un tema específico, se había ido convirtiendo en un movimiento de resistencia más amplio contra el modelo neoliberal y la figura del presidente. El 17 de octubre de 2003, Sánchez de Losada presentó su renuncia y se refugió en Estados Unidos.

Su sucesor, Carlos Mesa, correría la misma suerte. Aunque al principio consiguió un importante apoyo popular, en abril de 2005 un cabildo de doscientos cincuenta mil personas en El Alto, un enclave indígena de casi un millón de habitantes en los suburbios de La Paz, decidió rechazar el aumento de la tarifa de agua establecido por la empresa Aguas del Illimani, operada por la compañía francesa Suez, desatando una nueva ola de ira popular que se conoció como la “guerra del agua”. Mesa no quiso ordenar una represión desenfrenada como la de su antecesor e intentó negociar acuerdos de compromiso. Sin embargo, pese a sus largos discursos y sus sucesivas amenazas de renuncia, no logró encontrar una salida política aceptable en una situación de creciente polarización, obstinado en buscar posiciones centristas en una sociedad cada vez más radicalizada. El 6 de junio renunció a la presidencia y cedió el poder al titular de la Corte Suprema, que convocó a elecciones.

Evo Morales llegó a su gran momento político, los comicios presidenciales de 2005, convertido en un líder nacionalmente conocido y dotado de una serie de atributos que sólo él podía reunir. El primero era, claro, su origen aymara. En Bolivia, según el censo de 2001, el 67% de la población se autoidentifica como perteneciente a alguno de los “pueblos originarios”, a pesar de lo cual hasta el momento ningún indígena había llegado a la presidencia y muy pocos habían logrado acceder a cargos ejecutivos o legislativos. Pero conviene tener cuidado a la hora de las definiciones fáciles: Evo Morales habla el aymara con cierta dificultad, siempre vistió jeans y zapatillas y nunca militó en el katarismo, el movimiento indígena radical creado en los 70 y bautizado así en referencia al caudillo Túpak Katari, descuartizado por los españoles durante el cerco a La Paz de 1781. Quizás por eso, por ser indígena antes que indigenista, pudo conquistar al vasto electorado urbano, mestizos, aymaras y quechuas que miran televisión, usan celular y trabajan en el comercio o los servicios. Pero Evo era, además, uno de los pocos que podía reivindicar sus antecedentes de resistencia a un modelo neoliberal que, tras dos décadas y media de reformas, había fracasado claramente, con dos tercios de la población viviendo en la pobreza y un sistema institucional incapaz de encontrar una salida mínimamente consensuada. Su partido, el MAS, se había convertido en la única fuerza capaz de combinar el peso de legisladores y alcaldes con el poder de movilización en las calles, en una astuta mezcla de influencia institucional y acción directa que muchos cuestionaron por antidemocrática, pero que resultó clave para allanar el camino al poder.

Las elecciones de 2005 se acercaban y Evo Morales tenía todas las de ganar. Sin embargo, todavía le faltaba algo, un matiz, un equilibrio. Lo encontró en Álvaro García Linera, ex guerrillero e intelectual de izquierda formado en París, al que designó como compañero de fórmula con el objetivo de mejorar su llegada a los sectores medios. Lo entrevisté cuando ya era una de las piezas clave del gobierno en su casa del centro de La Paz, un típico departamento de clase media, con un living ordenado, paredes desnudas, dos sillones y libros, miles de libros.“Fue un proceso largo”, me dijo el vicepresidente cuando le pregunté por el camino al poder. Las elites de Bolivia, dijo, “estaban muy acostumbradas a mandar solas, por tradición, por herencia, por hábito, por costumbre y por formación. Los indígenas siempre eran los que atendían la mesa, cocinaban, cuidaban a los niños, eran albañiles. Que ahora sean presidentes, ministros o cancilleres, obviamente golpea esta lógica. Pero es la lógica de la igualdad y la democracia. En el fondo estamos ante un amplio proceso de igualación social y democratización de las decisiones. Creo que gradualmente, por aproximaciones sucesivas, vamos a ir construyendo un proceso en el cual el bloque desplazado del control absoluto y el bloque emergente, pero que tampoco va a tener el control absoluto, articulan mecanismos para redistribuir el poder. Porque el problema central no es tanto la distribución del poder, sino la aceptación de un nuevo núcleo articulador, que es el movimiento indígena”.

Con la incorporación de García Linera a la fórmula presidencial, Evo Morales logró crear un puente con las clases medias urbanas y terminó de cerrar un ciclo de acumulación política que sintetizaba la voluntad de incorporación de las mayorías indígenas, el antiimperialismo de los cocaleros y el nacionalismo de la guerra del gas, y reflejar todo esto en un programa que incluía tres grandes ítems: la convocatoria a una asamblea constituyente, la nacionalización de los hidrocarburos y la defensa de la coca. El candidato era un líder de hábitos monacales, que se cortaba él mismo el pelo, comía las sopas de carne de llama que son la base de la dieta de buena parte de sus compatriotas, y vivía en un departamento sencillo, de dos ambientes, en un barrio cualquiera de La Paz. Líder veterano de mil batallas, demonizado por el sistema político, había sabido combinar el juego electoral con la lucha en las calles y había logrado sobrevivir a todos los ataques. Era, además, el único que tenía la llave de la gobernabilidad: sólo él, aceptaban aun sus opositores, sería capaz de controlar el caos que enloquecía al país desde hacía años. El 18 de diciembre de 2005, Evo Morales obtuvo el porcentaje de votos más alto desde la recuperación de la democracia —casi el 54%— y se convirtió en presidente.

FINAL DE FIESTA

En menos de diez años —entre el 6 de diciembre de 1998, cuando Chávez sorprendió con su rotundo triunfo en las elecciones presidenciales de Venezuela, y el 26 de noviembre de 2006, cuando Correa se convirtió en presidente de Ecuador— el color político de Sudamérica ha cambiado. Aclaremos, por supuesto, que los ciclos históricos nunca son perfectos: dos importantes países de la región —Colombia y Perú— no registraron este giro, mientras que naciones más lejanas como Nicaragua viven procesos similares a los que atraviesan los países sudamericanos. Pero que el esquema tenga sus grietas no quiere decir que no funcione. En una mirada de conjunto, puede afirmarse que la etapa neoliberal, que a grandes rasgos se extendió desde fines de los 70 hasta fines de los 90, ha quedado definitivamente en el pasado.

El neoliberalismo —cuyas recomendaciones fueron sintetizadas en los diez mandamientos del Consenso de Washington— fue más que una filosofía económica o un conjunto de soluciones drásticas a viejos problemas. Fue, durante muchos años, algo bastante parecido al sentido común, y acá conviene formular una aclaración. Si esto fue así, si logró calar tan hondo, fue porque algo no estaba funcionando bien. A fines de los 80, el modelo de desarrollo hacia adentro, de Estado intervencionista y sustitución de importaciones, estaba agotado, y su continuidad sólo contribuía a agudizar la inflación y la pobreza. Fue entonces bastante lógico, casi natural, que, con sus sencillas propuestas de apertura, desregulación y privatizaciones, el neoliberalismo apareciera como la gran respuesta a todos estos dramas. Si había inflación, ¿qué solución mejor que recortar gastos? Si la industria era ineficiente, ¿por qué no abrir la economía a las importaciones para fomentar la competencia? Y si los teléfonos no funcionaban, ¿qué otra alternativa quedaba salvo privatizarlos? Rotundas, simples de entender, las reformas neoliberales corrían con una ventaja: se presentaban como el complemento natural del régimen democrático que la mayoría de los países latinoamericanos trataba dificultosamente de reconstruir tras largos años de dictaduras.

Los resultados, al principio, fueron razonablemente buenos. El giro neoliberal logró estabilizar la economía, detener la inflación y expandir el consumo. En el favorable contexto mundial de principios de los 90, con bajas tasas de interés internacional y abundancia de capitales, la inversión extranjera aumentó y la recesión pareció quedar atrás: entre 1990 y 1996 el crecimiento de América Latina fue de 3,3%, más del triple que el de los 80. Muy pronto, sin embargo, comenzaron a verse los efectos perversos de la ola de reformas promercado, que pese a los buenos resultados iniciales no lograron resolver viejos problemas estructurales, e incluso crearon otros nuevos. La pobreza y el desempleo se incrementaron y la desigualdad alcanzó extremos nunca vistos. La Cepal, que había calificado a los 80 como la “década perdida”, se parafraseó a sí misma y definió a la segunda mitad de los 90 como la “media década perdida”.

Pero además del escaso crecimiento, el Consenso de Washington no logró resolver la dependencia de la mayoría de los países latinoamericanos, y en algunos casos contribuyó a consolidarla, primarizando sus economías y fortaleciendo esquemas de enclave. Los expuso a las fluctuaciones de los mercados internacionales, insistió obcecadamente en impulsar reformas que no funcionaban y, lo más importante de todo, profundizó la inequidad y la pobreza. En suma, fue una estrategia de política económica que, aunque solucionó algunos problemas y contribuyó a ordenar ciertas cosas, terminó por confundir medios con fines —las privatizaciones, ¿son un medio para mejorar los servicios públicos o un objetivo que hay que perseguir sí o sí?— y consolidar el atraso económico y el subdesarrollo.

Como todo final de fiesta, el del neoliberalismo tuvo poco de agradable. En menos de una década, diez presidentes sudamericanos tuvieron que dejar el gobierno antes de tiempo, jaqueados por manifestaciones populares o tras duras represiones que ocasionaron muchísimos muertos. En esta etapa de cambio, mientras las últimas expectativas depositadas en las recetas ortodoxas terminaban de disolverse, se iba consolidando la sensación de que el combate a la pobreza y la desigualdad, los dos grandes ítems de la agenda de la región, debía emprenderse desde un lugar diferente, con otras ideas y bajo otros liderazgos. El período de transición fue inestable e incierto, pero a esta altura quedan pocas dudas de que ha sido superado y que vivimos, como sostiene Fernando Calderón, un momento de “inflexión histórica”: con todas sus dificultades y problemas, los gobiernos de la nueva izquierda han logrado estabilizar la economía y consolidarse políticamente, en el inicio de un nuevo ciclo histórico del que los capítulos siguientes constituyen un primer intento de acercamiento.

Fuentes y bibliografía

Para facilitar la búsqueda, ordeno las referencias bibliográficas siguiendo la estructura de los capítulos de la siguiente manera: en primer lugar menciono las entrevistas que realicé como parte de la investigación, las conversaciones personales y, si las hubiera, las fuentes periodísticas de las que tomé palabras textuales; si se trata de académicos o intelectuales, incluyo sus últimas publicaciones. Luego, la bibliografía por fecha de publicación.

Cambio de época en Venezuela

Conversación con Teodoro Petkoff, Caracas, 26/8/2005.

Entrevista de Gabriel García Márquez con Hugo Chávez, Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur, N° 14, 8/2000.

Sobre la vida de Hugo Chávez: Modesto Emilio Guerreo (2007) ¿Quién inventó a Chávez?, Ediciones B; Cristina Marcano y Alberto Barrera Tyszka (2005) Hugo Chávez sin uniforme, Debate.

Libros de entrevistas o declaraciones de Chávez: Eleazar Díaz Rangel (2006) Todo Chávez. De Sabaneta al Socialismo del Siglo XXI, Planeta; Marta Harnecker (2002) Hugo Chávez Frías, un hombre, un pueblo, Tercera Prensa; Agustín Blanco Muñoz (1998) Habla el comandante, Fundación Cátedra Pío Tamayo, Universidad Central de Venezuela.

Sobre el fin del período de Punto Fijo: Kenneth Roberts (2005) “Polarización social y resurgimiento del populismo en Venezuela”, en Steve Ellner y Daniel Ellinger (eds.) La política venezolana en época de Chávez, Nueva Sociedad; Daniel Hellinger (2003) “Visión política general: la caída del puntofijismo y el surgimiento del chavismo”, en Steve Ellner y Daniel Ellinger (eds.) La política venezolana en época de Chávez, Nueva Sociedad; Fernando Coronil (2002) El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela, Nueva Sociedad.

Sobre el ascenso de Chávez: Margarita López Maya (2006) Del viernes negro al referendo revocatorio, Alfadil (segunda edición); Edgardo Lander (2005) “Izquierda y populismo: alternativas al neoliberalismo en Venezuela”, en César A. Rodríguez Garavito, Patrick S. Barrett y Daniel Chavez (eds.) La nueva izquierda en América Latina, Norma; Margarita López Maya (2005) “Hugo Chávez Frías: su movimiento y su presidencia”, en Steve Ellner y Daniel Ellinger (eds.) La política venezolana en época de Chávez, Nueva Sociedad; Patricia Márquez (2005) “¿Por qué la gente votó por Hugo Chávez”, en Steve Ellner y Daniel Ellinger (eds.) La política venezolana en época de Chávez, Nueva Sociedad.

Argentina después de la crisis

Entrevista con Eduardo Duhalde, Página/12, 7/5/2007.

Entrevista con Néstor Kirchner, Página/12, 17/6/2002.

Sobre la vida de Kirchner: Walter Curia (2006) El último peronista. La cara oculta de Kirchner, Sudamericana; Valeria Garrone y Laura Rocha (2003) Néstor Kirchner. Un muchacho peronista y la oportunidad del poder, Planeta; Daniel Gatti (2003) Kirchner. El amo del feudo;

Sobre la vida de Cristina Kirchner: Olga Wornat (2005) Reina Cristina, Planeta; José Ángel Di Mauro (2004) Cristina. La dama rebelde, Sudamericana.

Sobre la crisis de 2001 y las condiciones de ascenso de Kirchner: Marcos Novaro (2006) Historia de la Argentina contemporánea. De Perón a Kirchner, Edhasa; José Natanson (2004) El presidente inesperado. El gobierno de Kirchner según los intelectuales argentinos, Homo Sapiens; Isidoro Cheresky (2004) “De la crisis de representación al liderazgo presidencialista. Alcances y límites de la salida electoral de 2003”, en Isidoro Cheresky e Inés Pousadela (comps.), El voto liberado, Biblos; Luis Alberto Romero (2003) La crisis argentina, Siglo XXI; Pablo Gerchunoff y Lucas Llach (2003) El ciclo de la ilusión y el desencanto, Ariel; Ricardo H. Arriazu (2003) Lecciones de la crisis Argentina, El Ateneo; Pablo Bustos (2002) “Volver a empezar, una vez más”, en Nueva Sociedad, Nº 179, mayo-junio; Marcos Novaro (2002) El derrumbe político en el ocaso de la convertibilidad, Norma.

Ecuador, el reino de los outsiders

Conversaciones con Alberto Acosta, Quito, 24/10/2006 y 28/10/2007.

Sobre la vida de Rafael Correa: Kintto Lucas (2007) Rafael Correa, un extraño en Carondelet, Planeta.

Sobre la inestabilidad política ecuatoriana: Pablo Ospina Peralta (2005) “El peso de la noche: una perspectiva histórica de la crisis política en Ecuador”, en Ecuador Debate, Nº 64, abril; José Sánchez Parga (2005) “Del conflicto social al ciclo político de la protesta”, en Ecuador Debate, Nº 64, abril; Simón Pachano (2005) “Ecuador: cuando la inestabilidad se vuelve estable”, en Iconos, Nº 23, septiembre; Pablo Andrade A. (2005) “Democracia liberal e inestabilidad política en Ecuador. Apuntes para una interpretación política”, en Oasis, Nº 11.

Sobre el gobierno de Lucio Gutiérrez: Julio Paltán (2005) “La crisis del sistema político ecuatoriano y la caída de Gutiérrez”, en Iconos, Nº 23, septiembre; Alberto Acosta (2005) “Ecuador: ecos de la rebelión de los forajidos”, en Nueva Sociedad, Nº 198, julio-agosto.

Sobre la emergencia del movimiento indígena: Ana María Larrea Maldonado (2006) “Movimiento indígena, lucha contra el TLC y racismo en Ecuador”, en Revista del OSAL, Año VVI, Nº 19, enero-abril; Augusto Barrera G. (2002) “El movimiento indígena ecuatoriano: entre los actores sociales y el sistema político”, en Nueva Sociedad, Nº 182, noviembrediciembre.

Sobre las elecciones de 2006 y la victoria de Correa: Paulina Recalde (2007) “Elecciones presidenciales 2006: una aproximación a los actores del proceso”, en Iconos, Nº 27, enero; Simón Pachano (2007) “Ecuador: sorpresas y perspectivas”, Documento del Real Instituto Elcano;Augusto Barrera G. (2006) “Ecuador: desafíos y oportunidades del proceso electoral 2006”, en Nueva Sociedad (Edición Especial), marzo.

La paciencia de Lula

Entrevista con Fernando Henrique Cardoso, Nueva Sociedad, Nº 217, septiembre-octubre, 2008.

Conversación con Marco Aurelio García, Buenos Aires, 10/5/2007.

Frase de Lula sobre su infancia, Denise Paraná (2003) Lula, el hijo de Brasil, Editorial El Ateneo.

Sobre la vida de Lula: Ceferino Reato (2006) Lula, la izquierda al diván, Catálogos; Denise Paraná (2003) Lula, el hijo de Brasil, Editorial El Ateneo.

Sobre el ascenso del PT: Leonardo Avritzer (2004) “El ascenso del Partido de los Trabajadores en Brasil: la democracia y la distribución participativas como alternativas al neoliberalismo”, en César A. Rodríguez Garavito, Patrick S. Barrett y Daniel Chavez (eds.) La nueva izquierda en América Latina, Norma; Laura Tavares Soares, Emir Sader, Rafael Gentilli y César Benjamin (2004) Governo Lula. Descifrando o enigma,Viramundo;Vicente Palermo (2003) “El PT desde la oposición al gobierno y las gestiones de Fernando Henrique Cardoso”, en Vicente Palermo (comp.) Política brasilera contemporánea, Siglo XXI; Joachim Knoop (2003) “El Brasil con Lula, ¿más de lo mismo?”, en Nueva Sociedad, Nº 187, septiembre-octubre.

Sobre la etapa Cardoso y el Plan Real: Francisco Panizza (2003) “Política y economía de Brasil contemporáneo”, en Vicente Palermo (comp.) Política brasilera contemporánea, Siglo XXI; Ladislau Dowbor (2003) “Brasil: tendencias de la gestión social”, en Nueva Sociedad, Nº 187, septiembre-octubre.

Uruguay, a su ritmo

Conversación con Felipe Michelini, Buenos Aires, 5/12/2007.

Sobre la vida de Tabaré Vázquez: Edison Lanza y Ernesto Tulbovitz (2004) Tabaré Vázquez. Misterios de un liderazgo que cambió la historia, Editorial Alcierre.

Sobre el proceso político uruguayo y el triunfo de la izquierda: Gustavo de Armas (2006) “Sociedad y políticas en Uruguay desde la transición democrática al gobierno del Frente Amplio”, en América Latina Hoy, Vol. 44, diciembre; Daniel Chavez (2004) “Del Frente Amplio a la Nueva Mayoría: la izquierda uruguaya ante la perspectiva del gobierno”, en César A. Rodríguez Garavito, Patrick S. Barret y Daniel Chavez (eds.) La nueva izquierda en América Latina, Norma; Gerardo Caetano (2003) “Uruguay 2003. Agobios y desafíos del ‘nuevo país’”, en Nueva Sociedad, Nº 184, marzo-abril; Guillermo Waksman (1997) “Uruguay: la izquierda avanza hacia el gobierno”, en Nueva Sociedad, Nº 148, marzo-abril.

Sobre el Frente Amplio: Adolfo Garcé y Jaime Yaffé (2006) “La izquierda uruguaya 1971-2004: ideología, estrategia y programa”, en América Latina Hoy, Vol. 44, diciembre;Adolfo Garcé y Jaime Yaffé (2004) La era progresista, Editorial Fin de Siglo; Jorge Lanzaro (coord.) La izquierda uruguaya entre la oposición y el gobierno, Editorial Fin de Siglo/Instituto de Ciencia Política; Silvia Dutrénit Bielous (1996) “El Frente Amplio y la reproducción de la identidad política”, en Nueva Sociedad, Nº 144, julio-agosto.

Chile por el camino de la renovación

Conversación con Ricardo Lagos, Santiago, 20/6/2007.

Conversación con Manuel Antonio Garretón, Santiago, 20/6/2007. Entre sus principales trabajos: Manuel Antonio Garretón (2007) Del pospinochetismo a la sociedad democrática, Random House Mondadori; Manuel Antonio Garretón (2003) The incomplete democracy. Studies on politics and society in Latin America and Chile, North Carolina University Press; Manuel Antonio Garretón (1987) Reconstruir la política. Transición y consolidación democrática en Chile, Editorial Andante; Manuel Antonio Garretón (1993) Cultura, autoritarismo y redemocratización en Chile, Fondo de Cultura Económica.

Sobre la vida de Ricardo Lagos: Patricia Politzer K. (1998) El libro de Lagos, Ediciones B.

Sobre la vida de Michelle Bachelet: Julia Constenla (2006) Michelle Bachelet. Digo lo que pienso, hago lo que digo, palabra de mujer, Lumière; Andrea Insunza y Javier Ortega (2006) Bachelet. La historia no oficial, Debate; Gonzalo Rojas Donoso y Rosario Guzmán Bravo (2005), Bachelet. La hija del tigre, Ril Editores; Elisabeth Subercaseaux y Malú Sierra (2005), Michelle, Catalonia.

Sobre la transición chilena: Brian Loveman y Elisabeth Lira (2000) Las ardientes cenizas del olvido: vía chilena de reconciliación política, 1932-1994, Lom;Alfredo Joignant (ed.) (1999) La Caja de Pandora: el retorno de la transición chilena, Planeta-Ariel;Tomás Moulian (1995) “Chile: las condiciones de la democracia” en Nueva Sociedad, Nº 140, noviembre-diciembre.

Sobre la primera etapa de la Concertación, Patricio Navia (2003) Las grandes alamedas. El chile pos-Pinochet, La Tercera-Mondadori; Tomás Moulian (1997) Chile actual: anatomía de un mito, Lom; Paul Drake e Iván Jaksic (1990) (comps.) El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventa,Arcis-Lom.

Bolivia, 500 años después

Entrevista con Álvaro García Linera, Nueva Sociedad, Nº 209, mayo-junio de 2007.

Declaraciones de Manuel Rocha sobre Evo Morales, La Razón, 28/6/2002.

Sobre la vida de Evo Morales: Martín Sivak (2008) Jefazo. Retrato íntimo de Evo Morales, Debate; Darwin Pinto y Roberto Navia (2007) Un tal Evo. Biografía no autorizada, Editorial El País.

Sobre el ascenso de Evo Morales: Rafael Archondo (2007) “La ruta de Evo Morales”, en Nueva Sociedad, Nº 209, mayo-junio; Fernando Calderón G. (2007) “Oportunidad histórica: cambio político y nuevo orden sociocultural”, en Nueva Sociedad, Nº 209, mayo-junio; Pablo Stefanoni y Hervé Do Alto (2006) La revolución de Evo Morales. De la coca al palacio, Capital Intelectual; Simón Pachano (2006) “El peso de lo institucional: auge y caída del modelo boliviano”, en América Latina Hoy, Nº 43, agosto; Fernando Mayorga (2006) “Reforma del Estado: procesos, proyectos e identidades”, enTinkazos, Año 9, Nº 21; Fernando Molina (2006) Bajo el signo del cambio, Eureka Ediciones; Salvador Romero Ballivián (2006) “Análisis de la elección presidencial de 2005 en Bolivia”, en América Latina Hoy, Nº 43, agosto; Pablo Stefanoni (2004) “Los nueve años del partido de Evo Morales. Bolivia: las fronteras políticas del MAS”, en Revista El Viejo Topo, Nº 199, noviembre.

Sobre los movimientos sociales y el debate culturalista: Carlos Toranzo Roca (2006) Rostros de la democracia: una mirada mestiza, Plural, La Paz; Álvaro García Linera (coord.) (2004) Sociología de los movimientos sociales en Bolivia, Diakonía-Oxfam.

2
La integración sentimental

Managua es una ciudad baja, destartalada y gris. Tenía un bonito centro colonial, pero en 1972 fue destruido por un terremoto y nunca fue reconstruido. Hoy Managua se desparrama caóticamente en todas las direcciones, con enormes espacios vacíos y viviendas despintadas que rara vez superan los dos pisos de altura. Descentrada y aplanada, es una ciudad sin ejes claros, que no asume su condición urbana, y cuando uno camina por allí tiene la sensación de estar en el campo y no en una capital de casi dos millones de habitantes. Al lado de un importante edificio gubernamental, la sede del Parlamento o el Ministerio de Economía, puede haber un terreno desierto, lleno de maleza y basura, o una playa de estacionamiento semiabandonada. De día, al menos, hay sol; de noche la ciudad se transforma en un agujero negro: salvo unos pocos hoteles y algún que otro restaurante, los negocios cierran temprano (no hay venta que justifique el gasto de electricidad), las casas carecen de luces exteriores y los autos apenas circulan, pues la gasolina es carísima. El alumbrado público prácticamente no existe.

Hay que estar unos días en Managua para entender lo que significa la falta de energía. No es sólo una cuestión de comodidad, de quedarse sin aire acondicionado (en el improbable caso de que se disponga de uno), de acordarse de encender el generador a tiempo (si es que lo tiene), o de tener que consultar el periódico todos los días para enterarse en qué momento llegará el corte de luz, que puede extenderse hasta ocho horas. La falta de energía impide el desarrollo industrial, aumenta la sensación de inseguridad en las calles y deteriora la salud de la población, pues las heladeras se paran y los alimentos se descomponen. Es, a la vez, un indicador del subdesarrollo y una de sus causas principales.

Nicaragua, el país más pobre de América Latina después de Haití, carece de ríos torrentosos que alimenten posibles represas y no dispone de una sola molécula de gas ni de una gota de petróleo. En Venezuela, en cambio, la abundancia es tal que en sólo dos días produce toda la energía que Nicaragua consume en un año, un dato que seguramente conocía Hugo Chávez cuando decidió recurrir nuevamente a la carta energética, esta vez para apuntalar a su candidato favorito, el ex presidente y líder del sandinismo, Daniel Ortega, en la última elección presidencial nicargüense.

El 23 de abril de 2006, en plena campaña electoral, Ortega viajó a Caracas, una ciudad que tiene muchos problemas, desde un tráfico enloquecido hasta una de las tasas de inseguridad más altas de la región, pero a la que ciertamente no le falta energía: llenar el tanque del auto cuesta allí lo mismo que una botella de agua mineral. En aquella ocasión, Chávez recibió con honores a Ortega y lo invitó a participar de “Aló Presidente”. Entusiasmado, apenas se contuvo: “Daniel, no voy a decir que quiero que ganes tú, porque van a decir que me estoy metiendo en los asuntos internos de Nicaragua, pero quiero que ganes tú”. Al día siguiente, en un acto solemne en el Palacio de Miraflores, ambos líderes firmaron un convenio por el cual Venezuela se comprometió a proveer petróleo a precios preferenciales a los municipios gobernados por el sandinismo y construir treinta y dos plantas generadoras de electricidad.

Nueve meses después, el 10 de enero de 2007, cuando Ortega asumió por segunda vez la presidencia luego de más de una década en la oposición, Chávez viajó a Managua y se convirtió en la gran estrella del día. Llegó tarde a la ceremonia, pues venía de su propia jura, vestido de pantalón negro y camisa roja, y acaparó la atención de todo el mundo. Frente a una multitud que lo ovacionaba le entregó al flamante presidente nicaragüense una réplica del sable de Bolívar como agradecimiento por la decisión de sumarse al ALBA y, sorprendiendo a los propios sandinistas, sugirió la posibilidad de construir en Nicaragua un oleoducto y una refinería gigantesca que, de concretarse, no sólo conformarían la obra de infraestructura más importante del país, sino también una posesión estratégica fundamental: la idea —que por ahora es sólo eso, una idea— es que el petróleo venezolano cruce por territorio nicaragüense del Caribe al Pacífico y, desde allí, pueda ser cargado en buques que lo llevarían a China y el Sudeste de Asia, ya que muchos barcos petroleros de gran calado no pueden pasar por el Canal de Panamá.

Pero habrá que esperar para ver si este proyecto, como tantas otras grandiosas iniciativas de Chávez, se transforma en realidad. Lo importante, en todo caso, es que su activa intervención en las elecciones presidenciales de Nicaragua confirmó algo evidente, pero que de todos modos no deja de llamar la atención: la voluntad de Chávez de construir un polo de poder que, apoyado en la enorme riqueza petrolera y la despampanante capacidad financiera de su país, limite la tradicional influencia norteamericana y lo convierta a él, jefe supremo de una nación de tamaño mediano y con graves problemas de desarrollo, en un auténtico líder regional.

El desparpajo con el que lleva adelante su tarea, más que la aspiración en sí, es lo que sorprende, pues Chávez no es el primer líder venezolano que buscar proyectar su influencia a América Latina. Mucho antes, a comienzos del siglo XIX, Bolívar propagó su gesta independentista a medio continente, un siglo más tarde la dictadura de Juan Vicente Gómez se convirtió en un símbolo de estabilidad y progreso para la época, y a partir de 1958 la democracia venezolana del Punto Fijo se autoproclamó como un modelo de alternancia pacífica para los inestables países de la región. Desde que en 1914 se descubrió petróleo en la costa oriental del lago Maracaibo, los sucesivos gobiernos venezolanos han reforzado su proyección regional utilizando su riqueza hidrocarburífera, sobre todo en Centroamérica y el Caribe, las zonas más expuestas a las presiones de Estados Unidos y también las más vulnerables desde el punto de vista energético. En los 70, por ejemplo, Carlos Andrés Pérez aprovechó el aumento del precio del petróleo disparado por la Guerra de Yom Kippur para marcar presencia en el Caribe a través del envío de miles barriles a precio de saldo. En esos años, el caudillo panameño Omar Torrijos tuvo que trasladarse a Caracas de urgencia, sin motivo aparente, para una reunión fuera de agenda con su colega venezolano. Apenas aterrizó,Torrijos resumió en una frase por qué aceptaba viajar sin siquiera conocer la causa. “Cuando a uno lo llama un familiar muy rico, uno se presenta de inmediato.”

La petrodiplomacia es una constante en la política exterior venezolana y no un invento de Chávez, como parecen creer sus críticos más obstinados, aunque hay que admitir que su avasalladora personalidad la ha llevado a extremos sin precedentes. Sus opositores lo acusan de presionar a través de la OPEP —la organización mundial de productores de petróleo— para lograr una suba de los precios e, inmediatamente después, socorrer con gestos magnánimos a los países perjudicados. La estrategia —dicen— es una versión internacional del clientelismo político que aplica en Venezuela. Pero también se puede leer de otro modo, como una maniobra astuta destinada a perjudicar a los grandes consumidores y suministrar ayuda a los países más pobres. Como sea, mediante diversos acuerdos, convenios de cooperación y cartas de entendimiento, el más famoso de los cuales se denomina Petrocaribe, Chávez no sólo provee petróleo a precios especiales a una larga serie de países —Haití, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Barbados, Belice,Antigua y Bermuda, Bahamas, Granada, Guayana, San Cristóbal y Navis, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas y Surinam—, sino que hasta ha donado combustible al municipio de Londres y ha enviado gasolina barata para que los sectores más pobres de Harlem enfrenten mejor el duro invierno neoyorquino.

La ayuda, claro, impone algunas exigencias. El gobierno derechista de El Salvador, por ejemplo, recibe petróleo a precios subsidiados, pero los alcaldes que militan en la izquierda del Frente Farabundo Martí gozan de descuentos y facilidades especiales. Y aunque todos los países deben soportar ciertas condiciones, el que sufrió más directamente el (mal)humor bolivariano fue sin dudas la República Dominicana, cuyo gobierno recibió en septiembre de 2003 una denuncia de Chávez sobre un plan para asesinarlo supuestamente orquestado por el ex presidente venezolano Carlos Andrés Pérez desde Santo Domingo, donde se encontraba de vacaciones. “Es un síndrome que Chávez tiene con Pérez, pero realmente no es verdad”, quiso tranquilizar el presidente dominicano, Hipólito Mejía, luego de ordenar una investigación que no dio resultados. La respuesta no convenció a Chávez, que ordenó cortar el suministro de petróleo, a lo que Mejía reaccionó retirando a su embajador. El problema recién se solucionó tres meses después, cuando Pérez volvió a Estados Unidos.

Nada de esto, por supuesto, ocurrió con Cuba, sin dudas el país que más se ha beneficiado con la petrogenerosidad de Chávez. La relación personal con Fidel Castro, a quien ha llamado “padre”, “hermano” y “gran patriarca”, es más sólida que la que lo une con cualquier otro líder del continente. Se han visto infinidad de veces, en viajes oficiales y encuentros informales; jugaron al beisbol —el equipo de Chávez perdió porque Fidel hizo entrar disimulados a los integrantes de la selección cubana— y cantaron juntos una guaracha en “Aló Presidente”. El venezolano siente hacia su amigo, veintiocho años mayor, una admiración filial, y a menudo recurre a él como consejero: fue Fidel, por ejemplo, quien le recomendó a Chávez que se rindiera, que no se inmolara, en el momento más crítico del golpe de Estado de 2002, cuando los tanques rebeldes se preparaban para avanzar sobre Miraflores.

La base material de la amistad es un acuerdo por el cual Cuba recibe de Venezuela una cantidad de petróleo similar a la que obtenía de la Unión Soviética en los dorados años de la Guerra Fría, unos noventa mil barriles diarios, en condiciones inmejorables: no sólo por el financiamiento blando y la posibilidad de pagarlo recién cuando llega, sino también por el hecho de que, a diferencia de los demás países, Cuba no tiene prohibido revender el petróleo sobrante, lo que le ha permitido no sólo inmunizarse, sino incluso beneficiarse de la suba de los precios.“Si no fuera por Chávez todavía estaríamos con apagones”, me dijo un sociólogo cubano durante una cena en La Habana, en una agradable noche de verano en un restaurante con vista al Malecón, mientras comíamos un plato de camarones cuyo precio duplicaba su salario de veinte dólares como profesor titular de la Universidad de La Habana. El hombre, que sabía tomarse con filosofía su condición de intelectual semicrítico me contó que en los 90, en el momento económico más duro luego de la caída del Muro de Berlín, los apagones llegaron a durar hasta catorce horas.“Nunca se sabía cuándo llegarían ni cuánto durarían, ni dónde se producirían. Era imposible planificar nada, pero ahora eso ha cambiado.”

Cuba importa el 60% del petróleo que necesita, menos que otros países del Caribe pero todavía mucho para las posibilidades de la isla: los autos que circulan por las calles de La Habana, los viejos Bentleys de los 60, los Lasa soviéticos o los más modernos destinados al turismo y las empresas consumen mucho combustible, por lo que el gobierno se ha lanzado a una campaña de racionalización energética que ha saturado las paredes de la capital con carteles del estilo “Cuba lo necesita: ahorra electricidad”, con la foto de un niño apagando una lamparita. Idea de Fidel Castro, la campaña se mantuvo luego de febrero de 2008, cuando el poder fue traspasado a su hermano Raúl en un cambio de mando que generó dudas sobre la continuidad de la ayuda venezolana: se ha especulado mucho con la idea de que la relación, supuestamente más fría, entre Chávez y Raúl, podría derivar en el futuro en una restricción de los envíos de petróleo, pero hasta ahora eso es algo que no ha ocurrido.

¿Qué recibe Venezuela a cambio de su petróleo? Medicamentos genéricos, programas de alfabetización, entrenadores deportivos, asistencia en temas de inteligencia y, sobre todo, miles y miles —se estima que la cifra llega a veinte mil— de médicos dispuestos a atender en la profundidad de las barriadas más pobres del país. Más adelante analizo en detalle su función social, pero ahora no quiero dejar pasar un dato central: los médicos cubanos trabajan en condiciones que pocos profesionales venezolanos aceptarían y están disponibles las veinticuatro horas, pues suelen vivir cerca del consultorio, generalmente en el piso superior de una pequeña construcción octogonal donde se ubica la sala de atención. Esto ha generado en Venezuela un intenso debate que aviva los temores de que el país se incline hacia un “castrocomunismo”, un temor que siempre me resultó más bien paranoico pero que no impide formular una aclaración: la diplomacia médica cubana es una de las estrategias de política internacional más inteligentes de Fidel Castro y un gesto humanitario irreprochable, pues implica llevar asistencia sanitaria a cientos de miles, quizás millones, de venezolanos, bolivianos o nicaragüenses necesitados. Reconociendo esto, hay que señalar que sólo es posible en el marco de un Estado autoritario, que un día decide mover veinte mil médicos a Venezuela, Bolivia o Angola, sin necesidad de emitir mucho más que una orden administrativa. Sólo un ejército —cuya estructura interna, si se piensa bien, no es muy diferente de la de una autocracia— es capaz de trasladar tanta gente a lugares tan remotos en tan poco tiempo.

Pero lo central es la sociedad entre ambos países. En Cuba, el efecto más notable de la alianza con Chávez es económico. Venezuela desplazó a España como principal socio comercial de la isla y generó un alivio inesperado en el momento adecuado, justo cuando los precios del azúcar comenzaban a caer y los del petróleo empezaban a subir. Esto explica la frase con la que el vicepresidente cubano, Carlos Lage, quiso pasar a la historia:“Cuba —afirmó Lage durante una visita a Caracas en julio de 2006— es el país más democrático del mundo, porque es el único que tiene dos presidentes, Fidel Castro y Hugo Chávez”. La afirmación no debería ser leída apenas como la provocación más bien torpe de un típico exponente castrista, sino como una ilustración de la particular concepción de democracia que impera en la isla: como escribió el antropólogo cubano Haroldo Dilla, tener dos presidentes no hace más democrático a un país, sobre todo si no ha elegido a ninguno de los dos.

EL PODER BLANDO DE CHÁVEZ

Siempre me llamó la atención el modo en que los opositores a Chávez interpretan su estrategia internacional. Aun si a uno no le gusta lo que está haciendo, hay que admitir que el hombre es creativo, innovador y, por momentos, muy generoso. Lejos de limitarse a tender petropuentes con países hambrientos de energía, el activismo internacional de Chávez se despliega en todas las direcciones, como parte de una estrategia que le ha permitido proyectarse más allá del Caribe y Centroamérica, las tradicionales áreas de influencia de su país. La relación con Argentina, por ejemplo, incluye la compra de bonos de la deuda por más de cinco mil millones de dólares, proyectos de exploración petrolera conjunta, la adquisición de dos barcos para PDVSA y, más recientemente, la decisión de rescatar a Sancor, una gigantesca cooperativa láctea que se encontraba al borde de la quiebra y que iba a ser adquirida por el magnate George Soros, a quien Chávez se le adelantó ofreciendo un crédito fabuloso a cambio de leche en polvo durante quince años.

El vínculo con Ecuador se inició con la compra de quinientos millones de dólares de deuda y se consolidó luego del triunfo de Rafael Correa, con quien Chávez firmó acuerdos para mejorar la producción de Petroecuador y gestionar el reingreso del país a la OPEP. Con el presidente de Uruguay,Tabaré Vázquez, Chávez se comprometió a financiar una planta productora de azúcar refinada, ampliar la refinería de La Teja y comprar las estaciones de gasolina que la empresa energética uruguaya,ANCAP, tenía en Argentina y que arrojaban grandes pérdidas.

Si uno mira sólo las cifras de inversiones, el plan de Chávez luce más bien rústico: parece limitarse a entregar petróleo, comprar bonos y financiar programas diversos, algunos sensatos y otros más extravagantes. Pero también tiene un costado innovador, que demuestra que el líder venezolano —aunque a veces proyecte una imagen un tanto retro— es capaz de sorprender con iniciativas que revelan un conocimiento profundo del mundo en el que vive. Una de ellas es la señal de noticias Telesur, lanzada junto a Argentina, Uruguay y Cuba, luego de comprobar que los canales internacionales demoraron casi dos días en reconocer que el golpe de Estado en su contra de 2002 había sido efectivamente un golpe de Estado. El objetivo de la iniciativa, sintetizado en el eslogan “Nuestro Norte es el Sur”, es muy atendible: trasmitir el punto de vista latinoamericano y contrabalancear el poder de la CNN. El problema es que lo que había nacido como un aporte al pluralismo informativo se fue transformando con el paso del tiempo en un canal contradictorio y bastante gris, al estilo de la televisión cubana, que mezcla algunos programas interesantes con abundantes dosis de propaganda apenas disfrazada. Como suele suceder con Chávez, lo objetable no es tanto la idea como su implementación.

Telesur es un buen ejemplo de “poder blando”, una definición clásica del politólogo norteamericano Joseph Nye que alude al poder que no es militar, no se basa en la coacción o la fuerza, sino que es cultural o ideológico y se asienta en la capacidad de convencer al otro. Otra muestra es el aporte financiero a algunos medios de comunicación distribuidos por toda América Latina, como América XXI, un panfleto chavista en forma de revista que dirige el periodista argentino Luis Bilbao y cuya fuente de financiamiento es indisimulable. En la edición de marzo de 2007, por ejemplo, conté seis publicidades a página completa: una de la Revolución Bolivariana en Zulia, otra de Vive, el canal de televisión estatal venezolano, otra de Radio Nacional de Venezuela, otra de PDVSA y otra de la Corporación Venezolana de Guayana (la restante era de Radio Nacional de Argentina). Otro ejemplo de esta estrategia de difusión cultural, éste un tanto más absurdo, fue el Festival Internacional de la Juventud organizado en Caracas en agosto de 2005, cuyo cierre incluyó un juzgamiento público a Estados Unidos bajo el cargo de “imperialismo”, y cuyo testigo más importante fue... Chávez. Pero el más notable y el más divertido de todos fue, sin dudas, el apoyo —un millón de dólares de publicidad de PDVSA— a la Escola do Samba Vila Isabel, una formación de segunda categoría que no obtenía un triunfo desde 1988 y que, gracias al petrorrespaldo chavista, ganó el concurso principal del Carnaval de Río de Janeiro de 2006. El motivo elegido por Vila Isabel fue la unidad latinoamericana, encarnada en un muñeco de Bolívar de catorce metros de altura que desfiló junto a 3.400 sambistas por el Sambódromo de Río. El Libertador, que esa tarde lucía un tanto diabólico, llevaba un corazón rojo palpitante en una mano, se recostaba en un trono alado y vestía su tradicional uniforme azul con charreteras doradas.

¡Arriba Vila!

Fuerte y unida

Como el sueño del Libertador

La esencia latina es la luz de Bolívar

Que brilla en un mosaico multicolor

El estribillo agregaba loas a la tierra americana:

Soy loco por ti,América

Loco por tus amores

Abundancia que impera, mestiza madre tierra

De integración de los colores

Pocos días después del triunfo de Vila Isabel, el diario venezolano El Nacional criticó el apoyo financiero del gobierno en un editorial titulado “Petrosamba en Río”: “¿Vale la pena —se preguntaba El Nacional— exponer la figura del Libertador a esa sandunga, que no guarda relación con la vida de quien fuera siempre un hombre alegre, pero jamás vulgar? ¿Por qué el Gobierno bolivariano financió con nuestro dinero esta degradación internacional, a ritmo de samba y buches de cerveza, que se le hizo a la imagen del Padre de la Patria, en unos días y en una ciudad más proclives al derrape que al respeto institucional?”.

Chávez respondió que los periodistas no entendían nada, que la operación propagandística era parte de “una lucha ideológica” por recuperar las raíces latinoamericanas, y agregó un análisis semiológico del estribillo:“Es una expresión muy sublime cuando alguien dice: ‘soy loco por ti, América; soy loco por ti, amor’. No dice ‘estoy’; dice ‘soy’,‘he enloquecido’. Es una expresión de amor infinita y merece reconocimiento. La letra es bellísima”. Para reforzar el mensaje latinoamericanista, junto al Bolívar gigante desfilaron por el Sambódromo de Río otros muñecos, más chicos, representando a íconos de la región, desde el Che Guevara y José Martí hasta Gabriel García Márquez. Había también, mezcladas con los ídolos latinoamericanos, representaciones nacionales, que demostraron que ni siquiera los creativos de Vila Isabel pueden escapar a los estereotipos: brasileños disfrazados de bananas y mexicanos con grandes sombreros, una pirámide azteca y el oro de los incas. En fin, una samba muy colorida y animada, con un solo toque sombrío al final, el carro español o portugués (europeo, en todo caso), de fondo negro sobre el cual se recortaban esqueletos y esclavos encadenados.

LA VERDADERA INFLUENCIA DE CHÁVEZ

Probablemente lo que le llamó la atención fue la forma de pronunciar la “s”, que se alarga, tensa, en el altiplano, y prácticamente se ignora en el Caribe. El español que se habla en el altiplano es un español lento, que enfatiza la “d” final y en el que la “r” se pronuncia como “tch”: “tchrambía” en vez de “trambía”. El acento caribeño es más musical y cargado, la “d” final casi no se pronuncia y la “y” y la “ll” se convierten en “io”:“Io me iamo Iolanda”.

Algo de todo esto debe haber dado vueltas por la cabeza de Juan Mogrovejo, asesor de la empresa india Jindal Steel & Power, en la reunión del 24 de abril de 2007 con un grupo de técnicos del gobierno de Bolivia. Estaban discutiendo el contrato del riquísimo yacimiento del Mutún, que su compañía quería comenzar a explotar, y Mogrovejo tardó unos minutos en darse cuenta de que lo extraño era la forma de pronunciar las “s”, o el hecho de que los señores de traje que susurraban consejos y recomendaciones a los negociadores bolivianos tenían un acento inconfundiblemente caribeño.

El testimonio de Mogrovejo fue difundido por The Wall Street Journal como una prueba irrefutable de la influencia de Venezuela en las políticas de Evo Morales, un indicio más de que sus medidas más importantes —entre ellas, la nacionalización de los hidrocarburos— no fueron decisiones autónomas, sino golpes teledirigidos por Chávez desde Caracas. Quienes creen en esta tesis recuerdan que, apenas asumió, Morales firmó con Chávez siete acuerdos de cooperación entre PDVSA y YPFB, la compañía hidrocarburífera boliviana, y que poco después la petrolera venezolana abrió sus primeras oficinas en La Paz. Para colmo, el anuncio de nacionalización del gas, la medida más audaz del gobierno de Morales, se produjo el 1 de mayo de 2006, apenas treinta y seis horas después de una reunión en La Habana entre los presidentes de Bolivia, Venezuela y Cuba. “Queremos Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con B de Bolivia, no con V de Venezuela”, criticó el jefe de la oposición boliviana Jorge “Tuto” Quiroga.

¿Es realmente tan determinante la influencia de Chávez en Bolivia? La respuesta no es fácil. Evo Morales se mueve en aviones cedidos por Venezuela y tripulados por pilotos de ese país y es, después de Fidel, el líder latinoamericano que más dialoga con Chávez. Hasta recurrió a él para que los campesinos bolivianos pudieran ver en directo el último mundial de fútbol, cuyos derechos de transmisión, que habían sido comprados por una empresa privada, fueron readquiridos por PDVSA y cedidos a la televisión abierta. El asesoramiento de técnicos venezolanos, sobre todo en los aspectos legales, fue crucial en la nacionalización de los hidrocarburos y en la negociación de las concesiones mineras. Pero todo esto no implica un alineamiento absoluto: Morales, por ejemplo, se niega a seguir el ejemplo de Venezuela y dejar la Comunidad Andina de Naciones, a cuyos países Bolivia exporta el 38% de la soja que produce. Ha rechazado la propuesta de crear una OPEP del gas y se mantiene a distancia de otras iniciativas chavistas. Y es que la cooperación entre ambos países, aunque se ha profundizado en los últimos tiempos, no deja de tener algo de ilógica (o de ideológica): desde el punto de vista económico, Bolivia se complementa mejor con Brasil, Argentina, Uruguay o Chile, que importan gas, que con Venezuela, que busca exportarlo. De hecho, Bolivia y Venezuela poseen las principales reservas de gas de la región y son, por lo tanto, competidores en potencia.

Cuando le pregunté por el tema al vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, me respondió que la relación de su país con Venezuela no es ni más intensa ni más especial que la que mantiene con Brasil o Argentina. El vínculo, dijo, es igual de importante, pero después pensó unos instantes y agregó: “En el caso de Venezuela hay una sintonía política en la búsqueda de modelos posneoliberales y poscapitalistas, además de una vinculación a través de una ayuda económica más directa e incondicionada”.

La influencia de Chávez es tan real como los helicópteros Súper Puma venezolanos que trasladan cotidianamente a Evo Morales, pero de ninguna manera es absoluta. Y lo mismo ocurre en Ecuador: Rafael Correa construyó una buena relación con el líder bolivariano, sabe sacarle el jugo a la cooperación económica e incluso define a su gobierno como una revolución —aunque el adjetivo que la acompaña no es “bolivariana” sino “ciudadana”. Pero tampoco acepta una subordinación automática: en marzo de 2008, cuando el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, bombardeó un campamento de las FARC en Ecuador para matar al número dos de la guerrilla, Rafael Reyes, Correa reaccionó con indignación, movilizó tropas a la frontera y buscó el rechazo de los países de la región a la incursión colombiana. Sin embargo, se mantuvo al margen de la teatralización exagerada de Chávez, que aunque no había sufrido ningún ataque en su territorio ordenó un aparatoso despliegue militar que poco después, cuando las cosas volvieron a la normalidad, tuvo que desactivar. Del mismo modo, Correa se ha negado a dejar la Comunidad Andina y ni siquiera ha aceptado ingresar a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), la jugada más ambiciosa de Chávez para extender su influencia en América Latina.

Nacido en diciembre de 2004 como reacción al ALCA promovido por Estados Unidos, el ALBA cuenta con cuatro socios:Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua. El objetivo es recuperar el espíritu de unidad bolivariano mediante un mecanismo de articulación regional que no se apoye en las cifras desalmadas del comercio sino en la sintonía política, y que enfatice la dimensión social de la integración hasta convertirla en una forma de luchar contra la exclusión y la pobreza. Éstas son las intenciones. Sin embargo, más allá del acrónimo indudablemente ingenioso —la imagen del amanecer es bella, la alusión a Bolívar nunca está de más, por otra parte, suena a ALCA, pero distinto— y del hecho de que cada nueva incorporación se festeja con actos solemnes, largos documentos y abrazos efusivos, cabe preguntarse: ¿qué es exactamente el ALBA?

Chávez dice que es más que un esquema de integración comercial; sus opositores sostienen que no es ni siquiera eso. Y si uno mira con un poco de atención los datos duros, no queda más que darles la razón. Venezuela es el socio comercial más importante de Cuba, pero la isla representa poco para la economía venezolana, que se vincula fundamentalmente con Estados Unidos. Bolivia no tiene como principales socios comerciales a ninguno de los miembros del ALBA, sino a los más pedestres Brasil y Argentina, y después a Colombia y Perú. En el caso de Nicaragua, el 60% de sus exportaciones tiene como destino el área de libre comercio de Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA), mientras que a los países del ALBA va sólo el 1%. Esto explica que, pese a los esfuerzos de Chávez, Bolivia haya decidido permanecer en la Comunidad Andina de Naciones, que Nicaragua se niegue a romper el CAFTA y que Correa se resista a sumarse a la gesta bolivariana. Y entonces, si Cuba no tiene relaciones económicas importantes con Bolivia, ni Nicaragua con Cuba ni Bolivia con Nicaragua, ¿qué es entonces el ALBA?

Es, básicamente, un amontonamiento de programas de intercambio, acuerdos y protocolos, muchos de los cuales fueron mencionados más arriba: petróleo barato, asistencia financiera, programas sociales. No establece normas que impliquen derechos y obligaciones a sus miembros ni contempla un órgano comunitario o multilateral, como la Unión Europea o el Mercosur, por lo que al final todo reposa en las decisiones de los presidentes. Es más bien una alianza de cooperación, pero de una sola vía: cada integrante firma con Venezuela diferentes acuerdos, pero sin que haya compromisos conjuntos relevantes. Para Luis Maira, ex ministro de Planificación y Cooperación de Chile, actual embajador en la Argentina y uno de los principales internacionalistas de su país, el ALBA está lejos de las intenciones proclamadas. “Chávez, con su dinamismo y su hiperactividad, dibuja un bloque, crea una idea de bloque”, me dijo en su despacho de la embajada chilena en Buenos Aires, desde donde se ve la elegancia parisina de los parques de Palermo.

—¿Pero el bloque no es real?

—Si uno mira los intercambios comerciales, la institucionalidad supranacional, las relaciones políticas más allá de los encuentros entre los presidentes, no se ve nada muy concreto.

—¿Qué es entonces el ALBA?

—No creo que sea un proceso de integración articulado. Es más como una sensación.

CONTRASTES EN EL FORO SOCIAL MUNDIAL

El estadio Gigantinho, el más grande de Porto Alegre, comenzó a llenarse desde temprano con miles y miles de militantes del PT, muchos de ellos recién llegados desde Río de Janeiro, que llevaban prolijas banderas con el símbolo del partido —una estrella roja con la P y la T en blanco— y carteles de apoyo a Lula. Se movían disciplinadamente en grupos, comunicados por celulares y handies, y rápidamente se situaron en los lugares estratégicos: frente al escenario, en las gradas frontales y en las laterales. Esperaron con paciencia, sin mucha alegría pero sin fastidio, como si aguardaran el ómnibus: simplemente algo que tenían que hacer. Un par de horas después, Lula apareció en el palco vestido con una impecable camisa blanca y comenzó a leer su discurso. Al poco tiempo, sin embargo, se escucharon algunos abucheos y silbidos, al principio con timidez y después más y más intensos, cuando los disconformes se dieron cuenta de que podían hacerse escuchar. Provenían de pequeños grupos que habían logrado colarse disimuladamente entre los militantes del PT y que, envalentonados, rápidamente comenzaron a insultar al presidente al grito de “traidor”. Visiblemente nervioso, Lula dejó de lado el texto que estaba leyendo y se dispuso a improvisar, con tan mala suerte que dijo Menem cuando quiso decir Kirchner, lo que generó aún más chiflidos.

La imagen, en la inauguración del Foro Social Mundial (FSM) de 2005, era francamente llamativa. Como la mayoría de los dirigentes del PT, Lula había participado de todas las reuniones desde que, cuatro años atrás, su partido había ayudado a crear este espacio de debate y lucha contra la globalización neoliberal. Convertido con el tiempo en la gran vidriera de la izquierda mundial, el FSM reúne a políticos, intelectuales y militantes sociales que durante una semana debaten las maldades más evidentes del capitalismo. El ambiente es un poco como un Woodstock politizado, con carpas diseminadas por el campo, jóvenes yendo de acá para allá y todo tipo de actividades, desde actos políticos hasta conciertos de rock o sesiones de cine. Con los años ha ido perdiendo cierto brillo — el hecho de que el PT haya sido desplazado del gobierno de Porto Alegre es sintomático— y sus organizadores discuten la forma de relanzarlo. Pese a todo, se mantiene como un espacio que reúne a la crème de la izquierda antiglobalización latinoamericana.

Ese día, después de los silbidos, Lula partió directamente a Davos, donde se realizaba la reunión anual del Foro Económico Mundial, que reúne a los líderes políticos y empresariales más poderosos del planeta, y que es el espejo donde se mira el Foro de Porto Alegre. En Brasil, muchos interpretaron la doble presencia de Lula —el único presidente del mundo que estuvo en ambos lugares— como un gesto más de claudicación. Y por eso, todos esperaban el cierre a cargo de Chávez: un discurso auténticamente antineoliberal y antiimperialista. La expectativa era enorme. Dos horas antes de la llegada del líder venezolano, el estadio ya desbordaba con veinte mil personas que cantaban la guajira “Guantanamera” y agitaban banderas chavistas, de los movimientos sociales de Argentina y del PT. Algunos carteles, pocos pero irritantes, decían:“Chávez, venga a ser nuestro presidente”. Primero habló Olivio Dutra, el entonces ministro de Ciudades de Brasil, quien intentó defender la gestión del PT, pero los gritos y silbidos fueron tantos que su discurso resultó inaudible. Después tomó el micrófono Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, quien no ahorró elogios al presentar a Chávez. “Fue el primer líder latinoamericano que le paró los pies al liberalismo, detuvo las privatizaciones, optó por los humildes y se paró contra los amos del mundo.”

El discurso de Chávez duró dos horas y dejó a todos contentos. Vestido con su tradicional camisa roja, debajo de la cual llevaba una remera, también roja, con una pequeña imagen del Che Guevara, el presidente venezolano exhibía un entusiasmo indisimulable. Prometió hablar despacio para que los brasileños lo entendieran, pero no pudo con su genio y a poco de comenzar ya estaba citando a Bolívar a los gritos, recitaba poemas de Mario Benedetti y soltaba frases a borbotones. El público lo escuchó con paciencia y lo aplaudió varias veces, pero al rato algunos brasileños que no lograban entender su español florido empezaron a dejar el estadio. Chávez, no obstante, siguió hablando, y sólo se interrumpió una que otra vez para regañar a quienes coreaban estribillos contra Lula. “A pesar de algunos ruidos que ustedes puedan hacer, quiero decirles que yo lo quiero a Lula, lo aprecio”, dijo el venezolano. Y concluyó: “Es un gran hombre, es un gran compañero”.

BRASIL, ESE IMPERIO BUENO

Brasil ocupa el 47% de la superficie de Sudamérica, tiene la mitad de su población y un PBI de casi ochocientos mil millones de dólares (el décimo del mundo), lo que implica la mitad del sudamericano y cuatro veces el de Argentina, cinco veces el de Venezuela, siete el de Chile y ochenta veces el de Bolivia. Sólo el estado de San Pablo supera en poderío económico a toda la Argentina y solo Petrobrás equivale al PBI total de Bolivia. Brasil no sólo exporta materias primas, sino también productos industrializados de alto valor agregado, autos y aviones. Está construyendo un satélite artificial, tiene dos centrales nucleares, fuerzas armadas con trescientos cincuenta mil efectivos y la reserva de agua dulce más importante del planeta.

Con estos datos a la vista, parece natural que Brasil aspire a liderar los destinos de la región, algo que ahora suena obvio pero que por mucho tiempo no lo fue. Durante décadas y décadas, su singularidad lingüística y cultural y el hecho de haber sido la única colonia americana que contó con un monarca en su territorio —los Braganza emigraron con su corte desde Portugal a principios del siglo XIX— convencieron a los gobernantes brasileños de que lo mejor era imponer una distancia altiva en sus relaciones con la región. A principios de los 80, sin embargo, el fin de las dictaduras militares y la distensión con Argentina, su tradicional competidor geoestratégico, acabaron con el tradicional ensimismamiento de Brasil y propiciaron un cambio de orientación en su política exterior, en base a nuevos proyectos de integración regional, primero el Mercosur y después la Comunidad Sudamericana, que ahora se llama Unión Sudamericana de Naciones (Unasur). La nueva estrategia incluía un giro que podría parecer casual, pero que estaba fríamente calculado: la referencia ya no era América Latina sino Sudamérica, lo que dejaba afuera a México, la otra gran potencia regional, y estiraba la distancia con Estados Unidos.

El triunfo presidencial de Lula el 27 de octubre de 2002 —y su sintonía con los gobiernos de izquierda de la región— reforzó los planes de Brasil de consolidarse como el gran referente sudamericano. Es probable que la notoriedad internacional de Lula, el hecho de ser el primer presidente pobre de un país desbordante de pobres, haya confirmado las aspiraciones de liderazgo de Brasil, aspiraciones que el ex obrero metalúrgico alimentó mediante la elemental estrategia de no ahorrar en gastos. Quienes se escandalizan por las millonarias inversiones de Chávez deberían echarle una mirada a Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), un banco supercapitalizado cuya línea de créditos internacionales ya le ha permitido financiar proyectos por más de cinco mil millones de dólares. Para apoyar una iniciativa, generalmente relacionada con obras de infraestructura, el BNDES pone una sola condición: que la empresa constructora sea brasileña. Y es ahí donde entra la Odebrecht, la mayor compañía del sector en Brasil, la misma que está construyendo una represa y un aeropuerto en Ecuador, seis gasoductos en Argentina y un dique y un puente sobre el río Orinoco en Venezuela.

A estas iniciativas económicas, Lula fue sumando otras, de carácter más político. Su gobierno lideró la misión de paz de Naciones Unidas en Haití, envió comisiones de mediación a Ecuador y Bolivia, y jugó un papel central en el Grupo de Amigos de Venezuela, que intentó destrabar la crisis política de 2003. En julio de 2008, lanzó la idea de crear un Consejo Sudamericano de Seguridad, para coordinar las políticas de defensa de la región (y también, aunque no lo ha dicho en voz alta, probablemente para estimular las ventas de la incipiente industria armamentista brasileña). En agosto de 2008, su discreta intervención resultó clave en la cumbre de Unasur realizada en Santiago, en la que los gobiernos de la región respaldaron a Evo Morales en uno de los momentos más difíciles del largo conflicto con las regiones autonomistas. Y, de paso, marcó un nuevo contraste con Chávez, que frente a las tensiones entre Bolivia y Estados Unidos había reaccionado con su habitual teatralidad, anunciando la expulsión del embajador norteamericano en Caracas como gesto de “solidaridad” con Evo Morales. Sin el paraguas de una institución formal o un acuerdo internacional, Brasil actúa por gravitación natural, apoyándose en su enorme poder económico y su creciente legitimidad regional. Y así va preparando el terreno para avanzar en su proyecto de crear una verdadera articulación sudamericana sustentada en Unasur. A diferencia del ALBA de Chávez, la Unasur no es ni antiimperialista ni antineoliberal; descansa en presupuestos menos ambiciosos, pero también más realistas: la idea es que el desarrollo económico de un país-continente como Brasil nunca será posible en un vecindario convulsionado y pobre, y que sus ambiciones de jugador global podrán concretarse en la medida en que se convierta en un auténtico líder regional, para lo cual es necesario fortalecer a Sudamérica como un verdadero espacio político y comercial.

Pero claro, ninguna de las iniciativas brasileñas tiene el impacto mediático que generan las jugadas de Chávez, el primer presidente en visitar a Sadam Hussein desde la Guerra del Golfo, el único líder latinoamericano que viajó a Belarús (la última dictadura de Europa, según el Parlamento Europeo) y el que ha construido la relación más estrecha con Mahmud Ahmadinejad, el presidente iraní que se ha hecho famoso por negar el Holocausto. Al lado de estos gestos, las movidas de Lula suenan a poco, aunque quizás sean más sólidas y coherentes: el fortalecimiento de los vínculos con China y Sudáfrica contribuyó, por ejemplo, a ampliar el círculo de relaciones de Brasil y consolidar su posición en el mundo, a tal punto que por momentos irrita un poco a sus vecinos. Néstor Kirchner, que sabe que no puede competir con Brasil pero que se enoja de nada, se ha quejado en privado de las ambiciones de su socio.“Si hay un lugar en la Organización Mundial de Comercio, Brasil lo quiere. Si hay un espacio en las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, Brasil lo quiere. Si se modifica el Consejo de Seguridad, Brasil quiere un sitio. Hasta querían un Papa brasileño”, protestaba Kirchner pocos días después de la muerte de Juan Pablo II.

Y es que parte de la estrategia de Brasil consiste en no dejar espacios libres de influencia en Sudamérica. En enero de 2007, cuando se cumplía un año de la llegada del MAS al gobierno, Lula llamó a Evo Morales para felicitarlo, invitarlo a visitar Brasilia y ofrecerle un paquete de incentivos, que incluyó la asistencia para la construcción de una fábrica de biodiésel, un crédito blando para la compra de tractores y, lo más interesante de todo, el acuerdo definitivo por el precio del gas, lo que supuso un aumento sustancial de los ingresos bolivianos.

Con este tipo de gestos, Lula intentaba responder a las acusaciones sobre la agresiva política de Petrobras en Bolivia y sacudirse una mala fama —Brasil como un imperialismo a escala reducida— que se remonta a 1903, cuando el gigante sudamericano anexó por la fuerza la región de Acre, que en aquel momento todavía formaba parte de Bolivia. El sello arquitectónico de esta inclinación expansionista —a veces un edificio dice más que mil palabras— es la embajada brasileña en La Paz, una imponente mole de hormigón y vidrio, ubicada en el barrio de Sopocachi, no tan fea pero casi tan grande como la embajada de la ex Unión Soviética en Berlín Oriental. Consciente de estos antecedentes, Lula busca acercarse a Evo Morales, un poco para desmentir la fama de su país y otro poco para replicar una afirmación lanzada por Chávez en la Cumbre del Mercosur de julio de 2006, cuando, en medio de un largo discurso, citó una carta de Simón Bolívar al embajador brasileño de aquel momento.“Brasil era un imperio...”, comenzó a decir el venezolano, y apenas soltó la frase miró a Lula, que sonrió.“Era así, en aquel entonces Brasil era un imperio, pero un imperio bueno...”

Brasil, en efecto, se proclamó imperio en 1822, cuando Pedro I declaró la independencia de Portugal y se coronó emperador, y mantuvo ese estatus hasta la inauguración de la república, en 1889. Pero Lula no debe de haber pensado tanto en el rigor histórico de Chávez como en la acusación irónica. Su respuesta fue ambigua. “Yo utilizo mucho la palabra paciencia. Ahora siento una cierta tranquilidad cuando veo a Chávez tranquilo. Chávez parecía una figura inquieta. Si yo hubiera tenido su temperamento, ya habría provocado unas tres guerras.”

LA INTEGRACIÓN, A LAS SACUDIDAS

“Es como la bigamia: si tu estás casado y te enamoraste de otra mujer, bueno, no puedes pretender casarte dos veces; tienes que divorciarte, o separarte al menos”, dijo Chávez el 19 abril de 2006, en Asunción, y todos lo entendieron: el presidente venezolano confirmaba los rumores de que su país se retiraría de la Comunidad Andina de Naciones, en rechazo a las negociaciones iniciadas por tres de sus integrantes (Colombia, Perú y Ecuador) con Estados Unidos para la firma de tratados de libre comercio. Y se preparaba para anunciar la incorporación plena de Venezuela al Mercosur, una decisión que no sólo produjo un sacudón fuerte, de esos que tanto le gustan, en el escenario político sudamericano, sino que, además, confirmó que las diferencias y suspicacias que lo separan de Lula, y en menor medida de los Kirchner, son mucho menos importantes que las coincidencias y las necesidades que los unen.

Veamos primero los datos duros, que son impresionantes. Con Venezuela, el Mercosur nuclea a las tres principales economías de Sudamérica y redondea un PBI que equivale al 70% del total de la región. Su territorio representa el 71% y su población alrededor del 65% de la sudamericana. Al mismo tiempo, la incorporación de Venezuela implica un salto en el potencial energético del bloque, ya que el país cuenta con las principales reservas de petróleo del Hemisferio Occidental y los yacimientos de gas más importantes del subcontinente. Geoestratégicamente, se crea un espacio que va desde las costas del Caribe hasta Tierra del Fuego y que, por primera vez, incluye a un país que siempre miró hacia el Norte, hacia el Caribe y Centroamérica, y que ahora se inclina hacia el Sur y hacia el Atlántico.

Esto suena muy bien, pero si miramos más allá de las estadísticas las cosas parecen menos claras. Que Venezuela tenga enormes reservas energéticas, ¿implica que los socios del Mercosur podrán comprar petróleo más barato? ¿No es acaso el petróleo un commodity, es decir, un producto que se cotiza a un precio estándar en el mercado internacional? Que Venezuela cuente con gigantescos yacimientos de gas inexplotados, ¿implica que ese gas llegará a San Pablo o a Buenos Aires? ¿Cómo lo hará? ¿No hace falta un gasoducto? ¿Es viable ese gasoducto? Y más en general, ¿qué significa el ingreso de Venezuela en términos comerciales?

Desde que Chávez anunció que su país se incorporaría al Mercosur, se multiplicaron los análisis acerca de las ventajas automáticas que supondría la ampliación del bloque, siempre en base a estos números impresionantes. Las cosas, sin embargo, son un poco más complicadas. Desde el punto de vista comercial,Venezuela se beneficia por la posibilidad cierta de diversificar sus relaciones económicas. Hasta ahora, simplificando apenas, la ecuación económica venezolana es bastante sencilla: le vende petróleo a Estados Unidos y le compra a diferentes países, sobre todo a Estados Unidos, todo lo demás: alimentos, tecnología, maquinaria, servicios. Acercándose a Brasil y Argentina,Venezuela podría atenuar su dependencia del mercado norteamericano mediante el incremento de su intercambio comercial con los socios del Mercosur, que a su vez podrían aumentar sus exportaciones hacia ese país. De hecho, el comercio de Brasil y Argentina con Venezuela ha aumentado mucho, siempre en términos favorables para los primeros, ya desde antes del anuncio de Chávez.

La evaluación política es más complicada y da para interpretaciones de todo tipo. La más clásica es que Lula y Kirchner lograrán contener a Chávez y ponerle un freno, un límite o al menos un marco a su empecinada imprevisibilidad. Aunque, por supuesto, jamás lo digan en voz alta.“Chávez no necesita que lo contengan. Chávez se contiene solo”, se enojó el entonces jefe de Gabinete argentino, Alberto Fernández, cuando un grupo de periodistas le preguntamos por la relación con Venezuela, luego de un acto en la Casa Rosada en el que se presentó un acuerdo de cooperación energética entre ambos países. Fernández no quería hablar del tema, y ningún funcionario, argentino o brasileño, lo admitirá en público, pero la estrategia existe. Y es que la gran crítica, aun entre quienes defienden el Mercosur ampliado, es que el temperamento del caudillo bolivariano hace que sea imposible delinear un plan más o menos razonable de mediano plazo. Quienes lo cuestionan dicen que con él todo será siempre incertidumbre y sorpresa, y mencionan como ejemplo el diagnóstico formulado por Chávez en diciembre de 2006, cuando todavía no se había aceptado la incorporación plena de su país al Mercosur y ya estaba diciendo que el bloque necesitaba un “viagra político”...

“Chávez tiene mucha fuerza, es un hombre exuberante, carismático, pero entra al Mercosur y a la semana dice que así no sirve”, me respondió Eduardo Duhalde cuando le pregunté por la incorporación de Venezuela. Vestido de sport, relajado pero bostezando por el efecto mañanero de una noche de póker con amigos, Duhalde ya había dejado la presidencia de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, el cargo de coordinador general del bloque que había asumido luego de su salida del gobierno argentino. Me concedió una larga entrevista en julio de 2007 y, tal vez porque ya no ocupaba ningún puesto público, no sintió la necesidad de medir sus palabras.

—¿Fue buena idea sumar a Venezuela?

—Sí y no. La verdad es que Chávez es un poco impredecible. Y ha entrado en un vértigo riesgoso. Yo conozco bien Venezuela, las misiones sociales que él está implementando y que realmente llegan a la gente. Conozco los avances en materia educativa, de salud. Están trabajando muy bien. Pero por otro lado está ese vértigo, esa capacidad para plantear temas que no termina de definir, de apurar innecesariamente las cosas. Y eso me preocupa, porque Venezuela está ante una enorme oportunidad. Es un país que siempre ha sido exprimido por Estados Unidos y que ahora tiene la posibilidad de hacer algo distinto.

Unos meses después le formulé la misma pregunta al sucesor de Duhalde en la Comisión del Mercosur, Carlos “Chacho” Álvarez, ex vicepresidente argentino, uno de los principales referentes de la izquierda moderada y un lúcido analista de los procesos de integración. Estábamos en su pequeña oficina del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (CEPES), el centro de investigaciones que funciona como su base operativa en Buenos Aires.“La integración de Venezuela implica crear una convergencia entre las tres principales economías de la región, además de los datos en materia de energía que todos conocemos. Desde ese punto de vista es una oportunidad importante para ampliar y fortalecer el bloque. Por supuesto, su incorporación ha sido una decisión eminentemente política, que refleja un momento político especial de la región. Pero lo central es fortalecer una visión estratégica, que trascienda a los gobiernos y vaya más allá de las coyunturas. ¿Quién se acuerda hoy de quienes eran los presidentes que firmaron el Tratado de Asunción, que dio inicio al Mercosur? No se puede juzgar la incorporación de un país por el gobierno que tenga en determinado momento, pues los gobiernos cambian y el proceso de integración aspira a seguir.”

—¿Pero las características de los gobiernos no condicionan el proceso de integración?

—Por supuesto. En los 90, en pleno neoliberaliamo, el Mercosur tenía un sesgo más comercial, donde lo principal era la liberalización del comercio. Ahora tiene un tono más político. Pero lo central es sacar la mirada de la coyuntura y abordar los aspectos no sólo comerciales, sino también productivos, sociales, culturales, políticos.

—El juego internacional de Chávez, sus provocaciones a Estados Unidos, su alianza con Irán, ¿no pueden complicar al Mercosur?

—El Mercosur no tiene, y no va tener por mucho tiempo, una política exterior común. Éstos serían los últimos pasos del proceso de integración. Hoy estamos tratando de avanzar en la integración productiva, social, energética. Lo otro viene después. De hecho, Europa lleva ya cincuenta años de avances y aún no logra consensuar una política exterior común, como demostró la guerra de Irak y las divisiones entre la “vieja” y la “nueva” Europa.

Es interesante la posición de Chacho Álvarez: sacar la mirada de la coyuntura y tratar de pensar con una perspectiva de mediano plazo anclada en cuestiones concretas. Si no, el Mercosur corre el riesgo de expandirse, pero sin ganar profundidad y consistencia, conformando un bloque estirado geográficamente pero política y económicamente plano, irrelevante. Y en este aspecto no hay nada más importante que la integración de la infraestructura energética, a la que muchos señalan como la base real de cualquier proyecto de articulación regional. Se dice (a veces un poco livianamente) que el gas y el petróleo son hoy lo que el carbón y el acero fueron en la Europa de posguerra: las bases ciertas de un integración sólida. ¿Será así?

Por lo pronto, existe un proyecto ambicioso, el famoso Gasoducto del Sur, una red de tuberías que saldría de Puerto Ordaz, en Venezuela, atravesaría todo Brasil, se ramificaría en dos direcciones, llegaría a Argentina y Uruguay, quizás al Norte de Chile, con interconexiones con Bolivia, Paraguay y Perú. Si se concreta, se establecería un lazo energético entre los países sudamericanos a través de la conexión gasífera más ambiciosa del mundo, unos nueve mil kilómetros, a un costo difícil de estimar. Y con un sentido que muchos critican: los especialistas sostienen que, en lugar de atravesar toda la región con un tubo, sería más conveniente licuar el gas en Venezuela, ponerlo en un barco, trasladarlo a Brasil o a Argentina, y allí regasificarlo. Algunos, haciendo cálculos, llegan a la conclusión de que construir semejante obra exigiría destinar la totalidad de la producción de acero de Sudamérica durante varios años. Escapa a mis posibilidades —y a mis propósitos, el tema es complejísimo— determinar rigurosamente si se trata, en efecto, de una locura de nuevo rico. Lo central, en todo caso, es que los diagnósticos en contra del proyecto han generado dudas en el gobierno de Lula, que no se convence de sus ventajas y que cada vez parece menos decidido a concretarlo, sobre todo desde que Petrobras anunció el hallazgo de nuevos yacimientos ultramarinos en Santos, cerca de San Pablo, que en unos años elevarán a Brasil a la categoría saudita de potencia energética. El Gasoducto del Sur es, por ahora, sólo un proyecto. De hecho, el único gasoducto venezolano que realmente se está construyendo no se dirige ni a Argentina, ni a Brasil, ni a Nicaragua, ni a Bolivia ni a Ecuador, sino a la capitalista, pronorteamericana y derechista Colombia. Negocios son negocios, aun en tierras bolivarianas.

URUGUAY , ¿COMO CHILE?

Acreditada como periodista gracias a las gestiones de un semanario cómplice, ingresó sin dificultades al salón oficial, donde los presidentes se preparaban para la foto. Mientras los fotógrafos afilaban sus flashes, se escondió en el baño, se sacó el vestido, lo guardó en la cartera y se quedó con un par de botas y la bikini lila de lentejuelas, típica del carnaval de Gualeguaychú, con un tapado negro cubriéndola discretamente. Disimulada entre el océano de cámaras de televisión, esperó en primera fila que los presidentes terminaran de acomodarse, el cartel enrollado dentro de su anotador de falsa periodista. Cuando todo estuvo listo, Evangelina Carrozo se sacudió el tapado con un solo movimiento elástico, se agachó ágilmente para pasar bajo la valla y dio tres, cuatro pasos pausados, como desfilando, frente al muro de trajes oscuros de los jefes de Estado de América Latina y Europa reunidos en Viena, hasta que los agentes de seguridad la tomaron del codo y se la llevaron, a uno se le escapó un atisbo de sonrisa. La foto, incluida en las páginas centrales de este libro, recorrió el mundo.“Basta de papeleras contaminantes. No pulpmill pollution”, decía el cartel. Los presidentes, sorprendidos, no sabían bien adónde mirar. Kirchner hacía gestos, como indicando yo no tengo nada que ver. El primer ministro británico,Tony Blair, parecía encantado de que alguien hubiera roto el clima solemne de la cumbre. Tabaré Vázquez, destinatario último de la protesta, reaccionó a su modo circunspecto:“Una linda chica de Greenpeace con un buen cuerpo”. Y Chávez, claro, fue el más elogioso:“Yo le tiré un beso y la aplaudí. Si ella tiene una solución, ¡que la traiga!”.

Las piernas perfectas de Evangelina Carrozo fueron un capítulo más, aunque particularmente vistoso, del conflicto entre Argentina y Uruguay por la instalación de dos fábricas de pasta de celulosa en las costas de este último país, en la orilla del río Uruguay, frente a Gualeguaychú, la ciudad argentina donde nació la bella reina del carnaval. Los vecinos de allí creen, como Evangelina, que las fábricas instaladas en la orilla uruguaya contaminarán las aguas del río y acabarán con el turismo, principal actividad económica del lugar, por lo que decidieron cortar el puente que une a ambos países, lo que desató una tormenta diplomática que hasta hoy no ha encontrado solución. Y que, además de producir un impacto económico en Uruguay, reavivó las críticas que por allí se escuchan contra el Mercosur, porque si la integración regional no sirve para resolver civilizadamente este tipo de problemas, entonces, ¿para qué sirve?

El conflicto generó una intensa discusión en Uruguay acerca de las ventajas y desventajas del Mercosur, y dio aire a quienes defienden la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que busca una asociación con el país no por razones comerciales —el mercado uruguayo es obviamente irrelevante para Washington—, sino por motivos políticos, para conseguir un socio en el Río de la Plata y condicionar el proceso de integración mercosureño. Enojado con Kirchner por el corte del puente y presionado por la opinión pública, Tabaré Vázquez meditó durante un tiempo la alternativa de acercarse a Estados Unidos, pero finalmente terminó descartándola, en parte por la resistencia que despertaba dentro de su gobierno y en parte porque, tal como le advirtió el gobierno de Brasil, hubiera implicado su salida definitiva del Mercosur, sin vuelta atrás.“Lamentablemente, en estas cosas no existe amizade colorida”, había dicho Marco Aurelio García, en referencia a esa mezcla de amistad y noviazgo popular entre los adolescentes brasileños.

Pero la idea sigue ahí, defendida por el sector del gobierno que lidera el ex ministro de Economía y probable candidato a suceder a Tabaré Vázquez, Danilo Astori, por buena parte de la opinión pública, los medios de comunicación y casi todos los políticos opositores. “El Mercosur tiene que ser una unión comercial, no política”, me dijo Luis Alberto Lacalle durante una entrevista en Buenos Aires. Líder de uno de los clanes políticos más tradicionales de su país, referente de un sector importante del Partido Blanco y presidente entre 1990 y 1995, Lacalle es un político conservador que firmó el Tratado de Asunción, el documento que dio nacimiento formal al Mercosur en 1991, y que ahora —como parte de su campaña para convertirse nuevamente en presidente— reclama un cambio en la orientación del bloque.“Hay que dejarse de jorobar con pavadas como el Parlamento del Mercosur, que sólo sirven para generar viáticos, y recentrar los esfuerzos en los aspectos económicos.”

—¿Volver al Mercosur comercial?

—Exactamente, a una unión económica. Se trata de comprar y vender, no de atarnos con instituciones de las que después es imposible salir.

Otro representante de la derecha uruguaya, el diputado Jorge Amorín Valle, aportó una ocurrencia cuando un periodista le preguntó por el Parlamento del Mercosur:“Es como un matrimonio que se lleva muy mal y para arreglarse decide tener un hijo”.

Las opiniones de Lacalle y de Amorín Valle no deberían descartarse con el argumento fácil de que son neoliberales y punto. Quienes defienden la idea de que Uruguay debería diversificar su política de integración, vinculándose con nuevos mercados y explorando acuerdos con otras naciones, argumentan que reúne las características adecuadas para este tipo de estrategia abierta: es un país que, dado el tamaño reducido de su mercado interno, sólo podrá desarrollarse si aprovecha plenamente su potencial exportador. Como cualquier economía chica, la uruguaya produce mucho de pocas cosas y consume poco de muchas. Es una economía estructuralmente especializada y, por lo tanto, vulnerable a las fluctuaciones de los precios de los pocos productos que exporta: la única forma de evitar los golpes —argumentan los uruguayos mercoescépticos— es diversificar las exportaciones, para lo cual Uruguay cuenta con algunas ventajas invaluables: una ubicación estratégica, materias primas abundantes y una tradición de estabilidad institucional adecuada para atraer inversiones extranjeras.

La idea es seguir el ejemplo de Chile, que representa un paradigma distinto de política internacional. En lugar de apostar, como los socios del Mercosur, al fortalecimiento de un solo proceso de integración regional, Chile ha firmado acuerdos comerciales con, literalmente, medio mundo. La estrategia es vista por muchos —no sólo en Uruguay— como un modelo ideal de inserción internacional, coherente con una economía abierta y moderna, que ayudaría a diversificar la política comercial y reducir la vulnerabilidad externa.

Pero, guste o no, Uruguay ya se encuentra irremediablemente atado a sus vecinos, especialmente a Brasil y Argentina, sus dos principales socios comerciales, a los que envía el 50% de sus exportaciones y que, además, son los responsables de algunos movimientos económicos claves, como el turismo, hoy la principal fuente de divisas de la economía uruguaya. Pero además, las estrategias internacionales tienen siempre sus límites, e incluso la sofisticada política exterior chilena exhibe signos de agotamiento.“Ahora Chile tiene que avanzar hacia una mayor integración con Sudamérica”, me dijo el embajador Maira cuando le pregunté por el tema. “La sensación es que ya hicimos todo lo que podíamos hacer por nuestra inserción en el mundo y en la globalización: firmamos los tratados de libre comercio, logramos expandir las exportaciones, se han abierto nuevos mercados para nuestros productos. Nuestro potencial comercial está bastante consolidado: tenemos una importante relación con Asia, somos un país significativo en el bloque del Pacífico, enviamos productos a Estados Unidos y Europa. Pero todavía hay problemas que no se han resuelto y que podrían solucionarse a partir de una mayor integración regional, como el tema energético, la cuestión con Bolivia, la posibilidad de que Chile se convierta en una gran plataforma de servicios para conectar las economías del Atlántico con las del Pacífico”, enumera Maira.

LA INTEGRACIÓN INTELIGENTE

Desde el fin de la Guerra Fría, y sobre todo desde los atentados del 11 de septiembre, Washington ha desviado su atención hacia rincones del mundo alejados y tumultuosos, como Medio Oriente y el este de Asia, y ha concentrado su preocupación en el ascenso de viejas y nuevas potencias, como China, India y Rusia. Su tradicional patio trasero exhibe cierta calma y, con unas pocas excepciones, no constituye una prioridad en su estrategia global. “En los 90, se suponía que la democratización de la región y el giro hacia economías de mercado iba a producir un acercamiento natural con Estados Unidos. Pero no fue así, o al menos no fue tan automático. Hoy Washington le presta poca atención a América Latina y aún menos a Sudamérica”, confirma Riordan Roett. Asesor habitual del Partido Demócrata y consejero para temas latinoamericanos de Barak Obama, Roett es una mezcla, bastante común en tierras gringas, de académico, político y consultor. Simpático y muy influyente, dirige el Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Johns Hopkins de Washington, y respondió a mis preguntas durante un almuerzo en un restaurante del microcentro de Buenos Aires, en una de sus habituales visitas a la ciudad. “No hay mucho interés de Estados Unidos en la región, más allá de las declaraciones formales. Hay cierto temor, sobre todo en los círculos más conservadores, por el activismo de Chávez y la creciente influencia económica de China. También está el tema Cuba, y Colombia. Pero nada de esto es urgente, o por lo menos tan urgente como Irak, Afganistán o Irán. Son cuestiones que no están en el centro de la agenda.

—¿Y qué significa esto para la región?

—Mucho o poco, según qué se haga. Lo central es cómo procesan los países de Sudamérica, sobre todo los más gravitantes, este desinterés relativo de Washington, qué hacen con ese espacio de autonomía que se ha abierto y que antes no existía.

El vacío de influencia de Estados Unidos llega en un momento oportuno, justo cuando Sudamérica registra una convergencia ideológica entre la mayoría de sus gobiernos, por primera vez bajo el control de fuerzas de izquierda, lo cual crea una oportunidad única para profundizar la integración regional. El 5 de noviembre de 2005, todos los presidentes del continente se reunieron en Mar del Plata, una ciudad balnearia cercana a Buenos Aires, para la Cumbre de las Américas. En una discusión larga y por momentos tensa, los negociadores estadounidenses buscaron por todos los medios un compromiso consensuado con la creación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la iniciativa de integración económica hemisférica lanzada por Bill Clinton en 1994. Pese a las presiones de Estados Unidos, Brasil y Argentina, junto a sus socios de Paraguay y Uruguay (y por supuesto Venezuela), se negaron a suscribir el acuerdo. Fue un gesto explícito de compromiso con la integración regional y el final anticipado de la iniciativa comercial impulsada por Washington.

Después, los países de la región demostraron su decisión de prescindir de la tutela estadounidense en dos ocasiones críticas: en marzo de 2008, en una muy televisada reunión del Grupo de Río en Santo Domingo, los presidentes latinoamericanos lograron desactivar el conflicto entre Álvaro Uribe y Rafael Correa, indignado por la decisión del colombiano de bombardear un campamento de las FARC en territorio de Ecuador. Después, la ya mencionada cumbre de Unasur en Santiago concluyó con un respaldo explícito a Evo Morales. En ambas oportunidades, los líderes de la región dieron muestras de la voluntad de asumir la responsabilidad en la resolución de sus propios problemas, sin acudir, como en el pasado, a la intervención de Estados Unidos.

Pero conviene tener cuidado con las visiones excesivamente optimistas. El giro a la izquierda puede contribuir a acelerar las cosas, pero los procesos de integración no pueden descansar sólo en la buena sintonía política o el feeling presidencial. Como dice Chacho Álvarez, la integración es un proyecto de largo plazo que trasciende a los gobiernos y que sería un error analizar con una mirada teñida de coyuntura. Si se limita a eso, el riesgo es que se convierta en una integración sentimental: sin base firme, sin profundidad y sin futuro.

El ingreso de Venezuela al Mercosur, por ejemplo, puede constituir una buena oportunidad para ampliar el bloque, fortalecer la interconexión energética y potenciar su peso relativo en el mundo, pero también puede convertirse en una pésima decisión si afecta la previsibilidad del proceso de integración, si no se resuelven los aspectos técnicos aún pendientes y si, en definitiva, contribuye a generar un Mercosur gelatinoso e inestable. “La incorporación de Venezuela, la forma en que se procesó, prueba que el Mercosur como unión aduanera está muy debilitado”, me dijo Roberto Bouzas, economista argentino especializado en temas de integración, cuando le pedí una evaluación sobre el tema.

—¿Por qué?

—En primer lugar, porque se demora mucho en lograr su incorporación plena. Todavía falta el aval del Senado de Brasil y de Paraguay. Hasta que no se vote, sigue siendo sólo un anuncio. Pero lo central es que se dejó pendiente lo más importante, el tema del arancel externo común, que es el núcleo del Mercosur. No se acordaron calendarios, progresos, pautas. Fue una decisión política. Y es cierto que los procesos de integración son procesos políticos, pero también es verdad que es necesario que se apoyen en una base técnica, en la construcción de instrumentos, mecanismos, cosas que le den sustento a la integración. Si no, el efecto es puramente simbólico.

Para evitar que la integración se limite a las declaraciones de amistad y los abrazos presidenciales es necesario, en primer lugar, solucionar los grandes temas pendientes. El Mercosur nació como una unión aduanera cuyo corazón, como bien recuerda Bouzas, es el arancel externo común, lo que significa que los productos que ingresan desde países extrabloque pagan lo mismo si entran por Argentina, por Brasil o por cualquiera de los socios. Es, por lo tanto, una zona de libre comercio, con libre circulación de bienes y mercancías dentro de sus fronteras, que además cuenta con una política comercial común hacia el resto del mundo. Pero esto es sólo en teoría, pues existen todo tipo de excepciones que han llevado a los analistas a calificar al bloque como una “unión aduanera imperfecta”.

En este contexto, disolver los obstáculos para llegar a la armonización arancelaria total es uno de los grandes retos del Mercosur. Y eso sólo en el capítulo aduanero. El bloque tiene por delante el complicado desafío de avanzar en la complementación productiva y resolver el problema de las asimetrías que tanto irrita a Uruguay y a Paraguay. Además, claro, de incrementar el intercambio económico entre los socios, aunque también hay indicios de que la articulación ha mejorado en los últimos años: una simple búsqueda en una central de reservas on line confirma la inédita conexión aérea entre los países del Mercosur. Lan, por ejemplo, tiene ocho vuelos diarios Buenos Aires-Santiago, y hay unos veinte vuelos entre San Pablo y Buenos Aires. Por momentos, la sensación es que, pese a la declarada voluntad de dotar al bloque de una estructura política sólida, la integración funcional avanza más rápido que las instituciones y las normas.

En verdad, contra lo que sostiene cierta izquierda simplona, son pocos los que se oponen totalmente a la integración regional. El tema es qué tipo de integración se quiere. La izquierda siempre ha defendido una integración más amplia y profunda, no sólo económica, sino también política, productiva, cultural, de unidad frente a los poderosos del mundo, en la que el componente solidario ocupe un lugar. El momento parece propicio para avanzar en estos aspectos, pero existen otras alternativas. La derecha no le teme a la asociación con las grandes potencias y por eso prefiere un Mercosur de baja intensidad, limitado a lo comercial, como el que defiende Lacalle. Por eso, si de veras quiere imponer su visión, la izquierda debe demostrar que su modelo es mejor que la propuesta de integración light que impulsan las fuerzas neoliberales. Que, por tratarse de países adyacentes, alejados del resto del mundo y con niveles de desarrollo no tan diferentes, los países del Mercosur son socios naturales que están destinados a comerciar mucho entre sí, exista o no una unión aduanera. Y que, dada esta realidad, lo más razonable es aprovecharla para avanzar en una articulación mutuamente beneficiosa.

Pero esto necesariamente implica pagar ciertos costos. La persistente inclinación de los presidentes sudamericanos a satisfacer las demandas particulares de algunos sectores de sus sociedades pone en riesgo el proyecto, supuestamente más importante, de avanzar en la integración, tal como demuestra la posición del gobierno argentino frente al conflicto de las papeleras, los subsidios que Brasil se niega a quitarle a sus empresas o los crónicos exabruptos de Chávez. Integrarse implica ceder grados de soberanía y hasta modificar la forma de manejar el poder: el hiperpresidencialismo de Argentina y Venezuela permite tomar algunas decisiones con mucha rapidez, pero a largo plazo conspira contra la construcción de una institucionalidad supranacional que perdure en el tiempo, que trascienda a Chávez, Kirchner o Lula. Las definiciones relámpago, por mejores intenciones que tengan, sirven de poco si cambian cuando cambia el gobierno. Y eso, tarde o temprano, siempre sucede.

Fuentes y bibliografía

Declaración de Chávez sobre Ortega, Revista Envío, Nº 290, mayo de 2006. Para más detalles sobre el plan de construir una gigantesca refinería y un oleducto en Nicaragua: Confidencial, Nº 518, enero de 2007.

Declaración de Hipólito Mejía sobre el corte de suministro de petróleo, El Universal, 29/7/2003.

Declaración de Carlos Lage sobre los dos presidentes de Cuba, El Venezolano, 15/11/2005.

Sobre la influencia de Chávez en el Caribe y la utilización del petróleo como arma diplomática: Andrés Serbín (2006) “Cuando la limosna es grande. El Caribe, Chávez y los límites de la diplomacia petrolera”, en Nueva Sociedad, Nº 205, septiembre-octubre; Genaro Arriagada Herrera (2006) “Petróleo y gas en América Latina: un análisis político de relaciones internacionales a partir de la política venezolana”, Documento del Real Instituto Elcano; Eduardo Mayobre (2006) “El sueño de una compañía energética sudamericana. Alcances y límites de Petroamérica”, en Nueva Sociedad, Nº 204, julio-agosto; Carlos A. Romero (2004) “Venezuela, su política exterior y el Caribe”, en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Vol. 10, Nº 3, septiembre-diciembre; Milko González S. (2003) “El petróleo como instrumento de política exterior en el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías”, en Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, Vol. IX, Nº 2, julio-diciembre.

Sobre la relación Cuba-Venezuela: Haroldo Dilla (2006) “Hugo Chávez y Cuba. Subsidiando posposiciones fatales”, en Nueva Sociedad, Nº 205, septiembreoctubre; Pedro Monreal (2006) “Cuban Development in the Bolivarian Matrix”, en NACLA, Vol. 39, Nº4; Julie M. Feinsilver (2006) “La diplomacia médica cubana”, en Foreign Affairs en Español,Vol. 6, Nº 4, octubre-diciembre; Mauricio de Miranda (2003) Cuba: reestructuración económica y globalización, Centro Editorial Javeriano; Haroldo Dilla (2002) “Cuba: los escenarios cambiantes de la gobernabilidad”, en Haroldo Dilla (ed.) Los recursos de la gobernabilidad en la Cuenca del Caribe, Nueva Sociedad.

El poder blando de Chávez

Editorial contra el apoyo a Vila Isabel, El Nacional, 28/2/2006.

Respuesta de Chávez,“Aló Presidente”, 5/3/2006.

Sobre el poder blando de Chávez y sus iniciativas más innovadoras de integración: Leonardo Valente y Mauricio Santoro (2006) “A diplomacia midiática do governo Hugo Chávez”, Documento del Observatório Político Sul-Americano, Instituto Universitario de Pesquisas do Rio de Janeiro, IUPRJ/UCAM; Carlos Arcila Calderón (2005) “¿Qué es Telesur?, en Chasqui, Nº 92, diciembre.

La verdadera influencia de Chávez

Entrevista con el vicepresidente Álvaro García Linera, Nueva Sociedad, Nº 1, 209, mayo-junio de 2006.

Conversación con el embajador Luis Maira, Buenos Aires, 24/7/2007 y La Habana, 16/2/2008.

Referencia a la presencia de técnicos venezolanos en las negociaciones de< Bolivia, The Wall Street Journal, 25/5/2005.

Frase de Jorge “Tuto” Quiroga sobre Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia “con V de Venezuela”, La Razón, 8/5/2006.

Sobre la relación entre Evo Morales y Hugo Chávez: Pablo Stefanoni (2007) “Siete preguntas y siete respuestas sobre la Bolivia de Evo Morales”, en Nueva Sociedad, Nº 209, mayo-junio; Luis Maira (2007) “Dilemas internos y espacios internacionales en el gobierno de Evo Morales”, en Nueva Sociedad, Nº 209, mayo-junio; Bertrand De la Grange (2006) “Bolivia, el patio trasero de Hugo Chávez”, en Letras Libres, junio; Jorge Marirrodriga (2006) “Venezuela y Cuba se movilizan en Bolivia”, en El País de España, 7/5/2006.

Sobre el ALBA: Josette Altmann B. (2007) “ALBA: Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe”, Flacso/Fundación Carolina; Francesc Granell (2006) “Morales y la alternativa bolivariana de Chávez. ¿Una nueva relación con la UE?”, en Política Exterior,Vol. 20, Nº 112; José Briceño Ruiz y Rosalba Linares (2004) “Más allá del chavismo y la oposición:Venezuela en el proceso del ALCA y la propuesta del ALBA”, en Geoenseñanza,Vol. 9, Nº 1.

Contrastes en el Foro Social Mundial

Presentación de Ignacio Ramonet, www.forumsocialmundial.org.br.

Discurso de Chávez, www.forumsocialmundial.org.br.

Sobre la doble presencia de Lula en Davos y Porto Alegre: Eduardo Gudynas (2005) “Lula, tan cerca de Davos, tan lejos de Porto Alegre”, La Insignia; Eduardo Gudynas (2005) “Foro Social Mundial: Controversias, diversidad y esperanza”, La Insignia.

Sobre el FSM: Boaventura de Sousa Santos (2006) Foro Social Mundial. Manual de uso, Icaria; Chico Whitaker (2005) El desafío del Foro Social Mundial, Icaria; Cândido Grzybowski (2003) “¿Por qué pensar o Fórum Social Mundial?”, en Democracia Viva, Nº 14; José María Gómez (2003) “Fórum Social Mundial e os desafios do movimento social global”, en Desenvolvimento e Direitos Humanos. Diálogos no FSM, São Paulo, Fundação Peirópolis-ABONG.

Brasil, ese imperio bueno

Queja de Kirchner sobre la política sudamericana de Brasil, The Miami Herald, 9/8/2007.

Diálogo entre Lula y Chávez sobre el imperialismo brasileño, Página/12, 22/7/2006.

Sobre la estrategia sudamericana de Brasil: Mónica Hirst (2006) “Los desafíos de la política sudamericana de Brasil”, en Nueva Sociedad, Nº 205, septiembreoctubre; Rita Giacalone (2006) “La Comunidad sudamericana de Naciones, ¿una alianza entre izquierda y empresarios”, en Nueva Sociedad, Nº 202, marzo-abril; Raúl Zibechi (2006) “Brasil y el difícil camino hacia el multilateralismo”, Documento del International Relations Center; Henrique Manoel Silva (2005) “Subimperalismo a brasilera, alguns apontamentos sobre o expansionismo e as pretenções hegemonicas no Cone Sul”, en Acta Scientiarum. Ciências Humanas e Sociais, Vol. 27, Nº 1; Diego Cardona C. (2005) “¿Tiene futuro la Comunidad Sudamericana de Naciones”, en Foreign Affairs en Español, Vol.5, Nº 2, abril-junio; Riordan Roett (2003) “Brazil’s Role as a Regional Power,” en Riordan Roett y Guadalupe Paz (eds.) Latin America in a Changing Global Environment, Lynne Rienner Publishers; Juan Gabriel Tokatlian (2001) “La Unión Sudamericana: ¿inexorable o contingente?”, en Desarrollo Económico,Vol 41, Nº 161, abril-junio.

La integración, a las sacudidas

Entrevista con Eduardo Duhalde, Página/12, 7/5/2007.

Conversación con Chacho Álvarez, Buenos Aires, 14/8/2007.

Frase de Chávez sobre la bigamia, Brecha, 7/4/2008.

Conferencia de prensa de Albero Fernández, Buenos Aires, 14/9/2006.

Sobre la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones: Carlos Malamud (2006) “La salida venezolana de la CAN y sus repercusiones en la integración regional”, Documento del Real Instituto Elcano; Elsa Cardozo (2004) “Venezuela en la Comunidad Andina: retroceso en tres escalas”, en Aldea Mundo,Año 8, Nº 16.

Sobre el ingreso de Venezuela al Mercosur:Valentina Delich (2007) “El caso de Venezuela vis a vis la experiencia de la Unión Europea”, Flacso Argentina; Ralf Klinkhammer (2006) “Debería Venezuela ingresar al Mercosur. Un análisis desde la perspectiva local”, en Rita Giacalone (comp.) Venezuela en el ALCA, entre realidades y fantasías, Universidad de Los Andes,Vicerrectorado Académico de Publicaciones; Osvaldo Alonso (2005) “Incorporación al Mercosur: efectos potenciales sobre la fuerza de trabajo de Venezuela”, Ildis.

Sobre la política internacional de Chávez, su relación con América Latina y su intención de construir un liderazgo regional: Carlos Romero (2006) Jugando con el globo. La política exterior de Hugo Chávez, Ediciones B; Edmundo González Urrutia (2006) “Las dos etapas de la política exterior de Chávez”, en Nueva Sociedad, Nº 205, septiembre-octubre; Diego B. Urbaneja (2005) “La política exterior de Venezuela”, Documento del Real Instituto Elcano; Daniel Mora Brito (2004) “La política exterior de Hugo Chávez en tres actos (1998-2004)”, en Aldea Mundo, Año 8, Nº 16; Raquel Gamus (2003) “Consistencias e inconsistencias de protagonismo internacional del gobierno de Hugo Chávez Frías. Énfasis en la propuesta democrática”, Ponencia presentada en el XXIV Congreso de LASA, Dallas,Texas; María Teresa Romero y Elsa Cardozo (2002) “Aproximación a la propuesta internacional de Hugo Chávez: las concepciones de democracia e integración”, en Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura,Vol. VIII, Nº 1, enero-junio.

Sobre el Gasoducto del Sur y los proyectos de integración energética en Sudamérica: Laura Tedesco (2007) “Alianzas y desencuentros en América del Sur: energía e integración”, FRIDE; Ariela Ruiz Caro (2006) “Cooperación e integración energética en América Latina y el Caribe”, Serie Recursos Naturales e Infraestructura, Nº 106, CEPAL; Gerardo Honty (2006) “Energía en Sudamérica: una interconexión que no integra”, en Nueva Sociedad, Nº 204, julio-agosto; Andrés Rebolledo (2005) “La nueva integración: gasoducto sudamericano”, en Foro, septiembre; Roberto Kozulj (2004) “La industria del gas natural en América del Sur: situación y posibilidades de la integración de mercados”, Serie Recursos Naturales e Infraestructura, Nº 77, CEPAL.

Uruguay, ¿como Chile?

Conversación con el ex presidente Luis Alberto Lacalle, Buenos Aires, 2/7/2007.

Conversaciones con el embajador Luis Maira, Buenos Aires, 24/7/2007 y La Habana, 16/2/2008. Entre sus trabajos sobre la política exterior de Chile se encuentran: (1999) “Chile; la transición interminable”, Editorial Grijalbo; (1991) “Perspectivas de la izquierda latinoamericana, seis diálogos”, Fondo de Cultura Económica.

Frases de Kirchner,Tabaré Vázquez y Chávez luego de la irrupción de Evangelina Carrozo en la Cumbre de Viena, Clarín y Página/12, 13/5/2006.

Sobre el conflicto de las papeleras:Vicente Palermo y Carlos Reboratti (2007) Del otro lado del río. Ambientalismo y política entre uruguayos y argentinos, Edhasa.

Sobre la situación de Uruguay en el Mercosur: Adriana Pagani y Enrique Martínez Larrechea (2005) “Asimetrías en el Mercosur: la bilateralidad argentinobrasilera y el caso uruguayo”, en Cuaderno de Negocios Internacionales y Negociaciones, Nº 49/50; Félix Peña (2004) “Enfoques y propuestas para un Mercosur solidario”, Fundación Banco de Boston; Gerardo Caetano y Marcel Vaillant “¿Qué Mercosur necesita Uruguay? ¿Qué Uruguay necesita el Mercosur?”, FESUR; Roberto Bouzas (2003) “Mecanismos para compensar los efectos de las asimetrías en la integración regional y la globalización: el caso del Mercosur”, Documento presentado en el seminario “Global y local: el desafío del desarrollo regional en América Latina y el Caribe”, BID; Daniel Rótulo (2002) “Uruguay y su poder de negociación como socio pequeño del Mercosur”, en Revista de Ciencias Sociales,Año 15, Nº 20.

Sobre la política exterior de Chile: Claudio Fuentes (2006) “La apuesta por el poder ‘blando’. Política exterior de la Concertación 2000-2006”, en Roberto L. Funk (ed.) El gobierno de Ricardo Lagos. La nueva vía chilena hacia el socialismo, Universidad Diego Portales; Andrés Villar (2006) “Chile y sus vecinos: una integración compleja”, en Roberto L. Funk (ed.) El gobierno de Ricardo Lagos. La nueva vía chilena hacia el socialismo, Universidad Diego Portales; María Cristina Silva Parejas (2005) “Perspectivas de Chile frente a la integración latinoamericana”, Flacso Chile.

La integración inteligente

Conversación con Roberto Bouzas, Buenos Aires, 29/11/1007. Entre sus últimos trabajos: Roberto Bouzas (2007) “El nuevo regionalismo y el Área de Libre Comercio de las Américas: un enfoque menos indulgente”, en Revista de la CEPAL, Nº 85, abril; Roberto Bouzas y Ricardo Ffrench-Davis (2005) “Globalización y políticas nacionales: ¿cerrando el círculo?”, en Desarrollo Económico,Vol. 45, Nº 179; Roberto Bouzas (2005) “Profundización del Mercosur y el desafío de las disparidades”, BID/INTAL; Roberto Bouzas y Pedro da Motta Veiga (2004) “Las negociaciones UE-Mercosur”, Nota Informativa Nº 25, enero 2004, Observatorio de la Globalización, Universidad de Barcelona.

Conversación con Riordan Roett, Buenos Aires, 11/6/2007. Entre sus últimos trabajos: Riordan Roett (2006) “Estados Unidos y América Latina: estado actual de las relaciones”, en Nueva Sociedad, Nº 206, noviembre-diciembre; Riordan Roett (2004) La Política Posterior a la Reforma de Mercado en América Latina: Competencia, Transición, Colapso, ISEN/Nuevohacer Grupo Editor Latinoamericano; Riordan Roett (2000) “La política estadounidense: el futuro del ALCA y del Mercosur,” en Felipe de la Balze (ed.) El Futuro del Mercosur: entre la retórica y el realismo, CARI.

Sobre el vacío de influencia de Estados Unidos en América Latina, Peter Hakim (2006) “¿Is Washington Losing Latin American?”, en Foreign Affairs,Vol. 85, Nº 1; Abraham Lowenthal (2006) “América Latina y Estados Unidos”, en Archivos del Presente, Nº 41; Roberto Russell (2006) “América Latina para Estados Unidos: ¿especial, desdeñable, codiciada o perdida?”, en Nueva Sociedad, Nº 206, noviembre-diciembre.

3
¿Qué hay de nuevo, viejo?
La política económica de la nueva izquierda

Un ómnibus atrás de otro, algunos naranjas para transporte escolar, otros pintados de blanco, la mayoría modelos de los 70 y 80, con las carrocerías redondeadas y motores Mercedes, muchos descascarados y unos pocos flamantes, con detalles cromados y llantas nuevas; todos vacíos, prolijamente alineados a lo largo de unos trescientos metros. La primera impresión es que forman parte del caótico sistema de transporte de La Paz y que fueron estacionados ahí por alguna misteriosa razón. ¿A dónde van esos ómnibus?, le pregunto a la señora que vende empanadas en un carrito improvisado, vestida con el típico poncho multicolor, con la dentadura a la miseria y un bebé adormilado cargado sobre su espalda. Habla español con dificultad y no podría decir si es aymara o quechua. “No, ésos se venden. Ésta es la calle de los ómnibus”, responde, como si fuera una obviedad que no necesita aclaración, y por supuesto tiene razón: mirando con atención descubro que en el parabrisas de cada ómnibus hay un pequeño cartel, un simple cartón escrito a mano que dice:“Se vende”.

Unos doscientos metros más allá empieza la calle de los tractores: cientos de tractores, nuevos, viejos, de fabricación argentina, brasileña o japonesa. También se venden. Un poco más adelante, las licuadoras, exhibidas en pequeños puestos alineados uno atrás del otro y protegidos de la lluvia por grandes plásticos, sostenidos por palos como columnas, que los vendedores golpean de vez en cuando con una escoba para evitar que se acumule el agua y se derrumben. Doblando la esquina aparecen los abogados, que trabajan en tienditas provistas de un escritorio, una máquina de escribir y a veces una computadora, o en oficinitas precarias, de ladrillo sin revocar, frente a las cuales han plantado carteles que publicitan sus servicios, desde “asesoramiento para reforma agraria” hasta la legalización para la compra de un auto. Un poco más adelante, sobre una pequeña puerta de chapa, un cartel promociona:“Dentista con luz halógena”.

Al menos los vendedores de tractores, ómnibus y licuadoras, los abogados y los dentistas pueden ubicar sus precarios negocios sobre el asfalto. Cuando se acaban las calles, la Feria del Alto, el mercado informal más grande de Sudamérica, continúa hasta el infinito. Son miles y miles de puestos sobre un piso de tierra, que se seca al sol inclemente del altiplano y se convierte en barro cuando cae la lluvia. Y allí llueve mucho, intermitentemente, y a menudo graniza, pues El Alto está ubicado a más de cuatro mil metros de altura y hace un frío duro, que se mete en la piel. ¿Qué se puede comprar en la feria? Desde un clavo hasta un carrito de bebé, desde un MP3 de última generación hasta un gualicho contra el mal de ojo, desde una gorra de baseball hasta una guitarra, además de cientos de miles de CD, DVD, camperas, repuestos para automóviles, garrafas de gas, ladrillos, desodorantes, almohadas, pomadas, azúcar, cuadros, marcos para cuadros, pinturas, pinceles, paletas, caballetes, planchas de maderas, camas, bañaderas, inodoros, canillas, mate, té, café, pájaros, chanchos, gallinas, camas, sillas, mesas, lámparas, sillones, cocinas, ollas... El lugar es tan enorme y tan pobre como difícil de describir: en algunas partes las tiendas se extienden hasta perderse en el horizonte, en otras caracolean en laberintos endiablados, con pasillos estrechos por los que apenas cabe una persona, y en algunas zonas los puestos se ubican al borde de un precipicio desde el que pueden apreciarse gigantescas barrancas de barro, donde se han instalado miles de casas con techos de chapa sostenidos por piedras.

Ciudad satélite de La Paz, hasta hace no tanto tiempo El Alto era una meseta en la que vivían unas trescientas mil personas, casi todas alrededor del aeropuerto internacional. En los últimos veinte años, sin embargo, una serie de factores convergentes —la crisis del campo, las políticas de erradicación de la coca, el derrumbe de la economía minera— generaron un flujo imparable de migrantes, la mayoría aymaras y quechuas. Al no poder asentarse en La Paz, ubicada en una hoya rodeada de montañas que impiden su expansión, casi todos fueron a parar a El Alto, a quince kilómetros de distancia y mil metros de altura de la capital boliviana. Hoy viven allí cerca de un millón de personas y se calcula que en pocos años será la ciudad más poblada de Bolivia, superando a Santa Cruz y La Paz. Pero es difícil definir a aquel amasijo de construcciones como una ciudad: prácticamente carece de espacios públicos y lugares de esparcimiento y de algo que se parezca, aunque sea remotamente, a un centro que articule la vida en común. El Alto es más bien una aglomeración caótica y desprolija de casillas y casas, en algunos casos de hasta tres pisos: a esas las denominan “cholets”, mezcla de cholo y chalet. Formado espontáneamente, con servicios ineficientes o inexistentes, El Alto es un lugar realmente feo: es polvoriento, no hay un solo árbol en kilómetros a la redonda y las condiciones de vida son críticas; la pobreza supera el 70% (del 30% restante, el 25% se ubica en el “umbral de pobreza”) y la esperanza de vida ronda los sesenta años.

Pese a ello, la Feria de El Alto, que se realiza todos los jueves y domingos, exhibe una gran potencia económica y es una muestra de la voluntad inquebrantable de sus pobladores para comerciar, vender, comprar, hacer una diferencia. Recorrerla entera demanda varios días y son pocos los que la conocen a fondo, pues la mayoría se queda cerca de su área: si uno está en un apuro hay baños públicos, que por unos pocos centavos ofrecen un retrete y una ducha, y cada pocos metros aparece un puestito de venta de comida, a veces con algunas mesitas y sillas debajo de los omnipresentes techos de plástico. Se come yuca, chicharrón de cerdo, arroz, papa, pollo frito y pescado, servido en platos de plástico o lata, con un refresco o una cerveza, y es posible almorzar por un dólar. (En el hotel me advirtieron sobre los riesgos de comer allí, pero luego de caminar tres horas tenía tanta hambre que elegí el puesto que me pareció más limpio y me comí unos pescaditos con arroz, papa y ají. Aunque la olla en la que se cocinaban era un poco impresionante, con una especie de caldo aceitoso marrón donde flotaban objetos sólidos no identificados, los pescaditos estaban riquísimos. Quizás haya que descolonizar también los consejos turísticos.)

En octubre de 2003, El Alto se convirtió en el eje de la protesta social que concluyó con el derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada, con su poderosa Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) movilizando a prácticamente toda la ciudad y organizando los bloqueos y barricadas que dejaron aislada a La Paz y forzaron la renuncia del presidente. Hoy, ya pacificada, la ciudad de El Alto es uno de los principales baluartes políticos de Evo Morales —en el referendo revocatorio del 10 de agosto de 2008 obtuvo allí un 92% de apoyo— y uno de los sitios que más están creciendo, no sólo como efecto de las migraciones, sino como consecuencia del impulso económico de los indígenas y mestizos que han instalado pequeños talleres textiles, fábricas de ladrillos y todo tipo de microindustrias.“Es una Babel de migraciones, de los oficios y de las identidades sobrepuestas”, escribió Álvaro García Linera en un libro que publicó antes de ser elegido vicepresidente y que me regaló cuando lo visité en La Paz. Y es que un recorrido por la Feria de El Alto sirve para confirmar algo que puede parecer evidente, pero que vale la pena subrayar: los indígenas bolivianos no están atados sólo a sus costumbres tradicionales comunitarias; muchos de ellos, tal vez la mayoría, forman parte del mundo moderno, mercantil e industrial, donde se mueven con comodidad y a veces con mayor inteligencia que la burguesía tradicional. Carlos Toranzo, un intelectual progresista que ha escrito varios libros sobre su país, me dio la mejor definición sobre la Feria de El Alto:“Capitalismo en estado puro”.

El dinamismo económico de El Alto demuestra que aun en las peores circunstancias —con un modelo económico injusto, un Estado construido pensando en las elites blancas o blanqueadas y un sistema político excluyente— un sector importante de los indígenas y mestizos bolivianos ha logrado dificultosamente crearse un medio de vida. Esto no significa caer en una visión naif del sueño americano ni apelar a frases como:“Con esfuerzo es posible lograr cualquier cosa”. En Bolivia, por más esfuerzo que uno haga, si uno nació indígena tiene altas probabilidades de vivir mal y morir peor. Lo que quiero apuntar es algo más simple: aun en el país más pobre de Sudamérica y en un contexto totalmente desfavorable, existen núcleos potentes —y potenciables— de desarrollo económico. De eso se trata este capítulo: de las posibilidades, los márgenes de acción y las estrategias económicas de los gobiernos de la nueva izquierda.

BRASIL: EL GIGANTE ATRAPADO

Por lejos el país económicamente más potente y complejo de Sudamérica, con el décimo PBI del mundo, una estructura productiva diversificada y una formidable capacidad exportadora, Brasil debería contar, en teoría, con márgenes de maniobra más amplios que los de sus vecinos. Pero no es así, o al menos no era así en enero de 2003, en vísperas de la asunción de Lula, cuando el país se deslizaba irremediablemente al estallido sin que ninguna medida económica, gesto político o señal a los mercados alcanzara para alejarlo del borde del abismo.

La crisis revelaba los límites del modelo construido durante la última década por Cardoso, el cambio económico más importante del Brasil de posguerra: un paquete de privatizaciones, apertura y desregulación que consiguió estabilizar las variables macroeconómicas, dinamizó algunos aspectos de la economía y liberó fondos para extender los programas sociales, pero fracasó en su objetivo último, producir un crecimiento alto y sostenido, y terminó de redondear una performance decepcionante: durante los dos gobiernos de Cardoso, Brasil creció, en promedio, apenas 1,6%, en una trayectoria irregular alterada por los shocks externos y las debilidades de un modelo que, además, produjo un incremento a extremos nunca vistos de la deuda externa (los pies de barro del gigante). El resultado fue que a fines de 2002, poco antes del triunfo de Lula, la complejísima e hiperdiversificada economía brasileña sobrevivía atada a una sola variable, que de tan simple asustaba: funcionaba si los capitales extranjeros llegaban, y se detenía si dejaban de ingresar.

Y cuando Lula se acercó al gobierno la desconfianza ante el ascenso imparable del primer presidente obrero de la historia brasileña hizo que el flujo se interrumpiera y que el Fondo Monetario, ante el riesgo de que se produjera un colapso al estilo argentino, ofreciera un paquete de ayuda de treinta mil millones de dólares, con la condición de que todos los aspirantes a la presidencia —o sea Lula— se comprometieran a aplicar un programa ortodoxo en caso de llegar al poder. Acorralado, el candidato del PT aceptó la imposición y difundió su famosa “Carta al pueblo brasileño”, documento que cerró el círculo de su conversión a la ortodoxia. Con estos antecedentes, parece natural que luego de su triunfo Lula hiciera algo que en su momento desilusionó a buena parte de la izquierda latinoamericana pero que, visto en perspectiva, resultó sensato: miró a la Argentina, que había estallado un año atrás, y decidió que no quería seguir ese ejemplo. Y entonces, puesto a elegir entre el salto al vacío y el tortuoso camino recesivo al que se había comprometido, optó por el segundo, para tranquilidad de algunos y decepción de otros.

Las señales se sucedieron una tras otra, siempre en la misma línea: superávit fiscal del 4,25%, recorte del gasto público de cuatro mil millones de dólares, dos neoliberales convencidos al frente de la economía —Antonio Palocci como ministro de Hacienda y Henrique Meirelles como jefe del Banco Central— y el dudoso récord de fijar la tasa de interés más alta del mundo: 26,5 %. ¿Sobreactuaba Lula su ortodoxia? Quizás, pero siempre es difícil encontrar el equilibrio entre la necesidad de no generar pánico y el riesgo de terminar siendo más fondista que el Fondo. Palocci, el más neoliberal de los ministros, lo había dicho claramente el 1º de febrero de 2003, poco después de asumir, en una reunión con un grupo de diputados del PT que, enojados y refunfuñantes, le pedían un poco más de audacia.“Los datos son de una posibilidad de quiebra inmediata. Nos dejaron el país quebrado. Nos entregaron el país con una deuda impagable ¿Quieren que terminemos como Argentina?”

La diferencia fundamental era justamente ésa: Brasil se encontraba al borde del precipicio, pero todavía estaba a tiempo de evitar la caída, mientras que Argentina ya había tocado fondo y trataba dificultosamente de recuperarse. Y había posibilidades para Brasil, pues Cardoso había sido, por supuesto, un presidente claramente neoliberal, pero mucho más prolijo que Menem y lo suficientemente inteligente —o decente— como para producir algunos cambios positivos que, con el tiempo, marcarían diferencias importantes entre ambos países: la reforma fiscal, que saneó las relaciones financieras entre el gobierno federal y los gobiernos estaduales, la decisión de mantener bajo control público algunas empresas estratégicas y, tal vez lo más importante de todo, la devaluación de 1999, que le inyectó dosis de competitividad a la economía brasileña y consolidó una balanza comercial superavitaria.

Lo curioso, entonces, no fue tanto la continuidad macroeconómica de Lula como el golpe emocional que produjo en buena parte de la izquierda latinoamericana la evidencia de que el líder del PT no sólo replicaba a su criticado antecesor, sino que incluso iba más allá, por ejemplo con la reforma del sistema previsional: durante años, Cardoso había intentado transformar el viejo esquema jubilatorio brasileño, que es muy generoso (con unos pocos) y muy injusto (con la mayoría) mediante el simple procedimiento de equiparar las pensiones públicas con las privadas. Pero pudo avanzar sólo parcialmente, porque la firme resistencia de los sindicatos, los empleados estatales y el PT había conseguido siempre frenar la reforma. Lula, en cambio, aprovechó su primer envión de popularidad para implementar una serie de cambios no muy diferentes —algunos dicen que fueron incluso más ambiciosos—, que produjeron el primer cisma en la historia de su partido: un grupo de legisladores, liderados por la senadora Heloísa Helena, fueron expulsados del PT tras votar en contra del proyecto oficial y fundaron una nueva fuerza política.“Es un cambio importante”, me dijo Marco Aurelio Nogueira, sociólogo brasileño especializado en teoría política, en un café de la avenida Paulista.“Pero esa importancia no tiene que ver con la capacidad de quebrar las bases sociales del PT, cosa que Heloísa no consiguió, porque al final obtuvo menos del 7% de los votos en las elecciones presidenciales. Lo crucial es que, por primera vez, Lula está ante la incómoda situación de tener que enfrentar a una oposición de izquierda. Y aunque esa oposición tenga pocos votos, es un escenario que a ningún político de izquierda le gusta”, concluyó.

A seis años del inicio del primer gobierno de Lula, el tiempo transcurrido permite formular la pregunta crucial: ¿hizo bien en continuar con las políticas macroeconómicas de Cardoso? Los datos del crecimiento ofrecen una primera respuesta: entre enero de 2003 y enero de 2007, es decir, durante el primer gobierno del PT, Brasil creció, en promedio, 2,6%, apenas un poco más que durante las dos gestiones de su antecesor, pero con una diferencia: Cardoso gobernó Brasil durante una etapa de recesión latinoamericana y crisis económica mundial, resultado de los cracks de México (1994), Asia (1997), Rusia (1998) y Argentina (2001-2002), mientras que a Lula le tocó un período de bonanza. De hecho, Brasil se encuentra por debajo del promedio regional de crecimiento y por momentos ha ocupado los últimos lugares del ranking latinoamericano junto a países como Haití y Guatemala.

Ésa es la visión negativa. Para buscar una explicación consulté a Luiz Carlos Bresser-Pereira, ex ministro de Hacienda de José Sarney y ex ministro de Planificación y Reforma del Estado de Cardoso, un economista heterodoxo e inteligente, al que entrevisté en Buenos Aires, primero, y en La Habana, después.“El gran problema de Brasil es la enfermedad holandesa”, me dijo en el lobby de un hotel de La Habana, entre palmeras y loros. “Se llama así porque ocurrió en Holanda cuando se descubrió petróleo, y los recursos y las inversiones, en lugar de destinarse a la industria y a la infraestructura, se orientaron a la extracción de crudo. También puede venir de la abundancia de otros recursos naturales, como soja, carne o trigo. Si usted deja el tipo de cambio libre, y hay recursos naturales abundantes, el tipo de cambio se apreciará, como sucede en Brasil. Esto impide que las industrias sean competitivas y logren exportar sin protecciones.” Desde este punto de vista, el tipo de cambio sobrevaluado —el dólar, después de haber llegado a los cuatro reales, hoy vale menos de dos— le estaría quitando competitividad a las exportaciones brasileñas. Y, junto a una tasa de interés muy alta y una política fiscal muy estricta, sería la causa del bajo crecimiento.

Quizás Lula no haya tenido más remedio que exagerar la ortodoxia al comienzo de su gobierno, pues la sensación es que un quiebre al estilo argentino, incluso con una rápida recuperación, hubiera sido mucho peor. Lo que se le cuestiona no es eso, sino la lentitud en definir un giro, aún gradual, después de haber estabilizado la situación. Recién en enero de 2007, luego de conseguir su reelección con más del 60% de los votos, Lula decidió que había llegado el gran momento y, con un acto solemne en el Planalto, lanzó el Plan de Aceleración del Crecimiento, un megaprograma de incentivos fiscales, medidas de estímulo industrial e inversiones por doscientos cuarenta mil millones de dólares. El objetivo central es recomponer la oxidada infraestructura brasileña, que en los últimos años había quedado relegada en el presupuesto por la necesidad de sostener el superávit fiscal y pagar la deuda externa, sin alterar los aspectos esenciales del esquema económico: el plan no contempla un modificación del tipo de cambio, no toca la tasa de interés, que sigue alta, ni aligera la pesada estructura burocrática.

Los líderes de la oposición han descalificado el anuncio como un simple golpe propagandístico. Para ellos, se trata apenas de un rejunte de partidas presupuestarias ya anunciadas, como demostraría la inclusión dentro del paquete del Plan de Inversiones de Petrobras, definido años atrás. Para el gobierno, en cambio, es la gran plataforma para el relanzamiento. Entre una y otra mirada, una buena síntesis es la de Gilberto Dupas, presidente del Instituto de Estudios Económicos e Internacionales, un think tank paulista del que participan varios integrantes del gabinete de Lula. Dupas, con quien hablé durante un almuerzo en un seminario en San Pablo, me dio una opinión bastante atinada sobre el alcance exacto del plan.“Ni una cosa ni la otra. Ni propaganda pura ni llave automática para el crecimiento. La clave es que garantiza que esos recursos, que son muchos, no entren dentro de las negociaciones normales del presupuesto y no puedan ser afectados a otros fines. Se asegura que van a inversiones. Se blindan.”

En los últimos dos años, la economía brasileña ha retomado un ritmo más interesante de crecimiento. Si durante el primer gobierno de Lula el promedio fue de apenas 2,6%, en 2006 creció 3,7%, en 2007 un nada despreciable 5,3% y se espera entre un 5% y un 6% para 2008. El desempleo bajó al 9,4% y la inflación —a diferencia de países que registran un crecimiento más alto, como Argentina y Venezuela— no supera los siete puntos. Algunos indicadores sociales, que analizo en detalle en el último capítulo de este libro, revelarían un cambio ya perfectamente visible, en el sentido de una reducción de la pobreza y, en menor medida, también de la desigualdad. Según los defensores de Lula, estos progresos son el resultado natural del incremento de las inversiones, la expansión del crédito y la reducción de la deuda, que bajó a menos del 50% del PBI, junto al arduo sostenimiento del superávit fiscal (hoy en torno al 3,8%) y la acumulación de reservas, que alcanzan los 183 mil millones de dólares. En suma, las políticas que tantas críticas despertaron al principio estarían finalmente dando sus frutos.

Puede que sea cierto. De hecho, en los círculos económicos internacionales se ha vuelto a hablar del milagro de Brasil, al que algunos equiparan con Chile como modelo ideal de desarrollo para América Latina. Aunque hay algo de verdad, pues es cierto que Brasil ha recuperado el crecimiento en buenas condiciones macroeconómicas, el diagnóstico debería matizarse apuntando que, pese a todo, sigue siendo el país más injusto de la región, con bolsones de miseria africana y todos los problemas que de allí derivan, entre ellos altísimos niveles de inseguridad urbana. Por otra parte, todavía es muy pronto para evaluar el impaco de la crisis financiera mundial desatada en Estados Unidos sobre la economía brasileña. Pero, además, el modelo de Lula está lejos de seguir linealmente el camino neoliberal de Estado ausente, bajos impuestos y achicamiento del sector público. De hecho, Brasil mantiene una carga tributaria del 38%, la más alta de América Latina, y no se ha resignado nunca a contar con un Estado activo y muy presente. En este sentido, la fórmula económica de Lula podría resumirse como la combinación de una macroeconomía ortodoxa con políticas amplias y ambiciosas a nivel productivo, sectorial y social. Un buen ejemplo es Petrobras, empresa mixta controlada por el Estado, que sorprendió al mundo con el descubrimiento de dos enormes yacimientos de petróleo, el primero de nueve mil millones de barriles y el segundo de unos treinta y tres mil millones. El otro caso emblemático es el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), una gigantesca banca estatal orientada a facilitar financiamiento a las empresas privadas con una cartera de créditos superior a la de Banco Mundial y el BID... sumados.

ARGENTINA: JUNTANDO LOS PEDAZOS

En mayo de 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada, Argentina se encontraba en la parte baja de la curva, pero al menos era una curva ascendente. Ya antes de asumir, en su breve campaña electoral, Kirchner había anunciado la decisión de mantener en su cargo al ministro de Economía, Roberto Lavagna, que había asumido en el peor momento de la crisis y había logrado reanimar la economía de manera casi milagrosa. Una vez en el poder, el presidente ratificó las líneas generales del esquema heredado: superávit fiscal, impuestos a las exportaciones de materias primas, acumulación de reservas y un tipo de cambio devaluado, con un dólar que se mantiene por arriba de los tres pesos gracias a las constantes intervenciones del Banco Central.

La política de flotación sucia del dólar, al principio cuestionada por los organismos internacionales y algunos economistas de derecha, le inyectó instantáneas dosis de competitividad a las exportaciones, que durante la década pasada estuvieron aplastadas por un dólar barato y que resurgieron casi de un día para el otro, empujadas por el ascendente precio internacional de las materias primas: carne, leche, cereales y, sobre todo, la novedad de la soja, que hasta hace no tanto tiempo era para los argentinos una salsa exótica y muy salada que se utilizaba en los restaurantes chinos y que últimamente, con la demanda asiática y las nuevas tecnologías transgénicas, se ha convertido en uno de los ejes de la recuperación económica y en la clave de la inédita solvencia fiscal de la que disfruta el país.

Esta solvencia es en buena medida resultado de la decisión de Kirchner de mantener y luego incrementar los impuestos especiales, que en Argentina se conocen como “retenciones”, a las exportaciones de productos primarios: soja, trigo, girasol, minerales e hidrocarburos. Las retenciones, que en 2007 aportaron nada menos que dieciocho mil millones de pesos al Estado y que en 2008 aportarán todavía más, explican el alto superávit fiscal —alrededor del 3,5%— y la acumulación de reservas, que en 2008 alcanzaron el récord histórico de cincuenta mil millones de dólares. Además, las retenciones funcionan como un mecanismo antiinflacionario, ya que al quitarle rentabilidad a las exportaciones impiden que los altos precios internacionales de los alimentos se trasladen automáticamente al mercado interno, aunque su efectividad en este sentido ha ido disminuyendo. El 11 de marzo de 2008, Cristina Kirchner anunció un nuevo esquema de retenciones móviles, que desató una enconada resistencia de los productores agropecuarios, y abrió un conflicto que concluyó cuatro meses después, con una derrota parlamentaria del gobierno.“En realidad —me dijo Pablo Gerchunoff, especialista en historia económica y uno de los pocos economistas argentinos que hablan para el común de los mortales—, las retenciones son una forma ingeniosa de establecer un tipo de cambio diferenciado. Es lo mismo decir que se cobra un 30% de impuestos a las exportaciones de productos primarios que fijar un dólar a tres pesos para la industria y otro a dos para el agro.”

Pero el boom exportador de bienes primarios explica sólo en parte la recuperación económica. Con el tiempo, imprevistamente, comenzó a registrarse un tímido giro industrialista, el retorno a una cierta sustitución de importaciones, al principio como efecto más o menos automático de la devaluación y el aprovechamiento de la capacidad ociosa heredada de la crisis, y después como consecuencia del renacimiento de algunos sectores dormidos: textiles, industrias culturales, software. Y, asombrosamente, turismo. Durante años, cuando un peso valía un dólar, la Argentina era un destino caro, tan exclusivo como París o la Polinesia, pero ahora todo está barato, incluso con los últimos aumentos de precios: un café, un dólar y medio; un buen bife de chorizo, siete dólares; una campera de cuero, sesenta dólares. Los lugares más atractivos, como la Patagonia, las Cataratas del Iguazú o Buenos Aires, se encuentran saturados de turistas, lo cual implica un formidable empuje económico —el turismo es hoy la segunda fuente de divisas luego de la soja— y un fuerte impacto cultural para los argentinos, que siempre percibieron a su país como una parte de Europa injustamente situada en Sudamérica y que ahora miran con sorpresa y cierto escozor cómo cientos de miles de turistas pasean alegremente por las calles de Buenos Aires comprando todo tipo de cosas a precio de ganga.

La ecuación económica de Kirchner —dólar alto, boom exportador, retenciones y equilibrio fiscal— era tal vez la única posible en la Argentina poscrisis, que no podía apelar al crédito internacional y que tenía serias dificultades para reinsertarse financieramente en el mundo, lo que obligó a construir un modelo sustentado en la autofinanciación, menos como la meta de una premeditada política de afirmación soberana que como el resultado casi inevitable de las limitaciones del momento. Un diseño propio, entonces, que marcó una diferencia crucial con el que por esa misma época construía Lula, quien decidió mantener las líneas macroeconómicas fundamentales de la gestión anterior —apreciación del real, altas tasas de interés— aun al riesgo de un crecimiento más moderado. Las diferencias se entienden mejor al repasar las respectivas gestiones de la deuda externa: Lula tuvo que lidiar con una pesada carga que, al menos al inicio de su primer gobierno, limitó severamente su margen de maniobra, mientras que Kirchner heredó un país en default, que hacía tiempo había dejado de pagar sus compromisos externos, y dedicó sus primeros meses en el poder a buscar una solución. Fue así como encaró un largo y tortuoso proceso de renegociación que, contra todos los pronósticos, concluyó con un acuerdo muy conveniente para la Argentina: una quita del 75%, a la que adhirieron más de dos tercios de los acreedores, lo que supuso un ahorro de unos cuarenta y cinco mil millones de dólares.

Después, políticamente fortalecido, con la situación financiera normalizada y un país en crecimiento, Kirchner le fue agregando al modelo algunas pinceladas propias, de un neokeynesianismo sui generis, como la estatización, por otra parte bastante amistosa, de la empresa de correos, la principal compañía de agua y la aerolínea de bandera, además de la creación de una nueva petrolera estatal. Pero conviene no engañarse. Kirchner es una gradualista que se ha preocupado por mantener una macroeconomía ordenada y que ha ido eliminando progresivamente el tono antiempresario de sus primeros discursos. Y Cristina, tras su llegada al poder, luce aún menos dispuesta que su marido a castigar a los hombres de negocios con medidas estrafalarias.

De hecho, sus dos principales decisiones económicas desde que asumió el gobierno —el pago de la deuda con el Club de París y la apertura de las negociaciones con los bonistas que quedaron afuera del canje— constituyen muestras de la voluntad de acercarse a los mercados internacionales de capitales, últimamente muy perturbados por la crisis financiera mundial.

El crecimiento del PBI sigue siendo alto. En los últimos cinco años,Argentina creció a una tasa cercana al 9%, con exportaciones en ascenso, superávit comercial y fiscal, aumento del salario real y —al menos hasta 2007— bajas sensibles de la pobreza y la indigencia. Pero, el modelo kirchnerista ha comenzado a mostrar sus primeras fisuras: inversiones escasas para sostener la expansión económica, cuellos de botella sectoriales, sobre todo en el sector energético, y una inflación en peligroso aumento. Cada política económica tiene su tiempo, y la de Kirchner fue muy efectiva para consolidar la recuperación poscrisis, cuando la tarea consistía en juntar los pedazos, pero parece menos adecuada para garantizar un crecimiento sustentable en el largo plazo y resolver problemas complejos que exigen respuestas más sofisticadas. La nueva economía requiere operaciones más matizadas que permitan diversificar las exportaciones —el 60% de la canasta exportadora argentina se concentra en productos primarios o bienes elaborados a partir de ellos— e inyectarles valor agregado, conocimiento, trabajo y tecnología.

Y esto nunca será posible con una inflación en aumento. En aquellos países que han optado por una estrategia macroeconómica más conservadora, como Brasil, el fenómeno mundial del incremento del precio de los alimentos repercute de otra forma: aunque se registraron algunas subas, la situación se mantiene controlada. Pero en las economías de crecimiento acelerado poscrisis, como la argentina y la venezolana, la suba de precios constituye un problema grave: castiga especialmente a los más pobres, que destinan un mayor porcentaje de su salario a la compra de alimentos, genera imprevisibilidad y, por vía de un aumento de los costos, neutraliza el efecto del tipo de cambio devaluado, lo que le quita competitividad a la economía. Para defenderse, el gobierno argumenta que la inflación es resultado de la combinación de los altos precios internacionales y del incremento de la demanda local. Una explicación que, aunque tal vez sea cierta, no resuelve el problema, como tampoco la estrategia heterodoxa de cerrar acuerdos de precios con los empresarios y demorar mediante subsidios el incremento de algunos productos clave, como los combustibles o la carne. Todo esto es necesario, pero insuficiente. Y tampoco ayuda, desde luego, la decisión de intervenir el instituto de estadísticas — el Indec— para crear una inflación de fantasía que el gobierno se obstina en situar en el 10%, aunque otras opiniones la elevan al 20% o incluso al 30%. Roto el termómetro, es difícil obtener una estimación real, pero la sensación es que el aumento de los precios —aunque no ha ingresado en el espiral irrefrenable del pasado— tampoco se encuentra totalmente controlado, y que no es una simple distorsión transitoria, sino un problema grave que carcome los pilares mismos del modelo.

VENEZUELA: DE LA ORTODOXIA AL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI

A diferencia de Brasil y Argentina, con economías más complejas y diversificadas, la estructura económica venezolana descansa en una sola variable: el precio del petróleo. Cuando Chávez asumió la presidencia, en febrero de 1999, el barril de crudo se cotizaba a nueve dólares; hoy supera los cien. Cualquier análisis de la política económica del gobierno chavista —y del resto de sus políticas— debería partir de este dato fundamental.

El paso de los años a veces oscurece la mirada. Aunque hoy pocos lo recuerden, la primera decisión económica de Chávez fue la confirmación en su cargo de Maritza Izaguirre, la sobria ministra de Economía de Rafael Caldera, y la ratificación de la política de bandas cambiarias para garantizar el valor de la moneda, junto con la apertura al capital extranjero del enorme negocio de las telecomunicaciones. Un comienzo decididamente ortodoxo que, sin embargo, no alcanzó para ordenar las cosas ni para mejorar una performance que al final resultó francamente decepcionante. La disputa con la oposición se había tornado cada vez más brutal y hacía imposible no sólo trazar un plan de mediano plazo, sino manejar el día a día económico con un mínimo de racionalidad: la huelga de Fedecámaras de diciembre de 2001, el intento de golpe de Estado de abril de 2002 y el desangrante paro petrolero del verano siguiente convirtieron a Venezuela en una montaña rusa descontrolada, que recién se estabilizó a mediados de 2003, cuando Chávez recuperó definitivamente el control del petróleo —es decir, del poder— y se dispuso a ejecutar sus planes.

La historia reciente de Venezuela está llena de paradojas, y una de las más notables es que fue la huelga petrolera destinada a expulsarlo de la presidencia la que le permitió a Chávez reconquistar PDVSA y asumir el control directo de sus enormes recursos. En enero de 2000, poco después de llegar al poder, Chávez ordenó recortar la producción de petróleo para adecuarse a las cuotas de la OPEP, y organizó en Caracas la Segunda Cumbre de Jefes de Estado de la organización, con el objetivo de lograr un aumento de los precios internacionales. Al poco tiempo, los primeros resultados ya eran visibles. En combinación con la inestabilidad de Medio Oriente, la creciente demanda de China y las dificultades de los países desarrollados para moderar su consumo, la nueva estrategia de la OPEP produjo un rápido incremento del valor del crudo. Chávez, sin embargo, no logró capitalizar políticamente el aumento, pues no encontraba la forma de controlar a PDVSA, una compañía moderna y orgullosa que desde hacía ya bastante tiempo había decidido sustraerse al control de los gobiernos mediante la estrategia de reinvertir cada dólar ganado en lugar de ponerlo a disposición de su accionista principal (el Estado venezolano). En los hechos, la empresa funcionaba como un verdadero Estado dentro del Estado, al que los presidentes apenas accedían. Cuando, en diciembre de 2002, Chávez finalmente decidió apoderarse de la compañía, desató una huelga que estuvo a punto de acabar con su gobierno, pero que al cabo de sesenta y tres días concluyó con un triunfo rotundo del presidente. La gerencia —unos trece mil empleados— fue desplazada, y Chávez finalmente asumió el manejo total de la empresa. Como símbolo de la victoria, el cargo de presidente de PDVSA se fusionó con el de ministro de Energía en la persona de Rafael Ramírez, el gran arquitecto de la política petrolera chavista.

Este triunfo crucial permitió estabilizar la economía primero, y relanzarla después, en un inesperado proceso de recuperación que iría cobrando más y más velocidad con el paso de los meses. La posibilidad de utilizar a su antojo los recursos petroleros le permitió a Chávez implementar las primeras misiones sociales, en el inicio de una estrategia que cambiaría su destino político y que se describe con más detalle en el capítulo cinco. Y entonces, con la economía en crecimiento y su popularidad en franca recuperación, el presidente enfrentó sin problemas el referendo revocatorio de agosto de 2004, en el que obtuvo una victoria abrumadora que resolvió el empate político que paralizaba al país y consolidó la expansión en ciernes:Venezuela creció 18,3% en 2004, 10,3% en 2005, 10% en 2006, 8,5% en 2007 y se estima un 8% para 2008.

Primer dato, entonces, de la economía chavista: una vez solucionado el problema político, comenzó a batir récords de crecimiento, una evidencia incontrastable pero que no debería implicar automáticamente un juicio de valor positivo. El crecimiento, se sabe, es sólo una parte del asunto; el resto genera más controversias. La macroeconomía, por ejemplo, a primera vista luce estable: Venezuela acumula reservas por veinticinco mil millones de dólares, disfruta de un amplio superávit de cuenta corriente y una baja deuda externa en relación con el PBI y, aunque incrementó su gasto público en los últimos años, lo hizo por debajo de los ingresos. Todo esto hace pensar en un horizonte sin turbulencias. Sin embargo, dos desequilibrios amenazan el modelo. Como Brasil,Venezuela sufre los efectos de un tipo de cambio sobrevaluado, que le quita competitividad a las actividades no petroleras, impide que se diversifiquen las exportaciones y contribuye a la desindustrialización y la petrodependencia. Pero, además,Venezuela registra una alta inflación, superior incluso a la de Argentina: 18,6% en 2007 y se espera al menos un 20% para 2008.

Este doble problema —sobrevaluación cambiaria e inflación— resume lo peor de los modelos de Brasil y Argentina. El gobierno parece haber reparado en él, pero hasta ahora no ha encontrado una estrategia adecuada para enfrentarlo: si devalúa, tal vez logre devolverle cierta competitividad al sector no petrolero, pero desactiva el plan de combatir la inflación mediante importaciones baratas, esenciales para un país que importa el 70% de los alimentos que consume. Si no lo hace, y deja el tipo de cambio tal cual está, impide la diversificación industrial, pero, además, probablemente sólo pueda controlar la situación por un tiempo, pues la inflación contribuye a sobrevaluar aún más el bolívar. Las medidas no ortodoxas adoptadas para mantener a raya la inflación —la eliminación del IVA a algunos productos de la canasta básica, los controles de precios y la creación de mercados estatales subsidiados, junto al sistema de control de cambios— parecen haber fracasado, tal como demuestra la crisis de abastecimiento y la explosión del mercado negro.

La macroeconomía no es el único tema que merece una mirada atenta. La expansión del sector no petrolero, otro de los logros iniciales de la gestión económica de Chávez, es absolutamente real, y ni siquiera los opositores más enconados se atreven a negarla. Sin embargo, aunque es cierto que muchas actividades no petroleras han prosperado, la mayoría de ellas está asociada a un crecimiento estilo saudita, más que a un salto productivo real: el sector no petrolero que más creció fue el financiero, y hasta el gobierno admite que los bancos están haciendo fabulosos negocios aprovechando la enorme liquidez monetaria, el sistema cambiario desdoblado y la debilidad de los controles del Banco Central. El resto de los actividades que prosperan, como la construcción y el comercio, también se explican más por la burbuja de consumo e importaciones que por una verdadera diversificación económica.

Finalmente, el último aspecto controvertido del modelo chavista, más nebuloso incluso que los anteriores, es el de la economía no capitalista. Supuestamente, uno de los grandes objetivos de la política económica es utilizar los ingresos fiscales para fomentar una “economía social” o “economía alternativa” —nadie se pone de acuerdo en el título exacto— en base a nuevas formas de propiedad empresarial: núcleos de desarrollo endógeno, microproyectos agrícolas y, sobre todo, cooperativas, que últimamente se han multiplicado como hongos. Según la Superintendencia de Cooperativas, hoy funcionan en Venezuela unas cien mil. El esfuerzo es loable, pero conviene ponerlo en perspectiva: las cooperativas —no las venezolanas, sino las cooperativas en general— tienden a ser poco competitivas, con escasa capacidad para crear encadenamientos verticales, serias dificultades para generar economías de escala y pocas chances de innovación tecnológica. Su función social es innegable, porque ocupan a personas que seguramente no conseguirían un empleo en el sector privado tradicional, pero su función económica es deficiente. Ninguna economía moderna funciona en base a cooperativas, y menos al estilo venezolano, donde prácticamente todas dependen del Estado (es decir, del petróleo). En suma, la economía alternativa parece más una política social encubierta que un verdadero salto al poscapitalismo.

Pese a todos estos problemas, el plan de Chávez parece ser radicalizar el modelo bajo el lema del Socialismo del Siglo XXI, una consigna indefinible que analizo con más detalle en el próximo capítulo. En enero de 2007, después de conseguir su reelección, un Chávez embriagado de popularidad anunció un nuevo giro económico que incluyó la nacionalización de la principal empresa de telecomunicaciones y de la compañía de electricidad, además de la decisión de asumir el control mayoritario de las empresas privadas que explotan los ricos yacimientos hidrocarburíferos del río Orinoco. La derrota de Chávez en el referendo constitucional de diciembre de 2007 hacía pensar en un cambio de rumbo o, al menos, en una mayor moderación. Sin embargo, en abril de 2008 ordenó la reestatización de Sidor, una enorme siderurgia de capital argentino, y tiempo después del Banco de Venezuela, que pertenecía al Grupo Santander, además de la creación de un nuevo impuesto que afecta a las empresas privadas asociadas a PDVSA, que deberán dejar al Estado entre el 50% y el 60% de sus ganancias, en caso de que el precio del barril de petróleo supere los setenta dólares. En todas estas operaciones, Chávez contempló compensaciones —lo que debería matizar al menos en parte la interpretación anticapitalista de su estrategia—, que en la mayoría de los casos fueron aceptadas de manera razonablemente amistosa por los antiguos dueños (tal vez aliviados de poder dejar las tierras de Bolívar).

El balance de los éxitos y fracasos económicos de Chávez arroja un saldo difícil de mesurar, pero tal vez la clave resida en el hecho de que ni el alto crecimiento ni el frágil equilibrio macroeconómico ni los ensayos de cambios más radicales han logrado alterar la esencia de una economía rentista e ineficiente, que exporta prácticamente un solo producto a prácticamente un solo país: el 70% de las exportaciones venezolanas se concentra en el petróleo y sus derivados; de ellas, el 85% se dirige a Estados Unidos, y en este sentido es curioso comprobar que durante 2007, en pleno giro al Socialismo del Siglo XXI, el comercio con ese país se incrementó un 7%. Esto no necesariamente debería ser visto como una prueba de las contradicciones de Chávez (la relación de Venezuela con Estados Unidos puede interpretarse como una claudicación de David tanto como una debilidad de Goliat), pero sí como una evidencia más de la petrodependencia, marca de fábrica de la economía venezolana y clave última de su vulnerabilidad estructural.

Las impresiones personales a veces resultan más ilustrativas que las estadísticas. Después de pasar unos días en la Venezuela de Chávez, la sensación es que el boom de consumo cruza verticalmente a todas las clases sociales: desde los pobres asistidos por las misiones hasta los ricos que pasan el fin de semana en Miami y, ni qué decirlo, la nueva elite formada al calor del régimen, la “boliburguesía” (burguesía bolivariana) encarnada en personajes como Wilmar Ruperti, el empresario naviero que multiplicó su fortuna luego de poner sus barcos a disposición de Chávez para romper el bloqueo del paro petrolero y que en 2004 compró en un remate en Christie’s dos pistolas que pertenecieron a Simón Bolívar, labradas en oro y diseñadas en Versalles, a un costo de un millón y medio de dólares.

“El error más común es comparar a Venezuela con las economías latinoamericanas, con Argentina y Brasil. Pero la nuestra es una economía rentista petrolera: ésa es su esencia y su maldición, lo que la define más cabalmente y lo que en buena medida explica cómo somos, cómo pensamos y hasta qué comemos”, me dijo Margarita López Maya, la prestigiosa historiadora venezolana que fue invitada por Chávez a hablar en la Asamblea Legislativa luego de su triunfo en el referendo revocatorio de 2004. Aunque cercana al gobierno, Margarita nunca ha dejado de criticar los aspectos más negativos de la gestión chavista y es una de las pocas analistas respetadas tanto por la oposición como por el oficialismo, del cual ha ido progresivamente tomando distancia. “Somos un país rentista, qué duda cabe. Miremos, por ejemplo, nuestra dieta, dominada por el trigo, una copia de los patrones de Estados Unidos: pan, espaguetis, cachitos. Pero somos un país tropical, incapaz de producir trigo de manera eficiente. Para entender como funciona la economía venezolana no hay que mirar a Brasil o Argentina, sino a Arabia Saudita o Nigeria.”

ECUADOR EN LA TRAMPA DE LA DOLARIZACIÓN

Excluyendo a Panamá, que nunca tuvo moneda propia, Ecuador fue el primer país latinoamericano en adoptar el dólar estadounidense como moneda nacional, en una decisión que un año después sería imitada por Guatemala y El Salvador. En Ecuador se anunció el 9 de enero de 2000, por la noche, tras un fin de semana dramático, cuando el debilitado y vacilante presidente, Jamil Mahuad, apareció ante las cámaras de televisión y, en un último manotazo de ahogado, comunicó la medida, cuyo objetivo era generar un shock de confianza que permitiera desactivar el riesgo inflacionario y recuperar la credibilidad monetaria despejando cualquier posibilidad de devaluación.

En los planes de los dolarizadores, la perspectiva de una estabilidad de precios permitiría atraer las inversiones necesarias para generar empleo y superar la larga noche recesiva. “Ése era, efectivamente, el objetivo proclamado”, me dijo Alberto Acosta, a quien ya cité en el primer capítulo de este libro: economista, ex ministro de Energía de Rafael Correa y más tarde presidente de la Asamblea Constituyente. “Aunque se la presentó como un ancla para lograr estabilidad, el verdadero objetivo era arraigar el modelo neoliberal, sellarlo. La idea era garantizar la continuidad de las reformas más allá de los resultados electorales.”

—¿El sueño tecnocrático de despolitizar la economía?

—Exactamente. El sueño hecho realidad.

Una aclaración necesaria, antes de analizar los pro y los contra de la medida: contra lo que han dicho algunos economistas apresurados, la dolarización ecuatoriana no tiene nada que ver con el proceso de unificación monetaria de la Unión Europea. Allí, en un largo camino de armonización económica, se consensuó un núcleo de criterios fiscales comunes, se garantizó la circulación libre de los factores de producción —incluyendo a las personas— y recién después se adoptó el euro como moneda. Fue una decisión negociada por países que cedieron grados de soberanía nacional a cambio de un lugar en instancias comunitarias, como el Banco Central Europeo. El camino de Ecuador fue muy diferente: el gobierno adoptó la dolarización de un día para el otro, sin negociar con Estados Unidos una sola condición y sin pedir nada a cambio, pues sólo un lunático hubiera reclamado un lugar en la Reserva Federal.

La sensación, al principio, fue que no había sido tan mala idea. El efecto estabilizador de la dolarización permitió generar, efectivamente, un ambiente de mayor previsibilidad, que no consiguió atraer miles de millones de dólares en inversiones extranjeras, pero que sí alcanzó para apuntalar la demanda interna y abrir algunas líneas de crédito, sobre todo orientadas al consumo. La pobreza y el desempleo cayeron lentamente y el PBI creció entre 3% y 4% entre 2001 y 2005. Poco, pero suficiente para encender una tenue luz de esperanza.

Pero la dolarización arrastra un problema de fondo. Como la convertibilidad argentina, su encanto y su maldición son dos caras de la misma moneda: su carácter irreversible —o, al menos, difícilmente modificable— contribuye a despejar el riesgo devaluatorio y controlar los precios, lo cual, a su vez, permite regenerar el círculo virtuoso de confianza-inversión-crecimiento-empleo. Pero el esquema ultrarrígido, produce al mismo tiempo una serie de inconvenientes gravísimos. El primero, el más elemental, es que impide enfrentar los shocks externos con medidas contracíclicas monetarias o cambiarias (con una devaluación, por ejemplo), privando al gobierno de instrumentos importantes y dejando al endeudamiento y a la política fiscal —es decir, el ajuste del Estado— como únicas alternativas: los argentinos, que tuvieron que sufrir sucesivos recortes del gasto público durante el largo declive de la convertibilidad, se acuerdan muy bien de esta rutina, a la que se suma, como problema adicional, la sobrevaluación cambiaria. En Ecuador, la paridad inicial fue fijada en veinticinco mil sucres por cada dólar, un tipo de cambio devaluado que, sin embargo, se fue apreciando con el paso de los años. La inflación acumulada —150% desde enero de 2000— neutralizó esta ventaja inicial y consolidó un esquema cuyos efectos se conocen bien en el Río de la Plata: pérdida de competitividad, sesgo antiexportador y debilitamiento del aparato productivo.

Por eso conviene prestarle atención al balance, más matizado, que formulan los críticos de la dolarización. Aunque reconocen que permitió estabilizar la economía y recuperar el crecimiento, sostienen que la performance es mediocre si se tiene en cuenta el favorable contexto de los últimos años: altos precios del petróleo, que generan un ingreso de dinero constante; incremento de las remesas de los ecuatorianos que viven en el exterior, que son casi un millón y que envían unos 2.500 millones de dólares al año; y bajas tasas de interés internacional. Tres datos positivos a los cuales se podrían sumar dos más: la devaluación internacional del dólar, que permitió devolverle cierta competitividad a la economía ecuatoriana, sobre todo en relación con Colombia y Perú, y el ingreso de millones y millones de narcodólares a través de la frontera colombiana. Pese a todo esto, el crecimiento fue mediocre, los salarios se recuperaron a un nivel inferior al de antes de la crisis y el desempleo, pese a la emigración masiva, continúa siendo alto. En suma, la dolarización se sostiene en estas condiciones atípicas, pero es un misterio cómo podrá sobrevivir en un contexto menos favorable.

¿Y qué puede hacer Rafael Correa con semejante camisa de fuerza? Al parecer, muy poco. Antes de lanzarse como candidato, cuando todavía era un economista heterodoxo dedicado a los debates intelectuales, Correa cuestionaba la dolarización con argumentos contundentes.“Un tipo de cambio fijo irreversible, en una economía abierta, pequeña y de baja productividad, es claramente un disparate técnico, que seguramente algún día controlará la inflación, pero probablemente quebrando el sector real de la economía”, escribió en la revista de Flacso Ecuador. Su opinión, clarísima, cambió cuando se inició la campaña electoral: el amplio consenso social del que goza la dolarización, a la que la mayoría de los ecuatorianos no percibe como una trampa a mediano plazo sino como la clave de la estabilización, llevó a Correa a prometer que no introduciría modificaciones en caso de alcanzar la presidencia.“Así como fue una insensatez entrar, tratar de salir en estos momentos sería igualmente insensato”, dijo el 12 de septiembre de 2006 en Nueva York, en una declaración que resultaría clave para su triunfo electoral.

Y es que cualquier alternativa desdolarizadora, por más deseable que sea, implica un riesgo económico de consecuencias políticas imprevisibles. Recupero otro párrafo del Correa académico, cuando todavía se animaba a discutir estas cosas. “La salida de la dolarización debería realizarse de manera paulatina, e implicaría un largo período de tiempo, dividido en forma general en tres etapas: una primera etapa de blindaje financiero y externo, una segunda etapa de desdolarización y una tercera etapa de corrección de precios relativos.” Para ello, escribió Correa, será necesario conseguir dos cosas: recursos económicos y consenso social. Lo primero consiste en atesorar reservas para tener capacidad de maniobra una vez levantada la represa de la dolarización. El segundo punto es más delicado, tal como explicaba Correa en una nota al pie:“En el caso de la convertibilidad argentina, dicho consenso social se logró cuando ya la crisis era demasiado grande. Y precisamente como consecuencia de ésta”.

Nunca lo dirá en voz alta, pero probablemente Correa siga pensando que la dolarización es insostenible en el mediano plazo y que tarde o temprano será necesario buscar una salida, aunque el momento aún no haya llegado: la reforma constitucional de la que me ocupo en el siguiente capítulo insume buena parte de la energía política del presidente, cuyo poder dependerá en buena medida de cómo se resuelva el trámite. Por eso la estrategia de Correa se limita, por el momento, en tratar de ampliar su margen de maniobra sin cambiar la política monetaria. Como ministro de Economía, Correa había eliminado el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, al cual iba a parar una parte de los recursos obtenidos por la exportación de hidrocarburos y que se utilizaba como garantía para emitir bonos de la deuda externa. Ya como presidente, firmó un decreto que ordenó aumentar, a través de un impuesto especial, el porcentaje que percibe el Estado de los ingresos derivados de la suba de los precios del petróleo: antes, las doce empresas privadas que operan en Ecuador y el Estado se repartían esta renta extraordinaria de manera igualitaria; el nuevo decreto estableció que el 99% deberá quedar para el fisco y apenas el 1% para las empresas, elevando los ingresos públicos en unos setecientos millones de dólares al año. Finalmente, el 4 de abril de 2008, la Asamblea Constituyente sancionó la Ley de Fondos Petroleros, que eliminó en forma definitiva el complicado sistema de fideicomisos, fondos con asignaciones especiales y otros tipos de figuras contables a los que se destinaban buena parte de los ingresos generados por la exportación de hidrocarburos y sobre los cuales el poder político no tenía prácticamente incidencia. Desde aquel momento, todos estos recursos pasan directamente al presupuesto nacional, lo que implica que el gobierno podrá disponer a su antojo de ingresos adicionales por cinco mil millones de dólares al año.

Todas estas medidas se inscriben en la misma línea estratégica de liberar las manos del gobierno para el manejo de los recursos petroleros, equivalentes al 50% de las exportaciones de Ecuador, y volcar más dinero a la inversión productiva y las obras de infraestructura, junto a un despliegue más amplio de políticas sociales. Quienes defienden la política económica de Correa argumentan que todavía es pronto para ver los resultados, pero que la estrategia redundará a la larga en un despegue de la economía y, junto a una serie de medidas destinadas a bajar los costos financieros y estimular el crédito, permitirá morigerar los efectos más negativos del esquema monetario vigente. La oposición, en cambio, sostiene que, en el contexto de una economía totalmente dolarizada, la única forma de garantizar el crecimiento es atrayendo capitales extranjeros, para lo cual es necesario recrear el clima de negocios y recuperar la confianza, algo imposible con decisiones como las de Correa.

El balance es difícil. Es cierto que los resultados de la gestión económica están lejos de los objetivos planteados: el PBI creció apenas 2,7% en 2007 y se estima un 2,8% para 2008, menos que en los últimos años y apenas la mitad del promedio regional. Pero también es verdad que la baja tasa de crecimiento había comenzado en 2006, antes de la llegada al poder de Correa, y que la crisis política y el duro trámite de la reforma constitucional dificultan la expansión de la economía. En cualquier caso, parece evidente que los cambios iniciados por Correa demorarán más de lo esperado en dar resultados, como una más de las limitaciones de un rígido esquema monetario al que el presidente, aunque estirando los límites, todavía no le ha encontrado una solución.

BOLIVIA A TODO GAS

El primero de mayo de 2006, La Paz amaneció nublada y desierta. Desde las cinco de la mañana, una serie de vagonetas con chofer aguardaban estacionadas en una de las calles laterales al Palacio Quemado, la casa de gobierno boliviana, donde se vivía un clima de urgencia y actividad que desmentía el feriado del Día de los Trabajadores. Poco antes de las nueve, Evo Morales, reunido en secreto con su gabinete, le dio los toques finales al decreto de nacionalización de los hidrocarburos y partió al yacimiento de San Alberto, que ya había sido ocupado por el Ejército, en un gesto que definiría el tono teatral con el que fue presentada la medida. Durante los días siguientes, la televisión difundiría hasta el cansancio las imágenes del presidente rodeado de militares, portando un casco de minero, vestido con los colores de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) y leyendo con un altavoz los alcances del decreto. Más atrás, un cartel decía:“Nacionalizado. Propiedad de los bolivianos”.

El decreto ordenó a las empresas privadas ceder el total de su producción al Estado, que además asumió la mayor parte del paquete accionario de las compañías. También aumentó los impuestos y regalías, del 50% al 82%, en los dos principales campos gasíferos, ambos bajo control de Petrobras, y estableció un plazo de ciento ochenta días para renegociar nuevos contratos. En otras palabras, incrementó la participación estatal en el negocio del gas, sin una confiscación ni un desplazamiento total de las inversiones extranjeras. Así, el gobierno logró un triple objetivo: aumentar los recursos públicos obtenidos por la explotación de los hidrocarburos, mantener la participación del sector privado, pues una expulsión total hubiera implicado el colapso automático de la industria; y bloquear, gracias a la parafernalia antiimperialista que acompañó la medida, posibles acusaciones sobre una nacionalización blanda. “Bolivia ha sido el primer país del continente en nacionalizar sus hidrocarburos; la de hoy es la tercera y definitiva nacionalización”, dijo Morales por el altavoz.

La iniciativa dio buenos resultados. Tras una larga y por momentos escandalosa negociación, que incluyó la renuncia del ministro de Energía y cambios constantes en la Superintendencia de Hidrocarburos, el gobierno llegó a un acuerdo con las empresas privadas, que siguieron produciendo en el país, mientras disputaba con Argentina y Brasil un aumento del precio del gas exportado, que finalmente se acordó sin mayores inconvenientes. Engolosinado con su estrategia, Evo Morales anunció más tarde la nacionalización de una empresa fundidora, las compañías ferroviarias, la principal telefónica y las ricas minas de estaño de Huanuni.

La combinación de los altos precios internacionales con los mayores porcentajes obtenidos por la nacionalización le permitió al gobierno mejorar sus ingresos fiscales. Según la CEPAL, se incrementaron un 47% en 2006. Pero lo más notable tal vez no sea la condición de Evo Morales como el presidente boliviano financieramente más sólido en décadas, sino su decisión de evitar los derroches sin sentido e implementar una política macroeconómica ordenada y austera, con reservas récord, el superávit fiscal más alto del último medio siglo (4,5%), una deuda externa en disminución gracias a las condonaciones del Banco Mundial, el BID y el gobierno de Japón, y una inflación en aumento pero controlada. A diferencia de Chávez y Kirchner, e igual que Lula, Evo mantuvo la independencia del Banco Central con el objetivo de resguardar el valor de la moneda. Y aunque en Bolivia nadie se preocupa mucho por el Ministerio de Hacienda, pues el foco permanece centrado en la crisis política y la producción de hidrocarburos, de todos modos conviene dedicarle dos líneas: Luis Arce Catacora es un funcionario de carrera del Banco Central que, según la página web del Ministerio, tiene un posgrado en economía en Inglaterra, habla inglés y portugués, y no reniega de las medidas duras cuando lo cree necesario. De hecho, es el responsable de la bastante ortodoxa estrategia de controlar la inflación mediante subas graduales de la tasa de interés.

La clave, entonces, es qué hacer con los recursos adicionales obtenidos gracias a las nacionalizaciones y los altos precios. Se lo pregunté a Juan Ramón Quintana, un ex militar nacionalista designado por Evo Morales como ministro de la Presidencia, una especie de coordinador político del gobierno, con quien conversé en la sede de la embajada de Bolivia en Buenos Aires, un segundo piso bastante deprimente sobre la avenida Corrientes, adornado con dos cuadros de Bolívar y sillones de cuero gastado. “Estamos invirtiendo en hidrocarburos y minería, para fortalecer YPFB y ampliar la producción, pero también en plantas de papel, producción agrícola, en planes de salud y educación, en capacitación. La idea es conectar todo esto y potenciar el sector de los pequeños productores, que obviamente se mueven en la informalidad, pero que constituyen núcleos productivos muy importantes. Tenemos que articularlos con el Estado, con las grandes empresas, con la producción agrícola a gran escala, y no dejarlos librados a su suerte, como hasta ahora”, me dijo Quintana.

La frase alude a la persistente heterogeneidad de la economía boliviana, que es chiquita y pobre, pero muy complicada: el moderno sector minero e hidrocarburífero, bajo control del Estado y las empresas multinacionales, genera casi el 80% de las exportaciones, pero emplea a un reducido porcentaje de mano obra y funciona como un enclave, sin establecer eslabonamientos virtuosos con el resto de la economía. Hay otros núcleos modernos y competitivos, como los productores de joyas, cuero y madera tropical, las grandes plantaciones de soja del Oriente o las empresas que logran exportar alimentos orgánicos. Pero son pocos y aislados, un puñado de islas desperdigadas en un mar de pequeños emprendimientos que constituyen la gran masa de la economía boliviana: las fábricas y los talleres que se multiplican en El Alto y que venden su producción en la feria que describí en el inicio de este capítulo, las unidades agrícolas comunitarias o familiares del Altiplano, las nuevas áreas rurales de Cochabamba, las cooperativas mineras de Oruro y Potosí. Un enorme sector de economía popular que adolece de todos los males imaginables: baja productividad, poca innovación, escasa tecnología y mucha informalidad. “Queremos ayudarlos, brindarles apoyo, recursos, para articularlos y apoyarlos desde un Estado fortalecido y eficiente”, me dijo Quintana.

El ministro no habló de poscapitalismo, una expresión que sí utilizó el vicepresidente García Linera cuando lo entrevisté en La Paz, donde distinguió diferentes sectores económicos. “Hay, en primer lugar, un espacio capitalista que hay que fortalecer. La diferencia es que ahora buscamos cambiar ciertas características. La cabeza ya no es la inversión extranjera, sino el Estado productivo. Ya no se trata de un capitalismo de camarilla, endogámico y especulativo, sino de un capitalismo productivo, que reconoce a una diversidad de actores económicos: el sector empresarial tradicional, por supuesto, pero también otros sectores, como el empresarial no tradicional, que emerge del mundo popular indígena y que ha logrado construir, por encima del Estado, por fuera del Estado y a veces contra el Estado, mecanismos de acumulación muy interesantes. Este sector puede ser mucho más eficiente, en términos estrictamente económicos, que el camarillero que medró del Estado. Pero también hay otro potencial no capitalista, o poscapitalista, que son las fuerzas comunitarias tradicionales. Se encuentran fragmentadas, golpeadas y dispersas, fruto de los años de Colonia y República, pero tienen en su interior la potencialidad poscapitalista. Es una estructura muy amplia: el 90% de la economía campesina es de tipo familiar-comunitaria.”

—¿Pero ese potencial no capitalista es, o puede ser, económicamente relevante?

—Sí, porque no es meramente tradicional o de autosustentación. Es productivo. Nuestro gran reto es potenciar esas estructuras poscapitalistas, convertir a la comunidad en una fuerza poscapitalista. Entonces, si se mira este tema desde la sociología, con una visión muy racional, podemos decir que la estructura económica boliviana tiene un espacio para el desarrollo tanto del capitalismo como del poscapitalismo. ¿Qué de todo esto podremos desarrollar? No sabemos. Pero creemos que lo central es que se están alumbrando cosas que van más allá de una mera readecuación democrática a un capitalismo maduro ya existente.

Es difícil decir cuánto se ha avanzado. Desde la asunción de Evo Morales, la economía boliviana creció a un ritmo razonable: 4,6% en 2006, 4% en 2007 y se estima un 4% para 2008. Para el gobierno, esta expansión se explica por los crecientes recursos obtenidos por la explotación de hidrocarburos y minerales, pero también por el aumento de la demanda alentada por las políticas sociales y salariales, el pequeño boom de la construcción popular y el incremento de las exportaciones de manufacturas, sobre todo textiles. Se trata, dicen, del inicio de una diversificación productiva, que llevará tiempo pero que está en marcha. La oposición, en cambio, sostiene que las nacionalizaciones han generado una repliegue de las empresas privadas, que se quedaron en el país pero al costo de recortar sus inversiones, y que esto explica la disminución de la producción registrada en los últimos dos años, que obligó al gobierno a incumplir los contratos de provisión de gas firmados con Argentina y Brasil.

Entre una y otra mirada, lo central es que la estructura económica se mantiene básicamente igual de piramidal y perversa. En la enorme base, el 83% de los trabajadores, que conforman la economía popular genera apenas el 25% del producto; en la cima, un 7% de los bolivianos produce el 60% del ingreso. Invertir esta estructura —lo que el último informe del PNUD llama cambiar el “patrón económico”— es la clave del desarrollo boliviano. Si no, el país podrá crecer, pero será un crecimiento empobrecedor, con beneficios limitados y transitorios, que no modificará en esencia la situación de Bolivia. Lo planteó bien Salvador Ric, un próspero empresario que ocupó el cargo de ministro de Servicios y Obras Públicas durante la primera etapa del gobierno de Evo Morales, quien hizo cálculos y llegó a la siguiente conclusión: a este ritmo y con este patrón de crecimiento, Bolivia tardará veinte años en alcanzar los niveles de desarrollo de... Paraguay.

EL CAMBIO SUAVE DE URUGUAY

Tabaré Vázquez volaba a diez mil kilómetros de altura cuando tomó la decisión. Viajaba a Washington, donde lo aguardaba una agenda cargada de reuniones con empresarios, representantes de los organismos financieros internacionales y funcionarios. La gira por Europa que había concluido ese día había sido un éxito y el líder del Frente Amplio se preparaba para las elecciones de octubre de 2004 con tranquilidad, pero también con algunas cuestiones pendientes. Aunque las encuestas lo favorecían y aunque todo indicaba que después de dos intentos fallidos finalmente lograría llegar al gobierno,Vázquez todavía tenía que lidiar con el fantasma de la desconfianza financiera y debía hacer un esfuerzo por conquistar al electorado de centro, que se acercaba a él lentamente y con cierta aprensión. Por eso, en aquel vuelo a Washington del 9 de julio de 2004,Vázquez tomó la decisión más importante de su futuro gobierno y le ofreció a Danilo Astori, prestigioso economista y líder del sector más moderado del Frente Amplio, el Ministerio de Economía.

La temprana designación de Astori fue fundamental para confirmar la perspectiva de una transición sin sobresaltos. Como le había ocurrido a Lula dos años antes,Tabaré heredó una economía frágil y vulnerable, con un margen de maniobra reducidísimo, aunque —a diferencia de Brasil— en pleno crecimiento. La crisis había comenzado en 1998 y se había extendido durante cuatro años: entre 1999 y 2001, el PBI uruguayo había caído un 3% anual, pero el peor año fue sin dudas el 2002. En esos meses fatales, el impacto combinado del colapso argentino y la inestabilidad brasileña provocó un efecto catastrófico en la frágil economía uruguaya, cuyo resultado más visible fue un desplome del 11% del producto y una corrida sin precedentes, que hizo que en poco tiempo se retiraran la mitad de los depósitos de los bancos. Todavía faltaban dos años para el triunfo de Tabaré Vázquez y el gobierno de aquel entonces, liderado por un aturdido Jorge Batlle, reaccionó como pudo: reprogramó los pagos de la banca pública para frenar la fuga de capitales y trató de controlar una devaluación imparable, hasta que un oportuno salvataje del gobierno estadounidense en la forma de un crédito de 1500 millones de dólares le permitió superar el golpe. El panorama que emergió después de la tormenta era negro: la deuda externa superaba el 100% del PBI, el desempleo arañaba el 20% y la cohesionada sociedad uruguaya lucía más fracturada que nunca, con los barrios precarios alterando, por primera vez en la historia, la fisonomía elegante de Montevideo.“Terminó de descorrerse el velo que ocultaba al país distinto que la mayoría de los uruguayos se resistía a ver”, escribió el politólogo Gerardo Caetano.

La cautela de Tabaré Vázquez era, por lo tanto, bastante previsible. Poco después de asumir, el líder del Frente Amplio firmó un acuerdo con el FMI en el que se comprometió a mantener un alto superávit fiscal, decisión que llegó acompañada por otras medidas igualmente ortodoxas, como la suba de la tasa de interés y el pago puntual de la deuda externa, en el marco de una estrategia que apuntaba, según las declaraciones de Astori, a crear un clima de negocios propicio para atraer inversiones. El programa económico, férreamente manejado por el superministro, generó tensiones y choques en el gabinete. Vázquez apoyó a Astori casi siempre, pero lo desautorizó en dos oportunidades: la primera, el 31 de agosto de 2005, cuando se negaba a cumplir una promesa histórica de la izquierda uruguaya —llevar el presupuesto educativo al 4,5% del PBI—, con el argumento de que desequilibraría las finanzas públicas; la segunda, cuando Tabaré descartó definitivamente la idea, también impulsada por Astori, de firmar un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y aceptó, en cambio, un mucho más suave Tratado de Protección de Inversiones.

Pero ninguno de estos desaires consiguieron debilitar al superministro, la figura más importante del gabinete y el más probable candidato del Frente Amplio a suceder a Vázquez en las elecciones presidenciales de 2010. Y es que su gravitación política es directamente proporcional al impresionante despegue de la economía uruguaya, que había comenzado un año antes del triunfo del Frente Amplio, pero que se fue consolidando y profundizando durante su gestión. Fue fundamental, claro, el contexto externo, extraordinariamente favorable gracias al incremento de los precios de los principales productos de exportación, como carne, leche, cereales y soja. Y también ayudó la recuperación de los países vecinos: el crecimiento argentino y la estabilización y posterior expansión brasileña beneficiaron a la economía uruguaya, expuesta a los vaivenes de sus inconstantes socios en las malas, pero también en las buenas. ¿Fue acertada entonces la decisión de Tabaré de apostar a la continuidad antes que al cambio? Si se miran los fríos números del PBI, no hay mucho margen para las dudas: Uruguay creció un 7% en 2006, 7,5% en 2007 y se estima un 5% para 2008, aunque el porcentaje podría ser mayor por la puesta en marcha de la papelera Botnia.

Hasta aquí, todo indicaría una simple continuidad favorecida por un contexto de bonanza externa. Sin embargo, el gobierno del Frente Amplio introdujo dos cambios importantes que marcan una diferencia con las gestiones anteriores. El primero es una activa política laboral, que incluyó la extensión de las negociaciones colectivas y el relanzamiento de los consejos del salario. Durante los 90, cualquier avance hacia una mayor protección laboral era descartado con el argumento de que atentaba contra la creación de empleo, pero la experiencia uruguaya demuestra que no es así, al menos no en un contexto de expansión general de la economía: la desocupación se redujo del 11,4% al 9,7% entre 2006 y 2007, y el salario real aumentó un 12 %.

El segundo cambio fue la siempre postergada reforma tributaria. En diciembre de 2006, tras una larga discusión parlamentaria, comenzó a aplicarse el nuevo sistema impositivo, que implica la eliminación de unos quince impuestos, la unificación de los tributos a la renta empresarial, la rebaja del IVA y su extensión a otros consumos y, lo más importante de todo, la creación de un impuesto a la renta de las personas físicas, que increíblemente en Uruguay se encontraban exentas, entre ellos los argentinos que alquilan sus casas de veraneo en Punta del Este. Algunos primeros estudios y simulaciones económicas confirmarían el argumento del gobierno en el sentido de que el nuevo diseño es más progresivo y justo que el anterior, pero aún es pronto para una evaluación definitiva, pues los cambios en las estructuras impositivas, sobre todo los de esta magnitud, suelen demorar un tiempo en dar sus primeros resultados.

Esta mezcla de continuidad con reforma sintetiza la fórmula económica del Frente Amplio. Bajo la atenta mirada de Astori, el gobierno ha sido lo suficientemente cauteloso como para que las transformaciones en materia laboral y tributaria no pongan en peligro el núcleo macroeconómico básico, que permanece inalterado, en una decisión que podrá discutirse pero que a nadie debería sorprender. Ya antes de asumir, en una visita a Brasil,Vázquez había ofrecido una definición clara acerca del rumbo que adoptaría su futura gestión. “Nuestro proyecto de cambio es típicamente uruguayo, aunque podremos recoger experiencias positivas de los gobiernos progresistas. Nosotros estamos identificados con el gobierno de Lula en Brasil o de Ricardo Lagos en Chile”, dijo. Poco después, Astori precisaría aún más las preferencias. ¿Si tuviera que elegir entre el modelo seguido por Chile y el argentino, con cuál se quedaría?, le preguntaron. “Son situaciones muy diferentes. Pero no tengo dudas de que me quedo con el modelo chileno.”

CHILE: LA NUEVA VÍA AL CAPITALISMO

Desde hace tres décadas, Chile ha dejado de ser un país latinoamericano más para convertirse en una especie de faro, una fórmula instantánea para el éxito o un horizonte al que se mira como algo dorado e inalcanzable.“Hay que aprender de Chile”, dijo el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, durante una visita a Santiago, donde firmó con Michelle Bachelet un acuerdo de libre comercio. “Es un ejemplo para Latinoamérica y para el mundo”, aseguró José Luis Rodríguez Zapatero en Madrid. “Siguiendo ese sano ejemplo podríamos crecer al doble de lo que venimos creciendo”, se entusiasmó el candidato del APRA, Alan García, antes de ganar las elecciones presidenciales de Perú. Y aunque hasta el ministro marroquí de Relaciones Exteriores, Mohamed Benaisa, dijo que considera a Chile “un país modelo”, la más notable fue la afirmación de George W. Bush durante un viaje a Santiago, donde no dejó de expresar su admiración por el país anfitrión. “Chile es increíble”, le dijo a Ricardo Lagos.

¿Cómo hizo Chile para conquistar al mundo? ¿Cómo logró prosperar tanto? ¿Cuál es el secreto de su éxito? Es duro decirlo, pero la respuesta es sencilla: con un temprano y feroz neoliberalismo.

En 1973, la dictadura de Augusto Pinochet emprendió una remodelación desde arriba que incluyó una transformación radical de la economía chilena. La idea consistía en clausurar lo político como condición para instalar un nuevo modelo de crecimiento hacia afuera, una acelerada y radical apertura cuya esencia fue el impulso exportador. En poco tiempo, Chile diversificó sus exportaciones (además de cobre, comenzó a vender productos forestales y agrícolas) y ordenó su macroeconomía con rotundos recortes fiscales, un tipo de cambio controlado y privatizaciones masivas que llegaron incluso a la seguridad social. Tres años antes que Argentina, que inició el programa de reformas neoliberales en 1976, y que Estados Unidos y Gran Bretaña, que tuvieron que esperar hasta los 80 para que llegara la revolución conservadora, Chile avanzaba aceleradamente hacia la apertura económica, la desregulación y el achicamiento del Estado. En el camino, se fue consolidando un empresariado de vanguardia, cuyos valores de individualismo, afán de progreso y consumismo hoy permean a la sociedad chilena y constituyen uno de los legados más duraderos y menos estudiados del régimen de Pinochet.

Pero conviene introducir algunos matices a la visión a menudo simplificada que prevalece sobre Chile. Pese a sus raíces innegablemente ortodoxas, ciertos rasgos propios marcan una diferencia crucial entre el modelo chileno y el neoliberalismo puro y duro. En principio, ni siquiera Pinochet se atrevió a privatizar la empresa estatal de cobre, Coldeco, nacionalizada bajo el gobierno de Allende, ni a desactivar la reforma agraria implementada por la Democracia Cristiana en los 60, que redujo los latifundios y fue clave para el posterior despegue de los agronegocios. El Estado, además, jugó un rol importante, garantizando los equilibrios macroeconómicos y un tipo de cambio competitivo primero, y estableciendo límites al ingreso de capitales después. En suma, un diseño claramente neoliberal, pero con algunas particularidades, tal como viene señalando desde hace años Ricardo Ffrench Davis, uno de los grandes referentes económicos heterodoxos de América Latina, coautor de libros con Joseph Stiglitz, ex asesor del Banco Central y eterno hombre de consulta de los presidentes de la Concertación. Me recibió una tarde nublada en su pequeña oficina atiborrada de libros en el edificio de la CEPAL en Santiago, para explicarme las contradicciones y sinuosidades del festejado modelo chileno.

—¿El éxito económico es resultado del gobierno de Pinochet, como todos dicen?

—En parte, sólo en parte. Durante los quince años de dictadura la economía creció 2,9% en promedio. Durante los gobiernos de la Concertación, 5,9%.

—Y entonces, ¿por qué se habla tanto del éxito económico de Pinochet?

—En primer lugar porque, cuando Pinochet dio el golpe de Estado veníamos de una crisis muy profunda, una situación económica muy caótica. El contraste fue favorable. Pero además a veces prevalece una memoria de corto plazo. En el último año de Pinochet, 1989, el PBI creció casi 10%, y el año anterior también había sido muy bueno. Muchos se acuerdan de eso, más que de los años anteriores, que no fueron tan positivos. Pero bueno, también es innegable que la dictadura supo aprovechar las condiciones heredadas y tomó algunas medidas que ayudaron a generar un crecimiento sostenido una vez que se recuperó la democracia. Ahí sí, con los gobiernos democráticos, puede hablarse de un verdadero éxito económico.

El balance de la gestión económica de la Concertación es, efectivamente, muy positivo. Durante diecisiete años, la economía creció sostenidamente, impulsada por el incremento constante de las exportaciones y el consumo interno. El salario real aumentó 3% anual, la deuda externa se situó en alrededor del 50% del PBI, el desempleo nunca llegó al 10% y la inflación, luego de unos primeros años difíciles, nunca superó el dígito. Todo esto en simultáneo con un incremento del gasto social y una mejora de los indicadores de educación, salud y pobreza, de los que me ocupo en detalle en el último capítulo de este libro. “Lo central, desde mi punto de vista, la diferencia fundamental con los demás países de nuestra región, es que mucho, poco o poquísimo, Chile crece siempre. Siempre. Para mí, ésa es la clave de su éxito”, me dijo el entonces jefe de Gabinete argentino, Alberto Fernández, durante una pausa de un seminario organizado en 2005 para debatir las estrategias económicas de los gobiernos progresistas.

Es cierto lo que dice Fernández, pero también es verdad que el modelo chileno tiene dos grietas difíciles de cerrar, la primera de las cuales es tan profunda que parece una parte esencial del esquema y no un desvío transitorio que sea posible corregir: el formidable impulso exportador se ha basado, sobre todo, en productos primarios —o elaboraciones a partir de ellos— que representan cerca del 80% de las exportaciones, de las cuales un porcentaje importante, hoy cercano al 40%, sigue siendo el cobre.

El diseño ultraexportador basado en materias primas o manufacturas elaboradas a partir de ellas dificulta la extensión de los beneficios del crecimiento a todos los sectores sociales, expone a la economía a los ciclos externos y constituye un problema severo, que prácticamente todos los analistas señalan, aunque también admite matices. Para Ricardo Lagos, por ejemplo, a menudo se exagera.“El argumento tiene algo de cierto, pero a veces se transforma en una caricatura”, me dijo el ex presidente cuando le planteé el tema. Parecía un poco enojado, no conmigo, sino con una crítica que debía haber escuchado miles de veces.“Yo le pregunto a usted: si yo exporto almendras, pero colocadas dentro de una bolsita hermética, que a su vez va dentro de un cajita de cartón especial, diseñada especialmente para un hotel cinco estrellas de Europa, con el nombre y el logo del hotel, que tiene que llegar en determinado momento y en determinado volumen. ¿Qué estoy exportando? ¿Almendras? ¿Qué valor tienen las almendras en ese producto? Otro ejemplo. Tengo un amigo que exportaba ostiones congelados, hasta que se dio cuenta de que era más rentable exportarlos enfriados. Eso significa que, desde que los ostiones se sacan del Pacífico hasta que se sirven en un restaurante de París, Nueva York o Berlín, no pueden pasar más de treinta horas. ¿Qué exporta mi amigo? ¿Ostiones? ¿O exporta know how, tiempo, eficiencia, seguridad?”

Aun admitiendo, como sugiere Lagos, que este problema no sea en realidad un problema, el modelo chileno exhibe una segunda grieta que nadie, ni sus defensores más empedernidos, se atrevería a desmentir. Me refiero, claro, a la desigualdad. En Chile, la distancia entre el 20% más rico y el 20% más pobre de la población es de catorce veces, aunque se reduce a ocho si se suman las inversiones en educación y salud. Son los datos de un país injusto, el más inequitativo de Sudamérica junto con Brasil, marcado por una impronta de capitalismo salvaje que asusta, con un sector de la población volcado a un consumismo feroz: los millonarios que viven en barrios como La Dehesa o Las Condes, o en los nuevos condominios cerrados, y que compran en la calle Alonso de Córdova, una Rodeo Drive a la chilena, donde Hermès acaba de abrir su segundo local en Sudamérica (el otro está en Buenos Aires).

Y no son datos aislados ni simples anécdotas. Los números de la economía confirman fácilmente esta idea: en Chile, la presión impositiva se sitúa en torno al 18% del PBI, un porcentaje notablemente inferior al de otros países latinoamericanos de desarrollo medio como Brasil y Argentina. La tasa de sindicalización es mínima, y se estima que sólo el 10% de los trabajadores negocia colectivamente sus contratos. La seguridad social fue totalmente privatizada. Y la universidad, incluso la pública, es cara. En este marco, los gobiernos de Lagos y Bachelet ensayaron diferentes planes que incluyeron reformas tributarias, mejoras en el sistema de salud pública y, sobre todo, políticas sociales sostenidas y eficientes, aunque focalizadas. En julio de 2008, Bachelet consiguió la aprobación de una reforma del sistema de pensiones (jubilaciones), para incluir una columna solidaria que extendiera la cobertura a los sectores excluidos. Sin embargo, la esencia del modelo sigue siendo la misma, y algunos datos que a primera vista pueden parecer casuales revelan mejor que cualquier estadística el nivel de mercantilización alcanzado por la economía y la sociedad. Hasta hace poco tiempo, cualquier persona que ingresaba de urgencia a una clínica para internarse estaba obligada a firmar un cheque ¡en blanco! para garantizar su cobertura. Un ejemplo, de entre muchos otros, de las contradicciones de un país ultraliberal gobernado desde hace diecisiete años por una coalición de centroizquierda que ha hecho lo posible por mejorar el modelo, pero cuidándose siempre de no patear el tablero.

CAMBIAR MUCHO, POQUITO, NADA: LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS POS-CONSENSO DE WASHINGTON

Después de repasar una por una las estrategias económicas de los siete gobiernos, es hora de retomar la pregunta más difícil. ¿Tienen algo en común? En otras palabras, ¿puede hablarse de una política económica de la nueva izquierda o se trata más bien de reacciones diversas a problemas nacionales distintos?

Comienzo describiendo el contexto internacional, clave para explicar el buen momento económico y para entender las opciones elegidas. Según los últimos informes de la CEPAL, 2008 será el sexto año consecutivo de expansión de América Latina a un ritmo promedio del 5%. Hacía tres décadas que la región no crecía tanto ni por tanto tiempo, récord que resulta más asombroso si se lo formula de esta manera: en los últimos cinco años, todos los países latinoamericanos —excepto Haití, y sólo por un año— registraron tasas de crecimiento positivas.

Esta increíble situación es resultado, en primer lugar, del ascenso de China e India, que mejoró los términos de intercambio e incrementó la demanda de los principales productos de exportación de los países de la región: la soja, la carne y los cereales (motor de las exportaciones argentinas y uruguayas, y en menor medida brasileñas), los minerales (el hierro y el estaño bolivianos y el cobre chileno), el gas (boliviano) y el petróleo (venezolano y ecuatoriano). Si a esto se suma la alta liquidez internacional y las bajas tasas de interés, a nadie debería llamarle la atención que el crecimiento de los países analizados se produzca, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, con superávit fiscal, saldo positivo de la balanza de pagos, acumulación de reservas, reducción de la deuda pública, bajas tasas de desempleo y una mejora de los salarios reales. Lo que el ex secretario general de la CEPAL, José Antonio Ocampo, definió como la “macroeconomía de la bonanza”.

Pese a ello, han comenzado a aparecer algunos nubarrones en el horizonte (siempre los hay). El aumento de los precios internacionales de las materias primas, aunque una de las claves que explican el alto crecimiento, puede generar también efectos negativos por vía del contagio inflacionario, sobre todo en aquellos países que deben importar alimentos (como Venezuela) o energía (como Argentina y Brasil). Por otra parte, la crisis mundial que estalló tras la caída de las hipotecas subprime en Estados Unidos — y que generó un efecto dominó financiero que obligó a lanzar gigantescos planes de rescate— probablemente afectará el crecimiento de la región. Sin embargo, parece improbable que se produzca un crack estruendoso como los del pasado.

El rigor macroeconómico no es patrimonio de la derecha y la expansión del PBI es una constante que cruza toda la región. Todos los países latinoamericanos —incluyendo aquellos gobernados por líderes alejados de los paradigmas de la izquierda— pueden exhibir números positivos. Y entonces, si todos crecen y todos mantienen las variables básicas bajo control, ¿qué distingue a la política económica de la nueva izquierda latinoamericana? Es difícil decirlo. Después de mirar caso por caso, creo que ha quedado claro que los modelos son distintos y hasta contradictorios. Recapitulo brevemente, siguiendo el orden del capítulo: Lula continuó las líneas maestras trazadas por Cardoso, y recién después de obtener su reelección ensayó un viraje suave a través del Plan de Aceleración del Crecimiento; Kirchner se concentró en solucionar heterodoxamente el problema del default y consolidar el modelo de dólar alto y superávit fiscal surgido de las cenizas de la crisis; Chávez comenzó con un espíritu más bien continuista y luego se fue radicalizando en simultáneo con su consolidación política, incluso después de su derrota en el referendo revocatorio de 2007; Correa debe lidiar con una economía atada de pies y manos y, aunque probablemente esté esperando el momento para pegar el salto desdolarizador, por ahora se limita a tratar de ampliar unos márgenes de maniobra reducidísimos; Evo Morales combina una macroeconomía sorprendentemente ordenada con medidas audaces como las nacionalizaciones; y Tabaré Vázquez gobierna dentro de los límites estrechos de un país pequeño y muy dependiente de sus vecinos. Finalmente, lo de Lagos y Bachelet es más fácil: en Chile, por más críticas que se formulen, pocos piensan seriamente en cambiar el modelo.

Las diferencias entre las políticas económicas de los gobiernos de la nueva izquierda son evidentes. Sin embargo, pese a la enorme distancia entre unos y otros creo que existe una coincidencia básica: la decisión de apropiarse de un mayor porcentaje del ingreso nacional, en general proveniente de la exportación de productos primarios, sin arriesgar la estabilidad macroeconómica. Esa es la línea invisible que los une.

Los casos más claros son los de Venezuela y Bolivia. Chávez logró terminar con la autonomía de PDVSA y apoderarse de la compañía (y de sus monumentales ingresos), para lo cual tuvo que enfrentar una pulseada que estuvo a punto de concluir anticipadamente con su gobierno. Una vez asumido el control de la producción de petróleo, Chávez se sintió lo suficientemente seguro como para avanzar en la nacionalización de las compañías extranjeras que operan en la faja del Orinoco. En Bolivia, la nacionalización de los hidrocarburos le permitió a Evo Morales acceder a un mayor porcentaje de la renta producida por la exportación del gas, estrategia que se completó con la renegociación de los precios con Argentina y Brasil y, más tarde, con otras nacionalizaciones. Naturalmente, ninguna de estas medidas fue bien recibida por los sectores afectados, como prueban el paro petrolero contra Chávez del verano 2002/2003, el juicio iniciado por Exxon contra Venezuela y las quejas de Petrobras y Repsol contra el gobierno boliviano. Son este tipo de decisiones, más que el populismo gestual de los nuevos líderes o el espíritu reaccionario de la oposición, las que explican el clima de polarización y tensión permanente que se vive en ambos países (y que se analiza en el siguiente capítulo).

En Argentina y en Ecuador, el plan no consistió en nacionalizar sino en aumentar —o crear— los impuestos a la exportación de productos primarios. El matrimonio Kirchner ratificó primero, y profundizó después, la política de retenciones a las exportaciones de soja, la principal fuente divisas del país. Además, mantuvo o aumentó las retenciones a otros productos, como el maíz y el trigo, y estableció retenciones a la minería y el petróleo. En Ecuador, Correa decidió que el 99% de las ganancias obtenidas por los precios extraordinarios de los hidrocarburos irían a parar al Estado y luego impulsó una ley de la Asamblea Constituyente que estableció que la totalidad de los recursos derivados de la exportación de petróleo se destinarían ya no a una serie de fondos y fideicomisos intocables, sino al presupuesto nacional. Pero hasta ahí llegó la cosa. Aunque Correa amenaza de tanto en tanto con nacionalizar las empresas que resisten las nuevas reglas fiscales y aunque los Kirchner amagan, en sus momentos más duros, con una nacionalización del comercio exterior, en ambos casos la estrategia se limitó a una modificación drástica de la estructura impositiva, pero no incluyó cambios en la propiedad de los recursos, lo cual, desde luego, no alcanzó para evitar que la resistencia de los sectores afectados se manifestara de diversas maneras: en Argentina, la decisión de Cristina Kirchner de aumentar las retenciones generó un movimiento de oposición de los productores rurales que se extendió durante más de cuatro meses y que terminó en una derrota política cuando el Congreso se negó —gracias al increíble voto del propio vicepresidente— a convalidar el aumento; en Ecuador, Correa escuchó una y otra vez las amenazas de las empresas privadas de abandonar el país, aunque el agua no llegó al río.

Los casos de Chile, Brasil y Uruguay son más complicados. En Chile, la empresa Codelco, la principal compañía cuprífera del mundo, permanece bajo control estatal, con un directorio presidido por el ministro de Energía e integrado por funcionarios designados por el presidente. A diferencia de Venezuela o Bolivia, desde la nacionalización del cobre en 1971 el Estado chileno nunca perdió el dominio de su principal riqueza. En otras palabras, no fue necesario avanzar en una estatización por el simple hecho de que ya pertenecía al Estado. En 2007, según estimaciones de su presidente, Codelco aportó al tesoro chileno un millón de dólares... ¡por hora!

Uruguay y Brasil siguieron estrategias diferentes. Tabaré Vázquez se negó a seguir el ejemplo argentino de las retenciones, pese a que su país exporta básicamente productos primarios, decisión que se explica en buena medida por el hecho de que en Uruguay el tipo de cambio —a diferencia de lo que sucede en la otra orilla del Río de la Plata— se encuentra relativamente sobrevaluado. Sin embargo, impulsó una reforma tributaria que, según sus planes, debería generar un efecto distributivo en el mediano plazo. Brasil es, como siempre, mucho más difícil de definir: de los países analizados aquí es el único que tiene una estructura económica y verdaderamente diversificada, que incluye, por supuesto, productos primarios, pero también industrias pesadas y bienes tecnológicos de punta; según los últimos datos de la CEPAL, el séptimo producto más exportado por Brasil son aeronaves. El resultado es que la apropiación de recursos por parte del Estado se produce por vías menos directas que la nacionalización o la creación de nuevos impuestos, pero de todos modos mantiene la línea: Brasil es —pese al supuesto neoliberalismo de Lula— el país con la presión impositiva más alta de América Latina: equivalente al 38% del PBI.

La fórmula económica de los gobiernos de izquierda —capturar una porción mayor de recursos sin patear el tablero macroeconómico— implica fortalecer el rol del Estado en la economía. Esta estrategia se complementa con otras operaciones que también apuntan a lograr mayores grados de libertad, especialmente en relación con la deuda externa: a diferencia de lo que ocurría en los 90, cuando el endeudamiento de casi todos los países de la región aumentaba constantemente, hoy los gobiernos buscan reducir el peso de sus compromisos externos. Argentina, el único de los países analizados que declaró el default y el único que encaró una renegociación dura, es el caso más extremo, pero éste también fue el camino seguido por Uruguay y Brasil, que buscaron aligerar el peso y mejorar el perfil de su deuda. La ilustración más clara es la decisión de cuatro presidentes —Lula, Kirchner, Chávez y Tabaré— de saldar el total de la deuda con el FMI para evitar la dependencia respecto del organismo.

Todo esto supone cambios importantes en relación con el neoliberalismo de los 90. No aburriré al lector describiendo los distintos aspectos del programa neoliberal, que seguramente ya conoce y que probablemente sufrió en carne propia. Me detengo apenas en uno de los mandamientos del Consenso de Washington, que no estaba explícitamente formulado, pero que fue uno de los ejes de las reformas y el primer punto en ser modificado por los presidentes de la nueva izquierda: la despolitización de la política económica, la idea de que, para ser exitosa, la economía debe permanecer lejos de los ánimos voraces de las masas, que reclaman aumentos de salarios y demás excentricidades populistas y generan una suba del gasto público que dispara la inflación y alienta el caos.

Durante los 90, la idea neoliberal de despolitizar la conducción económica se reflejó en diferentes recomendaciones: sancionar leyes que achiquen el margen de maniobra del poder político, garantizar la independencia de los bancos centrales y, en los casos extremos, establecer la convertibilidad o la dolarización. Estas medidas se parecen un poco a los relatos de Isaac Asimov sobre los mundos de ciencia ficción en los que los robots conviven con los humanos. En sus novelas,Asimov inventó unas leyes —las tres leyes de la robótica— destinadas a impedir que los robots se descontrolen y se vuelvan contra sus amos. El problema surgió cuando las máquinas repararon en que las personas de carne y hueso se mataban entre sí, destruían el medio ambiente y amenazaban su supervivencia y, para evitarlo, decidieron tomar el control del planeta y encerrar a hombres y mujeres en cómodas cárceles: no para dominar a la humanidad, sino para protegerla de sí misma. La despolitización de la economía —la ilusión tecnocrática de alejarla de los humanos— supuestamente debería haber generado modelos sanos y equilibrados, pero los resultados, en general, fueron bastante decepcionantes. Teniendo en cuenta estos antecedentes, es lógico que el primer objetivo de los gobiernos de la nueva izquierda haya consistido en sacar a la economía de las manos de lata de los robots para intentar ganar autonomía y capacidad de maniobra.

El giro antineoliberal no es sólo una tendencia latinoamericana. El cambio de conciencia se extiende por el mundo y hoy, sorprendentemente, muchos economistas que en el pasado se aferraron al manual de la ortodoxia han comenzado a proponer nuevas estrategias. Es curioso, pero hasta los organismos internacionales de crédito —cuya capacidad para reconocer sus errores se compara sólo a la del Vaticano, que recién después de 350 años tuvo la deferencia de perdonar a Galileo por defender la idea de que la Tierra gira alrededor del Sol— dedican algunas páginas a las políticas económicas posneoliberales. El Banco Mundial, por ejemplo, propuso agregar nuevas capas de reformas, orientadas a mejorar las instituciones y el capital humano, y hasta el mismísimo John Williamson, recopilador de los diez mandamientos del Consenso de Washington, dice que lo malinterpretaron y que él nunca propuso la reducción extrema del Estado. En este contexto, parece natural que Joseph Stiglitz, el más famoso crítico del neoliberalismo, se haya convertido en el economista fetiche de los presidentes progresistas de América Latina, y que tanto Lula como Evo Morales y el matrimonio Kirchner lo busquen para la foto.

Pero nada de esto significa que se hayan despejado todos los riesgos ni que el futuro de prosperidad esté garantizado: el ingreso masivo de dólares ha revaluado las monedas y afecta la competitividad de países como Brasil y Chile, mientras que en otros casos, como Argentina y Venezuela, las altas tasas de crecimiento poscrisis han reintroducido el fantasma de la inflación, que ambos gobiernos intentan controlar sin obtener buenos resultados. En otros países, como Ecuador y Uruguay, el principal problema sigue siendo la escasa capacidad de acción y todos sufrirán, de un modo u otro, los efectos de la crisis financiera mundial. Es irónico, pero las políticas neoliberales que propiciaron el giro político son las mismas que hoy imponen límites difíciles de sortear: la vulnerabilidad externa, la fragilidad del Estado y la polarización social, resultados de dos décadas de programas ortodoxos y causas profundas de las crisis económicas que llevaron al triunfo de las fuerzas de izquierda, constituyen los obstáculos más serios para un cambio más decidido de orientación económica.

Pero vuelvo a la idea central, la de obtener mayores recursos para ganar autonomía, objetivo último de las estrategias económicas de los gobiernos de la nueva izquierda, eternos equilibristas entre las ganas de estirar la cuerda y la necesidad de no romperla del todo. Si hasta Chávez, que desde el púlpito de las Naciones Unidas se animó a calificar de diablo a George W. Bush, paga puntualmente la deuda externa y, pese al olor a azufre, ni un solo día ha dejado de enviar petróleo a las entrañas del mismísimo infierno.

Fuentes y bibliografía

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Brasil: el gigante atrapado

Entrevista con Luiz Carlos Bresser-Pereira, Página/12, 29/4/2007; conversación con Bresser-Pereira, La Habana, 16/2/2008.

Conversación con Gilberto Dupas, San Pablo, 17/4/2007.

Conversación con Marco Aurelio Nogueira, San Pablo, 22/10/2007.

Declaración de Antonio Palocci,Agencia de Noticias Estado, 1/2/2003

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Argentina: juntando los pedazos

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Venezuela: de la ortodoxia al socialismo del siglo XXI

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Ecuador en la trampa de la dolarización

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Bolivia a todo gas

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El cambio suave de Uruguay

Declaración de Tabaré Vázquez sobre el modelo económico, El Mercurio, 9/9/2004.

Declaración de Danilo Astori, Búsqueda, 29/12/2005.

Sobre la crisis uruguaya de 2002 y la política económica del gobierno de Tabaré Vázquez: Gabriel Papa (2006) “La política económica de la izquierda uruguaya en el gobierno”, TNI, New Politics Program; Gustavo Bittencourt (2006) “Uruguay 2006: desarrollo esquivo o ruptura con la historia”, en Revista América Latina Hoy, Nº 44, diciembre; Luis Bértola y Gustavo Bittencourt (2005) “20 años de democracia sin desarrollo económico”, en Gerardo Caetano (ed.) 20 años de Democracia. Uruguay 1985-2005,Taurus; Rodrigo Arocena (2005) “Uruguay en la nueva ola de las izquierdas latinoamericanas”, en Nueva Sociedad, Nº 205, mayo-junio; Fernando Antía (2003) “Uruguay 2002. Contagio, crisis bancaria y perspectivas”, en Revista Iconos, Nº 15.

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Chile: la nueva vía al capitalismo

Entrevista con Ricardo Lagos, Santiago, 20/6/2007.

Conversación con Ricardo Ffrench Davis, Santiago, 20/6/2007. Entre sus últimos libros y trabajos: Ricardo Ffrench Davis (2004) Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad. Tres décadas de política económica en Chile, Siglo XXI; Idem (2001) “La economía chilena, déficits y necesidades”, Documento presentado en el seminario “Asumiendo el país: responsabilidad social universitaria”, Santiago, 13 y 14 de junio de 2001.

Declaraciones sobre el modelo chileno, www.cooperativa.cl.

Conversación con Alberto Fernández, Buenos Aires, 20/5/2005.

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Cambiar mucho, poquito, nada: las políticas económicas pos-Consenso de Washington

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Sobre el pos-Consenso de Washington: Joseph Stiglitz (2006) Cómo hacer que funcione la globalización,Taurus; Joseph Stiglitz (2003) Los felices 90. La semilla de la destrucción,Alfaguara.

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Análisis latinoamericanos sobre el pos-Consenso de Washington: José Antonio Ocampo (2005) “Más allá del Consenso de Washington: una agenda de desarrollo para América Latina”, Serie Estudios y Perspectivas Nº 26, CEPAL; Ricardo Ffrench Davis (2005) Reformas para América Latina. Después del fundamentalismo neoliberal, Siglo XXI; Pablo Bustelo (2003) “Desarrollo económico: del Consenso al post-Consenso de Washington y más allá”, en Homenaje al profesor Francisco Bustelo, Editorial Complutense, Carlos Vilas (2000) “¿Más allá de Consenso de Washington? Un enfoque desde la política sobre algunas propuestas del Banco Mundial de reforma institucional”, en Revista Reforma y Democracia, Nº 18, CLAD.

Sobre lo que realmente se está haciendo en América Latina: José Antonio Ocampo (2007) “La macroeconomía de la bonanza económica latinoamericana”, en Revista de la CEPAL, Nº 93, diciembre; Juan Carlos Moreno-Brid e Igor Paunovic (2006) “La política económica de los nuevos gobiernos de centro-izquierda en América Latina: ¿vino nuevo en odres viejos?”, en Nexos, Nº 347; Antonio Elías (coord.) (2006) Los gobiernos progresistas en debate. Argentina, Brasil, Chile,Venezuela y Uruguay, Clacso; Cesar Ferrari (2005) “Hacia un nuevo consenso de política económica en América Latina, temas de agenda”, en Nueva Sociedad, Nº 199, septiembre-octubre; Gilberto Dupas (2005) “Difíciles opciones frente a los impasses latinoamericanos”, en Nueva Sociedad, Nº 199, septiembre-octubre; Daniel Chavez, Patrick S. Barrett y César A. Rodríguez Garavito (2004) La nueva izquierda en América Latina, Norma; Gabriel Papa (2004) “La herencia del neoliberalismo en América Latina y los márgenes de maniobra de los gobiernos progresistas”, Serie Análisis y Propuestas, FESUR.

4
Las instituciones importan, ¿importan?

El aeropuerto de Caracas es uno de esos aeropuertos de los 70, una construcción vieja y marrón que fue parcialmente remodelada, pero que sigue siendo un lugar bastante oscuro, nada que ver con esas moles modernísimas de acero brillante y ventanales gigantes, donde los rayos de sol se filtran atenuados por los vidrios gruesos y el aire acondicionado. Los pisos, por más que estén limpios, siempre parecen cubiertos por una pátina de grasa, y los negocios no ayudan a darle un aire internacional al lugar. Demasiadas tiendas de chucherías para turistas, como Cosméticos Nahir y Novedades Naty, hacen que uno tenga que atravesar la línea de migraciones para encontrar lo que realmente vale la pena llevarse: ron y chocolates.

Ese día de agosto de 2006 el aeropuerto estaba especialmente saturado de gente. Llegué temprano, porque durante la semana anterior había escuchado todo tipo de consejos pesimistas sobre el tránsito que suele atorar la ruta de acceso en las horas pico, el peligro de los taxistas secuestradores y otro tipo de eventualidades, como la posibilidad de que se desplome el famoso puente que conecta al aeropuerto con la ciudad, cosa que ocurrió unos meses después, dejando a Caracas virtualmente incomunicada. Pero ese día no hubo problemas y con tres horas de margen me dispuse para el check-in en el mostrador de la aerolínea que me llevaría a Buenos Aires. Unos pasos más allá, una larguísima fila de gente ocupaba la mitad del hall central, serpenteaba, se enroscaba y desembocaba en un lugar que no alcanzaba a ver.

—¿Y esa fila? —le pregunté a la señora parada detrás mío, una evidente venezolana de clase alta, rubia, de pelo lacio peinado en peluquería, que viajaba con tres valijas gigantescas. Parecía fastidiada.

—Ah, ésa es la fila para que te sellen la tasa de aeropuerto antes de pasar a migraciones. Mi marido llegó hace una hora para buscar un lugar, porque si no perdemos el vuelo ¿Tu tienes a alguien ahí?

No tenía a nadie, por supuesto, porque entre todas las recomendaciones nadie me había mencionado la necesidad de llevar a un acompañante para que reserve un puesto en la fila. Comencé a inquietarme y a hacer lo que uno hace en estas ocasiones: calcular cuánto tiempo me quedaría una vez que despachara mi valija, cuán larga era la fila, si tenía alguna posibilidad. La señora rubia se compadeció y me sugirió:

—Explícale al hombre de la aerolínea la situación. A veces, cuando la fila es muy larga, juntan a algunos retrasados y los hacen pasar.

Eso hice. Al principio, un amable empleado de la línea aérea me dijo que no me preocupara, pero después, cuando ya había terminado los trámites y tenía mi tarjeta de embarque, el discurso cambió: el hombre se fue y apareció otro con un argumento tan irrefutable como poco alentador:

—Nosotros como aerolínea ya hicimos nuestro trabajo. Usted póngase en la fila y si no llega a tiempo, después vemos.

—Pero es obvio que no voy a llegar, si apenas avanza...

En ese momento no lo sabía, pero la larga serpiente terminaba en dos ventanillas, sólo dos para sellar la tasa aeroportuaria de todos los pasajeros de todas las líneas aéreas para todos los destinos, que una vez superado el cuello de botella se descongestionaban aliviados en la decena de puestos de migraciones.

La señora rubia escuchó la respuesta y me dijo que podía ir con ella a ocupar el lugar que estaba reservando su marido. Fuimos, y el hombre, que esperaba desde hacía dos horas, no pareció muy contento al ver que su esposa llegaba acompañada, pero no dijo nada. Avanzamos lentamente y cuando nos acercamos al final pude ver que dos hombres discutían a los gritos al lado de las ventanillas. Aparentemente, uno había querido saltarse la fila con la excusa de que tenía que llegar a Bogotá a ver a su madre enferma, y el otro no le creía; decía que, si era tan importante, tendría que haber llegado antes. El gordo con walkman que nos precedía contó que un rato antes otra discusión parecida había terminado a los golpes. Cerca, el mismo empleado de la aerolínea que me había dicho que me quedara tranquilo esperaba con un grupito de cinco personas, obviamente retrasados, que trataban de evitar las miradas acusatorias que les lanzaban desde la fila.

—Nosotros viajamos seguido, y siempre pasa algo: o se traba la ruta, o cancelan los vuelos o algo como esto. Es absurdo, pero así es la Revolución Bolivariana —me dijo el esposo de la rubia. El hombre, evidentemente, no era un fanático de Chávez, pero no esperaba ni una respuesta ni un asentimiento. Media hora después estábamos en el free-shop comprando ron y chocolates.

¿Qué tiene que ver esto con el gobierno de Chávez? Nada, si se lo toma como un episodio más bien banal, una anécdota olvidable que quizás podría haber sucedido en cualquier otro país de América Latina; o mucho, si se lo mira como una muestra más de irracionalidad administrativa y caos de gestión, dos dolencias que se manifiestan en prácticamente todos los ámbitos del Estado venezolano y que, aunque tienen sus causas en los déficits propios de los países rentistas, se han profundizado hasta límites absurdos durante la gestión chavista. Su gobierno, en efecto, no se caracteriza precisamente por la eficiencia gestionaria: en sus primeros cinco años como presidente, Chávez cambió de sus puestos a cincuenta y nueve ministros (ochenta si se cuentan los enroques), incluyendo seis ministros de Finanzas, seis de Defensa, seis de Comercio y cinco cancilleres. Un récord notable, pero nada llamativo para un régimen muy peculiar, que ha transformado profundamente las instituciones de su país y que ha consolidado rasgos exasperantes de personalismo, militarismo y una asombrosa concentración del poder.

Pero Chávez no es un dictador ni un autócrata: en Venezuela hay libertad de prensa, la oposición puede presentar sus candidatos y la policía no anda por ahí encarcelando detractores. Las elecciones son razonablemente limpias y todos los triunfos oficialistas se produjeron en buena ley. Y el 2 de diciembre de 2007, por primera vez desde su llegada al poder, Chávez se vio obligado a reconocer una derrota electoral, cosa que hizo honorablemente, aunque al día siguiente haya vuelto a los insultos. Desde el punto de vista institucional, Chávez es más democrático de lo que dicen sus opositores y mucho menos republicano de lo que afirman sus defensores. Es, evidentemente, algo muy complejo, y conviene analizarlo con cuidado. Veamos.

EL DESCALABRO INSTITUCIONAL VENEZOLANO

La concentración de poder en la figura del líder máximo es realmente impresionante. Además del gobierno, Chávez controló durante cuatro años, entre 2005 y 2008, la totalidad de la Asamblea Legislativa, integrada exclusivamente por sus partidarios luego de que la oposición decidiera no presentarse a las elecciones parlamentarias, en una absurda jugada destinada a quitarle legitimidad internacional al régimen, pero que sólo contribuyó a fortalecerlo. Y que demuestra que el hiperpresidencialismo venezolano es resultado tanto de las ambiciones del caudillo como de los errores de la oposición. En cuanto al control judicial, en diciembre de 2004 el Tribunal Supremo de Justicia fue ampliado de veinte a treinta y dos miembros y completado con diputados y militares oficialistas. “No nos vamos a meter un autogol”, admitió —en un claro acto de sincericidio— el titular del Comité de Postulaciones de la Asamblea Legislativa, el militar retirado Pedro Carreño, cuando la prensa cuestionó los nombres elegidos. El otro resorte judicial estratégico es el Fiscal General, único funcionario con autoridad para juzgar al presidente, cargo que en los comienzos de la gestión chavista fue ocupado por.... el vicepresidente. Como si fuera poco, Chávez consiguió que la Asamblea le otorgara facultades extraordinarias para legislar por decreto en dos oportunidades: en 2001, con las leyes habilitantes, y en 2007, cuando le cedieron poderes especiales durante un año y medio, a pesar de que todos los legisladores estaban encolumnados con el oficialismo.

Chávez enfrenta menos límites y está supeditado a menos controles que cualquier otro presidente latinoamericano (salvo los hermanos Castro). No tiene que lidiar con una oposición afincada en partidos políticos sólidos, como ocurre con Tabaré Vázquez o Bachelet, ni debe tratar con poderes regionales fuertes, como le sucede a su amigo Evo Morales con Santa Cruz de la Sierra, y no tiene que negociar con los caciques peronistas como el matrimonio Kirchner. Es, por lejos, el más poderoso de todos los presidentes, pero nadie podrá decir que no fue avisado. De hecho, su campaña electoral de 1998 se centró en la promesa de cambiar la Constitución para refundar Venezuela, objetivo que cumplió cabalmente. El primer acto de Chávez como jefe de Estado, apenas asumió el poder en 1999, consistió en saltarse la fórmula tradicional y jurar su flamante cargo “por esta moribunda Constitución”; el segundo, firmar un decreto de convocatoria a una asamblea para reformarla. Así, en el lapso de unas pocas semanas, Chávez terminó de triturar a Acción Democrática y COPEI, los dos partidos que habían hegemonizado la política venezolana desde el inicio del período del Punto Fijo en 1958, y acabó de derrumbar las instituciones vigentes mediante un proceso accidentado que incluyó engendros como el “Congresillo” (el organismo encargado de legislar hasta la elección de un nuevo poder legislativo) y desprolijidades increíbles, como las discrepancias entre el texto aprobado por los constituyentes y la versión publicada. Con los años, sin embargo, todas estas cosas se fueron convirtiendo en detalles de la historia, y lo que quedó es un marco institucional que debilita los contrapesos, borronea las formas republicanas y refuerza el poder presidencial. Además, claro, de los millones de ejemplares de la Constitución Bolivariana que Chávez hizo imprimir en un pequeño librito azul para repartir entre la gente.

Quienes defienden a Chávez tienen sus argumentos. La Constitución Bolivariana de 1999 incluyó algunos instrumentos participativos para equilibrar la relación de fuerzas, el más original de los cuales es el referendo revocatorio, figura legal que permite plebiscitar al presidente, y a cualquier otro funcionario, una vez transcurrida la mitad de su mandato. Esto fue justamente lo que ocurrió el 15 de agosto de 2004, cuando un amplio frente opositor impulsó una consulta popular para forzar la salida de Chávez, pero terminó derrotado: contra todos los pronósticos, el presidente obtuvo el 60% de los votos, una victoria rotunda que, pese al aval de organismos neutrales como la OEA y el Centro Carter, la oposición se negó a reconocer. Los defensores del gobierno sostienen que Chávez tuvo que lidiar durante años con una oposición que se negó a aceptar los resultados electorales y hasta recurrió al golpe de Estado (lo cual es cierto), y que la concentración de poder era necesaria para modificar el sistema vetusto y elitesco y neutralizar a las fuerzas antidemocráticas opositoras (lo cual, por supuesto, es mucho más discutible).

Dejo de lado por un momento los argumentos de unos y otros para apuntar un dato sin el cual es difícil entender los motivos profundos que explican este presidencialismo de locos. Como casi todo lo que ocurre en la Venezuela de Chávez, la raíz de todo el asunto se puede rastrear hasta el colapso del status quo tradicional producido en 1998, cuando el carismático capitán de paracaidistas llegó al Palacio de Miraflores y se encontró con un vacío que aprovechó hábilmente para transformar en plastilina las instituciones vigentes. Y este derrumbe, a su vez, tiene su origen en las peculiaridades de la historia nacional. Venezuela fue uno de los pocos países latinoamericanos que logró mantenerse a salvo de las dictaduras que asolaron a la región en las últimas décadas del siglo XX. En el resto de América Latina, especialmente en el Cono Sur, la experiencia autoritaria hizo que, una vez recuperada, la democracia fuera valorada como un bien en sí mismo, y que muchos políticos e intelectuales de izquierda que en los 60 y 70 criticaban al régimen democrático por hueco y aburguesado descubrieran que, en realidad, constituye una garantía para los derechos humanos y un buen escudo contra las prácticas autoritarias. La sociedad venezolana no registró esta transformación en la mentalidad colectiva: la democracia formalmente impecable que gobernó el país desde 1958 hasta el triunfo de Chávez en 1998 era vista como la verdadera responsable de la decadencia nacional y la crisis económica.

Esta explicación me parece un poco más sólida que los análisis que atribuyen la gelatinización de las instituciones venezolanas a la simple perversidad del caudillo o al ánimo golpista de la oligarquía opositora. Aunque, admitámoslo, Chávez ha hecho todo lo posible por forzar al máximo los límites formales, por ejemplo, incluyendo en la Constitución Bolivariana la idea de “democracia participativa y protagónica”, que no está claro si complementa o reemplaza a la democracia representativa y que tiene, además, un problema elemental: suele esconder un desprecio por los mecanismos representativos y a menudo trastoca la participación en delegación y aclamación. Ocurre que en Venezuela —a diferencia de experiencias que a primera vista pueden parecer similares, pero que guardan muchas diferencias, como la de Bolivia— el énfasis participativo no es el resultado de una construcción basada en largos años de ensayo y error, sino el producto de una orden emanada desde la cima. No está claro si lo de Chávez es o no una revolución, pero lo que es seguro es que viene desde arriba.

Esto crea un espacio enorme para la arbitrariedad en el manejo del poder y multiplica las oportunidades para el ascenso de los oportunistas y los corruptos. Chávez no ha enfrentado acusaciones fundadas de corrupción personal, pero parece evidente que tolera tácitamente el enriquecimiento de su familia y de buena parte del elenco gobernante, que, salvo excepciones, no se caracteriza ni por la eficiencia administrativa ni por el prestigio público, lo cual obviamente tiende a reforzar la tendencia a la concentración de poder en el líder supremo. En los últimos años, la boliburguesía ha prosperado como nunca y hoy, pese a la inflación y el desabastecimiento, no hace demasiados esfuerzos por esconder sus hábitos de nuevo rico. De tanto en tanto, Chávez se enoja públicamente por el tono consumista que ha ido adquiriendo su país; alguna vez ordenó incluso limitar las importaciones de productos de lujo y hasta les subió el IVA. Sin embargo, la prosperidad petrolera y los negocios con el Estado pueden más que cualquier decisión administrativa, como demuestra el hecho de que Venezuela se ha convertido en un gran importador de yates y lanchas caras y en el segundo mercado mundial —el primero son los Estados Unidos— para las Hummers, enormes camionetas 4x4 que fabrica la General Motors a un precio de unos cien mil dólares cada una.

En este ambiente crispado, parece natural que el estilo confrontacionista de Chávez haya prosperado tanto. Verdadero creativo a la hora de polemizar con sus opositores, el presidente venezolano ha aprovechado discursos, inauguraciones de obras públicas y las interminables emisiones de “Aló Presidente” para desplegar su ingenio. Chávez ha convocado a “pulverizar” a la oposición, a cuyos líderes calificó de “escuálidos”, “oligarcas”, “saco de gatos” y “mentes peludas”; a los disidentes sindicales los llamó “cochinos”; a los senadores brasileños “loros”; y a la OIT “sorda, ciega e ignorante”; a los obispos les dijo “diablos con sotana” e “inmorales” y convocó a “exorcizarlos”; los estudiantes opositores fueron tildados de “sifrinos”; algunos integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron definidos como “eunucos y tarados”; y la asociación Reporteros sin Fronteras fue rebautizada como “Reporteros sin Vergüenza”. Chávez llamó “pendejo insulso” a José Miguel Insulza; “analfabeto” al historiador Elías Pino Iturrieta; “diablo”, “terrorista”, “Mr. Danger”, “cadáver político”, “pavoso”, “cuatrero del oeste” y “beodo” a George W. Bush; “embustero”, “bandido”, “irresponsable” y “sinvergüenza” a Alan García; “loco” y “polvillo de la historia” a Alejandro Toledo; “burro” a Felipe Calderón; “cachorro del imperialismo yanqui” a Vicente Fox; “excremento” a Mariano Rajoy; y “fascista” a José María Aznar —lo que le valió el famoso “¿Por qué no te callas?” de su majestad Juan Carlos, convertido en el ringtone del momento en España: para bajarlo había que enviar la frase “El rey chochea” a un número de teléfono—. A Condoleeza Rice, Chávez la bautizó “Condolencia”, no obstante lo cual insinuó que lo quiso seducir.

El culto a la personalidad, una costumbre arraigada en Venezuela desde tiempos de Bolívar, redondea este cuadro. En diciembre de 2006, después de haber arrasado en la pelea por su reelección, Chávez presentó el programa de gobierno para su segundo mandato en un acto formal en el Teatro Teresa Carreño, una hermosa construcción de estilo moderno, con enormes pirámides y cubos, terrazas abiertas y vistas de las montañas que rodean Caracas. El presidente, exultante, no se privó de nada a la hora de elegir la escenografía: un escritorio sobrio, su gabinete prolijamente alineado frente a una bandera venezolana y, detrás, una gigantografía de él mismo con la frase: “Tiempo de un nuevo despertar, de un nuevo mundo, de una nueva patria. Hugo Chávez Frías. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela”.

Ese día habló un buen rato por cadena nacional, aunque no tanto como en 2003, cuando transmitió doscientos tres discursos. En Venezuela, uno puede estar en su casa, almorzando tranquilamente o mirando la novela antes de acostarse, y de repente... aparece Chávez, en los escenarios más variados y con los mensajes más insólitos: el festejo de su cumpleaños número cincuenta junto a su familia o el mini recital con una banda recién llegada de Valencia, entre otros cientos de anécdotas. Según la empresa AGB Panamericana, desde que asumió el poder en 1998 hasta 2006 Chávez utilizó la cadena nacional 1.339 veces, lo que equivale a 810 horas, que se suman a las transmisiones semanales de “Aló Presidente”, el programa conducido por él mismo, que rara vez concluye antes de las cuatro horas.

Y esto no ocurre sólo en Venezuela. Chávez lleva sus largos discursos a dondequiera que vaya. Habló durante horas en Argentina, Irán, Belarús, Brasil, Nicaragua, Bolivia, República Dominicana, Paraguay, Ecuador y Cuba. Y también en Uruguay, durante una visita en 2005 que la murga Agarrate Catalina, ganadora de los últimos dos carnavales de Montevideo, usó como inspiración para una de sus letras:

Me tiré en el sillón

Frente a la televisión

Pa’ poder disfrutar

El discurso de Chávez

unas horas después

me paré a hacer un café

y cuando regresé

seguía hablando Chávez

[...]

De repente cambié

puse fútbol japonés

tres partidos miré

uno con alargue

Terminó y después vi

y en el otro canal

seguía hablando Chávez

Terminé un rompecabezas

de diez mil quinientas piezas

Puse de vuelta y a que usted no sabe

¡Siguió hablando Chávez!

Aprendí a hablar en coreano

descifré el genoma humano

Mientras Chávez la pudría

Con lujo de detalles

La actitud bolivariana

La conciencia...

De tu hermana

Nos estás enloqueciendo

Alguien que lo calle

UNA DEMOCRACIA VERDE (OLIVA)

Desde que llegó al gobierno, Chávez designó a militares en diferentes puestos clave: ministros, viceministros, jueces del Tribunal Supremo, gobernadores, alcaldes, legisladores, encargados de la política social y hasta el rector de su universidad favorita, la Universidad Bolivariana. Como señaló el periódico Tal Cual, Chávez llenó la administración pública de paracaidistas (en sus dos connotaciones: literal y metafórica). Y fue avanzando. Antes del frustrado golpe de Estado en su contra de 2002, la estrategia se limitaba a un copamiento uniformado del gobierno. Después, cuando comprobó que un sector de la Fuerza Armada Nacional no sólo no le respondía, sino que incluso había intentado tumbarlo, Chávez cambió a la cúpula militar para asegurarse la lealtad de sus subordinados, ordenó una serie de ascensos precipitados y convirtió a la institución en un organismo verdaderamente cabezón: Venezuela tiene muchos más generales y almirantes que el resto de los países de América Latina (incluso que los más grandes, como México), muchos más generales de división que divisiones y muchos más generales de brigada que brigadas.

Y no están mal pertrechados. El gobierno compró cien mil fusiles AK, 24 aviones de combate SU-30 y 53 helicópteros de transporte y ataque. Casi todas estas compras se hicieron a Rusia, ya que Estados Unidos bloqueó el plan para adquirir aviones tucanos a Brasil y corbetas a España. La reserva, que antes contaba con unos pocos miles de hombres, ahora tiene cien mil. Y si todo sale bien y el precio del petróleo se mantiene por las nubes, el país tendrá en unos años la flota de submarinos más importante de América Latina, cuestión de evitar un improbable bloqueo norteamericano en las costas del Caribe. Todo esto provoca urticaria en Perú, alergia en Colombia y una preocupación mal disimulada en Washington.

La estrategia de Chávez se sustenta en la idea de “guerra asimétrica”, que es como ha denominado una eventual invasión estadounidense, algo que —al menos desde mi punto vista— suena un poco fuera de lugar: Washington detesta a Chávez y ha hecho todo lo posible por desestabilizarlo, desde financiar a la oposición hasta apoyar el golpe de Estado de 2002, pero de ahí a invadir Venezuela... la verdad es que, desde el desastre de Irak, Estados Unidos se lo va a pensar dos veces antes de ocupar un territorio ajeno, y si ése fuera el caso en su lista de prioridades, figuran antes Irán o Corea. Pero Chávez es así, un poco paranoico: en junio de 2008, luego de que un avión estadounidense ingresara en territorio marítimo venezolano de manera aparentemente accidental, Chávez organizó una teatral —y televisada en vivo— maniobra conjunta de la Armada y la Fuerza Aérea, que concluyó con la detonación de un misil frente a la isla de Orchila. Además, ha denunciado reiterados intentos de magnicidio y hasta habló de una invasión conjunta de Estados Unidos y... Holanda (la corona holandesa aún posee algunas islitas en el Caribe).

Con todo, los planes para rechazar esta improbable invasión gringa contribuyeron a darle algún sentido al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, algo sólo posible en Venezuela, donde, a diferencia de casi todos los países de la región, los militares no son percibidos como los responsables de las dictaduras del pasado, sino como un cuerpo disciplinado, moderno y a salvo de corruptelas. Pero es sólo una apariencia, porque los militares venezolanos son tan verticalistas y escasamente democráticos como la mayoría de sus colegas latinoamericanos, se han visto enredados en escándalos de corrupción y han registrado episodios lamentables de soldados asesinados en cuarteles.

Pero Chávez es, al fin y al cabo, un militar. Aunque ingresó al Ejército con la esperanza de cumplir su sueño adolescente de convertirse en un jugador profesional de baseball, con el tiempo comenzó a interesarse por las experiencias de militares nacionalistas como Juan Velasco Alvarado, Omar Torrijos y Juan Domingo Perón, y más tarde se dejó seducir por las tesis de Norberto Ceresole, un lunático sociólogo argentino que escribió medulosos ensayos acerca de la unión pueblo-ejército y al que Chávez terminó echando de Venezuela. Influido por sus lecturas históricas y con el ejemplo de Bolívar siempre a mano, Chávez se ocupó de que en la reforma constitucional de 1999 se eliminara la cláusula que establecía el carácter “apolítico y no deliberante” de las Fuerzas Armadas, e introdujo otra que les garantizaba su “activa participación en el desarrollo nacional”. También habilitó el voto de los militares y cambió el modo de definir los ascensos: ya no es el Senado el responsable de decidirlos, sino el presidente, quien no se cansa de subrayar el papel centralísimo que cumplen en su proyecto político. Más tarde, en medio de la ofensiva por una segunda reforma constitucional, Chávez cambió el clásico saludo militar por el un tanto demodé “Patria, socialismo o muerte”, y quiso rebautizar a la Fuerza Armada Nacional como Fuerza Armada Bolivariana, además de establecer su carácter “patriótico, popular y antiimperialista”. La derrota en el referendo del 2 de diciembre de 2007 se lo impidió.

Si miramos más allá de la patria de Chávez, parece evidente que Venezuela no es el único país sudamericano en el que los militares ocupan un lugar importante en la vida política. En Chile, pese a los esfuerzos por disolver los enclaves autoritarios heredados de Pinochet, las Fuerzas Armadas siguen jugando un rol central, cuentan con autonomía presupuestaria y hacen todo lo posible por bloquear las investigaciones judiciales por violaciones a los derechos humanos. En Brasil, Lula ha utilizado a los militares para implementar algunas iniciativas de política social y para ciertas tareas de seguridad interna. Y en Bolivia asumieron un protagonismo impensado: Evo Morales los convocó para revestir de cierto dramatismo a la nacionalización de los hidrocarburos y ordenó que fueran ellos quienes entregaran a los alumnos de las escuelas primarias el Bono Juancito Pinto, una transferencia de cincuenta dólares para combatir la deserción. Evo juega con los militares al fútbol, una de sus grandes pasiones, y no parece guardar rencor por los años en que lo perseguían los “Leopardos”, los temibles cuerpos de elite entrenados por Estados Unidos para la guerra antidroga.

Argentina, quizás porque sufrió la dictadura más sangrienta de todas, es una excepción a esta constante sudamericana de la influencia militar en el gobierno. Formados políticamente en una generación que soportó el terrorismo de Estado, los Kirchner han hecho todo lo posible por restringir al máximo el papel de las Fuerzas Armadas, obligándolas a reconocer los errores del pasado, a veces con modos brutales: cuando era presidente, Néstor Kirchner ordenó descolgar los cuadros de los dictadores que adornaban las paredes del Colegio Militar, y no admitió que lo hiciera un simple soldado, sino el jefe del Ejército, en una ceremonia pública transmitida por televisión. También les quitó el predio donde funcionaba una escuela de la Armada, que había alojado una cárcel clandestina durante la dictadura, para convertirlo en un museo de la memoria. Y antes, apenas asumió el poder, había ordenado el mayor recambio militar desde la recuperación democrática: veintisiete generales, trece almirantes y doce brigadieres fueron desplazados. Finalmente, consiguió que el Congreso derogara dos leyes —la de Obediencia Debida y la de Punto Final— que impedían el avance de los juicios contra los militares acusados de violaciones a los derechos humanos. Según relató un funcionario argentino, Kirchner, que detesta a los militares casi más que a cualquier otra cosa en el mundo, le preguntó a Chávez por qué les daba tanto poder. “Porque saben mandar”, fue la respuesta del caudillo venezolano.

Al parecer, nunca más hablaron del tema.

LA PRIMERA DERROTA DE CHÁVEZ

La primera vez que conversé con Teodoro Petkoff, en un restaurante en Caracas, me dio una buena definición acerca del régimen de Chávez. “Es obvio que esto no es una dictadura, pero tampoco es una democracia plena. La gente no desaparece, el gobierno no tortura. Hay una cultura y una tradición democrática en Venezuela que no le permiten a Chávez hacer todas estas cosas, suponiendo que ése fuera su objetivo. Tampoco podría si quisiera seguir formando parte de las instituciones interamericanas, de los procesos de integración. Pero no hay garantías totales. Chávez tiene un pie en el pedal de la democracia y otro en el acelerador del autoritarismo, el autocratismo y el militarismo, y pisa cada uno según el momento.”

Me reencontré con Petkoff dos años después, en octubre de 2007, en un seminario en Caxambú, una pequeña ciudad termal cercana a San Pablo en la que se realiza el encuentro anual de los cientistas sociales brasileños y en la que el venezolano ofreció una conferencia. Faltaba un mes para el referendo por la reforma constitucional de 2007 (la primera derrota electoral de Chávez), pero en aquel momento nadie, ni siquiera Petkoff, se animaba a anticipar un resultado. “Yo siempre fui cuidadoso con las definiciones”, me dijo en una noche de calor y llovizna, mientras tomábamos caipirinhas al lado de la pileta del hotel. “Nunca dije que Chávez fuera un dictador o un tirano, como hicieron muchos, porque eso abre la puerta para cualquier cosa: a un dictador hay que derrocarlo por todos los medios. Pero si gana el referendo y se aprueba su proyecto, entonces va a tener poderes verdaderamente imperiales. Ahí sí se podrá discutir si realmente vivimos en una democracia”, agregó.

La idea de impulsar una nueva reforma constitucional fue anunciada por Chávez luego de su arrollador triunfo en las elecciones presidenciales del 3 de diciembre de 2006. Tras obtener su reelección con el 62% de los votos, el presidente fue presentando, una tras otra, una serie de iniciativas de distinto color, peso y potencia, pero todas en la misma línea de imprimirle un giro verdaderamente radical a su estrategia de construcción del Socialismo del Siglo XXI: la nacionalización de las empresas CANTV y ELECAR y de las compañías extranjeras que operan en la Faja del Orinoco; la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), una versión a destiempo del modelo de organización leninista en el que deberían disolverse sin protestar todas las fuerzas chavistas; la sanción de una Ley Habilitante para poder legislar por decreto durante dieciocho meses; y la decisión de no renovarle la licencia a Radio Caracas Televisión (RCTV), el principal canal privado y uno de los ejes de la oposición mediática, disposición para la cual el gobierno contaba con todas las facultades legales —no violó ninguna ley al hacerlo y de hecho el canal siguió transmitiendo por cable—, pero que apenas ocultaba su intención de vengarse de uno de los medios que acompañaron el golpe de Estado de 2002.

En esta ensalada de proyectos, Chávez anunció una reforma constitucional destinada a acabar con los residuos oligárquicos que, al parecer, no habían sido eliminados con la reforma que él mismo había impulsado en 1999, para lo cual se presentaron algunos artículos orientados a profundizar el camino poscapitalista y otros que apuntaban a fortalecer hasta límites inciertos los poderes presidenciales. Entre los primeros se encontraba la limitación de la jornada laboral a seis horas y la creación de cinco exóticas formas de propiedad: pública (Estado), social (pueblo), colectiva (grupos sociales), privada (individuos) y mixta (combinación de algunas de las anteriores). En el segundo grupo se incluía el fin de la independencia del Banco Central, la transferencia del manejo de las reservas internacionales a la órbita presidencial, la posibilidad de declarar por decreto el estado de emergencia y recortar —durante un tiempo limitado, pero de modo severo— las libertades individuales, además del diseño de un nuevo mapa político con la creación de “ciudades socialistas” y “territorios”, cuyas cabezas serían directamente designadas por el presidente. Además, claro, de la piedra de toque de todo este asunto: la extensión del mandato presidencial de seis a siete años y la habilitación de la reelección indefinida, lo que hubiera convertido a Venezuela en el único país latinoamericano — a excepción de Cuba— que no contempla límites institucionales para el ejercicio perpetuo del poder.

Pero Chávez perdió. El 2 de diciembre de 2007, tras casi una década de triunfos ininterrumpidos, se vio obligado a reconocer por primera vez una derrota electoral, cosa que hizo de manera ejemplar, aunque al día siguiente haya recuperado su tono habitual al calificar al resultado como “una mierda”. Como sea, la derrota fue clarísima y se explica por la confluencia de varios factores. En primer lugar, los problemas generados por los evidentes déficits de gestión con una baja sensible en el rendimiento de los programas sociales y una crisis inflacionaria que el gobierno intentó controlar con una política de precios máximos que sólo contribuyó a potenciar el mercado negro y el desabastecimiento.

Pero la derrota se explica también por el rechazo de algunas figuras importantes del chavismo, como la ex mujer del presidente, la discreta Marisabel Rodríguez, los líderes de Podemos, un partido cercano al gobierno de orientación moderada que se negó a ser absorbido por el nuevo Partido Socialista y que ahora explora una tercera vía entre el chavismo y el antichavismo. Y, sobre todo, por la posición de Raúl Baduel, un ex general que durante el intento golpe de Estado de 2002 había jugado un rol clave para reponer a Chávez en el poder y que, elevado por el chavismo a la categoría de héroe nacional y más tarde designado al frente del Ministerio de Defensa, se había convertido en una de las pocas figuras del elenco oficial que conservaba una buena imagen pública. Era, de hecho, el segundo dirigente con más popularidad después del presidente. Su oposición a la reforma, a la que Chávez respondió llamándolo “traidor”, tal vez no haya alcanzado para desequilibrar la balanza, pero seguramente contribuyó a confirmar la posición de un sector importante del electorado chavista que, sin romper totalmente con el líder, quiso enviarle un mensaje de advertencia: la derrota se explica básicamente por la decisión de una cantidad enorme de sus partidarios (casi tres millones, si se lo compara con los votos que había obtenido Chávez en la reelección) de quedarse en sus casas en lugar de acercarse a los centros de votación para apoyar la reforma.

Los cambios experimentados en el universo opositor también contribuyeron al resultado. Al principio, los líderes opositores subestimaron a Chávez, al que despreciaban por sus códigos antipolíticos y al que veían como un fenómeno pasajero. Más tarde, cuando finalmente cayeron en la cuenta de que Chávez había llegado para quedarse, los sectores más recalcitrantes y antidemocráticos asumieron la conducción de las fuerzas opositoras y buscaron tumbarlo por todos los medios: el paro petrolero del verano 2002-2003; el intento de golpe del 13 de abril de 2002; la ocupación de la plaza Altamira por parte de un grupo de militares que reclamaban la renuncia del presidente y que permanecieron largos meses dando entrevistas a los canales de televisión; la decisión de desconocer el rotundo triunfo de Chávez en el referendo revocatorio de 2004; y la estrategia de no presentarse a las elecciones legislativas de noviembre de 2005. Antidemocráticos, antipopulares y con momentos del más puro racismo, los sectores que lideraron el heterogéneo arco opositor en esta primera etapa contribuyeron a la crispación nacional y al clima de insoportable polarización. Chávez es resultado de sí mismo, pero también un producto de sus adversarios.

La estrategia opositora recién comenzó a cambiar en 2006, cuando los viejos líderes, muchos de ellos provenientes de Acción Democrática y COPEI, dieron paso a un grupo de políticos más dispuestos a jugar bajo las reglas de la democracia. En las elecciones presidenciales de diciembre de ese año, la oposición logró unificarse en torno a Manuel Rosales, uno de los dos gobernadores no chavistas, quien aceptó su derrota y demostró su voluntad de no patear el tablero. A este hecho inédito se sumaron después las masivas protestas callejeras de los estudiantes universitarios, que comenzaron cuando Chávez anunció su decisión de no renovar el contrato de RCTV y se intensificaron en los meses previos al referendo constitucional de 2007, en lo que muchos especulan con lo que podría ser el comienzo de un movimiento de largo aliento. Aunque la expectativa quizás sea exagerada (desde el Mayo Francés sabemos que las movilizaciones estudiantiles tienen serias dificultades para cristalizar políticamente), de todos modos contribuyeron a confirmar el renovado talante democrático de la oposición y a cambiar el panorama político de Venezuela.

Tras su derrota, Chávez produjo un cambio de gabinete (trece de sus veintinueve ministros fueron desplazados o rotados) y lanzó la campaña de las “tres erres” —revisión, rectificación y reimpulso—, con el objetivo de retomar, sobre otras bases, su proyecto de reforma constitucional. Se lo podrá acusar de muchas cosas, menos de taimado: poco después del tropezón electoral, Chávez explicó que su plan consistiría en convocar a un referendo revocatorio para 2010 que incluya, además de la consulta acerca de su continuidad en el poder, una sola propuesta de enmienda constitucional: la reelección indefinida. Aunque el hombre persiste, el panorama ha cambiado para bien en Venezuela, con un líder todopoderoso que aceptó por primera vez una derrota, una oposición más democrática y la perspectiva de un juego político más equilibrado, negociado y sensato.

OTRAS DOS REFORMAS

La frase es de Marco Aurelio García, siempre ingenioso a la hora de condensar situaciones políticas complejas en una fórmula sencilla. “El problema de Bolivia —dice el asesor internacional de Lula— es que está viviendo un proceso de reforma, sin salirse del marco democrático, pero tanto la oposición como el gobierno actúan como si estuvieran frente a una revolución.”

La secuencia boliviana es complicadísima y hasta los más informados suelen perderse en sus interminables idas y vueltas. El 2 de julio de 2006, seis meses después de llegar al gobierno, Evo Morales dio el primer paso para cumplir su principal promesa electoral y convocó a elecciones para definir los integrantes de la Asamblea Constituyente. Ese mismo día se realizó el plebiscito por las autonomías departamentales. El MAS obtuvo la mayoría de los asambleístas, pero no los dos tercios necesarios para definir por sí solo las reformas, mientras que el No a las autonomías defendido por el gobierno se impuso en suma del total nacional, pero perdió en los cuatro departamentos autonomistas que integran la Media Luna (Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni). En este marco se reunió la Asamblea, que se sumergió en interminables debates procedimentales y no logró acordar un solo artículo... durante un año y medio. La discusión terminó de empantanarse cuando un sector de la oposición, buscando por todos los medios hacer fracasar el proceso, introdujo en el debate un tema no previsto: la propuesta de devolverle a Sucre, capital formal pero no real del país, la “capitalía plena”, lo que desató una nueva secuencia de conflictos, enfrentamientos y protestas callejeras.

El golpe de timón llegó el 25 de noviembre de 2007, cuando los asambleístas alineados con el gobierno se reunieron con algunos opositores moderados en un cuartel militar y, en una maratónica sesión de dieciséis horas custodiada por la policía, aprobaron la friolera de cuatrocientos artículos, entre ellos el carácter plurinacional del país, la recuperación del rol del Estado en la economía, nuevas formas de propiedad y la prohibición de la privatización de los servicios básicos, junto a una reforma agraria, la separación Iglesia-Estado y la elección de los miembros de la Corte Suprema por voto directo de una terna propuesta por el Congreso. Además, claro, de la reelección presidencial, pero por un solo período.

Desde el punto de vista formal, sólo falta la aprobación del texto en un plebiscito que revista de legitimidad popular lo dispuesto por la Asamblea, pero la realidad política impuso dificultades adicionales: los líderes de los departamentos rebeldes anunciaron que desconocerían la nueva constitución e impulsarían por sus propios medios la autonomía. El 4 de mayo de 2008, Santa Cruz votó masivamente su autonomía, pese a la oposición del gobierno y el vacío de la comunidad internacional, y en las semanas siguientes hicieron lo propio Beni, Pando y Tarija. Para recuperar la iniciativa, Evo Morales convocó a una referendo revocatorio que le permitiera legitimarse en el poder y poner a prueba a los prefectos (gobernadores) de la oposición. El referendo se realizó el 10 de agosto. Ese día, el presidente obtuvo un asombroso 67% de apoyo, con récords del 90% en los centros urbanos indígenas como El Alto y en las zonas rurales. Pero los prefectos opositores también fueron ratificados y el más importante de ellos, el cruceño Rubén Costas, consiguió un 65% de aprobación. En suma, la situación se mantiene más o menos en el mismo lugar, con un presidente fuerte y una oposición también muy sólida, aunque limitada al oriente del país.

Después del referendo, los sectores más duros de la oposición lanzaron una ofensiva en la región de la Media Luna con la toma de aeropuertos, la ocupación de los organismos del gobierno nacional y el corte, por unas horas, del suministro de gas a Brasil y Argentina. En un clima enrarecido, el presidente decretó el estado de sitio y envió al Ejército a recuperar el control de la situación. Mientras la televisión mostraba las imágenes de los enfrentamientos en las calles, en el departamento de Pando morían decenas de personas, la mayoría indígenas seguidores de Evo Morales. En una muestra de que los tiempos han cambiado, los países sudamericanos reaccionaron con velocidad de rayo y el 14 de septiembre se reunieron para una cumbre extraordinaria de la Unasur en Santiago de Chile, donde emitieron un documento en el que advirtieron que no admitirán “ninguna situación que implique un intento de golpe vivil, la ruptura del orden constitucional o que comprometa la integridad territorial de la república de Bolivia”. Con el apoyo de una comisión internacional, se inició un nuevo diálogo entre los líderes opositores y el gobierno del MAS. La situación logró serenarse, pero la sensación es que el equilibrio es tan precario que cualquier chispazo puede generar una nueva escalada de violencia.

Pero a veces los detalles hacen perder de vista lo esencial. Tal vez convenga apartarse de la confusa secuencia de plebiscitos, negociaciones y enfrentamientos, para mirar la situación desde cierta distancia. A diferencia de Chávez, que en los primeros años de gobierno logró el monopolio absoluto de la iniciativa política, Evo Morales enfrenta a una oposición que, si bien cuantitativamente minoritaria, cuenta con poder, dinero y recursos. Hasta hace medio siglo, Santa Cruz era una provincia alejada del centro de las decisiones nacionales, una zona rural despoblada que recién comenzó a despegar luego de la Revolución Nacional de 1952, con la construcción del ferrocarril que la une con la Argentina y un aumento de su producción agraria, últimamente volcada a la soja. Hoy es por lejos el departamento más próspero de Bolivia: según la Cámara de Industria y Comercio, origina el 30% del PBI nacional, genera el 62% de las divisas, produce el 50% de las exportaciones y recibe el 47,6% de la inversión extranjera. Es, además, la región más integrada al Mercosur y la que ostenta lo más parecido a una industria manufacturera en Bolivia. Basta caminar unas horas por las calles de la ciudad, atestadas de camionetas 4x4, negocios caros y productos sofisticados que difícilmente se ven en La Paz, para hacerse la idea de una prosperidad que en Santa Cruz se lleva como un estandarte de progreso individual, fundamental en un país acostumbrado al fracaso económico y que es la base de una identidad, definida como “camba”, construida por los cruceños como sustento ideológico para sus reclamos autonomistas. Como Cataluña en España, Santa Cruz es un centro de poder económico que reclama más margen de maniobra político —la posibilidad de cobrar sus impuestos y crear una policía, por ejemplo— y que ha conseguido arrastrar en su ofensiva a los departamentos contiguos. Sumados, los departamentos de la Media Luna generan el 70% del PBI nacional. Sus cabildos abiertos, que llegaron a reunir a un millón de personas, son la expresión popular del reclamo autonomista, que —más allá de la voluntad de los sectores más radicales— no debe confundirse con una pretensión separatista, plan inconcretable por una larga serie de motivos, que van desde la seguridad de que los países vecinos no tolerarán una secesión y el rechazo firme de los militares, hasta el detalle económico de que, pese a todo, el principal mercado para los productos de Santa Cruz sigue siendo... Bolivia.

De un lado, entonces, el poder económico de Santa Cruz y los departamentos de la Media Luna; del otro, el bloque popular liderado por Evo Morales. La esencia del problema radica en que en las últimas décadas el poder económico se trasladó al Oriente, mientras que el poder político se ha reforzado en el Occidente, sobre todo en las ciudades de La Paz y El Alto, en base a una interpretación enfrentada de la historia reciente: el bloque indígena atribuye la crisis de los últimos años al neoliberalismo, mientras que las elites cruceñas la asocian con el centralismo administrativo que las ahoga. En cualquier caso, el empate político sigue paralizando a Bolivia y confirma la apreciación de Luis Maira, quien me dio una buena definición del problema. “Es el caso paradigmático de un Estado cuyas elites no logran ponerse de acuerdo en los objetivos básicos del desarrollo nacional.”

En comparación, lo de Ecuador parece más sencillo. Como Chávez y Morales, Rafael Correa incluyó la reforma constitucional como primer ítem de su campaña presidencial e incluso se atrevió con una propuesta que ni sus amigos de Venezuela y Bolivia se animaron a formular: se negó a presentar candidatos al Congreso con el argumento de que no estaba dispuesto a avalar una institución corrupta. Y una vez en el poder, apoyado en su creciente legitimidad y capitalizando al máximo el clima antipolítico imperante en el país, emprendió una serie de maniobras al filo institucional, como la destitución de cincuenta y siete parlamentarios y su reemplazo por suplentes, que finalmente le permitieron convocar a un plebiscito. El 15 de abril de 2007, el Sí a la reforma constitucional obtuvo nada menos que el 82% de los votos, un apoyo distribuido homogéneamente en todo el territorio nacional y que, por primera vez en años, cerró la brecha costa-sierra y neutralizó la previsible resistencia de las elites conservadoras de Guayaquil, el principal puerto del Pacífico y la sede de las grandes empresas exportadoras de petróleo, banano y camarón, que convirtieron a la ciudad en un modelo de urbanización neoliberal, desbordante de autopistas y negocios caros, pero que no lograron construir una alternativa política verdaderamente nacional al proyecto de Correa. Después de esta primera victoria, se realizaron las elecciones para definir a los integrantes de la Asamblea Constituyente, en las que el gobierno volvió a arrasar: el ex ministro de Energía de Correa, Alberto Acosta, obtuvo el 54% de los votos. El 28 de septiembre, finalmente, los ecuatorianos aprobaron la nueva constitución en un plebiscito, en el que el Sí se impuso con un 70% de los votos. Se confirmó así la eficacia de la estrategia oficial de polarización con la “vieja política”, encarnada sobre todo en la figura de Osvaldo Hurtado, ex presidente de Ecuador y jefe de la Democracia Cristiana, uno de los líderes de la campaña contra el No a la reforma, calificado de “cadáver insepulto” por el oficialismo.

Hablé en Quito con los dos protagonistas de aquella contienda: con el oficialista Alberto Acosta y con Osvaldo Hurtado, el ex presidente venido a menos. “Lo que algunos no entienden es que nuestra propuesta fue avalada masivamente por la población”, me dijo Acosta en el moderno edificio de Flacso, en un encuentro académico realizado a propósito del cincuenta aniversario de la institución, que terminó con un discurso de Correa y un festival de fuegos artificiales. Para Acosta, la oposición ecuatoriana, liderada por los sectores tradicionales, se niega a reconocer que las cosas han cambiado para siempre. “Se mueven con retardo. Y lo intentaron todo: dijeron que íbamos hacia una dictadura, que Ecuador se iba a convertir en Venezuela, pero la sociedad demostró que no está dispuesta a escucharlos más. Estamos en una nueva página, por más que no lo entiendan.”

Su contrincante en el debate público me recibió en la sobria sede del centro de investigaciones que dirige, cerca del parque La Carolina, uno de los más hermosos de Quito. Presidente entre 1981 y 1984, Hurtado fue durante años una figura clave de la política ecuatoriana, un referente de los sectores liberales que convirtieron a su libro, El poder político en Ecuador, en uno de los más vendidos en la historia de su país. Su visión es la esperable, y vale la pena citarla como un ejemplo más o menos sofisticado de la resistencia que generan los líderes de la nueva izquierda en los núcleos de poder tradicional. “Correa es un típico caudillo, de los que abundan en la historia de Ecuador. Es la repetición de uno de los rasgos fundamentales de nuestra historia desde la segunda mitad del siglo XX: el caudillismo, que se suma al populismo y que, combinados, generan un efecto terrible”, me dijo Hurtado, que es amable y habla lentamente y con precisión, como un maestro de escuela.

—Pero Correa fue avalado popularmente.

—Sí, yo hice todo lo posible para evitarlo, pero no tuve éxito. Son figuras que encantan, que fascinan, que seducen a la población. Transmite cierta credibilidad, es joven, dinámico, inteligente, canta “Comandante Che Guevara” en los actos de campaña. Supo aprovechar la prédica antipolítica y antipartido, que nos pone en el mismo tarro a todos: honestos y deshonestos, democráticos y antidemocráticos.

—¿No cree que hay causas estructurales, más allá de la personalidad, que explican el ascenso de Correa?

—Sí, la crisis económica, por supuesto. Pero lo fundamental es la propensión de Ecuador a buscar líderes caudillistas, que se explica por el hecho de que nosotros recuperamos nuestra democracia muy tempranamente, y entonces la memoria colectiva no la valora como en otros países, como en Chile, por ejemplo. Aquí, además, hubo siempre dictablandas, no vivimos lo mismo que en otros lugares, por lo que hay una valoración diferente de la democracia.

OTROS CAMINOS, MÁS SERENOS

En una mirada de conjunto, es posible distinguir a Venezuela, Bolivia y Ecuador, los tres países gobernados por la nueva izquierda que encararon procesos refundacionistas de cambio constitucional, de aquellas naciones que, pese a todas las turbulencias y problemas, no se han propuesto transformar de raíz el marco institucional, aunque sí muchas otras cosas.

El contraste más notable es con Uruguay, sin dudas la democracia más sólida de la región, con instituciones firmes y de fuerte arraigo histórico, partidos orgánicos y disciplinados, sustentados en un consenso social muy razonable y una cultura política respetuosamente democrática y apoyada en una vasta, aunque un poco golpeada, clase media. Hay poco que anotar acerca de las instituciones políticas uruguayas, salvo que en general funcionan bien, son previsibles y resultan bastante aburridas.

Pero la prolijidad sudamericana empieza y termina en Uruguay. Chile suele mencionarse, muy livianamente, como un campeón de la estabilidad política, pero el elogio oculta lo esencial: durante una década y media, desde la recuperación de la democracia en 1990 hasta el final del gobierno de Ricardo Lagos, el país vivió bajo un marco institucional —la Constitución de 1980— diseñado por Pinochet. Esto obligó a los sucesivos presidentes de la concertación a gobernar en un contexto de democracia protegida, no de estilo fascista sino más bien tecnocrático, tipo Hayek, en el sentido de atenuar los mecanismos electorales para que no alteren ciertas disposiciones económicas y para evitar que prosperen las investigaciones contra los militares de la dictadura. Las cláusulas-candado impuestas por Pinochet, inequívocas muestras de la perversa astucia del tirano, incluían a los senadores vitalicios (que desbalanceaban la relación de fuerzas en el Parlamento a favor de la derecha y le impedían a los gobiernos democráticos impulsar ciertas reformas), el Consejo Nacional de Seguridad (el organismo responsable de avalar la designación de los jefes militares, que privaba al presidente de la elemental función de decidir quién se encarga de manejar la armas), y un sistema electoral binominal (que asegura a la derecha una representación que no guarda relación con los votos que realmente obtiene).

Los enclaves autoritarios permitieron que los militares, bajo la amenaza implícita pero permanente de una intervención restauradora, conservaran un rol político fundamental hasta bien entrado el mandato de Lagos. Y esto, sumado al conservadurismo arraigado tras largos años de dictadura, el peso de la Iglesia y la fuerza de poderes extrainstitucionales de orientación derechista, como el diario El Mercurio, retrasó hasta el absurdo una serie de reformas necesarias: los chilenos tuvieron que esperar para ver La última tentación de Cristo hasta 2001, cuando se derogó la ley que establecía la censura previa y se desactivó el consejo de censores que integraban militares y carabineros. Otro ejemplo: hasta 2004 el divorcio era ilegal en Chile, el único país del hemisferio occidental —junto con Malta— que carecía de un mecanismo institucional para solucionar los conflictos matrimoniales.

Las compuertas se abrieron en octubre de 1998, cuando Pinochet fue arrestado en Londres. Su detención, y la posterior investigación de sus millonarias cuentas secretas, rompió el cordón umbilical que aún ligaba al dictador con un sector apreciable de la sociedad chilena, y creó un cierto clima de destape, un poco como el que vivió España tras la muerte de Franco, ilustrado en algunas movidas impensables hasta hace poco tiempo, como la organizada por el artista norteamericano Spencer Tunick, que fotografió a cuatro mil chilenos desnudos acostados en una calle de Santiago en un frío día de invierno, o el éxito de la revista The Clinic, uno de los emprendimientos editoriales más innovadores e irreverentes de América Latina. En los años siguientes, el Congreso eliminó el feriado en conmemoración del golpe del 11 de septiembre, las Fuerzas Armadas aceptaron enterrar con honores, en el trigésimo aniversario de su muerte, al general Carlos Prats, ex ministro de Allende asesinado por los servicios secretos pinochetistas, y hasta se creó una comisión encargada de investigar los crímenes de la dictadura. Y finalmente, el 26 de agosto de 2005, se aprobó un paquete de reformas constitucionales que le permitieron a Chile sacudirse los resabios más pesados de poder pinochetista: los senadores vitalicios fueron eliminados, el presidente recuperó la prerrogativa de designar a los jefes militares y se vació de funciones al Consejo Nacional de Seguridad. “Podemos decir que la transición ha concluido”, festejó Lagos. Sin embargo, el sistema electoral sigue en pie y la Ley del Cobre, que establece que el 10% de las ganancias obtenidas por Codelco van a parar directamente a las Fuerzas Armadas, también sigue vigente, aunque Michelle Bachelet prometió impulsar su derogación en un futuro próximo.

De una transición hiperpactada a un proceso sostenido de limpieza institucional y desmilitarización del poder, Chile ha avanzado. La trayectoria es muy diferente a la de Argentina, donde el derrumbe de la dictadura tras la Guerra de Malvinas aceleró el traspaso al gobierno civil, y también a la de Brasil, donde el recambio se produjo tras un período de intensas manifestaciones populares. En ambos países, en Argentina y Brasil, los primeros años posautoritarios estuvieron marcados por crisis económicas muy profundas que intentaron ser salvadas con políticas antiinflacionarias (las clásicas estrategias de shock), hasta que, ya en los 90, las reformas neoliberales lograron estabilizar transitoriamente la situación económica y fortalecer políticamente a los nuevos líderes, Menem y Cardoso, que impulsaron reformas constitucionales para habilitar la reelección y aspirar a un segundo mandato.

En esta trayectoria zigzagueante, el panorama que encontraron Kirchner y Lula cuando asumieron el gobierno no fue el crónico descalabro andino ni la persistente prolijidad uruguaya, y tampoco un proceso de cambio a fuego lento al estilo chileno. Tuvieron que conformarse con una perspectiva llena de grises, matices y contradicciones. Al principio, cuando recién se instaló en la Casa Rosada, Kirchner emprendió algunas iniciativas de limpieza institucional largamente reclamadas, como el cambio de las cúpulas militares y la renovación de la Corte Suprema, donde ubicó a jueces prestigiosos de trayectoria intachable. Después, sin embargo, no pudo evitar caer en el vicio de los presidentes: concentrar el poder y esquivar al Parlamento, aun con mayoría propia. Sin llegar a los extremos de Chávez, Kirchner consiguió que el Congreso sancionara una ley —conocida como la ley de los superpoderes— para manejarse sin controles en materia económica, al tiempo que asumía facultades legislativas mediante la firma sistemática de decretos de necesidad y urgencia. Y Cristina, que en su campaña presidencial prometió un manejo institucional más cuidado, no se ha comportado de manera muy diferente.

Como su amigo argentino, Lula no ha escapado a la tentación de los decretos —que en Brasil se llaman “medidas provisorias”— en temas delicados, como la autorización de los cultivos de soja transgénica. Sin embargo, la presidencia brasileña encuentra límites que en Argentina no existen, derivados tanto de las instituciones formales como de la historia, la geografía y la política. Un primer factor de equilibrio son los gobiernos estaduales, que funcionan como centros de poder autónomo que plantean sus reclamos en el Congreso y negocian apoyo legislativo a cambio de dinero, recursos y obras de infraestructura, un poco al estilo estadounidense. El sistema de partidos, además, actúa como contrapeso de la voluntad presidencial, pues se encuentra fragmentado, astillado en mil pedazos e incluye hasta “partidos de alquiler”, pequeñas agrupaciones con personería jurídica que en vísperas de elecciones se venden al mejor postor. Lula, como todos los presidentes brasileños, carece de mayoría legislativa, por lo que ha cerrado acuerdos parlamentarios con todo tipo de agrupaciones.

Este sistema disperso y caótico lo obliga a negociar y conceder y en buena medida explica —aunque naturalmente no justifica— el escándalo de corrupción que estalló en 2005. En aquel año fatal, el presidente tuvo que enfrentar una alucinante serie de denuncias contra algunos de sus colaboradores más cercanos. Como suele ocurrir en estos casos, la paja se mezcló con el trigo y las acusaciones fundadas se confundieron con otras que nunca se comprobaron, pero que de todos modos obligaron a Lula a ensayar un drástico cambio de gabinete mediante el desplazamiento de sus dos funcionarios de mayor confianza, el ministro de Hacienda Antonio Palocci, y el jefe de la Casa Civil (equivalente al jefe de Gabinete argentino), José Dirceu. Pero lo central es que las denuncias arrasaron con la imagen que había construido el PT trece años antes, cuando lideró las movilizaciones que concluyeron con la renuncia de Collor de Mello. Y la tormenta, aunque dejó milagrosamente indemne a Lula, que logró convencer a la sociedad de que él no había tenido nada que ver con el escándalo, arrasó con buena parte del orgullo del PT, desmoralizó a su militancia y puso al partido en un nivel no muy diferente del resto de las fuerzas políticas brasileñas. Aunque el gobierno logró recuperarse, Lula obtuvo su reelección con el 60% de los votos y lideró un segundo mandato más exitoso que el primero, ya nada volvería a ser como antes para el PT, con un aura de superioridad moral que ningún dirigente podrá ya invocar.

LA TEORÍA DE LA DEPENDENCIA, CUARENTA AÑOS DESPUÉS

En 2007 se cumplieron cuarenta años de la publicación de Dependencia y desarrollo en América Latina, el libro escrito por Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto que se convirtió inmediatamente en un best-seller académico y uno de los trabajos más influyentes de las ciencias sociales de la región. Aunque con los años se fue imponiendo una visión simplificada de aquellos planteos, que quedaron envueltos en el marasmo de las teorías antiimperialistas de moda, el enfoque original no definía la dependencia como una imposición maligna de los poderosos del mundo, sino que rastreaba el origen estructural de las relaciones centro-periferia en base a un análisis bastante abstracto de los ciclos del capitalismo internacional. Y diferenciaba, además, distintas “situaciones de dependencia”, que a grandes rasgos podían dividirse en dos grupos: aquellos países con economías de enclave sustentadas en la exportación de recursos naturales, minerales e hidrocarburíferos, con una fuerte presencia del capital extranjero y una industria nacional débil, cuyo resultado era una estructura económica poco diferenciada que excluía a la gran mayoría de la población de los beneficios del crecimiento; y, por otro lado, los países con cierto capital nacional, primero orientado a la agricultura y luego volcado a la industria, que lograron un desarrollo económico más moderno que, vía la acción del Estado, permitió generar condiciones para la movilidad social ascendente. Entre los primeros se encontraban Bolivia y Ecuador (y en menor medida Venezuela); entre los segundos, Brasil y Argentina.

En el aniversario de su teoría, Cardoso ofreció una conferencia en la Universidad de Chapel Hill, en Carolina del Norte, para actualizar sus viejas ideas. Su tesis es que los países que en los 60 integraban el conjunto de economías de enclave fueron los mismos que enfrentaron, un par de décadas después, las mayores dificultades a la hora de adaptarse a la globalización, lo que a su vez generó las crisis políticas y económicas más agudas. En cambio, las naciones más industrializadas pudieron transitar de un paradigma a otro, del desarrollismo al neoliberalismo y de éste al todavía borroso modelo actual, de manera menos traumática.“Hay una cierta relación, que se explica por razones estructurales, pero que no es automática”, me dijo Cardoso en su oficina de San Pablo, en una entrevista en la que se esforzó por evitar los tecnicismos y, al mismo tiempo, matizar y complejizar sus ideas.“En aquel trabajo con Faletto señalamos estas diferencias y agregamos que, en casos como Brasil, Argentina y en menor medida Chile, se produjo una alianza entre el capital nacional y el extranjero. En estos países, el Estado intervino, a través de impuestos, en la ampliación de los sectores medios, que obtuvieron una mayor participación en la distribución de la renta. Esto disminuye las chances de que emerjan alternativas políticas populistas o paternalistas.”

—El enfoque de su libro no era determinista, es decir, que dejaba abierta la posibilidad de que los países rompieran o atenuaran la relación de dependencia y se vincularan de otra forma con el mercado mundial.

—Claro. Nuestra idea era justamente discutir estas visiones deterministas. Pero el libro muchas veces se leyó desde la óptica de André Gunder Frank o desde la visión del Che Guevara. Se lo puso dentro de la teoría del imperialismo. Nos englobaron en esa corriente y ahora me cobran algo que en realidad nunca fui. Allí dijimos que los países que habían logrado cierto desarrollo del mercado interno, como Argentina y Brasil, debían buscar la forma de comenzar a exportar no sólo materias primas, sino también bienes manufacturados. En aquel momento todavía no se hablaba de globalización, le decíamos internacionalización del mercado. Pero ya pensábamos que era necesario orientar la economía al mercado externo para seguir creciendo. Esto implicaba dar vuelta el razonamiento inicial de que el Estado debía enfocarse a fortalecer el mercado interno. En suma, destacamos las condiciones y las alternativas, pero no cerramos ninguna posibilidad.

—Cuarenta años después, ¿qué país latinoamericano logró superar más exitosamente estos escollos?

—Probablemente Chile. Antes dependía crucialmente de las exportaciones de cobre. Hoy, aunque sigue exportando cobre, tiene una economía mucho más diversificada. El ajuste se hizo durante el gobierno de Pinochet, aunque sin el éxito económico del que siempre se habla. Luego, con la democracia, Chile consiguió construir una agenda consensuada entre gobierno y oposición, algo que muy pocos países lograron. Esto permitió reformar las instituciones democráticas y consolidar un alto crecimiento.

—¿Y qué ocurrió con los países con economías de enclave?

—Tuvieron muchas dificultades para compatibilizar los ajustes económicos con la continuidad democrática. Esto produjo las crisis de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Hubo un desfase entre las presiones modernizadoras provenientes de la economía globalizada y la escasa diferenciación productiva, que derivó en crisis muy profundas. Esto se sumó a los problemas de las instituciones políticas. Y a ello se agrega el fenómeno indigenista, que no tiene nada que ver con el populismo...

—Pero que a veces se superpone...

—Sí, aunque no son lo mismo. Se trata de enormes poblaciones social, política y culturalmente no integradas. Es lo que ocurre en Bolivia, Ecuador, Guatemala, Perú, el sur de México. Es muy distinto de lo que sucede con la población negra en Brasil, donde no hay una cultura específicamente negra ni una cultura no negra. Hay una asimilación cultural en Brasil que marca una diferencia muy importante con el fenómeno indigenista. Que, por otra parte, no es, como piensan algunos, un fenómeno del pasado. Son movimientos muy actuales, que nacieron en plena globalización y que en parte se explican por ella. Recuerdo que hace un tiempo, cuando ya había dejado la presidencia, viajé a Bolivia a una reunión en Santa Cruz del Sierra. El entonces presidente de Bolivia, Carlos Mesa, estaba bajo presión de los movimientos indígenas que reclamaban poder expresarse en esa reunión, una Cumbre Iberoamericana en la que estaba el rey de España, las autoridades de Portugal. Finalmente, Mesa le dio la palabra a un representante de los pueblos indígenas. Cuando habló, criticó la colonización, el rol de los españoles, reivindicó la mita como forma de ocupación de la tierra y además defendió... el matrimonio homosexual. Eso demuestra que los movimientos indígenas no son un reflejo del pasado, sino un fenómeno bien actual.

—¿Cómo analiza la situación de Brasil en este contexto?

—Brasil ya sobrepasó el riesgo de que no pueda marchar hacia adelante. Los motores de la economía son muy potentes. La modernización del Estado ha avanzado mucho, y lo mismo ocurrió con la sociedad. Brasil tiene la capacidad para consolidar y ampliar sus recursos materiales e intelectuales. Esto se ve en los desarrollos tecnológicos: se busca petróleo en aguas profundas con tecnología brasileña, nos hemos transformado en una gran potencia agrícola, también con tecnología propia. Las nuevas comunicaciones, Internet, todo eso ha avanzado. Innovamos en la fabricación de aviones, progresó la fabricación de cemento, celulosa. Brasil tiene mucha fuerza económica, un desarrollo del mercado interno importante, ha dado un impulso a las exportaciones; aunque todavía falta mucho, tiene una buena posición energética. Si Brasil logra construir una estrategia que tenga en cuenta sus posibilidades y sus límites en el mundo actual, entonces tenemos chances de dar un salto de desarrollo. Pero, volviendo a la idea de dependencia, no alcanza con mirar la situación estructural. Es necesario construir una estrategia. Y eso depende de nosotros.

INSTITUCIONES INESPERADAS

Volvamos al principio, a Venezuela, Bolivia y Ecuador. No sé qué pensará el lector, pero yo me he cansado de escuchar las comparaciones entre los gobiernos de Chávez, Morales y Correa y las experiencias populistas del pasado. Convertido en un descalificativo todoterreno, la bastardización del término populismo ha llevado a algunos analistas, como el periodista franco-ecuatoriano Marc Saint-Upéry, a sugerir: “Declaremos una moratoria de, digamos, cinco años en el uso del concepto ‘populismo’ y en menor medida del adjetivo ‘populista’”. Quizás, entonces, haya que mirar el asunto desde otro ángulo. Por más que muchos académicos prestigiosos y unos cuantos liberales al estilo Hurtado despotriquen horrorizados contra el populismo, no todos lo piensan como ese momento maldito de estupidez de las masas. Uno de ellos es Ernesto Laclau. Discípulo de Eric Hobsbawm y compañero de Gino Germani, Laclau es una de las grandes voces de la teoría política actual, pionero en la cruza de filosofía política con psicoanálisis lacaniano y el investigador que más ha estudiado la idea de populismo. Conversé con él en Buenos Aires, de donde emigró hace tres décadas para instalarse en Inglaterra, pero a donde vuelve todos los años. Para Laclau, algunos países de la región viven, en efecto, una ruptura populista.“La condición para que se produzca una ruptura de este tipo es que haya tenido lugar una dicotomización del espacio social. Esto implica que los actores se vean a sí mismos como partícipes de uno u otro de dos campos enfrentados y que haya una construcción del sujeto pueblo.”

—¿Y cuando ocurre esto?

—Yo distingo dos lógicas sociales: la de la diferencia y la de la equivalencia. La lógica de la diferencia es institucionalista: las demandas sociales son individualmente absorbidas por el sistema. Si sólo existiera esta lógica, la política no tendría sentido y todo sería simple administración. La lógica de la equivalencia es totalmente diferente: se basa en la existencia de demandas que permanecen insatisfechas y entre las que comienza a establecerse una relación de solidaridad. Por ejemplo, gente que reclama viviendas, cuyos pedidos no son satisfechos, se articula con otros grupos que exigen empleo. En ese caso se crea una relación de equivalencia, y estas demandas heterogéneas comienzan a verse como eslabones de una identidad popular común. Cuando el sistema institucional no logra canalizar estas demandas, surgen símbolos comunes, y luego un líder que interpela a estos grupos. Ése es el origen del populismo.

—¿Ésa es la ruptura populista?

—Sí, cuando todo esto lleva a un cambio de régimen. Pero es importante entender que se trata de una cuestión de proporción, de en qué medida las lógicas equivalenciales prevalecen sobre las diferenciales. Ninguna de las dos lógicas puede ser total. Nunca habrá una lógica popular dicotómica que acabe absolutamente con el aparato institucional. Pero tampoco un sistema institucional que funcione como un mecanismo tan ajustado que no dé lugar a antagonismos y a relaciones equivalenciales entre demandas heterogéneas.

—Lo que no me queda claro, entonces, es si el populismo es bueno o malo.

—Es que no hay una respuesta. El populismo no es un contenido específico o un programa, sino una manera de pensar las identidades sociales, un modo de articular demandas dispersas. En definitiva, una manera de construir lo político. Es una forma. Hay populismos de izquierda, de derecha, populismos fascistas y hasta comunistas, y lo que tienen en común es esta capacidad de articular diferentes demandas bajo un liderazgo fuerte que divide al campo político en dos universos enfrentados. Si es malo o bueno, dependerá de si uno se identifica o no con los contenidos de ese populismo.

—¿Y eso es lo que está ocurriendo hoy en la región?

—En algunos casos vemos esto, pero no en todos. En Uruguay, la dimensión institucionalista ha predominado sobre el momento de ruptura en la transición a la democracia. En Chile, la transición fue un proceso relativamente pacífico y paulatino, dominado por el lema de la reconciliación. En el caso venezolano, que es el otro extremo, la transición hacia una sociedad más justa y democrática requería el desplazamiento de una elite corrupta, que ya no tenía canales de comunicación con la mayoría de la población. En Venezuela, cualquier avance exigía un cambio de régimen.

La visión de Laclau implica reconocer que, con todos sus errores y derrapes, los gobiernos de Chávez, Morales y Correa están desarrollando una estrategia de incorporación —o reincorporación— de los sectores populares al sistema político. Los indígenas, los pobres de las zonas rurales y los excluidos urbanos han encontrado en sus presidentes una promesa de redención social y se han vinculado con nuevas estructuras de participación, que son frágiles y están dirigidas por el Estado en el caso de Chávez y Correa, y que son más sólidas y anteriores a la llegada del MAS al gobierno en el caso de Evo Morales. Un historiador diría que no son tan fuertes ni tan estables como los sindicatos creados por los populismos del pasado, por Perón o Vargas. Tendrá razón, por supuesto, y más adelante discutiremos también si son eficaces, si pueden mejorarse y si no hubieran podido pensarse de otra manera. Pero lo central es que algo está pasando, algo que sería tonto negar, porque lo que explica el sorprendente parecido entre los populismos de otrora y de ahora es la persistencia de los mismos viejos problemas, la exclusión social y la crisis de representación, que constituyen las causas profundas del ascenso de estos tres líderes y que fueron también las raíces de los triunfos de los caudillos del siglo pasado.

En los tres casos, para terminar con modelos injustos y excluyentes era necesario sacudir las cosas. ¿Era posible acabar con las instituciones podridas de la Venezuela del Punto Fijo sin un fuerte golpe de timón? ¿Se podía terminar con la exclusión de los indígenas bolivianos sin desatar una tormenta política? ¿Es posible desarmar un sistema oxidado sin generar una fuerte resistencia? Siguiendo a Laclau, una modificación radical del status quo implica necesariamente un trauma. El problema tal vez no sea éste, el momento de la ruptura, sino lo que viene después. Quizás la cuestión fundamental sea determinar si, una vez cancelado el viejo estado de cosas, se avanza hacia una democracia no sólo incluyente, sino también institucionalizada y respetuosa de la legalidad y el Estado de derecho. No es imposible, como lo demuestra la experiencia de Francia, que en 1958 encontró en Charles de Gaulle un líder carismático que gobernó con poderes casi absolutos durante unos años para después entregar una república pacificada, institucionalizada y moderna. ¿Será éste el caso de Bolivia una vez que se logre incorporar a los indígenas? Tal vez. ¿De Ecuador? Quizás. ¿Y de Venezuela? Mmmm...

Por supuesto, Lula, Kirchner y hasta Tabaré Vázquez tienen algo de populistas. El argentino no se priva de apelar —sobre todo desde que su mujer asumió la presidencia y él se convirtió en titular del Partido Justicialista— a la potencia simbólica del peronismo, el modelo más clásico de populismo latinoamericano, mientras que Lula ha construido una relación directa con los sectores más castigados de su país y ha logrado desplazar a las tradicionales elites paternalistas del Nordeste, donde se ha producido una identificación novedosa: por primera vez en la historia de esta zona paupérrima y atrasada, los pobres votan a un pobre. En Uruguay, los discursos de Tabaré retoman la memoria de José Batlle y Ordóñez, creador del Estado de bienestar en el país. Pero hasta aquí llegan los parecidos. En rigor, Argentina —y en menor medida también Brasil— se acercan más a un modelo de democracia mayoritarista, en el sentido de gobiernos que utilizan su mayoría electoral para debilitar, borronear o forzar al máximo los límites institucionales. Ésa es, al menos, la opinión de Guillermo O’Donnell, quizás el politólogo más reconocido de América Latina y uno de los pocos que juega en las grandes ligas de la academia internacional. Me recibió en febrero de 2006 en el departamento antiguo y desvencijado de su familia en una zona elegante de Buenos Aires. Estaba a punto de viajar a Japón, adonde le iban a otorgar, por primera vez a un latinoamericano, el premio de la Asociación Internacional de Ciencia Política. Reacio a los focos del periodismo, es raro que conceda una entrevista. En aquel momento lo vi un poco decepcionado con el gobierno de Kirchner, con el que se había entusiasmado al principio y al que ahora le cuestiona no haber escapado a la tentación de la concentración de poder.

—Usted definió a algunas democracias latinoamericanas como delegativas, en el sentido de que, una vez que es elegido, el líder no está supeditado a controles efectivos por parte del resto de los poderes. ¿Esta visión de la democracia se mantiene o ha cambiado?

—En algunos países, entre ellos la Argentina, hay una larga historia de esta visión movimientista, mayoritaria, cesarista, delegativa. Lo malo es que, en la medida en que alguien tiene esta visión, el líder político es enemigo natural de las instituciones que tienen que controlarlo: no quiere un Congreso autónomo, le molesta la Justicia independiente y ni qué decir la Fiscalía, el ombudsman, las controladurías. La idea es que el presidente fue elegido, lo votó la mayoría o la primera minoría, y a partir de eso tiene la posibilidad, y hasta la obligación, de gobernar como mejor le parece, sin cortapisas, en el supuesto bien de todos. Y algunos están dispuestos, en virtud del sistema democrático, a someterse de tanto en tanto a elecciones razonablemente competitivas. Esto es lo que los separa del autoritarismo clásico. Es una concepción del poder político que tiene un arraigo muy fuerte. Lo que ocurre es que, en algunos períodos, esto produce una clara capacidad decisoria, para bien o para mal. En situaciones de crisis, es una característica útil y a la vez deseada.

—Incluso por los ciudadanos.

—Claro. Pero este tipo de concepción del poder tiene dos problemas. Uno, que le conviene renovar la emergencia, o al menos renovar la sensación de emergencia. Esto está demostrado muy claramente, como una constante histórica, en las leyes de emergencia económica. Éste es, a mi juicio, el símbolo más claro, el punto en el que esta forma de entender el poder se manifiesta de manera más nítida. Es un dato central. Y, concomitante a esto, está el asunto de la natural hostilidad a los poderes autónomos respecto de este centro de poder. En términos de mediano y largo plazo de la democracia, esto es algo que me preocupa mucho. No es un tema de buena o mala voluntad, ni tampoco de formular un juicio moralista: es un tema de concepción del poder, de cómo se ejerce la autoridad derivada de las elecciones. Se cree, incluso sinceramente, que ésa es su obligación.

—¿Este tipo de democracia delegativa es una enfermedad latinoamericana?

—Hay dos componentes. Uno es histórico, permanente, una especie de propensión, que es muy nuestro: de la Argentina, Bolivia, Perú, México,Venezuela, pero no de Uruguay, Colombia o Chile. Es un mapa complicado. A este trasfondo hay que agregar la crisis. Francia, por ejemplo, tuvo un período cesarista y delegativo con De Gaulle, que fue brutal: durante siete u ocho años fue la figura del César. Luego, se absorbió ese momento en una salida republicana. Y el otro caso es el de George W. Bush. Él reinventa el 11 de septiembre todo el tiempo, crea ese clima permanente de excepción, esa sensación de emergencia, y esto le permite avanzar de forma muy brutal sobre los poderes constituidos y las libertades públicas. Ahí se ve muy bien el interés de este tipo de liderazgos en reproducir la crisis o, por lo menos, consolidar un diagnóstico verosímil de crisis. Y el manejo de Bush es de manual: tiene que reinventar la crisis todo el tiempo, y lo hace brillantemente, para seguir avanzando sobre los otros poderes. En muchos países aparece este componente cesarista en momentos de crisis reales, inventadas o alargadas.

La preocupación de los académicos y los intelectuales por las instituciones no es nueva. Algunos, como Laclau y O’Donnell, vienen estudiando el tema desde hace décadas. Otros lo redescubrieron a fines de los 80, cuando una nueva corriente teórica, el neoinstitucionalismo, propuso dejar atrás largos años de estructuralismo a partir de una idea simple: las instituciones no son el resultado automático de las estructuras económicas, sino organismos con autonomía que, como tales, vale la pena estudiar.“Las instituciones importan”, fue la frase, casi un grito de guerra, que postularon sus defensores. Al principio simples elucubraciones teóricas, estos planteos cobraron potencia cuando el Consenso de Washington demostró dolorosamente el error de concentrar toda la energía en los temas económicos y descuidar la construcción institucional. El Banco Mundial, que reacciona tarde pero reacciona, tituló su influyente informe de 2002 “Instituciones para los mercados”.

Pero en América Latina las instituciones se derriten, se descomponen y se vuelven a armar, con resultados inesperados y cambiantes. Las opiniones de Cardoso, Laclau y O’Donnell ayudan a entenderlas. En todo caso, el repaso de las trayectorias institucionales de los gobiernos de la nueva izquierda permite diferenciar dos grupos: por un lado, Venezuela, Bolivia y Ecuador, los tres países que han emprendido procesos de reforma constitucional con un espíritu refundacionista y la meta puesta en una radicalización participativa de las instituciones democráticas; no casualmente, se trata de países que en los años previos experimentaron el derrumbe de sus sistemas políticos, la emergencia de nuevos actores sociales (particularmente los movimientos indígenas) y una reconexión con su pasado y sus raíces andinas. Y, por otro lado, las naciones del Cono Sur, que han atravesado largos y en algunos casos muy accidentados procesos de transición a la democracia y que en los 90 pasaron por reformas constitucionales que cambiaron las reglas del juego, pero sólo en forma limitada, donde los sistemas políticos han cambiado, aunque sin estallidos dramáticos (salvo en el caso argentino, aunque parcialmente).

Evidentemente, la realidad institucional a menudo avanza por senderos inesperados, que no se ajustan a los modelos teóricos construidos en los laboratorios del primer mundo o en las probetas de los organismos internacionales. Para el final de este capítulo, entonces, recurro a la opinión de dos latinoamericanos eminentes. Se le atribuye a Simón Bolívar haber dicho que lo que necesitaban las jóvenes repúblicas de la región era “un rey con nombre de presidente”, y se dice que fue Jorge Luis Borges quien reclamó un país en el que nadie conociera el nombre del presidente. Pero los líderes de la nueva izquierda se mueven en una zona mucho más gris y confusa, donde no hay lugar para el silencioso administrador deseado por Borges, pero tampoco para el monarca todopoderoso que soñaba el Libertador.

Fuentes y bibliografía

El descalabro institucional venezolano

Declaración de Pedro Carreño sobre los jueces amigos, El Nacional, 13/12/2004.

Declaraciones e insultos de Chávez: la mayoría fueron tomados de Nelson Rivera (2004) “El lenguaje para Chávez es parte de la guerra”, www.urru.org.

Sobre las instituciones en tiempos de Chávez: Margarita López Maya (2004) “Venezuela: democracia participativa y políticas sociales en el gobierno de Hugo Chávez”, en Revista Venezolana de Gerencia Social, Año 9, Nº 28, octubre-diciembre; Steve Ellner (2004) “Respuestas al debilitamiento del Estado y la sociedad venezolana en la época de Hugo Chávez”, en Política, Nº 42;Trino Márquez (2004) “Presidencialismo, autoritarismo y culto a la personalidad (Hugo Chávez y el ejercicio del poder)”, en Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, Vol. X, Nº 2, julio-diciembre; Luis Salamanca y Roberto Viciano Pastor (coords.) El sistema político venezolano en la constitución bolivariana de Venezuela, Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales/Vadell Hermanos Editores/Instituto de Estudios Políticos UCV.

Una democracia verde (oliva)

Sobre el militarismo de Chávez: Deborah Norden (2008) “Las relaciones político-militares en la Venezuela de Chávez”, en Nueva Sociedad, Nº 213, enerofebrero; Daniel Romero Pernalete (2006) “Las guerras de Chávez”, en Venezuela Analítica (6/7/2006); Xavier Rodríguez-Franco (2006) “La democracia uniformada: el poder militar en Venezuela”, en Revista Polis, Vol. 2, Nº 1; Mario Iván Carratú Molina (2005) “La nueva doctrina y pensamiento militar revolucionario de las Fuerzas Armadas Venezolanas”, Exposición en la XXVIII Reunión Anual del Grupo Santa Lucía; Ricardo H. Sucre (2004) “La política militar en la Constitución de 1999 ¿Cambio o continuidad?”, en Luis Salamanca y Roberto Viciano Pastor (coords.) El sistema político venezolano en la constitución bolivariana de Venezuela, Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales/Vadell Hermanos Editores/Instituto de Estudios Políticos UCV.

Sobre el militarismo en la región: Fabián Calle (2008) “Rambo, versión sudamericana”, en Nueva Sociedad, Nº 211, septiembre-octubre; Raúl Zibechi (2005) “América del Sur: el nuevo militarismo”, Informe para el IRC, Programa de las Américas.

La primera derrota de Chávez

Conversaciones con Teodoro Petkoff, Caracas, 26/8/2005, Caxambú, 24/10/2007.

Declaración de Chávez sobre el resultado del referendo, El Nacional, 5/12/2007.

Sobre la reforma constitucional y la situación de Venezuela pos referendo: Margarita López Maya (2008) “Venezuela pos referendo”, en Nueva Sociedad, Nº 215, mayo-junio; Edgardo Lander (2008) “El Tribunal Disciplinario del PSUV y la construcción de la democracia “, www.aporrea.org 11/9/2007; Ana María San Juan (2007) “Referendo del 2D en Venezuela. Balance y perspectivas”, Documento del Centro Carter.

Otras dos reformas

Conversaciones con Alberto Acosta, Quito, 24/10/2006 y 28/10/2007.

Entrevista con Osvaldo Hurtado, Quito, 29/10/2007. Su libro más famoso es: Osvaldo Hurtado (1977) El poder político en el Ecuador, Planeta.

Declaración de Marco Aurelio García, Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur, enero 2008.

Sobre el proceso de cambio constitucional en Bolivia: Carla Valcarce (2008) “Otra mirada a la Asamblea Constituyente”, en Tinkazos,Año 11, Nº 23-24; Xavier Albó (2008) “El perfil de los constituyentes”, en Tinkazos, Año 11, Nº 23-24; Pablo Stefanoni (2007) “Siete preguntas y siete respuestas sobre la Bolivia de Evo Morales”, en Nueva Sociedad, Nº 209, mayo-junio; Fernando Calderón (2007) “Oportunidad histórica: cambio político y nuevo orden sociocultural”, en Nueva Sociedad, Nº 209, mayo-junio; Jorge Lazarte R. (2006) La Asamblea Constituyente: un nuevo comienzo, Plural; Fernando Mayorga (2006) “El gobierno de Evo Morales, entre nacionalismo e indigenismo”, en Nueva Sociedad, Nº 206, noviembre-diciembre; Simón Pachano (2006) “El peso de lo institucional: auge y caída del modelo boliviano”, en América Latina Hoy, Nº 43, agosto; Mario Galindo (2005) “Propuestas para la Constituyente: la descentralización fiscal financiera en el marco de las autonomías”, en Barataria, Nº 3, agosto-octubre.

Sobre la resistencia autonómica de Santa Cruz:Willem Assies (2006) “La ‘media luna’ sobre Bolivia: nación, región, etnia y clase social”, en América Latina Hoy, Nº 43, agosto; Franz Barrios Suvelza (2005) “Una aproximación teórica: autonomías regionales y unidad nacional”, en Barataria, Nº 3, agostooctubre; Paula Peña (2003) La permanente construcción de Lo Cruceño, PIEB.

Sobre el proceso de reforma constitucional en Ecuador: Pablo Ospina Peralta (2008) “Ecuador: entresijos de una encrucijada”, en Nueva Sociedad, Nº 213, enero-febrero; Franklin Ramírez Gallegos (2007) “Cambio político, fricción institucional y ascenso de nuevas ideas”, en Iconos, Nº 28, mayo; Julio Echeverría (2006) El desafío constitucional. Crisis institucional y proceso político en el Ecuador, Ediciones Abya Yala / ILDIS.

Otros caminos, más serenos

Declaración de Ricardo Lagos sobre el fin de la transición en Chile: www.newsbbc.net.uk/spanish/latin_america/newsid_4682000/4682157.stm.

Sobre las instituciones en Uruguay: Lucía Selios (2006) “Los últimos diez años de cultura política uruguaya: entre la participación y el desencanto”, en América Latina Hoy, N º44, diciembre; Gustavo de Armas, Adolfo Garcé y Jaime Yaffé (2003) “Introducción al estudio de las tradiciones ideológicas de los partidos uruguayos en el siglo XX”, en Política y Gestión,Vol. 5; Jorge Lanzaro (coord.) (2000) La “segunda” transición en el Uruguay, FCU-ICP; Luis Eduardo González (1993) Estructuras políticas y democracia en Uruguay, FCU-IPC; Gerardo Caetano y José Rilla (1984) “El sistema de partidos: raíces y permanencias”, en Cuadernos del Claeh, Nº 31.

Sobre las instituciones en Chile y el proceso de transición: Felipe Agüero (2006) “Democracia, gobierno y militares desde el cambio de siglo”, en Robert L. Funk (ed.) El gobierno de Ricardo Lagos. La nueva vía chilena hacia el socialismo, Universidad Diego Portales; Manuel Antonio Garretón (2004) “De la transición a los problemas de calidad en la democracia chilena”, en Política, Nº 42; José Joaquín Brunner (1990) “Chile, claves de una transición pactada”, en Nueva Sociedad, Nº 106, marzo-abril; Manuel Antonio Garretón (1989) “La posibilidad democrática en Chile”, FLACSO, Cuadernos de Difusión; Manuel Antonio Garretón (1987) Reconstruir la política. Transición y consolidación democrática en Chile, Editorial Andante.

Sobre las instituciones en Brasil: Brasilio Sallum Jr. (2008) “Hegemonía liberal, desarrollismo y populismo: notas sobre la especificidad del gobierno de Lula”, en Nueva Sociedad, Nº 218, septiembre-octubre; Marco Aurelio Nogueira (2006) “Más allá de lo institucional. Crisis, partidos y sociedad en el Brasil de hoy”, en Nueva Sociedad, Nº 202, marzo-abril; Brasilio Sallum Jr. (2003) “Metamorfosis del Estado Brasilero a fines de Siglo XX”, en Vicente Palermo (comp.) Política brasilera contemporánea, Siglo XXI; Francisco Panizza (2001) “Más allá de la ‘democracia delegativa’”, en Isidoro Cheresky e Inés Pousadela (comp.) Políticas e instituciones en las nuevas democracias latinoamericanas, Paidós;Vicente Palermo (2000) “¿Cómo se gobierna Brasil? El debate brasileño sobre instituciones políticas y gestión de gobierno”, en Desarrollo Económico, Nº 159, Vol. 40. Sobre las instituciones en la Argentina de Kirchner: Edgardo Mocca (2008) “Las dos almas de la izquierda reformista argentina”, en Nueva Sociedad, Nº 217, septiembre-octubre; Miguel de Luca (2007) “Argentina: instituciones débiles, economía a los tumbos”, en Relações Internacionais, Nº 13, marzo; Natalio Botana (2006) Poder y hegemonía. El régimen político después de la crisis, Emecé; Hugo Quiroga (2005) La Argentina en emergencia permanente, Edhasa; Marcelo Cavarozzi (2004) “Cómo una democracia de libro de texto desembocó en un régimen de partido único… es el peronismo, estúpido”, en Política,Vol. 42.

La teoría de la dependencia, cuarenta años después

Entrevista con Fernando Henrique Cardoso, Nueva Sociedad, Nº 217, septiembre-octubre, 2008.

Su libro más famoso: Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto (1967) Dependencia y desarrollo en América Latina. Ensayo de interpretación sociológica, Siglo XXI.

La conferencia en Chapel Hill puede consultarse en www.ifhc.org.br.

Instituciones inesperadas

Entrevista con Ernesto Laclau, Buenos Aires, 28/5/2007. Su último libro: Ernesto Laclau (2005) La razón populista, Fondo de Cultura Económica.

Entrevista con Guillermo O’Donnell, Página/12, 27/2/2006. Su último libro: Guillermo O’Donnell (2007) Disonancias. Críticas democráticas, Prometeo.

Frase de Sain-Upéry sobre el populismo: Marc Saint-Upéry (2008) El dueño de< Bolívar. El desafío de las izquierdas sudamericanas, Paidós.

Sobre el populismo de Chávez: Ernesto Laclau (2006) “La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana”, en Nueva Sociedad, Nº 205, septiembreoctubre; Nelly Arenas (2005) “El gobierno de Hugo Chávez: populismo de otrora y de ahora”, en Nueva Sociedad, Nº 200, enero-febrero; Steve Ellner (2004) “Hugo Chávez y Alberto Fujimori: análisis comparativo de dos variantes de populismo”, en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales,Vol. 10, Nº 1, enero-abril.

Sobre la democracia delegativa: Erika Gólcher Barguil (2004) Transiciones desde un gobierno autoritario: las democracias delegativas en América Latina, Editorial Universidad de Costa Rica; Catalina Smulovitz y Enrique Peruzotti (2002) Controlando la política, Temas; Guillermo O’Donnell (1997) “¿Democracia delegativa?”, en Guillermo O’Donnell, Contrapuntos, Paidós; Guillermo O’Donnell (1997) “Otra institucionalización”, en Guillermo O’Donnell, Contrapuntos, Paidós; Ludolfo Paramio (1999) “La democracia tras las reformas económicas en América Latina”, Documento de Trabajo Nº 3, CSIC.

5
La medida del éxito
¿Qué están haciendo para bajar la pobreza y la desigualdad?

Como estacionamientos del futuro, cientos de helipuertos descansan en las terrazas de los edificios más fastuosos de San Pablo. Basta caminar un rato por la avenida Paulista, donde tienen sus sedes las empresas más poderosas de América Latina, y mirar hacia arriba, para descubrirlos: estructuras cuadradas u octogonales, con bordes que sobresalen en diagonal para atrapar mejor el aire. Hay unos seiscientos, el triple que en Nueva York o Tokio, desde donde despegan y aterrizan los casi quinientos helicópteros que conforman la flota privada más importante del planeta: ninguna ciudad, ni las metrópolis más ricas del Primer Mundo, tienen tantos helicópteros como San Pablo.

En 2002 hubo en esta ciudad de dieciocho millones de habitantes casi un secuestro por día, aparentemente como consecuencia de la decisión de los bancos de extremar sus medidas de seguridad y blindarse para evitar asaltos, lo que hizo que las bandas profesionales reorientaran sus energías delictivas al negocio del rapto y el rescate. Aunque el crecimiento económico y las medidas especiales adoptadas por la policía lograron disminuir la tasa de secuestros, de todos modos sigue habiendo muchos: sesenta y uno en 2006 y cuarenta y ocho en 2007, según datos oficiales. El miedo al secuestro, se suma a un tráfico enloquecido: muchos paulistas, por comodidad o temor a los asaltos, evitan el siempre deficiente sistema de transporte público, una combinación desordenada de metro, ómnibus, tren y trolebús, y sacan sus vehículos a las calles: se estima que unos tres millones de automóviles circulan cada día por San Pablo, lo que genera embotellamientos que a veces superan las decenas de kilómetros.

En este contexto, no debería llamar la atención que cada vez más paulistas ricos se trasladen a su trabajo en helicóptero, vuelen al shopping más cercano o utilicen la comodidad del cielo para disfrutar de un fin de semana en la playa. En helicóptero, desde algún barrio rico de las afueras de la ciudad hasta la avenida Paulista se demora sólo siete minutos, en lugar de la hora u hora y media que se tarda en auto. Desde el centro financiero hasta, por ejemplo, el Aeropuerto de Guarulhos, apenas ocho minutos, en lugar de una hora. En auto, uno puede tardar entre tres y cuatro horas, según el día, en bajar desde la ciudad a alguna de las hermosas playas del litoral, mientras que en helicóptero el mismo trayecto insume apenas cuarenta minutos.

Y es caro, por supuesto, pero no tanto. Un helicóptero cuesta entre medio millón y dos millones de dólares, pero hay empresas que ofrecen alternativas más económicas. HeliSolutions, firma líder en el sistema de propiedad compartida, brinda alternativas que permiten disminuir los costos: la propiedad de un helicóptero se divide entre diez personas, que financian la compra, el mantenimiento, los salarios de los pilotos y los seguros. Cada uno de los dueños tiene quince horas de vuelo disponibles al mes. Cuando quiere usar el servicio, sólo tiene que llamar un rato antes a la central y la empresa manda la nave, que en pocos minutos lo está esperando en la terraza de su departamento, en la esquina del restaurante o en el techo del shopping. La opción más económica es un Robinson R-44, con capacidad para tres pasajeros además del piloto y una velocidad crucero de doscientos diez kilómetros por hora: dividido entre diez, cuesta 52.254 dólares la compra, más una tasa mensual de unos cinco mil dólares para cada uno de los dueños. El más caro es el AS 350 B 3 Esquillo, ideal para operar en condiciones extremas de altura y temperatura: 219.211 dólares iniciales, más unos doce mil dólares al mes.

El boom de los helicópteros es sólo una muestra de la enorme riqueza de San Pablo, el polo económico más potente de América Latina y donde vive la mayor cantidad de súper ricos de la región: Brasil es, después de China, el país en desarrollo con más personas que poseen una fortuna superior al millón de dólares, unas ciento sesenta mil, casi todas paulistas. Son los que compran en Iguatemí, el gigantesco shopping center con tiendas de Tiffany, Bulgary, Senda y Boss, los que habitan esos edificios gigantescos rodeados de jardines y protegidos por muros de cuatro metros de altura del sudoeste de la ciudad, y los que se alegraron con la apertura de Nova Daslu, un exclusivísimo mall en Vila Olimpia, erigido en un enorme palacete neoclásico con ciento veinte locales unidos por un gran espacio abierto y dividido en salas separadas por sexo: no hay probadores, ni para mujeres ni para hombres, por lo que cada sexo tiene su sector. Cerca de la entrada, de uno de los techos cuelga un helicóptero: se vende en cuotas. Es posible llegar volando (HeliSolutions tiene allí un helipuerto de lujo) o en auto (quince dólares la hora de estacionamiento), pero nunca a pie, pues Nova Daslu carece de puertas para peatones. Y si uno llegó en taxi y quiere comprar una Ferrari puede hacerlo allí: San Pablo, de hecho, lidera el mercado latinoamericano de Ferraris, con veinticinco unidades —a medio millón de dólares cada una— vendidas al año.

Todo esto en una ciudad que condensa los contrastes más brutales de un país increíblemente desigual. Brasil es la economía más grande de América Latina y la décima potencia económica del mundo. Su PBI per capita es el número 66 del mundo (según el FMI y ajustado por poder adquisitivo), a pesar de lo cual se ubica en el puesto 113 en el ranking mundial de mortalidad infantil (tasa de mortalidad de menores de cinco años según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia) y en el 117 de esperanza de vida al nacer (datos de Naciones Unidas). Se calcula que unos cuarenta millones de brasileños, la mayoría de ellos niños, pasan hambre todos los días. La distancia entre pobres y ricos es oceánica: el 50% de los brasileños de ingresos más bajos se queda con apenas el 14% de la renta, mientras que el 10% más rico se lleva el 45%.

Pero no es mi intención espantar al lector biempensante con estos datos dramáticos, sino plantear una idea sencilla, adelantada ya en la introducción: la pobreza y la desigualdad deberían ser las varas con las que se mide el éxito o el fracaso de los gobiernos de la nueva izquierda. Si algo deberían estar haciendo, es ocuparse de estos problemas. Al fin y al cabo, es toda una novedad histórica que la izquierda haya dejado de ser un fenómeno de las clases medias esclarecidas y hoy conquiste a las grandes mayorías populares: que hayan sido los habitantes del castigado Nordeste brasileño quienes garantizaron la reelección de Lula en 2007, que los indígenas y mestizos bolivianos se inclinen finalmente por uno de los suyos, que sean los golpeados venezolanos de los barrios pobres los que apoyaron una y otra vez a Chávez, aunque últimamente se hayan alejado un poco, o los habitantes del conurbano bonaerense quienes fortalecieron políticamente al matrimonio Kirchner. En América Latina, por primera vez en la historia, los pobres votan a la izquierda. Y la izquierda, ¿qué está haciendo para mejorar sus vidas?

ALGUNOS PROGRESOS RECIENTES

Los últimas datos de la CEPAL muestran avances importantes. En simultáneo con la extraordinaria performance económica de los últimos años, la pobreza y la pobreza extrema se ubicaron, en 2007, en los niveles más bajos en una década: 35,1% y 12,7% en el promedio latinoamericano, respectivamente. Pero como no se trata de contar caramelos, lo que realmente importa no es tanto el porcentaje como la cantidad de personas: ciento noventa y cuatro millones de latinoamericanos todavía viven en situación de pobreza y setenta y un millones en indigencia. Son muchísimos, claro, pero menos que el 2006—en doce meses salieron de la pobreza quince millones de personas y diez millones dejaron de ser indigentes— y menos también que en épocas anteriores. De hecho, en 2007 se registró la menor cantidad de pobres de los últimos diecisiete años. La tendencia se mantuvo en 2008, aunque el estallido de la crisis financiera en Estados Unidos y el incremento de los precios de los alimentos podrían generar no una vuelta atrás, pero probablemente sí un ritmo más lento.

Esta tendencia, a menudo soslayada en los análisis sobre la realidad política de la región, se manifiesta en prácticamente toda América Latina, pero son los países gobernados por la nueva izquierda los que han demostrado un mayor esfuerzo en el camino del desarrollo social.

De los siete países de los que se ocupa este libro, los que consiguieron reducir más rápidamente la pobreza y la indigencia son, no casualmente, aquellos que vienen de las crisis más profundas. Argentina, según los datos de la CEPAL, encabeza el ranking: a principios de 2002, en el momento más dramático del infierno posconvertibilidad, casi la mitad de la población se encontraba en situación de pobreza y cerca del 20% en indigencia, datos espeluznantes para la que durante años había sido una de las naciones más prósperas e integradas de América Latina. Hoy, según las últimas mediciones, hay un 21% de pobreza y un 7,2% de indigencia, lo que implica una reducción a la mitad en los últimos cinco años. La decisión del gobierno de intervenir el Indec, el organismo encargado de hacer las estadísticas, y crear datos de fantasía, podría, sin embargo, exagerar el éxito: la forma más habitual de medir la pobreza es un simple cálculo entre lo que gana una familia y lo que necesita para no ser pobre. Si la inflación real es superior a la oficial, y por lo tanto el precio de la canasta básica es en realidad más alto, entonces más familias se encontrarán en situación de pobreza, lo cual elevará el porcentaje en algunos puntos. Durante 2007 y 2008, la inflación se ha disparado en Argentina a un porcentaje imposible de mesurar, de entre el 20% y el 30%, disolviendo parcialmente los avances de los años anteriores: la suba de precios, concentrada en los productos de la canasta básica, perjudica sobre todo a los sectores más pobres, que destinan la mayor parte de sus ingresos a alimentarse. Pero aún con estas salvedades, la situación ha mejorado y ni los opositores más fervorosos se atreven a desmentir que el progreso fue importante, aunque puede haberse estancado —o incluso registrado un leve retroceso— en los últimos dos años.

Algo parecido ocurre en Venezuela, el otro país latinoamericano que sufrió una crisis profunda y que, una vez recuperado, logró importantes avances sociales: la pobreza llegó a arañar el 50% y la indigencia el 22% a fines de 2002, en el peor momento del largo período de inestabilidad política que siguió al primer triunfo de Chávez. Pero tras el fracaso del golpe de Estado y, sobre todo, luego del triunfo del sí en el referendo revocatario de 2004, el juego político se estabilizó y la situación económica mejoró rápidamente: hoy, según los últimos datos oficiales la pobreza es del 28, 5% y la indigencia del 9%. Como en Argentina, la inflación está carcomiendo los avances en materia social, sin que el gobierno logre encontrar una respuesta adecuada, lo cual, de todos modos, no debería hacernos desconocer los progresos de los últimos años.

Argentina y Venezuela son ejemplos de países que cayeron en hondos abismos sociales y lograron recuperarse muy velozmente. Brasil, por su parte, sigue siendo el país con más cantidad de pobres de América Latina, con bolsones de miseria históricos y una serie de manifestaciones indisimulables y cotidianas del drama social, entre las cuales la violencia urbana es la más publicitada. Pero también está avanzando. Diez años atrás, la pobreza era del 38 %; hoy, según los últimos datos de IPEA, se ubica en el 25%, con 7% de indigentes, resultado de un proceso de reducción sostenida que comenzó en el último tramo de la gestión de Cardoso, se estancó durante el período de inestabilidad previo a la asunción de Lula y continuó después, una vez retomado el ritmo de crecimiento. No hay que mirar sólo la foto social, que congela a Brasil en una situación que sigue siendo bastante penosa, sino la película completa, que revela avances importantes, aunque con una trayectoria muy diferente de la de Argentina y Venezuela: sin estallidos, mediante la consolidación de un modelo macroeconómico que implica un crecimiento inferior al promedio regional, pero que garantiza estabilidad, baja inflación y aire para implementar políticas sociales cada vez más amplias.

El otro país que siguió una estrategia similar, del que me ocupo en detalle al final de este capítulo, es, por supuesto, Chile, la única nación latinoamericana que desde hace dos décadas mejora de manera sostenida sus indicadores sociales. A diferencia de sus vecinos, Chile ha conseguido avances concretos en un proceso de largo aliento que comenzó ni bien Pinochet dejó La Moneda y que tal vez constituya, por encima de cualquier otro récord, el principal éxito de su promocionado modelo económico. La pobreza, tras haber llegado al 42% al final de la dictadura, hoy se ubica en el 13,2%, y la indigencia en el 3,2%, la mejor marca de América Latina.

Uruguay, durante un siglo el país socialmente más cohesionado del subcontinente, está cerca: vivió su peor momento entre 2002 y 2003, cuando el estallido argentino y la inestabilidad brasileña deterioraron severamente los indicadores sociales, pero hoy se ha recuperado: la pobreza se ubica en el 18,5% y la indigencia en el 3,3%.

Ecuador y Bolivia, finalmente, se encuentran muy lejos de estos países de desarrollo medio, pero también están avanzando. En Ecuador, tras llegar a casi el 60% en los peores momentos del ciclo de inestabilidad política y económica que precedió al triunfo de Correa, la pobreza se ubica hoy en torno al 43%. Bolivia sigue siendo el país más pobre de Sudamérica, con indicadores sólo comparables a los de Centroamérica: 64% de pobreza y 35% de indigencia, que se elevan al 80% y el 50% en algunas zonas rurales, con una esperanza de vida de sólo 65 años y niveles cuasiafricanos de mortalidad infantil, acceso al agua y vivienda. Pese a ello, aun Bolivia, el país socialmente más castigado, económicamente más débil y políticamente más inestable de Sudamérica, ha conseguido algunos progresos: las estimaciones indican una leve reducción de la pobreza y una más significativa de la indigencia en 2007 y 2008, aunque la falta de estadísticas fiables impide un diagnóstico definitivo.

NUEVAS IDEAS

Estos avances, desiguales pero concretos, se explican, en primer lugar, por el buen momento económico descripto en el tercer capítulo de este libro, que en todos los países se ha manifestado en una expansión sostenida del PBI, una baja sensible del desempleo y un incremento del salario real. No hay que soslayar este último aspecto: en Brasil, por ejemplo, los sucesivos aumentos del salario mínimo ordenados por el gobierno permitieron incrementar su capacidad de compra en un 45% durante el primer mandato de Lula. Una mejora que, aunque sólo benefició directamente a los trabajadores en blanco, se fue derramando luego sobre el sector informal.

Pero el crecimiento es sólo una parte de la explicación. Retomo aquí, aun a riesgo de machacar sobre lo mismo, una idea que me parece central: las retenciones de los Kirchner, las nacionalizaciones de los hidrocarburos de Bolivia y Venezuela, los impuestos extraordinarios al petróleo decretados por Rafael Correa, los récords de ganancias de la empresa estatal chilena de cobre, la alta carga impositiva de Brasil... los gobiernos de la nueva izquierda se apropian de un porcentaje mayor de la renta —en general derivada de la exportación de materias primas— y con ello garantizan un flujo importante y sostenido de recursos del Estado. De estos ingresos, una parte se ha volcado a las políticas sociales y, en especial, a una nueva generación de programas, los planes de transferencia de renta condicionada, que están provocando algunos cambios significativos en los sectores más castigados de la región, a partir de un planteo tan simple como efectivo: en lugar de cajas de alimentos, leche en polvo o ladrillos, el Estado otorga a las familias pobres una suma de dinero mensual, como si fuera un salario, para que cada una decida en qué gastarlo, y a cambio exige ciertas contraprestaciones: mantener a los chicos en el sistema escolar, llevarlos al médico o realizar alguna tarea comunitaria.

Se discute aún si la idea nació en Brasil, durante la presidencia de Cardoso, o en el México de Carlos Salinas de Gortari, pero no hay dudas de que el primero en aplicarla de manera masiva fue el gobernador de Brasilia y luego ministro de Educación de Lula, Cristóvão Buarque. Todo surgió a partir de un par de preguntas elementales. En los países latinoamericanos, la educación inicial es prácticamente universal, lo que implica que todos los niños, incluso los más pobres, ingresan al sistema educativo. Sin embargo, la mayoría de los chicos de hogares de bajos recursos deserta antes. ¿Por qué? Básicamente, porque tienen que salir a trabajar. Se estima que actualmente hay en América Latina unos veintidós millones de niños que trabajan. ¿Cómo hacer, entonces, para que las familias pobres no retiren a sus hijos de la escuela? Simple: pagándoles. El Estado —ésta es la gran novedad— transfiere a cada familia una suma mensual y a cambio exige que mantenga a los niños en la escuela, por ejemplo, obligando a los padres a presentar el certificado de asistencia como condición para cobrar el dinero. Para calcular cuánto entregarle a cada padre se buscó también una solución sencilla: preguntarse cuánto obtendría si el niño, en lugar de ir a la escuela, saliera a trabajar. En base a ese cálculo se estima la suma, a la que se le agrega unos centavos más para generar un incentivo.

Los economistas, que encuentran expresiones técnicas para todo, llaman a este cálculo “costo de oportunidad” (lo que pierde cada familia al no enviar a trabajar a los hijos), sostienen que este tipo de programas permiten romper el “ciclo intergeneracional de la pobreza” (los niños, al mejorar su nivel educativo, no son pobres como los padres) y los definen como ejemplos de “subsidio a la demanda” (darle dinero al que lo necesita para que compre cosas).

Pero la tecnojerga a veces oscurece más de lo que aclara. Más allá de las definiciones, los programas de transferencia de renta condicionada tienen algunas ventajas prácticas. Al ser una simple entrega de dinero y no de alimentos, agua o cemento, puede implementarse masivamente, sin necesidad de entrar en gigantescos gastos administrativos y de logística. Es un mecanismo ágil y en general eficiente. La contraprestación permite avanzar simultáneamente en diferentes objetivos: educativos (mejora la asistencia escolar), de salud (se pide al jefe de familia que muestre los certificados de vacunación y asistencia al médico pediatra antes de obtener el pago) y, por supuesto, nutricionales. En otras palabras, funciona al mismo tiempo como un alivio inmediato a la pobreza y como un intento por resolver las causas (déficits nutricionales, baja escolaridad) que la producen.

Pero, además, hay detrás de todo esto un cambio conceptual muy importante. A diferencia de lo que ocurría en el pasado, el eje de estos programas ya no es el individuo aislado, sino la familia. Los subsidios se entregan generalmente a las mujeres, que suelen administrar el dinero de manera más eficiente, conocen mejor las necesidades de sus hijos y deciden qué, cómo y dónde comprar. “El cambio de foco, del individuo a la familia, es uno de los principales avances de las políticas sociales actuales”, me dijo Bernardo Kliksberg cuando le pedí una evaluación de la estrategia social de los gobiernos de izquierda de la región. Asesor de Naciones Unidas y coautor de un libro junto al Premio Nobel de Economía,Amartya Sen, Kliksberg es uno de los grandes especialistas latinoamericanos en temas de pobreza y desigualdad, sobre los cuales ha aconsejado a una docena de presidentes: Lula,Tabaré Vázquez y el matrimonio Kirchner suelen consultarlo cuando necesitan nuevas ideas.

—¿Por qué es mejor que el foco sea la familia? —le pregunté en Buenos Aires, en una larga entrevista que me concedió en la sede de la Cancillería argentina.

—Porque los seres humanos viven en familia. Durante muchos años la economía se olvidó de las familias. Yo soy uno de los pocos economistas que siempre ha insistido en la importancia de las familias. El neoliberalismo solo ve consumidores o productores sueltos, como si la gente viviera sola. Pero las decisiones de las personas, aun las de consumo y producción, se toman en familia. Entonces, que los planes vayan a las familias, en general a través de las madres, tiene un efecto de empoderamiento impresionante sobre ellas.

—¿Y funcionan?

—Sí, porque tocan un aspecto real. Frente a la queja neoliberal de que los niños pobres no van a escuela porque los padres no los estimulan u otras tonterías por el estilo, se buscó una solución racional. La deserción escolar tiene causas complejas: el trabajo infantil, la desnutrición, la familia desarticulada. Todas son efecto de la pobreza. Los nuevos gobiernos están trabajando en eso. Las evaluaciones demuestran que los resultados son positivos, que no es cierto, como decían algunos, que si se les da dinero en efectivo lo van a malgastar. Ese dinero, según los últimos estudios, se destina sobre todo a alimentos y transporte para poder llevar a los niños a la escuela o al médico. Y eso está contribuyendo a reducir la deserción y mejorar los indicadores de salud. Los programas de este tipo todavía tienen problemas, pero son un avance notable respecto de lo que había antes.

ALGUNAS EXPERIENCIAS

Aunque los programas de transferencia de renta condicionada comenzaron a aplicarse antes de la llegada al poder de la nueva izquierda (en Brasil y en México, de hecho, se iniciaron en pleno Consenso de Washington), fueron los gobiernos posneoliberales los que los perfeccionaron y masivizaron hasta límites inimaginables hasta poco tiempo atrás. Lula asumió la presidencia el 1 de enero de 2003 con la promesa de que, al cabo de cuatro años de mandato, todos los brasileños tendrían garantizadas sus tres comidas diarias. No lo logró, pero de todos modos avanzó mucho. Su estrategia consistió en fusionar una serie de programas creados por Cardoso en uno solo, el Bolsa Familia, y ensancharlo y ensancharlo hasta convertirlo en un instrumento fundamental de su gobierno. En 2003, antes del triunfo del PT, unas 3,6 millones de familias recibían el Bolsa Escola, el antecedente inmediato del Bolsa Familia; hoy reciben la transferencia directa de dinero once millones de familias, cuarenta y cuatro millones de personas. Repito el número porque es realmente asombroso: cuarenta y cuatro millones de personas, lo que equivale a un cuarto de la población brasileña y supera a los habitantes de la Argentina. El programa cuesta, en total, 4.300 millones de dólares al año, alrededor de 0,5% del PBI, y entrega a cada familia, en promedio, treinta y cuatro dólares. Parece poco, pero no lo es. En Brasil, una familia en situación de extrema pobreza gana sesenta y ocho dólares mensuales, ciento treinta y siete si está en situación de pobreza moderada. En muchos casos, es la diferencia entre que los niños coman o no.

En Argentina, la crisis de diciembre de 2001 forzó al gobierno de Eduardo Duhalde a buscar una respuesta inmediata. El Plan Jefas y Jefes de Hogar se implementó a una velocidad de rayo, sólo posible gracias a la decisión de dejar de lado la focalización al estilo brasileño, que implica un proceso muchas veces lento de selección de las familias beneficiarias, para crear desde el inicio un programa abierto: toda persona desocupada con un hijo menor de dieciocho años tenía derecho a un subsidio de cincuenta dólares al mes. La simplicidad del planteo permitió que en poco tiempo el plan se extendiera muchísimo. Y paradójicamente, fue la misma crisis que creó la necesidad de lanzarlo la que facilitó su rápida extensión: el default le impidió al gobierno recurrir a créditos internacionales y lo obligó a financiarlo con recursos propios, con lo que evitó los engorrosos mecanismos de aprobación de los organismos multilaterales y pudo actuar con autonomía. Fue, en este sentido, un plan social a la argentina.

En mayo de 2002, tres meses después del estallido, el Plan Jefas y Jefes de Hogar alcanzaba a unas quinientas mil familias; al año siguiente, en mayo de 2003, ya eran dos millones, récord absoluto de la historia nacional. Ese mismo mes, Kirchner asumió el poder y tomó la decisión de mantenerlo en pie, aunque con el tiempo le introduciría algunas modificaciones. Su gobierno, y el de Cristina después, optó por transferir a los beneficiarios a tres nuevos planes, más específicos y sofisticados: el Plan Familias, el Plan Manos a la Obra y el Plan Alimentario. La idea era dejar de lado el esquema inicial y focalizar el subsidio en los más pobres, además de calcular la asignación de acuerdo con la cantidad de hijos y fortalecer la articulación con el mercado laboral. Pero la política social de los Kirchner ha ido encontrando una serie de escollos que no se han superado. La cantidad de beneficiarios disminuyó —hoy quedan alrededor de un millón de familias—, lo cual podría leerse como el resultado lógico de la mejora económica, pero también como un déficit del gobierno, pues una parte importante de los sectores más pobres no accede a los planes sociales, cuya suma de dinero, por otra parte, permanece absurdamente congelada a pesar de la inflación.

El caso de Chile es distinto. Cuando Lagos asumió el gobierno, el desafío no pasaba por atender a un porcentaje enorme de la población que se debatía entre comer o no comer, sino por mejorar la estrategia implementada por los presidentes anteriores. El objetivo del Plan Chile Solidario era, por lo tanto, seguir bajando progresivamente los niveles de pobreza y, sobre todo, romper los núcleos más duros de indigencia, que pese a todos los esfuerzos seguía estancada en alrededor del 6%. Lagos intervino personalmente en el diseño del Programa Puente, destinado a unas 225 mil familias indigentes, un mecanismo de transferencia de renta condicionada con algunos toques propios: tras identificar una por una a las familias más pobres, se las invitaba a firmar un contrato con el Estado, donde se establecía el compromiso de hacer ciertas cosas — sacar el documento de identidad, educar a los hijos, arreglar sus casas, ir al médico— a cambio de una serie de beneficios, desde la clásica transferencia de dinero hasta el acceso preferencial a los programas públicos de empleo y capacitación. Las innovaciones incluían la presencia de un agente social que visitaba cada hogar y funcionaba como la verdadera cara del Estado frente a los pobres.

La situación de Uruguay exigía también una política social amplia. En marzo de 2005, cuando Tabaré Vázquez asumió el gobierno, casi un millón de personas se encontraba en situación de pobreza. La respuesta fue la creación del Ministerio de Desarrollo Social, la extensión de los programas de asistencia y el lanzamiento del Plan Nacional de Emergencia Social, cuyo programa principal, el Ingreso Ciudadano, hoy beneficia a 337 mil personas.

Pero lo central, más allá de los matices, es que los programas sociales de Brasil, Argentina, Chile y Uruguay tienen una esencia común: son planes de transferencia de dinero a las familias más pobres a cambio de una contraprestación. ¿Sirvieron para bajar la pobreza? Es difícil decirlo. Los indicadores sociales que describí al inicio de este capítulo revelan progresos, pero resulta complicado determinar si son resultado de la extensión de la cobertura o una consecuencia más o menos automática del alto crecimiento económico y la reducción del desempleo.

En cambio, hay bastantes evidencias de que los planes de este tipo han generado importantes avances en materia de educación, incluyendo mejoras en la tasa de asistencia escolar y la promoción por grado. Una evaluación del Bolsa Familia, elaborada por Andrea Rodrigues Ferro y Ana Lúcia Kassouf, comparó a un grupo de familias que recibían el beneficio con otro de condiciones sociales similares que se encontraba excluido, y demostró que la transferencia indujo a las familias de cuatro de cada diez niños a cambiar sus decisiones y enviarlos a la escuela, lo cual redundó en una disminución de las horas trabajadas por cada niño. Sin el dinero, simplemente no lo hubieran hecho.

Pero tal vez no sea tan importante determinar si la mejora de los indicadores sociales registrada en los últimos años se debe a una cosa o a la otra, a los nuevos programas o al crecimiento económico. De hecho, ningún mecanismo de protección social podrá sostenerse sin recursos, para lo cual se requiere un mínimo de crecimiento y, sobre todo, un flujo constante de ingresos fiscales. Y para ello es necesario que el Estado capture un porcentaje lo más alto posible de la renta (y que decida gastarlo en promoción social). Y esto, lejos de limitarse a una simple medida económica, implica voluntad política y respaldo popular. Es en este punto en el que la ecuación de los gobiernos de la nueva izquierda —alto crecimiento económico > mayor apropiación de la renta > más ingresos fiscales > programas sociales más amplios— termina de cerrar.

Lo cual, obviamente, no quiere decir que no haya problemas: algunos, que describo a continuación, son más bien técnicos; otros, que desarrollo más adelante, son más profundos. Veamos.

ALGUNOS OBSTÁCULOS EN EL CAMINO

El primer gran problema de los programas de transferencia de renta es la forma de seleccionar a los beneficiarios: el Plan Jefas y Jefes de Argentina evitó esta cuestión mediante la estrategia de abrirlo a todos los desocupados con hijos menores, pero ahora, superada la peor etapa de la crisis, el gobierno de Kirchner se encuentra frente al mismo dilema: ¿cómo decidir a quién darle el dinero y a quién no? En Brasil se optó por el siguiente mecanismo: ofrecer el Bolsa Familia primero a los municipios más pobres del país, que a su vez debían encargarse de seleccionar, dentro de su territorio, a las familias que más lo necesitaban. Aunque parecía una buena idea, los evaluadores descubrieron que los municipios más pobres eran también, lógicamente, los que tenían más dificultades administrativas y de gestión, y a los que les resultaba más difícil seleccionar a las familias, entregar los subsidios y controlar que se cumplieran las condicionalidades. Esto generaba problemas de subcobertura justamente en aquellos lugares que más necesitaban los planes.

Otro problema es el monto de la transferencia. La idea inicial —calcularlo en base a lo que obtendría cada familia por el trabajo de sus hijos— parece sencilla, pero no deja de tener sus complicaciones. Obviamente, cuanto más niños haya más ingresos percibirá un hogar si éstos trabajan, por lo que el subsidio no puede ser el mismo si hay uno que si hay seis. En Brasil, de hecho, la asignación se establece de acuerdo con la cantidad de niños. Ahora bien, un niño de once años puede ganar más que uno de tres, por lo que tiene sentido incrementar el subsidio en relación con la edad. Esto ya es más difícil, porque implica ajustar el monto todos los años. Ninguno de los planes lo prevé y ninguno tiene en cuenta tampoco un aspecto delicado pero real: a partir de cierta edad, a medida en que se acerca la adolescencia, las mujeres ganan más que los hombres —la prostitución infantil como salida laboral—, algo que ningún plan contempla en su cálculos.

La condicionalidad, aunque es un componente central de este esquema, debe manejarse con mucho cuidado, tal como demostraron dos investigaciones que revelaron dificultades no previstas: en Brasil, un estudio realizado en cuatro municipios pobrísimos del Nordeste reveló que los niños beneficiarios del plan subían menos de peso que aquellos que no lo recibían, situación que fue atribuida al temor de las madres a perder la transferencia si sus hijos pesaban más de lo normal. En Nicaragua, se exigía que los niños subieran de peso como forma de controlar el destino del dinero, hasta que una investigación demostró que, en muchos casos, se los sobrealimentaba en los días previos a los controles médicos.

El aspecto administrativo también es importante. Los programas de este tipo requieren una inversión fuerte de recursos — y, lo que a menudo resulta más difícil, permanente—, por lo que suelen ser implementados por el gobierno nacional. En general, sin embargo, son los municipios los encargados de identificar a los beneficiarios, repartir los subsidios y controlar que se cumpla la contraprestación, como sucede en Brasil, Argentina y Chile. Pero para ello se necesita un Estado mínimamente eficiente, que llegue a todo el territorio y que cuente con algunos instrumentos de gestión esenciales: un sistema informático, un padrón claro para evitar duplicaciones, personal competente.

Éste es, justamente, el problema que enfrentan países como Ecuador y, en mayor medida, Bolivia. En el primer caso, Correa duplicó de quince a treinta dólares el monto del Bono de Desarrollo Humano, como se denomina allí al programa de transferencia de renta. En Bolivia, Evo Morales creó el Bono Juancito Pinto, financiado con recursos obtenidos de la nacionalización del gas, de cincuenta dólares anuales a cada familia a cambio de que inscriba a los niños en la escuela. Sin embargo, pese a los enormes esfuerzos, en ambos casos el Estado encontró serias dificultades para implementar los nuevos programas.

Finalmente, algunos problemas no derivan de las debilidades de los programas, sino de sus propios éxitos. Si los planes funcionan y se cumple el objetivo de retener a los niños pobres en la escuela, es lógico esperar un incremento de la matrícula, lo que a su vez genera una mayor presión sobre el sistema educativo, que no sólo tiene que atender a un número creciente de alumnos, sino que además tiene que ocuparse de chicos que pertenecen a familias muy castigadas, lo que a menudo genera dificultades para el aprendizaje. No tiene sentido, obviamente, lograr que más y más chicos sigan educándose, o que más y más personas vayan regularmente al médico, si la escuela o los hospitales no pueden ocuparse adecuadamente de ellos, si la política social no se articula con la política educativa y de salud. Retomando la jerga de los economistas, no alcanza con incrementar la demanda; también es necesario mejorar la oferta. Y, aun si todo esto funciona, si los programas contribuyen a universalizar la cobertura de salud e incrementar los niveles de escolaridad, nada garantiza que un niño nacido en una familia pobre, incluso si termina el colegio secundario, pueda acceder a la universidad o conseguir un trabajo estable y razonablemente remunerado: aparece aquí el problema, mucho más complejo, del mercado laboral.

Pero resolver estas cuestiones implica ir más allá de las políticas sociales para entrar en una discusión compleja sobre estrategias económicas y modelos de desarrollo, de la que me ocupo en el final de este capítulo. Antes, sin embargo, quiero describir un esquema de protección social completamente diferente. Para hacerlo hay que trasladarse, una vez más, a la Venezuela de Chávez.

LAS MISIONES

Faltaban pocos meses para el referendo revocatorio de agosto de 2004, el último recurso del antichavismo, que había intentado desplazar al presidente por todos los medios, democráticos y no democráticos, violentos y pacíficos, y que siempre había fracasado. En mayo, con los tres millones de firmas necesarias avaladas por la justicia, la oposición se preparaba para un triunfo que por primera vez parecía posible: la desgarradora polarización que ya llevaba casi media década se había sumado a los efectos de la huelga petrolera para redondear un cuadro económico desfavorable, donde prácticamente todas las variables se alineaban en contra del gobierno: el PBI había caído, el desempleo se había incrementado y la pobreza arañaba su techo histórico. La industria petrolera, viga maestra de la economía venezolana, todavía no lograba recuperarse.

Chávez conservaba el apoyo de un sector importante de la sociedad, tal vez aún mayoritario, pero lo estaba perdiendo.“Hubo un momento en que la oposición estaba electoralmente muy cerca”, recordaría el presidente tiempo después, en un discurso pronunciado frente a un grupo de militares. Y contaría que un amigo extranjero, a quien nunca mencionó por el nombre, gestionó el viaje a Venezuela de una reputada consultora de opinión pública internacional que, tras dos semanas de intenso trabajo, encuestas en todo el territorio y una batería de sondeos cualitativos, confirmó las peores sospechas. Si el referendo fuera hoy, le dijeron a Chávez, lo perdería.“Era un bomba. Fue el momento en que comenzamos a trabajar en las misiones. Pedimos ayuda a Fidel y los doctores cubanos empezaron a llegar a centenares. La economía comenzó a mejorar y empezamos a organizar a los barrios más pobres y las comunidades...”

El desembarco de médicos cubanos hasta alcanzar una cifra que hoy se estima en veinte mil marcó el inicio de un cambio profundo en la estrategia social del gobierno, que hasta el momento no había sido muy diferente de la raquítica política asistencial de las administraciones anteriores. El nuevo modelo de salud se organizó alrededor del Plan Barrio Adentro, más tarde rebautizado como “misión”, término entre religioso y militar elegido por Chávez para definir un esquema moldeado a su imagen y semejanza: enorme, ambicioso, desordenado e institucionalmente arbitrario, desprolijo. La Misión Barrio Adentro apuntó a resolver el drama de un sistema de salud incapaz de atender la creciente demanda de los sectores más pobres, que muchas veces no iban al médico simplemente porque no tenían el dinero suficiente para trasladarse a los hospitales, invariablemente ubicados en el centro de la ciudad, problema que los médicos cubanos resolvieron mediante el simple procedimiento de instalarse en las zonas más inhóspitas de las barriadas más castigadas de Venezuela. Viven allí, en las pequeñas salas en las que atienden, disponen de medicamentos básicos que entregan gratis a los pacientes y están disponibles las veinticuatro horas, lo que genera una comprensible sensación de tranquilidad en los barrios.

Paralelamente, el gobierno amplió la Misión Mercal, que comenzó como un programa de emergencia para enfrentar el desabastecimiento de alimentos generado por el paro petrolero y que luego, por presión popular, se fue extendiendo. Se trata de miles de mercados, a cielo abierto o protegidos por toldos precarios, que al principio se limitaban a vender alimentos a precios subsidiados y que hoy se han ido afianzando y ampliando hasta convertirse en un sistema de producción, distribución y venta integrado verticalmente, que incluye subsidios a los campesinos, la coordinación de centros de clasificación, empaquetado y distribución, y el despliegue de miles de puntos de venta en una red que llega a todo el país. Y al que Chávez le ha sumado una nueva empresa, PDVSA Alimentos (PDVAL), que se encarga de complementar el trabajo de la Misión Mercal.

Las inclinaciones nacionalistas de Chávez y su obsesión con los próceres y las epopeyas históricas explican el curioso nombre de la Misión Vuelvan Caras, que hace referencia a un episodio de la gesta independentista ocurrido durante la batalla de Queseras del Medio, en el estado de Apure, protagonizado por el general José Antonio Páez, quien bramó “¡Vuelvan caras!” a sus tropas, acorraladas por los realistas y que, con aquel grito oportuno, logró que dejaran de correr y enfrentaran al enemigo, al que terminaron derrotando. El objetivo de Vuelvan Caras es articular los avances educativos con el mercado de trabajo a través del impulso a cooperativas y otras empresas de producción social destinadas, según sus ambiciosas metas, a conformar un espacio de transición entre capitalismo y socialismo. Finalmente, la Misión Robinson, en referencia al seudónimo que utilizaba Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, se propuso enseñar a leer y escribir a un millón de venezolanos mayores de diez años.

A estas grandes misiones se fueron añadiendo otras nuevas, algunas destinadas a estudiantes universitarios o de bachillerato, y otras focalizadas en grupos específicos, como los indígenas o los militares, hasta conformar un abanico multicolor de planes alimenticios, laborales, deportivos, de salud, culturales y de infraestructura. Pero lo central, la gran diferencia entre los programas de transferencia de renta de Brasil, Argentina y Chile y las misiones chavistas es que los primeros utilizan mecanismos de focalización, que seleccionan al universo de beneficiarios según sus necesidades, mientras que las segundas se plantean, al menos en teoría, como políticas totalmente universales.

La misiones descansan en una nueva institucionalidad, paralela a los clásicos ministerios de salud, educación o asistencia social, creada con el argumento de que las estructuras administrativas anteriores no estaban preparadas para llevar la cobertura a la mayoría de la población. Suena bastante lógico: un Estado poco acostumbrado a las políticas universales carece de los instrumentos administrativos necesarios, lo que de todos modos no implica que el armazón viejo y oxidado haya sido reemplazado por uno más eficiente. Aquí radica el principal cuestionamiento a las misiones chavistas: funcionan en forma descoordinada, se superponen unas con otras y apenas alcanzan para paliar los efectos —que no las causas— de la pobreza y la exclusión. No se articulan, por ejemplo, con el sistema educativo o de salud: un médico cubano, en una sala de primeros auxilios, ayuda a prevenir enfermedades y puede resolver cuestiones menores, pero si es necesario realizar una tomografía, si hay que practicar una operación u otra intervención compleja, el paciente debe recurrir al viejo hospital, que no ha cambiado mucho. Del mismo modo, las misiones no se vinculan eficazmente con el mercado laboral, no han creado un sector productivo eficiente ni han contribuido a dinamizar la economía. Y sus resultados no se miden ni controlan, pues sus recursos no salen del presupuesto general del Estado, sino de un fondo especial financiado con ingresos petroleros, al que sólo el gobierno tiene acceso, que no es auditado por nadie, lo que crea un espacio enorme para la utilización política y la corrupción.

Para la oposición venezolana, es falso que los programas sean universales. Las misiones, dicen, se distribuyen según una selección clientelar, orientada no por la necesidad de las personas, sino por su apoyo o no al gobierno. Algo de esto hay, por supuesto, pero las misiones han alcanzado tal masividad que hoy parece difícil llevar esta distinción a la práctica: ¿será posible determinar la orientación política de cada alumno antes de incluirlo en la Misión Ribas, que ya alfabetizó a un millón de personas, o que los médicos cubanos discriminen entre chavistas o antichavistas en las ciento veinte millones de consultas que ya atendieron, o comprobar la fidelidad política del cliente antes de que pase por la caja de alguno de los miles de Mercal que existen hoy en Venezuela? Difícil. La acusaciones de “clientelismo” conforman una definición tan imprecisa que no estaría mal —siguiendo la ya mencionada propuesta de Marc Saint-Upéry con relación al “populismo”— declarar una moratoria en su utilización. Es una expresión demasiado vaga que oscurece más de lo que ilumina y que a menudo esconde un desprecio de las elites ilustradas hacia los sectores populares.

Y es que a veces, leyendo las críticas a las misiones, uno tiene la sensación de que los argumentos más atendibles, como el descontrol administrativo, la falta de eficacia o la corrupción, se mezclan con otros menos razonables, que en el fondo ignoran la importancia que tiene para un habitante de uno de esos barrios precarios desparramados en las laderas de los cerros caraqueños, esas zonas desbordantes de casillas conectadas por pasillos estrechos y empinadas escaleras de cemento, el hecho de contar con un mercado subsidiado donde comprar alimentos, un comedor comunitario, una escuela donde los niños pueden pasar todo el día, que además ofrece almuerzo y merienda, y una sala de atención sanitaria abierta las veinticuatro horas, con medicamentos gratuitos y un amable doctor de tonada caribeña considerando todo esto, ¿tan incomprensible es que los pobres voten a Chávez?

LA UNIVERSALIZACIÓN COMO TENDENCIA

La decisión de crear nuevos programas sociales o ampliar los existentes es uno de los grandes avances de los últimos años, pero es insuficiente. Los planes de transferencia de renta son sólo una parte de las políticas sociales, que incluyen también la educación, la salud, la vivienda y las pensiones (jubilaciones), en las cuales las innovaciones han sido menos notables. En educación, por ejemplo, ya en los 90 se habían logrado algunos progresos significativos, sobre todo en la escolaridad básica: hoy, el 97% de los latinoamericanos inicia la escuela primaria. En el camino, sin embargo, surgió un nuevo problema. Si en el pasado alcanzaba con completar la escuela inicial para acceder a un trabajo no calificado, hoy se exige la secundaria; si antes el colegio secundario era suficiente para, por ejemplo, obtener un empleo administrativo, hoy se requiere un nivel universitario. El nuevo umbral, la exigencia educativa impuesta por el mercado de trabajo, se ha corrido varios años, y el hecho de que los niños de las familias más pobres accedan a la escuela no garantiza nada, y menos si, como ya se insinúa, se consolidan dos sistemas paralelos: una educación gratuita y universal, pero de baja calidad, y una educación excelente, pero limitada a quienes están en condiciones de pagarla.

Conviene entonces dejar de lado el análisis específico de los programas sociales e intentar una mirada más amplia. Una buena forma de evaluar las políticas sociales desde un punto de vista general es comparar el gasto público social, que engloba diferentes áreas —educación, salud, planes de asistencia, vivienda y pensiones— y que sirve para hacerse una idea del esfuerzo macroeconómico que cada país está dispuesto a hacer para que sus habitantes vivan mejor. Y aquí es posible apuntar otra buena noticia: en los últimos años, el gasto social se ha incrementado. El promedio latinoamericano, según los últimos datos de la CEPAL, equivale al 16% del PBI: el país que gasta un porcentaje mayor es Brasil (22%), lo cual es razonable si se tienen en cuenta sus enormes déficits sociales y su gigantesca potencia económica, seguido por dos países que en los últimos años sufrieron los efectos de crisis profundas: Argentina y Uruguay. Un caso llamativo es Bolivia, que a pesar de ser el Estado más pobre de Sudamérica es uno de los que más porcentaje de su producto destina al gasto social: 18,6%.

Pero mirar los porcentajes tal vez no sea la forma más adecuada de encarar el asunto. Al fin y al cabo, un indígena boliviano golpeado por la sequía del altiplano, un habitante de una favela carioca que carece de agua potable o un argentino que vive en una villa miseria del Gran Buenos Aires no recibe un porcentaje del PBI, sino una suma determinada de dinero repartida en servicios de salud, educación y asistencia social. Lo importante, entonces, es cuántos dólares invierte cada país, lo cual altera los números anteriores: según la CEPAL, Argentina es el que más dinero destina al gasto social, 1.521 dólares per capita, seguido por Uruguay y Brasil. Chile, pese a los aplausos que recibe en todo el mundo, gasta sólo 729, y Venezuela, a pesar de las misiones, apenas 562. En cuanto a Bolivia y Ecuador, las dos naciones más pobres de las siete gobernadas por la izquierda, son también las que menos dólares invierten: 190 y 96, respectivamente.

Pero lo central es que el gasto social ha ido aumentando progresivamente, lo que, en principio confirmaría la idea de que los gobiernos analizados están dispuestos —o al menos más dispuestos que en el pasado— a mejorar las condiciones de vida de los sectores más castigados. Pero claro, la inversión social se ha incrementado en un momento de expansión económica y prosperidad fiscal. ¿Qué pasará si el crecimiento se detiene? ¿Se mantendrá la tendencia?

Aunque todo buen lector de Keynes sabe que en momentos recesivos el gasto público debe incrementarse para reanimar el crecimiento, y aunque desde el punto de vista social también es necesario aumentarlo, pues las crisis impactan siempre primero, y más duramente, en los sectores más pobres, el riesgo de que la inversión social se contraiga ante los primeros signos de estancamiento económico no es menor. Es, de hecho, lo que sucedió a menudo en el pasado. ¿Cómo evitar que vuelva a ocurrir? Mi impresión es que, contra lo que opinaba el neoliberalismo de los 90, la mejor manera de que las conquistas de los últimos años se sostengan y se profundicen es que tiendan a universalizarse, es decir, a abarcar la mayor cantidad de población posible.

El asunto es complejo. Los sistemas de protección social de los siete países analizados combinan diferentes estrategias: la educación primaria es universal o casi universal y es provista en general por el Estado; la seguridad social (jubilaciones, pensiones y salud) se encuentra segmentada: un porcentaje de la población —los trabajadores formalizados y las capas de mayores ingresos— tienen planes jubilatorios y seguros de salud atados al salario y al sindicato o al aporte a una empresa privada, mientras que los sectores más pobres tienen que recurrir al hospital público y a la jubilación mínima estatal (si es que existe). Finalmente, los planes de transferencia de renta se focalizan en los grupos sociales más vulnerables.

En este escenario de coberturas segmentadas, la tendencia a la universalización va, poco a poco, ganando un lugar. En los 90, en pleno auge neoliberal, la idea se descartaba con el argumento de que la universalización distraería, sobre todo hacia la clase media, recursos que de otro modo podrían destinarse a los verdaderamente pobres. El argumento es discutible, en primer lugar porque afirmar que la clase media no necesita de este apoyo del Estado es absurdo: en muchos países, sobre todo en los más castigados, como Bolivia y Ecuador, quienes pertenecen a lo que suele definirse como clase media se encuentran tan cerca de la línea de pobreza que cualquier viento los puede empujar rápidamente hacia esa situación.

Pero, además, como sostiene el ex director de la CEPAL José Antonio Ocampo, no es cierto que la tendencia a la universalización genere un efecto regresivo. En muchos casos, la expansión del gasto social asociada a una extensión de la cobertura produce un impacto redistributivo muy claro: al estar ya cubiertos los sectores medios y altos, cada dólar extra que se gasta en, por ejemplo, educación secundaria o vivienda, se dirige de manera bastante directa a los grupos sociales más pobres. En otras palabras, el gasto social es altamente redistributivo en el margen. Por eso se ha ido creando un cierto consenso académico en torno a la idea de que la universalización es conveniente, al menos la universalización dentro del grupo social al que se dirige cierta política: si la idea es asistir a las madres desocupadas, que todas las madres desocupadas obtengan el beneficio; si el objetivo son los jefes de hogares pobres, que todos los jefes de hogares pobres reciban la asignación.

Todo esto resulta aún más importante si uno lee las últimas noticias de la economía mundial. La crisis financiera que estalló en Estados Unidos en agosto de 2008 a raíz del hundimiento de las hipotecas subprime amenaza con propagarse por el resto del planeta y, aunque parece improbable que potentes motores de la economía mundial, como China e India, entren en una recesión inmediata, lo cierto es que las turbulencias llegarán a nuestra región, antes o después. Nada indica un estallido como los del pasado, pero probablemente sí un crecimiento más lento y tal vez más inestable. De hecho, la CEPAL calculó en 4,7% la expansión económica para 2008, un punto menos que el año anterior. El incremento de los precios de las materias primas que tan beneficioso ha resultado para los países sudamericanos tiene su costado negativo en la suba de los precios de los alimentos, un fenómeno mundial que está comenzando a provocar algunos efectos no deseados a la región. En Venezuela, la alta inflación registrada en 2007 (22%) y en 2008 (25%) provocó una crisis de desabastecimiento que contribuyó a la derrota de Chávez en el referendo constitucional de 2007. Algo similar ocurre en Argentina, donde la suba de precios se ha convertido en el principal problema del gobierno de Cristina Kirchner, y en menor medida en Uruguay y Brasil. En todos estos lugares, la inflación está amenazando uno de los grandes avances de los gobiernos de la nueva izquierda: la creación de una gigantesca clase media baja, un sector cada vez más amplio, que en los últimos años ha logrado acceder a niveles de consumo antes impensados (y cuya expansión explica, en buena medida, la popularidad de los nuevos presidentes sudamericanos), pero que de todos modos sigue siendo muy vulnerable a los cambios económicos.

En este sentido, un argumento extraeconómico refuerza la idea de universalizar las políticas sociales. La historia de la construcción del Estado de bienestar en los países europeos demuestra que los beneficios que perciben las clases medias generan una presión hacia abajo de los sectores más pobres, que luchan para que se extiendan también a ellos. Sin caer en comparaciones fáciles, parece evidente que cuanto mayor sea la cobertura, mayor será la defensa política que obtenga un programa determinado y, por lo tanto, mayor su solidez en el tiempo: evidentemente, el próximo presidente de Brasil, más allá del partido al que pertenezca y de su orientación ideológica, encontrará muchos problemas si quiere reducir el alcance del Bolsa Familia, y lo mismo en el resto de los países. Una de las ventajas de la universalización es que dificulta la posibilidad de que futuros gobiernos, tal vez menos sensibles a los problemas de los más pobres, recorten el gasto social en momentos de vacas flacas.

BREVE VISITA A CHILE

Es necesario volver por un momento a Chile, el único país latinoamericano que logró reducir la pobreza y la indigencia de manera sostenida en las últimas décadas. En una primera mirada, el ejemplo chileno parecería demostrar que es posible atacar estos problemas con una estrategia no universal. De hecho, fue un diseño macroeconómico ortodoxo, junto a políticas sociales muy activas pero focalizadas, el que produjo estos progresos. Un análisis más atento, sin embargo, demuestra que no es tan así. O, en todo caso, que la focalización sirvió al principio, pero que hoy resulta insuficiente y que es necesario discutir algunos aspectos básicos del modelo, algo a lo que no muchos se atreven. Uno de los pocos que se anima es Carlos Ominami, que no es un francotirador radical, sino un importante senador socialista, ex ministro de Economía del primer gobierno democrático y ex jefe de campaña de Ricardo Lagos. “Tenemos buenos resultados en pobreza, pero malos en igualdad. En Chile, los ricos son cada vez más ricos. Eso no sería un problema. El problema es que son cada vez más poderosos: tienen poder político, económico, mediático”, me dijo en una entrevista en La Biela, el tradicional bar de la Recoleta, un sábado de sol, en una de sus habituales visitas a Buenos Aires.

—¿Se puede combatir la desigualdad en Chile sin cambiar la política económica?

—En el corto plazo hay que modificar algunos temas sensibles y delicados, pero fundamentales, como el tributario. Chile tiene una estructura tributaria en donde los ricos prácticamente no pagan impuestos. Al inicio de la Concertación se intentó cambiar esto, pero luego se lo fue dejando de lado.

—El modelo chileno no ha sido de políticas sociales universales, sino focalizadas. ¿Cuál es su balance?

—Si tenemos en cuenta que cuando Pinochet dejó la presidencia Chile tenía cuarenta y pico por ciento de pobreza, creo que fue una buena decisión. Haberse focalizado en los sectores más pobres fue una opción correcta, aunque hoy sea insuficiente. Logramos una baja sustancial. No hay ningún otro país de América Latina que haya logrado esto. La indigencia también se redujo mucho, hoy se encuentra por debajo del 5% gracias a los planes sociales específicos, profundizados durante el gobierno de Lagos. ¿Qué ocurre ahora? Hay un sector de clase media empobrecida, que no llega a ser pobre, pero que tiene grandes costos y pocos beneficios. Al ser un sistema económico totalmente privatizado, este sector sufre mucho: la universidad es cara, las tarifas son caras. Y la gente ha entrado en niveles de consumo importantes, son sectores que están bajo un gran agobio económico. Este sector es el centro de una cierta desazón, incomodidad, malestar. Ve el consumo, participa de alguna forma, pero le cuesta incorporarse plenamente. La cuestión es cómo dar un salto en estos sectores medios empobrecidos.

—¿Se puede encarar una transformación de la estructura productiva, que mejore las condiciones sociales, con el modelo vigente?

—Sí. Dentro del marco de la economía de mercado, pero con una estrategia de desarrollo distinta, no neoliberal, es posible.

La opinión de Ominami coincide con la de un sector cada vez más amplio de la sociedad chilena, e incluso con algunos grupos de la Concertación, que no reclaman un cambio radical sino algunas correcciones profundas al modelo: la presión tributaria, por ejemplo, se sitúa en torno al 18%, una de las más bajas de América Latina (casi la mitad que la de Brasil) y le impide al Estado desplegar políticas sociales más amplias. El sistema impositivo, claramente regresivo, descansa en un IVA sobre todos los productos, de la leche a la harina, y un impuesto a la renta tan bajo que hace que, en palabras de Ominami,“en Chile los ricos prácticamente no paguen impuestos”. Todo esto en el marco de la persistente debilidad de los sectores bajos y medios-bajos, herencia de la represión política y del modelo económico de Pinochet, que ha dificultado el desarrollo de formas de organización autónoma, ya sean movimientos sociales o sindicatos: en Chile, por ejemplo, sólo el diez por ciento de los salarios se negocia colectivamente.

Desde luego, atacar estos problemas implica, necesariamente, revisar algunos aspectos centrales de la orientación económica, como el hecho de que los sectores más dinámicos, entre ellos la mayor parte de las actividades agroexportadoras, utilizan trabajo mal remunerado y de baja calidad, sin protección social e hiperflexibilizado. Pero no pretendo con esto volver a la discusión, sobre los pro y los contra del modelo chileno, desarrollada en el tercer capítulo, sino simplemente subrayar algo que me parece fundamental: incluso el caso de Chile, el más aplaudido de los países sudamericanos, demuestra que el combate a la pobreza y la desigualdad no puede realizarse sólo con políticas sociales focalizadas, por más eficientes que sean.

De hecho, las dos crisis más graves que tuvo que enfrentar Bachelet, desde que en 2006 reemplazó a Ricardo Lagos en la presidencia, tienen más que ver la desigualdad que con la pobreza. Ambos problemas —que estallaron inesperadamente, como salidos de la nada— difícilmente podrán combatirse apelando a políticas focalizadas: la protesta de los pingüinos (denominada así en referencia a los colores del uniforme estudiantil) fue un movimiento protagonizado por millones de jóvenes en reclamo de cambios profundos en el sistema educativo para cerrar la brecha de calidad entre los colegios privados y los públicos, con varios actos multitudinarios que forzaron cambios de gabinete. La crisis del Transantiago, el fallido intento de reorganizar el sistema de transporte de la capital, generó un reclamo masivo de los sectores populares y de clase media, y también desembocó en un cambio de funcionarios. Se encendieron luces de alerta sobre el consenso social del que goza el modelo chileno. Y es que la persistente inequidad de Chile se encuentra entre las causas raigales de estos problemas, aunque encararlos exige avanzar en una discusión más profunda acerca de la relación entre la desigualdad y la macroeconomía, la política fiscal, el sistema tributario y, en general, el modelo de desarrollo. Ésta es, como se explica a continuación, la conclusión de este capítulo.

EL PROBLEMA ES MÁS PROFUNDO

El punto de conexión más claro —y, por lo tanto, más conflictivo— entre la política social y la económica es el sistema impositivo, que no es otra cosa que la forma en la que el Estado se apropia de los recursos que luego devuelve a la sociedad. En general, América Latina tiene una presión impositiva baja. Esto ya es malo, pues no alcanza para construir un Estado fuerte capaz de reequilibrar el cuadro social, pero peor aún es la tendencia que se oculta detrás de este promedio: la persistente regresividad del sistema impositivo, eterno Hood Robin que premia a los ricos y castiga a los pobres.

Como se sabe, los impuestos sobre el consumo —el más común de los cuales es el IVA—recaen en mayor medida sobre los sectores de bajos ingresos, que destinan un mayor porcentaje de sus salarios a la compra de bienes y servicios y que, en los casos más dramáticos, se limitan a dos rubros básicos: alimentos y transporte. Para ellos, la carga impositiva es altísima. En cambio, para los sectores medios y, sobre todo, para las clases media-alta y alta, la presión impositiva no es tan pesada. En Brasil, por ejemplo, una familia pobre, con ingresos estimados en menos de dos salarios mínimos, paga en concepto de impuestos el 48,8% de sus ingresos, mientras que una familia rica, con una entrada equivalente a treinta salarios mínimos, destina el 26,3%, según las estimaciones de María Zockun.

El contraste con el mundo desarrollado es notable. La presión impositiva en los países industrializados de la OCDE es del 35% del PBI, contra apenas 20% en América Latina (la única excepción es Brasil, donde la carga impositiva llega al 38% del producto). Pero lo más relevante es la diferencia entre impuestos. En el Primer Mundo, los impuestos al consumo equivalen —según datos de Carlos Mussi y José Roberto Afonso— al 6,7% del PBI. En América Latina el porcentaje es similar (5,8%) gracias a una serie de reformas implementadas durante los 90 para mejorar la recaudación de estos tributos. La gran diferencia, lo que explica que los ingresos de los países desarrollados casi dupliquen a los de la región, se encuentra en los impuestos directos, como el impuesto a las ganancias, a la renta empresarial o personal o al patrimonio, considerados progresivos, pues recaen sobre los sectores más altos. Mientras que los países de la OCDE recaudan el equivalente al 12,5% de su PBI en concepto de tributos indirectos, América Latina obtiene apenas el 3,8%. Esto significa que los primeros recaudan por este medio 229% más que los segundos.

¿Qué han hecho los gobiernos de izquierda para cambiar esta situación? En realidad, muy poco. Es cierto que la estrategia de gravar las exportaciones de materias primas o recursos naturales puede ser vista como una política impositiva progresiva. Al fin y al cabo, se trata de quitarle dinero a un sector rico —las empresas transnacionales que explotan el petróleo y el gas, los productores de soja— para mejorar los ingresos del Estado. No hay datos precisos, pero se estima que los ingresos conseguidos por estas vías se han triplicado en los últimos años. En algunos países —como Venezuela y, en menor medida, Bolivia y Ecuador—, estos recursos representan un porcentaje cada vez más importante de los recursos del Estado. Una reforma impositiva silenciosa ha tenido lugar.

Sin embargo, aun en estos casos, el resto de la recaudación se sigue cobrando de la misma vieja manera: en base sobre todo a injustos impuestos sobre el consumo. A excepción de Uruguay, que ensayó una tibia reforma impositiva cuyos resultados todavía no han podido evaluarse, ninguno de los gobiernos analizados en este libro se ha arriesgado a emprender cambios de largo aliento que modifiquen de manera significativa el carácter regresivo del actual sistema, por una larga serie de motivos, que van desde la previsible resistencia de las capas altas y los empresarios hasta las dificultades técnicas, pues los impuestos a la renta, el patrimonio o las ganancias son mucho más difíciles de recaudar.

Pero cambiar este tipo de cuestiones es clave para atacar la desigualdad, el rasgo más característico de la realidad latinoamericana. América Latina, se sabe, es la región más desigual del mundo, menos pobre que África pero más inequitativa. Como sostiene la especialista brasileña Sonia Fleury, la desigualdad es tan fuerte que ha permanecido inalterada en momentos de recesión y de expansión económica, bajo gobiernos militares y democráticos, de izquierda y de derecha. Es mucho más que un simple problema social: es la marca persistente de nuestra identidad. Y, pese a los avances sociales mencionados más arriba, ha cambiado muy poco. Aunque en algunos países, como Brasil y Argentina, se registró una leve mejora en la distribución del ingreso en los últimos años, en general los gobiernos de la nueva izquierda no han logrado cambiar esta situación. El Coeficiente de Gini, la forma más popular de medir la distribución del ingreso, lo demuestra claramente: el Gini es de 0,59 en Brasil, el más alto de la región pese a los progresos de los últimos años; 0,57 en Chile, a pesar de las políticas sociales de la Concertación; y 0,52 en Argentina. En Noruega, con la mejor distribución del ingreso del mundo, es de 0,25.

Vuelvo, entonces, al eje de este capítulo. En los 90, una de las grandes líneas ideológicas del neoliberalismo era la separación — conceptual y operativa— entre el área económica y el área social, bajo la noción de que la primera debía garantizar el crecimiento, que contribuiría a bajar el desempleo y generar un efecto derrame (en algunos países le dicen “chorreo”) sobre la sociedad, mientras que la segunda debía ocuparse, subsidiariamente, de atender a aquellas personas que no lograban beneficiarse de esta evolución general. Esto tal vez pueda funcionar en países en los que la tasa de pobreza es de, digamos, el diez por ciento; allí tal vez tenga sentido apostar al derrame y atender a los excluidos con políticas específicas. Pero en sociedades, donde la pobreza golpea a un porcentaje que va del 25% al 60% de la población, con zonas de miseria consolidadas a lo largo de décadas y décadas, el problema difícilmente pueda solucionarse de esta manera.

Hasta ahora, los gobiernos de la nueva izquierda han logrado surfear con asombrosa sobriedad macroeconómica sobre la ola de crecimiento y han dado claras muestras de su voluntad de mejorar las condiciones sociales de los sectores más pobres mediante políticas activas y amplias. Los avances son innegables, pero se han limitado a un aspecto puntual —los planes de transferencia de renta— y, además, lucen vulnerables, demasiado atados al ciclo de expansión económica. Como ya dijimos, cuanto más amplias sean las políticas sociales tanto más difícil será recortarlas en momentos de crisis, pero avanzar en ello exige el replanteo de algunas cuestiones económicas básicas, en particular los sistemas impositivos, lo que a su vez nos lleva al enorme desafío de combatir la desigualdad. En suma, las conquistas sociales no podrán profundizarse si se tiran por la borda los esfuerzos de equilibrio fiscal tan duramente obtenido, pero tampoco alcanza con mirar todo desde las alturas de la macroeconomía, ese cielo diáfano que no permite acercarse a la miseria de los terrícolas y por donde vuelan como pájaros los helicópteros paulistas.

Fuentes y bibliografía

Datos sobre los helicópteros paulistas: www.helisolution.com.br.

Algunos progresos recientes

Datos sobre la pobreza en América Latina: CEPAL (2007) “Panorama social de América Latina 2007” y CEPAL (2007) “Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe”.

Nuevas ideas

Entrevista con Bernardo Kliksberg, Página/12, 3/9/2007. Entre sus últimas publicaciones: Bernardo Kliksberg (2004) Más ética, más desarrollo, Editorial Temas; (2004) “Hacia una nueva visión de la política social en América Latina”, en Revista Chilena de Administración Pública,Vol. 2, Nº 5.

Sobre los programas de transferencia de renta condicionada: CEPAL (2006) “La protección social de cara al futuro. Acceso, financiamiento y solidaridad”; Nelson Villarreal (2006) “La larga marcha hacia la igualdad social. Aportes comparados en estrategias de políticas sociales en Argentina, Brasil y Chile”, Documento de FESUR; Pablo Villatoro S. (2005) “Los programas de protección social en América Latina y sus impactos en las familias. Algunas reflexiones”, Documento de la CEPAL; Claudia Serrano (2005) “Claves de la política social para la pobreza”, Asesorías para el Desarrollo; Pablo Villatoro S. (2004) “Programas de reducción de la pobreza en América Latina. Un análisis de cinco experiencias”, Documento de la CEPAL Nº 87, Serie Políticas Sociales.

Algunas experiencias

Sobre las políticas sociales en Brasil: Sonia Fleury (2007) “Dilemas da coesão social”, en Nueva Sociedad, Edición especial en portugués, octubre; Ladislau Dowbor (2007) “O passo seguinte. Do apoio aos pobres à inclusâo produtiva”, en Nueva Sociedad, Edición especial en portugués, octubre; Dante Avaro (2006) “Programas sociales orientados a la educación en Brasil: la Bolsa Escola”, Flacso México; Maria Helena Guimarães de Castro (2006) “Política social en Brasil: continuidades y cambios”, en Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y Embajada de Brasil en Chile (orgs.). Brasil y Chile: una mirada hacia América Latina, RIL Editores; Andrea Rodrigues Ferro y Ana Lúcia Kassouf (2004) “Avaliação do Impacto dos programas de Bolsa Escola sobre o trabalho infantil no Brasil”, Anales del XXXI Encuentro Nacional de Economia, Porto Seguro.

Sobre las políticas sociales en Argentina: Laura Golbert (2006) “Aprendizajes del Programa Jefas y Jefes de Argentina”, Documento de la CEPAL; Laura C. Pautassi (2004) “Beneficios y beneficiarias: análisis del Programa Jefes y Jefas de Hogar en Argentina”, OIT; Centro de Estudios Legales y Sociales (2003) “Plan Jefas y Jefes ¿Derecho social o beneficio sin derechos?”.

Sobre las políticas sociales en Chile: Rosana Castiglioni (2006) “Cambios y continuidad en política social: educación, pensiones y salud”, en Robert L. Funk (ed.) El gobierno de Ricardo Lagos. La nueva vía chilena al socialismo, Universidad Diego Portales; Olga Vega (2006) “La paradoja de la política social y el Programa Puente: superación de la extrema pobreza o inclusión/exclusión social”, en Revista Mad, Nº 15, Universidad de Chile; Julieta Palma y Raúl Urzúa (2006) “Políticas contra la pobreza y ciudadanía social: el caso de Chile Solidario”, Colección Políticas Sociales, Nº 12, UNESCO.

Sobre las políticas sociales en Uruguay: Carmen Midaglia y Florencia Antía (2007) “La izquierda en el gobierno: ¿cambio o continuidad en las políticas de bienestar social?”, en Revista Uruguaya de Ciencia Política, Nº 16; Daniel Chasquetti (2007) “Uruguay 2006: éxitos y dilemas del gobierno de izquierda”, en Revista de Ciencia Política, Volumen Especial; Gustavo de Armas (2006) “Sociedad y políticas sociales en Uruguay desde la transición democrática el gobierno del Frente Amplio”, en América Latina Hoy, Nº 44.

Las misiones

Declaración de Chávez sobre su posible derrota en el referendo, La Nación de Chile, 14/7/2006.

Sobre la política social de Chávez: Leonardo V. Vera (2008) “Políticas sociales y productivas en un Estado patrimonialista petrolero:Venezuela 1999-2007, en Nueva Sociedad, Nº 215, mayo-junio; Vanessa Cartaya Febres (2007) “Agenda para el diálogo sobre la pobreza en Venezuela”, ILDIS; Neritza Alvarado Chacín (2004) “Pobreza y exclusión en Venezuela a la luz de las Misiones Sociales”, en Fermentum. Revista Venezolana de Sociología y Antropología,Año 16, Nº 45.

La universalización como tendencia

Sobre el debate universalización-focalización: José Antinio Ocampo (2008) “Las concepciones de la política social: universalismo versus focalización”, en Nueva Sociedad, Nº 215, mayo-junio; Andras Uthoff y Cecilia Vera (2007) “Una nota sobre el impacto de las políticas activas de gasto social”, Documento Nº 138, Serie Políticas Sociales, CEPAL; Banco Mundial (2006), Reducción de la pobreza y crecimiento: círculos virtuosos y círculos viciosos, Mayol Ediciones; Carlos Gerardo Molina (ed.) (2006) Universalismo básico: Una nueva política social para América Latina, BID/Planeta; Cristian Pérez Muñoz (2006) “¿Por qué los gobiernos de izquierda no apuestan a políticas universales de empleo e ingresos? Una revisión normativa y empírica de las experiencias de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay”, Informe para la Beca de Investigación Clacso-Asdi; Rubén M. Lo Vuolo (1998) “El ingreso ciudadano frente al problema de la pobreza. Nuevos conceptos para un sistema de políticas públicas más eficiente e igualitario”, Documento para el Seminario “Reforma da Administração Pública: Possibilidades e Obstáculos”, Recife; José Miguel Candia (1998) “Exclusión y pobreza: la focalización de las políticas sociales”, en Nueva Sociedad, Nº 156, julio-agosto.

Breve visita a Chile

Entrevista con Carlos Ominami, Página/12, 17/9/2007. Entre sus últimas publicaciones: Carlos Ominami (2008) La izquierda en una nueva Latinoamérica, Fundación Jean Jaurés.

El problema es más profundo

Datos sobre el gasto social: CEPAL (2007) “Panorama social de América Latina 2007” y CEPAL (2007) “Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe”.

Sobre la cuestión tributaria y la relación entre políticas económicas y sociales: Carlos Mussi y José Roberto Afonso (2008) “¿Cómo conciliar desarrollo económico con bienestar social? Algunas reflexiones sobre los nuevos desafíos latinoamericanos”, en Nueva Sociedad, Nº 215, mayo-junio; Maria Zockun (ed.) (2007) “Simplificando o Brasil”,Texto para la Discusión Nº 3, FIPE; Oscar Cetrángolo y Juan Carlos Gómez Sabaini (comps.) (2006) Tributación en América Latina: en busca de una nueva agenda de reformas, CEPAL; Clarisa Hardy (2004) “Algunas reflexiones sobre la relación entre políticas económicas y sociales”, Fundación Chile XXI, Año 5, Nº 39; Ernesto Cohen y Rolando Franco (2005) Gestión social: cómo lograr eficiencia e impacto en las políticas sociales, CEPAL-Siglo XXI;Alicia Ziccardi (comp.) (2001) Pobreza, desigualdad social y ciudadanía. Los límites de las políticas sociales en América Latina, Clacso.

A modo de conclusión

¿De qué hablamos cuando hablamos de izquierda?

Hugo Chávez sigue siendo el político más popular de Venezuela y el único capaz de liderar el bloque de trabajadores informales, pobres y excluidos, que valoran a su líder más que a su gobierno y que defienden sobre todo las misiones, pero que también emitieron una señal clarísima absteniéndose muchos de ellos de votar en el referendo constitucional de 2007. La inflación, el desabastecimiento de productos básicos y las ineficiencias de gestión, que ni los monumentales ingresos petroleros alcanzan ya a tapar, han comenzado a producir un efecto deshielo en el hasta ahora congelado bloque oficialista. Esto, sin embargo, no debería ser visto como un final definitivo de la era bolivariana, sino como un escollo más en la carrera de un hombre que ha demostrado que cuenta con muchísimos recursos, políticos y de los otros, y cuyas chances para mantenerse en el poder más allá de 2013 no deberían descartarse del todo, al menos no anticipadamente.

En Chile, Michelle Bachelet, a pesar de haber llegado al poder como heredera de un aclamado Ricardo Lagos, ha encontrado más obstáculos que los previstos, desde las masivas protestas estudiantiles hasta el fallido plan de reorganización del transporte público en Santiago, que tienen su raíz en la persistente desigualdad social generada por un diseño económico en otros aspectos muy virtuoso. Esto ha hecho que en los últimos tiempos el modelo chileno, supuestamente impecable, comenzara a ser cuestionado por diferentes sectores, incluyendo algunos grupos que forman parte de la Concertación. La reforma del sistema de pensiones y la creación de un pilar solidario que atenúe sus efectos más perversos es una muestra del nuevo clima político. Sin embargo, sólo un observador malintencionado se animaría a pronosticar el fracaso de la izquierda chilena: la popularidad de la presidenta, aunque ha caído, se mantiene en niveles razonables, y dos de los candidatos con más posibilidades de sucederla en 2009 —el actual titular de la OEA, José Miguel Insulza, y el mismo Lagos— integran la coalición, hasta ahora mayoritaria, que gobierna el país desde hace veinte años y que ha sabido mantener vigente el clivaje Sí-No del plebiscito de 1988 como la frontera política esencial que divide a la sociedad. Mientras siga siendo así, la izquierda conserva buenas posibilidades, aunque hoy tal vez menos que ayer, de permanecer en el poder.

En Brasil, la crisis de corrupción de 2005 neutralizó a los dos dirigentes con más chances de convertirse en sucesores de Lula —los ex ministros José Dirceu y Antonio Palocci, que debieron abandonar el gobierno— y debilitó profundamente al PT, definiendo un segundo mandato más lulista y menos petista. Aunque esto naturalmente conspira contra las chances del partido en las presidenciales de 2010, de todos modos el PT cuenta con una reserva de dirigentes, como la favorita del presidente, la actual coordinadora del gabinete, Dilma Rousseff, que podría ofrecer la imagen renovada de un liderazgo femenino, o el ministro Ciro Gomes, ambos con chances de encabezar la fórmula. La posibilidad de derrotar a la oposición, probablemente liderada por el gobernador de San Pablo, José Serra, es por ahora sólo eso, una posibilidad. Pero, aun si pierde, la izquierda brasileña habrá superado con creces su gran prueba de fuego. El despegue económico de los últimos dos años, junto a los efectos de las políticas sociales desplegadas por el gobierno han elevado la imagen positiva de Lula hasta niveles nunca vistos, y todo indica que el líder del PT terminará su mandato con una aprobación sólo comparable a la que acompañó a Lagos cuando dejó la presidencia.

En Argentina, los Kirchner lograron revalidarse en las elecciones presidenciales de 2007, un trámite sin sorpresas que confirmó la identificación entre los sectores populares y el matrimonio presidencial, tal como demostraron la encuestas que establecieron que, a menores niveles de ingreso, mayor apoyo al oficialismo, redondeando un mapa político que guarda algunas semejanzas con el brasileño, con los cordones urbanos más empobrecidos y las zonas más atrasadas del interior —el Noroeste y Noreste de Argentina y el Nordeste de Brasil— como base fundamental de apoyo al gobierno. El peronismo expandido es el principal sostén político de Cristina, pero también su gran límite, pues es dentro de este universo confuso de donde podría surgir una alternativa antikirchnerista o neokirchnerista que busque disputar la sucesión en 2011. La larga confrontación con los productores rurales de 2008 produjo una caída en la imagen presidencial y terminó de alejar al gobierno de las clases medias, y la inflación amenaza su popularidad en los barrios populares. Pese a ello, el matrimonio Kirchner sigue siendo hasta hoy el polo alrededor del cual gira la política argentina.

La crónica inestabilidad de Bolivia no ha afectado la unidad del bloque indígena y campesino, que sigue siendo mayoritario y que, pese al desgastante empate político que paraliza al país, aún puede ganar la pulseada contra el poder económico de Santa Cruz, o al menos llegar a un armisticio. Es cierto, por supuesto, que las regiones rebeldes salieron fortalecidas luego de votar masivamente su autonomía en una serie de plebiscitos encadenados, pero también es verdad que han sido incapaces de construir una alternativa auténticamente nacional. Del otro lado, Evo Morales obtuvo un triunfo contundente en el referendo del 10 de agosto —en el que consiguió el 67% de los votos—, que le permitió confirmar su enorme legitimidad popular (aunque en esa ocasión también se revalidaron los líderes opositores). La economía de Bolivia crece a un ritmo razonable y el Estado cuenta con recursos crecientes gracias a las nacionalizaciones y los altos precios de los hidrocarburos. Y, además, Evo sigue siendo el único capaz de aglutinar detrás de su figura a los heterogéneos sectores populares, atemperar sus históricas demandas y, conteniéndolos, ponerlos detrás de un proyecto político común. La buena noticia es que ninguna solución política podrá ya excluirlos, por más que la luz al final del túnel sea apenas un resplandor imperceptible.

En Ecuador, pese a la oposición de derecha y la resistencia de la oligarquía exportadora de Guayaquil, Rafael Correa ha logrado imponerse en cuatro elecciones consecutivas. En la última, realizada el 28 de septiembre de 2008, el Sí a la reforma constitucional obtuvo el 70% de los votos. En el camino, el joven economista de izquierda logró demoler a las viejas estructuras partidarias, torcer el brazo del Congreso y la Justicia, e imponer su voluntad de producir un cambio institucional inédito, obrando así el milagro de estabilizar, al menos de manera transitoria, el convulsionado panorama político ecuatoriano. Sin embargo, aunque su legitimidad popular no ha disminuido en los años que lleva en el poder y aunque su potencia política ha quedado más que confirmada, Correa debe enfrentar los explosivos desequilibrios derivados de la dolarización, que podrían derrumbar este esquema en cualquier momento. La perspectiva desestabilizadora es una bomba de tiempo económica más que política, y Correa lo sabe, aunque aún no haya encontrado la forma de desactivarla.

Tabaré Vázquez dejará el gobierno en marzo de 2010 y, al igual que Lula, deberá buscar un candidato capaz de sucederlo, pues ya ha anunciado que no intentará una reforma constitucional para habilitar su reelección. Todo indica que el ministro de Economía, el moderadísimo Danilo Astori, se convertirá en el postulante del Frente Amplio, tal vez acompañado por el carismático ex ministro y ex guerrillero tupamaro José Mujica. La resistencia que despierta Astori dentro de importantes sectores de la coalición gobernante podría poner en peligro su candidatura, pero la alta aceptación de su gestión económica en la sociedad es una carta demasiado buena como para no jugarla. Sin salirse del libreto de cambio tranquilo prometido en la campaña, sintonizando con el espíritu gradualista de la sociedad uruguaya, el Frente Amplio llega al final de sus cinco años de gobierno con una amplia aceptación popular, que lo ha consolidado como uno de los dos grandes polos de la política y que le brinda buenas posibilidades —aunque no todas, naturalmente— de mantenerse en el poder.

Una por una, las perspectivas de los siete países analizados en este libro permiten llegar a una conclusión esencial: a pesar de la crisis económica que en muchos casos acompañó su ascenso al gobierno, del descalabro institucional y de las incertidumbres y los riesgos que fueron apareciendo en el camino, la nueva izquierda ha logrado afirmarse en el poder. En muchos casos, además, tiene buenas chances de mantenerse allí o al menos incidir en la elección de un sucesor amigable. Por supuesto, no es lo mismo el caso de Chávez, que gobierna hace una década, que el de Correa, que se convirtió en presidente en noviembre de 2006. Pero lo central, en estas páginas finales, es señalar que la era de la izquierda no ha concluido. Partiendo de esta idea, en este último capítulo me propongo sintetizar sus principales características, que seguramente el lector ya habrá ido advirtiendo, pero que no está de más pasar en limpio, y que derivan tanto de su origen común en un momento especial de la historia mundial, marcado por el fin de la Guerra Fría y la nueva hegemonía estadounidense, como de la situación particular de cada país, condicionada por la transición del autoritarismo a la democracia y del desarrollismo al neoliberalismo. Y en el final, la pregunta sobre la que descansa este libro: ¿por qué seguimos hablando de izquierda?

UNA IZQUIERDA POS-GUERRA FRÍA

Primero la paradoja. La nueva izquierda surgió de entre los escombros del Muro de Berlín. Aunque en aquella época casi todos los países sudamericanos todavía festejaban el fin de la dictadura y algunos de ellos ya se embarcaban en la aventura del Consenso de Washington, y aunque nadie, en ese momento, pensaba en un revival izquierdista, fue precisamente ahí, en el momento exacto en que los alemanes de Berlín Oriental destruyeron el muro que los separaba de Occidente, cuando se abrió la compuerta.

Esta aparente contradicción tiene en realidad una explicación bastante simple. Luego de la Segunda Guerra Mundial, por un pacto no escrito pero no por eso menos real, las dos superpotencias se repartieron el planeta y acordaron tácitamente no intervenir dentro del campo rival. Así como Moscú podía invadir Checoslovaquia y solo cosechaba protestas formales de Estados Unidos, Washington podía disponer a su antojo de Centroamérica, el Caribe o Chile sin que los soviéticos hicieran mucho más que quejarse. Hubo excepciones, la más notable de las cuales fue Cuba, pero luego de la crisis de los misiles de 1962 y del tácito compromiso soviético de no utilizar a la isla como base para un ataque nuclear el asunto quedó resuelto.

Por obvios motivos geográficos, históricos y culturales, América Latina quedó bajo el ala de Estados Unidos, que impidió que surgieran gobiernos díscolos en su patio trasero mediante diversos métodos, siempre antidemocráticos y casi siempre cruentos: la participación de la CIA en el golpe contra Allende y el abierto respaldo a las dictaduras del Cono Sur se combinaron con decisiones todavía más descaradas, como el apoyo a la Contra en Nicaragua o la invasión de los marines a la República Dominicana. Podría incluso arriesgarse una ecuación: cuánto más cerca de Estados Unidos y de sus intereses se encontraba un país, más fuerte y directa era la presión.

Pero a partir de 1989 la Unión Soviética dejó de ser un poder capaz de poner en función de sus intereses geopolíticos a los gobiernos subordinados, perdió buena parte de su carácter amenazante y liberó de la obligación de la competencia bipolar a un Washington superpoderoso, que en poco tiempo extendió su influencia a prácticamente todo el planeta y que, tras los atentados del 11 de septiembre, terminó de cerrar el círculo de su nueva doctrina de seguridad: el verdadero enemigo ya no era el comunismo, sino el terrorismo. En este nuevo contexto, dominado por los desastres de Irak y Afganistán y por la amenaza de Irán, la verdad es que el viejo patio trasero lucía relativamente tranquilo. Estados Unidos decidió concentrarse en México y Centroamérica, que integran su área más directa de influencia, y quitó su atención de Sudamérica, donde su presencia, sin desaparecer del todo, se tornó menos directa, más suave. Y esto, como explica Teodoro Petkoff, habilitó un espacio de autonomía que antes no existía y creó una condición de posibilidad clave para el ascenso de la nueva izquierda.

Este primer dato, esencial para entender el origen de los gobiernos analizados, ayuda también a explicar algunas de sus principales características.

La primera, la más evidente, es que ya no hay por delante un horizonte revolucionario, el norte que durante años guió los destinos de la izquierda y que era, en definitiva, un legado de la Revolución Francesa, de su fe en el curso lineal de la historia y el progreso indetenible hasta alcanzar un mundo dorado. Antes también existían, por supuesto, partidos de izquierda moderada, pero incluso ellos debían lidiar con el debate revolución o reforma, y hasta los más cautos tenían que enfrentar las acusaciones de que en el fondo su camino conducía a la Roma soviética. El comunismo pesaba sobre sus espaldas como una mochila de plomo y los obligaba a responder a las acusaciones de los más radicales — “capitalistas”,“pequeños burgueses”,“tibios”— y las sospechas de la derecha —“comunistas encubiertos”—. Hoy, en el marco de una izquierda claramente posrevolucionaria, sólo un lunático podría acusar a Tabaré Vázquez o a Michelle Bachelet de esconder un plan totalitario, e incluso allí donde el fantasma del comunismo mantiene cierta vigencia, las denuncias lucen extemporáneas: la idea de que Chávez quiere imponer una dictadura roja es bastante absurda, pues su proyecto es mucho más complejo y contradictorio que la imposición del partido único o la simple estatización de los medios de producción.

Esto ha generado un saludable cambio de horizontes. Cuando la utopía revolucionaria estaba viva, la izquierda dedicaba mucho tiempo y esfuerzo a debatir el largo plazo, casi siempre sin ponerse de acuerdo: si dictadura del proletariado sí o no, si gobierno de los soviets o del pueblo, si emancipación planetaria o revolución nacional. Esas diferencias, que a larga se revelarían completamente inútiles, funcionaban, como explica el politólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, como dogmatismos bloqueadores que complicaban la construcción política concreta. Hoy, en cambio, el largo plazo es difuso. Cualquiera de los líderes que protagonizan esta historia, de Lula a Evo Morales, coincidirá en sintetizar sus planes en un par de nociones más bien abstractas: equidad, desarrollo, inclusión social. Las diferencias no están en el largo, sino en el corto plazo, lo cual no está nada mal, pues se trata de debatir qué medidas concretas y urgentes —por ejemplo, ¿nacionalizaciones sí o no?— son más adecuadas para alcanzar esos objetivos. Y esto, que implica reorientar la energía a la resolución de problemas prácticos, le ha inyectado a la nueva izquierda interesantes dosis de flexibilidad, evidenciadas en la decisión de adaptarse a las circunstancias de cada país (en lugar de intentar que el país se adapte al master plan revolucionario) y en el tono reformista y pragmático que ha alcanzado, en el hecho de que aun los más radicales avancen por caminos sinuosos que excluyen los desvíos al todo o nada.

La forma de llegar al gobierno también es distinta. En uno de los pocos libros interesantes sobre el tema, César A. Rodríguez Garavito, Patrick S. Barrett y Daniel Chavez explican que la izquierda posMuro no sigue la clásica vía revolucionaria para la toma del poder, la organización de una vanguardia iluminada a la que las clases explotadas seguirían ciegamente, ni tampoco la tesis de Salvador Allende de triunfar en las elecciones para luego producir un cambio radical que concluya con un mundo feliz de socialismo y democracia. El primer capítulo de este libro, donde describí a grandes rasgos los procesos históricos que concluyeron con el ascenso de los líderes de la nueva izquierda, revela la variedad de opciones: la construcción electoral paciente, al estilo Lula o Tabaré; la formación de coaliciones al centro, como la Concertación chilena; la combinación de acción institucional con operaciones extrainstitucionales, como en Bolivia; o el aprovechamiento de circunstancias extraordinarias producidas por el derrumbe del sistema político, como Chávez, Kirchner o Correa. No hay un manual único para la toma del poder, sino una variedad de caminos definidos de acuerdo con las características de cada país y cada momento histórico. En todos los casos, sin embargo, el objetivo máximo sigue siendo llegar al gobierno, del más pequeño municipio al gobierno nacional, en base a la noción de que es desde allí, desde el ejercicio cotidiano del poder, desde donde se puede transformar la realidad, lo que a su vez implica un rechazo implícito a los sueños de cambiar el mundo sin tomar el poder, la apuesta a movimientos políticos idealizados que no existen ni existirán nunca y demás devaneos esotéricos de teóricos al estilo Hardt y Negri.

Y esto a menudo supone también un cambio de protagonistas. Si hasta 1989 el sujeto político de la izquierda era, al menos en teoría, la clase obrera, hoy las cosas son diferentes: las transformaciones en el mundo del trabajo, el aumento de la informalidad laboral y el debilitamiento de los sindicatos han hecho que en muchos países, como en Bolivia o Ecuador, la nueva izquierda se apoye más en los movimientos sociales que en los obreros organizados, y que en otros lugares, como Argentina o Brasil, su base electoral combine a los clásicos sindicatos con los trabajadores informales, los excluidos urbanos, campesinos. La izquierda no puede ya descansar en el mero respaldo de los trabajadores organizados, sencillamente porque hoy no alcanzan para ganar una elección en prácticamente ningún país sudamericano.

Finalmente, una última característica que también se explica por su origen común pos-Guerra Fría. Mientras la utopía revolucionaria estaba viva, la clásica obligación internacionalista de hacer la revolución mundial había consolidado en la izquierda una mirada básicamente nacional, donde lo único que importaba era tomar el Estado central para, desde allí, continuar con la epopeya de la emancipación planetaria. ¿Para qué preocuparse por ganar la intendencia de Montevideo o Rosario si lo que estaba en juego era algo mucho más grande (y lejano, por supuesto)? Hoy, en cambio, la izquierda valora los pequeños triunfos de la política. Y aunque, como ya dijimos, apunta en última instancia a conquistar el poder nacional, no desprecia la construcción local: tal vez haya sido éste el mayor aporte conceptual del PT brasileño, que antes de alcanzar el gobierno federal gestionó municipios como Porto Alegre, donde inventó el mundialmente famoso presupuesto participativo, y San Pablo, que gobernó durante cinco años. La experiencia de las gestiones municipales y estaduales del PT, del Frente Amplio, de los indígenas bolivianos y de los grupos de izquierda que luego se incorporarían al chavismo cambió la forma de entender la política —una cosa es pasarse el día pegando afiches y otra muy distinta tener que gobernar ciudades con un presupuesto limitado— y contribuyó a reforzar el estilo pragmático que caracteriza a la nueva izquierda.

UNA IZQUIERDA DEMOCRÁTICA Y GLOBALIZADA

Si las características apuntadas hasta aquí se explican por el fin de la Guerra Fría y la desaparición del mundo bipolar, las que enumero a continuación derivan del ocaso de las dictaduras y la redemocratización que casi todos los países sudamericanos festejaron en algún momento entre fines de los 70 y comienzos de los 90. Durante la larga noche autoritaria, la izquierda había sufrido como pocos la acción represiva de los militares, con sus partidos proscriptos y muchos de sus líderes viviendo la persecución en carne propia: Bachelet, torturada por la policía política pinochetista; Lula, encarcelado por su liderazgo sindical en San Pablo; los Kirchner, refugiados en el exilio interno. Y fue justamente esta etapa de palos y botas la que generó el segundo cambio notable en la personalidad política de la izquierda: la democracia, antes considerada una fachada burguesa que ocultaba la dominación de clase, comenzó a ser revalorizada como un bien que era necesario defender a toda costa. Como me dijo Luis Maira: “Después de la segunda sesión de tortura, uno empieza a valorar el habeas corpus”. Segunda paradoja, entonces, de la nueva izquierda: es democrática porque sufrió la dictadura.

Esto es especialmente cierto en aquellos partidos que se crearon como parte de los movimientos de resistencia a los regímenes militares (PT) o que se consolidaron y modernizaron durante esa etapa (Frente Amplio, socialismo chileno y en menor medida el peronismo) y en aquellos líderes, como Lagos, Bachelet o Lula, que se formaron políticamente en la lucha por la recuperación de la democracia o que compartieron la experiencia del exilio, donde se crearon redes internacionales de solidaridad que fortalecieron estas nuevas concepciones. Hoy todos son democráticos, y aun aquellos que hablan de construir una democracia diferente no piensan en abolirla. Ni siquiera Chávez, tal como demuestra el detalle, a menudo ignorado por sus opositores, de que sus dos proyectos de reforma constitucional fueron prolijamente sometidos a la voluntad popular, aunque obviamente con un espíritu más plebiscitario que republicano.

Se trata, entonces, de una izquierda democrática, que se somete regularmente a las pruebas electorales y que se mueve, aunque a menudo forzándolos, dentro de los límites constitucionales, una novedad notable que generó, a su vez, una nueva mirada sobre la sociedad civil, antes despreciada como un espacio accesorio, irrelevante, en la lucha que verdaderamente importaba —la disputa por el poder estatal— y que ahora es revalorizada como una arena política esencial. Y esto también es resultado de los cambios del pasado reciente, cuando los movimientos de resistencia a la dictadura y las primaveras democráticas propiciaron el surgimiento de una serie de organizaciones —organismos defensores de los derechos humanos, movimientos sociales, indígenas, feministas— que le imprimieron un tono completamente nuevo al antiguo rojo de la izquierda. Hoy, además de las clásicas cuestiones económicas, de desigualdad y de clase, la agenda de la izquierda incluye —sobre todo en los países andinos y en menor medida en Brasil— los temas de etnia y raza, pero también de género, diversidad cultural, ecología; una nueva agenda diseñada un poco para adaptarse a los nuevos tiempos y otro poco como respuesta a un argumento tan evidente como novedoso: todas estas desigualdades complementan o potencian la clásica desigualdad social, y para acabar con una es necesario encararlas todas.

Contra lo que suele pensarse, la vieja izquierda no era ni pluralista ni abierta, y en general prestaba poca atención a las demandas particularistas: la Revolución Nacional Boliviana de 1952, que algunos califican como la más radical del siglo XX sudamericano, encaró un proyecto de homogenización mestiza dentro del cual la cuestión indígena no ocupaba ningún lugar. Otro ejemplo: en 1983, el gobierno sandinista de Daniel Ortega ordenó la relocalización autoritaria de las comunidades de indígenas miskitos de la orilla del río Coco con el argumento de que colaboraban con la Contra, lo que le generó serias acusaciones de matanzas. Del mismo modo, la Revolución Cubana incorporó recién en los últimos años la cuestión de la discriminación racial a su repertorio de lucha. Y no es que los viejos comandantes revolucionarios ignoraran estas cuestiones, sino que se amparaban en la idea de que la igualación económica acabaría automáticamente con todas las demás inequidades, un supuesto que se fue disolviendo últimamente: hoy, como sostiene el politólogo uruguayo Daniel Chavez, el derecho a la diferencia ocupa un lugar tan relevante como el derecho a la igualdad en el imaginario de la izquierda.

Por eso conviene tener cuidado con las visiones de moda que proponen una división tajante entre una izquierda buena y otra mala. El mexicano Jorge Castañeda, por ejemplo, distingue entre la izquierda de Lula, Lagos y Tabaré Vázquez, a la que califica de “sensata y moderada”, de la izquierda de Chávez y Evo Morales, a la que tilda de “populista”, “nacionalista” y “demagógica” (el hombre no es tacaño a la hora de gastar adjetivos). Teodoro Petkoff, en un influyente artículo publicado en Nueva Sociedad, habla de una izquierda moderna, más cercana a la socialdemocracia, en Brasil, Uruguay y Chile, frente a los gobiernos de Venezuela y Bolivia, a los que califica con ingenio de “izquierda borbónica”, porque, como la vieja la casa real,“ni olvida ni aprende”. Patricio Navia, un joven y popular politólogo chileno, tituló un ensayo sobre el tema “La izquierda de Lagos versus la izquierda de Chávez”. Andrés Oppenheimer, el más famoso de los periodistas liberales latinoamericanos, piensa más o menos lo mismo. Y también James Petras, sociólogo norteamericano cultor de un marxismo rústico, que divide a la región en los mismos grupos, sólo que invirtiendo la valoración.

Pero esta dicotomía, aunque atractiva, puede resultar engañosa. Si se trata de separar en grupos, lo más inteligente es hacerlo según el tema: en economía, todos los gobiernos apuestan a apoderarse de un mayor porcentaje de la renta, pero es posible diferenciar a aquellos que implementaron políticas de nacionalización de los recursos naturales (Venezuela y Bolivia), de los que no necesitan reestatizar su principal fuente de exportaciones porque ya pertenece al Estado (Chile), de los que optaron por la creación de nuevos impuestos (Argentina y Ecuador), de los que apuestan a una reforma tributaria más amplia (Uruguay), de los que tienen una estructura económica diversificada y compleja que impide este tipo de medidas (Brasil). Desde el punto de vista institucional, la división más interesante es la que existe entre los gobiernos que surgieron luego del colapso del sistema político y que buscan reformar la constitución con un espíritu refundacionista (Venezuela, Bolivia y Ecuador), de los que atravesaron transiciones más suaves sin cambiar de raíz el marco institucional (Brasil, Uruguay, Argentina y Chile). La política internacional, mientras tanto, tiene como rasgo común la decisión de mantener cierta autonomía respecto de Estados Unidos, pero también permite distinguir a los gobiernos que apuestan al Mercosur (Argentina y Brasil), de los que buscan un camino más autónomo (Chile y tal vez Uruguay), de los que, pese a los coqueteos, se mantienen dentro de la institucionalidad andina (Bolivia y Ecuador), de los que forman parte del ALBA (Venezuela y Bolivia).

Como se ve, las cosas son siempre más complicadas y confusas. Aunque los esquemas dicotómicos a veces ayudan, lo mejor es mirar caso por caso. Y si de generalizar se trata, la clave es explorar los rasgos comunes a todos. La pregunta final avanza por este camino: ¿de qué hablamos cuando hablamos de izquierda?

UNA VIEJA DEFINICIÓN

La cuestión de la izquierda ha sido largamente debatida por políticos, intelectuales y analistas. ¿Tiene sentido seguir hablando de la izquierda como de una entidad única y enfrentada a una supuesta derecha? Creo que sí, y que la respuesta está en un pequeño librito de Norberto Bobbio, el gran polítologo italiano que en 1995 zanjó milagrosamente el debate acerca de la utilidad o no de la clásica distinción. Harto de la supuesta muerte de las ideologías, el proclamado fin de la historia y la ilusión de las sociedades ambidiestras, Bobbio demostró en unas pocas páginas por qué se puede seguir hablando de izquierda y derecha. La clave reside en la posición frente la desigualdad (y podríamos agregar, para el caso latinoamericano, la pobreza, pues Bobbio pensaba sobre todo en Europa, donde el problema es la desigualdad más que la pobreza). De acuerdo con este punto de vista, mientras que la izquierda identifica a aquellas corrientes políticas que ponen a la desigualdad en el centro de su acción y que desarrollan diferentes estrategias para reducirla, la derecha la considera inherente a la condición humana, un hecho natural que no sólo no tiene sentido combatir, sino que incluso puede ser positivo, sobre todo si es resultado del esfuerzo individual, pues funciona como un motor del progreso. En el esquema de Bobbio, la libertad no tiene que ver con izquierda o derecha, sino con moderados o radicales.

Retomo, entonces, una idea esbozada en la introducción. Los siete gobiernos analizados en este libro pueden agruparse bajo el rótulo de izquierda porque le asignan a la lucha contra la desigualdad y la pobreza una prioridad máxima. Todos ellos han logrado avances en la incorporación de sectores antes excluidos, fenómeno que implica recuperar las mejores virtudes del populismo clásico y que se manifiesta de diferentes formas. La primera, la más elemental, es la incorporación al mercado y al consumo (en algunos dramáticos casos, al consumo de alimentos básicos) a través de programas de transferencia de renta, aumentos salariales o subsidios. Igual de importante, y a menudo un resultado de lo anterior, es el incremento de la matrícula escolar. La cobertura de salud también se ha ampliado. Y en algunos países estos procesos llegaron junto con la incorporación política de amplios grupos que, aunque formalmente reconocidos, se encontraban excluidos de hecho: los indígenas bolivianos son el mejor ejemplo.

Por supuesto, la profunda inequidad que caracteriza a Sudamérica no ha desaparecido y los avances, al menos hasta ahora, tienen más que ver con el acceso a alimentos, educación, salud y empleo, que con una modificación drástica de las estructuras sociales. Además, sería injusto otorgar el mérito exclusivo de todas estos progresos a los gobiernos avanzados. La historia pocas veces procede a los saltos y en muchos países, sobre todo en Chile y Brasil, los avances forman parte de tendencias que vienen de antes. No obstante, es innegable que la nueva izquierda ha profundizado y ampliado estas conquistas, en algunos casos hasta límites que poco tiempo atrás parecían imposibles.

La perspectiva es relacional. Como explica el sociólogo chileno Fernando Mires, una izquierda sin derecha es, además de una imposibilidad geométrica, un absurdo político. Y en este sentido mi argumento es que la nueva izquierda le asigna a la reducción de la pobreza y la lucha por la igualdad un lugar más importante que el que le otorgan sus adversarios, en un doble sentido: sus adversarios históricos (el neoliberalismo de la década anterior) y sus adversarios actuales (las fuerzas opositoras de cada país). El primer aspecto del argumento es difícil de rebatir, porque hoy ni siquiera los defensores más enconados del Consenso de Washington desmienten la fractura social que dejaron las experiencias de los 90. El segundo es más complejo, pero también comprobable: en general, la oposición a la nueva izquierda ha elegido poner el foco en los problemas de gestión, los déficits institucionales, el populismo, la concentración de poder, el personalismo, la corrupción, pero en prácticamente ningún caso han hecho de la búsqueda de igualdad social o la lucha contra la pobreza el eje de sus campañas. El hecho de que los sectores más pobres se hayan convertido en la base política de estos gobiernos —la idea de que, por primera vez, los pobres se acercan a la izquierda— termina de confirmar la esencia del argumento.

En este sentido, una de las características más notables de la nueva izquierda es que, como sostiene el politólogo argentino Sebastián Etchemendy, ha contribuido a bipolarizar los paisajes políticos nacionales. Si en el pasado era la adhesión o no al Consenso de Washington la que dividía las aguas, hoy son los gobiernos de izquierda los que fijan la frontera: en Venezuela se es chavista o antichavista, y no hay mucho espacio para las posiciones intermedias. En Ecuador, uno es partidario de Correa u opositor, y en Bolivia la definición pasa por el apoyo o no a Evo Morales, aunque el polo contrario esté liderado por las regiones autonomistas más que por los partidos políticos. Argentina se debate, desde abril de 2003, entre el apoyo y el rechazo a los Kirchner, y Chile sigue dividida entre los partidarios de la Concertación y la oposición de derecha. Los realineamientos son claros también en Brasil, donde el caótico e hiperfederalizado sistema de partidos se ha reorganizado en función de su adhesión o no al gobierno del PT, y en Uruguay, donde las dos fuerzas políticas tradicionales, enfrentadas durante un siglo, se unen contra el Frente Amplio. Aunque algunos descalifican esta nueva realidad como una polarización excesiva que impide gestar consensos políticos, también puede interpretarse como una forma efectiva de transparentar a la sociedad sus verdaderas opciones. Y aunque se trata, por supuesto, de articulaciones provisorias, que seguramente se disolverán en el mismo momento en que los gobiernos pierdan las elecciones, por el momento nos permiten decir “izquierda” sin temor a caer en pasados remotos o escenarios idealizados.

Posrevolucionaria, pragmática, flexible, democrática, abierta a las minorías, desideologizada, muy diferente de la del pasado, la nueva izquierda sigue siendo izquierda. La novedad es que se ha convertido, inesperadamente, en la gran protagonista de este tiempo. Y aunque algún día, por supuesto, su ciclo concluirá, porque las cosas siempre cambian y porque afortunadamente es imposible congelar la historia, su final no aún ha llegado. Mientras tanto, seguiremos diciendo izquierda.

Fuentes y bibliografía

A diferencia de los capítulos anteriores, ordeno aquí la bibliografía no por temas sino alfabéticamente, para ofrecer al lector un panorama general de los libros, artículos y documentos que ensayan visiones generales sobre la nueva izquierda.

Cynthia J. Arnson y José Raúl Perales (eds.) (2007) The New Left and Democratic Governance in Latin America, Woodrow Wilson International Center for Scholars.

Norberto Bobbio (1996) Derecha e izquierda. Razones y significados de una distinción política,Taurus.

Demetrio Boersner (2005) “Gobiernos de izquierda en América Latina: tendencias y experiencias”, en Nueva Sociedad, Nº 197, mayo-junio.

Atilio Boron (2004) “La izquierda latinoamericana a comienzos del siglo XXI. Promesas y desafíos”, en César A. Rodríguez Garavito, Patrick S. Barrett y Daniel Chavez (eds.) La nueva izquierda en América Latina, Norma.

Kathleen Bruhn (2006) “Is Latin America Turning Socialist? The Region’s Electoral Trend”, ReVista, Harvard, primavera 2006.

Jorge G. Castañeda (2006) “Latin America’s Left Turn”, en Foreign Affairs,Vol. 85, Nº 3, mayo-junio.

Daniel Chavez y Benjamin Goldfrank (2004) La izquierda en la ciudad. Participación en gobiernos locales de América Latina, Icaria.

Matthew R. Cleary (2004) “Explaining the Left’s Resurgence”, en Journal of Democracy,Vol. 17, Nº 4, octubre.

Boaventura de Sousa Santos (2004) “Una izquierda con futuro”, en César A. Rodríguez Garavito, Patrick S. Barrett y Daniel Chavez (eds.) La nueva izquierda en América Latina, Norma.

Sebastían Etchemendy (2008) “¿Izquierda de actores o de política social? El dilema del progresismo en América Latina”, Revista Umbrales Nº 5, abril-julio.

Fernando Mires (2007) “Estado y política. La lucha por la democracia en América Latina”, en Nueva Sociedad, Nº 40, julio-agosto.

Michael Hardt y Antony Negri (2002) Imperio, Paidós.

Marta Harnecker (2000) La izquierda en el umbral del Siglo XXI, Siglo XXI Pablo Herrero (ed.) (2006) La “izquierda” en América Latina, Editorial Pablo Iglesias-Siglo XXI.

Ernst Hillebrand y Jorge Lanzaro (2007) “La izquierda en América Latina y Europa: nuevos procesos, nuevos dilemas”, FESUR.

Fernando Iglesias (2006) Qué significa hoy ser de izquierda, Sudamericana.

Jorge Lanzaro (2008) “La socialdemocracia criolla”, en Nueva Sociedad, Nº 217, septiembre-octubre.

Jorge Lanzaro (2006) “La ‘tercera ola’ de las izquierdas latinoamericanas”, en Pablo Herrero (ed.) La “izquierda” en América Latina, Editorial Pablo Iglesias- Siglo XXI.

Wilfredo Lozano (2005) “La izquierda latinoamericana en el poder: interrogantes sobre un proceso en marcha”, en Nueva Sociedad, Nº 197, mayo-junio.

Patricio Navia (2006) “La izquierda de Lagos versus la izquierda de Lula”, en Foreign Affairs en Español,Vol. 6, Nº 2, abril-junio.

Francisco Panizza (2006):“La Marea Rosa. Análisis de Conyuntura”, en OPSA, Nº 8, Observatorio Político Sul-Americano, Instituto Universitario de Pesquisas do Río de Janeiro.

Francisco Panizza (2005):“Unarmed Utopia Revisited:The Resurgence of Leftof-Centre Politics in Latin America”, en Political Studies,Vol. 53.

Ludolfo Paramio (2007) “Giro a la izquierda y regreso del populismo”, en Nueva Sociedad, Nº 205, septiembre-octubre.

Ludolfo Paramio (2003) “Perspectivas de la izquierda en América Latina”, Documento del Real Instituto Elcano.

Teodoro Petkoff (2005) “Las dos izquierdas”, en Nueva Sociedad, Nº 197, mayojunio.

James Petras (2000) La izquierda contraataca, Editorial Akal.

Franklin Ramírez Gallegos (2006) “Mucho más que dos izquierdas”, en Nueva Sociedad, Nº 205.

Kenneth Roberts (2008) “Es posible una socialdemocracia en América Latina”, en Nueva Sociedad, Nº 217, septiembre-octubre.

Kenneth Roberts (2007) Latin America’s Populist Revival, en SAIS Review, Nº 27.

César A. Rodríguez Garavito (2007) “La telenovela de la izquierda latinoamericana”, en Brecha, Nº 1025.

César A. Rodríguez Garavito, Patrick S. Barrett y Daniel Chavez (2004) “¿La utopía revivida? Introducción al estudio de la nueva izquierda latinoamericana”, en César A. Rodríguez Garavito, Patrick S. Barrett y Daniel Chavez (eds.) La nueva izquierda en América Latina, Norma.

Marc Saint-Upéry (2008) El sueño de Bolívar. El desafío de las izquierdas sudamericanas, Paidós.

Héctor E. Schamis (2006) “Populism, Socialism and Democratic Institutions”, en Journal of Democracy,Vol. 17, Nº 4, octubre.

Peter H. Smith (2006) “Perspectivas de la izquierda latinoamericana”, en Pablo Herrero (ed.) La “izquierda” en América Latina, Editorial Pablo Iglesias-Siglo XXI.

Martín Tanaka (2006) “El agotamiento del modelo neoliberal y el resurgimiento de la izquierda en los países andinos”, en Pablo Herrero (ed.) La “izquierda” en América Latina, Editorial Pablo Iglesias-Siglo XXI.

Alain Touraine (2007) “Entre Bachelet y Morales, ¿existe una izquierda en América Latina?”, en Nueva Sociedad, Nº 205, septiembre octubre.

Carlos Vilas (2005) “La izquierda latinoamericana y el surgimiento de regímenes nacional-populares”, en Nueva Sociedad, Nº 197, mayo-junio.

Políticos e intelectuales

Este libro es, en buena medida, resultado de las conversaciones, entrevistas y charlas más o menos informales que mantuve en los últimos años y en diferentes países de América Latina y Europa con decenas de funcionarios y ex funcionarios, legisladores, intelectuales, periodistas, diplomáticos y analistas. Menciono primero a los políticos, al fin y al cabo los grandes protagonistas de esta historia, agrupados por país, y luego a los académicos e intelectuales, según la ciudad en la que conversé con ellos.

POLÍTICOS

De Argentina: Néstor Kirchner, Eduardo Duhalde, Carlos “Chacho” Álvarez, Alberto Fernández, Juan Manuel Abal Medina.

De Brasil: Fernando Henrique Cardoso, Marco Aurelio García, Luiz Carlos Bresser-Pereira.

De Bolivia: Álvaro García Linera, Juan Ramón Quintana.

De Chile: Ricardo Lagos, Carlos Ominami, Luis Maira.

De Ecuador: Osvaldo Hurtado, Alberto Acosta.

De Uruguay Luis Alberto Lacalle, Daisy Tourné, Felipe Michelini, Juan Faroppa.

De Venezuela: Teodoro Petkoff.

INTELECTUALES

En Buenos Aires: Isidoro Cheresky, Hugo Quiroga, Manuel Antonio Garretón, Rafael Piñeiro, Ernesto Laclau, Guillermo O’Donnell, Riordan Roett, Bernardo Kliksberg, Mario Wainfeld, Juan Gabriel Tokatlian, Roberto Bouzas, Pablo Gerchunoff, Edgardo Mocca, Daniel Chavez, Marcos Novaro, Gabriel Kessler, Atilio Boron, Ariel Armony, Sebastián Etchemendy, Gladys Lechini, Horacio Verbitsky, Horacio González, Nicolás Casullo, Osvaldo Azzetta, Pablo Bustos.

En Berlín: Marco Aurelio Nogueira, Fernando Calderón, Silvia Gómez Tagle.

En Caracas: Boris Muñoz, Margarita López Maya, Edgardo Lander, Elsa Cardozo, Carlos Romero.

En Quito: Adrián Bonilla, Elsa Cardozo, Eduardo Kingman, Luis Lander, Marc Saint-Upéry, Franklin Ramírez Gallegos, Andrés Pérez Baltodano.

En San José: Luis Guillermo Solís, Jorge Balbis.

En Montevideo: Rafael Piñeiro, Jorge Lanzaro, Rafael Paternain, Daniel Chavez, Stella Martini, Aldo Cívico.

En La Habana: Mayra Espina, Omar Everleny Pérez, Roberto Dávalos.

En La Paz: Pablo Stefanoni, Rafael Archondo, Carlos Toranzo, Hervé Do Alto.

En San Pablo: Gilberto Dupas, Marco Aurelio Nogueira, Vicente Palermo, Sergio Cesarin, Brasilio Sallum Jr., Gildo Marçal Brandão.

En Santiago de Chile: Ricardo French Davis, Manuel Antonio Garretón.

Gracias

A Joachim Knoop, director de Nueva Sociedad, porque sin mi trabajo en la revista, el contacto cotidiano con políticos y académicos, los seminarios y conferencias y los viajes, este libro nunca hubiera sido posible. Por permitirme trabajar con enormes dosis de libertad y por las charlas cotidianas en el bar de la plaza Dorrego sobre los próximos números, la realidad latinoamericana y —lo más importante de todo— la prosperidad de nuestras plantas.

Al maestro Fernando Calderón, porque aprendo mucho hablando con él —especialmente sobre Bolivia, su paraíso perdido— y porque, además, me enseñó este aforismo:“El que dice que sabe lo que pasa en Bolivia es porque está mal informado”.

A los que leyeron capítulos, fragmentos y borradores del libro, sugirieron cambios y realizaron todo tipo de aportes: Pablo Gerchunoff, Joachim Knoop, Ariel Armony (que me llamó desde su casa en Maine para contarme sus certezas y sus dudas), Edgardo Mocca (que se tomó el trabajo de marcar en el texto errores y contradicciones y enviarme una carta precisa y cariñosa), Julián Natanson y mi mamá, Cristina, que detectaron a tiempo muchos errores con ojo de lince.

A los colegas de la Fundación Friedrich Ebert, porque muchas ideas incluidas en este libro surgieron en conferencias y seminarios que compartimos a lo largo de los últimos cuatro años.

A Fernando Cibeira, Vicky Ginzberg, Ernesto Tiffenberg, Mario Wainfeld y los amigos de Página/12, de donde me fui hace ya un tiempo, pero donde me sigo sintiendo como en casa.

A Glenda Vieites, a quien reencontré después de muchos años, igual de joven pero más sabia, porque acompañó el libro desde el comienzo, aportó buenas sugerencias al principio y tomó inteligentes decisiones en el final.

A Silvia Gabarrot, que buscó las fotos y las editó con buen criterio y mejor disposición.

A Silvina, Luciana, Eugenia y Binthou, por el trabajo conjunto y por los almuerzos en la pequeña cocina de Defensa.

A Isidoro Cheresky, por las conversaciones a lo largo de los años.

A Graciela Mochkofsky, que me explicó cómo lidiar con una editorial grande.

A Martín Sivak, por las charlas sobre Bolivia.

A Pablo Stefanoni, que me ayudó con contactos y su conocimiento sobre Bolivia, por los encuentros en La Paz, Quito y Buenos Aires.

A Marco Aurelio Nogueira, por las charlas en Berlín y Buenos Aires y por la última lasagna en San Pablo.

A Facundo Nejamkis, por las gestiones con políticos latinoamericanos y por facilitarme la entrevista con Carlos Ominami.

A Chacho Álvarez, con quien siempre es bueno hablar de política.

A Luis Maira, por los camarones en La Habana.

A Tedoro Petkoff, por la charla en Caracas y las caipirinhas en Caxambú.

A Bernardo Kliksberg, por los proyectos conjuntos.

A Sergio Cesarin, por nuestro último viaje a San Pablo. A Silvia Gómez Tagle, por las charlas en Berlín y Buenos Aires.

A Marc Saint-Upéry, por la cena en su casa de Quito y por enviarme por mail su excelente El sueño de Bolívar.

A Margarita López Maya, porque cada vez que habla de Venezuela entiendo mejor qué pasa.

A Manuel Antonio Garretón, con quien conversé en Buenos Aires, Quito y Santiago, donde me invitó a almorzar y no me dejó pagar la cuenta.

A Adrián Bonilla, que me invitó a comer en una cevichería de Quito.

A Martín Granovsky, que cuando tenía dudas sobre el tono me sugirió que leyera Europa Europa, de Hans Magnus Enzensberger.

A Boris Muñoz, por el pacífico traspaso de mando en Nueva Sociedad, por el ron en Caracas, el último asado en mi casa en Buenos Aires y por los contactos esporádicos en los últimos años.

A Vicente Palermo, por recibirme en su antiguo caserón en Boedo para hablar de Brasil.

A Daniel Chavez, que me envió un ejemplar de La nueva izquierda en América Latina, trabajo pionero en el tema del cual abusé en el último capítulo.

A Carlos Romero, que me mandó una copia de Jugando con el globo.

A Ezequiel Acuña, por los informes en la etapa preliminar.

A Gabriel Puriccelli, que me facilitó contactos con el PT y el Frente Amplio.

A Lisandro Varela, por las gestiones para la entrevista con el ex presidente Luis Alberto Lacalle en su oficina, y por tantas otras colaboraciones.

A mi familia, a mis amigos.

Y a mi mujer, Giselle Cohen. Éste es el tercer libro que publico y el primero con dedicatoria compartida, porque en el medio nació Juan y cambió todo. Pero ya vendrán otros libros y otras dedicatorias. Mientras tanto, gracias por acompañar el proceso de redacción con el amor y la paciencia de siempre, por aportar sugerencias y comentarios valiosos y por soportar estoicamente mis viajes por América Latina, incluso con un pie quebrado.

Ricardo Stuckert/PR

Luiz Inácio Lula da Silva: nacido en la miseria del Nordeste brasileño, ex vendedor callejero, ex tornero mecánico y sindicalista, fundador del partido de izquierda más votado del mundo, dos veces presidente de Brasil.

Presidencia de la Nación

Lula con el matrimonio Kirchner, como símbolo de la alianza entre Brasil y Argentina.

Fernando Calzada

Evo Morales, criado por una madre que en español sólo le enseñó el Padrenuestro, sindicalista cocalero y presidente de Bolivia; atrás, el vicepresidente, Álvaro García Linera, vínculo del gobierno con los sectores medios.

Presidencia República Oriental del Uruguay

Tabaré Vázquez, prestigioso oncólogo, ex dirigente de fútbol y el primer presidente de izquierda de la historia de su país, expresión de la voluntad de cambio suave de la sociedad uruguaya.

Jorge Aloy

Hugo Chávez habla delante de una bandera de Perón y Evita; en el palco, las Madres de Plaza de Mayo.

Presidencia de la República del Ecuador

Rafael Correa, joven economista de izquierda, saluda a la multitud después de asumir la Presidencia de Ecuador.

Presidencia de la Nación

Los presidentes de izquierda de Sudamérica en una típica foto oficial.

Fernando Calzada

Michelle Bachelet, primera ministra de Defensa del continente y primera mujer en ser elegida presidenta de un país sudamericano.

Jorge Aloy

Cristina le acomoda la banda presidencial a su marido, el 25 de mayo de 2003: un verdadero matrimonio político.

Fernando Calzada

Ricardo Lagos, académico y ex director de Flacso, primer socialista chileno en llegar al poder desde la caída de Allende y el presidente de izquierda más aplaudido cuando dejó el gobierno.

Presidencia de Brasil

Fernando Henrique Cardoso: coautor de la teoría de la dependencia y dos veces presidente de Brasil; para algunos, responsable del giro neoliberal; para otros, líder del proceso de modernización más importante de Brasil desde la posguerra.

Jorge Aloy

Los Kirchner luego de la asunción de Cristina, en las escalinatas del Congreso.

Greenpeace/Valerie Rosenburg

La bella Evangelina Carrozo irrumpe en la Cumbre de Viena (y en las relaciones Argentina-Uruguay).

Presidencia de la República del Ecuador

Eje bolivariano: Evo Morales, Rafael Correa y Hugo Chávez sonríen en entorno tropical.

Natanson, José

La nueva izquierda: Triunfos y derrotas de los gobiernos de Argentina, Brasil, Venezuela, Chile, Uruguay y Ecuador. - 1a ed. - Buenos Aires: Debate, 2012

(Debate)

EBook.

ISBN 978-987-1786-38-1

1. Ensayo Argentino. I. Título

CDD A864

Edición en formato digital: mayo de 2012

© 2012, Random House Mondadori, S.A.

Humberto I 555, Buenos Aires.

Diseño de cubierta: Random House Mondadori, S.A.

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