QUICO TOMÁS-VALIENTE

PACO PARDO

La justicia y sus puñetas

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A la memoria de mi padre, Francisco Tomás y Valiente.

A mi madre y hermanos

QUICO

A mis padres y hermano,

a mi mujer y a mis hijos Iago e Iria

PACO

Prólogo

Cuando nuestras ilustres señorías se enfundan el traje de faena, de su negra figura a causa de la toga sólo destacan sus blancos puños, conocidos como «puñetas», y el escudo constitucional que lucen en su pecho. Este escudo, claro está, es bastante más reciente que las puñetas, que tienen su origen muchos siglos atrás. Los puños bordados con filigranas y encajes que llevan nuestros jueces y magistrados en sus mangas, y que antiguamente se elaboraban en cárceles y monasterios, encierran una labor concienzuda y delicada que requiere no poco tiempo para su confección, así como la concentración y habilidad necesarias para crearlos con aguja e hilo. Todos estos requisitos simbolizan el trabajo del juez al dictar sentencia. De sus puñetas salen las sentencias y las rúbricas con las que definitivamente las firman.

Pero como exponemos a lo largo del primer capítulo, y, por extensión, en todo el libro, algunas de las muchas resoluciones judiciales que dictan sus señorías se desvían de los rectos caminos de la justicia y se las considera realmente injustas. Son las sentencias y resoluciones que han pasado al acervo popular como disparates judiciales. En su origen, la expresión «irse a hacer puñetas» en modo alguno aludía a la función del juez, sino más bien al deseo de que una persona se alejara durante un tiempo (el necesario para confeccionar las puñetas) y que así nos dejara en paz.

Aunque no sabemos cuánto tienen que ver con la labor judicial las numerosas acepciones que disfruta en la actualidad la palabra «puñetas», lo cierto es que muchas de ellas encajarían perfectamente con algunas de las sentencias que dictan y que damos acomodo en este libro (lo que nos valdrá, para algunos, el calificativo de «puñeteros»).

Si además del encaje de los puños de sus señorías, como vemos, por puñetas también se entiende dificultad o molestia, tampoco es extraño que con la misma palabra subrayemos nuestro asombro y enfado. Otra cosa distinta es el significado masturbatorio que también tiene el término («hacerse la puñeta»), y tampoco sabemos en qué estaría pensando una reciente ex ministra de Justicia de Francia, quien, al querer referirse a la inflación, que, como saben, es la notable elevación de los precios, se le escapó otra palabra con la misma terminación, pero sin relación alguna con la economía, al menos que sepamos nosotros, como es «felación» (lo cual nos recuerda también aquella intervención del presidente Rodríguez Zapatero cuando, en una cumbre con los rusos, quiso expresarles con tal firmeza su respaldo que habló de «follar» en lugar de «apoyar»).

Dicho esto, apoyémonos en las mangas de los jueces para mandar a hacer puñetas muchas de las sentencias que comentaremos a continuación, y que en muchos casos han contribuido al fracaso de la respuesta judicial al ciudadano, algo que también se resume con la expresión de cuando algo se va a hacer puñetas. Sabia palabra esta de «puñeta».

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Las puñetas de la justicia

El sexo judicial sigue siendo, aunque en mucha menor medida que en los primeros años de la democracia, la fuente principal del disparate judicial. Cuando se aprobó la Constitución de 1978 arrastrábamos una justicia machista, no tanto porque casi todos los jueces eran hombres, sino por la moral nacionalcatólica (como sigue recordándonos Juan Goytisolo) y la ética franquista de prevalencia del hombre que se habían instalado en la sociedad española después de tantos años de dictadura, y que incluso estaban apoyadas en un Código Penal que llegó a justificar, hasta 1963, la muerte de la esposa infiel a manos de su esposo, quien, por su crimen, simplemente era desterrado de la localidad donde vivía.

Todo eso es agua pasada, creemos y aseguramos, aunque seguimos sorteando grandes charcos por el camino diario. Muchos de ellos los encontramos en el sexo de sus señorías, otros en el seno familiar, y, sobre todo, en algunos casos de maltrato y violencia hacia las mujeres. Tampoco podemos olvidarnos de las resoluciones que afectan a unos pocos poderosos agraciados por los jueces y a otros humildes ciudadanos desgraciados por la justicia. Y entre unas y otras, aquellas sentencias en las que los jueces fallan doblemente al poner por escrito pensamientos u opiniones que nunca habrían tenido que cruzar la frontera de sus mentes jurídicas.

EL SEXO DE SUS SEÑORÍAS

EL AGUA MILAGROSA. SEGUNDA PARTE

La Audiencia Provincial de Pontevedra nos proporcionó, en las décadas de 1980 y 1990, una cosecha de sentencias polémicas sobre delitos contra la libertad y la integridad sexual que utilizamos en nuestra primera antología del disparate sexual. Todas estaban cortadas por el mismo patrón: sorprendía lo bien parados que salían algunos acusados de violación y, sobre todo, las expresiones empleadas por sus ilustrísimas señorías para redondear el círculo, por si acaso hubiera parecido que no quedaba lo suficientemente clara, o redonda, la circunferencia.

Así ocurrió, por ejemplo, en 1989, en la absolución de dos vecinos de Redondela acusados de violar a una mujer llamada María Dorinda después de tomar unas copas con ella en una discoteca de Vigo. Los jueces prestaron atención al hecho de que la víctima, «siendo una mujer casada, aunque separada, y por tanto con experiencia sexual, mantuviese una vida licenciosa y desordenada», como revelaba el hecho de «que careciese de domicilio fijo y se encontrase sola en una discoteca a altas horas de la madrugada». Y, para despacharse más a gusto, certificaron que María Dorinda, «al prestarse a viajar en coche con dos desconocidos, se situaba en disposición de ser usada sexualmente en horas de la noche y en lugar solitario».

También a la Audiencia de Pontevedra le debemos la polémica sentencia que condenó a una pena muy inferior a la solicitada a un violador al desestimar varias agravantes, pues consideró que la violencia que sufrió la víctima no fue «degradante», a pesar de que la amenazasen con un cuchillo y sufriera humillaciones. También tuvo en consideración que el acusado le diera un vaso de agua a la joven cuando, al eyacular en su boca, le dieron arcadas. De ahí que este caso lo titulásemos en su día «El agua milagrosa», aunque ahora nos vemos obligados a completarlo porque el Tribunal Supremo entendió lo que todo el mundo había denunciado y corrigió la condena.

Contemos el caso desde el principio, como ya hicimos entonces, para que los lectores juzguen por sí mismos lo sorprendente de un caso judicial que suscitó la condena de muchos, entre ellos el entonces presidente de la Xunta Manuel Fraga, ya fallecido.

Todo comenzó la mañana del 8 de abril de 1999. Carmiña (nombre supuesto de la víctima) estaba en su casa de San Vicente de Cerponzones, parroquia del municipio de Pontevedra. Allí vivía con su madre, que trabajaba de camarera en un bar propiedad de Francisco Javier G. V., un empresario pontevedrés de hostelería, casado y con dos hijos. Pese a su estado civil, Francisco Javier mantenía una relación sentimental con la madre de Carmiña.

La muchacha, que entonces tenía diecinueve años, estaba esa mañana en casa cuando entró Francisco Javier, quien, como hacía habitualmente, utilizó su propia llave. Sabía que la joven se encontraba sola en la vivienda y que así iba a ser durante algunas horas más porque su madre estaba trabajando en el bar de su propiedad. La madre de Carmiña le había prohibido entrar en la casa cuando ella no estuviera, ya que el hombre había acosado a su hija en varias ocasiones anteriormente (una vez le levantó la camiseta y en otras merodeó por su habitación cuando ella estaba en la cama).

Francisco Javier se saltó la prohibición, pero planeó una estrategia para no ser reconocido, aunque desconocía que Carmiña le había visto llegar en su coche. El amante de su madre entró con el rostro cubierto por una media y vestido con un mono de trabajo azul. A continuación, amenazó a la joven con un cuchillo, la ató de manos y piernas a la cama, y utilizó cinta adhesiva para taparle parte de la cabeza. Después, según la sentencia, «penetró vaginalmente a la joven y posteriormente en la boca, donde eyaculó».

Durante el juicio, celebrado a puerta cerrada, el empresario de hostelería reconoció que mantuvo una relación sexual con Carmiña, pero alegó que fue consentida, aunque acabó de forma violenta. El fiscal y la acusación particular pidieron al tribunal que el acusado fuera condenado a 15 años de cárcel por un delito de violación con agravantes. Sin embargo, el tribunal condenó al acusado a 7 años y medio, la mitad de lo que reclamaban el acusador público y la víctima. ¿Por qué lo decidieron así los magistrados? Pues porque estimaron que no había motivos para agravar el delito dado que la violencia sufrida por la víctima no fue «degradante» a pesar de que Francisco Javier la amenazó con un cuchillo y la sometió a otras humillaciones, como ya verán.

En los fundamentos jurídicos de la sentencia, los magistrados firmantes de la resolución analizaron detenidamente el caso para concluir que no había motivos para imponer al acusado una pena mayor.

Un buen ejemplo: «El acusado accedió a retirar la cinta adhesiva de la boca de la víctima ante las protestas de la chica porque no podía respirar». Y otro razonamiento de calado que sorprende todavía más: el violador «se ofreció a traer un vaso de agua a la víctima cuando, después de penetrarla bucalmente y eyacular, ella empezó a tener arcadas». ¿Se dan cuenta de por qué pensamos en su día que esta agua era milagrosa? Siete años y medio menos de pena, en lugar de los 15 pedidos por la acusación y el fiscal, y todo por un vasito de agua.

Los magistrados entendieron que resultaban «contrarios a toda conducta particularmente degradante el retirarle la cinta que cubría la cabeza de la víctima ante su incapacidad para respirar y el hecho de traerle un vaso de agua cuando la chica, tras la penetración bucal, comenzó a tener arcadas».

Una a una, los tres jueces fueron eliminando las agravantes cuya aplicación se pedía para solicitar una mayor condena. Ni alevosía, ni disfraz ni nada de nada. Tampoco se estimó como agravante el empleo de un arma blanca porque, decía la sentencia, «el acusado sólo esgrimió el cuchillo para hacer salir a la chica de debajo de la cama y así lograr que, ya acostada, se estuviese quieta». Según los magistrados, el ánimo del agresor nunca fue ni herir ni matar a Carmiña.

Por todo ello, el tribunal estableció que «la violencia ejercida por el procesado no revistió el carácter particularmente degradante o vejatorio que exige el Código Penal para agravar la pena».

Los autores de la resolución recibieron numerosas críticas, que se repartieron a partes iguales el presidente de la sala y ponente de la sentencia, José Juan Ramón Barreiro Prado, y los magistrados Ángela Irene Domínguez-Viquera y Jaime Esaín. Entre las reacciones que se produjeron entonces destacamos la que hizo la presidenta de Madres en Acción, Alicia del Burgo, cuando se preguntó si los magistrados hubieran reaccionado igual si la víctima hubiera sido su madre, su esposa o su hija.

El drama humano, como el de esta triste historia, es siempre poliédrico, pero nosotros sólo nos fijaremos en los rostros de la víctima y de su madre. Carmiña expresó su temor de que el violador cumpliera las amenazas de muerte que le profirió durante la violación y resaltó el daño que había sufrido su madre. «Estaba muy enamorada de él, que la engañaba diciéndole que se iba a separar para casarse con ella», recordó Carmiña.

Cuando narramos este caso en nuestra primera antología, el Supremo no se había pronunciado. Coincidiendo con la publicación del libro en marzo de 2001, el alto tribunal estudió los recursos contra la sentencia y tomó una buena solución, sin duda, para la víctima. Al apreciar la circunstancia agravante del disfraz y el empleo del cuchillo, elevó la condena del violador de los 7 años y medio impuestos por la sentencia de Pontevedra a los 14 años de prisión, una cifra que se acerca mucho a la petición inicial del fiscal y la acusación particular. En resumen, el Supremo sí apreció las agravantes que rechazó el tribunal que dictó la polémica sentencia.

Sobre el uso del arma, el Supremo estimó que «el acusado no se limitó a una exhibición del cuchillo en el inicio de los hechos, sino que el arma blanca fue utilizada a lo largo del episodio en sus diversas fases, estando presente en todo momento hasta el punto de presentarse como un protagonista principal del suceso, y no precisamente de una manera pasiva, lejana o subliminal, sino de un modo agresivo, cercano, inmediato al cuerpo de la víctima sobre la que permanentemente se cernía su activa y amenazante presencia».

Además de recordar que la víctima sufrió cortes en los dedos, el alto tribunal estimó el uso por parte del agresor «de un instrumento especialmente capaz de producir la muerte o lesiones graves» y quedó «patente que, a tenor del desarrollo de los hechos, tal peligro existió, aunque no llegara a concretarse en resultados objetivos».

En cuanto a la agravante del disfraz, el Supremo sostuvo que debió ser apreciada por más que la víctima hubiera identificado al agresor por la voz y porque le había visto aparcar el coche junto a su casa, ya que esta circunstancia siempre debe admitirse cuando el medio empleado «sea objetivamente válido para impedir la identificación», aunque no lo lograra.

La sentencia del alto tribunal, de la que fue ponente Diego Antonio Ramos Gancedo, rechazó apreciar otra agravante más que reclamaban los recurrentes: que en los hechos se tuviera en cuenta el carácter «particularmente degradante o vejatorio» de lo sucedido. En este sentido, el Supremo recordó que la agresión sexual violenta o con intimidación «lleva inscrita en la propia acción un incuestionable y relevante componente de brutalidad, degradación y vejación de la víctima».

«Atar los brazos y las piernas (estas últimas fueron liberadas de sus ataduras a los pocoss momentos) y tapar la boca y casi todo el rostro de la víctima con una cinta adhesiva, son, sin duda, acciones de fuerza física que atentan contra el respeto y consideración que todo ser humano merece, pero que al entender de esta Sala no integran la especial o particular vejación o degradación que exige el tipo penal del artículo 180.1 toda vez que dichos actos, en sí mismos, no parecen revestir las características de particular envilecimiento, humillación y desprecio a la dignidad de la persona que requiere el precepto como configuradores de un trato significativamente degradante y vejatorio» que reconoce la jurisprudencia.

Es seguro que el Supremo no se dejó orientar por el clamor social al corregir la sentencia de Pontevedra; más bien se dejó guiar por el sentido común. Así lo demostró, al menos, al duplicar la pena al violador de Carmiña. Por este motivo, nos alegramos de poder afirmar que el disparate judicial de «El agua milagrosa» es ya un caso cerrado y bien cerrado.

EL PADRE QUE LO PARIÓ: EL DESENLACE

No todos los disparates judiciales permanecen inmutables en el tiempo. Nosotros, como notarios de la actualidad, damos fe de ello. La justicia ha corregido algunas resoluciones francamente injustas que por méritos propios entraron en nuestra Antología del disparate judicial hace más de una década. Precisamente uno de los casos más sorprendentes que referimos entonces, y que no dejó indiferente a nadie, fue el que identificamos como el caso de «El padre que lo parió»: un tribunal condenaba a un padre por violar a su hijo de cuatro años y, al mismo tiempo, pedía su indulto por su intachable conducta. No había Dios que lo entendiera. El caso fue conocido como el del niño de Guadalcácer.

Primero recordemos el asunto con todo detalle y el relato que hicimos entonces. Creemos que siendo los mismos los autores y también la misma editorial, no hay problema en que hagamos un pequeño refrito de lo que contamos hace años.

Ocurrió en una pequeña localidad cordobesa la noche del 5 de junio de 1997 en la vivienda familiar de, pongamos, Pepe, de treinta y cuatro años, un marido y padre de tres hijos del que no revelaremos su verdadera identidad para preservar la intimidad del menor y de la familia afectada.

Pepe, obrero de profesión, llegó del trabajo y se metió en la ducha antes de cenar. Su hijo pequeño, de cuatro años, quiso ducharse con él, como al parecer hacía con frecuencia. «Cuando ambos se hallaban en la ducha, el procesado introdujo el pene en el ano de su hijo, quien sangró levemente», afirmaba la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba que le condenó. Pepe avisó a la madre y le contó que el pequeño se había caído sobre el tapón —cilíndrico— del gel de baño.

El matrimonio llevó al niño al médico, al que ofrecieron la versión del tapón como el causante de las heridas. Sin embargo, el facultativo resolvió que lo llevaran a la unidad de pediatría del Hospital Universitario Reina Sofía de la capital cordobesa. Allí reiteraron lo del bote de gel, pero los pediatras concluyeron que las heridas no se correspondían con lo que afirmaban los padres, sino más bien con otra cosa, por lo que pusieron el asunto en conocimiento del juez de guardia.

Ése fue el relato de los hechos que consideró probado, en octubre de 1999, el tribunal de la Audiencia Provincial de Córdoba que juzgó el caso. En los fundamentos jurídicos de la sentencia, los magistrados afirmaban que era prácticamente imposible que el menor sufriera semejantes lesiones por haberse caído encima del bote de gel, como referían los padres, sino todo lo contrario: las lesiones eran típicas de la introducción de un pene por el ano, «tal y como lo describen científicamente los manuales especializados», añadía la sentencia.

La sala concluyó que el padre, ese al que nosotros hemos identificado con el nombre de Pepe, cometió un delito de agresión sexual y le impuso la pena de 7 años de cárcel. Hasta aquí, todo normal. Pero había un elemento añadido que convertía este caso en uno especialmente polémico. Los magistrados subrayaban que el padre acusado era «de intachable conducta, gozando del afecto y consideración por parte de sus convecinos, así como del cariño de su esposa e hijos». Por ello, y aunque existiera el pleno convencimiento de que cometió el delito, el tribunal valoró las «peculiares circunstancias que concurren en este caso, en la que el cariño recíproco propio de una familia persiste, así como la plena confianza en el procesado, y el gran afecto que el menor tiene hacia su padre». La sentencia subrayaba, además, que el delito no generó «alarma social».

La sentencia cordobesa tuvo en cuenta no sólo las relaciones «inmejorables» entre Pepe y su familia, esto es, esposa e hijos; asimismo, valoraron que éstos consideraban que lo ocurrido bien pudo ser un accidente o que, conociendo la verdad, habían «perdonado y preferido ignorar el suceso en aras de mantener esa buena armonía familiar». De ahí que el tribunal entendiese que la pena que había de imponerse sólo mantuviese «el carácter retributivo, pues si se cumpliera repercutiría negativamente no sólo en el acusado, sino también en su familia, que además se vería privada de la única fuente de sustento para su subsistencia». En consecuencia, y al valorar que la pena impuesta no cumpliría los intereses de la justicia material, la sala estimó «procedente que una vez firme la presente resolución se proponga por el mismo tribunal la concesión del indulto». Por si esto no fuera poco, los magistrados suspendieron la ejecución de la pena de 7 años mientras se tramitaba el expediente del indulto.

Una absoluta aberración

La polémica estalló en la capital de los califas. La Junta de Andalucía arremetió contra el fallo judicial, aunque la reacción se le fue de las manos. El entonces consejero andaluz de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, la calificó de «una absoluta aberración». En su opinión, no era «lógico ni racional» que se propusiese el indulto cuando al mismo tiempo se reconocía que el padre violó a su hijo. Por eso calificó de «perverso» que Pepe evitase la condena. La metedura de pata vino después: anunció que la Junta recurriría la sentencia, aunque a lo mejor no sabía que eso no era posible porque no había sido parte en el proceso. Aunque no nos cabe duda de que antes de haber dimitido se le podría haber ocurrido al inteligente ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón introducir alguna modificación procesal a favor de la admisión del recurso de parte sobrevenida, es decir, la que permita a cualquiera recurrir una resolución sin haber estado personado en la causa ni haber formado parte de ella en ningún momento. Hubiera sido una gran novedad, sin duda, y una gran ocurrencia, como lo es la de anunciar la reducción del número de aforados en España: de 17.621 a sólo 22 (algo que en este país no verá ni la próxima evolución de la especie humana).

Pero volvamos al caso. No sólo la Administración andaluza se lió a gorrazos con la sentencia cordobesa, sino que también desde diversos sectores sociales se alzaron voces contra la resolución judicial. Recordamos que el entonces vicepresidente de Unicef-Andalucía, Ricardo García, sostuvo que «el interés prioritario debe ser el niño» y calificó de «raro, por no hablar de aberrante» que «algo punible penalmente no se tenga en cuenta». Desde Madrid, el defensor del Menor de la comunidad madrileña por esas fechas, el reconocido Javier Urra, calificó de «grave» el fallo y defendió el castigo del condenado porque la agresión sexual había quedado probada.

Es un dicho recurrente en el mundo judicial afirmar que los jueces hablan sólo a través de sus sentencias, aunque en este libro dejamos bien claro que, como ya reconoció Cervantes en 1615 en la segunda parte de El Quijote, del dicho al hecho hay gran trecho. Así que los magistrados tuvieron que salir en su propia defensa y explicarse públicamente. Dieron sus razones, pero no convencieron. El magistrado Antonio Puebla Povedano, ponente de la sentencia, recordó que la Constitución proclama el principio de reinserción social de las penas, cuya finalidad no es, por tanto, sólo el castigo. Tras asegurar que no se podía actuar igual en todos los casos, sostuvo que en el de Pepe la finalidad de la reinserción estaba cumplida porque era una persona «a la que adoran tanto su familia como sus vecinos». Su opinión, además de muy discutible, no fue unánime. Por ejemplo, para la entonces ministra de Justicia y magistrada en excedencia Margarita Mariscal de Gante, era «difícilmente reinsertable alguien que comete un acto de esa naturaleza».

No me derrota nadie

«Es una de las sentencias que más me ha costado —declaró esos días el magistrado Puebla Povedano—. Cuando pongo una sentencia en conciencia, y la firmo, no me derrota nadie. Claro que si un tribunal superior nos da otra versión, pues muy bien, perfecto, pero a mí no me habrán derrotado porque he actuado en conciencia.» Toda una declaración de principios, sin duda.

En el debate sobre la polémica de la sentencia, su compañero de tribunal, José Ramón Berdugo, se preguntó: «¿Qué sentido tiene que el padre ingrese en prisión cuando esa medida no va a causar ningún beneficio a ninguna de las partes implicadas y cuando el hecho en sí no había tenido repercusión social?». La verdad es que se podía haber ahorrado la pregunta.

La sentencia de Puebla Povedano y compañía no sólo tuvo críticas; también hubo quien defendió el fallo judicial. La conservadora Asociación para los Derechos del Niño y de la Niña (Prodeni) opinó que la Audiencia de Córdoba tenía «el derecho e incluso el deber de solicitar el indulto». La defendió, asimismo, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial. Su presidente de entonces, el magistrado Santiago Martínez Vares, reconoció que, aunque la sentencia no sintonizaba con la mayoría de la sociedad, estaba «fundada». «En ocasiones, los jueces pueden no conectar con esa mayoría, pero en beneficio de la minoría a la que va dirigida ese texto judicial», añadió Martínez Vares. No vayan a creerse que este apoyo de la sentencia cordobesa fue una losa para la carrera profesional del presidente de la APM, que estuvo en el cargo desde 1997 hasta 2001. El magistrado, considerado conservador y avalado por una dilatada y solvente trayectoria en la carrera judicial, fue magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 1989 a 2003, año en el que escaló a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, donde se jubiló en 2012. No obstante, en junio de 2013 fue elegido magistrado del Tribunal Constitucional; allí forma parte del bloque conservador de la institución, en la que le deseamos una larga trayectoria.

Cuando las críticas a la sentencia arreciaban sobre todo desde un único lado, el de los detractores, un hecho más contribuyó a la polémica. Se supo que quince meses antes del fallo, cuando Pepe había sido procesado, 600 de los 2.000 vecinos de la localidad en la que vivía la familia firmaron un escrito de apoyo al padre porque no le creían culpable de tal aberración paterno-filial. El alcalde confesó que conocía al condenado desde pequeño y que siempre había sido «una persona íntegra», trabajadora y luchadora. «Estoy harto de ver cómo se desvive por su hijo, por lo que me resulta extraño este suceso», añadió.

En los momentos en que la polémica está servida por una resolución judicial, la mejor opción que ven algunos implicados en el proceso es agenciarse un hueco entre Pinto y Valdemoro, expresión que refleja una indecisión buscada a propósito. Para los que no estén familiarizados con el dicho, les recordamos que Pinto y Valdemoro son dos localidades del sur de la Comunidad de Madrid que están separadas por un arroyo. Se cuenta que el dicho nació cuando un borracho saltaba de una orilla a otra y decía que estaba en Pinto o en Valdemoro según el lado en el que se encontrara. Tanto tentó a su suerte, que cuando cayó al arroyo ya sólo pudo decir que estaba entre Pinto y Valdemoro.

Entre esas dos localidades es donde pareció encontrarse el entonces fiscal jefe de la Audiencia de Córdoba, Narciso Ariza, quien consideró razonables los argumentos de los jueces, a pesar de que en un principio se mostró contrario al indulto y reconoció que los hechos producían «repugnancia».

Sin indulto y a prisión

Cuando en el año 2000 escribimos Antología del disparate judicial, el caso estaba recurrido en el Supremo y, por tanto, al asunto le faltaban dos importantes decisiones: la del alto tribunal y la del indulto. El 15 de septiembre de ese año, el Supremo lo tuvo tan claro que rechazó de plano la admisión del recurso de casación. Lo despachó con un auto, del que fue ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta, y en sintonía con la opinión del fiscal.

Al alegato de que se había vulnerado su derecho constitucional a la presunción de inocencia, el Supremo replicó que en el juicio existió una abundante prueba de cargo que descartó su versión de los hechos: el niño no se cayó encima del tapón del gel de baño. Además, se tuvo en cuenta la propia confesión del padre del menor al reconocer que se bañó con el niño, aunque ofreció una versión distinta a la apreciada por los peritos sobre el desgarramiento anal. Así que en su condena había hasta cinco elementos que le incriminaban: sus propias declaraciones, el informe del médico del pueblo que examinó por primera vez al menor, el informe del especialista del centro hospitalario al que acudió por orden del primer médico, y los informes de los psicólogos especializados en asistencia de menores y del médico forense.

Tras esta decisión judicial, el Gobierno rechazó el indulto en el Consejo de Ministros del 2 de febrero de 2001 y el condenado tuvo que ingresar en prisión. Según consta en la cárcel de Córdoba, lo hizo de forma voluntaria a las 12.45 horas del 10 de mayo de ese año.

Pepe (como ya saben, se trata de un nombre ficticio) pidió de nuevo al Supremo autorización para que se revisara su sentencia alegando que se habían producido nuevos hechos y elementos de prueba que evidenciaban su inocencia. En concreto, según reflejó el alto tribunal, se basó en dos pruebas periciales. La primera procedía de un especialista en medicina legal que llevó a cabo un peritaje de las lesiones anales del menor, y concluyó que no había quedado acreditado que «fueran producidas por el pene del acusado»; la segunda versaba sobre «las dimensiones del pene del acusado, en reposo y erección», y se alegaba que tenía un miembro viril pequeño e incapaz de generar los desgarros que se apreciaron en la víctima.

Con estos dos documentos, el padre del menor volvió a demandar su absolución por considerarse inocente. Sin embargo, el Supremo no lo vio de esa forma. En el auto, fechado el 27 de diciembre de 2001, la sala sostuvo que el primer informe no hacía otra cosa sino corroborar «los informes periciales que obraron en el enjuiciamiento del médico forense y del Instituto Nacional de Toxicología» y sus contenidos fueron, pese a que el condenado manifestaba lo contrario, «similares en cuanto a la realidad de las lesiones».

A juicio del Supremo, dicho dictamen pericial médico no era sino «una contrapericia» que incidía «sobre el valor probatorio de las periciales obrantes en la causa para corroborar» sus contenidos, además de que pudo haberse propuesto antes con motivo de la celebración del juicio. No obstante, el alto tribunal opinó: «No evidencia la inocencia del acusado en cuanto a que en el mismo se coincide con las periciales practicadas en orden a la realidad de las lesiones y tan sólo afirman, como pretendido hecho nuevo, que las lesiones no permiten afirmar la naturaleza del instrumento que la ocasionó, conclusión a la que también llegaron los peritos, si bien éstos afirmaron que las mismas no eran compatibles con las manifestaciones dadas por el acusado sobre su etiología, extremo sobre el que la pericia presentada en la revisión no se pronuncia».

En cuanto al tamaño del pene del acusado, ya fuera en reposo o en erección, el Supremo consideró que de ese informe no resultaba «ninguna inferencia contraria a lo que se declaró probado» en el juicio, ni suponía un hecho o un nuevo elemento de prueba que evidenciara la inocencia del padre. Así lo razonó el tribunal: «El segundo informe, una constatación sobre las dimensiones de los caracteres sexuales secundarios, tampoco puede ser incluido entre los nuevos elementos de prueba que evidencian la inocencia del acusado. En primer lugar, porque pudieron ser aportados al enjuiciamiento al tiempo de su celebración. Además, porque no evidencia la inocencia del acusado. El tamaño y la morfología del pene del acusado nada alteran el hecho declarado probado. Las alegaciones del solicitante sobre las dimensiones del plato de la ducha, donde se desarrolló la acción, envergadura del menor y morfología del pene, no pretende otra cosa que una revalorización de la prueba practicada que es cuestión ajena a la pretensión de revisión que se insta».

Así que el Supremo cerró la puerta para revisar la sentencia en una decisión que adoptaron los magistrados Luis Román Puerta, Carlos Granados (nombrado, años más tarde, fiscal general del Estado) y Andrés Martínez-Arrieta.

Un micropene, el último recurso

El caso de «El padre que lo parió», que conmovió a la sociedad española al no entender una resolución judicial que resultaba increíble para la mayoría, se fue diluyendo en el tiempo. Su recuerdo quedaba para los anales judiciales y los estudios sobre la pederastia, si bien el acusado siguió reclamando la revisión de su caso. Lo hizo sin publicidad y las resoluciones nunca salieron a la luz hasta ahora.

El acusado extinguió su condena en la cárcel de Córdoba. Sabemos que al poco de ingresar Pepe en prisión, su hijo, que había sido acogido en el domicilio de unos familiares en una localidad distinta a la que ocurrieron los hechos, volvió a pasar el fin de semana con su familia. Su proceso fue seguido muy de cerca por la Delegación de Asuntos Sociales de la Junta en Córdoba. La madre nunca había perdido el contacto con el niño.

En 2012, más de diez años después de la condena, el padre que lo parió planteó ante el Supremo un recurso extraordinario de revisión, que también fue rechazado. Para ello contó con una nueva declaración de su hijo, ya mayor de edad, con objeto de demostrar que nunca abusó de él. Asimismo expuso otras circunstancias que, en su opinión, constituían sólidas razones para que la justicia admitiera de una vez por todas que él no había violado a su hijo en la ducha y que tampoco era una invención lo del tapón cilíndrico del bote de gel de baño. Pepe insistió en que tiene un micropene; este detalle, junto a su excesiva obesidad, le descartaban por completo para un episodio de abuso sexual por el que fue condenado a 7 años de prisión.

En esta ocasión, el Supremo no dio un portazo al último recurso del condenado, sino que se mostró abierto a estudiar el asunto. Para ello, el 9 de marzo de 2012 pidió a la Audiencia de Córdoba la causa completa a fin de examinarla bien. Después analizó el asunto. En un auto del que fue ponente el magistrado Julián Artemio Sánchez Melgar, el Supremo resumía así los hechos:

El recurrente en revisión fue condenado por haber introducido el pene en el ano a su hijo…, a la sazón de cuatro años de edad, mientras se duchaban juntos. Se barajó la posibilidad de que el menor pudiera haberse resbalado mientras se encontraba en la ducha, e introducirse accidentalmente el tapón cilíndrico de un gel de baño. Es un hecho probado que fue llevado al médico por sus padres, ante la aparición de lesiones anales sangrantes, y éste, ante las dudas que le suscitaba la etiología de tales lesiones, lo derivó al Hospital Reina Sofía de Córdoba, denunciando el hecho dicho centro médico, al constatar la evidencia de la lesión y las sospechas que sostenían los especialistas acerca de la versión ofrecida por el padre y la madre del menor, acreditándose, sin embargo, que en dicho tapón existían restos de heces.

El recurso extraordinario de revisión de Pepe proponía la existencia de hechos nuevos para revisar la causa. Uno de ellos era una declaración ante notario del hijo al cumplir la mayoría de edad en la que aseguraba recordar perfectamente los hechos: su lesión fue «fruto de un accidente» y su padre nunca le agredió sexualmente. El segundo cartucho era un nuevo informe médico que acreditaba la obesidad mórbida que padece el condenado y la constatación de su micropene, lo que le hubiera impedido cometer una violación en la ducha. Entre otros medios de prueba, propuso también un informe del Instituto Nacional de Toxicología que concluía que no se había hallado semen «en las tomas rectales del menor, ni en el bote de champú», pero «sí de formas compatibles con restos fecales en la muestra recogida del bote» de gel. Aportó, además, otro informe médico fechado en Córdoba el 12 de enero de 2012, según el cual las lesiones del menor no se correspondían con una penetración anal.

El Supremo le negó la razón, por tercera vez ya, y confirmó su condena. Así razonó su última resolución sobre el caso:

De los elementos nuevos que se han hecho mención, las manifestaciones del entonces menor, ahora ratificadas tras su mayoría de edad, constaban ya en la causa, mediante la exploración judicial a la que ya hemos hecho referencia, habiendo sido renunciada su prueba, tanto por la acusación como por la defensa. No es, pues, un hecho nuevo, y en todo caso, debió practicarse en la instancia, no renunciando a que el menor compareciera al juicio oral. Y en cuanto al informe pericial aportado, aunque ciertamente concluye que las lesiones no se corresponden con una penetración anal, lo cual no es del todo acertado, pues penetración existió, discutiéndose cuál fue el miembro o el objeto que penetró, también lo es que, consta en la causa, como prueba practicada en el juicio oral, un informe médico que asevera lo contrario, por lo que igualmente pudo practicarse una pericial de parte, que no se hizo, y la obesidad y el micropene que se alegan como la causa de la revisión, ya existían en el momento del enjuiciamiento de los hechos, por lo que no constituyen nuevos elementos de prueba, y mucho menos, evidencian la inocencia del condenado.

El caso de «El padre que lo parió» es ya también un caso cerrado. La justicia resolvió que se trataba de un abuso sexual y nosotros no lo ponemos en duda. Se trató de un episodio del peor abuso sexual que se puede dar (todos malos, claro): el que tiene lugar en el seno de la familia, entre padres e hijos. Revolvimos en el asunto por la polémica que generó la sentencia, no por la condena justificada, sino porque dudamos de que la petición de indulto total del condenado por su buena conducta fuera la mejor opción. En este punto, con todos los respetos, derrotamos a los magistrados que la dictaron y la justificaron. Al final, el padre que lo parió cumplió su pena y no fue indultado. Una buena noticia para quienes creemos en la Justicia y, a veces, en las decisiones del Consejo de Ministros.

¡NIÑO, DEJA YA DE JODER CON LA PELOTA!

Si Tinguaro, el hombre que protagoniza nuestro siguiente caso, hubiera escuchado más a Serrat, seguro que se hubiera ahorrado algún disgusto. Porque si hubiera gritado: «¡Niño, deja ya de joder con la pelota!», como en la canción del cantautor universal, se habría evitado una condena por agresión sexual. Y es que el otro grito que eligió para expresar su cabreo con el menor fue malinterpretado por un tribunal de Las Palmas al entender que cuando Tinguaro le gritaba al niño: «¡Te voy a dar por el culo!», su intención era inequívocamente sexual: cumplir su amenaza de la forma más literal posible. Menos mal que el Supremo corrigió el error y advirtió que la frase encerraba una expresión en sentido figurado. Un equívoco que le había supuesto 6 años más de cárcel. Aunque nuestro protagonista pagó su mal carácter con otra condena distinta.

Muy fuera de sí debía de estar ese día Tinguaro para reaccionar como reaccionó contra dos muchachos de quince años que jugaban al balón a las cinco de la tarde en la plaza de la iglesia de San Ginés, en Arrecife de Lanzarote, la capital de la cenicienta isla de los volcanes. Es verdad que era sábado y festividad del 12 de octubre nada menos, pero mucho debieron de molestarle los chutes y balonazos de los dos chavales por cómo puso fin al encuentro futbolístico.

Corría el año 1996. Tinguaro, que trabajaba para la iglesia ayudando al sacerdote, gritó a uno de ellos: «¡Hijo de puta, que te mato!»; esta amenaza hizo que el chico pusiera pies en polvorosa, aunque al otro menor sí logró cazarlo. Tras colocarle una navaja debajo de la axila y sujetarle firmemente por un brazo, le obligó por la fuerza a recorrer varias calles y callejones desiertos en dirección a su casa. Por el camino, según la sentencia, «le repetía varias veces: “¡Te voy a dar por el culo!, sin que llevara a cabo la acción» porque el muchacho consiguió escapar cuando Tinguaro lo soltó del brazo para sacar la llave y abrir la puerta de su domicilio. El episodio duró quince minutos.

En el juicio celebrado en 1999 por delitos de detención ilegal y de agresión sexual, Tinguaro aseguró que únicamente se limitó a recriminar a los niños «para que dejaran de jugar al balón en la plaza de la iglesia porque le habían dado un balonazo a una de las puertas del templo y molestaban ya que iban a celebrarse dos bodas». Pero en la vista, el párroco de la iglesia no pudo recordar si esa festividad de la Virgen del Pilar se celebraron enlaces o no, aunque de haberlo hecho, la sala estimó que dicha alegación tampoco serviría para exculparle porque carecía de «relación lógica y proporcionada el juego de los niños y la reacción que tal juego infantil le provocó».

Un psiquiatra que había tratado a Tinguaro desde 1981 hasta 1999 manifestó que el acusado padecía «trastornos de la personalidad paranoides», pero que era capaz «de controlar su conducta y de distinguir lo bueno y lo malo». Y coincidió con el médico forense de Arrecife en que su imputabilidad era plena, o sea, que podía ser condenado porque sabía lo que hacía.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas (integrada por los magistrados Nicolás Martí Sánchez, Pilar Parejo Pablos y Luis Piñana Darias) no dudó de que los hechos probados configuraban un delito de detención ilegal y otro de tentativa de agresión sexual. Sobre este segundo delito, el tribunal razonó que la prueba practicada en el juicio lo evidenciaba.

«Carece de cualquier otra explicación el que lo condujera por la fuerza, a través de calles y callejones, desde el lugar donde lo prendió —plaza de la iglesia de San Ginés— hasta donde llegó con él (domicilio), sólo como escarmiento por las molestias que causaba a la puerta del templo parroquial», afirmaba la sentencia. Tampoco coincidía su versión de que se iban a celebrar dos bodas cuando, en lugar de quedarse a ayudar en la iglesia, abandonó el lugar con uno de los menores en dirección a su casa.

El tribunal estimó que, cuando por el camino Tinguaro dijo al muchacho más de una vez la frase «Te voy a dar por el culo», su intención era ésa claramente. El tribunal certificó dicho objetivo porque no había apreciado «la concurrencia de circunstancia alguna indicativa de que se tratara sólo de una expresión no reveladora de una intención coincidente con su significado literal». La Audiencia de Las Palmas estimó que el hecho de que el acusado «no hubiera efectuado aún tocamientos libidinosos» al chaval no permitía «por sí solo concluir que no tuviera el propósito de llevar a cabo la acción que, insistentemente, le anunciaba mientras lo conducía por la fuerza hasta su casa».

En consecuencia, el tribunal canarión condenó a Tinguaro a 5 años de prisión como autor de un delito de detención ilegal y a otros 6 años de cárcel por un delito de agresión sexual en grado de tentativa.

Cuando la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo examinó el asunto, en noviembre de 2001, a raíz del recurso de casación interpuesto por el acusado, el alto tribunal encontró otra explicación a la expresión de Tinguaro que no encerraba ningún deseo ni actividad sexual, y menos propia, por tanto, de un delito de abusos: «dar por culo» equivalía, en ese contexto, a fastidiar más que a sodomizar.

En primer lugar, razonó el alto tribunal que pese a tener a su merced al muchacho, mediante la fuerza física y psíquica, Tinguaro «no realizó ningún comportamiento de índole de connotación sexual, lo que en unos quince minutos de deambulación por calles desiertas, bien hubiera podido realizar, aunque fuera en términos de aproximación o anticipo».

El Supremo entendió que el único dato en el que la Audiencia de Las Palmas se apoyaba para inferir «el ánimo lúbrico del acusado es el que reiteradamente dijera a la víctima: “Te voy a dar por el culo”». «Pero esta expresión —según el alto tribunal— es conocidamente equívoca: junto con su significado netamente sexual, tiene un uso figurado (en realidad mucho más frecuente en el lenguaje vulgar) equivalente al de “molestar, fastidiar, incomodar, maltratar, perturbar…”. Este segundo uso no permite descartar que el anuncio hecho a la víctima viniera referido exclusivamente a molestias o perturbaciones sin connotación sexual como golpes, malos tratos, encierro… para los que también se buscaba la clandestinidad y mayor facilidad que podía ofrecer el propio domicilio del autor.»

El magistrado Eduardo Móner Muñoz, ponente de la sentencia, razonaba en la resolución del Supremo que la inferencia o juicio de valor del tribunal de Las Palmas incidía «en una cierta arbitrariedad en tanto no viene apoyada por la ciencia, la experiencia y el estricto método lógico». Pero, además, el alto tribunal sostuvo que, aun admitiendo la existencia del propósito de sodomizar al muchacho, los hechos descritos en ningún momento integraban la tentativa de agresión sexual por la que se le había condenado. Y lo explicó con otro ejemplo jurídico claro como el agua: trasladar a una persona a un lugar apartado y seguro mientras se le anuncia que va a morir asesinado no sería tentativa de homicidio, sino detención ilegal y amenazas.

Finalmente, el acusado fue absuelto del delito de agresión sexual. Así que, Tinguaro, si otra vez tienes problemas con el fútbol en la plaza de la iglesia de San Ginés, recuerda la canción Esos locos bajitos y te evitarás problemas añadidos a los que te gasta ese mal carácter que tienes. Ya lo dijo Serrat:

Niño, deja ya de joder con la pelota.

Niño, que eso no se dice,

que eso no se hace,

que eso no se toca.

UNA CHICA FÁCIL Y PROCLIVE AL SEXO

Sí, está leyendo bien el lector, no se asombre del título de este epígrafe. No es que lo digamos nosotros, qué va; es lo que afirmaba la sentencia que absolvió a tres jóvenes acusados de agredir sexualmente a una joven de catorce años. «Era una chica fácil» y «proclive a la promiscuidad sexual», además de «receptiva a las relaciones sexuales», argumentaron los sesudos magistrados del tribunal para sostener su decisión.

Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Eso es lo que debió de ocurrirle al ponente de la sentencia, Antonio Puebla Povedano, magistrado que formó parte de la sala que emitió la famosa resolución que acaba usted de leer unas pocas páginas atrás: la que suspendió la pena de ingreso en prisión y pidió el indulto para un padre que violó a su hijo de cuatro años en la ducha. La sentencia se dictó también el mismo año de 1999, la peor cosecha —que sepamos— de las cepas judiciales cordobesas.

El caso ocurrió en el año 1996 en la provincia de Córdoba. Virginia, de catorce años, fue la víctima y los tres acusados eran tres jóvenes adolescentes. La causa se abrió por la denuncia que presentó el médico que atendió a la joven tras acudir a su consulta al creer que se había quedado embarazada. Sospechó de las lesiones que presentaba y acertó. Los acusados fueron procesados y llevados a juicio. El fiscal reclamó para ellos una condena por tres delitos de agresión sexual, aunque tuvo en cuenta que dos de los presuntos autores eran menores de edad. Así, para el acusado ya mayor de edad le pidió un total de 16 años por su participación en dos de los delitos, mientras que para uno de los menores le reclamó 15 años por intervenir en los tres, y para el segundo menor, 5 años por estar implicado en uno solo.

Vayamos primero a los hechos que el tribunal consideró probados. Salvo error en la apreciación de la prueba, los hechos probados son inamovibles y nunca el Tribunal Supremo puede modificarlos.

Hechos probados

El tribunal consideró probados los siguientes hechos:

El viernes día 19-1-96, la joven Virginia, que a la sazón contaba 14 años de edad, pues nació el día 30-5-81, salió de su domicilio sito en la localidad de Fuente-Carreteros con dirección a la vecina población de Fuente-Palmera con la idea de pasar un rato en la discoteca de dicha localidad. Previamente a tomar el autobús que, en unión de otros jóvenes, debería trasladarla al indicado destino, cambió su vestimenta por otra más moderna y llamativa que la que originariamente vestía cuando salió del domicilio de sus abuelos, con los que convivía ya que sus padres, con quienes mantenía una relación muy deteriorada, se encontraban trabajando en otro pueblo distinto en la recolección de la aceituna. Inicialmente la citada joven tenía el propósito de regresar a su pueblo en el vehículo de los padres de una amiga que habían quedado en ir a recogerlas a las 23.30 horas; pero llegada dicha hora, Virginia decidió quedarse pues lo estaba pasando muy bien, pensando en que podría regresar en un autobús sobre las 2.00 de la madrugada.

Una vez llegada a la indicada discoteca, muy frecuentada por los jóvenes de los contornos, y tras permanecer un rato en un reservado con un tal Gonzalo, conoció a uno de los procesados llamado Luis Miguel, nacido el 10-11-79, con quien estuvo charlando un rato. Dicho joven le presentó a un amigo, quien al parecer fue del agrado de la mencionada chica, hasta el punto de que éste, el también procesado Daniel, nacido el 23-10-78, la invitó a que salieran al exterior de la discoteca, y en un jardín próximo a la misma comenzaron a realizar el acto sexual con plena aquiescencia de la aludida Virginia, mas como quiera que en dicho jardín se hallaban incómodos, decidieron cambiar de lugar sin llegar a consumar el iniciado acto sexual.

A tal efecto el procesado Daniel, en unión de la joven, se dirigió al interior de la discoteca y pidió a su amigo, el también procesado Octavio, mayor de edad, las llaves de su furgoneta, dirigiéndose Daniel y Virginia a una calle sin salida existente detrás del aludido local y en el asiento posterior del vehículo reanudaron la relación sexual sin que por parte de la joven existiese ningún tipo de oposición.

Cuando aún no habían terminado la relación carnal, acudió al lugar donde estaban Luis Miguel, ya que su amigo le había indicado dónde se hallaban. Dicho joven se introdujo en el mismo asiento trasero de la furgoneta con la intención de mantener una relación sexual con la joven, la cual (que se hallaba desnuda en la mitad inferior de su cuerpo) se sentó sobre el cuerpo de Luis Miguel, quien era la primera vez que mantenía una relación sexual, consiguiendo introducir parte del pene sin conseguir una erección completa debido a su inexperiencia y a que se hallaba bebido. Por tanto, no llegó a consumarse esta segunda relación sexual y no consta que en estas dos ocasiones la citada joven fuese en modo alguno violentada ni que se ejerciera sobre ella ninguna presión psíquica.

La joven manifestaba a sus acompañantes el deseo de que la llevasen a su casa, por lo que éstos recogieron al tercer procesado, Octavio, en la puerta de la discoteca y se dirigieron los cuatro en el mismo vehículo a un pub de La Carlota donde se quedó Luis Miguel, siguiendo los restantes su marcha hasta la casa de la joven. Los dos procesados Daniel y Octavio eran conscientes de las facilidades que a uno de ellos le había dado Virginia y de que era una chica fácil para el acceso carnal con ella, por lo que trataron de aprovechar esta circunstancia y no se dirigieron hacia su punto de destino pretendido por la chica, sino que optaron por dirigirse a Palma del Río, donde tomaron unas copas en una discoteca aunque antes de llegar a dicha localidad, y en el asiento trasero del vehículo, Daniel realizó con ella el acto sexual completo, sin que conste que hubiese resistencia por parte de la joven, quien accedió a la consumación del coito mediatizada por la presencia de los dos muchachos, por lo avanzado de la noche, y acuciada por el persistente deseo de regresar a casa, todo lo cual había creado un ambiente que condicionó su voluntaria entrega.

Al regresar de la antedicha localidad, los procesados detuvieron la furgoneta en un lugar solitario con el propósito de que fuese ahora Octavio quien tuviese con Virginia un nuevo yacimiento. La chica, que en principio no quería, salió del vehículo pero fue convencida e incluso agarrada de una muñeca para que regresara al mismo, y ante los deseos sexuales insistentes de Octavio accedió a tal pretensión con tal de que tuviese lugar en el corto trayecto comprendido entre el indicado y solitario lugar y su domicilio, como así ocurrió, efectuando una relación sexual completa y dejándola seguidamente en la puerta de la casa de sus abuelos.

Al día siguiente de los hechos referidos Virginia contó a una de sus amigas que la noche anterior había estado con un «tío muy bueno». Jugó un partido de baloncesto y por la noche volvió a la discoteca, aunque atemorizada por la posibilidad de haber quedado embarazada, acudió el lunes 22 del mismo mes y año a la consulta de la Doctora Marta, quien le apreció sufusión hemorrágica en cara lateral derecha del cuello de quince milímetros de longitud y 7 de anchura ocasionada por un beso o mordisco que le propinó Daniel; presentaba igualmente erosiones epicardio lateral externo del húmero y equimosis en tercio medio de la cara lateral izquierda de pierna izquierda, herida que se produjo cuando salió de la furgoneta y cuando fue agarrada por los dos procesados para que volviera a la furgoneta. Asimismo fue tratada por la Unidad de Salud Mental del Hospital Reina Sofía en fecha 21-5-96, donde se le apreció trastorno de estrés postraumático, observando un cuadro de ansiedad, depresión y desvaloración del self, inducción suicida e insomnio. Fue dada de alta a los dos días sin que conste ningún tipo de secuelas.

Fundamentos de Derecho

Para acometer la resolución del caso, la sala entró a considerar que el delito de agresión sexual por el que se acusaba a los tres procesados se caracteriza «por la realización del acto sexual mediante violencia o intimidación». Descartada de entrada la violencia, el debate entre los magistrados se centró en la existencia de la intimidación para calificar el delito, tal y como sostenía el Ministerio Fiscal y mantuvo la víctima en su amplia declaración prestada durante el juicio y a lo largo de toda la instrucción sumarial.

Tras exponer que en el Derecho Penal no existe un concepto específico de intimidación, se acude siempre a la doctrina del Tribunal Supremo que ha definido la intimidación como «inspirar un temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes de su cónyuge, ascendientes o descendientes». En definitiva, afirmaba el tribunal, sólo puede hablarse de intimidación «cuando la víctima es obligada al acto carnal mediante amenazas o situaciones equivalentes capaces de producir en ella una coacción psíquica que alcance a desviar y vencer su voluntad, pues no puede olvidarse que el bien jurídico que se protege es el derecho de toda persona a disponer libremente de su cuerpo». Pero, además, la jurisprudencia venía exigiendo una resistencia por parte de la víctima, «si bien es verdad que no se le pueden demandar actitudes heroicas, debiendo entenderse por resistencia el obstáculo físico, el rechazo material que la víctima opone al yacimiento, actitud que debe ser seria, mantenida y constante».

Pero la sala, al conectar la jurisprudencia con las circunstancias del caso, concluyó que en él no hubo intimidación y, por tanto, quedaba descartada la agresión sexual. Con respecto al elemento intimidatorio, a lo largo del juicio quedó patente, según la sentencia, que «el mal con el que se le amenaza a la presunta víctima era que no la llevarían a su casa en el coche de Octavio». Así lo declaró también Virginia al juez instructor, «aunque en el acto del juicio deslizó la sutileza de que lo que ella entendió fue que no volvería a su casa», equiparando su situación a lo ocurrido en Alcácer con las niñas Miriam, Toñi y Desirée, que fueron violadas, torturadas y asesinadas en 1992 tras hacer autoestop para acudir a una discoteca de la cercana población de Picassent.

Sin embargo, el tribunal obtuvo la convicción de que «la única actitud de los procesados pretendidamente intimidatoria era la que la propia ofendida reconoció en el Juzgado: que no la llevarían a su casa, lo que además no era cierto, pues en definitiva acabaron llevándola hasta Fuente-Carreteros». A continuación, los magistrados razonaron que la intimidación, a diferencia de la fuerza física, pertenece al terreno de lo subjetivo, pues «se trata de una coacción psíquica y la misma hay que inducirla de todos los factores y circunstancias concurrentes».

Y así, de esta forma, los magistrados colaron una opinión polémica: «[…] que la joven en cuestión, pese a su corta edad, era proclive a la promiscuidad sexual, receptiva a las relaciones sexuales». Vaya frasecita, sin duda, para una sentencia por una agresión contra la libertad sexual.

También dedujeron «que si realmente quería marcharse a su casa pudo hacerlo, o bien en el coche del padre de su amiga, bien en el autobús o en cualquier otro medio de transporte del que indudablemente pudo disponer, lo que descartó, pues según sus propias manifestaciones lo estaba pasando muy bien con los procesados, a uno de los cuales calificó al día siguiente de “tío bueno”».

Asimismo, el tribunal cordobés tuvo en cuenta que con los jóvenes visitó «distintos establecimientos en que había gente conocida e incluso guardias jurados, por lo que dispuso de muchas oportunidades de manifestar su deseo de regresar a casa y, lo que es más importante, comunicar a alguien las pretendidas agresiones sexuales, de las que según ella estaba siendo víctima». «Pero tampoco adoptó esta lógica determinación, todo lo cual revela que Virginia había optado por permanecer con sus acompañantes.»

Por todo ello, la sala concluyó que «no existió nunca intimidación puesto que el mal amenazado no tuvo entidad suficiente para vencer su voluntad y ese mal, incluso en el caso de que subjetivamente fuese considerado como tal por la aludida joven, no reunía los caracteres de actual e inminente y ni siquiera es suficiente para generar temor, desconcierto o incertidumbre».

En consecuencia, el tribunal observaba que faltaba el elemento típico para calificar el delito de agresión sexual y que no aparecía «en toda la secuencia de actos lúbricos». En el primero de ellos tuvo lugar la relación sexual con el procesado Daniel, «a la que Virginia prestó su total asentimiento conforme paladinamente reconoció en el acto del juicio, aunque dicha relación tuviese lugar en dos secuencias diferentes, una en el césped de la discoteca y otra en el interior del vehículo».

Y en ese vehículo tuvo lugar otra relación con Luis Miguel, «que accedió al mismo cuando allí se encontraban Daniel y Virginia, la cual se sentó sobre el cuerpo del joven también de manera voluntaria aunque no llegaron a realizar el coito debido a la inexperiencia del joven y a que se encontraba bebido».

«En ningún momento —añadía la sentencia— se habló en esta ocasión de traslado a su casa, y esa voluntariedad hay que deducirla de las declaraciones escritas de la víctima cuando afirma que “con él no lo hice del todo pues el colega era virgen y no podía y así estuvimos dos o tres veces”, es decir, que reconoce que hubo dos intentos de penetración, todos ellos frustrados, y realmente es muy difícil aceptar esa reiteración si no es con el consentimiento de ella».

Fallo

Pese a todo lo expuesto, la Audiencia de Córdoba no se limitó a absolver a los acusados. Menos mal. Al final los condenó, pero no por agresión sexual, sino por un delito de abuso sexual, que, claro está, conllevaba una pena bastante inferior a la de aquél. Los magistrados reconocieron que existió un abuso de superioridad por parte de los jóvenes al ser conscientes de su ventaja física y numérica frente a la chica, circunstancias que aprovecharon para mantener relaciones sexuales con ella pese a que su libertad «estaba mermada». Al final uno de los tres acusados fue absuelto de todos los delitos y los otros dos, condenados a una pena de 1 año de prisión y al pago de una indemnización de 200.000 pesetas (1.202 euros) a la menor, que además no abonaron al declararse la insolvencia de los acusados.

El fallo fue recurrido al Tribunal Supremo, que dictó sentencia el 19 de diciembre de 2001. El alto tribunal no cambió la calificación de los hechos al no poder modificarlos por su carácter de probados, pero aumentó la pena a dos de los acusados. La defensa de la joven había elevado el caso al Supremo, reclamando que los menores fueran condenados por agresión sexual y no por abusos.

La sentencia, de la que fue ponente Carlos Granados Pérez, que había sido fiscal general del Estado durante el Gobierno de Felipe González, supuso una corrección al tribunal sentenciador, aunque en la medida de sus posibilidades.

De los hechos considerados probados en la sentencia de Córdoba, según el Supremo, no se apreciaban los elementos que caracterizan un delito de agresión sexual en cuanto exige, además de la ausencia de consentimiento, la concurrencia de violencia o intimidación. En cambio aceptó la tesis de que los dos condenados, aparte de un delito de abuso sexual, también eran responsables de otro delito de la misma naturaleza, pero por cooperación necesaria, lo que supuso añadir a uno de ellos la pena de 1 año más de prisión y al otro 7 meses, debido a su minoría de edad. La indemnización cambió, asimismo, de las 200.000 pesetas iniciales a 1.230.000 pesetas (7.392 euros). El Supremo pasó de puntillas por la frase en que se calificaba a la víctima de chica fácil. Como dijo Sancho, «mejor no menear el arroz, aunque se pegue». Es decir, mejor no meneallo.

UNA CUESTIÓN DE FORMAS

La siguiente historia se centrará en las formas. Pero no serán las formas voluptuosas del cuerpo femenino (como las que, en este caso, fueron objeto de deseo por parte de un jefe inclinado al toqueteo). Tampoco se trata de las buenas formas o buenas maneras (las que no guardó con sus empleadas el farmacéutico indeseable que protagoniza este caso). No. Cuando hablamos de formas nos referimos a las que debe guardar el Derecho. Porque fue una cuestión formal la que llevó a la Audiencia Provincial de Madrid —concretamente a su Sección Sexta— a una sentencia que, como suele decirse, tiene tela.

El citado tribunal absolvió del delito de acoso sexual a un farmacéutico de Alcalá de Henares al considerar que tocar las nalgas, besar y acariciar las piernas de sus empleadas sin el consentimiento de éstas, mientras les proponía tener una «relación sentimental», no podía constituir un delito de acoso sexual.

¿Cómo pudo un tribunal considerar probado que aquel ejemplar de pulpo masculino solía rozar su cuerpo con el de las empleadas de su farmacia de Alcalá de Henares, proponerles compartir siesta en un hotel y besarlas sin que lo desearan y, no obstante, anular la condena por acoso sexual que le había impuesto un juzgado madrileño?

La Audiencia de Madrid explicó el disparate señalando que el farmacéutico no debió ser acusado de un delito de acoso sino de abusos sexuales, un delito por el cual, sin embargo, no era posible condenarle… pues no había sido acusado del mismo. Muchos, al leer aquellas razones, consideraron confusa o insuficiente semejante argumentación. En todo caso, valieran o no aquellas razones, lo único indudable es que el pulpo se libró de la condena.

Inicialmente, al farmacéutico se lo consideró culpable de dos delitos de acoso sexual; el juzgado le había impuesto pocos meses de cárcel al haberle aplicado las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño causado. Pero, además, la sentencia anulada incluía dos indemnizaciones de algo más de 11.000 euros cada una para las dos empleadas que fueron víctimas del acoso/abuso sexual, dinero que se ahorró el farmacéutico al recurrir contra la condena inicial ante la Audiencia de Madrid, que, como decimos, la anuló.

La sentencia absolutoria, aprobada por unanimidad por los tres magistrados de la Sección Sexta (Francisco Jesús Serrano, José Manuel Fernández-Prieto y Julián Abad), consideraba probado que desde el año 1997, y «con objeto de satisfacer sus deseos libidinosos», Ramón G. N. «comenzó a presionar de forma velada pero continua a una de sus empleadas para que accediese a mantener una relación sentimental con él, dirigiéndole expresiones como “eres la mujer de mi vida” o “eres mi media naranja”, o manifestándole que estaba dispuesto a dejar a su mujer para irse con ella a un lugar apartado y montar una farmacia juntos. Asimismo, en un día no determinado y aprovechando un descuido, el acusado le dio un beso en los labios. Igualmente y con motivo de los ocasionales desplazamientos en coche que realizaron por motivos laborales, le acariciaba la pierna o el pelo, todo ello sin contar con el consentimiento de la trabajadora. Por último y con la excusa de atender a los clientes de la farmacia, rozaba intencionadamente su cuerpo con el de ella».

«Como consecuencia de estos episodios, la víctima sufrió una depresión que tardó 155 días en curar, hallándose impedida durante este tiempo para desarrollar sus actividades habituales y quedándole como secuela un trastorno depresivo con crisis de ansiedad concomitante.»

Además, a partir de mayo de 2002 el dueño de la farmacia repitió su conducta con otra de sus empleadas, a quien entregó varias cartas y poemas de contenido amoroso y erótico en las que le dirigía las siguientes expresiones: «Se produce en este loco desvarío amoroso un sentimiento de angustia por su ausencia, porque invade mis neuronas y las aniquila para lo demás que no sea la utilización de toda mi energía dirigida hacia tu recuerdo permanente. Estás reinando en mi intelecto y, por lo tanto, te has hecho dueña de mis resortes más íntimos», o «sueño con el roce de tu piel, con su color, con el perfume que exhala, con esa levedad de tu ser que me emociona». En una ocasión, el farmacéutico «llegó a dar dos palmadas en las nalgas y un beso en la oreja» a la trabajadora, a quien propuso «que fueran a hacer la siesta a un hotel cercano».

Esta segunda víctima sufrió también «una depresión que tardó 156 días en curar, hallándose impedida durante ese tiempo para desarrollar sus actividades habituales y quedándole como secuela un trastorno de estrés postraumático y depresión reactiva».

«Dar palmadas en las nalgas, dar un beso en la oreja, abrazar, dar un beso en los labios, acariciar la pierna o el pelo no implican la proposición de ninguna relación sexual, sino que suponen la realización de actos de contenido sexual», juzgaron los magistrados; con ello mostraban un criterio que muchos consideraron excesivamente formalista, pues incluso aceptando que cabía una condena por abusos, no parecería menos cierto que las proposiciones hechas desde una situación de superioridad no dejaban mucho margen como para no considerarlas acoso.

La absolución resultaba difícil de explicar, y tanto fue así que, a la vista del pequeño escándalo con el que diversos medios de comunicación acogieron la sentencia, la Audiencia Provincial se sintió en la necesidad de salir al paso, al día siguiente de que fuera divulgado su fallo, con una nota aclaratoria. En ella, el tribunal pretendía destacar que su sentencia no minusvaloraba la gravedad de la conducta del farmacéutico, sino al contrario: sus actos constituyeron conductas sexuales impuestas por vías de hecho a quien las sufrió, pero no suponen una proposición de tales actos sexuales (lo que conduciría al acoso sexual), sino que «podrían constituir el supuesto fáctico de una condena por delitos de abusos sexuales».

Dicho de otro modo, la Sala señalaba que, si por ellos hubiera sido, habrían condenado al farmacéutico «por un delito más grave contra la libertad sexual de las mujeres afectadas por tales hechos, como era el delito de abuso sexual»; sin embargo no podían hacerlo porque no se había formulado «esa acusación en la causa». Quede para el lector el juicio sobre el asunto, pues tal vez la Audiencia pecó de formalismo o, tal vez, su explicación no minimizó el disparate que nos ocupa pero sí apuntó hacia otro posible responsable: el fiscal que infravaloró la gravedad de los actos cometidos por el acusado.

EL OBISPO DE LOS GAIS

«Doctores tiene la Iglesia», decía el Catecismo del padre Astete, el jesuita salmantino del siglo XVI que pasó a la historia por la fama de su obra. No aspiramos con nuestro humilde libro a superar las 600 ediciones de su obra, ni tampoco que se traduzca a todas las lenguas europeas como lo consiguió él, pero sí nos parece bueno dejar constancia de que la expresión que debemos al religioso, en el sentido de dejar a la consideración de los expertos en la materia las cuestiones difíciles de explicar, se puede referir también al obispo de Alcalá de Henares, José Antonio Reig Pla. ¿O no?

¿Y qué hacemos hablando de un obispo en la nueva antología del disparate judicial? Pues eso, hablar de una sentencia —no del gusto de todos— que tuvo que dictar un tribunal sobre la opinión que el prelado coló en una de sus homilías en la que mezcló ideas respecto a la homosexualidad, la corrupción de menores y la prostitución, y que le valieron una sonora pitada de diversos colectivos sociales. Que a continuación arremetiera contra el aborto ya era lo de menos, debió de pensar el mitrado. La homilía del obispo Reig Pla quizá hubiera pasado inadvertida de haberse limitado a los oídos de los parroquianos que acudieron a misa ese festivo. El problema fue que ese mensaje se difundió en directo por televisión. Y se armó la de Dios es Cristo, nunca mejor dicho.

Pero antes de desgranar el asunto, vayamos a las palabras del obispo. ¿Qué dijo, pues, que tanto indignó a la parroquia que no fue a misa? Situemos el acontecimiento: 12 de abril de 2012. Viernes Santo. Catedral de Alcalá de Henares, Madrid. Monseñor Pla en la homilía:

Quisiera decir una palabra a aquellas personas llevadas por tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana. Piensan ya desde niños que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo y, a veces, para comprobarlo se corrompen y se prostituyen o van a clubs de hombres nocturnos. Os aseguro que encuentran el infierno. ¿Vosotros pensáis que Dios es indiferente ante el sufrimiento de todos estos niños…, algunos de ellos incluso abusados dentro de sus propias familias?

El mensaje del obispo corrió como un tuit entre cientos y cientos de personas que lo interpretaron como una agresión a su opción sexual. Algunos opinaron que estaba comparando la homosexualidad con la prostitución y la corrupción de menores, y tildaron de homófobas las palabras del prelado superior de Alcalá. Aunque la Iglesia y asociaciones cristianas defendieron a monseñor Reig Pla, la homilía fue tan polémica e hirió tantas susceptibilidades que acabó en los tribunales. Los colectivos gais reclamaron de la Fiscalía que actuase contra el obispo, algo que pocas veces se ha visto, para ser sinceros. Incluso un abogado de Murcia llamado José Luis Mazón, fundador del partido Soberanía y conocido promotor de un rosario de querellas contra todas las corruptelas o similares de este país, interpretó de sus palabras que los niños homosexuales se corrompen por sentir atracción hacia personas de su mismo sexo y que a veces se prostituyen y que incluso son sometidos a abusos dentro de sus propias familias. Por este motivo se querelló contra el obispo.

Una palabra detrás de otra

La 2 de Radiotelevisión Española (RTVE) retransmite la misa del Viernes Santo. La iglesia elegida para la ocasión es la catedral alcalaína. Está llena. A su vez, varios miles de personas siguen el oficio por televisión. La homilía es el momento de la liturgia en el que brillan los buenos oradores de la Iglesia católica. El obispo es un religioso bregado en la polémica y desenfunda un discurso en el que arremete contra la homosexualidad y el aborto. «Quisiera decir una palabra…», asegura, pero es una figura retórica, sin duda. Dice más de un palabra: «Quisiera decir una palabra a aquellas personas llevadas por tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana. Piensan ya desde niños que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo y, a veces, para comprobarlo se corrompen y se prostituyen o van a clubs de hombres nocturnos».

Es la forma que Reig Pla elige para hablar de la «malicia del pecado». Poco antes ha arremetido contra el aborto, contra los jóvenes que hacen botellón, contra los adúlteros y contra los homosexuales. Su mensaje corre como la pólvora. Es Viernes Santo, un día en que el país suele estar parado. No hay ni periódicos. Pero la homilía del obispo alcalaíno incendia muchos sentimientos. Ese mismo día, la Confederación Española de Asociaciones de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (Colegas) reclama «respeto a la dignidad de los homosexuales» ante lo que considera «exaltaciones homófobas» del prelado. Colegas, que agrupa a 32 asociaciones, dice que la homilía trasciende el objeto propio del culto y la fe para llegar al «ataque que raya la incitación al odio y la apología de la discriminación». La libertad de expresión no es la barra libre para el insulto y el fomento del odio al diferente, afirman. A las críticas se suman los partidos de izquierda.

Ante el revuelo de sus palabras, el obispo se defiende: «No quiero ofender a nadie, pero no renuncio a anunciar la verdad en la caridad». Desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), su presidenta, Boti García Rodrigo, critica la homofobia con la que «a veces sacude» la jerarquía católica.

Pero Reig Pla también tiene quien le apoye. Al salir en su defensa, la Confederación Católica de Padres de Alumnos y Padres de Familia (CONCAPA) afirma que «el colectivo homosexual» quiere imponer su visión de la sexualidad «con virulentos ataques a quienes no sigan sus directrices».

Como era previsible, la Iglesia española arropa al prelado, aunque con algún disenso. El obispo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, Juan José Omella, asegura que las afirmaciones de Reig Pla sobre el aborto y la homosexualidad están en la línea de «lo que siempre ha dicho la Iglesia católica». El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, va más allá y sostiene que el obispo alcalaíno era «objeto de una ofensiva descalificadora por parte de ciertos “lobbies gais” y de algunas formaciones políticas». También el entonces cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Valera, y los demás obispos de la provincia expresan su «cercanía fraternal» con el obispo de Alcalá de Henares y califican de «lamentables injerencias» las mociones de censura aprobadas por algunas localidades madrileñas. Uno de ellos fue el propio Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que había vetado la presencia del obispo en los actos oficiales de la corporación al entender que sus opiniones sobre la homosexualidad perjudican la imagen de la ciudad; sin embargo había rechazado una moción de IU para exigir su destitución.

También se luce con su opinión el entonces portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, al asegurar que la polémica había sido fruto de «una campaña ficticia por determinados intereses políticos». Y, en un estilo parecido, añade: «Las relaciones homosexuales son objetivamente desordenadas; ésa es la doctrina católica y está expresada en el catecismo, por lo que es un escándalo farisaico» que alguien se sorprenda al oírselo decir a un obispo. Tras calificar de «injusta» e «infundamentada» la polémica, insiste en que la Iglesia tiene que «ejercer su derecho de libertad de expresión y su deber de proclamar la doctrina católica sin dejarse condicionar por ninguna polémica injusta».

Pero en este rebaño hay aparentemente una oveja negra. El cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez-Sistach, se desmarca de las opiniones del obispo de Alcalá de Henares y afirma que los homosexuales «son personas como las otras y merecen toda la dignidad y el respeto». Frente a la teoría de la malicia del pecado expuesta por Reig Pla, Martínez-Sistach considera que la Iglesia debe abrirse «a todas las personas con sentimiento religioso» en un proceso que se debería llevar a cabo «más allá de las ideologías», porque la cuestión de Dios es precisamente eso, «la gran cuestión».

Y al final la polémica llega al Congreso. Su Comisión de la Igualdad no logra ponerse de acuerdo sobre el texto de una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, ni tampoco sobre la oportunidad de reprobar a quienes hacen declaraciones discriminatorias y homófobas.

Estilo de vida gay

En su campaña de autodefensa, el obispo hace público que había recibido un centenar de testimonios de personas que habían abandonado «el estilo de vida gay» e iniciado «itinerarios de esperanza».

Reig Pla, alicantino por más señas, no es un obispo cualquiera; su opinión no suele pasar inadvertida. Es lo que podemos calificar como un obispo guerrillero. Al poco de la polémica de su homilía, Reig Pla sostuvo que muchos casos de homosexualidad se podían resolver con «una terapia adecuada». En otro momento reclamó abrir un debate como en Francia sobre la aprobación de la ley del matrimonio homosexual, que mantener el derecho al aborto era sostener «la corrupción del Estado», o que la interrupción del embarazo era «una batalla larga y tan larga como la que pretendía abolir la esclavitud».

Para el obispo, la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la unión legal entre personas del mismo sexo fue «una verdadera agresión» al matrimonio, al tiempo que sostuvo que en los colegios los niños se plantean su condición sexual por ciertas ideologías que se han introducido en el ámbito de la enseñanza. Muchas son sus opiniones polémicas, pero todas gravitan sobre los mismos asuntos: que si la familia cristiana es la única respuesta posible a la «sociedad enferma» y a la «gran crisis de humanidad, moral, social y económica que estamos viviendo», que si el matrimonio es «el mejor negocio de las personas», y un largo etcétera.

Un año y medio antes de su famosa homilía, el 27 de diciembre de 2010, vinculó la violencia de género o machista a la pérdida de la familia tradicional. Opinó que la violencia doméstica se daba sobre todo en los procesos de separación y divorcio, en aquellos procesos de litigio, «de manera que los matrimonios canónicamente constituidos tienen menos casos de violencia doméstica que aquellos que son parejas de hecho o personas que viven inestablemente».

La FELGTB presentó una denuncia ante la Fiscalía de Madrid contra este obispo por provocación a la discriminación y al odio en su homilía, en la que, a su juicio, «relacionaba la homosexualidad con la corrupción, la prostitución y el abuso, anteponiendo el perjuicio a la diversidad afectiva y sexual». La FELGTB reclamó también que se investigara si RTVE había incurrido «en falta» al emitir las palabras del prelado y pidió que la Corporación retirase de su web el vídeo de la homilía. Pero la Fiscalía archivó la denuncia por no ver motivo para actuar contra el obispo. Tampoco el Ente Público hizo nada a pesar de las numerosas quejas que recibió. Los consejeros nombrados por el PP y CiU para el Consejo de Administración de RTVE se levantaron de la reunión de este órgano para evitar, al dejarla sin quórum suficiente, que la mayoría integrada por consejeros progresistas votara a favor de una resolución de censura al obispo de Alcalá.

Al mismo tiempo, el letrado Mazón presentó una denuncia en los juzgados de Alcalá de Henares por injurias e incitación a la discriminación contra los homosexuales, en aplicación del artículo 510 del Código Penal, que castiga con pena de prisión a los que provocan la discriminación y el odio contra grupos por su orientación sexual o difunden informaciones injuriosas contra ellos.

Tras estudiar el caso, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Alcalá de Henares, Antonio Cervera, la archivó al no apreciar delito alguno. «El examen completo de las palabras del obispo no permite entender razonablemente que el mismo estuviese provocando a la discriminación, al odio o a la violencia contra los homosexuales (art. 510.1 del Código Penal), ni que el mismo estuviese difundiendo informaciones injuriosas sobre los homosexuales con relación a su orientación sexual (art. 510.2 del Código Penal)», afirmó.

El magistrado estimó que de las consideraciones de Reig Pla se desprendía, sin duda, «una posición crítica hacia la homosexualidad», pero que no contenían «una injuria a los homosexuales en general ni tampoco una llamada a la discriminación por razón de su orientación sexual». Para Cervera, del sentido de sus palabras no podía entenderse una intención de afirmar que los homosexuales en general se prostituyesen, sino que eso, en opinión del obispo, ocurriría «a veces» y «para comprobar una inclinación sexual».

Tras conocer la decisión judicial, Reig Pla manifestó que ésta no sólo salía en defensa de la «libertad de expresión y de la libertad de cátedra, sino sobre todo en defensa de la libertad religiosa en España; libertades que algunos lobbies y medios de comunicación parecen querer cercenar a toda costa». Además insistió en sentirse víctima de «una estrategia de acoso y desgaste bien planificada» que sufren otros miembros de la Iglesia al expresar sus opiniones sobre la homosexualidad.

Por el contrario, la FELGTB lamentó que «la agresión verbal» del obispo de Alcalá de Henares quedara impune y que el juez careciera «de la sensibilidad social necesaria para comprender que las agresiones verbales son causa de un daño extremo a las personas LGTB, especialmente a adolescentes lesbianas, gais, transexuales y bisexuales».

El partido Soberanía recurrió ante la Audiencia de Madrid en el año 2012 y denunció el caso en varias ocasiones al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el retardo en dictar sentencia. Finalmente ésta se produjo en el sentido de rechazar la responsabilidad del obispo.

Una opinión, no discriminación

La Audiencia Provincial de Madrid consideró en 2014 que el obispo de Alcalá ejerció su derecho a la libertad ideológica, religiosa y de opinión al criticar la homosexualidad. Al igual que hizo el Juzgado de Instrucción, la Sección número 23 del tribunal madrileño entendió que las palabras pronunciadas por el denunciado no suponían la comisión de delito porque «no contienen incitación alguna al odio, a la discriminación o a la violencia contra los homosexuales, que es el grupo al que se refiere, sino que se limitan a poner de manifiesto las ideas de Monseñor Reig Pla sobre las personas de esa orientación sexual». «Guste o no guste lo que dijo Monseñor Reig Pla —añadía el auto judicial—, se limitó a ejercer su libertad ideológica, religiosa y de opinión de forma pública, sin que en sus expresiones existiera una incitación a ejercer violencia, odio o discriminación sobre el colectivo gay.»

Admitió el tribunal que «seguramente muchas otras personas discrepan del punto de vista del prelado, pero eso no significa que el obispo» cometiera delito «al expresar sus creencias religiosas». Tampoco vio la Sala motivo para apreciar un delito de provocación a la discriminación porque de la homilía no se deducía «un ataque a la totalidad del colectivo gay», pues el obispo se refirió «claramente a individuos aislados y concretos, no a todo el grupo», y dijo que «esos individuos» a veces realizaban «conductas que el obispo considera reprobables».

En conclusión de la Audiencia Provincial de Madrid, el prelado superior de la Diócesis de Alcalá de Henares expresó «los “peligros” que en su opinión acechan a aquellas personas que sienten atracción sexual por personas de su mismo sexo». «Tan sólo es una opinión, no tiene por qué ser compartida y por muy desajustada que parezca con los valores de la sociedad actual, eso no la convierte en constitutiva de delito», razonaban los magistrados.

Tras el archivo, Colega lamentó que la Justicia no condenase al obispo de Alcalá y reclamó la aprobación de una ley que regule los delitos de homofobia, xenofobia y racismo. «La falta de una ley que castigue la discriminación motivada por el odio, ya sea homofobia, xenofobia, racismo o antisemitismo, está logrando que muchos delitos de discurso de odio queden impunes», afirmó su presidente, Paco Ramírez, quien consideró de urgencia aprobar una norma de no discriminación frente a la «ambigüedad y el vacío legal».

Para cerrar este asunto, y parafraseando al prelado, nosotros quisiéramos decirle una palabra, pero una sola palabra de verdad: Respeto. O mejor dos, en sintonía con el cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez-Sistach: Dignidad y Respeto.

EL ABUELO CEBOLLETA

Estamos seguros de que al famoso dibujante de cómics Manuel Vázquez (el gran Vázquez, el de Anacleto, agente secreto y Las hermanas Gilda) no le importaría que coincidiese el nombre de este caso con el de un conocido personaje de la historia de La familia Cebolleta que él creó en 1951 para la revista El DDT. Aquel abuelo Cebolleta, el de la enorme barba blanca, era un personaje benigno, obsesionado por contar batallitas a quien pillaba por banda. En cambio, el personaje de nuestro siguiente caso judicial es otro distinto al que hemos querido llamar Cebolleta pero, que sepamos, no por guardar parecido en su verborrea, sino por su afición a restregarse en los demás con esa parte de su cuerpo que el lector ya se estará imaginando. Sí, eso que coloquialmente se define como arrimar cebolleta, aunque todavía la Real Academia Española de la Lengua se estará pensando si dar a la popular alocución su conocido brillo y esplendor.

Nuestro abuelo Cebolleta ha entrado con honores en esta nueva antología no por méritos propios, sino de los magistrados que le juzgaron. El hombre se sentó en el banquillo acusado de abusar de dos nietas de su pareja y al final fue condenado por esos hechos, pero fue absuelto de la acusación de haberlo hecho con otras dos. En ese debate jurídico que mantuvieron los magistrados a la hora de redactar la sentencia, concluyeron que era «normal», aunque «chocante», que el abuelo se revolcara desnudo con las niñas en la cama. El resultado de todo ello fue que de los 50 años de prisión a los que se enfrentaba por abusar de las cuatro menores, sólo recibió una condena de 11 años.

Los hechos ocurrieron entre 1997 y 1998 en el domicilio que nuestro abuelo Cebolleta compartía con su pareja en Cerdanyola del Vallés, en la provincia de Barcelona, así como en una residencia veraniega de la familia en Begur (Girona) y en la casa de una de las hijas de la compañera sentimental del procesado en la localidad barcelonesa de Mollet del Vallés.

A fin de reflejar los hechos con la misma crudeza que hacen los jueces, utilizaremos algunos pasajes textuales de la sentencia, si bien hemos cambiado todos los nombres de las personas afectadas para evitar su identificación. Al acusado lo llamaremos Cebolleta para identificar con un nombre supuesto al personaje de este epígrafe, pero no para hacer una gracieta, ya que el caso no es para reírse sino para llorar.

Sin embargo, antes de empezar, tengamos clara una cosa: las niñas de la historia son cuatro nietas de la pareja del acusado, a las que identificaremos como Lucía, de trece años; Antonieta, de doce años, y Sara y Gema, ambas de nueve años.

El abuelo Cebolleta, «mayor de edad y sin antecedentes penales, mantuvo desde el año 1988 una relación sentimental con Marisol a consecuencia de la cual decidieron convivir juntos desde mediados del año 1994 en el piso de ésta en Cerdanyola del Vallés. Cebolleta se hallaba, durante este tiempo, plenamente integrado en la vida familiar de su compañera sentimental, pasando numerosos fines de semana con ella en la casa que Eva, una de las hijas de aquélla, poseía en la localidad de Begur (Girona), acompañados de otras de sus hijas así como de sus nietas».

En el año 1997, la mañana de un domingo invernal, estando en la residencia de Begur, al acusado lo despertaron las dos hijas de Eva, Lucía y Antonieta, «a las cuales, jugando, Cebolleta revolcó en la cama en la que él se encontraba acostado y desnudo, y rozó con su pene las piernas de ambas, sin que se haya acreditado la presencia de ánimo libidinoso en dichos hechos».

El verano de ese mismo año, en la playa de la población gerundense, «mientras el procesado jugaba a enseñar a nadar a Lucía y la sostenía en el agua en posición horizontal, tocó los pechos y la zona genital de la niña, tras lo cual ella se separó inmediatamente, sin que tampoco conste que el ánimo libidinoso inspirara su actuación».

«En fecha indeterminada entre el verano de 1996 y julio de 1997, y en el piso en el cual el procesado convivía con Marisol, en Cerdanyola del Vallés, Cebolleta revolcó sobre la cama en la que él dormía a Sara, de nueve años, también nieta de su compañera sentimental, habiéndose producido fruto de dicho roce en la cama contactos y tocamientos del procesado sobre el cuerpo de la niña.»

Pero hubo más. «En el mes de mayo de 1997, hallándose de nuevo la familia en la localidad de Begur y habiendo salido a pasear por el bosque el procesado y Sara, aquél se bajó la bragueta, sacando su pene, que restregó contra el cuerpo de la niña, masturbándose.»

Y el día 23 de junio del mismo año, «estando en el jardín de la casa de Begur jugando en los columpios el procesado y Sara, él la cogió fuertemente y, sacando nuevamente su pene de los pantalones, volvió a masturbarse frotándolo contra el cuerpo de la menor, que intentaba separarse pero no podía debido a la intensidad con que era agarrada por el adulto».

Otro escenario en el que ocurrieron los hechos fue la trastienda de un comercio de ropa que regentaba la pareja del abuelo Cebolleta. El 18 de julio de 1997 estaba allí su nieta Gema. «El procesado, estando solo con la niña en la parte trasera del establecimiento, le bajó los pantalones y las bragas, la besó en la boca y le introdujo el pene en la boca, así como frotó su miembro viril contra la vagina de ella. Los besos a la niña y la introducción del pene por el acusado en la boca de ella, así como los contactos superficiales con el citado miembro en la vagina de Gema se repitieron, en fechas indeterminadas pero en todo caso comprendidas entre verano de 1996 y el 18 de julio de 1997, en al menos dos ocasiones más; una de ellas se inició mientras Gema dormía en su domicilio de Mollet del Vallés y ocurrió en el verano de 1996, sucediendo en la otra ocasión en la casa de la tía de la niña en Begur, llegando a eyacular en al menos una de las tres ocasiones mencionadas. Gema ha estado sometida a tratamiento psicológico a causa de estos hechos.»

Tras el juicio, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia en septiembre de 1999. Los magistrados consideraron que los hechos eran constitutivos de un delito continuado de agresión sexual en el caso de Sara y de un delito continuado de abusos sexuales sobre una menor de nueve años, con penetración, en el caso de Gema. En cambio no consideró acreditada la comisión de otros dos delitos continuados de abusos sexuales en el caso de Lucía y Antonieta.

Rozar con el pene, cuestión de confianza

Los magistrados no dudaron de la veracidad de las acusaciones de las niñas. Pero los hechos, decían en la sentencia, «ostentan la suficiente ambigüedad y son fruto de conductas socialmente aceptadas en una relación de íntima confianza y casi parental, como la que tenían todas las menores con Cebolleta, quienes le consideraban su abuelo». Así que les surgieron «serias dudas sobre el verdadero ánimo que inspiró al procesado» cuando rozó «con el pene a las niñas estando ellas en su cama con ocasión de haberlo ido a despertar» y los «contactos con la mano en los pechos y en la zona genital de Lucía cuando la sostenía en el agua en posición horizontal simulando ambos que ella no sabía nadar».

O sea, que revolcarse con las nietas en pelotas y en la cama es lo más normal del mundo, según los magistrados. Y arrimarles la cebolleta también, claro, cabría añadir. Eso sin tener en cuenta que no estaban juzgando a un santo o a un anacoreta, sino a un abuelo al que habían condenado por abusar de otras dos nietas.

La sentencia reconocía que podía «resultar chocante» que revolcarse en la cama «se considere dentro de la normalidad en el caso concreto». Esto se debía, según los magistrados, a lo que las niñas y otros familiares habían relatado «sobre la costumbre que tenía la madre de ambas de andar por la casa desnuda o simplemente con un pareo en presencia del resto de parientes y del propio encausado, no siendo infrecuente que acudieran todos a playas nudistas y habiendo visto las menores en alguna ocasión a Cebolleta desnudo en tales playas».

«En este contexto, con una cierta habitualidad de las menores ante tales situaciones que vivían de manera natural, la circunstancia de que el procesado durmiera desnudo y al revolcar a las dos niñas sobre su cama rozara su órgano genital con las piernas de ellas, no ofrece más que una trascendencia que bien pudiera ser casual», añadía la resolución.

Que Lucía relatara en el juicio que no consideró «normal ese roce ni los tocamientos en la playa» fue, en opinión de la sentencia, una «apreciación subjetiva» puesta en duda por el tribunal, «a la vista del relato de las cuatro primas sobre cómo se sucedió la exteriorización de los hechos que habían acontecido a cada una de ellas». Y es que fueron las dos más pequeñas «las primeras que se atrevieron a hablar entre ellas de lo que les había sucedido con Cebolleta, contándoselo más tarde a sus primas mayores».

«En estas circunstancias —prosiguió en su explicación el tribunal— bien pudiera suceder que oyendo la narración de unos hechos cuya intencionalidad no ofrecía dudas, no vacilaran en atribuir ese ánimo a actos que por su carácter ambiguamente sexual recordaban, viendo reforzada así una de las dos percepciones posibles de lo que les había sucedido.»

Y así, ante las dudas que albergaban los magistrados y al no disponer de pruebas contundentes sobre la acusación, el tribunal absolvió al abuelo Cebolleta de parte de los delitos de los que era acusado. En cambio, fue condenado a una pena de 3 años y 3 meses de prisión por un delito continuado de agresiones sexuales y a otra pena de 8 años y 6 meses por un delito continuado de abusos sexuales. Asimismo, se le impuso el pago de una indemnización de 10 millones de pesetas (60.000 euros) a Gema y de 5 millones (30.000 euros) a Sara.

El acusado recurrió la sentencia frente al Supremo, no así el fiscal ni la acusación particular, que habían reclamado un total de 50 años de cárcel para el abuelete. El alto tribunal rechazó su recurso y, por tanto, confirmó su condena. Los argumentos de defensa que expuso en el alto tribunal no nos interesan lo más mínimo y no nos detendremos en ellos. Como si el abuelo Cebolleta comenzara con aquello de «en cierta ocasión, iba yo al frente de mis cipayos, cuando bla, bla, bla…».

LA BAJADA DE BRAGAS

Los juegos en la pareja para estimular la libido forman parte de la más estricta intimidad y deben quedar al margen del reproche penal, siempre, claro, que no entren en colisión los derechos y las libertades de cada uno de sus miembros. Así pues, que la esposa se vista de enfermera y el marido simule estar enfermo es una fantasía sexual que comparten millones de personas; o que la mujer haga de maestra estricta y el hombre de estudiante algo gamberro forma parte de otro capítulo del imaginario habitual de las parejas que suplantan distintos roles para dar nuevos rumbos a sus relaciones sexuales. Otra cosa distinta es que una mujer denuncie a su marido por malos tratos porque le baja las bragas en público para reírse delante de los amigos, lo que parece ya fuera de ese contexto, y que un juez decida que el asunto no es más que una broma de mal gusto.

Esto mismo resolvió en 2008 un Juzgado de lo Penal de Jaén, que absolvió a un vecino de La Carolina, de cuarenta y tres años, de un delito continuado de malos tratos después de que su esposa lo denunciara ante la Guardia Civil por bajarle la ropa interior en numerosas ocasiones. La mujer explicó ante el juez que su marido, para hacerse el graciosillo, le subía la falda y le bajaba las bragas delante de sus amigos. El marido se defendió como pudo y reconoció que había sido una broma fuera de tono, pero que en ningún caso había agredido o maltratado a su esposa. La Fiscalía calificó de grave la conducta del acusado y solicitó para él una condena de 3 años de prisión.

Durante el juicio, los testigos citados aseguraron no haber observado nunca malos tratos, amenazas, insultos o vejaciones del marido hacia su mujer, y que cuando le bajaba las bragas delante de los colegas, en una casa de campo, lo hacía en plan de gracieta.

El juez reconoció que los hechos no revelaban «una situación de delicadeza, respeto y consideración del acusado con su mujer», pero sostuvo que esa actitud no podía ser considerada como delito. La sentencia, según publicó Diario Jaén, sostenía que «la zafiedad, la chabacanería, la ordinariez, la falta de educación, la vulgaridad, lo soez y burdo, la insolencia, no constituyen infracción penal, sobre todo cuando el interesado no conoce que puede estar humillando a la persona receptora y, en especial, cuando ésta parece tolerar la situación y no le dice lo contrario».

LA BURUNDANGA NO ES UNA MANDANGA

Que una bella mujer sea conquistada en un abrir y cerrar de ojos por un desconocido que se le ha cruzado en una calle céntrica de Madrid, hasta el punto de que se vayan a casa para intimar tras unos minutillos de charla, es poco frecuente. Pero si, además, el susodicho es un hombre que presenta una discapacidad que le hace ser lo que algunos, un tanto incorrectos políticamente, llaman «enano»… la cosa ya es muy rara. ¿Y si en lugar de una mujer son casi cuarenta las que sucumben de inmediato a los encantos del mismo desconocido como si fuera más bello que Adonis y más certero en su puntería que Cupido? ¿Acaso no cree que este asunto, por sí solo, despertaría nuestras sospechas por parecer irreal? ¿Y no le parece extraño que once de las mujeres accedan a irse a la cama para practicar sexo con el mismo individuo afectado por el síndrome de acondroplasia, y al que, como por arte de magia, quedan doblegadas a su voluntad? ¿Y que después de todo no recuerden qué les ha pasado ni hasta dónde han llegado?

Así planteado, reconocerá el lector o lectora que lo que contamos parece un capítulo de la serie Twin Peaks, que, como recordará, fue la popular serie de televisión estadounidense de los años noventa que crearon David Lynch y Mark Frost y que volverá a las pantallas pronto. Quizá crea que los autores hemos soñado, una de estas noches, con el enigmático personaje bailarín que aparecía en los sueños del agente del FBI que es enviado a Twin Peaks para investigar la muerte de Laura Palmer. Pero no, nuestro personaje es real, de carne y hueso.

Es el caso más paradigmático de lo que ocurre cuando la Justicia española se enfrenta al reto de la burundanga, la droga del violador, un potente fármaco que anula la voluntad de la víctima y que, al no dejar rastro, es muy difícil de probar en un proceso judicial y ha motivado el archivo de numerosos casos —digamos supuestos— de violaciones que nunca fueron probadas. Disparate o no, algo falla en la Justicia. Y las víctimas que denuncian, además de frustradas en su demanda de auxilio judicial, se convierten en dobles víctimas: del violador y del sistema judicial.

Nuestro sospechoso se hacía pasar por chamán y además era un pequeño actor que había actuado en anuncios y series de televisión, en espectáculos cómicos del bombero torero y de strippers en despedidas de solteras en un grupo conocido como los Pekeboys. Vivía en el madrileño barrio de Puente de Vallecas. De nacionalidad colombiana, había llegado a España en 2004. Le gustaba trabar conversación con las desconocidas y sacaba ventaja de su aparente fragilidad para ganarse la confianza de sus interlocutoras, que creían, erróneamente, que con su pequeño tamaño no representaba ningún peligro.

Decía que era brujo de una aldea y parecía que adivinaba cosas. Era simpático, o se lo hacía, y sabía aprovecharse de la debilidad de las mujeres a las que abordaba para explicarles un rollo sobre si ellas eran brujas también y que si tenían mucho potencial para ayudar a los demás. También explotaba su faceta de actor de tal o cual anuncio, o si intervino en la película Alatriste, y no desaprovechaba ninguna oportunidad para sobar a las mujeres, incluso en la cola para cobrar por un anuncio en TVE. No podemos ni debemos dar su identidad completa porque el personajillo salió libre de cargos después de que lo detuvieran dos veces y de que lo denunciaran casi cuarenta mujeres. Pero pongamos que se llama Ismael.

En mayo de 2012, la Dirección General de la Policía emitió una nota de prensa, titulada «La Policía Nacional detiene a un individuo que simulaba ser un chamán para abusar sexualmente de mujeres», en la que explicaba que el detenido se ganaba la confianza de sus víctimas «con un discurso esotérico» y, tras utilizar algún tipo de sustancia, «anulaba su voluntad y conseguía de una forma inexplicable que le invitaran al domicilio, donde consumaba los abusos». Aunque hasta ese momento sólo se le atribuía un delito, la Policía ponía a disposición de otras posibles víctimas un número de teléfono para que se pusieran en contacto con los agentes. Y llamaron muchas.

Las víctimas anuladas

Aurora (nombre ficticio) fue la primera denunciante y la que hizo que se destapara el caso. Sobre las 21.30 horas del 13 de mayo de 2012, se encontraba junto a una fuente frente al Palacio Real de Madrid, hablando por teléfono con un familiar, cuando Ismael, al que la denunciante no conocía, se sentó a un par de metros de ella; éste le pidió que se acercara y, al hacerlo, le dio datos de la conversación que estaba manteniendo, lo que despertó en Aurora una curiosidad por saber cómo lo había hecho. El hombre le ofreció un periódico y le dijo que pasara un par de páginas; a continuación, comenzó a sentirse extraña, «completamente anulada» y obedeciendo a todo lo que Ismael le decía.

La Audiencia de Madrid señaló en un auto: «Respecto a lo que pasó de contenido sexual, la denunciante reconoce que tiene un recuerdo confuso, con imágenes sueltas en las que ve a Ismael en calzoncillos, y que luego estaban en la cama y el denunciado le pedía que le tocara y le besara, a lo que ella accedía sin saber por qué, tocándola y besándola él también a ella aunque afirma en la denuncia que no recuerda haber mantenido relaciones sexuales completas con Ismael, quien durante el tiempo que permaneció en su domicilio le decía que si él se iba ella se moriría, que no tenía que contar lo sucedido a nadie y que iba a ser su secreto».

Otra víctima, Adelaida, relató que en octubre de 2011 paseaba por la calle de Carretas cuando se le acercó Ismael y entablaron conversación durante una hora en la Puerta del Sol sobre temas espirituales. Después la invitó a su casa y accedió porque él estaba acompañado de una mujer llamada Ascensión. «Una vez en la casa afirma que bebió agua que le dio el imputado y que el mismo, con el pretexto de liberarle de chacras o espíritus, le realizó unos masajes, realizándole tocamientos vaginales y quedándose ella dormida, sufriendo un fuerte dolor de cabeza al levantarse al día siguiente.»

A principios de mayo de 2012, Ismael se acercó a otra mujer, Elvira, cuando estaba viendo un escaparate en la calle de la Montera. Charlaron sobre la supuesta regulación de la energía a través del método reiki, o imposición de manos, y consiguió que ella se tomara algo (agua, entre otras consumiciones) en dos locales, donde «comenzó a abrazarla y a besarla en la cara». Elvira empezó a notar «que tenía anulada su voluntad, con una sensación muy extraña, como si estuviera bajo las órdenes de Ismael, accediendo a ir a su domicilio, bebiendo allí de un agua que él le trajo». Una vez en su casa, la mujer comió algo e Ismael le insistió en que «no quería follar con ella sino ayudarla», pero acabó quedándose a dormir en un sofá; al poco, en ese mismo sofá, y después de que ella se masturbara sin saber por qué, «él le introdujo los dedos en la vagina». Elvira aseguró que todo lo hizo «con la voluntad totalmente anulada y segura de que estuvo bajo los efectos de una sustancia que le hacía pensar que en ese momento estaba viviendo una experiencia sobrenatural y espiritual».

Así fueron, uno tras otro, los testimonios de las denunciantes.

El caso del falso chamán que hemos elegido para explicar este asunto de la burundanga es de los más polémicos que hemos podido encontrar, aunque no quiere decir eso que sea por tratarse de una actuación disparatada atribuible sólo al juez, sino porque el resultado del proceso constituya un disparate en sí mismo.

Cuando a la Policía le fueron llegando las denuncias contra el falso chamán, no hubo duda de que se trataba de un caso de abusos sexuales en el que se empleó algún tipo de sustancia que anulaba la voluntad de sus víctimas. Otra cosa era lograr alguna prueba de ello distinta a la palabra de las víctimas frente a la del denunciado.

Aurora, la del primer relato, fue víctima del falso chamán desde la noche del 13 de mayo de 2012 hasta primera hora de la tarde del día 14, y al día siguiente presentó su denuncia en comisaría. Según consta en el atestado, la Policía se puso en contacto con el juzgado de guardia y el médico forense no estimó oportuno realizarle a la denunciante ni una toma de muestras (por haberse lavado) ni un análisis de tóxicos, «sin perjuicio de que la víctima pudiera ir a su médico de cabecera para que se los hiciera». Se practicó una diligencia de reconstrucción de los hechos y se comprobó el itinerario referido por la denunciante. El 17 de mayo se procedió a la detención del sospechoso, quien se acogió a su derecho de no prestar declaración ante la Policía, y al día siguiente pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid.

La jueza tomó declaración a Ismael, que reconoció haber mantenido una relación con Aurora, pero negó haberle suministrado ningún tipo de sustancia. Admitió que se fueron a la casa de la mujer y que allí le tocó los muslos con el consentimiento de ella, se abrazaron y se besaron en la mejilla, pero en cambio negó haberla amenazado o que hubieran mantenido relaciones sexuales.

Según explicó la Audiencia de Madrid en un auto, el Juzgado de Instrucción acordó la libertad provisional del acusado ese mismo día, «sin practicar en ese momento ninguna diligencia más, ni entrada y registro en el domicilio del imputado, ni toma de muestras o análisis a la denunciante». Posteriormente, el 29 de mayo, la citó para tomarle declaración el 27 de junio; había pasado más de un mes de los hechos.

Aurora fue la primera en denunciar, eso sí, pero no la última. Una a una, otras treinta y siete mujeres fueron pasando por comisaría para contar su caso, y todos tenían un rasgo común: después de contactar con Ismael, las mujeres perdían la voluntad y seguían sus órdenes. A raíz del llamamiento de colaboración ciudadana que realizó la Policía Nacional a través de los medios de comunicación, numerosas mujeres denunciaron un caso similar.

Cuando el falso chamán queda en libertad sin cargos tras pasar a disposición judicial, la Policía no claudica y el 30 de mayo vuelve a detener al acusado. Al día siguiente lo pone a disposición de otro juzgado, el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, cuyo titular vuelve a dejar a Ismael en libertad y sin cargos.

En octubre de ese año, el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid acordaba el sobreseimiento y el archivo provisional de las diligencias previas 3382/2012, decisión que confirmó el 12 de noviembre al desestimar un recurso de reforma. El Juzgado no llegó a tomar declaración a todas las denunciantes o testigos, sino sólo a tres. El motivo fue que el tribunal recibió el «resultado negativo» de los análisis de los efectos intervenidos en casa del sospechoso: no se habían encontrado drogas tóxicas. Sin embargo, el archivo que decidió contó con la colaboración del fiscal, que reclamó el sobreseimiento de las actuaciones mientras las denunciantes personadas en la causa solicitaron la práctica de nuevas diligencias.

Por lo tanto, sin resolver previamente sobre las diligencias propuestas, la jueza acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones por entender que no resultaba acreditado que los contactos sexuales referidos por las víctimas se hubieran obtenido «por el denunciado con el empleo de violencia o intimidación, o valiéndose de algún tipo de sustancia, a la vista del resultado de los informes técnicos sobre las muestras obtenidas».

Tres de las denunciantes volvieron a recurrir el archivo ante la Audiencia Provincial de Madrid, que les dio la razón en enero de 2013. Tras dejar sin efecto el sobreseimiento, ordenó la práctica de las diligencias reclamadas por estas víctimas, así como cualesquiera otras que resultasen precisas para el esclarecimiento de los hechos. La Sala que tomó esta decisión estaba integrada por tres mujeres: Luisa Aparicio Carril, Ángela Acevedo Frías y Ana Mercedes del Molino Romera.

Una justicia incomprensible

Al corregir la decisión del Juzgado, la Sección Séptima de la Audiencia madrileña llamaba la atención de la jueza de instrucción por sólo haber tomado declaración a tres de las denunciantes, pese a que cada uno de los hechos investigados podría ser constitutivo de un delito grave. Pero no sólo consideraba «incomprensible» que hiciera esto, sino que tampoco notificara a todas las demandantes el sobreseimiento de las actuaciones.

Tras la denuncia de la primera mujer, observaba el tribunal, no se le recogió ningún tipo de muestra ni se le realizó una analítica, «ni en el momento de la denuncia, porque al parecer el médico forense entiende que ello no es necesario, ni cuando el detenido pasa a disposición del Juzgado de Instrucción, en el cual no se recibe declaración a la denunciante tampoco ese mismo día para valorar si es preciso la práctica de alguna diligencia con carácter urgente, sino que se toma declaración al detenido, el cual, en el legítimo ejercicio de su derecho de defensa, niega haber abusado de Aurora pese a que reconoce el contacto con la misma, sin estar presente según parece el Ministerio Fiscal, y se acuerda la libertad del imputado, citando a la denunciante para recibirle declaración más de un mes después».

Como continuación de su trabajo, la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Madrid remitió a la jueza diligencias ampliatorias con más de treinta mujeres que refirieron hechos similares, cometidos supuestamente por el mismo acusado. En su investigación, los agentes sugirieron «la existencia de una droga que podría producir los efectos que relataban las denunciantes que sentían cuando el imputado presuntamente cometía los hechos por ellas denunciados». De esta información se desprendía, según la Audiencia, que no tenía «por qué ser una invención de las denunciantes, por ejemplo, para justificar una relación sexual de la que luego se habrían arrepentido».

La Sala estimaba que no había motivo alguno para dudar de la credibilidad de las denuncias ni se había acreditado que las mujeres actuaran por motivos espurios ni para salir en los medios de comunicación, y aunque era cierto que algunos de los delitos denunciados ocurrieron hacía tiempo, no era motivo para que no se investigasen dada su gravedad. Además, que las posibles perjudicadas no hubieran formulado una denuncia en su momento podía estar justificado «por la especial naturaleza de los hechos».

Sobre los resultados negativos en las pruebas de drogas, la Audiencia estimaba, como alegaban las víctimas, que no se practicaron en el momento de la primera detención, ni se efectuó un análisis de la primera denunciante, ni una entrada y un registro en el domicilio del acusado para constatar la posibilidad de que tuviera algún tipo de sustancia que provocara los efectos que Aurora afirmaba haber sufrido, y que cuando se realizó el día de la segunda detención de Ismael, habían pasado trece días desde la primera, «tiempo más que suficiente para que el imputado se hubiera podido deshacer de cualquier vestigio que pudiera incriminarle». Ante la falta de un informe técnico que confirmara la presencia de drogas que anularan la voluntad de las víctimas, el tribunal consideraba preciso recabar otros datos que permitiesen averiguar los hechos.

En este caso, la Audiencia estaba más del lado de las víctimas que del acusado, no sólo porque avalaba sus argumentos, sino también porque entendía el valor indiciario de sus testimonios en ese momento procesal: «Hay que tener en cuenta el elevado número de mujeres que declaran en sentido parecido, sin que entre ellas se conocieran previamente ni tuvieran relación alguna, lo que parece descartar, en principio, una cadena de denuncias no ajustadas a la realidad, y este conjunto de hechos denunciados corrobora periféricamente la verosimilitud del testimonio de cada una de las denunciantes».

Y tampoco consideraba tan raro que las denunciantes coincidiesen en que se había usado algún tipo de droga. Por eso reclamó que si existía «una posibilidad científica» de que se hubiera administrado a las demandantes «algún tipo de sustancia que puede anular o alterar la voluntad de las mismas», era preciso constatar, a través de un informe pericial, si la escopolamina «puede producir los efectos que las denunciantes refieren, y el tiempo de duración de esos efectos, así como de qué manera se puede administrar tal sustancia y si es posible que ello se haga a través de un periódico, un abrazo, unos besos, un pañuelo, una bebida o incluso un soplido, que es lo que parece que las denunciantes mantienen que ha podido ocurrir».

El Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid se vio obligado a reabrir el caso, y al cabo volvió a archivarlo por segunda vez; las víctimas recurrieron de nuevo esta decisión, y en el momento de escribir este capítulo, la misma sala aceptó el nuevo recurso para que se siguiera tramitando la causa.

La droga del violador

Muchos son los nombres por los que se la conoce: droga del violador, beso del sueño, polvo zombi o aliento del diablo, pero sobre todo se ha popularizado como «burundanga», término con solera en Sudamérica, donde también se la denomina cacao sabanero o borrachero. El origen de la palabra es africano, del yoruba concretamente, y es el nombre que recibe un arbusto común en muchas latitudes: el beleño blanco. En los países anglosajones se ha clasificado la burundanga como una droga que facilita la agresión sexual (DFSA, del inglés Drug facilitated sexual assault), y en Francia se la conoce con el término «sumisión química».

Aunque el uso de esta droga ha llegado a España desde América Latina, donde suele emplearse para cometer delitos en países como Colombia, Venezuela, Ecuador o Argentina, ya se utilizaba hace miles de años, por ejemplo durante el Imperio romano como «veneno de anillo» que se diluía en cualquier líquido, o en la Edad Media como parte de los filtros de amor mágicos.

Según el último informe sobre drogas emergentes de la Comisión Clínica de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, el alcaloide que contiene el beleño blanco es la escopolamina (o hioscina). Por méritos propios no debería formar parte de una publicación sobre drogas de abuso «si no fuera por el hecho de que se usa, con fines delictivos, para provocar la sedación en personas que, posteriormente, serán víctimas de rapto, abusos sexuales o robo». El documento, del año 2011, es decir, antes de la detención del falso chamán, refería que se había llegado a considerar, incluso, la posibilidad de que esta sustancia actuase a través del contacto con la piel o bien mediante la aspiración de telas o de papeles impregnados, aunque los datos procedentes de fuentes policiales y de los servicios médicos de urgencias no habían confirmado tal hipótesis. La Comisión sostenía no conocer la existencia de casos en que se hubiera producido la supresión de la voluntad o la amnesia por esta vía, ni siquiera en aquellas personas más vulnerables como son los niños o los ancianos.

Pero la información que circula sobre la burundanga en otros países pone de manifiesto una casuística que el informe gubernamental ni atisba.

Como preguntaba la Audiencia Provincial de Madrid en 2013, ¿es posible suministrar la burundanga a través de un periódico, un abrazo, unos besos, un pañuelo, una bebida o incluso un soplido? Sí, eso parece. Y, además, se ha empleado en lanzaperfumes, en comidas e incluso impregnada en billetes.

El alcaloide es una sustancia incolora, inodora e insípida. Puede administrarse tanto por vía oral como cutánea y tarda como máximo cinco minutos en hacer efecto. Administrado en dosis adecuadas, reduce la voluntad de la persona, que pierde la memoria de esos momentos cuando desaparecen sus efectos, los cuales, dependiendo de la cantidad usada, pueden durar alrededor de dos horas. Por eso se emplea en los delitos de sumisión: la víctima no puede aportar datos claros sobre lo ocurrido, lo que dificulta cualquier futura condena.

¿Cómo aplicar una pena por un delito grave, como es el de violación, si la víctima duda y ni siquiera sabe si ha consentido la relación sexual? Y, además, ¿cómo hacerlo si no hay un análisis clínico que evidencie restos de esa sustancia? ¿En qué hay que basar la condena? ¿Bastaría sólo con el testimonio de las víctimas? Eso es lo que ocurre con la burundanga, que también se ha detectado en la comisión de otros delitos: robos en que las víctimas sacan el dinero de los cajeros, dan sus claves o firman documentos que de otra forma no harían. Los usos, como puede imaginarse, son múltiples.

In dubio pro… violador

El caso del falso chamán no es el único que hace sonrojar a la Justicia española. Ha habido muchos más por hechos similares y con el mismo resultado: archivado por falta de pruebas. Puesto que los análisis para detectar la droga hay que llevarlos a cabo a las pocas horas, cuando las víctimas superan la situación de irrealidad de lo que han vivido y la vergüenza de los hechos, acuden a la comisaría para interponer la denuncia, pero para entonces es muy posible que no se encuentre en ellas ningún rastro de la sustancia. A esto contribuye también la desidia de jueces y forenses que no reclaman análisis aunque crean que no conseguirán nada.

Adriana (seudónimo), profesora de inglés para ejecutivos, protagonizó en 2010 otro caso emblemático en el proceso judicial español supuestamente relacionado con el uso que hacían los violadores de la burundanga. El hombre al que Adriana acusaba de haberla violado fue absuelto, pero ella ha preferido presentar batalla contra esta resolución en lugar de esconderse y lamentarse para siempre de lo que padeció.

En 2010, Adriana, de treinta y un años de edad, vivía en una residencia de estudiantes en Barcelona. El día 16 de julio, después de cenar en su habitación, salió con una compañera para celebrar que habían acabado un máster de lingüística forense. Se tomaron un mojito en el barrio de Gracia y decidieron tomar otro en la zona del Born; allí conocieron a un grupo de cinco hombres con los que comenzaron a charlar. Uno de ellos, un marroquí llamado Mohamed, que parecía más locuaz, las convenció para que los acompañaran a la discoteca Al Jaima, del Puerto Olímpico, porque allí a él le servían copas muy especiales. Mohamed, de hecho, parecía un tipo muy popular en la discoteca. El hombre le trajo a Adriana un Ballantine’s de la barra y según bebía, cada vez se sentía mejor, más cómoda y relajada. Cuando Mohamed la besó no le importó a pesar de que no era su forma de ser. Entonces la mujer comenzó a seguir sus órdenes ; él le pidió que saliera a la pista y ella obedeció. Cuando fue al baño, Mohamed se deshizo de su amiga con la excusa de que Adriana le había pedido que se marchara porque quería continuar de fiesta con él. Al segundo Ballantine’s las figuras comenzaron a emborronarse y ya no recuerda más.

Al día siguiente, cuando se despertó en la cama de su habitación, salió a la calle convencida de que la habían violado y paró al primer coche patrulla que se cruzó en su camino. Del Hospital del Mar, donde no había forense, fue derivada al Hospital Clínic, y allí esperó en una habitación durante una hora para que le realizaran las pruebas. Cuando le hicieron la analítica habían pasado más de ocho horas, tiempo en el que ya podía descartarse encontrar restos de la burundanga. Le diagnosticaron desgarro vaginal y erosiones, aunque no se le efectuó ninguna prueba para detectar la presencia de alcohol o drogas.

Los Mossos d’Esquadra localizaron y detuvieron al supuesto agresor gracias al retrato robot que confeccionaron. Se trataba de un individuo con una decena de antecedentes policiales por tráfico de drogas, robo e, incluso, maltrato doméstico. Al principio negó cualquier relación con la mujer, pero cuando vio las imágenes que disponían los Mossos de él y su supuesta víctima entrando y saliendo de la discoteca y a la entrada y salida de la residencia de estudiantes, no pudo negar la evidencia. Tampoco reconocer que la mujer parecía un zombi, que no coordinaba, que era él quien tenía que sacar la llave de su bolso y abrir la puerta de la residencia de estudiantes. Para colmo, el acusado la había grabado desnuda en la cama, donde la cambiaba de postura mientras ella se dejaba hacer con los ojos cerrados. Adriana creyó recordar que notó un fuerte dolor en la vagina y a Mohamed encima de ella, que le pidió que parara, puesto que le hacía mucho daño…, que la estaba obligando, que la estaba forzando… En definitiva, que la violaba y no quería.

El presunto violador fue absuelto. In dubio pro reo, en caso de duda los jueces resuelven a favor del acusado. En este caso, in dubio pro… violador.

Aunque no se dispone de una estadística oficial, se dice que detrás del 10 por ciento de las agresiones sexuales puede haber algún tipo de droga de sumisión. Podemos referir otros casos. Por ejemplo, el de dos estudiantes que acababan de llegar a Zaragoza y acudieron al piso de un adivino para que les leyera el futuro. Las hizo pasar una a una, les echó en las manos una crema que debía de contener alguna sustancia narcótica y abusó de ellas. No sabemos si les adivinó algo, pero lo cierto es que las dos chicas salieron convencidas de que algo sí les había hecho. Tardaron en denunciar el asunto por vergüenza y miedo a sus padres, y cuando lo hicieron no se encontró ninguna prueba que implicara al adivino. El caso fue archivado.

A Adriana, la profesora de Barcelona, la violación y el proceso judicial le han dejado secuelas. No puede dejar de denunciar su caso a todo el que quiera escucharla y sigue atentamente todos los procesos parecidos al suyo que van saliendo en los medios de comunicación, o las intervenciones de algunos expertos que niegan que la burundanga esté detrás de muchas violaciones. Cuando la Policía hizo público el caso del falso chamán de Madrid, Adriana comentó la noticia en internet y sus palabras fueron premonitorias:

Este agresor sexual se quedará libre como el resto de los que emplean la burundanga para cometer sus agresiones. Es triste, sí, pero es la realidad de este país. Los indicios no sirven para nada de cara a un juicio, ni las pruebas periciales psicológicas, ni los testigos, ni la existencia de vídeos. En mi caso, el agresor me grabó en vídeo inconsciente y desnuda, de cerca, a plena luz, por arriba, abajo, delante y detrás, con absoluta seguridad de mi estado de inconsciencia. ¿Lo tuvieron en cuenta las juezas? No tuvieron en cuenta ni los daños físicos, el desgarro, el enrojecimiento del útero y el tremendo dolor con el que llegué al hospital. Al final todo se reduce al famoso in dubio pro reo… Pero las cosas al final salen a la luz.

Ojalá, Adriana. Por ti y por todas las víctimas que no encuentran una correcta respuesta de la Justicia.

ABUSOS RESERVADOS

Más o menos eso fue lo que pensó el tribunal cuando, al estudiar el caso, decidió que los abusos cometidos en un reservado de una discoteca son menos abusos porque ése precisamente es un lugar «en el que las parejas se suelen entregar a efusiones amorosas». Así que los abusos que sufrió una chica de catorce años a manos de un joven de veintitrés se diluyeron en una pena leve que no supuso el ingreso en prisión del acusado.

El caso ocurrió en Valencia, sobre las 17.30 horas, en lo que se conoce como horario infantil de la discoteca. Ni que decir tiene que a esas horas sólo acuden los adolescentes que tienen una hora fija para llegar a casa. La chica había ido al local con unas amigas para bailar y aceptó subir al reservado con un joven para hablar, pero él comenzó a besarla. Ella le pidió que no volviera a hacerlo, pero él insistió y, además, comenzó a tocarle los pechos y los genitales, «tanto por encima de la ropa como directamente sobre la piel», concretaba la sentencia.

Cuando la menor insistió en que parara, él le propinó una bofetada en la cara y siguió tocándola «hasta llegar a introducir los dedos dentro de la vagina» de la chica; luego le cogió la mano y la obligó a que le acariciara el pene. En un descuido, la niña logró escapar y denunció los hechos. El joven fue condenado por un juez a 1 año y 3 meses, una pena mínima por agresión sexual.

No conforme con la condena, el acusado recurrió, pero la Audiencia de Valencia confirmó la sentencia, y entre las circunstancias por las que había sido condenado a una pena mínima, el tribunal argumentó lo que apuntamos al principio de este caso, que «lo acontecido sucedió en un lugar en el que las parejas se suelen entregar a efusiones amorosas». La diferencia estriba, claro, en si éstas son correspondidas de buena voluntad o a la fuerza.

TODO QUEDA EN FAMILIA

Los trapos sucios se lavan en casa, se decía hace sólo unas décadas. Detrás de ese tupido velo se escondían episodios de auténtica violencia contra los más débiles, casi siempre niños, ancianos y mujeres (y, por tanto, casi siempre a manos del que se suponía el hombre de la casa). En muchos casos la familia sigue siendo un entorno más violento de lo que nos parece, pero afortunadamente cada vez es mayor el papel que la Administración de Justicia se atribuye para limpiar como es debido esa mugre social que constituye el maltrato doméstico. Como la violencia machista ocupa otro espacio en este libro, ahora queremos centrarnos más en los aspectos civiles de la familia, aunque no podamos olvidarnos de la vertiente penal, que da tanto juego (demasiado).

La custodia de los menores, los matrimonios y los divorcios, e incluso la educación de los niños están cada vez más sometidos al imperio de la ley y a la interpretación que de ella hacen los jueces. Todo eso está muy bien, nosotros lo apoyamos; pero para que funcione todavía mejor, permítanos el lector unos ejemplos de cómo no se tienen que hacer las cosas.

Por ejemplo, las cosas no deben hacerse como las hizo el juez Francisco Serrano, de Sevilla, que acabó siendo inhabilitado después de que en 2010 cometiera una de las prevaricaciones más absurdas que se recuerdan en la historia de la judicatura española: se saltó todas las reglas para que un niño de once años pudiera salir en procesión como paje con su hermandad.

Sabemos que en Sevilla la Semana Santa puede llegar a ser más importante de lo que, visto desde Madrid o Barcelona, nos podría parecer. Pero… ¿tanto? ¿No sería que el magistrado sufrió una enajenación transitoria provocada por una sobredosis de saetas?

No. Al Supremo no le pareció que hubiera ninguna enajenación. Consideró dolosa la conducta del juez, es decir, consideró que el reo actuó con plena conciencia de la arbitrariedad de sus decisiones como magistrado. En otras palabras, le pareció que la cosa tenía otro color, y no ese color especial del que habla la canción, sino otro más oscuro, el color del marrón, que a Serrano no le gustó nada. El alto tribunal impuso a Serrano diez años de inhabilitación, un condena, por cierto, mucho más grave que la inicialmente impuesta por el TSJA. El tribunal andaluz lo condenó en 2011 a 2 años de inhabilitación. El Supremo agravó aquella condena en 2013.

A LA PROCESIÓN VA EL NIÑO POR… MI MAZO

«En el marco de un procedimiento de divorcio seguido en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Sevilla» (repare el lector en la referencia a los malos tratos, un contexto especialmente sensible para el juez protagonista de este capítulo) se dictaron una serie de medidas, entre ellas la concesión de la guardia y custodia de los dos hijos menores a la madre. Además, se estableció también que «ambos progenitores respetarán el deseo de los hijos de tomar parte en las estaciones de penitencia de las hermandades a que pertenecen».

Así comenzaba el relato de hechos que hizo el Tribunal Supremo en la sentencia en la que condenó al juez Serrano; asimismo, narraba cómo durante el turno de estancia de uno de los menores con la familia de su padre, el niño, de once años, formuló su deseo de salir en la Procesión de la Hermandad del Silencio en la madrugada del Viernes Santo. Los abogados del progenitor comunicaron la voluntad del crío a los letrados de la madre, y éstos, a pesar de que se había establecido que ambos progenitores respetarían el deseo de los menores en cuanto a las citadas hermandades, pidieron una serie de explicaciones que hicieron sospechar a la familia paterna su intención de obstaculizar la presencia del niño en la procesión. Así se lo manifestaron al titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, pero este juez respondió que nada había que objetar a las peticiones de la defensa de la madre.

Llegados a estas circunstancias, lo normal hubiera sido darse por vencidos, pero no era tal el carácter del abuelo paterno: decidió canalizar la petición de salida del menor en aquella madrugada nazarena a través de nuestro protagonista, el juez Serrano, de tal modo que por su juzgado de Sevilla desfilaron en procesión el abuelo, el padre y el nieto.

El magistrado le preguntó al menor si realmente estaba muy interesado en participar en la procesión, a lo que el niño respondió que «estaba muy ilusionado y preocupado». Y, claro, a Serrano le pareció que no había otro remedio que tomar cartas en el asunto. Dictó orden de citación al menor para una comparecencia urgente en su defensa y levantó un acta en la que se decía, entre otras cosas, que el niño había comparecido ante el juez para que le protegiera «porque en la próxima madrugada del viernes sale de paje, como ha hecho otros años, con la Hermandad del Silencio» y su madre «le ha dirigido un escrito a su padre poniendo todo tipo de problemas y obstáculos».

Ciertamente, la situación era grave.

Así que la familia paterna presentó una solicitud urgente de reparación ante el juez Serrano, quien inició entonces un peregrinaje en defensa de la causa por distintas instancias judiciales sevillanas.

«Resulta incomprensible que cualquiera de sus progenitores ponga obstáculos a lo que constituye inequívoco deseo del menor, expresado sin paliativos ante la autoridad judicial, que no es otro que poder salir en Semana Santa en las dos cofradías de las que es hermano.»

Ése fue el único argumento sobre el cual basó el juez la decisión que adoptó acto seguido, «una medida urgente y eficaz» en defensa del niño: prolongar la estancia con su padre y ordenar que su regreso con la madre —titular, no lo olvidemos, de su guarda y custodia— se produjera el viernes 2 de abril a las 11.00 horas, a fin de asegurar que el pequeño pudiera salir con su cofradía de procesión. Resumiendo, el juez Serrano asumió la competencia sobre una familia que estaba sometida a otro magistrado y, además, impuso su criterio por encima de las medidas acordadas por el juez del asunto, que había atribuido unos determinados tiempos de estancia del niño con su padre y su madre.

Aquella resolución, por añadidura, recibió el apoyo expreso a la posición de la defensa paterna en varios medios de comunicación. Así, la Agencia EFE publicó declaraciones del propio Serrano calificando de incomprensible la actitud de la madre del menor. Y fue por las noticias, y no mediante la notificación obligada del auto que prolongaba la estancia del menor con el padre, como la madre conoció la decisión del magistrado.

Como no podría ser de otra manera, la lista de descalificaciones que le mereció al Supremo la conducta de Serrano fue larga: no era el juez competente sobre el asunto, no tenía antecedentes ni escuchó a la madre en comparecencia, se dejó influir por conocimientos y prejuicios sobre los hechos extraprocesales (el término «incomprensible» apareció tanto en su resolución como en sus declaraciones a EFE), no resolvió un conflicto familiar sino que creó otro al desautorizar a la madre, no argumentó su decisión debidamente ni siguió las reglas del proceso y… un largo etcétera. Y todo sin que ninguna urgencia lo motivara.

Para el Supremo, Serrano sabía que actuaba usando una competencia que no tenía, pues dicha competencia era del Juzgado de Violencia Doméstica, y dictó su resolución sin escuchar a las partes ni argumentar adecuadamente su fallo. En suma, incumplió conscientemente su deber como juez, dando lugar a una resolución injusta. Conclusión: 10 años de inhabilitación.

De este modo, aquel fallo dejó patente la naturaleza ilegal de la conducta del reo. Sin embargo, quedaban por aclarar las razones de por qué actuó como lo hizo.

Acusaciones de machismo

Para entender a Serrano, digamos, antes que nada, que creemos que es de los contrarios a que las mujeres participen en las hermandades sevillanas. Le daremos otra pista al lector: tiempo después de su inhabilitación publicó un libro titulado La dictadura de género. En él apuntaba que había sido condenado no por prevaricar, sino por «oponerse y hacer crítica» a lo que él llamó «dictadura de género», definida más o menos vagamente como la «perniciosa» política de igualdad.

Más pistas: en septiembre de 2009, menos de un año antes de su actuación prevaricadora, Serrano había comparado la Ley Integral contra la Violencia de Género con… Guantánamo.

En otra entrevista con la Agencia EFE hizo una crítica razonada de la citada ley; afirmó que había «traído cosas buenas, como el hecho de que la sociedad ya no tolere situaciones de violencia machista, pero también abusos, porque no ha hecho una buena definición del maltrato». Entre los aspectos injustos destacó que la norma «estigmatiza» al hombre acusado de maltrato, pues incluso después de haberse demostrado que la denuncia era falsa, su proceso de divorcio seguirá en el Juzgado de Violencia de Género y no en el de Familia.

Creemos que la ley citada merece crítica, como cualquier otra, e incluso ésta tal vez un poquito más. Pero eso no justifica lo que hizo Serrano. Porque después de verter aquella opinión, el juez se vino arriba y afirmó que estas «desigualdades y situaciones injustas llevan a más violencia donde antes no la había e incluso a hombres que se suicidan», y que estos datos, lamentablemente, «no aparecen en la foto oficial». Este tipo de ideas poblaban otro de sus libros, titulado Un divorcio sin traumas (ni traumatismos, añadiríamos nosotros). En aquella obra acuñó el brillante término «hembrismo».

Sus afirmaciones irritaron, y mucho, a la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, Inmaculada Montalbán, quien acusó en un comunicado al juez Serrano de «falta de conocimiento de las estadísticas judiciales y de las características del maltrato a la mujer, además de falta de sensibilidad ante un problema social de derechos humanos».

La respuesta de Serrano no se hizo esperar (no iba a dejarse amilanar por una actora de la dictadura femenina, por supuesto) y, así, el titular del Juzgado de Familia número 7 de Sevilla interpuso una denuncia contra Montalbán por un delito de «faltas, amenazas e injurias». La denuncia tenía «carácter personal» contra la vocal, decía el magistrado. Según éste, Montalbán no había encontrado apoyo en sus afirmaciones por parte del CGPJ.

Pero el asunto tenía más enjundia que la mera frivolidad de la denuncia de Serrano, que sería archivada por la Audiencia de Sevilla: Montalbán declaró a los medios de comunicación que las manifestaciones hechas por Serrano provocan que «las mujeres se lo piensen antes de acudir a la Justicia para denunciar agresiones, porque creen que no van a ser escuchadas o van a ser tachadas de falsas».

La presidenta del Observatorio citó una estadística del CGPJ que encajaba con los datos de la Fiscalía del Estado publicados en 2009, según los cuales el año anterior se habían presentado en España 135.540 denuncias por violencia doméstica, y de éstas sólo el 0,01 por ciento podrían ser falsas. Así lo afirmaba la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado, en la que se recogían cinco casos que investigaron los fiscales por hallarse indicios de falsedad.

Al juez Serrano no le valían esos datos, y un tiempo más tarde, en abril de 2011, insistió en que miles de mujeres «abusan» del maltrato. Haciendo su particular cuenta de la vieja, Serrano había llegado a la conclusión de que sólo el 1,85 por ciento de las denuncias por violencia de género tramitadas en el tercer trimestre de 2010 en España se ajustaban a la verdad. Para ello usaba datos del Observatorio, pero les daba un sesgo… original.

Aquella cuenta de nuestro protagonista merece un repaso. Serrano tomaba las 530 sentencias sobre violencia de género durante el tercer trimestre de 2010 y decía que sólo 439 acabaron en condena; de éstas, 267 fueron por maltrato ocasional, 98 por amenazas leves, otras 46 por quebrantamientos de condena y 28 por violencia habitual. Según el juez, esta última cifra era la que correspondía con «auténticas situaciones de asimetría y desigualdad en la relación de pareja, situaciones en las que se engloban actos de violencia física y también psicológica padecidas durante una convivencia vivida como un calvario». O sea que uno podría entender que las 267 condenas por maltrato ocasional no castigaron la violencia de género y que las impuestas por amenazas leves… tampoco. El auténtico maltrato debe dejar cicatrices, parecía querer decir. Lo demás es hembrismo.

En otras palabras, Serrano no ha nacido para las matemáticas, pero tampoco para la igualdad.

LA MADRE SORDOMUDA, EL TORTAZO Y A LA CÁRCEL

Este cuento comienza la mañana del día 6 de octubre de 2006 en Pozo Alcón (Jaén) cuando Cecilia, que es sordomuda, recrimina a su hijo Luis María, de diez años de edad, por medio del lenguaje de signos, que no ha hecho los deberes del colegio. El niño, bien porque padece algún problema de conducta o simplemente por pura desobediencia, responde arrojándole una zapatilla a su madre y, ante el lógico enfado de ésta, corre a encerrarse en el cuarto de baño. Irritada, Cecilia corre tras él y, a pesar de la oposición del menor, consigue abrir la puerta. Ambos comienzan a forcejear, el niño cae al suelo y la madre lo sujeta del cuello y lo levanta; justo cuando Luis María está sobre el lavabo, ella le golpea con la mano abierta —lo que sería un tortazo o un collejón— en la parte trasera de la cabeza, el crío impacta su nariz contra la pica y empieza a sangrar.

Añadiremos al cuadro algunos datos significativos: la corrección física, las bofetadas y los cachetes, no son algo habitual en casa, ni tampoco otra clase de agresión de tipo verbal o emocional.

Pero sigamos con la historia. Al día siguiente, cuando Luis María entra en clase, su tutor percibe rastros de sangre en su nariz y le pregunta qué le ha pasado; el crío le cuenta que su madre le ha agarrado del cuello y le ha dado un bofetón; entonces el profesor, tras comprobar que el niño tiene algunas señales amoratadas en el cuello, lo lleva a la dirección del colegio, que a su vez lo traslada al centro de salud de la localidad. Allí la doctora que lo atiende emite un parte médico que refleja contusiones y hematomas en el cuello y la mejilla que, aparentemente, le ha infligido su madre al sujetarlo, además de restos hemáticos en la nariz; estas lesiones necesitan una sola asistencia facultativa y tardan tres días en curar.

Tal vez el lector conozca la historia, pero si no es así, debe saber que lo que acaba de leer es el relato de un delito que resultó en una condena para la madre. Inicialmente un juzgado de Jaén castigó a Cecilia, como autora de un delito de malos tratos, a 45 días de prisión y la prohibición de acercarse a menos de 500 metros del niño durante 1 año y 45 días.

¿Se trató de una sentencia disparatada? En absoluto. Y no lo decimos nosotros, sino la Audiencia Provincial de Jaén, que incluso aumentó la pena de cárcel a 67 días y la obligación de estar separada del menor a 432 días al tener en cuenta la circunstancia agravante de que los hechos sucedieron en el domicilio familiar.

Ambos fallos contaron con una sólida base en la legislación vigente y por eso creemos que si existió el disparate, como reconocieron el fiscal y la Audiencia, al pedir el indulto para la madre, y también el Gobierno, que lo concedió, no fue por culpa de los jueces. La conducta de la madre supuso una agresión tipificada como delito por la ya citada reforma del Código Penal de 2004, de eso no cabía duda. También es cierto que, atendiendo a las circunstancias del hecho y, singularmente, a que la madre no solía ser violenta con el menor, la pena impuesta era liviana dentro de las posibilidades propuestas por las leyes. El drama familiar, el escándalo en los medios de comunicación liderado por los vecinos del matrimonio, que se solidarizaron con ellos, y algunos otros elementos que añadieron color a la historia no afectan a lo esencial del asunto: que la ley ideada para luchar contra el maltrato en la familia provoca estas situaciones.

En otra parte del libro aludimos a la reforma del Código Penal de 2004 para luchar contra la violencia de género y, más en general, la violencia doméstica. Sobre ésta añadiremos que, dada la dureza de las penas que impone, resulta imprescindible el sentido común de los jueces en el momento de aplicarla o, tal vez, una nueva corrección legislativa para evitar situaciones absurdas.

Por otro lado, en este caso también era de aplicación el Código Civil, que en las fechas en las que sucedieron los hechos sólo permitía «corregir razonable y moderadamente» a los hijos, lo que excluye cualquier golpe que no sea mínimo. Este precepto de la ley ha sido reformado en 2007, de modo que después de esta fecha no existe siquiera esa leve posibilidad de castigo.

Los jueces consideraron que una agresión física con resultado de lesiones no podía considerarse comprendida dentro de los conceptos de razonabilidad y moderación establecidos en la legislación civil y, por el contrario, vulneraba el respeto a la integridad física y psíquica que los padres deben guardar con sus hijos en el ejercicio de la patria potestad.

Todo lo señalado nos lleva a una advertencia: la ley prohíbe cualquier corrección física a los menores, sea cual sea la cultura en la que los padres se hayan criado, y los jueces castigan su incumplimiento. A los niños, ni tocarlos.

Ahora bien, se nos ocurre que si la Administración está tan preocupada por los menores, debería mantener ese interés cuando llega la hora de hacer algo más que establecer el simple castigo a una madre, en lugar de desentenderse de una situación que se ha creado por desautorizarla. Lo mismo decimos del colegio que tanto se preocupó por notificar los malos tratos: en enero de 2010 había expulsado al niño de clase en tres ocasiones, dejando la solución de los problemas del menor en manos de sus padres, esos a los que se había apresurado a denunciar.

Así las cosas, Cecilia, que fue indultada, se rindió en enero de 2010 y pidió ayuda a la Junta de Andalucía, solicitando que se hiciera cargo del menor porque era incapaz de imponer su autoridad sobre él. El niño amenazaba con denunciarla y enviarla a la cárcel si volvía a pegarle, una posibilidad que no era descabellada al tener la madre antecedentes penales.

La Junta no se hizo cargo del menor, claro. Habían considerado desproporcionada la sentencia y ahora veían de la misma forma quitar la custodia a dos padres que no sabían qué hacer con el niño. Pero la sentencia obedecía a una ley que los jueces aplicaron correctamente. Quizá haya que poner el foco en esa ley para evitar estas situaciones, porque no siempre lo más correcto desde el punto de vista político es lo más acertado en la práctica.

EL RETORNO DE LOS ESPERMAS

Cuando Fulgencio recibió la sentencia que lo condenaba no podía dar crédito a lo que decía. No era ya por el hecho en sí de que el tribunal le endosara 1 año y medio de prisión por abusar de su hijo de cuatro años (lo cual él negó siempre), sino que para su condena se tenía en cuenta algo que era a todas luces imposible: se le atribuían los rastros de esperma encontrados en el menor, pero él… se había practicado la vasectomía años antes. Entonces ¿cómo era posible que fuera suyo ese esperma? Por una razón muy clara, al buen entender de la Audiencia Provincial de Cantabria: se había producido una «reaparición transitoria de espermatozoides». ¿Insólito? Sí, pero no para el tribunal que lo condenó.

Los hechos ocurrieron en 1998 en el norte peninsular. Un sábado por la mañana, Fulgencio había ido a recoger a sus dos hijos menores, Leticia y Octavio, al domicilio de su ex mujer. Ella vivía en Erandio (Vizcaya) y él en Castro Urdiales (Cantabria). Desde la separación, dos años antes, las relaciones entre ambos eran muy tensas, hasta el punto que se interpusieron varias denuncias ante la Ertzaintza por el supuesto incumplimiento del régimen de visitas que él tenía sobre sus dos hijos.

Fulgencio recogió a los niños a las diez de la mañana y los devolvió a las ocho de la tarde del día siguiente, domingo, después de haber pasado con ellos el fin de semana en la casa en la que vivía con sus padres y hermanos. Dos horas más tarde, la ex mujer acudió con su hijo Octavio al juzgado de guardia para denunciar que el crío había sufrido abusos. Según la sentencia de la Audiencia de Cantabria, la abuela del niño observó que su nieto caminaba de forma extraña y que se quejaba de dolor en las nalgas. Al desnudarlo vio que tenía enrojecida la zona del ano; le limpió con una esponja y le aplicó aceite en la zona irritada, a lo que el niño respondió llorando. Octavio le contó a la abuela que se lo había hecho su aita (padre, en vasco) y que «se lo hacía con la lila», expresión que la abuela interpretó como el pene.

El pediatra de guardia del Hospital de Basurto y el forense del juzgado de guardia de Bilbao exploraron al menor y no apreciaron signos externos de violencia alguna en el examen genital ni perianal. Únicamente se descubrió que el niño sufría en el ano un «eritema periorificial inespecífico, con un tono esfinterino normal y sin lesiones de tipo traumático». El informe médico concluía que no era posible deducir la existencia de signo alguno que permitiese sospechar de la existencia de los abusos sexuales que relataba la madre. Sin embargo, las muestras tomadas, y remitidas para su análisis al Instituto Nacional de Toxicología, detectaron espermatozoides en escasa cantidad.

Un mes después de los hechos, el médico forense del Juzgado de Castro Urdiales tampoco descubrió señales de agresión física al menor.

Del análisis de sangre hecho a Fulgencio no fue posible sacar nada en claro, ya que en los restos de esperma no se pudo detectar ADN humano. El padre del niño, se supone, no podía producir esperma ya que se había sometido a una vasectomía en 1993, el mismo año en que nació Octavio. De hecho, se certificó azoospermia (carencia de esperma) en dos comprobaciones inmediatamente posteriores a la intervención, así como en los dos espermiogramas que se practicaron en noviembre y diciembre de 2003 a raíz de la denuncia por abusos.

El juzgado de instrucción de Castro Urdiales sobreseyó el asunto en dos ocasiones, pero la Audiencia revocó esta decisión y celebró el juicio contra el padre.

Reaparición transitoria de esperma

El 26 de abril de 2004, la Sección Segunda de la Audiencia de Cantabria dictó sentencia y condenó a Fulgencio a 18 meses de prisión como autor de un delito de abuso sexual. No tenía ninguna prueba que corroborara la versión de la denuncia. Pese a ello, consideró probado que, la noche del sábado, el padre se acostó con su hijo, como es habitual entre padres e hijos, y que tras desnudarlo Fulgencio «acercó su pene al ano del niño realizando movimientos de frotamiento en esa zona corporal hasta llegar a eyacular».

La sentencia cántabra estaba abocada al disparate judicial. De hecho, de los tres magistrados que componían la Sala, uno de ellos emitió un voto particular por el que rechazaba la existencia de abusos y consideraba que el padre debía ser absuelto. Este magistrado contrario a la condena era precisamente el mismo presidente de la Sala, Miguel Fernández Díez, mientras que los que sumaron mayoría para la condena fueron los otros dos magistrados que la componían, José Luis López del Moral Echeverría y Esteban Campelo Iglesias.

Aunque el tribunal sentenciador admitía que existía un claro interés de la madre del menor por conseguir suspender el régimen de visitas de los hijos, y que incluso el padre había sido absuelto de otra denuncia presentada por la madre por supuestas lesiones al menor, rechazaba que el niño estuviera mediatizado por su progenitora cuando relató a su abuela y a los psicólogos que se entrevistaron con él que había sido objeto de abusos. Y, sobre todo, destacó la credibilidad de su testimonio para los distintos psicólogos que examinaron al menor tanto en Bilbao como en su nueva residencia en Palma de Mallorca.

Entre estos informes destacaba el de una psicóloga del Servei d’Acció Social i Sanitat del Consell Insular de Mallorca, quien afirmó en el juicio que el crío verbalizó odio hacia su padre y que le había metido «el pito» en su «culito». Otra psicóloga del mismo servicio, que mantuvo veintiocho entrevistas con el menor, comprobó cómo Octavio cogía uno de los muñecos anatómicos articulados que le facilitaron, lo ponía en la cama, «desnudándolo para continuar tomando otro de pequeño tamaño y hacer lo propio juntando ambos; que escenificaba movimientos masturbatorios y que expresaba cómo su padre no le dejaba ponerse boca arriba».

La Sala desestimó la opinión de los psiquiatras de que un niño de cuatro años puede estar influenciado por terceros y contar o escenificar conductas de contenido sexual sin haberlas conocido, puesto que «de toda la prueba practicada» en la vista, afirmaba el tribunal, no se revelaba ningún dato que hiciera sospechar de «una posible inducción al menor a verbalizar o realizar gestos de contenido sexual».

Por tanto, las «reglas de la lógica y la experiencia humana» obligaban, según el tribunal, «a buscar una explicación racional a la presencia de espermatozoides en la zona perianal de un niño de cuatro años que, además, cuenta a su abuela haber entrado en contacto con el pene de su padre, y manifiesta a una de las psicólogas que “Aita me meaba en el culo”».

En el juicio oral se realizaron múltiples hipótesis sobre si alguna persona perteneciente a la familia materna pudiera haber tenido una relación sexual reciente y luego se limpiara con la misma esponja que luego se aplicó al menor, siendo éste el modo en que los espermatozoides llegaron al lugar donde se encontraron, ya que la misma defensa del acusado descartó que la familia materna hubiera dispuesto intencionadamente los espermatozoides.

El facultativo que realizó el espermiograma en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander aclaró algunas cuestiones: los espermatozoides se adhieren a cualquier materia con la que entran en contacto —en este hipotético caso, la esponja— sin que se desprendan al contacto con el agua. Esta circunstancia, según la sentencia, excluía que existiera «otro mecanismo de aparición de espermatozoides en la zona perianal del niño que la eyaculación próxima a dicha parte de su cuerpo».

A juicio de los magistrados, todo apuntaba al padre como autor del abuso y titular del DNI de los espermas. Aunque seguía habiendo un escollo: Fulgencio insistía en que se había sometido a una vasectomía y la defensa sostenía que por eso mismo era de todo punto imposible que fueran suyos. Además, dos médicos de la clínica en la que se le realizó la operación explicaron que en 1993, tras la intervención, el padre era azoospérmico, como ya indicamos, y así se reveló de nuevo en las pruebas ordenadas por la Justicia en 2003 a raíz de la denuncia. Por tanto, para los especialistas resultaba evidente «que los espermatozoides hallados en la zona perianal del menor no eran de su padre».

No obstante, el tribunal encontró una explicación a esta anomalía: se había producido una «reaparición transitoria de espermatozoides». Así, daba crédito al argumento de la acusación, que propuso en el juicio a un médico que había presentado una ponencia en el V Congreso de la Sociedad Española de Contracepción, hecha pública en internet, en la cual comentaba los resultados de unos estudios realizados en 1994 en el Churchill Hospital de Oxford. Dichos estudios revelaban que de mil británicos vasectomizados, cuya azoospermia se había comprobado tras la operación, a los doce meses de la intervención seis presentaban de nuevo espermatozoides, si bien cinco de ellos resultaron de nuevo azoospérmicos cuando se les repitió el seminograma un mes más tarde. De hecho, esta reaparición transitoria de espermatozoides era una situación imprevisible que ayudaba a explicar los embarazos en las parejas de hombres considerados azoospérmicos sometidos previamente a una vasectomía. De esta forma lo sostenía la investigación científica.

En consecuencia, según el tribunal juzgador, aun acogiendo la tesis de todos los facultativos de que «resultaba altamente improbable que Fulgencio pudiese generar espermatozoides, más inverosímil» resultaba en su opinión que tales espermatozoides pudieran «atribuirse a otra persona». Y así eligió pronunciar su condena, aunque mucho menor que los 5 años reclamados por el fiscal y los 9 años que pedía la acusación particular, ya que la Sala admitía en su resolución que no había quedado probada «la realidad del acceso carnal».

Dudas racionales, no metafísicas

Pero como referimos antes, la sentencia contó con el voto particular del propio presidente de la Sala, el magistrado Fernández Díez, quien consideraba como hecho probado que no se había acreditado que durante la noche del 7 al 8 de marzo de 1998 Fulgencio «efectuase tocamientos en los genitales, ano o zonas perianales del menor, ni que Fulgencio acercase su pene al cuerpo de Octavio, ni que aquél eyaculase sobre el cuerpo del menor».

Además subrayaba, en primer lugar, que la primera declaración del menor ante el juez fue «absolutamente exculpatoria» hacia su padre. «Duerme con su padre, que no le toca ni le ha visto desnudo, nunca le ha hecho nada en el culito. Que no quiere ir con su padre porque le da tortas, le pega sin ser malo», recogía su declaración. Y, en segundo lugar, un mes después de la denuncia el menor también negó cualquier actuación referente a los abusos ante el médico forense de Castro Urdiales.

En contra de la opinión que habían alcanzado los otros dos magistrados, el presidente del tribunal sostenía en su voto particular que se debía haber concluido —«si bien no con absoluta seguridad, sí con un muy elevadísimo porcentaje»— que los espermatozoides encontrados en las muestras tomadas al menor no eran del acusado. «No hay indicio alguno que permita pensar en una segunda intervención de vasectomía al acusado, ni puede olvidarse que las posibilidades de que el acusado sea el emisor de tales espermatozoides se concretan entre un 3 y un 6 por mil, a tenor de alguna literatura médica sobre aparición transitoria de espermatozoides, literatura cuyo rigor científico no consta acreditado y que es interpretada por los doctores que intervinieron al acusado como de improbable concurrencia en Fulgencio, siendo tales doctores claros y rotundos al manifestar que la afirmación de que tales espermatozoides son del acusado es temeraria, de imposible afirmación y huérfana de todo rigor científico», añadía en su voto particular.

Frente a la «opinión mayoritaria» de la Sala al atribuir la emisión de los espermatozoides al padre del menor «por no contar con otra explicación plausible», el tercer magistrado sostuvo que «el estado científico sobre la emisión transitoria de espermatozoides en un azoospérmico acreditado, cual es el acusado, arroja más que serias dudas sobre la realidad de tal emisión sin que sea preciso dar por acreditado cuál fue la forma en que tales espermatozoides llegaron al menor».

En todo caso, añadía, en el entorno del niño, tanto paterno como materno, había «otros varones», por lo que el acusado no era la única persona posible para la «emisión de espermatozoides».

Así que el presidente de la Sala concluyó: «Estamos en presencia de un supuesto en que por existir serias dudas racionales, que no metafísicas, acerca de la ocurrencia del hecho que se pretende delictivo, procede absolver al acusado y ello no por afirmar un comportamiento ejemplar del mismo, lo que tampoco es objeto de juicio, sino por falta de certeza sobre la realidad de los hechos que se le imputan».

Tanto el padre condenado como la acusación particular recurrieron la sentencia.

Una tesis sorprendente

El Supremo examinó el asunto en noviembre de 2005. La Sala estaba formada por los magistrados José Antonio Martín Pallín, Andrés Martínez Arrieta y José Manuel Maza Martín, un tridente de excelentes juristas curtidos en mil batallas jurídicas. Y casi también un trío ideológicamente compensado de martines. El tribunal anuló la sentencia de Cantabria y absolvió al padre acusado. Lo tenía muy claro.

«Un órgano juzgador no puede dejar exclusivamente en manos de los peritos psicólogos la credibilidad de un menor víctima de un delito sexual. Se trata de diagnósticos que carecen de una certeza absoluta. Reflejan las evaluaciones de los técnicos, pero no son absolutamente determinantes», afirmaba la sentencia de la que fue ponente Martín Pallín.

En cambio, según el Supremo, el tribunal cántabro no tomó en consideración el informe «técnico y científicamente inobjetable» de la azoospermia del acusado que le imposibilitaba para la producción de espermatozoides. Sin embargo, para contrarrestar este dato la Sala se inclinó «por una tesis que no deja de ser sorprendente». «Se acoge a una teoría que denomina “reaparición transitoria de espermatozoides” —razonaba la sentencia— basada en una ponencia de un especialista presentada en un Congreso médico y que da un dato interesante para ser estudiado por los expertos pero que consideramos inservible para ser utilizado en un proceso penal como prueba de cargo para imponer una pena de prisión.»

Por tanto, para el Supremo no era razonable aplicar al caso el estudio de un científico británico sobre los vasectomizados en el Reino Unido.

«Es evidente que el dato de vasectomías fallidas ha dado lugar a intervenciones de los tribunales —exponía el alto tribunal—, pero esta circunstancia da pie para recordar que en la jurisprudencia mayoritaria se recogen casos de insuficiente información y otros de fallo médico en la práctica de la vasectomía.» Y, sobre todo, que la denominada «reaparición momentánea de espermatozoides» es una «tesis discutible científicamente y que puede obedecer, como se desprende de las reclamaciones reiteradas ante los tribunales, de una mala práctica médica».

El Supremo no pudo cerrar la sentencia sin hacer gala a su nombre, a su altura jurídica: «La posibilidad de acudir a cualquier teoría cuantitativa de la probabilidad o a cualquier cálculo en el que se pretenda determinar la probabilidad numérica de algo, presuponen una cuantificación de partida, es decir, apriorística y desligada del objeto del proceso. La frecuencia general de un fenómeno en un ámbito dado que no se proyecta sobre el evento específico constituye un punto de partida que hace absolutamente problemática la aplicación, como base de una condena penal. Una teoría puede ser plausible pero nada tiene que ver con la posibilidad de convertirla en una prueba incriminatoria cuando la realidad científica se opone de forma reiterada a esta inaceptable conclusión».

Por eso al Supremo se le conoce como «alto tribunal».

MALTRATANDO A LA JUSTICIA

SI BIEN VESTIDA LA VES, MALTRATADA NO ES

«Hay gente pa tó» es, además de una expresión muy usual, uno de los grandes asertos de sabiduría popular que se atribuyen al famoso torero Rafael Guerra Bejarano (1862-1941), conocido como el Guerra, uno de los más grandes matadores cordobeses de todos los tiempos. Y no le faltaba razón. También en el mundo de los jueces, como demostraremos a continuación, se cumple el dicho. Que un magistrado absuelva a un acusado de malos tratos a su esposa es algo normal y además posible en los tribunales españoles, sobre todo porque cuando un juez se enfrenta a un caso sólo tiene dos opciones que resolver: condenar o absolver. Pero que el juez que absuelve a un marido acusado de maltratar a su mujer argumente en su sentencia que la supuesta víctima viste tan bien y va tan arreglada que no concuerda con una mujer que ha sufrido agresiones es, cuando menos, una resolución merecedora de entrar a hombros y por la puerta grande en esta nueva antología del disparate judicial.

El magistrado Francisco Javier Paulí Collado fue el autor de la resolución, con la que logró toda una hazaña entre los togados nacionales: que del contenido de su sentencia se hablara en gran parte del mundo y en varios idiomas. Sin duda, como diría el maestro, digna de dar la vuelta al ruedo.

Los protagonistas de la historia fueron Ali Yilali y Latifa, un matrimonio marroquí. Se casaron en Sefrou (Marruecos) en febrero de 2000 «sin período previo de convivencia ni conocimiento superior a un mes». Tras la boda, el marido fue a Barcelona a trabajar; en marzo de 2001 llegó Latifa e iniciaron la convivencia conyugal. Según la sentencia, en julio de ese mismo año la mujer sufrió «contusiones varias» como hematomas en el brazo izquierdo y la pierna derecha de las que tardó en curar quince días; como tratamiento se le aconsejó aplicar hielo sobre la zona afectada y se le suministraron heparimoides tópicos y analgésicos para el dolor.

A las 21.32 horas del 13 de julio, Ali Yilali acudió a la comisaría de la Policía Nacional de L’Hospitalet de Llobregat para denunciar que, cuando regresó a su domicilio, Latifa no estaba en casa; expresó su temor porque la mujer no hablaba español, no tenía familia ni amigos en Barcelona y estaba embarazada. «Está preocupado porque no han tenido ninguna discusión que haya podido motivar su partida», señalaba la denuncia policial.

Sin embargo, Latifa llevó a juicio a su marido por un delito de violencia habitual sobre el cónyuge del artículo 153 del Código Penal o, subsidiariamente, de un delito de trato degradante y contra la integridad moral previsto en el artículo 173 del mismo Código y una falta de lesiones del artículo 617.1.

Su versión era opuesta a la que el marido dio en comisaría: «A la semana de convivencia Ali Yilali B. C. la insultaba, golpeaba, amenazaba, estando vigilada por su suegra, que no la dejaba salir de casa. Que el 13 de julio de dos mil uno agredió a Latifa D., que se hallaba embarazada, y la echó de casa sin dinero ni pasaporte, teniendo que dormir en la estación de Sants y posteriormente en casa de un tío, hasta que presentó denuncia en la comisaría de mujeres, hallándose desde entonces en albergues y casas de acogida».

Por el delito de violencia doméstica, la abogada de Latifa reclamó para Ali Yilali una pena de 2 años de prisión o, subsidiariamente, la pena de 1 año y 3 meses de prisión, en ambos casos con accesoria de prohibición de aproximarse a menos de 200 metros y comunicarse con la víctima, su hijo y demás familiares directos hasta tercer grado de parentesco por un período de 5 años de conformidad con el artículo 57 del Código Penal. Y por la falta solicitó la pena de seis fines de semana de arresto con accesoria de prohibición de aproximarse a menos de 200 metros y comunicarse con la víctima, su hijo y demás familiares directos hasta tercer grado de parentesco por un período de 6 meses de conformidad con el artículo 57 del mismo Código, accesorias legales y costas. En su momento también se solicitó que el acusado fuera juzgado por delito de agresión sexual, lo que fue rechazado en el auto de apertura del juicio oral por el órgano instructor.

El Ministerio Fiscal, en cambio, calificó los hechos como constitutivos de una falta de lesiones y solicitó la pena de arresto de siete fines de semana y la medida cautelar que prohibía a Ali Yilali B. C. acercarse a Latifa D. a menos de 100 metros durante un período de 6 meses y una indemnización de 360 euros.

Francisco Javier Paulí Collado, titular del Juzgado de lo Penal número 22 de Barcelona, dictó su sentencia el 27 de noviembre de 2003. El magistrado razonaba que, salvo el informe forense, no había ninguna otra prueba de lo que Latifa acusaba a su marido. En resumidas cuentas, que a su juicio se trataba de «la declaración de uno contra el otro». Y, por tanto, que había que atenerse a lo establecido por el Tribunal Supremo sobre «la peculiar valoración que debe hacerse de la declaración de quien es víctima-perjudicado-denunciante, debiendo buscar en ella aquellos elementos que den validez y certeza a su declaración, frente a la que se realice por el acusado».

Pues bien, en este caso el juez Paulí Collado no halló «elemento alguno» que permitiera comprender, a su juicio, «la extraña narración de los hechos» de la supuesta agredida.

Su interrogatorio, tanto por la defensa como por las acusaciones, se ha realizado en normal tranquilidad, observando a la misma tranquila, serena, respondiendo sin gestos ni aspavientos a las preguntas que se le hacían. Así, cuando narra el peculiar encierro a que estaba sometida, nos dice que no la dejaban salir de casa, teniéndola vigilada todo el día. Pero posteriormente señala que se iba sola, en pijama, de casa a visitar a las hermanas de él. Nos dice que quien la vigilaba todo el día era la madre de él pero luego nos señala que la madre de él no caminaba bien, y justamente el día 13 de julio la llevaba la hermana de él a comprarse unas plantillas especiales. Podría pensarse que Latifa D. temía salir a la calle por desconocer nuestra civilización, pero no es así. Justamente señala que el día 13 de julio se marcha sin dinero ni pasaporte, y que se va a la estación de Sants. Preguntada cómo llega desde Hospitalet a la estación de Sants nos dice que va en taxi, y preguntada cómo lo pagó, nos dice que no lo pagó. Que ella lloraba y el taxista la lleva a la estación de Sants. No es ello lógico, pues si tanto temor causó en el taxista, éste sí conoce nuestra sociedad y la hubiera dejado, no en la estación sino en la comisaría. Luego es interrogada sobre los días que se pasa en la estación y nos dice que tres, sin hacer nada, justamente en una estación en que son numerosísimas las personas de origen árabe que transitan por ella o por la anexa estación de autobuses. Y tampoco acude a la propia comisaría que se halla en la estación o a los agentes de seguridad. Después desaparece unos días al parecer en casa de un tío, y posteriormente, pese al miedo que parece tiene a los hombres, se encuentra con tres chicos árabes que le invitan a subir a su casa y ciertamente sube.

Hasta aquí, ni una pega; el juez expone sus argumentos. Pero a continuación el magistrado apunta ya maneras: «No concuerda ello con el temor, la desconfianza, la escasa capacidad de iniciativa que lamentablemente presenta el síndrome de la mujer maltratada, que lamentablemente este titular ha conocido a lo largo de su fase como juez instructor».

Y, acto seguido, desata la polémica. Lo hace en una sola frase:

Incluso en el aspecto físico que presenta Latifa D. durante los tres actos de juicios celebrados, no sólo arreglada sino vestida cada día diferente, a la moda, con anillos, pulseras y curiosos pendientes, gafas de tamaño grande, demuestra una capacidad de Latifa D. para visionar el exterior, comprenderlo y adaptarse al mismo, una capacidad de desenvolverse que ciertamente no coincide con la de una mujer que ha pasado seis meses sometida a agresiones.

En resumen, que para el juez no era creíble lo que contaba la supuesta víctima, pero además su forma de vestir la invalidaba. Que si vestía bien seguro que no fue agredida, o lo que es lo mismo: si bien vestida la ves, maltratada no es.

Después de la frase referida a la vestimenta de la denunciante, el magistrado puntualiza que su opinión sobre el aspecto físico que presenta Latifa «no significa rechazar que una persona pueda progresar, saliendo de situaciones negativas y desenvolviéndose en el futuro con mayor capacidad, pero desde la perspectiva de la condena o no condena de Ali Yilali B. C., tales capacidades no suelen darse en supuestos de agresiones continuadas».

Y argumenta más:

Latifa D. pasa más de siete días sin estar con Ali Yilali B. C. cuando se elabora el informe médico que da lugar al informe médico forense, y ello unido al extraño período que pasa desde que desaparece de su casa hasta que formula la denuncia no permite dar luces claras de lo que realmente sucedió.

Por las acusaciones no se ha reclamado la presencia de las hermanas de Ali Yilali B. C., ni tampoco de las otras personas que le ayudaron. Las acusaciones se sostienen sólo en la denuncia de Latifa D., de la que ya se han señalado las numerosas lagunas. Por tanto, de todo lo anterior resulta que no puede determinarse la fecha de los hematomas producidos, ni tampoco puede saberse dónde estuvo Latifa D. desde el 13 de julio al 20 de julio de dos mil uno.

El titular del Juzgado de lo Penal número 22 de Barcelona, Francisco Javier Paulí Collado, también hace uso de sus dotes innatas de psicólogo para saber cómo cree que es el marido de la supuesta agredida:

Tampoco el comportamiento del acusado en el acto de juicio da indicios de animadversión hacia las mujeres, pues si bien el interrogatorio por la letrado de la acusación particular fue tenso —sin ser maleducado ni desatento— y se advertía cierta animadversión, no lo fue por el contrario con la representante del Ministerio Fiscal, ni tampoco lo fue con la letrado de la defensa, respondiendo atentamente y con educación, de la misma manera que igualmente lo fue Latifa D. Pero ello no es más prueba que de lo que es, y no puede serlo de los hechos de que se le acusan.

Por todo ello, el juez consideró que no existía «prueba alguna de que Latifa D. haya sufrido continuas agresiones desde marzo de dos mil uno hasta julio de dos mil uno, ni tampoco existe prueba de que los hematomas que presenta Latifa D. se los ocasionara Ali Yilali B. C. la noche del 12 al 13 de julio de dos mil uno». En consecuencia, dictó la absolución del acusado. Y rubricó la polémica.

Hematomas no, pendientes sí

Puede decirse que el nuevo axioma judicial creado por el juez Paulí Collado —«si bien vestida la ves, maltratada no es»— no tuvo ciertamente un aceptación pacífica. En 2003, justo un cuarto de siglo después de aprobarse la Constitución de 1978, la sentencia suscitó una polémica similar a las que generaban algunas resoluciones judiciales durante los primeros pasos de la democracia. Las mayores críticas procedieron del Gobierno y los partidos políticos, si bien los jueces arroparon a su compañero.

Nada más conocerse la resolución, el entonces ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, declaró: «Luego me riñen, y con razón, los responsables de la judicatura, porque uno se pronuncia sobre una sentencia que ha leído en un medio de comunicación y después la sentencia es distinta, o más compleja, o es más amplia», antes de referirse a la parte del fallo judicial que se había puesto «encima de la mesa», la que consideraba que la forma de vestir de la mujer era incompatible con la de una mujer maltratada. «A estas alturas, poder convivir con análisis de esa naturaleza nos sorprende, pero dicho eso, no me pronuncio sobre el contenido de la sentencia en concreto, porque no lo conozco», concluyó, no sin antes dejar claro que «muchas veces hay sentencias que nos aterran, nos erizan la piel».

Algo más añadió a esto último la secretaria general de Asuntos Sociales, Lucía Figar, quien calificó de «indignante» la sentencia. En su opinión, el juez había ignorado «totalmente el informe del forense, que señala múltiples hematomas causados por golpes, y en cambio otorga un carácter definitivo al hecho de que la mujer vaya arreglada y con pendientes». Y añadió: «Es aterrador que un juez valore una denuncia por malos tratos en función de la estética de la víctima».

Desde el PSOE, su secretaria de Igualdad, Micaela Navarro, reclamó la inmediata intervención del CGPJ y la diputada de CiU Mercé Pigem (nombrada en 2013 vocal del órgano de gobierno de los jueces, tuvo que dimitir un año después tras ser censurada como cargo público por sacar dinero de Andorra) opinó que no eran de recibo las menciones a la vestimenta de la mujer.

Lo llamativo del caso fue el apoyo que obsequiaron al magistrado los miembros de la carrera judicial. Precisamente también la magistrada y a la sazón presidenta entonces del Observatorio sobre Violencia Doméstica, Montserrat Comas, salió en defensa del autor de la sentencia al sostener que estaba «suficientemente motivada», si bien calificó de «desafortunadas» las «cuatro líneas» en las que aludía al aspecto físico y la indumentaria de la mujer. Comas argumentaba que el juez sostuvo una duda sobre el día en que ocurrieron las lesiones porque el parte acreditaba que eran del día 20 y se cuestionó «si podía habérselas ocasionado otra persona» teniendo en cuenta que habían pasado ocho días en los que no había visto a su marido. Asimismo, opinó que no consideraba que el CGPJ debiera abrir ningún expediente disciplinario al juez y destacó que se trataba de un «buen profesional» que durante su trayectoria en la judicatura había demostrado ser «muy sensible» con las víctimas de malos tratos en España.

De hecho, según fuentes judiciales, el juez había colaborado en la elaboración de protocolos contra la violencia doméstica y las agresiones sexuales mientras fue decano en Sant Boi de Llobregat en 1993 y participado con los Mossos y con médicos forenses de Granollers en la erradicación de esta lacra. Paradójicamente, por esta colaboración recibió la medalla al mérito policial de la Policía Autónoma Catalana.

También la asociación progresista Jueces para la Democracia defendió al magistrado y su sentencia, que calificó de «correcta e impecable», si bien reconoció que a lo mejor le habían sobrado «algunos párrafos». No obstante, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, una organización emblemática en la defensa de los derechos de las mujeres, sentenció que la resolución del juez Paulí Collado era una «aberración jurídica» y solicitó la apertura de un expediente disciplinario al magistrado. Y de «terrible y sangrante» tildó el fallo la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo.

La mujer afectada también alzó su voz. En una conferencia de prensa, la joven Latifa expresó su decepción y sorpresa por la sentencia del juez, de quien dijo que sólo la había visto una vez y que, por tanto, «no podía saber si cambiaba todos los días de modelo». Jamás sospechó que el magistrado absolvería a su marido, con el que su familia le obligó a casarse a cambio de dinero, y señaló que el magistrado no tuvo en cuenta las pruebas (informe médico y psicológico) sino «sólo sus pensamientos». «A él no le importan las pruebas; él nunca me creyó, pensó que era una mentirosa», lamentó Latifa.

Y es que como también dijera el Guerra, considerado uno de los cinco califas del toreo, «ca uno es ca uno». Otra gran verdad, maestro.

A LA CUARTA VA LA VENCIDA

Hay muchos ciudadanos que desconfían de la Justicia y muchos otros que ni siquiera creen que se imparta. No es que vayamos a darles la razón, pero también entendemos que haya justiciables (los que se someten a la acción de la Justicia) que pueden tener motivos para estar en uno y en otro caso. Es posiblemente lo que le ocurrió a una mujer que fue violada por su padrastro y vio cómo a éste lo absolvieron hasta en tres ocasiones seguidas. Menos mal que al final, a la cuarta, fue la vencida y el deplorable sujeto fue por fin condenado. Pero para entonces la víctima ya había tenido que declarar hasta en siete ocasiones donde hubo de recordar otras tantas lo que seguro quería olvidar.

Los hechos se remontan a 1991 cuando una madre denunció que su pareja, Elías A. R., había abusado de la hija de ella desde los nueve hasta los doce años de edad. Tras muchos años de sufrimiento, el acusado llegó a juicio el 28 de marzo de 1995 en la Sección Octava de la Audiencia de Barcelona. Se enfrentaba a una pena de 23 años de cárcel por varios delitos: violación, agresión sexual, estupro y corrupción de menores.

El tribunal, presidido entonces por la magistrada María José Inés Martínez Álvarez, dictó sentencia el 4 de abril de 1995 y absolvió al acusado de los delitos de agresión sexual y corrupción de menores, por considerar que se habían cometido pero habían prescrito, y de los de violación y estupro, por falta de pruebas. Como era obvio, la defensa de la menor recurrió la sentencia al Tribunal Supremo, que apreció un quebrantamiento de forma en la resolución de los jueces barceloneses por «falta de claridad» y ordenó repetir la sentencia.

Dos años más tarde, el 21 de mayo de 1997, la Audiencia de Barcelona dictó de nuevo sentencia y, de nuevo, absolutoria. El Supremo, al resolver un nuevo recurso de la víctima, ordenó que volviera a repetirse la sentencia. ¿El motivo? Pues que el tribunal había dictado su resolución sin celebrar un nuevo juicio y sin introducir un «nuevo hecho probado distinto del anterior». Pero el 15 de marzo de 1999, los mismos magistrados dictaron un tercer fallo, también absolutorio. Esta vez sí que había introducido nuevos hechos probados, pero tampoco había habido un nuevo juicio. La sentencia fue anulada por tercera vez.

El Supremo denunció «graves irregularidades» en las tres sentencias, en las que intervino siempre como ponente la jueza María José Inés Martínez Álvarez. «Las sucesivas sentencias a la primera no se limitan a sanar la falta de claridad, sino que hacen un nuevo relato de hechos, distinto del anterior, sin un previo juicio, lo que viene vedado por el ordenamiento procesal», indicó el alto tribunal español.

El 9 de mayo de 2001 se celebró el cuarto juicio del caso, aunque en esta ocasión con un tribunal distinto a los anteriores.

Durante la vista oral, el procesado, que ahora contaba sesenta y tres años de edad y era vecino de Vallirana, volvió a negar los hechos y relató que solía despertar a su hijastra para ir al colegio y que para ello acostumbraba sólo a acariciarla o a hacerle cosquillas. Si alguna vez le tocó «el pubis», aseguró, fue un hecho accidental y sin intención libidinosa. Sin embargo, la versión de la víctima fue otra: Elías A. R. efectuó tocamientos a la hija de su compañera sentimental entre los nueve y los doce años y mantuvo relaciones sexuales plenas con ella desde esta edad hasta los quince años. El padrastro, además de las agresiones sexuales, le controlaba la menstruación y le compraba preservativos y un predictor para controlar si estaba embarazada.

Era la séptima declaración de la víctima por los mismos hechos, cinco en la fase de instrucción y dos en los juicios. «No es agradable decir lo mismo una y otra vez. Sólo quiero que esto se acabe porque duele mucho», aseguró en la vista. La mujer ya tenía treinta años, estaba casada y sufría una fobia sexual como secuela de las agresiones de su padrastro. Según contó, no podía mantener relaciones sexuales por la mañana porque era cuando él solía agredirla.

En junio de 2001 hubo una nueva sentencia. La cuarta. Y, por fin, era condenatoria. La Audiencia de Barcelona impuso una pena a Elías de 15 años de prisión, que no fue mayor al beneficiarse de una atenuante de dilaciones indebidas en el proceso judicial. La sentencia aseguraba que el acusado no tenía la culpa de los más de diez años que había durado el proceso judicial, ya que las diligencias se abrieron en 1992, y le rebajó la pena al entender que había sufrido una «lesión jurídica».

El nuevo tribunal condenó al padrastro gracias a la persistencia en el relato incriminatorio de la víctima, que mantuvo siempre su acusación hasta siete veces y después de muchos años de un proceso judicial. Un largo proceso que dejó corto el dicho de que a la tercera siempre va la vencida.

UNA LESBIANA CONDENADA COMO HOMBRE

Conchita se llevó ese día, posiblemente, la mayor sorpresa de su existencia. Toda la vida siendo mujer, y acabaron condenándola como hombre. Y, para más sarcasmo, encima era lesbiana. La proeza se la debemos al juez José Hoya Coromina, el titular de un juzgado de Santander, y aunque en principio el asunto suena a disparate judicial, hubo quien lo vio de otra forma, como se podrá leer más adelante. Así que no seremos los autores quienes inclinemos el fiel de la balanza y preferimos dejar la decisión, una vez más, a la opinión del querido lector. Tan sólo advertir, ya desde un principio, que el magistrado Hoya, tenido como un reconocido jurista, defendió que actuó consciente de lo que hacía y que no se le había ido la olla (si se nos permite la fácil rima aprendida en el colegio).

Conchita, sin antecedentes penales, estaba en trámites de separación matrimonial de Julia, con la que había mantenido una relación sentimental durante diecisiete años, según consideró probado la sentencia (aunque con otros nombres reales de los protagonistas de la historia).

El 2 de abril de 2009, Conchita mantuvo una discusión con su ex pareja motivada por las diferencias económicas que las enfrentaban debido a la ruptura de la relación al no aceptar las propuestas de solución de Julia. La noche siguiente, cuando ambas se encontraban en el domicilio familiar de Badames (Cantabria), se reinició la discusión por los mismos motivos y la acusada comenzó a proferir insultos contra su expareja («puta, gilipollas, hija de puta», documenta el juez), e incluso llegó a «empujarla y agarrarla del cuello y a golpearla contra la pared».

Como consecuencia de la agresión, Julia fue asistida de un eritema y varias erosiones en el cuello y un traumatismo parieto-occipital muy leve; requirió una primera asistencia facultativa y tardó dos días en curarse. El Juzgado de Instrucción número 1 de Laredo incoó diligencias urgentes con el número 21/2009 contra Conchita por un presunto delito de violencia doméstica (maltrato físico) del artículo 153.1 y 3 del Código Penal, y al ser competencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Santander, el caso cayó en manos de nuestro juez, José Hoya Coromina.

Después del juicio, el magistrado dictó sentencia el 20 de abril de 2009. Al analizar la prueba practicada, destacó que Conchita negaba la agresión, si bien reconocía la existencia de diferencias que se habían acentuado tras la ruptura del matrimonio y que «la situación económica y la ausencia de recursos de ambas» les impedían abandonar la vivienda conyugal. Y era precisamente esa necesidad de compartir la vivienda lo que provocaba roces.

El juez rechazó el argumento de Conchita de que las heridas sufridas por Julia se produjeron ejerciendo su trabajo de camillera, ya que, de haber sido así, se habría dejado constancia en un parte de incidencia, además de que la actividad desarrollada por la denunciante se limitaba «al levantamiento de peso por medio de la camilla», lo cual, deducía el magistrado, no resultaba compatible con las lesiones que presentaba.

Así que el juez, en su fundamento jurídico séptimo, sostenía que resultaba «palmaria la comisión» por parte de la acusada del delito del que era imputada. Por eso condenaba a Conchita como autora penalmente responsable de un delito de violencia doméstica (maltrato físico) previsto y penado en los artículos antes mencionados del Código Penal a la pena de 7 meses de prisión, la prohibición de llevar armas durante 2 años y, asimismo, la de acercarse a la víctima a menos de 200 metros de su domicilio y lugar de trabajo. También prohibió a la condenada a comunicarse con Julia durante 1 año y 9 meses y le impuso el pago de una indemnización de 50 euros por las lesiones causadas.

Un error judicial

Cinco años antes de la sentencia del juez Hoya Coromina se había producido una novedad legislativa en lo que comenzó a llamarse violencia machista. Las Cortes españolas aprobaron el 28 de diciembre de 2004 una de las leyes estrella del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para dar una respuesta global a la violencia que se ejerce sobre las mujeres, según detallaba su exposición de motivos. En materia de tutela penal, introducía una mayor protección contra los malos tratos, mediante la siguiente redacción del artículo 153, párrafo 1.º, del Código Penal:

El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año…

Si el lector se ha fijado bien en el artículo, le resultará fácil darse cuenta de que el magistrado de Santander aplicó a una mujer una pena concebida cuando el agresor fuese un hombre. Así que cuando la sentencia del juez Hoya Coromina saltó a los titulares (una lesbiana condenada como hombre, en resumidas cuentas), el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, salió a criticar el fallo al considerar un «error judicial» la sentencia que, por primera vez en España, condenaba por violencia de género a una mujer por agredir a su esposa, ya que este tipo de violencia es, por definición, la que ejerce el hombre hacia la mujer. La cuestión, según Lorente, era que el magistrado incurría en «una confusión continua» entre violencia doméstica y violencia de género. La sentencia tipificaba los hechos como constitutivos de un delito del artículo 153.1 del Código Penal, reformado por la Ley Integral de la Violencia de Género, pero este punto exigía que para que el maltrato fuera considerado violencia de género la víctima debía ser una mujer y el agresor, un hombre.

«Desde el punto de vista conceptual es un error», aseguró el delegado del Gobierno, que vio claro que se trataba de un caso de violencia doméstica y no tuvo ninguna duda de que el recurso contra esa decisión aclararía la interpretación del asunto. Como había anunciado Lorente, y quizá impulsado por él, la Fiscalía recurrió el fallo, así como la defensa de Julia.

Según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, sorprendía que un magistrado confundiera violencia doméstica con violencia de género, y basara una resolución judicial en una «confusión». Y esa decisión, error o confusión, no invalidaba todo el sistema de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Su responsable explicó que la violencia de género había nacido de una «construcción cultural» basada en la desigualdad histórica entre hombres y mujeres por medio de la cual se considera que el varón es el garante de ese orden dentro de la relación y que «el hombre se siente legitimado para ejercer la violencia».

Por su parte, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, muy combativas en defensa de los derechos de las féminas, tildó de «barbaridad» la sentencia pues, en palabras de su presidenta, Altamira Gonzalo, la Ley Integral de Violencia de Género «no es de aplicación a la violencia que se puede ejercer por una mujer sobre otra mujer como consecuencia de una relación de afectividad».

Pero en este caso, la asociación Colegas lo vio de otra forma y aplaudió la condena al considerar la existencia de violencia de género en un matrimonio de lesbianas en proceso de separación. «Las parejas de gais y lesbianas no estamos incluidas en la Ley de Violencia de Género, y sólo tras una interpretación amplia de la ley algunos jueces empiezan a seguir el espíritu y no sólo la letra de la ley», señaló la vicepresidenta de Colegas y coordinadora del Área de Violencia de Género, Rosa Ortega. También consideró que la sentencia sentaba un precedente para que las parejas de gais y lesbianas estuvieran protegidas «de forma convincente por la ley». Y añadió: «El actual Código Penal no ampara a las parejas de gais y lesbianas con violencia de género con la misma contundencia y celeridad, pero sobre todo no tenemos acceso a los mismos recursos sociales que ofrece la actual Ley de Violencia de Género. No queremos una ley especial para gais y lesbianas, sino nuestra inclusión en la vigente ley, que consideramos que es efectiva y nos ofrecerá una razonable protección». Es decir, seguir mejor el espíritu de la ley que su letra.

Un juez empecinado

El juez José Hoya Coromina y su valiente resolución tampoco fue comprendida por el presidente de la Audiencia de Cantabria, José Luis López del Moral, quien declaró que «sólo la violencia que ejerce el hombre sobre la mujer puede considerarse como violencia de género y siempre que exista una relación de convivencia». El magistrado explicó al periódico local El Diario Montañés que la violencia de género era un «concepto cultural» basado en la situación de desigualdad histórica y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres y así lo recogía la Ley Integral de Violencia de Género y la Ley de Cantabria. Por ello, a su juicio, requería que «el agresor sea el hombre y la víctima una mujer». El presidente de la Audiencia recordó también que la Fiscalía General del Estado sostenía claramente en una circular que «la ley no ampara a las parejas homosexuales, ya sean hombres o mujeres», que también se pueden encontrar con una situación de violencia de género y que «sólo hipotéticamente cabría apreciar la violencia de género entre transexuales».

El magistrado autor de la sentencia no quiso hacer comentarios sobre su resolución, aunque defendió que había aplicado la calificación jurídica de los hechos realizada por el fiscal. Para justificar la actuación de Hoya Coromina, se habló de un posible despiste al condenar a Conchita por un delito de violencia doméstica o maltrato previsto en el artículo 153.1 del Código Penal (que sanciona la violencia de género), cuando esta figura realmente estaba en el siguiente párrafo, en el 2.º, del mismo artículo.

Fue el mismo juez quien sacó a todos de dudas. No, no había sido un desliz, sino que lo había hecho adrede, aposta, porque quiso. Pero tras su famosa sentencia, tuvo que hacer una rectificación. Al calor de la polémica, la Fiscalía le había aclarado que había acusado por el artículo 153.2, es decir, como violencia doméstica, y que tenía que ceñirse al principio acusatorio, por el cual no podía dictar una condena por un delito distinto al reclamado por las partes. Sin embargo, el juez Hoya Coromina aprovechó un nuevo auto para afirmar que la condena que había dictado no había sido fruto «de un desvarío», sino que él consideraba que el caso de Conchita era claramente de violencia de género y que la suya era «una de las interpretaciones posibles» de la ley.

«Nos encontramos ante un caso claro de violencia de género, y más en el presente caso, en el que la agresora desarrolla un rol dominante, de forma libre y voluntaria, y por ende se pone de forma consciente y voluntaria en la descripción típica contenida en el tipo penal que se señala.» Así lo expuso en el auto.

Pero en marzo de 2010, al resolver el recurso contra la decisión del juez Hoya Coromina, la Audiencia de Cantabria aclaró que los malos tratos de una mujer a otra no pueden calificarse como «violencia de género» a la hora de dictar una condena, aunque sea su esposa o su pareja, porque el Código Penal reserva esa modalidad agravada para la violencia de un hombre contra una mujer. Confirmó la condena, pero por violencia doméstica, y tiró de las orejas al juez de lo penal. «Nadie le ha pedido al juzgador que condene por un delito de violencia de género, por lo que las consideraciones que efectúa en el auto están fuera de lugar», voceaba la sentencia de la que fue ponente el magistrado Agustín Alonso Roca.

Aprovechando la oportunidad que se le brindaba, la Audiencia cántabra examinó la reforma del Código Penal por la Ley Integral contra la Violencia de Género y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y concluyó que, de acuerdo con la ley, ese delito sólo lo puede cometer un hombre contra una mujer que sea o haya sido su pareja, «de ahí la denominación de violencia de género», aunque se podían aplicar las mismas penas con independencia del sexo del agresor cuando la víctima era una persona con la que convive y que es especialmente vulnerable, por enfermedad o por discapacidad.

Con esa salvedad, el tribunal razonó que si el autor de la agresión era una mujer se debía aplicar siempre el artículo 153.2 (violencia doméstica), aunque la víctima fuera «su esposa o mujer ligada por análoga relación de afectividad». Y cuando la violencia doméstica ocurriera entre esposos, o personas ligadas por una relación afectiva análoga, del mismo sexo, sin importar cuál fuera, «tales actos» se debían incardinar en el mismo artículo.

Así que de hombre nada, Conchita. Que te condenaron, sí, pero como mujer. Y por arrearle a tu pareja.

EN MURCIA PINTAN BASTOS

A continuación proponemos al lector un juego. Imagine que es un juez. Para facilitarle la tarea, le facilitamos el texto del Código Penal que debe aplicarse en este caso:

El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él de forma estable por análoga relación de afectividad, o sobre los hijos propios o del cónyuge o conviviente, pupilos, ascendientes o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de uno u otro, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos o faltas en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica.

Para apreciar la habitualidad a que se refiere el párrafo anterior, se atenderá al número de actos de violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en este artículo, y de que los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores.

Así rezan los artículos 173 y 173.3 del actual Código Penal, que tipifica los malos tratos habituales. Aplicaremos a este caso, además, otro artículo, el 153 del mismo Código, que convierte en delito lo que inicialmente sería calificado como falta, por el hecho de ser cometido en el contexto de la violencia de género. Ya conoce el lector el texto literal del artículo, pues acabamos de citarlo en el anterior epígrafe.

Recordemos: una agresión que no haya requerido para la víctima más que una asistencia médica inicial —que habría que calificar de falta por no haber requerido tratamiento médico o quirúrgico posterior, tal y como establece la jurisprudencia del Supremo— se convertirá en delito si se dirige contra la «esposa, o mujer que esté o haya estado ligada» al agresor «por una relación de afectividad aun sin convivencia o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor».

Las penas previstas «se impondrán en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena» de prohibición de residir en el lugar de la víctima y de aproximarse o comunicarse con ella, «o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza», continúa el artículo 153.

Ahora, estudie el lector los hechos siguientes, que consideró probados un juzgado de Cartagena: un hombre «sometió a su mujer a una hilera continua de menosprecios, deliberados persistentes silencios y despechos con el fin de socavar su dignidad como persona y someterla a la égida de su control y dominación». Por ejemplo, presionó a su mujer para que abandonara el trabajo y le reprochó que acudiera al mismo «porque le gustaban los médicos y sus compañeros», todo lo cual constituyó una campaña de «subyugación, imposición y control», hasta el punto de que ella comenzó a someterse a tratamiento psicológico desde abril de 2010.

En este contexto, «el 20 de mayo de 2010 y en las escaleras de la vivienda común de Cartagena, el acusado se encontró con su mujer y la empujó con violencia contra la pared causándole un hematoma de 1,5 centímetros con el fin de subyugarla y de manifestar su repulsa porque ella no se sometía al rol de control y dominación que él la tenía sometida». La curación de la herida «sólo precisó de una primera asistencia facultativa».

¿Cuál es la sentencia?

La nuestra es que se cometió un delito de malos tratos habituales de tipo psíquico (art. 173) y un delito de agresión del artículo 153 porque, aunque inicialmente el golpe fue de carácter leve (y, por tanto, equivaldría a una falta), la acción del hombre se vio agravada al cometerse contra su mujer. El Tribunal Constitucional avaló esta diferencia de tratamiento entre los sexos en una sentencia de relevancia innegable.

De acuerdo con esos artículos del Código Penal y a la citada jurisprudencia, los autores condenamos al hombre que cometió aquellos hechos por un delito de lesiones en el ámbito familiar a la pena de 9 meses de prisión y a la prohibición de acercarse a su mujer por un período de 1 año. Y por un delito de maltrato habitual psíquico en el ámbito familiar y en el seno del domicilio, a 15 meses de prisión con prohibición de aproximarse y comunicarse con su mujer por un período de 27 meses.

Resulta que nuestro fallo coincide con el emitido por el Juzgado de lo Penal número 1 de Cartagena, y esperamos que también, poco más o menos, con el de nuestro lector.

Sin embargo no lo vio igual la Audiencia Provincial de Murcia, que, como ha hecho en numerosas ocasiones, anuló aquella sentencia y redujo la condena para el acusado a una pena de 2 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros, que totalizaba 360 euros, como autor responsable de una falta de lesiones. Además, impuso al reo una indemnización de 620 euros para su mujer y la prohibición de aproximarse y comunicarse con ella por un período de 6 meses.

Como ya hemos visto, el Parlamento reformó el Código Penal en 2004 para endurecer los castigos por violencia doméstica y, muy en concreto, por violencia machista. Aun reconociendo que aquella reforma supuso un agravamiento de las penas por estas conductas, hemos de añadir que las distintas audiencias españolas la aplican con criterios un tanto diversos y, en el mejor de los casos, atendiendo a las circunstancias particulares de los asuntos que les toca enjuiciar. A nosotros eso no nos parece un disparate, aunque echamos de menos una cierta orientación por parte del responsable de unificar esos criterios, es decir, del Tribunal Supremo.

Lo que sí nos llama la atención es que, en esa diversidad de modos de aplicar la ley, la Audiencia de Murcia destaque en el extremo menos duro contra los maltratadores, y un buen ejemplo es el caso que acabamos de citar. Si no fuera porque estamos refiriéndonos a un asunto complejo, diríamos que en Murcia pintan bastos.

EL MALTRATADOR SIN TECHO

Quienes conocen la legislación contra las agresiones machistas y su aplicación en los juzgados y tribunales, suelen decir que una de las más importantes medidas ideadas por la ley para prevenir esta lacra social, la de obligar al alejamiento entre el culpable y su víctima, se incumple con muchísima frecuencia. Se trata de un quebrantamiento de la condena (o sea, de un delito que se suma al anterior) y dentro de las variadas razones que lo explican figuran el fraude o la debilidad por parte de la víctima y, desde luego, también la voluntad de incumplimiento por parte del condenado.

Pero el súmmum del fenómeno es que incluso los propios tribunales desautoricen a otros jueces cuando, a la vista de que no se ha respetado su sentencia, condenan por lo que es, repetimos, un delito, el quebrantamiento de una condena.

Y eso fue lo que hizo la Audiencia Provincial de Jaén, absolver del delito de quebrantamiento de condena a un hombre de setenta y ocho años que había vuelto a convivir con su pareja aunque pesaba sobre él una orden de alejamiento añadida a su condena por malos tratos. En 2006 se le había penado por un delito de violencia de género y lesiones, que incluía además la prohibición de acercarse y comunicarse con su esposa hasta el mes de noviembre de 2014. Comoquiera que estuvo conviviendo con su mujer entre octubre de 2011 y mayo de 2012 (en la localidad jiennense de Bedmar-Garcíez), en diciembre de 2013 un Juzgado de lo Penal le condenó por un delito de quebrantamiento de condena con la agravante de reincidencia.

El protagonista del caso recurrió contra aquella nueva condena ante la Audiencia de Jaén, con el argumento de que se encontraba en estado de necesidad y su mujer había querido acogerlo ante el lamentable espectáculo que ofrecía por calles del municipio.

La Audiencia entendió que el «estado de necesidad subjetivo» del acusado era motivo suficiente para anular el castigo por incumplir la pena de alejamiento. El ponente de aquel fallo, el ex vocal del CGPJ Pío Aguirre, tuvo en cuenta el «deterioro físico y psíquico» de un reo de avanzada edad y también «el consentimiento e interés de su esposa en convivir con él, en recogerlo, según sus propias palabras, dado que no tenía adónde ir, viéndolo todos los días deambulando por el pueblo, Bedmar-Garcíez, de unos 3.200 habitantes».

La polémica que se desató en los medios de comunicación no fue menor, precisamente porque no se trataba de una anécdota puntual sino de un síntoma de la ligereza con la que se incumple con demasiada frecuencia una medida ideada para proteger de agresiones de mayor gravedad a las víctimas de malos tratos. Algunas portavoces de organizaciones feministas y políticas dijeron que si el maltratador estaba en situación de necesidad, debían ser los servicios sociales, y no su mujer, los encargados de ayudarle.

Finalmente, el TSJA intervino para zanjar la polémica; quiso dejar claro que la absolución por aquel delito de quebrantamiento de condena no anulaba la orden de alejamiento, que seguía vigente. El TSJA señaló que una cosa era que le hubieran levantado la pena por quebrantamiento y otra que no siguiera en pie la orden de alejamiento incumplida. Pero, claro, S. M. C. entendió otra cosa: si no me obligan a cumplir el alejamiento, me pueden mantener vigente la orden lo que les parezca, que yo haré lo que crea conveniente. Y así lo hizo.

De modo que en marzo de 2014, la Guardia Civil del pueblo de Bedmar constató que el hombre había vuelto a su casa e incumplido nuevamente la orden de alejamiento. Se abrió una nueva causa contra él y el juzgado volvió a condenarle.

Pero esta vez la Audiencia ya no le absolvió: confirmó la condena a 6 meses de prisión impuesta en primera instancia por quebrantamiento de condena cometido al haber vuelto a vivir con su mujer. En esta ocasión el tribunal de la Audiencia, presidido por el juez Pío Aguirre, descubrió que «se ha acreditado que el acusado podía irse a vivir con su hermana y no quebrantar así la orden de alejamiento con respecto a su esposa», de modo que sí merecía el castigo.

Y con ese argumento, que su primera sentencia fue un disparate.

CUERPO A TIERRA, QUE VIENEN LOS JUECES

UN YATE NO TIENE RUEDAS, TAMPOCO ALETAS

El presunto ladrón que pillaron cuando intentaba hacerse con un yate en el puerto de Alicante, al escuchar la sentencia debió de pensar que, o bien se le había aparecido la Virgen, o bien la Justicia española es tan garantista que valía la pena vivir en esta piel de toro, donde ahora no hay mucho trabajo que digamos, pero sobra sol, un tiempo estupendo y buenas playas y mares. A lo mejor pretendía eso cuando decidió robar una embarcación, pues era lo único que le faltaba para disfrutar del mar en Alicante, porque ganas y tiempo de hacerlo le sobraban. Pero no se conformó con cualquier baratija atracada en el puerto, sino que eligió un yate de 600.000 euros (100 millones de pesetas). Al recibir la sentencia, a buen seguro que el presunto ladrón sonrió cuando se enteró de que el juez le había absuelto por un argumento que hasta él entendía: no había sido condenado por el robo de un vehículo de motor porque un yate… no tiene ruedas.

Los hechos sucedieron a las diez de la mañana del 21 de noviembre de 2013. El presunto delincuente, de nacionalidad rumana, fue sorprendido con las manos en la masa cuando intentaba poner en funcionamiento el yate, al que había desmontado la carcasa de mandos y arrancado los cables del sistema de navegación. Posiblemente nuestro presunto veraneante no necesitaba de tanta tecnología para poner proa a levante y darse una vuelta hasta Mallorca si le apetecía; tampoco Colón ni Magallanes llevaban cable alguno y se lucieron.

El magistrado de lo penal de Alicante que juzgó a nuestro lobo de mar se dio cuenta de que en el caso había un problema jurídico: no podía condenar por un delito de hurto de vehículo de motor. En su razonamiento, el magistrado llegó a la conclusión que un yate «no tiene la consideración de vehículo de motor» al carecer de ruedas, y que tampoco podía atizarle con un delito de hurto común porque su aplicación exige que el autor tenga el propósito de hacerse dueño de la cosa y no bastaba su uso temporal.

Y dado que al acusado no se le podía condenar por ninguno de los dos delitos, el juez decidió absolverlo, aunque en la sentencia recomendó a la empresa propietaria del barco que reclamara por la vía civil los daños causados por el delincuente. No obstante, el juez reflexionó en su resolución que si los dueños del yate hubieran formulado una acusación por un delito de daños, y no por hurto, posiblemente hubiera dictado una sentencia condenatoria.

La sentencia del yate se coló en los medios de comunicación después de que los compañeros de la delegación de Efe en Alicante difundieran el caso. A partir de ahí comenzó a correr como un disparate judicial, a lo mejor no tanto porque lo sea sino por la explicación judicial y el resultado alcanzado. Que el yate no tenga ruedas es un acierto del juez, sin duda; quizá le faltó darse cuenta de que tampoco tiene aletas.

UNA RUINA DE ABOGADO

Todos sabemos que los abogados salen caros, pero lo que no es tan habitual es que el precio a pagar sea un año extra de cárcel. Sin embargo, eso es lo que estuvo a punto de ocurrirle a un estafador cuyo abogado recurrió al Supremo con tan confusos argumentos que hasta él mismo se hizo un lío y acabó pidiendo que agravasen la pena de su cliente. Al estafador le había caído una condena de 4 años de cárcel. Si el Supremo hubiera hecho caso de la petición del letrado, le habrían condenado a casi cinco años de trullo.

El ponente de la sentencia (que rechazaba todos y cada uno de los motivos de recurso y llegaba a tachar alguno de ellos de «insulto a la inteligencia») respondió con cierta ironía al recurso y le dijo al abogado que, «en efecto», acertaba al protestar contra una determinada parte de la condena contra la que recurría. «Le acompaña toda la razón —le dijo—; la sentencia adolece de falta de motivación. Y ese déficit motivador es seguramente lo que explica por qué la pena se encuentra por debajo de lo legalmente establecido. Si corrigiésemos ese defecto y subsanásemos esa falta de motivación tendríamos que incrementar ligeramente la condena», se burló el magistrado Antonio del Moral antes de dictaminar que «para fortuna del recurrente, el motivo tiene que ser desestimado».

LA DOCTRINA BOTÍN NO ES PARA TODO EL MUNDO

«Soñar dejará de ser gratis en septiembre», anunció una mañana Elmundotoday en su web.

Nosotros nos confesamos incapaces de expresar mejor el signo de estos tiempos de crisis que nos han dejado con pocas ganas de chistes. Y es que, como todo el mundo sabe, el dinero no da la felicidad… pero te quita muchos problemas de encima. A veces incluso problemas con la Justicia, lo que nos lleva a formularnos una duda elemental: ¿es verdad eso de que todos somos iguales ante la ley? La respuesta es sencilla: en teoría, sí; en la práctica, ni de coña.

Lo cierto es que podríamos decir que los peces gordos flotan, flotan por encima de aquello que amenaza con ensuciarles, y que es justo lo que embadurna a los que no cuentan con sus medios; aunque esto no supone necesariamente que sean inmunes a la acción de los tribunales, ni tampoco que sean culpables, claro.

Por ejemplo, tomemos la que se dio en llamar doctrina Botín. Se trata de una jurisprudencia establecida por el Supremo que, ya desde un principio, dejó en la ciudadanía la impresión de estar diseñada para un solo individuo, para esa persona que, efectivamente, le dio nombre: Emilio Botín, presidente del Banco de Santander, tristemente fallecido en fechas recientes. La originalidad del asunto, como veremos, radica en que al poco tiempo de dictaminar aquella doctrina, la propia Sala del Supremo confirmó que se trataba de una jurisprudencia exclusiva.

Con aquella decisión estableció una nueva verdad jurídica que podríamos resumir como… «la doctrina Botín no es para todo el mundo».

El Supremo estableció esta doctrina en 2007, cuando dictaminó que para que se abra juicio contra una persona por unos determinados delitos no basta con que le acuse la acción popular, que suelen ejercer organizaciones constituidas con ese fin, sino al menos alguien directamente perjudicado por su conducta o el fiscal.

Pues bien, es cierto que la doctrina citada no es cualquier cosa; hace falta ser un pez muy gordo para dar nombre a una jurisprudencia como ésa. Pero el asunto no es tan simple. En 2008, el Supremo —el mismo tribunal, la misma Sala de lo Penal que había dictado la doctrina Botín— decidió que podía proceder contra varias personas con el único impulso de una acusación popular y sin que actuaran ni el fiscal ni acusación particular alguna. O sea, justo lo contrario de lo anteriormente dictaminado.

Y por eso decimos que la doctrina Botín no es para todo el mundo, o mejor dicho, así lo dijo el Supremo.

Aquella peregrina teoría le sirvió al alto tribunal para condenar por desobediencia a su mandato al ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa y a dos miembros de la Mesa de la misma cámara legislativa autonómica. Algunos malintencionados encontraron argumentos políticos que podían explicar lo que se dio en llamar doctrina Atutxa, pero nosotros no nos extenderemos en esas cuestiones.

No. Nos limitaremos a recordar que casi la mitad de los magistrados que integraban la Sala que votó aquella original reinterpretación de la doctrina Botín se posicionó en contra de la decisión mayoritaria y publicó votos particulares exponiendo argumentos que la cuestionaban. Venían a decir que la doctrina Botín, se estuviera o no de acuerdo con ella, había sido impuesta por el Supremo y no cabía ahora abrir excepciones. Luciano Varela, uno de aquellos magistrados que se mostraron en contra de la novedosa doctrina Atuxa, la llegó a calificar de «exótica». Y si eso lo decía un magistrado del Supremo, no queremos ni imaginar cómo la pudo calificar Atutxa. De hecho, ni queremos ni podemos imaginarlo.

En todo caso, quede claro que ninguno de los querellados en el caso que dio nombre a la primera doctrina, empezando por el banquero Emilio Botín, incumplió la ley: así lo establecieron los magistrados, que desestimaron los cargos.

Algo que no sucedió en el proceso siguiente, que afectó a otro grande de nuestro país, César Alierta.

FUMANDO ESPERO A QUE PRESCRIBA EL CASO

En diciembre de 2010, la Sala de lo Penal del Supremo consideró probado que César Alierta había cometido un delito de abuso de información privilegiada en 1997, cuando dirigía la compañía estatal Tabacalera. Sin embargo, le absolvió.

¿Cómo pudo suceder de ese modo?

El factor tiempo es, en este caso, la clave. Sólo con ver las fechas el lector comprenderá que podíamos haber incluido este disparate judicial en el capítulo dedicado a los retrasos.

El Supremo consideró probado que quien había sido nombrado presidente de la empresa pública por José María Aznar pocos años antes de que se privatizara la compañía, cometió un delito de abuso de información privilegiada (que, por cierto, le reportó 1,8 millones de euros). El método no era muy sofisticado: a través de su sobrino, compró y vendió acciones de Tabacalera para dar lo que podríamos llamar un pelotazo. Sabía que Tabacalera iba a adquirir la propiedad de la compañía estadounidense Havatampa, lo cual necesariamente causaría una importante subida en el valor de las acciones en bolsa de la empresa española, así que compró acciones a tiempo y las vendió en el mejor momento. Fácil, ¿no?

No tanto; primero tienen que nombrarte presidente de Tabacalera y luego tienes que librarte de la condena.

Y eso fue precisamente lo que pasó. En la misma sentencia en la que consideraba probado lo antedicho, el Supremo declaraba extinguida la responsabilidad penal de Alierta porque entre el día que el alto tribunal señaló como referencia para la comisión del delito (26 de septiembre de 1997) y la presentación de la querella (22 de noviembre de 2002) habían pasado más de cinco años, plazo previsto por la ley para que se extinga la responsabilidad criminal sobre el citado delito.

El proceso resultó tremendamente complejo; tanto, que se lo ahorramos al lector. Aun así, debe saber que el diario El Mundo publicó desde enero de 2002 (antes de la prescripción del delito) noticias sobre la actuación irregular de Alierta. También debe saber que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV por sus siglas, indagó sobre el asunto y archivó la investigación sin denunciar nada (¡menuda investigación!). Y además debe saber que el progresista Carlos Jiménez Villarejo, fiscal Anticorrupción, investigó el asunto y promovió una querella contra el presidente de Tabacalera a finales de ese 2002, querella que rechazó el fiscal del Estado, el conservador Jesús Cardenal, y que finalmente presentó una asociación de consumidores… cuando ya era demasiado tarde.

Un disparate, en suma, del que hay que culpar a quienes en la CNMV (que presidía entonces Juan Fernández Armesto, nombrado también por José María Aznar) no vieron irregularidad alguna en una operación delictiva. Todavía es más responsable, a nuestro juicio, la Fiscalía del Estado (dirigida en aquellas fechas por un hombre al que nombró la misma mayoría política que designó a Fernández Armesto y Alierta) por su lentitud en reaccionar.

Uno diría que es extraño que al fiscal general Cardenal, nombrado también por Aznar, le pareciera que no había ni siquiera necesidad de abrir una causa sobre un asunto de cuyo carácter delictivo no tuvo dudas el Supremo. Pero… bueno, tampoco es para tanto. A fin de cuentas, tampoco a la CNMV le había parecido sospechoso… ¿no?

EL GALLEGO, UNA LENGUA INÚTIL

Si el lector es gallego, no se tome a mal el título de este epígrafe. No es que lo pensemos nosotros, los autores del libro, sino que traemos el aserto a colación porque fue lo que más o menos vino a decir un juez de la localidad madrileña de Alcorcón en el año 2009 al negarle a una madre de Vigo el traslado escolar de sus hijas. El juez Alejandro José Galán Rodríguez tenía que resolver un proceso por la custodia de las dos hijas de un matrimonio formado por un hombre de Madrid y una mujer de Vigo, que se separaron en 2006. Dos años después, la madre trasladó la residencia a la capital pontevedresa y reclamó la custodia plena de las hijas.

Pero el juez no lo vio claro. Tenía varios argumentos que desaconsejaban, a su juicio, el traslado de las niñas, por varios tipos de desarraigo: escolar, social y vivencial. Fue en el primero de los motivos donde apuró la argumentación, lo que le supuso pegarse un tiro en el pie. Para el magistrado, la educación en gallego no tiene «ninguna otra utilidad práctica, más allá del ámbito» de la comunidad autónoma propiamente dicha, Galicia. En su auto sostuvo que el cambio de ámbito escolar contribuía al desarraigo de las chicas porque habían estado escolarizadas «desde hace muchos años en el Colegio Amanecer de Alcorcón para ahora verse escolarizadas en centros públicos, en Vigo, con inmersión en un sistema escolar en lengua gallega, lengua distinta a la que han sido escolarizadas hasta ahora, que más allá del ámbito de aquella Comunidad Autónoma no parecía que tenga ninguna otra utilidad práctica».

La sentencia del juez posiblemente nunca habría trascendido si la familia de las menores no hubiera decidido denunciar los hechos públicamente. De esto se encargó el hermano de la madre afectada, Manuel López Rodríguez, en compañía del diputado del BNG (Bloque Nacionalista Galego) Bieito Loberia.

La familia aseguró que estaban pasando por un calvario a raíz de su intención de vivir en Galicia. Explicó que a la madre de las niñas le diagnosticaron un cáncer en 2004, y en 2006, cuando el matrimonio se separó, se decretó la custodia compartida. Pero en 2008 el padre dejó de hacerse cargo de la custodia y se trasladaron a Vigo. Entonces comenzaron los litigios. Además, aseguraron que las menores estaban perfectamente integradas en Vigo, donde eran felices y no tuvieron ningún problema con el idioma, e incluso habían empezado a hablarlo. Para el parlamentario nacionalista, el juez había practicado «racismo lingüístico» y había dictado un auto con todas las papeletas para incluirlo en el apartado de xenofobia de la colección jurisprudencial. «Como si fuera delito que Galicia tuviera su lengua propia», sentenció.

Claro que non, home. Nos tamén falamos galego.

Y EL CATALÁN ES UN ESCOLLO

Que la enseñanza en catalán ha sido y sigue siendo origen y fuente de controversia en los tribunales es algo que al lector no habrá que explicarle, pero si un juez lo considera «un escollo» para la educación de una menor, es un razonamiento merecedor de que pasemos a comentarlo. El asunto ha tenido lugar recientemente, en 2014, y el mérito, si lo tiene, se lo atribuye por entero una jueza de Güímar, en la isla de Tenerife.

De todos es sabido que en las comunidades donde se usa el catalán, el valenciano o el balear, muchos padres han llevado a los tribunales a las autoridades educativas o a los responsables de determinados colegios por escolarizar a sus hijos exclusivamente en catalán cuando los progenitores la demandaban en castellano, y también han actuado contra decisiones autonómicas que en algunos casos apostaban por la lengua común en todo el Estado español en detrimento de la lengua vernácula propia de la comunidad.

Por lo general, en este tipo de pleitos las resoluciones judiciales se orientan en función de la sensibilidad del juez o tribunal que dicta la resolución, bien porque crea en la importancia de convivencia de los dos idiomas o, por el contrario, porque apueste por la predominancia de uno de ellos. Y es posible que cuanto más apegado se esté al territorio, más fácil resulte inclinar la balanza sobre la lengua propia del lugar.

Es lo que debió de pasarle a nuestra jueza de Tenerife al retirar la custodia de una hija por el «escollo» que, a su juicio, le estaba suponiendo el idioma catalán.

La madre se fue a vivir con su hija de cuatro años a Ripollet, en la provincia de Barcelona, por motivos laborales, en busca de un trabajo para el sustento de las dos. Pero el marido, más bien ex marido, se quedó en Tenerife y le pareció fatal que su ex mujer se llevara a la cría y por eso acudió a pedir justicia al juez de su localidad. Así que la magistrada de Güímar sentenció, y casi pontificó, sobre el catalán. Y el asunto, que tampoco hubiera trascendido del ámbito familiar, como en el caso anterior del gallego, saltó a la opinión pública de la mano de El Punt Avui, que se hizo eco de la perla que encerraba la resolución.

Para centrar la cuestión, la jueza reflexionaba al inicio de su escrito sobre el cambio de residencia de la menor a Cataluña, comunidad a la que consideraba «definida por unas características especiales de integración, pues al hecho de adaptación normal a un cambio de territorio o de costumbres, ha de añadirse la dificultad de tener que aprender una lengua cooficial al castellano, el catalán, que de todos es conocido, es lengua empleada por gran parte de la sociedad catalana, así como por las escuelas».

La magistrada de la isla del Teide consideró, desde la distancia, que no había quedado acreditado que la menor se hubiera adaptado al idioma catalán y que dicha circunstancia no estuviera «suponiendo un escollo en su evolución». «Escollo» es, en sentido literal, un peñasco que está a flor de agua o que no se descubre bien, aunque en sentido figurado se utiliza con el concepto de obstáculo o dificultad. Tras el peñasco, su querida señoría lanzó otra pedrada: dicho lo dicho, lo mejor era retirar la custodia a la madre, porque trabajaba la mujer, y dársela al padre, que estaba desempleado. «El padre está en el paro y, por este motivo, tiene una disponibilidad horaria mayor», razonaba la jueza.

A la polémica contribuyó el padre de la niña, de nombre Garoé, al exponer que su hija no sabía hablar en catalán y lo único que había aprendido era una canción. Y sostuvo que el problema no era la lengua de Cataluña, pues lo mismo le hubiera pasado en Inglaterra o en Francia. «No tengo nada en contra del idioma catalán ni de que las mujeres trabajen, sólo velo por el interés de la niña», llegó a declarar el padre, que defendió la valentía de la jueza tinerfeña al dictar una resolución que ha sido incomprendida, pero que acertaba de pleno —sobre todo para él— al darle la custodia de la niña.

Lo del catalán nos suena fuerte, pero no menos que la custodia le sea concedida a un padre en paro porque a la madre no se le haya ocurrido otra idea mejor que trabajar. ¿De qué planeta ha aterrizado esa jueza? ¿Y en qué nave?

LAS CANGUROS BARATAS

Aunque la mayoría de las resoluciones que hemos ido incluyendo en nuestras antologías del disparate judicial se refieren a asuntos del ámbito penal, las otras jurisdicciones también tienen mucho que aportar a la casuística. Con el eufemístico nombre de sentencias de lo social, tribunales de lo social o salas de lo social, la Justicia se refiere a todos los asuntos laborales, y muchos de ellos dan resoluciones que son dignas de comentario.

En el epígrafe siguiente les hablaremos de la polémica sentencia que culpó a un trabajador del accidente que sufrió y que lo dejó tetrapléjico. Ahora, para abrir boca, presentamos otra dictada por un juez de Almería que, al rechazar la demanda de una madre trabajadora para conseguir una reducción de jornada, argumentó que hay jóvenes canguro que por «un bajo coste» se prestan a cuidar a los niños de otras.

¿Le parece sesuda al lector la respuesta de su ilustrísima? Pues a nosotros no, ni a la trabajadora que perdió la demanda, ni al sindicato UGT, que, al margen del pleito en sí, consideró fuera de tono la argumentación judicial.

Corría el año 2012. La mujer llevaba cuatro años contratada como dependienta en un centro comercial de Almería cuando reclamó, para el cuidado de su hija, reducir su jornada semanal en dos horas (de 20 a 18 horas) y disponer sólo de un horario de mañana (de 10.00 a 14.00 horas de lunes a jueves y de 12.00 a 14.00 horas los viernes). Sin embargo, el centro comercial, debido al régimen de turnos existente, se negó a satisfacerle ese horario, aunque le ofreció diversas alternativas. Es decir, que accedía a reducirle la jornada, pero no de la forma que quería la trabajadora.

La empresa alegó que no podía ofrecerle ese turno sólo de mañana porque era incompatible con la exigencia a todas las empleadas de rotar en sus turnos. Además, ese horario en concreto también era incompatible con la preparación de las rebajas o las reuniones periódicas de trabajo. Así que la empresa le ofreció una jornada de 15 horas, distribuidas en turnos de mañana y de tarde, pero con los martes y los domingos libres. La mujer rechazó la oferta. Tampoco aceptó otra que le propusieron y que consistía en irse a trabajar a una tienda más cercana a su domicilio.

Su oposición sistemática a todas las ofertas de la empresa bien pudo valerle a la trabajadora la desestimación de su demanda laboral. El juez, además, sostuvo que con las propuestas de la empresa la mujer se podía organizar para planificar el cuidado de su hija, al tiempo que tampoco había acreditado «ningún motivo de peso» que le impidiese «realmente trabajar por la tarde», ya que, según el magistrado, «el hecho de tener una hija no es motivo impeditivo al existir soluciones alternativas y formas de organizarse compatibles con el horario propuesto».

Tras indicar que la demandante tampoco había acreditado «que sea viuda o que no haya un padre que se pueda hacer cargo de la niña», el juez recordaba en la sentencia que «hay guarderías que están todo el día abiertas», y también que «pueden existir familiares o jóvenes adolescentes que por un bajo coste se presten a realizar funciones de canguro».

Al sindicato UGT, cuyos servicios jurídicos defendieron a la trabajadora, no le sorprendió la resolución del pleito (la desestimación de la demanda) sino la argumentación de su señoría respecto a cómo podía organizarse la madre y, sobre todo, que la fundamentase en la existencia de canguros baratas. UGT pronto encontró lo peor de todo: que el juez apostaba por la economía sumergida. ¿Cuántos canguros ha visto usted con los papeles en regla?

TETRAPLÉJICO EN LA OBRA Y APALEADO EN LA AUDIENCIA

Hay trabajos y trabajos, y en muchos de ellos los empleados corren riesgos que pueden poner en peligro tanto su salud como su vida. Cuando un trabajador sufre un accidente laboral suele recibir una indemnización para compensarle el deterioro o quebranto que haya sufrido. El accidente que padeció en 1999 el albañil Enrique Pociños fue tan grave que le dejó tetrapléjico. Un juzgado ordenó que se le indemnizara con 381.548 euros, una cifra no tan elevada si tenemos en cuenta que el hombre ya no volvería nunca a trabajar y que su vida, a partir de entonces, había cambiado por completo. Pero la Audiencia de Barcelona anuló la indemnización porque culpó al albañil de ser el responsable del accidente. Hasta el mismísimo ministro de Trabajo discrepó de la sentencia.

Enrique se encontraba aquella mañana del 29 de julio de 1999 subido en un caballete para rejuntar las baldosas de un lavadero y perdió el equilibrio. El albañil se precipitó desde una altura de tres metros y medio por el hueco de la fachada, que no tenía ninguna medida de seguridad de cerramiento, y la caída le produjo una tetraplejía. El juez de Mataró que juzgó el caso condenó a 1 año de prisión por un delito de lesiones al constructor para el que trabajaba Enrique y al arquitecto de la obra; además, ambos tenían que indemnizarle con una fuerte suma de dinero. El juez consideró que el constructor y el arquitecto eran responsables de lo sucedido en un 60 por ciento porque también el albañil tuvo su parte de culpa al trabajar sin medidas de seguridad.

«Enrique, cuando llegues al hospital y te pregunten cómo te has caído, no digas que no había vallas de seguridad», aseguró el albañil que le oyó decir a su jefe cuando le trasladaban, lisiado, para que le atendieran los médicos.

Pero en 2003, la Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona anuló la condena y la indemnización. El tribunal consideró que toda la culpa recaía en el trabajador al actuar de forma imprudente por no adoptar las medidas de seguridad necesarias para desarrollar el trabajo que hacía. Su conducta fue «clamorosamente negligente», según la sentencia, que además subrayaba que fue el albañil quien determinó «en exclusiva la forma y circunstancias» del trabajo.

Lógicamente, los primeros en reaccionar fueron los sindicatos UGT y CC.OO., que consideraron indignante el fallo.

El ponente de la sentencia fue Pedro Martín, que a la sazón era el presidente de la sección, y el tribunal lo completaban los magistrados Javier Arzúa y José Carlos Iglesias. En declaraciones a la cadena SER, el presidente justificó su resolución con estas palabras: «Desde el momento en que el trabajador aceptó la realización del trabajo se puso en situación de peligro».

La polémica fue grande, muy grande. Y fue en aumento según pasaban los días.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, sostuvo que la sentencia era «inadmisible, grotesca y retrógrada» y nos retrotraía al siglo XIX al culpar a los trabajadores «de las consecuencias de su propia explotación». El máximo responsable de CC.OO., José María Fidalgo, también la consideró «una barbaridad» y se mostró sorprendido de que fuera toda una sala la que, sin fisuras, hubiera dictado esa decisión. Incluso el entonces ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, también discrepó de la decisión del tribunal y aseguró que no compartía sus argumentos. De hecho, el Ministerio de Trabajo aseguró que había intervenido para que la Seguridad Social reconociera al trabajador la pensión máxima por la incapacidad permanente que le había dejado el accidente. Desde el PSOE, su portavoz en la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso, Ramón Jáuregui, se mostró preocupado por el fallo y pidió que interviniera para revisarlo el CGPJ, idea que también tuvo desde IU Javier Alcaraz. El Govern de la Generalitat expresó asimismo su sorpresa por el fallo.

Ante esta situación de crítica generalizada, tres vocales conservadores del CGPJ emitieron un comunicado en defensa del tribunal, en una actitud sin muchos precedentes. Los firmantes eran Adolfo Prego, Enrique Míguez y José Luis Requero, todos ellos de la APM y nombrados a propuesta del PP. Además lamentaron que Zaplana hubiera criticado la sentencia «sin haber hecho un estudio previo y detenido de su contenido».

Los vocales querían explicar que sólo se juzgaba la responsabilidad penal del constructor y el arquitecto y que, en todo caso, podía recurrir a un proceso civil o laboral. Aunque lo cierto es que si un tribunal aceptaba la responsabilidad penal, también comportaba la civil ya que, de otra forma, si no existía la primera, tampoco la segunda.

El Poder Judicial no respaldó ni el fondo ni la forma del escrito en apoyo del tribunal de la sentencia. Asimismo, el vicepresidente Fernando Salinas aseguró que probablemente al tribunal le había faltado «el conocimiento de la realidad social tan necesario para aplicar las normas». Otro vocal progresista, Julio Martínez Lázaro, defendió el derecho de los jueces a dictar sentencias «razonables». Ante el aluvión de críticas recibidas y para compensar las concentraciones de sindicalistas frente a los juzgados de Barcelona contra el polémico fallo del tribunal, un grupo de abogados concibió una triste idea: una cena de homenaje a los tres magistrados de la Audiencia de Barcelona.

Manuel Jiménez de Parga, uno de los juristas más respetados que ha tenido España, reflexionó sobre este asunto en su libro Justicia penal democrática y justicia justa, del año 2011. «Es una sentencia muy dolorosa y lamentable. Materialmente injusta, sin duda; técnicamente deleznable. Su lectura, aun siendo reflexiva y serena, me ha producido indignación», decía el ex ministro de Trabajo con UCD y ex presidente del Tribunal Constitucional. Y añadía: «Es auténticamente una osada indecencia hablar de “culpa” del trabajador, que resultó tetrapléjico. Su conducta es impune. La sentencia ha cometido un auténtico disparate». No añadiremos ni una coma al maestro.

2

¿Los jueces están locos… o somos nosotros?

Si alguien con más de dos dedos de anchura en su frente lee que todo un Tribunal Supremo ha retirado el arresto a un soldado que estaba de patrulla la noche en que robaron en la armería de su cuartel, y que ese mismo alto tribunal ha retirado también la sanción a otro cabo que desfiló borracho según todos los testigos, pensará que la Sala de lo Militar de la última instancia judicial ha tenido una mala racha. Pero si esa misma persona conoce otros casos, como el de la concesión de la custodia compartida del perro a una pareja que se divorcia por parte de un juez de Badajoz, o la exigencia —otra vez por parte del Supremo— a la Audiencia Nacional de que escuche la declaración del novio de un hombre de origen senegalés que pide asilo…, empezará a mosquearse en serio. Y mucho más si se ha leído la lista larga de disparates del capítulo anterior. ¿Qué pasaría entonces si le contamos que un tribunal absolvió a una mujer que envió a su hijo a venderle una papelina de heroína a un vecino? ¿Y si le hablamos de la condena a un boliviano que se trajo a España hojas de coca, la planta que mascan tantas etnias andinas, y fue condenado por narcotráfico?

Entonces, inevitablemente, esa persona se sentirá tentada de coincidir con la sesuda afirmación que un día se inventó un político, aquello de que «la Justicia es un cachondeo». Por cierto, ese mismo político sería después condenado por delitos de corrupción… pero ésa es otra historia. Nosotros, como ya dijimos en nuestra Antología del disparate judicial, creemos que no es un cachondeo, al menos no siempre. Es verdad que a veces está muy cerca de serlo, o de algo peor; pero también es cierto que en otras ocasiones lo parece, pero no lo es.

Digámoslo cuanto antes: algunas sentencias sorprenden hasta el punto de parecer absurdas y, sin embargo, no pueden considerarse disparatadas. La Justicia, quizá por ser ciega, utiliza en ocasiones referencias que no son las del sentido común. Veamos algunos ejemplos.

LA CUSTODIA COMPARTIDA DEL PERRO

En el mundo de las nuevas tecnologías, en la red de redes, en Internet, el buscador Google para la palabra «perro» da más de veinte millones de resultados. Y en ese océano de páginas encontramos comentarios como el siguiente: «Yo sinceramente no podría vivir el día a día sin mis perros, son unas de las principales cosas primordiales en mi vida que me hacen feliz y olvidarme de mis problemas junto a ellos, ya que me dan la alegría y la felicidad que ninguna otra persona o animal me puede transmitir». O como este otro: «Quiero más a mi perro que a nadie, así suene tonto, lo quiero así porque para mí es fiel, amoroso, leal, mi compañero, mi motivo de sonreír, mi motivo de levantarme de buen humor todos los días y la razón por la que vivo». Estas líneas acerca del perro vienen a cuento para confirmar que el objeto del presente procedimiento sí es acreedor de la tutela jurisdiccional en los términos del artículo 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así rezaba la jurisprudencia de Luis Romualdo Hernández Díaz-Ambrona, magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Badajoz en 2010 y autor de la sentencia que sigue y que se ha convertido en un referente en la materia. ¿Cuál es la materia? Como ya ha quedado dicho, la custodia compartida de un perro que había hecho las delicias de una pareja que se divorció.

Los hechos probados de la sentencia de Díaz-Ambrona eran breves y claros:

PRIMERO. Doña X y Don Y han estado conviviendo juntos durante unos nueve años, entre 1996 y 2005.

SEGUNDO. En el año 2001, Doña y Don pasaron a poseer y compartir un perro abandonado.

TERCERO. Hasta 2009, Doña y Don han venido compartiendo el perro. Desde mayo de 2009, sin embargo, Don se ha quedado con la posesión exclusiva del perro.

Y entonces Doña pide al juez que le obligue a compartirlo, a lo que el magistrado accede. ¿Disparate? No nos lo parece. Veamos cómo defiende su fallo el juez Díaz-Ambrona.

Empezaba por dejar sentado el hecho de que, de acuerdo con las leyes civiles españolas, los animales «pueden ser objeto de apropiación y tienen la naturaleza de bienes muebles». Añadía a continuación un fundamento jurídico sobre el régimen de las parejas de hecho en cuanto a los bienes compartidos y decía que, según la jurisprudencia del Supremo, «los bienes adquiridos durante la convivencia no se hacen, por ese mero hecho, comunes a los convivientes, sino que pertenecen a quien los ha adquirido, salvo que, de forma expresa o por medio de hechos concluyentes, se evidencie el carácter común de los mismos».

De acuerdo hasta aquí.

Más sorprendente resultaba el siguiente argumento jurídico, que comenzaba así: «Según una leyenda de los indios norteamericanos, el Dios Nagaicho creó el mundo».

Original, desde luego. Pero al final tenía un cierto sentido, porque lo que el juez quería indicar es que, además de internet, hay muchos rincones de la historia humana en los que podemos encontrar el rastro de los cánidos junto a las personas, de modo que «leyendas aparte, lo cierto es que el perro probablemente haya sido el primer animal doméstico», igual para los indios americanos que para algunas «tribus africanas».

«Sea como fuere, en la actualidad, el perro sigue cazando para nosotros, vigila nuestros rebaños y propiedades, nos sirve de alimento, de sujeto experimental, trabaja en múltiples tareas como la detección de explosivos o drogas, en salvamento, ayuda a personas con minusvalías, etcétera. Y por encima de todo, tal vez por esa especial relación innata, el principal papel del perro es hacernos compañía, sobre todo en las sociedades urbanas», explicaba el magistrado en su original sentencia.

Y, antes de llegar a la «solución del caso», añadía:

Y de esa compañía, como consecuencia lógica, nacen grandes y sentidos afectos.

Aunque la parte demandada, con buen criterio, no ha puesto en cuestión que la pretensión hoy deducida tenga interés jurídico, no está de más dejar aquí expresa constancia de esta circunstancia, y ello porque, puntualmente, cierta jurisprudencia se ha resistido a reconocer que este tipo de reclamaciones puedan ser llevadas ante los tribunales.

Que si deben tener acceso jurisdiccional los conflictos que puedan suscitarse por razón de la tenencia de un animal compartido, es conclusión, por otra parte, que se alcanza con sólo advertir que no dejan de ser bienes apropiables y, por ende, objeto de derechos. Y todo ello sin necesidad de acudir aquí a esas tesis filosóficas que, yendo más allá y con buena dosis de razón, buscan convencernos de que los animales son seres sensibles e independientes, no simples objetos cuya existencia se reduce a satisfacer nuestros intereses humanos.

Dicho lo cual, el juez de autos entró en vereda y falló (o mejor dicho, a nuestro entender, acertó):

Por Doña se propugna la posesión compartida de un perro y su ex pareja opone que se trata de un bien privativo. La demanda debe prosperar.

Ciertamente, en principio los bienes adquiridos durante la convivencia no se convierten en comunes, sino que pertenecen a quien los ha adquirido.

Ahora bien, opera aquí en toda su dimensión la doctrina jurisprudencial, según la cual existe un régimen de comunidad de bienes cuando fue voluntad de los convivientes hacer comunes todos o algunos de los bienes adquiridos durante la duración de la unión de hecho.

Y dado que el perro objeto del litigio fue encontrado en 2001, cuando ambos convivían, ha de entenderse que ese perro pasó a ser de los dos. Buena prueba de la titularidad compartida son la existencia de dos cartillas veterinarias, una a nombre de ella y otra a nombre de él. Esta duplicidad de cartillas, como ha corroborado en juicio la veterinaria doña (testigo, no se olvide, llamada a propuesta del propio demandado) es factible.

También las fotografías aportadas con la demanda ponen de manifiesto la posesión compartida del perro.

Así pues, el juez obligó a la ex pareja y demandado a ceder la compañía de su mejor amigo a su ex mejor amiga cada seis meses. Y a pagar las costas.

¡Guaaauuu!

EL CASO DEL ROBOBO DE LOS FUSILES

El Regimiento Castilla de la Base General Menacho de Bótoa (Badajoz) descansaba en sus cuarteles de invierno una fría noche de febrero de 2011. Los militares confiaban en las medidas de seguridad que protegían el recinto y que en teoría alcanzaban estándares propios del casino de un mafioso en una película de Hollywood: doble vallado perimetral de dos metros de altura y dotado de sensores de movimiento, un centro de control con seis monitores y alarmas en todos los lugares sensibles de la base, además de cuarenta y cuatro cámaras. También disponían de un equipo de guardia compuesto por un sargento, varios soldados y un cabo.

Pero los miembros del regimiento nunca debieron estar tan tranquilos.

No debieron estarlo porque el sargento era inexperto y los soldados y el cabo, a juzgar por lo que sucedió después, bastante negligentes; por otro lado, las cámaras funcionaban sólo en parte.

Y, sobre todo, porque unos años antes de los hechos que nos ocupan y que enseguida veremos, una banda de ladrones utilizaron, sin cortarse un pelo, una tanqueta blindada del Ejército para arrancar de cuajo un cajero automático bancario instalado en el cuartel, aunque tuvieron que abandonarlo al llegar la Policía.

El caso es que la noche de autos todos estaban demasiado tranquilos en Bótoa. También lo estaban en el cuerpo de guardia; sin embargo, poco antes de las diez de la noche sonaron las alarmas del sistema instalado por una empresa privada. Los dos integrantes de la patrulla que en ese momento recorría el recinto, un cabo y un soldado, se alertaron y establecieron comunicación con el centro de control. Recibieron la orden de dirigirse al polvorín, que era donde había sonado la alerta. Pero cuando se encaminaban hacia allí recibieron otro aviso: había un coche sospechoso en las inmediaciones de la entrada al cuartel. Así que cambiaron de rumbo y se personaron en la puerta principal. Los dos soldados que custodiaban la entrada notificaron a la patrulla que habían visto detenerse un vehículo a unos trescientos metros de allí, pero que poco después lo habían perdido de vista.

A esas alturas eran ya las 21.59 horas. Otro vehículo acudió a la puerta principal desde el interior del recinto, una patrulla de vigilancia más. Es decir, las dos patrullas habían reaccionado al coche sospechoso aparcado junto al recinto y ninguna había respondido a la alarma que había sonado en el polvorín.

Como la situación en la entrada del cuartel parecía estar bajo control, la patrulla se dirigió al polvorín. Pero justo a mitad de camino descubrieron que no llevaban linternas. Mala suerte. Hubieron de dar media vuelta para recogerlas. Una ardua tarea que les llevó más de media hora realizarla; no fue hasta las 22.34 horas cuando la patrulla franqueó la valla en dirección al polvorín. A esas alturas debieron de decidir que ya no merecía la pena investigar qué había provocado que saltara la alarma y se detuvieron antes de llegar hasta el armero de la base. Hay que reconocer que no eran muy diligentes.

A las 22.51 horas el centro de control informó al comandante de la Guardia Civil de la activación de una nueva alarma en la zona noroeste del perímetro. Allí acudieron una vez más los integrantes de la patrulla, que no tenían su noche; recorrieron el perímetro vallado y circularon entre los hangares sin ver en ningún momento nada sospechoso.

Ni tan siquiera un agujero en las vallas por el que había pasado un grupo de ladrones cargados con veinte fusiles de asalto HK y diez pistolas.

Lo que había sucedido es que la banda había abierto una brecha en el cerco, había accedido al recinto, asaltado el polvorín, cargado las armas en un vehículo militar, sacado los fusiles y pistolas por el agujero del vallado, transferido el botín a otro coche aparcado en el exterior y escapado tranquilamente mientras la patrulla iba de aquí para allá sin enterarse de que el vehículo sospechoso detectado en la puerta principal era el mismo que había conducido a los ladrones hasta el agujero en el perímetro, sin darse cuenta de que la alarma del polvorín había sonado porque alguien no autorizado estaba dentro y sin percatarse de que los ladrones habían tomado prestado un todoterreno de la base. A más de uno le estarán entrando ganas de robar en un cuartel del Ejército al leer esto.

El escándalo fue enorme, como no podía ser de otra manera, porque se trataba de armamento militar que, según se apresuró a informar el Ministerio de Defensa, había caído en manos del crimen organizado. Fueron más allá, incluso; llegaron a decir que sospechaban que los ladrones habían contado con algún cómplice que conocía la base. En el Congreso, la titular de la cartera de Defensa, Carmen Chacón, apuntó que las medidas de seguridad habían funcionado… lo suficiente, al menos, para poder demostrar que los cuatro militares que estaban de guardia podían ser sancionados.

En algo hay que darle la razón al ministerio: contaban con un cómplice que conocía el cuartel. Eso era obvio. De hecho, lo era antes de que se cometiera el segundo robo.

«El Ejército de Tierra ha llevado a cabo una investigación propia» usando los medios técnicos de seguridad, incluidas grabaciones de las cámaras y otros instrumentos, y «ha decidido los arrestos» de los miembros del cuerpo de guardia por, «como mínimo, responsabilidad en negligencia en la noche del robo», contestó Chacón en el Senado a una pregunta de la oposición popular cuando, dos semanas más tarde del incidente, le pidió explicaciones en la Cámara Alta.

Pero no, ahí fallaba la ministra. Más de dos años y medio después de aquella sanción, el Tribunal Supremo anuló el arresto a uno de los soldados castigados. Y aunque lo parezca, no fue un disparate judicial. Porque una vez más habían funcionado, mejor o peor, los medios técnicos, pero no los humanos.

El alto tribunal tuvo la última palabra sobre la sanción porque el soldado castigado, el que formaba patrulla junto al cabo, recurrió los 14 días de arresto que le cayeron por su negligencia en el cumplimiento del deber (¡14 días!). En su recurso pedía que declarasen en el proceso la ministra y varios altos cargos militares, algo que no se produjo. El guardia argumentaba en su descargo que se había utilizado «la potestad disciplinaria no para corregir unas inexactitudes que nadie sabe cuáles son porque no se dice qué se ha incumplido, sino con fines políticos, para que la ministra tuviera una respuesta en su comparecencia del 8 de marzo en el Senado».

¿Cómo pudo el Supremo aceptar el recurso del soldado?

¿Cabía alguna duda de su negligencia?

No. No se trataba de dudar de que los hechos relatados mostraban negligencia, ni tampoco de llamar a declarar a ninguna ministra. La clave era una cuestión de derechos fundamentales y un error humano, una vez más.

Y es que ante el escándalo organizado y frente a la presión de los medios de comunicación y la oposición, alguien se había dado demasiada prisa en resolver el asunto y, por muy útiles que hubieran resultado los tan alabados medios técnicos, para ello hubo de interrogar a las personas. Y en ese interrogatorio, el general encargado de la investigación olvidó informar al soldado de que no estaba obligado a declarar contra sí mismo. Es decir, el soldado se derrotó ante el general y contó los hechos tal y como los ha conocido el lector, inculpándose a sí mismo, sin conocer sus derechos. Pero si de su confesión iban a deducirse pruebas contra él, entonces tenía derecho a callar.

El Supremo consideró que se había vulnerado el artículo 24.2 de la Constitución «por haberse violentado el derecho a no declarar contra sí mismo que asistía al soldado». Por mucho que fuera relevante la gravedad de los hechos sucedidos, el soldado irresponsable sólo podía ser interrogado después de que le informaran de sus derechos. Y tanta prisa se habían dado para que la ministra llegara al Senado con una sanción debajo del brazo, que se habían saltado ese paso. El Supremo anuló la sanción.

Para cuando el alto tribunal adoptó esta decisión, Chacón ya no era ministra y los autores del robo habían sido detenidos. Llevaban varios meses en prisión preventiva por varios asaltos en sucursales bancarias y, cuando estaban a punto de salir, fueron inculpados por el robo en Bótoa. Como era evidente desde un principio, uno de ellos había sido militar en el citado cuartel. Igualmente, los indicios les implicaban también en el intento de robo del cajero automático de 2008.

Y cierto es que estaban bastante organizados, mucho mejor que los militares de Bótoa.

Pero no eran del Este, ni de Sicilia.

Todos vivían en el mismo barrio y eran vecinos de Badajoz.

¿BORRACHO YO? ¡NUNCA!

Una soleada mañana de mayo, un joven teniente a cargo de una compañía de Regulares en Alhucemas (enclave español en Marruecos) se preparaba para poner a desfilar a la tropa. Era ya el momento de hacerlo, a las 8.00 horas, y debían seguir preparándose porque dos días más tarde se enfrentarían al reto de… el viernes regular (no, no se refiere a que no fuera demasiado bueno, pero tampoco tan malo; alude a la unidad, conocida como «Regulares»). El caso es que el teniente le ordenó al cabo primero Carlos G. que pusiera a la soldadesca a formar. Y la tropa formó, en efecto.

Pero no el cabo primero.

A eso de las 10.30 horas, cuando el ensayo llevaba ya un buen rato en marcha, los jóvenes y agudos ojos del teniente se cansaron de buscar a la simpar figura del cabo entre los uniformados y, asumiendo que no se había presentado, le llamó por teléfono móvil y le reiteró la orden de que se incorporase a la formación, una advertencia que a buen seguro acompañó del clásico «te voy a meter un buen paquete».

Fue en vano. El cabo primero no se presentó.

Así que en el descanso del ensayo, el teniente se dirigió al botiquín y ordenó nuevamente al cabo primero que se incorporase al ensayo, «para lo cual se le entregó por parte del sargento, como encargado del cuarto de armamento, el fusil HK necesario para participar», según explicaba en una reciente sentencia el Tribunal Supremo.

De este modo, no tuvo más remedio el cabo que, poco después de las 12.00 horas, presentarse a la formación con el fusil reglamentario. Y entonces se explicó el teniente por qué el cabo, una vez más, había faltado a sus deberes: se quedaba rezagado, no era capaz de mantener el paso ni de caminar recto, y perdía el equilibrio.

«El sargento también apreció que el cabo primero no estaba en condiciones normales cuando llegó a la formación, pues estaba mareado, con mucho sudor y pálido. Ante esta situación el teniente le ordenó salir de la formación, dado que era conocido en la Unidad su habitualidad en el consumo excesivo de alcohol», relataba asimismo la sentencia del Supremo que nos ocupa.

«Posteriormente, el teniente coronel jefe del Tambor de Alhucemas solicitó al coronel jefe del Grupo de Regulares de Melilla n.º 52 la práctica de una prueba de detección de alcohol en etilómetro, practicándose la prueba al cabo primero, prueba que arrojó como resultado el de 1,88 mg/l de etanol en aire respirado a las 15.34 horas y, en una segunda toma diez minutos después, 1,66 mg/l (a las 15.44 horas)», según daba por probado la sentencia.

Traducido: iba más borracho que un bizcocho de licor. O al menos eso parecía, porque el Supremo le absolvió del delito de embriaguez en acto de armas por el que había sido condenado inicialmente. ¿Cómo pudo ser así? ¿Estamos ante un nuevo caso de disparate judicial? Pues no.

Veamos.

¿A qué hora fue expulsado del desfile el cabo?

A mediodía.

¿Y a qué hora tuvieron a bien practicarle las pruebas?

A las 15.34 horas y a las 15.44 horas.

Por lo tanto, es precisamente el hecho de que las pruebas le fueran practicadas al militar horas después de que fuera expulsado del desfile lo que la astuta defensa del cabo arguyó en su recurso (y quién sabe si no sería verdad), a saber: fue durante ese lapsus de tiempo cuando bebió, mientras que los síntomas presentados durante su fallido acto de servicio se debieron, justamente, al síndrome de abstinencia. Es decir, el pobre cabo estaba intentando dejar de beber y así no hay quien desfile. ¿No decían todos que era conocida en el cuartel su afición al trago? Pues eso.

El Tribunal Militar Territorial le había impuesto al cabo una pena de 3 meses y 1 día de prisión por embriaguez en acto de armas en una sentencia que consideró que, aunque por sí mismo el test de alcoholemia no era una prueba definitiva, sí constituía un indicio suficiente si se le sumaban los testimonios de los mandos que vieron el estado del cabo al acudir al desfile.

Para el Supremo, sin embargo, a causa del tiempo transcurrido desde que echaron de la formación al cabo hasta que se le practicó el test de alcoholemia, intervalo durante el cual nadie tuvo el sentido común de permanecer controlando al cabo para poder presentar una prueba válida, no podía tenerse en cuenta ese indicio en absoluto, ni junto a los testimonios de los mandos, ni de ninguna otra manera.

De este modo, decía el alto tribunal, cabía aceptar como una posibilidad creíble lo que el cabo alegaba en su defensa, que aquel día había amanecido… fatal. Pero fatal, fatal, porque lo estaba dejando. Había decidido no beber más. Pero en esas condiciones lo último que le apetecía era, precisamente, ponerse a desfilar bajo el sol de Alhucemas. Y lo intentó, vaya si lo intentó. Pero así no se puede.

De modo que como se empeñaron en hacerle desfilar, pues el hombre aprovechó el primer descuido para rellenar el buche. Y entonces van y le hacen el test de alcoholemia.

Y sí, los testigos afirmaban que le vieron tambalearse, pero eso no quiere decir que fuera bebido. Al revés. Prueba a desfilar con el síndrome de abstinencia, a ver si no estás pálido, sudoroso, caminas mal y tienes tembleque.

Los indicios existentes, dijo el Supremo en una sentencia que, como puede ver el lector, no era ningún disparate, no suponen necesariamente que estuviera borracho en el momento de comparecer al servicio de armas, pues podría suceder que, dado su alcoholismo, fuera el síndrome de abstinencia consecuente al hecho de no haber bebido el que los causara. En este sentido, dos doctoras testificaron en el juicio que, dada la condición de alcohólico crónico del procesado, pudo efectivamente ser la abstinencia la que produjo su descoordinación y otros síntomas cuando acudió al desfile.

En resumen, era un mal día para dejar de beber.

MANTECADO EN LA CHINA

Érase una vez una buena mujer que vivía en Cantón. Se llamaba Liang T. y se casó con Fengneng T. Sin embargo sucedía que él vivía en Santa Cruz de Tenerife, por lo que el amor entre nuestros protagonistas parecía imposible. Pero no. Ella quiso venir a España; y fue así, en su intento de encontrarse en nuestro país para formar aquí una familia, como se desató un nuevo caso de aparente disparate judicial. Porque cuando Liang pidió el agrupamiento familiar con Fengneng, que tenía permiso de residencia, en el consulado español le negaron el visado. Esto sucedió en 2011. En agosto de 2012 lo volvió a solicitar y de nuevo se lo denegaron, aparentemente, con poderosas y sensatas razones.

Así, en su segunda resolución negativa el consulado argumentaba que la mujer «ya había solicitado el visado de reagrupación familiar» un año antes y se lo habían denegado «a raíz del total desconocimiento que la solicitante tenía del entorno» de su marido. En esta segunda ocasión se volvió a citar a Liang para una entrevista personal con los funcionarios del consulado en Cantón. Tras un somero interrogatorio, comprobaron de nuevo que seguía sin saber nada del país en el que vivía su esposo (el nuestro), que se le había olvidado el nombre de la ciudad (Santa Cruz) y que no recordaba el número de sobrinos del hombre o el nombre de alguno de ellos; por añadidura, del entorno de su esposo en España sólo conocía su amistad con un tipo conocido como… Mantecas.

«Durante el resto de la entrevista tampoco define de ninguna manera la existencia de relación entre ambos, aunque sí deja entrever que las respuestas ofrecidas están preparadas, tal como le hace saber el entrevistador al decirle que está dando respuestas a preguntas que todavía no se le han formulado, con lo que se da por terminada la entrevista», añadía la resolución. En otras palabras, en el consulado se olieron el mantecado y concluyeron que se trataba de un matrimonio de conveniencia.

Sin embargo, esta vez Liang y Fengneng estaban mejor preparados. El marido recurrió ante los tribunales de lo contencioso-administrativo.

Y aquí viene el disparate… o no. En julio de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló aquella decisión del consulado y aceptó el recurso de Fengneng.

No valieron de nada los argumentos de los funcionarios de la oficina española en Cantón. Es más, añadía el tribunal madrileño, tampoco valían de nada las razones del abogado del Estado y eso que no eran ninguna tontería; por ejemplo, el defensor público decía en su recurso que el residente de origen chino y marido de Liang había pedido el visado de la mujer en un impreso estereotipado en el que «se interesaba una licencia de apertura de establecimiento».

Sin embargo, el TSJM también tenía sus razones. Así, aquella sentencia contaba con otra versión de la entrevista mantenida en 2012, presentada por Fengneng ante la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. Aquella segunda versión de la entrevista convenció a la Subdelegación para conceder la autorización de residencia temporal por agrupación familiar. La sentencia se basaba en que si había ya permiso de residencia para Liang, no era pertinente negarle el visado. Por eso le daba la razón a Fengneng y aceptaba como prueba, además, la versión de la entrevista que el marido había entregado a la Subdelegación del Gobierno en Canarias.

Según esa segunda versión, Liang había dicho a los funcionarios que «se equivocó en la declaración que hizo en la anterior solicitud», la de 2011. Aseguró que «conoció a su esposo en 2009, a través de un amigo que se lo presentó por cámara web» y que Fengneng volvió a China en enero de 2010, «que fue cuando se conocieron personalmente por primera vez y se casaron, 11 días después».

Conocía, además, el nombre del pueblo en donde había vivido su esposo en China, el de los padres y el de los dos hermanos de su marido (aunque uno de ellos había fallecido en accidente de tráfico). Y también sabía que uno de los hijos del hermano de su marido —el vivo— contaba con catorce años de edad, aunque «no recordaba el nombre», ni si podría tener dos o tres sobrinos más. Asimismo, en efecto señaló que «el mejor amigo de su esposo en España es un español que se llama Mantecas, pero añadió que no sabía nada más de él».

Pero, sobre todo, en aquella entrevista, según la versión que convenció a la Subdelegación del Gobierno, Liang dijo también que «su esposo gana mil y pico y debería tener 45 días de vacaciones, pero el jefe es su amigo y descansa cuando le viene bien».

¿Dónde está, pues, el disparate? En ninguna parte. A nosotros nos parece que, dadas las circunstancias, el nombre del sobrino da lo mismo. A Liang le pareció que en internet le había tocado la lotería: Canarias y mil y pico euros de sueldo por descansar «cuando le viene bien». Suficiente como para venirse a España corriendo.

Y lo mismo le pareció al Tribunal Supremo, que confirmó la anulación de la decisión de los funcionarios aguafiestas consulares.

Y colorín, colorado, este cuento chino se ha acabado.

VOLANDO VENGO Y COCA TRAIGO

En las sociedades indígenas de países andinos como Bolivia, el cultivo y el uso de la planta de coca han jugado, desde los tiempos precolombinos, un importante papel. Y no sólo por su uso medicinal, pues posee virtudes analgésicas y estimulantes, sino también porque desempeña un lugar destacado en la cultura de sus pueblos indígenas, en su vida social y religiosa. Además, ayuda a combatir el mal de altura porque mejora la absorción del oxígeno en la sangre.

Pero, claro, Barcelona está a la altura del mar, de modo que allí no hace falta la citada planta; y sin embargo fue en esa ciudad donde aterrizó Carlos I. con 34 bolsas llenas de hojas de coca, que pesaban exactamente 7.450 gramos, los cuales, al 0,4 por ciento, daban una cocaína total de 30 gramos. Ese tipo de cálculos hicieron las autoridades españolas cuando ordenaron la detención del viajero que acababa de llegar a nuestro país procedente de Santa Cruz (Bolivia).

La Audiencia de Barcelona le juzgó y le absolvió mediante una sentencia, aparentemente juiciosa, en la que dijo que no había quedado acreditado «que las hojas estuvieran destinadas a ser transmitidas a terceros a título lucrativo, ni que su valor en el mercado clandestino fuera de 2.244 euros», de este modo rebatía los puntos claves en los que basaba su acusación el fiscal. El tribunal añadió, sobre el valor de los 30 gramos, que para obtener esa cantidad de cocaína sin duda hubiera sido necesario un procesamiento de la sustancia base que la convirtiera en el alcaloide considerado ilegal en España y penado por la ley, un procesamiento que Carlos I. no estaba en condiciones de desarrollar, entre otras razones, porque tampoco era ésa su intención.

Sin embargo, el fiscal recurrió el fallo de la Audiencia de Barcelona y pidió que se condenara a Carlos I. por un delito contra la salud, es decir, por tráfico de drogas. El Supremo cambió la sentencia de la Audiencia y le condenó, y eso a pesar de que la alta instancia examina los casos en casación, lo cual supone que da por probados unos determinados hechos. En otras palabras, que no puso en duda que las cosas hubieran sucedido como decía la Audiencia de Barcelona, pero sí consideró que con esos mimbres había que castigar a Carlos I.

¿Disparate? No. Digamos desde un principio que la condena tampoco supuso para el acusado pena de cárcel, pues alcanzó únicamente los 6 meses, tiempo que en nuestro país no implica el ingreso en prisión, dado que los jueces, casi sin excepción, suspenden la ejecución de ese tipo de condenas a condición de que no se les sume ninguna otra (lo que supone que si a Carlos I. lo hubieran condenado de nuevo por traer hojas de coca, habría cumplido las dos penas en el trullo).

Pero ¿cómo puede ser? ¿No entendió el Supremo la importancia cultural de las plantas de coca para los indígenas andinos? Carlos I. había explicado que las hojas «eran para el consumo propio y de sus familiares, pues es costumbre en su país tomarla como infusión, para uso médico y masticarla».

El fiscal señaló que el propio acusado había asumido que la coca era para terceros, puesto que había confesado que pretendía repartírsela a sus familiares. Que la sustancia no fuera únicamente para consumo propio pudo haberle complicado la vida a Carlos I., cuya confesión de que pensaba repartirla fue una ingenuidad. El hecho de que se la diera a terceras personas podía representar un delito.

El Supremo frenó parcialmente aquella acusación: si era cierto que Carlos I. repartió las hojas de la planta, también lo era que no perseguía lucro alguno. Aun así, aceptó que dentro del tráfico está el reparto a terceros, aunque no sea con el objeto de obtener un beneficio económico. De modo que la clave para saber si correspondía condenar, y de qué forma, al ciudadano boliviano pasó a radicar en si se les daba o no la consideración de sustancia ilegal a las hojas de la planta andina.

¿Se trataba de una sustancia dañina para la salud? Ahí estaba el quid de la cuestión. Si lo era, había tráfico.

Y entonces la Sala de lo Penal del alto tribunal examinó los acuerdos internacionales en los que se basa la jurisprudencia en todo el mundo para diferenciar qué sustancias deben o no estar prohibidas por causar un grave daño a la salud. Y encontró que la Convención Única de 1961, completada en Nueva York en 1975, y firmada por España, recoge los estupefacientes sujetos a fiscalización y, entre ellos, la hoja de coca, como base para la elaboración de cocaína.

Eso sí, dejaba claro el tribunal: «No puede equipararse la posesión de 30 gramos de cocaína pura con la hoja de coca ocupada al acusado».

Por otra parte, y aunque un artículo de la citada convención prevé la autorización del uso «de hojas de coca para la preparación de un agente soporífero que no contenga ningún alcaloide», España no firmó tal adenda (fechada en el año 1972), recordaba el Supremo. Cosa distinta, apuntaba también el tribunal, sucedió con Bolivia, que hizo constar que no asumía este compromiso de prohibición del consumo y tráfico de la planta de la coca.

De modo que el Supremo aceptó el recurso del fiscal y condenó al acusado. Aunque también especificó que, sin embargo, debían «hacerse algunas consideraciones, dadas las particularidades del hecho enjuiciado». «De un lado, que no consta suficientemente acreditado en la causa que las hojas de coca, consumidas en la forma tradicional, es decir, masticadas o en infusión, causen un grave daño a la salud. Y de otro que, en atención a la clase de sustancia y su presentación, hojas de coca; a la ausencia declarada de propósito de destinarla a su procesado para la obtención de cocaína; al destino admitido en la sentencia como probado, que era en parte el propio consumo y en parte para los familiares; y a la forma en la que se dice en la sentencia que iba a ser consumida, se considera que es aplicable el párrafo segundo del artículo 368 del Código Penal.»

Y ese artículo dice que, si bien se castigará con penas de prisión de 3 a 6 años el cultivo, la elaboración o el tráfico de estupefacientes que causen grave daño a la salud, y de prisión de 1 a 3 años si no es el caso, los tribunales podrán imponer la pena inferior en grado en atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable.

De este modo, el tribunal condenó a Carlos I. por un delito de tráfico de drogas que no causan grave daño a la salud con la menor pena de las posibles, 6 meses de cárcel, y ordenó el decomiso de las hojas de coca.

EL EX NOVIO DE IDRISS

Que un hombre llame a un testigo en una causa judicial es de lo más habitual; que se trate de su ex pareja, lo es menos. Más raro aún resulta si se trata de una ex pareja homosexual. Pero si, además, el asunto a tratar está relacionado con una petición de asilo, la cosa es de lo menos común. Si, por añadidura, se trata de probar la homosexualidad del solicitante de asilo, todo parece un disparate. ¿Desde cuándo un tribunal exige a alguien que demuestre algo tan personal como su orientación sexual? ¿No tiene cada uno la santa libertad de elegir como más le plazca?

Pues sí, así es. Pero en este caso sucedió como hemos descrito y, sin embargo, no se trató de ningún disparate. Para empezar, porque fue la persona afectada, un hombre joven de origen camerunés llamado Idriss, el que propuso a la Audiencia Nacional que citara a su ex novio para que prestara testimonio. Idriss solicitaba el asilo en España por haber sido objeto de persecución en su país debido a su condición de homosexual. El Ministerio del Interior le había denegado la petición de asilo y él había recurrido, dentro del orden contencioso-administrativo (es decir, pleiteó contra la Administración), ante los tribunales españoles. El testimonio de su ex pareja era la prueba que había pedido su defensa.

Todo comenzó el 1 de febrero de 2012. Idriss, el protagonista del proceso, propuso como medio de prueba para apoyar sus argumentos «el interrogatorio de Fabrice, natural de Camerún y ex pareja del actor. Fabrice fue el amigo al que se refiere en todo momento en su relato de la persecución que ha sufrido».

Idriss, nacido en 1986, contaba en su solicitud de asilo que había entrado en territorio español por la ciudad de Melilla «nadando» desde el puerto marroquí de Nador, en mayo del año 2010. Cuando formalizó su petición llevaba ya un tiempo en nuestro país y manifestaba residir en Sigüenza (Guadalajara), aunque formuló su petición en Madrid.

Relataba en aquella solicitud que en diciembre de 2004 mantuvo relaciones sexuales con su jefe, para quien trabajaba como repartidor de pan. Al conocerse esta relación, «en su barrio le lanzaron piedras y su familia le maltrató y no quiso saber más de él, de modo que se fue a vivir con un amigo a Douala, donde permaneció dos años». La familia de ese amigo, a la sazón Fabrice, su testigo, acabó conociendo sus relaciones y los expulsó de la casa que ocupaban, por lo que ambos decidieron salir juntos del país.

Se fueron entonces a Nigeria, donde vivieron tres meses hasta que se les acabó el dinero, y después a Níger, donde estuvieron cuatro meses «vendiendo salchichas». A finales de 2007 se marcharon a Argelia, y allí permanecieron un año trabajando de albañiles. Más tarde Idriss se fue a Marruecos, país en el que vivió dos años trabajando de albañil y pidiendo limosna.

Después de leer con interés este relato, los funcionarios del Ministerio del Interior le dijeron que muy bien, pero que no, que no le concedían el asilo. Corría el mes de enero de 2011. Idriss recibió los típicos argumentos de esta clase de expedientes. «El solicitante no aporta ningún documento acreditativo de su identidad o nacionalidad», aducen en casos como éste los funcionarios gubernamentales.

Por otra parte, el expediente de Interior negaba la solicitud porque el peticionario basaba la solicitud «en su pertenencia a un colectivo determinado, sin aportar elementos personales o circunstanciales que indiquen que haya sufrido, o tenga un temor fundado a sufrir, una persecución personal por esta causa, y cuando según la información disponible sobre el país de origen, la mera pertenencia a tal colectivo no determina necesariamente la existencia de persecución».

Contra este expediente recurrió Idriss ante la Audiencia Nacional, y pidió el testimonio de su ex novio como prueba para demostrar que sí era objeto de persecución por su condición de homosexual.

La Audiencia le dijo que no. «Este tribunal considera que la petición del asilo del recurrente obedece a razones de distinta naturaleza de las alegadas, pues todo apunta a que su venida a España trae causa de la compleja situación social y económica por la que pudiera atravesar Camerún», decía en su sentencia.

«La testifical no se admite, por no considerarse útil a los fines del litigio, existiendo en las actuaciones elementos bastantes para resolver la controversia», respondía asimismo la Audiencia Nacional a la petición de prueba que hacía Idriss.

Y es en este punto que el Supremo intervino.

Empezó el alto tribunal recordando que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene dicho que «cuando una persona que solicita asilo invoca la existencia en su país de origen de una legislación que tipifica como delito los actos homosexuales, incumbe a las autoridades nacionales, en el marco de su valoración de los hechos y circunstancias, averiguar si en el país de origen de la persona que solicita asilo se aplica en la práctica la pena privativa de libertad prevista por una legislación de ese tipo». Al mismo tiempo, también deben averiguar si, a partir de la premisa anterior, «efectivamente, la persona que solicita asilo tiene fundados temores a ser perseguida al regresar a su país de origen». Ésas eran, precisamente, las alegaciones de Idriss, recordaba también el Supremo.

No hay constancia explícita en las actuaciones de si en Camerún existe o no ese tipo de persecución, reprochaba el Supremo a Interior y a la Audiencia, que había negado esta posibilidad sin acudir a prueba ninguna en la que sustentar tal afirmación. Por tanto, era preciso contrastar estas circunstancias, añadía el alto tribunal.

En este sentido, apuntaba el Supremo, «entre los reproches que se dirigían al relato expuesto por el solicitante de asilo», el Ministerio del Interior destacaba la «imprecisión en la descripción de los hechos que motivaron la persecución alegada». El mismo reproche venía a ser formulado por la Audiencia Nacional cuando afirmaba que «el señor Idriss no aportó “datos o circunstancias” creíbles y que no bastaba con decir que se es homosexual y que por esta razón es perseguido por vecinos y familiares», decía también el alto tribunal. Por eso el Supremo se extrañaba de que, tras haber hecho estas puntualizaciones, la Audiencia hubiera denegado al demandante la posibilidad de probar sus afirmaciones.

«El referido testimonio podría haber sido un elemento de prueba que dotara de mayor verosimilitud a los hechos de persecución descritos por el recurrente si es que el testigo era, como aquél afirmaba, la persona con la que había convivido en Camerún y durante su viaje hasta España, y podría igualmente haber aclarado alguno o algunos de aquellos aspectos vagos e imprecisos que el Ministerio del Interior había apreciado en la única entrevista realizada con el solicitante de asilo», concluía el Tribunal Supremo.

Y, dicho esto, ordenó a la Audiencia Nacional reiniciar el proceso para llevar a cabo la prueba testifical solicitada, la declaración del ex novio de Idriss.

3

Jueces estrella y estrellados

BALTASAR GARZÓN, EL JUEZ QUE QUISO SER DIOS

Baltasar Garzón es un juez que quiso ser Dios, que quiso saberlo todo para perseguir el delito y al criminal, pero que tuvo que recurrir a métodos más prosaicos para saber lo que no podía conocer por sus evidentes limitaciones humanas y descubrir qué maquinaban corruptos y abogados y por dónde los podía pillar. Para ello necesitaba tener ojos y oídos en todas partes. Quería ser Dios y poder escuchar lo que tramaban los malos a los que perseguía. Pero la realidad le recordó su simple condición de mortal. El juez estrella, el juez vedette, el superjuez, el justiciero universal, el hombre que veía amanecer (el atractivo título de su biografía autorizada) prevaricó en el intento, es decir, hizo algo delictivo para conseguir su objetivo, lo cual evidencia una vez más que los fines nunca justifican los medios.

Garzón es un personaje judicial que habría estado al nivel de un mito si hubiera seguido una larga carrera judicial en la Audiencia Nacional. Fue el precursor de los jueces estrella de España y el más brillante de todos ellos, una fama que le propuso incluso como candidato al Premio Nobel de la Paz. Baltasar trascendió desde el mundo de la Justicia española al Olimpo de los grandes justicieros del planeta, como un superhéroe por todos conocido al estilo de un personaje de cómic en la estela de Superman o Capitán América. Ha sido el paradigma de muchas cosas, pero desde que ha dejado de ser juez en activo el viento ha comenzado a llevárselo igual que un recuerdo. ¿Un buen recuerdo? Sin duda que sí.

Hace más de una década, cuando escribíamos la Antología del disparate judicial, Garzón se quedó a las puertas de entrar por méritos propios en esta sección de jueces estrella y estrellados, pero entonces nos asaltó una duda: ¿por qué incluir al superjuez si, como todo el mundo sabía, tenía un historial sin mácula, aunque, eso sí, las envidias que despertaba lo catapultaban de vez en cuando al más profundo de los infiernos? Tomamos entonces una sabia decisión, pero no hemos tenido que esperar muchos años para poder pintarle un retrato en esta galería de estrellados y escribir de un juez que se creó un personaje inédito en España y que, por mucho que podamos llegar a criticar su figura en esta reseña, cuenta con nuestro más entrañable afecto y respeto personal y profesional.

Los autores del libro hemos compartido buenos ratos con el magistrado y le tenemos el aprecio que sólo es posible que aflore entre los periodistas de tribunales que hemos vivido (y sufrido) con él en algún momento de nuestra carrera, que hemos compartido incluso partidos de fútbol, eso sí, antes de que la fama le nublara la vista y lo elevara por encima de los demás, por encima de los que, como él, somos gente de procedencia normal.

Pero detrás del mito de Garzón, de sus éxitos y sus errores, está posiblemente una persona justa, que se creyó demasiado el papel de que en sus manos descansaba la balanza de la Justicia, sin entender que, al ser ciega, no tendría ningún reparo en juzgarlo también a él aunque hubiera sido durante años su más fiel servidor. Quizá Garzón, como buen justiciero, fue igualmente vengativo. Pero llegó un momento en que el juez era lo que él quería ser y nadie le paraba los pies. Ni se atrevía a hacerlo.

El juez del pueblo

La biografía inicial de Baltasar es la de un hombre de pueblo y del pueblo, hijo de una familia normal y un estudiante correcto. Por eso tiene más mérito lo alto que llegó a volar. De ser el hijo de un empleado de gasolinera en un pueblo de Jaén a pisar los salones de la Casa Blanca hay un largo trecho, sobre todo teniendo en cuenta que era un invitado del presidente de la primera potencia del mundo y, posiblemente, ningún otro español recibía semejante honor.

Nació el 26 de octubre de 1955 en Torres, fue el segundo de los cinco hijos de don Ildefonso Garzón y doña María Real. El empleo del padre daba para poco, pero como muchas familias de la época (y de ahora), el matrimonio Garzón-Real se las ingenió para que los niños estudiaran y pudieran labrarse el futuro fuera de las acequias y las huertas del pueblo. Así, Baltasar cursó sus primeros estudios en los seminarios de Baeza y Jaén, aunque descubrió que su vocación no le llamaba de momento a ser servidor de Dios.

Acabó el bachillerato en el instituto Santísima Trinidad de Baeza. Además de la afición al fútbol y de revelarse como un portero destacado pero sin futuro profesional (igual que miles de chavales que han soñado con ser futbolistas y llegar a la Champions League), Garzón cada vez tenía más claro que podía dedicarse al Derecho. Pero después de superar el preuniversitario de la época para ingresar en la universidad, dudó si decantarse por la medicina o hacer carrera para ser abogado. Finalmente se inclinó por las leyes y cursó sus estudios en la Universidad de Sevilla, donde se licenció en 1979. Su calificación fue de notable, un éxito para el hijo de una familia trabajadora normal. La gasolinera dio de comer durante muchos años a los Garzón-Real, e incluso el propio Baltasar se curtió despachando petróleo para llevarse unas perrillas en su época de estudiante. Y es que siempre ha sido un hombre laborioso y esforzado, como cuando de pequeño andaba un buen trecho antes de ir al cole para abrir el agua de la acequia destinada a regar la huerta familiar.

Garzón no era una mente privilegiada del Derecho; sin duda, era uno más de los aspirantes para sacar la plaza de juez, pero superó las oposiciones a la primera, lo que no pueden decir todos los que han pasado esta prueba. Más que brillante, era constante. Fue el número 11 de su promoción. En apenas dos años ingresó en la carrera judicial. Su primer destino, en 1981, fue un juzgado de Valverde del Camino, en Huelva, y después consiguió el traslado a su provincia: el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villacarrillo, en Jaén. Otros dos años más y Baltasar ascendió a magistrado. Con su nueva categoría, en 1983 se estrenó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Almería. Cuatro años más tarde fue nombrado inspector delegado del Consejo General del Poder Judicial en Andalucía.

Hasta entonces, la suya era la vida de una persona normal, hasta que el 29 de enero de 1988 su ambición profesional le hace saltar a una plaza en Madrid, nada menos que a la de magistrado-juez central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en sustitución de Francisco Castro Meije.

El contacto con materias tan sensibles por aquella época como el terrorismo y el narcotráfico a gran escala le van forjando un nombre, o más bien un apellido, Garzón, que se encarama en los titulares de los periódicos y de los noticiarios de televisión y radio. «Garzón ordena prisión para…», «Garzón pide…», «Garzón solicita…», comienzan a ser titulares diarios recurrentes. Es un hombre cercano con los periodistas y se deja querer. Le gusta tener contacto con los reporteros de tribunales que hacen de la Audiencia Nacional su segunda casa. Poco a poco dejaba el anonimato que siempre había mantenido a lo largo de su vida; ahora estaba en el escaparate de la vanidad que tiene, en cierto sentido, el trabajo judicial de la Audiencia Nacional y su engranaje para inflar egos humanos. Ya no era un juez sin nombre el que ordena detenciones, registros, hace y deshace, sino Garzón, Garzón y Garzón. También, de vez en cuando, suenan los apellidos de Bueren, Dívar, Moreno…, pero menos; en la carrera judicial sólo aparece un juez campeador y ése es Garzón.

Al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional comienzan a llegarle casos de la más urgente actualidad: el atentado contra el convoy de la Guardia Civil en la plaza de la República Dominicana, en Madrid, en el que murieron doce agentes; la desarticulación de los comandos Eibar y Gohierri Costa, responsable, entre otros, del asesinato de la ex activista de ETA Dolores González Catarain, alias Yoyes; los dos atentados contra la Dirección General de la Guardia Civil, y la de los asesinatos de los militares Carlos Besteiro y Ricardo Sáenz de Ynestrillas.

Las causas contra ETA lo ponen en órbita de lo que más tarde se identificará con la carrera espacial del juez estrella (o juez vedette, como al principio también se le llamó). Pero para ello, tan importante es lo que hace como que se sepa lo que hace, ya que si no hay publicidad, no hay éxito reconocido. Por eso va eligiendo en qué periodistas (más bien los medios a los que representaban) confía más y les da mejor información que al resto. A cambio puede supervisar incluso el titular y el enfoque de la información antes de que salga publicada en portada al día siguiente.

A finales de los ochenta, detrás de cualquier acción terrorista de ETA o actuación contra ETA había una relación causa-efecto. Del atentado contra Sáenz de Ynestrillas se forjó el atentado ultraderechista contra los parlamentarios electos de HB que cenaban el 20 de noviembre de 1989 en el restaurante Basque de Madrid, donde murió Josu Muguruza e Iñaki Esnaola sufrió heridas graves. El caso le tocó también a Garzón por estar de guardia, y rápido pisó el terreno.

Un juez independiente

Para entonces, Garzón ya era sinónimo de garantía judicial, de buen hacer, de ser un juez que venía bien a un caso en el que podía estar implicado cualquiera, incluso del interior de los aparatos del Estado. Y Garzón era un juez independiente. Un juez que rompía las reglas y que acudía en persona al lugar del atentado para ordenar el levantamiento del cadáver. También le precedía ya la fama de juez con coraje, o con cojones, si eligiéramos sus propias palabras. Y los demostró cuando decidió desplazarse a Francia para interrogar a miembros de ETA detenidos en el país vecino. Era la primera vez que lo hacía un magistrado español.

Comenzaba a forjarse la leyenda del juez Garzón. En compañía de la fiscal Carmen Tagle, tomó declaración en París a los dirigentes etarras Josu Ternera, Santi Potros y Elena Beloki; aquello sin duda supuso toda una ofensa para los soberbios amos de la banda de la serpiente que habían vivido años y años de la impunidad que les ofrecía su residencia en Francia, lo que entonces se conocía como el santuario francés. Pero éste también comenzaba a derrumbarse. ETA se sacó la espina en 1989 al asesinar en Madrid a la fiscal Tagle, en un intento por seguir marcando sus reglas de juego. Sin embargo ya no le valían con la Audiencia Nacional. Había tomado el mando un grupo de jueces de nuevo cuño que sacudían a la banda; estaban también Gómez de Liaño, Bueren, Moreno, Dívar… Es verdad que alguno de ellos, por miedo, leyó rápido el mensaje de ETA y dejó su cargo. Pero con Garzón no pudieron; él tenía cojones. Y también, sobre todo, Gómez de Liaño, aunque quizá no tanto por ser unos atributos naturales, sino por su actitud de afrontar los retos ante los que la vida le ponía. El retrato de todos los jueces abrazados ante la tumba de la fiscal fue sólo la imagen de un día, porque esa unidad se rompió con el tiempo, que demostró que Baltasar era más un jinete solitario que un miembro de la Liga de la Justicia.

La fiscal Carmen Tagle se convirtió en un objetivo fácil para ETA porque no tenía las medidas de seguridad de las que, desde hacía tiempo, disponía el propio Garzón, que se había convertido ya en un objetivo preferente para muchas bandas. Por ejemplo, las del narcotráfico gallego contra las que el juez dirigió espectaculares operaciones antidroga.

En junio de 1990 toda España pudo ver cómo Baltasar Garzón llegaba en helicóptero a distintos puntos de Galicia (como si fuera el rey mago de su mismo nombre) nada menos que para dirigir in situ una gran redada con 350 policías que tenía como objetivo desarticular los principales clanes gallegos del narcotráfico con conexiones con los cárteles colombianos de la cocaína. Era la Operación Nécora y era la primera vez que un juez asumía el mando directo y sobre el terreno de una macrorredada contra el narcotráfico.

Siempre hemos sostenido que Garzón de tonto no tiene un pelo. El resultado de aquella aparición mediática estelar fue que el éxito de la operación sólo se debía a él y su nombre logró eclipsar al resto de los funcionarios policiales que intervinieron en aquella investigación. Garzón ya era el mayor justiciero de este país.

Tras la Nécora (por cierto, el juez era un gran aficionado al marisco), el jinete solitario cabalgó sobre la Operación Pitón, que supuso la desarticulación de las redes de tráfico de hachís que era enviado desde Marruecos hasta Italia y Holanda a través de España. Y acabó con las prácticas poco legales que empleaba la Unidad Central Antidroga de la Guardia Civil (UCIFA) cuando procesó y acusó de narcotráfico a catorce de los miembros que la integraban (pagaban con droga a los confidentes), entre ellos, un teniente coronel y un comandante.

El frente de enemigos y agraviados por Garzón formaba ya una negra legión, pero el juez supo ganarse el apoyo político de los gobernantes para tener las espaldas bien cubiertas ante tanto sinvergüenza que quería hundirle por motivos espurios. Y a pesar de que muchas de sus investigaciones le costaban enfrentamientos con la cúpula del Ministerio del Interior, lo cierto es que al final a ningún político le gustaba tener al juez de morros, por lo que siempre le pastorearon en lo que pudieron y le quisieron más cerca que lejos, ofreciéndole ayuda y protección ante tanto malvado; valga como ejemplo el constante refuerzo de su seguridad y el blindaje de su domicilio con dinero del Ministerio del Interior.

Los GAL, primer asalto

Afirmar que la fama se la ganó el juez en los casos de terrorismo de ETA y el narcotráfico puede ser acertado, en cambio la consolidó con otro tipo de investigación que rebuscaba en las entrañas del mismo Estado de Derecho. El caso GAL, es decir, las actividades de los Grupos Antiterroristas de Liberación, supuso que el fiel de la fama del juez estuviera en el medio, ni a la izquierda ni a la derecha de la balanza. Antes de que se hiciera cargo del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el caso había entrado en noviembre de 1987; sin embargo, con su anterior titular, el juez Castro Meije, como buen gallego, no se sabía muy bien si el asunto iba para adelante o para atrás. Aunque las justicias francesa y portuguesa ya habían dado claras muestras de que el problema existía y que el epicentro se situaba en España, en la Audiencia Nacional no había mucho interés por este asunto, aunque le competía por tratarse de terrorismo.

No sabemos a qué atributo del juez Garzón le debemos más intervención para impulsar este caso, si a su constancia o a sus reiterados cojones, pero lo cierto es que él fue el artífice de la investigación posterior y consiguió forjarse la imagen de un personaje judicial sin hipotecas, un justiciero que sólo observa y hace observar estrictamente la Justicia, afecte a quien afecte y pese a quien pese. Ése es el ADN de Garzón como juez. En su primer asalto se llevó por delante al subcomisario José Amedo y al inspector Michel Domínguez, ambos condenados a 108 años de cárcel. Cuando el magistrado desmontó el GAL en torno a la figura de los dos policías, lo hizo mientras gobernaba el PSOE, partido al que pertenecían los cargos de la cúpula del Ministerio del Interior que años más tarde vieron cómo el juez conseguía sentarlos en el banquillo de los acusados por el secuestro de un ciudadano francés llamado Segundo Marey, un error cometido por la banda que articulaba Amedo y sus superiores jerárquicos.

El caso GAL puso en evidencia que Garzón no temía a nadie ni a nada y que el poder judicial del que estaba revestido era realmente ciego con los poderosos y lo que buscaba era hacer justicia. Garzón era un caso único, no sólo el primer juez estrella, sino el juez estrella por antonomasia, el inigualable, el inimitable, el siempre poderoso juez Garzón.

Que tras la detención de la cúpula de ETA en Bidart (Francia) en 1992, el primero de los grandes golpes policiales asestados a la organización terrorista en territorio galo, Garzón fuera a interrogar a los dirigentes etarras Francisco Múgica Garmendía, alias Pakito, y Joseba Aguirre Erostarbe, Fitipaldi, era de lo más normal en él.

En poco más de cinco años se había convertido en un referente público de primer nivel, en un personaje al que todo el mundo conocía por sus decisiones judiciales y de cuya integridad y honestidad nadie dudaba en este país. Incluso los redaños que tenía competían frente al hastío que estaba ofreciendo la casta política del momento, en la que el felipismo se iba desgastando internamente y también debido a los casos de corrupción que no paraban de aflorar (FILESA, el caso Roldán, el caso BOE, el caso Juan Guerra…). Las encuestas vaticinaban que los socialistas iban en caída libre mientras que el nuevo valor en alza era José María Aznar (PP).

Dentro del PSOE algunos entendieron que era necesario integrar en sus filas a personajes independientes que dieran nuevos aires al Gobierno y, sobre todo, hicieran que la calle volviera a sintonizar con el centenario partido que cada vez estaba más en manos de Felipe González y menos en las de Alfonso Guerra. Los detractores del poder omnímodo que el número dos había tenido, como José Bono, intermediaron en organizarlo todo, sabedores de que Garzón no sólo era un valor en alza, sino que se dejaría tentar por la política, que ambicionaba algo más que ser juez, que se creía venido al mundo para mayores empresas. Así que Garzón cayó en la red que extendieron para que entrara en la cesta; le hicieron creer que el PSOE estaba dispuesto a dar un giro y que necesitaba gente como él para el cambio del cambio.

Un gancho electoral

El juez dio el salto a la política nada menos que como número dos de la candidatura del PSOE por Madrid en las elecciones generales de junio de 1993 que encabezaba el mismísimo Felipe González. La vanidad de verse tras el Dios de la política del momento, que llevaba gobernando desde 1982, satisfizo su primera aspiración y el PSOE consiguió su meta de volver a ganar por cuarta vez consecutiva, pero bajando a 159 escaños, mientras que la oposición del PP se acercaba con sus 141 diputados.

El gancho electoral de los independientes (Garzón, Pérez Mariño…) había funcionado y González fue investido presidente del Gobierno por cuarta vez con el apoyo de los nacionalistas catalanes y vascos. Aunque los detractores del juez sostienen que desde un principio Garzón pensó en ser ministro del Interior, González lo colocó como delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, con la categoría de secretario de Estado. A Garzón lo convencieron de que era, por su prestigio, la persona ideal para hacerse cargo de esta tarea, asumiendo todas las funciones relacionadas que estaban repartidas entre distintos ministerios; para ello incluso podía tener el mando de las fuerzas de seguridad del Estado en materia de narcotráfico.

La llegada de Garzón a Interior había caído mal entre los antiguos y actuales responsables del ministerio (José Barrionuevo, José Luis Corcuera, Rafael Vera…), que se quejaban amargamente de que era como meter a la zorra en el gallinero, con todos los problemas que habían tenido con el juez durante la instrucción de numerosas causas; aunque sin duda la guinda fue la que afectaba a los GAL y a los entresijos de la guerra sucia contra ETA.

Y, sobre todo, recordaron la polémica intención del magistrado de investigar, en el marco del caso Amedo, los llamados fondos reservados del ministerio que se habían utilizado para financiar a los GAL. En 1989, el ministro del Interior José Luis Corcuera alegó que, dado su carácter secreto, no había constancia documental de dichos fondos, tal y como había asegurado su antecesor en el cargo, José Barrionuevo. Pero el jinete solitario tenía olfato. Tiempo después, los dos ministros llegaron a estar imputados —aunque luego fueron absueltos— por el uso irregular de los fondos reservados de Interior entre finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, un caso que le costó dos condenas a Rafael Vera y a otros ex cargos como José María Rodríguez Colorado y Julián Sancristóbal.

La dimisión de Corcuera en noviembre de 1993 tras la patada que el Constitucional dio a su Ley de Seguridad Ciudadana entregó la cartera de Interior a Antoni Asunción, quien había hecho una buena labor desde Instituciones Penitenciarias, y supuso el ascenso de Garzón a número dos del ministerio tras la decisión de Vera de irse. No obstante, la fuga unos meses después del ex director de la Guardia Civil Luis Roldán le costó el cargo a Asunción; parecía que ése era el momento más indicado para que Garzón se hiciera por fin con la cartera de Interior. Pero González no lo vio así y decidió que fuera otro magistrado, Juan Alberto Belloch, que era ya ministro de Justicia, quien se hiciera cargo también de Interior. Esta decisión movió a Garzón a presentar su dimisión el 9 de mayo de 1994 (aseguró que el motivo era la «actitud pasiva» del presidente del Gobierno contra la corrupción) y solicitó el regreso a la judicatura.

El hecho de que unos meses después reactivara el caso GAL por el secuestro de Segundo Marey (a punto de prescribir) para poner más contra las cuerdas al Gabinete socialista, y que en esta ocasión apuntara contra el ex ministro del Interior José Barrionuevo, Rafael Vera y varios mandos de Interior, fue interpretado de una sola forma: venganza. Pero el tiempo volvió a darle la razón en este caso y, con la confesión de Amedo y Domínguez, articuló un nuevo proceso que estuvo a punto de sentar en el banquillo de los acusados al mismísimo Felipe González, a quien alguno de los implicados, como el ex dirigente socialista vasco Ricardo García Damborenea, atribuyó ser el máximo responsable de la trama (la famosa X de los GAL). A pesar de que el Supremo receló de cuanto había hecho Garzón a su vuelta de la política (el magistrado Eduardo Móner repitió toda la instrucción), el alto tribunal se convenció de la evidencia y condenó a los acusados por Garzón.

Con el posterior ascenso al poder del PP en 1996, Garzón volvió a ser un juez al que había que cuidar, e Interior así lo hizo. Era un valor seguro contra ETA, a la que siguió dándole estacazos; sirvan como ejemplos el proceso que en el año 2000 sentó en el banquillo a 52 personas del entorno de la banda, o en 2002 la suspensión por tres años de las actividades de Batasuna, heredera de la ilegalizada HB y que corrió idéntica suerte.

Un justiciero universal

Era mucho —y todo se daba por bueno— lo que el juez hacía contra ETA y su entorno, contra el narcotráfico y sus finanzas, contra los primeros casos de terrorismo yihadista que aparecían en España. Pero el caso que catapultó a Garzón al estrellato judicial mundial fue el que siguió contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet. Una vez más, fue el primero en darle brillo y esplendor a eso que se llama Justicia Universal, que recaía en la Audiencia Nacional, y las posibilidades que ofrecía, antes de que el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón hiciera de escribano del Gobierno para echar los cerrojos a esa puerta ante la reclamación del Gobierno chino (poseedor de mucha deuda pública española), que pretendía evitar la persecución de sus dirigentes, acusados de cometer un genocidio en el Tíbet.

A fin de investigar varios casos denunciados de desaparición de españoles en las dictaduras de Argentina y Chile, Garzón comenzó a actuar más allá de nuestras fronteras. De las primeras detenciones en España, el juez pasa en 1997 a dictar órdenes de prisión contra el ex presidente argentino Leopoldo Galtieri y otros militares como responsables de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los centros clandestinos de Buenos Aires. Garzón es aclamado en Argentina. Una vez más, hace lo que nunca nadie hizo. A pesar de que Argentina había cerrado esa infame época histórica con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, el magistrado español buscaba resarcir a las víctimas de la represión y darles respuesta de una vez por todas con las armas de la Ley y la Justicia española e internacional.

Aunque tuvo en contra desde el principio a la propia Fiscalía española, que recurría todas sus decisiones, el juez se había ganado al pueblo argentino al hacer lo que tendrían que haber hecho las instituciones judiciales de su país, que años más tarde tomaron el guante de Garzón para seguir en esta lucha. Para entonces, el Juez Campeador ya no estaba tan solo. Su nombre comenzaba a difundirse en todos los noticiarios del mundo como un referente para los pueblos reprimidos y los líderes que les ponían voz. Era un ejemplo para toda América Latina. El continente, de millones de hispanohablantes, se rendía a sus pies.

Sabía el juez que su proceso era de estrategia, más que de eficacia judicial, porque sus resoluciones contra los militares argentinos, y después los chilenos, no se cumplirían en sus países, que no colaborarían. Así que Garzón, como el tipo listo que es, esperó el momento.

Su fama mundial se la proporcionó, sin duda, la orden internacional de detención de Augusto Pinochet aprovechando que se encontraba de viaje en Londres para someterse a una operación de hernia discal. Garzón no sólo ponía contra las cuerdas al general, sino que evidenciaba las buenas relaciones que tenía con el Reino Unido, un país que, aunque no tuviera intención de apresarlo, tampoco podía negarse a ejecutar su decisión si cumplía las reglas del Derecho Internacional.

El 16 de octubre de 1998 el ex dictador fue detenido y Garzón lo procesó por delitos de genocidio, terrorismo y torturas, al tiempo que pidió su extradición a España, a lo que Pinochet se negó y alegó problemas de salud por su avanzada edad. Tras un largo proceso, el Gobierno británico denegó finalmente la extradición y el 2 de marzo de 2000 concedió la libertad a Pinochet, quien regresó a su país en silla de ruedas y se levantó de ella nada más aterrizar en suelo chileno, como mofa al juez que lo encausó. Pero fue Garzón quien realmente se había burlado de él todo el tiempo que estuvo sin poder salir de la capital británica, quien había ganado y, por encima de todo, quien había obtenido algo mucho más importante: prestigio mundial. Garzón era lo más próximo a Dios que se había visto en la Justicia española.

La noticia dio la vuelta al mundo, dio esperanza a las víctimas de las dictaduras y, a su vez, convirtió a Garzón en un símbolo, hasta el punto de que en 2002 se promovió su candidatura al Premio Nobel de la Paz.

La fama del magistrado volvió a traspasar fronteras en 2001 cuando ordenó el ingreso en prisión de varios miembros de la organización terrorista Al Qaeda y procesó a Osama Bin Laden por haber utilizado España como base para la preparación de atentados como el del 11-S.

Con semejante currículum, al juez todopoderoso nada se le resistía ni nadie se atrevía a negarle lo que fuera. Ya a finales de los ochenta y principios de los noventa, Garzón era un reclamo para cursos de verano y conferencias, cada vez mejor retribuidas, que el juez nunca rechazaba. Daba glamour judicial a todo acto que contara con su asistencia, asegurando una fabulosa cobertura de los medios de comunicación siempre expectantes a lo que dijera el juez de la última polémica suya o del país. También comenzaba a disfrutar de permisos autorizados y remunerados. Era, sin duda, un privilegiado. Y ninguno de los expedientes que se le abrían tras la denuncia de sus numerosos enemigos prosperaba. Tenía apoyos en todas partes y sabía aprovecharlos. En enero de 2005, el Poder Judicial le autorizó una excedencia de nueve meses para impartir clases en tres instituciones universitarias de Nueva York (la University School of Law, The Center on Law and Security y el Centro Rey Juan Carlos I de España). Garzón sabía medir los tiempos y siempre se iba con un redoble de tambor: el día anterior de su excedencia a Estados Unidos, procesó por pertenencia a ETA a los ex diputados de SA (antigua Batasuna) Joseba Álvarez, Joseba Permach y José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera.

Pero los nueve meses fueron más y Garzón no volvió a su juzgado hasta el 1 de julio de 2006.

Vía crucis para el juez

«Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe», dice el refrán. Es lo que le pasó a Garzón. A su regreso de Estados Unidos volvió a trabajar en el mismo despacho como siempre, pero ya había perdido ese respeto reverencial que se le tenía. A partir de 2008 empieza a ser objeto de diversas querellas. La veda la abrió su excedencia para viajar a Nueva York, que le pasó factura profesional a su prestigio. Se ponía en evidencia lo que ya se sabía en sus círculos próximos: que además de gustarle el marisco, y evitar pagar las cuentas de los restaurantes, también le gustaba el dinero, enriquecerse, lo cual estaba lejos de conseguir con su oficio de juez.

Primero se querellaron contra él por los supuestos cobros obtenidos durante su excedencia en Estados Unidos, después por su decisión de investigar los crímenes del franquismo y, por último, por intervenir las conversaciones de los abogados de la trama Gürtel. Los tres casos se fueron entrelazando a lo largo de los años 2010, 2011 y 2012. Y aunque el último fue el que le costó el puesto, los explicaremos todos por orden de aparición.

La excedencia de Garzón a Estados Unidos era, a juicio de algunos, un tanto rara. En 2008, dos abogados, José Luis Mazón y Antonio Panea, le denunciaron por cohecho al cobrar del Banco de Santander por unas conferencias en la Universidad de Nueva York y, posteriormente, por no admitir a trámite una querella contra los responsables del banco. El Supremo archivó la causa en 2009, pero al año siguiente admitió otra querella de los mismos abogados contra el juez por prevaricación, cohecho y estafa. Por segunda vez en su vida (la primera fue por los crímenes del franquismo que luego explicaremos), Garzón tuvo que declarar como imputado y negó los hechos. Emilio Botín (Santander), Francisco González (BBVA), Manuel Pizarro (Endesa) y otros responsables de las grandes compañías del IBEX 35 tuvieron que declarar y negar que pagasen directamente al juez o que hablaran con él de dinero.

El Supremo ordenó a la Guardia Civil que investigase los ingresos de Garzón entre los años 2005 y 2006 que no estuvieran relacionados con su condición de magistrado de la Audiencia Nacional. En diciembre de 2011 se vio obligado a declarar por segunda vez en la causa. Al comienzo del año siguiente, el magistrado Manuel Marchena concluía la instrucción del caso y confirmaba la existencia de indicios de un delito de cohecho impropio en la actuación del juez.

Tras el fantasma de Franco

La segunda estación de su vía crucis judicial fue la decisión de abrir una causa contra los crímenes del franquismo. En los últimos años de su carrera como juez, Garzón se sentía invulnerable; podía y era capaz de cualquier cosa, y siempre despertaba sentimientos encontrados, igual que durante toda su vida. Eso no le importaba. Siempre eran más los que le alababan que los que le podían criticar, y además, en un país donde se envidia al que destaca, es fácil combatir los argumentos de los malignos envidiosos.

Garzón pensó, seguramente, que hacía justicia al reabrir los crímenes cometidos durante la dictadura, que había muchas víctimas de una contienda fratricida que se sentirían recompensadas y que su impulso estaba muy en línea de la Ley de Memoria Histórica, un proyecto personalísimo del presidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo abuelo fue fusilado por los nacionales.

Pensando quizá en cómo actuó con las dictaduras de Argentina y de Chile, el 16 de octubre 2008, el juez se declara competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el régimen franquista y autoriza exhumaciones para localizar los restos de los desaparecidos. El fantasma del viejo dictador planea sobre la Audiencia Nacional. Garzón comete torpezas tales como pedir un certificado de defunción de Francisco Franco cuando toda España sabía que había muerto en 1975, aunque pueda haber quien aún crea que, al igual que Elvis Presley, todavía sigue vivo.

La Fiscalía se opone y, al mes siguiente, Garzón se inhibe a favor de los juzgados territoriales en los que se sitúan las fosas comunes. Días después, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia certificaba que el juez carecía de competencia para investigar las desapariciones. Quizá él ya lo sabía.

El ángel de la guarda que siempre parecía velar por el juez estrella al parecer se había ido de vacaciones. Tres organizaciones consideradas de ideología ultra (Manos Limpias, Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS) presentan sendas querellas que se van acumulando de nuevo en el Supremo. El alto tribunal admite las tres y Garzón tiene que declarar como imputado por primera vez en su vida (9 de septiembre de 2009). Cuando el 4 de febrero de 2010 el instructor del proceso, Luciano Varela, rechaza archivar la causa porque el juez «decidió conscientemente ignorar u orillar» la Ley de Amnistía al declararse competente para investigar, Garzón sabía que iba a acabar en juicio. Por este motivo actuó como siempre habían hecho otros con él: recusa al magistrado por no considerarlo imparcial, pero no lo consigue. Varela abre la vista oral contra él y Garzón va a juicio, no sin antes recusar a cinco de los magistrados de la Sala, lo que esta vez sí es admitido.

Tras la apertura del juicio, el 14 de mayo 2010, el CGPJ le suspende cautelarmente. El juez está tocado, pero no hundido. Sabe que vuelve a contar con las simpatías del Gobierno, otra vez en manos del PSOE, y que la Fiscalía le apoya. Por eso, días antes de ser suspendido, el juez busca una salida profesional: el Poder Judicial le autoriza un permiso de siete meses como consultor externo de la Fiscalía en el Tribunal Penal Internacional. Al año siguiente, en mayo de 2011, ante el horizonte negro que le plantea el Supremo, accede a otro permiso de doce meses como consultor externo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el conflicto de Colombia.

Gürtel, la correa al cuello

Garzón se enfrenta a una tercera querella en el Supremo por otro caso bien distinto: la corrupción política en el entorno del PP. Parecía que se había abierto la veda para acabar con el juez estrella. Y, efectivamente, así fue. Si buscásemos un símil del lejano Oeste, podríamos decir que la bala que acabó con Garzón tenía su nombre grabado y el revólver era marca Ignacio Peláez.

Garzón comenzó a instruir el caso Gürtel el 6 de febrero de 2009 cuando el PSOE estaba en el Gobierno. Como había sido su costumbre, trabajaba igual que un acróbata sobre el alambre, pero siempre equilibrando las fuerzas para que se compensasen: si el PP iba contra él, seguro que el PSOE le defendería, y si el PSOE estaba en el Gobierno, mejor que mejor. A los pocos días el PP presenta una denuncia contra Garzón en el Supremo por prevaricación. Una más y por un caso distinto. Se le acumulan las querellas. Y, como siempre había hecho, el órgano de gobierno de los jueces archiva las quejas del PP y del senador Luis Bárcenas contra su persona. Asimismo, el Supremo archiva la denuncia de los populares.

En aquellas fechas, Garzón se ve salpicado por la polémica que costó la cabeza al entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, tras publicarse que habían compartido una cacería en plena investigación de la trama de corrupción que afectaba al PP. Fernández Bermejo, el otrora combativo fiscal, había participado en la carnicería de animales sin la licencia pertinente, lo que le costó un multa de 2.000 euros de la Consejería andaluza de Medio Ambiente. Y su puesto en el Consejo de Ministros.

Pero al año siguiente, el 25 de febrero de 2010, el Supremo acepta otra querella por prevaricación contra el juez que presenta el abogado defensor de uno de los acusados de la trama Gürtel por ordenar intervenir las conversaciones en la cárcel de los letrados con sus defendidos. La bala la dispara Ignacio Peláez, un viejo conocido de Garzón, que defiende en la causa al constructor José Luis Ulibarri.

Peláez (Zamora, 1958) también es un tipo listo, quizá más listo que Garzón. Licenciado en Derecho en 1981, ejerció de abogado hasta 1985 y al año siguiente ingresó por oposición tanto en la carrera fiscal como en la judicial. Primero fue juez en Badalona y, tras pedir la excedencia, ejerció como fiscal en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la Audiencia Provincial de Alicante y en los Tribunales Superiores de Justicia de Baleares y Madrid. En 1997 pasó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde se especializó en delitos económicos, delitos de terrorismo, procedimientos de extradición y Derecho Penal Internacional. En 2003, Peláez había pedido la excedencia como fiscal de la Audiencia para volver a su antigua profesión, la de abogado; había completado todo un círculo que pocos han hecho en el mismo sentido. En su nueva actividad, Peláez se había convertido en un reputado letrado que había defendido desde narcotraficantes como Leónidas Vargas hasta empresarios como el constructor José Luis Ulibarri, acusado de pagar comisiones en la trama Gürtel.

La relación de Peláez con Garzón siempre había sido profesional y de respeto. Además, podemos afirmar que el ex fiscal sentía admiración por el juez del Juzgado Central de Instrucción número 5, toda una institución en la Audiencia. Cuando pasaba por la sede de la calle Génova para la defensa de cualquier caso, siempre conversaba afablemente con sus antiguos compañeros en la Fiscalía. Y siempre refería su admiración por Garzón. Pero en el caso Gürtel se llevaba la palma. «Garzón es listísimo. Siempre que vamos a hacer algo, él ya se ha adelantado, va por delante. Es como si supiera lo que fuéramos a hacer. Es como si nos leyera la mente», confesaba Peláez a sus colegas.

¿Podía ser Garzón un Dios que lo supiera todo? ¿Acaso tenía la facultad de saber lo que pensaban las partes de un proceso y poder aprovecharse de su ventaja para actuar con antelación? Sí, el juez lo sabía todo. Pero pronto se descubrió el truco. Había ordenado intervenir las comunicaciones en la cárcel entre los abogados defensores de la Gürtel y los acusados. Garzón, el justiciero universal, el que tenía fama de observar y hacer observar estrictamente la Justicia, había hecho algo a todas luces ilegal, seguramente por un buen fin, como siempre, pero que afectaba a un valor constitucional de primer orden, el derecho de defensa, un principio inalienable que había que defender por encima de todo en un país donde todavía se conservaba el recuerdo de una dictadura militar en la que todos los derechos eran relativos, y el de defensa precisamente, una coña.

Después de admitir a trámite la querella, el 10 de mayo de 2010 el Supremo toma declaración al juez como imputado (por tercera vez en menos de un año) durante cuatro largas horas. Tanto tiempo es significativo. Parece que Garzón está atrapado. Muchas víctimas del superjuez se alegran de su desdicha, al igual que muchos envidiosos (periodistas incluidos) que saboreaban la caída del magistrado por razones totalmente subjetivas (que si no me daba noticias, que si me cae mal, que si tal, que si cual…). Al año siguiente, el 7 de marzo de 2011, el juez declaraba por segunda vez en el caso, y a petición propia, ante el magistrado instructor Alberto Jorge Barreiro. Aseguró que no había delinquido, que las grabaciones se realizaron mientras investigaba unos hechos delictivos y que pidió acceso a las conversaciones, pero que le fue denegado.

Un Supremo salomónico

Al mes siguiente, el alto tribunal abre juicio oral contra Garzón como presunto autor de un delito continuado de prevaricación y otro de violación de las garantías constitucionales. De nuevo el CGPJ le vuelve a suspender provisionalmente de sus funciones. Como en la causa del franquismo, recusa a cinco de los siete magistrados designados para juzgarle y se admite la recusación. Garzón purga el tribunal para buscar una Sala más favorable. El juicio comienza el 17 de enero de 2012. En el último día de la vista, Garzón hace uso del derecho a decir la última palabra para defender la legalidad de las escuchas.

A los pocos días vuelve a sentarse como acusado en otro juicio, el de los crímenes de la dictadura franquista. Durante el primer día de la vista, el 24 de enero, la Fiscalía pide el sobreseimiento de la causa. En la última sesión de la vista oral, el juez dice que su conciencia estaba «tranquila» porque actuó para evitar el desamparo y el «olvido» de las víctimas.

El 9 de febrero de 2012 llega la primera sentencia, la del caso Gürtel. El Supremo le condena por prevaricación a 11 años de inhabilitación y pérdida de empleo, y es expulsado de la carrera judicial. Supone la peor condena para un juez, la de dictar resoluciones injustas a sabiendas. Como suele decirse, la primera en la frente. Y le quedaban dos casos más.

Sin embargo, el Supremo no se ceba con el juez estrella. Se muestra salomónico. En el mismo mes se producen las otras dos resoluciones, como si una mano hubiera articulado todo un proceso general contra el juez estrella. El magistrado que investiga los cobros en Estados Unidos, aunque cree que Garzón cometió un delito de cohecho, mantiene que el asunto ha prescrito, lo mismo que sostiene la Fiscalía, y archiva el caso. Es el día 13 de febrero, cuatro días después de su condena. Y el 27 de febrero sale la sentencia de los crímenes del franquismo. El alto tribunal acaba absolviéndole con el voto favorable de seis de los magistrados, mientras que un séptimo defiende que su decisión de investigar estos crímenes fue «errónea», pero no prevaricadora.

La cabeza de Garzón cuelga ya del salón de trofeos de alguien. Ha perdido la condición de juez hasta el 1 de mayo de 2021. Para entonces, Garzón tendrá sesenta y seis años. El indulto reclamado por una asociación de jueces europeos fue rechazado por el Gobierno y, para más escarnio público, lo hizo en un paquete en que mezclaba a Garzón con políticos corruptos como Matas o con homicidas al volante como Ortega Cano.

El Constitucional tampoco le da la razón. Así las cosas, el último recurso que le queda al juez depende del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que podría considerar irregular su condena, algo difícil, aunque posible.

Garzón ha rehecho su carrera profesional explotando su faceta de jurista internacional, aprovechando el prestigio que adquirió en América Latina por sus instrucciones contra las dictaduras argentina y chilena. El último conejo de la chistera que se sacó a nivel mundial fue formar parte del equipo de defensa del periodista y hacker australiano Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, cuando se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres.

También ejerce de abogado, aunque ya no le importa defender a narcotraficantes. Persevera en su empeño por mantener algo del glamour que otrora tenía, pero su poder de convocatoria es ya mucho menor. Sigue teniendo algún medio de comunicación de cabecera, pero sus noticias ya no causan el rompecabezas entre los periodistas de su etapa como juez, y a casi nadie le importa ya perderse su última ocurrencia. Seguro que hubiera deseado de los autores de este libro un perfil más partidario, pero sabe que lo hemos hecho sin la malignidad de otros periodistas (posiblemente en ejecución del plan de alguno de sus enemigos) que fueron rebuscando en su vida personal para ver cómo podían airear sus trapos sucios. Siempre nos pareció un juez cercano y simpático, quizá un poco soberbio con el paso de los años, pero nunca dudamos de sus intenciones, nunca sospechamos que cuando actuaba lo hiciera para pasarse al otro lado de la ley.

Garzón se sintió invulnerable, quiso ser como Dios, seguramente en defensa de la Justicia, pero se estrelló como un ángel caído. En el seminario de Jaén debería haber aprendido la historia del querubín Luzbel (Luz Bella), a quien Dios le dotó de una gran inteligencia, perfección y hermosura para que organizara al resto de los ángeles. Pero Luzbel (más conocido como Lucifer) llegó a ser tan poderoso que la vanidad se apoderó de él y le hizo sentirse superior a Dios. Por eso Él lo desterró del paraíso.

Garzón sigue molestándose cuando le llaman «ex juez» porque asegura que él no ha dejado de ser juez. Siga siendo juez o ex juez de la Audiencia Nacional, lo cierto es que ya carece de poder judicial. Posiblemente, su peor condena.

ELPIDIO SILVA Y LA CAJA DE PANDORA

Elpidio José Silva, el ex juez del caso Blesa, cuenta que el origen de su nombre, poco común, se remonta al mito de Pandora, el de la caja que contenía todos los males y que, al ser abierta, ¡oh Zeus!, los propagó por la Tierra causando todas las desgracias humanas que todavía padecemos. Que de otra caja, la de Caja Madrid, provengan sus males poco tiene que ver con los dioses del Olimpo, sino más bien con una actuación profesional que ha sido calificada como prevaricadora por el tribunal que le ha juzgado y le ha apartado prácticamente de la carrera judicial. Cuando Elpidio Silva estaba a las puertas del juicio emprendió la huida hacia ninguna parte; primero se presentó a las elecciones europeas de 2014 para intentar protegerse de la causa y, después, al no lograrlo, intentó torpedear el proceso con una variada estrategia que de poco le valió, salvo para demorar su caída del Olimpo. Silva y Blesa, con Caja Madrid como telón de fondo, forman parte de la revisión actual del viejo mito de Pandora: de la caja de todos los males se ha pasado a todos los males de la Caja, la de los ahorros de los madrileños, rescatada con el dinero de todos, pero al servicio de unos pocos. ¡Una vergüenza de muchos sinvergüenzas!

Cuando su nombre saltó a los medios de comunicación y nadie sabía muy bien quién era ese juez, el calificativo que más se repitió entre quienes habían tenido la fortuna o el infortunio de conocerle era el de «polémico», al que luego se fueron uniendo los de «rebelde», «extravagante», «difícil», «singular», «contundente», «inusual», «impredecible», «impuntual» y, finalmente, «trastornado». Las decisiones bruscas que dio en el caso Blesa, como decretar la prisión del ex banquero e inmediatamente ponerlo en libertad bajo fianza, para luego volver a encarcelarlo días después, esta vez sin fianza, hicieron levantar sospechas sobre su actuación judicial y su propia persona. Cuando se descubrió que había sido objeto de numerosos expedientes disciplinarios, las piezas parecían encajar en el puzle de un juez desestabilizado, algo no extraño en los juzgados madrileños de plaza de Castilla, donde se le llegó a comparar con su compañera Coro Cillán (el lector la descubrirá en otra parte del libro), cuya presencia, ya fuera en forma fantasmal o física, algunos veían todavía deambular por los pasillos de los juzgados tras ser expedientada y expulsada por el caso Moma.

Pero también son muchos los ciudadanos que han visto en el caso una mano negra contra un sencillo juez que quiso hacer justicia. Hablan de «iniquidad», de que mientras Blesa se encontraba en libertad («pudiendo destruir pruebas»), el juez que lo investigaba fuera imputado y suspendido cautelarmente. No entienden que el caso de corrupción «de más calado de la historia reciente de España» lleve camino de quedar impune. ¿Por qué se declararon nulos los 8.777 correos electrónicos sobre las conexiones, la red, la trama, que condujeron «al saqueo y la quiebra» de una de las cajas de ahorros más solventes y con más solera de España? Quienes afirman todo esto coinciden con los miles de ciudadanos que le votaron en las elecciones europeas, en las que tampoco el juez pronosticó que su causa se quedaría en el camino, sin permitirle entrar en el Parlamento Europeo, mientras que el verdadero voto del malestar lanzaría un proyecto nuevo de tinte igual de personalista que el suyo: Podemos.

Elpidio, del revés al derecho

Este juez nació en Granada el 15 de agosto de 1959. De sus orígenes, infancia y juventud poco se sabe, tan sólo que se aficionó al ping-pong y que a los dieciséis años se proclamó campeón de España juvenil y, por equipos, con el Soberano de Jerez. Y repitió título tres veces. El presidente de la Federación Andaluza de Tenis de Mesa, Rafael Rivero, le recuerda como un jugador muy ofensivo y luchador al que a veces le perdía el carácter. Prefería matar pegado a la red que esperar un fallo del rival devolviendo la pelota jugando al resto. Su intención era ser el número uno y lo consiguió; después de tantos reveses con la pala, abandonó ese deporte para estudiar Derecho.

Según el currículum que Silva ha publicado en varias redes profesionales, se licenció por la Universidad de Sevilla con premio extraordinario de licenciatura en 1986 y fue número uno de su promoción en la especialidad de Derecho Público. Después se doctoró cum laude en Cádiz. También se formó en la Université Panthéon-Assas (Paris II), en la Universidad de Cádiz y en la Università di Bologna, e incluso llegó a ejercer durante un mes como juez del Tribunal de Grande Instance d’Ajaccio (Francia). Posteriormente amplió sus estudios en la École des Mines de Paris (Centre de Sociologie de l’Innovation, CSI), en el Institut Cujas (París) y en el Centre de Recherches en Droit Administratif (CRDA). Asegura que habla cuatro idiomas.

Ingresó en la carrera judicial en marzo de 1991 por el turno de juristas de reconocido prestigio, un sistema que ideó el PSOE para introducir en la profesión a jueces que no fueran tan de derechas como los que había después de tantas décadas de dictadura militar (y de derechas). De hecho, él ha asegurado que por aquellas fechas era socialista. Sus primeros destinos fueron en los juzgados andaluces de Lora del Río (Sevilla), Aracena (Huelva), San Roque (Cádiz) y Ceuta.

En 2001 pidió el traslado a Las Palmas de Gran Canaria, siguiendo a su entonces mujer, una funcionaria de Prisiones que ocupó un cargo en la cárcel de Salto del Negro. Aunque su estancia en la isla como magistrado se prolongó sólo hasta 2005, dejó huella sin necesidad de pisar la playa (aunque no sabemos si era un habitual de la arenilla). Se le recuerda como alguien conflictivo y poco trabajador. Los conflictos con los otros magistrados de la Audiencia Provincial de Las Palmas se debían a su fuerte carácter, y los líos con el presidente del tribunal, a las constantes bajas que presentaba debido a unos supuestos problemas cervicales, junto a su demanda para que le proporcionaran una silla especial para su dolencia. Tampoco era querido por sus subordinados en el juzgado, que temían entrar solos en su despacho y sufrir sus «desprecios», según ha publicado la prensa local. Algo parecido le ocurrió años más tarde en el juzgado de Madrid. Pero de su paso por la capital grancanaria disfrutó de una isla formidable para los sentidos, como el del oído, que deleitaba con conciertos de música clásica en el Auditorio Alfredo Kraus, situado en una esquina de la entrañable playa de Las Canteras.

De Las Palmas de Gran Canaria pasó a la Audiencia Provincial de Cuenca. Allí estuvo otros cuatro años en los que siguió con su afición por las bajas médicas. Y en 2008 pasó al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, donde ha acabado, por el momento, su carrera judicial.

Además de ejercer la docencia en varias universidades, en su perfil en la red social Linkedin Silva enumera que entre sus especialidades se encuentran los delitos contra la Hacienda Pública, la prevención penal y administrativa frente a redes de fraude fiscal y la negligencia grave en el Derecho Penal Económico. Todo un bagaje jurídico para enfrentarse a un caso económico como el de Blesa. Pero mal aprovechado.

Del caso Blesa…

Sin el caso Blesa, Elpidio Silva no sería Elpidio Silva. Ahora su nombre, además de raro, suena. Antes ni eso; sólo se quedaba en raro. Pero con sus diligencias contra el ex presidente de la todopoderosa caja madrileña, el juez se convirtió en el primero que investigaba a un banquero por su actuación durante la crisis económica. Todo el mundo sabe que los banqueros son una especie difícil de pescar en los tribunales, porque el dinero los convierte en poderosos pulpos de muchos tentáculos, más aún Miguel Blesa, con una entidad bancaria a la que llegó de la mano de su ex compañero de colegio José María Aznar (presidente del Gobierno) y con la que repartió al PP todos los favores que recibió de él. Blesa presidió Caja Madrid desde 1996 hasta 2009.

No obstante, sostener que el error de Silva fue investigar a un banquero es mucho decir. Que el juez encarcelara dos veces a Blesa fue llamativo y muy popular, sin duda, pero también parece que poco judicial y más bien visceral. De hecho, la sentencia del TSJM que le ha condenado establece que metió en prisión al ex banquero por «motivaciones insólitas», que actuó con «absoluta falta de competencia» y adoptó resoluciones que constituyen un auténtico «disparate jurídico» (¿estaría pensando ya la Sala en enviarnos a Elpidio a las páginas de nuestra nueva antología?).

El caso Blesa se inició en 2009 cuando Manos Limpias presentó una denuncia contra el banquero y el ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por presunta estafa en la concesión de un crédito de 26,6 millones de euros por parte de Caja Madrid al Grupo Marsans. Silva abrió diligencias y luego acordó su sobreseimiento por falta de pruebas en febrero de 2010. Dos años más tarde, en junio de 2012, el juez reabrió la causa y se inhibió a favor de la Audiencia Nacional, que investigaba la fusión y salida a bolsa de Bankia (el banco que sustituyó a Caja Madrid). El juez Fernando Andreu rechazó el caso y se lo devolvió a Elpidio Silva, que decidió la reapertura.

En febrero de 2013, el juez Silva encontró por primera vez «indicios de criminalidad» en las «relaciones crediticias» entre Blesa cuando presidía Caja Madrid y Díaz Ferrán mientras fue consejero y estaba al frente del Grupo Marsans. Hasta ese momento, la investigación se había centrado en el crédito a Marsans y se había instruido en contra del criterio de la Fiscalía, que desde el primer momento pidió su anulación a la Audiencia Provincial. En mayo del mismo año, el magistrado imputó a Blesa por la operación de adquisición del City National Bank de Florida (CNB) en 2008 por un importe de 1.100 millones de dólares. Las supuestas irregularidades en la compra de la entidad bancaria estadounidense llevaron a Blesa a la cárcel en dos ocasiones.

La fecha que marcó un antes y un después en la vida del juez Elpidio José Silva fue el 16 de mayo de 2013. Ese día, tras admitir una querella de Manos Limpias, citó de urgencia a declarar a Miguel Blesa para que diera explicaciones sobre la adquisición del CNB. Después lo metió en prisión. Al poco, el juez dictaba un nuevo auto en el que decretaba que Blesa podía quedar libre si pagaba una fianza de 2,5 millones de euros, que el ex banquero hizo efectiva al día siguiente para salir de la cárcel.

Sin embargo, Blesa volvió a prisión el 5 de junio por orden del mismo juez tras obtener unos correos electrónicos que, a su entender, constituían nuevas pruebas referidas a un posible sobreprecio en la compra del CNB. La Audiencia Provincial de Madrid avaló esta decisión el 14 de junio, aunque cinco días más tarde anuló la investigación por convertir la concesión del crédito de 26,6 millones a Marsans en una «causa general» contra el ex banquero. En consecuencia, el tribunal dejó sin efecto todas las actuaciones judiciales, incluyendo la causa de la compra del CNB de Florida.

El 25 de julio de ese mismo año, el pleno del CGPJ suspendió a Silva durante 4 meses y 7 días y le impuso una multa de 600 euros por la supuesta comisión de dos faltas muy graves y otra grave en el ejercicio de sus funciones por hechos ajenos a la instrucción del caso Blesa. Tras cumplir la sanción, el juez decidió abstenerse en el caso debido a la querella que la Fiscalía había presentado contra él y que le llevó a juicio bajo la acusación de dos delitos contra la libertad individual y uno de prevaricación con respecto a su actuación en la investigación sobre el ex presidente de Caja Madrid.

Es posible que en otro asunto quizá hubiera pasado inadvertida su forma de proceder, pero al tratarse de un poderoso (recuérdese aquí a Quevedo y su letrilla satírica «Poderoso caballero es Don Dinero»), el poder próximo al PP no perdió tiempo en diseccionar la actuación del juez y concitó la opinión unánime de que ésta fue, cuando menos, singular: citar a un imputado nada más admitir a trámite una querella para que comparezca ante él ese mismo día de forma urgente. También las expresiones empleadas para fundamentar el auto de prisión causaron sorpresa en el mundo judicial. Sin olvidar los dos autos consecutivos que dictó el mismo 16 de mayo: uno enviando a Blesa a prisión y otro decretando su libertad bajo fianza.

En estos autos el juez recurrió a llamativos símiles catastróficos para explicar la conducta «aberrante» del banquero: «Ante la presencia de un tsunami no existe peor o mejor tumbona para pasar la tarde tomando el sol» y «aquí la tormenta perfecta no dependió de constantes climatológicas». La guinda la puso la Audiencia de Madrid, al reprocharle que hubiera copiado de la Wikipedia para basar sus argumentaciones. Chocaba, sin duda, con el perfil de gran jurista con estudios en varias universidades europeas. Y que aparentemente acabara como si fuera un estudiante rezagado que acude a internet en su último recurso para terminar un trabajo o que se sacude de encima todo tedio investigativo para acabar cuanto antes.

… Al caso Silva

Como ya hemos relatado, el 19 de junio de 2013, pocos días después del segundo ingreso en prisión de Blesa, la Audiencia de Madrid anuló la investigación al ex banquero por convertir la concesión del crédito al Grupo Marsans en una «causa general». Ni la crisis en Estados Unidos ni en la eurozona en 2010, ni la gestión bancaria nefasta podían servir, como hizo el juez, de argumentos para reabrir la causa de la compra del CNB de Florida. Los magistrados subrayaron también la «desproporción y desconexión» entre el objeto del proceso y los argumentos de Silva, a quien responsabilizaron de «tan desacertado proceder», que dio lugar «a una causa en la que lo menos relevante» era «el concreto hecho denunciado».

Además de recurrir la prisión del ex banquero, la Fiscalía inició una ofensiva contra el juez, que se defendió denunciando una campaña contra su persona en la que implicó al mismísimo presidente del Poder Judicial y del Supremo, Gonzalo Moliner, por haber dicho en declaraciones públicas que confiaba en que el expediente que se instruía en esos momentos contra el juez «llegara a buen fin», un comentario que fue posterior a que el alto tribunal hubiera anulado otras sanciones anteriores. Silva también se querelló, sin éxito, contra el magistrado que instruía su expediente.

En plena polémica sobre el asunto, el diario El País publicó que Silva había sido condenado por otro juez de plaza de Castilla a pagar 7.115 euros por las rentas que debía a la inmobiliaria familiar que le alquilaba un piso en la Gran Vía. El proceso (de desahucio por falta de pago) terminó con el juez desalojado de su casa y declarado en rebeldía. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid del 25 de septiembre de 2009 condenaba al juez Elpidio por «constar acreditado el impago de las rentas y la existencia de la deuda», según publicó el periódico. Pero Elpidio Silva asegura que todo eso era mentira y formaba parte de una campaña de desprestigio contra él.

El CGPJ suspendió cautelarmente a Silva tras la decisión del TSJM de abrirle juicio oral después de querellarse contra él la Fiscalía por un delito de prevaricación, dos contra la libertad individual y uno de retardo malicioso en la Administración de Justicia en el caso Blesa. Durante la instrucción de esta causa, Silva consiguió hasta en tres ocasiones posponer sus interrogatorios. Finalmente, el juicio comenzó en abril de 2014. Tan sólo pudieron celebrarse cuatro sesiones de vista oral debido a una clara estrategia del magistrado para retrasarlo todo lo posible a la espera del resultado de las elecciones europeas del 25 de mayo de ese año. Para ello renunció a su abogado y luego recusó a varios magistrados del tribunal. Consiguió su objetivo: esperar al resultado de las urnas. El Movimiento de Renovación Democrática Ciudadana (RED) que encabezó logró 105.155 votos; muchos sin duda para un juez, pero insuficientes para ser eurodiputado.

Visto para sentencia el juicio antes del verano, el fallo del tribunal se conoció el 6 de octubre de 2014: 17 años de inhabilitación como juez por un delito de prevaricación continuada en concurso con dos delitos contra las garantías constitucionales por la indebida privación de libertad de Miguel Blesa y del ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. La sentencia aseguraba que el juez formó un tándem con Manos Limpias que produjo una quiebra de su imparcialidad. A Silva «le importaba poco la ley» y dirigió «una operación judicial de corte inquisitorial a fin de descubrir cualquier cosa que pudiera imputarse» tanto a Blesa como a Díaz Ferrán.

La sentencia salió adelante con el voto a favor de la condena de los magistrados Eduardo de Urbano Castrillo y Jesús María Santos Vijande, ya que el presidente del tribunal y ponente de la resolución, Arturo Beltrán Núñez (un duro y respetado magistrado que protagonizó varios enfrentamientos verbales con el juez acusado durante el juicio), defendió su absolución al considerar que, aunque erróneas, sus decisiones no fueron prevaricadoras.

La sentencia ponía fin a más de dos décadas de carrera judicial de Elpidio Silva; teniendo en cuenta que la condena de 17 años de inhabilitación le llega con cincuenta y cinco años, supone en la práctica su expulsión de los juzgados y tribunales españoles, porque sitúa su eventual regreso, después de cumplir condena, en los setenta y dos años (cuando ya estaría jubilado).

Un personaje de novela

A lo largo de su trayectoria judicial, Silva ha sido expedientado en numerosas ocasiones por el Poder Judicial, pero las sanciones que han recaído sobre él han sido anuladas luego en el Supremo por una cuestión técnica: el tiempo que se tardaba en instruir el expediente (el lector podrá empaparse de esta problemática en otras partes del libro). El Poder Judicial había abierto una carpeta con el nombre de Elpidio José Silva en el año 2005 y que desde entonces no había dejado de llenarla con denuncias sobre supuestos trastornos psíquicos, desatención del juzgado, falta de motivación de sus resoluciones…

Aun así, lo cierto es que el juez seguía al frente de un juzgado de instrucción.

En La justicia desahuciada, el libro sobre el caso Blesa que Elpidio Silva se atrevió a publicar en mitad de la causa y pendiente de su juicio, el propio magistrado afirma que cuando reinició la investigación sobre el ex presidente de Caja Madrid los expedientes comenzaron a sobrevolarle por hechos que incluso ignoraba. «Asediaban al juez como el calor del estío cuando supera los cincuenta grados centígrados y el viandante ya no sabe si el sofoco proviene del cielo, del suelo o de los muros circundantes», escribió.

Como vemos, Elpidio no es sólo un literato, sino también un auténtico personaje literario. Al menos así se autodefine. En la instrucción del caso Blesa se convirtió en el señor Josef K. de El proceso de Kafka. Y, como buen personaje, tiene varias aristas: un tipo culto, apasionado de la música clásica y amante de la literatura, como demuestra en las citas literarias que le gusta endiñar por aquí y por allá. Como escritor ha publicado dos libros de poesía, Memoria inconjugable (finalista del Premio Adonáis) y Memoria del olvido, en los que él mismo dice que desarrolla una poesía simbolista y cosmológica, entroncada con la Radical Language de la Escuela de Chicago. Y tiene pendiente de publicación dos novelas (Bernabé y Al norte sin derrota) y un libro de haikus (Simulacros), según cuenta también.

El propio Silva se presenta, asimismo, como sofrólogo (que practica la relajación inspirada en la hipnosis y el yoga), experto en psicología de la autorrealización y en psicoterapia transpersonal (Gestalt, sistémica, transaccional, focusing o eneagrama), así como en prácticas y sistemas de meditación. También se considera un «profundo conocedor» de las culturas andinas y de los sistemas interculturales en el ámbito criminógeno.

El escritor y erudito Robert Graves, el de la famosa novela Yo, Claudio y el británico más mallorquín que conocemos (residió en Deià durante gran parte de su vida), sostuvo en su estudio del mito de la caja, en su celebrada obra Los mitos griegos, que frente a la interpretación del nombre de Pandora como «el regalo de todos», en realidad su significado es «la que da todo», una opinión que encaja mucho más con la Caja Madrid de Blesa. Aunque ese todo, según se descubrió más tarde, fuera sólo para unos pocos, entre ellos los directivos y consejeros que disfrutaban de las tarjetas opacas. Seguro que Silva y Caja Madrid no han puesto el punto final a este nuevo mito de Pandora, el de la caja de los males.

Elpidio, el que nunca pierde la fe y la esperanza (significado en griego de su nombre), confía en que el Supremo anule su condena. La Justicia también es un laberinto de espejos. Que uno de los tres magistrados que dictaron el fallo entendiera que no prevaricó deja abierta la puerta de su hipotético regreso a la judicatura. Aun así, todo parece indicar que su condena ha cerrado el círculo de su biografía judicial, la única que nos interesa a los autores de este libro. «Para escribir novelas policíacas conviene saber cómo se dispara un revólver», decía el escritor de novela negra Dashiell Hammett, como bien le gusta recordar al protagonista de esta historia. Y para ser juez de instrucción conviene saber cómo se siente un condenado. Descanse en paz, judicialmente hablando, el juez Elpidio José Silva.

CARLOS DÍVAR: A DIOS ROGANDO Y… POR AHÍ, VIAJANDO

José Luis Rodríguez Zapatero, un hombre taciturno y no muy comunicativo, miraba en silencio por la ventanilla del avión presidencial meditando una decisión mientras dejaba pasear sus pupilas por entre las nubes. Acababa de ser reelegido presidente del Gobierno y quería impulsar una renovación institucional, es decir, que se reflejara en determinadas sedes la mayoría parlamentaria que acababa de salir de las urnas.

Muy especialmente, quería zanjar cuanto antes el problema del bloqueo en la elección de un nuevo presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ. Para poder hacer ese nombramiento antes había que designar a los nuevos veinte vocales de la institución que gobierna a los jueces y magistrados españoles, el ya citado CGPJ. Ellos son los que, al menos formalmente, eligen a su presidente (en la práctica, lo acuerdan los principales partidos políticos).

Para la presidencia del Supremo, Zapatero buscaba una figura de consenso… o eso suponemos. Y decimos que eso suponemos porque, como creemos que su decisión final escapó a las reglas de la lógica, es difícil deducir de los hechos cuál era su auténtico propósito. Puede incluso que Zapatero, político tachado de autista y amigo de desconcertar a propios y extraños, buscara sorprender, una vez más.

Pues lo consiguió.

Cuando llegó el momento de aterrizar, la decisión ya estaba tomada. Carlos Dívar, magistrado y presidente de la Audiencia Nacional, sería el nuevo presidente del Tribunal Supremo. Con esta propuesta conseguiría salvar el bloqueo (propiciado por los populares) en la renovación del órgano de gobierno de los jueces mediante una maniobra genial: el líder de la oposición, Mariano Rajoy, no podría oponerse. Dado el carácter conservador de Dívar, su perfil inofensivo para la derecha debía ser el último empujón a una cuestión que estaba ya madura. Hacía casi dos años que el PP obstaculizaba la renovación del CGPJ (de este modo todavía conservaba en su seno una mayoría cercana a sus postulados ideológicos encabezada por el presidente en funciones, el hoy fallecido Francisco José Hernando) en espera de unas elecciones generales que ya se habían celebrado, con una nueva victoria socialista. Después de los comicios se había venido desarrollando una negociación en las Cortes que había alcanzado un statu quo aceptable por ambas partes en muy diferentes ámbitos relativos a nombramientos y legislación. Y ahora el PP sabía que no podía pretender mantener en el CGPJ una mayoría que, por segunda vez consecutiva, le habían negado los votantes en las Cortes. Con su jugada, Zapatero se lo ponía fácil.

El caluroso verano madrileño no consiguió aplastar la serena alegría que anidó en el corazón de nuestro estadista. Una vez más, había dado un giro inesperado a los acontecimientos.

Y una tarde de julio de 2008, en la Moncloa, se lo dijo a Rajoy. Así, de sopetón. Y Rajoy, a pesar de que algunas malas lenguas lo consideran un hombre tentado por una indolencia muy atlántica, abrió inusitadamente sus ojos y tardó en cerrarlos tanto como le costó normalizar el gesto de sus cejas. No. No podía oponerse.

Y sí, desde luego, el candidato reunía condiciones para sorprender a todo el abanico de figuras públicas, al menos a todas las situadas por debajo de la Virgen de Fátima, a quien reza habitualmente Carlos Dívar, y de María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Ejecutivo de Zapatero. Tal vez el presidente pensó en él favorablemente porque Dívar en ocasiones había dado muestras de firmeza contra determinados intereses políticos y mediáticos; por ejemplo, cuando, tras los atentados cometidos aquel trágico 11 de marzo, exigió a quienes se entrometieron en la actuación judicial que dejaran trabajar en paz a la Justicia y no metieran prisa para dar salida a las autopsias. Pero más allá de anécdotas puntuales, Dívar era, fundamentalmente, un juez de instrucción de la Audiencia Nacional. Lo cierto es que como juez de instrucción había sido ordenado, sereno y de trato fácil, y había dirigido sumarios con un alto índice de condenas para los imputados, cosa que no podían decir muchos de esos jueces estrella que poblaban el universo de la Audiencia Nacional. Después de décadas en esa función, alcanzó el grado de presidente de aquel tribunal y supo contentar básicamente a los dos principales partidos, aunque sin abandonar sus postulados ideológicos conservadores, y sobre todo muy religiosos; postulados, por otra parte, menos manifiestos en la lucha contra el terrorismo propia de aquel tribunal de lo que podrían haberse revelado en otros puestos, los cuales nunca había desempeñado pero a cuyos ocupantes iba a dirigir ahora, léase, por ejemplo, a los magistrados del Supremo.

En efecto, Dívar era un buen juez en la Audiencia, pero no tenía categoría de magistrado del Supremo, no había puesto sentencias, no había publicado estudios jurídicos, no tenía un especial prestigio como jurista entre sus iguales y, mucho menos, entre los jueces de la alta instancia que iba a presidir. Su bagaje no parecía suficiente y, en consecuencia, a la élite judicial le resultó difícilmente aceptable que candidatos que habían figurado en las quinielas durante la extensa negociación entre socialistas y populares en las Cortes, como Juan Antonio Xiol (jurista de extraordinario prestigio y actual magistrado del Constitucional), entre otros, se vieran desplazados por el tapado de Zapatero, alguien aceptable para la oposición pero mal visto por las filas de la mayoría.

De este modo, y mientras algunos aludían a Mariano Fernández Bermejo, el entonces ministro de Justicia (y también prestigioso jurista), como Mariano Fernández Perplejo, por su desconcierto ante la decisión del presidente, otros hacían circular por despachos y pasillos del Supremo un telegrama: «Te juro por la memoria de mamá que a Cirilo lo han hecho ministro» (la anécdota es del periodista Checho Yoldi, premiado por haber destapado el caso que llevó a la dimisión de Dívar). Entre bromas y estupefacción, los magistrados luchaban por creer que la propuesta de Zapatero era cierta, y el texto con el que en 1957 un hermano de Cirilo Cánovas notificaba a su hermana que, por más increíble que resultara, Franco había decidido incluir a Cirilo en su octavo Gobierno y como titular de Agricultura, expresaba a la perfección el sentir mayoritario de los altos magistrados.

Entretanto, en los medios de comunicación el nombramiento de Dívar fue acogido no sin sorpresa, pero sin un ánimo especialmente crítico; a fin de cuentas este hombre, que ya por entonces era un curtido viajero, parecía hacer honor a la frase de Cervantes, aquella que decía más o menos que andar caminos y conocer gentes hace a los hombres prudentes.

Sin embargo, quienes le conocían sabían ya lo que a estas alturas sabemos todos, que Dívar también es apasionado; que es reservado pero capaz de abrir portadas de periódicos, webs o informativos en radio y televisión; que es un juez de instrucción sistemático, pero que también llegaría a ser un presidente del Poder Judicial con alegría en el bolsillo (el público); que es un hombre religioso pero también amigo de según qué placeres; que es, en suma, un hombre peculiar.

Cuando uno se encuentra a un hombre así, contradictorio, tiende a pensar que una de las dos caras es falsa. Y a veces esa conclusión es errónea, algo que precisamente sucede en este caso. Porque tratándose de Dívar, ninguna de las dos vertientes del personaje es impostada.

Los dos Carlos Dívar son igualmente auténticos.

Por un lado está la biografía de un hombre nacido en una familia de juristas, que cursó estudios de Derecho en Deusto, que ejerció brevemente como juez en el País Vasco antes de recalar en la Audiencia Nacional, que presidió este tribunal desde 2001 y que durante décadas realizó una labor seria que lo convirtió en objetivo de los terroristas de ETA en más de una ocasión. Por otro lado está el presidente de una importante institución que no supo contener su impulso… frívolo, ni dar a tiempo las explicaciones debidas.

También es cierto que Dívar tuvo mala suerte. No siempre, es verdad, porque cuando estaba en la Audiencia se libró de un coche bomba de ETA que le esperaba en su recorrido habitual al decidir inopinadamente cambiar su ruta, algo que él siempre agradeció a la Divina Providencia. A esa Divina Providencia le rezó al conocer su nombramiento y lo mismo les pidió que hicieran a cuantos le felicitaron, pero no debieron de hacerle caso o ésta no les escuchó. Porque durante sus casi cuatro años (desde septiembre de 2008 hasta junio de 2012) al frente del Poder Judicial, Dívar debió de sentirse solo. No estaba entre iguales. Y porque el final que tuvo, obligado a dimitir en medio de una humillante tormenta mediática, se parece bastante a un martirio.

Es cierto que muchos de los que al final le dieron la espalda le defendieron en un primer momento, cuando fue denunciado y ya era evidente que se había gastado miles de euros públicos en viajes, hoteles y cenas que no podía justificar en razón de su cargo. Para empezar, una mayoría de los vocales conservadores del CGPJ que él presidió. Éstos no sólo le apoyaron, sino que también dificultaron el acceso público a los expedientes de viajes que acabaron por desatar el escándalo. Y luego le aconsejaron pésimamente, pues tal vez hubiera sido más fácil haber asumido desde el principio los hechos y haber salido del cargo, si no por la puerta grande, al menos no por la de atrás y agachando la cabeza, después de que absolutamente todo el país, empezando por la Corona, quisiera evitar que lo fotografiasen en su compañía. Sí, la Corona. Uno de los momentazos del escándalo Dívar tuvo lugar el 18 de junio de 2012, días antes de que se despidiera del puesto, cuando el rey Juan Carlos, que en tres décadas sólo había faltado en una ocasión, y por razones médicas, a la apertura del año judicial, excusó la instantánea junto al todavía presidente del Supremo y le dejó el marrón de acudir a la ceremonia al heredero de la Corona y actual titular de la misma, Felipe VI, que se mostró, por así decirlo, frío junto a quien ya era un bonito cadáver político/judicial.

Todo había estallado cuarenta días antes, a raíz de la denuncia de un vocal nombrado a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, José Manuel Gómez Benítez. El día 7 de mayo de 2012, Benítez presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra Dívar por considerar que podría haber cometido un delito de malversación de caudales públicos al haber cargado al presupuesto de la citada institución casi 6.000 euros, gastados en viajes privados a Puerto Banús (Marbella) y en restaurantes de la misma localidad malagueña. El denunciante defendía la austeridad en las instituciones públicas (los recortes se aplicaban con soltura a los españolitos de a pie mientras el país se situaba al borde del rescate) y exigía un examen detenido de aquellos viajes en los años 2010 y 2011. De hecho, quería someter a examen otra serie de viajes a cuyos expedientes no había tenido acceso. Pronto el mismo vocal amplió la denuncia a un total de 20 fines de semana y a gastos por valor de casi 13.000 euros del ala.

Y eso que Dívar no pudo ir a África; según informó El País, quería desplazarse con sus escoltas a Costa de Marfil, en abril de 2012, para… preparar un congreso de jueces de lo contencioso-administrativo que, un tiempo más tarde, habría de celebrarse en Madrid. Sí. El presidente del Supremo en Costa de Marfil para preparar un congreso de lo contencioso a celebrar en Madrid. Con un coste de casi 14.000 euros. Y al aguafiestas de Benítez le pareció mal.

En fin. Con datos como éstos, convendrá el lector en que ya desde aquel primer momento pareció claro que, al margen de cómo terminara el asunto y de las respetables convicciones religiosas de cada cual, a Dívar le gustaba vivir como un cura. No obstante, cierto es que con el estallido del escándalo el líder del Supremo compensó el no haber firmado nunca sentencias estableciendo una nueva jurisprudencia: la semana caribeña para presidentes del CGPJ, cuya jornada debía extenderse de martes a jueves; o las minivacaciones, que también de ésas hubo, como por ejemplo, el viaje a Latinoamérica por 40.000 euros en compañía de su equipo de confianza.

Lo que se desató más tarde forma parte de las hemerotecas y, visto en la distancia, no es sino un camino inevitable hacia la primera dimisión de un presidente del Tribunal Supremo en su historia. El número de viajes que la investigación de Gómez Benítez fue destapando creció hasta arrojar un total de 32 excursiones de fin de semana, 20 de ellas a Marbella, con gastos y comidas, además de hoteles de cuatro estrellas, por un total de más de 28.000 euros, cargados al presupuesto del CGPJ.

Se sucedieron los titulares acusatorios y las situaciones incómodas. Por ejemplo, el presidente del Supremo tuvo que compartir mesa y micrófono con el fiscal general del Estado, el mismo Eduardo Torres-Dulce que en pocos días debía decidir si era o no un delincuente. Se abrió la guerra interna en el propio órgano de los jueces, y mientras unos vocales le defendían y sostenían duros enfrentamientos con Gómez Benítez, para quien la mayoría de los vocales conservadores llegaron a pedir la dimisión, otros —inicialmente sólo cinco— solicitaron su renuncia desde un primer momento, cuando todavía el PP (el PSOE se desmarcó desde un primer momento) trataba de frenar su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

El fiscal general Torres-Dulce, primero, y el propio Tribunal Supremo, más adelante, descartaron cualquier atisbo de delito en la conducta de Dívar (es decir, en ningún caso hubo malversación), pero eso no restó mácula a la estética del asunto. Quizá animado porque se hubiera despejado su horizonte penal, el 31 de mayo Dívar compareció ante los medios y se defendió como pudo, negando la mayor; dijo que no se planteaba la dimisión. Sin embargo sus excusas se caían por sí solas o, lo que es peor, eran desmentidas por alcaldes o presidentes autonómicos: los de Marbella y Málaga o Miguel Ángel Revilla, el ex presidente de Cantabria, desmontaron sus coartadas para explicar algunos de sus viajes, que pretendió camuflar como desplazamientos por razones de su cargo (bueno, también quería ir a Costa de Marfil a lo del congreso contencioso…). En fin, su situación resultaba patética o, en otras palabras, insostenible. Hasta el PP dejó de defenderle y, mientras, las presiones fueron arreciando con la citada fecha del 18 de junio de 2012, día de la apertura del año judicial, como la espada de Damocles. Pero Dívar se resistía a dimitir, como se había resistido inicialmente a ningún control sobre sus viajes, como se había resistido a reconocer el error o como evitó siempre que pudo dar explicaciones a la prensa, más allá de la negativa en redondo. Ya daba igual que el Supremo le exonerara, porque en boca de todo el país, empezando por los tertulianos, corrían los detalles escabrosos sobre los hoteles y los spa, los escoltas y las escapadas de fin de semana. Nadie le defendía. En un pleno forzado por sus cinco vocales más críticos hubo una mayoría que no le apoyó. Y entonces anunció una decisión «contundente» que se hizo visible el 21 de junio.

«No tengo conciencia de haber hecho nada malo, pero la situación es insostenible», les dijo a los mismos vocales que le habían convertido por unanimidad en presidente, siguiendo las instrucciones de los líderes políticos, unos años antes. Así explicó su dimisión. Tenía setenta años y su vida pública estaba terminada. ¿Terminada, hemos dicho? Nooo…

Dívar tuvo que ponerle la guinda al pastel y reclamó una indemnización de más de 200.000 euros a modo de compensación por los dos años de mandato que no había cumplido. No, Dívar, no. Va a ser que no, le dijeron sus ex compañeros del CGPJ. Te la vamos a negar, así que más vale que renuncies y te quedes con la jubilación que te corresponde. Y eso fue lo que hizo. Bueno, eso hizo, renunciar a la indemnización, y también devolver casi 3.000 euros de gastos que no pudo justificar. Pero el dinero, aunque hubiera encontrado el modo de endosar el resto de la cantidad gastada viajando por ahí, era lo de menos. Simplemente, todo aquello había sido demasiado para Dívar.

JUECES SIN VENIA: ARCE LANA Y OTROS RETARDADOS

Marvin Harris, un famoso antropólogo, tituló uno de sus libros (ya convertido en un clásico) Vacas, cerdos, guerras y brujas. Pues eso. Más o menos así está el subsuelo de la carrera judicial. Las capas medias están habitadas por una gran mayoría de personas, más mujeres que hombres, esforzadas y que, mejor o peor, hacen su trabajo como pueden. Es una labor difícil para la cual no están preparados aun habiendo ganado unas duras oposiciones. Más arriba se encuentra la cúpula judicial, ocupada por unas decenas de hombres, muchos de edad más bien provecta, y algunas pocas mujeres que van entrando en el Olimpo, todos con un gran conocimiento del Derecho, qué duda cabe. Y por debajo está un grupo desastroso, ellos y ellas. Un colectivo de tal vez no más de cien jueces sobre cinco mil, sin venia para hacer lo que hacen. Jueces vagos, con mucha frecuencia, pero a veces también jueces arbitrarios e injustos, autoritarios, incluso sucios (algún caso hay de sanción por falta de higiene). Jueces que dejan, por ejemplo, que les crezcan los montones de sentencias pendientes de resolución encima de la mesa del despacho y las observan como quien ve florecer los almendros en primavera, con una sonrisa idiota, como si no supieran que entre esos legajos hay personas cuyas vidas han quedado suspendidas en espera a que cumplan con su responsabilidad.

Como Manuel Arce Lana.

Este magistrado acumula en su haber un buen número de sanciones y unas cuantas marcas muy competitivas en la carrera hacia el desastre. Por ejemplo, en 2010 el servicio de inspección de la Audiencia Nacional descubrió que el angelito había acumulado más de quinientos asuntos pendientes en un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de este tribunal. Ante las sospechas de que estaba generando un atasco monumental, el presidente del tribunal ordenó a su servicio de inspección que examinara la situación del juzgado y descubrió que la cosa era peor de lo que parecía: 546 asuntos pendientes de sentencia.

Aquello derivó en una sanción de suspensión que implicó la pérdida de su destino, o sea, que le echaron de la Audiencia Nacional. Total, nada. Sólo hubo que repetir más de doscientos juicios porque no podía ser diferente el juez que pusiera la sentencia del juez que los había juzgado.

¿Acaso estamos ante un episodio aislado? Para nada. Manuel Arce Lana es un hombre constante en sus hábitos y no tiene por costumbre darse prisa en resolver sus causas. Antes de batir el récord de retrasos en la Audiencia Nacional ya había sido suspendido por dejación de sus funciones. Lo sancionaron con 3 meses de suspensión, aunque el Supremo suspendió, a su vez, la pena porque su tramitación en el órgano disciplinario de los jueces fue demasiado lenta.

Además, Arce Lana también había conseguido librarse del expediente de jubilación forzosa que se tramitó contra él. Esto último, hay que decirlo, no es mérito suyo, porque el Estado evita por todos los medios incrementar las clases pasivas con funcionarios como él, por más que haya motivos para dudar de que estén en condiciones… óptimas; dicho de otra forma, el Estado prefiere que los sufra el desgraciado usuario de la Justicia que pagarles la pensión. En todo caso, por lo que respecta a Arce Lana, hasta el momento no hay por qué dudar de su capacidad…, al menos no expresamente.

De lo que sí cabe dudar es de su voluntad.

Porque cuando regresó a sus funciones tras los meses de suspensión impuestos por sus retrasos en la Audiencia Nacional, volvió a ser sancionado en su nuevo destino.

En efecto, así es. Como suena. En noviembre de 2012, cuando estaban a punto de expirar los 3 meses de suspensión, el CGPJ tramitó su regreso a la carrera judicial y le dio plaza en Barakaldo (Vizcaya). Así que… a Barakaldo se fue don Manuel. ¿Y cuánto tardó en hacerse merecedor de un nuevo expediente? Seis meses.

En marzo de 2013 se incorporó al juzgado de Barakaldo, y en octubre de ese año la Comisión Permanente del CGPJ le abrió expediente por nuevos retrasos, ya que acumuló en su juzgado más de doscientas sentencias sin dictar después de haber celebrado los juicios correspondientes. En febrero de 2014 el CGPJ cerró aquel nuevo expediente con otra sanción, esta vez 9 meses de suspensión y la correspondiente pérdida de destino, que hubo de ocupar un juez sustituto, lo que obligó una vez más a repetir cientos de juicios por su irresponsabilidad.

En el momento de cerrar esta edición, a los autores nos resulta imposible determinar qué nuevo destino judicial ocupará Arce Lana cuando cumpla esta nueva sanción. Confiamos en que cambiará y se convertirá en un funcionario modelo… pero no del todo.

De modo que quizá no sea una buena idea caer en su juzgado, pero… cuidado, amigo lector, que hay sitios peores. Dice un proverbio chino que el hombre que se ahoga se aferra a la serpiente que nada, así que vigile, porque aunque hayamos elegido a Arce Lana como ejemplo, son unos cuantos los que hay como él o parecidos.

Así, sin salir de la Audiencia Nacional, vemos el caso del magistrado Guillermo Ruiz Polanco, que en 2004 fue sancionado por el CGPJ con una suspensión de 1 año por desatención y retrasos injustificados que llevaron a la excarcelación de un etarra. Anteriormente, Polanco ya acumulaba otra sanción de 6 meses de suspensión en sus funciones por la excarcelación de varios supuestos miembros de la banda terrorista.

Son éstos ejemplos de sanciones a jueces por retrasos que se suman a algunos otros que ya hemos contado y a muchos que nos ahorramos, porque nosotros también nos sentimos perezosos algunas veces.

CORO CILLÁN, DE GUATEQUE EN LA DISCOTEQUE

Coro Cillán es una persona original que ha tenido muy mala suerte o muy mal criterio; posiblemente, lo segundo. Porque para ser condenada por prevaricación cometida al conceder de la manera más burda la administración de una discoteca intervenida judicialmente a un amigo, hace falta estar muy ciega. O sea, tener muy poca vista. Para cualquier observador objetivo, el final del asunto estaba cantado: condena para la jueza a bastantes años de inhabilitación.

La jueza Coro Cillán ha destacado en la historia judicial reciente por haber sido expedientada por retrasos en San Sebastián, por haber tratado de resucitar el sumario de los atentados del 11-M y por haber sido condenada por prevaricación en relación con su administración irregular de la discoteca madrileña Moma. No está mal.

La más gorda de las que ha liado Cillán o, por lo menos, la definitiva, es la más reciente, la que en la práctica ha supuesto su expulsión de la carrera judicial, pues resulta difícil recuperarse de 15 años de inhabilitación, que es la sanción que le impuso el TSJM. El Tribunal Supremo confirmó esa condena por haber actuado como si del patio de su casa se tratara con la propiedad ajena; en este caso, la citada discoteca madrileña. Resumiendo, Cillán asumió indebidamente la competencia sobre un litigio entre algunos socios del local y nombró varios administradores con sueldos pagados por el erario público, entre ellos uno que fue identificado como amigo personal de la jueza.

Previo a este asunto, la magistrada se había convertido en una figura de éxito en algunos medios porque fue capaz, nada más y nada menos, que de reabrir el sumario del 11-M, al admitir una peregrina querella contra el jefe de los TEDAX en la que se le acusaba de ocultar y falsear pruebas sobre los terribles atentados que acabaron con la vida de 191 personas. Una querella que varias instancias judiciales habían rechazado anteriormente y que sólo vio la luz en el juzgado madrileño de Cillán. O sea, que fue la única magistrada capaz de asumir la tesis de la conspiración.

Aquella extraña decisión le permitió a Cillán mantenerse dos años en la lista de éxitos de según qué emisoras, que no es poco. En su Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid dio pábulo a conspiraciones y bulos, mochilas desaparecidas y TNT mágica, dragones y orquestas, políticos capaces de matar a personas inocentes pero no del todo, y terroristas vascos con chilaba; cualquier cosa. Todo ello patético si no fuera trágico. Interrogó a funcionarios policiales que a buen seguro tenían cosas mejores que hacer que darle explicaciones a una futura prevaricadora, a gente de RENFE, a peritos, a miembros de la Policía Científica; y todo para, como decía Marx (Groucho), alcanzar las más altas cimas de la miseria partiendo de la nada. Y cuando decimos miseria queremos decir justamente eso.

La pantomima terminó cuando la Audiencia de Madrid le puso fin o, para ser más exactos, cuando el Supremo acabó con aquella extraña teoría que trataba de vincular a ETA y a los TEDAX con los atentados. El alto tribunal rechazó el recurso de la minoritaria Asociación de Víctimas del 11-M contra el archivo del asunto.

Pero Cillán no está sola. En el limbo de los jueces que ya no lo son hay muchos otros, magistrados expulsados de la carrera por asesorar a narcotraficantes o inhabilitados por su implicación en la corrupción marbellí, por citar algunos casos que no vamos a detallar.

Nos alegramos de que Cillán no esté sola en la orilla de los que no se merecen hacer justicia en nuestro país. Posiblemente deberían ser más, pero preferimos que sean todos los que están a que figure alguno que no se lo merezca. Llevados de ese espíritu compasivo, vamos a olvidarnos de unos cuantos que también se merecerían figurar aquí pero que hemos resuelto no nombrar, al menos, hasta el próximo volumen de esta antología. Tal vez.

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Vidas paralelas que nos dejan lelos

Que nos disculpe Plutarco (50-120 d.C.) por copiarle el título de su obra más conocida para el siguiente capítulo del libro. Lo hemos hecho, con permiso del biógrafo griego, con la intención de usar su idea a fin de emparejar a algunas de nuestras más brillantes figuras de la Justicia española y que, además, por designio de dioses o hadas, han alumbrado dúos casi perfectos, binomios judiciales que muchas veces han pasado del amor al odio con igual facilidad que ocurre en la vida misma. Son casos conocidos por el buen vulgo, como los del juez y el fiscal del caso Nóos, separados por una infanta de España; o el del juez Baltasar Garzón y su colega Juan Alberto Belloch. Hay muchos más, pero en este libro ya tenemos problemas de espacio.

En su Vidas paralelas, Plutarco emparejó a un famoso personaje griego con su contraparte romano. Aquí, por el contrario, no tenemos personajes de diversas culturas para contrastar, sino más bien de la misma, aunque, como verá el lector, se las gastan como si fueran de otro planeta. Como sabrá, el objetivo de Plutarco nunca fue histórico, sino de utilidad moral. El nuestro, en cambio, ni lo uno ni lo otro. No tenemos tantas aspiraciones y a buen seguro no pasaremos a la historia con el renombre del prócer griego, con lo cual, lo uno por lo otro, nos sentimos ajenos a toda deuda.

Plutarco pensó que la verdadera dimensión de los personajes se manifiesta en sus actos más nimios, de ahí que el autor fuera conocido como «el rey de la anécdota». Tan bien se documentó a la hora de trazar sus biografías que las apoyó en numerosas lecturas, de ahí que aún se tengan en cuenta sus textos como buena fuente informativa, aunque parece que su valor histórico es menor.

No nos gustaría acabar la introducción de este capítulo sin explicar que, si ya queda claro por qué hemos elegido el símil de las vidas paralelas, no lo tiene que quedar menos la causa de que le hayamos añadido la coletilla «para lelos». Como bien apunta nuestra Real Academia Española de la Lengua en su siempre útil diccionario, «lelo» se usa para definir a las personas en su carácter fatuo, simple y como pasmado. Y como pasmados hemos seguido los enfrentamientos entre jueces que hemos podido vivir a lo largo de nuestra carrera profesional, sobran ya más explicaciones de nuestras simples pretensiones. ¡Adelante el lector a… Vidas paralelas y para lelos!

CASTRO Y HORRACH: HASTA QUE LA INFANTA NOS SEPARE

Como expusimos en una crónica periodística, el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach han formado el más certero ariete contra la corrupción que se haya conocido en un país como el nuestro, con buenos doctores en la materia, pero sus posturas opuestas sobre la imputación de Cristina de Borbón abrieron una rivalidad entre ellos inexplicable en una pareja perfecta como la que formaban.

El enfrentamiento por defender cada uno su postura nos hizo recordar la existencia de una institución jurídica apropiada al efecto: el duelo judicial. En la Edad Media europea, las certezas judiciales se resolvían muchas veces mediante un combate regulado por el Derecho germánico en el que el ganador era proclamado poseedor de la verdad. El sistema, como comprenderán, nos suscita más de un argumento en contra; por ejemplo, sin ir más lejos, si tenemos en cuenta que uno de los combatientes pudiera ser una mole humana de los bosques de Teutoburgo y su contrincante, en cambio, un joven quebradizo del valle del Guadalquivir. El otro sistema que existía, el de la ordalía o juicio de Dios, tampoco nos convence: los reos eran sometidos a torturas, y si las aguantaban o no sufrían daños significaba que el poder divino estaba con ellos porque eran inocentes. ¿Cuántos seríamos los culpables si ardiésemos en una hoguera?

Lo único cierto es que, como en un duelo judicial o de combate de entonces, Castro y Horrach defendieron cuerpo a cuerpo su postura discrepante sobre la implicación de la Infanta en el caso Nóos: el juez quería llevarla a juicio por creer que estaba implicada en la trama de corrupción, pero el fiscal sostenía que no existía ninguna prueba contra ella.

Castro y Horrach habían formado un buen equipo en la lucha contra la corrupción en Baleares, pero seguro que no se esperaban que uno de los múltiples casos que desenmarañaban en el caso Palma Arena iba a afectar a un miembro de la Familia Real: Iñaki Urdangarin, duque de Palma.

Juez y fiscal unieron sus fuerzas en 2009. Su arma de asedio comenzó a romper las puertas de la corrupción del Gobierno popular de Jaume Matas. Y su trabajo en equipo culminó con un gran éxito. Todos los corruptos los temían por méritos propios. Crearon un binomio perfecto: un juez de fuera, afable y campechano, casi al final de su carrera judicial, con un fiscal de la isla, de buena familia y con futuro por delante; y ambos obstinados en el cumplimiento de la legalidad.

Pero en 2013 comienza su duelo judicial, también llamado juicio por combate en la Edad Media. Los dos espadachines de la corrupción siguen caminos distintos: el juez imputa a la Infanta y el fiscal recurre. El tono de su escrito agrava sus diferencias. Horrach dice que el juez se basa en «sospechas personales» y habla de teoría conspiratoria.

Ésta es, en definitiva, la historia de su enfrentamiento judicial.

De pieza en pieza

El caso Nóos es el origen del choque entre el juez y el fiscal. Aunque no podemos detallar todo este caso de supuesta corrupción (hasta que no haya sentencia firme no se puede prejuzgar la presunción de inocencia de ninguno de los imputados), estamos obligados a centrar el asunto.

La investigación judicial nació en el año 2009 cuando el fiscal Horrach revisaba carpetas del caso Palma Arena y los tejemanejes del presidente Jaume Matas. Su olfato le hizo detenerse en una carpeta medio vacía sobre la documentación que tenía el Gobierno balear de Matas sobre un tal Instituto Nóos, con el que había firmado varios convenios millonarios.

En principio, se trataba de una entidad sin ánimo de lucro que había presidido Iñaki Urdangarin, duque consorte de Palma por su matrimonio con la infanta Cristina. Urdangarin era un personaje de lo más atractivo y respetado en el país: había sido deportista de élite, alto, guapo, de buena familia vasca y con raíces en Cataluña. Se dijo que era el yerno perfecto.

Nacido en Zumárraga (Guipúzcoa) en 1968, Iñaki era ya muy popular entre los españoles cuando conoció a la hija del rey Juan Carlos I. Aunque vasco de nacimiento, vivió gran parte de su infancia y juventud en Barcelona, donde además inició su carrera deportiva en el balonmano. Formó parte del equipo del F.C. Barcelona hasta el año 2000 y fue miembro de la selección española desde 1986, siendo su capitán a partir del año 1998. Participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Sidney 2000, en los que España consiguió la medalla de bronce. Su palmarés habla en cifras: 53 títulos.

Cuentan las crónicas del corazón que fue Cristina quien se ligó a Urdangarin, a pesar de que el deportista tenía fama de ser un ligón. Ella tampoco se quedaba a la zaga, ya que se le atribuyeron varias relaciones con otros deportistas de élite. Parece que la Infanta se fijó en él en los Juegos Olímpicos de Atlanta y preguntó que quién era ese pedazo de rubio; después pidió su teléfono. El jugador entonces tenía novia, y ella no debió de olerse que Iñaki había iniciado otra relación, pero ésta en secreto, claro, de esas típicas de la Casa Real de las que nada se dice hasta que se anuncian oficialmente con aparición pública en la Zarzuela y sonrisa de enamorados. La relación fraguó en unos meses y el 3 de mayo de 1997 se anunció el enlace: Cristina e Iñaki representaban la pareja perfecta. El 4 de octubre se casaron y la familia comenzó a crecer hasta tener cuatro hijos.

Urdangarin había sido un buen deportista, pero no dejó los estudios. Se graduó en Empresariales, que completó con estudios en Administración y Dirección de Empresas en ESADE (Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas), con diploma de licenciatura y máster en Business Administration. En la famosa escuela de negocios hizo migas con un profesor llamado Diego Torres, un menorquín obsesionado con hacerse millonario.

Entrar en la Familia Real le abrió todas las puertas, no sólo las del deporte, en las que entraba por méritos propios, sino también las del mundo empresarial. En abril de 2001 fue elegido miembro del Comité Olímpico Español y en febrero de 2004, vicepresidente primero del citado organismo, a propuesta de su presidente, José María Echevarría, donde permaneció hasta septiembre de 2005, al finalizar el mandato de Echevarría.

Junto a Diego Torres ideó la empresa Nóos Consultoría Estratégica y el Instituto Nóos, un organismo sin ánimo de lucro que promovía la investigación sobre la gestión de actividades de responsabilidad social, patrocinio y mecenazgo. Sin ánimo de lucro, decía, pero cobraba un pastizal. La presidió durante dos años, hasta que la Casa Real le pidió que se apartara de esas actividades. Los negocios de Urdangarin habían comenzado a levantar suspicacias en muchos.

La pareja perfecta arrancó la convivencia marital en la avenida de Pedralbes de la Ciudad Condal, en un piso de lujo, pero modesto. Llevaba una vida normal, aunque dentro de sus mayores posibilidades: veraneo en Mallorca con los Reyes e invierno en Baqueira; los niños al Liceo Francés. Su situación económica podía permitirse todos estos gastos. Pero en 2004 la cosa comenzó a torcerse: la compra de un palacete en la zona alta de Pedralbes, el barrio elitista de Barcelona, donde tienen su residencia los multimillonarios, despertó sospechas. Llamó la atención en todo el país el poder adquisitivo de la pareja. A buen seguro que el mismo Pepe Carvalho, el detective creado por Manuel Vázquez Montalbán que tuvo que visitar más de una vez el barrio en sus investigaciones librescas, no hubiera tenido ninguna duda. Y menos cuando se supo que el coste del palacete había sido de 6 millones de euros, esto es, casi 1.000 millones de pesetas. Un caso sencillo hasta para su inseparable ayudante Biscuter.

Gracias a las pesquisas del fiscal Horrach, el juez Castro abre, el 22 de julio de 2010, una pieza separada del caso Palma Arena: la pieza número 25, sobre el Instituto Nóos. Es una investigación secreta. Lógicamente, la información llega a diversos afectados por los canales alambicados de la Administración. En Mallorca la información circula de boca en boca en sectores bien informados.

En su providencia, el juez pide información sobre los convenios firmados en 2005 y 2006 entre la Fundación Illesport, el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) —ambos dependientes del Govern balear— y el Instituto Nóos, presidido entonces por el duque de Palma. Castro requiere al Instituto Nóos que «acredite haber rendido cuentas de la inversión de los fondos recibidos para la ejecución de los referidos convenios y, en caso positivo, que aporte las correspondientes justificaciones».

Los convenios, firmados el 17 de julio de 2005 y el 17 de septiembre de 2006, sirvieron para crear el Illes Balears Forum, un encuentro internacional sobre deporte y turismo que pretendía convertirse en un observatorio permanente y mundial especializado en estas dos materias.

Pero antes de que el juez abriera diligencias, Urdangarin es nombrado delegado de Telefónica en Latinoamérica y Estados Unidos y presidente de la Comisión de Asuntos Públicos de Telefónica en Latinoamérica. Es el momento de llevarse a toda la familia a Washington. La salida de España del yerno del Rey parece organizada para poner tierra de por medio (o, si se prefiere, echar tierra encima) y evitar que finalmente el asunto salga a la luz.

Para entonces, el caso sólo estaba en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Pedro Horrach vio una carpeta sospechosa sobre el Instituto Nóos; apenas había justificantes de los pagos millonarios que recibió. Había gato encerrado. Al parecer, nadie quería soltar el gato y el fiscal notó las reticencias de sus superiores para abrir un melón que afectaba a la Familia Real. Pero ¿dónde te vas a meter?, seguro que alguien le dijo a Horrach. La misma advertencia que antes había recibido cuando todas las sospechas apuntaban al entonces todopoderoso Jaume Matas. Los aparatos del Estado suelen presionar de forma proporcional al poder del afectado. Y aunque normalmente la Justicia suele imponerse, a veces le cuesta.

Un escolta de don Juan Carlos recuerda, por esas fechas, cómo el monarca protagoniza, en un desplazamiento por Mallorca, una conversación telefónica muy tensa que tenía como objeto los negocios de Urdangarin. El asunto estaba en boca de muchos y había que buscar una salida. Aquella situación le estaba dando muchos quebraderos de cabeza. Al fin y al cabo, Iñaki era el marido de su hija Cristina.

El 11 de julio de 2011, Diego Torres, socio de Iñaki, presta declaración como imputado ante el juez. Puede decirse que el asunto pasa casi inadvertido. Es el vicepresidente de Nóos y niega cualquier irregularidad. Cuando trasciende la comparecencia, algunos periodistas van conociendo detalles de la declaración y lo que se traen entre manos el juez Castro y el fiscal Horrach: Urdangarin es la pieza siguiente.

En esta investigación hay un punto de no retorno: el 7 de noviembre de ese año, Anticorrupción registra la sede de Nóos y otras entidades en la capital catalana. Lo hace por sorpresa para la opinión pública, pero la cosa trasciende con rapidez y seguramente más de uno ya lo sabía. Algunos medios públicos de comunicación, en Barcelona y en Madrid, dudan en sacar la información porque saben que el asunto afecta a la Familia Real y es mejor subirse al carro que tirar de él: se corren menos riesgos y es más descansado. Sin embargo, desde Palma brillantes periodistas, apoyados en sus mejores fuentes, avanzan los primeros datos de lo que estaba pasando. La noticia es de gran calado, aunque la tibieza de algunas primeras informaciones pretende, en cierto modo, no beber del cáliz y pasarlo a otro. Lo último que se quiere son problemas con la Corona. Se registra la sede del Instituto Nóos en relación con el caso Palma Arena, una marca de corrupción que mancha todo lo que toca. ¡Ha estallado el caso Nóos!

Mientras en la Ciudad Condal Horrach dirige en persona el registro en las oficinas de una red de sociedades vinculadas al Instituto Nóos, la Policía hace lo propio con el domicilio particular de Diego Torres. En Valencia, los agentes también recopilan de las sedes de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) documentación sobre los contratos firmados con el Instituto Nóos.

Dos días después, la Casa Real expresa su respeto a las decisiones judiciales y el 11 de noviembre Urdangarin manda una nota a la Agencia Efe en Washington para defender su inocencia. Pero el 12 de diciembre es apartado de las actividades oficiales de la Casa Real. Una vez más se adelantan a lo que va a pasar: el 29 de diciembre el juez levanta al secreto del sumario e imputa a Urdangarin por evasión de impuestos, fraude fiscal, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

Castro I, el juez

No sabemos si el juez es republicano o monárquico, y posiblemente se haya cuidado mucho de no dejar pistas en los últimos años para quienes intenten resolver el dilema, pero lo cierto es que para nosotros, relatores de jueces estrella y estrellados, José Castro debería pasar a los anales judiciales como Castro I, el Juez. Y la fórmula que nos ha gustado, tras haber vivido un cambio de rey en España y también estudiado la interminable lista de monarcas de la historia peninsular, es la que más justicia hace a un magistrado que se ha convertido en el penúltimo juez estrella de los jueces estrella; ha marcado un hito en la historia de España (por lo menos hasta donde nos alcanza la memoria) al ser el primero en instruir una causa judicial contra un miembro de la Familia Real española, de la dinastía Borbón, reinante en el país desde 1700, aunque interrumpida durante algunos períodos históricos.

No nos atrevemos a diagnosticar cuánto ha contribuido su causa a la abdicación del rey Juan Carlos I, padre de doña Cristina, la imputada, pero no nos equivocaríamos si pensáramos que bastante. Ni siquiera podremos ponderar ahora en cuánto ha cambiado la imagen que los ciudadanos tenían de la Casa Real, pero creemos también que en mucho. Y seguro que tampoco somos nadie para aventurarnos a definir en qué medida ha contribuido su instrucción a desestructurar una Familia Real que gravitaba en torno a la figura de Juan Carlos de Borbón, dando la imagen de ser una familia como las demás, bien avenida y respetuosa con los valores que se presuponen de un núcleo educado en la fe católica; pero seguro que en algo. No obstante, sea lo que sea que pensemos cada uno, vayan por delante siempre nuestros respetos a unos y otros, y al actual rey Felipe VI, a quien conocemos en persona y al que deseamos que tenga un reinado de éxitos, porque serán tanto suyos como del pueblo español.

Del juez José Castro, o Pepe, como le gusta que le llamen, podemos decir que es un juez estrella «a la vejez, viruelas». Quizá no fuera ésa su intención, pero sin duda lo ha logrado. De todas formas, es algo normal y previsible si se maneja entre los sospechosos a la que es hija del rey de España y, además, se la imputa dos veces y se pretende que sea juzgada.

Pepe se parece en parte a don Juan Carlos en su carácter campechano, pero a buen seguro que si el monarca hubiera tenido frente a frente a este funcionario se habría despachado a gusto. Aunque sólo fuera comprensible por una cuestión de forma: en España la Justicia se administra en nombre del Rey.

Lo cierto es que el juez, al final de su carrera profesional, ha pasado de ser una persona anónima, como un funcionario cualquiera, a ser un personaje público. Pero no es el típico juez estrella a la usanza del precursor Baltasar Garzón, que convirtió ese nuevo título en una profesión remunerada al margen de su actividad judicial, que le encumbró a lo más alto, pero también le costó casi todo. Castro, Pepe, no ha usado, que sepamos, su fama de ser el juez que ha imputado a la Infanta para ir de listo, para aprovechar su tirón mediático y dar conferencias aquí y allá, para dirigir cursos o seminarios, o para pedir permisos remunerados para hacer caja. No, nuestro Pepe no es así, no es de esos jueces estrella; al menos en lo profesional, porque en el terreno personal es difícil no sucumbir a la vanidad de que casi todo el mundo te alabe y lisonjee, y si es mujer, mucho mejor.

Aunque ahora sus detractores le tildan de justiciero, y sus admiradores creen que es la viva imagen de la independencia judicial, y que se quite esa rancia figura de mujer con los ojos vendados y una balanza con la que se representa, Castro no fue siempre tan audaz en sus investigaciones. Quizá, de menos maduro, era más ingenuo. Dicen que hace muchos años, cuando empezó en el Juzgado de lo Penal de Palma, tuvo entre sus manos un caso importante que podía acabar con un pez gordo de Mallorca, un factótum de la sociedad balear de los últimos cuarenta años que podía haber delinquido en materia fiscal. El personaje en cuestión, al que nunca se condenó por nada, y, en consecuencia, no puede ser citado en este relato, se fue de rositas porque al parecer alguien de la Administración le sopló que estaba siendo investigado. Nuestro padrino balear arregló sus asuntos a fuerza de dinero y poder, y salió airoso. Parece que esa espinita nunca se la llegó a sacar el juez Castro, que lo del empresario le dejó mal sabor de boca. Y a lo mejor aprendió de sus errores: fiarse de todos los empleados públicos.

Castro nació en Córdoba en 1947 e ingresó en la carrera judicial en 1976, aunque antes trabajó como funcionario de prisiones. Su primer destino como juez fue en la localidad sevillana de Dos Hermanas, desde donde pasó a Arrecife, en la isla de Lanzarote, y después a Sabadell, en Barcelona. Llegó a las islas Baleares en 1985, donde se encargó de los pleitos laborales. Estuvo cinco años, hasta 1990, al frente del Juzgado de lo Social número 2 de Palma, y de ahí pasó al Juzgado de Instrucción número 3 de la capital balear, pero durante un tiempo compaginó ambas funciones. A pesar de que en los últimos años de su carrera judicial se ha centrado en los asuntos penales, durante veinte años ha estado dando clases en la Escuela de Relaciones Laborales de Palma. El primer sumario relacionado con la corrupción política en el que intervino fue el caso Calvià, que en 1992 investigó el intento de soborno a un edil del PSOE por parte de cargos del PP.

Al margen de la lucha contra la corrupción, en su juzgado se ha granjeado una buena fama como juez y como compañero. Trata a los delincuentes comunes como personas (aunque al lector pueda parecerle exagerada esta afirmación, hay muchos jueces que no lo hacen). Se acomoda a las guardias como cualquier otro juez y es apreciado por los policías y los fiscales. Le consideran un buen instructor, un juez implicado en todo lo que hace, que lleva la voz cantante y es el primero en acudir a los registros en lugar de delegar en otro personal. Además, le gustar llegar al fondo del asunto. Un día tomaba declaración a un ladrón de motos, y como no entendía muy bien cómo era posible que hiciera el puente, le soltó: «Macho, acompáñame», y se marchó al aparcamiento trasero de los juzgados a que se lo explicara con su propia moto.

Castro está separado, tiene varios hijos y es abuelo. En Palma la vida discurre por otros cauces distintos a las grandes capitales. Por eso, cuando el juez acudía a su puesto de trabajo en bicicleta, era algo normal en una ciudad que entonces tenía un cómodo carril bici para desplazarse desde su casa, en la costa, hasta el edificio de los juzgados, ubicado en la antigua sede del colegio de los Salesianos de Palma.

A medida que el caso Nóos se iba complicando y su popularidad aumentaba, quizá por motivos de seguridad, prefirió cambiar los pedales por una moto o desplazarse en un deportivo pequeño y asequible para un juez separado. Al igual que dicen que la cara de los perros se parece a la de sus dueños, con los coches también ocurre algo similar: su deportivo es el tipo de coche que un hombre se compra para fardar con las tías, concretamente con una sola, ya que tiene dos plazas, aunque el asiento de copiloto no siempre lo ocupe la misma pasajera.

Cuando el juez, junto al fiscal Pedro Horrach, comienza a desenmarañar la red de corrupción que había en Baleares, su nombre empieza a ocupar las portadas de los periódicos. Su objetivo era desentrañar los tejemanejes del Gobierno autonómico que presidió Jaume Matas, que fue presidente de la Comunidad Autónoma de Baleares en dos períodos (1996-1999 y 2003-2007), ministro de Medio Ambiente con José María Aznar (2000-2003) y presidente del Partido Popular de Baleares.

Matas, a quien durante su época dorada se le consideraba un elegido, no supo digerir lo que le estaba pasando. La trona alta, como un rey, que usaba en sus audiencias en el Consolat de Mar, o su gusto por dejar a los acompañantes de sus invitados en la antesala, aunque los conociera de sobra, incluso más que al invitado, dan buena prueba de cómo el poder había cambiado al líder del PP balear. Castro se convirtió en su peor pesadilla. Y no le faltaban razones: las condenas que le imponían los tribunales llevaban la rúbrica de su instrucción judicial.

Pepe es afable y correcto con los periodistas, a los que no concede entrevistas ni suele hacer muchas declaraciones, como es lo habitual entre los jueces cuando instruyen un caso, aunque no le importa atenderlos incluso por teléfono para ofrecer datos de su vida con los que articular un perfil del magistrado. Lo que cuenta es lo poco que ha traspasado la barrera de su intimidad. Como buen cordobés, le gustan el flamenco y los toros. También es motero. Claro que ya a estas edades tampoco uno puede ir haciendo el cabra por la vida (si no que se lo pregunten al ex magistrado del Constitucional Enrique López) y mejor que las máquinas de gran cilindrada, prefiere las de paseo.

Cuenta que de joven practicó el kendo (esgrima japonesa) y que es aficionado al fútbol: sus equipos son el Córdoba y el Real Madrid; y que de no haber sido juez, le hubiera gustado ser médico.

De su vida privada lo único que le gusta destacar es que es un buen abuelo. Del resto prefiere no hablar, aunque desde que se separó tuvo varias parejas más jóvenes que él. A un hombre separado que se declara amante del flamenco, los toros y el fútbol, ¿quién puede dudar de que también le gusten mucho las mujeres?

Castro es el tipo de juez más cercano al ciudadano que al jurista experto en leyes que escribe sus resoluciones para que sólo le entiendan los expertos. Al contrario, es de los que prefieren que todo el mundo lo comprenda, dejarse de rollos farragosos de derechos y, siempre respetando las formas jurídicas, posibilitar que su pluma sea leída por la madre de cualquiera; es además, como dicen todos los jueces, su forma de expresarse, de opinar sobre la causa. Y en sus autos sobre el caso Palma Arena y el caso Nóos es donde se dibuja la evolución de un juez que va cambiando de opinión.

Por ejemplo, aunque permite personarse a Manos Limpias, se observan expresiones duras con esta acusación popular que se presenta en todos los pleitos procesales de gran interés público para quién sabe qué fines últimos. Pero con el paso del tiempo llega a sintonizar más con lo que solicita esta acusación, que representa a un sindicato de funcionarios al que muchos vinculan con la ultraderecha, que con el fiscal del que ha ido de la mano en todos los casos contra la corrupción de Palma.

En la medida de sus posibilidades, ha evitado la polémica. En marzo de 2010, cuando cercaba a Matas, sufrió una dura crítica del que había sido secretario general del PP Francisco Álvarez Cascos, quien dudó de su imparcialidad y criticó su lenguaje «tabernario». Fue a raíz del auto por el que impuso una fianza de 3 millones de euros al que fuera ex presidente balear. «Hoy en la prensa, en lugar de leer pruebas he leído chascarrillos, y en lugar de encontrar un lenguaje judicial equilibrado lo que he encontrado es un lenguaje totalmente tabernario», afirmó en la COPE el que fuera vicepresidente del Gobierno con Aznar y que se sentó junto a Matas en el Consejo de Ministros. En su crítica al juez, que hizo extensiva a los fiscales, Cascos se quejó también de que no se observa e investiga «con el mismo rasero» a todas las personas. Cuando a Matas comenzaron a lloverle las condenas no volvió a escucharse la voz de Álvarez Cascos, a quien el PSOE comparó, en la campaña electoral de 1996, con un doberman.

Desde que estalló el caso Nóos el juez sólo ha concedido una entrevista periodística, aunque un reportero de Madrid, con una nutrida fama de adornar las noticias con información no siempre contrastada, se atribuyó unas declaraciones periodísticas que el juez nunca le hizo. La periodista elegida no era profesional de ningún medio, sino una estudiante de quince años del colegio San Cayetano. «La popularidad es insufrible y espero que pase pronto el temporal», comentó en la entrevista.

Durante la instrucción, el juez Castro ha tenido que enfrentarse a numerosas descalificaciones, campañas de desprestigio e incluso posibles seguimientos personales para intentar menoscabar su fama y honor. Así, ABC publicó a finales de 2013 unas fotografías de Castro con la atractiva abogada de Manos Limpias Virginia López Negrete tomando unos gin-tonics en la terraza de un bar en la zona del Molinar, cerca del domicilio del juez. El juez Castro, de copas en Mallorca con una letrada de la acusación particular, llegó a ser titular de portada. Según el rotativo, las fotos comprometían la independencia del juez. Aunque el periódico aseguró que las instantáneas las hizo con un móvil una persona que se los encontró, algunas sospechas llegaron incluso a apuntar al mismo Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

No era sin embargo la primera vez que el juez era sometido a supuestos seguimientos. Durante la fase dura de la instrucción de la corrupción del caso Palma Arena, la Policía le advirtió de que podía estar siendo vigilado por detectives privados, posiblemente pagados por aquellos a los que investigaba.

El juez tuvo que volver a dar explicaciones públicas: «Es absurdo, ridículo y no tiene ningún sentido. Es un encuentro que se enmarca en las relaciones cordiales que tengo con todos los abogados y fiscales. También me he sentado a tomar algo con el abogado de Iñaki Urdangarin y Diego Torres y no pasa nada. Fotos como ésas podrían tenerlas a docenas».

El fiscal Pedro Horrach Arrom ha sufrido también alguna campaña de desprestigio que, como la del juez, tampoco surtió efecto. En 2010 el periódico La Gaceta tituló a toda plana que había cometido una incompatibilidad al asesorar un negocio para la compra de dos empresas en Panamá y Argentina. De su compañero de fatigas Juan Carrau, el mismo medio publicó con igual alarde tipográfico que había escriturado su ático por la mitad del precio de tasación.

De la biografía del fiscal se saben tan pocos datos como de la del juez. Nació el 8 de septiembre de 1966 en la localidad mallorquina de Sa Pobla y llegó a la Fiscalía Anticorrupción en el año 2006, desde la Fiscalía de Menores. Preparó la oposición a fiscal y a juez en Madrid, con el entonces fiscal del Tribunal Supremo José María Luzón, que también preparaba a Ana Zácher, una bilbaína que se convirtió en su esposa. El matrimonio tiene una hija, que estudia Medicina.

Su primer caso conocido fue el caso Andratx, un galimatías de corrupción urbanística en esta localidad del sur de Mallorca. Fue su bautismo. Después descubrió el caso Palma Arena, una galaxia de casos de corrupción que acabó con la vida pública del ex presidente balear Jaume Matas y muchos de sus consellers y altos cargos. El sobrecoste en las obras del velódromo hizo comprender que aquello era la punta del iceberg. Así fue, y lo ha demostrado a lo largo de 27 piezas separadas, una de las cuales, la número 25, retrató a Urdangarin. También su labor sobre los tejemanejes de Unió Mallorquina, liderada por Maria Antònia Munar, conocida como Sa Princesa, acabó con un partido que se convirtió en bisagra en la política de las islas, y que en el reparto de cuotas de poder urdió una red de corruptelas que campeó a sus anchas durante gran parte de la democracia.

Pedro Horrach coincide con el juez Castro en su pasión por las motos —guarda una Harley-Davidson en su garaje— y un día le gustaría recorrer con ella la Ruta 66. También, como el juez, es aficionado del Real Madrid.

Está tan bien valorado por sus compañeros, por policías y jueces, como Castro. Tiene fama de minucioso y posiblemente donde ha puesto el ojo ha puesto la bala. Los que le defienden aseguran que es fiscal por vocación, ya que podría ganarse la vida de otra forma y, además, mejor. Y es que su familia paterna, los Horrach, son una casta millonaria que tiene hoteles en propiedad y gestiona otros, tanto en Mallorca como en otros lugares del sur de Europa. En Mallorca, las familias de hoteleros son el motor del archipiélago y su alma máter. Tiene gustos menos cañís que Castro; le molan Los Secretos y en su móvil sonaba una melodía de Fito & Fitipaldis. Su mujer, además de abogada, trabaja de funcionaria de prisiones y fue directora del servicio de Juego en el Gobierno balear.

Es un fiscal brillante en la obtención de pruebas contra sus acusados, y también lo es buscando pactos de conformidad con los imputados; a cambio de negociar penas a la baja, consigue atornillar las condenas de los principales acusados.

Cuenta una periodista de Palma, María Fuenteálamo, que el fiscal, que suele ser agradable y educado, un día se enfadó por teléfono con su interlocutor. Se rebeló ante alguien importante en defensa de su criterio. Sucedió mientras efectuaba registros a empresas e interrogatorios a políticos de Valencia. Fue entonces cuando recibió presiones con interferencias y falsas noticias. Pero no se echó atrás.

El fiscal ha asegurado que trabaja con las manos libres y que no ha tenido presiones. «Me han llamado dos veces desde la Fiscalía General y en ambas era para preguntarme si necesitaba protección o ayuda. Fueron dos ocasiones señaladas, una a raíz de la aparición de unos artículos donde se aseguraba que el CNI estaba investigándonos a mí y al juez Castro. La otra fue cuando hace dos años llegaron noticias a la Fiscalía General de que podía haber una investigación privada encargada por “alguien”», contó a Vanity Fair en su primera entrevista. «No tengo ningún indicio para sentar a esta señora en el banquillo», insistió. Y como un personaje de la novela homónima, La feria de las vanidades, de William Makepeace Thackeray, Horrach acudió en julio de 2014 a la fiesta de la revista en el hotel Santo Mauro y posó en el photocall de famosos.

Aseguran que no actúa al dictado de sus superiores, aunque son muchos los que dudan de la independencia de la Fiscalía en términos generales y mucho menos en casos particulares, teniendo en cuenta que el Gobierno nombra al fiscal general del Estado y a sus máximos responsables. Ningún fiscal general ha conseguido quitarse ese lastre de encima, aunque Eduardo Torres-Dulce ha sabido difuminar esa etiqueta.

Castro versus Castro

Al diseñar esta vida paralela entre Castro y Horrach, por su enfrentamiento, hemos llegado a la convicción de que en la instrucción el juez Castro ha tenido asimismo una pugna con otro de los personajes principales del caso: el juez Castro. Sí, ha leído bien, no es una errata de imprenta. La causa también destila un Castro versus Castro, una especie de transformación como la que hizo famosa nuestro admirado escritor inglés Robert Louis Stevenson: El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde.

Desde que el fiscal Horrach le planteó el caso Nóos, sabían que el «bicho» grande de la cacería era Iñaki Urdangarin, nada menos que el yerno de Juan Carlos I, entonces monarca reinante. Es cierto que el juez no encuentra motivos para actuar contra la Infanta y así lo reconoce él mismo. Parece que el caso se acaba en Urdangarin. Es lo que todo el mundo da por hecho, no porque el juez temiera subir un peldaño en su escalera de acusación. Parece que no era por falta de redaños, sino porque la causa no ofrecía pruebas contra Cristina de Borbón.

Así, el 5 de marzo de 2012, el juez rechaza la petición de Manos Limpias de imputar a la infanta Cristina. La Agencia EFE difunde así la noticia, a las 13.43 horas:

(Avance) URDANGARIN INVESTIGACIÓN

El juez rechaza la citación de la infanta Cristina como imputada en Nóos

Palma, 5 mar (EFE).- El juez del caso Palma Arena, José Castro, ha rechazado la petición del sindicato Manos Limpias de que se cite como imputada a la infanta Cristina en relación con la pieza que versa sobre el Instituto Nóos.

En un auto notificado hoy y difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), el juez ha desestimado, asimismo, un careo entre el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su ex socio Diego Torres también pedido por Manos Limpias. EFE.

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El juez rechazó imputar a la infanta Cristina porque decía que en esos momentos no tenía ninguna prueba ni ningún testimonio que la implicase en las supuestas irregularidades detectadas en el Instituto Nóos. «Nada más lejos» de su decisión, advertía no obstante en ese auto, «que emitir un juicio de probabilidad con pretensiones de permanencia sobre la responsabilidad que haya podido o no contraer Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia en relación con las actividades realizadas por su marido».

Sostenía el magistrado que la citación como imputada de una persona «no tiene como finalidad el buscar en su curso hipotéticos y eventuales indicios de criminalidad contra ella», sino posibilitar que dé su versión «sobre los que ya existen» para que el instructor valore si han quedado «desvirtuados, confirmados o incluso acentuados».

No actuar así sólo «conduciría a estigmatizar gratuitamente a una persona, lo que no es de recibo». Sobre su participación en Aizoon junto a su marido, el juez afirmaba que el solo hecho de participar en un ente asociativo sin ejercer en el mismo funciones ejecutivas «no genera para el simple partícipe responsabilidad criminal por los hipotéticos delitos que pudieran cometer sus directivos en el ejercicio de sus facultades de dirección».

En la causa «no obra absolutamente ningún testimonio, y son muchos los que se han tomado (…), que involucren de algún modo» a la Infanta «en la toma de decisiones de ninguna de las entidades que giran alrededor de su esposo o de Diego Torres». A doña Cristina tampoco «la han visto merodear por sus dependencias o expresar sus criterios sobre la oportunidad de llevar a cabo conciertos o operaciones», según dicho auto. En cuanto a que determinados gastos personales del matrimonio de los duques se hubieran cargado a la contabilidad de Aizoon, el juez dijo que «diversidad de correos electrónicos así parecen delatarlo, pero no existe absolutamente ninguno en el que figure como remitente o destinataria» la Infanta.

Por todo ello, el juez consideraba en aquel auto que no cabía «sin más extraer la complicidad» de la hija del Rey en «un supuesto incremento del nivel de vida del matrimonio, ya que el que parece ser que se dio no fue tan sorpresivo como acontece en aquellos casos en que se pasa de la modestia a la opulencia, sin razones que lo justifiquen, y en los que obviamente todos los miembros de la unidad familiar están llamados a cuestionarse el origen del patrimonio del que inesperadamente disfrutan».

Y había que tener en cuenta, además, según el magistrado, que los duques cuentan «con los ingresos que lícitamente aporta» la Infanta «fruto de su trabajo para una determinada entidad» y «con las aportaciones de la Casa Real por la intervención del matrimonio en actos públicos institucionales». También tuvo en cuenta el juez «los muy sustanciosos ingresos» que Urdangarin obtenía «de sus relaciones con un gran número de empresas que, en tanto son privadas y absolutamente nadie ha formulado denuncia alguna sobre posibles concurrencias delictivas, no son objeto de investigación, y por último, con los derivados de la relación laboral que desarrolla en Estados Unidos para otra empresa».

Tras rechazar los argumentos de Manos Limpias para la citación de la Infanta, el magistrado concluyó: «Si Doña Cristina ha de comparecer ante este juzgado para deponer sobre los hechos que se instruyen, ello no habrá de acontecer en razón a los datos con los que hasta hoy se cuenta, sino por los que, en su caso, pudieran sobrevenir, en cuyo momento se adoptaría la resolución que procediera».

Días más tarde, el 22 de marzo, el juez José Castro rechaza de nuevo imputar a la infanta Cristina al no constatar indicios de culpabilidad ni, claro está, de la comisión de delito alguno.

«Es rotundamente falso que la no citación de Doña Cristina de Borbón en calidad de imputada tuviera como finalidad (…) el librarla del mal trago de verse afectada por estigma alguno, al que ella hubiera podido hacerse acreedora, si hubieran existido indicios objetivos de criminalidad en su contra, lo que hasta el momento no se ha constatado», señalaba Castro.

En cuanto a la consideración de Manos Limpias de que, al no citar a la Infanta, el juez desperdiciaba la oportunidad de demostrar que la Justicia es igual para todos, Castro respondía entonces que no era su misión «el pretender convencer a la ciudadanía de que la observancia de tan loable principio haya de pasar por la irreflexión de tener que hacer extensiva por sistema, es decir, sin más, la posible responsabilidad penal de los imputados a sus cónyuges por el solo hecho de serlo».

Esta decisión del juez Castro fue avalada por la Audiencia de Palma el 12 de julio de 2012. Utilizó los mismos argumentos del juez y criticó el empecinamiento de Manos Limpias en su recurso de apelación para pretender la imputación de la Infanta, al considerar que no estaba «exento de grandes dosis de grandilocuencia, cuando no de demagogia».

El juez opina lo mismo que el fiscal Anticorrupción, quien meses más tarde, en un curso de verano, insiste en descartar la imputación de doña Cristina al no haber «elementos incriminatorios» contra ella.

Esto es lo que hay

El binomio perfecto contra la corrupción formado por el juez y el fiscal se resquebraja en 2013. A finales de marzo, Castro adelanta a Horrach su intención de imputar a la Infanta. El fiscal no da crédito al cambio de postura del juez, sobre todo cuando había compartido con él los mismos argumentos para no hacerlo. La conversación se produce, según una de las partes, más o menos de la siguiente forma:

—Pero ¿cómo? Si no hay ningún indicio ni pruebas incriminatorias —le indica el fiscal Anticorrupción a su más fiable aliado en la lucha contra la corrupción—, ¿por qué la vas a imputar?

—Pues porque la voy a imputar. ¡Esto es lo que hay! —le contesta el juez.

En la conversación, el fiscal se da cuenta en un instante de que la decisión del magistrado es irrevocable, que la ha tomado por la presión de los medios de comunicación, o al menos eso es lo que expone más tarde en sus recursos. De un día para otro es más lo que les separa que lo que les une.

Lo que ya sabe el fiscal y vaticinan algunos medios de comunicación adquiere firmeza en un auto del juez dictado el 3 de abril de 2013. Se imputa a la infanta Cristina porque el juez considera que hay indicios de que pudo consentir que su parentesco con el Rey lo utilizaran Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres, en las actividades de Nóos, lo que podría constituir un supuesto de «cooperación necesaria» o «complicidad» en los delitos supuestamente cometidos. Castro se basó en catorce indicios contra la Infanta.

Dos días después, el 5 de abril, la Fiscalía Anticorrupción recurre la imputación de doña Cristina y de inmediato el juez Castro suspende provisionalmente su declaración ante la Justicia. La desconexión entre Castro y Horrach se detecta en el escrito del fiscal, quien considera que los indicios de cooperación o complicidad que apunta el juez son meras «sospechas personales» o circunstancias «inocuas», «inconsistentes», «equívocas» o «especulativas».

Para la Fiscalía, el único hecho incuestionable sobre doña Cristina de Borbón que se ha podido extraer de la investigación es que figuraba como vocal del Instituto Nóos, que su nombre aparecía en el folleto publicitario de la entidad y que tenía participaciones en la empresa Aizoon. El fiscal reprocha al juez que en su auto no realice una «valoración incriminatoria concreta», ni explicite qué norma del Código Penal ha infringido presuntamente. «Surge una obligada pregunta: ¿Qué hecho, dato, circunstancia, documento, testifical o cualquier otro elemento incriminatorio ha sobrevenido que altere sustancialmente las consideraciones penales de la argumentación que acaba de exponerse? Absolutamente ninguno», asevera en el recurso. El fiscal considera que los argumentos del juez son «esencialmente» los mismos que expuso la acusación popular que ejerce el sindicato Manos Limpias para solicitar la imputación en febrero de 2012 y que fueron desestimados «por inconsistentes y débiles» por el propio magistrado y por la Audiencia de Palma. «No alcanza este fiscal a comprender por qué sólo unos meses más tarde se apela a los mismos hechos y datos para sustentar la conclusión contraria», cuestiona.

Sin embargo, el 7 de mayo la Audiencia de Palma anula la imputación de la Infanta y la deja sin efecto a la espera de que el juez recabe más información sobre su presunta implicación en un delito contra la Hacienda Pública. La decisión es por mayoría, no por unanimidad. Los magistrados Diego Gómez-Reino y Mónica de la Serna son los que echan para atrás el fallo de Castro, mientras que un tercer miembro del tribunal, Juan Jiménez, es partidario de la imputación.

En su auto de 44 páginas, la Sección Segunda de la Audiencia de Palma resalta el «buen trabajo jurisdiccional» del juez, que también califica de «excepcional y exhaustivo», pero tiene dudas sobre lo que ve Castro en la Infanta. De los catorce indicios apuntados por el juez, el tribunal no extrae «una conclusión fáctica comprensible y concreta de cuál es exactamente la conducta de colaboración principal o secundaria», ni se sabe si ésta fue activa o por omisión.

La Audiencia tiene claro dos cosas: que fuera vocal del Instituto Nóos y apareciera en un folleto de la entidad es un «mero acompañamiento impune» sin trascendencia penal, y que las contrataciones con las administraciones públicas se hicieron «al margen de cualquier intervención de la Infanta y de la Casa Real». Además, subraya: «(…) no hay indicios vehementes de que la Infanta conociera, se concertase, ni participase en el presunto plan criminal urdido por su marido y por su socio, tendente a cometer un fraude a la Administración».

¿Y qué pasaba con los magros ingresos que recibió Aizoon, la empresa patrimonial que tenía en propiedad con su marido al 50 por ciento? Pues los magistrados que formaron mayoría para este fallo estimaron, asimismo, que no era punible que la Infanta se beneficiara de los ingresos que generaban a Aizoon las actividades ilegales de Urdangarin y Torres porque para que fuera así debería conocer «con un alto grado de certeza el origen delictivo de los fondos».

Por tanto la Sala estimó, en relación con un presunto delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, que solicitara a la Agencia Tributaria que aclarase «las incertidumbres y dudas» que suscitaba el informe que había remitido al juzgado para decidir, a continuación, si procedía citar en calidad de imputada a la Infanta.

El caso Nóos no sólo afectaba a Baleares, sino también, y sobre todo, a la Comunidad Valenciana, que había dado jugosas cantidades a Urdangarin y su equipo por la organización del Valencia Summit, que se celebró en esta ciudad los años 2004, 2005 y 2006. Como no podía ser de otra forma, Francisco Camps, el que fuera presidente de la Generalitat Valenciana desde 2003 hasta 2011, volvía a estar bajo la lupa de la Justicia. Como si su apellido fuera la marca de un producto, Camps estaba en todas las salsas.

El 29 de mayo de 2013, el juez pide al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV) que asuma la investigación del caso Nóos en lo relativo al ex presidente Camps y a la alcaldesa de la capital, Rita Barberá, debido a su condición de aforados ante dicho tribunal.

La relación del Gobierno y el Ayuntamiento valencianos con el Instituto Nóos consistió en la organización de tres ediciones de la cumbre deportiva Valencia Summit (de 2004 a 2006) y en la preparación de la candidatura de la ciudad a unos Juegos Europeos, que nunca se celebraron. El Valencia Summit fue pagado con fondos públicos que la Fiscalía Anticorrupción considera injustificados. La Fiscalía, al calcular la fianza de responsabilidad civil para los dos principales imputados, Urdangarin y Torres, estimó en 3.512.000 euros el dinero que llegó a cobrar el Instituto Nóos por contratos firmados con administraciones valencianas. Nóos cobró esas cantidades en virtud de convenios con la CACSA, la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau y la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, para organizar los congresos Valencia Summit.

En septiembre el fiscal maniobra para quitar la causa al juez. Pide al TSJV la imputación en el caso de Camps y Barberá, y teniendo en cuenta que son los únicos aforados en la causa, reclama que toda entera se traslade a Valencia, lejos, claro está, de las manos del juez Castro. Pero el guante se lo devuelve, el 24 de septiembre de 2013, la Sala de lo Civil y Penal del TSJV, que rechaza asumir la instrucción y devuelve todo a Palma.

La teoría conspiratoria

En noviembre de 2013, Horrach presenta un escrito al juez que sorprende porque tiene carácter preventivo; en él insta a Castro a que no impute a la Infanta al no haber más que «conjeturas o sospechas» contra ella. No responde a ningún trámite procesal reclamado, sino que lo hace por propia iniciativa. Además, ya en su inicio, el tono es bastante personal: «La memoria es frágil», apunta. Y advierte: «Si cualquier ciudadano tuviera indicios o constancia de una actuación ilícita de encubrimiento por parte de este fiscal, debe acudir a las instancias correspondientes y denunciar dicho hecho. No hacerlo, y simultáneamente especular o afirmar la existencia de confabulaciones delictivas dirigidas a la protección de determinadas personas en función de su posición, equivale al “humo” que vendían Iñaki Urdangarin y Diego Torres a los organismos públicos, presuntamente». A continuación, arrea al juez: sustentar una eventual imputación sobre la Infanta por delito de blanqueo de capitales, «como cualquier otro hecho, necesita un mínimo principio de prueba que lo sustente y, como se verá, vuelve a ser una especulación huérfana de sostén indiciario, que tendría cabida en el ámbito de la rumorología, ajena, claro está, al ámbito penal». Horrach concluye: «En el proceso penal las meras conjeturas o sospechas no constituyen títulos válidos de imputación. Y en el presente caso, tal y como se ha puesto de manifiesto en el contenido de este informe, no hay un solo elemento de prueba que vincule a Doña Cristina de Borbón con actividades delictivas, propias o ajenas».

A principios de 2014, el juez Castro cita por segunda vez a declarar como imputada a doña Cristina de Borbón para el 8 de marzo por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. La defensa de la Infanta anuncia que no impugnará su imputación en el caso y se pone a su disposición para declarar. El 15 de enero, el fiscal acusa al juez José Castro de apoyarse en una «teoría conspiratoria» para «justificar la existencia de indicios delictivos que avalen la imputación».

En medio de la crítica política y pública que merecen las consideraciones de Horrach, el juez rehúsa hacer ninguna declaración pública, pero en un auto, en el que, por cierto, acordaba la citación de varios testigos propuestos por el fiscal, se limita a ordenar la citación sin entrar en consideraciones sobre la «absurda y denigrante teoría de una supuesta manipulación tendenciosa» que le atribuye el fiscal.

Las asociaciones judiciales se mosquean y salen en defensa del juez, mientras que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, expresa su «más completo apoyo» a Horrach. En su opinión, no había una guerra entre el fiscal y el juez, sino lógicas discrepancias.

Los letrados de la hija del Rey no recurren la imputación porque se marcan una nueva estrategia: no oponerse a la citación e ir a prestar declaración a fin de que el juez vea cumplido su deseo y se saque la espina de no haber interrogado a la Infanta en un caso en el que la esposa del otro principal acusado, Diego Torres, sí lo había hecho. Cuentan que en el interrogatorio a la hija del rey Juan Carlos se produjo un nuevo roce entre Castro y Horrach:

—No me interprete. Pregunte, pero no me interprete —le suelta el juez para que todo el mundo se dé por enterado.

Pero las expectativas no se satisfacen. Acabada la declaración, la Infanta sigue imputada y en los siguientes días no se produce ninguna novedad en el caso. No parece que los pronósticos se cumplan. El 25 de junio, después de la abdicación de Juan Carlos I y la proclamación de Felipe VI, Castro concluye la investigación en un auto en el que mantiene la imputación de Cristina por dos delitos fiscales y uno de blanqueo. Quiere llevarla a juicio junto a su marido y todos los implicados en esta trama de corrupción.

La primera reacción del fiscal es dura como el acero. En declaraciones a los periodistas, Horrach asegura que la hermana del nuevo rey había sido imputada por ser quien es, y en el recurso que presenta al día siguiente, en un alarde de previsión o anticipación, el fiscal acusa a Castro de hacer un «encaje de bolillos» y le recrimina por actuar contaminado por «la influencia de los medios de comunicación».

Castro ya no se muerde la lengua. A su llegada a los juzgados, los periodistas le aguardan y el juez habla por la boca, por donde siempre hemos mantenido que mueren tanto el pez como el juez: «Creo que si el Ministerio Fiscal cree lo que escribe, y habría que suponer que sí, lo que tiene que hacer es presentar, tenía que haberlo hecho ya, una querella contra mí por prevaricación».

Las asociaciones judiciales vuelven a la carga contra el fiscal, y los vocales progresistas del CGPJ reclaman que se actúe contra él. En cambio, el órgano de gobierno de los jueces sólo pide respeto al fiscal, aunque, eso sí, sin mencionar el caso, ni a uno ni a otro. Dos días después, el Consejo Fiscal, órgano de representación de la carrera fiscal, y que asimismo asesora al fiscal general, que forma parte de él, también pide respeto, pero al juez. El Poder Judicial y la Fiscalía se repartieron bozales; a ver quién muerde a quién o, mejor aún, para bocazas los dos.

Pero el fiscal tuvo más actuaciones estelares en defensa de la Infanta. La víspera de conocerse la decisión de la Audiencia de Palma de mantener la imputación de la hija de Juan Carlos I, y hermana de Felipe VI, Horrach se encargó de dejar bien claro que, pasase lo que pasase al día siguiente, él iba a pedir que Cristina declarase en el juicio como testigo y que le reclamaría medio millón de euros de fianza en concepto de responsabilidad civil.

Si nos atenemos a lo que decidió la Audiencia de Palma el 7 de noviembre de 2014, al mantener la imputación de la Infanta por dos delitos fiscales, aunque se la levantó por blanqueo, podemos considerar que en el duelo Castro-Horrach la razón se la quedó el juez, el auténtico ganador de este peculiar enfrentamiento, que no es otro distinto al del sempiterno encuentro/desencuentro entre juez y fiscal. La moraleja es que el juez Castro y la Audiencia de Palma reforzaron más su imagen de independencia judicial, mientras que al fiscal se le atribuyeron intenciones más cercanas al origen de la institución que representa, es decir, como Hombre del Rey, primer nombre que recibió la figura del fiscal en España cuando se dedicaba, como su primera y principal misión, a defender los intereses y asuntos del monarca. Lo cual, para concluir, nos recuerda la fina ironía con la que se expresaba no hace muchos años un entrañable juez, que acabó su carrera como magistrado del Tribunal Supremo; siempre bromeaba con que en su tumba quería que figurase el siguiente epitafio: «Murió sin saber lo que era el Ministerio Fiscal».

GARZÓN Y BELLOCH: DOS RATONES PARA EL MISMO PASTEL

Que los jueces Baltasar Garzón y Juan Alberto Belloch son más listos que los ratones colorados nadie lo pone en duda, y nosotros mucho menos. Pero nada advertía el dicho popular de qué ocurre cuando los dos roedores coinciden sobre un mismo pastel. Fue su paso por el Ministerio del Interior durante la última etapa del Gobierno de Felipe González la que nos dio la respuesta: cuando dos ratones colorados quieren un mismo pastel, si nadie lo arregla para que lo compartan, el problema al final se lo come el pastelero.

Como ha podido comprobar el lector en nuestro capítulo de jueces estrella y estrellados, Garzón es un personaje del que podrían extraerse varios capítulos para nuestras vidas paralelas: son diversos y famosos los contrapuntos que ha tenido a lo largo de su carrera judicial como titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. De momento sólo hemos elegido el que le enfrentó a Belloch, porque fue su encuentro en Interior, o más bien su desencuentro, el que cambió el curso de la historia para muchos responsables precisamente de ese ministerio. Y seguro que se pasarán toda la vida acordándose del uno y del otro.

De la obra, vida y milagros del otrora ilustrísima señoría Baltasar Garzón hemos hablado abundantemente en otra parte del libro. Por eso comenzaremos a perfilar sólo la figura de su contrincante.

Juan Alberto Belloch es un personaje de la historia de España que ha sabido aprovecharse de varios dones naturales: inteligencia, atractivo y picaresca. Belloch es, sobre todo, un juez al que la Justicia se le quedó pequeña, aunque en ella hubiera llegado rápidamente a lo más alto de la carrera. De siempre supo caer bien a sus interlocutores y, si era necesario, mostrarse lisonjero, que es lo que más le gusta a todo el mundo. También podía ser culpa de su espíritu enamoradizo, en la acepción más amplia del término. Pero decir que Belloch ha llegado a lo más alto por ser un pelota sería injusto, ya que no sólo de ser pelota vive el hombre. Es astuto y gracias a sus dotes fue un superministro de Felipe González, al que aspiró incluso a sustituir, pero se dio cuenta a tiempo de que la realidad supera la ficción y que por más que se deseen las cosas, no siempre se cumplen.

Belloch nació en Mora de Rubielos, un pueblo de la provincia de Teruel, el 3 de febrero de 1950. Su padre, José María Belloch Puig, fue también juez, aunque en su tramo final hizo carrera política como gobernador civil de Huelva, Guipúzcoa y Barcelona desde 1976 hasta 1980. Juan Alberto se licenció en Derecho en la Universidad de Barcelona en 1975 y, siguiendo la tradición familiar, ingresó al poco en la carrera judicial. Su primer destino, como solía pasar entonces, fue en una plaza alejada, en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de La Gomera, y después pasó por los juzgados de Berga, Vic y Alcoy. Cuando en 1980 llega al País Vasco, Belloch ya es un juez con experiencia. Al año siguiente asciende a magistrado. No es ajeno a la problemática del terrorismo que se cocía en la comunidad vasca, en la que vive sabiendo que él también puede ser el próximo en caer, ya que su profesión de juez y su parentesco con el gobernador civil de Guipúzcoa le situaban como un objetivo atractivo para ETA.

Su compromiso como hombre de izquierdas le lleva a fundar en 1984 la Asociación Pro-Derechos Humanos, y al año siguiente empieza a ser un personaje conocido como portavoz de la asociación judicial Jueces para la Democracia, además de ser fundador de la Asociación de Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades, de la que fue vicepresidente ese mismo año.

La carrera judicial de Belloch está en ascenso. En 1985 fue nombrado presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Bilbao. Se convierte en el presidente de Sala más joven de España. Su ideología de izquierdas transpira en las resoluciones judiciales de las que forma parte; por ejemplo, al aplicar la eximente de estado de necesidad a unas abortistas de Basauri o al integrar la Sala que dictó la primera sentencia condenatoria por torturas en el País Vasco. Y en noviembre de 1988 fue nombrado presidente de la Audiencia Provincial de Bilbao.

Belloch dejó el cargo y el País Vasco cuando en octubre de 1990 fue elegido por el Congreso, a propuesta del PSOE, vocal del CGPJ. El juez es un valor en alza, y el 14 de julio de 1993, tras las elecciones generales del 6 de junio, fue designado ministro de Justicia en el séptimo Gobierno de Felipe González, en sustitución de Tomás de la Quadra-Salcedo. En su primera rueda de prensa, Belloch se descubre como un torbellino con nuevas ideas para reformar la Justicia, para adecuarla al progreso social del país e intentar atajar los sempiternos males de colapso y lentitud. Por su calidad de independiente, su nombramiento fue acogido favorablemente por las principales asociaciones de jueces y fiscales al considerar que tenía un profundo conocimiento de los problemas de la Justicia española.

Con él ve la luz el llamado «Código Penal de la democracia», inspirado en el Derecho más moderno, el escandinavo, que sustituía en muchos casos las penas de cárcel por las de multa. También impulsó la Ley del Jurado o medidas contra la corrupción como la creación de la Fiscalía Anticorrupción, una brillante idea.

La estrella del ministro debía estar en conjunción con su signo zodiacal, porque el 5 de mayo de 1994 Belloch se convirtió en un superministro, o ministro bicéfalo, al asumir la cartera de Interior tras la dimisión de Antoni Asunción por la fuga de Luis Roldán, el director general de la Guardia Civil que engañó a todos tras corromperse para llenarse los bolsillos.

Cuando desembarca en Interior desde la cartera de Justicia, Belloch se ha hecho ya merecedor de la consideración de sus otros compañeros por su labor, pues está sacando adelante históricos proyectos pendientes de la democracia, como el citado proyecto de la Ley del Jurado. Sin embargo, su objetivo principal, el de alcanzar un pacto social y de Estado para la reforma de la Justicia, naufragó durante la elaboración de este proyecto de ley, cuando todas las asociaciones judiciales y fiscales abandonaron la mesa de negociación con el ministerio, disconformes con el contenido de la propuesta gubernamental.

La carrera ministerial de Belloch llega a su fin con las elecciones generales de 1996, que ganó para el PP José María Aznar. Había ido en las listas como diputado independiente por Zaragoza, pero pronto pidió la excedencia voluntaria en la carrera judicial para poder afiliarse al PSOE. Con los socialistas en la oposición, Belloch reorienta su carrera política hacia Aragón y, en diciembre de 1997, es elegido presidente del PSOE en esa comunidad en sustitución de Marcelino Iglesias. El juez en excedencia se impuso en 1998 a otros candidatos en las primarias socialistas para elegir a un candidato a la alcaldía de Zaragoza, pero en los comicios del año siguiente fue derrotado por la entonces alcaldesa del PP Luisa Fernanda Rudi.

En las elecciones generales de marzo de 2000 fue elegido senador por Zaragoza. Desde entonces comenzó a alternar la política municipal, como concejal y presidente del PSOE en Zaragoza, con su cargo como senador. En las elecciones de 2003 fue el candidato más votado y, gracias a su mayoría simple, tomó posesión como alcalde y días después llegó a un pacto con CHA (Chunta Aragonesista) para el Gobierno municipal durante su mandato, en el que la ciudad de Zaragoza fue seleccionada para organizar la Exposición Internacional 2008, uno de los puntos centrales de su programa. Fue reelegido alcalde en 2007, con el PSOE como fuerza más votada, pero en los comicios de 2011 perdió frente al PP, aunque fue investido para un tercer mandato con el apoyo de CHA e IU. Y siguió renovando su acta de senador.

Posesión y dimisión

Madrid, 5 de mayo de 1994. En la toma de posesión de Belloch como superministro de Justicia e Interior no cabía un alma en la sede ministerial de la calle Amador de los Ríos. Ante la mirada de todos, se fundió en un beso de complicidad con su mujer María Teresa Ollé (de la que se separó más tarde). Era la pura imagen de un triunfador. Y de un buen candidato para sustituir nada menos que al presidente Felipe González. Todo el mundo quería estar lo más cerca posible de él. La cúpula ministerial de Interior toma asiento, disciplinada, en la primera fila del salón de actos. Entre ellos estaba Baltasar Garzón, a la sazón delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas con rango de secretario de Estado desde el 30 de julio de 1993. Con Belloch sólo aguantó un día en el cargo. El 6 de mayo presentó su dimisión.

Era la primera vez en España que un ministro asumía las dos carteras, y tras las primeras dudas sobre qué ministerio debía ir delante en el cargo, al final se decide que la cartera de Justicia es la más antigua. Imprime un aire presidencial a su nueva responsabilidad y se marcha de su despacho de Justicia, en la calle de San Bernardo, 45, y no ocupa el de Interior, en el paseo de la Castellana, 5. Así que toma una decisión de líder: remodela el palacio de Parcent, conocido como la Casa de los Siete Jardines, en el número 62 de la calle de San Bernardo, para dar cabida a su despacho. Demasiado gasto para tan corto viaje.

Pero volvamos a la toma de posesión.

La memoria de lo que pasó allí la han puesto sus protagonistas. Y gracias a la veterana periodista María Antonia Iglesias, recientemente fallecida, tenemos testimonios de muchos de ellos. En su libro La memoria recuperada, de 2003, numerosos dirigentes socialistas echaban pestes de Garzón. En resumen, explicaban que tras presentarse a las elecciones generales de 1993 como número dos por Madrid —tras el propio González— en la candidatura del PSOE, Garzón se sintió despechado por no entrar en el Consejo de Ministros, abandonó abruptamente la política, volvió a la Audiencia Nacional y descargó toda la furia procesal del caso GAL sobre su antiguo mentor.

«El nombramiento de Belloch cabreó mucho a Garzón. Lo primero que hizo Belloch fue despedir a Garzón con bastantes malos modos. Entonces, el juez organizó una rueda de prensa en el Congreso y dijo: “Éstos se van a enterar”. ¡Y nos enteramos!», explicó el primer ministro socialista de Interior, José Barrionuevo, uno de los condenados en el caso GAL. «Fue una equivocación profundísima meter a Garzón en las listas», sentenció el siempre leal Barrionuevo.

«Garzón es un hombre al que le gusta tanto el foco, que si hubiera sido ministro… La gran pelea surge cuando nombran a Belloch y largan a Garzón. Son errores que se cometen: no puedes fichar a una persona, generar una expectativa y después darle una patada en el culo», sostuvo Manuel Chaves, otro ex ministro de González y que fue presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE. «Yo considero que Garzón es una mala persona; lo era antes y lo es ahora. Es un gran simulador y un individuo muy inteligente: tiene que serlo para hacer lo que ha hecho… y lo que sigue haciendo.»

El propio biministro Juan Alberto Belloch comentó a la periodista: «Lo que nunca se me pasó por la cabeza es que Garzón pudiera volver a sus labores de juez penal. Nunca pensé que quisiera volver a un destino judicial que, antes o después, iba a ver casos relacionados con el Ministerio del Interior», afirmó Belloch, actual alcalde de Zaragoza. «Cuando volvió a la Audiencia Nacional y reabrió el sumario de los GAL, sí pensábamos todos que podía estar movido por la venganza. (…) Lo que es obvio es que Garzón no aguanta seis meses sin estar en los medios de comunicación.»

La versión de Garzón la encontramos en otro libro, una suerte de biografía autorizada que concedió a Pilar Urbano y que vendió varios cientos de miles de ejemplares bajo un título prometedor: Garzón. El hombre que veía amanecer.

Garzón está sentado esperando a que comience el acto de toma de posesión y se le acerca la magistrada Margarita Robles (que después fue nombrada secretaria de Estado de Interior):

—Baltasar, que me dice Juan Alberto que venga y que te diga que qué vas a hacer…

—Que qué voy a hacer… ¿de qué?

—Si te vas a quedar o si vas a dimitir…

—¿Juan Alberto te envía para eso? Dile que… ya hablaremos.

—Baltasar; él quiere una respuesta ahora: lo que sea, ahora.

Entonces Garzón se levanta y se dirige a Belloch, que en esos momentos está recibiendo en la puerta de autoridades a los ministros invitados (Narcís Serra, Julián García Vargas, Cristina Alberdi, Alfredo Pérez Rubalcaba). Al verle, Belloch abandona el corrillo y se dirige hacia Garzón:

—Baltasar, ¿has decidido algo?

—No he podido hablar con Felipe todavía. Desde anoche llevo…

—Yo sí he hablado con él, y dice que tomes una decisión ya.

—¿Eso te ha dicho? Bien, pues… lo pienso y luego te digo.

—No, no. Te estoy diciendo que tomes una decisión ya.

—Hombre, no pretenderás que sea aquí, ahora mismo…

—Sí, aquí, ahora mismo. La decisión que quieras, pero ya.

—¿Y por qué ya?

—Porque no pienso consentir que utilices tu dimisión en tu propio beneficio. Éste es mi tiempo político, y aquí decido yo.

Cuenta la periodista que, en los ojos del ministro, Garzón ve que relampaguea un fulgor de odio cuando le contesta, despacio y sin alzar la voz:

—Si tienes cojones, césame.

Tras la toma de posesión, y en la rueda de prensa, un periodista pregunta a Belloch por qué no estaba allí Garzón, si seguía o dimitía:

—Yo le he pedido que se quede. Pero si presenta la dimisión, se la aceptaré. Y se la aceptaré ¡encantado!

La jefa de Gabinete de Garzón, que le hace de informadora, le cuenta por teléfono la contestación del ministro. Y el hasta entonces número dos de Interior decide:

—¿Ah, sí? Pues le va a llegar ahora mismo.

Garzón dimitió y al día siguiente ofreció una rueda de prensa en el Congreso explicando por qué lo hacía: «Cuando hace un año decidí unirme como independiente en la lista electoral del PSOE, muchos dijeron que se me utilizaba para dar una imagen de lucha contra la corrupción política. Ahora tengo que darles la razón». González no quiso responder cuando el juez le llamó insistentemente antes de dimitir.

Garzón había sido el fichaje de González para las últimas elecciones generales. Quería trasladar a la sociedad la imagen de renovación al incorporar a sus filas como independientes a figuras en alza como el juez, que se dejó convencer por el canto de sirenas. Pero sus detractores aseguran que el cargo que recibió tras las elecciones que volvió a ganar el PSOE no colmaba sus aspiraciones de dirigir el Ministerio del Interior, y que todo saltó cuando Belloch, que ya lo era de Justicia, fue nombrado también para ese puesto. En cambio la versión de Garzón es otra: asegura que él y González saben que nunca quiso ser ministro.

El libro sobre Garzón pone fino a Belloch. «Su trayectoria es trepar y trepar, sin importarle pisar el cráneo de éste, aprovecharse de aquél, dejar en la cuneta al de más allá. Nunca fue santo de mi devoción. Ni yo de la suya.» También deja en evidencia a Felipe González, al que reprocha haberle engañado para ser candidato socialista con la promesa de luchar contra la corrupción cuando luego todo fueron dificultades.

Años después, cuando ambos personajes estaban alejados del ministerio, las pullas de Belloch no pararon tampoco. En noviembre de 1999, a raíz de la decisión del Supremo de rechazar la posibilidad de imputar a Felipe González en el caso Oñaederra, Belloch, que entonces era portavoz socialista en la Comisión de Justicia e Interior del Parlamento, afirmó que el alto tribunal había advertido a Garzón de que si seguía en esa línea estaba «en el borde mismo de incurrir en un delito de prevaricación». Toda una premonición.

Ya en 2011, a raíz del juicio por presunto delito de prevaricación al que se iba a enfrentar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo, el primer edil de Zaragoza afirmó que la prevaricación es un delito que no se le puede perdonar a un magistrado y que, aunque «la gente piensa que se prevarica para hacer algo injusto», se puede prevaricar incluso «para hacer el bien». Belloch dijo esto con la mente puesta en la situación procesal del juez Garzón.

Después de discurrir paralelas las vidas de ambos jueces, sus caminos se separaron y nunca quedó entre ellos ni un buen recuerdo. Si es cierto que sus ambiciones chocaron, ellos lo sabrán mejor que nadie. Belloch tocó techo y su ambición también: la política municipal ha sido su tabla de salvación para seguir teniendo algo de poder político. Garzón, en cambio, se estrelló contra el techo de la Justicia, el Supremo, al apartarlo de la carrera judicial, pero su ambición permanece viva: es un abogado internacional y un referente en muchos países por su defensa de los derechos humanos. De su biografía queda mucho por escribir.

5

Por la boca muere el juez

A los magistrados y magistradas les gusta decir que ellos hablan a través de sus sentencias. Una vez dicho esto, lo lógico sería callar y limitarse a los escritos de la Administración de Justicia… pero no; los hay que siguen y siguen diciendo cosas, hasta que, llegado el momento de emitir el fallo, quedan en evidencia. Han dado el cante. Y es que, de tanto hablar antes de tiempo, su imparcialidad ha quedado comprometida o, lo que es peor, han llegado más lejos de lo que la cordura, el sentido común o la Constitución aconsejan o imponen. En este capítulo están los literatos y graciosos, los bocazas o simplemente indiscretos, los que contaminan sus sentencias de opiniones y prejuicios o los que faltan al respeto al justiciable; unos porque son así y otros porque han tenido un mal día, que de todo hay. Una gran mayoría de estos casos han sido bien aireados en los papeles, como corresponde a salidas de tono de semejante calibre, y también han llevado a intervenir al órgano sancionador de jueces y magistrados, el CGPJ, que con frecuencia ha actuado tarde y, en todo caso, con castigos leves, multas o ligeras reconvenciones. Sin embargo, en una minoría de las ocasiones la cosa ha terminado muy mal para el infractor.

JUECES DE PLUMA FÁCIL

En el blanco podríamos decir que dio, con un caramelo, el Rey Baltasar en la cabalgata del 5 de enero de 2010. O en la blanca. Mustafá Gadiaga, un inmigrante senegalés que vivía de la venta ambulante en Huelva y que, aquellas Navidades, fue contratado para interpretar el papel del Rey Baltasar en la cabalgata de la ciudad, lanzó muchos dulces a los espectadores aquella noche, pero no falló con todos; con uno de ellos acertó, precisamente, en el blanco del ojo de una mujer, que acabó denunciándolo. El pobre hombre perdió la color cuando se enteró. Y no lo decimos nosotros, lo declaró él mismo: «Me he quedado sorprendido… y blanco».

Al juez que entendió del caso también le hizo gracia la historia. Pero la diferencia es que él estaba obligado a tratar con el debido respeto a la ciudadana que acudió en defensa de sus derechos ante la Justicia. Y… no lo hizo exactamente así. Por eso podemos afirmar que él no, no acertó.

Es verdad que el propio magistrado debió de sentir cierta confusión al comprobar que la denuncia que le llegaba del decanato de los juzgados no se dirigía contra el aludido Mustafá, sino… «contra el Rey Mago Baltasar». Así las cosas, el togado se sintió en la obligación de analizar su imparcialidad hacia esta figura (los magistrados están obligados a abstenerse de juzgar casos en los que tengan alguna implicación personal). Y a este respecto argumentó que, «sin poder ciertamente afirmar que exista una amistad íntima con la persona denunciada, reconoce el instructor que el Rey Mago Baltasar, con el concurso de los Reyes Melchor y Gaspar, le han venido ofreciendo anhelados presentes cada día 6 de enero desde que tiene uso de razón».

Tras poner esto de manifiesto, el instructor consideró oportuno «no formular la abstención, dejando libertad a la parte para que, si lo estima oportuno, pueda recusar; y ello por considerar que, tal vez, la persona denunciada no sea en realidad el propio Rey Mago Baltasar, sino otra, pues alguna duda puede suscitar a este respecto la denuncia cuando, tras resaltar en letra de gran tamaño y negrita que se dirige la acción penal contra el Rey Mago Baltasar, indica que se refiere a la persona que representaba al mismo en la cabalgata del día 5 de enero».

Sentados los precedentes, el magistrado se vino arriba y, visto que le cundía el tono irónico, se animó en la misma línea para añadir que, además de ésta, era necesario resolver otra cuestión previa.

El juez Javier Pérez Minaya, que así se llama el magistrado, quiso aclarar que, de dirigirse el procedimiento contra el Rey Baltasar, el Rey Mago, habría que convenir la difusa procedencia de éste: vino de Oriente hace dos mil años, precisó el magistrado, y añadió que para este caso sería dudosa la competencia que sobre la conducta de esta figura pudiera tener un juzgado onubense. Ahora bien, si se tratara del actor que interpretó tal papel, la cosa cambia, añadió. «Esas dudas en torno a la persona denunciada deben llevar también a residenciar en la jurisdicción española, y en la competencia objetiva, funcional y territorial de este Juzgado, la instrucción de las presentes Diligencias.»

«Y es que, si verdaderamente fuera el Rey Mago Baltasar la persona denunciada, podríamos encontrarnos ante uno de los supuestos de inmunidad de jurisdicción», razonaba el magistrado, porque «siendo notorio que procede de Oriente, hace más de dos mil años que no se resuelve la polémica en torno a su verdadero país de origen». «De este modo —añadía—, sólo conociendo su nacionalidad, aplicando las reglas de Derecho Internacional Público, podría dilucidarse a qué jurisdicción y a qué órgano judicial, dentro de la misma, correspondería instruir.»

Minaya pareció sentirse satisfecho con estas parrafadas y, tras lucirse —no sin ingenio, debemos reconocer—, resolvió —a nuestro humilde entender, con sensatez— la cuestión de fondo, que no era otra que decirle a la denunciante y víctima de confusión que, cuando uno va a una cabalgata, sabe que le puede caer un caramelazo. Y no hay que tomárselo tan mal, por lo menos no culpar al pobre Rey Baltasar o… perdón, a Mustafá.

Así que el juez resolvió:

En la cabalgata de Reyes de 2010, el Rey Mago Baltasar o, más probablemente, otra persona que se hacía pasar por él, arrojó los caramelos con un excesivo «ímpetu», por emplear términos de la propia denunciante, con tan mala suerte que uno de los contundentes dulces golpeó en su ojo, causándole una contusión ocular. De tal hecho, sin embargo, considera el instructor que difícilmente podrá predicarse una responsabilidad penal ni del Rey Mago Baltasar ni de nadie, por las razones que a continuación se dirán.

El artículo 5 del Código Penal señala que no hay pena sin dolo o imprudencia. Es evidente que, en determinados acontecimientos colectivos, la participación individual de cada uno supone el consentimiento o la aceptación de los riesgos, mayores o menores, que esa participación conlleva. Por poner un ejemplo muy de actualidad, si una persona participa en un partido de fútbol, asume el riesgo de que otro jugador, accidentalmente, le lesione (obviamente, las lesiones dolosas quedarían al margen); si un corredor hace la carrera en las Fiestas de San Fermín, asume voluntariamente el riesgo, real y conocido, de que el toro le alcance. Esto es lo que, en términos jurídicos, se conoce como «riesgo permitido», excluyente de cualquier responsabilidad penal. Se trata de pequeños riesgos socialmente tolerados que, precisamente por ello, no se traducen en reproche penal en los escasos supuestos en los que el riesgo se materializa en un resultado no deseado.

No es concebible, por lo menos para este instructor, una Cabalgata de los Reyes Magos sin que en la misma se arrojen caramelos a los espectadores desde cada una de las carrozas, del mismo modo que no puede concebirse una fiesta de carnaval sin disfraces. Podríamos decir que va de suyo. De este modo, siendo indiscutible el derecho de la denunciante a ser resarcida por sus lesiones, si efectivamente las sufrió y si concurren todos los requisitos legales, el ámbito propio para ello no será, en ningún caso, el del Derecho Penal, pues claramente nos encontraríamos ante un tema estricto de responsabilidad patrimonial de la Administración, que es la que organiza la cabalgata y provee de caramelos y demás material tanto a SS. MM. los Reyes de Oriente como a los demás partícipes del desfile. Procede, por ello, incoar las oportunas diligencias previas y sobreseer las mismas por no ser los hechos denunciados constitutivos de infracción penal, sin perjuicio de las responsabilidades que fueren exigibles en otra jurisdicción.

Nos parece, en suma, que más allá del acierto en el sentido de la resolución, el juez no demostró demasiada puntería al lucir su ingenio contra el absurdo encabezamiento del escrito que llegó a sus manos (dirigido contra el Rey Mago y no contra una persona real), pero también debemos reconocer que, en lo que a nosotros respecta, su pluma nos ha servido para rellenar un par de hojas que, de otro modo, hubieran quedado… en blanco.

EL JUEZ DE LA BIBLIA

Iglesias, no podía llamarse de otro modo. Esteban Campelo Iglesias, tal era el nombre de quien para nosotros es, sin dudarlo, el juez de la Biblia. Él no aprovechó la influencia del libro para soltar su fácil pluma e ingenio, como hiciera el niño grande inspirado en los Reyes Magos que acabamos de conocer. No. Él se lo tomó en serio. Realmente se tomó en serio que debía aplicar la palabra de Dios al Derecho. Y, claro, no cuadraba. Porque si en el contexto privado las creencias religiosas de cada uno merecen el mayor de los respetos, en el marco de la Audiencia de Cantabria… están fuera de lugar.

Y más que nada porque resultó que la culpa de los hechos que tenía que juzgar era del Maligno, que la solución era volver a Cristo y que el origen de las disputas era… el fruto prohibido.

Pero vayamos al caso. La más pública de las sentencias de Iglesias se refería a la agresión de una ex esposa y madre a la nueva novia de su ex marido. Así resumida, la cosa parece fácil, y lo cierto es que realmente lo era. Porque aun asumiendo que no es asunto de nuestra incumbencia cuándo comenzó a degustar el famoso fruto el marido de la imputada, sí sabemos, porque los tribunales lo consideran probado, que llegó un día en que su ex mujer coincidió en una farmacia de una determinada villa de Cantabria con la rival. En ese momento, la ofendida ex legítima prescindió de las vitaminas y el paracetamol y, ni corta ni perezosa, la emprendió a golpes con la Eva de su Adán. La ex mujer resultó condenada a una multa de 300 euros por haber insultado y agredido a la otra. Como decimos, la condenada recurrió y allí entró en liza nuestro campeón, el juez de la Biblia.

Como el asunto era menor —un juicio de faltas, que no de faldas—, fue un solo magistrado, Iglesias, para desgracia de los implicados, quien se ocupó del recurso presentado por la condenada ante la Audiencia de Cantabria. La cosa podía no tener mucho misterio… pero a nuestro juez le pareció oportuno intervenir sermoneando a la pareja rota. Y lo hizo atizándoles con el Génesis en una sentencia digna de aparecer en esta antología.

Porque, según podía leerse en el legajo del juez Iglesias, todo el incidente desatado entre las dos mujeres tenía que ver, en origen, con el citado fruto prohibido. Concretamente, con el pasaje bíblico en el cual el hombre come del árbol: «Dios impuso al hombre» el mandamiento por el que podía degustar del fruto de «cualquier árbol del jardín» con la excepción «del árbol de la ciencia del bien y del mal», explicaba el magistrado antes de asumir que, sin embargo, «el hombre comió del árbol». Y, bueno, convengamos en que no es mentira que el viejo tema del fruto prohibido venga explicando muchas cosas desde hace miles de años, pero también estaremos de acuerdo en que con esos mimbres no hay quien imponga Justicia.

En su sentencia de noviembre de 2005 (sí, en el siglo XXI), Iglesias aconsejaba a la pareja dividida por culpa del Maligno poner a Jesucristo en el medio de sus vidas. En cuanto a la ilegítima… al menos nuestro buen juez no quiso entrar en exorcismos. Menos mal. Eso sí, dentro de su sermón, el juez de la Biblia reñía al marido: «Compartías la vida con tu mujer, tenías una hija» y, «sin embargo, apareció en tu vida una mujer mucho más joven que tu esposa y que tú suponías podía hacerte más feliz», un apetecible «fruto prohibido» que hizo surgir «el infierno en vuestro matrimonio y vuestra familia, generando la separación y la huida, situación de sufrimiento y de esclavitud».

«Por eso tenéis que acudir a quien dispone de esa fuerza salvadora, que es la Iglesia católica, diciendo a sus ministros que queréis participar y comer de ese fruto» (y dale con el fruto…). «La verdadera justicia para vuestro matrimonio está en la reconciliación», concluía.

No le gustó el fallo al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que, de acuerdo con el fiscal, abrió expediente al juez. Digamos de paso que este tribunal aclaró que lo sucedido era un hecho excepcional en una institución en la que ejercían sus funciones 67 jueces.

Pero mientras se tramitaba este expediente, nuestro buen amigo volvió a las andadas. Así, en otra sentencia, ésta de enero de 2006, absolvió a un hombre de unas supuestas amenazas a su mujer. Iglesias invitaba «a los contendientes» (¿contendientes?, pero ¿no era un caso de amenazas?) a la reconciliación «en beneficio propio y de sus hijos, mediante el perdón mutuo, objetivo sólo alcanzable si ponen en medio la fuerza de Jesucristo Resucitado».

El TSJC incluyó esta segunda sentencia en su expediente y lo envió al CGPJ con la intención de que se sancionara al magistrado. En marzo de 2007, la Comisión Disciplinaria del Poder Judicial acordó por unanimidad penar al juez con una multa de 600 euros por una falta grave. En dicha sanción, el órgano de gobierno de los jueces consideraba que las expresiones usadas por Iglesias en sus sentencias eran «de todo punto innecesarias, improcedentes y extravagantes, así como manifiestamente irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico».

Pero la historia no termina aquí… porque tiempo después el Tribunal Supremo anularía aquella sanción a causa del retraso con que la tramitó el CGPJ. El Consejo recibió el informe del TSJC en marzo de 2006, pero su comisión disciplinaria no abrió expediente hasta septiembre de 2006 y no lo resolvió hasta marzo de 2007.

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) da seis meses para sancionar a un juez por este tipo de actuaciones. Iglesias esta vez no se despistó. Recurrió ante el Supremo para que le quitaran la condena por haber prescrito el plazo citado, y el alto tribunal le dio la razón. «No hay duda de que se ha superado el plazo de seis meses establecido por el artículo 425.6 de la LOPJ», dijo literalmente el Supremo.

De modo que Iglesias siguió a lo suyo, fallando y fallando, hasta que, allá por junio de 2013, otra magistrada, hasta entonces titular de un Juzgado de lo Penal de Santander, ocupó el puesto que él dejara por haber llegado la hora de jubilarse. Que Dios la guarde.

LAS ZORRAS Y JUAN DEL OLMO

Puesto que estamos con la literatura, creemos llegado el momento de abordar aquí y ahora otra propuesta creativa, la de un juez que profundizó en la teoría lingüística. Y es nuestro deseo alabar el conocimiento demostrado en este campo por parte del magistrado Juan del Olmo, de quien daremos noticia en este epígrafe dedicado a los jueces y el lenguaje.

Ahora que hemos entrado en harina lingüística, no debe suponernos esfuerzo alguno recordar al gran Ferdinand de Saussure, pues fue él y no otro, a nuestro entender, quien inspiró la sutil y precisa distinción entre «zorra» y «zorra» que, en una sentencia, dibujó con la precisión de un bisturí el juez que nos ocupa.

Empecemos por el fallo judicial (fechado en junio de 2011) que nos ha llevado a incluir en este apartado a Del Olmo. El acusado era Florentino, nacido el 9 de julio de 1969 y ex marido de la víctima; tenía antecedentes al haber sido condenado por un delito de malos tratos en el ámbito familiar cometido contra esta misma mujer. La sentencia firmada por Del Olmo cuenta cómo en una conversación telefónica «el acusado manifestó a su hijo que le dijera a su madre que, como la justicia no hacía nada» (en referencia a otro asunto que no nos incumbe ahora), él «se la iba a tomar por su mano, que la vería en el cementerio, en una caja de pino, y que saldría por la televisión, que lo juraba por el sol».

A nosotros nos parece claro… También se lo pareció al juzgado de Cartagena que condenó en primera instancia a Florentino por un delito de amenazas con la agravante de reincidencia. Pero para el juez Del Olmo, la cosa tenía matices.

Así, cuando le llegó el turno de estudiar el recurso del reo, la sentencia del magistrado recogió, en sus fundamentos jurídicos, originales puntos de vista como éstos: «(…) la realidad fáctica acreditada» no reseña «que el acusado vertiese alguna expresión que proyectase desprecio o menosprecio a la dignidad de la mujer o fuera expresivo de una posición de dominio o exigente de sumisión». «Incluso procede señalar que la expresión “zorra” utilizada en el escrito de recurso y escuchada en la grabación de la vista oral no se utilizó por el acusado en términos de menosprecio o insulto, sino como descripción de un animal que debe actuar con especial precaución, a fin de detectar riesgos contra el mismo», añadía Del Olmo.

Hombre, en eso estamos de acuerdo. La mujer debía detectar riesgos… Y los jueces, obligados a protegerla, también.

«No toda acción de violencia física en el seno de la pareja del que resulte lesión leve para la mujer debe considerarse necesaria y automáticamente como violencia de género», especificaba, para luego concluir que procedía «excluir» la calificación de delito «atendiendo a las leves amenazas vertidas» y dejar la pena en la correspondiente a una «falta continuada de amenazas».

De todo lo anterior hay mucho por analizar, pero hemos preferido centrarnos aquí en el aspecto lingüístico y en tratar de comprender el punto de vista del togado en su interpretación del apelativo «zorra». Al no interpretarlo como un insulto, al ponente le resultó más fácil excluir la existencia de violencia de género y, a su vez, que la condena no fuera por un delito (dadas las… leves amenazas vertidas). En fin… queremos entender qué idioma habla, o comprende, el magistrado Del Olmo.

Pues bien. Ferdinand de Saussure distinguió entre lenguaje y habla, entre la palabra y el contexto. Y si desde nuestra burda interpretación del gran lingüista francés podemos decir, siguiendo uno de sus pensamientos centrales, que la relación entre significante y significado es arbitraria, entendemos por tanto que en su sentencia más incomprendida, lo que quiso indicar Del Olmo es que la Justicia debe ser, ante todo, precisa en sus expresiones. De este modo, el buen juez alertó de que una zorra es una zorra y también un animal. Porque el diccionario lo dice bien clarito: puede ser la hembra del zorro, puede ser una persona astuta y solapada o, directamente, una prostituta.

Y ante la duda, Del Olmo, juez garantista, se posicionó en favor del reo.

Tomemos por buena la interpretación hecha por el ponente. Recordemos: «animal que debe actuar con especial precaución». Y, una vez pertrechados del bagaje suficiente, procedamos a analizar, en buena razón práctica, otras sentencias de las que él ha sido ponente en la Audiencia de Murcia y en las que, dentro de un contexto de violencia (casi siempre de género), se aplicaba tal apelativo («zorra») a diversas mujeres implicadas. Importa destacar cómo, al parecer, la primera conclusión es que los hombres somos animales menos precavidos, porque suele ser él quien le impone a ella el apelativo «zorra», en alusión, siguiendo las consideraciones del juez, a su especial astucia, propia del cánido que inspirase a los fabuladores.

Vemos diferentes relatos de hechos que pasamos a reinterpretar.

En una sentencia fechada en enero de 2013 se narraba, en el apartado dedicado a los hechos probados, por los cuales se acusaba a un hombre de una falta cometida contra la dignidad de una mujer, que «sobre las 22.20 horas del día 1 de octubre de 2006, Simón, en las proximidades del Cuartel de la Guardia Civil de Hellín, adonde había llegado a bordo de un turismo en compañía de su pareja Candelaria, con la que convivía en Molina de Segura, y de la hija menor de la anterior, de unos cinco años de edad», discutió con su pareja. Cuando en el curso de la discusión «Candelaria se bajó del turismo, llevándose consigo la llave» del mismo para alejarse «corriendo del lugar», fue perseguida por Simón, que salió del vehículo «para darle alcance» y detuvo «su carrera cogiéndola del pelo». La mujer denunció que, además de golpearla, le dirigió expresiones como… «¿dónde piensas que vas, zorra?».

Ya lo sabe el lector: hay que leer… «¿dónde piensas que vas, animal astuto?»

Y lo mismo podemos hacer en este otro ejemplo de sentencia, de la que también fue ponente el juez Del Olmo: «Que el día 21 de diciembre de 2012, siendo sobre las 19.15 horas, Fermín y Begoña, ambos mayores de edad y con antecedentes penales no computables, mantuvieron una discusión verbal cuando se hallaban bebiendo cerveza en el jardín sito frente al hotel Siete Coronas de Murcia». A continuación se aludía a que los dos protagonistas habían sido pareja sentimental pero ya no se llevaban tan bien. De hecho, ella, después de que discutieran, se alejó de él, pero el hombre la siguió y comenzaron una nueva refriega que tuvo un resultado nada halagüeño.

«Una vez sentados en un banco, de nuevo vuelven a discutir y se profieren insultos», entre ellos uno, el pronunciado por Fermín, sobre el que nos permitimos llamar la atención del lector: «Óyeme, zorra, coge y ve a la habitación y te largas». La respuesta de Begoña fue: «Zorra lo será tu abuela». Acto seguido, Fermín agredió a Begoña, y ella, aprovechando una distracción de su pareja, le golpeó con la botella de cerveza en el cráneo. Y todo por las alusiones al animal astuto (abuela incluida).

En efecto, querido lector; en este caso también debemos leer «animal astuto», incluso cuando Begoña consideró superior en prudencia a la antepasada de Fermín; por otra parte, tampoco los protagonistas de esta patética historia se distinguían por ser prudentes, astutos e inteligentes.

Son múltiples los ejemplos similares, algunos de carácter tan violento que preferimos eliminarlos de nuestro análisis; no obstante, sí queremos destacar uno en particular —también de la Audiencia de Murcia y con Del Olmo como ponente— en el que el lenguaje trata de burlar nuestra perspicacia:

Son hechos probados y así se declara, que Salvadora y Onésimo están en un proceso de divorcio contencioso pendiente de sentencia, aunque se han dictado medidas provisionales. Que el día 5 de octubre de 2012, sobre las 14.55 horas, Onésimo fue al que había sido su domicilio familiar tras recoger en el colegio a los dos hijos menores de la pareja. Que al llegar al domicilio Onésimo no pudo abrir la puerta con su llave, por lo que llamó por teléfono a su ex mujer, quien le confirmó que había cambiado la cerradura de la vivienda. Que entonces Onésimo escribió en la puerta de la vivienda, justo encima de la mirilla, «ZORRAN» con una llave o instrumento similar, en clara referencia a su ex mujer Salvadora.

Zorran. ¿Se trata de otro animal, por ventura? No. Lo que él quería decir era algo así como… «cariñon, qué previsoran y precavidan eres, has hecho bien en cambiar la cerradura».

Sorprendente es este otro ejemplo. De un malentendido se establecen dos condenas por faltas de vejaciones a las dos personas que intervienen en una conversación telefónica involuntaria, en la cual aparece el mismo apelativo alusivo a la prudencia y de la que también ha sido ponente nuestro Juan Del Olmo: «Se consideran hechos probados que sobre las 0.30 horas del día 10 de septiembre de 2010, Ernesto telefoneó al número de Marcelina por error, creyendo que era su primo. Marcelina telefoneó a ese número al ver la llamada perdida, cogiendo el teléfono Flora, surgiendo un cruce de palabras en el cual Marcelina dijo a Flora “zorra”», después de lo cual Ernesto, al conocer que su esposa había sido insultada, tomó el teléfono y le dijo a Marcelina: «Hija de puta».

En este caso podemos interpretar lo siguiente: primos aparte, los dos intervinientes aludían de forma irónica a la falta de precaución de ambas protagonistas, pues como el hombre no fue precavido cuando llamó por error a un número que no era el de su primo —y, no lo olvidemos, a medianoche—, su pareja nunca debió tratar mal a la ofendida; pero la segunda, directamente apelada con el nada equívoco «hija de puta», no debió tomarse como personal lo que no era sino un error cometido al azar…

En fin, como puede ver el lector, sobran los ejemplos. No le pidamos peras a Del Olmo. Pero sepamos una cosa: todas las sentencias citadas son posteriores a la que tuvo tanto éxito y que ha abierto este breve capítulo. Se ve que ya lo entiende. «Zorra» en este contexto quiere decir «puta». Y es un insulto. Continuará.

EL CANTAR DEL JUEZ GASPAR

Cuentos de Navidad, sermones y, como veremos después, incluso novelas. Hay de todo entre nuestros jueces, aunque no nos cansaremos de repetir que una gran mayoría son gente responsable y trabajadora. Ahora, en los juegos florales, hay uno que se lleva la palma. De su cercanía a la figura del payaso puede dar idea su lealtad a esos versos, cima lírica de nuestras letras, con los que Gaby, Fofó y Miliki alegraron las tardes de la infancia de los lejanos setenta:

Hola, Don Pepito.

Hola, Don José.

¿Pasó usted por mi casa?

Por su casa yo pasé.

¿Vio usted a mi abuela?

A su abuela yo la vi.

Adiós, Don Pepito.

Adiós, Don José.

El juez que protagoniza esta historia se inspiró en ellos para una de sus sentencias, en la que literalmente escribió:

Adiós, Don Pepito.

Hola, Don José.

Álvaro Gaspar Pardo de Andrade, juez de Santa Cruz de Tenerife, resolvió así el pleito entre el director de un diario y el de un medio digital; el primero se quejaba en demanda interpuesta ante el juzgado de que el segundo le llamaba, reiteradamente, «Don Pepito». En su fallo el juez impuso al escritor demandado la siguiente condena: «Respire, cuente hasta tres, luego ensaye ante el espejo: adiós, don Pepito; hola, don José».

Poca cosa, dirá el lector que no conozca a nuestro autor. La demanda en sí promovía el cachondeo. Puede ser; pero claro, hay que tener en cuenta que ésta es sólo una muestra, y menor, del alcance de la inspiración de este escritor malogrado. Porque la cosa viene de lejos.

«Señor alcalde, sus hijas están mirando a la luna», advertía Federico García Lorca en su Poema del cante jondo. Algo así pensamos nosotros cuando escribimos en nuestra Antología del disparate judicial sobre el juez poeta, Álvaro Gaspar Pardo de Andrade: que era un lunático (en el sentido lorquiano, no se nos interprete mal). Hace tiempo que está inventado lo de la distribución del trabajo: cada uno sabe hacer algo bien y por eso le pagan, para que quienes hacen mejor que él otras actividades se dediquen a ellas. Pero eso no le gusta al juez Gaspar; a él le gusta cantar. ¡Y vaya si da el cante! En algunas de sus sentencias, desde hace más de una década, incluye ocasionalmente versos y canciones, frases poéticas u otras muestras de su genial ingenio, sólo comparable a su sensibilidad poética. No decimos que no haga su trabajo, decimos que de vez en cuando le entra como un no sé qué y se deja llevar por la inspiración. En este sentido utilizamos el término «lunático». Como si dijéramos que es… fácilmente inspirable.

Tanto es así, que el CGPJ le sancionó con una multa por una falta leve (una falta de consideración hacia los ciudadanos que le costó 25.000 pesetas). Sucedió hace unos años, cuando comenzaba su andadura como juez de familia con rimas tan brillantes como:

Procede acceder a la separación

que imploran tanto el señor Triana

al que no le da la real gana

de soportar la tensión,

como la señora Sarmiento,

que no sufriendo escarmiento

tras su primer tropezón,

persiste en el mismo tono,

y aduciendo el abandono,

Suplica una solución.

Evidentemente, a don Gaspar le salía barata la publicación de sus obras. Había encontrado editor y por ese precio no estaba dispuesto a dejarlo. Desde entonces, ahora como juez de primera instancia, ha seguido incluyendo de vez en cuando en sus sentencias inspirados poemas, por ejemplo este último, que llevó a que le abriera otro expediente el CGPJ, el mismo órgano que le multara tiempo antes, aunque esta vez, por razones de procedimiento, archivó el asunto sin imponer castigo alguno. En el caso de una azafata que pedía una indemnización a una academia en la que había seguido un curso profesional, el juez Gaspar falló de esta guisa: «Tinieblas del corazón, la resolución de la litis empieza por el final. ¿Por qué asistió la Señora X al juicio si no se había pedido su interrogatorio? Porque le dolía, le duele el corazón…».

En su defensa, el juez adujo que «las referencias al corazón» apuntaban precisamente al núcleo —el corazón— de la prueba. La Audiencia de Tenerife, en la sentencia de apelación que revisó la de Andrade, modificó su fallo y se mostró crítica con su estilo, pero no dedujo testimonio contra el juez, lo que puede explicar por qué luego no sancionó el CGPJ.

Nosotros, en cambio, queremos fallar también en contra de don Gaspar:

Señor magistrado Andrade,

en una sentencia seria

no valen ripios, cofrade.

La Justicia no es una feria.

Ni usted un gran escritor. Al igual que nosotros, es un torpe poeta. Así que, para mejorar nuestra densa lírica, volveremos a recurrir en esta segunda entrega, como hiciéramos en el volumen anterior, a Pablo Neruda:

Me gustas cuando callas…

¡VISCA CATALUÑÑÑA!

José María Aristóteles Magán, juez de lo contencioso-administrativo nacido en Barcelona, es otro autor frustrado. Él hubiera querido publicar columnas en la prensa diaria, o eso creemos nosotros basándonos en la tendencia al escrito político de los fundamentos jurídicos de sus sentencias. Posiblemente lo haría bien, en una determinada prensa; pero claro, en los dictámenes judiciales que emitió cuando era juez de Lleida este género realmente no encajaba. Lo mismo estimó el CGPJ, que le suspendió durante 6 meses, y el Supremo, que confirmó la sanción en 2014.

Al alto tribunal le pareció que Magán había menospreciado a la Generalitat de Cataluña y al propio idioma catalán en varias sentencias dictadas cuando ejercía como magistrado en Lleida.

¿Ejemplos? Ahí va uno: «Lo que no puede pretender la Generalidad de Cataluña es imponer su lengua autonómica cooficial a otra comunidad autónoma, pues eso supondría considerar menores de edad al resto de las comunidades», decía en una sentencia emitida para resolver un conflicto de competencias entre un juzgado de Valencia y otro de Lleida. Uno puede estar de acuerdo o no con su opinión, pero hay que aceptar que no cuadra como fundamento jurídico para saber a qué juzgado debe ir a parar un asunto. Porque de eso se trataba, de una cuestión de competencia entre dos juzgados. Como argumento jurídico, Magán señaló el problema de que desde Cataluña hubieran respondido al juzgado de Valencia en lengua catalana, «cuando esta lengua ni se habla ni es cooficial en la Comunidad Valenciana». Era inadecuado.

Además era incorrecto, porque la propia Academia valenciana ha asumido que el valenciano y el catalán son el mismo idioma y, por supuesto, es lengua cooficial de esa comunidad, que tiene tanto derecho a usarlo como cualquiera.

Más botones de muestra: el juez consideró probada «la marginación lingüística que, utilizando el dinero público, está llevando a cabo la Administración regional catalana» hacia el castellano. «Solamente desde un odio ideológico muy profundo hacia la lengua castellana pueden entenderse actitudes de fanatismo lingüístico» como el ejercido por la Generalitat, dijo también.

Según Magán, la presidencia catalana no sólo demostraba deslealtad institucional e incumplimiento de la Constitución, sino también, a propósito de una multa de tráfico, un «celo» recaudatorio «inconmensurable».

Ciertamente, eran opiniones muy respetables, como bonitas son, según se mire, las poesías de Gaspar o los chistes de los Reyes Magos, que de todo hemos visto. Lo importante es que, al margen de la ideología de cada cual, las sentencias son para hacer justicia, no para explayarse.

El Supremo consideró que este juez, que ya había sido sancionado con varias multas antes de la suspensión, había menospreciado a las instituciones catalanas injustificadamente y que la pena impuesta por el CGPJ era adecuada. Magán cumplió 6 meses de suspensión y pidió el traslado a Alicante. Seguro que allí vivirá tranquilo.

LAS MALAS COMPAÑÍAS DEL JUZGADOR

La soledad del juzgador. Ése es el título del libro que publicó una periodista sobre el juicio contra los culpables de los atentados cometidos en Madrid aquella maldita mañana del 11 de marzo de 2004. La vista tuvo lugar en 2007 en la Audiencia Nacional. La autora del libro es Elisa Beni, entonces directora de relaciones con los medios de comunicación del TSJM, y en aquel momento también compañera del juzgador, Javier Gómez Bermúdez, presidente del tribunal. Él era el protagonista absoluto del libro, en su labor como presidente de la Sala de lo Penal en el juicio del 11-M y, por tanto, responsable de dirigir el desarrollo del proceso. Hoy Beni ya no está casada con el magistrado, y Gómez Bermúdez ya no es presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sino juez de instrucción en dicho tribunal. A esto hay que sumar que el CGPJ destituyó a la periodista del citado cargo, del que se negó a dimitir. La destitución, por cierto, obedeció directamente a la publicación del libro, al considerar la Comisión de Comunicación del CGPJ que era motivo suficiente para merecer su pérdida de confianza.

O sea, que fue un libro polémico, ya fuera por el contenido o, más bien, por la oportunidad: si la sentencia se hizo pública el 31 de octubre de 2007, el libro salió a la luz en noviembre de ese mismo año.

Sobre lo primero, el contenido, las opiniones son muchas y variadas, pero no es éste el lugar para hacer una crítica ni para ocuparnos de un asunto tan delicado que poco margen deja a la ironía. Sobre lo segundo, la oportunidad… pues qué vamos a decir, los hechos cantan.

Y por eso hemos incluido la obra en una antología de disparates judiciales, que no periodísticos. La antología de los disparates periodísticos nos llevaría demasiado trabajo y nos dejaría, probablemente, sin trabajo para el resto de nuestras modestas vidas profesionales, incluso podría llegar el caso de que estuviéramos obligados a incluirnos a nosotros mismos en algún apartado. En cuanto al libro de Beni, es cierto que el juzgador no firmaba la obra, pero creemos que es evidente que, de un modo u otro, alguien le coló un gol.

Dos eran los compañeros de Gómez Bermúdez en el tribunal: Fernando García Nicolás, presidente de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, y Alfonso Guevara, de la Sección Tercera. También ellos eran juzgadores, y mientras que el primero prefirió callar, al segundo no le gustó nada el libro y, siguiendo su costumbre de soltar la lengua, de la que más adelante nos ocuparemos, dejó constancia del hecho: Guevara envió una carta de queja al presidente de la Audiencia Nacional, que por entonces era Carlos Dívar, en la que ponía de manifiesto su disconformidad con el comportamiento «desleal» de Gómez Bermúdez, una deslealtad que se extendía a lo profesional, respecto a su responsabilidad como presidente de la Sala, y también a lo personal, como amigo.

Por cierto, no debieron de quedarle muchos amigos a Gómez Bermúdez dentro de la Audiencia, al menos no en aquel momento, porque fueron pocos los que aparecieron en el acto de presentación del libro. Por ejemplo, ninguno de los otros dos miembros del tribunal que juzgó a los culpables de los atentados acudió a la cita a acompañar a su presidente o, mejor dicho, a la esposa de éste. Podría decirse que fue como La soledad del juzgador. Segunda Parte.

LA LEYENDA DEL JUEZ NOVELISTA

José Antonio Vázquez Taín, juez instructor de célebres sumarios como el del asesinato de la niña Asunta Basterra o el procesamiento del narcotraficante Marcial Dorado, es también novelista. Como lo oyen.

Vázquez Taín fue juez instructor del sumario abierto por el robo, en julio de 2011, del Códice Calixtino de la catedral de Santiago, robo del que ha confesado ser el autor Manuel F. C., ex electricista del templo, en cuyo poder encontró la Policía el manuscrito medieval. Y es también autor de la novela Santiago. La leyenda del Santo Oculto (Santiago de Compostela, Teófilo Edicións, 2013).

Digamos, antes que nada, que el título no era muy original. Ya existió otra leyenda de un santo, La leyenda del santo bebedor, de Joseph Roth, que dio título también a una película. Pero puestos a decir toda la verdad, habrá que reconocer también que ya existió una Antología del disparate antes de la Antología del disparate judicial. La escribió el profesor Luis Díez Jiménez y justo es reconocérselo. Así que seamos comprensivos con Vázquez Taín en este punto… porque, o bien no estamos libres de pecado, o bien todos somos enanos a lomos de gigantes.

Pero vayamos a lo que nos ocupa. Una parte de la trama de la novela de Taín se desarrolla en los primeros años del siglo IX; otra tiene lugar a partir del verano de 2012. Esta segunda (se diría que una novela añadida a la primera) está narrada desde el punto de vista de su protagonista, un juez instructor de unos cuarenta años que investiga el robo del Códice Calixtino de la catedral de Santiago. Si el Camino de Santiago inspiró la primera parte, la fuente de inspiración de la segunda parece ser la labor de Vázquez Taín como juez.

Es cierto, sin embargo, que como el propio magistrado ha explicado en una entrevista en el diario ABC en enero de 2013, es decir, coincidiendo con la publicación de la novela, en la trama no se desvela ningún secreto sumarial. Menos mal. Pero sí se observan algunos parecidos entre arte y realidad. Para empezar, quienes conocen a Vázquez Taín le llaman familiarmente Toño, nombre del protagonista de la novela; además, como al juez, a Toño no le gusta la prensa, claro que no ha presentado ninguna novela ni se ha visto obligado a dar entrevistas sobre la misma. Encontramos también restos de hechos verdaderos en las páginas de la ficción: algunos nombres, algunas confesiones. Asimismo, en la novela hay una abundante documentación sobre arte e historia medievales y mucha reflexión improvisada, por citar algunas cosas.

También hay distancias entre relato e instrucción. Por ejemplo, para quien no desee leer el libro y pueda hacerse una idea, podemos decir que la novela deriva en misterios lejanos a la prosaica resolución de los hechos reales, en los que no nos extenderemos.

En cualquier caso, la mayor diferencia que hallamos se refiere a un suceso real vinculado al juez Taín, el de verdad: el Poder Judicial estudió sancionarle, a petición de otro juez y del fiscal, por irregularidades cometidas durante la investigación del caso del Códice, el mismo que dio lugar a la novela.

José Antonio Vázquez Taín, el de verdad, resolvió personalmente una recusación por falta de imparcialidad que el autor confeso del robo presentó contra él. Como es lógico, y dado que ponía en duda su imparcialidad, debió ser otro —en este caso, una instancia superior— y no el propio juez afectado quien diera respuesta cabal a la reclamación del imputado, pero no ocurrió de este modo. Fue Toño, el juez de verdad, el que se declaró a sí mismo imparcial. En todo caso, al final la Comisión Disciplinaria del Poder Judicial no consideró que la conducta de Taín alcanzase una gravedad suficiente como para imponerle la sanción que pedía el fiscal. De modo que su expediente está sin tacha, quede claro.

Pero como nosotros también queremos hacer nuestros pinitos literarios, permítasenos la licencia de extractar una pregunta y una respuesta de la citada entrevista realizada a nuestro protagonista en ABC:

—¿La instrucción del libro ha sido la más laboriosa de su carrera?

—Sí, desde luego que sí.

Y eso que al Toño de ficción nadie le presentó una recusación.

EL CANTE JUDICIAL

Como decíamos antes, algunos magistrados fallan al hablar; o al sentenciar, que de todo hay. Nos ocupamos aquí de otro puñado de magistrados que han rajado más de la cuenta en los medios de comunicación o en sus sentencias, y han dado el cante.

Empezaremos precisamente por nuestro último protagonista, José Antonio Vázquez Taín, el juez novelista, quien recientemente también ha publicado una novela sobre el asesinato de una adolescente después de instruir el caso de Asunta. Este juez de instrucción, llamado por algunos el Garzón gallego y que, como Baltasar, alcanzó éxitos en la persecución del narcotráfico del noroeste español, se siente cómodo haciendo intervenciones en público, como públicos son algunos de los sumarios de los que se ha ocupado.

Uno de esos sumarios, como ya hemos explicado, corresponde al terrible crimen de la niña Asunta, asesinada en Santiago de Compostela. El propio magistrado se ha quejado públicamente de las filtraciones que se han sucedido sobre la investigación de este caso e incluso las ha denunciado.

Así, el 25 de noviembre de 2013, el diario ABC informaba de que Taín había entregado el sumario a las partes (los abogados de la defensa, de la acusación, el fiscal…) «con marcas de agua para evitar que las fotografías de la investigación salgan a la luz y, para en caso de que se publiquen, poder rastrear al encargado de filtrarlas». El juez incluso llegó a presentar una denuncia ante el juzgado de guardia de Santiago para que investigase la procedencia de las grabaciones de una conversación entre los padres de Asunta, Rosario Porto y Alfonso Basterra, acusados del crimen, mantenida en los calabozos el día que fueron detenidos.

Lo paradójico es que por aquellas fechas, concretamente en octubre de 2013, se produjo una de las intervenciones menos afortunadas de Vázquez Taín sobre este asunto. «El periodismo funciona así, sale un tweet que dice que los datos revelan que Asunta volaba y los periodistas recogen que “fuentes bien informadas próximas a la investigación aseguran que Asunta volaba”. Asunta vuela. ¡Ojooo!», dijo en tono irónico el juez en una conferencia en Vigo. No contento con la inoportuna ironía, aquella tarde gloriosa Taín se extendió en otras aseveraciones: «¿De qué sirve que la ley diga “las actuaciones sumariales son secretas” si no prohíbes publicarlas?», se preguntó. «Cuando tú denuncias y llamas a un periodista para preguntarle: “Usted, ¿de dónde sacó esta información?”, y te dice: “Me acojo a mi derecho al secreto profesional y no revelo la fuente”… pues entonces es absurdo.»

Habría mucho que decir al respecto, y de hecho así lo ha hecho el Tribunal Constitucional, pero en todo caso convengamos en que el deber de discreción afecta a todos. Empezando por el instructor mismo. Y lo cierto es que sobre la discreción y la indiscreción también habría muchas cosas que decir respecto a su señoría. No estamos afirmando que filtre o negocie con las informaciones a las que tiene acceso como juez, no. ¡Por favor! Es sólo eso, insistimos: la obligación de ser discretos es igual para todos.

Por ejemplo, Taín fue nombrado director general de Estudios Judiciales de la Xunta en 2005. Y quizá por ello, o tal vez no, quién sabe, quiso echarle una mano a su ex jefe Núñez Feijóo en un momento de apuro. Una mano… al cuello.

VÁZQUEZ TAÍN Y LAS FOTOS

Vázquez Taín se vio envuelto en el turbio asunto de unas fotografías que mostraban al actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, junto a un narcotraficante, Marcial Dorado. Con «envuelto» no queremos sino reseñar que surgió su nombre, por razones que ahora veremos.

El caso es que el diario El País publicó algunas imágenes de la pareja de amigos (Feijóo y Dorado lo eran al menos a mediados de los noventa) que mostraban a las claras la relación de cercanía que les unió, no sabemos exactamente hasta cuándo. En la actualidad Dorado cumple una larga condena, impuesta por la Audiencia Nacional, por un delito de narcotráfico en relación con un alijo de cocaína interceptado en un pesquero. Fue Vázquez Taín el juez que lo procesó. Logró demostrar precisamente las actividades delictivas de Dorado, quien hasta entonces sólo era sospechoso de traficar con tabaco.

En su investigación a Dorado, realizada entre 2001 y 2003, Vázquez Taín había encontrado imágenes parecidas a las que publicó El País; no decimos que fueran las mismas fotografías publicadas por el diario, sino que mostraban el mismo mensaje de amistad entre ambos. Las halló en un registro, pero las consideró irrelevantes. Y por eso no investigó el asunto, ni dedujo testimonio para que cualquier otro, o al menos la Policía, lo hiciera. No había motivos, según él.

Cuando El País publicó fotos que los mostraban juntos, en marzo de 2013, informó en el artículo que las acompañaba: «En aquella época el contrabandista había sido detenido dos veces: en 1983, en la primera gran redada contra el negocio ilegal del tabaco en las Rías Baixas, y en 1990, por orden del juez Garzón en el curso de la Operación Nécora, aunque luego lo excarcelaron y no llegó a ir a juicio. Años después de su relación con Feijóo, Dorado fue arrestado por narcotráfico y ahora mismo se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 14 años».

Ese mismo día, en un comunicado que publicaba el mismo periódico junto a la citada información, Feijóo aseguró que se trataba «de unas fotografías de mediados los años noventa, hace casi dos décadas». El político gallego añadió que en el momento en que se hicieron las fotos tenía unos treinta y cuatro años, y añadió que «las fotos, según tengo entendido, forman parte del material requisado en un registro a Marcial Dorado años después de que fueran tomadas, y ya fueron descartadas en diferentes operaciones judiciales por irrelevantes». El presidente de la Xunta añadió que desde finales de los noventa no había vuelto a ver o a hablar con Dorado. Nosotros no dudamos de su palabra, aunque, la verdad, cuando nos las vemos con amistades entre políticos y narcotraficantes, nos entra como un desasosiego. Pero vamos a lo que vamos.

En una entrevista que publicó en exclusiva el diario El Mundo el 3 de abril de 2013, o sea, días más tarde de que El País sacara a la luz las famosas fotos, Vázquez Taín intervino en el asunto. En esa entrevista recordaba aquello de que no se había incautado de unas fotos muy similares a las publicadas, cuando las encontró durante un registro en la casa de Dorado, porque las consideró irrelevantes.

Esta entrevista pretendía ayudar a un político cuya imagen en el yate de un narcotraficante estaba a punto de hacerle naufragar (vale, quizá hemos ido demasiado lejos con la metáfora). Al menos eso creemos nosotros. Y de hecho así las interpretó, como una ayuda bienvenida, el propio Feijóo, quien señaló que con las palabras de José Antonio Vázquez Taín «la infamia se acabó». Pero el jardín en el que había entrado el magistrado resultó ser demasiado frondoso. Puede que no considerase relevante desde el punto de vista penal (o al menos sospechoso, lo bastante como para investigar) que se fotografiara con un narcotraficante un consejero de la Xunta que llegó a ser vicepresidente en 2004 y, como sabemos, finalmente la presidió. Puede ser. A nosotros nos llamaría la atención, la verdad. Pero puede ser.

Ahora bien, el juez también reveló en aquella entrevista que durante su investigación a Dorado se recogieron conversaciones telefónicas de Núñez Feijóo y el propio narcotraficante, las cuales, una vez más, no se consideraron sospechosas. Esa afirmación llevó a varios diarios y a la oposición a concluir que Feijóo había mentido al asegurar que había cortado sus relaciones con Dorado después de los años noventa, cuando supo que tenía causas pendientes con la Justicia. Estos portavoces consideraron que de las declaraciones del juez Taín se deducía que ambos habían hablado por teléfono entre 2001 y 2003. Dicho de otra forma: si en una investigación desarrollada entre 2001 y 2003 Taín había registrado al menos una conversación entre Feijóo y Dorado, como él mismo declaró, entonces había razones para que al menos los políticos de la oposición considerasen que no era cierto que la amistad entre el político y el delincuente acabara en los noventa.

Y hubo más: Taín llegó a decir que había hecho esas declaraciones sobre las fotos a petición de la Policía, para despejar dudas sobre una eventual filtración de las imágenes a El País por parte de quienes hicieron el registro en su día. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tuvo que salir entonces a la palestra para desmentir que la Policía hubiera hecho semejante petición. Siguieron después acusaciones y negativas que vamos a dejar correr.

Será todo verdad o todo mentira, o un poco de ambas. Desde luego, la discreción brilla por su ausencia; la de unos y la de otros, porque el juez también desveló que en sus registros encontró más fotos de Dorado con políticos, aunque se negó a desvelar sus nombres y su afiliación. Se ve que todas son… irrelevantes.

CALAMITY FERRÍN

«La condición de toxicómano, pederasta, prostituta, pertenencia de uno de los progenitores a una secta satánica, etcétera, entiendo que afecta negativamente a los hijos, al igual que una relación heterosexual del progenitor custodio puede perjudicar a los menores y servir de base para un cambio de custodia; pues lo mismo la de homosexual.»

Lo que el amable lector acaba de conocer son palabras, por cierto muy celebradas en la prensa, tomadas de un auto firmado en 2007 por el juez Fernando Ferrín Calamita, que ha dirigido el Juzgado de Familia número 9 de Murcia durante más o menos una década y de quien nos vamos a ocupar en las próximas líneas. Como habrá comprendido el lector, el juez aludido venía a decir en su escrito que la homosexualidad es similar en Derecho a la condición de toxicómano, pederasta o víctima de una secta. A partir de criterios como éste le retiraba la custodia sobre sus dos hijas a una madre divorciada que, según indicaba el juez (nosotros no lo sabemos, ni nos importa), se separó de su marido para tener una relación de pareja con otra mujer.

Ferrín Calamita, ni corto ni perezoso, pero sí muy, pero que muy conservador y poco, pero que muy poco constitucional, utilizaba en aquel auto argumentos basados en que la homosexualidad de la madre perjudicaba a las hijas, que «tienen derecho a un padre y a una madre, no a dos madres o a dos padres». «Los más prestigiosos especialistas así lo determinan. No hace falta siquiera para ello ser especialista: el sentido común (que a veces es el menos común de los sentidos) así lo dice. El hombre y la mujer son complementarios entre sí. Dos mujeres o dos hombres, no.» Lo contrario, atención, «aumenta sensiblemente el riesgo» de que los hijos también sean homosexuales, añadía el juez. A Calamita le preocupaba el contagio de… la enfermedad.

No sabemos cuáles son sus especialistas ni queremos soportar el impacto de lo que nuestro buen juez entiende por sentido común, pero hemos querido empezar este apartado dedicado a Calamita con la anterior cita, que le hace merecedor de encabezar el salón de la fama de los jueces más reaccionarios del país y brillar con luz propia entre los togados que llevaron la expresión de sus puntos de vista más allá de lo admisible.

Empezaremos recordando que como reconocimiento a su brillante intervención, Calamita obtuvo un pequeño premio, una multa de 600 euros que sin embargo le fue anulada porque el CGPJ, como en tantas otras ocasiones, tramitó con tal lentitud su expediente que, cuando finalmente impuso el castigo, había expirado el plazo previsto por la ley. Nos preguntamos cuál era la complejidad del asunto, porque así, a primera vista, parece claro que Calamita había cometido una falta grave al usar en su resolución judicial «expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico», tal y como dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y eso como mínimo. El caso es que el Poder Judicial tardó seis meses más ocho días en llegar a esta conclusión y, después de imponer la pena, tuvo que retirarla ante el recurso del condenado.

De todas formas, para cuando el CGPJ anuló la sanción, en el año 2009, la larga trayectoria de Ferrín Calamita como juez original había concluido. En 2008 ya había sido suspendido después de que se ejercieran acciones penales contra él, y pronto quedaría fuera de la carrera judicial por muchos años.

Nuestro family man había empezado a dar problemas a las malas gentes liberales muchos años antes. En 1987, un juvenil Baltasar Garzón, por entonces inspector del Poder Judicial para la zona de Andalucía, tramitó el expediente abierto a un juez de Chiclana que una buena mañana, mientras paseaba tranquilamente por la playa en chándal, sufrió el trauma de encontrarse no uno, sino dos pares de pechos al aire. Correspondían a dos jóvenes muchachas en flor a las que envió a marchitarse al calabozo por escándalo público (o algo así). Perdieron el bronceado, pero Calamita quedó incólume, y después de otros destinos, terminó en el citado Juzgado de Familia de Murcia.

En su nuevo destino se vino arriba: tan pronto concedía la custodia de los hijos de un matrimonio al padre sin importar que a éste lo hubieran condenado reiteradamente por malos tratos (así lo denunció la familia afectada en una dramática carta pública dirigida al juez que publicó El País), como llegaban quejas al órgano de gobierno de los jueces denunciando trato desconsiderado, presiones a las parejas que se querían divorciar para que llegaran a acuerdos antes de ir a juicio, o alertaban de retrasos en determinadas adopciones que habían caído en su juzgado. No decimos que tuvieran razón, Dios nos libre, pero sí afirmamos que Calamita ha batido récords en materia de quejas. Y todas parecidas. Fueron muchos los problemas que llegaron al Colegio de Abogados de Murcia relacionados con el juez Ferrín.

En ésas estaba nuestro protagonista cuando, en 2005, llegó la Ley de Matrimonio Homosexual. Y claro, no se podía esperar otra cosa, lo del matrimonio homosexual al hombre no le entraba en la mollera.

La resolución que al final provocó la caída de Calamita se refería precisamente a dos de sus temas preferidos: la adopción de una menor por parte de la pareja de su madre biológica, otra mujer. Menores y matrimonio homosexual. ¡Acabáramos!

En el marco de ese proceso dictó otra polémica providencia, muy parecida a la reseñada al comienzo. «La probabilidad de que la menor salga homosexual visto el ejemplo» es alta, alertaba nuestro campeón. Había que defender el «derecho de la menor a ser insertada en una familia normal».

Pero no fue ésa la causa última de su condena; además de expresar sus arraigadas creencias, el juez hizo que la mujer solicitante de la adopción pasara por un infierno de legajos, una actuación que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia calificó de retardo malicioso. Como decimos, por retardo malicioso en la administración de Justicia con la circunstancia agravante de desprecio de la orientación sexual, el tribunal condenó a Calamita a 2 años y 3 meses de inhabilitación para ejercer como juez.

Calamita intentó defenderse. Se quejó de que se le quisiera marginar en razón de sus creencias y llegó incluso a anunciar una querella contra el magistrado que instruyó su caso.

Y, en efecto, la condena no había sido correcta. De hecho, el fiscal y las perjudicadas recurrieron ante el Supremo, y el alto tribunal, en una dura sentencia, consideró que la condena había sido incluso liviana. Calamita había desplegado «una activa obstrucción beligerante» desde su posición de juez para impedir que se aplicara lo que decía la ley, «muy significativamente cuando trataba de cuestionar la idoneidad para la adopción por razón de la orientación sexual de la solicitante». Eso no es sólo retardo malicioso, señaló el Supremo; eso es adoptar resoluciones injustas sabiendo que lo son o, en otras palabras, prevaricación. Y por ese delito impuso a Ferrín una pena mucho más dura que la inicial, 10 años de inhabilitación, lo que en la práctica le apartaba de la carrera judicial definitivamente.

Como último recurso, Calamita pidió el indulto. El Gobierno se lo negó y así terminó esta historia… o no. Porque lo de Calamita es muy grave, pero tampoco están mal los disparates de otros: en 2009 se constituyó una plataforma que recaudó miles de euros para ayudarle a afrontar las consecuencias económicas de su condena.

TÍOS, SOBRINOS, ANIMALES Y GAIS… ¡FIESTA!

Calamity Ferrín, como hemos querido llamarle sin ánimo de injuriar, no está solo. Otros, quizá más inteligentes pero llevados por la misma indiscreción, han brillado también con luz propia en sus referencias al asunto de las familias gais. Véanse como muestra los pronunciamientos que esta nueva figura de nuestro Derecho Civil, el matrimonio homosexual, ha suscitado en dos magistrados del Tribunal Constitucional.

Uno de ellos es el ex miembro de este tribunal Enrique López, que aludió al asunto cuando ejercía funciones de portavoz del CGPJ. Es justo señalar que aquel CGPJ del que formaba parte fue el mismo que, en julio de 2007, y por unanimidad, abrió expediente a Calamita por uno de sus celebérrimos autos. Así que no nos malinterpreten, sabemos que López es otra cosa. Desde luego no es como Ferrín, por muchos motivos. Es sólo que, para haber sido portavoz, a veces resulta demasiado locuaz o quizá demasiado consciente de la oportunidad política, que también podría ser.

El caso es que Enrique López coincidió en el CGPJ con José Luis Requero, otro magistrado conservador. Y, puestos a coincidir, también coincidió con Requero en una frase que debe pasar a los anales por haber comparado, prácticamente, a los homosexuales con animales: «Llamar matrimonio a la unión de personas del mismo sexo es un cambio radical, como lo sería llamar matrimonio a la unión de más de dos personas o a la unión entre un hombre y un animal».

Ahí queda eso. Requero utilizó esos términos en la propuesta de informe sobre la Ley de Matrimonio Homosexual que realizó como vocal del Poder Judicial (decimos «propuesta» para destacar que el resto de los miembros del CGPJ retiraron la frase del texto definitivo). A diferencia de la mayoría de los vocales, López, que como hemos dicho, en aquel momento era portavoz del órgano de gobierno de los jueces, suscribió punto por punto la frase de su colega.

A pesar de su desacierto, pero a buen seguro por méritos propios, Requero ha sido elevado en 2014 a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo; está casado con una señora y no niega su cercanía al Opus Dei. Que sepamos, López no coincide con él en ninguna de las dos cosas, pero en cambio sí coincidió con Requero en decir que el citado ejemplo entraba dentro de lo razonable para expresar algo así como que la libertad sexual no debía servir para desvirtuar el matrimonio; el heterosexual, se entiende. Lo increíble es que no se trata de meteduras de pata cometidas a la ligera, porque si uno dejó escrita la reflexión, el otro tuvo tiempo de pensar sobre la misma antes de suscribir la frase.

Tampoco se cortó otro magistrado del Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas, jurista respetado que, sin embargo, un mal día se dejó llevar por un arranque de franqueza y comparó el matrimonio homosexual con la unión entre un tío y un sobrino. Fue en su voto particular contra la sentencia del Constitucional que validó la institución matrimonial para las parejas del mismo sexo.

En aquel voto particular Rodríguez Arribas aludía a una llamada «interpretación evolutiva» del matrimonio, la interpretación adoptada por la mayoría del Constitucional para aceptar que se pudieran instituir las uniones entre personas del mismo sexo. Sobre esa interpretación del matrimonio Arribas recordaba que lo define como «una comunidad de afecto que genera un vínculo o sociedad de ayuda mutua entre dos personas que poseen idéntica posición en el seno de esta institución y que voluntariamente deciden unirse en un proyecto de vida familiar común». Y luego añadía literalmente: «La descripción que acaba de reproducirse, un tanto enrevesada y poco eufónica, realiza una verdadera filigrana para eludir hablar de sexo al definir el matrimonio, con lo que, a primera vista, éste podría constituirse entre un tío y un sobrino».

Un voto verdaderamente… particular.

A nosotros, como en la canción de Los Chunguitos, si nos dan a elegir, nos quedamos con la primera idea, la expresada por Requero cuando dijo que cabía estar hablando de «más de dos personas» si así se regulaba el matrimonio. La del trío. Aunque suponga mucho trabajo, siempre será mejor que acostarse con una bestia o con nuestro pobre sobrino, que no tiene ninguna culpa.

GUEVARA, NADA QUE VER CON EL CHE

Uno lee Guevara y, claro, piensa en el Che, pero no. Hablamos del juez Alfonso Guevara. Y el juez Guevara es capaz de poner patas arriba una vista o de encarcelar a una celebridad porque no ha acudido a tiempo a su juzgado. Ahora bien, de ahí a considerarlo un revolucionario de izquierdas… va un larguísimo trecho. No es lo primero ni, desde luego, lo segundo (pertenece a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura). Reconozcamos además su larga trayectoria como magistrado, que le ha llevado al muy honorable puesto de presidente de la Sala Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Por empezar de algún modo, creemos apropiado arrancar su trayectoria el día que encarceló, nada más y nada menos, que a Pedro J. Ramírez; y todo por «un capricho», o al menos así lo relataría en una carta abierta al Poder Judicial el propio afectado. Se trataba de un proceso por injurias relacionadas con un artículo publicado en el periódico que entonces dirigía Ramírez, Diario 16, y la causa se instruía en el Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid, donde reinaba Guevara. El juez citó al periodista para un día de marzo de 1985, pero éste no se presentó.

Ramírez siempre negó haber recibido la citación, como otras fuentes afirmaron, pero el caso es que, a los pocos días de cumplida la fecha sin que el periodista se presentara, el juez supo que éste se hallaba en los juzgados de plaza de Castilla, donde a la sazón el director del periódico había acudido para otro asunto. Según informaron las crónicas de la época, el propio letrado de Pedro J. informó a Guevara de que en un rato, una vez cumplida otra diligencia, su representado acudiría al Juzgado de Instrucción número 22 para una mera formalidad, dado que no era autor del artículo implicado. No perdió el tiempo Guevara: en cumplimiento de su anterior citación, ordenó a dos inspectores que esposaran a Pedro J. y lo condujeran al calabozo; allí lo tuvo hora y media, hasta que el plumilla cumplió la tarea para la que había sido citado (simplemente dar fe de que era director del periódico y poco más). Según contaba el periodista en su carta abierta al presidente del CGPJ desde las páginas de Diario 16, cuando Guevara decidió ponerlo en libertad al poco rato de su detención, Pedro J. le preguntó por qué había cambiado de intención tan rápidamente, y el magistrado replicó: «¡Hombre! Es que mañana es fiesta y por un capricho no le voy a tener a usted detenido hasta tres días».

Conste que ésta es una versión de parte, publicada en diversos medios de la época y no desmentida. Nos gustaría consultar a Guevara, pero nos da miedo. Corremos el riesgo de acabar en el calabozo. Aunque podría ser peor…

Un ejemplo. Guevara, conocido por sus prontos, se arrancó un mal día contra un encausado al que se estaba juzgando en la Sala Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional que él preside. El reo había protagonizado un incidente el día anterior y al iniciar la siguiente jornada nuestro protagonista se dirigió a él diciéndole: «Si yo soy mi escolta… ayer, el culatazo que se lleva por el escándalo que estaba armando allí… hoy tiene la cabeza vendá. Pero claro, como aquí nos la cogemos con papel de fumar antes de tocar a nadie… Vamos, si yo llevo el arma ayer… ¡Un culatazo!». Multa de 600 euros por falta grave y no se hable más, resolvió al poco tiempo (junio de 2013) el órgano disciplinario de los jueces.

Aquella sanción manchó un expediente de décadas de ejercicio judicial penal, la mayoría en la Audiencia Nacional. Allí sus maneras son conocidas, y tal vez le han perjudicado para que no haya podido conseguir su aspiración de presidir la Sala de lo Penal, porque el modo en que suele llevar las vistas se ha hecho célebre, y en ocasiones ha conducido incluso al tribunal a componer cuadros surrealistas.

Así sucedió, por ejemplo, en aquella ocasión en que la Sala Tercera de la Audiencia Nacional debía resolver qué magistrado había de encargarse de la investigación de los llamados «papeles de Bárcenas». La dicotomía se planteó entre Pablo Ruz o Gómez Bermúdez (ex presidente de la Sala de lo Penal y, por tanto, antiguo superior de Guevara, pero entonces venido a menos como mero juez de instrucción). En un momento de aquella larga vista, celebrada en la sede judicial de la calle Goya de Madrid, uno de los letrados se dirigió a Guevara con el habitual usted. Como un basilisco se puso nuestro juez, quien, irguiéndose sobre su menudo físico, reconvino al abogado. «¡Llámeme ilustrísima!», le dijo.

Quienes esto escribimos recordaremos por muchos años el extremadamente delgado cuerpo de Guevara y su enérgico rostro, los aspavientos de sus brazos armados de puñetas que se alzaban como una maldición bíblica sobre el anonadado leguleyo y cómo, sentada junto al magistrado en el estrado destinado al tribunal, y a pocos centímetros de él, otra de las magistradas que componían la Sala se tapaba el rostro con un folio en blanco, como no queriendo saber nada. En efecto. Se pasó las tres horas de la vista tapándose la cara con una hoja porque no quería ser fotografiada. Y ni siquiera la divina cólera de Guevara la hizo desistir de su decisión. Ilustrísima anónima, en su caso.

Es sólo un ejemplo que no debe llevarnos a engaño: la dureza de Guevara se ha puesto de manifiesto frente a los débiles, pero también contra los duros. El etarra Txapote se negó a permanecer sentado durante uno de los juicios celebrados contra él:

—¿Me vas a ordenar cuándo me puedo levantar y cuándo no? —increpó el etarra al juez.

—Sí señor, porque aquí mando yo —respondió el magistrado, al tiempo que ordenaba a dos agentes que sentaran al terrorista por el sencillo método de empujar sus hombros hacia la silla.

También es cierto que la dureza espectacular empleada por Guevara durante los juicios que dirige contrasta con las órdenes de libertad que ha adoptado para condenados por los peores delitos, terroristas de ETA inclusive. Decisiones polémicas, consideradas por algunos excesivamente garantistas y que han afectado a personajes como Rafael Díez Usabiaga, Elena Beloki o Domingo Troitiño; en este último caso, el tribunal presidido por Guevara decidió su puesta en libertad antes de cumplir condena debido a un error, que subsanó luego con una orden de busca y captura, dictada cuando el etarra ya se había fugado (Troitiño fue detenido poco más de un año después, en el verano de 2012).

El lector recordará que Guevara formó parte del tribunal que juzgó a los terroristas autores de los atentados del 11-M en Madrid. Fue un proceso de extraordinaria dureza, en especial para las víctimas, como cualquiera puede comprender. ¿Cualquiera, hemos dicho? Sí, cualquiera menos Guevara. Así se puso de manifiesto cuando concedió una entrevista al diario La Razón. La intervención que sigue creemos que merece por sí sola figurar en la presente antología. En la citada entrevista, Guevara respondió de la siguiente manera:

—¿Cuál es el momento más duro que ha vivido en el juicio?

—El día de las víctimas, porque algunas venían preparadas para hacer un discurso político que estaba fuera de todo lugar. Traer un papel y empezar a hablar de la condena del señor Aznar estaba fuera de lugar, porque no se estaba juzgando al señor Aznar. Son de esas cosas que entran por un oído y salen por otro. Daba vergüenza ajena.

Vergüenza ajena, ciertamente.

JUZGADOS CON HUMEDADES: LAS FILTRACIONES

Luis Bárcenas, ex senador, ex tesorero, ex tantas cosas en el PP, había llegado esa mañana a la Audiencia Nacional a bordo de una furgoneta de la Guardia Civil. Estaba dispuesto a tirar de la manta, por fin. Iba a admitir como suyos los «papeles de Bárcenas», una supuesta contabilidad B del Partido Popular que apuntaba a diversos manejos de dinero opaco en esta formación política, manejos que incluían, según se investiga, el cobro de sobresueldos en negro por parte de la cúpula del partido.

Al viajar dentro del vehículo policial, Bárcenas se ahorró el mal trago que había pasado unos días antes cuando, al bajarse de un oscuro utilitario detenido momentáneamente a pocos metros de la entrada de la Audiencia Nacional, tuvo que escuchar los insultos que le gritaron varias decenas de ciudadanos congregados a las puertas de la sede judicial. Ese mismo día había sufrido otro mal momento cuando supo que el juez había decidido imponerle la prisión preventiva como medida cautelar para evitar su fuga o que pudiera destruir posibles pruebas.

Así que en la mañana que nos ocupa, el 15 de julio de 2013, Bárcenas llevaba ya algunas jornadas haciendo amigos en el trullo. Salió del furgón sin insultos, pero gentilmente acompañado por dos tricornios. Eso sí, en esta ocasión su declaración iba a ser diferente. Por primera vez asumiría lo que hasta el momento habían sido documentos sin autentificar. Con su declaración no probaría necesariamente la verdad del contenido de los papeles, pero sí haría suya la autoría de los mismos. Y sí, un furgón de la Benemérita lo condujo desde la prisión madrileña de Soto del Real hasta el garaje de la Audiencia Nacional; luego subió a los juzgados a esperar y, unas dos horas después de su llegada, hacia las 11.30 horas y con algo de retraso sobre el horario previsto, comenzó a tomarle declaración el juez Pablo Ruz.

Cuando llegó el momento, Bárcenas pidió permiso para ponerse la corbata. El juez accedió y advirtió a los abogados que no debían usar sus teléfonos móviles, aunque les permitió el uso de tablets. Bárcenas empezó a largar: sobres, donaciones ilegales… y justo cuando estaba en lo mejor del escándalo cósmico, Ruz le interrumpió. Alguien había advertido al juez de que Twitter estaba contando en tiempo real lo que Bárcenas declaraba. A eso se le llama filtrar. Uno de los abogados presentes lo estaba explicando todo a través de las redes sociales. Ruz advirtió seriamente a los presentes y terminó la filtración. Aunque sólo momentáneamente.

SUMARIOS PÚBLICOS

El asunto de las filtraciones de los sumarios judiciales es una historia muy larga. Quienes esto suscriben han visto cómo, día tras día, una pareja de reputados periodistas de investigación acudía puntualmente al juzgado estrella del momento —sí, el del juez más estrella del firmamento, ése— a recoger la cosecha diaria de noticias, las que publicaría al día siguiente un diario de fama mundial; en este caso, las informaciones apuntaban y disparaban contra el PSOE. Y eso que se había declarado el secreto de sumario.

Desde entonces hasta hoy, los nombres y las estrellas han cambiado, pero el asunto de las filtraciones sigue dando el cante. En ocasiones, como en el ejemplo que acabamos de citar y sobre el que no debemos dar más pistas, son los jueces quienes filtran. Pero las más de las veces son las partes —principalmente los abogados, aunque también se ha dado el caso con algunos funcionarios policiales o fiscales— quienes cuentan a los periodistas los contenidos de uno u otro sumario. Es labor del periodista decidir qué está amparado por el derecho a la información de los ciudadanos y qué noticias no justifican un determinado daño a la imagen de un acusado, como es también su obligación contrastar las noticias y no ser esclavo de la versión de una sola fuente.

Tan larga es la historia, que unas páginas atrás hemos conocido cómo en el caso del asesinato de la niña Asunta Basterra varias cadenas de televisión divulgaron grabaciones registradas en los calabozos. Fue llamativo también el descuido de alguien en el juzgado, que dejó una cortina corrida para que las cámaras pudieran recoger imágenes de la madre de la niña en el momento de comparecer ante su señoría. El juez removió Roma con Santiago (nunca mejor dicho) para encontrar el origen de las filtraciones y se quejó amargamente, pero poco más pudo hacer.

Los ejemplos del mismo fenómeno podrían por sí solos llenar una antología de la filtración sumarial y no queremos cansar al amable lector, pero permítasenos citar algunos casos que han alcanzado el absurdo y hasta la pantomima. Por ejemplo, el de los correos electrónicos del ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.

El juez Elpidio Silva ordenó la prisión preventiva para Blesa en el marco de una investigación judicial que luego hubo de abandonar porque fue suspendido de sus funciones, como ya explicamos en su momento. A Silva lo apartó de la carrera judicial el CGPJ cuando se abrió juicio oral contra él (en realidad, antes ya se le había aplicado una sanción disciplinaria de suspensión temporal). Una vez suspendido, otro juez le sustituyó en el citado asunto.

Pues bien, desayunaba este otro juez una mañana —suponemos que no muy tranquilamente, porque Silva le había dejado una buena patata caliente— cuando se vio sorprendido por la publicación de diversos correos, muchos de ellos personales, de Blesa. Los correos habían sido intervenidos por su antecesor en el sumario. La revelación pública de este material pilló desprevenido no sólo al juez del caso, sino también a los abogados de la acusación, que pidieron al magistrado el acceso, en el marco de la causa, a las aludidas comunicaciones privadas. Una cosa era leerlas en la prensa y otra muy distinta conocerlas como material probatorio. El magistrado se lo negó. Al fin y al cabo, como el resto del sumario, estaban declaradas secretas.

Muchos de aquellos correos afectaban de pleno a la vida personal, y hasta íntima, del principal encausado (Blesa); así pues, resultaba extraño tanto su publicación como el mero hecho de que figuraran en la causa, porque difícilmente podía explicarse su relación con una indagación financiera; pero el caso es que ahí estaban. Los más estimulantes incluían al ex presidente del Gobierno José María Aznar y a otras figuras políticamente relevantes. Una vez más, el juez encargado del caso se empeñó en vano en investigar quién era el autor de la filtración. No consiguió saber quién había sido. Y decimos «saber», porque suponer, la verdad, resultaba sencillo.

Hasta el momento, de todos modos, el récord lo ostenta el abogado (en el momento de escribir estas líneas es solamente un sospechoso, de modo que no vamos a poner nombre al pecado) que grabó subrepticiamente la declaración de la infanta Cristina como imputada en el caso Nóos.

EL VÍDEO DE LA INFANTA

El 8 de febrero de 2014 se produjo un evento histórico en los tribunales españoles, una comparecencia anunciada desde hacía tiempo que se había retrasado por una serie de vicisitudes: la infanta Cristina era interrogada por el juez José Castro en calidad de imputada en relación con supuestas irregularidades fiscales y blanqueo de capitales en el marco de una investigación sumarial por graves delitos que apuntaba como sospechoso a su marido, Iñaki Urdangarin.

La defensa de la imputada había solicitado, dadas las especiales circunstancias, que sólo se recogiera el audio de su comparecencia, y el juez aceptó no grabar en vídeo el interrogatorio.

Unas cuarenta personas, en su mayoría letrados personados en la causa, estuvieron presentes en la declaración de la hija del Rey. Se les retiraron todos los dispositivos electrónicos: teléfonos, tablets, portátiles…. El juez no quería sorpresas y tampoco los funcionarios policiales encargados de la seguridad, quienes extremaron las medidas para que no hubiera una foto del momento, e incluso llegaron a desmontar bolígrafos y a examinar relojes para localizar cámaras ocultas. En efecto, no querían sorpresas. Pero las hubo.

Durante el testimonio a la Infanta, a lo largo del cual la imputada se mostró ignorante de los asuntos financieros de su esposo a pesar de que le fueron mostrados correos a su nombre y escritos por éste que parecían transmitirle información relativa a la causa, uno de los letrados había hecho uso de un dispositivo electrónico. A buen seguro era uno de esos ingenios que imitan los útiles de Bond, James Bond, en sus películas. El testigo indiscreto había recogido cinco minutos de la declaración, en los que efectivamente la Infanta manifestaba desconocer los datos sobre los cuales se le interrogaba. Podía verse a la imputada y también se advertía cómo el cameraman apuntaba a veces al techo para disimular. Una web lo divulgó y el diario El Mundo se hizo eco de las imágenes.

Suponía todo un récord en materia de filtraciones, aunque realmente era más efectista que real. Mejor dicho, la filtración era real, pero poco significativa. Mucha más sustancia tuvieron aquellas otras filtraciones a las que nos referíamos al comienzo del epígrafe anterior, ésas llevadas a cabo por los reputados periodistas de investigación… Claro que, en ese caso, el que filtraba era el juez. Un juez estrella. Como dice la canción, no es lo mismo…

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Los famosos también pierden el juicio

Que todos somos iguales ante la ley es un precepto constitucional que queda claro en este capítulo, aunque en otro hayamos comprobado también que a veces los peces gordos flotan. La Justicia es cosa de todos y para todos. Por eso no sólo los ciudadanos más corrientes tienen que rendir cuentas ante ella, sino también los más poderosos —aunque no siempre— y los famosos.

Los famosos son esos personajes públicos admirados por todos por salir no sólo en las revistas del corazón, sino porque se han singularizado en esta vida, que transcurre anodina para el resto, por haber destacado en algún arte, mérito o ciencia, que les ha hecho seres únicos. Son, en otras palabras, los elegidos. Y muchos de ellos exponen a los cuatro vientos su forma de vida, sus fortunas, sus casas y sus relaciones humanas.

Antes de entrar en materia, vaya por delante nuestro respeto a las personas que se ocultan tras los personajes, a los cuales también brindamos nuestra admiración en la mayoría de los casos. Pero como son personajes públicos, sus delitos también trascienden a la plaza pública, en la cual no seremos nosotros los que volvamos a juzgarlos, sino que nos limitaremos a narrar los hechos declarados probados en sentencia judicial.

Las causas judiciales en las que los protagonistas son nuestros famosos han acaparado numerosas portadas en la prensa generalista y en las revistas del corazón. Y horas y horas de televisión en los programas de famoseo, con gran despliegue de medios y directos a cualquier hora del día o de la noche desde el lugar en el que se estaba produciendo la noticia. Un periodismo a la altura de las circunstancias.

Se ha dado todo tipo de casos: drogas, blanqueo de dinero y accidentes mortales de tráfico. Aunque, sin duda, las causas más recurrentes y con más famosos en el trance judicial son las que tienen que ver con el fraude a Hacienda; varios son los cantantes que han sido pillados dando el cante al fisco. Todos estos casos despejan cualquier duda: nuestros famosos no están ajenos a la Justicia y más de una vez también pierden el juicio. Es el caso de Lola Flores, Ana Torroja, Isabel Pantoja, Julián Muñoz, Joselito, Ortega Cano y Farruquito. Son sólo una muestra, pero hay muchos casos más. Escribir de todos nos hubiera dado para otro libro distinto.

LA FARAONA, EN LA PICOTA DEL FISCO

Lola Flores, la más grande de todas las folclóricas españolas, fue víctima de la mayor campaña publicitaria gratuita que ha tenido la Hacienda española para que los españolitos seamos conscientes de que hay que estar en paz con los del fisco, que hay que hacer la declaración de la renta y cumplir con las obligaciones tributarias si no queremos tener serios problemas. La década de los ochenta, cuando se afianzaba la democracia de 1978, iba cambiando poco a poco la faz de España. Todos iguales ante la ley, sí, pero también todos apoquinando a la caja pública. Y había que dar ejemplo. Porque Hacienda somos todos, nos decían.

El impacto mediático del procesamiento de la Faraona por fraude fiscal fue brutal en los años ochenta. El fiscal Luis Jornada de Pozas le reclamaba una pena de 2 años y 1 mes de prisión por dos delitos fiscales, otros dos contra la Hacienda Pública y uno de incumplimiento de obligaciones contables. También solicitó que pagara a Hacienda los 45 millones de pesetas que dejó de ingresar correspondientes a los ejercicios de 1982, 1983, 1984 y 1985, además de una multa de 87 millones de pesetas. Y Lola, con todo su arte y su magia, acabó sentada en el banquillo…

Sin embargo, sus males con la Justicia comenzaron mucho tiempo antes. El 25 de marzo de 1987, el fiscal Jordana de Pozas, que pasó a ser conocido como «el fiscal de Lola Flores», presentó una querella contra la cantante y su marido. «Lola puede ir a la cárcel», titulaba en su portada el ABC al día siguiente. «No se habla de otra cosa. No sólo en los círculos artísticos y en el mundo del espectáculo, sino en la calle, en el autobús, el Metro, la cafetería o el lugar de trabajo», relataba el rotativo.

Ante la entidad de lo defraudado, la jueza Felisa Atienza le reclamó… 145 millones de pesetas, lo que le obligó a «malvender», como afirmaba ella, el piso familiar que tenía en la madrileña calle de María de Molina, esquina con el paseo de la Castellana, mientras que otros de sus bienes quedaron embargados para cubrir la cantidad ante posibles responsabilidades pecuniarias. La mala noticia de perder la vivienda familiar fue, a buen seguro, recibida con alivio por los vecinos de La Faraona, hartos ya de tanto cante y baile en una comunidad de vecinos.

Durante los años que duró su proceso judicial, Lola Flores no se cortó un pelo en largar contra los que consideraba responsables de su desgracia; uno de ellos, el entonces ministro socialista de Hacienda, Carlos Solchaga. Miren qué desparpajo tenía: «No pago a Solchaga porque no me regalan galas como a Ana Belén». La Faraona decía sentirse «más fuerte que el Chernobyl ese» y aseguraba que si no pagó a Hacienda no fue por desvergüenza, porque ella no tenía «ni tarjetas» y que nunca le habían regalado cien galas. Erre que erre.

El juicio fue todo un espectáculo. La Lola de España en el banquillo, «como un criminal», decía ella. Su marido, El Pescaílla, al final no tuvo que compartir ese trago. La Sala de la Audiencia Provincial de Madrid en la que se celebró la vista estuvo todos los días llena de periodistas y ciudadanos curiosos que hacían cola para lograr un buen sitio. La vista, una de las más mediáticas que ha celebrado la Justicia española, no defraudó las expectativas puestas en La Faraona, quien alegó que no pagó a Hacienda porque «tenía cosas más importantes que pagar». Y con el mismo arte, proclamó: «Si todos los españoles pusieran una peseta para ayudarme, se acabarían todos mis problemas». A pesar de estar en el banquillo, Lola seguía contando con el apoyo popular, que reía en la sala sus frases ocurrentes. «Si tengo un problema de menisco no actúo y nadie me trae dinero», soltó al tribunal.

El 28 de marzo de 1989 se hizo pública la sentencia. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid admitió que había cometido el fraude, pero la absolvió por causa de una laguna legal.

La resolución declaró probado que la artista, tras ser inspeccionada por Hacienda en 1982 a raíz de sus ingresos durante 1979, 1980 y 1981, no presentó la declaración de la renta correspondiente a 1982, 1983, 1984 y 1985, a pesar de que durante esos años ganó, por sí sola, más de 172 millones de pesetas.

Lola conocía su deber de declarar y que era «deudora» del fisco, ya que ella y su marido habían sido sometidos a una inspección por no haber prestado declaración desde 1979 hasta 1981. Aquella inspección correspondiente a 1981 fijaba una cuota a ingresar de más de 4 millones de pesetas, cantidad que superaba el límite de 2 millones fijado para el delito fiscal. Ya entonces la cantante, refería la resolución, alegó desconocer la importancia de los hechos, pese a lo cual continuó sin presentar la declaración desde el año 1982 hasta 1985, esto es, durante cuatro ejercicios fiscales más.

Pero eso no es todo; en los expedientes administrativos que dieron lugar a su procesamiento y que luego la sentaron en el juicio, La Faraona mostró «una actitud obstaculizadora de la labor de inspección, ocultando inicialmente la percepción de determinados ingresos» y declarando que otros ingresos eran «muy inferiores a los realmente percibidos». Por lo tanto, según el tribunal, Lola Flores era «perfectamente conocedora de la antijuricidad de su comportamiento y que lo llevó a cabo con el único fin de eludir el pago del impuesto».

La cuestión para el tribunal era fijar la cuantía del dinero defraudado. Pero en este asunto se cruzó una sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la declaración tributaria conjunta de los matrimonios, es decir, que reconocía el derecho de hacerla individual. El caso fue promovido por un abogado español que trabajaba en Alemania, que recurrió la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) al considerar que se estaba produciendo una injusticia al obligar a las unidades familiares a presentar una declaración conjunta de ingresos, sin poder optar por la declaración separada para romper con ello la progresividad del impuesto.

El tribunal madrileño entendió en su sentencia, cuya ponente fue la magistrada María Purificación Martínez Montero de Espinosa, que precisamente esa sentencia del Tribunal Constitucional sobre la tributación conjunta había creado un vacío legal, al anular varios artículos de la Ley del IRPF, «un vacío normativo» que le impedía determinar la cuota defraudada.

La sentencia lo expuso así: «Este tribunal se ha limitado a consignar en los hechos declarados probados los rendimientos obtenidos por su actividad artística a los solos efectos de concretar que los mismos superaban con exceso los mínimos exigidos para el nacimiento de la obligación de declarar, así como de las disminuciones e incremento de su patrimonio, sin efectuar imputación específica alguna de aquellos conceptos a ninguno de los cónyuges, pues no existe normativa aplicable para realizar la correspondiente liquidación, lo que conlleva necesariamente a la absolución de la procesada».

Igual suerte corrió otro delito que se quiso imputar a la acusada, el de fraude contable por no llevar libros con sus ingresos y gastos. El tribunal reconoció que la ley exigía que se realizaran «en la forma que reglamentariamente se determine», pero el reglamento se limitó a reiterar el contenido de ese artículo y añadía que los libros se llevarían de la forma que determinara el Ministerio de Hacienda, que lo desarrolló en una resolución que no constituía fuente del Derecho Tributario.

Aquella sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid fue recurrida por la Fiscalía ante el Supremo, tribunal que inclinó la balanza. La periodista de la Agencia EFE Mavi García Pascua dio en exclusiva informativa un avance de la condena. Así ofreció la noticia, el 8 de enero de 1991, que fue portada al día siguiente en los periódicos:

///URGENTE

Lola Flores, condenada por cuatro delitos fiscales

Madrid, 8 ene (EFE).- La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha acordado condenar a Lola Flores como autora de cuatro delitos fiscales consistentes en no haber efectuado la declaración de la renta durante los años 1982, 1983, 1984 y 1985, informaron a EFE fuentes jurídicas.

Las fuentes agregaron que la sentencia, que se está ultimando y todavía no ha sido firmada, condena a la cantante folclórica a cuatro penas de menos de un año cada una y a pagar unas cantidades económicas en concepto de multas e indemnizaciones que las fuentes no precisaron.

La condena ha sido acordada por mayoría de dos de los tres magistrados que forman la Sala, pero cuenta con el voto particular en contra del ponente, Marino Barbero, mientras que los otros dos, Enrique Ruíz Vadillo —presidente de la Sala Segunda— y Gregorio García Ancos, han votado a favor. EFE. mgp/rs

Días después, el alto tribunal hizo pública la sentencia: 16 meses de prisión y el pago de 28 millones de pesetas como autora de dos delitos contra la Hacienda Pública y otros dos de fraude fiscal.

Dos curiosidades más del caso. El fallo judicial de la Audiencia Provincial fue adelantado en directo para TVE por el presidente de la Sala, Alfonso Guevara (al que citamos varias veces en el libro), a una periodista llamada Nieves Herrero, que entonces despuntaba en la profesión en un programa del veterano Jesús Hermida. Al parecer, según confesó entonces la reportera, la exclusiva fue posible gracias a la amistad que hizo durante el juicio con la madre del magistrado, a través de la cual accedió a él y logró un pelotazo informativo inolvidable.

La otra anécdota la puso la propia sentencia, no ya por su polémico fallo, que corrigió después el Supremo, sino porque reveló el mejor secreto de Lola Flores: su edad. Referir ahora que la resolución detallaba que la folclórica tenía entonces sesenta y seis años no significa nada, pero que se hiciera por esas fechas, con el interés que rodeaba todo lo referido a la Lola, fue una noticia tan grande como su absolución. Lola, como te gustaba a ti decir, ¡que Dios te tenga en su gloria!

ANA TORROJA, EL DINERO QUE NO SE PUDO LEVANTAR

Ana Torroja, la fabulosa ex cantante de Mecano, uno de los mejores grupos pop que ha parido este país de españolitos, también ha tenido problemas con el fisco y, perdonen el vulgar juego de palabras, tuvo que admitir todo roja que había defraudado. No nos cabe ninguna duda de que es quien es porque se lo ganó por méritos propios, y en esto no vale juzgarla con la habitual envidia nacional, pero la Justicia española no entiende de admiraciones y devociones; se limita a pesar en su balanza, y cuando la carga es mala…

Nuestra querida artista fue descubierta por casualidad. No estaba bajo la lupa de Hacienda, sino que fue una investigación policial la que encontró que engañaba a las arcas públicas para pagar menos impuestos, algo comprensible para muchos ciudadanos que juegan a la ruleta rusa con sus cuentas hasta que (algunos) salen malparados.

Ana Torroja, que triunfó con los hermanos Cano como cantante del trío musical que vivió una década de gloria entre los años 1982 y 1992, apareció en el año 2007 como titular de algunas empresas que habían defraudado a Hacienda. El hilo se encontró en Mallorca, donde se han desenmarañado numerosos ovillos de corrupción que han afectado a numerosos políticos de todos los partidos y a funcionarios públicos, y ha tocado a la puerta de la Familia Real con la imputación de la infanta Cristina y de su marido, Iñaki Urdangarin.

La Operación Relámpago fue una más de las llevadas a cabo contra el entramado de corrupción que ha afectado a Baleares, donde durante muchos años se creyó que la cosa del dinero público era sólo de ellos (nostra, en mallorquín) e hicieron bueno el dicho de que «el que parte y reparte se lleva la mejor parte». Se investigaba a millonarios españoles y extranjeros por un supuesto delito de blanqueo de capitales en paraísos fiscales a través del bufete Feliu de Palma, que asesoraba también a la cantante.

Afloraron tantos asuntos y acusados que trocearon los casos con nombres de letras; de ahí que el caso que afectó a Ana Torroja recibiera la letra «Ñ», que, como sabrá el lector, es la decimoséptima letra del abecedario español y, sin duda, la letra más española.

A los muchos atractivos de la isla de Mallorca se había añadido uno más al margen de la ley: el despacho de abogados había diseñado un entramado de sociedades pantalla que se utilizaba para evitar el pago de impuestos. Las sociedades encubrían millonarios movimientos de fondos, y ocultaban el origen del dinero y la titularidad de las personas que estaban detrás de estas operaciones con el fin de defraudar a Hacienda.

En el caso de la célebre cantante de «Me colé en una fiesta», se descubrió que había simulado residir en el Reino Unido para ocultar sus rentas y su patrimonio para no tener que tributar en España. Su última declaración del IRPF se remontaba a 1991, pero en 2008 volvió a presentarla cuando se supo que el bufete había caído en la Operación Relámpago. La estructura de sociedades que empleaba para defraudar a Hacienda se ramificaba por dos paraísos fiscales, las Antillas Holandesas y Panamá, y en España figuraban otras (Carlitos Way S.L. era una de ellas), pero todas confluían en ella.

El 30 de junio de 2009, el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma de Mallorca le impuso una fianza de 1,8 millones de euros para garantizar sus posibles responsabilidades. El juez la citó a declarar en dos ocasiones, pero en ambas se negó a ir a explicarse ante la Justicia. Mientras tanto, intentó ganar tiempo con un recurso ante el Tribunal Constitucional. Además, cambió varias veces de abogado. No sabemos si por consejo familiar de su tío Eduardo Fungairiño Bringas, fiscal de Sala del Tribunal Supremo y ex teniente fiscal de la Audiencia Nacional (donde la prensa le bautizó como el jefe de los fiscales indomables), fue defendida por otro ex fiscal de la Nacional, Enrique Molina.

Después de tres años de proceso judicial, el juicio estuvo a la espera de que la defensa de la cantante y la Fiscalía Anticorrupción llegaran a un pacto para poner fin al asunto. Como no llegaba, se señaló el inicio del juicio el 9 de abril de 2014. Ante los numerosos periodistas que cubrían la noticia se anunció en el último instante el pacto que evitaba la vista oral: la cantante admitía que cometió tres delitos fiscales y se comprometía a pagar a Hacienda 1,5 millones de euros, mientras que los fiscales y el abogado del Estado retiraban las penas de prisión que planteaban contra ella y las sustituían por multas.

Así que la magistrada del Juzgado de lo Penal número 5 de Palma se limitó a dictar sentencia de viva voz por la que condenaba a Ana Torroja como autora de tres delitos contra la Hacienda Pública, con las atenuantes de confesión, reparación del daño y colaboración con la Justicia, por no presentar las declaraciones del IRPF en los años 2003, 2006 y 2007. La condenó a 5 meses de cárcel por cada uno de los delitos, y sustituyó la pena de prisión por multas de 3.000 euros (9.000 euros en total). Por el delito fiscal de 2003 se comprometió a pagar 121.241 euros de multa; por el de 2006, otros 134.361; y por el de 2007, nada menos que 222.244 euros más. Pero eso no era todo: en concepto de responsabilidad civil, Ana Torroja se veía obligada a pagar la cuantía de las cuotas que defraudó (202.068 euros en 2003, 223.935 en 2006 y 370.407 en 2007), más los intereses de demora. Y la cuenta seguía subiendo. La ex cantante de Mecano se había comprometido también a pagar en Hacienda las cuotas del IRPF de 2004, otros 118.733 euros más sus recargos. Asimismo, tenía que hacerse cargo de las costas judiciales del proceso, que en el caso de la Abogacía del Estado ascendían a 30.000 euros. Finalmente, por cada uno de los delitos por los que fue condenada, Ana Torroja quedaba inhabilitada durante 18 meses para contratar con la Administración, solicitar subvenciones o beneficios fiscales. Como los delitos fiscales prescriben a los cuatro años, se corrió un velo sobre el dinero que la cantante pudo levantar a Hacienda entre los ejercicios 1991 y 2002. Ya formaba parte del acuerdo con la Fiscalía y se había intentado compensar en el pacto.

La pena real de banquillo para la acusada fue de diez minutos, los que tardó la jueza en cantarle la sentencia de viva voz. A su salida del juzgado, condenada, la cantante acertó a decir: «Es la única manera de volver a mi vida, o sea, que no estoy contenta, pero ya he pasado página». Así, en resumidas cuentas, es la historia del dinero que la Torroja se pudo y no se pudo levantar y que, en definitiva, demostró que con la Hacienda se coló con menos suerte que en la fiesta de su canción.

JULIÁN MUÑOZ, «PA CHULO, CHULO, MI PIRULO»

Julián Muñoz, Cachuli, que saltó a la fama tras lograr la alcaldía de Marbella y, más tarde, por mantener una relación sentimental con Isabel Pantoja, es el más claro ejemplo del hombre hecho a sí mismo (self made man, para los anglosajones), pero que se pasó de tiempo de cocción y se quemó en el horno de la política. Intentar resumir su caso para este capítulo es una tarea difícil, ya que su biografía delictiva da para varios tomos de literatura (de tomos judiciales ya lleva bastantes).

Muñoz tuvo su época dorada como personaje del corazón al inicio del nuevo milenio, por su desparpajo en el que conjugaba populismo y chulería castiza, de la básica que encierra la expresión cheli «pa chulo, chulo, mi pirulo», brillante por unir dos conceptos unívocos, como son la vanidad y el sexo, y sobre todo por la fácil rima que sirve para afianzar como regla mnemotécnica todo aserto de la cultura popular. Pero el dicho va más allá de esa significación que, a primera vista, parece representar, y llega a ser más bien una expresión de chulería y autoafirmación con el significado que viene al caso de Julián Muñoz: «Para que te lo lleves tú, mejor me lo llevo yo». Su personaje de chuleta cayó en gracia a la sociedad y se situó en el imaginario nacional, junto a su forma de subirse la cintura del pantalón, cuando pasó a unir su destino al de la tonadillera Isabel Pantoja, a la que dedicaremos a continuación un epígrafe propio, pues ella también perdió el juicio.

Sólo estuvo en el cargo de alcalde de Marbella quince meses, de mayo de 2002 a agosto de 2003, pero posiblemente no exista otro edil en el mundo que haya sido condenado por tantos delitos cometidos en tan poco tiempo. Así se explica que trajera a casa tantas bolsas de basura llenas de billetes, según confesaba su ex, Maite Zaldívar, en una entrevista en televisión. No era producto de un atraco a un banco; era el botín del atraco a toda Marbella.

Julián Felipe Muñoz Palomo, nacido en 1948 en El Arenal (Ávila), es un hombre normal, sin muchos estudios, que prosperó en la vida sin prisas, pasando de camarero a empresario de hostelería. Muñoz no sería quien es, ni quizá hubiera acabado como ha acabado, si no fuera porque entró en la política municipal de Marbella en 1991 en las filas del curioso GIL (Grupo Independiente Liberal), partido que se inventó el polémico Jesús Gil y Gil para poder mangonear a lo largo de la costa española y las plazas del norte de África, Ceuta y Melilla.

Cuando el presidente del Atlético de Madrid accedió a la alcaldía de Marbella en 1991, Muñoz resultó elegido concejal al ir en el puesto número 6 de su lista. Poco a poco escaló en el GIL, de forma que en las elecciones de 1995 ya era el número tres de la candidatura y en 1999, el número dos, justo detrás del mismísimo alcalde. Julián Muñoz asumió el cargo, de forma provisional, cuando el 7 de enero de 1999 Gil y su primer teniente de alcalde, Pedro Román, ingresaron en prisión por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Marbella, Santiago Torres, por delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento público en el caso Camisetas, referido al desvío de 450 millones de pesetas del Ayuntamiento de Marbella al Atlético de Madrid, del que Jesús Gil era dueño desde 1992 tras la conversión del club en sociedad anónima deportiva.

Cuando el Supremo confirmó la condena de Jesús Gil a 6 meses de arresto y 28 años de inhabilitación, y con su nuevo ingreso en prisión el 16 de abril de 2002 por el caso Saqueo, Gil abandona el puesto y Muñoz es nombrado definitivamente alcalde el 2 de mayo de ese año. Ya sin su mentor de por medio, arrasó en las elecciones locales de 2003 como cabeza de lista del partido al obtener mayoría absoluta. Muñoz dejó de ser uno más a la sombra de Jesús Gil para convertirse en la propia sombra del ex alcalde. Y la mala sombra de ambos se proyectó la una sobre la otra para autodestruirse.

Tomó posesión del cargo en junio y en apenas dos meses su carrera se precipitó cuesta abajo. El motivo fue, posiblemente, su decisión de destituir como gerente de Urbanismo a Juan Antonio Roca, quien después se revelaría como el cerebro de toda la corrupción marbellí y el nexo común en todas las causas judiciales abiertas sobre la gestión de los gilistas al frente del consistorio marbellí. La moción de censura presentada contra él fue una noticia de primera plana porque ponía en evidencia el trasfondo de intereses ocultos que se escondía detrás de esta operación política. Y, sobre todo, por cómo se desarrolló el asunto, con la desaparición durante unos días de los concejales que dieron el golpe de mando, para llegar luego todos juntos en autocar. Parecía que alguien los había organizado. De los quince concejales del GIL, ocho se volvieron contra Muñoz; éstos, sumados a cinco del PSOE y a tres del Partido Andalucista, dieron el bastón de mando a María Isabel Yagüe. Por su parte, la concejal socialista más guerrillera contra las corruptelas del Ayuntamiento, Isabel García Marcos, resultó que había caído al lado oscuro de la fuerza y fue a rebozarse de lleno en el mismo fango de la corrupción que había denunciado con vehemencia.

El disparate político del Ayuntamiento de Marbella era pasto de los programas de televisión dedicados al corazón por sus muchos ingredientes de interés que daban un guiso para todos los gustos: Muñoz, la Pantoja, la esposa abandonada de Muñoz, Jesús Gil, la Yagüe, la socialista antiguo azote y luego leal aliada…

Pero tanto va el cántaro a la fuente que al final acaba por romperse. Eso fue lo que les pasó a Muñoz y a Gil cuando ambos se enzarzaron en directo en un programa de máxima audiencia; tal era la rabia con que se llamaban el uno al otro «sinvergüenza», que daba la impresión de que los dos tenían razón. La discusión estuvo al nivel de «pa chulo, chulo, mi pirulo», «para que te lo lleves tú, me lo llevo yo», «para que te lo comas tú, me lo como yo»… Fue como una disputa para saber quién era más chulo o pirulo de los dos. Las acusaciones que se lanzaron sobre actuaciones ilegales no cayeron en saco roto y, en el fondo, evidenciaron lo que la Fiscalía Anticorrupción sospechaba. Era una cuestión de tiempo. Porque pa chula, la Justicia.

Muñoz todavía tuvo tiempo de pavonearse durante varios años más con su gitana, como él llamaba a la Pantoja, a quien no sólo les unió el amor durante un tiempo, como comprobará el lector en el capítulo dedicado a la tonadillera; ella también formó parte del engranaje de los negocios turbios de Marbella.

El marcador penal de Muñoz comenzó a sumar condenas ya en octubre de 2003, cuando recibió la primera de 2 años de inhabilitación por negar información del Tribunal de Cuentas a la oposición en agosto de 2000. En 2005, el caso Banana Beach le supuso una condena de 6 años de prisión y el caso Proinsa, otra de 1 año de cárcel. En 2006 fue condenado al pago de más de 3 millones de euros por irregularidades en la sociedad municipal Jardines 2000. También ese año fue absuelto en primera instancia por el caso Moansa, pero la Audiencia Provincial de Málaga revocó la sentencia y fue finalmente condenado a 1 año de cárcel.

Mientras se iban acumulando condenas, el 19 de julio de 2006 comenzó su caída a los infiernos. Fue detenido en el marco de la Operación Malaya contra la especulación urbanística a gran escala en Marbella y por el que tiempo después fue condenado a 2 años de cárcel. Ingresó en la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre por malversación de caudales públicos y cohecho. Se abrieron hasta un centenar de causas judiciales distintas contra Muñoz por los supuestos delitos cometidos durante su corta gestión como alcalde y como concejal. Justo el año en que murió Gil, al parecer Muñoz cargaba con la mochila de casos suyos y de otros.

Sigue sumando condenas y condenas; son penas pequeñas de prisión y de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pero el 17 de octubre de 2008 logra salir de la cárcel, adonde vuelve años más tarde tras recibir otra importante pena de prisión.

Una de las mayores condenas impuestas a Julián Muñoz se dio a raíz del caso Minutas, sobre las irregularidades en los encargos que el Ayuntamiento hizo al abogado José María del Nido (posteriormente, presidente del Sevilla F.C.). En 2011 fue condenado a 6 años y medio por prevaricación, malversación y fraude, pero en diciembre de 2013 el Supremo le rebajó la condena al anularle el delito de fraude.

En octubre de 2013, la Audiencia Nacional lo condenó a 6 años de prisión por el caso Saqueo II, sobre el desvío de unos 70 millones de euros del consistorio marbellí a través de empresas públicas y privadas, y un fraude a la Seguridad Social de otros 91 millones.

La acumulación de penas motivó su reingreso en prisión. En 2014 reclamó al Gobierno su indulto para salir de la cárcel por motivos de salud. A sus sesenta y cinco años, Muñoz alegaba que padecía problemas de circulación, para lo cual lo mejor era estar en la calle. Lógico, por otra parte, si lo que se quiere es volver a circular. El Consejo de Ministros le denegó la medida de gracia. Para entonces ya había sido condenado en más de medio centenar de procesos judiciales, sin duda todo un récord que pone en valor la expresión de que «pa chulo, chulo, su pirulo… de sentencias condenatorias». Ahí, Julián, la verdad sea dicha, no hay quien te gane.

ISABEL PANTOJA, CUESTIÓN DE HORMONAS

Que Isabel Pantoja haya acabado en la cárcel por una «cuestión de hormonas» es algo que a ningún plumilla se nos habría ocurrido nunca sobre la tonadillera, cuya vida ha sido, sin duda, de las más escrutadas por la prensa en este país. Pero si lo dice en la vista del recurso de casación ante el Tribunal Supremo su abogado defensor, lo interpretamos como un argumento in extremis en defensa de su inocencia y para evitar su entrada en prisión. Y aunque tal cuestión nunca fue referida en la sentencia del alto tribunal, la Pantoja acabó en el talego como su ex novio Julián Muñoz.

Ésta es la sucinta historia judicial de Isabel Pantoja, la marinera de luces… y de sombras.

La tonadillera fue condenada, en abril de 2013, a 2 años de prisión y a pagar una multa de 1.147.149 euros por un delito de blanqueo de capitales, tras un proceso que comenzó en 2006 ligado a la Operación Malaya. Según la Fiscalía, Pantoja «era perfectamente conocedora del origen ilícito de los fondos y bienes que recibía» de su entonces pareja, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz. Tras su condena a una pena de 2 años de cárcel, todo el mundo daba por hecho que la cantante no iría a la cárcel por sus circunstancias personales: una condena pequeña, carecía de antecedentes penales y había cumplido con sus responsabilidades civiles; en cambio la Fiscalía apostaba por meterla entre rejas. Al final, ni su recurso ante el Supremo la salvó de ese mal trago.

Como la mayoría de los famosos retratados en esta galería del libro, Isabel Pantoja es conocida sobre todo por su trabajo como cantante, aunque en el caso de la tonadillera sevillana su vida fuera de los escenarios ha tenido tanto seguimiento que ha eclipsado su éxito artístico.

María Isabel Pantoja Martín nació en Sevilla el 2 de agosto de 1956 en el seno de una familia que marcó su futuro artístico: su padre, Juan Pantoja, era cantaor y letrista; su madre, Ana Martín, bailaora, y el abuelo, Juan Pantoja, también cantaor. Imposible evitar que no se subiera a los escenarios. Lo hizo con seis años en los conciertos de su primo Chiquetete y a los siete años actuó en un teatro sevillano durante un homenaje a Juanito Valderrama y a Dolores Abril. Diez años después grabó su primer disco y en 1982 obtuvo su primer gran éxito con el disco Amante, amante. Al año siguiente se casó con el torero Francisco Rivera, Paquirri, quien diez años antes, en 1973, había contraído nupcias con Carmina Ordóñez, hija del famoso matador de toros Antonio Ordóñez. En 1983 la boda de Paquirri e Isabel Pantoja fue la salsa de todas las revistas, ya que suponía el enlace de un mataor y una tonadillera, dos jóvenes guapos que triunfaban en los ruedos y tablaos. La trágica muerte del torero en la plaza cordobesa de Pozoblanco en 1984, siete meses después del nacimiento del hijo de la pareja, convirtió a la cantante en la viuda de España. Y desde entonces la Pantoja pasó a ser una de las artistas con más repercusión mediática del país.

No vamos a hablar de su vida posterior hasta que cayó en manos de la Justicia española porque, además de no interesar al objeto del libro, tampoco aportaríamos nada que no supiera el lector. Todo eso forma parte de su vida privada, aunque precisamente ésta es la que la condujo a caer al otro lado de la ley.

¿Cuándo podemos decir que Isabel Pantoja perdió el juicio por el que fue juzgada y condenada en 2013? Veamos. La Pantoja era una habitual de Marbella desde hacía años y en 2003 fue elegida como imagen de la ciudad malagueña. Ese mismo año, la tonadillera y el alcalde hicieron pública su relación en una carreta de la romería del Rocío. Vivieron una época feliz, eran la pareja del año y, entre proyectos de la tonadillera como el restaurante La Cantora, y su aportación culinaria del pollo a la Pantoja, hicieron famoso tanto su amor como la expresión «¡Dientes, dientes, que eso es lo que les jode!», una sugerencia de Isabel a su amado Julián delante de la prensa del corazón.

Marbella vivía ya bajo la lupa de la Operación Malaya, un nombre con el que los investigadores policiales querían referirse a la conocida tortura homónima consistente en aplicar el gota a gota sobre el reo para conseguir arrancar su confesión, lo cual se lograba hasta con los más duros, a los que son como rocas, en alusión al que siempre ha sido el cerebro del mayor caso de corrupción municipal que se ha vivido en España: Juan Antonio Roca.

La Operación Malaya era un universo de imputados y tuvo que dividirse en varias fases. La tercera de ellas se inició el 14 de noviembre de 2006 con la detención de doce personas, entre ellas la ex mujer de Julián Muñoz, Maite Zaldívar, y el ex presidente del Sevilla, José María González de Caldas. El 2 de mayo de 2007, Isabel Pantoja fue detenida en su casa de Marbella. No por menos esperada, dejó de ser la gran noticia del caso, hasta ese momento. La tonadillera fue puesta en libertad con cargos un día después, tras abonar 90.000 euros de fianza. Cuando en julio el juez procesa a 86 personas, deja a la Pantoja para un caso aparte, esto es, crea una pieza separada que recibió el nombre de «caso Blanqueo».

Durante un tiempo, y bajo los focos de las cámaras, Isabel Pantoja siguió luciendo su amor por Muñoz, al que visitaba en la cárcel. Pero parecía cuestión de tiempo que esa relación acabara mal. Y así ocurrió. En 2009 la cantante anunció en una revista del corazón que daba por terminada su relación con Cachuli.

Cuando Isabel y Julián compartieron juicio en 2012 ya no eran pareja y en la vista supieron situarse lo más lejos el uno del otro. Tras las sesiones del juicio, sus caminos se separaban. A la Pantoja se la veía salir de la sala enseñando dientes. La vista duró varios meses.

El 16 de abril de 2013, la Audiencia de Málaga dictó sentencia: fue condenada a 24 meses de prisión por blanqueo de capitales, aunque ello no supuso su ingreso inmediato en la cárcel, al contrario de lo sucedido en el caso del ex alcalde marbellí, quien al recibir una condena de 7 años de prisión tuvo que ir al trullo por riesgo de fuga. La ex esposa de Muñoz, Maite Zaldívar, fue sentenciada a 3 años, 3 meses y 1 día de prisión por un delito continuado de blanqueo de capitales, y también acabó dando con sus huesos en la cárcel.

La sentencia condenó a los tres a pagar multas millonarias: la más elevada a Julián Muñoz, de 3.893.854 euros, mientras que a Zaldívar se le impuso una multa de 2.487.088 euros y a la Pantoja, de 1.147.148 euros. La sentencia, de 277 folios, fue leída a los imputados ante más de un centenar de periodistas. El tribunal consideraba probado que Pantoja y Muñoz, a raíz de su relación, «ejecutaron un plan preconcebido para aflorar dinero y ganancias» que éste había obtenido en sus actividades delictivas, «confundiéndolas y mezclándolas con las procedentes de las actividades profesionales y mercantiles lícitas» de la tonadillera.

Los magistrados certificaron que la «normalidad financiera y contable» de las cuentas de Isabel Pantoja se vio «alterada notablemente» tras el inicio de su relación sentimental con Muñoz en 2003, que ambos dieron por finalizada en 2009.

Ese 16 de abril fue, seguro, un mal día para Isabel y su otrora amor Julián. Tras la lectura del fallo, el presidente del tribunal, Federico Morales, preguntó a las acusaciones si querían cambiar las medidas cautelares que pesaban sobre los acusados. Y la Fiscalía respondió que sí en el caso de Muñoz, por riesgo de fuga y reiteración del delito. Así que el tribunal decretó su ingreso en prisión. Muñoz tuvo que esperar en la audiencia para su traslado a prisión, que se hizo efectivo en torno a las tres de la tarde, en la cárcel de Alhaurín de la Torre.

Menos traumática fue la vuelta a casa de Isabel Pantoja, aunque seguro que no se le olvidará en la vida. Cuando abandonaba la Ciudad de la Justicia de Málaga, sobre las 11.40 horas, la tonadillera fue zarandeada y abucheada por un grupo de unas cien personas que aguardaban su salida. Un torbellino de periodistas y cámaras, detractores y seguidores, envolvieron a la condenada. «¡Ladrona!, ¡ladrona! —le gritaban—. ¡Choriza! ¡Delincuente!»… Cuentan las crónicas que, pese al dispositivo policial que la protegía, la Pantoja fue pateada y pisoteada, y que el chófer de la tonadillera tuvo que subirse al capó del coche para ayudarla a entrar.

La condena no satisfizo a la Fiscalía, que recurrió ante el Supremo; en la vista, celebrada el 8 de mayo de 2014, el fiscal pidió que se elevara a 3 años y 3 meses la pena de dos por blanqueo de capitales que la Audiencia de Málaga había impuesto a la cantante. De aceptarse, supondría su ingreso en prisión. «La sentencia de Málaga, por razones en las que no vamos a entrar, es una sentencia complaciente con Isabel Pantoja. La pena que se le impuso, desde el punto de vista técnico legal, es improcedente», señaló el fiscal, quien consideraba que la condenada no había cometido un solo delito, sino más bien un delito continuado de blanqueo de capitales. También reclamó una multa de casi 2,3 millones de euros (el doble de la cantidad blanqueada), mientras que la sentencia fijaba una multa para la cantante de sólo 1,1 millones.

Como no podía ser de otra manera, el entonces abogado de la tonadillera, Luis Rodríguez Ramos, defendió su inocencia. No cometió ningún delito, según él. Es más, dijo que la hormona desatada por su amor hacia Julián Muñoz le impidió ver la verdad del ex alcalde corrupto de Marbella. «No es por caer en aquello de no dejar que la verdad estropee un buen titular, pero de todos es sabido que un determinado estado anímico dificulta ver la verdad. Lo sabemos porque nos lo han dicho los filósofos, como Ortega y Gasset, y también los científicos contemporáneos expertos en hormonas y endocrinología», sostuvo su abogado en alusión a que la descarga hormonal del estado de enamoramiento pudo cegar a su defendida e impedirle ser consciente de que Muñoz era un político corrupto.

El 23 de junio de 2014, el Supremo confirmó la condena de 2 años de cárcel para Isabel Pantoja, decisión que evitó que ingresara en prisión, así como su multa de 1,1 millones de euros. Sabía que el dinero de Julián Muñoz, «que ingresó en sus cuentas bancarias y con el que operó en la adquisición de valiosos bienes, procedía de las actividades delictivas en las que se hallaba implicado su compañero sentimental».

La acusada, en convivencia con el ex alcalde, «convirtió en dinero lícito las importantes sumas que procedían de actos delictivos del acusado cometidos en el ejercicio de los cargos públicos que ocupó en el Ayuntamiento de Marbella». Esta «conversión» consistió en que la artista puso a su nombre «bienes inmuebles, sociedades y algunos negocios de explotación ganadera que fueron adquiridos con el dinero ilícito de su compañero sentimental».

En su sentencia, de 225 folios, el Supremo consideró que con esta actividad se produjo «una auténtica transformación de bienes en otros diferentes» y que estaba claro que la acusada «transformó el dinero ilícito del acusado en bienes lícitos a través de su introducción en el circuito de mercado legal en el que se opera con bienes fuera de sospecha y de toda opacidad con respecto a su procedencia lícita».

Los magistrados certificaban que Isabel Pantoja conocía la procedencia ilegal del dinero que Julián Muñoz ingresó en sus cuentas bancarias y con el que operó en la adquisición de valiosos bienes. El alto tribunal sostenía que no se podía extraer otra conclusión «de los datos relativos a la actuación pública del acusado y de su grupo político y del hecho de que fuera un funcionario público que habría de vivir, en principio, de un sueldo oficial».

Sin olvidar tampoco el mayor nivel de conocimiento sobre Muñoz «que tenía que reportarle (a Isabel Pantoja) su vínculo sentimental y la convivencia diaria que arrastraba consigo». En el año 2003 ya se habían incoado al menos once causas penales contra Julián Muñoz. «Atendiendo a que la conducta delictiva de blanqueo por parte de la acusada se desarrolló en el período de los años 2003-2006, la conclusión que se extrae de ello no puede ser otra que la recurrente sabía que su compañero sentimental estaba implicado como imputado en numerosos procesos penales», afirmaba la sentencia. Y a esto el Supremo añadía que debía sumarse «todo el proceso de corrupción política de los años precedentes relacionados con Jesús Gil y el grupo que dirigía en el Ayuntamiento de Marbella, uno de cuyos miembros más conocidos era Julián Muñoz, toda vez que comenzó su actividad política como concejal dentro del partido GIL ya en el año 1991».

Nadie creyó que la Pantoja fuera a acabar en la cárcel y al final entró. Quizá en otros tiempos todos hubieran perdonado su pecadillo más fácilmente con objeto de salvaguardar la leyenda de la folclórica viuda de España, pero en los actuales de corrupción y desazón que vivimos por la crisis y tantos mangantes campeando por España, los jueces acertaron al resolver que, dada la gravedad de los hechos por los que fue condenada, la tonadillera debía ir a la cárcel y no se le suspendía la ejecución de la condena. Ingresó muy temprano en Alcalá de Guadaíra, antes de la ocho de la mañana del 21 de noviembre de 2014, y a esas horas no vimos si entró enseñando dientes, dientes.

Con la condena a la persona y su ingreso en prisión, se nos derrumbó otro mito. Pero siempre nos quedará el recuerdo, en su beneficio, de que lo que hizo no fue para robar como una vulgar ladrona, ni para quedarse con el dinero de todos, el de la caja pública del Ayuntamiento de Marbella; tampoco que blanqueó porque fuera una persona corrupta, avariciosa, amante del dinero y cuanto más mejor. No. La culpa de todo se debió, según su abogado, a que le pudieron las hormonas y lo hizo por su inmenso amor por Julián Muñoz, un amor que duró menos que la causa judicial.

Aunque, la verdad, siempre nos quedará la duda de si la Pantoja delinquió por esa cuestión de hormonas o por una cuestión de «dame más, cariño».

YO SOY JOSELITO, TODO UN PAJARITO

Joselito, el pequeño ruiseñor, fue un icono de la España de los años cincuenta, el precursor de los niños cantores. Cuando ganaba y hacía ganar millones de pesetas, vivía en una jaula de oro. Cuando se le gastó la fama, Joselito se hizo hombre y su imagen cayó en desgracia tras verse involucrado en varios casos de tráfico de drogas; ya no era aquel pajarito de la voz de oro, sino todo un pájaro que voló hasta que cayó en otra jaula, la cárcel de Picassent.

José Jiménez Fernández fue un niño de la posguerra, de una familia humilde, el pequeño de seis hermanos, el último de una familia con necesidades, con muchas necesidades, como tantas y tantas familias de entonces. Nació el 11 de febrero de 1947 en la provincia de Jaén, en la localidad de Beas de Segura, en la sierra del mismo nombre.

Su destino se forjó en un viaje que hizo de pequeño, cuando no tenía ni siete años, acompañando a su padre a Utiel, una población valenciana donde se estaba construyendo un embalse. Iban a ver a su hermano y se alojaron en casa de un matrimonio amigo, el de don Eloy y doña Pilar. Don Eloy Ballesteros había sido empresario del teatro y se dedicaba a organizar un festival infantil a beneficio de los ancianos. Viendo cómo cantaba el niño, Joselito, lo incluyó en el programa. El pequeño gustaba.

La cosa habría acabado ahí de no haber sido por la invitación de don Eloy para que el niño volviera a su casa durante las fiestas locales. Joselito le tomó la palabra al pie de la letra y a los ocho días allí que se presentó, para quedarse. Don Eloy, sorprendido, se puso en contacto con los padres del crío, y éstos le contestaron que podía hacerse cargo del niño. Corría el año 1954, y faltarían pocos años para cambiar su destino. Joselito fue a la escuela y se preparó para hacer la comunión. Mientras, actuaba en los festivales que se celebraban en Utiel; Joselito cantaba a Antonio Molina y a Angelillo y lo hacía francamente bien.

En 1955 debutó en la localidad valenciana de la mano de la consagrada Estrellita Castro. Al año siguiente viajó a Madrid para cantar en Radio Nacional de España. La fama del niño cantante fue creciendo. En un festival celebrado en Valencia conoció al intérprete español Luis Mariano, que se quedó admirado de las cualidades del muchachillo y lo invitó a participar en un homenaje a Maurice Chevalier en París en el que participaron estrellas como Édith Piaf.

El guionista Guzmán Merino fue el impulsor de la carrera de Joselito. Lo había escuchado en la radio, y en 1957 lo eligió para interpretar la película El pequeño ruiseñor, nombre con el que desde entonces se empezó a conocer también a Joselito Jiménez. A los diez años, el chico se convirtió en el precursor de los niños cantores y actores que se sucedieron durante décadas después, como Pablito Calvo, Pili y Mili, Marisol, Rocío Dúrcal, e incluso podríamos hablar de Ana Belén.

Finalmente fue el director y productor Antonio del Amo, que continuó la saga con Saeta del ruiseñor (1957), quien impulsó su carrera cinematográfica, en la que llegó a protagonizar catorce películas. Su fama fue en aumento a medida que enlazaba, una tras otra, producciones de cine que devoraba la España de los años cincuenta y sesenta: El ruiseñor de las cumbres (1958), Escucha mi canción (1958), El pequeño coronel (1959), Los dos golfillos (1960)… Elevado ya a la categoría de personaje, llegó a rodar obras como si de Tintín se tratase (el célebre personaje de cómic de Hergé), con títulos como Aventuras de Joselito en América (1960).

La vida pasaba y Joselito fue haciéndose mayor, aunque no mucho de estatura, decisión de la naturaleza con la que se le encasillaba sólo en un personaje de niño. Antes de cerrar definitivamente su carrera en 1968, con una película en la que también participó como productor, Joselito se fue aficionando a las armas y al tiro de precisión, y, cómo no, a la caza. Al parecer se convirtió en un excelso tirador. Así que cuando abandonó el personaje que le hizo famoso, desapareció durante ocho años en Angola, donde la versión oficial habla de su participación en batidas como cazador profesional. Pero de su vida en la antigua colonia portuguesa, y en Mozambique, surgió su leyenda negra, la que le señaló como un mercenario.

La actual Angola era conocida entonces como la provincia del ultramar de África Occidental Portuguesa, que vivió una guerra de guerrillas durante catorce años para conseguir la independencia, que logró en 1975 aprovechando la Revolución de los Claveles en Portugal, y que provocó la caída de la dictadura salazarista, que regía el país desde 1926.

En 1990, el periódico francés Libération publicó su supuesta intervención como mercenario en la liberación de Angola, pero él siempre lo negó y llevó a los tribunales a los medios de comunicación que lo publicaron. Sin embargo, en una entrevista en la desaparecida revista Tribuna llegó a afirmar que lo que hizo en Angola era cuestión suya, del Gobierno portugués y de dos movimientos de liberación: el Frente Nacional de Liberación de Angola (FNLA) y de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA).

Parece que tuvo que salir de Angola sin sus propiedades y sus rentas, y tras participar en algunos programas de televisión, se dedicó al negocio de la hostelería. Y su vida se fue olvidando.

Joselito, el de la voz de oro, el que de puerto en puerto fue dejando su cuplé, se convirtió en un personaje olvidado, quizá un juguete roto por los productores que se aprovecharon de su voz, y sólo volvió a saberse de él a través de malas noticias. El pequeño ruiseñor fue detenido el 29 de agosto de 1991 por tráfico de drogas. Fue en Yátova, en la provincia de Valencia. Junto a su pareja, fue detenido cuando conducía un BMW cuyo robo había sido denunciado por el hermano de su acompañante, que aseguró que se lo habían sustraído a punta de pistola y bajo amenazas de muerte. Cuando los tres se encontraban en el cuartelillo de la Guardia Civil, un agente entró con una bolsa que había visto arrojar desde el coche y que contenía 78 gramos de cocaína. Además, Joselito guardaba una sorpresa más en su coche: una pistola Astra del calibre 22, con cinco balas.

El 31 de agosto de 1991 ingresó en la cárcel Modelo de Valencia. Como si se tratara de un sarcasmo, el pequeño ruiseñor estaba en la jaula. Tras el juicio, fue condenado a 5 años de cárcel por tráfico de drogas y su acompañante fue absuelta por su minoría de edad. Sin embargo Joselito era una persona con recursos y, un año después, logró la libertad condicional por buena conducta. Lo malo es que la libertad condicional sólo vale si no se vuelve a delinquir y Joselito volvió a caer en un asunto de tráfico de drogas. La Policía Nacional lo detuvo el 22 de octubre de 1993 cuando se disponía a vender medio kilo de cocaína por 3 millones de pesetas. Todo ocurrió en la carretera de Valencia hacia Ademuz. A Joselito lo pillaron con el maletero del vehículo abierto, un Mercedes matrícula de Alicante, cuando se disponía a realizar la transacción. El juez volvió a ordenar su ingreso en prisión.

El pequeño ruiseñor se pasó cinco años entre rejas. Salió el 17 de agosto de 1994 de la cárcel de Picassent, en Valencia. Ya no era el mismo hombre que había entrado en prisión. Así lo prometió y así lo atestiguan las crónicas. Desde entonces no se le ha conocido ninguna otra mala noticia. Aunque fue juzgado tres meses después de su excarcelación, la Audiencia de Valencia le absolvió porque, a pesar de haber participado en una compraventa de droga, el delito fue provocado por los propios policías; era una técnica más que habitual por entonces, hasta que los tribunales pusieron coto a esas prácticas.

Tras recuperar la libertad, Joselito se marchó a Francia porque se quejaba de que nadie en su país confiaba en él. El tiempo acabó perdonándole y en 2008 un conocido reality show le recuperó para las pantallas. Más tarde participó en el filme Torrente 4, de Santiago Segura.

Joselito es el claro ejemplo del famoso que se equivocó y que luego se arrepintió, corrigió y fue perdonado por todos. Por eso le ofrecemos nuestra mejor despedida y, con permiso del autor, emplearemos la coplilla que un músico llamado José María López Sanfeliu —¿o quizá al lector le suena más como Kiko Veneno?— empleó en una canción de su mítico álbum Échate un cantecito. Hablaba de otro Joselito, un personaje que visitaba con frecuencia su bar de Conil y que, posiblemente, mucho pudiera parecerse a él. Ahí va:

Yo soy Joselito,

el de la voz de oro

que de puerto en puerto

voy dejando mi cuplé.

ORTEGA CANO, MATAOR AL VOLANTE

No hay profesión más arriesgada, posiblemente, que la de ponerse todas las tardes delante de un toro. Quienes eligen esa vida son pocos y seguro que no están hechos de la misma pasta que el resto de los mortales; además de coraje y valentía, se requiere cierto menosprecio a la muerte que ronda todas las tardes las plazas de toros: la del animal, casi seguro, y la del torero, de cuando en cuando. Pero si además el mataor triunfa en su arte, tiene abiertas las puertas para convertirse en una leyenda. Éste es el caso de José Ortega Cano, un buen torero, encumbrado no sólo en los cosos, sino en el imaginario social por su matrimonio con Rocío Jurado, una de las cantantes más grandes de este país. Pero cuando la muerte acompaña casi en silencio al torero a lo largo de su vida, lo mejor es no olvidarse de que siempre ronda cerca y nunca se debe bajar la guardia, ya que en cualquier momento se cobra su tributo. Ésta es la historia de un error humano, el que nos recuerda día a día a todos que nunca hay que mezclar la bebida y la conducción; ésta es la historia de Ortega Cano, quien, a su pesar y para su desgracia, se convirtió en un mataor también al volante.

Cuando uno ha sido o todavía es matador de toros, ganadero y apoderado, y además viudo de una de las grandes voces de la canción, lo normal es que, junto al respeto y la admiración, su vida también suscite una sana envidia entre sus paisanos; pero también estamos convencidos de que el último lance del maestro Ortega Cano, el que le ha llevado a la cárcel por causar la muerte de otro conductor en un accidente de tráfico, nadie lo quiere para sí ni se lo desea a nadie. Porque además de ser lamentable y cruel, por costar la vida a una persona, derriba el mito con la misma voracidad con la que se cocinan todos los fracasos.

José Ortega Cano, de origen humilde, nació en Cartagena (Murcia) el 27 de diciembre de 1953, aunque realmente se crió en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, adonde se trasladó con su familia. Trabajó como frutero y vendedor ambulante hasta que pisó los ruedos. Sus comienzos como torero tuvieron mucho que ver con el espectáculo; hacía de novillero en la parte seria de la actuación cómico-taurina de Blas Romero, El Platanito. Se vistió de luces por primera vez en 1972 en la plaza de Las Arenas de Barcelona y debutó con picadores en Vista Alegre (Madrid) en 1973. La alternativa la recibió el 12 de octubre de 1974 en Zaragoza, con José María Manzanares como padrino y Paco Bautista como testigo.

A Ortega Cano se le ha definido como un torero clásico, al que su temple y habilidad con el capote le abrieron las puertas grandes de los cosos taurinos más importantes del mundo. Pero no era un diestro cualquiera; abrió la puerta grande de Las Ventas (Madrid) en cuatro ocasiones. Tras numerosos éxitos en plazas de España y América, creó su propia divisa de toros (Yerbabuena) y se retiró temporalmente en 1998 en la feria de Jaén, pero volvió a los ruedos en 2001 en Candeleda (Ávila).

Puede decirse que se despidió de los ruedos el 21 de noviembre de 2003 en la plaza de Vistalegre, aunque reapareció fugazmente en 2005 y de nuevo en 2007, tras la muerte de su esposa el año anterior. A lo largo de su carrera dio la alternativa a José Miguel Arroyo, Joselito (1986), Jesulín de Ubrique (1992) y José María Lázaro (2007).

Su persistente soltería hizo que su nombre fuera pasto de numerosos rumores sobre su inclinación sexual, e incluso que se le atribuyera una falsa relación con un ministro socialista. Pero el torero tapó la boca a todos los maldicientes con su noviazgo con la magnífica Rocío Jurado, una de las más grandes de la copla de todos los tiempos, con quien se casó el 17 de febrero de 1995. Por las imágenes que se difundieron de su enlace, el matador fue realmente feliz, y así lo hizo ver él mismo cantando que estaba «muy a gustito» en la boda de Rociíto. El matrimonio adoptó en 1999 dos niños colombianos, Gloria Camila y José Fernando, y tras la muerte de la cantante fue padre biológico de José María, nacido el 9 de febrero de 2013.

Ni queremos ni podemos hacerle aquí una biografía como se merece el matador. Y, además, ni sabemos hacerla tan brillante como la que en 2007 le escribió Tico Medina con el título de Ortega Cano. Traje de luces, traje de cruces. Sólo apuntar que el diestro sufrió graves cogidas que estuvieron a punto de costarle la vida. Pero su pasta especial pudo con eso y con más. Las cornadas en Zaragoza (1987), Toledo (1988) y Cartagena de Indias (1995) no le hicieron temer a la muerte y, cuando ya estaba retirado, su pasión por los toros volvió a mandarle al hospital con un edema cerebral después de que un astado lo volteara en su finca. Cuando se alejó del estoque, siguió vinculado a la fiesta como ganadero, apoderado y asumió un mayor papel como empresario.

La muerte de su famosa esposa en 2006, víctima del cáncer, sumergió a Ortega Cano en un largo proceso de decadencia personal que se agravó con el fallecimiento de su madre, doña Juana, sólo un año después. Tras la muerte de Rocío, el diestro se propuso, sin éxito, volver a los ruedos en un intento desesperado por recobrar su autoestima y su dignidad. El morbo de la prensa del corazón le zarandeó con la difusión de polémicas sobre su vida personal y sus desencuentros familiares, aunque él también contribuyó a ello con algunas excéntricas apariciones televisivas.

Sin embargo, la desdicha no se fijó tanto en él como cuando el 28 de mayo de 2011 resultó herido grave en un accidente de tráfico en la carretera de Burguillos a Castilblanco de los Arroyos (Sevilla). El coche que conducía chocó frontalmente contra otro vehículo, cuyo conductor, Carlos Parra, falleció. Ortega Cano ingresó en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, donde fue intervenido quirúrgicamente. Seis semanas más tarde, la imagen del matador saliendo del hospital en silla de ruedas daba muestra de la gravedad del accidente. Tiempo después volvió a ingresar para someterse a una nueva operación. La sospecha de que Ortega Cano había dado positivo en la prueba de alcoholemia circulaba por todos lados.

La Justicia confirmó que la prueba que se le practicó detectó una alcoholemia de 1,26 gramos de alcohol por litro de sangre, el triple de la autorizada. Ya no se trataba de un siniestro accidental: el mataor había puesto en riesgo su vida y la de los demás conduciendo bebido y, fruto de ese error, mató a otra persona. Aunque la prueba de alcoholemia fue anulada al haberse roto la cadena de custodia de las muestras en el hospital donde estuvo ingresado, Ortega Cano no se salvó de una clara condena judicial. Y, menos, de su condena por la opinión pública.

En la sentencia, dictada el 24 de abril de 2013, la jueza de lo penal número 6 de Sevilla estimó demostrada su culpabilidad. Consideró probado que, sobre las 22.30 horas del 28 de mayo de 2011, Ortega Cano circulaba a 125 kilómetros por hora, velocidad «muy superior» a la autorizada en la carretera A-8002 entre Sevilla y Castilblanco de los Arroyos, invadió el carril contrario durante 60 metros y colisionó con un vehículo que circulaba correctamente, cuyo conductor falleció en el acto.

Si iba bebido, no quedó probado en un primer momento. La jueza dio credibilidad a los profesionales de emergencias que atendieron al torero y que no apreciaron en él «ningún signo externo de embriaguez». Así lo avalaron el bombero que lo sacó de su todoterreno, el médico de la ambulancia, el médico del Centro de Salud de Castilblanco de los Arroyos y el intensivista que le hizo la historia clínica a su ingreso en Urgencias. Frente a ellos, en opinión de la jueza, un camarero que dijo que Ortega Cano «no se tenía en pie» sólo hizo una apreciación subjetiva sin ninguna corroboración objetiva, como haberle visto beber, y el dueño del último bar donde paró el acusado desmintió en el juicio su supuesta afirmación de que llevaba «una cogorza como un mulo».

No obstante, la jueza concluyó que Ortega Cano incurrió en delitos de homicidio por imprudencia grave y contra la seguridad vial en un accidente que pudo deberse a que se quedó dormido o a una desatención. Por eso lo condenó a 2 años, 6 meses y 1 día de prisión y a 3 años y medio de privación del derecho a conducir vehículos, lo que equivalía a la pérdida del carnet. También al pago de una indemnización de 119.731 euros a la viuda del fallecido, de 19.955 euros a cada uno de sus dos hijos, y de 9.977 euros a su madre.

En mayo de 2013, la Fiscalía recurrió la sentencia y reclamó que se aumentara la condena de Ortega Cano a 4 años porque debería haberse incluido el delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. La Fiscalía reclamó que se tuviera en cuenta la prueba de alcoholemia hecha con la sangre que conservó el hospital donde quedó ingresado el torero ya que estos centros «tienen perfectamente protocolizados todos sus sistemas de atención, que están avalados con criterios científicos de absoluta fiabilidad». La jueza penal había rechazado esa prueba porque se hizo 18 días después del siniestro y porque las muestras se tomaron para fines terapéuticos y se rompió su cadena de custodia.

Por su parte, la defensa del diestro también recurrió para pedir su libre absolución por entender que el accidente se produjo cuando Ortega Cano sufrió un vahído o desvanecimiento, consecuencia de la arritmia cardíaca que sufre.

El 13 de diciembre de 2013, la Audiencia de Sevilla dio la mayor cornada al torero. Aunque confirmó la misma condena de 2 años y 6 meses de prisión por un accidente de tráfico mortal, le añadió un delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Esto suponía enviarle a prisión. O sea, que iba bebido. Lo peor de lo peor.

Como es normal, el torero no quería ingresar en la cárcel y pidió su indulto, pero el tribunal se opuso a él.

Se da la circunstancia de que José Fernando Ortega Mohedano, de veinte años, hijo del torero y de su esposa fallecida, estaba en esos momentos en prisión, desde el 14 de noviembre, acusado de dar una paliza a un joven, robarle y quemar su coche tras un incidente en un club de alterne de Castilleja de la Cuesta.

La jueza rechazó la petición de Ortega Cano de aplazar su ingreso en prisión mientras se tramitara su indulto al considerar que sólo intentaba dilatar el procedimiento, y que en el hipotético caso de que entrara en la cárcel y el Gobierno decidiera en unos meses concederle el indulto, sólo habría cumplido una parte mínima de la pena. El 14 de marzo de 2014, la Audiencia de Sevilla acordó no suspender el encarcelamiento. Ese mismo día, el juez que juzgó a José Fernando Ortega Mohedano dictó su libertad.

Un mes después, el 23 de abril, Ortega Cano entró en el centro penitenciario de Zuera, en la provincia de Zaragoza, que es donde vive su abogado, para cumplir la condena. El matador de toros llegó con semblante serio y no quiso responder a los reporteros que le esperaban en la puerta de la prisión. El 11 de julio de 2014, el Gobierno rechazó su indulto por tres motivos: todos los informes eran contrarios a la medida de gracia, no asumió su responsabilidad y la familia de la víctima se había opuesto a que le concedieran el perdón.

Huyamos de la moralina y quedémonos con la moraleja del caso. Como popularizó el cantante ciego Steve Wonder en los años ochenta con su canción «Don’t Drive Drunk» para el anuncio de una campaña de tráfico, si bebes —y menos si vas ciego de darle al pimple— no conduzcas. Aunque no seas ciego.

SI CONDUCE FARRUQUITO, IGUAL ME QUITO

El caso de Juan Manuel Fernández Montoya nos toca mucho, pero mucho, la moral. Quizá con este nombre completo el lector no sepa a quién nos estamos refiriendo, pero si añadimos que atiende al nombre artístico de Farruquito, seguro ya que sabe de qué vamos a hablar. Es el famoso bailaor conocido en toda España tanto por su arte como por la espantá que en 2004 protagonizó en Sevilla cuando conducía un vehículo sin carnet, atropelló de muerte a un peatón en un paso de cebra y huyó del lugar sin socorrer a la víctima. El artista ya está en paz con la sociedad, pues cumplió su pena, y además pidió perdón, pero no podemos olvidarnos de este caso porque fue uno de los más emblemáticos de la crónica judicial y la prensa rosa al inicio del milenio.

Si el conductor del BMW hubiera sido otro gitano, el caso quizá se habría quedado en una noticia de sucesos del día, pero éste se convirtió en un serial cuando se descubrió que el autor del atropello era Farruquito y, sobre todo, por las circunstancias del asunto: además de darse a la fuga, intentó eliminar pruebas, trató de endiñarle el atropello a un hermano menor para evitar ir él a la cárcel y, finalmente, intentó defenderse atribuyendo todos sus males a una campaña racista por ser gitano. Pero de todo esto nos hemos olvidado ya y sólo queda el recuerdo de la víctima, Benjamín Olalla, y de su familia, protagonistas sin pretenderlo de una mala historia que sólo el paso del tiempo difuminará en el recuerdo.

Farruquito fue un niño prodigio, como Joselito, pero en su caso porque de casta le viene al galgo. Hijo del cantaor Juan Fernández Flores, El Moreno, y de la bailaora Rosario Montoya Manzano, La Farruca, nació en Sevilla en 1982. A los cinco años debutó nada menos que en Broadway con el espectáculo Flamenco Puro, que interpretaron figuras legendarias del flamenco, entre ellos, de su propia familia. Con ocho años presentó su primera temporada en la sala Zambra de Madrid; a los once intervino en el videoclip Camarón nuestro, y a los doce en la película Flamenco de Carlos Saura con el patriarca de la saga, su abuelo El Farruco, con quien actuó en la Expo de Sevilla de 1992 en el espectáculo Presente, pasado y futuro.

Cuando su abuelo falleció en 1997, Farruquito pasó a ser, a los quince años, el jefe de su clan. Con su primer espectáculo, Raíces flamencas, debutó en el Royal Festival Hall de Londres y triunfó en Madrid, Barcelona, Francia y Japón. En 2001 presentó La Len Varo en el primer Festival Flamenco USA, y The New York Times le consideró el mejor artista que pisó la Gran Manzana ese año. En 2003 reeditó su éxito en Estados Unidos y la crítica norteamericana se rindió ante su arte. Su estrella era tan brillante que hasta la revista People lo eligió ese año como una de las 50 personas más bellas del mundo.

Pero en 2004 se estrelló contra un peatón. Las circunstancias del caso hicieron el resto y su estrella se apagó, al menos durante un tiempo, aunque no seremos nosotros los que nos aventuremos a interpretar si la muerte del peatón ha marcado definitivamente su carrera profesional y el apoyo del público.

Aquí te pillo y aquí te mato

Sevilla, 30 de septiembre de 2003. Son las diez de la noche. Farruquito, de veintiún años, corre por la ciudad en un BMW modelo 530 D, de seis cilindros y 2.926 centímetros cúbicos de cilindrada. No tiene carnet de conducir, ni seguro, ni muchos conocimientos al volante, pero quiere probar su carro, de reciente adquisición. Le acompaña Jorge R. S. A las 22.15 horas, el BMW, matrícula 0324 CFW, se salta los semáforos de la intersección entre la calle Tesalónica y la avenida Pedro Romero con la calle Doctor Laffón Soto, y adelanta por la izquierda a dos automóviles que le precedían y que estaban parados bajo la luz roja. Farruquito enfila la vía, con dos carriles en cada sentido, a unos 80 kilómetros por hora, cuando la velocidad específica del tramo es de 40. Al doble de velocidad de la permitida, pues, ni se da cuenta de la limitación de velocidad ni de que hay un paso de peatones en la entrada del complejo deportivo San Pablo. Cuando se percata de que van cruzando dos peatones, Farruquito frena y da un volantazo, mientras que los viandantes echan a correr para esquivar el coche que se les viene encima. Benjamín Olalla tiene peor suerte que su acompañante, que logra esquivar el automóvil, y es embestido por el BMW, que lo lanza a casi catorce metros.

«Tras el atropello, el vehículo detuvo la marcha mirando ambos ocupantes hacia atrás y percatándose de que 3 o 4 personas rodeaban al peatón atropellado, decidiendo el conductor abandonar el lugar de los hechos, haciéndolo a gran velocidad y sin respetar alguno o algunos de los semáforos que le vinculaban», relata la sentencia.

La víctima del atropello, Benjamín, de treinta y cinco años, apenas vive unas horas, y al día siguiente, 1 de octubre, fallece en el hospital. Era un mecánico que cobraba 778 euros al mes y dejaba viuda. Benjamín, cuando lo mataron, volvía a casa después de asistir a una clase municipal de natación en el pabellón San Pablo.

Como el vehículo había sufrido desperfectos, Farruquito consigue de su amigo empresario Óscar Benavente Pérez el teléfono de una grúa, que fue después a por el vehículo y lo trasladó a un taller de Málaga. El bailaor recogió el automóvil, en compañía de su tío Antonio Fernández Flores, el 19 de febrero de 2004, casi cinco meses después del suceso.

Al día siguiente de recuperar el coche, Farruquito tuvo que declarar ante el Grupo de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía, que había averiguado, gracias a la declaración de varios testigos, que el coche involucrado en el atropello estaba a su nombre. Entonces el bailaor cuenta que el día del accidente, su hermano Antonio, menor de edad, le había dicho que ese mismo día el BMW había chocado contra un bidón cuando él lo conducía. Previamente, el bailaor había convencido a su hermano de que confesara ante la Policía y en los juzgados, si era necesario, que él conducía el vehículo, ya que en caso de descubrirse que el artista iba al volante, le acarrearía un grave perjuicio personal y artístico, puesto que era la primera figura de su compañía de arte flamenco; en cambio para Antonio, al no tener la mayoría de edad, apenas supondría una sanción menor si se autoinculpaba. No tuvo que esforzarse en convencer a su hermano, al que saca seis años, considerando el ascendente que tiene sobre todo su clan, pues es el jefe de Los Farruco.

El 23 de febrero la Policía detiene al menor, que confiesa la mentira ideada por su hermano. Farruquito le ha pasado el marrón a su hermano, y éste se lo come. Durante unos meses, el artista llevará una doble vida.

Justicia divina

El bailaor creyó que nunca se descubriría la verdad. Pero se equivocó. Por una casualidad, o por la Justicia divina en la que tanto creen gitanos y payos, la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía registraba las conversaciones de un agente llamado Bernardino R. M., al que investigaba por tráfico de drogas. Se descubrió el pastel. Habían grabado al agente cómo contaba a otro acusado, Óscar Benavente, que quien realmente conducía el vehículo era Farruquito.

El 27 de marzo de 2004, seis meses después del mortal atropello, el bailaor fue detenido por presunto homicidio por imprudencia, omisión del deber de socorro y denuncia falsa. Gracias a las grabaciones telefónicas, confesó ser él quien conducía, sin carnet ni seguro, y asumió la responsabilidad del montaje urdido para culpar a su hermano menor de edad. Tras este reconocimiento eludió la cárcel al pagar una fianza de 40.000 euros, aunque posteriormente, quizá por la incomprensión popular que esta situación había generado, el juzgado elevó la fianza a 140.000 euros.

Durante el juicio, el fiscal reclamó una pena de 4 años, lo que supondría su ingreso en prisión; sin embargo, el 29 de julio de 2005 el Juzgado de lo Penal número 8 de Sevilla dictó sentencia: Farruquito fue condenado a penas menores, a dos penas de 8 meses de prisión, una por homicidio imprudente y otra por omisión del deber de socorro. Por tanto no iría a la cárcel. La sentencia fue recurrida por todas las partes, entre ellas la defensa, que además solicitó que la condena por homicidio imprudente se rebajara a categoría de falta.

Farruquito no quería entrar en prisión y tenía presente varios antecedentes en los que confiaba. En 1986, el todoterreno que conducía Camarón de la Isla chocó frontalmente con otros dos turismos en la localidad gaditana de Chiclana. Los conductores de ambos vehículos fallecieron y el cantaor fue condenado a 1 año de prisión menor por un delito de imprudencia temeraria con resultado de muertes, lesiones y daños. En el accidente también resultaron heridos la esposa y los hijos del cantaor. Camarón no cumplió su pena por no tener antecedentes y por ser una condena de prisión menor. Sin embargo no ocurrió lo mismo con el cantaor gaditano Juan Villar Jiménez, Juanito Villar. En 1990 pasó 8 meses en prisión tras arrollar con su coche a una persona que empujaba un vehículo averiado por la carretera. El artista no le prestó ayuda y el peatón falleció.

El 5 septiembre de 2006, la Audiencia de Sevilla cambió la suerte judicial del bailaor y elevó a 3 años de cárcel la condena por homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro, así como por simulación de delito, por lo que el 16 de enero de 2007, después de más de tres años de los hechos, Farruquito ingresó en prisión. El bailaor, según el fallo, cometió un delito de homicidio imprudente en concurso con un delito contra la seguridad en el tráfico, al considerarse probado que carecía de carnet de conducir y circulaba a mayor velocidad de la permitida. Además de los 2 años de cárcel, la Audiencia impuso 1 año más de prisión por omisión del deber de socorro, ya que no se paró tras atropellar a Benjamín Olalla, y no se cercioró de que estaba siendo «debidamente atendido», conducta que el tribunal calificó de «gravemente insolidaria».

En cuanto a las pruebas obtenidas mediante las escuchas telefónicas y que terminaron incriminando al bailaor, la Audiencia de Sevilla decretó su nulidad, aunque de nada le valió al artista para evitar su condena ya que él había confesado. La anulación de las escuchas por carecer de fundamentación supuso la absolución por encubrimiento de los policías malagueños Bernardino R. M. y José Miguel A. H. Además, la Audiencia de Sevilla impuso al bailaor dos multas de 36.500 euros, una por la omisión del deber de socorro y otra por cometer simulación de delito, y confirmó las indemnizaciones impuestas en primera instancia de 102.000 euros para la viuda de Olalla y de 16.000 euros para los padres del fallecido. La Audiencia condenó asimismo a 1 año de prisión al empresario malagueño Óscar Benavente por un delito de encubrimiento, al estar convencidos los magistrados de que este amigo del bailaor, que había sido absuelto en primera instancia, lo ayudó a ocultar en Málaga el coche con el que se produjo el atropello para que Farruquito pudiera «eludir su responsabilidad». Tiempo después, Benavente acabó entre rejas por su relación con la trama de corrupción de Marbella.

El tribunal también absolvió a Jorge R. S., que viajaba junto al bailaor como copiloto en el momento del atropello, de un delito de omisión del deber de socorro, porque «ni condujo en momento alguno el vehículo ni tuvo oportunidad de apearse del mismo». También se libró de una condena por encubrimiento el tío del bailaor, Antonio F. S., ya que, según la sentencia, del conocimiento que tuvo de los hechos no puede inferirse que convenciera a su otro sobrino para que se confesara culpable ante la Policía.

La Fiscalía de Sevilla se opuso a conmutar por una multa o trabajos comunitarios los 3 años de cárcel impuestos al bailaor porque su actuación, «inhumana e insolidaria», se merecía «el máximo reproche». El abogado de Farruquito había alegado que toda la familia dependía del trabajo del artista, a lo que la Fiscalía replicó que en esa misma situación se encuentran «la mayor parte de las personas que ingresan en prisión». La Fiscalía subrayó que el bailaor «debió tener en cuenta» las circunstancias personales que alegaba para no ingresar en prisión cuando en septiembre de 2003 atropelló al peatón, huyó y luego mantuvo durante seis meses ante la Policía y el juzgado la versión de que el autor del delito había sido su hermano menor de edad.

«Esta persistencia en su actitud delictiva, su engaño a la Administración de Justicia, involucrando incluso a su hermano menor de edad, hacen que el juicio de reproche sea máximo», dijo la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, en un comunicado remitido a la Agencia EFE.

Tras la elevación de su pena, la viuda de Olalla, María de los Ángeles Madero, reclamó que el bailaor cumpliera toda la pena de cárcel y vaticinó que no sería así, que sólo cumpliría un año. Y, en gran medida, acertó. Farruquito cumplió 14 meses en la cárcel de Sevilla y en marzo de 2008 se le concedió el tercer grado, lo que le permitía regresar al centro sólo para dormir. El 13 de enero de 2009 Farruquito quedó en libertad condicional y le fue retirada la pulsera telemática que estaba obligado a llevar.

El caso Farruquito puso a todo el mundo en contra de la persona, e incluso del artista, que sufrió el abucheo del público cuando subió por primera vez a un escenario tras su condena. Un claro ejemplo de ello fue la sentencia de la Audiencia de Barcelona que absolvió a un articulista de La Vanguardia contra el que se querelló el bailaor por injurias por llamarle «cabrón» e «hijo de puta», al entender el tribunal que los insultos vertidos, por «la forma y el momento» en que se hicieron, determinaban «una cierta tolerancia social».

7

Los cimientos de la Justicia

La legislación civil española es compleja y las hipotecas tienen la letra pequeña. Muy pequeña. Demasiado pequeña. Tanto, que a veces, cuando uno se hace consciente de que una letra pequeña puede llegar a tener el poder de arruinarte la vida, es tarde.

Desde que estalló la crisis, centenares de miles de pequeños empresarios de nuestro país han perdido el local que suponía su medio de vida. Y lo que es aún peor, decenas de miles de familias han sido desahuciadas. Cayeron en la trampa de las hipotecas firmadas sobre unos precios de la vivienda especulativos que luego se derrumbaron. Han sido incapaces de afrontar la deuda contraída con unas entidades bancarias que no han tenido piedad con ellas (y eso que a algunas de esas entidades ha habido que rescatarlas con dinero público a través de un préstamo que ha repercutido en recortes de los servicios para todos los ciudadanos). Y han acabado en la calle, sin un techo.

Muchas de estas familias contaban entre sus miembros a niños o ancianos, disminuidos o enfermos. Una gran parte de ellas ni siquiera han podido liquidar su deuda cuando les han quitado la casa, porque el precio que alguien ha pagado por su vivienda al banco es muy inferior al que ellos abonaron. De este modo, la venta de su vivienda no ha bastado para empezar de nuevo, mucho menos si tenemos en cuenta que, además, a la diferencia entre lo que pagaron y lo que ahora consiguen por su casa hay que sumar los intereses de su deuda, incluidos los de demora, con frecuencia desproporcionados.

Cuando dejaron de pagar al banco creyeron que se acumularían en su contra unos miles de euros que alguien, un familiar, un amigo, les prestaría en el último instante. El desempleo, una mala racha suya o de un familiar a quien avalaron, les llevó a desatender varias cuotas de su hipoteca, pero creyeron que no sería grave; y sin embargo lo era, y mucho. El banco repercutió contra ellos la totalidad de la hipoteca más intereses, y un mal día entendieron que estaban arruinados, sin casa, endeudados para siempre.

La noticia les llegó cuando ya era tarde, cuando ya un juez había dado la orden de ejecución del desahucio; una orden que para el juez era anónima, porque es el secretario judicial quien se encarga de ejecutarla acompañado de la Policía. Los agentes de las fuerzas de seguridad están presentes siempre, pero en cientos de ocasiones desde 2008 han tenido que usar la fuerza para sacar a una familia de su último refugio y dejarlos a la intemperie. Sin embargo, ni la Policía ni los jueces han desempeñado el peor papel en la película de miedo que el estallido de la burbuja inmobiliaria ha desatado. Los bancos y las cajas de ahorros— aunque no solamente ellos— tienen una mayor responsabilidad sobre sus hombros. Además, los partidos políticos no han querido atajar el problema de raíz.

Los jueces simplemente no han podido dar una solución al problema, a veces porque ni siquiera lo han intentado, pero en la mayor parte de las ocasiones porque los estrechos márgenes de la ley no se lo han permitido. Aun así, algunos magistrados han encontrado en su vocación la energía y el compromiso suficientes como para hallar vericuetos en las leyes que les permitieran ir más allá de la letra de la norma y tratar de buscar decisiones justas.

Uno —y puede que la mayor parte de los jueces y magistrados españoles— esperaría que hubiera sido el Tribunal Constitucional (TC), el máximo garante de los derechos fundamentales en nuestro país, el encargado de liderar ese esfuerzo, pero no ha sucedido así.

Veremos varios ejemplos de ello.

LUXEMBURGO NOS DA UNA LECCIÓN

La Ley de Enjuiciamiento Civil española, aunque fue reformada en 2000, mantenía hasta 2013 artículos vigentes desde 1909 que eran desarrollados por una normativa hipotecaria injustamente desfavorable para los deudores. Simplificando mucho, diremos que la normativa española convertía el desahucio en un mecanismo automático lanzado por el impago de algunas cuotas por parte del hipotecado y sin que el juez que lo autorizaba, o, más exactamente, un juez de lo mercantil al que recurriera el afectado, pudiera estudiar si, por ejemplo, en la hipoteca ejecutada había cláusulas abusivas. En 2013 se efectuaron algunos cambios en ese sentido; insuficientes, como veremos enseguida.

¿Y por qué se cambió esa legislación en 2013?

Por varias razones; entre otras, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señaló que la citada normativa no era aceptable. Antes de esa sentencia de Luxemburgo, que lleva el nombre de «caso Aziz», hubo otra del TC que avaló la legislación española (es decir, tuvo que venir Luxemburgo a defender a los deudores españoles porque no lo hizo el TC). Dirá el lector que los magistrados del tribunal de garantías constitucionales habrían aprendido la lección, pero no fue así: la reforma legislativa abordada en 2013 volvió a ser cuestionada ante el TC, que de nuevo la avaló sólo unos meses antes de que Luxemburgo insistiera en que los cambios aprobados por el PP en la legislación siguen sin dar igualdad de armas a los deudores frente a las entidades bancarias.

Para resumir: el Tribunal Constitucional español fue puesto en evidencia no en una, sino en dos ocasiones por el Tribunal de Luxemburgo, que corrigió sus fallos en los que se negaba a defender a los deudores hipotecarios; y eso sucedió mientras el país vivía una tragedia tras otra, suicidios incluidos.

UN JUEZ RESPONDÓN ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En 2010 un juez de Sabadell, Guillem Soler, se enfrentaba a la ejecución de un préstamo con garantía hipotecaria (un desahucio) ejercido por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y la Rioja, al que se oponía la persona que iba a ser expulsada de su casa alegando que su contrato hipotecario incluía cláusulas abusivas. Al comprobar que la legislación citada le impedía suspender el desahucio para analizar si, efectivamente, existían cláusulas abusivas en aquella hipoteca, decidió cuestionar esa normativa ante el TC.

Soler, un sencillo pero valiente juez de primera instancia, elevó al TC una cuestión de inconstitucionalidad que ponía en duda que la legislación hipotecaria española y la Ley de Enjuiciamiento Civil respetaran la Constitución y, en concreto, los derechos a la tutela judicial (art. 24 de la Constitución), a la igualdad procesal (derivado del art. 14), a una vivienda digna (art. 47) y a la no arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos (art. 9.3).

Creía que la legislación debe adaptarse a las especiales condiciones socioeconómicas de cada momento y que los desahucios «generan exclusión social»; que eran necesarias modificaciones legales para facilitar la dación en pago o elevar el valor de la vivienda que se quedaban las entidades financieras. Recordaba Soler que, después de la subasta, bancos y cajas adquieren el inmueble por el 50 por ciento de su valor inicial, lo que obliga a los ciudadanos desahuciados a seguir endeudados para cubrir la diferencia entre el valor de la vivienda y el importe total de la hipoteca que firmaron.

La cuestión de inconstitucionalidad de Soler era original y, posiblemente, iba más lejos de lo que la técnica jurídica aconseja para el único formato que había encontrado el juez en su intento por desatar sus manos y tutelar los derechos de los ciudadanos. Así, se quejaba ante el Constitucional de que en nuestro país las hipotecas «no son efectivamente negociadas entre las partes sino mayoritariamente predispuestas por la entidad financiera», y luego le pedía que estudiara si podría ser necesaria una modificación de la Ley Hipotecaria.

Aquel atípico escrito no gustó al Constitucional, cuya respuesta fue un tanto displicente.

En ambas cosas coincidió el TC con el fiscal, quien informó en contra de la admisión a trámite de la cuestión de constitucionalidad porque, según dijo, «el marco procesal en que se han de debatir los intereses de los litigantes es competencia del legislador, sin que tal regulación pueda ser discutida so pretexto de su inconstitucionalidad». Traducimos: lo que el fiscal respondió es que las leyes no las dictan los jueces. Nosotros creemos que, en lugar de su desplante, el fiscal debió de entender que el Constitucional sí tiene una importante atribución en la interpretación de las normas de gran contenido político y económico.

Además, el fiscal le recordó a Soler que el TC ya había dejado claro con anterioridad a su cuestión que las ejecuciones hipotecarias no son contrarias a la Constitución aunque limiten las posibilidades de los afectados de oponerse al proceso.

El Constitucional se pronunció después de que el fiscal diera su opinión. El TC recordó en su auto ya citado que «existen supuestos en los que un examen preliminar de las cuestiones de inconstitucionalidad permite apreciar la falta de viabilidad de la cuestión suscitada» y que aquél era un buen ejemplo de ello, dado que ya en diciembre de 1981 el mismo tribunal había respondido a la pregunta suscitada en 2010 por el juez de Sabadell.

«Ya afirmamos entonces que en el procedimiento de ejecución hipotecaria se limita extraordinariamente la contradicción procesal, pero ello no significa que se produzca indefensión», recordó el auto del TC. De este modo, aceptaba que en la ejecución hipotecaria apenas existiera margen para oponerse al desahucio desde el lado del ciudadano que no había hecho frente a su deuda. Fue en ese contexto en el que el alto tribunal recuperó una frase terriblemente significativa que procedía de la aludida sentencia del propio tribunal fechada en el año 1981. Había llovido mucho desde entonces, pero el TC no quiso revisar su criterio: «Al constituir la hipoteca se consiente en que la defensa tenga una eficacia momentáneamente disminuida, por no ser apropiada para detener la ejecución». Traducida, esta frase venía a indicar que cuando uno suscribe una hipoteca y luego no la paga, deja atado de pies y manos al juez, quien, básicamente, debe limitarse a ejecutar la exigencia de desahucio del deudor (una entidad financiera casi siempre) sin entrar en el fondo del asunto. Y así, la defensa del desahuciado… queda un poquito disminuida. Momentáneamente; durante el tiempo suficiente para que te pongan en la calle por no pagar la hipoteca.

El auto del TC acababa riñendo al juez: «Las razones expuestas conducen finalmente a la inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad planteada, no sin antes reiterar, en el presente caso, que la cuestión de inconstitucionalidad no es cauce procesal idóneo para que los órganos jurisdiccionales puedan cuestionar de modo genérico o abstracto la constitucionalidad de un régimen o esquema legal (en este caso, el proceso de ejecución hipotecaria) por contraste con un hipotético modelo alternativo que no le compete formular al órgano proponente [es decir, a Soler] ni corresponde valorar a este Tribunal Constitucional por ser materia de la exclusiva competencia del legislador, dentro de cuyos límites constitucionales dispone de un amplio margen de libertad de elección que este Tribunal ni puede ni debe restringir».

Como es lógico, el fallo del TC es impecable desde el punto de vista jurídico, pero demasiado frío desde el punto de vista de la realidad social. Al menos así se lo pareció al magistrado Eugeni Gay Montalvo, quien hizo público un voto particular para distinguir su criterio del compartido por la mayoría de sus compañeros.

La interpretación que un Tribunal Constitucional debe hacer de las normas básicas en torno a las que se organiza una sociedad no puede tomarse de espaldas a la realidad en la que corresponde aplicarlas, sino en conexión con ella, decía Gay. Asimismo, razonaba que los mercados financieros y, a la postre, las hipotecas de 1981, cuando se dictó la jurisprudencia que había sido recuperada por el TC en su auto, eran infinitamente más simples que los derivados de la ingeniería financiera de 2010. Por eso los ciudadanos que contrataron «en estos últimos años productos hipotecarios como medio de obtener el dinero necesario para adquirir su vivienda habitual» no eran conscientes de los riesgos que estaban asumiendo, porque nadie sabía que muy pronto la burbuja inmobiliaria iba a estallar como consecuencia de una crisis financiera global. Y concluía: «No me parece suficiente para desechar como infundada la presente cuestión de inconstitucionalidad la extensión automática de la doctrina constitucional establecida en la citada sentencia de diciembre de 1981. Muy al contrario, en mi opinión, sería necesario examinar si los preceptos cuestionados, interpretados a la luz del nuevo contexto económico y social, son compatibles o no con los valores constitucionales».

Pero el criterio de Eugeni Gay, por más que nos guste, no fue compartido por los otros magistrados del TC cuando debatieron el asunto. Aquel fallo cerró una posible vía para paliar las consecuencias del problema social que planteaban los desahucios.

SUICIDIOS, JUECES Y DESAHUCIOS

Como hemos dicho, sería demasiado fácil cargar en un sector concreto de nuestra sociedad la culpa de las tragedias que los desahucios provocaron y, en todo caso, si acusar a las cajas de ahorros y a los bancos sería un brochazo bien orientado pero demasiado grueso, asociar la sentencia del Tribunal Constitucional o las actuaciones de los jueces ordinarios con la oleada de suicidios que provocaron las ejecuciones hipotecarias resultaría… injusto. Ahora bien, también es cierto que no podemos olvidar que sólo un mes después de que Guillem Soler planteara su cuestión de inconstitucionalidad ante el alto tribunal, en noviembre de 2010, un padre de familia a punto de ser desahuciado se ahorcó en plena calle. No se trataba de un impago de hipoteca, por lo que no es un ejemplo directamente relacionado con la sentencia del TC, pero sí es cierto que aquélla fue la primera de una serie de tragedias que continuarían en los años sucesivos y que confirmaban que nuestra sociedad se hallaba ante un problema grave que había que resolver con algo más que con escrupulosa técnica jurídica.

Para demostrar que no queremos hacer demagogia, vamos a dar detalles de aquel suceso, los cuales extenderán las responsabilidades a otros sectores poco relacionados con los jueces, en este caso al sector político. Porque aquel padre de familia no fue desahuciado por no pagar la hipoteca, sino por haber ocupado ilegalmente un piso por el que no pagaba alquiler. La entidad propietaria del inmueble era ADIGSA, la empresa pública de la Generalitat catalana que rehabilita viviendas sociales y las pone a disposición de quienes lo necesitan. Hemos dicho que pone viviendas sociales a disposición de quienes lo necesitan… pero es sólo una fórmula. En realidad, ponemos en duda que realmente haya hecho bien su función, porque fue ADIGSA la que ejecutó aquel desahucio y le reclamó unos miles de euros a aquel padre de familia por ser un okupa. Resulta oportuno recordar aquí que ADIGSA es la misma empresa que recientemente ha visto cómo algunos de los políticos que la dirigieron en los años anteriores a la crisis han sido procesados (no ha habido absolución o condena firme en el momento de cerrar la edición de este libro, de modo que hablamos solamente de sospechas) por desviar dinero público a su bolsillo.

Pero volvamos a lo nuestro, a nuestros cimientos de la Justicia. Decíamos que aquel suicidio fue el origen de una serie de tragedias marcadas por un denominador común, el desahucio: hombres que se han disparado en la cabeza o han saltado desde el balcón del piso del que iban a ser expulsados, mujeres que no han querido seguir viviendo cuando han perdido su techo; todos son ejemplos que han ido engordando una lista cuyo inicio podemos situar aquel día de noviembre de 2010, aunque posiblemente hubiera casos anteriores.

Dos años después de aquel suicidio, a finales de 2012, y tras una retahíla de tragedias similares derivadas de los desahucios de miles de familias expulsadas de su casa por impagos de hipotecas y alquileres, un grupo de jueces promovió una iniciativa hacia su órgano de gobierno, el CGPJ, buscando, una vez más, un resquicio que les abriera oportunidades para no tener que ser el brazo ejecutor de la desagracia de tantas personas desafortunadas. El informe se gestó por iniciativa del vocal Manuel Almenar y lo elaboraron siete magistrados que contaron con el apoyo de la gran mayoría de la carrera (representada por sus decanos, elegidos por los mismos togados). Aquel informe se le atragantó al CGPJ, que no supo dar respuesta a cuestiones tan directas como la solicitud al Gobierno de que las ayudas del Estado a la banca tuvieran su contrapartida en ayudas a los ciudadanos al borde del desahucio.

El texto comenzaba diciendo: «A lo largo de la última década, el exceso de confianza motivado por las burbujas inmobiliaria y financiera, unido al sueño de tener un hogar propio y a la mala praxis de las entidades bancarias, se ha traducido en una generalizada extensión del crédito hipotecario sin valorar las posibilidades reales del deudor y en la comercialización irresponsable, cuando no torticera, de productos financieros complejos». Después de semejante pulla a los bancos, los jueces continuaban: «En los últimos cuatro años y como consecuencia de la crisis económica se ha producido un incremento notable de las ejecuciones hipotecarias hasta el punto de que hoy se registran cinco veces más que al inicio de la crisis (…) y de que las ejecuciones hipotecarias en España desde que comenzó la crisis rondan ya las 350.000. Sin embargo no se trata de frías cifras. Cada uno de dichos procedimientos —al menos los que afectan a la vivienda habitual— encierra un auténtico drama que lleva casi inexorablemente a la exclusión social de familias (…). A estas alturas, ya nadie discute que las entidades bancarias no han sido ajenas al estallido de la burbuja (…). A pesar de ello, disponen de una importante ventaja frente a cualquier acreedor: un procedimiento privilegiado para el cobro de créditos hipotecarios (…) y un proceso judicial extremadamente agresivo frente al deudor».

Los jueces terminaban su escrito con una serie de propuestas concretas, la primera de las cuales era que las ayudas y los beneficios que la banca recibía del Estado sirvieran también para ayudar a los clientes sobreendeudados de buena fe. A esta propuesta el informe sumaba otras como la posibilidad para el juez de conceder moratorias en los pagos de las cuotas en casos de desgracias familiares, paro, accidentes… El escrito hablaba incluso de la posibilidad de abrir el camino a la dación en pago.

Bien, pero ¿dónde está el disparate?, se preguntará el lector. Y tendrá razón, porque la propuesta de aquellos jueces no lo era.

El disparate fue que el CGPJ, por razones más oscuras que diáfanas y que tienen relación más con presiones políticas o enfrentamientos personales que con su función de gobierno de los jueces, no tomó en consideración el escrito. Y eso estimuló a los 47 decanos españoles para lanzar un debate que puenteó al CGPJ y que sí tuvo eco, tanto en los medios de comunicación como en los partidos políticos. Los decanos dieron su apoyo público al escrito y pidieron un cambio en las leyes. Entre sus líderes figuraba el decano de Bilbao, Alfonso González-Guija, afectado por una nueva tragedia: el 9 de noviembre de 2012, Amaya Egaña, una mujer de cincuenta y tres años, prefirió quitarse la vida antes que someterse al desahucio ordenado por La Caixa, con la que había hipotecado su piso en Barakaldo (Vizcaya) por algo más de 200.000 euros. El juez decano de los Juzgados de Barakaldo, Juan Carlos Mediavilla, había pedido, la misma mañana en que fue a levantar el cadáver de Amaya, un cambio legal en la normativa hipotecaria para que no se repitieran tragedias como aquélla.

El cambio se iba fraguando de manera lenta… o por lo menos se intentaba. Desde Europa, un dictamen de la abogada general del Tribunal de Justicia europeo, Juliane Kokott, avisaba de que la normativa española sobre desahucios incumplía la directiva comunitaria de protección del consumidor frente a cláusulas abusivas. De fronteras para adentro, arrancaba una campaña de firmas por la dación en pago; a los pocos meses, llevó al Congreso una iniciativa popular a favor de la dación en pago apoyada por 1,5 millones de personas.

A todo ello se sumaría, un tiempo después, una importante sentencia, ésta del Tribunal Supremo, que convirtió en ilegales las cláusulas suelo de las hipotecas (que limitan las posibilidades de que baje el interés del préstamo por debajo de un límite a pesar de que la hipoteca esté pactada a un interés variable).

EL CASO AZIZ

«Siempre nos quedará París», decía Rick Blaine (Bogart) al despedirse de su amante en Casablanca. Unas palabras similares debieron de pronunciar también un juez de lo mercantil (José María Fernández Seijo), un abogado (Dionisio Moreno) y un ciudadano desahuciado (Mohamed Aziz) después de comprobar que el Tribunal Constitucional no iba a cuestionar la legislación hipotecaria ni la Ley de Enjuiciamiento Civil españolas, injustamente favorables a las entidades bancarias en el ámbito de los préstamos sobre viviendas. Nos queda el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo), dijeron. Y tuvieron éxito. Aquél fue el llamado «caso Aziz» (marzo de 2013) y no constituyó ningún disparate; al contrario, se convirtió en una sentencia de referencia.

Aquella sentencia, y un movimiento social importante, provocaron a comienzos de 2013 una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de las normas hipotecarias en España. Era una reforma, insistimos, de alcance limitado.

El pronunciamiento del Tribunal de Luxemburgo se produjo como consecuencia de la iniciativa de otro juez radicado en Cataluña, José María Fernández Seijo, quien a su vez siguió una idea del abogado Dionisio Moreno, cuya familia era vecina en Martorell (Barcelona) de Mohamed Aziz, un obrero en paro a quien CatalunyaCaixa expulsó de su casa en 2011 por el impago de su hipoteca, y a quien la entidad financiera, usando para ello cláusulas que después el citado magistrado consideró abusivas, reclamaba intereses de demora del 18 por ciento, cuando el porcentaje pactado en el préstamo era de poco más del 4 por ciento.

Moreno se enfrentó a la cuestión planteándola en múltiples frentes, entre ellos el derecho del consumidor. Eso dio pie a que Seijo elevara la citada cuestión a Luxemburgo, pues desde ese planteamiento era posible someter el asunto a comparación con lo establecido por las directivas europeas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Luxemburgo, garantiza que la legislación común a los países de la Unión sea interpretada de la misma manera en todos ellos, y para impedir que no sea así existe un mecanismo llamado «cuestión prejudicial». Su desarrollo es muy parecido al que ya hemos visto que utilizó sin éxito Soler en su cuestión de inconstitucionalidad ante el TC: el juez le pregunta al tribunal si la ley que debe aplicar es coherente con el resto del sistema. Seijo aprovechó una de las puertas argumentales que le abría el recurso de Moreno ante el desahucio de Aziz y preguntó a Luxemburgo si debía el juez actuar como un autómata, sin dar ninguna oportunidad al afectado que iba a ser expulsado de su casa a oponerse al desahucio.

¿Era adecuado al Derecho comunitario aquello que dijo la sentencia del TC? Recordemos: «Al constituir la hipoteca se consiente en que la defensa tenga una eficacia momentáneamente disminuida, por no ser apropiada para detener la ejecución». Es decir, el deudor de una hipoteca que haya sido instado al desahucio no tiene apenas derecho a la defensa para hacerse escuchar por el juez y provocar que detenga la ejecución, al margen de cuáles sean sus argumentos.

En concreto, Seijo consultó al Tribunal Europeo si, como juez de lo mercantil, podía o no detener un desahucio, o incluso revertirlo, si un deudor recurría ante él contra su contrato de hipoteca denunciando que en éste existían cláusulas abusivas. Además, hizo a Luxemburgo una consulta general sobre cuáles podían ser esas cláusulas abusivas.

La respuesta de Luxemburgo, que llegó dieciocho meses más tarde que la riña del TC a Soler, fue totalmente opuesta a la del tribunal español. Estableció que la legislación europea (y, en concreto, una directiva de 1993) no admite que se silencie al consumidor privándole de la oportunidad de oponerse a un proceso de ejecución hipotecaria cuando crea que las cláusulas de su contrato son abusivas. El Tribunal Europeo le mojó la oreja al TC, pero lo hizo en marzo de 2013, como decimos, años más tarde de que Soler tuviera su iniciativa y dieciocho meses después de la displicente respuesta que el juez catalán recibió. Y durante aquellos años se ejecutaron multitud de desahucios que podrían haberse detenido si los jueces españoles hubieran podido estudiar cada contrato de hipoteca para comprobar si contenían cláusulas abusivas.

Muchas personas se quedaron sin techo indebidamente, y así siguen. Un disparate.

Tal vez por este motivo, en un intento por zanjar la cuestión de una vez por todas, Seijo preguntó la segunda cuestión a Luxemburgo; le pidió que definiera el concepto de «cláusula abusiva», pues, como hemos visto, era en esos casos (cuando los contratos hipotecarios presentaran ese tipo de disposiciones) en los que el juez podría estudiar la paralización del desahucio. El Tribunal de la Unión Europea dio a este segundo asunto una respuesta más genérica que la expuesta sobre la primera cuestión, pero fue lo bastante claro como para hablar de situaciones de desequilibrio importante en detrimento del consumidor.

Sea como fuere, y por lo que respecta al caso Aziz, la respuesta le bastó al juez Seijo para declarar nulas tres cláusulas de la hipoteca con CatalunyaCaixa cuyo impago había dejado en la calle a Aziz. De este modo, el magistrado del Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona estimaba la demanda de Aziz contra la entidad financiera en tres puntos: primero, los intereses moratorios, fijados en el 18,75 por ciento, son abusivos por desproporcionados; segundo, la cláusula del vencimiento anticipado que llevó a la caja a ordenar el desahucio porque Aziz había dejado de pagar 453 euros en un préstamo concedido a 33 años también era nula; tercero, la entidad había errado en dos cálculos a su favor y en contra del desahuciado, en el relativo a los intereses moratorios y en el capital pendiente de amortización, todo ello en un contexto en el que el demandante había visto limitados los motivos de oposición.

Lamentablemente para Aziz, como para muchos otros, era ya tarde para recuperar su vivienda. Hoy en día otras personas viven en ella y no pueden verse perjudicadas por un proceso que les es ajeno. Los tiempos procesales con frecuencia favorecen al más fuerte, porque aunque termine perdiendo la razón, al ganar tiempo consigue que sea imposible revertir los daños causados sin perjudicar a terceras personas que se han beneficiado inocentemente de un fallo injusto. Por este tipo de motivos, en ocasiones la estrategia de los bancos y de los poderes fácticos que les hacen el juego es simplemente ganar tiempo, aunque sepan que al final nadie les dará la razón.

Aun así, todas estas novedades judiciales sirvieron para que algunos jueces fueran acordando paralizaciones de desahucios en cuyas hipotecas figuraran cláusulas abusivas, e incluso para que ordenaran devoluciones de viviendas expropiadas (siempre por la existencia de estas cláusulas).

Seijo fue el primero en hacerlo. En el verano de 2014, el magistrado de Barcelona firmó un dictamen histórico: fue el primero en ordenar a un banco que devolviera la vivienda a un desahuciado por la existencia de cláusulas abusivas. Se trataba de una mujer expulsada de su casa en cumplimiento de una hipoteca impagada que en su contrato contenía dos epígrafes que desprotegían al consumidor y que pidió al juez que le fuera devuelta su casa de Gavá (Barcelona) pues el magistrado que había ordenado el lanzamiento no tuvo oportunidad de revisar esas cláusulas, como hubiera debido hacer según los fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,. La respuesta de Seijo fue que, en efecto, aquella mujer tenía razón y el banco debía devolverle la casa, lo que por supuesto no la eximía de devolver el préstamo, pero en condiciones respetuosas con sus derechos.

Al menos en un caso, se había hecho justicia.

LUXEMBURGO LE MOJA LA OREJA AL CONSTITUCIONAL…

POR SEGUNDA VEZ

Como ya hemos explicado, después de las correcciones de Luxemburgo al TC y tras una importante movilización de la opinión pública entre 2010 y 2012, la mayoría del PP en el Congreso aprobó, en mayo de 2013, la Ley de Medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social, una reforma de las normas vigentes sobre esta materia. El nuevo texto de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa hipotecaria prevé que el afectado pueda oponerse al desahucio si cree que su contrato hipotecario contiene cláusulas abusivas. Pero… ¿qué ocurre si el juez no le da la razón? El deudor no puede recurrir contra ese dictamen. La entidad prestataria —casi siempre un banco— sí puede hacerlo cuando no le dan la razón. Pero el deudor no.

En noviembre de 2013, a un juez de primera instancia de Avilés le pareció que esta previsión no respetaba la igualdad de armas de las partes en un proceso, de modo que, tomando ejemplo de Soler, planteó una nueva cuestión de inconstitucionalidad al TC. ¿Y qué le dijo el tribunal de garantías al juez de Avilés? Que había planteado mal la pregunta, poco más o menos. Que, tal y como señalaba el fiscal, su cuestión adolecía de fallos formales que hacían imposible admitir a trámite el asunto y pronunciarse sobre el fondo. Es decir, se desentendió del tema.

Meses más tarde, en julio de 2014, una vez más el Tribunal de Luxemburgo le mojó la oreja al TC y dijo que los cambios operados en la reforma de la legislación de 2013 eran contrarios a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Audiencia de Castellón esta vez le preguntó, no por los derechos de los consumidores, sino por los derechos fundamentales y, en concreto, por el derecho a la tutela judicial efectiva. Luxemburgo le respondió a ese respecto: la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea consagra el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos; según ella, la previsión de la legislación española que permite a las entidades financieras recurrir si el juzgado da la razón al deudor y suspende la ejecución por existir cláusulas abusivas, pero que no autoriza a los hipotecados a hacerlo cuando se falla a favor del banco, es contraria a este derecho.

El Gobierno a su vez respondió asumiendo, al menos en parte, la corrección del Tribunal de Luxemburgo. Y en el Constitucional todavía deben de estar buscando la goma de borrar.

Entretanto, seguía corriendo el tiempo… ¿a favor de quién?

EMPRESAS ANTISOCIALES DE VIVIENDAS

Amparo, una mujer de cuarenta y cinco años, se suicidó en septiembre de 2013 en el madrileño barrio de Carabanchel cuando la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid S.A. (EMVS) le comunicó que se acercaba la hora del desahucio. En realidad, le notificaron que la EMVS no iba a prorrogar su contrato de alquiler con ella porque no era una buena pagadora. Vivía con su marido, seis hijos y dos nietos. Hubo debate sobre su deuda con la EMVS. Unos hablaban de 900 euros, mientras que la empresa apuntó que ascendía entre 2.000 y 3.000. También se discutió sobre la urgencia con la que se pronunciaba la comunicación formal de la EMVS; la empresa señaló que la familia de Amparo podía haber negociado un cambio a otra vivienda, aunque fueran expulsados de la que ocupaban.

Digan lo que digan, no hay duda de que la nota que le llegó a Amparo por correo dejaba claro que la EMVS no iba a prorrogar su contrato y también que, ante el impago de cuotas de alquiler y de comunidad, tenía la intención de acudir a los tribunales si era necesario. La empresa municipal dijo que eso no era un desahucio, pues no existía procedimiento judicial, ni sentencia condenatoria, ni auto de desalojo sustanciado por autoridad judicial alguna. A nosotros nos parece que, si bien no lo era, se le parecía mucho, mucho, mucho.

Vamos a dar un ejemplo que ayudará al lector a comprender por qué nos mostramos tan escépticos sobre el cínico argumento que la EMVS utilizó para hurtar su responsabilidad sobre la tragedia.

En abril de 2013, tan sólo unos meses antes del suicidio de la madre de Carabanchel, se había producido otro caso que también implicó a la misma empresa pública municipal y afectó asimismo a una madre con menores a su cargo, pero que esta vez sí llegó al trámite de ejecución. O sea, que unos meses antes la EMVS no se había limitado a dar una notificación que, por desgracia, la persona que se suicidó había entendido mal pero que no había terminado en desahucio. La EMVS había ejecutado el desahucio a una madre con menores a su cargo.

Y fue precisamente la ejecución, es decir, la intervención de una jueza, lo que permitió evitar la expulsión de aquella otra familia a la calle, porque la magistrada que se hizo cargo del asunto suspendió el desahucio en el último momento en atención a la existencia de menores de edad implicados. Es inevitable pensar que si esta jueza, de la que nos ocuparemos a continuación, pudo actuar así, otros quizá también habrían podido hacerlo, al menos en algunos casos. Éstos son los auténticos disparates que justifican que incluyamos este caso en un libro con este título.

El caso es que, como decimos, en abril de 2013 una jueza de Madrid paralizó el desalojo de una mujer y sus tres hijos menores de su casa, propiedad de la EMVS, que había promovido el desahucio por impago.

Inicialmente, la magistrada adoptó la medida de ejecutar el desahucio, como le obligaba a hacer la ley; pero una vez cumplida la formalidad, lo detuvo de inmediato hasta que los menores hubieran terminado el año escolar y la Comunidad de Madrid les hubiera garantizado una vivienda digna. Así, la jueza decidió acoger la demanda de la madre en la que pedía la suspensión del lanzamiento.

En su petición, la madre había expuesto a la jueza, acompañando sus afirmaciones con pruebas documentales, que tenía a su cargo a tres hijos menores de edad (de doce años, once años y once meses), que la Comunidad de Madrid había reconocido su situación de familia numerosa, y que sus ingresos en una empresa de limpieza alcanzaban los 403,76 euros netos al mes. El pago por la vivienda de la EMVS era de 582,61 euros mensuales más otros 55,64 euros en concepto de gastos de comunidad.

Lo que hizo aquella jueza fue sentenciar a favor del desahucio, porque a ello la obligaba la ley, pero también buscar y encontrar un argumento jurídico que le permitió adoptar una decisión más justa: frenarlo. Aquel fundamento jurídico estuvo constituido por los derechos de los menores afectados. Con ellos como base, y en virtud del reconocimiento de los mismos que hace la legislación española y los tratados internacionales suscritos por nuestro país, paralizó el lanzamiento. En suma, identificó en su auto un bien superior al interés económico de la EMVS, es decir, que los menores tuvieran un techo, y actuó en consecuencia. Muchos otros jueces, en casos similares, no supieron hacerlo. O no quisieron.

La jueza citaba la Convención de 20 de noviembre de 1989 sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y la mismísima Constitución española. «Esas y otras normas de carácter orgánico —decía también el auto de la jueza— obligan a los poderes públicos a garantizar el respeto de los derechos de los menores y a cualquier institución que detecte una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, a comunicarlo a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.»

A continuación, Lourdes Menéndez González-Palenzuela, que es como se llama la magistrada, acordó en su auto que el lanzamiento en ningún caso podría llevarse a cabo antes de que los menores hubieran finalizado el presente curso escolar.

Y luego exigió al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid que antes de pedir el desahucio de la mujer y sus hijos le explicaran cómo iban a garantizar un techo para ellos. Concretamente, instó a la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad y al Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento para que en un plazo de treinta días informaran al juzgado sobre las medidas concretas que adoptarían cuando se produjera el lanzamiento, y añadió que, una vez le hubieran dado respuesta, decidiría sobre el desahucio.

La jueza recordó a la Consejería que si adoptaba el lanzamiento de la mujer y sus hijos de la vivienda propiedad de la EMVS, esa institución debería garantizar el derecho de estos menores de edad a una vivienda digna y adecuada.

Y después de tomar aquella decisión y de pedir explicaciones al Ayuntamiento y a la Consejería de Madrid, la jueza tomó aire y le dejó caer unas cuantas lindezas a la EMVS, esa misma empresa que gestiona dinero público y cuyos responsables, pocos meses después de esta intervención judicial, tan sorprendidos iban a mostrarse por el suicidio de aquella otra madre en Carabanchel.

Es particularmente relevante, les soltó la magistrada, que la parte actora sea precisamente la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, la cual, recordaba Lourdes Menéndez, explica en su página web que es una sociedad anónima con capital cien por cien municipal que desarrolla la política de vivienda del Ayuntamiento de Madrid y que no sólo facilita el acceso a la vivienda a los sectores con mayores dificultades, sino que cumple con otras directrices de la política de vivienda, con un marcado carácter social. «Cierto es que la EMVS facilitó en su día a la hoy parte ejecutada el arrendamiento de una vivienda de protección pública, y cierto es también que la demandada no atendió el pago de la renta a partir del día 1 de octubre de 2010, lo que ha determinado la estimación de la demanda de desahucio —continuaba la jueza—. Pero no lo es menos que la desahuciada atendió el pago de la renta durante más de seis años e incumplió sus obligaciones arrendatarias en el momento en que resultaron absolutamente incompatibles con sus ingresos mensuales.».

Poco tiempo más tarde, una vez cumplido el margen que les había dado al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid, Lourdes Menéndez dictó un nuevo auto en el que aplazó indefinidamente el desalojo porque la EMVS, la misma empresa que había instado al desahucio de la mujer y sus tres hijos menores porque le debían unos meses del alquiler de una vivienda social pública que habían venido pagando religiosamente durante seis años y mientras habían podido, asumió por escrito que era casi imposible que aquella familia encontrara otra vivienda social.

Es oportuno recordar la argumentación que usaron los responsables de la empresa sólo unos meses después, cuando ocurrió el suicidio de Carabanchel: la mujer que había tomado aquella trágica decisión se había precipitado, la notificación por escrito del próximo desahucio, la que desencadenó su suicidio, pretendía solamente que negociara su traslado a otra… vivienda social más barata. Amparo, la mujer que se quitó la vida, tenía razón cuando supo que no habría viviendas sociales disponibles para negociar cuando la echaran de la que entonces ocupaba. Porque expulsar a Amparo y a su familia de la vivienda social era, muy probablemente, la intención de la EMVS, como ha demostrado el segundo caso citado. O al menos eso nos parece a nosotros. Aunque, claro, a lo mejor somos muy suspicaces.

Y además, visto lo excepcional de las decisiones de la magistrada Menéndez, mucho nos tememos que Amparo también tenía razón al no confiar demasiado en que el juez que le tocara en suerte cuando instaran a su desalojo frenara la ejecución. Ahora bien, es cierto: lo que la EMVS le dijo fue, únicamente, que como no era una buena pagadora con el erario público a cambio de una vivienda social sufragada con nuestros impuestos, no iban a prolongarle el contrato de alquiler que le garantizaba un techo a ella, a su marido, a sus hijos y a sus nietos.

Desde luego, se explicaron fatal. Se explicaron fatal cuando trataron de salvar la cara con tan débiles argumentos. Pero extendernos en el análisis de la EMVS nos llevaría lejos de los disparates judiciales, nos llevaría a hablar de desalojos a familias en situaciones precarias para vender edificios públicos a los bancos o de directivos sospechosos de usar la llamada «puerta giratoria» para fichar por empresas constructoras… Tan lejos nos llevaría, que nos obligaría a la clásica advertencia sobre las sospechas publicadas por los medios y su diferencia radical con las acusaciones admitidas a trámite por los tribunales y, sobre todo, con los hechos probados; además, habríamos de añadir que una cosa son los hechos y otra ponerles nombre y apellidos, algo que nosotros no queremos hacer aquí porque no podemos tomar como referencia sentencia condenatoria alguna.

Solamente le pedimos al lector que esté pendiente del asunto. No vaya a ser que a alguno de esos que se explicaban tan mal le llegue la hora de ser condenado porque, además de desalmado, era un corrupto.

Por ahora nos conformamos con tomar como ejemplo la actuación de esta jueza que supo hacer justicia y poner en evidencia a otros que no la hicieron.

DEMOLER TU CASA NO VIOLA TU DOMICILIO

Abdelilah G. y Fátima Z. se establecieron con sus dos hijos en la Cañada Real Galiana en 2004, en una parcela no urbanizable que, según defienden, es de su propiedad, y allí se construyeron una vivienda que fue derribada por el Ayuntamiento de Madrid en 2007. En el mismo lugar Abdelilah construyó de nuevo su casa. ¿Dónde iba a hacerlo sino en el terreno que era de su propiedad? En 2011 volvieron a demoler su vivienda basándose en la orden del consistorio de junio de 2005, la misma que se dictó para proceder a la primera demolición. Recurrió ante los tribunales ordinarios y le negaron su apoyo.

Abdelilah acudió entonces al Tribunal Constitucional y éste le dijo que la demolición de su casa no vulneraba su derecho a la inviolabilidad del domicilio. La sentencia del TC consideró que la orden de demolición del Ayuntamiento de Madrid de 2005 bastaba; rechazó dar su amparo a la familia porque la casa había sido construida sobre terreno no urbanizable en la Cañada Real y porque Abdelilah había sido tan «torpe» (sic) de volver a edificar su casa en el mismo sitio.

Aquella sentencia, publicada a finales de 2013, encajaba a la perfección con la tónica habitual del tribunal de garantías en materia de derecho a la vivienda y otras pequeñeces, y precisamente de eso, de aquella tendencia regresiva en materia de protección de los derechos, alertaron los dos magistrados que se opusieron a que le negaran el amparo a Abdelilah en un voto particular compartido y que enseguida veremos.

Pero antes vayamos a los hechos. No diremos que el protagonista de los mismos tenga la razón, porque no la tiene. Construyó su vivienda sobre los terrenos de la Cañada Real, donde decenas de miles de personas habitan en una suerte de gueto en el que abunda la delincuencia, pero también la necesidad de dar un techo a sus familias, aunque sea uno que descansa sobre construcciones irregulares. La propia sentencia del alto tribunal desde el principio dejaba claro que la casa estaba construida ilegalmente…

en la Cañada Real Galiana núm. 40, puerta A, del distrito de Vicálvaro. En ese domicilio vivían el recurrente, su esposa y los dos hijos de ambos. La orden de demolición se fundamenta en que se trata de una construcción ilegal en suelo no urbanizable, al establecerse sobre vía pecuaria.

Como decimos, el Ayuntamiento de Madrid ordenó la demolición de su casa en junio de 2005, tras haber solicitado y obtenido del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid autorización judicial de entrada en el domicilio. La orden se ejecutó en 2007 en medio de graves incidentes porque los vecinos del barrio apoyaron a Abdelilah y su familia. Hubo más demoliciones y Amnistía Internacional intervino para solicitar a las autoridades madrileñas que detuvieran estas actuaciones en la Cañada Real hasta que estuvieran en condiciones de ofrecer alternativas de vivienda a los desalojados, muchos de ellos familias con menores a su cargo, como sucedía en el caso que nos ocupa.

En ese ambiente de conflicto social Abdelilah decidió, al día siguiente del derribo, reconstruir la vivienda en el mismo sitio. Todo para que en 2011 volvieran a tirarla abajo. Lo que él argumentó ante los tribunales ordinarios, primero, y ante el Constitucional, después, fue que, al margen de que su casa estuviera construida ilegalmente, su derribo no podía hacerse a partir de un acto administrativo de 2005, la orden municipal que en ese año instó a derribar aquella otra construcción. Según el afectado, por más que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid hubiera autorizado una nueva entrada en la segunda construcción que constituía su nuevo domicilio y el de su familia, para proceder al desalojo y la demolición de la citada vivienda era necesario que el Ayuntamiento abriera otro nuevo expediente.

Pero el TC no lo veía así. «El derecho a la inviolabilidad domiciliaria no se ve vulnerado por los acuerdos administrativos anteriores pues la propia actuación del recurrente al reconstruir inmediatamente lo demolido por la primera orden administrativa municipal provoca la inexistencia de solución de continuidad del procedimiento administrativo, no siendo legítimo impetrar el amparo constitucional por unos alegados e inexistentes defectos formales provocados por el propio recurrente, mediante una causa torpe, al reconstruir al día siguiente de la demolición lo que desde el inicio vulneraba la disciplina urbanística», dijo el ponente de la sentencia, Enrique López, que años más tarde habría de abandonar el tribunal de garantías por otra causa torpe (conducir bebido).

Buceando con mucho esfuerzo en el estilo de López podemos identificar alguna frase más o menos esclarecedora en su sentencia; vino a decir que al reconstruir al día siguiente de la demolición lo que desde el inicio vulneraba la disciplina urbanística, Abdelilah dio validez a la ejecución de la misma orden que, años antes, ya había servido para demoler la primera construcción. La mayoría de los magistrados del TC estuvieron de acuerdo con su sentencia y, como él, consideraron que la orden de entrada en la casa no sólo era proporcionada, sino la única posibilidad de ejecutar la demolición.

La necesidad o no de volver a estudiar todo el expediente antes de ordenar una nueva demolición tenía muchos aspectos relevantes, uno de los cuales estaba relacionado con la normativa que, llevada por el problema social al que ya hemos hecho alusión, había dictado la Comunidad de Madrid. Una ley de 2011 recomendaba soluciones alternativas a la demolición de las viviendas de la Cañada Real ante la posibilidad de dejar en la calle a miles de familias sin techo donde cobijarse. Pero claro, decía la sentencia, la ley citada es de 2011; es por tanto posterior a las resoluciones administrativas firmes que autorizaron la entrada en el domicilio (2005); así que fue justo no aplicarla a este caso.

En síntesis, para el Constitucional 2005 era el año clave y después el tiempo era todo un vacío creado por la torpeza del desahuciado. Si las propias autoridades políticas habían encontrado medidas alternativas a dejar a una familia con hijos en la calle, ése no era su problema, porque había sido en 2011. Pero el fallo de la sentencia fue en diciembre de 2013.

Lo menos que puede decirse es que aquel fallo adolecía de sensibilidad humana y social; más duros fueron con la sentencia dos magistrados que se pronunciaron contra el fallo de la mayoría y que publicaron un voto particular compartido en el que alertaron de que se basaba en una concepción regresiva de la protección que el alto tribunal debe dar a los derechos fundamentales. «En pocos recursos de amparo resueltos por nuestro Tribunal, como acontece en éste, puede apreciarse con tanta nitidez el giro que se está produciendo en nuestra jurisprudencia en materia de derechos fundamentales y que ya comienza a ser expresivo de un inquietante repliegue hacia zonas de menor intensidad protectora», decían en su duro voto particular la vicepresidenta del TC, Adela Asúa, y el magistrado Fernando Valdés. Ambos consideraban que la demolición de la vivienda, al margen de que ésta se hubiera construido ilegalmente, vulneró el artículo 18.2 de la Constitución española, que establece lo siguiente: «El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito».

Salvo cuando haya una autorización administrativa para demoler tu casa de hace unos cuantos años. Si es así y eres pobre, olvídate. Doctrina del Constitucional.

SI NO TIENES HIJOS… ¡A LA CALLE!

Está claro que últimamente el TC no se ha lucido en esto del derecho a la vivienda. Y para poner una guinda al capítulo, lo vamos a cerrar con un nuevo ejemplo de ello. Como hemos visto ya, el tribunal de garantías no admitió a trámite la cuestión del citado juez de Avilés respecto a la reforma promovida por el Gobierno de las leyes hipotecarias, la misma que, a juicio de Luxemburgo, no es respetuosa con el derecho a la tutela judicial efectiva.

Pero es que, además de no querer estudiar si aquella normativa era legal, hizo una interpretación restrictiva de las medidas más protectoras que la propia reforma preveía. Veamos por qué lo decimos. La normativa en cuestión obligaba a que se paralizase un desahucio cuando hubiera familias en situación de desamparo. Y cuando se habla de familia se entiende, por supuesto, que se incluye a los menores, pero esto no necesariamente excluye a otros tipos de familias… o sí. Ésa era la cuestión. Y ante la duda, el TC optó por la interpretación menos protectora para los débiles.

El Constitucional avaló el desahucio de una pareja sin hijos porque entendió que, como no tenían churumbeles, pues no eran una familia. Y como no eran una familia, tenían menos protección que otras parejas y, concretamente, no podían beneficiarse de la citada posibilidad prevista por la reforma de la normativa hipotecaria: la paralización de un desahucio cuando haya familias en situación de desamparo. Según el TC, cuando se hablaba de familias en ese texto legal, necesariamente se refería a parejas con hijos menores. Y sin hijos, de familia nada. Y de protección, menos.

Aunque la sentencia del Constitucional es de abril de 2014, el caso se remonta a un año antes, 2013. En esa fecha la pareja fue expulsada de su casa y acudió en demanda de amparo al TC. El alto tribunal lo rechazó. Sin embargo el fiscal insistió, señalando que había que tener en cuenta otros factores, además del de los niños, y que el concepto de unidad familiar que mostraba la ley «no exige necesariamente la existencia de pareja e hijos». Guiándose por la reciente reforma legal en materia de hipotecas, pidió al Constitucional que reparase aquella situación. Creía que la ley amparaba a los dos desahuciados y que la decisión de expulsarlos de su casa era «contraria al fin de protección de la norma».

El Juzgado de Primera Instancia número 32 de Madrid no había tenido en cuenta otras «circunstancias personales», decía el fiscal, que no parecía tan tranquilo como el juez que ejecutó el desahucio con el resultado del mismo y que, ingenuamente, debió de pensar que el TC no había visto que existían nuevas posibilidades en la ley para no ser tan duros con una pareja caída en desgracia. Por cierto, el 32 es un juzgado especializado en esta materia, una máquina industrial de lanzamientos que adopta más de mil por año y cuyos titulares en los últimos años (destaca entre ellos el actual magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, el prestigioso especialista Agustín Gómez Salcedo) jamás han sucumbido a la tentación de cuestionar lo que otros jueces más humanos sí han puesto en duda; al menos no que nosotros sepamos (aclaremos en todo caso que Gómez Salcedo no estaba ya en el citado juzgado cuando este asunto se decidió).

Pero a lo que vamos. ¿Qué respuesta le dio el TC al fiscal? «La falta de hijos del deudor ejecutado origina que no pueda ser considerada unidad familiar y acogerse a la posibilidad de una suspensión temporal de la medida acordada de lanzamiento.» O sea, que el Constitucional se mantuvo en su interpretación restrictiva de los derechos que podían asistir a las personas en situación de desahucio: la presencia de menores podía determinar la suspensión del lanzamiento (es decir, siempre que no se trate de una causa torpe en la Cañada Real). Ahora bien, si no tienes hijos, vas a la calle. Y eso no supone que se haya vulnerado tu derecho a la igualdad ante la ley. Porque lo dice el Tribunal Constitucional.

8

Crímenes ferpectos

Vale más un culpable en la calle que un inocente en prisión.

Si el lector no está de acuerdo con esta afirmación, entonces no está de acuerdo con nuestro sistema penal, especialmente con la presunción de inocencia. Ahora bien, sentados los principios, luego viene la realidad a confundirlo todo.

En ocasiones los jueces condenan a inocentes y en otras los culpables de los más horrendos actos salen a la calle y hacen de las suyas.

De los supuestos culpables que no hayan sido condenados, como usted comprenderá, no podemos hacernos eco (véase el comienzo del capítulo a este respecto). Pero sí podemos hablar, y nos disponemos a hacerlo, de esos que tuvieron un tiempo de libertad injusto y sobre todo dañino por dejadez o inoperancia de nuestra Administración de Justicia. Esos que habían sido declarados culpables pero que salieron de prisión cuando no era justo que lo hicieran —o que no entraron cuando les llegó el momento— y que durante ese período en la calle constituyeron un ejemplo inquietante y una fuente de dolor para la familia de sus víctimas, e incluso cometieron crímenes que podrían haberse evitado.

Con algunos de ellos comenzaremos, pero inmediatamente después someteremos al criterio del lector ejemplos de lo contrario, personas que han pasado años en prisión hasta que una prueba (casi siempre una muestra biológica, el ADN) ha demostrado su inocencia.

Serán todos crímenes ferpectos.

Los crímenes perfectos son esos que no podemos incluir. Los ferpectos son aquellos que creían serlo pero que no han acabado encajando en el molde, o aquellos que, sin serlo, algún listo quiso que encajaran. Serán como el delito que daba nombre a la película de Álex de la Iglesia, Crimen ferpecto (2004), cuyo título se inspiraba en una brillante intervención de Obélix el Galo en la obra de Uderzo Los laureles del César (1972). Estamos seguros de que Álex de la Iglesia, antiguo historietista, conoce el libro y el personaje… ferpectamente.

EL CASO MARI LUZ

En una sociedad democrática el poder debe ser legítimo y ejercerse con responsabilidad; eso es lo que sucede con los jueces. Pero de vez en cuando ocurre algo que nos hace pensar lo contrario. Por ejemplo, el caso del juez Rafael Tirado, cuyo nombre estará siempre asociado al de la niña Mari Luz Cortés. La figura de Tirado, como veremos enseguida, presenta aspectos contradictorios, pero en lo que a este caso se refiere, todo son sombras: dejó en libertad de forma ilícita al hombre que, por estar en la calle, pudo atacar sexualmente y matar a la niña.

Aclaremos, antes que nada, que la sesuda reflexión con la que hemos empezado el epígrafe, la relativa al ejercicio del poder en el Estado de Derecho, no ha surgido solamente porque no supiéramos cómo encabezar el presente texto, cosa que nos sucede con frecuencia y resolvemos como mejor podemos, sino también porque, en relación con el asunto Mari Luz, se desató un pulso sin precedentes entre los jueces y los secretarios judiciales, por un lado, y el Gobierno socialista, por otro; es decir, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Una tensión que llevó a lo que en aquel momento fue una iniciativa sin precedentes, una huelga de jueces que contribuyó, al sumarse a otros factores, a la dimisión en 2009 del ministro de Justicia, el prestigioso fiscal y magistrado Mariano Fernández Bermejo.

Bermejo dimitió porque coincidió en plena investigación del caso Gürtel con Baltasar Garzón en una cacería, pero para entonces estaba ya muy mal agarrado al sillón. Y se encontraba en esa posición de debilidad porque, como le sucediera con Felipe González a ese otro juez también aficionado a la caza y a la política, a Bermejo le pasó con Zapatero que tuvo que dar la cara por él en situaciones como la que nos va a ocupar y, sin embargo, cuando llegó el momento de la verdad, se encontró solo. O al menos eso dicen algunos. Pero de aquella cacería y otros avatares ya nos ocupamos en otro capítulo de este libro, así que vayamos al asunto de la huelga y el caso Mari Luz.

A los jueces pareció gustarles aquello de la huelga porque, aun en contra de lo determinado por su órgano de gobierno, el CGPJ, que les niega ese derecho, la han repetido recientemente. También es verdad que las movilizaciones de jueces ocurridas entonces —y, por cierto, también las posteriores—, por más que vengan envueltas en solidaridades corporativistas o asuntos de Estado, responden también a cuestiones más profanas y materiales que se publicitan menos. Ahora comprenderá mejor el lector nuestra alusión a cómo debe ejercerse el poder en democracia…

En fin. No divagaremos más.

Primero, pongamos en contexto nuestro primer dardo, dirigido contra el juez Tirado. Decíamos que el magistrado tiene luces y sombras en su biografía porque si bien en los noventa fue multado por conducir en estado de embriaguez y provocar un accidente, y también por retrasos en su juzgado, no es menos cierto que ha sido distinguido por su doctrina en materia de malos tratos (fue premiado por el Instituto Andaluz de la Mujer en 2004) y que es un magistrado cuyos conocimientos jurídicos están bien considerados en términos generales en la carrera judicial. Esto último, que sea un magistrado de cierto prestigio, o lo fuera, es importante respecto a su papel en el conflicto que enfrentó a los dos citados poderes.

En segundo lugar, lo relativo al asesinato de la niña Mari Luz Cortés. Tirado debió haber enviado a prisión al autor material del crimen, Santiago del Valle, pero lo mantuvo indebidamente en libertad. Como juez del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Tirado condenó a Del Valle en noviembre de 2002 a 2 años y 9 meses de prisión por abusar de su hija menor, lo que confirmó la Audiencia de Sevilla en diciembre de 2005. Al confirmarse la pena, Tirado tendría que haber ejecutado la sentencia y enviado al condenado a prisión, pero no lo hizo, lo que representó una grave desatención de sus obligaciones. Fueron necesarios varios años y un asesinato, el de Mari Luz, para que Del Valle acabara entre rejas.

Mari Luz Cortés, una niña onubense de cinco años, fue asesinada el 13 de enero de 2008. Del Valle la raptó con fines sexuales y después la asesinó arrojándola a las marismas de Huelva. Pocos días más tarde fue detenido el autor del crimen y, esta vez sí, encarcelado. En 2011 el Supremo confirmaría la condena, previamente acordada por la Audiencia, a 22 años de cárcel para el asesino y a 9 años para su hermana y cómplice, Rosa. El padre de la niña, Juan José Cortés, recibió con satisfacción la condena que impuso el Supremo.

Sin embargo, como hemos visto, el asunto tenía otra vertiente que ofendió muchísimo a la familia de Mari Luz; como es lógico, no podían aceptar el hecho de que Santiago del Valle estuviera indebidamente en libertad y, por ese motivo, tuviera ocasión de atacar a su hija. Cortés recibió con indignación que la sanción impuesta al magistrado responsable de aquel despropósito, Rafael Tirado, no hubiera sido su expulsión de la carrera judicial sino, como enseguida veremos, una multa. El padre de Mari Luz y su esposa, Irene Suárez, asumieron un potente protagonismo público a raíz del crimen, por lo que su opinión suponía un importante motivo de presión para los políticos. Recordemos, si no, la campaña que lideraron en favor del endurecimiento de las penas para los pederastas y que culminó con la entrega en persona al entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de más de dos millones de firmas de apoyo a su propuesta.

Ese protagonismo ante la opinión pública de la familia de Mari Luz se multiplicó y se hizo más agrio cuando se conoció la sanción impuesta a Tirado, que para muchos fue en extremo liviana. El abuelo paterno de la niña expresó muy claramente cuál era su opinión: «Ese juez y sus amigos corporativistas han ganado una batalla, pero no la guerra». Sus aliados en aquella batalla, bien por razones electoralistas, bien por motivos sentimentales o incluso ideológicos, fueron los políticos. El Gobierno y también la oposición.

Todo lo dicho nos lleva al tercer punto, y el más importante: nadie tuvo ninguna duda de que Tirado no atendió debidamente sus deberes al frente del juzgado; y quizá pesaba también el hecho de que no era la primera vez que lo hacía, porque muchos años antes, como hemos señalado ya, había sido condenado por retrasos en la tramitación de causas asignadas a su juzgado.

Pero hasta dónde llegaba la responsabilidad de Tirado era otra cuestión; a la sazón, muy polémica. Lo resumiremos antes de entrar en detalles: el Ejecutivo, impulsado por el inevitable ruido populista suscitado a raíz del asesinato de la niña, exigió un castigo ejemplar inmiscuyéndose en lo que a todas luces era competencia del CGPJ; los jueces, llevados por un movimiento que muchos estimaron corporativista, se quejaron de la injerencia y arguyeron que el error lamentable de Tirado se explicaba sobre todo por la saturación de trabajo provocada por la falta de medios que sufría —y sufre— la Administración de Justicia. Más aún, los jueces usaron la polémica para sustentar una huelga de legitimidad más que dudosa en demanda de diversas exigencias que terminarían negociando con el nuevo titular del ministerio, Francisco Caamaño.

Y ahora los detalles. El CGPJ abrió a Tirado un expediente por falta muy grave que hubiera podido suponer su expulsión de la carrera o al menos un castigo de suspensión temporal, pero finalmente, después de tramitar el procedimiento, le sancionó en septiembre de 2008 por una falta sólo grave que aparejaba un castigo mucho menos riguroso: una multa de 1.500 euros por retraso injustificado en la tramitación de la causa. La multa sería confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo en respuesta al recurso del fiscal, que pidió la suspensión del juez.

Para comprender mejor el asunto debemos atender a la propuesta del magistrado que se ocupó de instruir el expediente de sanción a Tirado, Wenceslao Olea, quien señaló que ni la secretaria judicial ni otros funcionarios informaron al juez de la situación de libertad de Santiago del Valle; por tanto, no era de recibo que toda la culpa recayera en el juez. Así que Juana G., la secretaria judicial, resultó que era la auténtica responsable. De hecho, el Ministerio de Justicia la sancionó con 2 años de suspensión… pero luego los propios jueces de lo contencioso-administrativo rebajaron a 6 meses la sanción; por considerarla «desproporcionada», dijeron.

El juez de lo contencioso responsable de esta rebaja (la Audiencia Nacional confirmaría luego su fallo) consideró que, si por un lado era indudable la «negligencia o retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones inherentes al puesto de trabajo» de Juana, también debía tenerse en cuenta que la funcionaria se veía obligada a controlar un elevado número de juicios en otros juzgados en los que trabajaba como sustituta, a prestar atención al registro de víctimas de violencia doméstica y a otros menesteres que ocupaban buena parte de su jornada laboral. Parecidos argumentos utilizó en su defensa Tirado.

La multa al juez del caso Mari Luz desató un otoño caliente en 2008. Fue recibida con profunda y abierta discrepancia por el presidente Zapatero y por el líder de la oposición, Mariano Rajoy. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, consideró «intolerable» una sanción «tan leve». «Es muy difícil estar de acuerdo con tan poca cosa», expresó por su parte el ministro Bermejo, antes de mostrar su confianza en que un nuevo CGPJ (la polémica coincidió con la renovación de este órgano) examinaría «con altura de miras» el caso y endurecería el castigo. Pero no fue así.

Aquello fue demasiado para los estómagos de los togados; las asociaciones judiciales denunciaron una «inaceptable intromisión» del Ejecutivo a la que responderían poco más tarde 46 magistrados del Tribunal Supremo firmando un escrito en el que denunciaron «intolerables» presiones sobre el CGPJ. Además, pidieron que no se atendieran las demandas de una sanción «ejemplarizante» para Tirado. Las bases para una jornada de huelga de jueces, que terminaría por celebrarse el 18 de febrero de 2009, estaban sentadas. Y es cierto que la huelga obedeció a razones distintas a la polémica relativa a Tirado, pero también que estuvo vinculada, al menos parcialmente, a la falta de medios en juzgados y tribunales que se puso de manifiesto con un asunto que sin duda actuó como detonante del enfrentamiento entre ambos poderes.

Todo lo cual no es una cuestión baladí para un libro como éste porque, como hemos dicho, el ejercicio responsable del poder en democracia supone que quien no actúa como debe, tiene que estar sometido a sanción, sea disciplinaria o penal. Y es cierto que los jueces son independientes en su labor jurisdiccional, pero también lo es su sometimiento a la ley. Ahora bien, resulta que quienes deben castigar el incumplimiento de la ley son… los mismos jueces. Tanto en su vertiente administrativa (castigos disciplinarios) como en la penal (condenas). Existe por tanto un grave riesgo de corporativismo, y por eso los movimientos solidarios de togados contra compañeros sancionados o las movilizaciones corporativistas de quienes ostentan un poder tremendo como individuos que juzgan a los demás… nos inquietan. Mucho.

Por último, nos resta decir que Tirado abandonó la jurisdicción penal por la de lo contencioso-administrativo. Y ahí sigue.

LEGÍTIMA DEFENSA… CONTRA LA HOMOFOBIA

En marzo de 2009, un jurado absolvió en Vigo a Jacobo Piñeiro Rial. Y lo hizo a pesar de que estaba demostrado que el acusado era responsable de la muerte violenta de dos hombres, una pareja homosexual cuyos cadáveres quemó en el mismo apartamento en el que, la madrugada del 13 julio de 2006, les había asestado decenas de cuchilladas. Ni la propia confesión del reo ni las pruebas del fiscal y los testimonios de los peritos forenses pudieron convencer a aquellos hombres y mujeres que integraban el tribunal del jurado de que el acusado, que en el momento de los hechos contaba unos treinta años, era culpable de los dos delitos de asesinato. Ellos estaban convencidos de que sus actos se debieron a que le dominó un miedo insuperable a ser violado, de modo que su conducta estuvo amparada por la legítima defensa.

En otras palabras, las pruebas fueron inútiles para desmontar algunos sospechosos prejuicios que condicionaron al jurado.

Al menos así lo entendieron diferentes organizaciones de gais y lesbianas, e incluso la que fuera «miembra» (sic) del Ejecutivo de Zapatero, la ex ministra de Igualdad Bibiana Aído. Todos apuntaron en esa dirección cuando conocieron la absolución de Piñeiro, que causó un notable escándalo: solamente la homofobia podía explicar por qué el jurado había hecho algo tan absurdo como considerar legítima defensa la conducta del acusado, que apuñaló con saña a las dos víctimas, a las que necesariamente remató cuando estaban heridas de muerte y cuya agonía se prolongó durante al menos quince minutos. Solamente llevados por un prejuicio insuperable pudieron los miembros del jurado valorar, en contra de los informes forenses, que el reo actuó influido por el alcohol y la cocaína, y, sobre todo, dudar de su voluntad de matar cuando, una vez se cercioró de que estaban muertos, quemó sus cadáveres. De hecho, el tribunal que le absolvió sí le condenó por el delito de incendio cometido al quemar el apartamento donde tuvieron lugar los hechos y abrir la espita del gas con la intención de causar una explosión que no llegó a ocurrir pero que, evidentemente, representó un serio peligro para los vecinos del inmueble.

El caso era claro como el agua, e incluso le sirvió a la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) para recordar otro fallo garrafal de un jurado que perjudicó a una persona homosexual, Dolores Vázquez, al condenarla por un crimen del que era inocente (un caso del que nos ocupamos en el siguiente capítulo).

Si el tribunal consideró probado que Jacobo Piñeiro se encontraba aquella madrugada en el piso que los dos fallecidos compartían en la calle Oporto de Vigo, y también que asestó 35 puñaladas a Isaac (primera víctima) y otras 22 a Julio (la segunda)… ¿cómo era posible que le absolviera de al menos el delito de homicidio e incluso de dos penas por asesinato? Para cualquier observador objetivo, la voluntad de matar es inequívoca cuando se llega a ese número de agresiones; la necesidad de defenderse, aun en el caso de haber sido atacado (cosa que de ningún modo quedó probada, y, como luego se verá, todos los indicios apuntaban en sentido contrario), no puede amparar esa conducta. ¿Qué amenaza representa una persona tendida en el suelo en medio de un charco de sangre y a quien se sigue apuñalando?

El acusado estaba aturdido por el alcohol y la cocaína, señaló aquel jurado, y sin embargo consideró probado que Piñeiro prendió fuego a la vivienda y a los cadáveres, e incluso, como ya hemos referido, que abrió la espita del gas con la intención de provocar una explosión, con el único objetivo de ocultar las pruebas de los hechos. Además, salió del apartamento llevándose consigo una maleta con pertenencias de las víctimas, que luego abandonó y que más tarde la recuperaría la Policía. Lo hizo también con el fin de ocultar los indicios que pudieran incriminarle y simular que los dos fallecidos habían muerto en mitad de un robo violento. Una conducta muy poco compatible con una embriaguez tan profunda como para eximirle parcialmente de una responsabilidad tan grave como la que corresponde a la muerte de dos personas.

Aquel veredicto no tenía ni pies ni cabeza, de modo que el fiscal y la acusación particular recurrieron el fallo. Pero mientras esperaban a que se repitiera el juicio contra Piñeiro, transcurrieron cuatro años. Es el máximo tiempo que la ley permite para la prisión cautelar. Piñeiro, cuyos actos eran de la máxima gravedad, los cumplió en la cárcel aunque no hubiera condena firme contra él, como medida preventiva. Durante este intervalo se opuso, como es lógico, a que se repitiera el proceso seguido contra él, por lo que la tramitación del mismo se alargó en el tiempo hasta que el Supremo rechazó sus peticiones y ordenó una nueva vista. De este modo, el padecimiento de los familiares de las víctimas se vio incrementado por la lentitud demostrada por la Justicia. El sufrimiento fue aún mayor cuando, en julio de 2010, vieron salir en libertad a Piñeiro después de transcurridos esos cuatro años de prisión preventiva sin que se hubiera producido una nueva condena.

Sin embargo, aquel breve período en libertad fue el último para el reo, que pronto volvería a estar entre rejas otros 21 años más.

Poco tiempo después de su salida a la calle, otro tribunal del jurado cambió el veredicto: culpable de dos asesinatos y de un delito de incendio. La Audiencia Provincial de Pontevedra fue la encargada de redactar la sentencia basada en aquel segundo veredicto de un nuevo jurado. Su sentencia consideró que la conducta del reo fue «todo un lujo de barbarie, una escalofriante y atroz agresión, merecedora de la máxima sanción». Le impusieron 58 años de cárcel que después confirmó el Supremo, 20 años por cada uno de los dos delitos de asesinato y 18 por el delito de incendio, aunque se fijó en 25 el tiempo máximo de condena, de los que se descontarían los cuatro que ya había cumplido.

Aquel otro jurado rechazó las eximentes de miedo insuperable a ser violado, legítima defensa e intoxicación por estupefacientes que Piñeiro volvió a esgrimir en su defensa durante el segundo juicio. La sentencia consideraba probado que el acusado asesinó a los dos hombres, de veintisiete y treinta y dos años, en su propio piso de la calle Oporto de Vigo, que las víctimas no tuvieron ninguna oportunidad de defenderse y murieron tras quince minutos de agonía, y que después de matarlos Piñeiro se duchó, se cambió de ropa y prendió fuego a los cadáveres, para luego abandonar el apartamento no sin antes abrir la espita del gas para provocar una explosión.

Las familias de las víctimas mostraron su satisfacción con la sentencia.

El Tribunal Supremo la confirmó, cerrando definitivamente el caso, en otra sentencia fechada en diciembre de 2011 en la que rechazaba todos y cada uno de los argumentos de la defensa de Piñeiro: no hubo dilaciones indebidas, pues la duración del proceso obedeció, más que a ningún otro motivo, a la actuación procesal de la defensa; no hubo tampoco error alguno en la apreciación de la prueba, ni respecto a que el reo actuara bajo los efectos de las drogas ni acerca de que lo hiciera obligado a defenderse ante una agresión que nadie había demostrado que se produjera.

Sobre este último punto, el Supremo recordaba cómo los informes forenses señalaban que Piñeiro sufrió un grave corte en la mano derecha, pero que precisamente esa herida, que la defensa del reo quiso utilizar como prueba de que tuvo que defenderse de una agresión con un cuchillo, demostraba justo lo contrario, es decir, que cometió los dos asesinatos sin dar a sus víctimas la oportunidad de defenderse. Y había sucedido así porque, al decir de los forenses, si la herida sufrida en la mano derecha por Piñeiro se hubiera producido en un primer momento, el reo habría sido incapaz de asestar las decenas de puñaladas a las dos víctimas. No había duda de que Piñeiro era el autor de las puñaladas (entre otras razones, porque él mismo lo confesó) y todas ellas las ejecutó, sin duda, alguien diestro; no obstante, la herida en la mano derecha del acusado era tan grave que la inutilizaba. La lógica indicaba que el propio asesino debió de causarse la herida al final de su tremenda descarga de violencia sobre las dos víctimas.

Dicho esto, cabe preguntarse: ¿cómo pudo un jurado aceptar la tesis de la legítima defensa cuando el informe forense era tan claro a este respecto?

Todo parece indicar que la única legítima defensa aceptable en este caso fue la que ejercieron las asociaciones de gais y lesbianas al quejarse de la homofobia del primer jurado de Vigo.

COSTA POLVORANCA

Tampoco ser inmigrante, y peor aún si eres de raza negra, resulta necesariamente una ventaja cuando de un jurado se trata. Eso al menos es lo que le pareció a Paulina Kikawanakio, la madre de Ndombele Augusto Domingos, un menor de edad de origen angoleño que fue asesinado en 2002 por un portero de discoteca de veinticuatro años, José David F. S. Ante el estupor de la familia de la víctima, del fiscal y de la acusación popular, que habían presentado abundantes pruebas durante la vista, el asesino fue absuelto por un jurado compuesto por cinco hombres y cuatro mujeres en octubre de 2004 en Madrid. El caso fue conocido por el nombre que identificaba a la zona industrial de Alcorcón donde tuvo lugar la mortal reyerta, Costa Polvoranca.

En la madrugada de aquel 20 de julio de 2002, Pablo G. S., a quien acompañaba una joven llamada María del Mar C., mantuvo una discusión con Ndombele y el hombre que estaba con él, Jesús María V. Después del encontronazo, Pablo se fue a buscar ayuda a la puerta del pub y volvió junto a un hombre alto y de gran corpulencia, un portero de la discoteca, quien, sin mediar palabra, sacó una navaja y se la clavó dos veces a su víctima. Estos hechos eran indiscutibles. Sin embargo, Pablo murió —por causas ajenas a los sucesos de aquella madrugada— a los pocos días de que esto ocurriera, de modo que no se pudo contar con su testimonio para identificar al criminal.

De este modo, el jurado consideró que no había sido probada la autoría de la agresión. No quiso atender a la declaración de la persona que acompañaba a Ndombele en el momento de los hechos, quien identificó a José David a causa de su estatura, que rondaba los dos metros, y su corpulencia. Durante el juicio algunos testimonios intentaron situar a José David lejos del lugar del apuñalamiento, pero con el desarrollo de la vista dichas afirmaciones resultaron refutadas. Jesús María V. declaró que un hombre que coincidía con la estatura y los rasgos del acusado golpeó a su amigo. Insistimos, José David era portero del local y estaba esa noche en el lugar de los hechos. Inmediatamente después, continuaba el testigo, Ndombele cayó al suelo sangrando y herido de muerte. Sin embargo, Jesús María V. no vio la navaja, y ése fue el detalle que dominó en el criterio del jurado.

El fallo absolutorio provocó el bochornoso resultado de la desesperación de los familiares de la víctima mientras que el asesino salía en libertad, no sin antes amenazar al representante de la acusación popular. «Te vas a enterar», le dijo a Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia.

El jurado desatendió los testimonios acusatorios y también otros indicios policiales que pintaban de un color muy sospechoso a la figura del acusado: no sólo puso pies en polvoranca (perdón, en polvorosa) al día siguiente del asesinato, sino que trató de escapar de la Policía en el momento de su detención. El Tocho, como era conocido José David debido a que tenía un físico propio de un pívot de baloncesto, fue detenido en Torrevieja (Alicante), en donde se ocultó después del asesinato. Contaba con una larga lista de antecedentes violentos. En el piso que utilizó de escondite se encontró una pistola, un cargador, una navaja y un machete. No eran pruebas, pero sí indicios de culpabilidad.

Antes de su detención fue objeto de vigilancia por parte de la Policía y cuando uno de los agentes de incógnito le preguntó por una dirección cualquiera para comprobar su identidad de manera indirecta, él le contestó en un correcto inglés. Al parecer, cuando fue arrestado se le escaparon algunos vocablos que correspondían más bien a lo que entre nosotros se conoce como «perfecto castellano».

A pesar de estos y otros indicios, el jurado absolvió a José David, de modo que hasta que llegó la hora de repetir el juicio hubo de pasar un año y medio durante el cual un hombre y, sobre todo, un ejemplo peligroso para todos gozaba de la libertad, para sufrimiento de la familia de la víctima.

En junio de 2006 un jurado volvió a fallar… pero esta vez sin fallar: declaró culpable a José David del asesinato del joven Ndombele Augusto Domingos. El TSJM, primero, y el Tribunal Supremo, después, habían dictaminado que era necesario repetir el juicio porque el fallo del primer jurado no era congruente. El segundo jurado que se ocupó del asunto condenó a José David por ocho votos contra uno. «Sacó la navaja y asestó las puñaladas sin mediar palabra, de forma sorpresiva, repentina e inesperadamente, ante lo cual la víctima no tuvo posibilidad de evitar la agresión ni de defenderse», decían los hechos probados.

A partir de aquel veredicto la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid impuso a José David una pena de 18 años de cárcel por asesinato y la obligación de pagar una indemnización a los padres de la víctima de 120.000 euros. El Supremo cerró definitivamente el caso confirmando esta sentencia en 2007. El Tocho sigue todavía en prisión.

RÉCORD DE INJUSTICIA

Como ya hemos explicado, el disparate judicial del que nos ocupamos en este capítulo tiene dos caras: están los malos en libertad, pero también los buenos —o por lo menos inocentes— en prisión. Y lo malo de culpar a inocentes es que, además de hacer sufrir un castigo a quien no lo merece, se deja en la calle a un culpable que es peligroso. Supone una calamidad por partida doble que suele obedecer a factores entre los que destaca que el cabeza de turco elegido para pagar el pato es, con frecuencia, lo que se conoce como un desgraciado: un toxicómano, un vagabundo, un pequeño delincuente acostumbrado a ser carne de cárcel, un inmigrante sin papeles…

Y no defendemos aquí que la identificación de una víctima de violación no pueda ser prueba suficiente contra su agresor, en absoluto; pero sí reclamamos un esfuerzo para evitar condenas fáciles al amparo de lo políticamente correcto y, sobre todo, diligencia y medios técnicos y humanos para la Policía Científica, que en estos casos resulta fundamental pero que a menudo actúa con tanta lentitud que resulta desesperante. Y los jueces deberían prestar la máxima atención a sus aportaciones procesales, ya que es más fácil el error de una víctima que el de un científico. No puede admitirse que los exámenes de ADN tarden meses o incluso años mientras un acusado permanece en prisión preventiva o encarcelado por una condena que luego no se confirma.

El de Rafael Ricardi es un caso paradigmático. Fue la víctima que más indemnización ha cobrado por un funcionamiento erróneo de la Justicia: un millón de euros. Se la concedió la Audiencia Nacional porque pasó trece años de su existencia en prisión por una violación que no cometió. La cobró en 2012, después de haber salido de la cárcel cuatro años antes, en 2008. Murió dos años después, en 2014, en la casa que pudo comprarse con aquel dinero.

Lo que le sucedió, como decimos, es más frecuente de lo que creemos. La identificación del criminal sexual por parte de una víctima de violación, en especial si el físico del verdadero autor guarda semejanza con el del acusado por error, puede convertirse en una prueba determinante pero equivocada; en este caso, fue un defecto en uno de los ojos del autor, igual al que mostraba Ricardi, lo que provocó el desastre. Eso y sus antecedentes como drogadicto y vagabundo habitual.

La noche del 12 de agosto de 1995, una joven de dieciocho años fue violada por varios hombres, uno de ellos un tipo (al que se detendría mucho tiempo después, en 2007) que mostraba el citado defecto en un ojo. El inocente, Ricardi, toxicómano y vagabundo, fue detenido y tuvo la mala fortuna de que la víctima lo identificara por el rasgo físico que compartía con el culpable. Y a pesar de que aquella violación había coincidido con una serie de delitos sexuales que continuaron ocurriendo cuando Ricardi estaba ya en la cárcel y, sobre todo, de que se analizaron restos biológicos que no corroboraban la identificación, su caso no se revisó.

Muchos años más tarde, demasiados, cuando se detuvo al auténtico culpable, se verificó que su ADN sí coincidía con el hallado en varios casos de violación ocurridos en la bahía de Cádiz, la misma zona donde ocurrió el caso por el que se condenó a Ricardi. Días después de que la Audiencia Provincial de Cádiz condenara a más de 200 años de cárcel a los verdaderos autores de aquellas violaciones, la Audiencia Nacional multiplicó por dos la indemnización que el Ministerio de Justicia le había concedido y la dejó en un millón. Ninguno de nosotros estaría dispuesto a soportar lo que él sufrió a cambio de ese dinero.

Pero son muchos —también demasiados— los que sufren casos parecidos. Por ejemplo, Adil Damoul, quien estuvo dos años y cuatro meses en prisión hasta que fue juzgado por una violación que no había cometido. Tres personas que hablaban árabe, uno de los cuales se asemejaba en el físico al acusado, violaron a una joven en la playa de Salou (Tarragona) en junio de 2002. Inicialmente, la víctima le identificó, pero el día del juicio cambió su testimonio. «Tengo dudas», asumió.

El ADN del acusado no coincidía con el hallado en el lugar de los hechos, pero eso no fue suficiente para dejarlo en libertad. Tampoco la coartada que aportaron las declaraciones de sus compañeros de piso. Ni la demostración de que la joven había sido golpeada antes de la agresión y se encontraba aturdida cuando ésta tuvo lugar en un rincón mal iluminado. Todos esos indicios sirvieron para que el juicio se resolviera rápido. Pero no para evitar al acusado 2 años y medio en prisión preventiva.

Un ejemplo muy parecido, quizá peor todavía, le sucedió a un hombre ecuatoriano en 2006: Eduardo Roberto Espinales pasó tres años en prisión condenado por violación a pesar de que todas las pruebas biológicas demostraban que él no podía haber sido el autor de la agresión sexual que sufrió Lucía M. el 19 de agosto de 2003.

De hecho, no sólo pasó dos años en prisión preventiva, sino también uno más después de que lo condenara la Audiencia de Las Palmas, hasta que el Tribunal Supremo lo absolvió en una sentencia en la que el alto tribunal lamentaba que la condena se hubiera producido a pesar de existir restos de sangre y semen que exculpaban al reo.

La víctima identificó a Espinales en varias ruedas de reconocimiento, pero estas identificaciones fueron consideradas insuficientes por el Supremo: el aspecto físico del acusado no se correspondía con la descripción que había facilitado la joven en un primer momento a la Guardia Civil. En sus declaraciones había señalado que su agresor era «una persona joven de 20 a 25 años, de raza magrebí, pelo corto negro, frente estrecha sin entradas, ojos saltones y 175 centímetros de estatura». La edad de Espinales podía coincidir, pero no sus 163 centímetros de estatura, ni tampoco su origen étnico.

El Supremo corrigió con dureza a la Audiencia: el semen hallado tras el lavado vaginal de la víctima no era del acusado y la sangre de la camiseta de Espinales no era de la víctima. En la ropa de la mujer agredida no había restos del acusado. No se encontró ningún rastro biológico que lo acusara, aunque sí se hallaron de otro hombre, el verdadero culpable, que sigue todavía en libertad. Optaron por lo más cómodo, les reprochó el Supremo, pero cerraron la puerta a toda clase de indicios que debieron hacerles ver que enviaban a prisión a un inocente.

Aun así, lo suyo, con ser grave, no basta para situarles en la cúspide de la chapuza para resolver un caso de violación. Ese triste récord lo ostenta la Audiencia de Madrid.

En agosto de 2009, el Supremo absolvió a un ciudadano nigeriano a quien la Audiencia de Madrid había condenado a 10 años de cárcel por agredir sexualmente a dos mujeres. Aunque no existía ninguna prueba contra él, aunque las dos víctimas, que sólo estaban seguras de que su agresor era de raza negra, habían dudado y errado en algunas de sus declaraciones iniciales, la Audiencia consideraba que la identificación de las dos mujeres en la rueda de reconocimiento había sido clara. Como para no serlo… Fue el único hombre de raza negra entre los sospechosos sometidos a identificación. El acusado tenía otras condenas por delitos sexuales —esperemos que las respectivas sentencias se basaran en pruebas más sólidas— así que la Policía optó por una solución sencilla: lo colocó en la rueda de reconocimiento de tal manera que no hubiera lugar a duda. Más que clara, aquella identificación fue muy oscura. Mucho. Incluso negra.

EL MÓVIL LE DIO LA LIBERTAD

El 15 de abril de 2003 sonó la señal de llamada en un móvil prepago que llevaba dos años desatendido. Su dueño contestó y, mientras lo hacía, advirtió al mirar la pantalla que el aparato, olvidado tanto tiempo en un cajón, había recibido durante ese tiempo un sinfín de llamadas perdidas desde un mismo número de origen. Al responder la llamada entrante entabló conversación con una mujer que, tras saludarle, le hizo algunas preguntas en un tono inequívoco de ansiedad. En especial le preguntó si recordaba haber recibido, en ese mismo teléfono, una llamada el 2 de agosto de 1999 hecha por un tipo que le había facilitado un presupuesto y con quien ese mismo día, sobre las 13.30 horas del mediodía, se había encontrado en un establecimiento comercial que era propiedad de su interlocutor. El hombre lo recordó.

Su testimonio sirvió para que recuperara la libertad aquel vendedor que le pasó el presupuesto y le atendió en su tienda de Algeciras (Cádiz). Llevaba cinco años en prisión por la violación de un niño de nueve años a quien nunca tocó.

Había sido la esposa de Francisco Javier G., el condenado por error, la que había seguido luchando por su libertad contra viento y marea, buscando pruebas hasta lograr forzar la revisión del caso por parte del Tribunal Supremo.

Aquella sentencia del Supremo relataba cómo el día de autos, sobre la una y media de la tarde, en Algeciras, un hombre le preguntó a un niño de nueve años por un pabellón deportivo y le ofreció que subiera a su automóvil. Después de que el crío entrara en el vehículo, el hombre condujo hasta un descampado y allí consumó la violación.

El Supremo recordaba que la sentencia condenatoria tuvo en consideración como prueba de cargo la declaración de la víctima, así como la declaración de su madre y el informe de los policías que llevaron a cabo la investigación criminal, todos ellos por referencia de lo narrado por el menor. También se tuvo en cuenta el dictamen de los psicólogos, y a su juicio, el menor no fabulaba en sus declaraciones incriminatorias.

Los investigadores le mostraron al niño unas fotografías, él identificó al reo en una de ellas, y después, acompañado de una agente policial, volvió a hacerlo al salir él del establecimiento que regentaba. Todo lo cual confirmó posteriormente en una rueda de reconocimiento.

En su sentencia el Supremo recordaba cómo aquella condena no había tenido en cuenta otros indicios favorables al reo, como la declaración de una empleada del acusado en su tienda de productos informáticos o la errónea identificación del vehículo implicado… Pero, sobre todo, hubo un indicio que quedó en el aire, porque

durante la instrucción el imputado alegó que justamente a la hora que ocurrieron los hechos (13.30 horas del día 2-8-1999, lunes) se produjo una llamada telefónica desde el teléfono fijo de su establecimiento a un móvil, de muy corta duración (40 segundos) que, según su versión, tenía por objeto citar a un cliente que le había pedido un componente informático, para decirle que ya tenía el presupuesto del mismo, y que podía pasar a recogerlo, a lo que contestó su interlocutor, del que solamente conocía su nombre de pila, que inmediatamente pasaría por la tienda, lo que así en efecto hizo. Este testigo podría acreditar que exactamente a la hora de producirse los hechos por los que era acusado se encontraba en el establecimiento que regentaba y, por tanto, no había podido ser el autor de los hechos que se le imputaban en el sumario. Pero intentada en fase de instrucción la averiguación del titular del referido teléfono resultó tratarse de una tarjeta prepago, de la que la compañía telefónica desconocía el nombre de su titular. Las indagaciones, pues, no permitieron al ahora recurrente proponer a tal persona como testigo de descargo.

De modo que después de los tres años pasados en prisión provisional (desde 1999 hasta 2001) sobrevino la condena por violación oral a la pena de 12 años de prisión, además de una indemnización.

Pero su esposa no se rindió: siguió llamando a diario al número mágico, en espera de que alguien respondiera… hasta que sucedió. El 15 de abril de 2003 alguien respondió a su llamada. Y resultó ser el hombre que había recibido el presupuesto, el que se encontró con su marido en la tienda en el mismo momento en que otro, el culpable, el que sigue en libertad, agredió al niño. El testigo clave. No había atendido a las llamadas anteriores porque cambió de móvil, pero ese día había extraviado el nuevo y por eso había atendido al antiguo. Aquel testigo ratificó la versión del inocente y además fue capaz de recordar que en el momento en que mantuvieron su encuentro había un hombre en silla de ruedas en el establecimiento, un segundo testigo que la esposa de Francisco Javier pudo encontrar: llamó a todos los alumnos de su marido en la academia de informática que compartía local con la tienda para saber si alguno tenía un padre en silla de ruedas y lo encontró. El hombre minusválido recordó haber ido ese día a la academia a pagar un recibo y a recoger a su hija.

El Supremo, ante semejantes evidencias, revisó la condena y la anuló:

Estos dos testigos han acreditado en el curso de este extraordinario recurso de revisión que estuvieron con el recurrente a la misma hora en que se produjo el suceso por el que fue condenado, de modo que avalan la versión ofrecida por aquél, al pretender la revisión de su fallo condenatorio, en el sentido de que no pudo ser el autor de la agresión sexual. Si tenemos en cuenta, además, que el tribunal sentenciador contó exclusivamente con la versión inculpatoria del menor (de nueve años de edad), sin que existieran corroboraciones objetivas de la misma, hemos de concluir que, a los fines de este nuevo proceso, las pruebas aportadas consisten en nuevos elementos probatorios que conducen a la estimación del recurso.

EL INOCENTE QUE MURIÓ EN PRISIÓN

Antonio Guile Martínez era inocente. Él no fue el autor del robo por el que fue condenado, a pesar de que una testigo, la víctima del delito, lo identificó hasta en tres ocasiones y sin ningún género de dudas. Pero murió en prisión, donde pasó mucho tiempo, demasiado, mientras una prueba de sangre que hubiera conducido a su absolución permanecía en los laboratorios policiales. Allí se demoraron mucho; tanto, que cuando se obtuvieron los resultados del análisis, el falso culpable estaba ya bajo tierra después de haber pasado encerrado su último año de vida.

La prueba en cuestión, una muestra de sangre, y por tanto de ADN, presentada cuando el preso Antonio Guile ya había fallecido, llevó a la revisión de su caso por parte del Supremo, que estableció en su sentencia que, aunque tarde, había que «sanar una situación injusta». O sea, que le absolvió de manera póstuma. Al pobre Guile aquello le daba ya lo mismo.

Todo comenzó con un asalto casi cotidiano en muchas calles españolas, un robo a manos de un desgraciado que pone en peligro su vida y la de otros para conseguir algo de dinero. En mayo de 2010, en Sevilla, un hombre rompió con una piedra el cristal de un vehículo todoterreno y metió medio cuerpo dentro para sustraerle el bolso a una mujer, iniciando así un forcejeo a resultas del cual ambos sufrieron rasguños. De ahí surgió la muestra de sangre del verdadero autor.

Pero Guile era un hombre castigado por la vida y con numerosos antecedentes, y esa circunstancia, sumada a su extraño parecido con el verdadero delincuente, lo condenó: la Audiencia de Sevilla lo mandó a la cárcel por 2 años y 8 meses.

Alguien debió de pensar que no había ninguna prisa por analizar la muestra.

Así que pasó un año y cinco meses desde la fecha del atraco hasta que el laboratorio de la Policía Científica remitió al juzgado de Sevilla los resultados y la conclusión de que el sujeto condenado por el robo era imposible que fuera su verdadero autor.

«El análisis del laboratorio y el cotejo de la base de datos se produjo con posterioridad al enjuiciamiento de los hechos, cuando ya había sido declarada firme la sentencia y ya había fallecido el condenado», indicó secamente la sentencia del Supremo.

Habría que añadir que, de este modo, la única utilidad de aquella muestra, una vez desaparecido Guile, fue la de encausar al verdadero autor, otro pobre diablo que había sido arrestado por un nuevo robo y que se comió el marrón que ya había digerido Guile.

UN DESPISTE DE 437 DÍAS… DE CONDENA

Cerraremos el capítulo con otro caso, el de José Campoy, un hombre con antecedentes al que alguien implicó indebidamente en un determinado delito y que pasó 437 días entre rejas porque a una jueza se le pasó… ordenar su libertad después de absolverle. Vaya. Qué despiste.

Sucedió en el año 2005 y su verdugo, la ex magistrada Adelina Entrena, fue expulsada de la carrera judicial y condenada penalmente por el TSJA.

La jueza ya había sido objeto de atenciones por parte del órgano de gobierno de los jueces, que la había sancionado con 3 meses de suspensión por una falta muy grave cometida al haber usado su cargo para obtener ventajas injustificadas y favorecer a su ex pareja. Acababa de incorporarse tras una baja laboral el día que juzgó a José Campoy y, según explicaría tiempo después al TSJA, nadie le advirtió de que aquel hombre estaba en situación de prisión provisional. La excusa sería divertida si no fuera tan lamentable, porque después de que se conociera el infierno por el que había tenido que pasar Campoy, el CGPJ realizó una inspección en ese juzgado y, entre otras lindezas, identificó que Entrena «no había puesto en marcha un listado de presos, ni había dado instrucciones a los funcionarios del juzgado para que estuvieran al tanto de la situación de los encarcelados». Había pasado más de un año desde aquel día en que Adelina Entrena volvió de su baja y juzgó a Campoy, pero seguía sin saber cuántas personas había entre rejas a la espera de que decidiese su destino.

Campoy llegó al juicio esposado por la Guardia Civil, pero la jueza declararía más tarde que lo atribuyó a que debía de tener otra causa pendiente. Así que cuando lo absolvió, porque no había pruebas, pasó al asunto siguiente. Como quien no quiere la cosa. Y fueron pasando los días mientras en su mente crecía la sensación de que tenía un recado pendiente. Y llegó el invierno y pasó la primavera y después el otoño y el verano, y en ocasiones, cuando contemplaba el paisaje desde la ventana de su despacho, le venía como una comezón… «¿Qué será lo que se me ha olvidado? ¿Qué será?», se decía. Y un día, después de 437 de olvido, cayó en la cuenta. «¡Anda! Si no he ordenado la libertad de Campoy, a pesar de haberle absuelto…»

El asunto provocó un expediente del CGPJ contra ella. Los inspectores descubrieron que, a causa de que no llevaba al día la lista de presos, un hombre acusado de malos tratos había pasado 35 días encarcelado irregularmente, y otro preso estuvo 38 días en prisión sin que le correspondiera. «Ignorancia inexcusable de los deberes judiciales» fue el término que utilizó la Comisión Disciplinaria del CGPJ. Su último día como jueza cayó en el mes de noviembre de 2007.

Asimismo, el TSJA abrió juicio contra ella. «Quiero una indemnización para ayudar a mis padres y rehacer mi vida», pidió Campoy. El tribunal le dio lo que pedía, porque Adelina Entrena hubo de pagarle 103.000 euros. Suficiente, si no para rehacer su vida, para tapar algún agujero.

9

Juicio al jurado

Si eres inocente, que te toque un juez, pero si eres culpable, te conviene el jurado. Es un consejo que repiten algunos abogados y, quizá también, un argumento hilado un día por un jurista poco partidario de este tipo de tribunal y que sorprendió a propios y extraños con lo redondo de su frase. Lo cierto es que si miramos los casos de Dolores Vázquez o Francisco Camps, por dar dos ejemplos de personas a quienes ha juzgado un jurado, algunos dirían que su diagnóstico podría tener sentido. También es verdad que la institución lleva funcionando década y media, y dos ejemplos, o cuatro, son sólo una parte menor de su recorrido. Y decimos cuatro porque en este capítulo vamos a hacer una antología del jurado con los cuatro ejemplos más destacados de sus disparates, los referidos a Dolores Vázquez, Mikel Otegi, Francisco Camps y, como se le dio en llamar ignorando su nombre (¡vaya papelón!), «el yerno de los Tous».

La Constitución dice que «los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales». Eso quedó aprobado, como sabe el lector, en 1978, pero hasta 1995 no se dio luz verde a una ley, esa ley de la que habla el citado artículo constitucional, que reimplantó el jurado en España. Las dudas de los sucesivos Gobiernos a este respecto retrasaron su entrada en vigor hasta que llegó Juan Alberto Belloch, el ministro de Justicia que finalmente promovió la norma en 1995.

Cuando hablamos del veredicto del jurado, hablamos de delitos y hablamos de nueve personas designadas para formar parte de este tribunal, quienes emiten un dictamen de culpabilidad o no culpabilidad en función de hechos probados o no, favorables o no al acusado.

Y cuando dicen por ahí que si eres inocente te conviene un juez y si eres culpable, un jurado, aluden a que personas que no tienen la preparación técnica para enfrentarse a algo tan complejo como un proceso penal pueden ser fácilmente influenciables cuando deban decidir si hay que castigar a alguien por un delito. En realidad, lo que hacen los miembros de un tribunal jurado es responder a las preguntas del magistrado que dirige el proceso sobre si unos hechos han sido o no probados y si, por consiguiente, alguien es o no culpable, pero eso no resuelve la duda planteada: ¿pueden entender esos miembros del jurado determinados delitos complejos y pueden aguantar la presión?

Porque en ese proceso de toma de una decisión, como también les sucede a los jueces, los jurados se ven sometidos no sólo a argumentos complejos, sino también a extraordinarias presiones: la hostilidad de un entorno amenazador (caso Otegi), los juicios paralelos de los muchos medios de comunicación irresponsables que añaden ruido al proceso (Dolores Vázquez), sus propios prejuicios (el yerno de los Tous) o la opinión de políticos y periodistas (caso Camps). Y, de hecho, la ley no les hace competentes sobre delitos como prevaricación o terrorismo, lo que equivale para estos supuestos a responder negativamente a la pregunta planteada.

Hemos visto en muchas películas americanas (nuestra favorita es Doce hombres sin piedad, de Sidney Lumet, escrita por Reginald Rose) cómo es el jurado en Hollywood; y hemos visto en las noticias internacionales cómo un hábil abogado puede conseguir que un jurado diga casi cualquier cosa. Y aunque no estamos seguros de que suceda igual en nuestro país, existe la sospecha de que el jurado es un público manejable. Lo que pasa es que, como estamos comprobando en este libro, tampoco los jueces son perfectos.

En esta nueva antología del disparate judicial queremos juzgar al jurado, una institución que lleva funcionando el suficiente tiempo en España como para someterla al proceso que sigue y que proponemos al lector.

EL CASO CAMPS

El caso Camps es tan difícil de explicar como de entender, pero vamos a intentarlo. Imagínese el lector una banda de cuatro. Los pillan. Dos confiesan; los otros dos, no. Pero las pruebas de los hechos afectan a los cuatro por igual. Lo lógico sería que, aunque dos no hubieran confesado, todos fueran condenados del mismo modo y que, en todo caso, la diferencia fuera a favor de los que se arrepintieron, aunque fuera un poquito.

Pues en el caso Camps la cosa fue de otra manera. Y no queremos decir que no sean inocentes Camps y Costa, sólo que si para dos miembros de su Gobierno hubo trajes regalados por la trama valenciana de la red Gürtel, trajes que también les llegaron a ellos dos, que no han demostrado que los pagaran… Pues eso, que no lo entendemos. ¿Cómo lo vamos a poder explicar, entonces? En fin. Para eso nos hemos metido en este lío. Vamos a ello.

Como decíamos: el ex vicepresidente del Gobierno de Camps, Víctor Campos, y el ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, confesaron haber aceptado trajes regalados de la derivada valenciana de la trama Gürtel. Asumieron la pena por cohecho porque les implicaban hechos que afectaban igualmente al ex presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y al ex dirigente popular valenciano Ricardo Costa. Las pruebas que acusaban a los cuatros ex altos cargos populares parecían prácticamente idénticas.

Sin embargo, un jurado declaró no culpables tanto a Camps como a Costa.

Es un misterio. Un misterio casi tan gordo como las razones de la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, que formuló hasta dieciocho motivos para convencer al jurado de que Camps y Costa eran tan culpables de un delito continuado de cohecho como Campos y Betoret, pero después, cuando el veredicto fue absolutorio, no recurrió ante el Supremo. En otras palabras, la Fiscalía no quiso seguir persiguiendo a Camps y a Costa a pesar de ser absueltos de un modo… difícil de entender.

Hasta el propio alto tribunal llegó a decir, poco más o menos, que menos mal que los socialistas valencianos habían ejercido la acusación popular, una institución que sirve para cubrir las carencias que en ocasiones se pueden observar en el Ministerio Fiscal. Sobre todo cuando se trata de delitos de corrupción en los que, decía literalmente el Supremo, «se ha podido observar un escaso celo por parte del Ministerio Fiscal a la hora de ejercitar la acción y sostener la acusación penal». A cualquier buen entendedor le habría parecido que el Supremo estaba riñendo a la Fiscalía del Estado por no haber recurrido.

Ahora bien, lo cierto es que después de reñir a la Fiscalía por no recurrir contra el veredicto absolutorio… el Supremo lo confirmó. Su sentencia fue favorable a Camps y a Costa.

A lo mejor no nos hemos explicado bien.

A lo mejor no se entiende.

Pero a nosotros nos parece que el problema radica en que el asunto raya el absurdo.

Nos parece que el jurado se equivocó, nos parece que la Fiscalía no tenía ganas de perseguir a Camps y nos parece que al Supremo le faltaron buenas razones con las que argumentar un veredicto que, de haber sido condenatorio, hubiera resultado demasiado incómodo para sostenerse con… lo que tenían.

Pero Camps y Costa fueron declarados inocentes. Eso que quede claro. No son culpables de cohecho.

El jurado colgado

No. Ninguno de los miembros del tribunal del jurado que se ocupó del caso de los trajes de Camps que ahora relataremos se quedó colgado de la brocha o algo peor, al menos no que nosotros sepamos, aunque a tenor de su veredicto hubo quien se refirió a ellos usando esa otra acepción del término «colgado», que en el argot de los adictos a las sustancias psicoactivas viene a significar embriaguez crónica o demencia a causa del efecto de éstas.

Pero no, no caeremos nosotros en semejante falta de respeto. Se trata de un término jurídico que alude al momento en el que un jurado no alcanza mayorías claras a favor de un determinado veredicto. Dicho de otro modo, para adoptar un veredicto el jurado parte de la inocencia del acusado, una presunción que debe quedar destruida por las pruebas. El jurado estudia las pruebas y examina si demuestran o no determinados hechos. Los hechos pueden ser favorables o contrarios al acusado. Si los hechos contrarios al acusado y su participación en ellos se consideraran demostrados, entonces el veredicto sería de culpabilidad, claro. Así, para considerar que ha quedado probado un hecho desfavorable y la responsabilidad en él del acusado, siete de los nueve miembros de un jurado deben estar convencidos de ello. Sin embargo, basta con que un grupo de cinco jurados considere que se ha probado un hecho favorable al acusado (por ejemplo, una coartada) para que se imponga este veredicto. Por eso, cuando no hay siete miembros del jurado favorables a la condena, pero tampoco cinco favorables a la absolución, el jurado está bloqueado. Y ahí estuvo la clave del veredicto del jurado que declaró no culpables a Camps y Costa, porque los socialistas defendían, y no es broma, que el jurado se había quedado… colgado.

Como decimos, la Ley del Jurado establece que «los jurados votarán si estiman probados o no determinados hechos. Para ser declarados tales, se requieren siete votos, al menos, cuando fuesen contrarios al acusado, y cinco votos, cuando fuesen favorables».

Según el Supremo, todos los hechos de los que resulte una imputación deben considerarse desfavorables al reo. La acusación popular (los socialistas valencianos) pretendía en su recurso que de la norma antes citada se deduce que son necesarios siete votos para declarar no probado un hecho desfavorable. Intentaremos explicarlo: lo que los socialistas decían es que una cosa es dar por probado un hecho favorable (cinco votos) y otra dar por no probado un hecho desfavorable (siete, según ellos).

Aunque resulta compleja, la cuestión no es baladí. Poco antes de decidir sobre el recurso de los socialistas sobre Camps y Costa, el alto tribunal celebró un pleno para sentar jurisprudencia al respecto. Querían establecer una regla general antes de aplicarla al caso concreto del ex president de la Generalitat Valenciana. Y la regla general estableció que para declarar no probado el hecho desfavorable bastan cinco votos. Era el 13 de marzo de 2013 y el destino del recurso parecía sellado. Para quien sepa de fútbol, vale el ejemplo de que los socialistas habían perdido el partido de ida en una eliminatoria por 2-0.

Un mes después, el 9 de abril de 2013, el Supremo aplicó la regla al caso de los trajes: el tribunal del jurado había declarado no probados varios hechos desfavorables para Camps por cinco votos a cuatro. Suficiente, dijo el Supremo.

El alto tribunal dio esta respuesta al recurso, pero quedaba otra cuestión en el aire, y eran las dudas sobre si el fallo del jurado era arbitrario o absurdo o si la sentencia basada en su veredicto estaba poco motivada. Este aspecto podríamos resumirlo en una sola frase. Decía el jurado en su fallo: «No hay documentación que justifique o acredite que el Sr. Camps no pagase esos trajes». A partir de esta frase, los socialistas valencianos se echaban las manos a la cabeza, y así, a simple vista, parece comprensible que lo hicieran porque en principio lo exigible sería un recibo que acreditase que los pagó o, de lo contrario, habría que pensar que la trama Gürtel, que le había entregado las prendas, se las dio como regalos a cambio de favores, como hizo con Betoret y Campos. Al menos eso decía la acusación.

Pero el Supremo interpretó al jurado: lo que estos ciudadanos legos en Derecho quieren decir es que no hay documentos que prueben que los pagaron terceras personas. Acabáramos…

Camps, un buen amigo

Es verdad que la frase de aquellos seis hombres y tres mujeres, posiblemente cansados después de largas jornadas de juicio, no fue en absoluto afortunada. También dicen las crónicas que el abogado de la defensa les alegró a los jurados esas largas jornadas del proceso, mientras que las fiscales les aburrieron con datos técnicos. O sea, que el letrado de la defensa entendió mejor al público a quien se dirigía que los acusadores, y de esta forma el jurado a su vez comprendió mejor sus argumentos.

En cualquier caso no sabemos si eso basta para desmerecer al jurado frente a los jueces profesionales; véase a este respecto la conducta que, no mucho tiempo antes del citado veredicto del jurado, desarrolló un tribunal judicial en el que había amigos personales de Camps. Aquel tribunal en el que, insistimos, había amigos personales de Camps, se consideró a sí mismo imparcial para decidir sobre la causa. Como no podía ser de otro modo, archivó las acusaciones y, como no podía ser de otra manera, después el Supremo anuló su fallo. O sea, que si algunos jurados pudieron meter la pata, algunos jueces por su parte fueron demasiado permeables a la influencia del… ambiente político valenciano.

Sí. Para que el jurado fallara sobre Camps el Supremo tuvo que obligar al TSJV a llevar ante el tribunal de legos en Derecho el caso de los trajes. Podemos decir sin temor a ser considerados parciales (tendría guasa, visto el ejemplo) que una determinada sala del TSJV, compuesta por los magistrados Juan Montero y José Francisco Ceres y presidida por Juan Luis de la Rúa, había quedado a la altura del betún con la resolución que luego corrigió el Supremo.

¿Y por qué nos referimos a la aparente falta de imparcialidad de esa sala del TSJV o, al menos, de su presidente? Escuchemos a Camps, un tipo sociable y que no lo oculta: «Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a la de amistad que resuma y defina la íntima y sentida colaboración entre De la Rúa y el president de la Generalitat». Así se refirió a De la Rúa en un acto público no mucho tiempo antes de que éste juzgara si el asunto de los trajes era delito. Y lo gracioso es que la respuesta del magistrado fue que «se sentía feliz».

Bueno, pues siendo así, parece lógico que tengamos dudas sobre su imparcialidad cuando sobresee la causa que inculpa al ex president. En realidad hizo mucho más: deslindó la investigación de una posible financiación ilegal del PP a través de la trama valenciana del caso Gürtel respecto del asunto de los trajes.

De la Rúa no se sintió comprometido y ningún tribunal ha sentenciado que estuviera obligado a abstenerse, pero en términos de opiniones, y no de fallos judiciales, a nosotros no nos parece que fuese objetivo. Además tengamos en cuenta no sólo que De la Rúa no se abstuvo a pesar de los motivos que parecían aconsejarlo; es que su fallo favorable, deconstruido a conciencia por el Supremo, archivaba la causa para dos acusados que se declararon luego culpables, como hemos visto. Un disparate —éste sí judicial— en toda regla.

A estas alturas el lector estará convencido de que el Muy Honorable Francisco Camps nos cae mal. Pues no. Es un tipo majete. Cariñoso. Así lo ha publicado la prensa, haciéndose eco de grabaciones policiales:

BIGOTES: Oye… que te sigo queriendo mucho.

MUY HONORABLE: Y yo también… tenía que haberte llamado, te quería haber llamado, para contarte todo (…) pero sobre todo para decirte que te quiero un huevo.

Es una conversación entre Camps y Álvaro Pérez, imputado en varios delitos relacionados con la trama Gürtel, de la que se sospecha financiación ilegal del PP. Ambos interlocutores fueron grabados por la Policía en otro diálogo telefónico en el que Camps estuvo brillante:

MUY HONORABLE: Quiero que nos veamos para hablar de lo nuestro, que es muy bonito.

Recordará el lector que este Álvaro Pérez, alias Bigotes cuando todavía llevaba bigotes, era el representante de Orange Market S.L., es decir, Gürtel, en Valencia. El supuesto paganini de los trajes, para entendernos (pero que no los pagó, según el jurado). El mismo que dijo tener mucho que deber al propio Camps. Por eso decimos que no sólo no nos cae mal, sino al contrario. Un buen amigo de sus amigos es alguien que nos merece todo el respeto, al margen de si es o no muy honorable.

Además, Camps parece tener capacidad para predecir el futuro. Porque ya dijo en febrero de 2009, cuando supo que le investigaban por este asunto: «Saldremos de ésta».

Y es cierto que no fue tal cosa lo que sucedió con Rafael Betoret, cuyos trajes han acabado en un depósito de reciclaje de ropa usada por orden judicial, ni con Víctor Campos. Ambos pagaron una multa de más de 9.000 euros. Pero a él y a Costa sí los absolvieron.

Lo que nos lleva a una última pregunta: ¿por qué los dos segundones sí se declararon culpables?

Y, a su vez, esto nos obliga a mirar las fechas en que suceden las cosas: a mediados de 2011 la cúpula dirigente popular se dio cuenta de que el juicio contra los cuatro inculpados coincidiría con las elecciones generales y barajó la posibilidad de que se declarasen culpables para evitar semejante espectáculo en tan mal momento. De hecho, Campos declaró en el juicio contra Camps y Costa que aceptó su culpabilidad en el marco de un pacto que, teóricamente según él, incluía también a los otros dos, sus jefes. «Todos íbamos a firmar el escrito de conformidad», creía el ex vicepresidente.

Pero aunque no se declaró culpable, Camps desactivó la bomba electoral del juicio contra él y Costa y asumió, tarde y mal, la que desde cualquier punto de vista era su única salida. Dimitió en julio de 2011. De este modo, su juicio dejó de pesar en la campaña electoral, porque él había asumido el coste que, de otro modo, podría haber lastrado a Rajoy. Esta actitud demuestra que es un buen amigo de sus amigos, como venimos sosteniendo, porque le quitó un peso de encima al entonces candidato popular.

Ahora bien, habrá que concluir que no ve el futuro, porque salió de aquélla, como vaticinó, pero por la puerta de atrás.

DOLORES VÁZQUEZ: NADIE PIDE PERDÓN

Nadie ha pedido perdón a Dolores Vázquez. Se trata de uno de los errores más garrafales de los cometidos por un jurado y, por cierto, de un caso claro de juicio paralelo en los medios de comunicación.

Para el lector que no recuerde los datos, aquí va un breve resumen: un jurado popular, impulsado por los investigadores de la Guardia Civil, el fiscal y el juez instructor y, en especial, por los medios de comunicación, condenó erróneamente —a partir de indicios circunstanciales— a Dolores Vázquez por el asesinato de la joven Rocío Wanninkhof, cometido en octubre de 1999. Dolores pasó diecisiete meses en prisión y fue absuelta ante la aparición tardía y casual de un indicio inequívoco, el ADN del verdadero asesino.

Otros hechos son los siguientes: la joven fue asesinada cerca de su casa, en una zona cercana a Mijas (Málaga), probablemente sobre las 22.00 horas. Allí, en el lugar del crimen, horas después del asesinato, permaneció estacionado un coche en el que luego, de madrugada, se trasladó el cadáver de Rocío. A primeras horas de la noche, Dolores Vázquez estaba en su casa, cuidando de su madre y de la hija de dos años que tenía su sobrina, y atendió varias llamadas telefónicas, aunque también salió a comprar tabaco. El cuerpo apareció a 30 kilómetros de donde fue asesinada (de ocho puñaladas), junto a un club de tenis relacionado indirectamente con el entorno familiar de la joven. El cadáver fue hallado 24 días después de su asesinato.

Días antes de que se encontraran los restos, el juez instructor y varios guardias civiles tuvieron un encuentro extraño mientras inspeccionaban el lugar del asesinato. Estaban buscando pruebas cuando vieron llegar un coche no identificado. Al acercarse el automóvil a la explanada donde tuvieron lugar los hechos, el juez y los agentes pudieron ver que estaba ocupado por dos hombres. Uno de ellos bajó del automóvil, pero al ver a los guardias civiles, regresó al vehículo y abandonó el lugar sin más. Ese coche se identificó que pertenecía a Dolores Vázquez. Ahora bien, hemos explicado que el cadáver fue trasladado en un coche que había permanecido aparcado en el lugar del asesinato y en la misma noche de los hechos. Quede claro que ese otro vehículo no era el de Dolores, porque sus neumáticos no coincidían con el de la acusada.

Aun así, a buen seguro aquel encuentro debió de impactar en los investigadores, más aún si tenemos en cuenta que Dolores al parecer dio respuestas confusas durante los interrogatorios, y que además hubo otros posibles indicios contra ella, como testimonios muy diversos o circunstancias de mayor o menor relevancia, aunque ninguno era definitivo. Por tanto, algunas interpretaciones señalaban posibles motivos que Dolores pudo tener para cometer el crimen; en cambio otros datos facilitaban una aparente coartada a la inculpada. En último término, lo fundamental es que desde el principio los guardias civiles estuvieron seguros de que ella era la culpable. Dejémoslo claro por nuestra parte: se trataba de pruebas circunstanciales, estupendas para ocupar espacio en las tertulias televisivas, pero que nunca debieron bastar para una condena penal.

Sin embargo el jurado, a todas luces desbordado no sólo por los medios, sino por el error cometido por los investigadores policiales y también por el fiscal y el juez, firmó el veredicto de culpabilidad contra Dolores Vázquez. Era septiembre de 2001 y la condenaron a 15 años, 15 años que podría haber cumplido en la cárcel.

Es cierto también que antes de que apareciera la prueba que inculpó a Tony Alexander King, su ADN, tanto el TSJA como el Tribunal Supremo habían ordenado ya repetir el proceso contra Dolores porque la sentencia que la condenaba no estaba suficientemente motivada.

Aquella decisión de las instancias superiores al jurado puso en febrero de 2002 a Dolores en libertad bajo fianza de 30.000 euros; y en esa situación estaba cuando, en septiembre de 2003, King fue inculpado del crimen por el que la habían condenado a ella. El caso es que en septiembre de 2003 fue asesinada Sonia Caravantes. Se inculpó a Tony Alexander King y se hallaron restos genéticos suyos en las uñas de la víctima. Estos restos se compararon con la saliva registrada en una colilla aparecida junto al cadáver de Rocío y coincidieron.

También hay que decir sobre los medios de comunicación, responsables del deleznable juicio paralelo de todos conocido, que usaron para ello informaciones que, para sustentar sus tesis, les hubo de facilitar alguna de las tres instituciones siguientes: Guardia Civil, fiscal o juez instructor, o bien la acusación particular. Y ya que mencionamos a esta última, no podemos alabar el papel de determinados abogados que, junto a periodistas viscerales (por su afición a la casquería, cabe llamarlos así), utilizan determinados casos con alarma social (o morbo fácil) para conseguir publicidad, además de dinero. No faltó ni siquiera el loco oportunista de turno que, representando falsamente el papel de su abogado pero en realidad movido por el ánimo sensacionalista del peor periodismo, se coló en la celda de King para hacerle pedir perdón, pero no a Vázquez, sino a las madres de sus víctimas. Patético.

El de Dolores Vázquez fue un error judicial por el que todavía está pendiente de fijarse una indemnización, pero sólo el fiscal ha reconocido personalmente la equivocación cometida. La segunda víctima de aquellos terribles hechos (la primera fue Rocío) declaró recientemente a los medios que todavía estaba esperando que le pidiesen perdón. Lo dijo en abril de 2013, muchos años más tarde de que un día de otoño de 1999 los agentes del grupo de homicidios de la Guardia Civil llamaran a su puerta.

«Estaba regando el jardín, en casa con mi madre, que estaba encamada. Al abrir el portón lo único que hicieron fue ponerme los grilletes y decirme: “No te resistas porque te pondremos los grilletes detrás y te va a doler más”.» Así recordaba, años más tarde, cómo comenzó el infierno.

«Construimos una versión que era absolutamente coherente, que no tenía fisuras. ¿Perdimos la cabeza? Nos equivocamos, que es otra cosa. Entiendo ahora y comprendo que pida el perdón de alguien. Yo se lo podría pedir, pero también la Audiencia de Málaga y el Tribunal Superior de Justicia avalaron la prisión provisional.» Así se manifestaba el fiscal, Francisco Montijano, en declaraciones a El País en junio de 2013.

Román González, el juez de instrucción, guardó silencio, y algunos investigadores de la Benemérita se mostraron convencidos de su actuación, tal vez amparados en que Tony Alexander King no actuó solo, según se consideró en la sentencia que le condenó, allá por 2006.

Según recuerda Vázquez, al día siguiente de ser detenida, después de un duro interrogatorio, cuando compareció ante el juez, ella le espetó: «Está usted cometiendo el error más grave de su vida».

«Que esto no conste en acta», respondió el magistrado.

Pero consta.

MIKEL OTEGI, UN ETARRA ANTE EL JURADO

El caso de Otegi no es complejo, aunque es tal vez el mayor disparate cometido por un jurado en nuestro país. Los hechos son los siguientes: una noche de diciembre de 1995, en Itsasondo (Guipúzcoa) el reo asistió a un concierto y protagonizó una agresión a un miembro de la Policía Autónoma Vasca de paisano con el que coincidió en un bar. De regreso a su caserío condujo a excesiva velocidad y eso llamó la atención de dos agentes, Iñaki Mendiluze, de veintiséis años, y José Luis González, de treinta y cuatro años. Cuando los policías acudieron al caserío después de seguirle, Otegi los recibió con una escopeta de su propiedad y les disparó sin previo aviso y a menos de dos metros de distancia, de tal modo que hizo imposible que se defendieran. Ambos agentes murieron. Después de apretar el gatillo, Otegi se dirigió al coche patrulla y por la radio dijo: «Batasun, Batasun. Para 1035. Un casero ha matado a dos cipayos por la política que seguís». Más tarde, mientras era detenido, le espetó a un vecino: «Dos hijos de puta menos». En el coche policial que lo conducía a comisaría les dijo a los compañeros de los agentes que se lo tenían «bien merecido por cipayos».

¿Cómo pudo entonces ser absuelto? Pues la respuesta es sencilla: porque le juzgó un jurado que tenía miedo. Miedo a ETA.

Este jurado aceptó en 1997, un año y medio después de los hechos, los argumentos de la defensa de Otegi, es decir, que estaba seriamente afectado por el alcohol en el momento de disparar, que se arrepintió y que sufría un trastorno psíquico consistente en «una personalidad propensa» a creerse acosado «por parte de la Ertzaintza».

El tribunal que absolvió a Otegi, que estaba compuesto por ocho mujeres y un hombre, pidió protección policial y solicitó abandonar el Palacio de Justicia de San Sebastián antes de que su fallo fuera dado a conocer a los medios. Durante el proceso, aquel mismo jurado llegó a pedir al presidente del tribunal la posibilidad de «abstenerse» de algunas de las preguntas que le habían sido realizadas. Consideró probado que Otegi disparó a los agentes a dos metros con una escopeta, pero no que tuviera intención de matarlos. En realidad vino a decir que padeció un trastorno mental transitorio y le eximió de responsabilidad penal, aunque no de indemnizar a sus víctimas. «No es culpable porque no era en absoluto dueño de sus actos», dijeron.

En cuanto conoció el fallo, Otegi se fugó a Francia, donde se integró en ETA.

Y ahora llega la pregunta: si el jurado no es competente en casos de terrorismo, ¿por qué juzgó a Mikel Otegi? Pues porque no era miembro de ETA en el momento de cometer el crimen, aunque inmediatamente después de matar a los dos ertzainas entrara en la banda.

Por eso, años más tarde, cuando volvió a ser detenido, sí era un etarra. Las fuerzas de seguridad lo apresaron en Francia cuando acudió a una cita para reclutar a nuevos miembros de la banda. Los servicios de información, a partir de documentación incautada al dirigente etarra Ibón Fernández Iradi, Susper, conocieron que se preparaba aquel encuentro para un día de febrero de 2003 en Irouleguy (Francia) y les esperaron. Y allí apareció Otegi junto con otra etarra que también fue detenida. Cumplió condena en Francia —por su integración en ETA— y más tarde se le juzgó en España, por segunda vez, en relación con el asesinato a tiros de escopeta de dos ertzainas en 1995.

El hecho de que sí fuera miembro de ETA cuando fue detenido años más tarde es lo que dio razones a la Justicia para alejar el caso del jurado. Finalmente sería la Audiencia Nacional —tribunal competente para casos de terrorismo— la que lo sentenciaría.

Pero para llegar a esa solución hubo de desarrollarse antes un intrincado proceso: primero, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), y luego el Supremo, determinaron que debía repetirse el juicio. El jurado no había motivado de forma coherente su fallo. Después, el TSJPV devolvió el caso a la Audiencia de San Sebastián.

Ya en 2004, el Tribunal Constitucional le denegó el amparo contra la orden de que se repitiera el juicio por los hechos que nos ocupan. Consideró que la motivación del jurado, aunque se tratara de una sentencia absolutoria (que requiere menor argumentación que la condena), resultaba insuficiente, como habían dictaminado el TSJPV y el Supremo, y también que no se vulneró su presunción de inocencia, porque la anulación del fallo del jurado se debió a defectos en su deliberación y votación y no en relación con los hechos, considerados probados.

Y, finalmente, en 2005 la Audiencia Provincial de San Sebastián trasladó el asunto a la Audiencia Nacional, para que fuera este tribunal el que juzgara a Otegi, pues consideraba que existía la duda sobre si el asesinato de los dos policías había sido o no un atentado terrorista, al margen de que el autor no fuera miembro de ETA cuando ocurrieron los hechos. La Audiencia Nacional condenó a Otegi a 34 años de cárcel, aunque excluyó considerar los hechos como terrorismo.

El Supremo confirmó la condena basándose en que después de la fuga del reo habían aparecido nuevos datos que abrían la sospecha de que los asesinatos cometidos en 1995 podían tener carácter terrorista, aunque finalmente no lo apreciara así la Audiencia.

Y de ese modo terminó un asunto que había empezado tan mal.

EL YERNO DE LOS TOUS

Se llama Lluís Corominas. Está casado con una mujer nacida en la conocida familia de joyeros catalanes cuyo primer apellido, Tous, es también el nombre de la marca, y en la práctica actuaba como su jefe de seguridad. El 9 de diciembre de 2006, dos ladrones rondaban la vivienda de sus suegros cuando uno de los vigilantes de seguridad alertó al yerno de los Tous de que había un vehículo sospechoso en las proximidades. Lluís Corominas disparó a pocos metros de distancia a uno de los ladrones.

En junio de 2011 un jurado lo absolvió (por seis votos contra tres) de la muerte de aquel hombre, a pesar de que el supuesto ladrón estaba desarmado y de que, según todo parece indicar, se disponía a huir a bordo del coche que ocupaba. El jurado apreció legítima defensa y miedo insuperable. Entendió que el reo disparó su arma, de la que tiene licencia, «para defenderse del ataque del que creyó erróneamente que estaba siendo objeto». Al parecer, los dos individuos montados en el coche sospechoso, y al que se acercó Corominas a bordo del suyo, hicieron «un movimiento brusco», decía el jurado en su relato de hechos probados, un movimiento que obedeció posiblemente a la intención de escapar, pero que el autor de los disparos identificó con el ademán de quien se dispone a hacer uso de un arma de fuego. Por eso disparó.

Algunos creyeron que, en manos de un tribunal profesional, más consciente de los límites de la legítima defensa, el resultado hubiera sido otro para el acusado.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó repetir el juicio con un nuevo jurado; se trataba de empezar de cero otra vez, sin dejarse influir por el anterior veredicto. Es decir: no está dicha la última palabra y, hasta entonces, nadie puede condenar a Corominas. Pero vamos a ocuparnos del caso hasta donde ya es conocido en el momento de cerrar la edición de este libro.

Decíamos que algunos creyeron que el problema había estado en el jurado, que las cosas hubieran sido diferentes ante un juez. Así lo expresaron la fiscal del caso y la acusación particular, quienes pidieron que se repitiera el proceso… sin intervención del jurado.

La fiscal, que perseguía una condena por homicidio, consideró que el veredicto del jurado era «ilógico, arbitrario e irracional». Según ella, resultaba difícil de creer que alguien que salió en busca de los ladrones, al menos aparentemente, sufriera luego un miedo insuperable, más aún si se tiene en cuenta que iba armado con su arma de fuego, la suya, la de su propiedad, un arma que como jefe de seguridad sabía utilizar.

También la acusación particular consideró que el caso no debía ser juzgado por un jurado. «Si Corominas hubiera tenido miedo, no se habría dirigido al lugar exacto donde fueron visualizados los intrusos, a la puerta principal de entrada al jardín de la vivienda de sus suegros y además armado con una pistola semiautomática cargada incluso con munición prohibida», razonaba el abogado de la acusación particular en su escrito. Ese escrito esgrimía el argumento de que los jurados habían entendido al revés la definición que los peritos hicieron en la vista del miedo insuperable del que se dedujo la legítima defensa. En realidad, los peritos habían dicho que de haber tenido un miedo insuperable, Corominas se habría quedado petrificado, cosa que evidentemente no sucedió, por lo que no existió tal temor y, por tanto, tampoco la legítima defensa. Sin embargo, los miembros del jurado entendieron que el acusado sí sufrió ese temor, hasta el punto de no ser responsable penalmente de lo que hizo.

Por su parte, el acusado declaró que actuó «en legítima defensa, por error, de buena fe», al sentirse realmente atacado.

Por otro lado, su defensa recurrió ante el Supremo la orden de repetir el juicio dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y este tribunal confirmó aquella decisión: la sentencia del jurado se apartaba «de las reglas de la lógica». Aceptaba el criterio de la anterior instancia, que dictaminaba que el fallo del jurado no superaba un análisis de racionalidad. El reo había cuestionado ante la más alta instancia, el Tribunal Constitucional, aquella decisión.

El TC admitió a trámite el recurso y suspendió la repetición del juicio en 2013. No se ha pronunciado todavía y, vistos los plazos habituales de este y otros tribunales, no cabe esperar que lo haga de modo inminente. Todo está, pues, en el aire. Y no seremos nosotros los que adelantemos un veredicto.

Ni sobre Corominas, ni sobre el jurado.

Se lo dejamos al lector.

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Ovnis, poltergeists y espectros

«La verdad está ahí fuera», proclamaba allá por la década de los noventa la famosa serie de televisión Expediente X. Son muchos los que opinan que ya están aquí los extraterrestres, entre nosotros, algunos de ellos incluso con apariencia de seres humanos y que ocupan puestos claves en la sociedad, aunque debe de ser sobre todo en la Administración estadounidense, porque suponemos que la española les vendrá un poco a desmano y les resultará de menor interés. Salvo que se hayan infiltrado ya en la Justicia española, que también ha dictado algunas sentencias con contenido ufológico. Tampoco queremos llevarles a engaño; que el contenido sea ése es cierto, pero que en realidad se tratara de ovnis ya se lo ponemos en duda. Y no creemos que exista una conspiración judicial para ocultar el fenómeno.

EL OVNI DEL RÍO VÉLEZ

En 2010, por ejemplo, el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga tuvo en sus manos un caso que bien podría encajar en una investigación del agente del FBI Fox Mulder. Un coche con su conductor dormido en su interior aparece aparcado justo delante de la puerta de entrada del parque de bomberos de la localidad de Vélez-Málaga. Cuando lo despiertan, el hombre se muestra aturdido y acierta a decir: «Estaba regando en el río Vélez y me han traído en un ovni».

El caso de Benedicto, un vecino de Arenas (Málaga), nunca llegó al FBI ni tuvo eco en las revistas de misterio Enigmas o Año Cero. Nuestro posible expediente X lo resolvió una patrulla de la Policía Local, para que no se diga que la Policía española necesita mucho de los agentes federales de Estados Unidos. Examinado el vehículo y el supuesto abducido por los extraterrestres, la conclusión policial fue rápida y certera: más que ver, lo que el conductor había hecho era… beber.

Así lo explicó el juez en su sentencia:

Que sobre las 8.30 horas del día 10 julio de 2010, el acusado Benedicto circulaba con el vehículo Opel Frontera matrícula…, con sus facultades psico-físicas alteradas por la previa ingestión de bebidas alcohólicas, lo que provocó que entrase en el recinto del parque de bomberos de Vélez-Málaga, deteniendo el vehículo en la zona de entrada de los vehículos de bomberos, quedándose dormido echado sobre el volante. Que una vez despertado por agentes de la Policía Local, el acusado manifestó «que se encontraba regando en el río Vélez, y le han traído en un Ovni y no ha conducido», siendo requerido por dichos agentes para que se sometiese a la prueba de alcoholemia a lo que se opuso manifestando que no soplaba porque no le daba la gana, todo ello tras ser informado de las consecuencias legales de ello. Que el acusado presentaba síntomas de hallarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, como rostro rojo, ojos velados y enrojecidos, halitosis alcohólica muy fuerte de cerca, con habla pastosa y deambulación inestable, incapaz de mantenerse erguido.

A Benedicto su ovni le costó una condena de 8 meses de prisión por un delito de desobediencia, con la atenuante de embriaguez del artículo 21.2 del Código Penal, y a 8 meses de multa (1.440 euros en total) y la retirada del carnet de conducir durante 1 año y 6 meses por un delito contra la seguridad del tráfico. En su recurso, el abogado defensor eludió volver a la teoría de la abducción. Tampoco le sirvió de mucho porque la condena fue confirmada.

LOS PLATILLOS VOLANTES DE LA OLIVA

Enero de 2012. Ayuntamiento de La Oliva (Fuerteventura). Varias personas asisten a un examen para optar a plazas de funcionarios en prácticas como bomberos conductores. Los nervios están a flor de piel y no es para menos; en plena crisis económica, que se convoquen unas plazas de empleo público supone una esperanza de vida para muchos desempleados. Pero en las islas Canarias, como en otros sitios de España, la sombra de la sospecha siempre existe, sobre todo cuando gobiernan ciertos partidos, nacionalistas o no, que constantemente cuidan de su parroquia repartiendo puestos de trabajo para asegurarse su apoyo, su voto y su lealtad inquebrantable. Aunque bien es cierto que en muchos casos no hace falta tanto futurible; sólo basta con ser familiar o recomendado del político de turno. En Canarias, sin duda, hay mucho de esto en las administraciones públicas. Todo el mundo lo sabe en el archipiélago.

En el caso que nos ocupa, las sospechas de que el cuestionario del examen de La Oliva se había filtrado a algunos quedaba al descubierto por una errata, una errata venida como del espacio y que ponía en evidencia a los de la tierra de esa localidad de la isla majorera. El examen era tipo test y una de las preguntas evaluaba los conocimientos de los aspirantes sobre la Constitución española de 1978. ¿En qué se inspiraba?, se preguntaba. Y la respuesta correcta era —abra bien los ojos el lector— la siguiente: Ley Fundamental de Ovni.

Semejante disparate para la mayoría de los aspirantes, no lo fue para todos, ya que algunos eligieron esta opción; por increíble que parezca, fueron los únicos que la acertaron y que además aprobaron toda la prueba. Cuando varios examinados suspendidos recurrieron ante los tribunales el decreto del Ayuntamiento de La Oliva que nombraba a los funcionarios aprobados, las sospechas se convirtieron en certezas. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Las Palmas estimó, el 23 de enero de 2012, el recurso de los denunciantes del tongo municipal. La conclusión judicial fue que el examen se había filtrado a algunos opositores y que éstos dispusieron de las respuestas tipo test correctas para aprobar la prueba. Se sabían, por tanto, las contestaciones válidas, fueran cuales fuesen las preguntas del enunciado. Pero los duendes tipográficos, esos a los que se atribuían siempre en los periódicos los errores de imprenta, debieron de pensar, con razón, que la chorizada que se cocía en el consistorio olivino había que enmendarla de alguna manera. Y así fue.

El juez de lo contencioso y la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que posteriormente resolvió el recurso, vieron muy clara la irregularidad. Lo expusieron así:

La coincidencia de que todos los opositores que superaron el examen teórico marcaron como respuesta correcta la D a la primera pregunta del examen respecto de la inspiración de la Constitución de 1978, cuando claramente la misma no puede venir inspirada en algo inexistente como es la ley fundamental de Ovni de 1949, resultando que los no aprobados marcaron la respuesta A o la C, o no respondieron, coincidencia que el Juez a quo entendió acreditativa de que los aprobados sabían de antemano que la respuesta que el tribunal calificador iba a considerar correcta era la D, conclusión que, como se ha indicado, la Sala comparte, siendo muy de tener en cuenta, como asimismo hace la sentencia apelada…

El juez tampoco se creyó mucho el certificado de la secretaria del tribunal examinador de que se corrigió el error. «No hay constancia de que se corrigiera la errata relativa a la Ley de Ovni de viva voz, ni se explica en tal certificado el error ortográfico corregido ni se hace mención a que donde dice Ovni debe decir Bonn».

Pero además de esta «coincidencia», había otro indicio para concluir el amaño de la oposición: la diferencia de notas entre los opositores suspendidos y el primer aprobado.

El Ayuntamiento de La Oliva recurrió la decisión judicial ante el Tribunal Superior al estimar que el juez de instancia hizo una apreciación errónea de la prueba basada en «presunciones». Como teledirigidos por el consistorio, los aprobados presentaron sendos recursos reproduciendo la misma argumentación. Pero los tribunales impusieron su ley: el proceso selectivo quedó invalidado. El Ovni de La Oliva hizo justicia.

OVNIS Y PAJAS

Que un enfermo ingresado en el Hospital Psiquiátrico de Sant Joan de Déu, en Barcelona, sostuviera recurrentemente que tenía poderes que le habían conferido los ovnis debía de ser motivo suficiente para que nadie creyera ni una palabra de lo que ese loco pudiese decir, pensó el auxiliar que le atendía y que, ni corto ni perezoso, le pidió que le hiciera una paja a cambio de una Coca-Cola. Y el loco satisfizo su deseo; eso sí, el auxiliar se equivocó en su pronóstico.

Eloy, de cuarenta y tres años, llevaba interno desde los quince en el hospital por sus problemas mentales, salvo algún período en el domicilio de un hermano; sin embargo, desde hacía años ya no tenía familia que pudiera acogerlo y el psiquiátrico se había convertido en su casa. Según la Justicia, tenía diagnosticado una «esquizofrenia residual, con retraso mental de tipo ligero, con fabulaciones enquistadas en aspectos mentales como creer que se le han conferido poderes por los ovnis». Su discurso resultaba entrecortado pero «inteligible», mantenía «un sentido de la realidad en las actividades cotidianas» y comprendía «las preguntas que se le hacen sobre ellas».

La víspera de su cumpleaños, en la noche del 26 al 27 de noviembre de 1999, un auxiliar de psiquiatría del hospital, pongamos que Honorato, le pidió que le masturbara a cambio de una Coca-Cola. Dicho y hecho. Si el lector recuerda la película Alguien voló sobre el nido del cuco (One Flew Over the Cuckoo’s Nest) de Milos Forman, basada en la novela homónima de Ken Kesey, sabrá que los enfermos mentales, además de personas, forman también sociedad. La paja corrió de boca en boca por todo el psiquiátrico y, ante la evidencia de que lo suyo era ya vox populi, el auxiliar confesó los hechos a una enfermera, que hizo llegar el asunto a la dirección.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Sant Boi del Llobregat abrió diligencias por el asunto. Eloy, el interno, tuvo que declarar y dijo que no quería que le pasara nada al celador, que era «buen chico, estaba casado y esperaba un hijo». De hecho, Eloy nunca denunció a su cuidador.

No obstante, la dirección del centro tuvo claro que no había sido sólo una, sino varias las relaciones sexuales «a nivel masturbatorio» que Honorato había mantenido con pacientes del hospital, y que eso era incompatible con su «debida prestación laboral» y totalmente improcedente «con la labor terapéutica y de contención» que debía realizar «como profesional de la salud mental». La dirección del Sant Joan de Déu, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, consideró los hechos como una falta laboral muy grave y procedió al despido del auxiliar, que cobraba 171.000 pesetas al mes. Ni que decir tiene que hasta la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó el despido.

ESTÁN LLEGANDO…

Cuando escribimos Antología del disparate judicial no existían las actuales redes sociales de internet y en poco más de una década, además de su gran desarrollo, han abierto un nuevo frente de casos sobre los cuales han tenido que deliberar los jueces. Quizá por ignorancia supina, o por pura tontería, se han hecho verdaderas barrabasadas que no han quedado impunes a los ojos, siempre vendados, de la Justicia española. Es, por ejemplo, el caso que traemos a colación ahora. Dos niñatas de Segovia decidieron burlarse de otra adolescente creando un perfil falso a su nombre en Tuenti en el que pretendían que quedase, a ojos de todos, como una friki amante de los ovnis, los espectros y los extraterrestres.

En mayo de 2008, Enriqueta y Sabina dieron comienzo a su plan para burlarse de María Inés. En su falso perfil colgaron numerosas imágenes religiosas, de extraterrestres o espectros con comentarios que la ridiculizaban. Así, sobre una fotografía de un platillo volante escribieron «están llegando»; sobre una imagen de un extraterrestre pusieron «no es broma», y de la de un espectro comentaron «existen»; también se mostraba «orgullosa de serlo» sobre unas viñetas de «cómo ser un friki de provecho y no morir en el intento». Las niñatas de Segovia se cebaron en María Inés, y con motivo de la fiesta de final del bachillerato colgaron un comentario despectivo sobre sus participantes que provocó su «total aislamiento social» de los estudiantes de su curso, que rehusaban saludarla si se la encontraban por la calle. A consecuencia de estas burlas, María Inés sufrió un trastorno adaptativo ansioso-depresivo moderado durante un año y un mes, y posteriormente necesitó apoyo psicoterapéutico.

Aunque durante el juicio, la defensa de las menores sostuvo que se trató de una broma sin más, que no querían causar ningún perjuicio a la ofendida, la magistrada-juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Segovia, Lourdes Prado Cabrero, lo vio de otra forma y tuvo en cuenta la repercusión que la red social Tuenti tiene entre los jóvenes y adolescentes, así como «la vulnerabilidad emocional que presentan dada su corta edad y el momento evolutivo en el que se encuentran, tratando de buscar su sitio dentro de la sociedad». Y proseguía: «La presentación de María Inés como una persona que sube fotografías extravagantes, con comentarios absurdos que evidencian una personalidad cuando menos rara, cuya única afición es “la literatura; estudiar, estudiar y estudiar”, que cree en ovnis, espectros, extraterrestres y que se califica a sí misma como friki, provocando la burla de quien accede a estos comentarios, y, finalmente, que se mofa descaradamente de sus compañeras de instituto (con quienes las denunciadas sabían que no tenía una relación lo suficientemente fluida como para poder desmentirles personalmente su autoría), no puede ser calificada como mera broma ni ser entendida como tal por cualquier persona de inteligencia media».

Así que Sabina y Enriqueta fueron condenadas por una falta continuada de vejaciones injustas a penas de 20 días de multa a razón de 10 euros diarios (200 euros) y al pago de una indemnización de 18.284 euros a su víctima por el daño moral causado. Cuando echaran cuentas de lo que les costó el pleito, seguro que se les quitaron las ganas de hacer más bromitas con los frikis.

EL POLTERGEIST DE HELLÍN

30 de diciembre de 1992. Centro de Salud de Hellín (Albacete). La mesa de un enfermero aparece con numerosas manchas de tinta del cuño de un sello de caucho de un médico, de nombre Carlos Jesús. También hay trazos de bolígrafo y rotulador negro y rojo sobre la mesa, las puertas de un armario y el lavabo. El suceso se reproduce más de dos meses después, el 11 de marzo de 1993. «Ha sido un poltergeist», asegura un enfermero al ser preguntado.

El caso, por tanto, podía haber engrosado el archivo de sucesos paranormales de nuestro admirado Iker Jiménez y de su equipo de periodistas del misterio de Milenio 3 y Cuarto Milenio, pero lo cierto es que nunca se lo escuchamos narrar. Ni a los de Espacio en Blanco, del veterano Miguel Blanco. ¿Cómo es posible? Pues porque el asunto parece que tenía poco de anormal y nunca traspasó los límites del expediente disciplinario y la causa judicial que se siguió contra Esteban, un trabajador del centro de salud al que la Secretaría General del Insalud sancionó en 1994 a una suspensión de 13 meses de empleo y sueldo por varias faltas disciplinarias.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, tuvo que lidiar con el asunto después de que el afectado recurriese su sanción.

Los hechos, en principio, poco tenían que ver con cualquier hecho insólito y la gerencia de Atención Primaria pronto descartó la presencia de cualquier entidad de otra dimensión en el ambulatorio, y apuntó más bien a un enfermero de carne y hueso. Quedaba probado que un día Esteban profirió malos tratos de palabra a una limpiadora del turno de tarde del centro de salud y también de obra, al tirar contra el suelo material desechable de curas, fundamentalmente las lancetas usadas, cuando en la consulta había contenedores para el depósito de dicho material.

La investigación también identificó al mismo enfermero como la persona que había manchado con un sello la mesa de su consulta y que había pintarrajeado algunas puertas con bolígrafo. Ningún testigo vio que el enfermero lo hiciera, pero fue el propio trabajador quien dio las claves para acusarle. Cuando declaró en el expediente disciplinario que se le había abierto, Esteban confesó que el servicio de limpieza del centro no cumplía con su obligación «como debiera» y que no limpiaban lo suficiente, por lo que admitió que les daba «trabajo extra»; ése era el motivo por el cual de vez en cuando desordenaba su consulta. Pero a la pregunta de por qué manchó toda su mesa con el sello del doctor Carlos Jesús, contestó de forma evasiva que había sido un poltergeist.

Aunque la Justicia no creyó ni por asomo esta explicación, tampoco su disparatada excusa turbó ni el ánimo ni la mente del tribunal juzgador, que, admitiendo en parte el recurso contencioso del enfermero, redujo la sanción de suspensión de empleo y sueldo de 13 a 2 meses.

Que no se diga que nuestros jueces son insensibles al justiciable.

SERES DE ULTRATUMBA

Tampoco queremos que el lector se lleve a engaño con este título. Es difícil, a lo mejor imposible, encontrar alguna sentencia de nuestros tribunales en la que los acusados sean de verdad seres de ultratumba, aunque en el campo metafórico a buen seguro que los hay desde el lado del justiciable, pero también del juzgador. Algunos de ellos hemos visto por los tribunales de Justicia, pero en esta ocasión «seres de ultratumba» es otra cosa. Es la expresión que un trabajador dijo a sus jefes antes de que le despidieran por una falta muy grave de amenazas, que fue ratificada por un Juzgado de lo Social.

Máximo, un camionero de Almería, llevaba varios años trabajando en una empresa de transporte hasta que una sanción disciplinaria lo desquició y les soltó a sus jefes todo lo que pensaba de ellos. Su furibunda reacción le granjeó el triste mérito de engrosar las listas del paro.

En su recurso ante el TSJA, la defensa del camionero planteó, entre los típicos argumentos de prescripción de las faltas que acarrearon con su despido, uno de descargo bastante comprensible, por otra parte: que cuando Máximo, durante una reunión en la empresa para comunicarle una sanción disciplinaria de 45 días de suspensión de empleo y sueldo, se puso a gritar que «le estaban chupando la sangre», en modo alguno quiso llamar a sus jefes «vampiros ni seres de ultratumba, ni nada por el estilo», sino que fue «una expresión de rabia» que encerraba «una dosis de frustración espontánea» porque le habían suspendido de empleo y sueldo durante un mes y medio, «pese a todo lo que trabajaba para la empresa».

Pero no coló. Aunque el tribunal reconoció que la expresión era peyorativa y que en esencia expresaba que «era explotado por la empresa», en realidad esa frase no fue la que se tuvo en cuenta para su condena, sino la que posteriormente dijo al director de su empresa, cuando le pidieron que se tranquilizara y no perdiera los nervios: «Me tranquilizaré cuando tenga una pistola en la mano, que del Acebuche se sale, pero no de una caja de pino». Si al lector todavía le queda alguna duda sobre el asunto, sólo explicarle que el Acebuche es la conocida cárcel almeriense y que la caja de pino es la que nos espera a todos tarde o temprano.

LA ABUELA DE LOS ESPÍRITUS

¿Qué mejor que alegar que la yaya practica el espiritismo para quitársela de en medio? ¿Seguro?

Dos abuelos de Ávila —pongámosles nombres ficticios para preservar su identidad, como Pedro y Ana, por ejemplo— sostienen un pleito con su hijo Andrés y su esposa Maite para obtener el derecho de visitar, comunicar y tener en compañía a sus dos nietos. El 16 de septiembre de 2011, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Ávila estima parcialmente su demanda y les reconoce estos derechos, «en la forma que acuerden con sus padres, procurando el mayor beneficio de los menores». En caso de desacuerdo, el juez establece como mínimo que ese derecho comprenderá el tener consigo a los menores «dos domingos no consecutivos al mes desde las 12.00 hasta las 19.00 horas, durante el período escolar de verano cinco días consecutivos entre las 10.00 y las 21.00 horas, y durante las vacaciones de Navidad dos días consecutivos entre las 11.00 y las 20.00 horas, sin que coincidan con Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo o Reyes».

Pero los padres de los niños no están de acuerdo y recurren la sentencia ante la Audiencia Provincial de Ávila para que deniegue cualquier régimen de visitas a los abuelos. Sin embargo, había que buscarse algún argumento para ello, ya que el artículo 160 del Código Civil es muy claro en este asunto, al establecer que «no podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del hijo con sus abuelos y otros parientes y allegados» y que, «en caso de oposición, el juez, a petición del menor, abuelos, parientes o allegados, resolverá atendidas las circunstancias».

¿Y qué podemos alegar?, se preguntaron esos progenitores que no querían que sus propios padres tuvieran relación con los nietos. Y a alguien se le debió de encender una bombilla. Pues lo mejor sería alegar que Andrés, el padre, había sufrido malos tratos durante su infancia y que temía que los sufrieran sus hijos, debieron pensar. ¿No nos estaremos quedando cortos?, quizá se preguntaron, no sabemos si Andrés solo o azuzado por su querida Maite. Así que plantearon como argumento que la abuela, doña Ana, «sostiene tener una gracia, sanar a los enfermos y practica espiritismo».

El primer argumento quedó rebatido de inmediato, ya que los propios recurrentes no presentaron ninguna prueba de los supuestos malos tratos que denunciaban, además de que dos hermanos de Andrés negaron la existencia de tales vejaciones, aseguraron haber disfrutado de una infancia con normalidad y subrayaron que ellos mismos confiaban el cuidado de sus hijos a sus padres sin la menor reticencia. Además, para colmo, fue el denunciante quien aportó una «información sustancial para poner en entredicho las supuestas vejaciones y agresiones» que dijo haber sufrido en su infancia, y es ésta: «Que siendo ya adulto y con capacidad económica para proporcionarse independencia, siguiera viviendo bajo el mismo techo que sus progenitores, y sólo saliese de la casa familiar cuando contrajo nupcias, a los treinta y tres años de edad».

El segundo argumento era de consistencia, pero lo echó por tierra la realidad. Había que confiar en que los jueces aceptaran esa capacidad «sanadora» de la abuela y su afición por el espiritismo como un argumento de peso a fin de declararla no apta para tener a sus nietos. Pero la Sala no lo entendió así, según se reproduce en la sentencia, de la que fue ponente su presidenta, la magistrada María José Rodríguez Duplá:

El don que por lo visto se atribuye la Sra. [Ana] no parece implique un hándicap para relacionarse con los menores, ni entraña riesgo para los mismos por mala influencia o transmisión de valores negativos. Apoya esta conclusión el informe del Equipo Técnico Psico-Social del Instituto de Medicina Legal que aunque atribuye actividad de sanación de enfermos a la demandante y también toma noticia de la adjudicación de «conductas extrañas», esto no le impide concluir que es recomendable para el correcto desarrollo emocional de los niños que se produzca un acercamiento afectivo y humano, dejando a los menores al margen de los conflictos o diferencias entre los adultos.

UNA MACABRA SESIÓN ESPIRITISTA

Los tribunales españoles han visto de todo, o casi todo. En 1991 la Audiencia Provincial de Oviedo juzgó a una pandilla de chavales y chavalas, todos mayores de dieciséis años pero menores de dieciocho, que decidieron divertirse vejando a una amiga del grupo, a la que convencieron de que iban a realizar una sesión de espiritismo. Ocurrió en Gijón, el 17 de junio de 1989. Nieves, que llevaba unos días saliendo con uno de ellos, Constantino, sufría una deficiencia mental (oligofrenia de grado medio). En el domicilio de la abuela de Constantino, que se hallaba vacío, los cinco jóvenes participaron «en una farsa espiritista» en la que los otros cuatro asistentes —Constantino, María Rosa, María Luisa y Carlos José— conminaron y amenazaron a Nieves a que tomara bebidas alcohólicas, tras lo cual la desnudaron y las chicas la golpearon con un cinturón.

«A consecuencia de la bebida ingerida contra su voluntad y los malos tratos sufridos, unido a sus limitaciones psíquicas antes aludidas, determinó que sus facultades se hallasen prácticamente anuladas, situación en la que los procesados procedieron a acostarla ya desnuda sobre una cama de una de las habitaciones del inmueble donde Constantino realizó con ella el acto carnal. Seguidamente, los procesados Constantino, María Rosa y Carlos José cortaron el pelo a Nieves con unas tijeras así como sus pantalones y ropa interior, arrojando los trozos de esta última al inodoro.»

Cuando la joven regresaba a su casa se desmayó cerca de la plaza de los Mártires y fue recogida por una patrulla municipal, que la trasladó de inmediato a un hospital y allí se descubrió todo. Además del diagnóstico de intoxicación y erosiones, el examen ginecológico determinó que Nieves tenía un himen de los denominados «complacientes», es decir, que son elásticos y no se rompen si no es mediante operación.

La Audiencia de Oviedo condenó al novio de Nieves a 14 años de prisión por un delito de violación en concepto de autor, y a los otros tres les impuso una pena de 7 años como cooperadores necesarios. En 1992 el Tribunal Supremo no tuvo ninguna duda en confirmar la condena y rechazar los recursos que presentaron los condenados. Su explicación parte de este relato: «El espectáculo fue realmente macabro y de un dramatismo estremecedor. Fingir una sesión de espiritismo ante Nieves, deficiente mental; administrarle unas sustancias que produjeron obnubilación y adormecimiento; desnudarla; golpearla con un cinturón; quemarla reiteradas veces con un cigarrillo; cortarle el pelo; romper sus pantalones y ropa interior…». No hace falta seguir, está claro: seguro que Nieves no eligió bien a sus amigos, pero éstos se equivocaron demasiado de divertimento.

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A quien madruga, la Justicia no le ayuda

Si algo se puede reprochar a los tribunales españoles es su retraso secular. Es uno de esos males contra los que al parecer sólo cabe resignarse o, como mucho, consolarse con pobres mejoras: en un reciente informe, el CGPJ apuntaba que durante 2013 la Justicia española mantuvo una tendencia que ya se vio en 2012, la de reducir el número de asuntos pendientes.

En 2013 los tribunales españoles dejaron en lista de espera 2.674.000 asuntos. En 2012 el número de procedimientos que habían quedado pendientes fue de 2.913.000, lo que ya suponía una mejoría respecto a 2011. Y la tendencia se mantiene en 2014.

O sea, aunque parezca un chiste, podemos afirmar que el proceso para reducir el retraso en nuestros juzgados y tribunales va… demasiado lento. En cierto sentido tiene su lógica. O no.

Por cierto, vamos a repetir algo que ya hemos apuntado: se trata de la misma lentitud que muestra con frecuencia el propio órgano de gobierno de los jueces cuando tramita expedientes disciplinarios para castigar a magistrados que no hacen bien su trabajo. Como hemos visto a lo largo de este libro, es frecuente que el CGPJ sobrepase los seis meses previstos por la ley para resolver ese tipo de expedientes, lo que conduce cada dos por tres a que el Supremo levante los castigos que el Consejo impone a los jueces vagos, irrespetuosos con el ciudadano o irresponsables; a veces se trata de multas, otras de traslados forzosos, las menos de suspensiones de empleo y sueldo.

En todo caso, las estadísticas dicen que, en los últimos años, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha revocado, casi siempre por el citado motivo de la caducidad del expediente, en torno al 40 por ciento de las sanciones que ha impuesto el CGPJ a alguno de los cerca de cinco mil jueces españoles. Lo paradójico es que alrededor del 80 por ciento de esas sanciones castigaban a jueces que habían incurrido en retrasos injustificados en sus juzgados.

Un ejemplo de lo que estamos viendo sucedió en noviembre de 2012, cuando la lentitud empleada por el órgano disciplinario de los jueces para tramitar dos expedientes abiertos a dos jueces, precisamente por sus retrasos y desatención a sus juzgados, les sirvió a los sancionados para salir impunes.

En el primero de los dos casos citados, el juez Juan Carlos Moreno Gordillo, titular de un juzgado de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), fue castigado con suspensión de empleo por 1 año, acompañada de multa, por retrasos en su juzgado y por desatención a sus funciones, desatención que consistió en hechos como negarse a recibir declaración a los detenidos en sábado por la tarde o domingo, o posponer la revisión de un caso de violencia de género con solicitud de medidas de protección por parte de la víctima. Incluso en una ocasión se demoró más de dos horas en autorizar el levantamiento de un cadáver del domicilio donde había sido hallado el cuerpo.

Algo olía mal en el juzgado de Gordillo.

El segundo de los casos corresponde a un magistrado de Lorca (Murcia) que tardó más de un año en dictar la sentencia de un juicio y al que se le impuso una multa.

Los dos recurrieron ante el Supremo argumentando que la tramitación de sus expedientes había sobrepasado los seis meses previstos por la ley, y el alto tribunal, por mucho que aceptó que los hechos por los que merecían el castigo habían sido probados, estimó sus recursos.

EL CONSTITUCIONAL… A SU RITMO

También puede ser calificado de paradójico un reciente fallo del Tribunal Constitucional, que concedió el amparo (es decir, acogió el recurso en defensa de sus derechos fundamentales) a un inmigrante de origen norteafricano que en 2008 se quejó de la lentitud con la que un juez de Madrid había revisado la orden de expulsión que pesaba sobre él. La paradoja consiste en que el TC tardó casi cinco años en resolver la queja del inmigrante, frente a los dos años que le había llevado al juez de Madrid resolver su expediente. El Constitucional consideró injustificado el retraso del juzgado, tardanza que criticó con argumentos que nosotros le devolvemos multiplicados por dos (y medio).

Este caso presenta, además, un diálogo interesante sobre las razones de la lentitud en nuestro sistema judicial; así, cuando la defensa del inmigrante se quejó del retraso ante el juzgado, éste le respondió que no podía atenderle antes debido a la excesiva carga de trabajo que le abrumaba.

«Se trata de una situación bien conocida por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, a quienes corresponde crear y presupuestar los órganos que entienda necesarios para dar adecuada respuesta a la celeridad que la sociedad demanda en la resolución de los asuntos, no pudiendo este órgano judicial resolver un problema estructural que no es de su competencia», decía aquel magistrado.

«El hecho de que la demora se deba a motivos estructurales, no imputables directamente al órgano judicial, no impide que no se pueda apreciar la vulneración del derecho del recurrente a un proceso sin dilaciones indebidas, pues esta situación, por sí misma, no altera la naturaleza injustificada de dichas dilaciones, dado que el ciudadano es ajeno a estas circunstancias», respondía el Constitucional.

Es decir, en aquella sentencia el tribunal de garantías constitucionales explicaba que la acumulación de asuntos en los juzgados y tribunales españoles no tiene por qué ser atribuible a un mal trabajo por parte del juez en cuestión (y en este caso no lo era); pero añadía que ello tampoco puede servir de excusa para no valorar el perjuicio que se le produce a una persona sometida a un proceso que se dilata indebidamente en el tiempo, período durante el cual el encausado no conoce cuál será su destino. En otras palabras, que la culpa del retraso en la Justicia es casi siempre del sistema y a veces de los jueces en cuestión, pero nunca de las personas implicadas en un proceso, que se someten a los dictados de los tribunales.

En cualquier caso, hay que decir que la gran mayoría de los jueces españoles trabajan intensamente, muy intensamente. Es frecuente ver sobre sus mesas gigantescos montones de folios archivados en carpetas que se van acumulando unas sobre otras.

Pero también los hay irresponsables.

Y uno de ellos es alguien a quien ya hemos conocido brevemente. Con ustedes, el juez que ostenta el dudoso récord de ser el magistrado que menos sentencias dictó en 2012: Juan Carlos Moreno Gordillo.

MORENO GORDILLO, CAMPEÓN DE LA NADA

El magistrado Moreno Gordillo, durante el tiempo en que se mantuvo como titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Tarragona, en 2012 y primer trimestre de 2013, ostentó «el mérito de ser el magistrado de un juzgado penal de toda España que menos sentencias dictó». Así lo dijo en octubre de 2013, en una propuesta de sanción contra este juez, la Comisión Disciplinaria del CGPJ. Aquella propuesta terminó en una suspensión de ejercicio y sueldo de 1 año.

Moreno Gordillo es un verdadero campeón de la nada, pero, digámoslo cuanto antes, no es ése su único mérito: además del citado récord, es también uno de los primeros en el ranking de los más sancionados, un logro que cobra su auténtico valor si lo ubicamos en su dimensión temporal, ya que su breve pero brillante carrera comenzó en 2006 y tan pronto como en 2009 ya había sido distinguida con la apertura de dos expedientes. Todo parece indicar que el muchacho quería ser juez pero que no estaba dispuesto a poner mucho de su parte, más allá de aprobar las oposiciones.

En 2006 su intensa carrera arrancó en Coria y muy pronto pidió el traslado a Andújar. En la población jiennense donde ejercía como titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 dio sus primeras muestras de carácter. Así, en noviembre de 2008 el juez ordenó a una fiscal que se situara a la izquierda del tribunal. La representante de la acusación pública replicó que, como actuaba en nombre del fiscal jefe, debía hacerlo a la derecha, pero eso no le hizo gracia a su majestad Gordillo. Ante la situación creada, la fiscal pidió permiso al juez para salir de la sala y consultar con su superior, para lo que el magistrado, magnánimo, le concedió dos minutos (¡qué rapidez para un recordman en retrasos!).

El fiscal jefe le dijo a la subordinada que dejara estar el asunto y se sentara donde le dijera el magistrado, pero tardó más tiempo del debido en hacerlo, y cuando la fiscal regresó a la sala se encontró con la entrada cerrada y con una funcionaria del juzgado que le impidió entrar por orden de Moreno Gordillo, quien tuvo que absolver al encausado pues no había nadie para acusarle. Afortunadamente aquel incidente no tuvo más consecuencia que la sanción para el juez, pues la Audiencia de Jaén ordenó que se repitiera la vista.

Un mes después, nuestro hombre, que al parecer no se llevaba bien con los fiscales que le habían tocado en suerte, volvió a las andadas: dale que dale, los fiscales se le sentaban a la derecha y él, incómodo, no tuvo más remedio que invitarles a que, de no cambiarse de lado, se sentaran entre el público. No pudo hacer otra cosa el Ministerio Público que abandonar la sala. El fiscal superior acudió entonces ante el CGPJ, que impuso dos multas a Moreno Gordillo, una por cada uno de los incidentes, que alcanzaron un total de 1.200 euros.

Visto que no le querían, nuestro inquieto magistrado optó por cambiar de aires y aterrizó en la localidad barcelonesa de Vilanova i la Geltrú donde, como hemos visto, también hizo de las suyas: aquello de dejar el cadáver dos horas esperando y otras lindezas… También se le abrió expediente por ese motivo, en 2009, y se le impuso sanción, en 2010, tras diecisiete meses de tramitación por parte del CGPJ. En 2012 el Supremo resolvió sus recursos contra estas sanciones y, como hemos visto, le dio la razón en una de ellas, la referida a los retrasos en Vilanova, pero no en la otra, la relativa a los abusos sobre los fiscales, dado que esta segunda sí fue tramitada en tiempo y forma por el órgano de gobierno de los jueces.

No se han tenido noticia de más abusos de autoridad de Moreno Gordillo, pero sí incurrió nuestro juez en nuevos retrasos. Quizá como vio que los fiscales seguían sin sentarse donde él quería, pues se desanimó el hombre. O tal vez, visto que se había librado de una sanción por la ya citada sentencia del Supremo, no se dio prisa en cambiar. En todo caso, se equivocó. Cuando estaba en Tarragona (nuevo destino) el CGPJ, que ya lo tenía fichado, reaccionó a su récord de retrasos y le sancionó, y esta vez tampoco hubo remisión porque tramitó adecuadamente el expediente.

En resumen, Moreno Gordillo pasó de Coria en 2006 a Andújar, donde era titular en 2008 cuando maltrató a dos fiscales y fue expedientado por abuso de autoridad; después fue a parar a Vilanova i la Geltrú, y allí acabó sancionado por retrasos en 2009 (aunque se libró), y más adelante a Tarragona. Por los retrasos cometidos en Tarragona (récord en 2012) fue sancionado de nuevo y esta vez suspendido por un año (2013). En octubre de 2014, una vez cumplida la sanción, se reincorporó a su nuevo destino, en Guadalajara. Ya lo saben los alcarreños. Cuidadín…

SONROJO JUDICIAL

Antes de entrar en el análisis de los distintos motivos del recurso de apelación interpuesto por …, así como los desarrollados en la impugnación articulada por … y por «Previsión Sanitaria Nacional, Agrupación Mutual Aseguradora, Mutua de Seguros a Prima Fija», la Sala no puede menos que transmitir a las partes el sonrojo que le produce el que un pleito iniciado en diciembre de 2001, sobre una cuestión que carece de enjundia jurídica o fáctica, casi siete años después aún esté pendiente de una resolución firme. Lo que obliga a pedir, no solamente en nombre propio, unas sinceras disculpas por el anómalo y deficiente servicio prestado por parte de la Administración de Justicia.

Así pedía disculpas el magistrado Rafael Jesús Fernández-Porto en una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña en noviembre de 2008, sentencia de la que él era ponente y que debía dar respuesta en Derecho a unos hechos ocurridos, como él mismo señaló en el apartado tercero de sus fundamentos de Derecho, siete años antes. En su sentencia el juez relataba los antecedentes y la cuestión jurídica a dirimir, y de inmediato confesaba su vergüenza en nombre de un sistema judicial tan inusitadamente lento.

No cabe pensar en complejidades procesales que complicaran el proceso: sobre las 15.00 horas del 10 de marzo de 2001, la víctima conducía su Golf en dirección a Finisterre por una carretera comarcal cuando el vehículo causante del siniestro que sucedió a continuación «salió de un estacionamiento situado en el arcén izquierdo, atravesando la línea continua de separación de carriles e incorporándose al carril sentido La Coruña; por lo que la conductora del Volkswagen, al ver interceptada su trayectoria, tuvo que realizar una maniobra evasiva a la derecha a fin de evitar la colisión, saliéndose de la vía».

Como consecuencia del siniestro, doña Cecilia sufrió una contusión cervical y una contractura muscular en la zona cervical; ella estuvo unos días incapacitada para el desempeño de sus ocupaciones cotidianas, y su vehículo sufrió, lógicamente, importantes daños, todo lo cual debía ser compensado por la aseguradora del contrario y responsable involuntario del siniestro.

La cosa parece bastante fácil… ¿no? Pues no. Para llegar a la razonable conclusión de indemnizar en algo más de 400 euros a la mujer y en algo más de 7.000 euros a su seguro, la Justicia española necesitó casi siete años; en ese tiempo el Golf, que según dicen es un coche que aguanta el paso de los años casi tan bien como los pobres justiciables españoles, pudo recorrer cientos de miles de kilómetros, eso sí, después de que lo reparasen con el dinero adelantado por la aseguradora. Conviene saber, en cualquier caso, que los intereses de la indemnización se triplicaron porque se les aplicó «el interés previsto en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro a contar desde el 10 de marzo de 2001».

Con lo fácil y rápido que se cuenta, qué difícil resultó resolverlo para nuestra Administración de Justicia.

LOS RETRASOS AYUDARON AL VIOLADOR

Otro caso de retrasos lamentables es el que afectó al Juzgado número 4 de Badalona entre los años 2005 y 2011. Ese juzgado tuvo tres jueces titulares diferentes y dos fases de vacío, de un año cada una, durante el citado período; y tardó más de siete años en cerrar una de esas carpetas que, como hemos visto, se acumulan año tras año. Y sucede que algunas de esas carpetas afectan a personas reales que han sido víctimas inocentes de otros seres humanos y también de un sistema enfermo. Tal ocurrió en este caso: abusos sexuales con acceso carnal cometidos por un hombre sobre su sobrina. No era un caso difícil, pero se acumuló sobre la mesa de varios jueces, escondido dentro de una de esas montañas de archivos. Hasta tres magistrados fueron necesarios para llevar a juicio aquel sencillo sumario de únicamente 321 folios.

«Llama poderosamente la atención el tiempo que ha precisado la solución de este proceso, un asunto que no reúne características especiales de complejidad», decía el Supremo cuando tuvo que estudiar el recurso que presentó el condenado por abusos sexuales. El reo pedía que se le rebajara la pena por las dilaciones indebidas. El Supremo le dio la razón al encausado y dejó en 6 años la pena de 8 años y 6 meses que la Audiencia de Barcelona le había impuesto. «El derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho de alcanzar una respuesta razonada y fundada en Derecho dentro de un plazo prudente», argumentaba en ese sentido el alto tribunal.

La explicación de este disparate no conduce a un solo juez desequilibrado o sinvergüenza, como hemos visto en otros, sino a un fallo del sistema, que es lo que sucede más a menudo. Eso sí, alguno de los magistrados que tramitaron el asunto no lo hizo con toda la diligencia que, a nuestro entender, cabría esperar.

La denuncia por los hechos se presentó en junio de 2005, con la mala fortuna de que coincidió con un momento de cambio en la titularidad del juzgado en el que recayó la investigación, el citado número 4 de Badalona. Un tiempo más tarde, el juez Borja Aranguren se hizo cargo de la plaza, donde permaneció poco más de un año, hasta que en abril de 2007 la ocupó Pilar Martín, quien permaneció en ella hasta abril de 2009. Un tercer magistrado llegaría entonces. De este modo, no fue hasta 2012 cuando el caso pasó a manos de la Audiencia de Barcelona.

El asunto se refería, como decimos, a los abusos sexuales con acceso carnal que cometió un hombre sobre su sobrina, desde el año 2001 y hasta el año 2005, un comportamiento que se reiteró casi todos los fines de semana y supuso «un importante perjuicio en el desarrollo de la personalidad» de la víctima, que requirió tratamiento psicológico.

El daño emocional generado por los abusos a buen seguro no mejoró cuando la víctima comprobó que la respuesta ajustada a Derecho en un plazo razonable se aplazaba una y otra vez hasta un límite inaceptable. Así, la víctima prestó declaración en abril de 2006, diez meses después de interponer la denuncia, y todavía en mayo de 2010 hubo de someterse de nuevo a un examen forense; por cierto, el médico tampoco se dio especial prisa, pues informó en octubre de 2010. Para que el lector se haga una idea, diremos que los sucesivos titulares del juzgado dictaron tres veces el auto de… procedimiento abreviado.

El juicio no tuvo lugar hasta octubre de 2013, ocho años después de que ocurrieran los hechos, lo que supuso un perjuicio para el reo, el cual se le compensó con dos años menos de pena, pero desde luego también para la víctima. Sin embargo, el infierno que sufrió la menor, obligada a esperar todo ese tiempo hasta ver que se hacía justicia, no fue ni atendido ni compensado por nadie.

Epílogo

UN POQUITO DE POR FAVOR

Hemos dicho que el problema de los retrasos debe apuntarse, casi siempre, en la cuenta del sistema judicial español y no en la de nuestros jueces, que son pocos y con frecuencia mal armados. Como ya hemos aportado datos al respecto, vamos a ahorrarnos nuevos ejemplos… salvo el que ahora sigue y con el que cerraremos esta colección de disparates judiciales.

Porque este caso es especial. Afecta a una jueza de Madrid. En 2012 el Supremo anuló la multa de 301 euros que le impuso el CGPJ por retrasos en su juzgado. La sancionada consiguió librarse del castigo porque demostró que nadie, ni siquiera superando con creces los baremos de productividad fijados por los propios vocales del órgano de gobierno de los jueces, hubiera sido más rápido que ella contando con los recursos que le habían sido suministrados.

Y consiguió demostrarlo ante el Tribunal Supremo, que le dio la razón, y lo que es más llamativo aún: se la dio con los argumentos y criterios del propio CGPJ y partiendo de los informes del propio servicio de inspección del Consejo, que había reconocido que las exigencias que recaían sobre la magistrada excedían en un 242 por ciento el nivel adecuado de carga de esfuerzo que el propio CGPJ había fijado. La inspección del Consejo señalaba en su informe la «irreprochabilidad del nivel de dedicación» de la titular del órgano judicial, que produjo cerca de un 150 por ciento más de los mínimos fijados por el órgano disciplinario de los jueces, así como la inestabilidad de la plantilla con la que contaba, tanto de funcionarios como en lo relativo al secretario del juzgado.

«Que lo hagan ellos si son tan listos», venía a decir, con otras palabras, el recurso de la magistrada. Y el Supremo le respondió: «Va a ser que no».

Porque lo curioso del caso es que los vocales, a la hora de imponer el rigor de la disciplina por encima de lo recomendado por su servicio de inspección, ni siquiera se habían molestado en leerse bien los hechos por los que había que castigar a la jueza, y de este modo, según reseñaba la sentencia del Supremo que alivió a la jueza de la sanción disciplinaria, impusieron el castigo sin argumentar su resolución adecuadamente. El Supremo reprochaba al CGPJ que hubiera justificado aquel castigo con «fórmulas genéricas y estereotipadas» y citas literales de jurisprudencia. Pero es que además, como colofón, se referían erróneamente al retraso del que se quejaba el ciudadano afectado y por el que castigaban a la jueza: lo cifraban en dos años, cuando había sido de tres.

En otras palabras, el alto tribunal anuló la sanción y reprochó al CGPJ que ni siquiera se hubiera molestado en redactar una resolución razonada para el caso concreto y lo hubiera despachado de cualquier manera.

Un poquito de por favor, les pedía.

Pero acabaremos diciendo que la culpa tampoco es del CGPJ, por mucho que sus integrantes, que son sustituidos cada cinco años, cometan o hayan cometido errores. La responsabilidad es diversa y el asunto, complicado. Ahora bien, una cosa es indiscutible: si hay mucho trabajo y pocos jueces, así no hay manera.

Un poquito de por favor, pedimos nosotros también. Si queremos mejores resultados, habrá que administrar bien los recursos, de acuerdo, pero sobre todo habrá que invertir dinero público. Estamos a la cola europea en términos de gasto en Justicia.

Faltan magistrados y faltan medios. En nuestro país hay unos cinco mil jueces y cada año resuelven casi nueve millones de pleitos.

Eche la cuenta, querido lector.

Y llévese todo nuestro agradecimiento por su atención.

Continuará…

Glosario judicial

Audiencia Nacional: Sus jueces y magistrados investigan y juzgan en exclusiva los delitos de terrorismo, así como los de narcotráfico, delincuencia económica, falsificación de moneda, extradiciones y otras especialidades delictivas determinadas por su competencia sobre todo el territorio nacional. También los de Justicia Universal antes de que se reformase la ley. Se creó en 1979 sobre la base del TOP (Tribunal de Orden Público) del anterior régimen de Franco.

Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): Órgano de gobierno de los cinco mil jueces y magistrados españoles. Se encarga de los nombramientos y sanciones a los miembros de la carrera judicial. Lo integran el presidente del Tribunal Supremo —que también lo preside— y veinte vocales que son elegidos a propuesta del Congreso de los Diputados y del Senado. Fue constituido en 1980 por mandato constitucional y, tras su reforma en 2013, el núcleo duro lo forman los seis miembros de su Comisión Permanente, mientras que el resto ha perdido importancia.

Ministerio de Justicia: La cartera ministerial que dirige y ejecuta la política del Gobierno en materia de Justicia como, entre otros, la elaboración de leyes y códigos en asuntos de carácter civil, penal y procesal: provisión de medios a los juzgados, tribunales y fiscalías; indultos; fe pública registral; cooperación jurídica internacional y asuntos religiosos.

Recurso de amparo: Se emplea para recabar la tutela del Tribunal Constitucional alegando la violación de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución como, entre otros, la igualdad ante la ley, los derechos a la vida y a la intimidad o la libertad de expresión.

Recurso de casación: Procedimiento empleado ante el Tribunal Supremo para pedir la revisión de una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional inferior (Audiencia Nacional, Audiencia Provincial, etc.) al estar en desacuerdo con ella, bien porque se demanda más de lo sentenciado, bien porque se pide su anulación.

Tribunal Constitucional: Órgano de garantías constitucionales. Su función consiste en el control de la constitucionalidad de las leyes, garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos y resolver los conflictos de competencia entre los diferentes órganos del Estado (Gobierno, comunidades autónomas, etc.). Se compone de doce magistrados nombrados a propuesta del Congreso de los Diputados y del Senado (cuatro cada uno) y del Gobierno y el CGPJ (dos cada uno). Comenzó a funcionar en 1980.

Tribunal del jurado: Presidido por un magistrado e integrado por nueve ciudadanos, juzga principalmente los delitos contra la vida humana (asesinato, homicidio, infanticidio, etc.), salvo los que son competencia de la Audiencia Nacional (terrorismo). Se restauró en 1996 tras haber funcionado en España en 1888 y durante la Segunda República.

Tribunal Supremo: Es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en cuestión de garantías constitucionales (Tribunal Constitucional). Se divide en cinco salas (civil, penal, contencioso-administrativo, social y militar) y lo integra la cúpula judicial: 83 magistrados. Es el encargado de juzgar a los aforados (ministros, diputados…) y sus sentencias conforman la jurisprudencia. Es la última instancia judicial. Se creó por las Cortes de Cádiz de 1812.

Quico Tomás-Valiente (Valencia, 1973) ha cubierto a lo largo de muchos años la información sobre tribunales, empezando por las escaleras de la Audiencia Nacional y ascendiendo hasta el Supremo, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Ha informado, además, sobre diversas materias, desde terrorismo y sucesos hasta política, a través de varios diarios (de los desaparecidos El Sol o Diario 16 a las páginas de 20 Minutos), informativos de televisión (Telecinco), tertulias de radio (La Ser), portales web y semanarios. También ha trabajado como asesor de comunicación, labor que ha ejercido, entre otros puestos, como director de comunicación del Senado o de la propia Agencia Efe, en la que ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional.

Imagen @quicotv es su cuenta de twitter.

Paco Pardo (Madrid, 1967), periodista y abogado, sufrió durante años largas esperas a las puertas de la Audiencia Nacional, del CGPJ y del Tribunal Supremo, y también las comparecencias de varios ministros de Justicia. Experto en información judicial, de interior y sucesos, se inició haciendo reportajes en Copi y como corresponsal de algunos diarios, así como en la agencia de noticias Colpisa. Ha cubierto sobre el terreno los mayores atentados, desde el de Hipercor hasta el 11-M, y los juicios más importantes, como el de la colza y los casos Marey y Lasa-Zabala. Hace 25 años que trabaja en la Agencia Efe, donde ha sido delegado general en Canarias y en Baleares, y en la actualidad es redactor jefe de tribunales. Esperando al rey Juan Carlos en su última apertura del año judicial concibió, junto a Quico Tomás-Valiente, la idea de este nuevo libro. Y no usa twitter ni facebook.

Edición en formato digital: marzo de 2015

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