Patxi López

La izquierda necesaria

DISEÑO DE CUBIERTA: marta rodríguez panizo

© Patxi López, 2017

© Los libros de la Catarata, 2017

Fuencarral, 70

28004 Madrid

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La izquierda necesaria

ISBN: 978-84-9097-302-8

e-isbn: 978-84-9097-330-1

DEPÓSITO LEGAL: M-11.272-2017

IBIC: jphl

este libro ha sido editado para ser distribuido. La intención de los editores es que sea utilizado lo más ampliamente posible, que sean adquiridos originales para permitir la edición de otros nuevos y que, de reproducir partes, se haga constar el título y la autoría.

1

La nueva modernidad

Estamos demasiado acostumbrados a debates recurrentes que tienen origen y justificación en el propio escenario creado por reiterados posicionamientos circulares. Hemos creado, en gran parte, un espacio artificial donde la discusión política se autoalimenta de manera que, cada cierto tiempo, volvemos al punto de origen sin haber resuelto nada.

Y no nos damos cuenta de que la sociedad está cambiando, ajena a nuestro laberinto. El debate político se parece mucho a los agujeros negros que succionan toda la energía que encuentran a su alrededor. Una y otra vez afirmamos iniciar momentos históricos que, estériles, se desvanecen en la nada. Y, mientras, el mundo se nos está yendo a otra parte.

Con nuestro consentimiento o sin él, estamos entrando en un tiempo nuevo en el que muchas de las seguridades del pasado ya no tienen sentido. En el que nuevos retos nos enfrentan a realidades cambiantes. Estábamos acostumbrados a un concepto de la modernidad (que viene de la Ilustración) como una línea ascendente, ininterrumpida y lineal del progreso. Cierto que hemos tenido interrupciones drásticas e, incluso, retrocesos dramáticos, como los totalitarismos y la Segunda Guerra Mundial, pero el concepto de la modernidad como un avance tecnológico y como progreso lineal ascendente es el modelo que hemos interiorizado.

Hablamos de nueva modernidad porque están cambiando todos los parámetros. Hemos iniciado un nuevo tiempo en el que está cambiando todo: la economía, las estructuras políticas, las formas de vida y también las propias personas. Parafraseando a Sócrates, solo estamos seguros de nuestra propia inseguridad y de la incertidumbre sobre el futuro.

El horizonte como línea permanente y guía del caminante es lo que mejor ha definido la modernidad hasta la fecha: no sabíamos qué había detrás, pero, al menos, teníamos la certeza de hacia dónde caminar. Hoy nos parecemos más a viajantes del espacio donde no existe horizonte, norte o sur, y donde todas las direcciones son posibles.

De forma recurrente oímos que el Estado-nación está quedando obsoleto, que los partidos políticos sufren una gran desafección, que la política ha abandonado a la ciudadanía o, al revés, que la ciudadanía está abandonando la política. Pero igualmente cierto es que los sindicatos están restringiendo su representación a un tipo concreto de trabajadores, que la familia no es ya lo que era, que las personas tienen un modo de vida y de relaciones que hace treinta años parecían impensables…

Es decir, que las viejas estructuras de socialización de las personas: la comunidad, la familia, la iglesia, el Estado, la empresa segura con empleo permanente; cosas sólidas de otros tiempos, entidades que casi se podían tocar con los dedos por su presencia permanente y casi física, se nos deshacen en la niebla.

Zygmunt Bauman definía la nueva modernidad como realidad líquida. Algo en permanente movimiento, sin forma física determinada, pero que de alguna manera mantiene su propia identidad en las transformaciones. Yo creo que es una buena metáfora para definir nuestro nuevo entorno. Una realidad que no se deja aprehender, que escapa por rendijas imprevistas, que cambia continuamente de forma y, sobre todo, que se mueve. Una realidad en continuo movimiento, que se transforma permanentemente, que va creando y destruyendo, con la misma facilidad y velocidad, escenarios inestables y efímeros.

La autonomía del yo

El liberalismo nos descubrió al individuo político. Asumió que la comunidad política estaba formada por personas con voz e intereses individuales —aún hoy la mayoría de las libertades políticas se basan en ese descubrimiento—. Hasta entonces, la persona no tenía sentido por sí misma, sino en la medida de la pertenencia a un grupo social. Era una sociedad dividida en estamentos (los tres estados) y organizado en gremios y cofradías. Las revoluciones liberales descubrieron al individuo político y económico, especialmente al individuo burgués que tenía intereses particulares y quería participar en las decisiones políticas. Pero el individuo social no sujeto a decisiones colectivas a la hora de definir su propia vida tardaría en llegar.

En la última parte del siglo XX se da una revolución. Las personas deciden que, además de tener opiniones políticas, quieren construir de forma autónoma y personal su propia identidad. Las revueltas estudiantiles del 68 dan un impulso enorme a ese movimiento: las personas se declaran libres de la tiranía de las costumbres, de la familia y de las instituciones, y reclaman la plena soberanía de su yo.

Por primera vez en la historia, las mujeres se suman de forma masiva a esta revolución callada. Se afirma que la identidad no es algo heredado o impuesto por la comunidad, sino que se puede modelar y construir de forma individual a través de diferentes experiencias personales.

La identidad cambia radicalmente, ya no es una herencia recibida o un descubrimiento oculto en el acervo compartido de la comunidad. La identidad se convierte en una tarea de construcción personal. Surge así el culto al “yo” único y diferente que caracteriza el fin de siglo, tan hábilmente explotado, por otra parte, por la sociedad de consumo.

Amin Maalouf, en su novela Orígenes, afirma que las personas no tienen raíces: tienen orígenes. Orígenes que utilizan como punto de apoyo y trampolín para crear su propio “yo” con identidad personal. Es un cambio sustancial. Las raíces te clavan como un árbol a un suelo, a una familia o a una tradición. Los orígenes van contigo, te permiten cambiar de sitio y de costumbres.

La movilidad es la característica más profunda de las nuevas personas. El “yo” liberado se mueve libre entre países, entre tradiciones, entre formas de ser o entre identidades.

En la nueva modernidad la persona tiene libertad total, pero ha tenido también que pagar un precio: la soledad y el desarraigo.

Hemos roto la supeditación a la comunidad, a la familia, a las tradiciones y a las organizaciones, pero podemos convertirnos en navegantes solitarios a los que solo nos une a otros, tan solitarios como nosotros, la sorpresa, la incertidumbre y el desconcierto.

Nunca la persona ha sido tan radicalmente libre como en la nueva modernidad: ha roto toda supeditación a la tradición, a las costumbres. Hemos ido superando todos los elementos de condicionamiento y subordinación; asumir la homosexualidad como forma legítima de vida es, en los últimos tiempos, uno de los grandes logros de libertad personal. Cada persona es dueña absoluta de su propia vida, pero a cambio pierde el cálido abrazo de la madre protectora (es decir, las diferentes pertenencias, a la familia, a la comunidad, etc.), que es muy exigente en la forma de vida, pero ofrece protección y amparo.

Una persona radicalmente libre es también, en gran medida, una persona sola. Ha asumido en exclusividad la responsabilidad sobre su vida, pero no tiene redes de ayuda y protección frente a la adversidad.

Casi nada en la nueva modernidad es estable para el individuo liberado de la tiranía de las costumbres y convenciones sociales.

Una nueva forma de relación ya ha empezado a caminar por el nuevo mundo: se le pude identificar por los rastros que deja en Facebook, por los blogs personales que crean pequeñas comunidades de interés, por las relaciones virtuales en la red, por la movilidad de sus intereses y también por la construcción de identidades personales multiformes.

A esta revolución de libertad personal se ha unido una enorme transformación de las relaciones laborales. Estas tienden a ser igualmente efímeras y cambiantes. La seguridad tranquila de un puesto de trabajo estable y para siempre es hoy algo del pasado.

Por todo ello, la característica fundamental del individuo de la nueva modernidad, junto a su radical libertad personal, es la incertidumbre y el miedo, que le someten a un estrés permanente. El futuro ya no es una promesa sino una amenaza a su vida.

Y por paradójico que resulte, en esta situación, la política, como marco estable que garantiza la libre convivencia entre distintos, cobra una nueva trascendencia. Las instituciones políticas comunes, las normas convivenciales que garantizan la solidaridad social que otorga al ciudadano un refugio mínimo donde descansar su autonomía son lo único estable en la realidad social cambiante. La solidaridad ciudadana que rescata al individuo del abandono absoluto tiene en la nueva modernidad casi el rango de requisito para la supervivencia.

Habiendo abandonado todos los demás, la solidaridad social organizada (política) es el último refugio de la persona de la nueva modernidad, pero hacen falta instituciones estables que den al individuo solitario la seguridad de pertenecer a un nosotros colectivo solidario. Y para ello son necesarias instituciones públicas y recursos suficientes para garantizar su sostenibilidad.

Siendo las estructuras de socialización tan efímeras o cambiantes, el individuo de la nueva modernidad tiende a despreciar toda estructura de intermediación entre él y la sociedad o entre él y el Estado.

No parece ajena a esto la fiebre de democracia directa, de decisionismo asambleario. El individuo de la nueva modernidad tiende a plantear la relación entre él y el mundo en términos exclusivamente binarios: yo y el mundo de forma directa.

Las nuevas tecnologías refuerzan, sin duda, esta quimera de relación directa entre yo y las cosas, entre yo y las otras personas. Me relaciono con el mundo desde mi propia soledad a través de una pantalla.

Esta pretensión del poder radical del yo para relacionarme directamente con el Poder, para decidir de forma directa las decisiones políticas, rompe todo el carácter social de la persona y, desde luego, destruye, por innecesarias, las instituciones políticas de intermediación. Al final, necesariamente quedan solo el jefe, que dice representar la voluntad general, y los individuos solitarios que solo les une la sujeción a la supuesta decisión colectiva porque han renunciado al poder político del individuo social organizado en instituciones que controlan el ejercicio del poder.

Esta sensación de tener el poder en sus propias manos es terriblemente agotadora para el individuo. Y también frustrante, por ello tenemos tentaciones de volver al pasado, a cosas estables.

Curiosamente, construimos lo estable y permanente frente a la incertidumbre del presente, con una falacia: las tradiciones. Nunca antes se han inventado tantas tradiciones como en los últimos veinticinco años. Me acuerdo de la frase de un presentador de la televisión vasca que informaba de “una tradición secular que se celebraba desde hace cinco años”.

La seguridad vital

Para el Leviatán, la defensa de la vida era lo más importante para la persona y ofrecía protegerla, pero a cambio pedía la libertad. Para Hobbes no era un mal trato.

Estar en permanente incertidumbre con miedo al asesinato y por garantizar razonablemente la vida merece la pena ceder la libertad y someterse a un tirano que me deja vivir.

Los liberales harán una defensa férrea de la propiedad como base para la libertad. Hoy nos sorprende este enfervorizado canto a la propiedad. Es verdad que en la actualidad la propiedad tiene garantías legales estables y nos parece algo obvio, cosa que para los burgueses liberales no lo era (los registros públicos de propiedad se pusieron en marcha en el último tercio del XIX).

Todo Estado moderno ha legitimado su poder garantizando la vida y la propiedad de los ciudadanos. La garantía de la seguridad ha sido un elemento fundamental del Estado. Incluso hoy, para los neoliberales, que exigen podar al Estado de toda atribución añadida, el Estado debe ser únicamente garante de la vida y la propiedad, del resto ya se encargarán los ciudadanos por su cuenta. Es lo que se define como estado mínimo. Y la verdad es que es un modelo de Estado que viene muy bien para las personas que tienen muchas propiedades.

Pero en la actualidad la inmensa mayoría de la población solo posee propiedades de consumo, además de su casa. Y sabe que lo puede perder de forma legal, por no poder pagar la hipoteca, por ejemplo.

Por ello, la incertidumbre, la inseguridad para la inmensa mayoría de la población no es exclusivamente sobre la vida y la propiedad, es la inseguridad, mucho más global, sobre su futuro.

A esta inseguridad global que abarca todos los ámbitos de la vida de una persona, el no tener garantizado nada para el mañana (puede perder el empleo, puede no tener pensión, puede perderlo todo) le vamos a llamar “inseguridad vital”. La gran enfermedad de las personas del siglo XXI. Una inseguridad vital que presiona permanentemente y crea una ansiedad y estrés continuos.

En contra de lo que afirman los neoliberales cuando dicen que cada individuo es responsable de su propio fracaso, las razones del fracaso, la mayoría de las veces, están fuera del control del individuo. Cuando azota una crisis como la actual y desparecen millones de empleos, el que una persona se quede sin trabajo no es su responsabilidad.

La inseguridad vital es tan insoportable porque, en gran medida, está producida por elementos y decisiones que la persona concreta no puede controlar.

2

En defensa del Estado de bienestar

En los últimos años, hablar de socialdemocracia y Estado de bienestar suena a veces como cosa del pasado, como añoranza de una opción perdida. Hablar de ideales políticos, de propuestas que reivindican valores como elementos para fundar la convivencia ciudadana parece un anacronismo. Aparentemente hemos abandonado el debate de las ideas para crear una discusión sobre las cosas. Los números y las estadísticas se han adueñado del debate público. Frente a los datos, las ideas tienen que “retirarse” como si fueran buenos deseos infantiles que no pueden modificar la realidad que se impone por sí misma, como las tormentas de verano. La gestión pública parece el arte de intuir por dónde camina la realidad para que todo lo demás se adecúe a ello. Como si la realidad tuviera vida propia ajena a la voluntad humana. A la política le quedaría, por tanto, adelantarse a este devenir objetivo de las cosas y hacerlo saber a los ciudadanos para que adopten las medidas para minimizar los daños. Y en este discurso aparece la economía como un enorme argumento que tiene vida por sí mismo y frente al que no podemos más que aceptar su marcha imparable.

La economía ha adoptado el rol que la naturaleza tenía para las sociedades primitivas: algo externo a la voluntad de las personas y que se impone con sus propias leyes. A las personas solo les queda tratar de adivinar sus movimientos para adaptarse como mejor puedan.

Yo quiero, en este sentido, reivindicar el triunfo del hombre sobre el estado de naturaleza. La autonomía de las sociedades sobre las leyes físicas. Y quiero reivindicar la economía como una actividad humana, plenamente humana y, por tanto, sujeta a las decisiones colectivas y supeditada a los intereses generales de la sociedad.

Todo lo que hacemos los humanos está sujeto a nuestra voluntad. La economía es algo que hacemos las personas; no es algo que sucede de forma independiente.

Lo que quiero decir es que los que reivindican la total autonomía de la economía lo que realmente han conseguido es usurpar la capacidad de decisión de la sociedad en su conjunto para dejar las decisiones en manos de unos pocos. La economía no tiene voluntad. No adopta decisiones sino que funciona como la suma de decisiones de personas o de empresas, que viene a ser lo mismo, que tienen poder sobre elementos fundamentales de la economía. Las manos invisibles de Adam Smith tienen dueños. Dueños que no quieren estar sujetos a las decisiones colectivas de las sociedades democráticas.

Si la esencia de la democracia es decidir de forma colectiva las cuestiones que afectan a nuestra vida, el poner la economía fuera del ámbito de las decisiones políticas está creando un grave quebranto de la democracia misma. Si uno de los elementos que mayor incidencia tienen en la vida social, en nuestra calidad de vida, en nuestras opciones de decidir de forma autónoma nuestra propia vida, no está sujeto a la decisión colectiva, hemos hurtado a la democracia una de sus bases más importantes.

El argumento de los hechos es siempre el argumento de los fuertes

Decía Bobbio que profundizar en la democracia significa decidir más gente sobre más temas que nos incumben.

Las democracias occidentales hemos recorrido a lo largo del siglo XIX y el XX un largo camino sumando personas a las decisiones colectivas; de los propietarios iniciales pasamos a integrar a todos los hombres, y, muy tardíamente, demasiado tardíamente, hemos integrado a la otra mitad: a las mujeres. Pero aún nos queda esa herida democrática de los ciudadanos demediados, de los ciudadanos que tienen las mismas responsabilidades pero que no tienen aún los mismos derechos; los colectivos de emigrantes que trabajan en nuestras sociedades europeas. Pero sí podemos decir que la historia de las democracias occidentales es un caminar incesante para ampliar el número de personas que participan en las decisiones colectivas.

Pero en la otra faceta que plantea Bobbio, es decir, decidir sobre más cosas que nos afectan a todos, estos últimos treinta años han sido de un claro y drástico retroceso. Se nos ha dicho una y otra vez que la economía tiene sus propias leyes y que la política no le puede poner límites sin poner en grave riesgo el progreso. Y se nos ha pedido a la gente renunciar al control ciudadano de algo que condiciona de forma sustancial nuestras opciones de vida.

Durante los últimos treinta años estas tesis han sido difundidas de forma masiva y han logrado ser asumidas por mucha gente como verdades autodemostradas. Se han aplicado políticas desreguladoras que han dejado las manos libres a los poderes económicos. Hemos caído en la tentación de Fausto vendiendo nuestra alma a la economía.

Pero es hora ya de hacer balance. Comprobar a qué nos han conducido estos treinta años de alegría neoliberal. Porque la verdad abrumadora es que las sociedades democráticas occidentales estamos peor que hace treinta años.

La desigualdad en la distribución de la riqueza está adquiriendo niveles insoportables en amplios colectivos. Paul Krugman considera que Estados Unidos ha vuelto a niveles de desigualdad y concentración de renta similares a la muy injusta década de los años veinte. Los datos estadísticos de PIB global no pueden ocultar que el progreso ha sido costeado por la marginación y miseria de muchos.

Wilkinson y Pickett nos advierten en Desigualdad: un análisis de la (in)felicidad colectiva de que “los problema de los países ricos no son la consecuencia de que estas sociedades no sean lo suficientemente ricas, sino que las diferencias materiales entre las personas, dentro de cada sociedad, son excesivamente grandes. Lo importante es qué posición ocupamos en relación con los demás, dentro de nuestra propia sociedad”.

Las sociedades actuales son sociedades fragmentadas, con ciudadanos organizados en grupos de interés y la inmensa mayoría vagando en solitario por la vida.

La crisis que estamos sufriendo en la actualidad no es fundamentalmente una crisis económica. Es un fracaso de un modelo social determinado. Es el fracaso de una ideología que ha fraccionado las sociedades modernas, que ha roto la solidaridad ciudadana y ha dejado al individuo aislado. Es el ejemplo claro de que si dejamos sin control a los poderes económicos, estos crean desigualad, división social y terminan poniendo en riesgo todo el sistema.

Estos últimos treinta años han sido un incremento constante de desigualdad, han invertido la tendencia de los cuarenta años anteriores en los que se iba limitando la pobreza, en los que las clases populares estaban accediendo al bienestar común. Se han creado nuevos espacios de marginación y pobreza que a finales de los setenta nos parecían desterrados para siempre.

Las clases medias que hoy disfrutan de bienestar han decidido, en gran medida, romper con su propio pasado. Han cortado el puente de la movilidad social después de haberla cruzado. Reivindican su ascenso social únicamente a su mérito personal, olvidando que son el producto de la solidaridad del Estado de bienestar.

La situación de las clases medias actuales es el resultado de una larga historia de solidaridad y construcción de estructuras públicas para garantizar la igualdad de oportunidades. Son el resultado de los sistemas de pensiones que han permitido que los hijos pudieran estudiar en vez de trabajar para mantener a sus padres. Son el resultado de los servicios públicos de enseñanza que han garantizado a todos igualdad de acceso al conocimiento. Son el resultado de los sistemas de salud universales que han proporcionado seguridad ante la vida, permitiendo poder invertir recursos en el propio proyecto de vida.

Las clases medias actuales son la demostración más contundente del triunfo del Estado de bienestar. Pero el Estado de bienestar no surgió por generación espontánea; fue el resultado de decisiones colectivas. Fueron acuerdos políticos generalizados que optaron por definir un modelo social de progreso compartido. El Estado de bienestar es un modelo social que pone al servicio de la gente los recursos públicos y la economía. Y pide a cambio, a todos, colaboración y esfuerzo.

Debiera darnos vergüenza tener que recordar que el Estado de bienestar con sus servicios públicos e igualdad de oportunidades no generó pobreza, como los neoliberales nos quieren hacer creer en la actualidad, ocultando el pasado. Ha sido el sistema que mayor nivel de progreso y para más gente ha proporcionado en toda la historia conocida.

Esa es la verdad: no hay época histórica en la que mayor número de pobres han dejado de serlo. No hay época histórica en la que las personas han tenido mayor igualdad de oportunidades. Pero en algún momento de los ochenta hemos permitido dinamitarlo corriendo detrás de un sueño para ricos.

Rorty nos dice que “es como, si en algún momento alrededor de 1980, la gente de los hijos que se abrió paso a lo largo de la gran depresión hasta llegar a los barrios residenciales, hubieran decidido demoler ese puente después de haberlo cruzado. Decidieron que aunque la movilidad social había sido apropiada para la generación de sus padres, ya no se consentiría a la próxima generación”.

La esperanza en mejorar en el futuro se ha quebrado: somos la primera generación que cree que nuestros hijos vivirán peor que nosotros. Tenemos amplios colectivos de jóvenes que creen que su futuro ha sido arrebatado por la generación de sus padres y que no tiene ninguna opción en el progreso.

¿Qué nos ha pasado estos años?

Fausto, al darse cuenta de su error, no pudo recuperar su alma, pero nosotros sí podemos.

Yo planteo reivindicar la capacidad de la ciudadanía para decidir su propio futuro colectivo. Las realidades sociales no son hechos materiales como los montes, son el resultado de decisiones políticas. La realidad social actual se puede y se debe cambiar y los socialdemócratas no renunciamos a ello. Por eso planteo la necesidad de que la ciudadanía coja con sus manos la decisión de construir su propio destino. Estoy planteando más democracia. Estoy planteando una democracia de la gente frente la gestión pública de las cosas. Los acuerdos públicos no deciden cosas; deciden vidas de los ciudadanos. Queremos decidir cómo queremos ser y no resignarnos a gestionar lo que, fuerzas ajenas a la voluntad ciudadana, nos dejan ser.

La política es el ámbito privilegiado donde la ciudadanía pude recuperar el control de las fuerzas económicas que están actuando al margen de todo control.

La política es el lugar donde podemos plantear que la economía debe ser una actividad para generar riqueza colectiva. Esto no quiere decir que la economía dominada por la política pueda con cualquier cosa, pues su propia naturaleza la limita. Lo que aquí se plantea es la gobernanza de la economía desde la política.

Me parece que es hora de renovar el gran pacto ciudadano entre personas, instituciones y agentes económicos con objetivos colectivos claros. Nos hacen falta instituciones democráticas y sociedades unidas y fuertes. Como decía Bauman, el Estado de bienestar es la última encarnación de la idea de comunidad. Después de los desastres causados por los nacionalismos que definieron la pertenencia por elementos identitarios, el Estado de bienestar ha sabido crear una sociedad en la que las personas se sentían miembros de la misma aventura. Pertenecientes a un “nosotros” solidario que creaba progreso y aportaba confianza en el futuro.

Hoy, en la medida en que estamos desmontando el Estado de bienestar, los servicios públicos y la garantía de la igualdad de oportunidad deja de ser una responsabilidad colectiva; nos encontramos con personas que se convierten en individuos aislados; ya no tienen razones para sentirse solidarios entre sí. No hay tareas colectivas que unan los esfuerzos de todos.

Es hora de impulsar los valores sociales del esfuerzo compartido, la solidaridad interna y la confianza en el futuro.

¿Alguien cree que los millones de obreros y empleados que en los años cincuenta y sesenta levantaron Europa estaban preocupados y ocupados en cómo defraudar a los servicios públicos o a sus empresas? No. Han sido los años en los que más personas han aceptado el esfuerzo como un valor positivo. Han sido los años donde más se ha valorado el esfuerzo personal bien hecho. Nunca las clases humildes han estado tan orgullosas de su trabajo.

El neoliberalismo solo nos ha traído la ostentación obscena de la riqueza lograda sin esfuerzo.

Nos dicen que es la hora de la responsabilidad individual. Que el Estado no tiene que resolver nuestros problemas. Esta afirmación biensonante parte de una ficción social. Tendría sentido si todas las personas nos encontráramos al inicio de nuestra vida en igualdad de oportunidades. Si todos iniciáramos la carrera de la vida desde el mismo punto de partida.

Al individuo que está sujeto a la tiranía de la necesidad, que no tiene margen para competir en igualdad con otro, no podemos pedirle la misma responsabilidad, pero sí el mismo esfuerzo. Solo una sociedad solidaria y unas instituciones públicas pueden garantizar a todos la posibilidad de progresar. Pero es un pacto de corresponsabilidad en dos direcciones: de todos con todos. Lo que debe definir las relaciones sociales no es tanto la responsabilidad individual como la corresponsabilidad de todos. Una sociedad solidaria no es una sociedad de vagos, se basa en la ética del esfuerzo personal, pero la responsabilidad es compartida.

El dejar exclusivamente en manos de la responsabilidad individual las posibilidades de cada uno es iniciar una cacería inmoral en la que solo los más fuertes y crueles se quedan con la pieza.

Si quitamos el Estado, si renunciamos a los servicios públicos no surge, como nuevo amanecer, una sociedad vigorosa: quedan a un lado, en la penumbra que no queremos ver, los ciudadanos abandonados a su suerte que no consiguen salir de la pobreza, y en el centro una contienda sin normas de todos contra todos. Pero, además, desde el fondo, surge un nuevo Estado provisto, esta vez, de policías, de jueces y de videocámaras para poner control en el desconcierto.

Resumiendo lo que he dicho, planteo que los europeos debiéramos iniciar una regeneración de las democracias y de la política. Recuperar al ámbito del debate público todas las cosas que nos incumben. Tener el valor de definir qué sociedad queremos para nosotros y nuestros hijos y adoptar las decisiones para lograrlo.

Los socialdemócratas debemos perder los complejos acumulados. Debemos entender la gestión pública como el espacio para la reforma y el cambio social. Debemos abandonar la resignación de gestionar la res publica solo como el medio de minimizar los daños.

Sabemos que el neoliberalismo ha fracasado. Sabemos que una sociedad dividida no puede ser solidaria. Sabemos que si no logramos definir tareas colectivas no es posible que los ciudadanos se sumen a la solidaridad común. Sabemos también que ya no estamos en los cincuenta ni en los sesenta. Que tenemos nuevos y diferentes problemas: la demografía, el impacto de la globalidad. Pero sabemos, sobre todo, que la sostenibilidad del Estado de bienestar no es solo, ni sustancialmente, cuestión de números: es cuestión de decisión colectiva. Si decidimos que queremos, podemos mantenerlo. Deberemos hacer las reformas necesarias, algunas dolorosas, pero sabremos para qué hacemos los esfuerzos.

La decisión no es si hay dinero o no. La cuestión no es si queremos desmotar el Estado de bienestar o no. La decisión que debemos adoptar es si queremos una sociedad en la que las personas puedan tener igual dignidad. Si queremos vivir en una sociedad donde el mero hecho de nacer en una determinada familia suponga una condena perpetua a la pobreza o no.

Y sí, para eso hace falta trabajar. Y trabajar mucho. Y sí, para eso queremos ciudadanos laboriosos capaces de hacer esfuerzos hoy para garantizar progreso mañana. Y sí, tenemos que depurar los servicios públicos de las perversiones que han ido acumulando. Tenemos que hacerlos más eficientes. Tenemos que lograr recuperar la confianza ciudadana en la administración pública. La ciudadanía debe poder ser controlador y juez de su buen funcionamiento. Debemos abrir las ventanas de la administración para que no se puedan enquistar privilegios bajo el lenguaje de la burocracia. La administración pública debe ser la mano que distribuye la solidaridad común y se debe hacer de forma transparente y equitativa.

Sí. Todo eso lo tenemos que hacer para que el Estado de bienestar sea sostenible.

Los socialdemócratas no queremos ser los que reparten la pobreza, queremos progresar, pero queremos progresar juntos.

Queremos libertad pero queremos libertad para todos.

Queremos oportunidades de futuro, pero queremos igualdad de oportunidades para todos.

La quiebra del futuro

“Y dime Zavalita, ¿cuándo se jodió el Perú?”.

Mario Vargas Llosa, Conversación en La Catedral

Hoy, un enorme malestar ciudadano habita en las sociedades europeas, especialmente en el Sur. Un malestar profundo que denuncia a las instituciones políticas su incumplimiento de la promesa de un futuro mejor. El malestar que está provocando un incremento peligroso de populismos de diferente signo acusa al Estado democrático de no ofrecer ningún futuro a sus vidas. Frente a esta acusación hay dos respuestas, una desde la posición neoliberal: esto nos pasa porque los socialitas y su Estado de bienestar os han hecho como niños irresponsables. Nos pasa porque los socialistas han amordazado la libertad económica y del mercado creando pobreza para todos. Con nosotros vamos a recuperar la libertad del mercado, vamos a romper las mordazas del mercado laboral. Vamos a dejar libre la economía para que crezca con sus propias leyes. Y a vosotros os decimos que ya sois mayorcitos, que cada uno se tiene que hacer responsable de su propia vida, que hay que esforzarse por luchar por un futuro propio. Nadie os lo va a impedir. Vosotros vais a decidir vuestra vida. El Estado de bienestar solo roba el esfuerzo de los más laboriosos y usurpa el beneficio de los que han hecho mayor esfuerzo que otros y esto impide que la economía crezca.

Desde algunos sectores de la socialdemocracia la otra respuesta es vergonzante: nos habría gustado cumplir la promesa pero no hemos podido. Hay fuerzas que no controlamos. Es que la economía. Es que la economía… Otros van aún más lejos y proponen que para evitar la frustración social debemos limitar las promesas desde la política. Que hay que educar en el realismo a la ciudadanía y solo prometer aquello que podemos cumplir.

Yo no comparto ninguna de las dos respuestas. Tenemos que analizar cómo hemos llegado a esto. Cómo hemos llegado a la quiebra de la legitimidad y a la quiebra material del Estado de bienestar.

Los socialistas en general ponemos mucho énfasis en que el único responsable del malestar es el recorte drástico de los servicios públicos por la derecha neoliberal. Y es verdad, el recorte de servicios públicos es el último acto de una obra que han ido poniendo en escena durante muchos años, pero no es la causa.

La destrucción del Estado de bienestar comenzó mucho antes, comenzó en los primeros ochenta. Cuando un idiota puso en una pizarra la frase “Es la economía, estúpido” comenzamos a cruzar la frontera.

Los socialistas tendemos a identificar el Estado de bienestar con los servicios públicos y, en general, la gente piensa lo mismo. Si preguntamos a alguien: ¿para usted qué es el Estado de bienestar?, seguramente nos responderá: el Estado de bienestar son la educación pública, la sanidad, las pensiones, el subsidio de desempleo…

Y, sin embargo, lo sustancial del Estado de bienestar es el pacto ciudadano con el capital. El Estado de bienestar surge desde el terror que se generó con la gran depresión americana, la revolución rusa y el fascismo y nazismo europeos que provocaron dos guerras mundiales.

Las crisis brutales del capitalismo y la ferocidad de las revueltas obreras obligaron a repensar el modelo social y el económico. Y surge el pacto entre la ciudadanía y el capital sobre los siguientes ejes:

El reconocimiento de la propiedad privada y el libre mercado.

La fiscalidad progresiva.

El reconocimiento de la negociación colectiva.

La puesta en marcha de servicios públicos de educación, salud y pensiones.

Se reconoce la propiedad privada, pero se le ponen límites. Se reconoce el libre mercado, pero se le regula, y además el Estado se reserva la participación en la economía por interés general. Dicho de forma sencilla: los que más ganan tienen que entregar parte de su beneficio al Estado para que sea distribuido entre los que menos tienen. Esos son los impuestos progresivos. Y de este trato surgen los servicios públicos. El derecho de negociación colectiva logró que los salarios fueran decentes y el Estado tenía iniciativa económica.

Con estas premisas surgió un Estado con capacidad para tomar decisiones estratégicas de cada país y con iniciativa para participar de forma activa en la economía.

Los “treinta gloriosos” fueron años de una fiscalidad realmente progresiva; hoy suena a escarnio cuando oímos hablar a los neoliberales de impuestos expropiatorios cuando se plantea subir más del 50% el tipo marginal más alto. La media de esos años estaba por encima del 70%.

Si planteamos el beneficio como el producto colectivo del esfuerzo del capital, de los trabajadores y directivos, la primera cuestión, antes incluso de hablar de impuestos, es cómo se reparte el beneficio. Porque la fundamental distribución se hace a través de los salarios y el beneficio del capital.

Pero todo esto se vino abajo hace ya tiempo.

La batalla en la opinión pública

“El enemigo de la verdad no es la mentira, son las creencias; con las mentiras se puede razonar, pero las creencias no aceptan ningún razonamiento”.

Nietzche

Esa generación que había dinamitado los puentes por los que habían accedido al bienestar, junto con los ricos de siempre, se juntaron en batallones neoliberales y rompieron el pacto social del Estado de bienestar.

Y rompieron el pacto social no atacando directamente al sistema, sino planteando una batalla en la opinión pública. Tenían que inculcar ideas, aparentemente simples y autoexplicativas, para luego proceder en serio su labor de derrumbe del sistema del Estado de bienestar.

Falacia 1. Es la economía, estúpido

Y muchos desde la izquierda lo creyeron.

Esa frase es una catástrofe para nosotros, no solo por lo que dice, sino por quién lo dice. Los neoliberales lograron su gran victoria cuando personas de la izquierda asumieron sus principios.

Esa frase maldita es el resumen perfecto del credo neoliberal: la política es una cosa y la economía es otra cosa que va por su cuenta. El gran error es haber aceptado que la economía marchara sin control fuera de la política, porque todo debate sobre la economía queda fuera del control ciudadano.

Es la historia del lobo que se viste con piel de cordero. Es la historia de cómo la ideología se disfraza de falsos argumentos para evadir el debate público.

Pero no nos podemos engañar por más tiempo. Los argumentos económicos son en realidad argumentos de una ideología. Lo que proclama una y otra vez la derecha no es economía, no. Es ideología.

Contra toda evidencia, contra toda realidad, en Europa la derecha sigue aplicando medidas que nos llevan a la ruina y a la recesión, porque lo que plantean no son medidas económicas, son artículos de fe.

Sacar la economía fuera de la política es arrancar de las manos de la ciudadanía las decisiones de su propio futuro.

Es hora de cambiar, de llamar a cada cosa por su nombre; es hora de decir que la economía nos pertenece, porque decide nuestro futuro, condiciona las vidas de todos. La economía nos pertenece igual que nos pertenece la libertad; igual que nos pertenecen las instituciones que gestionan la convivencia de todos.

Es hora de llamar de nuevo a la política para que ocupe su lugar en el escenario; es hora de llamar también a la ciudadanía para hacer una nueva concordia con la política. Para creer de nuevo en la democracia.

Hace doscientos años una simple frase hizo caer gobiernos, puso en marcha revoluciones, fue por todo el mundo levantando una a una a todas las personas para decirles: te rompemos las cadenas que te unen a la servidumbre, anulamos la sumisión a otras personas, te hacemos ciudadano.

Hace doscientos años un puñado de personas se atrevió a decir: “Todos nacemos iguales”, y cambió el mundo.

No pensaron en la economía, no pensaron en qué dirían los mercados.

Se juntaron y al decir “Todos nacemos iguales” hicieron una afirmación moral, sobre sí mismos y los demás. Proclamaron un principio ético sobre el construir la sociedad.

Porque la esencia de la política son los valores que definen la convivencia. Y la izquierda se ha olvidado demasiadas veces de esta verdad. Lo que hizo juntar a un puñado de personas en Filadelfia, lo que les dio el valor necesario a los miembros de la Asamblea Nacional que aprobó la noche del 26 de agosto de 1789 los derechos humanos, lo que impulsó en el año 1931 a los progresistas españoles a aprobar por primera vez el voto universal para todos, incluyendo a las mujeres en la categoría de los ciudadanos, fue la defensa de valores, incluso en contra de todo cálculo material.

Y yo quiero reivindicar la ética y los valores morales como las guías de la política progresista. Porque la igualdad es un principio moral, pero es también un sueño, una guía permanente de la política progresista. La política progresista se apoya en principios éticos, pero su objetivo es cambiar la realidad. Somos progresistas porque no aceptamos la realidad, porque queremos cambiar la realidad.

Alguno podrá decir que la igualdad es un sueño. De acuerdo, pero ha sido el sueño que más ha hecho cambiar el mundo. Ha sido el sueño que más voluntades ha sabido unir. Ha sido el sueño que más fuerza ha dado a los humildes. Y la igualdad sigue siendo el sueño que los progresistas nunca vamos a abandonar.

Falacia 2. Cada persona es dueña y responsable de su vida, no puede estar siempre pendiente de que el Estado le resuelva sus problemas

“El Estado de bienestar ha hecho de los ciudadanos unos niños irresponsables. Unos seres que renuncian a construir su vida, a luchar por su futuro y están permanentemente pidiendo soluciones al Gobierno. Han olvidado la iniciativa. El esfuerzo personal, que es lo único que produce progreso y riqueza”.

Se olvidan de un pequeño detalle, eso podría ser verdad si al nacer todas las personas estuvieran en las mismas condiciones. Si todos tuvieran las mismas oportunidades y la única diferencia fuera el mayor o menor esfuerzo de cada uno.

Coger al hijo de Donald Trump y a otro hijo de un obrero en paro y decirles que se busquen la vida, que su futuro solo depende de su esfuerzo personal, es un dislate. Si yo tuviera el control de todos los elementos que condicionan mi vida, podría ser verdad. Pero yo no he escogido en qué familia nacer, que es el primer gran condicionante de las personas.

Los millones de trabajadores que han sido despedidos durante la crisis no tienen ningún control sobre las empresas. No tienen ninguna responsabilidad por quedarse sin trabajo.

El esfuerzo es un valor especialmente practicado por las familias humildes, bastante más que por los ricos, por cierto. Los hijos de los pobres saben desde niños que no compiten en igualdad de oportunidades, que tienen que hacer un mayor esfuerzo que sus compañeros de buena familia para lograr los mismos objetivos vitales.

Decir que el futuro de cada uno solo depende del esfuerzo personal es dar carta blanca a los ricos y a sus hijos y condenar a la eterna pobreza a los que no han tenido la fortuna de nacer en una cuna con dinero.

Falacia 3. El Estado es un parásito. El dinero está mejor en nuestros bolsillos

“El Estado son un montón de burócratas que juegan con el dinero de la gente. Son personas que no producen nada, que se apropian del esfuerzo de la gente que trabaja, seguro que usted conoce a funcionarios que cobran por no hacer nada. El Estado es una máquina de gastar dinero para nada. Es hora de poner fin al ‘Gran Gobierno’. Queremos un Gobierno pequeño, que no nos quite nuestro dinero y nos deje disfrutar del beneficio de nuestro trabajo. Cada ciudadano sabe mucho mejor que el Estado cómo gastar su dinero”.

Son los argumentos de los ricos a los que no les hace falta el Estado. Cuando dicen que nuestro dinero está mejor en nuestros bolsillos, se olvidan de que mucha gente no tiene nada en sus bolsillos para gastar. Son los bolsillos llenos los que se niegan a ser solidarios.

Los neoliberales identifican el Estado con un parásito derrochador que vive a cuenta de los demás. Nosotros vamos a decir que la función del Estado no es gastar, sino repartir.

Vamos a pensar que el Estado es un administrador colectivo que cobra más a los que más tienen, y luego reparte entre todos. Coge una parte para servicios generales, como policía, ejército justicia, etc. Otra parte lo dedica a invertir para asegurar progreso, hace carreteras, puertos, centros de investigación, etc. Y otra parte la distribuye para lograr que todos sin distinción tengan las mismas oportunidades ante la vida.

Pongamos un ejemplo: una familia humilde con tres hijos en la que solo trabaja una persona con un sueldo de 20.000 euros al año. En España se gasta una media aproximada de 2.500 euros por persona al año en educación pública y sanidad. Esa familia está recibiendo servicios públicos por un valor de 12.500 euros solo en estos dos servicios. Si esta familia se quedara con el dinero en su bolsillo, por mucha imaginación que pusiera en el gasto, no podría pagar la educación de sus hijos, no podría pagar hospitales privados para su familia, no podría contratar planes de pensiones.

El dinero de los ricos es el que está bien en los bolsillos de sus dueños, lo que hace el Estado de bienestar es sacar un poco de esos bolsillos llenos y repartirlo en los bolsillos vacíos.

Falacia 4. El Estado no crea empleo, son los empresarios los que lo crean

Rajoy dijo con arrogancia: “Si me preguntan cuántos puestos de trabajo voy a crear desde el Gobierno, mi respuesta es ninguno. Las empresas son las que los crean”.

Es una gran mentira. Para que un empresario contrate a un trabajador, antes se han tenido que hacer muchísimas cosas, Y no las ha hecho él, las ha hecho el Estado. Si es un ingeniero lo que pretende contratar, el Estado ha invertido en esa persona, al menos, 23 años de educación con un coste superior a 200.000 euros. Pero solo es una parte. El Estado es quien garantiza la seguridad jurídica para que las normas que regulan el mercado hagan posible el funcionamiento de la economía. Ha invertido mucho en infraestructuras.

Pero además defiendo un Estado emprendedor, que tenga iniciativa económica. Iniciativas algunas que tengan carácter general como los centros de investigación y el impulso de la innovación en las empresas, en las que la administración debe colaborar. Y, además, debe adoptar decisiones estratégicas para impulsar nuevos nichos de mercado, en los que a corto plazo ninguna empresa va a invertir. O ayudar a nuevos proyectos emprendedores con aportación de capital riesgo, y, además, poner los mecanismos para aportar capital desde las instituciones públicas para que las empresas puedan invertir y modernizarse. Al final resulta que el Estado ha tenido mucho más que ver con la contratación de ese ingeniero que el empresario mismo: el empresario firma un contrato que cierra un largo trabajo colectivo, en el que al final participa el empresario.

¿Cómo hemos llegado a esto?

Nosotros, parafraseando a Zavalita en sus conversaciones en La Catedral, debiéramos responder: el Estado de bienestar se jodió cuando comenzamos a creer todas estas falacias. Cuando las aceptamos como verdades reveladas. Perdimos la defensa del Estado de bienestar en la batalla de la opinión pública, que nos fueron ganando los neoliberales. Y comenzaron primero a desmontar la fiscalidad progresiva. Se redujeron de forma sustancial los impuestos a los tramos altos y a las rentas de capital. Se aumentaron de forma progresiva e imparable —aún no ha terminado esa tendencia— los impuestos indirectos que gravan casi exclusivamente las rentas de trabajo. Y su último y demoledor ataque ha sido destrozar la regulación del mercado laboral.

El resultado han sido unos sueldos míseros, la precariedad y la explotación laboral. Es lo que ha creado este enorme malestar ciudadano. A toda una generación de jóvenes que se han visto sin ningún futuro, lo que ha destroza su proyecto vital ha sido el derrumbamiento del mercado laboral, no los recortes de los servicios públicos.

La primera y más importante distribución social se hace a través de salarios. Lo que pone en marcha la escalera de la movilidad social es la posibilidad de progresar en el mundo laboral. La quiebra del Estado de bienestar en su núcleo duro (el pacto ciudadano con el capital con un mercado laboral regulado) se produce antes que los recortes de los servicios públicos.

Es algo que desde la izquierda no debiéramos olvidar; la redistribución a través de servicios públicos y pensiones no puede suplir la quiebra de la distribución primaria a través de salarios.

Pero es que, además, con la reducción de ingresos, por la caída de salarios y el gran endeudamiento causado por la crisis, nos ha quedado un Estado en los huesos, sin recursos suficientes para hacer frente a la redistribución, sumando un déficit a otro.

¿Qué podemos hacer?

Estamos en una situación en la que parece no haber salida. Yo creo que sí la hay. Creo que podemos avanzar si retomamos los valores “duros” del pacto del Estado de bienestar y los adecuamos al siglo XXI. Creo que, de forma resumida, son los siguientes:

Recuperar el poder de la política sobre la economía, especialmente sobre el capital financiero y el especulador.

Forzar un nuevo pacto ciudadano con el capital, recuperando la negociación colectiva.

Poner el capital a trabajar, haciendo que la especulación no sea rentable.

Poner en marcha un Estado emprendedor que tenga iniciativa económica y modernice el país poniendo en marcha nuevas políticas.

Invertir en futuro con un gran esfuerzo nacional en apoyo de la investigación y la innovación.

Es verdad que en la actualidad muchas de estas iniciativas no las podemos hacer solos, que el ámbito de los Estados no es suficiente. Que se tiene que plantear, al menos, a nivel europeo. Pero eso no es razón para no intentarlo.

3

En defensa de la democracia

“Y su nombre, como las cosas dependen no de una minoría, sino de la mayoría, es Democracia. A todo el mundo asiste, de acuerdo con nuestras leyes, la igualdad de derechos, / y por obediencia a los que en cada ocasión desempeñan cargos públicos y a las leyes”.

Oración fúnebre de Pericles

Hablar hoy de democracia resulta muy difícil porque su esencia misma ha sido traicionada, vuelto del revés su significado; interpretaciones de lo más peregrinas han adquirido una gran notoriedad social en nuestro país. Y no es que carezcamos de estudios, ensayos y textos de filósofos y académicos que nos muestran el significado de la democracia desde todos los puntos de vista, lo sorprendente es que la opinión pública dominante hoy los ha marginado de forma total, imponiendo su versión maniquea, falsa y simplista.

No se trata en este libro de presentar teorías políticas sobre el modelo de democracia, se trata más bien de bajar a la arena del debate cotidiano, ese que nos inunda cada día desde los periódicos, las televisiones y los parlamentos.

La verdad es que la “Democracia”, desde Platón, ha tenido muy mala prensa a lo largo de la historia, aunque eso hoy nos pueda parecer raro, que se ha mitificado la palabra misma.

Durante muchos siglos, la “Democracia” ha sido criticada por los pensadores de diferente signo, como un sistema ineficaz y que crea enfrentamiento interno. Solo a partir del siglo XVIII y las revoluciones liberales se la reivindica en sentido positivo. Hoy, en algunos sectores está de moda la “Democracia directa” como la expresión más pura de la democracia y nos remite al modelo clásico de democracia ateniense. El primer problema del debate actual está en la simplificación radical de cualquier concepto político. La política es, siempre, compleja y no se deja encadenar en una frase ocurrente.

Vamos a ver cómo es la democracia ateniense. Decir que se trata del poder del pueblo que de forma libre delibera y decide cualquier cosa en asamblea, la Ekklesia, es mucho decir. Para comenzar, de una población de 150.000-200.000 habitantes, no más de 30.000 tenían derecho a voto. Y a las asambleas rara vez acudían más de 5.000. Con lo cual, para los nuevos demócratas asamblearios aquello muy democrático no les debe de parecer. Pero, además, la asamblea no podía votar cualquier cosa, existía una especie de senado o consejo compuesto por cinco de cada Demo, llamado Boulé o Consejo de los Quinientos, que podía anular o impedir algunas votaciones. No solo el Consejo; cualquier ciudadano podía impugnar una votación diciendo que era contraria a las leyes de la ciudad. Ya ven. Eso de todo el poder para la asamblea resulta que no era así.

Y luego está el fervor del ciudadano que quiere participar en las votaciones.

Los partidarios de la democracia directa piensan que los ciudadanos se levantan todos los días con enormes ganas de votar, de decidir sobre la política. Pues no suele ser así, ni siquiera en la Grecia democrática; pronto se vio que a los ciudadanos no les gustaba mucho ir a las asambleas y les costaba mucho llenar de ciudadanos su Ekklesia. Cada vez era más difícil que los ciudadanos, por su virtud cívica, acudieran a las asambleas, e inventaron algo clásico: pagar a los que acudieran, con lo cual consiguieron una mayor asistencia de demócratas decididos. Por eso, en La asamblea de las mujeres, de Aristófanes, las mujeres vestidas de hombres se daban prisa para llegar a la hora, porque, de lo contrario, no cobraban.

Pero no solo en Grecia, en la Revolución francesa pasó lo mismo. Las secciones, asambleas de barrios que revolucionaban París en el año 1789, pronto perdieron el ardor, y también hubo que pagar para su asistencia. Aun así, cada vez eran más minoritarias y más utilizadas por revolucionarios de ocasión que manipulaban las decisiones.

Es un hecho histórico, repetido y contumaz que las personas normales no quieren estar permanentemente en estado de agitación revolucionaria ni decidiendo las cuestiones políticas, y que prefieren decidir de forma general cada cierto tiempo. En todas las revoluciones terminan yendo a las asambleas solo los revolucionarios profesionales, o para dar cobertura a la ficción de la asamblea, hacen, de facto, obligatoria su asistencia controlando manu militari los debates y votaciones, como en todas las experiencias de los países comunistas.

La mayoría prefiere dedicarse a sus cosas y exigir a los poderes públicos que garanticen la libertad suficiente.

No hay, hasta la fecha, un sistema que logre una mayor participación de la ciudadanía en la política que las elecciones de representantes a los parlamentos.

¿Qué es la libertad?

“¡Oh Libertad, cuántos crímenes se han cometido en tu nombre!”.

Madame Roland a punto de ser guillotinada

Madame Roland tenía razón: ¡cuántos crímenes se comenten en nombre de la libertad! La libertad ha sido una bandera empapada en sangre demasiadas veces. Por eso, para hablar de democracia es necesario empezar hablando de la libertad. Seguro que muchos se sorprenden y responderán: pero, hombre, ¿cómo pregunta lo que es la libertad? Todos sabemos lo que es la libertad.

No es tan sencillo; ha habido, y hay, diferentes formas de entender la libertad. Vamos a repasar de forma breve diferentes modelos, diferentes formas de entender la libertad.

La libertad de los antiguos

Benjamin Constant pronunció en París, en el año 1812, una conferencia con el significativo título de “La libertad de los antiguos y la libertad de los modernos”. Defendía que el concepto mismo de libertad era diferente entre unos y otros.

Los pueblos antiguos, que tantas veces se ponen de ejemplo de libertad, en especial Atenas, eran Estados pequeños donde la población con derechos políticos era muy minoritaria, la mayoría eran esclavos o extranjeros y personas sin ciudadanía. Eran pueblos casi en guerra permanente. La libertad significaba no ser sometido y esclavizado por otro Estado vecino. La libertad de los antiguos se conjugaba siempre en plura, el singular se reservaba solo para la ciudad o estado: “Somos un pueblo libre”, “Atenas es una ciudad libre”.

Solo la colectividad tenía derecho a la libertad, el individuo tenía sentido como elemento sumatorio del conjunto, por sí mismo no tenía ninguno. Incluso en la democracia ateniense, el individuo con derecho de ciudadanía votaba para formar una decisión colectiva a la que el individuo estaba totalmente sometido. “Creyeron que todo debía ceder ante la voluntad colectiva y que todas las restricciones a los derechos individuales serían ampliamente compensadas por la participación en el poder social”, decía de Atenas Benjamin Constant.

La libertad personal de los ciudadanos no tenía ningún sentido, es más, la vida privada estaba sujeta a un control férreo en todos los ámbitos. En la Roma republicana los “censores” eran los encargados de controlar de forma meticulosa la vida privada de todas las personas. Eran los encargados de elaborar el censo cada cinco años y de vigilar la moralidad pública: de ellos nos ha quedado la palabra “censo”, que se sigue elaborando cada cinco años, y la “censura”, actualmente con el significado negativo de impedir la libertad personal.

Para los antiguos, la libertad personal no tenía ningún sentido, el individuo debía estar sometido al interés de la comunidad, que era el que detentaba en exclusiva “la libertad” frente a otras comunidades igualmente homogéneas.

Cuando Constant dio la conferencia, en pleno auge del liberalismo que reivindicaba a ultranza el valor de la libertad individual frente al Poder, costaba hacer entender el concepto de “libertad colectiva” de los antiguos.

Creo, sin embargo, que si Constant diera esa conferencia hoy, después del romanticismo nacionalista, debiera añadir un anexo en el que asumiera que ese concepto antiguo de libertad había vuelto con el nacionalismo. Los nacionalistas actuales defienden ese mismo concepto de libertad colectiva frente al individuo. Nunca hablan de las libertades personales, sino de la libertad del “Pueblo”.

La libertad de los modernos

La libertad de los modernos se refiere a la libertad individual de cada persona. De esta forma, la libertad no es algo del conjunto al que estoy sometido, sino la libertad que yo en persona pueda disfrutar.

La forma más radical de definir la libertad es: que nadie pueda impedir lo que yo quiera hacer. Soy libre en la medida en que nadie me obliga a hacer algo y nadie me impide hacer lo que quiero hacer. Esa es la esencia de la libertad personal. Esta afirmación sería sencilla de aplicar si viviera solo en una isla, pero viviendo junto a otras personas se hace más difícil, por ello se le añade una primera restricción: libertad es hacer lo que yo quiero en la medida en que no impida la libertad de hacer lo que otros quieren hacer.

La libertad radical termina matando muchas libertades; Isaiah Berlin decía que “la libertad del lobo es comerse a la ovejas”, cosa, por cierto, con la que no están nada de acuerdo las ovejas.

La idea de libertad de los liberales intenta dar solución a dos aspectos de la práctica de la libertad. Por un lado, está la afirmación de que el Estado debe respetar la libertad individual de las personas, de que el Estado no se puede inmiscuir en la vida de las personas, para que estas puedan mantener y disfrutar la libertad.

Pero, por otro lado, es el Estado mismo el que debe garantizar de forma material esa posibilidad de libertad personal, porque si no los lobos se comerían las ovejas.

El Estado liberal tiene, por tanto, una prohibición y un mandato que cumplir: no interferir en la vida de sus ciudadanos y garantizar que unos ciudadanos no impidan la libertad de los otros.

El Estado liberal es una especie de pastor que cuida de que los lobos no se coman las ovejas, pero es un pastor que tiene, también, prohibido intervenir en la vida de las ovejas. Y el resultado son las leyes. Leyes que regulan el ejercicio de la libertad de cada uno, pero, para ello, deben, de alguna manera, restringir la libertad individual para que sea posible un ejercicio razonable de libertad para todos. En este sentido, las leyes deben buscar el mínimo de restricción de libertad personal y el máximo de libertad común igual para todos.

Además de estas leyes que regulan el ejercicio de la libertad de las personas debe haber otras que limiten el poder del propio Estado; que le impidan intervenir en la vida de los ciudadanos. En este modelo de Estado liberal, la libertad no tiene connotaciones morales, no hay libertad mala o buena, la única restricción es la de permitir que otros tengan también su libertad.

Isaiah definía estos dos aspectos de la libertad como “la libertad negativa” y “la libertad positiva”. La primera es el resultado de impedir que otros interfieran en mi vida: en aquello que otros no pueden decidir por mí, en los ámbitos que está prohibida la intervención de otros o del Estado, crece mi libertad. La segunda está más unida a la libertad política: quiero ser dueño de las decisiones que afectan a mi vida, quiero participar en las decisiones colectivas.

La forma de articular y hacer posible en la vida de una sociedad estos dos tipos de libertades es el objetivo de las democracias liberales.

La libertad asesina

Antes hemos dicho que la libertad liberal no tiene, en principio, una valoración moral, que la única restricción es el permitir otras libertades. Pero mucha gente ha pensado de forma diferente. Para estas corrientes, la libertad (siempre añaden “la verdadera libertad”) es optar por lo bueno, es elegir el bien frente al mal. Aquel que opta por el mal no hace uso de su libertad, sino que reniega de su propia condición. Para estas personas, la libertad sería una especie de camino brillante que nos conduce a la realización de nuestras potencialidades, incluso si estas son desconocidas para nosotros, pero están ahí sembradas en nuestro interior. La libertad, por tanto, solo sería elegir este camino ya marcado que nos conduce a la felicidad.

Esta otra forma de restringir la libertad, acotándola solo a opciones que buscan el bien, tiene más aliados de lo que podemos pensar. Y no solo en la moral o la ética, sino especialmente en la política, con resultados desastrosos.

Frente a esto cabe gritar, con razón: ¿si no puedo hacer el mal entonces para qué quiero la libertad? ¿Cabe la libertad si me está prohibido elegir una parte de las opciones disponibles?

Pero, además, especialmente en la política, tiene una objeción mucho más importante y radical. ¿Quién decide, cómo se decide lo que es bueno para mí y lo que no?

Todas las teorías que defienden que solo es posible elegir el bien en libertad mantienen, a la vez, que la mayoría de los seres humanos no son capaces de discernir por sí mismos lo que es bueno para ellos y que hace falta alguien externo a su voluntad que defina el bien común: léase, los sabios, los moralistas, las vanguardias, etc.

Y llegamos a una terrible paradoja: libertad para la inmensa mayoría de las personas es obedecer al que define el buen camino. “En el régimen proletario, la mejor manera de ser libre es obedeciendo”, decía sin tapujos el poeta César Vallejo en Rusia 1931. Reflexiones al pie del Kremlin. Esta afirmación era muy correspondida por multitud de intelectuales de izquierdas, en su mayoría los que no estaban sujetos a los soviets.

Esta forma de entender la libertad no como una elección del “Ser” real y material, sino como un mandato del “deber ser”, es el origen de todos los totalitarismos.

El pueblo, o la clase obrera, tanto da, son soberanos de la legitimación del poder. Pero, desgraciadamente, el pueblo o los proletarios no son conscientes —están alienados, dirán de forma recurrente los comunistas— y no son capaces por sí mismos de definir el bien, el “deber ser” que está dentro de ellos pero que no ven. Por eso hace falta definir lo que es la “voluntad general” (por cierto, gran invento de Rousseau).

“Se sigue de todo lo que precede que la voluntad general es siempre recta y tiende a la utilidad pública, pero no que las deliberaciones del pueblo ofrezcan siempre la misma rectitud. Se quiere siempre el bien propio, pero no siempre se lo conoce. Nunca se corrompe al pueblo, pero frecuentemente se le engaña, y solamente entonces es cuando parece querer lo malo”, decía Rousseau en el Contrato social.

Una vez decidida la “voluntad general” que, como decía Rousseau, no coincide con la suma de voluntades de los ciudadanos, pero sí con el bien necesario, se sacan dos conclusiones: hay que obligar a la gente a ser libre y hay que definir quién es el que decide el camino recto.

Rousseau lo dice con claridad brutal: “Que quienquiera se niegue a obedecer la voluntad general será obligado a ello por todo el cuerpo. Esto no significa otra cosa sino que se le obligará a ser libre”.

Y los comunistas desarrollarán de forma más radical a quién corresponde definir los intereses de la clase obrera; a las vanguardias del Partido (los totalitarios de la acera de enfrente, con Karl Schmitt a la cabeza, buscarán una solución igual de expeditiva: “el jefe”).

Todos los totalitarismos reniegan de la soberanía personal de la ciudadanía, no reconocen las voluntades reales e individuales para conformar la decisión colectiva. Han decidido que la mayoría son personas demediadas, alienadas, y por ello uno de los grandes esfuerzos del Estado totalitario es construir “el Hombre nuevo”, no el que realmente habita su sociedad, sino otro construido a semejanza de su ideal.

Los comunistas pusieron en marcha “los ingenieros de almas” para que el viejo hombre muriera y el nuevo naciera en su interior. Pronto se dieron cuenta de que en vez de construir un nuevo hombre, cosa a la que de forma contumaz deniega la naturaleza humana, era más operativo aterrorizarlo para que actuara como si fuera un “hombre diferente”.

Curiosamente, esta característica de no querer aceptar a las personas tal como son es compartida por los nacionalismos incipientes. Los comunistas nos hablan de “obreros alienados”; los nacionalistas nos hablan de personas “sin conciencia nacional”, personas que no saben lo que “deben ser”. Por ello, también los nacionalistas crean un ejército de ingenieros culturales, lingüistas o historiadores que nacionalizan a la ciudadanía, que la conciencian de su ser nacional que ella antes desconocía.

Al desarrollar en la política la idea de que la auténtica libertad solo es posible eligiendo lo correcto, y de que las personas no saben cómo debieran ser, se anula de forma radical la participación ciudadana en la construcción de las decisiones colectivas. De esta manera, la libertad real y la participación democrática han desaparecido de un solo golpe. Es el reino de la libertad asesina que somete a todos a un dictado ajeno a su voluntad.

¿Qué es la Constitución?

Seguro que la mayoría responderá que es un texto legal, el texto al que se tienen que someter todas las demás leyes. Bueno, no todos opinan así, pero sí la mayoría. La verdad es que las Constituciones modernas, todas las posteriores a la Segunda Guerra Mundial, son mucho más que eso.

Las primeras Constituciones liberales buscan, sobre todo, limitar el poder del ejecutivo; dicho de otra manera, defender lo que hemos definido como las libertades negativas de las personas. Pero como todo en política, las Constituciones son un constructo histórico que evoluciona y asume materiales de acopio de la historia de cada sociedad. Por ejemplo, hoy se nos hace raro ver que en nuestra primera Constitución liberal, la de 1812, se mantiene la religión católica como obligatoria para todos los españoles; un anacronismo en las teorías liberales ya en esa época.

Nada surge de la nada, cualquier innovación se construye sobre una realidad anterior que lo condiciona, pero lo nuevo tiene el valor de transformarlo.

Las primeras Constituciones liberales no se preocupan tanto de la participación como de limitar el poder. Es después de la Segunda Guerra Mundial cuando se consolidan las Constituciones tal como las entendemos hoy en día. Se plantea la Constitución como una arquitectura externa y autónoma que debe dar satisfacción a los siguientes elementos:

Controlar el poder.

Defender las libertades personales.

Estructurar la participación democrática en las decisiones colectivas.

Y vamos a hacer una primera afirmación rotunda: la democracia constitucional limita el ejercicio del poder, pero limita, asimismo, la soberanía de la ciudadanía. Y lo hace de una forma sencilla: los poderes públicos solo pueden hacer aquello que les está permitido en las leyes, y limita la soberanía popular definiendo espacios no votables. Sí, hemos dicho bien, en la democracia constitucional hay cosas, cuestiones, que está prohibido votar. Estas cosas que no se pueden votar son las que luego se recogen como “derechos fundamentales de la ciudadanía”

Y aquí, en los espacios vedados y prohibidos a la soberanía popular está el “contenido” de la democracia constitucional. Porque la moderna no solo es procedimiento y reglas, sino que tiene contenido, eso que defiende las libertades de los ciudadanos, y está prohibido votar a la soberanía popular, que es lo que define el contenido de la democracia.

Es necesario aclarar que este contenido democrático no es siempre el mismo, y a lo largo de la historia se va modificando, y, si no se rompe la democracia misma, son contenidos que se van ampliando cada vez más. El voto de la mujer en España se incorpora en el año 1931. El derecho al matrimonio entre dos personas del mismo sexo no se ha incorporado en España hasta el año 2011. Normalmente, esta ampliación de derechos no votables tiene un recorrido social y legal, no se incorpora de golpe al núcleo de contenido constitucional. La primera fase es lograr la mayoría en la opinión pública; el segundo, normalmente, es darle el reconocimiento de rango legal; y el tercero es incorporarlo al espacio no votable. Con el ejemplo anterior del matrimonio entre personas del mismo sexo le falta su incorporación al contenido constitucional.

Cuando se define la democracia como “el sistema que define quiénes y cómo elegimos a los que decidirán en nuestro nombre” se está haciendo una definición parcial, de puro procedimiento, de la democracia constitucional.

Cuantos más ámbitos incorpore una Constitución al ámbito no votable: libertad de religión, de imprenta, libertad de residencia, de matrimonio entre personas del mismo sexo…, el individuo tendrá más espacios donde nadie podrá decidir por él, es decir, más liberal será la Constitución.

Obviamente, junto a estos aspectos, que no pueden votarse, de la libertad negativa, el “contenido” constitucional incorpora, también, los contenidos de la libertad positiva, que se traducen en los derechos de participación democrática, los partidos políticos, los sindicatos, las elecciones, etc.

Además de este espacio no votable, prohibido a los poderes públicos y a la ciudadanía, la parte democrática del constitucionalismo moderno ha incorporado otro ámbito de mandato. Este ámbito no prohíbe “hacer” sino que obliga a “hacer” a los poderes públicos, y crea un nuevo grupo de contenidos constitucionales que son, también, una vez incorporados al contenido constitucional, aspectos no votables de la vida pública. Son obligatorios para los gobiernos; es decir, no pueden estos ni los parlamentos decidir “no hacer”. Es verdad que es un espacio constitucional más reciente y que le está costando incorporarse al rango de “núcleo duro” de los contenidos constitucionales.

En el ámbito del mandato constitucional, que obliga a “hacer”, están lo que entendemos por derechos sociales, las pensiones, la Seguridad Social, subsidios, la salud, la educación, etc.

Es cierto que estos derechos sociales o mandatos a “hacer” tienen un problema, y que los otros derechos, casi siempre formales, no tienen: la continencia de los recursos públicos para ello. Respetar la libertad religiosa o el derecho a la libre expresión no “cuesta dinero” a los poderes públicos. Garantizar la salud o la educación, sí. Y aquí nos encontramos con un problema; con la cuestión de derechos formales el debate nunca puede ser si son sostenibles o no; como mucho será que los queramos respetar o no.

Los derechos sociales siempre tienen un margen de contingencia supeditado a los recursos públicos disponibles. Pero esta contingencia se convierte, de forma sencilla, en excusa para anular el imperativo constitucional. Una trampa que pone en discusión no solo si tenemos recursos públicos, sino si realmente el Estado tiene obligación de cumplir con ese mandato.

No es una cuestión menor; en Europa estamos viviendo una “desdemocratización” constitucional al abandonar los poderes públicos estos mandatos a “hacer” a los que obligan las Constituciones. Es verdad que al ser los derechos más recientes, derechos que no surgen de la teoría liberal de las libertades, sino de la aportación democrática, normalmente, a pesar de recogerse en la Constitución, no tienen el rango duro de cosas no discutibles ni votables, que en nuestra Constitución se recogen la Sección 1ª del Capítulo 2º del Título I. En dicha sección aparecen las libertades negativas y positivas, que requieren para su modificación la doble vuelta con disolución de cortes. Pero no están los mandatos a “hacer”, los derechos sociales que están en otras secciones.

Por poner un ejemplo, el artículo 128 dice: “1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. ¿De verdad algún Gobierno lo ha tomado como un mandato constitucional serio?

Imagine el debate presupuestario en la actualidad; el Gobierno presenta sus cuentas, bueno, previamente ha aprobado el techo de gasto, y dice a la oposición: así propongo gastar lo que tenemos. Y empiezan a discutir y a presentar enmiendas cambiado unos dineros de una partida a otra, pero la suma sigue siendo la misma. En definitiva, el Gobierno de derechas dirá: “Mire, a mí también me gustaría gastar más en servicios sociales, pero dígame de qué partida lo quito”. Ahora imaginen que a este Gobierno le responde un socialdemócrata con la Constitución en la mano: “Mire, señor presidente, la Constitución nos obliga a dar estos servicios, vamos a mirar cómo sacamos los recursos suficientes”.

Ahora que el socialismo está planteando la reforma constitucional, al parecer casi de forma exclusiva para reformar la estructura territorial, este es seguramente el tema más interesente que debiera plantear la izquierda socialdemócrata. El mandato a “hacer” en el mismo rango y obligación constitucional que el mandato a “no hacer” o prohibir. Y esta “desdemocratización” por el abandono del mando constitucional a “hacer” está afectando también, de forma material, a la “desdemocratización” de las libertades y esto por una afirmación rotunda que parte del democratismo: “La persona sujeta a la tiranía de la necesidad no puede hacer uso de la libertad. Para hacer uso de la libertad, la persona debe poder tener opciones que realmente pueda ponderar y elegir. Una persona en estado de necesidad no puede ser dueño de sus propias decisiones porque depende de otros para asegurar su supervivencia”.

Los derechos sociales surgen, precisamente, como garantía mínima de libertad; no solo por razones de justicia; sin unas condiciones materiales mínimas las personas no pueden ejercer la libertad.

El gran debate de la actualidad para los socialdemócratas europeos debiera ser este de constitucionalizar en el núcleo duro las obligaciones a “hacer”. Pasar de deseos más o menos compartidos a que sean de verdad obligaciones constitucionales. Lo mismo que ese artículo 128 de nuestra Constitución, tan bien escrito.

Ese parece hoy el gran debate de la socialdemocracia: parar la “desdemocratización” constitucional y avanzar en la democracia. Profundizar en democracia para un socialdemócrata debiera ser ampliar las libertades civiles de la ciudadanía haciéndolas no votables y pasar al núcleo duro de la Constitución el mandato constitucional de los derechos sociales.

Pero, entones, ¿quién manda aquí?

Todas las Constituciones manifiestan que la soberanía reside en el pueblo o la nación, de la que emanan todos los poderes. Si decimos que el soberano es el pueblo, la ciudadanía o la nación, tanto da, entonces el pueblo podrá decidir cualquier cosa que le parezca oportuna, porque si no pude decidir lo que quiere, parece entonces que el pueblo no es soberano. Pues va a ser que no. Que el pueblo no es soberano.

La soberanía es la capacidad absoluta de decidir en un ámbito determinado. Cuando el dueño de la soberanía es una única persona, puede resultar fácil saber lo que quiere el soberano, y se aplica. Pero cuando los dueños de la soberanía, de la capacidad absoluta de decidir, son todos los ciudadanos, es necesario definir cómo se sabe lo que quiere el pueblo. Y es más complicado.

Pero antes que eso: la soberanía es una metáfora para hacer comprensible quién tiene capacidad de decidir y ordenar. Y las metáforas las tenemos que manejar con mucho cuidado, porque son siempre una forma de explicar una realidad, pero no son la realidad misma. Un ejemplo sencillo: decimos que, por lo común, las mesas tienen cuatro patas. Sabemos lo que son las patas, parte de un cuerpo vivo que sujeta el cuerpo y que tienen dedos, pezuñas o garras, además de otras partes. Si nos ponemos a descubrir dedos o garras a las patas de las mesas nos volveremos locos. La metáfora es una forma de explicar una realidad con otra. Pero no es la realidad misma. Algo parecido pasa con el contrato social; es una metáfora para intentar explicar el consenso ciudadano que legitima un sistema político. Pero si nos ponemos a buscar cuándo se juntaron todos los ciudadanos para firmar el contrato, resulta que nunca.

La “soberanía” es de esas metáforas potentes y de mil cabezas que inunda el discurso político. Pero ¿de verdad existe la soberanía?

La invención de la “soberanía del pueblo” es, en realidad, una contrametáfora que tiene el objetivo de arrebatar el poder absoluto al soberano. Esa soberanía arbitraria, y esta sí es real, en cada momento podía decidir cualquier cosa sobre sus súbditos. Lo que las revoluciones liberales vienen a decir es lo siguiente: no queremos que nadie mande en nosotros. Nadie tiene el poder de decidir en nuestras vidas, te quitamos el poder, el poder es nuestro.

Si la soberanía es la capacidad de decidir sin limitaciones cualquier cosa, entonces las revoluciones liberales lo que de verdad atacan es la esencia misma de la soberanía, porque el objetivo es que nadie pueda decidir sobre sus vidas. La “soberanía popular” no es más que una simple metáfora para arrancar el poder real y arbitrario al rey.

El objetivo de la revolución liberal no es coger la soberanía del rey y pasarlo a otro sitio, sino negarla. Y lo hace con la metáfora de soberanía popular para inmediatamente negar al pueblo la capacidad absoluta de decidir, sujetando a normas y procedimientos el ejercicio del poder y prohibiendo cualquier decisión posible que anule los derechos de las personas.

El soberanista me dirá: ¿usted me dice que la soberanía es del pueblo?, y seguido añade: pero a condición de que todas estas cosas no las pueda decidir y las otras las decida siguiendo unas normas concretas. ¿Qué tipo de soberanía es esa?

Y la verdad, lógica no le falta. Esta contradicción se resuelve dividiendo en dos la metáfora original: la “soberanía constituyente” y la “soberanía constituida”. Sí hay un momento en el que el pueblo es soberano, cuando decide su Constitución; a partir de ahí se convierte en soberanía constituida y limitada. Una especie de síndrome de Ulises que se amarra al palo mayor para impedirse hacer lo que sabe que no debe hacer. Ulises es soberano de su decisión tanto cuando manda que lo amarren como cuando está amarrado y limitado porque esta situación es consecuencia de su decisión soberana de amarrarse.

¿Y si hacemos una reflexión mucho más simple? En la revolución liberal hay una verdad objetiva de fondo: no queremos que nos manden en nuestras vidas, por eso anulamos el poder soberano del rey. ¿Y si aceptamos, dejando tanta metáfora y malabarismo lógico, que al anular el poder soberano lo que hacemos en realidad es anular cualquier soberanía sobre nuestras vidas?

Bien, ya hemos anulado al rey y su soberanía, ¿qué hacemos ahora para garantizar nuestra libertad y asegurar que no venga otra soberanía que nos tiranice? ¿Cómo nos organizamos? Y la respuesta pasa por poner unas reglas para que el poder no mate la libertad; poner unas normas para que los ciudadanos iguales participemos en las decisiones colectivas. Porque sin normas es como entregar la vida de las ovejas a los lobos.

Estos son los procedimientos democráticos: cómo se elige a los representantes; cómo se hacen las leyes; quién las puede hacer; cómo se nombran los gobiernos; qué es lo que pueden hacer los gobiernos, etc.

Las reglas democráticas no son meramente procedimentales, es decir, no solo buscan organizar el flujo de participación y ejercicio de poder. Las reglas democráticas tienen también contenidos democráticos. Vamos a fijarnos solo en dos contenidos que dan sentido a las reglas democráticas y que la democracia constitucional no puede abandonar sin abandonar también su esencia:

El miedo a la mayoría.

El miedo a las decisiones de suma cero.

Sí, hemos dicho bien, la democracia constitucional tiene santo terror a la tiranía de la mayoría, especialmente los padres fundadores de la democracia americana. Tenían terror a que la tiranía de una mayoría destruyera todos los valores constitucionales. Supongo que para los que la regla máxima de la democracia, casi única, es la decisión por mayoría, esta afirmación les resultará extraña. Y frente al poder la de la mayoría surge un nuevo derecho innegociable, y es el derecho de las minorías. Las decisiones mayoritarias no pueden aniquilar por su decisión mayoritaria las minorías existentes.

Es famosa la minoría de uno solo de Stuart Mill: “Si toda la especie humana no tuviera más que una opinión, y solamente una persona tuviera la opinión contraria, no sería más justo el imponer silencio a esta sola persona, que si esta sola persona tratara de imponérselo a toda la humanidad, suponiendo que esto fuera posible”.

La mayoría, por ser mayoría, no puede en democracia anular a las minorías. La defensa de las minorías en democracia constitucional va unida también a la defensa de la pluralidad. Por eso podemos decir que tener mayoría no es razón suficiente para imponer a la totalidad una decisión. La mayoría no es lo único que legitima una decisión democrática.

En el proceso de una toma de decisión democrática, el resultado no tiene una valoración moral; dicho de otra manera, no busca la verdad, sino un arreglo razonable entre las partes en discordia. En la democracia constitucional la Verdad con mayúsculas no existe, existen verdades particulares y contradictorias, y que son, además, cambiantes. Una diferencia sustancial, por cierto, respecto a los totalitarismos que todos ellos tienen y que defienden una Verdad.

El sistema democrático constitucional tiene gran cantidad de instituciones y reglas contra las mayorías; por ejemplo, la mayoría del Parlamento no puede decidir, por mucha mayoría que tenga, expulsar del Parlamento a una minoría. Es decir, sí puede, pero cuando esto pasa ha dejado de ser democracia constitucional para ser una dictadura.

Imaginemos ahora que en unas elecciones el partido mayoritario se queda con toda la representación; al fin y al cabo es el mayoritario. Rajoy se ha quedado afónico diciendo que ha ganado las elecciones. (Y a todo esto, es esto lo que pasa exactamente en un referéndum; el que gana, gana todo y los que pierden, pierden todo). Y aquí llegamos al miedo a la suma cero.

El miedo a las decisiones de suma cero

La democracia constitucional aborrece las decisiones de suma cero. Estas son las decisiones en las que entre las diferentes partes que debaten al final la que gana se queda con todo, y la que pierde, lo pierde todo.

Se suele decir con demasiada alegría que la regla máxima del demócrata para tomar decisiones es la regla mayoritaria. Pues sí y no. Sí porque al final del procedimiento decisional se decide por mayoría. Y no porque antes de decidir por votación mayoritaria se impone un proceso de deliberación que obliga a las partes a negociar.

Imaginemos que el presidente del Gobierno llega al Congreso y dice: “Señores diputados traigo un proyecto de ley con artículo único ‘Los detenidos podrán estar incomunicados 28 días antes de ser presentados al juez’, voten sus señorías”. Esto estaría prohibido. El proceso de decisión obliga siempre a una deliberación previa. Obliga a que los diferentes partidos, en comisión, discutan el proyecto, que puedan hacer enmiendas parciales, que hagan transacciones y lleguen a acuerdos, aunque no sean totales. Esto da oportunidad de que las minorías, aunque no puedan oponerse de forma radical, al menos puedan incluir parte de sus postulados. Normalmente ninguna propuesta sale del Parlamento tal como ha entrado; los demás grupos han incorporado modificaciones; la cuantía y calidad dependerá de la fuerza relativa de la oposición. Pero todos participan en el proceso deliberativo anterior a la votación. La regla, esa regla sagrada y única para algunos, de la mayoría solo se aplica al final del proceso de decesión.

Y llegados a este punto podemos responder a las preguntas: ¿existe la soberanía?, ¿quién es el sujeto soberano? No existe la soberanía porque su ausencia es la garantía de libertad y de democracia. Como mucho podremos decir que hemos prohibido el poder total para construir un sistema que regula el ejercicio del poder y la participación política. Lo único soberano, de haber algo, son la Constitución y las reglas de juego. Por eso cuando oímos cosas como que “el Parlamento catalán es soberano para decidir lo que quiera”, no es verdad. Ya no quedan soberanos, y menos mal.

Cuando escuchamos decir aquello de “no estamos para servir a la leyes, la soberanía democrática está por encima de las leyes”, insistiremos otra vez en que no, que sin leyes no hay soberanía válida. Que los que defienden la soberanía popular del Parlamento por encima de la ley tienen el poder que tienen porque son las leyes las que se lo han concedido.

Concluiremos diciendo que frente a aquellos que defienden la soberanía del pueblo, y más la democracia directa como la forma más pura de ejercer la soberanía popular, diremos que pasan la tiranía de un sujeto a otro, pero no por ello deja de ser una tiranía que arrebata la libertad de las personas.

Y frente a los que dicen que la democracia es meramente un conjunto de reglas, responderemos que las reglas de la democracia constitucional son mucho más que eso, porque tiene contenido e intencionalidad democrática y por otra cuestión más de fondo. En una feliz metáfora, Ruiz Soroa dice que las reglas del juego de cartas no son solamente unas reglas arbitrarias, son lo que hace posible que el juego de cartas exista. Pues eso, las reglas democráticas son las que hacen posible que la existencia de la democracia tome forma.

Dos problemas de la democracia constitucional

La opinión pública

Una democracia pluralista necesita de una opinión pública libre y plural en la que no se impongan restricciones al debate político para legitimar el sistema democrático mismo. Una opinión pública amordazada conlleva necesariamente la muerte de la democracia.

La opinión pública es, en democracia, una plaza pública sin propietario, un lugar abierto en el que cualquiera puede participar. Y es el espacio donde se someten a escrutinio ciudadano, mucho antes de tomar el camino de la legalidad, propuestas nuevas; donde se construyen nuevos consensos sociales que modifican los valores compartidos de cada sociedad. Por eso es tan importante la libertad de prensa, entendida esta como la capacidad de cada ciudadano para opinar.

La opinión pública tiene un enorme poder a la hora de conformar la opinión particular de cada ciudadano respecto a aspectos diferentes de la vida y la política. También en este ámbito, las democracias liberales tienen reservas sobre las opiniones mayoritarias. Lo mismo que decíamos que la democracia aborrece las decisiones mayoritarias impuestas al conjunto, cosa parecida pasa en la opinión pública. Stuart Mill llamaba a esta corriente mayoritaria “la tiranía de la opinión pública”. Una tiranía ejercida desde mecanismos no legales ni institucionales, pero terriblemente eficaz y que rompe la posibilidad de la pluralidad. Tanto más tirana cuanto que funciona respetando formalmente la libertad de opinión, pero sanciona de forma cruel, en el ámbito social, cualquier discrepancia.

Hoy, a esa “tiranía de la opinión” nosotros lo llamamos “lo políticamente correcto”, que es, en nuestras sociedades, el espacio cómodo de la opinión donde la persona que participa y comparte no tiene ninguna necesidad de justificar su posición porque ya lo ha hecho “lo políticamente correcto”. Esto no es el resultado de un nuevo consenso social sobre un tema, sino la imposición de una propuesta de parte. Podríamos decir que lo políticamente correcto no busca el acuerdo y el consenso sino “la hegemonía” de su posición. La vías para lograr el consenso son el debate razonado y argumentando. La vía de lo políticamente correcto es la propaganda.

En las sociedades actuales estamos asistiendo a unas restricciones enormes a la pluralidad de la opinión pública y a un crecimiento desmedido de lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto renuncia al razonamiento y al debate, y legitima su posición en la cantidad de opiniones que suma. Es la gran coartada para la persona o grupo sin argumentos, su legitimidad está en la cantidad.

El caso claro sería el del ciudadano que en un plató comienza diciendo “yo opino que…”. Si alguien le contradice dirá que es igual, que tiene el mismo derecho que cualquiera a dar su opinión y que vale tanto como la de uno mismo. En realidad, este ciudadano no tiene opinión, repite un aserto de lo que lo políticamente correcto le brinda. La respuesta correcta a un individuo tal debiera ser: lo que tenemos igual, el mismo derecho, es a opinar, pero tu opinión no tiene el mismo valor que la mía, porque la opinión debe ser razonada y defendida con argumentos, no con votos.

Es uno de los grandes problemas de las democracias actuales, la imposición de nuevas propuestas políticas desde la “hegemonía” de lo políticamente correcto, rompiendo consensos sociales anteriores. Son los nuevos populismos de todo tipo, que están en auge. Y los partidos demócratas clásicos están resultando débiles en extremo para hacer frente a estos ataques al consenso sobre valores democráticos.

El nuevo modelo de lo “correcto” se construye atacando sin complejos el modelo anterior. Todos los partidos xenófobos, racistas o algunos nacionalistas comienzan en pequeños grupos airados que atacan los valores sociales consensuados. Los partidos democráticos, en general, han apostado por la peor vía: frente al ataque, les entra el terror y en vez de platear un debate abierto y razonado, comienzan por ceder. Un ejemplo: cuando un pequeño grupo de forma brusca y sin medida ataca a los inmigrantes, los partidos democráticos, en vez de hacerles frente de forma decidida, cambian su posición asumiendo en su discurso parte del discurso radical, por temor a peder los votos. Ya han perdido. Así es como un modelo de “lo políticamente correcto” cambia en otro, y cuando la propaganda se ha extendido lo suficiente, no por los partidos radicales sino porque parte de su propaganda ha sido incorporada y legitimada por los partidos clásicos, de repente nos damos cuenta de que ya el partido radical ha conquistado la “hegemonía”.

La concurrencia y la pelea electoral han empujado a los partidos a renunciar a la defensa clara y argumentada de sus valores, pero, al final, solo les queda la impotencia de verse como unos partidos sometidos a unos electores debocados. Jean Claude Junker lo decía de forma simple: “Sabemos lo que hay que hacer, lo que no sabemos es cómo ganar las siguientes elecciones si hacemos lo correcto”.

Estamos viviendo una profunda quiebra del debate político en la opinión pública, y hay espacios arrasados en los que la propaganda ha terminado por imponer su lado “políticamente correcto”. Vamos a denunciar a modo de ejemplo algunos aspectos de derrota democrática:

Las ayudas públicas a los más necesitados, especialmente si son extranjeros. Se ha impuesto el lema de “son unos vagos; que trabajen como nosotros y dejen de robar nuestros impuestos”. Hay hoy mucho alcalde socialista que tiene miedo de defender de forma pública las ayudas sociales a los marginados.

La renuncia a defensa de la Unión Europea, más débil aún en España, pero que ha dejado en ruinas el sueño de la Unión en media Europa.

La acogida a inmigrantes y a los refugiados que está tomando en Europa unos niveles de injusticia y crueldad moral inimaginables un tiempo atrás.

En el caso particular de España, la propaganda nacionalista; no solo hemos incorporado y legitimado, siempre de forma un poco vergonzante, parte de sus postulados, sino que los estamos incorporando al resto de territorios, creando una guerra insolidaria.

Y, por último, el ataque directo a la democracia constitucional en nombre de la democracia pura asamblearia.

Si queremos regenerar las democracias europeas nos es urgente recuperar y dar fuerza al debate razonado, a los argumentos frente a la propaganda, y defender los valores de justicia e igualdad de la socialdemocracia.

Es necesario recuperar el acceso a la plaza pública de la ciudadanía.

Para los antiguos griegos, la “isonomía” era la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, pero igual de importante era la “isegoría”, entendida como el derecho a participar en igualdad de condiciones en el debate público, es decir, la igualdad ante la palabra.

Tenemos que analizar con espíritu crítico cómo garantizar la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía a la hora de conformar la opinión pública. Y aquí nos topamos con los medios de comunicación. Si afirmamos que en las democracias constitucionales el debate libre en la opinión pública es tan importante como las instituciones democráticas mismas, debemos plantear que la misma transparencia que exigimos a unos la debemos exigir también a otros.

No se trata de que los medios concretos sean parciales, eso entra dentro de la pluralidad; debemos analizar si monopolizan de facto el espacio público, impidiendo la libre concurrencia de opiniones e informaciones. Y deben exhibir una transparencia mínima de sus organizaciones.

Si en el entramado institucional el sistema democrático está cuajado de reglas e instituciones contramayoritarias, en la gestión de la opinión pública debe haber también mecanismos contramayoritarios. Y la injerencia de grupos de interés, ajenos al propio negocio de los medios de comunicación, debe ser regulada y restringida.

Esto no es poner trabas a la libertad de expresión, sino garantizar que los medios de comunicación no estén sujetos a poderes ocultos que invierten para controlar la construcción de lo “políticamente correcto” de acuerdo a sus intereses.

Podemos pensar que las nuevas tecnologías ofrecen la posibilidad de romper esta mano férrea que, desde los grandes medios de comunicación, construye hoy lo políticamente correcto. Y sin duda es así. Las nuevas tecnologías han abierto un nuevo espacio de debate público. Han posibilitado el resurgir de pequeñas empresas de comunicación con pocos medios; han hecho posible que ciudadanos individuales opinen de forma individual. Pero su uso tiene hoy dos problemas: la ausencia de todo estándar de calidad y veracidad en las opiniones vertidas, con lo que el espacio virtual se ha convertido en un gran basurero de afirmaciones falsas, y, lo que es peor, los grupos de interés los están utilizando con la misma eficacia, si no más, para hacer propaganda.

La promesa incumplida

Otro de los enormes problemas de las democracias modernas es la promesa de una vida decente, la promesa de un futuro mejor. Un bienestar material mínimo, una esperanza razonable en el progreso personal es requisito para la legitimación de la democracia.

Cuando una democracia abandona esta promesa y deja un colectivo importante de sus ciudadanos en los márgenes del progreso, pierde toda su legitimidad, porque al colocar a los ciudadanos en estado de necesidad, estos pierden no solo la capacidad de elegir, sino la fe en la libertad, y buscarán, en sus desesperación, cualquier oferta que ataque el sistema que ha traicionado esta promesa o cualquier propuesta que les prometa una situación material mejor.

¿Cuánto dura una Constitución?

“Artículo 28. Un pueblo tiene siempre el derecho a revisar, reformar y cambiar su Constitución. Una generación no puede imponer sus leyes a las generaciones futuras”.

Constitución francesa de 1793

Los primeros liberales, influidos sobremanera por el contractualismo, pensaban que cada generación debía realizar su propio contrato social que legitimara el poder político.

En especial, a Thomas Jefferson le obsesionaba este tema, hasta el extremo de elaborar cálculos meticulosos para averiguar cada cuánto tiempo se cambiaba el corpus electoral; es decir, cada cuánto tiempo todos los electores eran diferentes de los que habían firmado el contrato anterior. Según sus datos, esto se producía, en su época, cada dieciocho años y medio aproximadamente. Amarrado a la metáfora del “contrato social”, Jefferson crea otra ficción, la de que “cada cierto tiempo el cuerpo social cambia y es otro”.

La verdad, sin embargo, es que no hay un momento dado, un día, una fecha, en el que, de repente, podemos decir que el cuerpo social ha cambiado, que este cuerpo social de hoy es diferente al de ayer, porque los cambios se producen de forma permanente y diaria.

En la historia de las sociedades no hay ningún momento de ruptura radical, de comenzar desde cero. Incluso las revoluciones que niegan la legitimidad de instituciones y leyes para crear otras nuevas, necesariamente se tienen que basar en las existentes antes de la revolución. La Revolución francesa crea “la nación soberana”, pero no lo crea de la nada. El Abate Sieyès lo que hace es tomar el Tercer Estado medieval y darle otro carácter, nombrarlo “nación”. Y son los diputados del Tercer Estado, elegidos en origen en estamentos, los que votan la existencia de la “nación soberana”.

Pero es verdad que asumir que generaciones venideras no puedan cambiar unas normas de gobierno acordadas por las generaciones anteriores resulta duro, es como decir “vosotros los del futuro ya no vais a poder decidir vuestra forma política, ya lo hemos hecho nosotros”.

Por ello, todas las Constituciones democráticas prevén su propia reforma, pero esta tiene fuertes restricciones formales y procedimentales. No se puede hacer de cualquier manera, deprisa y corriendo. Hay que seguir unos procedimientos. Especialmente se quiere defender el núcleo duro de los valores constitucionales, lo que es la esencia de la democracia constitucional.

Esto no quiere decir que el espíritu constitucional sea dificultar la reforma ni quitar autoridad a los futuros ciudadanos. Es un mensaje que dice: si queréis seguir defendiendo lo fundamental de la democracia, así es como es necesario hacerlo. Podéis reformarlo, pero sin destruir la democracia misma. Todos somos conscientes de que otra forma de reforma es posible por la fuerza de los hechos. Una mayoría suficiente y decidida a romper la constitución y crear un nuevo Estado siempre lo logrará, pero habrá dejado de ser democrático.

Las cautelas sobre las reformas son necesarias para defender la democracia, pero sabiendo que una Constitución es un entramado siempre frágil y que lo único que puede garantizar su futuro no es su propio procedimiento de reforma, sino la adhesión de la población. Lo único que al final puede defender una Constitución democrática es la propia ciudadanía identificada con su sistema político. Por ello, buscar la adhesión permanente de la ciudadanía con su sistema político es irrenunciable para garantizar la libertad y la democracia.

En sociedades sin larga tradición democrática se siente un miedo excesivo a la reforma constitucional, pues piensan que puede ser la puerta que abre la fuerza de la destrucción. Pero es en gran medida un miedo falso y negativo, porque hace de la Constitución un lecho de piedra para la ciudadanía, un arcaísmo que se aleja del consenso.

Por poner un ejemplo, si hoy se hiciera una reforma, la más radical que se nos pueda ocurrir, si sigue siendo democrática, no podría cambiar ni la décima parte de lo que cambió la Constitución del 78 respecto a la dictadura. El hacer pequeñas reformas ocasionales fortalece la lealtad y la adhesión de la ciudadanía.

Pero hay otra razón de fondo que no solo invita a la reforma, sino que lo exige. Y esto ocurre no cuando hay una nueva generación de la manera que lo explicaba Jefferson, sino cuando la ciudadanía pierde la confianza en sus instituciones democráticas. Esta pérdida de confianza se puede dar por múltiples razones: por ejemplo, porque alguna institución constitucional genera una cantidad de problemas no previstos que hacen difícil la gobernabilidad, como con la cuarta República francesa. Se da también y de forma especial cuando la ciudadanía logra un consenso amplio en el que se debe cambiar el modelo de representación, sea por la ley electoral o la estructura territorial de la representación. Pero surge especialmente, y siempre con especial gravedad, cuando el sistema democrático no cumple con la promesa de un mejor futuro a la ciudadanía. Cuando en una sociedad democrática se da un incremento sustancial de desigualdad y esta genera colectivos amplios marginados del bienestar, siempre aparece imparable la desafección ciudadana y la deslegitimación de las instituciones.

En nuestro caso, en la actualidad, se juntan todas y cada una de estas facetas de deslegitimación. Se ha roto el consenso de la distribución territorial; se ha anquilosado por un tiempo excesivo sin reformas; la corrupción política ha arrasado con el prestigio de las instituciones democráticas, y, finalmente, tenemos una generación entera que se reconoce a sí misma sin ningún futuro, cosa, por cierto, verdadera.

En situaciones así es absolutamente necesaria la reforma constitucional, no solo, ni fundamentalmente, por las modificaciones materiales consensuadas, sino como mecanismo de nueva concordia ciudadana.

La deslegitimación de la ciudadanía de sus instituciones democráticas no solo rompe el pacto invisible pero necesario de lo que en la Declaración de Independencia de Estados Unidos se denomina “Consentimiento de los gobernados”. Cuando por la razones que fueren se rompe esta relación de confianza entre instituciones democráticas y gobernados, se rompe también la unidad ciudadana, la consciencia de formar parte de un mismo corpus político.

Cuando una situación así sucede, ya no es suficiente con hacer reformas materiales solicitadas, hace falta que la ciudadanía tenga el convencimiento de que firma una nueva concordia ciudadana que vuelva a unir a todos en el mismo corpus político.

Por todo ello, la reforma constitucional en la actualidad no debe servir tanto para incorporar en la Constitución reformas necesarias, en todos los órdenes, sino que fundamentalmente tiene que servir como rito colectivo que funda una nueva unidad ciudadana.

En vez de decir “queremos reformar la Constitución”, debiéramos decir “queremos renovar el pacto constitucional”.

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Sobre identidades y naciones

¿Qué es la nación?

“La nación se construye sobre la violencia y el olvido”.

Henri Renan, ¿Qué es la nación?

¿Qué es la nación? es el título de un libro de Renan, y hoy en día sigue siendo necesario hacerse esta pregunta. La verdad es que se utiliza, o mejor, cada uno utiliza este término con sentidos muy diferentes, y a menudo resulta que estamos utilizando la misma palabra para decir cosas totalmente contradictorias, que hacen del debate un “diálogo de sordos”.

La “nación” es un término importante y fundamental para entender las teorías políticas de la modernidad, y, en nuestro caso, por la presión que ejerce el nacionalismo fundamentalmente en Cataluña y Euskadi —que necesariamente condiciona el debate del conjunto de España—, es uno de los iconos del debate público.

La primera cuestión es afirmar que tiene diferentes significados y, en muchos casos, contradictorios.

Aunque en el pasado el término “nación” ha tenido connotaciones diferentes, muchas alejadas de la política en el sentido moderno, yo me voy a referir a su uso en la modernidad, es decir, desde la Revolución francesa. Esta es precisamente la que le da un significado político claro al término, cuando la asamblea compuesta por el Tercer Estado y unos pocos de los otros dos se define a sí misma como Asamblea Nacional. Aunque hoy nos parece de lo más natural esta denominación, la verdad es que no fue tan obvio en su momento y hubo un gran debate que, al final, ganó Sieyès a Mirabeau.

Pero también, cuando este cuerpo político recibe el primer reconocimiento simbólico de su soberanía es el momento en el que el maestro de ceremonias del rey abandona la sala donde se encontraban reunidos caminando hacia atrás. Al hacer este gesto, sin darle la espalda, manifestaba reconocimiento de soberanía. En aquella reunión tormentosa en la que el rey ordena a su maestro de ceremonias comunicar a la Asamblea su disolución y esta se niega alegando que no aceptaba ningún poder por encima de ella, el representante real, tal vez por los nervios del momento, abandona la sala dando a la Asamblea el trato que le había conferido al rey, saliendo sin dar la espalda a la Asamblea Nacional, es decir, caminando hacia atrás.

He querido narrar esta anécdota histórica porque en ella se encuentra de forma clara el primer concepto moderno de “nación”. Aquí la nación significa demos, cuerpo político que se autoafirma como soberano de sí mismo, que se define como único poder político para decidir el futuro colectivo, es decir, se considera depositario de la “soberanía”. Esta nación reivindica la soberanía del conjunto de ciudadanos frente a la soberanía del rey.

A esta forma de entender la nación le vamos a llamar “republicana”, ya que es un concepto político que no tiene nada que ver con las connotaciones identitarias que los nacionalismos confieren al término. Por ello, en la concepción republicana la nación es el conjunto de ciudadanos que se constituyen en cuerpo político soberano.

Para los nacionalistas la nación es algo muy diferente; es la comunidad de identidad. La nación es el cuerpo político que define la identidad común, que es lo que le da sentido a la unión política entre personas. Para estos, lo que une a las personas en una misma comunidad política no es el reconocimiento muto de ser sujetos con capacidad de decisión —como en la concepción republicana—, sino que lo que les une es la común identidad de todos, la pertenencia a una misma forma de entender la identidad.

A las dos concepciones de nación les sobrevuela una pregunta que no resulta de fácil respuesta: ¿quién y cómo se decide qué personas forman parte de la misma nación? ¿Se puede ampliar la nación integrando nuevos colectivos de ciudadanos, o, a la inversa, se puede dividir en dos comunidades políticas igualmente soberanas?

Por eso cuando en España se discute de forma bizantina sobre si Cataluña o Euskadi son una nación, y si España en su conjunto es también nación, no está de más preguntar a cada uno: ¿para usted qué es la nación? Y ya cuando, para conjugar casi lo imposible, se dice que España es una nación de naciones, ¿con eso qué es lo que realmente queremos explicar?

Yo defiendo la concepción republicana de nación, pero prefiero evitar utilizar el término que tanta confusión produce y suelo referirme a los ciudadanos y a las comunidades políticas que gestionan su futuro y se autodeterminan de forma democrática. Los ciudadanos y la sociedad son los elementos que dan forma a las instituciones políticas. Por cierto, “ciudadano” y “sociedad” son términos que ponen muy nerviosos a los nacionalistas, porque en ambos se recalca el carácter constituyente de la comunidad política con base en la voluntad libre de los ciudadanos.

En el debate de investidura del actual lehendakari, el portavoz del PNV dijo, sin temblarle la voz, que “el derecho a decidir correspondía al pueblo, en ningún caso a la sociedad”. ¿Usted entiende lo que esto quiere decir?

Además de estas dos formas de entender la “nación”, existe otra que, con naturalidad, ha convivido con diferentes formas de entender el Estado, y esta es la “nación cultural”. El Consejo de Europa recoge esta larga tradición de entender la nación como comunidad que comparte tradiciones históricas o formas propias culturales. Es una forma de entender la nación que si bien crea solidaridad entre la comunidad de la que forma parte, nunca ha supuesto un conflicto con el Estado al que pertenecía esa comunidad.

La construcción nacional

“Ya tenemos Italia; hagamos ahora a los italianos”.

Giuseppe Mazzini

Es curioso lo de la construcción nacional. Es un concepto al que los nacionalistas le dan mucha importancia; es más, es la esencia de sus políticas. Pero no deja de ser contradictorio.

Los nacionalistas afirman que hay una nación; que Euskadi es una nación, que Cataluña es una nación. Y acto seguido dicen: hagamos la construcción nacional. Y yo pregunto: ¿si ya existe la nación, por qué hay que construirla?

Lo que pasa es que para los nacionalistas la nación no es el conjunto de personas, de ciudadanos que viven en un territorio definido; la nación es otra cosa. Es algo que existe independientemente de las personas, incluso de su voluntad actual. La nación es algo objetivo que se creó en el pasado, un conjunto de cosas que la dotan de identidad propia. Hablan de tradiciones, de idioma y de cultura que forman la identidad nacional.

Y aunque a los nacionalistas les gusta decir que la nación (en el sentido que ellos lo entienden) es desde siempre, la verdad es que es un invento moderno. El sentimiento nacional no llega a doscientos años en los casos más antiguos.

Recuerdo una anécdota que contaba el sociólogo polaco Zygmunt Bauman. En los años veinte, recién recupera la independencia, los funcionarios polacos comenzaron a hacer censos de la población, y una pregunta que formulaban era: ¿cuál es su nacionalidad? Y resultó que mucha gente no sabía contestar, no entendía la pregunta; simplemente respondían “yo soy de aquí”. Al final tuvieron que añadir junto a polaco, judío, bielorruso, una nueva categoría nacional, “lugareños”, y resultó que el 20% se apuntó en esa categoría nacional tan rara.

Y la cuestión es: ¿quién decide que existe la nación? En Euskadi hasta que a finales del siglo XIX Sabino Arana hiciera esa afirmación, a ningún vasco de los veinte siglos anteriores se le había ocurrido algo así (bueno, excepto que, al comienzo, para Sabino Arana la nación vasca era algo más pequeño).

La nación existe cuando los nacionalistas dicen que existe. Una vez que un puñado de personas se reúna y diga “aquí hay una nación”, su existencia no es discutible, y mucho menos votable. Puede ser que la mayoría no lo vea, no perciba que hay nación, y entonces la respuesta es “no tienen conciencia nacional”.

Por eso la afirmación de la existencia de una nación es un asunto totalmente ajeno a la democracia o a la voluntad popular; su existencia no se puede discutir ni votar. Cuando los nacionalistas consideran que tienen suficiente fuerza, propondrán votar la independencia para tener Estado, pero nunca aceptarán votar si existe nación o no.

Y la otra cuestión es: ¿quiénes forman parte de la nación? Pues los que se identifican con la identidad nacional. Y aquí surge el problema, el gran problema: porque, en realidad, en las sociedades reales compuestas por ciudadanos reales y verdaderos, resulta que no todos se entienden a sí mismos con la misma identidad.

Para los nacionalistas existe la nación, pero no todos los ciudadanos caben en ella; a veces es solo una minoría la que forma la nación, como en el caso de Navarra, en la que los nacionalistas, los que afirman que tienen una identidad vasca, son minoría.

Y si la nación es una comunidad de identidad, ¿qué hacemos con los que no pertenecen a una comunidad de identidad nacionalista?

Aquí es donde entra en juego la construcción nacional. Esta se diseña para convencer, para cambiar la identidad de las personas que no pertenecen a la comunidad nacionalista. Y con la construcción nacional los nacionalistas se convierten en ingenieros de almas. Los ingenieros cogen a las personas, le dan la vuelta a su alma y les hacen ser miembros de la nación; les dan la “conciencia nacional” que les faltaba.

No reconoce la diversidad porque su objetivo es que deje de haber diversidad y tengan todos la misma identidad. Pero también reconoce que ahora hay personas que no comulgan con una sola identidad; lo reconoce porque es una realidad incontestable, pero ese reconocimiento es la afirmación de un defecto, de una falta que hay que subsanar.

Y uno de los valores fundantes de la democracia es el reconocimiento de la autonomía personal, la defensa de la diversidad como garantía de la libertad personal.

¿Quién soy yo?

“Izena duena da / todo lo que tiene nombre existe”.

Refrán vasco

Cuando nos preguntan ¿usted quién es?, de forma automática contestamos con nuestro nombre. Pero no es tan sencillo. ¿Qué es mejor, responder quién soy o qué soy? Porque el quién sin que tenga un qué al que referirse no tiene existencia. Sí, digo mi nombre, pero detrás del nombre está lo que ese nombre representa, y aquí surge la cuestión de la identidad.

¿Qué soy yo? ¿Qué es lo que forma mi identidad? Cuando digo yo soy, yo fui al cine ayer, presumo que soy el mismo hoy, ayer o hace diez años. Pero ¿de verdad soy el mismo? ¿Mi yo de hoy es el mismo que el de hace veinte años? Y nos damos cuenta de que no, que ahora somos diferentes y, sin embargo, mantenemos la convicción firme de seguir siendo la misma persona.

La vieja metáfora del barco explica esta contradicción: si tenemos un barco al que hacemos arreglos sucesivos y al cabo del tiempo resulta que le hemos cambiado una a una todas sus partes, ¿sigue siendo el mismo barco?

El filósofo Leszek Kolakowski decía que la identidad tenía cinco elementos:

El “yo”, el “alma”, esa cosa que se mantiene y se autorreconoce como único y continuo.

La memoria. Es lo que da contenido al “yo”. Si hoy se me olvidara todo, si perdiera toda memoria del pasado, mi “yo” dejaría de existir, ya no sabría quién soy.

La anticipación. De la misma forma que nos es necesario tener consciencia de nuestro pasado, tenemos que tener una perspectiva de futuro, una proyección racional de lo que seremos.

El cuerpo. El “yo” requiere de algo material en lo que asentarse, en lo que poder mostrarse.

Un comienzo en el tiempo. El “yo” tiene que tener un comienzo. El desconocimiento de un inicio —cuándo he nacido, de dónde soy— deja la identidad debilitada e insegura.

Estos son los elementos que hacen de la identidad algo único, que una unidad sea diferente de otra, que ningún ser humano pueda ser confundido con otro. El saberse único, irrepetible, es seguramente lo más característico de la identidad. “Yo soy yo” y no hay nadie más que lo pueda ser.

Los nacionalistas han hecho de la nación una metáfora de la identidad individual, aplicando a la nación todos estos elementos de forma mimética. Puede ser atractivo como metáfora, como forma de explicar comportamientos colectivos similares, pero plantea un gran problema: la esencia de la identidad es la unicidad. Y en esa metáfora de identidad nacional habitan personas reales, con identidades únicas a las que no pueden renunciar.

Pero, realmente, ¿qué es la identidad? ¿Cuáles son los elementos que marcan de forma determinante lo que soy? Los nacionalistas dicen que nuestra identidad está marcada por los componentes colectivos de la identidad nacional. ¿Es verdad? El género, por ejemplo, ¿no es un elemento muy determinante de la identidad, o la edad?

Hay muy pocos elementos objetivos que determinan mi identidad; seguramente, además del género y la edad, sea difícil encontrar otros (sin olvidar el cuerpo material que me condiciona de forma radical). El resto son materiales de acopio que hemos ido acumulando en nuestra vida.

Yo soy lo que he vivido, lo que he leído, las cosas que he hecho, las relaciones que he tenido.

Pero ¿los componentes de la identidad nacional son los que definen mi identidad o hay otras cosas que tienen mayor trascendencia? Dicho de otra manera, con quién me identifico más, con un vecino de Euskadi con gustos, con ideas totalmente diferentes, o con una persona de París, de Berlín que ha leído cosas parecidas a las mías, que defiende mis mismas ideas, con la que comparto los mismos gustos musicales? (Y de paso, ¿quién es el que ha definido qué cosas, qué rasgos son los que conforman la identidad nacional?).

La identidad de cada uno es muy compleja; la hemos ido construyendo a lo largo del tiempo y tiene condicionales objetivos, influencias de nuestro entorno, pero, por encima de todo, la identidad soy lo que decido ser. Y en esta lucha por construir la propia identidad, de superar los condicionantes externos, está la libertad del “yo”. La libertad más profunda que decide que yo sea como quiero ser, a pesar de los demás, a pesar de lo que crean los demás.

Hay cosas de mi identidad que no puedo decidir: lo primero el haber nacido; no nacemos, nos nacen y eso no lo podemos elegir, ni dónde nacemos, ni cuándo.

Lo vivido es lo que le da contenido a mi identidad. Las experiencias vitales son, mayoritariamente, experiencias compartidas, experiencias vividas con otras personas, junto a otras personas, y por eso tiene un componente importante de lo colectivo; muchas personas hemos vivido juntas experiencias parecidas que es lo que hace que se parezcan nuestras identidades.

Con la identidad experimentamos dos sentimientos contradictorios; por un lado, apreciamos y damos un gran valor a tener una identidad diferente: la mía, que es especial, y al mismo tiempo comprobar que otros tienen identidades parecidas nos reconforta, nos hace ser miembros de un conjunto que nos dice que no somos navegantes solitarios.

Estos tres elementos, que están en permanente tensión, es lo que conforma nuestra identidad, nuestro “yo”; los elementos externos impuestos, las experiencias compartidas y la individualidad, que es solo mío.

Los nacionalistas cogen a una persona, le abren su identidad y le dicen: de todas las cosas, solo estas —que coinciden con los rasgos de identidad nacional que ellos han definido— son las que definen tu identidad.

Nos quieren dar una identidad castrada, demediada. Y todavía más, nos dicen que nuestra identidad está formada por elementos que no tenemos.

A mí me asombra que una persona que no sepa euskera, por ejemplo, afirme sin rubor que el euskera es un elemento muy importante de su identidad. Lo he oído muchas veces, y me sigo asombrando cada vez al escucharlo, y también por qué nadie le responde: ¿cómo puede ser el euskera parte de tu identidad si no lo hablas?

Por eso, cuando se pretende definir una identidad común, y que esa identidad corresponda a una parte muy pequeña de la identidad real de las personas, surgen necesariamente problemas porque la individualidad es imprescindible para tener consciencia de mi propio ser y en la realidad las personas no pueden dejar de ser diferentes.

Es más, sin identidades diferentes y únicas no tiene sentido, siquiera, hablar de libertad. La libertad es el espacio en el que crece el individuo diferente, y para serlo le hace falta la libertad.

Y, al final, esta contradicción solo se arregla reconociendo la diversidad de identidades, o bien, desde la perspectiva nacionalista, imponiendo silencio y sumisión con la represión; en los grados que sea y en las modalidades que fueren, para lograr que cada uno renuncie a su individualidad y asuma un modelo concreto de identidad.

‘Nosotros’

“Solamente puedo reproducir lo que veo, lo que pienso y, decirlo más exactamente, lo que pensamos nosotros; esta es la palabra acertada, la palabra adecuada, y por esta razón quiero que mis anotaciones lleven por título nosotros”.

Yevgueni Zamiatin, Nosotros

La persona es por definición zoon politikon, alguien que vive en la ciudad, que se relaciona con otros, que vive necesariamente en sociedad. Por ello, el “nosotros” es tan importante como el “yo”. Un “yo” absolutamente solo no tiene sentido, se convierte en algo sin vida como una planta o un mineral. Los raros casos de eremitas o místicos que pretenden vivir el “yo” en absoluta soledad le dan sentido al aislamiento precisamente por su ruptura con el resto, pero no pueden romper la existencia de los otros y eso es lo que le da valor a su intento místico de soledad.

Las personas viven juntas, conviven en un nosotros que les da sentido. Pero el “yo” y el “nosotros” son necesariamente fuerzas contrarias; el “yo” busca la unicidad, el ser único, mientras que el “nosotros” busca la igualdad de grupo, la homogeneidad.

Para que el “nosotros” no sea el mero resultado de la imposición de una fuerza bruta de un poder ajeno se requiere de un mínimo de solidaridad entre las personas que forman el grupo o la sociedad. Las diferentes personas deben sentirse miembros voluntarios del colectivo. Deben tener razones para ser solidarios unos con otros y mantener —sea lo que sea— los elementos que configuran el “nosotros”.

Siempre nos preguntamos: ¿por qué somos solidarios con otras personas? La solidaridad de los primeros grupos reducidos de humanos —grupos pequeños y en permanente peligro— es algo obvio e intuitivo. Necesitan la solidaridad para la supervivencia; sin la ayuda mutua sucumbirían de forma rápida.

Y de esta intuición planteamos la solidaridad en círculos concéntricos: somos más solidarios con las personas más cercanas, con la familia, el barrio, el pueblo, etc. Si esto fuera así, tendríamos una solidaridad inversamente proporcional a la lejanía personal o al tamaño del grupo, empezando en la familia y terminando en la humanidad entera.

Pero la realidad difiere de esta premisa. Hay veces que no somos nada solidarios con un grupo diferenciado que vive en nuestro propio barrio, y parece que el ámbito del Estado en el que vivimos supone un corte radical en los círculos concéntricos de la solidaridad.

Parece más bien que conviven dos tipos de solidaridad: la primigenia, que se construye en torno a las relaciones personales y la cercanía, y que afecta a un grupo muy reducido de personas, y otra más política —vamos a llamarla así— que se sustenta sobre ideas compartidas, aunque nunca conozcamos a las personas con las que nos sentimos solidarias.

Este segundo tipo de solidaridad es la que más me interesa: ¿por qué somos solidarios con personas que nunca vamos a conocer? Yo creo que somos solidarios con una abstracción, con una idea o principio, y, por tanto, con todas las personas que comparten la misma abstracción y quieren formar parte de ella. Somos solidarios con una idea que da sentido y directrices a nuestra forma de vivir, de entender la sociedad a la que pertenecemos. Por eso es tan natural ser solidarios con personas desconocidas, que nunca van a tener relación conmigo, pero que compartimos una abstracción. Y no todos los “nosotros” se configuran de la misma forma, ni con los mismos ingredientes.

A grandes rasgos, en las sociedades modernas podemos diferenciar tres tipos de “nosotros”:

El “nosotros” nacionalista.

El “nosotros” totalitario

El “nosotros” democrático.

El ‘nosotros’ nacionalista

La característica fundamental es que este “nosotros” solo tiene existencia en contraposición a “los otros”. Para que pueda existir necesita, a la fuerza, el enfrentamiento con otros grupos, su oposición es lo que mejor lo define. En los grupos sociales que se consideran, o en realidad están, marginados por otros grupos sociales más poderosos, este mecanismo de solidaridad de grupo es tremendamente eficaz y crea fuertes vínculos de unión y ayuda mutua. Y es en esta fase en la que se crea, se recrea, una identidad imaginada como pasaporte de solidaridad dentro del grupo.

A todas las personas que no se integren en esa comunidad de identidad se les suprime la solidaridad de grupo. La solidaridad queda reservada para los que participan de la misma comunidad de identidad.

Es verdad que el fin confeso de un grupo nacionalista, en la actualidad, es integrar a todos en el mismo “nosotros” colectivo. Pero esta operación tiene dos fallas importantes: la primera es que se exige a las personas la renuncia a su identidad, a su forma de entender la identidad; y la segunda, que todo el proceso es controlado por un grupo bien organizado que tiene todo el poder político.

En estos tiempos aciagos de pérdida de igualdad social en los países desarrollados, cada vez hay más estudios sobre la reducción de la movilidad social. Cada vez es más difícil para los pobres y los hijos de familias humildes dejar de ser pobres y prosperar. Y lo más triste es que es cierto. Pero no estaría nada mal que se hicieran estudios de movilidad social en Euskadi y Cataluña analizando la movilidad desde la mirada nacionalista; cuánto han prosperado los nacionalistas y sus hijos y cuánto lo han hecho los no nacionalistas y sus hijos. Estoy convencido de que los datos son dramáticos.

Los que controlan la construcción nacional controlan el progreso social, y progresan, sustancialmente, los que forman parte de la comunidad de identidad nacionalista. Solo los emprendedores que actúan en los márgenes de la economía tradicional tienen posibilidades de prosperar si no son nacionalistas.

Ya en el siglo XX, grupos privilegiados que no querían perder las prebendas asumieron y construyeron los mismos mecanismos de solidaridad interna, expulsando del grupo a los “otros” —especialmente a los inmigrantes— hacia los grupos con los que no quieren competir en la concurrencia social.

La forma de entender la solidaridad por parte del nacionalismo es excluyente: hay un “nosotros” y un “ellos” contrapuesto, irreconciliable, que solo se soluciona con la supresión o la asimilación, voluntaria o involuntaria, de los que no forman parte de la comunidad nacionalista. Es por tanto una solidaridad con fronteras, con muros que separan; unos tienen y otros no.

El ‘nosotros’ totalitario

El nosotros totalitario no se construye uniendo identidades particulares, sino anulando el individuo. La característica fundamental del totalitarismo es que el individuo no existe, existe la “gran idea” personificada en el líder.

La solidaridad no se da entre los individuos, la única solidaridad real es la de todos los individuos con “la idea y su líder”. La solidaridad entre personas no tiene ningún sentido. De hecho, las sociedades totalitarias son en extremo insolidarias; solo las personas y grupos aislados que no han sido integrados mantienen lazos auténticos de solidaridad.

El “nosotros” totalitario no se construye sumando de forma homogénea diferentes “yo”, como en el nacionalismo, sino anulando el “yo” de todos.

En la novela Nosotros, Zamiatin crea las dos grandes metáforas del totalitarismo: “la casa de cristal”, es decir, una vida sin vida personal, ningún espacio privado que pertenezca en exclusiva al “yo”, y la imposibilidad de tener descendencia, algo tan individual y único. Y por eso Zamiatin no puede escribir su vida en primera persona del singular, necesariamente lo tiene que hacer en el plural “nosotros”; un “nosotros” asesino de todos los “yo”.

La solidaridad ha desaparecido, solo queda la sumisión de todos.

El ‘nosotros’ democrático

Este no se construye con identidades o sumando personas, sino con base en principios y normas. Por ello, el “nosotros” es en la democracia una abstracción necesaria. Es un sistema en el que podemos convivir todos, lo que le da coherencia es la sujeción de todos a la misma ley, a las mismas normas de convivencia. Por ello, en democracia, al defender el “nosotros”, lo que en realidad defendemos es un sistema de vida, un sistema político más en concreto.

El sistema democrático-liberal busca la defensa del “yo” en las normas comunes. La ley no está hecha para ser todos iguales, sino para garantizar que cada uno pueda decidir su propia forma de buena vida. Por ello, el “nosotros” democrático no excluye a nadie, permite que todos puedan participar y convivir; el único requisito es el respeto de las normas que garantizan la convivencia. Pero tiene límites y tamaño: el “nosotros” democrático y la solidaridad de grupo alcanzan el mismo ámbito que las instituciones que lo crean.

La solidaridad limitada al Estado que garantiza la convivencia se puede confundir fácilmente con la solidaridad nacionalista, y en la realidad muchas veces conviven ambas formas de entender la solidaridad y la pertenencia, fundamentalmente porque los Estados modernos que han garantizado la libertad se han construido —entre el siglo XIX y el XX— sobre una concepción nacionalista del Estado.

¿Qué es el autogobierno?

“La Ley es lo que nos define”.

Borgen

Uno de los errores más graves de la derecha y de algunas personas de la izquierda es mezclar el debate sobre el federalismo con los planteamientos nacionalistas. El federalismo está totalmente alejado del nacionalismo porque todo su planteamiento se legitima a partir de la capacidad de autogobierno de las personas, de la capacidad de pacto que se define en un espacio común. Los elementos definitorios de este espacio común no son, en ningún caso, identitarios, sino que responden a las normas de convivencia que garantizan la libertad y la capacidad de decisión de cada ciudadano.

Por ello, el autogobierno es la capacidad que cada persona tiene para decidir su vida y participar en las decisiones colectivas. Esa es autogobierno clásico: solo yo puedo decidir en mi vida y también yo participo en las decisiones colectivas.

Ciertamente, cuando hablamos ahora de autogobierno lo estamos entendiendo de forma totalmente diferente, nos estamos refiriendo a la capacidad competencial de los territorios. Lo que nos separa de los nacionalistas no es la división territorial, sino la forma de entender el pacto ciudadano, la forma de entender la base que crea el corpus político de una sociedad.

Para el nacionalista, lo que crea “Estado” es la pertenencia a un mismo pueblo con identidad común. Dicho de otra forma, cuando hay un pueblo con una identidad común, un Estado propio es la expresión política de ese hecho anterior. De ahí la forma obsesiva de defender una identidad nacional diferenciada (en realidad, de inventar una identidad nacional).

No hay ninguna sociedad, ningún colectivo humano en el que sus ciudadanos tengan una sola identidad.

Y para hacer frente a este planteamiento nacionalista de “nación”, no podemos emplear sus propias palabras porque al aceptar sus conceptos estamos obligados a entrar en su propio debate.

Primera cuestión: los nacionalistas nos dicen: si otros han hecho, si otros pueblos han logrado un Estado propio, ¿por qué nosotros no podemos? Debemos responder que lo hecho anteriormente por otros Estados no justifica que podamos hacer lo mismo. La mayoría de los Estados nacionalistas se han erigido sobre la violencia, imponiendo una única forma de identidad y marginando o reprimiendo al resto. Es verdad que fue así, pero no podemos asumir en el siglo XXI la necesidad de la violencia para crear un nuevo Estado.

Segunda cuestión: en la Europa del siglo XXI estos planteamientos de soberanía absoluta, de naciones soberanas, ya no tienen sentido. Y tampoco existe una sociedad con ciudadanos de una única identidad; tanto en Euskadi como en Cataluña la diversidad identitaria es tan grande o mayor que en España en su conjunto.

Los socialistas debemos hacer una enmienda a la totalidad al planteamiento de “nación” y “pueblo” nacionalista. Para nosotros, el Estado es el resultado del pacto ciudadano para garantizar la libertad común y poder participar en las decisiones colectivas. Por ello, en nuestro Estado o nación republicana, si se quiere, participan todos los que están sujetos a la misma ley. Por ello, para los socialistas, el “nosotros” es lo que define la ley.

El modelo social que defendemos los socialistas es el que garantiza la libertad personal y la igualdad de oportunidades, no la pertenencia a la comunidad de identidad.

La lucha por las libertades ha sido y es un camino sin final. Nosotros defendemos las sociedades abiertas profundizando en las libertades civiles de todos. Pensamos que la administración debe garantizar y defender estos derechos civiles que vamos conquistando. Y frente a la pretensión nacionalista de unificar la identidad, debemos defender y articular “el derecho a la libre identidad”. Cada persona debe decidir de forma autónoma el sentido de su propia identidad sin que por ello sea reprimido o marginado. Es verdad que ese derecho no ha sido reconocido por los Estados nacionales (nacionalistas) de Europa, de ahí la necesidad de violencia para crear dichos Estados.

El que en el pasado fueran reprimidas las diferentes formas de entender la identidad no quiere decir que ahora lo tengamos que asumir.

Defendemos la libertad de identidad, no desde posiciones identitarias, sino desde la defensa de las libertades civiles de la ciudadanía. Por ello, en la actualidad, en los territorios donde se plantea un conflicto de identidades, como en Euskadi o Cataluña, creemos que el autogobierno es la forma política para gestionar la diversidad interna. Los territorios deben ser los garantes de que cada uno de sus ciudadanos pueda definir y practicar su propia identidad, como un derecho que no se puede renunciar. De esta manera, esta forma de autogobierno no trata de enfrentarse a la administración central para arrancar más poder, sino que vela por que se respeten los derechos civiles —el de identidad en particular— dentro de sus territorios.

¿Quién pone las fronteras?

“A lo largo de mi vida he sido ciudadano de cuatro Estados diferentes y, sin embargo, nunca me he movido de la casa que usted ve enfrente”.

Un ciudadano de la antigua Yugoslavia

Antes decíamos que, al final, el espacio, el ámbito que define el “nosotros” democrático coincide con el ámbito territorial de las instituciones que definen el “nosotros”. Y la pregunta que surge es: ¿quién pone las fronteras? ¿Por qué son las que son y no otras?

Tendemos a pensar que las fronteras son las que son porque tienen que ser así, que hay algo que les da sentido, razones objetivas (cuál es el listado de estas razones objetivas varía mucho: la geografía, la cultura, la religión, la economía, la raza, etc.). Pues bien, los nacionalistas separatistas piensan que las fronteras están mal, pero curiosamente por las mismas razones; hay razones objetivas (existe un pueblo objetivo que quiere su propio Estado).

La realidad es, sin embargo, muy diferente; las fronteras han tenido muchos cambios y siempre han sido defendidas o atacadas con el mismo entusiasmo.

Existe un ejercicio sencillo: si cogiéramos el mapa de Europa e hiciéramos una animación con sus fronteras, por ejemplo, desde el siglo X hasta nuestros días, no podríamos decir que hay razones objetivas para defender una frontera determinada. Y de paso nos daríamos cuenta de que las más estables durante los últimos quinientos años son las españolas, salvando las colonias, claro.

La verdad es que ninguna de las razones objetivas esgrimidas de forma diversa se cumple en la historia real de las fronteras. Puede parecernos que los Pirineos son una marca indiscutible, un elemento objetivo que con solo mirarlo se impone por sí mismo. Pues no; la vieja Navarra se asentaba a ambos lados de los Pirineos con las merindades de ultrapuertos, y algo parecido pasaba con Cataluña.

Las fronteras formadas por comunidades lingüísticas o étnicas todavía están menos delimitadas. En la época de la Revolución francesa, solo el 30% de los habitantes hablaba francés. La homogeneización de idiomas por países es algo que se ha formado durante los dos últimos siglos, y precisamente barriendo otras comunidades lingüísticas. Incluso hoy en día hay muchos grupos mezclados entre diferentes países (con la crisis actual de Ucrania se manifiesta su diversidad de lenguas).

Entonces, ¿cómo se marcan las fronteras? La respuesta más sensata sería que las fronteras las ha puesto la historia. El discurrir del tiempo y las vicisitudes han ido poco a poco conformando unas fronteras más o menos estables.

Durante muchos siglos, en Europa, las fronteras de los reinos, de los Estados, se modificaban, se dividían por derecho de conquista y por enlaces matrimoniales. Aunque los más antiguos (Gran Bretaña, Francia, España y Rusia) siempre han tenido un núcleo central inamovible, al menos desde el siglo XV. El caso del centro de Europa es algo difícil de entender hoy día. En la paz de Basilea se definieron más de trescientos Estados independientes y Europa ha sido un territorio en permanente movimiento (Polonia, por ejemplo, aparecía y desaparecía con facilidad, o cambiaba de tamaño).

En todos estos cambios de frontera nunca han sido determinantes los grupos étnicos o las lenguas. Han sido las guerras, los repartos forzados por las potencias más poderosas o los enlaces matrimoniales los que han definido las fronteras. Hoy tendemos a pensar que hay cierta coherencia entre los límites del territorio de unas fronteras y la población. Nada más alejado de la realidad.

La democracia es la que da estabilidad a las fronteras, porque no hay razones de guerra u otras y es toda la población la que participa de las instituciones, creando así una sociedad común con base en libertades e instituciones.

Es así como se logra una identificación entre población y territorio.

5

Hablemos de federalismo

“E pluribus unum” (De muchos, uno).

Un número considerable de Estados democráticos son federales. Independientemente del proceso histórico en el que se han creado los diferentes Estados, el triunfo de la fórmula federal es muy importante. Seguramente, a pesar de autodenominarse “federales”, si los comparamos unos con otros, no encontraremos dos países que tengan un modelo igual, cada cual tiene sus particularidades. Esto es debido a las contingencias que ha sufrido cada uno en su propia creación. Los Estados actuales no surgen de la nada o desde el vacío, son el resultado de procesos históricos particulares. Por ejemplo, los procesos históricos por los que Argentina se convierte en Estado o la Alemania actual se parecen muy poco.

Nada nuevo se construye desde la nada; todo cambio, por muy revolucionario que sea, tiene que partir de la situación anterior, y ese cambio, se quiera o no, arrastra consigo retazos del pasado. Esta la razón por la que, habiendo tantos Estados federales, todos tienen sus propias particularidades. Sus retazos del pasado que se mantienen en la nueva federación.

Seguramente una particularidad, y no la menos importante, de los federalismos es que saben incorporar con naturalidad aspectos del pasado, podríamos decir que las huellas de sus orígenes diversos, en el nuevo Estado federal.

Pero esta voluntad de reconocer particularidades del pasado solo tiene sentido en la medida en que se asuma el principio fundamental de la federación que es “la unión federal”. La federación es, de forma expresa, la unidad en un mismo Estado de partes diferentes. Sin esta voluntad de unidad, la federación no tiene sentido. La diferencia del modelo de “unidad” de una federación y un Estado centralista es que la federación reconoce de forma expresa la existencia de diferentes partes que integran el todo, mientras que en un Estado centralista no existe el reconocimiento de las partes, sino que es un todo único.

Es verdad que, históricamente, España ha tenido una relación traumática con el federalismo. La experiencia de la Primera República con las luchas entre federalistas unitarios y los puros, con el resurgir de los cantones, puso en riesgo la integridad del Estado mismo. Esa prevención se mantiene hoy en algunos sectores al oír la palabra “federal”, a pesar de que España es hoy uno de los países más “federalizantes”.

El autogobierno

Me parece que si hay un término desde el que podemos plantear el debate entre los que defienden diferentes concepciones de modelo territorial, ese es el “autogobierno”. Creo que tanto la derecha adversaria de la federación como la izquierda más federalista o, incluso, los nacionalismos, encontramos en el concepto de autogobierno un espacio desde el que iniciar el diálogo.

Y es que en España el autogobierno tiene un significado muy especial que está unido a la contingencia de la recuperación de la libertad y la democracia después de la dictadura. Para la inmensa mayoría de españoles de todas las ideologías, el autogobierno no es solamente una forma de distribución del poder territorial, es algo mucho más profundo, es la forma en la que se encarnó la nueva democracia española, es un elemento fundante, intrínseco a la democracia española. Nadie puede imaginar siquiera una democracia en España sin autogobierno. Al final va a resultar que compartimos mucho más de lo que pensamos.

Con la propuesta de reformar la Constitución no quiero hacer una enmienda al autogobierno de los territorios. Es más, creo que el reconocimiento del autogobierno debe ser el requisito para cualquier reforma.

Yo reivindico el Estado de las autonomías como el experimento modernizador del Estado con mayor éxito de nuestra historia. El gran avance en todos los niveles que hemos logrado estos últimos treinta y cinco años sería impensable sin los estatutos de autonomía y los gobiernos autonómicos.

Principios inspiradores del modelo territorial

La defensa de la unidad y permanencia en un mismo Estado Común Compartido

No se trata solo de cómo se responde a las partes, sino de cómo queremos que sea el conjunto. Y, en este sentido, debemos defender la unidad como valor en sí mismo. No como la defensa casposa del statu quo. La unidad es un valor positivo, es la expresión organizada de la solidaridad común. No es decir con vergüenza: no vamos a tocar la unidad, que despertamos todos los demonios del pasado. No, yo defiendo la unidad como una propuesta positiva evidente, una unidad integradora desde la diversidad que recoge diferentes sentimientos de pertenencia, pero, siempre, desde el respeto a la legalidad constitucional.

En la actualidad, la propuesta federal está siendo utilizada de forma fraudulenta haciendo creer a la gente que el federalismo es una forma de debilitar más el Estado Común y dando más poder a las partes.

Los federalistas, y yo lo soy aunque no entro en guerra de nombres, somos federalistas porque defendemos la “unión”. La federación no se hace para dividir, sino para unir partes diferentes. Y la defensa de la unidad tiene también otra faceta: el reconocimiento de la realidad. La asunción de que las sociedades e instituciones tienen pasado, que son constructos laboriosamente logrados y que su mera existencia es un elemento sustancial que genera espacio social.

Defender la unidad es defender lo evidente, es el reconocimiento del único hecho histórico compartido: la unidad que defendemos no es una pretensión de construcción futura, es la realidad en la que sea construido el espacio político de la sociedad española generadora de nuestras libertades y derechos.

Esta no es una reivindicación de viejos nacionalismos españolistas, de la que reniego. No se trata de imponer una comunidad de identidad común y homogénea a todos los españoles. Lo que reivindico y defiendo es la existencia de un espacio político común y compartido por todos.

Defender la unidad y la defensa del Estado Común Compartido y defender la identidad común no es lo mismo. La unidad crea espacios de solidaridad; la identidad común impone la identidad oficial a los diferentes y crea marginación de las minorías.

Y sobre todo la unidad es la única realidad que permite ser transformada y reformada. La no unidad supone la anulación de la experiencia acumulada, de los esfuerzos compartidos, y necesariamente requiere de una ruptura radical con el cuerpo social y político.

En la izquierda hemos tenido dos complejos complementarios: por un lado, una especie de vergüenza a la hora de pronunciar la frase “unidad de España”, resultado del uso perverso de la unidad por la dictadura. Es hora ya de perder complejos; yo defiendo la unidad como espacio compartido de libertad y, especialmente, como espacio de solidaridad ciudadana.

El otro complejo es el no reconocimiento de las diferentes trayectorias históricas de cada territorio, de sus propias singularidades. El pasado de la sociedad de Cataluña, la vasca o la andaluza son diferentes, pero son pasados que mantienen su sombra en el presente.

Los problemas a los que se tiene que enfrentar cada territorio son también diferentes; en algunos territorios su problema mayor es la desigualdad respecto a otros territorios; en Cataluña y Euskadi tenemos el euskera y el catalán además del castellano. En los territorios de Castilla, la despoblación del territorio supone la misma agonía para su población que podrían tener los vascoparlantes si vieran desaparecer el euskera.

Antes decía que un gran valor de la federación es el reconocimiento de la diversidad de las partes en la unión federal. No debemos tener miedo a reconocer España tal como es; en reconocer las diferencias de cada territorio.

La lucha contra la desigualdad territorial

El modelo territorial o, dicho de otro modo, el autogobierno o la federación deben tener como objetivo primordial terminar con la desigualdad territorial.

No se trata de un reparto de poder. No se trata de quién tiene más o menos poder. Establecer el debate en términos de poder nos lleva a un callejón sin salida y, sobre todo, a no buscar soluciones a los problemas reales de la ciudadanía, a los que el autogobierno tiene que hacer frente.

Por ello insisto en definir los objetivos de la autonomía política.

No voy a describir los genéricos de la subsidiariedad, de la mejor gobernanza en lo cercano, de la mayor legitimación de los poderes públicos en sus propias comunidades cercanas, etc. Planteo que el primer objetivo de la federación debe ser la garantía del espacio político de libertad común, defendiendo la unidad, y que el segundo objetivo debe ser reducir la desigualdad territorial. Para los socialdemócratas, todo ámbito político compartido deber servir para la solidaridad y la reducción de desigualdad; da lo mismo que sea la Unión Europea, el Estado Común, la autonomía o el municipio.

El gran problema del Estado de las autonomías en España no son solo los nacionalismos o los embates centralizadores; también la desigualdad de progreso entre diferentes territorios es un problema al que tenemos que hacer frente. Una desigualdad crónica que han soportado sus ciudadanos durante siglos.

Y esta es la diferencia sustancial entre la forma de entender la autonomía entre la derecha y la izquierda, esto es lo que nos diferencia.

Los socialdemócratas queremos autonomía para reducir la desigualdad y progresar juntos, no solo para repartir poder. Por eso, cuando nos dejamos seducir por debates de reparto de poder abandonamos nuestro suelo más seguro para enfrentarnos en debates donde priman los principios de la derecha insolidaria y de nacionalismos irredentos.

Hoy nos está ocurriendo en la sociedad española algo muy curioso: estamos fragmentando de forma irracional y aleatoria los espacios de solidaridad. Vivimos en tres espacios políticos simultáneos: la Unión Europea, el Estado Común y la comunidad autónoma.

La mayoría estamos de acuerdo en plantear toda la Unión Europea como espacio común de solidaridad y criticamos las pretensiones egoístas de los que quieren dar la espalda abandonando a los países con mayores problemas. Lo mismo pensamos dentro de cada comunidad autónoma. A nadie se le ocurre plantear que una provincia que aporte más, porque sus habitantes y empresas tienen más recursos, deba recibir en el reparto de recursos públicos más financiación por ello. Pero esta visión de solidaridad se rompe de forma peligrosa cuando hablamos de comunidades autónomas.

Cuando nos ponemos en discusiones públicas, con calculadora en mano, a ver quién paga más y quién menos, nos hemos entregado con las manos esposadas a la derecha y a los secesionistas, y hemos abandonado los objetivos políticos de la izquierda.

Nuestra pregunta siempre debe ser si la fiscalidad y la distribución de gastos e inversiones nos están ayudando a reducir la desigualdad y mejorar el progreso de todos. Los socialistas no podemos hacer una pregunta diferente sin traicionarnos. Y quiero aquí aprovechar para revindicar la igualdad como un buen negocio. Un buen negocio para todos.

La desigualdad territorial y ciudadana termina saliendo muy cara a todo el mundo; en primer lugar, a la sociedad concreta afectada, pero también a las sociedades más prósperas. Es verdad que en tiempos de crisis aumenta la tentación de insolidaridad, pero es una visión miope de la solución. De la crisis salimos juntos, el progreso lo hacemos mejor juntos.

Me viene a la memoria una frase de Benjamin Franklin, expresada en una situación dramática: “Debemos permanecer juntos o terminarán por colgarnos a todos por separado”.

Invertir para que nuestros vecinos mejoren es sembrar nuestra prosperidad futura.

La defensa del derecho a la libertad de identidad y el autogobierno como sistema de la gestión de la propia diversidad

Desde que en el siglo XIX los nacionalismos definieran la nación como comunidad de identidad, y no como el conjunto de ciudadanos que lo forman, el Estado ha asumido la tarea de defender una sola identidad.

Sabemos que esta es una identidad inventada, construida con trozos de mitos. Pero esto no es lo grave. Lo grave es que esta concepción de la nación imposibilita de forma radical la convivencia en igualdad de identidades diferentes. Y la historia nos demuestra de forma recurrente que las sociedades reales son siempre plurales. Que en todas las sociedades hay gente con identidades diferentes, y en la actualidad mucho más.

Nuestros nacionalismos pretenden hacernos creer que Euskadi tiene “su identidad” y Cataluña otro tanto. Euskadi y Cataluña tienen una historia diferenciada, pero en su interior hay diversidad de identidades.

Yo creo que hay tantas identidades como personas. Aunque es verdad que la identidad tiene prácticas colectivas para su autorreconocimiento, lo mismo que la religiones, pero debe ser posible la convivencia simultánea de identidades colectivas diferentes.

Yo defiendo el derecho a la libertad de identidad. La identidad, al igual que la religión, es una opción personal que el Estado debe garantizar. Por eso planteo que la identidad debe estar en el ámbito de las cuestiones sin voto por los parlamentos.

Para que todas las personas tengan la misma libertad a la hora de definir su propia identidad, el Estado no puede definir una identidad oficial y marginar al resto. Esta función de garantizar la libertad identidad de cada uno debe ser un objetivo primordial del autogobierno en las comunidades autónomas en las que hay movimientos nacionalistas.

España es una sociedad plural porque son plurales las sociedades que la constituyen. La propia sociedad vasca o catalana son más plurales y tienen mayor diversidad identitaria que la diversidad que existe en el conjunto de España. Lo que nos hace diferentes a los vacos y catalanes es que tenemos en nuestras sociedades mayores diferencias identitarias internas, no diferencias con el conjunto de España.

Para los socialistas, el autogobierno debe ser la garantía del derecho a la libertad de identidad, una institución política necesaria para poder gestionar de forma eficaz las diferencias identitaria internas de cada comunidad sin que las propias instituciones de autogobierno determinen la identidad colectiva, sino que sean la garantía de la defensa de la pluralidad.

Conclusión

A partir de la asunción de los principios anteriores podemos empezar a hablar de la reforma concreta de nuestra Constitución, del entramado institucional que queremos transformar. Sí, yo defiendo que es necesario hacerlo:

Reforma del Senado para integrar las comunidades autónomas en las gobernanza común de España para que las cosas que afectan al autogobierno sean discutidas y aprobadas obligatoriamente por los representantes de las comunidades autónomas conjuntamente.

Una carta de servicios públicos básicos iguales para toda la ciudadanía que garantice los requisitos de vida digna e igualdad de oportunidades para todos.

Una política reconocida para reducir las desigualdades de los territorios mediante un fondo de solidaridad.

Una política de libertades civiles garantizada por la federación y gestionada por la comunidad autónoma, para que nadie quede marginado en su propio país. En este sentido, el reconocimiento expreso del derecho a la libre identidad puede facilitar la tolerancia social y la renuncia a la utilización de los gobiernos autonómicos para homogeneizar en una identidad única a todos sus ciudadanos.

Un sistema de financiación estable y suficiente. El sistema de financiación de las autonomías de territorio común se ha caracterizado por su inestabilidad y por su inseguridad. Y, sobre todo, por no tener unos objetivos comunes compartidos por todos. Es la forma más segura de crear frustración y agravios comparativos. Que es lo que ha pasado. Debemos definir un nuevo sistema de financiación autonómica que sea estable, dé seguridad y sea previsible para cada Gobierno autonómico y garantice unos servicios públicos iguales para todos.

Cataluña

No puedo dejar de hablar en concreto de Cataluña. Del enorme problema que la derecha española y los independentistas catalanes han creado en Cataluña. Mi primera reflexión es: ¿cómo hemos podido llegar a esto? ¿Cómo es posible que las posiciones irresponsables de independentistas y del Partido Popular nos lleven a un choque brutal y nadie haya hecho nada?

Tenemos un enorme riesgo de fractura social, de ruptura democrática en Cataluña. Yo reconozco que estoy realmente preocupado con lo que está pasando. Entre unos y otros están abocando al abismo a la sociedad catalana. Pocas veces se ha visto una irresponsabilidad tan grande en política, seguramente por la ausencia de política. Y tengo la impresión, además, de que, desgraciadamente, buena parte del resto de españoles está contemplando este drama como un problema ajeno, cansados de asistir una y otra vez a estos órdagos independentistas. Es algo que me recuerda al cuento de Pedro y el lobo. Los nacionalistas han amenazado tantas veces con que venía el lobo que ya casi hemos dejado de creer en la amenaza, como si el lobo no existiera, pero el lobo existe y está a punto de venir.

Durante demasiado tiempo, el Partido Popular ha decidido utilizar el conflicto que genera el nacionalismo catalán en su propio beneficio electoral. Han renunciado a obtener mayorías políticas en Cataluña y han decidido azuzar el enfrentamiento para reforzar mayorías electorales en el resto de España. Una actitud irresponsable. No queremos con esto equiparar las actitudes del Gobierno y del PP, que en vez de buscar una salida muchas veces han provocado mayor enfrentamiento con los independentistas que, además de defender sus posiciones, han roto la legalidad constitucional, algo más grave, sin duda.

Y cuando el independentismo “se tiró al monte”, el Partido Popular decidió no hacer nada. Esperar a que pasara el tiempo. Y, mientras, los independentistas aprovechaban la crisis, el malestar ciudadano, para lanzar un órdago irracional. La sociedad catalana ha sido empujada a una situación explosiva, a un lugar en el que quieren estar, pero del que no saben cómo salir

Y es que el enfrentamiento entre posiciones absolutas lanza a la sociedad catalana a una situación imposible. Porque el problema catalán, tal como lo plantean los nacionalistas —y digo nacionalistas de un lado y otro—, no tiene solución sin derrotados y vencedores. Y eso solo trae consigo la fractura social. El abismo entre las posiciones enfrentadas. Es decir, es un desastre social que debemos impedir a toda costa.

Ahora bien, no vale la estrategia suicida de los independentistas de doblar la apuesta cada vez que se encuentran en un punto muerto. El poner condiciones imposibles niega de entrada todo pacto, toda negociación

Y es que en democracia se pueden negociar casi todas las cosas, menos la democracia misma. Porque, en la actualidad, el problema que plantean con su chantaje los independentistas no es una cuestión de competencias o de financiación; es una cuestión de democracia, de ruptura de la democracia. Lo primero que hay que decir es que la ley no lo es todo en democracia, pero sin la ley no hay sistema democrático. Y se ha convertido en un problema de democracia desde el momento en el que los nacionalistas han planteado la salida desde fuera del propio sistema. Y lo han hecho, además, monopolizando el espacio público, marginando la voz de más de la mitad de la sociedad catalana.

Tenemos que decir con claridad: en Cataluña hay muchas Cataluñas y no podemos permitir que los independentistas se arroguen la representación de todos. Y ante esta situación de despropósito, los socialistas ni podemos ni vamos a mantenernos al margen. No solo por responsabilidad, sino porque somos parte de la solución.

Voy a plantear algunos principios para buscar la salida y que, a la vez, sirva como resumen de lo hablado sobre la reforma federal.

Entender que este no es un problema catalán, sino que es un problema de todos los españoles. Solo desde la asunción de que nos afecta a todos, de que todos podemos perder, podremos plantear una salida negociada.

El enfrentamiento en términos absolutos no tiene salida. Si lo planteamos en términos de “Problema” con grandes mayúsculas, entonces no tiene solución. Tenemos que plantearlo en plural, en términos de problemas concretos discutibles. La sociedad catalana no tiene “un problema”, tiene problemas, aunque sean problemas específicos. Y a los problemas concretos nos podemos enfrentar de forma racional; podemos pactar en la búsqueda de soluciones.

A los postulados independentistas, los socialistas no nos podemos enfrentar en el debate público desde postulados independentistas. No podemos caer en la trampa de intentar debatir utilizando sus propios conceptos, sus propias palabras; si lo hacemos así, ya hemos perdido antes de comenzar el debate. Es anacrónico hablar de identidades excluyentes y soberanías únicas en el siglo XXI, cuando vivimos en un mundo de identidades múltiples y soberanías compartidas. Y desde luego no vamos a caer en la trampa burda de permitir que se oculten los problemas de corrupción envolviéndolos en una gran senyera… Investigar el 3% no es atacar a Cataluña, es, simplemente, investigar un sistema de corrupción.

El problema catalán no tiene una única solución repentina y para siempre. Nos hace falta tiempo y tenemos que ir avanzando sin dinamitarlo todo. Hay cambios que se pueden hacer a un ritmo y otros cambios que se tienen que hacer a otro tiempo.

Mi amigo Jesús Eguiguren suele decir que los Estatutos tienen cuerpo de ley y alma de pacto. Y es que el autogobierno es un doble pacto; un pacto entre ciudadanos de un territorio y otro pacto del territorio con el Estado común. Yo estoy de acuerdo, pero los nacionalistas están obviando el primero y no quieren el segundo. Cualquier avance, cualquier evolución de nuestro marco político debe hacerse mediante el pacto entre diferentes, no mediante la imposición de los iguales.

España es la casa común de todos los españoles y españolas, sean de donde sean. España no es un mapa, no es un Gobierno centralista, y en la medida que definimos España como pacto ciudadano, no está sujeta a una identidad, si bien las personas que integran ese “nosotros” ciudadano pueden construir su identidad de forma diversa como vasco, catalán o español. España es un espacio de libertad y derechos que nos ha costado mucho conquistar. Los vascos, catalanes, madrileños o andaluces hemos soportado juntos tiranías con el mismo sufrimiento, y hemos luchado juntos por el mismo sueño de libertad. Y gracias a eso España es, hoy, un espacio político que nos hace a todos los ciudadanos y ciudadanas libres e iguales.

Frente al evidente choque de trenes, aunque no tengamos una solución inmediata, debemos parar las máquinas. Es un pacto para darnos tiempo. Es un pacto para evitar el desastre. No planteo decisiones o renuncias. Solo planteo evitar la tragedia. Parar las máquinas y sentarnos a hablar. Tenemos que ponernos todos en modo solución y no en modo conflicto, que es donde parece que se encuentran más a gusto los nacionalistas y la derecha.

Los socialistas planteamos un debate franco y abierto sobre la reforma constitucional. Queremos renovar el pacto constitucional para incorporar el pacto ciudadano a la generación que no participó en la aprobación de la Constitución vigente y realizar las reformas necesarias para mejorar el autogobierno, modernizar nuestro marco de convivencia e incorporar derechos sociales.

En este debate de reforma territorial los socialistas tenemos un consenso compartido en el acuerdo de Granada; un documento de referencia para todo debate.

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El Gobierno socialista de Euskadi: un modelo

La forma de hacer frente a la crisis de 2008 ha sido un desastre en toda Europa. La mayoría política de derecha que defendía sus recetas neoliberales se impuso y la izquierda europea no tuvo el valor de unirse en una alternativa socialdemócrata. El resultado ha sido una larga década perdida de la que aún no hemos salido. Una década en la que han sido las clases populares las que de forma exclusiva han pagado el precio de la crisis. La Unión Europea, a la vez que imponía fuertes restricciones al déficit público, se negó a dar cobertura desde el Banco Central Europeo a la deuda del Sur, que tuvo que soportar un fuerte ataque de los especuladores, que subió la prima a niveles altísimos.

Pero, además, esta larga década negra ha ido construyendo un modelo social y económico alternativo basado en las máximas neoliberales. Un mercado dual, además de desregulado, en el que un gran colectivo de trabajadores se ha quedado amarrado para siempre en sueldos de miseria y en la pobreza laboral.

Y los países del Sur hemos pagado una factura altísima, soportando una deuda pública que lastrará los servicios públicos y la economía durante mucho tiempo.

Los socialistas de toda Europa deberemos volver la mirada a esta década de desigualdad y reconocer que no fuimos capaces de levantarnos contra la derecha. Que no fuimos capaces de unir a todos los partidos socialdemócratas europeos en una misma alternativa para hacer frente a la crisis.

Yo quiero relatar, aunque brevemente, nuestra propia experiencia en Euskadi. Nuestro modelo de hacer frente a la crisis en Euskadi. Porque mientras la derecha bramaba permanentemente que no había alternativa, que no se podía hacer otra cosa, yo mantengo que siempre hay otra alternativa. Que se pueden hacer las cosas de otra manera. Nosotros las hicimos. Las hicimos en un pequeño territorio que, aunque supeditado a las medidas generales de la Unión Europea, tiene una gran capacidad de autogobierno que nos permitió aplicar unas políticas diferentes.

Los socialistas vascos accedimos al Gobierno vasco justo en el peor momento, justo cuando estalló la crisis. Cuando en mayo de 2009 fui nombrado lehendakari de Euskadi, nuestros presupuestos públicos tenían un enorme agujero, el enfrentamiento identitario estaba en su punto álgido. Y ETA seguía matando.

Antes incluso de que nombrara a todos los cargos, ETA amenazó de muerte a todo el Gobierno socialista. Los sindicatos nacionalistas convocaron, entre 2009 y 2011, cuatro huelgas generales contra mi Gobierno.

Hoy, cuando Euskadi es una de las sociedades más tranquilas de España, cuesta reconocer este pasado nuestro tan cercano. Pero cuando los socialistas accedimos al Gobierno vasco, este era el escenario con el que nos tocó lidiar.

Y, sí, accedí al Gobierno vasco con los votos del Partido Popular vasco. Fue un pacto que defendí y reivindico hoy. A la hora de plantearse un pacto político no hay que pensar “con quién” sino “para qué, para quiénes”. Lo importante de un pacto político no son los firmantes, sino el pacto en sí, el contenido.

En el año 2009 los socialistas vascos teníamos dos enormes “para qué”. El primero era la virulencia del enfrentamiento identitario que el lehendakari Ibarretxe había provocado y alimentado con su nuevo Estatuto autodeterminista, en el que diferenciaba ciudadanos vascos y ciudadanos nacionales vascos, con la Ley de Consulta y su “derecho a decidir”. Una situación, por cierto, muy similar a la que estamos viviendo ahora con los nacionalistas de Cataluña. Un enfrentamiento interno que estaba partiendo en dos a la sociedad vasca. Y la alternativa era dejar gobernar al lehendakari Ibarretxe para que siguiera la deriva independentista en Euskadi o pactar con el Partido Popular para parar el enfrentamiento identitario y utilizar el autogobierno, precisamente, para buscar la concordia ciudadana, reforzar la convivencia entre diferentes con iguales derechos. Utilizar el autogobierno para hacer frente a la crisis y no para chantajear a la administración central y difundir por el extranjero las ansias de independencia de los nacionalistas.

El segundo “para qué” era ETA. El segundo enorme “para qué” era poner fin al terrorismo de ETA utilizando, sin complejos, todos los recursos del Estado de derecho para terminar con la banda terrorista. Fue con el Gobierno socialista de Euskadi cuando por primera vez se sentaron en la misma mesa representantes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de la Ertzaintza y de la Policía Local, para coordinar esfuerzos, medios e información para luchar de forma más eficaz contra el terrorismo.

Y lo logramos. Pusimos fin al enfrentamiento identitario en Euskadi. Hoy somos una sociedad más plural y más tranquila. Solo cuando miramos a la Cataluña actual podemos ver el enorme salto de normalidad que supuso el Gobierno socialista de Euskadi. Pusimos fin al terrorismo y recuperamos la libertad.

Fue mi consejero de interior, Rodolfo Ares, el primer consejero vasco que ordenó a la Ertzaintza recuperar las calles de Euskadi para la ciudadanía. Entonces teníamos aún zonas completas vedadas a la libertad, zonas que eran reductos de violencia. Por primera vez nuestros ertzainas fueron recuperando calle a calle, quitando los carteles, las fotos de presos, borrando las pintadas. Fue el Gobierno socialista el que recuperó las calles y plazas para la libertad ciudadana. Cuando ETA anunció que abandonaba de forma definitiva el terrorismo le preguntaron a Jesús Eguiguren, nuestro presidente del PSE entonces, qué era lo primero que iba a hacer: “Ir a la parte vieja de San Sebastián, llevo más de veinte años sin poder entrar”, respondió.

Fueron estos dos enormes “para qué” los que hicieron que pactara con el Partido Popular, y hoy agradezco a Antonio Basagoiti, entonces presidente del Partido Popular vasco, junto a Iñaki Oyarzabal y su equipo, su lealtad en la lucha por lograr estos dos objetivos.

Pero luego vino Mariano Rajoy y mandó parar. Cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno de España con su abrumadora mayoría en el Congreso hizo dos cosas. Lo primero, desprestigiar la gestión del Gobierno socialista de Zapatero, repetir millones de veces que toda la culpa de lo que estaba pasando en España era por la herencia socialista. Y cogiendo como lema “La culpa es de los socialistas” se puso a recortar todo lo que pudo. Y ordenó que hicieran lo mismo todas las comunidades autónomas. Y cuando el Partido Popular vasco, por orden de su jefe, exigió recortes en los servicios públicos de Euskadi, rompí el pacto y convoqué elecciones.

Por eso digo que en política lo importante no es con quién pactar sino para qué queremos pactar. Si hoy me preguntaran si yo pactaría con los nacionalistas catalanes, mi respuesta sería que no. Pero sí, si el contenido del pacto es que asuman la legalidad constitucional. Sí pactaría si el acuerdo nos lleva a una nueva concordia ciudadana en Cataluña donde se reconozcan en igualdad las identidades diferentes. Sí pactaría si el contenido del pacto es parar el enfrentamiento con el Gobierno central e impulsar la colaboración de los dos gobiernos.

Pero volvamos al Gobierno socialista de Euskadi. El impacto de la lucha contra el terrorismo y la búsqueda de la convivencia fueron tan grandes que la gestión de los servicios públicos y las políticas económicas quedaron casi en la sombra. Y, sin embargo, fueron vitales para hacer frente a la crisis y lograr la paz social, además de para impulsar la modernización de Euskadi, la internacionalización de nuestra economía y el apoyo a la educación e innovación.

A continuación daré los datos presupuestarios y económicos más relevantes de mi Gobierno. Estoy convencido de que más de uno tendrá que frotarse los ojos y leer de nuevo. Sin embargo, son datos verdaderos, imposibles de falsificar porque son datos públicos y publicados.

Al acceder los socialistas a la Lehendakaritza, el PNV se atrincheró en una oposición cruel, desaforada. Se negó a cualquier negociación o acuerdo. Lo resumieron en la frase “Ni agua a este Gobierno socialista”. Nos acusó de “golpe institucional”. Nos acusó de que íbamos a quebrar el Gobierno y se negó de forma rotunda a cualquier reforma fiscal que aumentara los recursos públicos. Ellos conocían los números que cuidadosamente habían ocultado a la población. Solo esperaban que, efectivamente, quebráramos el Gobierno.

De abril de 2008 a abril de 2009 fue nuestro annus horribilis. Cayó en vertical la recaudación, la liquidación de los ingresos de 2008 daba un saldo negativo de 1.700.000 euros. Es decir, hubo una caída de más del 16% sobre lo presupuestado. A pesar de ello, el PNV aprobó un presupuesto expansivo para el año 2009 de 11.300 millones de euros. Al final de año, la recaudación total de ingresos no financieros fue de 7.500 millones euros.

Pero no solo cayó la recaudación, la actividad económica afrontó un durísimo golpe. Durante esos doce meses, el PIB vasco cayó 5 puntos, pero especialmente grave fue la caída del Índice de Producción Industrial, tan importante en la economía vasca, que fue de 30 puntos.

En peor momento no pudimos llegar al Gobierno.

Durante los últimos meses de su mandato, el PNV, viendo que podía perder el Gobierno vasco, se apresuró a gastar; cuando accedimos al Gobierno, estaba comprometido el 70% del presupuesto que habían aprobado. Habían comprometido el gasto de 8.000 millones y los ingresos no financieros durante todo el año fueron de 7.500 millones. Y estábamos en la primera semana de mayo. Esta fue la herencia que nos dejó el PNV. Nunca habían llegado a imaginar que pudieran ser desplazados del Gobierno vasco por otro partido.

El PNV siempre ha entendido la gobernanza de Euskadi como algo privativo, como algo que se arreglaba entre la familia nacionalista. Adoptó decisiones para apoyar a entidades y organizaciones afines sin importarles mucho el despilfarro. A esto se unía que el PNV ha tenido siempre una tendencia a confundir Gobierno con partido. Pondré un ejemplo, aunque de menor importancia, pero significativo.

Como digo, los dos últimos meses, cuando vio que perdía el Gobierno, el PNV fue una máquina de gastar, y también intentó cerrar flecos incómodos antes de la entrada del Gobierno socialista.

Voy a contar un caso menor, pero que parece inverosímil. Algo que solo puede ocurrir en las novelas.

En el año 1898, Sabino Arana mandó un telegrama de felicitación a Estados Unidos por su ataque a Cuba y por ello fue encarcelado. La participación de Estados Unidos en la guerra de Cuba fue casi una creación del magnate de los medios de comunicación estadounidenses William Randolph Hearst. Y aquí comienza una curiosa historia que ha durado cien años.

Hearst no se olvidó de aquel gesto de Sabino Arana y a principios de siglo regaló al PNV una rotativa, muy moderna para la época, que se desembarcó en el puerto de Marsella y se montó en Bilbao para editar el periódico del PNV Euskalduna.

Al estallar la guerra civil en el año 1936, el Gobierno vasco requisó todas las imprentas que había en el territorio que controlaba. Una vez requisadas, se procedió a adjudicarlas a los partidos políticos y sindicatos. Por razones que desconozco, esta imprenta fue adjudicada a los anarquistas.

En mayo de 1937, cuando Bilbao estaba a punto de caer (las tropas franquistas entraron el 19 de junio), el lehendakari Aguirre mandó requisar la imprenta de los anarquistas, seguramente para evitar una propaganda contraria a la retirada. Al conocer la noticia, los batallones anarquistas que estaban defendiendo los montes que rodean Bilbao abandonaron el frente y bajaron a Bilbao a recuperar su imprenta.

Perdido Bilbao un mes más tarde, fueron los franquistas los que volvieron a requisar las imprentas, y la de Hearst le fue adjudicada al Correo Español del Pueblo Vasco. Años más tarde pasó a imprimir La Gaceta del Norte. Cuando se constituyó el Gobierno vasco ya en democracia, el gobierno civil se acordó de la vieja imprenta requisada en 1937 y que seguía siendo propiedad del Estado, y con rara sensatez ofreció donarla al Gobierno vasco. Donación que el Gobierno aceptó. Por cierto, un viejo anarquista recurrió argumentando que cuando fue requisada por los franquistas la rotativa era propiedad de los anarquistas. El recurso no prosperó, y se le adjudicó la imprenta al Gobierno vasco. Pero este se encontró con un problema: la rotativa era muy grande y no tenían un sitio adecuado para guardarlo. A estas alturas, las máquinas solo tenían un valor simbólico.

Resolvieron este problema con ingenio y sentido práctico: hicieron una cesión temporal de la rotativa a su Fundación Sabino Arana, y como la fundación tampoco tenía un sitio adecuado, lo guardaron en los pabellones del periódico del PNV, Deia, recién abiertos y con espacio suficiente. Todo quedaba en familia.

Pasado el tiempo, fue el periódico Deia el que tuvo un problema, le hacía falta utilizar el espacio que ocupaba la rotativa y llamaron al Gobierno vasco. Y, siempre en familia, el Gobierno vasco buscó una solución: tenían un pabellón en desuso en Vitoria, se hizo el traslado y el Gobierno vasco pagó los gastos. Y allí se quedó.

Cuando el departamento de sanidad decidió utilizar el pabellón abandonado, lo primero que hicieron fue enviar a sus técnicos para que elaborasen un informe sobre la viabilidad de la reforma. Al entrar se encontraron con la rotativa. Pero al estar en un pabellón abandonado, la maquinaria había sido saqueada, le faltaban piezas.

Los técnicos de sanidad informaron a los técnicos de patrimonio. Estos, muy desconcertados, fueron a inspeccionar. Y para su sorpresa se encontraron con la vieja rotativa e hicieron un informe indicando que todo estaba muy deteriorado y que su recuperación sería muy costosa.

Nadie se acordaba de la rotativa, miraron archivos y se encontraron con una cesión temporal a la Fundación Sabino Arana que había vencido hacía tiempo y que no se había renovado. Tenían un problema en sus manos. La fundación no había cumplido su compromiso de guarda y custodia de la rotativa, ahora destrozada y que además estaba en las instalaciones del propio Gobierno. Pero los nacionalistas siempre tienen un carácter práctico envidiable: un mes antes de abandonar el Gobierno, el Consejo de Gobierno hizo una cesión por tiempo indefinido a la misma fundación: asunto resuelto.

Hoy no tengo ni idea de dónde se encuentra la rotativa y en qué estado. Pero esta fue una de esas historias inverosímiles con que a veces te encuentras en las administraciones con gobiernos que nunca piensan que van a ser relevados. Pero se equivocaron, llegamos los socialistas y abrimos un nuevo tiempo de eficacia, transparencia y control de gasto.

Pero volvamos a nuestro relato. Al momento de hacernos cargo del Gobierno, comprobamos los problemas presupuestarios tan graves a los que nos teníamos que enfrentar. La propuesta que hice a los cargos de mi Gobierno fue “hacer más con menos”.

Elogio de la austeridad

Hoy, que la derecha ha vuelto del revés esta palabra para decir “recortes de servicios públicos”, resulta un poco complicado reivindicarlo. Pero la austeridad y la buena gestión han sido para la izquierda siempre un valor positivo. La austeridad busca la eficiencia en el gasto y la negativa al gasto suntuoso e innecesario.

Los gobiernos del lehendakari Ibarretxe fueron realmente los gobiernos de un manirroto. Después de gobiernos de coalición entre socialistas y PNV, con una gestión con gasto contenido, vino el lehendakari Ibarretxe y todo cambió. Comenzó un incremento de gasto desaforado sin que de ello resultase un incremento sustancial de servicios públicos o inversiones, casi inexistentes en sus mandatos, en contra de los gobiernos anteriores.

Los últimos cinco años del Gobierno anterior se caracterizaron por un fuerte incremento del gasto público, que entre 2005 y 2009 aumentó en un 41% (en torno al 10% anual), mientras que el PIB solo creció un 12,7%, sin que este incremento supusiera una mejora papable de los servicios públicos, y mucho menos un incremento de las inversiones. El gasto sanitario aumentó un 50%; el gasto en educación lo hizo en un 40% y los gastos en personal se incrementaron en un 35%.

A la vez, la época de los gobiernos de Ibarretxe supuso un incremento considerable en las duplicidades y aumento de empresas públicas. Heredamos una administración vasca con un crecimiento exagerado que, incluso sin crisis, lo hacía insostenible.

Es curioso que los gobiernos nacionalistas cuando se olvidan de la gestión y toda su actividad está en propagar y difundir sus deseos de independencia, tanto en su territorio como en el extranjero, son los que mayores desequilibrios presupuestarios crean.

Para los cargos de mi Gobierno fue casi un shock encontrase con estos datos económicos. Cada cargo llegaba al Gobierno con una carpeta llena de nuevos proyectos debajo del brazo. Superado el primer estupor de no poder ampliar el gasto, tuvimos que hacer de la necesidad virtud y todo el Gobierno nos comprometimos a reducir el gasto bajo el lema “Hacer más con menos”. No fue sencillo ni fácil, todos los cargos tienen tendencia a poner en marcha nuevos programas que dejen su sello personal en la administración. Nosotros nos encontramos con la paradoja de que para gastar un euro en un nuevo proyecto teníamos que ahorrar dos de los viejos programas.

“Hacer más con menos” fue nuestro elogio de la austeridad. Y se puede. Nosotros lo hicimos.

La mejor defensa de la sostenibilidad de los servicios públicos es buscar la eficiencia. En la izquierda tenemos la tendencia a demostrar nuestra defensa de los servicios públicos avalada por un mayor gasto público. Es una perversión a la que nos induce la derecha, férrea defensora de recortar el gasto, sin importarle mucho en qué se materializan los recortes. Pero creo que la legitimidad social de los servicios públicos descansa, en gran medida, en demostrar su eficiencia. No solo en que tenemos servicios públicos amplios, sino en que hay un sistema y una organización eficientes, que ahorran todo gasto superfluo y cada euro utilizado tiene una rentabilidad máxima.

Y, desde luego, que la administración tiene espacios de ineficiencia. Me voy a referir, de forma sencilla, a algunos aspectos que afectan a todas las administraciones.

Las subcontrataciones

Hay una tendencia abusiva a utilizar la subcontratación de servicios públicos. Este uso abusivo se debe, además de a razones legítimas, al intento de eludir los procedimientos internos excesivamente engorrosos, pero también con la voluntad de burlar los controles públicos de la actividad subcontratada.

Para buscar la eficiencia en la administración es necesario que las subcontrataciones estén sujetas a mayor control y transparencia junto con evaluación de resultados.

Las empresas públicas

Las empresas públicas se han convertido realmente en un lastre para la gestión pública. Consumen una cantidad considerable de recursos públicos, y han tenido un incremento considerable en prácticamente todas las administraciones.

La justificación es siempre la misma: la administración no lo puede hacer, porque son cosas técnicas o específicas y para que la administración lo haga, sus propios procedimientos lo impiden. A mí me cuesta imaginar algo más técnico y específico que una operación de corazón, que se hace con estructura pública.

En realidad, las empresas públicas se han convertido en una máquina de producir duplicidades. No solo porque tienen tendencia a la autorreproducción —de una original, al cabo de diez años hay diez nuevas en el mismo ámbito—, sino porque cada nivel de administración no renuncia a crear las suyas propias. En Euskadi tenemos un entramado institucional especialmente complejo y cuando llegamos al Gobierno vasco nos encontramos con unas doscientas empresas públicas, instituciones, secciones que se dedicaban, o decían dedicarse, al emprendimiento.

No discuto la necesidad de tener empresas públicas. Lo que pongo en cuestión es este incremento de los panes y los peces; esta superposición de empresas entre diferentes niveles de la administración.

Creo que la razón fundamental para este incremento de empresas públicas es la falta de investigación a los controles públicos de su actividad, especialmente en la contratación del personal y en las adjudicaciones que realizan. Sí, las empresas públicas contratan gente y tienen directivos, y adjudican, a su vez, servicios a empresas privadas. Las empresas públicas son, seguramente, el cuarto más oscuro de la administración pública. Tienen una ratio de gastos de dirección/gasto general exorbitante comparado con las estructuras habituales de la administración pública. Nos podemos encontrar con directores o gerentes, con el sueldo que su rango requiere, con tres o cuatro empleados a su cargo.

Insisto en que hacen falta empresas públicas. En Euskadi tenemos una red de parques tecnológicos que ha hecho una gran labor para la modernización de nuestras empresas industriales. Pero con igual rotundidad hay que decir que se requiere un análisis y reflexión para mejorar la eficiencia de la administración, pero, además, y no es cuestión menor, es necesario reducir la arbitrariedad en la gestión de lo público.

Creo que la eficiencia de la administración hay que buscarla en el mayor control de las subcontrataciones, reducción de empresas públicas y en la modernización de la administración. Los diferentes servicios públicos debieran tener una evaluación de resultados permanente; se debe profundizar en la transparencia, tanto de la gestión interna como de las diferentes subcontrataciones.

Con este objetivo, en mi Gobierno pusimos en marcha el primer portal de “Gobierno abierto” llamado IREKIA, a la vez que el “Open data” para la reutilización en abierto de datos e información pública.

Cuando hablamos de modernizar la administración no quiere decir, únicamente, incorporar nuevas tecnologías, que también, sino fundamentalmente buscar simplificar los procedimientos y reformular de forma seria la estructura organizativa de los empleados públicos; mayor agilidad para la adecuación de las estructura de la organización, como la estructura de puestos de trabajo para modificar y adecuarse a las nuevas formas de trabajo.

Otro ejemplo: el Departamento de la Hacienda y Economía de la Diputación de Bizkaia tiene un total 1.075 empleados públicos de todas las categorías. Hay que resaltar que en Euskadi son las diputaciones las encargadas de recaudar impuestos, es decir, que hacen la función de Agencia Tributaria. Si nos ponemos a pensar qué tipo de puestos son los más adecuados para una Agencia Tributaria pensaremos, sin duda, en inspectores fiscales, en subinspectores y cada vez más en técnicos u operadores informáticos, dada la enorme importancia de la tecnología informática en la persecución del fraude. Pues estos son los datos: de 1.075, hay 52 inspectores y 54 subinspectores, junto a 3 operadores informáticos.

La relación entre administración y ciudadano está cambiando de forma rotunda, y en una década las formas de relación y las vías de comunicación entre ambos van a ser radicalmente diferentes. Lo físico, para entendernos, la “ventanilla”, dejará de existir en la forma en la que lo conocemos. Los servicios de atención restringidos a horarios de funcionario no van a ser necesarios.

En este sentido, nos hace falta un gran pacto de modernización de la administración pública con los sindicatos para plantear una administración con formas organizativas del siglo XXI, pero manteniendo los principios de mérito y capacidad para el acceso de la función pública, así como la independencia y autonomía de los funcionarios respecto al poder político. Y, sí, defiendo la estabilidad laboral del funcionario, que es el gran baluarte frente a la intromisión del poder político arbitrario. Pero los sindicatos tienen que asumir que las nuevas formas organizativas se deben incorporar a la vida de la administración pública.

Es vedad que decir es mucho más fácil que hacer. Nosotros en el Gobierno socialista de Euskadi tuvimos que aplicar alguno de estos criterios, tanto por el convencimiento, como por la necesidad imperiosa de hacer frente a la bajada drástica de recursos públicos.

La primera decisión fue parar en seco la tendencia expansiva de los gastos públicos; de un incremento cercano al 10% anual pasamos en menos de un año al 1%. Eso suponía un cambio radical en la cultura de gasto de la administración vasca. Ya no iba a haber más dinero cada año. Había que ajustar los gastos a los recursos. Había que recortar los gastos innecesarios. A eso en mi Gobierno le llamábamos “peinar los presupuestos”. Los cargos de mi Gobierno se pasaron muchísimas horas analizando partida a partida, en cuál podíamos ahorrar sin que afectara de forma material a los servicios públicos.

Se planteó, asimismo, renegociar algunos contratos hechos en la época de vino y rosas, con buenos resultados en algunos casos, como en la renegociación de seguros.

Hubo departamentos, como el de Agricultura, que lograron resultados muy positivos. En otros fue más complejo, por su propia naturaleza, pero en todos hicimos reducciones de gasto corriente.

En el apartado de reducir el número de empresas públicas tuvimos un éxito razonable en las empresas participadas al 100% por el propio Gobierno vasco. No sin reticencias, porque las propias estructuras empresariales inician una presión de autojustificación que puede terminar influyendo en los propios cargos. Daré un par de ejemplos: en el Departamento de Agricultura, del que dependían 40 empresas participadas o exclusivas del Gobierno, adoptamos la decisión de salir de 16 empresas participadas y redujimos de forma considerable uniendo varias en una única empresa. En el grupo SPRI se redujeron de 26 a 22 el número de sociedades públicas dependientes del área de infraestructuras.

Estas reducciones de empresas públicas necesitan, primero, el tiempo y, segundo, la voluntad clara e ininterrumpida. No se pueden hacer de cualquier manera porque requiere de procedimientos para resolver los problemas de personal y de implementar una nueva organización en las fusiones. Pero creo que es tarea que deben abordar con claridad y audacia todos los gobiernos progresistas que defienden la sostenibilidad del Estado de bienestar.

No tuve tanto éxito cuando me tocó lidiar en ámbitos con el PNV, el PP o Bildu, pues cada uno controlaba una diputación, y se opusieron. En Euskadi tenemos una administración más compleja que en otros territorios; las diputaciones forales tienen muchos recursos y competencias, con lo cual el entramado de empresas públicas a nivel local, foral y autonómico es muy extenso. Lancé la propuesta de fusionar las empresas públicas de todos los niveles de las administraciones vascas y que tuvieran el mismo ámbito de actuación en una sola empresa participada. En turismo, por ejemplo, el Gobierno tiene su propia empresa pública para su gestión; cada diputación tiene la suya y también cada ayuntamiento de cierta entidad ¡y solo somos 2.200.000 habitantes! No hubo manera. La oposición de los territorios fue total. Nadie quería perder el control exclusivo sobre sus empresas públicas. (Curiosamente, durante mi Gobierno, la Diputación de Bizkaia estaba en manos del PNV, la de Guipúzcoa en manos de Bildu y la de Álava en manos del Partido Popular).

Para terminar con este elogio de la austeridad daré algunos datos sobre Osakidetza, nuestro servicio público de salud que siempre ha sido y sigue siendo nuestra joya de la corona, el ejemplo de buen servicio público.

Un incremento anual cercano al 10% lo paramos en seco. Pasamos de 1.649 euros de gasto en salud por habitante a 1.558 euros. Pero eso no supuso un menor servicio a los ciudadanos, sino mayor. En el año 2011 hubo 4.800 más hospitalizaciones que en el año 2008, así como el número de intervenciones quirúrgicas se incrementó en 38.000 respecto a 2008.

Esta reducción de gasto fue el resultado de tres actuaciones: a) renegociar algunos contratos y centralizar compras; b) reducir las derivaciones a hospitales privados, y c) dar un gran impulso al uso de medicamentos genéricos.

Políticas económicas del Gobierno socialista de Euskadi

En esta crisis las políticas neoliberales han consistido casi exclusivamente en cuatro cosas: a) desregular el mercado laboral y anular la capacidad de negociación colectiva; b) controlar de forma rígida el gasto, restringiendo la capacidad de decisión de otras administraciones; c) rescatar con impuestos las entidades financieras en quiebra, y, por último, d) esperar a que el mercado funcione por sí mismo.

Y vaya que ha reaccionado el mercado: cinco millones de trabajadores fijos despedidos en España durante la crisis, un drástico bajón en los salarios y un deterioro brutal en las condiciones de trabajo, además de un incremento enorme del fraude laboral: autónomos falsos, falsos contratos a jornada parcial, etc.

En las páginas anteriores he defendido el Estado emprendedor, una administración pública activa en las decisiones económicas, una administración pública que toma decisiones y participa en la economía real con sus políticas.

A pesar de la situación presupuestaria de emergencia que encontramos al entrar al Gobierno en el año 2009, lo primero que hicimos fue preparar un plan de choque como primera medida frente a la crisis. Con los siguientes bloques:

Incremento de ayudas de emergencia social.

Programa de contratación directa de 5.000 trabajadores que hubieran agotado el subsidio de desempleo.

Reforzar todas las ayudas a las empresas, especialmente a las pymes.

Poner en marcha planes “renove” en sectores que habían tenido una drástica paralización, como el del mueble doméstico, reparaciones de ventanas, etc.

Acelerar el plazo de pago a proveedores de la administración.

Esta última no era una cuestión sin importancia. Los años 2009-2012 fueron una época en la que las diferentes administraciones retrasaron pagos por problemas de tesorería. Nosotros logramos pagar las facturas de proveedores en un plazo de 37 días, mientras que en el resto de comunidades autónomas tenían una media superior a 140 días.

La economía vasca tiene una fuerte dependencia y fortaleza en el sector industriar. El porcentaje de la industria vasca en nuestro PIB es alto, en torno al 25% frente al 15,5% del conjunto de España. Pero, además, es un sector eminentemente exportador, casi dos tercios de nuestra producción son para el resto de España u otros países.

El criterio para hacer frente a la crisis fue reforzar la internacionalización, ayudar a las empresas vascas a su salida al extranjero.

Dimos un vuelco radical a las políticas de acción exterior respecto a las políticas mantenidas por el anterior Gobierno del lehendakari Ibarretxe. Prácticamente todos los viajes del anterior lehendakari tenían un objetivo nacionalista para difundir su reivindicación del “Derecho a decidir” en el extranjero. Algo que los gobiernos nacionalistas de Cataluña están calcando en la actualidad.

El Gobierno socialista cerró algunas delegaciones que tenía en el extranjero y reforzó la red de oficinas comerciales de Euskadi: de 51 oficinas en el año 2008 pasamos a 62 en el año 2011, frente cuatro delegaciones del Gobierno.

Reorientamos los objetivos de los viajes oficiales del lehendakari. Todos los viajes que realicé tenían exclusivamente un objetivo económico. Siempre viajé acompañado por representantes de empresas vascas para dar apoyo institucional a estas y facilitar su internalización. Mis viajes a Brasil, China, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Qatar e India solo tuvieron la finalidad de ayudar a las empresas vascas y, por cierto, con un incremento de exportaciones importante en todos los países a los que fuimos.

Las políticas económicas desarrolladas en Euskadi se basaron en tres ejes fundamentales: resiste, compite, lidera.

Resistir ante la crisis

En momentos de crisis, mantener empresas que tienen elementos competitivos es más fácil que crear otra empresa nueva. En esa época las empresas vascas, especialmente las pymes, tenían tres problemas: falta de liquidez, necesidad de renegociar las deudas y necesidad de deuda para poder atender los pedidos.

Pusimos en marcha programas para ayudar a las empresas a reestructurar su deuda y llegamos a acuerdos con bancos y entidades diferentes para avalar créditos a las empresas vascas.

Competir en el mercado global

Competir en el mercado global es mejorar la competitividad de las empresas en productos de valor añadido. Pusimos en marcha programas para favorecer la investigación, innovación, desarrollo e internacionalización de nuestras empresas. Es el campo donde mayor esfuerzo hizo el Gobierno socialista; el 60% de los recursos del Departamento de Industria se dedicaron a esta área. Durante mi Gobierno por primera vez en Euskadi se consiguió superar el 2% del PIB en I+D.

Liderar proyectos estratégicos

Liderar tenía el objetivo de invertir en nuevos nichos de mercado, en nuevos productos. Para ello, el Gobierno vasco llegó a acuerdos con empresas señeras del país para colaborar en nuevos proyectos. Apostamos con Mercedes para producir vehículos electrónicos en Vitoria. Y con Iberdrola llegamos a un acuerdo para poner en marcha los contadores inteligentes.

Y quiero recordar una anécdota de las que te hacen conciliar la política y la vida real. En Euskadi hay una empresa que tiene como objetivo dar trabaja a personas con discapacidad psíquica. En contra de lo que mucha gente pueda pensar, estas personas tienen habilidad para trabajos mecánicos. Una vez que reciben la formación adecuada, son muy buenos trabajadores.

Tengo la costumbre desde antes de llegar al Gobierno, pero también después, de visitar de vez en cuando esta empresa. El año pasado cuando fui a visitarlos les pregunté con qué proyectos andaban trabajando y me contestaron que estaban montando contadores inteligentes. Y yo me acordé del convenio que firmé con Iberdrola, y les pregunté que si eran los contadores para Bilbao. “No, qué va, ahora estamos exportando a Alemania, India y otros países”.

Ciertamente, los gobiernos de toda Europa debieran haber puesto en práctica políticas económicas en esta línea, pero todavía más audaces. Con más recursos.

El Gobierno socialista de Euskadi fue un intento serio de aplicar medidas contracíclicas y políticas de emprendimiento en colaboración con las empresas existentes, de mejorar la productividad de la economía vasca. Fue, también, una apuesta por defender lo público, en su faceta de defender el “no” a los recortes de los servicios públicos.

Sigo convencido de que la única salida a la crisis sigue siendo modernizar la economía española para aumentar su productividad y competitividad; invertir en nuevos nichos estratégicos para ser un sistema sostenible; hacer una apuesta decidida por la educación, la formación permanente y por un esfuerzo nacional en la investigación e innovación.

Y sigo convencido de que buscar la competitividad desde la destrucción de salarios es una medida a cortísimo plazo que anula y desincentiva la innovación e investigación, creando un futuro aún peor. Y menos competitivo.

Conferencia de Patxi López en el Fórum Europa

Madrid, 3 de febrero de 2017

Egun on, buenos días y muchas gracias al Foro de Nueva Economía por volverme a prestar su Tribuna para exponer algunas de mis ideas y gracias a todos ustedes por estar dispuestos a escucharlas.

Verán, hace tres años, Michael Ignatieff publicó su libro Fuego y cenizas. Éxito y fracaso en política. Y en su primer capítulo decía que “lo primero que has de saber cuando das un paso adelante en política es por qué lo haces”, y que si en tus respuestas no eres capaz de pasar de la primera persona (del “yo quiero”, “yo aspiro”, “yo ambiciono”), mejor que no sigas. De hecho, no te seguirán, “porque la auténtica pregunta no es por qué, sino por quién lo haces”. Y yo creo que tiene razón.

Cuando participas en la política tienes que tener claro por qué lo haces (y esto es algo que suele pertenecer al ámbito de las convicciones personales), pero lo importante es, sobre todo, con quién y por quién. Es decir, a quiénes dirijo mi propuesta y a quiénes quiero unir en un proyecto político.

Hoy está de moda decir que hay que defender a la gente, a la ciudadanía, al país... y eso queda muy bien. De hecho, uno de los valores de la propia democracia es el de ser el ámbito de lo común, de lo colectivo, de lo de todos... Queda muy bien, pero es no decir nada. Porque los proyectos políticos deben representar a colectivos sociales diferentes, a diferentes ideas del modelo social.

Yo no defiendo a toda la ciudadanía, yo no puedo defender a Bárcenas o a los defraudadores de Hacienda.

Yo no puedo defender a las personas y grupos que no aceptan la libertad religiosa, la libre identidad, la libertad de amar a quien se quiera y el papel de garante de estas libertades que debe jugar el Estado.

Yo no voy a defender nunca a xenófobos o maltratadores, por poner algunos ejemplos.

Por eso quiero dejar claro desde el principio que yo defiendo al “nosotros” progresista.

Lo que no quiere decir que no reconozca o que niegue la legitimidad de otros nosotros políticos, porque la democracia es, precisamente, eso: el reconocimiento de la diversidad de intereses y de las diferentes formas de entender la vida.

Yo defiendo el “nosotros” progresista que defiende los intereses de los desfavorecidos; los intereses de los que no tienen voz ni poder; los intereses de las personas que están siendo expulsadas del bienestar colectivo; los intereses de la clase media que está dejando de serlo; los intereses de los empresarios que arriesgan su patrimonio por defender su empresa y sus puestos de trabajo; el de aquellos otros que invierten en la economía real generando riqueza y empleo… Y defiendo a todas las personas que defienden la libertad y la democracia, a las personas que sufren con el dolor ajeno. A todas las personas que no pueden soportar que la mujer tenga una condena perpetua por el hecho de haber nacido mujer. Defiendo a las personas que defienden la libertad de construirse su propia forma de vida.

Y por eso, respondiendo a Ignatieff, puedo decir que he presentado mi candidatura para ser secretario general del PSOE porque quiero construir un proyecto político con el “nosotros” político progresista de España. Pero para poder conseguirlo hay una cuestión previa e inmediata que se convierte en mi primer objetivo: unir al Partido Socialista.

Estoy absolutamente convencido de que ningún proyecto progresista se puede articular sin un Partido Socialista fuerte y unido. No les tengo que explicar el drama interno de división que hemos vivido en los últimos tiempos. Y que, como drama desgarrador, lo ha vivido la militancia socialista que ha tenido que asistir, incluso, a la puesta en escena de espectáculos poco edificantes que hemos dado.

Bueno, pues ya basta. Es tiempo de poner fin a esta situación. Es hora pasar página y abrir un nuevo tiempo.

El socialismo español y la socialdemocracia europea tiene muchos problemas (a los que luego me voy a referir), pero la división interna, la incapacidad para integrar a todos en la misma organización es de unos efectos devastadores.

Por eso me van a permitir que recuerde la ética de la responsabilidad de Weber: yo nunca voy a dar un paso en política (por mucha razón que crea tener) si pienso que mi actitud divide al Partido Socialista.

Y no podemos convertir la unidad en un lema propagandístico.

La unidad no se proclama, se practica.

La unidad es el resultado de una cultura democrática dentro de nuestra organización.

La unidad se construye aceptando las diferencias internas.

La unidad exige reconocer a todos los militantes igual legitimidad en la defensa de sus posiciones.

Y la unidad se construye, sobre todo, asumiendo que tenemos que colaborar personas que tenemos ideas diferentes.

Es decir, no defiendo la unidad que nace de uniformarnos a todos (la del pensamiento único), sino la unidad de la fraternidad socialista en la que nos reconocemos todos y todas como miembros y partícipes de un mismo proyecto.

Y ese va a ser mi primer empeño.

Dejar atrás la división y empezar a sumar ideas, voluntades y compañeros y compañeras que aunque pensemos diferente, queremos (como socialistas que somos todos) lo mejor para nuestro partido.

Yo nunca voy a enfrentar a unos militantes con otros, ni voy a buscar un choque de legitimidades entre diferentes formas de elección y de decisión. Porque la esencia misma de la democracia es la coexistencia de sistemas diferentes de representación y de elección que se complementan.

En situaciones de especial importancia e incertidumbre y de división interna, es necesario acudir a la voz y a la decisión de los militantes. Es más, nunca como ahora ha sido tan necesario que los militantes con su voto directo decidan el proyecto de futuro.

Pero a la vez que digo que hay que confiar en la militancia, también digo que hay que asumir la responsabilidad de dirigir el Partido desde una Comisión Ejecutiva y un Comité Federal con capacidad y competencias claras para adoptar las decisiones que les correspondan y para rendir cuentas sobre ellas.

Y nadie debe plantear estas primarias como un duelo de suma cero. Si alguien plantea que el que gana las primarias gana todo y el que pierde, pierde todo, no ha entendido ni lo que es una organización democrática ni lo que necesita el Partido Socialista en estos momentos.

Por eso planteo este proceso de renovación del partido en tres fases consecutivas; primero, debatir modelos y proyectos diferentes; segundo, que los militantes decidan entre candidatos y propuestas; y tercero, un Congreso para integrar en el que no haya ni excluidos ni castigados. Es imprescindible votar en el PSOE. Pero es necesario votar para unirlo y no para dividirlo más.

Quiero ser secretario general del PSOE para que se nos acerque mucha más gente, no para alejar a nadie.

El futuro del PSOE se conjugará en primera persona del plural: nosotros y nosotras, porque si lo hace en singular, no tendrá futuro. El PSOE es una obra colectiva y ningún dirigente ha sido ni será nunca más importante que el PSOE.

Esta es mi cultura de partido. Esta es mi forma de entender la democracia socialista. Así lo he practicado siempre que he tenido responsabilidades orgánicas y así lo haré en el futuro.

Pero además, el debate hasta el Congreso del PSOE debe ser un debate limpio y, sobre todo, debe ser un debate sobre los temas que importan. Un debate limpio es un debate sin descalificaciones y sin reproches entre compañeros. Lo he dicho y lo repito: si nos gritamos entre nosotros, nadie nos escuchará fuera. Si nos descalificamos entre nosotros, nadie confiará en este partido. Y tenemos que hacer un debate de altura, grande, enriquecedor.

Estamos en un momento trascendental, no solo para el PSOE, sino para la socialdemocracia y la izquierda en su conjunto. Y los socialistas españoles no podemos hacer un debate pequeño, sobre susanistas, pedristas o patxistas, sobre quién hizo tal o cual cosa en el pasado… Los socialistas españoles tenemos que participar y ser protagonistas de los grandes debates de la izquierda.

Y es que, como decía Toni Judt, “algo va mal”. En el ámbito político y social estamos entrando en una zona, no ya de preocupación, sino de alarma. No hace falta más que levantar la cabeza para ver cómo, una vez más, la crisis se ha cebado con los más débiles expulsando a millones de personas del bienestar colectivo; cómo el Estado de bienestar, garante de igualdad y de seguridad vital, se debilita; cómo se recortan derechos y libertades; cómo se vuelve a trocear Europa; cómo se actúa de manera miserable con los refugiados que escapan del horror de sus países; cómo crecen movimientos populistas y xenófobos que ponen en cuestión todo lo que tanto nos había costado conseguir y que amenazan ya con tomar el poder… Y ante todo esto vemos también (y para nuestra desgracia) cómo la socialdemocracia europea corre el riesgo de pasar a la irrelevancia porque, para la mayoría, no representa ya una alternativa clara, nítida y con fortaleza suficiente para frenar tanto despropósito.

Y por eso es más que urgente, es vital, recuperar un proyecto socialista (socialdemócrata) con propuestas y respuestas a los retos de hoy. Un proyecto con el que la ciudadanía nos identifique y los progresistas sepan que es el necesario (el imprescindible) para solucionar, de manera justa, los problemas que tenemos. Y es vital porque la situación que estamos viviendo es de una enorme preocupación.

No se puede mantener durante mucho tiempo una sociedad en la que una parte importante ha sido expulsada del sistema, condenada a la pobreza y la marginación. Porque, cuando la desigualdad se instala en nuestras sociedades (como está ocurriendo ahora y en España la desigualdad ha crecido de forma obscena) la primera víctima es la democracia misma. El sistema democrático para su legitimación social requiere de una mínima igualdad social y cuando esto no se da, pierde su legitimidad y corre el riesgo de ser derrotado por sistemas totalitarios populistas, que crean aún mayor desigualdad, como lo estamos viendo en nuestro entorno. Es decir, desde el socialismo la lucha contra la desigualdad siempre ha tenido un marcado carácter de justicia social, pero desde los ámbitos liberal-democráticos debiera tener el signo de la defensa misma de la democracia.

Y los socialistas tenemos que ser capaces de dar respuestas. Y para ello, lo primero y fundamental es saber cuáles son, de verdad, las nuevas preguntas del siglo XXI. No podemos quedarnos anclados en el pasado. Mantener los principios, sí. Pero evolucionar con los tiempos, porque nadie nos seguirá por nuestra hoja de servicios por muy brillante que sea (que lo es), sino por la capacidad de volver a ser la esperanza de un presente y un futuro mejor.

Y para mí hay una primera pregunta evidente: ¿cómo gestionamos la globalización en la que estamos inmersos, que nos promete, pero que también nos amenaza? Todo a la vez.

Y la cuestión es: ¿apostamos por una izquierda que colabora con la globalización liberal en marcha? ¿o apostamos por una izquierda valiente y transformadora para conseguir una globalización reglada y justa? Todo ello tiene muchas derivadas, pero este es el debate.

¿Qué respuesta damos a la amenaza del dumping fiscal y laboral? ¿Qué respuesta a la realidad de las empresas que se marchan a otros países para producir más barato pagando salarios de miseria y explotando a los trabajadores? ¿Qué respuesta damos a la realidad de las grandes multinacionales que evitan pagar los impuestos que sostienen el bienestar colectivo, y que se refugian en paraísos fiscales o que firman convenios fiscales a la carta? ¿Cómo hacemos competitivo a nuestro país en este contexto? ¿Qué hacemos ante una revolución tecnológica, que nos va a traer (que nos está trayendo ya) de la mano robots que van a hacer que, por primera vez en la historia, una revolución industrial, en lugar de crear, va a destruir empleo? ¿Ponemos impuestos a los robots o hablamos en serio del reparto del tiempo de trabajo; de cómo utilizamos parte de los beneficios que se van a generar para desarrollar otros nichos de trabajo, como la atención a las personas mayores en una población envejecida, o los empleos ligados a la ecología y el cambio climático…? Yo apuesto por esto último.

Pero una parte de la izquierda europea se ha limitado, durante demasiado tiempo, a limar las aristas más crueles de las políticas de la derecha neoliberal. Y lo hemos hecho porque hemos comprado eso de que “no se puede hacer otra cosa”, que “las normas del mercado son estas y no se puede hacer nada contra ellas”.

Pues yo reniego de esto. Entre el asalto a los cielos y la resignación, hay una vía para una izquierda valiente, exigente y transformadora capaz de cambiar las cosas.

Por ejemplo, yo apuesto por un Estatuto de los Trabajadores igual para todos los países de Europa, con un salario mínimo igual para todos, con unas condiciones laborales que no puedan rebajarse a la medida de los intereses empresariales.

Apuesto por unos impuestos armonizados para toda Europa. Ni más ni menos altos de lo preciso para sostener los derechos de ciudadanía, pero sin paraísos, ni agujeros, ni amnistías, ni trampas por los que se escapen quienes buscan eludir la contribución que les corresponde al bien común.

Y sobre todo apuesto por recuperar el gobierno de la política sobre la economía y por aplicar reglas justas a las relaciones económicas. Miren, yo defiendo el libre mercado, yo defiendo la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades para los diferentes agentes económicos. Pero por eso mismo defiendo su regulación por los poderes públicos; sin regulación no existe la libertad de mercado. No existe la igualdad de oportunidades de las empresas. Desregular el mercado es entregar el mercado entero a unos pocos poderes opacos. Y hoy estamos pagando el precio de haberlo hecho así.

Así que lo resumo de alguna manera: para la derecha neoliberal, Europa debe ajustar su democracia a las reglas de la economía. Para el socialismo exigente que yo defiendo, Europa debe ajustar su economía a las reglas de la democracia. Es decir, ¿vamos a seguir quejándonos permanentemente de lo que hace la derecha? o ¿nos planteamos en serio poner en marcha un modelo global diferente y alternativo al suyo? Yo apuesto por globalizar la libertad, la democracia, la igualdad y la justicia social.

Y se puede. Se puede y para ello hay que recuperar el gran pacto social por el que se reparte de manera justa la riqueza colectiva entre todos, mediante la distribución y la redistribución. De hecho, buena parte de la desigualdad actual se debe a la quiebra de la distribución primaria que se produce a través de los salarios. Hemos vuelto a salarios tan de miseria que los trabajadores pobres hoy se cuentan por millones en nuestro país. Claro que, para ello, ha sido necesario dinamitar primero el marco regulador de esta distribución: la negociación colectiva y el mercado laboral. Por eso, para recuperar lo perdido, yo abogo por la defensa de la negociación colectiva y la fortaleza de los sindicatos, y lo hago sin matices.

Nos hace falta un mercado laboral regulado. Sí, regulado. El mercado laboral no puede ser una selva porque siempre ganan los más fuertes. Y la Reforma Laboral del Partido Popular (entre otras muchas cosas) no tenía como objetivo adecuar esa regulación a los nuevos tiempos, sino romper la regulación y dejar el mercado laboral a la intemperie y a los trabajadores desprotegidos. Por ello, no tengo dudas, es necesario derogar esa reforma laboral.

Lo mismo que ese pacto social del que hablo requiere de un Estado fuerte. Estoy harto de oír a esa misma derecha neoliberal que cuanto menos Estado, más libertad para los ciudadanos. No es cierto.

Apuesto por un Estado capaz de cumplir su doble función de redistribución de renta y participación y colaboración en la economía productiva.

Un Estado que recupere el poder de la política, una Administración capaz de cumplir la promesa de igualdad de oportunidades para sus ciudadanos y ciudadanas.

Un Estado que ofrezca a su ciudadanía una seguridad vital que sea garantía de certidumbre y dignidad a los largo de su vida.

Un Estado que utilice la fiscalidad como la gran herramienta de equidad que es.

Miren, vamos a dejar algo claro, bajar impuestos no es de izquierdas, es recortar recursos a las instituciones públicas, es renunciar a la redistribución de la renta colectiva.

Claro que no propongo subir impuestos a los trabajadores y a las clases medias sobre quienes hemos cargado la mayoría de los sacrificios de esta crisis (porque eso tampoco es de izquierdas). Pero sí perseguir a quienes defraudan, hacen trampas, llevan sus fortunas a paraísos fiscales, hacen contratos fiscales a la carta o juegan a la elusión para no aportar lo que les corresponde al bienestar colectivo.

Y vamos a hablar algo de números. De fríos datos.

Y comienzo con una afirmación: para poder mantener una sociedad igualitaria, para poder garantizar el crecimiento interno, los ingresos del conjunto de las administraciones debe rondar el 50% del PIB. Y esto que planteo no es una revolución bolchevique, se trata simplemente llegar a los niveles de nuestro entorno. La Eurozona, 46,5%; Alemania, 44,7%; la Unión Europea de los 28, 44,9%; Francia, 53,5%. Obviamente, todos los países nórdicos superan el 50%. En España es de 38,6%, más de 6 puntos por debajo del conjunto de la Unión. Y seguir así es renunciar a los recursos públicos y a la estabilidad presupuestaria que es la que garantiza el futuro de los servicios públicos.

Por eso, el Partido Socialista no puede, de ninguna manera, avalar unos presupuestos que sigan recortando el Estado de bienestar con sus servicios y prestaciones. No puede permitir unos presupuestos que no sirvan para empezar a recuperar los derechos perdidos y a combatir, de manera decidida, contra la pobreza y la desigualdad. Unos presupuestos que vuelvan a hacer recaer el peso de los compromisos europeos en la columna del gasto y no en la de los ingresos.

Quiero contar la verdad, aunque sea una verdad que no guste oír: tenemos que equipararnos en ingresos públicos a nuestro entorno, a través de una fiscalidad diferente, más justa y más solvente, o vamos a vivir permanentemente con una deuda insoportable, con el Estado de bienestar destrozado, con una economía que no puede tener crecimiento interno y con millones de ciudadanos en la cuneta del bienestar. Y esto es absolutamente sangrante.

La decencia de un país no se mide por su PIB, se mide por cómo trata a los más vulnerables, a los más desfavorecidos. Y verán, ayer logramos sacar adelante en el Congreso una iniciativa legislativa popular que venía de la mano de los sindicatos para garantizar un ingreso mínimo a todas las personas sin recursos.

El PP dijo que había que pararlo porque España no se lo puede permitir. Yo digo que hay que parar a la derecha, porque lo que España no se puede permitir son 700.000 hogares sin ningún ingreso. Y mientras se han reducido de manera drástica las prestaciones por desempleo y hay 1.800.000 parados que ya no cobran nada.

La economía crece al 3% y las pensiones al 0,25%, empobreciendo a nuestros mayores. Tres personas de nuestro país acumulan la misma riqueza que 14 millones. Nuestro PIB sube, pero se queda en unas pocas manos… esto no se puede sostener por más tiempo.

No quiero esquilmar a nadie ni acabar con los ricos de este país, lo que quiero es que la economía se entienda como un esfuerzo colectivo en el participamos todos y que el reparto de la riqueza se haga de manera más justa.

No soy un izquierdista peligroso, pero sí soy de izquierdas y quiero un socialismo del siglo XXI que no se resigne ante la derecha, que haga frente, sin complejos, al modelo neoliberal que nos está imponiendo todos sus dogmas de fe. Y quiero un socialismo que diga a la ciudadanía a dónde quiere ir. Que tengamos claro el camino, aunque sepamos que costará ir avanzando.

Hace escasas fechas falleció un sociólogo polaco muy conocido, Zygmunt Bauman, que acertó en describir nuestro presente como el de la “modernidad líquida”. Y efectivamente, las formas de la economía, de la sociedad y de la política son cada día más cambiantes y efímeras. Basta con pensar que ahora es el presidente de la China comunista quien da conferencias en el Foro de Davos a favor del libre comercio, mientras que el presidente de la cuna del capitalismo moderno, los Estados Unidos de América, se apunta al proteccionismo autárquico.

La modernidad líquida implica nuevas oportunidades de cambio y progreso, desde luego. Pero para millones de personas, sobre todo para los millones de personas más vulnerables, la modernidad supone también riesgo, incertidumbre, falta de garantías, miedo al porvenir propio y al porvenir de sus familias.

La socialdemocracia tiene la responsabilidad de hacerse con el estado de ánimo de esas mayorías, y encontrar nuevas respuestas a las nuevas preguntas, y ofrecer nuevas seguridades a las nuevas inseguridades, y combatir los nuevos miedos con nuevas certezas de igualdad, de libertad y de justicia. Pasar del Estado-nación de bienestar, al Estado global de bienestar. Primero en Europa. Después en el mundo. Esta es la nueva utopía socialista.

Y esto es radicalmente contrario a otro de los desafíos que tenemos hoy encima de la mesa: el desafío independentista. Aliviar las tensiones territoriales, modernizar nuestro modelo territorial, no puede hacerse con conceptos del pasado, sino mirando al futuro y al modelo global europeo. La identidad nacional única y el Estado soberano son ideas del pasado. Este es el tiempo de las identidades diversas, plurales y compartidas, que permiten sentirse a la vez vasco, español y europeo, en la proporción y en el orden que cada uno quiera.

Y este es el tiempo de las soberanías compartidas, porque en un mundo interdependiente nadie puede aspirar a una soberanía propia y exclusiva. Nadie. Identidades compartidas para que cada cual se sienta libremente como quiera. Y soberanías compartidas para que todos disfrutemos de nuestros derechos como ciudadanos europeos y del mundo, con reglas globales y garantías globales. Este es el futuro que el socialismo debe trabajar desde el presente.

Me opongo a los que quieren levantar nuevas fronteras para convertirse en islas de soberanías exclusivas y excluyentes, porque eso solo fractura a la sociedad, debilita la concordia y nos empobrece en todos los sentidos. Prefiero ceder soberanía hacia Europa para construir un continente de derechos, libertades y justicia social.

Defiendo España como un espacio y un proyecto compartido de libertad y progreso. Como un pacto ciudadano que define, en cada momento, lo que somos y lo que queremos ser.

Tenemos que reconocer a este país tal y como es: plural y diverso. Tenemos territorios con experiencias históricas diferenciadas que han generado culturas políticas diferentes.

Territorios en los que la ciudadanía tiene formas diferentes de entender su identidad.

Tenemos singularidades y diferencias.Y no nos tiene que dar miedo reconocer la verdad de esta España tan diversa.

Ahora bien, lo que tampoco nunca se debe hacer (como se ha hecho o se sigue haciendo por algunos de manera absolutamente irresponsable) es enfrentar esos territorios y esas identidades diferentes, sino sumarlas en un proyecto de país atractivo y compartido.

Y termino ya.

No ofrezco soluciones mágicas, no hay milagros. Planteo una reflexión profunda de la izquierda y de todos los progresistas. Una reflexión con valor para construir una nueva alternativa al modelo de globalización injusta que se nos está imponiendo. Planteo el Congreso del PSOE como el inicio de un nuevo viaje al nuevo socialismo.

Nadie puede buscar solo y por sí mismo la solución. Debe ser una tarea colectiva, de todos los socialistas, y de todos los que participan en el “nosotros” político progresista.

Resumiendo: planteo la reunificación y la concordia en el Partido Socialista para poder convocar a todos los progresistas a construir juntos un nuevo proyecto de libertad, igualdad y justicia social.