Índice

I N T R O D U C C I Ó N

Los días de Alfredo III

Alfredo II

El terror

Los tres entierros de los Morales Rodríguez I

Los tres entierros de los Morales Rodríguez II

Los tres entierros de los Morales Rodríguez III

Antorcha, la máquina de Enrique I

Antorcha, la máquina de Enrique II

La alcancía de Eruviel

El trabajo de Nancy y Jazmín

Casi todos los hombres del presidente

La ausencia de Selena

La verdad de César

El libro de Daniel

Acerca del autor

Créditos

Para mis maestros de periodismo:
Ismael García Concileón, Alejandro Páez Varela
y Ciro Gómez Leyva

Introducción

LA SÍNTESIS GRÁFICA de la pasada elección en el Estado de México, la que permitirá al tercer Alfredo del Mazo asumir el gobierno, no requiere de una metáfora, pues quedó plasmada en una imagen explícita, en la más tangible de las realidades: decenas de cabezas de cerdo ensangrentadas colocadas afuera de tres casas de campaña del rival político.

Esto, en un lugar donde ya la violencia define tanto como la corrupción las relaciones sociales e institucionales, fue como arrojar un cerillo encendido a un río de gasolina. Pero esto no importó. Alguien tomó la decisión de que se corrieran todos los riesgos para retener al estado con el mayor electorado y presupuesto público, el búnker más seguro, donde se refugiarán los funcionarios que de aquí salieron para gobernar al país entero.

Qué más da si aquí, en el Estado de México, el vocabulario del horror se propaga como el cólera: levantar, embolsar, encobijar, encajuelar, ejecutar, degollar, decapitar, asfixiar, descuartizar, rafaguear…

Identificar. Morir, fallecer, sucumbir. Enterrar, sepultar. Perder.

Violar, tocar, abusar, acosar y ultrajar. Desaparecer.

Vengar y linchar. Sobrevivir y olvidar.

Ignorar, timar, extorsionar, atracar, robar, asaltar y falsificar.

Huir, fugar. Bailar, batear, brincar, chispar, poner, calentar. Desaparecer.

Sobornar, facilitar. Prometer, despensear, acarrear, recomendar, acordar, negociar, apadrinar, transar.

Evadir, influir, malversar, desfalcar, engañar. Intimidar.

Gobernar: ascender o desaparecer.

Este diccionario se ha vuelto viejo tan rápido, y tanto se ha extendido, que la primera sorpresa para el ajeno que se interna en el Estado de México es la normalización del malestar.

¿O es impedimento entregar la policía al crimen organizado para ser gobernador? No. Así ocurrió con Tomás Yárrington, ex gobernador de Tamaulipas, detenido en Italia y a la espera de ser extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. Y así pasó con Alfredo del Mazo Maza cuando fue presidente municipal de Huixquilucan, el mismo hombre que ahora regresa el abolengo de Atlacomulco al Palacio de Gobierno en Toluca.

¿Fue excepcional la utilización de programas sociales, el reparto de comida y el pago directo para obtener votos, como se hacía 30 o 40 años atrás, cuando el segundo de los Del Mazo ganó la gubernatura? No.

Si aquí el homicidio, el secuestro y la extorsión son crímenes con un grado de impunidad cercano al número absoluto, ¿por qué se habrían de castigar los delitos electorales?

Nadie arquea las cejas ante el hecho de que en el Estado de México —entidad que es referencia de la corrupción en México, país emblemático de la malversación de recursos públicos en América Latina, región emblemática del desaseo gubernamental en el mundo— nunca se ha visto preso a un ex gobernador, un ex secretario estatal, un ex procurador ni un ex presidente del Tribunal Superior de Justicia local.

¿O reclama quien ha sufrido dos o tres asaltos en el último año cuando ve pasar la caravana de camionetas Suburban blindadas en que viaja su presidente municipal? No. ¿Alguien se pregunta si los diputados federales o estatales también atraviesan el trance de seis horas sin ser atendidos por el agente del Ministerio Público con una hija violada? No. Menos extraña a los mexiquenses el hallazgo de una niña que sufrió abuso y que partieron en cinco o seis pedazos regados en un baldío. ¿Se entiende que el policía ministerial es, ante todo, un sujeto plenipotenciario para delinquir? Sí. ¿Es rutinario el asalto en el camión al punto de ir por la vida con doble cartera para entregar la que antes se llenó con un billete de 50 pesos? Sí.

Millones de mexiquenses asumen el destino fatal y cotidiano de tres horas de viaje por la mañana de casa hacia el trabajo o la escuela, en la Ciudad de México, y tres horas de vuelta por la noche.

¿Denuncia algo la familia que, tras décadas de inversión en la educación de sus hijos, los ve convertidos en desempleados? No. ¿Alguien protesta porque el vendedor de drogas de la esquina está protegido por la policía municipal? No. ¿Quién se pregunta por qué, tras años y años de tener instalación hidráulica en casa, nunca ha salido una gota de agua por la regadera? Nadie. ¿Es parte de la vida que cada dos o tres años la casa entera se inunde con mierda? Sí.

¿Existe siquiera el florecimiento de la organización ciudadana? No. ¿Millones de electores están en disposición de cambiar su voto por 300 pesos? Sí.

¿Es la ciudadanía mexiquense menos corrupta que su gobierno por razones éticas o porque sus manos no han tocado el erario? Tal vez la respuesta a esto explique por qué no hay quien reclame engaño cuando se entera de que su gobernador gobierne a bordo de un helicóptero, a 500 metros de altura sobre la nube de pólvora y esmog.

Quien diga que la frontera interior en México es la que divide a la riqueza de la pobreza no ha reparado en este lugar, donde la verdadera zanja separa a gobernantes y gobernados.

Esa brecha separa Cartolandia —el nombre de la colonia lo dice todo, y que así esté reconocida por el bando municipal dice más—, Ecatepec, y el fraccionamiento campestre Country Club Gran Reserva, en Ixtapan de la Sal —donde está la casa del presidente Enrique Peña Nieto—, como si pertenecieran a mundos distintos, a siglos diferentes.

Así, todos entienden como un hecho natural o divino a la riqueza aparecida de pronto entre los funcionarios y que, en los raros casos de su exhibición, sea explicada como resultado de una herencia, porque, de cierta manera, lo es: gobernar y heredar.

ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO

Junio de 2017

Los días de Alfredo III

EN EL AÑO QUINTO de la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, y siendo gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto, y su primo Alfredo del Mazo Maza alcalde de Huixquilucan, y el padre de este, Alfredo del Mazo González, presidente del Consejo de Infraestructura del gobierno estatal, y siendo obispo de Ecatepec Onésimo Cepeda Silva, un hombre autodenominado La Mano con Ojos relataba:

“Ya como jefe de plaza de Huixquilucan [designado como tal por el Cártel de los Beltrán Leyva en abril de 2010], me denominé La Mano con Ojos, ya que todo veía y todo escuchaba. Comencé a buscar gente para que trabajara conmigo, ubicando primeramente a El Lento, Marco Antonio Hernández García, quien era policía municipal de Huixquilucan. Él mismo pidió trabajo en una de mis tiendas y pidió trabajo para ser jefe de sicarios. Me dijo que se iba a encargar de controlar a la policía municipal de Huixquilucan, por lo que comenzó a ganarse mi confianza y muy rápido quedó como segundo en la empresa.

”Por cuanto hace a la policía municipal, ya no se les iba a pagar como El Indio [Gerardo Álvarez Vázquez, detenido por el ejército el 21 de abril de 2010], ya que él pagaba a todos los elementos y mandos de la policía municipal de Huixquilucan y yo únicamente le iba a pagar a los mandos. El Lento contactó a los policías municipales de Huixquilucan que íbamos a necesitar, la mayoría de jefes de sector, entre ellos del C4, es decir del centro de mando donde se encuentran las cámaras de vigilancia del municipio. Las personas que estaban ahí nos avisaban de los operativos que se llevaban a cabo por parte de otras corporaciones policiacas”.

Electo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alfredo del Mazo Maza fue presidente municipal de Huixquilucan entre el 1 de enero de 2010 y el 12 de diciembre de 2012, periodo que coincidió con la peor racha de violencia en el México contemporáneo y con el último tramo del gobierno estatal de Enrique Peña Nieto, marea roja sólo comparable con la sufrida durante la segunda mitad de la presidencia del mismo Peña Nieto.

La Mano con Ojos habló como consecuencia de la detención que hicieron policías ministeriales del Estado de México de siete hombres armados en la colonia Montón Cuarteles, en Huixquilucan, el rico municipio del Estado de México que varios líderes del Cártel de los Beltrán eligieron para vivir.

Los acuerdos entre la delincuencia organizada y la policía a cargo de Alfredo del Mazo Maza están detallados en las decenas de declaraciones y demás pruebas inculpatorias contenidas en la causa penal 251/2012 abierta por el ya extinto Juzgado Tercero Penal, con sede en la prisión de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México.

La fecha de esa detención, el 17 de marzo de 2011, guarda un aspecto interesante: ocho días después, Alfredo del Mazo Maza abandonó la competencia por la candidatura del PRI y cedió el lugar a Eruviel Ávila Villegas, actual gobernador. Los policías de Huixquilucan encarcelados en Barrientos, algunos de ellos presos hasta hoy, cuando se ha reiniciado el ciclo electoral por la gubernatura mexiquense, sostienen que Eruviel lanzó el cohete de La Mano con Ojos a la precandidatura de Alfredo para así presentarse como el aspirante con el historial más limpio. También existen versiones periodísticas confiables de que, simplemente, Peña Nieto resolvió su sucesión en función del precandidato mejor posicionado y este, hace seis años, era Ávila Villegas.

Pero no puede dejar de decirse que el asunto de La Mano con Ojos quedaba demasiado cerca y demasiado dentro del periodo en que Del Mazo Maza presidió Huixquilucan. La investigación parecía sólida, tanto que el Ministerio Público con sede en Tlalnepantla preparó seis averiguaciones previas, dos de estas por homicidio, para sostener la existencia de suficientes elementos criminales a fin de encarcelar a una buena parte de la policía del hoy gobernador electo.

El gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa no tomó el asunto en su responsabilidad, como sí hizo contra decenas de alcaldes de Michoacán, en su mayoría de extracción perredista, cuyos municipios fueron pasto de La Familia Michoacana.

El panista Calderón abordaría el tema de la absorción que el narcotráfico hizo de la policía de Del Mazo hasta que lo disparó como carga de salva por la ausencia de detalles contra el priista a manera de apoyo en la fallida campaña de Josefina Vázquez Mota, quien compitió por el Estado de México con credencial de Huixquilucan.

LA MANO CON OJOS habló como quien tiene una legión de diablos adentro de la cabeza. Declaró el 12 de agosto de 2011 y mostró, en detalle, cómo los cárteles de las drogas mantienen presencia operativa en el Estado de México y la Ciudad de México.

Su relato también describió de qué manera el Estado mexicano diseña, fabrica, mejora y soporta criminales cuya primera definición es la violencia.

Antes de llevar el sobrenombre de La Mano con Ojos, el multihomicida que compró a la policía de Alfredo del Mazo Maza recibió el nombre de Óscar Osvaldo García Montoya. Fue el penúltimo de seis hermanos y, aunque nació en Guasave, Sinaloa, se crio en Los Mochis, en el mismo estado del noroccidente, y terminó de crecer en Baja California.

Apenas cumplió 18 años, Óscar se enlistó en la Marina Armada de México. Según su propia declaración, cursó prácticas de antiterrorismo, paracaidismo, fabricación y desactivación de explosivos, entrenamiento de perros para la detección de narcóticos y, más importante para su futuro criminal, aún como activo de las fuerzas armadas mexicanas recibió adiestramiento de los kaibiles, el grupo de élite militar de Guatemala y cuya práctica de decapitación habría sido incorporada por los cárteles mexicanos en guerra.

“Aprendí a matar”, declaró Óscar y presumió haber tomado acción contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en Chiapas, y el Ejército Popular Revolucionario, en Guerrero, donde se inició en el consumo de drogas y, tras dar positivo en un antidoping, causó baja.

Volvió a Baja California y se empleó como “madrina” —asistente fuera de la ley— de un policía judicial de La Paz comisionado a la unidad de robo de vehículos; poco después obtuvo su placa como agente adscrito al área de homicidios. Luego de ocho meses ingresó a la policía municipal de Los Mochis y escaló hasta convertirse en escolta del jefe policiaco. Esto se le daba bien a La Mano con Ojos: poner el cuero entre el plomo y su dueño a cambio de alguna plata.

En 2003, Óscar aceptó una oferta de trabajo como policía en Lázaro Cárdenas, Michoacán. El empleo real fue como pistolero bajo las órdenes de Raúl Ortega, El R, un cabecilla de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, emplazado relativamente cerca, en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, y a quien se le había encargado tomar aquel puerto marítimo michoacano, estratégico para los intereses del narcotráfico al ser entrada de precursores químicos chinos para la fabricación de metanfetaminas de exportación a Estados Unidos. Lázaro Cárdenas: una sin city tropical donde todo mundo sabe que la familia del ex gobernador perredista Leonel Godoy ha estado liada con el narco desde hace años y no pasa nada.

Para el caso, nunca antes Óscar había gozado de un mejor sueldo: 20 mil pesos quincenales.

La estructura del R era grande: una célula de cien matones, espías y policías comprados para apoyar la eliminación de la competencia. Durante esos días de 2003 —las estadísticas delictivas permiten afirmar que en Guerrero la guerra de las drogas se desbocó antes de la presidencia de Felipe Calderón—, a decir de Óscar, el grupo asesinó a 160 halcones, taqueros, taxistas, policías, vendedores de droga y cualquier persona con tufo a La Familia Michoacana.

La incursión fracasó y parte del grupo de los Beltrán Leyva volvió a Sinaloa. Otros narcotraficantes aceptaron acomodo en la Ciudad de México o, más precisamente, en la zona del Estado de México conurbada con el Distrito Federal. Uno de ellos fue Óscar Osvaldo García Montoya, quien mencionaría como uno de sus jefes al inicio de la nueva etapa a Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, cuya residencia y base de operaciones estaba en el exclusivo conjunto residencial La Herradura, municipio de Huixquilucan, muy cerca de donde viven y votan Del Mazo y Vázquez Mota.

Luego fue asignado a la escolta personal de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas. Según su dicho asentado en el expediente, atestiguó reuniones de su jefe con Joaquín El Chapo Guzmán; Ismael El Mayo Zambada; Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, y varios colombianos cuyo paso por Huixquilucan ha sido documentado, como es el caso de Harold Poveda, El Conejo, quien fue el principal proveedor de cocaína de los Beltrán Leyva, droga que, al inicio de la cadena productiva, compraba a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Durante su ascenso criminal, Óscar presumió una participación directa en 700 asesinatos, decapitaciones y descuartizamientos en Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Guerrero y Nayarit de enemigos de La Federación, organización que aglomeró, entre otras facciones, al Cártel de Sinaloa y al de los Beltrán Leyva, sociedad fracturada en 2008 cuando estos últimos acusaron al Chapo Guzmán de haber entregado a Alfredo Beltrán Leyva.

En 2007, La Mano con Ojos regresó al valle de México, nuevamente bajo las órdenes de Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, pero ahora como jefe de 40 pistoleros.

Fue entonces cuando “El Indio se interesó en el narcomenudeo en la zona de Huixquilucan y parte de Naucalpan”, explicó. El primer municipio era gobernado por el priista Félix Fuentes Villalobos, y el segundo, por el panista José Luis Durán Reveles, un empedernido pretendiente de la gubernatura del Estado de México que ha hecho del panismo local una próspera franquicia familiar.

ÓSCAR DESAHOGÓ una apretada agenda en la capital mexicana y sus municipios conurbados.

Uno de sus primeros trabajos consistió en la recepción de tres toneladas de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cargamento trasladado a una bodega conocida como “Cristales”, en la zona comercial de Interlomas, en Huixquilucan.

Siguió la ejecución de un policía federal corrupto a quien la organización responsabilizó de la pérdida de 2 millones de dólares, y al poco tiempo, el secuestro de cuatro empleados en el aeropuerto a quienes llevaron a una casa de seguridad cercana a la Universidad Anáhuac, también en Huixquilucan.

“A uno de ellos, La Barbie [Édgar Valdez Villarreal] le cortó un dedo y se lo metió en la boca”. En esa ejecución también participaron El Indio y “los muchachos” de La Mano: El Rambo, El Pajito, El Pato, El Pelochas y El Flaco. “Yo nada más los decapité, mis muchachos los empaquetaron y El R tiró los cuerpos.

“Usábamos patrullas clonadas en toda la zona de Huixquilucan, en donde recorríamos las tiendas de venta de droga, cobrábamos dinero de la venta, hacíamos levantones de gente para alinear y reventábamos las tiendas de la contra”.

Tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, a mediados de diciembre de 2009 en Cuernavaca, su hermano Héctor intentó asumir el liderazgo del cártel, pero El Indio, responsable del Estado de México, y La Barbie, encargado de la Ciudad de México, negaron la nueva jefatura y la organización inició un sangriento proceso de fragmentación que aún hoy, en 2017, no termina.

El 21 de abril de 2010, El Indio fue detenido en el fraccionamiento La Herradura, en Huixquilucan, junto con 18 de sus pistoleros, tras un enfrentamiento con el ejército mexicano, en el cual murieron al menos dos sicarios. La Mano con Ojos salvó la vida y la libertad luego de esconderse durante dos horas y media en un barranco. Esa misma tarde se reunió con La Barbie y José Jorge Balderas, El JJ, en el centro comercial Galerías, en Atizapán, cuyo pequeño aeropuerto ha sido señalado desde hace años como sitio de descenso de drogas transportadas por aire.

De los Beltrán Leyva se podría decir cualquier cosa menos que fuesen prudentes y discretos. Aparecían por todos lados con mujeres salidas de concursos de belleza. Y semanas atrás, el 25 de enero de 2010, El JJ había disparado a la cabeza del futbolista del club América Salvador Cabañas, en un bar del sur de la Ciudad de México, y estaba prófugo. Aun así, en el encuentro pidió a La Barbie que lo responsabilizara de las empresas criminales de Huixquilucan, además de los municipios mexiquenses bajo su control: Coacalco, Naucalpan, Atizapán, Tultitlán y Cuautitlán. La Barbie decidió entregar Huixquilucan a La Mano con Ojos y en ese momento le entregó 60 mil pesos, dos kilos de cocaína, una camioneta Suzuki y un auto Passat de Volkswagen.

Convertido El Lento, comandante de la policía municipal de Huixquilucan, en primer teniente de la organización, La Mano con Ojos reclutó al menos a 15 uniformados con alguna autoridad al interior de la corporación municipal que, formalmente, era responsabilidad de Alfredo del Mazo Maza. Entre los policías adquiridos por la delincuencia organizada, según la acusación del fiscal, estuvo el general Eduardo Bonifaz, jefe del Estado Mayor de la Secretaría General de la Policía y Tránsito Municipal, un funcionario con oficinas en el mismo edificio en que despachaba Del Mazo.

El general Eduardo Bonifaz no sólo fue mencionado por Óscar Osvaldo García Montoya. La nómina de La Mano con Ojos también fue detallada por policías y taxistas convertidos en vigías o halcones de la banda criminal. Aparecieron los nombres de Édgar Flores, comandante del agrupamiento de motopatrulleros; Guillermo Vergara, del grupo especial; Jorge Valdez, de Tránsito, y cuatro oficiales del centro de videovigilancia del Ayuntamiento, entre otros.

“Cuando la policía no dejaba ir a mi gente, le llamaban al Lento y él les daba la orden de dejar pasar a la gente”.

Un detalle más sobre el general Bonifaz. En la cárcel de Barrientos, en Tlalnepantla, sus coacusados recuerdan sus historias como militar comisionado en el Estado de México en los mismos años en que Alfredo del Mazo González gobernó la entidad, entre 1981 y 1986. Los otros policías imputados sostienen que el mando castrense llegó a la policía de Huixquilucan por encargo de Alfredo II y con la instrucción de cuidar la vida y los intereses de Alfredo III.

Eduardo Bonifaz Sánchez es un soldado de la vieja guardia, del viejo PRI, si es que tal cosa como el nuevo PRI existe. En la década de los 70 ejerció como subjefe de la Brigada de Paracaidistas, entonces el cuerpo militar mejor entrenado de la Secretaría de la Defensa Nacional y empleado por el Estado mexicano en tareas de persecución y desaparición de disidentes comunistas, acusación que alcanzó a Bonifaz por la delación de un subalterno suyo que relató su propia participación y la de su jefe en decenas de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en Guerrero y el Estado de México, específicamente en el campo de tiro militar de San Miguel de los Jagüeyes, en Huehuetoca, cerca de la primera caseta de peaje con dirección de la Ciudad de México a la de Querétaro.

Algunos policías relataron, extraoficialmente, que el general Bonifaz era el hombre de confianza de Alfredo del Mazo González, el tipo duro que cuidaría la espalda del muchacho, de Alfredo III, y que fue el ex gobernador quien decidió su incorporación como mando policiaco.

En 2017, año en que Alfredo del Mazo Maza ha logrado finalmente la gubernatura, presume capacidad para enfrentar la inseguridad pública del Edomex basándose en sus supuestos resultados del combate a la delincuencia en Huixquilucan.

Los datos duros y oficiales lo desmienten.

Del Mazo Maza gobernó íntegros los años 2010, 2011 y 2012. Fue precedido y sucedido por los también priistas Félix Fuentes Villalobos y Carlos Iriarte Mercado, este último ex jefe de la policía estatal durante parte del gobierno de Arturo Montiel Rojas y conocido, al igual que Peña Nieto, como uno de los Golden Boys de Montiel.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) concentra las cifras más confiables en materia de homicidios dolosos, principal delito para analizar el comportamiento delictivo en una región.

HOMICIDIOS DOLOSOS REGISTRADOS EN HUIXQUILUCAN

2007-2014

Año

Casos

2007

9

2008

11

2009

21

2010

31

Gobierno de Alfredo del Mazo Maza

2011

38

Gobierno de Alfredo del Mazo Maza

2012

33

Gobierno de Alfredo del Mazo Maza

2013

40

2014

38

FUENTE: Defunciones por homicidios dolosos, INEGI.

El INEGI integra las cifras de asesinatos intencionales a partir de registros administrativos, es decir, de actas de defunción en que un médico indica el homicidio como causa de muerte y describe las circunstancias básicas del mismo.

La serie estadística disponible hasta marzo de 2017 comprende el periodo de 1990 a 2015, ambos incluidos. En ese lapso, el año menos letal en Huixquilucan fue 2007, con nueve casos, cifra que, en sólo cuatro años, ya en la administración de Alfredo del Mazo Maza, se cuadriplicó: 38 muertes violentas e intencionales. El hoy gobernador electo dejó el Ayuntamiento en 2012 y la situación para que al año siguiente los huixquiluquenses vivieran el año más sangriento del que se tenga registro.

La entrega de Huixquilucan, municipio en que además reside el hoy secretario federal del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, ex procurador de Justicia del Estado de México, no representó siquiera la instauración de una paz mafiosa.

LOS DICHOS de La Mano con Ojos fueron corroborados por policías municipales detenidos. Uno de ellos, Javier Mauricio Llanos, causó alta desde abril de 2004 y relató que, en abril de 2010, Carlo Ricalde, en ese momento también uniformado, intercedió a favor de dos narcomenudistas detenidos.

—No te metas en pedos —advirtió El Ricalde a Javier Mauricio, quien obedeció sin chistar.

Mauricio volvería a ver a Ricalde meses después, en septiembre, a bordo de un Charger Dodge blanco y con un cuerno de chivo colgado al hombro, arma adornada con una figura de la Santa Muerte incrustada en el cañón.

El policía Javier Mauricio Llanos enlistó a sus compañeros implicados. Uno fue Joel González, encargado del centro de mando de la corporación municipal que, según la ley vigente en ese momento, en que no existía el mando único ni el mixto como ahora en el Estado de México, era responsabilidad directa y exclusiva del alcalde. Otro era Inocencio Pacheco del Río, encargado de la guardia de la presidencia municipal, y Marco Antonio Hernández García, El Lento, comandante de tránsito municipal y quien, siempre según el expediente integrado por la procuraduría mexiquense, participaría decididamente en varias ejecuciones con violencia añadida para intimidar a los rivales en el crimen de La Mano con Ojos. Describió la estructura integrada de agentes de la ley y criminales lisos y llanos, indicó domicilios en que se ejecutaban secuestros, relacionó las colonias de Huixquilucan en que las drogas corrían ante la vista de los uniformados sin que nada se hiciera al respecto.

Dijo Mauricio: “A partir de esa fecha [abril de 2010] me empezó a dar 5 mil pesos semanales y me dijo que no iba a haber pedo porque tenía a toda la policía del Estado de México comprada […]. Mi función era dejar vender droga a su gente, así como informarle sobre vehículos sospechosos y operativos que se llevaran a cabo para detectar la venta de droga. Tenía a gente como Teresa Cano, que fue pareja de Ricalde, y quien trabaja en el centro de mando y le daba información para que no los detuvieran cuando hubieran [sic] estos opetativos”.

En la cárcel de Barrientos, algunos de los acusados que purgan sentencia o continúan su proceso han confiado que los narcotraficantes y los policías mantenían el uso de la misma radiofrecuencia.

La (larga) Mano (de la justicia) con Ojos

El Eli esperó con impaciencia al Milo. La noche del 10 de enero de 2012 ya enfriaba cuando apareció una camioneta Honda CR-V color gris oscuro que antes habían robado en el Estado de México. El vehículo se estacionó y El Eli observó, además del Milo, a un hombre apodado El Negro detrás del volante.

—Sube —ordenó El Milo con parquedad y El Eli se hizo cargo de conducir.

Los seguía El Güero en una van blanca.

—Vamos a Los Volcanes por unas personas —instruyó El Negro y ambos autos se dirigieron a la delegación Tlalpan, al sur del Distrito Federal.

Antes de llegar a la calle Volcán Batur, colonia El Mirador, los hombres se cercioraron de la carga de una pistola escuadra Pietro Beretta .9 milímetros y un fusil AR-15. Retomaron el camino, aceleraron y frenaron con brusquedad frente a una pareja sentada en la banqueta. Los subieron a la fuerza y los sometieron en los asientos traseros de la van blanca.

—¡Vámonos a Naucalpan! —resolvió uno de los secuestradores.

El tráfico era intenso con dirección al norte. Manuel, el hombre secuestrado, de 28 años de edad, respiraba con dificultad junto a su novia, Karla, de 20. Sus secuestradores los ataron de las manos con vendas. Buscaron una calle silenciosa del Estado de México, se estacionaron y les dieron muerte.

Encimaron los cuerpos en el asiento trasero de la camioneta Honda y encendieron la marcha de los autos. Condujeron hacia la próspera zona empresarial, comercial y residencial de Santa Fe. Detuvieron los carros y colocaron sus cabezas dentro de bolsas que arrojaron a un lado del camino.

Rociaron la Honda, los torsos y las extremidades con combustible y les prendieron fuego.

“Esto les va a pasar a toda la jente [sic] del H [en posible referencia a Héctor Beltrán Leyva]…”, escribió El Güero en un cartoncillo color rosa fosforescente que dejaron cerca de las cabezas.

Se cambiaron las ropas, mientras el cielo negro se desteñía hacia el morado. Eleazar de la Rosa Anzures, El Eli, y Emilio Hernández Hernández, El Milo, volvían a casa. Estaban exhaustos. La mañana del 11 de enero ya estaba bien entrada.

El doble asesinato y la posterior propaganda hecha intencionalmente fue ordenada por La Mano con Ojos, a su manera el verdadero señor de Huixquilucan.

El caso quedó asentado en el expediente abierto a propósito del secuestro con causa penal 38/12 por el juzgado 27 Penal del Distrito Federal, cuya copia también posee el autor de este libro.

Cinco años y medio después, en la víspera de los comicios por los que Alfredo del Mazo Maza sería electo gobernador del Estado de México, sujetos abandonaron decenas de cabezas de cerdos y restos ensangrentados frente a casas de campaña del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el acérrimo enemigo a vencer.

HACIA EL FINAL de su gobierno estatal, Enrique Peña Nieto se empecinó en negar la existencia de los cárteles de la droga en su estado. El momento coincide con el desempeño de su primo Alfredo en la alcaldía de Huixquilucan.

El 7 de enero de 2011, el Congreso de Estados Unidos presentó el informe “Las organizaciones del tráfico de drogas en México: origen y ámbito del crecimiento de la violencia”, elaborado por su propio Servicio de Investigación (CRS, por sus siglas en inglés).

El CRS es un cuerpo de analistas compuesto por 700 expertos en temas de alto interés político interno o externo de Estados Unidos. Su importancia puede medirse también por el costo de esa oficina: más de 100 millones de dólares anuales.

Este informe muestra dos mapas de la República Mexicana. En uno colorea cada estado según el número de asesinatos ocurridos en el país durante 2010 por causas atribuibles a la guerra de las drogas.

La otra imagen muestra la distribución geográfica de la operación, no de control, de cada uno de los siete principales cárteles considerados entonces como tales por las autoridades mexicanas y estadounidenses: Sinaloa, Los Zetas, Beltrán Leyva, Cártel del Golfo, La Familia Michoacana —Los Caballeros Templarios de Michoacán, ya existentes en la fecha del documento, no son enlistados—, Juárez y Arellano Félix o Tijuana.

La figura funciona bien para comprender los sistemas regionales de alianza y confrontación entre las mafias mexicanas al principio de esta década.

Coahuila, estado gobernado en ese momento por el ex presidente del PRI Humberto Moreira —y aliado decisivo en la carrera presidencial de Peña—, era la segunda región con mayor número de organizaciones: cinco. El espacio de influencia es circundado con una elipse azul claro que, al sobreponerse con otra, eleva su tonalidad. La misma figura se traslapa, por ejemplo, con el siguiente óvalo hacia el poniente, en parte coincidente con el territorio del Cártel de Juárez.

Según el Congreso de Estados Unidos, ninguna porción del territorio mexicano estaba exenta de la presencia del narcotráfico.

Y sólo en una confluyeron las mayores siete empresas criminales: la región centro, un espacio que se extiende hacia el oriente hasta los límites de Tamaulipas y Veracruz; al norte hasta Zacatecas; al poniente hasta los límites de Guanajuato y Michoacán, y al sur hasta Puebla.

Sin excepción, el ovoide circunscribe a Morelos, el Estado de México y el Distrito Federal.

¿HUBO TOLERANCIA de los gobiernos federal, estatal y municipal con el afianzamiento y extensión del crimen organizado y de su violencia en los municipios del Estado de México?

El caso de La Mano con Ojos no es insólito.

Al gobernador Eruviel Ávila también se le apareció el diablo. O, mejor dicho, ya llevaba algunos años ahí, en el Estado de México, pero ahora anda furioso. En realidad, la presente violencia y su parafernalia de torturas y decapitaciones resultaban previsibles desde los días en que el ex gobernador Enrique Peña Nieto caminaba hacia la Presidencia de la República.

Las claves están en el expediente penal del caso conocido como el michoacanazo, por el que fueron a prisión decenas de funcionarios municipales y estatales de la pasada administración pública en Michoacán.

Si bien todos los funcionarios resultaron exonerados por las acusaciones, no sin ausencia de controversia, el documento permite ver que la Procuraduría General de la República (PGR) de Felipe Calderón tuvo los argumentos y la capacidad de colocar en el berenjenal político y judicial no sólo al perredista Leonel Godoy, sino también al priista Enrique Peña Nieto.

Santo y seña de cómo el diablo ya andaba por ahí, y cómo las autoridades lo sabían, quedaron asentados en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/205/2009, la causa penal 02/2009-II instruida por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Nayarit y el toca penal 576/2009 resuelto por el Tribunal Unitario de Circuito de la Séptima Región.

El Estado de México satisface tres intereses fundamentales del narcotráfico: posee, al sur, un territorio apto por clima, orografía y pobreza para la producción de marihuana, amapola y metanfetaminas; es una zona propicia para el tránsito aéreo y terrestre; al contener la mayor población del país, supone también el mayor mercado-consumo potencial interno distribuido en dos de las mayores zonas metropolitanas, el valle de México y el valle de Toluca, y es un haz de ejes de conexiones terrestres y aéreas.

Grandes porciones de su clase política han sido señaladas por la corrupción y cuenta con una compleja diversidad geográfica y de fronteras: colinda con Michoacán —donde la guerra es entre La Familia, Caballeros Templarios y Zetas—, Guerrero —se añaden los Beltrán Leyva, el Cártel del Pacífico Sur y otros—, Puebla —avance de Zetas y El Cártel del Golfo de Veracruz hacia el centro—, Morelos —en guerra interna de las fracturas de los Beltrán Leyva y disputa con Los Chapos— y Querétaro. Por si fuera poco, es puerta de entrada y salida de la capital mexicana.

EN MAYO DE 2007, antes de la ruptura, La Familia Michoacana designó a Saúl Solís, El Lince, un ex jefe policiaco, como su encargado en el Estado de México y el Distrito Federal. La misión: controlar la distribución y venta de cocaína, de marihuana y de ice; cobrar cuotas de protección a propietarios de bares, discotecas, lotes de autos y vendedores de discos piratas; y eliminar a cuanto Zeta y Beltrán Leyva se pudiera.

La decisión se tomó en un rancho de La Familia, cerca de Nueva Italia. La avanzada al Estado de México colocó a El Lince como el inversionista inicial para el pago de sicarios, compra de vehículos, armas y drogas. La inversión se recuperaría con secuestros y venta de droga en la misma plaza. Funcionó algunos años, hasta que El Lince fue capturado en septiembre de 2011, pero ya no como enviado de La Familia, sino como lugarteniente de Los Caballeros Templarios.

El gobierno federal supo del emplazamiento de Solís al Estado de México —y la obligada guerra que vendría— por las declaraciones de un hombre apodado El Chino contenidas en el legajo del michoacanazo. En el documento se lee que un hombre joven de nombre Marco Antonio Vázquez y apodo El Chino se hizo narco en Coacalco, Estado de México. Lo detalló él mismo ante el Ministerio Público federal el 9 de junio de 2009. Tiempo atrás se unió a La Familia Michoacana por invitación de El Cuervo, un hombre a quien conoció a través de Ángel Arellano Flores, entonces delegado de Combate a la Delincuencia de la procuraduría mexiquense en Ecatepec.

La Familia necesitaba gente en Coacalco para identificar tienditas de droga y averiguar su pertenencia. El Chino obtuvo el empleo en el nivel más bajo, con sueldo de 8 mil pesos mensuales. La primera lección sobre el significado de la lealtad llegó rápido. La Familia ejecutó a El Cuervo cuando se enteró de que este le robaba. El destino del comandante Ángel Arellano no fue muy distinto: cinco tiros frente a su esposa mientras compraba tamales el 24 de septiembre de 2008, el primer día en que el ejército entró al Estado de México para pelearse con el narco.

El Chino pertenecía a una región de la mafia michoacana que incluye Coacalco, Tultepec, Tultitlán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Naucalpan, donde opera un centenar de mafiosos divididos en al menos diez células. Por ejemplo, la célula de Jeanluca cuenta con un abogado que paga o pagaba los sobornos a funcionarios mexiquenses. La nómina asciende a 1.5 millones de pesos. El grupo del Roski levantaba y ejecutaba a vendedores de droga que no trabajaban para La Familia.

LOS MATONES de El Chino estaban encarnizados con una familia de policías apellidados Martínez de la Vega. El 29 de noviembre de 2008 emboscaron a Ernesto, oficial de Coacalco. En febrero de 2009 siguió su hermano Mario, pero sobrevivió al único balazo que le acomodaron. En abril tocó turno a Roberto, policía municipal de Ecatepec y, hasta poco antes de que le metieran 90 tiros de AK-47, escolta del polémico obispo Onésimo Cepeda antes de su retiro.

La razón de La Familia era simple e imperdonable. Los hermanos Martínez de la Vega no eran más que Zetas vestidos de azul. Todo esto se daba durante el segundo gobierno municipal del hoy gobernador Eruviel Ávila, a su vez político de la mayor cercanía con el obispo Cepeda.

Los demonios andaban sueltos. Las células de Francisco Calderón Ceja, El Riata, y El Nico ejecutaron al secretario particular del presidente municipal de Coacalco, Eduardo Manzur, en diciembre de 2008. Un tipo identificado como El Zopilote explicó que el empleado de gobierno también trabajaba para la última letra.

La nómina de La Familia Michoacana incluiría al coordinador de la Agencia de Seguridad Estatal en Coacalco, un comandante de apellido Castillo. En el municipio de Melchor Ocampo, el hermano del presidente municipal recibiría dinero para controlar a la policía municipal. También estarían comprados algunos jefes policiacos de Jaltenco, Nextlalpan, Zumpango y Tonanitla.

En la policía ministerial del estado, La Familia tendría un empleado de apellido Albarrán y otro llamado Noé Alarcón. Además, se había metido a la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo de Ecatepec a través de los bolsillos de un comandante de la ministerial y un policía federal. No se revelaron los nombres: no hubo investigación.

El Chino fue detenido en el Distrito Federal y declaró todo. Hasta que lo habían asaltado los mismos policías federales que lo presentaron ante el Ministerio Público. Se dijo despojado de 16 mil pesos, un anillo de oro blanco con un zafiro estrella y dos brillantes, y dos cadenas Cartier de oro con imágenes de Cristo.

COMO TAL, La Mano con Ojos nació el 15 de mayo de 2010 en Acapulco, durante una reunión de algunos narcotraficantes que quedaron de pie tras las varias sacudidas sufridas por el Cártel de los Beltrán Leyva.

Los distribuidores de drogas se nombraron “La Nueva Administración”, aunque se conocerían por la derivación del sobrenombre de uno de sus fundadores, Óscar Osvaldo García Montoya, apodado El Compayito, en alusión a un personaje cómico de la televisión basado en una mano que habla y a la que se le colocan unos ojos. De ahí lo del Cártel de La Mano con Ojos.

En la reunión también participó Eznel Cortés Jiménez, considerado el otro jefe de ese mínimo y fugaz cártel, como tienden a hacerlo la multitud de bandas venidas a más con la pura brutalidad que la impunidad mexicana tan bien permite.

El propósito de los Beltrán Leyva era sencillo: adueñarse del enorme mercado de la ilegalidad del valle de México. Una de las bases de la banda fue la colonia Pedregal de San Nicolás, en la delegación Tlalpan del Distrito Federal, y la otra, más importante, Huixquilucan, municipio mexiquense donde residen algunas de las personas más ricas del país. Y también algunos narcotraficantes: Huixquilucan albergó a Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, operador de Édgar Valdés Villarreal, La Barbie, antes jefe de sicarios de los Beltrán Leyva.

Fue en Huixquilucan donde La Mano con Ojos se fortaleció. Los narcotraficantes compraron 16 policías municipales y cuatro empleados del sistema de videovigilancia de la policía municipal.

EL 10 DE ENERO DE 2012, menos de 24 horas antes de la doble ejecución con decapitaciones en Naucalpan, el entonces candidato presidencial priista Enrique Peña Nieto se reunió en privado con el ex gobernador de Puebla Mario Marín, El Góber Precioso, el hombre que hacía tratos con pederastas en términos de botellas de coñac y que encarceló a la periodista Lydia Cacho por denunciar la compra de esclavas sexuales.

En público, Peña Nieto habló de inseguridad. “Los logros de los gobiernos de la derecha han dejado mal a México”, fustigó al Partido Acción Nacional (PAN), que estaba en el gobierno. “Nadie puede hacer suya una tarea que es irrenunciable al Estado, que es combatir al crimen organizado, combatir al narcotráfico. Esta no es tarea y misión de un solo partido, para aquellos que la reivindican como si les fuera propia y exclusiva […]. La estrategia ha sido insuficiente y pobre en sus resultados. La tasa de homicidios de la que teníamos hace diez años, que es un indicador universal, por cada 100 mil habitantes ha ido más del doble. Pasó de 10 por cada 100 mil a 23 por cada 100 mil”.

“Seguridad” es un término que le gusta pronunciar al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas.

La repitió 105 ocasiones durante su segundo informe de gobierno. Sólo el sustantivo “inversión” capturó más la lengua de Eruviel, quien dedicó más deferencias discursivas a tres palabras, “Enrique Peña Nieto”, que a las de “transparencia”, “responsabilidad”, “eficiencia”, “honradez” u “honestidad”. De hecho, en ninguna ocasión mencionó las dos últimas.

Todo es “seguridad”: en las escuelas, en el transporte, en los parques industriales, en las carreteras, para las mujeres…

La palabra “homicidio” sólo aparece una vez en las 420 páginas del documento y en referencia a que el delito de extorsión fue elevado a categoría de ilícito grave, al igual que el asesinato.

Ni una sola alusión a “crimen organizado”, “cárteles” o “ejecuciones”, y vaya que de eso hay en el Estado de México.

Existen precedentes de informaciones equivocadas sobre la situación de las ejecuciones en el país. En su último informe como gobernador del Estado de México, Peña Nieto aseguró que la tasa de homicidios había caído más de la mitad durante su sexenio. “Uno de los logros más ilustrativos que hemos tenido es la reducción en la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, al pasar de 16.5 en 2005 [inicio de su gestión estatal] a 7.6 en 2010”.

La revista británica The Economist demostró que la afirmación era “absolutamente falsa” porque las estadísticas empleadas tenían diferente metodología. Las cifras del INEGI sólo mostraban que, contrario al discurso del eventual presidente, el número de muertos con violencia en el Estado de México iba al alza.

Peña Nieto aceptó el error en un texto publicado por el diario La Razón. “Los políticos tenemos que aceptar las críticas, especialmente cuando están fundadas”, dijo entonces.

El libro de Óscar

¿A qué tipo de sujeto entregó el poder de decidir sobre la vida y la muerte la policía bajo las órdenes formales de Alfredo del Mazo Maza? Las respuestas se hallan en el relato que Óscar Osvaldo García Montoya, La Mano con Ojos, hace de los días en que, en los hechos, fue emperador de Huixquilucan:

“A Carlos Alessandro Ricalde lo conocí cuando era policía del Grupo Táctico. En mi empresa distribuía droga y levantaba a la gente que se iba a ejecutar. Estando en el Grupo Táctico me entregó a tres personas a quienes les decían Los Cuates. El Ricalde, Javier Mauricio Llanos y Marco Antonio Villavicencio los habían llevado ante el juez calificador de Huixquilucan, pero, como no los recibió, El Ricalde me llamó y me dijo que tenía a tres violadores. Subí a la patrulla tipo panel con El Campaña y El Rabalo. Los estrangulé y los tiramos por un basurero del camino viejo a Huixquilucan.

”[El 13 de septiembre de 2008] nos los llevamos [a unos sujetos detenidos] a una casa de seguridad en La Herradura, en donde los estuvimos torturando hasta que terminaron por aceptar que eran de La Familia Michoacana. Nos comentaron que tenían a más de 20 personas en una vecindad por El Olivo. Armamos un operativo con toda la gente que teníamos en aquel entonces siendo alrededor de 50 personas. Además, la policía municipal de Huixquilucan nos tiró muro y levantamos a más de 20 personas y nos las llevamos a la misma casa de seguridad, en donde los torturábamos dándoles toques. Estuvieron alrededor de cuatro días cuando El R ordenó ejecutarlos. Los llevamos a La Marquesa y los bajamos amarrados de cinco en cinco. El R les disparó a todos con una ametralladora .9 milímetros con silenciador.

”En enero de 2010, El Indio me ordenó que cazara al comandante de San Fernando, José Romero Ledezma, y a los policías Samuel Rojas Peralta y Daniel Fajardo, porque ya le había enviado un mensaje para que le bajara y se alineara con él, pero, como no quiso, me ordenó que los ejecutara. Me apoyé con El Lento, El Pato, El Rabalo y los esperamos en Bosque Real en una camioneta Honda CR-V de color blanco. A las 20 horas pasaron por ahí y los seguimos, pero se dieron cuenta. Aceleraron hacia la Avenida Canteras. Les disparamos y, al detenerse su unidad, me percaté de que ya había muerto el chofer. Ese día, yo usé un cuerno de chivo, El Rabalo traía un R-15, El Pato un cuerno de chivo y El Comandante Lento traía un arma corta. Una vez que ejecutamos a estos policías, nos dimos a la fuga.

”Otro homicidio en el que participé fue el de Luis Óscar Anota, El Cholo, que trabajaba para mi organización como vendedor de droga en Palo Solo, Huixquilucan. Este sujeto proporcionó información de todas las tiendas de venta de droga al delegado de la colonia para que este, a su vez, [las denunciara] con la policía municipal y la policía estatal.

”El mismo mes, María Rojas acababa de salir del reclusorio por vender droga. La invitamos a trabajar para nosotros, pero nos comentó que quería llevársela por la derecha y que se dedicaría a vender tamales. Le dijimos que estaba bien y que no vendiera nada más que sus tamales; sin embargo, a los pocos días nos percatamos de que estaba vendiendo droga que compraba en Tepito. Le comenté al Lento que le fuera a avisar que se dejara de mamadas, y así lo hizo el Lento, pero todos sus vecinos se dieron cuenta y trataron de linchar al Lento, por lo que no me quedó más remedio que ordenarle al Lento que la mataran. La ubicaron cuando iba a vender sus tamales en Palo Solo.

”El problema que tuve con El Ricalde fue que mató a uno de mis halcones, El Confitón. Me enteré de que quien lo había puesto o acostado fue precisamente Alex Gutiérrez Casillas, policía municipal del grupo de motos, por órdenes de El Ricalde, y cuando lo mataron y dejaron su cuerpo dejaron una cartulina en donde recuerdo que decía algo así como que El Indio no estaba muerto y que seguíamos El Lento y yo. Busqué al Ricalde y al Casillas para matarlos; sin embargo, el primo de Alex y Montemayor, el suegro de la Barbie, me pidieron el paro de que no lo matara, pero, en realidad, no lo maté porque ya no lo encontré.

”En noviembre de 2010, ordené al Tejón el levantón de un sujeto que vendía droga para La Familia Michoacana por la colonia Juárez y La Mancha. Me lo llevaron a un taller de hojalatería y pintura en la calle Secretaría de la Presidencia número 10, en la colonia Federal Burocrática, Huixquilucan. […] El mismo día se lo llevaron enfrente de un panteón de la colonia Canteras y lo rafaguearon con cuernos de chivo y le dejamos una cartulina que decía [sic]: ‘ME LLAMO MARIO RIOS, TRABAJABA PARA LA FAMILIA MICHOACANA, ESTO LES PASARA A LOS LADRONES, CHAPULINES, ASALTANTES Y LOS QUE TRABAJEN PARA NAZARIO’.

”A mediados de diciembre de 2010, ordené la ejecución de dos sujetos, uno de apellido Nepomuceno y otro de nombre Juan Norberto. […] Ordené que escribieran sus cartulinas y a Nepomuceno le pusieron su nombre y que eso le había pasado por extorsionador por órdenes del comandante Monroy de la PGR de Naucalpan, y a Juan Norberto le pusieron su nombre y que lo había matado por morder la mano que le dio de comer y ser mensajero del JJ.

”El 23 diciembre de 2010, mandé levantar a unos policías ministeriales que andaban extorsionando a los comercios de la colonia Palo Solo. Cuatro días antes los levanté para decirles que no se metieran en mi plaza, pero no entendieron. […] El Lento escribió las dos cartulinas, una de ellas decía el nombre de uno de los muertos y que era madrina de la ministerial y que le había pasado por extorsionador, mientras que la otra decía el nombre y que era policía ministerial del Estado de México y que le daba protección al JJ.

”A mediados de enero de 2011, mandé a ejecutar al Buda y a su vieja, quienes trabajaban para El Tejón, ya que estaban extorsionando a una tortillería de la colonia Juárez, por lo que le ordené al Tejón que me los entregara, y justamente cuando iban a extorsionar al de la tortillería para quitarle una camioneta El Tejón los levantó con El Demóstenes y su gente para llevármelos al taller de la Federal Burocrática, donde ya estábamos El Aure, El Lento y yo, y afuera del taller estaban El Pajito, El Dany, El Chéspiro, El Tony, halconeando todo alrededor junto con la municipal; […] los van a tirar a la colonia Lomas del Cadete, justo enfrente de un auto lavado de la banda de Los Fox, dejándoles una cartulina que El Aure escribió que decía sus nombres y que eso les había pasado por andar extorsionando, esto es justicia divina y que todo lo sabía, dejándolos en la misma camioneta en que los habían llevado.

”La siguiente ejecución fue a principios de febrero del año 2011, cuando mandé a ejecutar a una persona de la banda de Los Fox porque andaba vendiendo droga. Pedí al Tejón que me lo ubicara y lo levantó con su gente, es decir, con El Demóstenes. Lo llevaron al taller de la colonia Federal Burocrática, en donde ya estábamos El Aure, El Lento, El Chéspiro, El Pajito, El Dany, El Güero Mentiras y otro hojalatero. […] Lo dejaron en una camioneta CR-V con una cartulina que, recuerdo, decía su nombre y que eso le había pasado por sentirse protegido por Los Gaseros y Los Fox, pero El Aure se equivocó y puso unos nombres que no iban en la amenaza. […]

”A finales de febrero de 2011, ordené la muerte de una persona de bienes raíces que me había rentado un inmueble en la calle Paseo de la Primavera, colonia La Florida, en Naucalpan. Le adelanté 10 mil pesos quedando él que me entregaría el inmueble en 20 días. El día acordado, fui al inmueble para que me lo entregaran y firmar el contrato, pero aún había albañiles. Querían cambiar la cocina y me pedían más dinero. Le exigí que me devolviera mi dinero, pero este sujeto se alteró y me insultó. Me dijo que le hiciera como quisiera y que no me regresaría mi dinero, cosa que me enojó, pero, como iba con mi esposa y mi hija en ese momento no hice nada. A los tres días, ordené que lo ubicaran y lo ejecutaron en la misma casa que me iba a rentar. […]

”Ordené la ejecución del Tololoche, porque ingería bebidas embriagantes y andaba abriendo la boca diciendo que la plaza era de él. Lo persiguieron por varias calles en un Spirit verde y, como un chavo iba con él, también lo mataron. En ese evento hubieron varios vehículos implicados y resultaron una o dos personas lesionadas.

”Para estas fechas, estaban asegurados El Aure y El Tony y los policías municipales que nos tiraban muro en nuestras ejecuciones. En la segunda semana de abril de 2011, contacté al Comandante Lento para que levantara a un sujeto. […] Pedí que lo dejaran cerca de su domicilio y quedó en la cajuela del taxi de su hermano. Dicté que escribieran lo siguiente [sic]: ‘ME LLAMO ENRIQUE ALVAREZ MONDRAGON, esto me pasó por soplón y estar de testigo protegido de Justicia del Estado de México, y lo mismo le va a pasar a la bola de tontos que piensan que las plazas se ganan con chismes y dedos, la plaza sigue cuidada y puro pa’ delante, atentamente La Mano con Ojos. PGJEM La Mano con Ojos respeta las familias de ustedes, depende que así siga’.

”Otra ejecución que ordené fue la de cuatro sujetos en respuesta de que el Cártel del Centro ejecutó a uno de mis muchachos y dejaron su cuerpo al lado de una escuela en Izcalli Chamapa. […]

”Otra ejecución fue la de Tomás Parra, delegado de los taxis y mitotero de su barrio que, además, trabajaba para el Ayuntamiento y él estaba amenazando a los taxistas y a las personas que estaban trabajando para mí. El 29 de mayo de 2011, ordené que lo levantaran afuera de su domicilio y se lo llevaran a una oficina de Cuautitlán […] y lo dejaran frente al kínder Cri Cri, en Interlomas. Esto lo hice para llamar la atención en el centro de Interlomas, para crear pánico y miedo en la sociedad, y le dejé una cartulina [sic]: ‘ME LLAMO TOMAS PARRA, ESTO ME PASO POR SER INFORMANTE DEL GOBIERNO’. Dije que los 16 policías consignados nada tenían que ver con mi empresa, pero esto lo puse para crear confusión con la gente y el gobierno, porque, en realidad, los 16 policías que consignaron sí trabajaban para mí y porque, a partir de esa fecha, los policías municipales de Huixquilucan ya no querían recibir mi dinero, lo cual me quitó un peso de encima dado que ya no les pagué su nómina y la policía me dijo: ‘Ya no vamos a recibir, pero nos vale lo que hagas’.

”A mediados de junio de 2011, comencé a planear algo inspirador, es decir, algo que llamara la atención a nivel nacional y, estando tan cerca las elecciones para gobernador en el Estado de México, decidí matar a varias personas. Durante la semana del 27 de junio se realizaron los levantones de todas estas personas y, para el jueves 30 de junio, ya estaban todos en la casa de seguridad. El sábado 2 de julio […] llamé a todas las células de Huixquilucan, Naucalpan y Cuautitlán, es decir al Comandante, al Tejón y al Alex, y les indiqué que tiraran los cuerpos, si podían en las casillas electorales a las cinco de la mañana [del domingo] para que, alrededor de las seis, comenzaran a aparecer”.

A PRINCIPIOS de marzo de 2017, busqué la versión de Alfredo del Mazo Maza sobre los días de la locura y la sangre en Huixquilucan. Intenté el contacto a través de Carlos Aguilar, un funcionario de Comunicación Social del gobernador Eruviel Ávila que se integró a la campaña del candidato a la gubernatura. El publirrelacionista aseguró que gestionaría la entrevista, pero luego evitó responder. En un encuentro casual, Aguilar admitió que propuso la charla, pero que tampoco recibió respuesta.

EN OCTUBRE DE 2013, La Mano con Ojos fue condenado a 280 años de cárcel. Ni el diablo vive tanto. Años después, el 20 de junio de 2017, cuatro de sus socios, entre ellos un policía, recibieron penas de entre 80 y 720 años de prisión; difícilmente habrá algo más: 20 de junio de 2017, 12 días después de que el cómputo distrital resolvió que Alfredo del Mazo será el tercero de su estirpe en ser señor de la barbarie.

Alfredo II

SI DE ALGO se ha librado la clase política mexiquense es de su vinculación con el narcotráfico. A diferencia de los priistas del norte, más claramente los tamaulipecos, la estirpe de Atlacomulco no padece la descalificación continua de pertenecer a la “narcopolítica”.

Pero las relaciones existen desde hace tiempo y aquí están los documentos que las muestran.

El tío biológico y primer padrino político de Enrique Peña Nieto, el también ex gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo González, vendió en los 90 una casa a Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, entonces capo dominante del narcotráfico mexicano. Del Mazo efectuó la venta mediante personas facultadas para sustituirlo con respecto a los asuntos de la casa situada en la privada Pablo Casals número 1239 de la colonia Palmira, en Cuernavaca, Morelos.

Por parte del narcotraficante intervino Sonia Barragán Pérez, la última esposa del fundador del Cártel de Juárez.

Los detalles de las negociaciones están contenidos en parte del grueso expediente penal abierto con el número 250/2000-III, desahogado en el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales en el Distrito Federal.

El documento, de 846 páginas, es un legajo rebosante de detalles de las relaciones empresariales de Amado Carrillo Fuentes con autoridades civiles y militares, incluido el ex zar antidrogas Jesús Gutiérrez Rebollo, preso luego de quedar probada su colusión con Carrillo Fuentes.

En la compraventa de la casa de Cuernavaca participó como uno de los apoderados de Del Mazo González el vocero de su gobierno en el Estado de México [1981-1987], David López Gutiérrez, coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República al inicio de la administración de Peña Nieto.

David López Gutiérrez declaró ante el fiscal a propósito de la venta de la casa el 16 de julio de 1997, apenas cinco meses después de la muerte de Amado Carrillo, ocurrida durante una cirugía plástica.

El ex vocero explicó que, por petición de Alfredo del Mazo, aceptó a mediados de 1991 un poder para ejercer actos de dominio sobre la propiedad del mexiquense en Cuernavaca.

“A principios del mes de mayo de 1993”, son palabras textuales de López Gutiérrez, “[me] llamó por teléfono la licenciada María Elena Castilleja Mendieta, a quien conocía de años atrás, para comunicarle al declarante que el licenciado Alfredo del Mazo había decidido vender la propiedad […] y que necesitaba que el de la voz le otorgara un poder a dicha abogada para que ella se encargara de la operación de compraventa”.

Así hizo David López, quien instrumentó la autorización en la ciudad de Culiacán, donde se desempeñaba como coordinador de Comunicación Social del gobernador de Sinaloa, Renato Vega Alvarado, cuyo hijo, Alger Vega Carrillo, en aquella época era considerado por la DEA y el FBI como subordinado de Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, en esos días parte de la jefatura del Cártel de Juárez.

López Gutiérrez volvería al Estado de México como vocero de Emilio Chuayffet, cargo con el que lo seguiría a la Secretaría de Gobernación. Y regresaría nuevamente a Toluca como el jefe de prensa del gobernador Peña Nieto, quien después lo designó coordinador de Comunicación Social de la Presidencia.

María Elena Castilleja Mendieta era, a la vez que apoderada de Del Mazo, coordinadora administrativa de la Notaría Pública 41, con residencia en Naucalpan, Estado de México, misma que otorgó certeza jurídica al negocio inmobiliario entre el político y el narcotraficante.

En su testimonio del 16 de julio de 1997, María Elena Castilleja explicó que había trabajado en la notaría pública entre los últimos meses de 1991 y mayo de 1993 con las funciones de supervisar y atender al personal de la oficina y automatizar los sistemas computacionales. Dijo que, en los primeros días de mayo de 1993, fue informada por María Guadalupe Ponce Torres que Alfredo del Mazo González deseaba vender una propiedad en Cuernavaca y que los corredores de bienes raíces se pondrían en contacto con ella. A la vez, recibió por mensajería el poder transmitido por David López.

Al poco tiempo, María Elena obtuvo instrucciones directas de Del Mazo González sobre el asunto inmobiliario, así que la abogada recibió comisionistas cuyos nombres no recordaría en la investigación penal. El Ministerio Público consideraba posible la intervención, en calidad de agente inmobiliario, de Gustavo Lomelín, un hombre involucrado además con una casa en Jardines del Pedregal, en el Distrito Federal, que el extinto Instituto Nacional para el Combate a las Drogas relacionó con un hijo de Amado Carillo.

La notaría continuó los trámites de avalúo y certificación de gravamen con vistas a la escrituración. Había cierta prisa y se hizo el acuerdo verbal entre las partes de finiquitar la compraventa en diez días.

Declaró Castilleja: “[Yo] tenía conocimiento que el inmueble de referencia era propiedad del licenciado Del Mazo, pero que lo disfrutaba poco, y sabía de esta propiedad porque la declarante trabajó aproximadamente 21 años con el licenciado Del Mazo, y que dicha propiedad la adquirió cuando este regresó de ser embajador de México en Bélgica en 1990”.

María Elena Castilleja ordenó a una secretaria de la oficina acudir personalmente a recabar la firma de Sonia Barragán Pérez. La empleada se trasladó a una enorme casa en la avenida Insurgentes Sur, en la delegación Tlalpan. La mujer no estaba, así que debió esperarla en la sala. A los minutos apareció la futura viuda de Amado: 1.65 metros, ojos café claro, cabello castaño claro y lacio a la altura de los hombros, piel blanca, delgada, de unos 27 años de edad y “aspecto del norte de la República”, describiría la secretaria comisionada, quien sólo se llevó una fotostática de la licencia de conducir de la compradora de un bien cercano a los 2 millones de nuevos pesos de la época.

Continuó Castilleja: “Se escrituró a nombre de quien aparece en ella [la escritura] de nombre Sonia Barragán […] después de que la declarante firmó la escritura como apoderada de la parte vendedora le fue entregado el importe de la venta del inmueble, que ascendió a la cantidad de un millón 900 mil nuevos pesos [unos 600 mil dólares en mayo de 1993 con tipo cambiario de 3.12 nuevos pesos promedio durante mayo de 1993]. El importe fue entregado en mayor parte en efectivo en moneda nacional, en billetes de alta denominación, y el resto en cheque sin recordar el importe, el banco o si era nominativo”.

Cuando Del Mazo adquirió la casa de Cuernavaca, añadió la funcionaria notarial, lo hizo con un gravamen relativo a un crédito pendiente que el inmueble de lujo tenía con el Banco Obrero, del cual, años atrás, Del Mazo había sido director general. Los Del Mazo han tenido inclinación por la banca pública: su hijo, el ahora gobernador electo del Estado de México, lo fue de Banobras, el organismo del gobierno federal que presta a estados y municipios en México para el desarrollo de obra pública.

La titular de la Notaría Pública 41, María Guadalupe Ponce Torres, dirigió el Registro Civil del Estado de México durante la gubernatura de Alfredo del Mazo. Cuando los investigadores le requirieron la debida copia del documento de identidad de Sonia Barragán, María Guadalupe Ponce pretextó que el papel se había “traspapelado”.

La fedataria declaró ante el Ministerio Público de la federación el 14 de mayo de 1993. “María Elena Castilleja Mendieta puede ser localizada actualmente [julio de 1997] en las oficinas de la Secretaría de Gobernación ocupando el cargo de secretaria particular del licenciado Emilio Chuayffet Chemor, actual secretario de Gobernación [y, antes de este puesto, gobernador del Estado de México]”, dijo la notaria y proporcionó los teléfonos del despacho de Chuayffet, primer secretario de Educación Pública en el gabinete de Peña Nieto.

Adquiere relevancia que se haya tratado de la Secretaría de Gobernación, porque uno de sus órganos, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional [CISEN, el “servicio secreto mexicano”] también sistematiza información relativa al narcotráfico.

Lo de la casa en Cuernavaca no fue la única ocasión en que la jefatura del Cártel de Juárez hizo negocios con la familia de políticos mexiquenses.

Eduardo González Quirarte, operador financiero y frecuente prestanombres de Amado Carrillo, alquiló la casa de Bosques de Jacarandas 45, en las Lomas de Chapultepec, a María Elisa Músquiz de Del Mazo, cuñada de Alfredo del Mazo González y viuda del hermano mayor de este. La mujer recibió 32 mil dólares en efectivo en billetes de 20 y 100 dólares por concepto de tres mensualidades adelantadas y un mes de depósito.

Ni estas serían las únicas veces en que El Señor de los Cielos se relacionaría con la cúpula priista. En 1994, durante su campaña por la Presidencia, el primer candidato del PRI Luis Donaldo Colosio voló en un avión de Aero Escorpión, empresa registrada a nombre de la joven esposa de El Señor de los Cielos.

Apenas en octubre de 2013, la PGR abrió una nueva investigación contra Sonia Barragán.

El expediente

La causa penal en que consta el negocio inmobiliario fue abierta contra Rubén Gardea Vara, un militar empleado como chofer por el general Francisco Quirós Hermosillo, uno y otro participantes en las operaciones de combate de la guerrilla mexicana durante los años 70, principalmente. Gardea, según los documentos, entregó vehículos de lujo obsequiados por Amado Carrillo a Quirós Hermosillo. Otro de los autos relacionados con el general, un Mercedes-Benz blanco, fue encontrado a uno de sus hijos en una casa de Huixquilucan. Los documentos del coche indicaban que pertenecía a Televisa.

En su declaración, Rubén Gardea puntualizó las asociaciones entre criminales y autoridades. Comentó, quizá para dar lustre a su persona o para intimidar a sus juzgadores, que entre las varias comisiones ordenadas por Quirós Hermosillo se incluyó la guardia y custodia del actual presidente de Cuba, Raúl Castro.

El expediente contiende cientos de nombres relacionados con la industria del narcotráfico, y muchos de ellos también con la función pública.

Aquí una síntesis:

Sergio García Ramírez

Fue mencionado en un supuesto encuentro con Rafael Aguilar Guajardo, cofundador del Cártel de Juárez y ex comandante de la Federal de Seguridad.

Guillermo González Calderoni

Ex jefe de intercepción aérea de la PGR subordinado a Amado Carrillo y Pedro Lupercio Serratos en la protección de los aviones colombianos que aterrizaban en el aeropuerto de Cancún o en tramos carreteros de Campeche. Fue un policía que contó con todo el apoyo de las autoridades norteamericanas.

Jorge Carrillo Olea

En septiembre de 1994, el ex gobernador de Morelos se habría entrevistado con Amado Carrillo. Su mandato fue truncado ante las evidencia de que sus policías mantenían colusión con bandas de secuestradores.

Pablo Chapa

El ex subprocurador general de la República colaboró con El Señor de los Cielos para liberar a sus allegados de las investigaciones por el tiroteo realizado en el restaurante Bali Hai en la Ciudad de México.

Gloria Trevi

En febrero de 1996, Amado Carrillo dijo tener una cita pendiente con la cantante, de quien estaba “muy enamorado”.

Patricia Manterola

Su nombre aparece varias veces asociado a una fotografía suya que le fue encontrada a Vicente Carrillo Leyva, hijo de El Señor de los Cielos. Lo mismo ocurrió con Carlos Bonavides, intérprete del personaje Huicho Domínguez.

Fernando Canales Clariond

El jefe del Cártel de Juárez dijo que era “muy amigo” del entonces candidato del PAN a la gubernatura de Nuevo León.

Enrique Burgos Pinto

En su calidad de gobernador de Querétaro, el hoy presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado propuso al Cártel de Juárez la compra del estadio La Corregidora, así como la venta de otros inmuebles propiedad del estado como haciendas, hoteles y la antigua central camionera, a fin de reducir la deuda pública.

Justo Ceja Martínez

Ex secretario privado del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), fue mencionado durante las negociaciones para la adquisición del estadio, en el que Televisión Azteca manifestó interés de manera simultánea.

Fernando Ortiz Arana

Amado Carrillo presumía de tener amistad con el entonces senador del PRI y candidato perdedor al gobierno de Querétaro.

Javier García Morales

En octubre de 1995, el hijo del renombrado priista Javier García Paniagua, ex jefe de la policía política mexicana (la Dirección Federal de Seguridad, DFS), se reunió en varias ocasiones con Amado Carrillo para afinar los planes de aterrizaje de aviones con cocaína.

General Arturo Acosta Chaparro

Participó en esas mismas reuniones con Javier García Morales, al igual que el general Francisco Quirós Hermosillo. Ambos estuvieron relacionados con la llamada “guerra sucia”, el proceso de persecución y exterminio de las guerrillas comunistas mexicanas. En el documento se menciona que Acosta Chaparro cursó adiestramiento de boina verde en Estados Unidos.

Mario Villanueva

Como gobernador de Quintana Roo, brindó protección al Cártel de Juárez, al igual que los entonces mandatarios de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco, y de Campeche, José Antonio González Curi, así como el ex gobernador de Sonora Manlio Fabio Beltrones, ex precandidato presidencial y hoy coordinador del PRI en la Cámara de Diputados.

Francisco Barrio

Amado Carrillo se quejó de que el entonces gobernador de Chihuahua le pedía demasiado dinero. Vicente Fox lo nombró secretario de la Función Pública, el hombre encargado de “pescar los grandes peces”.

Dinastía

En el Estado de México existen nombres que definen de mejor manera la idea del cacicazgo político.

Francisco Cruz y Jorge Toribio Montiel documentan en su libro Negocios de familia. Biografía no autorizada de Enrique Peña Nieto y el Grupo Atlacomulco hasta la última hoja del árbol genealógico del actual presidente de México.

Los autores puntualizan sobre los lazos políticos y consanguíneos sostenidos por los Montiel, los Del Mazo y los Peña durante más de un siglo hasta lograr una estirpe de gobernantes que, tras media docena de sexenios mexiquenses, por fin consiguieron la Presidencia de la República.

En una parte del follaje familiar de principios del siglo XX, los escritores reparan en dos hermanos: Manuel y Pedro Villasante.

Manuel fue padre de Alfredo del Mazo Vélez (gobernador entre 1945 y 1951), abuelo de Alfredo del Mazo González (gobernador de 1981 a 1986) y bisabuelo de Alfredo del Mazo Maza quien, al lograr la gubernatura mexiquense, viene a demostrar la existencia de una auténtica monarquía viva en el PRI, en un México que ha dejado muy atrás la Revolución Mexicana por mucho que cada uno de los Del Mazo haya jurado, al momento de ser investido candidato, preservar los postulados del movimiento social armado de 1910.

Ciro Gómez Leyva, un periodista al que admiro y a quien le tengo agradecimiento, aceptó leer este libro-reportaje. Editor de prensa escrita como también es, hizo algunas observaciones en esta parte del libro considerando que no existe validez académica ni periodística en calificar a los Del Mazo como una dinastía. Ciro apunta que el llamado Grupo Atlacomulco no es homogéneo y que en su interior, como en todas las organizaciones políticas, existen discrepancias, como la que han sostenido Alfredo del Mazo González, padre del gobernador electo, y Emilio Chuayffet Chemor, ambos ex gobernadores del Estado de México.

“¿Es en verdad una dinastía cuando, entre el final del sexenio de Alfredo del Mazo González y lo que podría ser el inicio del gobierno de Alfredo del Mazo Maza han transcurrido 30 años? ¿Es en verdad un tema de familia cuando hace seis años, en que Del Mazo Maza también quiso la gubernatura, la opción fue por Eruviel Ávila porque, simple y sencillamente, garantizaba el mejor resultado en una contienda que se continuaría en la carrera presidencial de Peña Nieto? ¿Estás seguro de que, si bien existe un lejano parentesco entre Peña Nieto y los Del Mazo, existe cercanía entre ellos? ¿No ha salido Del Mazo a jugarse, en estas elecciones, su futuro político y a pelearlo en la fosa de los leones?”, me preguntó Ciro, cuyas observaciones me parecen válidas, así que las vierto aquí como recuerdo que las hizo con experimentado ojo de reportero.

De vuelta al linaje de los Alfredos, Pedro casó con María Dolores Vélez Díaz y procrearon a Dolores del Mazo Vélez, esposa de Arturo Peña Arcos. De esa unión nació Enrique Peña del Mazo, padre del político que regresó el PRI a Los Pinos. Este es el parentesco “en octavo grado” que explica Del Mazo Maza con respecto al presidente.

“Si la mezcla de apellidos fuera combustible y se le arrojara una chispa, el gobierno mexiquense estaría ahora echando fuego por todas sus oficinas y quemaría todo Atlacomulco”, ironizaron Francisco Cruz y Jorge Toribio Montiel.

EN LOS AÑOS CUARENTA, una agorera atlacomulquense predijo, como si ese destino por ella previsto fuera inevitable, que un nacido en Atlacomulco —en ambos sentidos, biológico y político— habría de gobernar la nación.

Alfredo del Mazo Vélez, cercanísimo al presidente Miguel Alemán Valdés —este acusado de ser cercano a las mafias de la época y de haber permitido la confusión del patrimonio público con el privado en el servicio público—, fue también secretario del gabinete de Adolfo López Mateos, lo que significó para Del Mazo González el inicio de su carrera política desde la cuna.

En 1977, con sólo 34 años de edad y teniendo su hijo Alfredo dos años de vida, Del Mazo González ya era director de Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el gobierno de José López Portillo, sexenio caracterizado por el sobreendeudamiento. Luego fue designado director de Instituciones Nacionales de Crédito y, posteriormente, director general del Banco Obrero. Eran los tiempos del populismo mexicano, el populismo al que los priistas mexiquenses contemporáneos no recuerdan haber servido tanto y del que tanto se sirvieron. La cabeza del Grupo Atlacomulco era Carlos Hank González, ejemplo del enriquecimiento fuera de toda proporción, quien agasajó a su amigo José López Portillo imponiendo su nombre a la principal vialidad del norte del valle de México, que va de Ecatepec a Cuautitlán Izcalli, y que muestra, como pocas cosas, el culto que los priistas hacen a sus desastres urbanos.

En 1981, López Portillo decidió que Del Mazo González sería el siguiente gobernador del Estado de México. Un sobrino del candidato priista, Enrique Peña Nieto, de apenas 15 años de edad, participó en el reparto de propaganda política a su favor. Este joven, formado en escuelas del Opus Dei, se afiliaría al PRI a los pocos años. Las idas y vueltas de la vida: 36 años después de aquella decisión, otro presidente con flaco cariño popular, Enrique Peña, decidiría que otro Alfredo del Mazo, además su primo y con el mismo peinado, sería gobernador del Estado de México.

Alfredo del Mazo González soñaba con ser el siguiente presidente mexiquense después de López Mateos. Tenía razones para sentirse seguro. El presidente Miguel de la Madrid encumbró a Alfredo al nombrarlo secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal y lo sugirió como su sucesor al referirse a él como “el hermano que nunca tuvo”.

Otro destacado precandidato fue el entonces procurador general de la República, Sergio García Ramírez, quien de igual manera aparece en el expediente que muestra a la policía y al crimen organizado como hermanos siameses. En la línea de salida también figuraba el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, bajo cuya responsabilidad la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la policía política del autoritarismo mexicano, fue comprada por el narcotraficante Rafael Caro Quintero. Nos es que a los barones de Atlacomulco les fuera ajena esta relación. El propio Hank recuperó la cuadra de caballos de raza propiedad de José Antonio Zorrilla Pérez, director federal de Seguridad, una vez que este cayó en la desgracia por participar en el asesinato del periodista Manuel Buendía y entregar el aparato de inteligencia mexicano al Cártel de Guadalajara, el de Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, jefes de un decidido joven que habría de heredar el crimen en Ciudad Juárez: Amado Carrillo, El Señor de los Cielos, el comprador de la casa de Alfredo del Mazo II.

En la víspera de la designación presidencial para la elección de 1988, Del Mazo González interpretó erróneamente información, asumió el eventual ungimiento de García Ramírez y corrió a apartar lugar en la fila del besamanos. En realidad, De la Madrid había resuelto su sucesión a favor de Carlos Salinas de Gortari, quien envió al ex gobernador mexiquense al exilio diplomático.

Durante el siguiente paréntesis político en la vida pública de Alfredo del Mazo González, cuya experiencia laboral se limita a la función pública, compró la mansión en Cuernavaca que, poco tiempo después, vendería a El Señor de los Cielos.

En su presidencia, Ernesto Zedillo recató electoralmente a Del Mazo González y lo designó candidato a la primera Jefatura de Gobierno del Distrito Federal electa democráticamente, en 1997. El mexiquense perdió la capital mexicana ante el michoacano Cuauhtémoc Cárdenas.

AL LLEGAR a la gubernatura del Estado de México, Peña Nieto nombró a su tío presidente del Consejo Mexiquense de Infraestructura (Comin).

Así lo explican Francisco Cruz y Jorge Toribio Montiel:

“La influencia de Alfredo del Mazo González se notó desde el principio [de la administración mexiquense de Peña Nieto]. Ejerce una autoridad marcada en las decisiones y su equipo es dueño de algunas de las carteras prioritarias en la administración.

”A lo largo de tres años y medio del gobierno de Peña, Del Mazo se ha convertido en pieza clave en la determinación de políticas públicas, principalmente las relacionadas con la construcción de infraestructura para el desarrollo y la contratación de obra pública a través del Comin”.

Un hijo suyo ha pretendido ser el tercer Alfredo del Mazo en la gubernatura del Estado de México desde 2011. También político por supuesto derecho de nacimiento, Alfredo del Mazo Maza fue electo alcalde de Huixquilucan para el periodo de 2009 a 2012, tiempo en que ese municipio, uno de los más ricos del país, se convirtió en lugar de residencia de algunos jefes del Cártel de los Beltrán Leyva.

En 2011, Del Mazo Maza no fue designado candidato a la gubernatura. En los pasillos políticos del Estado de México se dice que la cúpula priista nacional lo consideró vulnerable, entre otras cosas, porque el joven Alfredo se benefició ilegalmente de una beca para estudios de posgrado en Harvard otorgada por Pemex, asunto por el que un funcionario fue a prisión, no así el último de la dinastía Del Mazo.

Su primo Enrique, primero como gobernador, lo nombró secretario de Turismo; ya siendo presidente de México, lo hizo director de Banobras, la entidad de gobierno financiadora de obra pública.

En diciembre de 2011, ya con Enrique en abierta carrera por la Presidencia, Alfredo del Mazo González recibió un reconocimiento mexiquense llamado Pergamino al Mérito Humanista de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México. Aún gallardo, el ex gobernador tomó el micrófono en la ceremonia de su reconocimiento:

“El Estado de México ha sido un ejemplo de gobierno mexicano, de democracia, de resultados, aquí hay credibilidad, aquí hay honestidad, aquí hay transparencia y liderazgos sólidos, autoridad moral y un vínculo indisoluble entre gobierno y ciudadanía.

”Por eso, justo por esas razones es que un mexiquense distinguido encabeza las preferencias nacionales para ser el próximo presidente de la República Mexicana: Enrique Peña Nieto”.

En 2017, el Grupo Atlacomulco no vaciló en hacer lo que fuera necesario por volver al gobierno mexiquense y otorgó la candidatura priista a uno de los suyos, a uno de su sangre: Alfredo del Mazo Maza.

“El Superpolicía” mexiquense

La confusión o superposición del crimen y la policía en el Estado de México es algo tan viejo como el PRI en el gobierno, que alguna vez gozó del fugaz orgullo de tener entre sus funcionarios públicos a un hombre al que parte de la prensa policiaca llamó El Superpolicía, Alberto Pliego Fuentes, al tiempo procesado, encarcelado y condenado por sus relaciones con el Cártel de Juárez.

Vale la pena echar un vistazo al currículum vitae del Superpolicía —a quien los secuestradores llamaban el Supersecuestrador—. La trayectoria de Alberto Pliego fue detallada por él mismo el 28 de julio de 1998, cuando realizó una extensa declaración a propósito de las relaciones que se le imputaron con varios secuestradores, entre otros, Daniel Arizmendi, El Mochaorejas, un plagiario detenido por el propio Pliego Fuentes en su calidad de policía judicial del Estado de México, después de venderle protección durante por lo menos 14 secuestros, en los cuales todas las víctimas sufrieron mutilaciones en la cara.

Pliego Fuentes se inició como policía en 1977 y, apenas dos años después, ya estaba asociado en una empresa de seguridad con un hijo de Arturo El Negro Durazo, jefe de la policía del Distrito Federal, amigo cercanísimo del presidente José López Portillo y —se demostraría no muchos años después— jefe de la delincuencia en la Ciudad de México y traficante de cocaína hacia Estados Unidos.

En 1981, año de inicio de la gubernatura de Del Mazo, el agente fue designado subcomandante de la Policía Judicial del Estado de México, encargado del grupo especial de investigaciones. En una carrera en permanente ascenso, Pliego fue llamado a Morelos como jefe de la Policía Preventiva.

“[Después] fui invitado a colaborar como subdirector de la Policía Judicial del Estado de México por invitación del capitán Humberto Barrera Ponce, quien sería el director de la Policía Judicial del estado, encomienda que no pude asumir en virtud de que el gobernador Alfredo del Mazo fue promovido a una encomienda a la Secretaría de Energía y Minas en el gobierno federal”.

La vida lo llevó luego a Guerrero, estado con fuerte ascendente policiaco de los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo. Entonces la hoja de vida del policía muestra su cercanía con los agentes de la Brigada Especial y de la Dirección Federal de Seguridad, el órgano de espionaje cedido al narcotráfico.

Pliego se encontraría más adelante con los generales Acosta y Quirós en un grupo especial integrado para combatir a la guerrilla que, a mediados de los 90, se negaba a extinguirse y continuaba la práctica de secuestros políticos.

Los tres fueron procesados por dar protección al Cártel de Juárez, detalles de los que está lleno el expediente penal en que aparece el mencionado asunto de la casa que Alfredo del Mazo González, tío del presidente de México, vendió a El Señor de los Cielos.

Alfredo y David

Del Mazo González y López Gutiérrez, ambos, son considerados parte del núcleo duro del presidente, a pesar de que en los últimos meses este se ha distanciado de ellos.

López estuvo con Peña Nieto durante la campaña; llegó con él a Comunicación de la Presidencia de la República, pero luego fue enviado a la Cámara de Diputados.

—¿Estará viendo nuestro amigo todas estas críticas y cuestionamientos? —le pregunta Del Mazo a López Gutiérrez.

—Yo siento de que no [sic] —contesta—. Tengo la impresión de que no. Tengo la impresión de que, si alguien le dice, le comenta: “Oiga, estuvo muy duro la… fulano”, a lo mejor se sigue actuando con cierto desdén. “Estos pendejos siempre dicen lo mismo”. No podía dejar de tocar el punto porque, para mí, es electoral.

—¿Tú sientes que no hay percepción de la gravedad? —insistió Del Mazo.

—Yo… Definitivamente, porque si hubiera la percepción, habría otra conducta —agrega el diputado del PRI—. Si tú quieres, hacia los medios igual. Pero hacia adentro… “A ver, señores, señoritos, vengan pa’cá, ¿no?”. A ver quién no está haciendo la tarea y sacudir el árbol y poner a todo mundo en su lugar. Y los cambios que se requieran. Yo creo en lo personal que hay algunos que aspiran muy fuerte, como el que más sale en las encuestas de los nuestros, que ya cumplió, sinceramente. Ya no da para más, aunque salga todas las noches en la pantallita. Pero sale con planes, programas y buenos deseos… ¡Resultados, cabrones, es lo que necesitamos! ¡Que la gente sienta que estamos respondiendo! —dice López, desesperado.

—Sientes que el efecto del gasolinazo y de la luz es muy fuerte, ¿no? —atajó Del Mazo González.

—Ya veníamos arrastrando… —lamentó David—. La verdad es que este país cambió después de la elección.

El terror

ES SUFICIENTE con ver cada día las portadas de los periódicos Metro, La Prensa, El Gráfico y Basta para asomarse al horror: cuatro mujeres asesinadas, algunas quemadas, otras mutiladas en un solo día en Ecatepec; una familia atravesada por las balas en Tlalnepantla; una masacre perpetrada por el ejército en Luvianos; tres linchados en Chalco; policías metidos en secuestros por Ixtapaluca; el surgimiento de un justiciero asesino de asaltantes de camiones en Toluca…

Y es posible medir lo que esas notas y fotografías periodísticas muestran mediante un instrumento científico: la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) de 2011 a 2016 muestra que las tasas de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes registradas en el Estado de México han sido sistemáticamente mayores que las reportadas a nivel nacional. Las diferencias entre las tasas han oscilado entre 8% en 2010 y 124% en 2013.

Pese a que la incidencia delictiva a nivel nacional mostró incrementos sustanciales entre 2012 y 2013, los aumentos reportados en el Estado de México fueron considerablemente mayores. Sin embargo, cabe destacar que hubo reducciones importantes de la incidencia delictiva en la entidad equivalentes al 10 y 32% en 2014 y 2015, respectivamente. Dichas reducciones resultaron mayores que las registradas a nivel nacional en el mismo periodo.

La prevalencia delictiva en el país fue incrementándose hasta 2013, cuando alcanzó el máximo histórico en 28 mil 224 víctimas por cada 100 mil habitantes. Después de este año, dicha prevalencia a nivel nacional se ha mantenido constante. Al comparar con la tasa registrada en el Estado de México, destaca el hecho de que su tasa de prevalencia siempre ha sido mayor que la tasa nacional. Entre 2010 y 2011 las diferencias entre las tasas fueron de 17 y 27%, respectivamente; en cambio, estas diferencias incrementaron a partir de 2012 hasta alcanzar el 69% en 2013. Esto sugiere un empeoramiento relativo muy marcado respecto al escenario nacional. Por último, en 2014 se registró una disminución de 6% en el Estado de México y en 2015 un incremento de 1%, lo cual mantiene la tasa de prevalencia en niveles elevados.

Masacre

Las defunciones por homicidio en el Estado de México entre 2000 y 2015 se caracterizan por un comportamiento mixto. Durante el periodo 2000-2007 se registraron tasas superiores a la tasa nacional; además, mostraron una tendencia decreciente. La tasa alcanzó su mínimo en 2007. El siguiente periodo transcurre de 2008 a 2013 y se caracteriza por una tendencia creciente de las defunciones y porque el Estado de México mantuvo tasas menores que las registradas a nivel nacional, con excepción de 2013. A partir de 2014 se registró un periodo de disminuciones que han situado a la entidad ligeramente por debajo de la tasa nacional en 2015. Respecto a otros periodos, la incidencia reciente es comparable a la de 2011.

La evidencia de los cinco municipios más poblados del estado refleja disparidades en la incidencia de defunciones por homicidios entre 2010 y 2015. Ecatepec ha mantenido, en promedio, tasas 52% superiores a la estatal durante todo el periodo. Nezahualcóyotl, Naucalpan y Tlalnepantla de Baz registraron tasas similares a la estatal en el periodo, con algunos altibajos importantes en 2012 y 2013. En contraste, Toluca ha mantenido tasas de defunciones por homicidios sistemáticamente menores que las registradas a nivel estatal.

Los registros administrativos de defunciones generales por homicidios disponibles en el INEGI permiten ver que en el Estado de México el perfil de las víctimas de este delito, en términos de sexo y edad, es muy claro. Las defunciones de hombres por homicidio representan el 85% de las defunciones totales. Asimismo, se aprecia que el 25% de todas las defunciones corresponde a hombres de entre 20 y 29 años, es decir, se trata de 1 de cada 4 víctimas. La distribución etaria de los hombres se caracteriza por una cola izquierda muy débil (en los rangos de edad de 0 a 14 años), seguida de un incremento muy drástico a partir del rango de 15 a 19 años. Considerando los tres rangos con más defunciones (de 20 hasta 34 años), estos representan el 43% de las víctimas masculinas totales. Por último, la incidencia de defunciones por homicidios disminuye suavemente a partir del rango de los 40 a 44 años, lo cual indica que los hombres todavía son víctimas en etapas relativamente avanzadas de sus vidas. Los riesgos por esta causa de muerte vuelven a sus niveles mínimos a partir de los 70 años.

Al igual que en el caso de los hombres, la proporción de víctimas mujeres crece a partir del rango de 15 a 19 años y alcanza su máximo en el rango de 20 a 24 años; no obstante, la magnitud del crecimiento resulta mucho menor a la de los hombres. Es destacable que el 35% de las mujeres víctimas de homicidios se encuentran en el rango de 15 a 29 años. A partir de los 50 años las defunciones por homicidio regresan a niveles similares a los de la infancia, lo cual es resultado del decrecimiento suave de la incidencia.

Impunidad

El Estado de México registró la segunda cifra negra más alta durante 2015, que fue de 95.4%, ubicándose sólo después de Guerrero, uno de los tres estados más pobres de México y cuya ausencia de denuncia ante el Ministerio Público fue de 97.5%. Esto significa que en el Estado de México se denuncian menos de cinco delitos por cada 100 cometidos en la entidad.

A la estimación falta reducirle la cantidad de expedientes que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) no consigna y que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) no concluye en sentencia, así como la cantidad de inocentes sentenciados.

La justicia en el Estado de México es una tenue llama, apenas un cerillo raspado contra la lija bajo una tormenta.

Desde 2010, el Estado de México ha registrado una cifra negra superior a la nacional y se ha mantenido como una de las entidades federativas con mayor porcentaje de este indicador. A lo largo de los últimos seis años ha registrado, en promedio, una cifra negra de 94%.

La cifra negra ha aumentado durante la administración de Eruviel Ávila, lo cual significa que las personas que han sido víctimas de algún delito han dejado de ir a denunciar los ilícitos ante la PGJEM.

Si calculamos el incremento desde 2011 hasta 2015, se observa que, en promedio, la cifra negra negra se elevó 1% —se calculó la tasa media de crecimiento anual de la cifra negra reportada por la Envipe— anualmente en ese periodo.

¿Por qué los mexiquenses no denuncian? Principalmente, por causas atribuibles a la autoridad. El 73.3% de los delitos sin denuncia declarada de 2011 a 2015 reportados en la Envipe no fueron reportados a causa de ese factor. Algunas de las situaciones por las cuales las víctimas no acudieron al Ministerio Público son las siguientes: “por miedo a que lo extorsionaran”, “pérdida de tiempo”, “trámites largos y difíciles”, “desconfianza en la autoridad” y “por actitud hostil de la autoridad”.

El recelo ha aumentado desde que inició la administración de Eruviel, pues durante 2011 sólo 72.4% de los delitos sin denuncia declarada se encontraban bajo dicho supuesto. El alza de los casos en esta categoría, así como la cifra negra, ha sido relativamente constante de 2011 a 2015, con excepción de la disminución que se presentó en 2014. Esto significa que el alto porcentaje de casos no denunciados por causas atribuibles a la autoridad se ha mantenido tanto en 2011 como en los años que han transcurrido de la administración de Eruviel Ávila Villegas como gobernador de la entidad.

El Estado de México fue la segunda entidad con mayor porcentaje de delitos no denunciados por causas atribuibles a la autoridad durante 2015. Esta entidad federativa únicamente se encontró por debajo de la Ciudad de México.

Si se analizan los principales delitos que no suelen ser denunciados en el Estado de México, es posible identificar que, al menos en 2014 y 2015, la extorsión es uno de los tres delitos por los que las víctimas más desestiman a su representante social. Este delito registró una cifra negra de 99.5 y 99.3% en 2014 y 2015, respectivamente; lo cual implica que ni siquiera se puede garantizar que sea denunciada una de cada 100 extorsiones cometidas en el Estado de México.

Respecto a los otros dos delitos con mayor cifra negra en la entidad, la Envipe da cuenta de que en 2014 sólo se denunció uno de cada 100 fraudes; en 2015 únicamente se denunciaron dos de cada 100 robos o asaltos en calle o transporte público, y cinco de cada 100 lesiones.

Llama la atención la alta cifra negra de los robos o asaltos en calle o transporte público y lesiones, debido a que suelen ser más frecuentes entre la población, lo cual hace aún más evidente el deterioro de la confianza en la institución de procuración de justicia.

Esta tendencia se mantiene cuando se aborda la victimización de unidades económicas en el Estado de México; la prueba de ello es que, según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), existe un bajo porcentaje de denuncia de los delitos de los que son víctimas las empresas. Acorde con las estimaciones disponibles, se observa que la cifra negra por este tipo de victimización en 2011 y 2013 en la entidad federativa fue de 82.7 y 92.1%, respectivamente. Por lo tanto, se puede mencionar que la denuncia de los delitos de los cuales fueron víctimas las unidades económicas disminuyó de manera considerable, pues en 2011 se denunciaban 17 de cada 100 ilícitos y dicha proporción decreció a ocho de cada 100. Esto significa que la cifra negra aumentó 11.3%.

A todo lo anterior se resta que las acusaciones prosperen en carpetas de investigación, que estas trasciendan en consignaciones ante el juzgado, que el juez condene y que, efectivamente, sentencie al responsable. Lo dicho: la justicia mexiquense es una flamita en el vendaval.

EL PORCENTAJE de cifra negra no es el mismo por unidad económica, es decir, se diferencia dependiendo del sector de la respectiva unidad económica. Así, las empresas del sector industrial son las que reportaron un mayor porcentaje de cifra negra en el Estado de México, pues se denunciaron aproximadamente cuatro de 100 delitos que las afectaron directamente en 2013. Por su parte, el sector de servicios y el comercial registraron una cifra negra de 91 y 90% durante 2013.

Si se analiza este indicador a partir del tamaño de las empresas, se aprecia que la mayor cifra negra la reportaron las microunidades económicas: 93.9% en 2013. En seguida se ubicaron las pequeñas, medianas y grandes empresas con una cifra negra de 81, 60.5 y 39.2%, respectivamente.

¿A qué factores se atribuye el bajo porcentaje de denuncia de los delitos que afectan a las empresas? Al revisar los resultados que arroja la ENVE se aprecia que se ha registrado un cambio significativo de las causas de no denuncia. Así, se observa que en 2011 no se denunciaba principalmente por miedo al agresor, porque se trataba de un delito de poca importancia, porque no se tenía pruebas y otros motivos; mientras tanto, en 2013 no se denunciaba principalmente por causas atribuibles a la autoridad.

La comparativa de ambos años muestra un incremento de 44.3% en los casos no denunciados por causas atribuibles a la autoridad. Este aumento da cuenta de un deterioro de la percepción y la confianza hacia la institución de procuración de justicia, el cual cobra mayor relevancia si se considera que se trata de un indicador de dos administraciones distintas, la de Enrique Peña Nieto y la de Eruviel Ávila.

Los tres entierros
de los Morales Rodríguez I

Reina del Cielo

EL ATAÚD “Reina del Cielo” es un modelo que no se fabrica más en casa de los Morales Rodríguez. Su lámina es de buen grosor, sus herrajes son de la mejor calidad y su interior es de terciopelo, el cual suple el poliéster imitación satín de los cofres convencionales, así que es un féretro demasiado caro y aquí, a pocas cuadras de la capital mexicana, mucho se ha encarecido la vida y más se ha abaratado la muerte.

Al menos la muerte que cabalga a lomo de plomo.

A fines del año 2000, los hermanos Morales Rodríguez y sus hijos habían cortado y horneado un reluciente “Reina del Cielo”. Faltaba pintarlo, pues el color puede ser el último acabado a resolver en este tipo de cofres: gris para un muerto que en vida pasó por el altar o blanco para un adulto que se fue sin contraer nupcias.

Para las fiestas de Navidad de 2000, El Pepino, uno de los hermanos mayores de los Morales Rodríguez, ya vivía en la colonia Valle de Guadalupe, poco distante de la colonia donde creció con sus hermanas, El Chamizal, municipio de Ecatepec, muy cerca de la avenida Carlos Hank González —así llamada en honor del patriarca del Grupo Atlacomulco, del que desciende Peña Nieto—, y a unos cuantos kilómetros de los ríos y embalses que conducen y contienen buena parte de las aguas negras arrojadas por la Ciudad de México.

Pues bien, hacia el ocaso de 2000 El Pepino pasaba los 31 años de edad y sus épocas cerca de las pandillas de la zona no estaban lejos. En la década de los 80, por aquí campearon los del Quinto Patio, La Huaca, Los Apestosos Punk, Los Machetes, Los Pañales, Los Condones. Por allá merodeaban Los Greñas Punk.

Eran tiempos en que decenas de muchachos con los pelos parados y los pantalones de mezclilla untados vivían en la osadía de fumar marihuana, inhalar Resistol 5000 o acomodarse un picahielos en la presilla del pantalón. De utilizar una cadena en vez de cinturón. Las confrontaciones entre las bandas tenían aspecto medieval debido a la ausencia de armas de fuego y discurrían entre encontronazos de muchachos que blandían y lanzaban palos, tubos, botellas, puños, patadas.

“Había, cuando mucho, tres cuetes [cohetes, pistolas] por cada diez chavos banda”, estima El Pepino. “Hoy no hay menos de siete por cada diez cabrones con un fogón. ¡No menos, hijo!”, enfatiza asintiendo con la cabeza, aunque el gesto implica el vaivén de la espalda y el columpio de su media melena, negra y lacia. “¡Cabrón!”.

El Pepino es un hombre que, a sus 47 años de edad, se mantiene fuerte como un toro. A juzgar por la cantidad de cicatrices que tiene en los nudillos y las que luce en la cara, es claro su récord ganador, así que resulta tan raro ver su llanto, verlo “quebrarse”.

Cuando habla del Honguito, su primer sobrino asesinado, El Pepino no opone resistencia y se doblega.

La organización de la última posada de 2000, el 23 de diciembre, en Valle de Guadalupe, correspondió al Pepino y su familia. Cerraron la calle, colgaron las piñatas de las azoteas y los postes, y corrieron los buñuelos. Los vecinos peregrinaron por las casas con el Niño Dios, una figura de cerámica de ojos claros y mejillas sonrosadas.

—Mi sobrino… ese día andaba bien contento porque… Perdón, ¿no? —se disculpa por el llanto—. Porque le habían dado su tarjetón, cabrón. Su pinche tarjetón de microbusero. Mi carnala —dirige un gesto con la barbilla a Guadalupe Morales Rodríguez, sentada al otro lado de la estancia— no quería. Tenía miedo que asaltaran al Honguito, que le hicieran algo.

La necesidad de trabajar se impuso y, a fines de ese año 2000, el muchacho ya contaba con su permiso de conducir y un microbús que manejaba para algún propietario.

—Tío, ya me dieron mi tarjetón, ya mi papá me dio chance —presumió el chavalo al Pepino.

Quedaría adscrito a la Ruta 18, con derrotero de la estación del metro Múzquiz, muy cerca de aquí, al metro 18 de Marzo o a Lindavista, en el rumbo de la Villa de Guadalupe.

—Chido, hijo, qué a toda madre.

El Honguito despertaba en el barrio un ánimo predatorio en su contra, y entre los suyos la admiración de ser un muchacho que nunca tuvo problemas de alcohol, drogas ni pleitos. Él, a diferencia de cada vez más chavos en la zona, nunca estuvo a punto de pasar parte de su vida encarcelado.

Por eso el pleito que inició al otro lado de la cuadra debía quedar lejos. Tras los gritos de la marabunta envuelta en patadas y puñetazos, alguien vio al Vampiro, un maleante local de la época, huir en un taxi con la cara ensangrentada y la promesa de volver.

AL HONGUITO le sobraba de bondad lo que le faltaba de suerte.

Cuando nació, el 1 de marzo de 1981, Alejandro Moisés Anguiano Morales tenía la boca tan apretada, prominente y redonda que, antes de ser bautizado en la iglesia, fue nombrado en el barrio: El Honguito.

Apenas nació, el niño se puso amarillo como guayaba. Tenía un problema en la sangre, y en cuanto descubrió Guadalupe entre las sábanas a un niño flaco y los ojos alargados, los médicos se lo arrebataron para que terminara de gestarse en la incubadora. Fue el primero de los cuatro hijos que dio a luz Guadalupe y el primero de los dos que ha enterrado.

El Honguito siempre fue el muchacho al que los demás niños le arrebataban la mochila y le arrojaban los cuadernos a la basura. Era quien volvía con un ojo morado y la vergüenza de no haberse defendido.

—¿Por qué no enseña usted a su hijo a que se defienda? ¿Por qué siempre se tiene que dejar que le peguen? —le decía la maestra a Guadalupe cuando la llamaban para buscar solución al problema.

—Porque él es así —reponía Guadalupe y secaba los ojos achinados de su niño—. Él es así.

—Es que le quitan lo que es suyo.

—¡Hijo! ¡Defiéndete, hijo! ¡O quítate de ahí! Si ves que te van a pegar, quítate —decía Guadalupe, porque algo debía decir.

El tesón fue más y sobrevivió a la secundaria, nivel de educación del que en esa parte de la ciudad deserta la mayoría de los chavalos.

Logró su ingreso al Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo.

“Ahí me lo agarraron a cadenazos una vez”, recuerda Guadalupe. “Y yo veía los moretones con forma de eslabones en su espalda y lloraba lágrimas amargas, porque yo no entendía por qué mi muchacho tenía tan mala suerte”.

El Honguito iba y volvía a la escuela en camión. Pero su mala estrella también era tozuda y con frecuencia sufría un asalto mientras caminaba hacia el transporte, que abordaba con la súplica de no pagar el pasaje.

—¿Sabes qué, carnal? Pues a mí se me hace que nada más me estás cotorreando —le dijo algún chofer luego de escucharlo dos o tres veces con el mismo relato del robo—. ¿Qué te parece si me ayudas un rato y sacas para tu pasaje? —le propuso.

El Honguito aceptó y se convirtió en cacharpo, el gritón que anuncia la ruta desde la puerta del microbús. Después aprendió a manejar y la fortuna pareció enderezarse hasta 1999, cuando estalló la huelga en la UNAM contra el plan de la rectoría de imponer cuotas y el futuro de esa generación se volvió una neblina impenetrable.

—Mamá —anunció el muchacho—, ayudaré a la huelga de otra manera; no integrándome, porque no me gusta eso, pero sí ayudaré con víveres.

Durante los nueves meses que duró el paro escolar, El Honguito suplió la asistencia a las aulas con trabajo en el microbús y manejar uno se convirtió en su meta laboral inmediata. Sobre su futuro profesional, quería convertirse en médico y así poder curar a su padre.

La familia vive principalmente de la fabricación de ataúdes de todo tipo, los cuales venden a las funerarias. Por ejemplo, un cofre “Reina del Cielo”, el modelo más lujoso elaborado por los hermanos Morales Rodríguez, se entrega al velatorio en 5 mil pesos y será revendido a los deudos hasta en 20 mil.

“Ya no lo hacemos, ya no se vende. Es muy caro y cada día estamos más jodidos”, explica El Pepino. Pero, hace 17 años, la familia sí construía preciosos “Reina del Cielo”.

Completaban el ingreso con una pequeña tienda de abarrotes en la colonia Valle de Guadalupe. La madre del Honguito no lo tiene presente, pero hay quien sí recuerda las apariciones del Vampiro para comprar cerveza.

EL VAMPIRO ES O ERA un ladrón de transeúntes y microbuses. Alguno de esos asaltos lo llevó a la prisión de Chiconautla y, a fines de 2000, se encontraba bajo libertad condicional, por lo que debía presentarse una vez por semana a firmar ante la autoridad. Era un criminal más que conocido por la policía, el Ministerio Público y los juzgados de la zona. Se guarecía en la cercana colonia La Estrella. Guardaba amistad con El Carlos, el vendedor de marihuana de la época.

El 23 de diciembre de 2000, El Honguito cenó y continuó la conversación con su tío y sus padres, él parado en medio del grupo.

El Vampiro cumplió la promesa y reapareció. Detuvo su coche y de sus ropas sacó un revólver. Las piñatas, rotas y vaciadas, colgaban de los mecates.

“¡El Vampiro! ¡El Vampiro trae cuete!”, gritó alguien.

Se oyeron varios disparos. Algunos dirán que el ladrón apretó el gatillo contra la multitud. El Pepino vio o cree haber visto la chispa de una bala chocando contra el pavimento a unos metros de ellos. Quiso cubrir a su familia con su cuerpo, pero cuando volteó ya el grito de su hermana alcanzaba la avenida Carlos Hank González.

—¿Sabe qué, señora? Mire, a mí me da una feria y nosotros nos movemos… o ahorita se lo agarro en caliente —propuso un comandante de la Policía Judicial del Estado de México a Guadalupe apenas lograron separarla del cadáver de su hijo para cubrirlo con una sábana blanca.

—¡Es que no le puedes hablar tú así! ¡Agarra la onda! ¿Ves que es su hijo? ¡No se murió cualquier persona! ¡Se murió su hijo, cabrón! ¿Cómo le hablas así, cabrón? —tronó El Pepino.

—Mira, nosotros podemos agarrar a ese güey. Si tú quieres decirme quién es, nosotros lo agarramos. Pero necesitamos un cambio —pidió el policía judicial al Pepino.

—¿Cuánto es un cambio? —balbuceó el hombre.

—Ahorita tráete 10 mil, 12 mil pesos, y ahorita en caliente lo agarramos. Porque nosotros lo tenemos checado a ese güey, sabemos quién es. ¿Nos puedes traer unos cigarros? —pidió el agente a las dos o tres de la madrugada de la Navidad, día en que nació el hijo de María, día en que murió el hijo de Guadalupe.

—USTED tiene que investigar si él trabaja, si tiene hijos, si sus hijos van a la escuela, si tienen seguro, dónde vive, con quién se junta —explicó otro comandante a Guadalupe el proceso investigativo—. Este fulano anda por aquí, pero le vamos a advertir una cosa: si usted lo ve, nos avisa luego luego. No se le vaya a acercar, ni siquiera se le vaya ocurrir tocarle un pelo. Porque, ¿qué cree? Que a estos delincuentes los protege Derechos Humanos.

—¿De qué habla? —ella pidió que le aclararan la sugerencia.

—Ese es un delincuente que no merece vivir. Merece que lo agarremos y lo aplastemos como cucaracha, así, en el piso —respondió uno de ellos.

—¿Qué cree? Que no. Yo no soy así. Yo no quiero saber nada, ¿sabe por qué? Porque tengo otros hijos. Entonces yo no soy quién para quitarle la vida a nadie.

Guadalupe salió a la calle y cuando volvió a la agencia del Ministerio Público reveló a los agentes el domicilio del Vampiro, los nombres de su madre y sus hermanos, su dirección, los sitios que frecuentaba, los apodos de sus novias…

Durante una temporada, cada día, la madre apareció en las oficinas de la PGJEM para conocer el avance. “Nada”, era la respuesta cotidiana. “No hay nada, jefa. Pero mire, si usted me da para…”.

—¿Quedó impune? —pregunto a Guadalupe.

—Sí, quedó impune. Después de que me volvieron a pedir dinero, porque supuestamente El Vampiro estaba en Tijuana, y querían dinero para buscarlo, les volví a decir que se fueran a la chingada y que no se les iba a dar nada —la mujer endurece el gesto—. Para todo pedían dinero: para la gasolina, para tragar, para chupar, para ir, para no ir… Cada vuelta eran 2 mil o 3 mil pesos y yo les decía que vivía al día y así era. ¡A la chingada!

—¿Y usted? —pregunto al Pepino.

—¡Nosotros nos lo íbamos a comer! —El Pepino exclama la fantasía de aquel momento por ir él mismo a matar al Vampiro—. Sentía un dolor bien culero que no se puede explicar… Tenía la pinche camisita blanca toda llena de sangre de mi sobrino… Y esos hijos de su puta madre de la policía mandándome por cigarros para seguir su dizque investigación. Y esos cabrones pidiendo dinero para esto y aquello, que para hacer más rápido lo del levantamiento del cuerpo, que para agilizar lo del médico legista. ¡Todo es lana, todo es lana ahí, cabrón!

EN LA NAVIDAD del año 2000, los primos y los hermanos del Honguito volvieron al taller de ataúdes, en los altos de la casa de El Chamizal. Descubrieron la caja de un “Reina del Cielo” y la pintaron de blanco para El Honguito. Guadalupe no logró reponerse para vestir a su muchacho y lo enterraron desnudo, tal como se los entregaron de la morgue.

Aun después del asesinato, El Vampiro acudió al menos un par de veces a firmar al juzgado. Nadie lo detuvo.

—¿Ustedes lo confirmaron?

—Sí, nosotros lo tenemos probado. Pero nada, aquí no hay justicia. Yo ya todo lo dejé en las manos de Dios. Si Dios quiere, lo va a castigar. Él sabrá.

LA BALA O ESQUIRLA entró por la nuca y mató al Honguito al instante. Y de cierta manera, ese mismo día, su hermano Fernando Sebastián, El Sebas, comenzó a morir. Su muerte fue tan lenta que llegaría casi 11 años después.

—Señora, usted denos una feria y nos movemos rápido —insistían los agentes.

—¿Saben qué? Ya sáquense a chingar a su madre porque ya estamos hartos de ustedes. Punto. Porque ni ponen solución y nada más vienen a sacar dinero.

—¿Quieres vengar la muerte de tu hermano? —preguntó un policía judicial al Sebas.

El muchacho, entonces de 17 años de edad, asintió con la cabeza.

—¿Y nos vas a ayudar a agarrar al hijo de la chingada que lo mató?

El Sebas asintió de nuevo.

—Pues entonces, cada que veas una bolita de culeros, tú te tienes que meter ahí, con ellos, escuchar lo que dicen, porque entre ellos está el güey que va a poner al asesino de tu hermano. ¿Lo vas a hacer?

Y El Sebas obedeció.

Los tres entierros
de los Morales Rodríguez II

Un ataúd barato

LOS VECINOS de Valle de Guadalupe levantaron, sobre la banqueta, una capilla dedicada al Honguito, muerto por una bala perdida el 23 de diciembre de 2000.

La colonia está muy cerca de Xalostoc, donde nació y creció Eruviel Ávila, en ese momento diputado local.

“Toda la gente es católica, y me decían que Dios me quería mucho porque mi hijo había muerto a mi lado y yo lo había visto morir”, recuerda Guadalupe Morales Rodríguez, madre del joven.

—¿A cuántas mamás se les mueren sus hijos y no saben si están vivos, si están muertos? —la consolaron—. Tú por lo menos tienes un lugar donde llorar.

—¡Ay, qué fácil es decir cuando uno no ha sentido las cosas! ¡Qué fácil es venirme a hablar de un Dios que me quiere, que me ama, cuando no ha perdido a un hijo! ¡No lo vestí, no pude vestirlo, no me dejaron verlo!

—¿Me deja que le ponga estas flores a su hijo? —preguntó una extraña a Guadalupe.

—Sí —se apartó la madre para que la otra mujer depositara la ofrenda.

—Su hijo era un muchacho muy bueno, muy bueno. A mí muchas veces me ayudó. Una vez me quisieron pegar en el microbús y él puso su cuerpo para que no me pegaran.

—¿Por qué? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi familia, por qué a mí como madre? Si nosotros no nos metemos con nadie, nosotros trabajamos. Nosotros lo poquito que adquirimos lo tenemos por el sudor de nuestro esfuerzo. Yo a mis hijos les enseñé a trabajar, a respetar, amar a su prójimo. ¿De qué me sirvió todo esto?

Guadalupe pausa. Toma aire. El momento no se ha ido, ahí sigue.

—Si su hijo no hubiera sido lo bueno que fue, ¿usted estaría en condiciones de aceptar su muerte? —pregunto a Guadalupe en su casa, en la colonia El Chamizal, a pocas cuadras de donde abrazó el cadáver de su hijo.

—Todavía no la acepto y hay veces que, como ser humano, me rebelo y cuestiono a Dios del porqué —Guadalupe se atempera—. Aunque ya de varias maneras me lo ha explicado y nosotros no somos quién para que Dios se nos presente y nos diga por qué esto y por qué aquello.

—¿Y cómo se lo explica a usted?

—La primera vez, yo… Yo duré un año, exactamente, muerta en vida. Yo hacía las cosas por inercia, porque me decían que las tenía que hacer y porque les tenía que dar a mis hijos de comer, bañarlos, vestirlos y todo. Una vez que iba yo en la calle, como que me tronaron los oídos y empecé a oír el ruido de los pajaritos, el ruido del aire, empecé a sentir el aire en mi cara, sentí el olor de los árboles, de las flores. Y yo desde ese día dije: “Señor, tú me has devuelto la vida y esto que tú me has dado, Señor, es para bendecirte y alabarte”.

Y luego asesinaron a su segundo hijo.

GUADALUPE MORALES llamó a su segundo hijo Fernando Sebastián Anguiano Morales. Nació el 17 de mayo de 1983, justo una semana después del Día de la Madre de ese año.

Desde la infancia, El Sebas, como lo llamaron desde antes de que supiera decir su nombre, mostró un espíritu distinto al del Honguito, su hermano mayor: fue un niño travieso y con menos apego a la escuela, pero, como el anterior, era un muchacho respetuoso de los demás.

Abandonó la secundaria y consiguió empleo como ayudante de un vendedor de ropa que instalaba sus puestos en tianguis ambulantes por el Estado de México y Morelos, y hacía algunos trabajos de albañilería.

Separados en el nacimiento por un par de años, El Honguito y El Sebas parecían cercanos como siameses, así que al segundo muchacho se le torció el futuro a los 17 años, cuando encontró a su madre desplomada en la calle abrazando el cadáver del Honguito, muerto por una bala perdida disparada a la multitud por El Vampiro. Toda la vida de los Morales Rodríguez giró alrededor de ese instante de estupidez del ladrón convertido en asesino.

—No, cabrón —instruyó un policía judicial al Sebas—, donde tú veas una bolita, tú métete para que investigues a ver dónde anda ese güey.

Y El Sebas se unió a la bolita.

“Era tanta su obsesión de vengarse de estas personas que se fue integrando a las banditas hasta que lo jalaron. Yo reconozco que lo jalaron”, recuerda Guadalupe.

—Oye, hijo, vente —le pedía Guadalupe cuando se lo encontraba en alguna esquina, con una botella de cerveza en la mano.

—No. Estoy aquí y yo de aquí no me muevo hasta que no lo vea —advertía El Sebas.

El Sebas inició una relación con una muchachita, muy joven, con quien tuvo una hija, Sara, y quien desapareció de la vida de los Morales Rodríguez apenas nació la bebé. Al alcoholismo del Sebas pronto se sumó el hábito empedernido por la piedra y una conducta siempre pendenciera que se remontaba, según su madre, a su sentido de justicia: si alguien era golpeado en la calle o en el camión, el muchacho no dudaba e intervenía.

DURANTE 2006 Y 2007, una avanzada de La Familia Michoacana tomó por asalto el narcomenudeo de una parte conurbada de la Ciudad de México, al norte del Distrito Federal. Su operación fue similar a la descrita en el expediente que se conocería como el michoacanazo, el frustrado intento de Felipe Calderón Hinojosa de procesar a decenas de funcionarios públicos de Michoacán.

Como si el Estado de México no existiera, el gobierno federal no intervino en Coacalco ni en Ecatepec, donde apareció el brote y donde, al igual que en el caso de los michoacanos, el cártel se empoderó con la compra sistemática de funcionarios públicos.

Al mismo tiempo, Los Zetas, en su apabullante expansión por todo el país, excepto el occidente, también anidaron en Ecatepec, según consta en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/205/2009; la causa penal 02/2009-II, instruida por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Nayarit, y el toca penal 576/2009, resuelto por el Tribunal Unitario de Circuito de la Séptima Región.

—No, no, nada. Antes no había cárteles. Eso comienza en 2006, 2007 —comenta un ex vendedor de la colonia Valle de Guadalupe—. Los cárteles llegaron y nos pasaron a todos a su nómina. Nadie vendía por su cuenta, como antes se hacía. Y empezó la matazón.

—Se hablaba de La Familia Michoacana —comento.

—De la Familia y de Los Zetas. Había un amigo que iba en la Prepa 9. A ese güey le decían El Quetza, porque se llamaba Quetzalcóatl. El Quetza empezó a vender papeles de cocaína. Los traía de allá a 50 pesos y los vendía aquí en 100 pesos. Ya después no sé con quién se empezó a vender droga, era el más conocido de aquí. Todo el mundo conocía al Quetza. Tú parabas un taxi y le pedías que te llevara con El Quetza y te llevaban con él.

—¿Se llamaba Quetzalcóatl?

—Sí: le dieron treinta y tantos chingadazos.

—¿Tiros?

—Tiros.

—¿Aquí mismo?

—Sí, aquí cerca, a una lado de la delegación. A ese güey se lo chingó La Familia Michoacana. O sea, llega la Familia y dice “aquí nomás La Familia”. En ese momento empiezan a matar mucha gente, empiezan los descabezados, cosa que aquí nunca se había visto y ya después se volvió común. Aquí en la esquina los tiraban.

—Los siguen tirando —interviene una acompañante del ex vendedor—. Nomás el 1 de enero vinieron a tirar uno en medio de esos dos arbolitos.

—¿Qué ocurre con la policía?

—No, la tira no hace nada, obviamente —suelta con fastidio el hombre por tener que decir un hecho obvio—. La Familia se posiciona y empieza la matanza sistemática de los chavos que venden drogas.

—¿De los vendedores tradicionales?

—Exacto. Luego llegan los Beltrán Leyva y empiezan a matar a los de La Familia y los desplazan. Se posicionan, dejan las narcomantas, las cartulinas. Y hay una dinámica en todo Ecatepec, en todo el Estado de México, muy fuerte. Puedes ver los periódicos, ahí sale a cada rato. Y aquí te puedo decir que en la casa de al lado recién mataron a dos chavos. Y a media cuadra, el año pasado se chingaron a otro. Y así. Ahora están los Guerreros Unidos.

—Pero se fueron luego de hacer el asunto de Ayotzinapa.

—¡Nooooo! Apenas en las elecciones colgaron cartulinas en los puentes exigiéndole a Octavio [Martínez, candidato a la alcaldía por el Partido de la Revolución Democrática, PRD] que cumpliera sus promesas. Aquí existe un vínculo directo con la política y, obviamente, con los mandos judiciales.

—¿YA VES, HIJO? Mira, ve todos los peligros que hay en la calle —le decía Guadalupe al Sebas cada que se sabía de un nuevo asesinato en los alrededores—. Yo no puedo ni dormir porque tú andas en la calle.

—A mí me gusta así y punto —respondía el muchacho, a quien la rabia le soplaba todo el tiempo al oído.

En 2007, según la propia familia, El Sebas hacía las compras de piedra para algunos policías municipales de Ecatepec adscritos a Valle de Guadalupe, cerca de Xalostoc. Eruviel Ávila concluía su primera presidencia municipal y se alistaba para volver al Congreso mexiquense.

Algo se descompuso en la relación con los agentes y, a partir de cierto momento de 2007, los mismos policías, en la misma patrulla, cada que se encontraban al Sebas en la calle lo detenían, lo revisaban y, como siempre, encontraban entre sus cosas algunas chiquitas. Simulaban que lo presentarían ante el Ministerio Público federal para luego liberarlo a cambio de algunos pesos y propinarle una golpiza.

Guadalupe mantuvo una peregrinación permanente en la agencia ministerial de San Agustín, a donde llegaba con 500 pesos por delante para que soltaran a su muchacho. A veces los policías le explicaban que la detención obedecía a un asunto de drogas, otras por robo de alguna chuchería y otras más por protagonizar algún pleito callejero.

—No, mamá, déjeme —los hijos de Guadalupe le hablan a su madre de “usted”—. Yo aquí me quedo y hago faena y mañana salgo temprano.

Pero Guadalupe presentía que en cualquier momento habría de enterrar a su segundo hijo y hacía cualquier cosa por retenerlo a su lado, así que pagaba.

Según las versiones del barrio, un día de 2008 apareció en escena un muchacho llamado Ulises, El Pozoles o El Medusa, así apodado porque “todo lo que tocaba lo convertía en piedra”. El Medusa era un ladrón y vendedor ocasional de drogas, como muchos en el rumbo, que se hizo de un estéreo para auto robado y vendió en un sitio de taxis. Logró acomodarlo en 60 pesos, útiles para dos o tres piedritas o chiquitas.

La especialización local en esta droga, también llamada crack, es tal que los intermediarios de menor nivel ofrecen cátedra del cártel de origen de la cocaína base cocinada según su color y tamaño de los granos.

El Medusa caminó algunos pasos y, en la esquina, la patrulla dio vuelta. Los policías lo detuvieron y le preguntaron por el estéreo, ofreciendo cada detalle de este.

—¿Dónde está el autoestéreo que te acabas de robar, güey? —lo interrogaron.

—No, güey, si yo no me robé nada. A mí me lo dieron a vender —pretextó El Medusa.

—No te hagas pendejo, tú te lo robaste, güey —respondió uno de los uniformados.

Ya no le dieron oportunidad de decir más, pues lo tundieron.

El Sebas, que pasaba por ahí, intervino:

—No, güey, ¿por qué le pegas?

—Por pinche ratero y te vale madres —repuso el policía.

—Pero no es para que le pegues así. Si quieres ahorita nos ponemos en la madre tú y yo.

—¿Sabes qué, Sebas? El pedo no es contigo. ¡Quítate de aquí, güey!

—Es mi amigo…

El Sebas se disponía a pelear cuando escuchó, detrás, la voz de su madre.

—¡Vente, hijo, mira, vámonos para la casa, por favor! —suplicó Guadalupe.

Los policías subieron al Medusa a la patrulla y, antes de arrancar, el que se había encarado con El Sebas se dirigió a él:

—Ahorita voy a regresar por ti para que se te quite lo pinche hocicón y por pinche metiche te voy a refundir.

Y regresó. El Medusa, El Sebas y el comprador del estéreo fueron detenidos y encarcelados en el penal de Chiconautla.

A PESAR de su historial, para el récord oficial del sistema de justicia mexiquense El Sebas debía ser tratado como un delincuente primerizo y así enfrentar la pena impuesta de cinco años y nueve meses de prisión. Interpuso un recurso de revisión de la sentencia y la condena disminuyó a cuatro años y nueve meses, con lo que quedaba sujeto al beneficio de libertad bajo caución, que los Morales Rodríguez cubrieron con algunos pesos rascados al bolsillo y un apoyo de la Fundación Telmex.

El Sebas pisó la cárcel, pero vivió ahí sólo dos o tres meses. Salió y a los pocos días fue a la iglesia a agradecer a Dios la libertad obtenida. Compró algunas cervezas y empezó a beberlas en la escalinata del templo. Se sentó y vio pasar a la patrulla de siempre. Los agentes bajaron, lo revisaron y, como no encontraron nada que pedirle, lo llevaron a San Agustín.

Lo presentaron por intento de robo, y aunque el supuesto afectado aclaró que sólo le había pedido dinero y que eran conocidos, El Sebas recibió una nueva condena. Esta vez de dos años.

Guadalupe volvió a Chiconautla. Ya conocía el sistema: cinco pesos por entrar, cinco pesos por no desnudarse y hacer sentadillas frente a las custodias por si fuera el caso que escondiera drogas en sus partes, cinco pesos si quería pasar con algún alimento, cinco pesos si quería evitar que el oficial metiera la mano en esa comida, cinco pesos si el color de su ropa parecía estar fuera del reglamento, cinco pesos si en la consideración del guardia su rostro no se asemejaba a la imagen de su credencial de elector, cinco pesos si quería una silla para sentarse en el patio… “Una manita”, así se le dice a este reiterado impuesto de cinco pesos.

—Conste que uno no le pide nada, jefa, que usted me lo está dando —dicen los guardias favorecidos de las leyes no escritas, pero ampliamente difundidas por familiares de los presos mexiquenses.

El 31 de diciembre de 2010, El Sebas había cumplido su pena y sería liberado al día siguiente. Año Nuevo, hombre nuevo. Guadalupe se dirigió el último día del año a darle la bendición y decirle que todos lo esperaban para el recalentado del día siguiente. Le rogó por no beber demasiado pulque, como se llama en la cárcel a una bebida fermentada con frutas, aunque no de maguey.

—¡Ay, Sebas! No se vayan a poner a festejar porque ya vas a salir, hijo. Mira, bendito Dios que ya compurgaste. Ya mañana te vas pa’ tu casa —dijo la madre—. Luego pasan cosas —reiteró la mujer, dueña de una poderosa premonición venida con la dolorosa experiencia.

—No, jefa, ¿cómo cree? —dio coba El Sebas.

La mujer dirigió una mirada pidiendo el apoyo del Checo, un reo amigo de su hijo, y se despidió.

A la mañana siguiente sonó el teléfono. Guadalupe respondió y se escuchó la advertencia de llamada proveniente de una prisión. La mujer aceptó recibir la llamada y, al otro lado de la línea, reconoció la voz agitada de uno de los compañeros de celda del Sebas.

—¡Ay, jefa! ¿Qué cree? Que hirieron a Sebas. Pero lo hirieron feo, feo. Ahorita ya lo sacaron, pero para mí que ya, ya no —dijo El Checo creyendo que hablaba con una hermana de Guadalupe—. Nomás no le vaya a decir a su hermana.

—¡Ay, Checo! ¿Pues qué crees? Que soy yo.

Guadalupe voló al penal de Chiconautla y ahí le informaron que El Sebas estaba hospitalizado en una clínica de gobierno cercana al fraccionamiento Las Américas.

La recibió el médico.

—Fue una operación muy complicada, porque sufrió cuatro perforaciones en el intestino —explicó el cirujano sobre los daños más graves dejados por 11 cuchilladas.

—¿Me deja verlo?

—No, madre, porque ahorita cualquier virus que entre le puede causar la muerte. Regrese usted mañana.

El 2 de enero, la mujer entró al cuarto y encontró al muchacho inconsciente y esposado al barandal de la cama con parches blancos por todos lados, también en la cara y la cabeza, donde lo hirieron posiblemente con un pedazo de lámina afilada.

—Ya hicimos todo lo humanamente posible por él y ahorita lo único que nos queda es que no se infecte, porque ahí queda. Si mañana amanece vivo, ya la libró —reportó otro médico a Guadalupe.

Afuera, los hermanos del difunto Honguito y del moribundo Sebas esperaban a su madre.

La mujer rezó: “Señor, te cambio mi vida por la de mi hijo. Toma la mía, Señor, y deja a mi hijo. Pero no es mi voluntad sino la tuya”.

EL SEBAS volvió a Chiconautla con la barriga tan llena de cicatrices que no se le veía el ombligo.

Guadalupe pidió permiso para llevar alimentos de mejor calidad al muchacho. Buscó al médico de la cárcel.

—Estas ratas son como perros… —respondió el otro—. No merecen ningún trato especial.

—Sí, doc, pero ¿qué cree? Que sí, mi hijo es uno de esos perros, y hasta los perros se comen las migajas que tiran los amos de la mesa.

—Sí es cierto, jefa. Y por esa humildad que usted tuvo, tráigale la comida a su hijo, yo se la voy a pasar.

El Sebas sobrevivió y, tras terminar con el papeleo, fue dado de alta y puesto en libertad.

—Te pareces a mí, hijo, tienes carne de burro.

Apenas sintió que el alma le volvió al cuerpo, El Sebas comió carnitas, barbacoa y bebió cerveza como si sólo le hubieran rascado la panza.

El domingo 19 de junio de 2011, Día del Padre de ese año, El Sebas cargó a su padre en vilo y le dio tres vueltas para demostrar la recuperación y salió a la calle.

“Dios, cuídalo y bendícelo. No te lo lleves, pero no es lo que yo quiera, Señor, sino tu voluntad”, murmuraba Guadalupe apenas veía la espalda de su hijo cruzar la puerta.

Poco después, un grito atravesó la cochera y se metió hasta la cocina en que Guadalupe cocinaba.

—¡Vaya a ver a su hijo! No se quiere venir y ya anda tomado.

—No, ¿por qué crees que a mí me va a hacer caso? No va a hacer caso, allá déjalo.

Guadalupe y su marido salieron a la iglesia para tomar misa con sus otros hijos y sus sobrinos, entre estos El Leo.

A la vuelta del oficio, los muchachos avisaron a Guadalupe que saldrían a un mercado sobre ruedas que se instala los domingos en la colonia San Felipe.

—No vayan a tomar, hijo, para que tu hermano no tome —dijo ella en el cálculo de que se encontrarían con El Sebas.

De regreso, los muchachos advirtieron que la borrachera del Sebas estaba más que subida de tono y que no habían logrado obligarlo a subir a un auto para que volviera a casa por miedo a lastimar su vientre.

Guadalupe sacudió la cabeza y encendió la televisión.

Al anochecer, una sobrina entró como un viento helado.

—Madrina, ve a ver al Sebas porque le pegaron.

—¿Sabes qué, hija? Ya se acabó, ya no más, hija. Esto ya se acabó —lloró, y llora.

“Fui y encontré a mi hijo en el piso. Lo abracé y todavía me miró. Entonces murió”.

LA VERSIÓN de consenso es que esa tarde El Sebas subió a un microbús en que viajaban el conductor y su cacharpo. Les pidió dinero para cerveza y se lo negaron. Entonces El Sebas golpeó a los dos. Los transportistas arrancaron y, metros adelante, lejos del grupo con el que estaba reunido el muchacho, detuvieron el camión en actitud de reto.

El Sebas cayó en la trampa. Caminó hacia el vehículo y fue recibido a palos. El chofer y su ayudante subieron y se pusieron en marcha, pero El Sebas se levantó. El conductor se detuvo, echó marcha atrás a toda velocidad y atropelló al muchacho.

JUAN MORALES RODRÍGUEZ, el más joven de los hermanos, volvió al Ministerio Público para averiguar el avance en la investigación. Conocía a alguien en la oficina.

—La de tu primer sobrino ya caducó, ya no se puede hacer nada. Se quedó como en archivo muerto, algo así. Ahorita, la de tu otro sobrino la tienen estos judiciales. Ve con la licenciada, dile que vienes de mi parte y que te comunique con ellos.

Juan caminó hacia un grupo de hombres y se dirigió al que parecía comandarlos, un tipo que tenía el rostro cubierto de cicatrices.

—¿Policía judicial? —preguntó Juan—. Aquí traigo el tenis de mi sobrino.

—Pinche tenis, vale madres —respondió el otro con fastidio.

—Aquí están los pedazos del micro.

—Valen madres. ¿Traes carro?

—Sí, traigo carro —Juan apretó los puños y se contuvo.

—Bueno, llévame a ver quién dices tú que lo mató.

—No, yo no digo que lo mató. Eso es lo que nos dice la gente.

—Bueno, llévame, porque lo atropelló un microbús.

Subieron al auto y Juan escuchó al agente quejarse de todas y cada una de las cosas de que un hombre puede quejarse en la vida. “Esto es un desmadre”. “No se puede”. “Está bien cabrón”. “Ustedes no se prestan para hacer las averiguaciones”.

—Mira, güerito, yo te voy a decir una cosa. ¿Quieres agarrar a ese güey? Es bien fácil. ¿Ves ese pinche microbús? Ahorita yo voy y agarro al microbusero y lo acuso. Él no fue, pero él me va a decir quién fue y me va a decir en dónde está.

—¿Cómo, cómo? A ver, explíqueme, que no entiendo —lo provocó Juan.

—Sí, yo tengo mis métodos. Yo sé que ese güey, así con mis métodos, me va a decir cómo y dónde está. Lo vamos a tener un ratito encerrado y le vamos a dar unos chingadazos y segurito que nos va a decir quién fue. Sí sale en una lana. Pero lo efectivo aquí son los métodos —dijo, insinuando un soborno.

—No mames, cabrón. ¿Van a agarrar a un inocente para agarrar a otro culpable? No, yo no le entro.

—Ahí piénsalo. Ustedes tienen que conseguir los datos —pide el agente a la familia luego de varias vueltas por los paraderos y estacionamientos de microbuses—. Te dejo mi teléfono y cuando gustes.

—Ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer. ¿Por qué nosotros lo tenemos que ir a hacer? —Juan opuso resistencia.

Al final, fueron él y sus hermanos quienes salieron a la calle a hacerla de policías investigadores.

UN ATAÚD ECONÓMICO, de herrajes simples y forro de poliéster imitación satín, es vendido por el fabricante a la funeraria en mil 350 pesos. El servicio de velación revende la caja hasta en 10 mil pesos, según el cálculo que el vendedor haga de las condiciones económicas y morales de los deudos.

—¡Pinches buitres! —exclama José Morales Rodríguez, El Pepino, tío del Honguito y El Sebas y padre del Leo.

Los Morales Rodríguez volvieron a caminar de negro, y con la mirada clavada en el suelo, al Panteón Jardín Guadalupano para el segundo entierro.

Como desde entonces ya no fabricaban el ataúd “Reina del Cielo”, porque ya no hay quien lo pague, lo acomodaron al Sebas en una caja económica, también blanca. Hasta la muerte es cara en el Estado de México. No tuvieron los 20 mil pesos solicitados para comprar un lote disponible junto al primero de sus muchachos muertos, así que los hermanos que parecieran siameses quedaron separados para siempre.

La PGJEM concluyó que El Sebas murió por una lesión traumática en el hígado ocurrida tras ser atropellado por un microbús. Nunca encontraron siquiera el número de placas del vehículo que lo habría golpeado ni contrastaron la versión con los testimonios de quienes presenciaron el homicidio.

Cada día, durante semanas, Guadalupe fue y vino en bicicleta a la agencia del Ministerio Público en San Agustín, donde se radicó la investigación de la muerte de su segundo hijo.

—¿Qué pasó? ¿Qué ha investigado? —le preguntaba el primer funcionario que la reconocía.

—¡Ah, chingá! ¿Cómo que qué he investigado? ¿No se supone que ustedes son los que deben investigar?

—No, pero es que usted necesita investigar quién fue, a dónde está… es que hay muchos casos adelante del de su hijo… —y entonces el policía o agente le lanzaba una mirada sugerente entendida por Guadalupe como la ruta hacia un soborno para hacer el esfuerzo por dar con el asesino. Ella fingía no entender, pero entendía que nada avanzaría si no daba dinero.

Y no lo dio.

Guadalupe hizo las veces de perito y midió la altura del piso a la defensa de cada camión o microbús, calculando la posición del hígado de su hijo.

—Las personas que estuvieron ahí dicen que lo subieron al micro y lo golpearon. Ya golpeado, lo aventaron a la calle, pero como él se levantó, el microbús regresó y lo atropelló —insistió Guadalupe con el agente del Ministerio Público; sin embargo, era como entablar un diálogo con el eco.

GUADALUPE no insiste más. En vez de ir al Ministerio Público, va a la iglesia.

—Tengo como 500 ahijados y dondequiera que yo voy me dicen madrina o catequista y me besan, me saludan. Y yo siento que ahí mis hijos me están abrazando y me están besando —comenta en entrevista.

—¿Y este asunto también queda impune? —pregunto a la madre.

—Supimos que a mi hijo lo mató un hombre al que le dicen El Greñas. Hablé con la policía y se los dije, pero ya tampoco insistí porque no quise involucrar a los dos hijos que me quedan.

La mujer vuelve la cabeza hacia un par de muchachos sentados junto a la máquina de coser en la cual confeccionan los forros de sus ataúdes. En esa máquina zurcieron los envoltorios de terciopelo ajustado al ataúd “Reyna del Cielo” en que enterraron a Alejandro y el de poliéster colocado en el féretro económico de Sebastián.

—Me dolió más que el otro, porque no supe tenerlo conmigo y evitar que el corazón se le pudriera de odio. Cuando muere mi hijo Sebas, yo sí flaqueé, ¿no? Como ser humano, maldije a quienes mataron a mi hijo: “Los maldigo a ustedes, a los que les dieron la vida a ustedes y a toda su descendencia”. Y yo sé que esa maldición llega. Y me dijeron: “Dios sabe por qué se llevó a tu hijo”. Y en el momento en que estaba haciendo oración dije: “Señor, perdóname, perdóname porque yo no soy quién para maldecir a nadie; deja a mis otros dos hijos conmigo”.

Los hermanos vivos tienen los ojos aguados. Lloran en sincronía con su madre. Uno de ellos se tatuó el nombre de sus hermanos muertos en árabe sobre el antebrazo derecho. El otro se hizo dibujar un ángel guardián en la pierna derecha.

—¿Y ese para qué es? —le pregunto al muchacho, que lleva bermudas puestas.

—Pues… Para que me cuide, ¿no? —y hace ese gesto de quien se incomoda por decir lo obvio.

Los tres entierros
de los Morales Rodríguez III

La mala costumbre de enterrar a los hijos

LA DOCTORA corre la cortina del separo en la sala de urgencias y contiene la respiración ante el rostro del Leo. Su padre, El Pepino, aprieta una mano del muchacho, aún consciente.

Es el 22 de marzo de 2013, un día extraño para llevar una chamarra negra de pluma de ganso en que El Leo está enfundado en la camilla.

—¿Fue un machetazo? —pregunta la médica luego de enjuagar la cara del joven y ver la quijada expuesta.

Al padre, un veterano del barrio de Valle de Guadalupe, donde hace unos minutos pasó un auto deportivo blanco escupiendo metralla, aún le rebota el ruido de la balacera en la cabeza.

¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!, el tableteo quebró la tarde y El Pepino brincó de la miscelánea que en ese tiempo atendía a la calle, con el nombre de su hijo en la boca.

¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!, parecía que el cargador no se vaciaría jamás.

Entonces encontró al Roth con los ojos abiertos, inmóvil, y a su lado una cartulina naranja fosforescente firmada por los Guerreros Unidos y con la advertencia a La Familia Michoacana, cártel para el que ha trabajado El Leo como vendedor de drogas en los límites del Estado de México y el Distrito Federal.

—Fue un balazo —informa El Pepino.

La especialista y una enfermera abren la chamarra, y el pecho y abdomen quedan al descubierto como un campo minado: nueve tiros, además del recibido en la cara.

El Pepino jala aire. Ha visto sangre. Conoció las pandillas. Se lió a puñetazos. Vio morir a su sobrino Alejandro, El Honguito, y al hermano de este, El Sebas. Pero enterrar a los muchachos propios es otra cosa y esto se vuelve costumbre familiar en el Estado de México.

Retiran la chamarra y El Pepino la toma de inmediato. Sabe que la policía andará cerca y que si su hijo esa noche había salido a vender piedra su improbable sobrevivencia sería precedida por la cárcel.

EL PEPINO COMENZÓ temprano en la calle, antes de los 15 años de edad, y se retiró pronto, poco después de los 18, cuando se casó. De su matrimonio nacieron seis hijos; El Leo fue el segundo de ellos.

—¿Qué diferencias encuentra usted en el barrio de ahora en comparación con el que a usted le tocó vivir? —pregunto al hombre cercano a los 50 años, aún duro como un marro.

—Cuando nosotros fuimos chavos, siempre vivimos en el barrio. Aprendes a vivir en el barrio, a las costumbres del barrio y a consumir lo que te da el barrio. Entonces desde joven, yo te voy a decir, yo me juntaba con los más grandes. Tomábamos alcohol, fumábamos marihuana. Muchas veces me puse con cemento. Pero, ¿sabes qué? No se veía tanto esto, ¿me entiendes? Sí, pues el amiguito que fumaba mota iba y se escondía para darse su toquecito, ¿no? Y tú de chamaco decías vete para allá, güey, vete para ya, y ahora no.

—Había pandillas, ¿no?

—Noo… mmta, mmjj, mmjj. Gracias a Dios nunca pertenecí a ninguna. No me gustó. A mí siempre me gustó vestir diferente. O sea, vestir bien. No me gustó andar así de, pues, piezas de pachuli, y que acá. No, pues la verdad no. Acá andaban, de las famosas, El Quinto Patio, La Huaca, Los Apestosos Punk, Los Machetes, La Tabiquera, Los Pañales, Los Condones… Hablamos nomás de Chamizal, Valle de Guadalupe, San Agustín, San Pancho, La Estrella.

—Había violencia, pero uno tenía la percepción de que la violencia era diferente. ¿Tal vez era menos mortal?

—Sí, sí. Era menos mortal porque la banda de antes tenía otra educación, o sea sí eras el malo y sí podías matar, a lo mejor sí acuchillabas a un güey, ¿no? Pero ahora ya no. Ahora cualquier chamaquito trae el cuete, y cualquier papá de cualquier chamaquillo agarra y le dice: “Ahí está la pistola y vuélale la madre al que sea, güey”. Esa es la inconsciencia de los padres.

—Si a su hijo le hubieran tocado sus tiempos, ¿estaría vivo?

—Pues quién sabe, porque también era una vida loca, ¿me entiendes? También era una vida de que todos los días te arriesgabas, que andabas aquí, andabas allá, te ibas lejos, ya venías a deshoras de la madrugada, había veces en que no llegabas. Pero era otro tipo de vida, ¿me entiendes?

”Nunca he criticado a una persona porque sea adicta, porque sea homosexual, porque sea lo que sea. Yo nunca he criticado a las personas, siempre he dejado que cada quien sea como es. Hoy en día, el chavo de hoy en día, raro es el chavo que se mete en una cosa buena. Raro es el chavo, es lo que te estoy diciendo. Porque la droga lo jala. ‘Hola, amiguito. ¿Sabes qué? Vámonos caminando y ya te traigo el cuete’ ”.

—Ustedes, si hicieran una estimación, de diez chavos que andan por aquí circulando en el barrio de entre 16 y 25 años, ¿cuántos creen que traigan fogón?

—Siete.

—¿Y en sus tiempos?

—Pues uno, ¿verdad? Era muy raro. Hay más armas de fuego y hay más violencia. Un arma te da un resto de valor y, ¡puta!, traes un arma y te sientes Dios, la neta. ¿Ajá? Entonces eran otros tiempos, yo nunca les he inculcado a mis hijos… Mira, el hijo que se va a torcer se tuerce solo y te aclaro: yo no les inculco la violencia, no les inculco que sean malas personas. Les inculco el trabajo y todo. Que ellos no lo quieran seguir es otra cosa, ¿no? Pero yo el ejemplo se los doy, o sea yo no quiero que mis hijos sean… ¿ajá? Y mi peor pesadilla está aquí, está aquí.

—¿Cuál es su peor pesadilla?

—Pues mi peor pesadilla era que mis hijos agarraran el alcohol, agarraran las drogas. Y pasó.

—¿Qué pasó?

—Mira, en sí, el problema con mi hijo, el que falleció, Leonardo David Morales Limas, le decían El Leo, era que… pues que lo quisimos de más. No le supimos dar la orientación necesaria o a lo mejor yo nada más se la daba de palabra.

EL LEO NACIÓ el 6 de noviembre de 1986. Dejó de estudiar al terminar la secundaria, como muchos de los muchachos de por aquí. La explicación recurrente es que sus familias no cuentan con los recursos económicos para continuar con una educación que, al terminar con una licenciatura, llevará al mismo desempleo que se sufre al salir de la secundaria.

—¿Cómo era El Leo?

—Pues era un chavo normal… Lo que pasa es que nosotros nos pasamos de echarles la culpa al papá y a la mamá. Le dábamos coba y al hijo, cuando le das coba, ¿cómo se vuelve? Se vuelve flojo. “Ah, que mi mamá está peleada con mi papá, voy con mi mamá. Ah, que mi papá está peleado con mi mamá, voy con mi papá”. Nosotros tuvimos la culpa de que el niño se comportara de esa manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque permitimos… El peor vicio que permitimos fue… ¿Cuál es el peor vicio del mundo? La flojera, el no hacer nada. Ese es el peor vicio del ser humano y de ese vicio se nos vienen otros vicios.

”No le exigíamos ni que tendiera la cama. Él, así como se paraba, salía para afuera, ¿no? Y a cotorrear y a estar echando la hueva, ya sabes. Echar la chelita y la chingada. Empezó a consumir piedra. Antes de que consumiera piedra, tenía el vicio de la mona”, dice en referencia a los inhalantes, generalmente tíner.

—¿De qué edad estamos hablando?

—Tenía unos 15, 16 años, ¿no? Trece cuando agarró la mona. Ya más grande le dio al vicio de la piedra. Esto era nada más ahí, en la cuadra, entonces empezó a mezclarse con este güey, El Quetza.

—¿Y qué pasó con El Quetza?

—Empezó a ayudarle a vender.

EN EL SUR DE ECATEPEC, la historia del Quetza es bien conocida. Fue un distribuidor local de drogas en los tiempos anteriores al arribo de La Familia Michoacana y posiblemente ajusticiado por este mismo cártel cuando impuso la ley de que los narcomenudistas sólo podrían vender su cocaína, piedra o marihuana. Incumplir el mandato sería castigado con la muerte.

Los Morales Rodríguez saben que El Sebas, el segundo de sus muchachos en morir asesinado, también trabajó para El Quetza durante algunas temporadas. Lo mismo hicieron unos 20 o 25 jóvenes, muchos muertos, otros presos, unos más locos. Los menos sobrevivieron.

El Quetza “murió por una intoxicación de plomo”, bromean en el barrio en referencia a los treinta y tantos balazos que le dieron.

De igual manera, en las calles se sabe que el empleador del Quetza fue un tío suyo, un policía federal de apellido Sierra, también asesinado durante la ocupación michoacana, en el pueblo de Xalostoc, el mismo sitio del que salió el gobernador Eruviel Ávila.

—Él traía la merca y él le daba de vender a los morros. Ya empaquetada y todo: “¿Sabes qué? A ti te voy a dar mil piedras”. O te daba 500, según la confianza —explica un amigo del Leo.

—¿Cuántas le daba a Leo?

—Pues sí le daba varias.

—¿Cientos?

—Mmmjj.

—Eso en cada vez.

—Mmmjj.

—¿Más o menos cuántas?

—Más o menos unas 100, 200. O sea, porque él no trabajaba de lleno con El Quetza. Él nomás trabajaba de vez en cuando.

—¿Cuánto dinero puede traer en la bolsa un vendedor de por aquí?

—Puede traer mucha lana, mucha lana. ¿Tú te imaginas cuanto es el dinero de mil piedras? De a 50 pesos cada piedra. Échale pluma: 50 mil varos.

—¿Cuánto le queda al vendedor por piedra?

—Cinco varos por piedra. Son bien hijos de la chingada. Tú como vendedor, si eres adicto, te chingas eso y más, y luego la chelita. Se te acaba ahí.

—Un vendedor que ande recio por aquí, ¿cuántas piedras vende en una noche?

—Ahorita ya no. Ya no tantas. En ese tiempo que estamos platicando sí se vendía como pan caliente. Mil o 2 mil piedras en una noche. Estamos hablando de una noche de pasadero de jueves, viernes, sábado y domingo. Eran los días puercos.

—Haz de cuenta que estábamos en las tortillas cuando se acababan; [les decíamos] “Espérate, ahorita no hay”. Veinte o 30 cabrones formados en la fila —interviene otro ex empleado de La Familia.

—¿En qué avenida? —pregunto.

—En la Gustavo Díaz Ordaz —así nombrada en referencia al presidente de México entre 1964 y 1970, responsable de la masacre de jóvenes del 2 de octubre.

—Entonces, se formaban, cabrón —recupera la voz el primero de los ex vendedores—. Yo te estoy hablando no namás de jóvenes: venían señoras, señores, jóvenes, niñas, chavas. ¡De todo! Se formaban para cuando llegara la merca. ¡Pun, pun! Y la patrulla: ira, dando vueltas así —en tiempo corresponde con las presidencias municipales de José Luis Gutiérrez Cureño, electo por el PRD, y del actual gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas.

—¿Y la tiendita qué era?

—La tiendita era una casa y luego ya empezaron a vender en la calle. Cuando se cierra la cola, era en la calle. Era lo mismo del otro lado de la [avenida] Hank González: colonias Sagitario, Zapata, Polígonos, Valle de Aragón. Y lo mismo en la San Felipe y CTM, que son del Distrito Federal —era jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, quien reiteradamente negó la presencia de los cárteles en la capital del país.

La zona fue fraccionada, una parte, por el torero Silverio Pérez, quien luego de matar toros se acomodó en la política del norte del Estado de México. Otra porción fue fragmentada y sus servicios fueron gestionados por Marcela González Salas, una política mexiquense cercana a Peña Nieto.

—En todas esas colonias, ¿cuántas tiendas calculan ustedes que había?

—Había como unas 50, y cada tienda con su cola.

EN MEDIO DE SU ADICCIÓN y tras la muerte de su primo El Sebas, El Leo se enamoró de una muchachita, La China, una jovencita querida por la familia del muchacho porque no utilizaba drogas y era hija de una familia conocida de toda la vida por los Morales Rodríguez. La China aceptó el cortejo y consiguió un empleo para El Sebas como demostrador de lunes a viernes en una tienda de herbolaria en el centro de la Ciudad de México.

Un sábado de 2013, El Leo salió a la calle y se encontró a Iván, El Antena, otro vendedor de la zona, así llamado, que se habría ganado el apodo por dos razones: porque recibió 14 tiros y se levantó o porque uno de esos balazos le destrozó los huesos del brazo derecho y el traumatólogo le colocó un voluminoso aparato metálico externo.

Debido a la lesión, El Antena no podía contar el dinero de la venta de las drogas y ese sábado debía pagar a La Familia Michoacana por la venta de la semana pasada, así que pidió ayuda al Leo y se reunieron en una tienda del rumbo. Terminaron la cuenta, El Antena se fue y llegó El Roth, otro del grupo.

Un auto deportivo blanco dio vuelta a la esquina. Frenó frente a ellos y dos hombres bajaron con las .9 milímetros listas.

¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! El Pepino escuchó y voló a la calle con el nombre de su hijo en la boca.

El Roth cayó primero. Herido, El Leo se recargó en la pared y se resbaló al suelo. Uno de los sicarios avanzó hacia El Roth, acercó el arma y jaló una vez más el gatillo. Fue un tiro inútil: antes había recibido seis tiros en la cabeza que ahora remataba el matón.

—¡Le dieron a Leo, le dieron a Leo! —escuchó El Pepino que le gritó una verdulera mientras corría hacia su hijo.

El Leo jadeó y el pistolero dio media vuelta. Acercó el cañón a la cara del muchacho.

¡Pum!

Antes de volver al auto acomoda, junto al Roth, una cartulina naranja fosforescente. “Vamos por ti Pony. Atte. Los Guerreros Unidos”, se leía en referencia a José María Chávez Magaña, jefe de La Familia Michoacana en el Estado de México, quien sería detenido el 2 de julio de 2014 en Tejupilco, municipio mexiquense colindante con Tlatlaya, donde el ejército acribilló, dos días antes de esa captura, a entre ocho y 15 supuestos miembros del mismo cártel.

El Pepino observó el Pontiac blanco en viajaban los asesinos salir a toda velocidad por la calle.

“Que Dios me perdone, pero este güey ya está muerto”, musitó El Pepino antes de cargar a su hijo y abandonar al Roth.

—¿Qué pedo, güey? ¿Quién fue? —tembló el hombre con su hijo en brazos, aún consciente.

Una ambulancia es algo improbable en el barrio. El padre subió a su hijo al taxi de un conocido y volaron al hospital.

Entraron a urgencias.

LA DOCTORA corre la cortina y observa la quijada colgante del muchacho.

—¡Ay, qué pinche madrazote te metieron! —se asombra un camillero.

—¿Con qué te cortaron? ¿Fue con un machete? —indaga la mujer.

—No, no, fue un balazo —informa El Pepino.

—¿Cómo? ¿Sabes qué? Mientras córtale la chamarra —ordena la especialista a una asistente.

El mismo Pepino, con algún entrenamiento como socorrista, corta la playera negra de su hijo y la piel de su abdomen y pecho parecen tierra de volcanes.

—¡Apoyo! ¡Necesito apoyo!

—¡Usted ya sálgase! —ordena al padre, quien abandona el espacio abrazando la chamarra de su muchacho. Lo volverá a ver cuando salga de la sala de urgencias al quirófano.

LE EXTRAEN el vaso, remiendan vísceras, le trasfunden litros de sangre.

—¿Sabes qué? Aquí ya no podemos mantener a tu hijo, no tenemos los aparatos suficientes —comenta la doctora—. Es necesario su traslado a un Hospital de Altas Especialidades.

Llevan al Leo al hospital José María Rodríguez, en Zumpango, y tratan darlo de alta en el Seguro Popular únicamente con su huella digital, pero no lo logran.

Al llegar, la policía intenta esposar al muchacho inconsciente.

—Se pueden dar a la fuga —suelta lacónico un policía.

—¡Espérate, espérate! ¿Qué es lo que te pasa, cabrón? ¿Cómo me voy a dar a la fuga si mi hijo está inconsciente? Está en estado de coma, ¿cómo me voy a dar a la fuga? Y ustedes tienen que cuidar a mi hijo porque qué tal que lo llegan a rematar, ¿sí? —exige El Pepino.

—Su hijo está detenido. Está involucrado en una balacera.

—Sí, pero a él fue al que balacearon. ¿Cómo lo esposan? ¡Estás loco!

—¿Por qué levantaste a tu hijo? —interroga el agente.

—¡Pues porque es mi hijo, cabrón!

Operan al Leo nuevamente. Y otra vez y otra vez y otra vez. Siete veces en un mes. Sobrevive junto con una cuenta de atención médica, en un hospital público, de casi medio millón de pesos.

El Pepino, fabricante de toda la vida en un taller familiar de ataúdes, lo vende todo y se endeuda con todos, pero su hijo vive.

—Yo aconsejo, güey —le habla un agente del Ministerio Público federal al Pepino, cuando el hombre busca justicia.

—Híjole, cabrón, ¿pues qué crees? Que estás bien mal, güey, porque así como ves, es mi derecho y yo puedo levantar las denuncias que quiera y contra quien yo quiera.

Al igual que con los asesinatos del Honguito y del Sebas, ni la autoridad local ni la federal averiguan nada sobre el atentado.

—Pero si el pedo no es conmigo, jefe. Le juro que yo ya no tengo pedo ahí —explica El Leo a su padre.

EL LEO SE SIENTE lleno de fuerza. Sale a la calle y bebe una cerveza. Ve que no le hace mal y bebe otras diez, 12, 20 cervezas y así sigue.

Una noche, El Pepino va a la cama temprano para verificar a la mañana siguiente una vieja camioneta.

En la calle, El Pozoles o El Medusa, porque “todo lo que toca se convierte en piedra”, el mismo vendedor involucrado con el primer encarcelamiento del Sebas, camina por la calle cuando unos tipos bajan de una camioneta y lo golpean. El Leo sale en su defensa.

¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!

La oscuridad se salpica de pólvora encendida. El Pepino escucha nuevamente la balada de la bala.

El hombre lleva a su hijo al mismo hospital.

—¿Qué pasó? —pregunta una doctora distinta a la vez anterior.

—¡No, pues le dieron un balazo!

—Debemos hacer un ultrasonido urgente —dice, y estudia al muchacho.

—¿Qué pasó? —se impacienta El Pepino.

—Yo necesito que me autorice que lo voy a operar, porque su hijo se está desangrando como no tiene idea.

—Pero cómo, doctora, si sólo es un balacito.

—Es una herida grave en la arteria femoral —la doctora refiere un gran vaso del muslo.

Mientras El Pepino espera noticias de su hijo, la bala no se aplaca en la calle y levantan al Antena. Amanecerá destazado en Xalostoc.

Aparece la doctora, sudorosa.

—A su hijo le dio un paro —musita.

—¡Chingue a su madre! —El Pepino recuerda su grito—. ¿Y ahora cómo chingados le digo a su mamá que el niño siempre sí se murió?

Antorcha,
la máquina de Enrique I

SUPÓNGASE que alguien cobrara a la gente pobre por acceder al derecho de comer. Luego les vende la comida, les exige dinero por utilizar una estufa comprada con recursos públicos, les reclama aportaciones por ocupar una cuchara, les condiciona el asiento en una mesa a cambio de apoyar el sistema de cobros y, cuando el bocado va hacia la boca, se arroga el derecho de arrebatarlo intempestivamente para venderlo a alguien más.

Por si fuera poco, quienes participan del esquema se convierten en presidentes municipales, diputados federales, y obtienen jugosas concesiones y franquicias por parte del gobierno federal.

La máquina existe, pero no se ocupa de la comida, sino de otra necesidad vital: la vivienda. Esa máquina se llama Movimiento Antorchista Nacional, generalmente conocido como Antorcha Campesina, su organización originaria.

Por eso debería llamar la atención que el gobierno mexiquense de Enrique Peña Nieto, en los linderos de la administración de Eruviel Ávila Villegas, entregara 38 hectáreas —unas 40 canchas de futbol— de terreno a esa organización priista luego de adquirirlas en 165 millones de pesos, dinero en su mayor parte proveniente de recursos del Fondo Metropolitano del Valle de México.

Y debería resultar raro que, a pesar de las “graves irregularidades” detectadas en la transferencia de los recursos para la compra del predio, nadie llame a cuentas al gobierno mexiquense, como ha ocurrido, por ejemplo, con la reciente demanda de la Secretaría de Función Pública para que el gobierno del Distrito Federal devuelva recursos aplicados a la línea 12 del Metro.

Y alguien debería explicar por qué el terreno fue lotificado en 2 mil 200 pedazos sin autorización alguna y vendido cada uno entre 125 mil y 150 mil pesos por Antorcha cuando el propósito del rancho era la reubicación.

Porque no es poco dinero del que se habla: entre 275 millones y 330 millones de pesos de ganancias para Antorcha por un asunto que antes costó al contribuyente 165 millones de pesos.

A SIMPLE VISTA resulta claro que en el rancho El Pimiango, en el pueblo de Santiago Cuautlalpan, no se desarrolla ningún proyecto ordenado de vivienda social. El asentamiento está entre los pueblos prehispánicos y aún vivos de Coatlinchán, de donde salió hace 50 años el Tláloc monumental que custodia el Museo Nacional de Antropología e Historia, y Cuautlalpan.

No existe un solo permiso de construcción otorgado por el municipio, autoridad responsable para el caso. El extenso terreno, cercado y de imposible acceso para quienes no sean integrantes de Antorcha Campesina, es una polvareda con casas de bloques de cemento levantadas por calles de tierra, alguna de ellas llamada “Jaime Sabines”.

Por aquí y por allá se distinguen mujeres con el cuerpo doblado por el acarreo de cubetas llenas de tabiques. No existe agua potable, drenaje ni suministro eléctrico regular proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad.

En vez de esto, la organización vende el agua surtida con pipas. Los desechos humanos se hunden en fosas sépticas y unos palos clavados en forma de T sostienen el cableado con el que decenas de casitas toman la energía irregularmente, lo que no significa gratis.

Nada, absolutamente nada que suponga un centavo deja de cobrar Antorcha Campesina.

Participaciones

Elena pide que no se utilice su apellido. La mujer argumenta que ya tiene todos los problemas del mundo en su colonia, Leyes de Reforma, un asentamiento de origen similar al de El Pimiango y también fundado por Antorcha Campesina hace 12 años.

Por eso es que la mujer y su marido conocen bien cómo funciona la casi perfecta máquina de sacar dinero a los pobres.

—¿Qué pasa con El Pimiango? —pregunto a Elena.

—Todos los predios de Antorcha Campesina se manejan exactamente igual. Empieza con la invitación a la compra de un terreno y la asistencia a reuniones semanales con la aportación de cooperaciones. A eso le llaman “participación”. Cada junta nos costaba cinco pesos, pero para que aspiráramos al predio nos piden cierta cantidad de “participaciones”: marchas, plantones, colectas de recursos con botes y presencia en los eventos que se nos requiriera. Son cientos de “participaciones” por cada familia.

—¿Hay “participaciones” electorales?

—¡Sííííí! ¡PRI, puro PRI! —se adelanta el esposo de Elena—. Fuimos con Aquiles Córdova [líder nacional de Antorcha], con Tolentino Román [presidente municipal de Chimalhuacán en dos ocasiones y ex diputado federal] y con Peña Nieto.

La relación entre la organización y los demandantes de vivienda se extiende por años durante varias etapas: la obtención del terreno, la construcción de la vivienda, la dotación de servicios y la escrituración de la propiedad.

—Una vez que se tiene posesión del terreno se cuenta con cierto tiempo para construir, entre dos semanas y un mes, y si no se le da a otra persona.

—¿Y ya no pagan por el terreno?

—El terreno siempre se paga, independientemente si se obtiene por una compra de la organización, una invasión o una donación. Nosotros dimos un enganche de 15 mil pesos con lo que, independientemente de todas las “participaciones”, teníamos derecho a construir. Esto funciona sin ningún documento, los acuerdos son únicamente verbales.

Los pagos se difirieron en mensualidades de mil pesos hasta cubrir los 48 mil pesos en que Antorcha vendió cada terreno regular en la colonia Leyes de Reforma en 2005.

En el caso de El Pimiango, terreno comprado con recursos federales por el gobierno de Peña Nieto, cada terreno se vende en 60 mil pesos con enganches fijos de 30 mil pesos y mensualidades de entre mil 500 y 2 mil pesos. Es el mejor de los negocios: se vende un regalo adquirido con el dinero de otro, el contribuyente.

A la familia de Elena le resultó imposible sostener las mensualidades, cumplir con las “participaciones” e invertir en la construcción de la casa, así que pronto incurrieron en morosidad. La organización impuso un interés de 1% mensual que se incrementó hasta el 8% mensual sobre el monto del retraso.

—Hay gente que tiene su deuda duplicada con Antorcha Campesina —interviene el marido de Elena—. Cuando terminé de pagar el terreno, quise que me entregaran documentos, pero me los negaron con el argumento de que no ya “participaba”. Entonces los mandé al carajo y con otros vecinos estamos defendiendo nuestras casas.

—¿Me pueden repetir alguna de las consignas de Antorcha? —le solicito al hombre, a quien el temperamento caliente se le asoma en los cachetes enrojecidos.

—¡Aaaghhhhh! —corean hombre y mujer.

—¿Y cuáles son las transas de Antorcha?

—¡Jajaja! —siguen a dueto—. ¡Todas! Por ejemplo —habla él—, en la colonia nos han prometido drenaje desde hace ocho años. Y pagamos por ir a las marchas y plantones. Fuimos a una manifestación a la Secretaría de Desarrollo Social para exigir cemento para el Programa Piso Firme y nos dieron 80 toneladas de cemento que llegaban a las casas de día y lo sacaban de noche. Luego se repartía como regalo del PRI en las campañas.

—¿Es una “participación” votar por algún partido?

—Se da la situación de que varias personas se registran en el IFE utilizando una misma dirección en la que no viven. En 2012 cargaron la votación de un lado, del lado del PRI. Trajeron mucha gente de Chimalhuacán para la elección presidencial de Peña Nieto. En las juntas semanales se insistió en votar por él y el mismo día de la elección Antorcha repartió despensas con medio kilo de azúcar, medio kilo de frijol, medio litro de aceite.

—¿Y cómo se aseguraron de que la gente sí votara por Peña?

—Tienen bien amenazadas a las personas con que les van a quitar su casa o su terreno y, como mucha gente debe dinero, hay mucha gente muy sometida.

LAS MARCHAS y plantones se dirigen contra las autoridades renuentes de otorgar servicios públicos y se acendran cuando se trata de partidos distintos al PRI, aunque también algunos gobiernos priistas lidian con las manifestaciones antorchistas.

Actualmente, Antorcha Campesina está en confrontación con el gobernador Eruviel Ávila por la demanda no atendida que hace la organización social de concesiones en el transporte público. En consecuencia, en las colonias del Movimiento se observan pintas y se distribuyen panfletos contra la administración y la persona de Ávila.

Y es que las raíces de Eruviel se hunden en los dueños históricos del transporte de la entidad. De ahí su propaganda electoral cuando se describía a sí mismo como hijo de un humilde transportista.

Elena y su marido explican que el mecanismo de protesta permanente favorece políticamente a los líderes de Antorcha en dos sentidos: ganan al denostar a sus rivales, a los que responsabilizan de la falta de servicios, y ganan al representarse como autores de su obtención cuando esta finalmente se logra, así sea con los recursos públicos ejercidos por aquella autoridad.

Elena desaparece unos momentos en una de las habitaciones de su casa y vuelve a la mesa con una carpeta rebosante de papeles de todos tamaños. Se trata de las “participaciones” que su familia realizó durante años para acceder, primero, a la lista de demandantes de un terreno, y luego para aspirar a los servicios públicos, y después para soñar con la escrituración de su casa, y posteriormente para la regularización de la colonia, y…

Hasta para protestar hay que pagar. Por ejemplo, el evento en que Antorcha llenó el Estadio Azteca para Enrique Peña Nieto, en 2009, fue de asistencia rigurosa, pago de 70 pesos para el transporte al sur del Distrito Federal y aportación de 20 pesos como “cooperación”.

También puede tratarse de acudir a un mitin de campaña política, como al que asistieron los vecinos del asentamiento antorchista Wenceslao Victoria, también en Texcoco, para apoyar al candidato Eruviel Ávila el 20 de mayo de 2009. Se argumentó entonces que la “participación” tenía como objeto la consecución de agua potable.

Las “Fiestas Patrias Antorchistas” de 2008 representaron una cooperación de 30 pesos a cada vecino de la colonia Leyes de Reforma. El aniversario del mismo lugar celebrado en 2006 impuso un desembolso de 50 pesos. Y el boleto de la “gran rifa” navideña de 2005 costó 100 pesos. Y las posadas de 2009, 30 pesos. Y la guarnición de camellón, 75 pesos.

—¿Y qué ocurre si alguien simplemente decide no participar más? —se le pregunta a Elena.

—Le quitan su casa. Una conocida dejó Antorcha. Una ocasión salió unos días y, cuando volvió, la llave no abría la puerta. Había luces y personas: le dieron su casa a alguien más. Pensó en denunciar por despojo, pero ya no lo hizo.

—¿Se vende varias veces un mismo lote?

—Sí, por la misma situación de los retrasos —interviene el hombre. Antorcha tiene personas que se dedican a intimidar: “¡Te vamos a matar! ¡Te vamos a poner en tu madre!”, le dicen a quien quieren sacar, lo golpean, y la gente simplemente se va.

Lo antes descrito es la lógica de crecimiento de la zona conurbada de la Ciudad de México.

La práctica se repitió intensamente en la Sierra de Guadalupe, en Ecatepec; Chalco; Valle de Chalco; La Paz; Ixtapaluca, y Chimalhuacán, municipio capital del Movimiento Antorchista.

Tan sólo en Texcoco las autoridades estiman que alrededor de 30 mil personas se asentaron de esta manera en el municipio.

Desigualdad

El domingo 21 de junio de 2009, Enrique Peña Nieto acudió a un Estadio Azteca repleto de playeras rojas. La marea, más que priista, era antorchista y desbordaba el primer evento público y masivo del mexiquense hacia la Presidencia de México.

De esto, de ser un evento electoral y, en consecuencia, un acto anticipado de campaña, se acusaría a Peña Nieto ante el Instituto Federal Electoral. El órgano resolvió, como hizo a propósito de todas las acusaciones dirigidas contra el político del Estado de México, la improcedencia de los señalamientos.

Peña estaba ahí para celebrar el 35 aniversario del Movimiento Nacional Antorchista. Vestido con camisa de blanco impecable, sin corbata, presenció el Can Can de Offenbach puesto en escena por los mismos antorchistas.

El gobernador asintió con la cabeza y habló: “Amigas y amigos del Movimiento Antorchista Nacional. Les saludo con gusto y con afecto. Este evento tiene particular significado para esta organización social, porque da muestra evidente de su fuerza y de su capacidad de convocatoria”.

La gente coreó: “¡Se ve, se siente: Antorcha está presente!”.

Peña sonrió e hizo una pausa. Continuó con el ceño fruncido, aplomado.

“En el gobernador del Estado de México tienen a un aliado, porque desde su gobierno trabajará para lograr objetivos compartidos”.

La multitud rugió y así siguió, sin notar el resbalón en el discurso del mandatario cuando deseó el destierro “del escenario donde muchos tengan poco y pocos tengan mucho, donde realmente logremos tener, en esta gran nación, justicia y desigualdad social”.

Peña tardó algunos instantes en reparar que había resbalado y quiso meter reversa en voz baja: “Igualdad”, se corrigió.

Los gritos y la insolación encubrían todo.

Aquiles Córdova devolvió el halago a Peña Nieto: “México necesita políticos comprometidos con las mayorías… políticos de altura, emprendedores y valientes”.

Además de Peña, acudieron Ulises Ruiz Ortiz, que aún era gobernador de Oaxaca, y la entonces senadora María de los Ángeles Moreno. El festejo, admitieron sus organizadores, costó 4 millones de pesos.

LA CERCANÍA entre Peña Nieto y los antorchistas no era nueva.

Si alguien duda de la eficacia del transporte público mexiquense, quizá deba darse una vuelta al mitin de un candidato priista al gobierno del Estado de México. El 19 de junio de 2005, cuando Enrique Peña Nieto tomaba la delantera en la sucesión de Arturo Montiel, los transportistas del oriente mexiquense coparon el Estadio Neza 86 con el acarreo de entre 25 mil y 50 mil personas en 436 camiones y 212 microbuses.

¿Quiénes esperaron a Peña Nieto desde las 7:30 de la mañana? Miles y miles de priistas e integrantes de organizaciones sociales priistas de Chimalhuacán, La Paz, Ixtapaluca, Tlalmanalco, Ayapango, Tepetlixpa, Juchitepec y Ecatzingo.

Otra porción del acarreo fue aportada por las directivas municipales de Chalco, Valle de Chalco Solidaridad y Ciudad Nezahualcóyotl, entonces gobernados por el PRD.

Muchos eran antorchistas.

Por supuesto que el más destacado de los priistas en el evento, el futuro gobernador del Estado de México y presidente de México, no arribó en un chimeco. Enrique descendió en un helicóptero en el que brillaba el emblema del Movimiento Antorchista Nacional, cuyo lema es “la organización de los pobres de México”.

La pregunta de los 65 millones de pesos

La compra del rancho El Pimiango no sólo incumple con disposiciones administrativas de tipo urbano.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano encargado de fiscalizar, de manera externa, el uso de los recursos públicos federales de los tres poderes y todas las instancias y niveles de gobierno, realizó observaciones importantes al respecto.

El Fondo Metropolitano del Valle de México, existente desde 2006, es un apartado presupuestal de recursos federales destinados a mejorar las condiciones de conurbación del Estado de México, el Distrito Federal e Hidalgo.

La ASF, en su análisis de la cuenta pública correspondiente a 2011 para ese Fondo Metropolitano, reparó en siete obras públicas y la adquisición del predio con recursos asignados al Estado de México.

El órgano fiscalizador anota que el contrato número 83841 tuvo por objeto la adquisición del rancho El Pimiango por parte del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. El contrato fue formalizado el 13 de septiembre de 2011, dos días antes de que Peña Nieto concluyera su mandato, y estipuló la adquisición de 20 fracciones de terreno con una superficie de 382 mil 912 metros cuadrados en el poblado de Santiago Cuautlalpan, en Texcoco.

El fin de la compra, se estableció formalmente, fue la reubicación de los asentamientos irregulares localizados en el Ejido Santa María Chimalhuacán, en el área de reserva ecológica del ex Lago de Texcoco.

La operación ascendió a 165 millones de pesos, en su mayoría provenientes del Fondo Metropolitano. El contrato también incluyó la cesión de derechos por parte de una empresa para el aprovechamiento y explotación del pozo de agua ubicado dentro del terreno adquirido.

La ASF anota que la compra del rancho tuvo una asignación de recursos federales por 125 millones de pesos, transferidos el 1 de diciembre de 2011, dos meses y medio después del inicio del gobierno de Eruviel Ávila.

La ASF emitió la siguiente observación: “Se verificó que se efectuaron tres pagos por 65 millones de pesos en 2011; sin embargo, la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado de México no comprobó con qué recursos fueron pagados, ya que la cuenta de ese proyecto [el de la compra del inmueble] no registró transferencias en ese año”.

Vidal Llerenas Morales, ex director de la Contraloría Social en la Secretaría de la Función Pública federal y luego asambleísta del Distrito Federal, lo dice en pocas palabras: “La Auditoría no sabe a dónde fueron a parar al menos 65 millones de pesos dados por la federación al gobierno del Estado de México. Ni siquiera hay comprobación. Es una irregularidad muy grave, ahí sí desapareció el dinero”.

SE PUEDE TOMAR perspectiva del costo de El Pimiango comparando su compra con la de los predios vecinos útiles para el Centro Cultural Mexiquense de Oriente, la mayor obra de infraestructura cultural del gobierno mexiquense de Peña Nieto.

Durante el segundo semestre de 2007, según datos oficiales de la cuenta pública de ese año, la administración de Enrique Peña Nieto desembolsó 54 millones de pesos en la obtención de 17.4 hectáreas de tierras en Texcoco, en el pueblo de San Miguel Coatlinchán.

El Centro Cultural, desarrollado en menos de la mitad del espacio cedido a Antorcha Campesina, beneficia a más de 6 millones de habitantes de 34 municipios conurbados con Texcoco.

A pesar de su impacto regional, la obra, cuyo costo fue de 860 millones de pesos, no está listado como parte de las erogaciones del Fondo Metropolitano. En realidad, el foro no representó un desembolso para las arcas del gobierno de Enrique Peña, pues la empresa española Abengoa-Concecutex, responsable de la construcción, administrará el complejo durante 19 años, plazo en el que el gobierno estatal pagará 179 millones de pesos anuales más IVA.

El 26 de marzo de 2012, la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de México clasificó como reservada la información relativa a El Pimiango, aunque en el listado de autorizaciones otorgadas por la misma dependencia del gobierno mexiquense es posible ver que al menos ha emitido 15 licencias de fusión a favor del predio, cuyo propietario, oficialmente, es el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, instancia dependiente de aquella secretaría.

EL ARGUMENTO formal para la compra de El Pimiango fue el fortalecimiento del Proyecto Integral del Lago de Texcoco, pues en el área prevista para mejoramiento ambiental existía un asentamiento irregular de Antorcha tolerado por el gobierno del estado.

Cuando la Comisión Nacional del Agua adquirió esos predios se hizo necesario el desalojo de los invasores y el gobierno mexiquense propuso su reubicación en El Pimiango. Políticos y ciudadanos de Texcoco se opusieron a la cesión del terreno y realizaron manifestaciones y bloqueos carreteros durante casi un año. Uno de los participantes fue el ex alcalde Horacio Duarte, que ahora es líder de Morena en el municipio.

Duarte apunta como primera característica de El Pimiango su alto valor económico debido a su ubicación: se encuentra a pie de la carretera México-Texcoco, a 500 metros del Circuito Exterior Mexiquense y a 800 metros del Centro Cultural Mexiquense de Oriente.

Al inicio, Antorcha Campesina aseguró en diferentes ocasiones, a través de sus gacetas, que la misma organización había adquirido el predio en un esquema de coparticipación con el gobierno del estado y el federal, lo que este último desmintió oficialmente.

A principios de 2012, el secretario de Desarrollo Urbano del Estado de México, Alfredo Torres —mentor político de Eruviel Ávila—, reconoció que el gobierno mexiquense había adquirido el rancho, pero luego reculó y negó la adquisición; sin embargo, el contrato de compraventa entre el gobierno estatal y el particular que vendió el inmueble fue inscrito desde agosto de 2011.

Sin permisos del gobierno municipal, en ese momento a cargo del PRI, Antorcha Campesina lotificó el predio en 2 mil 200 porciones y vendió cada uno entre 125 mil y 150 mil pesos, independientemente de los recursos que ingresaran por concepto de “aportaciones”. Ya no hay lotes disponibles, así que la suma ingresada al Movimiento osciló entre 275 millones y 330 millones de pesos.

Existen dos datos para saber que el predio no fue cedido para la reubicación.

Algunas de las cerca de mil familias que serían reubicadas del Lago de Texcoco nunca llegaron a El Pimiango. Varias se replegaron unos metros hasta la comunidad de San Bernardino, en la misma zona.

Y la promoción de lotes se hizo con volantes en el metro Pantitlán y La Paz.

El Ayuntamiento clausuró la lotificación, pero eso no importó y Antorcha siguió adelante con el fraccionamiento. La autoridad municipal y los ciudadanos inconformes dieron vista a la PGJEM por delitos en materia de desarrollo urbano, aunque nada trascendió. La urbanización desordenada continuó y fue apoyada, de acuerdo con vecinos de los alrededores, por el Ayuntamiento de Chimalhuacán, municipio gobernado por Antorcha Campesina desde hace 14 años.

“Traen servicios con maquinaria del municipio de Chimalhuacán. Camiones de gobierno con materiales, pipas del Ayuntamiento de Chimalhuacán con agua y motoconformadoras”, dice un colono.

Texcoco conoce bien la experiencia con Antorcha Campesina. Antes fundó las colonias Leyes de Reforma, Wenceslao Victoria, Víctor Puebla, Pimiango y Rancho San Pedro. Hay personas que tienen casa en los cuatro asentamientos texcocanos.

“La intención de Antorcha es apropiarse de municipios vecinos de Chimalhuacán. Ellos diseñaron una estrategia de crecimiento circular: hicieron asentamientos en Chicoloapan, luego en La Paz, luego en Texcoco. Recientemente, en Texcoco, adquirieron otro terreno que se llama Rancho San Pedro, muy cercano a Pimiango, con el fin de trazar 2 mil 500 nuevos lotes. Todo con la protección del gobierno del estado”, habla Horacio Duarte.

“La reubicación fue totalmente falsa. Es un simple negocio. Antorcha genera la supuesta necesidad, invaden, dizque compran, presionan al gobierno para que les dé servicios y venden. En tanto, pierde el entorno ecológico, la dotación de servicios, la vialidad, los pueblos tradicionales a los que se les rompe su esquema histórico de convivencia comunitaria. El plan político de Antorcha es posicionarse para disputar las alcaldías”.

En 2017, en plena campaña por la gubernatura del Estado de México, el líder moral de Antorcha, Aquiles, prometió el apoyo de su organización a Alfredo del Mazo Maza. “Es el menos peor”, explicó escueto.

Antorcha,
la máquina de Enrique II

EL PADRE de todos ellos fue un hombre grande, fuerte, tosco, de piel oscura, facciones gruesas, frente chica y temperamento explosivo, así que el apodo fue inevitable: El King Kong, y a sus descendientes, por extensión, se les conoce como Los Kinkones.

Ellos son los administradores del crimen en este municipio en que nada ocurre sin el consentimiento de la organización Antorcha Campesina, la misma que destapó públicamente a Enrique Peña Nieto como candidato a la Presidencia de la República.

Una parte de Los Kinkones, secuestradores y extorsionadores, han sido detenidos durante los últimos diez años, pero el jefe de la banda continúa libre y operando, afirman en entrevista agentes y ex agentes, incluidos comandantes, de las policías municipal y estatal, así como de la Policía Ministerial mexiquense. Sus nombres se omiten por petición de ellos mismos y luego de que argumentaran que sus vidas y las de sus familiares estarían en peligro si salieran del anonimato.

El jefe de Los Kinkones es Ramiro Galeno Moctezuma, un hombre de entre 48 y 50 años de edad. Sostiene una fachada como tianguista en Chimalhuacán y en un municipio adyacente, el de Chicoloapan.

Su influencia delictiva se alcanza por Ixtapaluca, otro municipio gobernado por Antorcha Campesina; Chalco; Valle de Chalco Solidaridad, el asentamiento humano insignia de Carlos Salinas de Gortari; La Paz; Ciudad Neza, bastión del PRD, y se extiende hasta la Central de Abastos, en la delegación Iztapalapa del Distrito Federal.

Galeno y sus hermanos, al menos cuatro involucrados en las actividades delictivas y de manera destacada el que se llama Pedro, estarían involucrados en el reciente plagio de un checador de camiones por cuya vida reclamaron la extravagante cantidad de un millón de pesos y a quien dieron por muerto luego de dispararle un tiro en la cara. Ese hombre, como muchas de las víctimas de Los Kinkones y de otras bandas de secuestradores y extorsionadores en el oriente de la capital, carece de recursos.

“Le pegan a los jodidos, porque los jodidos no tienen compadres en el gobierno y, como lacra, lo que tú quieres es que en la procuraduría, en las policías, nadie dé órdenes a la gente con la que trabajas. Por gente me refiero a policías preventivos y judiciales”, dice un agente de la Policía Ministerial que apoyó la detención de seis miembros de la banda que tenían bajo extorsión a tortillerías y tiendas de abarrotes en Chimalhuacán en 2010.

Entre los sujetos capturados en esa ocasión estuvieron Marino y José Fernando Galeno Moctezuma, hermanos de Ramiro.

—Si los tienen bajo protección, ¿por qué los detienen? —cuestiono yo.

—Dejan de pagar su renta por trabajar o, como en este caso, el operativo para toparlos fue de la Policía Federal, que llegó con averiguación previa de la PGR. También la situación es que ellos mismos calientan demasiado la plaza y hay que partirles su madre un poquito para que le bajen.

LA POLICÍA de Chimalhuacán ha jugado un doble papel desde hace años. Uno de los ex jefes policiacos entrevistados asegura que a fines de los 90 se intentó la baja de diez uniformados y, a la vez, asaltantes de personas a pie.

—¡Me acaban de robar! —dijo una de las víctimas al jefe, quien había salido a confirmar que sus muchachos eran un gavilla de ladrones y lo confirmó.

Reunió a diez de ellos y propuso su baja a la Presidencia Municipal, bajo el control de María Eulalia Guadalupe Buendía, invasora y fraccionadora profesional de terrenos en el oriente del valle de México. La Loba, como se le llama, no sólo era dueña de la tierra, sino también del agua que vendía en precios fijados por su Organización de Pueblos y Colonias.

La mujer colaboraba con el alcalde en turno, siempre del PRI, y apoyó sin reticencias, en 1999, a Arturo Montiel Rojas en su exitosa búsqueda por la gubernatura. Por eso La Loba tenía el poder de hablar con el jefe de la policía que intentó purgar a los diez oficiales.

—Son de mi gente y no, tú no los vas a echar a ningún lado. Ellos así trabajan —La Loba fue al grano.

“Al final sí fue cierto, ellos siguieron trabajando y él único que tuvo problemas fui yo”, recuerda el ex policía.

En el año 2000, La Loba impulsó a Jesús Tolentino Román Bojórquez, entonces líder mexiquense de Antorcha Campesina y quien ganó la Presidencia Municipal, pero luego de los comicios las organizaciones no lograron acordar las posiciones que La Loba reclamaba en el Ayuntamiento y estalló la guerra.

—¿Estuvo usted ahí? —pregunto al hombre.

—Sí, y no fueron diez los muertos, como se manejó oficialmente. Yo los vi, caminé entre ellos, y fueron entre 30 y 40.

Montiel resolvió el conflicto con el encarcelamiento de La Loba y el ascenso político de Antorcha, cuyos dirigentes tomaron los negocios de la lideresa y agregaron a su empresa el transporte público, gasolineras y gaseras.

Tolentino Román ha sido presidente municipal en dos ocasiones y diputado federal otras dos; y su esposa, Marisela Serrano Hernández, ha sido alcaldesa de Ixtapaluca, en la misma región del Estado de México, y ahora tiene curul en San Lázaro.

—¿Qué ocurrió después? —pregunto al ex comandante a propósito del desarrollo delictivo en la demarcación.

—Ahora quien controla la economía legal e ilegal en Chimalhuacán es Antorcha Campesina. Cristóbal Hernández Salas fue nombrado director de Seguridad Pública durante tres administraciones, mientras el municipio continúa como uno de los más violentos del valle de México. Y si con una administración se crean compromisos, imagínese con tres. Aquí se extorsiona, se secuestra, se vende droga y se asesina. Todo es a la sombra del poder político. No se puede de otra manera y hoy Los Kinkones trabajan con el municipio, con Antorcha —afirma el veterano.

La protección no se limita a las autoridades municipales. Una víctima de secuestro aceptó dar dos o tres datos de su plagio: lo detuvieron en su camioneta, pagó más de medio millón de pesos y fue liberado. Encontró su vehículo en un municipio vecino, en un corralón policiaco. Denunció para recuperar el auto, pero este había desaparecido y el agente del Ministerio Público simplemente se negó a continuar con la investigación que habría dado con una red de protección a los plagiarios.

Por sus propios medios, la víctima averiguó que el crimen fue cometido por Los Kinkones. El pequeño empresario cerró su negocio, malbarató el local y abandonó Chimalhuacán.

SEGÚN la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el comportamiento de la tasa de averiguaciones previas por extorsiones en el Estado de México ha mostrado una evolución similar a la reportada a nivel nacional. Cabe destacar que la entidad carecía de registros previos a 2012, con excepción de 1999, que reportó 2 mil 35 casos. Por esta razón no se pueden comparar las tasas de 2000 a 2011. Con base en el periodo disponible de 2012 a 2015, la tasa estatal de extorsiones reportadas supera la tasa nacional para tres de los cuatro años disponibles, sobre todo en 2013, año en que se da el máximo histórico de ambas tasas (poco más de 10 y casi 7 por cada 100 mil habitantes para el Estado de México y a nivel nacional, respectivamente). A partir de 2014, la tasa mexiquense de extorsiones reportadas disminuye abruptamente hasta situarse ligeramente por debajo de la nacional en 2015.

A diferencia de lo que sucede en otras entidades federativas, en el caso del Estado de México la falta del tipo penal de extorsión no justifica la falta de reporte de las averiguaciones previas iniciadas por este delito. Ello se debe a que esta conducta delictiva se encuentra contemplada en el artículo 266 del Código Penal del Estado de México como “al que sin derecho obligue a otro a hacer, tolerar o dejar de hacer algo, obteniendo un lucro o beneficio para sí o para otro”. Además de que se contemplan los diversos medios que pueden ser utilizados para su comisión.

Con la finalidad de contar con más datos sobre las modalidades que se han registrado en la entidad, se envió una solicitud de información sobre las mismas. La PGJEM únicamente brindó como respuesta las cifras que ya se encuentran disponibles en la plataforma del Secretariado Ejecutivo del SNSP.

La evidencia de los cinco municipios más poblados del Estado de México (Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Toluca) muestra poca variación del patrón temporal de las tasas de averiguaciones previas por extorsión. En otras palabras, en todos los municipios se observa un incremento considerable entre 2012 y 2013 seguido de reducciones en 2014 y 2015. Lo que distingue a estos municipios es el nivel de la tasa, es decir, en Tlalnepantla, Naucalpan, Toluca y Nezahualcóyotl se registraron tasas superiores a la estatal. Por ejemplo, la tasa de extorsión de Tlalnepantla de 2013 (poco más de 20 por cada 100 mil habitantes) duplicó la tasa estatal y la de Naucalpan casi hizo lo mismo. En cambio, Ecatepec registró tasas casi idénticas a las estatales. Esto sugeriría que el patrón de las extorsiones en los cinco municipios más poblados determina una porción importante del comportamiento agregado.

Las cifras analizadas antes no necesariamente reflejan la cantidad de personas que fueron víctimas de extorsiones. Ello no sólo se debe al alto porcentaje de cifra negra de este ilícito, sino a que las estadísticas reflejan la cantidad de averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas por el Ministerio Público. Actualmente en el Secretariado Ejecutivo del SNSP se cuenta con estadísticas de víctimas de este delito en 2014, 2015 y algunos meses de 2016. No obstante, con la finalidad de realizar un análisis con una mayor perspectiva histórica se envió una solicitud de información pública a la PGJEM, pero sólo se obtuvieron las mismas estadísticas del Secretariado Ejecutivo del SNSP.

Al analizar las mil 654 averiguaciones previas/carpetas de investigación iniciadas por el Ministerio Público de la PGJEM, en relación con las mil 766 víctimas, se aprecia que por lo menos 6.34% de las víctimas de extorsión registradas oficialmente durante 2014 y 2015 padecieron extorsiones múltiples. Si se contrastan los registros de ambos años, se aprecia una baja considerable de la proporción de víctimas de extorsiones múltiples: 8.51% en 2014 en comparación con 2.72% en 2015.

RAMIRO GALENO MOCTEZUMA, ahora poseedor del sobrenombre King Kong, se traslada en una Suburban blanca de modelo reciente. Es vendedor de chácharas en Chimalhuacán y San Vicente Chicoloapan, donde tiene una de las casas en que pasa más tiempo, en la colonia Francisco Villa.

—¿No es peligroso andar en una Suburban aquí? —pregunto a otro policía que ahora trabaja como guardaespaldas.

—No, porque las ratas de aquí le pegan a carros como ese —señala un modesto auto sedán de Nissan—. Quien trae una Suburban aquí es porque es funcionario, policía o lacra chingona, y los culerillos no se meten con ellos.

Las fuentes consultadas consideran que posee una fuerza de entre 40 y 50 hombres y trabaja de manera coordinada con otras bandas, entre ellas Los Pelones y Los Cachuchas, estos últimos originarios de Ixtapaluca.

El King Kong mide 1.75 metros de estatura, pesa entre 70 y 75 kilos, es moreno oscuro, su pelo es lacio, lleva bigote ralo y suele estar acompañado por uno de sus hijos, de nombre Mauricio y alias El Canelas, quien ostenta un enorme tatuaje en el brazo o en la espalda con el nombre de la banda: Los Kinkones, un grupo que existe desde hace 15 años, justo cuando Antorcha Campesina se hizo del poder político en Chimalhuacán.

En la misma colonia Francisco Villa donde vive Ramiro Galeno, el grupo tuvo una casa de seguridad en la que permaneció cautivo un comerciante de Chalco, quien logró escapar. El asunto es conocido por todos los vecinos y también por las autoridades, porque ese inmueble se halla bajo resguardo de estas.

Y, también en la Francisco Villa, intentaron secuestrar a un comerciante de ropa, pero el asunto se frustró.

—Son muy inteligentes o alguien los protege, porque no los han agarrado. Recientemente capturaron a unos de ellos, porque le estaban pegando a camiones repartidores de Bimbo, Barcel, Lala… Y meterse con las grandes marcas es un error, porque la queja se pone en el mismo escritorio del procurador —dice un policía ministerial activo.

—¿Usted tiene conocimiento de que alguno de esos secuestros haya concluido con el asesinato de la víctima?

—No, no. No tengo información con relación a secuestro. Tengo conocimiento de otras gentes que han asesinado, pero no precisamente en relación al secuestro.

—Sino por…

—Ellos lideraban una base de mototaxis —dice respecto de las motocicletas a las que se les articula un carro y que son el principal medio de transporte público en Chimalhuacán— y tuvieron conflicto con otra organización. Golpearon a uno en la calle, que corrió, lo siguieron y lo mataron. Eso fue en mayo de 2013.

Los incidentes entre las agrupaciones de mototaxistas son frecuentes, pero todos los líderes respetan a la organización que concentra el mayor número de unidades: Antorcha Campesina.

¿QUÉ OTROS NEGOCIOS son responsabilidad de Los Kinkones? Venta de droga, extorsión, protección y acoso físico. La organización es capaz de ofrecer 200 golpeadores para proteger mítines políticos, como ocurrió durante las pasadas elecciones en Ixtapaluca, en al menos un evento coordinado por Mauricio, El Canelas, hijo del King Kong.

—Vendió 200 cabrones, pero después nos enteramos que no cumplió, pero sí traía unos 50 para hacer la chamba en Ixtapaluca y Chimalhuacán —explica un operador político.

—¿Y cuál era la chamba? —pregunto.

—Cuidar la elección, cuidar las casillas y andar en todos los municipios donde hubiera algún problema electoral. Entrarle al relajo —dice en referencia a la violencia física que pudiera suscitarse—. Los contrató un ex diputado federal que ahora es diputado local, Reynaldo Navarro —dice de un priista a quien se le vinculó en noviembre de 2014 con una célula actualmente desarticulada del Cártel de Los Caballeros Templarios dedicada a la extorsión en la zona.

—Se refirió usted a que venden droga… ¿Ha hecho un cálculo de cuántas tiendas tienen?

—Yo les conozco cinco tiendas. Una está en Totolco, en el lado de Chimalhuacán, y otra en Francisco Villa, en la parte de San Vicente Chicoloapan.

—¿Quién lleva el cobro de piso y quién coordina el asalto?

—El que arma el cobro de piso y el que mató al taxista en el enfrentamiento de las bases es Aurelio Galeno Moctezuma, El Abuelo, hermano de Ramiro. Trabaja con una señora de nombre Julia, quien es dirigente de una base de mototaxis llamada FUTAC [Frente Unido de Taxistas y Colectivos]. Ahorita anda huida, porque en la última revuelta su hijo le metió un balazo en la pierna a otro. Y ese tal Aurelio, El Abuelo, está [preso] desde el mes de diciembre en el reclusorio y desde ahí sigue operando. Todos los puestos de los mercados de la Francisco Villa y de Totolco pagan su renta.

—El cobro de piso, ¿en qué rango de dinero se hace?

—Puede ir de 500 pesos a 20 mil pesos a la semana. A las madererías y los negocios grandes de construcción se les pueden cobrar 20 mil pesos semanales. Algunas ya cerraron. ¿Quién aguanta dos o tres chingadazos de 80 mil pesos al mes?

—¿Qué tan extendido está?

—Mucho: zapaterías, carnicerías, papelerías, joyerías, talleres, ferreterías, fondas, paleterías, taquerías. No les sacan mucho, pero ganan mucho porque les sacan a todos.

—¿Aquí el crimen organizado sí está organizado?

—Sí y no. Por ejemplo, si hay un secuestro, Ramiro o su hijo dice: “¡Ah!, fue fulano de tal, fueron Los Pelones y no hay bronca”. Pero hay banditas, y cuando les conviene se unen y, cuando no, se separan. No hay un control recio del crimen organizado en esta zona.

Existe coincidencia en que el control vertical del crimen organizado se trastabilló a principios de agosto de 2013, cuando Pablo Jaimes Castrejón, La Marrana, jefe de La Familia Michoacana en el Estado de México, murió abatido por el ejército en el sur de la entidad. Y colapsó con la captura de su sucesor, José María Chávez Magaña, El Pony, cuyos ranchos y caballerizas se localizan en San Vicente Chicoloapan, atrás de la central de abastos en construcción.

—¿Y La Familia no se metió a los Kinkones?

—No, y no entiendo por qué no. Quizá acordaron. Seguro, porque antes aquí la droga era de una familia a los que les decían del Chopo, unos cabrones recios, recios, recios. Hasta la abuelita andaba armada. Sólo se podía entrar a su calle, la Salinas, por Carlos Salinas, a comprar. Y La Familia les reventó su madre.

—¿Hay más armas?

—Sí, eso es algo que cambió luego de que vinieron las grandes organizaciones. Las bandas que ya estaban y que sobrevivieron a los cárteles se hicieron más violentas y andan más armadas.

—¿Muchas armas? —intento averiguar.

—¡Cabrón!… ¿Se acuerda usted del armamento que le robaron a la policía de Tlalnepantla [en octubre de 2014, asaltantes obtuvieron nueve pistolas y fusiles de asalto de un cuartel en ese municipio]? —me pregunta otro de los informantes.

—Sí.

—Bueno, pues algunas de esas armas terminaron aquí. Estaban tan calientes que las AR-15, por ejemplo, se vendieron en 5 mil pesos. ¡Cinco mil pesos! ¡Nada! Cualquiera puede comprar eso. ¿Se imagina que ahora tengamos asaltos en los camiones con la misma arma que usa el ejército de Estados Unidos? ¡Es el pinche chango con metralleta, literal!

LOS GALENO MOCTEZUMA, Los Kinkones, conocen las cárceles.

Uno de ellos, Misael, recién salió del Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, donde estuvo preso por robo en la Central de Abastos, lugar en el que murió baleado otro de los hermanos, Antonio.

Marino sigue preso en el Reclusorio Oriente, que está bajo la responsabilidad del gobierno del Distrito Federal, y desde donde, según las fuentes, opera una red de extorsión al exterior de la cárcel.

Pedro, casi tan importante como Ramiro, también está libre.

Juvenal, uno de los mayores, vive enfermo y, junto con su familia, se dedica a la venta de sopes. Es uno de los pocos con esos apellidos que se mantiene ajeno al crimen.

—¿Cómo se puede establecer la conexión entre los Kinkones y Antorcha? —pregunto al viejo ex comandante.

—Es a través de una ex regidora de Chimalhuacán que se llama Estela Jiménez Arias, que fue de la planilla pasada. Es muy, muy cercana a Ramiro Galeno. Ella los apadrinó y los conectó con Antorcha Campesina que, cuando tenía una bronca, llevaba a 20 Kinkones como golpeadores. Nomás fíjate: Estela fue regidora de Educación y Cultura. ¡Chingada madre! Y a Estela [políticamente] la hizo Jesús Tolentino Román Bojórquez, hoy líder del Movimiento Nacional de Antorcha Campesina.

LA MANIOBRA para ocultar mil 100 millones de pesos defraudados al erario de Coahuila durante el gobierno de Humberto Moreira utilizó al Ayuntamiento de Chimalhuacán, Estado de México, gobernado por Antorcha Campesina, organización priista con la mayor cercanía al presidente Enrique Peña Nieto.

Los detalles de cómo se realizó la obtención ilegal del crédito con Banca Santander por los mil 100 millones de pesos que ha llevado a prisión a cercanos de Moreira, también ex presidente nacional del PRI, se encuentran en el auto de plazo constitucional existente dentro de la causa penal 16/2012-II, abierto por el Juzgado Decimosexto de Distrito de Procesos Penales del entonces Distrito Federal contra Jorge López Alarcón, uno de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda involucrados en el timo.

Básicamente, con la finalidad de conseguir el crédito, diversos funcionarios del gobierno estatal proporcionaron a Santander datos sobre el monto de los activos de Coahuila.

Banco Santander y el gobierno de Humberto Moreira formalizaron el crédito por hasta mil 100 millones de pesos el 12 de julio de 2010 firmando, como representante de gobierno, Héctor Javier Villarreal Hernández, en ese momento secretario de Finanzas.

Para llegar a este punto, se falsificó la autorización del Congreso de Coahuila a fin de adquirir la deuda y, además, la Dirección de Deuda Pública de Estados y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) otorgó el visto bueno a favor del estado para la obtención de los recursos.

El crédito quedó anotado en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, también dependiente de la SHCP, con el folio 415/2010.

Al respecto, se lee en la acusación penal: “Sin embargo, el registro anterior carece de toda validez jurídica y resultó apócrifo en virtud de que en los registros de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, ese número corresponde a un contrato de apertura de crédito simple entre el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, como deudor directo, y como acreedor, Banca MIFEL, por la cantidad de 74 millones de pesos”.

Y, fuera de la investigación penal referida, algo llama la atención: actualmente, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios no existe ningún crédito contraído por Chimalhuacán con Banca MIFEL. En el listado aparecen únicamente dos empréstitos de esa demarcación con Banobras, ambos de 2013, uno por casi 30 millones de pesos y el otro por 95 millones.

En 2010, cuando se efectuó el fraude, Chimalhuacán tenía como presidente municipal a Jesús Tolentino Román Bojórquez, líder en el Estado de México de Antorcha Campesina y eventual jefe nacional de la organización.

La alcancía de Eruviel

TOMEMOS EL DINERO que, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se gastaron irregularmente en el Estado de México y convirtámoslo en monedas de diez pesos. Metamos el bolo en una caja de ahorro, una alcancía, e invirtámosla de tal forma que, por su ranura, una moneda salga cada segundo sin pausa. De esta forma, la alcancía se vaciará en 25 años, diez meses y 19 días.

El tema es que este erario se consumió en sólo tres años, los últimos tres contabilizados por el órgano fiscalizador durante el gobierno de Eruviel.

De 2013 a 2015, la ASF encontró irregularidades en el uso de recursos federales en el Estado de México que suman por lo menos 8 mil 163 millones 815 mil 400 pesos. Este monto es el resultado de la suma del total de irregularidades señaladas por la ASF en sus informes de auditoría a la Cuenta Pública para los años 2013, 2014 y 2015. Y es por lo menos porque el órgano fiscalizador no escruta la totalidad del gasto público.

Eruviel Ávila Villegas presentó su Quinto Informe de Gobierno en septiembre de 2016. Uno de los principales logros que destacó fue en materia educativa: la inversión de “más de 2 mil 850 millones de pesos en más de 9 mil espacios […] construidos y, en su caso, rehabilitados” durante su gobierno.

El monto desviado durante tres de los años en los que ha fungido como gobernador de la entidad equivale a casi tres veces la inversión en espacios educativos reportada por él mismo, gasto con que justifica su autopromoción a la Presidencia de la República.

Al comparar el monto detectado por la ASF con los datos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), es posible saber que tan sólo en 2016 esta entidad destinó 14 millones de pesos del Ramo 23 del PEF a la construcción de una escuela primaria en el municipio de Coatepec. El monto irregular detectado por la ASF de 2013 a 2015, cuyo destino no ha sido comprobado por la entidad, era suficiente para construir 583 escuelas similares a la de Coatepec.

Este monto también sería suficiente para remodelar ocho veces y media el Hospital General Naval de alta especialidad de la Ciudad de México (955.2 millones de pesos en el PEF 2017), para construir 13 mil 338 desayunadores en escuelas de tiempo completo en Tlaxcala (153 millones de pesos por la construcción de 250 desayunadores en el PEF 2016) o para rehabilitar 816 escuelas primarias públicas (10 millones de pesos por la rehabilitación de una primaria en la delegación Iztacalco de la Ciudad de México en el PEF 2014).

Ocho mil millones de pesos también es una quinta parte del presupuesto asignado a la Universidad Nacional Autónoma de México en 2017: 40 mil 900 millones de pesos.

Cuenta pública 2013

Las irregularidades encontradas por la ASF en la auditoría de la Cuenta Pública 2013 ascienden a, por lo menos, mil 146 millones 241 mil 300 pesos.

En este informe, el órgano fiscalizador ubicó al Estado de México en el lugar número 19 del Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto Federalizado, con un puntaje de 63.9 en cuanto a la gestión de los recursos federales que le fueron transferidos. El valor máximo posible es de 100. Este año, Querétaro se ubicó en el primer lugar, con 80.4 puntos, y Michoacán en el último, con 37.9.

El desvío de recursos otorgados en 2013 por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) es uno de los principales hallazgos de la auditoría a la cuenta pública en esa entidad.

En 2013, la ASF identificó pagos no justificados a la UAEM por un monto mínimo de 179.5 millones de pesos cuando Rosario Robles Berlanga estaba al frente de la Sedesol. Robles empezaba a poner en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre, la principal estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de inclusión y bienestar social para erradicar la pobreza, la desnutrición y la marginación.

En 2016, el diario Milenio publicó en su sección “DataLab” un reportaje que documentaba, por medio del análisis de bases de datos y entrevistas con funcionarios de la dependencia federal, que la Cruzada Nacional contra el Hambre no había sido puesta en marcha en las entidades más pobres del país y que había sido instrumentada sin objetivos claros, al carecer de una metodología para identificar a las personas que padecen hambre en México.

La investigación fue refutada por Robles Berlanga, quien entonces había sido relevada de la Sedesol por José Antonio Meade Kuribreña y fungía como titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Como resultado, el texto fue retirado de la página web del medio y la editora de la sección, Karen Cota, renunció a su cargo en el periódico.

Estos señalamientos se sumaron a los que un año antes hiciera la ASF: la Cruzada Nacional contra el Hambre sirvió para desviar recursos federales. Al menos en el Estado de México.

La auditoría 13-0-20100-12-0269 encontró que el gobierno federal otorgó contratos a la UAEM con el objeto de sumar a mujeres a la Cruzada, así como repartir despensas, playeras, gorras, globos y reproductores de DVD. También se preveía la contratación de servicios para promover el programa, así como “concienciar a los jóvenes respecto del problema del hambre” y “diseñar e implementar redes nutricionales y evento ferial”.

La universidad subcontrató a diferentes empresas para cumplir con estos propósitos, por lo que la ASF identificó un daño a la Hacienda Pública Federal por 147 millones 715 mil pesos.

Este no fue el único programa que presentó irregularidades. Con respecto al Programa de Pensión para Adultos Mayores, el desvío fue operado por medio de la misma triangulación a través de la UAEM. El reporte de la ASF encontró lo siguiente:

“La Sedesol y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), el 15 de febrero de 2013, suscribieron el convenio de coordinación para la Implementación y Puesta en Marcha de las Ventanillas de Atención por Demanda para la Incorporación de los Beneficiarios del Programa de Pensión para Adultos Mayores; sin embargo, la ASF señaló que la UAEM subcontrató a 11 empresas y una persona física, además de 3 mil 943 becarios para dar cumplimiento con el 100.0% de los servicios, evidenciando que la UAEM no contó con la capacidad técnica, material y humana para el desarrollo de los objetivos del convenio. La UAEM no logró la meta de incorporar la cantidad de un millón 600 mil beneficiarios al esquema de inclusión financiera, toda vez que únicamente logró incorporar la cantidad de un millón mil 537 adultos mayores, lo que provocó pagos injustificados a la UAEM por 179.5 millones de pesos.

”Se comprobó que la UAEM no realizó los servicios conforme a los términos y costos convenidos con la Sedesol, lo que originó pagos no justificados a la UAEM por 14.3 millones de pesos, por concepto de servicios no realizados. Al no cumplir con la meta establecida de incorporar al Programa de Pensión para Adultos Mayores la totalidad de los beneficiarios propuestos en el convenio de coordinación que suscribieron, dejaron de promover las políticas públicas de apoyar los estratos de la población más vulnerable del país que vive en condiciones de pobreza, de rezago y marginación, que no reciben ningún tipo de recursos económicos para sustentar sus necesidades más imperiosas, y consecuentemente, carecen de oportunidades que los lleven a impulsar el desarrollo de actividades productivas y mejorar sus ingresos y consecuentemente su nivel de vida”.

En esta misma institución, la ASF encontró irregularidades en otro contrato celebrado con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por un monto de 17.6 millones de pesos. En este caso se trataba de un contrato formalizado con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (Fondict) de la UAEM. Al revisar el documento, la ASF se encontró con que no contenía “penalizaciones o deductivas ante incumplimientos, ni evidencia de que los entregables fueron proporcionados en el tiempo establecido”.

En otro rubro, el Estado de México ha tenido las tasas más altas de inseguridad desde 2011, cuando estuvo en el segundo lugar a nivel nacional. En 2013, la entidad se ubicó en el quinto lugar del índice general de violencia, sólo detrás de Guerrero, Morelos, Chihuahua y Sinaloa. En cuanto a delitos, ocupó el primer lugar en lesiones dolosas, el tercero en robo con violencia, el noveno en secuestro, el 12 en violación y el 16 en homicidio doloso, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, que se basa en cifras del Secretariado Ejecutivo del SNSP y el INEGI.

No obstante, el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl utilizó los recursos del Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios (Subsemun) a fin de realizar pagos en exceso por 1.9 millones de pesos en conceptos no autorizados por el Secretariado Ejecutivo del SNSP.

En el caso del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, el Instituto de Salud estatal reportó a la Secretaría de Salud la adquisición de ocho bienes por 845 mil 600 pesos que no se encontraron en las unidades médicas beneficiarias cuando se realizó la auditoría. Los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, de acuerdo con la ASF, fueron utilizados para contratar a personas que no contaban con la documentación que acreditara el perfil requerido para ocupar la plaza.

El instituto está a cargo de la doctora Elizabeth Dávila Chávez, reconocida como una “mujer destacada” en esta entidad por el Instituto de Administración Pública del Estado de México, A.C.

En total, se trata de un posible daño a la Hacienda Pública por 26 mil 300 pesos. De este total, 22 mil 600 pesos fueron otorgados a un médico especialista cuyo número de cédula profesional “corresponde a otra persona”, de acuerdo con la investigación de la ASF.

Además, el Instituto de Salud del Estado de México reportó el ejercicio de 271.9 millones de pesos a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) sin proporcionar los documentos que comprobaran el gasto, y no acreditó la recepción y entrega de bienes por 32.4 millones de pesos.

En materia educativa, en cuanto a los recursos federales destinados al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), la ASF encontró tanto irregularidades en el uso de recursos como resultados insuficientes en los niveles básicos de primaria y secundaria. Estos son los niveles en los que el gobernador Eruviel Ávila presume logros cuatro años después.

La ASF determinó que el logro educativo en esta entidad fue insatisfactorio debido a que 83.6% de los alumnos de primaria obtuvieron una calificación de “insuficiente” y “elemental” en la prueba de español aplicada a través de la prueba ENLACE, mientras que en matemáticas la cifra fue de 54.9%. En secundaria, estos valores alcanzaron 83.6% y 84.7%, respectivamente. Es decir, en ambos niveles más de la mitad de los alumnos no contaban con conocimientos básicos de español ni matemáticas.

Aunque Ávila Villegas afirmó haber alcanzado la cobertura total en 2017, cuatro años antes no era así. Además, en secundaria, el porcentaje de terminación de estudios ascendía a 86.2% y la reprobación alcanzaba 14.3%.

En cuanto a los recursos federales, el Estado de México no comprobó el destino de 162.5 millones de pesos que estaban asignados al pago de nómina y había 192.7 millones de pesos cuya aplicación era desconocida.

La ASF señala que la entidad no reportó ante la SHCP la información sobre la gestión del fondo, por lo que incumplió con sus obligaciones de transparencia.

Además, la auditoría del FAEB también señaló que hubo pagos de gastos de operación que no correspondían con los objetivos del fondo por un importe total de 463.6 millones de pesos en 27 entidades, entre ellas el Estado de México. En este mismo rubro, la entidad fue una de 12 en las que se efectuaron pagos en centros de trabajo que no tuvieron vinculación con la educación básica o normal, por un total de 137.9 millones de pesos.

El Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) también brincó ante el escrutinio: la ASF encontró irregularidades en el destino de 15 mil 251.7 millones de pesos en 16 estados del país, entre los que se encuentra el Estado de México, sin precisar el monto en esta entidad.

Lo mismo ocurrió con el Programa del Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar del Registro Agrario Nacional (RAN). Al respecto, el órgano fiscalizador señala que el RAN celebró un contrato con el Fondict-UAEM en el que “no se garantizaron las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad; no se cercioró que dicho Fondo contara con capacidad técnica, material y humana para realizar los trabajos de los respectivos convenios”. Además, fueron destinados 277 millones de pesos a este programa, monto que no tuvo los elementos suficientes para evaluar la pertinencia de los gastos realizados por el personal ni los gastos de campo por 207.4 millones de pesos.

En este rubro, la ASF dictaminó también: “No se cuenta con información y documentación que acredite la recepción de los bienes arrendados, ni de su utilización y beneficio obtenido por un monto de 10.8 millones de pesos”.

En el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas en el Estado de México, que recibió recursos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la ASF encontró irregularidades en tiempo y forma. En ese entonces, David Korenfeld Federman estaba al frente de la dependencia federal. El funcionario fue cesado en abril de 2015 tras la polémica que generó al haber utilizado un helicóptero de la secretaría con fines personales.

En cuanto a los recursos recibidos por el Estado de México en 2013, el órgano fiscalizador señala que la entidad adjudicó diez contratos de obra pública después de la fecha límite para concluir las licitaciones y que hubo 6.7 millones de pesos que no se reintegraron a la Tesorería de la Federación (Tesofe). Además, se erogaron recursos federales de manera extemporánea y se autorizó la contratación de proyectos con un porcentaje mayor al permitido en las reglas de operación del programa. Igualmente, la ASF señala que hay 2.7 millones de pesos provenientes de recursos federales cuya aplicación no fue comprobada y que “el Estado de México pagó anticipos acordados después del inicio de las obras, generando convenios para diferir plazos de ejecución de las obras”.

Cuenta pública 2014

En 2014, la ASF encontró irregularidades por un monto mínimo de 2 mil 100 millones 191 mil 800 pesos en el Estado de México.

En la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, la ASF señala entre sus principales consideraciones que el déficit presupuestario a nivel nacional ascendía a 62 mil 860.8 millones de pesos y que los cuatro estados que registraban los montos más elevados eran Chiapas, el Estado de México, Sonora y Nayarit. Asimismo, precisa que el Estado de México fue la entidad más beneficiada por el programa Contingencias Económicas, para el que ese año se ejercieron 50 mil 228.9 millones de pesos.

El Estado de México también se encuentra en los primeros lugares de incremento a la deuda subnacional en ese año, cuando figuró entre las nueve entidades que concentraron 69.3% del total deudor, que sumaba 509 mil 690.3 millones de pesos.

Durante 2014, la UAEM volvió a ser sometida a fiscalización. Esta vez el dictamen de la ASF fue positivo, al concluir que la institución educativa “realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del programa [Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES]”.

Las contrataciones de servicios o bienes representan el mayor riesgo de corrupción en cualquier gobierno. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 56% de los casos de soborno ocurren durante estos procesos. El Estado de México presentó, en 2014, irregularidades ligadas a procesos de contratación por 52 millones 186 mil 400 pesos. Estos recursos correspondían a obras pagadas que no fueron ejecutadas.

En ese año, la entidad recibió 3 mil 708.9 millones de pesos para los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; de Desarrollo Regional Turístico Sustentable; de Regionales y de Deporte; y para el Fondo Metropolitano.

De este total, la ASF identificó que 10 millones 536 mil 800 pesos destinados al convenio de coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo turístico no fueron erogados; también encontró recursos de programas regionales no ejercidos conforme a la normativa aplicable por 106 millones 297 mil 600 pesos.

En materia de educación básica y para adultos, el Estado de México registró irregularidades en el ejercicio del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). El monto ascendió a 657.6 millones de pesos, 19.6% del total a nivel nacional (3 mil 360.9 millones de pesos).

La ASF observó que el gobierno del Estado de México no comprometió recursos del Fondo Metropolitano y Programas Regionales por 30.2 millones de pesos. Señaló, además, rendimientos financieros generados no comprometidos ni reintegrados a la Tesofe por 10.5 millones de pesos.

En cuanto a los recursos de los Programas Regionales que habían sido comprometidos, hubo 106.3 millones de pesos que el gobierno estatal no ejerció y 52.2 millones de pesos en obra pagada que no fue ejecutada.

En el Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, el Estado de México ejerció recursos en obras no concluidas o correspondientes a ejercicios anteriores por 18.9 millones de pesos.

Al igual que en 2013, en el Estado de México el Subsemun presentó irregularidades. En este periodo se trató de recursos no devengados ni reintegrados a la Tesofe por 453 mil 600 pesos, monto que corresponde a 12.6% de las irregularidades totales.

El Fondo de Infraestructura Deportiva también fue auditado y en este la ASF encontró falta de documentación comprobatoria por la cantidad de 113.9 millones de pesos en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, monto que representó el 61.7% del total revisado.

Por otro lado, en el Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fopedep), la ASF señala un pago de conceptos que no corresponden con el objeto del contrato y transferencias a otras cuentas no reintegradas a la Tesofe por 9.5 millones de pesos en el municipio de Valle de Chalco. Este monto es 5.5% del total observado.

En los Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), el Estado de México y Sinaloa suman 774.8 millones de pesos en proyectos y conceptos de obra no justificados o no autorizados, monto que representa 33% del total observado. En este mismo rubro, el Estado de México y Coahuila suman 771.9 millones de pesos (32.9% del total) que carecen de documentación comprobatoria.

En esta auditoría, la UAEM volvió a presentar irregularidades en la ejecución de contratos. El primero que se menciona es el celebrado con el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), en una muestra revisada por 129.2 millones de pesos. En este rubro, la ASF encontró que el FOVISSSTE no vigiló el cumplimiento de los contratos y que la UAEM no contaba con los recursos humanos, técnicos ni materiales para “satisfacer el otorgamiento de cualquier proyecto estratégico que demanden los sectores públicos o privados […] los trabajos no fueron ejecutados por esa institución”.

Otro hallazgo de la ASF en este año fue el referente a un convenio entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y el Fondict-UAEM por mil 275.8 millones de pesos. De acuerdo con la fiscalización, las actividades para las que fue contratado el Fondict-UAEM correspondían a una de las áreas de la Sagarpa y el Fondo “carece de personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios como instancia dispersora de los recursos”.

En cuanto a las irregularidades en el ejercicio de los recursos, la ASF señala lo siguiente: “[La] documentación comprobatoria del apoyo otorgado por 0.6 millones de pesos no se relaciona con el objeto del convenio; no se comprueba ni justifica 1.8 millones de pesos por concepto de ‘Gastos de operación y de administración del Fondict-UAEM’; omisión en el reintegro de recursos por 60.3 millones de pesos originado en el desistimiento de 150 beneficiarios; falta de suscripción de 505 Actas Entrega-Recepción y Cierre-Finiquito por 222.6 millones de pesos; en 178 proyectos por 123.2 millones de pesos no se acreditó que los beneficiarios efectuaron la aportación de su contrapartida; en 66 proyectos por 21 millones de pesos no se acreditó la aportación de la contrapartida del beneficiario, y en siete proyectos apoyados con 2.4 millones de pesos correspondientes al componente de Tecnificación del Riego, también recibieron recursos del ‘Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas’ ”.

Cuenta pública 2015

Cinco mil 64.4 millones de pesos fue el monto al que ascendieron las irregularidades que la ASF encontró en el Estado de México durante 2015.

El Mexibús 3 fue una de las obras emblemáticas del sexenio de Eruviel Ávila. En su Tercer Informe de Gobierno, el mandatario la reportaba como un proyecto de transporte público que conectaría a la entidad con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. También fue uno de los proyectos en los que la ASF reportó irregularidades por 4 millones 866 mil 500 pesos.

El gobierno del Estado de México realizó obras por un monto total de 125 mil 680.3 millones de pesos destinados al Corredor Tronco Alimentador Chimalhuacán-Nezahualcóyotl-Pantitlán para compensar la falta de transporte público, la incertidumbre en el tiempo de traslado de los usuarios del transporte público y privado y las emisiones contaminantes por exceso de vehículos de transporte público. La ASF revisó un contrato de obra pública y uno de servicios en este rubro. El de obra pública corresponde a la puesta en operación del Mexibús 3, y el de servicios, a la supervisión externa de obras faltantes para la operación del mismo sistema de transporte.

A veces, la pérdida es un goteo discreto, pero incesante. La ASF encontró duplicidad de pagos por 66 mil 300 pesos en el suministro de tubería de concreto, jornadas no justificadas de bandereros por un millón 692 mil pesos, así como 902 mil 900 pesos gastados en mobiliario infantil y gimnasio en parques que no estaban contemplados en el contrato. Señala la erogación de 430 mil 600 pesos en bolardos tipo barrera que no cumplen el alcance contratado y muestran errores en su cuantificación, y el pago de un millón 124 mil pesos en el concepto extraordinario de construcción de una lumbrera sin justificar los rendimientos de materiales y mano de obra. Además, el pago de 650 mil 700 pesos por trabajos no ejecutados por la supervisión externa ni solicitados por la entidad fiscalizada, y la integración de los indirectos de obra en forma incorrecta, ya que se incluyeron campamentos, construcción y conservación de caminos de acceso, cuando el proyecto se realizó en zona urbana y no fue necesaria la ejecución de estos rubros.

El órgano fiscalizador apunta que el Estado de México no acreditó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la copia del acta de entrega-recepción de la obra ni de reforestación. Tampoco acreditó oportunamente la terminación de los trabajos ni, en el caso de la supervisión externa, el finiquito.

En otro tema, desde 2012 en el Estado de México se han registrado 12 mil 950 casos de agresión contra mujeres, de acuerdo con el INEGI. Hasta 2014, la cifra de feminicidios ascendía a mil 997, según un conteo realizado a partir de diversas fuentes por el autor de este libro (ello se debió a que las cifras oficiales no son confiables y hay un subregistro de este delito a nivel nacional).

En un estado inmerso en este contexto, un programa como el de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género debería ser impulsado y puesto en práctica. Sin embargo, la auditoría de la ASF mostró que los 11 Comités de Contraloría Social no fueron capacitados ni se promovieron los mecanismos para la atención de quejas y denuncias; tampoco se encontró evidencia de la entrega de los materiales de difusión a los Comités de Contraloría Social. La ASF señala que estas deficiencias provocan que el programa no alcance la cobertura prevista y por tanto no cumpla con los objetivos planteados.

El órgano fiscalizador, si bien no cuantificó los recursos utilizados de manera irregular en este caso, sí realizó una revisión del cumplimiento de los objetivos del programa.

Por otro lado, el Estado de México recibe cada año recursos federales por medio del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). Aquí, la ASF encontró irregularidades por mil 254.3 millones de pesos debido a la falta de acreditación del destino de dicho monto.

El Estado de México recibió 4 mil 571.6 millones de pesos. De este total, 73% lo utilizó en la amortización de la deuda pública, pero no comprobó lo que hizo con 27% de este monto.

En cuanto a los programas y fondos federales en esta entidad, la ASF auditó el monto total que se le asignó, que fue de 10 mil 529 millones de pesos. El órgano fiscalizador encontró que el Estado de México no acreditó el compromiso o ejercicio de mil 954 millones de pesos correspondientes a los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable, y Regionales; y a los fondos: Metropolitano y de Contingencias Económicas.

La ASF también auditó la construcción y equipamiento del Instituto de Oncología y del Hospital de Coacalco de Berriozábal, para los que esta entidad recibió recursos de la Secretaría de Salud con cargo al Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud.

Al respecto, el órgano fiscalizador señala que la entidad celebró dos contratos, uno por 38.2 millones de pesos para el Hospital de Coacalco y otro por 176.5 millones por el Instituto de Oncología. En ambos casos, el Instituto de Salud estatal procedió a rescindir los convenios por incumplimiento de las empresas contratadas.

La ASF encontró que en el caso del Hospital de Coacalco la entidad no aseguró las mejores condiciones posibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. En lo que respecta al Instituto de Oncología, la entidad además no planeó ni programó los trabajos, omitió registrar los avances y pagó volúmenes de obra adicionales y precios unitarios extraordinarios sin que se formalizara el contrato correspondiente.

En el Fondo de Infraestructura Deportiva, el Estado de México recibió 874 millones 100 mil pesos, de los cuales no comprobó la erogación de 30 millones 157 mil pesos.

En materia educativa, la ASF señala que el gobierno del Estado de México ejerció recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) por un total de 34 mil 149 millones de pesos, de los cuales hay 143 millones 739 mil pesos que presentan irregularidades. El organismo fiscalizador sostiene que “el gobierno del Estado de México no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FONE, la observancia de su normatividad y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría”.

Asimismo, la ASF señala que hay incongruencias entre la información que el gobierno de la entidad reportó ante la SHCP y el cierre del ejercicio, así como una falta de evaluación sobre los resultados del fondo.

En cuanto al Fondo de Aportaciones Múltiples, la ASF encontró irregularidades por tercer año consecutivo y señaló un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 869 millones de pesos, por tratarse de recursos no ejercidos hasta la fecha en que fue practicada la auditoría.

En materia de salud, la ASF encontró que el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud en el Estado de México presenta un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 658 millones 853 mil pesos correspondientes a recursos no devengados. Asimismo, la ASF señala que el Instituto de Salud estatal no cuenta con un sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, ni con un manejo eficiente y transparente de los recursos.

También hubo problemas con los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades: un subejercicio por 32 millones 893 pesos en esta entidad, monto que no había sido ejercido hasta la fecha en que fue realizada la fiscalización.

En materia de seguridad pública, la ASF fiscalizó los fondos correspondientes al “otorgamiento de subsidios a las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial” y encontró irregularidades en cuanto a la asignación de los contratos.

El órgano fiscalizador reporta que, en este caso, el Estado de México no justificó los bienes adquiridos por adjudicación directa ni acreditó los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez. No obstante, aclara que los recursos fueron ejercidos en 99.9% y no cuantifica un posible daño a la Hacienda Pública Federal.

Respecto al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, la ASF encontró un subejercicio de 116 millones 307 mil pesos, falta de documentación comprobatoria de los elementos evaluados en habilidades y destrezas por 3 mil 975 pesos y falta de aplicación de penas convencionales por 202 pesos. En este rubro, determinó recuperaciones probables por 4 mil 177 pesos. Asimismo, señaló que la entidad realizó una gestión deficiente y opaca de los recursos de este fondo.

A oscuras

En 2013, la ASF publicó el Diagnóstico sobre la opacidad en el gasto federalizado. Este documento señala las irregularidades en el ejercicio de los recursos federales transferidos a las entidades federativas en el año 2011.

La ASF precisa en su informe que 90% de los ingresos estatales provienen de los recursos transferidos por el gobierno federal, de ahí la importancia de que este gasto sea transparente.

Dichos recursos están divididos en dos categorías: las participaciones federales (que no son auditables) y las transferencias condicionadas o gasto federalizado programable (que este órgano sí puede auditar y deben aplicarse en los fines que sean establecidos en el marco jurídico correspondiente).

De acuerdo con el documento de la ASF, en 2012 el gasto federalizado total fue de mil 344.5 millones de pesos; 10.3% de ese monto se le asignó al Estado de México. Al dividir los recursos en participaciones federales y transferencias condicionadas, esta entidad obtuvo 12.4% y 9.1%, respectivamente. En ambos casos estuvo entre las primeras cinco entidades del país que recibieron, en conjunto, entre 35 y 40% de los recursos totales.

Una de las principales observaciones hechas por la ASF en este diagnóstico es respecto al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA). Para recibir estos recursos, las entidades deben suscribir un convenio de coordinación con el Ejecutivo federal. Hasta la fecha en que la auditoría fue realizada, el Estado de México no contaba con ningún convenio y, a pesar de eso, recibía los recursos. La ASF señala en este documento que “debido a la inexistencia de convenios suscritos, las entidades no se ven obligadas a cumplir con lo establecido en ellos, lo que genera opacidad, ya que no se les puede fiscalizar conforme a acciones y reglas previamente convenidas”.

Al respecto, el órgano fiscalizador encontró que 15 entidades —entre las que se encuentra el Estado de México— tienen niveles bajos de cumplimiento en la entrega, difusión, calidad y congruencia en cuanto a la información que remiten a la Secretaría de Hacienda sobre el ejercicio de los recursos.

Alguien se robó mi erario

Uno de los métodos para dar una idea de la corrupción en determinada demarcación consiste en identificar la dimensión subjetiva, es decir, la percepción. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), realizada por el INEGI, muestra que, en promedio, 88.87% de la población del Estado de México cree que la corrupción es frecuente o muy frecuente en la entidad en 2011, 2013 y 2015.

Los principales sectores en los cuales se percibe que la corrupción es frecuente y muy frecuente son los partidos políticos, los policías, los diputados y senadores, el Ministerio Público, los gobiernos municipales y los estatales. En esos tres años, los dos sectores en que la corrupción se percibe con más frecuencia son las policías y los partidos políticos: en promedio, esa fue la percepción de más de 90% de la población de 18 años o más encuestada durante este periodo.

La percepción de corrupción de la cual da cuenta la ENCIG está determinada, en buena medida, por la experiencia de la población al momento de llevar a cabo diversos trámites ante las dependencias de gobierno. En este sentido, vale la pena mencionar que en 2013 y 2015 el Estado de México registró respectivamente proporciones de 16 mil 308 y 12 mil 278 usuarios por cada 100 mil habitantes que experimentaron algún acto de corrupción en por lo menos uno de los trámites que realizaron. Si se comparan dichas tasas con las del resto de las entidades federativas, se aprecia que el Estado de México fue el tercer y decimoquinto estado con mayor cantidad de usuarios que sufrieron algún acto de corrupción por cada 100 mil habitantes.

Al analizar la cantidad de usuarios que tienen algún conocido que les refirió actos de corrupción en los trámites que realizaron, se observa que en 2013 se reportó una proporción de 30 mil 318 por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2015 fue de 49 mil 899. Llama la atención que, a diferencia de la disminución que se registra de usuarios que experimentaron algún acto de corrupción, en este caso se puede identificar un claro aumento de 64.6% en la cantidad de usuarios que dicen tener algún conocido que les ha hablado de actos de corrupción durante los trámites que realizaron en el Estado de México.

Esta entidad federativa no sólo se ha mantenido como una de las que presentan mayor tasa de incidencia de corrupción por cada 100 mil habitantes, sino que ha registrado un incremento de alrededor de 150% de 2013 a 2015. Con ello, la incidencia de corrupción del Estado de México prácticamente duplica la tasa registrada en el país, ya que en 2015 la proporción mexiquense fue de 62 mil 160 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que la nacional fue de 30 mil 97. Esto significa que, en lo que ha transcurrido de la administración de Eruviel Ávila, las conductas relacionadas con la corrupción han aumentado de manera significativa.

¿Se corresponde la idea que tienen los mexiquenses de la corrupción con el castigo a las malas prácticas en las policías, el ambiente considerado por la ciudadanía como el más descompuesto?

No.

Se llevó a cabo una revisión de la información disponible en la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México y los datos publicados refieren que, de 2013 a noviembre de 2016, fueron impuestas apenas 840 sanciones a servidores públicos sin que se especifique su motivo. Aunado a ello, se observa que 65.7% de ellas fueron aplicadas a funcionarios de la PGJEM, 27% a personal de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES) y 7.2% a policías municipales. Por otra parte, los datos disponibles dan cuenta de que la mayor parte de las sanciones impuestas tanto a servidores de la PGJEM, de la CES como de las policías municipales fueron destituciones e inhabilitaciones.

La recuperación de lo perdido también es magra.

Acorde con la información proporcionada por la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, en lo que va de la administración de Eruviel Ávila se tiene un registro de 140 procedimientos administrativos resarcitorios en firme que fueron iniciados por la dependencia, los cuales suman un total de 133.5 millones de pesos como resultado de los daños o perjuicios ocasionados. A partir de los datos brindados, se aprecia que la dependencia con mayor número de este tipo de procedimientos administrativos en firme y con mayor cantidad de resarcitorios fincados es la Dirección General de Responsabilidades de la propia Secretaría de la Contraloría. Por otra parte, la institución con la segunda mayor cantidad de procedimientos administrativos es el Instituto de Salud del Estado de México, y en tercera posición se ubican tanto la Secretaría de Desarrollo Agropecuario como la Secretaría de Agua y Obra Pública.

Si se observa desde una perspectiva histórica la información proporcionada, se puede apreciar que los años con mayor cantidad de procedimientos resarcitorios en firme fueron 2014 y 2015, con 35 y 33 registros, respectivamente. Además, se observa que estos han aumentado paulatinamente.

Según la información de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGJEM, se han iniciado 46 mil 856 actas en contra de servidores públicos por responsabilidad oficial de 2004 a 2014, incluidas todas aquellas denuncias interpuestas contra servidores públicos de las autoridades locales y estatales. Al analizar el comportamiento histórico de este indicador, sobresale que la cantidad de actas iniciadas es considerablemente mayor durante la administración del ex gobernador Enrique Peña Nieto respecto a la de Eruviel Ávila. Esto se aprecia si se comparan los registros de los primeros dos años de cada una de las gubernaturas, es decir, 2007 y 2008 respecto a 2013 y 2014, pues dicha comparativa da cuenta de que las actas iniciadas contra servidores públicos por responsabilidad oficial durante la administración de Peña Nieto triplican las que se han registrado en la de Eruviel Ávila.

A partir de estos datos se observa que, sin considerar la categoría de “otros”, a quienes se les inició la mayor cantidad de actas de 2004 a 2014 fueron la policía municipal (12 mil 629), seguida por la policía ministerial (5 mil 395) y el agente del Ministerio Público (5 mil 285). Además, en términos generales, es posible identificar que en la única categoría en la que se mantuvo relativamente constante la cantidad de actas iniciadas fue en el caso de los agentes del Ministerio Público, pues en el resto de las categorías este indicador disminuyó de manera sustancial. Los decrementos más visibles ocurrieron en relación con las actas iniciadas contra la policía municipal y en la categoría de “otros”.

Si se toma en consideración no sólo la cantidad de actas iniciadas de 2004 a 2014, sino aquellas que fueron consignadas, que se encuentran en reserva y en archivo, destaca que el mayor porcentaje de las actas se encuentran en reserva (35 mil 30) y, en promedio, anualmente se ha consignado exclusivamente 10.7% de las actas. Aunado a ello, si se lleva a cabo la misma comparación de los primeros dos años de las administraciones de Peña Nieto y Eruviel Ávila, sobresale que la cantidad de consignaciones registradas de 2007 a 2008 es casi tres veces mayor que la reportada de 2013 a 2014.

Pero, nuevamente, hay que subrayar que estos 8 mil 163 millones 815 mil 400 pesos deben considerarse como la cifra baja y no nada más porque la ASF sólo toma una fracción del erario para el escrutinio, sino porque estos análisis no consideran jamás la cueva del tesoro: el dinero proveniente de los entres de los constructores de la obra pública.

El trabajo de Nancy
y Jazmín

CADA CIERTO TIEMPO, tal vez cada vez menos por la pérdida de su carácter novedoso, la prensa mexicana y, ocasionalmente, de otros países se asoma al drenaje de la Ciudad de México y se sorprende con la existencia de buzos inmersos en el líquido oscuro que corre por la salida del tubo digestivo de la megalópolis. El asombro busca justificación con el listado de objetos encontrados por los trabajadores: jeringas, carrocerías automotrices enteras, cadáveres de animales y humanos, contenidos en el líquido café en que se puede verter cualquier cosa. También se habla de los trajes de buzo utilizados por los hombres, hechos con neopreno de alta resistencia y diseñados en Noruega para inmersiones industriales, como la soldadura submarina en plataformas petroleras, y en aguas heladas. En las versiones periodísticas hechas sobre este trabajo, siempre se subraya lo muy poco que ganan quienes se ponen en tan alto riesgo de ahogarse, infectarse e intoxicarse.

Nancy, de 12 años de edad, y Jazmín, de 13, hacen algo parecido, pero no con traje, sino con sus ropas. Ganan, a lo mucho, 100 pesos al día. Cada día del estiaje, con las aguas calmas, entran a un afluente del Gran Canal del Desagüe conocido como Cartagena, en Ecatepec, a unos 200 metros del Circuito Exterior Mexiquense, la vía de cuota construida por el consorcio español OHL.

Este río corre con muertos atados a los pies. Durante el drenado que se realizó del 1 de junio al 30 de septiembre en 2014, fueron encontrados 21 cuerpos, 16 de mujeres. Las autoridades del Estado de México negaron el hallazgo, pero algunos de quienes viven por aquí, en los límites de Ecatepec y Coacalco, vinieron a ver si algunos de los huesos arrancados al lecho por la maquinaria eran de su familiar desaparecido, como Liliana Tinoco, madre de Rodrigo Méndez, nacido en 1993 y desaparecido junto con otro muchacho de nombre César en junio de 2006. Algunos vecinos también vieron que los cráneos y los fémures eran muy redondos, los primeros, y muy largos los segundos para ser de perros.

—¿Qué buscan? —les pregunto.

—Fierro… ¡Oro! ¡Plata! ¡Dinero! —gritan las niñas con entusiasmo y entiendo la estupidez de mi pregunta—. Aquí hay dinero —afirma una de ellas asintiendo con la cabeza, en gesto didáctico.

—Anillos, aretes… —enlista la otra.

Los vecinos me explican que, de vez en cuando, las muchachas tocan la puerta y muestran una prenda de plata u oro sacadas del lodo que pagan en 50, 70 pesos.

Las muchachas llegaron hace un par de años de Puebla y se asentaron con su familia en una de las márgenes del canal, muy cerca de la avenida Luis Donaldo Colosio. El asentamiento tiene, en ambas riberas, unas 60 casas de pepenadores. Las familias recolectan basura de los alrededores con carretones tirados por caballos, animales con el cuero del pescuezo pelado y las pezuñas despostilladas. Los desperdicios aquí son lo contrario: las viviendas y lo que en ellas existe, desde colchones hasta electrodomésticos, es reciclaje sin pretensiones de buena conciencia ambiental.

En esta parte del valle de México, la suma de la Ciudad de México y los municipios mexiquenses conurbados, las aguas negras son más negras que aguas arriba. Son tan oscuras que, difícilmente, la mezcla es orgánica, pero la comuna de basureros encontró que, eventualmente, se puede rescatar un diminuto tesoro. Antes de hundirse hasta la cintura en el canal, Nancy y Jazmín descienden por el cauce, cada vez más profundo. Las paredes son verticales y una parte de los 40 metros que descienden deben hacerlo viendo hacia la pared para no rodar.

—¿Van a la escuela? —pregunto.

—Sí, a la secundaria, en Jaltenco.

—¿Cuánto ganan al día? —las niñas se miran, siempre cruzan las miradas y ríen.

—¿Cien pesos? —responden con una pregunta.

—¿Y qué hacen con ese dinero?

—Pagar cosas de la escuela.

—¿Alguna vez han ido al cine?

—¡Jajajajajaja!

EL ESTADO DE MÉXICO gasta a lo grande en programas de desarrollo social y cada vez gasta más. ¿Esto ha mejorado las condiciones de vida de los mexiquenses?

No de los más pobres.

Pese a que las aportaciones del ramo 33 destinadas al desarrollo social han crecido 3.16% anualmente entre 2006 y 2015, no parece haber un efecto directo en los niveles de pobreza y vulnerabilidad por ingreso. Al contrario, parece que, entre mayor ha sido el gasto, los porcentajes de población con ingresos inferiores a la línea de bienestar y bienestar mínimo se han incrementado consistentemente. Lo mismo sucede si se cruza con el presupuesto real ejercido a nivel estatal por desarrollo social.

Lo anterior se puede interpretar de dos formas: el gasto ha sido insuficiente y, por tanto, no se observa el efecto deseado en términos de la reducción de la pobreza; la segunda sugiere que el gasto no ha surtido ningún impacto en la pobreza por asuntos relacionados con la eficacia y eficiencia de los programas o porque las políticas financiadas con estos recursos no han significado un incremento de los ingresos de la población mexiquense. La dinámica económica regional y nacional también afecta el complejo fenómeno de la pobreza.

Las estimaciones oficiales de pobreza de 2014 muestran que en el Estado de México habitan unos 8.2 millones de pobres, casi la mitad de su población. Estas personas se encuentran por debajo de la línea de bienestar y presentan en promedio dos carencias sociales. De la población pobre total, 7 millones son pobres moderados y presentaron 1.8 carencias en promedio; en tanto que los 1.2 millones restantes son pobres extremos y presentaron 3.4 carencias en promedio.

Este es un perfil cuantitativo de las carencias sociales:

• 2.5 millones de personas tienen algún grado de rezago educativo. De las distintas variantes de rezago educativo, el más frecuente corresponde a la población de 16 años o más nacida hasta 1981, pues lo presentan 1.5 millones de habitantes.

• 4.2 millones de mexiquenses se encuentran ocupados (asalariados y trabajadores independientes) sin acceso a la seguridad social, 2.3 millones de personas no económicamente activas tampoco tienen acceso a esta, ni 246 mil personas de 65 años o más.

• 3.2 millones de mexiquenses carecen de servicios de salud, ya sea que se trate del Seguro Popular, el IMSS, el ISSSTE federal o estatal, Pemex, ejército, marina o de servicios médicos privados.

• 311 mil personas tienen viviendas con piso de tierra, 277 mil personas viven bajo techos de material endeble, 89 mil personas poseen viviendas con muros de material endeble y 1.3 millones de mexiquenses habitan hacinados. De esta forma, en materia de calidad y espacios en la vivienda la carencia más recurrente se refiere a la condición de hacinamiento.

• 741 mil personas habitan en viviendas sin acceso al agua, 1.1 millones no cuentan con acceso al drenaje, 82 mil mexiquenses carecen de acceso a la electricidad y 884 mil usan leña o carbón para cocinar.

• De acuerdo con los cuatro niveles de la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria, 6.7 millones de mexiquenses padecen algún grado de inseguridad alimentaria.

• 3.1 millones de personas presentaron inseguridad alimentaria leve, 2 millones de personas presentaron inseguridad alimentaria moderada y 1.4 millones de mexiquenses presentaron inseguridad alimentaria severa.

¿Qué hay en la otra cara de la moneda?

Para responder, basta analizar cómo se distribuye el ingreso corriente total trimestral por hogar por cada decil de la población, además de otras variables como la cantidad y proporción de hogares y el ingreso agregado.

Pues bien, únicamente 10% de los hogares perciben un ingreso corriente trimestral de por lo menos 157 mil pesos, es decir, 52 mil pesos mensuales.

De acuerdo con los tabuladores del Poder Ejecutivo correspondientes a 2013, el gobernador es un mando superior de nivel 32 con un sueldo base mensual de 118 mil pesos y un sueldo total neto de 138 mil 271 pesos. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) recibió en 2013 un sueldo bruto mensual de 277 mil pesos, que en términos netos equivale a 194 mil.

Ni siquiera el 10% de los hogares mexiquenses percibe ingresos similares a los sueldos del gobernador y del presidente del TSJEM. Considerando el ingreso corriente trimestral promedio de un hogar perteneciente al último decil del Estado de México, los sueldos trimestrales del gobernador y del presidente del Tribunal son 2.6 y 3.7 veces mayores, respectivamente.

Lo anterior incluso refleja disparidades en la distribución del ingreso en la cúspide del bienestar.

EN LA OTRA CARA de la moneda también está OHL México, constructora de la pista a cuya vera trabajan Nancy y Jazmín.

Durante 2016, la subsidiaria mexicana de Obrascón Huarte Lain reportó a sus inversionistas ingresos totales por 18 mil 899 millones de pesos, 30% más que en 2015. Sólo el Circuito Exterior Mexiquense representó ingresos por cuotas de peaje que alcanzaron, en 2016, los 3 mil 377 millones de pesos, 14.9% superior a lo registrado en el ejercicio previo.

Lo anterior, que es mucho, sólo son las ganancias reconocidas, pues la firma podría estar falseando información. El 4 de marzo de 2017, el diario español El Mundo publicó una nota informativa sobre el tema.

“La filial mexicana de la constructora OHL podría estar ocultando al gobierno mexicano casi la mitad de sus ganancias en los peajes de quizás su infraestructura más importante a nivel mundial: el Circuito Exterior Mexiquense. Según un estudio independiente elaborado a petición gubernamental, al que ha tenido acceso este diario, OHL, que tiene en exclusiva la gestión de dicha autopista, sólo reportó a la autoridades el paso del 55.1% de los vehículos que realmente utilizaron la autopista, ocultando, por tanto, el 44.8% restante, según un estudio puntual realizado en 2013 en un lugar determinado de la vía.

”La diferencia arrojada por este estudio, de ser extensible al tráfico habitual en dicha carretera, reportaría una importante ganancia para la empresa: la filial mexicana de OHL sólo puede gestionar y cobrar los peajes del Circuito Exterior hasta que recupere lo gastado en la construcción de la propia vía más un 10% de plus”.

La pista de peaje es la superposición de capas de corrupción. La vía es la obra más importante ejecutada por la firma española fuera de su país y fue proyectada para extenderse por 155 kilómetros de longitud, aunque hasta ahora presenta un avance de 110 kilómetros. Inicialmente se proyectó un costo de 5 mil 638 millones de pesos para la obra, pero en 2013 la empresa anunció que los costos aumentaron hasta 24 mil 813 millones de pesos, con lo que se extendió la concesión para su operación.

Se ha divulgado el amaño entre directivos y servidores públicos para aumentar cuotas de tránsito fuera de programa, a espaldas de los usuarios.

También se han difundido conversaciones telefónicas sostenidas entre ejecutivos de OHL y funcionarios mexiquenses y del gobierno federal —provenientes del Estado de México—, las cuales sugieren actos de corrupción a favor del gobierno mexicano y la firma europea, que en la entidad del presidente de México opera, además del Circuito Exterior Mexiquense, el Viaducto Bicentenario —el segundo piso del periférico— y una parte del aeropuerto Internacional de Toluca, y construye la vía de cuota que conectará Atizapán con Atlacomulco.

Por algo es que José Andrés de Oteyza, representante en México de OHL y ex secretario de Patrimonio y Fomento Industrial durante el gobierno de José López Portillo, pudo en 2010 hundir su dedo índice en el pecho del indefenso y entonces gobernador Enrique Peña Nieto ante la mirada azorada de Gerardo Ruiz Esparza, hoy secretario de Comunicaciones y Transportes federal y en aquel momento responsable de la misma cartera a nivel estatal.

Casi todos los hombres
del presidente

A PARTIR de diciembre de 2012, cuando el PRI volvió a Los Pinos, la oposición política acusó un proceso de mexiquinización del gobierno federal, el traslado ordenado por Enrique Peña Nieto de su equipo en el Estado de México al nuevo gabinete. A esto se le llamó el ascenso del Chorizo Power e incluyó a personajes cuestionados por supuestos actos de corrupción. Aquí una muy breve lista.

Alfredo del Mazo Maza, gobernador electo del Estado de México.

Además de los cuestionamientos que puedan resultar de la protección que la policía de Huixquilucan extendió al narcotráfico durante la administración de Alfredo del Mazo Maza, el primo del presidente fue señalado de recibir indebidamente una beca con cargo al presupuesto para la realización de su maestría en la Universidad de Harvard. Así, en el año 2002, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo interpuso una denuncia ante la PGR por el presunto cobro de un apoyo económico con fines educativos de 257 mil pesos, a pesar de que Del Mazo Maza no era empleado de planta y apenas llevaba tres meses laborando en la paraestatal.

Carlos Rello Lara, director del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero de Sagarpa.

Fungió como secretario de Desarrollo Económico durante la administración de Arturo Montiel Rojas y fue operador financiero de Enrique Peña Nieto en su campaña por la gubernatura del Estado de México. En su momento, a Carlos Rello se le identificaba como el hombre de confianza y el brazo derecho en materia económica y promoción de inversión extranjera del ex gobernador Arturo Montiel. Debido a ello, la SHCP y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) investigaron a ambos por presunto manejo de recursos ilícitos. Algunas notas informativas dieron a conocer que, como parte de las investigaciones llevadas a cabo por dichas dependencias, se intentaba conocer todas las operaciones financieras realizadas por Rello desde 1998 hasta septiembre de 2002.

Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social.

Durante la investigación sobre Arturo Montiel por presunto enriquecimiento ilícito, Alfonso Navarrete Prida se encontraba al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), por lo que fue el encargado de conducir las investigaciones contra el ex gobernador y exonerarlo. Ciertas notas periodísticas han dado a conocer que, precisamente mientras encabezaba dicha dependencia, ocupaba desde marzo de 2005 el cargo de notario público de Huixquilucan que le otorgó Arturo Montiel1 y que un año después le ratificó Enrique Peña Nieto.

A la vez que ejerció como notario provisional, continuó desempeñándose como titular de la PGJEM, no obstante lo establecido en el artículo 21 de la Ley del Notariado del Estado de México, que impide a los notarios de dicha entidad tener cualquier empleo, cargo o comisión pública o privada remunerada. Al respecto, Navarrete Prida refiere que el día en que recibió la licencia de notario público provisional solicitó licencia para ausentarse del cargo de procurador, y que al día siguiente, el 22 de marzo de 2005, pidió licencia al cargo de notario. Posteriormente abandonaría su función al frente de la PGJEM el 15 de febrero de 2006, y a partir de ello solicitó su reincorporación a la Notaría 143, en la cual estuvo hasta principios de abril, es decir, sólo un mes. En el documento mediante el cual Enrique Peña Nieto lo ratificó como notario se indica que dicha ratificación se debió a su buen desempeño durante el último año, a pesar de que sólo fungió como tal durante un mes.

Mientras Navarrete Prida era procurador de la entidad, estuvo a cargo de la investigación del homicidio de Enrique Salinas de Gortari. Respecto a este caso, inicialmente dio a entender que los responsables provenían del círculo cercano del propio Enrique Salinas; sin embargo, días después difundiría una versión diferente, a raíz de la cual dos agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) fueron acusados del crimen. Con todo, al cabo de año y medio ambos salieron libres por falta de pruebas y hasta el momento no se ha señalado a otros sospechosos.

Es importante mencionar que, de acuerdo con información publicada por medios de comunicación, David Korenfeld,2 cuando fungía como presidente municipal de Huixquilucan, entregó videograbaciones de los sistemas de monitoreo y vigilancia del Ayuntamiento, en las cuales aparentemente se observaba un Ford negro con las características de un vehículo bajo responsabilidad de la AFI que acompañaba al auto donde fue encontrado el cuerpo de Enrique Salinas.

Luis Miranda Nava, secretario de Desarrollo Social.

José Luis Cortés Trejo, ex regidor del Ayuntamiento de Tlalnepantla, interpuso dos demandas penales contra Arturo Montiel y su familia y solicitó a la PGR indagar la probable comisión de enriquecimiento ilícito, uso indebido de atribuciones y lavado de dinero por parte de Luis Enrique Miranda Nava y su padre Luis Miranda Cardoso. Cortés Trejo refirió la existencia de 123 terrenos en cuya compra fungieron como prestanombres del ex gobernador Arturo Montiel tanto Luis Miranda Nava como otros de sus familiares. Miranda Nava, debido a las acusaciones que lo identificaban como prestanombres de Montiel, al comparecer ante el agente del Ministerio Público correspondiente aceptó la adquisición de una propiedad en el municipio de Tonatico que posteriormente vendió a hijos del ex gobernador mexiquense.

Otro desempeño cuestionable de Luis Miranda data de cuando fue secretario general de Gobierno durante la administración estatal de Enrique Peña Nieto, pues se le acusó de haber aprovechado su cargo para regalarle la Notaría Pública 16 a su padre, Luis Miranda Cardoso.

Aunado a ello, sobre Luis Miranda Nava pesa una investigación por parte de la SHCP por una presunta defraudación fiscal derivada de supuestamente falsificar facturas y comprobantes fiscales para comprobar gastos erogados durante su campaña por la alcaldía de Toluca en 2006.

El nombre de Luis Miranda Nava también salió a relucir en el caso de la muerte de la pequeña Paulette Gebara Farah —en hechos ocurridos en Huixquilucan durante la alcaldía de Alfredo del Mazo Maza—. Se le acusa de manipular las indagatorias y se refiere que ello tuvo como resultado que Lissete Farah ya no fuera la principal indiciada. Respecto a ello, cabe señalar que se menciona su participación en este caso debido a su relación sentimental con Alma Saldaña Farah.

Otra de las razones por las cuales Luis Miranda es un actor político controvertido es su participación en los acontecimientos de Atenco, ya que diversos campesinos lo han señalado como el responsable de interponer denuncias penales contra quienes se oponían a vender sus tierras, así como de ofrecer diez pesos por cada metro cuadrado de su tierra para la construcción del Aeropuerto Internacional de Texcoco.

Ernesto Nemer Álvarez, ex titular de Profeco y coordinador de la campaña de Alfredo del Mazo Maza.

Se ha insistido en su vínculo familiar con Enrique Peña Nieto y, por ende, su participación en las administraciones ejecutivas que ha encabezado. Sin embargo, a partir de la publicación del directorio de servidores públicos en mayo de 2010, se pudo identificar que al menos diez de sus familiares trabajaban en el gobierno del Estado de México mientras él era diputado.

Los medios de comunicación difundieron que, tras una revisión pormenorizada, encontraron que la esposa de Ernesto Nemer fungía como secretaria de Desarrollo Económico de la entidad; Luis Manuel Nemer Álvarez era director general de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación; Fernando Nemer Naime era contralor interno de la Secretaría del Trabajo; Héctor Arturo Nemer Naime era coordinador de Instituto del Emprendedor Mexiquense Región Valle de Toluca, y Luis Felipe Nemer Fernández era director de Inversión para el Desarrollo Social.

Ernesto Nemer fue coordinador de campaña para la gubernatura de Alfredo del Mazo Maza.

Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes.

El sobrino del ex presidente Miguel de la Madrid ha mantenido una estrecha relación con José Andrés de Oteyza, actual presidente de OHL-México. A partir de ello se le dieron importantes concesiones de obras en el Estado de México durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto. Gerardo Ruiz Esparza cometió diversas violaciones al marco jurídico y arbitrariedad contra comunidades campesinas y urbanas, las cuales se dieron a conocer a través de la prensa. El Circuito Exterior Mexiquense fue trazado sin llevar a cabo los procesos expropiatorios con los ejidos de Tultepec, Huehuetoca, Coyotepec, Zumpango, Melchor Ocampo y Jaltenco.

Se le señala por la modificación del título de la concesión del Circuito Exterior Mexiquense, a raíz de lo cual se entregó una contraprestación de 850 millones de pesos, de los que 500 fueron para la adquisición de sistemas de barras móviles por parte de OHL, que posteriormente serían adquiridos por autoridades mexicanas.

Un ejemplo más es el Aeropuerto Internacional de Toluca. Ruiz Esparza proyectó ampliar su área en 400 hectáreas más a costa del ejido de San Pedro Totoltepec. Se difundió que a los pobladores les cortaron la luz y el agua para orillarlos a salir de sus tierras, además de que comenzaron a presionarlos de diversas maneras para que vendieran sus terrenos en aproximadamente 400 pesos el metro cuadrado, cuando el valor del suelo de la zona es de 18 mil pesos por metro cuadrado.

Actualmente, Gerardo Ruiz Esparza enfrenta una denuncia que fue interpuesta ante la PGR por Paulo Diez, abogado de la empresa Infraiber, por corrupción y asociación delictuosa durante la construcción del Viaducto Bicentenario.

Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda y Crédito Público y secretario de Relaciones Exteriores.

Fue investigado por la Secretaría de Hacienda tras identificarse un depósito de 3 millones 400 mil pesos en Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. el 21 de marzo de 2009. Otra operación que determinó la investigación por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT) se realizó en 2006 con PF Tollocan, S.A. de C.V. por un importe de un millón 70 mil 786 pesos.

Se ha hecho público que, de acuerdo con la información del Registro Federal de Contribuyentes, Luis Videgaray declaró ingresos anuales en 2002, 2006 y 2007 por 2 millones de pesos, pero estos se incrementaron en 2003 y 2004 a 5 millones y, en 2005, a 13.6 millones de pesos. El alza coincide con el año en que Peña Nieto lo nombró secretario de Finanzas, Planeación y Administración de su gobierno. Hacia el final de la administración de Arturo Montiel, Videgaray fue enviado por la consultoría Protego, dirigida por Pedro Aspe, para refinanciar la deuda pública del Estado de México.

Además, Luis Videgaray fue denunciado por Alejandro Ponce Rivera por diez presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, especialmente por el probable delito de lavado de dinero3.

Notas:

1 Gaceta del gobierno en la cual se da a conocer el nombramiento de Navarrete Prida como notario provisional de la Notaría Pública 143, http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2005/mar214.pdf

2 Se desempeñó como titular de Conagua del 4 de diciembre de 2012 al 9 de abril de 2015.

3 La denuncia puede ser consultada en http://defensa-fiscal.com.mx/denuncia_de_hechos_luisvidegaray.pdf

La ausencia de Selena

APENAS SUPO que el gobernador Enrique Peña Nieto estaría en la amplia plaza de la Presidencia Municipal, Guillermina cerró su tienda de abarrotes en el viejo barrio de Tulpetlac, reunió los papeles e imágenes de su hija Selena y salió a la autopista para tomar el microbús.

Cuando llegó a San Cristóbal, los simpatizantes priistas ya estaban acomodados de acuerdo con la organización política encargada de su traslado y dotación de torta y refresco. Guillermina entornó los ojos bajo el sol de los primeros meses de 2011 y distinguió la sonrisa satisfecha de Eruviel Ávila.

La mujer percibió el aumento del volumen y del entusiasmo del hombre que hablaba por el micrófono y que anunciaba la presencia en Ecatepec de Enrique Peña Nieto. El político atravesó con paso lentísimo la marabunta de mujeres que se le arremolinaban para fotografiarse con él, tocarlo, besarlo, apoyarlo rumbo a la Presidencia de la República.

Guillermina tomó aire y se dispuso a atravesar la gruesa multitud vestida de rojo en dirección al templete. Arribó bañada de sudor propio y ajeno y esperó a que el gobernador terminara de hablar. Lo miró descender por la escalinata metálica y lo siguió.

Le habló. El hombre no se detenía. Siguió adelante y habló más fuerte. Nada. Peña Nieto se escurría por el camino abierto por sus guardaespaldas, pero se detuvo para saludar a algunos simpatizantes y entonces ella lo tuvo casi al alcance de su mano.

—Señor gobernador, mi hija Selena está desaparecida desde el año pasado. Por favor…

Enrique Peña estiró la mano, tomó el fólder y caminó unos pasos antes de girar la cabeza y entregar la carpeta a una mujer joven y de buen aspecto que seguía al entonces aspirante presidencial con pasitos rápidos y precisos, hábil en el aprieto de sobrevivir a las multitudes parada sobre altos tacones.

De lo que sucedió después habla la propia Guillermina. Sus ojos, de párpados gruesos, se humedecen y le empañan los anteojos.

—Esa muchacha tiró el fólder a la basura.

—¿Cómo lo sabe? —le pregunto en su casa, mientras sostiene entre sus manazas la fotografía de su niña.

—Porque yo la vi. Yo seguí con la vista a la muchacha y vi que tiró el fólder. Ahí en la plaza hay varios botes de basura. De uno de esos tambos lo fui a sacar.

SELENA GISELLE Delgado Hernández es la menor de los tres hijos de Guillermina Hernández Alarcón.

Nació el 20 de mayo de 1995. Si todavía vive, acaba de cumplir 22 años.

Víctor, el padre de la niña, fue un hombre ausente del que Guillermina se divorció cansada de sus borracheras y asomos de violencia cuando Selena tenía ocho meses de nacida. El hombre se asentó por el rumbo de Martín Carrera, en la Ciudad de México, y murió en 2013, de cirrosis hepática.

Selena creció en una casa al margen de la autopista México-Pachuca, en el viejo pueblo de Tulpetlac, municipio de Ecatepec, en el Estado de México.

Antes, la menor ordenaba el tráfico en un puente vehicular cercano, como los vecinos acostumbran hacer para ganar algunos pesos por las tardes gracias al mal diseño de la vialidad y la ausencia de agentes de tránsito. En un buen día se ganan 500 pesos, más de lo que podría ganar un obrero, incluso calificado, en alguna de las fábricas de los alrededores.

Apoyaba a su madre con la atención de una tiendita de abarrotes, ahora tapizada con carteles con su fotografía y los aspectos generales de su desaparición, ocurrida el 29 de abril de 2010, cuando tenía 14 años y le faltaban escasos 21 días para cumplir los 15.

El mayor de los hermanos, Rodrigo, ya estaba casado, y el siguiente, Eduardo, estudiaba en la universidad. Sólo Selena permanecía en casa. Era una muchacha con más amigos que amigas y, hasta donde su madre sabe, no tenía novio.

Era una niña apegada a Guillermina. “Si ella tenía que salir a algún lado, salía conmigo; y al revés, si yo tenía que salir, ella me acompañaba. Era mi compañía todo el tiempo”.

SELENA CURSABA el tercer año en la Telesecundaria 104 Luis Donaldo Colosio, en la ajetreada Vía Morelos. La niña salía de casa bien temprano y hacía un camino por el que se encontraba a sus compañeros, con quienes integraba un buen grupo hasta las puertas de la escuela.

Guillermina se sentía cómoda con la escuela. A diferencia de otras en el rumbo, sus maestros se tomaban la molestia de marcar al teléfono de los padres cuyos hijos no asistían a clases y tenía fama de ser “estricta”. Selena añadía a su tira de materias su participación en la banda de guerra, en la que tocaba un tambor en cada acto cívico.

Era una alumna regular. Se mantenía entre sietes y ochos. No dieces, pero tampoco cincos. Nada mal si se considera que la niña se mantenía lejos del río de drogas, crack y solventes que inunda las calles de la Sierra de Guadalupe y de la violencia que todo el tiempo sopla en ese lugar. Guillermina misma ha salido varias veces a quitar de encima con gritos y súplicas a dos o tres muchachos que patean en el suelo a uno más.

—Llamamos a la patrulla, pero nunca llega —dice Guillermina sin gesticular: así es, eso es lo normal.

—¿Conoció algún caso del asesinato de una mujer joven en Ecatepec?

—A partir de que empecé a buscar a mi hija me he dado cuenta de muchas cosas y de muchas muertes de la peor manera que se puede imaginar una. Y lo peor de todo es que es contra niñas. Antes se oía que robaban, cosas normales.

—¿Normales?

—Sí. Es normal que roben en el microbús o que en la calle nos arrebaten la bolsa. Antes yo no oía que se subían a las muchachas, ahora sí. No sé si es porque antes yo no estaba en esa situación, pero a raíz de que mi hija desapareció hasta me buscan para que yo les ayude en cierta forma cuando se desaparece una niña o un familiar.

EL ESTADO DE MÉXICO, durante el periodo de los años 2000 a 2015, reportó la cuarta mayor cantidad de personas desaparecidas: mil 939, y es una de las diez entidades federativas que supera la media nacional de 748 casos, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED). El total de personas desaparecidas en el Estado de México en dicho periodo es 2.6 veces mayor que la media nacional.

Si se considera 2012 como el primer año de gobierno de Eruviel Ávila —como el 16 de septiembre de 2011 inició su gestión, 2012 es su primer año íntegro— y se comparan esos registros con los de 2015, se observa que la cantidad de mujeres desaparecidas se incrementó a una tasa media anual de 12.5% en dicho periodo. Cabe destacar que este incremento alcanza niveles tales que en 2015, por primera vez desde 2000, la cantidad de mujeres reportadas como desaparecidas supera a la de los hombres: 305 y 245, respectivamente.

En cuanto a los casos de hombres reportados como desaparecidos en el Estado de México, hay que mencionar que estos también aumentaron significativamente desde el inicio tanto de la administración de Enrique Peña Nieto como de la de Eruviel Ávila. La mayor evidencia de ello es que en 2015 la cantidad de hombres desaparecidos —245 casos— en la entidad mexiquense fue 15.3 veces mayor que la de 2006 y 2.58 superior a la de 2012.

Y, si se considera 2006 como el primer año de gobierno estatal de Enrique Peña Nieto y se comparan esos registros con los de 2015, se observa que la cantidad de hombres desaparecidos creció a una tasa media anual de 20% en dicho periodo. Mientras que si se toma en cuenta 2012 como el primer año de gobierno de Eruviel Ávila y se contrastan esos registros con los de 2015, se observa que la cantidad de hombres desaparecidos creció a una tasa media anual de 10.9% en dicho periodo.

Al analizar la nacionalidad de las víctimas, se aprecia que todas las personas desaparecidas son mexicanas, con excepción de un caso no especificado. Respecto a los rangos de edad, se observa que en las mujeres la mayor proporción corresponde a aquellas que tenían de 15 a 19 años cuando se les vio por última vez (278 mujeres entre 2000 y 2015); respecto a los hombres, la mayor proporción es la de 25 a 29 años (128 casos). No obstante, en cuanto a los hombres reportados como desaparecidos en el RNPED, esta proporción es relativamente constante por edades, salvo en los grupos etarios de 0 a14 años y de 45 a 59 años.

SELENA DESPERTÓ el 29 de abril de 2010 al cuarto para la siete de la mañana. Se arregló para ir a la escuela y se asomó a la habitación de su mamá.

En ese tiempo, Guillermina llevaba tres meses trabajando en una farmacia de medicamentos genéricos, atendiendo el mostrador. Comenzaba a las nueve de la mañana y volvía ya bien entrada la noche para ocuparse del quehacer de la casa, tarea que se prolongaba hasta pasada la medianoche.

“Yo terminaba muy cansada. La verdad, lo que yo más quería era dormir, y por estar cansada no acompañé a mi hija”, refiere la mujer, ahogada en su culpa. “Mi hija no era una niña mala, ella todo el tiempo estaba aquí. Ahorita la gente dice que yo no le hacía caso, que prefería trabajar a ver a mi hija, pero de verdad que si yo no trabajaba no había dinero”.

La niña salió de la cama, una litera, y encendió el calentador de agua. Entró a la ducha poco después. Ese día se puso su uniforme deportivo: pants gris perla con franjas guindas y el nombre de la secundaria, y blusa blanca con el logotipo guinda compuesto con la foto de Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial priista asesinado en 1994.

—Mamá, ya me voy. Nos vemos en la tarde —dijo antes de salir a la carrera.

La mujer le había ofrecido acompañarla, pero la jovencita dejaba siempre en claro que la reputación de su independencia estaba de por medio. Así que Guillermina respondió entre las sábanas:

—Cualquier cosa, llámame al teléfono, yo voy por ti.

Ese día, en el camino hacia la escuela, nadie la vio.

Cerca de la hora de la comida, la madre supuso que Selena la visitaría para preguntar sobre los alimentos y le haría compañía un rato, pero la niña no pasó por la farmacia. La madre la imaginó dormida en la sala, hablando por teléfono con su abuela o sentada frente al televisor.

Hacia las 11 de la noche, Guillermina abrió la puerta y oyó el timbre del teléfono. Se extrañó por el constante repiqueteo. Levantó el aparato y escuchó a la dentista de su hija preguntar por la niña. La madre se extrañó de la hora de la llamada.

—Buenas noches, señora. Soy Belén, la dentista de su hija.

—Sí, dime.

—Nada más llamo para confirmar la cita de mañana.

La dentista atendía un problema de caries de la niña, a quien trataba desde meses atrás.

—¿Qué crees? No la veo. Es que voy llegando del trabajo porque hubo un problemita y voy llegando.

—Entonces no está.

—No.

—Ah, bueno. Entonces dígale que mañana la veo.

—Oye, ¿cuánto dinero va a llevar o qué le vas a hacer?

—Ella ya sabe —dijo Belén y colgó.

Al poco tiempo llegó el hermano universitario. Descubrieron que la niña no estaba en casa. Ni siquiera encontraron la mochila azul Adidas. Salieron a casa de los amigos que reconocían del rumbo y ninguno había visto a Selena. Ni siquiera había llegado a la escuela.

GUILLERMINA Hernández y su hijo Eduardo esperaron a la mañana para presentar la denuncia en la agencia del Ministerio Público de Ecatepec. Entraron a las 11 de la mañana a la oficina.

—Usted está muy preocupada y su hija de seguro está en Acapulco tomándose unas chelas —le soltó un funcionario con tono de burla.

La mujer hirvió por la insinuación sexual que percibió en el tipo.

—¿Me van a atender o voy a seguir oyendo estupideces?

—No —dijo el funcionario—. Ahorita la pasan.

La madre inició su declaración a las cinco de la tarde y habló ante un funcionario distinto al agente del Ministerio Público.

—Nosotros vamos a investigar —dijo el burócrata antes de despedirla sin verla a los ojos.

Al día siguiente, sábado, Guillermina acudió al Centro de Apoyo a Personas extraviadas y Ausentes (CAPEA) del gobierno del Distrito Federal. La mujer se encontró con un policía en la entrada que pareció conmovido ante el incontrolable llanto de la madre.

—¡Ay! —exclamó el uniformado—. Usted bien preocupada y va a ver que al rato regresa y hasta con premio.

—¿A qué se refiere? —preguntó ella, ofendida por la insinuación.

—Sí: lo más seguro es que se fue con el novio y al rato va a regresar con un bebé.

—¿Sabe qué? Vengo a ver si me van a ayudar o no. Yo no vengo a oír pendejadas.

Incómodo, el policía la dejó entrar para dirigirla con la persona que recibió la fotografía de Selena y redactó la ficha.

Guillermina sabría que su hija salía a los bares de San Cristóbal, en el centro de Ecatepec, abiertos en los alrededores de una clínica dental de la UNAM. Para los empleados de La Ranas, La Azotea y El Durdan no había problema en permitir la entrada de la menor de edad y servirle bebidas alcohólicas.

La niña encubría sus salidas con el grupo de su dentista, entonces de unos 23 años de edad. Decía a su madre que pasaba la tarde en compañía de alguna amiga, pero en realidad se reunía con Belén, con quien, asegura Guillermina, había planeado un viaje a las grutas de Cacahuamilpa, en Guerrero.

—¿Me dejas ir?

—No.

—¿Por qué?

—¿Cómo llegaste hace ocho días? ¿Y a qué hora llegaste? Estás castigada.

—¡Ay, ya ves cómo eres! Yo ya estoy grande.

—Tienes 14 años, no me digas que ya estás grande; ellas son más grandes que tú. No tienes nada que hacer con ellas.

—Ándale, déjame ir, déjame ir.

Insistió toda la semana.

—Tú no me dejas hacer mi vida… Tú sí puedes hacer lo que tú quieras y yo no.

—¿Tú quién eres y yo quién soy y a qué te refieres con que yo sí puedo hacer lo que yo quiera? Yo me la paso trabajando.

—Tú sí puedes tener tu novio, ¿y yo qué?

—Por eso, ¿tú cuántos años tienes y quién eres tú? ¿Y yo cuántos años tengo y quién soy yo? Tú no me puedes decir lo que yo puedo hacer o lo que no puedo hacer; yo sí porque mi obligación es hacerte ver lo que está mal.

—¡Es que tú no me dejas hacer y yo ya estoy grande! —estalló Selena.

Guillermina también perdió el control y terminó la discusión con una cachetada. Sabría, tiempo después, que la desaparición de la niña era coincidente con el viaje a las grutas.

LA MADRE marcó varias veces al teléfono celular de la niña. Durante las primeras horas del extravío, las llamadas entraban al aparato Sony Ericsson de Selena.

La familia de Guillermina contrató a un policía judicial inactivo para realizar la búsqueda. El hombre marcó al teléfono de Belén y, luego de varios intentos, logró establecer contacto.

Este es el diálogo relatado por Guillermina:

—¿Sabe qué? Dígale a su mamá que no se preocupe, que Selena está bien, ella se fue con su novio, todos sabemos que se fue con su novio. Él es una persona adulta que la cuida y la protege, y está mejor que en su casa porque en su casa ni le hacen caso —dijo una mujer no identificada al otro lado de la línea.

—Bueno, tú lo sabes porque tú la estás viendo, pero Guillermina está mal —intentó explicar el ex agente.

—Selena está bien y disculpe, pero tengo muchas cosas que hacer —y la mujer colgó para nunca más responder.

Buscaron en los cuadernos de la niña, preguntaron a vecinos, amigos, compañeros, maestros y a quien se encontraran en Tulpetlac: nadie confirmó que Selena mantuviera alguna relación amorosa.

Algunos policías ministeriales del Estado de México visitaron la casa de Selena un par de veces. Buscaron a Belén y resolvieron de inmediato que con la dentista no había más tema que tratar.

El asunto tocó al agente del Ministerio Público Nadín Zaragoza Jiménez. Durante los siguientes tres meses, el funcionario debió requerir la sábana de llamadas del teléfono celular utilizado por Selena. Saber qué llamadas recibió y salieron en las horas alrededor de su desaparición será imposible, pues la compañía telefónica, Movistar, almacena datos con una antigüedad de hasta tres meses.

“No se perdió un gatito, ni un celular. Se perdió mi hija. Y él tenía que haber hecho muchas cosas que omitió”, reclama la madre de Selena.

SEGÚN el RNPED, los cinco municipios del Estado de México donde desaparecieron más personas de 2000 a 2015 fueron: Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca y Valle de Chalco Solidaridad. En dichos municipios ocurrió el 34.71% de las desapariciones reportadas en el fuero común. Con base en esta proporción y que en 105 de 125 municipios se registraron desapariciones, se puede mencionar que este fenómeno no se concentra en una región determinada de la entidad.

Si se analizan los datos del fuero federal de personas desaparecidas de 2005 a 2015, se observa que en el Estado de México se reportaron sólo 18 casos; a diferencia de lo que se aprecia en el fuero común, en este ámbito la entidad registra una cantidad menor a la media nacional. Doce de esas personas desaparecidas son hombres y seis son mujeres. Estas desapariciones ocurrieron en 14 municipios de la entidad.

LAS AUTORIDADES abrieron el caso de Selena y luego lo cambiaron dos ocasiones de oficina de la Procuraduría mexiquense, así que ha sido responsabilidad de por lo menos tres agentes del Ministerio Público.

Al año siguiente de iniciada la investigación, un comandante de apellido Rebollo aceptó hablar con Guillermina. Llevaba un fólder vacío en una mano.

—Mire, todo se perdió: esto es el expediente de su hija. Tenemos que volver a empezar todo.

—¿Cómo es posible que algo tan importante se les pierda así? —reclamó Guillermina con más furia que tristeza.

—Así son las cosas, así pasa esto —explicó Rebollo.

Los demás informes dados por los funcionarios de la PGJEM transcurrían en términos similares.

—¿Qué ha habido? ¿Qué está haciendo? —se asomaba Guillermina de vez en cuando.

—¿Qué cree? Es que como se me descompuso el teclado, pues no he podido hacer nada. Yo tengo que comprar el teclado, las hojas… —dijo un funcionario.

—¿Por qué? Yo fui secretaria y trabajé con un juez en la delegación Gustavo A. Madero. Haga su oficio y le mandan todo nuevo.

—No, es que ya no son así las cosas. Si quiero algo nuevo, lo tengo que comprar yo. Si a mí no me funciona la computadora, la tengo que arreglar yo.

—No es cierto. Haga su oficio y le mandan todo nuevo. Es más, si quiere papel o lo que necesite, haga su oficio y mándelo.

El empleado de gobierno reía.

—Mire, tengo tanto trabajo que ni he ido a comer. Ni tengo dinero para ir a comer.

—¿Pues qué cree? Yo tampoco traigo dinero —respondió Guillermina indignada.

—Es que si usted cooperara todo se haría más rápido.

—Es que si usted quiere dinero, yo le doy lo que quiera, pero deme resultados. Cuando usted me dé resultados, yo le doy lo que quiera.

Los comandantes de la Policía Ministerial siempre alegaban que trabajaban sin gasolina para hacer recorridos e investigar. Que carecían de viáticos para indagar en otros lugares. Que ni un peso les daban para comprar una torta y vigilar durante horas algún sitio o persona.

Un cuñado de Guillermina que ha participado en la búsqueda de la niña fue extorsionado una vez por un comandante que le pidió 2 mil pesos por hacer su trabajo. Al día siguiente, supieron los familiares de Selena, el agente fue removido a otra plaza y, por tanto, ya no estaba a cargo del caso, situación que él conocía desde tiempo atrás.

“Mi cuñado les dio dinero por lo menos tres veces”, recuerda Guillermina.

No ha habido ningún avance después de años de la desaparición, a pesar de la recompensa de 300 mil pesos ofrecida a quien dé información certera que ayude a la localización de Selena Giselle Delgado Hernández. No hay pistas, no hay nada.

Esto es todo lo que han hecho hasta ahora los gobiernos del Estado de México y de la Ciudad de México, los que poseen más recursos públicos y cuyos gobernantes tienen un indeclinable deseo por alcanzar la Presidencia de México.

LA PGJEM admite que fueron localizadas sin vida 400 personas que estaban reportadas como desaparecidas de 2007 a 2015, de las cuales 70 eran mujeres y 330 eran hombres. Cabe mencionar que 35 de estas personas desaparecieron fuera del Estado de México, pero sus cuerpos se localizaron en la entidad.

En ese periodo, los cinco municipios mexiquenses donde con más frecuencia se reportó la desaparición de personas que posteriormente se encontraron sin vida fueron Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Texcoco y Toluca. Estas demarcaciones acumulan 32.3% de los casos.

Otra estadística del mismo periodo corresponde a los municipios donde fueron encontradas más personas sin vida que habían sido reportadas como desaparecidas. De acuerdo con información de la PGJEM, los cinco municipios mexiquenses donde se localizó la mayor cantidad de esas personas fueron Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca y Cuautitlán Izcalli, que acumularon 29.75% de los casos. Sin embargo, en 28 casos no se especifica en qué municipio mexiquense se ubicaron las víctimas. Además, 19 personas fueron halladas sin vida en otras entidades (Colima, Distrito Federal, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Querétaro y Tamaulipas) y en seis casos no se especificó la entidad federativa.

Al realizar un análisis del perfil de las personas reportadas como desaparecidas que fueron encontradas sin vida, se observa que cuatro de ellas tenían entre 0 y 10 años; 48 tenían entre 11 y 20 años; 100 tenían entre 21 y 30 años; 101 tenían entre 31 y 40 años; 53 tenían entre 41 y 50 años; 39 tenían entre 51 y 60 años; y 50 tenían 61 años o más.

LA MADRE de Selena, Guillermina, buscó ayuda en internet y encontró una agrupación llamada Niños Robados y Desaparecidos.

Los casos que ha conocido en la Ciudad de México, la gran urbe que se traga a sus niñas, son casi el mismo que el de ella: la tierra se abre y ellas desaparecen para siempre. Las autoridades no son capaces de decir mucho más.

—Una muchacha se llamaba Abril Selena —relata—. Se llamaba igual que mi hija. Ella apareció el 10 de mayo del año pasado, el Día de las Madres. La encontraron en un canal de aguas negras de Jardines de Morelos. La violaron, le amarraron una tapadera de alcantarilla y la aventaron al canal.

—¿Las historias de esas mujeres desaparecidas son similares en cuanto a la ineficacia y corrupción con que se ha comportado el Ministerio Público? —pregunto a Guillermina.

—Sí. Incluso hay una niña a cuyo levantamiento de cadáver asistió el mismo agente del Ministerio Público que llevaba su caso y no notificó a sus papás. La encontraron un año después en una fosa común en que buscaron cuerpo por cuerpo, porque el Ministerio Público sabía específicamente dónde la había enterrado.

EL PASADO CUMPLEAÑOS de Selena transcurrió dentro de la nueva rutina. En la anterior, Guillermina se las arreglaba para esconder un pastel en la víspera, sembrarle velas y despertar a la niña con Las Mañanitas y un gran abrazo.

La última ocasión se pasó en el interior del Servicio Médico Forense de Barrientos, en Tlalnepantla, revisando fotografías de niñas muertas, varias de ellas asesinadas.

Guillermina ha visitado las morgues de Texcoco, Amecameca, Ciudad Nezahualcóyotl y está, junto a otras siete madres con hijas desaparecidas en el vecino municipio de Tecámac, a la espera de autorización para acudir a los depósitos de cadáveres de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala…

“No quiero imaginarme que les estén haciendo cosas malas. He visto a mis compañeras del grupo que encuentran a sus hijas muertas, destrozadas, en pedazos o que sólo encuentran una parte del cuerpo de sus hijas. Antes me había negado a buscarla ahí… Yo no quiero encontrar así a mi hija…”, llora, y sus grandes y pesados párpados parecen piedras mojadas.

“Yo estoy segura que mi hija no está en esos lugares, yo siento que mi hija está viva… Y ella no me puede hablar porque no se lo permiten, porque está asustada, no sé… Pero yo sé que mi hija está viva. Yo siento que mi hija está esperando que yo la encuentre, que yo vaya por ella. La verdad no sé cuánto tiempo pasará, pero estoy segura que la encontraré bien… Viva por lo menos.

”Y van y las tiran a las carreteras como si fueran animales. Y no es justo, sobre todo que las autoridades digan, y a mí me lo han dicho, que esto es así porque la situación se les salió de las manos. A mí un funcionario de la Procuraduría me dijo: ‘No teníamos contemplado que tanta niña se desapareciera’ ”.

—¿Usted habló con el gobernador Eruviel Ávila?

—Una coordinadora de la colonia me pidió que le hiciera una carta cuando era presidente municipal, la segunda vez que fue presidente municipal. Ella me dijo: “Mira, sí me recibió la carta su secretaria. Dijeron que te darán cita”. He enviado tres cartas y hasta ahorita estoy esperando que me hablen.

La verdad de César

CÉSAR MARTÍNEZ MOLINA hace bajar el vidrio eléctrico del automóvil en el que repite exactamente el mismo trayecto que los secuestradores de su hermano le exigieron hacer cerca de la medianoche del 9 de marzo de 2013.

—Mire, ahí están los antisecuestros de la Procuraduría [General de Justicia del Estado de México, PGJEM, en Ciudad Nezahualcóyotl]. Ahí mero, ese edificio verde. Fíjese… —el hombre de 53 años mantiene el suspenso durante 30 segundos y retoma la idea—: Y ahí, debajo de ese puente, fue que arrojaron el cuerpo de mi hermano. En la cara de la Procu es que hacen sus chingaderas. Pero decir que es mi hermano es nomás un decir, porque ese cadáver no es el de mi hermano Javier. ¿Cómo va ser el de mi hermano, si mi hermano y yo casi éramos, somos gemelos?

César mantiene el dedo fuera de la ventanilla, dispuesto contra el Bordo Poniente. La acusación, ahora silenciosa, es una metáfora: este es el mar donde desembocan los ríos de basura de la Ciudad de México.

—¿Cómo era la voz del secuestrador, del negociador? —pregunto al hombre.

—Tranquila. Esa madrugada, yo sentía que me vigilaban, que me seguían. Me indicaban que diera vuelta, que me regresara, que agarrara nuevamente camino por Periférico Oriente con dirección a Ecatepec.

Desciende la velocidad a metros del Gran Canal, cauce que recolecta aguas negras de una ciudad con más de 20 millones de personas y donde decenas de cadáveres, muchos de mujeres, han sido lanzados por sus asesinos.

El hombre viaja dos años atrás en el tiempo.

—Ahora te vas a bajar por la lateral y das media vuelta para que pases por debajo del puente —repite las órdenes y replica la maniobra para ingresar a un túnel.

Un grupo de personas de la calle se levanta de una sala compuesta por sillones y sofás de distintos tiempos, diseños y telas. Un colchón con todas las gamas de café se observa a un lado y dos o tres perros salen a reclamar la invasión al territorio. Las paredes están pintarrajeadas y el lodo se pudre en el piso. La carcasa de un Tsuru Nissan está casi oxidada por completo.

A esta altura, el lado norte del Periférico pertenece a Xalostoc, Ecatepec, Estado de México, donde por la fecha en que César debió ir miembros de los cárteles de Guerreros Unidos y La Familia Michoacana se disputaban el territorio con ráfagas de cuerno de chivo, decapitaciones y desmembramientos. La acera sur corresponde a la colonia San Felipe, delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal, la cual desde siempre ha sido uno de los sitios más letales de la capital.

—Veía poco, porque era de madrugada. Bajé del auto y dejé el dinero, como me pidieron. Yo, ingenuo, esperaba encontrar a mi hermano aquí mismo. Pero desde el día de su secuestro, el 6 de marzo de 2013, no le visto, ni vivo ni muerto, porque ese hombre que nos entregó la Procuraduría del Estado de México no es mi hermano.

DE ACUERDO con información del Secretariado Ejecutivo del SNSP, el comportamiento de la tasa de averiguaciones previas por secuestro en el Estado de México ha mostrado una evolución mixta con altibajos pronunciados en diversos periodos. Sin embargo, destacan dos periodos con niveles considerablemente diferentes. Por un lado, entre 2000 y 2007 el Estado de México experimentó tasas por debajo de 0.6 secuestros por cada 100 mil habitantes. Por otro lado, entre 2008 y 2015 mostró tasas superiores a 0.6, lo que sugiere un periodo con más averiguaciones previas por este delito. Respecto al contexto nacional, se identifica un comportamiento ligeramente similar. Las diferencias entre la tasa nacional y la mexiquense tienden a ser grandes en ciertos periodos, como en 2002, 2003, 2006 o 2011 (1.25 nacional, 0.65 mexiquense), o bien reducidas, como en 2007, 2010 y 2015 (0.85 nacional, 0.90 mexiquense).

Estas estadísticas sólo integran los casos del fuero común. Las averiguaciones previas y carpetas de investigación del fuero federal comenzaron a registrarse estadísticamente a partir de 2015.4

Al examinar la evidencia de los cinco municipios más poblados, se observa un grado medio de heterogeneidad. Municipios como Ecatepec y Toluca han mantenido, en general, tasas de averiguaciones previas por secuestro superiores a las de la entidad. Por el contrario, Nezahualcóyotl y Naucalpan de Juárez se han situado por debajo de la tasa estatal. En cuanto a Tlalnepantla de Baz, se mantuvo con tasas menores a la estatal entre 2011 y 2013, pero a partir de 2014 superó (1.3) la tasa estatal (1.1) ligeramente.

Las cifras anteriores no necesariamente reflejan la cantidad de personas secuestradas. Eso no sólo se debe al elevado porcentaje de cifra negra de este ilícito, sino a que las estadísticas reflejan la cantidad de averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas en el fuero común. No obstante, hay que señalar que actualmente, o por lo menos desde 2014, se cuenta con cifras del número de víctimas de este delito, pero únicamente en el ámbito estatal en la plataforma del Secretariado Ejecutivo del SNSP.

Para contar con una serie más amplia de cifras sobre víctimas de secuestro, se envió una solicitud de información pública a la PGJEM. La respuesta proporcionada por la institución de procuración de justicia da cuenta de mil 66 víctimas de secuestro de 2010 a 2015. Partiendo de la información proporcionada, se identifica que de estas víctimas 731 son hombres y 335 mujeres.

En cuanto al análisis por edad, 18.5% de las víctimas tenían entre 1 y 17 años; 22.6%, entre 18 y 25 años; 21.5%, entre 26 y 35 años; 17%, entre 36 y 45 años; 9.6%, entre 46 y 55 años; 6.3%, entre 56 y 65 años; 3%, entre 66 y 75 años; 1.31%, entre 76 y 85 años, y 0.195%, entre 86 y 96 años.

JAVIER MARTÍNEZ MOLINA nació el 9 de noviembre de 1960 y César llegó cuatro años después, pero siempre fueron tan unidos que parecían cuates. En las madrugadas, sobre el piso de tierra y bajo el techo de láminas en la casa de San Marcos, un pueblo de la Costa Chica de Guerrero, cada uno oía el crujido de las tripas del otro.

Una madrugada de 1975, Javier se levantó antes que el sol, abrazó a César y partió a la Ciudad de México. Se detuvo en un llano de sal y basura convertido en municipio 12 años atrás con pedazos de Chimalhuacán, La Paz y Ecatepec, y donde, medio milenio atrás, descansó el paraíso en la Tierra, el Lago de Texcoco.

Entonces era un puñado de colonias de casitas de palos sin agua entubada, drenaje ni energía eléctrica, como algunos de los asentamientos en el Estado de México todavía lo están. A fines de las décadas de los 60 y durante los 70, el oriente de la capital mexicana se cubrió con una gruesa capa de pobres del campo que huían del hambre.

Muchos llegaron de Oaxaca, Veracruz y Guerrero, como los 11 hermanos Martínez Molina y sus padres, Rufo y Basilia, a quienes ya enterraron en un panteón de Ciudad Neza.

Félix, el mayor de los Molina Enríquez, aprendió de un tío a reparar mofles. Todos se hicieron mecánicos en mayor o menor medida; en general les interesaron los asuntos relacionados con el servicio automotriz.

César los alcanzó en 1977. Cuando llegaron, los muchachos apenas leían, sumaban, restaban, quizás multiplicaban y seguro que no dividían. Pero, si algo define a los hermanos Molina, es la perseverancia y una dotación natural para los negocios.

Los muchachos trabajaban en la ciudad como en el campo: de sol a sol y de lunes a domingo. Javier terminó la primaria en Neza y consiguió un empleo como agente de ventas de aspiradoras y pulidoras. César lo siguió, aunque no veía cómo eso los sacaría del hambre. Pensó en la escuela como su salvoconducto de la pobreza y concluyó la secundaria. Probó suerte en el Colegio Militar, pero quedó descartado en los últimos pasos. Si bien ingresó a la Vocacional 8 y soñó con ser ingeniero, pronto la disyuntiva fue clara: comer o estudiar.

Así que volvieron a la reparación de mofles y aprendieron soldadura para la compostura de radiadores y tanques de gasolina. Abrieron dos talleres de su propiedad y se capacitaron para arreglar suspensiones.

“Nosotros sabemos lo que es no comer, y si las cosas mejoraron fue paulatinamente y con nuestro esfuerzo, nuestra insistencia. El único delito que cometimos y, principalmente mi hermano, fue trabajar cada hora del día y cada día de la semana. Nosotros no tenemos fines de semana, vacaciones ni días festivos”, refiere César. “Peso que se ganaba, peso que se invertía. Ese es el éxito: ser constante, ser responsable, ser administrador. No hay otra”.

Aún existen los dos talleres con que iniciaron; uno está en avenida Pantitlán, cerca de donde salió César a cambiar algunos pesos por la vida de su hermano.

CÉSAR ABRIÓ LOS OJOS sin necesidad de despertador antes de las seis de la mañana del 6 de marzo de 2013. No padece insomnio ni en esa madrugada lo asaltó presentimiento alguno de que salía al día más oscuro de su vida.

Hizo ejercicio, abrió el taller de avenida Pantitlán casi esquina con Sor Juana, recibió a los trabajadores, desayunó y volvió al trabajo. Cerró a las siete de la noche, un poco más temprano de lo acostumbrado, y cenó en casa. Timbró el teléfono y contestó. Reconoció la voz de su madre, que de inmediato lo lanzó al miedo.

—¿Qué crees, hijo? ¡Me dice tu sobrina Claudia que se llevaron a tu hermano! —la voz le temblaba—. Que no saben quiénes se lo llevaron.

—Voy para allá —resolvió César Martínez.

La familia revisó la información disponible, toda vertida por los hijos de Javier, especialmente por Claudia Martínez Rendón, entonces de 25 años de edad.

—Lo primero que debemos hacer es buscar un agente que nos apoye —planteó César a su sobrina.

—¿Lo tienes? —repuso Claudia con calma, “frialdad”, describirá César.

—No, verdaderamente yo no. En este sentido estoy huérfano. Pero hay que buscarlo.

—Mi novio me dijo que tiene una persona.

—¿La conocen bien? ¿Es de confianza?

—Sí, sí, sí. No te preocupes por eso.

Víctor, el novio de Claudia, pronto adquiriría importancia en el curso de las negociaciones que iniciaron al día siguiente, jueves 7 de marzo de 2013, entre las 12 del día y la una de la tarde.

—¿Ya hablaron? —averiguó César apenas vio a su sobrina.

—Sí, sí, sí. Acaban de hablar —respondió Claudia.

—¿Qué te dijeron?

—Que quieren 2 millones de pesos.

—¿Y qué? ¿Ya tienes el agente con quien van a…?

—Sí, sí, ya. Ya lo estoy viendo, pero no te preocupes. Todo va a salir bien.

En ese momento, Claudia había resuelto que las conversaciones con los secuestradores se realizarían en casa de Basilia, madre de Javier y César, a quien la idea no le parecía conveniente, pues consideraba que la discreción en el asunto podría resultar decisiva. La hija de Javier no sólo participó de toda la situación a su novio, Víctor, sino también a una tía de este.

“¿Qué hijos de la chingada tenían que hacer ahí? ¡En todo momento quisieron estar presentes para ver qué decía la familia! ¿Cuál fue su interés?”, se pregunta César.

El negociador que se haría cargo de encarrilar los acuerdos es un agente de la PGJEM apellidado Tagle, un hombre dado a invocar a la Virgen y a Cristo a la menor provocación y quien, a la siete de la noche del 7 de marzo, grabó la demanda de los 2 millones de pesos a cambio de la vida de Javier.

La conversación duró entre 15 y 20 minutos, y en esencia este fue el contenido:

—¿Claudia? —preguntó el secuestrador, quien, en su papel de negociador, suele ser el jefe de la banda.

—¿Sí?

—Habla la empresa, tenemos a tu papá. Tu papá está bien. No se preocupen siempre y cuando ustedes sigan las indicaciones. Desde el inicio te dijimos que, mientras tú cumplas las indicaciones, tu papá va a estar bien. Nada más que tiene que ser a la brevedad y queremos 2 millones.

—No podemos juntar todo ese dinero, tenemos cosas que hacer… —Claudia se apegaba a las instrucciones del policía ministerial de negociar, de no admitir la primera exigencia.

—Te llamamos mañana —y colgaron.

Las llamadas se reanudaron el viernes 8 de marzo de 2013.

—Mira, hemos juntado este poquito porque no hay dinero —explicó Claudia.

—No, no. Es que tienen que juntar. ¿Sí estimas a tu papá, verdad? ¿Sí quieres con vida a tu papá, verdad?

—Sí, por supuesto, por favor no le vayan a hacer nada. Yo quiero hablar con mi papá —solicitó Claudia en lo que se entiende una petición de constatación de vida de la víctima.

—No, no, no. Te vamos a dar unas señas para que veas que no estamos jugando —dijo el plagiario y luego ofreció detalles como la manera específica en que Javier nombraba a su madre y cosas por el estilo.

SÁBADO 9.

—Bueno, como tú no quieres a tu papá, pues lo vamos a mandar muy lejos y no lo vas a ver —nunca hubo un trato grosero.

—¡No, por favor! ¡No, por favor! —al fin Claudia perdió la calma—. No vaya a hacer eso. ¡Nosotros estamos haciendo todo lo posible!

—¡No, no! ¡No lo quieren! Porque no están cumpliendo ustedes. Pero bueno, te llamamos en una hora y queremos que tengas todo. Si no, ya no van a volver a ver a su papá.

—Vamos a vender un carro… Vamos a pedir a la familia, a los amigos… La situación es muy difícil… Lo que nosotros tenemos está invertido —suplicó Claudia.

—Ya, ya. Está bien con lo que tienen. Júntenme lo que puedan juntar: televisión de plasma, cosas que no hagan bulto, y vienen en dos carros.

—Nosotros sólo contamos con una unidad —Claudia se afirmó.

—Bueno, sí —se supone que accedieron—. ¿Quién va a venir? Vas a venir tú, ¿verdad?

Claudia titubeó y Fernando, su hermano, sufrió una crisis de pánico.

—Yo voy —ofreció César, quien explicaría su reacción de ese momento por el temor a la muerte de sus sobrinos.

—Va a ir mi tío —respondió Claudia.

—¿Y cómo se llama tu tío?

—César Martínez.

—¿Es hermano de tu papá?

—Sí.

—A ver, pásame a tu tío.

César tomó el teléfono y dio los detalles del vehículo que utilizaría para entregar el dinero: un Chevy Monza color blanco, propiedad del novio de Claudia, así como el sitio y la hora de donde saldría.

—Vaya muy atento, escúchenos bien. No vamos a repetir las cosas. Si usted hace bien las cosas, a su hermano lo va a tener con ustedes.

Víctor y Fernando prepararon el dinero, 132 mil 500 pesos en total. Lo introdujeron en un sobre amarillo y este en una bolsa negra con asas. César tomó el teléfono Nextel con que habían negociado e inició el camino que ahora repite.

—Ya va a llegar a Pantitlán.

—Sí, efectivamente. ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Hacia la Perla o hacia la López Mateos?

El hombre titubeó y la instrucción fue dada por una mujer.

—Hacia la López Mateos.

—Ya va a llegar, váyase despacio, bájele. Agarre la lateral. Va a dar vuelta, va a encontrar una vueltecita, va a dar vuelta completamente en U. Bájese. Yo le voy indicando, ya va a llegar. Ahí va a ver unas bolsas blancas, ahí se para. Se orilla al lado izquierdo, se para, avienta la bolsa.

César miró su reloj: 12.35 de la mañana. Detuvo el auto. Abrió la puerta, descendió y trató de atravesar la oscuridad para encontrar a su hermano.

Nada. En las tinieblas del límite del Estado de México y el Distrito Federal no hay lugar para un abrazo de reencuentro.

LAS PROPORCIONES anteriormente mencionadas en cuanto a los rangos de edad de las víctimas se mantienen independientemente de que quien haya sido secuestrado sea hombre o mujer.

Si se analizan las 934 averiguaciones previas o carpetas de investigación que fueron iniciadas por el Ministerio Público de la PGJEM en relación con las mil 66 víctimas de secuestro registradas oficialmente de 2010 a 2015 y citadas líneas antes, se aprecia que al menos 12.38% de ellas padecieron secuestros múltiples. A partir de los porcentajes anuales de víctimas de secuestros múltiples en el Estado de México, se observa que 2012 fue el año en que se registraron más casos, con 16.3%; el año que registró menos fue 2010, con 10.47%.

DURANTE LA MAÑANA del 10 de marzo de 2013, alguien encontró, muy cerca de las oficinas de la Procuraduría mexiquense en Neza, en Periférico Oriente y Bordo de Xochiaca, el cadáver de un hombre. Ingresó al anfiteatro en calidad de desconocido y se le practicó la autopsia.

Al revisar el cuerpo, el médico legista no encontró una cicatriz que le llamara la atención. Lo midió: 1.88 metros de estatura. Describió un aspecto de su rostro: nariz pequeña. Estimó su edad: entre 35 y 40 años. No había mucho que decir de su aspecto, pues el cadáver se hallaba en un estado de “putrefacción en periodos cromático y enfisematoso”, es decir, con muerte ocurrida entre una y dos semanas atrás.

El forense recolectó muestras de sangre y de cartílago intercostal, así como una bala, que envió a la Subdirección de Servicios Periciales de la Delegación Regional de Nezahualcóyotl-Amecameca, donde fueron recibidos por el perito oficial en química forense Juan Carlos Herrera Álvarez.

Ese mismo día, domingo, toda la familia de Javier Martínez se reunió en casa de su madre.

—No ha pasado nada. No ha aparecido —explicaba Claudia cuando se le pedían noticias de los secuestradores.

A la mañana siguiente, César percibió tenues acusaciones en su contra de que no había entregado el dinero y que por eso Javier no había regresado.

—¡Tú me vas a acompañar ahorita! —tronó César contra Tagle, el policía ministerial—. Yo quiero que tú… .

—No, no, no.

—¡Cómo chingados no! ¡Vas a venir! Yo quiero que veas.

—Primeramente Dios… —Tagle se santiguó y subió al vehículo con César para repetir el recorrido que hiciera dos noches atrás.

El agente viajó en silencio.

—Mira, aquí, en este punto, me llamaron. Y aquí, en este otro lugar, sentía yo que alguien me venía siguiendo. Aquí se me adelantaron. Acá me llamaron. En esta esquina me dijeron que diera vuelta. Aquí me bajé y dejé el dinero y busqué a mi hermano.

El regreso fue menos tenso.

—Yo tengo fe de que su hermano va a aparecer —susurró el judicial mientras desayunaban huaraches cerca del mediodía.

—Oiga, ¿qué hay que hacer? No podemos quedarnos así.

—Ya fueron, ya revisaron… Ya dimos parte hasta Iztapalapa y no hay muertos con esas características. Aquí en Palacio [la agencia del Ministerio Público y depósito de cadáveres] no se tiene a nadie, ya fue mi compañero a revisar.

—¿Y qué le parece si vamos otra vez a Palacio?

—Vamos —aceptó Tagle.

En la entrada, el policía se encontró con su compañero.

—¿Qué pasó? ¿Qué has visto? ¿Qué sabes?

—No, pues no hay nada. Acabo de salir del Servicio Médico Forense y no hay nada.

El 14 de marzo, según el expediente, un compañero de Tagle llamado David Luna preguntó a la médica legista si en la bodega de cadáveres había algún muerto. La especialista le respondió que sí, pero el agente no hizo nada por averiguar más detalles.

Por eso son tan extraños los sucesos del día siguiente, 15 de marzo de 2013, cuando los policías llamaron a los hijos para que fueran a la morgue a identificar a su padre. Los muchachos acudieron y de ahí le hablaron al tío César.

—Sí, sin temor a equivocarme es mi papá —aseveró Claudia respecto del cadáver localizado desde el 10 de marzo, y así quedó establecido en la averiguación.

Oficialmente, Fernando Martínez pronunció exactamente las mismas palabras que su hermana; también aludió a la identificación por la similitud del rostro y marcó a su tío.

—Fíjate que nosotros ya encontramos a mi papá… Lo mataron y nada más queremos que vengas para que lo reconozcas.

César corrió al anfiteatro, adyacente a la Presidencia Municipal de Ciudad Neza. Encontró a Fernando y Claudia, además de su novio, la madre de este y dos abogados que ellos llevaron. “¿Para qué chingados los licenciados?”, recordará el hombre.

Entró a la oficina. Pidió ver a su hermano y antes le ofrecieron la colección de fotografías tomadas al cuerpo. Le llamó la ausencia de piel en varias partes de la cara. Ya no había cejas.

—No quiero entrar. En todo caso, si ese cuerpo es él, mejor me quedo con la mejor imagen de mi hermano —dijo a la agente del Ministerio Público presente.

Volvió a la explanada de la oficina, donde se encontró con sus sobrinos.

—Claudia, no es él… No sé, esta persona ni siquiera tiene rostro, no se le reconoce la piel del pecho ni del abdomen… Por respeto a mi hermano y por dignidad de la persona que esté ahí, quienquiera que sea, no podemos aceptar este cadáver. Tanto a nosotros como a la familia de ese hombre nos deben la verdad —advirtió a Claudia—. Que se le haga la prueba del ADN y se acabó. Salimos de toda suspicacia.

—¡No! —respondió Claudia.

—Oye, Fernando, ¿y tú qué opinas?

—No, pues lo que diga Claudia —se apocó el joven.

—Oye, Alicia —se dirigió a la ex pareja de Javier—. Lo que haya pasado entre ustedes, que hayan discutido, por lo que haya sido su separación… Tú, de alguna manera, sigues siendo la mamá de tus hijos y aquí es importante que se haga la prueba para que nosotros estemos tranquilos.

—Lo que diga Claudia —la mujer miró al piso.

—¿Cómo que lo que diga Claudia? Claudia ya dijo que no. Ustedes también deben de tomar la decisión.

—No, pues no.

La relación entre tío y sobrinos quedó rota. Los hijos de Javier enviaron el mensaje del funeral de Javier o del cadáver entregado por la autoridad mexiquense.

—Yo, por respeto a ese cuerpo, de no tener la seguridad de que sea él, no voy a ir al entierro. Pero seré respetuoso de cada uno de ustedes; quienquiera ir, que lo haga —conminó a su familia.

Sólo dos de los diez hermanos de Javier acudieron al sepelio a una casa llamada Funeza. Cuando llegaron se encontraron con que no había ningún velorio programado para ese día. Sin ninguna razón que pueda explicar César, el cuerpo fue enterrado con prontitud y discreción en el Panteón Francés, situado en Viaducto y avenida Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, bastante lejos de donde los Martínez Molina echaron raíces.

César no admitía la versión y, apoyado por sus hermanos y su madre, decidió exigir a la autoridad que hiciera el contraste de material genético entre ellos y el cadáver. Entonces supieron que el perito oficial en química forense Juan Carlos Herrera Álvarez no sólo no revisó las muestras de sangre y cartílago entregadas por el médico forense para su cotejo genético, sino que había desechado el material.

CÉSAR MARTÍNEZ MOLINA tocó puertas, esperó a funcionarios, envió cartas, salió al paso de políticos. Nada.

—¿Y no les da vergüenza que en sus propias narices les tiraron ese cuerpo? ¡Qué vergüenza para ustedes! —espetó Martínez a algún comandante de la Policía Ministerial de Eruviel Ávila.

En adelante, las autoridades mexiquenses se han defendido de los señalamientos de César acusándolo de prepotente. El asunto está en manos del fiscal Vicente Hernández Narváez.

Claudia, de acuerdo con César, instruiría al personal ministerial de que no se facilitara de ninguna manera el expediente con la investigación.

“La autoridad puede y debe ir con Claudia y decirle: ‘¿Por qué te negaste a la toma de muestras cuando es tu padre?’. La gente que hizo esto no lo puede seguir haciendo”, señala él.

Martínez Molina logró que lo escucharan en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México, una oficina considerada por las organizaciones defensoras de los derechos humanos como carente de independencia del gobierno estatal.

¿A qué grado habrán sido las deficiencias del caso como para que esa Comisión hubiera emitido, en abril de 2015, la recomendación 14/2015 en que se reclama a la Procuraduría la exhumación del cadáver y la práctica de pruebas de ADN?

“Las disposiciones [en referencia a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos] han permitido considerar al derecho a la verdad sobre una doble dimensión: el primero [sic], reconoce el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad con respecto a los hechos que dieron lugar a las violaciones a derechos humanos, así como la identidad de quienes participaron en ellos”, se lee en la recomendación.

“El segundo [sic], consolida que el derecho no sólo corresponde a las víctimas y sus familiares, sino también a la sociedad, quien tiene el derecho irrenunciable de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos ocurran en un futuro”.

Y desglosa no únicamente carencias de veracidad, sino faltas a la verosimilitud:

“1. Dentro de la media filiación del finado JJMM [como se identifica a Javier Martínez Molina], que este contaba con una cicatriz en la mano derecha de cinco centímetros, característica que no se encontró en el cadáver atribuido a la persona mencionada.

”2. La estatura del señor correspondía a 1.75 m, no así del cuerpo hallado, quien contaba con una talla de 1.88 m, es decir 13 centímetros más.

”3. Que la edad del cadáver no correspondía a la de Javier, pues al primero lo tenían registrado por su estado de descomposición, como una persona de entre 35 y 40 años; y,

“4. Que la nariz de JJMM era grande y el cadáver tenía nariz pequeña”.

¿Qué ha ocurrido desde la recomendación? Nada. Silencio. El gobierno de Eruviel Ávila Villegas, doctor en Derecho y jefe del Ministerio Público en el Estado de México, no ha emitido siquiera fecha para la exhumación del cuerpo.

CÉSAR da media vuelta. Señala una casa por ahí en que amanecieron muertos dos. Una esquina por allá en que se llevaron a una muchacha que nunca volvió. Sube por un puente vehicular y disminuye la velocidad.

—¿Ha vuelto a hablar con Claudia?

—La última vez que hice una denuncia pública, ella estaba en Nueva York. Luego del asunto de su papá abrió un negocio muy bien puesto de llantas. Entonces me buscó y me dijo: “No tienes derecho de andarte metiendo y por tu culpa me van a matar”. Así. Le pedí que esperara y explicara eso de que la iban a matar. “No, no. No te andes metiendo en lo que no te importa. Ya se reconoció [el cuerpo] y ya. ¡Por tu culpa me van a matar!”. ¡Pum! Me colgó.

—¿Aquí tiraron a su hermano? —le pregunto.

—A quien dicen que es mi hermano. Abajo del puente. Ese cuerpo no es mi hermano. Él era muy trabajador, es muy trabajador, yo digo. A veces te cuesta trabajo distinguir y hablar en presente o en pasado… —el hombre con consistencia de piedra se quiebra.

Habla de nuevo. Pregunta, se pregunta algo:

—¿Usted invertiría un peso aquí? Yo ya no quiero. He bajado económica y moralmente. Yo ya estoy juntando una lanita para quitar ese taller, hacer un condominio, venderlo y regresarme a mi pueblo, a la Costa Chica. En Neza, Chimalhuacán, Chalco y La Paz diario muere gente. Diario secuestran a alguien. Diario extorsionan a alguien.

—¿Qué es lo que usted quiere? —pregunto a César, aún arriba de la pequeña camioneta en que ha repetido el recorrido de la noche en que la vida se le puso al revés.

—No me mueve ningún tipo de interés, porque a nosotros nuestros padres, con todas las limitaciones, nos enseñaron a ser gente de bien. Nada más es cuestión de voluntad de parte de la autoridad, de quererlo hacer. No quiero que nadie más sufra lo que nosotros. Quiero que mi madre entierre a su hijo conforme a sus creencias y que le pongamos flores a nuestro muerto. ¿Qué quiero? Quiero saber la verdad.

Notas:

4 Si se desea obtener una cifra más exacta, se recomienda consultar las siguientes ligas: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/fuero_federal/estadisticas%20fuero%20federal/secuestrofederal122015.pdf y http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/fuero_federal/estadisticas%20fuero%20federal/secuestrofederal102016.pdf

El libro de Daniel

LA DEL 20 DE AGOSTO de 2001 fue una fiesta grande en Atizapán, el próspero municipio al norponiente del valle de México. El alcalde panista José Antonio Domínguez Zambrano arribaba a los 44 años de edad con el futuro resplandesciente. El apuesto cirujano plástico convertido en político gobernaba con una aprobación envidiable y, como todos los presidentes municipales mexiquenses de alguna demarcación importante, soñaba con ser el siguiente gobernador del estado más poblado y con más recursos públicos del país, una catapulta natural a la Presidencia de México. Y cuando un hombre sueña con los ojos abiertos es más posible que las moscas le caminen por ellos a que sus fantasías arriben a buen puerto.

Sus copartidarios panistas consideran que ese fue el problema de José Antonio: soñar. O, más precisamente, soñar despierto y soñar en voz alta. El invitado más distinguido de la comida era el gobernador priista —decirlo así parece una redundancia— del Estado de México, Arturo Montiel Rojas, a quien el presidente municipal convocó personalmente y quien, a su vez, pero con mucha más discreción en ese momento, soñaba con ser presidente de México.

Para su cumpleaños 44, José Antonio organizó una recepción en una finca campestre del fraccionamiento Condado de Sayavedra, quizá lo más parecido en el valle de México a un rico suburbio californiano, excepto por la ostentosa seguridad detrás de la que se resguarda.

Cuando aterrizó el helicóptero de Montiel en el cercano aeropuerto local de Atizapán, a las 2:30 de la tarde, el doctor Domínguez Zambrano ya estaba sobrado con dos o tres tragos de buen tequila marca Azulejos, pero mal mezclados con su inexperiencia política.

—Arturo —se dirigió el doctor a Montiel—. ¡Arturo! —el alcalde vestía traje negro y corbata azul-Partido Acción Nacional anudada con tal fuerza que pronto, más de lo que él creía, lo iba a estrangular. Quien algo conocía al gobernador notó, por un instante, los ojos entonardos del saurio alerta, molesto por el tuteo igualado del alcalde, panista por si fuera poco—. Arturo, por favor, no me dejes desordenada la oficina.

Domínguez Zambrano rodó escaleras abajo sin darse cuenta. Muchos otros panistas tampoco vieron resbalar el zapato de José Antonio del peldaño y asumieron que ese era el comportamiento adecuado de su próximo candidato a la gubernatura que se disputaría en 2005. Otros blanquiazules apostaban por la candidatura del entonces senador Carlos Madrazo Limón, similar en aspecto físico, origen social y habilidad política.

Nadie parecía tomar en cuenta que, apenas dos años atrás, Montiel desmontó la mayoría en el Congreso mexiquense ganada en las urnas por el PAN mediante la adquisición de diez diputados, comprados, como el autor de este libro documentó entonces para el diario Reforma, por Isidro Pastor, candidato supuestamente independiente en los pasados comicios para la gubernatura del Estado de México. Todos olvidaron que, al inicio de las administraciones de Ecatepec, sorprendentemente obtenida por el PAN, y de Ciudad Neza, retenida por el PRD, los priistas del mexiquenses tomaron físicamente por asalto las presidencias municipales para advertir que, si la oposición en el Estado de México quería existir, existiría a su propio pesar.

Domínguez, en su ingenuidad, en su arrogancia o en ambas, pasó por alto que en sus palabras no había una broma sino una declaración de guerra al primer priista del Estado de México, al señor en turno de la dinastía Atlacomulco.

Otros invitados de honor era los hermanos Rivera Torres, prósperos desarrolladores inmobiliarios con más de un negocio en Atizapán, quienes de la mejor gana pagaron la presentación de la cantante Estela Núñez, que amenizó la comida acompañada de mariachi.

—Arturo, Arturo, la oficina —se empecinaba Domínguez Zambrano en bromear con Montiel, como un caballo que sigue la carrera sin entender que una de sus patas ha caído en un agujero.

El 20 de agosto de 2001, Montiel sonrió, esperó algunos minutos y subió al helicóptero de regreso a Toluca. Los agravios atizapenses contra el priismo mexiquense no hacían más que crecer. Cuatro años atrás, Daniel García, uno de los suyos, despechado por no recibir la candidatura a la alcaldía, desertó de las filas tricolores para entregarle Atizapán al PAN.

—Ahí va la gallina de los huevos de oro —susurraron algunos priistas al paso de Daniel García entre las mesas del convivio, uno de ellos el hermano del ex edil Luis Felipe Puente, ahora responsable de la Protección Civil en México.

En la nueva corte azul atizapense, Daniel, sin ser panista, fue nombrado secretario particular de Domínguez Zambrano para así ser rey detrás de un pequeño trono si se quiere, pero trono al fin.

El 5 de septiembre de ese mismo año, el trono y el castillo de naipes cayeron junto al cuerpo de María de los Ángeles Tamez Pérez, regidora panista asesinada de cinco tiros a las 8:15 de la noche a las afueras de su casa, en la colonia Las Alamedas de Atizapán.

Casi de inmediato, el gobierno de Montiel, apoyado por Pedro Tamez, el padre de Marigely, y por voz del entonces procurador de Justicia estatal, Alfonso Navarrete Prida, estableció como “verdad histórica” una trama en que Domínguez Zambrano ordenó el asesinato de su colaboradora, que el crimen fue operado por Daniel García y que el arma fue disparada por la mano de un matón llamado Jaime Martínez Franco.

Con inconsistencias de todo tipo, la averiguación previa se desmoronaba a la vez que los periodistas olvidábamos el Caso Atizapán. Varios de los supuestos implicados salieron libres, incluido Domínguez Zambrano, quien obtuvo su libertad y una carrera política arruinada. En 2005, Acción Nacional postuló a la gubernatura al ex alcalde de Tlalnepantla, Rubén Mendoza Ayala, quien arrancó primero en las encuestas, pero que hizo una campaña, literalmente, en estado de ebriedad, que cometió exabruptos incoherentes para su experiencia política y que se descalificaba a sí mismo como un tipo feo, en oposición al bien parecido Enrique Peña Nieto. Era sabido que sobre Rubén Mendoza pesaba una espada similar a la que hundió a su colega atizapense, en su caso por el asesinato de un joven.

Más parecido al actual presidente de la República, Domínguez Zambrano habría ganado la gubernatura del Estado de México, a decir de los panistas que no declaran nada en voz alta. Por un lado, aún muestran pavor hacia Navarrete Prida; por otro, la corrupción panista en Atizapán es persistente. Gonzalo Alarcón, alcalde del mismo partido posterior a Domíngez Zambrano, está prófugo por desvío de recursos, y la actual presidenta, Ana Balderas, es una panista de origen económico más humilde que fue regidora en el cabildo presidido por Domínguez, el mismo que, según el gobierno mexiquense, estaba inmerso en la corrupción. Ana Balderas ha paseado con algún vestido Carolina Herrera de 28 mil pesos y un reloj Hublot Big Bang Tutti Frutti con caja de oro rosado de 18 quilates y diamantes incrustados de 862 mil pesos, reveló el diario Reforma en septiembre de 2016.

Priistas y panistas dieron vuelta a la página y el sistema de justicia mexiquense actuó como un carcerlero que puso tras las rejas a dos hombres, cerró el candado y arrojó la llave por la alcantarilla.

Aribel, la hija menor de Daniel, que apenas arribaba a la secundaria cuando el político fue encarcelado, creció con la orden expresa de no pisar la cárcel de Barrientos. Ya convertida en abogada y defensora de los derechos humanos, volvió a tocar las manos de su padre tras una rejilla de prácticas. Desde entonces es su defensora.

En diciembre de 2015, la litigante me buscó para contarme la historia de los 5 mil días en que ha esperado el regreso de su padre.

Daniel, Aribel y Reyes Alpízar Ortiz, imputado como coautor material del crimen, sólo encontraron voz en los medios de comunicación a través de los micrófonos del periodista Ciro Gómez Leyva. Ahí se dijo que nadie en el mundo ha pasado 15 años de su vida en prisión sin sentencia. Apenas se acercan dos filipinos con encarcelamientos oficiosos de 12 años.

La barbarie del calabozo sin juicio concluido es superlativa en el Estado de México, cuyas autoridades no dijeron nada en voz alta. Ni la PGJEM ni el TSJEM, poder apéndice del Ejecutivo mexiquense. Aquí anoto un aspecto político más contemporáneo sobre el Caso Atizapán: el fiscal Alfonso Navarrete Prida empujó juicio y cárcel contra Domínguez Zambrano, quien tuvo la exitosa defensa de Marcos Castillejos, un experimentado penalista asesinado tiempo después y padre de otro jurista, Humberto Castillejos Cervantes, quien también fue abogado autorizado por la defensa. Es decir, el actual secretario del Trabajo federal y el consejero jurídico de la Presidencia de la República, ambos miembros del mismo gabinete de Enrique Peña Nieto, fueron abogados rivales en un caso en que una parte acusaba el cobarde asesinato de una valiente mujer y, la otra, denunciaba el uso de las instituciones para aplastar rivales políticos.

“En su momento exigiremos responsabilidades [a la Procuraduría], porque no es válido que se gobierne con un Código Penal en la mano y usarlo para llevar a prisión a quienes no comparten una determinada bandera política”, me declaró Marcos Castillejos en una entrevista que le hice en sus oficinas de la colonia Condesa. La nota derivada de esa charla se publicó en el diario Reforma el 20 de agosto de 2002, justo en el cumpleaños 45 de Domínguez Zambrano.

Desde entonces han concluido los gobiernos mexiquenses de Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto, mientras que el de Eruviel está por hacerlo, con Daniel García y Reyes Alpízar a la sombra.

Es necesario decir que Pedro Tamez, el padre de Marigely, sostiene con absoluta convicción que el asesinato fue planeado por José Antonio Domínguez y Daniel García, motivados por los descubrimientos que hizo su hija de actos de corrupción. Hablé con él nuevamente, luego de una serie de entregas periodísticas, en el programa de Gómez Leyva en que entró al aire y acusó mi parcialidad por antes haber participado como testigo llamado por la defensa.

Durante las veces en que platiqué con Daniel en el patio de visitas de Barrientos, le pedí escribir su historia en una gruesa libreta de notas de viaje. Rebosó el cuaderno con letras mayúsculas y redacción clara. Aribel y otras fuentes me entregaron todos los documentos que prueban la irresponsabilidad de Daniel y Reyes en el asesinato de Marigely, porque este es un mundo en que el Estado no debe probar la culpabilidad de nadie, sino que son los acusados quienes deben demostrar su inocencia y ni siquiera eso es suficiente. En la primera semana de abril de 2017, Aribel ha pedido que a su padre lo dejen continuar el proceso en libertad bajo la simple premisa de que, si hubiese sido condenado, ya habría accedido a un beneficio de libertad anticipada.

Dejo a continuación la historia que, hasta principios de abril de 2017, da cuenta del mayor tiempo que alguien ha pasado en prisión sin sentencia no sólo en México, sino en el mundo. Daniel ha vivido sin sentencia ni prueba satisfactoria de su culpabilidad durante más de 5 mil 500 días en el infierno, pero eso en el Estado de México no basta.

Cambié algunos aspectos menores de la redacción y, entre corchetes, incluí mis anotaciones.

La ira intacta

Me llamo Daniel García Rodríguez. Nací el 2 de enero de 1965, en el entonces pueblo de Atizapán, Estado de México. Mi madre, originaria de Tlalnepantla, Estado de México, provenía de una familia venida a menos. Su abuela, hija de españoles, era abogada y litigaba en los años 20, época en que es inimaginable esa actividad para las mujeres. La conocí cuando tenía 90 años o más: lúcida, muy fuerte y con carácter regio; alta, rubia con ojos claros. Yo tenía seis o siete años de edad.

Mi abuelo materno condujo una máquina de vapor hasta 1940, año en que retiraron la vía entre Tlalnepantla y Villa del Carbón.

Mi abuela materna era partera. Aún recuerdo dos ocasiones en que nos encerraron en cuartos de su casa mientras ayudaba a parir a otras mujeres. Yo nací ahí, pero fui registrado en Atizapán.

Mi abuelo paterno fue panadero, dueño de tinacales, pulquerías y cantinas en Tlalnepantla y Atizapán. Tuvo mucho éxito como comerciante hasta el día en que murió su hermano menor. Esto lo acabó a él y acabó a su madre. Sólo conservó una panadería que, entre 11 hijos y decenas de nietos, heredó a mis hermanos y a mí.

Fui el segundo de cuatro hermanos. Isaías, el mayor, lleva el nombre de mi abuelo y de mi padre, y dos hermanas menores, Sara y Laura.

Trabajé desde los seis años en la panadería. En vacaciones me presentaba a las seis de la mañana y aprendí a cargar canastos con bolillos de cinco centavos, a despachar en bolsas y preparar churros. Hidalgo 26, hoy Ciudad López Mateos, Atizapán de Zaragoza, es la dirección de la panadería Los Ángeles, construida en el año de 1937 y derrumbada por mí y por mi padre en 1992 para hacerla nueva.

Debo decir que de mi abuelo paterno no sólo heredé la panadería, sino también el gusto por la crianza y el amor a los animales.

ENTRE las actividades comerciales y la escuela, a los 14 años y un mes de edad, y al regresar de la secundaria ubicada en calzada San Mateo, me detuve frente a un edificio de ladrillo rojo y grandes ventanas. Ahí y a esa edad me afilié al Movimiento Juvenil Revolucionario, organismo dependiente del Partido Revolucionario Institucional, y, a los 17 años, fui nombrado secretario general en el Comité Municipal, es decir, dirigente juvenil del PRI en Atizapán.

Conocí a mucha gente hoy connotada. Sin ser amigos, traté muchas veces con César Camacho Quiroz [futuro gobernador del Estado de México, presidente nacional del PRI y actual coordinador de los diputados federales priistas], encargado del CREA [Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud] y cercano del entonces secretario de Educación [del Estado de México]. Lo nombraron secretario de Coordinación y Ejecución del Movimiento Juvenil Revolucionario en el Estado de México.

Fue entonces que conocí a mi esposa, Magdalena Pérez Sifuentes, y, a los 18 años y dos meses, me casé con ella, que apenas cumpliría 16. Dejé la escuela para no regresar.

Vino la campaña política para la elección de presidente municipal. Fue electo Macario Yáñez Valdovinos [para el periodo 1985-1987], quien me designó su secretario particular. Es una gran persona: sobrino de Agustín Yáñez, es culto, educado y muy dedicado. Lo serví con denuedo y me dediqué a aprender.

No cumplí un año en el cargo. Un día me llamó para anunciarme que era necesario que me ocupara de la CNOP [Confederación Nacional de Organizaciones Populares] municipal y volví al PRI. De líder juvenil a dirigente del sector popular. Tenía 21 años de edad, era regidor sustituto y posiblemente sería síndico en el siguiente periodo. No sólo atendí mi encargo, sino que en el camino me encontré con los grupos que conformaban la estrategia electoral del partido en funciones más antiguo de la historia mexicana en el poder.

Aprendí todos los trucos, formas y fondos de la mapachería electoral. Fui a Guerrero, Morelos, Hidalgo, Chihuahua, Tabasco, Puebla, Veracruz, Colima y todo el Estado de México. Conocí a todos: Elba Esther Gordillo, Jesús Murillo Karam, Emilio Chuayffet, Manuel Bartlett… Vi y escuché a todos referirse a la trampa electoral y actuaban como si todo estuviera limpio.

Yo vi y me consta el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y la forma como no pudo defenderlo.

En fin, aquello es algo de lo que no puedo presumir y sólo refiero porque lo aprendí como ninguno y gané dinero para mantener a mi familia.

A la par, creé organizaciones locales que aún existen, como la Coalición de Organizaciones de Tianguistas, que hoy agrupa a miles.

La actividad en la CNOP me obligaba a mantener relación con las ligas municipales de todo el estado. Ahí coincidimos Rubén Mendoza Ayala y yo. Había diferencias. Rubén gozaba del apoyo económico y político de su tío Manuel Bartlett Díaz y su sombra le permitió llegar hasta donde llegó [alcalde de Tlalnepantla, diputado federal, candidato a la gubernatura perdedor ante Peña Nieto; murió en abril de 2016].

Yo, por mi parte, nunca quise padrinos. Trabajé con dirigentes, como César Camacho; con Luis Felipe Puente Espinoza [actual coordinador nacional de Protección Civil del gobierno federal], con quien fui jefe de Reglamentos cuando él fue presidente municipal de Atizapán.

A pesar de esto, nunca quise pertenecer a grupo alguno, lo cual es obligado en el PRI. Los hijos, ahijados, sobrinos y compadres representan relaciones que superan por mucho las capacidades, cualidades, experiencia o los títulos académicos. No hay que ir muy lejos y el actual gobierno federal es un buen ejemplo de esto.

Tenía 24 años de edad cuando fui nombrado jefe de Reglamentos, eufemísticamente llamado director de Gobierno. El alcalde confiaba en mí por la actividad electoral desarrollada; sin embargo, mi nombramiento fue más un pago que un reconocimiento.

Dos años después retorné al PRI y, por los siguientes años, viajé por algunos sitios con actividad electoral. A punto de cumplir 30 años, coordiné la campaña de Luis Felipe Puente para presidente municipal. Cuando llegué, la campaña ya tenía diez días de iniciada y en colonias de 10 mil habitantes, con un potencial de 4 mil votos, tenía reuniones con una docena de señoras, tres niños y dos perros. Todo su comité de campaña y él mismo se sorprendieron cuando, a mi llegada, se llenaron las plazas. Era fácil. Convoqué a diez amigos que, paseando por las calles, invitaban al evento político que se realizaría en dos horas; el truco era que cada uno cargaba una bolsa con utilitarios que se regalaban en el evento.

La estructura electoral era lo mío y esa elección [1994] fue la última que ganó el PRI en Atizapán, y la ganamos dos a uno.

Luis Felipe me ofreció trabajar en su administración y me nombró subdirector de Ingresos Diversos. Para entonces ya tenía experiencia administrativa y comencé con la advertencia del alcalde de que no se toleraría la corrupción.

Fue una farsa.

Su tesorera, Mercedes Canseco, fue uno los mejores ejemplos de enriquecerse en el servicio público. Entre los reclamos de Luis Felipe y mis acusaciones, terminó creyéndole a ella y otros; antes de un año, salí a la secretaría general del PRI municipal.

Tuve la oportunidad de echarle en cara al hoy coordinador nacional de Protección Civil que dirigía a un grupo de corruptos. La última vez nos gritamos y, casi en seguida, renuncié al PRI. La hebra que rompió el hilo fue la votación en la Cámara de Diputados del incremento al IVA.

Qué incongruencia que una resolución de tan alta envergadura haya repercutido en mi vida y me explico.

Roque Villanueva, el entonces coordinador de la diputación federal priista, estableció un compromiso con la dirigencia nacional del PRI y con el gobernador del Estado de México, Emilio Chuayffet, luego secretario de Gobernación federal, consistente en que todos los diputados federales del PRI del Estado de México serían candidatos a presidentes municipales de las cabeceras de cada uno de sus distritos. Por su voto en aquella histórica sesión en que se efectuó la “roque señal”, no sólo asestaban un golpe a los bolsillos de los mexicanos, sino que también descargaron un golpe mortal a las aspiraciones democráticas al interior del PRI, que ya venía de experimentar la muerte de Luis Donaldo Colosio y la salida de Cárdenas y de Porfirio Muñoz Ledo.

Esta es la verdadera razón del triunfo panista en el corredor azul [de Huixquilucan a Atizapán] y en la zona de Toluca, y del PRD en el oriente.

Para el caso de Atizapán, fue nombrado como candidato Francisco Lozada Chávez, quien ya había sido alcalde de 1982 a 1985, cuando yo fui dirigente juvenil priista. Llegó al viejo estilo, con una camarilla de amigos a desplazar a todos quienes ocupábamos oficinas priistas.

Yo, que había albergado esperanzas, me retiré.

Unos días después, estando en la puerta de mi panadería, vi pasar al candidato a la presidencia municipal por el PAN, Carlos Madrazo Limón. Frenó, bajó y platicamos. Me invitó a unirme a su causa y acepté. Por la tarde, acudí al comité municipal del PRI a presentar mi renuncia y dejé atrás 19 años de militancia y, sin inscribirme de manera alguna en Acción Nacional, encaucé el triunfo de sus candidatos en Atizapán, el lugar que, me consta, los panistas habían ganado desde los 70, pero gente como yo había impedido su reconocimiento.

CARLOS MADRAZO LIMÓN, primo hermano del candidato priista, ganó con holgura. Los priistas no lo soportaron y con plantones y cierres de calles manifestaron su descontento. Carlos me pidió representarlo en la Comisión Municipal Electoral y ahí enfrenté la infidelidad partidista. Entre gritos y emujones, logré que se entregara la constancia de mayoría.

Así, y más por necesidad que por gusto, participé como asesor de Madrazo, un hombre como ninguno que haya conocido: honesto, aunque medio pendejo, pues debajo de él todo el que quiso robó cuanto pudo. [Siendo senador electo, entrevisté a Madrazo y me declaró que no sabía cuál era el trabajo de un senador; en 2017 fue designado coordinador de la desastrosa campaña de Josefina Vázquez Mota].

Los panistas pagaron, en gran medida, su ingenuidad con el fracaso. Se parecían al perro que persigue al auto, ladrando, y, cuando el vehículo se detiene, el animal no sabe qué hacer.

Mientras, trabajaba diseñando a Carlos Madrazo organigramas en la estructura municipal. Un día se le ocurrió incursionar al interior de su partido como candidato a gobernador del estado y añadió a mi trabajo evaluar y resumir todos los días noticias y actividades de gobernantes del Estado de México y las entidades vecinas. Además, me pidió acompañarlo todos los fines de semana a recorrer el Estado de México y visitar a los panistas que, por mínimo número, casí había que visitar por familia.

Carlos Madrazo también requirió a Antonio Domínguez Zambrano que, en su función de presidente del PAN en Atizapán, estaba en la antesala de la alcaldía.

Ambos panistas desarrollaron su carrera con saliva, pues a pesar de que en el PAN había militantes empresarios, industriales y comerciantes, el gasto de la actividad política lo cubrían ellos mismos con recursos propios y de su familia. De ahí que sus promocionales fuesen pobres y corrientes.

Yo venía de un lugar en que, si bien empezamos cargando botes con engrudo para tapizar postes y bardas con las fotografías de los candidatos, por lo menos teníamos segura la torta y un refresco y, por cada camión que llenábamos de mujeres, viejitos y niños y enviábamos a Toluca, nos entregaban una caja de naranjas, un costal de tortas y todos los refrescos que quisiéramos.

En los actos del PAN, la gente debía acudir sin que siquiera se les diera de comer ni beber.

La actitud de respeto por la integridad de los panistas es fingida. Son gazmoños y sibilinos. Los vi robar igual que a los priistas, pero a estos se les conoce por cínicos y aquellos son hipócritas. Sólo de Carlos Madrazo no puedo hablar.

Durante aquel tiempo, enfoqué todas mis baterías al negocio de la panadería que crecimos a pastelería fina y del que nos mantuvimos y trabajamos mi padre, mi madre, tres hermanos y nuestras familias. Para 1999, contábamos con ocho locales y surtíamos todos los días a las 35 tiendas Seven Eleven que entonces había en el área metropolitana de la Ciudad de México. Pero lo que más me gustaba, desde niño, fue la crianza de ganado.

Entonces vino la campaña por la presidencia municipal de Antonio Domínguez Zambrano y me dediqué al cien por ciento a la actividad electoral.

Recién ganó Antonio Domínguez, me preguntó cuál sería el lugar más apropiado para gobernar junto con él. Le mencioné que ninguna dirección sería conveniente, ni que sería útil ocuparme de una sola área, y acordamos que solamente unos meses le acompañaría en la secretaría particular y luego me retiraría.

Así fue. Sólo permanecí cuatro meses en esa administración, aunque sólo fue de forma, pues todas las direcciones tenían relación amistosa y, algunas, familiar conmigo. Estas formas las aprendí, por supuesto, del PRI: si vas a hacer negocios en el gobierno, nunca se debe meter mano al presupuesto. El dinero de la caja es sagrado. No hay una sola hoja o renglón en las más de 60 mil fojas de mi expediente penal que acredite o siquiera mencione la desviación o faltante de un solo peso. Durante aquel periodo se ejerció un presupuesto de más de mil millones de pesos y no existe una sola falla en su ejercicio.

No obstante que no me encontraba en la nómina, era muy escrupuloso y mantenía cercana relación con todas las direcciones y con Antonio. Conocía cualquier movimiento y sabía de las actividades de directores, regidores y síndicos. No había necesidad de más: todos ellos eran noveles políticos y yo anduve en esos pasillos desde niño.

A PRINCIPIOS de septiembre de 2001, ya habíamos cerrado el negocio familiar, ya no éramos panaderos. Ese año iniciamos actividades de un restaurante, frente al Hospital Herrejón y el plantel de Unitec, a 300 metros del Palacio Municipal.

También engordábamos ganado en dos fincas, una en Nicolás Romero y la otra en Villa del Carbón.

Comenzábamos nuestra actividad a las seis de la mañana. Íbamos a la central de abastos de Atizapán para hacernos de insumos y abrir el restaurante a las siete de la mañana. Entre ocho y nueve de la mañana era obligado sentarnos a la mesa de mi madre para el desayuno y, luego, continuábamos con el ganado. Ya teníamos más de 150 animales. Nuestro orgullo eran una yegua alazana y un potro de raza española.

El 5 de septiembre de 2001, sólo fuimos a la granja y regresamos a las dos de la tarde a Atizapán. Yo tenía urgencia de comprar un extractor de aire para el restaurante e ir a casa de mi ex secretaria para recoger unos contratos de compraventa de vehículos. Luego de que pasé por los documentos, fui por el aparato al Distrito Federal. Después de las cuatro o cinco de la tarde, tras hacer la compra en la calle de Ayuntamiento, en el centro de la Ciudad de México, comí por ahí mismo. Alrededor de las siete de la noche me atrajo un hermoso sombrero Tardan en el aparador de la tienda del mismo nombre. Sin embargo, el modelo no me quedó, por lo que después de pagarlo me tomaron medidas y me solicitaron recogerlo días después.

De regreso, recuerdo que en Paseo de la Reforma hice más de una hora de recorrido en el auto por el espectáculo del mago David Copperfield en el Auditorio Nacional. Llegué a Atizapán a las diez de la noche. En el noticiero de Joaquín López-Dóriga apareció la noticia que cambiaría mi vida, la de mi familia y la de quienes se aprovecharon de la muerte de Marigely.

Inmediatamente me comuniqué con Antonio Domínguez Zambrano; sin embargo, poco sabía y no pasó nada más.

Al otro día supe que Pedro Tamez gritó que él sabía quién había cometido tan despreciable ataque mencionando a directores, a Antonio Domínguez Zambrano y, para mi sorpresa, a mí. Por mi parte, lo tomé como lo que era: la respuesta desesperada de un padre ante aquella infamia.

NO ASISTÍ AL FUNERAL. No me imaginé cómo pudo hacerlo Antonio y demás funcionarios que sabían haber sido mencionados por Pedro como asesinos de su hija. No pasó a mayores. La gran dificultad en mi vida comenzó el 18 o 19 de septiembre, cuando fue nombrado Alfonso Navarrete Prida como procurador de Justicia del Estado de México. Lo recordaba defendiendo la postura de Jorge Carpizo cuando la huelga de la UNAM.

Luego aparecieron patrullas y policías frente a mi casa y el restaurante, siguiéndome. Y, luego, las citaciones en calidad de testigo. Acudí seis veces a la subprocuraduría de Tlalnepantla, unas veces a entrevistarme con policías, otras con agentes del Ministerio Público y otras con sujetos que no se identificaban en oficinas con imágenes enormes de San Judas Tadeo y cuadros de tigres. Con secretarias de minifalda y uñas largas pintadas de rojo. Con tipos presumiendo pistolas en la cintura, chalecos de cuero y cinturones y botas piteados.

La primera vez me hicieron esperar dos horas hasta que llegó un agente del Ministerio Público con el vientre tan abultado que el saco color beige se le recorría por detrás de la espalda, como si lo hubiera comprado 15 kilos atrás. Se apellidaba González.

—¿Usted es Daniel García? —me preguntó—. Usted es el bueno —respondió él mismo de inmediato.

—¿Bueno para qué?

Me invitó a pasar a un cubículo con un secretario que escribía todo lo que me preguntaba: “¿Por qué dejó de trabajar en el gobierno municipal?”. “¿Qué opinión tiene de Marigely?”. “¿Tiene alguna relación con ella?”. “¿Qué hizo a las veinte horas del día de los hechos?”.

Y así, durante siete horas.

En la segunda ocasión entendí que alguien quería relacionarme con los hechos y, fuera de la entrevista, me lo hicieron saber.

Aún contaba con el recibo de mi sombrero, la factura y la orden de hormar la pieza para mi cabeza. Fui ingenuo: esa factura la utilizaron para afirmar que la presenté sin que nadie me la pidiera, dando entender que, en la justificación no pedida, la culpa era manifiesta.

En diciembre de 2001, comenzaron las amenazas públicas y los mensajes directos. Que me iban a detener, que me iban a torturar… Hasta que la versión se volvió oficial y vi un poder nunca antes visto por mí. Las columnas periodísticas de Eduardo Ruiz-Healy, Nino Canún y otros decían exactamente lo mismo y leían exactamente el mismo párrafo en sus programas de radio:

“Las investigaciones sobre la muerte de María de los Ángeles Tamez Pérez se encuentran muy avanzadas y se tienen fuertes indicios en la responsabilidad probable de funcionarios públicos, desde el presidente municipal, Antonio Domínguez Zambrano; Jacobo Ortiz, síndico municipal; Enrique González, primer regidor [actualmente director de Servicios al Autotransporte, área siempre bajo sospecha en los municipios]; Antonio Vega, director de la Policía Municipal; Gerardo Cortez, secretario del Ayuntamiento; Daniel García”.

Esto, a mediados de enero de 2002.

Familiares y amigos que lo escucharon o lo leyeron se alarmaron y algunos me pidieron que huyera, me amparara o hiciera algo a mi favor. Yo respondía: ¿por qué debo huir si no tengo nada que ver?

El 25 de febrero de 2002, regresé a bañarme a casa después de salir a correr. A las 8:15 de la mañana, justo cuando salía caminando hacia casa de mi padre, fui interceptado por dos hombres obesos que, a bordo de un Chevy azul, me dijeron que el licenciado Ciro Mendoza Becerril [un agente del Ministerio Público encargado del caso] requería de mi presencia en su oficina. Les dije que tenía que avisar a mi padre, lo que me permitieron, y por algo que no lo sé, mi papá se encontraba en la puerta de su casa. Le entregué todo cuanto traía, mi teléfono y mi cartera. Los policías me llevaron a la oficina de la subprocuraduría de Tlalnepantla.

Cuatro horas después llegué al cuarto donde estaba Ciro Mendoza Becerril. Era un abogado a quien conocí como agente del Ministerio Público en Nicolás Romero; vivía en un barrio muy pobre llamado Sopas Perico a un costado del drenaje a cielo abierto. Estaba obeso y tartamudeaba. Nervioso, siempre sudaba. La suerte le sonrió, pues perteneció a la misma generación de Alfonso Navarrete Prida en la carrera de Derecho. Él fue quien directamente orquestó la farsa.

Al tiempo se casó con una abogada argentina muy bella. Vivió en una residencia de ensueño con valor de más de 2 millones de dólares. Y fue director general de la Policía Bancaria e Industrial del Estado de México. Millonario y en la cúspide de su carrera, explotó en sus manos el error de los guardaespaldas del JJ, quien intentó matar al futbolista del América en el Bar Bar. Lo acabaron las credenciales que llevaban los guaruras del JJ con la firma de Mendoza en que se autorizaba la portación de armas [además del asesinato de una arquitecta en la exclusiva Zona Esmeralda de Atizapán, cuyos asesinos, igualmente, operaban con documentos de portación e identificación proporcionados por el Ministerio Público]. Días después [en octubre de 2013], un accidente vehicular lo mató [también existe la versión de que, siendo un hombre joven, murió de un paro respiratorio en el interior de su camioneta].

Cuando a mí me interrogó estaba nervioso y temblaba, no sé por qué. Esto me divertía, aunque después lo comprendí: se jugaba su futuro millonario y de éxito con el mío, que era pobre y en desgracia.

Como a las tres de la tarde ocurrió otro interrogatorio. Esta vez me entrevistó una mujer, la agente del Ministerio Público Edith Rivera Montes de Oca. Me dejaron solo durante varias horas hasta que me llevaron a un lugar más grande donde se encontraban entre diez y 12 personas. Me hicieron las mismas preguntas, hasta que uno más torpe tomó la palabra.

—¿Cómo decir a Marigely algo? —cuestionó.

—Los difuntos no hablan —respondí enojado, y la reunión terminó.

Esperé otras cuatro horas. La puerta se abrió y me notificaron que me arraigarían. Eran las 11 de la noche cuando seis policías judiciales me sacaron de ahí. Me bajaron por un elevador y, cuando se abrieron las puertas, sólo vi a mi padre parado, observando cómo me llevaban. Me subieron a una patrulla y me llevaron al Hotel Hidalgo, en el centro de Tlalnepantla. Callados, esperamos largo rato en la recepción. Nadie había previsto aquello y la improvisación reinaba. Por la madrugada, entraron del juzgado federal a notificarme de un amparo conseguido por un abogado contratado por mi familia.

Dormí una hora o dos.

NO EXISTE MAYOR ni peor forma de tortura que la incertidumbre. Nunca logras adaptarte durante el arraigo, nunca sabes cuándo acaba. Estás obligado a permanecer quieto y no hay más que un pasillo de cuatro metros. La cárcel no se le parece y el hospital no se le acerca ni mínimamente.

Es un encierro obligado que genera dos condiciones. El miedo, que no conocía. Entonces tenía 37 años de edad y era muy fuerte. Corría, montaba y trabajaba arduamente. El miedo me doblaba las piernas. Algo pasa con las piernas, que te tiemblan hasta no poder caminar. Y, luego, la ansiedad de no saber absolutamente nada.

El momento más grave es que, durante horas, en el cuarto cercano están matando a alguien a golpes. Se oyen los desgarrados lamentos y, por cada golpe, las súplicas, los ruegos de que paren.

Traté de conciliar el sueño sin saber si yo sería el siguiente. Entonces se prendía la luz y tres policías judiciales me paraban porque venía el jefe y entonces apareció Rogelio Figueroa, subprocurador de Justicia de Tlalnepantla, vestido con traje negro y camisa blanquísima, impecable, y despierto a las cuatro de la mañana.

Esto se repitió cuatro o cinco veces.

—No tengo nada contra ti —me dijo el primer día de arraigo—. Sólo te pido una declaración sobre actos de corrupción de Carlos Madrazo y de Antonio Domínguez y sólo te vas a la cárcel por fraude. Si no lo haces, te la vas a comer solo.

—Aunque pudiera —le respondí—, no tengo nada.

—Si no me ayudas, te voy a traer a quien más te duela y vas a ver si no me firmas la declaración que te ponga enfrente. Si no firmas, te voy a traer a tu familia para que te acompañe —me amenazó con Ciro Mendoza al lado y otros funcionarios, como Hugo Chapital Valezzi.

Lo cumplió.

Primero, detuvo a dos primos hermanos y, después, a mi padre. Luego solicitó orden de aprehensión en contra de mi hermano y dos primos hermanos más.

Cada ocasión en que Alfonso Navarrete Prida aparecía en televisión había un policía que ponía el canal en que estaba para que yo lo viera. Aventaban todo periódico y revista. Después, pusieron sobre la cama en que me quedaba las fotografías de mis hijos saliendo de la escuela.

Y, otra vez, Rogelio Figueroa por la madrugada después de escuchar dos horas de golpes y lamentos. Y la compañía obligada en el interior del cuarto de tres policías malhablados, mugrosos, empistolados y siempre platicando entre ellos de cuántos habían matado, de las múltiples formas de maltrato a sus mujeres, del dinero que les había tocado por tal o por cual negocio.

Dos veces me probaron.

En una ocasión, se salieron todos y, sin vigilancia alguna, me dejaron cerca de una hora con ventanas y puerta abiertas. A dos metros de la puerta había una terraza de un piso que daba a la calle. Otra vez, estando con un solo policía dentro del cuarto, se metió al baño dejando su arma en el tocador. Aplicar la “ley fuga”, habría sido una salida extraordinariamente fácil para Navarrete. Sin embargo, y a pesar de mi miedo, la inteligencia se impuso.

De esos dos meses, de Antonio Domínguez sólo recuerdo sus sollozos y rezos.

Mis padres y mi esposa acudían a llevar mis alimentos y mi ropa.

El último día, un día de abril, fueron mis hijos para que me despidiera de ellos. Mis hermanas, más valientes que todos, respondían ante reporteros, policías y curiosos. [Alrededor de cien periodistas nos apretamos a la salida del hotel a la espera del traslado de los acusados a la prisión].

Navarrete Prida anuncia que tramita ante instancias federales nuestro traslado al Centro Federal de Almoloya, dada la alta peligrosidad de nuestras personas.

El 4 de abril estaba todo preparado, pero un acontecimiento frena nuestra consignación: murió María Félix, tema que ocupó a toda la prensa. Alfonso Navarrete quería todo para él y esperó tres días más para el espectáculo. Llegó el día y nos fuimos desde el centro de arraigo en gran convoy de helicópteros, motos cerrando calles, prensa y televisión y policías que permitían el paso de las cámaras para que no se perdiera detalle de la función y el escándalo. Mientras tanto, Navarrete estaba en algún set de televisión. ¿Cuánto costó aquello?

En ese momento, los motivos habían cambiado y el tema del asesinato de Marigely era desplazado por el encarcelamiento del corrupto presidente municipal y de su secretario.

DOMÍNGUEZ ZAMBRANO y yo entramos a la cárcel callados, obedientes, y a quitarnos la ropa y dignidad. La poca que traíamos.

Estrenamos un cuartito recién construido. Apenas habían barrido el cemento para pegar los ladrillos y nos metieron para vestirnos con camisola y pantalón azul sin cinto ni bolsas, sólo un resorte, y calzamos nuestros propios zapatos. Dimos nuestros datos generales y, tras pasar otras dos puertas, vimos un espacio enorme. Me sentí extraordinariamente aliviado, tranquilo, contradictoriamente libre.

La pesadumbre, el miedo e incertidumbre del arraigo y la amenaza quedaron atrás. Respiré y muy tranquilo escuché las instrucciones que nos daba un custodio: que caminar por esa línea, que las manos atrás, que la cabeza abajo y, en esas estábamos, cuando el comité de recepción rugió cual público alebrestado. Como 500 presos en bola gritonearon pendejadas a nuestro paso. Siguieron por televisión nuestro traslado y sólo esperaban nuestra llegada para llenar su morbo.

Ya estábamos en prisión.

VEINTE DÍAS ANTES ocurrió un sangriento motín en Barrientos. Los amotinados habían robado y destruido tiendas, el servicio médico, los cuartos de visita íntima y el mobiliario escolar.

A Antonio y a mí nos metieron en un cuarto de los utilizados por los internos para su visita conyugal, la número 12. Cuando regresamos del juzgado, ya se encontraban ahí dos cobijas, dos cepillos dentales, dos tubos de papel sanitario, dos tazas, dos platos, dos vasos, una jarra de vidrio y jabones de baño. También dejaron una muda de uniformes.

Después me enteré que aquello era un privilegio, que a ningún interno antes se le había dado todo esto. Y fue la única ocasión. Nunca más ropa, jabón, pasta dental, cepillo, ropa interior, calcetines, zapatos, cobija, toalla, papel sanitario. Ni un solo vaso, taza o plato. Nunca más desayuno, comida ni cena, agua o café. Ni soñar con almohada, chamarra o ropa interior. Nada es nada.

Quien provee de todos los insumos es la familia y, lo que primero se considera un apoyo por parte de familiares, se convierte en obligación. La ausencia de alimentos y artículos de primera necesidad convierte el interior de la cárcel en una ciudad entre bardas con reglas del exterior. Se establecen lavanderos, planchadores, tiendas de ropa, ventas de verdura, carne, leche. Hay banca usurera, papelerías, sastres, peluqueros, abogados y, por supuesto, comercio de drogas legales e ilegales, puestos de películas…

Durante dos años dormí, comí, viví en ese cuarto con Antonio Domínguez Zambrano. Y no sólo me cansó su reiterado reclamo sobre que Arturo Montiel fue contra él por su aspiración de gobernador y que yo era una simple ficha en el tablero, lo que me aburrió fueron sus lagrimeos y sus rezos. No había día que no llorara y que a través de una bruja adivina que consultaba por teléfono estableciera oraciones a modo. Y, a pesar de la petición de sus padres de no dejarlo ahí, solicité mi cambio a un dormitorio y celda. En pocas horas me mudaron a la celda seis del dormitorio dos.

Durante los primeros seis años en prisión mi actividad se centró en la biblioteca, los primeros tres con Domínguez Zambrano. Después me quedé solo apoyando al área escolar en diversas actividades. Ahora regreso a los primeros días de proceso.

En cuanto hubo posibilidad, urgí a mis familiares para que obtuvieran de los abogados copias de las actuaciones que componían la acusación. Me hicieron llegar partes del expediente, un código penal y el de procedimientos penales, cuaderno y lápices. Cuando leí de qué, quién y por qué me acusaban, me encontré con sentimientos que chocaban con la risa, la incredulidad y el miedo.

Los delitos que me achacaron acumulaban, en total, penas por 93 años de prisión.

Uno fue por extorsión a Carlos Rodríguez Delgado, director de Protección Civil del Ayuntamiento. Se trata de un tipo que robaba y extorsionaba a todo quien llegaba a su oficina. Lo descubrí en el momento de generar la compra de una ambulancia. Lejos de establecer y diseñar un concurso de licitación, convocó a un solo proveedor, que arriba de una pick up puso unas láminas, botiquines y mangueras y comprometió al Ayuntamiento a pagar un millón y medio de pesos. A petición de Domínguez Zambrano, un día lo cité a fin de exponerle el proyecto de la candidatura a gobernador de Antonio, por lo que le solicitaba aportación económica, pues ya sabíamos que nada le espantaba.

Sucedida la muerte de Marigely, y ante los focos ministeriales, nos acusó de extorsionadores. Dijo que había pagado 10 mil pesos y que tenía copias fotostáticas. Su testigo, de apellido Bolaños Cacho, dijo que vio cuando me entregó 5 mil pesos, pero luego rectificó y, en posterior declaración, sostuvo que fueron 10 mil pesos.

En otra acusación, Mario Correa Barrios nos acusó de fraude. Propietario de grúas de arrastre vehicular, se acercó durante la campaña política y aportó 30 mil o 40 mil pesos y un vehículo para el transporte de utilitarios. Luego exigió la concesión del corralón municipal y de las grúas, lo que no era posible, pues Domínguez Zambrano nunca tuvo control político y las grúas fueron a parar a un sobrino o cuñado de un regidor.

Por mi parte, y a fin de no tener problemas, un día le entregué a Correa una camioneta Ram. La aceptó; sin embargo, de todos modos presentó su querella, aprovechando la gran puerta que abrió la Procuraduría para imputar cualquier cosa. Esta imputación no servía, pues nadie puede alegar en su favor que fue engañado si lo que pretendía a cambio de dar dinero es ilegal y la falta de concurso o cumplir con los requerimientos legales para obtener una concesión de este tipo lo es.

Otra acusación que confeccionaron fue la supuesta extorsión a quien colocó las cámaras de seguridad en el Palacio Municipal. Esto fue un ejemplo de cómo tergiversar la realidad. Las cámaras se ubicaron en lugares estratégicos, como pasillos, cajas y atención al público, y se conectaron a un sistema que grababa. Se colocaron con el fin de inhibir asaltantes y grabar algunas formas de atención que evitaran el maltrato a usuarios y a la ciudadanía en general. La Procuraduría inventó que eran dirigidas a regidores, especialmente a la oficina de Marigely, lo que nunca pudo ser comprobado por falso. Al pobre proveedor le asestaron tal amenaza que nos acusó de haberle pedido 25 mil pesos por el contrato, denuncia que tampoco prosperó.

El otro cargo fue por asociación delictuosa, una figura jurídica que sólo ocurre y se justifica cuando se ha acreditado la comisión de otros delitos y que en esa situación sólo servía para el autohalago de Navarrete Prida.

Finalmente leí las constancias de la imputación de testigos sobre el homicidio de María de los Ángeles Tamez Pérez. Confieso que el primer contacto con aquellas diligencias me generó mucho temor. Nunca quise tener ninguna relación con el mundo policiaco ni ministerial, que siempre me parecieron aborrecibles. En mi ámbito político y administrativo se sabía de la mefítica inmundicia que inunda aquel ambiente y yo había sido arrojado a aquella porqueriza.

A pesar de esto, del estrecho cuarto y de la megalomanía maltratada de Antonio Domínguez Zambrano, no tuve alternativa y me dediqué por entero a leerlas hasta aprenderlas de memoria. Un tomo, el 11, lo conozco letra por letra. Puedo referir página por página y comienza con un informe policiaco fechado el 14 de marzo de 2002, cuando yo tenía 17 días arraigado, prácticamente incomunicado, sin control judicial. El Ministerio Público lo recibió a las once de la mañana y se agregó diez minutos después a los autos por la secretaria ministerial Edith Rivera Montes de Oca.

El documento lo conforman dos hojas y lo firman los agentes Crescencio Amador Hernández y David Cornejo Garduño, con firma de visto bueno por el comandante Antonio Ortuño Ochoa, y dice cosas como:

• Que unas personas que piden el anonimato “por temor a represalias” informan que del círculo de amistades de Daniel García sobresale un sujeto que sólo saben que se llama “Jaime” “N” “N” y que al parecer es quien se dedica o encarga de llevar a cabo acciones delictivas tales como amenazar, golpear o intimidar a las personas.

• Que esas personas les enteran que dicho individuo fue visto cerca de la casa de Daniel, muy cerca de la iglesia, y que uno de los amigos del mencionado Jaime es un “bombero”, quien trabaja en un taller mecánico. Que encuentran el taller cuyo dueño es un mecánico y que El Bombero sí trabajó con él, pero lo despidió y que puede regresar porque le debe 500 pesos. Y que El Bombero le platicó al mecánico saber quién mató a la Regidora, por lo que implementan la vigilancia discreta para localizar al Bombero y verificar su dicho.

Al momento de saber esto, y con la seguridad de que yo no tenía amigos con el nombre de Jaime ni mucho menos personas que se encargaran de llevar a cabo “acciones delictivas tales como amenazar, golpear o intimidar a las personas”, evalué todas las actuaciones para ubicar sus fallas.

Y las encontré.

Al mecánico le ponen en su declaración que, en efecto, a él le platica El Bombero quién, cómo y por qué ultiman a María de los Ángeles.

Cuando oficialmente declara El Bombero, también afirma que le platica al mecánico quién, cómo, cuándo y por qué atacan a Marigely. Por eso es que los buscan y declaran, porque en el informe policiaco del 14 de marzo el mecánico se los informó.

Quienes confeccionaron la acusación, hicieron un galimatías, un enredo de tiempos y personajes que sólo han demostrado la fabricación de mi culpabilidad. Es un asunto de dimes y diretes, de versiones hechas a partir de terceros y todo ocurrido, supuestamente, durante una borrachera en que participaron alcohólicos de un “escuadrón de la muerte”, un grupo de personas severamente enfermas de alcoholismo. No lo digo yo. Esta es una de las tretas con que actuó la Procuraduría y es una de sus “pruebas madre” para determinar los supuestos hechos. Las actuaciones que de esa parranda se desprenden están contenidas en las 60 mil fojas del expediente, fojas que, durante años de trabajo, mi hija ha escaneado y que ponemos a disposición de quien sea y cuando sea.

Los testigos fundamentales que acusan a Jaime Martínez como sicario y a mí como el ordenador supieron de los hechos después de que ya estaban incorporados en actuaciones de la causa penal como testigos dentro de la averiguación previa DTI/11/3672/01.

[EL EQUIPO del procurador Navarrete filtró abundante información sobre el llamado Caso Atizapán principalmente a dos medios de comunicación, Televisa y Reforma. Como reportero de este diario, yo recibí porciones del expediente de manos del subprocurador Rogelio Figueroa en sus oficinas de Tlalnepantla. Los papeles siempre reforzaron la versión oficial, que estableció el móvil en el supuesto conocimiento que tenía la regidora de actos de corrupción cometidos por Domínguez y su secretario García].

[De manera fugaz, la dependencia de Navarrete Prida, hoy secretario federal del Trabajo y ex aspirante a la gubernatura del Estado de México, construyó la versión de que la pistola utilizada en la ejecución fue ensamblada en la policía municipal por un uniformado con funciones de armero. Fui a buscarlo, pero ese hombre simplemente no existía].

[Semanas después encontré a Jaime Martínez Franco preso en la cárcel de Tula, Hidalgo, acusado de robo y utilizando un seudónimo que tomó luego de asesinar, años atrás, a un militar con su misma pistola. La versión es que, días atrás, el militar entró con algunos otros a la casa en que vivían unas muchachas muy queridas en el barrio. Martínez Franco, Jaime Loco, huyó cobijado con el nombre de un suyo cuñado, Elías Gutiérrez, un policía judicial del Distrito Federal muerto durante los sismos del 19 de septiembre de 1985, cuya tumba hallé en un cementerio cercano al metro Panteones].

[Esto me escribió, de su puño y letra, Jaime Martínez Franco, el reo con el que las mismas autoridades penitenciarias me llevaron a platicar: “Mi verdadero nombre es Jaime Martínez Franco… Elías Gutiérrez Figueroa es un sobrenombre que me puse porque me involucraron en otro problema. Yo no maté a la regidora, no pude hacerlo porque estuve en la cárcel de Pachuca entre octubre de 1999 y el 7 de septiembre del 2001”, aseguró en entrevista aparecida el 24 de abril de 2003 en el diario Reforma y cuyo cúmulo de datos la fiscalía ha desestimado].

[También obtuve los testimonios de los familiares del verdadero Guitérrez Figueroa. Mostré al padre y al hermano la fotografía que publicó el periódico del reo preparando pan en el interior de la prisión hidalguense. No dudaron: “Es Jaime. No es Elías. Mi hermano murió, yo mismo lo enterré, yo lo encontré ya descompuesto, ya descarnado, ya los gusanos tragándoselo. Lo encontramos casi al mes en el edificio de la Procuraduría del Distrito Federal que se cayó en el terremoto del 19 de septiembre de 1985”, afirmó Luis, el hermano].

[“Mi hijo murió de 26 años, estaba ‘pollo’ el muchacho, medía como 1.65 metros, no era cualquier cabrón. Tenía su bigotito chico, todavía no le crecía bien. Nunca le vi tatuajes. Era laboratorista químico. Nada que ver con ese muchacho que ahí trae usted, Jaime. Aquí vivieron en mi casa. Luego su esposa se casó con otro policía y se fueron de aquí”, refirió don Antonio, a quien al día siguiente de la publicación detuvieron, amenazaron y zarandearon durante un día entero en el interior de la Subprocuraduría de Tlalnepantla, cuando sus oficinas estaban cerca del centro de esta localidad, con la advertencia de que no volviera a hablar, y ya no lo hizo más].

EN LA MISMA INDAGATORIA, compuesta por 160 testigos, hubo regidores y directores que mencionaron pendejadas, entiendo que con el propósito de no verse relacionados. Los fiscales les obligaron a mencionar rumores que habían oído y los dieron por ciertos: que si yo daba permisos de construcción de hoteles y condominios, así como funcionamiento de bodegas, a cambio de cantidades millonarias, que si Marigely me odiaba y me investigaba por ratero, que si tenía un centro de espionaje.

Cuando, frente al juez, Marcos Castillejos Escobar, el abogado y defensor de Domínguez, le preguntó al respecto, todos dijeron que eran rumores que se escuchaban en los pasillos del Palacio Municipal.

Además de las retractaciones tardías, no existe una sola prueba documental que acredite mi intervención en trámite alguno. En archivos, oficina, casa y computadora de Marigely no apareció mi nombre ni para bien ni para mal y el centro de espionaje resultó la más abyecta y perniciosa mentira del “Caso Atizapán”.

El 25 de septiembre de 2002, a cinco meses de mi prisión, se presentó un testigo relacionado por El Bombero como quien, entre otros, había escuchado al Jimmy platicar sobre su responsabilidad en el homicidio de Marigely.

[Este apodo, El Jimmy, únicamente existe en las actuaciones y en los comunicados de prensa de la Procuraduría mexiquense; en el barrio del que es originario, la colonia México Nuevo, nunca nadie llamó de esta manera a Jaime Martínez Franco, a quien se refieren como Jaime Loco].

Se llamó Raúl Loyola Malagón y fue caracterizado por El Bombero como un borrachito, miembro del “escuadrón de la muerte”, que frente al juez dijo no ser borracho, no pertenecer a ningún grupo de indigentes alcohólicos y trabajar como conductor de maquinaria pesada. Admitió reconocer la firma de la declaración ministerial que presentó al Ministerio Público, pero no aceptó su contenido, afirmando que la estampó en razón de haber sido torturado por quienes lo secuestraron afuera de su casa y que dijeron ser policías judiciales.

La diligencia fue dilatada por el juez; intercaló otros testimonios, pero Raúl Loyola Malagón repitió el asunto de la tortura. Mi hermana Laura, que se encontraba en el juzgado, avisó que el lugar se encontraba rodeado de patrullas y elementos de la Policía Judicial y que ahí mismo había varios de esos policías.

Al final de la audiencia, Raúl Loyola fue nuevamente secuestrado frente al juez por la Policía Judicial y, al otro día, el procurador Navarrete dijo ante los medios de comunicación que “todo es ardid de la defensa” y que el testigo se retractó por haber sido amenazado por órdenes mías e inició la averiguación previa TLA/11/6997/02 por falsedad de declaración y que fue, como la iniciada contra mis primos hermanos por los delitos de ataques a las vías de comunicación, ATI/1/849/2002, fueron llamaradas de petate.

En 2013, exigimos que nos enteraran del estatus de estas indagatorias y que en su época generaron mayor peso en contra nuestra y hoy, por tratarse por posibles delitos ocurridos durante el proceso, resulta de urgente necesidad saber su resultado. Una no la encontraron. Otra fue declarada en “reserva” 12 años después.

El asunto de Raúl Loyola nos mostró la fuerza extraordinaria con la que nos enfrentamos: la fuerza del Estado.

Fue un duro golpe al fiscal muy mal aprovechado por nosotros. El punto de apoyo que sostenía la versión del Bombero respecto a la reunión con el “escuadrón de la muerte” había rodado por los suelos. Nosotros, adormilados, no supimos qué hacer. Los abogados tampoco. El mío por ignorante, mientras que Castillejos Escobar, con mayores elementos de estrategia, mantenía la calma con inteligencia.

TREINTA DÍAS DESPUÉS detuvieron a otro “participante” en la fiesta de borrachitos y perfeccionaron la versión oficial con su declaración ministerial.

Veintiún mil 869 fojas después de iniciada la causa penal, y sólo con la referencia de que asistió a una fiesta, Reyes Alpízar Ortiz nació de la nada. Su propósito en la historia: funcionar como quien acompañó al Jimmy a cometer el homicidio, a cobrar el pago y atestiguar mi intervención.

Magno coletazo de la bestia que creímos muerta.

[¿CÓMO se obtuvo la autoincriminación de Reyes? Él mismo describe el momento:]

[“Las personas que nos recibieron traían unas maquinitas como de rasurar, pero traían dos picos en la parte de arriba y, al momento de que me preguntaban y, si no contestaba acorde a lo que ellos me pedían, entonces esa maldita chicharra me la ponían en donde cayera de mi cuerpo y ¡rrrrrrrrrchhh! me daban descargas eléctricas en manos, brazos, piernas, espalda y cabeza y, cuando ya se les acababa la batería, me pegaban en la cabeza con estos aparatos, como del tamaño de una máquina de cortar pelo, y otras tipo linterna con dos puntas arriba. Después supe su nombre: ‘picana’, las mismas con que arrean a las reses en los rastros].

[”Fueron varios bolsazos [introducción forzada de la cabeza en una bolsa de plástico cerrada], perdí la cuenta en la número cinco o seis, no recuerdo bien. Un policía se aferró tanto que me jaló los cabellos por atrás clavándome los codos en la espalda alta haciendo palanca hacia arriba y yo gritando ¡aaag! ¡aaaag!, y otro me metió toallas femeninas en la boca y me volvieron agarrar entre varios de manos y pies, azotándome o estrechando mi cuerpo contra el piso, pisándome boca abajo, otra vez jalando mis brazos estrellándolos hasta delante de mi cabeza casi hasta tocar el suelo, pero por atrás de mí mientras me golpeaban mis costillas o me sacaban el aire y con los puños cerrados me golpeaban con mis piernas inmovilizándome por completo. Me desprendieron una oreja, me tuvieron que hospitalizar. Pero no confesé lo que no hice. Me rendí cuando me pusieron una pañalera en un escritorio y un judicial me preguntó: ‘¿La reconoces?’. Y sí la reconocí: era de mi hija chiquita”].

CONTRARIO a lo que enfrentan los delincuentes, la acusación y la presencia del fiscal, nosotros teníamos en contra al gobernador que llevó el asunto al contenido de su Informe de Gobierno Regional en el Toreo de Cuatro Caminos, al procurador con la emisión diaria de boletines de prensa y declaraciones diarias en ruedas de prensa, a los medios de comunicación, a tres agentes del Ministerio Púbico adscritos al caso, al miedo inyectado a todos los testigos y familiares nuestros y a los jueces, que no admitían ni acordaban nada a nuestro favor. Ya para septiembre existían seis denuncias de tortura y de las que el juez había hecho caso omiso.

SUPIMOS de Reyes Alpízar Ortiz la noche del 25 de octubre de 2002. Antonio y yo cenamos y estábamos dispuestos a dormir. Veíamos el noticiero nocturno, encerrados en el cuarto de visita conyugal que servía de celda, cuando apareció la noticia “detienen a homicida material del caso María de los Ángeles Tamez, regidora de Atizapán”.

Sorprendidos, vimos a un muy espigado personaje vestido con un chaleco con bolsitas, custodiado por policías encapuchados y armados y luego, otra toma, cuando le hicieron decir que él y otro sujeto cometieron el homicidio de Marigely por órdenes del presidente municipal. Al unísono nos preguntamos uno al otro si lo conocía, yo veía a Antonio con desconfianza y él a mí también.

He visto a quien le han generado la muerte semanas después de torturarlo por los serios golpes en riñones o a quien le han generado trastornos psicológicos o físicos permanentes, como la pérdida de una pierna al gangrenarse o la pérdida de un ojo o la inflamación de testículos o dejarlos inhabilitados en sentidos físicos y mentales.

Al respecto considero que la tortura más cruel, la más despiadada, y nefasta y perniciosa es la psicológica.

Nada duele más que saberse inerme o que su familia está a merced de otros. Reyes Alpízar aceptó firmar los documentos que le pusieron encima cuando le mostraron la pañalera de su menor hija y un reloj que siempre tenía en su muñeca su esposa, y no cuando le destrozaron el cuerpo.

[En 2016, Reyes Alpízar dio positivo a tres dictámenes conforme al Protocolo de Estambul, una técnica desarrollada por médicos, psicólogos y criminólogos para la demostración o descarte de tortura. Los estudios fueron practicados por la Liga Mexicana de Defensa de Derechos Humanos, que es un organismo parte de la Organización Mundial contra la Tortura; el TSJEM, que fungió como tercero en discordia en cierta parte del proceso, y por la misma PGJEM, es decir, esta instancia reconoce en los hechos que su acusación se sustenta, al menos en parte, con pruebas obtenidas ilícitamente].

Hubo un momento de la golpiza en que estuvo a punto de morir. [Reyes también me entregó un cuaderno con su historia, en la cual detalla la tortura, que incluyó fracturas y el desprendimiento parcial de una oreja]. Cuando perdió el conocimiento, llamaron a la Cruz Roja de Tlalnepantla. Al llegar, los paramédicos determinaron que era urgente su traslado a un hospital especializado y lo llevaron al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes, donde le salvaron la vida.

Un mes después, Reyes llegó ante nosotros y el juez, con una inusitada custodia de guardias, nos impidió acercarnos. Al otro día lo alejaron internándolo en el Centro Preventivo de Readaptación Social Neza Bordo, hecho inusual, pues es costumbre que un acusado sea internado cerca del domicilio que tuvo en libertad y en un centro contiguo al del juzgado que conoce su causa.

VARIAS VECES intervino la autoridad penitenciaria en nuestra contra. En una ocasión, tardamos más de medio año en poder entablar comunicación con él y saber de Jaime Martínez Franco. Otra fue durante la intervención del director del penal, Sergio Magallón Carmona, dentro del amparo indirecto contra el auto de formal prisión dictado en contra mía y en el juicio de amparo contra lo mismo de Antonio Domínguez. ¡El director de Barrientos impugnó la sentencia que me amparaba argumentando que mi firma no era mi firma dado que tenía diferencias con la que él tenía en el expediente carcelario! Entonces el juez octavo, Dionisio Guzmán, ordenó la práctica de peritos que resolvieron que mi firma no era mi firma.

Más con el asunto de mi firma, que sí es mi firma: En un amparo que gané, en el cual la entonces juez octava, Silvia Estrever Escamilla, dictaminó que yo no había presentado el escrito, que mi firma no era mi firma y que no estaba amparado. Esto cinco años después del acto reclamado y, en mayo de 2007, me regresaron a donde había comenzado.

Todavía el juez de distrito Dionisio Guzmán, quien suplió a Silvia Estrever, se atrevió a notificarme que se desechaba el amparo, diciendo que mi firma no era mi firma. El amparo 326/2003 se encuentra en el expediente de la causa penal.

No sé qué recompensa dieron a Sergio Magallón Carmona. Como he dicho, hay jueces convertidos en subprocuradores y magistrados y policías en comandantes, como los firmantes en informes inventados, o como Ciro Mendoza Becerril, que se convirtió en el millonario director de la Policía Bancaria e Industrial.

Ciro Mendoza fue, además, director de la policía municipal de Atizapán durante tres años con Gonzalo Alarcón [presidente municipal panista de 2006 a 2009, quien ha evadido una detención pendiente por desvío de recursos]. Alma, la esposa de Ciro, fue jefa del Departamento de Personal en el mismo trienio. Gonzalo Alarcón Bárcenas era novio de Marigely en las fechas en que la asesinaron. Extraña combinación de quienes fabricaron mi culpa en el homicidio. Gonzalo Alarcón y Ciro Mendoza terminaron haciéndose compadres.

[Gonzalo Alarcón tiene ahora una relación personal con Claudia Gutiérrez Luaces, regidora en los mismos tiempos en que Marigely lo fue. En una conversación reciente, le pedí a Claudia transmitir el mensaje a Domínguez Zambrano de mi intención de entrevistarlo para este capítulo. Días después, Claudia, nuevamente funcionaria en la administración municipal, respondió que el médico ya no quería saber nada del asunto. Le comenté que, casi 15 años atrás, la Procuraduría me entregó la declaración patrimonial de Domínguez, que incluía la propiedad de cientos de centenarios. “Es que, antes de iniciar un cargo, declaras tener más de lo que tienes y así, cuando finalmente lo tienes, no hay problema”, explicó Gutiérrez en referencia al problema de enriquecerse ilícitamente. La charla ocurrió en el interior de la oficina de Mauro Granja, secretario del Ayuntamiento de Atizapán y quien presumió contacto directo con la familia de Jaime Martínez Franco, que tampoco quiso saber ya nada del tema. ¿Por qué querría involucrarse cuando la Procuraduría de Justicia a cargo de Navarrete Prida simplemente lo dejó marcharse libre cuando salió de la cárcel de Hidalgo en que estuvo preso cuando ocurrió el asesinato? En 2016, encontré al hermano con quien Jaime compartió encierro en una calle de Tultepec, al norte del valle de México].

Gonzalo, quien dice constarle que Marigely me investigaba, y Ciro, que me despertaba en la madrugada junto con [el subprocurador en Tlalnepantla] Rogelio Figueroa para amenazarme con ir contra mi padre y hermanos y contra quien más me doliera, hicieron contratos millonarios en el Ayuntamiento mediante asesoría jurídica del despacho de Alma.

Tomás Gallard Ramos, Edith Rivera Montes de Oca y René Olmos Vargas son ministerios públicos firmantes de toda la mentira. El primero está desaparecido, la segunda aún funge como agente y al tercero lo conocí siendo niños. Fue mi segundo en la agrupación juvenil priista que dirigí.

Años después lo vi por locutorios. “Es trabajo”, dijo. No atiné a responderle nada. No fue proditorio, la prodición requiere elementos de alto valor para significar la traición. Sólo me dio lástima. Otros que veo continuamente son los peritos médicos y el de dactiloscopia, que sólo reflejan pena ajena.

VALE LA PENA hacer un alto en el camino para enlistar los ocho jueces que han cambiado en la causa penal 88/2002, hoy causa penal 236/2012.6.

De todos puedo imputar algo, pero sólo hablaré de lo más relevante. Todos son jueces de consigna. El sistema judicial del Estado de México es una cofradía, una hermandad nacida en la Facultad de Derecho de la UAEM y engendrada por Leopoldo Velazco en los años 70.

Alejandro Jardón Nava y Raúl Alberto Castrejón Núñez

El primer juez nos dictó auto de formal prisión. Ambos negaron con artilugios legaloides traer a Jaime Martínez Franco, alias Elías Gutiérrez Figueroa. Dejaron, bajo licencia, su lugar como jueces y Alfonso Navarrete los nombró subprocuradores, a uno en Cuautitlán y al otro en Texcoco. Hoy son magistrados de distrito.

Verónica Contreras Marín

Continuó negando la identidad de Jaime Martínez Franco. Tiene en su haber la sentencia a tres años y tres meses por la comisión de los delitos de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte y el pago de multa de 9 mil 91 pesos al profesor Agustín Humberto Estrada Negrete, profesor en Psicología Educativa despedido de los centros de atención múltiple 33 y 34 de Chiconautla, municipio de Ecatepec, por manifestar sus preferencias homosexuales y reclamar la discriminación frente al Palacio de Gobierno. Fue encarcelado, torturado y violado multitudinariamente en Almoloya de Juárez, penal en donde Verónica Contreras le dictó la mencionada sentencia. El asunto mereció el dictado de medidas cautelares por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos bajo el expediente MC-222-09.

Estela Fuentes Jiménez

Siendo juez séptimo penal en Tlalnepantla, llevó el proceso de las causas penales 249/03 y 300/03 por el secuestro de la misma persona, pero sentenciando a sujetos pertenecientes a bandas diferentes de secuestradores.

Rodolfo Antonio Becerro Mendoza

Sufrió el robo de su residencia ubicada en Circuito Médico número 85 de Ciudad Satélite, en Naucalpan de Juárez. De su recámara se llevaron:

Dos gargantillas de tres oros de cinco hilos de 35 centímetros y 18 quilates de oro tejido Cartier; 20 anillos de oro de 18 quilates con diferentes piedras y peso de tres y cuatro gramos de oro; 20 juegos de aretes de distintas características; seis cadenas de oro de 15 centímetros y 15 gramos de 14 quilates; ocho pulseras de plata; 15 juegos de aretes de plata; 20 anillos de plata; diez pulseras de plata; tres relojes que no recordó las características; un reloj de pulso de hombre marca Rolex modelo Day and Day con carátula azul de oro y acero; dos relojes Mido, dorados; un reloj Bulova; reloj Omega; un reloj Cartier modelo Santos de extensible café; un reloj Breitling; un reloj Pelletier; un reloj Edox; un reloj Ferrel; un reloj Porsche Carrera; un reloj Festina; un reloj Longines, modelo Rodolfo caja de oro; un reloj Raymond Weil; un reloj Mont Blanc; diez juegos de mancuernillas de las marcas Rolex, Mont Blanc, Bulgari y Scappino; tres esclavas de hombre de 15 centímetros de 75 gramos de oro de 14 quilates; cuatro cadenas de 35 centímetros de 50 gramos cada una tipo torzal de 14 quilates y 27 mil pesos.

Los detalles del hurto se encuentran en la causa penal 10/2011, ahora 112/2015 del Juzgado Penal de 19 instancia, y las actuaciones llegaron a mis manos por quienes son acusados del robo y en la misma causa penal del robo a casa habitación de Luis Jardón Lara, que como coincidencia es hijo del otro magistrado y primer juez conmigo y ex subprocurador en Cuautitlán, Alejandro Jardón Nava.

Si eso estaba tan sólo en su recámara, ¿qué fortuna tiene un juez penal en el Estado de México?

La cárcel

El ámbito de trato penitenciario, por lo que sé y me consta, es el gran negocio. Las desviaciones de recursos son tales que sólo se entienden con la autorización en el escritorio del gobernador en compañía de los secretarios de Gobierno, de Finanzas y de Administración.

No hay mejor lugar para leer y aprender que la prisión. Los dos años en que viví en la biblioteca observé diariamente el paso de “ambulancias”, como se dice a los individuos cargando una cobija en que transportan al herido, muchas veces con una punta. Un día, por decisión de la autoridad, todos los libros de la biblioteca, unos 15 mil ejemplares, se fueron a la basura. Algunos internos se acercaron a preguntarme sobre sus asuntos y, al paso del tiempo y con mayor conocimiento, me dediqué a consultar y a estudiar cada caso y sus particularidades. Años después, a escribir recursos, peticiones, revocaciones de otros, desde la solicitud de copias hasta informar alguna resolución. A partir de 2009, decidí no tener abogado particular y comencé a defenderme solo. Recientemente, mi hija me acompaña en mi defensa. Los abogados de oficio no mueven un dedo y no falta quien, desesperado, me llame para orientarse.

Cuando llegué, eran contados los televisores. Los compañeros se entretenían jugando un juego de mesa de la cárcel, la poliana. Antes, no había semana que no supiera de uno o dos muertos. Era común ver en la entrada de servicio médico gotas de sangre. Todo cambió con la liberación del penal de Almoloya de Raúl Salinas de Gortari. El custodio que se encargó de él por años recibió como premio la comandancia de seguridad en Barrientos, centro que calmó con televisiones. Santo remedio; sin quererlo el comandante descubrió lo que ningún sociólogo, psicólogo o criminólogo había descubierto: la calma en desadaptados.

Nadie creería que el último gran éxito telenovelero de Hasta que el dinero nos separe le ganaba al custodio para meter a los prisioneros a su celda. Ni que al cruzar los pasillos con celdas de multihomicidas nadie se pierda una palabra de los diálogos de Pedrito Fernández e Itatí Cantoral.

La televisión se prende a las seis o siete de la mañana y se apaga a la medianoche. Matones, violadores, secuestradores y locos o locos todos son borreguitos y fieles espectadores frente a los programas de chismes, concursos o pleitos.

El vicio, las tropelías, delitos y locuras impiden tener relación con alguien aquí. La cárcel es mal lugar para hacer amigos y peor para hacer enemigos. Durante 15 años he visto a miles y tenido contacto con cientos y no me he relacionado con nadie, nunca he relacionado a mi familia con gente alguna.

Por aquí han pasado ex regidores de Atizapán y Tlalnepantla, el director de Desarrollo Urbano de Naucalpan, un ex diputado, varios comandantes de la policía…

[HABLA Aribel, la hija y abogada de Daniel García]:

Desde los 12 años de edad dejé de ver a mi papá. En 2012, con el pretexto de que indultarían a mi padre supuestamente desde la Secretaría de Gobernación, me cité con unas personas que me buscaron para llevar a cabo el trámite.

Como era un asunto tan delicado, decidí comunicárselo en persona. Vestí, según yo, para parecer abogada: un pantalón negro que me prestó mi mamá y una blusa que yo consideraba la más bonita de todas, de seda color uva con encaje beige, y unos zapatos cerrados, altos y negros.

Nerviosa, tropecé como dos veces. Me amarré un poco el cabello y así, arreglada, acompañada por mi mamá, que nunca lo dejó, fuimos a Barrientos.

Llegamos por la tarde y nos pasaron por la entrada en donde los familiares acceden al momento de visitar a los internos, pero a mí me llevaron a los locutorios. El custodio que nos acompañó estaba muy sorprendido de que Daniel García tuviera hijos.

Se abrió una puerta con un gran candado y nos pasó por un pasillo a un cuarto oscuro, húmedo y de color gris, con unas rejillas de apenas un centímetro de ancho. Yo sentía el estómago revuelto y no sabía si era por la emoción de ver a mi papá tras casi ocho años o verlo libre, porque sabíamos que pronto estaría libre.

Entonces lo vi parado ahí, vestido con camisa y pantalón azul, rasurado, pulcro. Tenía menos cabello y más arrugas, pero con la postura perfecta y me llenó de sus ojos dulces.

Pasamos los dedos o lo que cupo de nuestros dedos a través de la rejilla de prácticas y, por el espacio de un centímetro, nos tocamos, apenas, pero por primera vez en ocho años. Mi mamá, atrás de mí, acariciaba mi espalda.

Lloramos en silencio. Sentía que intentaba reconocerme, distinguir a la niña de la mujer que se esforzaba por ser su abogada. No paraba de decirme lo bonita que le parecía. Expliqué la propuesta del indulto.

Había que dar algún dinero para que se concretara el asunto. Hicimos el esfuerzo, lo reunimos y lo entregué.

Esperé a mi padre un día. Una semana. Un mes. Fue un fraude, otro fraude.

Pero yo lo sigo esperando.

LO ÚNICO que extraño con ansia verdadera es a mis animales. Cómo quisiera bañar un caballo, tengo de verdad ganas de ver a un perro. También extraño correr y montar y comer tantas cosas.

Quiero ver gente bailando y ansío ver a la gente aplaudiendo a un mariachi. Tomar en un vaso de vidrio con hielos, un traje, mi corbata, un sombrero y mis botas. Ya no quiero lista, la he respondido 27 mil 500 veces los últimos 5 mil 500 días y ya no quiero tener miedo.

El gasto que ha hecho mi familia para mantenerme es extraordinario. Cada fin de semana compran tarjetas telefónicas de 100 pesos cada una, manzanas, plátanos, leche en polvo y omeprazol para mantener mis úlceras en calma. La comida de la semana cuya conservación en el refrigerador de la tienda cuesta 100 pesos y, por supuesto, 500 pesos en efectivo para todo tipo de gastos. Aquí, beber agua de la llave es mortal. Aparte, la constante habilitación de la ropa de cama, ropa interior y de vestir que, por el alto nivel de cloro del agua, se rasga muy pronto.

Lo que en definitiva resultó ser el mayor gasto fueron los abogados, que se llevaron cuanto pudieron, principalmente propiedades, y, literalmente, nada hicieron. Mi padre ya vendió la propiedad ganadera para pagarles, además de autos que les entregó. Me despojaron de una casa a partir de unos papeles en blanco que me pidieron firmar para llevar mi defensa, pero que usaron para despojarme de ella.

En ese momento me enteré que dejaba a mis hijos sin patrimonio, era una casa de la que aún faltaba por pagar 300 mil pesos; la pagué en abonos durante años y aún no la habitaba, por lo que no sabía en qué condiciones había quedado. Un día, mi esposa e hijos fueron desalojados y fueron a parar a la calle con todas sus cosas.

CUANDO LLEGUÉ a la prisión tenían 37 años. Vivía la etapa de mi vida de mayor producción. En el año en que fui detenido ya había formado junto con mi familia un patrimonio y un negocio próspero, nacido de la herencia de mi abuelo y lo alcanzado por mi padre.

La tristeza me embarga por los que entregaron tanto por verme libre. Mi padre, socio, amigo, compadre y benefactor se avocó como nadie para tramitar el asunto de la tortura y entregó los últimos años de su vida a esta causa. Sábado a sábado, era el primero en entrar a la visita de la prisión. No puedo ni quiero recordar la fecha de su muerte. No sé si fue hace dos o diez años. Hay quien dice que se murió de tristeza.

Pasó lo mismo con mi madre.

Mi esposa logró impulsar con éxito las carreras profesionales de mis hijos: Daniel Omar como médico; Nayeli como contadora pública de una importante aerolínea internacional, y Aribel es hoy mi orgullosa defensora.

De la tristeza por la pérdida de mis padres, cuyas tumbas no conozco, y del orgullo que siento por mis hijos, a cuyas graduaciones no asistí, son temas de los que nunca he hablado con nadie. No tengo con quién.

Soy un autodidacta y, formalmente, no aprendí mas que lo básico en la primaria y la secundaria, pero no he requerido leer a Emmanuel Kant para comprender el comportamiento ético de los custodios.

No necesité contar con cédula profesional de licenciado en Derecho para darme cuenta de las bastardas intenciones de Navarrete y de Montiel, ni me fue necesario para no dejarme pudrir en una celda. Eso hubieran querido.

Hoy llegó la hora, porque tal vez mi ignorancia en el tema de justicia permitió que me flagelaran, pero hoy, después de 15 años, soy doctor en fraude procesal. A la sarta de ladrones de vidas no pido ningún beneficio más. Ni siquiera ruego el de la duda. Con mis cercanos, he reflexionado en seguir viviendo esta condición como una prueba que no sólo nos quitó parte de nuestras vidas, sino también lastimó nuestro nombre, el que por obligación debemos limpiar a fin de entregarlo intacto a la siguiente generación, tal y como nos fue entregado por nuestros padres.

Para tal efecto, mantengo la ira intacta.

Acerca del autor

HUMBERTO PADGETT LEÓN. (Toluca, Estado de México, 1975) estudió Periodismo en la FES Acatlán de la UNAM. Sus investigaciones se centran en el crimen organizado, la corrupción y los derechos humanos. Ha obtenido cinco veces el galardón del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo (México); ha ganado los premios Internacional de Periodismo Rey de España (Agencia EFE); Ortega y Gasset (El País); Kurt Schork (Agencia Thomson Reuters); de la Federación Internacional de Periodistas; Iberoamericano de Periodismo Joven; Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez (FIL Guadalajara), y ha obtenido en tres ocasiones el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter, entre otros. Es autor de ocho libros y participante en otros tantos; el último: Los Suspirantes 2018 (Planeta, 2017).

© 2017, Humberto Padgett León

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Primera edición impresa en México: agosto de 2017

ISBN: 978-607-07-4312-2

Primera edición en formato epub: agosto de 2017

ISBN: 978-607-07-4313-9

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