Para Laura, Héctor y la ciudadanía,

a cuyo estímulo y calor permanente se debe esta obra.

PRÓLOGO ¿POR QUÉ ESCRIBO ESTE LIBRO?

Yo diría que la Justicia se ha detenido en España para dibujar caricaturas. Venimos presenciando, entre el espanto y la hilaridad, cómo la responsabilidad política se diluye en una maraña de variados procesos judiciales. Nadie piensa ya que la Justicia española alargue su influencia sobre todos los ciudadanos por igual.

Unos ciento noventa días duró mi instrucción del caso Blesa. Nunca antes en la historia judicial española tan corto espacio procesal ha dado tanto que hablar. En ese breve período de encausamiento, un grupo de gestores financieros quedaron acotados por cientos de alertas, indicios y evidencias criminales. Pero si los procesos se escriben mediante diligencias y resoluciones judiciales, ¿cuál es, entonces, el sentido de este libro?

Cuando se me apartó de mi cargo en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid se truncaron por completo los casos Blesa y Banco de Miami. No en vano, desde que me apartaron del cargo a finales de julio de 2013 hasta el día de hoy, ni una sola diligencia ha impulsado su tramitación. ¿Qué alcance presentan estas circunstancias?

Escribo este libro al dictado de mi responsabilidad. Las numerosísimas falsedades y manipulaciones vertidas lo exigen. Las españolas y los españoles tienen derecho a saber por qué ya no somos una potencia económica emergente y nos hemos convertido en un país en decadencia, abocado a una lenta y progresiva degeneración.

La gestión de algunas entidades financieras, en el sector de las cajas de ahorros, nos ha llevado de cabeza a un rescate bancario de consecuencias impredecibles. Varias generaciones pueden quedar comprometidas y peligra nuestro Estado de bienestar. Esta obra narra el conjunto de circunstancias que impiden el desarrollo de ese relato en el campo judicial. En la mente de algunos personajes ilustres, las ideas de arbitrariedad, expolio e impunidad se hallan indisolublemente ligadas. Frente a este acantilado corrupto, nuestra Justicia naufraga una y otra vez. Los procesos judiciales son cubitos de hielo arrojados al Caribe del nepotismo, el derroche y los paradisiacos reinos del blanqueo. Al pie de la escalera que conduce a la justicia existen guardianes depravados que paralizan los procesos, apartan a los jueces y desmoralizan a los ciudadanos. Nadie viste ya de luto, pero ha recuperado su sentido acudir a los juzgados ataviado de negro. Un juez puede instruir una causa penal de forma impecable y, sin embargo, quizá le expedienten, le aparten de su cargo y le sometan a las incriminaciones más absurdas. Deambular por la justicia española es divagar por tierras extrañas, y aunque vociferes, nadie te escuchará. Al menos nadie en el aparato judicial, porque la ciudadanía sí parece dispuesta a entonar un cántico de exigencia e indignación.

Escribo este libro para que los ciudadanos contemplen los afilados acantilados, las corrientes procelosas y la catadura de los manipuladores que, día tras día, adulteran nuestros juzgados, convirtiéndolos en un confeti de estériles imputaciones a personajes ilustres.

No he escrito este libro solo. De manera continua he notado el aliento ciudadano. También me han guiado el influjo de mi responsabilidad y la sensación de estar describiendo, más que nunca, las bocacalles y atolladeros que nos desvían de la verdad, entendida como el plato que debe servirse frío a los corruptores y sus títeres.

Esta obra continúa un relato que nunca debió truncarse en los juzgados. Y terminará cuando la ciudadanía sepa que, cuando un país se acuesta próspero y se levanta hundido, la pesadilla no acaba hasta que el mal sueño se narra por completo, señalando a sus causantes.

Madrid, 17 de diciembre de 2013

CAPÍTULO I DE CÓMO UN EXBANQUERO INGRESA EN PRISIÓN

EL DÍA EN QUE TODO COMENZÓ

Barras y números

Los asuntos judiciales se designan fría y numéricamente. Se divisan en el juzgado con ese aspecto grisáceo que ofrece la acumulación, el desorden y la indiferencia. Cuando tramitas miles y miles de diligencias penales cada año, careces de tiempo y territorios para marcar señas e hitos, nombres y pronombres. Las causas son números unidos por barras. Cada asunto pesa, y es preciso tramitarlo con celeridad para evitar retrasos y mayor carga de trabajo. A veces, los juzgados parecen animales de carga; pero no tiran de carros, sino de derechos e intereses. Interesante paradoja, que al final un asno porte las legítimas expectativas donde los ciudadanos depositan su noción de la Justicia.

En realidad, este libro presentará al lector múltiples paradojas. De hecho, su título bien pudo ser La Justicia española: una factoría de paradojas.

Hablaré sobre la vida diaria en un juzgado español, donde el trabajo se presenta de variadas maneras. La principal es cuando un caso llega a la mesa del juez. Lo minuta y después lo identifica mediante las diligencias judiciales oportunas, todas ellas con un número de orden, seguido de una barra y el año en curso.

Los diferentes procedimientos del juzgado reposan fríamente diferenciados por números y barras. Sin embargo, existen asuntos singulares, muy relevantes por su temática o intervinientes. Estas causas no se designan sólo numéricamente. Para nosotros, para quienes trabajamos en la Administración de Justicia, siguen siendo números: las diligencias 58/2010 o las 3173/2013. Sin embargo, para el resto de los mortales son el «caso Blesa» o el «caso Banco de Miami». Tras esos dígitos existen personas; pero como números, porque a los funcionarios judiciales nos es indiferente de qué o de quién se trata. Al menos así debería ser. Cuando determinado asunto interesa especialmente en el juzgado, suele atraer problemáticas indeseables.

Especies dominantes

Cuando una causa emerge como «especie dominante» en el darwinismo judicial, debemos considerar su denominación.

La designación «caso Blesa» es uno de tantos errores periodísticos. Reiteradamente, los medios de comunicación se han referido al caso Blesa cuando, en realidad, querían mencionar el «caso Banco de Miami». Pero ambos son asuntos judiciales diferentes. El primero son las diligencias previas 58/2010, y el segundo, las diligencias previas 3173/2013.

La denominación «caso Blesa» toma en consideración al exbanquero que entre los años 1996 y 2010 presidió Caja Madrid. En el «caso Banco de Miami», el expresidente no aparece en primer plano, que pasa a ser ocupado por una entidad financiera sita en Miami.

El 16 de mayo de 2013 cité a Miguel Blesa de la Parra para que declarase como imputado en el «caso Banco de Miami». Esta citación y el posterior desarrollo de la causa encendieron la atención de la opinión pública. Ese día, fue encarcelado.

El exbanquero había llamado de diversos modos a la puerta del proceso. Tan sólo cinco meses antes había pisado mi despacho para declarar, también como imputado, por las irregularidades en la concesión de créditos a quien fue presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán. A esta causa podemos llamarla, propiamente, caso Blesa. Precisamente en el transcurso de esta investigación se suscitó la compra del Banco de Miami. El impulso provino primero de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias. Después, el Banco de España aportó un informe que arrojaba luz sobre muchas irregularidades en el cumplimiento de los protocolos seguidos al adquirir el City National Bank de Florida (CNBF), localizado en la ciudad norteamericana de Miami. Nunca solicité este informe al Banco de España.1 Lo remitió al juzgado por iniciativa propia junto con otra documentación que sí se había requerido. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿para qué?

Estudié muy detenidamente el citado informe del Banco de España, y decidí iniciar una investigación independiente en relación con la compra del Banco de Miami (CNBF). Lo aclarado por el Supervisor fue de gran alcance. Fechado el informe en 2010, se difundió ampliamente por numerosos medios de comunicación. Blesa compró el 7 de noviembre de 2008, en medio de una crisis financiera galopante, el CNBF. Según los inspectores del Banco de España, la compra se realizó con un sobreprecio de unos 500 millones de euros, un 100 % por encima del precio considerado más adecuado para la operación.

La adquisición comienza ejecutándose por 927 millones de dólares; es decir, 618 millones de euros. Tal importe suponía el 83 % del capital social de City National Bancshares, entidad propietaria, a su vez, del CNBF (a partir de ahora, Banco de Miami). A ello debe agregarse un contrato de garantía call and put a favor tanto del vendedor (Leonard L. Abess, presidente del Banco de Miami) como de la compradora (Caja Madrid Cibeles). Este contrato se aplicaba sobre el 17 % restante de la operación, suponiendo 190 millones de dólares. En suma, el precio de la compra fueron 1.117 millones de dólares. En el momento de la operación, la crisis financiera mundial ya mostraba su peor cara, especialmente en el estado de Florida y la ciudad de Miami.

Según el informe del Banco de España, recogido en varios periódicos nacionales, la operación se fraccionó para eludir el control previo, preceptivo y vinculante de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. La compra debió concentrarse en un solo pago; pero, de este modo, Caja Madrid hubiese debido contar con la autorización de la Comunidad. Y es un hecho que la entonces presidenta, Esperanza Aguirre, era muy contraria a que Caja Madrid se expandiera internacionalmente.

El Banco de España informó que entidades como el Banco Sabadell o el Popular, por ejemplo, habían comprado bancos en Estados Unidos por precios significativamente inferiores. De hecho, la Office of the Comptroller of the Currency (OCC), supervisora del sistema financiero de los Estados Unidos, advirtió de «déficits muy relevantes en la supervisión del equipo directivo de la entidad, de cara a la debilidad económica general, sin que esté implantada estrategia viable de negocio», con un «alto y creciente riesgo estratégico».

Ante estos elementos e indicios probatorios, me vi obligado a deducir testimonio e incoar nuevas diligencias previas, 3173/2013, enteramente independientes de las anteriores diligencias 58/2010.

El señor Josef K.

En una famosa obra del escritor Franz Kafka, El proceso, su protagonista, Josef K., es un personaje inmerso en la culpa existencial. Su culpabilidad, calculada de antemano, es oscura y general. No se relaciona con hechos ni con acusadores concretos. De Josef K. lo ignoramos casi todo, salvo que es empleado de banca. Una mañana le detienen sin ninguna razón especial. La novela entronca con el absurdo de la culpa entendida como pecado original. Se ignora de qué delitos y hechos se acusa al señor K. Tal inconcreción le deja indefenso. «Yo no he hecho nada malo», podría alegar. Pero esta muralla habría de abarcar toda su vida. No hay quien proteja una fortaleza tan vasta. En cualquier tramo, los asaltantes irrumpirían con algún reproche. Por estos motivos el proceso contra el señor K. es una «causa general». El señor K. responde por el mero hecho de existir.2

En su novela El hombre que quería ser culpable, el escritor Henrik Stangerup forja otro personaje, Torben, muy relacionado con la culpa.3 Este acusado sí conoce el delito que ha cometido: mató a su mujer en un arrebato pasional. Las autoridades le tratan con excesiva comprensión, mientras él clama por confesarse culpable. A diferencia de Torben, Josef K. ignora por completo lo que se le imputa. Quizá se le detuvo por sus condiciones de vida insignificantes. Era un simple empleado de banca, un necio llamado a declarar ante un juez no menos necio.

El 16 de mayo de 2013, Miguel Blesa de la Parra no fue llamado al proceso como el señor K. en El proceso de Kafka. Blesa no fue citado simplemente porque alguien hubiese hablado mal de él. Tampoco por culpas que él nunca pudo imaginar. Su presencia en el Juzgado se relacionaba con actividades de gestión bancaria que había venido ejerciendo durante años. Cuando se compró el Banco de Miami, Blesa era presidente de Caja Madrid. Si hubo irregularidades en esa adquisición, cualquiera podría suponer que Blesa tendría algo que decir.

Tampoco se le trató como al señor Josef K. cuando éste preguntó a la policía por qué se le arrestaba y le contestaron: «No nos han encargado que se lo digamos. Vaya a su habitación y espere. El proceso acaba de iniciarse y se enterará de todo a su debido tiempo». Blesa sabía por qué comparecía en el Juzgado, defendido por abogados de máximo prestigio. La acusación al señor Josef K. era telescópica, general: abarcaba toda su vida. En cambio, la de Blesa fue microscópica, singular: se centró en su gestión bancaria. Más en concreto, se le interrogaría sobre la compra de un banco en Miami.

Blesa en el Congreso de los Diputados

En noviembre de 2012, el exbanquero ya había comparecido en el Congreso de los Diputados para justificar la adquisición del Banco de Miami.4 Dijo literalmente que «el conocimiento del negocio en la región impulsó» la toma de esta decisión, inicialmente pensada como participación pero que, dos años más tarde, se convirtió en toma de control total. Según recogieron los medios en aquel entonces, Blesa defendió, en la Comisión de Economía, una operación a la que Caja Madrid destinó 1.117 millones de dólares para hacerse con el que, en ese momento, era el sexto mayor banco privado del estado de Florida. Según el exbanquero, la operación se enmarcaba en una estrategia de «impulso» a la banca de negocios de la Caja, así como de diversificación de sus fuentes de ingresos, «tanto en cuanto a su naturaleza jurídica como a su localización geográfica».

Sin embargo, tal comparecencia en absoluto satisfizo a la mayoría de los diputados. Buena parte de la opinión pública posiblemente se preguntase sobre el don de la intocabilidad. Pero no respecto de jueces, fiscales o policías «intocables», sino acerca de las personas influyentes en nuestro país.5

No en vano, el diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón se quejó del formato elegido para depurar responsabilidades políticas sobre la crisis financiera. Las comparecencias del exbanquero siguieron el régimen general previsto para la Comisión de Economía del Congreso. Sin la menor duda, no se trataba del mecanismo de control parlamentario más adecuado. Debiera haberse creado una comisión de investigación. Así lo solicitó toda la oposición; y se rechazó, sin más, por la mayoría de rodillo del Partido Popular.

El signo político del asunto era evidente. Quedaba claro. El partido en el Gobierno no quería profundizar. ¿Por qué?

Como subrayó un diputado del Partido Nacionalista Vasco, Pedro Azpiazu, sin cambiar el formato de las comparecencias «no merecería la pena seguir con este tipo de reuniones». Estaba servida la politización de la gestión financiera de Caja Madrid, y además el desaliento e impotencia de la oposición. Gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, el Congreso no investigaría la gestión de Blesa, ni su hipotética relación con la «catástrofe bancaria» en España.6

La citación del 16 de mayo de 2013

¿Para qué cité a Blesa en el seno del caso Banco de Miami? En primer lugar, para dilucidar parte de lo que no se esclareció en el Congreso. Además, el exbanquero era la máxima referencia personal en una entidad claramente «presidencialista» como Caja Madrid. Finalmente, hay que tener en cuenta que, salvo justificaciones especiales, los jueces debemos brindar al imputado la oportunidad de declarar cuanto antes, por si fácilmente pudiera liberarse de la sombra de imputación, la denominada «pena de banquillo». En mis instrucciones suelo citar al imputado en primer término. Así, cuando los supuestos indicios de criminalidad son fácilmente descartables, pongo fin cuanto antes a la carga de soportar un procedimiento penal, que pudiera prolongarse durante años.

Al fin y al cabo, la instrucción por el Banco de Miami acababa prácticamente de empezar. En ese momento, el círculo de posibles indicios de criminalidad contra Blesa gravitaba, esencialmente, sobre el contenido del informe del Banco de España al que me referí anteriormente. El Supervisor lo aportó «por iniciativa propia», en el marco de las diligencias 58/2010, sobre un crédito concedido a Díaz Ferrán por Caja Madrid (caso Blesa). Sin la menor duda, fue muy significativo que el informe se enviase a mi Juzgado de oficio. Pero no es menos cierto que el caso Blesa ya versaba sobre gestión bancaria criminalizada en la concesión de créditos. Esta indiciada administración desleal, en cierto modo, brindaba un hilo conductor a posibles irregularidades penales en la compra del Banco de Miami. Nubarrones de mala gestión ya se orientaban sobre Blesa.

Un detalle de tal magnitud no puede pasarse por alto. Esta colaboración tan unilateral del Banco de España, con toda seguridad, debía fundarse en poderosas razones. El diáfano texto del informe dejaba dos caminos abiertos a Blesa. Cabía la posibilidad de que facilitase una explicación, esclareciendo lo sucedido en torno a la compra del Banco de Miami. El sobreseimiento de la causa estaría asegurado. Blesa se liberaría de la imputación y mi Juzgado aún más, pues la carga de trabajo ya era insoportable. La segunda opción era que Blesa no salvara las irregularidades expuestas en el citado documento, lo que dejaría muy comprometida su posición en el proceso.7

Hemos visto que Blesa no se hallaba en la situación del señor Josef K. en la novela El proceso de Kafka. Lo paradójico es que yo sí.

El juez expedientado

Justo cuando reinicié la investigación sobre Miguel Blesa, los expedientes disciplinarios comenzaron a sobrevolar mi juzgado. El exbanquero sabía para qué, por qué, en qué condiciones y en relación con qué circunstancias de tiempo, lugar y gente comparecía en el Juzgado. Pero, al mismo tiempo, el instructor ignoraba el significado y alcance de un conjunto inusitado de eventos que le afectaban. Asediaban al juez como el calor del estío cuando supera los cincuenta grados centígrados y el viandante ya no sabe si el sofoco proviene del cielo, del suelo o de los muros circundantes. Me habían expedientado, reprochándome faltas ridículas y tergiversadas. Con imputaciones así cabría expulsar de la carrera judicial a todos los jueces. Eran acusaciones banales, relativas, por ejemplo, a que cuatro resoluciones de mera absolución y sobreseimiento no se habían motivado suficientemente. Además, todas eran inciertas o manifiestamente falsas. Irregularidades y nulidades se extendían como la mala hierba por el expediente, que pugnaba en carrera veloz con la instrucción de los casos Blesa y Banco de Miami. El Juzgado se hallaba enrarecido. Se estaba manipulando a parte de la plantilla contra el juez.

Por aquellas fechas ya se habían publicado noticias falsas sobre un supuesto desahucio que nunca padecí. Fue el Consejo General del Poder Judicial quien sí me desahució. Por motivos que no entendí, en diciembre de 2012 el Consejo acordó que mi Juzgado fuese de nuevo inspeccionado. Sucedió pocos meses después de que yo reaperturase el caso Blesa. La nueva inspección carecía de sentido. Apenas un año antes, mi Juzgado había sido inspeccionado muy satisfactoriamente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pero a partir de diciembre de 2012, la situación de mi Juzgado giró 180 grados. Tres funcionarias comenzaron a cuestionar mi forma de trabajar. Nunca antes lo habían hecho. Dos fiscales destacadas en el Juzgado me denunciaron basándose en rumores e infundios. Sólo el secretario judicial y dos funcionarios se mantuvieron relativamente firmes frente a estos manejos.

En suma, a partir de la reapertura del caso Blesa, mi Juzgado y yo cambiamos, éramos diferentes, como el día y la noche. Todo mutó a mi alrededor. Todo giró drásticamente. El sur se me puso al norte, y yo ignoraba qué constantes gravitatorias provocaban semejante alteración.

Con el tiempo, las correlaciones se fueron haciendo evidentes. Cualquiera podía advertir la dinámica de estas rotaciones inesperadas: la instrucción de los casos Blesa y Banco de Miami. Elpidio José Silva era el señor Josef K. Trabajaba enredado en una telaraña de imputaciones, sin orientación ni origen previsible. El objetivo era enmarañar. La madeja embrollada era una garantía: cada vez sería más difícil desenredarla.

El 16 de mayo de 2013, cuando compareció el imputado Blesa en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, el juez instructor del caso ya se hallaba expedientado.

No conocía exactamente qué se me imputaba, tampoco qué novedad se advertía en mi forma de trabajar. Nada se me había reprochado antes. ¿Por qué ahora? A esas alturas, para mí era evidente: mi expediente disciplinario se acoplaba con la instrucción del caso Banco de Miami.

LA PRISIÓN Y LA FIANZA

Durante el interrogatorio, Blesa se acogió parcialmente a su derecho a no declarar. No contestó ni a las preguntas del abogado de la acusación ni a las mías. Sólo respondió a su abogado y al fiscal. Este último no le preguntó nada.

Cuando un juez instructor interroga a un imputado, sobre todo en asuntos complejos, espera que le ofrezca explicaciones razonables que a lo mejor permitan archivar la causa. Existen casos donde tal expectativa es escasa porque el delincuente presenta tremendos indicios de incriminación. Por ejemplo, si alguien acuchilla a una persona ante numerosos testigos, al juez le costará pensar que la conducta del acuchillador estaba justificada. Pero este tipo de evidencias nunca rodean a los delitos económicos. No se imputan delitos de sangre, o cuya comisión se encuadre llamativamente. Cabía esperar que el exbanquero ofreciese explicaciones claras, sencillas o al menos fundadas, que permitiesen sobreseer la causa. No lo hizo. Sólo respondió a su abogado. Las preguntas y respuestas no justificaron nada. El interrogatorio no salvó sino que empeoró los reproches, vía informe, del Banco de España. La prisión preventiva fue inevitable.

El ingreso de un ciudadano o ciudadana en prisión siempre incorpora un altísimo grado de responsabilidad. Por más que judicialmente sean decisiones usuales, se sopesan con mucho detenimiento. En los juzgados llamamos «causa con preso» a aquella en la que existen imputados encarcelados, precisamente por hechos perseguidos en esa causa. Cuando ingresé a Blesa en prisión, mi Juzgado sólo tramitaba seis «causas con preso». No soy un juez que abuse de las medidas cautelares. Menos aún de la prisión preventiva. En el caso de Miguel Blesa de la Parra examiné con especial atención los indicios para encarcelarle. Ahora bien, no puedo explicitar tales indicios por respeto a un elemental deber de reserva.8

La acusación popular Manos Limpias, que inició mediante denuncia el caso Blesa, me solicitó el ingreso en prisión bajo fianza de tres millones de euros. Esta circunstancia determinó mi decisión. No me pareció proporcionado el encarcelamiento sin más, teniendo en cuenta que la acusación me solicitaba prisión «bajo fianza». Tampoco me pareció adecuado sobrepasar la suma solicitada por la acusación. La ley no me impone tales cautelas, pero me parecieron elementales para preservar los derechos del imputado. Sin embargo, no soy partidario de relacionar medidas privativas de libertad y capacidad económica del afectado. De hecho, en mi dilatada trayectoria judicial creo que por primera vez acordaba una prisión bajo fianza.

En la novela Los Buddenbrook, el escritor Thomas Mann narra el esplendor y los fracasos de una compleja familia alemana. En un momento de la narración, Tony Permaneder (de soltera, Buddenbrook) se reúne con su hermano y patriarca de la familia, el senador Thomas Buddenbrook. Así narra Thomas Mann cómo Tony intercede a favor de su yerno, Hugo Weinschenk:

La señora Permaneder iba por la Breite Strasse caminando a toda prisa. Su actitud descompuesta resultaba sospechosa [...] tan sólo conservaba un atisbo de aquella dignidad que normalmente envolvía su figura [...].

Tras llamar a la puerta con gran nerviosismo, cruzó el pasillo para entrar en las oficinas [...] localizó al senador al fondo [...] y le hizo un gesto con la cabeza tan desesperado que Thomas Buddenbrook soltó la pluma de inmediato y salió a su encuentro.

—¿Qué sucede? —preguntó [...].

—Tom —dijo ella con voz temblorosa, retorciéndose las manos bajo el manguito de piel—, tienes que poner la fianza tú..., de manera provisional..., tienes que poner tú el dinero, por favor. Nosotros no lo tenemos. ¿De dónde íbamos a sacar ahora veinticinco mil marcos? [...]. En resumen, el proceso ha llegado a un punto en el que Hagenström solicita el ingreso inmediato en prisión o una fianza de veinticinco mil marcos [...].

—[...] ¿Tú sigues creyendo en su inocencia?

—[...] ¡Aunque haya cometido un delito! [...] ¡No lo hizo para llenarse sus propios bolsillos, sino por el bien de su empresa!9

Hugo Weinschenk, el agente de seguros emparentado con la prestigiosa familia alemana de Los Buddenbrook, no pudo reunir 25.000 marcos y se pasó dos años en prisión. Pero Blesa, en menos de 24 horas, dispuso de dos millones y medio de euros para pagar la fianza que le impuse. Por circunstancias como ésta, nunca antes yo había acordado una prisión bajo fianza.

El ingreso de un imputado en prisión preventiva es la resultante de variadas circunstancias. No se trata sólo de que pesen indicios de criminalidad. También es muy relevante evitar que el imputado manipule, a su favor, diligencias de prueba. Además, debe correlacionarse el riesgo de fuga y la pena pronosticable para los delitos imputados. Finalmente, no cabe obviar que el proceder del letrado de la defensa condicionará a veces la decisión. Imaginemos un interrogatorio insustancial, en el que las respuestas dejen en evidencia al cliente y resalten la consistencia del proceso. Estos errores del letrado pueden enviar al cliente a un centro penitenciario. Además, por consejo de su abogado, el imputado puede aportar documentos justificativos de su inocencia. Imaginemos que esta documentación, aun siendo fácil de obtener, no se trae al proceso: se tambaleará la inocencia.

Manos Limpias denunció las irregularidades en la compra del Banco de Miami en diciembre de 2012. Blesa compareció en el Juzgado el 16 de mayo de 2013. Dispuso de unos seis meses para justificar su inocencia. La gestión bancaria deja, además, un tremendo rastro escrito. Cuando un imputado ha obrado de forma apropiada, lo demostrará sin apenas esfuerzo con toda clase de notas, documentos y correos corporativos.

LOS JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE CASTILLA

El 16 de mayo de 2013, los rostros de los funcionarios del Juzgado de Instrucción número 9 tenían un aire especulativo. Apenas conversaban; no se oía el menor comentario. No podía saberse si la seriedad de los semblantes y las miradas esquivas delataban miedo, indolencia o responsabilidad.

Los Juzgados de Instrucción de plaza de Castilla se emplazan, desde hace más de cuarenta años, en un edificio caduco. El mármol de suelos y paredes se encuentra ajado por pisadas y roces. Los pasillos, a cuyos márgenes se abren los accesos a los Juzgados, desconocen la luz directa. No están ventilados. A alguien se le ocurrió que era suficiente un ventanal a cada extremo en corredores de más de cien metros. En su tramo central, donde se localiza la escalera principal y ascensores de acceso a cada planta, el acristalamiento deja ver un gran solar inútil. Bastan varias decenas de personas para que el espacio se enrarezca. Nunca corre aire limpio. El descolorido aspecto general es una gran metáfora de cuanto sucede en la sede de los Juzgados. En pocas ocasiones el semblante de un edificio es tan buen espejo del funcionamiento de un servicio público. Cuando un ciudadano gasta tiempo aguardando en estos corredores, puede que el desasosiego le embargue y anticipe consecuencias imprevisibles. Quiero pensar que esta atmósfera acostumbrada no sorprende a los letrados y peritos, pero les abochorna, aunque no se confiese. Los que trabajamos en tales condiciones no solemos reconocer que estos edificios nos retratan, como un hermano mellizo al otro.

En los Juzgados de plaza de Castilla es como si todos los usuarios cumpliesen pena de banquillo. Letrados procuradores, víctimas, testigos y demás ciudadanos y ciudadanas ocupan los mismos asientos de madera que los imputados y acusados. La pena de banquillo es, así, un tanto universal. Sin corrientes de aire fresco, sin apenas climatización, sin ventanas ni espacio suficiente, son instalaciones pensadas para personas de determinada extracción social. Se piensa en quienes puedan adaptarse a las incomodidades de un lugar con algo de sumidero.

Cuando altos directivos del sector privado comparecen en lugares como el descrito, la disonancia es, al menos, estridente. El propio edificio discrepa. Los protagonistas tal vez no adviertan el trasfondo de lo que sucede. A nadie se le ocurre reflexionarlo muy seriamente. ¿La Justicia, en verdad, debe comportarse igual con todo ciudadano? En el fragor de un trabajo plomizo, la experiencia es disonante, pero mientras la vives no sabes de dónde provienen los sonidos inarmónicos.

En estas situaciones se me ocurre que la Justicia es una maquinaria de dolor, una pain machine que no parece nuestra, sino importada con defectos inaceptables. O a lo peor, se trata de una mecánica muy nuestra e inquisidora. No en vano, por esas extrañas sintonías entre las lenguas, la denominación de España en inglés —quizá por sustraer nuestra orgullosa ñ— nos expresa una emoción de «dolor». La Justicia española como máquina de dolor no encaja con la posición social de quienes rigen, o han regido, el sector financiero de nuestro país.

Los grandes delincuentes del Derecho Penal Económico suelen ser personajes destacados, con un relevante estatus económico y muy reforzados en su entorno social. Para estos imputados ilustres desplazarse a las instalaciones judiciales de plaza de Castilla implica denigración.

No es difícil aventurarlo. Si en los Juzgados de plaza de Castilla continúan ventilándose asuntos emergentes del Derecho Penal Económico, las instalaciones se modificarán o desplazarán a un edificio más glamuroso. Los protagonistas judiciales de alto standing requieren ser citados en lugares acordes a su posición, donde no resalten diferencias escénicas tan grandes entre sus incómodos episodios judiciales y su ambiente de negocios. La Audiencia Nacional sintoniza más con este tipo de delincuentes.

LOS CONTEXTOS DEL 16 DE MAYO DE 2013

Cuando el 16 de mayo de 2013 cité de urgencia al imputado Miguel Blesa, se despertó una gran expectación. La denuncia inicial del sindicato Manos Limpias se había presentado en el año 2010. Pero, durante dos años, la causa estuvo sobreseída, es decir, temporalmente archivada por falta de pruebas, con el escrito durmiendo en los archivos judiciales. En 2012, el colapso de Caja Madrid era un hecho tan incontrovertible como ausente de explicaciones. No tuve más remedio que reaperturar el caso Blesa. Recordé la denuncia que Manos Limpias presentó en 2010, la relacioné con el notorio e inexplicable hundimiento de la Caja y con una segunda denuncia del sindicato a mediados de 2012, reiterativa de las irregularidades advertidas en la entidad a la hora de conceder créditos. Es cierto que en el año 2010 no vi suficientes indicios de criminalidad, pero a mediados de 2012, el contexto había cambiado drásticamente. Manos Limpias había denunciado de nuevo, y la cuarta entidad crediticia del país definitiva e inexplicablemente había colapsado. Por si fuera poco, uno de los imputados, Díaz Ferrán, se hallaba encarcelado por la Audiencia Nacional. Por cierto, la principal imputación contra el expresidente de la CEOE (alzamiento de bienes) se relacionaba con el quebranto de Marsans, entidad pretendidamente garante de los irregulares créditos de Caja Madrid al empresario, a la sazón miembro del Consejo de Administración de la entidad. La tercera denuncia de Manos Limpias versaba sobre la compra del Banco de Miami por Caja Madrid. Se formuló en diciembre de 2012, ya reaperturado el caso Blesa.

Esta vacilante marcha de un asunto judicial no es, desde luego, un ejemplo de celeridad. Cuando al fin decidí citar a Blesa como imputado, me pareció aconsejable acelerar la marcha del proceso, sobre todo si se tiene en cuenta el enorme trasfondo económico del asunto.

Preguntas sin responder

Las cajas de ahorros han sufrido pérdidas de, al menos, decenas de miles de millones de euros. España ha entregado a la Banca no menos de doscientos mil millones de euros. A estas enormes pérdidas deben sumarse los intereses de la deuda. No está claro si seremos capaces de devolver la deuda soberana. Para algunos expertos, nuestro PIB no crecerá nominal y anualmente en porcentaje suficiente para pagar los intereses de la deuda.10 Estas coordenadas han penetrado en el bolsillo, los servicios públicos y nuestras expectativas de empleo. Estamos soportando una reducción de salarios, una severa reforma laboral, despidos en cascada, reducción de nóminas funcionariales, congelación de pensiones, una miserable oferta de empleo público, copago sanitario y recortes universitarios. El Estado ha practicado una transfusión de unos doscientos mil millones de euros a favor de las entidades financieras en crisis. De esa cantidad, cuarenta mil millones de euros son irrecuperables. Seguramente el resto de los fondos empleados no retornarán al erario público.

Una deuda estrictamente privada se ha convertido en deuda pública. Podemos llamar a este fenómeno «publificación de la deuda privada». Esta tremenda asunción por parte del Estado de obligaciones de naturaleza estrictamente privadas no ha sido, en absoluto, explicada a la sociedad española.

¿Por qué tiene el Estado que asumir deudas privadas? ¿Cuál es la responsabilidad del Banco de España en todo esto? ¿Por qué el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no se negó a que el Estado absorbiese deuda privada? Si no intervenía el Estado asumiendo deuda privada, ¿realmente pudo hundirse todo el sistema financiero? ¿Es legítima la transformación de la deuda, y que cargue el Estado con errores del sector privado? ¿Debemos todos los ciudadanos soportar en nuestros salarios y pensiones los errores de unos cuantos?

En el año 2007, nuestra deuda pública era inferior al 40 % de nuestro PIB. En el año 2010 se aproximó al 60 % del PIB. En agosto de 2013, mientras escribo estas líneas, la deuda pública ha alcanzado el 90 % del PIB. Sólo en el mes de junio se ha incrementado en 6.400 millones de euros.

Nadie ha explicado a la sociedad española cómo, por qué y para qué nuestra deuda soberana se ha incrementado de manera tan galopante. El Estado, nuestro Erario Público, soporta el peso de una deuda originariamente privada. Ello es tanto como decir que directa o indirectamente la pagaremos todos los ciudadanos.11

En semejante contexto, cualquier sociedad entraría en estado de shock. La española no ha sido una excepción. Este escenario enmarcaba el 16 de mayo de 2013, cuando un exbanquero fue citado a declarar.

Caja Madrid había adquirido en el año 2008 una entidad radicada en Miami, el City National Bank of Florida. La cuestión era esclarecer si tal compra, bajo las circunstancias concurrentes, constituía un delito societario de administración desleal. La citación de un imputado como Blesa despertó enorme expectación. Incluso podría decirse que iba acompañada de un apreciable «estado de alarma». La sociedad española estaba noqueada ante el panorama económico descrito. El exbanquero presidió durante casi quince años la cuarta entidad financiera de España, un país que llegó a ser la octava potencia económica del mundo. La presidencia se ejerció en un período clave: entre los años 1996 y 2010, justo donde debemos escarbar las causas de nuestro colapso económico.

Nunca hubo causa general

Obviamente nunca se podrá atribuir a una sola persona la responsabilidad de nuestro desastre económico. Pero todo camino, por muy largo que sea, comienza por un primer paso. Se trataba de indagar aspectos concretos en la gestión financiera de Blesa. Debían esclarecerse posibles infracciones muy graves de elementales protocolos bancarios. Si tales incumplimientos en absoluto se detectaban, se archivaría la causa. De no ser así, habría que iniciar una profunda investigación sobre la gestión bancaria al frente de la entidad.

Así se ha comportado siempre el Derecho Penal en el marco del proceso criminal. Imaginemos una persona que realiza continuamente determinada actividad, por ejemplo, vender medicamentos. Cuando advertimos que los ha vendido caducados, es preciso indagar si estamos ante un proceder aislado o si el farmacéutico viene obrando así desde hace tiempo. Tal criterio sirve para cualquier conducta que se haya desplegado de forma continuada. Por ejemplo, alguien comete muy reiteradamente delito societario administrando una entidad con deslealtad. Para iniciar la instrucción conforme a tal hipótesis, debemos comenzar por actuaciones concretas. He aquí el centro de la investigación del caso Banco de Miami: se sometía a examen la compra de una entidad financiera. Nunca se trató de una causa general. Igual sucedió con el caso Blesa: se analizó determinado crédito concedido a Díaz Ferrán.

Imaginemos que se imputan a alguien lesiones por motivos xenófobos. Desamparamos procesalmente a este imputado cuando no le especificamos las circunstancias de personas, tiempo o lugar donde pudo cometer tales delitos. Contra acusaciones tan amplias no hay quién se defienda. Nos recuerdan la del señor K. El expediente disciplinario que me incoaron mientras instruía el caso Blesa sí contenía un reproche muy disperso. Me acusaban, genéricamente hablando, de desasistir el Juzgado. Nunca se estableció claramente en qué consistía tal supuesto abandono del Juzgado. Ni siquiera cuando me sancionó el Consejo General del Poder Judicial se aclaró la imputación. Pero ni el caso Blesa ni el caso Banco de Miami se basaron en tales desviaciones.

Alarma social y gas mostaza

La alarma de una sociedad por un asunto es directamente proporcional a la forma en que el mismo le afecta en su día a día. A casi nadie inquieta la posibilidad de que en un experimento biológico mute una bacteria y ésta pase a ser letal. Aún menos personas temen que un meteorito colisione con su casa. Surge alarma cuando un evento se cuela en nuestra vida diaria condicionando las vacaciones, la alimentación o si podremos pagar o no los libros de texto de nuestros hijos. Una problemática así se te pega a la vida como una sanguijuela del desasosiego. La crisis financiera está provocando alarma en toda la sociedad española. Quienes pudieron haber cometido delitos relacionados con el origen de tal crisis deberían ser investigados con celeridad, en relación proporcional con el estado de alarma instalado en España. Sin duda, este desasosiego general inflamó el caso Banco de Miami y condujo a la citación de urgencia del 16 de mayo de 2013.

Ahora bien, nuestra Justicia no goza de gran experiencia en la investigación de delitos económicos. Nuestro proceso penal no se acopla a tramas complejas u operaciones financieras de largo alcance, bajo implicaciones de organigrama, de protocolos corporativos o de evaluaciones muy técnicas sobre la noción de riesgo. Los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional gozan de mayor experiencia en la investigación de delitos económicos. Pero su número es claramente insuficiente y su atasco, clamoroso. En muchas ocasiones, incluso, interesa al imputado que el asunto acabe en uno de esos seis juzgados. Su enorme carga de trabajo garantiza un funcionamiento lento de la Justicia y, con un poco de suerte, la prescripción de los delitos.

La gran reacción ante la prisión de Blesa expresa el estado de alarma de nuestra sociedad. El encarcelamiento se experimentaba como el primer ajuste de cuentas con posibles tramoyistas de nuestra crisis económica. Además, se liquidaba un prejuicio: que en los Juzgados de plaza de Castilla sólo se instruye sobre cuchilladas, peleas entre cuñados o casos similares.

Un juzgado español es un organismo complejo y caduco donde conviven malformaciones con la dedicación al servicio. Por cierta dinámica de compensación, la normalidad se incrementa conforme aumentan las malformaciones. Tres meses antes de la prisión de Blesa se me envió un aviso expedientándome. Poco antes de su citación como imputado, se actualizó la advertencia. Ya no fue una voz, sino un golpe en la espalda. Todos los funcionarios de mi Juzgado fueron citados atropelladamente el mismo día para sonsacarles información sobre mí. Se había conseguido que dos fiscales faltasen a la verdad sobre mi dedicación al Juzgado. Contra una de ellas tuve que querellarme por sus falsos testimonios. Pero, sin perjuicio de estas malformaciones, el 16 de mayo de 2013 trascendió cierto sacrificio en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. Ni siquiera paramos en el almuerzo y las actuaciones se prolongaron hasta las 8 de la tarde. Ese día convivieron en mi Juzgado el gas mostaza que propagó la Inspección del Consejo, junto con la dedicación de funcionarios que no tuvieron más remedio que proceder como correspondía.

MANUAL DE ACOSO DISCIPLINARIO (MAD)

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un organismo llamado a salvaguardar la independencia de los jueces, se dedicó a bloquearme. Explicar cómo te afecta algo así no es fácil. El órgano de los jueces no me apoyó con algún refuerzo de personal, como sí ha sucedido en otras causas complejas. Valga el ejemplo reciente del caso Madrid Arena sobre la muerte de cinco jóvenes en una discoteca de Madrid durante la noche del 31 de octubre de 2012. El CGPJ tampoco se interesó por la buena marcha del caso Blesa. Pero se apresuró a expedientarme inmediatamente después de reaperturarlo.

Parte del misterio de El proceso es el modo en que se ocultan los sentimientos del protagonista. ¿Qué se siente cuando uno se ve encerrado entre las paredes invisibles de acusaciones genéricas y metafísicas? Para mí ya no es un misterio. Como interesante paradoja, el señor K. no era juez sino empleado de banca, precisamente de banca. No sé cómo hubiera reaccionado Kafka si se le hubiese sugerido una nueva novela. En la propuesta, el mediocre empleado bancario ascendería. El nuevo protagonista, un juez español, sufriría los estragos de acusaciones desconcertantes. El señor K. sería ahora el presidente del banco y testificaría contra el juez en una denuncia con autores e imputaciones desconocidas. No es un escenario tan de ficción. La realidad de los hechos roza tanto el absurdo que la Fiscalía, incluso, se ha querellado contra mí por la supuesta comisión de un delito de prevaricación, consistente en que decretase la prisión de Blesa. El sinsentido llega hasta tal punto que, en la actualidad, soy yo quien está imputado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mientras el exbanquero se considera perjudicado y ha podido declarar como testigo contra mí. Además, se trata de una testifical muy especial. Blesa no está obligado a decir la verdad respecto de todo lo que se le pregunte, sino exclusivamente en relación con lo que pueda perjudicarme. Este hermafroditismo procesal, por sí solo, raya en la tragicomedia. Cuando se pregunte al exbanquero sobre hechos que pudieran afectar a su imputación en los casos Blesa o Banco de Miami, no está obligado a responder. Esta carga sólo afectará a preguntas relacionadas con los pretendidos perjuicios que sufrió como consecuencia de que fuese encarcelado.

Especulaciones aparte, estar expedientado disciplinariamente implica elaborar informes y contestar a quejas. Deberás mantenerte atento al correo corporativo, por si te notifican nuevas resoluciones. Te verás obligado a buscar abogados y comparecerás ante instructores para declarar de forma estéril, porque seguramente ya tendrán adoptado un criterio prejuicioso. Volverás a reunirte con abogados, y todo, y mucho más, para nada. Es desolador. Los trámites irán tomando forma y la montaña de miles de folios te sugerirá las dificultades de los alpinistas. Todo ello engrosa un manual, un protocolo de procedimientos retorcidos. Lo que se pretende es enmarañarlo todo, inventar verdades o infundios que propaguen correveidiles, denegar la práctica de toda clase de pruebas que favorecerían al expedientado, y sancionar conforme a los infundios.

Un expediente disciplinario termina siendo una madeja de lana sucia que teje la vida del expedientado. Si me hubiese faltado convicción, la instrucción de los casos Blesa y Banco de Miami hubiera pasado a un plano muy secundario. Pude ser más tibio, sin apenas esforzarme por conocer la realidad de lo sucedido en relación con estos asuntos. No es fácil reconocer la situación. Un juez intenta dilucidar un asunto crucial evaluando conductas de gestión bancaria en el sector financiero. Sabe que esta realidad nos quema. Los españoles necesitamos saber cómo es posible que hayamos pasado de ser un país próspero, la octava potencia económica del mundo, a convertirnos en una nación quebrada. España no era una marca, sino un país en crecimiento. Y ahora, como es propio de las marcas, vamos pasando de moda. El juez instructor, partiendo de hechos muy concretos, investiga en la gestión bancaria de Caja Madrid posibles causas de este descalabro. Pero ve su proyecto profesional truncarse por madejas de malolientes obstrucciones. Mientras tanto, nuestras instituciones se siguen deshaciendo en la podredumbre. Y los casos de corrupción van sepultando al país en la vergüenza y la indignación ciudadana.

En el uso del Manual de Acoso Disciplinario (MAD), el órgano que regula la carrera judicial me imputaba que no había fundamentado cuatro resoluciones judiciales. Dicto miles de providencias, autos y sentencias al año. Cuando me reprochan falta de fundamentación en cuatro de unas veinte mil resoluciones anuales, la desproporción salta a la vista. No digamos ya si se califica la supuesta infracción como falta «muy grave». Tal infracción puede conllevar, incluso, la separación del servicio, pasando por una suspensión de empleo y sueldo, o un traslado forzoso. Bajo este prisma espeluznante, todos, absolutamente todos los jueces de nuestro país seríamos expulsables de la carrera judicial. Resulta insensato concluir que en la judicatura cometemos faltas muy graves cada vez que no motivamos con suficiencia las resoluciones o cada vez que las revocan. Así, en poco tiempo nos quedaríamos sin jueces. Tal vez no sería mala idea para renovar por completo la carrera judicial. El problema es que mi expediente disciplinario no pretendía renovar nada, sino amedrentar y separarme de la instrucción de los casos Blesa y Banco de Miami.

LA GESTIÓN BANCARIA: ARQUETIPOS Y VENTAJAS

Torres inclinadas

Nunca sabré si el ambiente enrarecido del 16 de mayo respondió a la relevancia de los hechos que se instruían. Quizá también se debiese a que los protagonistas se hallaban en un Juzgado del común. Comparecer a declarar, en calidad de posible administrador desleal de la que fue cuarta entidad financiera de España, puede carecer de proporción si en la misma sala, horas antes, se ha celebrado un juicio de faltas porque un perro mordió a una anciana.

Tras los ventanales de la sala de vistas de mi Juzgado se divisan las torres de Bankia. Es una presencia subliminal. En realidad son edificios inacabados. No me evocan las torres inclinadas Asinelli y Garisenda,12 que me encontraba a diario en Bolonia en los tiempos en que redactaba mi tesis, cuando pensaba que dedicarme al derecho contribuiría a mejorar la sociedad. La decadencia y la inclinación humanizan. Pero una torre alzándose hasta donde la imaginación ambiciona me parece artificioso. Cuando desde el muelle de Brooklyn he seguido la silueta de los rascacielos de Manhattan, esa dentellada con la que el skyline desafía al cielo, siempre he creído que presenciaba algo efímero. La caída de las Twin Towers me lo confirmó, por desgracia. A diferencia del Museo del Prado o Les Invalides, los rascacielos no vinieron para quedarse. No creo que vayan a desaparecer la mayoría de los edificios de la calle madrileña de Velázquez. Pero veo provisionales las torres de Bankia. Inclinadas a propósito, plasman ambiciones emergentes que pasarán. El oso de Caja Madrid se ha marchado de una de ellas, pero tal vez cuando llegó ya sabía el futuro que le aguardaba.

Así son los arquetipos. Transitan silentes y discretos. Apenas nos damos cuenta de que juegan a lo suyo. Mientras tanto, nosotros pensamos que jugamos a algo propio, que en realidad no nos pertenece. Éste es un serio problema que alberga la gestión de las cajas de ahorros. Caja Madrid se hundió pese a tener más de trescientos años de antigüedad y a que su logotipo quizá acogía los principales arquetipos de la capitalidad. Los gestores de las cajas no respondían ante juntas de accionistas, como sucede en los bancos. En el caso de las cajas, sus gestores se colocaban ante inmensas masas patrimoniales en régimen de posición de garante. Actuaban como la madre que vigila a su bebé de nueve meses, o como el maquinista que responde de los viajeros que lleva a su destino. Es decir, la administración de las cajas se confió a gestores. La buena administración de estas entidades era crucial. Debieron saberlo: podría exigírseles que rindieran cuentas en cualquier momento.

Controles administrativos y facilidad para delinquir

La administración autonómica se apresuró a reservarse potestades de control y supervisión sobre las cajas. El Banco de España goza de las más relevantes y exquisitas facultades de supervisión. La sociedad exige dicho control y regulación debido al interés social de las cajas. Teniendo en cuenta su dimensión histórica y social, cuesta creer que ahora mismo hable de ellas como parte de nuestro pasado.

Es cierto que el control imperativo de las Comunidades Autónomas no funcionó correctamente. Queda mucho por depurar en este ámbito. Mucho o todo. Ahora bien, la clara dejadez administrativa o del propio Banco de España no justifica la mala gestión. Por la misma razón que reiteradas agresiones sexuales no se disculpan porque la policía, haciendo la vista gorda, nunca vigilase los callejones donde violaban a las víctimas.

Es más, la ausencia material de controles agrava la responsabilidad del gestor bancario. Un directivo cualificado conoce perfectamente el negocio financiero. Imaginemos que ha procedido con la tranquilidad de que nadie le llamará la atención, aunque fuese muy desleal. Esta circunstancia, para cualquier ciudadano medio, implicará que se desvalorice más la conducta, pues el gestor se ha valido de especiales ventajas. En los sistemas jurídicos, quien delinque con superioridad o a sabiendas de la confortabilidad que las circunstancias le brindan, agrava su conducta. La sociedad, a quien roba, estafa o calumnia con «especial facilidad», bajo muy singulares ventajas, le reprueba más. Quizá porque al ciudadano medio todo le cuesta bastante esfuerzo: conseguir un trabajo, llegar por la mañana puntualmente tras sufridos atascos, acometer obras en casa mediante escasos recursos, ser atendido en la sala de urgencias de un hospital... Si este ciudadano común advierte que alguien logra todo esto sin el menor esfuerzo, y además se permite el lujo de delinquir cómodamente, entonces se desploma, se indigna, y desde luego cree que el delito se ha cometido con agravantes.

CICLOS E INGRESOS EN PRISIÓN

Ciclos, soledad y celos profesionales

Si desde el banquillo, mientras el imputado declara, divisa el edificio donde radicaba la entidad que presidió, algo sugiere que se está cerrando un círculo. No sé si para el imputado también. Pero, para una sociedad que quiere saber qué ha ocurrido en el sector financiero español, tal circunstancia sugiere cierto recorrido que se cierra, un posible cambio de etapa.

Mientras no concluimos procesos, erramos ignorando por dónde deambulamos. Hasta que no culminamos períodos, no vemos el conjunto. Es paradójico porque, una vez cerrado el círculo, no hay ni principio ni fin. Cualquier punto de la circunferencia goza de sentido propio en relación con la globalidad. Finalizado un ciclo de vida, los episodios que antes parecían dispersos cobran sentido. Un relato hilvanado detenidamente, explicando el proceso crucial de una persona o un país, debe cumplir tales condiciones. Evolucionamos cerrando ciclos. La ciudadanía necesita saber qué ha sucedido en España en los últimos 15 años. ¿Cómo ha sido posible pasar de «España va bien» a la quiebra que ahora nos preside, con nuestra soberanía a merced de especuladores internacionales?13

El 16 de mayo de 2013, a las 10 de la mañana, un exbanquero fue citado como imputado en el caso Banco de Miami, y a la caída de la tarde ya sabía que iba a ser encarcelado. Trabajando en un órgano judicial caduco y bajo una tensión apreciable, conseguí que avanzase la instrucción de una causa cuya enorme relevancia no podía ignorar.

Sobre las ocho de la tarde decreté el ingreso en un centro penitenciario. No me lo esperaba. La declaración del imputado no arrojó la menor explicación consistente sobre la compra del Banco de Miami. Me vi obligado a encarcelarle. Terminado el interrogatorio, me puse a redactar el auto de prisión. Así lo exige la Ley, por complicada y extensa que pudiera ser la resolución.

En un juzgado de instrucción, el titular redacta estas resoluciones solo. En mi caso, desde luego, no conté con el menor auxilio. «La prisión se ha solicitado por Manos Limpias bajo fianza. No creo que sea adecuado decretarla sin fianza», fue lo único que me comentó el fiscal. El criterio no me pareció incorrecto.

Tal vez un juez de instrucción debiera contar con mayor apoyo. La asistencia jurídica potencial a un director General de la Administración del Estado o un fiscal jefe es desmedida. Sin embargo, cada instructor trabaja aislado en su Juzgado. No obstante, este sistema no es del todo negativo. Veo valor en que los asuntos delicados dependan de una o muy pocas personas. Se evitan filtraciones, presiones o intromisiones interesadas. Cuando el círculo de independencia no se preserve a propósito, el sistema sufrirá una crisis profunda. Hablo de una fisura clave, que provocará tarde o temprano el hundimiento.

Me contaron que cuando iba a ser esposado, su abogado se interpuso entre Blesa y la Guardia Civil. Quería evitar que fuese tratado como un detenido más. Para los letrados no siempre se ve clara la frontera entre defender lealmente al cliente y obstruir el funcionamiento de la Justicia. La profesión de abogado, ejercida adecuadamente, es de tal dignidad que se encuadra entre las claves de la democracia. Pero oficios tan relevantes como el de juez, letrado, periodista o fiscal, cuando se ejercen sin ecuanimidad, conducen a la subversión de los fines que los fundamentan.

La foto que nadie disparó

Abandoné mi despacho pasadas las nueve de la noche. Ya no había periodistas frente a mi Juzgado. El secretario judicial me comentó que algunos permanecían dispersos por el edificio. Alguien los expulsó de la planta cuarta, donde radica el Juzgado de Instrucción número 9. Se evitó que los reporteros tomasen fotos del exbanquero esposado. El juez suele ignorar estas circunstancias. Las leyes y el CGPJ nos atribuyen un poder absoluto, como si de verdad pudiésemos controlar cuanto sucede en el Juzgado. Esta perspectiva carece por completo de sentido. Es inadecuada; lo que hace es perseguir la indefensión del juez. Cuando interese perjudicar a uno que sea molesto, bastará con afinar el criterio o concretar exigencias. Será muy asequible hallar faltas contra él o apartarle. Estas situaciones son paradójicas. Significan lo contrario de lo que parecen. La regla escondida sería: «Te otorgo muchísimo poder, y así podré sancionarte, apartarte o expulsarte de la carrera judicial cuando me interese... O cuando se tercie».

La prensa tiene derecho a que se le brinden condiciones para informar. Esa tarde, la noticia era el encarcelamiento de un exbanquero. Pero alguien pensó que las imágenes de este suceso —quizá históricas o de cierre de ciclo— no debía verlas la sociedad española. ¿Quién inspiró esa prohibición?

Es curiosa la bipolaridad de nuestra libertad de expresión. A veces se utiliza para linchar a personajes incómodos. Pero cuando interesa, se reprime la libertad de los medios, por motivos de sensibilidad ñoña u otros más inconfesables.

SALIDA

Los reporteros me esperaban a la salida del edificio. Fue sorprendente el despliegue de medios, cómo me siguieron para obtener una buena imagen. Uno incluso cayó al suelo. Me pareció excesivo. Dadas las circunstancias, un juez sería noticia en cualquier país de nuestro entorno, pero bajo un prisma más equilibrado. Me limité a realizar el trabajo por el que me pagan. No es un acto de heroísmo ingresar a exbanqueros en prisión. Pero nuestro país presenta déficits alarmantes de legitimidad y eficacia institucional. Cuando la sociedad española cree ver conductas reveladoras de cierta mejoría institucional, reacciona sin proporción, como el sediento ante un vaso de agua en su travesía por el desierto. En este páramo castizo que atravesamos, se me ha convertido en un icono de la justicia. Pero el árbitro no debería ser noticia en las contiendas. Casi nadie sabe quién arbitró la última gran final entre los tenistas Rafael Nadal y Roger Federer. En relación con mi trabajo judicial, a nadie debería interesar mi nombre ni mi existencia.

Lo sucedido cuando salí a la calle ese día fue conmovedor. También me avergonzó. Este escenario no favorecería la instrucción de los dos casos relacionados con Blesa. Los mapas de la manipulación serían desenrollados. En los días posteriores, una periodista me contó: «No sé si lo sabes. Muchos de los reporteros que te aguardaban a la salida de los juzgados no ganan ni 800 euros al mes... Existen diarios en España que llevan más de seis meses sin pagar a sus empleados, y periódicos influyentes dirigidos por imputados en causas penales de resonancia».

No son buenos presupuestos para creer en la libertad de expresión. El ambiente laboral de nuestro periodismo aterroriza por momentos.

No había almorzado y, pese al cansancio, no me tocaba regresar a casa. Debía reunirme con mis abogados. Teníamos que preparar recursos, declaraciones y estrategia frente al expediente que me había incoado el Consejo. No cabe mucho análisis cuando sabes que, hagas lo que hagas, las sanciones están cantadas. Mis abogados dijeron: «Por nosotros que no quede. Pondremos en la mesa la verdad. Jugaremos nuestras cartas». No obstante, yo sabía que jugábamos con tahúres.

El ajedrez es un juego apasionante. En el tablero, el CGPJ no es el rey. Ni siquiera la reina. A veces no pasa de ser un peón no demasiado bien posicionado. A la hora de perjudicar a un juez, el Consejo siempre ostenta posiciones ventajosas. Sin embargo, para la justicia no pasa de ser el peón esquinado que ni al final de la partida servirá para algo. De cara al gran juego de la justicia, poco o nada de relieve universal hemos escrito los jueces españoles, y menos aún el Consejo General del Poder Judicial. Existen honrosas y muy escasas excepciones, tales como la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón —actualmente apartado de la carrera judicial por prevaricación— de enviar a prisión al exdictador chileno Augusto Pinochet Ugarte en octubre de 1998.

CAPÍTULO II DE CÓMO SE ARRUINA LA INSTRUCCIÓN DE UNA CAUSA

LOS ANTISISTEMA

No me reconforta narrar mi vida judicial. Mientras escribo estas líneas, estoy suspendido en el ejercicio de mis funciones. No sé si la Audiencia Provincial me recusará en los casos Blesa y Banco de Miami, y la Fiscalía se ha querellado contra mí. Lo que, sin duda, ya se ha conseguido es que yo deba abstenerme de conocer en estas causas.

Un motivo de abstención es mi posición penal como querellado (artículo 219.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). La querellante sostiene que yo habría prevaricado encarcelando a Blesa. Al admitirse a trámite la querella del fiscal Manuel Moix se han incoado diligencias donde el exbanquero ha podido personarse como hipotético perjudicado. Esta circunstancia procesal exige que me abstenga de conocer de cualquier causa donde, directa o indirectamente, Miguel Blesa sea imputado.

Otro motivo de abstención deriva de que el propio Blesa también me denunció administrativamente ante el CGPJ (artículo 219.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Me imputó la comisión de una falta disciplinaria al incumplir mi deber de reserva. El hecho se relacionaba con las supuestas amenazas de dos directivos de Caja Madrid a los peritos del caso Blesa. El CGPJ entendió que revelando tal extremo a eldiario.es infringí tal deber de reserva. Me impuso una multa de mil euros. La sanción me parece sin fundamento, descabellada, pero, mientras no la revoque el Tribunal Supremo, otra causa de abstención me aparta de cualquier proceso donde Blesa pudiera aparecer como imputado.

El apartamiento, por tanto, se ha consumado. Mientras estas circunstancias procedimentales se mantengan, debo abstenerme de instruir los casos Blesa y Banco de Miami. Respecto de la querella, cabe que se archive el procedimiento, pues no consta el menor indicio de criminalidad contra mí, sino todo lo contrario. Lo que trasciende es que mi instrucción de los casos Blesa y Banco de Miami fue impecable. Pero también cabe que el procedimiento prosiga empecinadamente, bajo la sola voluntad de estigmatizarme. En este caso habría que esperar a la absolución. En cuanto a la multa de mil euros, hay que estar a lo que se resuelva en el recurso formulado ante el Tribunal Supremo.

Nos hallamos ante circunstancias procesales que se pueden prolongar durante años. Por tanto, las causas de abstención que se han provocado equivalen a que, definitivamente, me vea apartado del conocimiento de los casos Blesa y Banco de Miami.

Bajo tales coordenadas, escribo este libro exclusivamente al dictado de mi responsabilidad. Es imprescindible aclarar numerosos infundios y manipulaciones. El CGPJ estaba llamado a preservar mi posición en el ejercicio de la Jurisdicción. Pero rechazó la solicitud de amparo que le formulé14 a causa del acoso institucional y mediático que estaba sufriendo desde que reaperturé el caso Blesa. Lo que es más grave, inadmitió el amparo por una «cuestión de plazos». Y si cabe quedarse más atónito: ni siquiera contó bien los plazos. Pasada la estupefacción, uno siente vergüenza.

Tal vez el Consejo aceptó como inabordable la dura petición de amparo que me vi obligado a formularle. Mi abogado y yo éramos conscientes del absurdo que suponía pedir amparo a quien desampara. Pero es lo que tocaba. Pusimos en la mesa una carta llamada «confianza en el sistema». Quienes rechazaron el amparo se comportaron de forma antisistémica, y lo inadmitieron de plano.

Muchos grupos de ciudadanos se autodefinen como antisistema. En otras ocasiones, la expresión es un reproche lanzado por quienes se creen representantes de la pureza sistémica. No comparto esta óptica. No me parece evidente quién está dentro o fuera del sistema. Unos se definen como antisistema y están fuera del redil. Otros que les reprueban no son menos antisistémicos. Pero a menudo verifico jóvenes tachados de antisistema que representan lo mejor del sistema. Realmente, quienes se aprovechan de sus cargos, de viles circunstancias propiciatorias y del dolor de otros son perversas incrustaciones en el sistema.

En el film de Carol Reed El tercer hombre, un personaje siniestro, Harry Lime, emerge de las sombras confinadas en una casa ruinosa. Cuando este personaje aparece en la película, el espectador ya no soporta la inexistencia de respuestas. La contestación es un personaje enigmático. Se ríe del drama que se viene desarrollando hasta ese momento. Es un indolente que se mofa de la inquietud del espectador. Harry Lime, interpretado por Orson Welles, representa a aquellos que habitan en el sistema pero en realidad lo vampirizan.

La ciudadanía, cargada de rechazo e indignada, cree que el sistema es el problema, cuando en realidad lo que ocurre es que el sistema ha sido colonizado por elementos enquistados. Las termitas degradan a los árboles, pero el problema no son éstos sino aquéllas. Muchos que se acoplan al sistema no suelen ser personajes llamativos, sino apocados o mediocres. Nunca hablan de temas relevantes. No llaman la atención. La mayoría de sus comentarios son intrascendentes, y optan por denigrar a quien la mayoría difame. Son un virus replicante y se incrustan en las instituciones, recubiertos por su insignificancia, como el nazi Adolf Eichmann según la fina visión de Hannah Arendt.15

Pese a la corrupción del sistema, no hagamos nunca dejación de nuestros derechos. Comportémonos como si nuestras pretensiones se dirigiesen a instituciones legitimadas. En primer lugar, porque el sistema no se halla totalmente colonizado. Existen jueces decentes y comprometidos con los principios democráticos. En segundo lugar, porque aunque muchos organismos de poder estén corrompidos, claudicando de antemano reforzaremos el colapso institucional. Cuando abandonemos al drogadicto consumido por la heroína, le perderemos para siempre.

MIAMI

La del 16 de mayo de 2013 fue una jornada larga. Ese día madrugué. Repasé el caso y las preguntas que iba a formular al imputado. Tuve que resolver múltiples cuestiones procesales antes de que comenzase el interrogatorio. Después acordé el encarcelamiento, y sobre las 21.30 horas comencé a estudiar mi expediente disciplinario.

Un día así es agotador. Tuve oscuros presentimientos sobre la marcha del proceso y sus posibles resultados. Verifiqué el contrasentido entre la expectación de los medios y que se me incoase un expediente disciplinario mientras instruía el caso Blesa. La marcha de la instrucción, las diligencias de prueba recabadas y los tiempos de realización eran notables. El proceso discurría con inusual rapidez. Pero, a la vez, los contratiempos comenzaban a ser evidentes. Nunca mejor dicho: contra-tiempos. Comencé a reparar en correlaciones lamentables. Entre el expediente disciplinario y la instrucción del caso Blesa se había establecido algo parecido a una competición de trámites. Se pugnaba porque el expediente disciplinario me pisara los talones a cada paso en la instrucción penal.

Advertimos un hecho en principio inexplicable. A partir del auto por el que decidí iniciar una nueva investigación por la compra del Banco de Miami, la prensa española, concretamente algunos medios de comunicación, sobre todo algunos tertulianos y los propios intervinientes en la instrucción penal, recrudecieron su actitud frente al juez. En el auto incoando el nuevo asunto se recogen variados aspectos relevantes, pero lo más significativo era el siguiente hecho: se mencionaban actividades ocurridas en la ciudad de Miami.

Aunque esta ciudad es más conocida por sus playas, probablemente toma su nombre del río Miami, que significa «agua dulce». En Miami se habla inglés y español casi por igual. No en vano la comunidad cubana habita la ciudad, con gran peso, desde la caída de la dictadura de Batista a manos del proceso revolucionario liderado por Fidel Castro. La emigración cubana que huía de la revolución se refugió en esta ciudad, a unas 90 millas náuticas de La Habana.

¿Qué relación existe entre Miami y Caja Madrid?

Hace días, un amigo y periodista financiero me comentó: «Publiqué una noticia sobre ciertas actividades de una constructora española en Miami. Me cayeron encima. El administrador de la Corporación me envió un burofax requiriéndome para que la retirase de inmediato. Increíble. A las pocas horas de colgarla, vaya bronca y exigencias. Es evidente. El ejecutivo actuaba fustigado por alguien, y se valió del burofax para justificarse: «Hice cuanto pude». He avisado al periodista para que retire la noticia. No es normal todo esto, Elpidio. No sé adónde vamos a parar ni qué sucede en este país».

Recordé entonces a aquellos trabajadores que en el año 2001 acamparon en el Paseo de la Castellana durante 187 días, una acción de protesta que llamaron «el Campamento de la Esperanza». Habían sido empleados de Sistemas de Instalaciones de Telecomunicaciones, S.A. (Sintel), exfilial de Telefónica. En abril de 1996, recién llegado el Partido Popular al Gobierno, Mastec Incorporated adquirió Sintel. Esta empresa española se había especializado en el montaje de sistemas de telefonía. Jorge Mas Canosa, residente en Miami y amigo de Aznar, era el propietario de Mastec.

Recientemente, la familia cubana Mas Canosa ha evitado una condena penal tras llegar a un acuerdo indemnizatorio con los trabajadores que acamparon en el Paseo de la Castellana. Según la Audiencia Nacional, la familia Mas Canosa dispuso ilícitamente de importantes sumas de dinero procedentes de Sintel. Aparecieron, además, indicios sobre la posible descapitalización progresiva de la filial de Telefónica, mediante avales y préstamos que condujeron al quebranto de la empresa.16

En agosto de 2006, Jorge Mas Santos, hijo del histórico líder del exilio cubano Jorge Mas Canosa, confirmó ante los micrófonos de la Cadena Ser su cercanía con el expresidente del Gobierno José María Aznar: «Aznar nos ha dicho que podemos contar con su apoyo, al igual que el de la fundación FAES que él preside».17

La filial en Miami de Bancaja, posteriormente integrada en Bankia, centró pesquisas judiciales sobre la red de corrupción Gürtel, que se investiga en la Audiencia Nacional. El exjuez Baltasar Garzón —que inició este caso— imputó al director de la sucursal de Bancaja en Miami, Guillermo Martínez Lluch, por su presunta relación con operaciones del líder de la trama, Francisco Correa, en los Estados Unidos.18

En los procesos penales, la presunción de inocencia impone que la relación entre varios eventos presente efecto criminal sólo bajo ciertas condiciones. Debe concurrir un vínculo de «círculo indiciario». ¿Qué quiere decir eso? Se relaciona con lo que me extrañó al término del 16 de junio de 2013.

En un momento dado de la instrucción del caso Blesa se produjo un giro copernicano y comenzó el linchamiento mediático contra mí. Me recusó Blesa. El Ministerio Fiscal cambió su actitud pasiva por una gran hostilidad. Después modificó su criterio y también me recusó, y finalmente se querelló contra mí. Toda esta actividad arranca de una fecha concreta: ese 13 de mayo de 2013, cuando dicté un auto depuratorio del caso Blesa por el que acordé que se incoasen nuevas diligencias constitutivas del caso Banco de Miami.

Cuando las señas de un proceso judicial no responden a barras y números, sino a un nombre, se presentan varias posibilidades. El denominado caso Blesa se refiere a la persona que presidió Caja Madrid. Sin embargo, el caso Banco de Miami no se refiere a persona alguna, sino a un banco radicado en una ciudad sureña de Estados Unidos. No se indican individuos implicados en los hechos que se van a investigar.

El día de la prisión de Blesa, casi al final de la jornada, me di cuenta de que muchos asuntos rondaban alrededor de una ciudad, Miami. Tocar este nombre desató mi linchamiento. ¿Qué intereses y obsesiones se movían por esa ciudad?

OBSESIONES

Alrededor de las palabras se citan emociones y energías muy diversas. Mencionar un vocablo produce a veces variadas sensaciones, al margen de la realidad que designe. Asociando el nombre de un hijo con el de ascendentes caídos en desgracia tal vez se atraigan esas energías funestas y sobrevuelen como cuervos sobre el niño. Los nombres atraen pasiones y tormentas. Miami no es una excepción. En su novela Lolita, Vladimir Nabokov narra el amor obsesivo del profesor Humbert Humbert por una doceañera. Nabokov habla de los deseos y oscuras inclinaciones que una palabra es capaz de avivar. Cómo penetran en lo más minúsculo dispersando el impulso amoroso en infinitas preocupaciones: «Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas... Lo-li-ta... Un viaje de tres pasos... Lo.Li. Ta».19

Mi.A.Mi. ¿Qué tipo de atracción seduce a determinadas personas, entidades financieras y personajes políticos de nuestro país para que converjan en Miami? Luz para algunos, fuego para otros. En esta ciudad, un periodista canadiense, Jean-Guy Allard, ha situado al lobby anticastrista en el fondo del caso Banco de Miami.20 Una vez que conecté estas circunstancias, ya no cesé de comprobar el linchamiento desplegado desde que separé las dos causas. La realidad de este linchamiento y la fecha del pistoletazo de salida es fácil de comprobar en la prensa.

¿Las correlaciones mencionadas son penalmente relevantes? No lo sé a ciencia cierta porque no me han dejado que siga instruyendo ninguno de los dos asuntos. Si hubiese seguido, a día de hoy se hallaría muy enfocada la naturaleza de tales relaciones con la ciudad de Miami. Pero son por todos conocidas las circunstancias denigrantes que me apartaron de mi trabajo en julio de 2013.

Cuando inicié esta segunda investigación no sabía lo que iba a ocurrir. En el caso de obtener una explicación razonable se habría sobreseído la causa, tras aclararse la inexistencia de irregularidades penales en la compra del Banco de Miami. Una segunda alternativa sería que la causa se centrara exclusivamente en Blesa o en personas del entorno de Caja Madrid Cibeles, sociedad cotizada que aglutinaba las principales participaciones del grupo en servicios financieros. Y, como última opción, el asunto podría complicarse, de modo que la instrucción abarcara un número de imputados amplio, alrededor de cuantos eventos convergieran en Miami.

Cuando comienzas una instrucción compleja puedes plantearte muchos problemas. Pero nunca se te ocurrirá que el escollo sea el nombre de una ciudad: Miami.

ANTECEDENTES

En la época en que jugaba al tenis de mesa, deporte al que dediqué con entusiasmo los mejores años de mi adolescencia, nunca admitía la derrota hasta que el encuentro había finalizado. Siempre sentía que disponía de tiempo para remontar marcadores en contra. Cualquier deporte practicado en serio enseña a sacarle provecho al tiempo. Depende de las más diversas estrategias, porque la duración es de chicle.

El tiempo juega en los casos Blesa y Banco de Miami con la ductilidad que divierte a Cronos. Cuando abordé el caso Blesa llevaba más de seis años profundizando en cuestiones relativas al Derecho Penal Económico. Al finalizar mi licenciatura, las circunstancias no fueron propicias para comenzar un doctorado en esa materia. Se me brindó una buena oportunidad e incliné la balanza a favor del Derecho Administrativo. Esta formación como especialista, tanto en Derecho Administrativo como en Penal, me ha proporcionado una posición sólida para abordar sectores regidos por normas penales y de prevención administrativa. El ámbito financiero es un buen ejemplo.

La denuncia inicial la formuló el sindicato Manos Limpias en el mes de junio del año 2010. Hacía tres años que yo profundizaba en todo tipo de asuntos relacionados con la crisis financiera, el blanqueo de capitales y el Derecho Penal Económico. Desde el año 2000, algunos veíamos venir la crisis. Comenzó una escalada de precios muy especulativa. Pensé que la burbuja inmobiliaria nos conduciría al colapso económico. Pero, aun siendo pesimista, no visualicé la situación tan dramática que se ha enquistado en España. Nunca imaginé tanta obstinación e ignorancia, casi deliberada, frente a la crisis que flotaba sobre nuestra economía.

Un país no podía crecer indefinidamente sobre la magia del ladrillo. Los instrumentos financieros fraccionaron un riesgo que reposaba sobre títulos hipotecarios desvalidos. Las garantías del pago de los créditos eran globos hinchables que pincharían al menor apuro. Abusamos del crédito en términos esperpénticos. Las tasadoras inflaron hasta la explosión los valores de los inmuebles. Perdimos la perspectiva. La escalada inmobiliaria se proyectó como interminable, y todos los huevos se pusieron en la cesta de la construcción. El desastre estaba servido.

Era de esperar que el sentido común de los gobernantes y del Banco de España modulase un proceso tan nocivo. Por estos motivos, desde muy temprano me pareció crucial posicionarse en el ámbito económico del Derecho Penal y del Derecho Administrativo. Desde el año 2002, la Spanish property bubble21 ya era tema de estudio en las escuelas de Ciencias Económicas y del Chartered Surveyor del Reino Unido.22 A más de uno le hubiera bastado echar un vistazo a los apuntes de clase de tales centros universitarios.

LOS INTERROGATORIOS: TRES REGLAS PARA ATRAPAR A DEFRAUDADORES

En los casos Blesa y Banco de Miami me encontraba como pez en el agua. Me había sumergido anticipadamente en los problemas financieros de estas causas. Sabía enfrentarme a investigaciones sobre gestión bancaria. Los interrogatorios no son fáciles de vislumbrar. Las preguntas a profesionales de altísimo nivel técnico y las indagaciones aburren. Durante las declaraciones, algún abogado dio cabezadas, e incluso en algún momento creo que se durmió. Preguntas y preguntas se suceden durante horas, sin elementos tangibles para quien ignore los protocolos bancarios. En los delitos societarios de administración desleal, lo relevante es que se incumplan protocolos bancarios, creados precisamente para evitar el fraude empresarial.23 El instructor evaluará si la infracción es grave. Finalmente, debe indagar si la inobservancia fue dolosa, es decir, premeditada. No basta incumplir, sin más. Actúa dolosamente quien es consciente de lo que hace. También quien pudo pronosticar «fácilmente» que sus infracciones acarrearían a la entidad quebrantos económicos.24

Se da una circunstancia interesante al investigar delitos cometidos en el curso de la gestión bancaria: cuando el profesional financiero se enfrenta a un experto en la materia, puede verse muy atrapado. Los banqueros no están acostumbrados a que nadie les interrogue, ni tampoco a que les exijan rendición de cuentas sobre su proceder (regla de la falta de costumbre). Esto sucede especialmente cuando se mueven en un alto nivel ejecutivo. En segundo lugar, el organigrama de una entidad financiera es de gran opacidad y dificulta detectar a los responsables de un comportamiento delictivo (regla de la opacidad). Una entidad financiera es el laberinto adherido a un amplísimo organigrama de comités, consejos, comisiones, direcciones y áreas competenciales. Más aún cuando nos hallamos ante entidades de gran formato, como Caja Madrid. Como vino a decir John Kenneth Galbraith en su obra El nuevo Estado industrial, el conocimiento interno de la estructura medular de una corporación requiere tiempo y, sobre todo, que se forme parte de la misma.25 Como la estructura organizativa tranquiliza a sus ejecutivos, se confían porque se sienten a salvo de miradas advenedizas.

Durante años, los ejecutivos financieros se han sentido a sus anchas. Al amparo de su prestigio social quizá se imaginaron impunes. Entre los laberínticos procedimientos para tomar decisiones, los cuadros directivos de las cajas nunca predijeron que alguien se entrometería. Queda mucho por ver, pero tal vez no les faltase algo de razón. Con todo, al meter mano en la madriguera, la serpiente se verá acorralada. Sorprenderá la intrusa donde nunca se espera (regla de la sorpresa). El instructor que llegue a penetrar en el organigrama de una entidad financiera lo verá todo blanco y en botella. Conocido el circuito de la madriguera, las evidencias brillarán como perlas.

OCTAVA PARA DENIGRAR A JUECES

Hasta el 16 de mayo de 2013, la marcha procesal de los casos Blesa y Banco de Miami rodaba a pedir de boca. En diciembre de 2012 acordé muy variadas diligencias de prueba. Quizá nunca antes en nuestra historia judicial, bajo tal inmediatez y simultaneidad, impulsó un instructor semejante volumen probatorio. Un vocal del CGPJ me comentó: «A lo mejor, precisamente ése fue el problema».

Todas las diligencias se cumplimentaron por muy diferentes organismos públicos con celeridad y exhaustividad. No imaginé nunca ese resultado. Aquel rodar tan eficaz, no obstante, me preocupaba. Los tiempos en el marco de las instituciones son muy relevantes. El caso Blesa marcaba consecuencias políticas de considerable alcance, y su radio de actuación se extendía. La causa avanzaba con suma rapidez, con mucha mayor prontitud de lo que era de esperar en un proceso judicial. Algunos tendrían que irse acomodando a sus resultados. Quizá tal velocidad era políticamente incorrecta. Por ahí eran previsibles varios tropiezos.

Todo el mundo imagina una serie de pautas en la instrucción de causas complejas como, por ejemplo, el caso Banco de Miami.

1) En primer lugar, lo más seguro es que el juez no se moje. Archivará la causa o la arrinconará. Olvidará su existencia arropándola entre otras causas indeseadas en el fondo de algún armario.

2) De no ser así, el juez procederá con muchísimo tiento y cierta ignorancia.

3) En tercer lugar, si no se da la condición anterior, uno espera que el juez no sea demasiado esmerado o insistente en los interrogatorios. Sorprenderá que sus preguntas provoquen destacadas contradicciones e inconsistencias. Se supone que el juez será comprensivo. Aceptará respuestas que en realidad carezcan de interés para la causa.

4) Si tampoco se cumpliera la anterior premisa, el juez ya comenzará a ser tildado de «incómodo» o de «no colaborador». La expectativa con un juez así es que no acorrale a imputados ilustres o poderosos. No impulsará la práctica de variadas diligencias de prueba con inmediatez y prontitud.

5) En quinto lugar, cuando también falta la anterior condición, sería el colmo que el juez se permitiese el lujo de mostrar sus cartas, redactando autos donde fuese revelando, sin tapujos, los resultados gravosos de la causa para los imputados.

6) Cuando concurran las anteriores pautas se tachará al juez de incómodo o conflictivo. Entonces es preciso reseñar esta condición de supervivencia: el juez cederá cuando el fiscal, recurriendo sus resoluciones esenciales, no apoye la marcha del proceso. Si el juez se pliega sin rechistar a los criterios de la fiscalía, «a lo mejor» conserva la plaza.

7) Si el juez no se aquieta, ni colabora, ni se acomoda a ninguna de las circunstancias anteriores, comenzará la escalada de descrédito de su persona en los medios de comunicación. Si no bastase, se volcarán infundios contra los procesos que instruye. El juez se hallará maniatado. La debida reserva le impedirá revelar datos procesales. No podrá defenderse de críticas que no merecen este nombre, sino el de burdas afrentas escandalosas.

8) En octavo lugar, cuando no sea eficaz la escalada de descrédito, se intimidará con el «linchamiento mediático» en toda regla. Comenzará un trato denigrante global, movilizando a tertulianos sin escrúpulos y a un Consejo General del Poder Judicial entregado a esta escalada a través de su Gabinete de Comunicaciones. La perversa opereta culminará en sanciones disciplinarias, querellas criminales o la inhabilitación del juez.

El escritor Herman Hesse nos narra en su libro El juego de abalorios un principio de este pasatiempo, basado en la «ley de la octava». Nos asegura que en este principio convergen tan diversas disciplinas como las matemáticas, la música o la astronomía. Quien aprenda el juego de abalorios dominará todos los saberes combinándolos con destreza.26

Herman Hesse nos habla de la ley de la octava en un sentido ascendente o positivo. Pero la misma ley puede presentarse negativa o regresivamente. Todas las cosas o asuntos humanos presentan esta doble dimensión. Cabe una proyección perfeccionada o cada vez más sublime de las cosas, pero al mismo tiempo es posible su degeneración o escala negativa.27 Sublimada, la ley de la octava marca una senda de perfección e impecabilidad. Degenerada, la ley de la octava sirve para manipular los hechos, a merced de los intereses más ilegítimos. Desde esta óptica, al describir las expectativas del trabajo judicial, propongo un claro ejemplo de escala negativa. Podemos denominarla Octava para Denigrar a Jueces (ODJ).

En el escalón más bajo de la escala, desde la expectativa del auténtico esfuerzo judicial, el juez es usualmente aceptado. Pero, paradójicamente, en el escalón más alto de la escala, cuanta más dedicación presta el juez al adecuado cumplimiento de sus funciones, más se ve expuesto a la degradación por quienes están interesados en manipular los procesos.

Por tanto, conforme se incrementa la dedicación, aumenta la degradación, y conforme disminuye la primera, va desapareciendo la segunda. Es un magnífico ejemplo de cómo la Ley de la Octava sirve para perfeccionar y denigrar al mismo tiempo, cuando se trata del desempeño de las funciones judiciales en España.

LOS QUERIDOS COMPAÑEROS Y LA CULTURA ORAL

Uno de los nuestros

Cuando inicié la instrucción del caso Blesa, se indiciaba mala gestión bancaria en la concesión de créditos por Caja Madrid. Ignoraba quiénes eran los verdaderos protagonistas, pero lo que nunca pude imaginarme es que me toparía con una entidad situada en Miami. «Una caja no compra bancos.» Es una máxima entre los jerarcas del Banco de España. No es pronosticable investigar una caja de ahorros y tropezar con la adquisición de un banco. Si a esto sumamos las correlaciones que convoca Miami respecto de variados políticos, imputados y empresarios de nuestro país, la sorpresa se incrementa convirtiéndose en mi verdadera preocupación.

Cuando un instructor toque donde escuece, deberá tener muy presente la Octava para Denigrar a Jueces. Te has centrado en tu trabajo, amarras la instrucción con el mayor número de diligencias de prueba, optimizas al máximo los interrogatorios, impulsas informes periciales, y confías en que un organismo suntuario como el CGPJ exista para ampararte. Éstas son las reglas del sistema. Uno debe apostar siempre por su correcto funcionamiento.

Ahora bien, en este punto cabe preguntarse: ¿qué piensan de Elpidio José Silva sus compañeros, jueces, fiscales, secretarios y demás funcionarios de Justicia? Pues sinceramente: lo que les hayan contado. En el ámbito judicial rige la cultura oral. Las cosas son como se cuenten. Se lee poco. Cuando digo «se lee poco», quiero que se me entienda literalmente. Me contaba un amigo hace días: «Alguien me decía de un juez: “Lee. Tiene una novela”». La cultura judicial repta por los tópicos, bares y restaurantes cercanos a los juzgados. Recuerdo cuando ocupé mi primer destino como magistrado en Ceuta. Tuve que abandonar la costumbre de desayunar con algunos compañeros. Era soporífero. Todo el rato con la tostada y el café atizando a unos y a otros. Me comentó hace tiempo un buen amigo: «Deberías tomar más cafés con tus compañeros». Imagino que para muchos de ellos será difícil decir «Elpidio es uno de los nuestros».

Alguien podría susurrarme: «No sigas hablando. Nunca vas a aprender la lección». Pero ¿cuál es la lección? No es fácil responder a esta pregunta. Hablando de tiranías, el escritor Samuel Beckett escribió una novela exquisita: El innombrable. Su protagonista, un monstruo sin nombre, nos dice: «Si tengo un castigo que cumplir es porque no supe decir mi lección».28

¿Cuál es la lección de un juez en un Estado democrático? Aprender la lección no es que otros jueces digan de mí: «Es uno de los nuestros». Porque, puestos a aceptar la pertenencia de un juez, no debería ser a sus compañeros. No vale tan endogámica respuesta. Si un juez perteneciese a alguien, debería ser a un desconocido. Pero no se trataría de un monstruo sometido a tiranos inescrutables imponiéndole una lección sin sentido, como le sucede al personaje de Beckett. El innombrable de los jueces democráticos se asociaría con la idea inicial de este libro. Los asuntos para el personal judicial son barras y números. Hay que dedicarse a ellos con distancia, sin tomar interés de parte. Los protagonistas de los procesos no interesan en cuanto tales, sólo sus conductas. No existe un Derecho Penal de autor. Se reprochan exclusivamente hechos penales. Un juez se proyecta a servir intereses públicos de la ciudadanía, la cual carece de nombre y apellidos. Cualquier persona, por el hecho de serlo, se integra en ella: los nombres y apellidos son un asunto indiferente. Por tanto, si esa ciudadanía pudiese preguntarle al juez «¿Eres uno de los nuestros?», la respuesta correcta sería: «Sí. Como juez no pertenezco a nadie, salvo a la ciudadanía democrática».

Habladurías

Pero en algunos procesos judiciales se enciende la llama de los personalismos. En el caso Blesa, porque la persona se menciona expresamente. En el caso Banco de Miami sucede algo peor: los protagonistas no aparecerán nominados mientras no se esclarezca suficientemente la acción penal. Entretanto, quienes se dan por aludidos murmuran e intrigan, pues saben que a lo mejor les afectará el proceso. Es la lógica hispana. Personalizamos y perdemos la distancia indispensable con los asuntos. Desaparece el punto de equilibrio y se disparan etiquetas y tópicos. Se atiza murmurando. No se habla de ideas, sino de personas y situaciones insignificantes. Practicamos la cultura oral en su forma envilecida: despotricamos. En la España institucional muchos viven de la mentira, y muy pocos de la verdad. Se rinde culto al siguiente paradigma: «Una mentira mil veces repetida se transforma en una verdad», una frase, por cierto, que muchos atribuyen al ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels.

En la cultura oral es muy fácil desprestigiar a un juez con las dagas de la infamia. Madrid es más pueblo de lo que parece a simple vista. «En el ámbito judicial se conoce todo el mundo», se suele decir. Esa cercanía castiza, de redil pequeño donde las cosas son como algunos digan, permite vestir a cualquiera con las maledicencias que se precisen. Bastaría con que alguien leyese detenidamente mis resoluciones. El número de mentiras que se han vertido sobre el caso Blesa es terrible. Me podría pasar el resto de la vida formulando demandas y querellas contra plumíferos, tertulianos mercenarios y demás especímenes de la calumnia. Por suerte, el sentido común goza de fuerte tendencia a imponerse. La verdad experimenta una fuerza que la saca a flote, equivalente al peso de la mentira e inmundicia que desaloja.

CAMINOS ENREVESADOS E INSTRUCCIONES PELIGROSAS

Huyendo del proceso ortodoxo: el linchamiento

En los casos Blesa y Banco de Miami, la fuerza radica en la verdad material del proceso. También en las legítimas expectativas de millones de ciudadanos, exigiendo que se elabore un relato consistente sobre la gestión bancaria de Caja Madrid, una entidad que tras 300 años de historia se fue incomprensiblemente a pique. Si los hechos penales que se vayan esclareciendo se conectan unos con otros, nos hallaremos ante una mala gestión «continuada». Y si desde el principio no han parado de delinquir, el relato abarcará mucho tiempo.

¿Cuál es la mentira fabricada alrededor de estos casos? He oído a periodistas mofarse de mis resoluciones. Alguno me hizo reír. La bufonería desproporcionada es en el fondo tan militante como payasa. Otros tertulianos, bajo fantochadas sin sentido del humor, se me han antojado grotescos. Comentaban resoluciones judiciales muy complejas sin la menor cultura jurídica. En primer lugar, ya es objetable que supiesen el contenido reservado de las resoluciones, saltándose el secreto sumarial de manera casi inmediata y provocando una presión mediática inadecuada para la marcha del proceso. Pero aún sorprenden más sus comentarios despectivos sin tener ni idea de lo que hablaban. Algunos, sin tapujos, reconocían que no habían leído nada. Fueron terceros más doctos quienes les aseguraron que mis resoluciones eran incomprensibles o sin fundamento. Lo más sorprendente es cuando en esta dinámica aparecen el presidente del Consejo, Gonzalo Moliner —expresó su deseo de que el expediente abierto contra mí llegara a buen fin—, así como los fiscales jefes del Tribunal Superior y la Audiencia Provincial de Madrid.29

Hay algo incomprensible en este linchamiento. Un interesante contrasentido asoma en tan organizado inicio de hostilidades. ¿Por qué se monta una guerra tan abierta y en toda regla contra un juez de instrucción? Al fin y al cabo, según los acosadores, se trata de un individuo aislado que redacta pésimas resoluciones judiciales.

¿Qué objeto tiene este aparatoso desfile de tertulianos, medios de comunicación, cotizadísimos presentadores, presentadoras y figuras de radio y televisión, altos cargos, redactores de prensa, políticos varios, incluido un expresidente de la CNMV, todos contra un simple juez de instrucción? ¿No era yo un individuo desconocido, un mero ciudadano fácil de tumbar? ¿Era de tal magnitud lo que se estaba edificando en los casos que instruía sobre Blesa y el Banco de Miami? ¿Qué obsesión movía tal ánimo degradante?

Revocar una docena de malas resoluciones judiciales es simple: se recurren, estiman los recursos y se archiva el procedimiento. No hay más. Con ello ganarían los protagonistas inocentes y se impediría que España presenciase un espectáculo esperpéntico. Sin embargo, no se utilizó esta sencilla vía procesal. La opinión pública quedó prendida de este asunto.

Me inicié en Twitter el 9 de junio de 2013 como @elpidiojosilva. Con el linchamiento en caliente lancé este primer tuit: «Ojalá la justicia no sucumba bajo su nombre». En menos de una semana superé los 7.000 seguidores.

Nadie imaginaría que tal escalada para denigrarme fuese casual, producto del incendio desatado como consecuencia de una chispa llamada Blesa. Tal progresivo acoso fue fabricado a conciencia por profesionales. Si mi instrucción fue desacertada, bastaba la estimación de algunos recursos por la Audiencia Provincial de Madrid. No hacía falta tanta ofensiva mediática e institucional. ¿Cuál es entonces el fondo de este asunto?

La broma y las metáforas

Cuando decreté el encarcelamiento de Blesa aludí a circunstancias meteorológicas, tsunamis y tormentas perfectas. Estas expresiones espantaron a algunos puristas del Derecho. Avezados conocedores de la sabiduría jurídica se rebelaron contra mi vulgaridad e impertinencia.

Cuando los acosadores se ensañan agarrándose a un clavo ardiendo, todos sabemos lo que significa. Nadie mejor que Milan Kundera ha tratado este tema. En su novela La broma, un chiste incomprendido hizo añicos la vida de Ludvik.30 A partir de esa tibia broma vertida en un régimen congelado por la ortodoxia soviética, el protagonista de la novela vive aterrado. Su tragedia personal se confina en el ridículo de un chiste. Es curioso cómo los asuntos surcan el tiempo y los regímenes políticos para reproducirse. La realidad estancada que vivimos hoy los españoles sintoniza en algunos puntos con la realidad checa de 1967. El Señor K. de El proceso no sabía qué se le reprochaba. En La broma, Kundera sí muestra el contenido del reproche, pero en una especie de pirueta. Hubiera sido preferible no mostrarlo. Mejor es ignorar el contenido de la acusación que darnos cuenta de algo aún más inexplicable: se nos acusa de contar un simple chiste.

Los organismos que no están preparados para la ironía señalan, con su dedo intolerante, la estructura de cristal que se resquebraja. En el chiste, la metáfora es dardo que desvela realidad. Las instituciones preñadas de mentiras regulan las burlas admisibles; establecen dónde pueden formularse y se muestran reactivas contra quien traspasa estas reglas no escritas.

En una de mis resoluciones, el auto decretando el ingreso en prisión de Blesa, quizá no respeté estas normas. Fueron muchos los medios que se hicieron eco de ello. Bajo el titular «Los argumentos del juez Elpidio Silva Pacheco para encarcelar a Blesa», el periódico Cinco Días repasaba el 17 de mayo, en su versión digital, los principales puntos de la resolución judicial.31 Argumenté que los riesgos generados en una empresa, a veces no provienen de «circunstancias climatológicas» ni tampoco de una «tormenta perfecta», sino de la propia conducta del imputado. Escuché durante semanas toda clase de críticas. No daba crédito. Se retorcían dos o tres expresiones más o menos afortunadas, y se dedicaban a girar y girar en torno a ellas, para no abordar absolutamente nada de lo que se razonaba en resoluciones muy técnicas de casi veinte folios.

Es inadmisible rechazar las metáforas en el campo del Derecho. Lo jurídico anida en la metáfora. Términos y expresiones como servidumbre, excedencia, vacatio legis, abuso del derecho, traditio, distraer, crédito refaccionario, violar, acosar o disolver las cámaras se amasaron con metáforas. No resulta serio que pretendan encerrarse las resoluciones judiciales en un lenguaje casposo, al que ni siquiera se sujeta la ciencia pura cuando habla de proteínas mensajeras o células diana. Esta colosal salida por la tangente, este vómito de lava sobre lo que no interesa, sólo puede significar una cosa: en mis resoluciones, en mi forma de instruir los casos Blesa y Banco de Miami, toqué variados asuntos con un enfoque penal demasiado óptimo, o de forma muy incómoda, o provocando múltiples riesgos contra los intereses de determinadas personas.

MANUAL PARA MANIPULAR IMPUTACIONES (MMI)

En España se instruyen, actualmente, asuntos judiciales de enorme magnitud político-social y gran repercusión mediática. Como primera secuela, casi no hay diferencias entre nuestra realidad judicial y la extrajudicial. Otra consecuencia es que políticos e imputados ilustres han aprendido a desarrollar una fórmula, una serie de pautas estructuradas que constituyen un manual no escrito. Estos rituales no se excluyen. Al contrario, aúnan su perversión muy conjuntamente.

España vive en pura clave procesal. Esta idea me la proporcionó hace años un buen amigo: «Así no se avanzará en la gestión política del país». Estuvimos a punto de publicar un artículo. Hubiéramos destacado la deslegitimación actual de las instituciones. Pondríamos este hecho en relación con la indolencia de quienes, habiendo sido acusados en procesos penales, seguían ostentando cargos de poder. La Política con mayúsculas salía perdiendo, y una sociedad necesita políticos. El mejor programa no se mueve solo. Como vivimos en una democracia, y ésta forja todas las ideas de gobierno, conforme la sociedad no crea en los partidos, tampoco creerá en la democracia. Nuestra propuesta era concreta: cuando, por ejemplo, un diputado fuera objeto de acusación, debía dimitir. Lo plantearíamos como un mecanismo de autorregulación entre los partidos, sin necesidad de que una ley lo contemplase. Nos parecía que la clase política ganaría en «valor reputacional». Escenificaría una toma de conciencia frente a la corrupción. Ante la masiva imputación de políticos y la ausencia de condenas, la ciudadanía dejaría de experimentar tanta náusea.

Más adelante, estas ideas me parecieron insuficientes, pero profundicé en el interés que latía al respecto. ¿Qué significa que la vida pública discurra como si permanentemente estuviésemos dentro de un proceso judicial? «Responsabilidad política» y «responsabilidad penal» no son expresiones equivalentes. Cualquier político debería tenerlo tan claro como una violonchelista las notas de solfeo. La responsabilidad penal requiere que alguien sea declarado culpable de la comisión de un delito. Y la culpa criminal debe probarse bajo rigurosas garantías procesales. Sin embargo, los requisitos de la responsabilidad política no son tan exigentes. Basta que por algún motivo, de forma muy apreciable, el político haya perdido la confianza ciudadana.

No siempre está claro cuándo se fractura esta confianza, es cierto. Pero existen casos clamorosos. Por ejemplo, cuando millones de ciudadanos se movilizan con firmeza, salen a las calles y lo expresan rotundamente. Si el cargo público finge no enterarse de nada, no asume su responsabilidad política. Imaginemos que el político es un jefe de Gobierno y aparece relacionado con hechos penales. No tiene por qué dimitir automáticamente, desde luego. Pero, si tal vínculo con delitos genera que se fracture la confianza entre el Gobierno y la ciudadanía, entonces, sin duda, debería dimitir de inmediato. Ahora bien, cuando el político reaccione como si se hallase en un proceso judicial, trastocamos los conceptos de responsabilidad. El primer ministro alegaría: «Nunca dimitiré sin la prueba de mi culpabilidad». Esta frase confunde las nociones de responsabilidad penal y política. Así comenzamos a vivir en pura clave procesal.

Nuestra política reproduce la lógica de los procesos judiciales: «Me niego a declarar y soy inocente, salvo que prueben lo contrario». Pero mientras muchos políticos dicen esto, resuena en su mente: «... y ya me encargaré de que los jueces nunca consigan probar nada». Desdibujar las fronteras entre lo judicial y lo extrajudicial presenta un alto coste: desaparece la responsabilidad política. Nadie responde por nada hasta que no se le condene. Así se atrofia el músculo de la democracia, la legitimidad, y el juego de fuerzas rebota directamente en las vértebras del sistema. De hecho, los ciudadanos experimentamos que puede quebrarse en cualquier momento. Si Richard Nixon se hubiese negado a dimitir, sólo habría abandonado la Casa Blanca esposado por el FBI. Esta imagen del presidente habría arruinado el prestigio de una forma de gobernar. No cabía exponer así a la democracia más precoz de la historia. Por ese motivo fue responsable y dimitió.

Sólo cuando se ha instalado esta confusión entre responsabilidad penal y política se puede poner en práctica el Manual para Manipular Imputaciones (MMI). Su método marca cómo políticos y personajes ilustres se enfrentan a los procesos judiciales. El manual sintetiza pautas que pervierten tanto el proceso como la vida pública. Se manipulan las imputaciones en tres etapas.

La primera, sin lugar a dudas, consiste en embrollarlo todo. Los imputados lían el proceso. Atizan con peticiones absurdas. Atacan la instrucción con ráfagas de recursos y obstrucciones. Bombardean con recusaciones. Sobredimensionan sin cesar las garantías constitucionales. Abusan del trámite, de los esfuerzos del juzgado, del tiempo disponible. Se desprestigia o se denigra al juez, a la acusación popular, a cualquier impulsor del proceso contra los imputados. Se confunde sin límites a la opinión pública y a las partes procesales. Se utiliza la Octava para Denigrar a Jueces para apartar o tumbar al instructor.

Seguidamente se pasa a dimensionarlo todo bajo una pura clave procesal. Se sitúan todas las implicaciones de la causa en el proceso, como si la realidad extrajudicial no existiese. Se actúa como si la vida pública nacional transcurriese en el interior de un Juzgado. Desde esta perspectiva, no hay que aceptar responsabilidades políticas porque se discurre siempre por una esfera judicial: «Sólo dimito si usted lo prueba... y ya me voy encargando de que no se pruebe nada de nada». Pura lógica defensiva de Juzgado español.

La tercera y última etapa es la invocación de que se es víctima de una causa general. Con ella se culmina la manipulación. Los imputados consiguen fragmentar artificiosamente las causas penales. Imaginemos que un grupo criminal roba un vehículo a punta de pistola, a continuación atropella a una transeúnte, y a renglón seguido atraca una joyería a mano armada y mata a la dependienta. Utilizando el Manual para Manipular Imputaciones (MMI), los imputados consiguen que para cada miembro del grupo criminal exista un proceso diferente. Pero también que por el robo del vehículo, el atropello, el atraco y el asesinato se sigan causas distintas. Esparcen bancos de niebla sobre la conexidad entre los delitos.32 Como los procesos aparecen separados, la ciudadanía tiene dificultades para entender qué sucede. Fraccionados los hechos, nadie identifica todo el recorrido de la conducta criminal. La opinión pública se pierde ante un rompecabezas. Si algún juez quiere juntar todas las piezas, los imputados alegarán que se quiere montar una causa general. Políticos y personajes ilustres quieren aparecer como víctimas, a merced de procesos descomunales cuando en realidad sucede lo contrario. Nos hallamos ante imputados poderosos, capaces de subvertir a su antojo la realidad de las cosas. Se muestran indefensos, pero somos los ciudadanos quienes nos vemos impotentes ante tanta impunidad, manipulación e indolencia.

Hace días, un tuitero me preguntó: «Nunca he llegado a entender la extrema dureza de nuestros juristas con los que roban una gallina... ¿Cuál es la clave?». Le respondí con este tuit: «Quien roba millones puede diseñar el huevo del que viene la gallina. Quien roba gallinas, apenas controla el gallinero».

He oído a toda clase de personajes públicos sumándose a ese manual que he denominado MMI. Lo hacen para evitar el alcance de sus evidentes responsabilidades penales y políticas. La clave para que funcione esa forma de actuar es liar, enmarañar cómo se inició la secuencia criminal. Los imputados impiden que los procesos avancen, lo que hace que se prolonguen durante años. Es mucho más fácil manipular embriones que seres nacidos y completos. Como los asuntos embrionarios son más vulnerables, se desarrollan grandes ofensivas justo al comienzo de los procesos.

Su objetivo es diseñar las condiciones del proceso, el contexto de la posible persecución del delito, así como el esquema informativo que se trasladará a la opinión pública para que se sienta tranquila e informada. En realidad, el uso de este manual será la matriz de una profunda desinformación.

Una vez situados en el enorme embrollo de la primera fase del MMI, es muy fácil engañar a la opinión pública: basta con facilitar un esquema simplista de lo que sucede. Casi todo el mundo tenderá a creerlo. Opera, así, una máxima de la economía psíquica: la navaja de Ockham. Esta máxima, también denominada principio de parsimonia, actúa como criterio interpretativo: bajo condiciones equivalentes, la explicación más sencilla probablemente es la más correcta.

Quienes utilizan este manual degradan la navaja de Ockham para fines perversos. La ciudadanía es un rebaño que debe mirar hacia la salida más fácil de los embrollos político-sociales. «La salida más fácil»: éste es el señuelo para personas machacadas a trabajar, pagar hipotecas y las más variadas deudas. Pero así no se da con el clavo de la solución, sino con la punta de la daga que se clava en la verdad hiriéndola de muerte. Siquiera provisionalmente, se desactiva la verdad. Se la apuñala en el hígado. Cuando pasen meses o años y salga la verdad a flote, el problema ya no será candente o el delito habrá prescrito.

De esta forma, el delincuente poderoso consigue que nadie se entere de nada. Él mismo diseña las condiciones para procesarle. Por tanto, casi nunca podrá ser perseguido penalmente, y mucho menos condenado.

ANTÍDOTOS Y GLOBALIDADES

Existe un antídoto para evitar la enorme manipulación que implica la puesta en marcha del sistema de actuación. Se compone de una máxima y una pregunta. La máxima es que los embrollos son escondrijos. Los ciudadanos deben advertirlo a la primera. Cuando se enreda un asunto, manipuladores oportunistas se esconden tras el embrollo. Y éstos suelen ser los imputados, actuales o potenciales. Este pronóstico predictivo es casi infalible.

La pregunta es: ¿quién se beneficia? Debe indagarse quién se aprovecha enredando los procedimientos judiciales. Suele ser quien gana siempre. ¿Y quiénes pierden? También los de siempre, porque esta dinámica es muy antigua. Nos remonta a los tiempos del tirano Hierón en la obra homónima de Jenofonte, quien puso en su boca estas palabras: «Cuanto más necesitados estén los súbditos, más sumisos serán».33

Los asuntos judiciales se comprenden examinándolos globalmente. De otro modo, son un puzzle desordenado y acaba imponiéndose la manipulación. Montado un tremendo enredo, si sólo tiramos de fragmentos para comprenderlo, somos como buitres despedazando un cadáver. Acudimos a un banquete de despojos, no al conocimiento de la verdad. Para contemplar la verdad tenemos que elevarnos y examinarla globalmente.

Nadie como el psicoanalista Carl G. Jung destacó la relevancia de los modelos primordiales en los sistemas de conocimiento. En su obra El hombre y sus símbolos nos presenta múltiples arquetipos para comprender la realidad. El arquetipo es un patrón de conocimiento: la matriz o modelo global para iniciar la interpretación adecuada de un asunto.34

Los arquetipos son como los mapas en relación con el viaje. La interpretación de cuanto sucede en el contexto que nos circunda requiere la comprensión de arquetipos. Para Jung el círculo, como globalidad, es un símbolo de la psique.35 Frente a la manipulación que se nos quiere imponer, debemos captar la realidad global de los asuntos. En el «problema de las imputaciones contra delincuentes poderosos», el conjunto de cuestiones en juego debe estimarse como un todo. De otra forma, se nos engañará fácilmente. Debemos examinar el conjunto armado de fragmentos de verdad, o concluiremos lo que otros quieran que concluyamos. Quienes utilizan día a día el MMI son hábiles conocedores de cuanto expongo. Debemos mantenernos conscientes, o nos conducirán como ovejas bobas desde el redil a la salida falsa, y viceversa.

¿Cómo es posible que a veces delincuentes poderosos paguen por sus delitos, incluso mediante prisión? El manual contempla esta posibilidad con quienes son muy molestos. Además, entre compinches poderosos el manual se desactiva. Es otra de sus trampas. Estrategias de marketing bajan exageradamente el precio de productos a la venta en establecimientos comerciales como un señuelo para atraer a clientes. De igual modo, la condena de estos malhechores es un anzuelo para que la ciudadanía concluya que también, a veces, pueden ser condenados.

Los medios de comunicación de mayor alcance se suman al manual y lo optimizan poderosamente. Incluso las instituciones se acoplan a esta corriente. Honrados funcionarios serán expedientados o represaliados cuando intenten bloquear estas estrategias. Lo que inicialmente parecía un mero asunto judicial pasa a convertirse en una cuestión política o de Estado, según la trascendencia de los intereses en juego. Ya no podemos volver la cabeza frente a los novedosos métodos de represalia política que se ponen en práctica. Un Leviatán herido y deslegitimado arrasa.

LAS PROFUNDIDADES DE LA GESTIÓN DE CAJA MADRID

Bajo la superficie del mar inmenso y azulado, en el lecho marino, innumerables especies rastrean alimentos o escondrijos. La variedad es tan grande que requiere suma atención. Es inimaginable cuando nos limitamos a observar la superficie del océano, sus notas de color a juego con el horizonte, su oleaje tan repetitivo como hipnótico.

Igualmente, la superficie de las oficinas bancarias parece un mar burocrático de dinamismo, colas y reiteración. Los cajeros automáticos, los mobiliarios de las oficinas y los lemas publicitarios presentan un aspecto similar. Pero bajo estas sintonías late un universo de personas y organigramas cuya complejidad es similar a la del lecho marino. Para entrar en los pormenores de posibles fraudes financieros es preciso discurrir por estas profundidades bancarias. Los interrogatorios judiciales son enrevesados como las grutas y escondrijos de moluscos y crustáceos. Se debe estar atento. El instructor puede encontrarse con criaturas extrañas, como tiburones prehistóricos o diablos de mar. Se requiere un trabajo minucioso de intención y sostén del interrogatorio, mientras las declaraciones fluyen al ritmo lento del submarinista. Si algún letrado se durmiese, no está claro que el juez deba reprenderle. Tal vez su cliente sí esté autorizado. Son las declaraciones más tediosas que nos podamos imaginar, al ritmo cansino e indiferente de las medusas. No existen puntos de anclaje, ni arma homicida, ni sangre a borbotones, ni heridas llamativas, ni un ADN oculto al que agarrarse.

Los delitos financieros flotan por espacios hídricos y por extensos lechos sin señas, camuflados, dibujando acertijos o desplazándose en grupo, formando figuras cuyo significado apenas está escrito. No hay delincuentes comunes, no puedes preguntar por huellas en ventanas, previas discusiones con las víctimas o mujeres violadas. En estos delitos las víctimas son entes jurídicos, grandes bloques de accionistas o masas de ciudadanos. No siempre es visible el resultado de la infracción. Cuando se mata, la consecuencia es manifiesta. Nada de esto sucede en la administración desleal. A veces discurre favoreciendo a secuaces que despilfarran sumas pequeñas en el panorama bancario, pero muy elevadas para el común de los ciudadanos. En el negocio bancario, un desfase de siete millones de euros puede pasar tan desapercibido como un pez escorpión entre las rocas.

En ocasiones, el delito financiero estará acompañado de beneficios para su autor. Pero casi nunca resaltarán como perlas. Mudarán de color según el entorno. A lo mejor el beneficio será un premio a medio plazo; o comisiones exageradas por operaciones ulteriores, escalonadas a partir del delito inicial; o el uso de stock options, en operaciones infladas y calculadas de antemano; o una presidencia o un futuro puesto codiciado.

Cuando estos delitos se revelan porque la entidad financiera se haya hundido, seguramente se trate de actividades reiteradas en el tiempo y secundadas por variados intervinientes. Durante bastante tiempo, los delincuentes se ampararon en la prolongada pleamar. Pero, cuando toque el reflujo, irá distinguiéndose mucha escoria acumulada durante años. El defraudador alegará que el hundimiento fue imprevisible. Invocará causas económicas estructurales. Se justificará: «En el mundo de los negocios, igual que se gana, se pierde». Estos imputados disponen de innumerables medios para defenderse. Mandarán a economistas y aliados de toda especie para embrollar el tema.

Frente a todo ello, el instructor deberá introducirse en la experiencia bancaria. Rastreará por qué operaciones más que truncadas no fueron declaradas fallidas. Averiguará cómo se modularon sus niveles de riesgo. Indagará la forma de gestionar la oportunidad, cobro y ejecución de determinados créditos. Abordará los protocolos seguidos para comprar entidades financieras. Los procedimientos de la adquisición son muy relevantes —si se compró, por ejemplo, creando o adquiriendo a su vez otras entidades—. El juez desvelará los permisos y autorizaciones que se incumplieron al sacar adelante ciertas operaciones. Profundizará en la sutil o manifiesta compra o manipulación de voluntades, o en la estructura de la entidad y en los órganos que intervinieron para tomar decisiones. Se preguntará por cuáles no participaron debiendo hacerlo, o por qué el organigrama de la entidad no tuvo peso específico para controlar las operaciones. El juez contabilizará omisiones reiteradas de normas de protocolo o de cumplimiento normativo al afrontar riesgos o conceder créditos. Es un trabajo denso donde los haya, una instrucción a la medida de la complejidad de la gestión bancaria.

Si el investigador no se orienta en estas rutas y no identifica las especies que pueda encontrarse, se extraviará como el submarinista novato en profundidades desconocidas. Deberá hallarse familiarizado con los asuntos de gestión bancaria. Es indispensable disponer de asesoramiento continuado por parte de personas honestas y dignas de confianza. El instructor debe aceptar la experiencia bancaria, y de igual modo rechazar falsos tópicos y justificaciones que se escuden en ella. Un juez despistado protagonizará investigaciones sin alcance, inconsistentes, como el arroz blanco y blandengue que se sirve a los enfermos. Ahora bien, estos ineficaces procedimientos serán del gusto de los imputados, quienes adularán al instructor como juicioso y prudente. Pero, en realidad, el instructor no habrá superado los primeros pasos de la Octava para Denigrar a Jueces.

«Para escribir novelas policíacas conviene aprender a disparar un revólver», suelo decir a mis alumnos cuando les explico delitos económicos. Parafraseando a Dashiell Hammett, les aconsejo que en el mundo delictivo no confundan pistolas con revólveres. Si un juez investiga un asunto, debe familiarizarse con él lo máximo posible. Instruir causas sobre corrupción financiera requiere conocer el negocio bancario, su gestión y la experiencia general en ese ámbito. El problema es cuando precisamente la experiencia bancaria se pervierte para quebrantar protocolos de actuación. Y la dificultad será máxima cuando el fenómeno se haya extendido entre los cuadros directivos de toda la entidad financiera.

En tal caso, la instrucción se complicará sobremanera. Los imputados y testigos al borde de la imputación intentarán desviar la atención del juez mediante explicaciones inconsistentes. Pero cuando el instructor se sitúa ante este escenario conociendo «la estructura económica de gestión en profundidad», paradójicamente, gozará de un poder extraordinario. Meterá la mano en la madriguera y los imputados se verán pillados. Pronosticarán que el progreso de la causa puede encerrarles en algún cómodo centro penitenciario. Como las armas procesales ya no se estiman útiles, sólo quedará intentar manipular para evitar que continúe la imputación.

En la instrucción de causas penales sobre gestión bancaria, también será de tremenda utilidad conocer la actividad del Banco de España. Al fin y al cabo, hubiera debido ser el auténtico supervisor del sistema financiero. Es una Administración independiente que existe, a todas luces, para impedir el ejercicio desviado de la gestión bancaria, evitando alteraciones o desajustes indeseables. Ante el colapso de una entidad tan relevante como Caja Madrid, el regulador deberá afrontar muchos interrogantes.

EL DÍA DESPUÉS: PRONÓSTICOS Y DELEGACIONES

A la mañana siguiente de encarcelar a Blesa me despertó una llamada telefónica de mi amigo y abogado Reinaldo López. Quiso alertarme: «Estás en todas las redes sociales y medios de comunicación». Cambié mi rutina del primer café negro de la mañana y di una batida por los periódicos digitales. La apreciación de Reinaldo era cierta, desgraciadamente.

Antes de instruir los casos Blesa y Banco de Miami, prescindía de los programas televisivos. Apenas seguía los medios de comunicación. Un conjunto de amigos bien informados me mantenían muy al tanto de cuanto me interesaba. Las verdades que suelo buscar en mi vida diaria o la manera en que me interesan los asuntos tienen poco que ver con los abordajes noticieros de nuestro país. El despliegue informativo sobre estos asuntos no trastocaron esta visión. Al contrario, la confirmé hasta extremos insospechados. Pero en esos momentos no podía prescindir de los contenidos mediáticos.

Los titulares del tipo «Blesa en la cárcel» arrasaban en la red y en las primeras páginas de los medios de comunicación. Durante las primeras horas posteriores a la prisión del exbanquero primó la catarsis social. Pero creo que algunos, precisamente por este primer impacto, se sobresaltaron con peligros y expectativas indeseables. Parte de nuestra clase política, financiera y judicial interpretó mi decisión como peligrosa para el sistema: «Si un juez común encarcela a Blesa, jueces de provincias podrían emularle en relación con directivos de otras cajas. ¿Y si Elpidio inicia una caída en picado para muchos directivos financieros?».

Era imprescindible evaluar la instrucción del proceso y, sobre todo, cómo habría de salir parado el juez. Los dos manuales (MMI y ODJ) estaban a punto de ponerse en marcha a fin de calificar en qué lugar de la escala había osado situarme. Meses antes, el CGPJ ya me había incoado un expediente disciplinario.

Conforme avanzaba el día después de enviar al expresidente de Caja Madrid a la cárcel, fui verificando lo que me temía. Se veía venir desde que me abrieron el expediente disciplinario en el mes de marzo. La maquinaria se había puesto en marcha. Comenzó el linchamiento mediático. Se retomó una noticia publicada a finales de 2012 sobre un supuesto desahucio que habría sufrido durante mi estancia en un piso de alquiler. En realidad, lo que iba tomando forma es que sería desahuciada la justicia.

Al unísono, la apabullante mayoría social reaccionó contra el plan de acoso y derribo. Aunque en un primer momento la vi exagerada, no me pareció una mala noticia esa respuesta social. Con todo, comenzó a preocuparme el alcance de la investigación. Si con lo poco que se había instruido, ésa era la contestación social mayoritaria, ¿qué pasaría de mostrarse todo lo sucedido en la gestión bancaria de Caja Madrid y la compra del Banco de Miami? Si despuntando el iceberg clamaba la opinión pública, ¿qué sucedería al esclarecer hechos que seguían en el fondo del mar?

El mar esconde múltiples secretos desde muy antiguo, no menos de los que ha ido revelando la teoría de la evolución de Darwin. Nadie sabe todos los motivos del encarcelamiento de Blesa. Yo no puedo contarlos por mi obligada reserva. Alguien podría tirar de estadísticas y concluir que el asunto es bien sencillo: siempre que un banquero español ingresó en prisión, finalmente fue condenado. Pero las estadísticas no son tan fiables en el mundo del derecho.

Charles Darwin sostuvo que la estructura biológica actual de las especies proviene de un pasado evolutivo probable. El árbol de la vida en la Tierra proviene de un solo ancestro común. Recientemente, esta teoría de la evolución se ha probado con instrumentos estadísticos. En el ámbito de las ciencias sociales, el asunto es más complejo que en las biológicas. No es tan fácil predecir cuál de estos pronósticos estadísticos se confirmará: que todo banquero que ingresa en prisión acaba siendo condenado o que, con un juez linchado, nunca se sabrá la verdad material del proceso, cualquiera que sea.

Deberíamos prescindir de la idea escandalosa del obispo Watson, para quien las leyes sólo obligan a los pobres. La expuso en el año 1804 en la Sociedad para la Supresión del Vicio.36 Aunque no sea defendible expresamente, esta concepción del derecho no siempre se aleja de nuestra lamentable realidad. Hoy en día, nadie se atrevería a escribir algo así en un texto legal. A mi modo de ver, ello se debe a que el poder radica en los pobres, al menos el poder suficiente para que nadie se atreva a decirles que sólo ellos deben cumplir las leyes. ¿Qué sucede entonces?

En las indagaciones de Darwin, la evolución no se delega. Las especies no encargan a otras especies ni a sus semejantes la resolución de problemas. El equilibrio natural no nace de «procesos de delegación», sino del principio adaptativo y de la selección natural. Sin embargo, entre seres humanos las cesiones, representaciones y apoderamientos son progresivos y casi connaturales. Delegamos en herramientas, en otras personas, en instituciones, en instrumentos tecnológicos y en grandes corporaciones. La potestad de juzgar, por cierto, la ejercemos los jueces por delegación. En España, los jueces dictamos nuestras sentencias «en nombre del Rey», pero por delegación originaria de «la nación», que es el fundamento de nuestra Constitución.37 Cuando queremos establecer un pronóstico favorable en el mundo darwinista, no contamos con este invitado: las delegaciones. Sin los procesos de delegación, la Octava para Denigrar a Jueces y el Manual para Manipular Imputaciones no serían nada. Nunca prosperarían. Su éxito estriba en que hemos cedido la forma de interpretar los asuntos en otros. Y este encargo puede ser crucial: dado el punto al que hemos llegado, nos puede costar caro. No es simplemente que no nos enteremos de nada. No. Se trata de que la consecuencia podría ser muy dura económica y físicamente para los ciudadanos.38

Como nos recuerda Foucault en su obra La verdad y las formas jurídicas, Carlomagno ideó un sistema para descubrir «la verdad material». En el curso de un ritual se ponía en marcha una indagación (inquisitio). Esta averiguación, a través de una serie de pasos, fijaba la verdad de una controversia. Esta investigación constituye nuestro proceso judicial actual y, siguiendo sus pasos, los casos Blesa y Banco de Miami se resolverían estableciendo finalmente la verdad de la controversia. Desde esta perspectiva, si un imputado sabe que no es probable que se le acuse, no presionará ni participará en el linchamiento del juzgador. Tendrá la confianza en que la verdad material se esclarecerá mediante la indagación judicial.

El imputado se moviliza cuando sospecha que descubrirán su culpabilidad. No sé si Blesa será algún día acusado por la comisión de delitos societarios, y mucho menos si resultará condenado. Pero, indudablemente, hay quien podría estar interesado en impedir que se averigüe la verdad. Y que ésta no se descubra interesa no sólo al imputado actual, sino también a otros potenciales. Como pronostican que la continuación del proceso les inculpará, se suman a la manipulación. Poder y saber no se excluyen, sino todo lo contrario. Quien ostenta la supremacía en una cuestión dada impondrá su forma de entenderla.

Los diferentes grupos de presión o coaliciones de intereses difunden, constante y hegemónicamente, resúmenes o recetas sobre lo que debe pensar la ciudadanía. En esta dinámica se entroncan las manipulaciones de las causas judiciales, cuando chocan con los intereses de tales grupos de poder. Para evitar la manipulación no cabe otra solución: es preciso detener o al menos modular los procesos de delegación. Estas cesiones implican que otros, de forma interesada, irán pervirtiendo la verdad que se va facilitando a los ciudadanos. Nos van suministrando creencias, esquemas y etiquetas tan simplistas como falsas. Es tan sencillo como rechazar la información proveniente de estos medios corruptores de la verdad, aliados de quienes avivan los manuales de manipulación. Y si este mecanismo no bastase, a la postre no quedará otra alternativa que la resistencia civil como acto político al que tienen derecho tanto el ciudadano como el funcionario al que presionan para que incumpla su deber.

CAPÍTULO III DE CÓMO SE INICIA UNA CAUSA Y SE DESAHUCIA A LA JUSTICIA

LA DENUNCIA INICIAL Y LA CASTA POLÍTICA

El 28 de diciembre de 2009, día de los Santos Inocentes, el sindicato Manos Limpias denunció a Miguel Blesa de la Parra, expresidente de Caja Madrid, y a Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE.39 La denuncia versaba sobre un crédito que Caja Madrid concedió a Díaz Ferrán por unos 26 millones de euros. La denuncia no me produjo especial sorpresa, salvo por su escasísimo soporte probatorio. No había prácticamente ninguna prueba para iniciar una investigación. Cité a Miguel Bernad Remón, secretario general de Manos Limpias, y se lo expliqué. Ante tal desnudez de contraste indiciario archivaría la causa provisionalmente. Si lo que se denunciaba era cierto, se protegería así la verdad material porque, de seguir adelante sin indicios, podría estropearse todo el caso. Si era incierto, se ahorraría la pena de banquillo y déficit de «valor reputacional» de los denunciados. Difícilmente hubiera reaperturado la causa de no ser por el desastre financiero que condujo al rescate y finalmente a Bankia, sucesora de Caja Madrid. Por lo demás, Fernando Andreu, juez instructor de la Audiencia Nacional, ya había reaperturado de hecho el caso Blesa cuando inició una investigación sobre Bankia, concretamente a causa de su salida a Bolsa y de su creación tras la fusión fría de varias cajas.

Respecto de los rumores que me habían trasladado sobre el sindicato Manos Limpias, resultaron infundados. «Ten cuidado, pueden querellarse contra ti cuando sobreseas la causa», me dijeron. Nada más lejos de la realidad. Miguel Bernad comprendió perfectamente lo que le transmití. De hecho, no volví a verle hasta que reabrí el asunto a mediados del 2012. Éste fue el primer parón que sufrió el caso Blesa.

La intuición y la experiencia me condujeron a no matar al procedimiento, y lo dejé dormir sobreseído provisionalmente. Pero, aunque lo hubiese archivado de forma definitiva mediante un sobreseimiento libre, habría resucitado a través de nuevas evidencias, dadas las secuelas posteriores. No obstante, la gestión del crédito a Díaz Ferrán probablemente hubiese quedado impune. Con todo, es reseñable que la causa se quedase dos años durmiendo y, sin embargo, Manos Limpias nunca haya criticado el archivo provisional que acordé en febrero de 2010. El sindicato estuvo a la altura y supo amoldarse a las reglas de juego: si faltan indicios, se sobresee la acción penal.

A todo el mundo se le escapa que, para la acusación popular, el sistema judicial no ha podido fracasar con mayor estrépito. Primero se les archivó una denuncia, después se anuló el caso Blesa, luego se pretende apartar del caso al juez que por fin reaperturó las diligencias, también se intenta anular el caso Banco de Miami; más tarde se apartó al instructor, suspendiéndolo temporalmente en sus funciones; y, finalmente, como consecuencia de la querella que me ha formulado el fiscal Manuel Moix, tendré que abstenerme de conocer los casos Blesa y Banco de Miami. Una escalada tan espeluznante no anima, desde luego, a ser acusador popular. Es triste concluir que, mientras la Justicia española no trate en igualdad de armas a la acusación particular y a la fiscalía, no nos habremos librado de la tutela encubierta que el Gobierno ejerce sobre el Poder Judicial a través de los fiscales.40

De ser ciertos la mitad de los reproches que arrojan sobre mí la defensa de Blesa y el Ministerio Fiscal, el sindicato Manos Limpias sería el más interesado en que me apartasen. A nadie, y menos a la acusación popular, dados los altos costes del proceso, interesa un juez inepto y parcial instruyendo un caso. Ello daría al traste con la acción penal en su conjunto, incluida la acción popular. Sin embargo, este sindicato ha apoyado siempre mi instrucción. Incluso llegó a formular una querella sin precedentes contra la cúpula judicial de nuestro país por el acoso institucional de que yo venía siendo objeto a juicio del sindicato.

¿Cómo es posible esta paradoja? ¿Alguien se ha imaginado que en Manos Limpias no saben lo que hacen? ¿A alguien se le ocurre que al sindicato le interesa que los procedimientos judiciales se queden varados en el descrédito? ¿No será sencillamente que mi instrucción ha sido impecable? ¿Puede ser que a los círculos competentes no les interese que se instruya con tal prontitud y eficacia? ¿Pretenderán que los instructores nos pasemos años mareando la perdiz sin dar nunca en la diana? ¿No será consigna tácita que los jueces nos entretengamos botando la pelota casi fuera de la cancha para que la casta política tenga tiempo de reaccionar judicialmente?

Son algunas preguntas para entretenerse. Al fin y al cabo, nuestro país parece cada vez más un crucigrama. España es un acertijo escondido en el fondo de unas cuantas madrigueras. Algunos han dedicado su vida a camuflar este acertijo, lo silencian en sus ratoneras, y no dejarán que las grandes causas judiciales salgan adelante. Y menos aún que avancen con celeridad. Los movimientos relámpago sólo los temen los adversarios con escaso terreno para replegarse. Nuestra clase política y los empresarios castizos aliados con ella no han ganado tanto terreno. Han mentido mucho, han ocultado los grandes problemas del país, pero les ha faltado tiempo para consolidarse, y la crisis les ha pillado de improviso. Entre otros motivos porque no han creado riqueza con mayúscula. El español hoy en día ve aterrorizado que acabará más empobrecido que en el tardofranquismo.

Lo notorio es que Manos Limpias interviene —a veces en solitario— en las principales acciones penales de nuestro país, al contrario de lo que hacen sindicatos como UGT o CCOO, que no están personados en tales procesos. Es más, uno de sus principales dirigentes, el secretario general de la federación de banca de CCOO, José María Martínez, incluso se permitió criticar el encarcelamiento de Blesa, una decisión que calificó como «drástica».41 Este líder sindical hasta llegó a cuestionar que el sobreprecio abonado para la compra del Banco de Miami fuese indicio de criminalidad. Viniendo de un sindicalista del sector financiero, la afirmación es sobrecogedora. No sólo por su condición sindical, sino porque algún conocimiento de gestión bancaria cabría atribuirle. En todo caso, algo de cautela toca guardar si nada se sabe de compra y venta de bancos. La prueba del desacierto llegó al día siguiente: el secretariado general del sindicato desautorizó a Martínez por cargar contra el juez que decretó la prisión de Blesa.42

¿La rectificación de CCOO basta para que no sigamos desconcertados? En realidad, no se comprende a qué criterios responde la actitud de un sindicalista como José María Martínez, su sorpresa inmediata tras ciertos encarcelamientos, su tibieza para con los sobreprecios de los bancos y, en suma, su apoyo al expresidente de Caja Madrid.

Quizá sea esclarecedora una noticia aparecida en el diario El Economista en la que se recogía la opinión del expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina sobre el caso, según la expresó el 17 de junio de 2013 en un encuentro informativo en Servimedia.43 Lanzaba afirmaciones como que el «caso de Caja Madrid es paradigmático» y acusaba a los políticos de «meter la mano donde no tenían que meterla». Declaraba que «la Ley de Cajas, que se hizo en la etapa de Felipe González, decía que los políticos tenían obligación de vigilar, no de decidir». Sin embargo, añadía: «Se metieron todos en los consejos de administración y nombraron presidentes ejecutivos que lo más gordo que habían visto era un billete de 500 pesetas, y así estamos».

Refiriéndose en concreto a Caja Madrid, comentaba que «metieron a Blesa, ya que no sabía nada y sólo tenía experiencia de inspector de Hacienda, porque era amigo de José María Aznar, que llegó con autoritarismo y le dijo a Rodrigo Rato (entonces ministro de Economía) —y me lo conozco bien porque acababa de salir de la Comunidad— “Pónmelo de presidente”». Según su versión, Rato le dijo a Aznar: «No depende de nosotros, sino de la Comunidad y del Ayuntamiento de la capital», pero el presidente del Gobierno de España en ese momento le contestó: «Tú te encargas, yo lo quiero ver ahí».

Leguina explicó que Rato acudió a Alberto Ruiz-Gallardón, entonces presidente de la Comunidad de Madrid, «y tras darse cuenta de que las cuentas no salían y de que no tenían votos suficientes» para que Blesa fuera designado presidente de Caja Madrid, PP y CCOO «firmaron un documento ilegal» que posibilitó el apoyo de este sindicato y de IU a este nombramiento.

«Imponen ilegalmente a Blesa, que ha dado créditos de miles de millones de euros a empresas constructoras que no tenían recalificado el suelo para construir», decía Leguina, quien señalaba que el nuevo presidente de Caja Madrid «lo primero que hizo fue multiplicar por 18 su sueldo y el de los que trajo con él». A su juicio, los miembros de los distintos consejos de administración de Caja Madrid también «son responsables» de lo sucedido, «pero no en la misma medida» que los directivos ejecutivos.

EL HILO DE ARIADNA

Cuando se investiga judicialmente la gestión bancaria relativa a la concesión de créditos, se abren diversas alternativas procesales:

1) La no concurrencia de ninguna infracción penal.

2) Cabe detectar irregularidades por sí solas irrelevantes.

3) Las irregularidades pueden ser relevantes, pero sin repercusión porque finalmente se paga el crédito.

4) Las irregularidades pueden ser relevantes, con perjuicio económico para la entidad financiera, pero como meras infracciones administrativas. Serán sancionables por el Regulador o la Dirección General del Tesoro, pero no darán lugar a intervención judicial penal.

5) Podemos hallarnos ante irregularidades de tal magnitud que el incumplimiento de los protocolos constituya delito societario.

6) Puede que se trate de una gestión bancaria aisladamente delictiva; o cometida en varias ocasiones, pero sin llegar a ser continuada.

7) Cabe que la gestión criminalizada haya sido continuada, practicada usual y sistemáticamente por los cuadros directivos de la entidad financiera.

8) Finalmente, puede que el delito societario continuado se haya desplegado con enorme virulencia, hasta el punto de producir el quebranto total de la entidad financiera.

Cuando un Juzgado examina denuncias sobre préstamos concedidos por entidades financieras bajo múltiples irregularidades, el instructor deberá tener presente todas estas opciones. Desde luego, si se coloca en las últimas orientará la instrucción hacia diligencias de amplio espectro probatorio, en consonancia con la gestión bancaria criminal ejercida durante años. La que acabamos de describir es una escala dinámica. Si las evidencias de la instrucción han alcanzado indicios delictivos aislados, el juez no puede detenerse ahí. Debe rastrear elementos que abran la puerta a un posible delito continuado.

Así sucede en cualquier investigación sobre espacios criminógenos. Para el delincuente habitual, el delito es su oficio. Imaginemos que al juez le cuentan que un profesor de educación física es pedófilo y que ha agredido sexualmente a sus alumnos de 6.° de primaria. Carece de lógica delictiva que el juez no indague lo que haya podido ocurrir con los alumnos de ese mismo profesor en 3.°, 4.° o 5.° de primaria. Igual modelo de proceder se aplica a otros delitos. Imaginemos que un grupo criminal asalta tres joyerías en la calle Serrano de Madrid. El juez deberá deducir posibles conexiones con otros robos, meses antes, en varias joyerías de la calle Velázquez, paralela a la anterior. Si no lo hace, alguien podría soltar un chiste fácil: «Para lelo, el juez». Nada de esto tiene la menor relación con montar causas generales, tal y como me reprochó la Audiencia Provincial de Madrid. Los instructores indagan señales o alertas delictivas, y las van tejiendo unas con otras. La red de alertas se enlaza en el tiempo cuando nos hallamos ante delitos continuados y conexos. Si una causa penal sigue este itinerario, se acomoda al espacio criminógeno que se investiga.

Algunos círculos competentes a nivel financiero han contemplado la anterior escala con preocupación.44 Saben mejor que yo lo acaecido en la gestión bancaria de nuestro país durante los últimos quince años. Posiblemente hay personas que no desean, por nada del mundo, investigaciones amplias sobre la gestión de las cajas de ahorros. ¿Será porque tal gestión ha sido pésima, porque ha dejado mucho o muchísimo que desear? Lo ignoro, sobre todo porque anularon el caso Blesa y me han apartado provisionalmente del Juzgado.

A los imputados puede interesarles exagerar y meter miedo, sosteniendo que los casos Blesa y Banco de Miami son «causas generales», enfocadas a que se persiga a toda la banca española. Falso. Tales afirmaciones se caen por sí solas. Ni toda la banca de nuestro país ha incurrido en gestión irregular —menos aún con relevancia penal—, ni se persiguen toda clase de delitos de forma indiscriminada.

En cierto modo, quien ya había reaperturado implícitamente el caso Blesa, antes que yo, fue mi colega Fernando Andreu. Cuando inició el denominado caso Bankia, a mediados del año 2012, e imputó a todo el Consejo de Administración con su expresidente incluido (Rodrigo Rato), este juez asumió una posible gestión bancaria irregular en la entidad que sustituía a Caja Madrid. Es bastante incoherente afirmar que lo que pasa hoy en un lugar no tiene nada que ver con lo que pasó ayer, simplemente porque le hayan cambiado el nombre.45 Entre mi archivo provisional de la denuncia inicial contra Blesa en 2010 y el comienzo del caso Bankia, dos años después, puede existir una gestión bancaria criminalizada desplegada de forma continuada. Es casi imposible que esos indicios sólo se relacionen con Bankia pero en absoluto con Caja Madrid. De cualquier modo es cuestión de investigarlo. Ni más ni menos. Y por ahora no me dejan.

Mientras instruía el caso Blesa, iba avanzando el caso Bankia en la Audiencia Nacional. El juez Andreu había citado al sucesor de Blesa, Rodrigo Rato. También citó al Consejo de Administración de Caja Madrid. La prensa mostró su sorpresa porque sólo se llamase como imputado a Rato, expresidente del Fondo Monetario Internacional y exministro de Economía con Aznar. Andreu no emplazó a Blesa ni como testigo. Cuando me inhibí del asunto remitiéndole el caso Blesa, rechazó la competencia. Para muchos, el expresidente de Caja Madrid durante la era del ladrillo fue, sin duda, el responsable de la situación económica que desembocó en ese delta de incertidumbres llamado Bankia. Los medios de comunicación concluyeron que Rato era un chivo expiatorio. Llegó a Caja Madrid en medio de un naufragio: su única responsabilidad fue no organizar bien el salvamento. No es preciso ser experto en navegación marítima. En los naufragios, la primera responsabilidad corresponde al capitán del buque cuando se va a pique. Tampoco en el Partido Popular se entendía la imputación de Rato mientras Blesa no era llamado ni para testificar. No se compartía esta idea: «El máximo cargo de Caja Madrid durante la burbuja inmobiliaria no tiene nada que contarnos».

Andreu no aceptó mi inhibición esclareciendo, en consecuencia, los hechos imputados en la denuncia inicial de Manos Limpias. Pero a mí tampoco se me permite proseguir con el proceso. Cualquiera diría que alguien ha diseñado un callejón sin salida en toda regla.

Cuando se ignora un camino puede indagarse el recorrido mediante el hilo de Ariadna. Esta diosa también simboliza la pureza. Cuando se enamoró de Teseo, le regaló un ovillo para que no se perdiese después de matar al Minotauro,46 el hombre-toro oculto en un laberinto secreto. Ariadna representa la fiabilidad, y su hilo, la pureza. Cuidadosamente, Teseo lo fue desenredando hasta encontrar al monstruo en el interior de su escondrijo. Lo mató y pudo volver sobre sus pasos gracias a que fue rebobinando el hilo de la diosa. Este hilo construye el relato. Encierra el mapa de la historia, fiable, como la pureza de quien lo obsequió.

La clave del relato no es la eliminación del Minotauro, sino que después escape el héroe del laberinto secreto. La liberación se enhebra a través de la madeja que ovilla Teseo. De igual manera deben discurrir los indicios que se devanan a lo largo del proceso penal. La madeja rige el conjunto de diligencias de prueba, y la culpabilidad es el Minotauro oculto en el laberinto. El monstruo no quiere ser descubierto, y esta resistencia la ampara el Derecho. Sin esta ventaja para el procesado, cualquier inocente podría acabar condenado injustamente. Además, las dificultades para hallar la culpabilidad se hilvanan en un proceso. El instructor deberá tomar los indicios cuidadosamente, como si fuesen agujas, enhebrándolas con un hilo lógico que, al final, pueda rendir cuenta del recorrido transitado. Ese recorrido, cada uno de sus pasos, constituye el aparato probatorio.

Si el juez, una vez descubierta la culpabilidad, no es capaz de rendir cuenta, paso a paso, del recorrido que ha necesitado para llegar a tal conclusión, es como si Teseo, después de matar al minotauro, no hubiera podido encontrar la salida del laberinto. Sin el hilo de Ariadna, el héroe hubiera podido eliminar al Minotauro, pero su muerte habría devenido estéril. Nadie lo habría sabido porque, atrapado dentro del laberinto, el hecho glorioso hubiese sido recluido en el secreto. La publicidad requiere devanar el hilo de Ariadna, igual que la culpabilidad en un proceso penal exige que puedan señalarse, paso a paso, las circunstancias que la han determinado. Sin esos hitos cuidadosamente enhebrados, el culpable, aunque haya sido atrapado, quedará impune.

Esta historia sugiere que la causa penal atrapa al delincuente y a la vez libera una verdad material, el «sí mismo» o destino esencial del proceso. Esa verdad liberada se relata por el hilo consecuente de indicios relevantes a nivel criminal.

Esta labor instructora es la que comencé a practicar a partir de reabrir el caso Blesa. A cualquiera se le puede ocurrir que si un instructor, Fernando Andreu, ya había comenzado a devanar ese hilo de Ariadna, cabía la posibilidad de que otro juez interviniese. En el sistema judicial español, obviamente, el papel de Teseo no se reserva a un solo juez. El relato de la gestión bancaria en Caja Madrid y Bankia entre los años 1996 y 2012 constituye una misma historia. Pensar que al entrar Rodrigo Rato en la entidad —por obra y milagro de no se sabe qué— se fracturó el hilo de esa historia, carece por completo de sentido. Por tanto, se puede llegar a la conclusión de que cuando Andreu inició el caso Bankia, admitiendo a trámite una querella de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, reaperturó implícitamente el caso Blesa. No en vano, la acusación popular en el caso Bankia —instruido por Andreu— solicitó que se unieran al mismo las diligencias de los casos Blesa y Banco de Miami, seguidas en mi Juzgado.

La realidad y la verdad forman alianzas sorprendentes. La realidad es a veces obstinada. Si los hechos se empeñan, los hilos de Ariadna dejan muchos rastros. Sobre todo en momentos críticos, como los que hoy en día cruzan todas las vértebras de la sociedad española. Alguien acabará por encontrar los caminos de salida. O entre todos los hallaremos. En cuanto a mí, por ahora no puedo devanar el ovillo, pero eso no significa que no lo tenga.

De hecho, según alguna versión del mito relatado, Ariadna había sido secuestrada por el Minotauro. En esta versión, su amante no abandonó el laberinto hasta que no consiguió rescatarla. Tal vez a mí también me haya ocurrido que, muerto el Minotauro, deba rescatar a Ariadna, la pureza: la Justicia. Quizá se hayan adelantado a mis pasos. Tal vez alguien haya escondido a la diosa en un ponzoñoso recodo del laberinto. No lograré rendir cuenta de la muerte del Minotauro hasta que no halle a Ariadna. Y a lo peor a estas alturas se encuentra desahuciada.

LA JUSTICIA EN PROCESO DE DESAHUCIO

Los desahucios resumen lo que está sucediendo en España, como símbolo desgarrado que a algunos mata, a muchos mortifica y a la mayoría perturba. El desahucio sobreviene por muchos senderos. A veces sentimos desesperanza porque nos han cerrado todas las puertas. Nos vemos en un laberinto y no hay escapatoria. Es el lamento de Ariadna cuando nadie la rescata del laberinto, incluso después de muerto el Minotauro.

Desahuciar, etimológicamente, se relaciona con des y afuciar. Desglosemos. Afuciar se compone de a y fucia. Fucia proviene del latín fiducia y significa «confianza», de fidere (confiar). Hoy pronunciamos desahucio como palabra llana, pues fucia cayó en desuso.47

En resumidas cuentas, los desahucios no se relacionan con las viviendas, sino con la desconfianza. Por eso, de algún modo, también quedamos desahuciados cuando somos incapaces de pagar nuestras deudas. La confianza es el asunto más delicado, y apela a la pureza. Poca contaminación basta, en un momento dado, para dar al traste con ella. Aunque se brinden muchas oportunidades al deudor, tal vez llegue un momento en que no se confíe más en él. Quizá se haya descubierto que carece de bienes o tal vez que sea un estafador. Da igual. Lo relevante es el punto donde la confianza se abandona. Siguiendo con nuestro relato mítico, en ese momento la credibilidad se recluye en un oscuro laberinto. Costará muchísimo rescatarla. Lo sabe muy bien cualquier persona confinada en un listados de morosos.48

La pérdida de esperanza late con insistencia en las diversas acepciones de la palabra desahucio. Todo desahucio apela a una pérdida, a una exclusión respecto de algo que no volveremos a recuperar. Puede ser una casa, la salud o incluso la esperanza. En esta última acepción, el desahucio desmoraliza. Desmoralizados nos sentiremos desilusionados, privados de toda fe: desahuciados. Cuando esta desmoralización nos conduzca al desengaño, el error nos embargará y sentiremos que todos nuestros caminos han sido equivocados. En ese error se convocarán emociones y náuseas, pero también cierta convicción mental de que ya nada vale la pena. En ese trance, la vida en sí misma parecerá sin sentido como si sólo dispusiésemos de una llave. Si abrimos la puerta, la única escapatoria se llamará suicidio.

En el sentido de la salud, los médicos a veces desahucian a los pacientes, y a su vez éstos pueden quedar desahuciados por los médicos. Es la virtualidad reflexiva y transitiva que puede tener el abandono: uno puede sentirse abandonado, a la vez que los otros nos abandonan. Desahuciar parece agua, el líquido donde pueden sumergirse, naufragar y lavarse todas las personas, junto con sus decepciones más profundas por el abandono y la pérdida completa de confianza.

Quevedo juega con el verbo desahuciar e indaga en sus paradojas. No en vano este inmenso escritor dijo: «Donde hay poca justicia es un peligro tener razón». Esperemos que esta afirmación no se nos caiga encima. Ojalá la justicia no sucumba bajo su nombre.49 Francisco de Quevedo aprovechó para señalarnos que, tras el mayor abandono, puede latir el deseo: «Ojos, en vosotros veo / un poder que, donde alcanza, / desahucia la esperanza / y resucita el deseo».

Tras el desastre o el desahucio, paradójicamente emerge el renacer del deseo: una alada esperanza. Como si tras apagarse toda llama en el invierno, un rescoldo insignificante pudiese revivir inesperadamente. Este renacer imprevisto se funde con la pureza. Es decir, tras el abandono pleno del desahuciado, se salva algo irreductible, una resistencia más allá de toda comprensión, donde habita la esperanza. Quizá Ariadna, la justicia o los desahuciados, por muy abandonados, olvidados o desmoralizados que se sientan en el fondo de sus laberintos, sin embargo, conserven una convicción leve pero viva: saldrán del encierro. Tal vez esperan ser rescatados. Quizá incluso hayan comenzado a darse cuenta de que el Minotauro ha sido herido de muerte. Acaso muchos entrevean que pueden abandonar el laberinto por sí mismos.

La justicia desahuciada, una sociedad que se siente impotente por la impunidad de los poderosos, siempre encubre un fondo de esperanza. La otra cara del abandono y el desahucio, paradójicamente, es la mayor de las esperanzas. Elpis, término que designa la esperanza en griego antiguo, es una mariposa brillante que sale del fondo de la caja de Pandora, como si nada hubiese sucedido, después de que se hayan desatado todas las desgracias. Esta mariposa inesperada y rebosante de levedad describe el instinto de vida permanente. Su despreocupado vuelo despliega viva fortaleza con su liviandad intocable. Dibuja la esperanza que no se rinde. Lo demuestra con su brillo: todo ha sido arrasado, sólo puede quedar lo incorruptible. El alambique del desahucio destila esperanza.

En los casos Blesa y Banco de Miami, la justicia, por ahora, se halla desahuciada. Puede que en estos tiempos, como dijo Quevedo, corriese yo peligro si tuviese razón. Pero también creo que la otra faz de una justicia desahuciada es la posibilidad obstinada de que renazcan esos procesos judiciales y la justicia, como Ariadna, pueda ser liberada de su cautiverio en el laberinto del Minotauro.

COMIENZOS, HORARIOS Y ESTAFAS

Cuando, el 16 de noviembre de 2012, el magistrado Fernando Andreu rechazó la inhibición para investigar a Blesa, devolvió el asunto al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, y me hice cargo del caso de nuevo. Un equipo de la Guardia Civil me proporcionó apoyo especial y directo en la instrucción. Cualquier reconocimiento que yo manifieste sobre su entusiasmo se quedará corto. La celeridad del proceso no fue sólo por mi impulso, sino también por el alto nivel de entrega de estos funcionarios.

Es cierto que la instrucción de ambos casos ha sido de carácter muy técnico, sobrepasando los cauces al uso en una investigación policial. Gran parte de los procedimientos se basan en documentos de perfil sumamente complejo y que requieren de un análisis muy especializado. La disciplina que aborda este tipo de trabajos ni siquiera goza de traducción clara en español. El término inglés forensic designa un área de conocimiento que aglutina a múltiples profesionales en relación con el fraude empresarial. Un buen departamento de forensic contará con medios personales bajo una óptica interdisciplinaria.50 Economistas, juristas, auditores, matemáticos, ingenieros, criminólogos, especialistas en el sector financiero, en materia tributaria, en protocolos de gestión empresarial o bancaria, o en inteligencia criminal, profesionales como éstos, coordinadamente, serán capaces de asumir investigaciones muy complejas en procesos como, por ejemplo, el caso Banco de Miami. Además, en esta clase de asuntos resulta indispensable que el impulso procesal provenga del juez hacia las fuerzas policiales, y no al contrario.

En otra clase de causas, el juez casi se acomoda al impulso policial, constituyendo el proceso un conjunto de resoluciones judiciales que se van acoplando a la ingente presión policial. No sucedió así en mis causas. Casi la totalidad del impulso procesal fue monopolizado por el juez. De hecho, ni siquiera los peritos llegaron a solicitarme la práctica de pruebas que no hubiese yo acordado con anterioridad, excepto en algún supuesto de escasa relevancia. Pero el equipo de la Guardia Civil se acomodó rápido a los complejísimos asuntos criminógenos en juego. Esta actitud impregnó el trabajo de un creciente entusiasmo que optimizó la instrucción del proceso. Y este contagio emocional para el juez puede ser clave. Lo es para cualquier trabajo que necesariamente deba abordarse en equipo. Pero cuando se trata de la soledad del instructor, dichas circunstancias de entrega y ánimo se contagian en mayor medida.

El 5 de diciembre de 2012 cité por primera vez a declarar a Blesa y Díaz Ferrán, aunque ese día el foco de atención no estaba en mi Juzgado sino en la Audiencia Nacional. Uno de los seis jueces centrales de instrucción que trabajan en ese órgano, Eloy Velasco, había ordenado dos días antes la detención de Díaz Ferrán en el marco de la Operación Crucero. Este caso versaba sobre alzamiento de bienes y blanqueo de capitales en el proceso de liquidación de la empresa Viajes Marsans, precisamente la que se presentó como garantía del crédito concedido por Caja Madrid a Díaz Ferrán. Según la acusación, Díaz Ferrán habría llevado a cabo, junto a Ángel de Cabo, la persona que compró la empresa, el vaciamiento de las cuentas dejando sin pagar a los acreedores.

El mismo día en que yo le había citado en mi Juzgado, Velasco le interrogaba en el suyo. Mi interrogatorio se pospuso unas horas porque teníamos que coordinarnos. El otro juez había decretado la prisión de Díaz Ferrán, y teníamos que gestionar con la Guardia Civil su traslado desde la Audiencia Nacional a los Juzgados de plaza de Castilla. En un principio, el expresidente de la CEOE se negó a declarar. Frente a lo que hizo Blesa, Díaz Ferrán no quería responder a mis preguntas. La acusación me había solicitado medidas cautelares, entre otras el ingreso en prisión. Convoqué la vista correspondiente de cara a examinar qué medidas cautelares procedía adoptar en su caso.

Las actuaciones se extendieron durante toda la mañana. Soy anárquico con mis comidas, pero no se trataba sólo de mí, sino de los horarios de la plantilla del Juzgado, que veía cómo la jornada podría extenderse incluso más allá de las 20.00 horas. Es difícil exigir esfuerzos adicionales a empleados públicos que recientemente han perdido la paga extraordinaria. Si tal privación carece de fundamento, la limitación de sueldo se vive también con indignación. Cuando además trabajan en condiciones laborales cada vez más penosas, la indignación se dibuja en rostros apagados, fundidos en el rechazo al juez que, inevitablemente, prolongará la jornada hasta bien entrada la noche.

Materialmente hablando, ese día comenzó la instrucción del caso Blesa. Había que evaluar si Díaz Ferrán pudo haber cometido un delito de estafa a Caja Madrid. A su vez, respecto a los directivos de esta entidad, debía indagarse si pudo cometerse delito societario de administración desleal.

El delito de estafa se relaciona con algunos aspectos del desahucio. Ya hemos visto que esta palabra reposa sobre la noción de confianza. Desahuciados y estafadores no gozan de confianza. Los primeros desgraciadamente la han perdido, pero son dignos de ella. Los segundos son unos sinvergüenzas y no la merecen. Que en la misma persona coincida la condición de estafador y desahuciado es un hallazgo que reconforta.

El estafador casi siempre se vale de la franqueza que tiende sobre su víctima. Es una familiaridad muñida y calculada, porque nada puede verse como espontáneo en un estafador. Como cualquier depredador, busca personas rezagadas, despistadas o desvalidas. Ojea víctimas propiciatorias. Y les cae encima. La forma más apropiada es ganándose su credibilidad. Pero el estafador no se camufla como las serpientes. Tampoco arranca con velocidad de vértigo como los felinos. Ni goza de la tenacidad de los lobos, que persiguen a sus víctimas hasta extenuarlas. Se inspira en estas estrategias, pero su cualidad principal es otra: la plena alteración de los valores humanos. De lo que aparenta, nada es cierto. Se aproxima para ayudarte, para mostrarse desvalido o para ofrecerte un negocio provechoso.

El principal truco del estafador es convertir en protagonista aparente a la presa, que ignora por completo el verdadero guión. Los damnificados por estafadores son los actores más mediocres en las tramas del engaño. Los verdaderos actores principales del defraudador son sus compinches. A veces éstos se estafan entre sí provocando enredos divertidos. Cuando estos líos se producen en instituciones financieras, no son tan cómicos. Tal vez produzcan gran indignación.

En realidad, no es fácil que un estafador engañe a bancos o cajas de ahorros. Son instituciones muy denostadas por algunos precisamente por su falta de inocencia. Quizá la expresión más dura pertenezca a Bertolt Brecht en su obra La ópera de dos centavos: «Poca cosa es robar un banco, comparado con fundarlo».51 Creo que es posible una banca cívica, a la altura de las necesidades de la ciudadanía y de las personas emprendedoras. Reservo la expresión de Brecht para banqueros sin escrúpulos, al no asumir la gran responsabilidad que supone crear dinero mediante el crédito. Lo que de cualquier modo aclara Brecht es sencillo: engañar a banqueros es casi imposible.

LAS ASTRONOMÍAS DEL MUNDO FINANCIERO

En el seno de las entidades financieras se produce una doble circunstancia de enorme trascendencia. Se trata de un hecho cotidiano dentro de la experiencia bancaria. Quizá ni llame especialmente la atención de los protagonistas. Pero de cara al tratamiento criminológico de algunos aspectos de la gestión financiera, se trata de una doble circunstancia muy llamativa.

La inmensidad

Las sumas de dinero que se mueven en el mundo financiero son astronómicas. En el negocio bancario, como en alta mar, las cosas presentan perspectivas muy diferentes a lo que sucede en una población de tierra adentro. En alta mar lo inmenso parece pequeño cuando en realidad lo que estamos contemplando no cabría en varios campos de fútbol. Imaginemos que una entidad ha decidido comprar un banco en euros, pero el precio se debe pagar posteriormente en dólares. Entre el día en que se perfecciona la compra y el día del pago puede cambiar la cotización del euro y el dólar. Esas diferencias de valor de cotización pueden llegar a ser de millones de euros. La diferencia favorecerá al euro cuando esta moneda haya subido más en su cotización que el dólar, o viceversa. Para un alto ejecutivo de banca, esos millones de euros son una cifra residual, ligada a un mero tipo de cambio. Sí, una cantidad insignificante, una bagatela, en proporción a los dos mil millones de euros que cuesta comprar el banco.

El negocio bancario navega por alta mar, marcando con naturalidad el rumbo en torno a proporciones como las que he descrito, y aún mayores. Desde esta perspectiva, el concepto de pérdida o ganancia es muy relativo. No se adapta en absoluto a las circunstancias por donde nos movemos la mayoría de las personas. Es como si a un ciudadano medio, perceptor de mil euros al mes (discúlpeme el lector si creo que hablo del sueldo medio en España), se le ofrece el siguiente negocio: compra hoy diez paquetes de pipas de girasol; mañana por la tarde podrás venderlos a dos céntimos más de lo que te han costado. Esta persona estándar no verá el menor incentivo en la propuesta.

Con estas simplificaciones no me propongo sintetizar el núcleo del negocio bancario. Sólo quisiera que el lector lo advierta. La gestión bancaria surca proporciones de alta mar, donde lo pequeño es inmenso para residentes de tierra adentro.

Los solapamientos

Otro aspecto muy llamativo de la gestión bancaria nos sigue conduciendo por variables de alta mar. En la navegación a vela, el buen marino podría alejarse de la línea recta imaginaria entre dos puntos y alcanzar su destino antes que otros navegantes. ¿Cómo es posible? Sencillamente porque el marino más experto, mejor conocedor de los vientos dominantes en la zona, se dirige a un lugar alejado donde recoge mayor fuerza de empuje. A simple vista, este proceder desconcierta. Pero finalmente los mejores vientos otorgan ventaja.

Igual sucede con muchos negocios bancarios. Imaginemos el préstamo a un empresario que seguramente no podrá devolverlo. Aparentemente, la operación económica se presenta como perjudicial. Pero la entidad prestamista vislumbra que, al resultar fallido el crédito, podrá controlar la empresa gracias a las acciones que cede en prenda el prestatario a favor del banco. Una vez que la entidad se haga con el negocio, lo saneará y reflotará, planteará un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y luego lo explotará con gran beneficio. El crédito que supuso pérdidas iniciales de veinte millones de euros se convierte, así, en fuente indirecta de ganancias sostenibles. Una vez puesta en marcha la empresa, el banco la vende por doscientos millones de euros. Lo que originariamente era pérdida de dinero se ha convertido en un negocio satisfactorio. Pero estos ejercicios visionarios no siempre prosperan: a veces se gana y a veces se pierde.

EL JUEGO DEL ESCONDITE BANCARIO

Este complicado equilibrio del mundo financiero ofrece escondrijos criminalizados. La red de los negocios forma una malla que igual atrapa genios de las finanzas que tiburones indeseables. Bajo la excusa de un desvío en busca de mejores vientos, caben estratagemas para depredar a la entidad. Es tan elástico el mundo de la gestión bancaria, discurre entre sumas tan astronómicas, requiere de mecanismos de funcionamiento tan complejos, que cualquier sabandija puede escurrirse entre saludables oportunidades de negocio. Algunos empleados de entidades financieras adoptan formas tan invisibles y mortales como el virus del Ébola. Cuando los directivos de estas entidades son portadores de conductas víricas, se abrirán múltiples rendijas para cometer delitos. En tiempos boscosos de bonanza económica, este proceder se camuflará bajo cifras colosales y complejas estrategias. Pero cuando pasen estos períodos, muchos negocios criminalizados quedarán al descubierto. Agotado el bosque de los cuantiosos beneficios, sobrevendrán sucesivas talas que descubrirán tierras esquilmadas por años de siembra nociva y mala hierba.

Entre la estafa a un banco y la casi absoluta imposibilidad de engañarle se nos presenta una tercera posibilidad. Desde el interior de la entidad puede virarse la estructura empresarial. El delincuente puede ocultarse entre los desfiladeros astronómicos por los que discurren las sumas del negocio bancario. También puede esconderse entre telarañas de estrategias complejas para la obtención de beneficios. El buen urdidor diseñará las estratagemas con una doble finalidad: obtener beneficios y a la vez defraudar a la entidad financiera. Este proceder ambiguo genera tremendas dificultades a la hora de atrapar al delincuente.

Las operaciones presentan una doble faz. Por una parte, suponen beneficios. Por ejemplo, si se compra un chiringuito financiero que genera ganancias y posición estratégica en una zona determinada. Pero, por otra, también suponen pérdidas. Por ejemplo, si se ha pagado por ese mismo chiringuito financiero una suma desproporcionada. Aunque no necesariamente, el impulsor de esta operación es posible que reciba premios cuantiosos, mediante comisiones, la entrega de stock options realizables bajo condiciones manipuladas u otros mecanismos.52

Cuando el juez instructor rastree la realidad de estos fraudes, se le presentarán operaciones bajo circunstancias informes. No sabrá, en principio, hacia dónde inclinar la balanza. No visualizará con claridad la voluntad delictiva de los ejecutivos infectados. Éstos se justificarán: «En todo negocio se gana y se pierde». Por este motivo, muchos piensan que nos hallamos ante delitos no perseguibles en la práctica, salvo que se pille al directivo con las manos en la masa. Es decir, para algunos no hay delito, salvo que el ejecutivo haya desviado dinero para sí o sus compinches. Pero esta forma de pensar es inconsistente. El riesgo primordial de estas defraudaciones es producir perjuicio económico a la entidad financiera. Este dato clave, junto con graves incumplimientos de protocolo y una voluntad de delinquir, constituyen la conducta punible.

En los delitos financieros no hace falta que el ejecutivo haya sido pillado con las manos en la masa. Pero ¿cómo puede acreditarse la administración desleal? En un contexto tan complejo, ¿cómo puede probarse que el presidente de una institución financiera o sus directivos se han confabulado para cometer fraude empresarial a escala?

Ante todo, deben admitirse grandes dificultades a la hora de investigar estos delitos. Pero ello no supone inviabilidad, sino la exigencia de una instrucción más minuciosa y especializada. Sin duda, la investigación se facilita cuando han pasado los períodos de bonanza económica. Pero la clave es examinar muy detenidamente los protocolos de gestión bancaria. Podemos exigir al juez que aclare los pasos, indicios y evidencias que ha recorrido para atrapar al delincuente. Pero podemos exigir al ejecutivo bancario que, de igual manera, devane el hilo de Ariadna por el que se condujo respecto de variados aspectos de la gestión bancaria, tales como para qué y por qué visionó un negocio; cómo y de quién se valió para someter el negocio a estudio; cuándo, cómo, bajo qué presupuestos, conjunto de informes y antelación sometió el negocio a los comités, comisiones o consejos competentes para su aprobación; cómo, en qué términos y bajo cuántas comunicaciones y autorizaciones debidas se procedió a consumar el negocio; descripción y plena justificación de los instrumentos de pago correspondientes; en qué circunstancias revirtieron a la entidad financiera las consecuencias del negocio; mecanismos dotados en la entidad para solicitar consejo y denunciar malas prácticas de fraude; número de denuncias de empleados formuladas en el pasado; garantías de confidencialidad y anonimato para proteger a los denunciantes; o inventarios confeccionados sobre riesgos de fraude.

No en vano, la actividad bancaria constituye un negocio seguro y a la vez, por su carácter complejo, no está al alcance de cualquiera. Para crear un banco, nuestra Dirección General del Tesoro exige, como primer paso, tener 18 millones de euros.53 Alguien podría pensar que se juntan cuatrocientas personas con 45.000 euros por cabeza y ya está: crean un banco y comienzan a ganar dinero a espuertas. Nada más lejos de la realidad.

La gestión bancaria —y el valor reputacional asociado— es de las actividades económicas más sensibles, complejas y relevantes que existen. De ahí que se hayan trazado protocolos muy detallados, sistematizados y sinuosos en torno a esta actividad. Los parámetros esenciales de la misma se han estudiado profundamente. Estos protocolos nos permiten rastrear si un ejecutivo los ha seguido o no, en qué grado se ha alejado de ellos, o en qué alcance su conducta desviada ha producido perjuicios a la entidad.

LOS BUENOS AMIGOS

El marco descrito es el telón de fondo del caso Blesa cuando comenzó la instrucción de la causa el 5 de diciembre de 2012. Acomodar las circunstancias expuestas al caso constituía un reto. Sin la menor presión y con toda la ayuda institucional posible, ya supondría un enorme esfuerzo de tiempo y conocimiento culminar una instrucción sobre esa actividad escurridiza —a veces puro aire— que supone la gestión bancaria. La denominada «experiencia bancaria» en ocasiones no es nada.

Hace algunos minutos he atendido una llamada telefónica. Un buen amigo y experto en gestión bancaria, desde la perspectiva del supervisor, quería saludarme. A la vuelta de sus vacaciones estivales se preguntaba cómo me encontraría habiendo sido suspendido de empleo y sueldo, según él, a causa de la instrucción del caso Banco de Miami. «Lo que te ha llevado al linchamiento no es el caso Blesa, sino ese dichoso Banco de Miami. Es mucho lo que se cuece en esa ciudad. Muchos afluentes desembocan allí», me dice.

Le he preguntado si había leído algunos fragmentos que le envié de esta obra. Quería saber si fluía o era confuso. Cuando escribo me debato entre el rigor y facilitar la comprensión del lector. Como el equilibrio no es fácil, acudo a especialistas y amigos muy diversos. Quien acaba de telefonearme es Andrés Hurtado. Voy a llamarle así porque me recuerda al personaje de El árbol de la ciencia, la novela de Pío Baroja.54 Es una obra amarga, que no ofrece salidas a la realidad española a comienzos del siglo XX. Pese a publicarse en el año 1911, muchos de sus ecos siguen resonando hoy en día; el hastío de Andrés Hurtado, por ejemplo, y su incertidumbre respecto de un futuro que se intuye con lenta y persistente degeneración. Sin novedades en el horizonte, a mi amigo se le ocurren pensamientos parecidos a los que Baroja atribuye a su homónimo. No piensa que el gusto por la música implique la menor espiritualidad. Tampoco cree en falsos profetas intelectuales, como el Letamendi de Baroja, un profesor pretencioso, representativo de los gurús españoles que nadie conoce más allá de los Pirineos. Hablando del más allá, me dice, «España no necesita otra vida tras la muerte. Basta la mera existencia de Francia».

Hace tiempo que Andrés ha sepultado sus mejores afanes y deseos de la infancia, y me evoca, por su languidez, al Luisito de la novela de Baroja. En el relato de Baroja, Luisito es el hermano menor del protagonista. Su salud delicada se deteriora lentamente hasta que sucumbe a la cerrazón y penumbras de la familia. Andrés ve en España algo que denomina «la puta dejadez», un ánimo visceral de ir decayendo sin poner obstáculos ni rebelarse. Su visión del hombre se apoya en cierta teoría motora de la conciencia, y diría textualmente lo que Baroja pone en boca de su homónimo: «El pesimismo y el optimismo son resultados orgánicos como las buenas o malas digestiones».

Mi amigo Andrés es un alto funcionario del Estado, temeroso al unísono de incumplir el deber y de no satisfacer al político que manda. En este delicado equilibrio arbitra una doctrina de las medianías, apoyándose en la retórica del punto medio y las expectativas escasas. La virtud consiste en preservar expectativas bajas. Manteniendo un perfil bajo, el alto funcionario se asegura un sueldo de por vida, y a lo mejor podrá dar un salto al sector privado para doblarlo o triplicarlo. Este pensamiento es el oasis mental del empleado público español. Si revelase la verdadera identidad de Andrés, no sé si nuestra amistad se liquidaría ipso facto, pero sí que el terror anegaría su vida y prestigio profesional. España sigue siendo país de inquisiciones y severas censuras.

La conversación con Andrés fue breve:

—Se me ocurren muy buenos comentarios para tu libro. Serían muy de economistas sobre la crisis —me dice.

—Estoy en fase de redacción. Escribo bastante a diario. Desearía exponer todo cuanto importa, pero ya sabes que no puedo hablar de los procesos. Sólo enmarcaré, y contaré al lector el contexto y el alcance —le comento.

—¿Necesitas algo?

—Por ahora no. Ando de reunión en reunión, y saco tiempo de donde puedo para escribir. No siempre me reúno en tierra firme. En realidad, España ya parece sólo mar y aire. En cuanto al dinero para subsistir, te llamaré si me ahogo.

—Pues posa los pies cuanto antes —me advierte.

—Ya estás con tus cosas de la tierra —le digo—. Ya ni apenas cuenta para los ejércitos. Submarinos y helicópteros se van imponiendo.

—Te pasaré comentarios muy mundanos, pero cuida de tu futuro —vuelve a advertirme—. ¿Has decidido si volverás cuando finalice la suspensión? —Se refiere a la sanción que me impuso el Consejo General del Poder Judicial.

—Diviso mi vuelta alegre y triunfante. Y eso es lo que hay.

—Ten cuidado con esa panda de cabrones, volverán a tratarte cual Sísifo. ¿Era Sísifo, no?55

—No, eso no volverá a pasar —apostillo.

—¿No cargarás la piedra de la justicia por la montaña? —me pregunta.

—No, la dejaré caer, esta vez con mayor tino. O iré a sacar a la justicia del laberinto —le respondo, pero siento mi convicción tambalearse mientras hablo.

—Eso está mejor —me dice. Me parece que le tranquilizo.

—En ese laberinto ya sabes que puede acabar cualquiera. Nadie está libre. No te engañes y que no te engañen —le concluyo.

—Así es. Mejor correr... Aunque sea de cobardes —finalizó Andrés.

CAPÍTULO IV DE CÓMO LA JUSTICIA SOBREVIVE CON LOS HILOS DE ARIADNA

LOS BANQUEROS NO ROBAN: CIFRAS ASTRONÓMICAS Y GRANDES NEGOCIOS

Cuando comencé la investigación del caso Blesa, fui consciente de que alguien me podría ver como Sísifo, cargando una piedra tremenda sobre las espaldas y cayendo, una y otra vez, cuando estaba a punto de salir del foso del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, donde se me estaba sepultando. En diciembre de 2012 aún no tenía abierto ningún expediente disciplinario, pero el Consejo ya había anunciado una inspección que me escamaba. No dejé de comentarlo con amigos como Andrés Hurtado. Pero no veían motivos de preocupación. También pensaron que a lo mejor todo quedaba en nada porque quizá no se hallase el menor indicio penal contra Blesa o Díaz Ferrán. En todo caso, la indignación general de la sociedad española, sin perjuicio de las evidencias concurrentes, exigía investigar delitos financieros. Las circunstancias eran muy distintas al optimismo irreflexivo que aún reinaba en España —por mucho que cueste creerlo— en diciembre del año 2010, cuando se interpuso la denuncia inicial de Manos Limpias.

En España ha venido imperando una gran opacidad sobre el funcionamiento de bancos y cajas de ahorros. Los directivos no admiten fácilmente que puedan cometerse delitos en torno a la gestión bancaria. Pero ya no es tolerable que el sector financiero continúe oculto bajo su presunta fiabilidad. Deben perfilarse programas muy serios de cumplimiento normativo (lo que en inglés se denomina compliance). En España hay banqueros ejemplares, pero también hemos sido capaces de generar distorsiones espeluznantes. Existen supuestos aislados, pero muy nocivos, de advenedizos ligados de modo inconfesable con diversos sectores y grupos emergentes de la casta política. Son elementos víricos. La desinfección requiere sanear en profundidad, imponiendo la aplicación de protocolos de forma sistemática. Pero las entidades financieras no son el disco duro de un ordenador. No cabe reiniciar. Son negocios en marcha cruciales para el país. No procede parar y empezar de cero. El adicto a las drogas o al alcohol no debe convivir con estas sustancias, sino que es preferible que las abandone por completo. Pero el adicto al trabajo no tiene más remedio que ir modulando sus excesos, porque trabajar es necesario. Más bien, deben replantearse programas de actuación, hacia nuevos mapas de comprensión de la realidad, paso a paso. Igual sucede en el sector bancario. En las cajas se han generado prácticas inconcebibles, donde algunos directivos se han posicionado muy desviadamente respecto del sentido correcto de la gestión bancaria. Pero la banca debe seguir existiendo, es necesaria.

En la banca se manejan cifras astronómicas bajo proporciones desmesuradas para el común de la ciudadanía, pero insignificantes en el fragor del día a día de las grandes finanzas. Además, impera una dinámica de grandes negocios en la que es muy fácil camuflar al unísono pérdidas y ganancias. Estas dos variables, «cifras astronómicas» y «resultado complejo de los negocios», requieren la intervención de profesionales de gran rigor y decencia en la gestión bancaria. Megalomanía y extravagancia entonan el canto de sirena donde podría naufragar cualquier directivo descontrolado. Frente a prácticas desviadas sólo cabe una solución. La gestión bancaria debe discurrir bajo protocolos adecuados y minuciosos, adecuados para enfrentar alteraciones o desajustes indeseables, y no digamos ya para evitar el colapso de las entidades financieras.

Estos protocolos deberán gozar además de una doble virtud. Deben ser tan eficaces contra la defraudación como proporcionales frente a excesos prohibitivos. Es decir, los protocolos bancarios impedirán el ejercicio desviado de la gestión bancaria, pero sin excederse, sin obstaculizar la optimización del adecuado negocio bancario.

Un banquero nunca roba. No le hace falta. Al gestor bancario desviado le sobra con valerse de las cifras astronómicas y el resultado complejo del negocio. Manipulando convenientemente estos dos parámetros ya podrá cometer fraude empresarial. No requiere robar, por igual motivo que el panadero no va a sustraer miga. No necesitan más que posicionarse ante organigramas y procedimientos de control endebles, y dispondrán de enormes beneficios, no sólo económicos.

Cuando un juez investigue la gestión bancaria no puede desconocer estas circunstancias. Hacerlo equivaldría a que un escritor de novelas policíacas ignorase cuándo los cadáveres requieren autopsia o cuándo es más aconsejable exhumarlos. Si se exhuma un cadáver en agosto a 47 grados centígrados, se le corta a uno la respiración. El hedor es insoportable. Tal vez sobrevenga un desmayo o un rapto depresivo de aquellos que llevan a pensar que carece de sentido la existencia. Los jueces instructores conocen de sobra estas morbosas circunstancias. Pero no estoy tan seguro de que dominen igualmente los enredos que rodean la administración de cajas y bancos. Para la mayoría de mis colegas, el tramoyismo financiero carece de interés.

LA BENEMÉRITA Y LA CARGA DE TRABAJO JUDICIAL

Ciertas circunstancias nos pueden servir para alertar sobre la posible comisión de un delito. Así, por ejemplo, cuando el organigrama de la entidad de crédito es endeble, escasamente dimensionada o de estructura competencial confusa. También cuando, a preguntas del juez, los directivos imputados siguen sin clarificar qué hace el Comité de Auditoría o para qué sirve la Comisión de Cumplimiento Normativo en su entidad financiera. Otras alertas delictivas pueden surgir, asimismo, cuando los miembros de comités de control carezcan de conocimientos mínimos sobre gestión bancaria. Imaginemos que los miembros de comités o comisiones, sistemáticamente, se limiten a asentir en las reuniones ante las diversas propuestas de los directivos. Algo relevante falla ante informes de altos directivos muy incompletos, o cuando se someten a aprobación con apenas 24 horas de antelación.

Si el organigrama flaquea, algo no funciona en el sistema nervioso de la entidad. Cuando no queda claro por qué interviene un comité en vez de otro, es como si alguien ignorase si es diestro o zurdo. Puede que la policía o el instructor adviertan que la preparación de los miembros de los comités es inexistente, que se limitan a ser jarrones de adorno en las reuniones. En estos casos, el despropósito está servido. La consecuencia es evidente: los comités no controlarán nada; serán puro maquillaje. Un geógrafo o una maestra gozan de conocimientos dignos de mención, pero inservibles para garantizar la óptima auditoría en cajas de ahorros, las complejas adaptaciones del riesgo financiero equilibrado o la eficacia de los sistemas de compliance.

Al comenzar la investigación fuimos explorando toda clase de factores de esta naturaleza. Los agentes fueron dominando la paleta de colores que yo les proporcionaba sobre la índole de la investigación. Pasados dos meses aprendieron a pintar por su cuenta. Ese conocimiento, junto con sus resultados, quedará ahí consolidado. Nadie podrá anular ni eliminar algo así del bagaje policial.

Las reuniones con el equipo de la Guardia Civil se llevaron a cabo casi a diario, a veces durante horas. Es preciso coordinar multitud de factores en una investigación como ésta. Pero la maquinaria judicial sigue su curso. Con alrededor de diez mil diligencias anuales, mi Juzgado, como cualquier otro de plaza de Castilla, acomete múltiples competencias. Para empezar, existe una agenda diaria de declaraciones de imputados, testigos y peritos. Cada siete días deben celebrarse juicios de faltas sobre infracciones penales menores, que suponen unos veinte procedimientos semanales. En estos casos, los jueces dictamos sentencias sobre amenazas, lesiones, injurias, hurtos, daños, estafas o defraudaciones de escasa cuantía, entre otros supuestos de poca monta penal. Es el primer escalón de acceso a la jurisdicción penal. Pocos españoles han dejado de ser siquiera acariciados por esta justicia menor. Ahora bien, ningún país serio mantiene a jueces investigando causas como la del Banco de Miami y a la vez dictando sentencias sobre amenazas como «Si vuelves por aquí, te sacudo».

La nutrida agenda de declaraciones, los recursos que deban resolverse cada día, las faltas; la coordinación de los funcionarios, el despacho con la policía y con quienes deseen consultar la marcha de sus procedimientos, la firma casi diaria de resoluciones; los servicios de guardia, a veces durante 24 horas continuadas... Esta secuencia de tareas provoca impotencia. El juez debe asumir cuanto antes que es inabordable. En mi caso, cabe añadir que el CGPJ desde febrero de 2013, fecha en que me expedientó, no paró de requerirme informes y ahogarme en las exigencias más variadas para defenderme. Junto a estos cometidos nació un nuevo asunto en mi existencia judicial. Prensa, medios de comunicación y reporteros varios inundaron mi vida. Tuve que dotar un equipo específico de personas de mi confianza para atenderles.

Alguien se preguntará cómo lleva un juez adelante, en este contexto tan hostil, sus funciones jurisdiccionales. En mi caso gocé del óptimo apoyo logístico inestimable de la Guardia Civil. Fue una labor previa a los interrogatorios, ardua y que no luce, pero a la larga crucial. En su obra La infantería al ataque, refiriéndose a la relevancia de cavar trincheras profundas, Erwin Rommel recalca: «Demasiado trabajo de pala es mejor que demasiado poco. El sudor ahorra sangre».56

El trabajo duro

Dos prejuicios me gustaría disipar frente al «trabajo de pala» en la instrucción penal. Quien sea ajeno al proceso criminal podría plantearse que el trabajo duro corresponde a la plantilla del Juzgado. No siempre es cierto. Entre los funcionarios judiciales hay de todo. Pero destaca la tendencia a cumplir estrictamente el horario. Cuando insinué en mi Juzgado superar este margen, noté, cuando menos, dejadez. Obviamente, existen excepciones, como en el Juzgado de lo Penal que serví en Ceuta o el Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid.

La anterior regla general engarza con el inadecuado ambiente profesional de los funcionarios judiciales. No se premia el mérito o la especial dedicación. No existe carrera administrativa. A esta situación se vinculan otras variables. Cuando el empleado se acomoda a tramitar asuntos menores, mostrará muchísima resistencia a volcarse en tareas de especial dedicación.

Por el contrario, los miembros de la Guardia Civil con los que tuve la fortuna de trabajar mostraron altísima motivación, sobrepasando continuamente niveles de entrega notables. No reconocerlo sería muy injusto. Es cierto que la Guardia Civil trabaja con su propia lógica. Es decir, su actividad depende de ciertas constantes internas, difíciles de entender si no se pertenece al Cuerpo. Pero debo destacar que al entablar una instrucción dura, el apoyo de la Benemérita me permitió delegar más, optimizar cometidos y contagiarme de elevados niveles de estímulo.

Los casos Blesa y Banco de Miami se venían instruyendo en un tiempo récord. Es un hecho indudable. Se practicó la instrucción referente al crédito concedido a Díaz Ferrán en menos de seis meses. Esta brevedad de tiempo es insólita en causas tan complejas. Fue decisivo el despliegue de agentes capaces y entregados. Permitió practicar citaciones de urgencia, analizar miles de correos corporativos, contrastar datos financieros en prensa con la documentación obrante, programar declaraciones, así como otras muy variadas diligencias de instrucción. Esta celeridad incluso se me ha reprochado. Un vocal del Consejo me manifestó sin rodeos: «Has instruido con las cartas abiertas y demasiada prontitud. Tal vez por eso te han frenado en seco».

Me propuse que la instrucción fuera rápida. Los agentes se enfrascaron en la causa, se coordinaron casi a la perfección, y asistieron a la práctica de todas las diligencias de prueba. Como una esponja fueron absorbiendo el espectro criminógeno de situaciones muy complejas, y comprendieron la mentalidad y desenvoltura de la delincuencia financiera. Hasta tal punto fue así que algún letrado no se sintió cómodo con la presencia permanente de los agentes, por ejemplo, cuando asistían a interrogatorios de testigos e imputados.

La iniciativa en el proceso

Según otro prejuicio, el Juzgado lleva la iniciativa y domina la estrategia de ataque en el procedimiento. Nada más contrario a la realidad de los hechos, porque en el proceso penal español acechan los recursos. No obstante, la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite al juez ejecutar sus decisiones aunque hayan sido recurridas. Imaginemos que la defensa recurre una resolución del instructor en la que se acuerda citar a un imputado. Ello no implica que el instructor no pueda tomarle declaración. Pero si la Audiencia revocase después lo acordado, todo habría sido una pérdida de tiempo. Encallado en las trincheras del proceso, sin la menor posibilidad de asalto, sujeto a un heroísmo sin medallas, muchas veces el juez permanece sitiado por las partes.

En ocasiones, la instrucción es inviable en la práctica cuando se afrontan diligencias complejas. Los imputados ilustres llevan la iniciativa a cobijo de grandes despachos profesionales, que dinamitan el Juzgado a diario mediante denuncias al Consejo, recusaciones, ráfagas de recursos o bombardeos de cuestiones previas. En estas condiciones, el poder y la independencia judicial son globos pinchados.

Es muy apreciable la labor de análisis de la Guardia Civil. Resulta imprescindible desmenuzar el alcance de documentos, correos electrónicos, declaraciones o diligencias periciales. Me refiero a trabajo de pala que no se ve. Si no se destaca, es como si no hubiese existido. Gracias en parte a estos cometidos, el juez llega a los interrogatorios casi en igualdad de armas con las partes. No obstante, el trabajo de pala no obra milagros.

PERTINENCIA DE LOS CASOS BLESA Y BANCO DE MIAMI

Quizá mi mentalidad no coincida con la de mis colegas ni con la manifestada por la defensa de Blesa. Nuestros profundos desencuentros han sido claves en la problemática suscitada alrededor de estas causas tan relevantes. Sun Tzu se refirió a estos desencuentros. En su obra El arte de la guerra describió las circunstancias favorables para librar batallas: «Para poder diagnosticar las posibilidades de alcanzar la victoria, debemos examinar la situación de partida mediante el análisis de cinco factores».

El primero de esos factores es el dao, el camino que puede conducir a la victoria, resultado de la red que forman las variables horizontales del conflicto (jurídicas, políticas, económicas, sociales...) al cruzarse con sus variables verticales (mentalidad de los intervinientes, contexto histórico...). La trama resultante supone el mapa de fondo del proceso. Contiene todas las posibilidades en juego. Encierra cuantos caminos puedan recorrerse en el laberinto del Minotauro, tanto para vencer como para fracasar.57

En las contiendas también es clave la opinión pública y la forma de pensar imperante. Por eso dijo Sun Tzu: «El dao sintoniza la mentalidad popular con la de los gobernantes. Si el dao colectivo coincide con el de quien dirige el país, el pueblo estará dispuesto a seguirle hasta la muerte».

En el sustrato de los casos Blesa y Banco de Miami se cruzan variadas mentalidades o formas de ver estos asuntos, la del juez, la del fiscal y la de la sociedad española.

La mentalidad de los jueces

En el caso de los jueces, la mayoría ve este tipo de casos como anómalos, casi inabordables. Para la Audiencia de Madrid ni siquiera quedó claro qué son «indicios notorios», o «nuevos indicios» sobre gestión bancaria criminalizada, tal y como quedó comprobado al anular la reapertura del caso Blesa.58 El dominio de esta materia no precisa que el juez haya trabajado en el sector financiero. Los jueces entendemos de robos y asesinatos, y no solemos robar ni matar. Salvo atentado terrorista o hecho similar, sabemos que si un edificio se derrumba, probablemente el arquitecto algo hizo mal. Lo que exigimos de un juez es que sea experto en las normas de cumplimiento aplicables a la actividad objeto de examen. Pero el asunto es bastante sencillo: sobre protocolos bancarios, la gran mayoría de mis colegas no saben demasiado.

La pregunta es por qué no quieren aprender. Algunos alegan falta de tiempo para profundizar en materias novedosas del derecho. Es verdad que en algunas Audiencias no se da palo al agua, pero en otras, como la de Madrid, muchos magistrados casi no disponen de fines de semana libres. Otros jueces ignoran la materia porque nadie les ha enseñado. Es cierto que de un juzgador esperamos cierto nivel de proactividad. Si no vive demasiado encerrado dentro de sí mismo y ve que en su país se hunden entidades financieras, podría tirar de unos cuantos libros y ponerse al día en el tema. Muchos textos estarán en lengua extranjera, pero algunos pensaremos que no es mala oportunidad para aprender el inglés de los negocios. ¿Por qué nadie ha enseñado a los jueces cuestiones relacionadas con gestión bancaria criminalizada? Quizá se deba a que nadie en el Consejo General del Poder Judicial ha caído en la cuenta. Anualmente se montan programas de formación para jueces. Tampoco entiendo por qué apenas abarcan cuestiones relacionadas con la gestión bancaria, ni por qué el Derecho Penal Económico ha ocupado durante años un lugar residual en la formación, o cuáles son los criterios de selección de temas y profesorado. En conclusión, en casa del herrero, cuchara de palo.

Otros jueces carecen de conocimientos sobre gestión bancaria porque no les interesa. Un juez encargado exclusivamente del Registro Civil de una ciudad está en su derecho, pero un juez de instrucción no puede permitírselo. Tampoco es admisible que un magistrado destinado en una Audiencia Provincial justifique esa actitud, y menos con la que está cayendo en España. Me pregunto si quienes resolvieron algunos recursos en los casos Blesa y Banco de Miami son expertos en la materia.

La mentalidad del Ministerio Fiscal

El alcance de la mentalidad de la Fiscalía en estos casos se podría comparar con el Guernica de Pablo Picasso, una obra inspirada en el bombardeo de la ciudad vasca homónima, arrasada por un ataque aéreo. Algunas fachadas quedaron en pie como recuerdo borroso del espanto, una radiografía del horror. El Ministerio Fiscal se alineó desde el principio con los bombardeos y ametrallamientos de la defensa. En estas causas, la Fiscalía ha venido desplegando una ofensiva en toda regla, con algunas aristas dignas del Picasso cubista. El inicio de las hostilidades comenzó cuando reabrí el caso. La Fiscalía de la Audiencia de Madrid investigó la actividad de mi juzgado y no me consta que diese cuenta de su resultado al Consejo, cuando acordó inspeccionarme en diciembre de 2012. El resultado de la pesquisa mostraba que el funcionamiento de mi Juzgado era excelente. Pero sólo indagaba deficiencias. Al no hallar ninguna, no se conservó la documentación de estas búsquedas. Un proceder así constituye, al menos, un inicio de hostilidades.59

Iniciada la instrucción, ningún miembro del Ministerio Fiscal apareció por los interrogatorios. La primera presencia en el Juzgado no se produce hasta el 13 de mayo de 2013, casi un año después de reaperturada la causa. A esas alturas, el caso Blesa contenía ya miles de folios ordenados en más de quince tomos. Después de 25 años en la carrera judicial, debo reconocer que jamás había tenido el más mínimo problema con la Fiscalía. Comentarios hostiles contra su proceder llevo oyendo desde hace tiempo, no lo niego. Pero mi experiencia siempre había sido de trabajo entre compañeros, un tanto en la misma dirección, porque al fin y al cabo jueces y fiscales deberíamos trabajar por la consecución de la justicia. Los abogados, sin duda, también participan en este trabajo conjunto. Y no pocas veces la dignidad en el desempeño de su oficio nos supera. Pero, cuando ejerces la Jurisdicción, imaginas que funcionarios públicos como los fiscales se mueven con mayor previsión y objetividad. Al fin y al cabo les pagamos todos, y no un cliente en particular.

Ser objetivo no siempre implica ser más justo. La defensa apasionada de un supuesto violador por parte de su letrado puede prosperar, haciendo justicia, si en realidad el imputado no violó a nadie. Esa singular dedicación la esperas sobre todo de un letrado. El Ministerio Fiscal habría de desplegar mayor distancia y frialdad en el desempeño de su oficio. Es cierto que pasarte la vida acusando parece un acontecer limitado. Pero es el rol de los fiscales y no debe reflejar ardor personal sino procesal. El juez conoce este papel, lo modula, y punto. A veces, un fiscal acusa por delito de atentado cuando ni siquiera nos hallamos ante una falta de respeto al policía. Absuelves y no pasa nada. Cuando la Fiscalía pide la pena máxima por hurto famélico, pones la mínima, o te centras en un estado de necesidad y absuelves. Puede que algún fiscal acuse a un viajero del metro sin billete, y archivas porque no concurre estafa. Hablando de este delito, cualquier jurista sabe lo que hay: debe producirse desplazamiento patrimonial concreto, desde la cartera del estafado hasta la saca del estafador. El viajero sin billete no ha provocado circulación patrimonial ni tampoco del metro. No es un taxi que se dirige a una dirección porque lo ha demandado el usuario. Suban o no suban viajeros, el metro es un servicio público en funcionamiento permanente. Igual sucede con los fiscales. Estos funcionarios deberían desplegar un desempeño permanente y previsible, con la idiosincrasia propia del acusador.

Durante más de veinte años me he relacionado con fiscales tan objetivos y predecibles como la red de metro. Durante casi cinco años estuve en Ceuta trabajando codo a codo con cuatro fiscales diferentes, y todos ellos se acomodaron a este criterio. Después de haber impuesto más de cinco mil años de condenas en Juzgados de lo Penal, sabes cómo trabaja la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal es indispensable en un país democrático. Si la Fiscalía no funciona correctamente, el protagonismo de la acusación se desplazará al sector privado. La sociedad civil tendrá que ver cómo los particulares rellenan el espacio abandonado por los fiscales. Ello provocará falta de prestigio de lo público y del Estado. La defensa de intereses muy relevantes para la comunidad se trasladará al sector privado. En muchos casos se procederá con solidaridad u objetividad. Pero también se abrirán grietas de distorsión y manipulación, cuando los acusadores populares encubran intereses ilegítimos. La plena independencia de actuación de la Fiscalía es el caballo de batalla pendiente en el Estado español desde su pretendido paso a la democracia. La transición dejó una tarea sin cumplir: nos legó una fiscalía sometida al principio jerárquico, en manos del ministro de turno.

Después del ingreso en prisión de Blesa, la opinión pública pudo contemplar intervenciones de fiscales en mi contra a través de los medios de comunicación. Esta conducta carece de precedentes. Este proceder es muy inconsistente. La comunicación entre juez y acusador público debe ser a través del proceso. El acoso de estos funcionarios a un miembro del Poder Judicial arrancan a España de Francia, Portugal y Gibraltar, y nos sitúan como isla caribeña a unas sesenta millas náuticas de Jamaica y Gran Caimán. En ningún país de nuestro entorno se han registrado circunstancias similares. Y cabe recordar que nuestro entorno abarca Marruecos.

El sindicato Manos Limpias y la Asociación en Defensa de la Democracia se han visto obligados a querellarse contra varios fiscales. Yo mismo no he tenido más remedio que hacerlo. Manos Limpias les ha imputado un delito continuado contra la integridad moral. Según el sindicato, algunos fiscales me han venido degradando junto con varios cargos del CGPJ. Finalmente, Izquierda Unida me ha respaldado políticamente, y en septiembre de 2013 apoyó las acciones penales que se formulen denunciando el acoso que vengo padeciendo.60

¿Cómo puede comprenderse un esquema tan retorcido y ruinoso para nuestra democracia? ¿Es posible ofrecer una imagen más desequilibrada y vergonzante de nuestro Poder Judicial? ¿Quién puede tener interés en organizar un circo tan degradante, con carpas y artistas tan bochornosas y patéticas?

Después de 25 años en la carrera judicial, y antes del caso Blesa, mis relaciones con la Fiscalía no habían registrado el menor bache. Siempre he mantenido el mejor trato profesional con el Ministerio Público.

Pongamos el dedo en la llaga. Aceptemos que ser imputado en España posiblemente casi garantice que uno será declarado inocente. El número de reproches penales que fracasan es desmesurado, sobre todo cuando nos situamos en el ámbito del Derecho Penal Económico o de los personajes ilustres. No es menor la proporción entre personas enjuiciadas y finalmente absueltas. ¿De quién es la responsabilidad? Intervienen diversos factores, pero el núcleo del problema arraiga en los fiscales. Ostentan la responsabilidad de acusar. Cuando esta función falla sistemáticamente, algo pasa con la Fiscalía.

Sobre el Ministerio Público en los últimos tiempos pesa el alboroto político. Variadas causas penales de expectación nacional han venido situándolo en la plaza de toros de la indignación. Nadie comprende la alternatividad reinante en el verbo acusar si lo conjuga la Fiscalía. Tal proceder lo observamos en procesos como los relacionados con Rodrigo Rato, Miguel Blesa, Díaz Ferrán, la Infanta Cristina, los cargos de ADIF en el accidente de Santiago, las preferentes, Bankia, Caja Madrid o el Banco de Miami.

Es cierto. La cúpula del Ministerio Público es muy conservadora. La rancia ideología de los altos mandos fiscales viene de lejos, pero no existen precedentes de que hayan protagonizado acosos mediáticos. Además, he trabajado durante años con fiscales conservadores sin el menor problema. Al contrario, he contrastado su honradez profesional. Para explicar lo que ocurre no hay más remedio que bucear por otros mares, como la férrea sujeción de la Fiscalía al principio jerárquico.

El Ministerio Público se gobierna con mano de hierro. Imaginemos que, en el curso de un proceso, el fiscal deviene manifiestamente inconsistente. Ante la sorpresa del juez o de los letrados actuantes, se justificará con expresiones tales como «obedezco al jefe», «es lo que dice la instrucción de Fiscalía», o «no me queda otra». El desvío de este rigor jerárquico se paga caro: expediente disciplinario o separación del servicio.

Llegar a ser fiscal cuesta demasiado esfuerzo como para buscarse la ruina negándose a obedecer. Nuestra Fiscalía se separa así de otras funciones públicas. En España, cualquier profesor universitario ostenta mayor libertad enseñando que un fiscal acusando. La independencia ni se huele en nuestro Ministerio Público. Sus miembros se comportan como un ejército de acusadores, acaudillados por el fiscal General del Estado. A éste le nombra el Gobierno, y depende orgánicamente del ministro de Justicia. «Todos sabemos la amistad que unía y une a Gallardón con Blesa. Lo digo con total conocimiento de causa», declaró el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, en una entrevista con Gestiona Radio. «Si al ministro mis declaraciones le parecen calumniosas o injuriosas, que se querelle contra mí, porque todos sabemos lo que ha hecho con la Infanta», apostilló.61

Ante la segunda reelección de Blesa como presidente de Caja Madrid, se destapó la manifiesta politización de la entidad. Los consejeros cercanos a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, forzaron su salida, mientras los consejeros tutelados por Gallardón, en ese momento alcalde de Madrid, apoyaban a Blesa. La contienda terminó transaccionalmente en la persona de Rato. Ahora bien, estas circunstancias tampoco explican, por sí solas, la posición de la Fiscalía y de alguna sección de la Audiencia Provincial respecto de los casos Blesa y Banco de Miami.

La sociedad española

En todo este asunto, nadie se ha planteado adecuadamente qué papel juega nuestra sociedad. Entre los españoles prima más lo grupal que lo individual. No vamos al cine solos ni viajamos solos. Solemos realizar estas actividades en grupo. Sin embargo, no nos agrupamos para cumplir leyes. No somos celosos del cumplimiento de las normas. Casi siempre nos aglutinamos reactivamente: nos une «la contra», de ahí nuestras indudables virtudes bélicas. No suele congregarnos el civismo. Nos cuesta integrar lo público en nuestro quehacer diario.

La salsa francesa o inglesa que para el bien común se elabora y degusta respetando normas, nos sale llena de grumos. Seamos sinceros: la realidad de un español medio no suele ser a largo plazo. Nadie sabe a ciencia cierta el papel de nuestro catolicismo tradicional en todo esto. Ahora bien, discernimos que todo plan más allá del horizonte impone sacrificios. Requiere una consulta muy en serio. ¿Podré conseguirlo? Pero el confesor que perdona sólo con oír tus pecados, no te ayuda a responder la pregunta. Consultarnos en soledad duele, y tarda más en llegar el perdón. Pero esta clase de reflexión no abunda entre nosotros y cada vez más buscamos resultados a corto plazo.

Sin embargo, las políticas públicas tardan mucho en traducirse en hechos concretos, sobre todo cuando partimos del desastre. Cualquier reforma en Educación, universidades o Justicia sólo verá frutos a largo plazo. Y largo plazo significa más de cuatro años de legislatura. Pero jugando al corto plazo sólo obtendremos resultados en proporción al miserable tiempo tributado. La vida no es un casino. El premio nunca toca de golpe.

El resultado provechoso de cumplir normas sólo se ve a muy largo plazo. Es dificilísimo mostrar que, frente a la anarquía, compensa más cumplir las leyes incluso sin ser justas. En España, además, no se premia el cumplimiento de las reglas. Dos aspectos relevantes de la conducta gozan de escaso refuerzo en España: el mérito y el cumplimiento de reglas. Curioso: educación y justicia.

En el año 1963, un ministro británico, John Profumo, protagonizó un escándalo al cometer adulterio con una chica que se acostaba también con un espía soviético. Profumo fue cesado como ministro de Defensa, y después se pasó la vida limpiando letrinas para expiar su culpa. Este proceder aquí apenas podría pasar de ser un chiste extraño. El español medio no tiene la sensación de que cumplir reglas traiga cuenta en España. Si un español se entera de que un banquero, también español, ha ingresado en prisión, se mostrará sorprendido. Le parecerá exótico tal funcionamiento de la Justicia española. Algo no cuadra. Y si después las causas judiciales se intoxican por los medios de comunicación, se encogerá de hombros y dirá: «Lo mismo de siempre».

Transformar la Justicia en España costará mucho tiempo y esfuerzo, pero los españoles lo queremos ya. Sin embargo, con esa prontitud nada va a cambiar. Ante estos bucles, el aparato psíquico recomienda desconectar. Y así procedemos los españoles: desconectamos de los problemas judiciales. No entendemos la Justicia, no comprendemos cómo se manipulan los procesos, los intereses en juego, lo relevantes que serán para nuestras vidas cotidianas las consecuencias de todo esto. Es paradójico. Por una parte, no nos interesan los problemas de largo alcance; pero, por otra, tales problemas terminan clavándose en nuestro acontecer cotidiano. Al no implicarnos ni comprometernos en los cambios necesarios, retroalimentamos un proceso que nos perjudica como colectividad en su conjunto. Esto es un círculo cerrado. Así nos va.

Antes de zarpar ya seréis náufragos

Volvamos a la pregunta original de páginas atrás. ¿Con qué no ha sintonizado mi forma de instruir los casos Blesa y Banco de Miami? Por una parte, me he enfrentado a la mentalidad de muchos jueces y fiscales. Por otra parte, están los bucles y el corto plazo que entorpecen a nuestra sociedad. Las mentalidades descritas forman grandes territorios en el mapa donde se asientan los casos Blesa y Banco de Miami. Son su dao. Como dice el filósofo japonés Nishida Kitarō, «la realidad es la actividad de la conciencia». Nosotros, la sociedad española en su conjunto, vamos construyendo el camino de nuestra realidad, y ese camino traza a veces círculos, dando tumbos, como el viajero mareado de un barco sin rumbo en la tempestad. La cultura del ladrillo ha cavado zanjas inmensas entre los españoles y nuestras mejores metas. Nos ha confinado en diminutos universos de codicia e hipotecas, consecución de dinero fácil y prácticas de corrupción.

¿Qué sucederá con causas similares a los casos Blesa y Banco de Miami? En El arte de la guerra, Sun Tzu predice quién obtendrá la victoria en función de esta premisa: «¿Cuál de los contendientes tiene dao?».

Es decir, debemos preguntarnos quién sacará mejor provecho de la situación expuesta. La pregunta tal vez tenga fácil respuesta para algunos. Mi abuela, Rosario Gomar, solía decir: «Calla; eres muy impertinente». Era su frase favorita cuando se dirigía a mí. Parece que también en este caso he sido impertinente.

La pertinencia de los asuntos entronca con su dao. Nuestra Segunda Republica fue impertinente. No llegó en el momento ni a la sociedad adecuada. Cuando tiempo, lugar y gente no armonizan, los asuntos no fluyen de forma conveniente. La impertinencia de los asuntos bien podría ser el título de un tratado sobre la índole de la conducta apropiada para cada momento y lugar. Adolf Hitler invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939 para resolver problemas de abastecimiento energético. Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra. Hitler realizó una acción de suma impertinencia y comenzó la segunda gran guerra. Charles Darwin ya había escrito su teoría sobre la selección de las especies y la lucha por la supervivencia en 1842. Sin embargo, no la hizo pública hasta el 1859. ¿Por qué? No lo vio pertinente. Dicen que por respeto —o temor— a su mujer, una ferviente cristiana. Cuando por poco se le adelanta el naturalista Alfred Russel Wallace, Darwin lo vio pertinente y publicó de inmediato su teoría.

Hace días me dijo Andrés Hurtado: «No están preparados. Has instruido las causas de una forma que no comprenden. No se enteran de nada. Te has adelantado a lo que vendrá. No hay otra opción. La forma en que has instruido los casos Blesa y Banco de Miami es la adecuada. Así se instruirán las causas sobre delitos financieros en el futuro».

Puede que Andrés tenga razón. Lo creo sobre todo viniendo de él, tan pesimista y quejoso por nuestra realidad de mediocres y dejados. Quizá, aunque los casos Blesa y Banco de Miami hayan sido arrasados, sirvan de llave para un futuro. Si fuese así, no se habría borrado el sentido de esas causas, la forma adecuada de instruir procesos penales en relación con la gestión bancaria criminalizada.

La desproporcionada reacción frente a la instrucción en los casos Blesa y Banco de Miami persigue como núcleo duro amedrentar a otros jueces: «Ni se os ocurra instruir causas similares». Los acosadores me conocen sobradamente, no me intimidan. Pero debía enviarse un claro aviso a futuros navegantes: «Antes de zarpar ya seréis náufragos».

No se trata tanto de un problema conmigo, sino con lo que me traigo entre manos. El linchamiento se ha centrado en la persona del juez instructor para generar mayor efecto, para dimensionar mejor una opereta salpicada de terror y patetismo. Pero ¿no se habrán equivocado? Si yo fui impertinente, ¿la reacción no habrá sido aún más impertinente?

Sun Tzu finaliza el tema del dao de esta forma:

El arte de la guerra es dao de ficción.

Por tanto, cuando seas fuerte, simula debilidad.

Cuando estés preparado para actuar, finge apatía.

¿Qué quiere decir que el dao es pura ficción? Sun Tzu apela al viejo tema de la astucia de Ulises en los relatos homéricos. Ningún contendiente debería mostrar sus cartas. Quien tenga condiciones a favor, deberá simular debilidad. Si ves que debes reaccionar de inmediato, no seas proactivo; muestra desapego o apatía: finge.

Pero en los casos Blesa y Banco de Miami se ha desplegado una opereta desproporcionada. Se ha mostrado cualquier cosa menos debilidad. Con la Fiscalía española a la cabeza, se han movilizado prensa, radio, televisión, tertulianos de la peor estirpe, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, varios vocales de este organismo, la jefa del Servicio de Inspección del Consejo; incluso se han utilizado expedientes disciplinarios como elementos de presión. Un despliegue de tal magnitud puede sugerir cualquier conclusión, salvo debilidad. Ni apatía ni fragilidad, quienes andan detrás del linchamiento han tirado de todos los resortes del Estado y de los medios de comunicación españoles. Había que detener la instrucción normal de los casos Blesa y Banco de Miami a toda costa; y a toda costa es a este y al otro lado del Atlántico.

Un proceder manipulador a escala se debe siempre a que se temen consecuencias nefastas también a escala. En muy diversas ocasiones, la defensa de Blesa ha sostenido: «El caso es una causa general contra la banca». Nada más incierto e interesado vender que la causa era general para que, así, todo el sector financiero español se levantase en armas. Un alzamiento ilícito requiere grandes mentiras. Sobre los casos Blesa y Banco de Miami se ha mentido hasta la extenuación. Comentando detenidamente todos los engaños difundidos por los medios se escribiría un Tratado de la infamia y la manipulación. Serviría como manual de juristas y reporteros durante años.

La campaña de acoso no se ha simulado con debilidad ni desapego; al contrario, ha sido formidable. Tal vez los contendientes se hayan expuesto demasiado. Han aplicado descaradamente sus protocolos más perversos, el Manual para Manipular Imputaciones, la Octava para Denigrar a Jueces y el Manual de Acoso Disciplinario. La consecuencia de este atrevimiento es que el dao de la situación, de forma decisiva, no se inclinaría a favor de ningún contendiente.

Frente a quienes urden estas operetas, la sociedad española crecientemente necesita —y exige— un relato coherente de lo que ha sucedido en España durante los últimos 15 años. Los casos Blesa y Banco de Miami podrían rellenar parte de ese relato. Sectores de la judicatura española amparan mi instrucción. Nunca antes se había rebajado tanto una sanción propuesta por el instructor de un expediente disciplinario. De un año y siete meses, a cuatro meses de suspensión. Izquierda Unida —de forma explícita— y Unión Progreso y Democracia —de modo implícito— han respaldado políticamente tales causas. Asociaciones de ciudadanos se han querellado contra la cúpula judicial y fiscal. El Sindicato Manos Limpias persiste en la acusación popular, y se ha querellado contra toda la cúpula judicial. UPyD reclama del juez Andreu que aproveche el contenido de mi instrucción en el caso Bankia. En la larga partida de ajedrez que nos espera, apenas hemos terminado la apertura. El juego medio será denso e incierto. Para llegar al final de la partida quedan bastantes años. Pero quizá alguien pida tablas, porque para una contienda de este tipo Sun Tzu nos recuerda esta recomendación elemental: «Persigue la victoria rápida, huye de las operaciones prolongadas».

CAPÍTULO V DE CÓMO SE SUPRIME A LOS JUECES INCÓMODOS

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Falta de apoyo de la Fiscalía y sombras en la Audiencia

El primer comentario que recibí de un fiscal sobre el caso Blesa fue de Yolanda. Hicimos un receso para tomar café durante una guardia en septiembre de 2012. Cuando salíamos del obsoleto ascensor de plaza de Castilla, me dijo: «Me enteré, has reabierto la diligencias del tema Caja Madrid. Me parece bien. Un instructor reapertura si lo considera oportuno».

Pero la columna vertebral de la Fiscalía española es la sujeción estricta al principio jerárquico. La tesis oficial del caso Blesa era otra: «No procede reaperturar: cuanto se instruya será nulo». La causa hubiera seguido diferentes derroteros con el Ministerio Fiscal apoyando la instrucción. Para empezar, el sello de calidad de la causa en la Audiencia de Madrid hubiera sido distinto. No olvidemos que se trata de diligencias muy voluminosas, miles de folios y correos electrónicos, decenas de tomos y cientos de horas de interrogatorios. Algo así no es fácil de abordar ante racimos de recursos de apelación contra la causa. Los magistrados de la Audiencia están muy cargados de trabajo, y sin el sello aprobatorio de la Fiscalía se relaja la confianza en el instructor. Sea como sea de sutil, este sesgo es innegable para cualquier conocedor de la jurisdicción penal. Además, hablamos de causas que surcan territorios inexplorados por la investigación criminal. Si partimos de jueces neófitos en la materia, la falta de apoyo de la Fiscalía y el linchamiento mediático extendieron sombras alargadas sobre la instrucción. Para la mayoría de los jueces españoles investigar la gestión bancaria criminalizada es como organizar viajes al Polo Norte. Como nos relata el filósofo Michel Serres en su obra El paso del noroeste, hacia el norte ártico se comunica el océano Atlántico con el Pacífico. Son fríos parajes donde se abre, se cierra, se tuerce y se revuelve el inmenso archipiélago ártico.62 En territorios así, el conocimiento requiere paciencia y objetividad fría y distante, en consonancia con la dificultad que ofrece el abordaje de una gestión bancaria criminalizada.

Ante una instrucción tan compleja por el paso del noroeste del Derecho, ¿qué papel juegan los medios de comunicación? Conmovedor. Unos me linchan y otros me elevan a icono de la justicia. Entretanto, bajo cada noticia contra mí o las causas que instruía, una opinión pública desconcertada o indignada se opone a los ataques clamando justicia.

Mentiras mil veces repetidas

En las causas judiciales, la presencia de los medios de comunicación debe ser bienvenida. La información es esencial bajo dinámicas de corrupción galopante. La sociedad quiere saber. Tiene derecho a un relato de lo sucedido. Parte de ese relato quizá tenga que ser judicial, redactado en autos de acusación y sentencias de condena. Pero la narración también corresponde a los medios de comunicación. Harán falta muchos libros como éste e infinidad de artículos periodísticos para aclarar lo sucedido. Dicen que muy pocos pudimos preverlo. Entre el «España va bien» y un rescate impagable —con pérdida de soberanía— debe haber alguna historia que contar a los españoles.

El problema surge cuando algunos medios forman parte de la historia falsa y del Nodo que nos vienen contando desde los tiempos del «España va bien». Parte importante de ese relato se relaciona con la pésima gestión bancaria, muy especialmente en el ámbito de las cajas de ahorros. No sé si esa gestión fue constitutiva de delitos, pero sí estoy seguro de que debe indagarse. Sin embargo, como algunos por nada del mundo quieren que se narre lo sucedido, obstruyen y arrasan el resultado de las investigaciones.

Se cuente como se cuente la historia, el centro del relato no son los jueces. Distorsiona la narración convertir a éstos en protagonistas, mientras los imputados y testigos pasan a la penumbra, cuando no a considerarse víctimas. Es triste contemplar la libertad de expresión hecha añicos por quienes más tendrían que cuidarla. La consigna, la mentira y la manipulación practicadas por los medios de comunicación, bajo el amparo del poder, marcan la senda del totalitarismo. Según Hannah Arendt, «la propaganda totalitaria establece un mundo apto para competir con el real». Pero ¿qué sucede con nuestros medios de comunicación?

Admitamos que según cuidemos de un profesional, así protegerá él su profesión. Algunos empresarios no valoran el trabajo periodístico con la dignidad que merece. Existen medios relevantes de comunicación bajo la espada del quebranto económico. En ocasiones no pagan a sus reporteros durante meses, y éstos callan por miedo al despido o al ostracismo profesional. Otros medios cuentan con imputados ilustres entre sus cuadros directivos. En este contexto de pobreza y supervivencia de garrapata hay tertulianos que encabezan la vileza informativa. He oído a algunos mentir y tergiversar toda clase de temas relacionados con causas penales de resonancia. Carecen de la formación jurídica más elemental, pero son eficaces como heraldos de intereses perversos.

Parte de la prensa se volcó sobre temas estrictamente relacionados con mi vida personal, incluso abordando asuntos de mi vida privada. Algunos medios continúan manipulando y mintiendo. Mal está hablar del juez y no de los contendientes. Peor es informar sobre circunstancias del instructor ajenas al proceso. Pero cuando se tergiversa y engaña sobre su vida privada, entramos por la puerta grande de la propaganda totalitaria.

Parte de la prensa española, personajes variopintos, presentadores y presentadoras matinales, de la tarde o la noche, de radio o televisión, han repetido miles y miles de mentiras sobre mí y sobre la instrucción. Si una mentira repetida mil veces se convierte en una realidad, esta legión de informadores sin escrúpulos han fabricado cuatro realidades: difamarme, engañar a la sociedad española sobre la instrucción, arrasar la reputación de las investigaciones, y arrastrar la libertad de expresión por el barro de la propaganda y el libelo.

Obligación de reserva

Imaginemos que ahora comienzo a desmontar, una a una, todas las falsedades y tergiversaciones difundidas por algunos medios de comunicación. No lo dude el lector: redactaría cientos de páginas sobre la sarta de barbaridades publicadas o emitidas por radio, televisión y diversas redes sociales. Pasaríamos un rato agradable y nos echaríamos unas risas. Pero el asunto de fondo no es divertido. La gestión bancaria en ciertas cajas formará seguramente parte de un triste y doloroso CAPÍTULO penal de nuestra historia reciente. Además, si yo recorriese ahora estas espirales de la risa y el entretenimiento, salvaría mi verdad, pero tal vez perjudicaría la instrucción de los casos Blesa y Banco de Miami. Como también forma parte de mi verdad la creencia en el trabajo judicial, me tomo las difamaciones como avatares hacia ese valor, tan pisoteado, que aún llamamos justicia.

No sé si el lector lo sabe: un juez no puede revelar datos relacionados directamente con asuntos que ha conocido por razón de su cargo. Diversos preceptos prohíben a los jueces manifestarse sobre datos que provengan de las causas que tramitan. El propio Código Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial lo prohíben.

Estas normas me impiden describir, de forma pormenorizada, las diligencias tramitadas en los procesos que instruyo. Además, aunque pudiese hacerlo, no las revelaría. Tal vez intoxicase el principio de objetividad e imparcialidad que debe observar un juez respecto de los hechos encausados. Este principio, por desgracia, no siempre se interpreta de modo correcto.

Un juez no sacrifica el principio de imparcialidad porque se posicione libremente ante un asunto determinado. Por ejemplo, yo sostengo que existe gestión bancaria criminalizada. Es decir, al gestionar pésimamente cajas de ahorros, aunque el directivo no se quede con dinero, se puede llegar a delinquir, tal y como establece el Código Penal cuando dice que el delito societario no requiere, ineludiblemente, que el delincuente obtenga beneficios mediante su administración desleal. Pero porque yo piense así, no dejo de ser imparcial a la hora de instruir. La distancia implica cierta apatía, y la imparcialidad se relaciona con el desapego. Ahora bien, yo no me encuentro apegado o ligado particularmente a la instrucción de esos procesos. Muestro por ellos inclinación profesional en justa proporción a su relevancia. Instruir causas con dedicación no implica interés personal en el resultado. Aliciente o satisfacción profesional no equivale a preferencia personal. Confundiendo estas dos nociones promoveríamos jueces pasotas y dejados, que no se entregarían en cuerpo y alma a su trabajo. Dedicarse al trabajo con pasión no implica que cese la apatía. La pasión se vuelca en el trabajo, y la apatía, en los imputados o acusados. El cirujano puede mostrar pasión por su trabajo y desinterés afectivo por el anestesiado en la mesa de operaciones. La pasión laboral no requiere enganches afectivos.

Aclaraciones: Fair play y menú judicial

En un proceso judicial se movilizan reglas de juego. El fair play impone aceptar el cumplimiento de las normas respetando los resultados del juego limpio. Instruyo un proceso y después la Audiencia lo anula: esta posibilidad forma parte del juego del derecho. Las segundas instancias están para eso, para revocar las resoluciones de primera instancia cuando corresponda. El abanico de interpretaciones de una norma muchas veces es amplio. Ningún juez debería sentirse dolido porque le revoquen resoluciones. Incluso estando bien fundamentadas, el Tribunal de apelación puede partir de postulados distintos. Por ejemplo, existen jueces para quienes el blanqueo de capitales se regula de modo deficiente en nuestro Código Penal. Otros entienden que el blanqueo debe interpretarse con restricción. Para estos últimos, personas a las que yo sí considero delincuentes, no están blanqueando.

Es un problema de desacuerdo teórico con alcance práctico. Pero si un blanqueador cae en mi Juzgado, no puede alegar: «Yo prefiero a otro juez. No sé qué le pasa a su señoría conmigo. Elpidio cree que soy un blanqueador, pero conozco a colegas suyos que me ven inocente». Tal planteamiento carece por completo de sentido. No es consistente. De aceptarse, todos los delincuentes e imputados acabarían en los juzgados de jueces benévolos. Aunque el derecho nunca admite expresamente estas elecciones, por desgracia en ocasiones se facilita elegir al juez que más convenga. A través de recusaciones infundadas, aforamientos fraudulentos o mal entendimiento de la conexión delictiva, muchos imputados consiguen librarse del juez que no les gusta. Para un juez es vital posicionarse públicamente en los asuntos. La justicia debe ser distante. Cierto. Pero de forma humana y con empatía, atendiendo a las necesidades y poniéndose en el lugar de quienes acuden a ella. Los planteamientos que defiendo me posicionan. Me colocan humanamente ante la justicia y ante los casos Blesa y Banco de Miami. Pero así no prejuzgo en absoluto. Prejuzgar es pronunciarse de antemano asegurando, sin más, que alguien es culpable o inocente. Jamás he sostenido esta actitud. Como lamentablemente han obstruido la instrucción de esas causas, todavía no sé quién deba ser acusado y quién no. Además, aunque acusase a alguien ello, no implicaría que le considerase culpable. En nuestro sistema penal, nadie puede ser llamado a juicio sin que previamente se le acuse. Primero hay que imputarle, luego procesarle, después llevarle a juicio como acusado para que se decida con las pruebas encima de la mesa si debe ser condenado, y una vez dictada la sentencia se puede recurrir a instancias superiores. Sólo cuando la sentencia de condena devenga inatacable podremos hablar de personas culpables.

Los jueces elaboran sus planteamientos acerca del mundo criminal. Este comportamiento no choca con su independencia. Existe una excepción: que la visión del juez sea del todo nociva y obtusa. Imaginemos que piensa que los homosexuales no pueden contraer matrimonio ni adoptar porque las parejas deben ser heterosexuales. Este postulado, a mi modo de ver, volatiliza la imparcialidad del juez que se niegue a celebrar matrimonio entre ciudadanos del mismo sexo. Los jueces de la Alemania nazi delinquieron cuando aplicaron programas de pureza racial. Estos programas no se refieren a hechos o conductas, sino a prejuicios donde la culpabilidad radica en ser una persona con una determinada cualidad: ciego, esquizofrénico o judío. No sucede igual con los programas de cumplimiento normativo en el ámbito financiero, pues se refieren a conductas. La pésima gestión bancaria no es una condición de los ejecutivos financieros. Por el contrario, quienes me han presionado o difamado desde los medios de comunicación y otras instancias institucionales sí aprovecharon mi silencio forzado. Estos acosadores se valieron de mi condición de juez. Sin la misma me hubiera defendido dejándoles en evidencia.

Aprendiendo a interpretar asuntos complejos

En El paso del noroeste, Serres nos convoca a sortear las confrontaciones simplistas. Nos invita a que no optemos forzadamente entre polaridades y excluyamos todas las posibilidades intermedias. Conmigo o contra mí; entre dos cosas, una sola. El mundo no es así. La realidad siempre es mucho más compleja que blanco o negro.

La complejidad no es una intrusa. Aceptemos que habita en la realidad como el frío en la nieve. El dualismo reduccionista, la confrontación bueno-malo es lo que tanto seduce al libelo. El periodista panfletario nos guía hacia una verdad tan fácil como errónea. Para el manipulador, esto es la verdad: «Cumplo el encargo de quien me manda». A esa verdad la llamaremos «precio».

Conmigo o contra mí. No conviene caer en nada parecido. El asunto es tan sencillo como complejo. Gran parte de nuestros medios de comunicación han sido abducidos por el Manual para Manipular Imputaciones y la Octava para Denigrar a Jueces. No han podido o no han querido escapar. Les pilló el tsunami como a miles de hipotecados desahuciados. Al término del festín, la libertad de expresión tampoco ha salido indemne.

Vivimos una situación complicada. La prensa tendrá que hacer un gran esfuerzo para explicar lo que está sucediendo. Además, esta complejidad no es un huésped que venga a quedarse durante días. No. Va a instalarse en nuestra sociedad durante años. Tenemos que aprender a vivir con ella. Cuanto más pronto lo hagamos, antes saldremos del embrollo donde los españoles nos hemos metido. Perdón, en el que nos han metido.

Existen tres pensadores que podemos definir como maestros de la sospecha: Marx, Nietzsche y Freud. No se detuvieron en lo que se ve a simple vista. Solemos vivir a diario con etiquetas y prejuicios. No son acertados, pero facilitan la vida cotidiana. A nadie se le ocurre pensar que la mesa donde come en realidad está formada por innumerables moléculas en tensión, capaces de explosionar en cualquier momento. Esa visión del universo no ayuda a degustar con calma un pastel de chocolate en compañía de un ser querido. Pero Marx, Nietzsche y Freud señalaron asuntos en que esa calma de ficción no es beneficiosa.63 Se trata de situaciones frente a las cuales conviene inquietarse, estar alerta para evitar errores de largo alcance. Imaginemos que viajamos por una carretera en espiral de alta montaña sabiendo que su firme es pésimo. Podría estar cortada y suelen cruzarse animales salvajes. En tales circunstancias extremamos las alertas. Conducimos con suma precaución, y aunque lleguemos a una recta de buen firme no deberíamos confiarnos. De hecho, no lo hacemos. Igual sucede con aquellos problemas en que las cosas no son como parecen. Cuando los abordemos, debemos estar atentos. Es como si transitásemos por esas carreteras de alta montaña, con precipicios a los bordes y cortes sin anunciar.

Marx, Nietzsche y Freud pusieron el dedo en la llaga de estos asuntos espinosos. Los señalaron sin titubear. Sabían lo fácil que es pensar que no hay tantos problemas en la vida diaria. Pero existen, y el riesgo mayor es ignorarlo. Para Marx, el gran tema fue la economía, clave estructural de la realidad política; para Freud, nuestra psique y el inconsciente, y para Nietzsche, el juego de poder entre las palabras y el conocimiento.

Comprender algunos fenómenos sociales requiere rasgar el velo de la realidad aparente. No podemos quedarnos con las portadas de algunos diarios. O irnos a dormir creyendo la opinión infame del último tertuliano que interviene ese día, al filo de la madrugada. Si lo hacemos, corremos un peligro muy sencillo: no enterarnos de nada. Después de la quimera del ladrillo y el crédito ilimitado, seguir cosechando ignorancia no es una buena opción.

Pero no todos los medios de comunicación fomentan la ignorancia de los ciudadanos. Algunos se empeñan, muestran insistentemente lo que sucede en nuestro país. Con sencillez y una pizca de pedagogía van sacando a flote la verdad. No obstante, empujan contra cierta ley gravitatoria: cuesta más trabajo entender la verdad que la mentira.

Quienes presentan la mentira lo saben, y persisten difundiendo lo más burdo y facilón de comprender. Es lo más falso, pero tiene mejor pegada. Es el lema del amarillismo: «Que la verdad no te estropee una buena noticia». Otra estrategia de la manipulación es alterar lo realmente sucedido hasta tal punto que parezca increíble mentir tanto: «Para tener éxito, una mentira tiene que parecer enorme», decía Hitler.

Mucha información vertida sobre los casos Blesa y Banco de Miami se enmarca al máximo nivel en esta escalada del engaño. No es fácil darse cuenta de algunos fenómenos. La transparencia de lo que vemos, en ocasiones, engaña. El poder es la medida de las interpretaciones correctas o incorrectas: la interpretación que suprime a otras no lo es tanto por ser la mejor, sino porque la difunde quien manda.

¿Quién manda en la interpretación correcta sobre estos casos? No comparto una contestación simplista para responder a esta pregunta. Podría llevar al lector por el camino que me interese para intentar colocarle mi verdad. Pero no voy a proponer esa ruta de maniqueos. Le sugiero que se moje, que meta los pies en las charcas del asunto. Aunque algunas ya sean cenagales de ponzoña ocultando los procesos, no quiero liquidar el problema con unos cuantos tópicos: los imputados se van de rositas, ellos me han linchado, siempre ganan los poderosos, o sucede lo de siempre...

Prefiero que el lector interprete por sí solo la manipulación establecida, y que sea capaz de asumir algo inevitable: cada vez que una sociedad democrática deba enfrentarse a un asunto de calado, se intentará tergiversar la verdad. Las sociedades autoritarias imponen su realidad a golpes. Las sociedades democráticas, manipulando. Y últimamente también a golpes.

La verdad no es un simple resultado, sino «el camino que vamos recorriendo para comprender los acontecimientos que nos atañen».64 No permitamos que varios mercachifles de la información nos sustraigan este camino de entendimiento propio. Al delegar en ellos la comprensión de los hechos, al creernos sus cuentos sin más, nuestra queja ulterior devendrá injustificable. No se puede reprochar al mensajero que haya entregado el mensaje. Sólo al posicionarnos críticamente nos hacemos cargo, y crearemos nuestra propia verdad. Pero si delegamos en otros, luego tendremos que asumir las consecuencias sin apenas rechistar. Cuando después seamos inconsistentes y nos rebelemos, la protesta se ahogará en nuestra ignorancia y el amplio territorio que habíamos abandonado. En sociedades libres, dejarse manipular tiene un alto coste. Desear la libertad es muy fácil. Lo difícil es ejercerla de modo asertivo, persistente y responsable.

LEALTADES COMPRADAS Y HECHOS PERIFÉRICOS

En marzo de 2013, UPyD presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Denunciaron a Miguel Blesa, Rodrigo Rato y otros miembros del Consejo de Administración y del Comité de Dirección de Caja Madrid. Les imputaban haber cobrado más de 68 millones de euros en sólo cuatro años.

UPyD aportó con la denuncia una tabla de remuneraciones. Miguel Blesa habría percibido más de 12 millones de euros entre los años 2007 y 2010. Rodrigo Rato ganó 2.760.000 euros en el ejercicio 2010. Matías Amat e Idelfonso Sánchez Barcoj, ejecutivos relevantes de Caja Madrid, percibieron más de dos millones anuales, de 2007 a 2010.65

A la diputada Rosa Díez, dirigente de UPyD, los sueldos que cobraron algunos miembros del Comité de Dirección le parecieron «escandalosos». De hecho, superaban los 71 millones de euros. En la denuncia, este partido reprochó al juez Andreu que sólo investigase la gestión de Caja Madrid desde 2010. Resultaba incomprensible que no se investigase igualmente la de años anteriores. ¿Por qué? UPyD lanzó esta hipótesis: la pésima gestión de las cajas de ahorros condicionó el rescate bancario y la nacionalización subsiguiente.

La denuncia partía de otra premisa crucial sobre gestión bancaria: Caja Madrid «maquilló» sus cuentas. La contabilidad se presentó como saneada al año 2010. Sin embargo, para los denunciantes, las cuentas de la entidad no reflejaban su imagen fiel a nivel económico. Según sostienen los denunciantes, el Banco de España alertó sobre la solvencia y alta morosidad de Caja Madrid. El supervisor criticó duramente la gestión del riesgo promotor en la entidad. El Banco de España no omitió referencias a la falta de profesionalidad de los gestores y al deterioro del valor de sus principales participadas, tales como el Grupo SOS-Cuétara o el Banco de Miami.

La manipulación contable de Bankia, según narraba la denuncia, afloró cuando el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) otorgó a BFA-Bankia una valoración negativa de 13.635 millones de euros. Los hechos que se exponen en su denuncia sirven, por sí solos, para reaperturar cualquier causa penal relacionada con Caja Madrid.

Se imputaba pésima gestión bancaria destacando dos circunstancias: que la mala gestión bancaria se remonta a tiempos muy anteriores a la llegada de Rato, y que se inflaron las remuneraciones de los directivos poco antes de salir Blesa. ¿Por qué? O, mejor dicho, ¿para qué?

En una escena de El Padrino II se produce una conversación muy interesante en momentos delicados para la familia Corleone. Con muchos y muy poderosos frentes abiertos, los Corleone se ven sitiados. El jefe de la familia, Michael, ignora quiénes son los que intrigan contra él. Este mafioso, hijo de Don Vito, ha heredado una compleja maquinaria delictiva disciplinada bajo la noción de «familia». Son tiempos de conmoción. Le preocupa el murmullo de la traición en los cambios de régimen. Dando un paseo invernal por el jardín de su mansión, habla con su hermano Tom Hagen, consejero de la familia, que le pregunta:

—Si cogemos a esos canallas, ¿crees que podremos desenmascarar al cerebro?

—Desgraciadamente no les cogeremos. O mucho me equivoco o ya los habrán liquidado; alguien de dentro, próximo a nosotros, muy asustado por el fracaso.

—Vayamos por eliminación. Rocco y Neri podrían estar implicados...

—Escucha. Nuestros hombres están bien pagados. Su lealtad se basa en eso. Te diré algo que aprendí de mi padre: intenta pensar como los que te rodean. Si haces eso, todo es posible.

Dinero y lealtad: son viajeros inseparables en las condiciones más abruptas. La escena de El Padrino es tremendamente real. En el crimen organizado, la lealtad tiene un precio. Su finalidad es evidente en los momentos más difíciles, cuando el jefe está en jaque. Apenas hay fisuras en la caja negra del crimen organizado. Los grupos criminales se enrocan. Tratar bien al compinche es muy sencillo: debe sentirse bien pagado.

El asesinato de alguien en una cafetería, el insulto en la calle o la amenaza en una reunión no son actos reservados. Acaso alguien los presencie. En el comité de una entidad financiera no hay testigos, salvo los miembros. No cabe control policial como en la vía pública. En este ambiente criminógeno no existen delatores. Los partícipes de la organización no van a destapar a nadie.

Por estos motivos, los hechos periféricos de la gestión bancaria son cruciales. Son índices apuntando a posibles irregularidades. La magnitud o notoriedad de tales hechos alumbra posibles delitos en el seno de la organización. Sin la menor duda, una de estas señales es el hundimiento económico de la entidad financiera. Por este motivo interpuso denuncia UPyD. Este partido político menciona además la pésima gestión como causa del desastre. Es una afirmación discutible que debe acreditarse. Pero algo es indudable: si no se investiga, nunca se probará.

Una entidad financiera constituye un negocio seguro. Cuando arrastra 300 años de historia, como Caja Madrid, con millones de ahorradores y cuentacorrentistas, su hundimiento exige una profunda explicación. No cabe decir «se rompió», sin más, como cuando cae un jarrón chino al suelo por un leve tropiezo. Imaginemos que nadie motiva el colapso, o que las explicaciones no convencen. Entonces se precisa indagar. Y ante intereses en juego muy relevantes y ausencia de toda explicación lógica, la investigación será penal. Sucede igual cuando aparece un cadáver. Se inician diligencias criminales, pues la vida humana es un bien jurídico de primer orden para la comunidad. El fallecimiento de una anciana con severos problemas cardíacos será certificado por su médico de cabecera, siempre que fuese hallada en su domicilio en condiciones de normalidad. Pero ante una joven de 15 años muerta en un callejón, el plano procesal cambiará de modo drástico. Habrá que indagar las causas de la muerte y se practicará la autopsia.

No es muy diferente cuando se trata de sociedades o empresas. El quebranto de un chiringuito financiero de ínfimo calado se atribuirá seguramente a la mera falta de oportunidad económica, deficiente due diligence o circunstancias similares.66 Pero cuando se hunde la cuarta entidad financiera del país, con más de 300 años de historia, millones de clientes y sin la menor explicación, deberá investigarse lo sucedido. En estos casos, el cadáver es la propia entidad financiera, y la autopsia se llama auditoría, peritaje e indagación a fondo.

Cuando el juez que instruye la causa es objeto de toda clase de presiones, deberían saltar alarmas. Pero si el juez llega a ser apartado del caso por medios ilícitos, la temática delictiva pasa a ser un problema institucional. De ahí que no deba extrañar que un partido político encabece una de las denuncias contra Blesa.

El Estado que manipula la legalidad meramente formal para apartar a sus jueces, por mucho que se defina democrático, deja de serlo. Como advirtió el politólogo Hermann Heller en el período de entreguerras, defender un Estado de derecho «puramente formal» es la antesala de un Estado totalitario. No se equivocó, desgraciadamente: la República de Weimar desembocó de forma natural en el III Reich.

NÁUSEAS

Jueces reforzados en la cazuela judicial

El oficio judicial no pasa desapercibido. Comparados con profesores universitarios o empleados de banca, los jueces ostentan mucho poder. La judicatura se va grabando en la vida de sus practicantes. A diario toman decisiones muy amargas y aparecen reforzados para ello. El sistema permite que con toda normalidad un juez de guardia manifieste al detenido: «Tiene que abandonar la casa donde habita con su madre». Un problema enquistado desde hace más de veinte años desaparece en un instante. Si ese detenido no obedece, saldrá a la fuerza del domicilio materno. «A la fuerza» es una expresión literal: la policía le compelerá para que abandone el domicilio.

En las actuaciones judiciales, el futuro imperfecto de indicativo especifica mandatos bajo seguro pronóstico de realización. «Ejecutará», «ingresará» o «abandonará» no expresan meros deseos. Anuncian modificaciones de la realidad futura que parecen anticipadas. El preso se siente privado de libertad desde que le comunica el juez su encarcelamiento. No hace falta esperar a que ingrese en el centro penitenciario. Pero, pese a su intensidad, decidir estas medidas no supone algo extraordinario. Los jueces visten el hábito de ver reforzado su proceder, incluso cuando adoptan resoluciones dolorosas para las personas. Este oficio de juzgar acaba imprimiendo carácter. Interfiere en la vida cotidiana de quien lo practica. Durante años he ido sintiendo cómo se interponía frente a mis preferencias y mi vida familiar.

Mis bloqueos literarios siempre han obstaculizado mi oficio de escritor. Un día, finalizada una guardia de 24 horas continuadas, me dijo Álvaro Pombo: «Usted, como juez, tiene empacho de realidad. Escribir requiere lo contrario: vomite realidad». En el Juzgado, la realidad suele ser carne cruda y correosa, no tanto por los usuarios del servicio como por las relaciones entre los que estamos dentro. El saturado estómago, por más que seamos profesionales de la presión, a veces no digiere el contagio que suministra el Juzgado. Entonces sobreviene la náusea.

Cada uno tiene problemas gástricos diferentes según su fauna intestinal, apetencias o condiciones psíquicas. Aspectos incomprendidos acaban galopando por los alimentos y sobreviene la indigestión. No acepto dispensar desigualdad. Algunos suponen que, por su extracción social o cargo público, no ingresarán en prisión o nunca cumplirán medidas cautelares. La desigualdad es un viento que, cuando sopla, prostituye los Juzgados. Resuenan las palabras que el obispo Watson defendió ante la Sociedad para la Supresión del Vicio: «Las leyes sólo obligan a los pobres».

Cuando un juez, debiendo hacerlo, no aprieta el acelerador de la maquinaria judicial, a todos deberían asaltarnos interrogantes como espadas. Nadie se atrevería a hablar hoy públicamente como lo hizo el obispo Watson en el año 1804. Pero muchos siguen pensando lo mismo. Cuando advierto que mis decisiones no se comparten porque no tengo en cuenta un criterio de clase, comienza mi indigestión. Y la indigestión puede venir acompañada de la náusea.

El oficio de juez se entromete en la vida privada de quienes lo ejercemos. Comporta sacrificios e incomodidades no trasladables a otras profesiones. El conocimiento de cuantas rencillas y odios inconfesados inundan una comunidad va causando desasosiego. Lo que aparentemente es una agradable ciudad de provincias podría ocultar un infierno de rencores, mafias y ajustes de cuentas. Los jueces solemos estar en contacto con estos pormenores de la desazón.

En la cazuela de los juzgados se cuecen sinsabores. El plato que sirve la Justicia española nunca es a gusto de todos. A unos porque llega tarde, a otros porque les pasa por encima, a los más porque defrauda o nunca llega, y a todos porque desespera. A la cazuela van las rencillas, impotencias y expectativas de la comunidad. Lo que se va cocinando es un guiso espeso, y se le echan toda clase de viandas, incluso podridas. Las raciones que se repartirán nunca se corresponden con lo que cada uno trajo inicialmente. El juzgado se lo guisa y ellos se lo comen. Y en el fondo de esa gran cazuela, de esa olla de barro antiguo, se pegan efluvios de unos y otros. Entre todos van formando ese sabor tan característico que supone el condimento judicial. No siempre es el mismo matiz de sabor el que repugna. La olla judicial española jamás se limpia, y en el fondo va quedando un poso que nunca se cuece, espeso y negro como el petróleo. Un ingrediente de ese poso se llama desigualdad.

Cuando te obligan a discriminar, marginar o segregar a los ciudadanos, te prostituyen. Percibes que la olla de desazón judicial no es para todo el mundo. Y eres el mesonero que decide a cuáles constriñes y a quiénes liberas de las purgas. Puedo asumir que la Judicatura me haya bloqueado como escritor, que tanta realidad se me haya atragantado y me cueste vomitarla literariamente. Pero me hice juez, no mesonero de purgantes para ciudadanos comunes. Valoro si alguien ha delinquido o no, al margen de cualquier expectativa reputacional o de casta. El paradigma de la igualdad ciudadana podría cambiarse por este otro: «En los Juzgados, según como te llames, así se te tratará». Pero entonces debería anunciarse a bombo y platillo, y me acogería al derecho de objeción de conciencia, pues la desigualdad choca con principios éticos sobreentendidos en toda mi formación jurídica. Cuando te suprimen por no practicar la desigualdad favoreciendo a ciertos imputados ilustres, la indigestión y la náusea te colonizan y en la Judicatura te sientes como un extranjero.

Supresiones

«Supresión» significa exclusión radical. Va al meollo y anuncia que se prohíbe la mentalidad de esta persona. La supresión ha sido practicada sistemáticamente por la Inquisición, el nazismo o el estalinismo.67

El personaje central de la novela El extranjero se llama Meursault. Albert Camus nos presenta a un empleado anodino, condenado a muerte porque no es nadie en especial. Lo que en el señor K. de El proceso era absurdo mental, en Meursault es vivencia existencial. Este hombre de índole telegráfica repta por el mundo aceptando lo que hay. Sabe que ha delinquido, a quién ha matado y que no hay escapatoria. En un pasaje de la novela, una enfermera de voz melodiosa le explica: «Si uno anda despacio, corre el riesgo de una insolación. Pero si anda demasiado aprisa, transpira y, en la iglesia, pesca un refriado».68

Tiene razón la enfermera, piensa Meursault, no hay escapatoria. Así trata la Justicia al ciudadano medio. El aparato judicial le pasa por encima como un carro de combate sobre un charco. Pero esta fatalidad se trastoca con personajes relucientes. Están amparados por el valor reputacional. Se lo han ganado a pulso porque muchas veces manifestaron a sus compinches: «Aquí tenemos un pan para todos». Ante estos imputados se espera que la Justicia se acomode, que diga: «No estamos ante desharrapados ni ante un charco más». Cuando un juez español no acepta esta situación, se dice: «No colabora. Es problemático, muy conflictivo». No pongo autor a estas frases porque la niebla se instala. No deja ver el camino, y da un poco igual de dónde venga.

Cuando un juez o jueza no es colaboracionista, experimentará continuadas sacudidas en su trabajo y patrimonio. Cierta sensación de extrañamiento le irá invadiendo conforme pase el tiempo. El escenario de la supresión irá situando al confinado en una posición que sólo podrá salvar por sus convicciones. Al fin y al cabo, las convicciones propias sostenidas con rigor son una fuente de poder. Ahora bien, este poder personal tendrá que afanarse en un contexto muy cerrado y hostil. Da igual que se instruya con prontitud o lentitud, da igual la mentalidad más o menos conservadora del juez. Sólo importa que se siga el guión.

La náusea y la confortabilidad de los imputados ilustres

Cuando un juez se resiste y no sigue el guión, se le suprime. En los casos Blesa y Banco de Miami, mis resoluciones pisaron fuerte el acelerador de la máquina judicial. Así lo hacemos con el común de los ciudadanos: se refuerza nuestro poder a diario y nadie advierte la menor irregularidad. Resolvemos, nos apelan y la Audiencia suele confirmar. Sin embargo, cuando se instruyen causas contra altos directivos de Caja Madrid, se inspecciona al juez, se le expedienta, se socava el ritmo del proceso, todos los medios de comunicación se hacen eco de un asunto judicial, llueven los recursos, la Audiencia Provincial lo revoca casi todo, se recusa al juez y finalmente se le aparta del caso. La ingesta de este guión de supresión produce náuseas.

A muchos ciudadanos nos repugna que se aparte a los jueces que no instruyen procedimientos cómodos o llevaderos. Pero este principio de confortabilidad procesal se está extendiendo de forma imparable. Algunos imputados expresan sin reparos el deseo de elegir jueces a su gusto. Blesa, saliendo de la prisión de Soto del Real, lo manifestó con claridad. No le gusté como juez. Autorizó que le investigasen, siempre que no fuese yo.

El juez apartado comparte su repugnancia con millones de españoles que se sienten menospreciados ante la situación actual. La supresión del juez se proyecta sobre la ciudadanía, y acaba excluyendo a una franja del país que no da crédito a lo que sucede. La ciudadanía no entiende por qué la Justicia no sirve a todo el mundo el mismo plato. Imaginemos a un desahuciado que perdió su casa porque debía 25.000 euros. Oirá hablar de imputados ilustres y pensará que nuestra Justicia es monstruosa.

Los españoles hemos hecho de la náusea algo casi respirable, y la llamamos «esto es lo que hay». Nos vamos acostumbrando a que esta expresión constituya una divisa. En lenta e incesante degradación, para nosotros lo dado, «lo que hay», ya casi consuela. La diferencia de trato judicial por criterios de clase es una absurdez que vamos procesando. La náusea española ante la Justicia se muestra como pura incomprensión. Lo que vomitaría nuestra repugnancia es tanta tomadura de pelo.

En España vamos aceptando que la Justicia es un mal rayo que cualquiera puede atraer. A la vez nos repugna que casta y reputación sean pararrayos, y que con algunos nunca pase nada.

COBARDÍAS Y TRAMAS DE ACOSO

La cobardía de los funcionarios en España debe valorarse detenidamente. Nuestro mercado de trabajo se rige por la penuria, sobre todo en los tiempos que corren. No obstante, es reprobable que un empleado público nunca se la juegue cuando ve peligrar su nómina. Percibe una remuneración, y a cambio debería arriesgarse cumpliendo sus obligaciones. La ciudadanía espera que los funcionarios respondan a esta expectativa, y por ese motivo se les premia con la inamovilidad. Cuando en el cumplimiento de su deber resulten expedientados, podemos convenir que son gajes del oficio. Y si les separan del servicio, mala suerte. Ésta es la teoría. La teoría aguanta hasta que el funcionario comienza a ejercer su cargo.

En España, el cumplimiento de las normas no es una virtud codiciada. No contribuye al mérito personal. La regla como tal no nos entusiasma. Nadie tanto como un funcionario público advierte esto. En muy poco tiempo, incluso antes de cobrar su primera nómina, descubre que cumplir con esmero sus obligaciones no aporta valor, sino todo lo contrario. Nuestro modelo, nuestra epidemia, es el cumplimiento de perfil bajo. La perfección consiste en superar una pizca la media de cumplimiento: algo más de lo esperado, sin pasarse. En un ambiente así, al empleado público no se le ocurre iniciar causa penal contra un imputado ilustre. Máxime cuando ha sido el presidente de la que fue la cuarta entidad financiera del país. Si además la causa se encuentra archivada, nadie comprenderá qué pretende el juez reaperturando.

En cada Juzgado de Instrucción de plaza de Castilla se hallan destacados dos fiscales. Los asuntos en principio se turnan entre ellos, salvo que correspondan a otras áreas especiales de la Fiscalía de Madrid. Yolanda Conejero era la fiscal del caso Blesa, pero fue sustituida por alguien que nunca apareció por el Juzgado hasta el 13 de mayo de 2013.

La otra fiscal destacada en mi Juzgado era María Armesto. Me denunció en febrero de 2013, y después volvió a hacerlo en marzo de 2013. En estas denuncias arremetía contra mi forma de llevar el Juzgado y mi proceder en las guardias de Juicios Rápidos. Lo que no cabe comprender es por qué se le ocurrió denunciarme, precisamente, cuando instruía los casos Blesa y Banco de Miami. Armesto denunciaba un proceder permanente como magistrado. Si fuesen ciertas sus acusaciones, ¿por qué encubrió mi supuesta conducta infractora durante años?

La otra fiscal, Yolanda Conejero, se sumó a estas denuncias. Las descafeinó cuanto pudo, pero se acopló. Cuando le pregunté por qué participó en ello, me dijo: «En las denuncias sólo me referí a lo que me habían contado. Yo no sé nada. Pero, Jose, tú sí sabes lo que hay. Con Blesa te has metido en un tema gordo».

Sin duda, los funcionarios nos debemos al cargo, cumpliendo nuestras obligaciones a toda costa. En esto se fundamenta el interés general, la buena marcha del servicio y que nos compensen con la estabilidad en el empleo. Ésta es la teoría. Pero, como dije antes, la teoría aguanta hasta que el funcionario comienza a ejercer su cargo.

Alrededor de los casos Blesa y Banco de Miami se han producido escandalosas irregularidades. En torno a estas causas me han presionado variadas personas e instituciones, pero no todas bajo el mismo prisma o grado de responsabilidad. El funcionario español se acomoda a una vida sencilla, previsible y adornada cada mes por una nómina no más elevada que segura. Cuando se mueven estas circunstancias apacibles, el temblor viste al miedo. El funcionario que se ve en medio de estas encrucijadas, no las ha diseñado, no es el cerebro de nada, se ve atrapado en dinámicas que ignora o no le interesan. Si tiene familia a su cargo o debe pagar su hipoteca, evitará los problemas como un gato el agua. Salvará la situación evitando complicaciones. Hará lo preciso para salvar los muebles. Esta actitud funcionarial es reprochable. No me cabe duda. Pero también creo que el heroísmo no es siempre exigible. España sufre cifras de paro galopantes y chaparrones de corrupción. Exigir que los funcionarios se la jueguen poniendo en riesgo el sustento no siempre es proporcionado.

La falsedad, como el delito, es un misterio. Por qué si alguien delinque es una incógnita insoluble. Al margen de cientos de teorías y mucha literatura borrosa, no existen explicaciones completas. ¿Por qué un hombre agarra a su mujer un día, y como no tiene la cena lista, la golpea y mata? Si se observa el hecho de forma distante, sin el menor prejuicio, es un misterio. En estos casos, el Derecho Penal existe porque no hay tiempo para buscar explicaciones completas que nunca llegarán, o quién sabe cuándo. Se condenan duramente las conductas fuera de la razón y del mínimo normativo de convivencia. Y punto. El Derecho Penal llama a la puerta cuando ha fracasado todo lo demás. El delito de blanqueo de capitales, por ejemplo, se tipifica porque ha fallado todo el sistema persecutorio. El delincuente ha burlado a todas las instituciones y disfruta apaciblemente del fruto de sus crímenes. La sociedad se escandaliza cuando le ve conduciendo vehículos y navegando en goletas de millones de euros. El delito de blanqueo acota este disfrute en un desesperado intento por remediar la total ineficacia del sistema legal.

Existe una línea muy fina entre cometer y no cometer delitos. Hay quien sitúa la barrera en el plano psíquico: quien administra correctamente sus impulsos, no delinque. La descarga psicótica sería como un conjunto de propuestas consistentes, todas ellas proyectadas a delinquir. Pero son metáforas que no resuelven el problema. ¿Qué significa gestionar un impulso, cuál es el patrón de guía? ¿Qué le sucede a una fiscal cuando denuncia a un juez con el que hace años que trabaja sin el menor problema? La relación con las fiscales destacadas en mi Juzgado siempre había sido cordial. Rondaba la amistad. Nunca se produjo el menor incidente a destacar entre nosotros, ni en lo personal ni en lo profesional.

En el ambiente colegial, disculpamos al chivato mentiroso porque es un niño. Le falta soporte evolutivo. Pero no es tan fácil entender que unos fiscales arremetan contra un juez denunciándole, de improviso, tras haber compartido innumerables guardias, instrucciones y juicios durante años. Hechos de esta naturaleza son inexplicables. Tomas café con una compañera cada vez que acude a tu Juzgado. Mantenéis conversaciones amigables entre declaración y declaración. Te remite correos electrónicos amistosos. Te cuenta su vida, inquietudes y desventuras. Y doce horas después te enteras de que te ha denunciado. Dice que tengo abandonado el Juzgado y me dedico no se sabe exactamente a qué. El lector no dará crédito, pero así sucedió. Y fue peor. Pero un relato completo sería inverosímil.

La ruptura insólita del mínimo ético sorprende. Se presenta a veces de improviso y de forma inexplicable. Para quien sufre el desgarro, el golpe sobrecoge. Son derechazos por la espalda que se prohíben en boxeo, pero no entre personas que comparten quehaceres judiciales. Por qué motivo alguien daña por dañar, es un misterio. No tan enigmático cuando quien perjudica se divierte, se complace con el mal ajeno. Tampoco es tan oculto cuando quien mueve los hilos se aprovecha de lo que se pone a tiro.

El triunfo del mal requiere reptiles colaborando, irrelevantes, múltiples ciempiés penetrando por doquier. Las operaciones de este calibre demandan que se movilicen muchos y variados funcionarios. No basta la sola voluntad de alguien. Se comienza por el primer escalón, y es cuestión de ir agregando para formar la escalera. Las escaleras del acoso son espirales rebuscadas, propias del cine gótico. Las estrategias de los supresores son tan perfectas como artificiosas. Muchos pueden participar, sin apenas darse cuenta, en operaciones para derribar a alguien. La cobardía desaconseja plantarse, negarse a colaborar. Se va creando una tormenta perfecta que no depende de condiciones climatológicas, sino de la perversa voluntad de los malhechores.

TORMENTAS PERFECTAS

Metáforas

En la carrera judicial existen jueces y magistrados. La diferencia entre unos y otros carece del menor fundamento, pero permite que el Estado ahorre gastos de personal, ya que los jueces están peor remunerados. Yo ascendí a magistrado en el año 1996 y mi vida judicial no cambió en absoluto. Pasaron a llamarme «magistrado» y comencé a cobrar más por el mismo trabajo. Es un interesante efecto de las palabras, una metáfora sin sentido. Por el mero hecho de que pasen años, se ganan trienios, pero no forzosamente sabiduría jurídica. Al comienzo de la carrera judicial se desempeña el trabajo más difícil al tiempo que se ocupa, a veces, las peores plazas del escalafón. Ser juez, de entrada, significa, en muchos casos, ocupar los destinos más calamitosos. Hablo de Juzgados anegados por la corrupción y el abandono bajo condiciones surrealistas. La diferencia de sueldo entre jueces y magistrados es, así, una consecuencia del sutil juego entre palabras y metáforas. Para reducir gastos de personal, en el ámbito presupuestario se posibilita este juego semántico. ¿También se autoriza en la redacción de resoluciones judiciales?

Después de encarcelar a Blesa me llamó Cristina, la madre de mi hijo, para comentarme sus progresos escolares. A esas alturas ya se había filtrado en los medios de comunicación el auto de prisión. Me interesaba su opinión como experta en Derecho Penitenciario. «¿Has leído el auto de prisión?», le pregunté. «¿La tormenta perfecta?», me respondió.

Perfect storm es una expresión inglesa que yo utilicé en alguna de mis resoluciones. Cuando inusuales coincidencias se ponen de acuerdo para agravar drásticamente una situación, ocurre la tormenta perfecta. A veces se simulan estas tormentas. Existen operaciones bien armadas para simular las condiciones climatológicas sorprendentes de las tormentas perfectas. Cuando los acosadores quieren cercar a alguien, suprimirle, pueden comenzar a colocarle alrededor circunstancias desmesuradas que camuflen una catástrofe. El supresor hará lo posible para que el desastre sea reprochable al acosado. Sembrará un campo de minas capaz de explosionar en cadena. Al acosado se le reprochará que pisara la primera mina, ocasionando el resto de explosiones.

Casualidad, sincronicidad y causalidad

El modo en que correlacionan los eventos es uno de los fenómenos más interesantes de la existencia. En nuestra vida cotidiana nos encontramos muchos acertijos y paradojas. Cuando sólo buscamos el éxito, los fracasos asedian. Cuando aprendemos de los fracasos, el éxito, en cambio, no deja de llamar a la puerta. A veces los eventos se enlazan de forma mecánica. La relación de causalidad rinde cuenta de estas alianzas entre causas y efecto. El homicida dispara y la víctima fallece por el tiro certero. Pero en otras ocasiones, las relaciones entre eventos no son tan evidentes. Las situaciones de tormenta perfecta son complejas. Salimos a pasear porque hace un sol espléndido. Pero cuando ponemos un pie en la calle, comienza a llover. Esperamos que escampe, y a los pocos minutos comienza a diluviar... A veces, los eventos se dan cita justo cuando menos lo esperamos. ¿Se han puesto de acuerdo? Jung dice que sí. El azar es un acertijo que encierra correlaciones. No existen casualidades sino sincronicidades, sostiene.

Hay quien sabe jugar muy bien con todas estas nociones, y que aparenta que sólo existe casualidad o sincronicidad donde, en realidad, existen relaciones causa-efecto similares al tiro y la muerte de alguien. Pero camuflan esta evidencia bajo un panorama complejo de hechos aparentemente inconexos. Instruyo una causa judicial sobre un Banco en Miami, aparecen múltiples cuentas corrientes en Miami presuntamente relacionadas con la trama Gürtel, me recusan justo cuando inicio diligencias para investigar la compra de ese banco, me expedientan, dos fiscales con las que guardaba relaciones excelentes me denuncian de repente, me linchan en variados medios de comunicación y me acaban apartando del conocimiento de la causa. Algún periodista diría: «¡Qué coincidencia!». Jung insinuaría: «¡Qué sincronicidad!». Y otros pueden asegurar: «Vaya trama bien organizada».

Sincronicidad es la coincidencia entre dos fenómenos simultáneos sin que pueda valorarse una vinculación de causa-efecto. En la tormenta perfecta se presentan muchos fenómenos a la vez. Veamos. No quieres ir con cierta persona a la ópera. Vas deprisa. Se te hace tarde para llegar al estreno que por nada del mundo quieres perderte. Sales a la escalera. Cierras la puerta de tu apartamento y, cuando te vuelves, tropiezas con una mujer, y las llaves de tu vehículo caen por el hueco cuando abría la puerta del ascensor. Ella es la persona con la que no querías ir al estreno; y la ópera, Don Giovanni. El hecho sucedió en el siglo pasado, el 5 de diciembre de 1998. Todos estos eventos parece que suceden por azar; sin embargo, se correlacionan. Rinden cuenta tanto de la noción junguiana de «correlaciones» como de la expresión «tormenta perfecta».

Sin embargo, algunos delincuentes llegan a ser muy hábiles. Colocan el crimen entre un cúmulo de eventos correlacionados, como si el delito fuese otro hecho del azar más. Pertenecen a la división de honor del crimen. Se comportan de una forma casi estética. Como pintores impresionistas sueltan una pincelada aquí y otra allá, para que en el conjunto pictórico nadie repare en los detalles sino en la obra de arte final. Sin embargo, perdido entre múltiples fragmentos se esconde el crimen perfecto. En el crimen organizado, el acosador, el gestor bancario o el traficante de armas, desde una posición muy superior y como si obrasen al descuido, saben mover a personas o empleados como minúsculos trazos del cuadro final. Pero ¿cuál es la clave, cuál es el arquetipo o matriz que explica todas estas correlaciones? En las correlaciones auténticas, las que se producen por azar, Jung nos habla de «inconsciente colectivo». En las prefabricadas del acoso institucional, la explicación es más tétrica.

Acosadores y temerosos secuaces

El poema dramático Fausto no se publicó íntegramente hasta el año 1833, un año después del fallecimiento de su autor, Johann Wolfgang von Goethe. En un diálogo con los animales, el Mono dice a Mefistófeles:69

El mundo es así,

subiendo y bajando,

y rodando siempre.

Como cristal suena.

¡Que pronto rompe!

Está todo hueco.

Aquí brilla mucho

Y allí brilla más:

¡Estoy vivo yo!

¡Hijo mío amado,

presérvate de él!

¡Tienes que morir!

Es de barro el mundo

Y se rompe en cascos.

Tras las correlaciones junguianas, el inconsciente colectivo esculpe los acontecimientos. Pero, tras los paralelismos artificiosos de nuestra España secular, acosadores y delincuentes de alta gama son los tramoyistas del apego a la vida. El mezquino interés viste de cobardía a miles de títeres que se van dejando manejar, que no oponen resistencia, que temen perder sus nóminas y ridículos privilegios, y que se pliegan al manejo del más fuerte. La corrupción sistémica requiere la leve colaboración de miles de personas. Incontables rutinas e insignificancias desviadas conducen a la impunidad.

La fuerza del estilo en España debería ser hablar en plata. Escondidos en ñoñeces y formulismos rancios no avanzaremos. Cuando los jueces ni podemos hacer uso de metáforas en nuestras resoluciones, algún apego viscoso asoma la cabeza. Es el pánico de los supresores a cualquier cambio. Seguimos practicando las mismas limitaciones, reduciendo el entendimiento del derecho a un juego que siempre pisa a los mismos y del que se ríen los más fuertes. La prisión de un «bolero» con 600 gramos de cocaína se justifica con un auto de tres folios que, cuando se recurre, casi siempre lo confirma la Audiencia. Para lanzar a un hijo del domicilio paterno sobran dos folios acordando el alejamiento. Pero con los ilustres imputados nada de esto es suficiente. Se exige que el instructor dicte resoluciones de cincuenta o sesenta folios. Esto carece de sentido. La Justicia en España ya no es una balanza, sino la caja negra que nadie quiere abrir. Está vacía, pero a unos asusta y a otros les provoca hilaridad. El miedo cruza toda la función pública. No se libran los jueces. El cúmulo de eventos que presionan al instructor de un proceso contra imputados ilustres rebosa la olla judicial. A estas alturas, toda la sociedad española se quema con el caldo hirviendo de la iniquidad.

CAPÍTULO VI DE CÓMO UN PAÍS QUISO VOLVER A EUROPA

La historia abre ventanas, pero no al pasado, sino al presente. Para comprender la realidad del día a día, a veces no hay más remedio que mirar al pasado. No sirve para nada, a mi juicio, profundizar en la historia sin tener muy presente la vida cotidiana que nos preocupa. Sólo desde el ahora social concreto tiene sentido enchufarse a la máquina del tiempo y estudiar los precedentes de lo que nos sucede en el día a día.

Nuestra historia reciente se traza bajo una senda que casi condiciona todas las demás: el camino hacia Europa. La España de la Transición y de la Constitución española de 1978 quiso volver a ser Europa, formar parte de un empeño más global, capaz de redimirnos de las incontables limitaciones que nos asfixiaron durante el régimen autoritario. Pero esta vía europea no estaba exenta de asfixias. Ha venido imponiendo reformas de toda naturaleza en lo social, lo jurídico y lo económico. En lo jurídico, nuestro encaje europeo exigía un cambio de modelo y de pautas institucionales a fondo. En lo económico, interpretamos muchos cambios indispensables volcándonos en las privatizaciones. Lo determinó el Tratado de Maastricht, por exigencias de déficit y deuda pública.

¿Cuál es la historia inmediata de las cajas de ahorros? ¿Cuáles son los precedentes de la crisis económica que nos ha venido de la mano de un rescate bancario tan drástico, de efectos por ahora incalculables?

LA PRIVATIZACIÓN DE LAS GRANDES CORPORACIONES

Cuando José María Aznar accedió a la presidencia del Gobierno en el año 1996, se encontró con algunas perlas que seguían perteneciendo al Estado: Endesa, Repsol, Argentaria, Tabacalera y Telefónica. Años atrás, los sucesivos Gobiernos de Felipe González habían ido reestructurando el sector público heredado de la etapa franquista.

Argentaria resultó de integrar distintos bancos y cajas. En un principio, la Corporación Bancaria de España sirvió como espacio de cobijo. Bajo este paraguas se integraron las participaciones del Estado en el Banco Hipotecario, Banco de Crédito Local, Banco Exterior (al que previamente se había sumado el Banco de Crédito Industrial) y Caja Postal. Después, Corporación Bancaria de España pasó a llamarse Argentaria.

El Gobierno de Felipe González siguió el modelo de profesionalización de las empresas públicas. En Repsol se contrató a Óscar Fanjul, catedrático de Economía; en Endesa, a Feliciano Fuster, y en Telefónica, a Cándido Velázquez. Con mayor o menor afinidad ideológica, eran personas independientes, de reconocido prestigio.

El proceso en Endesa fue similar al de Argentaria. Entre las empresas regionales eléctricas existentes, se diseñó un mapa eléctrico sobre tres ejes: Endesa, Iberduero y Unión Fenosa. Además, se racionalizaron los mercados regionales. En el caso de Endesa, se integraron Sevillana de Electricidad, con sede en Sevilla; Fecsa, con sede en Barcelona, y Enher, también en el noreste del país.

Parecido fue el proceso de Repsol, donde se integró Campsa, con el precedente del Instituto Nacional de Hidrocarburos. Como Telefónica había sido siempre un monopolio, no hubo necesidad de integrarla con otras sociedades.

Los objetivos de González y sus equipos fueron racionalizar la actividad empresarial pública; incrementar el grado de competitividad de las empresas españolas, optimizando su eficiencia de cara a la integración europea; profesionalizar la gestión empresarial y, finalmente, obtener fondos para restablecer el equilibrio financiero del Estado. Las privatizaciones nos acercarían al cumplimiento de las condiciones del Tratado de Maastricht no sólo en cuanto a déficit y deuda pública, sino también respecto de la racionalización y fortalecimiento económico imprescindible.

El diseño de privatización de estas empresas fue siempre el mismo, a través de bloques, en torno al 25 %, dependiendo de la situación de los mercados. Así, la privatización de Argentaria se canalizó en cuatro fases. En mayo de 1993, escasamente al año y medio de su constitución, se privatizó el 24,99 % de las acciones. La respuesta del mercado fue tibia. En noviembre de 1993 se privatizó un 23,35 %. Fue un éxito, a pesar de los mercados inestables. En marzo de 1996 se colocó otro 25 %. El 26,66 % del capital restante lo privatizaron los nuevos gestores del Partido Popular, entre ellos Francisco González.

En todas las grandes Ofertas Públicas de Venta (OPV),70 los tramos finales de las compañías se venden durante el Gobierno del Partido Popular. Fueron nuevos gestores al frente de las empresas privatizadas: Francisco González (Argentaria), Juan Villalonga (Telefónica), Alfonso Cortina (Repsol), Rodolfo Martín Villa y Pizarro (Endesa), y César Alierta (Tabacalera). Lo primero que hicieron los nuevos gestores, culminada la privatización, fue triplicarse el sueldo.

Cuando el Gobierno del Partido Popular vendió en bolsa todo el capital de las empresas de propiedad pública, tomó otras decisiones en relación con las compañías. Intentaron que no concurriesen accionistas de referencia, es decir, grupos de control. Entendieron que sus intereses pondrían en peligro el objeto social y la dimensión estratégica de estas grandes sociedades.

El Gobierno del PP, en un ejercicio de capitalismo popular, vendió cientos de miles de acciones a pequeños accionistas, con lo que evitó que grupos poderosos tuvieran la tentación de controlar las grandes corporaciones. Introdujeron en sus estatutos limitaciones a los derechos políticos, tales como la golden share, es decir, una acción de oro que se reservaba durante un cierto tiempo para controlar estratégicamente una compañía recientemente privatizada a fin de mantener una estabilidad accionarial. Quedaba cerrado el asalto de algún grupo a las empresas privatizadas. Pero, a la vez, se protegió a los presidentes que se nombraron para dirigir las grandes corporaciones. Estas sociedades engrosaban el mayor núcleo estratégico de la economía española.

Frente a la línea pragmática de González, la de Aznar consistió en privatizaciones políticas y de programa. La primera etapa de privatizaciones en España (1982-1996), llevada a cabo por los Gobiernos socialistas, se produjo ante la difícil situación de muchas empresas del Instituto Nacional de Industria (INI). Se reestructuró y cambió la gestión en pro de la eficiencia productiva y el saneamiento. En la segunda etapa (19962001), el Gobierno de Aznar decretó el Programa de Modernización del Sector Público Empresarial y sentó las bases de las privatizaciones. El proceso abarcaba todas las empresas públicas y su objetivo primordial era incrementar la eficiencia empresarial.

Aunque teóricamente la empresa pública no es más ineficiente que la privada, la realidad histórica demuestra lo contrario. De las sociedades públicas se exigen menos beneficios; por tanto, no soportan tanta presión en sus procedimientos internos de gestión.

En países poco desarrollados, de escasos recursos, la creación y desarrollo de una empresa pública es más sencilla. El capital necesario y otros medios materiales se aglutinarán más rápidamente. En los primeros años —tal vez muchos— será hegemónico el sector público. Pero, conforme la economía se desarrolle, el sector privado ganará en eficiencia ajustándose mejor a las exigencias competitivas del mercado. En las entidades públicas confluyen una diversidad de objetivos difíciles de compaginar. Frente al criterio optimizador de beneficios primarán los criterios finalistas. No obstante, se dan honrosas excepciones. De hecho, unas empresas públicas (Repsol) eran más eficientes que otras (Cepsa).

Vaya por delante el error consistente en confundir «empresa pública» y «servicio público». No hay más remedio que asumir el carácter deficitario de algunas actividades ligadas a necesidades básicas de los ciudadanos. De cualquier modo, aunque no genere todos los beneficios previsibles, no es sostenible que la empresa pública provoque pérdidas sistemáticamente.

En cuanto al aumento de competencia, se ha ido creando un mensaje falso. Se tiende a identificar privatización, incremento de la competencia y reducción de tarifas. Privatización e incremento de competencia suelen coincidir; pero privatización y reducción de tarifas no concurren necesariamente.

Debe reseñarse que la privatización, en sí, no optimiza la competencia. Privatizar sin liberalizar, como casi siempre ha sucedido en España, supone sustituir un monopolio público por otro privado. El monopolio privado, como grupo de presión, frenará toda medida liberalizadora futura. Lo saben muy bien las operadoras que intentan competir con Telefónica. No obstante, es innegable que el Estado arriesga mucho cuando se trata de sectores estratégicos. Liberalizar notablemente, confiando a ciegas en el empresariado español, tal vez sea una pésima apuesta para España.

Respecto de la privatización sin liberalización, valga el cártel del betún como ejemplo clamoroso de prácticas contra la competencia en España.71 Desde 1991 hasta 2002, los miembros del cártel establecieron cuotas de mercado y se distribuyeron entre ellos volúmenes de ventas y clientes. Al no concurrir competencia, no se redujeron las tarifas.

Pero al margen de las contradicciones del binomio empresarial público/privado, una razón muy poderosa para privatizar en España fue reducir el déficit público. El imán decisivo fue la Unión Europea. Cumplir los criterios de Maastricht para integrarnos en la moneda única explica el afán privatizador de los años 1997 y 1998. Sólo en este período, el Gobierno de Aznar recaudó cuatro billones de pesetas, más del doble que en la década anterior, pero en un contexto económico muy favorable.

No obstante lo anterior, algunas empresas que constituyen una pesada carga para los contribuyentes continúan bajo titularidad pública. Por ejemplo, la Sociedad Estatal de Participaciones Públicas (SEPI), holding que agrupa a la mayoría de las empresas públicas con el pretexto de financiar la deuda histórica del INI, calculada en más de seiscientos mil millones de pesetas.

Aznar culminó las privatizaciones con el capitalismo popular, pero asegurándose el control de las grandes sociedades para proteger nuestros sectores estratégicos. Al mismo tiempo se aprovechó la oportunidad, y personas muy próximas al Gobierno ocuparon puestos claves a nivel corporativo. La cuestión es si tal estrategia también permitió financiaciones inconfesables. En algunos casos persistían los monopolios, y el cártel económico no se tocaba. Los españoles tendríamos que soportar un alto coste. Directamente, el proceso no implicaría gran ahorro para el contribuyente, ya que la parte menos rentable del sector público corporativo no pasó a manos privadas. Indirectamente, perdimos como usuarios y consumidores. La competencia no se dinamizó. Se mantuvieron abusos de posición dominante y tarifas desproporcionadas, sobre todo en comparación con otros países europeos.

Pero también es cierto, en el otro lado de la balanza, que los participantes en las privatizaciones luego percibirían los dividendos correspondientes.

LAS CAJAS DE AHORRO Y LA CASTA POLÍTICA

En el año 1996, Miguel Blesa comenzó a dirigir Caja Madrid, una de las entidades financieras más relevantes del país. Los resultados de su gestión aún no han podido investigarse de forma adecuada. ¿Existe alguna conexión entre el proceso de privatizaciones y el sector financiero de las cajas de ahorros?

En realidad, no. Todo el proceso anterior se volcó en reducir el déficit para entrar en Europa. Es decir, aunque en los programas de Aznar, sobre el papel, se hablaba de racionalización y de mayor eficiencia, estos objetivos fueron residuales, cuando no meramente una pantalla. La auténtica divisa española era converger en Europa. Desde el año 1994, países de nuestro entorno como Italia advirtieron claramente el problema. Redujeron el control político de las cajas, su timbre sistémico, y las sujetaron a buena gestión bancaria. En España se pudo aprovechar la ola de privatizaciones en el sector estratégico. Hubiera sido el momento más oportuno para racionalizar nuestras cajas, sobre todo si se tiene en cuenta que algunas, como Caja Madrid, presentaban un enorme volumen de negocio. El riesgo sistémico de estas entidades, en comparación con las alemanas, las colocaba en un puntal económico de necesaria domesticación mediante reglas de buena gestión. Se imponía la racionalización y el control. Pero esto no interesó a nuestra casta política, precisamente porque iba a sacar partido, y mucho, de tal ausencia de control en la gestión bancaria.

El proceso histórico de las cajas se vinculó al mantenimiento del poder, financiando los objetivos y actividades más inverosímiles. No se optó por convertirlas en bancos. Tampoco por desgajar los objetivos fundacionales de política social, frente a la adecuada gestión comercial bancaria. No se las quiso someter a juntas de accionistas y organigramas de control efectivo mediante la intervención de terceros inversores. No se las despolitizó aprovechando la ola de privatizaciones en los sectores estratégicos.

¿Por qué se dejó pasar esta oportunidad? Al fin y al cabo, Caja Madrid no era mucho menos estratégica que Argentaria. Algunos dirán que el problema de las cajas de ahorro era diferente. Su despolitización no relajaría nuestro déficit público en absoluto. Las cajas tradicionales son fundaciones en manos del poder político autonómico de turno. Nunca se habrían convertido en bancos de no haberse producido el colapso del sistema financiero español. Esto es cierto. Pero también que ello no muestra la desvinculación entre ambos procesos, sino todo lo contrario. Es decir, carecía de sentido racionalizar económicamente un país, ignorando el agujero que suponía que casi la mitad del sistema financiero estuviera en manos de intereses políticos de casta. Lo que sucedió fue algo más triste. Lo de siempre: nunca nos movió un verdadero ánimo de estructuración económica. Se cumplió lo justo para converger en Europa. Como las grandes sociedades estatales se asociaban a mayor déficit público, ahí se focalizaron los esfuerzos. Como las cajas no se relacionaban con tal variable, no hicimos nada con ellas, sino al contrario, se potenció la mala gestión, la expansión y el sistema de taifas.

Al producirse el colapso de este método irracional fue preciso rescatar a las cajas y cambiar el modelo. Tarde, mal y nunca, en ese camino deambulamos. Es muy criticable la escenificación del final, pero la eliminación de estas entidades singulares ha sido irremediable. Es más, sólo han sobrevivido dos: Caixa Pollença (Mallorca) y Caixa Ontinyent (Valencia). La necesidad de recursos propios y el quebranto eran evidentes y clamorosos, como resultado del considerable grado de intromisión política en su dirección. La crisis del ladrillo condujo a bucear en sus estados financieros. La chapuza afloró en casi todas las cajas, y apenas en nuestros bancos. Desvelada la situación real, en supuestos como el de Caja Madrid se tuvo que intervenir de inmediato. Algunos impusieron su criterio para evitar la expansión del colapso. Cundió el pánico ante una hipotética retirada masiva de depósitos, con riesgo de arrastre para el resto de las cajas, que era tanto como decir la mitad de nuestro sistema financiero. Con todo, su modificación y conversión en bancos debió haberse sujetado a un mayor impulso del Gobierno central. Pero predominó la política de división territorial, basada en una regulación que otorgó excesivas competencias a las Comunidades Autónomas.

LAS CAJAS DE AHORRO COMO FUNDACIONES

Las cajas de ahorros españolas eran entidades de crédito plenas, con libertad para realizar operaciones financieras al igual que los bancos. Por su impronta social no podían generar beneficios, aunque actuasen con criterios puros de mercado. Se constituían como fundaciones de naturaleza semipública y sin ánimo de lucro. Es decir, ni tenían accionistas ni podían repartir dividendos. Este hecho es crucial: las cajas de ahorros no podían ser controladas por una junta de accionistas. Carecían de ella. Por este motivo, sus presidentes y gerentes, junto con sus cuadros directivos, se colocaban en una especial situación de responsabilidad en la gestión bancaria asumida. Al carecer de accionistas, nadie registraba pérdida de dividendos, nadie advertía directamente errores de gestión. Además, como no estaban controladas por juntas de accionistas, tampoco se sujetaban a la necesidad de dar unos resultados. Por ello siempre gozaron de una importante ventaja competitiva frente a la banca, pues invertirían en mejores condiciones que ésta. Pero ni siquiera se aprovechó esta ventaja, por lo que el pecado de gestión cometido fue doblemente grave.72

Nuestras cajas de ahorros se regían por el Real Decretoley 11/2010, de 9 de julio. Esta norma modificó la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre órganos rectores de las cajas de ahorro. Ambas fueron respetuosas con la naturaleza fundacional de estas entidades. Pero las cajas no dependían de su dotación patrimonial. Tampoco eran patrimonios afectos a fines de interés general, sino entidades de crédito. En realidad, su carácter fundacional no pasaba de ser un membrete jurídico formal. Lo que predomina es el aspecto empresarial, exactamente igual que en los bancos. Conservar un título jurídico que no responde en absoluto a la realidad es, sencillamente, mantener a toda costa entes politizados bajo un mero subterfugio fundacional. La naturaleza atípica de las cajas fue la excusa perfecta: permitió que careciesen de verdadero control por juntas de accionistas o inversores externos. Fueron cotos abiertos al manejo político.

Ahora bien, históricamente, hablamos de entidades que cumplieron una función esencial dentro del sistema financiero y de nuestro entramado social. Han sido motor del crecimiento a lo largo de nuestra historia, impulsando el fomento del ahorro, la movilización de recursos y la inclusión financiera del conjunto de los ciudadanos. Por una parte, protagonizaron el acceso al crédito de familias y empresas. Por otra, en cumplimiento de su función social, actualizaron muchos fines de interés general. Su relativo carácter territorial permitió que se destinaran sus excedentes a dotar bienes y servicios sociales donde se localizaban sus sedes centrales. Complementaron nuestro Estado de bienestar.

En los consejos de administración de las cajas de ahorros se reunían diversos representantes de origen político y sindical en proporciones establecidas por los Gobiernos autonómicos. La asamblea general era el órgano constituido por representaciones de los intereses sociales y colectivos del ámbito de actuación de la caja, asumiendo el gobierno supremo de la entidad. Sobre el papel, porque la realidad directiva de las cajas se sometía a los designios de sus presidentes, gerentes y cohorte de directivos bajo sus órdenes. Según el modelo de gestión que se siguiese, podemos denominarlas como presidencialistas (paradigmáticamente, Caja Madrid) o gerencialistas, según el mayor o menor protagonismo directivo de su presidente.

La intensa implantación local de las cajas sintonizaba, en parte, con la intensa participación autonómica y municipal en sus órganos de administración. Por este motivo convivían, casi siempre de modo promiscuo, con los intereses políticos en juego. En los últimos veinte años, las cajas de ahorros han estado al servicio de los partidos de uno u otro signo.

PREGUNTAS INEVITABLES E INTERVENCIÓN DEL FROB

¿Por qué las cajas soportaron más morosidad que los bancos? Porque, en general, sus directivos fueron incompetentes y porque la mayoría de sus empleados estuvieron a la altura de sus superiores. Las cajas financiaron proyectos puramente políticos o de fines inconfesables. No obstante, algunas de estas entidades excepcionalmente bien gestionadas registraron una morosidad normal, ajustada al mercado.

¿Cómo se explica el colapso si disponían de más oficinas que los bancos y prácticamente la misma cuota de mercado? Por la mala gestión bancaria. Aunque no puede obviarse la capilaridad de las cajas de ahorros. Por exigencias de fin social, situaron oficinas bancarias en localidades pequeñas, donde la banca estaba ausente por razones de rentabilidad.

¿Por qué se convirtieron en la rama más débil del sector financiero? Por la incompetencia de sus gestores.

¿A quién nunca le ha interesado cambiar esta situación? A los partidos políticos hegemónicos en cada comunidad autónoma, junto con empresarios de su entorno, aliados y gestores diversos. Obtenían una financiación que profesionalmente nunca habrían conseguido a nivel bancario, es decir, de entidades de crédito no fundacionales o semipúblicas.

¿Por qué se ha esperado al descalabro? Porque mientras todo marcha como interesa y vas tranquilo, nadie te va a investigar. No llevas ninguna prisa.

¿Cómo se explica que el supervisor, el Banco de España, no lanzara señales de alerta? De ninguna manera. Es inexplicable.

¿Por qué no se procedió antes a privatizar las cajas de ahorros? Porque nadie quiso que se acabase un subterfugio tan beneficioso.

¿Qué significa la expresión «fundaciones de naturaleza privada, sin ánimo de lucro»? Por una parte, significa que no hacía falta privatizar a las cajas porque ya funcionaban como entidades privadas, pese a su naturaleza semipública. Por otra, implica que, como eran fundaciones, carecían por definición de ánimo de lucro, y tampoco eran controladas por juntas de accionistas. El control era político, y se trastocó así el sentido de estas entidades de crédito. Entre la empresa pública y la privada, se colocaban las cajas, un tertium genus atípico, inexplicable, que ha pagado su indefinición o ambigüedad con creces. Mejor dicho, la vamos a pagar todos los españoles.

La insolvencia de las cajas se ha eludido, por ahora, mediante el rescate del Estado (a través del FROB), lo que las ha convertido en entidades con ánimo de lucro. Los motivos que han llevado a esta situación se pueden resumir en varios puntos. El primero es que se ha desarrollado una política fallida de captación de depósitos y concesión de préstamos. Por ejemplo, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) tuvo que asumir en Murcia —territorio histórico de la entidad— fracasos como el de la inmobiliaria Polaris World. En Castilla-La Mancha se estrelló con cinco bloques de viviendas de la urbanización que Francisco Hernando, El Pocero, levantó en Seseña. Sólo el CAPÍTULO referente al aeropuerto de Ciudad Real permitiría escribir un libro: Lo que nunca debieron financiar las cajas de ahorros. A esto se suma la falta de profesionalidad de los gestores, con una destacada injerencia política. Menos de una tercera parte de sus presidentes ostentaban estudios de posgrado. La mitad carecía de previa experiencia bancaria. La mitad había ocupado cargos políticos con anterioridad.73

Las cajas cometieron irregularidades contables sistemáticas, que han sido, en algunos casos, detectadas por el Banco de España, sobre todo cuando han pasado de créditos dudosos a fallidos y de fallidos a normales «a conveniencia de la entidad», para evitar asignación de provisiones aparentando continuidad de resultados. En muchos casos, se han concedido segundas y terceras hipotecas sobre el mismo bien, ignorando la capacidad del deudor frente a los compromisos contraídos con la caja.

La politización de las cajas de ahorros ha sido dramática. Se han financiado proyectos variopintos e inviables pero que permitían a los políticos promocionarse o tomar posiciones ventajosas, de cara a necesidades fraudulentas o de carácter puramente electoralista. Y por supuesto, se ha producido falta de transparencia reiterada en la gestión bancaria. No se ha informado previamente o con suficiencia de muchas operaciones a los consejeros autonómicos o a las autoridades financieras. A veces, tal información no ha concurrido en absoluto. El cumplimiento de esta obligación habría impedido, quizá, la consumación de algunas de las operaciones ruinosas. Y digo «quizá» porque el Banco de España presuntamente disponía, en la mayoría de los casos, de información suficiente para saber quiénes estaban gestionando de forma inadecuada las entidades.

EL PLAN DE REFUERZO DEL SECTOR FINANCIERO

En un momento dado, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero descubrió el Mediterráneo e impulsó la conversión de las cajas en bancos. En realidad, se lo impusieron: cuando la ayuda externa se hizo inevitable, se advirtió que no se concedería a menos que las cajas abandonaran su mestizaje y se convirtieran en bancos. Tras este proceso, serían enteramente privadas con el accionariado correspondiente. Las cajas, en aquel momento, ya se comportaban como bancos. Lo que se pretendió fue sujetarlas al fondo de rescate. No las abandonaron a su suerte, liquidándose las que hubiesen colapsado y aguantando cada palo su vela. Se arbitró otra salida y se vendió como única: reflotar las cajas y que lo pagase el contribuyente.

Esta conversión de deuda privada en caudal público invierte todo el proceso que hemos analizado para las grandes corporaciones españolas en el apartado anterior. ¿Qué sentido tiene algo así? No se quiso que cayesen las cajas, que acabasen en la insolvencia plena. Muchos pensaron que fue el mal menor. De lo contrario el sistema se hubiera derrumbado globalmente, asumiendo un corralito durante a saber cuántos años. Ahora bien, en el marco de esta solución poco aclarada se colaron otras motivaciones menos confesables.

En enero de 2011, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, afirmó que el conjunto de entidades financieras españolas tendría que captar antes de octubre unos veinte mil millones de euros. La ministra esperaba que parte de tal cifra proviniera de los mercados de capitales. Es decir, que la bancarrota financiera de origen privado la sufragara el propio sector privado. También reconoció la ministra que otra parte de esa colosal cantidad se tendría que pagar con ayudas públicas. A tal efecto se concibió la existencia de un fondo de rescate: FROB. Las entidades que no alcanzaran un plan razonable de recapitalización recibirían dinero público, no mediante préstamos, sino vía nacionalización. El Estado se convertiría, así, en accionista de la entidad y pasaría a formar parte de su consejo de administración. Esta operación no era posible con las cajas porque carecían de accionariado. Por ello, las que no lograsen atraer el capital privado necesario, tendrían que convertirse en bancos.

El 18 de febrero de 2011, el Gobierno de Zapatero aprobó un Real Decreto Ley que contenía el Plan de Refuerzo del Sector Financiero. Sobre el papel se pretendía reforzar la solvencia de las entidades de crédito y favorecer la canalización del crédito hacia la economía real. En realidad, lo que se hacía era imponer la conversión de las cajas en bancos. Pero las condiciones de capitalización fueron más exigentes que para las entidades bancarias.

Los mercados financieros no reaccionaban a favor de estas medidas. La prima de riesgo de nuestra deuda soberana continuó su deriva al alza. Los analistas de los bancos de inversión internacionales tacharon de muy optimista la estimación de la ministra Salgado. No creyeron que bastasen veinte mil millones de euros (el 3 % de nuestro PIB) para recapitalizar a las cajas.

¿En qué cambia el plan? En exigir un nivel de capital principal superior al establecido, hasta la fecha, para todas las entidades crediticias: el 8 % de los activos ponderados por riesgo. Este requerimiento era superior (10 %) en caso de que las entidades no colocasen el 20 % de sus títulos entre terceros y no superasen el 20 % de financiación mayorista.

El plan no imponía igual trato a cajas y bancos comerciales. Se exigió a las primeras un esfuerzo desproporcionado con relación a los segundos. Se las presionó a convertirse en bancos privados. Casi todas las cajas cumplían la exigencia de una ratio de capital principal del 8 %. Las excepciones notables eran el SIP (siglas de Sistema Institucional de Protección) liderado por Caja Madrid-Bancaja (7 %), Catalunya Caixa (6,3 %) y Unnim (6,4 %). La mayoría de las cajas no cumplían la ratio del 10 %, aunque tampoco los seis principales bancos comerciales del país (Santander, BBVA, Banco Popular, Bankinter y Banesto) lo hacían. Pero a ellos no se les exigió.

Hay que tener en cuenta que tales bancos ya eran entidades formadas por capital privado. Menos Bankinter, todos superaban la ratio de capital principal de más del 8 %. Además, los bancos españoles no despedían el tufo de mala gestión, falta de credibilidad contable y alta morosidad que sí provenía de muchas cajas. Para muchos expertos era necesario forzar la conversión en bancos. No podía mantenerse el engendro políticamente manipulado que eran las cajas. Implicaban un riesgo sistémico evidente. Con su cuota aproximada de la mitad del sistema financiero español, por poco se lo llevan globalmente a pique.

El Gobierno de Zapatero aprobó un plan implícitamente sancionador. Si queríamos cambiar nuestra imagen ante los mercados financieros, debíamos caminar con pasos sonoros. Nuestras cajas no eran de escasas dimensiones de negocio, como las alemanas. Además, el problema de fondo era su politización; por tanto, no había otro camino que eliminarlas. No se confesaba, pero se reconocía, que el problema político de las cajas era vírico, fácilmente reproducible. O las suprimíamos o volveríamos a las andadas. La casta política española las colocaría de nuevo al borde del desastre, en una espiral tras otra, sin fin.

El Banco de España, en su «Nota sobre evolución y reforma de las Cajas de Ahorros», que publicó el 21 de febrero de 2011, expresó esta opinión: «Las entidades que coloquen a terceros títulos con derechos políticos, directamente o a través de un banco, se verán sometidas a una mayor vigilancia y seguimiento de los agentes financieros, lo que redundará en mejoras de la gestión. Esa reforma también incorporó elementos específicos encaminados a profesionalizar la gestión de las cajas de ahorros, con una reducción del peso de los cargos de representación pública».

Para el Banco de España, sólo la participación de inversores privados externos (tenedores de títulos con derechos políticos) permitiría controlar a las cajas efectivamente. El Supervisor —eso sí, sin reconocer sus culpas— confirmó el fondo del problema. Las cajas se hallaban sin control, en manos de gestores ineficaces que dependían del grupo político emergente de turno. Bajo el plan de Salgado y sus exigencias se cumplirían dos condiciones vitales de supervivencia: la vigilancia y seguimiento de los agentes financieros, por un lado, y las mejoras de la gestión bancaria, por otro.

LA FUNCIÓN SOCIAL DE LAS CAJAS DE AHORRO

Originariamente podría decirse que las cajas fueron el banco de los pobres. Pequeños empresarios, el campesinado, artesanos, obreros y obreras pudieron tocar crédito gracias a estas entidades. Se vinculaban a un área territorial concreta, enraizando su gestión y objetivos a las necesidades de la misma.

Durante el boom económico e inmobiliario español, las cajas se lanzaron sin dudarlo a competir en el mismo tipo de negocios que la banca privada. La fuerte expansión económica y territorial primó sobre la tradicional obra social. A partir del Real Decreto 1582/1988 se liberalizó la expansión territorial de las cajas de ahorros. Se abrió el paso a la equiparación comercial y financiera entre cajas y bancos privados.

¿Significó ello que las cajas abandonaron sus funciones relacionadas con la obra social? Sí y no. Formalmente, tal cometido social nunca desapareció. Las cajas debían acometer objetivos sociales, aunque cada vez más vinculados a decisiones tomadas políticamente, desde la comunidad autónoma correspondiente. Pero, asimismo, la obra social dejó de integrarse en la estrategia global de las entidades, pasando a conceptuarse como gasto en torno al presupuesto definido anualmente. Ahora bien, ello no implica que careciera de relevancia la dotación de las cajas para fines sociales. En el año 2005, las dotaciones del sector ascendieron a 1.371 millones de euros, más de la cuarta parte de sus beneficios netos.

No obstante, tampoco podemos ignorar que, con el paso del tiempo, la relevante función social de las cajas ha ido languideciendo. Los bancos también han constituido fundaciones, dotando parte de sus beneficios para una función social. Sólo por motivos de reputación, algunas entidades, como el Banco Santander o el BBVA, han destinado a fines de interés general tantos o más medios económicos que las cajas.

De cualquier modo, no cabe eximir de responsabilidad a los malos gestores de las cajas en relación con el fin de la obra social. Los responsables del quebranto de estas entidades financieras no se han cargado sólo una actividad comercial. También han terminado con instituciones fundacionales que históricamente han prestado relevantes fines sociales. En el caso de algunas entidades como Caja Madrid, con cientos de años de historia, vinculadas a fines de bienestar social, hermanadas con su ámbito territorial de actuación.

EL BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS

La toma del control del Banco Financiero y de Ahorros (BFA) por el FROB fue el primer paso hacia la desaparición de las cajas. Se completó así la privatización del sector financiero. El Consejo de Administración de Bankia y el de su matriz (BFA) aceptaron convertir las participaciones preferentes del FROB en acciones ordinarias del BFA. Este paso se presentó como la «nacionalización» de Bankia. Pero, en realidad, fue el primer paso hacia la privatización en pocos meses.

Actualmente, Bankia no es exactamente un banco, como el Santander o el BBVA. Es una compleja estructura financiera basada en un modelo llamado Sistema Institucional de Protección (SIP) y al que popularmente se denomina «fusión fría». Las entidades integrantes de los SIP no pierden su personalidad jurídica, ya que mantienen sus estatutos y órganos de gobierno. Lo único que hacen es crear la nueva sociedad (el SIP) y trasladarle su negocio bancario. Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caja Ávila, Caja Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja crearon el BFA en 2010. La composición del capital de BFA posicionaba a Caja Madrid con el 52,06 % del capital, como entidad líder, seguida de Bancaja (37,70 %) y del resto de cajas. Pero es importante señalar que todas ellas continúan bajo control público. El trasfondo de esta operación es de pura pragmática política. Las entidades se unen, pero lo justo e imprescindible. Cada una conserva su matriz organizativa, con lo cual las cúpulas de mando aspiran a mantener su posicionamiento de control. Es tanto como decir que los bastiones autonómicos se resistían a perder, por completo, su influencia política sobre las cajas. Esta mentalidad de resistencia, pese al colapso patente de las entidades, protagoniza una primera salida hacia delante mediante la fusión fría. A partir de ella se cifran los coeficientes de participación de cada caja en el BFA, sin que se hayan dilucidado las bases para establecerlos ni las condiciones de transparencia, rigor y fiabilidad contable que constituyeron el punto de partida.

En el proceso de estructuración, BFA —propiedad al 100 % de las cajas de ahorro— crea una filial, Bankia, donde concentra su negocio bancario rentable para que parte de su capital salga a bolsa. La salida a bolsa, durante el verano de 2011, deja en flotación en los mercados financieros alrededor del 50 % de su capital. El resto permanece en manos de BFA; es decir, bajo el control de las cajas de ahorros. El accionista mayoritario de Bankia, con un 52 %, es BFA. Por tanto, Bankia está controlada mayoritariamente por las cajas. Hasta este momento, en su segunda huida hacia delante, la casta política autonómica y los centros de poder cajistas abrigaban la esperanza de una remontada en bolsa para no perder, definitivamente, el manejo de las entidades.

La salida de Rato, el plan de rescate y el posterior control del FROB los produjo un desajuste en las cuentas de BFA, no de Bankia. Hubo graves problemas con la auditoría institucional. Se detectó un desajuste en el valor asignado a la participación de BFA en Bankia. Según BFA, el valor de su porcentaje de participación en Bankia se cuantificaba en 12.000 millones de euros. Según los auditores, en 8.500 millones. La diferencia de 3.500 millones de euros implicaba que las cuentas de BFA debían recoger esa pérdida de valor. Por tanto, BFA debía asumir esa pérdida en el ejercicio 2011.

El capital de BFA —capital acordado por las cajas en su constitución— era de 3.500 millones de euros. Al asumir esa pérdida, la entidad quedaba sin patrimonio neto. Las acciones de las cajas de ahorro en BFA valían cero. Ello suponía el quebranto total de BFA. Se buscó una salida. Las participaciones preferentes que el FROB inyectó en BFA en 2010 —funcionalmente, un préstamo— se transformarán en acciones; es decir, en capital.

El FROB se había posicionado en BFA mediante 4.500 millones de euros en participaciones preferentes (sin voz ni voto), convertibles en acciones si era necesario. Practicada la conversión, se produjo un doble movimiento y una conclusión: desaparece el capital de las cajas. Los 4.500 millones del FROB pasan de participaciones preferentes a ser acciones ordinarias, con voz y voto. Las cajas pierden el control de BFA y el Estado, a través del FROB, ejercerá todo el control, ya que pertenecen al FROB todas las nuevas acciones ordinarias.

En síntesis, Bankia no se ha nacionalizado. Sigue teniendo capital cotizando en bolsa. Lo que ha habido es un cambio en el control de BFA. Ya no lo ostentan Caja Madrid ni las otras seis cajas, sino el FROB. Se transfiere el control. Desde los poderes públicos autonómicos y municipales, ha pasado a la Administración Central del Estado.

Este cambio en el gobierno de la entidad no soluciona sus problemas. Continúa soportando más de 30.000 millones de euros en activos tóxicos. Posiblemente se precisará una nueva recapitalización vía FROB. Algunas circunstancias relacionadas con estas dos salidas adelante son objeto de encausamiento judicial. Pero muchas aún no han sido investigadas en absoluto. Lo que resulta evidente es que, sin una indagación a fondo, no podremos evaluar el verdadero alcance de la pésima gestión de las cajas de ahorros desplegada durante años, ni hasta qué punto esta administración desleal ha podido repercutir en su quebranto final.

LAS CAUSAS DEL COLAPSO DE LAS CAJAS DE AHORROS

En este complicado proceso se han camuflado los resultados de mala gestión bancaria que lo ocasionaron. Debemos indagar la relación causal entre la pésima administración de las cajas y su colapso definitivo. Pero esta investigación se ha complicado extraordinariamente. ¿Cómo es posible que se haya impulsado un proceso bancario de tal magnitud sin que, al mismo tiempo, se hayan depurado las causas, responsabilidades y protagonistas?

Integrar sin depurar es invitar a que, de nuevo, en un futuro no forzosamente muy lejano, pueda producirse el desastre. No es descartable que bajo el modelo seguido (SIP) se encubra el interés de evitar que cada cual pague por lo mal hecho. Quizá, en parte, se haya urdido una estrategia de envolver todo en una gran operación compleja. Así, bajo esta envolvente de «fusión fría compleja» no resulta tan visible el alcance de las intervenciones nocivas de cada cúpula gestora en el seno de las cajas. No obstante, será irremediable investigar. La Justicia tendrá que esclarecer si se ha procedido con la intención del homicida cuando arroja cadáveres a enormes vertederos.

¿Por dónde debe comenzarse a investigar? Sin duda, por la gestión bancaria cotidiana, por el día a día, a partir de las operaciones que se puedan marcar como sumamente sospechosas. No existe ningún modo mejor de proceder desde una óptica criminológica. A partir de señales de alerta concretas reveladoras de posibles delitos, tendremos que seguir el hilo de conductas persistentes y de protagonistas múltiples que hayan venido actuando como grupos criminales. Si no procedemos de este modo, significará que jueces, fiscales, reguladores, administraciones de control, supervisores y demás instancias responsables preferimos mirar hacia otro lado. Y mirar hacia otro lado en muchas ocasiones significa, ni más ni menos, encubrir.

El Banco de España no ha querido penetrar en la gestión descalabrada de las cajas, prolongada durante años y años. De este modo, el Regulador ha pasado una pelota grande y dura a los juzgados. Cuando éstos tengan que impulsar denuncias sobre gestión bancaria criminalizada, se verán obligados a desarrollar recorridos que hubiesen correspondido al Supervisor. Los juzgados no tendrán más remedio que acordar diligencias de pruebas extensísimas que recaerán en buena parte sobre el Banco de España. Y a lo peor se revela una triste realidad: que el Supervisor no haya servido, en resumidas cuentas, para nada.

Hemos examinado el proceso que llevó a privatizar a las grandes corporaciones, como Repsol o Telefónica. ¿Por qué este proceso no se puso en marcha con las cajas de ahorros? Desde el momento en que estas entidades empezaron a llevar a cabo funciones financieras y comerciales equivalentes a los bancos, ¿no debieron abandonar el esquema fundacional e integrarse en el capitalismo popular impulsado por el Gobierno de Aznar? El espíritu que impulsó la reforma, equiparando comercialmente cajas y bancos, fue mejorar la competencia en el sistema financiero. Con un mayor número de agentes, la rivalidad comercial, en igualdad de condiciones, optimizaría el mercado financiero. Esta verdad irrefutable operaba sobre el papel. En la realidad, el asunto era muy diferente: Si la «cabeza» de las cajas seguía siendo política, no habría igualdad de condiciones entre éstas y los bancos.

A la casta política interesó la persistencia de las cajas de ahorros. Bajo su valor reputacional, se las utilizó y manipuló al máximo, alrededor de los grupos políticos emergentes más variados. La obra y el bienestar social se convirtieron en la tapadera. La realidad era que podían disponer de una tremenda palanca económica para orientarla conforme a los intereses urbanísticos o de expansión que más interesasen. Pero las inversiones no se contemplaron tanto desde una perspectiva económica de obtención del máximo beneficio como desde un prisma político o de oportunismo, en el sentido más degradado de estos términos.

Sin duda, esta gran manipulación y pésima gestión bancaria no se produjo en todos los casos por igual. Es más, algunas cajas han demostrado sobradamente con sus resultados económicos que, incluso, habían superado los estándares de la banca comercial. Sirvan como parámetros La Caixa, La Kutxa, Caja Vital, Unicaja o BBK.

Algunos se atreverán a argumentar que no era fácil salvar la función social de las cajas si se convertían en bancos comerciales. Dirán que si las cajas mantenían cometidos de bienestar social, debía preservarse el control político sobre las entidades. No faltará quien se arriesgue incluso a decir que sólo la clase política podía evaluar tal destino social desde el funcionamiento de entidades de crédito. No es cierto. Existían múltiples fórmulas para salvaguardar la obra social de las cajas. Se pudieron crear fundaciones ligadas, adecuadamente, a los bancos resultantes de la conversión, que conservarían la original obra social como fin exclusivo. También se pudieron generar fondos patrimoniales —bajo distintas coberturas jurídicas— especialmente afectados a la función social de las cajas.

Veamos el ejemplo italiano. La Ley Amato-Carli de 30 de julio de 1990 abordó la reforma de las cajas italianas en profundidad. Se dividió la propiedad y el negocio bancario, creándose dos personas jurídicas distintas. En cada entidad se constituyó una doble personificación. Por un lado, una sociedad anónima que desarrollaba la actividad bancaria. Operaba como un banco más en el mercado. Así aumentaba la eficiencia en diversos aspectos, tales como captación de capital, expansión territorial y facilitación de procesos de fusión. Por otro lado, se creó una fundación. La anterior sociedad anónima pertenecía a esta fundación, la cual proseguía con las funciones de interés social que hasta entonces habían desarrollado las cajas.

El modelo resultante afrontó las dos necesidades de las cajas, bancaria y de fin social. Fue eficaz. Como la propiedad continuó en manos de las fundaciones, no desapareció la tradicional función de bienestar social. Es un ejemplo entre muchos de cómo pudieron acompañar nuestras cajas al proceso de privatización que, con relativo éxito, se proyectó sobre el núcleo de las grandes sociedades del sector público español. En el caso de nuestras cajas de ahorros, el proceso se ha invertido. Contra natura, salvaron la forma fundacional, y es ahora, a la vista de la catástrofe, cuando se convierten en bancos. Y, finalmente, será muy posible que se lancen Ofertas Públicas de Venta (OPV) para reintegrarlas definitivamente en el sector privado. A buenas horas.

No quisiera que se dedujese de lo expuesto que el fracaso de las cajas de ahorros se ha debido, exclusivamente, a su orientación relativamente pública. Una empresa no ha de funcionar necesariamente con menor eficiencia por su naturaleza pública. En un momento dado, este ámbito puede comportarse con mayor eficacia que el privado. Dependerá de muchos factores, y también de quienes estén al frente de las empresas privadas y las públicas. Dado nuestro entorno económico y grado de desarrollo en la década de 1990, las cajas de ahorros sólo habrían funcionado correctamente si el control político se hubiese separado íntegramente de la gestión bancaria. Nuestro modelo fundacional de las cajas de ahorros desarrolló un mestizaje morboso entre lo público y lo privado, entre el capricho político y la seria gestión bancaria. Como no podía ser de otra manera, la mayoría de las cajas han terminado en bancarrota. Esto no implica que el modelo público sea nefasto en sí mismo, sino más bien que se ha aplicado cuando ya no correspondía, de modo inadecuado e irresponsable. Pero también la mala gestión en el sector privado conduce a la ruina. Valga como ejemplo el fiasco de Lehman Brothers.

La realidad de nuestra distribución territorial del Estado impidió, sin duda, la acomodación de las cajas de ahorros a un modelo eficiente. Las comunidades autónomas fueron un bastión frente a cualquier intromisión estatal en la materia. Hemos carecido en España de resortes de legitimidad suficiente a la hora de armonizar temáticas transversales, en relación con el conjunto de nuestras comunidades autónomas. Cuesta sacar adelante un Estado cuasi federal bajo una monarquía parlamentaria. Esto es indudable. Pero también es cierto que los presidentes del Gobierno han carecido de talla suficiente para modular este proceso, sobre todo hallándonos en período de bonanza. Ahora el proceso ha podido fraguarse porque, en la miseria, nada o poco hay que perder.

Lo que ha sucedido era predecible. Los protagonistas dirán que no, pero porque no quieren admitir responsabilidades. El signo de los tiempos, a nivel económico, ya se puso en marcha con grandes sociedades como Repsol, Telefónica o Argentaria. No se hizo igual con las cajas de ahorros por la sencilla razón de que se trataba de un ámbito donde no se sentía la presión de Europa. ¿Recuerdan? Nuestro camino hacia Europa fue la clave troncal de todo el proceso. Pero en nuestro sector financiero de las cajas-fundaciones, donde no se dejó sentir el acelerador europeo, decidimos mantener nuestros líos y mestizajes. Nos relajamos y volvimos a nuestros problemas de siempre: pésima organización y despilfarro. ¿Y la Justicia tiene algo que decir sobre todo esto?

CAPÍTULO VII DE CÓMO SE ACOSA A LOS JUECES EN ESPAÑA

UN PODER JUDICIAL GOBERNADO

Nuestro regreso a Europa como Estado democrático se formaliza con el acta de adhesión a la Unión Europea, el tratado por el que España ingresó en la Comunidad Económica Europea, firmado el 12 de junio de 1985 y que entró en vigor el día 1 de enero de 1986. No cabe duda de que, antes de ese momento, habíamos realizado ingentes esfuerzos legislativos para adaptarnos a Europa. Los que pertenecemos a la generación constitucional y cursamos la licenciatura en Derecho a partir del año 1978, somos muy conscientes de ello. Casi no existen ámbitos jurídicos que no hayan quedado afectados por nuestro acercamiento a Europa. Salvo las servidumbres, las legítimas sucesorias o materias por el estilo, la mayoría de nuestras instituciones se han visto profundamente alteradas por la pertenencia a la Unión Europea.

¿Y el Poder Judicial? Nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio 1985 no llegó a tiempo. El tratado de adhesión a la Unión Europea se firmó antes, cuando aún se hallaba vigente la Ley Orgánica del Poder Judicial de 10 de enero de 1980. Esta última ley se aprobó apresuradamente, pues dos miembros del Tribunal Constitucional debían ser propuestos por el CGPJ. Es decir, sin este último organismo constituido no existiría Tribunal Constitucional, y por eso no podíamos pasar. De no haberse dado esta necesidad imperiosa, creo que se hubiera retrasado la aprobación de la ley orgánica para gobernar a los jueces.

Ahora bien, la expresión «el gobierno de los jueces» parece excesiva. Los jueces no deberían estar sujetos a una situación de «gobierno». Tal término es desmesurado cuando se trata de personas que encarnan en su actuación diaria al Poder Judicial. En nuestra Constitución, tres preceptos deberían arrojar luz sobre el tema, pero no lo hacen:

1) Artículo 122.2: «El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo».

2) Artículo 117.3: «El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales».

3) Artículo 117.1. Prevé que la Justicia emana del pueblo y la administran jueces y magistrados independientes, integrantes del Poder Judicial.

El Título VI de la Constitución Española se llama «Del Poder Judicial». Sin embargo, cuando leemos el articulado no encontramos a este poder del Estado. Se nos pierde. Se escurre de las manos entre menciones ambiguas y sugerencias tácitas. El artículo 122.2 expresa «quién lo gobierna». El 117.3 menciona implícitamente «quién lo ejerce» y «en qué consiste». El 117.1 dice «quién lo integra».

Podemos sostener que cuando se ejerce la potestad jurisdiccional, se ostenta el Poder Judicial. También es defendible que quien forme parte de este poder a su vez lo constituya. Aunque estos argumentos no son muy jurídicos. Hay funcionarios públicos que redactan multas, pero no son la administración que las impone. Tampoco equivalen el accionista y la junta de accionistas. Al contenido no siempre se transfiere la naturaleza del continente. Formar parte de un poder del Estado no tiene por qué otorgar la naturaleza de ese poder. Una cosa es un diputado y otra el Congreso. No es lo mismo el ministro que el Consejo de Ministros.

La Constitución Española expresamente no aclara nada de esto. Tampoco especifica los rasgos definitorios del Poder Judicial. Menos aún traza un marco de equilibrio frente al Poder Ejecutivo o las Cámaras Legislativas. Hubiera sido imprescindible que la Constitución se hubiese comprometido más intensamente en este tema. Sobre todo porque en España, frente a Francia o Gran Bretaña, nunca ha existido autonomía del Poder Judicial. Carecemos de tal antecedente porque no hemos conocido la separación de poderes. Ni la Junta Central o Suprema (1849), ni la Junta Organizadora del Poder Judicial (1923), ni el Consejo Judicial fueron precedentes del actual Consejo. Estos organismos se sitúan fuera de la separación de poderes. En sí, ya resulta muy paradójico que, para garantizar la independencia de los jueces, tenga que existir una organización que les «gobierne».

De hecho, no puede entenderse la paradoja que encierra nuestra Constitución Española. Por una parte, los jueces integramos el Poder Judicial pero, por otra, nos gobierna un organismo (el CGPJ) que no integra, de hecho, tal poder del Estado. Ello tendría que significar que, en realidad, el Poder Judicial reside en el Consejo. Pero esto no es lo que dice la Constitución Española.

En síntesis, nuestro Poder Judicial no está claramente definido, configurado ni amparado por la Constitución. Como consecuencia de esta tierra de nadie, hecha de ambigüedades y contradicciones, la realidad del día a día se pone de parte del Consejo. El Poder Judicial vive aprisionado entre las potestades que ese organismo utiliza para constreñir a los jueces. El actual CGPJ, en la práctica, no ampara a los jueces. Tampoco prevé la Constitución ese cometido. Lo contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 14. Ahora bien, todas estas piruetas se estrellan justo el día en que a un juez se le ocurre demandar amparo al Consejo.

ECONOMÍA VERSUS JUSTICIA

Recapitulemos. Hemos recorrido el proceso de privatización de las grandes sociedades públicas. También hemos examinado cómo ese proceso se detuvo en esas entidades politizadas, híbridas de lo público y lo privado, que eran las cajas de ahorros bajo su forja fundacional. Ahora bien, debemos recordar que todos estos itinerarios, incluido el proceso de conversión de las cajas en bancos, concluyen en uno principal: nuestro camino hacia Europa.

Siguiendo esta senda ingresé en la carrera judicial en el año 1991. Mi formación como jurista comenzó en la Universidad de Sevilla y después pasó por la Sorbona (Université Panthéon-Assas Paris II), Bolonia, Estrasburgo y Cádiz. Aunque en esta última universidad obtuve el doctorado en Derecho, un núcleo relevante de mis estudios de posgrado se completaron fuera de España, principalmente en Francia. Cuando ingresé en la Judicatura, era un jurista plenamente formado. Pensé que sabía lo que era el Poder Judicial, el significado de su independencia. Sin embargo, si algo me ha probado mi experiencia del quehacer jurisdiccional, es que no tenía ni idea de cuál era nuestra realidad sobre el asunto. Mi trayectoria judicial mostrará al lector que, frente al camino oscilante de nuestra economía, la Justicia española no ha pasado de los formalismos a la hora de volver a Europa. Nuestra Judicatura apenas fue acariciada por la transición política. Algunos proclaman que «disponemos de jueces independientes». Pero no es cierto; carecemos de una Justicia liberada. Lo que sucede es que representantes españoles ocupan puestos en organismos internacionales donde daría vergüenza reconocer la verdad de los hechos. La franja de nuestra Judicatura más conservadora tiene una mentalidad cuasi prerrenacentista y muchos de los que se sienten más renovadores, en realidad, al margen de sus grandes frases y presentaciones sociales, en su día a día cotidiano no superan el siglo XVIII francés o británico. Mientras, la mayoría de los jueces sacan adelante su trabajo enmudecidos o resignados al triste acontecer de nuestra Justicia real.

Un Poder Judicial fortalecido perseguiría con relativo éxito la corrupción política. Pero los políticos españoles han dejado a la Justicia, por sistema, relegada a los últimos puestos de nuestro entorno judicial comparado. Nuestra Justicia no está a la altura de la marca europea. En ese sentido, no está homologada. Bastará que alguien pase unos días trabajando en un juzgado francés para darse cuenta de este hecho lamentable.

No obstante, estas afirmaciones deben ser inmediatamente matizadas. Nos encontramos con tres tipos de jueces. En primer lugar, podemos hablar de jueces colaboradores. Sobre este relato me dirían que estoy sacando el pie del tiesto. «La Justicia española se ha puesto al día con Europa», afirmarían impasibles, como si fuese cierto. Asegurarían que nuestra Constitución no dista mucho de otros textos constitucionales europeos a la hora de regular el Poder Judicial. Esta clase de jueces ignora, por lo general, nuestros enormes lastres históricos. Los negarán en muchos casos. No aceptan la sombra alargada del casticismo rancio o de la mentalidad inquisitorial y autoritaria sobre nuestro funcionamiento institucional. Estos jueces sintonizan con el organismo de gobierno judicial.

En segundo lugar, encontramos a una gran mayoría de jueces indiferentes. La mayor parte de la Judicatura ni siquiera se halla afiliada a ninguna asociación. Estos jueces asumen su profesión de una forma distante, con cierta resignación. Admiten que ejercemos la jurisdicción en condiciones esmirriadas y relativamente inaceptables. Este sector de la Judicatura se regirá por el miedo o por el sentido común, ya que no ve salidas. Son los que dicen que modificar el statu quo existente bordea lo imposible. Frente a las intromisiones permanentes en su independencia, estos jueces no están dispuestos a soportar el altísimo coste que supondría plantarse. No niegan los déficits manifiestos de nuestra Justicia. Tampoco es que se desvíen demasiado de la ortodoxia establecida. Sus críticas, en todo caso, son meramente verbales. Casi nunca afloran en conductas visibles. Si rozan la apertura de algún expediente disciplinario, usualmente todo quedará en meras diligencias informativas. No suelen ser sancionados.

Por último, podemos referirnos a jueces incómodos. Suelen ser polémicos o controvertidos, no tanto porque lo sean en sí, sino porque es la etiqueta con la que los ortodoxos consiguen tildarles. Como denominador común, no se reflejan en la falsa rectitud definida por los jueces colaboradores. Su concepción de la Justicia roza la vanguardia, sazonada de bastante proactividad. Son rechazados más o menos abiertamente por la ortodoxia judicial. Corren peligro de ser expedientados e incluso inhabilitados o expulsados de la carrera. Intentan optimizar las potestades judiciales, aunque con éxito desigual. Los conoce la opinión pública cuando han instruido asuntos de gran impacto social. Pero indudablemente no son los únicos.

PRIMERA ADVERTENCIA

Estigmas

Soy y he sido, desde mi ingreso en la carrera judicial, un juez incómodo. Quizá el paradigma de lo que eso supone dentro de la Judicatura española. Obviamente, yo no me reconozco como controvertido ni polémico, ni como juez incómodo o no colaborador. Estas etiquetas no son más que eso, tópicos que sirven a la ortodoxia judicial en sus conversaciones de pasillo o de café, o en su manida cultura oral de buenos y malos. Pero esta calificación, siendo burda o artificial, estigmatiza. Es un sello relevante en la práctica. El juez queda marcado. Será fácil abrirle diligencias informativas o expedientes disciplinarios. Nadie dudará o temblará por sancionarle. Si alguien se niega, quedará en evidencia, y quien colabore trepará como servidor meritorio. Los funcionarios a su cargo tal vez tiendan a ser indisciplinados. La marca de controvertido es artificial, falsa, pero surte efectos palpables. El sistema inmunitario institucional abandona a estos jueces: los convierte en vulnerables.

Explosiones de buques y redes de corrupción judicial

Cuando ingresé en la carrera judicial, mi primer destino fue San Roque, pueblo andaluz de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar. Obtuve un buen puesto en mi promoción judicial y pude elegir plaza con bastante ventaja. El Campo de Gibraltar es una zona de España donde los delitos relacionados con el contrabando se han prodigado desde antiguo. En nuestra inconsistente y pretenciosa Administración secular, las zonas alejadas de los centros de poder se han prestado desde siempre al trapicheo. Es el caso del Campo de Gibraltar. La cercanía con el Peñón siempre ha reforzado el tráfico ilícito y el zascandileo del dinero fácil. Es un área marítima, donde la central térmica y el pantalán perfilan un ansiado dinamismo anacrónico. No me pareció una plaza excelente como primer destino, pero me permitía trabajar en una zona conocida y simultanear el trabajo de juez con la docencia universitaria. Ahora bien, yo ignoraba casi todos los pormenores referentes al ejercicio real de la carrera judicial.

En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Roque, dos causas penales eran muy relevantes. Una de ellas se refería a un buque de carga. El 26 de mayo de 1985, en el pantalán de la refinería Gibraltar de la empresa Cepsa, estalló un petrolero de bandera panameña, el Petragen One. La tripulación era coreana y japonesa. El barco transportaba un producto altamente refinado derivado del petróleo, la virgin clean nafta. En ese momento también operaba en el pantalán el buque Camponavía. La explosión del primero provocó por simpatía la del segundo. Tras el siniestro, las temperaturas alcanzaron más de 1.200 grados centígrados. Murieron catorce tripulantes del Petragen One, doce del Camponavía y siete trabajadores de la refinería. El impacto del accidente en la zona fue enorme, no sólo por la pérdida de vidas humanas, sino por el efecto perdurable y contaminante sobre la bahía de Algeciras. Cuando comencé la instrucción de la causa, el proceso se hallaba en punto muerto. La cuantía de las responsabilidades civiles era lo único relevante. A veces, en los procesos penales sólo reluce el interés económico. Tendemos a resignarnos cuando las tragedias exceden los límites de nuestra previsión. Entonces, la pena del delito nos aleja más aún de los sucesos. El dinero tiene la virtud de retornarnos a la realidad. Es el mayor alivio.

El otro asunto con que me tocó lidiar versaba sobre corrupción. El fiscal me vino a decir que existía una causa muy compleja en el Juzgado: «Estoy seguro de que la examinarás muy detenidamente. Sopesarás delitos graves y muy delicados». Me explicó que eran las diligencias de mayor calado en que intervenía la Fiscalía de Cádiz: «Actualmente están sobreseídas, pero creo que cuando compruebes de qué se trata, las vas a reaperturar».

Estudié la causa y me impresionó. Cuando no llevas ni siete semanas trabajando en la carrera judicial y te toca un asunto así, lo recordarás siempre. Es una sensación ácida y estimulante: has nacido a la turbia vida de la instrucción judicial. El mundo no es sólo esa faz cotidiana de la normalidad no delictiva. Mientras ejerces la docencia en la universidad, los asuntos judiciales existen, pero como la noción del mar para quienes habitan a miles de kilómetros de la costa y nunca lo han visto.

Diversos problemas para investigar corrupción

Las mafias de corrupción a veces son redes bastante complejas. Difíciles de investigar porque en España no suelen comportarse de modo muy organizado. Carecen de estratos y pautas predictibles. La investigación es caótica. Si un mafioso se pone al frente del grupo, llevará la voz cantante, pero del modo más inorgánico imaginable. Un día te enteras, por intervención telefónica, de que está untando a funcionarios de la prisión. A lo mejor llama a su contable para que les facilite relojes o cierta cantidad de dinero para írselos camelando. Entonces te das cuenta. El corrupto pretende quedarse con la contrata de suministros de una cárcel. Luego te aclaras: es el centro penitenciario donde cumple condena.

El instructor debe cazar el esquema global de los delincuentes. Sólo esto le llevará meses de duro y farragoso trabajo. Son variadas las posibilidades, casi tantas como grupos mafiosos. Es lo que tiene la connatural desorganización española. Ante el delito también nos comportamos bajo la mentalidad de taifas, es decir, de bandas o grupitos dispersos y relativamente independientes.

Cuando se trata de corrupción judicial, el líder dispondrá de mucha información sobre causas tramitadas en juzgados. Alguien se la irá facilitando junto a cientos de copias de resoluciones acordadas. El jefe mafioso traficará con todos esos datos. Por ejemplo, si sabe que determinado delincuente ha sido ingresado en prisión, le buscará para captarle. El mafioso primero le tantea y le ofrece ciertos trabajos. Después le propondrá salir de la cárcel. Si ha sobornado a funcionarios judiciales, no le costará obtener telegramas falsos de puesta en libertad. A lo mejor incluso tira de jueces. Imaginemos que soy magistrado en una Audiencia. Debo resolver sobre la libertad de un preso y desestimo el recurso manteniendo la prisión. Pero después el mafioso, a través de abogados compinches, sondea al juez sustituto mientras estoy de vacaciones o apartado de la causa. Tal vez consiga finalmente, a cambio de un premio, la puesta en libertad.

Una organización o grupo criminal juega con información judicial de muy variadas formas. Improvisemos. Varios policías intervienen un importante alijo de quinientos kilos de hachís. Pero declaran en el atestado que han incautado cuatrocientos. Se quedan con cien y reintroducen la droga en el mercado vendiéndola a narcos menores o camellos. Uno de los policías alardea del incidente con su prostituta preferida. El mafioso se entera porque la controla. Corrobora datos con los atestados y diligencias judiciales cuyas copias detenta. Si encajan, comenzará la extorsión de los policías.

En estas dinámicas pueden intervenir mafiosos profesionales junto con muy variados miembros de la organización, abogados, policías, jueces, fiscales o diversos funcionarios del ámbito judicial. Bajo nuestro modelo actual de Justicia, desarrollar investigaciones sobre estas tramas en Juzgados de pueblo bordea lo imposible. Se conoce todo el mundo. Cualquiera pondrá sobre aviso a los delincuentes. Alguien podría facilitarles datos sobre intervenciones telefónicas o decisiones futuras que les pudieran afectar. Las estrategias se huelen. Toda cautela termina hablando por la boca de quien menos podías imaginar. Si el instructor lleva poco tiempo en el Juzgado, no sabrá quién será fiable. Aun declarando secretas las diligencias, su contenido será manifiesto para el funcionario tramitador o la secretaría judicial. Las filtraciones son de agua o niebla. Siempre hallarán rendijas para entrar y salir. En cuanto a los equipos policiales de apoyo, no es aconsejable que residan o sean conocidos en la zona. De otro modo, serían identificados y tanteados por cualquier corrupto. Además, levantarían sospechas cuando no rindiesen cuentas a sus superiores de en qué trabajan en el Juzgado.

En España, los jueces no disponemos de policía propia, estrictamente judicial. Nuestro rango de autonomía para investigar, en este sentido, es inexistente. La discreción acerca de lo que conozca el policía en la investigación no es controlable por el juez. Cuando informe a sus superiores sobre lo que está investigando, el instructor no está en condiciones de enterarse. No digamos ya de evitarlo. En cuanto a medios materiales y personales para la instrucción, la autonomía judicial cuelga de la mera confianza. El juez tiene que fiarse de los equipos de apoyo. Mi experiencia, en este sentido, ha sido excepcional. Pero el marco normativo no puede ser más deficiente. Las investigaciones no avanzarán correctamente porque nuestro sistema legal lo respalde. La calidad de las instrucciones se salva porque la ética policial, usualmente, supera designios políticos y legislación aplicable.

Los policías nacionales que me apoyaron no residían en San Roque. Nos reuníamos en Marbella o Estepona, lejos de miradas indiscretas. Los aparatosos dispositivos para practicar las intervenciones telefónicas de entonces tuvieron que instalarse en mi residencia particular. Comencé a entender que instruir causas penales se contagia de una atmósfera de sigilo y relativo apartamiento. Pronto comenzaron las filtraciones y abogados compinches se movieron hábilmente ante el CGPJ. Fui objeto de una inspección extraordinaria del Consejo. Sin previo aviso. No llevaba trabajando en la carrera judicial ni seis meses. Se me expedientó y me sancionaron. Se supuso que había cometido una falta de «retraso injustificado en el despacho de asuntos». No se tuvo en cuenta la relevancia de la causa penal que me hallaba tramitando, que afectaba a una red de corrupción cuya trama pudiera haber involucrado a jueces, magistrados, abogados, policías y funcionarios de Justicia. El Juzgado arrastraba grandes retrasos acumulados desde hacía años, cuando yo ni siquiera me había planteado ser juez. Pero dio igual: me los endosaron.

El talón de Aquiles: el retraso en el despacho de asuntos

Para que sea reprochable el retraso en el despacho de asuntos, debe carecer de justificación. Cuando el instructor debe atender asuntos de mayor relieve, el retraso en los de inferior importancia está justificado, por sentido común. Imaginemos que un juez acaba de ser destinado a un juzgado. Le consta que existen unas doscientas causas pendientes de impulso o resolución, pero una de ellas es de extremada relevancia. Versa sobre una red muy nociva de corrupción. ¿Cómo debe proceder? ¿Prestará igual atención a todas las actuaciones? Si obra así, tal vez consiga avanzar en mayor número de diligencias, pero no prestará el debido empeño sobre la causa principal relativa a la red corrupta.

Algunos magistrados ortodoxos piensan que en un Juzgado mixto de Primera Instancia e Instrucción son preferentes las causas civiles. «Dan de comer a los letrados», dirán.74 Pero estos criterios carecen de sentido. Deberá ser el juez quien evalúe el mayor o menor interés público o ciudadano de las causas vivas en su Juzgado. Y sobre tal premisa volcará y distribuirá sus esfuerzos. La miseria judicial española, la manifiesta insuficiencia de medios, no debería reprocharse, para colmo, al juez impotente frente a una carga de trabajo inasumible. Así nunca compensará mejorar nada: todo se cargará al juez. Sin duda, el equilibrio no es fácil. Por una parte, el titular del Juzgado deberá llegar a cuantos asuntos sea posible, aunque sin olvidar sus enormes limitaciones y carencias. Pero, por otra, cuando el juez no tenga más remedio, tendremos que aceptarlo: podrá postergar la resolución de las causas menores. Si no admitimos esta facultad elemental en manos del juzgador, nos cargamos literalmente su autonomía operativa y, por tanto, la independencia y el propio sentido del Poder Judicial.

Sin duda, lo ideal sería que no se plantearan estos conflictos. Todos ganaríamos con una Justicia bien dotada, en que el número de jueces y juzgados no llevara a vivir en la miseria de la falta de medios y la impotencia del juez. Lo óptimo sería la inexistencia de retrasos judiciales; que hubiera un servicio público capaz de resolver todos los asuntos con prontitud y eficacia. El problema y las preguntas nacen al no cumplirse esta expectativa ideal, cuando hay que adaptarse a recursos indigentes. ¿Quién decide lo preferente, el juez o el Consejo General del Poder Judicial? ¿Anteponemos llevarlo todo adelante sin distinguir, o focalizamos los esfuerzos sobre las causas de mayor impacto penal? Quien imponga la contestación a estas preguntas ostentará, realmente, el Poder Judicial.

No puede regir este criterio: «Ante causas muy relevantes, nunca postergues las de menor entidad». Bajo tal premisa, la conclusión sería inevitable. Los jueces relegarán la instrucción de las causas importantes centrándose en las de menor relieve. Cumplirán el criterio del CGPJ, salvarán la nómina, y ganarán los corruptos. Quienes delinquen en el ámbito del crimen organizado, conocen estos detalles. Saben que los jueces no se volcarán sobre diligencias de corrupción por su complejidad y gran demanda de tiempo. Cuando estos procesos se instruyan, los mafiosos, mediante ejércitos de abogados y bombardeos de recursos, atascarán el Juzgado. Rápidamente el juez tendrá que relegar a un segundo término la persecución de los corruptos. De lo contrario, experimentará serios problemas. Quizá le expedienten. Acabará siendo calificado —quiero decir, estigmatizado— como juez incómodo. Ésta es la forma en que un país acaba protegiendo la corrupción: la convierte en inatacable.

Cuando comencé a trabajar como juez no pude imaginar que dispondría de menos autonomía que un profesor de universidad. El docente goza de libertad de cátedra, de margen para explicar la asignatura con criterios propios, evaluando con relativa independencia qué asuntos son primordiales. El profesor postergará ciertas materias si lo estima conveniente. Tal vez decida que la relevancia de otras sea superior. De estas libertades no dispone un juez español. No creo que sea por nuestra devoción hacia la enseñanza. Lo que sucede es que el Poder Judicial es cautivo de los criterios y barrotes de la inspección del Consejo. Para este organismo resulta atractivo controlar al máximo la actividad de los jueces, sobre todo cuando hablamos de instruir asuntos de especial trascendencia. En la práctica, no se permite que un juez evalúe qué asuntos son más relevantes que otros. Menos aún que, a partir de tal apreciación, valore sobre qué diligencias focalizará mayores esfuerzos. Si de verdad los jueces fuésemos Poder Judicial, nadie nos negaría tal margen de estimación. Sin embargo, la regla es otra: «Usted atenderá todos los asuntos del Juzgado por igual. Y si le entra una red de corrupción o cualquier otro tema de envergadura, nos da igual, siga con todo el Juzgado adelante. Puede prestarle especial atención a la causa principal, frente a las de menor relieve, siempre que la tramitación de éstas apenas se retrase».

Ironías y conclusiones

Los inspectores del Consejo, con el mayor cinismo, incluso osarán decirte sobre los asuntos de calado: «Se trata de una causa muy importante; no dejes de instruirla y prestarle la mayor dedicación».

Son ironías rebuscadas, de cosmética suave con cierto colorete de sadismo. Pero la psicopatía, como las lombrices, repta por pasillos oscuros y rebuscados. Por eso, cuando da la cara, repugna. Decirle a un juez que preste la mayor atención a una causa equivale a manifestarle a un minero «cuidado con tus pulmones» mientras desciende al pozo de la mina. Algo parecido me dijo el inspector del Consejo, después de terminar la inspección extraordinaria, con relación a las diligencias previas 187/1989: «Esta causa es muy, muy importante. No la descuide».

En unos meses aprendí dos apartados muy importantes sobre la carrera judicial. Por una parte, los jueces no somos un poder del Estado. Ejercemos jurisdicción, pero no somos Poder Judicial. Gozamos de relativa independencia cuando nos dedicamos a temas de poco relieve. En asuntos de envergadura potencialmente nocivos para personajes ilustres, perdemos toda autonomía. Si el juez no cesa en su empeño al instruir esta clase de procedimientos, el Consejo nunca le protegerá, sino más bien al contrario: le abrirá expedientes y le sancionará. Por otra parte, este organismo es quien manda. La Constitución dice que el Poder Judicial se integra por los jueces, pero el CGPJ se ha apropiado de ese poder del Estado. El gobierno de los jueces marca cómo éstos distribuirán su dedicación. El Consejo viene a exigir que a todos los asuntos se preste igual atención, sea cual sea su relevancia. Ningún vocal reconocerá la aplicación de esta pauta descabellada. Pero constituye, en realidad, el mayor paradigma para seccionar el talón de Aquiles de nuestro Poder Judicial.

Con todo, lo que deba entenderse por «retraso en la resolución de los asuntos» lo interpretará la Inspección del Consejo de forma elástica, en función de la tipología de juez sobre quien recaiga la inspección: ortodoxo, indiferente o incómodo. Y en segundo lugar, se tendrá muy presente el punto de la escala Octava para Denigrar a Jueces (ODJ) donde se haya situado el instructor.

Nuevas lecciones

Este expediente disciplinario fue la primera advertencia. Había trabajado durante más de seis años en la universidad. Jamás experimenté, como docente e investigador, el menor percance remotamente próximo a una sanción disciplinaria. Y no porque fuera un profesor sumiso. Como docente y representante de los entonces llamados PNN (Profesores No Numerarios), me vi obligado a impulsar la primera moción de censura que se formulaba contra un decano, Ramón Montero Gibert. Prosperó, y este catedrático abandonó el cargo. Cualquier mal pensado concluirá que tomó represalias contra mí. Al contrario. Presidió la comisión designada para la concesión del Premio Extraordinario de Licenciatura en el año 1988. Y se pronunció claramente al respecto: «Silva presenta el mejor expediente académico. Nuestras diferencias personales podrán ser de cualquier clase. Pero como profesional merece la más alta mención». En parecidos términos resalta cómo procedió el director de mi tesis doctoral. Sostuvimos serios desacuerdos, principalmente respecto de la posible inconstitucionalidad de la Ley 53/1984 de incompatibilidades de los funcionarios. Por aquel entonces, frente a su criterio —no menos fundado—, yo defendía a todo trance el acierto y constitucionalidad de la Ley. No cedí ni un ápice. Finalmente, el Tribunal Constitucional reprodujo cuantos postulados mantuve en mi tesis. Pero lo importante es que el director de la investigación, Escribano Collado, demostró su acentuada honorabilidad académica cediendo frente a la valoración de un mero doctorando. Finalmente fui laureado cum laude por la unanimidad de los miembros del tribunal. Estas actitudes no las he conocido en la Judicatura. No sé si algún juez me ha respetado de esta manera. No me consta, y lo dudo.

Un expediente severo y repentino suscita una profunda reflexión sobre tu historial. Remueve. Examinas lo sucedido. Rastreas alguna pauta. Recapacitas. Haces balance de tu vida, no sólo profesional. A mí nunca me había sucedido algo similar. Jamás me habían expedientado. Escuela, deporte de élite, licenciatura, docencia universitaria... Repasé con detenimiento. No tenía dónde agarrarme. El CGPJ debería amparar al juez cuando su trabajo le exponga, cuando ejerza competencias irritantes para personajes influyentes y poderosos. Pero entonces, cuando más necesita amparo, le expedienta y aparta del Juzgado. ¿De qué iba esto? Nadie me lo explicó. Pero fue incuestionable. No tenía la menor relación con mis antecedentes. Era una lección desconocida, y me vi obligado a asimilarla en soledad.

Acceso a la carrera judicial

Accedí a la carrera judicial en el año 1991, por el denominado tercer turno de «juristas de reconocido prestigio». Creo que no me hubiera costado sacar plaza por el turno libre. Venía de preparar las oposiciones a letrado de las Cortes Generales, con un temario muy exigente de más de seiscientos temas. Por aquellos tiempos mi memoria había archivado minuciosamente casi todo el sistema jurídico español. Pero lo que graba la memoria no siempre es a fuego. Más bien hablamos de los castillos que elevan los niños junto al mar, antes de que suba la marea. Sin embargo, el sistema de oposiciones español rinde culto a la memoria, a los recuerdos en exclusiva, a la letra de un precepto tras otro de múltiples leyes y reglamentos. Durante mis estancias de investigación en París, hacía reír a los colegas franceses recitándoles artículos de nuestro Código Civil. Tardaron en aceptar que no era sólo humor. No daban crédito. No comprendieron, sino después de largas explicaciones, que en España se llegaba así a ser juez o notario. La forma en que nuestro país premia el exclusivo uso de la memoria sería para que, muy seriamente, nos lo hiciéramos mirar. Depositamos confianza a ciegas en los cirujanos. Nos tumbamos en la camilla y nos encomendamos a su destreza. El cirujano, el cardiólogo o cualquier médico especialista realiza un curso preparatorio de varios años. Para acceder al mismo debe superar un duro examen tipo test. Gracias a este requerimiento y a la experiencia que se va adquiriendo con el tiempo, confiamos en el ejercicio de las profesiones médicas. Así lo refuerza su práctica, en la inmensa mayoría de los casos. Pero si hablamos de jueces y fiscales, o se estudian miles de folios y después se «cantan» el día de la oposición, o no serás un buen juez.

La historia de nuestra función pública demuestra que los españoles tendemos intensamente a la arbitrariedad. En la novela Miau de Benito Pérez Galdós existe un personaje, Ventura Pantoja, que resume la ortodoxia funcionarial de nuestro siglo XIX. Acuciado por sus inquietudes, el protagonista de la novela, Villaamil, conversa con Pantoja, y éste le explica:

Pues sigue tirando, hombre, hasta que te quedes con el faldón en la mano. Arrímate a los pájaros gordos, sean o no ministeriales; dirígete a Sagasta, a Cánovas, a D. Venancio, a Castelar, a los Silvelas; no repares si son blancos, negros o amarillos, pues al paso que vas, tal como se han puesto las cosas, no conseguirás nada. Ni Pez ni Cucúrbitas te servirán: están abrumados de compromisos, y no colocan más que a su pandilla, a sus paniaguados, a sus ayudas de cámara, y hasta a los barberos que les afeitan. Esa gente que sirvió a la Gloriosa primero y después a la Restauración, está con el agua al cuello, porque tiene que atender a los de ahora, sin desamparar a los de antes, que andan ladrando de hambre. Pez ha metido aquí a alguien que estuvo en la facción y a otros que retozaron con la cantonal. ¿Cómo puede olvidar Pez que los del gorro colorado le sostuvieron en la Dirección de Rentas, y que los amadeístas casi casi le hacen Ministro, y que los moderados del tiempo de Sor Patrocinio le dieron la gran cruz?

Villaamil oía estos sabios consejos, los ojos bajos, la expresión lúgubre, y sin desconocer cuán razonables eran.75

Este texto resume la emblemática arbitrariedad de nuestro siglo XIX. Se elegían los cargos públicos por afinidades mudables o en el bingo del antojo político. En la novela, este sistema condujo al suicidio de Villaamil. Nuestras oposiciones de temas memorísticos cantados son una payasada, pero han cumplido su función: librarnos de la arbitrariedad y de ideas suicidas. Nuestras cantarinas oposiciones introdujeron cierta cuña de objetividad. En el tremendo desacierto de nuestra función pública secular, cantar temas ha sido un remedio. A un francés, un alemán o un finlandés les costará creerlo, pero cuando lean la novela Miau lo entenderán.

No obstante, como se sabe en psicología clínica, las soluciones a problemas afectivos que improvisamos en la infancia no tenemos, forzosamente, por qué conservarlas en la edad adulta. Un niño aprende a ser obediente y sumiso con siete años, y así consigue ganarse el cariño y aceptación de su padre. Pero a los cuarenta no tiene que seguir mostrándose sumiso hasta la extenuación con jefes sádicos o acosadores. El CGPJ premia el servilismo. Esta forma de refuerzo favorece a personalidades adaptadas, que se doblegan con facilidad al criterio de la autoridad, sin apenas oposición o crítica. La cuestión es si convienen a la sociedad jueces dóciles. La represión acaba encontrando su camino de salida, y pudiera ser que en esa vía de escape se encontrasen los más débiles, es decir, los usuarios de la Justicia.

El examen de oposición tradicional depende de variables inaceptables. Al margen del estado psicológico del opositor, el éxito se supedita al día en que se examine, los temas que caigan en suerte, el tribunal que le toque, los demás opositores concurrentes ese día y la fecha del examen. Un opositor puede hacer un examen colosal, pero, como el día en que recitó temas concurrió con otro que le superó, quedará fuera. El tribunal de la oposición decide, cada día, quiénes siguen y quiénes salen. Este criterio no conserva los mejores resultados desde el inicio de los exámenes. Es muy injusto. Premia a quien por fortuna se examine un día con oponentes de nivel más bajo. Además, ¿por qué premiamos algo tan mecánico como la mera retención memorística y la aparatosa aptitud para cantarla? ¿Para qué seguimos conservando un sistema de selección disparatado, que sólo se justifica por las arbitrariedades de nuestro siglo XIX?

El sistema de oposiciones se conserva por dejadez. A lo mejor, el alternativo es peor, y tememos nuestra tendencia a la arbitrariedad. Pero el actual sistema de selección premia la ortodoxia. La mayoría de los jueces han sido elegidos cantando temas y, como así lo consiguieron, es la mejor práctica. No hay más. La salsa reducida del problema es un espíritu borreguil. Además, mediante la cuerda de preparadores ortodoxos se van seleccionando jueces de la tipología requerida. No se premia la inteligencia. El sistema es preferentemente actitudinal. Se buscan, más o menos conscientemente, disposiciones de ánimo modeladas. Así acabamos teniendo una Justicia homogénea, poco creativa y acomodada a cierta tradición. Además, la huella, la incidencia del apellido, es muy difícil de imponer con exámenes tipo test, cuya objetividad sería aplastante. Pero las pruebas orales, sujetas a variables ilógicas y a una capacidad estimativa del tribunal examinador muy cuestionable, permiten que vaya conservándose el apellido de la misma familia durante varias generaciones de jueces. A veces, la diferencia de calificaciones estriba en pocas décimas. ¿Cómo se explica que los examinadores valoren conocimientos expuestos oralmente en términos tan ajustados? ¿Por qué no se graban los exámenes para que puedan revisarse, caso de reclamación? ¿Por qué no tomamos en consideración las calificaciones obtenidas por el opositor a lo largo de sus estudios universitarios, de grado y posgrado?

Los jueces que hemos accedido a la carrera judicial por el turno de méritos, al no haber pasado por esta criba, somos rechazados por los ortodoxos. Esta circunstancia debería advertirse en las bases del concurso: «Usted será rechazado: No ha accedido a la Judicatura cantando temas».

Los jueces provenientes del turno libre argumentan falta de objetividad. Tal vez tengan razón. Incluso quizá en muchos casos sea más objetivo el turno libre que el turno de méritos. Pero esto me es profundamente indiferente. Accedí a la carrera judicial sin valerme de la más mínima variable indebida o fraudulenta. Ingresé por presentar méritos muy objetivos, superando a casi todos mis oponentes. Es cierto que fue a una edad muy escasa, 32 años, para el turno de juristas de reconocido prestigio. Pero no se me puede reprochar que perdiese el tiempo desde que finalicé la licenciatura. Ahora bien, todo esto es indiferente. En un sistema de etiquetado, no importan las condiciones particulares. Yo provenía del turno de méritos y reunía condiciones para ser sancionable. Me había excedido instruyendo una causa sobre corrupción judicial. No despaché los demás asuntos del Juzgado como si esa causa de corrupción no existiese. Y, para colmo, era un juez del tercer turno. Vaya, que igual había accedido a la plaza por la cara, enchufe o algo peor. Tal vez algún juez ortodoxo pensase: «No es uno de los nuestros».

Antes de acceder a la carrera judicial no imaginé este panorama. De haberlo sabido, no sé si me hubiera atrevido a ser juez. Puede que no. Al fin y al cabo, en esto consiste la estrategia de fondo: «O eres como nosotros o mejor no entres». Una situación así espanta a cualquiera. No digamos si se trata de alguien que tiene una carrera universitaria prácticamente culminada como profesor titular de universidad. Mi entendimiento de la justicia se basaba en el estudio durante más de doce años del Derecho español y comparado europeo. Después de analizar miles de sentencias pensé que sabía dónde entraba. Pero no era una cuestión de estudio o conocimiento. De este asunto apenas se habla. De hecho, ésta es la primera obra escrita donde un juez cuenta la situación inconfesable de la Judicatura española. Ignoraba que nuestro Poder Judicial en realidad no era tal. Tampoco sabía cómo se cocían nuestras resoluciones en la olla reservada de la Justicia, cómo se gobernaba a los jueces por un organismo que, en sí, no era Poder Judicial, pero sí el Minotauro que lo retenía y encerraba entre las fauces de sus potestades disciplinarias.

Fue doloroso experimentar que tumbar a un juez era la actividad más fácil que pudiera imaginarse. Pendías del criterio de varios inspectores, media docena de etiquetas y la decisión de una Comisión Disciplinaria.

Tras aquella primera sanción, abandoné la instrucción de las diligencias previas 187/1989, incoadas por posibles supuestos de corrupción judicial. Creo que fueron archivadas por mi sucesor, un juez sustituto que se acomodó al criterio del reciente fiscal jefe provincial, después de que el anterior que trabajó en el caso, Pedro Rubira Nieto, solicitase traslado a la Audiencia Nacional.

SEGUNDA ADVERTENCIA

Serranías y desaparición de documentos

A los pocos meses de que me incoasen expediente disciplinario en San Roque, solicité nueva plaza. A finales de 1995 pasé a ocupar el Juzgado mixto de Aracena. En esta localidad de la provincia de Huelva existen dos juzgados con limitada carga de trabajo. Sin embargo, las complejidades que pueden darse en la Justicia siempre son insospechadas, por motivos organizativos internos o por la clase de asuntos que el juez deba conocer en un momento dado. Me lo tomé como un período de transición. Sin embargo, mi estancia allí no fue un mero intermedio. Con el tiempo he aprendido que en la vida de jueces como yo apenas existen entreactos.

En la Sierra de Huelva, junto a las dehesas del cerdo ibérico, rigen caminos malpensados, ciertos rincones impenetrables y, a veces, la miseria. Cuando llevaba poco más de un año en la plaza, recibí a los titulares de la mayor propiedad del partido judicial. «Señoría, hemos de comunicarle un hecho grave. Han arrancado de la causa los documentos acreditativos de nuestra propiedad», me dijeron. Cuando recibes a ciudadanos en audiencia pública, te comentan expectativas muy variopintas. Tal manifestación me pareció poco digna de crédito. Avisé de inmediato a la funcionaria tramitadora del procedimiento y le pregunté por el asunto.

—Sí, Señoría, separé los títulos de dominio y se los di al abogado de la otra parte para que los aportase en otro Juzgado —me dijo la funcionaria.

—Ya, pero le comenté, y acordé expresamente, que no procedía desgajar tales documentos del procedimiento. ¿Por qué hizo tal cosa? —le pregunté.

—Lo consulté con el secretario. Me autorizó —me dijo, fría y segura de su contestación.

Demandé la presencia del secretario judicial. Me negó lo manifestado por la funcionaria. En derecho, quien invoca debe probar lo que dice. Como la funcionaria se excusó mediante una autorización que no confirmó su jefe, se quedó con el agua al cuello. Por lo demás, se trataba de un secretario proactivo y capaz. Me vi obligado a decretar la inmediata intervención y reintegración de los documentos que, indebidamente, se habían separado de la causa. Además, tuve que iniciar diligencias penales contra la funcionaria.

A partir de ese momento, salvo el secretario y un agente judicial, todo el Juzgado se me echó encima. Pasados unos meses, el presidente del Tribunal Superior de Justicia me abrió un nuevo expediente disciplinario. No recuerdo si me imputaba siete o nueve faltas. Fue un completo despropósito. Me reprocharon abuso de autoridad y variadas faltas menores. Pero meses antes se habían producido dos acontecimientos de significativo impacto judicial. Quizá expliquen el trato que se me dispensó.

Desinsectando

La industria alimentaria del jamón es de suma relevancia en la Sierra de Huelva. Este producto debe curar en secaderos durante períodos prolongados. Ello se traduce en un inmovilizado material de tres a cinco años, cuya valoración económica es elevada. La conservación del producto requiere cuidados especiales. Los secaderos son lugares sombríos donde el jamón puede ser infectado por ácaros, lo que, de producirse, implicaría la pérdida de partidas enteras, con el consiguiente quebranto económico. El método tradicional exige que experimentados operarios, jamón por jamón, unten cada pieza con sebo. Así no quedarán resquicios desprotegidos ante ácaros contaminantes.

En aquel momento, algún empresario quiso ahorrar costes de mano de obra utilizando métodos más expeditivos, prohibidos en la industria alimentaria. Incluso en el marco de la industria artesana del jamón de Huelva, con los mayores índices de calidad y cumplimiento de protocolo alimentario, puede aparecer algún jefe de producción aislado sin escrúpulos. Existen productos —como, por ejemplo, el desgorgogil— que permiten abaratar costes. Se comercializa enlatado en estado líquido y cuando se abre pasa a estado gaseoso. Es muy apto para emplear en lugares abiertos y, entre otros menesteres, se puede utilizar para eliminar el gorgojo del trigo almacenado en graneros. El problema es que la base molecular de este producto, integrada con los alimentos, es potencialmente cancerígena. El desgorgogil contiene tetracloruro y sulfuro de carbono. Su uso en lugares abiertos permite que el gas volátil no llegue a integrarse nocivamente en la estructura molecular alimentaria. Pero imaginemos que se utiliza en lugares cerrados, como los secaderos de jamones. Entonces, el uso del producto podría resultar nocivo para la salud. Eso sí, el ahorro en mano de obra es notorio: basta abrir algunas latas y los jamones quedan protegidos de ácaros contaminantes. Todo este asunto habría dormido oculto entre la sombría, lenta y silenciosa curación del jamón. Pero, lamentablemente, un empleado fue hallado muerto junto a varias latas de desgorgogil en un secadero de jamones. Tuve que levantar el cadáver y ponerme a investigar.

En relación con este fallecimiento instruí diligencias penales. Me enfrenté a los criterios de la Fiscalía y de la forense, y saltaron chispas. Se temió que peligrase la industria cárnica de la localidad afectada. Se trataba de un caso muy aislado; pero el miedo y la presión de poderosos intereses económicos aterrizaron en el proceso. Sucedió lo inevitable: la Fiscalía se opuso a mi criterio. Optó por una vía criminal descabellada, bajo la tesis de que el empleado hallado muerto en el secadero de jamones pudo haber sido asesinado. Finalmente, las diligencias, como era de esperar, se diluyeron por los derroteros de la impotencia y el sobreseimiento. Pero mi proceder y actitud en la instrucción de las mismas no fue del gusto de la Fiscalía, ni del de los poderosos potencialmente afectados.

El castillo templario

Entre la adulteración alimentaria y las diligencias contra la funcionaria que separó documentos sin autorización, cumplimenté un exhorto singular. Estaba relacionado con un asunto muy controvertido en la ciudad.

El castillo de Aracena, monumento de origen templario elevado sobre una colina, genera, al atardecer, un halo de levitación excepcional. Pero ciertas edificaciones que se estaban ejecutando en la ladera rompían este efecto y producían un impacto paisajístico indeseable. Muchos habitantes de la localidad se movilizaron. El Juzgado se limitó a dar cumplimiento a un exhorto del Tribunal Superior de Justicia. Debían recogerse testimonios de los aracenenses que consideraban quebrantada su proyección emocional y paisajística del castillo templario. Cientos de vecinos prestaron declaración, y a alguien se le debió ocurrir que yo tenía algo que ver con esta historia. No era cierto. Es verdad que nunca me pareció una edificación adecuada. Pero nada más. No voy a negar que ciertos artistas y un abogado del Estado me comentaron su preocupación. Les sugerí estrategias procesales, y lo conveniente que sería recoger testimonios directos de los afectados. Pero, que yo sepa, en absoluto es inapropiado que un juez simpatice con sensibilidades ciudadanas. No estamos hablando de un asunto en el que yo ostentase competencia resolutiva.

Con todo, los dos precedentes mencionados habían hecho añicos mi imagen respetable de ortodoxia judicial. Para algunos vecinos influyentes de la localidad onubense, yo no era un juez confortable. Además, no debí precipitarme incoando diligencias penales a una funcionaria que arrancó documentos de una causa judicial, pese a que fue lo correcto. A ningún ciudadano tranquilizará saber que los funcionarios pueden extraer documentos y entregarlos a la contraparte en el proceso. De cualquier modo, acabé expedientado.

Transcurrido el tiempo indispensable, solicité traslado a Lora del Río. Esta ciudad sí fue un espléndido intermedio. Durante este período se me comunicó el archivo de las imputaciones desatinadas que me formularon en Aracena. En el Consejo debieron pensar que la desproporción del presidente del Tribunal Superior de Justicia era inaceptable, incluso respecto de un juez incómodo. No obstante, se mantuvo una multa insignificante por mi supuesta inasistencia a una diligencia civil. Era incierto y ridículo, pero no merecía la pena recurrir. Ascendí a magistrado en el año 1997 y solicité destino en un Juzgado de lo Penal de Ceuta.

RECORDATORIOS

Paradojas: el Consejo me pide que acuda a un Congreso y me expedienta por asistir

Nunca he desempeñado la carrera judicial con mayor satisfacción que en la ciudad de Ceuta. Simultaneé la plaza de magistrado del Juzgado de lo Penal con la de juez de Vigilancia Penitenciaria. Ejercí como docente en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En esta ciudad española del norte de África aproveché para conocer a fondo el Magreb marroquí. Viajé lo menos posible a la península, recorrí varias veces el Atlas y parte del Sahara, concluí un poemario y terminé la redacción de dos novelas inéditas.

No obstante, como vivía un período óptimo, en el Consejo alguien debió pensar que no era conveniente que olvidase mis estigmas. En Jaén se había organizado un congreso internacional de Derecho Penitenciario. En absoluto me apetecía asistir. Pero una vocal del Consejo me pidió que participase por mi doble condición de juez de lo Penal y de Vigilancia Penitencia. «Conviene que asista alguien con tu experiencia sobre tráfico de drogas y régimen penitenciario», me dijo. No se me había perdido nada en Jaén, y me pareció uno de esos congresos con más título que sustancia. Asistir a cursos y seminarios en los que se pierde el tiempo ha sido una constante a lo largo de mi carrera como juez. El Consejo, a mi modo de ver, sostiene un formato inaceptable. Los ponentes no responden a criterios de mérito contrastados. Se tira de la cuerda del clientelismo. Para acabar con ello bastaría con recabar de los interesados su curriculum vitae. Estableciendo bases objetivas se generaría una bolsa de ponentes, revisable cada dos años, por ejemplo. En absoluto se procede de esta forma, y los asistentes deben aguantar a personajes soporíferos.

Acudí al congreso de Jaén, ya que no lo organizaba el Consejo. Pero a la vuelta me encontré abierto otro expediente disciplinario. El motivo no pudo ser más disparatado: había suspendido los juicios convocados durante mi presencia en Jaén. Como la invitación me llegó de improviso, no tuve más remedio que suspenderlos. Además, mi Juzgado carecía de retrasos. Postergar juicios durante algunos días no tendría la menor consecuencia. Se trataba de asuntos ordinarios, casi todos relacionados con la compra de hachís en pequeñas cantidades. Pero daba igual. Expediente disciplinario y a declarar. Es la única vez que me he encontrado con una instructora decente, abochornada por el despropósito. Informó considerando que el procedimiento debía archivarse. Al mes siguiente me telefoneó el inspector del Consejo que tuvo la poca dignidad de impulsar un reproche tan injusto. «No he tenido nada que ver. Un vocal estaba detrás del tema. Tuve que informar lo que me pidió. De verdad, te pido disculpas», me dijo. Nos apegamos a la ambición y al cargo, y terminamos siendo marionetas del más poderoso. No sé si este juez me llamó por miedo o mala conciencia, para tantearme o saber si le iba a denunciar. Pero pudo haberse negado a participar en algo tan mezquino. No se negó. Le bastó una llamada telefónica, pidió disculpas y calmó su conciencia. Fue como una de esas confesiones abúlicas que sosiegan a los malos católicos: pecas, lo cuentas y si alguien te perdona, haces mejor la digestión.

Enjuiciar e instruir

¿Qué diferencia hay entre enjuiciar e instruir procesos en Derecho Penal? En mis anteriores destinos había sido instructor, mientras que en Ceuta me limité al enjuiciamiento. ¿Estas actividades son igual de conflictivas a nivel penal? Cuando un juez enjuicia, debe establecer si se ha cometido o no un delito, si el acusado es inocente o culpable. Ello supone un alto grado de responsabilidad frente al crimen. La sentencia penal determina la condena de una persona. Es un momento de suma relevancia. Pero instruir es más delicado. Mientras el enjuiciador es un gourmet, el instructor es el cocinero. Debe transformar alimentos crudos en platos más o menos sofisticados. El instructor dispone de indicios, pero la verdad es que todavía no existe nada construido penalmente. Cuando se trata de imputados del común, gente corriente, la instrucción es como una rueda de molino lenta, aplastante y persistente. Pero cuando se dirige contra personajes influyentes, éstos se empeñarán en obstruir el movimiento de la rueda. Existen muchas piedras y palos para obstaculizar. El instructor comienza de cero, y tendrá que enfrentarse con dificultades añadidas. Una denuncia, querella o atestado policial son meras expectativas. Hay que esculpir su posible verdad mediante diligencias de instrucción. Los momentos iniciales ante asuntos complejos como el caso Banco de Miami son los más delicados. Algunos imputados poderosos lo saben. Cuando no se consigue impulsar el procedimiento en el arranque, todo puede quedar en nada. La debilidad se incrementa en los comienzos. De ahí que en ese momento embarazoso ataquen con virulencia imputados mafiosos o corruptos.

La gestación de un caso a través de la instrucción refleja, además, las mayores carencias de nuestro sistema judicial. Es palpable la dependencia de medios materiales y personales ajenos al juez. Sin embargo, al enjuiciador le llega todo hecho. Con suficiencia o no de indicios, el caso está ya montado. Sólo resta absolver o condenar. Pero cuando el juez instruye, todo está por dilucidar, no ya sólo la culpabilidad, sino la propia construcción y complejidad del caso, sus alternativas, el alcance de las imputaciones, el número de víctimas y acusados, los detalles de la incriminación, posibles agravantes y atenuantes. El contenido general del asunto está sin relatar y empaquetar. Aún se desconoce qué será objeto de enjuiciamiento futuro. Ni siquiera hay certeza de que existirá juicio, pues igual no se acusa a nadie. El número de incriminados que se convierten en acusados es reducido. Casi parece que ser imputado te garantice que no serás acusado o condenado. El pronóstico del fracaso de la imputación en España es provocador.

Estas circunstancias las tienen muy en cuenta los imputados ilustres y poderosos. Caen sobre el instructor y bombardean el procedimiento mediante recursos, peticiones ficticias y toda clase de presiones. Desde luego, cabe presionar al enjuiciador, pero en menor medida. Ante el juicio, los acusados se van conformando. Ya irán admitiendo que no cabe salir del problema como si de nada se tratase. Los acontecimientos se han ido precipitando y los recorridos aparecen cimentados. Los hechos concluyentes se van inclinando a favor de que camine la justicia, y los acusados, por muy poderosos que sean, se van acomodando a un relato que se va moviendo paso a paso.

Mi estancia en Ceuta fue como enjuiciador. No es un trabajo tan apasionante, pero sí de más alivio y menos perturbación para jueces con iniciativa.

PRIMERA INVITACIÓN A MARCHARME

Brindaron con champán

Necesitaba tomar distancia. Contraje matrimonio y puse mar de por medio. Tomé posesión como magistrado de la Audiencia de Las Palmas en mayo de 2000. Pasados unos meses, uno de los magistrados con quien formaba Sala, me dijo: «No lo comentes. No le caes bien al Presidente. Es amigo de quienes, cuando saliste de Andalucía, brindaron con champán».

No es fácil que un juez presida un Tribunal Superior de Justicia sin un relativo nivel de afinidad con quienes gobiernan en la comunidad autónoma de que se trate. En principio, ello no tendría por qué levantar la más mínima suspicacia si no fuera porque los principales cargos políticos autonómicos gozan de aforamiento penal; es decir, instruye y les juzga el Tribunal Superior de Justicia del territorio donde ejercen sus funciones.

En la Audiencia de Las Palmas se resuelven asuntos de relevancia económica significativa. Las partes depositan en estos tribunales casi todas sus esperanzas, ya que culminan el litigio. Las posibilidades de revisar una sentencia dictada en segunda instancia son escasas.

Un asunto merece la pena mencionar entre los que me correspondieron como ponente en Las Palmas. Mi ponencia consistió en imponer una fuerte indemnización a una multinacional fabricante de bolsas de sangre. Se había confundido un síndrome de Guillain-Barré, que puede llegar a colapsar el sistema nervioso, con una infección producida por transfusiones sanguíneas. La sangre provenía de bolsas infectadas. Se contagió hepatitis C a un paciente. El asunto central del caso era definir la relación de causalidad entre el mal estado de la sangre y el daño a la salud. En este tipo de procedimientos se cruzan múltiples informes periciales. Cada uno se inclina por defender las posiciones de una u otra parte, postulando la existencia de causas diferentes de los daños. A simple vista, nunca se hubiera podido acreditar que la enfermedad padecida por el demandante procedía, exclusivamente, de las bolsas de sangre en mal estado. Los informes científicos y las pruebas más sofisticadas se inclinaban a favor de la multinacional demandada. La innovación de mi decisión radicó en mi perspectiva de la relación de causalidad. Establecí que no dependía tanto de las opiniones científicas como de la pura valoración judicial. Mi esquema fue que el enfermo entró en el hospital sin los sistemas inmunitario y nervioso colapsados. Sin embargo, cuando salió del mismo, sin causa razonable que lo explicase, tales sistemas se habían quebrantado. Entre ambos momentos, entrada y salida del hospital, intermediaban significativamente las bolsas de sangre infectadas. A ello había que sumar el hecho de que las mismas habían presentado problemas sanitarios en otros países, lo que había hecho que se prohibiera su distribución. El asunto era claro: la multinacional respondería a nivel de negligencia civil. Algunas pruebas científicas no confirmaban el nexo causal entre las transfusiones y las dolencias del demandante. Variables como la esquizofrenia del paciente o su alto nivel de medicación pudieron explicar también el colapso del sistema nervioso. Frente a tales cursos causales, me pareció que la valoración que debe hacer un juez, ateniéndose al caso, exigía que no partiese de meros estudios globales y que descendiese a la situación singular que yo estaba examinando. Analicé minuciosamente los protocolos médicos infringidos, las lagunas hospitalarias y los resultados inexplicables, y me incliné a favor del perjudicado. Revocamos la sentencia de primera instancia, estimamos la demanda y concedimos una suma indemnizatoria aún más elevada que la instada por la demandante. La multinacional no recurrió la sentencia, y pagó. La abogacía del Estado también intervenía, pues se reclamó a la Administración por mal funcionamiento del servicio público hospitalario. Tampoco recurrió.

Un año después ocurrió algo interesante, una experiencia inolvidable. Estudiaba arquitectura superior y compartía apuntes con un médico odontólogo, Justo. Trabamos amistad y me invitó a cenar a su casa. Mientras comíamos, conocí a parte de su familia. Cuando les dije mi nombre, me miraron sorprendidos. El cuñado de Justo, abogado, se acercó y me dio un fuerte abrazo. Obviamente, yo no entendía nada: «Fuiste tú. Hiciste la sentencia del hermano de Justo». Entonces, una ráfaga me aclaró lo que pasaba. «Jamás pensamos ganar aquel pleito. Con la sentencia de primera instancia en contra, lo dimos por perdido. Vaya juez especial que será este Elpidio, pensamos. Se estudia más de seis mil folios, le da la vuelta a la causa, monta una prueba inatacable, y encima nos da más dinero del que pedimos. No dábamos crédito.» Yo tampoco. Estaba cenando en la casa de los familiares del paciente infectado por las bolsas de sangre. Nunca me comentó nada Justo. Imagino que hablar de las dolencias de su hermano menor nunca rimó con nuestros divertidos estudios de arquitectura. Cenamos y nos reímos sin parar del incidente memorable.

Mobbing

En el año 2003 sufrí una hernia cervical. El brazo derecho quedó inmovilizado. Rechacé cualquier intervención quirúrgica, siempre que no fuese indispensable. El riguroso tratamiento de rehabilitación duró casi un año. Entretanto, alguien decidió que aquello era motivo para incapacitarme. Es de locos. Personas que se hallan en situaciones realmente dramáticas no consiguen la incapacitación, pero al Consejo le pareció que varios meses de baja, a la edad de 44 años, justificaban que un magistrado se jubilase con casi el 100 % de su remuneración, por incapacidad permanente total para el ejercicio de la profesión.

El Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) de Las Palmas me citó. Debían evaluar el alcance de la patología. Serio, contrariado, con cierto desdén y vergüenza, el doctor me miró estupefacto. Como había revisado mis radiografías, pruebas analíticas y resonancias magnéticas, me temí lo peor. «¿Puede decirme que sucede, doctor?», le pregunté. «Esto es un mobbing», me respondió. No entendí el término. Jamás lo había escuchado antes. Por un momento pensé que se refería a algún tumor irreversible. «Puede hablarme claro, doctor», le comenté. «Es un mobbing. Tratan de desacreditarle. Se valen del sistema de salud para denigrarle. Esto es una vergüenza.» Más relajado, conté al médico del EVI mi historia. Me pareció un profesional íntegro y fiable. Al término del relato, me dijo: «Los jueces son personas de poder. Cuando ocurren situaciones como ésta, la imagen que se ofrece es bochornosa. Puede contar conmigo cuando quiera, y para que explique lo sucedido donde usted estime conveniente. Sólo tiene que pedírmelo y me pondré a ello».

Era la primera vez que un extraño, tan espontáneamente, se refería a mis colegas como acosadores. El informe del EVI fue aplastante. Ni reunía la menor condición de incapacitación, ni tampoco debió incoarse el expediente de jubilación. «Paciente de 45 años, varios meses de baja por hernia cervical, evolución favorable.» Incapacitando en estas condiciones se anticiparía la quiebra de la Caja Única de la Seguridad Social. El proceder del Consejo fue irresponsable e insolidario. Utilizó instrumentos de apoyo mutuo para canalizar su política de ajuste de cuentas. Hubiese bastado con pedir un informe al médico rehabilitador que dirigía mi tratamiento. A través de la inspección médica, el Consejo pudo evaluar perfectamente la situación sin necesidad de incoar ningún expediente de jubilación. El procedimiento desproporcionado que me habían abierto sólo reflejaba una finalidad: denigrar al expedientado. Primer aviso para que me marchase: «Si enfermas, te jubilamos. Porque ya lo sabes: tú no eres uno de los nuestros».

SEGUNDA INVITACIÓN A MARCHARME

Propósito de enmienda

En 2004 comencé a preparar oposiciones a Registros y Notarías. No quería abandonar la carrera judicial, pero sí disponer de opciones frente a un ambiente irrespirable. La espiral de la burbuja inmobiliaria era perversa, y yo era consciente de que nos llevaría a la bancarrota. No preveía que, cuando me hiciera notario o registrador en los años 2006-2007, estas profesiones fuesen tan rentables. Pretendía sacar las oposiciones, causar excedencia como notario o registrador, y continuar siendo juez. No voy a negar que el macabro expediente de jubilación me hizo recapacitar. Pero de ahí a que hubiese decidido marcharme de la carrera judicial, va un abismo. Pedí plaza en la Audiencia Provincial de Cuenca, donde me instalé en mayo de 2005. Confiaba en otro intermedio como el de Lora del Río. Pero está claro que carezco de intuición para pronosticar entreactos.

Transcurrido un año, durante el cual ocupé la plaza de un compañero recién jubilado y ejercí como presidente accidental de la Audiencia por la baja del titular y otro magistrado, solicité un permiso de tres semanas para repasar los cuatro mil folios de las oposiciones. No se me concedió. Los permisos por razón de estudios son reglados: una vez solicitados, deben concederse. Fue un durísimo revés que carecía de justificación. Días después, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, asistió a un almuerzo en Cuenca. Eran comidas inexplicables. Nunca entendí aquellas convocatorias. En una ocasión fui testigo del ritual. Rouco se presentaba en Cuenca. Almorzaban en torno a él abogados, procuradores, funcionarios y todos los jueces de la plaza. Al término del acto, se formaba la cola. El presidente, apostado a la salida del restaurante, iba apretando manos de jueces, funcionarios y profesionales que se iban despidiendo. No asistí, obviamente, a la comida celebrada poco después de que pidiese y fuera rechazado el permiso de estudios. Rouco preguntó por mí a Leopoldo, presidente accidental de la Audiencia, y éste le contestó: «¿No sabes lo de José? Está muy molesto contigo». «¿Por qué?», preguntó Rouco. «¿Por qué va a ser? Le has denegado el permiso para poder preparar los exámenes. Le has fastidiado la oposición», le aclaró Leopoldo. Rouco se mostró contrariado, como si no fuese protagonista del asunto: «Yo no sabía nada de eso. Tenemos que arreglarlo». Y pretendió días antes del examen solucionar lo que ya no tenía remedio. Entre los católicos, el propósito de enmienda es la firme resolución de no volver a pecar. No sé si el propósito de Rouco fue auténtico, si de verdad se había planteado no volver a comportarse como lo había hecho. Lo que estaba claro es que a mí ya me había creado un perjuicio irreparable.

Accidente de trabajo y acoso laboral: estrés sostenido crónico de estirpe laboral

A partir de ese momento me fue imposible estudiar. El doctor me dijo: «Tienes un estrés bloqueante. Llevas quince años trabajando en un ambiente tóxico. Debes parar». Firmó algunas bajas por enfermedad común, pero a partir de la tercera, todas se calificaron como «accidente de trabajo». Mi agotamiento fue estrictamente por motivos profesionales.

Esta presión insistente me ha convertido en un profesional de las presiones. Comparado con el extenso vía crucis relatado, el linchamiento mediático de los últimos meses, siendo muy nocivo, no despunta como hubiesen deseado los acosadores. Saturada mi amígdala, sin proponérselo me han adiestrado. Imagino que no les queda otro paso que la tortura, la desaparición o el homicidio. Iremos viendo.

Se fueron cursando mis bajas por «estrés sostenido crónico de estirpe laboral». En todas las solicitudes de licencia consigné la causa: «acoso laboral continuado, bajo la contingencia de enfermedad profesional». Sin embargo, durante ese tiempo recibí insistentes llamadas de teléfono, se pidió que me examinara un médico forense y se informó al Consejo para que me incoasen un expediente de jubilación. Es delirante, pero sucedió así.

Rouco tal vez no se fiase de los doctores que me asistían. Debió acudir a la inspección médica y recabar informe al respecto. No lo hizo. Con toda seguridad, la inspección sanitaria le habría manifestado que no se advertía irregularidad alguna. Finalmente me enviaron a un forense de Cuenca para que me examinase. Me extraña que un profesional de la medicina ignore las normas aplicables. El enfermo tiene derecho a ser atendido sólo por el profesional de su elección. Es un derecho que respaldan los artículos 2 y 13 de la Ley 41/2002, que regula la autonomía del paciente y sus derechos y obligaciones sobre información y documentación clínica. La libre elección viene directamente recogida en el artículo 3 del Real Decreto 8/1996, sobre libre elección de médico. Y, finalmente, así lo proclama la Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los derechos del paciente: «Todo paciente tiene derecho a ser atendido por un médico que él sepa que tiene libertad para dar una opinión clínica y ética, sin ninguna interferencia exterior. El paciente tiene derecho a elegir o cambiar libremente su médico y hospital o institución de servicio de salud, sin considerar si forman parte del sector público o privado». Sin embargo, tales normas no se aplicaron en mi caso.

Una estrategia que comenzó a desplegar Rouco fue alejarse de la verdad. Reiteró cientos de veces que yo desobedecía sus requerimientos, cuando lo cierto es que no desatendí ninguno, absolutamente ninguno. Pero, es más, al día de hoy sigo ignorando a qué requerimientos se refería. «Se niega a que le examine el forense», decía. Sin embargo, le recibí en mi domicilio y conversamos durante horas. Aun siendo desacertadas, las manifestaciones de Rouco fueron bien acogidas por el CGPJ. No contentos con un primer expediente disciplinario por desobediencia mientras se tramitaba un descabellado procedimiento de jubilación, me abrieron al poco tiempo un segundo expediente. No es lo más recomendable, desde luego, para una persona estresada.

Fecha conmemorativa de los horrores disciplinarios: el día 19 de noviembre de 2009

Este suplicio procedimental duró más de cinco años. Entretanto se me concedió el alta médica y solicité plaza en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. Pero los vocales del Consejo entienden más de medicina que los médicos. Hicieron caso omiso del alta y me suspendieron en tanto no culminara el procedimiento de jubilación. Se trata de un expediente que jamás debió iniciarse, pues carecía del menor fundamento. Además, con el alta médica debió dejarse sin efecto de inmediato. Pero no sólo se mantuvo vivo, sino que, además, el Consejo, en el colmo del despropósito, me suspendió por sorpresa durante una guardia de detenidos.

Curiosamente, alguien filtró por esa misma época varios datos personales míos a un reportero, que publicó un artículo en Periodista Digital. El diario fue condenado en vía civil por la Audiencia de Madrid. La sentencia devino firme y se ejecutó. Después, como el director del periódico repuso la noticia, me vi obligado a querellarme contra él. Actualmente está acusado por la comisión de varios delitos de calumnias, y estoy a la espera del juicio. Éstos son los recados que van dejando para que te entretengas durante años. Se filtran datos personales a un periodista en el año 2008. Me veo obligado a demandarle en vía civil. Después penalmente. A los pocos días de ingresar en prisión a Blesa, todavía se atrevió a reponer comentarios calumniosos contra mí en la red. Sólo ante la posibilidad de ser objeto de intensas medidas cautelares, los retiró de inmediato. Han pasado seis años y sigo a la espera de juicio. Sigo pendiente de resolver definitivamente un asunto que desató el Consejo suspendiéndome indebidamente. Despropósitos de esta naturaleza colocan al órgano de gobierno de los jueces en una orilla desviada, y focalizada contra quien no responda servilmente a sus designios.

El limbo es una situación procedimental existente en España. Creo que ningún otro país del mundo registra esta posición jurídica. El CGPJ puede encapsular a los jueces incómodos en una especie de estado intermedio de la sinrazón. Estaba de alta médica, el EVI de Madrid dictaminó sin rodeos que el expediente de jubilación era absurdo e infundado, pasaba el tiempo y no sucedía nada. Ni el Consejo revocaba la suspensión, ni me comunicaba cómo resolvería sus errores. Se limitó a sancionarme por sendas faltas de desobediencia, en la cuantía máxima posible, seis mil euros para cada una.

La situación quemaba las sucias manos de algunos protagonistas. El limbo se fue alargando durante más de un año. Era de esperar que la prensa publicase el escándalo. El Consejo aguantó el pulso hasta el límite, se anticipó y me repuso en el cargo. Fue el día 19 de noviembre de 2009. La fecha de esta resolución debería ser conmemorativa en la historia de los horrores disciplinarios. En vez de reconocer los desaciertos cometidos, el Consejo arremetió contra mí y contra los médicos, el EVI y la ciencia de la medicina. Espantoso y digno de vergüenza ajena. El Consejo anunció profecías patéticas sobre nuevas bajas que yo solicitaría en el futuro, y se refirió al acoso y las dolencias subsiguientes como un panorama de mentiras y argucias de los acosados. En el mayor alarde de profecía autocumplida, la resolución, a la vez que me reponía en el cargo, ordenaba que se incoasen diligencias penales por la posible comisión de un delito de desobediencia. Ajustes de cuentas de esta ralea no se esperan de órganos constitucionales. Recordé las palabras del médico que me atendió en Canarias: «Los jueces son personas de poder. Cuando suceden situaciones como ésta, la imagen que se ofrece es bochornosa».

El Consejo General del Poder Judicial ejecutó las multas que me impuso por supuestas desobediencias. El Tribunal Supremo las revocó y tuvieron que reintegrarme lo pagado. También tuvieron que devolverme las remuneraciones que no percibí durante la suspensión. No todas. El Consejo aún se atrevió a escatimarme el pago de las guardias. Me obligó a recurrir al Tribunal Supremo y se confirmó lo que era evidente, salvo para el Consejo. Finalmente, me pagaron con intereses las guardias que no pude ejercer durante aquella disparatada suspensión.

La mentira mil veces repetida

¿Fin de la historia? En absoluto. Quedaban dos apartados por dilucidar. En primer lugar, el procedimiento penal que el Consejo impulsó por la supuesta comisión de un delito de desobediencia. En segundo lugar —y esto era para mí lo más preocupante—, el futuro de venganzas que me aguardaba en un ambiente profesional tan psicopático. Me sometí voluntariamente al examen de dos expertos preeminentes sobre acoso laboral, el catedrático de Psiquiatría José Luis González de Rivera y el doctor en psicología Manuel R. Abuín. Estos doctores lo establecieron meridianamente: durante años fui acosado por el Consejo General del Poder Judicial, en forma de hostigamiento institucional persistente.

El proceso penal sobre mis (inventadas) desobediencias fue un catálogo de la deshonra. Cuesta creer que tantas instituciones y controles no valgan para nada. En primer lugar, el fiscal se plegó al Consejo y se querelló contra mí por haber desobedecido no se sabía qué. El juez instructor confirmó tamaño despropósito. La Audiencia Provincial de Cuenca confirmó el auto de acusación del instructor. Ante la jueza de lo penal de Cuenca se me obligó a reproducir el vía crucis del acoso infligido durante años. Se practicaron toda clase de pruebas periciales y testificales, en un derroche de pérdida de tiempo, como si nuestra Justicia no tuviera nada mejor que hacer. La jueza me absolvió. En los términos más absolutos. Plenamente. Pero no dijo que el estrés excusase mi conducta. No. La magistrada determinó lisa y llanamente, en un memorable alarde de honestidad y objetividad, que nunca desobedecí nada de nada. Al fin y al cabo, era mi certeza: jamás tuve ni idea de cuál requerimiento pensó Rouco que yo desobedecí. ¿Y por qué me refiero a Rouco y no al Consejo?

Fue el Consejo quien me imputó primero dos faltas y después un delito de desobediencia. Pero este relato de acoso se relacionaba con Rouco. Se le protegía. Casi todas mis bajas médicas se cursaron por accidente de trabajo. La dolencia era «estrés sostenido crónico de estirpe laboral». A ello debe sumarse el informe de los doctores González de Rivera y Manuel Abuín. Fueron concluyentes: se me había acosado institucionalmente, de modo sistemático.

Ciertos vocales del Consejo formaron un círculo pretoriano para defender al presidente. Al final yo no gané nada. Apenas conseguí que, después de siete años pleiteando, todo quedase como al principio. Eso persiguen los acosadores: vampirizarte. Absorben la vida de sus víctimas deseando que sus proyectos vitales nunca lleguen a término. Quieren que tu existencia arrastre sufrimiento permanente sin llegar nunca a ninguna parte. Jugar a mi desobediencia penal buscaba mi inhabilitación y, por consiguiente, la expulsión de la carrera judicial. Se estrellaron contra una jueza imparcial. Tendrían que esperar mejor ocasión.

ME APARTAN DE LOS CASOS BLESA Y BANCA DE MIAMI

Mientras escribo estas líneas me hallo suspendido. He sido apartado durante cuatro meses de la instrucción de los casos Blesa y Banco de Miami. Dará tiempo a que algún juez sustituto tal vez reoriente la instrucción... ¿Cómo es posible que al frente de procesos trascendentales el Consejo sitúe a jueces sustitutos, teñidos de interinidad y cuestionable experiencia? A estas alturas voy a permitírmelo: imaginaré que el lector dispone de tantas respuestas como yo.

En torno al disparatado expediente disciplinario que ha dado lugar a mi suspensión, por ahora se divisan variadas fases. En junio de 2012, reinicié el caso Blesa. A continuación, la Fiscalía de Madrid inspeccionó en secreto mi Juzgado. Entre julio y noviembre, los fiscales rastrearon con lupa buscando errores, deficiencias o motivos de sanción que no encontraron. Tal vez informaron de esta circunstancia al Consejo. Lo que más resalta de estas pesquisas es que no se documentasen. Sin duda se cursaron escritos, pero desaparecieron. ¿Quién responde de esta falta de custodia o destrucción de documentos? ¿Por qué no se me informó de las pesquisas? Después de escudriñarme sin que constaran deficiencias, ¿qué sentido tenía volver a inspeccionarme en enero de 2013?

En noviembre se acordó la inspección ordinaria de mi Juzgado. El secretario judicial comenzó a intoxicar el ambiente. Tres funcionarias se alinearon en sintonía, hartas de que yo les dispensase, a su juicio, más trabajo del que consideraban exigible. Manipularon al resto de los funcionarios e intentaron que declarasen contra mí ante los inspectores del Consejo. No lo consiguieron.

El secretario se reunió con dos miembros de la Comisión Inspectora. Decidieron escudriñar resoluciones para tratar de detectar alguna falta disciplinaria. Husmeando y escarbando entre decenas de miles, desentierran cuatro. Por una parte, se trataba de dos sentencias de faltas. Yo absolvía, como de costumbre, a sendos viajeros sin billete en el metro de Madrid. No consideré de ningún modo que concurriese estafa. Por otra parte, entre miles de autos, hallaron dos que me habían revocado. En uno archivé el procedimiento porque los hechos no constituían delito. En el otro, porque no existía el menor indicio de criminalidad.

No había dónde rascar disciplinariamente contra mí. En principio, la Inspección no salió como los tramoyistas esperaban. La Jefa del servicio, Virginia García Alarcón, manifestó que así no podía justificarse la apertura de un expediente disciplinario. Fue entonces cuando tiraron de la bala de la recámara. Después de practicada la inspección, en febrero, apareció un informe de la fiscal Armesto. Contenía toda clase de incoherencias y falsedades sobre mi trabajo en el Juzgado.

Nombrado un instructor del expediente, renunció a tramitarlo. El segundo aceptó. Se oscureció la imputación para que no pudiera defenderme. Aplicando El proceso de Kafka, el Consejo me transformó de nuevo en el señor Josef K. El instructor, Álvaro Domínguez Calvo, mantuvo que dicté resoluciones totalmente inmotivadas, y mencionó las cuatro que señalé anteriormente. Pero, por un motivo más esperpéntico, el citado instructor quizá pase a los Anales del Despropósito Disciplinario. Es cierto que se acomodó a los ritmos acelerados que le impuso el Consejo General del Poder Judicial. El presidente de este organismo expresó ante medios televisivos su deseo de que mi expediente «llegase a buen fin». El día en que iba a declarar un abogado que denunció a la fiscal Armesto, el mío no pudo comparecer. Padecía un cólico nefrítico. Una compañera de despacho se personó ante Domínguez Calvo y le aportó el parte de baja, solicitando la suspensión del acto. El instructor y la fiscal en el expediente disciplinario no creyeron que mi abogado estuviese enfermo. Concibieron una idea descabellada. Es lo que tiene trabajar en la impunidad. Uno conduce a velocidad tan inadecuada que descarrila el procedimiento y lo envía al abismo de la sinrazón. Para comprobar la veracidad del parte de baja aportado por mi abogado, Domínguez cometió varias infracciones graves. En primer lugar, emitió un requerimiento mediante carta-orden. Cuando alguien instruye un expediente disciplinario, nunca se comporta como juez sino como funcionario público común. No enjuicia ni instruye delitos, sino faltas disciplinarias y administrativas. Pese a ello, como si se tratase de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia en un proceso judicial, Domínguez acordó un requerimiento judicial. Esta carta-orden la remitió al Juzgado de Guardia de Diligencias de Madrid. Sin embargo, a este servicio de guardia sólo competen cuestiones penales graves y de urgente tramitación, tales como levantamientos de cadáveres, entradas y registros o entregas controladas.

¿Qué orden contenía el requerimiento de Domínguez? Ordenaba al Juez de guardia que tirase del forense, lo enviase al domicilio de mi abogado, y certificase si estaba enfermo. Hablamos de un proceder rebuscado y extravagante. Además se supuso que un médico había mentido en su parte de baja, fingiéndose una enfermedad. ¿Qué condición psicológica puede esperarse de quienes, sin el menor indicio, proyectan tales conductas en los demás?

El juez de guardia de diligencias se sumó a estos despropósitos. Para tal fin, movilizó a todo el Juzgado a las 7.50 horas. Cuando la secretaria judicial, Resurrección Utrilla, le manifestó que cometía una atrocidad, le respondió de malas maneras: «Tú te callas. Ya he hablado con Álvaro. ¡No se te vaya a ocurrir contarle algo a Elpidio de todo esto! Si lo haces, te fulmino». ¿Quién era juez de guardia ese día? Juan Antonio Toro Peña, sustituto natural en el caso Blesa mientras se tramitaba mi recusación.

Lo relatado refleja la marca de calidad de los procedimientos españoles. Cuando el juez no se muestra colaborador, se convierte en diana que acribillan los acosadores. Para tumbarle, vale todo. Los expedientes disciplinarios tienen fauces, son carroñeros. En España no hace falta matar. Se practica una violencia dulce: te apartan o suspenden, o te van arruinando la vida cansinamente. Los procedimientos para conseguirlo son mascaradas. Se tramitan por calles plagadas de ratas, desperdicios y socavones. Dará igual lo que alegues. Aplicarán manuales perversos, embrollarán todo y te arrastrarán irremediablemente, con una falsa urbanidad cínica y zafia, adonde hayan decidido de antemano. Desmesuran todas las estimaciones al evaluar tu conducta. Juegan a la antología del disparate, a transmutar permanentemente el orden de las cosas. Encarnan la tramoya. Convierten en charco una gota de agua; en intento de violación, una caricia; en desobediencia, no recoger notificaciones; en faltar a la reserva, manifestar que hay imputados coaccionando a peritos; en retraso de asuntos, asistir a congresos; o en no atender al Juzgado, instruir el caso Blesa. Es una mentalidad de travestismo conceptual, como si los taxistas no condujesen vehículos, sino la senda de nuestro destino. Si no fuera porque afecta al sustento y al funcionamiento de la Justicia, reiríamos como lo hacen en El ángel exterminador.

España no acata las mínimas exigencias de respeto a la Justicia. Los jueces deben hacer literalmente lo que se les diga. Peor que un militar de campaña, porque éste oye la orden. El juez debe imaginar que existe y acomodarse al mandato que flota invisible en el ambiente. De lo contrario se abrirá la puerta a que le cesen, aparten o suspendan en el cargo. Y para alcanzar este fin valdrá todo. Este proceder nos saca del Estado de Derecho, sepultándonos en un autoritarismo inconfesado, de niebla. Revelamos así taras muy antiguas, nuestra genética de la tropelía y ruindad institucional. Hasta el día de hoy, el Consejo no ha tomado la menor medida contra Domínguez Calvo. Ni siquiera ha entendido que sus abusos hayan causado la menor nulidad del expediente disciplinario que me instruyó. Tampoco que deban impulsarse las responsabilidades penales del instructor o la fiscal en el expediente, o del juez de guardia que obedeció resoluciones coactivas y de acoso tan grotescas. Al contrario, quizá Juan Antonio Toro, mi sustituto en el caso Blesa, sea premiado y pase a convertirse en vocal del Consejo. Las contraposiciones y diferencias de trato escandalizan. Ante la sarta de abusos se permanece impasible. Pero la Fiscalía se querelló contra mí por desobediencias indescifrables que nadie evidenció jamás.

Gracias a esa tramitación esperpéntica, se organizó una carrera de velocidad entre el expediente disciplinario y la instrucción de los casos Blesa y Banco de Miami. Entretanto, el circo y las payasadas de algunos tertulianos y medios de comunicación celebraban este deshonroso proceder, impropio de un Estado que pretende emular el entorno de la Unión Europea.

Antes del mes de agosto de 2013 se había cocinado la bazofia de mi suspensión. La fiscal pidió tres años; el instructor, uno y medio, y el Consejo rebajó a cuatro meses. Algunos vocales leales a su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución forzaron una reducción de la sanción. Tal rebaja significa que no cesaré en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, pues tal consecuencia exige suspensiones superiores a seis meses. Pero propuestas que discurren por espacios tan amplios (de cuatro a 36 meses) ya nos lo sugieren por sí solas. Deambulamos por los territorios del disparate.

La Justicia sometida a este itinerario vergonzante yace desahuciada.

En lo que a mí respecta, a estas alturas de mi vida profesional, cuanto he relatado está más que descontado. Gajes del oficio. Sabía cuánto exponía instruyendo los casos Blesa y Banco de Miami. Lo siento más por los españoles que hayan tenido que contemplar cómo su país no supera el rasero del tercermundismo judicial más estricto. Todo se compensará si muchos ciudadanos se enteran de la verdad judicial en que vivimos. Y no me refiero a la imagen de esos fastos y aparatosos actos de apertura del año judicial. Da vergüenza el oropel de escudos, togas y puñetas que ya nada significan. Algunos partícipes deberían mostrarse cubiertos de harapos mendigando más poder. Los fiascos aumentan directamente en proporción a nuestra presunción de éxito. La Justicia española es la invariable y secular crónica de un fracaso. Cuanto antes lo aceptemos, más pronto la renovaremos.

RECUSACIONES, QUERELLAS Y DÉCIMO EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

Amenazas a peritos

Después del expediente disciplinario anterior, se me ha incoado otro, tal vez el décimo de mi vida profesional. La causa formal es la supuesta falta de reserva respecto de datos provenientes de la instrucción de los casos Blesa y Banco de Miami. Pero es falso, esa causa es una pantalla. En realidad se me sanciona por haber manifestado que determinados miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid han amenazado a los peritos del caso Blesa. Este expediente es tan colosalmente grotesco que me he negado, por primera vez, a comparecer ante el instructor. En ningún momento he faltado a mis deberes de reserva. Los denunciantes presionan porque saben que el Consejo va a colaborar no archivando de plano. Al contrario, impulsa, expedienta y sanciona. Se pretende mi inexistencia, que no hable con periodistas, que no me exprese en absoluto. Buscan arrinconamiento y mordaza, esperando a que puedan deshacerse del juez incómodo sin el menor obstáculo. Operan con una tremenda variedad de formas de acoso. Se apuesta en el casino, pero nunca se pierde. Todo lo más, no se gana lo esperado.

Blesa me denunció ante el Consejo por haber declarado a eldiario.es lo siguiente: «A mí me ha manifestado un perito de KPMG que ha recibido amenazas por la práctica de su prueba pericial». Y me han denunciado pese a que este dato no me lo suministraron ni lo conozco por mi actividad instructora. A causa de mi recusación, hasta el día de hoy no he sabido judicialmente de tales supuestas amenazas. Los peritos se limitaron a manifestarme su inquietud.

No es fácil hallar expertos de altísimo nivel, imprescindibles para examinar las profundas complejidades de causas como los casos Blesa y Banco de Miami. Si a este obstáculo agregamos la posibilidad de que los peritos reciban amenazas, a la postre ningún profesional querrá trabajar con el instructor, lo que implicará que la investigación encalle desasistida. Así de sencillo. ¡Qué forma más limpia y dulce de cargarse el proceso! No hay peritos, no hay investigación. Además, la denuncia de estos personajes y la acogida del Consejo impone una censura autoritaria. No sólo se entorpece el proceso: también hay que mantener la boca cerrada.

Algún ingenuo me dirá: «No es para tanto, Elpidio, siempre podrás apoyarte en el Banco de España o en la Agencia Tributaria». Nada más lejos de la realidad. El Supervisor es parte del problema. Ningún instructor debería acudir al organismo que, durante decenas de años, ha permanecido pasivo frente a una gestión bancaria muy irregular, cuando no criminalizada. En cuanto a la Agencia Tributaria, ¿qué voy a decir? Pertenece a la Administración Central del Estado dependiente del Gobierno.

Sólo cabe que el juez busque personalidades aisladas, caracterizadas por su imparcialidad y honestidad manifiestas. Los profesionales que trabajen para consultorías especializadas en forensic no querrán participar en el peritaje. Saben que, ante amenazas y coacciones, no recibirán protección. Nos quedan los funcionarios públicos de reconocida integridad, muchos más de los que pudiera imaginarse. Pero las administraciones donde trabajen, dependientes del Poder Ejecutivo, no autorizarán su intervención en la pericia. Si, pese a todo, el instructor insiste en nombrarles disponiendo de las facultades desmesuradas que otorga la ley, no podrán asistir a sus destinos administrativos. Tendrán que cesar en los mismos, pero no habrá cómo pagar el peritaje. Hablo de trabajadores que dependen de una nómina. Forzarles a peritar sin cobrar periódicamente resultará, de todo punto de vista, desproporcionado. Ésta es la calamitosa situación de nuestra regulación procesal.

La referencia que facilité a eldiario.es no incluía identidades, sino la mera mención de las amenazas a peritos. No son datos del proceso. Me lo relataron los peritos soliviantados en mi despacho. De modo políticamente correcto, intentaban trasladarme algo evidente: «Así no podemos trabajar».

Recusaciones temerarias

Junto con los expedientes disciplinarios, otra táctica de la defensa de Blesa ha sido recusarme de modo reiterado y temerario. Pensar que yo pueda tener enemistad con tal imputado es absurdo y falso. Archivo un procedimiento, lo reaperturo dos años más tarde, e intento inhibirme a la Audiencia Nacional. ¿Dónde reside el odio o aversión? ¿Nació entre el archivo y la reapertura? ¿Entre la reapertura y la inhibición? ¿Cuál es el evento que delataría la animadversión?

Más ridículo aún es argumentar mi pretendido interés en el procedimiento. ¿Quién imagina provecho donde sólo hay un auténtico marrón judicial y personal? ¿Cuál es el rédito en un vía crucis de expedientes, sanciones, exposición a difamadores, pérdidas de sueldo, enorme carga de trabajo y la sospecha de que no se va a llegar a ninguna parte porque elementos inimaginables se pondrán contra ti?

Las recusaciones se basan en que mis resoluciones no gustaron al imputado. Mi parecer acerca de la gestión bancaria criminalizada no fue de su agrado. No hay más. «¡Eh, no me gusta este juez, tenga la bondad, cámbielo de inmediato, sírvame otro!»

Finalmente, el Ministerio Fiscal se ha anticipado al propio Blesa y se ha querellado por mi instrucción en los casos Blesa y Banco de Miami. Esta maniobra culmina el intento de arrasar ambos procedimientos. Y lo triste es que casi lo están consiguiendo.

Esta querella no es que carezca del menor fundamento. Es aún peor. Enlaza con la maniobra de acoso sistemático que comenzó a mediados de 2012. Además, tiene un propósito oculto, muy ilegítimo: fortalecer la tesis de mi enemistad con Blesa, tendente a que la Audiencia Provincial me recuse. Y, de cualquier modo, hallándome imputado por tal querella, debo abstenerme de conocer. Es la última acción para intentar hundir los casos Blesa y Banco de Miami.

DESENLACE Y SECUELAS

Que yo pueda salir reforzado de todos estos frentes no es la cuestión. Salga yo bien o mal parado, la Justicia acabará perdiendo. Una Justicia desahuciada trasciende entre tanta conducta aberrante. En la zarza de la impunidad crecen los espinos que ahogan a la Justicia. Si la ciudadanía no clama frente a este gigantesco agravio, nunca alcanzaremos un lugar digno entre las naciones que nos rodean. Países como Francia o Gran Bretaña nos han precedido a la hora de poner a la Justicia donde se merece entre los poderes constituidos de un Estado democrático. En un país plegado a la corrupción, si la Justicia no reúne mínimos de independencia, lo sustancial no será la pérdida del juez o la ganancia del delincuente. Lo sustancial será que la mejor ciudadanía quedará abandonada, y la justicia, desahuciada. Causas judiciales como el caso Blesa o el caso Banco de Miami constituyen parte del relato de cómo se han gestionado las cajas de ahorros. Hablo de una historia de tribulaciones a todas las españolas y españoles. El extendido quebranto de las cajas nos ha conducido a uno de los rescates financieros más desmesurados de la historia. España podría encallar durante varias generaciones. Contar a los españoles y españolas que nuestra Justicia se halla varada, cautiva entre los barrotes del poder, inyectará indignación a nuestra impotencia. Pero, sobre todo, implicará privar a la ciudadanía del único punto de encaje que quizá le reste con el poder establecido: que se haga justicia.

EPÍLOGO DE CÓMO ESPAÑA NO ES PAÍS PARA JUECES

No tengo miedo. Sólo me da vértigo.

Necesito reducir la distancia entre mi enemigo y yo.

Enfrentarme con él horizontalmente.

RENÉ CHAR

La verdad es un camino. No se encuentra en ninguna parte. A ella no llegas, la ocupas y te pertenece. Esa noción es de saqueadores y confiscadores. También apetece a inquisidores y poderosos manipuladores de palabras. Yo prefiero pensar en una verdad compartida a lo largo de sendas por donde muchos acordamos circular.

Al instruir los casos Blesa y Banco de Miami no me equivoqué. No cometí los errores que me atribuyen algunos plumíferos y farsantes. Tampoco quiero decir que alcanzase la perfección. Es imposible de acariciar a través de procesos judiciales, y menos aún si nos referimos a la caduca Justicia española. Sin embargo, a estas alturas, a tenor de cuanto ha sucedido, estoy en condiciones de asegurar que mi error fue acertar demasiado. Como dijo Quevedo, «donde hay poca justicia es un peligro tener razón». Demasiado pronto fui recorriendo el conjunto de evidencias relacionadas con la pésima gestión financiera en nuestro país. En seis meses no había recogido todas las pruebas existentes, pero conocía sus emplazamientos y las sendas para ir y venir sin perderme en el laberinto.

René Char pensaba como Michel Serres, y confirmó que ésta era la forma de penetrar en la verdad. Recorramos itinerarios y aprendamos la enseñanza que se va recolectando durante los tránsitos:76 «Dos orillas necesita la verdad: una para nuestra ida, otra para su regreso. Caminos que beban sus brumas. Que guarden intactas nuestras risas felices. Que, incluso rotos, sigan siendo salvadores para nuestros hermanos que nadan en aguas heladas».

René Char menciona una verdad en que el barquero va y viene, de caminos despejados para contemplar el horizonte. Es una verdad de movimiento, gozosa y esperanzadora, en que aun atrapado en el hielo, nunca te rindes. Lo sabes. Volverás a transitarla. Todas estas formas de la certeza se lidiaron en mi instrucción. Recorrimos los protocolos, irregularidades y vericuetos de la gestión bancaria; desvelamos intenciones y resultados ocultos. Nos entregamos a fondo. Y ahora, cuando todo se halla congelado, sin embargo, sabemos lo acontecido. Lo demostraremos en cualquier momento. Somos conscientes. No nos cabe duda: tarde o temprano llegará el deshielo de la verdad congelada en estas causas procesales.

Tal vez me equivocase descubriendo demasiado pronto las claves de la investigación. Quizá debí atemperar pasos y tiempos. Acaso hubiera sido buena idea ser astuto y ocultarme tras alguna curva del proceso. Nadie me vería venir. Pero muchos ya me conocían de antiguo y se temieron que no iba a aflojar la marcha. Ni estaba dispuesto a ralentizar, ni a jugar como un tahúr escondiendo cartas. Los imputados tienen derecho a que el juez les cuente, a través de sus resoluciones, los hallazgos esenciales del proceso. Es una regla esencial de nuestro sistema. Creo en ella y no la socavé. Fui revelando lo primordial y respeté el derecho de defensa.

La verdad, incluso congelada, preocupa a los malhechores y a quienes nunca interesa su difusión. Alrededor de los casos Blesa y Banco de Miami, nuevas perspectivas, sospechas, indicios y evidencias, que en principio no se mencionaron, van emergiendo de modo paulatino pero incontenible. La verdad, como el agua o el aceite, tiende a esparcirse de modo molesto, inesperado e irrefrenable. Aquello de lo que no se habló al principio, con el tiempo se va convirtiendo en la mayor certeza. Congelar el desarrollo de las causas, paradójicamente, está despejando mucha niebla alrededor de la instrucción de los casos Blesa y Banco de Miami. La gestión financiera de muchas cajas de ahorros se comienza a clarificar como la clave indiscutible de su hundimiento. Lo descubierto en estos casos va traspasando las fronteras del proceso, y la ciudadanía se pregunta por qué han sido congelados. La mentalidad de nuestros jueces no ha estado a la altura, pero la sociedad tiene razones que la Judicatura desconoce. La verdad es para sí y para el entorno que la circunda. En ese halo que la rodea no se menciona, aunque ya exista como la lealtad del fruto que se promete en la semilla. Cuando las evidencias e indicios de un proceso van madurando, reclaman ser difundidas, y entonces ocurre que una verdad despierta, se renueva y sigue creciendo cimentada sobre aquella verdad inicial.

Vamos tomando conciencia, paulatinamente, de que la gestión de las cajas de ahorros ha constituido una de las claves de nuestro desastre financiero. Porque una Audiencia Provincial no lo entienda, tal certidumbre no dejará de crecer, sino más bien todo lo contrario. La verdad irá tejiendo puentes entre las diferentes causas penales de mayor relieve en nuestro país. Los casos Blesa, Banco de Miami, Bankia, tal vez Gürtel, o la posible estafa a cientos de miles de preferentistas constituyen procesos alrededor de la pésima gestión de Caja Madrid. Y esta evidencia va emergiendo con libertad en torno a las causas judiciales, e incluso al margen de las mismas.

La verdad habita en ese entorno difuso, en el territorio indeterminado que constituye el silencio que siempre la rodea, pero ese mutismo hoy clama por ser pronunciado a gritos. Y en esta coral, la ciudadanía tal vez arranque iniciativas que la Justicia, temerosa o ignorante, no se atreve o no sabe encaminar.

Determinada prensa muy manipuladora se refirió a mis siete pecados capitales al instruir los casos Blesa y Banco de Miami. No voy a analizar en profundidad la falsedad de estos reproches. Jugamos con una moneda de dos caras, cuya cruz es el engaño, sin que me costase esfuerzo mostrar el rostro de la verdad. Sin embargo, existe otra moneda cuya cara confirma la bondad de lo instruido, pero con una cruz que fractura la instrucción, pues defendiéndome incumplo la debida reserva. Alguien podría manifestarme que no sería tan grave. Tal vez me expedientarían, pero otro juez instruiría la causa. Así me justificaría a mí mismo, y se abriría la puerta de mi entera exculpación, razonando explícitamente la bondad y pleno acomodo legal de mi instrucción. El problema es que no sé si muchos jueces impulsarían estas investigaciones. Apartado definitivamente de la instrucción, es probable que estas causas se congelasen definitivamente.

En el minúsculo relato Ante la ley de Kafka, se narra el temor de un campesino a abrir la puerta de sus derechos. Se deja atemorizar por un guardián de apariencia poderosa que le prohíbe el acceso a la ley. El pavor impide a esta persona desafiar al guerrero manipulador. Opta por engatusarle mostrándose paciente y sumiso. Pasan los años y el campesino no lo consigue. Se va encogiendo de tamaño sin entender por qué sólo él ha permanecido siempre allí, ante las puertas de la ley. Antes de que muera, el portero le confiesa los motivos:77 «Todos se esfuerzan por llegar a la Ley —dice el hombre—. ¿Cómo es que en todos estos años nadie excepto yo ha pedido que le dejen entrar?». El portero se da cuenta de que el hombre ya está llegando a su fin y, para alcanzar aún su oído, que se va extinguiendo, le ruge con fuerza: «Nadie más podía tener acceso por aquí, pues esta entrada estaba destinada sólo para ti. Ahora me voy y la cierro».

El campesino era el elegido, el único llamado a penetrar en el reconocimiento de sus derechos, pero la cobardía y la obediencia ciega le condenaron a truncar su destino. El relato nos habla de los guardianes de las normas como personajes monstruosos, sádicos y tiranos que impiden a las personas ejercer sus derechos. A la ciudadanía se le está negando el relato de lo sucedido durante quince años en nuestras cajas de ahorros. Y a mí se me impide que desarrolle la investigación correspondiente a una parte de esa historia. El guardián de Kafka existe, se ha hecho real en España, y exige acatamiento y miedo. Parte de la ciudadanía no quiere conformarse, y yo tampoco. Pero el cancerbero español acude también a toda clase de trucos. El de Kafka parecía un vigilante fornido y terrible, amenazando con la existencia de otros guardianes aún más poderosos en el interior de la ley. El centinela español maneja prensa acólita y mercenaria, organismos rendidos a la manipulación y una Fiscalía que no conjuga debidamente el verbo acusar. Sin embargo, estamos tocando a la puerta de nuestros derechos y libertades. La humillación y el encogimiento nunca serán la clave para entrar. Es cierto que el cancerbero español maneja trucos muy sofisticados y dice al juez: «Te acuso de instruir mal los procesos, pero prohíbo que te defiendas demostrando lo contrario, porque ya sabes que no puedes hablar de ellos. Si lo haces, los perjudicarás, infringirás tus obligaciones y te apartaremos de la instrucción. Y, como sabes a estas alturas, nos hemos encargado de atemorizar a tus compañeros a través tuyo. Pocos, salvo tú mismo, van a estar dispuestos a investigar sobre Blesa o el Banco de Miami. ¿Qué te parece este ardid? Anda, no incomodes más, siéntate en ese banquillo de resignación y espera a que pasen los años».

Sentado en ese banquillo de fría piedra, reproches disciplinarios y acusaciones falsas, decidí escribir este libro. A lo largo de la obra he venido describiendo la sarta de trucos y manipulaciones que los guardianes están urdiendo. Pretenden que la ciudadanía enmudezca. Imponen a los jueces serias dificultades al elaborar el relato de la gestión financiera que, sin duda, nos ha conducido al mayor atolladero económico de nuestra historia reciente. Nos encontramos a las puertas de la adecuada protección de los intereses generales ciudadanos, pero también ante un panorama desolador que compromete a varias generaciones.

Acaso ya no seamos el humillado aparcero de Kafka, resignado a que un portero grotesco le impida ejercer sus derechos. Pero no bastará el coraje en defensa de lo propio. Aparte de la resistencia de instituciones decadentes y en proceso de podredumbre, hay muchos ciudadanos abatidos. Se resignan pensando «esto es lo que hay», tendidos sobre un nihilismo sartriano de marca hispánica. Otros han desconectado de una realidad institucional ineficaz, que no funciona ni ofrece la menor confianza. Y los corruptos van culminado sus propósitos, porque si no creemos en la Justicia, nadie gana más que el delincuente. Además, apenas nos recuperamos de la falsa euforia que nos organizaron durante quince años porque, como nos cuenta Ismaíl Kadaré, no es fácil despertar: «La ciudad duerme, cansada tras la fiesta... Morirá en sueños, sin haber podido abrir de nuevo sus ojos aterrados».78

Nuestro festín de burbujas y ladrillos nos ha sumido en un sueño del que no acabamos de salir. Ni jueces, ni fiscales, ni gran parte de la ciudadanía termina de aceptar lo que sucede ni, sobre todo, las consecuencias que nos aguardan. Tal vez «moriremos en sueños», sin capacidad de reaccionar, hartos de pagar por esta crisis. Todos hemos contribuido a su llegada, pero otros se han beneficiado principal y manifiestamente. Esta narcosis, el sueño en que nos sumió la quimera del ladrillo, es el invisible caballo de Troya que está aniquilando nuestro Estado social. El despertar apenas se produce y, cuando asoma, los guardianes pegan duro y apagan los intentos de abandonar el sueño.

Finalmente, está el sufrimiento de muchos. Un dolor terrible por enfermedades para cuyo remedio no hay dinero, ancianos abandonados a su suerte, jóvenes que no pueden acceder a la universidad, una cultura que muere frente al olvido y sus tributos, los suicidios y la amargura interminable de los desahucios. A esta aflicción se suma el desasosiego de la indignación. La ciudadanía expresa señales crecientes de alarma. No da crédito ante una Justicia maniatada por la Fiscalía y desahuciada por el Gobierno y el propio organismo llamado a ampararla, el Consejo General del Poder Judicial. Estos golpes de los heraldos negros paralizan, como nos recuerda César Vallejo:79

Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé!

Golpes como del odio de Dios; como si, ante ellos,

la resaca de todo lo sufrido

se empozara en el alma... ¡Yo no sé!

Son pocos; pero son... Abren zanjas oscuras

en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte.

Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas;

o los heraldos negros que nos manda la Muerte...

Los heraldos negros dejan a la ciudadanía sumida en el pesar, sin respiración, rendida a los designios de los poderosos, como si de verdad nuestro destino no tuviese más remedio que ser nefasto.

No erré en la instrucción de las causas judiciales relacionadas con la gestión de Caja Madrid. Es falso. Para el buen fin de estos procesos, por ahora, yo no me defenderé hasta sus últimas consecuencias. Pero este hecho no convierte la mentira en acierto. Tal paradoja más bien revela lo contrario, la trampa que se tiende a la verdad. En el mismo laberinto donde los inocentes sobreviven confinados, los malvados disfrutan escondidos. Lo que a éstos sirve de escapatoria, a las víctimas atrapa. El Poder Judicial no sobrevive a nuestra bancarrota institucional, a los saqueadores y descontrolados de siempre. Algunos disponemos del hilo de Ariadna para entrar y salir de los escondrijos. Acabaríamos con el minotauro. Liberaríamos a la justicia. Pero nos suprimen. Por ahora España no es país para jueces.

ANEXO

A continuación recojo el escrito de amparo que confeccionaron mis abogados:

AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Don Elpidio José Silva Pacheco, Magistrado y en la actualidad Juez del Juzgado de Instrucción n.° 9 de Madrid, con dirección a efectos de notificaciones en la sede del Juzgado de Instrucción n.° 9 de Madrid, sito en Plaza de Castilla n.° 1 de Madrid, ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial comparezco y como mejor en Derecho proceda DIGO:

Que por medio del presente escrito y a la vista de los acontecimientos y comportamientos injustificados y absolutamente desproporcionados que se vienen concatenando sobre mi persona, y que atentan contra mi integridad moral, contra la independencia necesaria para el ejercicio de la función pública y en particular para el ejercicio de la potestad jurisdiccional y que viene siendo ejercida por parte de varios miembros del Consejo General del Poder Judicial, su propio Presidente; por parte del Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix Blázquez; por parte del Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban Rincón; por parte de Álvaro Domínguez Calvo, Instructor del Expediente Disciplinario 19/2013, indebidamente incoado a Elpidio José Silva Pacheco; por parte de la fiscal M.ª Jesús Armesto Rodríguez; por parte de los Inspectores del Consejo General del Poder Judicial,...,...,..., y...; y por parte de variados medios de comunicación, debiéndose señalizar las injerencias abiertamente protagonizadas por el periodista Carlos Herrera Crusset; por parte del expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Manuel Conthe Gutiérrez; sin perjuicio de las personas o grupos respecto de los que corresponda extender actuaciones, a resultas de la investigación o depuración consecuente, en su caso, como consecuencia de su formulación; vengo a solicitar AMPARO AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL y a DENUNCIAR ANTE EL MISMO ÓRGANO el acoso institucional y mediático que vengo sufriendo desde finales del mes de noviembre de 2012, desde el mismo momento que se procede por el Juzgado de instrucción n.° 9 de Madrid a la reapertura de las Diligencias Previas 58/2010 denominadas ya cotidianamente como caso BLESA (aunque no se comparte tal denominación para referenciar una instrucción penal de gran profundidad e interés penal, con un n° variado de imputados y un potencial espectro de organigrama, perjuicios e intervinientes sumamente amplio); todo ello, sobre la base de las siguientes ALEGACIONES:

PRIMERO: ALEGACIONES DE DENUNCIA POR ACOSO LABORAL INSTITUCIONALIZADO Y SOLICITUD DE AMPARO CONTRA DETERMINADOS MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DEL MINISTERIO FISCAL.

Es preciso destacar, en primer lugar, la conexión espacio-temporal que existe respecto de la presión a la que viene siendo sometido mi juzgado y particularmente este magistrado por los poderes públicos del Estado (Fiscalía y Consejo General del Poder Judicial), que nace, precisamente en el mismo mes en el que se acuerda la reapertura de la investigación penal del mal llamado caso Blesa.

Entiendo que no hace falta que recuerde el amplio historial de investigaciones institucionales que vengo sufriendo desde que empecé a ejercer la función jurisdiccional allá por el año 1991.

Por mi carácter de independiente, por no haber permitido la injerencia en el trabajo que realizo y desempeño, por no sucumbir a las presiones de ciertas «personalidades y autoridades», me he visto perseguido, acosado y vilipendiado interna y públicamente en el sistema judicial.

Siempre he defendido que el ejercicio de la potestad jurisdiccional ha de ser ejecutado por parte de sus miembros desde la más íntima independencia personal, sin responder a estímulos externos, tales como el poder, el dinero, la fama, los premios o la presión institucionalizada del propio sistema... Pero, deduzco, tras mis largos años de carrera y mis múltiples destinos dentro de la Judicatura, que en lugar de ser independiente, debí haberme dejado llevar por las corrientes del sistema, en lugar de remar en contra de cierto poder establecido o institucionalizado, cruzando determinadas líneas rojas (invisibles para los ciudadanos, pero, muy marcadas para los profesionales que trabajamos en la profesión pública jurisdiccional); las cuales, en un sistema democrático como el español, en absoluto debieran existir.

No es preciso hacer referencia a que por parte de ciertos miembros del Consejo General del Poder Judicial, por parte de «compañeros» del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y por parte de la Fiscalía Superior de dicha comunidad autónoma, durante los años 2006 a 2010, recibí un trato desconsiderado, denigrante, desmedido, degradante e injustificado, máxime cuando me encontraba aquejado de un trastorno transitorio de estirpe laboral (nunca calificado médicamente como enfermedad común, sino como ACCIDENTE DE TRABAJO), el cual (como es ampliamente conocido por el propio Consejo General del Poder Judicial, en relación con los expedientes que se me abrieron, muy injustificadamente, en dos ocasiones para la jubilación forzosa) se denominó, por determinados expertos en psiquiatría y psicología, como ACOSO LABORAL o compatible con un ACOSO INSTITUCIONAL.

Mientras sufría tal situación de baja, a todas luces constitutiva de accidente laboral, fui perseguido, inquietado y alterado por reiterados requerimientos de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, de la Comisión Disciplinaria, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y por diversos instructores, para someterme a una especie de estudio o examen forense, con el objeto de tratar de incapacitarme para la función jurisdiccional, con el objeto de intentar demostrar que mi enfermedad no se encontraba relacionada con el estrés y el acoso laboral sostenido; todo ello, bajo un singular impulso tan inexplicable como exorbitante del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco Rodríguez.

Teniendo conocimiento el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y el instructor del expediente de que mis padecimientos se encontraban contrastados por los informes médicos aportados, y siendo plenamente conscientes de que el forense que me valoró de forma exhaustiva venía a señalar que mi incapacidad temporal se encontraba relacionada con el ambiente laboral; pero, que en ningún caso padecía enfermedad de carácter invalidante para el ejercicio de la función jurisdiccional, se me abrieron dos expedientes disciplinarios por supuesto abandono del servicio y por si fuera poco se me dedujo testimonio para proceder contra mí por un supuesto delito de desobediencia.

Como tendrá constancia el Pleno, tales expedientes acabaron en sendas sanciones, posteriormente anuladas por el Tribunal Supremo.

Recientemente, el Juzgado de lo Penal de Cuenca me absolvió de la asombrosa y artificial acusación de desobediencia que, orquestada desde el propio Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía Superior de Castilla-La Mancha, se formuló contra mi persona. El contenido de esta Sentencia ha sido tan indubitado, marcándose tan claramente que la acusación carecía del menor sustento, que la misma no se ha recurrido por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, por cuyo único impulso acusatorio se había constituido la causa en el plenario correspondiente. Y debe retenerse que en esta causa penal se volvían a reproducir íntegramente cuantos extremos y circunstancias pretendidamente fundamentaban las imputaciones disciplinarias por la comisión de sendas faltas disciplinarias de desobediencia. Por ello, la absolución penal contiene, implícitamente, de modo material, lo insustancial de la imputación disciplinaria formulada en su día por el Consejo General del Poder Judicial.

A pesar de tener conocimiento el Consejo General del Poder Judicial de que mi estado emocional y psicológico estaba correlacionado con las presiones institucionalizadas sufridas en la Audiencia Provincial de Cuenca, y a pesar de que los informes médicos recomendaban un cambio laboral que solucionara mis problemas, al mes de ocupar la plaza de Magistrado en el Juzgado de Instrucción n.° 9 de Madrid, el 3 de junio de 2008, se acuerda una medida cautelar de suspensión provisional de mis funciones, sin que en ningún momento se apreciara en mi comportamiento actuación contraria al funcionamiento del Juzgado y sin base científica o médica alguna.

Tras haber sufrido esta situación de persecución institucionalizada y ser apartado del servicio activo mediante una medida cautelar (y que ha afectado gravemente la marcha del Juzgado de Instrucción n.° 9 de Madrid), cuando el informe médico de síntesis de la Doctora Doña Pilar Baides Gonzalvo indica que no existen razones médicas que aconsejen la jubilación forzosa del Magistrado (como no podía ser de otra manera, pues el trastorno de personalidad mixta estaba relacionado con el largo acoso laboral sufrido en mi anterior destino), pese ello, el Consejo no acuerda de modo inmediato mi reposición al Juzgado de Instrucción n.° 9 de Madrid, sino que deja transcurrir los meses sin proceder en consecuencia, dejando el asunto en un auténtico «limbo jurídico» tan arbitrario como sorprendente y degradante. Y cuando finalmente se acuerda la reposición al cargo, en lugar de proceder al archivo del expediente, sin más trámites, en una especie de «berrinche institucional» impropio e exorbitante, se acuerda, sin justificación alguna, la apertura de un expediente disciplinario por abandono del servicio y una denuncia por un delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal, que es formalizada por la Fiscalía Superior de Castilla-La Mancha.

Ambos procedimientos artificialmente construidos contra mi persona fueron infructuosos.

Tras este penoso calvario, cuando por fin encuentro el sosiego necesario para ejercer la función jurisdiccional en el Juzgado de Instrucción n.° 9 de Madrid, en el año 2011, al año de haber tomado posesión en el puesto, se aprueba por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la realización de una inspección de carácter general ordinaria sobre el Juzgado.

La inspección, llevada a cabo por el Magistrado Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, concluye que EL AMBIENTE LABORAL ES CORRECTO, QUE EL NIVEL RESOLUTIVO ES SATISFACTORIO Y QUE EL JUZGADO FUNCIONA CON NORMALIDAD.

Por primera vez en muchos años, puedo desempeñar mi trabajo diario sin injerencias externas, ni persecución institucionalizada.

Pero desgraciadamente para mi persona, con motivo de la reapertura de las Diligencias Previas 58/2010 en el mes de noviembre del año 2012, y como quiera que dicho procedimiento debió causar alarma en un determinado sector del poder, en una sucesión extraña de sucesos, que pueden ser calificados como de acción-reacción o causa-efecto, empiezan nuevamente a surgir investigaciones internas, pesquisas por parte de Fiscalía y extraños movimientos de espionaje laboral.

Así, casualmente, y como reconoce el propio Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, en un escrito dirigido al instructor del expediente disciplinario 19/2013, en el mes de noviembre, a raíz de un escrito remitido por la Fiscal adscrita al Juzgado, Doña María Jesús Armesto, quien ha dado muestras de tener enemistad manifiesta con el Magistrado, se inician en el mes de noviembre (coincidencia temporal con la reapertura de las diligencias previas antes mencionadas) pesquisas GENERALIZADAS de investigación por la Fiscalía Superior de Madrid, por una supuesta desatención en el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Según se reconoce por el propio Fiscal Jefe de Madrid, la investigación (ajena a cualquier tipo procedimiento reglamentado) acabó archivada. Pero, tales pesquisas (1) no se documentaron, (2) no fueron objeto de traslado al afectado, (3) se instruyeron en secreto, (4) no se incorporaron a un expediente, y si se incorporaron a un expediente podría haberse hecho desaparecer, ya que su resultado fueron LA BUENA MARCHA DEL JUZGADO AFECTADO. Reténgase que ni siquiera se ha hecho un intento de reproducir el expediente por la Fiscalía, lo que hubiera sido sumamente fácil. Tal proceder se parece más a una tentativa de «purga judicial» que a una actuación propia de una Fiscalía integrada en un Estado de Derecho, debidamente documentada y fundamentada legalmente.

Curiosamente, al mes siguiente, el Servicio de Inspección, que depende directamente del Presidente del Consejo General del Poder Judicial, sin establecer un criterio ni dar razón alguna para ello, acuerda en su plan de visitas ordinarias, la inspección GENERAL ORDINARIA sobre el Juzgado de Instrucción n.° 9 de Madrid. ¿Casualidad? Evidentemente, por los antecedentes que he sufrido, no puedo permitirme el lujo de creer en este tipo de casualidades.

No existe razón alguna para que el Juzgado de Instrucción n.° 9 de Madrid, donde desempeño mi trabajo, sea sometido nuevamente y de forma sistemática a otra INSPECCIÓN ORDINARIA, cuando existen cientos de órganos jurisdiccionales en toda España sobre los que no se realiza una inspección desde hace más de 20 años.

Sin embargo, sobre mi juzgado, sin que medie denuncia previa que lo justifique, ni razón alguna basada en criterios estandarizados por el servicio de inspección para proceder al análisis del juzgado (retrasos, disfunciones, quejas, órganos de nueva planta, sobrecarga de trabajo...) se realiza una nueva inspección, tras haber sido inspeccionado exhaustivamente en el año 2011 por el TSJ de Madrid.

Es preciso hacer notar que el Juzgado de Instrucción 9 de Madrid fue inspeccionado por la propia Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid en el mes de abril de 2011. Las conclusiones de esta inspección no han debido de agradar a la Inspección del Consejo, pues en la misma no se recogía la necesidad de incoar ningún expediente disciplinario (pues no existía motivo para ello). Tras la reapertura de las diligencias previas, el Consejo decide otra vez una inspección exhaustiva sobre el Juzgado, siendo ésta la única razón por la que, una año después, otra vez el Consejo General del Poder Judicial, sin motivar la necesidad de inspección del Juzgado, acuerde una NUEVA INSPECCIÓN, con el noble propósito de conseguir, a cualquier precio, la apertura de un nuevo expediente sancionador. Expediente sancionador 19/2013 que se instruye en la sección 5.ª del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, bajo la batuta de un instructor, Álvaro Domínguez Calvo, que parece no haber ejercido nunca como Juez de Planta (primera instancia o Instrucción), y que da muestras evidentes de parcialidad, y de no conocer ni el funcionamiento de un Juzgado de Instrucción ni la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Como se puede comprobar la presión sobre el Juzgado y sobre el Juzgador nace y correlaciona intensamente desde el mismo momento en el que se tiene conocimiento de que en el Juzgado de Instrucción n.° 9 se ha acordado, en noviembre de 2012, la reapertura de las diligencias previas de investigación sobre determinadas actuaciones realizadas en el seno de la entidad Caja Madrid.

En dicha fecha, tanto la Fiscalía Superior de Madrid, como el Consejo General del Poder Judicial, casi de forma simultánea abren investigaciones o mejor dicho pesquisas, con el objeto de encontrar un punto de apoyo sobre el que pueda sustentarse cualquier tipo de acción administrativa o incluso penal, con el objeto apartar definitivamente al instructor del Juzgado, y convenientemente, del caso.

Por cierto, he de manifestar que ningún tipo de interés tengo en la instrucción de dicho procedimiento, pues, en cuanto tuve noticia del mismo, procedí prima facie a sobreseerlo provisionalmente y, ulteriormente, a remitirlo a la Audiencia Nacional. Órgano que pudiera ser competente para el conocimiento de la instrucción. La Audiencia Nacional consideró no ser competente y devolvió los autos, motivo por el cual me he visto en la obligación de instruirlo, con total independencia y profesionalidad.

Por tanto, tenemos el dato de que el Fiscal Jefe de Madrid abre una suerte de investigación sin sujetarse a ningún procedimiento o protocolo, con el objeto de encontrar cualquier tipo de irregularidad en el Juzgado o en el Juez que permita fundar una denuncia. Para ello se apoya en una de las fiscales adscritas al órgano, que ha dado muestras evidentes de animadversión contra el instructor. Al no poder encontrar nada destacable, como él mismo reconoce en un escrito que se encuentra aportado al expediente disciplinario 19/2013, procede a finalizar las pesquisas, a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial inicie una inspección en el Juzgado de Instrucción n.° 9, la cual se acuerda en el mes de diciembre de 2012, sin que consten los motivos por los cuales se decide, por el Consejo General del Poder Judicial, abrir una inspección a un Juzgado que había sido inspeccionado un año antes por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En el seno de la inspección realizada por la Unidad 7 de la Inspección del Consejo, existe una reunión entre los inspectores de la Unidad 7.ª y el propio Fiscal Jefe de Madrid, según reconoció la fiscal Armesto; y, en dicha reunión, le pidieron los inspectores a dicha fiscal un escrito de queja sobre cualquier tipo de incidencia que considerase de la actuación del Magistrado, para aportarla a la inspección del Juzgado. Este tipo de proceder, a estas alturas, va integrando el seguimiento de una especie de «manual de purga o acoso institucional».

Pero, el escrito de la Fiscal Armesto y que obra en el acta de la inspección NO VA DIRIGIDO A LA UNIDAD 7.ª, SINO QUE SE FORMALIZA COMO DENUNCIA O QUEJA AL FISCAL JEFE DE MADRID, y es éste quien a su vez lo remite a la inspección. Se trataba de hacer creer que la Fiscal presentaba una queja contra el magistrado, en lugar de realizar un informe para la inspección. La compañera de la fiscal Armesto firma una copia exacta del escrito de su colega: IDÉNTICO.

Sorprende hasta el momento la manipulación que de todo el procedimiento se ha llevado a cabo.

EN EL TRANSCURSO DE 4 AÑOS, HE SUFRIDO LA TRAMITACIÓN DE CUATRO EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS, UN EXPEDIENTE DE JUBILACIÓN FORZOSA Y UN PROCESO PENAL POR DESOBEDIENCIA. Es palmaria la animadversión expresa evidenciada por los dos últimos Presidentes del Consejo General del Poder Judicial hacia la figura del Magistrado, que son prueba de una intoxicación previa en la tramitación de expediente disciplinario incoado, pues, los presidentes del CGPJ, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial DIRIGEN Y COORDINAN las actuaciones del Servicio de Inspección.

En virtud de lo expuesto, debemos solicitar que se acredite por el Presidente y por la Comisión Disciplinaria del CGPJ el motivo por el cual el Juzgado de Instrucción n.° 9 de Madrid ha sido elegido para una inspección de carácter general ordinaria incluida en el Plan Anual de Inspección para el año 2013, cuando no concurren en el Juzgado los requisitos para establecer dicha inspección, dada cuenta de que el Juzgado había sido inspeccionado en el año 2011 por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

De conformidad con el artículo 123 del Reglamento del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, el Servicio de Inspección del Consejo programará anualmente un plan de visitas ordinarias debiendo tener en cuenta para ello los programas de visitas ordinarias que hayan elaborado y comunicado al Consejo los Presidentes del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de coordinar unas y otras inspecciones.

Si el Juzgado fue inspeccionado en el año 2011, ¿cuál es el motivo de ser nuevamente inspeccionado en el año 2013, sin causa alguna que justifique nueva inspección ordinaria?

Es competencia del Pleno del Consejo aprobar, antes del inicio de cada anualidad, el plan de visitas ordinarias de la Inspección del Consejo.

A tal efecto, y para tomarlas oportunamente en consideración, recabará, con la antelación necesaria, los planes de visitas programados por Departamento de Derecho Político, los Presidentes del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia.

No consta que el Pleno del Consejo, ni su Presidente, ni la Comisión Disciplinaria hayan motivado, siquiera sucintamente, los motivos para proceder a una inspección ordinaria del Juzgado de mi mandante.

La contaminación del expediente disciplinario abierto nuevamente contra mi persona viene directamente desde la propia aprobación del plan de visitas de inspección, y es necesario conocer el alcance y las motivaciones que llevaron a una nueva inspección del Juzgado, a la vista del buen resultado del acta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La realización indiscriminada de inspecciones a los órganos jurisdiccionales donde actúo atenta gravemente contra el Derecho a la Igualdad, no existiendo el mismo trato con respecto al resto de juzgados y tribunales del resto del territorio español, ni tan siquiera de la Villa de Madrid.

Han sido varios los medios de comunicación que indican que han sido fuentes del propio Consejo General del Poder Judicial quienes han filtrado a la prensa la existencia del expediente disciplinario, llegándose incluso a publicar la posibilidad de expulsar al Magistrado de la Carrera Judicial, como si fuese ya una decisión tomada de antemano.

Se ha publicado el nombre del instructor delegado y también del letrado del Consejo de quien depende el expediente.

Ha sido el mismísimo presidente del Consejo General del Poder Judicial, Sr. Gonzalo Moliner, quien ha declarado sin rubor que espera que el expediente abierto contra mi mandante «llegue a buen fin», llegando a manifestar que a través del CGPJ se le ha sancionado en cuatro ocasiones, habiendo sido revocadas dos por la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo. Además, es una falacia que se me haya sancionado en cuatro ocasiones y que sólo dos de ellas hayan sido revocadas, pues, consta que no obra NINGUNA SANCIÓN EN MI HOJA DE SERVICIOS. El Sr. Moliner ha podido mentir con la innegable intención de que la opinión pública se cebe contra mí. Como única excusa le cabe —no es nada descartable— que le hayan manipulado elementos internos al Consejo, pasándole Informes o «notas de servicio» manifiestamente falsas o manipuladas, lo que debería ser, en su caso, debidamente investigado.

Explícitamente, el presidente del Consejo General del Poder Judicial ha mostrado su deseo expreso de que se imponga sanción a mi mandante; pues es notable el hostigamiento y persecución al que se me está sometiendo por los órganos directivos del Consejo General del Poder Judicial en los últimos años.

Y a pesar de ello, nunca se me ha podido sancionar disciplinariamente, Y NO POR FALTA DE GANAS.

La noticia ha sido publicada en varios medios de comunicación, entre los cuales destacamos los siguientes:

http://economia.elpais.com/economia/2013/05/21/actualidad/ 1369145513_005116.html

http://www.europapress.es/videos/video-cgpj-tramita-quinto-expe diente-elpidio-jose-silva-20130523183457.

http://www.elconfidencial.com/espana/2013/05/22/el-cgpj-estudiasancionar-al-juez-silva-por-no-motivar-resoluciones-y-abuso-de-fun cionarios-121423/

http://www.europapress.tv/politica/186342/1/moliner-espera-expe diente-elpidio-llegue-buen-fin.

http://www.20minutos.es/noticia/1822596/0/

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/760122/el-presidentedel-cgpj-espera-que-el-quinto-expediente-abierto-contra-el-juez-delcaso-blesa-llegue-a-buen-fin

http://www.madridiario.es/2013/Mayo/madrid/231867/caso-blesa-elpidio-jose-silva-pacheco-sanciones-cgpj-caja-madrid.

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/poder-judicial-abrioabril-investigacion-juez-encarcelo-blesa/csrcsrpor/20130521 csrcsrnac_17/Tes

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/21/economia/ 1369145362.html

«AUNQUE NO SABEMOS CUÁL ES EL BUEN FIN»

El presidente del CGPJ espera que el «quinto» expediente abierto contra el juez del «caso Blesa» «llegue a buen fin»

SEVILLA, 23 May. (EUROPA PRESS)

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, ha confiado este jueves en que «llegue a buen fin» el «quinto» expediente disciplinario incoado por el CGPJ contra el juez de instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva Pacheco, quien la pasada semana envió a prisión al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa por irregularidades en la compra del City National Bank de Florida.

A preguntas de los periodistas antes de reunirse en Sevilla con representantes de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Moliner ha explicado que, actualmente, el CGPJ «está tramitando» el «quinto» expediente contra dicho juez. «Ya veremos en qué acaba, pues le hemos sancionado ya cuatro veces y dos de ellas han sido revocadas por la Sala de lo Contencioso por problemas de caducidad», ha explicado.

Por ello, el presidente del CGPJ ha confiado en que el «quinto» expediente incoado contra el juez «llegue a buen fin, aunque no sabemos cuál es el buen fin».

Y es que el juez de instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva Pacheco, tiene pendiente desde el pasado mes de abril un expediente disciplinario que le ha incoado el CGPJ por retrasos, falta de motivación de sus resoluciones y de consideración a sus funcionarios.

Resulta palmario que el expediente disciplinario abierto contra mi persona se encuentra viciado por un interés extrajurídico y personal del propio presidente del Consejo General del Poder Judicial, que tiene funciones directivas en la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial.

De hecho, he de advertir que la unidad de inspección 7.ª, en los dos días que estuvo en el Juzgado, dedicó un día entero exclusivamente, desde las 9 de la mañana a las 14 horas, al examen detenido de la causa del denominado caso Blesa, habiendo requerido incluso que se reclamasen los autos de Fiscalía —donde se hallaban en ese momento— para poder revisarlos en profundidad, quebrantando gravemente su ámbito competencial, pues el ejercicio de la función inspectora en ningún caso puede alterar el impulso o término procesal que corresponda a la instrucción de una causa.

También debe destacar que no es posible que la Unidad de Inspección 7.ª haya revisado la totalidad de las resoluciones judiciales del Juzgado en el escaso periodo de tiempo que ha durado la inspección (apenas una mañana). Las resoluciones a las que hace referencia en el acta de la inspección fueron facilitadas por terceras personas, lo que evidencia que la inspección ya fue desviadamente «preparada» para expedientar al Magistrado.

No cabe la menor duda de que es imposible que la inspección haya podido analizar, como se afirma en el acta, los cientos de sentencias y resoluciones dictadas por mí en los años 2012, 2011 y 2010.

Consideramos que las declaraciones del Presidente del Consejo General del Poder Judicial no son sólo inapropiadas, sino que suponen una injerencia prohibida en la tramitación del presente expediente, vulnerando la independencia del instructor.

De hecho, el instructor del expediente disciplinario ha denegado prácticamente la totalidad de todas aquellas pruebas propuestas que pudieran, de forma objetiva, desmontar las acusaciones vertidas en su pliego de cargos.

Así, la instrucción del expediente está siendo sorpresivamente acelerada, con el objetivo de obtener una propuesta de sanción lo antes posible (para evitar la caducidad), aunque con ello se conculquen los Derechos a la presunción de inocencia y el Derecho de defensa como por ejemplo, solicitar pruebas para mi propio descargo que deban ser practicadas. El instructor, Álvaro Domínguez Calvo, no actúa con la imparcialidad que se le presupone, hace gala de desconocer la normativa procesal penal, la forma de trabajo de un Juzgado de Instrucción y dirige la instrucción de forma tendenciosa. Los interrogatorios son dirigidos a obtener la respuesta más satisfactoria con objeto de sancionar.

Por otro lado, he de indicar que ni tan siquiera se me notificó el acuerdo por el que se acordó la apertura del expediente disciplinario, ni tampoco se me notificó el nombre del instructor del procedimiento. Pero, ahora, a la vista de la situación que denuncio, vengo a denunciar la falta de imparcialidad del instructor y sobre todo su falta de capacidad y formación suficiente para la instrucción del expediente disciplinario, por lo que solicito su recusación, revocación o sustitución inmediata, nombrándose un nuevo instructor con experiencia suficiente y demostrada en un Juzgado de Instrucción, con la categoría de Magistrado.

De cualquier modo, es de reconocer que, ante las manifestaciones tan inapropiadas del Presidente del Consejo, quien —previamente manipulado o no— ha mostrado en público su deseo abierto y directo de que se me sancione, es difícil pronosticar quién, a estas alturas, pudiera obrar como instructor imparcial en el expediente disciplinario de referencia; pues, siempre concurriría la causa de abstención del artículo 28.2.e), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por cuyo tenor es causa de abstención:

«Tener relación de servicio con persona... jurídica interesada directamente en el asunto...».

Y es que los magistrados, en cierto modo, incardinamos nuestra relación de servicio en el marco de un Órgano Constitucional, cual es el CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, de tal modo que, explicitado públicamente el citado perverso y desviado interés de su Presidente, no se nos ocurre cómo puede concurrir un magistrado a la instrucción del expediente disciplinario bajo el paraguas de la mínima o suficiente imparcialidad requerida al efecto.

Parece que, como venimos advirtiendo, exista un móvil espurio desde determinadas personas en el órgano de gobierno de los Jueces que se trasluce por las manifestaciones de su presidente en prensa (en las que manifiesta su deseo de que llegue a «buen fin», tras los expedientes disciplinarios abiertos anteriormente) y la filtración a la prensa de la tramitación del expediente disciplinario justamente tras ser tratado en prensa el denominado caso «Banca de Florida» o el denominado «caso Blesa».

Si el expediente disciplinario nació con el innoble objeto de apartar al Magistrado de la instrucción de dichas causas, vulnerando el principio constitucional del derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, me veo en la obligación de denunciarlo y así mismo evidenciar desde este mismo momento lo siguiente:

TAL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO ESTÁ SIENDO UTILIZADO COMO ARMA ARROJADIZA PARA PERTURBAR MI ADECUADA DEDICACIÓN Y MI DEBIDA TRANQUILIDAD, SIRVIENDO COMO PUNTA DE LANZA PARA QUE PUEDA CUESTIONARSE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MI CAPACIDAD COMO JUEZ.

A este respecto, como ya hemos indicado, en el curso de otros procesos abiertos contra mi mandante existen pruebas fehacientes que afirman y determinan la existencia de un acoso institucional que nuevamente aflora.

Es manifiesto el hecho, pues, tras los expedientes abiertos anteriormente existe un patente acoso institucional y un hostigamiento que difícilmente puede ser soportado.

El presidente del CGPJ ha manifestado su deseo de que este expediente «llegue a buen fin», expresión que denota un deseo de que finalmente se obtenga una sanción disciplinaria contra el Magistrado, lo que evidencia un interés previo del órgano de gobierno de los Jueces en la tramitación de la inspección.

Parece que desde TAL DESEO de sancionar al Magistrado se ha llevado a cabo la inspección, que pone de manifiesto una predeterminación del órgano inspector a obtener indicios aunque sean de referencia e insuficientes, para construir un nuevo expediente sancionador.

El presidente del CGPJ es sabedor de que cualquier acto conlleva una repercusión social, por lo que entendemos que sus palabras van dirigidas a lesionar la imparcialidad del instructor del expediente, motivo por el cual nos vemos en la obligación de realizar este trámite de denuncia.

Es preciso mencionar que el Pliego de Cargos del expediente disciplinario, formulado por Álvaro Domínguez Calvo, está impregnado de esta predeterminación para conseguir la sanción. Es totalmente asombroso cómo, hablando vulgarmente —pues así es el impulso del expediente—, se «le ve el plumero» de abierta contaminación a Álvaro Domínguez Calvo. Veamos:

1) No se han tomado en consideración ni las declaraciones del Magistrado, ni del Secretario Judicial, ni de aquellos funcionarios que no han realizado reproche alguno al Juzgador.

2) Cualquier manifestación que pudiera beneficiar el comportamiento del Magistrado ha sido excluida del pliego de cargos.

3) Sin embargo, cualquier queja hacia el expedientado se convierte para el instructor en verdad absoluta o auto de fe para sustentar la acusación.

4) No se ha instruido con la debida objetividad e imparcialidad, pues, el instructor ni siquiera toma declaración a todos los testigos que estuvieron presentes el día 8 de marzo (abogados, perjudicados, forense...), y que son absolutamente objetivos e imparciales. Sólo acordó tomar declaración a la fiscal ARMESTO, quien había sido expresamente reprobada el día de los hechos por 4 abogados.

5) En el culmen del despropósito Álvaro Domínguez Calvo ha llegado a denegar la práctica de la mayoría de pruebas propuestas por el expedientado; pues, según él no son necesarias porque de antemano ya entiende probado los hechos con lo manifestado por algún funcionario. Pero, es que el período de práctica de pruebas se abre, precisamente, para que pueda establecerse la necesaria contradicción. ¿Cómo va a ser ello posible si el instructor, sin más, ya da por probados ciertos extremos?

Tal inusitado proceder, sin perjuicio de la ignorancia del sentido y fundamento constitucional del trámite en que se pueda incurrir, responde, sobre todo, a que Álvaro Domínguez Calvo se halla manifiestamente intoxicado o contaminado para instruir el expediente de referencia.

Es evidente que el instructor se encuentra intoxicado al dejarse llevar por el acta de la inspección, pues ni tan siquiera ha argumentado, en base a la normativa de aplicación, cuáles son los incumplimientos legales y procedimentales por los que se acusa al Magistrado.

Sin embargo, el pasado viernes, en declaraciones de diversas letradas que actuaron en mi Juzgado, se ha puesto de manifiesto la falsedad de la denuncia formulada por la Fiscal Sra. Armesto al Fiscal Jefe de Madrid sobre los hechos ocurridos el día 8 de marzo en el servicio de Guardia y que dieron lugar a la investigación previa 220/2013.

Por cuanto estos hechos se han narrado, se adelanta al Pleno del Consejo General del Poder Judicial que, con independencia de las actuaciones que acuerde el órgano, este Magistrado va a proceder a interponer denuncia, al menos, contra el Fiscal jefe de Castilla-La Mancha por acusación falsa en relación al delito de desobediencia por el que fui acusado y contra la Fiscal Armesto por un delito de denuncia falsa por los hechos ocurridos en la guardia del día 8 de marzo de 2013; la cual pudiera hacerse extensiva contra el Presidente del Consejo General del Poder Judicial por injurias y hostigamiento en el ámbito laboral.

Asimismo, debiera procederse de oficio, contra Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix Blázquez, por calumnias e injurias, al haber convocado a los medios de comunicación para acusarme de prevaricación. Y en caso de proceder a interponer denuncia contra mí por tales hechos, la cual sería absolutamente infundada y maliciosa, procederé por denuncia o acusación falsa.

Es patente el hecho de que, tras tantas injerencias en mi labor como Juez instructor, mi independencia se está viendo totalmente violada y mi persona humillada y vilipendiada, y no sólo por los medios de comunicación, sino desde los mismos órganos públicos.

SEGUNDA: SOLICITUD DE AMPARO CONTRA LAS INJERENCIAS, INJURIAS Y PRESIONES RECIBIDAS POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Con motivo de la actuación negligente de algunos miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio Público, que me acusan de prevaricador, juez conflictivo, múltiples veces expedientado, enajenado, al margen de que tales filtraciones realmente revelan un comportamiento psicopático de acosadores institucionales encubiertos por parte de quienes lo practican en secreto, prevaliéndose de los medios de comunicación, se han reproducido en éstos, a raíz de la instrucción de las diligencias previas 58/2010 (CASO BLESA) que instruyo en el Juzgado de Instrucción n.° 9 de Madrid, manifestaciones denigrantes, calumniosas e infundadas, que pretenden modificar el criterio mantenido de forma independiente por mí en dicho procedimiento, con el objeto de que modifique mis resoluciones atentando contra mi integridad moral y contra la independencia jurisdiccional.

Así, entre otros medios de comunicación, los periodistas Carlos Herrera, Federico Jiménez Losantos, el Fiscal Jefe de Madrid y el expresidente de la CNMV Manuel Conthe, entre otros, excediéndose en su derecho a expresarse libremente y a criticar las decisiones judiciales, han utilizado expresiones y comentarios, que objetivamente denigran mi persona, atentan contra la libertad jurisdiccional y pretenden lesionar mi independencia profesional, que considero merecen el amparo del Consejo General del Poder Judicial.

Se me acusa públicamente de prevaricador, deudor, de ser un juez expedientado, entre otras expresiones, que evidentemente lesionan la imagen pública de la Justicia de este país y especialmente mi libertad de decisión sobre los procedimientos de los cuales soy responsable.

Así el periodista Don Carlos Herrera en su editorial en Onda Cero, que consta en la siguiente página web, http://www.ondacero. es/herrera-en-la-onda/editoriales/editorial-carlos-herrera-juez-silva-utilliza-blesa-metisaca-lagartijero_2013060600010.html, afirma que utilizo una suerte de procedimiento taurino para vilipendiar a un imputado:

«El juez Silva utiliza con Blesa el “metisaca” lagartijero»

Carlos Herrera centra su editorial en la decisión del juez Elpidio Silva de enviar a prisión Miguel Blesa. Herrera cree que se está empleando la técnica del “metisaca”, que empleaba el torero Lagartijo, con el expresidente de Caja Madrid y menciona la “llamativa” hoja de apercibimientos que tiene este juez.

El periodista Don Federico Jiménez Losantos, en su editorial publicado en la página web http://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2013-06-06/federico-a-las-7-blesa-ingresa-de-nuevo-en-prision-59731.html realiza afirmaciones tan falsas como injuriosas del tenor de: «La carrera de Elpidio es un rosario de reprobaciones y castigos, condenado en rebeldía por no pagar el alquiler, es decir, lo que se dice una vida ejemplar». Critica las decisiones judiciales, sin respeto a la independencia, con las siguientes expresiones:

Uno de los mayores escándalos que ha protagonizado la justicia española, que ya es de por sí bastante escandalosa. El encarcelamiento de Blesa es uno de los actos de fuerza contra el Estado de derecho más desvergonzados y más liberticidas y más escandalosos y mira que era difícil. Lo de la prisión incondicional de Blesa es para que hoy, de inmediato, procesaran al juez. El juez Elpidio es un peligro público.

¡Y que ayer manda a un tío a la cárcel sin fianza porque sus explicaciones no les convencen! ¡El que tiene que convencer a la justicia es el juez!

Contra el sentido común y contra todo lo que pueda recordar al Estado de derecho que yo recuerde.

Hemos visto fechorías atroces con Garzón... ¡pero Garzón es Fernando de los Ríos al lado de Elpidio! [...] En el museo de cera hay gente que se comportaba como Elpidio y que a veces acabó mal.

El Fiscal Jefe de Madrid, Manuel Moix, cita a los medios de comunicación en su despacho para insinuar que he prevaricado y aprovecha la ocasión para denunciar públicamente, en lugar de realizarlo en el foro correspondiente que es a través de los recursos tasados procesales, mis resoluciones judiciales. Así se puede comprobar en las páginas webs <http://www.antena3.com/videos-online/ noticias/economia/fiscal-jefe-madrid-blesa-medida-desproporcioada_2013060700032.html> y <http://www.antena3.com/videosonline/noticias/economia/moix-ingreso-blesa-prision-despropor cionado-esta-motivado_2013060700094.html> cómo el Fiscal Jefe de Madrid denuncia públicamente ante los medios de comunicación convocados al efecto irregularidades procesales, vulneración de derechos fundamentales y falta de motivación de las resoluciones judiciales, sin ser consciente de que el Ministerio Público debe actuar con la debida cautela y dentro de los marcos jurídicos en los que se inserta. Si al Fiscal Jefe se le permiten esas licencias publicitarias, es evidente que se le debe permitir al Instructor quejarse públicamente de las actuaciones de la fiscalía, sin embargo, y como entiendo que no debe ser el trámite la apertura de un enfrentamiento mediático entre la fiscalía y el Juez instructor, pues el proceso debe ser secreto inter partes, debo solicitar que se requiera al Ministerio Fiscal el cese inmediato y excusa expresa por el vertido de dichas manifestaciones públicas, lo que, sin duda, debería dar lugar a su cese inmediato y a la depuración de las responsabilidades correspondientes. No resulta aceptable en un Estado Democrático de Derecho que tal proceder pueda quedar impune, sin más.

Por último he de referirme a las publicaciones del Manuel Conthe (expresidente de la CNMV), quien (al margen de la responsabilidad de cualquier orden que pudiera corresponderle en relación con causas penales actualmente abiertas, o que pudiesen incoarse respecto del proceder del Regulador en España durante los últimos años), directamente y sin tapujos, me atribuye el delito de prevaricación, siendo una actuación calumniosa, que además de ser protegible ante los Tribunales de Justicia Ordinarios, entiendo que merece la protección del amparo del Consejo General del Poder Judicial.

Así, en su blog, El Sueño de Jardiel, publicado en expansión —en las páginas webs <http://www.expansion.com/blogs/conthe/2013/ 05/17/miguel-blesa-vsjuez-silva.html> y <http://www.expansion.com/blogs/conthe/2013/06/05/blesa-y-la-parcialidad-parcial. html>—, se permite la libertad de realizar las siguientes manifestaciones:

En el auto he visto, en verdad, indicios de criminalidad, pero más del Juez que del Sr. Blesa. No tengo ni vínculo alguno ni especial simpatía por el Sr. Blesa, pero el nuevo auto me produce miedo, porque revela que el Juez Silva o bien no está en pleno uso de sus facultades mentales o bien actúa de forma manifiestamente parcial y sectaria contra el Sr. Blesa. Por eso, aprecio en el auto posibles indicios —aunque no pruebas concluyentes— de un delito de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta).

Sinceramente, tras leer su nuevo auto me parece más probable que el Juez Silva no esté del todo cuerdo o haya prevaricado (aunque no sea plenamente consciente de su delito). Su actuación pareciera haberse ajustado a la peligrosa «ley del encaje» contra la que previene Don Quijote a Sancho en el CAPÍTULO XLII (Segunda Parte) de El Quijote.

Pero no quiero centrar mi petición de amparo ante los comentarios públicos en contra de las decisiones que he adoptado como Juez instructor, sino contra la totalidad de las manifestaciones, sean a favor como en contra de mi persona, pues ambas perturban la labor del Juzgador y lesionan su independencia.

Es evidente que no puedo solicitar el cercenamiento de la libertad de expresión ni lo pretendo, pero, sí solicitar del Consejo, que se requiera a la totalidad de los medios de comunicación, mediante un comunicado público, en el que se censuren tanto las críticas atentatorias contra la intimidad del Magistrado como las alabanzas unilaterales y, en su caso, interesadas que puedan vertirse en los medios de comunicación, solicitando expresamente que se traten con objetividad e imparcialidad, tanto las resoluciones judiciales, como las actuaciones de los profesionales que intervenimos en cualquier tipo de procedimiento judicial, y sean abogados de la defensa, fiscales, acusadores o Jueces.

Y expresamente solicito se requiera a los periodistas, fiscales y ciudadanos referenciados en este escrito a que cesen inmediatamente en las manifestaciones de escarnio público e imputaciones calumniosas, que se vienen vertiendo sistemáticamente.

Por todo ello, sin perjuicio de las acciones judiciales que me asisten y que reservo para el caso de no cesar de inmediato en las actuaciones denunciadas.

Por lo expuesto

SUPLICO AL CONSEJO que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo y en su virtud tenga por formalizada denuncia y solicitud de amparo al Consejo, por los hechos descritos y contra todas las personas que se referencian en el presente escrito, acordando favorablemente en relación a cuantas peticiones se formulan y a cuanto se insta expresamente en el cuerpo del mismo.

Por ser de Justicia que pido en Madrid a 17 de junio de 2013,

Elpidio Silva Pacheco

Letrado Carlos Javier Yunta Gastón.

Con esta resolución se despacha el Consejo General del Poder Judicial rechazando de plano el amparo que formulé:

Mediante escrito recibido en el Registro General del Consejo General del Poder Judicial en fecha 18 de junio de 2013, D. José Elpidio Silva Pacheco, Magistrado del Juzgado de Instrucción Num. 9 de Madrid, «formaliza denuncia y solicita amparo» por los hechos que describe, y contra todas las personas que se referencian en el presente escrito. Denuncia ante el Consejo el acoso institucional y mediático que dice venir sufriendo desde finales del mes de noviembre de 2012, «desde el mismo momento que se procede por el Juzgado a la reapertura de las Diligencias Previas 58/2010 «denominadas ya cotidianamente como caso BLESA».

Se estructura el escrito en dos apartados, que se identifican bajo los siguientes rótulos:

PRIMERO: ALEGACIONES DE DENUNCIA POR ACOSO LABORAL INSTITUCIONALIZADO Y SOLICITUD DE AMPARO CONTRA DETERMINADOS MIEMBROS DEL C.G.P.J. Y MINISTERIO FISCAL.

SEGUNDA: SOLICITUD DE AMPARO CONTRA LAS INJERENCIAS, INJURIAS Y PRESIONES RECIBIDAS POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Se refiere en el primero a determinadas actuaciones que refiere al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, a las Comisiones Permanente y Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía Superior de Madrid, al Servicio de Inspección del propio Consejo, a la actuación del Magistrado instructor de dicho expediente, y a las declaraciones efectuadas por el Sr. Presidente del Consejo General del Poder Judicial el 23 de mayo de 2013.

Se refiere en el segundo apartado a las manifestaciones realizadas en distintos medios de comunicación por algunos profesionales en concreto, y de forma extensiva a otros medios en general, periodistas, fiscales y ciudadanos.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha visto, en reunión del día de la fecha, la solicitud de amparo referida, y por unanimidad, ha adoptado el siguiente Acuerdo:

Primero. En reiteradas ocasiones ha tenido ocasión el Consejo General del Poder Judicial de afirmar que la concesión del amparo previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tiene como fundamento la concurrencia de circunstancias y presupuestos que, analizados desde un punto de vista objetivo, alcancen virtualidad suficiente como para lograr la perturbación de la independencia judicial que el indicado precepto contempla. Como valor inherente al Poder Judicial, previsto de manera explícita en el artículo 117 de la Constitución, la independencia en el ejercicio de la jurisdicción supone la capacidad de aplicar el derecho con única y exclusiva sumisión al imperio de la ley, al margen de cualquier condicionante o presión que pudieran dirigirse a obtener una resolución determinada —o de sentido determinado— en el curso del proceso. Lejos de basarse el necesario juicio de ponderación, en sensaciones subjetivas, exige la verificación de que los medios o instrumentos de presión o influencia en el Juez que está conociendo del asunto, son aptos —objetivamente— para poner en peligro la decisión en derecho, sujeta solamente a la aplicación razonada del ordenamiento jurídico. No siempre es fácil determinar los límites de esta situación de riesgo. Ello no obstante, el Consejo ha venido considerando que, lejos de acceder al amparo demandado ante sensaciones subjetivas, los ataques denunciados deben alcanzar una entidad que, por su repercusión, su intensidad, su momento procesal o su contenido personal, ponga en serio riesgo la capacidad de cualquier Juez para decidir sin presiones determinantes (entre otros, Acuerdos de 10 de octubre de 2006, de la Comisión Permanente, y de 18 de octubre de 2006, del Pleno).

El Consejo General del Poder Judicial, al analizar las peticiones que pretenden el amparo previsto legalmente, no puede entrar en el análisis de los procesos judiciales que se instruyen o tramitan por los Jueces y Magistrados. Cabe constatar, en este supuesto concreto, que las actuaciones en cuyo marco se inscribe la solicitud de amparo que motiva el presente acuerdo, han sido declaradas nulas por resolución de la Audiencia Provincial de Madrid.

En consonancia con el contenido de los artículos 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y 318 y siguientes del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial, los jueces y magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia, podrán solicitar amparo al Consejo General del Poder Judicial. En la regulación aludida, y más concretamente en el artículo 319, se recoge, a título meramente indicativo una referencia a las declaraciones, manifestaciones o actuaciones inquietantes o perturbadoras que pueden suscitar la tramitación del procedimiento de amparo, sean realizadas con o sin publicidad, y teniendo en cuenta asimismo las circunstancias en que sucedan y la cualidad o condición del autor. En el artículo 320 se establece como plazo de presentación de la solicitud de amparo el de diez días a contar desde que ocurren los hechos determinantes de la solicitud, o, en su caso, desde que el juez o magistrado tuvo conocimiento de los mismos. El artículo 321 determina los supuestos de inadmisión de la solicitud, cifrándolos en los siguientes: 1. No realización en el plazo señalado. 2. Falta de instancia por el propio interesado. 3. No concesión del amparo en supuestos análogos. 4. Carencia manifiesta de fundamento.

Segundo. Por cuanto se refiere a las peticiones dirigidas contra medios de comunicación que se incluyen en el apartado segundo del escrito de solicitud, la Comisión Permanente en primer lugar recuerda, como ha tenido ocasión de reiterar en anteriores ocasiones, que la crítica de las resoluciones judiciales no sólo es admisible sino necesaria en un Estado de Derecho, ya provengan de parte de los medios de comunicación o bien de los ciudadanos en general. Sobre esta base, las declaraciones a las que hace referencia la solicitud de amparo, se considera que entran dentro de la crítica admisible, no producen por ello injerencia en la independencia judicial, y en consecuencia no son susceptibles de motivar la concesión del amparo.

Tercero. En lo que respecta a las afirmaciones y peticiones referentes al Ministerio Fiscal, la Comisión Permanente considera que ha actuado en el marco que le confiere la Ley Orgánica del Estatuto del Ministerio Fiscal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Cuarto. En lo que respecta al contenido de la solicitud referido al ámbito disciplinario, se estima que no es materia competencia de resolución por parte de esta Comisión Permanente, que además tiene constancia de la formalización por parte del Magistrado Sr. Silva Pacheco, de recusación contra el Magistrado instructor del Expediente 19/2013 ante la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, órgano al que corresponderá la tramitación del incidente.

Quinto. Con relación a las afirmaciones realizadas sobre el Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, se refieren a hechos de hace varios años y que además nada tienen que ver con la tramitación de la causa que ahora motiva la petición de amparo.

Sexto. Igualmente, por cuanto se refiere a las afirmaciones realizadas sobre el Sr. Presidente del Consejo General del Poder Judicial, resultan también extemporáneas y fuera del plazo establecido expresamente en el artículo 320 del Reglamento 2/2011, de la carrera judicial.

Por todo ello, de conformidad con lo establecido en los artículos citados, se acuerda la inadmisión a trámite del amparo solicitado.

Notifíquese al Magistrado solicitante, haciéndole saber que cabe interponer contra el presente acuerdo Recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses contados a partir de la notificación.

Póngase en conocimiento del Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

Madrid, 24 de junio de 2013

La justicia desahuciada

Elpidio José Silva

© del diseño de la portada, Departamento d Planeta.

© de la fotografía de la portada, Sofía Moro

© Elpidio José Silva, 2014

© de esta edición, Grup Editorial, 62, S.L.U., 2014 Ediciones Península

Pedro I Pons, 9-11, 11ª pta.

08034 Barcelona

edicionespeninsula@planeta.es

Primera edición en libro electrónico (epub): febrero de 2014

ISBN: 978-84-9942-297-8

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Generado con: QualityEbook v0.73, Notepad++

Generado por: Paleógrafa, 21/03/2014

Notas

¹ El informe del Banco de España al que me refiero ha sido objeto de la máxima difusión y comentarios de prensa. Se puede localizar fácilmente en el enlace <http://www.infolibre.es/uploads/documentos/ documentos_informebdecitynationalbankpdf_85b7c58e.pdf>. Medios como Cinco días recogieron los puntos clave del informe (http://cincodias.com/cincodias/2013/05/17/mercados/ 1368817404_527666.html):

El informe de inspección del Banco de España realizado en abril de 2010 sobre la filial estadounidense de Caja Madrid es demoledor al criticar la gestión de City National Bank por parte de Caja Madrid; como lo son las conclusiones realizadas entonces por la OCC (Office of the Comptroller of the Currency), entidad encargada de supervisar el sistema financiero de los Estados Unidos. En ocho páginas, los inspectores del Banco de España coinciden con el supervisor estadounidense al calificar el funcionamiento de CNBF de not well managed, es decir, un banco mal gestionado. [...]

«El ritmo tan espectacular de crecimiento de la cartera crediticia planteado para los ejercicios 2009 a 2014 es propio de entornos con ebullición económica y no es realista plantearlo en un contexto como el actual, de atonía económica y fuerte desapalancamiento financiero, cuya recuperación se prevé lenta e incierta», subraya el documento. Además, critica el elevado precio que pagó Caja Madrid por su filial estadounidense, y recuerda que su adquisición se produjo tras «importantes tensiones en el seno del consejo de Caja Madrid». Su precio supuso en «su momento» —la compra se ejecutó el 7 de noviembre de 2008— multiplicar por 3,7 veces su valor en libros, lo que supone un ratio PER (relación entre el precio y los beneficios) del 32,9. Este precio era «significativamente superior al de las compras efectuadas por Banco Sabadell y Banco Popular de sendos bancos domiciliados en Miami, ya que la transacción precio sobre valor en libros fueron de 3,4 y 3,5 respectivamente y los ratios PER de 19,4 y 14,9», señala el Banco de España en un informe firmado por Jesús José Cabezas Pascual.<<

² Cfr. Franz Kafka, El proceso, Ediciones Cátedra, Madrid, 1994.<<

³ Cfr. Henrik Stangerup, El hombre que quería ser culpable, Tusquets, Barcelona, 1991.<<

⁴ Cfr. «Blesa defendió en el Congreso el impulso de tener un banco en Miami para Caja Madrid», publicado en El Mundo el 16 de mayo de 2013 (http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/16/economia/ 1368722736.html).

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, contra el que se ha decretado prisión provisional por supuesta «mala gestión» en la compra del City National Bank of Florida en el año 2008, justificó dicha operación el pasado mes de noviembre, durante una comparecencia en el Congreso, argumentando que «el conocimiento del negocio en la región impulsó» la toma de esta decisión, inicialmente pensada como participación pero que, dos años más tarde, se convirtió en toma de control total.

Ante la Comisión parlamentaria de Economía, Blesa defendió una operación a la que Caja Madrid destinó 1.117 millones de dólares para hacerse con el que, en ese momento, era el sexto mayor banco privado del estado de Florida. Según el exbanquero, la operación se enmarcaba en una estrategia de «impulso» a la banca de negocios de la Caja, así como de diversificación de sus fuentes de ingresos, «tanto en cuanto a su naturaleza jurídica como a su localización geográfica».

En el año 2000, Caja Madrid había abierto su oficina de Miami, desde donde había constatado «la fuerte y creciente presencia de empresas españolas en Latinoamérica». Eso, junto con los beneficios obtenidos «desde el primer ejercicio», sirvió de «confirmación de las predicciones» que los responsables de la entidad habían realizado sobre las inversiones en la zona, lo que les «impulsó» a decidirse por la adquisición del banco estadounidense.

«No fue esa entidad ajena a la crisis que hubo en Estados Unidos a partir del año 2007 y sufrió los problemas derivados de la morosidad y de las dificultades de financiación del balance. Adía de hoy, tras su capitalización y con la mejora del entorno económico, el banco ha vuelto al camino de beneficios que siempre tuvo y en el año 2011 ha obtenido un beneficio de 36 millones de dólares», añadió Blesa.<<

⁵ Cfr. «Blesa contradice a Rato y se lava las manos en el Congreso sobre Caja Madrid», publicado el 29 de noviembre de 2012 en El Confidencial (http://www.elconfidencial.com/espana/2012/11/29/blesa-contradice-a-rato-y-se-lava-las-manos-en-el-congreso-sobre-caja-madrid-110186).

Severo disgusto en el Congreso, público en la oposición y disimulado en el PP, con la comparecencia en la Cámara de Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2010. El antecesor de Rodrigo Rato en la entidad, bajo cuyo mandato se generó la acumulación de deuda y la barra libre de los créditos hipotecarios, no ha explicado nada de lo que se le preguntaba, ha negado la evidencia de las cifras y ha rehuido contestar hasta sobre sus ingresos. Ante la Comisión de Economía del Congreso, ha dicho que tampoco sabía nada de los despidos masivos y el cierre de sucursales que tendrá que acometer Bankia.

Como ya ocurrió el día anterior con el expresidente de la Caja de Castilla-La Mancha, el exdirigente del PSOE Juan Pedro Hernández Moltó, la comparecencia de Blesa se cerró con una nula aceptación de responsabilidades o autocrítica. Según el expresidente de Caja Madrid, en el último ejercicio completo de su largo mandato (2009) dejó la entidad con un beneficio de 364 millones de euros, 260 después de impuestos. Incluso sostuvo que si no se hubiera visto obligado a aumentar las provisiones extraordinarias, la cifra final habría estado en los 800 millones de euros.

Blesa eludió la pregunta clave: cómo era posible que a las pocas semanas de tomar posesión del cargo su sucesor, Rodrigo Rato, las pérdidas previstas de Caja Madrid fueran de 7.700 millones de euros. Era la versión que había dado ante la misma Comisión de Economía del Congreso el exvicepresidente del Gobierno cuando acudió a explicar los problemas de Bankia. Blesa se negó a explicar semejante divergencia. Sólo apuntó que no es lo mismo acumular pérdidas que verse obligado a aumentar dichas provisiones de fondos.

Al exresponsable de Caja Madrid no le gustó que le hablaran de «agujero» porque parecía que alguien «se había llevado el dinero» y no era así. Para Blesa todo se debe a una conjunción de crisis económica, decisiones gubernamentales y burbuja inmobiliaria que desembocaron en la situación que luego se encontró Rato, pero no él, que se limitó a hacer lo que las demás cajas.<<

⁶ Cfr. «Blesa vuelve este miércoles al Congreso para concluir su comparecencia», teletipo de Europa Press del 28 de noviembre de 2012 (http://www.europapress.es/economia/noticia-blesa-vuelve-miercoles-congreso-concluir-comparecencia-20121128082914.html).

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa volverá a comparecer este miércoles ante la Comisión de Economía del Congreso para terminar su intervención, que ha tenido que ser suspendida al dar comienzo el Pleno de la Cámara Baja. Este martes estaba previsto que dieran explicaciones sobre la reestructuración bancaria y el sistema financiero ante la Comisión de Economía el expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó y el propio Blesa, con una hora de diferencia entre ambas intervenciones.

Sin embargo, la comparecencia del dirigente castellanomanchego se ha extendido durante casi tres horas, por lo que el portavoz de Economía del PSOE, Valeriano Gómez, ha solicitado al presidente de la Comisión, Santiago Lanzuela, postergar la intervención de Blesa.

De hecho, el diputado socialista ha recordado que las comparecencias que se han celebrado hasta la fecha sobre este asunto han ocupado varias horas, expresando su «sorpresa» por la convocatoria de la sesión de hoy a las 11.30 horas pese a la celebración de Pleno a partir de las 16.00 horas, circunstancia que obliga a suspender cualquier comisión para que no coincidan. Por eso, pese a que Blesa esperaba desde hacía más de hora y media en el exterior de la sala, Gómez ha defendido que lo más «razonable» era buscar otra fecha para volver a citarle, dado que su comparecencia es «una de las más importantes» de las que están en agenda.<<

⁷ Cfr. «Un informe del Banco de España señala a Blesa», publicado el 16 de mayo de 2013 en El Periódico (http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/blesa-banco-florida-imputacion-cajamadrid-banco-espana-2392441):

El juez que ha decretado el ingreso en prisión de Blesa considera que hubo una «pésima gestión» en Caja Madrid por la compra de un banco en Florida (el CNBG).

Un informe del Banco de España «sucinto» pero «sumamente esclarecedor» ha servido de base para el juez del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva, para tener el convencimiento íntimo de imputar al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. Al final no ha sido por la concesión de créditos por 131 millones en ocho años al expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán. El informe del Banco de España ha sido el catalizador de la actuación del juez en el que pasará a llamarse el «caso Banco de Florida». Según ese informe, Miguel Blesa compró en el 2008, en mitad de una crisis financiera palpable, el banco City National Bank of Florida (CNBF). El caso es que según los inspectores del Banco de España, esa compra se realizó con un sobreprecio estimado en unos 500 millones de euros, un 100 % más que el precio considerado más adecuado para la operación.

Según un informe del regulador, el precio del CNBG era de unos 581 millones de dólares, pero Blesa estimó que la situación internacional permitiría cifras de crecimiento muy por encima de lo que cualquier analista estaba en condiciones de prever.<<

⁸ Sobre el significado de este deber de reserva en el ámbito judicial, cfr. el apartado Obligación de reserva, en la página 132.<<

⁹ Cfr. Thomas Mann, Los Buddenbrook, Editorial Edhasa, Madrid, 2008, pp. 649-652.<<

¹⁰ Cfr. César Molinas, Qué hacer con España, Destino, Barcelona, 2013, pp. 190-194.<<

¹¹ Cfr. «Luis de Guindos dice ahora que la línea de 100.000 es sólo para la banca», publicado en Vozpópuli el 23 de septiembre de 2012 (http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/14492-luis-de-guindos-dice-ahora-que-la-linea-de-100-000-millones-es-solo-para-la-banca), y «España ha entregado a la banca casi 250.000 millones de euros» (http://www.telesurtv.net/articulos/2013/08/12/casi250-mil-millones-de-euros-ha-entregado-el-estado-espanol-a-la-banca-para-su-rescate-673.html).<<

¹² Son dos torres inclinadas situadas en Italia, supervivientes entre muchas otras de origen medieval. Quizá superen a la propia Universidad de Bolonia como monumentos más emblemáticos de la ciudad.<<

¹³ En una sesión parlamentaria de la primera legislatura (junio de 1997), «España va bien» fue la expresión gris de Aznar al sintetizar el estado de la Nación. Después siguió usándola sistemáticamente. Fue el eslogan que condensó el bluff económico del ladrillo. Por estas tres palabras recibió el expresidente un chaparrón de críticas. Ofrecíamos el mayor índice de desempleo en la UE, se habían desatado brotes de xenofobia en España, y el escándalo de las stock options en Telefónica seguía caliente. Cfr. «Historia del estado de la nación: veintitrés debates, diez contendientes», publicado en eldiario.es el 20 de febrero de 2013 (http://www.eldiario.es/politica/debate_sobre_el_estado_de_la_nacion-zapatero-rubalcaba-aznar-gonzalez-rajoy-congreso_0_102890679.html).<<

¹⁴ Cfr. «La Fiscalía persigue al juez que encarceló a Blesa», publicado en eldiario.es el 16 de junio de 2013 (http://www.eldiario.es/politica/Fiscalia-persigue-juez-encarcelo-Blesa_0_143835912.html).

El juez que encarceló a Miguel Blesa está siendo objeto de un constante ataque y persecución que podría poner fin a su carrera judicial. José Elpidio Silva denunció el pasado jueves presiones e «injerencias evidentes» en el desarrollo del proceso sin aclarar de dónde proceden. Según documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado una investigación general sobre el juzgado de Silva.

Según un escrito de la Fiscalía provincial remitido al CGPJ, el ministerio público reconoce haber iniciado un seguimiento al trabajo del juzgado de Silva, sin que esa investigación determine irregularidad alguna por el momento. El movimiento de la Fiscalía es inusual, según fuentes jurídicas que señalan que «la Fiscalía no puede atribuirse la labor de inspección que le corresponde al CGPJ».

En la actualidad, el Consejo General del Poder Judicial tramita un expediente disciplinario contra Silva a quien se acusa de tener su juzgado en una situación de colapso. Paralelamente, Silva ha sido apartado temporalmente del caso Blesa mientras se resuelve la recusación por «enemistad manifiesta» planteada por la defensa del expresidente de Caja Madrid.

Los problemas para Silva han llegado sobrevenidos a su participación en el juicio contra Miguel Blesa. Antes del inicio del proceso contra el exbanquero, el expediente de Silva estaba limpio, como atesora el informe del CGPJ al que ha tenido acceso esta redacción. Tras iniciar el proceso contra Blesa, los problemas se han acumulado para este juez que espera ahora la decisión de la Audiencia para saber si puede seguir al frente de la causa o se le aparta de la misma.

A todas estas presiones se suman las que, de manera no oficial, están trasladando la imagen de un juez susceptible de sanción. En ámbitos cercanos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y a la Fiscalía General del Estado se tilda a Silva como «un juez que no colabora». Su imagen de persona inestable ha sido fabricada desde la propia judicatura y trasladada públicamente a través de portavoces oficiales en conversaciones informales con periodistas.<<

¹⁵ Hannah Arendt, pensadora muy influida por el filósofo Heidegger, fue autora de la obra Los orígenes del totalitarismo. Cuando el nazi Adolf Eichmann, teniente coronel de las SS y uno de los mayores criminales de la historia, fue enjuiciado en Israel en 1961, Hannah Arendt abordó en un ensayo las causas que propiciaron el Holocausto. Se enfrentó con gran valentía intelectual al equívoco papel que desempeñaron en tal genocidio los propios judíos, a través del colaboracionismo de su sistema de Consejos. Lo más relevante, a mi juicio, es que Arendt fue desentrañando la idiosincrasia mediocre y adaptada del acusado, su contexto socio-político, su rigor y probidad intachable al organizar la deportación y el exterminio judío. La conclusión es que no estamos ante el mal provocado por un monstruo, sino ante el típico individuo banal perfectamente integrado en la Alemania nazi, el cual pensaba que procedía con la mayor probidad a la hora de encarar el Holocausto. Cfr. Eichmann en Jerusalén. Un estudio acerca de la banalidad del mal, Editorial Lumen, Barcelona, 2003.<<

¹⁶ Cfr. «La Audiencia Nacional celebrará en junio el juicio por el caso Sintel», publicado en Europa Press el 26 de marzo de 2012 (http://www.europapress.es/economia/noticia-audiencia-nacional-celebrara-junio-juicio-caso-sin tel-20120326191227.html), y «El fiscal del caso Sintel afirma que Conde-Pumpido le prohibió recurrir el archivo de imputaciones», publicado en Levante el 8 de abril de 2008 (http:// www.levante-emv.com/economia/2008/04/08/fiscal-casosintel-afirma-conde-pumpido-le-prohibio-recurrir-archivo-imputaciones/430348.html), y «Los acusados del caso Sintel, satisfechos porque se reconozca su “total ausencia de responsabilidad”», publicado en El Mundo el 24 de junio de 2013 (http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/24/economia/ 1372071722.html).<<

¹⁷ Cfr. «Aznar ofrece su apoyo a la oposición en el exilio», publicado en El País el 6 de agosto de 2006 (http://elpais.com/diario/2006/08/06/internacional/1154815210_850215. html).

El expresidente del Gobierno español José María Aznar ha ofrecido «su apoyo, su respaldo» y el de la FAES —la fundación que preside Aznar y que está vinculada al Partido Popular— a la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), que agrupa a exiliados cubanos opositores radicales al régimen de Castro, según anunció ayer su presidente, Jorge Mas Santos, en declaraciones a la cadena SER. Interrogado sobre el contenido de su entrevista con Aznar, Mas contestó que «podemos contar con su apoyo, con su respaldo, al igual que la fundación FAES que él preside».

Mas Santos evitó referirse explícitamente a un golpe de Estado militar, pero declaró que «nuestro mensaje fue a esos militares que no quieren aceptar una sucesión de Raúl Castro y una continuación del mismo sistema totalitario dentro de Cuba». La FNCA aboga por «el establecimiento de un gobierno transitorio cívico militar que empiece a encaminar a Cuba hacia el camino de una democracia», como lo recordó ayer su presidente.<<

¹⁸ Cfr. «El juez cita al exdirector de Bancaja en Miami por «Gürtel»», publicado en ABC el 14 de febrero de 2013 (http://www.abc.es/espana/20130213/rc-juez-cita-exdirector-bancaja-201302132054.html).<<

¹⁹ Cfr. Vladimir Nabokov, Lolita, Anagrama, Barcelona, 1986, p. 15.<<

²⁰ Cfr. «El lobby anticastrista de Miami al fondo del caso Blesa», publicado en Alazul Digital el 30 de mayo de 2013 (http://www.alazul.com/m/246), y «Alianza de Aznar con mafia de Miami, clave en compra fraudulenta de banco», publicado en Contrainjerencia el 25 de mayo de 2013 (http://www.contrainjerencia.com/?p=67952).<<

²¹ Cfr. los artículos publicados en The Economist el 18 de marzo de 2002 (http://www.economist.com/node/1057057) y el 16 de junio de 2005 (http://www.economist.com/node/4079027).<<

²² Los Chartered Surveyor son profesionales que, en Gran Bretaña, asesoran sobre economía, valoración, derecho, tecnología, finanzas y gestión en materia inmobiliaria y de construcción. Se hallan institucionalizados bajo la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Carecemos de profesionales de este nivel especializado en España.<<

²³ Los protocolos bancarios deben reflejar la adecuada cobertura frente al riesgo de fraude empresarial. Los mismos incorporan principios generales, así como reglas operativas concretas según el sector financiero de aplicación. Conectan con la noción de «cumplimiento normativo» (compliance) de estirpe anglosajona. Entroncan con estándares éticos y de adaptación al mejor valor reputacional de la empresa (cfr. Ethics Resource Center en http://www.ethics.org/). Para reaccionar, prevenir y desarrollar sistemas de alertas contra el fraude, las grandes corporaciones no tienen más remedio que desarrollar prolijos programas de cumplimiento y protocolos de actuación que se adapten, como un guante, al sector de actividad de la empresa de que se trate. Tales programas no sólo se confeccionarán genéricamente, sino que también se reflejarán en el organigrama de mando, en las secciones intermedias de toma de decisiones y, sobre todo, en la configuración de referentes que permitan evaluar la creación de valor para la empresa, gracias a la aplicación de tales protocolos. Cfr. Richard H. Girgenti y Timothy P. Hedley, Gestión del riesgo de fraude e irregularidades empresariales. Los retos en un entorno global, regulado y digital, Mc Graw Hill, Madrid, 2013, pp. 104127.<<

²⁴ El Artículo 295 de nuestro Código Penal tipifica el delito societario de administración desleal en su forma dolosa: «Los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido» (el destacado es mío).<<

²⁵ Cfr. John Kenneth Galbraith, The new industrial state, Princeton University Press, The James Madison Library in American Politics, 1994, pp. 73 ss.<<

²⁶ Cfr. Herman Hesse, El juego de abalorios, Santiago Rueda Editor, Buenos Aires, 1967, pp. 13 ss.<<

²⁷ La noción de progreso y regresión está muy presente en la obra de Giambattista Vico (1688-1744), huyendo de una explicación racionalista como signo de progreso permanente. Cfr. Principi di scienza nuova d’intorno alla comune natura delle nazioni, Alcide Parenti, Florencia, 1847, pp. 301 ss., y Frederick Copleston, Historia de la filosofía, Editorial Ariel, Barcelona, 1974, tomo 6, p. 154: «Son idénticos conocer y hacer y se hacen uno y lo mismo el verum el factum». Es decir, no existe un programa cartesiano o racionalista de progreso al margen de la praxis en juego. La historia y las ciencias sociales se adaptan a escalas de proyección y regresión.<<

²⁸ Cfr. Samuel Beckett, El innombrable, Alianza/Lumen, Madrid, 1983, p. 61.<<

²⁹ En cuanto al presidente del Consejo General del Poder Judicial, cfr. «El presidente del CGPJ espera que el “quinto” expediente abierto contra el juez del caso Blesa “llegue a buen fin”», publicado en Europa Press el 23 de mayo de 2013 (http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-presidente-cgpj-espera-quinto-expediente-abierto-contra-juez-caso-blesa-llegue-buen-fin-20130523142028.html), y las declaraciones realizadas ante las cámaras ese mismo día (http://www.europapress.tv/politica/186342/1/moliner-espera-expediente-elpidio-llegue-buen-fin.html). En cuanto al fiscal Manuel Moix, cfr. http://www.antena3.com/noticias/economia/moix-ingreso-blesa-prision-desproporcionado-esta-motivado_2013060700041.html Respecto del fiscal Esteban Rincón, cfr. el escrito de amparo referenciado en la nota 14 y http://www.eldiario.es/politica/Fiscalia-persigue-juez-encarcelo-Blesa_0_143835912.html<<

³⁰ Cfr. Milan Kundera, La broma, Seix Barral, Buenos Aires, 2001.<<

³¹ Cfr. «Los argumentos del juez Elpidio Silva Pacheco para encarcelar a Blesa», publicado en Cinco Días el 17 de mayo de 2013 (http://cincodias.com/cincodias/2013/05/17/ mercados/1368778250_914025.html).<<

³² Los delitos son conexos porque varios delinquen juntos; o poniéndose de acuerdo previamente, aunque cometan el delito en lugares diferentes; cuando un delito es, a su vez, medio para cometer, ejecutar o conseguir la impunidad de otro delito; y cuando el imputado ha venido cometiendo sucesivas acciones penales similares, o muy relacionadas, siempre que no se hayan enjuiciado o sobreseído definitivamente, con carácter previo. El delito continuado requiere que, en ejecución de un plan previo, se cometan sucesivos delitos idénticos o similares. Los delitos conexos se regulan en el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y los continuados, en el artículo 74 del Código Penal.<<

³³ Cfr. Jenofonte, Hierón, Gredos, Madrid, 1984, p. 36.<<

³⁴ Cfr. Carl G. Jung, El hombre y sus símbolos, Paidós, Barcelona, 1997, p. 76.<<

³⁵ Carl G. Jung, op. cit., pp. 240-249.<<

³⁶ Cfr. Michel Foucault, La verdad y las formas jurídicas, Gedisa, Barcelona, 1998, p. 106.<<

³⁷ El artículo 2 de la Constitución Española dispone que la misma «se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». El precepto establece tres contenidos esenciales de nuestra Carta Magna: la nación, las nacionalidades y la solidaridad. La Justicia, por tanto, entendida como uno de los Poderes del Estado, no tiene más remedio que emanar de la nación, como cimiento de nuestro orden político. Por ello, el artículo 117.1 de la Constitución establece que «la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley».<<

³⁸ Sobre los procesos de delegación y desplazamiento en red, cfr. Bruno Latour, Nunca hemos sido modernos, Debate, Madrid, 1993, pp. 176-179. Sobre la política, el sentido de su mediocridad, y sus relaciones con los objetos tecnológicos en el mundo moderno, cfr. Bruno Latour, Les microbes guerre et paix suivi de irréductions, Editions A. M. Métailié, París, 1984, pp. 232-237. En el parágrafo 3.6.3.1 nos dice: «Ce que nous détestons dans la médiocrité politique c’est l’ensemble des compromis que nous forçons le politique à passer à notre place».<<

³⁹ Cfr. en la página web del sindicato Manos Limpias (http://sindicatomanoslimpias.blogspot.com.es/search/label/ CASO%20BLESA). Cfr. en el diario El Mundo (http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/20/economia/1371727577.html).<<

⁴⁰ Acusador particular es la persona, distinta al Ministerio Fiscal, que ejercita la acción penal como parte acusadora sobre hechos posiblemente constitutivos de delito. Generalmente representa los intereses de la víctima o del ofendido por el delito. La figura del acusador particular abarca tanto al acusador particular en sentido estricto como a la acusación popular. Esta última la ejerce cualquier ciudadano, haya sido o no perjudicado directamente por el delito. La acusación popular se basa en la cláusula de legitimación general para entablar acciones penales, contemplada en el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La querella se regula en los artículos 270 y siguientes de este texto legal. Su artículo 274 denomina al querellante «particular», por contraposición al Ministerio Público. De este modo, en nuestro sistema jurídico, la acción penal se articula a favor de la Fiscalía, que ejerce la acusación pública, y a favor de los ciudadanos, que ejercen la acusación particular en forma privada o en forma de acusación popular. Este último es el caso de Manos Limpias.<<

⁴¹ Cfr. «CCOO ataca al juez por ordenar el encarcelamiento de Blesa», publicado en eldiario.es el 17 de mayo de 2013 (http://www.eldiario.es/economia/CCOO-ataca-ordenar-encarcelamiento-Blesa_0_133337440.html).<<

⁴² Cfr. «CCOO desautoriza a su federación de banca sobre la acusación a Blesa», publicado en eldiario.es el 18 de mayo de 2013 (http://www.eldiario.es/economia/CCOO-desautoriza-federacion-acusacion-Blesa_0_133686861.html).<<

⁴³ Cfr. «Leguina recuerda que Blesa fue impuesto por Aznar con el apoyo de CCOO», publicado en Ecodiario el 17 de junio de 2013 (http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/4917086/06/13/video-madrid-leguina-recuerda-que-blesa-fue-impuesto-por-aznar-con-el-apoyo-de-ccoo.html).<<

⁴⁴ Cfr. «Elpidio Pacheco, un juez rebelde y polémico, abre la veda contra los banqueros», publicado en El Confidencial el 18 de mayo de 2013 (http://www.elconfidencial.com/espana/2013/05/18/elpidio-pacheco-un-juez-rebelde-y-polemico-abre-la-veda-contra-los-banqueros-121172), y «Los banqueros temen que el caso Blesa se convierta en una causa general contra el sector», publicado en El Confidencial el 16 de mayo de 2013 (http://www.elconfidencial.com/economia/ 2013/05/26/los-banqueros-temen-que-el-caso-blesa-se-convierta-en-una-causa-general-contra-el-sector-121695).<<

⁴⁵ Cfr. «Miguel Blesa, en la cuerda floja del caso Bankia por su gestión hasta 2010», publicado en El Confidencial el 13 de agosto de 2012 (http://www.elconfidencial.com/espana/2012/08/13/miguel-blesa-en-la-cuerda-floja-del-caso-bankia-por-su-gestion-hasta-2010-103711).<<

⁴⁶ Cfr. Constantino Falcón Martínez, Emilio Fernández-Galiano y Raquel López Melero, Diccionario de la mitología clásica, tomo I, Alianza Editorial, Madrid, 1983, pp. 85-86, y Homero, Odisea, Ediciones Cátedra, Madrid, 1987, p. 210.<<

⁴⁷ Cfr. Rufino José Cuervo Urisarri, Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana, tomo II, editado por el Instituto Caro y Cuervo, Santafé de Bogotá, 1954, pp. 955957.<<

⁴⁸ Son guardianes de estos listados las entidades financieras y de crédito. Valga como ejemplo ASNEF. Cfr. http://www.asnef.com/<<

⁴⁹ Cfr. Francisco G. Quevedo y Villegas, El parnaso español ó las nueve musas castellanas. Poesías heroicas, morales, fúnebres, amorosas, satíricas, burlescas, líricas y sagradas, Editorial Librería de Lance de Ramon Pujal, Barcelona, 1869.<<

⁵⁰ Un botón de muestra sólo en el ámbito del forensic contable puede confrontarse en ACFE (Association of Certified Fraud Examiners, la Asociación de Peritos Certificados en Fraudes). Cfr. http://www.acfe.com/forensic-accountant.aspx<<

⁵¹ Cfr. Bertolt Brecht, La ópera de dos centavos, Ediciones Losange, Buenos Aires, 1957, p. 51. En esta traducción de Annie Reney y Onofre Lovero, la expresión es «¿Qué es el asalto a un banco comparado con la fundación de un banco?».<<

⁵² Una stock option supone la opción de comprar acciones de la empresa a un precio determinado. Imaginemos que un directivo goza de la siguiente opción: puede comprar mil acciones a diez euros en el plazo de un año. Si al cumplirse el plazo, las acciones valen cien, el ejecutivo comprará a diez y venderá a cien. Ganará mucho dinero: comprará el total a diez mil y lo venderá a cien mil. Las stock options crean dos incentivos fraudulentos en la dinámica empresarial. (1) El directivo querrá que las acciones suban: pondrá en marcha proyectos muy arriesgados para ganar mucho. Igual que se pierde se gana, pero ahora se forzarán operaciones arriesgadas de todo o nada. El incremento del riesgo empresarial favorecerá al directivo si se gana. Pero, cuando se pierda, colapsará la empresa. (2) Ante pérdidas evidentes, el directivo puede tender a encubrirlas durante algún tiempo. Así conseguirá que no bajen las acciones obteniendo gran beneficio fraudulento al aplicar las stock options. Cfr. http://www.eifr.eu/files/file7606808.pdf (Directive of the European Parliament and of the council on Markets in financial instruments and the Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in financial instruments. Bruselas, 20 de octubre de 2011). Cfr. <http://www.eifr.eu/cgi-bin/search?l=f&q=stock+options> en relación con el EIFR (European Institute for Financial Regulation).<<

⁵³ Cfr. Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito, artículo 2.1.b). Más exactamente se exigen, entre otros múltiples requerimientos, 18.030.363,13 euros. Cfr. http://www.tesoro.es/sp/legislacion/proced/proced01.asp<<

⁵⁴ Cfr. Pío Baroja, El árbol de la ciencia, Alianza Editorial, Madrid, 1997.<<

⁵⁵ Sísifo, el más astuto de los hombres, fue condenado a empujar eternamente en los Infiernos una roca hasta lo alto de una colina, desde donde caía una y otra vez hasta la base. Cfr. Constantino Falcón Martínez, Emilio Fernández-Galiano y Raquel López Melero, op. cit., pp. 572-573, y Homero, op. cit., p. 218.<<

⁵⁶ Erwin Rommel, La infantería al ataque, Editorial Tempus, Barcelona, 2010, p. 63.<<

⁵⁷ Cfr. Sun-zi, El arte de la guerra, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 2000, p. 49.<<

⁵⁸ Cfr. «Miguel Blesa podría salir de la cárcel; la Audiencia de Madrid anula parte del caso», publicado en El Economista el 19 de junio de 2013 (http://www.eleconomista.es/interstitial/ volver/acierto-agosto/empresas-finanzas/noticias/ 4924100/06/13/La-Audiencia-Nacional-anula-la-reapertura-del-caso-Blesa-que-podria-salir-de-la-carcel-Medios.html), y «Elpidio José Silva: “Ahora mismo no tenemos caso Blesa”», publicado en eldiario.es el 20 de junio de 2013 (http://www.eldiario.es/politica/Elpidio-Jose-Silva-ahora-Blesa_0_145236350.html).<<

⁵⁹ Cfr. «La Fiscalía persigue al juez que encarceló a Blesa», publicado en el eldiario.es el 16 de junio de 2013 (http://www.eldiario.es/politica/Fiscalia-persigue-juez-encarcelo-Blesa_0_143835912.html), y el expediente disciplinario que puede verse en http://www.scribd.com/fullscreen/148180444? access_key=key-m1009i9pevowzecwcqk&allow_share= true&view_mode=scroll<<

⁶⁰ Cfr. «IU apoya al juez del caso Blesa y ve “terrorífico” el papel de la Fiscalía», publicado en eldiario.es el 14 de junio de 2013 (http://www.eldiario.es/politica/IU-Blesa-terrorifico-papel-fiscalia_0_143136048.html), e «IU apoya al juez del caso Blesa y ve “terrorífico” el papel de la Fiscalía», publicado en lainformacion.com el 14 de junio de 2013 (http://noticias. lainformacion.com/politica/camara-alta/iu-apoya-al-juez-del-caso-blesa-y-ve-terrorifico-el-papel-de-la-fiscalia_ pPJAp45SF9zZE0vSBffPe).<<

⁶¹ Cfr. «La acusación del caso Blesa ve a Gallardón detrás de la anulación de la causa contra el expresidente de Caja Madrid», publicado en Elboletin.com el 20 de junio de 2013 (http://www.elboletin.com/index.php?noticia=78346).<<

⁶² Cfr. Michel Serres, Hermès V, Le Passage du NordOuest, Les Éditions de Minuit, París, 1980, p. 15.<<

⁶³ Cfr. Paul Ricœur, Freud: Una interpretación de la cultura, Editorial Siglo XXI, Madrid, 1990, pp. 32 ss. Este autor inaugura la visión de Marx, Nietzsche y Freud como maestros de la sospecha.<<

⁶⁴ La verdad acontece. Sobreviene cuando se revela lo oculto recorriendo los senderos del conocimiento. Frente a la fealdad apiñada en la mentira y la manipulación, Heidegger se refiere a la belleza: «La belleza es uno de los modos de presentarse la verdad como desocultamiento». Cfr. Martin Heidegger, Caminos de bosque, Alianza Editorial, Madrid, 1995, pp. 45-47.<<

⁶⁵ Cfr. «UPyD revela que la cúpula de Caja Madrid cobró 68 millones en cuatro años», publicado en El País el 20 de marzo de 2013 (http://economia.elpais.com/economia/2013/ 03/20/agencias/1363786043_389506.html).<<

⁶⁶ La diligencia debida (due diligence) es una expresión utilizada en el ámbito de las adquisiciones empresariales. Alude a las indagaciones previas imprescindibles para asegurar el objeto de compra. Se refiere a temáticas muy variadas, tales como perspectivas de negocio o estado contable de la empresa. Se busca obtener información objetiva para determinar el precio de la operación, la estructura de la transacción, las garantías aconsejables y la seguridad adquisitiva en cuantos niveles sea preciso el abordaje, dadas las circunstancias del caso concreto. Cfr. en el seno de la OCDE (http://www.oecd.org/ daf/anti-bribery/). Cfr. Richard H. Girgenti y Timothy P. Hedley, op. cit., pp. 190-203.<<

⁶⁷ Los supresores más recalcitrantes chapotean en el sadismo. La intensidad de la desviación dependerá del tamaño de la charca y de su grado de estancamiento. El sádico, como sujeto represor, destruye o suprime al otro para no destruirse. La agresión hacia el exterior supone una forma de proyección. La moneda tiene dos caras: «Agredo porque me provocan» (1), y «de no agredir, me agredirían» (2). Cfr. Carlos Castilla del Pino, Introducción a la psiquiatría. 1. Problemas generales. Psico(pato)logía, Alianza Universidad, Textos, Madrid, 1993, pp. 229-230. Por ello, para Freud el masoquismo es la pulsión parcial complementaria del sadismo; es decir, supone una reversión (Rückwendung) del sadismo hacia el yo propio. El sádico suprime al otro, le destruye, huyendo de su propia autodestrucción. Cfr. Sigmund Freud, Obras completas. Volumen 18. Más allá del principio del placer, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1984, p. 53.<<

⁶⁸ Albert Camus, El extranjero, Círculo de Lectores, Barcelona, 1976, p. 25.<<

⁶⁹ Cfr. Johann W. Goethe, Fausto, Editorial Planeta, Barcelona, 1985, p. 70.<<

⁷⁰ La Ley del Mercado de Valores define la oferta pública en el artículo 30 bis1, sustituyendo a la definición del artículo 3.1 b) del RD 291/1992. Una oferta pública de venta o suscripción es toda comunicación a personas, en cualquier forma o por cualquier medio que presente información suficiente, sobre los términos de la oferta y de los valores que se ofrecen de modo que permita a un inversor decidir sobre la adquisición o suscripción de estos valores. En cuanto al proceso de privatizaciones y su esquema global, cfr. Mariano Guindal, El declive de los dioses, Editorial Planeta, Barcelona, 2011, pp. 413-414.<<

⁷¹ Cfr. «La Comisión impone a los proveedores de betún una multa de 183 millones de euros por reparto del mercado y coordinación de precios en España» (http://europa.eu/ rapid/press-release_IP-07-1438_es.htm).<<

⁷² Las cajas de ahorros, a diferencia de los bancos (sociedades mercantiles), son fundaciones. Cfr. la Sentencia del Tribunal Constitucional 49/1988, de 22 de marzo.<<

⁷³ Cfr. Vicente Cuñat y Luis Garicano, Did good cajas extend bad loans? Governance, human capital and loan, Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) (http://fedea.es/ pub/papers/2010/dt2010-08.pdf).<<

⁷⁴ Son Juzgados unipersonales mixtos los que abordan tanto la instrucción penal y juicios de faltas como los asuntos relacionados con el Derecho Civil de la Primera Instancia. El volumen de negocio del área civil suele ser muy superior, en términos económicos, a los intereses que se ventilan en el área penal del Juzgado. Por este motivo es lógico que los profesionales (abogados, peritos y procuradores) obtengan mayores beneficios con cargo a asuntos residenciados en la Primera Instancia civil. Al ralentizarse el ritmo de resolución e impulso en el sector privado del Juzgado, ello se reflejará en los ingresos de los profesionales.<<

⁷⁵ Cfr. Benito Pérez Galdós, Miau, Labor/Punto Omega, Barcelona, 1984, p. 224.<<

⁷⁶ René Char, Poesía esencial, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, Barcelona, 2005.<<

⁷⁷ Esta parábola se publicó en el volumen de relatos titulado Un médico rural. Tras la muerte del escritor, se insertó en su novela El proceso. Cfr., Franz Kafka, op. cit., pp. 262-263.<<

⁷⁸ Cfr. Ismaíl Kadaré, El monstruo, Editorial Anaya & Mario Muchnik, Madrid, 1995, p. 102.<<

⁷⁹ César Vallejo, Obra poética completa. Los heraldos negros, Alianza, Madrid, 1982, p. 59.<<