Pau Marí-Klose

Diputado en el Congreso de los Diputados por Zaragoza desde abril de 2019, entre septiembre de 2018 y marzo de 2019 desempeñó el cargo de Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil. Profesor de Sociología en la Universidad de Zaragoza (en excedencia) y doctor en Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid, máster en la University of Chicago y en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March.

Pau Marí-Klose

La infancia que queremos

Una agenda para erradicar la pobreza infantil

diseño de cubierta: PABLO NANCLARES

© Pau Marí-Klose, 2019

© Los libros de la Catarata, 2019

Fuencarral, 70

28004 Madrid

Tel. 91 532 20 77

www.catarata.org

LA INFANCIA QUE QUEREMOS.
Una agenda para erradicar la pobreza infantil en España

ISBNE: 978-84-9097-866-5

ISBN: 978-84-9097-837-5

DEPÓSITO LEGAL: M-29.863-2019

IBIC: jffa/jfsp1

este libro ha sido editado para ser distribuido. La intención de los editores es que sea utilizado lo más ampliamente posible, que sean adquiridos originales para permitir la edición de otros nuevos y que, de reproducir partes, se haga constar el título y la autoría.

PRÓLOGO

Dejó escrito el poeta alemán Rilke que la infancia era la verdadera patria del hombre. De ser así, no hay derecho a que la sociedad asuma como normal que tantos seres humanos se sientan apátridas a una edad tan temprana y tengan que vivir una infancia demasiado breve y llena de carencias. Es, sencillamente, intolerable.

Una de las primeras decisiones que adopté nada más llegar al Gobierno fue la de crear un órgano específico para abordar la problemática de la pobreza infantil. Suele decirse que lo que no se nombra no existe. Por eso tuve claro que no solo era prioritario abordar un drama a menudo silenciado; también era preciso otorgarle la máxima visibilidad para que nuestro país fuera consciente de la entidad de un desafío que, de seguir siendo ignorado, tendrá consecuencias todavía mucho peores para la sociedad en el futuro.

El Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil nació con esa doble finalidad: nombrar y poner rostro a una prioridad política largamente ignorada y articular, desde dicha instancia, políticas públicas transversales para afrontar un drama que corroe los cimientos de nuestra sociedad; que debilita nuestras instituciones democráticas al laminar la legítima aspiración a una movilidad social frenada desde la misma infancia.

Ignorar un problema no hace que este deje de existir. Y durante demasiado tiempo España ha vivido de espaldas a una realidad que sufren más dos millones de niñas y niños en riesgo de pobreza, un alto porcentaje de los cuales vive en el peor estadio, el de la pobreza severa.

Se trata de un drama que se padece, en muchos casos, en la oscuridad y la vergüenza del entorno familiar. Como un estigma que se oculta en el silencio de lo que no se quiere mostrar y que deja una huella profunda en la vida adulta para quien la experimenta.

No hay mayor perjuicio que privar a un ser humano de su infancia. A pedirle a un niño o una niña que deje de soñar, de interpretar el mundo con la curiosidad propia de un tiempo en el que el mero derecho a jugar debería prevalecer como un bien digno de ser protegido y amparado.

Por eso es tan necesaria la acción de los poderes públicos desde la apelación a la vigencia de los valores colectivos, de lo que nos une como sociedad, en un tiempo en el que el individualismo nos empuja al aislamiento insensible ante cifras inaceptables; a abstraernos de una realidad que, no por ser omitida con incredulidad, deja de existir.

Porque existe, a pesar de ser negada por tantos en nuestro país.

Las cicatrices de la pobreza infantil tienden a perpetuarse con el paso de los años, transmitiéndose de generación en generación como el legado maldito de una espiral de la que es cada vez más difícil salir. Son la muestra más dolorosa de una desigualdad hereditaria que trunca aspiraciones a edad temprana y condiciona la vida del ser humano nada más venir al mundo.

Desde ese punto de vista, la acción de los poderes públicos no es solo un imperativo de carácter moral, basado en la justicia de una causa que debería involucrar a toda la sociedad por encima incluso de enfoques ideológicos. Es, también, una auténtica inversión en ciudadanía, en cohesión social para reforzar la convivencia y fortalecer los fundamentos de nuestro sistema democrático.

El precio de la inacción en el presente implica asumir una elevada factura en el futuro. Una factura que España no se puede permitir y que se mide en talento desaprovechado, pero también en riesgo de exclusión. Las cifras de fracaso escolar, el descuido de hábitos saludables en la alimentación o la desatención del bienestar psicológico en la infancia tienen costes muchos más elevados para el Estado en el largo plazo que los derivados de una actuación inmediata y decidida para atajar las cifras intolerables de la pobreza infantil en España.

Por esa razón es tan valiosa la aportación de obras como esta. Si el primer paso para resolver un problema es reconocer que tal problema existe, no hay mejor comienzo que el de apelar a la reflexión a través de los razonamientos y evidencias contenidas en páginas como las de este libro. Y hacerlo mirando más allá de lo que exponen tablas, gráficos y estadísticas; sabiendo que, tras los números abstractos y las cifras impersonales, hay vidas reales: las de miles de niños y niñas que sufren a diario la herida silenciosa de la pobreza infantil.

Pau Marí-Klose ha trabajado muy de cerca con este Gobierno en un periodo intenso en el que no solo pusimos este desafío en el corazón del debate público, sino en el que también actuamos, con decisión, a través de políticas públicas tangibles en su etapa al frente del Alto Comisionado.

Y si es cierto que hay batallas que es necesario librar, si es cierto que hay causas que pueden unirnos por encima de cualquier división, la que nos enfrenta a la realidad lacerante de la pobreza infantil es una de las más urgentes.

Al luchar contra ella no solo estaremos devolviendo la patria de la infancia —como decía Rilke— a tantos niños y niñas: estaremos fortaleciendo los lazos que nos unen como país. Más aún, estaremos luchando por una sociedad en la que la desigualdad al nacer no sea la cuna de todas las desigualdades en la vida.

Por ello, merece la pena no solo dar, sino también ganar la batalla contra la pobreza infantil; un fin al que sirven obras como la presente: conocer una realidad dramática que nos obliga a tomar partido. A actuar, en definitiva, porque es justo hacerlo; pero también porque está en juego la cohesión social.

Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Presidente en funciones del Gobierno de España

PREFACIO

A veces se nos cuela un elefante en la habitación y somos incapaces de verlo. En el año 2008 coordiné por vez primera un estudio cuyas conclusiones ponían el foco sobre los altos niveles de pobreza infantil que se observaban en España ya en aquella época, el Informe de la Inclusión Social en España 2008. Tras un análisis exhaustivo de distintas encuestas evidenciábamos que la vulnerabilidad económica se concentraba de forma acusada en los hogares con niños. La imagen que emergía de dicho estudio contrastaba con una serie de estereotipos muy extendidos en España durante esos años. Esas preconcepciones populares situaban la vulnerabilidad en otros colectivos que no eran los niños y las niñas. En general, la opinión mayoritaria de la población, constatada en los datos de las encuestas, era que las personas más vulnerables y necesitadas de protección eran los mayores. Los datos sobre renta y condiciones de vida avalaban, en buena medida, la idea de que subsistían importantes bolsas de desfavorecimiento entre las personas mayores (especialmente en hogares donde vivían ancianas solas cuya principal fuente de ingresos era una pensión de viudedad o una prestación de carácter no contributivo). La pobreza infantil, sin embargo, permanecía invisible a ojos de la mayoría de la población, a pesar de que su incidencia era, como mínimo, equiparable a la de los mayores.

La incapacidad de ver la pobreza infantil era una distorsión en la percepción de la realidad de la que no se libraban ni siquiera los expertos. En febrero de 2005, con tasas de pobreza infantil que rondaban el 25%, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó en una encuesta (estudio 2594) por el grado de protección que recibían distintos grupos sociales y por cuáles deberían estar mejor protegidos por el Estado. Entre los grupos considerados en la batería de preguntas figuraban muchos de los que cabría esperar: personas mayores que viven solas, pensionistas, parados, jóvenes, mujeres trabajadoras, clases medias, inmigrantes. Los responsables del diseño de la encuesta habían olvidado incluir a la infancia, grupo que a la sazón presentaba cotas de vulnerabilidad tan altas o más que las de la mayoría de los grupos incluidos. Nadie lograba ver a los niños y niñas en el cuadro de los posibles déficits de protección en España. En 2008 se volvió a preguntar y la infancia seguía sin aparecer en el cuestionario.

El Informe de la Inclusión Social en España 2008 alcanzó considerable eco mediático. Un titular recurrente —que se generalizó a partir de ese momento— señalaba que la pobreza tenía rostro de niño. Un rostro que se correspondía con el de uno de cada cuatro niños y niñas. Con ello, el estudio contribuyó a sacudir conciencias. La revelación de que en España pudiera hablarse de semejante magnitud de niños y niñas pobres, tras más de diez años de crecimiento económico, causó sorpresa y perplejidad. En ocasiones, también escepticismo. Y en no pocos casos, reacciones de incomprensión y desconcierto. Recuerdo una entrevista que me hizo una periodista de uno de los principales rotativos españoles en la que, sumida en la confusión entre lo que significan la pobreza y el desamparo, me pregunto: ¿existen en España suficientes plazas en residencias públicas para hacerse cargo de todos esos niños pobres?

La situación hoy en día ha cambiado de manera sustancial. Cada vez se habla más y con mayor fundamento sobre pobreza infantil en nuestro país. Las entidades sociales del Tercer Sector han contribuido decisivamente a este cambio con su trabajo de investigación y de incidencia social y política. Los principales medios de comunicación cuentan ya con profesionales que conocen el tema, hacen un seguimiento de la evolución de los indicadores y elaboran extraordinarios artículos de fondo sobre la naturaleza del problema y su evolución. Disponemos ya de varias encuestas que preguntan sobre protección a la infancia. Las grandes empresas incorporan la lucha contra la pobreza y la exclusión en la infancia entre los objetivos de sus iniciativas de responsabilidad social corporativa. Por regla general, los partidos ya no miran hacia otro lado e incorporan propuestas en sus programas electorales para abordar la cuestión. La ciudadanía ha votado mayoritariamente a un candidato a la Presidencia del Gobierno que ha convertido la lucha contra la pobreza infantil en una de las principales banderas de su acción de gobierno. La pobreza infantil ha pasado a ser un asunto que concierne a los españoles. Según una encuesta de Save the Children, publicada en abril de 2019, la sociedad española considera “imprescindible” la intervención del Estado o de su comunidad autónoma para acabar con la pobreza y una amplia mayoría estaría dispuesta a pagar más impuestos si la recaudación fuera destinada directamente a lograr una solución a este problema.

La sociedad española ha cobrado conciencia de que tenemos un problema y de que hay que tomar cartas en el asunto. Es un primer paso. Probablemente el más difícil de dar. Quedan, sin duda, muchos pasos aún y quisiera contribuir a ello. Estoy convencido de que es necesario conocer mejor de qué estamos hablando cuando hablamos de pobreza infantil y qué podemos hacer para abordar este problema. A este empeño dedico este libro, que refleja aquello que puedo haber aprendido en estos últimos años a través de una doble experiencia: casi dos décadas de investigación académica, divulgación y asesoría en este campo, y mi andadura de unos meses en la Oficina del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil del Gobierno de España.

En el marco de un proyecto tan ambicioso como el de la lucha contra la pobreza infantil, las ambiciones de un ensayo como este han de ser necesariamente modestas. Existen muchos informes y documentos de diagnóstico que han descrito la magnitud y perfiles de la pobreza infantil en España con precisión y acierto. Bastantes sociólogos y economistas han abordado aspectos particulares del fenómeno en publicaciones académicas aparecidas en libros y revistas especializadas. Tenemos muchas cifras con las que alertar sobre la gravedad de la situación y reclamar una actuación política y social decidida. Creo, sin embargo, que se echan en falta reflexiones de fondo que contribuyan a caracterizar el fenómeno desde el punto de vista de su relevancia en distintos planos: moral, psicológico, sociológico, económico y político. Este libro trata de contestar de manera esquemática preguntas de gran calado que tienen, inevitablemente, respuestas tentativas, combinando análisis rigurosos con el compromiso ideológico y normativo: ¿por qué debe preocuparnos (especialmente) la pobreza infantil? ¿Qué está en juego cuando en una sociedad se observan altos niveles de pobreza infantil? ¿Qué podemos hacer para corregir este problema? ¿Cuál es el camino transitable? ¿Qué errores debemos evitar?

El libro se estructura en cinco capítulos en los que trato de ofrecer respuestas a los distintos interrogantes. El primer capítulo está dedicado a conceptualizar la noción de pobreza, identificar elementos comunes en las experiencias subjetivas de la privación material y empezar a desgranar algunas de las situaciones de vulnerabilidad y desventaja que produce la pobreza en quienes la sufren. Se exploran también los límites de la acción pública contra la pobreza. El segundo capítulo se centra ya en la pobreza infantil. Comienza analizando las tendencias al rejuvenecimiento de la pobreza y, en particular, su concentración en hogares con niños y niñas. Se exploran las principales transformaciones sociales que propician estas tendencias. A continuación se caracteriza la experiencia de pobreza infantil, poniendo el foco en las dinámicas de exclusión social asociadas a esa experiencia que son las responsables de las desventajas que sufren los niños y niñas que se encuentran en estas situaciones. Se pone el énfasis en el carácter acumulativo de estas desventajas, que intensifica las situaciones de vulnerabilidad.

El tercer capítulo arranca a partir de una pregunta marco: ¿por qué deben preocuparnos estas situaciones? A partir de una caracterización estadística del fenómeno, inevitablemente breve y acotada en un ensayo como este, se constata que la pobreza infantil es una anomalía sociológica, tanto en comparación con la pobreza infantil en la mayoría de países de nuestro entorno como en comparación con la situación socioeconómica general de otras franjas de la población. La segunda parte del capítulo está dedicada a revisar los principales argumentos que justifican otorgar a la lucha contra la pobreza infantil un carácter prioritario en la acción pública. En esta revisión se tienen en cuenta una amplia gama de vertientes y perspectivas sobre el fenómeno: normativas y jurídicas, sociológicas, económicas y de política pública.

El cuarto capítulo examina la acción gubernamental llevada a cabo en este campo en distintos países y la construcción de una agenda europea sobre el fenómeno de la pobreza infantil. El objetivo es rastrear qué se ha hecho en distintos países y con qué grado de eficacia. Mi intención es también reconocer las dificultades, trabas y limitaciones que se ha encontrado la acción pública llevada a cabo hasta el momento.

El quinto capítulo explora las distintas vías y estrategias para combatir la pobreza infantil a través de iniciativas de política pública. Se hace una distinción entre políticas generalistas para combatir la desigualdad y la pobreza, y políticas específicas para abordar la pobreza infantil; dentro de estas últimas se distinguen las actuaciones destinadas a mejorar condiciones materiales en que viven niños y niñas de las que persiguen atenuar o corregir consecuencias y efectos colaterales de la pobreza. El propósito del capítulo es señalar aquellos espacios donde existe un amplio margen de expansión y mejora de las políticas públicas en España.

Este es un ensayo escrito por un sociólogo. Mi formación y dedicación académica a la sociología condicionan mis enfoques sobre el tema, mi elección de textos reseñados, los planteamientos de política pública que propongo. Pero este libro es producto de muchas lecturas fuera de la zona de confort de mi disciplina, de conversaciones con especialistas en otros campos con los que he tenido ocasión de coincidir en el mundo académico o de trabajar codo con codo en proyectos de investigación. Durante los últimos años he aprendido muchísimo en jornadas académicas, en proyectos de colaboración con el Tercer Sector social, en foros de debate, en espacios de reflexión política e incluso en los despachos de grandes empresarios crecientemente preocupados por el problema. También, evidentemente, en el curso de la acción de gobierno al frente del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, que me ha obligado a trasladar a la política pública todas las reflexiones realizadas previamente, considerando la gama de opciones, pero también, dados los inevitables constreñimientos políticos y presupuestarios, estableciendo prioridades y seleccionando las vías transitables.

Es imposible hablar sobre pobreza infantil solo desde el ámbito en que uno se maneja con más soltura. Hay demasiadas dimensiones implicadas. Por ello, cuando escribes sobre pobreza infantil se corren determinados riesgos. Quiero disculparme de antemano con los especialistas en epigenética, neurociencia, psicología cognitiva o filosofía política, con aquellos juristas y economistas que lean estas páginas y crean que mi forma de expresar los argumentos clave aportados por sus disciplinas a este ámbito de conocimiento resulta mejorable. Soy consciente de que es un atrevimiento tratar argumentos sofisticados sin poder alegar un conocimiento a fondo de todas las disciplinas, pero no podía renunciar a traer a colación las contribuciones que se han realizado desde esos ámbitos. Conectan, complementan, matizan o refuerzan planteamientos con los que me siento más familiarizado en los campos de la sociología, la psicología social o la ciencia política.

A riesgo de repetir una fórmula ya muy gastada, he de decir que este libro lo han hecho posible muchas personas. Quiero agradecer muy especialmente a mis compañeros en el estudio de la pobreza infantil en el Instituto de Infancia y Mundo Urbano de Barcelona (CIIMU), donde comenzamos una apasionante aventura intelectual en 2005 a la que no hemos puesto fin. Marga Marí-Klose, Alba Lanau, Sandra Escapa y Albert Julià-Cano siguen colaborando conmigo hoy en día para entender mejor este complejo fenómeno. A estos dos últimos les he dirigido sus respectivas tesis doctorales sobre situaciones de vulnerabilidad en la infancia. También he aprendido muchísimo junto a mis colegas del grupo de investigación Políticas Sociales y Estado de Bienestar (POSEB), del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, con los que llevo trabajando desde 2010.

Me resulta imperativo agradecer mucho a colegas del mundo académico y de la Administración pública con los que he tenido la oportunidad de reflexionar sobre desigualdad y pobreza. En particular, debo mencionar a los catedráticos Jesús M. de Miguel y Jorge Cardona, que me han hecho el favor de leer pasajes de este libro, aportando sus conocimientos específicos donde los míos llegaban con más dificultad. También debo destacar todo lo aprendido junto a mis compañeros y compañeras del grupo de reflexión sobre rentas básicas y mínimas, que lleva varios años reuniéndose periódicamente para debatir informalmente sobre propuestas políticas para mejorar las políticas de garantía de ingresos, desde su primera convocatoria en Zaragoza en mayo de 2014. La complicidad personal alcanzada entre los mejores investigadores y gestores de la política pública que trabajan sobre estos temas, con sensibilidades políticas e ideológicas diferentes, pero con mucho afán por entenderse y aprender de los demás, ha abierto oportunidades insólitas para pensar la lucha contra la pobreza sin sectarismos.

Por último, no puedo dejar de mencionar a mis cómplices en el Gobierno. En la Oficina del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, en Moncloa, hemos pensado juntos. Sentados en torno a una gran mesa redonda hemos compartido ideas e intuiciones, hemos distribuido responsabilidades, hemos planificado, evaluado documentos, examinado cifras y gráficos, hemos planteado estrategias y barajado tácticas de regate más corto, y hemos tenido la inmensa fortuna de contrastar el resultado de nuestras primeras iniciativas, a pesar de que el tiempo del que dispusimos en la anterior legislatura fue corto. También hemos compartido grandes momentos de compañerismo, camaradería y amistad. A Alejandro Arias Lera, Albert Arcarons, Amparo González, Sandra León y F. Javier Moreno Fuentes les debo muchas de estas páginas. Quizás todas. Eloísa del Pino forma parte del equipo, aunque trabaje en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y el intercambio se desarrolle muchas veces por WhatsApp. También han participado en esas dinámicas colectivas Paloma López del Hierro, Begoña Gómez, Lucía Velasco, Cristina Álvarez, Jesús Perea, Ángel Parreño y Borja Barragué.

He sentido siempre el apoyo y cariño de mis compañeros y compañeras del PSOE de Aragón, especialmente de todos los que trabajan en el área social, con la consejera Mariví Broto a la cabeza. También la de otros altos cargos de la Moncloa y de Ministerios. La lista de personas a agradecer es demasiado larga. Debo mencionar, sin embargo, la estrecha colaboración con Manuel de la Rocha, Cristina Gallach y Félix Bolaños para sacar adelante distintas iniciativas del Alto Comisionado. Luisa Carcedo, primera alta comisionada y actual ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, es el “motorcito” que lo puso todo en marcha hace ya cinco años, como Secretaría Federal de Sanidad y Política Social del PSOE. Su humanidad, su clarividencia y su incansable energía han sido siempre fuente de inspiración y motivación para todos los que tenemos el privilegio de trabajar junto a ella y disfrutar de su cariño y amistad.

Pedro Sánchez Pérez-Castejón es posiblemente el único dirigente político que podía convencerme de que valía la pena dejar (transitoriamente) la universidad y conseguir que no me arrepintiese de ello ni por un instante. Vaya por tanto mi última frase de este prefacio a destacar su compromiso con la causa, cuya pasión, firmeza y consistencia han posibilitado la adopción de medidas largamente esperadas y auguran grandes avances en un futuro cercano.

CAPÍTULO 1

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE POBREZA?

Hablar de pobreza significa inevitablemente hablar de desigualdad. Es algo que cuesta entender en los países más ricos. Nos resulta difícil imaginar la pobreza sin que nos vengan a la cabeza imágenes de personas que carecen de bienes que consideramos básicos. Pensamos en personas en situación de privación absoluta, que carecen de elementos fundamentales. Pero “lo básico”, “lo fundamental” —más allá del sustento nutricional, algún tipo de ropa y cobijo que nos proteja de las inclemencias de la meteorología, sin los cuales nuestra supervivencia se pone seriamente en riesgo— es un concepto relativo. Lo que consideramos básico en Europa sorprende en otros lugares del mundo. Déjenme ilustrarlo.

Desigualdad, pobreza, privación

En una pequeña estancia que realicé hace unos años en la Universidad de Pernambuco cometí la osadía de presentar el indicador de carencia material severa, que utiliza la Unión Europea. Se trata de un indicador que mide el acceso a nueve elementos “básicos” y clasifica en situación de privación material severa a quien no puede acceder a cuatro o más de ellos. Mis estudiantes brasileños no daban crédito a que se pudiera considerar como necesidad básica, por ejemplo, la posibilidad de disfrutar de unas vacaciones. Bajo esas condiciones, me decían, el 80% de la población de Brasil se encontraba en una situación de carencia material.

La mayoría de las personas pobres del primer mundo viven en condiciones materiales objetivamente mejores que los pobres de los países en vías de desarrollo, lo que no quita que experimenten situaciones de pobreza. Estas no derivan de su privación absoluta, sino de su desventaja relativa respecto al resto de la población. Los pobres en el mundo desarrollado son los que quedan atrás, rezagados, los que no consiguen disfrutar de oportunidades para “funcionar” en condiciones que se consideran apropiadas en su contexto de referencia.

Es evidente que, pese a las penurias que puedan experimentar en diferentes momentos de su vida, en las sociedades occidentales las clases trabajadoras disfrutan desde finales del siglo XIX de mayores niveles de vida que muchos nobles de la Edad Media. Aun así, es difícil negar que muchos de estos trabajadores se encuentran en situaciones de pobreza en sus sociedades de referencia. Disfrutan de bienes y condiciones materiales inimaginables en la Edad Media; viven vidas más largas y generalmente en mejores condiciones de salud; pero su situación material les sitúa en condiciones de desventaja respecto a la mayoría de sus conciudadanos. Muchos viven con medios considerados insuficientes para sacar adelante una familia, e incluso en condiciones materiales, que en el momento histórico y en la sociedad en que les ha tocado vivir se consideran indignas.

Esa “indignidad” percibida es un componente importante de la experiencia de la pobreza. Los sociólogos utilizamos a menudo un pequeño teorema de un sociólogo clásico, William I. Thomas, de 1928: “si las personas definen las situaciones como reales, estas son reales en sus consecuencias”. La percepción de indignidad que provoca la carencia material tiene efectos reales, que multiplican las consecuencias que ocasiona, de por sí, la falta de medios suficientes para procurarse bienes y oportunidades. La experiencia de privación material relativa (aunque en términos absolutos se posean bienes inimaginables un siglo antes o todavía poco comunes en sociedades contemporáneas menos desarrolladas) se asocia en todo el mundo a sentimientos de vergüenza, humillación y malestar muy vinculados a la comparación con lo que tienen los demás y con lo que se considera apropiado tener.

Los seres humanos tienen una capacidad intuitiva muy aguda para detectar el estatus social de las personas que ven o con las que interactúan en diferentes circunstancias. Lo hacen de manera rápida y certera. En un experimento muy ilustrador, los psicólogos Michael Kraus y Dacher Keltner dividieron a estudiantes en dos grupos1. En el primero pusieron a los estudiantes a conversar durante cinco minutos por pares, registrándolo en vídeo. A los individuos del segundo grupo les pidieron que actuaran de evaluadores del estatus social de las personas que aparecían en las grabaciones. Aunque solo tenían ocasión de observar un minuto de esas conversaciones, al grupo de evaluadores les resultaba muy fácil determinar el estatus social en que se habían autoemplazado los protagonistas de las conversaciones; la correlación entre la evaluación de estatus realizada por los sujetos que conversaban y los que observaron las grabaciones era altísima. El análisis más concienzudo de las grabaciones permitió a Kraus y Keltner detectar una serie de elementos diferenciadores en los estilos de comunicación de estudiantes con distinto estatus social: los sujetos de estatus más elevado mostraban menor implicación emocional en la conversación; eran más proclives a juguetear con bolígrafos, móviles u otros objetos que tuvieran a mano. Los individuos de estatus más bajo eran más propensos a gesticular, a reír y a mirar a la cara a su interlocutor. Su interés por mostrar su mejor cara y buscar la aprobación de la persona que tenían delante era significativamente mayor.

Por si estas señales no fueran suficientes, las personas tienden a exhibir sus estatus: en su indumentaria, en los abalorios con la que la acompañan, en los coches que conducen, en las escuelas a las que mandan a sus hijos. A veces intentan engañar, queriendo aparentar un estatus superior al real, pero generalmente no lo tienen fácil. Y además, las señales de que aparentan lo que no son provocan generalmente gran desaprobación social. Las personas tienden a relacionarse con otras de su misma condición social y a evitar personas de condición social inferior. Para ello invierten en segregación. Un comportamiento muy típico de los estratos altos y medios en muchos lugares es irse a vivir a barrios socialmente homogéneos, donde van a encontrarse con familias de extracción social similar y donde sus hijos van a ir probablemente a colegios con otros de su mismo perfil socioeconómico. Y digo probablemente, porque no van a tener la seguridad. En el barrio no todos los colegios son iguales. Muchas familias van a emplear tiempo y esfuerzo en identificar los “mejores colegios” y para ello se van a guiar por señales tan sutiles como su composición social.

En estos procesos de clasificación social algunos individuos quedan irremediablemente marcados por su incapacidad de vivir materialmente con arreglo a las expectativas sociales de lo que es considerado una “vida apropiada”. Gran número de estudios ha subrayado que el rasgo distintivo de la pobreza en todo el mundo es la privación relativa, que conduce a sentimientos de vergüenza. Esta se expresa de diversos modos: baja autoestima, frustración, autosegregación o sentimientos de baja eficacia.

Una línea de investigación muy ilustrativa en este sentido son los trabajos de Robert Walker y su equipo2. En uno de sus trabajos más conocidos, Walker y sus colaboradores entrevistaron a personas adultas y niños en situación de pobreza en siete países distintos (zonas rurales de Uganda e India, zonas urbanas de China, Corea del Sur y Reino Unido, y áreas rurales y pequeñas ciudades de Noruega) con objeto de rastrear elementos comunes en la experiencia de estos pobres. Como es fácil imaginar, las circunstancias materiales de las personas entrevistadas eran extremadamente diferentes. Los entrevistados en áreas rurales de Uganda e India residían en infraviviendas, sin suministros básicos (agua corriente o electricidad) y subsistían gracias a actividades agrícolas o ganaderas que generaban rendimientos muy escasos. En Pakistán las viviendas eran algo más consistentes, pero el grado de hacinamiento era alto. En los tres casos, el trabajo infantil estaba generalizado. En China, la vida de los “pobres” entrevistados se desarrollaba en pequeños apartamentos en torno a complejos industriales, donde estas personas estaban ocupadas en empleos elementales o actualmente en paro. Sus viviendas contaban con suministros de agua y electricidad. En Reino Unido, las viviendas eran algo más grandes y, además de agua y electricidad, existía calefacción centralizada (aunque su funcionamiento dejara muchas veces bastante que desear). La mayoría de los entrevistados no trabajaban o lo hacían en ocupaciones de baja cualificación en el sector servicios. En Corea, buena parte de los entrevistados eran familias con niños (la mitad monoparentales). La mayor parte trabajaba con contratos a tiempo parcial en empleos elementales en el sector público. Por último, en Noruega, las personas entrevistadas residían en viviendas bien equipadas, aunque su tamaño era bastante menor al estándar de familias noruegas similares. La mayoría participaba en programas públicos de activación o recibía algún tipo de ayuda social.

A pesar de las enormes diferencias materiales, Walker y su equipo constataban que, pese a las diferentes expectativas de las familias, las presiones psicológicas que experimentaban eran muy parecidas. Los entrevistados hablan en términos similares de las frustraciones que les produce ser incapaces de satisfacer sus aspiraciones materiales o sentirse incapaces de decidir entre atender unas y renunciar a otras. También se refieren a menudo a la frustración que sienten por los sacrificios que deben hacer para conseguir bienes básicos y el coste que representa para su autoestima no poder realizar algunas aspiraciones de naturaleza no material. En India, Uganda o Pakistán, los entrevistados relatan la indignidad que supone vivir en las condiciones en que viven, la falta de privacidad a la que se ven expuestos a diario y la vergüenza que supone tener que orinar o defecar en espacios abiertos. Pero incluso en Noruega, las familias expresan angustia por la indignidad que supondría que se conociera públicamente su situación de desventaja. Por ejemplo, una de las familias entrevistadas no quería que su hija trajera amigas a casa porque la “austeridad” de su apartamento podría estigmatizarla como “diferente” en su grupo de iguales.

Una segunda experiencia común a todos los contextos tiene que ver con los sentimientos que surgen en la gestión de situaciones económico-financieras que los entrevistados perciben como situaciones límite, o la necesidad de pedir ayuda o endeudarse. Todos los entrevistados relatan la incomodidad que les genera su incapacidad para devolver favores o la dependencia a la que se ven abocadas las familias que reciben ayudas de familiares, amigos o de servicios sociales. Recibir ayuda supone admitir que uno no puede valerse por sí mismo y eso nos pone en evidencia como ejecutores fallidos de un rol social que la mayoría de nuestros conciudadanos ejecuta con competencia, especialmente si se trata del de “madre cuidadora” o “padre proveedor”. En Reino Unido, por ejemplo, muchos varones relatan que vivir de programas de asistencia social supone un ultraje a su masculinidad. Uno de ellos sugiere que “le hace sentir como una mierda”: “Soy el hombre en esta relación. Se supone que debo ocuparme de que a mi pareja y mis hijos no les falte de nada. Y no soy capaz”.

Endeudarse para hacer frente a necesidades materiales básicas entraña para todas las familias una situación embarazosa. La deuda es, además, vista con temor por las consecuencias que puede terminar acarreando si finalmente no puede hacerse frente a sus exigencias. La mayoría de los entrevistados habían contraído deudas y todos lo vivían con preocupación.

De manera también universal, los entrevistados tienen un bajo concepto de sí mismos. Los hijos tienen bajo concepto de sus padres, las mujeres de sus esposos y, en no pocos casos, eso trae consigo tensión y conflicto familiar. Aunque la mayoría de los entrevistados consideran que habían obrado adecuadamente dadas las circunstancias en que les había tocado vivir, muchos piensan que habían “fallado” a los suyos y estaban convencidos de que los demás también lo veían así. Incluso los niños no logran escapar a esta humillación. Salvo en Pakistán, los investigadores concluyen que la escuela funciona como un dispositivo de clasificación social, donde los más vulnerables afrontan mayores dificultades para asegurarse la aceptación social.

Uno de los lugares donde los entrevistados están más expuestos a la humillación es el mercado de trabajo. Aguardar pacientemente en una cola a ser seleccionado para trabajar y terminar siendo rechazado porque la elección favorece a otros quizás más jóvenes, más vigorosos o que pueden permitirse sobornar al capataz, alimenta sentimientos de inferioridad de muchos entrevistados en la India y Pakistán, donde la búsqueda de trabajo bajo estas premisas es norma diaria. Pero sentirse rechazado es también común en Reino Unido o Noruega, donde las solicitudes de empleo recibían generalmente la callada por respuesta y los pobres fracasaban repetidamente en las pocas entrevistas de empleo a las que eran llamados.

Muchos de los entrevistados en los países menos desarrollados habían sido víctimas de maltrato o explotación laboral o incluso tratados con crueldad en empleos con condiciones de trabajo muy duras. Sin embargo, a pesar de las distancias en las experiencias, no son los únicos que hablan de explotación. Varias de las personas entrevistadas en Noruega y Reino Unido relatan experiencias de empleo en programas públicos de ayuda condicionada como una forma de explotación en la que no reciben salarios reales, acordes al valor de la actividad realizada. Además, su situación también les provoca sentimientos de especial desazón cuando dichas actividades no les conducían a un empleo permanente.

En las situaciones descritas, sentirse pobre y señalado como tal se asocia a sentimientos de degradación, vulnerabilidad e impotencia. Esos sentimientos se refuerzan en el curso de las interacciones diarias con conocidos y vecinos, así como con los trabajadores de servicios sociales dedicados a administrar ayudas. En Reino Unido, los más pobres cargan además con la vergüenza que supone verse retratados en programas de televisión donde los beneficiarios de ayudas son etiquetados como “aprovechados” que detraen ilegítimamente recursos costeados por los impuestos de todos y tensionan la base financiera del Estado de bienestar3.

Walker y sus colaboradores describen reacciones y comportamientos parecidos en estos siete contextos. Algunos pobres optan por desplegar estrategias de disimulo; ocultan a los más cercanos la gravedad de su situación, intentando aparentar normalidad. El coste psicológico de este ejercicio puede terminar siendo muy elevado. Otra estrategia (complementaria) muy común es apartarse total o parcialmente de la vida social. Como resultado de esta “retirada”, muchos entrevistados experimentaron situaciones de aislamiento y exclusión de recursos básicos, así como un deterioro de su bienestar psicológico.

Algunos de los entrevistados en el estudio de Walker et al. expresaron sentimientos de rabia por la situación que les estaba tocando vivir, reprochando al Gobierno o al “sistema” su situación. Niños en familias pobres en diferentes contextos exteriorizaban sentimientos parecidos de enfado o resentimiento respecto a compañeros del colegio que presumían de sus posesiones. Pero la mirada no solo se dirigía hacia los grupos que disfrutaban de una mejor situación económica. Una reacción muy común entre los entrevistados era sentirse superiores a otros grupos de la población más pobre cuya vulnerabilidad, a diferencia de la propia, sí se consideraba que era merecida. Esos criterios de merecimiento se basaban en la división de los pobres entre un grupo de “nosotros”, comprometido con comportamientos virtuosos para salir de la pobreza, y otro de “ellos” formado por individuos y familias con conductas poco diligentes: adicción a la bebida, mendicidad, falta de atención a sus hijos, etc.

El infortunio de la pobreza

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos”, reza el primer artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se trata de una de las proclamas más conocidas mundialmente, que consagra la aspiración a que todos los seres humanos puedan ser objeto de mismo respeto y consideración, sea cual sea su sexo, lugar de nacimiento, raza u origen social. En el preámbulo se concibe como un “ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse”.

Pero, como decía Abraham Lincoln, los seres humanos nacen iguales, y esta es la última vez que lo son. De hecho, es dudoso incluso que sean iguales en ese momento. Como pone de relieve abundante investigación sociomédica, los hijos nacen marcados por las experiencias vividas por la gestante durante el embarazo que pueden incidir de manera significativa en el desarrollo del feto y en los riesgos del parto4. Tras el nacimiento, ya desde los primeros años, todo son diferencias, como veremos más adelante en este libro. Buena parte de nuestros itinerarios vitales (educativos, laborales, sentimentales) vienen condicionados por el perfil socioeconómico de la familia que te ha tocado en suerte. Y digo bien: “tocado en suerte”. Nacer en una familia rica o en una pobre, en una familia con recursos educativos y capital cultural o en otra que no ha tenido la oportunidad de acumular estos activos es —y permítanme la licencia metafórica— resultado de una lotería.

En 2017, la socióloga Teresa Laespada, diputada foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de Vizcaya, me pidió prologar el libro Yo me quiero reir como se ríe esta gente. 27 historias de personas usuarias de los servicios públicos de inclusión de la Diputación Foral de Bizkaia5, un excelente acopio de las experiencias biográficas de algunos usuarios de servicios sociales y de cómo entrar en proyectos de inclusión social cambió sus vidas. Como se señala en la introducción, son historias que ponen “ojos y cara”, “piel y sentimientos” a la vida de gente que ha quedado orillada por la sociedad pero que, con el acompañamiento de trabajadores de los servicios públicos, restablecen sus vidas en marcos de dignidad.

La mayoría de las vidas de los protagonistas del libro vienen marcadas por el infortunio. Muchas veces es el infortunio de haberse criado en hogares que sufren distintas formas de exclusión social, expuestos a climas tóxicos y relaciones abusivas. Otros itinerarios parten de entornos poco o nada problemáticos, pero aparecen salpicados por episodios disruptivos, ya sea en la infancia o la adolescencia o en etapas de la vida adulta: un maltrato, una enfermedad, un divorcio o una adicción.

Se trata de personas que se encontraron ante encrucijadas vitales y muchas veces tomaron decisiones autodestructivas, malograron opciones para vivir una vida mejor o desaprovecharon ventanas de oportunidad para escapar a la exclusión. Negarlo sería absurdo e improductivo. En las historias relatadas, un inquisidor externo quizás destacaría graves equivocaciones, momentos en que la voluntad flaqueó y faltó determinación o se fueron al traste expectativas de mejora. ¿Quién no se ha encontrado ante encrucijadas vitales en que adivina no haber tomado la decisión adecuada? La diferencia es que muchas de las decisiones erróneas que tomaron los protagonistas de las historias que se exponen en este trabajo se tomaron en condiciones de “libertad limitada” —provocada por el deterioro sociopsicológico que produce la exclusión— y elevado riesgo —como resultado del efecto multiplicador sobre la exclusión que tiene la acumulación de diversas situaciones de adversidad—.

Sufrir situaciones de pobreza y exclusión puede ser una experiencia extremadamente dura, con graves consecuencias sobre el bienestar físico y mental de las personas. La falta de recursos tiene repercusiones directas sobre la vida de las personas. Pueden invertir menos en bienes y experiencias que procuran salud (una buena alimentación, ejercicio físico en instalaciones deportivas para mantener la forma, revisiones médicas periódicas) y se ven más expuestos a situaciones de riesgo (mayor contaminación en los barrios que residen, riesgo de infecciones en vivienda si viven en condiciones de hacinamiento, alimentación desequilibrada). Las situaciones de desventaja socioeconómica son la “causa de las causas” de la mayor parte de situaciones de mala salud. La mala dieta, la contaminación del aire y el sedentarismo son factores desencadenantes de mala salud en todo el mundo. Todos ellos están vinculados a las condiciones de vida en que toca vivir. También existe una vinculación entre la situación socioeconómica y el acceso a la atención sanitaria. No todos tenemos el mismo acceso a tratamientos sanitarios cuando los necesitamos. En un primer nivel, no todo el mundo tiene la suerte de vivir en países donde la asistencia sanitaria es universal y gratuita. En España la tenemos, pero hay más planos a considerar: la distancia de nuestro domicilio a centros de salud, los copagos de los medicamentos, las listas de espera… Todos ellos pueden entorpecer el acceso a la atención sanitaria cuando se necesita. Nuestra capacidad de sortear estos obstáculos de manera rápida se ve facilitada si disponemos de buena información sobre los servicios públicos existentes y a los que podemos dirigirnos, o tenemos recursos para costearnos servicios privados. Y evidentemente la distribución de la información (y la pericia para buscarla) y los recursos no es aleatoria. Los pobres suelen tener menos información y pocos recursos y eso repercute sobre su salud. La pobreza es, por ello, “la causa de las causas”.

Una línea de investigación diferente sugiere que las desigualdades producen jerarquías de estatus que ejercen un efecto negativo independiente sobre la salud. Es la llamada hipótesis de la “ansiedad de estatus”6. Las experiencias de estrés que se acentúan en situaciones de privación relativa (asociadas a los sentimientos de vergüenza, humillación o miedo descritos en la sección anterior) incrementan la secreción de determinadas hormonas —cortisol y adrenalina—, ocasionando cambios en el metabolismo que, cuando se prolongan, aumentan el riesgo de sufrir distintas afectaciones sobre la salud física7.

Pero la pobreza pasa factura sobre todo en los niveles de la salud mental. Algunos estudios asocian la falta de autoestima o los sentimientos de inferioridad que conlleva la pérdida de estatus con la probabilidad de mostrar actitudes agresivas o incurrir en actividades delictivas8. Las situaciones de estrés, angustia y temor a las que abocan las experiencias de pobreza tienen un efecto todavía más perverso. Empujan a actuar irracionalmente, lo que puede perpetuar situaciones de desventaja. Es la tesis de una línea de investigación que acumula cada vez mayor evidencia. A la hora de procesar información y tomar decisiones, los seres humanos tienen a su disposición un “ancho de banda” limitado. Estamos en condiciones de atender unos cuantos problemas a la vez, pero llegado un punto somos incapaces de dar más de sí. El “ancho de banda” disponible solo nos permite gestionar un número limitado de preocupaciones y su acumulación descontrolada erosiona nuestras capacidades cognitivas, restando eficiencia en la toma de decisiones9.

Alguien con pocas preocupaciones inmediatas puede procesar una cantidad considerable de información y tomar decisiones óptimas con miras al presente y al futuro. Alguien que afronta una situación de estrés provocada por sus circunstancias materiales —pobreza— o sociales —como, por ejemplo, gestionar cuidados de un dependiente sin ayuda— debe concentrar todo su “ancho de banda” en dar respuesta a los problemas a los que se ve abocado de manera inmediata —como lograr poner un plato en la mesa, pagar recibos para que no le corten la luz o encontrar un empleo compatible con la administración de cuidados—. No está en condiciones de pensar cabalmente sobre el futuro, sobre las consecuencias de muchas de sus acciones, y diseñar una “hoja de ruta” para salir de la situación en que se encuentra. Algunos experimentos han puesto de manifiesto que su cociente de inteligencia se resiente y la capacidad de control ejecutivo sobre su impulsividad disminuye10.

Las personas que se encuentran en situaciones de pobreza y desvalimiento son también más proclives a utilizar “atajos cognitivos” para dar sentido a las cosas que les ocurren. Tienen mayor predisposición, por ejemplo, a otorgar valor a explicaciones conspiranoicas o atribuir sus fracasos a dinámicas incontrolables. Esta inclinación puede convertirlos en presas fáciles de creencias esotéricas cuando las cosas les vienen mal dadas11. Eso ocurre a menudo en situaciones de crisis. En un interesante opúsculo sobre la vida en los barrios obreros del sur de Madrid, por ejemplo, el politólogo Julio Embid acuña el término “economía de la miseria ajena” para referirse a las distintas actividades económicas que, en el curso de la crisis, han explotado en su beneficio nuevas necesidades de las clases más desfavorecidas. Entre ellas, ocupan un lugar destacado las empresas de esoterismo, brujería y videncia, que ofrecen explicaciones y consuelo para la mala fortuna que supuestamente estaría detrás de la sucesión de adversidades que aquejan a estos segmentos vulnerables.

Un segundo factor de agravamiento de los problemas relacionados con la pobreza u otras formas de adversidad es el carácter acumulativo de muchos de ellos. Generalmente, en la vida de las personas en situación de pobreza concurre más de un factor de riesgo para el empleo, la salud, el bienestar socioemocional o la participación en la comunidad. Esta concurrencia no es azarosa. Unos problemas predisponen a otros, metiendo a las personas expuestas a situaciones de vulnerabilidad en espirales de las que resulta muy difícil escapar. Por si esto fuera poco, ciertos episodios disruptivos —un divorcio, un despido, la pérdida de contacto con un grupo de amigos— tiene en estas personas un potencial insólito para socavar los cimientos de vidas muy frágiles, especialmente cuando estas derivas no son contrarrestadas por factores de protección o moderación que atenúan el efecto de exposición a las situaciones nocivas.

En este sentido, la pobreza no es solo una experiencia individual. Las estadísticas contabilizan personas y hogares que viven con ingresos que los sitúan bajo el umbral de la pobreza, sufren ciertas formas de privación (objetiva o subjetiva) y afrontan las consecuencias de esas experiencias (educativas, sanitarias, de oportunidades laborales, etc.). La investigación sociológica ha relatado con crudeza los sinsabores de esas experiencias. Pero la pobreza es también una experiencia colectiva. Las familias más desfavorecidas suelen residir en entornos donde las situaciones de privación están extendidas, cuando no son endémicas. Sus hijos acuden a escuelas donde el porcentaje de alumnos que provienen de hogares en situaciones desfavorecidas es muy elevado. Generalmente utilizan servicios públicos frecuentados por usuarios con su mismo perfil social. Esas concentraciones refuerzan los efectos acumulativos.

El incremento de la concentración de individuos y familias con ciertas características sociales puede provocar, de forma endógena, aumentos sucesivos de la población de estos perfiles como consecuencia de la salida de otros grupos que prefieren convivir con individuos de su perfil social. Es lo que se conoce como “fuga” de las clases medias (middle class flight). Procesos como estos pueden privar a estos entornos de los sectores más proclives a vigilar el funcionamiento de los servicios públicos (escuelas, centros sanitarios, transporte) y que se sienten más capacitados para exigir a sus responsables y a las autoridades políticas intervenciones para corregir anomalías inaceptables desde criterios y estándares comunes. También priva a los jóvenes de ciertos arquetipos sociales que pueden tener una influencia socializadora. La desaparición de las clases medias erosiona actitudes, aspiraciones y patrones de comportamiento prevalentes en entornos de clase media. Esas orientaciones son interiorizadas mediante procesos de imitación (no siempre conscientes) y legitiman, por ejemplo, actitudes de compromiso con valores escolares.

No todos los relatos de pobreza son tan cruentos como los que podemos encontrar en Yo me quiero reír como se ríe esta gente. Durante varios meses, en 2014 y 2015 tuve la ocasión de dirigir la investigación de máster de una brillante estudiante de la Universidad de Zaragoza, Laura Fernández. Su trabajo, Clases medias en crisis, tuvo continuidad en un proyecto de investigación financiado por la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas). En él analizábamos procesos de empobrecimiento de personas que antes de la crisis reunían criterios objetivos para ser considerados de clase media, pero que durante la crisis de 2008 a 2014 sufrieron situaciones de especial penuria económica y laboral. Se entrevistó a 60 personas en cuatro contextos distintos: las ciudades de Madrid, Zaragoza, Barcelona y un área rural de Córdoba.

En el curso de nuestra investigación confirmamos que algunas de las situaciones socioemocionales descritas por Walker y su equipo como el núcleo fundamental de la experiencia de pobreza eran parecidas a las que nos relataban las clases medias españolas que se habían empobrecido en la crisis. Los entrevistados nos transmitían grandes frustraciones por haber visto interrumpidas sus vidas de desahogo económico y verse ahora en situaciones a las que no estaban acostumbrados. Algunos de ellos también se vieron arrastrados a un cambio radical de condiciones de vida que no fue fácilmente digerido por todos los miembros del hogar, llevando a veces al deterioro de los climas familiares, tanto dentro del hogar (en las parejas y entre padres/madres y sus hijos) como con la familia extensa, de quienes a veces no recibieron la ayuda que esperaban. Algunos de los entrevistados actuaron con disimulo para esconder sus penurias de cara al exterior, hasta que la situación se hizo insostenible o tuvieron que vivir escondidos y aislados para evitar el asalto de acreedores. En general, la mayoría sintió incertidumbre sobre su futuro, pero muy pocos entraron en una espiral descendente en la que sus problemas no dejaban de acumularse. Muchos pudieron contar con indemnizaciones o prestaciones sociales que amortiguaron su situación de vulnerabilidad económica. Es común que tuvieran ahorros o patrimonio que pudieron capitalizar cuando las estrecheces resultaron acuciantes. Casi todos contaban con alguien al que acudir en situación de extrema necesidad. Algunos entrevistados aprovecharon incluso el impase a los que les abocó una situación de desempleo para rehacer su vida o “reinventarse”: intentar volver a estudiar, poner en marcha nuevos proyectos, dedicar más tiempo a su familia o comprometerse políticamente. A diferencia de los más pobres, las personas de clase media pudieron activar recursos disponibles, sobrellevar las circunstancias adversas y, poco a poco, reencauzar sus vidas.

La fraternidad y sus límites

Decía Honoré de Balzac que la igualdad es quizás un derecho, pero no hay poder humano capaz de convertirla en un hecho. Eso no condena al inmovilismo o la impotencia. La clave también está en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en una cláusula que suele ignorarse. Recuerden: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos”, frase que se remata con la cláusula “y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. La fraternidad (o lo que ha venido a llamarse más comúnmente “solidaridad”), aunque no pueda convertir la igualdad en una realidad plena, es combustible para moderar las expresiones de desigualdad que producen inevitablemente los mercados. Y la fraternidad, en el mundo desarrollado, la encarna por encima de cualquier otra institución el Estado de bienestar.

Nacer en país u otro también tiene efectos decisivos en la vida de las personas, sobre todo si han tenido el infortunio de nacer además en una familia pobre. Las personas que han nacido en países ricos, con Estados de bienestar generosos y redistributivos, tienen una probabilidad más alta de mantener su nivel de renta cuando afrontan riesgos sociales comunes (como la pérdida de trabajo, la maternidad, la ancianidad) o más ocasionales (como la viudedad, un accidente de trabajo o un divorcio). Si atraviesan una situación de precariedad económica, tienen una probabilidad más elevada de ser socorridas y recibir apoyo para reintegrarse a una vida normalizada.

Pero más allá de la asociación bivariada entre gasto y pobreza, hay dimensiones específicas de los Estados de bienestar que resultan clave para corregir las situaciones de mayor adversidad y exclusión. No todos los Estados de bienestar están diseñados adecuadamente para hacerles frente. En muchos países, las principales políticas de aseguramiento (prestaciones de desempleo, prestaciones por enfermedad o discapacidad, o pensiones) no están deliberadamente concebidas para combatir la pobreza o la exclusión, sino para garantizar el mantenimiento de ingresos cuando personas con carreras laborales relativamente estables se encuentran en situaciones de riesgo (desempleo, enfermedad o vejez).

Para corregir estas situaciones de mayor exclusión que afectan a colectivos infraprotegidos por las políticas de bienestar centrales, son particularmente importantes los programas de rentas mínimas y de lucha contra la exclusión social. Prácticamente todos los países de la Unión Europea se han dotado de una última malla de seguridad económica básica. Con ello se trata de cubrir el riesgo general de insuficiencia o ausencia de ingresos, ya sea por falta de acceso a otras prestaciones cuando no se ha tenido un empleo o por haberse agotado el derecho a otras formas de protección. Aunque su diseño puede responder a objetivos muy diversos, su finalidad primordial es rebajar la incidencia de la pobreza más severa, proporcionando de manera regular ingresos básicos.

La generosidad y el grado de cobertura de las rentas mínimas es variable. También lo es su nivel de condicionalidad, tanto en lo que se refiere a las condiciones económicas y no económicas de acceso12 como a la participación en actividades de formación y medidas activas de empleo para no perder la prestación. Prácticamente en todos los países se exige la búsqueda activa de un trabajo y que las personas beneficiarias estén registradas en las oficinas públicas de empleo, aunque en la práctica un porcentaje importante de personas suelen mantener la prestación durante periodos largos, a causa de su baja empleabilidad. En este sentido, se ha hablado mucho de los posibles desincentivos de estos programas para el retorno al empleo. Bajo ciertas condiciones, optar por un empleo (renunciando a la prestación) se convierte en un “mal negocio”, puesto que supone sustituir una renta pública que exige pocas contraprestaciones por un salario generalmente bajo, muchas veces en condiciones contractuales precarias y con un horizonte laboral incierto13. Es un problema de diseño de muchos programas que genera la conocida como “trampa de la pobreza”, que ha recibido mucha atención en los últimos años en el debate sobre la eficacia de los sistemas de protección. La mayoría de países de la OCDE han planteado reformas de los sistemas de rentas mínimas para limitar la generación de esos desincentivos y evitar la cronificación de la dependencia, pero generalmente los resultados de estos programas se han evaluado poco y mal14.

La “trampa de la pobreza” no es el único problema conductual que plantean las rentas mínimas. Muchos programas de rentas mínimas imponen controles invasivos y humillantes de la conducta del beneficiario con objeto de incrementar los costes personales de permanencia en su situación de dependencia y encaminarlo hacia la activación. Esos costes van asociados a menudo con dinámicas de estigmatización que pueden generar la renuncia de buena parte de la población potencialmente beneficiaria a solicitar la ayuda a la que tienen derecho (lo que se conoce como el problema del non-take up).

Dicho todo esto, lo cierto es que la investigación existente avala, en general, cierta eficacia de estas políticas focalizadas. Por ejemplo, los trabajos de Kenneth Nelson ponen de relieve que el nivel de las prestaciones asistenciales otorgadas a colectivos de bajos ingresos tras una comprobación de medios está relacionado con los niveles de privación material15. En los países donde estas prestaciones son más generosas, la probabilidad de que los ciudadanos indiquen que se encuentran en situación de privación material es más baja, a igualdad de otras condiciones. Este efecto es especialmente intenso para poblaciones vulnerables —madres solas, personas con bajo nivel educativo, desempleados—. En España también se observan diferencias considerables en los niveles de pobreza más grave en función del sistema de protección por rentas mínimas que ofrecen las distintas comunidades autónomas16.

A pesar de ello, la atención específica a la pobreza per se no suele figurar entre las prioridades del Estado de bienestar y cae muchas veces bajo sospecha. Las grandes partidas de gasto del Estado de bienestar son partidas generalistas de carácter universal o contributivo (recibes en función de tus cotizaciones), como las pensiones, la atención sanitaria o las prestaciones contributivas de desempleo. Son políticas que, en general, son percibidas como legítimas, y España es uno de los países donde esa legitimidad es más alta. En nuestro país la inmensa mayoría de las personas tienen actitudes muy igualitaristas y creen que el Estado de bienestar debe promover esa igualdad. Según datos de una encuesta que tuve ocasión de diseñar con Inés Calzada y Francisco Javier Moreno Fuentes, el 86% de los españoles declaraban que estaban de acuerdo o muy de acuerdo con la frase: “Para que una sociedad sea justa, las diferencias en el nivel de vida de ricos y pobres han de ser pequeñas”17.

Sin embargo, eso no significa necesariamente que se persiga ayudar a los pobres. Buena parte de las políticas que reducen la pobreza lo hacen de manera colateral, sin proponérselo deliberadamente. No están focalizadas en los pobres, aunque los benefician. De hecho, las investigaciones empíricas de distintos autores, a partir de un estudio seminal de Korpi y Palme en 1998, han evidenciado que los Estados de bienestar que abrazan el principio de ciudadanía social universal —en oposición a los que se limitan a garantizar niveles básicos de seguridad económica para los sectores más desfavorecidos— tienden a producir mejores resultados en lo que respecta a la reducción de la pobreza18. La focalización del gasto social en los grupos más desfavorecidos tiene efectos colaterales indeseables al reducir el apoyo social al Estado de bienestar de los colectivos de la población que tienen la impresión de que nunca se van a beneficiar de él y solo van a contribuir a sostenerlo. A resultas de esa erosión de su legitimidad, los gobiernos renuncian a imponer las cargas fiscales necesarias para financiar estas políticas y el volumen agregado de recursos disponibles para la redistribución se reduce.

Dentro de las políticas de bienestar, las ayudas específicas para pobres suelen ser ayudas pobres. Las políticas de rentas mínimas y de lucha contra la exclusión recaban habitualmente una parte muy limitada del gasto público y cualquier expansión del gasto en estas partidas se convierte enseguida en motivo de controversia y rechazo social. Entre segmentos amplios de la población, los pobres son vistos como los menos merecedores de ayuda. En un contexto en el que la estructura de clases sociales se ha desdibujado y la mayoría de la población se autoidentifica como de clase media, los sectores que claramente han quedado atrás tienden a ser estereotipados negativamente. A menudo se los considera vagos, perezosos, incapaces de educar a sus hijos o de hacerse cargo de sus vidas19. También se les atribuyen tendencias al descontrol en sus hábitos, al consumo ostentoso y fuera de lugar. Esta inclinación a vilificar a los pobres es un rasgo distintivo de la llamada aporofobia20.

En ese marco de discurso, la ayuda que se pueda prestar a personas en situación de pobreza se considera fútil. Desde este punto de vista, se cree que los beneficiarios no sabrán utilizarla; dilapidarán recursos públicos en bienes innecesarios para saciar preferencias ilegítimas. Cuando hace unos años la diputada del PP María del Pilar Sol aseguraba en una comisión del Parlamento valenciano que las ayudas sociales se utilizaban para comprar televisiones de plasma u otras cosas inapropiadas, expresaba un sentimiento probablemente bastante extendido21.

Los pobres son, por definición, los que no pueden dar nada a cambio, los que quedan fuera de circuitos de intercambio que conforman el entramado de la vida social. Su dependencia despierta en muchos individuos sentimiento de enojo, desprecio o incluso asco, por violar el principio de reciprocidad, por aceptar algo a cambio de nada. El psicólogo social Jonathan Haidt ha asociado esos sentimientos a uno de los grandes fundamentos de la moralidad humana: la preferencia por la equidad como proporcionalidad22. Los seres humanos tenemos un sentimiento profundo de justicia que nos predispone a dar solo a aquellos de los que podamos recibir y a confiar en que las recompensas se distribuyan de acuerdo con las aportaciones de cada uno23. La conculcación de este patrón de comportamiento es difícilmente aceptable, aunque los sentimientos de rechazo no son los mismos para todo el mundo. Haidt ha evidenciado que las personas que se autoidentifican políticamente como moderadas o conservadoras tienen mucho más acentuado ese principio de equidad como proporcionalidad frente a otros principios de moralidad que podrían inclinarnos a ayudar a los más pobres (como el fundamento del cuidado, que nos predispone a ayudar a los más vulnerables, más arraigado según los análisis de Haidt entre las personas progresistas).

En los últimos años se ha abierto un saludable —aunque muchas veces confuso— debate sobre la Renta Básica Universal (RBU) como mecanismo de erradicación de la pobreza. Con una renta básica incondicional, financiada con un incremento de impuestos, se garantizarían ingresos a la población más pobre sin —supuestamente— coste para la mayoría de la población, salvo la capa del 20-30% más rico, que saldría perdiendo. La renta básica evitaría también las “trampas de la pobreza” y los estigmas asociados a la gestión de las ayudas, ya que los beneficiarios la percibirían con independencia de los ingresos obtenidos en el mercado de trabajo (aunque detraídos a continuación en parte o totalmente en forma de mayores impuestos a los ingresos totales).

Sin embargo, implantar una RBU implicaría una movilización extraordinaria de recursos públicos y el despliegue de mecanismos institucionales inéditos para recaudarlos y administrarlos. Hasta ahora los partidarios de la RBU han sido incapaces de explicar cómo se puede plantear de manera realista la transición política e institucional hacia este modelo. ¿Cómo se va a concitar el apoyo de los “ganadores” en esta transición para promover la reforma del sistema vigente? ¿Cómo se va a vencer la resistencia de los “perdedores”? ¿Cómo se va a superar la predisposición de muchos a ver la equidad como proporcionalidad?

El hecho cierto es que la renta básica incondicional goza de un apoyo social más bien limitado en Europa. Como señala el sociólogo José Antonio Noguera, basándose en datos de la última edición de la Encuesta Social Europea (2016), el porcentaje de personas que apoya una RBU en Europa es heterogéneo24. En la mitad de países europeos hay mayorías aparentemente favorables, aunque salvo escasas excepciones no son abrumadoras. Y digo aparentemente porque, como recuerda Noguera, la opinión de muchos entrevistados no parece consistente. Contra lo que cabría esperar, en todos los países con una elevada proporción de personas partidarias de una RBU también muchas afirman ser favorables a que las ayudas se dirijan solo hacia los más pobres. Esto sugiere que la propuesta, en realidad, no ha sido adecuadamente comprendida. Si consideramos a estos presuntos partidarios de la RBU realmente lo que parecen (personas a favor de un modelo de renta mínima centrado en los más pobres), en gran parte de los países de Europa quedan solo minorías bastante exiguas que apoyan la RBU de manera indiscutida. En el único país donde se ha celebrado un referéndum sobre la RBU (Suiza, en 2016), dos de cada tres votantes la rechazaron.

A mi juicio se impone, por tanto, que la reflexión sobre la lucha contra la pobreza mantenga pretensiones más modestas pero probablemente mucho más viables. Es lo que me propongo en este libro. Salvo en este primer capítulo, no volveremos a hablar de pobreza y políticas de bienestar contra la pobreza en general. Mi objetivo se limita a revisar con cierta exhaustividad lo que sabemos sobre la realidad y las consecuencias de la pobreza infantil y el modo de luchar contra ella con instrumentos de política pública que, en la literatura especializada, han acreditado su eficacia. Centro la atención en la pobreza infantil por una serie de razones que iré desgranando a lo largo del libro que nos evidencian la particular relevancia y repercusiones de esta realidad. Hay razones para pensar que es una de las llamadas a la movilización contra la pobreza general que resultan más legítimas a los ojos de una opinión pública, por lo general reticente a otorgar a la lucha contra la pobreza el protagonismo político y presupuestario que requeriría para asegurar un impacto notable. Sé perfectamente que es una aproximación parcial, que aspira a impulsar solo reformas limitadas y propiciar mejoras incrementales. Pero como especialista en la materia con perfil socialdemócrata, siempre he estado convencido de que los grandes cambios llegan de este modo. En sintonía con autores como Jonathan Haid, estoy convencido de que los principios de moralidad de la ciudadanía son heterogéneos y resulta muy difícil educar los que no nos gustan. Promover con éxito la lucha contra la pobreza resulta difícil porque viola el principio de equidad como proporcionalidad, que está muy arraigado en el sentimiento de la justicia que albergan muchas personas de talante más conservador. Creo que es más fructífero invocar el fundamento del cuidado, comenzando por la atención a los niños, que universalmente activan con más intensidad los sentimientos asociados a este. Como han descubierto muchos publicistas que reclaman nuestro apoyo a toda clase de causas sociales, tendemos a preocupamos más fácilmente por el sufrimiento de la infancia y estamos más dispuestos a socorrerla. Entendemos que un niño en situación de pobreza pueda aceptar sin dar, sin participar en el circuito de reciprocidad que intentamos que sea generalizado en nuestra sociedad. Es más, confiamos más fácilmente en que las ayudas que damos en la infancia puedan servir para integrarlo en el futuro en ese circuito que las ayudas que damos en cualquier otra etapa de la vida. Y la investigación científica ha acreditado que nuestra intuición es acertada.

Eso no supone poner en duda que la pobreza infantil es una expresión de la pobreza general que producen sociedades que van muy deprisa, crean mucha desigualdad y orillan a una parte de la población. Es deseable que un programa robusto de lucha contra la pobreza infantil comience por un compromiso contra la desigualdad y la polarización social. Un compromiso en el que deben estar presentes políticas macroeconómicas para equilibrar rentas de capital y rentas de trabajo, políticas fiscales para recaudar los recursos necesarios para desarrollar políticas redistributivas ambiciosas, políticas laborales para fijar salarios mínimos y combatir la extensión de la precariedad, políticas de género para luchar contra la discriminación de las mujeres en el mercado de trabajo, políticas energéticas para aliviar los costes fijos de la provisión energética en los hogares más desfavorecidos y un sinfín de intervenciones en otros ámbitos. Y también políticas de inversión en infancia. En España han sido a menudo las grandes olvidadas en el menú de políticas de lucha contra la pobreza y la desigualdad. A ellas dedico este libro.

En resumen

Comencé el capítulo aclarando conceptos básicos como desigualdad, privación y pobreza. Luego identifiqué elementos comunes que aparecen en las experiencias subjetivas de la pobreza en distintas sociedades. Caractericé la pobreza como un infortunio que tiene graves repercusiones sobre el bienestar físico y mental de las personas. Terminé analizando las condiciones bajo las cuales es posible desarrollar acción pública contra la pobreza. Estas son las principales conclusiones del capítulo:

La pobreza es expresión de la desigualdad, de situaciones de ventaja y desventaja para vivir lo que se considera una vida apropiada en la sociedad de referencia. La mayoría de los pobres del primer mundo viven en condiciones materiales objetivamente mejores que los pobres de los países en vías de desarrollo, lo que no quita que experimenten situaciones de pobreza. Esas situaciones de pobreza no derivan de su privación absoluta, sino de su desventaja relativa respecto al resto de la población.

Las experiencias de la pobreza generan sentimientos, presiones psicológicas y expectativas que son parecidas en sociedades cultural y económicamente muy distintas: baja autoestima, frustración, autosegregación y sentimientos de baja eficacia.

Las situaciones de desventaja socioeconómica son la “causa de las causas” de la mayor parte de situaciones de mala salud. Son un factor a tener muy en cuenta para explicar el desarrollo de muchas enfermedades y tienen importantes implicaciones para la salud mental. La pobreza puede deteriorar nuestras facultades cognitivas y nos hace más proclives a aceptar creencias irracionales. Ambos procesos perjudican la capacidad de los seres humanos de proceder de forma óptima para sus intereses.

La exclusión social tiene un carácter multidimensional. Los factores de vulnerabilidad no suelen presentarse solos; tienen un carácter acumulativo y son estas dinámicas acumulativas las principales responsables de las situaciones de desventaja generadas.

La pobreza es una experiencia colectiva. Las familias más desfavorecidas suelen residir en entornos donde las situaciones de privación están extendidas. Esos elementos contextuales juegan un papel de primer orden en la generación de desventajas.

Las personas que han nacido en países ricos, con Estados de bienestar generosos y redistributivos, tienen una probabilidad más alta de ser socorridas y recibir apoyo para reintegrarse a una vida normalizada si atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica. A pesar de sus limitaciones para sacar a la gente de la pobreza, los programas de rentas mínimas son un poderoso instrumento para ayudar a los más desfavorecidos.

Sin embargo, no es fácil ayudar a las personas pobres. Entre segmentos amplios de la población los pobres son vistos como los menos merecedores de ayuda. Las políticas de apoyo a la infancia vulnerable ofrecen una vía para luchar contra la pobreza que, en términos generales, despierta menos recelos que las políticas cuyos principales beneficiarios son adultos.

Capítulo 2

LA POBREZA INFANTIL BAJO EL FOCO

A comienzos del siglo XX, uno de los científicos sociales pioneros en el estudio de la pobreza, Seebohm Rowntree (1901), observaba que el riesgo de pobreza estaba estrechamente ligado al ciclo vital y familiar de las personas. La vida de un trabajador atravesaba cinco etapas alternativas de necesidad y abundancia relativa. La primera experiencia de pobreza se solía experimentar en la infancia, cuando a menudo los ingresos del cabeza de familia no bastaban para alimentar todas las bocas en el hogar. Esta etapa de escasez se prolongaba hasta que los miembros de la segunda generación obtenían recursos que se sumaban a los ingresos parentales. En esta etapa, posiblemente el joven tuviera incluso ocasión de acumular ahorros y preparar su emancipación. Sin embargo, la situación volvía a empeorar después de emanciparse y formar su propia familia. La llegada de los hijos solía traer consigo condiciones de carestía. Esta etapa duraba hasta que el primer hijo alcanzaba la edad de trabajar (que a la sazón se situaba en torno a los 14 años), que inauguraba una nueva etapa de abundancia que solo interrumpía la entrada en la vejez. En la vejez se conjugaban dos situaciones que abocaban a la precariedad económica: por una parte, se había dejado de contar con las contribuciones económicas de los hijos a la economía doméstica; por otra, la capacidad de trabajar y de procurarse ingresos propios se resentía. Rowntree está radiografiando la pobreza en una etapa histórica en la que todavía no se habían desarrollado los modernos sistemas de pensiones y las personas continuaban trabajando hasta el final de sus días si su salud se lo permitía. Una salud frágil los abocaba a situaciones de extrema carestía.

La sociedad ha cambiado mucho desde que Rowntree proporcionara esta caracterización de la pobreza en el ciclo vital. El capitalismo, los mercados de trabajo y el sistema público de protección social poco tienen que ver con los de Reino Unido a la entrada del siglo XX. Pero habiendo sido muchos y muy significativos los cambios, no deja de ser una ironía que cuando hablamos de pobreza esta sigue inevitablemente asociada a la infancia, especialmente si se tiene en cuenta, además, la mejora sustancial de las condiciónes de las personas mayores, que en muchos países de Europa presentan las tasas de riesgo de pobreza más bajas de sus poblaciones de referencia.

El rejuvenecimiento de la pobreza

En las últimas tres o cuatro décadas, en la mayoría de los países de Europa se ha producido una redistribución radical de la pobreza en el ciclo vital. Las personas mayores han visto significativamente mejoradas sus condiciones de vida. A ello contribuyen dos factores. En primer lugar, las personas que se jubilan a partir de la década de los sesenta presentan trayectorias laborales continuas y ascendentes, lo que asegura unas bases de cotización altas cuando el derecho a la pensión está ligado a las contribuciones realizadas, como sucede en la mayoría de los sistemas. En segundo lugar, a lo largo de las últimas décadas, el valor real de las pensiones y otras prestaciones que favorecen a las personas de edad avanzada ha crecido.

Los Estados de bienestar son hoy más generosos con sus personas ancianas de lo que lo eran hace tres o cuatro décadas, a igualdad de condiciones de cotización. En muchos de estos países, el discurso público favorable a la expansión de los sistemas de protección durante los años sesenta y setenta se fundamentó en estereotipos poderosos sobre la situación de las personas ancianas. En esos discursos, estas eran presentadas como un colectivo homogéneo: pobre, económicamente dependiente, frágil, objeto de discriminación y, ante todo, “merecedor” de cualquier ayuda que pueda recibir25. En los últimos años las administraciones públicas han impulsado a menudo medidas complementarias a las que se habían desarrollado en etapas anteriores de expansión de la protección pública: servicios de asistencia domiciliaria, actividades de ocio programadas, subvenciones en el transporte público, medicamentos, entre otras. Los beneficiarios/as de la mayoría de estos servicios y subvenciones son las personas que han alcanzado cierta edad, sin distinción alguna. La elegibilidad es independiente de su condición social o el estatus económico de la persona beneficiaria. La concentración de los recursos financieros de los presupuestos sociales en la protección social de la población anciana —su encanecimiento— ha hecho que los estados-providencia se conviertan poco a poco en “estados-providencia para la vejez”, utilizando la expresión acuñada por John Myles26.

Mientras esto ocurría, la atención a la infancia (y en general, de los más jóvenes) no avanzaba o incluso empeoraba. Uno de los primeros autores en llamar la atención sobre estas cuestiones es el demógrafo Samuel Preston. En un artículo de influencia enorme, tanto académica como social y política, Preston alerta sobre el incremento extraordinario de la pobreza infantil y juvenil en Estados Unidos27. La situación de los colectivos más jóvenes se asocia tanto a transformaciones demográficas —la desestructuración creciente de las familias y el aumento consiguiente de hogares monoparentales— como a recortes en las políticas federales de apoyo a hogares en los que residen menores. Preston constata que, en poco más de una década, se invierten los mapas del bienestar económico. Mientras en 1970 la incidencia de la pobreza entre la población de 65 y más años duplica la media del país, en 1982 figura por debajo de la media nacional. Por el contrario, la pobreza infantil evoluciona en sentido contrario: a inicios de los setenta es inferior a la de la población anciana (en un 37%), pero en 1982 es ya claramente superior (en un 56%).

El trabajo de Preston representa el arranque de una actividad cada vez más robusta de investigación sobre el rejuvenecimiento de la pobreza y sus posibles consecuencias. La evidencia comparativa de que este proceso se ha generalizado en la mayoría de los países desarrollados es sólida, como avalan los estudios de la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. En un informe muy citado del año 2008, Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD, se concluye que los riesgos de pobreza han aumentado de forma notable y progresiva entre los grupos de edad más joven —menores de 25 años— y han disminuido en las personas de edad más avanzada28. El empeoramiento de la situación de los hogares con niños/as es significativo y particularmente acusado en hogares encabezados por un progenitor solo (habitualmente la madre) y en familias numerosas. En contraste, los hogares en los que viven personas mayores de 64 años han experimentado una mejora notable en su situación financiera, que ha beneficiado en especial a las personas ancianas que viven solas. La relevancia de la edad como factor a tener en cuenta para explicar la evolución de la desigualdad figura, a partir de ese momento, en todos los diagnósticos de este organismo internacional, tanto a nivel general como en sus informes de país (country reports), especialmente cuando los países presentan desequilibrios considerables, como sucede en España.

La crisis que se inicia en 2008 tiene también un impacto diferencial notable en los distintos grupos de edad. Los incrementos de pobreza que se producen en toda Europa se concentran en los tramos de edad más jóvenes, mientras que en prácticamente todos los países de la UE-15 sigue disminuyendo entre los mayores de 64 años. El siguiente gráfico, que procede de un capítulo del 3er Informe sobre la Desigualdad en España, que tuve la ocasión de escribir con Emma Cerviño y Albert Julià, lo atestigua. España (en trazo negro) sobresale como el país donde el nivel de pobreza de niños, jóvenes y jóvenes adultos crece más y el de mayores se reduce de manera más pronunciada.

A la salida de la crisis Europa es un lugar donde la vulnerabilidad económica se concentra claramente en las etapas más tempranas: niños y jóvenes. Más allá del riesgo de pobreza —el indicador convencional utilizado para capturar las situaciones de pobreza relativa— otros indicadores reflejan las mismas tendencias. Así, a escala europea, en 2015 el indicador AROPE (que mide riesgo de pobreza o exclusión) evidencia una realidad parecida: el 26,9% de los niños y niñas se encuentran en situación de pobreza o exclusión frente al 17,4% de los mayores de 65 años29. Los menores también son más proclives a experimentar privación material severa: le ocurre de media al 9,5% de los niños de la UE frente al 5,5% de los mayores de 65 años. Con este tipo de indicadores cuantitativos la Fundación Bertelsmann calcula anualmente un Índice de Justicia Social que captura varias dimensiones socioeconómicas: la pobreza, la equidad en materia educativa, el mercado laboral, la cohesión social y no discriminación, y la salud. Una de sus conclusiones recurrente es que en la mayoría de indicadores que capturan la justicia social se observa una brecha creciente entre personas jóvenes y mayores.

¿Cómo se han generado estos desequilibrios? Es un debate no zanjado por estudiosos e investigadores. Parece evidente, por una parte, que la población mayor ha conseguido hacer valer su peso demográfico y electoral en un contexto de envejecimiento. La población mayor influye sobre el gasto de dos modos: 1) su crecimiento demográfico crea la necesidad de incrementar el gasto cuando la sociedad envejece, y 2) se convierte en el primer cliente de algunas de las principales políticas sociales del Estado de bienestar (especialmente las pensiones y la atención sanitaria) y un apoyo político de líderes y partidos que abogan por su mantenimiento y expansión. Desde que sociólogos y politólogos se pusieran a analizar los determinantes de la expansión de los Estados de bienestar, allá por la década de los setenta, una de las tesis más incontestables es la relación entre el tamaño de la población anciana y la magnitud del gasto social. Los politólogos Fred C. Pampel y John B. Williamson sugieren también que la “presión de una población anciana numerosa” es la influencia más importante sobre los niveles de gasto30.

El gasto en programas para la población mayor (pensiones) o de los que son beneficiarios principalmente personas de edad avanzada (atención sanitaria, servicios de cuidado a la dependencia) no ha dejado de crecer incluso en etapas recientes de menor crecimiento económico y menor expansión del Estado de bienestar. En el contexto de contención de gasto público que se inaugura en muchos países a partir de la década de los ochenta, o incluso de austeridad (como la vivida en la última crisis), el gasto en programas para mayores, sin embargo, ha tendido a mantenerse o incluso a crecer. La población mayor constituye un segmento electoral numeroso y muy predispuesto a combatir iniciativas dirigidas a contener el gasto público en programas de los que ellos/as son los beneficiarios principales. Ningún líder político o partido que aspire a ganar las elecciones puede permitirse arriesgar en este terreno. La mayoría de gobernantes que necesita (o tiene la voluntad) de recortar gasto público opta por estrategias cautelosas de “elusión de culpa” (blame avoidance) para no incomodar a este sector, intentando por ejemplo hacer recaer la responsabilidad en agentes externos (“las exigencias de Bruselas”), escondiendo los ajustes tras una nebulosa de complicados cálculos matemáticos (el factor de sostenibilidad) o difiriéndolos en el tiempo (traspasando así su aplicación efectiva a gobernantes futuros). A resultas de todas estas cautelas que es necesario adoptar, cuando ante condiciones económicas adversas se imponen ajustes presupuestarios, rara vez recaen sobre las personas mayores y los paganos de los ajustes muchas veces terminan siendo otros grupos sociales cuya reacción es menos temida por los gobernantes.

La población joven y la infancia son, en ese sentido, eslabones más débiles. En las últimas décadas, muchas de las grandes transformaciones que han tenido lugar en la esfera económica, como consecuencia de los procesos de globalización, reorganización de los procesos productivos y cambio tecnológico, así como la reacción política frente a estos procesos (políticas fiscales, de regulación financiera y laboral, políticas de bienestar), tienden a concentrar los riesgos sociales en segmentos más jóvenes de la población. Estas franjas son las grandes damnificadas de cambios tanto en el mercado de trabajo, donde encuentran dificultades crecientes para estabilizar sus carreras y procurarse la solvencia económica, como por la falta de respuestas de los sistemas de protección social, incapaces de adaptar adecuadamente sus estructuras y dispositivos a las nuevas necesidades que demandan los colectivos vulnerabilizados. Junto a ello, muchos niños y adolescentes viven realidades familiares más frágiles, a cargo de un adulto solo o sin el amparo de familias extensas.

La situación es especialmente desventajosa para los jóvenes en países con mercados de trabajo muy segmentados, como España, donde existe una fuerte correspondencia entre la posición laboral y la edad del trabajador. En estos países, muchos jóvenes y jóvenes-adultos participan en el mercado de trabajo en condiciones de precariedad, en una travesía más o menos larga hacia la estabilidad. Eso significa que, durante años, su trayectoria se ve salpicada por periodos de desempleo y empleos precarios (y generalmente mal pagados). Aquellos que han alcanzado la autonomía residencial o se han embarcado en un proyecto familiar en estas condiciones afrontan, por lo general, importantes riesgos de pobreza, arrastrando a la vulnerabilidad económica a sus hijos dependientes (en caso de haber optado por tener descendencia).

La dualización laboral entre estables y precarios se refleja en la dualización de la protección social. Buena parte de esa protección tiene un carácter contributivo y, por tanto, está reservada a trabajadores con itinerarios relativamente largos y estables en el mercado de trabajo. El ejemplo más obvio son las prestaciones por desempleo. En países como el nuestro estos programas excluyen a la mayor parte de los jóvenes desempleados, ya sea porque no cumplen los requisitos de tiempo de cotización necesarios para empezar a cobrar la prestación, ya sea porque agotan rápidamente las prestaciones a las que tienen derecho al caer con asiduidad en la situación de desempleo.

La débil protección social a desempleados y precarios se combina, en algunos de estos países, con una débil protección a familias y niños. Eso es particularmente evidente en los países europeos mediterráneos. Tradicionalmente, la fortaleza interna del sistema familista mediterráneo (la fuerte institucionalización del matrimonio, la relativa abundancia de mujeres dedicadas a ser amas de casa a tiempo completo, la intensidad de contactos entre hogares y los vínculos intergeneracionales) ha permitido a los gobiernos “despreocuparse” de la atención a las familias. En un marco ideológico y discursivo de raigambre profundamente católica, las apelaciones normativas a las responsabilidades de la familia han servido durante mucho tiempo para legitimar una prestación de servicios sociales escasos, así como para justificar abiertamente la inacción política en estas áreas de las políticas sociales31. El papel central otorgado a la familia permitía a los gobiernos confiar en que fuera ella la que se ocupara de satisfacer las necesidades asistenciales de sus miembros y garantizar su seguridad económica, con la excusa de que eran asuntos en que al Estado no le competía entrar. En caso de asumir estas tareas, el Estado podría provocar procesos perversos que redundarían en un deterioro de la calidad de la asistencia que ya se estaba prestando. Cuando la provisión familiar resultaba inadecuada para asegurar el bienestar de los miembros, a los ojos de la sociedad estábamos ante una disfuncionalidad de la propia familia que debía ser reprochada en todo caso al “cabeza de familia”, no ante una incomparecencia de la política pública. Los niños, en particular, eran vistos como un bien privado de sus padres y por tanto asegurar su bienestar no era conceptualizado como una responsabilidad pública.

En ese sentido, a diferencia de lo sucedido en países del norte de Europa (del régimen de bienestar escandinavo) y de algunos países centroeuropeos (Holanda, Francia, Bélgica y últimamente Alemania), los estados del sur de Europa han dado tradicionalmente por descontado su escaso protagonismo en los “asuntos familiares”. A resultas de ello, las políticas de familia e infancia, en general, presentan serios déficits. El gasto en el capítulo de familias e infancia de los países del sur de Europa se sitúa sistemáticamente entre los más bajos de la Unión Europea, lo que se traduce, entre otras cosas, en un escaso desarrollo de los servicios públicos de apoyo a las familias con niños (escuela infantil 0-3 años, atención a la infancia fuera del horario escolar o en vacaciones, atención sanitaria temprana, servicios de acompañamiento a familias vulnerables, etc.) y de las prestaciones monetarias por hijo a cargo.

A la postre, en muchos países las políticas de bienestar, tanto en lo relativo a la protección por desempleo y precariedad como de apoyo a las familias, han terminado resultando manifiestamente insuficientes para sacar de la pobreza a muchos hogares con menores a cargo. A ello contribuye, además, la transformación del tejido familiar de las sociedades occidentales (no solo la mediterránea) como consecuencia de nuevos fenómenos de individualización y fragilización de la institución matrimonial. La institución familiar ha experimentado en las últimas décadas cambios revolucionarios. Estas transformaciones han traído consigo la extensión de nuevas tipologías de hogares, como los monoparentales encabezados por un adulto solo (generalmente la madre) que tiene a su cargo uno o varios hijos. En su inmensa mayoría, los hogares monoparentales son producto de un divorcio (o la disolución de una pareja de hecho) tras el cual la posición económica del hogar donde permanece el niño tiende a empeorar sustancialmente. En muchos hogares desparece una fuente de ingresos —la del progenitor que abandona la vivienda, que cuando es el varón es también a menudo el principal sustentador económico— y los regímenes de manutención impuestos muchas veces no garantizan el nivel de vida al que estaba acostumbrado el menor (y muchas veces no se pagan o se hace con retraso). Por otra parte, el hecho de que las tasas de divorcio hayan aumentado de manera considerable, y lo hayan hecho especialmente en los sectores más desfavorecidos de la población, tiene implicaciones sobre la distribución de situaciones de vulnerabilidad, provocando el incremento de las tasas de pobreza infantil.

La concentración de la vulnerabilidad económica en la juventud y la infancia tiene, por tanto, diferentes causas y diferentes vertientes. Tendemos a fijarnos en procesos que afectan negativamente a los ingresos de los hogares; y una vertiente que no conviene olvidar es el aumento del coste de bienes y servicios básicos. Entre ellos destaca la carga que representa el coste de las viviendas, especialmente para personas y hogares que han acometido la compra de viviendas recientemente o viven de alquiler. Como han puesto de relieve distintos trabajos, el encarecimiento de la vivienda supone un factor importante de estrangulamiento financiero para los hogares. Según estimaciones de la OCDE, en las últimas dos décadas los precios de la vivienda en los países miembros de esta con información disponible han crecido dos veces más que la inflación y un 50% más que los ingresos medianos32. El incremento de los costes de la vivienda, por tanto, ha repercutido más sobre los colectivos que las han adquirido en los últimos años entre los cuales, como es fácil imaginar, están sobrerrepresentadas las familias jóvenes.

La experiencia de la pobreza infantil

En etapas puntuales de mi vida he atravesado situaciones de riesgo de pobreza33. La principal de ellas duró cerca de dos años. Tenía 27, vivía en una habitación en piso compartido en una ciudad norteamericana, con ingresos muy escasos que me colocaban claramente por debajo del umbral de pobreza (bastante lejos de él, de hecho) y me abocaban a intensas estrecheces económicas. Aprendí rápidamente lo que son las dificultades para llegar a fin de mes. Durante semanas, los paquetes de fideos ramen se convertían en mi principal fuente de calorías diarias por no poder permitirme seguir una dieta más equilibrada. Engordé varios kilos y, aunque nunca lo comprobé, estoy seguro de que en mi metabolismo saltaron muchas alarmas durante ese periodo. Mi cesta de la compra se redujo a lo básico. Con un modesto coche que tenía acudía al hipermercado más barato de la ciudad para ahorrar calderilla hasta que tuve que venderlo porque no podía seguir pagando el seguro y la gasolina. Esa venta, paradójicamente, incrementó rápidamente el precio de mi cesta de la compra (ahora en un supermercado local, mucho más caro) y mis estrecheces económicas. Incluso tuve que renunciar a la atención sanitaria tras un pequeño accidente doméstico por no poder costearla. Todo ello sucedió mientras era estudiante de doctorado en Estados Unidos, tras agotarse la beca que me permitió enrolarme en el programa y contar con un generoso seguro médico y a la espera de conseguir nuevas fuentes de financiación.

Salí de la pobreza indemne, salvo por el peso (nunca dejé por completo los 15 kilos que cogí esos meses). Y no recuerdo esa etapa con horror. Quizás nunca fui pobre del todo. En realidad siempre estuve en disposición de activar el dispositivo de salida: renunciar a mis estudios y volver a España, donde mi familia seguramente me habría acogido y ayudado a encarar la transición a una nueva vida. Tenía además razones para confiar en el futuro, en mi capacidad de convertir el capital educativo que estaba adquiriendo en un brillante itinerario profesional. Había luz al final de túnel y yo, a pesar de los agobios, la podía intuir. Mi experiencia en la pobreza fue, por tanto, acotada y anómala, y no merece que le dé muchas más vueltas aquí salvo para contrastarla con la de quienes sufren la pobreza con todo rigor. Al fin y al cabo, en mi caso todo estaba, en buena medida, bajo control.

Esa sensación de control es ajena a la experiencia de muchas familias en situación de pobreza. La pobreza llega para quedarse un tiempo indefinido, en muchos casos más del año y medio aproximadamente en que yo la experimenté. En España, alrededor del 10% de los ciudadanos están en una situación de pobreza persistente. Durante la crisis, bastantes más. El riesgo de pobreza persistente es un indicador que describe la proporción de personas cuyos ingresos disponibles se encuentran por debajo del umbral de pobreza en el año en curso y en, al menos dos de los tres años anteriores. Captura situaciones de pobreza que se prolongan en el tiempo y, por tanto, someten a los hogares que lo experimentan a condiciones de estrés financiero continuado en las que corren un serio riesgo de descapitalizarse como resultado de la pérdida de patrimonio y ahorro. En España, y en un gran número de países, estas situaciones tienden a concentrarse en hogares con niños, como puede observarse en el siguiente gráfico en tres periodos en que la tasa de pobreza fue medida para los mismos individuos durante cuatro años. En la última etapa de la crisis, el 22,3% de los menores de 18 años había pasado tres de los cuatro años anteriores a 2015 en situación de riesgo de pobreza.

Gráfico 1

Tasa de riesgo de pobreza persistente según edad
en tres periodos de la crisis

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV.

Hacerse una idea de qué significa la pobreza infantil no es fácil. Enseguida se adueñan de nosotros estereotipos muy potentes anclados en el imaginario colectivo. En España y otros países económicamente avanzados es infrecuente observar las formas extremas de miseria (niños que llevan harapos, sufren desnutrición o no tienen de acceso a suministros de primerísima necesidad, como luz y agua). Eso ha llevado a algunas personas a negar que en nuestro país haya pobreza infantil y tengamos que prestar más atención a las situaciones existentes. Pero como vimos en el capítulo anterior, la pobreza en el mundo desarrollado se hace evidente si se conceptualiza adecuadamente.

Cuando lo hacemos, las situaciones de privación material en la infancia entrañan pocas veces experiencias extremas, pero acarrean desventajas relativas que pueden ser muy profundas y tener importantes implicaciones. Desventajas para participar en su sociedad en condiciones elementales que aseguren una vida “adecuada” conforme a los parámetros considerados normales por la inmensa mayoría de la población, así como para garantizar que estos niños y niñas puedan desarrollar sus facultades, talentos y capacidades libres de hándicaps que se lo impidan.

Junto al negacionismo menos acomplejado existe otra forma de escepticismo más sibilina que, desde premisas bienintencionadas, puede tener efectos colaterales perversos: la que sugiere que no existe pobreza infantil por el mero hecho de que los niños viven en hogares y que, por tanto, debemos hablar de “pobreza familiar”.

Que los niños pobres viven en familias pobres es, evidentemente, una verdad de perogrullo. Pero no es menos cierto que no todos los hogares están igualmente expuestos al riesgo de pobreza y, precisamente en España, la pobreza se concentra de manera muy desproporcionada en familias con niños (y jóvenes), como veremos en el siguiente capítulo. En esos hogares, sin duda, la experiencia de la pobreza la comparten todos sus miembros. Pero la pobreza se vive también en los entornos de esos hogares y deja huellas que no se pueden considerar estrictamente simétricas en menores y adultos.

La experiencia de la adversidad económica en la infancia no es una forma de malestar como cualquier otra. Es una experiencia crítica que influye sobre procesos nucleares de la vida de la persona: su educación, su salud, su predisposición a desarrollar hábitos perjudiciales, su inserción laboral, etc. Se vive en el hogar, donde son frecuentes las situaciones de privación de bienes básicos (dieta equilibrada, espacio autónomo suficiente para estudiar, vivienda convenientemente acondicionada) y las tensiones socioemocionales derivadas de la falta de recursos. Pero también se vive en la escuela, donde si eres pobre es más probable que acudas a un centro con altos niveles de segregación y aparezcan problemas de educabilidad en el aula que comprometan los procesos de aprendizaje. Que vivas en barrios que ofrecen menos oportunidades de ocio, aislados del centro de las ciudades, donde esas opciones se acumulan. Que en tu entorno vecinal escaseen personas que constituyan referencias de éxito social y abunden ejemplos de conocidos y familiares con trayectorias profesionales estancadas o declinantes. Que disfrutes de menos oportunidades de completar tu formación en actividades extraescolares, en cursos de verano o en estancias en otro país.

La génesis del fracaso escolar, de la obesidad en la vida adulta (y las afecciones que lleva aparejadas), de la empleabilidad en etapas de inserción al mercado laboral, de las oportunidades de prosperar en el mercado de trabajo y de muchas otras dinámicas que marcan la forma de desenvolverse en la vida adulta, hay que buscarla en la etapa infantil. Durante las primeras etapas de la vida los niños que viven en situaciones de adversidad económica tienden a estar más expuestos a factores que pueden afectar negativamente a su salud, su progreso cognitivo y al desarrollo de su personalidad. Repasemos algunos de ellos. Ruego al lector menos avezado en revisiones bibliográficas de la literatura científica cierta paciencia. Las páginas que vienen a continuación son un inventario de muchos estudios en el que a cada uno solo le puedo dedicar unas breves líneas.

Condiciones de estrés familiar
y presión ambiental

En este apartado hay que reseñar tres tipos de líneas de investigación. La primera rastrea el impacto de la pobreza sobre los climas familiares, la calidad de las prácticas parentales y otras dinámicas de sociabilidad. La segunda línea de investigación pone el foco en cualidades de los entornos del menor, tanto en la vivienda (espacio y acondicionamiento) como en los barrios donde reside. La tercera línea de trabajo analiza los impactos biológicos de las experiencias de estrés y sus implicaciones sobre la salud, el desarrollo de capacidades ejecutivas básicas y de competencias cognitivas.

Por lo que se refiere al primero de estos enfoques, las presiones económicas para ajustar los gastos, pagar facturas y comprar bienes básicos suelen ser fuentes importantes de estrés familiar que pueden alimentar sentimientos agresivos o síntomas depresivos. Son también a menudo factor de deterioro de relaciones conyugales e intergeneracionales en el hogar, aunque es difícil determinar hasta qué punto este deterioro es causado por la privación económica u otras formas de exclusión social que pueden presentarse conjuntamente. Cuando los recursos son escasos, los climas familiares se tensan. Los resultados de numerosos estudios coinciden en señalar que una de las principales formas de expresión de la pobreza o las adversidades económicas es el aumento de los conflictos de pareja y la erosión de la calidad de las prácticas parentales34, 35. En estas condiciones, los padres son más propensos a adoptar estilos autoritarios, punitivos e incoherentes, que perjudican a sus hijos. La investigación realizada sobre estas cuestiones evidencia que en hogares estresados financieramente los padres tienden a prestar menos atención a las necesidades de sus hijos, son menos proclives a expresarles cariño y ternura y reducen la estimulación de sus capacidades cognitivas36. En casos extremos, estas situaciones pueden conducir a situaciones más graves de negligencia37.

Por otro lado, existe evidencia que vincula las experiencias de pobreza infantil con el deterioro del bienestar relacional en el grupo de iguales. Por ejemplo, análisis recientes con datos longitudinales del Milennial Cohort Study británico muestran que los niños que están en situaciones de pobreza (sobre todo si es persistente) tienen una mayor probabilidad de experimentar aislamiento, sufrir acoso, declarar que tienen problemas para hacer amigos, y son más proclives a verse involucrados en peleas38.

A estos efectos sobre la red de sociabilidad se suman a menudo otras condiciones ambientales desfavorables. La pobreza afecta a las condiciones de habitabilidad y adecuación de viviendas, que pueden influir en la salud de los niños y su progreso educativo. Una cuestión muy debatida es la asociación entre pobreza y falta de espacio. Hay un volumen considerable de literatura especializada que ha acreditado la relación entre hacinamiento y problemas en distintos ámbitos del desarrollo infantil39. Es difícil determinar si esta relación es de causalidad. Sin datos que permitan hacer un seguimiento de los mismos individuos a lo largo del tiempo, es arduo dilucidar la naturaleza de este vínculo y la influencia de otros factores que actúan simultáneamente. Pero la evidencia no deja lugar a dudas: el hacinamiento se presenta en conjunción con las formas de vulnerabilidad social. Los niños que crecen en condiciones de hacinamiento tienden a presentar más problemas de salud en la infancia y en su vida adulta40, 41. También ha sido acreditado que existe una relación entre vivir en una situación de hacinamiento como adulto y la salud, particularmente en lo que se refiere a la salud mental42. Los riesgos para la salud física se agravan si la falta de espacio se suma a otros problemas de vivienda como la presencia de humedades, la falta de luz o de una ventilación apropiada. Los niños que viven en condiciones de hacinamiento también son más propensos a presentar problemas de estatura43. Por otro lado, hay varios estudios que evidencian una relación entre hacinamiento y bajo rendimiento educativo44. La falta de espacio dificulta especialmente el esfuerzo educativo en horario extraescolar45, 46.

Otras investigaciones han puesto el foco en la desigual exposición de los niños a riesgos. Es muy voluminosa la literatura especializada que ha relacionado crecer en situación de pobreza y la exposición a factores tóxicos como el tabaco (la prevalencia del hábito tabáquico es mayor en los hogares desfavorecidos), las emisiones contaminantes de vías de circulación o instalaciones industriales cercanas. La pobreza, por ejemplo, aumenta el riesgo de exposición excesiva al plomo, que se ha relacionado con diversos problemas neurológicos y de comportamiento en la infancia47. Los niños y niñas desfavorecidos también tienen una probabilidad más alta de sufrir el riesgo físico de ser víctimas de violencia, accidentes o resultar heridos durante su infancia48.

En términos generales, los niños de origen socioeconómico desfavorecido están más expuestos a condiciones y a episodios vitales desestabilizadores que producen experiencias de estrés. Estas experiencias provocan respuestas adaptativas del cuerpo para restablecer su estabilidad interna (alostasis). En el curso de estos procesos, la carga alóstática (el desgaste en que incurre el cuerpo para posibilitar ese restablecimiento) puede desencadenar cambios fisiológicos con repercusiones potenciales sobre la salud49.

La pobreza en la infancia no solo aumenta el riesgo de mala salud durante esta etapa, sino que también tiene efectos directos a largo plazo sobre la salud como indirectos sobre el nivel socioeconómico de las personas, que afecta a su vez a la salud a lo largo del ciclo vital. Trastornos crónicos y afectaciones en la vida adulta como la obesidad, la depresión, el bajo desempeño físico, las limitaciones funcionales o la fragilidad de los mayores, entre otros, han sido asociados con las experiencias de vulnerabilidad económica en la infancia50.

En esta misma línea, un campo emergente de estudios está poniendo de relieve que algunos de nuestros procesos biológicos internos más básicos son mucho más maleables de lo que creíamos. En particular, un volumen creciente de estudios evidencia que la transcripción de muchos genes que ayudan a conformar la identidad molecular de los individuos está influida por procesos sociales a los que están expuestos, entre otros la pobreza infantil51.

En este sentido, hasta hace poco sabíamos que experiencias de trauma en la infancia (abuso, abandono, etc.), sobre todo en los primeros años, pueden tener efectos epigenéticos; esto es, sin alterar los códigos genéticos básicos, influyen sobre su expresión, modificando así nuestro desarrollo biológico52. En los últimos años, diferentes estudios acreditan de forma cada vez más robusta la relación entre condiciones socioeconómicas en la infancia y patrones biológicos diferenciados, como la metilación del ADN, el tamaño y la superficie de áreas cerebrales o el funcionamiento inadecuado de estructuras neuronales —hipotálamo, amígdala, corteza prefrontal— que pueden causar problemas de salud y comportamiento, afectar a los dispositivos que intervienen en la regulación de las emociones e influir sobre el desarrollo cognitivo.

Un grupo de investigadores canadienses y británicos utilizó muestras sanguíneas recogidas a participantes en un estudio longitudinal que había hecho acopio de datos socioeconómicos de sus vidas en diferentes etapas de su trayectoria (British Cohort Study). La conclusión principal del trabajo fue que los individuos que había experimentado desfavorecimiento en la infancia presentaban patrones de metilación diferenciados. La correlación de estos patrones de metilación en la vida adulta con la posición socioeconómica en la infancia era mucho mayor que con la posición socioeconómica que ocupaban ya de adultos53.

La respuesta epigenética puede ser uno de los factores desencadenantes de mala salud. Son muy ilustrativos, en este sentido, los trabajos que ponen en relación la condición socioeconómica y procesos fisiológicos que contribuyen al desarrollo de enfermedades como la inflamación crónica, la resistencia a la insulina o con problemas de regulación del cortisol. Por ejemplo, el asma en niños de bajo nivel socioeconómico ha sido vinculado a la transcripción anómala de los genes que regulan diversos procesos inflamatorios en respuesta al estrés y a las heridas físicas54.

Estos trabajos son algunos de los primeros de un cada vez más extenso volumen de investigaciones que ponen de relieve la relación entre la pobreza infantil y el desarrollo y funcionamiento diferenciado de estructuras biológicas. Uno de los campos más fértiles de investigación dentro de esta línea es el que se ha concentrado en las estructuras cerebrales, analizadas con resonancias magnéticas. En distintos trabajos publicados en los últimos años varios equipos de neurocientíficos han acreditado que el desarrollo de ciertas áreas y estructuras del cerebro es diferente en niños que provienen de distinta extracción social. Y lo que es más interesante todavía, ese desarrollo diferenciado se relaciona con dinámicas de progreso cognitivo, capacidades de aprendizaje y rendimiento educativo; los niños de origen humilde tienden a presentar desarrollos cerebrales que correlacionan con peores resultados. Por ejemplo, en 2015 la neurocientífica Kimberly Noble coordinó el estudio con muestra más amplio realizado hasta este momento, que examinó los cerebros de 1099 niños y jóvenes de 3 a 20 años. Los resultados no dejaban lugar a dudas. La superficie cerebral de los niños es mayor a medida que aumentan los ingresos de su hogar. Entre los niños más humildes, pequeñas variaciones en el estatus económico se relacionan con grandes diferencias en la superficie cerebral, especialmente en áreas cerebrales que desempeñan un papel central en la conformación de capacidades ejecutivas básicas, competencias lingüísticas y memorísticas. Por tanto, aunque puedan observarse diferencias a lo largo de toda la distribución de ingresos, las mayores brechas se dan entre los niños que se encuentran en situaciones de pobreza y los que no.

Criarse en condiciones de pobreza puede convertirse en un hándicap importante que lastra el desarrollo de los niños y afecta a sus facultades en diferentes dimensiones. Evidentemente no todos los niños en entornos desfavorecidos sufren alguna de estas afectaciones, ni el hecho de que las experimenten significa que inevitablemente vayan a alterar decisivamente su vida. Pero suponen una primera forma de desventaja que muchas veces se suma a otras. Veamos más:

A. Dotaciones e inversiones

En su famoso Tratado sobre la familia (1991), el Premio Nobel de Economía Gary Becker escribió que el desarrollo del niño es el producto de dos flujos de entrada: las “dotaciones” que recibe de sus padres (que, además de los recursos financieros disponibles en el hogar, incluye las predisposiciones genéticas y los beneficios ligados a los recursos educativos de los padres, que afectan sus valores y preferencias) y las “inversiones” que los padres dedican a esos hijos. Estas inversiones pueden ser, básicamente, de tiempo y dinero. La combinación de dotaciones e inversiones en diferentes familias “produce” niños con desiguales capacidades para aprovechar las oportunidades que les ofrece la vida.

En primer lugar, los recursos materiales disponibles condicionan las inversiones que pueden hacer las familias en sus hijos. En situaciones de privación económica, las inversiones de índole educativa no suelen ser la prioridad. Las familias pobres deben dedicar la mayor parte de su presupuesto a bienes básicos (vivienda, alimentación, ropa y calzado) y tienen dificultades para financiar insumos que contribuyen al éxito educativo, como libros o material escolar, profesores de apoyo, escuelas de calidad, actividades extraescolares o de ocio educativo en verano. Muy a menudo también tienen una capacidad más limitada de invertir tiempo en sus hijos porque sus días de trabajo son menos flexibles o desempeñan sus tareas laborales en horarios asociales.

Los recursos materiales disponibles influyen sobre otras inversiones determinantes. Una de las más importantes es la alimentación. En los hogares pobres se come peor desde un punto de vista nutricional, lo que predispone al sobrepeso y la obesidad. Aunque la escasez de recursos materiales es solo una de las causas que explican esa proclividad a seguir dietas desequilibradas, existe abundante literatura que acredita la relación entre el bajo precio de los alimentos y bebidas no saludables y las pautas de consumo de los hogares más vulnerables. Investigación reciente ha evidenciado además que el entorno alimentario próximo a los centros escolares influye negativamente sobre las pautas de consumo y lo hace de manera socialmente asimétrica. Tiende a haber más tiendas de alimentación y bebidas baratas y poco saludables cerca de centros escolares de los barrios más desfavorecidos55. Si a ello unimos las restricciones al acceso a instalaciones deportivas o las cuotas que hay que pagar para realizar actividades deportivas programadas, no puede sorprendernos que a estas alturas ya haya cientos de estudios que evidencian que la incidencia del sobrepeso y obesidad infantil es mayor en los niños y jóvenes más desfavorecidos.

Probablemente incluso más importantes que los ingresos son las dotaciones educativas de sus padres. Las dotaciones educativas —determinadas principalmente por la duración y calidad de sus experiencias de formación— permiten a los progenitores, por ejemplo, cobrar conciencia del valor de la educación en la vida de sus hijos y de la importancia de transmitirles predisposiciones al esfuerzo y otras competencias no cognitivas (paciencia, perseverancia, etc.) que van a ayudarles en los procesos de aprendizaje. Los padres desempeñan un papel de primer orden en etapas críticas del desarrollo infantil, cuando los niños adquieren competencias ejecutivas básicas de las que depende el desarrollo de facultades para seguir aprendiendo. Un entorno social estimulante es fundamental para el aprendizaje temprano. Los bebés y los niños necesitan que les hablen, les acaricien y jueguen con ellos. Necesitan sentirse seguros en estas interacciones, disfrutar de una seguridad que les anime a explorar el mundo.

Un área de especial relevancia es la adquisición del lenguaje. Distintos estudios han demostrado que los padres con menos recursos educativos usan un rango más limitado de palabras y expresiones lingüísticas en sus interacciones con sus hijos pequeños, suelen ser menos propensos a jugar con ellos con letras o palabras, a leerles historias o comentar el contenido de una lectura. Como producto de ello, los niños que crecen en familias con un nivel de estudios elevado desarrollan en las primeras etapas de la infancia un vocabulario más rico que los hijos de familias de estratos socioeducativos más bajos56, 57.

Estas prácticas diferenciadas emplazan a los niños de grupos de nivel socioeconómico más bajo en una situación de desventaja cuando se incorporan al sistema de educación formal. Desde este punto de partida desfavorable les resulta difícil participar en las mismas dinámicas de aprendizaje que los demás alumnos, especialmente si las escuelas dan por sentado que todo el alumnado ha adquirido las destrezas lingüísticas estándar compartidas por los alumnos de extracción social acomodada. Con ello se pueden desencadenar lógicas de acumulación de desventajas desde edades tempranas. Sin embargo, cuando la concentración de alumnos con problemas lingüísticos derivados de su extracción socioeconómica es elevada, las escuelas tienden a adaptar el nivel de instrucción a los niveles medios de competencias iniciales detectados, con lo que terminan reproduciendo desigualdades entre centros escolares58.

B. Culturas familiares

Las investigaciones que se enmarcan en esta tradición representan un abanico amplio de enfoques que conectan el trabajo sobre recursos de la familia, analizado en el epígrafe anterior, con una atención más detallada a los marcos cognitivos, las preferencias y los valores de las familias.

Así, algunos autores han puesto el foco en las diferencias que pueden observarse en los estilos parentales de las clases medias y las clases más desfavorecidas. Esos estilos vienen configurados por valores, creencias, ambiciones y prácticas. En un trabajo de investigación cualitativo muy ilustrativo, Annete Lareau radiografía estilos radicalmente diferentes que influyen sobre los rendimientos académicos59. Mientras las clases medias adoptan estilos “directivos”, plenamente comprometidos con la planificación y la gestión de actividades y uso del tiempo que realizan sus hijos, las familias de grupos más vulnerables tienden a conceder mayor margen de libertad a sus hijos para que organicen discrecionalmente su tiempo. Las primeras conciben la educación como un proyecto familiar de “promoción concertada” (concerted cultivation), donde los padres juegan un papel de primer orden para fomentar predisposiciones y cultivar cualidades de sus hijos para ayudarles a tener éxito en la escuela y posteriormente en la vida. Las familias que practican este tipo de promoción no solo reservan “tiempo de calidad” para dedicarlo a la formación de sus hijos, también los matriculan en actividades extraescolares donde reciben estimulación e instrucción en materias que consideran fundamentales para su formación y éxito en la escuela y en la vida. Las clases más desfavorecidas, en cambio, suelen abrigar concepciones menos “intrusivas” en la vida del menor. Las actividades de crianza se limitan, en este particular, a preocuparse fundamentalmente por la salud y seguridad del niño y, en todo caso, por inculcar normas de conducta que le orienten en una “buena dirección” y pueda así evitarse problemas en el futuro. Más allá de estos aspectos básicos, se asume que los niños “crecen solos” (natural growth).

Las relaciones intergeneracionales en familia son un mecanismo de reproducción de desigualdades. La cantidad y sobre todo la “calidad” de las interacciones entre padres e hijos contribuyen decisivamente a conformar orientaciones, actitudes, preferencias y la conducta social de los menores. La calidad de las interacciones viene determinada fundamentalmente por el llamado “capital cultural” de las familias. Ese capital cultural correlaciona con el nivel educativo de las familias, aunque esa correlación no es perfecta. Los padres con más capital cultural tienden a promover actividades que no solo favorecen, como vimos antes, la estimulación cognitiva, sino también transmiten “mochilas culturales” cargadas de conocimientos y competencias, de modales y reglas de etiqueta. Ante sus hijos muestran sensibilidad y apreciación por el valor de productos culturales prestigiosos (libros, arte, cierto tipo de películas, etc.) y tratan de inculcar esta sensibilidad en sus hijos. Están adiestrados para captar talentos e inclinaciones naturales de sus hijos, ayudarles a dotarlos de significado y propósito y buscarles oportunidades para que los puedan cultivar (ya sea en casa, en espacios extraescolares o durante el verano). Suelen interesarse más por las actividades académicas de sus hijos y mantienen canales de comunicación más fluidos con sus profesores gracias a que comparten con ellos códigos culturales y expectativas respecto a la educación. Ser “buen padre” o “buena madre” consiste, en los grupos de mayor dotación de capital cultural, de ejecutar con éxito esas operaciones. Es posible que muchas familias de estratos desfavorecidos compartan buena parte de los deseos y expectativas del resto de las familias respecto al progreso educativo de sus hijos, pero les falta información sobre oportunidades para promover facultades necesarias para tener éxito en la escuela, comprensión adecuada del modo idóneo para orientar la actividad de sus hijos en su beneficio, así como recursos materiales para financiarlas.

Este tipo de explicaciones conectan con el trabajo pionero de Pierre Bourdieu60. La premisa básica del argumento de Bourdieu es que la institución escolar cultiva los valores y orientaciones de las élites sociales. Ese “sesgo” de la escuela confiere ventajas a los jóvenes de clases acomodadas, socializados en el ámbito familiar en el mismo tipo de valores, hábitos y disposiciones que se recompensan en la escuela. Gracias a esta concordancia, la escuela se limita a certificar la superioridad académica de las clases acomodadas.

Los estudios sociológicos que han utilizado la intuición original de Bourdieu suelen referirse a un conjunto de prácticas o disposiciones familiares que refuerzan orientaciones pro-académicas (el gusto por la lectura, el interés por la ciencia o la actualidad política) y unas capacidades para apreciar expresiones de “excelencia” cultural (arte, música, literatura). El valor del capital cultural radica principalmente en los rendimientos que procura a los estudiantes y a sus progenitores en sus interacciones con agentes educativos. Así, los estudiantes con más dotaciones de capital cultural se comunican mejor con sus profesores, son más capaces de descodificar las reglas del juego en los centros escolares, de adaptarse a las exigencias del profesorado y de desarrollar las cualidades que los docentes esperan encontrar en sus alumnos. Los profesores, a su vez, se muestran más permeables a las demandas de alumnos que demuestran un buen manejo de esos códigos, los consideran más inteligentes y merecedores de su atención y esfuerzo61.

Por otra parte, los estudiantes de familias con dotaciones elevadas de capital cultural también se ven beneficiados de la mayor capacidad de los padres para interactuar de forma eficaz con los docentes. Su vocabulario y habilidades expresivas, su mayor conciencia respecto a sus derechos y su determinación a defenderlos les permiten dirigirse sin restricciones a los docentes y negociar con ellos cuestiones relativas al progreso educativo de sus hijos.

Estas capacidades de negociación, por ejemplo, pueden resultar decisivas en lo que las sociólogas Annette Lareau y Erin Horvart llaman “momentos de inclusión” y de “exclusión”. Los momentos de inclusión son episodios que, en el curso de la trayectoria de los menores, abren oportunidades de progreso y avance académico. Es fácil pensar en estos momentos clave en el itinerario académico donde la intervención de los progenitores puede ser de mucha ayuda: conseguir la admisión en un centro académico de calidad, ser seleccionado para participar en actividades extraordinarias para estudiantes con talentos especiales, adaptarse a nuevas circunstancias en la transición al sistema postobligatorio, con sus nuevas exigencias y retos. En contraposición, los “momentos de exclusión” se refieren a situaciones puntuales donde los niños pueden ver limitado su marco de oportunidades, como cuando se decide relegarlo a un grupo-clase de estudiantes que progresan más lentamente o que repiten curso. La baja eficacia de las familias con menores dotaciones culturales para negociar con los docentes decisiones sobre sus hijos las posiciona en inferioridad de condiciones con respecto a las de otras familias.

La investigación internacional sobre rendimientos educativos ha acreditado la importancia del capital cultural. En este sentido, el estudio comparativo PISA ha elaborado un índice que captura dimensiones de esta forma de capital del que disponen las familias, midiendo si en los hogares de los niños se dispone de literatura clásica, libros de poesía y obras de arte (por ejemplo, cuadros). La asociación estadística de este indicador con los resultados en las pruebas de competencias es bastante robusta en la mayoría de los países que intervienen en el estudio62.

Distintos trabajos también han puesto de relieve el papel de la escuela en la generación de diferencias en las calificaciones que reciben los alumnos de distinta extracción socioeconómica. Así, un estudio muy ilustrativo realizado por un equipo de la Universidad de Bristol contrastó las notas que los profesores ponen a sus alumnos con las que reciben en pruebas nacionales, en las que los responsables de la evaluación no saben a quién están calificando. Uno de los resultados del estudio apunta a que los niños beneficiarios de comedor gratuito (indicador de vulnerabilidad socioeconómica) tendían a recibir peores notas en las evaluaciones de sus profesores en comparación con las de la evaluación anonimizada en mayor medida que las diferencias observadas para el resto de estudiantes. Estas diferencias se acentuaban entre niños de minorías étnicas en situación de mayor desventaja socioeconómica. Los estereotipos sobre las capacidades de los niños desfavorecidos pueden ejercer un poderoso efecto sobre los profesores, conocido como “efecto Pigmalion”63.

Las bajas expectativas sobre su rendimiento pueden convertirse, a su vez, en lo que los sociólogos llaman una “profecía autocumplida”. Los niños que advierten señales de que sus profesores les prestan menos atención o perciben que tienen en baja estima sus capacidades terminan acomodándose a esa situación, rebajando significativamente su esfuerzo escolar. A resultas de esa reacción al ejercicio de estereotipación obtienen peores logros académicos y acumulan menos capital humano, lo que repercute negativamente sobre sus carreras laborales y oportunidades vitales.

C. Efectos de la concentración

La pobreza es una experiencia colectiva. Las familias más acomodadas acostumbran a residir en entornos urbanos donde las situaciones de privación son habituales. Sus hijos acuden a escuelas donde la proporción de alumnos que provienen de hogares en situación desfavorecida es muy elevada. De modo general, utilizan servicios públicos frecuentados por usuarios con su mismo perfil social. Estas concentraciones de individuos y familias con perfiles socioeconómicos desfavorecidos tienen a menudo un carácter acumulativo. El incremento del número de individuos y familias con características sociales propias de las clases desfavorecidas puede provocar, de forma endógena, incrementos sucesivos de la población de este tipo de perfiles como consecuencia de la “salida” de las clases medias (lo que en la sociología anglosajona se llama middle class flight). Procesos como estos pueden privar a dichos entornos urbanos de los sectores más proclives a vigilar el buen funcionamiento de los servicios públicos (escuelas, centros sanitarios y transporte) y a exigir a sus responsables y a las autoridades políticas intervenciones para corregir anomalías que les resultan inaceptables. También priva a estos espacios de ciertos arquetipos sociales que pueden tener una influencia positiva sobre los más jóvenes. Con la desaparición de las clases medias, ciertas actitudes, aspiraciones y patrones de comportamiento dominantes en los entornos de clase media, como puede ser el valor otorgado al esfuerzo escolar y al éxito educativo, pasan a ser minoritarios y deja de existir una masa crítica de jóvenes que se comprometen con ellos y empujan a otros a imitarlos.

Numerosos estudios de sociología de la educación han descrito las consecuencias de este tipo de dinámicas dentro de los centros escolares. Estas investigaciones evidencian que cuando los estudiantes más desfavorecidos se concentran en centros “segregados” sus rendimientos académicos empeoran64. Es la llamada hipótesis de la “doble amenaza”. Es decir, los niños de familias de extracción más humilde afrontan dificultades derivadas, por un lado de las condiciones que encuentran en casa y, por otro, de las circunstancias sociales que imperan en el centro educativo en que están escolarizados.

Existe abundante evidencia sobre el impacto de la composición socioeconómica del alumnado de un centro sobre los resultados escolares. Gran parte de la investigación detecta efectos importantes. Los rendimientos individuales de los estudiantes tienden a mejorar cuando en el centro o en el aula hay un porcentaje elevado de estudiantes que proceden de entornos sociales acomodados, incluso a igualdad de otras circunstancias sociales65 66. Las escuelas y grupos-clase con concentraciones elevadas de estos perfiles sociales generan ventajas “contextuales”: atraen profesores motivados y capacitados, trabajan con familias más conscientes del valor de la educación e implicadas en la formación de sus hijos, tienen que gestionar habitualmente niveles más bajos de conflictividad o problemas disciplinarios y disfrutan, en general, de climas escolares más propicios para desarrollar las funciones que han sido adiestrados para llevar a cabo. La clave del buen funcionamiento de estos centros son las redes de sociabilidad que se establecen en el espacio escolar, que influyen positivamente sobre la conformación de compromisos y disposiciones proeducativos entre estudiantes, sus familias y los equipos docentes. Estos compromisos y disposiciones se “contagian” y se convierten en los marcos de relevancia significativos, experimentados como “normales” entre todos los individuos67.

En el polo opuesto —y como producto de la concentración de grupos sociales que otorgan menos valor a la experiencia escolar— encontramos a menudo subculturas de resistencia, y en ocasiones hostilidad a la institución escolar, que deterioran la calidad de la experiencia educativa para el alumnado más vulnerable68. Dentro de los centros en los que imperan estas subculturas, el compromiso escolar y el éxito educativo a menudo están desprestigiados, cuando no son vistos directamente como conductas “desviadas” que desafían valores dominantes en estos entornos. Estas formas de desafección escolar (descritas en la literatura norteamericana como acting white) son la principal causa del bajo logro escolar de algunas minorías y grupos de inmigrantes69.

Procesos acumulativos

Recuerdo la frase como si la pronunciara ayer: “El día que Dios repartió desgracias todas me tuvieron que tocar a mí”. Se la escuche a María, la madre de dos de mis mejores amigos de la infancia, Juanito y Manolo. María hacía horas limpiando escaleras y viviendas de algunos vecinos (entre otras, la de mi familia) y se hacía cargo de la limpieza de un puñado de habitaciones en una vieja pensión por encargo de la propietaria. La familia había llegado a la pensión a inicios de los setenta como muchos migrantes económicos procedentes de Andalucía, atraídos por las oportunidades que ofrecía la isla en el sector turístico. La propietaria de la pensión, una señora sexagenaria sin familia cercana, necesitaba que alguien le ayudara a poner a punto las habitaciones a diario y propuso a María quedarse a cambio de la ocupación permanente y gratuita de dos habitaciones y de un comedor-salón en la primera planta del modesto edificio. Era un pago en especie por los servicios, sin ningún otro tipo de complemento salarial. El padre, Antonio, trabajaba esporádicamente en la construcción hasta que la abandonó definitivamente, aquejado de una enfermedad hepática posiblemente vinculada a hábitos poco saludables agravados con el paso de los años.

Con su queja sobre el reparto de desgracias, la madre de Juanito y Manolo constataba algo que la investigación sociológica ha acreditado de manera recurrente: el principal factor de agravamiento de los problemas relacionados con la pobreza u otras formas de adversidad es el carácter acumulativo de muchos de ellos. La exclusión social tiene un carácter multidimensional. Abarca diversas caras de la vulnerabilidad y la limitación: vulnerabilidad económica (falta de ingresos, privación de ciertos bienes y servicios básicos, dificultades para afrontar pagos); vulnerabilidad socioeducativa (formación básica, falta de credenciales); vulnerabilidad laboral (precariedad contractual, falta de oportunidades de promoción, riesgo de sufrir un accidente laboral), déficits de integración social (aislamiento, falta de apoyo afectivo), falta de acceso al bienestar público (a la sanidad, la vivienda, los Servicios Sociales) y restricciones a la participación social y política. Estas “exclusiones” raramente se presentan solas; muchas veces se presentan interrelacionadas y se refuerzan mutuamente.

Es una ilustración del llamado “efecto Mateo”, en referencia a un pasaje bíblico del Evangelio (Mateo 25:29) en el que se habla de la acumulación de recursos en manos de los que ya tienen: “al que más tiene, más se le dará; y al que menos tenga, todavía el poco que tenga se le quitará”. Según este principio, aplicado por primera vez por el sociólogo norteamericano Robert Merton al estudio de las ciencias sociales, las ventajas y desventajas sociales tienden a consolidarse de manera que la brecha inicial entre los más afortunados (gracias a su capacidad, recursos disponibles o estatus social) y los menos afortunados tiende a ensancharse con el paso del tiempo. Los problemas nunca vienen solos y cuando se presentan conjuntamente acentúan las dificultades existentes y crean otros de nuevos.

Juanito y Manolo no tenían juguetes y solo ocasionalmente recibían regalos el día de Reyes y diría que nunca recibieron obsequio alguno el día de su cumpleaños. Era algo que nos dejaba perplejos a los que éramos sus amigos en el pueblo, pero por lo que preferíamos no preguntar. De manera natural, terminaban jugando al fútbol con el balón de algún otro muchacho, al ping pong en la mesa de mi casa, participaban en las batallas que libraban los clicks de Famobil que llevábamos los demás niños, acudían a la playa con el resto de nosotros, aunque fuera con el mismo bañador raído durante varios veranos consecutivos. Aportaban otras cosas: compañerismo, camaradería, entusiasmo, buen humor… incluso liderazgo. Manolo fue durante tiempo el capitán del equipo de fútbol que montamos los chicos de la calle, el Almanzor, nombre con el que él decidió bautizarnos tras escuchar en clase las hazañas de este héroe andalusí medieval. Manolo mantuvo durante muchos años un vivo interés por la historia, alimentado por colecciones de libros ilustrados y novelas infantiles que yo tenía en casa y le prestaba ocasionalmente a cambio de que me reservara un inmerecido lugar en el equipo titular cuando nos enfrentábamos a los rivales de la calle adyacente.

Juanito y Manolo dormían en literas en una habitación cuya superficie solo permitía encajar un pequeño armario con la escasa ropa de los dos. El único lugar de la casa con una mesa para estudiar (y para lo que fuera menester) era el comedor-salón, un espacio pequeño y mal iluminado donde se desarrollaba la vida social del hogar, se gestionaban las relaciones cotidianas con los clientes de la pensión y Antonio, desocupado durante largas temporadas, pasaba horas sesteando o viendo la televisión. Allí Juanito y Manolo preparaban sus deberes o trataban de hacerlo cuando las circunstancias se lo permitían. Pronto quedaron rezagados en el colegio. Juanito repitió curso en cuarto de EGB, tras sentarse conmigo en el pupitre en los primeros años. Manolo, un año mayor que nosotros, repitió en sexto.

Tras su primera repetición, en la escuela decidieron traspasar a Manolo al grupo-clase C, por todos conocido por ser el lugar al que iban a parar los que se consideraban “casos perdidos”, los alumnos de extracción más humilde (todos los alumnos de etnia gitana de mi pueblo habían sido agrupados allí) y los chicos revoltosos a los que los profesores daban por imposibles. Los docentes asignados a este grupo solían ser los últimos que llegaban al centro, jóvenes profesores recién licenciados y aterrizados en la isla tras no lograr un empleo cerca de su domicilio habitual en la península. Muchos de ellos no permanecían en la isla más de un año. Manolo volvió a repetir en séptimo y abandono los estudios tras graduarse en la EGB. Le tentó matricularse en cursos de Formación Profesional, pero al final no lo vio claro y se puso a trabajar de peón con la cuadrilla en la que ocasionalmente trabajaba su padre. Es una decisión de la que se ha arrepentido muchas veces. Juanito no llegó a completar la EGB. Pasó una adolescencia turbulenta en la que desarrolló varias adicciones, aunque logró finalmente enderezar el rumbo y hoy lleva una vida austera, marcada por las escasas oportunidades laborales a las que le condena su falta de formación y credenciales, pero ya sin el lastre que suponían sus adicciones.

Un episodio que me perturba especialmente cuando rememoro mi infancia es la relación de Mario, mi otro gran amigo, con Juanito y Manolo. Mario pertenecía a una familia de clase media. Su padre estaba empleado en una empresa pública, donde probablemente obtenía ingresos superiores a la media en el pueblo, pero tampoco de carácter extraordinario. Su madre, danesa, era pintora aficionada, pero conseguía vender algunos cuadros que complementaban los ingresos del hogar para convertirlos en una familia relativamente acomodada en comparación con las demás. La madre de Mario no tenía buena prensa en el pueblo. La consideraban altiva y estirada, pero yo le tenía cariño: consiguió que ganara un concurso de dibujo infantil a los siete años ayudándome a perfilar la silueta de la iglesia local. Yo conseguí no estropear su boceto (por no decir que habría que atribuirle el mérito del premio enteramente).

Mario tenía más juguetes que nadie en el barrio. Posiblemente tenía más que cualquier otro muchacho en el pueblo. Tenía la mejor colección de clicks, la mejor caña de pescar, las mejores gafas para bucear (y ¡tenía aletas para propulsarse en el agua!), la mejor bicicleta, zapatillas de marca para jugar al baloncesto, ropa de marca... Fue el primero en tener rudimentarias videoconsolas y al primero al que le compraron un ordenador. Siempre tenía calderilla para echar a las máquinas y al billar y a veces te dejaba jugar con él. También vivía en la vivienda más grande y con mejores vistas (al mar), casi 200 metros cuadrados en uno de los edificios más apreciados por su calidad en el pueblo.

Mario compartía tardes de fútbol con los demás chicos del barrio, a las órdenes del capitán Manolo, en un descampado cercano que hacía las veces de improvisado terreno de juego. Pasaba las horas en la playa con nosotros en verano. Jugaba en el jardín de la pensión con los clicks que reuníamos entre todos. Pero a su casa no podíamos ir todos. Su madre me acogía a mí de buena gana. Aunque mi familia no estuviera a la altura de su pretendido estatus social, cumplía los requisitos mínimos. La de Juanito y Manolo no y por ello nunca pisaron la casa de Mario. Pasé cientos de horas jugando en su casa, probando cada una de las nuevas videoconsolas que le iban comprando a medida que la tecnología se sofisticaba. Comí, cené y dormí allí. Aprendí a leer prensa en su casa, un hábito de compra diaria que no existía en la mía. Juanito y Manolo nunca fueron invitados a compartir esos momentos. No quiero imaginar la humillación que les debía ocasionar saberse excluidos desde tan temprana edad de su grupo de iguales. Un grupo de iguales que capitaneaba por méritos propios Manolo. Pero nunca miraron con resentimiento a Mario. La vida les había enseñado a resignarse.

Cuando teníamos alrededor de 11 o 12 años, un equipo de psicólogos externos administró un test de inteligencia a todos los alumnos del colegio. Yo saqué un resultado apreciable que me situaba en el cuartil más alto de mi cohorte, confirmando la expectativa que tenían mis padres de que mi futuro en los estudios y en la vida podía ser alentador. Los psicólogos convocaron a los padres al colegio para ayudarles a desentrañar el significado de los dígitos que aparecían en el informe de la prueba. Los míos acudieron raudos, confiados en que recibirían buenas noticias. Para ser sincero, no sé qué hicieron los padres de Juanito y Manolo, pero muy probablemente no asistieron a esa reunión como posiblemente no asistían a ninguna de las convocatorias de los tutores de sus hijos o a ninguna actividad escolar que implicara a las familias.

Hace unos años hablé con Manolo sobre esa prueba. Me enseñó su informe, que conservaba como oro en paño. Había sacado 12 puntos más que yo, una cifra que lo situaba claramente en la categoría de superdotado. Nadie se lo había explicado antes. En ese momento yo era ya doctor en Sociología y profesor universitario, mientras que Manolo llevaba más de una década conduciendo un camión para una empresa de construcción. Echando cuentas, debió realizar su test de inteligencia el mismo año en que no consiguió superar sexto curso y fue consignado en el grupo-clase C. Claramente nadie reparó en su talento innato.

Una investigación reciente de un economista de la Universidad John Hopkins y un genetista de la Universidad de Nueva York ha acreditado que los hijos menos dotados para los estudios de padres de altos ingresos se gradúan en la universidad en tasas más altas que los hijos más dotados de padres de bajos ingresos70. Utilizando una nueva medida basada en uno de los mayores estudios del genoma, los investigadores descubrieron que las dotaciones genéticas que más ayudan a tener éxito en los estudios se distribuyen casi por igual entre los niños de familias de bajos y altos ingresos. Pero el éxito académico es un privilegio reservado casi exclusivamente a los últimos. A igual dotación genética, la diferencia en resultados es extraordinariamente llamativa. En el cuartil más alto del índice de dotación genética, la tasa de graduación es del 63% cuando los padres son ricos. Entre los mejor dotados con padres pobres, la tasa de graduación se reduce al 24%.

La investigación puso de manifiesto que los menos dotados genéticamente para estudiar de las familias más ricas tienen las mismas probabilidades de graduarse en la universidad que los más dotados de las familias más pobres. Un 27% de los hijos de padres ricos que obtienen una puntuación en el último cuartil del índice genético se gradúan en la universidad.

Siempre he pensado que durante esas tardes interminables de infancia con Juanito, Manolo y Mario se forjó, sin tener la menor idea, mi vocación por la Sociología y el análisis de la desigualdad social.

En resumen

Comencé este capítulo dibujando tendencias sociológicas de redistribución de las situaciones de vulnerabilidad de grupos edatarios en el ciclo vital. Me referí a algunas de las transformaciones sociales que producen estas tendencias. Dediqué el grueso del capítulo a examinar los procesos que conducen a la exclusión social en la infancia. Terminé destacando el carácter acumulativo de las situaciones de vulnerabilidad como el factor principal que genera desventajas sociales.

En las últimas décadas, en los países desarrollados se observa un proceso de concentración de la vulnerabilidad económica en la infancia y la juventud.

Las políticas de bienestar existentes en muchos países resultan insuficientes para sacar de la pobreza a muchos hogares con menores a cargo.

La experiencia de la adversidad económica en la infancia no es una forma de malestar como cualquier otra. Es una experiencia crítica que influye sobre procesos nucleares de la vida de la persona: su educación, su salud, su predisposición a desarrollar hábitos perjudiciales, su inserción laboral, etc.

La pobreza se mete bajo la piel de las personas en distintos procesos. El estrés y la presión ambiental generados por las condiciones de vida, la falta de dotaciones y recursos de las familias, las culturas familiares y estilos educativos parentales, así como los efectos provocados por la concentración espacial de la pobreza, son los principales mecanismos a través de los cuales la pobreza cristaliza en otras expresiones de exclusión social.

El principal factor de agravamiento de los problemas relacionados con la pobreza u otras formas de adversidad es el carácter acumulativo de muchos de ellos.

CAPÍTULO 3

¿POR QUÉ PREOCUPARNOS?

Como cada año, en febrero de 2019 se dieron a conocer los informes nacionales del Semestre Europeo de la Unión Europea. El informe sobre España abunda sobre aspectos señalados en informes anteriores: las elevadas tasas de pobreza infantil y la escasa capacidad protectora de los programas sociales de garantía de rentas y apoyo a las familias. España aparecía de nuevo en el foco de un organismo internacional por este motivo, al igual que había ocurrido en informes elaborados en los años inmediatamente anteriores por la OCDE, el Consejo de Europa, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas o el Comité de Naciones Unidas responsable del cumplimiento de la Convención de Derechos del Niño. Este último órgano, por ejemplo, instaba en 2018 al Estado español a fortalecer políticas amplias de protección social para los niños y sus familias, prestando especial atención a las situaciones de riesgo y mayor necesidad de apoyo71.

La anomalía española

La situación no es nueva. La crisis ha agravado la vulnerabilidad de la infancia en España, pero la situación anómala de nuestro país lleva denunciándose desde hace más de una década por informes internacionales, las entidades sociales y el mundo académico especializado en la investigación sobre la desigualdad. No puede ser este el lugar para describirla concienzudamente. Para eso periódicamente se publican minuciosos informes que corroboran a grandes trazos una realidad cuya gravedad resulta imposible minusvalorar. Por lo tanto, sin ánimo de exhaustividad ni de profundizar en cada una de las posibles vertientes de la pobreza y la exclusión en la infancia, ofrezco aquí un listado de diez pinceladas sobre la situación:

España presenta unos niveles de pobreza inusualmente elevados. La tasa de riesgo de pobreza, el indicador más usado en la medición de pobreza, era del 28,3% en 2017 (datos de 2016), último año en el que disponemos de datos comparables en toda Europa. En los 28 países de la Unión Europea solo había dos países con tasas superiores: Bulgaria (29,2%) y Rumanía (32,2%).

Los niveles de pobreza infantil en España (y desde los últimos años los de pobreza juvenil) son significativamente superiores a las tasas de riesgo de cualquier otro grupo de edad más avanzada.

Cuando se analizan formas más severas de pobreza (estableciendo umbrales en niveles de renta más bajos, como por ejemplo el 25% o 40% de la mediana de ingresos equivalentes), la concentración de la vulnerabilidad económica en la infancia es todavía más acusada (gráfico 2).

Existen otros indicadores que permiten acercarse a distintas dimensiones de la vulnerabilidad económica. Todos apuntan en la misma dirección: niños, niñas y adolescentes (NNA) y jóvenes presentan niveles de vulnerabilidad más altos que otros grupos de edad más avanzada. Así ocurre si examinamos la tasa AROPE, la pobreza anclada, la carencia material severa, la brecha de la pobreza o la pobreza LICO72. La encuesta del Informe FOESSA 2019 también pone de manifiesto que los hogares con niños menores de 18 años tienen una incidencia más elevada de exclusión social, un índice sintético basado en distintas dimensiones de vulnerabilidad. El 12,6% de los niños se encuentra en exclusión severa, el 9,2% de las personas de 18 a 44 años, el 8,5% de las de 45 a 64 y el 5% de los mayores de 65 años73.

Gráfico 2

Tasa de riesgo de pobreza moderada, alta y severa, según edad

Nota: Tasas de pobreza en tres umbrales (25%, 40%, 60% de la mediana de ingresos equivalentes).

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (2017).

Los datos longitudinales de los que disponemos evidencian que la pobreza en hogares con niños suele tener mayor duración que en otro tipo de hogares (gráfico 3). En los últimos años, aproximadamente uno de cada cinco niños se encuentra en situación de riesgo de pobreza persistente, en torno a cinco puntos porcentuales más que el total de la población74.

Gráfico 3

Tasa de riesgo de pobreza persistente según grupos de edad

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (2011-2017).

La incidencia de la pobreza en hogares encabezados por un adulto con niños y los hogares con dos adultos y tres o más niños son especialmente altas (gráfico 4). En torno a cuatro de cada diez niños que viven en este tipo de hogares se encuentran en situación de pobreza. La carestía material de estos hogares condiciona su capacidad de acceder a los servicios de cuidados que necesitan75. Sin embargo, el mayor volumen absoluto de niños en situación de pobreza se encuentra en los hogares convencionales de dos adultos y uno o dos niños (mayoritariamente biparentales)76. La incidencia de pobreza también es muy alta en hogares de origen inmigrante. En 2017, casi dos de cada tres menores con dos progenitores nacidos fuera de la UE están en riesgo de pobreza en España (65,4%), frente al 22%de los menores en hogares con dos progenitores nacidos en España. Es decir, la incidencia de la pobreza infantil es prácticamente el triple en los hogares de origen inmigrante que en los hogares de origen autóctono en nuestro país77.

Gráfico 4

Tasa de riesgo de pobreza infantil en España,
según la estructura del hogar (2008-2017)

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (2017).

Las situaciones de pobreza son habituales en hogares con baja intensidad de empleo78. La incidencia de la pobreza se agrava notablemente en hogares con baja intensidad de empleo donde residen niños o jóvenes (gráfico 5). En consecuencia, la escasez de empleo repercute de forma más intensa sobre hogares donde las cargas familiares son mayores.

Gráfico 5

Intensidad de trabajo y riesgo de pobreza en hogares
con y sin menores de edad, 2017

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (2017).

La capacidad que tienen las prestaciones monetarias del Estado de bienestar de corregir la pobreza en España es, en comparación con otros países, bastante limitada. Esta ineficacia es mucho mayor para los menores de 18 años que para otros grupos (gráfico 6).

Las prestaciones por hijo a cargo son, en comparación con otros países, especialmente rudimentarias. La cuantía que reciben las familias por esta prestación es baja y el grado de cobertura muy reducido, y su valor real ha ido reduciéndose desde que se actualizó por última vez en 200279. El gasto público en este tipo de prestaciones nos sitúa lejos del gasto medio en Europa.

Gráfico 6

Tasas de riesgo de pobreza infantil y reducción de la pobreza
por transferencias (excluidas pensiones) en la UE-28 (2017)

Fuente: EU-SILC (2017).

Algunos de los costes fijos asociados a bienes básicos que soportan los hogares son especialmente onerosos en familias con niños. Así ocurre, por ejemplo, con las cargas que suponen las hipotecas y alquileres en hogares con niños. Cuando se toman en consideración los gastos en vivienda, la tasa de pobreza infantil aumenta considerablemente (entre 10 y 13 puntos en la década 2007-2017). Si descontamos los gastos de la vivienda de los ingresos de los que dispone el hogar, el 37,8% de los niños vive bajo el umbral de la pobreza (gráfico 7). Es un incremento superior al que se da en cualquier otro grupo de edad. Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida permiten evidenciar que muchos hogares con niños experimentan problemas de sobrecarga financiera —es decir, dedican más del 40% de sus gastos a la vivienda, especialmente en los tramos más bajos de ingresos—. En hogares con niños situados en el primer quintil de renta, la sobrecarga afecta a uno de cada cuatro niños80.

Gráfico 7

Tasa de riesgo de pobreza antes y después de gastos de vivienda
por grupos de edad en España (2017)

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (2017). Documento breve 8 Alto
Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil (abril 2019).

Como se ha explicado en el capítulo anterior, la experiencia de la pobreza infantil rara vez se circunscribe a un perímetro estrictamente monetario o material. En la vida de los menores y sus familias, las situaciones de carestía material generalmente aparecen estrechamente ligadas a otros fenómenos de vulnerabilidad y exclusión. Por ese motivo, los marcos contextuales (barrios, ciudades, regiones y países) con niveles elevados de pobreza infantil también suelen alumbrar otros problemas y desventajas sociales. Algunos de los más habitualmente descritos en informes y estudios recientes en España son los diez siguientes:

Los niños de entornos más vulnerables presentan tasas más bajas de escolarización en la etapa 0-3 años. Según un informe de Save the Children de 2015, el 31% de los niños y niñas del quintil más bajo de ingresos están matriculados en esta etapa; este porcentaje asciende hasta el 56% en el quintil más rico. Eso priva a muchos niños de colectivos más vulnerables de los beneficios que aporta la escolarización en esos centros sobre su sociabilidad, su desarrollo cognitivo o el rendimiento escolar posterior. También les priva del beneficio social que propicia la escuela 0-3 años para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar, así como el acceso de la mujer al trabajo.

España tiene elevados índices de fracaso escolar administrativo y abandono escolar prematuro. Estos fenómenos se concentran en los colectivos más vulnerables. Según datos del estudio PISA 2015, a los 15 años ha repetido el 53% de los adolescentes que pertenecen al quintil más bajo del índice socioeconómico y cultural, frente a solo el 8,5% de los que provienen del quintil de ingresos más alto.

Los adolescentes que provienen de entornos desfavorecidos tienen peor imagen de sí mismos como estudiantes y expectativas socioprofesionales más bajas. Los indicadores del estudio PISA 2015 muestran que los estudiantes que provienen de los tramos socioeconómicos bajos se ven como estudiantes menos cualificados y tienen menor ambición ocupacional cuando se les pregunta por la profesión que les gustaría desarrollar (eligiendo ocupaciones situadas en escalafones inferiores en una escala de prestigio).

Un número considerable de niños ven seriamente comprometido el disfrute del ocio y las oportunidades de jugar. Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2018, un 32,5% de los niños viven en hogares que no se pueden permitir ir de vacaciones al menos una semana al año (esta cifra llegó prácticamente al 50% en 2013). Según análisis del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, con datos de 2014, el 11,4% de los menores de 16 años vivía en hogares que no podían celebrar las ocasiones especiales y hasta el 3,5% (250.000 niños) no disponía de juguetes. En 2018, un 8% de los niños vivían en un hogar que no tenía un ordenador personal porque no se lo podían permitir81.

España es uno de los países con tasas de sobrepeso y obesidad más altas de Europa, 43% entre niños de 6 a 9 años. Según el estudio European Childhood Obesity Surveillance Initiative, que en su última edición recopila datos de 21 países en Europa, solo Grecia presentaba tasas más altas82. Las tasas de sobrepeso y obesidad son también notablemente superiores en los tramos socieconómicos más bajos. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud, la proporción de niños de 4 a 14 años con sobrepeso u obesidad es diez puntos superior en los tramos más bajos de ingresos (primer y segundo quintil) que en el más alto (quinto quintil)83.

Los niños y niñas españoles en situación de vulnerabilidad económica observan hábitos alimentarios menos saludables y practican menos deporte. Por lo que respecta a los hábitos alimentarios, el Informe de la Inclusión Social en España de 2009 de Caixa Catalunya84, que tuve la ocasión de dirigir, detectaba que los niños y niñas menores de 11 años de clases trabajadoras tenían una probabilidad mucho más baja de consumir fruta a diario que los de las clases más acomodadas, y una probabilidad más alta de comer comida rápida (fast food) o refrescos azucarados y snacks. Por lo que respecta a la práctica deportiva, el mismo Informe constataba que niños y niñas de origen inmigrante tenían una probabilidad significativamente más baja de practicar ejercicio físico.

Adolescentes y jóvenes españoles en situación de vulnerabilidad económica son más proclives a incurrir en prácticas de riesgo como el consumo de tabaco o la actividad sexual sin protección. Por ejemplo, según datos del estudio Health Behaviour in School Aged Children (HBSC, 2010) analizados por un equipo de Save the Children, un 38% de las y los adolescentes de 15 años procedentes de familias con menos ingresos declara haber mantenido relaciones sexuales, frente al 33% de las y los que proceden de entornos con mayor capacidad económica. Un 18% de los encuestados de familias con menor estatus económico declaran no haber utilizado ningún método de prevención del embarazo la última vez que mantuvieron relaciones, frente a solo el 11% de los provenientes de entornos socioeconómicos más favorecidos.

Los adolescentes españoles de origen social más desfavorecido expresan peor Estado de salud percibida que los que provienen de entornos más acomodados. Por ejemplo, los datos recopilados con la encuesta HBSC de 2014, que la OMS realiza a adolescentes, muestra claras diferencias en la percepción subjetiva de la salud en función del origen socioeconómico. Así, el 32% los adolescentes de familias con bajo poder adquisitivo declaran tener una salud “excelente”, frente al 43,5% de quienes tienen un alto poder adquisitivo. Por el contrario, solo el 5,8% de los adolescentes con alto poder adquisitivo declaran una salud “pobre” o “pasable”, cuando este porcentaje crece hasta el 12,1% para los adolescentes pobres.

Las niñas y niños que provienen de hogares con menor nivel de renta presentan un mayor número de dificultades en su estado de salud mental según los resultados del cuestionario SDQ, incluido en la Encuesta Nacional de Salud (los quintiles más bajos tienen una puntuación de “dificultades totales” bastante mayor), analizados en el Informe Desheredados de Save the Children85. El Informe de la Inclusión Social 2009 observa brechas sociales considerables en varios índices sintéticos que intentaban capturar problemas emocionales, problemas de conducta y problemas con compañeros.

Se han observado también algunas brechas en el acceso a tratamientos médicos básicos, como servicios de dentista. En el Informe de la Inclusión Social 2009 se acreditaba que los niños y niñas de clase trabajadora (0 a 10 años) tenían una probabilidad significativamente más alta de no haber ido nunca al dentista que los hijos de directivos y profesionales86.

La situación es insólita y como tal ha sido reconocida desde diferentes instancias y organismos. Esto lleva a muchos analistas a preguntarse cómo ha sido posible sostenerla. La respuesta más común apela a las bondades del sistema familista, en el que otros miembros de la familia extensa (particularmente abuelos y abuelas) prestarían apoyo económico y de cuidados a los hogares con niños. Gracias a las pensiones de nuestros mayores y su disposición a ocuparse de los menores, resolviendo los dilemas de la conciliación de vida laboral y familiar, los hogares más vulnerables con niños estarían en condiciones de afrontar situaciones de gran adversidad.

Sin embargo, como señalaban las sociólogas Sandra Escapa y Marga Marí-Klose en un artículo de Agenda Pública, “los abuelos ayudan, pero no tanto”87. Las evidencias de las que disponemos sobre los flujos de solidaridad intergeneracional apuntan a que estamos ante un mito. Los datos comparativos que nos ofrece la encuesta internacional SHARE evidencian que España es el segundo país europeo analizado (de 17 en la muestra) donde es menos frecuente el apoyo económico de los abuelos a sus hijos (por una cantidad superior a los 250 euros anuales) y donde una proporción menor de abuelos afirma haber cuidado a sus nietos durante los últimos 12 meses. En el caso de España, en 2013 solo un 10% de padres ayudaba económicamente a alguno de sus hijos —lo que suponía que solo el 5,5% de los hijos emancipados declaraba que recibía ayuda—. Un 36,8% de los abuelos afirmaba haber cuidado de sus nietos, frente a máximos en Dinamarca con un 55,9%, Suecia 53,7% y Holanda 52,9%88. Estas ayudas, además, eran significativamente más frecuentes en familias acomodadas que en sectores más vulnerables, presumiblemente porque los ingresos de estos abuelos sí les permitían ayudar a sus hijos y a sus nietos.

Es, por tanto, dudoso que los apoyos intergeneracionales hayan contribuido de manera sustancial a aliviar la situación de vulnerabilidad económica de los hogares con niños, al menos por lo que se refiere a transferencias monetarias directas o prestación de cuidados. Existe una enorme distancia entre el relato sobre la solidaridad intergeneracional que se ha construido en el marco del discurso familista y las evidencias de las que disponemos sobre la magnitud de estas ayudas y su relevancia como colchón frente a la vulnerabilidad. Por mucho que se haya repetido en el discurso público, el apoyo de los abuelos no está siendo el puntal que permite sostener el sistema. Las necesidades son acuciantes y reclaman la asunción de responsabilidades públicas. Una política de protección a las familias con niños digna de este nombre y homologable a la de países con nuestro nivel de desarrollo económico no puede pasar por confiar en que los abuelos carguen sobre sus hombros con la responsabilidad de socorrer a sus nietos, y mucho menos cuando los datos acreditan que su capacidad para responder a las necesidades es limitada y discontinua.

Justificaciones para una nueva prioridad

La lucha contra la pobreza en el marco de los Estados de bienestar no ha sido tradicionalmente lucha contra la pobreza infantil. Esto es particularmente patente en los Estados de bienestar del sistema mediterráneo, donde buena parte de los derechos sociales deriva del aseguramiento de los trabajadores (y de sus familiares). La pobreza infantil ha sido un problema invisible; no porque no existieran indicadores que evidenciaran los contornos y la magnitud del problema. Las concepciones tradicionales que han condicionado la forma de pensar sobre la pobreza eran marcadamente adultocéntricas. Desde este prisma, los pobres solo podían ser adultos que no eran capaces de procurarse medios económicos suficientes en el mercado de trabajo o que como desempleados no calificaban para obtener los derechos sociales asociados a trayectorias laborales previas.

Esta situación ha ido cambiando poco a poco en los últimos años. El impulso de estos cambios no ha sido generalmente doméstico. Uno de los principales motores ha sido el desarrollo y creciente legitimación de un nuevo discurso internacional sobre la protección social que defiende la complementariedad entre las políticas de crecimiento económico y las políticas de protección social. Desde este nuevo punto de vista, enarbolado por organismos internacionales —como Naciones Unidas, OCDE o la Unión Europea— y algunos gobiernos (véase capítulo 4), las políticas de protección social más efectivas son aquellas que contribuyen a garantizar derechos, extender oportunidades y movilizar los recursos y potencialidades disponibles. En esta concepción, la mejor política social es una política proactiva, que pone el énfasis en iniciativas de capacitación y empoderamiento individual con el objetivo de no solo proporcionar un colchón contra situaciones de infortunio, sino también de activar cualidades que favorecen la autonomía de las personas y refuerzan su valor en el mercado de trabajo.

Sobre esta base se han construido nuevos relatos que legitiman la inversión en infancia. En estos relatos, el objeto de las políticas públicas ya no debería ser exclusivamente los adultos —y mucho menos solo los adultos que califican para obtener derechos gracias a las contribuciones realizadas en el pasado—. Las experiencias de desventaja en la infancia son vistas ahora como una fuente de problemas sociales a edades más avanzadas, problemas sociales que generan costes y pueden comprometer el dinamismo económico y las bases de competitividad de una sociedad.

Actuar sobre las causas de la desigualdad es el objetivo primordial de la política de lucha contra la pobreza infantil. Intervenir preventivamente en las primeras etapas del ciclo vital, antes de que las principales consecuencias de la pobreza cristalicen, es una estrategia encaminada a desactivar, ex ante, riesgos de exclusión social en la vida adulta asociados a las experiencias infantiles. Estos riesgos se derivan de la conexión entre pobreza en la infancia y el fracaso educativo, los problemas de inserción laboral, la mala salud, la probabilidad de haber tenido problemas con la justicia o haber ingresado en la prisión, etc. Ser pobre en la infancia predispone a sufrir déficits de otras formas de capital en la vida adulta (económico, educativo o social), activos fundamentales para empoderar a las personas ante la adversidad y ayudarles a aprovechar las oportunidades que se les puedan presentar.

Mucha de la investigación que acredita estas conexiones intertemporales ha sido desarrollada en Estados Unidos y Reino Unido, donde economistas, sociólogos y psicólogos han dispuesto de poderosos instrumentos metodológicos para hacer un seguimiento de las condiciones de vida de familias y niños en diferentes etapas de su trayectoria vital. Este seguimiento les ha permitido constatar cuantitativamente las consecuencias de la pobreza infantil en etapas más avanzadas del ciclo vital, así como el efecto de intervenciones encaminadas a corregir estas situaciones89.

En el cuarto y quinto capítulo de este libro reflexionaremos sobre iniciativas para hacer frente a la pobreza infantil, pero antes de entrar en estas cuestiones, conviene examinar más a fondo las justificaciones para priorizar una agenda de inversión centrada en corregir las desventajas socioeconómicas que aparecen en la infancia.

Son diversas las argumentaciones esgrimidas para otorgar a la infancia un lugar preferente en el menú de políticas sociales. Sin ánimo de agotar los argumentos posibles, en esta sección examinamos con este propósito planteamientos jurídicos y filosóficos de justica social, fundamentados en el enfoque de capacidades y funcionamientos90 y apelaciones más convencionales de carácter utilitarista.

La pobreza infantil es una experiencia injusta que puede comprometer derechos fundamentales de los niños.

La pobreza infantil es un “hándicap corrosivo” que lastra el futuro de unos individuos en proceso de conformación de sus facultades y capacidades.

La atención a la infancia en situación de pobreza beneficia al conjunto de la sociedad.

Las inversiones para combatir la pobreza infantil tienen un elevado retorno económico.

Invertir en infancia contribuye a reequilibrar la arquitectura de solidaridad intergeneracional en la que se fundamenta el Estado de bienestar, corrigiendo sesgos que amenazan su eficacia y su legitimidad política.

Desarrollemos estos argumentos uno a uno:

A. La pobreza como injusticia

Los niños tienen derecho a una “buena vida”. La condición infantil —que implica aspectos únicos de vulnerabilidad, inmadurez y dependencia— convierte a los niños en dignos de un tratamiento normativo especial. No es posible hacer a los niños responsables de sus decisiones de la misma manera que se hace con un adulto. Las especificidades de la experiencia infantil sitúan a un niño en una posición incomparable a la de un adulto en el terreno moral. En particular, los niños no tienen ningún tipo de responsabilidad de las situaciones socioeconómicas que les ha tocado vivir. Las situaciones de paro de sus progenitores o las condiciones de pobreza del hogar donde viven no dependen de sus comportamientos y actuaciones personales. Es más, haber nacido en un hogar más o menos expuesto a situaciones de riesgo social es producto del azar. Más allá de esta lotería del nacimiento, como individuos dotados de agencia tampoco tienen ninguna capacidad de maniobrar para corregir estas adversidades. A esto hay que añadir que los niños —a diferencia de otros colectivos formados por personas adultas— tienen poca capacidad para movilizarse, no disponen de plataformas que velen directamente por sus intereses, ni pueden votar a opciones políticas más receptivas a sus necesidades.

Esa condición diferenciada de la infancia ha sido reconocida de manera solemne en la Convención de Derechos del Niño (1989). En su artículo 27, los estados firmantes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para asegurar su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social; y obligan a ayudar a los padres u otras personas adultas responsables del niño a garantizar este derecho. Aceptar los contenidos de la Convención supone un reconocimiento de un derecho subjetivo del niño a ese nivel de vida mínimo y, por tanto, de una obligación de la sociedad de asegurar el bienestar material de la infancia que sobrepasa la obligación de padres o familiares.

La pobreza es un fenómeno multidimensional que puede afectar a los niños y niñas de distintas maneras. Las personas que experimentan situaciones de pobreza en su infancia han sido privadas a menudo de las mismas oportunidades de las que disfrutan otros individuos en el terreno educativo, el acceso a la atención sanitaria, a una nutrición adecuada o a la protección frente a la violencia. La pobreza puede comprometer sus posibilidades de participar en actividades recreativas y socioculturales, de practicar deporte o simplemente de jugar. El acceso a estas oportunidades está consagrado como derecho en la Convención de Derechos del Niño. Recordemos que la Convención exige, en su artículo 28, a los Estados parte garantizar el derecho del niño a la educación y establece una serie de requisitos a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades. En el artículo 29, los Estados parte se comprometen a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. En el artículo 24 los Estados parte se comprometen a reconocer el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. En el artículo 24.d se les conmina a adoptar medidas para combatir la malnutrición. En el artículo 31, reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. El artículo 34 obliga a los Estados parte a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. La pobreza es, por tanto, un fenómeno que incide sobre la raíz de las condiciones que posibilitan el cumplimiento de derechos, constituyendo causa estructural de la violación de estos.

Por ello, distintos textos legales internacionales consagran directamente la protección frente a la pobreza y en particular la de los niños. Así lo hace el artículo 30 de la Carta Social Europea Revisada del Consejo de Europa. En su punto (a) los estados se comprometen a hacer efectivo el acceso de personas que viven o se encuentran en riesgo de caer en situaciones de exclusión o pobreza, así como permitir el acceso de sus familias a empleo, vivienda, formación, educación, cultura y asistencia médica y social. El Consejo de Europa identifica explícitamente la pobreza, la desigualdad y la exclusión entre las principales amenazas a los derechos de la infancia. En su Estrategia para los Derechos del Niño en el periodo 2016-2021, se reclama que la pobreza y la pobreza en la infancia sean combatidos mediante sistemas de protección que incluyan medidas preventivas, apoyo a las familias, educación y cuidados a edades tempranas, servicios sociales, educación y políticas de vivienda.

En esta línea, en el principio 11.b del pilar social europeo se señala explícitamente que los niños y niñas “tienen el derecho a protección frente a la pobreza” y que aquellos que provienen de entornos en situación de desventaja tienen el derecho a medidas que puedan mejorar su igualdad de oportunidades.

B. La pobreza como “hándicap corrosivo”

La infancia es la etapa formativa por excelencia en la vida humana. Se trata de un periodo crucial del que dependen en gran medida los niveles de bienestar —en términos de salud, posición en el mercado de trabajo e inclusión social— que se disfrutarán en la vida adulta. La calidad de las experiencias infantiles condicionará incluso el patrimonio más importante de cualquier ser humano: el tiempo de vida. Las principales habilidades, competencias y cualidades personales que definen nuestras capacidades para funcionar como ser humanos han sido conformadas y nutridas en la infancia.

Situaciones de vulnerabilidad en la infancia afectan negativamente a aspectos determinantes para el desarrollo equilibrado de la personalidad y el progreso educativo. Como vimos en el capítulo anterior, desde etapas muy tempranas el cuerpo de las personas registra experiencias sociales. Vivir en un hogar con bajos niveles de renta, en una vivienda con malas condiciones o estar expuesto a nutrición inadecuada durante la infancia influye negativamente sobre la salud de las personas muchos años después de que estas situaciones se originen, especialmente cuando nos afectan durante tiempo prolongado. También influye en el desarrollo de aptitudes cognitivas, resultados educativos o la proclividad a comportamientos asociales. Un volumen considerable de literatura ha acreditado que diversas formas de infortunio social en la vida adulta (desempleo, mala salud, divorcio o incluso encarcelamiento) están relacionadas con situaciones de adversidad experimentadas durante la infancia.

En este sentido, la pobreza infantil no solo condena a las personas a vivir bajo condiciones menos deseables (quizás incluso indignas) de bienestar (well-being) en una etapa de su vida. Es un “hándicap corrosivo” que, en un sentido longitudinal, también afecta a su “buen devenir” (well-becoming) como personas91. Les impide disfrutar de oportunidades de progreso que tienen a su alcance otros niños que no viven en estas condiciones.

En el terreno de la educación, las experiencias de pobreza infantil incrementan el riesgo (en forzada expresión anglosajona) de “permitir que los niños queden atrás” (leave kids behind) o dicho de otra manera, permitir que la aleatoriedad del nacimiento en un hogar desfavorecido pueda traducirse en una probabilidad muy elevada de “desengancharse” de procesos de aprendizaje, concebidos en las democracias modernas como un derecho de ciudadanía a ser equipado con un conjunto de facultades y capacidades que les permitan conducirse en la vida de manera funcional y autónoma. El fracaso escolar es un problema complejo que comienza a incubarse mucho antes de que el estudiante no pueda o no quiera alcanzar los objetivos escolares. Las semillas del fracaso escolar se encuentran muy a menudo en carencias socio-cognitivas de los niños en el momento de iniciar su etapa de escolarización obligatoria, que limitan su capacidad de seguir los ritmos de aprendizaje de la mayoría e imposibilitan la integración óptima en las dinámicas disciplinarias y pedagógicas previstas por la institución escolar. La no consecución de un nivel de competencias mínimo o el abandono prematuro son la última manifestación de un proceso que presenta generalmente síntomas previos: falta de interés, descrédito del trabajo escolar, absentismo, indiferencia a las amonestaciones o confrontación directa con la autoridad escolar. Los alumnos que se sitúan por debajo del umbral exigido acostumbran a menudo a presentar mucho antes síntomas de desafección de los métodos y dinámicas que la escuela considera imprescindibles para alcanzar el éxito escolar.

Los efectos de la pobreza sobre los resultados educativos en la infancia tienen, asimismo, consecuencias importantes en la vida adulta de estos niños. Los estudiantes que salen del sistema no habiendo alcanzado unos mínimos de formación, o que no pueden acreditarlos (al no haber obtenido las titulaciones adecuadas), ven cerrado todo un amplio abanico de oportunidades educativas y profesionales. Sin haberse graduado en la ESO no se puede estudiar el Bachillerato, ni aspirar a ser policía, maestro o dentista. Su horizonte educativo y ocupacional se reduce y, con ello, las oportunidades de competir en ciertos segmentos del mercado laboral; normalmente mejor remunerados, con mejores perspectivas de promoción y más protegidos ante los riesgos sociales. La vida que tiene por delante un joven que sale prematuramente del sistema educativo se ve condicionada por una decisión tomada en un momento prematuro de su biografía —por él/ella o su tutor legal— en que la sociedad todavía no lo considera suficientemente maduro y responsable para ejercer la ciudadanía plena —para abortar, conducir un automóvil o elegir sus representantes políticos—. Estos condicionamientos incrementan notablemente los riesgos de exclusión social en su vida adulta, cuando las carencias de formación y credenciales son más difíciles de revertir. Es muy difícil recuperar terreno perdido y alcanzar como adulto la formación que no se tuvo la oportunidad de adquirir en la infancia. Como adulto no se dispone generalmente del tiempo necesario para acometer esta empresa y el sistema educativo no está diseñado para facilitar esta vía de aprendizaje. Cuando uno se hace adulto, pierde facultades para aprender. Ciertas puertas a la educación han quedado cerradas para siempre por falta de fundamentos cognitivos y conocimientos básicos.

Por otra parte, mantener niños en situación de pobreza significa comprometer seriamente la posibilidad de que vean recompensados sus talentos naturales y sus esfuerzos. Supone, si lo miramos desde la vertiente meritocrática, poner en cuestión valores nucleares que forman parte del ADN de nuestro sistema educativo y de nuestra sociedad, que presuponen que todo el mundo merece la oportunidad de llegar tan lejos como sus talentos y su esfuerzo lo pueda llevar. La pobreza infantil es la principal vía de reproducción intergeneracional de la pobreza. Los niños que experimentan situaciones de pobreza, especialmente cuando es persistente, tienen una probabilidad elevada de arrastrar esa condición a edades adultas y a transmitirla luego a sus hijos.

C. Los beneficios generales de luchar contra la pobreza infantil

Una sociedad que tolera fenómenos de pobreza y exclusión social en la infancia es una sociedad que edifica su arquitectura social sobre bases problemáticas. Como ha puesto de manifiesto una abundante literatura, los recursos financieros de las familias son clave en la reproducción de ventajas y desventajas sociales y lo son más cuanto más desiguales son las sociedades92. Una sociedad desigual es una sociedad donde las oportunidades de movilidad social se reducen y las familias con más recursos aseguran que sus hijos ocupen las posiciones sociales más deseables. En este sentido, dotar a todas las familias vulnerables con niños de recursos (comprimiendo niveles de desigualdad) o de oportunidades compensatorias (por medio de servicios públicos) no es solo una forma de combatir las experiencias de pobreza y sus consecuencias individuales; es también un dispositivo de cohesión que permite reforzar un ethos de oportunidad social, que abre horizontes y perspectivas para un espectro amplio de la sociedad y favorece así el sentido de eficacia personal, su afiliación y sentido de pertenencia. Las sociedades más desiguales en el mundo desarrollado (Estados Unidos, Gran Bretaña) tienden a producir más problemas sociales: desde problemas de salud de carácter epidémico (como adicciones u obesidad), educativos (altas tasas de abandono escolar prematuro) hasta mayores niveles de conflicto y violencia (homicidio). Son también sociedades con niveles más bajos de confianza social y desafección política93. Las raíces de buena parte de los problemas descritos en las sociedades desiguales se encuentran en las experiencias de pobreza y desventaja durante la infancia y juventud, así como el déficit y mal funcionamiento de los dispositivos de inclusión social y educativa. Dicho de otro modo: las formas de exclusión social que derivan en preocupaciones y malestares colectivos tienen su origen en los problemas de “mal devenir” (ill-becoming) de niños que viven en los hogares y entornos sociales menos favorecidos.

Reducir desigualdades y fracturas sociales que aparecen desde edades muy tempranas es, en este sentido, una buena manera de mejorar la calidad de nuestro entorno social y consecuentemente la calidad de nuestra experiencia colectiva como miembros de la sociedad. Lo expresaba de manera ilustrativa el Ministro de Economía y luego Primer Ministro Británico Gordon Brown cuando se refería a las medidas de lucha contra la pobreza infantil introducidas por el Gobierno Blair en Reino Unido: “el abordaje de la pobreza es la mejor política contra las adicciones, la mejor política de seguridad ciudadana y de lucha contra la privación en nuestro país”94. En dirección similar, la erupción episódica en los últimos años de disturbios urbanos protagonizados por jóvenes —por ejemplo, en las banlieues francesas en 2005, en las calles de grandes ciudades británicas en verano de 2011 o en Estocolmo en 2013— ha alimentado discursos sobre la necesidad de combatir la pobreza infantil y juvenil en entornos desfavorecidos para evitar que la marginalización social y las expresiones de antagonismo social y étnico lleguen a desembocar en formas descontroladas de violencia donde todos puedan salir perdiendo95.

Una variante de este discurso ha señalado los riesgos para la calidad y estabilidad democrática que representa el crecimiento de bolsas de individuos que vive en la pobreza y la marginalidad desde la infancia. Desde este enfoque, los sistemas democráticos que toleran la reproducción de desigualdades intergeneracionales están creando sociedades fracturadas donde los privilegiados tienen más oportunidades para hacer prevalecer sus intereses a través de la participación política, mientras la voz y las demandas de los colectivos menos favorecidos quedan silenciadas. En este tipo de sociedades, los individuos que han experimentado exclusión a lo largo de toda su vida pueden convertirse en una masa atomizada y acrítica, susceptible de ser fácilmente manipulable por políticos populistas96.

En el terreno estrictamente educativo, la pobreza infantil tiene costes asociados a las inversiones educativas para familias que no son pobres. La desigualdad acentúa las tendencias a la segregación residencial y escolar. Si lo examinamos a nivel agregado, existe una relación lineal entre la pobreza infantil de los países y sus niveles de segregación escolar. Donde más elevada es la pobreza, también es más probable que aumente la polarización social de los centros97. Las inversiones que hacen las familias de clases acomodadas para poner distancia con los grupos menos favorecidos —y evitar así peer effects nocivos— pueden ser considerables y tener efectos colaterales indeseables. Así, cuando un niño es matriculado en un centro concertado, el incremento de gasto privado en educación es significativo. Según datos de 2012 para España, la familia de un estudiante matriculado en un centro público gasta 822 euros anuales, mientras que cuando está matriculado en un centro concertado son 1.54998. El resultado de la agregación de estas estrategias familiares es un sistema escolar menos equitativo, pero también menos eficiente, donde las familias acomodadas se ven obligadas a sufragar con recursos propios una parte significativa del gasto educativo y el sistema público debe hacer frente a inversiones compensatorias para corregir los efectos de la concentración de estudiantes menos favorecidos en ciertos centros.

D. Retorno económico de la lucha contra la pobreza infantil

Cuando se anticipan los riesgos de exclusión asociados a las experiencias de pobreza y se interviene antes de que se manifiesten con toda su crudeza, no solo se consiguen mejores resultados; se obtienen además destinando menos recursos. Transferencias monetarias relativamente modestas a familias menos favorecidas pueden tener un impacto extraordinariamente positivo en el desarrollo cognitivo de los niños y su progreso educativo. Un amplio abanico de intervenciones escolares puede paliar, al menos parcialmente, los efectos negativos de la pobreza sobre el progreso y logro educativo. En particular, se ha destacado la importancia de las intervenciones que se realizan en edades tempranas. Dicho de otro modo, los retornos de las inversiones para combatir la pobreza infantil y sus efectos son altos, más altos cuanto antes se inicien estas intervenciones. Como ha puesto de manifiesto James Heckman, la lucha contra los efectos de la pobreza infantil es más eficiente cuando se vierten los recursos en edades tempranas, donde aún es posible desactivar o corregir los efectos multiplicadores de las experiencias de adversidad: “Prevention is more efective than remediation”99. En varios trabajos ha estimado que las inversiones en la etapa preescolar tienen efectos enormemente positivos, tanto desde el punto de vista de la equidad —corrigiendo desventajas que los niños de entornos menos favorecidos “llevan” de casa—, como de la eficiencia. El rendimiento de estas inversiones se sitúa entre el 6 y 10%, por encima de los retornos habituales de cualquier inversión bursátil.

Los discursos sobre la eficiencia se apoyan en las evidencias (comentadas en el capítulo anterior) que demuestran que los individuos que atravesaron situaciones de pobreza en la infancia tienen un mayor riesgo de fracasar en los estudios y de abandonarlos prematuramente —y, por tanto, acumulan menos capital humano— tienden a experimentar más dificultades de inserción laboral y menor movilidad ascendente, sufren peor salud a lo largo de sus vidas y tienen una mayor probabilidad de verse envueltos en problemas con la policía y el sistema penal. Desde este punto de vista, la agregación de estas experiencias individuales produce efectos económicos indeseables a nivel macro.

Una fuerza de trabajo con escasa preparación y aspiraciones educativas limitadas perjudica la productividad de un país, su capacidad de competir en la economía del conocimiento y, por tanto, compromete a los horizontes de crecimiento económico a largo plazo. Estos costes son especialmente elevados en la era de la globalización. Las altas tasas de abandono escolar prematuro entre niños de entornos desfavorecidos reflejan una capitalización social subóptima de su talento “natural”. En condiciones más favorables habrían obtenido mejor rendimiento educativo y una trayectoria educativa más larga y socialmente provechosa. En el extremo opuesto, los hijos de las clases acomodadas peor dotados para los estudios se benefician de inversiones familiares desproporcionadas de acuerdo con su talento y por tanto asignadas de forma ineficiente para asegurar la reproducción social a través del éxito educativo.

En un estudio muy ilustrativo en el que participaron economistas de varias universidades norteamericanas se evidenció que la inmensa mayoría de personas que realizan invenciones proceden de estratos socioeconómicos elevados. Vinculando datos incluidos en registros de patentes con datos de registros escolares, los investigadores fueron capaces de mostrar que los individuos que procedían de familias situadas en el 1% más rico de la distribución de ingresos cuando eran niños tenían una probabilidad diez veces superior de haber registrado a lo largo de su vida un invento que los individuos que procedían de familias con ingresos por debajo de la mediana. Esa conclusión no varía cuando se controlan otro tipo de datos disponibles. Por ejemplo, los investigadores contaron con información sobre las capacidades de esos estudiantes en distintas pruebas de habilidad y competencias. Gracias a ellas pudieron acreditar que los estudiantes situados en los tramos más altos de esas pruebas tenían una probabilidad mucho mayor de haber patentado un invento, pero solo si procedían de entornos familiares acomodados100. Haciéndose eco de esta investigación, el New York Times titula significativamente “Los Einstein perdidos” (The lost Einstein)101.

Además, las dificultades de inserción laboral de los jóvenes con escaso capital humano conllevan costes importantes al erario público, que se acumulan a lo largo de la vida debido a los mayores riesgos que tienen de sufrir paro a lo largo de sus carreras laborales, la mayor probabilidad de que experimenten problemas sociales ligados a la situación laboral adversa (precariedad residencial, salud mental, adicciones, etc.) y que tengan que recurrir a servicios y ayudas públicas. A todo esto hay que añadir los ingresos que dejan de producirse como consecuencia del escaso valor de las contribuciones fiscales que realizan las personas con trayectorias educativas más cortas.

Una segunda fuente de cargas fiscales derivadas de la pobreza infantil son las sanitarias. El impacto negativo de la pobreza sobre la salud infantil (en forma de mayor incidencia de bajo peso al nacer, mayor frecuencia de afecciones crónicas o tasas de accidentalidad más altas) repercute de manera importante sobre el gasto sanitario, tanto a corto como a más largo plazo. Los principales efectos de patologías que se adquieren en la infancia y se arrastran a través del tiempo (como la obesidad) suelen presentarse en la vida adulta. Representan entonces horas perdidas de trabajo y subsidios por enfermedad, asistencia sanitaria, etc.

En tercer lugar, se han señalado los costes de la pobreza infantil ligados a conductas asociales y criminales. Hay abundante evidencia que asocia experiencias de adversidad económica con la aparición de problemas de comportamiento, vandalismo y conductas delictivas. Los costes financieros asociados a la gestión de estos problemas pueden ser enormes, tanto en lo referente a servicios sociales específicos que intervienen en estos procesos como los relacionados con los sistemas de control policial y penal.

Desde esta lógica argumental, la renuncia a invertir decididamente en infancia no tiene justificación económica. Un equipo del Institute for Research on Poverty ha estimado que, en Estados Unidos, el coste total de la pobreza infantil equivale al 4% del Producto Interior Bruto anual102. Un 1,3% corresponde a los costes provocados por la disminución de la productividad y el valor añadido, un 1,3% se puede atribuir a los incrementos de actividad delictiva y un 1,2% en costes derivados del aumento del gasto sanitario y el empeoramiento general de la salud de la población. Desde el punto de vista económico, los autores llegan a la conclusión de que las inversiones en la lucha contra la pobreza resultan fiscalmente rentables al producir retornos económicos en forma de incrementos del crecimiento económico, reducción de gastos sanitarios y de seguridad ciudadana, además de mejoras sensibles a la calidad de vida. Recientemente, un trabajo de McLaughin y Rank incluye costes relacionados con los efectos del maltrato en la infancia y los desahucios a familias con niños y niñas y estiman el coste en un 5,4% del PIB. Y eso todavía deja cosas fuera como el impacto sobre malestares provocados por la pobreza, muy difíciles de calibrar103.

En esta misma línea, otros estudios contrastan el retorno económico que generan los programas sociales destinados a niños con otro los de otro tipo de programas cuyos beneficiarios son poblaciones adultas. Un trabajo reciente de dos investigadores de la Universidad de Harvard destaca que las inversiones en infancia vulnerable propician incrementos en los ingresos de los individuos en el ciclo vital. Estas ganancias permiten recuperar con creces las inversiones realizadas en el momento en que estas personas, como niños, fueron beneficiarios de esas políticas104.

E. El necesario mantenimiento de equilibrios intergeneracionales

Tal como fueron concebidos, los sistemas de protección pública se basan en un pacto implícito entre generaciones. La contribución que realizan las generaciones que componen la población activa al bienestar de parte de la población inactiva se justifica habitualmente conforme a dos principios éticos: (1) el Estado debe ocuparse de las necesidades más acuciantes de colectivos que no están en condiciones de obtener por sí mismos recursos básicos en el mercado de trabajo, ya sea porque son demasiado jóvenes o demasiado ancianos/as para participar en la creación de riqueza; (2) el Estado debe compensar a quienes, con sus cotizaciones o impuestos, contribuyeron a financiar los sistemas de protección de las generaciones que los precedieron. Para ello debe garantizar a los trabajadores/as que participan en el sostenimiento del sistema de protección hoy que las generaciones futuras seguirán implicadas en un sistema de “reciprocidad generalizada” en que cada generación se sacrifica por la que le antecede. Todos los regímenes de protección social a grupos de edad más avanzada en vigencia incorporan en mayor o menor grado estos dos principios. Su legitimidad se fundamenta en la aceptación de la idea —ampliamente extendida— de que las generaciones son interdependientes y se deben ayuda mutua.

Los Estados de bienestar han contribuido a mejorar de forma considerable las condiciones de vida de la población anciana de forma directa e indirecta. Por un lado, un número creciente de pensionistas se beneficia de pensiones más altas que las que disfrutaron generaciones anteriores gracias a la extensión de la cobertura y a las políticas de revalorización de estas prestaciones. Por otro lado, el valor al alza de las pensiones que perciben los jubilados/as refleja características de su trayectoria laboral. Habiendo transcurrido la mayor parte de esta en un entorno laboral que presentaba bajas tasas de desempleo y volatilidad laboral, un segmento importante de la población jubilada en Europa ha conseguido completar sus carreras de seguro, lo que dentro de los marcos normativos vigentes suele dar lugar a tasas altas de sustitución (la relación entre la pensión que se empieza a percibir y el último sueldo que se ha cobrado).

Gracias al esfuerzo público, la población mayor de 65 años —y la población que no alcanza esa edad, pero que se ha prejubilado— ha visto mejoradas, en general, sus condiciones de vida, niveles de renta y capacidad de gasto. También disfruta de un tejido de servicios sociales concebido para satisfacer necesidades derivadas de sus problemas de salud (sistema sanitario) o de dependencia funcional (servicios sociales de cuidados de larga duración), estrechamente asociados con la edad. En las últimas décadas los sistemas de protección social se han encanecido. Por una parte, los programas de pensiones absorben una cantidad creciente de los recursos destinados a protección social. Por otra, se ha encarecido la atención sanitaria y de servicios a la dependencia, tanto debido al incremento del volumen de profesionales que emplean estos programas como a los que se derivan de la innovación tecnológica y la aplicación de nuevos tratamientos.

El envejecimiento de la población tiene implicaciones para el bienestar del resto de la sociedad. En la mayoría de los países europeos los estados están viéndose abocados a asumir responsabilidades fiscales enormes para mantener los compromisos adquiridos con las generaciones de edades más avanzadas. La carga financiera que comportan esos compromisos supone un factor de estrangulamiento que puede impedir el desarrollo de otros programas. Según los pronósticos más agoreros, los Estados de bienestar terminarán sucumbiendo bajo el peso de esa losa, privando no solo a la población anciana, sino a otros muchos colectivos necesitados del principal mecanismo compensatorio del infortunio social.

El encanecimiento de los sistemas públicos de protección social es un reto enorme no solo por los problemas de sostenibilidad financiera que plantea a las sociedades contemporáneas. En una perversa conjunción, el aumento de los compromisos presupuestarios que reclama a las arcas públicas coincide con un aumento significativo de nuevas necesidades que concentran los riesgos sociales en colectivos más jóvenes. Asistimos en las últimas décadas a una serie de transformaciones socioeconómicas que han incrementado la vulnerabilidad económica de la juventud y de los hogares con niños. Por un lado, la precariedad laboral se ha extendido, alargando los procesos de transición a la vida adulta. En muchos casos, la situación socioeconómica de los jóvenes aplaza la emancipación residencial y la formación de nuevas familias; en otros, se produce en condiciones de vulnerabilidad. Por otro lado, los hogares con niños son el epicentro de cambios de gran calado, que a menudo reportan beneficios pero que no pocas veces los exponen a situaciones de privación y riesgo de exclusión. Así, la incorporación de la mujer al mundo laboral aporta una fuente de ingresos adicional a los hogares que los protege frente a los riesgos de pobreza que puede provocar la pérdida de empleo o los empleos de baja calidad del sustentador principal masculino. Ahora bien, el incremento de la participación laboral de la mujer puede incidir negativamente en la desigualdad si se produce con mayor probabilidad en los colectivos con mayores niveles de renta105. Esta parece haber sido la pauta en gran número de países106. A ello contribuye la tendencia al emparejamiento selectivo entre afines107. Con el reforzamiento de la homogamia educativa de las nuevas parejas se abren brechas en las condiciones socioeconómicas entre hogares acomodados —donde los adultos aportan además de mayores recursos económicos otras formas de capital educativo y cultural— y hogares desfavorecidos.

Por otra parte, la creciente fragilidad de la institución familiar nos sitúa ante nuevos escenarios de vulnerabilidad. Un número creciente de niños son educados en hogares monoparentales, a cargo de un solo progenitor, expuestos a riesgos altos de vulnerabilidad económica y a posibles déficits de capital social provocados por la ausencia de un progenitor. El hecho de que en muchos países la monoparentalidad sea más común entre grupos más desfavorecidos representa un elemento añadido a situaciones de vulnerabilidad de partida108.

Un factor igualmente importante en este contexto es la inmigración. Las nuevas olas migratorias que tienen lugar en las últimas décadas sitúan a poblaciones extranjeras en los estratos socioeconómicos más bajos de las sociedades de acogida y con ello a jóvenes que acompañan a sus padres en el proyecto migratorio (Generación 1.5) y a segundas generaciones. Las desventajas de estas poblaciones pueden ser particularmente notables cuando su vulnerabilidad económica se suma a dinámicas de segregación residencial y escolar, así como de discriminación en el mercado de trabajo.

En estas condiciones, reorientar recursos hacia la infancia contribuiría a salvar al Estado de bienestar de dinámicas endógenas de carácter perverso. Tanto la arquitectura financiera como la legitimidad política del contrato intergeneracional en que se fundamenta requieren equilibrios de bienestar que se están rompiendo. Resulta difícil imaginar que la creciente carga fiscal que tienen que soportar las generaciones más jóvenes para sostener a un número creciente de personas de edad avanzada podrá seguir manteniéndose si estas perciben que el Estado de bienestar no les sale a cuenta ni ahora —porque la protección social se concentra en grupos de edad avanzada— ni posiblemente en el futuro —porque teman que la siguiente generación no se mostrará dispuesta a sacrificarse por ellos de la misma forma que ellos lo han hecho por la generación anterior—. Reconstruir el pacto intergeneracional no es solo una finalidad deseable en sí misma; es la mejor forma de comprometer a las nuevas generaciones con el sistema de reciprocidad generalizada en que se apuntala el Estado de bienestar.

Atender a esta última justificación para invertir en infancia supone ampliar el foco de las llamadas estrategias políticas predistributivas. Desde un planteamiento predistributivo convencional se apunta la necesidad de asegurar que la distribución “primaria” de recursos —la que producen los rendimientos de capital y las remuneraciones y salarios— no genere desigualdades excesivas para que resulte más fácil mantener a raya la desigualdad de rentas disponibles a través de políticas redistributivas de carácter fiscal o de gasto. Abriendo el foco, una cara no menos fundamental de una estrategia predistributiva es fundar sobre bases sólidas las condiciones de posibilidad de la propia redistribución, en este caso entre generaciones. En este sentido, invertir en infancia, y en particular en políticas que prevengan la exclusión social en la infancia y sus consecuencias, es una forma de contrarrestar derivas que pueden conducir a la función redistributiva del Estado de bienestar a su quiebra.

En resumen

El capítulo invita a preocuparse por la pobreza infantil. Lo hace poniendo en primer lugar el foco en la anomalía comparativa que supone tener las tasas de pobreza infantil que tenemos. En segundo lugar, se examinan toda una serie de narrativas de justificación para la lucha contra la pobreza infantil. Se invocan argumentos morales y jurídicos, sociológicos, económicos y de política pública, para otorgar a la lucha contra este tipo de pobreza máxima prioridad.

España presenta niveles de pobreza infantil anómalos que han provocado reiteradas denuncias por organismos internacionales. Esos niveles anómalos se reflejan en diversos indicadores de pobreza, carestía y exclusión. También se observan claramente en otro tipo de indicadores educativos, sanitarios o socioemocionales que están estrechamente relacionados con las situaciones de pobreza en la infancia.

Existe un abanico amplio de razones para convertir a la infancia vulnerable en objeto de atención prioritaria. En primer lugar, la pobreza infantil es una experiencia injusta que puede comprometer derechos fundamentales de los niños. En segundo lugar, la pobreza infantil es un “hándicap corrosivo” que lastra el futuro de unos individuos en proceso de conformación de sus facultades y capacidades. Tales dinámicas entran en flagrante contradicción con una creencia muy extendida en nuestra sociedad en el deseo de la igualdad de oportunidades en la vida. En tercer lugar, dar prioridad a la infancia en situación de pobreza genera beneficios para el conjunto de la sociedad. Gracias a las inversiones que se realizan en la infancia, una sociedad puede reforzar su cohesión y estabilidad y desactivar amenazas como el auge de pulsiones antidemocráticas. En cuarto lugar, las inversiones para combatir la pobreza infantil tienen un elevado retorno económico. Ese retorno económico excede con creces el coste de las medidas. Por último, invertir en infancia contribuye a reequilibrar la arquitectura de solidaridad intergeneracional en que se fundamenta el Estado de bienestar, corrigiendo sesgos que amenazan su eficacia y su legitimidad política.

CAPÍTULO 4

HACIA UN NUEVO MARCO POLÍTICO DE INVERSIÓN
EN INFANCIA

Entre septiembre de 2018 y marzo de 2019 he tenido el honor de servir en el Gobierno de España como responsable del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil. Ha sido una etapa apasionante en la que he liderado un pequeño equipo extraordinariamente competente y motivado para sacar adelante un proyecto político que no tiene precedente en nuestro país. Durante ocho meses nos hemos desvivido por impulsar iniciativas de análisis, preparar nuevos instrumentos de conocimiento, articular y coordinar esfuerzos entre distintos departamentos y organismos del Gobierno, planificar estrategias y diseñar nuevas políticas que permitan combatir la lacra de la pobreza infantil en nuestro país. Buena parte de este trabajo se ha realizado entre bambalinas, sumándonos al esfuerzo que lideraban otras instancias del Gobierno. Otra parte se ha materializado, de manera concreta, en acciones lideradas o coordinadas directamente por nosotros: documentos de análisis, textos estratégicos y planes de acción, foros de debate, nuevos instrumentos metodológicos para orientar la iniciativa política o incluso en capítulos de un Decreto-Ley, como por ejemplo y de manera muy significativa, el 8/2019, que incrementa en un 101% las prestaciones por hijo a cargo para los hogares en riesgo de pobreza severa y en un 17% para el resto de beneficiarios de estas ayudas. Queda mucho por hacer, pero en estos meses hemos avanzado de manera clara en la preparación del terreno para combatir la pobreza infantil en España.

Un Alto Comisionado para abordar este tipo de cuestiones era un órgano desconocido en España, pero no en otros países, como tuve ocasión de recordar en un artículo en El País poco antes de mi incorporación a la Oficina del Alto Comisionado109. Existen comisionados para la infancia o figuras similares en distintos países de Europa, así como en Canadá o en Nueva Zelanda. Desde hace décadas se han puesto en marcha robustas estructuras gubernamentales implicadas en combatir la pobreza infantil en países tan diversos como Reino Unido, Francia o Chile.

Antecedentes escandinavos

Hace unos años, la Embajada de Noruega en España encargó al grupo de investigación de Políticas Sociales y del Estado de Bienestar (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), en el que por entonces yo trabajaba, un estudio comparativo sobre los desafíos del Estado de bienestar en Noruega y España en colaboración con un grupo de investigadores noruegos. El reto era desbrozar dos realidades radicalmente diferenciadas para identificar, en la medida de lo posible, problemas y horizontes comunes y rastrear las respuestas que se estaban dando a dichos retos en el marco de los respectivos Estados de bienestar. Para ello debíamos trabajar en parejas mixtas (un investigador noruego y otro español) en tres ámbitos de política diferenciados: los cuidados de larga duración, las políticas de empleo y las políticas de familia y de género. Mi responsabilidad se centraba en este último ámbito en colaboración con la socióloga noruega Arnlaug Leira, una prestigiosa académica conocida por sus investigaciones sobre estas materias en el mundo escandinavo.

Contrastar sociedades tan distintas resultó sumamente complicado. El sistema de bienestar noruego se ha erigido sobre principios y fundamentos que poco tienen que ver con los principios familistas del sistema de bienestar en España. El liderazgo político, al igual que en otros países escandinavos como Suecia o Dinamarca, ha correspondido a la socialdemocracia, que ha gobernado estos países casi en solitario durante décadas. En consecuencia, la participación del Estado ha sido muy intensa en todos los ámbitos del bienestar, tanto en el campo de la protección económica y el mantenimiento de ingresos ante determinadas eventualidades que pueden presentarse en el ciclo vital (paro, enfermedad, discapacidad, pobreza) como en la provisión de servicios públicos a las familias. El gran volumen de recursos públicos movilizados tiende a garantizar un impacto redistributivo muy notable a través de políticas universalistas e inclusivas y, a resultas de ello, se traduce en niveles bajos de desigualdad y pobreza. Sin embargo, dentro de un marco general de políticas de bienestar universalistas existen también programas de protección específica para grupos vulnerables como los hogares monoparentales. Todo ello exige una alta presión fiscal, una opinión pública favorable a este proyecto y dispuesta a financiarlo110.

A diferencia de lo que sucede en países como España, en Noruega (y en el modelo nórdico, en general) los problemas que experimentan las familias para desarrollar sus funciones y responsabilidades se definen como asuntos públicos desde etapas históricas tempranas. En este sentido, las familias y sus dificultades fueron ya objeto de acalorados debates durante el periodo de reforma social que tuvo lugar en los países nórdicos hace casi un siglo, coincidiendo con la primera gran expansión de sus estructuras de bienestar en los años treinta del siglo XX. El principal motor de muchos de los cambios que tuvieron lugar en las siguientes décadas fue la respuesta feminista a los cambios sociales que estaban teniendo lugar, principalmente la incorporación de la mujer al mercado de trabajo —que se aceleró a partir de la década de los setenta— y el auge de los hogares de doble ingreso. En este contexto, destaca por su importancia el trabajo de notables intelectuales feministas como Alva Myrdal, que argumentaron la necesidad de las reformas sociales para asentar sobre bases firmes la libertad individual (sobre todo de las mujeres) para organizar su vida conforme a sus preferencias, anteponiendo sus deseos y ambiciones a los imperativos familiares contemplados en el sistema de normas y usos sociales tradicional. También destaca el papel de las “feministas de Estado”, un conjunto de políticas y altos cargos al frente de organismos públicos que, a partir de la década de los setenta, contribuyeron a politizar la necesidades familiares, redibujando las fronteras entre los ámbitos público y privado111.

Es este el marco en que la atención a la infancia cobró un claro protagonismo. La mayoría de las iniciativas sociales adoptadas se concibieron como medidas para propiciar la activación de los progenitores y favorecer la igualdad de género. Los beneficios para la infancia son colaterales, aunque sustanciosos. Padres y madres se convierten en los destinatarios de apoyos y servicios para hacer posible la participación de ambos progenitores en el mercado de trabajo, prevenir la discriminación laboral de las mujeres y desarrollar las responsabilidades parentales en régimen de igualdad. Para ello tienden a igualarse los permisos parentales y se potencian los servicios públicos de cuidado, especialmente la escuela infantil 0-3 años.

En el curso de las últimas cuatro décadas, Noruega se ha dotado de un robusto sistema de escuela infantil universal para todos los niños de 1 a 3 años cuyos padres deseen escolarizarlos. El acceso a servicios de cuidado públicamente subsidiados está garantizado como derecho de los niños y niñas de 1 a 5 años. Aunque los padres que deciden no escolarizar a sus hijos a esas edades pueden optar a una ayuda monetaria alternativa, el porcentaje que renuncian a llevar a sus hijos a la escuela infantil se ha venido reduciendo progresivamente. En 2012, el 70,6% de los niños de un año y el 89% de los niños de dos años asistían a este tipo de centros, lo que en la práctica garantiza que las oportunidades de estimulación que ofrece la escolarización temprana llegan a buena parte de la población más vulnerable.

Al margen de la prestación monetaria que se concede a los padres que eligen no llevar a sus hijos a la escuela infantil, existen otras prestaciones familiares bastante generosas. Así, los permisos parentales en Noruega comprenden 49 semanas con compensación salarial completa o 59 semanas al 80%. 14 semanas se reservan exclusivamente para la madre y 14 para el padre. Las semanas restantes pueden ser utilizadas indistintamente según la elección de los padres. Las prestaciones por hijo a cargo se extienden a todas las familias con hijos de 0 a 17 años (125 euros por hijo) y las familias monoparentales reciben ayudas adicionales en caso de que el progenitor a cargo del menor esté empleado, busque activamente empleo o esté estudiando.

La combinación virtuosa de servicios públicos que propician la empleabilidad de los progenitores y de transferencias monetarias generosas a familias con niños hace posible que los países nórdicos sigan presentando, por regla general, las tasas de riesgo de pobreza infantil más bajas de Europa. En este sentido, resulta interesante subrayar algo que a veces no se explica bien cuando, en España, se presentan los perfiles del sistema de bienestar escandinavo como un modelo de éxito a imitar. La clave para dar cuenta de las bajas tasas de riesgo de pobreza infantil no hay que buscarla solo en la generosidad de las ayudas económicas que ofrecen los Estados de bienestar nórdicos, sino en el peso relativamente alto de los ingresos procedentes del mercado —principalmente salariales— en el total de ingresos disponibles de los hogares situados en los tramos más bajos de ingresos, gracias a la comparativamente alta intensidad de empleo en estos hogares112.

El modelo laborista británico

Una figura de primer orden para entender la evolución reciente de las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión en la infancia es el antiguo primer ministro de Reino Unido, Tony Blair. En 1999, un año después de su llegada al poder, Blair declaró la guerra a la pobreza infantil. Casi tres millones y medio de niños y niñas se encontraban en situación de pobreza (uno de cada cuatro), independientemente de si esta se definía en términos relativos o absolutos y 2,6 millones (uno de cada cinco) en situación de carencia material severa. El Primer Ministro laborista llegaba al poder tras una larga etapa de gobiernos conservadores —inicialmente liderados por Margaret Thatcher y a continuación por John Mayor—, conocidos por sus orientaciones neoliberales en relación a la protección social. A lo largo de esos años, la situación británica había sido definida como absolutamente anómala en estudios comparativos internacionales. La pobreza infantil se había disparado en un contexto de crecimiento acelerado de la desigualdad y de la pobreza general. Prestigiosos investigadores como John Hills o Paul Gregg, entre otros, habían contribuido a documentar los perfiles de nuevas formas de pobreza como las que aquejaban a hogares sin trabajo, a familias monoparentales o, de manera más amplia, a los barrios devastados por la reestructuración industrial. Habiendo sido ignoradas y desatendidas todas estas nuevas modalidades de pobreza y exclusión durante años por los maltrechos sistemas públicos de bienestar, Reino Unido afrontaba un escenario de extrema precariedad social que amenazaba no solo su cohesión social, sino el futuro económico de la sociedad británica. Ofrecer respuestas a estos retos fue una de las principales causas que abanderaron los dirigentes laboristas a partir de 1998.

Tony Blair pudo contar con el respaldo de la opinión pública en esta empresa. Los sondeos del momento acreditaban un apoyo extendido a la necesidad de adoptar iniciativas decididas contra la desigualdad y la pobreza, aunque muy pocos respaldaban hacerlo a través de las políticas de ayudas tradicionales del Estado de bienestar británico para los pobres. Sí que existía, sin embargo, un apoyo sólido a la idea de canalizar ayudas a los niños desfavorecidos113.

En este contexto, en un famoso discurso en la primavera de 1999 en el que reivindicó también la necesidad de recuperar el prestigio del Estado de bienestar británico, Tony Blair se comprometió a acabar con la pobreza infantil en 20 años: “Nuestro objetivo histórico va a ser convertirnos en la primera generación que acaba con la pobreza infantil. Nos va a llevar una generación. Es una misión de 20 años, pero creo que puede hacerse si reformamos el Estado de bienestar y lo reconstruimos en torno a las necesidades de las familias y los niños”114. Para el Primer Ministro británico, el Reino Unido debía convertirse en un país de oportunidades donde el destino no viniera marcado por el nacimiento: “La pobreza no debe ser una marca de nacimiento. Ser pobre no debe ser una condena de por vida. Necesitamos romper el círculo de las desventajas”.

Invertir en infancia se planteó como una estrategia para reorientar el foco del Estado de bienestar hacia el futuro115. Destinando recursos a la infancia, y sobre todo a la infancia vulnerable, se estaba invirtiendo en el futuro social y económico del país. Por un lado, la lucha contra la pobreza infantil fue conceptualizada como la mejor forma de prevenir problemas sociales y grietas en la cohesión social. Por otro, en el marco de una economía global del conocimiento, apostar por el desarrollo pleno de las facultades y competencias de los niños y niñas fue planteado como una forma de generar capital humano, un recurso esencial para mejorar la competitividad económica de una sociedad. Niños y niñas pasaron a ocupar el centro de un nuevo discurso de inversión social que guio las actuaciones del Gobierno laborista en el marco del discurso conocido como la “tercera vía”.

Rápidamente el Gobierno laborista se afanó en desarrollar nuevas políticas de lucha contra la pobreza infantil. El abanico de políticas era amplio y variopinto. En consonancia con planteamientos más generales de la “tercera vía”, se entendía que las políticas de lucha contra la pobreza infantil debían impulsarse en un marco más amplio de reforma del Estado de bienestar. Esta reforma debía perseguir el aumento de la participación laboral (incentivando la aceptación de empleos por parte de los desempleados y el aumento de la dedicación al empleo en hogares con baja intensidad de trabajo) y centrarse principalmente en los más necesitados. Se pretendía que fuese liderada por el Estado, pero que sumase también a la causa a las entidades empresariales y al Tercer Sector. Escapando de una lógica en la que las administraciones públicas se ciñen a gestionar ayudas monetarias a las familias vulnerables con hijos menores a cargo, los servicios públicos y las infraestructuras comunitarias debían ganar protagonismo en la provisión de bienestar para estos grupos.

En el transcurso de algo más de una década, las políticas de lucha contra la pobreza infantil se convirtieron en el santo y seña de las políticas laboristas en Reino Unido. Así, en el marco de las reformas del mercado de trabajo para incentivar la participación laboral, el Gobierno mejoró el salario mínimo y desarrolló un nuevo sistema de créditos fiscales para la población trabajadora destinado a complementar los ingresos salariales más bajos, con atención especial a las familias con niños. El rasgo fundamental de este sistema es el de haber sido deliberadamente diseñado para fomentar el empleo, evitando las trampas de la pobreza (make work pay), en sintonía con la nueva filosofía de la “tercera vía”.

Sin embargo, eso no significó renunciar a otros dispositivos de protección de la infancia. Lejos de desmantelarlos o sustituirlos tras la aplicación del nuevo enfoque en la lucha contra la pobreza infantil, el Gobierno laborista apostó también por mejorar las remuneraciones por permiso maternal, así como la prestación por hijo a cargo (Child Benefit). Esta doble vía de actuación permitió incrementar significativamente los recursos disponibles en los hogares más vulnerables con niños.

En este afán de garantizar ingresos básicos, el Gobierno también desarrolló un nuevo sistema de fondos de ahorro individualizados para cada niño nacido a partir de septiembre de 2002 (Child Trust Funds) que la administración iba dotando periódicamente de recursos, con la posibilidad de que fueran complementados por padres o entidades sociales (incentivados por un tratamiento fiscal favorable). Los niños de familias más vulnerables recibían aportaciones públicas más elevadas. Ese fondo personal pretendía convertirse en una dotación básica de activos con la que cada ciudadano pudiera contar al llegar a la mayoría de edad.

Más allá de la política de garantía de ingresos, Tony Blair impulsó también un ambicioso programa de expansión de servicios para la infancia y las familias con niños. Uno de los principales hitos en este sentido fue el despliegue de Sure Start, un conjunto de iniciativas comunitarias en zonas sociales de elevada complejidad social para proporcionar educación infantil 0-3 años, acompañamiento socioeducativo y orientación sociolaboral a las familias. El apoyo a la infancia se materializó también en importantes inversiones en edades más avanzadas de la infancia. Su compromiso con la educación como palanca de oportunidad social y desarrollo económico quedó claramente plasmado en una de sus grandes citas: “Si me preguntáis por las tres prioridades principales del Gobierno os las digo: educación, educación y educación”116. Esa prioridad se reflejó en un aumento del gasto público en educación desde el 4,9% del PIB en 1997 al 5,6% en 2007, lo que significaba (teniendo en cuenta el aumento del PIB en esos años) doblar los recursos efectivos dedicados a la educación. Buena parte de esos recursos se dedicaron a las escuelas de Educación Primaria, que fueron consideradas prioritarias. Los recursos adicionales se invirtieron en reducir el número de alumnos por clase, reforzar las plantillas con profesores asistentes y mejorar los salarios de los maestros. También se introdujeron novedades curriculares como la hora de alfabetización y lectura (literacy hour), que requería que los maestros de Primaria dedicaran una hora diaria a este tipo de actividades117.

Otro terreno en el que se aplicó con determinación el Gobierno laborista fue la expansión de programas de actividades extraescolares, que permitieran utilizar las instalaciones de los centros escolares para el desarrollo de actividades de formación y ocio educativo en horarios y periodos no lectivos. Gracias a estos esfuerzos, las iniciativas locales para proporcionar esta clase de servicios se extendieron notablemente, de lo que pudieron beneficiarse particularmente los alumnos más vulnerables118.

La prioridad otorgada a la infancia en general y a la infancia vulnerable en particular se materializó también en innovación institucional en la estructura de gobierno. En 2004 el Gobierno laborista aprobó una Ley de Infancia (Children Act) orientada a reforzar la atención a la infancia y a coordinar actividades en diferentes niveles de gobierno. En el marco de sus competencias, Gales, Escocia e Inglaterra nombraron Comisionados de Infancia para hacer efectivos los derechos de la infancia recogidos en la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Con la llegada de Gordon Brown al cargo de Primer Ministro, en verano de 2007, se estableció por vez primera un ministerio dedicado explícitamente a la infancia (Department of Children, Schools and Families). En 2010 se aprobó la Ley contra la Pobreza Infantil (Child Poverty Act), mediante la cual se renovaron los compromisos de erradicación de la pobreza infantil proclamados en su momento por Tony Blair y se fijaron nuevos objetivos de referencia en una serie de indicadores de pobreza relativa, pobreza consistente (una combinación de indicadores de privación material y bajos ingresos), pobreza persistente y pobreza absoluta. Esta Ley preveía también la creación de un órgano público no gubernamental (Commission of Child Poverty) encargado de asesorar al Gobierno y evaluar el cumplimiento de esos objetivos.

Las actuaciones de los gobiernos laboristas constituyeron, por tanto, un auténtico tour de force que supuso un extraordinario despliegue político e institucional, acompañado de un notable esfuerzo presupuestario. Blair no consiguió erradicar la pobreza infantil como se había propuesto, pero los indicadores de vulnerabilidad socioeconómica de la infancia mejoraron sensiblemente. El riesgo de pobreza relativa disminuyó un 16% entre 1998-1999 y 2007-2008 y el porcentaje de niños bajo el umbral de pobreza absoluta se redujo a la mitad119. Entre 1999 y 2010 el Estado británico aumentó más de 20 puntos su capacidad de reducir el riesgo de pobreza infantil a través de prestaciones monetarias, un aumento que no tiene parangón en ningún otro país de la UE-15120. El Reino Unido hizo también progresos notables en la reducción de índices de privación material de bienes básicos, especialmente en familias monoparentales.

Fueron destacables también las mejoras en otros indicadores. Así sucedió, por ejemplo, con los resultados del estudio TIMSS, una prueba que analiza las competencias de los niños de distintos países en matemáticas y ciencias. En el periodo 1995-2007 se evidenciaron mejoras significativas en los conocimientos de matemáticas y ciencias, de magnitud superior a las que se observaron en la mayoría de países. Esas mejoras se correspondían también con un cambio positivo en la percepción que tenía la opinión pública sobre la situación de la educación en el país121.

La evolución de indicadores de bienestar infantil siguió una pauta similar. En el periodo 2000-2001 a 2005-2006, los niños británicos nacidos entre 1990 y 1995 —y que, por tanto, estuvieron expuestos a lo largo de infancia a las nuevas políticas— mejoraron en 12 de los 14 indicadores recogidos por la OCDE para los 21 países que integran esa organización. En algunos de esos indicadores, como los niños que manifestaban comer fruta a diario o que les gustaba mucho la escuela, la mejora fue muy notable. Así, el porcentaje de niños que comían fruta a diario pasó del 27% al 43%, mejorando la posición de Reino Unido desde el puesto 18 en el ranking de países de la OCDE al tercero; el porcentaje que decía que le gustaba mucho la escuela pasó del 20% al 37%, situando al Reino Unido en el cuarto lugar en el ranking. De manera agregada, Reino Unido pasaba de la posición 17 en 2000-2001 a la 12 en 2005-2006 en esa clasificación de países122.

Tras la estela de las iniciativas laboristas

Desde finales de la década de los noventa, Reino Unido se convertía en país de referencia en relación con las iniciativas de inversión en infancia y en particular en la lucha contra la pobreza infantil. Pero ni mucho menos ha sido el único país que ha otorgado una atención prioritaria al bienestar infantil en la primera década del siglo XXI. En algunos países que presentaban lagunas importantes en estos capítulos, como Canadá, se desarrollaron iniciativas parecidas a la británica. Las primeras acciones de ayuda a la infancia se remontan también a finales de los noventa, en forma de ayudas por hijo en el marco del sistema de créditos fiscales para la población trabajadora (National Child Benefit). La inversión se expandió notablemente con la aprobación del programa de Early Childhood Development (2001), que iba a proporcionar recursos federales para desarrollar iniciativas de apoyo a la infancia en las provincias canadienses, especialmente las más vulnerables. Algunas de las provincias con más sensibilidad social, como Ontario o Quebec, aprovecharon estos recursos para construir un generoso sistema de ayudas y apoyo a la infancia123.

En otros países, como Irlanda y Alemania, las iniciativas llegaron un poco más tarde, pero han propiciado una importante mejora de sus sistemas de protección económica a la infancia. En Irlanda, a partir de la publicación de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Infantil en 2000124, sucesivos gobiernos han mejorado sustancialmente las ayudas económicas a las familias con niños. Hoy, las prestaciones por hijo se sitúan en los 140 euros mensuales para cualquier niño residente en el país, una de las prestaciones más elevadas en Europa y que se convierte en una importante fuente de ingresos para los hogares vulnerables con niños125. Desde 2014 los esfuerzos se desarrollan dentro de un marco nacional que establece una hoja de ruta para sacar a 70.000 niños de la “pobreza consistente” en 2020 con medidas que incluyen intervenciones para mejorar el empleo de los padres e inversiones para reforzar apoyos y servicios en edades tempranas126.

En Alemania, que ha dispuesto tradicionalmente de un generoso sistema de prestaciones universales por hijo a través de las cuales el Estado se corresponsabiliza de la crianza, el llamado Kindergeld se incrementó un 16,5% en 2010. Desde 2005 existe también un complemento infantil para familias con adultos en situaciones de desempleo cuyos costes de crianza agravan sus situaciones de vulnerabilidad (Kinderzuschlag) que beneficia a 250.000 niños. La apuesta por las inversiones en familias e infancia a partir de esos años se materializó también en un incremento de un 63% del gasto en escuela infantil entre 2008 y 2016.

La agenda de inversión en infancia se incorpora incluso a países que están tratando de construir un Estado de bienestar complejo a partir de fundamentos relativamente débiles y fragmentados, como Chile, Brasil o Uruguay. Chile se convierte en un referente en los países de América Latina con el programa Chile Crece Contigo, impulsado por la presidenta socialista Michelle Bachelet a partir de 2006. Este programa proporciona apoyos y prestaciones a niños, niñas y sus familias desde la gestación hasta los cuatro años —aunque recientemente se ha extendido hasta los nueve— y fue concebido explícitamente como un programa de “lucha contra la desigualdad desde la cuna”. En el marco de este programa se realiza un seguimiento personalizado de la trayectoria de desarrollo del menor, otorgando a cada niño o niña prestaciones específicas en función de sus necesidades. Se trata, en ese sentido, de un programa que combina prestaciones de carácter universal y ayudas específicas a los niños que presentan mayor vulnerabilidad: ayudas técnicas a niños y niñas con alguna discapacidad, acceso gratuito a salas-cuna, acceso gratuito a jardín infantil de jornada extendida, así como acceso preferente a otros servicios públicos127.

En este proceso de incorporación progresiva de la agenda de inversión en infancia, la crisis económica que comienza en 2008 representa en muchos lugares un parón, cuando no una involución de los logros alcanzados en el periodo anterior. Esa regresión es manifiesta en Reino Unido, donde los gobiernos conservadores introdujeron modificaciones sustanciales en el sistema de garantía de ingresos que penalizan a muchas familias vulnerables con niños y contribuyen con ello a frenar las tendencias positivas en la reducción de la pobreza infantil observadas hasta esa fecha. Los recortes afectaron también de manera intensa a los países del sur de Europa, donde algunos gobiernos socialdemócratas (como Portugal y España) habían comenzado a adoptar las primeras iniciativas de una agenda de inversión en infancia. Así en España, en 2010 se puso fin a la prestación por nacimiento de 2.500 euros (el llamado “cheque bebé”), que el presidente Zapatero había instaurado tan solo dos años antes. En 2012, tras la llegada al poder del Partido Popular, se congelaron también los fondos destinados al Plan Educa 3, que había dotado de recursos a comunidades autónomas y municipios para la construcción de escuelas infantiles 0-3 años, al tiempo que se paralizó el Plan PROA (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo) para alumnos con dificultades de aprendizaje en Primaria y en la ESO. Con ello se cercenaba momentáneamente la gestación de un nuevo marco de políticas para la infancia vulnerable.

El final de la crisis abre nuevas oportunidades para la expansión de la agenda de inversión en infancia, especialmente la infancia más vulnerable. Uno de los hitos más reseñables en Europa, antes de la creación del Alto Comisionado para la pobreza infantil en España, fue el nombramiento de un Delegado Interministerial para la Prevención y Lucha contra la Pobreza Infantil y Juvenil en Francia en octubre de 2017. El Delegado Interministerial, Olivier Noblecourt, dedicó el primer año de su mandato a analizar las necesidades más acuciantes y a explorar sus vías de abordaje desde las políticas públicas. Fruto de su trabajo es un ambicioso plan de choque que incluye inversiones por un montante de 8.000 millones en cuatro años para favorecer la apertura de escuelas infantiles 0-3 años en barrios de escasos recursos, apoyar económicamente a las guarderías que acojan a niños más desfavorecidos, promover la distribución de desayunos gratuitos en las escuelas de barrios de bajos ingresos, la provisión de comidas equilibradas en comedores escolares a un euro o el desarrollo de planes de formación y acompañamiento de jóvenes en la transición de la escuela al trabajo, entre otras muchas medidas.

Otro hito que no conviene olvidar es la aprobación de los “presupuestos del bienestar” en Nueva Zelanda en 2019. Con ellos, la mandataria Jacinda Ardern y su equipo defienden pasar de un enfoque tradicional basado en un análisis economicista de costes y beneficios a otro centrado en fomentar el bienestar general en áreas en las que el país tiene mayores oportunidades de mejora. En la práctica, eso significa que todos los gastos nuevos —que representan una parte del total— deben promover una de las cinco prioridades del Gobierno: mejorar la salud mental, reducir la pobreza infantil, abordar las desigualdades que sufren los indígenas maoríes, prosperar en la era digital y transitar hacia una economía medioambientalmente sostenible y baja en emisiones. La importancia otorgada a la lucha contra la pobreza infantil se refleja en un plan para reducirla a la mitad en diez años, plan cuyo progreso deberá ser revisado cada tres años.

La infancia vulnerable en la agenda europea

La lógica de la inversión en infancia ha entrado también con fuerza en la agenda europea. Quizás el origen de la puesta en valor de la atención a la infancia hay que buscarlo en las reflexiones que a partir de 2000 se producen para armar la Estrategia de Lisboa. Dentro de este marco, durante la presidencia belga en la segunda mitad del 2001, el Ministro de Sanidad y Seguridad Social, Frank Vandenbrouke, encarga a un equipo académico, liderado por el sociólogo danés Gøsta Esping Andersen, un estudio para reforzar la vertiente social de la estrategia a partir de una reconsideración del gasto social como una oportunidad de inversión que promueva el crecimiento y la cohesión. El resultado de este trabajo, Why We Need a New Welfare State sitúa por primera vez la inversión en infancia como un mecanismo clave para desactivar tendencias hacia la desigualdad, maximizar el bienestar y promover el desarrollo de una sociedad donde pueda sacarse todo el partido al talento natural de los individuos e incrementar así la productividad. El objetivo es reconstruir el Estado de bienestar para preparar a las personas para valerse por sí mismas; ayudarlas a afrontar los nuevos riesgos sociales adaptándose con éxito a las grandes transformaciones económicas laborales y demográficas en lugar de intervenir de manera reparadora a través de las políticas tradicionales de carácter pasivo, cuando el daño ya presenta perfiles de gran complejidad. Frank Vandenbrouke es autor, en la introducción, de una frase que sintetiza el espíritu de la nueva apuesta por la infancia: “es necesario ser bien conscientes de que una buena política de pensiones —al igual que una buena política sanitaria—comienza en el momento del nacimiento”128.

A partir de la aprobación de la Agenda Social en 2005, la alusión a la lucha contra la pobreza infantil en el discurso de la Unión Europea y en las recomendaciones que se realizan a los Estados miembros fueron ganado protagonismo. Eso no significaba necesariamente situar a los niños en el centro del diagnóstico y las recomendaciones políticas. Durante los primeros años, prácticamente el único foco de atención fue abordar las dificultades de los progenitores para conseguir empleo con el que proteger a sus hijos de la pobreza. En los informes que se publicaron en esos años (como los Joint Reports on Social Inclusion) y en los discursos oficiales la pobreza infantil es vista, fundamentalmente, como el subproducto de las grandes transformaciones que están teniendo lugar en el mercado de trabajo y que está generando nuevas formas de vulnerabilidad laboral. Dentro de este marco, casi la única forma de abordar el problema que merece consideración seria son los programas de activación y formación de los progenitores129. Las cosas empiezan a cambiar a partir de la publicación de la Renewed Social Agenda en 2008, que sitúa la solidaridad intergeneracional, y en particular la atención a la infancia y a los jóvenes, como prioridad de la Estrategia de Lisboa y la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea.

Otra clave para explicar la creciente visibilidad de la infancia en el panorama europeo es la actividad de entidades de defensa de los derechos y bienestar de la infancia. Es de destacar, en ese sentido, el trabajo de Eurochild, una red de decenas de organizaciones nacionales, regionales y locales que, a partir de 2004, se agrupan para impulsar los intereses de la infancia ante las instituciones comunitarias. Sus propuestas para favorecer el reconocimiento de niños y niñas como sujetos de derechos, extender servicios de calidad para la infancia (especialmente en la primera infancia) y garantizar recursos económicos adecuados a los hogares con niños han contribuido de forma decisiva a configurar la agenda europea sobre infancia. Sin su labor de sensibilización e incidencia política sería difícil entender los avances producidos en el marco de la Estrategia 2020, aprobada en 2012 y que establece dos objetivos vinculados a la pobreza infantil: el compromiso de sacar a 20 millones de personas de la pobreza y el de reducir el abandono escolar prematuro hasta situarlo por debajo del 10%.

Un gran punto de inflexión se produce en 2013 con la adopción de la Recomendación Investing in Children: Breaking the Cycle of Disadvantage como elemento integrante del Paquete de Inversión Social que proporciona a los Estados miembros orientación en la adopción de políticas de inversión social130. En esa Recomendación se fijan tres pilares para abordar las inversiones en infancia: (1) acceso a recursos adecuados, (2) acceso a servicios de calidad asequible y (3) el derecho a la participación infantil. La Recomendación realiza un llamamiento a los Estados miembros a promover servicios que posibiliten la conciliación de la vida laboral y familiar y fomenten la incorporación de los progenitores al mercado de trabajo —especialmente en hogares desfavorecidos—, pero también propugna el desarrollo de un sistema de protección que asegure a los niños un estándar de vida adecuado, combinando prestaciones monetarias (ayudas por hijo a cargo, ayudas a la vivienda, rentas mínimas) y en especie (educación infantil, nutrición, salud, acceso a deporte y actividades socioculturales). La Recomendación hace hincapié en la necesidad de invertir en servicios públicos que puedan reducir las desigualdades, como la escuela infantil 0-3 años. Preconiza la adopción de medidas para asegurar que todos los niños reciban educación de calidad, alertando sobre los riesgos de la segregación; y reclama también a los Estados miembros esfuerzos para prevenir desahucios que puedan afectar a niños y niñas, así como medidas para prevenir que las familias se vean en la tesitura de tener que cambiar de vivienda por motivos económicos.

La Recomendación es el primer paso firme en la dirección de situar la inversión en la infancia más vulnerable no solo en el terreno de las iniciativas con potencial para fomentar el crecimiento en un marco de oportunidades para todos, sino también en el del desarrollo de un nuevo pilar social europeo en el que los apoyos a la infancia puedan concebirse como derechos. En ese sentido, resultan muy prometedores los trabajos preparatorios que está desarrollando la Comisión Europea para adoptar un programa de Garantía Infantil, propuesta a instanciasdel Parlamento Europeo. Dicha propuesta contemplaría destinar una proporción fija del presupuesto del Fondo Social Europeo+ del nuevo marco financiero plurianual (2021-2027) a inversiones en infancia para garantizar atención sanitaria, educación y escuela infantil gratuitas y de calidad, acceso a una vivienda decente y a una nutrición adecuada para todos los niños y niñas en Europa.

Evidentemente, estamos ante documentos guía y de propuestas cuyos frutos están básicamente por llegar y su impacto por ver. En una primera evaluación de la Recomendación de 2013, realizada en 2017 por la Red Europea de Políticas Sociales (ENPS), se señala que cuatro países han adoptado medidas decididas para mejorar sus sistemas de protección a la infancia en la línea marcada por dicha Recomendación: Estonia, Francia, Irlanda y Malta. En ocho países más se observan tímidas reformas en una dirección positiva. En el resto no se advierten cambios relevantes. En algunos casos se trata de países con bajos niveles de pobreza o exclusión social donde no se requieren reformas significativas. Sin embargo, el informe advierte que en algunos países con altos o muy altos niveles de pobreza o exclusión social (incluida España) no se adoptaron las medidas oportunas para abordar esta situación.

Hubo que esperar a la segunda mitad del año 2018, tras la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, para que España comenzara a tomarse verdaderamente en serio los retos de la lucha contra la pobreza infantil.

En resumen

En este capítulo repaso algunas de las actuaciones gubernamentales más interesantes en el campo de la lucha contra la pobreza infantil. Comienzo fijando mi atención en las políticas de bienestar escandinavas, las primeras en dedicar una atención robusta a las familias y la infancia. En la parte central del capítulo dirijo mi mirada a las innovaciones políticas impulsadas por el Gobierno de Tony Blair en Gran Bretaña y repaso brevemente iniciativas desarrolladas por otros gobiernos. Termino centrándome en la agenda de la Unión Europea y su previsible evolución.

Los países escandinavos son pioneros en las políticas de bienestar que protegen a la infancia de situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. La orientación de sus políticas públicas se basa en la combinación virtuosa de servicios públicos que propician la empleabilidad de los progenitores y de transferencias monetarias generosas a familias con niños.

Aunque parte de los logros han sido revertidos en los últimos años de Gobierno conservador, las políticas de la tercera vía británicas a partir de la llegada al Gobierno de Tony Blair han ayudado a combatir decisivamente la pobreza infantil en ese país. Constituyen un punto de referencia para políticas desplegadas posteriormente por distintos gobiernos en Europa y fuera de ella.

La lógica de la inversión en infancia ha entrado también con fuerza en la agenda de la Unión Europea. Aunque esta agenda empieza a conformarse a principios del nuevo milenio, se refuerza claramente a partir de 2013 y apunta en direcciones prometedoras a partir de ese momento, como es el posible desarrollo de una Garantía Infantil a escala de todo el continente.

CAPÍTULO 5

¿QUÉ HABRÍA QUE HACER?

El lunes 22 de julio comenzaba el debate de investidura de la XIII legislatura. Pedro Sánchez se presentaba por segunda vez sin la seguridad de salir elegido (a la postre no lo fue). En su primera intervención desgranó los seis ejes sobre los que debía basarse su acción de gobierno. En el quinto eje, dedicado a la lucha contra la desigualdad, reafirmó su compromiso de lucha contra la pobreza infantil: “España debe convertirse en el mejor país del mundo para ser niño”. Si el lector me ha acompañado hasta aquí sabrá que estamos bastante lejos de ello, pero eso no significa que no debamos intentar recorrer el camino. Vale la pena. Conseguir acercarnos a esa meta (quizás solo intentarlo) nos convertirá en una sociedad mejor. Y a estas alturas conocemos bastantes estrategias e instrumentos para hacerlo con éxito y medios que podemos permitirnos. En este capítulo vamos a examinar con algo de detalle algunas de las líneas de actuación más prometedoras para avanzar en esa dirección.

Luchar contra la desigualdad

Permítanme que antes de entrar a hablar de medidas contra la pobreza infantil subraye un elemento esencial. La pobreza infantil es expresión de otras formas de vulnerabilidad socioeconómica que aparecen en sociedades desiguales que dejan atrás a parte de su población. Cualquier estrategia efectiva contra la pobreza infantil debe enmarcarse inevitablemente en una estrategia más amplia para combatir el aumento de la desigualdad, especialmente la que afecta a las rentas más bajas. Estamos asistiendo en los últimos años a un aumento considerable de la desigualdad de rentas primarias, es decir, de aquellas rentas generadas por la distribución de recursos que realiza el mercado a través de salarios, remuneraciones a autónomos y rentas de capital (dividendos, ganancias por compraventa de activos, rentas inmobiliarias, etc.). El coeficiente de Gini, que mide el grado de desigualdad en la distribución de ingresos por hogares antes de las transferencias sociales, ha subido un punto y medio en los 28 países de la Unión Europea entre 2008 y 2017, un incremento que ya se venía produciendo en las décadas anteriores. En España el aumento es significativamente superior, del 43,4 al 49,7%. Eso significa que, a falta de otras medidas que contengan la tendencia al alza de la desigualdad de rentas de mercado, los Estados de bienestar tienen que hacer un esfuerzo creciente para mantener la desigualdad de renta disponible en los mismos niveles a través de prestaciones monetarias (de desempleo, rentas mínimas, pensiones, etc.). Muchos países han sido incapaces de sostener ese esfuerzo y la desigualdad de rentas disponibles —la desigualdad de la distribución final de todos los ingresos de un hogar, vengan del mercado, de prestaciones públicas o de ayudas entre hogares— ha aumentado, aunque el incremento suele ser menor que el de la desigualdad de rentas primarias.

Los datos también sugieren que el aumento de la desigualdad es, en parte, producto de la disminución de la participación de los tramos más bajos de ingresos en el total de estos. Entre 2005 y 2017 la participación del primer quintil (20% más pobre) en Europa ha pasado del 8,1% al 7,8%. En España la caída ha sido bastante más brusca: del 7,1% al 6,1% (una caída del 14%). Dicho de otro modo, a medida que el mercado generaba más desigualdad, los hogares más vulnerables terminaban participando de una parte más pequeña del pastel. El Estado conseguía corregir parcialmente la creciente desigualdad que generaba el mercado, pero era menos eficaz en dicha tarea en lo que concernía a los colectivos más desfavorecidos.

Es evidente que el aumento de la pobreza infantil se inscribe en buena medida en estas tendencias. En España, los colectivos más vulnerables sufrieron de manera especialmente virulenta la destrucción de empleo y la caída de rentas salariales provocadas por la crisis y están tardando en recuperar la participación que habían tenido en los ingresos totales antes de esta. La destrucción de empleo se cebó con los segmentos de población con menores niveles de educación y la caída salarial afectó de manera especialmente acusada a los colectivos con vinculaciones frágiles con mercado de trabajo, trabajadores que entraban y salían del mercado laboral con asiduidad debido al carácter temporal de sus contratos. El deterioro de la posición laboral de los grupos más desfavorecidos no fue adecuadamente compensado por la adaptación del Estado de bienestar a la situación de mayor vulnerabilidad sufrida por estos colectivos. Las prestaciones asistenciales por desempleo y los programas de rentas mínimas autonómicas no ofrecieron cobertura adecuada a cientos de miles de hogares que quedaron sin ingresos salariales y/o sin protección social de carácter contributivo, al tiempo que los que sí se beneficiaron de alguno de esos recursos de última red, con frecuencia obtenían ingresos que los mantenían muy por debajo del umbral de la pobreza131. Habiendo quedado atrás la crisis, al menos en lo que respecta a indicadores macroeconómicos agregados, seguimos teniendo algo más de 200 mil hogares sin ingresos más que al inicio de la crisis, la mayoría de los cuales no reciben prestaciones asistenciales o las que reciben son manifiestamente inadecuadas132.

No es este el lugar para una caracterización detallada de los efectos de la crisis y sus secuelas entre la población más vulnerable. Diversos estudios e informes han hecho esa tarea de manera muy pormenorizada133. Todos coinciden en señalar que una de las tendencias más preocupantes es el aumento de la pobreza laboral. El número de hogares cuyos ingresos —obtenidos a través de la participación de sus miembros en el mercado de trabajo— resultan insuficientes para protegerlos de la pobreza ha aumentado de manera muy significativa. La tasa de riesgo de pobreza de la población ocupada pasó del 11,7% en 2008 al 14,8% en 2015 y solo ha remitido levemente al 13,8% en 2018 (último dato conocido).

Según datos del Informe FOESSA 2019, el mercado de trabajo está perdiendo su capacidad para actuar como factor integración como consecuencia de la proliferación de empleos precarios —que condenan a muchos hogares a presentar bajos índices de intensidad de empleo (véase capítulo 3)— y mal pagados134. A consecuencia de ello, el empleo inestable y mal retribuido se está convirtiendo en un factor de exclusión. En el 15,1% de los hogares, la persona principal se encuentra en situación de inestabilidad laboral grave —según el indicador diseñado en el Informe: “ha pasado por seis o más contratos o por tres o más empresas o ha estado tres o más meses en desempleo durante el año de referencia”—. Esto ocurre en el 39,9% de los casos cuando esa persona principal es menor de 30 años y en el 18,1% cuando hay algún menor en el hogar. Estas trayectorias laborales salpicadas de frecuentes entradas y salidas del empleo, combinadas con otros fenómenos de desestandarización —el empleo a tiempo parcial, por obra y servicio, los empleo de “libre disposición”, la actividad desregulada en plataformas colaborativas— están limitando las posibilidades de integración de muchos colectivos. En general, tanto la legislación laboral como la protección social están teniendo grandes dificultades para adaptarse a estas nuevas realidades. El resultado de estos procesos y de la falta de respuesta pública adecuada se traduce en una creciente inestabilidad en las rentas y las pautas de gasto de las familias más vulnerables, así como en una gran incertidumbre e impredecibilidad respecto al futuro.

Un aspecto adicional a tener muy en cuenta es el aumento del precio de bienes básicos y en particular —pero no solo— la vivienda. La incapacidad de muchos hogares para asumir compromisos hipotecarios durante la crisis incrementó notablemente la demanda de vivienda en alquiler, provocando un aumento de su precio, especialmente a partir de 2013. El Banco de España ha determinado que, en los últimos cinco años, el precio de la vivienda se ha incrementado en un 50%135. Los mayores perjudicados han sido los jóvenes y grupos más vulnerables, más proclives a vivir en régimen de arrendamiento. Las ratios de alquiler son también sistemáticamente más elevadas en los hogares con niños dependientes. El esfuerzo económico que deben soportar estos hogares para pagar el coste del alquiler ha crecido de forma sostenida en la última década hasta situarse entre los más elevados de toda Europa. En estas condiciones, se han generalizado las situaciones de sobrecarga por gasto por vivienda —hogares que dedican a los gastos de vivienda más del 40% de sus ingresos—, especialmente en los tramos más bajos de ingresos136.

Una de las formas de vulnerabilidad económica relacionada con el pago de bienes básicos que más ha aumentado es la pobreza energética. Se trata de los hogares que no disponen de recursos económicos suficientes para cubrir los gastos necesarios para alcanzar el confort térmico en el interior de las viviendas o para satisfacer otros consumos energéticos básicos del hogar como, por ejemplo, los relacionados con la iluminación, la preparación de alimentos o el agua caliente. En 2008, un 5,9% del total de hogares españoles y un 14,2% de los hogares en el primer decil de ingresos (tramo más pobre) declaraban no poder mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Ambos porcentajes aumentaron progresivamente durante los años siguientes, alcanzando en 2014 y 2015 los valores máximos que prácticamente doblaban los iniciales. En 2018 las cifras continúan situándose en 9,1% y 24,2%, muy por encima de los porcentajes observados en 2008. Como recuerda el Informe Foessa, entre 2007 y 2017 el incremento del precio medio de la energía eléctrica de uso doméstico en España según el tramo de consumo fue entre 33 y 48 puntos superior al de la Unión Europea. La mayor subida la sufrieron aquellos hogares con los menores consumos (por debajo de los 1.000 kilovatios), entre los cuales se encuentran muchos hogares energéticamente vulnerables. También aumentó de manera considerable el precio del gas para consumo doméstico. Como consecuencia de estos aumentos de precio y el descenso de los ingresos en los tramos de renta más bajos, los hogares en los deciles inferiores han visto crecer la carga que supone el coste de la energía en sus ingresos totales. Un número cada vez mayor de hogares han afrontado dificultades crecientes para hacer frente a las facturas y han sufrido retrasos en el pago de suministros básicos. De nuevo, los expertos señalan que los hogares con menores presentan una incidencia particularmente elevada de estos problemas137.

Confrontamos, por tanto, un aumento notable de la desigualdad, que aun afectando de forma especialmente intensa a los hogares con niños, requiere iniciativas generales que rebasan con creces el objetivo de luchar contra la pobreza infantil. Por ese motivo, una buena política de lucha contra la pobreza infantil comienza inevitablemente por políticas generalistas de lucha contra la desigualdad en el mercado de trabajo, en las políticas de protección social, en el mercado de la vivienda o en el ámbito energético.

Luchar contra la desigualdad se ha convertido un imperativo para proteger a la población de la pobreza. Evidentemente, el primer antídoto para sacar de la pobreza a muchos hogares es crear ocupaciones para los sectores en situación de desempleo o que estos puedan ser activados en un contexto laboral favorable y eso pasa, en primer lugar, por favorecer el crecimiento económico. De acuerdo con la estrategia liberal-conservadora, el crecimiento se consigue con regulaciones mínimas y bajos impuestos sobre las corporaciones, las ganancias de capital o las rentas más altas. Con ello, supuestamente se propiciaría una mayor productividad y tasas más altas de inversión. Desde ese prisma, el incremento de beneficios que obtienen los segmentos más ricos “gotea” hasta los estratos más pobres, mejorando la situación de estos últimos. Es lo que se ha denominado trickle down economics (economía del goteo). En España, el Partido Popular expresa explícita y recurrentemente su confianza en que el buen funcionamiento de la economía y la creación de empleo que acompañaría a la misma constituyen la mejor fórmula para mejorar los indicadores de desigualdad y pobreza. Las políticas sociales son, desde esta perspectiva, una respuesta de segundo orden, de carácter preferentemente paliativo, reservada a situaciones anómalas que no puedan ser resueltas directamente por el crecimiento de la oferta de empleo.

Lo cierto es, sin embargo, que la relación entre crecimiento económico y reducción de la pobreza es, cuando menos, ambigua. La literatura especializada nos sugiere que la relación entre crecimiento económico y reducción de la pobreza está intermediada por un gran número de factores. Así, por ejemplo, un estudio de referencia de Ravallion y Chen, centrado en países de Europa, evidenció gran variación en torno a la media138; mientras que en la mayoría de los países el crecimiento económico daba lugar a reducciones de las tasas de pobreza, y las recesiones a incrementos de estas; el efecto de una misma tasa de crecimiento podía ser muy distinto entre países. Un factor clave en estas diferencias es el efecto positivo de las políticas redistributivas que hace posible el crecimiento económico cuando es administrado públicamente en beneficio de los grupos de población más desfavorecidos. Es decir, cuando se crece para repartir.

Sin embargo, ese reparto no se puede dar por descontado. Son notorios los ejemplos de países donde los beneficios del crecimiento económico han sido absorbidos casi en exclusiva por las élites económicas o por los estratos más acomodados. Una ilustración paradigmática es lo ocurrido en Estados Unidos durante los ciclos económicos de 1979-1989 y 2000-2007. El crecimiento económico y la creación de empleo asociada no se tradujeron en un incremento de las rentas de mercado en los tramos de ingreso más bajos (el primer decil), mientras las rentas más altas (el 1% más rico) vieron cómo las suyas se disparaban. El efecto “goteo” no existió y, a falta de una mejora de las políticas redistributivas, los más pobres no se beneficiaron del crecimiento económico.

En aquellos países en los que la situación de los hogares con rentas más bajas ha mejorado, esta circunstancia se ha debido generalmente a que los frutos del crecimiento económico han sido compartidos. Cuando esto ha ocurrido se ha debido, generalmente, a una estructura institucional favorable (con regulaciones que protegen la posición de los trabajadores en la negociación colectiva y sindicatos fuertes) y a la acción deliberada de gobiernos comprometidos con la reducción de la pobreza. Esto último ocurrió incluso en Estados Unidos durante una breve etapa en los años noventa, durante la cual los ingresos de la población más pobre aumentaron modestamente. El factor clave en ese caso fue la implantación de créditos fiscales (Earning Income Tax Credits) para la población trabajadora con menores ingresos. Según las conclusiones de un trabajo comparativo de Lane Kenworthy, basado en datos del Luxemburg Income Study, entre 1979 y 2005 la mejora de la situación de los pobres (el primer decil) en países como Dinamarca, Suecia, Noruega, Reino Unido y Finlandia cabe atribuirla casi enteramente a la mejora de las transferencias monetarias públicas a esas poblaciones. En Holanda, Suiza e Irlanda se produjo una mejora significativa de las transferencias públicas a los grupos más pobres y de sus ingresos salariales y en Australia, Estados Unidos, Canadá y Alemania se observa un estancamiento de ambos tipos de rentas, lo que se tradujo en un deterioro de la posición económica de estos grupos en relación con tramos de renta más altos139.

Es difícil hacer un análisis similar en España debido a la peor calidad de los datos y la discontinuidad de las series históricas, pero las evidencias disponibles apuntan en una dirección parecida. Como señala Luis Ayala, el principal experto en el análisis de la evolución reciente de la desigualdad en nuestro país, el notable crecimiento en la renta media de los hogares españoles registrado en los años ochenta fue especialmente intenso en los percentiles más bajos140. El aumento de los ingresos de este grupo fue sensiblemente superior a la media, impulsado por la recuperación del empleo en la segunda mitad de la década, pero también de manera fundamental por el aumento del gasto social y la puesta en marcha de mecanismos de garantía de ingresos. La etapa de crecimiento económico del periodo 1996-2007 tuvo efectos menos concluyentes sobre la pobreza. Así, las mediciones que se realizaron con el Panel de Hogares de la Unión Europea en el periodo 1996-2001 apuntan a un leve crecimiento de la pobreza relativa en este tramo de fuerte crecimiento de la renta media, del 18,2 al 18,8%. En la misma línea apuntan los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida en el periodo 2004-2008, que muestran cómo la tasa de riesgo de pobreza se mantuvo por encima del 20% en todo el tramo, con una leve tendencia al alza (del 20,1% al 20,8%). La crisis económica que se inicia en 2008 fue demoledora para los grupos más desfavorecidos. La caída de la renta de los grupos más desfavorecidos superó con creces la de cualquier otro tramo de renta, acentuando una desigualdad que no se había reducido durante la larga etapa de expansión precedente.

Parece, por tanto, que existen suficientes razones para no confiar en la acción de la “mano invisible” del mercado para resolver el problema de la pobreza y se hacen imperativas recetas más ambiciosas para luchar contra la desigualdad; iniciativas que presten especial atención a la renta de los colectivos más vulnerables. Eso significa proteger con gasto social y con transferencias monetarias a los colectivos con mayor riesgo de desempleo y menor empleabilidad. Y también atender a la proliferación de empleo precario y mal retribuido, que está erosionando la estabilidad y la suficiencia de los ingresos de grupos cada vez más amplios de la población trabajadora.

Desde una agenda igualitarista, los intensos efectos de las crisis sobre las poblaciones más vulnerables en España, así como la lenta y titubeante mejora de sus condiciones de vida en las etapas de recuperación económica, aconsejan apuntalar su situación económica sobre bases más firmes. Eso pasa inevitablemente por asegurar una suficiencia de ingresos a estos colectivos en condiciones de adversidad. La deficiente protección que proporcionan en nuestro país las prestaciones de empleo asistenciales y las rentas mínimas autonómicas a la población sin ingresos o con ingresos muy bajos obliga a buscar nuevas fórmulas que alivien su situación de desfavorecimiento sin comprometer, en los casos en que sea viable, la reincorporación de personas desocupadas al mercado laboral. Es una necesidad sobre la que se han puesto de acuerdo actores sociales muy diversos en los últimos años, desde entidades sociales y sindicatos —CCOO y UGT presentaron en 2016 una Iniciativa Legislativa Popular a tal efecto— a partidos políticos de distinto signo —PSOE, Podemos e incluso Ciudadanos contemplan medidas para mejorar la protección económica de colectivos de bajos ingresos—, pasando por distintos organismos de análisis y evaluación de políticas públicas. Un estudio de enorme interés es el que ha realizado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sobre los Programas de Rentas Mínimas, a instancias del Congreso de los Diputados141. La conclusión de este estudio de la AIREF afirma que:

En España existe un sistema de ingresos mínimos fraccionado y que presenta disparidades territoriales, puesto que las rentas mínimas de las comunidades autónomas son el único instrumento no categórico que ofrece protección frente al riesgo general de pobreza. Adicionalmente, se observan unos niveles reducidos de eficacia en términos de redistribución, lo que también implica poca efectividad a la hora de reducir las tasas de pobreza. Por otra parte, también implican un desincentivo a la participación en el mercado laboral, que se mitiga en aquellos casos que permiten compatibilizar prestación y empleo (p. 5).

La AIREF propone dos modelos de prestaciones que reducirían la pobreza severa de manera sustancial –—en el primero un 60%, en el segundo un 46%—, especialmente en hogares con niños. Sus propuestas beneficiarían a 1,8 mil hogares y tendrían un coste fiscal de 3.500 millones de euros.

Una agenda igualitarista tampoco puede renunciar a desarrollar nuevas intervenciones que puedan ayudar a mejorar la situación en el mercado de trabajo de los colectivos más precarios. Se trata de medidas de corte predistributivo, que no emplean impuestos o transferencias, sino las competencias de regulación, supervisión y sanción que tiene atribuidas la administración pública142. La herramienta más conocida ha sido el salario mínimo. Un uso cauteloso de la competencia que tienen los gobiernos de fijar el salario mínimo puede ayudar a mejorar las condiciones de los perceptores de estos salarios, generalmente población con ingresos totales que los sitúan en la parte baja de la distribución. Así ocurrió, por ejemplo, en Alemania, donde el incremento del salario mínimo en 2015 redundó en una mejora sustancial de la renta salarial de los colectivos peor pagados con un coste limitado en términos de pérdida de empleo en estas capas de la población143. Los primeros indicios de la evolución del empleo en España tras la subida del Salario Mínimo Interprofesional en un 22% en enero de 2019 sugieren que el balance de beneficios (salariales) versus costes (en términos de competitividad y volumen de empleo perdidos) también parecen más bien positivos y desmienten los peores augurios realizados por parte de la prensa y algunas agencias de supervisión.

Un tema que merece más investigación es el de la posible adaptación de los salarios mínimos a realidades territoriales diferenciadas, estableciendo salarios mínimos de ciudad o región que tengan en cuenta los costes comparativamente más altos de algunos ámbitos territoriales en España, como ocurre en particular en las áreas metropolitanas de Madrid o Barcelona. Las autoridades municipales pueden también establecer cláusulas sociales en la contratación pública que reclamen a las empresas que trabajen para ellos esos salarios de referencia144. En líneas parecidas, pero desde fuera del sector público, otras iniciativas han conseguido comprometer voluntariamente a las empresas a pagar un salario de referencia superior al salario mínimo oficialmente establecido, fijado a niveles que permitan cubrir las necesidades básicas de los trabajadores. La más conocida de estas iniciativas es la campaña a favor de un Salario de Vida Real (Real Living Wage) en Reino Unido, promovida por una Fundación privada auspiciada por grandes entidades sociales. En los últimos meses ha logrado la adhesión de más de 5000 empresas, entre las cuales se encuentran una de cada tres compañías de mayor capitalización bursátil de Londres (incluidas en el FSTE 100).

Un segundo reto para las intervenciones predistributivas que cobra creciente importancia es el de mejorar la regulación y fiscalización del trabajo atípico para evitar abusos y fraude en la utilización de las modalidades de contratación más flexibles en perjuicio de los grupos económicamente más vulnerables. El objetivo es propiciar el afloramiento de trabajo temporal o parcial fraudulento, que constituye una parte fundamental de los empleos desarrollados bajo estas modalidades. Conviene estudiar nuevas fórmulas para fomentar que las empresas opten por el empleo estable. Para ello, una de las propuestas más interesantes que han puesto sobre la mesa especialistas en el mercado laboral es diseñar nuevos sistemas de premios y castigos (bonus-malus), similares a los que se utilizan en los seguros automovilísticos, que cambien la estructura de incentivos de las empresas, penalizando el uso extensivo de la contratación por duración limitada y la propensión al despido y recompensando buenas prácticas de conversión de trabajadores temporales en fijos145. Con un sistema como este, el Gobierno francés de Macron está tratando de poner freno a la deriva laboral hacia la precariedad146.

Un campo que merece especial atención en relación con la expansión del trabajo atípico es la generación de nuevos derechos vinculados a la economía de plataformas. Según un informe reciente de la Universidad de Heartfordshire, España se encuentra a la cabeza de los países de la Unión Europea en volumen de empleo en plataformas, con un 17% de personas en edad de trabajar realizando actividades por medio de ellas al menos una vez por semana147. Para muchos de ellos es un ingreso complementario a otras fuentes de ingreso, pero una minoría de esos trabajadores depende únicamente de los ingresos que obtienen en las plataformas, lo que suele abocarlos a rentas generalmente muy bajas y a una falta de acceso a la protección social148. Asegurar derechos laborales y protección social a estos trabajadores vulnerables es de urgente necesidad para protegerlos frente al riesgo de pobreza: garantía de un salario mínimo, la portabilidad de sus rankings de unas plataformas a otras, la protección frente al despido, el derecho a no ser discriminados, la protección de datos o el derecho a organizarse y negociar convenios colectivos149. Es necesario evaluar también nuevas fórmulas para que quienes mantienen itinerarios laborales prolongados en estas nuevas actividades, sin acumular tiempo de trabajo cotizado, puedan acceder a prestaciones de desempleo o de jubilación dignas.

Un último terreno en el que resulta imperativo incidir para luchar contra la desigualdad —a la luz de las situaciones de vulnerabilidad descritas en la primera parte de este apartado— es el precio de bienes básicos. Las inversiones en parque público de viviendas de alquiler a precios inferiores al mercado es una de las grandes asignaturas pendientes de las políticas públicas en España. En los últimos años, el escaso peso relativo de la vivienda social se está reduciendo a marchas forzadas. A partir de 2012, la construcción de vivienda de protección oficial se desmoronó coincidiendo con una caída drástica del gasto en vivienda, que en 2019 —con presupuestos prologados de 2018— todavía está muy lejos de recuperarse150. Con ello se está privando a los colectivos más vulnerables de una vía de acceso a la vivienda fundamental en otros países de Europa151. Resulta difícil entender que en las grandes ciudades españolas el parque de vivienda de alquiler social sea irrisorio, cuando en grandes ciudades europeas como Berlín, Viena, Ámsterdam o Copenhague supera el 20%. Peor aún: hay evidencia de que el parque de vivienda de alquiler social no está, en muchos casos, en manos de colectivos especialmente desfavorecidos. Según datos de la OCDE, España sería uno de los países (junto a Grecia, Austria y Portugal) con las distribuciones más regresivas de la OCDE152.

Es imperioso revertir estas tendencias potenciando la construcción de viviendas de protección oficial destinadas al alquiler social y buscando nuevas fórmulas para fomentar la oferta de viviendas en alquiler de modo que puedan ayudar a frenar la escalada de precios de arrendamiento —por ejemplo, mediante convenios con bancos para adquirir pisos que puedan destinarse al alquiler social—. Posiblemente convenga, asimismo, empezar a pensar “fuera de la caja”, planteándose la viabilidad de nuevas fórmulas comunitarias como los centros residenciales y viviendas compartidas para atender necesidades sociológicas emergentes.

En un sentido parecido, es necesario actuar sobre otras formas de vulnerabilidad en el consumo de bienes básicos, en particular de la energía doméstica. El bono social y otras medidas de protección para consumidores domésticos han sido pasos en la buena dirección, aunque han adolecido de fallos de implementación que han impedido que pudieran llegar a todos los potenciales beneficiarios. Sería deseable su extensión para otros tipos de energía, como el gas natural y el gasóleo, de los que dependen también un buen número de hogares vulnerables. También sería necesario avanzar en la eficiencia energética de electrodomésticos y viviendas y en la posibilidad de que los hogares más vulnerables puedan beneficiarse de esas mejoras tecnológicas.

Todas estas son líneas de actuación que, sin centrarse exclusivamente en las situaciones de vulnerabilidad que afectan a la infancia o a los hogares con niños y niñas, tienen un potencial notable para mejorarlas. Pero como hemos señalado en diversos lugares en este libro, la atención a la infancia vulnerable requiere también medidas específicas. En los países que lideran la lucha infantil estas políticas han cobrado gran protagonismo. Examinémoslas distinguiendo iniciativas cuyo objeto es la privación material en sus distintas manifestaciones y actuaciones que abordan alguna de las formas de exclusión social más ligadas a estos fenómenos de privación, como son los programas contra el fracaso educativo de alumnos procedentes de entornos más vulnerables, de lucha contra el sobrepeso y la obesidad o que persiguen contrarrestar la participación desigual en actividades de ocio educativo.

Corregir la privación material

Desde el inicio de este libro he abrazado una concepción que considera la pobreza una experiencia eminentemente relativa, que sufren aquellas personas que no consiguen llevar un estándar de vida que se considera comúnmente apropiado en la sociedad de referencia. Buena parte de las personas que atraviesan situaciones de pobreza en países como el nuestro consiguen llenar la nevera, aclimatar adecuadamente sus viviendas en invierno y pagar sus facturas. Pero lo hacen con dificultad. La dificultad de conciliar gastos en bienes básicos con el deseo de vivir con arreglo a estándares dominantes, hacer las cosas consideradas apropiadas y que, aparentemente, pueden hacer el resto de las familias. Así, para muchos puede ser importante gastar dinero en comprar ropa para que sus hijos puedan vestir como los demás muchachos de la escuela, regalos para que puedan experimentar el gozo del juego en su infancia o suscribirse a una televisión de pago para que puedan seguir las mismas series de dibujos animados que sus compañeros de colegio. Como recordaba el analista social Roger Senserrich hace unos años en un espléndido artículo en Jot Down en que relataba una corta experiencia como trabajador social: “ser pobre es una mierda”. Es vivir una vida sobre el alambre, en que cualquier gasto aparentemente “superfluo” puede comprometer la capacidad de hacer frente a gastos “esenciales”153.

Ser pobre, me contó, es no poder hacer nada, nada en absoluto; es no poder ir a comer fuera, no poder llevar a los niños al cine, no poder comprarles juguetes o llevarlos a la ciudad. Es no poder apuntarlos a actividades extraescolares, porque no podía salir temprano de uno de sus dos trabajos para ir a recogerlos. Desde que recordaba, la palabra que más había repetido a sus hijos era “no”. Dejarles sin Spongebob, sin poder hacer nada más que sentarse a mirar la pared cuando estaban en casa era demasiado. Y por supuesto, no era solo por sus hijos. Sin televisión (por cable), sin ese pequeño lujo que apenas podía pagar, no se veía capaz de aguantar esos días que volvía del trabajo a las once de la noche, cansada y oliendo a McDonald’s, sin perder la cabeza. Ver la novela grabada y fumarse un cigarrillo. Era eso o no poder más.

En 2018, en España el 36,8% de los niños menores de 16 años viven en hogares que declaran que no pueden hacer frente a gastos imprevistos. Esta cifra llegó al 46,7% en 2013. El importe de estos posibles gastos se revisa con cierta periodicidad y se sitúa ahora en los 700 euros (desde 2017). Algo más de uno de cada tres niños viven en un hogar donde un gasto imprevisto de esa magnitud se considera un problema grave. Más de la mitad de las personas en los tres primeros deciles de ingresos declaran encontrarse en esa situación.

Según los resultados de una encuesta nacional encargada por Save the Children a la agencia de investigación 40dB en abril de 2019, la falta de recursos económicos provoca que las familias con problemas económicos no puedan permitirse una serie de gastos importantes o los hagan bajo situaciones de gran presión financiera. En el estudio de Save The Children, un 3,1% no se podía permitir material escolar; un 5,1% una dieta sana de tres comidas al día; entre el 10 y el 20% declaran que no se pudieron permitir llevar a sus hijos al oculista, proporcionales atención psicopedagógica o refuerzo escolar, comedor escolar, excursiones escolares o campamentos en periodos no lectivos; un 24,8% no se pudieron permitir actividades extraescolares y un 40,2% tener vacaciones al menos una vez al año. Pero incluso cuando se lo pudieron permitir, buena parte de estas familias declaran que les supuso serias dificultades.

Es casi una verdad de perogrullo que la pobreza es, ante todo, un problema de recursos económicos y, por tanto, una mejora de los recursos disponibles puede paliar las situaciones de ansiedad que provoca la experiencia de la privación e incrementar las oportunidades de realizar gastos que se consideran necesarios para llevar una vida “apropiada”. Parte importante de las reflexiones sobre política pública que se han planteado para abordar la pobreza infantil se han preguntado cómo corregir la privación material, incrementando los recursos disponibles por las familias con niños y reduciendo las presiones financieras que experimentan. Las iniciativas políticas han apostado por tres vías: 1) fomentar la participación laboral de los progenitores; 2) inyectar recursos económicos en sus hogares; 3) “desfamiliarizar” algunos de los costes de crianza. Examinemos cada una de ellas.

1. Fomentar la participación laboral de los progenitores

Uno de los planteamientos recurrentes de las políticas de lucha contra la pobreza ha sido conseguir la “activación” de los pobres. No es cuestión baladí. Las personas que viven en hogares con alta intensidad de empleo, como vimos en el capítulo 3, tienen tasas de pobreza bastante más bajas. Eso es cierto también en los hogares con niños y niñas, por lo que es aconsejable que las políticas públicas concernidas por el bienestar infantil persigan que los padres puedan conseguir y desarrollar un empleo que les procure recursos económicos.

Para lograr este propósito, las políticas públicas suelen plantearse aumentar su empleabilidad, reducir costes de oportunidad y eliminar “trampas de la pobreza”. Incrementar su empleabilidad —y los beneficios económicos que obtienen empleándose— se consigue mejorando el valor de su capital humano. Para ello se confía habitualmente en la formación, ya sea teórica —a través de la participación en algún programa de instrucción— o práctica —desarrollando alguna actividad profesional en régimen de prácticas no remuneradas o a valor inferior al salario de mercado—.

Reducir costes de oportunidad supone habitualmente poner a disposición de los progenitores servicios que les faciliten la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Clave son, en este sentido, los servicios de cuidado de otros familiares que puedan necesitarlos. El desarrollo de escuelas infantiles 0-3 años, actividades extraescolares a precios asequibles, centros de día o servicios de asistencia a personas con autonomía funcional reducida juegan un papel de primer orden para posibilitar la “activación” de adultos que, de otro modo, se verían obligados a prestar labores de cuidado.

En particular, existe bastante evidencia de que las políticas que expanden el acceso a la educación infantil y preescolar contribuyen a incrementar el empleo materno, tanto en el corto plazo como reforzando la vinculación permanente de estas madres al mercado de trabajo favoreciendo su empleabilidad a través de la adquisición de competencias. La investigación pone de relieve que este efecto es especialmente potente en países donde la participación laboral femenina había sido tradicionalmente baja. Por ejemplo, se ha estimado que el acceso gratuito a la educación preescolar a partir de los tres años en los años noventa en nuestro país incrementó la oferta laboral femenina de madres con hijos de estas edades un 9,6%. Gracias a la reforma, por cada diez niños escolarizados, dos madres se incorporaron al empleo154. Muchos estudios corroboran también que los efectos sobre la participación laboral son mayores en los grupos de renta más baja y en los hogares encabezados por madres solas155.

En tercer lugar, las administraciones públicas apuestan por fomentar la “activación” mejorando los incentivos personales para trabajar (make work pay) e incluso penalizando a los individuos que renuncian a hacerlo. El principal mecanismo al que han recurrido los gobiernos que persiguen la activación es la incentivación económica de la participación laboral, ya sea a través de beneficios fiscales para la población trabajadora o complementos salariales.

En varios países esos beneficios fiscales pueden convertirse en créditos fiscales reembolsables para la población con ingresos muy reducidos y que por ello no podría, en principio, sacar partido a exenciones y deducciones de la cuota de sus tributos. El objetivo es extender a las rentas más bajas los beneficios que los grupos con rentas más altas obtienen a través de rebajas impositivas, facilitando un tratamiento fiscal más favorable a las familias con hijos y/o a los trabajadores de bajos salarios.

En países como Estados Unidos, el Earned Income Tax Credit (EITC), destinado a familias trabajadoras con hijos, es el principal instrumento de lucha contra la pobreza y la referencia para otros programas que surgieron después. Los resultados de las evaluaciones realizadas sugieren que el EITC favorece significativamente la inclusión laboral de poblaciones alejadas del mercado de trabajo —especialmente de mujeres solas con hijos— sin que el acceso al complemento salarial repercuta negativamente en el número de horas que los trabajadores con sueldos más bajos están dispuestos a ofertar. Ese aumento de las tasas de actividad laboral se traduce en una disminución notable de la pobreza infantil156.

Programas que incluyen estos créditos reembolsables para poblaciones vulnerables que tienen en cuenta la presencia de hijos u otras cargas familiares existen también en Eslovaquia, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido. En este último país han jugado un papel esencial las iniciativas de lucha contra la pobreza, impulsadas por el Gobierno de Tony Blair, examinadas en el capítulo anterior. A partir de 2003 se configura como dos créditos fiscales compatibles y acumulables entre sí: el Working Tax Credit y el Child Tax Credit. El primero va destinado a personas, con o sin hijos/as, con una dedicación laboral mínima, mientras que el segundo —compatible con las prestaciones por hijo a cargo (Child Benefits)— tiene como beneficiario a familias ocupadas o no, con hijos/as a cargo. Conjuntamente absorben aproximadamente un 1,7% del PIB.

Las evaluaciones que se han realizado de este programa apuntan a que los resultados fueron bastante positivos. Un equipo de la Resolution Foundation, encabezado por el prestigioso economista de la London School of Economics Paul Gregg, le atribuye un impacto determinante en la reducción de la pobreza infantil y en la protección de los hogares británicos más vulnerables frente al deterioro económico que se produce a partir de 2008. Los créditos fiscales ayudaron a la generación de empleo aunque a pequeña escala, en términos generales. Sin embargo, ese aumento del empleo fue especialmente notorio por lo que respecta a las tasas de actividad de hogares monoparentales y contribuyó a disminuir el número de niños viviendo en hogares donde nadie trabajaba157.

En España existe desde 2004 una deducción de la cuota reembolsable en el caso de madre trabajadora con hijos menores de tres años, que opcionalmente puede ser percibida como una prestación fija mensual. A partir de 2018, las madres trabajadoras con hijos de entre 0 y 3 años que van a centros infantiles autorizados tienen una deducción extra de hasta 1.000 euros. Ninguna de estas ayudas está concebida como un apoyo específico para beneficiar solo o de manera más intensa a las poblaciones con rentas más bajas. De hecho, la deducción reembolsable por centro infantil está limitada por las cotizaciones y cuotas a la Seguridad Social realizadas. La crítica recurrente es que las familias con baja intensidad de empleo reciben beneficios mucho más magros que las que tienen una situación acomodada.

Hay razones para hacer un replanteamiento de determinadas ayudas fiscales de manera que puedan incentivar la participación laboral pero también beneficiar monetariamente a los colectivos más vulnerables. En una brillante tesis doctoral, que he tenido el privilegio de dirigir, la socióloga de la Universidad Ramón Llull Sandra Escapa realiza una serie de microsimulaciones para determinar el efecto que tendrían cambios en la situación laboral de los padres y madres en hogares con intensidad de empleo incompleta sobre la reducción de las tasas de riesgo de pobreza infantil. Se considera como personas que no tienen una intensidad del trabajo completa a aquellas que durante el año anterior no hayan trabajado durante los 12 meses del año en una jornada laboral completa (y tienen posibilidad de trabajar). Esto incluye tanto a aquellas personas que están en situación de desempleo como aquellas que trabajan, pero no a jornada completa. Para realizar la modificación de los ingresos de estos individuos Escapa realiza una imputación de los salarios que obtendrían los padres y madres si estuvieran en situación de intensidad laboral completa, utilizando una metodología que tiene en cuenta distintos factores que influyen sobre el nivel salarial de una persona (sexo, nivel de estudios, nacionalidad, número de hijos, edad de los hijos, etc.). También resta al mismo tiempo los ingresos generados por la falta de dichas rentas del trabajo (como serían las prestaciones por desempleo).

A partir de allí, Escapa estima la pobreza infantil en una serie de seis escenarios en que un porcentaje fijo de padres o madres, escogidos aleatoriamente, pasarían a incrementar su grado de participación laboral. Los resultados de las simulaciones evidencian que los aumentos de participación laboral de los progenitores pueden redundar en mejoras significativas de las situaciones de riesgo de pobreza. Sin embargo, aunque existe un margen de mejora importante, las simulaciones también muestran que en escenarios (difícilmente realizables) de mejora sustancial de la intensidad de empleo en los hogares, España arrojaría todavía niveles de pobreza infantil superiores al 15%, cercanos a la media europea (16,9%). Estos datos sugieren que para reducir de manera drástica la privación material hace falta algo más que incrementos de participación laboral en hogares con baja intensidad de empleo. Ese “algo más” los pueden aportar los ingresos adicionales que representan los créditos fiscales reembolsables158.

2. Inyectar recursos económicos en los hogares vulnerables

En los últimos años se ha ido acumulando evidencia creciente y de calidad que acredita que la inyección de recursos a familias de renta baja, incluso cuando esta ayuda está desvinculada de otras formas de asistencia social (que también suele ser deseable), contribuye a mejorar indicadores de bienestar de los niños y favorece su progreso socio-educativo. Esta evidencia procede de estudios experimentales y cuasiexperimentales realizados en países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido159, 160. También disponemos de un cuerpo creciente de estudios longitudinales que hacen un seguimiento de la misma muestra representativa de niños y niñas y sus familias a lo largo de todo el itinerario infantil161.

Una de las características esenciales de muchos de estos estudios es que comparan la situación de niños y niñas expuestos a un shock externo de naturaleza aleatoria o imprevisible que incrementa los ingresos del hogar en que se encuentran con los de otros hogares con niños que no reciben esa asignación económica. Uno de los trabajos más conocidos es un estudio de Randall Akee y su equipo en una reserva cherokee cuando la tribu consigue instalar un casino que, a partir de 1997, produce dividendos inesperados para todos los miembros de la comunidad (a razón de aproximadamente 6.000 dólares anuales por hogar). La comparación de los resultados de niños y niñas cherokees con otros menores que vivían en entornos cercanos, antes y después de la apertura del casino, evidenció que la llegada de los recursos adicionales proporcionados por el casino tuvo efectos positivos sobre los menores que los recibieron, tanto en el corto plazo como en el más largo plazo. Se redujo su absentismo escolar, aumentaron sus tasas de graduación, se redujo significativamente su participación en conductas criminales162 y desarrollaron rasgos de personalidad positiva (como la responsabilidad y la amabilidad)163. Buena parte de los efectos positivos fueron especialmente destacados para los niños y niñas de hogares más pobres.

Los investigadores han conseguido atribuir este impacto al hecho de que en las familias que recibieron los dividendos mejoraron sensiblemente las prácticas parentales. Mejoró la salud mental de los progenitores, la relación entre ellos y la relación que mantenían con sus hijos. El desahogo económico que representaron los ingresos adicionales repercutió positivamente en la conducta de los progenitores, en sus niveles de estrés y en la capacidad de adoptar decisiones óptimas. Los autores estimaron que a medio plazo los beneficios individuales y sociales producidos por los dividendos del casino superaban la magnitud de los recursos distribuidos, lo que invita a pensar que transferencias monetarias públicas en otros entornos podrían tener efectos equiparables.

El impacto de ingresos adicionales sobre el estrés familiar ha sido evidenciado también cuando el origen de estos ingresos es público. Un estudio particularmente interesante analizó los efectos diferenciales de un incremento de los créditos fiscales en Estados Unidos (EITC) que recibían los hogares en función del número de hijos, evidenciando variaciones significativas en el margen de mejora de otros indicadores. Entre el año 1993 y 1996 la generosidad del programa aumentó, especialmente para familias de dos y más niños. Esta mejora se tradujo en una reducción significativa de los niveles de estrés de las madres y en general una mejora de los biomarcadores de riesgo y la presión sanguínea, mayor cuando las familias tenían dos o más hijos que cuando solo tenían uno. Los beneficios en salud física y mental redundan, en general, en mejoras de las capacidades parentales, los climas familiares y del bienestar general de los menores164.

La receta más común para inyectar recursos en hogares con niños son las transferencias monetarias públicas directas, ya sea mediante prestaciones universales o selectivas —tras una comprobación de medios—. Cuando las prestaciones tienen carácter universal se conceden a todas las personas que tengan uno o más hijos o menores a cargo, independientemente de la renta de la unidad familiar. De este modo, se configura un derecho subjetivo a la crianza apoyado por la Administración: la infancia es considerada un bien público que merece protección. Así ocurre en gran parte de la Unión Europea: Reino Unido, Bélgica, Dinamarca o Suecia, entre otros. En ocasiones, estas prestaciones se combinan con una asignación adicional para las familias con menores ingresos, como ocurre por ejemplo en Alemania, Países Bajos o Rumanía.

Por otro lado, tenemos a los países con prestaciones focalizadas. En ellos se introducen restricciones a la elegibilidad: son beneficiarias aquellas familias cuyos ingresos no superen un determinado umbral. En este grupo se encuentran países como España, Portugal, Italia, Polonia, Letonia, Lituania, Chequia y Eslovenia. Además, dentro de este grupo de países los criterios de fijación de umbrales son variados. Así, unos países aplican umbrales sobre la renta bruta (antes de los impuestos) y otros sobre la renta neta (después de los impuestos). Los umbrales determinan que la ayuda llegue a un número mayor o menor de beneficiarios en función de dónde se fijen —cuanto más bajo el umbral, menor el número de beneficiarios y viceversa—.

Gráfico 8

Cuantía máxima anual en euros y cobertura de la prestación
por hijo o menor a cargo (2019)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Alto Comisionado para la lucha
contra la pobreza infantil, Documento breve 5. Comisión Europea y gobiernos
de los Estados miembros.

Las ayudas también se pueden articular a través de beneficios fiscales. Cuando las ayudas por hijos están configuradas de este modo, el nivel de cobertura es menor porque no suele abarcar a beneficiarios situados en los tramos más bajos de ingresos, que no están obligados a tributar o no pueden reducirse estas cantidades de su factura impositiva. En algunos países, como hemos visto antes, estos recursos sí son reembolsables.

La mayoría de los países de la Unión Europea disponen de una prestación de carácter universal, aunque su cuantía anual varía enormemente entre países. Por ejemplo, en Alemania se conceden 2.328 euros anuales por la prestación, en Bélgica 1.297 y en Reino Unido 1.056 libras. España cuenta, desde abril de 2019, con una prestación focalizada de 341 euros que cobran aproximadamente 1,2 millones de niños y niñas, el 13% de la población infantil —de estos, aproximadamente medio millón de niños en situación de pobreza severa reciben 588 euros—165. Desde que se establecieron en 1990 como prestación no contributiva de la Seguridad Social, estas solo habían sido actualizadas en su valor nominal en el año 2002 (cuando se incrementó su cuantía de 216 euros a 291).

La necesidad de incrementar la prestación por hijo a cargo fue una de las banderas que enarboló la Oficina del Alto Comisionado contra la pobreza infantil desde su creación en junio de 2018. Los 291 euros por hijo nos situaban muy lejos de los niveles de protección comunes en Europa, como puede apreciarse en el siguiente gráfico. Trabajamos desde primera hora en simular distintos escenarios de mejora y su impacto, tanto a corto plazo como en un planteamiento de mejora a varios años. Nos afanamos para que en el Proyecto de Presupuestos de 2019 se incluyeran partidas para incrementar las prestaciones existentes y, cuando fue rechazado por el Congreso, seguimos insistiendo para asegurar que la iniciativa fuera incluida entre los Reales Decretos-Ley aprobados antes de la convocatoria electoral anticipada. Así ocurrió en el Decreto 8/2019.

Pero tanto las cuantías de la prestación como la cobertura del programa siguen siendo demasiado limitadas. La mejora de prestaciones por hijo a cargo en España se ha convertido en una propuesta trasversal, abrazada con distinto grado de compromiso por diferentes agentes sociales y partidos políticos. En diciembre de 2018 las organizaciones de infancia promovieron una proposición no de ley (PNL) para aprobar un Pacto de Infancia donde se contempla establecer antes de 2022 una prestación económica de 1.200 euros anuales por cada niño o niña, condicionada a un límite de ingresos basado en los umbrales oficiales de pobreza. Esta medida se haría a través de la actual prestación no contributiva por hijo a cargo de la Seguridad Social y su importe sería actualizado regularmente. La PNL consiguió el apoyo unánime de los partidos del Congreso.

La reivindicación ha entrado con fuerza en la agenda de los partidos políticos. Desde 2015 el PSOE ha incorporado a su programa electoral la propuesta de ir mejorando las prestaciones familiares, comenzado por los hogares en situación de mayor vulnerabilidad, en el marco de su planteamiento de desarrollo de un Ingreso Mínimo Vital, una garantía de rentas que ofrezca un suelo básico de ingresos a los hogares más vulnerables en todo el territorio. En su programa electoral de 2019, Podemos también habla de una prestación por cuidado de niños y niñas de 1200 euros, que subiría a 2000 si la familia se encuentra en una situación de pobreza severa. Ciudadanos propone centrar las ayudas en familias de dos y más hijos vía deducciones fiscales similares a las que ya disfrutan las familias numerosas, aunque no aclara si podrán beneficiarse las familias que no están obligadas a tributar a través de créditos reembolsables. Solo el Partido Popular ha evitado hasta ahora comprometerse explícitamente en su programa en este terreno.

3. Desfamiliarizar costes de la crianza

En septiembre de 2018 Save the Children presentaba un informe breve en el que calibraba los costes de la crianza de un niño o niña en España, con estimaciones basadas en el coste de una cesta de bienes y servicios básicos, así como una cantidad mínima de consumo de estos para una crianza digna. La estimación utilizaba datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares considerando distintas dimensiones de consumo: alimentación, higiene, ropa y calzado, educación ocio y juguetes, sanidad, muebles y enseres, vivienda, costes corrientes de la vivienda, transporte, conciliación y gastos extraordinarios. Según los cálculos de Save the Children, el coste de crianza mínimo variaba entre 479 euros al mes para niños de 0 a 3 años a 588 para adolescentes de 13 a 17. La organización estimaba que el 30,2% de los niños y niñas vivían en hogares que, con sus ingresos, no llegaban a cubrir los costes mínimos de crianza.

Para corregir esta situación, la Administración Pública puede ayudar a “desfamiliarizar” algunos de estos costes. Lo hace, por ejemplo, subvencionando costes socioeducativos como el transporte a la escuela, el comedor escolar, libros y material o actividades extraescolares.

La implicación de las administraciones públicas en estos campos es muy diversa. Un ámbito donde las administraciones públicas juegan un papel de primer orden es la alimentación en comedores escolares. En el curso 2015-2016, el 36,4% de los alumnos de Educación Infantil y el 29,4% de los de Educación Primaria era usuarios de comedores escolares. Todas las comunidades autónomas fijan precios máximos de las comidas escolares y ayudas a las familias con más dificultades económicas para sufragar los costes de los comedores escolares. Sin embargo, estas ayudas son a menudo manifiestamente insuficientes. La información disponible es fragmentaria y bastante deficiente, pero hay muchos indicios que apuntan a que un porcentaje amplio de familias tienen dificultades para pagar el precio del comedor. Las ayudas que reciben las familias varían según la comunidad autónoma y no siempre cubren el 100% del coste, obligando a familias vulnerables que se podrían beneficiar del servicio a renunciar a él166. La situación se agrava a partir de los 12 años con la entrada en la ESO, ya que a raíz de la compactación de la jornada escolar en muchos institutos públicos de Secundaria se han cerrado los comedores y los alumnos pierden el derecho a percibir ayudas de comedor.

Es necesario mejorar los mecanismos de análisis y evaluación de las necesidades existentes y su relación con la cobertura ofrecida. Sería deseable que análisis territoriales más exhaustivos —como los que se realizan, por ejemplo, desde el Observatori Comarcal del Vallés Occidental—167 pudieran permitir evidenciar mejor lagunas en la provisión del servicio y canalizar recursos públicos hacia situaciones de privación insatisfechas.

En esta misma línea, una cuestión de máxima relevancia es la atención a las necesidades alimentarias de niños y niños vulnerables en periodo vacacional. Durante los meses de verano pueden aparecer riesgos de malnutrición en niños y niñas que son beneficiarios de becas de alimentación durante el curso escolar. De ahí que el Defensor del Pueblo haya recomendado reiteradamente la apertura de los comedores escolares en época estival para atender a los menores en situación de riesgo. Con la vocación de atender esa demanda, al mismo tiempo que ofrecer oportunidades de ocio educativo en verano a niños que generalmente no tienen fácil acceso a él, desde nuestra llegada al Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil impulsamos, junto al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el programa VECA (Vacaciones Escolares Continuar Aprendiendo). El objetivo del programa era promover la equidad y la estimulación socioeducativa de niños y niñas en riesgo de exclusión social durante el periodo vacacional, contribuyendo así a hacer efectivo el derecho a la alimentación (artículo 27 de la Convención sobre Derechos del Niño), así como el acceso a actividades de esparcimiento, ocio y vida cultural (artículo 31 de dicha Convención). Los 10 millones de euros destinados al plan en 2018 consiguieron doblar el volumen de niños en esta clase de programas hasta llegar a 66.000 menores. En 2019 se han presupuestado 15 millones, con el objetivo de que la participación llegue a 100.000 niños168.

Sin embargo, queda mucho por hacer, comenzando por ofrecer a estos programas un marco de financiación estable. Una oportunidad la ofrecen la redefinición del Programa Operativo del FEAD, un fondo que canaliza recursos europeos para suministrar alimentos y asistencia a colectivos vulnerables. Hasta el momento, España forma parte del grupo de países que ha optado por utilizar estos recursos para asegurar la provisión de alimentos, que terminan siendo repartidos en lotes de comida a personas en situación de vulnerabilidad o en comedores sociales para ser consumidos en dichas instalaciones por personas en situación de exclusión social.

Sería conveniente que esta lógica de distribución, que responde a una concepción asistencialista y frecuentemente estigmatizadora de sus usuarios, fuera sustituida por otros planteamientos que fomenten procesos de inclusión. Como ha sido señalado por el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, una serie de países europeos llevan tiempo apostando por aprovechar los recursos para reforzar programas dirigidos a la infancia vulnerable, vehiculando la ayuda a través de los centros educativos de modo que en ellos se garantice el desayuno, la comida y/o la merienda a los y las menores de estratos más desfavorecidos, tanto durante el curso escolar como durante los periodos vacacionales.

Un ejemplo de buena práctica son las actuaciones que se llevan a cabo en la República Checa, donde el coste del almuerzo de los niños desfavorecidos en centros escolares es parcialmente financiado con recursos del FEAD. En ese país las cantinas escolares ofrecen comidas a todos los y las menores entre los 3 y los 15 años. El coste de estas comidas se divide generalmente en tres partes: una que abona el Gobierno central, otra los municipios o las autoridades regionales y una tercera parte asumida por los padres. Con la financiación del FEAD, este programa cubre la parte correspondiente a aquellas familias con dificultades para asumir dichos costes (generalmente familias numerosas, monoparentales o con progenitores desempleados). Al inicio de cada curso académico los servicios sociales identifican a los niños y niñas vulnerables y abonan el coste de los almuerzos directamente a las escuelas con recursos del FEAD, evitando así dinámicas de estigmatización que pudieran darse si esos niños fueran singularizados169.

En muchos otros países se ha optado por utilizar los fondos del FEAD para combinar la ayuda alimentaria con otro tipo de apoyos, como material escolar o actividades extraescolares. Son los otros grandes capítulos a los que las familias con menores se ven obligadas a dedicar partidas notables de su presupuesto, engendrando brechas entre las que pueden y no pueden permitirse estos gastos. En España las ayudas son muy fragmentarias y desiguales. En casi todas las comunidades autónomas existen ayudas para la adquisición de libros de texto, pero persisten grandes diferencias entre ellas. Estas diferencias tienen que ver tanto con el carácter universal o no de las mismas, la existencia de copagos, así como con el tipo de sistema elegido para la implementación de dichas ayudas (préstamo, cheque, transferencia, etc.).

Hasta la fecha, tan solo cuatro comunidades autónomas (Andalucía, C. Valenciana, Navarra y País Vasco) han configurado sus medidas como universales; es decir, haciendo beneficiarios a todos los alumnos y alumnas matriculados en Primaria y Secundaria170 con independencia de cuál sea la renta de su unidad familiar. En cuanto al grado de gratuidad (el número de libros cubiertos por la ayuda o el porcentaje de la cantidad total que se cubre), es total en todas menos en el País Vasco, donde a todas las familias se les exige cubrir el 25% del coste, con independencia de su renta (el coste por familia queda por debajo de los 50 euros).

En el resto de comunidades autónomas (con la excepción de Cataluña, donde no existe ningún tipo de medida de este tipo) las ayudas existentes se conceden en función de la renta familiar. Tanto los umbrales de renta considerados para definir qué alumnos/as pueden ser beneficiarios/as de las ayudas, como el sistema elegido para hacer efectivas las ayudas varían de forma importante.

Junto a estas ayudas están los apoyos que ofrecen muchas entidades locales y comarcales. En un trabajo exploratorio realizado desde el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil con la Federación Española de Municipios y Provincias tuvimos la ocasión de constatar que un gran número de entidades locales ofrecen ayudas a los hogares con menores en edad escolar para cubrir total o parcialmente los costes relacionados con la escolarización de niños y niñas, reforzando y complementando otras ayudas y creando líneas de actuación propia para financiar material escolar curricular y no curricular, generalmente destinados a las poblaciones más vulnerables171. Se trata de iniciativas poco conocidas que es necesario destacar con objeto de dar a conocer las buenas prácticas y propiciar el reconocimiento de sus impulsores y fomentar con ello fenómenos de emulación entre entidades locales.

Sería injusto cerrar este apartado sin mencionar el trabajo que realizan en este campo entidades del Tercer Sector Social y fundaciones con fondos privados, ya sea procedentes de aportaciones particulares o contribuciones que se realizan desde el mundo empresarial. El campo de la lucha contra la pobreza infantil en España, ignorado durante demasiado tiempo desde muchas instancias públicas, tiene una deuda con la actividad de esas entidades y el esfuerzo económico realizado por algunas empresas. Son bastantes las grandes empresas y fundaciones vinculadas a ellas que están orientando su acción social hacia el ámbito de la infancia vulnerable, contribuyendo a “desfamiliarizar” gastos de las familias vulnerables en el ámbito de la salud (proporcionando atención sanitaria, gafas, audífonos, etc.), de la educación (servicios de refuerzo escolar, becas, etc.), del ocio (acceso a actividades deportivas extraescolares, campamentos de verano, etc.) o de la creación de espacios públicos pensados para la infancia.

Desde el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil impulsamos la constitución de una Alianza de País que pudiera aglutinarlas bajo un mismo paraguas, contribuir a la visibilidad de la causa y promover —en el espíritu del Objetivo 17 de la Agenda 2030— el trabajo conjunto y en red. Partimos del convencimiento de que la implicación de las empresas en la lucha contra la pobreza infantil es uno de los mejores acicates para asegurar que la implicación de los agentes políticos tampoco flaquee. Y de que hay muchas lagunas de protección que exigen respuestas flexibles e inmediatas que las administraciones públicas muchas veces no pueden dar. Reclamar la colaboración público-privada en la lucha contra la pobreza infantil no es un lugar común: es un imperativo para acometer un desafío que claramente ha desbordado las capacidades del Estado para hacerle frente y necesita grandes compromisos colectivos.

En un contexto como este, necesitamos avanzar en un nuevo sistema de gobernanza a la altura de los retos y compromisos que se están adoptando en esta materia. Las políticas de infancia requieren de intervenciones integrales debido a la naturaleza multidimensional de los problemas de exclusión que experimentan niños y niñas. Se trata de un ámbito en el que concurren diversos sectores de política pública y niveles de gobierno, por lo que es necesario que las iniciativas que se lleven a cabo desde diferentes instancias de la administración pública resulten coherentes. En un marco cuasifederal como es el de nuestro Estado, donde las competencias para llevar a cabo política social están muy descentralizadas y dispersas, la lucha contra la pobreza infantil reclama nuevos espacios institucionalizados donde los esfuerzos realizados puedan ser compartidos, alineados y coordinados.

Corregir la exclusión social

Un segundo bloque de políticas de infancia con las que se puede combatir la pobreza infantil son las que atienden problemas estrechamente vinculados, cuando no directamente derivados, de situaciones de adversidad socioeconómica. Estamos hablando, por poner algunos ejemplos, de iniciativas concebidas para abordar la aparición prematura de desventajas cognitivas en niños que viven en situaciones de pobreza, el deterioro de los climas familiares y la erosión de las capacidades parentales provocados por las condiciones de precariedad en el hogar, la falta de preparación específica de profesores y equipos docentes para ofrecer respuestas óptimas en centros educativos que enfrentan graves problemáticas sociales o la falta de oportunidades de ocio en horario extraescolar. Sin ánimo ni capacidad de ser exhaustivos, las principales intervenciones tienen un cuádruple foco: los propios niños y niñas, sus familias, las escuelas y la vida en comunidad.

A. Intervenciones centradas en los propios niños

Como hemos visto en el capítulo 3, en los primeros meses de vida empiezan a conformarse estructuras cerebrales claves en el desarrollo de funciones ejecutivas básicas, como las competencias alfanuméricas, capacidades cognitivas para focalizar la atención, retener diversas piezas de información, perseverar en la solución de problemas, controlar las emociones. La investigación está evidenciando que ya desde los primeros años se abren brechas en estas capacidades cognitivas y no cognitivas entre estudiantes de diferente origen social, que tienden a persistir en edades más avanzadas de la infancia y la adolescencia, etapas en las que son bastante más difíciles de corregir172. La raíz de esas diferencias tiene que ver con distintas características del entorno familiar (capital económico, cultural, recursos educativos) y como estas se expresan en las interacciones con el niño, la estimulación de sus capacidades cognitivas, los estilos de vida y la socialización en valores. La pobreza en esas etapas puede ser una experiencia corrosiva para el desarrollo de funciones ejecutivas básicas, lastrando las capacidades de aprendizaje y progreso educativo.

Ante esta constatación, se ha reivindicado el papel determinante de las intervenciones socioeducativas a edades tempranas. La literatura especializada contempla varias opciones para intervenir en estas etapas, pero la más intensiva es la escolarización de niños de 0-3 años en centros infantiles de calidad. Los beneficios de estas intervenciones son especialmente positivos para niños que viven en entornos familiares menos favorecidos, donde pueden corregir déficits de estimulación cognitiva e intelectual que se encuentran en la raíz de problemas y dificultades de aprendizaje de los niños en etapas posteriores.

La evidencia que demuestra los beneficios cognitivos de buenas escuelas infantiles es muy sólida. Disponemos del aval de los resultados de varios experimentos aleatorizados, donde se comparan los efectos de un programa de educación preescolar ofrecido a un grupo de niños con los resultados de un grupo comparable que no participa en este programa173. Buena parte de estos programas iban dirigidos a niños en situaciones de desventaja socioeconómica o de riesgo derivado de otras condiciones sociosanitarias (como bajo peso al nacer). De manera bastante homogénea, estos experimentos muestran mejoras significativas en indicadores de desarrollo cognitivo entre los niños que tuvieron la oportunidad de participar en el programa de educación infantil. Estas mejoras tienden a ser mayores cuando las intervenciones son intensas y de calidad y comienzan a partir de un año. Y también son más destacadas en niños provenientes de entornos menos favorecidos.

En España tenemos dos estudios que corroboran la importancia de la escuela infantil en los rendimientos de estudiantes en etapas posteriores, sobre pruebas que se realizan a los 10 y a los 15 años. Hidalgo-Hidalgo y García-Pérez evidencian la existencia de una correlación positiva entre la asistencia a la escuela infantil y los rendimientos a los 10 años en pruebas de lectura del estudio PIRLS174. Este impacto es mayor entre estudiantes cuyos progenitores no tienen educación superior. El impacto de la educación infantil se manifiesta, fundamentalmente, en una gran capacidad de disminuir la probabilidad de tener puntuaciones en la franja más baja de la escala de rendimiento. De manera similar, González-Betancour y López-Puig aportan evidencia sobre la influencia positiva de la escolarización (0-3 años) sobre los resultados de las pruebas de Evaluación General Diagnóstica 2009, aunque no analizan efectos diferenciados en función del perfil socioeconómico175.

Los efectos positivos de los programas de educación infantil (0-3 años) no se limitan a las dimensiones relacionadas directamente con los aprendizajes. Un volumen considerable de evidencia acredita otros beneficios. Podemos encontrar, por ejemplo, beneficios para la salud del niño. Diversos estudios han acreditado mejoras sobre la salud, las competencias socioemocionales y la conducta. Los niños que han ido a una escuela infantil de calidad presentan un nivel más bajo de problemas de comportamiento y muestran, en términos generales, una inclinación mayor a la cooperación y la perseverancia. Hay que señalar, sin embargo, que estos efectos han sido detectados solo cuando los niños han estado expuestos a programas de elevada calidad. Es crucial que la intervención socioeducativa sea confiada a profesionales bien formados en centros dotados de un número adecuado de educadores o cuidadores176. Los niños se benefician si tienen la oportunidad de participar en actividades que estimulan adecuadamente sus capacidades y disfrutan de la atención suficiente por parte de cuidadores preparados que desarrollan con ellos un vínculo sólido y permanente177. Los centros funcionan bien cuando las actividades se desarrollan en climas laborales que favorecen el compromiso profesional de los trabajadores y estos trabajan en red con servicios sociosanitarios y agentes locales responsables de otras intervenciones.

Nuestro país ha hecho progresos muy notables en la escolarización de 3 a 5 años (prácticamente universalizada) e incluso en la etapa 0-3 años. La proporción de niños que acuden a centros infantiles 0-3 años (en torno al 40%) nos sitúa por encima de la media de los países de la OCDE. Pero esa cifra agregada esconde grandes diferencias entre distintos sectores sociales. Según los últimos datos de OCDE Family Database, en el tercil más alto de ingresos (33% más rico), el 54,4% de los niños están escolarizados antes de los 3 años. En el tercil más bajo, solo el 24,1%. Como ya hemos visto, la educación infantil es un poderoso instrumento de compensación social, pero no llega de manera adecuada a los niños que más podrían beneficiarse.

Es necesario explorar a fondo las barreras que pueden estar provocando estas brechas. Un informe del Síndic de Greuges de Catalunya (defensor del pueblo catalán) constataba que, en algunos municipios catalanes, el acceso a bonificaciones y ayudas de reducción de cuotas no contempla de manera adecuada o suficiente los criterios de renta, dificultando así que las familias más vulnerables pudieran escolarizar a sus hijos. Esta situación se agravó en el contexto de crisis, cuando muchos ayuntamientos incrementaron copagos y eliminaron ayudas para compensar pérdidas de recursos provocadas por los recortes178.

Por otra parte, el crecimiento de la oferta de estos servicios no siempre se ha producido con arreglo a estándares de calidad aconsejables. En un contexto de falta de recursos provocados por la crisis y las políticas de austeridad, la iniciativa política antepuso muchas veces la expansión del número de plazas ofertadas a la garantía de que estas fueran ofrecidas en condiciones adecuadas para que los cuidados y la atención a la infancia más temprana produjera los potenciales efectos enriquecedores que la literatura especializada describe. Es más, en buena parte de las élites políticas que impulsaron la expansión de los servicios predominó una concepción asistencialista, que otorgaba a las intervenciones en estas edades escaso valor educativo y contemplaba únicamente su función como dispositivo de conciliación de la vida laboral y familiar179. Como consecuencia de esta expansión errática y desvinculada muchas veces de fines educativos, la calidad de la oferta es muy desigual y muchos niños y niñas reciben todavía servicios que no procuran beneficios reseñables más allá de la supervisión de sus necesidades básicas durante las horas de trabajo de los progenitores180.

B. Intervenciones centradas en las familias

Una segunda línea de actuaciones persigue incidir en los comportamientos familiares, posibilitando e incentivando acciones beneficiosas para los niños que experimentan situaciones de desventaja social (lo que a veces se denomina “parentalidad positiva”). Cabe destacar, en este plano, las iniciativas encaminadas a fomentar la implicación parental en la crianza y educación de sus hijos. Como ya hemos tenido ocasión de señalar, encontrarse en situaciones de adversidad social, provocadas por el hacinamiento, las viviendas inadecuadas, los barrios inseguros o las limitaciones en el acceso a servicios (de transporte, esparcimiento, sanitarios), se asocia con experiencias de tensión y estrés en la vida cotidiana, que pueden precipitar otras problemáticas sociopsicológicas que afectan a la calidad del ejercicio de la parentalidad. Las intervenciones en este ámbito intentan minimizar estos efectos y reforzar aptitudes y competencias de crianza e implicación parental en la educación de los niños.

Múltiples estudios evidencian que acredita la conexión entre la calidad del ejercicio de la parentalidad y el bienestar, salud y progreso educativo de los hijos. Así, respecto a este último, por ejemplo, los padres que se interesan por lo que pasa en la escuela (calificaciones, tareas, actividades, etc.) y por el progreso educativo de sus hijos tienden a favorecer que el niño tenga mejores resultados escolares. Algunos estudios han sugerido que niveles altos de seguimiento y comunicación parentales pueden revertir los condicionamientos que causan las dificultades económicas en los rendimientos educativos181. Por otra parte, una mayor participación de los padres en la escuela puede enriquecer los objetivos del centro, mejorar su funcionamiento así como la calidad educativa182. Aunque la evidencia que acredita las conexiones entre la parentalidad positiva y beneficios para el niño es abrumadora, nos topamos con una limitación importante a la hora de hacer una apuesta decidida por programas que la impulsen. Fomentar la implicación directa de los padres en la educación de los hijos —en forma de seguimiento, supervisión y apoyo de sus actividades escolares— no es tarea fácil. Hasta ahora, los resultados de las evaluaciones de las intervenciones concebidas para modificar comportamientos, hábitos y aptitudes parentales obligan a la cautela. La mayoría de acciones que se llevan a cabo tienen un impacto escaso183.

Los resultados más alentadores apuntan a que los cambios se pueden conseguir fundamentalmente con programas centrados en la relación entre padres e hijos en los primeros años de vida del menor. Una de las evidencias más acreditadas de la psicología del desarrollo es la importancia crucial de las relaciones entre progenitores y bebés en los primeros meses de vida. La vinculación del niño con los padres —el grado con el que dispensan atención y afecto a su bebé— fundamenta la personalidad de los niños en aspectos tan básicos como la confianza en sus relaciones con los demás y la vocación de explorar el mundo que les rodea.

Con el objeto de facilitar la formación de estas vinculaciones, hay que favorecer, en primer lugar, que los nuevos padres y madres dispongan de tiempo para dedicar a sus hijos en los primeros meses de vida. Este tiempo depende, en buena medida, del sistema de licencias y excedencias parentales a las que puedan acceder. Pero también se relaciona con las capacidades para ejercer una parentalidad informada, responsable y emocionalmente comprometida. En un periodo tan crítico, la implicación afectiva de los adultos que se ocupan de los niños, su atención a las necesidades y riesgos que pueden presentar en cualquier momento, su disposición a estimular facultades, jugar y hablar con el niño, se convierten en elementos críticos para reforzar sus funciones ejecutivas. Garantizar estos elementos cuando los progenitores afrontan condiciones de pobreza y exclusión es complicado. Las experiencias de privación material incrementan los niveles de estrés de los adultos, que pueden repercutir negativamente en sus capacidades para detectar y atender adecuadamente las necesidades de sus hijos o limitar el acceso a recursos básicos para el bienestar del niño. También pueden generar situaciones de deterioro de los climas familiares que ocasionen estrés a los propios niños. Diversos estudios han puesto de manifiesto que los programas de orientación y acompañamiento sociosanitario a familias en las primeras etapas de su trayectoria parental pueden tener resultados muy positivos para corregir algunos problemas asociados a situaciones de privación. El programa más conocido y que ha acreditado más rigurosamente su efectividad es, seguramente, el Nurse-Family Partnership, promovido por el psicólogo David Olds. Aunque el abanico de iniciativas es muy diverso, en términos generales, incluyen una serie de iniciativas para supervisar orientar y educar progenitores que han sido padres por primera vez, habitualmente mediante un programa intenso de visitas domiciliarias, que se pueden prolongar durante meses e incluso hasta los tres años184. Estas visitas las realizan enfermeras o educadores sociales con el objeto de ganarse la confianza de los progenitores y de instruir a los mismos sobre buenas prácticas de crianza y cuidado en los primeros años de vida del niño, tanto sobre dimensiones nutricionales y sanitarias, como aspectos relativos a funciones de estimulación cognitiva o inculcación de hábitos. También se proporciona a las familias orientaciones para encontrar en todo momento los recursos y servicios existentes en sus entornos y obtener consejos cuando se enfrenten a situaciones de incertidumbre.

Los programas de acompañamiento sociosanitario en la primera infancia han sido extensamente evaluados, utilizando técnicas de máximo rigor. Los resultados de estos estudios acreditan efectos positivos sobre dinámicas familiares, que pueden favorecer el bienestar del niño y su progreso educativo. Se han descrito mejoras en aptitudes y competencias parentales de los padres, la reducción de ciertos comportamientos de riesgo (en, por ejemplo, consumo de sustancias adictivas) y efectos positivos en la predisposición de las madres a retomar los estudios. Las evaluaciones realizadas también demuestran efectos positivos sobre diversos aspectos de la salud, las relaciones entre padres e hijos y el progreso educativo de los niños. En particular, se han evidenciado mejoras cognitivas significativas cuando las visitas domiciliarias se producen en combinación con otras iniciativas de escolarización en centros de educación infantil185.

Los resultados positivos de estas evaluaciones contrastan con evidencias bastante consistentes que acreditan que otro tipo de intervenciones, concebidas para modificar comportamientos, hábitos y aptitudes parentales en edades más avanzadas tienen un impacto reducido186, 187. Niños, niñas y adolescentes obtienen mejores resultados cuando sus padres mantienen con ellos vínculos sólidos y continuos, muestran interés en sus actividades escolares, les proporcionan apoyo, supervisan sus rendimientos educativos e inculcan en ellos hábitos de éxito escolar. Pero existen pocos estudios que avalen la idea de que las intervenciones diseñadas para afectar este tipo de conductas han logrado producir cambios significativos.

La falta de evidencias concluyentes aconseja concentrar las intervenciones en las etapas más tempranas de desarrollo. Es recomendable que todos los programas que aspiren a influir sobre prácticas parentales más allá de esas primeras etapas sean objeto de evaluación rigurosa que pueda determinar su impacto real sobre indicadores de bienestar, salud o progreso educativo del menor.

En España existen algunos programas sociosanitarios que asesoran a familias con bebés. En muchos municipios existen espacios familiares, generalmente gestionados por entidades sociales del Tercer Sector, donde los progenitores reciben orientación y apoyo o encuentran oportunidades de compartir con otras familias experiencias y saberes. Sería deseable poder evaluar la cobertura de estos programas y valorar la posibilidad de extender de manera consistente su presencia en zonas con elevada concentración de situaciones de vulnerabilidad. Convendría también que los programas existentes pudieran ser complementados por iniciativas de acompañamiento de carácter más intensivo para familias en situación de mayor riesgo social, siguiendo modelos muy similares a los programas de Nurse-Family Partnership u otro tipo de intervenciones basadas en visitas domiciliarias que han acreditado su eficacia en los distintos países donde se han llevado a cabo.

C. Intervenciones en las escuelas

El tercer foco de intervenciones ha sido un ámbito donde los menores pasan buena parte de su tiempo: la escuela. De hecho, la escuela se conceptualiza a menudo como un espacio que posibilita hacer tabla rasa de diferencias que niños y niñas traen de casa y garantiza la inclusión. Como hemos visto en el capítulo 3, por lo general, el sistema escolar no consigue este noble propósito. Como tuvimos ocasión de comprobar, la escuela no anula las desigualdades engendradas fuera de ella, sino que a veces incluso las reproduce y agrava. Eso no quita que muchas intervenciones que se realizan en la escuela puedan contribuir a compensar desigualdades de partida, fomentando el desarrollo de facultades y capacidades en los estudiantes más desfavorecidos.

De hecho, un primer racimo de evidencias son las que sugieren que los niños de entornos desfavorecidos se benefician de horarios escolares dilatados y de actividades no curriculares pero con contenido educativo fuera de horario lectivo o periodo académico188. Una pista de que esto es así nos la ofrece una ilustrativa investigación de Kagawuchi de lo que sucede cuando se reduce el tiempo que los estudiantes pasan en la escuela, a partir del análisis de los efectos de la decisión del Gobierno japonés en 2002 de eliminar el horario lectivo en sábado (hasta entonces se había impartido clase en sábados alternos). La evidencia obtenida en el estudio indicaba que las diferencias en tiempo de estudio autónomo de estudiantes de diferente extracción socioeconómica se abrieron y el gradiente social en los resultados educativos en pruebas de competencias se hizo más pronunciado. Los estudiantes de origen más humilde salieron perjudicados por el cambio189.

También existen evidencias de la importancia de la escuela para los estudiantes más desfavorecidos y de los efectos de las vacaciones prolongadas sobre las competencias cognitivas de los estudiantes. Tras las vacaciones de verano, los estudiantes presentan un deterioro en sus habilidades y conocimientos adquiridos y llegan al inicio del nuevo curso escolar en peores condiciones a como dejaron la escuela en junio. La brecha estival como producto de ese “olvido veraniego” afecta mucho más a los estudiantes de entornos vulnerables. Estos niños y niñas no suelen disponer de las mismas oportunidades de enriquecimiento (en campamentos de verano, viajes organizados u otras experiencias de ocio educativo) que otros menores que provienen de entornos acomodados190. A consecuencia de ello, pueden llegar a acumular un retraso de semanas o incluso meses en aprendizaje después del verano. Esta brecha estival tiene también efectos acumulativos a largo plazo que, según algunos estudios, pueden llegar a explicar dos tercios de la diferencia por nivel socioeconómico en resultados educativos a los 14 años191, así como también diferencias en el abandono educativo prematuro192.

Con ello no queremos decir que la experiencia escolar resulte invariablemente beneficiosa para los estudiantes más desfavorecidos. Como tuvimos ocasión de examinar en el capítulo 3, algunas cualidades de los centros y la composición socioeconómica de su alumnado pueden ser dañinas para el progreso educativo de los estudiantes más desfavorecidos. Las situaciones de elevada concentración de estos estudiantes en un centro, las bajas expectativas de los alumnos y la acomodación a ellas de los equipos docentes, el deterioro de los climas escolares o el afianzamiento de subculturas de resistencia a la institución escolar pueden malograr la posibilidad de que la escuela pueda garantizar condiciones mínimas de educabilidad.

En varios países se impulsan acciones para prevenir la segregación escolar, distribuyendo de manera equilibrada al alumnado con vulnerabilidades sociales en el conjunto de los centros. Los proyectos antisegregadores contemplan generalmente un abanico amplio de medidas: implementan políticas de zonificación escolar que promuevan la diversificación de la composición social de los centros; distribuyen equitativamente los estudiantes con necesidades específicas o que acceden a los centros fuera del plazo de matriculación; fijan topes máximos en los centros a la proporción de estudiantes de origen extranjero; erradican barreras económicas de acceso y permanencia en los centros concertados (como la exigencia de donaciones, pago de cuotas y sobrecostes); persiguen malas prácticas de los centros concertados para disuadir a ciertas poblaciones de matricularse en ellos (como la participación en actividades religiosas obligatorias); diseminan adecuadamente la información sobre los procesos de matriculación, las escuelas y la implicación de sus decisiones a la familias de estatus socioeconómico más bajo; etc.

Otra estrategia clásica para apoyar la función docente en centros de alta complejidad social ha sido privilegiarlos en el reparto de recursos materiales y humanos. Se persigue con ello compensar las complicaciones para alcanzar los fines de la institución escolar en estos contextos, complicaciones siempre superiores a las que se plantean en centros con una composición social más favorable.

Así, por ejemplo, una de las principales recomendaciones que surge a nivel internacional para la mejora docente en las escuelas con altos niveles de estudiantes en situación de vulnerabilidad económica es la de facilitar el reclutamiento del personal docente más preparado y con más experiencia en estos contextos. Por ejemplo, Corea del Sur, que lidera los rankings internacionales de las pruebas de competencia PISA, ofrece diversos incentivos para los profesores que trabajan en este tipo de centros: altos salarios, grupos-clase más pequeños, jornadas laborales más cortas o ventajas para conseguir promociones en cargos administrativos (OCDE, 2016: 193)193.

Una segunda estrategia pasa por mejorar las condiciones en que el profesorado lleva a cabo sus tareas docentes, proporcionando el apoyo necesario para gestionar situaciones difíciles en las escuelas con altas concentraciones de estudiantes desfavorecidos194. Es esencial asegurar a los centros más problemáticos los recursos necesarios para que sus docentes no experimenten la sensación de que se encuentran ante retos inasumibles o que exigen esfuerzos sobrehumanos. Mantener la “moral” y el compromiso es clave y para eso es fundamental que los proyectos educativos sean atractivos y los equipos dispongan de medios suficientes para llevarlos a cabo.

En diversos países, los profesores reciben formación específica para identificar estudiantes que necesitan atención especial, mejorar su capacidad para gestionar grupos-clase con alumnos disruptivos y adaptar sus metodologías de enseñanza a los perfiles y necesidades sus alumnos. En ese sentido, la investigación acredita el valor de la formación continua, pero muchas veces no es suficiente195. Los docentes que se enfrentan a condiciones especialmente dificultosas logran desempeñar adecuadamente sus funciones si se integran en equipos robustos, que cooperan para conseguir sus objetivos, reflexionan conjuntamente sobre lo que hacen bien y lo que pueden mejorar y se identifican con el proyecto educativo del centro.

En esta línea, la investigación acredita el papel crucial de los equipos directivos. La gestión humana de equipos docentes adquiere una relevancia de primer orden en centros con alumnado de elevada complejidad social. Estos deben estar formados por personas que aúnan experiencia, motivación y conocimiento sobre las situaciones que se van a encontrar. Los equipos directivos más efectivos son aquellos que tienen capacidad de comunicar objetivos claros y definir planes de acción consistentes con estos objetivos, comprometiendo tanto al profesorado como a los estudiantes, las familias y los entornos del centro en proyectos inclusivos196. Para conseguir ese compromiso es esencial promover climas escolares positivos, fomentar dinámicas de relación y colaboración entre los distintos agentes y preservar estándares elevados de exigencia, sin renunciar a atender las necesidades específicas de estudiantes con bajo rendimiento197. Impulsar un proyecto inclusivo implica ocuparse de todos los estudiantes, evitando la tentación de concentrar los esfuerzos solo en los que presentan mayor potencial.

Los modelos y estrategias pedagógicas que siguen las escuelas pueden tener, igualmente, una influencia considerable en los resultados y logros de los estudiantes desfavorecidos. Algunas prácticas muy extendidas, y que incluso gozan de cierta legitimidad, pueden tener efectos muy inequitativos. Así, por ejemplo, los agrupamientos por niveles académicos en el interior de los centros tienden a reunir en grupos-clase a estudiantes con el mismo origen socioeconómico. El hecho de que estos agrupamientos de alumnos propicien dinámicas educativas diferenciadas y los estudiantes terminen recibiendo estímulos y mensajes de distinta naturaleza contribuye a reproducir desigualdades de partida.

De la misma manera, existe un amplio consenso internacional que desaconseja el uso de la repetición. La repetición agrava las brechas entre los resultados escolares de alumnos de diferentes orígenes socioeconómicos, perjudicando a los más vulnerables198. Lejos de convertirse en una oportunidad para reforzar aprendizajes, la repetición suele ser una experiencia estresante, que estigmatiza al estudiante y puede convertirlo en blanco de censuras, burlas y acoso. La OCDE ha reclamado que los Estados arbitren alternativas a la repetición, identifiquen de manera preventiva y trabajen las brechas en los aprendizajes durante el curso académico, permitan a los alumnos progresar de un curso al siguiente automáticamente y desarrollen programas para reforzar los aprendizajes de los estudiantes que experimenten atrasos en alguna materia. También recalca que es esencial generar conciencia crítica entre el profesorado y la población general, alertando acerca de los efectos perniciosos de la repetición, especialmente cuando afecta a estudiantes de entornos desfavorecidos199.

En contraste, existen una serie de prácticas pedagógicas que pueden promover la equidad y la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Una primera política que da buenos resultados son las tutorías de refuerzo para ayudar a estudiantes rezagados. Varios programas aplicados en Estados Unidos y Reino Unido han sido rigurosamente evaluados y, en términos generales, han demostrado contribuir de manera sustancial a mejorar las competencias de los alumnos en las materias sobre las que se trabaja. Las tutorías de refuerzo son especialmente efectivas en pequeños grupos, de tamaño inferior a cinco alumnos.

Esta clase de intervenciones también se han probado, con éxito, en España. En el curso 2005/2006 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lanzó el Programa de Acompañamiento escolar (PAE), que ofrecía clases extra para alumnos de Educación Secundaria, con bajo rendimiento y entorno socioeconómico pobre. Gracias a la evaluación realizada por J. Ignacio García-Pérez y Marisa Hidalgo-Hidalgo, de la Universidad Pablo de Olavide, sabemos que el programa tuvo un considerable efecto positivo sobre el rendimiento académico de los alumnos, especialmente en las escuelas que participaron en el programa de manera más prolongada (tres años o más). El efecto del programa fue más positivo y fortalecedor para los alumnos situados en niveles más bajos de la distribución de notas200.

Un segundo ejemplo de buenas prácticas son los métodos de aprendizaje cooperativo, en que el profesor distribuye a los estudiantes de la misma clase en grupos pequeños y temporales, con habilidades mixtas, combinando estudiantes de rendimientos altos y bajos. Los alumnos agrupados trabajan en equipo para desarrollar un objetivo común, ya sea desarrollando diferentes tareas o la misma. En el marco de estas dinámicas cooperativas, los estudiantes de menor rendimiento se benefician de su interacción con los demás estudiantes. Es esencial fomentar la participación activa de todos y en especial, de los alumnos menos proclives a hacerlo porque experimentan déficits de aprendizaje que se lo dificultan. Estas dinámicas pueden ser complementadas con dinámicas de competición entre grupos, siempre que no distraigan a los docentes del verdadero objetivo inclusivo del ejercicio201, 202.

Un tercer ejemplo es el uso de métodos para mejorar la comprensión lectora. Incluye un abanico amplio de técnicas para ayudar a los estudiantes a inferir significados a partir del análisis del contexto, resumir e identificar puntos clave, organizar información y supervisar el grado de comprensión que se tiene de un texto. La investigación ha acreditado que un uso adecuado de estas técnicas puede mejorar sustancialmente la comprensión lectora de estudiantes que han mostrado dificultades de aprendizaje y, con ello, mejorar sus capacidades generales de progreso educativo203.

Una última línea de actuaciones son las intervenciones concebidas para fomentar orientaciones favorables al aprendizaje —estimulando la motivación y la confianza en la propia eficacia—, reforzar competencias no cognitivas —como el autocontrol— o inculcar hábitos para procesar la información de forma eficaz204,205. Un número importante de estudios ha puesto de manifiesto que, independientemente de los progresos cognitivos que realizan niños y niñas, hay otro tipo de aptitudes y actitudes que pueden tener efectos beneficiosos sobre sus resultados académicos y sus procesos de inserción en el mercado de trabajo206. Diversos proyectos desarrollados recientemente en el Reino Unido (Improving Writing; Changing Mindsets; Thinking, Doing, Talking Science), evaluados con todo el rigor, han evidenciado la eficacia de programas diseñados para reforzar las capacidades para aprender, especialmente entre estudiantes de origen socioeconómico desfavorecido207, 208, 209.

En España tenemos mucho campo por recorrer en la implementación de buenas prácticas que, en otros contextos, han demostrado su potencial para promover una educación inclusiva y equitativa. Pero probablemente hay dos fenómenos que, por encima de cualesquiera otros, requieren atención inmediata: los elevados niveles de segregación social en las escuelas (sobre todo en algunas comunidades autónomas) y las altas tasas de repetición.

España presenta unos niveles preocupantes de segregación, lo que significa que, en términos generales, los alumnos tienen bajas probabilidades de compartir centro con estudiantes de un origen socioeconómico distinto al suyo210. Según el Índice de Inclusión Social, que utiliza PISA para medir el grado en que los diferentes colegios escolarizan a estudiantes de diferentes perfiles socioeconómicos (de 0 a 100), España ocupa la antepenúltima posición entre los países de la OCDE. Algunas comunidades autónomas (especialmente Madrid) se sitúan entre los sistemas más segregados de la OCDE. Como recordaba el economista Lucas Gortazar, la Comunidad de Madrid tiene hoy niveles comparables a los de Brasil, Hungría o México211.

Uno de las manifestaciones de la segregación es la distribución desigual de estudiantes de origen inmigrante entre centros de titularidad pública y centros concertados. Según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el curso 2017/2018, el 9,2% de los estudiantes no universitarios (750 mil) tenían origen extranjero. Sin embargo, su distribución era marcadamente asimétrica según la titularidad del centro: suponían el 10,8% en los centros públicos y solo un 5,1% en los centros privados concertados212. Los datos sugieren que existen restricciones de entrada o permanencia de los estudiantes inmigrantes en los centros privados concertados —que probablemente se extiendan a otros estudiantes en situación de desventaja social—. Es esencial abordar esta realidad para asegurar la equidad.

Por otra parte, como también recuerda Gortazar, España es de lejos el país de la OCDE donde hay menos equidad en la repetición de curso213. A igualdad de competencias de aprendizaje (medidas por PISA en 2015) en España, la probabilidad de haber repetido curso a los 15 años difiere en un ratio de 6 a 1 entre un alumno de nivel socioeconómico alto (cuartil alto) y un alumno de nivel socioeconómico bajo (cuartil bajo). En esto, España se encuentra a la cola de todos los países de la OCDE y UE, siendo de lejos el país con menos niveles de equidad en los resultados de repetición de curso. Esta anomalía resulta especialmente llamativa si se examina a la luz de la inequidad en competencias de aprendizaje medidas por PISA (y otras pruebas), de magnitud mucho menor. Es más, las pautas difieren significativamente entre comunidades autónomas. Comunidades como Castilla y León o Madrid, con muy buenos resultados en PISA —incluso, comparativamente, en el segmento con peores competencias—, presentan altas tasas de repetición, lo que sugiere que un porcentaje relevante del alumnado que repite curso lo hace a pesar de haber adquirido las competencias que en otros lugares pasaría por suficientes para pasar curso. En cambio, País Vasco y Cataluña, con resultados de PISA más modestos, tienen tasas más bajas de repetición de curso.

Todo parece indicar que nos hallamos ante un fenómeno enraizado en la cierta cultura escolar. Una cultura proclive a regirse por principios reglamentistas que privilegian la superación de pruebas para acreditar el conocimiento del currículum escolar previsto, restando importancia a la adquisición de competencias y penalizando fundamentalmente a los estudiantes que provienen de entornos más desfavorecidos. Es imperativo analizar a fondo estas dinámicas y liderar un cambio de paradigma. No debemos seguir ignorando una realidad que lastra el futuro de jóvenes de origen desfavorecido y representa un enorme coste de oportunidades y recursos.

D. Intervenciones para mejorar la vida de la infancia
en comunidad

Más allá de las familias y las escuelas, las políticas contra la exclusión en la infancia han perseguido influir sobre otras variables contextuales. El objetivo común de estas intervenciones es mejorar la experiencia de vida en comunidad, protegiendo a niños y niñas de influencias nocivas de su entorno o promoviendo su participación en actividades enriquecedoras. Estas iniciativas son especialmente beneficiosas para los niños y niñas más vulnerables, que suelen estar más expuestos a factores contextuales adversos.

Una de las políticas más comunes, aunque no centrada específicamente en la infancia, han sido los proyectos de inversión en equipamientos y regeneración de los barrios para revitalizar el tejido urbano y generar oportunidades para las familias, lo que terminaría redundando en la mejora de los entornos de vida de los propios niños y niñas. No siempre se han saldado con éxito214. Hay también el peligro de que las mejoras del barrio puedan incrementar su atractivo para colectivos acomodados y terminen provocando fenómenos de expulsión de la población más vulnerable (gentrificación).

En esta línea se ha ensayado también, de manera experimental, la política inversa: incentivar el traslado de familias a mejores barrios. Así se ha hecho, por ejemplo, dentro de un programa del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (Moving to Opportunity) que, a mediados de los noventa, ofreció a una muestra de residentes en zonas muy deprimidas de grandes ciudades norteamericanas, seleccionada aleatoriamente, ayudas económicas y asesoramiento para cambiar su barrio por otro de estatus superior, proporcionando a los investigadores una oportunidad única de evaluar los efectos de estos desplazamientos en el medio y largo plazo. La evidencia recogida en estos experimentos puso de manifiesto que, en términos generales, estos cambios residenciales produjeron beneficios sustanciales para la salud física y mental de los adultos desplazados y su bienestar subjetivo, aunque no mejoraron sus oportunidades de empleo ni propiciaron un progreso económico significativo de estos adultos.

En cambio, sí se observan beneficios notables para niños y niñas, aunque solo cuando el desplazamiento tuvo lugar antes de la adolescencia. Según diversos trabajos de investigación realizados a partir de los datos recopilados, en las familias que cambiaron su residencia original por un barrio mejor los niños y niñas menores de 13 años mejoraron en indicadores de comportamiento problemático en el corto plazo y a más largo plazo, vieron incrementarse significativamente la probabilidad de asistir a la universidad, de acceder a mejores universidades, así como la magnitud de ingresos recibidos como jóvenes adultos (y los ingresos predichos a lo largo de su vida)215. Los autores concluyen que una política de apoyo económico a familias que deciden abandonar sus barrios más deprimidos saldría a cuenta visto el valor económico de los beneficios que produce esta política.

El reconocimiento de la importancia de los factores comunitarios ha auspiciado también iniciativas centradas en la infancia. Una de las más conocidas es el programa de Ciudades Amigas de la Infancia, impulsado por UNICEF y UN-Habitat en 1996. Una Ciudad Amiga de la Infancia es cualquier ciudad, pueblo, comunidad o sistema de gobierno local comprometido con el cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño. La iniciativa integra a miles de ciudades y comunidades que se comprometen a tomar acciones para, entre otras cosas, proteger a la infancia de la explotación, la violencia o el abuso; favorecer experiencias inclusivas y de calidad en la infancia; promover oportunidades para todos, con independencia de su origen socioeconómico, su género y su adscripción religiosa; u ofrecer a niños y niñas oportunidades de entretenimiento y para hacer amigos.

Con independencia de su adscripción al programa de UNICEF o no son muchísimas las administraciones locales en nuestro país comprometidas en mejorar el bienestar de la infancia, especialmente de niños y niñas de los sectores más desaventajados. Como destacamos en el apartado anterior, muchas de estas iniciativas contribuyen a reducir los costes que suponen para las familias los costes de crianza. Otras medidas tienen por objeto apoyar las iniciativas inclusivas que impulsan los colegios o utilizan las instalaciones de titularidad municipal para desarrollar sus propias actividades extra-escolares. En este sentido, es muy reseñable el papel que pueden desempeñar las entidades locales en la promoción del ocio inclusivo.

Existe creciente evidencia de que las actividades extraescolares y de ocio educativo tienen una serie de efectos positivos de los que se pueden beneficiar especialmente a los grupos más desfavorecidos cuando se les facilita el acceso216.

Mejoran la educabilidad de los menores y previenen fenómenos de desafección escolar: su compromiso escolar, su predisposición a aprender en la escuela, su integración en los centros.

Protegen el menor de influencias nocivas en su entorno, proporcionando referentes y modelos normativos de comportamiento que los alejan de comportamientos de riesgo.

Refuerzan vínculos horizontales y verticales, con compañeros y adultos. Los vínculos horizontales los acercan a otros niños y adolescentes que participan en actividades enriquecedoras, supervisadas por adultos responsables. Los vínculos verticales entre adultos y menores promueven relaciones de mentorización, que refuerzan la confianza de los menores, inculcan de forma más efectiva normas y ofrecen oportunidades de las que muchas veces no disponen en su casa. Como hemos señalado ya, la pobreza infantil está muchas veces asociada a situaciones familiares complicadas, atmósferas domésticas tóxicas o situaciones de desestructuración, donde la eficacia de los adultos en el ejercicio de sus funciones parentales queda comprometida. Soledad, falta de referentes, falta de acompañamiento o incluso situaciones más dramáticas, como el alcoholismo o la violencia, marcan el día a día familiar de muchos niños y jóvenes que viven en situaciones de pobreza extrema. En estas condiciones, la existencia de adultos adicionales (como mentores), que desarrollan tareas de seguimiento y supervisión de los menores y ofrecen afecto, cumple una tarea compensadora. Corrigen la principal fuente de ineducabilidad de muchos menores, relacionada con su entorno familiar y, en particular, la falta de normas, reglas y afectividad217.

Si los programas tienen una base comunitaria, crean capital social en el territorio. Crean vínculos entre padres (lo que se conoce en la literatura sociológica como “cierre intergeneracional”) y padres y tutores218. El capital social territorial incrementa los niveles de eficacia colectiva, la capacidad de reaccionar en grupo ante problemas comunes y encontrar soluciones de consenso219. Demasiado a menudo los jóvenes de entornos menos favorecidos no gozan de oportunidades de participar en estos programas. En el ámbito del ocio educativo prevalece una lógica mercantil de pay to play, que excluye de beneficios hijos de familias con pocos recursos, privándoles de experiencias que pueden actuar como factores correctores de algunos de los efectos de sus situaciones de privación material. Es clave revertir estas asimetrías, aumentando la oferta de programas de calidad donde puedan acceder los niños con menos recursos con el objetivo de fortalecer sus competencias e incubar actitudes de resiliencia ante la adversidad social.

Un aspecto clave es prevenir este tipo exclusiones en el periodo estival. Como hemos tenido ocasión de señalar anteriormente, las vacaciones de verano son una etapa —especialmente prolongada en España— donde niños y niñas de diferentes entornos socioeconómicos están expuestos a experiencias muy diferenciadas, que pueden abrir brechas en sus aprendizajes. Afianzar los programas que ya ofrecen comunidades autónomas, entidades locales y organizaciones del Tercer Sector, garantizando su dimensión inclusiva, es un imperativo.

Por otra parte, es cada vez más pertinente ampliar el perímetro de la responsabilidad pública en el campo de las actividades extraescolares para prevenir fenómenos de exclusión. En un contexto en que se está generalizando el uso de la jornada compactada en las escuelas —sobre todo en Secundaria, pero últimamente también se está extendiendo en Primaria— es esencial desarrollar intervenciones compensadoras para reducir el posible impacto perjudicial de este tipo organización del horario escolar para los alumnos más vulnerables. Como han señalado la mayoría de los expertos que han abordado el tema, la compactación de la jornada en los centros escolares supone un problema para familias que no tienen los recursos para reorganizar los tiempos sociales de sus hijos de manera que puedan asegurar que, por la tarde, sigan desarrollando actividades formativas, culturales o deportivas programadas bajo supervisión de tutores profesionales. Por ello, es aconsejable que los centros de más alta complejidad social mantengan sus puertas abiertas a mediodía y por la tarde, incorporando el servicio de comedor y actividades fuera de horario lectivo220.

En resumen

En este capítulo he revisado las principales estrategias y actuaciones que deberían permitir mejorar la vida y oportunidades de la infancia más desfavorecida. He catalogado estas iniciativas en tres bloques, subdivididos a su vez en líneas estratégicas. Dadas las múltiples vertientes y facetas de la pobreza infantil y sus consecuencias, es aconsejable combatirla en sus distintas formas de presentarse, no olvidando sus raíces estructurales. En este último sentido, comencé el capítulo señalando la importancia de enmarcar la lucha contra la pobreza infantil en un proyecto político de naturaleza más amplia, que se propusiera poner freno y revertir el aumento de la desigualdad. En segundo lugar, abordé estrategias para corregir las dimensiones materiales de la privación en la infancia mediante políticas de transferencia directa de recursos a las familias y reducción de costes de crianza. Por último, examiné diferentes vertientes de la exclusión social que experimentan los niños y niñas de entornos más desfavorecidos y posibles focos de actuación, distinguiendo líneas de trabajo centradas en el niño, la familia, la escuela y la vida comunitaria.

El aumento de la pobreza infantil es expresión del crecimiento de otras formas de desigualdad y pobreza. Es deseable que cualquier proyecto de lucha contra la pobreza infantil se inscriba en planteamientos más amplios para abordar las raíces del incremento de la desigualdad, fundamentalmente, en el ámbito macroeconómico, en el mercado de trabajo y en las dinámicas de fijación de los precios de bienes básicos como la vivienda o la energía doméstica.

Luchar contra la pobreza infantil implica mejorar los recursos materiales disponibles dentro de las familias para paliar las situaciones de ansiedad que provoca la experiencia de la privación e incrementar las oportunidades de realizar gastos que se consideran necesarios para llevar una vida “apropiada”. Hay diversos modos de lograr que los recursos de los hogares puedan aumentar, incentivando una mayor participación de los progenitores en el mercado de trabajo, complementando sus ingresos del trabajo, inyectando recursos en el hogar mediante transferencias monetarias directas o “desfamiliarizando” algunos costes de la crianza.

La pobreza está estrechamente vinculada a dinámicas de exclusión, que afianzan las desventajas que experimentan los niños y niñas desfavorecidos. Las líneas de actuación deben incidir en diferentes dimensiones.

Una primera línea de actuaciones para combatir la exclusión social se centra en los propios niños y niñas. En este ámbito, las intervenciones más importantes son las que van encaminadas a proporcionar servicios socieducativos en la temprana infancia. La investigación científica ha puesto de relieve que pueden ser un poderoso instrumento de compensación social.

Una segunda línea de intervención se centra en las familias. Diversos estudios han puesto de manifiesto que los programas de orientación y acompañamiento sociosanitario a familias por medio de visitas domiciliarias en las primeras etapas de su trayectoria parental pueden tener resultados muy positivos para corregir los efectos sobre el menor de situaciones de vulnerabilidad social.

Una tercera línea de actuaciones tiene como ámbito de trabajo el espacio escolar. Allí es posible promover intervenciones y prácticas inclusivas que mejoren las oportunidades de aprendizaje y progreso educativo de los niños y niñas que provienen de entornos más vulnerables. España tiene una asignatura pendiente con sus elevados niveles de segregación escolar y sus altas tasas de repetición escolar.

En cuarto lugar, deben arbitrarse medidas para asegurar que los entornos comunitarios ofrezcan a todos los niños y niñas oportunidades de entretenimiento y enriquecimiento escolar. El ocio educativo no debe ser un privilegio de unos pocos. Es cada vez más importante que la responsabilidad pública se extienda al ámbito extraescolar y a los periodos no lectivos.

EPÍLOGO

EL FUTURO Y SUS ADVERSARIOS

Una sociedad que encara el futuro con convicción y confianza se impone objetivos. Fijarse objetivos obliga a reflexionar sobre las razones por las que estos han sido escogidos, el camino que queda por recorrer para alcanzarlos y los métodos que nos permitirán avanzar en esa dirección. Es un sano ejercicio de reflexión que permite que una sociedad se evalúe, se conozca y perfile, en deliberación colectiva, aquello que aspira a ser.

Los gobiernos de casi todo el mundo, y con particular convicción el de nuestro país, se han impuesto alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en la histórica Cumbre del Desarrollo Sostenible en la que aprobaron los 17 objetivos (ODS) de aplicación universal que, desde entonces, rigen los esfuerzos para lograr un mundo sostenible. Los ODS instan a todos los países, con independencia de su grado de desarrollo, a adoptar iniciativas para promover el crecimiento económico al tiempo que protegen el planeta, atienden las necesidades de los más vulnerables e impulsan el bienestar colectivo mejorando las oportunidades de empleo, la educación, la salud, la igualdad de género o la protección social.

Muchas de las metas recogidas en estos objetivos conciernen a dimensiones vinculadas con la pobreza infantil y sus derivadas sobre el bienestar y las oportunidades. Mucho hemos hablado de ello en este libro. Hemos hablado extensamente sobre el Objetivo 1 (Poner fin a la pobreza) y en particular sobre la meta 1.2: “Reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales”. Para honrar nuestro compromiso con esta meta 1.2 hay que reducir a la mitad las tasas de riesgo de pobreza infantil que existían en España al inicio de este recorrido (28,3%), lo que contribuiría a subsanar la anomalía de ser uno de los países con tasas de riesgo de pobreza más altas. La meta 1.3 nos sugiere cómo podemos hacerlo: “Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables”. Como hemos señalado en el capítulo 5, nuestro sistema de protección social presenta lagunas importantes que deben ser subsanadas. Entre ellas, una de las más destacadas, es la falta de un sistema de garantía de renta que ofrezca un suelo de ingresos mínimos a la población más vulnerable, particularmente a los hogares con menores a cargo.

La lucha contra la pobreza infantil tampoco es ajena al Objetivo 3, “Garantizar una vida sana y proporcionar bienestar para todos en todas las edades”. Para posibilitar una vida sana hay que procurar a las personas condiciones de vida adecuadas desde etapas muy tempranas. Los niños y niñas que crecen en situaciones de pobreza suelen experimentar peor salud en múltiples dimensiones a lo largo de sus vidas. Algunas consecuencias de dichas desigualdades en salud están adquiriendo un carácter endémico. Así, el sobrepeso y la obesidad —que conciernen también al Objetivo 2 en lo relativo a la malnutrición— se han convertido en un problema emergente que en España se ha extendido rápidamente entre la población infantil más desfavorecida.

Por otra parte, gran número de afecciones y enfermedades que se sufren en la vida adulta tienen su origen en situaciones de estrés y desventaja social experimentadas en etapas anteriores de la vida, siendo la primera infancia un periodo particularmente crítico. Invertir en infancia es una forma de abordar, desde su gestación, hándicaps corrosivos que pueden malograr la posibilidad de desarrollar una vida saludable.

El Objetivo 4 (Educación inclusiva, equitativa y de calidad) nos compromete directamente también con el mundo de la infancia y en particular con la más vulnerable. La meta 4.1 propone “asegurar que, en 2030, todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza Primaria y Secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos”. España ha realizado progresos notables en este terreno en las últimas décadas, pero subsisten tasas muy altas de abandono escolar prematuro a las que resulta imperativo poner remedio. La Agenda 2030 nos propone algunos caminos a transitar en esta dirección. En la meta 4.2 se insta a “asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza Primaria”. Es una cuestión que, como he señalado antes, está resuelta en España en la etapa comprendida entre los 3-5 años, pero no así en la primera infancia (1-3 años). Los menores de familias más desfavorecidas acuden significativamente menos a este tipo de servicios, a pesar de ser precisamente quienes más podrían beneficiarse de los mismos.

Más allá de las escuelas infantiles, resulta esencial que en España abordemos con determinación las realidades que comprometen seriamente la calidad de la experiencia educativa para muchos de los niños y niñas en situaciones vulnerables —como es la de la segregación escolar— y que erradiquemos definitivamente prácticas pedagógicas dañinas para este tipo de alumnos, como la repetición de curso. No podemos seguir haciendo dejación de responsabilidades colectivas permitiendo que el talento natural de tantos niños y jóvenes de origen socioeconómico humilde se malogre como resultado de configuraciones institucionales y prácticas pedagógicas mal diseñadas, malogrando sus oportunidades de progreso educativo postobligatorio y de desarrollo socio-profesional.

El Objetivo 10 (Reducir la desigualdad en y entre países) propone frenar las derivas hacia los aumentos de desigualdad descritos en este libro. La meta 10.1 y la meta 10.2 apuestan por el crecimiento inclusivo, un crecimiento del que se puedan beneficiar los más desfavorecidos. En la meta 10.1 se insta, “de aquí a 2030, a lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional”. En la meta 10.2, “a potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición”. En un contexto de rejuvenecimiento de la pobreza, resulta extremadamente importante frenar las tendencias a la redistribución de la pobreza en el ciclo vital, que están concentrando los mayores riesgos económicos en niños, niñas y jóvenes. Hay mucho en juego ya que tal y como nos recuerdan los afamados epidemiólogos Richard Wilkinson y Kate Pickett, una sociedad con altos niveles de desigualdad produce gran número de resultados colectivos indeseables que pueden erosionar gravemente el bienestar psicológico individual221. Cuando las expresiones de la desigualdad afectan desproporcionadamente a los más jóvenes, las sociedades se erigen sobre fundamentos particularmente problemáticos: conculcan principios básicos de justicia, tienden a la fractura y la polarización, desaprovechan las capacidades de buena parte de la población, son muy susceptibles a la deslegitimación, etc.

En línea con la prescripción de la meta 10.4, es necesario “adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social para lograr progresivamente una mayor igualdad”. En el capítulo 5 hemos examinado con cierto detalle algunas de las políticas que pueden resultar más prometedoras para corregir los incrementos de desigualdad que afectan a hogares con niños y niñas. Se trata de medidas que, lógicamente, no salen gratis. Una agenda ambiciosa exigirá la movilización de recursos, que de manera inevitable tendrán que ser financiados en buena medida con presupuestos públicos. Pueden serlo generando recursos adicionales —a partir del crecimiento económico y la recaudación impositiva— o recalibrando el gasto público existente. El peso financiero de las políticas de bienestar en España sigue situándose claramente por debajo del que le corresponde por su nivel de desarrollo económico, lo que en principio apunta a la existencia de márgenes de maniobra para expandir las políticas de inversión en infancia, capítulo en el que nuestro Estado de bienestar adolece de graves carencias relativas. Estas políticas tienen además a su favor que, como hemos señalado en el capítulo 3, al final “se pagan solas”. A diferencia de otras iniciativas, se trata de medidas que procuran importantes retornos económicos a medio y largo plazo para una sociedad. Permiten optimizar las capacidades y potencialidades de las personas, evitando dilapidar talento. Ahorran además en el medio y largo plazo aquellos costes en los que incurren los países que toleran el enquistamiento de la pobreza en la infancia y la proyección de sus secuelas hacia edades adultas.

El Objetivo 11 insta a lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En la meta 11.1 se reclama “asegurar el acceso a una vivienda adecuada y la mejora de los barrios marginales”. Estamos hablando de nuevo de realidades que, en países desarrollados —y en particular en España—, tocan muy de cerca a los hogares jóvenes con menores a cargo. Como hemos tenido ocasión de comprobar, los costes de la vivienda constituyen un generador de vulnerabilidad de primer orden en hogares con niños, para los cuales los recursos destinados al pago de hipotecas o alquileres son a menudo una carga difícil de sobrellevar. La falta de un parque de vivienda pública en alquiler —o de otros apoyos económicos adecuados para sufragar esos costes— aboca a muchas familias a fuertes tensiones financieras que pueden deteriorar los climas familiares y restar capacidad de gasto en otros bienes básicos necesarios.

Abordar el acceso inclusivo a viviendas adecuadas para familias jóvenes es, por tanto, un reto en toda agenda de lucha contra la pobreza y una meta de la Agenda 2030. También lo es lograr que los espacios urbanos sean seguros para los niños y niñas y que les ofrezcan oportunidades de esparcimiento y enriquecimiento personal. La meta 11.7 menciona explícitamente el compromiso de “proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles”, en particular para la infancia (entre otros grupos destacados).

La Agenda 2030 representa, por tanto, un marco óptimo para diseñar y abordar la lucha contra la pobreza infantil como proyecto de futuro con un horizonte perfilado para nuestro país. La infancia que queremos es la infancia que aspiramos a que pueda poblar nuestras plazas, parques, escuela y viviendas públicas en un 2030 que se asemeje al mundo esbozado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Luchar contra la pobreza infantil supone, pues, fijar la mirada en un horizonte y trabajar en el presente para hacer posible que podamos llegar a él. El camino no está, sin embargo, despejado. A las consabidas dificultades institucionales y financieras que siempre existen para reorientar las prioridades de la política pública, hay que añadir barreras ideológicas, lo que Albert Hirschman llamaba “las retóricas de la intransigencia” ante la pretensión de conducir a la sociedad a cambios notables. Hirschman identifica tres retóricas recurrentes en los discursos de oposición a los impulsos progresistas (la tesis de la futilidad, la tesis del riesgo y la tesis de la perversidad). Estas tres mismas tesis se han esgrimido para frenar la agenda de lucha contra la pobreza infantil.

La tesis de la perversidad sostiene que toda acción deliberada para mejorar algún aspecto del orden político, social o económico sirve tan solo para exacerbar la condición que se desea remediar. Es una tesis invocada de manera recurrente por el pensamiento liberal-conservador para deslegitimar las políticas de lucha contra la desigualdad. La doctrina del efecto perverso conecta, en este caso, con un principio nuclear del liberalismo económico: la idea del mercado auto-regulado. Desde esta perspectiva cualquier iniciativa que persiga alterar el funcionamiento del mercado y los resultados que produce de forma autónoma tiende a generar escenarios subóptimos. En este sentido, se espera que las intervenciones que traten de reducir la desigualdad —en particular las que aspiran a mejorar las remuneraciones de los trabajadores de los más estratos más bajos— terminen empobreciendo a la población en general y empeorando finalmente la situación de los más vulnerables.

El blanco principal de estas críticas son las medidas predistributivas en el mercado de trabajo (medidas como el establecimiento de un salario mínimo o el reforzamiento de la negociación colectiva) y el incremento de la presión fiscal para costear iniciativas de gasto social. En palabras de uno de los críticos conservadores del Estado de bienestar más afamados, Charles Murray: “Tratamos de mejorar la provisión para los pobres y produjimos más pobres. Tratamos de eliminar las barreras para que la gente pudiera escapar de la pobreza y sin querer construimos una trampa que las atrapaba allí”222.

La tesis de la futilidad, por su parte, sostiene que toda tentativa de reforma será inútil porque la sociedad y la economía están regidas por leyes naturales inalterables. Cualquier tentativa de apartarse de estas leyes será inválida y no logrará “hacer mella”. Una primera versión de esta tesis opta por negar la existencia o la relevancia de la propia realidad sobre la que se pretende intervenir. Las intervenciones no estarían justificadas y en todo caso, no con la ambición pretendida porque, en realidad, habría muy poco que corregir. Es esta, como hemos visto, una crítica común en España, donde con frecuencia no se acierta a percibir la pobreza infantil porque no se manifiesta en la forma en la que aparece en otras latitudes o existió en épocas históricas (hambre, chabolismo, mendicidad).

Otro planteamiento de esta misma tesis argumenta que el crecimiento económico trae consigo automáticamente la reducción de la desigualdad y la pobreza, lo que hace innecesarias cualquier tipo de intervenciones adicionales. Se trata de la fe incondicional en que las bondades del crecimiento económico se proyectan en todas las esferas de la vida social. Cualquier actuación pública para reducir la desigualdad resulta superflua y obedecería a intereses poco confesables.

Un tercer planteamiento dentro de esta tesis reconoce la realidad de la pobreza, pero le atribuye un carácter irreductible. La pobreza sería, así, un fenómeno presente en todas las sociedades y son los propios pobres los principales responsables de su situación (culpabilización de la víctima). En una de sus versiones más recurrentes se argumenta que los pobres han desarrollado valores y comportamientos, como la falta de hábitos de trabajo, la fuerte orientación hacia vivir el presente —y en particular al consumo superfluo— o la incapacidad de planificar el futuro, que les impiden aprovechar las oportunidades existentes para salir de su situación.

En el marco discursivo de la tesis de la futilidad, la aparición de instancias y estructuras para impulsar cambios progresistas suscita inevitablemente sospechas y rechazo. Quienes se oponen al impulso progresista desde estos planteamientos tienen la convicción de que las causas fútiles terminan engendrando una innecesaria maquinaria burocrática de “benefactores” que actúa con arreglo a sus intereses egoístas, que antepondrán al interés general. Es un argumento formulado con saña en nuestro país contra el proyecto del Gobierno de Pedro Sánchez de luchar contra la pobreza infantil a través de la creación de un Alto Comisionado, al que se ha tachado de “chiringuito”. Lo expresaba así la diputada del grupo parlamentario Ciudadanos, María Virginia Millán Salmerón, en sede parlamentaria con motivo del debate sobre una proposición no de ley relativa a la lucha contra la pobreza infantil:

Ustedes saben perfectamente que este Alto Comisionado, este organismo, carece de fondos propios, eso sí, más allá de los necesarios para pagar las altas nóminas de sus componentes. Así que de momento la única pobreza con la que ha terminado el señor Sánchez ha sido con la del alto comisionado y la de sus componentes223.

Finalmente, la tesis del riesgo argumenta que ninguna tentativa de reforma sale gratis y muchas veces es más lo que se pierde que lo que se puede ganar. La idea de que el Estado de bienestar pone en peligro logros del progreso humano ha estado presente desde su inicio en cierto pensamiento liberal. Es la tesis principal del célebre ensayo de Friedrich Hayek, Camino de servidumbre, la biblia del neoliberalismo. La expansión de derechos sociales pondría supuestamente en jaque el ejercicio de libertades básicas.

En los últimos años, la inquietud y los miedos brotan también ante cualquier proyecto para recalibrar el Estado de bienestar de manera que puedan abordarse nuevos riesgos sociales y atender a nuevas necesidades. En estos procesos de modernización nunca faltan partidarios de viejas políticas y recetas —y sus beneficiarios— que saltan como un resorte ante la posibilidad de que los cambios traigan consigo, de manera sinuosa o disfrazada, recortes de determinados derechos adquiridos.

El auge del interés político en la pobreza infantil tampoco ha logrado sortear este tipo de críticas. La atención a la pobreza infantil es vista, desde estos planteamientos, como un enfoque inadecuado que, en la práctica, segmenta y parcializa la lucha contra la pobreza al ponerle un “apellido”. De este modo, se desvirtuaría la realidad, desconectando el fenómeno de la pobreza infantil de causas y manifestaciones más generales de la desigualdad y la pobreza. A partir de esa comprensión inadecuada, se argumenta, se correría el riesgo de proponer soluciones simplistas a problemas complejos. En su versión más radical, se sostiene la idea de que la atención a la pobreza infantil podría potencialmente detraer recursos necesarios de otros programas del Estado de bienestar.

Si cualquiera de las tesis anteriores —las retóricas de la intransigencia— le resultan convincentes a estas alturas, no habré logrado mi propósito en este libro. Creo que a lo largo de este ensayo encontrará un arsenal de datos, estudios y argumentos contra los diferentes planteamientos de las retóricas de la intransigencia. He tratado de amasar evidencia suficiente para que el lector pueda constatar que los niveles de pobreza infantil en España constituyen una anomalía en nuestro entorno. La naturaleza e implicaciones de esta anomalía aconsejan que tomemos firmemente cartas en el asunto, más si cabe cuando tenemos razones fundadas para pensar que existen intervenciones que pueden subsanarla o al menos rebajar sustancialmente sus consecuencias. He defendido que la lucha contra la pobreza infantil, para ser efectiva, debe ser enmarcada en un proyecto más general de lucha contra la desigualdad y la vulnerabilidad. Pero que no debemos renunciar a políticas específicas como han hecho otros países que han logrado avances notables en este ámbito. Esta atención específica refuerza la legitimidad de un Estado que garantiza derechos sociales amplios y consolidados, al tiempo que proporciona también respuesta a las necesidades emergentes. Un Estado de bienestar moderno y eficiente tiene la obligación de ser flexible, reconocer, diagnosticar y adaptarse a realidades que cambian a gran velocidad, engendran nuevos riesgos sociales y plantean situaciones novedosas de inseguridad y desprotección. El rejuvenecimiento de la pobreza es uno de esos procesos ante los que resulta imposible permanecer indiferente si se pretende que las políticas de bienestar continúen desempeñando sus funciones básicas.

He presentado múltiples pruebas de que la situación de la infancia vulnerable mejora como consecuencia de intervenciones destinadas a corregir condiciones de privación material y a combatir la exclusión social. Administraciones públicas (en sus diferentes niveles), entidades privadas y organizaciones no gubernamentales pueden liderar iniciativas inclusivas. Estas iniciativas pueden contribuir a dotar a los hogares de recursos materiales —que estos empleen en beneficio de sus hijos— y a ofrecer oportunidades de acceso a actividades y servicios de calidad que ayuden a situar a los niños y niñas en pie de igualdad con otros menores cuyas familias poseen más recursos. Las actuaciones a favor de la infancia vulnerable son uno de los campos de la política pública mejor blindados frente a las retóricas de la intransigencia. Evidencia robusta —avalada por metodologías diversas— acredita de forma consistente el impacto positivo de muchas intervenciones y, en general, su claro rendimiento en términos sociales y económicos.

Por primera vez contamos además con el viento a favor de la opinión pública. Los promotores de las retóricas de la intransigencia predican ante audiencias cada vez más impermeables a sus falacias. En abril de este año, una encuesta evidenciaba que ocho de cada diez españoles consideraba que la pobreza infantil debe convertirse en la prioridad de un nuevo Gobierno. Tres de cada cuatro entrevistados declaraba que no todos los niños y niñas españoles pueden acceder a una buena alimentación y otro tanto pensaba que no pueden acceder a una vivienda adecuada. Más de la mitad de los entrevistados señalaba que pagaría más impuestos si la recaudación fuera destinada directamente a combatir la pobreza infantil. El 84,9% de los entrevistados se mostraban muy o bastante de acuerdo con la necesidad de una institución pública dedicada exclusivamente a la lucha contra la pobreza infantil224.

Reunidas todas las pruebas y auspiciado el consenso social, no hay más excusas para aplazar la construcción de un sistema de bienestar para la infancia que queremos. El futuro empieza hoy.

NOTAS

1 . M. W. Kraus y D. Keltner (2009): “Signs of Socioeconomic Status: A Thin Slicing Approach”, Psychological Science, 20, pp. 99-106.

2 . R. Walker (coord.) (2014): The Shame of Poverty, Oxford, Oxford University Press.

3 . En 2014, el canal británico Channel 4 lanzó Benefits Street, una serie de varios programas dedicados a seguir la vida de familias en un barrio de Birmingham con gran número de beneficiarios de ayudas económicas de la Administración pública. El programa generó una gran controversia. Se recreaba en mostrar la escasa motivación de estas personas en buscar trabajo y salir de la situación en que se encontraban, así como las triquiñuelas que empleaban para engañar a los trabajadores públicos con el fin de no perder sus ayudas. El programa inauguró lo que algunos han llamado un nuevo género televisivo, la “pornografía de la pobreza” (poverty porn). Unos meses después, la BBC 2 programó un concurso, Britain Hardest Grafter, donde se invitaba a personas desempleadas y en situaciones de precariedad a demostrar su pericia y determinación en una serie de pruebas competitivas. Cada semana quedaba eliminado el concursante que había mostrado peor condición. El ganador obtenía un premio de 15.000 libras.

4 . D. Barker (1998): Mothers, Babies and Health in Later Life, Edimburgo, Churchill Livingstone.

5 . Autoría colectiva (2018): Yo me quiero reír como se ríe esta gente. 27 historias de personas usuarias de los servicios públicos de inclusión de la Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia.

6 . M. G. Marmot y R. G. Wilkinson (2006): Social Determinants of Health, Oxford, Oxford University Press.

7 . M. Marmot (2015): The Health Gap. The Challenges of an Unequal World, Londres, Bloomsbury.

8 . R. Faris y D. Felmlee (2011): “Status Struggles: Network Centrality and Gender Segregation in Same- and Cross-Gender Aggression”, American Sociological Review, 76(1), pp. 48-73.

9 . S. Mullainathan y E. Shafir (2013): Scarcity. Why having too Little Means so Much, Nueva York, Time Books.

10 . A. Mani, S. Mullainathan, E. Shafir y J. Zhao (2013): “Poverty impedes cognitve function”, Science, vol. 341, Issue 6149, pp. 976-980.

11 . K. Payne (2017): The Broken Ladder. How Inequality Changes the Way We Think, Live and Die, Londres, Weidenfeld & Nicolson.

12 . Por “condiciones no económicas” me refiero a criterios que no tienen que ver con los ingresos obtenidos ni el patrimonio disponible. Dos de los criterios más representativos en los países de Europa tienen que ver con la nacionalidad, el tiempo de residencia legal en el territorio y la edad. Algunos países limitan el acceso a las rentas mínimas a extranjeros, especialmente si el tiempo de residencia legal ha sido corto. También pueden existir restricciones para ciudadanos de cierta edad, bajo la premisa de que el bienestar de los niños (y a veces jóvenes hasta ciertas edades) es responsabilidad de sus familias.

13 . En ese cálculo intertemporal el beneficiario debe contemplar, asimismo, la dificultad de poder volver a contar con la renta mínima en caso de perder su empleo antes de poder optar a algún otro tipo de prestación.

14 . Una excepcion es un estudio de 2018 centrado en el País Vasco de Sara de la Rica y Lucía Gorjón (“El impacto de la renta de garantía en Euskadi”, Papeles de economía española, 156, pp. 110-126). Su evidencia permite concluir que la Renta de Garantía de Ingresos del País Vasco, ademas de limitar el alcance de la pobreza extrema y de la exclusión social, que es para lo que esta diseñada, no parece provocar retraso en la salida hacia un empleo.

15 . K. Nelson (2012): “Counteracting material deprivation. The role of social assistance in Europe”, Journal of European Social Policy, 22, pp. 148-163.

16 . L. Sanzo (2017): “El mito de la igualdad: la diferente protección social ante la pobreza grave”, Hungry Grass.

17 . Encuesta “Familias y protección social”, “Pensions and Education: Combined Effects on inter and intragenerational redistribution”, Proyectos Cero en Envejecimiento, Fundación CSIC-La Caixa.

18 . W. Korpi y J. Palme (1998): “The paradox of redistribution and strategies of equality: Welfare State institutions, inequality, and poverty in western countries”, American Sociological Review, 63, pp. 661-687.

19 . Sobre este ejercicio de estereotipación ha reflexionado de manera muy interesante Owen Jones. O. Jones (2012): Chavs. The Demonization of the Working Class, Londres, Verso Press.

20 . Estas actitudes pueden encontrarse en las propias personas en situación de pobreza, que tienden a disociarse de “otros” pobres que entienden que, a diferencia de ellos sí incurren en esas actitudes y prácticas.

21 . “Una diputada del PP: ‘Había familias necesitadas que después se compraban televisiones de plasma’”, Las Provincias, 26 de noviembre de 2012.

22 . J. Haidt (2019): La mente de los justos, Barcelona, Planeta.

23 . Haidt considera que el origen de estas predisposiciones morales son detonadores originarios, que en el curso de miles de años de selección natural operaron para favorecer a los individuos mejor adaptados a su entorno, y detonadores actuales, el tipo de situaciones que activan las predisposiciones en los integrantes de una sociedad occidental moderna.

24 . José A. Noguera, “¿Tiene apoyo la renta básica?”, El País, 9 de febrero de 2019.

25 . R. H. Binstock (2000): “Old age policies, politics, ageism”, Generations, 29(3), pp. 73-78.

26 . J. Myles (1984): Old Age in the Welfare State: The Political Economy of Public Pensions, Boston, Little Brown.

27 . S. Preston (1984): “Children and the Elderly in the US. Divergent Paths for American Dependents”, Demography 21(4), pp. 435-457.

28 . OCDE (2008): Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD, París, OECD.

29 . El indicador AROPE agrupa tres subindicadores que miden pobreza, carencia material y baja intensidad de trabajo en el hogar. Una persona está en situación de pobreza o exclusión si cumple al menos uno de los tres criterios siguientes: 1) está en riesgo de pobreza, es decir, vive en un hogar con una renta inferior al umbral de pobreza; 2) está en privación material severa, es decir, vive en un hogar en el que sus miembros no pueden permitirse al menos cuatro de nueve conceptos o ítems de consumo básico definidos a nivel europeo, y 3) vive en un hogar con baja intensidad de trabajo. La intensidad de trabajo por hogar se define como la relación entre el número de meses trabajados efectivamente por todos sus miembros y el número total de meses que, en teoría, podrían trabajar como máximo todas las personas del hogar en edad de trabajar.

30 . F. Pampel y J. B. Williamson (1989): Age, Class, Politics and the Welfare State, Nueva York, Cambridge University Press.

31 . C. Saraceno (1994): “The ambivalent familism of the Italian Welfare State”, Social Politics, 1, primavera, pp. 60-82.

32 . OCDE (2018): The Squeezed Middle Class, París, OCDE.

33 . La tasa de riesgo de pobreza es el principal indicador de referencia para medir situaciones de pobreza relativa. El cálculo se realiza a partir de la determinación de un umbral de ingresos equivalentes de los individuos (los ingresos ponderados por la composición del hogar en que viven) que representa una proporción en relación a valores centrales de la distribución de ingresos de un país. Así, es habitual situar en “riesgo de pobreza” a aquellas personas cuyos ingresos equivalentes están por debajo del umbral del 60% de los ingresos medianos (ingreso mediano es el valor que corresponde a la posición central en una distribución de ingresos ordenada). A veces se emplean otros umbrales para analizar distintos niveles de severidad de la pobreza (entre los más frecuentes, el 50% que utiliza por ejemplo la OCDE, el 40% en publicaciones de Save the Children, el 30% o 25% en distintas publicaciones académicas).

34 . R. D. Conger, X. Ge, G. H. Elder, F. O. Lorenz y R. L. Simons (1994): “Economic stress, coercive family process, and developmental problems of adolescents”, Child development, 65(2), pp. 541-561.

35 . R. S. Mistry, E. A. Vanderwater, A. C. Huston y V. C. Macloyd (2002): “Economic Well-Being and Children’s Social Adjustment: The Role of Family Process in an Ethnically Diverse Low-Income Sample”, Child development, 73(3), pp. 935-951.

36 . G. W. Evans y K. English (2002): “The environment of poverty: multiple stressor exposure, psychological stress, and socioemotional adjustment”, Child Development, 73(4), pp. 1238-1248.

37 . Puede encontrarse una excelente revisión de la literatura especializada en P. Bywarer, L. Bunting, G. Davidson, J. Hanratty, W. Mason, C. Mccartam y N. Steils (2016): The relationship between poverty, child abuse and neglect: an evidence review, Reino Unido, Joseph Rowntree Foundation.

38 . J. K. Rix, E. Wallace, E. Fitzsimons y T. Mostafa (2016): Poverty and children’s personal and social relationships, Centre for Longitudinal Studies y The National Children’s Bureau: working with children, for children.

39 . Office of the Deputy Prime Minister (2004): The impact of overcrowding on health and education. A review of evidence and literature, Londres, Office of the Deputy Prime Minister.

40 . R. A. Cage y J. Foster (2002): “Overcrowding and infant mortality, a tale of two cities”, Scottish Journal of Political Economy, 49(2), pp. 129-149.

41 . D. D. Coggan, J. P. Barker, H. Inskip y G. Wield (1993): “Housing in early life and later mortality”, Journal of Epidemiology and Community Health, 47, pp. 345-348.

42 . G. N. Evans, M. Wells y A. Moch (2003): “Housing and mental health, a review of the evidence and a methodological and conceptual critique”, Journal of Social Issues, 59(3), pp. 475-500.

43 . M. D. Kuh y M. Wadsworth (1989): “Parental height: childhood environment and subsequent adult height in a national birth cohort”, International Journal of Epidemiology, 18(3), pp. 663-668.

44 . D. Goux y E. Maurin (2003): The effect of overcrowded housing on children’s performance at school, París, INSEE.

45 . A. Furley (1989): A bad start in life – children, health and housing, Londres, Shelter.

46 . S. Power, G. Witty y D. Youdell (1995): No place to learn: homelessness and education, Londres, Shelter.

47 . G. W. Evans (2004): “The Environment of Childhood Poverty”, American Psychologist, 59(2), pp. 77-92.

48 . S. J. Scholer, G. B. Hickson, W. A. Ray (1999): “Sociodemographic factors identify US infants at high risk for injury mortality”, Pediatrics, 103, pp. 1183–88.

49 . Investigaciones realizadas con primates y humanos adultos indican que la carga alostática puede alterar procesos biológicos que intervienen en los procesos de crecimiento, la calendarización de la pubertad, el funcionamiento cognitivo, el metabolismo o la susceptibilidad a desarrollar ciertas enfermedades.

50 . M. Flores, P. García-Gómez y M. V. Zunzunegui (2014): “Crisis económica, pobreza e infancia. ¿Qué podemos esperar en el corto y largo plazo para los “niños y niñas de la crisis?” Informe SESPAS 2014, Gaceta Sanitaria, 28 (S1), pp. 132-136.

51 . Slavich, G. M. y S. W. Cole (2013), “The emerging field of human social genomics”, Clinical Psychological Science, 1 (3), pp. 331-348.

52 . P. O. McGowan, A. Sasaki, A. C. D’Alessio, S. Dymov, B. Labonté, M. Szyf, M. J. Meaney (2009): “Epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor in human brain associates with childhood abuse”. Nature Neuroscience, 12, pp. 342–348.

53 . N. Borghol, M. Suderman, W. McArdle, A. Racine, M. Hallett, M. Pembrey, et al. (2011): “Associations with earlylife socioeconomic position in adult DNA methylation”, Int J Epidemiol, octubre, 20.

54 . E. Che, G. E. Miller, H. A. Walker, J. M. Arévalo, S. Y. Sung y S. W. Cole (2009): “Genome-wide transcriptional profiling linked to social class in asthma”, Thorax, enero 64 (1), pp. 38-43.

55 . J. Díez, A. Cebrecos, A. Rapela, L. N. Borrell, U. Bilal y M. Franco (2019): “Socioeconomic Inequalities in the Retail Food Environment around Schools in a Southern European Context”, Nutrients, 11 (7).

56 . B. Hart y T. Risley (1999): The Social World of Children: Learning To Talk, Baltimore, Paul H. Brookes Publishing Co.

57 . P. Marí-Klose, M. Marí-Klose, E. Vaquera y S. A. Cunnigman Argeseanu (2010): Infància i futur. Noves realitats, nous reptes, Col·lecció Estudis Socials La Caixa, nº 30.

58 . C. J. Patterson, J. B. Kuppersmith y N. A. Vaden (1990): “Income level, gender, ethnicity, and household composition as predictors of children’s school‐based competence”, Child development, 61(2), pp. 485-494.

59 . A. Laureau (2003): Unequal Childhoods: Class, Race, and Family Life, Berkeley, University of California Press.

60 . P. Bourdieu (1977): La distinction. Critique sociale du jugement, París, Les Éditions de Minuit.

61 . Dos estudios fundamentales en esta tradición son: P. Maggio (1982): “Cultural capital and school success: the impact of status culture participation on the grades of U.S high school students”, American Sociological Review, 47(2), pp. 189-201; K. Aschaffenburg e I. Maas (1997): “Cultural and educational careers: The dynamics of social reproduction”, American Sociological Review, 62, pp. 573-587.

62 . P. Marí-Klose, M. Marí-Klose, F. J. Granados, C. Gómez-Granell y A. Martínez (2009): Informe de la inclusión social en España 2009, Barcelona, Caixa Catalunya.

63 . R. Rosenthal y L. Jacobson (1968): “Pigmalion in the classroom”, The Urban Review, 3(1), pp. 16-20.

64 . Esta concentración puede ser el resultado de dinámicas residenciales que tienden a aglomerar familias en el espació según su capacidad económica en distintos barrios en función del precio de la vivienda, pero también puede reflejar dinámicas escolares si las clases medias consiguen “retirar” a sus hijos de determinados centros, o si, dentro de los centros, los niños de distintas clases sociales siguen itinerarios formativos diferentes o son agrupados en aulas específicas por algún criterio de diferenciación que replica la extracción social.

65 . B. Sacerdote (2011): “Peer effects in education: How might they work, how big are they and how much do we know thus far?”, en E. A. Hanushel, S. J. Machin y L. Woessmann, Handbook of the Economics of Education, 3, pp. 249-277.

66 . A. di Paolo y A. Choi (2014): “School composition effects in Spain: accounting for intercept and slope effects”, Hacienda pública española, 210(1), pp. 57-84.

67 . M. Alegre (2012): “Climes i (sobretot) cultures escolars: com s’expliquen i què permeten explicar. A Família i relacions intergeneracionals: un espai d’oportunitats per a l’educació dels fills i filles”, en C. Gómez-Granell y P. Marí-Klose (eds.), IV Informe sobre la situació de la Infància, l’Adolescència i la Família a Catalunya i Barcelona, Barcelona, Institut d’Infància i Món Urbà.

68 . P. Willis (1977): Learning to Labor: How Working Class Kids Get Working Class Jobs, Nueva York, Columbia University Press.

69 . S. Fordham y J. Ogbu (1986): “Black Students’ School Successes: Coping with the Burden of ‘Acting White’”, The Urban Review, 18, pp. 176-206.

70 . N. W. Papageorge y K. Thom (2016): “Genes, Education, and Labor Market Outcomes: Evidence from the Health and Retirement Study”, IZA DP, 10200.

71 . Una revisión más detallada de los contenidos de estos informes puede consultarse en “Recomendaciones de organismos internacionales ante la situación de la infancia en España”, Documentos Breves, 6, febrero de 2019, Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, Gobierno de España.

72 . P. Marí-Klose, E. Cerviño y A. Julià Cano (2018): “Edad, pobreza y vulnerabilidad económica”, 3er Informe sobre la Desigualdad en España, Madrid, Fundación Alternativas.

73 . Cálculos obtenidos con el instrumento de análisis online proporcionado por FOESSA (12 de junio de 2019).

74 . Repetimos aquí qué captura el indicador de pobreza persistente, ya mencionado en el capítulo anterior: describe la proporción de personas cuyos ingresos disponibles equivalentes se encuentran por debajo del umbral de pobreza en el año en curso y en al menos dos de los tres años precedentes.

75 . Por ejemplo, el 46% de los hogares formados por un adulto con uno más niños dependientes declara que llega con dificultad o mucha dificultad a final de mes. Esta cifra es del 27,1% en el total de los hogares.

76 . En el ECV2018 encontramos las siguientes cifras de menores en situación de pobreza: un adulto con niños, 286 mil; dos adultos con un niño, 298 mil; dos adultos con dos niños, 831 mil; dos adultos con tres o más, 410 mil; otros hogares con niños, 399 mil. Es decir, hay 1,1 millón de niños en situación de pobreza que viven en un hogar con dos adultos y uno o dos menores, casi tres veces más niños que en hogares monoparentales o en familias numerosas con dos adultos.

77 . Gobierno de España (2019): Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza Infantil, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

78 . En los llamados hogares con baja intensidad de empleo las personas en edad de trabajar que conviven tuvieron empleo menos del 20% del tiempo potencial total en que pudieron trabajar el año anterior a la entrevista. Para estimar el tiempo potencial se calcula el número de meses en que los miembros del hogar estuvieron trabajando durante el año de referencia y el total de meses en que teóricamente esos mismos miembros podrían haber trabajado.

79 . En abril de 2019, el Gobierno español mejoró la prestación por hijo a cargo sin discapacidad de 291 a 588 euros para hogares en situación de pobreza severa, y a 341 euros para el resto de beneficiarios de esta prestación.

80 . Gobierno de España (2019): “¿Qué impacto tiene el coste de la vivienda sobre la pobreza infantil en España?”, Documento breve, 8, Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, abril.

81 . Gobierno de España (2018): “No todos los menores pueden celebrar las ocasiones especiales”, Documento Breve, 3, Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil.

82 . A. Spinelli et al. (2019): “Prevalence of severe obesity among primary school children in 21 countries”, Obesity Facts, 12, pp. 244-258.

83 . Save the Children (2015): Desheredados. Desigualdad infantil, igualdad de oportunidades y políticas públicas en España, Madrid, Save the Children.

84 . P. Marí-Klose (coord.) (2009): Informe de la Inclusión Social 2009, Barcelona, Fundación Caixa Catalunya.

85 . El estado de la salud mental de los niños y niñas se evalúa mediante el cuestionario SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire), que se aplica a la población infantil de 4 a 14 años. El cuestionario consta de 25 ítems agrupados en 5 dimensiones (síntomas emocionales, problemas de conducta, hiperactividad, problemas con compañeros y conducta prosocial), con puntuaciones que oscilan entre 0 y 10 para cada dimensión.

86 . P. Marí-Klose (coord.) (2009): op. cit., pp. 82-83.

87 . S. Escapa Solanas y M. Marí-Klose (2016): “Los abuelos ayudan, pero no tanto”, Agenda Pública, 16 de marzo de 2016.

88 . S. Escapa y M. Marí-Klose (2015): “Solidaridad intergeneracional en época de crisis ¿mito o realidad?”, Panorama Social, 22, pp. 61-78.

89 . G. J. Duncan y J. Brooks-Gunn (1997): The Consequences of Growing Up Poor, Nueva York, Russel Sage Foundation.

90 . A. Sen (1990): Development as Freedom, Nueva York, Anchor Books.

91 . G. Graf y G. Schweiger (2015): A Philosophical Examination of Social Justice and Child Poverty, Nueva York, Palgrave MacMillan.

92 . J. Jerrim y L. Mcmillan (2015): “Income Inequality, Intergenerational Mobility, and the Great Gatsby Curve: Is Education the Key?”, Social Forces, 94(2), pp. 505-533.

93 . R. Wilkinson y K. Pickett (2009): The Spirit Level. Why More Equal Societies Almost Always Do Better, Londres, Penguin Books.

94 . Citado en R. Lister (2006): “An Agenda for Children: Investing in the Future or Promoting Well-being in the Present?”, en Jane Lewis (ed.), Children, Changing Families and Welfare States, Cheltenham, Edward Elgar.

95 . S. Sassen (2011): “Why did Britain’s riots happen now?”, Newsweek, 15 de agosto de 2011.

96 . Véase esta argumentación, por ejemplo, en R. D. Putnam (2015): Our kids: The American Dream in Crisis, Nueva York, Simon & Schuster, pp. 234-240.

97 . B. Albaiges y G. Ferrer-Esteban (2013): L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2013, Barcelona, Fundació Jaume Bofill, p. 89.

98 . F. Pérez-García y E. Uriel Jiménez (dirs.) (2016): Cuentas de la Educación en España 2000-2013: recursos, gatos y resultados, Valencia, Fundación BBVA-Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.

99 . J. Heckman y T. Kautz (2013): “Fostering and measuring skills: Interventions that improve character and cognition”, Working Paper 19656, National Bureau of Economic Research.

100 . A. M. Bell, R. Chetty, X. Jaravel, N. Petkova y J. Van Reenen (2019): “Who becomes an inventor in America”, NBER Working Paper 24062.

101 . “Lost Einstein. How exposure to innovation influences who becomes an inventor”, New York Times, 2 de diciembre de 2018.

102 . H. J. Holzer, D. Whitmore Schanzenbach, G. J. Duncan y J. Ludwig (2008): “The economic costs of childhood poverty in the United States”, Journal of Children and Poverty, 14(1), pp. 41-61.

103 . M. McLaughin y R. Rank (2018): “Estimating the Economic Cost of Childhood Poverty in the United States”, Social Work Research, 42(2), pp. 73-83.

104 . N. Hendren y B. Sprung-Keyser (2019): “A Unified Analysis of Government Policies”, Opportunity Insights.

105 . G. Esping-Andersen (2009): The incomplete revolution. Adapting to women’s new roles, Cambridge, Polity Press.

106 . OCDE (2011): Divided We Stand. Why inequality keeps rising, París, OCDE.

107 . El emparejamiento selectivo es la tendencia de los individuos a emparejarse con otros que se asemejan a ellos en su perfil socioeconómico.

108 . S. MacLanahan (2004): “Diverging destinies: How children are faring under the second demographic transition”, Demography 41(4), pp. 607-627.

109 . P. Marí-Klose, “Sí, hay pobreza infantil”, El País, 7 de junio de 2018.

110 . A. Leira (2015): Desafíos del Estado de Bienestar en Noruega y España, Madrid, Tecnos.

111 . H. Hernes (1987): Welfare States and Women Power, Oslo, Norwegian University Press.

112 . B. Bradbury y M. Jantti (1999): “Child poverty across industrialized countries”, Innocenti Occasional Papers, Economic and Social Policy Series 71.

113 . J. Waldfogel (2010): Britain’s War on Poverty, Nueva York, Russel Sage.

114 . T. Blair (1999): “Beveridge revisited: A Welfare-State for the Twenty-First Century”, conferencia en el Toynbee Hall, Londres (18 de marzo).

115 . R. Lister (2006): “An agenda for children: investing in the futures or promoting well-being in the present?”, en Jane Lewis (ed.), Children, Changing Families and Welfare States, Cheltenham, Edward Elgar.

116 . En la conferencia política del Partido Laborista, el 1 de octubre de 1996.

117 . El programa fue lanzado a nivel nacional después de evaluar sus resultados en una iniciativa piloto encargada a los economistas de la London School of Economics, Stephen Machin y Sandra McNally.

118 . C. Cummings, A. Dyson, D. Muijs, I. Papps, D. Pearson, C. Raffo, L. Tiplady y L. Todd (2007): Evaluation of the Full Service Extended Schools Initiative: Final Report, Department for Education and Skill Research brief RB852.

119 . T. Smeeding y J. Waldfogel (2010): “Fighting Poverty: Policy can Make a Huge Diference”, Journal of Policy Analysis and Management, 29(2), pp. 401-407.

120 . P. Marí-Klose y M. Marí-Klose (2012): “Crisi i pobresa infantil a Catalunya”, Docs Infància a Catalunya, Unicef.

121 . J. Waldfogel (2010): Britain’s War on Poverty, Nueva York, Rusell Sage, pp. 105-106.

122 . K. Steward (2009): “Poverty, Inequality and Child Well-Beign in International Context: Still Bottom of the Pack”, en J. Hills, T. Sefton y K. Steward (eds.), Toward a More Equal Society? Poverty, Inequality and Policy since 1997, Bristol, Policy Press.

123 . J. Jenson (2006): “The LegoTM paradigm and new social risks: consequences for children”, en J. Lewis (ed.), Children, Changing Families and Welfare States, Cheltenham, Edward Elgar.

124 . National Children’s Strategy, Our Children-Their Lives (2000-2010).

125 . S. Escapa (2019): La pobreza en España. Impacto de la crisis económica y estrategias políticas para su reducción, tesis doctoral, Universidad de Zaragoza (no publicada).

126 . National Policy Framework for Children and Young People 2014-2020 (Better Outcomes, Brighter Futures).

127 . C. Saavedra (2015): “¿Qué es Chile Crece Contigo?”, Santiago de Chile, Ministerio de Desarrollo Social.

128 . G. Esping-Andersen, D. Gallie, A. Hemerick y J. Myles (2002): Why We Need a Welfare State, Oxford, Oxford University Press.

129 . J. Jenson (2006): “The LegoTM paradigm and new social risks: consequences for children”, en J. Lewis (ed.), Children, Changing Families and Welfare States, Cheltenham, Edward Elgar.

130 . Comisión Europea (2013): Recomendación “Investing in Children: Breaking the Cycle of Disadvantage”, OJ 2013 L 59, Bruselas, 20 de febrero de 2013.

131 . Véase, por ejemplo, Airef (2019): Estudios sobre Rentas Mínimas, Madrid, AIREF, pp. 71-73.

132 . Existen grandes desigualdades territoriales en el grado de cobertura y adecuación, que han sido analizadas en distintos informes. Véase, por ejemplo, Airef (2019), obra citada.

133 . Yo mismo he contribuido a caracterizar los efectos sociales de la crisis en, por ejemplo, el monográfico de la revista Panorama Social, “Un Balance Social de la Crisis”, nº 22.

134 . FOESSA (2019): Informe FOESSA 2019, cap. 3, pp. 245-246.

135 . D. López Rodríguez, y M. Matea (2019): ”Evolución reciente del mercado de alquiler en España”, Artículos Analíticos, Boletín Económico, Banco de España, 3, 2019.

136 . España encabezaba la lista de países en situación de sobrecarga en 2012, según datos de la OCDE. Véase OCDE (2016): “Policies to promote access to good-quality affordable housing in OECD countries”, OCDE Social, Employment and Migration Working Papers, p. 68.

137 . Más datos pueden consultarse en S. Tirado, L. Jiménez y J. L López Fernández (2018): “Desigualdad energética: Un análisis del consumo de energía en España desde el punto de vista de la equidad social”, 3er Informe de la Desigualdad en España, Madrid: Fundación Alternativas.

138 . M. Ravaillon y S. Chen (2003): “Measuring Pro-poor Growth”, Economic Letters, 78, pp. 93-99.

139 . L. Kenworthy (2011): Progress for the Poor, New York, Oxford University Press.

140 . L. Ayala (2016): “La desigualdad en España: fuentes, tendencias y comparaciones internacionales”, Estudios sobre la Economía Española, Fedea, 24, 2016.

141 . AIREF (2019): Estudio sobre los Programas de Rentas Mínimas en España.

142 . B. Barragé (2019): Larga vida a la socialdemocracia, Barcelona, Ariel.

143 . El País (2018): “Cuando el catastrofismo sobre el sueldo mínimo falló”, 4 de noviembre de 2018.

144 . S. Berbel, P. Ramos y P. Marqués (2018): Libro blanco del futuro del/de los trabajo/s. Barcelona, Barcelona Activa.

145 . J. J. Dolado y J. F. Jimeno (2004): “Reducir la precariedad: Una evaluación de propuestas”, El País, 27 de abril de 2004.

146 . En el proyecto presentado a finales de junio de 2019 las empresas no virtuosas pagarán cuotas más altas al seguro de desempleo y las actividades de obra y servicio una tasa fija de diez euros. Hasta ahora la aplicación de la medida se circunscribirá a sectores empresariales con alta propensión al uso de la contratación temporal.

147 . Citado en K. L. Rodríguez (2019): “España, primera potencia europea en trabajo de plataformas”, Agenda Pública, 4 de abril de 2019.

148 . Centre for Employment Relations, Innovation and Change (2017): “The Social Protection of Workers of the Platform Economy, Directorate General for Internal Policies, European Parliament.

149 . M. L. Rodríguez (2018): “Derechos para los trabajadores de las plataformas digitales”, Agenda Pública, 12 de marzo de 2018.

150 . En 2012 se finalizaron 53.332 viviendas de protección oficial. En 2018, 5317. Datos extraídos de “La construcción de viviendas protegidas se desploma desde 2012”, en InfoLibre, 2 de agosto de 2019.

151 . Del 3,5% en 2005 al 2,7% en 2018, según datos del Banco de España en el Informe Evolución reciente del mercado de alquiler de la vivienda en España, obra citada.

152 . OCDE (2016): Policies to promote access to good-quality affordable housing in OECD countries, OCDE Social, Employment and Migration Working Papers.

153 . R. Senserrich, “Ser pobre es una mierda”, Jot Down.

154 . N. Nollenberger, N. Rodríguez-Planas, (2015): “Full-time universal childcare in a context of low maternal employment: Quasi-experimental evidence from Spain” Labour Eonomics, 36, pp. 124–136.

155 . S. Cattan (2016): “Can universal preschool increase the labor supply of mothers?”, IZA World of Labor, 312.

156 . Véase la revisión que Joseba Zalakain hace de distintas evaluaciones de la EITC, en “El papel de los sistemas de Garantia de Ingreso en el abordaje de la pobreza en el empleo: La experiencia del País Vasco”, en Lan Harremanak, 31 (2014-II), pp. 32-62. A pesar del impacto positivo de la EITC, es cierto que algunos estudios han evidenciado una merma en los salarios de los trabajadores menos cualificados, como consecuencia, precisamente, del incremento en la oferta de mano de obra poco cualificada que provoca el EITC. Zalakain menciona un trabajo de Leigh según el cual por cada 10% de incremento en la cuantía del EITC el salario de las personas con estudios primarios se reduce en un 5% y el de las personas con estudios secundarios en un 2%, no viéndose afectado el salario de las personas con estudios universitarios. El colectivo más perjudicado por este efecto es el de los trabajadores de baja cualificación y sin hijo/as, que no se ven beneficiados por la ayuda, pero experimentan su impacto negativo en cuanto a la reducción de los salarios. Vease, A. Leigh (2010): “Who benefits from the earned income tax credit?. Incidence among recipients, coworkers and firms”. Iza Discussion Papers, nº 4960, Bonn, IZA-Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, 2010.

157 . P. Gregg, A. Hurrel, M. Whittaker (2012): Creditworthy. Assessing the impact of tax credits in the last decade and considering what this means for Universal Credit, Londres, Resolution Foundation.

158 . S. Escapa (2019): “Los límites del mercado de trabajo y el pleno empleo en la reducción del riesgo de pobreza infantil en España”, Comunicación en el Congreso de la Federación Española de Sociología, Valencia, julio 2019.

159 . G. Duncan, K. Magnuson y E. Votruba-Dzral (2014): “Boosting family income to promote child development”, The Future of Children, nº 24(1), pp. 49-120.

160 . Existe también una amplia literatura especializada sobre programas de ayuda condicionada a hogares y sus efectos sobre el progreso socioeducativo de los menores y la salud de las familias centrada en programas públicos en países menos desarrollados (por ejemplo, el programa PROGRESA en México) o intervenciones en pequeñas comunidades.

161 . G. Duncan, K. Ziol-Guest, y A. Kalil (2010): “Early childhood poverty and adult attainment, behavior and Health”, Child Development, nº 81(1), pP. 306-325.

162 . R. Akee, W. Copeland, G. Keeler, A. Angold y J. E. Costello (2010): “Parents’ incomes and children’s outcomes: a quasi-experiment using transfer payments from casino profits”, American Economic Journal: Applied Economics, pp. 86-115.

163 . R. Akee, W. Copeland, J. E. Costello y E. Simeonova (2018): “How Does Household Income Affect Child Personality Traits and Behaviors?”, American Economic Review, 108(3), pp. 775–827.

164 . W. N. Evans y C. L. Garthwaite (2010): Giving mom a break: The impact of higher EITC payments on maternal health, National Bureau of Economic Research, nº w16296.

165 . La cuantía descrita más arriba (291 euros) se incrementa hasta los 1.000 euros en el caso de que el menor tenga una discapacidad mayor o igual al 33%.

166 . A. Muñoz Rico (coord.): Los comedores escolares en España. Del diagnóstico a las propuestas de mejora.

167 . Observatori Vallés Occidental (2018): Informe sobre el programa d’Ajuts Individuals de Menjador al Vallès Occidental. Anàlisi de l’evolució i característiques, Curs 2017-2018.

168 . Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil (2019): Programa para la Garantía de la Alimentación, Ocio y Cultura de los menores durante las vacaciones escolares VECA 2019, Documento breve nº 9, junio de 2019, Gobierno de España.

169 . Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil (2019): El papel del Fondo europeo de ayuda para los más necesitados en la lucha contra la pobreza infantil, Documento breve nº 9, mayo de 2019, Gobierno de España.

170 . En el caso del País Vasco solo hasta 2º de la ESO, incluido.

171 . Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil (2018): La vuelta al cole para la infancia en situación de pobreza o riesgo de exclusión social, Informe no publicado, septiembre de 2018. Elaborado por A. Arcarons, A. Arias y A. González.

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178 . Síndic de Greuges (2015): Informe sobre la igualtat d’oportunitats a l’educació infantil 0-3 anys. Síndic de Greuges.

179 . De hecho, en un contexto de grandes dificultades financieras, la Secretaría de Estado de Educación, Montserrat Gomendio anunció la supresión del Plan Educa 3, que financiaba la construcción de nuevos centros para niños menores de tres años, justificó su decisión en el escaso valor educativo de esta etapa y en su carácter asistencial (El País, 4 de abril de 2012).

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212 . Ministerio de Educación y Formación Profesional (2018): Enseñanzas no universitarias. Alumnado matriculado. Curso 2017-2018. Resultados detallados.

213 . L. Gortazar (2019): “¿Favorece el sistema educativo español la igualdad de oportunidades?”, Estudios sobre la Economía Española 2019/17, FEDEA.

214 . Se cita a menudo el caso francés y la persistencia de elevados índices de exclusión social en las banlieues, a pesar de las considerables inversiones realizadas, como ejemplo de las limitaciones de estas políticas urbanas.

215 . R. Chetty, N. Hendren, y L. F. Katz (2016): “The effects of exposure to better neighborhoods on children: Evidence from the Moving to Opportunity Experiment”, American Economic Review, 106(4), pp. 855–902.

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221 . R. Wilkinson y K. Pickett (2019): Igualdad. Cómo las sociedades igualitarias mejoran el bienestar colectivo, Madrid, Capitán Swing.

222 . C. Murray (1984): Losing Ground, Nueva York, Basic Books, citado en A. Hirschman, obra citada, p. 29.

223 . Debate ante el Pleno de proposición no de ley relativa a la lucha contra la pobreza infantil, Intervención de María Virginia Millán Salmerón, sesión de 8 de octubre de 2018.

224 . La encuesta la realizó la agencia de investigación 40dB a 1.887 personas en abril de 2019 por encargo de Save the Children España.