LA GUERRA Y EL NACIMIENTO DEL ESTADO MODERNO

Consecuencias jurídicas e institucionales de los conflictos bélicos en el reinado de los Reyes Católicos.

Leandro Martínez Peñas
Manuela Fernández Rodríguez

SINOPSIS

Este párrafo sintetiza a la perfección el motivo que nos animó a construir el presente libro: reflexionar sobre el modo en que la guerra ha contribuido a modelar y moldear el Estado, en el caso de este trabajo, en un periodo muy concreto y, a nuestro juicio, clave en el desarrollo jurídico de las instituciones hispánicas: el reinado de los Reyes Católicos, si bien es cierto que el propósito originario no contemplaba tal limitación cronológica cuando comenzó a tomar forma en la primavera del año 2011. Entonces el planteamiento era de mucho mayor alcance y ambición, puesto que la idea inicial era el estudio del impacto jurídico e institucional de la guerra en la España Moderna, desde la subida al trono de Isabel I en diciembre de 1474 hasta el estallido de la guerra de independencia contra el ocupante francés en mayo de 1808.

AGRADECIMIENTOS

Escribir los agradecimientos de un trabajo en el que se han invertido tres años de esfuerzos sería la mejor parte del proceso de no ser porque siempre queda, al poner el último nombre y el último punto, la incómoda sensación estar olvidándose de personas tan acreedoras de nuestro agradecimiento como los que sí figuran. Confiamos en que los así involuntariamente obviados puedan perdonar lo imperdonable con la misma generosidad con la que han contribuido a este trabajo.

Este libro ha sido posible únicamente gracias a las enseñanzas y la ayuda de nuestros maestros, los profesores José Antonio Escudero y Rogelio Pérez-Bustamante, así como del profesor Fernando Suárez Bilbao, sin cuyos esfuerzos este proyecto, y tantas otras cosas, hubieran resultado imposibles.

Un gran número de investigadores nos ha facilitado nuestra labor. El profesor Feliciano Barrios acudió en nuestro auxilio con valiosos consejos sobre la diplomacia en el periodo estudiado, al igual que otros aspectos del trabajo se enriquecieron con las aportaciones de los profesores Javier Alvarado, Francisco Baltar, Carlos Pérez Fernández-Turégano, Dolores Álamo, Eduardo Galván o Federico Gallegos, por citar solo a los que más tiempo robamos con nuestras preguntas y propuestas. Sin lo aprendido a su lado difícilmente hubiéramos terminado este trabajo. Lo mismo debemos decir del profesor Aniceto Masferrer, que tantas veces ha hecho suyos nuestros problemas, y cuyo apoyo nunca hemos dejado de recibir en los momentos más complicados. De nuestras conversaciones con el profesor Enrique San Miguel obtuvimos el mayor de los regalos: acabar cada charla algo menos ignorantes de como la comenzamos.

Parte del contenido de este trabajo se desarrolló durante una estancia de investigación en el Max-Planck-Institute für europaische Rechtsgeschichte. Nuestro trabajo allí fue posible gracias a los buenos oficios de su director, el profesor Thomas Duve, a quién le agradecemos su hospitalidad, que nos brindó la posibilidad de acceder a estudios no siempre fáciles de localizar en España. También su personal de administración, encabezado por Anne-Lotte Zimmerman, y los investigadores con los que allí coincidimos, en especial Zulal Muslu, contribuyeron a que aquellos días fueran productivos e agradables.

Igualmente, queremos manifestar nuestro agradecimiento al equipo de impresión de Taller Imagen, en Segovia, que hizo posible la existencia física de este libro, en un tiempo en que ello es casi una heroicidad, y en especial a Sebastián, que, una vez más, ha demostrado que su profesionalidad solo es superada por su talla humana.

Erika Prado Rubio aceptó reducir aún más su exiguo tiempo libre para diseñar, sin recibir el menor beneficio de ello, la cubierta de este trabajo; parafraseando a Bram Stoker, si en el futuro —que ya es presente—hay luces y sombras, ella es una de esas luces. Su talento, su voluntad y su esfuerzo son un regalo del que aprendemos cuantos hemos tenido la suerte de cruzarnos en su camino.

A lo largo de esta investigación, hemos compartido de nuevo numerosas horas y proyectos con la doctora Sara Granda, que sigue siendo para nosotros un referente académico y a la que le agradecemos haber seguido a nuestro lado bajo cada tormenta, compartiendo las derrotas y las victorias. Sin ella, lo posible sería más difícil y lo imposible, impensable.

Por último, recordar a quienes ocupan un rincón en nuestras vidas les hemos escatimado, en aras de este trabajo, un tiempo que debimos haberles regalado. Por su paciencia, comprensión y apoyo, les debemos la mayor de las gratitudes. Tanta que no se puede intentar expresar en palabras, sino aspirar a que una sola sea suficiente:

Gracias.

Para nuestras madres,
Por todo lo que nos han dado
Por todo lo que les hemos quitado

“Madre es el nombre que dan
a Dios los labios de los niños ”

—Eric Draven—

PRESENTACIÓN

1.– SOBRE LOS HOMBROS DE GIGANTES

La guerra es el más devastador, catastrófico y aborrecible de los fenómenos humanos, tanto por sus consecuencias como por aquello que supone: el fracaso de cuanto positivo posee la naturaleza humana, pues la guerra es la constatación de la derrota del entendimiento, de la comprensión, de la generosidad, de la bondad última del ser humano.

Respecto a la guerra, escribimos no hace mucho lo siguiente:

"La guerra es el infierno, escribió Tim O’Brien en Las cosas que llevaban los hombres que lucharon, pero eso no es ni la mitad de lo que es, señala el mismo autor. La guerra, la más devastadora, desoladora, cruel y odiosa de las experiencias humanas, ha sido también, con toda probabilidad, el fenómeno de mayor impacto creador y moldeador en lo político, económico, jurídico e institucional de cuantos constituyen la Historia de la Humanidad. Si la guerra es la continuación de la política por otros medios, tal y como se afirma en la archiconocida cita de von Clausewitz, no es menos cierto que en muchas ocasiones la propia política, el Derecho, la economía y la sociedad han sido fruto o consecuencia de experiencias bélicas y, para bien o para mal, las necesidades impuestas por los conflictos o las instituciones creadas para librarlos -o incluso para evitarlos, siguiendo el adagio latino si vis pacem para bellum- han determinado realidades mucho más amplias que las meramente bélicas. El novelista escocés Iain Banks escribió La guerra es un elemento amplificador: “La gente decente se comporta más decentemente, los cabrones se convierten en mayores cabrones ”. La reflexión de partida es válida para la interrelación entre la guerra y los fenómenos jurídicos e institucionales. Cambios que en un contexto pacífico hubieran llevado décadas o incluso siglos -o que nunca hubieran llegado a producirse-, son implementados de forma acelerada en contextos bélicos.”Nota 1).

Este párrafo sintetiza a la perfección el motivo que nos animó a construir el presente libro: reflexionar sobre el modo en que la guerra ha contribuido a modelar y moldear el Estado, en el caso de este trabajo, en un periodo muy concreto y, a nuestro juicio, clave en el desarrollo jurídico de las instituciones hispánicas: el reinado de los Reyes Católicos, si bien es cierto que el propósito originario no contemplaba tal limitación cronológica cuando comenzó a tomar forma en la primavera del año 2011. Entonces el planteamiento era de mucho mayor alcance y ambición, puesto que la idea inicial era el estudio del impacto jurídico e institucional de la guerra en la España Moderna, desde la subida al trono de Isabel I en diciembre de 1474 hasta el estallido de la guerra de independencia contra el ocupante francés en mayo de 1808.

Con este ánimo comenzamos a trabajar en el proyecto en junio de 2011, durante una estancia de investigación en el Max-Planck Institute für europaische rechtsgeschichte, en Frankfurt am Main. La desmedida ambición del proyecto original no sobrevivió a las primeras cuarenta y ocho horas de investigación, pues pronto fue evidente que el ámbito que se pretendía abarcar era, en realidad, inabarcable, al menos en las circunstancias —personales y profesionales—, en las que nos encontrábamos y en las que se encontraba —y encuentra— nuestro mundo académico. Ni siquiera acotando el campo de estudio a la España de los Austrias, dejando el siglo XVIII y el gobierno de la Casa de Borbón fuera del trabajo, se reducía la materia lo suficiente como para poder abarcarla con pretensión de solvencia.

Así pues, lo que se concibió durante un breve lapso como un trabajo genérico sobre el conjunto de la Edad Moderna, hubo de concentrarse en un periodo mucho más breve de tiempo, que ni siquiera puede considerarse plenamente Edad Moderna, sino que cabalga por ese difuso filo de finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI en el que lo moderno convive con lo bajomedieval: el reinado de los Reyes Católicos y el impacto que sobre el naciente Estado Moderno tuvieron las campañas militares realizadas durante ese reinado.

Esta reducción, tan —creemos nosotros— imprescindible como razonable debía partir de la respuesta a una cuestión: ¿Tiene cabida un nuevo estudio sobre el reinado de los Reyes Católicos, con toda probabilidad el periodo de la historia hispánica más y mejor analizado por la historiografía? Más aún: ¿Tiene cabida un nuevo estudio sobre dicho reinado y, para más abundancia, en un campo, el de los cambios militares del feudalismo a la modernidad, tratado también de forma muy prolija, en especial fuera de la historiografía hispánica?

A nuestro juicio, la respuesta, previsible para el lector, dado el volumen que tiene entre sus manos, fue positiva. Creímos que había espacio para el trabajo en el que comenzábamos a viajar, con la consciencia de que nuestra labor no era, y no ha pretendido ser, sino la del proverbial enano que trata de atisbar desde los hombros de gigantes. En este sentido, cualquier historiador, sea cual sea la disciplina específica en la que se enmarque —del Derecho, de la guerra, medievalista, de la Edad Moderna, de las relaciones internacionales, étc.—, que transite del brazo de sus investigaciones por el reinado de los Reyes Católicos tiene que hacerlo, sin desmerecer el excelente trabajo de muchos otros eximios historiadores, de la mano de Luis Suárez Fernández, auténtica piedra angular sobre la que se ha construido el análisis del periodo histórico que no ocupaNota 2). Sus múltiples trabajos sobre la época y sus protagonistas siguen siendo los cimientos sobre los que construir una aproximación al reinado de Isabel y Fernando. Si a ello sumamos que es el nuestro un trabajo cuya naturaleza entronca con los eventos bélicos y militares, la otra referencia insoslayable son los trabajos de Miguel Ángel Ladero Quesada, en especial su monumental análisis sobre la maquinaria bélica de la Monarquía en Ejércitos y Armadas de los Reyes Católicos. Nápoles y el Rosellón (1494-1504)Nota 3). Los trabajos de los profesores Suárez Fernández y Ladero Quesada forman, sin duda, el punto de partida imprescindible para abordar la materia de este trabajo.

Junto al material historiográfico existente sobre el reinado de Isabel y Fernando, el otro núcleo de la investigación está formada por el cada vez más completo campo de estudios sobre guerra y ejército en la historia de España, un área de trabajo en la que, afortunadamente, se ha vuelto a concentrar el interés de la comunidad académica, tras años de desinterés por parte de todos aquellos que no trabajaran cuestiones directamente relacionadas con la Historia Militar en su vertiente estrictamente castrense. En esta revitalización de los estudios sobre el ejército y la guerra son de singular relieve las obra de investigadores como Juan Carlos Domínguez Nafría —con su seminal trabajo sobre el Consejo de Guerra—, Enrique Martínez Ruíz, que ha analizado los ejércitos de la Monarquía Hispánica prestando atención notable al periodo que nos ocupaNota 4), Francisco Andújar, García Hernán, Carlos Pérez Fernández-Turégano, Francisco Baltar, Fernando Puell de la VillaNota 5), Juan Miguel Teijeiro de la Rosa, Gonzalo Oliva o Federico Gallegos Vázquez.

Por su proximidad temática a nuestra investigación y por la proyección que puedan tener sus trabajos futuros, hemos prestado mucha atención a la tesis doctoral de Fernando Arias Guillén sobre el proceso de centralización del poder en el reinado de Alfonso XI y la directa relación de este proceso con las campañas militares y los sucesos bélicos en su reinado. Su trabajo, recientemente publicado en una versión ligeramente reducidaNota 6), aportó, pese a que lo conocimos en las últimas fases de la redacción de nuestra propia investigación, una profundidad cronológica a los fenómenos descritos de la que carecía previamente, completada por el estudio del profesor Domínguez Nafría sobre las reformas militares de Juan INota 7).

El trabajo de Arias Guillén sirve de puente entre los dos núcleos básicos de la historiografía consultada: el que se orienta específicamente a la guerra como fenómeno social, político, económico y, sobre todo, institucional y jurídico, y el segundo gran campo: el de aquellos autores que son indispensables para el conocimiento y análisis de parcelas concretas de nuestro estudio: así, los estudios de Cesáreo Fernández Duro siguen constituyendo la columna vertebral del análisis de la Armada, actualizados y completados por los trabajos de Aznar Vallejo; Jorge Vigón respecto al ejército y, muy particularmente, la artillería; Julio Valdeón e Isabel Val Valdivieso para comprender el entorno social bajomedieval y su proyección en las instituciones; López de Coca Castañer en lo que respecta a diversos aspectos de la guerra de Granada, Ochoa Brun para el contexto diplomático de la Monarquía, García Hernández respecto a la integración de Nápoles en la Monarquía y un larguísimo etcétera de autores cuyos trabajos forman el sustento historiográfico de partes concretas de nuestra investigación.

Como es lógico, un peso muy especial a la hora de analizar lo ocurrido, en relación con la guerra, a las instituciones, corresponde a los historiadores del Derecho. Los trabajos de José Antonio Escudero sobre el conjunto de la administración central, en especial relativos a los secretarios; de Feliciano Barrios sobre el Consejo de Estado; de Fernando Suárez sobre el proceso de creación estatal de Toledo en 1480; de Agustín Bermúdez sobre los corregimientos; de Salustiano de Dios sobre el Consejo de Castilla, de Sara Granda sobre la presidencia del mismoNota 8); de Benjamín González sobre las Cortes o los de Eduardo Galván sobre el Inquisidor General son algunos —unidos a los de historiadores del Derecho antes mencionados, como Francisco Baltar, Juan Carlos Domínguez o Carlos Pérez Fernández-Turégano— a destacar de entre aquellos que brindan un análisis más riguroso y profundo de las instituciones en el periodo de transición del Medievo a la modernidad.

En cuanto a historiografía, ha sido también imprescindible la reflexión sobre los textos de los innumerables autores internacionales que se han ocupado de los cambios militares ocurridos en la Edad Moderna y su impacto sobre los procesos de construcción del Estado o sus líneas de evolución. El debate suscitado en torno a esta cuestión desde que Michael Roberts publicara su disertación relativa a las innovaciones acuñadas por Mauricio de Nassau y Gustavo Adolfo de Suecia en el siglo XVII, introduciendo el término “revolución militar” para definir el proceso, ha sido uno de los más fecundos de las últimas décadas, revitalizándose periódicamente gracias a las reinterpretaciones realizadas por Geoffrey Parker, Colin Jones, John Lynn o Jeremy Black. Muchos de los elementos de este debate están presentes en nuestro trabajo.

Estas son las bases historiográficas sobre las que hemos construido nuestro proyecto que, como se ha dicho en párrafos anteriores, ha sido concebido como la visión de un enano sobre los hombros de un gigante. No se aspiraba, por tanto, a descubrir hechos nuevos, documentos inéditos o sucesos clave que hubieran permanecido hasta ahora ocultos esperando que nosotros, en un golpe de suerte, los arrastráramos a la luz.

Lo que hemos pretendido, por el contrario, ha sido ofrecer un análisis desde una perspectiva que, a nuestro juicio, no había sido tratada de forma suficiente: el impacto de la guerra como fenómeno en el Derecho y las instituciones de la Monarquía Hispánica y, por tanto, el papel jugado por el conflicto bélico como elemento dinamizador del proceso de creación del Estado Moderno.

La mayor parte de la historiografía existente ha analizado o bien el reinado de Isabel y Fernando con carácter general, o bien los sucesos militares de forma casi aislada respecto al resto de procesos, o bien ambos aspectos —militar e institucional— pero circunscritos a un conflicto concreto —la guerra de Granada, por ejemplo—. Gracias a estos trabajos hemos podido construir una visión propia, cuyo elemento diferenciador es el aspirar a dar una visión global, de conjunto, del impacto institucional y jurídico de la guerra en el proceso de redefinición de la Monarquía Hispánica que se produjo durante el reinado de los Reyes Católicos, incluyendo, por supuesto, el propio impacto sobre las instituciones de carácter específicamente militar. Global, en un sentido cronológico —todas los conflictos del reinado, desde la guerra de Sucesión hasta las guerras de Italia de principios del siglo XVI— y también temático, ya que se analizarán temas como los cambios suscitados en el poder municipal, el nacimiento de la diplomacia, la ampliación territorial de la Monarquía, el reforzamiento de las figuras de gobierno delegado, la relación entre guerra y Cortes, los cambios suscitados en las armadas y su impacto sobre la proyección de fuerza, étc. Por desgracia, en no pocas ocasiones, la pretensión de realizar un estudio general nos ha llevado, por cuestiones pragmáticas de tiempo, espacio o ambas, a no profundizar tanto como nos gustaría en algún aspecto concreto de los incluidos en el trabajo, carencia que esperamos poder solventar en el futuro a través de estudios específicos.

Tan solo una omisión consciente se ha realizado por nuestra parte dentro de los hechos bélicos del reinado de los Reyes Católicos: los relacionados con el descubrimiento y la colonización de América. Ello responde a que durante el reinado de Isabel y Fernando, creemos que no se puede hablar de guerras en sentido estricto en el contexto americano, puesto que, hasta las campañas de Cortés en territorio continental americano, los choques violentos entre castellanos e indígenas americanos fueron esporádicos, de escaso relieve desde el punto de vista militar, de nula influencia desde el punto de vista de las instituciones hispánicas y casi aleatorios en cuanto a su estallido y gestión. Es decir, creemos que no se puede hablar de guerra, sino de acciones esporádicas, inarticuladas y carentes de la entidad, la organización y la continuidad necesarias para permitirnos hablar de un verdadero conflicto bélico. La violencia en América en aquellos años entre castellanos y nativos, no guarda relación con la cuestión en la que este trabajo ha pretendido centrarse, puesto que, como hemos señalado en líneas anteriores, como conflicto bélico no tuvo verdadero impacto institucional sobre la Monarquía hasta años después, por lo que creemos que su análisis no es pertinente en el contexto de este trabajoNota 9).

Una segunda cuestión que nos ha planteado dudas es el evidente desequilibrio entre la atención prestada a los asuntos castellanos y la prestada a los de la Corona de Aragón. El sesgo que presenta nuestro trabajo en ese sentido responde, en gran medida, al hecho de que el peso sustancial de la acción bélica de la Monarquía Hispánica en el periodo estudiado fue sostenido por la Corona de Castilla, tal y como ha demostrado el estudio al respecto del profesor Ladero Quesada, en el que señala que, para las guerras de Nápoles y el Rosellón, el 85% de la carga económica, humana y militar de la política militar hispánica fue sostenido por Castilla. Dado que Castilla fue el motor dominante en este campo, como es lógico, recibió un impacto institucional, jurídico y político mayor sobre su estructura estatal que la recibida por Aragón. Dicho de otra forma, el mayor compromiso de Castilla —lo cual es un hecho histórico sostenido, con ciertos matices, por la documentación, pero que en modo alguno debe entenderse como un juicio moral sobre las decisiones de uno u otro reino— con el esfuerzo bélico de la Monarquía derivó en un impacto mucho mayor de dicho esfuerzo sobre la propia estructura estatal castellana, lo cual convierte a este reino en foco central del tema de estudio de este libro.

Para realizar este trabajo, hemos optado por una estructura en dos partes. La primera es un recorrido histórico por las guerras afrontadas por la Monarquía a lo largo del reinado de Isabel y Fernando, al que se incorpora el análisis de las consecuencias jurídicas e institucionales directas e inmediatas de dichos conflictos. La segunda parte ofrece un análisis institucional transversal sobre diversas cuestiones que, por su naturaleza, no pueden ser analizadas desde la perspectiva de un único conflicto. En esta segunda mitad se analiza, por ejemplo, la evolución de la propia estructura militar, los cambios surgidos en la diplomacia, el impacto de la guerra en ámbitos políticos como las Cortes o los poderes municipales o el impacto de los cambios territoriales que las guerras supusieron para la Monarquía.

La guerra fue una constante en el reinado de los Reyes Católicos y, por tanto, ejerció una influencia decisiva en su diseño del Estado; la influencia de los conflictos bélicos en dicho periodo presionó de forma reiterada en una dirección unívoca: hacia la centralización del poder y el fortalecimiento de la Corona frente a otros ámbitos de poder, constituyéndose así en un elemento esencial de la dinámica que llevaría al nacimiento del Estado Moderno. A lo largo de las páginas siguientes hemos tratado de realizar una aproximación al modo en que estos fenómenos se manifestaron entre 1474 y 1516.

Por último, una aclaración: los textos de la edición en papel de este libro y de la edición on-line difieren, siendo más extensa esta última, ya que recoge el trabajo tal y como fue planteado en su totalidad, el texto completo, sin ningún tipo de recorte. Por desgracia, las necesidades académicas, en cuanto a plazos y recursos económicos disponibles, han provocado que solo se haya podido trasladar al papel una parte del contenido, imponiéndose la necesidad de eliminar varios capítulos del libro en su versión física, siguiendo el criterio de confinar a la red aquellas partes que, habiendo sido incluidas en su mayor parte en publicaciones previas, podían localizarse en su lugar de publicación original o bien yendo a la versión digital del libro. Así pues, los siguientes capítulos han sido suprimidos de la edición en papel: “La Santa Liga y la anexión de Navarra”, “Consecuencias jurídicas de la anexión de Navarra” y “Los cambios en el entorno urbano”Nota 10). En total, la supresión de estos capítulos supone haber recortado la extensión del libro en más de cien páginas, con la consiguiente pérdida de información y, sobre todo, de visión de conjunto, por lo que recomendamos a los lectores interesados que descarguen de forma gratuita la versión completa del libro a través de la página web de la Asociación Veritas para el Estudio de la Historia, el Derecho y las Instituciones, en el siguiente link:

Asociación Veritas para el Estudio de la Historia, el Derecho y las Instituciones

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Nota 1

MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., “Una mirada bajo la celada”, en MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., (coords.), De las Navas de Tolosa a la Constitución de Cádiz: el ejército y la guerra en la construcción del Estado. Madrid, 2012.

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Nota 2

Las referencias a las obras de este autor, y de los demás mencionados en esta presentación, pueden consultarse en la bibliografía, que recoge la totalidad de obras consultadas y citadas para la elaboración del presente trabajo.

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Nota 3

Madrid, 2010.

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Nota 4

La última de sus publicaciones al respecto, realizada junto con la profesora Magdalena de Pazzis Pi Corrales es Las guardas de Castilla. Primer ejército permanente español. Madrid, 2013.

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Nota 5

Imprescindible la obra del profesor Puell de la Villa, Historia del Ejército en España. Madrid, 2005, así como su análisis del reclutamiento: El soldado desconocido: de la leva a la mili (1700-1912). Madrid, 1996.

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Nota 6

Guerra y fortalecimiento del poder regio en Castilla. El reinado de Alfonso XI. Madrid, 2012. Con suma amabilidad, el profesor Arias Guillén nos facilitó el texto íntegro de su tesis doctoral; las referencias de páginas corresponden a este texto y no a la edición publicada.

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Nota 7

“Las reformas militares de Juan I” en VV.AA, Homenaje al profesor José Antonio Escudero. Madrid, 2012, 4 vols; vol. II, pp. 737-772.

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Nota 8

La presidencia del Consejo Real de Castilla. Madrid, 2013.

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Nota 9

Un estudio sobre el impacto de la conquista americana en la concepción del Derecho de la guerra en DOMÍNGUEZ NAFRÍA, J. C., “Influencias de la conquista de América en la doctrina sobre el ius in bello”, en BARRIOS PINTADO, F., (coord.), Derecho y administración pública en las Indias hispánicas. Toledo, 1998, vol. I, pp. 503-546.

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Nota 10

Los dos primeros capítulos pueden encontrarse en MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., De las Navas de Tolosa a la Constitución de Cádiz: El Ejército y la guerra en la construcción del Estado. Valladolid, 2012. El tercero puede consultarse en MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Amenazas y orden público: efectos y respuestas, de los Reyes Católicos al Afganistán contemporáneo. Valladolid, 2013. Un cuarto capítulo “El contexto europeo”, ha sido publicado en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., “Guerra y cambios institucionales en el contexto europeo del reinado de los Reyes Católicos”, en Revista de la Inquisición (Intolerancia y Derechos Humanos), n° 18 (2014), pero no se encuentra incluido en esta versión digital del trabajo, ya que los derechos de reproducción pertenecen a la editorial que publica dicha revista.

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INTRODUCCIÓN: ISABEL, REINA DE CASTILLA

1.- Una reina para un reino

Corría en Segovia el decimotercer día el mes de diciembre del año de Nuestro Señor de 1474 cuando discurrió por las calles de la ciudad el cortejo que acompañaba a Isabel, primero infanta y luego princesa de Castilla, a su ceremonia de coronación en la iglesia de San Miguel. A Isabel, montada a caballo, le precedía un hombre a pie que sostenía en alto la espada, símbolo de la justicia, una de las más importantes atribuciones regiasNota 1). La exhibición de este símbolo no dejaba ningún espacio a la ambigüedad respecto a las intenciones de Isabel: la hija de Juan II de Castilla y de su segunda esposa, la princesa Juana de Portugal, iba a sentarse en el trono de Castilla, en el que le había precedido su medio hermano Enrique IVNota 2), con el que Isabel había compartido padre, pero no madre, ya que el cuarto Enrique fue hijo de María de Aragón. Sobre un estrado construido por los segovianos, Isabel escuchó como los prelados y los nobles gritaron "Castilla, Castilla por el rey don Fernando y por la reina Isabel, su mujer, propietaria de estos reinos", tras lo cual besaron las manos de Isabel y le juraron fidelidadNota 3).

El trayecto hacia el trono fue para Isabel largo, complejo, en ocasiones trágico y tortuoso, repleto de giros diplomáticos e intrigas nobiliariasNota 4). Un camino que, en palabras del profesor Fernando Suárez Bilbao, la reina recorrió en tres etapas: El acuerdo de Guisando, su matrimonio con Fernando de Aragón en 1469 y, finalmente, el último acto, celebrado en Segovia: su coronación en San MiguelNota 5).

Isabel basaba su pretensión al trono en las leyes castellanas que permitían que las mujeres reinaran y no, como sucedía en el caso aragonés, que transmitieran el derecho a reinar sin tener ellas mismas dicho derecho. Sin embargo, en el último tercio del siglo XV, dicha ley castellana solo tenía un precedente, doña Urraca, hija de Alfonso VINota 6), reina de Castilla a la cual disputaron su derecho al trono tanto su marido como su propio hijo. Un segundo caso, el de doña Berenguela, era dudoso, ya que esta reina de Castilla, en cuanto accedió al trono, lo transmitió de inmediato a su hijo Fernando, que se convertiría así en Fernando III de Castilla, a la postre apellidado El SantoNota 7).

Como puede verse, pese a que en la documentación posterior Isabel reiteraría la tradición y la legislación castellana que permitía reinar por sí mismas a las mujeres, los precedentes distaban de ser esclarecedores: una reina cuyo reinado fue rebatido por su marido y por su hijo y otra que se limitó a transmitir de inmediato sus derechos. Una parte significativa de la nobleza castellana consideraba que ni Isabel ni Juana —hija de Enrique IV— podían reinar por sí mismas, al tratarse de mujeres. Esto situaba a la dinastía Trastámara en Castilla en un brete sucesorio, ya que en todas sus ramas existía un único posible heredero varón: Fernando de Aragón, hijo del rey Juan II de Aragón y de la noble castellana Juana Enríquez, hija del Almirante de Castilla, lo que tantas veces le fue recordado a Fernando por sus enemigos aragoneses que, reiterada y despectivamente, se referían a él como "el nieto del Almirante"Nota 8). Nieto del Almirante, único posible heredero varón de la Casa de Trastámara y, desde 1469, esposo de la princesa Isabel de Castilla.

Así pues, a la muerte de Enrique IV, muchos esperaban que quien se convirtiera en rey de pleno derecho fuera Fernando, ya que en él confluía la doble línea de la sucesión masculina y de los derechos de Isabel, transmitidos por su matrimonio. Sin embargo, este no era el designio de la reina. Cuando murió Enrique IV, Fernando se encontraba en Aragón, y no deja de ser significativo el hecho de que Isabel no esperara a su regreso —Fernando entró en Segovia el 2 de enero de 1475, menos de veinte días después de la muerte de Enrique IV— para coronarse reina. Esto, y el uso de símbolos de la potestad regia como la espada, dejaban pocas dudas sobre las intenciones de Isabel, que en el mismo día en que se había enterado de la muerte de Enrique IV "significó doña Isabel a los habitantes de Segovia (...) su deseo de ser proclamada reina en aquella ciudad, con las solemnidades de costumbre en ocasiones tales"Nota 9).

Sin embargo, a la llegada de Fernando se produjo un duro debate político sobre qué forma había de adoptar el gobierno de CastillaNota 10). O, dicho más claramente, si debía reinar Isabel o debía ser Fernando quien ciñera la corona, con Isabel como reina consorte, como defendían no solo los más cercanos al entonces príncipe de Aragón, sino también algunos notables castellanos, caso del arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo, o de la familia Enríquez, parientes directos de FernandoNota 11). La postura que podríamos llamar "fernandina" fue expuesta por el aragonés Alfonso de Cavallería, alegando que los derechos correspondían a Fernando primero por ser el único varón del linaje de Trastámara en condiciones de asumirlos y, segundo, por ser en el matrimonio el hombre preferente sobre la mujer, argumento este que le convertiría en rey al transmitirle su esposa los derechos que a ella le correspondíanNota 12).

Isabel, que esgrimió los precedentes antes citadosNota 13), derribó las construcciones jurídicas con un único pero poderoso argumento: en aquel momento, Fernando y ella solo tenían una hija, Isabel, apenas un bebé. Si se aceptaba uno u otro de los argumentos esgrimidos por Cavallería y los partidarios del gobierno de Fernando, y esa niña fuera la única descendiente del matrimonio, se vería privada de sus estados, de su herencia y de la Corona de CastillaNota 14). Fernando, conmovido, no quiso asumir sobre sí tal carga y aceptó los postulados de Isabel. Al acuerdo le dieron forma legal dos prelados, el cardenal Mendoza y el arzobispo Carrillo, basándose en los contenidos del acta matrimonial entre Isabel y FernandoNota 15), acuerdo que ha pasado a la historia de Castilla y de España con el nombre de Sentencia Arbitral de Segovia, fechada el 15 de enero de 1475, reconociendo de forma incontrovertible el derecho de las mujeres a reinar sobre los territorios de la Corona de CastillaNota 16).

El 28 de abril de aquel mismo año, Isabel entregó a Fernando un documento que le otorgaba plenos poderes en Castilla; tras convertirse en rey de Aragón en 1479, Fernando haría lo mismo, dando a su esposa un poder al respecto el día 14 de abril de 1481.

Tomaba así forma una peculiar estructura de gobierno para los reinos de Castilla y Aragón, en cuya cúspide se situaban dos monarcas, cada uno rey de su propio reino y rey consorte del de su cónyuge, donde se le permitía actuar con los mismos poderes que los de su contraparte.

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Nota 1

SUÁREZ BILBAO, F., "Una cuestión jurídica en torno a la legitimidad de la soberanía de los Reyes Católicos", en VV.AA, Homenaje al profesor Alfonso García Gallo. Madrid, 1996, vol, II, p. 594.

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Nota 2

Sobre el reinado de este monarca ver PÉREZ BUSTAMANTE GONZÁLEZ DE LA VEGA, R., y CALDERÓN ORTEGA, J. M., Enrique IV de Castilla (1454-1474). Palencia, 1998.

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Nota 3

PULGAR, H. del., Crónica de los Reyes Católicos. Granada, 2008, p. 65. Un análisis de algunos aspectos de la obra de Pulgar, en CARRASCO MANCHADO, A. I., "Vana o divina vox populi: La recreación de la opinión pública en Fernando del Pulgar", en NIETO SORIA, J. M., y LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, M.ª V., (eds.), Gobernar en tiempos de crisis. Las quiebras dinásticas en el ámbito hispánico (1250-1808). Madrid, 2008.

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Nota 4

Aunque por su nacimiento no estaba, en principio, destinada a reinar, —tercera hija, precedida de dos varones, uno de los cuales tuvo descendencia— el linaje de Isabel era impresionante: bisnieta, nieta e hija de reyes de España, bisnieta de reyes de Portugal, y doblemente nieta de mujeres de las Casa inglesa de Lancaster, a través de sus abuelas Catalina y Filipa (PÉREZ SAMPER, M.ª A, Isabel la Católica, Barcelona, 2004, p. 19).

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Nota 5

SUÁREZ BILBAO, "Una cuestión jurídica en torno a la legitimidad de la soberanía de los Reyes Católicos", p. 594. A la muerte de Enrique IV, Madrid y Segovia podían considerarse las capitales de Castilla, quizá con preeminencia de Segovia, en tanto en cuanto el Tesoro Real se protegía en su alcázar (SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., Los Reyes Católicos. Barcelona, 2004, p. 26). Un estudio sobre Segovia en el siglo XV en ASENJO, M., Segovia. La ciudad y la tierra a fines del medievo. Segovia, 1986.

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Nota 6

 Sobre este monarca se ha publicado recientemente GAMBRA GUTIÉRREZ, A., y SUÁREZ BILBAO, F., Alfonso VI: Imperator Totius orbis hispanie. Madrid, 2010.

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Nota 7

SUÁREZ BILBAO, "Una cuestión jurídica en torno a la legitimidad de la soberanía de los Reyes Católicos", p. 593.

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Nota 8

Pese a ser hijo del rey de Aragón y ser aragonés él mismo, por línea materna la totalidad de los ascendientes de Fernando eran castellanos (SUÁREZ FERNÁNDEZ, Los Reyes Católicos, p. 133).

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Nota 9

PRESCOTT, W.H., Historia del reinado de los Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel. San Sebastián, 1975, 3 vols.; vol. I, p. 118. Sobre la proclamación de los soberanos en la Monarquía Hispánica, ver SALAZAR Y ACHA, J., “Proclamación del rey y juramento”, en ESCUDERO, J. A., (coord.), El Rey. Historia de la Monarquía. Madrid, 2008, vol. I, pp. 164182.

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Nota 10

Ello se produjo pese a que en las capitulaciones matrimoniales entre Isabel y Fernando, firmadas en Cervera en 1469, se declaraba que la voluntad de Isabel sería preeminente en Castilla (VAL VALDIVIESO, M.ª I., "La política exterior de la Monarquía castellano-aragonesa en la época de los Reyes Católicos", en IH, n.° 16, 1996, p. 13). El texto completo de las capitulaciones puede verse en CLEMENCÍN, D. de, Elogio de la reina católica doña Isabel, al que siguen varias ilustraciones sobre su reinado. Madrid, 1821, pp. 579-83.

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Nota 11

Las tierras de los Enríquez se encontraban en Palencia; otra rama de la misma familia estaba formada por los condes de Alba de Liste. El Almirante, un Enríquez, fue uno de los personajes de la Corte que más presionó a Fernando para que reinara por sí mismo (BALLESTEROS GAIBROIS, M., La obra de Isabel la Católica. Segovia, 1953, p. 21).

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Nota 12

Uno de los estudios clásicos sobre los derechos de cada parte en la sucesión de Enrique IV es FERRARA, O., Un pleito sucesorio. Madrid, 1947.

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Nota 13

Isabel dijo que en España y en especial en Castilla "las mujeres eran capaces para heredar, y les pertenecía herencia de ellos, en defecto de heredero varón descendiente por derecha línea; lo cual siempre había sido usado y guardado en Castilla, según parecía por las crónicas antiguas, donde se encontraba que Ormesinda, hija del rey Pelayo, en defecto de heredero varón, heredó el reino de León, y casó con el rey don Alfonso el Católico; y asimismo Odisynda, hermana de Froyulla rey de León, casó con Silón y sucedió como reina en el reino" (PULGAR, Crónica de los Reyes Católicos, p. 70).

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Nota 14

AGS, Patronato Regio, leg. 12, n.° 29.

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Nota 15

BALLESTEROS GAIBROIS, La obra de Isabel la Católica, p. 24.

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Nota 16

El texto íntegro de la misma puede verse como apéndice documental en SUÁREZ BILBAO, "Una cuestión jurídica en torno a la legitimidad de la soberanía de los Reyes Católicos", p. 59.

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PARTE I: ANÁLISIS HISTÓRICO

CAPÍTULO I: LA GUERRA DE SUCESIÓN DE CASTILLA (1475-1479)

1.- El reinado de Enrique IV

Con la posible excepción del enfermo Carlos II y del felón Fernando VII, pocos reyes hispanos han sido tan denostados como Enrique IV, rey de Castilla desde el 23 de julio de 1454. Ha sido descrito como un hombre guapo, de largos cabellos rubios y barbado, alto para su época, con la nariz rota a causa de un accidente sufrido en su niñezNota 1), y también como "un enfermo (...) con tendencia a la ciclotimia y cierta inclinación a escoger consejeros no dignos de confianza que intentaban prosperar mientras disminuían el poder y el prestigio del rey"Nota 2). Su reinado "es la culminación de la crisis de poder que la monarquía castellana viene sufriendo desde el siglo XIV frente a las apetencias, cada vez más insistentes, de la nobleza por controlar las decisiones y los mecanismos del Estado"Nota 3).

Aunque se le recuerda por la violencia, inestabilidad y descontrol generalizado de la segunda mitad de su reinado, lo cierto es que la primera mitad no estuvo carente de éxitos, al menos relativos. En la lucha contra el reino de Granada, Enrique IV consolidó definitivamente la posesión de plazas de relieve, como Gibraltar o Archidona, y dirigió una campaña militar brillante en Navarra, en 1460, donde las fuerzas castellanas conquistaron las localidades de Los Arcos, La Guardia, San Vicente de Sonsierra y Viana, obligando a Juan II de Aragón a reconciliarse con su hijo, el príncipe de VianaNota 4). De igual forma, "en ciertos aspectos, Enrique IV puede ser considerado fundador del sistema español de impuestos : En 1462 publicó el Cuaderno de Alcabalas, en el que se regulaban las normas para la aplicación de este impuesto, que sería la base durante el reinado de IsabelNota 5).

La situación comenzó a deteriorarse a partir de 1461, cuando Juan Pacheco, primer marqués de VillenaNota 6), se separó del gobierno regio y se integró en la liga nobiliaria que había empezado a cobrar fuerza contra Enrique IV; por el contrario, no mucho después, la familia Mendoza regresó a la obediencia real, temiendo que la situación fuera a degenerar de tal manera que arrastrara al reino a una situación de desgobierno irreparableNota 7). La escisión de la alta nobleza contribuyó a equilibrar las fuerzas, reforzando la posición del rey y, en cierta desafortunada medida, avocando al reino a un conflicto civilNota 8), tal y como lo expresa el profesor Suárez Fernández: "Desde 1461 asistiremos a una lenta decadencia agónica del poder real. Para reconstruirlo se necesitaba ya, indispensablemente, una guerra civil que dividiese en dos grupos a la aristocracia y a un monarca enérgico capaz de aprovechar la situación conflictiva"Nota 9).

En 1464Nota 10), los nobles, en las llamadas "vistas de Cigales", el 25 de octubre de ese año, hicieron que Enrique IV reconociera como heredero al infante Alfonso —medio hermano suyo y hermano menor de la infanta Isabel— y prometiera casarlo con su hija JuanaNota 11):

"Y porque en las experiencias que de este rey don Enrique se tuvieron, fue hallado impotente para engendrar, los prelados y grandes señores del reino, y comúnmente todos los tres Estados de él, conociendo este defecto que tenía juraron al infante don Alfonso, su hermano de esta princesa, por heredero legítimo de los reinos de Castilla"Nota 12).

En esta ocasión, los nobles no mencionaron la supuesta ilegitimidad de Juana y, en cualquier caso, el matrimonio uniría en una sola pareja real a los dos posibles candidatos a la sucesión, con lo que se alejaba el fantasma de una guerra sucesoria. Desde el punto de vista dinástico, no hubiera sido una mala solución, de no ser porque ninguna de las dos partes cumplió el acuerdo. Con el incumplimiento se desvaneció la paz y la ruptura entre los nobles y el rey se convirtió en guerra abierta tras la "Farsa de Ávila"Nota 13), en la que, amén de denostar y burlarse del rey, los nobles coronaron al infante AlfonsoNota 14).

Tras tres años de guerra civil entre el monarca y la liga nobiliaria que respaldaba a su medio hermanoNota 15), en 1468 la situación dio un giro inesperado: la repentina muerte de Alfonso en Cardeñosa colocó a su hermana Isabel, como única heredera de sus supuestos derechos, en primera línea del juego político. Agrupada una parte de los nobles entorno a su figura, Isabel pudo optar entre reclamar el trono de Enrique, como heredera del otro supuesto rey legítimo, Alfonso; o limitarse a reclamar sus derechos a suceder a Enrique IV, al considerarse su única heredera legítima por ser bastarda la princesa Juana. Las cartas que envió Isabel tras la muerte de su hermano a varias ciudades —por ejemplo, a Murcia— demuestran que se inclinó por la segunda posturaNota 16).

Enrique IV y la entonces infanta Isabel llegaron a un acuerdo en Guisando, en 1468, concordia que trazaba cuatro líneas fundamentales: anulación de todos los juramentos prestados durante la guerra por reyes, príncipes, infantes o ciudades; anulación de todos los juramentos prestados a la princesa doña Juana; perdón absoluto de Enrique IV a todos los participantes, precedido por jura de obediencia de los nobles, Carrillo y la propia hija del rey a este; y, finalmente, reconocimiento de Isabel como heredera del tronoNota 17). Así pues, Isabel se convertía, a la edad de diecisiete años en "princesa primera legítima heredera de dicho rey y de los dichos reinos y señoríos y después de la vida de dicho serenísimo señor Rey ser reina y señora de los dichos reinos y señoríos"Nota 18). Al año siguiente, con su boda con el príncipe heredero de Aragón, Fernando, Isabel reforzó aún más su posición como heredera del trono, ya que su marido era el único varón de la Casa Trastámara que seguiría con vida una vez muriera Enrique IV.

Con el acuerdo de Guisando se cerraba momentáneamente la cuestión de la sucesión al trono, pero esto no duró mucho, ya que Enrique IV, contra toda lógica jurídica, trató de deshacer lo hecho y volvió a reconocer a Juana como legítima sucesoraNota 19), en un acto que tuvo lugar en Valdelozoya. A las nuevas intranquilidades en el campo sucesorioNota 20) y a la permanente agitación nobiliaria se sumaron, en esos mismos años, algunas revueltas de carácter social que alcanzaron importantes dimensiones, hasta el punto de que Julio Valdeón habla de que, entre 1463 y 1473, estallaron los conflictos sociales más importantes de todo el siglo XV en CastillaNota 21). El más destacado de ellos fue la segunda guerra hermandiñaNota 22), que afectó a toda Galicia, cuando un frente que englobaba a campesinos, al común urbano y la baja nobleza se unió en un movimiento articulado en torno a la Hermandad gallega y se opuso con la fuerza de las armas a los señores nobiliarios, particularmente fuertes en Galicia, al grito de "larga vida al rey y muerte a los caballeros"Nota 23). Esta guerra se vio intensificada por el aislamiento de Galicia, tanto en lo geográfico como en lo político —recordemos que en ese momento ni una sola ciudad gallega disponía de representación en Cortes—, lo que favorecía tanto los abusos de los nobles como la respuesta violenta a estos, al carecer la población de otras vías de canalización del descontento. Así pues, pese a la escasa atención que se le ha prestado en la historiografía general, "la segunda guerra hermandiña fue una revuelta general, de tipo antifeudal, comparable a los movimientos similares de otros países europeos tanto por la amplitud de las capas sociales implicadas en el conflicto como por la intensidad de los combates"Nota 24). No fue tampoco el único conflicto de este tipo, otro ejemplo lo encontramos en las guerras banderizas en las provincias vascas, donde a lo largo de los siglos XIV y XV se sucedieron los choques entre facciones, siendo los más afamados y estudiados los enfrentamientos entre oñacinos y gamboinosNota 25).

En los últimos años del reinado de Enrique IV, la posición del rey cada vez se volvió más débil, al tiempo que se fortalecía la de la princesa IsabelNota 26). Pilares fundamentales del gobierno de Enrique, como había sido el apoyo pontificio a sus derechos, pretensiones y políticasNota 27), se perdieron para el rey entonces, cuando la Santa Sede, consciente de cuál era el bando más fuerte en una hipotética lucha por la sucesión de Castilla, se volcó incondicionalmente en el apoyo a los derechos de Isabel. Lo mismo ocurrió con la familia Mendoza, elemento clave en el juego de poder castellano, tal y como señala la profesora Val Valdivieso:

"Respecto a la nobleza, Isabel cuenta con el apoyo de los Enríquez y los Manrique, pero esto es a todas luces insuficiente. Era preciso ampliar el abanico de alianzas y, sobre todo, atraerse a los Mendoza, familia que, al haber permanecido relativamente al margen del conflicto armado, y de los aspectos más escabrosos de la querella sucesoria, defendiendo en todo momento lo que consideraban los intereses de la Corona, gozaban de amplia credibilidad y notable fuerza"Nota 28)

Con el apoyo de la Iglesia, los Enríquez, los Manrique, los Mendoza y otras familias castellanas29, la suerte de la sucesión quedó echada al comenzar el otoño de 1473: “Al cerrarse el verano de 1473 las perspectivas de victoria [para Isabel] eran, por consiguiente, muy claras; la mayor parte de los linajes de grandes, directa o indirectamente, ofrecían su adhesión; en las ciudades había predominio de aquellos sectores que les reconocían como herederos más convenientes; la Iglesia ya no podía mostrar dudas”Nota 30).

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Nota 1

PHILLIPS, W. D., Enrique IV. Cambridge, 1978, p. 45. Por su parte, Luis Suárez Fernández lo describe como "blanco de piel y rojizo en el cabello" (SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., Nobleza y Monarquía. Puntos de vista sobre la historia política castellana del siglo XV. Madrid, 1975, p. 183).

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Nota 2

SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., La Europa de las cinco naciones. Madrid, 2008, p. 381.

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Nota 3

HERRERA CASADO, A., y SUÁREZ DE ARCOS, F., “Los Mendoza del Infantado, custodiadores de Juana la Beltraneja”, en Wad-al-Hayara: Revista de estudios de Guadalajara, n° 14, 1987, p. 315.

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Nota 4

SUÁREZ FERNÁNDEZ, Nobleza y Monarquía, p. 196.

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Nota 5

PHILLIPS, Enrique IV, pp. 55, 59 y 60. Ladero Quesada coincide en gran medida con esta interpretación, si bien señala el deterioro progresivo de los cobros, que pasaron de 85 millones de maravedíes en 1457 a 67 millones en 1463 (LADERO QUESADA, M. A., "El control de los recursos financieros y militares en las crisis sucesorias de la Corona de Castilla. 1282-1479", en NIETO SORIA, J. M., y LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, M.ª V., (eds.), Gobernar en tiempos de crisis. Las quiebras dinásticas en el ámbito hispánico (1250-1808). Madrid, 2008, p. 86), un anuncio de lo que ocurriría en los años venideros, acontecimientos calificados tanto por el propio Ladero Quesada (LADERO QUESADA, M. A., La Hacienda real de Castilla en el siglo XV. La Laguna, 1973, p. 242.) como por Julio Valdeón como de auténtica catástrofe para la Hacienda castellana (VALDEÓN BARUQUE, J., Los conflictos sociales en el reino de Castilla en los siglos XIV y XV. Madrid, 1975, p. 164).

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Nota 6

Dicho título le había sido concedido en 1448 por el padre de Enrique IV, Juan II de Castilla, por la actuación de Pacheco en la batalla de Olmedo. Uno de sus principales rivales políticos, Iñigo de Mendoza, primer marqués de Santillana y cabeza de este linaje, también obtuvo su título por su actuación en Olmedo (PHILLIPS, Enrique IV, p. 48).

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Nota 7

SUÁREZ FERNÁNDEZ, Nobleza y Monarquía, p. 204. Sobre el ascenso de los Mendoza ver VAL VALDIVIESO, Mª I., "Pedro González o el ascenso de los Mendoza", en REGLERO DE LA FUENTE, C. M., (coord.), Poder y sociedad en la baja Edad Media hispánica. Estudios en homenaje al profesor Luis Vicente Díaz Martín. Valladolid, 2002, vol. I.

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Nota 8

Un análisis detallado de las facciones en VAL VALDIVIESO, I. del, "Los bandos nobiliarios durante el reinado de Enrique IV", en Hispania, n.° 130, 1975; sobre el mismo fenómeno en el entorno urbano, LADERO QUESADA, M. A., "Linajes, bandos y parcialidades en la vida política de las ciudades castellanas (siglos XIV-XV)", en Temas Medievales, n.° 3, 1993.

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Nota 9

Nobleza y monarquía, p. 197.

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Nota 10

Otros autores fijan la división del reinado un año antes, en 1463: "Su reinado puede dividirse en dos etapas de duración casi igual, separadas por el año 1463 en que se celebra la entrevista de Fuenterrabía con Luis XI. Hasta ese momento el prestigio del soberano fue bastante considerable; cuando los catalanes tuvieron necesidad de buscar un rey, acudieron a él antes que a cualquier otro. Pero después de dicho año, el país se precipitó en los abismos de una guerra civil" (SUÁREZ FERNÁNDEZ, Nobleza y Monarquía, pp. 184-185).

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Nota 11

Juana era hija del matrimonio del rey con la princesa Juana de Portugal, un matrimonio sobre el que existe cierta confusión, desconociéndose con exactitud qué prelado lo ofició, qué bulas se usaron y otros aspectos de importancia (ver SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., Nobleza y Monarquía, p. 187). A medida que la oposición de la nobleza se hacía más directa contra el rey, se calificó a la joven hija del matrimonio de ser fruto de los amores adúlteros de la mujer de Enrique IV con Beltrán de la Cueva, uno de los principales notables de su gobierno.

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Nota 12

PULGAR, Crónica de los Reyes Católicos, p. 5. La impotencia, alegada por el propio Enrique para conseguir la nulidad de su primer matrimonio con Blanca de Navarra, hacía referencia, según los documentos presentados para dicha nulidad, solo a Blanca, no a otras mujeres.

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Nota 13

Los nobles, reunidos en las afueras de esta ciudad, levantaron un estrado en el que colocaron, sobre un trono, un monigote vestido de luto que representaba al rey. Uno por uno, fueron subiendo al escenario y arrebatándole los atributos reales —la corona, el cetro y la espada—. Finalmente, arrojaron del trono al pelele y sentaron a su lugar a don Alfonso. Este acontecimiento ha sido calificado por Luis Suárez Fernández como el punto más bajo de la institución monárquica en la Edad Media (Nobleza y Monarquía, p. 213).

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Nota 14

Incluso llega a producirse, en esos años, un proceso de "tiranización" de la figura de Enrique IV en la propaganda de sus enemigos, que comienzan, por ejemplo, a hacer referencia de forma reiterada a su supuesta herejía, así como a su caracterización como "rex inutilis", es decir, rey incompetente, incapaz para el gobierno (NIETO SORIA, J. M., "Rex inutilis y tiranía en el debate político de la Castilla bajomedieval", en FORONDA, F., GENET, J. P., NIETO SORIA, J. M., (dir.), Coups d'État á la fin du Moyen Age. Aux fondements du pouvoir politique en Europe occidentale. Madrid, 2005, p. 85).

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Nota 15

"La guerra civil que siguió a la farsa de Ávila no fue una guerra de clases, ya que ambos bandos estaban apoyados por miembros de todas las clases, si bien es cierto que la mayor parte de las ciudades apoyó a Enrique. La división no siguió líneas geográficas ni intereses ideológicos" (PHILLIPS, Enrique IV, p. 99). En la misma línea, Suárez Fernández señala que "no hubo una línea de frente, sino un país sumido en la anarquía", contexto en el que se dirimieron muchas pendencias que poco o nada tenían que ver con la sucesión al trono o con el poder real, algo que fue particularmente frecuente en Andalucía y Murcia (Nobleza y Monarquía, p. 214). No hubo demasiadas batallas, y las acciones militares más relevantes fueron el asedio de Simancas y la batalla de Olmedo, en 1467, de la que salió derrotado el ejército de Alfonso.

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Nota 16

Dichas cartas han sido analizadas en TORRES FONTES, J., "La contratación de Guisando", en Anuario de Estudios Medievales, 2, Barcelona, 1965, pp. 399-428.

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Nota 17

Una de las figuras decisivas en la negociación de estos acuerdos fue el legado pontificio Veneris, experto conocedor de la política castellana y que en aquel tiempo había conseguido la mitra de León por la vía de la reserva pontificia (NIETO SORIA, J. M., "Enrique IV de Castilla y el pontificado", en En la España Medieval, n.° 19, 1996, p. 108).

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Nota 18

Citado en AZCONA, T. de, Isabel la Católica. Vida y reinado. Madrid, 2002, p. 118.

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Nota 19

Así expresa el carácter irrevocable de lo establecido en Guisando Fernando Suárez Bilbao: "Jurídicamente, los derechos al trono no nacen de que alguien decida reconocerlos o no; proceden de una línea de legitimidad y una vez establecida son irreversibles. En la carta que el 24 de septiembre de 1468 Enrique IV envió a las ciudades del reino se decía expresa e inequívocamente que lo hecho en Guisando era debido a evitar "que estos dichos mis reinos no queden sin haber en ellos legítimos sucesores de nuestro linaje". En términos de derecho político, se trataba de una decisión irreversible" (SUÁREZ BILBAO, "Una cuestión jurídica en torno a la legitimidad de la soberanía de los Reyes Católicos", p. 593).

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Nota 20

Lo sucedido el Valdelozoya tuvo el efecto opuesto a lo previsto por Enrique IV, pues volvió a agitar a la nobleza y a las ciudades: "De aquel desposorio [el matrimonio por palabras de presente entre Juana y el duque de Guyena, que se realizó en el mismo acto que su juramento, nuevamente, como heredera] pesó mucho a todos los más de los grandes y caballeros del reino, especialmente a las comunidades de las ciudades y villas, porque entendía que era materia de escándalo y de guerras en el reino, se afeaban mucho a los que, vencidos de codicia, tan varios juramentos hacían, unos contrarios de otros" (PULGAR, Crónica de los Reyes Católicos, p. 39).

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Nota 21

VALDEÓN, Los conflictos sociales en el reino de Castilla en los siglos XIV y XV, p. 28.

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Nota 22

Con el nombre de primera guerra hermandiña se conoce a la serie de conflictos y disturbios que agitaron el Norte de Galicia durante buena parte de la primera mitad del siglo XV.

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Nota 23

MACKAY, A., Spain in the Middle Ages. From Frontier to Empire, 1000-1500. Londres, 1977, p. 176.

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Nota 24

VALDEÓN, Los conflictos sociales en el reino de Castilla en los siglos XIV y XV, pp. 141, 184 y 192.

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Nota 25

El fenómeno de los bandos no es exclusivo de Castilla. Caben recordar conflictos banderizos como los de los beaumonteses y los agramonteses en Navarra, los Armagnac contra los borgoñones en Francia, los zegríes contra los abencerrajes en el reino de Granada o los York contra los Lancaster en Inglaterra (DÍAZ DE DURANA, J. R., "Las luchas de bandos: ligas nobiliarias y enfrentamientos banderizos en el nordeste de la Corona de Castilla", en IGLESIA DUARTE, J. A. de la, (coord.), Conflictos sociales, políticos e intelectuales en la España de los siglos XIV y XV. Nájera, 2003, p. 81).

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Nota 26

Según el profesor Carrasco, tras la muerte de Alfonso "Isabel se considera reina, pero para evitar mayores males se despojó de dicho título que de derecho le correspondía (...) A lo largo de toda la crisis que se extiende ya hasta la muerte de Enrique IV, Isabel actuó siempre en consecuencia con esta declaración" (CARRASCO MALDONADO, A. I., "La toma de poder de Isabel I de Castilla", en FORONDA, F., GENET, J. P., NIETO SORIA, J. M., (dir.), Coups d'État á la fin du Moyen Age. Aux fondements du pouvoir politique en Europe occidentale. Madrid, 2005, p. 334).

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Nota 27

Las circunstancias políticas del reinado de Enrique IV favorecieron la intensificación de las relaciones con el papado, dinámica que ya venía de reinados anteriores, desde la firma del Concordato con la Santa Sede durante el papado de Martín V. Enrique IV encontró un apoyo en la legitimación pontificia de sus políticas; los problemas italianos, a su vez, convertían a Castilla en un valioso aliado para el papado, ya que podía utilizar esta alianza para debilitar bien a Aragón o bien a Francia, las dos principales amenazas externas en la política italiana. Hasta la pérdida total de la ayuda diplomática pontificia, Enrique IV trató de utilizar al papado para neutralizar al arzobispo Carrillo, que se había convertido en uno de los principales valedores de Isabel (NIETO SORIA, "Enrique IV de Castilla y el Pontificado", pp. 171-72; 180 y siguientes).

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Nota 28

"La sucesión de Enrique IV", p. 60.

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Nota 29

Los Mendoza, los Guzmán, los Velasco y los Toledo formaron, desde el año 1420, aproximadamente, el único bloque sólido de aliados en el cambiante mundo de la política castellana (HERNANDO SÁNCHEZ, C. J., Castilla y Nápoles en el siglo XVI. El virreinato de Pedro de Toledo. Linaje, Estado y cultura (1532-1553). Salamanca, 1994, p. 45).

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Nota 30

SUÁREZ FERNÁNDEZ, Los Reyes Católicos, p. 95.

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2.- La guerra de Sucesión de Castilla

Que la consolidación en el trono de Isabel iba a ser complicada se supo de inmediato, cuando Madrid, villa propiedad del marqués de Villena, se negó a reconocer a Isabel como reinaNota 1). Isabel trató de evitar el conflicto y confirmó a la mayor parte de los nobles que detentaban cargos cortesanos: el cardenal Mendoza como condestable de Castilla, el almirante, el chanciller, el camarero mayor "y todos los oficios de repostero mayor, y aposentador mayor, y los oficios de adelantamientos y merindades del reino, no hicieron mudanza de cómo estaban". Sin embargo, con aquellos que se negaron a jurar a Isabel por reina no hubo más remedio que dejar en suspenso los oficios. Este fue el caso del justicia mayor, cargo desempeñado por el duque de Arévalo, o el mayordomo mayor, que era el marqués VillenaNota 2). El hecho mismo de que los oficios se suspendieran, en vez de proveerlos en otras personas, indica que Isabel albergaba la esperanza de conseguir que Villena y los demás partidarios de Juana terminaran por aceptarla como reina de Castilla.

El bando nobiliario que apoyaba a Juana se concentraba en torno al arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo, molesto con Isabel por su deseo de regir la Corona en persona, y alrededor de dos linajes nobiliarios: el de los Pacheco, marqueses de Villena, y el de los duques de Arévalo. Todos los demás nobles que se inclinaron por el bando de Juana eran de segunda línea. No obstante, hasta finales de abril de 1475, Isabel y Fernando acariciaron la idea de lograr algún acuerdo que permitiera una sucesión pacífica a la Corona. Esta idea se desvaneció cuando, en mayo, un ejército portugués de 20.000 hombres, con el rey Alfonso V a la cabeza, invadía Castilla para apoyar los derechos de Juana al tronoNota 3).

El rey luso era tío de Juana —hermano de su madre— y ante Gonzalo Vaaz justificó su intervención en la guerra de sucesión castellana alegando que, si no hubiera salido en defensa de los derechos de su indefensa sobrina, "sería ante Dios digno de culpa"Nota 4). Lo cierto es que en las relaciones entre Portugal y Castilla había un largo historial de querellas fronterizas y de enfrentamientos, en especial respecto al comercio con Guinea, lo cual hace que, con independencia de lo que de cierto pudiera haber en las intenciones de Alfonso V de defender a su sobrina, la intervención portuguesa también respondiera a los intereses estratégicos de su monarquíaNota 5). El 25 de mayo, sobre un tablado alzado en la plaza mayor de Plasencia, tomada por los portugueses, Alfonso V y Juana contraían desposorio, en espera de la licencia pontificia que diera validez definitiva a su matrimonio —y que nunca llegó— y se hacían coronar reyes de CastillaNota 6).

La intervención portuguesa internacionalizó lo que podía haber sido un conflicto castellano y lo convirtió, también, en una guerra oceánica y colonial, quizá la primera de la Historia, ya que, de inmediato, Isabel y Fernando decretaron la suspensión del monopolio comercial de Portugal con Guinea, autorizando a los mercaderes y marinos castellanos, en especial vascos y andaluces, a surcar dichas aguas en busca de beneficios comerciales. Al mismo tiempo, autorizaron a las villas y ciudades andaluzas para que sus barcos atacaran a las naves portuguesas que recorrían las aguas atlánticas, con lo que no solo se dañó la vital ruta comercial lusa, sino que Isabel y Fernando se ganaron, ante las perspectivas de beneficio que esto suponía, la lealtad del litoral andaluzNota 7). En cuanto a la guerra en tierra, las instrucciones que la reina dio a Alonso de Cárdenas son bien expresivas: "Haga la dicha guerra al dicho reino de Portugal, a fuego y a sangre, entrando en el dicho reino de Portugal y tomando y devastando y destruyendo cualquier villa y lugar"Nota 8).

En un principio, los acontecimientos no fueron favorables para Isabel y Fernando. Tomadas gran parte de Extremadura, así como Zamora y Toro, por el avance portugués, el castillo de Burgos quedó en manos del duque de Arévalo, partidario de Juana. Asediado por Fernando, el rey de Portugal envió tropas para levantar el cerco, que se enfrentaron a las fuerzas castellanas comandadas por el conde de Benavente en la localidad de Baltanás, el 18 de septiembre de 1475. La victoria se inclinó del lado portugués, pero fue el canto del cisne de la invasión lusa, ya que terminaron por retirarse sin auxiliar a los sitiados en Burgos y, desde aquel momento, la dinámica del conflicto pasó a favorecer a Isabel y FernandoNota 9). Fernando reorganizó el ejército de 40.000 hombres que se había reunido para combatir la invasión portuguesa y a los nobles rebeldes. A lo largo del invierno de 1475, aprovechando el parón militar que imponía la climatología, Fernando redujo su ejército a una fuerza de 15.000 hombres, mucho más maniobrable, más fácil de avituallar y de pagar y más eficaz en combateNota 10).

En la noche del 26 al 27 de noviembre de 1475, el alcaide de la torre de Zamora, Fernando de Valdés, se sublevó a favor de Isabel y logró tomar la ciudadNota 11), excepción hecha del castillo, donde se refugió la guarnición portuguesa, que quedó cercada. A finales del invierno de 1476, Alfonso V trató de socorrer a sus soldados asediados, pero, mientras marchaba hacia Zamora, topó con el ejército castellano comandado por Fernando en las inmediaciones de Toro. La batalla entre ambas huestes tuvo lugar el día 1 de marzo y su resultado fue indeciso: al parecer, ambos bandos sufrieron un número muy similar de bajas, pero los portugueses se vieron forzados a abandonar el campo, dejando a los castellanos dueños del mismo. No obstante, no se produjo ruptura del ejército luso y Alfonso V pudo retirar a sus tropas al otro lado del Duero en perfecto orden evitando un alcance potencialmente desastroso. Fuera como fuere, los castellanos tomaron la batalla como una gran victoriaNota 12), mientras que en el ánimo del rey de Portugal se instaló el convencimiento de que era imposible lograr una resolución victoriosa de la guerra por la fuerza de las armasNota 13).

Por ello, en agosto de 1476 —tras haber regresado a Portugal en junio— Alfonso viajó personalmente a Francia y a Borgoña para conseguir una mayor colaboración de Luis XI en la guerra. Sin embargo, el monarca francés se negó a implicarse en mayor medida mientras durara su guerra contra el duque de Borgoña, Carlos el Temerario. Alfonso intentó lograr una paz entre ambos, y valiéndose de su parentesco con el duque —eran primos—, se entrevistó con él mientras asediaba Nancy. La entrevista tuvo lugar el 29 de diciembre, tan solo unos días antes de que Carlos el Temerario muriera en combate, el 5 de enero de 1477. Tras su muerte, Luis XI aprovechó el desconcierto borgoñón para lanzar ofensivas en Artois y Picardía, por lo que siguió sin poder ayudar militarmente a Portugal de forma significativa: "A viagem revelouse um fracasso e um sumiouro de dinheiro, tendo as despensas sido avaliadas em 38.000 dobras, ou sea, 4.560.000 reáis"Nota 14).

Desde ese momento, los principales esfuerzos de Alfonso estuvieron orientados a lograr la mejor posición negociadora posible de cara a llegar a un acuerdo con Isabel y Fernando, renunciando en la práctica a pretender la Corona para Juana y centrándose en conseguir ventajas en lo que refería a los intereses estratégicos portugueses.

En opinión de Luis Suárez Fernández, con la batalla de Toro y la posterior toma de Zamora, el 19 de octubre de aquel año 1476, puede considerarse cerrada la guerra de Sucesión propiamente dicha, restando por resolverse un conflicto internacional que afectaba a intereses diversos no relacionados con quién ocupaba el trono castellano, sino al status de los territorios de Isabel y Fernando respecto a sus vecinos franceses y lusos:

"Con la batalla de Toro concluye aquella fase de la guerra que puede considerarse contienda en torno a la sucesión; quedaba en pie la segunda, de enfrentamiento con Portugal y Francia en escenarios fronterizos, en que aparecen como cuestiones fronterizas las exploraciones en el África atlántica, el restablecimiento de las fronteras de Cataluña y los esfuerzos para conservar a la corona de Aragón en su protagonismo respecto al Mediterráneo Occidental y Sur de Italia"Nota 15).

A comienzos de la primavera de 1476, poco después de la victoria de Toro, se reunieron Cortes en Madrigal, en las que se tomaron acuerdos de gran importancia, como la concesión de un gigantesco subsidio a los monarcas de más de 160 millones de maravedíes, el más grande votado nunca por unas Cortes castellanas. También se tomaron en estas Cortes importantes decisiones institucionales, como la creación de la Hermandad GeneralNota 16).

La guerra prosiguió de modo discontinuo. Entre marzo y junio de 1476, la Francia de Luis XI, que había entrado en la contienda apoyando a Juana y a Alfonso V en septiembre de 1475, momento en que la suerte de las armas portuguesas era más favorable, lanzó tres ataques, todos ellos fallidos, para tomar Fuenterrabía, bastión defensivo que cerraba a los ejércitos franceses el paso a las tierras de los reyes castellanosNota 17). La retirada del ejército portugués a la línea fronteriza original permitió a Fernando, que había asumido el mando de las operaciones militares, invertir una parte del subsidio recibido en las Cortes de Madrigal en levantar un ejército en las provincias vascongadas con el que defender el flanco Norte del reino de los posibles ataques franceses. Luis XI previó que este era el momento propicio para centrar su política en la expansión a costa de Borgoña y, a fin de asegurar su retaguardia, firmó una paz con Isabel y Fernando, el tratado de San Juan de Luz, abandonando a Portugal en su luchaNota 18).

Alfonso V trató de prolongar la guerra, con la esperanza de alcanzar aún algunos objetivos: conseguir una suerte digna para Juana y para los castellanos que se habían exiliado en su Corte; obtener una reparación económica que paliara los gastos de la guerra y, lo más importante desde el punto de vista luso, obtener el reconocimiento del monopolio portugués en las navegaciones africanas. Por ello, trató de llevar a cabo una segunda invasión del territorio castellano en invierno de 1479 con un número reducido de tropas, que más permite hablar de gran incursión que de verdadera invasión. El día 24 de febrero de 1479, la fuerza portuguesa fue derrotada en las orillas del río Albuera.

Tras esta derrota, Alfonso no tuvo más remedio que negociar una paz. La duquesa Beatriz de Braganza y la reina Isabel se reunieron en AlcántaraNota 19), donde se sentaron las bases para las negociaciones posteriores que llevarían al final de la guerra a través de los tratados de Alcaçobas y de las Tercerías de Moura, terminando de forma oficial el conflicto antes de que concluyera el año 1479.

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Nota 1

SUÁREZ FERNÁNDEZ, Los Reyes Católicos, p. 135.

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Nota 2

PULGAR, Crónica de los Reyes Católicos, p. 67.

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Nota 3

Alfonso V recibió la propuesta del marqués de Villena para intervenir en Castilla; la planteó ante su consejo y este estuvo de acuerdo en que el rey interviniera y reclamara el trono mediante su boda con su sobrina. Solo se opuso a ello su confesor, que le entregó una prolija carta explicando las razones por las cuales debía de abstenerse de participar en la guerra en Castilla, razones que el rey, finalmente, ignoró. Hernando del Pulgar recoge el texto íntegro de la carta (Crónica de los Reyes Católicos, pp. 87-94).

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Nota 4

SUÁREZ FERNÁNDEZ, Los Reyes Católicos, p. 136.

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Nota 5

Portugal, en aquellos años, mantenía relaciones diplomáticas con una veintena de cancillerías europeas, y su rey, Alfonso V, era pariente de siete soberanos reinantes: los monarcas de Castilla, Navarra, Aragón, Chipre, Inglaterra, Borgoña y del Imperio (OLIVEIRA MARQUES, A. H. de, Portugal na crise dos séculos XIV e XV. Lisboa, 1987, p. 327).

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Nota 6

En vida de Enrique IV, tras la muerte en 1473 del duque de Guyena, el marqués de Villena había negociado la posible boda entre Juana y el rey de Portugal, pero las negociaciones no habían llegado a buen término. Así lo refiere el cronista Hernando del Pulgar: "Este [el marqués de Villena] y el duque de Arévalo prometieron al rey de Portugal la sucesión en el reino, pero el portugués pidió además la entrega de muchas ciudades y villas, que Enrique no podía entregar porque no tenía poder suficiente en su propio reino, y por ello no hubo boda. Unos dicen que fue por saber que su sobrina no tenía derecho legítimo, y otros que porque sabía que Isabel y Fernando eran ya poderosos y que no podría tener Castilla con facilidad mientras vivieran" (p. 47).

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Nota 7

SUÁREZ FERNÁNDEZ, Los Reyes Católicos, p. 143.

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Nota 8

Instrucciones de 20 de junio de 1475 (AGS, Registro General del Sello, tomo I, n°, 520). Al terminar la guerra, los informes portugueses hablaban de veintiocho villas lusas de la zona fronteriza devastadas por los ataques castellanos producidos en aquellos años. La mayor parte de dichas villas, veintitrés, estaban en la región del Alentejo (BAQUERO MORENO, H. C., "As Relacoes entre Portugal e Castela em torno de 1492", en CARABIAS TORRES, A. Mª, (ed.), Las relaciones entre Portugal y Castilla en la época de los descubrimientos y la expansión colonial. Salamanca, 1994, p 55).

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Nota 9

El acuerdo de rendición del castillo puede verse en AHN, Sección Nobleza, Osuna, caja 285, doc. 2.

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Nota 10

PHILLIPS, Enrique IV, p. 123.

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Nota 11

La ciudad fue capturada gracias a un ardid en el que tomaron parte las monjas del convento de Sancti Spiritu, que tocaron las campanas de su capilla para dar la señal para el golpe de mano. En reconocimiento, Isabel les dio el privilegio de lucir cordones de seda en su hábito, y asignó a las religiosas una cantidad anual para comprar material con el que renovarlos (VIGÓN, J., Fernando el Católico, militar. Madrid, 1956, p. 48).

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Nota 12

La de Toro fue una de las últimas contiendas importantes que los ejércitos castellanos libraron basándose en unos medios estrictamente medievales: mesnadas nobiliarias, reducidos contingentes de las guardias reales y tropas poco numerosas integradas en las milicias concejiles (SUÁREZ BILBAO, F., Un cambio institucional en la política de los Reyes Católicos: La Hermandad General. Madrid, 1998, p. 42).

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Nota 13

Parece claro que lo sucedido en Toro tuvo un fuerte impacto psicológico sobre el rey de Portugal, superior, incluso, al valor intrínsecamente miliar de lo acontecido (BAQUERO MORENO, H. C., "As Relacoes entre Portugal e Castela em torno de 1492", p. 56).

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Nota 14

ALVES DÍAS, J. J., MENDES DRUMMOND BRAGA, I. M. R., PAULO DRUMMOND GRAGA, "A cojuntura", en ALVES DÍAS, J. J., (coord.), Portugal do renascimento á crise dinástica. Lisboa, 1999, pp. 691-694.

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Nota 15

Los Reyes Católicos, p. 146.

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Nota 16

Esta cuestión será analizada en detalle más adelante.

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Nota 17

También hicieron los franceses algunas tentativas contra la frontera catalana. Así, a la villa de Ampurias se le dio a elegir entre entregarse al rey de Francia, pagar un rescate para evitar un ataque o sufrir este, a lo que sus habitantes respondieron que, para defender su ciudad, sus padres les dejaron no oro, sino hierro. El ejército francés no llegó a verificar su amenaza y Ampurias no fue atacada.

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Nota 18

El acuerdo se firmó el 9 de octubre de 1478, y renovaba la alianza entre Castilla y Francia. Sin embargo, Isabel y Fernando se negaron a confirmar la posesión francesa del Rosellón y la Cerdaña, territorios reclamados por Aragón —como veremos más adelante—, alegando que aquellas negociaciones estaban teniendo lugar con Isabel y Fernando como reyes de Castilla, y no como príncipes de Aragón, por lo que no era posible que entraran a entender del asunto del Rosellón (SUÁREZ FERNÁNDEZ, Los Reyes Católicos, p. 162). La profesora Val Valdivieso vincula este cambio de política del rey de Francia directamente con la suerte en la guerra entre Isabel y Juana (VAL VALDIVIESO, M.ª I., "La política exterior de la Monarquía castellano-aragonesa en la época de los Reyes Católicos", p. 19).

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Nota 19

Doña Bárbara era hermana de la madre de Isabel; así pues, eran tía y sobrina.

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3.- La naturaleza de la guerra de Sucesión

Para intentar comprender muchos de los cambios que impulsaron los Reyes Católicos tras el fin de la guerra contra los partidarios de doña Juana y las potencias extranjeras aliadas con ellos, es indispensable penetrar en la verdadera naturaleza de aquel conflicto.

La primera pregunta a plantear es si la guerra de Sucesión fue verdaderamente un conflicto sucesorio, cuestión esta que requiere un análisis más profundo de lo que pudiera parecer a primera vista.

Es necesario remontarse a la guerra civil en el reinado de Enrique IV —de 1464 a 1468— para arrojar algo de luz sobre la cuestión. Los enfrentamientos en esos años se configuran en torno a un doble eje: una lucha entre los nobles y la Corona sobre el reparto del poder estatalNota 1) y una lucha entre facciones de notables por el control de ese poderNota 2). Los Pacheco, incluido el maestrazgo de Calatrava de los Téllez GirónNota 3), los Mendoza, el arzobispo de Toledo, Beltrán de la Cueva y otros muchos nobles se alinearon de una u otra parte, con el rey o contra él, según sus propios intereses y conveniencias, como muestran bien a las claras los continuos cambios de varios de los principales linajesNota 4). La cuestión sucesoria aparece de forma tardía en esta lucha por el poder. Solo en 1464 —cuando el conflicto llevaba prefigurándose desde 1461— los nobles introducen la sucesión como parte de sus movimientos políticos obligando en Cigales a que Enrique IV reconozca a su medio hermano Alfonso como heredero. Incluso entonces, no se hace referencia alguna al supuesto origen ilegítimo de JuanaNota 5), sino que es perfectamente interpretable que el cambio de línea sucesoria se debiera a la prelación del varón sobre la mujerNota 6), siendo el infante Alfonso el varón de la casa de Trastámara más próximo al rey.

La ilegitimidad de Juana solo aparecerá en escena cuando, muerto el infante Alfonso en Cardeñosa, es necesaria para justificar el apoyo de los notables que se oponen a Enrique IV a la heredera de Alfonso, la infanta Isabel, pues es entonces cuando, desechado por mera lógica el argumento de la prelación del varón sobre la mujer, hay que buscar nuevos argumentos que justifiquen el paso de la herencia de la línea directa —Juana— a la colateral —Isabel—, de forma que los nobles sigan teniendo una bandera que izar en su lucha contra Enrique IV:

"Viéndose desamparados estos prelados y caballeros por la muerte de este rey don Alfonso, que habían tomado y enemistados en con el rey don Enrique su hermano, que habían dejado, estaban en gran temor, recelando la indignación del rey, a quien por cartas y por palabras habían mucho injuriado; y no hallaban otro medio para su defensa, sino continuar la división que habían comenzado en el reino, alzando en él por reina esta princesa doña Isabel en lugar de su hermano"Nota 7).

No parece que se trate, pues, de un problema sucesorio real, al menos, no desde la muerte de Alfonso. Hasta entonces, la actitud de los nobles que le apoyaban podría ser justificable, con los criterios dinásticos de la época, ya que la existencia de un heredero varón en línea colateral cercana mientras solo existía una heredera femenina en la directa podía ser causa de gravísimas perturbaciones para la Monarquía. Ese problema, sin embargo, desapareció con la muerte del infante, sin que por ello quedara la Monarquía huérfana de herederos: existía un sucesor en la persona de la princesa Juana. No obstante, la facción nobiliaria que se había decantado por Alfonso siguió apoyando a Isabel frente al rey y frente a los derechos sucesorios de su hija, construyendo ex profeso una nueva línea argumental, la de la ilegitimidad de Juana. Esta visión de los acontecimientos parece indicar que la cuestión de fondo no era tanto quién debía sentarse en el trono a la muerte de Enrique, sino qué facción de notables debía controlar el poder, la que se había asociado a Enrique IV y a la sucesión de Juana o la que, por oposición al rey más que por convencimiento real de los derechos, defendía primero la sucesión en Alfonso, luego su coronación como rey y, por último, los derechos de Isabel a suceder a Juana.

En resumidas cuentas, nos encontraríamos, en esencia, ante un conflicto por el poder entre facciones nobiliarias y la Corona por la ampliación o contracción de las potestades reales, en el marco del cual la cuestión sucesoria es superficialNota 8), que en buena medida no constituía un problema real al existir heredera por línea directa y se instrumentó de forma artificial para convertirse en estandarte bajo el que se ocultaban las cuestiones de fondo del conflicto.

Si, como se ha señalado en ocasiones, la guerra de Sucesión de 1475-78 fue una prolongación de los conflictos del reinado de Enrique IVNota 9), la conclusión ha de ser la misma: en esta guerra, pese a su nombre, la cuestión sucesoria fue solo el ropaje que vistió el esqueleto de la lucha entre Corona y nobleza por el reparto de poder y entre las facciones nobiliarias por el ejercicio del mismo, si bien en este caso, desde el primer momento, la desigualdad entre los bandos fue notable, puesto que del lado de Juana apenas quedaron como partidarios suyos quienes se habían convertido en acérrimos enemigos de Isabel en sus años de infanta y princesaNota 10), caso del linaje de los Villena, o aquellos a quienes había decepcionado con sus primeras decisiones de gobierno, caso del arzobispo CarrilloNota 11), hechos estos que refuerzan la impresión de que el enfrentamiento sucesorio fue la justificación de una lucha que incluía otros muchos motivos, la visualización simplificada de un choque que respondía a intereses más complejosNota 12).

A la dinámica de conflicto interno heredado de los reinados anteriores a Isabel, se añadieron, en el caso de la guerra que comenzó en 1475, factores de política internacional, como fueron las intervenciones de Luis XI de Francia y de Alfonso V de Portugal, en apoyo de JuanaNota 13). En la intervención francesa, desde luego, cabe descartar toda relación con la cuestión sucesoria, ya que respondió a sus propios intereses estratégicos. Por su parte, en el caso portugués, cabe reflexionar con más cautela al respecto. Alfonso V era tío de Juana y un hombre profundamente religioso y embebido de los ideales caballerescos medievales. Se ha señalado que el rey de Portugal creía fervientemente en los derechos al trono de su sobrina, pero ese hecho no puede ocultar que tras la intervención lusa subyacían muchas otras razones.

Desde varias décadas atrás, los problemas entre Castilla y Portugal habían sido notables y en la mentalidad de ambas partes aún pervivía el recuerdo de Aljubarrota, gloriosa jornada para las armas lusas, trágica para Castilla. Existían problemas de demarcación territorial a lo largo de la frontera que compartían ambos reinosNota 14) y, principalmente, ambas Coronas habían chocado en el escenario atlántico a raíz de la expansión portuguesa en el litoral de África. El comercio con Guinea y la posesión de Madeira, de las Azores y de Canarias se habían convertido en cuestiones espinosas entre los Trastámara castellanos y la Corte de Lisboa. La guerra en Castilla brindaba a Alfonso V la oportunidad de zanjarlas de un plumazo, en su favor, situando con la fuerza de sus armas a su sobrina en el trono de Castilla, sobrina a la que, además, convirtió en esposa nada más iniciarse la guerra, de forma que él mismo se hubiera convertido en rey de Castilla. De la importancia que tenían estas cuestiones da fe el Tratado de Alcaçobas, en el que la cuestión sucesoria queda relegada al Tratado de las Tercerías de Moura, que, aún teniendo su importancia, es claramente secundario frente al gran tratado central en el que se realiza un reparto del mundo Atlántico y de la Berbería de Levante entre Portugal y Castilla.

Solo entendiendo la guerra de sucesión de 1475 como corolario de los conflictos del reinado de Enrique IV, y por tanto, comprendiendo que fue, en muchos sentidos, antes que un conflicto puramente sucesorio, una guerra nobiliaria que enfrentó a linajes contrapuestos por el control del poder regio pueden entenderse muchas de las reformas puestas en marcha por los Reyes Católicos durante la guerra y, sobre todo, al terminar la misma.

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Nota 1

"Muchos nobles creían que era necesario delimitar mediante pactos escritos el poder de los reyes. De esos eran Villena, Carrillo, Álvarez de Toledo, Pimentel, Stúñiga, Enríquez..., influidos por el poder alcanzado por Álvaro de Luna al manipular la voluntad del rey (...) Por ello crearon la Liga el 16 de mayo de 1464, a la que también se unió Juan II de Aragón, que era noble de Castilla" (SUÁREZ FERNÁNDEZ, Los Reyes Católicos, pp. 29-30).

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Nota 2

"La ruda contienda secular entre monarquía y nobleza a la que se refiere Puyol debe ser matizada. En realidad no es una lucha entre monarquía y nobleza como entidades social o estructuralmente antagónicas, sino una lucha entre algunos monarcas concretos, de un lado, y del otro grupos o sectores de la nobleza por el control en mayor o menor medida de la más importante fuente de ingresos: la renta feudal" (MÍNGUEZ, J. M., "Las Hermandades generales de los concejos en la Corona de Castilla (objetivos, estructura interna y contradicciones en sus manifestaciones iniciales)", en VV. AA, Concejos y ciudades en la Edad Media Hispánica. II Congreso de Estudios Medievales. Móstoles, 1990, p. 542).

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Nota 3

Al respecto, ver CIUDAD RUÍZ, M., "El maestrazgo de don Rodrigo Téllez Girón", en En la España medieval, n.° 23, 2000.

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Nota 4

"Parece evidente, y ya hablé de ello en otra ocasión, que durante el reinado de Enrique IV la nobleza castellana está dividida en dos sectores enfrentados en torno al problema de cómo participar del poder en Castilla. Si una parte de la misma, la más «moderna», representada fundamentalmente por la familia Mendoza, considera necesaria una cierta prudencia, otro grupo, encabezado por el marqués de Villena, Juan Pacheco, está dispuesto a marginar sin muchas contemplaciones al rey. Los primeros intentan conseguir parcelas de poder en las más altas esferas de gobierno, pero salvando la participación del monarca, figura clave que garantizaría el equilibrio y, sobre todo, su acceso a los asuntos relativos a la dirección del reino. Los segundos rompen con todo subterfugio y pretenden, mientras el rey caza o se dedica a cualquiera de sus otras actividades lúdicas favoritas, gobernar sin trabas la corona castellana" (VAL VALDIVIESO, M.ª I. del, “La sucesión de Enrique IV”, en Espacio, Tiempo y Forma. Serie III. Historia Medieval, tomo IV, 1991, p. 45).

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Nota 5

SUÁREZ BILBAO, "Una cuestión jurídica en torno a la legitimidad de la soberanía de los Reyes Católicos", p. 594.

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Nota 6

Sobre el derecho de la mujer a reinar en Castilla, ya hemos visto en páginas anteriores que los precedentes que existían al respecto no eran esclarecedores ni halagüeños en demasía.

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Nota 7

PULGAR, Crónica de los Reyes Católicos, p. 9.

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Nota 8

Así lo cree, por ejemplo, CARRASCO MALDONADO, "La toma de poder de Isabel I de Castilla", p. 332. Habla de la cuestión de la ilegitimidad de Juana como de un "golpe a la legitimidad del rey Enrique IV, perpetrado por Isabel y por el partido isabelino".

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Nota 9

"Prolongará la guerra civil castellana hasta empalmar con la llamada guerra de sucesión a la muerte de Enrique IV, siendo en realidad dos fases distintas del mismo conflicto que enfrentaba a la monarquía y a la nobleza" (CIUDAD RUÍZ, "El maestrazgo de don Rodrigo Téllez Girón", p. 331).

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Nota 10

Una notable excepción fue don Íñigo de Mendoza, conde de Tendilla, de la familia Mendoza, que habiendo sido custodio de Juana, se mantuvo leal a ella durante la guerra de Sucesión y, una vez Juana renunció a sus derechos, sirvió a Isabel con la misma brillantez y dedicación con que había servido a Juana.

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Nota 11

Carrillo, que había apoyado la sucesión en Isabel, abandonó a esta cuando comprobó que la ya reina tomaba la Corona para sí, y no para transmitir sus derechos a Fernando, como era el deseo de Carrillo (SUÁREZ BILBAO, "Una cuestión jurídica en torno a la legitimidad de la soberanía de los Reyes Católicos", p. 593).

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Nota 12

"A nadie se escapa que eran otros los motivos de la rebelión y el malestar de los grandes: control de territorios estratégicos, el control de la lana, de los impuestos y jurisdicciones sobre las comarcas más ricas, de las rentas episcopales y de los oficios cortesanos" (HERRERA CASADO, A., y SUÁREZ DE ARCOS, F., “Los Mendoza del Infantado, custodiadores de Juana la Beltraneja”, p. 316).

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Nota 13

No debe olvidarse que Juan II de Aragón, si bien no intervino en la guerra, sí desempeñó un papel en los sucesos que condujeron a ella: "Esta rivalidad entre los dos monarcas más relevantes de la Península [se refiere a Enrique IV y Juan II], unida a la ambición política del aragonés, alimentará la crisis sucesoria castellana, sobre todo desde el momento en que éste logre imponer a su hijo Fernando como marido de la princesa Isabel" (VAL VALDIVIESO, “La sucesión de Enrique IV”, p. 46).

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Nota 14

Estos conflictos no terminarían con la guerra, como puede verse en BAQUERO MORENO, H., "Os confrontos fronteiriços entre don Alfonso V e os Reis Catolicos", en Revista da Faculdade de Letras (Historia). 1993.

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CAPÍTULO II: LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA DE SUCESIÓN: LOS TRATADOS DE ALCAÇOBAS

1.- El fin de la guerra

Pocas consecuencias jurídicas de una guerra son más directas y evidentes que los tratados y paces que le ponen fin. En este sentido, los Tratados de Alcaçobas y de las Tercerías de Moura son un ejemplo paradigmático por lo amplio de los temas que abordaron y lo profundo de su impacto en la política, no ya peninsular, ni siquiera europea, sino global —tal y como podría entenderse un término como "política global" en los años finales del Medievo y el albor de la Edad Moderna—.

Tras la derrota de La Albuera, Portugal desesperó de lograr por la fuerza de las armas los objetivos para los que se había embarcado en la guerra; se esperaba que, en breve, las acciones castellanas fueran ofensivas y, lo más grave, el reino luso se encontraba exhausto, ya que la guerra había exigido a Portugal un esfuerzo financiero considerable. Ejemplo de ello es que se tuviera que empezar a cobrar el almojarifazgo en Évora durante los años 1475 y 1476, y que, en enero y febrero de 1477, el monarca pidiera a las Cortes, reunidas en Montemor o Novo, un subsidio que financiara la guerra. Dicho subsidio no fue suficiente y hubo de ser completado por otro solicitado a las Cortes de Lisboa de 1478, por un importe de sesenta millones de reales, el más grande nunca pedido por un monarca portugués, al objeto de financiar las medidas defensivas que habían de disponerse a la máxima brevedad para protegerse de una posible invasión castellanaNota 1).

Las negociaciones para la paz comenzaron con las vistas de la fortaleza de Alcántara, donde se reunieron la reina Isabel y doña Beatriz, duquesa de Braganza y tía de la reina. Las conversaciones tuvieron lugar en los días 20 al 22 de marzo y en ellas se perfilaron los cuatro puntos básicos que habían de incluirse en los tratados: reconocimiento de Isabel como reina de Castilla y garantías sobre el futuro de Juana; concertación del matrimonio de la primogénita Isabel de Castilla con Alfonso, hijo del infante don Juan, heredero de Portugal; reconocimiento del monopolio de las navegaciones africanas portuguesas y de las soberanía castellana sobre CanariasNota 2); y, finalmente, perdón para todos los castellanos que habían servido a Alfonso V, restituyéndoles los bienes que se les hubieran confiscadoNota 3).

El 4 de septiembre de 1479, los Tratados de Alcaçobas pusieron punto final a los casi cinco años de guerra por el trono de Castilla. Lo hacían con la renuncia de Alfonso V a todos sus posibles derechos a la Corona de Castilla, así como con la fijación de las llamadas "Tercerías de Moura" relativas al futuro de Juana, para la cual se disponía un matrimonio con el príncipe Juan, hijo de Isabel y FernandoNota 4).

Las negociaciones no fueron fáciles, ya que Castilla no estaba dispuesta a ceder territorios. Isabel había expuesto ese hecho con toda crudeza cuando, en un momento de la guerra ventajoso para Portugal, Alfonso V planteó una paz que supusiera la entrega de Galicia y el reconocimiento de la soberanía lusa sobre las villas de Toro y Zamora, en poder de su ejército en aquellos momentos, además de una indemnización por los gastos de la guerra. En aquel momento, Isabel le hizo saber que estaba dispuesta a pagar una suma justa, pese a considerar que no había tenido culpa en el conflicto, y que incluso pagaría una cantidad excesiva, si con ello se lograba la paz, pero no entregaría "ni un solo palmo de tierra" castellanaNota 5).

Todo el entramado diplomático, construido cuidadosamente por los diplomáticos castellanos y doña Beatriz, duquesa de Braganza, estuvo a punto de venirse abajo cuando Juana decidió, sin previo aviso, ingresar en un convento, lo cual dio un giro inesperado a las negociaciones, dejando sin valor buena parte de lo ya acordado. Tras una serie de maniobras, que tuvieron como protagonistas al doctor de Talavera y al confesor de Isabel, el fraile jerónimo fray Hernando de Talavera, el Tratado pudo finalmente firmarse el 4 de septiembre de 1479Nota 6).

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Nota 1

ALVES DÍAS, MENDES DRUMMOND BRAGA, DRUMMOND BRAGA, "A cojuntura", pp. 697-698.

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Nota 2

No está clara por su formulación si en Alcaçobas se reconocían aguas castellanas en torno a Canarias, algo que se hacía de facto hasta entonces. El texto solo es explícito respecto a las islas (GARCÍA GALLO, A., Las bulas de Alejandro VI sobre el Nuevo Mundo descubierto por Colón. Madrid, 1992, p. 237).

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Nota 3

ORELLA UNZUÉ, J. L., "Del Tratado de Alcaçovas (1479) al de Tordesillas (1494)", conferencia impartida el 19 de abril de 1997 en Ordizia, p. 7.

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Nota 4

Una relación sobre lo negociado respecto a esta boda puede verse en AGS, Patronato Regio, leg. 49, fols. 507-509.

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Nota 5

ALDEA, Q., "Poder real e Iglesia en la España de los Reyes Católicos", en SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., y GUTIÉRREZ NIETO, J. I., (coords.), Las instituciones castellano-leonesas y portuguesas antes del tratado de Tordesillas. Zamora, 1994, p. 37.

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Nota 6

El Tratado fue confirmado por la reina Isabel, en Trujillo, el 24 de septiembre de 1479; el 6 de marzo de 1480 lo ratificaron tanto Isabel como Fernando ante las Cortes de Toledo; por parte portuguesa, el 8 de septiembre de 1480 ratificaron el acuerdo tanto el rey Alfonso V como su heredero, el futuro Juan II. Este tratado fue de nuevo ratificado con capítulos adicionales en la bula papal Aeterni Regis, publicada por Sixto IV el 21 de junio de 1481.

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2.- La paz hispano-lusaNota 1)

El tratado de Alcaçobas supuso la renovación "de la paz perpetua" entre Castilla y Portugal, una de cuyas consecuencias fue fijar, por fin con cierta estabilidad, la línea fronteriza que separaba ambas monarquíasNota 2).

Hasta Alcaçobas, la frontera era más una franja de terreno que una línea concreta, pese a que se había determinado a través del Tratado de Alcañices, en 1297, incorporando a Portugal la ribera oriental del río Coa, y otras plazas, como Olivenza; a cambio de lo cual Castilla recibió plazas como Ayamonte o Valencia de Alcántara. Solo era posible definir con exactitud la frontera en aquellos lugares donde un accidente natural la delimitaba de forma taxativaNota 3).

Para aplicar el nuevo tratado, hubieron de pacificarse las zonas fronterizas, lo cual no podía acometerse sin solucionar los problemas entre los nobles de la zona y la Corona. Así, en Extremadura, los Reyes Católicos actuaron con generosidad con Alfonso de Monroy y con la condesa de Medellín, que no sufrieron represalias por su participación en la guerra; igualmente, los monarcas crearon comisiones arbitrales para decidir a quién correspondía la herencia de los Portocarrero. Entre quienes les habían apoyado, reforzaron su lealtad, nombrando duque de Medinaceli a Luis de la Cerda, marqués de Moya a Andrés Cabrera y duque de Plasencia a Álvaro de Stúñiga. Si Extremadura recibió el guante de seda, a Galicia le tocó en suerte el puño de hierro, ya que la pacificación de aquel territorio la realizó Fernando de Acuña, aplastando militarmente a los rebeldes acaudillados por el conde de Camiña; nombrado Acuña gobernador, se trasladó a la Corte al arzobispo de Santiago, Alfonso de Fonseca —nombrándole presidente de la Chancillería de Valladolid—, de forma que los poderes del gobernador no tuvieran autoridad que le hiciera sombraNota 4).

Por primera vez, existe la voluntad y el convencimiento jurídico de que la frontera era un ámbito que debía ser respetado por todos los actores, no solo una demarcación entre CoronasNota 5). Es decir, también los señores debían respetarla, o enfrentarse a las consecuencias que pudieran derivarse de no hacerlo. Así ocurrió en el caso de Lopo Vaz de Castel-Branco, alcalde mayor de Moura, que se proclamó a sí mismo conde de Moura, pretendiendo gobernar de forma independiente tanto su castillo como las tierras que lo circundaban. Don Juan, aún príncipe heredero de Portugal, pagó a una banda local para que lo capturara y lo ajusticiaraNota 6).

Alfonso V no llegó a superar su derrota en la guerra de Castilla y el tener que renunciar a los derechos de su sobrina sobre aquella Corona, en los que creía firmemente. Anciano, Alfonso el Africano murió en 1481, tan solo tres años después de acordadas las paces con Isabel y Fernando. Le sustituyó en el trono su hijo don Juan, segundo de aquel nombre en el trono de Portugal.

Juan II contempló con desconfianza a Castilla durante los primeros años de su reinado, herencia, sin duda, de los años de guerra, que él vivió como regente de Portugal mientras su padre luchaba al otro lado de la fronteraNota 7). Sin embargo, esa postura fue suavizándose, a medida que comprobaba que Isabel y Fernando no parecían albergar intenciones hostiles hacia su reino. Un síntoma de esta distensión es que Juan II ordenó, al enterarse de la caída de Málaga en manos de Fernando, en 1487, que todas las campanas de las iglesias de Lisboa repicaran para celebrar el triunfo de sus vecinos cristianos sobre los musulmanes del reino de GranadaNota 8). Esta mejora de las relaciones entre las potencias vecinasNota 9) quedó sellada a través de la boda del príncipe Alfonso de Portugal, hijo de Juan II, con una de las hijas de los Reyes Católicos, IsabelNota 10).

Así pues, aún con ciertos reparos iniciales, Alcaçobas dio comienzo a un largo periodo de buenas relaciones entre los Reyes Católicos y el rey de Portugal Juan IINota 11).

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Nota 1

En los epígrafes posteriores analizaremos algunos de los aspectos más relevantes del acuerdo hispano-luso; sin embargo, no se estudiará en las páginas siguientes los aspectos relacionados con África contenidos en este tratado. Por razones de unicidad temática, ha parecido más oportuno ocuparnos de dicha cuestión en el capítulo específicamente dedicado a la expansión africana durante el reinado de los Reyes Católicos.

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Nota 2

ROMERO MAGALHÁES, J., "Fronteras y espacios: Portugal y Castilla", en CARABIAS TORRES, A. Mª, (ed), Las relaciones entre Portugal y Castilla en la época de los descubrimientos y la expansión colonial. Salamanca, 1994, p. 92.

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Nota 3

MARTÍN MARTÍN, J. L., "La frontera hispano-portuguesa en la guerra, en la paz y en el comercio", en CARABIAS TORRES, A. MT, (ed), Las relaciones entre Portugal y Castilla en la época de los descubrimientos y la expansión colonial. Salamanca, 1994, p. 31.

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Nota 4

ORELLA UNZUÉ, J. L., "Del Tratado de Alcaçovas (1479) al de Tordesillas (1494)", conferencia impartida el 19 de abril de 1997 en Ordizia, p. 7. Sobre Galicia dentro de la Monarquía Hispánica en los años siguientes, ver MONTANOS, E., “El reino de Galicia: personalidad histórico-jurídica en el Antiguo Régimen”, en ESCUDERO, J. A., (coord.), Génesis territorial de España. Madrid, 2007.

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Nota 5

Respecto a la noción de frontera, que se encontraba en proceso de redefinición en el siglo XV, ver FEBVRE, L., "Frontiére: le mot et la notion", en Pour une histoire á partentiérre. París, 1962.

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Nota 6

Sobre la muerte de Moura, ver PINA, R. de, Chronica del rey D. Alfonso V. Lisboa, 1901, vol. III, pp. 127-128.

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Nota 7

Durante esos años, además, don Juan vio su poder amenazado por la nobleza, que rechazaba los cambios que el monarca quería introducir. El rey aplastó dicha oposición con un alto número de ejecuciones, lo que ha llevado a que se afirme que, "si bien es cierto que Enrique Tudor, Luis XI o Matías Corvino, entre otros, derrotaron a la antigua nobleza de sus reinos, usando de medidas drásticas y violentas, el Príncipe Perfecto fue el más eficaz y despiadado de los reyes de su época" (SZASZDI LEÓN-BORJA, I., "Las paces de Tordesillas en peligro. Los refugiados portugueses y el dilema de la guerra", en CARABIAS TORRES, A. Mª, (ed), Las relaciones entre Portugal y Castilla en la época de los descubrimientos y la expansión colonial. Salamanca, 1994, p. 125).

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Nota 8

BAQUERO MORENO, H. C., "As Relacoes entre Portugal e Castela em torno de 1492", en CARABIAS TORRES, A. Mª, (ed), Las relaciones entre Portugal y Castilla en la época de los descubrimientos y la expansión colonial. Salamanca, 1994, p. 59.

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Nota 9

Esta mejora fue posible pese a que en Castilla se refugiaron muchos de los nobles lusos que huyeron de las ejecuciones de 1483 y 1484, relacionadas con las ejecuciones del duque de Braganza, el duque del Viseu, el obispo de Évora, su hermano y otros muchos nobles portugueses, acusados de traicionar al rey. "La flor de la nobleza lusa había sido muerta o dispersa muchos buscaron un inseguro refugio en Castilla. A pesar de los sicarios y espías pagados con el oro de Guinea, la oposición al Príncipe Perfecto fue activísima en el suelo de Castilla" (SZASZDI, "Las paces de Tordesillas en peligro. Los refugiados portugueses y el dilema de la guerra", p. 125).

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Nota 10

Como señala Manuel Fernández Álvarez, donde mejor se expresan las buenas relaciones entre ambas coronas es en la sucesión de matrimonios que siguió al Tratado ("El legado del Tratado de Tordesillas en la época de Carlos V", en SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., y GUTIÉRREZ NIETO, J. I., (coords.), Las instituciones castellano-leonesas y portuguesas antes del tratado de Tordesillas. Zamora, 1994, p. 297). Estos matrimonios y los sucesivos avatares dinásticos acabaron convirtiendo a Felipe II en rey de Portugal en 1580.

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Nota 11

LADERO QUESADA, Ejércitos y Armadas de los Reyes Católicos, p. 5.

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3.- Los perdones realesNota 1)

La concepción del poder regio en la Baja Edad Media establecía que el rey era el depositario último del ejercicio de la justicia, lo cual suponía, por tanto, que también poseía el derecho a perdonar cualquier delito, el derecho de gracia, hasta el punto de tratarse de dos derechos —el de hacer justicia y el de otorgar la gracia o perdón real— indisociables el uno del otroNota 2). Como señala el profesor Nieto Soria, "la práctica del perdón y de la clemencia por parte de los monarcas no supuso, en el marco de las monarquías occidentales de la Baja Edad Media, aspecto accesorio o secundario del ministerio real, sino que le aportó un rasgo fundamental que, si bien no era nuevo, al hilo del propio desarrollo político y de las transformaciones ideológicas e institucionales experimentadas por dichas monarquías, caracterizaría profundamente el modelo político al que, en cada caso, se fue tendiendo en la evolución de los últimos siglos medievales"Nota 3).

Los monarcas de la dinastía Trastámara habían utilizado la potestad regia del perdón como arma política desde la instauración de la dinastía, lo cual tiene mucho que ver con el hecho de que dicha instauración tuviera lugar a través de una guerra civil, tras la cual el ejercicio de cierto grado de real gracia era inevitable. Enrique IV hizo, igualmente, un amplio uso del perdón real, hasta el punto de que las Cortes de Toledo de 1462 protestaron por las implicaciones negativas que percibían en la amplitud con la que el monarca dispensaba sus perdones. Entre otras cuestiones, pidieron que se impusieran límites a la práctica habitual de recibir el perdón por los delitos cometidos a cambio de prestar servicios militares en castillos fronterizos. Esta protesta tuvo poco éxito, y durante el conflicto civil que dividió Castilla entre 1465 y 68 ambos bandos usaron con amplitud de la gracia real.

En definitiva, a lo largo del reinado de Enrique IV se había confirmado una relación consustancial entre conflicto político y perdón real, suponiendo un rasgo característico de la mecánica política de aquel tiempo, hasta convertirse a lo largo de dicho reinado el perdón real en un instrumento básico y esencial de las formas gubernativas que caracterizaron a aquella monarquía a la hora de influir en el desarrollo de los conflictos más relevantes, e intentar hacer variar en un sentido favorable a sus intereses la mecánica generada por la reiterada conflictividad política en cursoNota 4).

No es de extrañar que la paz firmada en Alcaçobas incluyera el perdón para todos aquellos nobles que habían empuñado las armas a favor de JuanaNota 5). Se trataba de una política que Isabel y Fernando ya habían puesto en marcha durante la campaña de 1476Nota 6), que arrojó decisivas victorias contra los partidarios de la hija de Enrique IV. Ya se ha hablado del perdón otorgado a la defensora de Toro, pero no fue el último. Aquel mismo año, Isabel concedió el perdón al maestre de Calatrava, que, junto con su orden, cambió de bando y comenzó a combatir del lado de IsabelNota 7), y, cuando se le envió a someter Galicia, el conde de Alba de Liste recibió poderes delegados de los propios monarcas para otorgar perdones en su nombre.

Por ello, la cuestión del perdón a quienes habían defendido los derechos de doña Juana o apoyado la invasión portuguesaNota 8) formó parte de las negociaciones de Alcaçobas desde el principio, contemplado como irrenunciable por parte de Alfonso V, un monarca con un agudo sentido del deber, que no quería abandonar a su suerte a quienes le habían apoyado en el conflictoNota 9). Portugal logró que Castilla cediera en esta materia, en aras de lograr una pacificación duradera y emprender verdaderas relaciones de amistad con el reino luso. Así, los perdones recogidos en Alcaçobas excedían el marco cronológico de la guerra de Sucesión y abarcaban tanto la guerra civil iniciada en 1465 como los años posteriores del reinado de Enrique IV, al fijarse como límite cronológico de los actos a indultar el 15 de septiembre de 1464. Mayor cesión aún supuso que los Reyes Católicos se comprometieran a devolver a los perdonados todas las posesiones y bienes que les hubieran sido incautadas en el transcurso de la guerra. Esta cláusula tuvo un cumplimiento lento y arduo, salpicado de pleitos y juicios relativos a la restitución de los bienes.

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Nota 1

Uno de los más recientes trabajos sobre esta materia en el Derecho hispánico de la época es GONZÁLEZ ZALACAÍN, R. J., “El perdón real en Castilla: una fuente privilegiada para el estudio de la criminalidad y la conflictividad social a fines de la Edad Media. Primera parte. Estudio”, en Clio n° 8 (2011), pp. 290-352. Entre los autores que han analizado la gracia regia en diferentes monarquías europeas cabe citar a HURNARD, N., The King's Pardon for Homicide before AD.1307. Oxford, 1969; LACEY , H., The Royal Pardon: Access to Mercy in Fourteenth Century England. York, 2009; DUARTE, L., M., Justica e criminalidade no Portugal Medievo (1459-1481). Lisboa, 1999; ZEMON, N., Fiction in the archives: pardon tales and their tellers in sixteenth-century France. Cambridge, 1987; y GAUVARD, C., De "grace especial”: crime, état et société en France á la fin du Moyen Age. Paris, 1991, 2 vols.

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Nota 2

Por ello, hasta bien entrado el siglo XX, la parte de la administración central encargada del poder judicial recibió el nombre de Ministerio de Gracia y Justicia.

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Nota 3

NIETO SORIA, J. M., "Los perdones reales en la confrontación política de la Castilla Trastámara", en En la España Medieval, n° 25, 2002, p. 213. En lo sustancial, seguiremos a este autor a lo largo de los párrafos siguientes, salvo en aquellos lugares en que se indique lo contrario. Pueden verse otros estudios al respecto en KOZIOL, G., Begging pardon and favor: ritual and political order in early medieval France, Ithaca-London, 1992; TEXIER, P., "La rémission au XIVe siècle: significations et fonctions", en VV.AA., La faute, la répression et le pardon (Actes du 107e Congrés National des Sociétés Savantes, Brest, 1982), París, 1984. Estudios específicos sobre el perdón en los reinos hispánicos en RODRÍGUEZ FLORES, Mª. I., El perdón real en Castilla (siglos XIII-XVIII), Salamanca, 1971; DIOS, S. de, Gracia, merced y patronazgo real. La Cámara de Castilla, 1474-1530, Madrid, 1993.

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Nota 4

NIETO SORIA, "Los perdones reales en la confrontación política de la Castilla Trastámara", p. 246.

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Nota 5

Dicho perdón fue confirmado por Isabel el 27 de noviembre de 147, en un albalá [Nota del ratón: Carta o cédula real en que se concedía alguna merced, o se proveía otra cosa.] que puede consultarse en AGS, Patronato Regio, leg. 49, fols. 327 y siguientes.

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Nota 6

De hecho, Isabel y Fernando confirmaron todos los perdones que habían sido dados previamente por Enrique IV.

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Nota 7

AGS, RGS, tomo I, fol. 238.

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Nota 8

El surgimiento e importancia del partido portugués en la Corte castellana a lo largo del siglo XV ha sido estudiado en profundidad por la profesora Paz Romero Portilla, en varios trabajos, de entre los cuales cabe mencionar: "Apoyo del partido portugués a una política pro-lusitana en Castilla durante el siglo XV", en VAL VALDIVIESO, Mª I., y MARTÍNEZ SOPENA, P., Castilla y el mundo feudal: homenaje al profesor Julio Valdeón. Valladolid, 2009; "Un obstáculo para el fortalecimiento de la Monarquía: el partido portugués en Castilla en el siglo XV", en RIBOT GARCÍA, L. A., VALDEÓN BARUQUE, J., MAZA ZORRILLA, E., Isabel La Católica y su época: actas del Congreso Internacional, Valladolid-Barcelona-Granada, 15 a 20 de noviembre de 2004. Valladolid, 2007; "El partido portugués en Castilla: siglo XV", en BAQUERO MORENO, H., FERREIRA SANTOS, Mª F., con FONSECA, L. A. de, y AMARAL, L. C., (coord.), Os reinos ibéricos na Idade Média: livro de homenajem a o profesor doutor Humberto Carlos Baquero Moreno. Lisboa, 2003.

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Nota 9

Un estudio monográfico sobre esta cuestión en NIETO SORIA, J. M., "Un indulto singular: el perdón general de los Reyes Católicos a los colaboradores castellanos de Alfonso V de Portugal", en FONSECA, L. A. de, AMARAL, L. C., FERREIRA SANTOS, Mª. F., BAQUERO MORENO, H., Os reinos ibéricos na Idade Média: livro de homenagem a o profesor doutor Humberto Carlos Baquero Moreno. Lisboa, 2003.

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4.- Las Tercerías de Moura y doña Juana

El Tratado obligó a que Isabel, hija mayor de Isabel y Fernando, y el hijo del primogénito del rey de Portugal, don Manuel, fueran entregados en "tercería" en el castillo de Moura, donde ambos niños serían educados por doña Beatriz de BraganzaNota 1). Con el tiempo, el matrimonio de ambos jóvenes se llevaría a cabo, si bien encontraría un trágico final con la temprana muerte de la princesa Isabel.

El futuro de Juana, llamada la Beltraneja, era una de las piezas clave del entramado diplomático que se había dibujado en las vistas de Alcántara y suscrito en Alcaçobas. El plan original era que contrajese matrimonio con el primogénito de los Reyes Católicos, el príncipe Juan. De esta forma, las dos líneas sucesorias vendrían a unirse por la vía matrimonial y la descendencia de ambos reuniría, de forma incuestionable, la legitimidad dinástica, con independencia de cuál fuera el punto de vista adoptado por cada cual durante los conflictos de los años precedentes. Sin embargo, todo estuvo a punto de venirse abajo cuando Juana manifestó su deseo de convertirse en monja. Isabel receló que pudiera tratarse de una añagaza para evitar los compromisos suscritos y que, una vez terminado el periodo de noviciado obligado, la Excelentísima Señora manifestara no tener vocación y volviera a convertirse en una peligrosa pieza de los juegos políticos peninsulares. Este peligro no se verificaría, y el 15 de noviembre de 1480, ante la atenta mirada de fray Hernando de Talavera, confesor de Isabel, doña Juana pronunciaba sus votos en el monasterio de Santa Clara de Coimbra.

Si los Tratados que pusieron fin a la guerra de Sucesión de Castilla convirtieron en legítimo el acceso de Isabel al trono, también convirtieron, a los ojos de la Historia y de la opinión popular, a la princesa Juana en hija ilegítima, imagen esta que la maquinaria propagandística de Isabel y Fernando se encargó de alimentar, tanto durante la guerra como después de la misma. Sin embargo, y aunque haya sido un tema analizado sobradamente por la historiografía, no sería completo ni justo terminar la parte de este trabajo consagrado a la guerra de Sucesión sin señalar que no hay prueba alguna que respalde la idea de que Juana no era hija de Enrique IV, más allá de las afirmaciones de sus enemigos, que necesitaban legitimar a Isabel para legitimar su propia rebeldía para con Enrique IV. No olvidemos que, cuando se promete convertir al infante Alfonso en rey, en las vistas de Cigales, y Enrique IV lo acepta, no está afirmándose ni directa ni indirectamente que Juana no sea hija del rey, sino que, existiendo un heredero varón en la dinastía reinante, a este corresponde el trono con preferencia sobre las mujeres. Solo se comienza a hablar de ilegitimidad de Juana cuando esta ilegitimidad es útil, e incluso necesaria, para justificar las acciones del bando que se agrupará en torno a Isabel.

En Guisando, Enrique IV, forzado por las circunstancias, reconoce que Isabel es la única sucesora legítima, pero no olvidemos que, tan pronto como se ve con fuerzas, merced a la promesa de matrimonio de Juana con el duque de Guyena, hermano del rey de Francia, se desdice de lo dicho y, en Valdelozoya, reconoce nuevamente la legitimidad de Juana, si bien para entonces el mal ya estaba hecho, pues es más fácil recordar que el propio Enrique IV reconoció públicamente la bastardía de Juana que las circunstancias en que lo hizo.

Al margen de las evidentes consecuencias que tuvo el reconocimiento de Isabel como legítima heredera al trono, la ilegitimidad, en lo personal, fue una mancha con la que Juana hubo de vivir el resto de su vida, que pasó recluida en un convento portugués: Fueron cincuenta años entre aquellos los muros, apartada del mundo hasta su muerte, ocurrida en 1530, cuando la reina Isabel yacía, desde veinticinco años atrás, en su sepulcro regio de Granada.

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Nota 1

Al respecto, ver TORRE Y DEL CERRO, A. de la, Don Manuel de Portugal y las tercerías de Moura. Coimbra, 1975.

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5.- Alcaçobas y TordesillasNota 1)

Como hemos visto, los tratados de Alcaçobas definieron el marco en el que se hubo de mover la expansión extrapeninsular de Portugal y la Monarquía de los Reyes Católicos. La concepción del mundo para el que estaba previsto el tratado saltó por los aires en 1492, con el descubrimiento de América.

Tan pronto como la noticia del descubrimiento llegó a la Corte portuguesa —recuérdese que Colón tocó tierra en Lisboa antes de dirigirse a puertos de los Reyes Católicos— Portugal acusó a Castilla de haber violado los acuerdos entre ambas Coronas; la confrontación diplomática subsiguiente, en la que no entraremos en detalle por existir exhaustiva bibliografía al respecto, vino a resolverse a través del Tratado de Tordesillas, firmado en 1494.

El conflicto derivaba de las diferentes interpretaciones que en Portugal y en Castilla se hacía de las cláusulas del Tratado de Alcaçobas, y hay serias razones para suponer que Isabel y Fernando no tenían intención de incumplirlo, al menos en principioNota 2). Así, en las Capitulaciones de Santa Fe, el contrato firmado entre Colón y la Corona el 17 de abril de 1492, se especifica al marino que no navegara por debajo del paralelo más meridional de las islas Canarias, a fin de no entrar en la zona de exclusividad portuguesa fijada en el acuerdo de 1478Nota 3), lo cual señala que la interpretación que se hacía en la Corte de los Reyes Católicos sobre los límites geográficos que delimitaba Alcaçobas afectaba a la navegación contra las costas de África al Sur de las islas Afortunadas, esto es, las aguas en que navegaban los portugueses hacia Guinea y el cabo de Buena Esperanza. Partiendo de este punto de vista, los Reyes Católicos interpretaban que Castilla tenía pleno derecho para navegar hacia el Oeste por el Atlántico, mientras no se hiciera al Sur del paralelo meridional de las CanariasNota 4). A tenor de esta interpretación, Alcaçobas otorgaba a Portugal Guinea, Mina de Oro, Azores, Madeira, Porto Santo, Cabo Verde y, en general, cualquier tierra descubierta o por descubrir al Sur de Canarias; de igual manera, daba a Castilla expresamente la soberanía sobre Canarias y, de forma implícita, sobre el resto del OcéanoNota 5).

El fondo de la cuestión es sencillo de definir y difícil, sino imposible, de resolver, ya que hace referencia a la naturaleza última del Tratado de Alcaçobas: si se entiende como un reparto genérico del océano, Castilla no tenía más derecho que a las Canarias y a las aguas comprendidas entre estas y el litoral africano. Pero los Reyes Católicos no compartían esa visión, y una parte significativa de la historiografía respalda la visión de que Alcaçobas, en su vertiente territorial, si bien era una partición de los espacios oceánicos, debe entenderse referida únicamente a las rutas viables en el momento de su concepción, en los años de 1478 a 1480: "Es evidente que el Océano hacia Occidente no entra para nada en la letras de los tratados de Alcaçobas (...) Ahora bien, no podemos hacer historia interpretando los datos sobre el esquema mental de nuestros actuales conocimientos sobre la geografía del Océano (.) No se olvide que la distinción entre ruta de la costa y la ruta del mar libre hacia Occidente no tiene sentido en 1479: solo se plantea cuando resulta que la segunda es también posible, es decir, en 1492"Nota 6). Según esto, en 1492, el océano seguía siendo, al no estar comprendido en lo estipulado en Alcaçobas, res nullis —según Giménez FernándezNota 7)— o res conmune, según interpretaba García Gallo, basándose en las Partidas: "Las cosas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas que viven en este mundo, son estas: el aire, y las aguas de lluvia y el mar y su ribera"Nota 8).

Así parecen entenderlo los Reyes Católicos, que, en las Capitulaciones de Santa Fe, no dudan en utilizar el título de Señores de la Mar Océana, dejando claro que su interpretación de los textos de Alcaçobas no dejaba fuera de sus dominios el mar abierto hacia Occidente.

Sin embargo, los Reyes debieron ser conscientes de que los hallazgos de Colón serían motivo de disputa, dado que, tras conocer el éxito del viaje, se dirigieron de inmediato a Alejandro VI para que reconociera el dominio castellano sobre los territorios descubiertosNota 9). Al parecer, la propuesta que se hizo llegar al Santo Padre era atribuir a Castilla el dominio de las tierras situadas al Oeste de una línea que se trazaría cien leguas a Poniente de las Azores, posesión portuguesa. Esta cifra no era casual: a esa distancia, Colón había encontrado un límite cosmográfico fácil de verificar por los marinos: En su primer viaje, más o menos al llegar a aquella longitud, el día 17 de septiembre de 1492, el Almirante se percató de la variación de la aguja de brújula al Noroeste de la Estrella Polar. Los marinos de la época estaban acostumbrados a la variación al Este, pero nadie había estado en una zona en que la "aguja noroesteara", por lo que los marineros "estaban penados y no decían de qué"Nota 10).

Juan II decidió hacer uso de los derechos que le concedía el Tratado de Alcaçobas, e informó que enviaría barcos al Atlántico, siguiendo los paralelos al Sur de las Canarias. Lo cierto es que "todo, en efecto, tanto en las circunstancias de hecho como en los títulos jurídicos, favorecía al portugués para lograr el dominio del descubrimiento colombino": con las ventajas que daba Lisboa, donde se encontraba entonces el arsenal mejor organizado y equipado del mundo, y la posesión de islas que podían hacer de base y escala para las travesías oceánicas, como las Azores, Madeira y Cabo Verde, no podía competir la monarquía de Isabel y Fernando, ya que ni siquiera la posesión de las Canarias, apenas sometida y escasa siempre de bastimentos, le brindaba una ventaja significativa frente a sus oponentes portuguesesNota 11). Pese a ello, nuevamente los Reyes Católicos pusieron de manifiesto que diferían en la interpretación del tratado, ya que según ellos, el rey de Portugal solo tenía derecho a ordenar navegaciones hacia el Sur, puesto que Alcaçobas reconocía el derecho de Portugal a navegar las rutas de Guinea y hacia la India, pero no el resto del AtlánticoNota 12). Por ello, solicitaron a Juan II que pregonara públicamente en su reino que nadie navegara a otras partes del océano, más allá de las rutas mencionadas.

Juan II mantuvo la opinión de que el Tratado de Alcaçobas le autorizaba a navegar el Atlántico hacia el Oeste, pero sugirió una solución de compromiso: limitar sus viajes al Sur del paralelo meridional de las Canarias. Esta solución no satisfacía a los Reyes Católicos, pues suponía extrapolar los acuerdos de Alcaçobas, que ellos veían como una cesión regional de la ruta guineana, a todo el océano. La interpretación portuguesa hacía que Castilla quedara fuera de la expansión africana en Guinea y de la ruta de las Indias circunnavegando África, dejando, por el contrario, libre acceso al Atlántico a Portugal. Así pues, los monarcas se reafirmaron en que Portugal no era dueño de todo el océano, sino de las islas expresamente señaladas en el Tratado de Alcaçovas y del espacio situado al sur de la isla canaria de Hierro, hacia GuineaNota 13).

En la guerra diplomática suscitada, el papel de papa Alejandro VI fue clave, en tanto en cuanto que ambas partes volcaron sus esfuerzos en lograr que fuera el Santo Padre quien diera legitimidad a la posesión de las nuevas tierras descubiertasNota 14).

Para ello, la diplomacia de los Reyes Católicos no dudó en utilizar todos los medios a su alcance, incluida la famosa carta de Colón a Santángel, escrita, según el propio documento, el 15 de febrero de 1493, a bordo de uno de los navíos del Almirante, en el que este afirmaba que las tierras descubiertas se encontraban cerca de las islas Canarias y se trataban de una prolongación natural de estas. Sobre la autenticidad de este documento se han vertido toda clase de dudas, hasta el punto que se sospecha que fue redactado por el propio Luis de Santángel y el rey Fernando, a fin de dar mayor legitimidad a las reclamaciones castellanas sobre el Nuevo MundoNota 15). Falsa o verdadera, la carta fue publicada en Roma en 1493. El 4 de mayo de 1493 se publica la bula Inter coeteraNota 16), donde se afirma:

"Nos, pues, encomendando grandemente en el Señor vuestro santo y laudable propósito, y deseando que el mismo alcance el fin debido y que en aquellas regiones sea introducido el nombre de nuestro Salvador, os exhortamos cuanto podemos en el Señor y por la recepción del sagrado bautismo por el cual estáis obligados a obedecer los mandatos apostólicos y con las entrañas de misericordia de nuestro Señor Jesucristo os requerimos atentamente a que prosigáis de este modo esta expedición y que con el ánimo embargado de celo por la fe ortodoxa queráis y debáis persuadir al pueblo que habita en dichas islas a abrazar la profesión cristiana sin que os espanten en ningún tiempo ni los trabajos ni los peligros, con la firme esperanza y con la confianza de que Dios Omnipotente acompañará felizmente vuestro intento. Y para que —dotados con la liberalidad de la gracia apostólica— asumáis más libre y audazmente una actividad tan importante, por propia decisión, no por instancia vuestra ni de ningún otro en favor vuestro, sino por nuestra mera liberalidad y con pleno conocimiento, y haciendo uso de la plenitud de la potestad apostólica y con la autoridad de Dios Omnipotente que detentamos en la tierra y que fue concedida al bienaventurado Pedro y como Vicario de Jesucristo, a tenor de las presentes, os donamos concedemos y asignamos perpetuamente, a vosotros y a vuestros herederos y sucesores en los reinos de Castilla y León, todas y cada una de las islas y tierras predichas y desconocidas que hasta el momento han sido halladas por vuestros enviados, y las que se encontrasen en el futuro y que en la actualidad no se encuentren bajo el dominio de ningún otro señor cristiano, junto con todos sus dominios, ciudades, fortalezas, lugares y villas, con todos sus derechos, jurisdicciones correspondientes y con todas sus pertenencias; y a vosotros y a vuestros herederos y sucesores os investimos con ellas y os hacemos, constituimos y deputamos señores de las mismas con plena, libre y omnímoda potestad, autoridad y jurisdicción. Declarando que por esta donación, concesión, asignación e investidura nuestra no debe considerarse extinguido o quitado de ningún modo ningún derecho adquirido por algún príncipe cristiano'"Nota 17).

En palabras de Manuel Giménez, "las bulas alejandrinas fueron pedidas como mero expediente pragmático para oponerse, ante todo, a las pretensiones portuguesas fundadas en privilegios pontificales o como instrumento de posibles limitaciones de tipo espiritual frente a la total concesión del poder real hecha a Colón en las capitulaciones santafecinas". Estos eran —Colón y Portugal—, dos de los problemas que quisieron solventar los Reyes obteniendo las bulas papales, a los que había que añadir un tercero: obtener el monopolio de las Indias para la Corona, dejando fuera de su dominio, explotación y comercio a los nobles andaluces, en especial a la Casa de Medina Sidonia, que, desde sus dominios gaditanos, aspiraba a jugar un papel primordial en el futuro de las Indias, en contra de los intereses y los deseos de la CoronaNota 18).

La situación diplomática, que, pese a las bulas, llegó a ser de extrema tensión entre las dos monarquías, se solventó con el Tratado de Tordesillas, firmado en 1494. La cláusula principal afirmaba:

"Que se haga y asigne por el dicho mar Océano una raya o línea derecha de polo a polo, del polo Ártico al polo Antártico, que es de Norte a Sur, la cual raya o línea e señal se haya de dar y dé derecha, como dicho es, a trescientas setenta leguas de las islas de Cabo Verde para la parte de poniente, por grados e por otra manera, como mejor y más presto se pueda rodar, de manera que no será más"Nota 19).

Corresponderían a la Corona portuguesa los territorios, continentales o insulares, situados al Este de la línea, y a los Reyes Católicos los situados al Oeste de la mismaNota 20). La Corona siempre reconoció validez plena y absoluta a la bula "Inter Coetera" como título adquisitivo del dominio de las Indias y consideró la donación pontificia el primero de los títulos legítimos de la conquista de las IndiasNota 21).

Este no fue el punto final de las negociaciones, aunque la firma del tratado sí alejó de forma definitiva el espectro de una nueva guerra, durante algún tiempo no demasiado lejano. Tras la firma del acuerdo, Castilla accedió a desplazar la línea algo más al oeste de las trescientas setenta millas originariamente estipuladas, a cambio de que se ratificase por Portugal el derecho castellano no solo navegar la parte del océano que le había correspondido, sino también a hacerlo en exclusiva. Con el tiempo, esta corrección de la línea de demarcación fue fundamental para permitir a Portugal reclamar legítimamente la posesión de sus dominios en BrasilNota 22), lo cual llevó a autores como García Gallo a calificar Tordesillas como un triunfo de la diplomacia portuguesa, ya que, si hubo un predescubrimiento de BrasilNota 23), el Tratado mantuvo este territorio en la esfera de influencia portuguesa; por el contrario, si no lo hubo, la prudencia de Juan II al desplazar hacia al Oeste la línea de demarcación, ganando un amplio espacio de océano con la esperanza de que albergara algún territorio susceptible de colonización, ganó Brasil para PortugalNota 24).

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Nota 1

Las importantes implicaciones del tratado de Tordesillas en cuestiones africanas serán analizadas en el capítulo relativo a la expansión africana de la Monarquía.

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Nota 2

Así lo explica Alonso Baquer: "Castilla quería navegar, pero prefería hacerlo sin entrar en conflicto” con Portugal" ("El entorno militar del Tratado de Tordesillas”, p. 36).

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Nota 3

Más tarde, el embajador de los Reyes ante el papa, Bernardino de Carvajal, insistiría en esta cuestión, señalando que a Colón se le habían dado órdenes expresas de no acercarse a menos de cien leguas de Mina de Oro, Guinea o cualquier otra posesión portuguesa (ORELLA UNZUÉ, J. L., "Del Tratado de Alcaçovas (1479) al de Tordesillas (1494)", conferencia impartida el 19 de abril de 1997 en Ordizia, p. 10).

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Nota 4

SALINAS, A. "Estado, Diplomacia y Cosmografía en el Renacimiento. El Tratado de Tordesillas y el problema de las longitudes geográficas", en Revista de Geografía Norte Grande, n° 24, 1997, p. 281. No obstante, como señaló Armando Cortesao, el punto más septentrional alcanzado por Colón en su primer viaje fue San Salvador, en 27° de latitud Norte, mientras que el punto más meridional de las Canarias, la Punta Restiga, se encuentra a 27° 30' de latitud Norte. Es decir, que según los acuerdos de Alcaçobas, las tierras descubiertas por Colón se encontraban dentro de la zona portuguesa (CORTESAO, A., "D. Joao II e o Tratado de Tordesillas", en VV.AA., El Tratado de Tordesillas y su proyección. Valladolid, 1973, p. 93).

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Nota 5

Así lo interpreta RUMEU DE ARMAS, L., "Colón en Barcelona", en Anuario de Estudios Americanos, vol. I, 1944. La interpretación contraria ha sido sostenida por GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, M., "Nuevas consideraciones sobre la historia y el sentido de las letras alejandrinas de 1493, referentes a las Indias", en Anuario de Estudios Hispanoamericanos, 1944; y GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, M., "Algo más sobre las bulas alejandrinas de 1493 referentes a las Indias", en Anales de la Universidad hispalense, n° 7, 1945.

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Nota 6

PÉREZ EMBID, F., Los descubrimiento en el Atlántico y la rivalidad hispano-portuguesa hasta el tratado de Tordesillas. Sevilla, 1948, pp. 217219.

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Nota 7

"Algo más sobre las bulas alejandrinas de 1493 referentes a las Indias", en Anales de la Universidad hispalense, n° 7, 1945, p. 75.

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Nota 8

Citado en GARCÍA GALLO, A., "Las bulas de Alejandro VI y el ordenamiento jurídico de la expansión portuguesa y castellana en África e Indias", en Anuario de Historia del Derecho español, n° 17 y 18, 1957-1958, p. 32.

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Nota 9

De hecho, ya se había planteado este problema en la misma planificación del viaje, cuando Isabel planteó la cuestión de si era lícita la expedición, habiendo reconocido previamente en Alcaçobas los derechos de Portugal en el Atlántico (PEREZ EMBID, Los descubrimiento en el Atlántico y la rivalidad hispano-portuguesa hasta el tratado de Tordesillas, p. 229).

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Nota 10

COLON, C., "Diario del Primer Viaje", en VARELA, C., (ed.) Cristóbal Colón. Textos y Documentos Completos. Madrid, 1984, vol. 2, p. 21.

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Nota 11

GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, M., Las bulas alejandrinas de 1493 referentes a las Indias. Madrid, 1944, pp. 68 y 69.

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Nota 12

Para ello, Isabel y Fernando "se acogerán a la frase del tratado que afirmaba "de las islas de Canaria pero abaxo contra Guinea" o según la bula "ab insulis de Canaria ultra et citra et in cospectu Ghinee" y afirmarán la posibilidad de navegar en otra dirección. Así en las capitulaciones con Colón, cuando se intenta la ruta del occidente se titulan "como señores de las dichas mares Océanas", mientras los reyes de Portugal dominan las aguas africanas contra Guinea” (OCHOA BRUN, Historia de la diplomacia española, vol, IV, p. 176; ORELLA UNZUÉ, J. L., "Del Tratado de Alcaçovas (1479) al de Tordesillas (1494)", conferencia impartida el 19 de abril de 1997 en Ordizia, p. 10).

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Nota 13

SALINAS, A. "Estado, Diplomacia y Cosmografía en el Renacimiento. El Tratado de Tordesillas y el problema de las longitudes geográficas", en Revista de Geografía Norte Grande, n° 24, 1997, p. 283-84.

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Nota 14

Recurrir al Santo Padre desviaba la polémica de los parámetros del Tratado de Alcaçobas. en el que ambas partes se comprometieron por juramento a cumplir lo pactado, sin pedir al papa absolución, relajación, dispensa o conmutación de lo jurado, y a no usarla si el papa, por propia voluntad, la daba (GARCÍA GALLO, A., Las bulas de Alejandro VI sobre el Nuevo Mundo descubierto por Colón. Madrid, 1992, p. 82).

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Nota 15

REMESAL FERNÁNDEZ, A., "Bula Inter caetera de Alejandro VI y las consecuencias político-administrativas del descubrimiento de América por parte de Colón en 1492" en Archivo de la Frontera, p. 4.

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Nota 16

Se trata de la segunda bula con ese nombre; la primera data de 1456 y es una confirmación de la bula Romanus pontifex de 1455.

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Nota 17

Citado en REMESAL, A., "Bula Inter caetera de Alejandro VI y las consecuencias político-administrativas del descubrimiento de América por parte de Colón en 1492" en Archivo de la Frontera, pp. 4-5. Las bulas alejandrinas son uno de los documentos más analizados y estudiados de la Historia no solo de España, sino de la Historia Universal. Dentro de la historiografía española, los trabajos de referencia son GARCÍA GALLO, A., Las bulas de Alejandro VI sobre el Nuevo Mundo descubierto por Colón. Madrid, 1992; y GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, M., Las bulas alejandrinas de 1493 referentes a las Indias. Madrid, 1944. Entre los autores internacionales, cabe citar: GOTTSCHALK, P., The earliest diplomatic documents on America, The papal Bulls and the Treaty of Tordesillas, reproduced and translated, with historical introduction and explanatory notes. Berlin, 1927; PARRY, J. H., The Spanish Theory of Empire in the sixteenth century. Cambridge-Londres, 1940; VANDER LINDEN, H., "La prétendu inféodation du domaine maritime et colonial de l'Espagne par Alexandre VI en 1493", en Bulletin Cl. Letres de l'Academie de Belgique, n° 26 (1938). ZAVALA, S., Ensayos sobre la colonización española en América. Buenos Aires, 1944; HOFFNER, J., La ética colonial española del siglo de oro. Cristianismo y dignidad humana. Madrid, 1977.

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Nota 18

GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Las bulas alejandrinas de 1493 referentes a las Indias, pp. XV y 67.

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Nota 19

Citado en SALINAS, A. "Estado, Diplomacia y Cosmografía en el Renacimiento. El Tratado de Tordesillas y el problema de las longitudes geográficas", en Revista de Geografía Norte Grande, n° 24, 1997, p. 282. García Gallo señaló que las trescientas setenta leguas son "una cifra que no encuentra explicación alguna" si bien él mismo indica que son aproximadamente la mitad de la distancia que hay que entre Cabo Verde, la más occidental de las posesiones portuguesas en el Atlántico, y la isla caribeña de La Española (Las bulas de Alejandro VI sobre el Nuevo Mundo descubierto por Colón, p. 260).

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Nota 20

Sobre la problemática para determinar con exactitud la longitud, ver CORTESAO, A., "D. Joao II e o Tratado de Tordesillas", en VV.AA., El Tratado de Tordesillas y su proyección. Valladolid, 1973, pp. 98-101; también MENDONQA DE ALBUQUERQUE, L., "O Tratado de Tordesilhas e as dificuldades técnicas da sua aplicacao rigorosa", en VV.AA., El tratado de Tordesillas y su proyección. Valladolid, 1973.

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Nota 21

Así se menciona en la Recopilación de Indias, en el libro tercero, sección 1, ley 1.

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Nota 22

ALONSO BAQUER, "El entorno militar del Tratado de Tordesillas", p. 37. "A Fernando, lo que le interesaba principalmente era mantener segura la ruta a Alejandría y defender las aguas del Mediterráneo occidental de los piratas; por ello cedió mucho en Tordesillas sobre la posición del meridiano occidental, a cambio de conseguir que Melilla quedase en la zona castellana de Berbería, pues iba a convertirla en fortaleza para proteger sus intereses mediterráneos" (GONZÁLEZ ALONSO, B., (coord.), Las Cortes y las Leyes de Toro de 1505. Valladolid, 2006, p. 129).

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Nota 23

"Algunos autores portugueses han supuesto la existencia de descubrimientos de tierras a Occidente, de las que nunca se habló por la política de secreto seguida, pero a las que se aludió más o menos veladamente". De ello sería prueba el mapa de Bianco del 1448, que muestra islas a Occidente de África, o la reserva de monopolio de la Corona de Portugal, en 1470, de productos procedentes de Guinea que no se daban en Guinea: piedras preciosas, tintes y goma laca, así como la prohibición, bajo pena de muerte, de navegar a occidente de Cabo Verde sin licencia especial del rey, prohibición que fue dada en 1473 (GARCÍA GALLO, Las bulas de Alejandro VI sobre el Nuevo Mundo descubierto por Colón, p.79).

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Nota 24

GARCÍA GALLO, Las bulas de Alejandro VI sobre el Nuevo Mundo descubierto por Colón, p. 261.

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CAPITULO III: LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA DE SUCESIÓN. LAS CORTES DE MADRIGAL Y TOLEDO

1.- Las Cortes de Madrigal

"En plena guerra civil, el ayuntamiento o Cortes de Madrigal de 1476 marcan el inicio de la obra institucionalizadora de los Reyes Católicos, fundamentalmente por las ordenanzas sobre la Hermandad y la cancillería"Nota 1).

En la primavera de 1476, derrotados los portugueses en Toro y eliminado en su práctica totalidad el apoyo a Juana en suelo castellano, los reyes consideraron que había llegado el momento de comenzar a reorganizar el reino, incluso con la guerra, en su vertiente más internacional, aún abierta. Para convocar las Cortes, el motivo oficial fue jurar a la princesa Isabel, hija mayor de los Reyes Católicos, como heredera del trono de Castilla.

A este efecto convocaron Cortes, que habían de celebrarse en la localidad abulense de Madrigal, donde había nacido Isabel, si bien "más propiamente debían titularse de Segovia-Madrigal por haberse desarrollado en ambas ciudades. Quizá incluso se pueda sospechar que Madrigal solo fuera el lugar de proclamación del Ordenamiento de las Cortes cuyos hechos más significativos hubieran ocurrido en Segovia". Los Reyes llegaron a Madrigal el 6 de abril de 1476, pero el 18 del mismo mes las reuniones ya tenían lugar en Segovia, donde, en esa fecha, se ratificó en presencia de todos los procuradores, pero sin la presencia de los Reyes, el compromiso matrimonial de la princesa Isabel con el príncipe de Capua. El 27 de abril concluyeron las Cortes en Madrigal con la promulgación del ordenamientoNota 2).

Los objetivos de las Cortes de Madrigal, en palabras de Luis Suárez Fernández, fueron:

“Hacer más operativa la maquinaria institucional, aumentar los resortes puestos a disposición del poder real y fijar con mayor precisión el ámbito de relaciones entre el poderío real absoluto que aquellos pertenecía y los diversos sectores dotados de privilegios”Nota 3).

Lo cierto es que Castilla necesitaba que se tomaran medidas con urgencia y los Reyes llegaron a Madrigal con un programa bien definido y planeado. Un buen ejemplo de ello es el hecho de que la creación de la Hermandad General se presentó a los procuradores con mucha antelación respecto a la fecha de celebración de las Cortes, de manera que estos, al acudir a la reunión, presentaron ante Isabel y Fernando sus opiniones al respectoNota 4), ahorrando un tiempo significativo y permitiendo acelerar el proceso que llevó a la aprobación de la instituciónNota 5) , que así expusieron las Cortes, en el primer punto del ordenamiento de las mismas:

"Muy excelentes Señores, a Vuestras AltezasNota 6), es notorio cuántos robos, y salteamientos, y muertes, y heridas, y prisiones de hombres se hacen e se cometen cada día en estos nuestros Reinos en los caminos e yermos de ellos desde el tiempo que Vuestra Real Señoría reina. A lo cual ha dado causa la entrada de vuestro adversario de Portugal en estos vuestros Reinos, y el favor que algunos caballeros vuestros, rebeldes y desleales, y enemigos de la patriaNota 7) le han dado. Cuyas gentes, poniéndose en guarniciones, hacen y cometen de cada día los dichos delitos, y otros grandes insultos e maleficios; y como quiera que somos ciertos que Vuestra Alteza desea poner remedio en esto, y punir los malhechores; pero vemos que la guerra en que estáis metidos, y las necesidades que nos ocurren de proveer a los hechos de ellas, no os dan lugar a ello, y porque vemos que vuestros Reinos con las tales cosas son maltratados, hemos pensado en el remedio de esto. Y hemos suplicado a Vuestra Alteza que lo mandare proveer, y vuestra Real Señoría mandó a los del vuestro Consejo que platicasen con nosotros sobre la forma que se debía tener en remediar esto, a lo menos mientras duraban los dichos movimientos y guerras en estos Reinos, porque entre tanto la gente pacífica tuviese seguridad para tratar de buscar su vida, y no fuesen así damnificados y robados"Nota 8).

Las Cortes, previo diálogo con el Consejo Real, vincularon la creación de la Hermandad directamente a las necesidades de la guerra, que consumían la mayor parte de los recursos regios y, por tanto, privaba a la Corona de medios para atender a la seguridad de villas y campos, salvo que se arbitrara una solución nueva, a través de la creación de la Hermandad:

"Entre los remedios que para esto se han pensado parecionos ser el más cierto y el más sin costa vuestra que para entre tanto se hiciesen hermandades en todos vuestros reinos, cada ciudad y villa con su tierra entre sí y las unas con las otras. Y después unos partidos con otros en cierta forma, de la cual vuestra alteza mandó hacer sus ordenanzas. Por ende suplicamos que las mande dar por ley para en todos vuestros reinos, porque hayan mayor fuerza y vigor"Nota 9).

Además de la creación de la Hermandad, las Cortes de Madrigal han pasado a la Historia por el enorme servicio concedido a los Reyes, más de 160 millones de maravedíes, el más grande otorgado a un rey por unas Cortes castellanas. Pese a lo imponente de la cantidad concedida, lo cierto es que, en la práctica, su recaudación fue tan dificultosa e irregular que puede hablarse de que el servicio de Madrigal, en cuanto a recurso económico, fue un fracaso, dado que la mayor parte de las ciudades se ampararon en sus privilegios para no participar en él y los Reyes, aún no lo bastante fuertes como para enfrentarse a algunas de las principales villas del reino, no quisieron imponerlo por la fuerza. Carecían, además, de argumentos jurídicos para forzar esta imposición, puesto que ellos mismos, previamente, habían confirmado las "cartas de franqueza" que otorgaban a las ciudades los privilegios a los que ahora recurrían para evitar el pagoNota 10).

En las Cortes, además, Isabel y Fernando trataron de aumentar su control sobre los recursos financieros y militares. En el primer campo, buscaron estabilizar la moneda y restaurar, siquiera parcialmente, el régimen de ingresos fiscales. En el segundo, crearon la Hermandad.

Si bien la creación de la Hermandad y la concesión del servicio oscurecen los demás asuntos tratados en Madrigal, estos fueron muchos, variados y de importancia. Así, en la novena petición, las Cortes solicitaron que se revocaran las mercedes y los juros de heredad hechos por Enrique IV desde 1464 en adelante; sin embargo, pese a la necesidad de recursos monetarios que tenían Isabel y Fernando para afrontar la guerra, conscientes de que una medida así podría hacerles perder apoyos fundamentales entre la nobleza, respondieron que los monarcas "tienen por servido lo contenido en esta petición, y por ahora no se puede hacer". Otra de las peticiones de los procuradores, la reducción del número de las Contadurías Mayores de Haciendas y de las Contadurías Mayores de Cuentas, que Enrique IV había elevado a tres y las Cortes querían reducir de nuevo a dos, fue atendida solo en parte: Los reyes respondieron que lo harían en el futuro, pero no de forma activa, sino limitándose a no proveer el cargo cuando aquellas vacaran, subsumiéndolas en las restantes.

Las Cortes pidieron que la jurisdicción eclesiástica se limitara a los casos que le correspondían estrictamente, poniéndose fin a la tendencia cada vez mayor a extender su jurisdicción sobre los legos. Para asegurar el cumplimiento de estos límites, los procuradores solicitaban que se impusiera a quien se extralimitara las penas que, para dichos casos, habían sido fijadas en las Cortes de 1455. Los Reyes accedieron, como también lo hicieron a la decimoctava petición, relacionada con la política impositiva: Los procuradores se quejaron de que tuvieran consideración de armas, al efecto del pago de las alcabalas, determinados objetos, como sillas de montar, espuelas y frenos. Los Reyes dieron la razón a las Cortes y declararon:

"Las sillas, frenos y espuelas y estribos no son ni deben ser tenidos como armas. Por ende, ordenamos y mandamos que de aquí adelante todos los silleros y freneros y las otras personas que vendieren sillas, y frenos y espuelas y estribos o cualquier cosa de ellos, paguen a nos llanamente la alcabala"Nota 11).

Las Cortes de Madrigal destacan por otra cuestión, a la que no se le suele prestar demasiada atención: en ellas, los Reyes Católicos suprimieron el discurso de apertura, que, hasta ese momento, corría a cargo de los procuradores, sustituyéndolo por un discurso que pronunciaba el mismo monarca. Se trató, en palabras de Nieto Soria de la "liquidación de un procedimiento solemne de expresión del diálogo de la Monarquía con la comunidad política, en este caso representada por los procuradores de las ciudades"Nota 12).

El control ejercido por los monarcas sobre los procuradores presentes en Madrigal fue completo, lo cual obedecía, en buena medida, a la situación de guerra que vivía el reinoNota 13). Muchos de los procuradores de las dieciséis ciudades con derecho fueron escogidos directamente por los Reyes entre personas de su entorno o confianza. Además, varias de las ciudades solo pudieron presentar en las Cortes un único procurador, en vez de los dos que le correspondían, ya fuera porque había sido imposible alcanzar un acuerdo sobre la designación del segundo procurador, bien porque en algunos casos se produjeron problemas con la documentación acreditativa, demasiado imprecisaNota 14).

De hecho, como señala Carretero Zamora, cabe plantearse serias dudas sobre la representatividad de los procuradores de las ciudades en las Cortes de Madrigal. Así, los procuradores de Toro, Córdoba y Madrid no tenían poderes entregados por sus ciudades; otras enviaron solo un representante, elegido con mucha antelación, más de un año, caso de León, Toledo, Sevilla, Córdoba, Segovia, Guadalajara y Cuenca. La vigencia de los poderes tanto tiempo era poco habitual. Solo Toledo, Zamora y Salamanca enviaron procuradores cuyos poderes tenían seis meses o menos de antigüedad, y solo Murcia envió procuradores cuyos poderes tuvieran menos de tres meses en el momento de iniciarse las Cortes, todo lo cual era, cuando menos, irregularNota 15).

En su conjunto, los procuradores presentaron tan solo treinta y ocho peticiones a los monarcas, de entre las que cabe mencionar cuatro destinadas a limitar las actividades económicas de los judíos.

Tras las Cortes, Fernando marchó al Norte, levantando un ejército con el subsidio recibido tropas para proteger Castilla de un posible ataque francés y para hacer frente a las actividades del corsario galo Casenove Coulon, que había atacado en 1475 La Coruña y en el año siguiente Ribadeo, amenazando el lucrativo comercio de los puertos peninsulares con Flandes. Además de asegurar con nuevas tropas el Norte, Fernando aprovechó su viaje para negociar diversas cuestiones relativas al reino de Navarra.

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Nota 1

DIOS, S. de, El Consejo real de Castilla (1385-1522). Madrid, 1982, p. 147.

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Nota 2

CARRETERO ZAMORA, Cortes, Monarquía y ciudades, pp. 131 y 134.

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Nota 3

Los Reyes Católicos, pp. 154-155.

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Nota 4

Gómez Vozmediano, en su excelente tesis doctoral, afirma que al crear en Cortes la Hermandad, los Reyes cedieron a las demandas populares (GÓMEZ VOZMEDIANO, M.F., La Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real en los siglos XVI y XVII. Tesis doctoral dirigida por el catedrático Enrique Martínez Ruíz, 1992, p. 64).

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Nota 5

DÍAZ GARCÍA, J., “La monarquización de las instituciones políticas españolas realizada por los Reyes Católicos”, en VV. AA, De la milicia concejil al reservista. Una historia de generosidad. Madrid, 2008, p. 109.

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Nota 6

Los reyes de Castilla utilizaban el título de Alteza, tradicional en los reinos peninsulares. El título de Majestad se consideraba reservado solo a la persona del Emperador (LADERO QUESADA, M. A., "La genése de l'etat dans les royaumes hispaniques médiévaux (1250-1450)”, en HERMANN, CH., (coord.), Le premier âge de l'etat en Espagne (1450-1700). París, 1989, p. 25). Sería con Carlos V, a la sazón, también Emperador, cuando el tratamiento de Majestad pasaría a ser habitual entre los reyes de España.

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Nota 7

Sobre los conceptos de patria y patriotismo a finales de la Edad Media, ver KANTOROWICZ, E. H., "Pro patria mori in Medieval political thought", en American Historical Review, n°. 56, 1951; y HOUSLEY, N., "Pro deo et patria mori: Sanctified patriotism in Europe, 1400-1600", en CONTAMINE, P., (ed.), War and competition between states. Oxford, 2000.

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Nota 8

Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla. Madrid, 1882, vol. IV, p. 2.

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Nota 9

Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla, vol. IV, p. 3.

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Nota 10

CARRETERO ZAMORA, Cortes, Monarquía y ciudades, p. 67.

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Nota 11

Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla, vol. IV, pp. 67-69, 75 y 77.

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Nota 12

"De la epístola al discurso político: ecos del diálogo entre gobernantes y gobernados en Castilla ca. 1450-1480", en CHALLET, V.; GENET, J. P.; RAFAEL OLIVA, H.; VALDEÓN, J., La sociedad política a fines del siglo XV en los reinos ibéricos y en Europa. Valladolid, 2007, p. 123.

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Nota 13

LADERO QUESADA, M. A., Los Reyes Católicos: La Corona y la unidad de España. Valencia, 1989, p. 31.

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Nota 14

CARRETERO ZAMORA, J. M., Cortes, Monarquía y ciudades. Las Cortes de Castilla a comienzos de la época moderna (1476-1515). Madrid, 1988, p. 8.

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Nota 15

CARRETERO ZAMORA, Cortes, Monarquía y ciudades, p. 135.

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2.- Las Cortes de Toledo y la guerra

Al hablar de las Cortes de Toledo en el marco del presente trabajo, la primera cuestión es determinar su relación con los conflictos bélicos del reinado, lo cual puede hacerse en una doble vertiente: en primer lugar, contemplando las Cortes como una consecuencia de la guerra de Sucesión, un evento imprescindible y necesario para la reordenación del Estado tras los desastres de las guerras civiles previas. En este sentido, no solo las Cortes son consecuencia de la victoria de Isabel y Fernando frente a los partidarios de Juana y sus aliados exteriores, sino que también son el intento jurídico e institucional de cerrar el conflictivo periodo anterior y reordenar el Estado de cara al futuroNota 1). Con las Cortes de Toledo, los Reyes pretenden crear la columna vertebral en lo jurídico, en lo económico y en lo institucional, para afrontar el futuro de su reinado, liquidando lo que de perverso y perjudicial para el reino habían tenido los conflictos del decenio anterior y la inestabilidad de la segunda mitad del reinado de Enrique IV: "Las Cortes de Toledo fueron acto final de la tremenda conmoción padecida por Castilla durante quince años, desde la crisis de 1462"Nota 2).

Es en este futuro inmediato donde se encuentra la segunda conexión entre las Cortes y el contexto de nuestro trabajo, pues si la reunión de Toledo fue consecuencia y, en cierto modo, cierre de la guerra de Sucesión, también es prólogo y antesala de la guerra de Granada. En las medidas y hechos de las Cortes de Toledo está presente el inminente comienzo de la guerra de Granada, que, a la postre, se retrasaría, al menos en lo oficial, hasta el año 1482. Los propios Reyes hablaron de esta guerra inminente a las Cortes en su discurso inaugural, y los embajadores de los monarcas habían ofrecido esta nueva Cruzada contra el Islam al papa al mismo tiempo en que las Cortes de Toledo se celebrabanNota 3). No cabe olvidar que la tregua de tres años —por una vez, sin el pago de parias de por medio— que Castilla había firmado, obligada por las circunstancias, con el reino nazarí en 1478, iba a expirar en el año 1481 y no había en el ánimo de los Reyes intención de renovarla:

"En 1480 (...) se estaba preparando el asalto final al reino nazarí y dentro del paquete de medidas económicas y comerciales entraban también las medidas para preparar la guerra. Por un lado buscando recursos extraordinarios para preparar la guerra, pero por otro impidiendo el contacto comercial fronterizo, por ello vedaron la saca de pan, armas, caballos y otras cosas para tierra de moros, no por limitar la contratación perjudicando el comercio, sino como un medio de estrechar al enemigo y obligarle a consumir sus fuerzas y debilitarle"Nota 4).

Así pues, en cierto modo, las Cortes de Toledo constituyen el escalón entre dos guerras: Una que ha quedado atrás y otra que se abre en un futuro inmediato. La primera, una guerra que se trató de evitar, la de Sucesión; la segunda, una guerra que la Monarquía buscará y aceptará como parte de su herencia secular y, quizá, como un conglomerante que permita unir en un mismo proyecto a quienes tan solo unos meses antes militaban en bandos opuestos.

El motivo que justificó la convocatoria de las Cortes fue que el reino jurara como heredero al príncipe don Juan, nacido el 30 de junio de 1478Nota 5). Por una cédula dada en Córdoba el 13 de noviembre de 1478 se convocaron Cortes, que debían comenzar el 15 de enero de 1479 y jurar al heredero. Sin embargo, las operaciones relacionadas con la guerra de Sucesión impusieron un aplazamiento, de modo que, desde Trujillo, los Reyes convocaron nuevamente Cortes para jurar a don Juan el 22 de mayo de 1479. Nuevamente, la necesidad de reducir los últimos bastiones de nobles desafectos aconsejaron un retraso en la fecha, que quedó fijada, finalmente, para comienzos del año 1480Nota 6).

Instaladas en la iglesia de Santa María —y tras haber asistido al insólito espectáculo de la entrada de Fernando en la ciudad, acompañado por un elefante— el discurso de apertura se encomendó al procurador Gómez Manrique. Siguió tres ejes que muestran el entronque de las Cortes con la guerra que acababa de terminar: sacralización del poder regio; legitimación de los derechos al trono de los Reyes y valoración de su función personal como legisladores, en la cual se fundamenta el buen gobiernoNota 7). En su exhortación, los monarcas vinculaban directamente las Cortes con la guerra de Sucesión:

"Abrazándonos con la virtud del agradecimiento, reconociendo la merced y grandísimo beneficio que Dios nuestro Señor nos ha hecho en habernos dado tan grande vigor y perseverancia para haber como hemos domado y sujetado nuestros rebeldes, y por justa y poderosa guerra haber ganado la paz"Nota 8).

Que el razonamiento, o discurso de apertura, no fuera realizado por el procurador de Burgos, como era tradición, sino por el corregidor de Toledo, Gómez Manrique, cargo de designación real y de fidelidad inquebrantable a los Reyes, es muy significativoNota 9). Para evitar las posibles protestas de Burgos por esta quiebra de la tradición, sus dos procuradores recibieron el título de asistente y embajador de los Reyes en las Cortes, respectivamenteNota 10).

Tal y como estaba previsto, el 6 de febrero de 1480, las Cortes de Castilla juraban como heredero a don Juan, el hijo de Isabel y Fernando, dando así un espaldarazo definitivo a la legitimación de la dinastía:

"El acto del juramento del príncipe don Juan por las Cortes de Toledo ha sido presentado siempre como un evento secundario (...) Pensamos que no debe considerarse como un hecho marginal; por el contrario, constituye un acontecimiento trascendente que cierra provisionalmente la división del reino y, sobre todo, ratificará a los Reyes Católicos como opción política legitimada frente a los resabios de la oposición nobiliaria"Nota 11).

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Nota 1

Según Suárez Bilbao, las Cortes de Toledo cierran el primer periodo en el que se puede dividir el reinado de los Reyes Católicos en lo que a Cortes se refiere, siendo los otros tres el que comprende el tiempo sin Cortes de 1480 al 98; el periodo de 1498 a 1504, en el que se ponen los cimientos de lo que llegarían a ser las Cortes bajo la Casa de Austria, y el periodo comprendido entre la muerte de Isabel y la muerte de Fernando, donde se consolidan algunos de los cambios anteriores (SUÁREZ BILBAO, El origen de un Estado, p. 26).

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Nota 2

SUÁREZ BILBAO, El origen de un Estado, p. 34.

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Nota 3

SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., "Granada en la perspectiva castellana", en LADERO QUESADA, M. A., (ed.), La incorporación del reino de Granada a la Corona de Castilla. Granada, 1993, p. 39.

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Nota 4

SUÁREZ BILBAO, El origen de un Estado, p. 183.

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Nota 5

El juramento de las Cortes no creaba legitimidad en el sucesor, sino que la reconocía. Es decir, el sucesor tenía derecho legítimo a la Corona por su nacimiento, y el reino lo reconocía públicamente a través del juramento, que queda así configurado como un acto de reconocimiento de derecho, no creador de derecho (PÉREZ PRENDES, J. M., Cortes de Castilla y León. Reimpresión y nuevos estudios. Martos, 2000, p. 120).

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Nota 6

TAPIA, E. de, Las Cortes de Castilla (1188-1833). Madrid, 1964, p. 72. No se conoce la fecha exacta en la que comenzaron las Cortes. Carretero Zamora cree que debió ser en noviembre de 1479 (Cortes, Monarquía y ciudades, p. 149).

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Nota 7

NIETO SORIA, J. M., "De la epístola al discurso político: ecos del diálogo entre gobernantes y gobernados en Castilla ca. 1450-1480", en CHALLET, V.; GENET, J. P.; RAFAEL OLIVA, H.; VALDEÓN, J., La sociedad política a fines del siglo XV en los reinos ibéricos y en Europa. Valladolid, 2007, p. 123. Isabel siguió un discurso legitimador que puede dividirse en dos fases. Entre 1474 y 1475, se basó en dos líneas argumentales: la legitimidad jurídica y la legitimidad por el ejercicio del buen gobierno; a partir de 1475, cobra fuerza el argumento de la depredación del Patrimonio Regio por Enrique IV, frente al cual se contrapone la acción de Isabel en su recuperación (CARRASCO MANCHADO, A. I., “Discurso político y propaganda en la Corte de los Reyes Católicos”, pp. 335-336).

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Nota 8

Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla, vol. IV, p. 110.

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Nota 9

Gómez Manrique, además, fue nombrado presidente de los procuradores, figura de nueva creación, aprovechando que, amén de corregidor, también había sido designado procurador por la ciudad del Tajo. En los años previos, Gómez Manrique había demostrado sobradamente su lealtad a Isabel y Fernando. En 1478, acabó con una revuelta toledana a favor de Alfonso V de Portugal; para ello, en vez de atrincherarse en el alcázar, se presentó en la plaza de Zocodóver enarbolando el pendón real y llamó a los habitantes de la ciudad para que le siguieran en su defensa; reunidos así dos mil ciudadanos armados, ajustició de inmediato a los rebeldes más notorios y logró que los demás se sometieran.

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Nota 10

SUÁREZ BILBAO, El origen de un Estado, p. 46.

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Nota 11

CARRETERO ZAMORA, Cortes, Monarquía y ciudades, p. 154. Coincidimos con el autor al señalar la importancia del hecho de cara a la legitimación de los propios monarcas reinantes, ya que acatar y jurar un sucesor no solo significa reconocerle a él, sino acatar como legítima la dinastía y la línea sucesoria en que se inscribe (p. 157).

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3.- La reforma de la justicia

La cuestión de la justicia es un aspecto básico en las Cortes de Toledo, parte, en gran medida, del proceso destinado a legitimar la Monarquía en el plano ideológico. En esa dirección de justificación ideológica —incluso teológica, si se quiere—, la imagen de los Reyes como unos reyes justos y artífices del buen gobierno es fundamental, en contraposición a la imagen del reinado anteriorNota 1). Desde este punto de vista, no es de extrañar el esfuerzo de renovación del aparato jurisdiccional que se realizó en Toledo, un esfuerzo que parece sinceramente encaminado a conseguir una mejor administración de justiciaNota 2).

Las Cortes realizaron una reforma completa del sistema de justicia, al cual dedicaron buena parte de sus esfuerzos. Por ello, las treinta y tres primeras leyes aprobadas por las Cortes hacen referencia a la reforma del Consejo Real, sobre el funcionamiento del cual ya se habían planteado quejas en las Cortes de Madrigal.

Durante la primera mitad del reinado de Enrique IV, el Consejo de Castilla pudo actuar conforme a sus ordenanzas porque el rey mantenía una cuota de poder suficiente como para imponerse a los intereses de la nobleza. Las ordenanzas de 1459 corroboran que el Consejo no estaba sometido a los señores, ya que resalta la participación de los letrados en la composición del órgano y exige su presencia en las reuniones. Estas ordenanzas otorgaban expresamente capacidad legal al Consejo, pero de una forma tan difusa que sus límites eran poco menos que imposibles de determinar. La situación cambió a medida que el deterioro del poder real fue en aumento, en especial a partir de 1465, y fue entonces cuando se hizo sentir el dominio nobiliario del Consejo, perceptible en la sentencia arbitral de Medina del Campo y con las ordenanzas de 1465. Estas ordenanzas fijan una composición que crea equilibrio entre nobles y letrados, atribuyendo a personas concretas —Villena, Carrillo y al contador Diego Arias— la labor de consultar al rey las decisiones tomadas por el Consejo. Del contenido de estas ordenanzas se deduce que "la soberanía del rey era poco más que nominal. Sin el visto bueno de los grandes eran inviables las decisiones del rey y del Consejo"Nota 3). Las Cortes de Ocaña de 1469 ya protestaron por el control de la nobleza sobre el Consejo de Castilla y, como se ha dicho, las Cortes de Madrigal de 1476 volvieron a incidir en la necesidad de revisar el funcionamiento del sínodo, pero no sería hasta las Cortes de Toledo, en 1480, cuando se acometería en profundidad esta tarea.

El ordenamiento de Toledo, en su primera norma, fijaba la composición del Consejo Real, que pasaba a estar presidido por un prelado, e integrado por tres caballeros y ocho o nueve letrados, con lo que se restaba peso a los magnatesNota 4). Esta profesionalización fue una medida intencionada por parte de los monarcas, disgustados por cómo el Consejo había sido utilizado por la nobleza en años pasadosNota 5). Por lo demás, y pese al gran número de leyes que le afectaban, la legislación de Toledo, en lo que al Consejo Real se refiere, suponía pocos cambios respecto a las ordenanzas que lo regían desde el año 1459Nota 6). Sin embargo, el aumento de la presencia de letrados, y el hecho de que no todos los miembros del Consejo de Castilla estuvieran presentes cuando se tomaran las decisiones, permitió a los monarcas concentrar cada vez más el poder decisorio de este órgano en burócratas, letrados y juristas, alejándolo de las manos de los nobles, sin la necesidad de una medida expresa al respecto que ofendiera a los aristócratas; en cierto sentido, esta reforma reconvirtió un órgano nobiliario, orientado hacia la guerra, en un órgano civil y judicial, orientado a servir al reino en tiempos de pazNota 7).

También se reformaron los alcaldes de Corte, las audiencias y la Real ChancilleríaNota 8), que se convirtió en el tribunal superior, formado por un prelado, cuatro oidores, tres alcaldes, un procurador fiscal y dos abogados de pobres, fijándose para sus gastos que de las alcabalas de Valladolid, donde se situó, y de las rentas de infantazgo se desviaran fondos suficientes para su funcionamientoNota 9).

Otra figura que apareció en las Cortes de Toledo, y que había de tener gran importancia, especialmente en los territorios que fueron incorporándose a la Monarquía en fechas posteriores, fue la del juicio de residencia, destinada a garantizar el buen gobierno y el correcto desempeño de los funcionarios públicos del máximo rangoNota 10). Todo aquel que desempeñara determinados oficios en la administración, una vez cumplido su servicio, quedaban sometidos a un plazo durante el cual se pueden presentar contra sus actuaciones las pertinentes reclamaciones, exhaustivamente investigadas por los oficiales regios competentesNota 11). Corregidores, alcaldes, alguaciles y merinos quedaban sometidos al juicio de residencia en los treinta días posteriores al fin de su mandatoNota 12).

Los privilegios de los hidalgos fueron confirmados, de forma que seguían estando libres de tormento en los procesos penales, exentos de la pena de encarcelamiento en los casos de deudas y sus armas y caballos quedaban excluidos de entre los bienes que les eran embargables. Se justificaba expresamente estos privilegios por el papel y la ayuda que los hidalgos habían prestado a la Corona de Castilla en las acciones ligadas a la Reconquista, lo cual parece tanto el reconocimiento de méritos pasados como una invitación de cara a los acontecimientos que se preveían inminentes: la nueva guerra contra el reino de GranadaNota 13).

Los Reyes accedieron a que se elaborara una recopilación de las leyes de Castilla, petición que las Cortes castellanas venían presentando reiteradamente —así lo hicieron en las reuniones de 1433, 1458, 1462 y 1465Nota 14)—. La tarea fue encargada al jurista Alonso Díaz de Montalvo, que, tras la convocatoria de Cortes, recibió la orden real de reunir el derecho castellano en una única obra. Montalvo trabajó con una celeridad asombrosa —causa de parte de los defectos de que adoleció su proyectoNota 15)— y presentó sus Ordenanzas Reales de Castilla, divididas en ocho libros, el 11 de noviembre de 1480, once meses después de haberle sido confiado el encargo. Este impulso recopilador no es casual: "La publicación en 1484 de la primera recopilación en la historia de Castilla, no es casual, sino proyección de un nuevo sistema político que necesitaba un orden jurídico preciso y, sobre todo, seguro"Nota 16). Todos los lugares del reino que tuvieran un juez quedaron obligados a comprar un ejemplar de las Ordenanzas de Montalvo, que, no obstante, nunca llegaron a estar en vigor.

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Nota 1

CARRASCO MANCHADO, A. I., “Discurso político y propaganda en la Corte de los Reyes Católicos: resultados de una primera investigación (14741482)”, en En la España Medieval, n.° 25, 2002, p. 301.

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Nota 2

Durante los primeros años del reinado, como corresponde a un reino en guerra, la administración de justicia fue notablemente rigurosa, si bien “las penas capitales que se aplicaron fueron escasas, incluso en este primer periodo, si se compara con lo que era norma en los otros reinos de Europa. Los vencidos en aquella contienda fueron admitidos a reconciliación, sin que se les hiciera víctimas de represalias dignas de tal nombre” (SUÁREZ FERNÁNDEZ, Los Reyes Católicos, p. 129). Parece ser que, a partir de las Cortes de Toledo, hubo un mayor comedimiento en la aplicación de las penas más graves.

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Nota 3

DIOS, S. de, El Consejo real de Castilla (1385-1522). Madrid, 1982, pp. 111-115, 139.

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Nota 4

SIN AUTOR, Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla, vol. IV, p. 111.

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Nota 5

NIETO SORIA, J. M., "La monarquía castellana en el tránsito del medievo a la modernidad", en GONZÁLEZ ALONSO, B., (coord.), Las Cortes y las Leyes de Toro de 1505. Valladolid, 2006, p. 119.

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Nota 6

DIOS, El Consejo real de Castilla, pp. 149 y 274.

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Nota 7

SUÁREZ BILBAO, El origen de un Estado, p. 101.

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Nota 8

El nombre de chancillería deriva del hecho de que las provisiones las sellaba con las armas y el sello real el canciller, cuyo nombre, a su vez, deriva del latín "cancelarius", literalmente, "el que guarda las llaves" (BALLESTEROS GAIBROIS, La obra de Isabel la Católica, p. 120).

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Nota 9

PASTOR GÓMEZ, J., “Las Cortes de Toledo de 1480”, discurso de ingreso en la Academia, p. 70.

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Nota 10

El juicio de residencia fue especialmente importante en América, donde pervivió hasta la pérdida de los dominios en el siglo XIX, tal y como analiza ALVARADO PLANAS, J., Control y responsabilidad en la España del siglo XIX. El juicio de residencia del Gobernador General de Ultramar. Madrid, 2010.

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Nota 11

PASTOR GÓMEZ, “Las Cortes de Toledo de 1480”, p. 71.

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Nota 12

SUÁREZ BILBAO, El origen de un Estado, p. 165.

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Nota 13

Como señala el profesor Lomax, la reconquista no fue un proceso gradual, sino espasmódico, un proceso que no se produjo pueblo a pueblo, sino región por región, y el de Granada fue el último de dichos impulsos (LOMAX, D. W., "Novedad y tradición en la guerra de Granada", en LADERO QUESADA, M. A., (ed.), La incorporación del reino de Granada a la Corona de Castilla. Granada, 1993, p. 230).

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Nota 14

CARRETERO ZAMORA, Cortes, Monarquía y ciudades, p. 55.

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Nota 15

El resultado ha sido calificado de “monstruoso fárrago” (ALMIRANTE, J., Bosquejo de la historia militar de España hasta el fin del siglo XVIII. Madrid, 1923, p. 245).

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Nota 16

SUÁREZ BILBAO, El origen de un Estado, p. 85.

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4.- La restitución del patrimonio regio

Según Pastor Gómez, la restitución a la Corona de gran parte de sus rentas y dominios, enajenadas en los años anteriores, fue el motivo principal de las CortesNota 1). Durante el reinado de Enrique IV, las donaciones y mercedes de la Corona a los nobles habían llegado a tal nivel que las Cortes de Ocaña, en 1469, se habían dirigido al monarca, afirmando que si Enrique IV seguía enajenando el patrimonio de realengo y las rentas de la Corona "vuestros reinos usarán de los remedios de dicha ley y de todos los otros que les fueran permitidos para conservar el poder y la unión de la Corona real"Nota 2). Una amenaza de tal calibre da idea de lo grave de la situación. Los Reyes Católicos, aún inconclusa la guerra de Sucesión, habían comenzado a plantear a sus secretarios y servidores el modo en el que, cuando las circunstancias lo permitieran, habría de acometerse la reducción de los jurosNota 3).

En Toledo, los Reyes no quisieron sacar adelante esta cuestión con la limitada presencia de nobles y de prelados que habían acudido a las Cortes, por lo que se escribió a los ausentes para que dieran su opinión sobre el tema. El único criterio en el que hubo acuerdo unánime fue que los juros anteriores a 1464, emitidos antes de que el poder se viera menoscabado por la situación, debían ser considerados válidos. Ante la disparidad de criterios referentes a todos lo demás, concedidos en momentos en los que existían dos bandos en Castilla —y, con frecuencia, dos reyes—, fue vital el parecer del cardenal Mendoza, en su doble condición de hombre de confianza de los monarcas y de cabeza de uno de los linajes nobiliarios más poderosos de CastillaNota 4). Mendoza —exponiendo quizá el parecer de los Reyes— señaló que "aquellos que se dieron por actos de guerra aunque fuera contra el infante Alfonso, se mantendrían, puesto que la lealtad debe ser premiada; aquellos que por engaño, fuerza o presión se le sacaran, serían anulados, igual que todos los dados por Alfonso; los que había dado Enrique por necesidades económicas, fueron amortizados por su precio. El 5 de abril de 1480 estos criterios se hicieron oficiales"Nota 5).

Estos fueron, en sus líneas maestras, los criterios que se aprobaronNota 6), y se encargó al propio cardenal Mendoza y a fray Hernando de Talavera, confesor de la reina, que llevaran a la práctica el proceso, convirtiéndose en los interlocutores entre la Corona y los nobles afectados. En cierto modo, la Corona llevó a cabo una política basada en dos líneas opuestas, pero no contradictorias: Se confirmó a los nobles gran parte de sus posesiones y rentas, manteniendo los principales linajes su poder económico y su nivel de ingresos, al tiempo que se dejaba claro que no se produciría ninguna ampliación de las concesiones reales como fruto de presiones o maniobras de tipo político. Así se hizo ver a linajes de todo signo político, como los Manrique, aliados de Isabel durante la guerra, los Stúñiga, que habían mantenido una equívoca neutralidad, o los Portocarrero, abiertamente partidarios de doña Juana. Así pues, el planteamiento esbozado trasciende el concepto de represalia partidista para mostrarse como una cuestión de gobierno, que afecta a toda la nobleza, sin entender de parcialidades más que para las cuestiones de grado o matiz.

Este es uno de los ejes clave del reinado de Isabel y Fernando, que sentó los cimientos de la España venidera: a cambio de mantener el lugar privilegiado en lo económico y lo social, la nobleza asumía el que el poder político recaía, de forma fundamental, en la Corona. Con razón, autores de la solvencia de Luis Suárez Fernández y Salustiano de Dios hablan de que las Cortes de Toledo suponen un reparto de esferas de influencia entre la Corona y la noblezaNota 7).

Aunque la supuesta política antiseñorial de los Reyes Católicos haya sido un lugar común, hoy en día es rechazada por la mayor parte de la historiografía. Cabe mencionar que los Reyes crearon tres nuevos títulos ducales —la más alta distinción nobiliaria—, los del Infantado —que fue a parar a la familia Mendoza—, Nájera y Gandía. Al tiempo, se creaban nuevos señoríos, como el de Maqueda en Toledo o el de los Vélez en tierras del reino de GranadaNota 8). Fue la política nobiliaria de los Reyes, por tanto, limitadora en lo político, pero conservadora de los poderes y privilegios de la aristocracia en lo social y económicoNota 9), incluso integradora de las élites nobiliariasNota 10).

La eficacia de las medidas fue indudableNota 11), si bien es posible que se haya sobrestimado la pérdida que supuso para la nobleza la reducción de los juros. Los juros eran una parte pequeña de sus recursos y, de hecho, había tantos que estaban perdiendo valor, hasta el punto de que algunos llegaban a venderse por la mitad de su valor nominal. En este sentido, su reducción supuso un sacrificio pequeño para la nobleza, sobre todo para los grandes títulos nobiliariosNota 12).

Más discutible es la equidad con que se realizó la reducción. Las reducciones afectaron en mayor medida a los partidarios de doña Juana, pero ello también puede justificarse, en parte, por el hecho de que esos partidarios eran los que más mercedes sin justa causa habían recibido durante el reinado de Enrique IV. Ejemplo paradigmático de ello pudiera ser Beltrán de la Cueva, el noble que más perdió con la reducción de los juros, ya que le fueron arrebatadas rentas por valor de más de 1.400.000 maravedíes anuales, si bien es cierto que esta reducción no fue arbitraria, sino fruto de la aplicación estricta, por Talavera y Mendoza, de los principios fijados en ToledoNota 13). Personas muy próximas a los Reyes también resultaron perjudicadas. Este fue el caso del Almirante de Castilla, pariente de Fernando y que se había mantenido leal a Isabel, que en el reajuste de los juros perdió rentas por valor de 240.000 maravedíesNota 14). Sin embargo, los datos estadísticos son claros: mientras que los partidarios de los Reyes Católicos no llegaron a perder en ningún caso más de un tercio de sus juros, los que habían luchado a favor del partido de Juana perdieron como media dos tercios de sus rentas y, en varios casos, más del 90%, caso de Alonso de Herrera. Un tercer grupo, aquellos que apoyaron a Isabel de palabra, pero no comprometieron sus fuerzas o su dinero en la lucha, vieron como sus juros quedaban reducidos en torno al 50%. Este fue el caso de linajes como los Quiñones, los de la Cerda, los Manrique, los Guzmán, los Ayala o los SarmientoNota 15).

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Nota 1

“Las Cortes de Toledo de 1480”, p. 76.

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Nota 2

VALDEÓN BARUQUE, Los conflictos sociales en el reino de Castilla en los siglos XIV y XV, p. 175.

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Nota 3

Notas al respecto pueden encontrarse en AGS, Expedientes de Hacienda, legajos del 3 al 17.

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Nota 4

Sobre el cardenal don Pedro González de Mendoza y su papel en el gobierno de la Monarquía, ver LAYNA SERRANO, F., El cardenal Mendoza como consejero de los Reyes Católicos. Madrid, 1968.

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Nota 5

SUÁREZ BILBAO, El origen de un Estado, p. 203.

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Nota 6

Isabel impuso que quedaran libres del proceso de recuperación las rentas y bienes que hubieran ido a parar a manos eclesiásticas.

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Nota 7

DIOS, El Consejo real de Castilla, p. 143. Otros autores, como David Torres Sanz, hablan de que "los Reyes favorecieron netamente a la nobleza" (TORRES SANZ, D., "Las instituciones castellanas a comienzos del siglo XVI", en GONZÁLEZ ALONSO, B., (coord.), Las Cortes y las Leyes de Toro de 1505. Valladolid, 2006, p. 189).

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Nota 8

VALDEON, J., "La nobleza y las ciudades en tiempos de Isabel I", en CHALLET, V.; GENET, J. P.; RAFAEL OLIVA, H.; VALDEÓN, J., La sociedad política a fines del siglo XV en los reinos ibéricos y en Europa. Valladolid, 2007, pp. 22-23.

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Nota 9

Gutiérrez Nieto afirma que los cuatro elementos característicos de la centralización están presentes en las medidas y decisiones que se adoptan en las Cortes de Toledo: concentración del poder, enriquecimiento de la Corona, racionalización de la distribución de recursos e independencia de la Corona respecto a otros actores políticos (El renacimiento y los orígenes del mundo moderno. Barcelona, 1975, p. 141).

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Nota 10

Este tipo de políticas no eran exclusivas de los Reyes Católicos; procesos integradores del poder nobiliario en estructuras centralizadoras ya habían sido puestas en marcha durante el reinado de Alfonso XI, tal y como pone de manifiesto ARIAS GUILLÉN, F., Guerra y fortalecimiento del poder regio en Castilla. El reinado de Alfonso XI (1312-1350). Madrid, 2012, p. 12.

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Nota 11

Según el profesor Ladero Quesada, en el año fiscal posterior a las Cortes de Toledo, las rentas de la Corona aumentaron entre un 30% y un 35% gracias a la recuperación de los juros de manos de los nobles (LADERO QUESADA, M. A., "Política económica, restauración de la Hacienda y gastos de la Monarquía", en SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., y GUTIÉRREZ NIETO, J. I., (coords.), Las instituciones castellano-leonesas y portuguesas antes del tratado de Tordesillas. Zamora, 1994, p. 90).

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Nota 12

SUÁREZ BILBAO, El origen de un Estado, p. 35.

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Nota 13

CARRETERO ZAMORA, Cortes, Monarquía y ciudades, p. 180.

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Nota 14

TAPIA, Las Cortes de Castilla, p. 75.

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Nota 15

SUÁREZ BILBAO, El origen de un Estado, p. 209.

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5.- La política fiscal

Junto con la recuperación del patrimonio enajenado, el otro método por el cual los Reyes pretendieron aumentar la capacidad económica de la Corona fue mediante el saneamiento de las rentas ordinarias, objeto de una importante revisión en las Cortes de ToledoNota 1). Así, buena parte de los ingresos ordinarios se orientaron a las rentas de carácter mercantil, lo cual motivó que, en ocasiones, la política exterior de la Monarquía estuviera intensa y directamente vinculada a los intereses mercantiles y comercialesNota 2).

Las normas promulgadas en las Cortes de Toledo convirtieron a la Contaduría Mayor de Cuentas en el órgano encargado de la supervisión de las cuentas y rentas de la Corona. También se produjo una reforma del sistema monetario, la tercera en el reinado de Isabel, ya que en 1475, para evitar la inflación producida por la guerra de Sucesión se habían producido dos reformas para fijar las equivalencias entre la moneda castellana y las monedas italianas y aragonesa, de modo que el florín aragonés equivalía a ciento cuarenta maravedíes castellanos; en Toledo en 1480 se reajustaron estas equivalencias, aunque habría que esperar hasta el año 1497, con la creación en Medina del Campo del excelente de Granada, para asistir al más importante reajuste monetario del reinado, donde se dio al excelente el doble de valor que al ducado aragonésNota 3).

Las Cortes de Toledo aprobaron una fiscalidad extraordinaria en torno a la Hermandad, con la cual pretendían soslayar las imperfecciones del servicio de las Cortes de Madrigal, la resistencia de diversas partes del reino al pago del mismo y las pretensiones de las ciudades representadas en Cortes de controlar la gestión del servicio concedidoNota 4). De hecho, posiblemente, en materia fiscal, para los monarcas revistió más importancia que las propias Cortes de Toledo la junta general de la Hermandad, que tuvo lugar en junio de 1479 en Madrid, donde se aseguraron la independencia financiera de la Corona —a través de los recursos de la Hermandad— y, consecuentemente, la base económica para cubrir los gastos de la guerra de GranadaNota 5).

Las Cortes terminaron el 28 de mayo de 1480, habiendo realizado una de las más amplias reorganizaciones del Estado acometidas nunca por esta institución, ya que "las Cortes de Toledo se ocuparon del gobierno local, con la figura del corregidor; de la simbología real y nobiliaria; de la reorganización de la administración central, en especial, el Consejo Real; del sistema fiscal; de los perdones reales; de la intervención de la Corona en las cuestiones eclesiásticas; y anunció medidas futuras contra los judíos"Nota 6).

Toledo es la génesis de la monarquía moderna, evidenciando los tres rasgos que la articulan: sacralización del poder, en cuyo origen está Dios y que implica como elementos necesarios de su ejercicio la justicia, la paz, el orden y el buen gobierno; el reconocimiento y legitimación de ese poder por la comunidad, es decir, por el reino, representado por las Cortes; y, por último, la conexión de la Corona con los sentimientos profundos de la comunidad a través de proyectos como la conquista de Granada o la guerra del turcoNota 7).

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Nota 1

De lo desesperada que llegó a ser la situación económica de Isabel durante la guerra de Sucesión da idea el hecho de que en 1475 se hiciera necesario fundir lo que quedaba del Tesoro Real en el Alcázar de Segovia, por un montante total de once millones de maravedíes, para poder pagar a los oficiales regios, a los alcaides de las fortalezas y a los capitanes de las Guardas (VALDEÓN BARUQUE, Los conflictos sociales en el reino de Castilla en los siglos XIV y XV, p. 87).

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Nota 2

SUÁREZ FERNÁNDEZ, Los Reyes Católicos, p. 215.

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Nota 3

HERMANN, CH., y LE FLEM, J. P., "Les finances", en HERMANN, CH., (coord.), Le premier âge de l'etat en Espagne (1450-1700). París, 1989, pp. 305, 313-314.

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Nota 4

CARRETERO ZAMORA, J. M., "Cortes, representación política y pacto fiscal (1498-1518)", en CHALLET, V.; GENET, J. P.; RAFAEL OLIVA, H.; VALDEÓN, J., La sociedad política a fines del siglo XV en los reinos ibéricos y en Europa. Valladolid, 2007, p. 138.

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Nota 5

SUÁREZ BILBAO, El origen de un Estado, p. 42.

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Nota 6

NIETO SORIA, "La monarquía castellana en el tránsito del medievo a la modernidad", p. 114. En relación con los judíos, las medidas que se tomaron en las Cortes de Toledo fueron, citando, extra tempore, a Tayllerand, "el comienzo del fin", ya que iniciaron el camino que, de forma inexorable, condujo a la expulsión del año 1492. En sí, las medidas tomadas en 1480 no diferían en exceso de las tomadas en otros momentos; lo que sí difería era la voluntad férrea de los Reyes de hacer que se cumplieran —igual que el resto de la legislación— sin aminoramiento de su carga o significado (CARRETERO ZAMORA, Cortes, Monarquía y ciudades, p.188).

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Nota 7

CARRETERO ZAMORA, Cortes, Monarquía y ciudades, pp. 158-159.

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CAPÍTULO IV: LA GUERRA DE GRANADA

1.- Castilla y el último reino musulmán

El siglo XV en el reino nazarí de Granada fue, al menos, igual de convulso que en sus rivales cristianos. Hubo conflictos internos entre nobleza y monarquía muy parecidos a los de los reinos cristianos, que desembocaron, en el año 1419, en la revuelta de los jinetes de Ibn al Sarray —conocidos entre los castellanos como "los abencerrajes"—, que dieron un golpe militar y expulsaron del trono a Mohammed VIII, sustituyéndole por su nieto, Mohammed IX, apodado el Zurdo. Dado que el rey depuesto no pudo ser eliminado, se abrió un periodo de inestabilidad, en el que linajes diferentes apoyaban a uno u otro aspirante, mientras que Castilla, interesada en mantener la división y la discordia interna, intervenía en apoyo de Mohammed IX, hasta que don Álvaro de Luna, hombre fuerte del gobierno castellano en aquellos años, decidió variar de estrategia y, en vez de apoyar a un candidato con el que se llegaba a un acuerdo, decidió crear, por decirlo de alguna manera, su propio candidato, controlado desde la Corte castellana. Así, con el apoyo de las huestes del rey de Castilla, se convertiría en rey de Granada Yusuf al Mawl, entronizado tras la victoria de La Higueruela el 1 de julio de 1431, hecho de armas que se encuentra recordado en la Sala de Batallas del monasterio de El Escorial.

Con Yusuf en el trono, don Álvaro pecó de ambicioso e impuso el pago de 20.000 doblas anuales como tributo a Castilla; esta paria tuvo el efecto perverso de soliviantar al pueblo granadino contra Yusuf, y permitió que Mohammed el Zurdo le asesinara y recobrara el trono. Castilla no permaneció indiferente, y entre 1432 y 1439 ambos reinos estuvieron en guerra. El desarrollo de las operaciones fue similar a lo que serían los primeros años de la guerra librada, casi medio siglo después, por los Reyes Católicos. Don Álvaro de Luna quería ir paso a paso —quitar uno a uno los granos de la Granada—, y comenzar la guerra con la toma de los ocho castillos fronterizos: Jimena, los dos Huéscar, Benamaurel, Benzalema, Galera y los dos Vélez. En 1439, sin que ninguna de las dos partes hubiera realizado avances significativos, la guerra se detuvo, principalmente por la reanudación de las querellas internas en Castilla.

Una guerra nueva entre granadinos y castellanos se desencadenó a comienzos del reinado de Enrique IV, cuando el pacto para la sucesión del Mohammed IX el Zurdo no fue respetado por los abencerrajes, que trataron de imponer a su propio candidato, Abu Nasr Sa'ad, conocido en Castilla como Ciriza. Pese a que Sa'ad había vivido en la Corte castellana de Juan II, Enrique IV consideró su imposición en el trono como un acto de hostilidad. En la nueva guerra, el monarca castellano basó su estrategia en el desarrollo constante y sistemático de correrías y entradas en territorio musulmán con el objetivo de destruir su entramado económico a través de un continuo desgaste, evitando las batallas en campo abierto o de gran magnitud. Así, entre 1455 y 1457, el rey en persona encabezó siete entradas en el territorio musulmánNota 1), que suponían, por su concepción coordinada y sucesiva, orientada hacia un fin determinado, toda una innovación en el mundo de la guerra granadinaNota 2).

En 1462, por enésima vez, los problemas internos de los reinos cristianos obligaron a la Corona a suspender las acciones contra Granada. En esta ocasión fueron las tensiones con la nobleza en Castilla así como la incierta situación peninsular creada por la rebelión de Cataluña. No obstante, si bien Enrique IV abandonó la guerra, nobles andaluces, como el conde de Arcos o el duque de Medina Sidonia, siguieron con las entradas y ataques utilizando sus propios recursos, nada despreciables. Fruto de esta guerra casi privada fueron éxitos de enorme significación estratégica, como la toma de Antequera o la recuperación de Gibraltar.

En 1464, Muley Hacén, hijo del rey, apoyado, una vez más, por los abencerrajes, derrocó a su padre Sa'ad. El nuevo rey quiso cambiar la política militar y diplomática de Granada, consciente de que las incursiones de los castellanos estaban devastando Granada y conducían, de forma poco menos que inevitable, hacia un colapso económico a medio plazo, ya que el reino nazarí no podía afrontar de forma permanente el nivel de desgaste económico y militar que le imponía el tipo de guerra que desarrollaban los cristianos.

Para afrontar la situación, Muley Hacén quiso reforzar hasta el extremo el poder real y ordenó masacrar a los abencerrajes, que se habían convertido en auténticos "hacedores de reyes" en las décadas precedentes. Muchos de los supervivientes de la matanza huyeron al otro lado de la frontera, encontrando refugio entre los cristianos. Muley Hacén gobernó casi en solitario, sin contar con más persona de confianza que su favorita Zoraya, tan odiada como él mismo por sus enemigosNota 3). La fuerte centralización que impuso permitió a Muley Hacén crear un fuerte ejército, controlado directamente por el monarca y reforzado por voluntarios norteafricanosNota 4). Estas reformas consiguieron invertir el flujo de poder en la frontera, de forma que, hasta 1479, los nazaríes consiguieron detener las incursiones cristianas y recuperar la iniciativa, al menos en el corto plazo, frente a las armas castellanasNota 5).

Conocedores de la guerra civil que se desarrollaba en Castilla, los emires nazaríes siguieron una política agresiva en sus fronteras. Si bien el conde de Cabra consiguió, en 1475, que las treguas se prorrogaran cinco años, esto no fue respetado: el rey de Granada estuvo a punto de ocupar Alcalá la Real en 1476, y en 1477 sus tropas saquearon Cieza, donde dieron muerte a ochenta personas, se llevaron a quinientos cautivos cristianos y a toda la población musulmana del valle de RicoteNota 6). En aquellas fechas, pese a que la guerra de Sucesión empezaba a favorecerles, Isabel y Fernando estaban lejos de poder responder agresivamente a las acciones musulmanas, por lo que los Reyes se vieron obligados a firmar en 1478 una tregua con Granada, cuya duración prevista era de tres años.

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Nota 1

"La organización del ejército castellano en la guerra de Granada", en LADERO QUESADA, M. A., (ed.), La incorporación del reino de Granada a la Corona de Castilla. Granada, 1993, p. 638.

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Nota 2

TORRES FONTES, J., "Dualidad fronteriza: guerra y paz", en SEGURA ARTERO, P., (coord.), Actas del Congreso La frontera oriental nazarí como sujeto histórico (s. XIII-XV). Almería, 1997, p. 65.

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Nota 3

Zoraya había nacido como Isabel de Solís, y había sido capturada por los musulmanes durante una incursión durante el reinado de Enrique IV (LÓPEZ DE COCA, "De la frontera a la guerra final: Granada bajo la casa de Abu Nasr al Sa'd", p. 721). Muchos le culpaban de ser la responsable de la guerra civil granadina, pues el desencadenante de las guerras civiles nazaríes fue el abandono de su legítima mujer por Muley Hacen, para estar con Zoraya. Los hijos de su esposa, Boabdil y Yusuf, temiendo por sus vidas, huyeron de Granada y se refugiaron en Guadix (TORRES DELGADO, C., "El reino nazarí de Granda (s. XIII-XV)", en LADERO QUESADA, M. A., (ed.), La incorporación del reino de Granada a la Corona de Castilla. Granada, 1993, p. 768).

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Nota 4

Se debe tener en cuenta que la granadina era una sociedad en guerra constante, rodeada de enemigos, hasta el punto de que, con frecuencia, sus vecinos norteafricanos se referían al reino de Granada como "la Marca de la guerra santa" (ARIÉ, R., "Sociedad y organización guerrera en la Granada Nas'ri", en LADERO QUESADA, M. A., (ed.), La incorporación del reino de Granada a la Corona de Castilla. Granada, 1993, p. 171).

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Nota 5

En las líneas anteriores hemos seguido, salvo que se explicitase otra cosa, a SUÁREZ FERNÁNDEZ, "Granada en la perspectiva castellana", pp. 3338.

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Nota 6

TORRES FONTES, "Dualidad fronteriza: guerra y paz", p. 68.

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2.- La guerra de Granada

El emir de Granada atacó ZaharaNota 1), propiedad de Fernandarias de Saavedra, uno de los nobles fronterizos más activos en las incursiones contra tierras musulmanas, en el año 1481:

"En este tiempo, el rey Albohacén muy pujante y magnánimo para emprender cualquier empresa, y como fuese un rey animoso y diestro en el arte militar, descontentándose de vivir en paz, fue con sus gentes sobre Zahara, y la tomó y, dejando muy buena guardia, volvió a Granada".

Así lo narraba el cronista Hernando del PulgarNota 2). La respuesta de los Reyes no se hizo esperar, lejos de consentir la política de hechos consumados que parecía impulsar el monarca nazarí, dieron comienzo a un conflicto que iba a ser largo y costoso. No necesitaban más los Reyes para declarar una guerra que había sido decidida mucho antes, en las Cortes de ToledoNota 3). La caída de Zahara no fue un hecho excepcional en la frontera, pero dio a los reyes la ocasión de materializar ideas que llevaban en su mente desde años atrás: desencadenar una campaña que permitiera eliminar del tablero político peninsular al reino de GranadaNota 4).

El primer éxito ofensivo se produjo el 28 de febrero de 1482, cuando Diego de Merlo, asistente de Sevilla, y el marqués de Cádiz, Rodrigo Ponce de León, escalaron con sus hombres las murallas de Alhama y se fortificaron en ella. Esta captura, "fabuloso golpe de audacia"Nota 5), habría de ser uno de los acontecimientos que marcaron la guerra, pues gran parte de la estrategia castellana estuvo determinada por la necesidad de mantener Alhama, al frente de cuya defensa se puso al conde de Tendilla, y aliviar la presión nazarí sobre la plaza y sus complejas vías de avituallamientoNota 6).

Reunidos en Córdoba los consejeros de los Reyes, se decidió cambiar las estrategias seguidas hasta entonces en las guerras contra Granada. Evitando las batallas campales y reduciendo la importancia de las cabalgadas, se pasaría a una estrategia basada en la conquista metódica de las fortalezas enemigas. Este cambio responde al sentido último de la guerra: lograr la conquista definitiva del reino de Granada, no de forzar el pago de tributos o reducir sus límites. Este planteamiento, en sí mismo, suponía una revolución conceptual en la forma de plantear la guerra.

De inmediato, para aliviar la presión granadina sobre Alhama, se lanzaron operaciones contra Setenil y Loja, que terminaron en desastres, perdiendo la vida en Loja, en 1483, el maestre de Calatrava, don Rodrigo Téllez. Esta muerte sirvió de lección a Fernando, que había arriesgado con frecuencia su vida en la primera línea de los combatesNota 7).

Los intereses de los Reyes se vieron favorecidos en julio de 1482 por el estallido de una violenta guerra civil en el propio reino nazarí, enfrentándose por el poder dos clanes nobles, los zegríes que apoyaban a BoabdilNota 8), y los abencerrajes, apoyando a Yusuf, mientras el sultán que acababa de ser depuesto, Muley Hacén, conseguía refugiarse en Málaga, feudo donde gobernaba su hermano, un veterano guerrero al que los cristianos apodaban el ZagalNota 9).

Un nuevo desastre para las armas cristianas ocurrió cuando el marqués de Cádiz, que había entrado en la Axarquía de Ronda, cayó en la emboscada donde perdieron la vida cientos de combatientes cristianos a manos de los hombres del Zagal. Como Boabdil no podía transmitir una imagen de poca belicosidad frente a sus adversarios musulmanes, ayudado por su suegro, Alatar, se dispuso a atacar Lucena. Cuando regresaba de esta expedición, cayeron sobre él las mesnadas cristianas al mando del conde Cabra, respaldadas por el alcaide de los Donceles. En la refriega murió Alatar y, lo que era más importante, se capturó a Boabdil. Se negoció una tregua de dos años, firmada en agosto de 1483, por la cual Boabdil pasaba a ser vasallo de Castilla pagando 12.000 doblas de oro anuales y estando obligado a enviar tropas incluso para luchar contra otras facciones granadinasNota 10). Así, en tregua con la facción de BoabdilNota 11), los ejércitos de Isabel y Fernando pudieron recuperar Zahara el 29 de octubre de 1483. Previamente, en junio de 1483, Fernando dirigió la primera tala sistemática de la Vega; tras tomar Tájara y socorrer Alhama, "el ejército cristiano se desparramó por la Vega, hasta llegar a las puertas mismas de Granada, talando y quemando todo lo que encontró a su paso"Nota 12). Con estas acciones se puso fin a la primera fase de la guerra, que concluía con el reino nazarí dividido en dos facciones enemigas entre sí, de forma que ya no constituía por sí mismo un peligro contra los intereses cristianos.

La reanudación de las hostilidades en el verano de 1484, con la ofensiva castellana cuyo objetivo final era Málaga, marca, según Luis Suárez Fernández, la separación, en la Historia de España, entre la guerra medieval y la guerra moderna, ya que a partir de esta campaña "el valor brillante de los caballeros aparece superado por la poliorcética, la artillería y la intendencia"Nota 13). A fin de asegurar las operaciones sobre Málaga, primero se tomaron Setenil y Álora y, el 8 de mayo de 1485, Fernando en persona cercaba RondaNota 14). El Rey Católico logró, tras durísimos combates, cortar el suministro de agua de la ciudad, lo cual forzó su capitulación el 21 de mayo. Con la caída de Ronda, todo el dispositivo nazarí en el occidente malagueño se desplomó. Fernando siguió lanzando pequeñas operaciones para aumentar el desgaste del Zagal, hasta que en 1486 llegó una nueva ofensiva de gran intensidad contra Loja. La ciudad capituló el 29 de mayo de aquel año, tras nueve días de intensos combates, y aquel mismo año las fuerzas cristianas capturaban la mayor parte de la Vega, privando a Granada de una de sus principales fuentes de aprovisionamiento.

Por fin, tras dos años de maniobras de aproximación, en 1487 se pudo lanzar el ansiado ataque contra Málaga. Pronto brotaron las disensiones dentro de la propia ciudad, donde las jerarquías locales querían entregarse bajo las condiciones ofrecidas por Fernando, idénticas a las de Álora y Ronda, mientras que los voluntarios norteafricanos, los gomeres, que se habían refugiado en Málaga tras la caída de Vélez, querían resistir a ultranzaNota 15). Estos, incapaces de imponer su voluntad a toda la ciudad, se atrincheraron en el castillo de Gibralfaro. Cuando las autoridades, que ya habían rechazado las ofertas de rendición pactada de Fernando, pidieron al rey Católico unas capitulaciones de rendición, Fernando, ante las murallas de la ciudad, el 7 de mayo de aquel año, se negó, afirmando que aquel tiempo ya había pasado y que a Málaga solo le quedaba la rendición incondicional. Las autoridades malagueñas hicieron saber a Fernando que si no se daban capitulaciones de rendición, colgarían de las almenas a los quinientos cristianos que retenían tras los muros, tras lo cual quemarían la ciudad y saldrían a plantar una batalla desesperada al ejército cristiano. Fernando no se dejó intimidar y su respuesta fue taxativa: si un solo cristiano sufría daño, todos los habitantes de Málaga serían pasados a cuchillo cuando la ciudad fuera tomada. Si el rey estaba dispuesto o no a cumplir su amenaza, nunca se sabrá, puesto que los malagueños no ejecutaron a los cristianosNota 16).

Tres meses más tarde, la ciudad fue tomadaNota 17) y sus habitantes declarados buena presa, susceptibles de ser vendidos como esclavos, salvo que pudieran rescatarse a sí mismos pagando algo más de 13.000 maravedíes por personaNota 18).

Entre tanto, Boabdil tomó Granada, dando muerte a los partidarios de El Zagal. En la toma de la ciudad intervino un pequeño grupo de caballeros castellanos que Isabel y Fernando habían enviado para ayudarle, entre los cuales se hallaba un nombre que la Historia iba a guardar en la memoria: Gonzalo Fernández de Córdoba, el futuro Gran Capitán.

La siguiente operación de gran envergadura acometida por las fuerzas cristianas fue el cerco de Baza, una de las más costosas y complejas de toda la guerra, ya que la ciudad era completamente inaccesible por tres de sus lados y el cuarto estaba poderosamente fortificadoNota 19). Empezó el sitio el 20 de junio y terminó el 4 de diciembre de 1489, casi seis meses más tarde. La eficacia artillera y el sistema logístico fueron claves en la victoria castellana, que, no obstante, costó 16.000 bajas a los ejércitos castellanosNota 20). Perdida Baza, el Zagal se avino a firmar un acuerdo con los Reyes, marchando al exilio a tierras de Marruecos, entregando también Almería a Isabel y Fernando, el 22 de diciembre de 1489.

Muy distinto podría haber sido el futuro del reino de Granada, aún en un momento tan avanzado de la guerra. Preocupado por la situación diplomática con Francia, a cuenta de los problemas navarros y de la devolución, siempre eludida por la monarquía gala, del Rosellón y la Cerdeña, Fernando quiso terminar con las operaciones de la guerra de Granada para poder luchar contra Francia. Tras muchas presiones, y en contra de sus deseos, Isabel terminó por acceder. Fernando convocó a las Cortes de Aragón en TarazonaNota 21) para analizar la cuestión francesa y recaudar los fondos necesarios para afrontar la guerra que, según sus propósitos, ratificaría la influencia aragonesa en Navarra y devolvería a Aragón el Rosellón y la Cerdaña. Sin embargo, los procuradores catalanes decidieron no acudir, alegando que era contrafuero que las Cortes se celebraran fuera de Cataluña; y no solo no acudieron, sino que lograron que los valencianos tampoco lo hicieran. “Isabel no salía de su asombro. Que ella estuviese dispuesta a suspender la guerra de Granada y volcar los recursos de su reino en una empresa privativa de la Corona de Aragón y que fueran catalanes, valencianos y aragoneses quienes se oponían le resultaba incomprensible e irritante”Nota 22). Isabel abandonó Tarazona y regresó a Granada, donde las tropas castellanas reanudaron las operaciones de forma casi inmediata. Así pues, en aquel momento quedó fijada la prelación estratégica de la Corona para los próximos años: Granada primero, el Rosellón después y, en tercer lugar, la cuestión NavarraNota 23).

El último capítulo de la Reconquista se abriría en junio de 1491, cuando comenzó a edificarse el campamento de Santa Fe, frente a la capital misma del reino nazaríNota 24). Boabdil decidió pactar con los monarcas cristianos y, el día 25 de noviembre se firmaron unas capitulaciones que fijaban para dos meses después la rendición definitiva de la ciudadNota 25), pero el plazo de entrega fue acortado a instancias del propio Boabdil: el día 3 de enero de 1492, el conde de Tendilla izaba la enseña real de Castilla sobre la torre de la Vela, la más alta de la Alhambra, tomando así posesión del recinto e indicando a los monarcas que podían entrar en la ciudad. Con este acto se ponía punto final a la presencia estatal musulmana en la Península Ibérica. Era el último renglón de una historia que se había escrito a lo largo de setecientos ochenta y un años.

El profesor Ladero Quesada ha sintetizado a la perfección el devenir de los más de diez años de guerra granadina: De 1482 a1484 el eje de la guerra fue la lucha por Alhama, con los intentos musulmanes por retomarla y los ímprobos esfuerzos cristianos por asegurar su defensa y su abastecimiento; fue Alhama lo que determinó las acciones contra Loja y Ronda en aquellos años. En el invierno de 1484-1485 la guerra cambió: los Reyes se dedican de forma constante al conflicto y se desencadena la crisis interna en el reino nazarí, que había comenzado en 1483, pero se aprovechó al máximo, por parte cristiana, en los años posteriores. La guerra, finalmente, se decidió en las campañas de los años 1485, 1486 y 1487, donde los ejércitos de los Reyes Católicos lograron la asfixia económica del reino nazarí, su conquista militar y su división interna, al aliarse con Boabdil, alianza que, al tiempo, hundió su prestigio en el mundo islámico. La campaña del año 1491 no fue sino un epílogo, la ratificación de un proceso que los hechos de los años anteriores habían vuelto inevitableNota 26).

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Nota 1

Zahara había sido tomada por el infante Fernando de Antequera el 30 de septiembre de 1407, y había sido el puesto cristiano más avanzado hasta que los nazaríes lo recuperaron al amanecer del día de los Inocentes de 1481 (TORRES DELGADO, C., "La fortaleza de Zahara de la Sierra: Pérdida y recuperación", en LADERO QUESADA, M. A., (ed.), La incorporación del reino de Granada a la Corona de Castilla. Granada, 1993, pp. 356 y 353). Parece claro que el ataque de Zahara no fue la causa última de la guerra, que había sido decidida por Castilla mucho antes, si bien el ataque turco sobre Otranto había obligado a retrasar el inicio de la guerra (VIGÓN, J., El ejército de los Reyes Católicos. Madrid, 1968, p. 27).

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Nota 2

Citado en BELENGUER I CEBRIÁ, E., El imperio hispánico. 1479-1665. Barcelona, 1995, p. 48.

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Nota 3

SUÁREZ FERNÁNDEZ, Los Reyes Católicos, p. 239. Según este autor, al contemplar la guerra de Granada, podemos interpretarla o bien como un único conflicto separado por periodos de tregua, o bien como cuatro conflictos diferentes y sucesivos, separados por breves paces (p. 229). Nos parece más acertada la primera de las dos posibilidades, ya que parece que los Reyes nunca tuvieron intención de que las sucesivas interrupciones de las operaciones militares fueran definitivas, y para ellos todo formaba un conflicto continuo e indistinto en el que solo se contemplaba un final: la conquista total y definitiva del reino nazarí.

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Nota 4

LADERO QUESADA, Castilla y la conquista del reino de Granada p.19.

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Nota 5

LADERO QUESADA, Castilla y la conquista del reino de Granada, p. 20.

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Nota 6

LADERO QUESADA, M. A., "Castilla a la muerte de Isabel la Católica; Balance del reinado y testamento de la reina", en GONZÁLEZ ALONSO, B., (coord.), Las Cortes y las Leyes de Toro de 1505. Valladolid, 2006, p. 25. Alhama era muy difícil de defender "o incluso indefendible", había que mantener un dispositivo permanente de suministros. El primer auxilio fue enorme, algunas fuentes hablan de 10.000 jinetes y 40.000 peones. Uno de los primeros en llegar fue Medina Sidonia, enemigo mortal del marqués de Cádiz que defendía la plaza, con quién se reconcilio públicamente (PEINADO SANTAELLA, R. G., (ed.), Historia del reino de Granada. Granada, 2000, p. 457). Tendilla hizo colocar a su costa un farol en la torre más alta de Alcalá la Real, de forma que su luz se viera a gran distancia en el interior del territorio musulmán, de tal forma que los cristianos allí cautivos supieran que Alhama aún resistía y pudieran dirigirse hacia aquella luz si lograban fugarse (ALMIRANTE, J., Bosquejo de la historia militar de España hasta el fin del siglo XVIII. Madrid, 1923, p. 257).

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Nota 7

LADERO QUESADA, Castilla y la conquista del reino de Granada, p. 23.

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Nota 8

Como sultán. Boabdil adoptó el nombre de Muhammad XII.

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Nota 9

Este apodo posiblemente derivaba del apelativo árabe "Al Zagal", literalmente, "el Valiente".

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Nota 10

Las tropas castellanas prestaron apoyo a Boabdil en su lucha interna, y esa fue una de las causas del desprestigio en que incurrió ante los granadinos, por haber aceptado ayuda de infieles contra sus propios hermanos de fe (LOMAX, D. W., "Novedad y tradición en la guerra de Granada", en LADERO QUESADA, M. A., (ed.), La incorporación del reino de Granada a la Corona de Castilla. Granada, 1993, p. 239).

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Nota 11

Sobre las relaciones de los monarcas con Boabdil puede verse GASPAR Y REMIRO, M., Últimos pactos y correspondencia íntima entre los Reyes Católicos y Boabdil, Granada, 1910. Esta tregua fue la excepción durante la guerra, ya que Isabel fue intransigente en el tema granadino, negándose a firmar treguas, pues consideraba que cada vez que los cristianos conseguían ventaja, los nazaríes la recuperaban a cambio de dinero durante las treguas (LADERO QUESADA, Castilla y la conquista del reino de Granada, p. 32).

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Nota 12

PEINADO SANTAELLA, Historia del reino de Granada, p. 459.

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Nota 13

Los Reyes Católicos, p. 230.

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Nota 14

La presencia constante de los Reyes en las campañas militares granadinas fue una novedad y mostró el compromiso de los monarcas con llevar a buen término la guerra: "La presencia de los reyes en la Andalucía Bética y en el mismo reino de Granada es lo que distingue estos años de los 130 años anteriores, cuando los reyes apenas visitaban Andalucía y se desinteresaban casi por completo de la guerra fronteriza. La presencia, la dirección de la guerra y la animación personal de las tropas es lo que pesa más, y en eso los Reyes Católicos hacen exactamente lo que habían hecho Alfonso VII, Jaime el Conquistador y, sobre todo, San Fernando, que no salió de Andalucía en los últimos 20 años de su vida" (LOMAX, "Novedad y tradición en la guerra de Granada", pp. 233-234). Puede verificarse esta presencia regia a través de RUMEU DE ARMAS, A., Itinerario de los Reyes Católicos, Madrid, 1974, pp. 101-194; en él se puede comprobar que los monarcas —juntos o por separado— pasaron en el reino de Granada o sus fronteras 76 meses durante los años que duró la guerra, lo cual supone más del 63% de su tiempo.

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Nota 15

Los voluntarios norteafricanos, que solían recibir el nombre árabe de "guzat", de donde deriva la palabra "gomer", fueron introducidos por primera vez en los conflictos granadinos durante el reinado de Mohammed I y, desde entonces, su presencia fue constante en los ejércitos nazaríes. Fue tal el poder que alcanzaron que, en el año 1381, se suprimió el cargo de general de los voluntarios norteafricanos, en un intento de limitar su influencia sobre la política interna granadina (ARIÉ, "Sociedad y organización guerrera en la Granada Nas'ri", pp. 172 y 174). La defensa de Málaga no se enconó solo por la acción de estos voluntarios, a los que dirigía Ahmed Al Tagri —Hamet el Zegrí—, veterano de la batalla de Lopera que ya había participado en la defensa de Ronda, sino que también apoyaron la resistencia a ultranza los renegados cristianos, los elches, y los huidos de Córdoba y Sevilla, donde la Inquisición había comenzado a actuar. El tiempo les dio la razón: los elches fueron quemados o "acañavereados" (PEINADO SANTAELLA, R. G., (ed.), Historia del reino de Granada, p. 464).

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Nota 16

GALÁN SÁNCHEZ, A., "Cristianos y musulmanes en el reino de Granada: Las prácticas de negociación a través de un reexamen de las capitulaciones de la rendición y de la conversión", en FERRER MALLOL, Mª T., MOEGLIN, J. M.; PÉQUIGNOT, S., y SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M., (coords.), Negociar en la Edad Media. Barcelona, 2005, pp. 457-458.

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Nota 17

En la toma de Málaga encontró la muerte el conquense Juan Ortega del Prado, uno de los héroes de la guerra de Granada; experto en actuar en el asalto a las murallas enemigas, fue el primero que puso el pie sobre la muralla durante el asalto a Alhama; repitió la hazaña en Mijas, donde fue herido de gravedad, y logró volver a ser el primer combatiente cristiano en llegar a lo alto de la muralla durante el asalto a Málaga, si bien en esta ocasión su valor le costó la vida (BENITO RUANO, E., "La organización del ejército castellano en la guerra de Granada", p. 642).

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Nota 18

Luis Suárez Fernández ha sugerido que la crueldad de Fernando con Málaga podría explicarse por la frustración que le producía la dilación en concluir la guerra de Granada, que, a ojos del rey, le impedía ocuparse de sus verdaderos intereses: las cuestiones italianas y de la frontera francesa (SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., "La política internacional durante la guerra de Granada", en LADERO QUESADA, M. A., (ed.), La incorporación del reino de Granada a la Corona de Castilla. Granada, 1993, p. 741). Los Reyes tomaron para sí dos tercios de los cautivos, pero donaron el producto de la venta de la mitad de ellos para que se destinara a la redención de cautivos; el tercio restante se entregó a los nobles y capitanes del ejército (ALMIRANTE, J., Bosquejo de la historia militar de España hasta el fin del siglo XVIII. Madrid, 1923, p. 267).

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Nota 19

Al respecto, ver LADERO QUESADA, M. A., Milicia y economía en la guerra de Granada: el cerco de Baza. Valladolid, 1964.

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Nota 20

VIGÓN, J., El ejército de los Reyes Católicos, p. 65.

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Nota 21

Sobre la relación entre la villa de Tarazona y las Cortes aragonesas puede verse RUIZ RODRÍGUEZ. J. I., “Tarazona y las Cortes de Aragón en la Edad Moderna”, en Ius Fugit. Revista Interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos, n° 10-11, 2001-2003.

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Nota 22

SUÁREZ FERNÁNDEZ, Los Reyes Católicos, p. 250.

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Nota 23

SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., Fernando el Católico y Navarra. Madrid, 1985, p. 120.

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Nota 24

La propia construcción del campamento, una verdadera ciudad, fue toda una declaración de intenciones que dejó claro a los sitiados que los sitiadores no levantarían el asedio hasta que la ciudad se rindiera (LOMAX, "Novedad y tradición en la guerra de Granada", p. 236).

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Nota 25

Posiblemente, la razón por la que se fijó este plazo fue dar a Boabdil una cierta coartada moral frente al mundo islámico, que ya dudaba muy seriamente del espíritu de lucha del príncipe nazarí, que había firmado treguas con Isabel y Fernando en varias ocasiones y había desencadenado una guerra entre musulmanes para alcanzar el poder, cuando las fuerzas infieles amenazaban Granada.

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Nota 26

LADERO QUESADA, M. A., Castilla y la conquista del reino de Granada, p. 19.

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CAPÍTULO V: CONSECUENCIAS DE LA GUERRA DE GRANADA

1.- Las Capitulaciones y su aplicación

Durante la guerra de Granada, las rendiciones de las diversas plazas y territorios se habían negociado entre los Reyes Católicos por la parte cristiana, y cada uno de los poderes locales que habían defendido el territorio que se entregaba. Es decir, mientras que había existido unicidad por parte de los cristianos, los granadinos habían presentado una pléyade de interlocutores, consecuencia de la debilidad de su poder central, incapaz de imponer a sus poderes locales unas líneas generales comunes de actuaciónNota 1).

Las capitulaciones del periodo entre 1484 y 1487 se caracterizaban por el reconocimiento de la soberanía de los Reyes Católicos, cláusula indispensable para los monarcas; también se incluían cláusulas militares, consecuencia de ser documentos originados por operaciones militares. Igualmente, recogían el estatuto futuro de la población musulmana y los derechos personales, tanto del común del pueblo como de los notables. Las capitulaciones concedidas en los años 1488 y 1489 fueron benignas, lo cual motivó que se consiguiera la entrega de una gran extensión territorial casi sin lucha.

La ruptura por parte de Boabdil, en 1490, de los acuerdos que había firmado con los Reyes Católicos supuso que aumentara la dureza de las capitulaciones posteriores. La cláusula más afectada, que desapareció de la mayor parte de las capitulaciones posteriores a la ruptura de la tregua, fue la que hacía referencia al derecho de los musulmanes a permanecer en las localidades que se entregaban: Al rendirse Almería, Salobreña, Almuñécar y Guadix, los musulmanes que las poblaban fueron expulsados de sus lugares de residenciaNota 2).

Cuando llegó el momento de negociar las capitulaciones de los últimos territorios controlados por los musulmanes, los asuntos fundamentales fueron la entrega de armas y fortalezas, el mantenimiento del sistema fiscal nazarí —cuyos rendimientos, en adelante, percibirían los Reyes—, el respeto a los bienes muebles e inmuebles de los vencidos, el respeto a la religión musulmana y el derecho a emigrar a territorio musulmán. Su firma tuvo lugar el 25 de noviembre de 1491, y la noche del 1 de enero de 1492, en el salón del trono de la Torre de Comares, Boabdil entregó las llaves de Granada a Gutierre de Cárdenas, comendador mayor de León. Al amanecer se dispararon tres cañonazos desde la Alhambra, señal acordada para que los Reyes hicieran su entrada.

Un incidente diplomático ocurrido en el transcurso de la guerra es relevante para entender por qué los Reyes, que no dudaron en insuflar al conflicto un elemento claramente religioso, consintieron en respetar la religión musulmana una vez rendido el reino nazarí. En cierto momento de la guerra, el soldán de Babilonia —por lo demás, en excelentes relaciones con Fernando e Isabel—, protestó ante el papa, acusando a los Reyes Católicos de haber iniciado una guerra de agresión contra los musulmanes de la Península. Los Reyes defendieron su proceder alegando que los musulmanes habían ocupado aquellas tierras por la fuerza de las armas, y por lo tanto carecían de derecho jurídico a retener sus dominios peninsulares, señalando que los mudéjares que vivían en sus dominios recibían un trato correcto, por lo que no cabía hablar de guerra contra los musulmanes, sino contra un reino musulmánNota 3). Es decir, los Reyes Católicos justifican su guerra basándose en elementos jurídicos, no de carácter religioso, lo cual revela una realidad que los hechos han confirmado una y otra vez, siendo las Capitulaciones de Granada una de las muestras más notorias: por mucho que el elemento religioso estuviera presente en la guerra —y que, posiblemente, fuera el fundamental en el ánimo de Isabel—, los monarcas —en especial Fernando—, nunca perdieron de vista las consideraciones de carácter político y estratégicoNota 4), haciéndolas primar, cuando colisionaron, sobre las religiosas, como muestra la tolerancia que quedó sancionada jurídicamente en las capitulaciones de rendición de GranadaNota 5).

Una de las cuestiones que ha sido sometida a debate es la verdadera naturaleza jurídica de las capitulaciones de rendición de Granada. Hay autores que defienden que está relacionada con los pactos feudales: los musulmanes reconocen la soberanía de los Reyes Católicos, entregan las fortalezas, devuelven los cautivos y se comprometen a seguir pagando los impuestos; y, por otra parte, los Reyes se comprometen a proteger sus personas y bienes, sus creencias, leyes y usos sociales. El carácter contractual del documento parece respaldado por algunos de sus aspectos formales, como el uso reiterado de expresiones como "asiento" o "concierto", figuras jurídicas ambas que denotan un pacto bilateral y no una concesión unilateralNota 6).

Otros autores estiman que las capitulaciones son privilegios concedidos por la Corona, no tratados internacionales, ni convenios con comunidades que aceptan voluntariamente la soberanía. Ello supondría que, como todo privilegio real, las capitulaciones eran revocables. Se ha señalado que así lo contemplaban los propios musulmanes, como lo indicaría que, tras firmar unas capitulaciones con los Reyes Católicos, el Zagal pidiera que fueran refrendadas por el Papa, para tener garantías de que los Reyes no las retirarían unilateralmenteNota 7).

Como es lógico, a través de las capitulaciones los granadinos reconocían la soberanía de los Reyes Católicos sobre el reino de Granada y todos sus habitantes se convertían en súbditos de los monarcas, pero las capitulaciones permitían conservar la religión musulmana a aquellos que lo desearan. Al tiempo, daban un plazo para que aquellos musulmanes que prefirieran emigrar al Magreb lo hicieran de forma gratuita; transcurrido dicho plazo, la tasa que debían abonar aquellos que desearan abandonar Granada era muy alta: tres doblas por cabeza y el diezmo de los bienes que llevaran consigo al salirNota 8). La única excepción la constituía la ciudad de Granada y su alfoz, donde el plazo para la emigración gratuita era de tres años, agotados los cuales quien deseara abandonar la Península había de satisfacer el pago de una sola dobla.

Estas condiciones generales sufrieron modificaciones a través de diversos instrumentos jurídicos, en su mayor parte cédulas reales, como la que el 7 de marzo de 1495 declaraba que los granadinos podían vender sus bienes inmuebles, pero no adquirir otrosNota 9), o la disposición, concedida por el rey a través de una carta al conde de Tendilla, gobernador de Granada, que establecía la exención del pago de derechos de tránsito para los vagabundos y pobres de necesidad de GranadaNota 10).

Las capitulaciones dejaban abierta una vía al retorno, al permitir volver dentro del plazo fijado para la emigración gratuita a quienes no estuvieran contentos en el Norte de África. Sin embargo, los Reyes contemplaron con desagrado estos retornos, entre los que se contó el de una gran parte del personal que había trabajado en la Alhambra al servicio de Boabdil. No obstante, el regreso no fue un fenómeno habitual. Por el contrario, Granada ejerció un efecto llamada sobre los mudéjares castellanos, muchos de los cuales marcharon al Sur para asentarse en tierras del que fuera reino nazarí.

Aún contando a estos mudéjares, la inmensa mayoría de quienes se asentaron en los años posteriores en el reino de Granada fueron cristianos, cuyo número aumentó de forma rápida, hasta el punto de que existen fuentes que hablan de alrededor de diez mil cristianos asentados en el reino en 1494, tan solo dos años después de su conquista. Esto reflejaba el pensamiento de Hernando de Zafra, que creía que el sostenimiento y defensa del reino recién conquistado pasaba por repoblarlo con cristianos, aspirando a la creación de una clase social de campesinos soldados al estilo de los thematoi bizantinosNota 11). Por ello, los vecinos cristianos que se asentaban en el reino de Granada tenían la obligación de estar armados, algo que se repetía constantemente en las instrucciones.

Ante este aumento de la población cristiana, los musulmanes estaban protegidos jurídicamente por el contenido de las capitulaciones, muchas de cuyas cláusulas estaban destinadas a garantizar el respeto a sus costumbres y modos de vida: les eximía del servicio de huéspedes; prohibían la entrada de los cristianos en las mezquitas sin permiso de los alfaquíes; los pleitos mixtos tendrían un juez de cada religión; los granadinos musulmanes tendrían sus propias carnicerías; se concedía que los encargados de controlar las acequias que conducen el agua a la ciudad fueran musulmanes, etc. El artículo 19 de las capitulaciones fijaba tres años de exención de impuestos, ya que solo pagarían el diezmo del pan, el panizo y el ganado. Así, los pagos impositivos de estos años se reducían a los que eran aceptables desde el punto de vista de la ortodoxia islámica. Por el contrario, los cristianos que se asentaron en el reino debían hacer frente a las mismas cargas fiscales que cualquier otro castellano.

Las capitulaciones incluían muchas otras cláusulas. Por ejemplo, no se podía obligar a los granadinos a participar en guerras en contra de su voluntad, y se incluía el pago de una gran cantidad de dinero a Boabdil y su Corte. Para poder satisfacer las cantidades acordadas, los Reyes Católicos se vieron obligados a enajenar gran parte del patrimonio de la Corona: la totalidad de la Alpujarra y gran parte de las tierras de la Vega se perdieron para el patrimonio de los Reyes por esta causaNota 12).

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Nota 1

GALÁN SÁNCHEZ, "Cristianos y musulmanes en el reino de Granada", p. 444.

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Nota 2

LADERO QUESADA, Castilla y la conquista del reino de Granada, pp. 79-84.

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Nota 3

PULGAR, H. de, Crónica de los Reyes Católicos. Granada, 2008, pp. 395398.

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Nota 4

En el reinado de Isabel, el humanismo también jugó un papel en la justificación de la guerra de Granada, al hacer nuevamente presente el ideal de la unificación peninsular relacionado con la Hispania romana y visigoda; por influencia de humanistas como Joan Margarit y Pau, la guerra contra los musulmanes fue también un instrumento para unificar la península y restaurar no tanto un reino visigodo, sino una Hispania romana o prehistórica (TATE, R. B., Ensayos sobre la historiografía peninsular del siglo XV. Madrid, 1970, p. 150).

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Nota 5

Esto no quiere decir que los Reyes no explotaran los factores religiosos y vistieran el conflicto, cuando así convino a sus intereses, con los ropajes de una guerra santa, o que se vieran en la necesidad de justificar determinadas acciones desde un punto de vista religioso. Por ejemplo, dado que Egipto estuvo en guerra con Turquía entre 1490 y 1495, los Reyes auxiliaron al Soldán vendiéndole grano; el auxilio a un infiel fue justificado ante el papa afirmando que los beneficios obtenidos eran invertidos para financiar la guerra de Granada, y que al sostener una guerra entre potencias infieles, en realidad se estaba beneficiando a la Cristiandad (LOMAX, D. W., "Novedad y tradición en la guerra de Granada", p. 256).

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Nota 6

LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, E., "Las capitulaciones y la Granada mudéjar", en LADERO QUESADA, M. A., (ed.), La incorporación del reino de Granada a la Corona de Castilla. Granada, 1993, pp. 264. En las páginas posteriores seguimos este trabajo en sus líneas fundamentales y su documentación, salvo en aquellos casos en que se cite específicamente otra obra.

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Nota 7

LADERO QUESADA, Castilla y la conquista del reino de Granada, p. 72.

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Nota 8

El pago por emigrar era una figura que los monarcas tomaron del derecho valenciano, donde era habitual.

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Nota 9

AGS, Cedulas de Cámara, libro 2°-1, doc. 189.

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Nota 10

AGS, Cedulas de Cámara, libro 2°-2, fol. 288.

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Nota 11

PEINADO SANTAELLA, R. G., (ed.), Historia del reino de Granada, p. 476. Este tipo de figura fue desarrollada con éxito en el imperio otomano, a través de los timariotas, a los que se entregaban tierras a cambio de servir como caballería en las campañas imperiales.

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Nota 12

LADERO QUESADA, Castilla y la conquista del reino de Granada, p. 97.

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2.- Consecuencias militares

Según Miguel Ángel Ladero Quesada, "el ejército de la conquista de Granada fue la última hueste medieval de Castilla"Nota 1).

La presencia de la caballería pesada en los ejércitos peninsulares siempre fue menor que la de sus contemporáneos europeos, pese a que Castilla, en la Baja Edad Media, fue una tierra productora de caballos. Una de las razones era la relativa escasez de batallas campales en los conflictos peninsulares, eventos en los que la caballería pesada podría mostrar plenamente su poder. Esta tendencia se mantuvo durante la guerra de Granada, donde el predominio de la caballería ligera sobre los caballeros fue absoluto, existiendo diez jinetes por cada hombre de armasNota 2). Pero también fue importante en otro sentido: el mantenimiento regular y constante, es decir, permanente, de un núcleo de caballería pesada, financiado por la Corona y al servicio de esta, integrado en las capitanías de las Guardas y de la Hermandad, y que mantuvo un número constante de entre dos mil y dos mil quinientos combatientes durante los años que duró la guerraNota 3).

El acostamiento fue una de las figuras militares que alcanzaron notoriedad durante las campañas militares granadinas. Alrededor de 1.500 hombres de armas y jinetes procedentes de esta institución estuvieron disponibles, en diferentes momentos del conflicto, en los ejércitos de la Monarquía Hispánica, si bien eran más una milicia que una fuerza con verdadera capacidad ofensivaNota 4). Aunque era una institución que, en líneas generales, seguía ya una trayectoria descendente, cuando el reino nazarí se derrumbó finalmente, en la campaña de 1491-1492, los Reyes Católicos concedieron numerosos acostamientos en las tierras recién conquistadas, con la intención de garantizar su defensa en caso de contraataque musulmán, ya fuera procedente del Levante o del Norte de África; esto permitió un repunte de los acostamientos, que en el conjunto del reino de Castilla pasaron de importar siete millones de maravedíes en 1482 a diez millones en 1504. Esto, sin embargo, no hizo sino confirmar su declinar como recurso militar, dado que, incluso con el aumento señalado, situaba el importe en los niveles de 1465Nota 5).

La guerra de Granada supuso un paso adelante en la construcción de ejércitos basados en el reclutamiento voluntario a cambio de una soldada, es decir, ejércitos basados en soldados profesionales. Para atender la demanda de tropas profesionales —los Reyes llegaron a tener a su servicio en la campaña granadina de 1486 a 10.000 peones a sueldo, y esa cifra se repitió desde entonces en cada una de las campañas anuales emprendidas contra los nazaríes—, la Monarquía diseñó modalidades de contratación de soldados que, derivando de la "condotta" italiana, adquirieron una forma propia y particularNota 6).

El hecho de que se pagara un sueldo regular constituía una novedad, ya que hasta entonces, en las guerras contra los musulmanes, los monarcas acostumbraban a pagar tan solo los gastos de desplazamiento, tal y como habían hecho habitualmente con los contingentes aragoneses que habían participado en campañas anterioresNota 7). La necesidad de reclutar voluntarios dio también origen a nuevos medios e incentivos. Así, el gran maestre de Santiago acudió a Cataluña para reclutar tropas con las que combatir en la guerra de Granada y para ello se diseñó el que puede ser el primer cartel de reclutamiento militar de la HistoriaNota 8).

Entre las figuras que derivaban del reclutamiento, se encuentra la de los sustitutos, que abundaban dentro de las milicias concejilesNota 9), donde el sustituto tomaba las armas en lugar de un repartido, a cambio de recibir la soldada que correspondiera al repartido más una cantidad en metálico que le abonaba aquel que así eludía el servicio de las armas. Tampoco fue extraña la figura del homiciano, aquel reo de homicidio —"reo de muerte peleada", en la terminología de la época, que excluía a aquellos que habían matado con premeditación o alevosía, es decir, aquellos que hoy en día serían reos de asesinatoNota 10)— que aceptaba, a cambio de redimir su pena, servir en la guerra de Granada por un periodo de tiempo que oscilaba entre los cuatro meses y un año. Fue especialmente habitual que los homicianos fueran originarios de Asturias y Galicia, donde las guerras de bandos y las secuelas y venganzas derivadas de la guerra Hermandiña seguían causando un incesante goteo de muertes violentasNota 11). El fundamento jurídico de los homicianos era antiguo, pero había tomado forma jurídica en 1333, cuando se dio a Tarifa un privilegio de asilo para con los delincuentes que se refugiaran en ella para prestar servicio de armas y redimir su penaNota 12).

Uno de los aspectos militares que más se ha estudiado sobre la guerra de Granada es el de la artillería. Los castellanos, que ya habían experimentado sus efectos de mano de los portugueses en la batalla de Toro, dedicaron buena parte de sus esfuerzos militares entre 1481 y 1492 al desarrollo de una artillería eficaz con la que acometer las fortificaciones granadinas. También se realizaron intentos de lograr un embrión de artillería de campo —aquella diseñada para emplearse en batalla, no solo durante los asedios—, en los que puede situarse la difusión del uso de la espingarda, pequeña pieza artillera manejada por un solo infanteNota 13). En Setenil, en 1484, la artillería fue capaz de repeler una salida de los sitiadores; en ese mismo asedio, los atacantes elevaron las piezas para que no batieran los muros que protegían la ciudad, sino para que cayeran sobre la ciudad misma, bombardeo que fue suficiente para provocar el desplome de la resistencia y la rendición de la ciudad, amén de que la concentración previa de fuego sobre las torres principales de la defensa hizo que, en solo tres días, se vinieran abajoNota 14).

Desde el año 1485, cuando comenzaron a acometerse los sitios y asedios más duros y difíciles de la guerra, la artillería se convirtió en un arma decisiva para el desarrollo de la guerra, hasta el punto que vino a marcar muchas de las directrices estratégicas y gran parte de los cambios estructurales e institucionales sufridos por los ejércitos de los Reyes Católicos. Así, la enorme cantidad de suministros y de personal no combatiente, encargado de transportar los materiales, las piezas, la munición e incluso de hacer posible dicho transporte adecuando los caminos, trochas y senderos granadinos, estuvo en relación directa con el peso de la artillería como factor esencial en las operaciones de guerra. Lo costoso de la artillería y de sus suministros, con pólvora que se traía del Norte de España y de Portugal, especialistas llegados de Alemania y Francia, y proyectiles de piedra que llevar desde lejos, tuvo un impacto multiplicador en la infraestructura de apoyo logístico. Al necesitar de grandes carros para mover las piezas, fue necesario convertir las sendas de sierra en verdaderos caminos. Por ejemplo, para tomar Cambil y Alhavar, los carros se quedaban a 15 kilómetros, dado lo escarpado del terreno, por lo que hubo de enviarse a seis mil peones para allanar y ampliar el camino, lo cual se logró en tan solo doce días de trabajoNota 15).

No obstante, los esfuerzos merecieron la pena, como demostraron los resultados: En Álora, un bombardeo de un día fue suficiente para convencer a la población de que se rindiera; en Coín, la artillería abrió brecha en el muro, por la que entró la infantería; Ronda cayó tras diez días de bombardeos. En conjunto, gran número de plazas se entregaron por los efectos únicamente de la artillería.

Junto a los aspectos más modernos, como el empleo de forma decisiva de la artillería de pólvora, convivieron en los años de guerra recursos bélicos netamente medievales, como la utilización, por última vez a gran escala, de las tropas de las Órdenes Militares o de las mesnadas nobiliarias. En la participación de la nobleza se pueden distinguir tres modelos: En primer lugar, los nobles de la Corte, próximos a los Reyes, que se comprometen de forma personal con el conflicto, caso de Gutierre de Cárdenas, Enrique Enríquez, el conde de Tendilla o el marqués de Villena. En segundo lugar, la nobleza castellana, que participa obedeciendo al mandato real, pero sin comprometerse demasiado, salvo en los casos en que eran nombrados capitanes generales de la frontera, como ocurrió con Fadrique de Toledo. Y, por último, la nobleza andaluza, que se jugaba sus intereses personales, como los duques de Cádiz y Medina Sidonia, el conde de Cabra, el alcaide de los Donceles, etc...Nota 16).

Las circunstancias anteriores, en su conjunto, señalaron el camino que habrían de seguir los ejércitos castellanos, que cristalizaron tres años después del fin de la guerra de Granada en las tropas que realizaron las campañas de la primera guerra de Nápoles. Al comparar ambos ejércitos, se hace palpable la diferencia institucional entre uno y otro. El ejército moderno se benefició de las experiencias que sus oficiales reunieron en la guerra de Granada, pero en las huestes que acometieron la campaña de Granada apenas hay nada, en cuanto a organización, común con el ejército que sirvió en Nápoles: "En el primero de los casos se trata todavía de un ejército medieval, heterogéneo, inestable, con base en todos los grupos sociales del reino. En el segundo nos hallamos ante un cuerpo expedicionario, profesional, pagado y organizado por la Corona, permanente"Nota 17).

Un aspecto en el que la guerra de Granada entronca con la renovación de las estructuras militares es en el aumento de los efectivos movilizados, relacionado con dos factores: las necesidades de la guerra y la capacidad, cada vez mayor, del Estado —esto es, de la Corona— para movilizar hombres y recursos. Las huestes movilizadas entre los años 1482 y el 1484 estaban compuestas por entre 6.000 y 10.000 jinetes y entre 10.000 y 16.000 peones; la campaña del año 1485, movilizó 11.000 jinetes y 25.000 peones; la gran campaña del año 1486, supuso la puesta en armas de 12.000 combatientes a caballo y alrededor de 40.000 peones; al año siguiente se movilizó una cifra equivalente de jinetes y más de 45.000 soldados de infantería; finalmente, la campaña de 1491 supuso el levantamiento de un ejército de 10.000 jinetes y alrededor de 50.000 peonesNota 18). Estas cifras muestran un continuo crecimiento en el tamaño de los ejércitos levantados por la Monarquía, que, en el curso de siete años —entre 1484 y 1491— llega a casi duplicar el contingente de caballería y, cuando menos, triplicar —y posiblemente, quintuplicar— el tamaño de sus fuerzas de infantería.

El aumento del tamaño del ejército y el hecho de que parte del mismo se mantuviera en los periodos de calma entre campañas, trajo consigo otra novedad: la planificación cuidadosa de cada campaña anual, en pos de objetivos concretos dentro un plan de acción predeterminado y estructurado en la previsión de campañas sucesivas. Un ejército de cincuenta mil hombres no puede ya desplazarse de forma improvisada, en busca de objetivos de oportunidad; su mantenimiento de un año a otro hace también posible la planificación a largo plazo, inviable con los recursos que facilitaban las maquinarias militares medievalesNota 19).

El punto de inflexión, a nivel de planteamiento y estructura lo constituyó la campaña de 1487. Málaga cambió la naturaleza de la guerra tal y como se había desarrollado hasta entonces, al ser un puerto bien fortificado y artillado. No fue una campaña corta, que se adaptaba para no alterar los ciclos de la vida del Guadalquivir, sino que la duración de la campaña provocó una crisis económica en el Guadalquivir, ya que por las circunstancias defensivas de Málaga era implanteable resolverla en poco tiempo, y tampoco era posible, una vez comenzada, interrumpirla para reanudarla al año siguiente. Así pues, Málaga supuso el fin de la guerra estacional: ya no será la guerra lo que deba adaptarse a los ritmos sociales y económicos, sino que será la vida económica del reino la que se adapte a las necesidades bélicas.

La duración de la campaña hizo que la Corona tuviera que implementar un sistema de pago a las tropas capaz de funcionar durante un periodo de tiempo amplio, y de igual forma fue necesario establecer un servicio de avituallamiento mayor que cualquiera de los desarrollados hasta entonces. Tanto los éxitos de aquella campaña como sus errores fueron fundamentales para la evolución del fenómeno militar en los años posteriores: los éxitos, porque demostraron que la Corona era capaz de movilizar enormes recursos durante periodos prolongados; los fracasos, porque de las lecciones que se extrajeron de ellos posibilitaron las operaciones posteriores en asedios extremadamente complejos: "Málaga fue una lección que estuvo a punto de costar el primer gran fracaso, si los malagueños hubieran tenido reservas de víveres suficientes para llegar al otoño; fue también la experiencia que hizo posible el planteamiento acertado de los asedios en Baza y Granada"Nota 20).

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Nota 1

LADERO QUESADA, M. A., "Ejército, logística y financiación en la guerra de Granada", en LADERO QUESADA, M. A., (ed.), La incorporación del reino de Granada a la Corona de Castilla. Granada, 1993, p. 676.

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Nota 2

MACKAY, A., Spain in the Middle Ages. From Frontier to Empire, 1000-1500. Londres, 1977, p. 149. LADERO QUESADA, M. A., "The military resources of the kings of Castile around 1500", en HOPPENBROUWERS, P., JANSEN, A., y STEIN, R., Power and persuasion. Turnhout, 2010, p. 168.

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Nota 3

LADERO QUESADA, M. A., "Ejército, logística y financiación en la guerra de Granada", en LADERO QUESADA, M. A., (ed.), La incorporación del reino de Granada a la Corona de Castilla. Granada, 1993, p. 679.

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Nota 4

LADERO QUESADA, "Ejército, logística y financiación en la guerra de Granada", p. 680.

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Nota 5

LADERO QUESADA, "La organización militar de la Corona de Castilla durante los siglos XIV y XV", p. 210.

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Nota 6

LADERO QUESADA., "La organización militar de la Corona de Castilla durante los siglos XIV y XV", p. 218.

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Nota 7

LOMAX, "Novedad y tradición en la guerra de Granada", p. 274.

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Nota 8

Esta cuestión es analizada en LOMAX, D. W., "A medieval recruiting-poster", en Estudis histories i documents del sarxius de protocols, n° 8, 1990.

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Nota 9

En el caso de las milicias enviadas por los concejos, estos tenían que cubrir los gastos de desplazamiento de los hombres hasta la zona de operaciones y adelantarles entre diez días y un mes de su salario (BENITO RUANO, E., "La organización del ejército castellano en la guerra de Granada", p. 647).

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Nota 10

Por ejemplo un caballero de Medina del Campo, Alvar Yáñez, asesinó a un notario para encubrir una estafa de la que ambos habían sido partícipes; descubierto el crimen ofreció 40.000 doblas de oro para la guerra de Granada si se le indultaba, equivalente a la contribución judía de tres años, pero la reina se negó y fue ejecutado. Sus propiedades pasaron a los hijos de la víctima (SUAREZ FERNÁNDEZ, Los Reyes Católicos, p. 129). La crueldad en la aplicación de la justicia no era un rasgo habitual en Isabel: La sentencia contra el payés que intentó asesinar a Fernando en 1492 fue ocultada a Isabel hasta que fue llevada a cabo, por temor a que la reina la conmutara.

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Nota 11

BENITO RUANO, "La organización del ejército castellano en la guerra de Granada", p. 646.

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Nota 12

LADERO QUESADA, Castilla y la conquista del reino de Granada, pp. 141-142. En numerosas ocasiones, los reyes ingleses auspiciaron que el servicio militar pudiera ofrecer redención de penas. En ese sentido, las campañas realizadas por Eduardo III en el continente son un ejemplo claro de la iniciativa, pues se llegaron a expedir hasta 1.800 perdones por servir en el sitio de Calais (1347), y si también se contabiliza la campaña iniciada en Normandía un año antes, caracterizada por la victoria de Crécy, la cifra ascendería hasta los varios miles. Casi las tres cuartas partes de estas absoluciones correspondían a asesinos, incluso en el caso de criminales reincidentes, como Robert White, a quien se le conmutaron diversos homicidios, felonías, robos, violaciones y allanamientos por servir en el asedio a Calais. No todos los casos serían tan extremos, ya que la expedición de dispensas legales también supondría un aliciente apetecible para que la gente participase en las campañas de la monarquía angevina, como Sir Thomas Beckering, a quien se le perdonó su irregular actuación como sheriff y proveedor de Nottinghamshire y Derbyshire. Solo Inglaterra aplicó este tipo de perdones de forma sistemática (ARIAS GUILLÉN, Guerra y fortalecimiento del poder regio en Castilla. El reinado de Alfonso XI, pp. 526-527)

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Nota 13

LADERO QUESADA, "La organización militar de la Corona de Castilla durante los siglos XIV y XV", p. 221.

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Nota 14

LOMAX, "Novedad y tradición en la guerra de Granada", p. 244.

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Nota 15

Uno de los campos en los que más se desarrolló la infraestructura logística del ejército en este periodo y en los años posteriores fue el de la sanidad; un estudio de la evolución de estos servicios en los años posteriores en CAMPOS DÍEZ, Mª. S., “Sanidad militar en la Edad Moderna”, en MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., (coords.), De las Navas de Tolosa a la Constitución de Cádiz: el ejército y la guerra en la construcción del Estado. Madrid, 2012.

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Nota 16

LADERO QUESADA, "Ejército, logística y financiación en la guerra de Granada", p. 681. Hasta las campañas del año 1485, Peinado sostiene que la guerra había quedado en manos fundamentalmente de los nobles andaluces, si bien coordinados y apoyados por los Reyes (PEINADO SANTAELLA, Historia del reino de Granada, p. 460).

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Nota 17

LADERO QUESADA, "Ejército, logística y financiación en la guerra de Granada", p. 676.

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Nota 18

LADERO QUESADA, "Ejército, logística y financiación en la guerra de Granada", p. 692.

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Nota 19

LADERO QUESADA, Castilla y la conquista del reino de Granada. Granada, p. 15.

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Nota 20

LADERO QUESADA, Castilla y la conquista del reino de Granada, p.

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3.- La influencia en la política de la Monarquía

Un conflicto que, con sus treguas, duró diez años, no podía dejar de tener una enorme influencia en el conjunto de la política de la Monarquía, más aún cuando sus propósitos entroncaban con los ideales que impregnaban el reinado de Isabel y Fernando. Durante más de un decenio, entre 1480 y 1492, la política exterior de la Monarquía quedó supeditada a los acontecimientos de la guerra granadina.

Así, en 1482, cuando se desató en suelo italiano la crisis conocida como guerra de Ferrara, la diplomacia de los Reyes Católicos trabajó duramente a fin de contener la extensión de un problema que amenazaba con convertirse en un conflicto bélico de gran magnitud. La diplomacia peninsular se puso al servicio de los intereses de Ferrante de Nápoles, logrando impedir que se formara en su contra una coalición, tal y como pretendía Venecia y respaldaba el papado. La razón última de la intervención de Isabel y Fernando fue evitar un conflicto de importancia que diera a Francia ocasión o excusa para intervenir en los asuntos italianos, en un momento en que los Reyes tenían las manos atadas: en Granada, el desastre de la Axarquía había dejado a las huestes castellanas en una situación militar que distaba de ser idónea.

Los embajadores de Fernando, presionaron con fuerza a Venecia, amenazando con suspender el comercio entre la Península y la Serenísima República, medida que sería completada con la expulsión de los venecianos de las posesiones insulares de la Corona de Aragón: Sicilia, Cerdeña y Mallorca. La paz y el orden en Italia volvieron a consolidarse el 7 de agosto de 1484, cuando Milán y Venecia firmaron la paz de BagnoloNota 1).

Los Reyes también supieron utilizar con habilidad la baza diplomática que, frente al papado, les daba la guerra granadina, conceptuada como una cruzada contra los infieles y en defensa de la unidad religiosa en la Península. Este argumento fue utilizado con frecuencia durante los años de la guerra para obtener del papa concesiones políticas. Uno de los mejores ejemplos fue la embajada romana del conde de Tendilla.

En 1485, se inició en Aquila una revuelta a gran escala de los barones angevinos contra el rey Ferrante de Nápoles, apoyados por el nuevo papa, Inocencio VIII. Esto venía a producirse en un momento pésimo para la diplomacia romana de los Reyes, ya que quien fuera su factótum durante largos años, el cardenal Margarit, había muerto poco antes, de forma que los monarcas carecían de un enviado personal ante el papa. Se consideró adecuado paliar esta carencia, para lo cual se designó a don Íñigo López de Mendoza, conde de Tendilla, que se había convertido en uno de los principales héroes de la guerra de Granada, en su condición de alcaide y defensor de Alhama, la plaza que tan principal papel jugó en la guerraNota 2). Tendilla, además, no carecía de conocimientos sobre Italia, ya que, siendo joven, había acompañado a su padre en una misión diplomática en Florencia y Mantua.

El conde partió con una triple misión: convencer a Inocencio VIII de que retirara su apoyo a los rebeldes napolitanos, fortaleciendo de nuevo la posición de Ferrante; en segundo lugar, Tendilla debía presentar al papa varias solicitudes para que el Sumo Pontífice autorizara a los Reyes Católicos a intervenir en una variada gama de asuntos eclesiásticos; en tercer lugar, la embajada de Tendilla debía cumplimentar una formalidad que los Reyes Católicos habían demorado intencionadamente, prestando al nuevo papa la obediencia de los reyes cristianos a los que representaba.

El conde recibió sus instrucciones firmadas por los Reyes en Alcalá de Henares el 20 de enero de 1486, el mismo día que los monarcas recibían por vez primera a un marinero de oscuros orígenes llamado Cristóbal Colón, y don Íñigo partió hacia Roma, con el difícil propósito de apagar una potencial crisis en el Sur de Italia y de restablecer la influencia española en la Corte de Roma. Su misión fue un éxito: el papel de cruzados y de defensores de la fe que la guerra de Granada daba a los Reyes Católicos allanó muchos obstáculos, y el hecho de que fueran unos de los pocos soberanos cristianos —junto con los de Hungría—, que se estaban enfrentando activa y exitosamente con la expansión musulmana hacia Occidente, hacía que, incluso un papa que no destacaba precisamente por ser favorable, encontrara difícil negarles sus peticiones, dentro de unos márgenes razonables.

La situación de Nápoles se tranquilizó, si bien Ferrante no respetó la palabra dada por Tendilla de perdonar la vida de los rebeldesNota 3). El papa, en atención a los esfuerzos en pro de la fe realizados por los reyes de Castilla y Aragón, firmó las concesiones que le presentaba Tendilla a favor de diversas prerrogativas relacionadas con el derecho de los Reyes a intervenir en cuestiones de la Iglesia en sus dominios. Como señala Ochoa Brun, las concesiones obtenidas con Tendilla agitando el ideal granadino de cruzada, en 1486, son la raíz de las concesiones posteriores que acabaron entregando el Patronato Regio pleno a los sucesores de Isabel y FernandoNota 4).

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Nota 1

OCHOA BRUN, Historia de la diplomacia española, vol. IV, pp. 90-91.

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Nota 2

Una monografía sobre él en SZMOLKA CLARES, J., El Conde de Tendilla, primer capitán general de Granada. Granada, 1982.

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Nota 3

El incumplimiento de su palabra por Ferrante, provocando que las garantías de vida dadas por los enviados de los Reyes fueran quebradas, hizo que Isabel y Fernando suspendieran las negociaciones para la posible boda entre el hijo de Ferrante y una de las hijas de los Reyes Católicos (SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., "La política internacional durante la guerra de Granada", en LADERO QUESADA, M. A., (ed.), La incorporación del reino de Granada a la Corona de Castilla. Granada, 1993, p. 740).

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Nota 4

OCHOA BRUN, Historia de la diplomacia española, vol. IV, pp. 99-104.

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4.- La administración del nuevo reino

De inmediato, los Reyes establecieron un sistema administrativo que descansaba en tres de las personalidades más destacadas y relevantes de su reinoNota 1): el conde de Tendilla, que, como capitán general de la Alhambra, habría de encargarse de la defensa; fray Hernando de Talavera, hasta entonces confesor de Isabel y nombrado arzobispo de Granada; y, finalmente, Hernando de Zafra, personaje clave de la administración de la Corona al que se le encomendó la puesta en funcionamiento de la burocracia civil de Granada, como parte integrada en la Corona de CastillaNota 2). Zafra, Talavera y Tendilla se apreciaron e incluso fueron amigos, hasta el punto de que Zafra quiso que Talavera fuera su testamentario y el conde de Tendilla organizó el matrimonio de una de sus sobrinas políticas, Guiomar de Acuña, con Pedro, hermano de Zafra.

Hernando de Zafra había destacado en los años de la guerra contra el reino nazarí. En 1488, año en el que se convirtió en secretario de los Reyes, Hernando era el responsable de la organización de las plazas que iban siendo ganadas, encargándose de todo cuanto tuviera que ver con sus suministros, guarnición, seguridad y reparaciones. Tras la caída de Baza, Zafra fue uno de los enviados de los Reyes que participaron en la negociación de la rendición de Almuñécar y, en 1491, fue pieza clave en la negociación de las capitulaciones de GranadaNota 3).

Una vez entregada Granada, una de las primeras misiones que se encargó a Zafra fue el averiguar cuántas armas y cuántos talleres de armeros existían en la ciudad, con vistas a garantizar la seguridad ante cualquier posible sublevación. El 31 de enero del 92 Calderón y Zafra llegaron a un acuerdo con Muhammed al Baqanni para entregar a la ciudad trigo a cambio de la entrega de las armas en un plazo máximo de seis díasNota 4); concediéndose que los musulmanes retuvieran los puñales cortos, por ser estas armas usadas habitualmente en las labores del campo. Los Reyes respaldaron esta medida a través de una cédula de 6 de febrero. Sin embargo, la entrega de armas distó de ser completa, toda vez que no existía un inventario previo ni disponían las autoridades de medios para comprobar que se hubieran entregado todas. Por ello, no es de extrañar que se produjeran hallazgos como el descubrimiento, en junio de 1494, de armas suficientes para 400 hombres en una casa de la capital granadina.

Como en tantos otros momentos de la Historia, los problemas comenzaron a agudizarse por razones económicas. En 1495, los Reyes impusieron un servicio especial obligatorio para todos los mudéjares de Granada, al tiempo que aprobaban otro idéntico para los mudéjares de Castilla, con el fin de financiar los gastos de la primera guerra de NápolesNota 5). Los Reyes informaron a Talavera, a través de una carta fechada el 5 de noviembre de 1495, de que se pretendía recaudar a través del servicio la cantidad de 7.200.000 maravedíes, ordenando que se produjera una reunión entre Talavera, Tendilla y Calderón para estimar si el servicio, tal y como se había concebido en la Corte, era viable sobre el terreno.

Talavera se opuso al servicio, proponiendo que, en su lugar, se estableciera una tasa de un real sobre cada arroba de lino, libra de seda y quintal de pasas que saliera de los puertos granadinosNota 6). Esto no fue visto con buenos ojos en la Corte, pero, dado que el cobro del servicio se retrasó, hubo de aceptarse el pago en seda. Con todo, los cobros no dieron comienzo hasta el verano de 1497, y fueron tantas y tan intensas las quejas de los mudéjares que los Reyes ordenaron moderar el servicio, ampliando el plazo para su pago.

A medida que la población cristiana iba aumentando, las medidas para separar a ambas comunidades fueron en aumento. En la primavera de 1498, Talavera publicó, siguiendo órdenes reales, la prohibición de vender vino a los musulmanes, así como de que los cristianos compraran aves degolladas en sus carnicerías, visitasen baños moros o que las parteras musulmanas atendieran a mujeres cristianas. El propio fray Hernando remitió a los monarcas, en ese año 1498, un memorial de Talavera que contenía una larga serie de medidas a adoptar, previo acuerdo con al Baqanni: expulsión de los musulmanes que no eran originarios de Granada, en especial los que disponían de viviendas en la Vega, la parte más fértil del reino; concentración de los musulmanes de la ciudad de Granada en el barrio del Albaicín; escoger a quinientos mercaderes y artesanos musulmanes para asentarles en las zonas de Bibarrambla y Bivalmazda, separándoles del resto de la comunidad islámica y pudiendo controlarles como rehenes, en caso de ser necesario.

Con el paso de los años, los monarcas trataron de extender la mayor parte de las instituciones de su Corona al reino de Granada. En el año 1500 se dieron órdenes para que la Chancillería de Ciudad Real pasara a Granada, cosa que no ocurriría en la práctica hasta el año 1505. La Inquisición también comenzó a hacer sentir su presencia sobre Granada, aunque no tuvo un tribunal propio, sino que se hizo depender el territorio del antiguo reino nazarí del tribunal de CórdobaNota 7). Esta decisión, probablemente tomada con el ánimo de hacer una concesión a los granadinos, acabó siendo desastrosa para la ciudad, ya que al frente de la Inquisición de Córdoba se encontraba Lucero, el más sanguinario de cuantos recibieron la dignidad de inquisidor. Muerta la reina, la Inquisición cordobesa desató sobre Granada una de las más terribles persecuciones religiosas realizadas por el Santo Oficio a lo largo de su existenciaNota 8).

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Nota 1

El cuarto miembro de este sistema de gobierno fue Andrés Calderón, antiguo alcalde de la Casa y Corte de los Reyes, que quedó al frente de la administración de justicia.

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Nota 2

En su juventud, Zafra se había visto envuelto en un extraño incidente en 1481, cuando dio muerte al hijo de un mercader, Fernando de Salamanca, arrojándole por una escalera y luego dándole con un palo en la cabeza. Los Reyes dieron el perdón a Zafra (LADERO QUESADA, M. A., Hernando de Zafra. Secretario de los Reyes Católicos. Madrid, 2005, p. 19).

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Nota 3

LADERO QUESADA, Hernando de Zafra, pp. 27-28.

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Nota 4

La medida hubo de consensuarse, porque las capitulaciones de Granada establecían que los musulmanes podían conservar todas sus armas, a excepción de las de pólvora, así como sus caballos, considerados habitualmente, en la época, un útil bélico (LADERO QUESADA, Castilla y la conquista del reino de Granada, p. 90).

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Nota 5

Este conflicto se analizará en detalle en un capítulo posterior.

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Nota 6

AGS, Cédulas de Cámara, libro 2°-2, fol. 170.

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Nota 7

Ya había extendido su área de acción a la Corona de Aragón, como ilustra LAHOZ FINESTRES, J. Mª., “Una relación de autos de fe celebrados en Aragón entre 1485 y 1487”, en Revista de la Inquisición (Intolerancia y Derechos Humanos), n°. 15, 2011.

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Nota 8

SZMOLKA CLARES, J., "Estudio preliminar", en MENDOZA, I. de, Epistolario del conde de Tendilla (1504-1506). Granada, 1996, p. LXXXVII.

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5.- La repoblación y el proceso de conversión

La repoblación del reino de Granada distó mucho de ser un proceso uniforme. Por el contrario, el asentamiento de cristianos se concentró en el obispado de Málaga, que recibió casi la mitad de los repobladores y donde, de forma excepcional, una ordenanza del año 1497 dejó la defensa costera y el mantenimiento de las fortificaciones exclusivamente en manos de los pobladores cristianos. Por el contrario, donde menos cristianos se asentaron fue en las tierras de Almería, menos del 10% del total.

En conjunto, la repoblación fue intensa a lo largo de la espina dorsal del reino: Ronda, Alhama, Loja, Guadix, Baza, Marbella, Málaga, Vélez-Málaga y Almería, con la excepción de Granada, que siguió siendo mayoritariamente musulmana. Respondía a la política de ocupación de los núcleos urbanos, relegando a los musulmanes al campo. En parte lo explican razones militares: los núcleos conquistados tras asedio en las campañas de 1484 al 87 debieron ser abandonados por sus pobladores, mientras que Alhama era cristiana desde l482, y ese mismo año se había empezado a repoblar. A partir de 1488 y 1489, las capitulaciones solían recoger el derecho de los musulmanes a permanecer en las villas, en virtud de los acuerdos firmados con Boabdil, pero cuando este reanudó la guerra, los acuerdos fueron letra muerta y los musulmanes debieron evacuar Baza, Guadix, Almería, Almuñécar y Salobreña.

El repartimiento de tierras siguió básicamente los mismos esquemas que se habían seguido antes en las tierras del Guadalquivir. Se hacían cuatro lotes de tierra: uno iba para los repobladores, que debían residir diez años para acceder a la propiedad definitiva; otro era para los Reyes, que lo distribuían para premiar servicios, pagar deudas, etc; el tercero de los lotes se destinaba al patrimonio de la Iglesia y el cuarto, al patrimonio del concejo. El tamaño de la tierra, que en muchos casos se entregó a soldados que habían participado en la guerra, variaba en función del papel desempeñado en esta: por regla general, las tierras dadas a caballeros y escuderos de las guardas eran hasta tres veces más grandes que las que se daban a los peonesNota 1).

En Granada, el poder en las comunidades era de los alfaquíes, pero los Reyes nombraron un nuevo funcionario, el alguacil, básicamente un recaudador de impuestos. El hecho de que estuviera nombrado directamente por los Reyes y que fuera elegido casi siempre entre las familias más ricas y poderosas del lugar reforzó la integración de las élites, siendo los alguaciles una mezcla de receptor de impuestos y de intermediario entre la comunidad mudéjar y los castellanos, respondiendo al mismo patrón que el alamín en las aljamas de Valencia.

Aunque no se tratara de un aspecto directamente relacionado con la administración del reino, la política religiosa jugó un papel clave en la vida granadina. Fray Hernando de Talavera había recibido de la reina la comisión de lograr la conversión al cristianismo de los granadinos. En principio, estas conversiones debían de producirse de forma voluntaria, ya que las capitulaciones garantizaban el respeto a la religión musulmana para quien siguiera abrazándola. Las conversiones voluntarias fueron reducidas, y casi todas se produjeron en los últimos compases de la guerra o inmediatamente después de la caída de Granada.

Para su labor, Talavera buscó inspiración en el ejemplo de Raimundo de Peñafort durante el proceso de conversión de los moriscos valencianos, además de en las teorías pacifistas de Juan de Segovia. Siguiendo a este autor, fray Hernando planteó un proceso en tres fases: paz con los musulmanes, convivencia con los musulmanes y, finalmente, discusión de las doctrinas, buscando los puntos que unen y no los que separanNota 2). Sin embargo, y pese a la indudable buena fe del prelado, su éxito fue reducido, lo cual desagradó profundamente a los Reyes, que visitaron la ciudad en el verano de 1499. Desde ese momento, la política de conversiones voluntarias y pausadas de Talavera empezó a ser puesta en entredicho y las circunstancias fueron arrinconándola a favor de interpretaciones más radicales. El 7 de septiembre de 1499, Granada quedaba bajo la autoridad del tribunal inquisitorial de Córdoba, a cuyo frente se encontraba Lucero, que pronto se convirtió en enemigo mortal de Talavera, que, en su calidad de arzobispo de Granada, hizo todo lo posible por obstaculizar las intervenciones del Santo Oficio en su diócesisNota 3).

A mediados de octubre de 1499, los Reyes tomaron una decisión que resultaría determinante para el futuro religioso y político del reino de Granada: enviaron a esta ciudad a Cisneros, por aquel entonces confesor de Isabel e Inquisidor GeneralNota 4), lo cual supuso un giro copernicano en la política de conversiones, al imponer las conversiones forzosas y crear una situación de descontento que cristalizaría en las revueltas posterioresNota 5).

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Nota 1

PEINADO SANTAELLA, Historia del reino de Granada, p. 324.

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Nota 2

Al respecto, ver CABANELAS, D., Juan de Segovia y el problema islámico. Madrid, 1952, p. 118.

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Nota 3

Desde 1498 actuaban inquisidores en Granada, pero su actividad no era excesivamente relevante —en parte, por el obstruccionismo reiterado de Talavera—, y estaba centrada en los judeoconversos, no en las conversiones musulmanas.

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Nota 4

Sobre la figura del Inquisidor General son imprescindibles los estudios del profesor Eduardo Galván Rodríguez, entre los que cabe destacar: El Inquisidor General. Madrid, 2011; “Las vacantes de Inquisidor General”, en Revista de la Inquisición (Intolerancia y Derechos Humanos), n° 14, 2010; “El Inquisidor General y los gastos de la guerra”, en MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., De las Navas de Tolosa a la Constitución de Cádiz: el ejército y la guerra en la construcción del Estado. Madrid, 2012; “El Inquisidor General y la Constitución de Cádiz”, en Anuario Mexicano de Historia del Derecho, n° 22, 2010.

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Nota 5

Por lo general, se han planteado los sucesos relativos a la conversión de Granada partiendo de la dicotomía suscitada entre un fray Hernando tolerante y un Cisneros intransigente (esta posición común, en la historiografía, la seguimos en MARTÍNEZ PEÑAS, L., El confesor del rey en el Antiguo Régimen. Madrid, 2007). Sin embargo, aun sin compartirlo, merece la pena reflexionar sobre el planteamiento que muestra el profesor López de Coca: "Tanto fray Hernando como el cardenal-arzobispo de Toledo no pueden ser calificados como tolerantes. La diferencia entre uno y otro se encontraba en los métodos empleados, pero su intención última coincidía, pues ambos pretendían erradicar el Islam de tierra granadina" (LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, "Las capitulaciones y la Granada mudéjar", p. 305).

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6.- La nueva frontera con el Islam: África

Con la rendición del reino nazarí, "el Norte de África no era ya una zona remota y ajena. La conquista de Granada la había aproximado a España. Y era también zona prometedora de expansión", ha señalado con acierto Ochoa BrunNota 1).

La incorporación de Granada a Castilla supuso una modificación de las condiciones de seguridad. Al incorporarse Granada a un reino cristiano, la frontera con el mundo islámico quedó desplazada al otro lado del mar. Por decirlo de alguna manera, el Norte de África surgió como frontera para una amplia parte del litoral peninsular, hasta entonces resguardada geográficamente por la entidad estatal granadina. Un tramo extenso de costa, ahora bajo dominio cristiano, quedó expuesto e indefenso, a los ataques de los corsarios norteafricanos. Esta nueva frontera exterior agravó el problema potencial de seguridad que suponía el que la población de Granada, en virtud de las capitulaciones, mantuviera su religión musulmana aún siendo súbditos castellanos.

Así pues, el desenlace de la guerra granadina vino a alterar sustancialmente el papel que jugaba África en la economía y la política defensiva de la monarquía de los Reyes Católicos.

La caída de Granada fue un estímulo para el comercio castellano. Con la conquista de enclaves como Málaga, Almería o Almuñécar quedaban abiertos para el comercio cristiano algunos de los mejores y más capaces puertos del litoral peninsular. Toda una serie de mercancías que hasta aquel momento habían llegado a los reinos cristianos a través del comercio con el reino nazarí ahora podían de ser adquiridas directamente por los comerciantes castellanos, andaluces o aragoneses, en sus mercados originarios, en su mayor parte, africanos. El caso más palmario era el del oro: la práctica totalidad del que ingresaba en Castilla procedía del reino musulmán de Granada. A partir de 1492, la Corona tuvo que adquirirlo en los mercados africanos, al haber desaparecido el eslabón nazarí. Por ello, la presencia de naves, comerciantes e intereses peninsulares en África se multiplicó en los años que siguieron a la rendición de la Alhambra.

La caída de Granada trajo consigo que la frontera entre el Islam y la Cristiandad pasara de ser una frontera terrestre a ser una frontera marítima. No es casual que los primeros ataques corsarios en las costas de lo que fuera el reino nazarí se verificaran en el año 1490, cuando gran parte de la costa ya estaba en manos cristianasNota 2).

Consciente de las amenazas que ser cernían sobre sus costas —aunque quizá no fueron capaces de anticipar la escala que alcanzaría la amenaza berberisca en las décadas venideras—, los monarcas diseñaron un sistema de defensa costera muy completo para el reino de GranadaNota 3). Ello era necesario puesto que las tácticas berberiscas eran difícilmente contrarrestables en aquel momento con los medios técnicos disponibles para los Reyes. Por ejemplo, los berberiscos realizaban la mayor parte de sus ataques en invierno, cuando el mal tiempo obligaba a las galeras a permanecer en puerto, pero las fustas corsarias, más rápidas, podían aprovechar los intervalos de calma o buen tiempo para salvar la distancia con las costas granadinas y regresar a sus propios puertos antes de que aparecieran las galeras hispánicas o se reanudara el mal tiempoNota 4).

El gran problema del sistema de defensa fijo derivaba de su propia calidad: lo oneroso de su mantenimiento, que hizo necesario crear un impuesto nuevo para costearlo. Este impuesto, la farda de la mar, suponía que cada varón morisco tenía que pagar tres reales al año para costear las defensas marítimas del reino. A comienzos del siglo XVI, por este concepto la Corona ingresaba 2.250.000 maravedíes al año, pero el descontento era patente en la población, lo cual llevó a que, en 1508, a petición de Tendilla, se disminuyera su importe a la cantidad de un real por cabeza. Desafortunadamente, el hambre en Granada durante los años 1507 y 1508 hizo que muchos moriscos pasaran al Norte de África, revitalizando los asaltos costeros y dando paso a nuevas tácticas, como la introducción de partidas en las sierras que se dedicaban al bandidaje hasta que eran reembarcadasNota 5). El consecuente descenso de los ingresos hizo que, en 1511, se reformara por segunda vez el impuesto, vinculándolo al patrimonio y no a las personas, a fin de obtener más dinero con menos contribuyentes. Si el patrimonio cambiaba de manos, también lo hacía el impuestoNota 6). Con el dinero así recaudado se levantaron o repararon una gran número de torres costeras. En los años 1498 y 1499, fue a parar al reino de Granada el 55% y el 57% del total del dinero gastado por la Monarquía en fortificacionesNota 7).

Los musulmanes cumplieron con las cargas fiscales y también con las obligaciones que se les impusieron en el mantenimiento de las torres de vigilancia costera; pero, a medida que arreciaron los ataques piráticos, se les penó prohibiendo a los mudéjares habitar a menos de una legua de la costa, durísima medida que les vetaba la pesca y parte de la producción agrícola, claves en la economía del reino. Las súplicas musulmanas acabaron conmoviendo a los Reyes, que levantaron la prohibición con tres condiciones: que los musulmanes no anduvieran de noche por la costa; que se movieran siempre con documentación que diera fe de su vecindad y que, cuando salieran a pescar, lo hicieran siempre acompañados por, al menos, un cristianoNota 8).

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Nota 1

Historia de la diplomacia española, vol. IV, p. 135.

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Nota 2

LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, J. E., "Consideraciones sobre la frontera marítima", en SEGURA ARTERO, P., (coord..), Actas del Congreso La frontera oriental nazarí como sujeto histórico (s. XIII-XV). Almería, 1997, p. 401.

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Nota 3

Un análisis exhaustivo del mismo en GAMIR SANDOVAL, A., Organización de la defensa de la costa en el reino de Granada. Granada, 1947.

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Nota 4

DOUSSINAGUE, J. Mª., La política exterior de España en el siglo XVI. Madrid, 1949, p. 58.

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Nota 5

LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, J. E., "Consideraciones sobre la frontera marítima", p. 402.

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Nota 6

La farda de mar ha sido analizada en CASTILLA FERNÁNDEZ, J., "Administración y recaudación de los impuestos para la defensa del reino de Granada: la farda del mar y el servicio ordinario (1501-1516)", en Áreas. Revista de ciencias Sociales, n.° 14, 1992.

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Nota 7

PEINADO SANTAELLA, Historia del reino de Granada, p. 498.

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Nota 8

PEINADO SANTAELLA, Historia del reino de Granada, pp. 481-482.

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7.- La desaparición del mundo jurídico de la frontera granadina

Quizá lo obvio de la relación causa-efecto haya hecho que los estudiosos del conflicto castellano-granadino hayan pasado habitualmente por alto el hecho de que la conquista de Granada supuso el fin de la línea fronteriza entre Castilla y el reino nazarí, y que con la desaparición de la realidad jurídica, social y religiosa que le daba sentido, desapareció todo un mundo jurídico de instituciones nacidas al amparo y por el influjo de dicho contexto fronterizo.

Una de las figuras jurídicas más características de la vida fronteriza fue la tregua, "una mixtura de guerra y paz"Nota 1). A través de este acuerdo, se producía una suspensión temporal de las hostilidades y de las acciones militares entre el reino de Granada y sus vecinos cristianos. El elemento esencial de la tregua era su temporalidad, ya que la conceptuación religiosa y en buena medida sagrada de la guerra contra el infiel como una obligación moral en ambas sociedades, impedía que ningún acuerdo de paz tuviera la consideración de definitivoNota 2).

Desde que los Trastámara llegaran al trono de Castilla, en el siglo XIII, las treguas firmadas con los reinos musulmanes acostumbraban a reconocer la superioridad militar de los reinos cristianos, en especial de Castilla, fijando el pago de un tributo anual por parte de los reinos musulmanes, que recibía el nombre de pariaNota 3); el papel de este tributo fue fundamental para alargar el lento declinar de los reinos musulmanes en la Península Ibérica, ya que fueron muchas las ocasiones en que, pudiendo haber lanzado campañas militares contra sus enemigos, los cristianos declinaron hacerlo atendiendo a la importancia económica no ya de los gastos que generaría la guerra, sino a la pérdida del tributo que recibían mientras la tregua duraseNota 4). En el comunicado oficial de las treguas, estas siempre eran concedidas por Castilla. En el siglo XV se hizo habitual que la tregua se tratara como una carta real y, por tanto se acatara, pero se cumpliera solo como las condiciones locales o la autoridad del adelantado lo permitieranNota 5).

No obstante, cierto grado de actividad bélica era legal, en el marco de una tregua. Así, quedaban autorizadas las incursiones, que venían a definirse como la irrupción en territorio enemigo que durara menos de tres días, en la que no se asentara campamento; en la que los participantes no llevaran estandartes, enseñas o banderas, y en cuyo desarrollo no se produjera el ataque a una plazaNota 6). Ello revela que la guerra se había convertido en aquellos territorios en un modo de vida, no solo en una cuestión política entre reinos, hasta el punto de que era impensable mantener una paz absoluta a lo largo de la línea de demarcación, puesto que la violencia formaba parte no solo de la rutina de los reinos, sino también del ritmo social y económico de las tierras fronterizas.

Al amparo de las treguas, surgieron los alcaldes de moros y cristianos, también conocidos como jueces de las querellas, una institución cuya función era controlar la violencia en los territorios limítrofes durante los periodos de treguaNota 7). La primera vez que aparecieron estos alcaldes fue durante la tregua del año 1310, en la que fueron designados directamente por los reyes, si bien dependían, en su funcionamiento, de los adelantados de Andalucía, cargos que, en la frontera de Córdoba y Jaén, solían pertenecer al linaje de los Fernández de Córdoba, mientras que la de Murcia se vinculaba a la de los FajardoNota 8). No es de extrañar, por tanto, que muchos de los alcaldes de moros y cristianos pertenecieran a estos linajesNota 9).

Para realizar sus funciones, los alcaldes de moros y cristianos contaban con la ayuda de los fieles del rastro —también llamados "rastreros"—, a los que coordinaban. Estos fieles del rastro eran los encargados de determinar quién había cometido una determinada fechoría o trasgresión de las treguasNota 10). Los fieles del rastro eran, como su propio nombre indica, expertos rastreadores y conocedores de las comarcas fronterizas, dado que se movían a uno y otro lado de la frontera en el curso de sus actuaciones, investigando los incidentes y tratando de identificar y localizar a los criminales. Los rastreros cobraban de los municipios fronterizos y surgieron como una entidad en principio imparcial encargada de solucionar las querellas entre individuos y comunidades, a fin de evitar las venganzas privadas entre comunidades transfronterizas, que, con harta frecuencia, derivaban en un estado de constante derramamiento de sangre a lo largo de la fronteraNota 11). Dado que ambas comunidades estaban interesadas, por lo general, en la resolución de los crímenes y disputas, no era en absoluto extraño que los fieles del rastro cristianos colaboraran con sus equivalentes musulmanesNota 12).

Existió un importante número de rastreros. Por ejemplo, en la frontera de Jaén llegaron a operar de forma simultánea hasta treinta fieles del rastro, que cobraban alrededor de doscientos maravedíes por cada uno de los servicios que prestaban. Para dar fe de las actuaciones realizadas por los fieles del rastro, surgió la figura del escribano del rastroNota 13).

Otra figura de aquel mundo de frontera eran los alfaqueques, que era el nombre que recibían las personas que se encargaban de la redención de cautivos, tanto musulmanes en manos cristianas como cristianos en manos musulmanas. Un cautivo era un bien de mucho valor para aquel que lo había capturado; esta es la razón por lo que la conversión forzosa de los cautivos cristianos a manos musulmanas fue un hecho excepcional, ya que, si se convertían al Islam, el valor de su rescate disminuía notablemente o incluso el dueño podría ser obligado a poner en libertad al cautivo en cuestión, conforme a los preceptos de la legislación musulmanaNota 14).

La figura del alfaqueque como liberador profesional de cautivos surgió en algunas ciudades de Castilla en los siglos XII y XIII. Para que viajaran libremente se les entregaban salvoconductos para rescatar cautivos, y se les pagaba con un 10% del importe de la transacción. El salvoconducto que les daban las autoridades granadinas era un permiso especial llamado aman, que permitía viajar o residir en un territorio musulmán a quien no lo era, por un periodo limitado. Quien obtenía este permiso debía ser respetuoso con el Islam y abstenerse de cualquier práctica ofensiva para con la religión musulmana. El no cumplir esta cláusula fue la causa del martirio de diversos frailes mercedarios, cuya orden, al igual que la de la Sagrada Trinidad, fue creada en los comienzos del siglo XIII con el expresó fin de redimir a los cautivos cristianos en manos de los musulmanes.

En cualquier caso, la libertad de movimiento que otorgaba el aman no era total, ya que los alfaqueques debían desplazarse por las rutas principales, enarbolando una bandera y haciendo sonar una trompetaNota 15). En tiempos de guerra, protegidos por su inmunidad, actuaban también como embajadores, mercaderes y espías. En el siglo XV, hacia 1439, sabemos que el oficio de alfaqueques mayores seguía existiendo y que casi siempre era desempeñado por miembros del linaje de los Saavedra. Estos oficiales eran los únicos que podían organizar el rescate de cautivos desde Lorca hasta Tarifa.

Los musulmanes tenían sus propios negociadores de cautivos, y entre lo poco que sabemos de ellos se encuentra el que fueron más numerosos que los alfaqueques cristianos. Así lo señala el que los musulmanes pagaran tantos rescates con seda que este producto sufrió una depreciación a lo largo del siglo XV. Recibían el nombre de fakkak, y existían en el mundo musulmán desde el siglo X. Por lo general, la financiación de los rescates provenía tanto de las familias de los musulmanes capturados como de la propia comunidad islámica, que aportaba cantidades de dinero variables para financiar los rescates. Una fatwa nazarí del XV condenaba a los negociadores musulmanes, entre otras cosas, por la práctica de adelantar dinero en prenda de un posterior pago en sedas, algo que la doctrina jurídica nazarí condenaba como usuraNota 16).

Como frontera abierta, la nazarí era testigo de un próspero contrabando a través del movimiento de mercancías que burlaban los cauces oficiales y, por tanto, el pago de impuestos. Para combatir estas prácticas, aparecieron los alcaldes de las sacas, oficiales de la Corona encargados de impedir el contrabando de mercancías y de asegurarse que todos los bienes comerciales entre ambos reinos pasaran por los puertos oficiales, donde se cobraba un diezmo y medio del valor de las mercancías. Estos puertos fueron una de las instituciones que pervivieron tras la conquista. Otra de ellas fue la del alfaqueque, si bien hubo de trasladar su ámbito de actuación: del reino nazarí, pasaron al rescate de cautivos en las plazas del Norte de África. Otras figuras, como los alcaldes de moros y cristianos o los fieles del rastro, desaparecieron al liquidarse la entidad fronteriza y, sobre todo, la realidad social y económica que suponía y que había propiciado la existencia de aquellas instituciones.

Los juristas islámicos estudiaron en profundidad las implicaciones morales y religiosas que entrañaba el concepto mismo de frontera. Así, el deber de guardar la frontera de una nación islámica recae en el conjunto de la población y no solo en los dirigentes, según la ley islámica. Según la doctrina jurídica malikí, que era la seguida en Granada y en toda Al Andalus, el musulmán que permanecía de forma voluntaria en territorio infiel, caso de los mudéjares, debía ser tratado como no musulmán y, por tanto ni su persona ni sus bienes eran inviolables, aunque determinados autores matizaban que sí se mantenía la inviolabilidad de la persona.

Otro problema religioso lo suponían las treguas, ya que eran momentos en los que los musulmanes dejaban de tratar de extender la comunidad de creyentes a las tierras de los infieles. Las escuelas suníes divergían sobre la duración aceptable de las treguas: mientras que algunos hablaban de que podían sostenerse hasta diez años, los malikíes creían que su duración no debía pasar de cuatro meses, salvo en aquellos supuestos en los que no quedara otro remedio.

Las bandas de guerreros islámicos de frontera se denominaron tagríes, que podría traducirse como "fronterizos" o "gente de la frontera". También se usó con frecuencia el vocablo al-mugawir, literalmente, el que hace algaradas —es decir, incursiones—. De esta palabra derivaron los vocablos castellanos y catalán "almogávar" y "almogáber". Dentro de estas bandas, tenían especial importancia los guías o adalides —del árabe ad-dali—. Eran escogidos por ser oriundos de las zonas fronterizas y se les remuneraba; su prestigio fue en aumento, hasta el punto de que acabaron por tener una posición equivalente a la de un oficial de alto rango.

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Nota 1

TORRES FONTES, "Dualidad fronteriza: guerra y paz", p. 67.

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Nota 2

Es posible diferenciar, dentro de las treguas, las que suponían un mero cese de las acciones militares a gran escala, de aquellas treguas, más complejas, que llevaban aparejado el reconocimiento del vasallaje del reino de Granada a Castilla (LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, E., "Institutions on the Castilian-Granadan frontier. 1369-1482”, en BARTLETT, R., y MACKAY, A., (ed.), Medieval frontier Societies. Oxford, 1989, p. 131).

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Nota 3

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., "La frontera entre Andalucía y Granada: realidades bélicas, socio-económicas y culturales", en LADERO QUESADA, M. A., (ed.), La incorporación del reino de Granada a la Corona de Castilla. Granada, 1993, p. 97.

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Nota 4

Téngase en cuenta que el reino de Granada surgió con la condición de reino vasallo de Castilla, pese a que dicha consideración iba en contra de los preceptos de la legislación islámica; además, con frecuencia, para poder satisfacer el pago de las parias, los sultanes nazaríes hubieron de aumentar los impuestos que pagaba la población por encima de lo que permitía la ley islámica (LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, "Institutions on the Castilian-Granadan frontier. 1369-1482", pp. 131-132). Desde 1350, y hasta 1460, hubo tan solo 25 años de guerra oficial entre Granada y Castilla, siendo los 85 años restantes periodos en los que estuvo en vigor una u otra tregua” (MACKAY, A., "Religion, culture and ideology on the late medieval Castilian-Granadan frontier", en BARTLETT, R., y MACKAY, A., (ed.), Medieval frontier Societies. Oxford, 1989, p. 217).

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Nota 5

TORRES FONTES, "Dualidad fronteriza: guerra y paz", p. 68.

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Nota 6

LADERO QUESADA, M. A., "La organización militar de la Corona de Castilla durante los siglos XIV y XV, en LADERO QUESADA, M. A., (ed.), La incorporación del reino de Granada a la Corona de Castilla. Granada, 1993, p. 205.

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Nota 7

Al respecto, ver CARRIAZO, J. de M., "Un alcalde entre moros y cristianos en la frontera de Granada", en Al Andalus, n° 13, 1948; y TORRES FONTES, J., "El alcalde entre moros y cristianos del reino de Murcia", en Hispania, 20, 1960.

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Nota 8

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, "La frontera entre Andalucía y Granada: realidades bélicas, socio-económicas y culturales", p. 98.

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Nota 9

LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, "Institutions on the Castilian-Granadan frontier. 1369-1482", p. 146.

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Nota 10

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., "Castilla y el Islam granadino antes y después de la conquista de la ciudad", en KOHLER, A., y EDELMAYER, F., (coord..), Hispania-Austria. Munich, 1993, p. 90.

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Nota 11

LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, "Institutions on the Castilian-Granadan frontier. 1369-1482", p. 146.

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Nota 12

MACKAY, "Religion, culture and ideology on the late medieval Castilian-Granadan frontier", p. 219.

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Nota 13

RODRÍGUEZ MOLINA, J., "Relaciones pacíficas en la frontera con el reino de Granada", en SEGURA ARTERO, P., (coord..), Actas del Congreso La frontera oriental nazarí como sujeto histórico (s. XIII-XV). Almería, 1997, 289.

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Nota 14

LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, "Institutions on the Castilian-Granadan frontier. 1369-1482", p. 135.

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Nota 15

TORRES FONTES, J., "Los alfaqueques castellanos en la frontera de Granada", en VV.AA., Homenaje a don Agustín Millares. Las Palmas, 1975; vol, II, pp. 104-109.

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Nota 16

LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, "Institutions on the Castilian-Granadan frontier. 1369-1482", pp. 137-141.

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CAPÍTULO VI: LA PRIMERA GUERRA DE NÁPOLES

8.- Las revueltas granadinas de 1499 a 1501

La toma de Granada había supuesto el final de un proceso histórico de más de setecientos años, pero también había provocado para la monarquía la aparición de un problema religioso, social, económico, cultural y militar, al quedar la población musulmana del reino granadino dentro de las nuevas fronteras castellanas. Las capitulaciones firmadas para la rendición de la ciudad establecían que se había de respetar la religión de sus habitantes, lo que dejaba a los Reyes frente a un problema de integración complejo.

En un primer momento, se respetaron las capitulaciones, nombrándose a Hernando de Talavera, confesor de Isabel, arzobispo de Granada, el cual se dispuso a llevar a cabo una labor evangelizadora basada en las conversiones sinceras y en el respeto a la cultura, las tradiciones y la identidad de la población musulmanaNota 1). Sin embargo, Talavera solo representaba uno de los tres ejes —el religioso— de la nueva administración. La parte militar quedaba bajo el mando del conde de Tendilla y la administrativa correspondía a Hernando de Zafra. Este último, acusó en numerosas ocasiones a la población musulmana de colaborar en las incursiones que los piratas berberiscos realizaban contra embarcaciones cristianas y contra localidades del litoralNota 2).

En 1499 no se habían conseguido avances significativos en la cristianización de Granada, ni a nivel religioso ni a nivel cultural, pudiendo decirse que siete años después de su rendición, Granada era parte del reino de Castilla, pero seguía siendo una ciudad mora en lo cultural y musulmana en lo religioso. Bien claro debió de quedar esto a los monarcas durante su visita a la ciudad en julio de 1499, cuando a su entrada por Bibarrambla fueron recibidos por una multitud de treinta mil mujeres musulmanas. Esta pervivencia del mundo islámico en Granada no fue del agrado de los Reyes, por razones espirituales en el caso de Isabel y de estrategia en el de Fernando.

Decididos a poner fin a la situación, convocaron a Granada al arzobispo de Toledo, Jiménez de Cisneros -que había sustituido a Talavera como confesor de Isabel- y le encargaron un nuevo programa de evangelización en la ciudad.

Cisneros era lo opuesto de Talavera, siendo partidario de imponer con mano de hierro las conversiones a los granadinos. Tras una serie de impopulares medidas, entre las que se encontró la conversión en iglesia de la gran mezquita del Albaycín —el 16 de diciembre de 1499—, la quema de libros y el establecimiento de que el musulmán que se convirtiera al cristianismo pudiera acceder a la parte de herencia que le correspondiera conforme al derecho islámico —norma que violaba las capitulaciones, por ser contraria al derecho musulmánNota 3)—, Cisneros fue demasiado lejos al violar nuevamente las capitulaciones, imponiendo el bautizo a los hijos de los elchesNota 4). El no implicar a este colectivo en medidas de conversión estaba explícitamente reconocido en el texto de las capitulaciones, pero Cisneros alegó que sus hijos, al descender de cristianos, tenían pleno derecho a ser bautizados con independencia de la fe de sus padres. En favor de Cisneros, debe decirse que, si bien su medida, en efecto, era contraria al contenido de las capitulaciones, su forma de obrar en la cuestión de los elches se encontraba en consonancia con la lógica teológica de su tiempo, dentro de la cual se admitía que un individuo tenía libertad para elegir su religión, pero no para dejarla. Debe señalarse que las mismas acciones que Cisneros impuso en relación a los elches eran habituales en el mundo musulmán respecto a quienes renegaban del IslamNota 5).

Fuera como fuere, lo impopular de la medida derivó en un altercado en el Albaycín en el que resultó muerto el alguacil Velasco Barrionuevo, lo que fue el detonante, en diciembre de 1499, de una revuelta generalizada en ese barrio granadino. El conflicto estalló el día 18, tan solo dos días después de que Cisneros hubiera realizado la conversión de la gran mezquita del Albaycín.

Por órdenes de Fernando, se trató de sofocar el problema siguiendo una política conciliadora —se ahorcó a los cuatro responsables de la muerte, pero no se actuó contra ninguna otra persona implicada en los sucesos—. Aunque se logró cierto éxito, a finales del mes se sublevó la localidad de Huéjar y, tras ella, la mayor parte de las Alpujarras, de la mano de un alguacil de la localidad de Jubiles, Ibrahim ibn Ummayya, conocido por los castellanos como Abén Humeya.

La rebelión de la Alpujarra cobró de inmediato un grave cariz. Los moriscos bajaron a los valles habitados por cristianos, adueñándose de localidades como Alguñol, Adra o Castil de Ferro. El capitán de la armada del Estrecho, García López de Arriarán, murió llevando refuerzos a la zona. En aquellos días, Hernando de Zafra perdió, a manos de los rebeldes, a su hermano Valentín y a otros diez familiares y criados de su casa, lo cual da buena muestra de la violencia que se desencadenóNota 6).

Solo con el desplazamiento de un gran número de tropas —incluyendo militares de experiencia y renombre, como Gonzalo Fernández de Córdoba, cuyo hermano también murió en la revuelta— pudo contenerse el alzamiento. En febrero, las fuerzas reales comenzaron a reducir los núcleos de resistencia: el adelantado de Murcia, tras sortear una emboscada, logró levantar el asedio de Marjena, al tiempo que Fernando el Católico y el condestable de Navarra avanzaron sobre las sierras, Fernando a través de Lanjarón y el condestable a través de Andarax, "pasándolo todo a sangre y fuego". Se dice que en Laujar de Andarax se ejecutó a tres mil musulmanes y se voló la mezquita con niños y mujeres en su interior. El 8 de marzo se rindieron los rebeldes y se negoció un nuevo acuerdo, concluido el 30 de marzo, que incluía la conversión general al cristianismo.

El contenido de estas capitulaciones era amplio: se producía un cambio de régimen fiscal y se equiparaba el estatuto de los musulmanes con el de los cristianos en la administración de justicia; se otorgaba la exención del servicio de huéspedes y de la obligación de trabajar gratis en obras públicas; se daba licencia para seguir usando las ropas tradicionales moriscas hasta que se gastasen; los documentos en árabe tendrían la misma validez que los que firmara un escribano cristiano; los moriscos conservaban sus carniceros, aunque estos sacrificarían las reses a la usanza cristiana; mantenían libertad para utilizar los baños públicos y para cambiar de residencia, al tiempo que se fijaba una dotación para financiar la asistencia de clérigos que los instruyan en el cristianismoNota 7).

El 20 de marzo de 1500 los Reyes dieron un privilegio especial "a los vecinos y moradores cristianos de la dicha ciudad de Granada, de su Albaycin y arrabales, así a los que ahora lo son como a los que de aquí en adelante lo serán". El privilegio les liberaba de los impuestos musulmanes, se les otorgaba franquicia perpetua de servicios y otras exacciones extraordinarias, del diezmo, del medio diezmo y de las alcabalas siempre que una de las partes contratantes fuera de la ciudad. En la Vega solo se les eximía de los impuestos musulmanes. Se trataba de un intento de alentar las conversiones e incentivarlas económicamente, y nuevamente se mostraba una prioridad hacia las conversiones en los núcleos urbanos, como denota el hecho de que las exenciones fueran mayores en la capital que en las zonas agrícolas.

En otoño de aquel año 1500, Zafra envió un memorial sobre cómo pacificar las Alpujarras; algunos de sus puntos más destacados eran los siguientes: que los Reyes pagaran el precio de los cautivos cristianos vendidos en África por los rebeldes; que los costes de estos rescates se repercutieran sobre los vencidos, pero cuantificando el reparto no por haciendas, sino por cabezas, con objeto de hacerlo más igualitario; que la costa la vigilaran de forma mixta cristianos viejos y nuevos, para mejorar la seguridad del servicio, ya que los granadinos habían demostrado no ser de confianza y estar, en muchos casos, en connivencia con los enemigos norteafricanos; que los habitantes de los pueblos de costa fueran retirados al interior, dejándoseles armas para su defensa en manos de sus alcaldes o notables; que no fueran efectivas las mercedes hechas por los Reyes a conversos hasta que no las determinara con exactitud un juez, ya que algunos, amparándose en las citadas mercedes y en el hecho de que muchas veces eran indeterminadas o confusas, habían cogido bienes y haciendas que no les correspondíanNota 8).

Los acuerdos de marzo de 1500 no pusieron fin al conflicto. En la sierra de Almería, donde la rebelión se había extendido, la localidad oriental de Belefique resistió hasta diciembre, de forma que su resistencia prácticamente enlazó con el nuevo alzamiento de los moriscos que tuvo lugar en enero de 1501, cuando se sublevaron las sierras de Ronda y Villaluenga. Los rebeldes derrotaron estrepitosamente a don Alonso de Aguilar en Sierra Bermeja y durante este segundo brote insurgente se produjo un desastre en las Peñas de la Monarda, el 18 de marzo, al caer los rebeldes sobre las vanguardias del conde de Cifuentes, desperdigadas para forrajear. Durante esa acción, la explosión accidental de un barril de pólvora causó una matanza en las filas cristianas.

Al tener noticia de ello, Fernando marchó a Ronda a finales de mes, reuniendo bajo su mando a mil trescientas lanzas y más de seis mil peones, despliegue bélico suficiente para someter a los alzados. El rey, para evitar mayores problemas, aceptó —tras una consulta al Consejo de Castilla— la propuesta de los moriscos de ser trasladados al Norte de África, a cambio del pago de sesenta mil doblas a la Corona. Según Luis Suárez, alrededor de seis mil moriscos abandonaron la Península para instalarse en el MagrebNota 9).

Esta medida es propia del pragmatismo de Fernando: reducir un problema al tiempo que consigue una importante cantidad de dinero para las arcas reales. No encajaba tanto, en cambio, con el enfoque de Isabel, que no tuvo ocasión de oponerse a lo propuesto, dado que no se encontraba presente cuando el Consejo Real tomó la decisión de dar el visto bueno a la propuesta.

Sin embargo, para Fernando, la población de origen musulmán, si bien supuestamente ya convertida al cristianismo, seguía siendo una espina clavada en el flanco mediterráneo. Aunque durante la revuelta se habían realizado esfuerzos significativos para la cristianización de la regiónNota 10), el rey no descansaría tranquilo hasta que el problema fuera solucionado de manera definitiva, lo que ocurrió finalmente el día 11 de febrero de 1502, cuando se hizo público el decreto de expulsión de los musulmanes que quedaban en el reino de Granada, con un texto inspirado en el decreto de expulsión de los judíos, dado en 1492. Para ello, los consejeros de Fernando se valieron del hecho de que las revueltas de los años anteriores habían supuesto la quiebra de las capitulaciones anteriores, por lo cual el rey tenía derecho, desde el punto de vista jurídico, a considerar inválidas las capitulaciones de 1492 y dar otras que sí incluyeran la alternativa de conversión o expulsiónNota 11).

Las revueltas obligaron a modificar cualquier plan existente de intervención en el Norte de África. No se podía pensar en lanzar una operación en la orilla Sur con una revuelta activa en territorio propio. Además del factor estratégico, las revueltas generaron un problema de medios: fueron necesarias grandes cantidades de tropas, desplazadas desde los más diversos puntos de Andalucía, para poder contener y reprimir a los alzados.

Las revueltas supusieron una renovación del espíritu último que animaba a la Corona a intervenir en el Norte de África: la necesidad de garantizar la seguridad del suelo peninsular. La violencia demostró que el reino de Granada distaba mucho de estar aún asegurado para la Corona. Sus habitantes, en gran parte, habían conservado usos, tradiciones y costumbres que los emparentaban más con los musulmanes norteafricanos que con sus nuevos señores. De esta forma, las costas andaluzas seguían siendo vulnerables a las acciones hostiles. Las revueltas granadinas demostraron que era más necesario que nunca mantener una política intervencionista en el Magreb, que contribuyera a alejar la amenaza musulmana de las costas peninsulares, donde podía ser bien recibida por una parte de la población y donde, a su vez, podía provocar la inflamación de unos sentimientos y unas reivindicaciones que las revueltas de comienzos del siglo XVI demostraron que estaban aún a flor de piel. El decreto de 1502, que expulsaba a quienes no se convirtieran al cristianismo, no constituía una garantía al respecto, pues se sospechaba, no sin razón, que muchos de los moriscos que habían permanecido en suelo peninsular no se habían convertido más que de palabra. La consecuencia de aquella revuelta fue el llamado Edicto de Conversión Forzosa, firmado el 12 de febrero del año 1502Nota 12), en el que se obligaba a todos los musulmanes de la Península a elegir entre su conversión al cristianismo o su marcha a tierras islámicas, es decir, al Norte de África.

Este edicto tuvo, en cierto modo, un efecto perverso sobre el problema, ya que las revueltas y la expulsión de 1502, consecuencia de las mismas, vinieron a dificultar las posteriores acciones peninsulares en el Magreb. Fue en el Norte de África donde se instalaron los musulmanes expulsados, llevando consigo los recuerdos de las crueldades de la guerra y la represión y un fácilmente explicable rencor hacia la monarquía de los Reyes Católicos, que, para poder mantener su fe islámica, les había obligado a abandonar la tierra donde sus antepasados habían habitado durante generaciones, perdiendo en el proceso la mayor parte de sus posesiones. La llegada de esta oleada de refugiados norteafricanos avivó el odio hacia los cristianos en el Norte de África y proporcionó a las potencias de la zona una estimable ayuda militar, en forma de combatientes muy motivados y que conocían a la perfección las tácticas de las fuerzas cristianas, brindando además una fuente valiosísima de conocimientos geográficos sobre la costa peninsular, sus condiciones, su climatología y otros factores estratégicos.

Además de la pragmática de conversión forzosa, las revueltas de los años comprendidos entre 1499 y 1501 dieron lugar a una profunda reforma del sistema defensivo granadino y, sobre todo, de su financiación. El descontento de los moriscos por las cargas fiscales que soportaban, y con las que se financiaba la mayor parte del gasto, dejaba a la Monarquía dos caminos: o bien eliminar los impuestos que satisfacían únicamente los moriscos o bien convertirlos en universales, extendiéndolos también a los súbditos cristianos. Dado que la Monarquía no podía prescindir de los recursos que pagaban los importantes gastos de la defensa costera granadina, se optó por la universalización del impuesto, oficializada a través de una provisión real del 22 de junio de 1501. El cambio impositivo se justificó en tres razones: el despoblamiento de algunos lugares costeros, la dependencia del interior para su mantenimiento respecto de la costa y su seguridad y, por último, la necesidad de aumentar el personal e instalaciones de defensa, lo cual se hizo con la ordenanza de 1 de agosto de 1501 que elevaba a setenta el número de torres, con más de 160 personas integrando el personal encargado de atenderlas.

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Nota 1

Sobre la figura de los confesores en las monarquías europeas ver REINHARDT, N., “The King’s confessor: changing images”, en SCHAICH, M., (ed.), Monarchy and Religión: The Transformation of Royal Culture in Eighteenth Century Europe. Oxford, 2007.

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Nota 2

Así se lo hacía saber a los Reyes en las cartas que les enviaba (SUÁREZ FERNÁNDEZ, Los Reyes Católicos. La expansión de la fe, p. 183).

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Nota 3

Un estudio de aproximación a este derecho en AGUILERA BARCHET, B., Iniciación histórica al derecho musulmán. Madrid, 2007.

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Nota 4

Los elches eran cristianos que se habían convertido voluntariamente al Islam en los años anteriores a la conquista de Granada.

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Nota 5

LÓPEZ DE COCA, "Las capitulaciones y la Granada mudéjar", p. 304.

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Nota 6

LADERO QUESADA, Hernando de Zafra, p. 59.

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Nota 7

SANTIAGO SIMÓN, E. de, "El final del Islam granadino (1464-1492)", en VV.AA., Fernando II de Aragón: El rey Católico. Zaragoza, 1995, p. 534.

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Nota 8

LADERO QUESADA, Hernando de Zafra, pp. 64-66.

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Nota 9

Los Reyes Católicos. La expansión de la fe, p. 191.

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Nota 10

En virtud de una bula pontificia concedida en 1501, se construyeron veintitrés iglesias en el reino de Granada, un número que parecería moderado, de no tenerse en cuenta que, en el mismo periodo de tiempo, más de doscientas mezquitas fueron derribadas o incorporadas a otros edificios, perdiendo su condición de construcciones religiosas (VICENT, "De la Granada mudéjar a la Granada europea", p. 311).

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Nota 11

SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., "El máximo religioso", en VV.AA., Fernando II de Aragón: El rey Católico. Zaragoza, 1995, p. 55.

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Nota 12

Portugal ya había ordenado la conversión de los musulmanes en su territorio en 1497.

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1.- El camino hacia la guerraNota 1)

Las relaciones entre Francia y los Reyes Católicos presentaban una serie de intereses enmarañados y, muchas veces, contrapuestos, en los que jugaban un papel destacado la cuestión napolitana, el papel de Inglaterra como aliado de Castilla y, sobre todo la cuestión navarra y el problema del Rosellón y la Cerdaña, cedidos por Juan II de Aragón a Luis XI de Francia en prenda por la deuda contraída por la ayuda francesa contra los rebeldes catalanes. En el mismo acto en que se envió a Francia la tradicional embajada para dar cuenta a Luis XI de la muerte del rey de Castilla y del ascenso al trono de Isabel y, como rey consorte, de su esposo Fernando, este aprovechó para reclamar nuevamente la devolución de los condados. Si bien Luis XI accedió a renovar los tratados con Castilla, negó que se le hubiera pagado lo debido por la guerra de Cataluña y, por tanto, que tuviera que devolver el Rosellón y la Cerdaña. El rey francés mandó a la Corte castellana un enviado para tratar esta cuestión, que se entrevistó con los Reyes y acudió ante el Consejo RealNota 2).

Desde el fin de la guerra de Sucesión, la paz con Francia ya no era tan necesaria para Castilla y, sin embargo, esta Corona mantenía sus conflictos con Aragón, motivo por el cual Fernando presionaba a Isabel para que Castilla abandonara su alianza con los franceses. La reina se mantuvo firme hasta el año 1482, pero a partir de esa fecha, los problemas en el Rosellón y Navarra, los intereses estratégicos de Aragón en el Mediterráneo y la presión de los comerciantes, más interesados en el comercio con Inglaterra y con Flandes, hicieron que Isabel cediera y permitiera una reorientación de la política exterior castellana, en el marco de la cual cabe situar el tratado de 1483 con el emperador Maximiliano y los acuerdos comerciales sucesivos —entre 1482 y 1488— con InglaterraNota 3).

En el Tratado de Valencia, Fernando accedió a realizar a Francia concesiones respecto a los asuntos de Navarra, con la esperanza de que ello facilitara la devolución del Rosellón, pero, habiendo muerto Luis XI, los regentes que gobernaban en la minoría de edad de Carlos VIII rechazaron esta posibilidadNota 4). Fernando, furioso, planteó la posibilidad de una recuperación militar de los territorios, para lo cual pidió a las Cortes aragonesas, reunidas en Tarazona, el dinero necesario. Sin embargo, las Cortes se negaron e Isabel, con toda su atención volcada en el conflicto granadino, se negó, a su vez, a desviar recursos castellanos para una guerra en defensa de unos intereses de Aragón que los propios aragoneses no habían querido defenderNota 5). Isabel decidió que si las campañas habían de realizarse con recursos castellanos, se harían siguiendo el orden de prioridades castellanoNota 6).

Maniatado militarmente, Fernando comenzó a armar una estructura diplomática que sirviera a sus fines, rehaciendo la "alianza atlántica" con Inglaterra y Borgoña y firmando un acuerdo de amistad con el duque Francisco II de Bretaña, uno de los señores más importantes del mundo francés, cuyo sometimiento a la Corona gala era, en el mejor de los casos, tenue. En septiembre de 1488 murió el duque; quién heredaría el ducado dependía de la boda de su hija Ana, ya que en Bretaña la esposa transmitía el derecho sucesorio al marido. El emperador Maximiliano —prometido de AnaNota 7)—, Enrique VII de Inglaterra e Isabel y Fernando enviaron tropas a Bretaña en 1489 para apoyar a Ana. Con esto no pretendían tanto salvaguardar la herencia de la autonomía bretona como forzar a Francia a transigir en las exigencias de las tres potencias, a saber: recuperar Guyena los ingleses —y, quizá, NormandíaNota 8)—; Maximiliano recuperar los territorios borgoñones perdidos en 1477, tras la derrota de Nancy y, por parte de Fernando, obtener la devolución del Rosellón y la Cerdaña.

El que la triple alianza se concretara en el Tratado de Okyng de 1490 no pudo impedir que, en 1491, alrededor de 15.000 soldados franceses conquistaran por la fuerza Bretaña, forzando a la duquesa Ana a renunciar a su boda imperial y a casarse con el rey de Francia, Carlos VIIINota 9). Con ello, en la práctica, ya que no de iure, terminaba la autonomía bretona, proceso que culminaría, tras una serie de matrimonios y muertes, con la integración de Bretaña dentro del patrimonio personal de los reyes de Francia, en 1536. La conquista militar francesa de 1491 fue consolidada mediante una hábil política diplomática en los dos años siguientes, en los que Carlos VIII, recién accedido a la mayoría de edad, firmó acuerdos por separado con sus tres adversarios: el Tratado de Etaples sur Mer con Enrique VII, en noviembre de 1492; el de Tours-Barcelona con Fernando e Isabel, en enero de 1493; y, por último, el de Senlis con Maximiliano, en mayo de 1493Nota 10).

Carlos VIII, llevado quizá por su necesidad de pacificar la situación antes de emprender su gran proyecto visionario, una cruzada cuyo propósito último era la recuperación de Tierra Santa y la destrucción del poder otomanoNota 11), accedió a devolver a Aragón el Rosellón y la Cerdaña, renunciando al pago de la deuda aragonesa que había originado la cesión de los condados. A cambio, por el Tratado de Barcelona de 1493, los monarcas peninsulares se comprometieron a no intervenir si Francia se adentraba en Italia para resolver a su entender la cuestión napolitana, siempre y cuando, exceptuaron Isabel y Fernando, los franceses, en el proceso, no tocaran los derechos del papaNota 12). Así pues, como movimiento previo a la proyectada intervención francesa en Nápoles, el Rosellón y la Cerdaña fueron devueltos en septiembre de 1493. Este tratado revela la complejidad de la doble Monarquía hispánica, ya que para obtener una ganancia que respondía por completo a las inquietudes e intereses aragoneses, los Reyes se comprometían a no fortalecer el eje diplomático fundamental de Castilla en Europa, la alianza atlántica que integraba a Castilla, Borgoña e Inglaterra.

La muerte del rey de Nápoles, FerranteNota 13), en enero de 1494, precipitó los acontecimientos, como muy gráficamente ha expresado David Abulafia: "Ferrante I died early in 1493 as the sound of French war drums began to heard across the Alps"Nota 14). La muerte, meses después, de Lorenzo de Medici, Lorenzo "el Magnífico, señor de Florencia, vino a quebrar definitivamente el equilibro que, desde la paz de Lodi, había mantenido la península itálica en una relativa calmaNota 15). Entre julio de 1494 y diciembre de aquel año, el ejército francés marchó de Lyon a Roma, aplastando sin problemas a las tropas de la coalición papal, florentina y napolitana que le salieron al pasoNota 16), pues Carlos VIII había movilizado una de las fuerzas militares más importantes de su época: su ejército contaba con unos 20.000 jinetes —incluido un gran número de combatientes de caballería pesada, la famosa GendarmeríaNota 17)—, 15.000 infantes y 150 cañones, a los que había que sumar otros 8.000 hombres encuadrados en su poderosa armadaNota 18). La invasión de Italia por Carlos VIII supone el nacimiento de una nueva era de la política italiana tras cuarenta años de equilibrio. Así pues, no es de extrañar que David Abulafia afirme que "1494 marked the beginning of an unending Italian tragedy"Nota 19).

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Nota 1

Este proceso ha sido detalladamente analizado por reconocidos expertos; en las presentes líneas seguimos en lo fundamental la síntesis de LADERO QUESADA, Ejércitos y Armadas de los Reyes Católicos, pp. 32-39.

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Nota 2

PULGAR, Crónica de los Reyes Católicos, pp. 68-69.

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Nota 3

VAL VALDIVIESO, "La política exterior de la Monarquía castellano-aragonesa en la época de los Reyes Católicos", p. 20.

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Nota 4

En su lecho de muerte, Luis XI confesó sus pecados a San Francisco de Paula. Entre ellos se encontraba haber retenido ilegalmente las posesiones aragonesas del Rosellón y la Cerdaña, por lo que envió procuradores para devolverlos y limpiar así su conciencia. Su hija Ana, que iba a ser regente de su hermano menor, el futuro Carlos VIII, retuvo a los procuradores hasta que el rey murió y luego, convertida ya en regente de Francia, anuló la orden, alegando que la conciencia del rey había quedado aliviada al dar la orden, no siendo necesario su cumplimiento para la salvación de su alma (SUAREZ FERNÁNDEZ, Los Reyes Católicos, p. 249).

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Nota 5

LADERO QUESADA, Ejércitos y Armadas de los Reyes Católicos, p. 32.

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Nota 6

SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., "La política internacional durante la guerra de Granada", en LADERO QUESADA, M. A., (ed.), La incorporación del reino de Granada a la Corona de Castilla. Granada, 1993, p. 736.

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Nota 7

Su esposa anterior, María de Borgoña, heredera de Carlos el Temerario y madre de quien sería conocido en España como Felipe el Hermoso, había fallecido en 1483, en plena juventud, a consecuencia de una caída de caballo.

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Nota 8

Normandía fue uno de los campos de batalla de la guerra de los Cien Años, entre Inglaterra y Francia. Sobre la ocupación inglesa de esta región, ver ALLMAND, CH., Lancastrian Normandy, 1415-1450: The History of a medieval occupation. Oxford, 1983.

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Nota 9

Más adelante, a la muerte de Carlos VIII, Ana se casaría con el primo de este, y sucesor suyo en el trono de Francia, Luis de Orleans, coronado como Luis XII.

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Nota 10

Al parecer, Maximiliano experimentaba una fuerte animadversión contra Carlos VIII, ya que en los sucesos de 1491, primero había obligado al emperador a renunciar a su boda con Ana de Bretaña y después, para poder casarse él mismo con la bretona, Carlos VIII había deshecho su compromiso con la hija de Maximiliano. La paz solo fue posible cuando Francia devolvió a Maximiliano el Artois y el Franco-Condado, que le habían sido entregados como dote de la hija del emperador (PEYRONNET, G., "The distant origins of the italian wars: political relations between France and Italy in the fourteenth and fifteenth centuries", en ABULAFIA, D., The French descent into Renaissance Italy, 1494-95. Aldershot, 1995, p. 49).

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Nota 11

Esta ha sido una de las explicaciones más habituales ofrecidas por los historiadores a las ambiciones de Carlos en el teatro italiano. Otros autores creen que fue manipulado por Ludovico Sforza, duque de Milán, que esperaba poder utilizar el poder francés para contrarrestar la influencia de Ferrante de Nápoles (ABULAFIA, The French descent into Renaissance Italy, p. 16). Motivos para ello tenía, según los criterios de la época: Isabel de Aragón, nieta de Ferrante de Nápoles, estaba casada con el sobrino de Ludovico, Gian Galeazzo Sforza, a quien El Moro había usurpado el ducado. Con la invasión francesa, Sforza anulaba el peligro de que Ferrante ayudara al esposo de su nieta (SOTELO ÁLVAREZ, Casa de Aragón de Nápoles (1442-1503), p. 191 y 193). En cualquier caso, los intereses franceses llevaban extendiéndose a Italia desde el siglo XIII, y habían continuado, en la parte Norte de la Península, a lo largo del siglo XIV (PEYRONNET, "The distant origins of the italian wars: political relations between France and Italy in the Fourteenth and fifteenth centuries", p. 38). Sobre una visión de la política italiana del padre de Carlos VIII, Luis XI, ver HUILLARD-BRÉHOLLES, J., "Louis XI protecteur de la Confédéración italienne", en Revue des Sociétés savantes, 1861.

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Nota 12

El Tratado de Barcelona no incluía cláusulas sobre Nápoles, pero Fernando prometió a Carlos VIII mantenerse al margen (LADERO QUESADA, Ejércitos y Armadas de los Reyes Católicos, pp. 36-37). La cláusula referente al papado era habitual en todos los tratados de la época entre reyes cristianos, no obstante, en el caso del Tratado de Barcelona, "en esta cláusula estaba el escollo en el que el tratado había de naufragar no mucho después" (OCHOA BRUN, M. A., Historia de la diplomacia española. Madrid, 1995, vol. IV, p. 69).

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Nota 13

Hijo ilegítimo de Alfonso V el Magnánimo, Ferrante era primo de Fernando el Católico y ha sido definido como el más feroz de los príncipes de su tiempo (BURCKHARDT, P., The civilization of the Renaissance in Italy. Middlemore, 1990, pp. 40-41).

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Nota 14

The French descent into Renaissance Italy, p. 13.

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Nota 15

Dicha paz había puesto fin a casi setenta años de guerras poco menos que ininterrumpidas que habían afectado, en un momento u otro, a todos los poderes de la península itálica (COVINI, M. N., "Political and military bonds in the Italian State System", en CONTAMINE, P., (ed.), War and competition between states. Oxford, 2000, p. 24). En cualquier caso, se sucedieron revueltas, magnicidios —como el asesinato en 1476 de Galeazzo María Sforza en la milanesa iglesia de San Stéfano— o conspiraciones, como la de los Pacci, en Florencia, que en 1478 trataban de asesinar a Lorenzo de Medici, matando durante el atentado a su hermano Juan (BOUCHERON, P., "Théories et pratiques du coup d'État dans l'Italie princiére du Quattrocento", en FORONDA, F., GENET, J. P., NIETO SORIA, J. M., (dir.), Coups d'État á la fin du Moyen Age. Aux fondements du pouvoir politique en Europe occidentale. Madrid, 2005, pp. 29-30). La reacción de Lorenzo de Medici fue implacable: los cuerpos de setenta personas, más o menos directamente implicadas en la conjura fueron colgadas de las rejas del palacio de la Signoria (SOTELO ÁLVAREZ, Casa de Aragón de Nápoles (1442-1503), p. 166).

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Nota 16

Sobre el papel jugado por la nobleza romana en los acontecimientos de aquel momento, ver SHAW, CH., "The Roman barons and the French descent in to Italy", en ABULAFIA, D., (coord..), The French descent in to Renaissance Italy, 1494-95. Aldershot, 1995.

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Nota 17

"La gendarmerie est la plus víelle instituion militaire francaise"; originariamente, con el término "gendarme" —literalmente, "gens de armes", gente de armas— se definía al hombre de guerra a caballo que comandaba a otros caballeros; por ello, los reyes y mariscales aparecían en el campo de batalla rodeados de "gendarmes" fuertemente armados, que, con el tiempo, se institucionalizaron en compañías de caballería pesada (ALARY. E., L'histoire de la gendarmerie. De la Renaissance au troisiéme millénaire. París, 2000, pp. 17-18). Francia había sido uno de los primeros Estados en crear una infantería permanente, pero durante la regencia de Ana y Pedro de Beaujais, los regentes habían decidido suprimirla en 1490, volviendo a acentuar el peso en la caballería de corte medieval (QUATREFAGES, R., "Le systéme militaire des Habsbourg", p. 343).

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Nota 18

The French descent in to Renaissance Italy, p. 1.

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Nota 19

No obstante, lo cierto es que los sucesos desencadenados en 1494 fueron consecuencia, en gran medida, de la debilidad en términos absolutos de la mayor parte de Estados italianos (MALLET, M., "Personalities and pressures: Italian involvement in the French invasion of 1494", en ABULAFIA, D., (coord..), The French descent in to Renaissance Italy, 1494-95. Aldershot, 1995, p. 151). Pero, como señala el profesor Rainer, la invasión francesa fue el comienzo del choque entre esta Corona, el Imperio y la Monarquía Hispánica: "Mitdem Zug Karls VIII. nach Neapel began der ein Jahrhun dert wahrende Kamp fum Italien, den die Habsburger als Kaiser und als Konige von Spaniengegen Frankreich führten" (RAINER, J., "Maximilian I und Italien", en KOHLER, A., y EDELMAYER, F., (coord.), Hispania-Austria. Munich, 1993, p. 135).

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2.- La primera guerra de Nápoles

El fin de la guerra de Granada, en enero de 1492, desató las manos de los Reyes para reorientar su política exterior y concentrarse en otros ámbitos que el conflicto granadino había dejado en segundo plano durante más de una década, reorientando los recursos de Castilla hacia campos hasta entonces aragonesesNota 1). Ello hizo posible que, tras producirse la invasión francesa, Isabel y Fernando se aprestaran a intervenir en la guerra desatada en suelo itálico. Se envió al diplomático Juan Ram Escrivá de Romaní a Nápoles, con objeto de obtener la cesión de varias plazas costeras en Calabria que hicieran posible preparar desembarcos de tropas peninsulares. En enero de 1495, tras fracasar en su misión dos diplomáticos enviados a la Corte francesa, los Reyes informaban a Carlos VIII de que consideraban roto el tratado de Barcelona si el rey galo no se sujetaba a resolver la disputa sobre los derechos de Nápoles a través de un proceso jurídicoNota 2). Entre tanto, Alfonso II, hijo y heredero de Ferrante, abdicó en su hijo Ferrante II, movimiento truncado por una revuelta de los barones de Nápoles que permitió que los franceses ocuparan el reino en febrero de 1495, reclamando así Carlos VIII los derechos de la Casa de Anjou a la Corona napolitana, arrebatados cincuenta años antes por el rey de Aragón Alfonso V el MagnánimoNota 3). El 20 de mayo de 1495, el papa Alejandro VI coronaba a Carlos VIII como rey de Nápoles en la catedral de esta ciudadNota 4).

La conclusión de la Liga Santa, que alineaba al papa, Milán, Mantua, Venecia, el emperador Maximiliano y los Reyes Católicos, hizo que Carlos VIII se retirara a Francia, dejando, eso sí, la mitad de su ejército en Nápoles. Los mantovanos le atacaron en Fornovo y tomaron parte del bagaje, no obteniendo, en cualquier caso, una victoria clara. Entre tanto, en el Sur, las fuerzas de Isabel y Fernando, fundamentalmente castellanas, comenzaron a operar en tierra bajo la dirección de Gonzalo Fernández de Córdoba, mientras que las fuerzas navales, bajo el mando del conde de Palamós, estrangularon las vías de aprovisionamiento del ejército francés.

Las tropas castellanas, que habían sido trasladadas a Nápoles a lo largo de los meses de marzo y abril de 1495, estaban compuestas por cuatrocientas lanzas de la Hermandad, cien lanzas de las guardas y quinientos peones, tropas, todas ellas, extraídas de los acantonamientos del reino de Granada. El primer choque terrestre de importancia entre ambos ejércitos tuvo lugar el 21 de junio de 1495; entonces, la caballería francesa y la infantería suiza derrotaron a los castellanos en el campo de batalla de SeminaraNota 5). Pese a esta derrota, el 7 de julio las tropas de Isabel y Fernando entraban en Nápoles, si bien los franceses conservaron las fortalezas de la ciudad hasta diciembre, en que sus defensas fueron devastadas por las minas con que don Gonzalo había suplido sus limitaciones en artilleríaNota 6).

El duque de Montepensier, comandante del ejército francés en Nápoles, capituló el 27 de julio de 1496, tras haber tomado las tropas de Isabel y Fernando la ciudad de Atella, considerada inexpugnable. Gaeta, la última fortaleza retenida por los franceses, se rindió en diciembre de 1496Nota 7).

Esta primera guerra de Nápoles había supuesto el choque de dos modos completamente diferentes de hacer la guerra: un ejército francés que combinaba la caballería pesada de estructura medieval con un tren artillero que anunciaba la modernidad, pero eficaces ambos solo en contextos tácticos concretos, contra un ejército hispánico más ágil y flexible, basado en el uso de la infantería como arma principal, y no como mero personal auxiliar de la caballería o tropa de guarnición:

"Si el ejército de Carlos VIII en su cabalgada medieval había dado la impresión de una potente máquina de guerra, con gran fuerza de choque en la que predominaba la caballería e infantería pesadas en torno a la unidad táctica del caballero de lanza francés, con cierto aroma del pasado, él [Fernando] también tenía buenos generales que sabrían acoplar las lecciones de Granada a los campos italianos. Ligereza, sorpresa, emboscadas, habían de ser las armas más apropiadas para una infantería y una caballería sumamente móviles, a la jineta, que sobresalían en su capacidad de maniobra y en sus posibilidades de mejor adaptación a la guerra moderna"Nota 8).

El valeroso Ferrante II no pudo volver a su trono, ya que falleció en septiembre de 1496Nota 9). El papa nombró rey de Nápoles al tío del rey muerto, Federico, y Cesar Borgia, por entonces cardenal, le coronó el 19 de diciembre de 1496. Con esta muerte, con la decisión pontificia y con el cambio de línea sucesoria, apartándose de la línea de la primogenitura, quedaba abierta la puerta a nuevos problemas en el futuro, que se verificarían tan solo cinco años más tarde.

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Nota 1

LADERO QUESADA, Ejércitos y Armadas de los Reyes Católicos, p. 7.

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Nota 2

"Todos sus consejeros trataban de disuadir al rey Carlos VIII de entrar en el atolladero, siendo joven sin experiencia, débil y delicado de salud, y rodeado de enemigos más fuertes, pues el reino de Nápoles estaba fuertemente defendido, era riquísimo, con un viejo Ferrante rodeado de grandes capitanes, además de muchos hijos y un nieto de grandes esperanzas, con el sucesor de Alfonso considerado muy batallador y valeroso" (SOTELO ÁLVAREZ, A., Casa de Aragón de Nápoles (1442-1503) en la historiografía italiana (s. XV-XVII). Torrevieja, 2001, p. 224).

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Nota 3

Sobre la expansión mediterránea aragonesa, ver LALINDE ABADÍA, J., La Corona de Aragón en el Mediterráneo Medieval (1229-1479). Zaragoza, 1979. La conquista de Nápoles por Alfonso se estudia en ABULAFIA, D., The western Mediterranean Kingdoms, 1200-1500. Londres, 1997, pp. 195222; un análisis sobre la defensa francesa de los derechos angevinos en RYDER, A., "The Angevin bid for Naples, 1380-1480", en ABULAFIA, D., The French descent in to Renaissance Italy, 1494-95. Aldershot, 1995; sobre el gobierno de Alfonso en Nápoles, RYDER, A., The kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous. Oxford, 1976.

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Nota 4

Para convencer a Alejandro, el rey de Francia amenazó con convocar un cónclave dominado por el cardenal Della Rovere, enemigo mortal del papa Borgia, y que podía reunir a, al menos, diez cardenales, para deponerle (SOTELO ÁLVAREZ, Casa de Aragón de Nápoles (1442-1503), p. 221).

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Nota 5

En Seminara, el rey Ferrante estuvo a punto de ser capturado por los franceses, cuando, tras haber hecho astillas su lanza contra el pecho de un caballero enemigo, su caballo cayó muerto bajo sus pies. Uno de sus pajes, Juan de Capua, que había servido al rey desde que ambos tenían diez años, le entregó su montura y quedó a pie sobre el campo mientras Ferrante lograba escapar. Furiosos por la presa perdida, los franceses dieron muerte al paje.

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Nota 6

La superioridad artillera francesa no solo era apabullante en cuantificación numérica, sino que era superior en su desarrollo. En la guerra de Nápoles, los artilleros franceses introdujeron una novedad que sería clave en los años venideros, al sustituir los proyectiles de piedra por proyectiles de hierro, que permitían causar un daño similar con menor peso (PEPPER, S., "Castle and cannon in the Naples campaign of 1494-95", en ABULAFIA, D., (coord.), The French descent in to Renaissance Italy, 1494-95. Aldershot, 1995, p. 264).

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Nota 7

Respecto a estos acontecimientos, ver PIERI, P., Il Rinascimento e la crisi militare italiana, Turín, 1952, pp. 356-366.

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Nota 8

BELENGUER, El imperio hispánico, pág.71.

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Nota 9

El joven rey napolitano había dado muestras de increíble valor y audacia durante la guerra. En Ischia, donde el castillo se había pasado a los franceses, se entrevistó en solitario dentro de los muros con el castellano, al cual mató de una estocada, tras lo cual se encaró con el resto de la guarnición, que no se atrevió a atacar a Ferrante, lo cual permitió la captura de la fortaleza (SOTELO ÁLVAREZ, Casa de Aragón de Nápoles (1442-1503), p. 225).

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CAPÍTULO VII: LAS CONSECUENCIAS DE LA PRIMERA GUERRA DE NÁPOLES

1.- Las consecuencias de la guerra

El 25 de febrero de 1497 los Reyes firmaron con Francia la tregua de Lyon, válida hasta noviembre; el 7 de mayo los Reyes ordenaban a don Gonzalo, que acababa de recuperar Ostia para el papa, arrebatándosela a los franceses, que volviera a la Península, pero este quedó en Nápoles un tiempo, reduciendo enclaves franceses con tropas pagadas por el rey de Nápoles.

Durante la guerra, la amenaza de que Francia abriera un segundo frente a través de Navarra hizo que se paralizara la supresión de capitanías a caballo de la Hermandad y que la junta que se celebró en Medina del Campo en junio de 1495 elaborara una ordenanza, que los Reyes promulgaron en diciembre, para que todos los vecinos del reino estuvieran armados en sus casas en función de su fortuna. Una nueva ordenanza, de 1496, dispuso que uno de cada doce vecinos estuviera en armas, listo para ser movilizado por la Hermandad. Fernando convocó Cortes aragonesas en Tarazona en agosto de 1495 para obtener un servicio para pagar tropas. Dichas Cortes aceptaron pagar doscientos hombres de armas y trescientos jinetes, siempre y cuando se mantuvieran bajo mando aragonés. A cambio de aprobar este servicio, las Cortes pidieron a Fernando que se suspendiera durante diez años la vigencia de la Hermandad en Aragón, institución a la que la nobleza se oponía vehementemente.

En el ámbito diplomático y de la política exterior de la monarquía de Isabel y Fernando, la guerra de Nápoles reestructuró prioridades y provocó importantes reorientaciones. En muchos sentidos, fue un conflicto novedoso, globalizador, en el que "se daba la circunstancia, relativamente nueva, de que un conflicto mediterráneo repercutía inmediatamente en el ámbito atlántico y daba lugar a la construcción de una red de relaciones que afectaba ya, al mismo tiempo, a los principales poderes de Occidente", al reconstruir los Reyes la alianza atlántica con Inglaterra y Borgoña al objeto de rodear a Francia de enemigosNota 1). Por ello, se concertaron las bodas del príncipe Juan, heredero de los Reyes, con Margarita de Austria, y la de Juana, hija de los monarcas, con Felipe el Hermoso, heredero del emperador Maximiliano.

En el ámbito económico, los costes de la guerra fueron muy importantes para las arcas de Isabel y Fernando: la guerra de Nápoles costó al menos 400.000 ducados a la hacienda castellana, mientras que la defensa del Rosellón, entre el año 1495 y el año 1497, 600.000 ducados más. Otros 240.000 hubieron de invertirse en los años 1498 y 1499 para sostener las guarniciones y fortalezas creadas en la región. A estas cantidades, hay que añadir 180.000 ducados, coste de mantener la armada de Flandes. Así pues, según cálculos del profesor Ladero Quesada, la guerra en Nápoles costó aproximadamente un millón y medio de ducados:

"El coste de la guerra se acercaba al millón y medio de ducados con los que se pagó la intervención militar directa de tropas castellanas, puesto que no solo se contrataron cientos de barcos para las armadas o para el aprovisionamiento del ejército con cereales comprados en Andalucía y se pagó a los cuerpos permanentes del ejército real, que eran las capitanías a caballo de la Hermandad y las Guardas Reales, sino que también se movilizaron los jinetes de acostamiento, con cuyos servicios contaba la monarquía en ciudades y pueblos de Castilla, las mesnadas de grandes nobles, las tropas de las Órdenes Militares, la infantería contratada en diversas partes del reino, especialistas en la fabricación de artillería y, en fin, se pagó la reparación y la construcción de fortalezas en Rosellón y Cerdaña: Colliure, Elna, Clayrá y, sobre todo, la nueva fortaleza de Salsas, cuyo coste ascendió a 116.000 ducados entre 1497 y 1503. (...) En el Rosellón se llegaron a acumular 4.000 lanzas de caballería pesada, 6.000 jinetes, y 15.000 peones".

La mayor parte del esfuerzo militar, humano, y económico, fue sostenido desde la Corona de Castilla, que, por primera vez, proyectaba al teatro europeo toda la fuerza de sus recursos:

"Salvo 1.000 lanzas proporcionadas por Aragón y Cataluña previa concesión de sus respectivas Cortes y bajo mando propio, el resto procedía de Castilla, donde ni se habían convocado Cortes ni pidieron los Reyes aquiescencia o licencia para llevar a cabo aquellas iniciativas. Era la primera vez que tropas y dinero castellanos se empleaban masivamente fuera del reino para apoyar una política exterior común de la monarquía, que, en este caso, respondía a intereses y líneas de acción propios de los monarcas de la casa de Aragón"Nota 2).

En lo estratégico, la guerra de Nápoles obligó a suspender las operaciones que se estaban preparando para actuar en el Norte de ÁfricaNota 3), desplazando el foco mediterráneo de la Monarquía de los intereses castellanos en Berbería a los intereses aragoneses en la península itálica. Los sucesos de la península itálica retrasaron y perjudicaron los proyectos africanos. En palabras de Belenguer i Cebrá, "la prioridad de la política italiana hace añicos el espejismo africano, incluso en el área mediterránea"Nota 4).

Otra de las consecuencias de la guerra italiana va a ser la mejora de las relaciones entre Venecia y la Corona de Aragón, que iniciarán unos años de intensa cooperación económica, gozando los comerciantes de cada uno de estos territorios de grandes ventajas para el comercio en tierras del otro. Esto hizo que la ofensiva turca en el Mediterráneo oriental que amenazaba con barrer las posesiones venecianas, dando a la Monarquía Hispánica motivos políticos, económicos y estratégicos suficientes para apoyar a Venecia, apoyo que acabaría concretándose en la expedición de Gonzalo Fernández de Córdoba contra Cefalonia en el año 1500Nota 5).

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Nota 1

LADERO QUESADA, Ejércitos y Armadas de los Reyes Católicos, p. 56.

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Nota 2

Ejércitos y Armadas de los Reyes Católicos, pp. 64-65.

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Nota 3

AZNAR VALLEJO, E., “Marinos vascos en la guerra naval de Andalucía durante el siglo XV”, en Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 5, San Sebastián, 2006, p. 48.

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Nota 4

BELENGUER, El imperio hispánico, p. 82.

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Nota 5

Esta cuestión se trata con más detalle más adelante.

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2.- Las ordenanzas de 1495 y 1496

El esfuerzo bélico en Nápoles supuso una proyección de fuerza que, si bien Aragón ya había llevado a cabo con anterioridad, era novedosa para Castilla. Esto hizo que, en previsión de que el alcance de la guerra fuera a más, los Reyes elaboraran importantes normas de ámbito militar. La mayor parte de ellas emanan de la junta de la Hermandad que se reunió en 1495 en Medina del Campo, donde se analizó el camino que debían seguir las reestructuraciones del aparato militar de la Monarquía. De lo debatido surgieron las normas que la Corona promulgaría como ordenanzas del año 1495 y del año 1496.

La ordenanza del 5 de octubre de 1495Nota 1), conocida como ordenanza de Armamento General, tuvo su origen en el memorial que elaboró Alonso de Quintanilla para la junta de la Hermandad, de la que era contadorNota 2). Su importancia radicaba en tres factores: en lo práctico, sentó las bases que permitirían la construcción de un sistema plenamente moderno en el siglo XVI; en lo cronológico, fue la primera norma de este tipo para los ejércitos de la Corona de Castilla y, en lo jurídico, fue la primera ley castellana que impuso al conjunto de la población obligaciones de carácter militar, de las que solo estaban exceptuados los religiosos y los pobres de solemnidadNota 3). El resto de los castellanos debían poseer armas ofensivas y defensivas de acuerdo a sus capacidades físicas y económicas. El informe de Quintanilla proponía que, hasta 5.000 maravedíes de renta, la población se armara como lanceros; entre los 5.000 y los 20.000 maravedíes, como ballesteros o encorazados y, por encima de 20.000 maravedíes de renta, uno de cada cinco habitantes tenía que ser espingardero. Todas estas recomendaciones se siguieron, salvo la que, probablemente, fuera la más ambiciosa de todas: que, además de los citados, en los concejos grandes hubiera alguna artillería, sobre todo en aquellos que eran puertos de mar.

El texto incluía dispensas fiscales para los vecinos encargados de tener estas armas y equipos, uno de cada doce entre los pecheros. Quedaban libres de la obligación de alojar a tropa u oficiales cuando las fuerzas reales pasaran por la localidad, de pagar la contribución ordinaria de la Hermandad y del pago de los servicios extraordinarios que los monarcas pudieran pedir para pagar peones.

Por su parte, la Ordenanza de 18 de enero de 1496Nota 4), que fue consecuencia directa de la amenaza francesa contra el Rosellón, constaba de 26 artículos, fijaba la organización de la Tesorería de Guerra y su organización y procedimientos de gestión. Incluía normas sobre infantería, caballería, artillería y marina, abarcando la práctica totalidad de las armas de la época, y creaba un sistema triple de control financiero de los recursos militares. En el punto más alto, el comandante en jefe tenía el control y el poder de decisión sobre los gastos que debían hacerse y el modo en que emplear los recursos puestos a su disposición; sin embargo, se creaba la figura de un contador, que era el oficial encargado de librar las cuentas y los títulos de pago, conforme a las instrucciones del comandante en jefe. En tercer lugar, un veedor se encargaba de revisar la conformidad de estas cuentas con la disponibilidad de alimentos, municiones y cualquier otro suministroNota 5).

Ambos textos fueron diseñados por Hernando de Zafra y por los contadores reales, lo cual demuestra que una de las principales preocupaciones que llevaron a su elaboración fue reglar de una manera clara los aspectos financieros de las actividades militares, de forma que, en dichos campos, la maquinaria que comenzaba a afinar la Monarquía hispánica fuera lo más efectiva posible, algo indispensable si se quería afrontar con garantías el tipo de acciones militares que se exigían en un contexto europeo y no en uno meramente peninsular.

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Nota 1

AGS, Cámara de Castilla, Cédulas, leg. 2°, fols. 78-79.

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Nota 2

"Era Quintanilla un asturiano ya doblada la mitad de la vida cuando la reina le elige como su colaborador en materias hacendísticas y económicas. Criado del marqués de Villena, fue doncel en la Corte de Juan II, siendo en 1460 criado, guarda y súbdito de Enrique IV, cuyo servicio abandona por el del infante Alfonso en 1464, de donde pasa en 1468, ya cercanos los cincuenta años de edad, al de Isabel, cuyos intereses serán desde entonces su obligación y único deber. Lo vemos en 1475 de alcalde de La Mota, y ya en 1477 (...) como intendente en la guerra con Portugal. Similar papel tiene en la conquista de las Canarias y también interviene en la Santa Hermandad como organizador, llegando a ocupar la intendencia en la guerra granadina" (BALLESTEROS GAIBROIS, La obra de Isabel la Católica, p. 91).

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Nota 3

QUATREFAGES, R., "Le systéme militaire des Habsbourg", en HERMANN, CH., (coord.), Le premier áge de l'etat en Espagne (1450-1700). París, 1989, p. 346.

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Nota 4

AGS, Cámara, Cédulas, leg. 2°, fols. 158-159.

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Nota 5

Estas normas se completaron con una ordenanza de 22 de febrero de 1496 (AGS, Guerra antigua, leg. I, n° 13).

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3.- Las Cortes del año 1500

Con frecuencia ha pasado desapercibido el carácter traumático que, en varios aspectos, tuvieron los años del cambio de siglo para la monarquía de los Reyes Católicos, hasta el punto de que, quizá, pueda hablarse de una crisis finisecular:

"La crisis de fin de siglo puso en serio aprieto la compleja naturaleza del proyecto de los Reyes Católicos. Más allá de la cuestión biológica de las muertes que se sucedieron en la familia real o de la locura de Juana, hubo serios problemas (...) El primero fue América y lo que implicó de desestabilización de un sistema que nunca había previsto tal reto colonial. América no integró a los reinos hispánicos, generó asimetrías en el disfrute de las rentas americanas y propició un horizonte de ampliación y consolidación del régimen señorial en España"Nota 1).

En este contexto cabe situar la convocatoria de Cortes que los Reyes realizaron en Granada, el 12 de octubre de 1499. La asamblea se reunió en Sevilla a finales de dicho año o comienzos del año 1500 —no se conoce la fecha exacta— con el objetivo primordial de reformar el sistema extraordinario de recaudaciónNota 2), medida necesaria ante las exigencias económicas que los sucesos de los años previos habían planteado a la Monarquía.

Hasta 1495, los recursos financieros de la Hermandad habían permitido a la Corona mantener una Hacienda regia pequeña y saneada, que hizo innecesaria la convocatoria de Cortes con vocación netamente recaudatoria desde 1480 hasta el fin de siglo. Sin embargo, la guerra de 1494-96 quebró este sistema, ya que la contribución de la Hermandad no bastó para cubrir las necesidades de la guerra, lo cual a su vez provocó el endeudamiento de la Corona con la banca genovesa.

Entre las causas que hacían necesaria esta reforma se encontraba la financiación de la deuda acumulada para pagar los gastos de la primera guerra de Nápoles, cuyos intereses no habían hecho sino aumentar desde que comenzara a contraerse, en el año 1495. Las bodas de María y Catalina se habían venido a sumar a este problema, ya que para pagar las dotes respectivas había sido necesario efectuar nuevos asientos con la banca italiana. De modo que, tras la reforma fiscal abordada en las Cortes de Sevilla, encontramos como causas principales los gastos de la política exterior de los Reyes, sus guerras y su diplomacia.

Las Cortes comenzaron siendo presididas por ambos monarcas, pero las alarmantes noticias llegadas de Granada, donde se había sublevado la población morisca, hicieron que Fernando se ausentara. Isabel presidió el resto de reuniones, auxiliada por el obispo de Córdoba, el consejero Angulo y el secretario Almazán. En cualquier caso, ello no debió suponer ningún problema o dificultad para Isabel, ya que, previamente, los monarcas se habían asegurado de que el control de las Cortes fuera absoluto, hasta el punto de que quizá fueron las Cortes de la Historia en las que hubo una mayor identidad entre la Corona y los procuradores: El 35% de ellos ostentaban cargos que eran provistos directamente por la Corona; el 60% ya habían representado a sus ciudades en Cortes anteriores y el 60% volvería a hacerlo en Cortes posterioresNota 3).

Tres conclusiones se extraen de estas Cortes en lo que respecta a la naturaleza de los servicios, el más importante de los ingresos extraordinarios de la Corona: en primer lugar, el servicio es una ayuda o donativo que se concede graciosamente por el reino a los reyes; en segundo lugar, el servicio no deriva del imperium regio y, por lo tanto, no debe ser considerado un impuesto, sino un subsidio; y por último, en relación con las dos anteriores, el servicio es la conclusión de un acuerdo o pacto libre entre el reino y el reyNota 4).

Para la Corona, el servicio de las Cortes de Sevilla fue un importante logro, no solo por el montante del mismo, sino porque, desde dicho servicio, el poder de supervisión del gasto del servicio por parte de las Cortes fue prácticamente nulo, de manera que la Corona podía gastar las cantidades recibidas sin la supervisión requerida hasta entoncesNota 5).

Además de aprobar un servicio de ciento cincuenta millones de maravedíes, casi tan grande como el concedido en Madrigal veinticuatro años antes, en plena guerra de Sucesión, la Corona cobró y pidió préstamos, aduciendo las necesidades de la guerra, tanto las relacionadas con las sublevaciones granadinas como la que pensaba emprenderse contra los turcos. Una de las personas clave en esa recaudación de fondos fue Hernando de Zafra, que elaboró una lista de sesenta y nueve personalidades a las que la Corona podía acudir en esas circunstancias, esperando que contribuyeran al esfuerzo de la Monarquía con una cantidad total que debía rondar los setenta millones de maravedíesNota 6). Cuando la operación de reunión de capitales terminó, algunos de los principales nobles andaluces se habían convertido en importantes prestamistas a la Corona: así, al duque de Arcos los Reyes le adeudaron un millón de maravedíes, e importantes sumas se debían a otros nobles, como al alcalde de los Donceles o al conde de CifuentesNota 7).

Las cantidades de dinero del servicio de Sevilla, repartido en tres anualidades —1500, 1501 y 1502— se gastaron en cuestiones relacionadas con las guerras exteriores de la MonarquíaNota 8). Lo pagado a los banqueros genoveses montaron 1.040.000 maravedíes para cubrir las deudas que aún persistían de la campaña de Nápoles de los años 1495-96; otros 2.200.000 maravedíes para los gastos de la armada de Sicilia, así como 910.000 maravedíes por gastos relacionados, pero sin especificarNota 9). Otro gasto militar que se satisfizo con el servicio fue el pago de los acostamientosNota 10).

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Nota 1

GARCÍA CÁRCEL, R., "Los cambios de siglo en la época moderna", en NIETO SORIA, J. M., y LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, M.ª V., (eds.), Gobernar en tiempos de crisis. Las quiebras dinásticas en el ámbito hispánico (1250-1808). Madrid, 2008, p. 402.

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Nota 2

De hecho, puede decirse que esta convocatoria fue la primera en el reinado de los Reyes Católicos cuya intención única y primordial era obtener recursos económicos extraordinarios.

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Nota 3

CARRETERO ZAMORA, Cortes, Monarquía y ciudades, p. 198.

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Nota 4

CARRETERO ZAMORA, "Cortes, representación política y pacto fiscal (1498-1518)", p. 140. El propio autor ha definido el servicio como un instrumento fiscal en el que los elementos definitorios esenciales son la concesión voluntaria y la existencia de un fin público que lo justifique (Cortes, Monarquía y ciudades, p. 62). En la misma línea, LADERO QUESADA, La Hacienda real de Castilla en el siglo XV, pp. 218-219.

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Nota 5

CARRETERO ZAMORA, Cortes, Monarquía y ciudades, p. 67.

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Nota 6

LADERO QUESADA, Hernando de Zafra, pp. 68-69.

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Nota 7

CARRETERO ZAMORA, Cortes, Monarquía y ciudades, p. 101.

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Nota 8

CARRETERO ZAMORA, Cortes, Monarquía y ciudades, p. 105.

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Nota 9

En el trienio 1500-2, los gastos para Nápoles y la armada de Sicilia contra el Turco fueron de 4.962.000, alrededor de un 14% del total del subsidio (AGS, CMC, 1° Época, leg. 159).

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Nota 10

CARRETERO ZAMORA, Cortes, Monarquía y ciudades, pp. 105-108.

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CAPÍTULO VIII: LA SEGUNDA GUERRA DE NÁPOLES

1.- De nuevo Nápoles

En el verano de 1499, Italia volvió a convertirse en campo de batalla para los ejércitos franceses. El rey Luis XII ocupó Milán y se hizo con el control de Génova. Ludovico Sforza, duque depuesto de Milán, logró recuperar sus dominios en febrero de 1500, ayudado por un ejército formado, en su mayor parte, por mercenarios suizosNota 1). Sin embargo, el choque decisivo tuvo lugar en Novara, el 10 de abril del año 1500, y en esa ocasión las fuerzas de Ludovico fueron derrotadas por los franceses y el propio duque capturado por sus enemigosNota 2). Tras controlar Milán, Luis XII marchó hacia el Sur, en connivencia con sus aliados venecianos, y ayudó a Florencia a recuperar PisaNota 3).

La situación en Italia se iba complicando por una temible amenaza que no llegaba a concretarse: Ludovico Sforza había pedido ayuda al sultán otomano de Constantinopla para que la fuerza del imperio le respaldara contra Francia, y se temía que Federico, rey de Nápoles, hiciera lo propio si las amenazas que se cernían sobre su reino llegaban a concretarse. Esta política, que tenía por objeto mantener a raya a las potencias occidentales, tuvo el efecto inverso, ya que permitió a franceses y peninsulares vestir sus intereses y acciones en Italia con, al menos, un tenue ropaje de legitimidad, esgrimiendo la traición cometida contra la Cristiandad por los gobernantes italianos que amenazaban con coaligarse con el temido Turco, que acababa de derrotar a la flota veneciana en Mitilene. También fracasó el ataque conjunto de más de diez mil venecianos y franceses contra CefaloniaNota 4), estratégico puerto usado como refugio por las galeras otomanas para sus ataques contra la Península Itálica. Isabel y Fernando se encontraban reuniendo tropas para participar en estas operaciones, pero la sublevación de la primavera de 1500 de los moriscos hizo que esas tropas hubieran de usarse contra ellos, en vez de marchar contra los turcos.

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Nota 1

Sobre el papel jugado por Milán en los primeros cuatro decenios de guerras en Italia en los siglos XV y XVI ver CHITTOLINI, G., "Milan in the face of the Italian wars (1494-1535): Between the crisis of the estate and the affirmation of urban autonomy", en ABULAFIA, D., The French descent in to Renaissance Italy, 1494-95. Aldershot, 1995.

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Nota 2

Ludovico había ocupado el ducado quitándoselo a su sobrino Gian Galeazzo. Para ello, se había valido de una argumentación jurídica endeble: Ludovico alegaba que cuando su padre conquistó el ducado, el padre de Gian Galeazzo ya había nacido, y que la primogenitura solo es válida para los hijos nacidos después de la ocupación, por lo que, a efectos dinásticos en Milán, él, Ludovico, debía considerarse primogénito. Por su parte, Luis XII quería recuperar Milán alegando ser sucesor de los derechos de Valentina, su abuela, hija del duque Gian Galeazzo Sforza, asesinado en San Stefano en 1476. Tras su captura por los franceses en 1500, Ludovico el Moro ya no abandonaría su cautiverio hasta su muerte, ocurrida diez años más tarde (SOTELO ÁLVAREZ, Casa de Aragón de Nápoles (1442-1503), pp. 261-262).

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Nota 3

PIERI, Il Rinascimento e la crisi militare italiana, pp. 377-394.

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Nota 4

En el Mediterráneo Oriental, los franceses eran vistos con cierto recelo. Juan de Albania, el mítico Skandenberg, afirmó en cierta ocasión: "Nunca hemos visto lirios franceses en Oriente. El Turco algunas veces temió a los aragoneses, nunca a los francos" (SOTELO ÁLVAREZ, Casa de Aragón de Nápoles (1442-1503), p. 163).

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2.- El reparto de Nápoles

La muerte del heredero al trono portugués, Miguel, nieto de los Reyes Católicos, hizo que la amistad con Francia volviera a situarse en un primer plano de las necesidades diplomáticas de Isabel y Fernando, por lo que se negoció un nuevo tratado.

En el Tratado de Chambord-Granada, Luis XII de Francia y los Reyes Católicos apoyaron el reparto de Nápoles, con el beneplácito del Santo Padre. Alejandro VI, en las postrimerías de su pontificado, estaba furioso con Federico de Nápoles, ya que el napolitano había frustrado la boda del hijo del papa, César Borgia, que había dejado el clero, con una de las hijas de Federico, cuya dote era el ducado de Tarento, llave del Sur de Italia. Según el Tratado de Chambord-Granada, Fernando el Católico se quedaría con Apulia y CalabriaNota 1), mientras que el resto del reino correspondería a Francia, incluida la capital. Las rentas se dividirían en partes iguales. El papado y Venecia también formaban parte del acuerdo, ya que César Borgia se convertiría en señor de La Marca, Umbría y la Romagna, mientras que Venecia recibiría la ciudad de Cremona, por la que llevaba tiempo litigando con Nápoles.

El papa sancionó este acuerdo, el 25 de junio de 1501, legitimando su propia participación en que Nápoles era vasallo del papado: los napolitanos entregaban cada año un caballo blanco y, el día de San Pedro y San Pablo, un censo, en una de las más solemnes ceremonias que tenían lugar cada año en la Roma pontificiaNota 2). Además, el apoyo legal pontificio al Tratado se sostuvo en otro pilar: el ánimo de cruzados y defensores de la fe de Luis XII y Fernando de Aragón, frente a un monarca napolitano, Federico, que, en un contraproducente error de cálculo político, había llegado a amenazar con acudir al Turco si su reino estaba en peligro. Todo ello hizo más fácil al papado la justificación del reparto.

Desde el punto de vista fernandino, las justificaciones de este reparto fueron varias. En parte, el renacer de las aspiraciones de la rama central de la dinastía aragonesa se había ido forjando desde el final de la primera guerra de Nápoles y, sobre todo, se había reforzado al apartarse la sucesión al trono napolitano de la línea de primogenitura descendiente de Alfonso V —Ferrante I, Alfonso II y Ferrante II—, para pasar a una rama colateral, al recaer el trono en Federico; sin embargo, la nobleza napolitana cerró filas en torno a su nuevo rey, lo cual convenció a Fernando durante el último lustro del siglo XV de que aún no era el momento adecuado para reclamar sus derechos.

La situación cambió en 1501. Entonces, Fernando el Católico alegó que la rama de la dinastía aragonesa que había gobernado Nápoles desde la conquista del reino por Alfonso V era ilegítima, ya que Ferrante no era hijo legítimo de Alfonso. Alegaba Fernando que, dolorosamente consciente de ello, había optado una y otra vez por "disimularlo" por respeto a las relaciones familiares que le unían con los monarcas napolitanos, pese a que su esposa, la reina Isabel, le había instado en repetidas ocasiones a que reclamara los derechos que le correspondían por ser el descendiente legítimo de Alfonso VNota 3). Desde Nápoles, se trató de rebatir este argumento por medios jurídicos, alegando que Alfonso V se había hecho con Nápoles a través de una conquista militar y, por tanto, para su sucesión era aplicable el derecho de conquista, que fijaba que aquel que se hacía por la fuerza de las armas con un territorio era libre de legárselo a quién considerara más oportuno, obviándose, si así lo creía oportuno, las normas de primogenitura o de legitimidad que afectaban al resto de la herencia.

En julio de 1501, Luis XII lanzó a sus tropas contra el reino de Nápoles, que cayó en sus manos sin que se produjera más resistencia de consideración que la de Capua, que, en represalia, experimentó una matanza a manos de las tropas galasNota 4). Como virrey de Nápoles quedó Luis de Armagnac, duque de Nemours.

La parte más complicada de la ocupación era la que correspondía a las zonas adjudicadas a Fernando, debido a la orografía y a las plazas fuertes presentes. De dicha misión se encargó, nuevamente, Gonzalo Fernández de Córdoba, que había acogido entre sus filas a los hermanos Colonna, Fabrizio —defensor de Capua— y Próspero, dos de los mejores generales de su tiempo. Al recibir las órdenes de Fernando para iniciar la ocupación de la mitad del reino de Nápoles, don Gonzalo comunicó dicha orden al rey Federico, junto a quién había permanecido durante aquel tiempo y, acto seguido, renunció formalmente a todas las posesiones que le habían sido concedidas en el reino de Nápoles, incluido el ducado de Saint Angelo, entregándoselas a FedericoNota 5). Tras este acto que don Gonzalo consideraba obligatorio para su honor, una vez más, volvió a asumir el mando de los ejércitos de Isabel y Fernando.

Las tropas de don Gonzalo tomaron Cosenza y sitiaron Tarento, en septiembre de 1501, hasta que la ciudad se rindió el 1 de marzo de 1502, con lo que quedó concluida, también sin excesivas complicaciones, la anexión de la parte de Nápoles que le había correspondido a los Reyes Católicos.

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Nota 1

Sobre Calabria en estos años, ver CARIDI, G., Uno Stato feudal en el Mezzogiorno spagnolo. Reggio, 1988.

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Nota 2

HERNANDO SÁNCHEZ, C. J., El reino de Nápoles en el imperio de Carlos V. La consolidación de la conquista. Madrid, 2001, p. 16.

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Nota 3

SOTELO ÁLVAREZ, Casa de Aragón de Nápoles (1442-1503), p. 266.

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Nota 4

En mitad de la batalla, frente a los muros exteriores de la ciudad, César Borgia, que había mantenido en secreto sus acuerdos con Francia, cambió de bando, provocando la derrota napolitana. En secreto, sin notificárselo a los hermanos Colonna, que pretendían seguir defendiendo la ciudad, un grupo de ciudadanos abrió en plena noche las puertas al ejército francés, con la esperanza vana de evitar los horrores asociados al asalto que se avecinaba.

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Nota 5

SOTELO ÁLVAREZ, Casa de Aragón de Nápoles (1442-1503), p. 266.

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3.- La segunda guerra de Nápoles

Entre tanto, habían comenzado los problemas diplomáticos entre castellanos y franceses por la posesión de dos regiones —Basilicata y Capitanata—, que Gonzalo de Córdoba consideraba parte de la Apulia, si bien el Tratado de Chambord-Granada no las mencionaba. A este problema se añadió una disputa fiscal, sobre a cuál de las dos partes en que pretendía dividirse el reino le correspondía el cobro de las rentas sobre el ganado trashumante. Estas cuestiones no eran más que manifestaciones del verdadero problema: la partición del reino de Nápoles no era viable desde el punto de vista económico, ya que con la división de las rentas ninguna de las dos mitades en que se había seccionado el reino podía mantenerse con sus propios recursosNota 1).

Las cuestiones en litigio se pusieron en manos de jueces, pero don Gonzalo implementó la vía de los hechos y, en febrero de 1502, tomó la ciudad de Manfredonia, punto clave para el cobro de la disputada aduana. Con esta acción, la guerra se hizo inevitable. Alegando incumplimiento francés de lo pactado en Chambord y Granada, Fernando reclamó la totalidad del reino de Nápoles, en virtud no ya de un tratado roto, sino de sus derechos en la sucesión de Alfonso V: es decir, lo que se pretendía no era el apoyo a un candidato para obtener ventaja estratégica en Nápoles, sino la integración del territorio en los dominios patrimoniales del rey de Aragón. Al igual que había ocurrido con la guerra de Granada, en la segunda guerra de Nápoles se había producido un cambio en los paradigmas por los que combatían las tropas de los Reyes Católicos.

Los Reyes crearon un mando doble: Gonzalo Fernández de Córdoba en tierra y Bernat Villamarí al frente de los barcos de la armada, lo cual demuestra que la complejidad de las operaciones era considerable. Además, desarrollaron nuevas ordenanzas, tanto para la armada, en marzo de 1503, como para las fuerzas de tierra.

Con su prudencia habitual, don Gonzalo diseñó una estrategia defensiva frente al mayor número de tropas enemigas, evitando el combate en campo abierto en espera de refuerzos y aprovechando, entre tanto, la experiencia de las tropas castellanas para realizar constantes maniobras dilatorias, emboscadas, escaramuzas y acciones de desgaste. El fracaso de las fuerzas francesas en lograr el bloqueo de Barletta y Tarento permitió que las tropas castellanas aumentaran en volumen y operatividad, pero, en diciembre de 1502, los franceses consiguieron imponerse a don Gonzalo en la segunda batalla de SeminaraNota 2). Sin embargo, su triunfo no les reportó una ventaja estratégica suficiente para desequilibrar la guerra, de forma que la campaña se convirtió en una lenta sucesión de bloqueos y de sitios, a la espera de que una u otra parte recibiera refuerzos que rompieran la paridad.

A comienzos de 1503 la situación de don Gonzalo mejoró con la llegada de refuerzos al mando de Luis Portocarrero, gracias a las victorias conseguidas por Villamarí en el mar. Portocarrero llegó a tierras italianas acompañado por ocho capitanías de las guardas con casi ochocientos hombres de armas y jinetes, y trece capitanías de peones gallegos y asturianos, que sumaban más de dos mil infantes, reforzados por la contratación de lansquenetes alemanes, que llegaron por mar desde Alessia, en la costa de Albania. Así reforzado, el 27 de abril de 1503, Gonzalo Fernández de Córdoba abandonaba la plaza fuerte de Barletta y marchaba contra los franceses, consiguiendo provocar el enfrentamiento campal en Cerignola.

Aquel fue uno de los choques militares que marcaron el futuro del llamado arte de la guerra; en él, el duque de Nemours y tres mil franceses perdieron la vida. Con Cerignola, don Gonzalo consiguió un respiro y puedo sofocar el motín de más de cuatro mil soldados españoles que querían que se les dieran las pagas atrasadas o se les diera permiso para saquear MelfiNota 3). Una vez superado el motín, el 16 de mayo de 1503 Gonzalo Fernández de Córdoba entró en Nápoles, cuyas puertas le abrió la población de la ciudad, aclamándole como restaurador de la dinastía aragonesa en el reinoNota 4).

Aquel verano, la guerra entró en una fase que no mostraba los mejores augurios para las armas de Fernando e Isabel. Las tropas de los Reyes no lograron tomar la fortaleza de Gaeta. La muerte de Alejandro VI, el 18 de agosto de 1503, trastocó la situación diplomática y Francia, recuperada de Cerignola, preparó una ofensiva sobre el Rosellón al tiempo que enviaba un ejército al reino de Nápoles, con lo que las fuerzas francesas allí destacadas se elevaron hasta alcanzar unos 24.000 hombres, con más de cincuenta piezas de artillería, a lo que don Gonzalo podía oponer algo más de 13.000 soldados apoyados por una veintena de piezas de artillería.

La amenaza que sobre Perpignan proyectaban las dos mil lanzas y treinta mil peones reunidos por los franceses en Narbona bajo el mando de Alain de Albret impidió a los Reyes enviar refuerzos a Nápoles, dando una de las primeras muestras a la Monarquía del que iba a convertirse en uno de sus desafíos endémicos en los tres siglos posteriores: la dificultad de hacer frente a guerras y amenazas en puntos geográficamente distantes entre sí, frente a enemigos que podían concentrar sus esfuerzos donde consideraran oportuno. Por fortuna, cuando comenzaron las operaciones en el Rosellón solo un tercio de la fuerza francesa fue utilizada por los generales de Luis XII, frente a los cuales se alineaban mil setecientos soldados castellanos, pertenecientes a trece capitanías de las guardas de Castilla y quinientos soldados aragoneses, reforzados posteriormente por un lento goteo de contingentes militares: se llamó a las mesnadas de los nobles de Castilla, cuarenta y seis de los cuales acudieron con las tropas de sus señoríos, aportando otros trescientos hombres de armas y casi dos mil jinetes, y se hizo una leva general en los concejos de Castilla, lo cual llevó a otros dos mil peones castellanos a la defensa del Rosellón. Cuando el despliegue defensivo de Isabel y Fernando terminó, las tornas habían cambiado, y 3.000 hombres de armas, 6.000 jinetes y más de 20.000 peones defendía la región.

Salsas fue asediada por los franceses entre el 3 de septiembre y el 20 de octubre, pero el maestre Ramiro, que había dirigido las obras de fortificación, había convertido la ciudad y sus bastiones en una trampa mortal contra la que se estrellaron, a lo largo de ocho semanas, todos los esfuerzos franceses. Cuando el ejército sitiador levantó el cerco, más de dos mil franceses habían perdido la vida frente a los muros de la fortalezaNota 5).

Mientras los esfuerzos franceses en el Rosellón se desangraban contra Salsas, el reino de Nápoles, se enfrentó a uno de los inviernos más duros que se recordaban. Sin embargo, Gonzalo Fernández de Córdoba, rompiendo con las estrategias habituales, que dictaban una pausa durante lo más crudo del invierno para evitar a las tropas el desgaste que les suponía operar en las durísimas condiciones impuestas por las estaciones invernales, continuó con las acciones de guerra, defendiendo una línea a lo largo del río Garellano.

El 6 de noviembre de 1503 se produjo la primera batalla de Garellano, un choque muy duro en el transcurso del cual los soldados de don Gonzalo lograron impedir que los franceses cruzaran el río. La acción decisiva, tras mes y medio de tanteos y de sufrir ambos ejércitos un enorme desgaste a causa de las condiciones estacionales, tuvo lugar el 28 de diciembre de 1503, cuando don Gonzalo realizó una marcha forzada que le permitió caer de forma inesperada sobre el núcleo del ejército francés, infligiendo una derrota absoluta y decisiva al enemigo. Al conocerse el resultado de la segunda batalla del Garellano, la fortaleza de Gaeta se rindió el 1 de enero de 1504, dejando el reino de Nápoles en manos de don Gonzalo y, por tanto, de sus señores, Isabel y Fernando.

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Nota 1

SUÁREZ FERNÁNDEZ, "La monarquía hispana y Europa en torno a 1505", p. 132.

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Nota 2

Las fuerzas del Gran Capitán y del duque de Nemours se encontraron frente a frente en Seminara; ambos llegaron al acuerdo de no entablar batalla. Sin embargo, Nemours, al constatar la superioridad de su ejército sobre las tropas de don Gonzalo, se arrepintió de lo acordado y atacó al ejército de don Gonzalo, derrotándolo (SOTELO ÁLVAREZ, Casa de Aragón de Nápoles (1442-1503), p. 281).

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Nota 3

No era la primera vez que don Gonzalo sufría un motín. En Seminara, los peones gallegos se negaron a combatir si no les pagaban las deudas acumuladas, deudas que, finalmente, les fueron pagadas al regreso de las tropas a la Península, a lo largo de los años 1504 y 1505.

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Nota 4

SAKELLARIOU, "Institutional and social continuities in the kingdom of Naples between 1443 and 1528", p. 345.

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Nota 5

Sobre el asedio de Salsas, ver AYORA, G. de, Cartas al rey don Fernando en el año 1503, desde el Rosellón, sobre el estado de la guerra con los franceses, dadas a luz por DGU. Madrid, 1794.

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CAPITULO IX: LAS CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA GUERRA DE NÁPOLES

1.- Consecuencias militares de la guerra

Francia experimentó unas pérdidas militares de un alcance desconocido en las guerras de los años anteriores, ya que se estima que más de treinta mil soldados franceses perdieron la vida en los campos de batalla del Rosellón y, sobre todo de NápolesNota 1). Ello le llevó a firmar, el día 12 de octubre de 1505, el Tratado de Blois, por el cual los reyes de Francia renunciaban a sus derechos sobre el trono de Nápoles.

Como cada una de las guerras del reinado, la inversión para la monarquía de Isabel y Fernando fue muy elevada. El cronista de Aragón Jerónimo Zurita estima el coste de las operaciones en un total de 400 millones de maravedíesNota 2). La Hacienda castellana tuvo que hacer un desembolso en gastos de guerra de más de un millón de ducados a fondo perdido, ya que no había resarcimiento posible aún si se consiguiera el control de Nápoles, que, en ningún caso, iba a pasar a ser administrado por CastillaNota 3).

La guerra supuso una importante actividad normativa. Para la Armada se dictaron dos ordenanzas, en julio de 1502 y marzo de 1503, mientras que, en tierra, se creó la ordenanza de 1503, específicamente pensada para su aplicación a las Guardas Reales, pero que, en la práctica, era susceptible de aplicarse a cualquier fuerza terrestre. Dicha ordenanza, como ya había sucedido con las normas de 1495 y 1496, fue elaborada fundamentalmente por Hernando de Zafra y por los contadores reales, como demuestra su preocupación por los aspectos financieros y económicos relacionados con las tropas.

Una de las cuestiones que se reguló fue el trato a los prisioneros, introduciendo normas que evitaran las masacres. Tras estas medidas no había un sentimiento humanitarista, sino utilitario: los prisioneros eran una ingente fuente de recursos financieros, canalizados a través del pago de sus rescates, y el aumento de los costes de la guerra hacía que ninguna fuente de ingresos con que paliar en parte estos gastos fuera desdeñable. En 1503, en Nápoles se declaró la "guerra cortés", que fijaba el rescate de un enemigo capturado en el cuartel, es decir, la cuarta parte del sueldo de un año, perdiendo, además, caballo y armas, siempre que fuera tomado en batalla campal, ya que para los enemigos capturados en fortaleza o ciudad el rescate no estaba fijadoNota 4). La época en la que el rescate de cada prisionero correspondía al soldado, caballero o guerrero que le capturaba quedaba, así, atrás.

La ordenanza fijaba también un sistema disciplinario, que prestaba mucha atención al equipo que debían poseer y mantener los soldados. Los miembros de cada capitanía de las Guardas Reales debían llevar sus propios caballos y armas, adquiridos por ellos mismos. Además, los hombres de armas debían tener un equipo ofensivo formado por lanza de armas —la temible lanza pesada de la caballería—, lanza de mano, espada, estoque y daga. La norma establecía que en cada capitanía de hombres de armas debía de haber un tercio de doblados —es decir, combatientes que disponían de un caballo de reserva—, mientras que en las de jinetes los doblados debían suponer una cuarta parte del total de combatientes. El control de estos equipos, armas y monturas se realizaba a través de alardes, en los que los oficiales pasaban revista a las tropas formadas comprobando su equipamientoNota 5). La ordenanza de 1503 fijaba, al menos, seis alardes anuales.

Por último, la ordenanza fijaba la jurisdicción a la que quedaban sometidos los integrantes de las unidades militares, por lo que es uno de los primeros textos legales en establecer un fuero militar propio. Según la ordenanza, los conflictos entre miembros de las guardas los solucionaba un alcalde, es decir, se resolvían dentro de la estructura militar. Si el conflicto afectaba tanto a un integrante de las guardas como a civiles, el asunto quedaba en manos del corregidor del lugar para su resolución. De no haber corregidor, el pleito debía ser resuelto por el alcalde de las guardas de forma conjunta con el juez del lugar.

Así pues, la norma de 1503 es fundamental en la organización de las tropas reales, ya que en ella se reunían las enseñanzas de la primera guerra de Nápoles, de los ajustes intermedios y de las primeras campañas de la segunda guerra napolitana: "Es la ordenanza con la que se inicia un cambio espectacular en los planteamientos de la política bélica de esa misma monarquía. En efecto, desde principios del siglo XVI el sistema militar español será peninsular y exterior, real, señorial y municipal; pero estará regido el Estado y su totalidad bajo la obediencia del rey, es decir, de ese Estado"Nota 6).

En lo que se refiere a la ordenanza para la armada de 15 de marzo de 1503, se hizo, sobre todo, para evitar problemas en la contratación de los marineros y en los pagos de sus sueldos, por lo cual se regularon ambas cuestiones con detalle. Además, se intentó regular las dos principales causas de problemas y abusos: el tiempo de servicio que cumplían las tripulaciones, que no solía coincidir con aquel para el que, en teoría, eran enrolados, y el pago de sus haberes. Sin embargo, durante la campaña de la segunda guerra de Nápoles, dichos problemas no pudieron resolverse, y las tripulaciones siguieron quejándose de haber prestado servicio durante un tiempo más largo del previsto, percibiendo sus sueldos con problemas y retrasos.

Tras las dos guerras de Nápoles, que aportaron una notable experiencia a la infantería española, completando el proceso formativo se había iniciado en la guerra de Granada, unido al contacto con las técnicas y tácticas de los lansquenetes alemanes que sirvieron bajo las banderas de los Reyes Católicos en Italia, y al envío de instructores al Rosellón, permitió que, desde 1503, la Monarquía Hispánica pudiera formar, sin necesidad de instructores extranjeros, a sus tropas como "infantería a la suiza". Al mismo tiempo, las acciones relacionadas con Italia supusieron un despliegue de operaciones marítimas de una intensidad y un alcance hasta entonces no acometido por la MonarquíaNota 7).

El impacto económico de los gastos militares relacionados con la guerra de Nápoles fue enorme para la Monarquía: una quinta parte de los ingresos fiscales del reino de Castilla fueron absorbidos por la defensa de Nápoles y del RosellónNota 8) y, varios años después, los problemas para pagar a las tropas que habían combatido en Italia continuaban, incrementados por el desorden gubernativo tras la muerte de Isabel; este cambio fue especialmente confuso en lo que hace referencia a la infantería de ordenanza que había regresado de Nápoles y había sido asentada en el reino de Granada, así como en la plaza norteafricana de Mazalquivir. Estas tropas pasaron mucho tiempo sin cobrar los sueldos que se les adeudaban, problema agravado por encontrarse en regiones donde la mayor parte de la población local les era hostil. La situación llegó a tal punto que una delegación de veteranos de Nápoles fue enviada al rey Fernando, para que intercediera ante Felipe el Hermoso para el pago de las deudas. Las instrucciones que les otorgaron sus compañeros hablan bien a las claras del sentimiento de abandono y olvido que embargaba aquellos soldados, solo tres años antes vencedores en Garellano:

"Informarán sobre lo que queda por pagar de los sueldos de sus capitanías desde que volvieron de Nápoles. Que recuerde el rey los grandes servicios que le han hecho en la conquista de Nápoles, con heridas, pérdidas de miembros, muertes (...) Que nuestro servicio haya gratificación, y que no se pase así (...) Que tenga memoria de los capitanes y gentes que están sirviendo en Mazalquivir con gran penuria y mande sean pagados, y escriba al rey don Felipe para que lo sigan siendo en el futuro. Tampoco han recibido ninguna paga los capitanes y gente que sirven en las fortalezas y costa de la mar de Granada"Nota 9).

La guerra tuvo, además, otro curioso efecto económico: los banqueros genoveses, que hasta ese momento habían sido los principales asentistas de la Corona en Italia, dejaron de figurar en las operaciones financieras castellanas desde 1502, y no volverían a aparecer de forma significativa en el resto del reinado. Este suceso, que en su día llamó la atención del profesor Carretero ZamoraNota 10), es a nuestro entender susceptible de una explicación vinculada con la guerra: Génova fue una de las primeras ciudades ocupadas por las tropas francesas de Luis XII al iniciar sus operaciones en el Norte de Italia, por lo que no era viable para los Reyes Católicos acudir, como había sido habitual, a la banca genovesa como fuente de financiación para el conflicto que se desarrollaba en aquellos momentos.

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Nota 1

LADERO QUESADA, Ejércitos y Armadas de los Reyes Católicos, p. 103.

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Nota 2

Anales de la Corona de Aragón, vol. V, p. 66.

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Nota 3

LADERO QUESADA, Ejércitos y Armadas de los Reyes Católicos, p. 104.

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Nota 4

LADERO QUESADA, Ejércitos y armadas de los Reyes Católicos, pp. 126-127.

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Nota 5

Un estudio sobre la cuestión en TEIJEIRO DE LA ROSA, J., "Una antigua institución militar: el alarde, muestra o revista del comisario", en MARTÍNEZ PEÑAS, L., FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., y GRANDA, S., (coords.), Perspectivas jurídicas e institucionales sobre guerra y ejército en la Monarquía hispánica. Madrid, 2011.

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Nota 6

MARTÍNEZ RUIZ, Los soldados del rey, p. 68.

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Nota 7

LADERO QUESADA, Ejércitos y Armadas de los Reyes Católicos, p. 122. Significativo del impacto que las operaciones navales en el Mediterráneo Occidental tuvieron para la Monarquía, y revelador del esfuerzo que los Reyes tuvieron que hacer para acometerlas es el hecho de que en el año 1494, la flota que se iba a enviar a América, ocho carabelas, hubo de reducirse a la mitad, para emplear el resto en el Mediterráneo.

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Nota 8

VAL VALDIVIESO., "La política exterior de la Monarquía castellano-aragonesa en la época de los Reyes Católicos", p. 20.

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Nota 9

LADERO QUESADA, Hernando de Zafra, pp. 112-114.

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Nota 10

CARRETERO ZAMORA, Cortes, Monarquía y ciudades, p. 105.

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2.- La integración del reino de Nápoles en la Monarquía

El reino de Nápoles bajo el gobierno de los sucesores de Alfonso el Magnánimo se había convertido en el prototipo de territorio feudalNota 1), proceso que se había fortalecido entre la primera y la segunda guerra de Nápoles, cuando el poder del rey Federico no pudo sostenerse sin la colaboración, nunca desinteresada, de los poderosos señores feudales del reino, divididos, a su vez, por graves luchas faccionales. Ante dicha situación, una vez anexionado el reino por Fernando, el único modo válido para llevar a buen puerto la integración era convertir a la nobleza en partícipe y actor interesado en el proceso.

En este sentido cabe interpretar algunas de las acciones del Rey Católico. La primera intención de Fernando para justificar la anexión de Nápoles era presentarse como heredero de la única rama legítima de la dinastía aragonesa descendiente de Alfonso V. Detrás de este proyecto no se escondía solo un modo de legitimar la incorporación de Nápoles a sus dominios, sino también de obviar las mercedes y privilegios concedidos a los nobles por los monarcas napolitanos posteriores a Alfonso: al calificar de ilegítimos a estos reyes, todo lo que habían concedido no tenía por qué ser reconocido por Fernando, lo que le daba amparo jurídico para recuperar numerosas rentas y extensas tierras en manos de la nobleza de Nápoles.

Fernando moderó su posición al ser consciente de que algo así le granjearía la enemistad de los poderosos barones, sin los cuales una anexión efectiva y pacífica a medio plazo era poco menos que imposible. El rey, que no estaba dispuesto a ceder por completo, terminó por emitir una pragmática real, el 18 de febrero de 1505, en la que confirmaba las concesiones hechas por Alfonso V y Ferrante I —es decir, desde la conquista hasta el año 1494, casi medio siglo—, pero no las hechas por los reyes posteriores a Ferrante I, es decir, las de los once años anteriores a la propia pragmática.

Uno de los problemas que presentaba la nobleza napolitana era que una parte significativa de los magnates pertenecía a familias vinculadas a la francesa Casa de Anjou, pues los cincuenta años discurridos desde la conquista aragonesa no habían bastado para alejar lo bastante la sangre de estas familias de los antiguos reyes de origen francés. Para neutralizar anhelos levantiscos de estas Casas, Fernando impulsó una política matrimonial destinada a reorganizar las alianzas señoriales napolitanas. Uno de los movimientos más importantes fue la boda del príncipe de Salerno, Roberto Sanseverino, con una hija del duque de Villahermosa, medio hermano de Fernando el Católico. Así, uno de los principales barones angevinos se convertía en familia del rey, casándose con su sobrinaNota 2).

El proceso de integración de la nobleza napolitana se extendió al gobierno, donde tres de los más grandes nobles, Spinelli, Monteleone y Caraffa, se convirtieron en piezas clave de la administración; los tres eran poderosos, con redes clientelares y experiencia diplomática: Spinelli, por ejemplo, había sido embajador del rey de Nápoles en Venecia antes de la anexión, cargo al que Fernando le reintegraría como su propio embajador ante la Serenísima República en los años posteriores

Las concesiones a la nobleza local fueron constantes. Así, en 1513, ante las quejas y críticas de la aristocracia local, Fernando accedió a apartar de su cargo de lugarteniente general a Remolines —el virrey Cardona se encontraba ausente, luchando contra los franceses en el Norte de Italia—, cuidándose muy mucho, eso sí, de salvar las apariencias con el pretexto de que Remolines, a la sazón miembro del colegio cardenalicio como cardenal de Sorrento, debía marchar a Roma para participar en el cónclave que había de elegir papa a la muerte de Julio II.

No es posible disociar los sucesos de Roma de los de Nápoles, ni obviar la influencia que, desde el reino del Sur, se ejercía en los asuntos de la Ciudad Santa. El final de la segunda guerra de Nápoles y, por tanto, el proceso de anexión de este reino a la Monarquía Hispánica, coincidió con la muerte de Alejandro VI. El subsiguiente reajuste de poder en el colegio cardenalicio estuvo muy relacionado con Nápoles y con las rivalidades entre Francia y los Reyes Católicos. En la primera dirección, hay que señalar que miembros decisivos del colegio de cardenales, como Orsini o Colonna, tenían amplios dominios territoriales en el reino de Nápoles; en cuanto a la segunda, Alejandro VI había llevado el nepotismo del papado a una nueva dimensión, con sus intentos de crear una suerte de Estado para el linaje papal, ampliando los dominios vinculados tanto al papado como a su propia familia, lo cual favoreció la politización de la curia y la internacionalización de sus asuntos, con la consiguiente intervención de Francia y los Reyes Católicos en los asuntos romanos. Con la muerte del papa, vinieron a confluir en la lucha por la sucesión en el trono de San Pedro, las ambiciones de César Borgia por convertirse en un importante príncipe y el proceso de anexión de Nápoles. Bien claro lo dejaban las instrucciones de Fernando a su embajador en Roma, Francisco de Rojas, pieza clave de la diplomacia exterior fernandina: "En cuanto a lo de la guerra de Nápoles, creemos que gran parte del bien de aquel reino o del contrario está en quién será papa"Nota 3). Finalmente, el sucesor de Alejandro fue su más acérrimo enemigo, el cardenal Della Rovere, con el nombre de Julio II.

En el año 1506, Fernando acudió a Nápoles a fin de terminar por completo el proceso de integración de aquellos territorios en la Monarquía. El rey embarcó en Barcelona el 4 de septiembre de 1506 y, a los pocos días de llegar a la Península Itálica, llegó la noticia de que Felipe el Hermoso había muerto súbitamente en Castilla. El cardenal Cisneros, convertido en regente de Castilla, escribió al rey para que regresara, pero Fernando no quiso volver antes de terminar la incorporación de Nápoles a la Corona de Aragón y de haber resuelto los problemas que podían plantearse en tierras italianas.

Uno de los problemas a los que debía hacer frente el monarca era el enorme poder que había alcanzado don Gonzalo Fernández de Córdoba. Su prestigio, su rango de virrey y su condición de castellano habían convertido al Gran Capitán en una figura incómoda para Fernando, de forma que procedió a neutralizar a don Gonzalo. Le concedió el ducado de Sessa, pero tan pronto como el rey llegó a Italia, don Gonzalo se vio desposeído de su cargo de virrey, ya que esta figura carecía de sentido en un territorio en el que se encontraba presente el monarca.

Durante esta estancia, el Parlamento de Nápoles proclamó rey a Fernando y estableció, conforme a los deseos del monarca, que la Corona iría a parar a los hijos que el Rey Católico tuviera con Germana de Foix, su nueva esposa, lo cual, en la práctica, desvinculaba Nápoles de Castilla, tratándola como un estado patrimonial del rey, sin relación con los otros territorios que pudieran pertenecerle o que pudiera gobernar. Es decir, en este momento, 1507, Nápoles quedaba unido al rey Fernando y a su linaje, pero no a la Corona de Aragón o a la de Castilla. Tan solo en el caso de que no hubiera hijos en el segundo matrimonio de Fernando, el reino de Nápoles pasaría a los nietos del rey. Este sería el supuesto que se verificaría, y así quedaron unidos durante tres siglos los destinos de Nápoles a los de la Monarquía de los Austrias y Borbones españoles.

Esta visión de Nápoles vinculado al rey de Aragón pero no a la propia Corona de Aragón es la sostenida por algunos de los más prestigiosos historiadores italianos, si bien hay autores que la llevan aún más allá, como Galasso, que contempla la posibilidad de que Nápoles nunca formara parte plena de la Monarquía Hispánica. Según este historiador, la autonomía jurídica de Nápoles, como de otros territorios de la Monarquía respecto de Castilla queda fuera de discusión. En este sentido, los nombramientos de virreyes, oficiales, militares, étc..., españoles no lo cuestionan, sino que suponen el ejercicio legítimo de la potestad del rey de Nápoles —Fernando, Carlos V o Felipe II— para nombrar oficiales y magistrados para este reino, sea cual sea la procedencia de dichos oficiales. Es decir, por poner un ejemplo, cuando Pedro de Toledo se convierte en virrey de Nápoles en 1532, este nombramiento es la decisión del rey de Nápoles, Carlos V, como monarca de un territorio soberano, y no una decisión del rey de Castilla y Aragón —el mismo Carlos V— sobre quién debe gobernar un territorio sometido a las mencionadas Coronas de Castilla o Aragón. Según Galasso, este planteamiento no es contradicho ni siquiera por el hecho de que, desde 1503, las decisiones sobre Nápoles fueron tomadas desde la Península Ibérica, o por la creación del Consejo de Italia, como órgano de la Monarquía Hispánica donde se analizaban las cuestiones de aquel territorioNota 4).

Fernando estuvo en Nápoles hasta julio de 1507 y, al irse, nombró, virrey a su sobrino, Juan de Aragón, conde de Ribagorza. Con el reconocimiento oficial de Fernando como rey por el Parlamento napolitano, "el cierre del Mediterráneo Occidental era completo"Nota 5).

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Nota 1

HERNANDO SÁNCHEZ, C. J., El reino de Nápoles en el imperio de Carlos V. La consolidación de la conquista. Madrid, 2001, p. 13.

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Nota 2

HERNANDO SÁNCHEZ, El reino de Nápoles en el imperio de Carlos V, p. 86.

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Nota 3

Carta fechada en Barcelona el 13 de septiembre de 1503 (RODRÍGUEZ VILLA, A., (ed), Crónicas del Gran Capitán. Madrid, 2008, pp. XXXI y XXXII).

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Nota 4

GALASSO, G., Allaperiferia dell'impero. Il Regno de Napoli nel periodo spagnolo (secoli XVI-XVII). Turín, 1994, pp. 16-17. Sobre este consejo ver RODRÍGUEZ BESNÉ, J. R., “Aproximación histórica a los Consejos de Italia y Aragón”, en VV.AA, Homenaje al profesor García Gallo. Madrid, 1996, vol. II, pp. 549-564.

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Nota 5

SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., "La monarquía hispana y Europa en torno a 1505", en GONZÁLEZ ALONSO, B., (coord.), Las Cortes y las Leyes de Toro de 1505. Valladolid, 2006, p. 139.

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3.- Los virreyes

La unión matrimonial entre Fernando e Isabel tuvo un influjo no previsto de importantes consecuencias para el posterior gobierno de Nápoles: tras el matrimonio, dadas las numerosas ausencias del rey de sus dominios, la Corona de Aragón tuvo que afinar los procedimientos institucionales para el gobierno en ausencia del rey, lo cual dio lugar a un desarrollo de la figura del virrey, en detrimento de la más tradicional del lugarteniente general, cargo desempeñado, por lo general, por un pariente del rey ausente.

La elección de un virrey para el gobierno de Nápoles era, por tanto, tan previsible como lógica, un nexo de unión entre el rey y el reino que administraba. El primer virrey, como tampoco podía haber sido de otra forma, fue don Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran CapitánNota 1). Sin embargo, el nombramiento de Fernández de Córdoba era un arma de doble filo, pues su prestigio, la red clientelar y de aliados que había construido y sus ambiciones le convertían en una figura inquietante a los ojos de Fernando. De hecho, cuando este llegó a Nápoles, en 1507, tras haberse producido varios choques entre ellos relativos al reparto de mercedes feudales en Nápoles, Fernando cesó de su cargo a don Gonzalo, alegando que no hacía falta virrey mientras el rey estuviera presente en el territorio.

En 1507, el nuevo virrey fue el conde de Ribagorza, sobrino del rey. Entre las instrucciones que se le dieron estaba gestionar con Venecia la devolución de las plazas que Nápoles había enajenado en la ribera adriática de Apulia para hacer frente a la invasión francesa, así como conseguir la amistad en Roma entre los Orsini y los Colonna, feudatarios napolitanos. No menos significativa era la recomendación del rey de hacer provisiones de oficios y cargos en los enemigos del Gran Capitán, para neutralizar la red clientelar que había creado en Nápoles y evitar que, ausente el monarca, volviera a alcanzar un poder que pudiera hacer sombra a los designios reales para Nápoles.

No obstante, esto estuvo lejos de eliminar al Gran Capitán del tablero político napolitano. Su red de relaciones seguía siendo poderosa, y el propio Gonzalo controlaba los accesos al reino, desde sus dominios de Sessa, en el Norte, y de Terranova, en el Sur. Conservaba, además, uno de los siete grandes oficios del reino de Nápoles, el de Gran Condestable, que, si bien había quedado reducido a funciones ceremoniales, seguía siendo de carácter netamente militarNota 2).

Ribagorza fue sustituido como virrey en 1508, siendo su sustituto Cardona, nombrado como tal el 8 de octubre de 1509Nota 3). Uno de los grandes éxitos del virreinato de Cardona fue conseguir que la Corte instalada en Nápoles resultara atractiva y ventajosa para las élites locales, no solo para los grandes linajes de la nobleza urbana, sino también para los barones feudales de las zonas interioresNota 4). Tras la muerte de Fernando el Católico, Cardona fue ratificado como virrey, pero pronto sus opiniones y políticas divergieron de las líneas maestras trazadas desde el gobierno central. Cardona, profundo conocedor de la situación en Nápoles, era partidario de mantener y respetar las instituciones locales, algo que chocó con el proceso de castellanización que impulsaba el gobierno de Carlos V en lo referente a Nápoles. Los círculos de poder tenían una concepción centralista de la estructura de poder en la monarquía, conducente a un absolutismo reforzado por el hecho de que las exigencias militares de la Corona, cada vez mayores, conducían de forma inevitable a un aumento impositivo sobre los territorios integrados en ella, lo cual, a su vez, revertía en una tendencia hacia un mayor control de esos territorios, dejando su gobierno en manos de personajes próximos a las autoridades peninsulares. Cardona se resistió a estos procesos, de forma que, en 1521, Gattinara, canciller de Carlos V, le acusó de desobedecer los requerimientos de más dinero. Cardona murió en 1522 y Carlos V envió como virrey a Nápoles a un hombre de su plena confianza, Carlos de LannoyNota 5).

Una de las cuestiones que preocupaba, respecto a los asuntos de Italia, era lograr una adecuada coordinación y cooperación entre los virreyes de Sicilia y los de Nápoles. A su vez, la colaboración de ambos virreyes con el embajador de los Reyes Católicos en Roma diseñó un sistema tripartito en el que el virrey de Nápoles tenía una incuestionable primacía, que se pondría de relieve en los años sucesivos, con las campañas militares que se sucedieron en el centro y Norte de Italia y, más aún, tras la muerte de Fernando en 1516, cuando la intervención del virrey de Nápoles, Cardona, fue vital para terminar con la subsiguiente revuelta sicilianaNota 6).

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Nota 1

Según Doria, esta fue una de las claves del éxito de la incorporación del reino de Nápoles a la Monarquía Hispánica (DORIA, P. M., Massime del governo spagnolo a Napoli. Nápoles, 1973, p. 26).

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Nota 2

HERNANDO SÁNCHEZ, El reino de Nápoles en el imperio de Carlos V, p. 73.

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Nota 3

Entre la marcha de Ribagorza y la llegada de Cardona el gobierno de Nápoles quedó en manos de Juana de Aragón, hermana de Fernando el Católico y viuda de Ferrante I, que administró Nápoles con el título de lugarteniente general (BUFFARDI, G., y MOLA, G., Questioni di storia e instituzioni del Regno di Napoli, p. 64).

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Nota 4

SAKELLARIOU, "Institutional and social continuities in the kingdom of Naples between 1443 and 1528", p. 348.

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Nota 5

SAKELLARIOU, "Institutional and social continuities in the kingdom of Naples between 1443 and 1528", pp. 348-349.

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Nota 6

HERNANDO SÁNCHEZ, El reino de Nápoles en el imperio de Carlos V, p. 62.

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4.- Las instituciones napolitanas

Tras el virrey, la principal instancia de poder en Nápoles era el Consejo Colateral, que debía permanecer siempre junto al máximo representante de la Corona, sancionando todas sus decisiones legales. El Consejo Colateral estaba formado por el virrey y veinte consejeros. Sus atribuciones eran muy variadas y abarcaban la política, las finanzas y la justicia. Cumplía funciones de Cancillería, y, en lo judicial, tenía preeminencia sobre todos los tribunales del reino. En caso de muerte o incapacidad del virrey, sin existir previsión sobre quién había de sustituirle, el gobierno lo asumiría el presidente o regente del Consejo ColateralNota 1).

En materia judicial, era pieza clave el Sacro Regio Consiglio, conocido como Consejo de Santa Clara, por celebrarse sus reuniones en este convento napolitano. El Regio Consiglio era el tribunal principal del reino de Nápoles, siendo competente no solo sobre los pleitos relacionados con la administración y la propia judicatura, sino también sobre los pleitos feudales, cuestión de gran trascendencia política, que se vio agravada por la restitución de bienes a los barones angevinos que fijó el tratado de Blois, de modo que el Regio Consiglio tuvo que decidir numerosos procesos de los que dependía que los barones simpatizantes de las aspiraciones francesas sobre Nápoles recuperaran o no las tierras que les habían sido confiscadas. Originariamente, el Sacro Regio Consiglio tenía competencias administrativas además de judiciales, pero las perdió con las reforma de Alfonso V, en 1449, y de Ferrante I, en 1477. Estaba formado por un presidente —que podía ser el rey o su delegado— y seis jueces, que luego aumentaron a nueve. Completaban el Sacro Regio Consiglio dos consejeros de la nobleza. La estructura judicial quedaba completa con la Gran Corte de la Vicaria, el órgano que se ocupaba de la administración de justicia en la capital napolitanaNota 2).

Otro de los primeros aspectos que se modificó tras la anexión fue la política fiscal. A corto plazo, tras dos guerras, el caos subsiguiente y la pérdida de poder económico de la Corona en favor de los nobles, Nápoles no era un territorio económicamente rentable de forma inmediata. Por ello, con visión de futuro, Fernando inició medidas para que el reino fuera rentable a medio y largo plazo, restaurando el sistema de impuestos ordinarios de Alfonso V, que había quedado en suspenso por las guerras de los diez años precedentes. Para que este sistema impositivo fuera funcional, era necesario elaborar un censo cada quince años, ya que se basaba en que cada comunidad importante pagara el impuesto en función del número de fuegos que la componían. Bajo el dominio de Fernando, el primer censo se realizó en 1505, tan solo unos meses después de la anexión.

Otra de las medidas fiscales que se tomó fue la supresión de las colectas, un impuesto que se cobraba a cada comunidad bajo parámetros poco claros, que dejaban un amplio espacio a la arbitrariedad de la Corona. También se reguló el sistema de donativos en el que, en los años venideros, se basó la contribución económica de Nápoles a las campañas de la Monarquía. Estos donativos eran aprobados por el Parlamento napolitano y, en teoría, debían repartir equitativamente la carga entre la nobleza y las ciudades patrimonio del rey. Los donativos se usaron frecuentemente en la primera época de la dominación fernandina: entre 1506 y 1509 se aprobaron tres, con el importante montante de 300.000 ducados cada uno. Sin embargo, fueron los únicos que se pidieron durante el reinado de Fernando, que no recurrió a esta fuente de financiación en los años posteriores, pese a las importantes y costosas campañas que se emprendieron en Italia y África.

En cuanto a los impuestos indirectos, Fernando los mantuvo, sin grandes modificaciones, aunque sí se introdujeron tasas sobre los actos emanados del monarca, como el pago por los documentos que acreditaban el nombramiento de oficiales de provisión regia, magistrados, notarios, etc... Nota 3).

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Nota 1

BUFFARDI y MOLA, Questioni di storia e instituzioni del Regno di Napoli, secoli XV-XVIII. Milán, 2005, p. 92.

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Nota 2

BUFFARDI y MOLA, Questioni di storia e instituzioni del Regno di Napoli, pp. 39 y 94.

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Nota 3

HERNANDO SÁNCHEZ, El reino de Nápoles en el imperio de Carlos V, pp. 65-66.

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5.- La cuestión inquisitorial

La idea de implantar en Nápoles la Inquisición al modo de España, algo para lo que tenían capacidad jurídica los Reyes, ya que las bulas pontificias les autorizaban a crear el Santo Oficio para cualquiera de sus territorios, fue planteada por Fernando el Católico durante la campaña del año 1503, pero Gonzalo Fernández de Córdoba se opuso con vehemencia, en parte porque era consciente del extremo rechazo y miedo que esta medida despertaba en toda las capas de la sociedad napolitana y temía, en plena guerra con Francia, que una decisión en este sentido impulsara a los nobles proaragoneses a un cambio de bando determinante para el curso de la guerra. De hecho, ante las presiones recibidas en este sentido, don Gonzalo prometió formalmente a las autoridades napolitanas que la implantación de la Inquisición no se llevaría a caboNota 1).

La cuestión inquisitorial volvió a estar sobre la mesa en el año 1509Nota 2). En aquellas fechas, las conspiraciones y enfrentamientos relacionados con las campañas de la Liga de Cambrai contra las plazas napolitanas que estaban aún en manos de los venecianos, así como el agravamiento de los conflictos jurisdiccionales entre la Monarquía y el papado, influyeron en el ánimo de Fernando el Católico para que volviera a plantear la implantación de la Inquisición en el reino de Nápoles, ya que consideraba adecuado a sus intereses introducir una institución cuyas prerrogativas desbordaban con mucho la mera disidencia religiosa, algo que, por otra parte, ya perseguía la inquisición diocesana existente en Nápoles, al igual que en todos los demás territorios de la Cristiandad.

Desde enero de 1510 se pusieron oficialmente en marcha los mecanismos para instaurar el Santo Oficio en el virreinato de Nápoles, lo cual despertó de forma inmediata la unánime oposición de la sociedad napolitana. A lo largo de ese años se sucedieron los problemas y altercados. El propio virrey Cardona, siguiendo las indicaciones del Consejo Colateral, aconsejó a Fernando que diera marcha atrás en su idea, algo a lo que el rey se vio abocado para evitar desórdenes mayoresNota 3).

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Nota 1

Buena prueba de la beligerancia de los notables napolitanos en cuestiones de religión es el hecho de que el decreto de expulsión de los judíos de Nápoles, fechado en 1507, hubo de ser paralizado debido a la oposición de las autoridades y la aristocracia napolitana.

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Nota 2

Hay que tener en cuenta que la Inquisición ya se había introducido en Sicilia, como estudia RUIZ RODRÍGUEZ, J. I., “La Inquisición siciliana”, en Revista de la Inquisición (Intolerancia y Derechos Humanos), nº 9, 2000.

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Nota 3

HERNANDO SÁNCHEZ, El reino de Nápoles en el Imperio de Carlos V, pp. 172-174.

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CAPÍTULO X: LAS CAMPAÑAS AFRICANAS

1.- Portugal y África

Es imposible de todo punto comprender la política africana de los Reyes Católicos sin tener en cuenta que se vio mediatizada, influenciada e incluso determinada por las relaciones con su vecino portugués. De hecho, fue Portugal la potencia pionera en la pugna por el dominio de África: los reyes de Lisboa ya controlaban Ceuta cuando aún quedaban ochenta y dos años para que Castilla se hiciera con el dominio de MelillaNota 1).

La Corona lusa había iniciado su expansión africana a comienzos del siglo XV, durante el reinado de Juan I. Este monarca, junto con su hijo Duarte, concibió la política de expansión allende el territorio portugués, según Oliveira Marqués, como un medio de aplacar los siempre revueltos ánimos de la nobleza, de forma que su energía se canalizara hacia empresas exteriores en vez de cristalizar en conspiraciones y revueltas contra la monarquíaNota 2).

En un primer momento, Portugal tanteó las posibilidades de emprender una expedición contra el reino nazarí de Granada, pero el proyecto fue abandonado al mostrarse Castilla contraria a la intervención de sus vecinosNota 3). Una vez descartado este objetivo, la atención lusa se volvió hacia Ceuta, una de las plazas más importantes de la Tingitana, la antigua provincia que fue primero romana, luego bizantina y finalmente visigoda, antes de caer en poder de los musulmanes en el 709, dos años antes del gran asalto islámico a la PenínsulaNota 4). En los siete siglos en que permaneció bajo dominación islámica, Ceuta cambió de manos numerosas veces: los almorávides, los almohades, los azaríes, la taifa de Málaga, la taifa de Murcia, la monarquía granadina o el reino de Fez fueron algunos de los poderes que, en uno u otro momento, ejercieron su autoridad sobre Ceuta.

En 1411, momento en el que se produjo el gran asalto portugués, la ciudad pertenecía al reino de Fez, que, junto al reino de Tremecén, eran los poderes hegemónicos del actual Marruecos. Para su conquista, los lusos movilizaron una de las mayores escuadras de su historia: más de doscientos navíos que transportaron alrededor de cincuenta mil combatientes, con el rey Juan I y sus tres hijos —don Duarte, Enrique el Navegante y don Pedro— al frente de las tropas. Una vez ocupada la ciudad, los nobles portugueses se enfrentaron para obtener del rey el gobierno de la misma, siendo finalmente el favorecido Pedro de MenesesNota 5). Bajo su mandato, Ceuta se convirtió en un importante centro de operaciones para los corsarios portugueses, que atacaban las naves musulmanas que comerciaban con Málaga.

La situación de Ceuta, por sí sola, era vulnerable, por lo que a medio plazo la monarquía de Lisboa tuvo que elegir entre ampliar los dominios norteafricanos, de manera que las plazas pudieran apoyarse entre sí, o abandonar Ceuta, ante la imposibilidad de defenderla si los reinos marroquíes efectuaban un intento de ocuparla. La decisión se pospuso hasta el reinado de Duarte I, que sucedió a su padre Juan I en 1433Nota 6). Presionado por sus dos hermanos, el infante Fernando y Enrique el Navegante —a quien Duarte había encargado potenciar la fuerza naval lusa desde los dominios de Enrique en el Algarve—, el rey optó por la primera de las estrategias, desencadenando un ataque contra Tánger en 1437. La elección de esta ciudad tenía su principal causa en motivos económicos: las rutas comerciales y las caravanas de camellos que tradicionalmente habían desembocado en Ceuta, se desviaron a Tánger cuando aquella fue ocupada por los portugueses, de manera que la plaza lusa quedó arruinada: "Evacuados sus habitantes, aislada del interior, este puerto antaño floreciente se convirtió en una guarnición desolada y en una carga económica para los portugueses"Nota 7). Conquistando Tánger, Portugal pretendía hacerse con el control de una cabecera comercial, reforzando la posición de Ceuta.

Sin embargo, la expedición contra Tánger fue un desastre. La ciudad fue ocupada tras un sangriento asalto que provocó numerosas bajas en las fuerzas portuguesas. Una vez ocupada, los portugueses se vieron rodeados por las fuerzas de Salah Ben Salah, señor de Tánger y Arcila, teniendo que pactar la entrega de rehenes para que el rey y la mayor parte del ejército pudieran regresar a la Península. Entre los rehenes entregados se encontraba el hermano del monarca, que acabaría muriendo en cautiverio. El rey apenas sobrevivió al desastre de Tánger: murió de peste negra al año siguiente, siendo sustituido en el trono por su hijo Alfonso V, que pasaría a los libros de historia con el sobrenombre de "el Africano".

Los portugueses fueron avanzando cada vez más en sus navegaciones: en 1443 hasta Río de Oro, al año siguiente a la isla de las Garzas, en la bahía de Arguim, en 1446 al río Senegal, Cabo Verde y el río Geba. A medida que se alejaban, eran más necesarias las bases intermedias, por lo que revivió su interés por las Canarias, pero fracasaron en sus diversos intentos de hacerse con las islasNota 8), y fue bajo Alfonso V cuando se produjo la gran expansión africana de Portugal. Una vez superada la regencia de su madre, Leonor de AragónNota 9), Alfonso concentró la mayor parte de los esfuerzos de la Corona en aumentar sus dominios africanos y vengar el desastre de Tánger que causó la muerte de su tío y minó decisivamente el ánimo de su padre. Además de apoyar las expediciones de su tío Enrique al litoral Atlántico africano, Alfonso V organizó en 1464 una expedición contra Tánger, al mando de Luis Méndez de Vasconcelos. Al igual que la expedición de 1437, esta también fue un fracaso. Ello no desanimó al rey, que ya había logrado la ocupación de Alcázar de Segur en 1458, mediante un ataque que Alfonso encabezó personalmenteNota 10). Por tercera vez, los portugueses fracasaron en Tánger entre 1463 y 1464, pero en 1471 las fuerzas de Alfonso lograron ocupar Arcila y, semanas después, por fin se lograba el ansiado objetivo: Tánger, abandonada por la mayor parte de su población, caía en manos portuguesas.

En este empecinamiento del rey jugaron un papel importante tres factores: un ánimo personal de resarcimiento, un factor económico y un espíritu de cruzada contra el Islam. En cuanto a lo primero, parece claro que Tánger, independientemente de su valor estratégico, ocupaba un lugar especial en el ánimo de Alfonso, dadas las consecuencias desastrosas que para la Casa de Avis había tenido la expedición de 1437. En cuanto a las motivaciones estratégicas y económicas, la expansión no respondía solo a intereses de la Corona, sino también a los de los municipios del Algarve, que veían aumentar sus mercados y las áreas donde podían pescar, y a los de los comerciantes italianos que controlaban buena parte del flujo de mercancías portuguesas con destino u origen en el Mediterráneo. Por último, Alfonso V había sido uno de los máximos defensores, junto con el papa, de la organización de una cruzada en el Norte de ÁfricaNota 11). Al conocerse en Occidente la caída de Constantinopla, el joven rey —Alfonso tenía, en 1453, veintiún años— hizo lo posible por llevar a efecto la cruzada. Sin embargo, no tuvo ningún éxito en arrastrar a otros soberanos en pos de su ideal. Hay pocas dudas de que este sueño de juventud tuvo su influencia en los años de madurez del rey, en los que se produjo la verdadera expansión de las posesiones lusas en ÁfricaNota 12).

El litoral Atlántico de África también fue objeto de una importante actividad lusa. A lo largo del siglo XV los marineros portugueses exploraron las costas occidentales africanas hasta el golfo de Guinea. De este modo, el comercio de esclavos guineanos y del mineral aurífero extraído en Mina de Oro se convirtieron en parte esencial del comercio portuguésNota 13). No sin razón, algunos autores sostienen que Portugal había cobrado una significativa ventaja sobre Castilla en materia comercial en el escenario africano, hasta el punto de que esta "no podía soportar la ventaja que los lusitanos llevaban en su comercio a través del paralelo de Capricornio"Nota 14).

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Nota 1

Según Joseph Pérez, los exploradores de ambas naciones peninsulares mantuvieron una "evidente preeminencia" hasta los primeros años del siglo XIX ("Avance portugués y expansión castellana en torno a 1492", en CARABIAS TORRES, A. Mª., (ed.), Las relaciones entre Portugal y Castilla en la época de los descubrimientos y la expansión colonial. Salamanca, 1994, p. 103).

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Nota 2

Historia de Portugal. México, 1984, vol. I, p. 148.

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Nota 3

OLIVEIRA, Historia de Portugal, vol. I, p. 148.

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Nota 4

Según la leyenda, la ciudad fue entregada a los musulmanes tras la traición del conde don Julián. La realidad histórica que se esconde tras esta versión parece ser una repetición a pequeña escala de lo que ocurriría en el 711 en Hispania: la división y el enfrentamiento entre los visigodos propició que los musulmanes se hicieran con Ceuta.

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Nota 5

La leyenda cuenta que Meneses acudió al rey con un palo, al que llamaba "Aleo", diciéndole que con dicho palo le bastaba para defender la plaza. Hasta hoy, "Aleo" se ha conservado en el Santuario de Nuestra Señora de África, jurando sobre él desde entonces todos los comandantes que han tomado posesión de la plaza, tradición que se mantiene hoy en día.

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Nota 6

Durante los últimos años de su reinado, Juan I, ya anciano, renunció a tomar una decisión sobre la situación de Ceuta, concentrándose en convertir Lisboa en un importante centro cultural y dejando que fuera su sucesor quien solucionara la cuestión (OLIVEIRA, Historia de Portugal, vol. I, p. 149).

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Nota 7

LAROUI, A., Historia del Magreb. Desde los orígenes hasta el despertar magrebí. Un ensayo interpretativo. Madrid, 1994, p. 227.

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Nota 8

GARCÍA GALLO, A., Las bulas de Alejandro VI sobre el Nuevo Mundo descubierto por Colón. Madrid, 1992, p. 71.

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Nota 9

Alfonso tenía solo seis años cuando se convirtió en rey.

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Nota 10

Esta fue la última expedición en la que participó Enrique el Navegante, ya anciano, dado que murió dos años después, en 1460 (OLIVEIRA, Historia de Portugal, vol. I, pág. 159).

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Nota 11

Quizá pueda atribuirse a este rey luso el haber resucitado el concepto medieval de que la Cristiandad debía ser defendida plantando cara al Islam en el Mediterráneo (SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., Los Reyes Católicos. La expansión de la fe. Madrid, 1990, p. 198).

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Nota 12

OLIVEIRA, Historia de Portugal, vol. I p. 218).

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Nota 13

El comienzo de la trata de esclavos a gran escala suele fijarse en el año 1444, en que se abrió el primer mercado de esclavos en Lagos (RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, J., "Las relaciones hispano-portuguesas en torno a 1492: una historia de encuentros y desencuentros", y CORTÉZ LÓPEZ, J. L., "Importancia de la esclavitud en la expansión portuguesa en África y su repercusión en el mundo hispánico", ambos en CARABIAS TORRES, A. Mª, (ed.), Las relaciones entre Portugal y Castilla en la época de los descubrimientos y la expansión colonial. Salamanca, 1994, pp. 68 y 252).

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Nota 14

REMESAL, A., La Raya de Tordesillas, Salamanca, 1994, p. 11.

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2.- África y la guerra de Sucesión de Castilla

Dada la expansión portuguesa en las costas Norte y Oeste de África y la importancia que estas regiones tenían para la economía e incluso para supervivencia de Portugal —si tenemos en cuenta su dependencia del trigo magrebí—, era poco menos que inevitable que Isabel y Fernando consideraran África un teatro de operaciones bélicas durante la guerra de Sucesión de CastillaNota 1).

Una de las primeras medidas tomadas por los monarcas fue, dado que Portugal se había convertido en una nación enemiga, declarar legales las cabalgadas sobre territorios portugueses. Era vital hostigar al enemigo en sus rutas comerciales, fundamentales para economía, lo cual se justificó sobre la base de que el territorio de Guinea era objeto, desde antiguo, de derechos castellanosNota 2).

La cabalgada era una expedición con el objetivo de capturar cautivos a los que vender como esclavos. No obstante, esta legalización no hay que entenderla como que se autorizaba a capturar a cualquier súbdito luso para venderlo como esclavo. Esto no era posible, ya que, según el derecho vigente en el siglo XV, una nación cristiana no podía vender o tratar como esclavos sino a aquellos que no fueran cristianos. Por tanto, la legalización de las cabalgadas era una medida que afectaba en exclusiva a los territorios africanos que se suponían bajo dominio de Lisboa, donde los castellanos podían, según esa norma, capturar esclavos africanos negros —a los que se denominaba guineos— o bien musulmanes magrebíes y del litoral sahariano —a los que se denominaba azamores—.

Estas cabalgadas no solo estaban autorizadas por la Corona, sino que esta sacaba partido de ellas, ya que un quinto del botín iba a parar a la Hacienda Real, tal y como se informaba "al nuestro almirante mayor de la mar, y a nuestros lugartenientes, y a cualquier patrón y cómitre y maestre de cualquier nao, y carracas, y galeras y fustas". Para controlar el cobro de estos quintos, el 19 de agosto de 1475, Isabel nombraba a Antón Rodríguez de Lillo y a Gonzalo Coronado como responsables de la percepción de la parte real en las cabalgadas.

Un ejemplo de lo que podía suponer una incursión sobre los dominios portugueses en África lo constituye la expedición lanzada por veinticinco naves andaluzas y tres vascas a finales de 1475, que regresó a las costas peninsulares llevando consigo más de cuatrocientos esclavos para vender en los mercados andalucesNota 3). Hasta la intervención de Portugal en la guerra sucesoria castellana, el comercio con África era libre, no estando sometido a control alguno por parte de la Corona: cualquiera que tuviera medios, ambición y valor para realizarlo era libre de efectuarlo. La guerra de Sucesión castellana cambió esta circunstancia. Para ello, los mismos escribanos que llevaban el control del quinto real de las cabalgadas podían dar licencia a los mercaderes "para que puedan ir y viajar con sus naves a la parte de África y Guinea, a rescatar oro y esclavos y malagueta y cualquier mercancía que de allí se trajera”Nota 4).

Esta fue la línea general que siguieron las disposiciones reales posteriores. Así, el 9 de noviembre de 1475, Isabel hacía saber que "cumple a nuestro servicio y al bien común de nuestras rentas (...) mandamos a cualquier mercader y a cualquier persona de cualquier ley, Estado o condición (...) que de aquí en adelante no se saquen a las dichas partes de África y Berbería (...) ninguna de las mercancías de los dichos nuestros reinos y señoríos sin nuestra licencia o mandato o de la persona o personas que tuvieran nuestro poder para ello"Nota 5).

En cualquier caso, parece que los comerciantes y marineros de los municipios andaluces no siempre respetaron las órdenes reales, antes bien, debió abundar la violación de las mismas, en tanto en cuanto que el 3 de marzo de 1477, año y medio después de establecida la obligatoriedad de las licencias reales para comerciar con África, la Corona ordenaba el secuestro de los bienes de habitantes de Sevilla y Jerez de los que se sabía que habían comerciado con los territorios africanos sin haber obtenido las licencias precisasNota 6).

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Nota 1

Durante el reinado de Enrique IV, Castilla había dejado un tanto de lado sus proyectos de expansión africana (SILVA DE SOUSA, J., "A prioridade de D. Joao nadevassa do Indico (1481-1495)", en CARABIAS TORRES, A. Mª, (ed), Las relaciones entre Portugal y Castilla en la época de los descubrimientos y la expansión colonial. Salamanca, 1994, p. 24). Estos proyectos databan del reinado de Alfonso X y de su expedición contra Sale. A mediados del siglo XV, los marineros castellanos, en especial los andaluces, volvían a navegar con frecuencia en aguas guineanas, lo cual causaba numerosos incidentes con los portugueses (GARCÍA GALLO, Las bulas de Alejandro VI sobre el Nuevo Mundo descubierto por Colón, p. 73).

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Nota 2

GARCÍA GALLO, Las bulas de Alejandro VI sobre el Nuevo Mundo descubierto por Colón, p. 80.

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Nota 3

ORELLA UNZUÉ, J. L., "Del Tratado de Alcaçovas (1479) al de Tordesillas (1494)", conferencia impartida el 19 de abril de 1997 en Ordizia, p. 6.

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Nota 4

TORRE Y DEL CERRO, A. de la, y SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., Documentos referentes a las relaciones con Portugal durante el reinado de los Reyes Católicos. Valladolid, 1958, vol. I, pp. 87-88 y 92-95.

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Nota 5

TORRE Y DEL CERRO, y SUÁREZ FERNÁNDEZ, Documentos referentes a las relaciones con Portugal durante el reinado de los Reyes Católicos, vol. I, pp. 87-88 y 97-98.

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Nota 6

TORRE Y DEL CERRO, y SUÁREZ FERNÁNDEZ, Documentos referentes a las relaciones con Portugal durante el reinado de los Reyes Católicos, vol. I, p. 122.

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3.- El Tratado de Alcaçobas y África

Por lo que a África respecta, el Tratado de Alcaçobas afectaba al reparto del océano Atlántico entre las dos potencias peninsulares, reparto que afectaba al África castellana, ya que se regulaba el status que, en adelante, iban a tener las Islas Canarias, Cabo Verde, la Berbería de Poniente y la de Levante.

Ya el borrador del texto sostenía, en el título XXV de lo que se suponía iba a ser el Tratado:

"Otrosí es concordado de los dichos señores rey y reina de Castilla hayan de dejar y dejen libremente a los dichos señores rey y príncipe de Portugal y a sus sucesores, y súbditos naturales, y a las personas que ellos quisiesen, el trato de GuineaNota 1) y de la Mina de Oro, y de la conquista de todas las otras islas, aparecidas o por aparecer, en la Guinea y Mina de Oro, excepto las islas de Canarias, ganadas y por ganar, que son y quedan para dichos reinos de Castilla. Y así mismo los dichos señores rey y reina de Castilla no hayan de tomar ni impedir a los dichos señores rey y príncipe de Portugal ni a sus sucesores la conquista del reino de Fez, según no lo impidieron ni tomaron los otros reyes que ha habido en los reinos de Castilla hasta aquí"Nota 2).

Finalmente, el tratado concedía a Portugal lo siguiente:

“La posesión e casi posesión en que están en todos los tratos, tierras, rescates de Guinea, con sus minas de oro, e qualesquier otras islas, costas, tierras descubiertas e por descobrir, falladas o por fallar, islas de la Madera, Puerto Sancto e Desierta e todas las islas de los Aqores e islas de las Flores, e así las islas de Cabo Verde, e todas las islas que agora tiene descubiertas, e cualesquier otras islas que se fallaren o conquirieren de las islas de Canaria para baxo contra GuineaNota 3) (...) finca a los dichos Rey e Príncipe de Portugal e sus reinos”.

En contraposición, quedaba en manos de Castilla “tirando solamente las islas de Canaria, a saber, Lanzarote, Palma, Fuerte Ventura, la Gomera, el Fierro, la Graciosa, la Gran Canaria, Tenerife e todas las otras islas de Canaria ganadas o por ganar, las quales fincan a los reinos de Castilla”Nota 4). Hay que mencionar la importancia que tiene el hecho de que no solo se reconocían los derechos castellanos sobre aquellas islas que estaban ocupadas, sino también sobre las que aún no lo estaban, precisamente las de mayor tamaño y, por tanto, las de mayor importancia económica y estratégica: Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Renunciaba Portugal a la ocupación de estas islas, aún en manos de sus pobladores autóctonos.

El tratado establecía la exclusiva para Portugal del comercio con Guinea y la Mina de Oro. Iba más allá, ya que reconocía el derecho de que el quinto real, que toda mercadería pagaba al ser desembarcada en suelo castellano, fuera percibido por la Corona lusa si la mercadería procedía de Guinea, incluso cuando dicho desembarco se realizara en un puerto de soberanía castellana.

De igual forma, la Berbería de Levante iba a quedar constituida como una zona de expansión castellana, con la única excepción del reino de Fez, donde Portugal poseía varias plazas y una larga tradición de intereses que se remontaba a los primeros momentos de la expansión portuguesa en el continente africano. La cuestión de Fez fue una de las que más problemas dio a la hora de cerrar el acuerdo hispano-luso. Así lo muestra una nota de agosto de 1479, en la que diplomáticos castellanos enumeran los temas pendientes; por dos ocasiones, en el breve listado, figura “lo del reino de Fez”Nota 5). Castilla, finalmente, cedió en dicho punto, de forma y manera que el Tratado de Alcaçobas, firmado el día 4 de septiembre de 1479, incluía la cláusula relativa al compromiso de los Reyes Católicos de no intervenir en Fez:

“Los castellanos no se entremeterán de querer entender, ni entenderán en manera alguna, en la conquista del Reino de Fez, como se en ello no empacharan ni entrometerán los reyes pasados de Castilla, ante libremente los dichos señores Rey e Príncipe de Portogal e sus Reinos y sucesores podrán proseguir la dicha conquista e la defendieran como les pluguiera”Nota 6).

Además de la soberanía castellana sobre las Canarias —en compensación de lo cual se reconocía la soberanía lusa en Cabo Verde, Madeira y Azores—, el reparto de las zonas de influencia en la Berbería y el comercio en Guinea y Mina de Oro, el Tratado de Alcaçobas pretendió regular la pesca en las costas africanas, pero sus disposiciones fueron insuficientes y siguieron produciéndose graves roces entre portugueses y pescadores andaluces. Alonso de Palencia recogía en su crónica que "llegó a tanto la insolencia de los portugueses que a los castellanos que apresaban más allá de las Canarias les hacían morir, a unos entre crueles tormentos, por infundir en los demás perpetuo terror. Mutilaban a otros cortándoles pies y manos"Nota 7).

Los pleitos resultantes se extendieron entre ambas monarquías hasta el año 1489, en que finalmente, los Reyes Católicos cedieron y se estableció que los castellanos y andaluces que faenaran más allá del cabo Bojador debían gestionar y pagar sus licencias en LisboaNota 8). Esto, no obstante, no fue respetado en múltiples ocasiones: se realizaron hasta 1492 al menos doce expediciones castellanas y andaluzas a esas aguas y al litoral de Guinea, en flagrante violación del Tratado, tal y como recoge en sus memorias el vizconde de SantaremNota 9).

En parte, esto derivaba de un problema de interpretación del Tratado: el texto no decía nada, al menos expresamente, de la pesca en las aguas que separan Canarias de África por parte de los pescadores afincados en estas islas o de sus habitantes naturales. Los Reyes Católicos interpretaban que quedaba, por tanto, abierta la posibilidad de que dichos pescadores faenaran entre África y Canarias. Sin embargo, los propios monarcas castellano-aragoneses pensaban que Portugal podía interpretar el Tratado de forma diferente, y se prepararon para posibles reclamaciones al respectoNota 10).

Otra de las dificultades que encontró la aplicación del Tratado de Alcaçobas, en lo que a África hace referencia, era la fijación de los límites exactos de las zonas de las que hablaba el texto. Durante la década de 1480, los problemas al respecto entre Portugal y Castilla no cejaron. Doce años después de la firma del Tratado, en pleno cerco de Granada, enviados portugueses y los mismos reyes Isabel y Fernando trataban, en el Campo de Santa Fe, de encontrar una salida a las querellas por las limitaciones concretas en las zonas de Nódar, Encinasola, Moura y Aroche. Estas negociaciones no llegaron a concluir, ya que el descubrimiento de América antes de que se encontrara una solución dejó sin efecto lo negociado previamente.

Como todo lo referido a la expansión ultramarina, las cláusulas africanas del Tratado de Alcaçobas hubieron de ser revisadas por ambas Coronas tras el descubrimiento de América. Así pues, junto al deseo de dar salida los problemas atlánticos, el Tratado de Tordesillas tiene también importantes consecuencias en relación con la expansión de ambos reinos en África.

Con Tordesillas, la Berbería de Levante quedaba convertida en una reserva castellana, de forma que los lusos reconocían "a los reinos de Tremecén, Argel, Bugía, Túnez y Trípoli como natural campo de expansión castellano aragonés"Nota 11). Castilla, por su parte, reconocía el reino de Fez como perteneciente a las reservas portuguesas, tal y cómo se había hecho en el Tratado de Alcaçobas. Sin embargo, Isabel y Fernando alegaron que Castilla necesitaba plazas frente a Granada que garantizaran la seguridad del reino recién conquistado. Portugal aceptó las pretensiones de Isabel y admitió que Melilla y CazazaNota 12) quedaran excluidas de la reserva portuguesa sobre Fez, de manera que Castilla pudiera intervenir en ellas y ocuparlas si lo consideraba oportuno. A cambio, Portugal obtuvo concesiones en el litoral atlántico, si bien se mantenía la disputa sobre cuál de las dos potencias europeas debía tener autoridad en la zona entre el cabo Aguer y la localidad de Messa.

La figura diplomática a la que se recurrió era tan compleja como salomónica: se aceptaba el arbitraje internacional —lo que, en la época, suponía que el papa decidiera; y el papa Alejandro VI, como se vería y se sabía, era más próximo a Castilla que a Portugal— para resolver la cuestión, pero, en tanto se producía el dictamen arbitral, se concedía a Portugal el derecho a ocupar militarmente la zona, en cuyo caso la soberanía le sería reconocida sin esperar el laudo. A última hora, en mayo de 1494, el experto portugués Esteban Vaaz pidió renunciar al arbitraje y fijar los límites directamente en Messa, pero Castilla se negó y el acuerdo fue firmado con su contenido sin modificar.

Lo más importante para Castilla fue que Portugal reconoció el área comprendida entre el extremo Sur del reino de Fez —cabo Aguer— y el extremo Norte de Guinea —cabo Bojador—, como una reserva castellana, lo cual, en palabras de Antonio Rumeu de Armas, supuso que “en el Tratado de Tordesillas [el referente a África] la diplomacia castellana consiguió apuntarse un buen tanto a su favor”Nota 13). En lo económico, Castilla renunció a pescar más allá de Bojador, pero retuvo el derecho a efectuar cabalgadas en el litoral atlántico, incluso en las zonas que se habían reconocido como reservas portuguesas.

El balance para los monarcas hispánicos fue positivo: "En relación con la inmediata costa africana, los Reyes Católicos se congratulaban del resultado: desde Melilla hasta el extremo oriental, manos libres en el Mediterráneo, y todavía una puerta de entrada en Poniente para el contacto con las caravanas de oro"Nota 14). Además de las Canarias, cuya propiedad castellana ya fuera reconocida por Portugal en Alcaçobas, Tordesillas dejaba abierta a la monarquía hispánica una franja del litoral continental al Norte del cabo Bojador. Es en esta zona donde se levantó Santa Cruz de la Mar Pequeña, atalaya y torre donde se destacará, en enero de 1495, a Alonso Fajardo, como gobernador general de las Canarias y de Tierra FirmeNota 15), título este que hace pensar que en el ánimo de los monarcas estaba el ampliar los dominios de la monarquía en la costa atlántica, y no solamente en las islas.

Si el Tratado de Tordesillas satisfacía en gran medida los deseos de los Reyes CatólicosNota 16), más aún lo hacía la bula Inefabilis, que el papa Alejandro VI otorgó el 13 de febrero de 1495. Este documento pontificio, negociado en Roma por el padre del insigne poeta Garcilaso de la VegaNota 17), otorgaba a los monarcas la propiedad legítima de toda posesión con la que se hicieran en África, integrándose en sus reinos de pleno derecho. Por si esto fuera poco, el papa autorizaba a que los Reyes utilizaran algunos de los impuestos que se cobraban a la iglesia —las tercias, concretamente— para sufragar parte de los gastos que dichas conquistas pudieran suponer.

Se impusieron los argumentos expuestos por Bernardino de Carvajal a favor de los derechos de la Monarquía Hispánica en África, como heredera de la monarquía visigoda que, en su día, había dominado Fez y Tremecén como parte de las provincias de la Mauritania Cesariense y de la Mauritania Tingitana. Siendo parte, por tanto, de los territorios visigodos, de los que se consideraba a los Reyes Católicos legítimos sucesores —ya que no herederos—, quedaban anulados los derechos obtenidos por Portugal a raíz de una donación pontificia, ya que el papa no podía disponer de territorios sobre los que tuvieran derechos monarcas cristianosNota 18).

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Nota 1

A efectos del Tratado, se entendía por Guinea el territorio comprendido entre el cabo Bojador y la bahía de Arguim, al Norte, y el cabo Catalina, al Sur (ORELLA UNZUÉ, "Del Tratado de Alcacovas (1479) al de Tordesillas (1494)", conferencia impartida el 19 de abril de 1997 en Ordizia, p. 6). La referencia del cabo Bojador era admitida desde mucho tiempo atrás; por ejemplo, en 1443 Alfonso V había prohibido que se navegara al Sur de dicho cabo sin licencia del infante don Enrique (CASTAÑEDA, P. "El Tratado de Alcaçobas y su interpretación hasta la negociación del Tratado de Tordesillas", en VV.AA., El Tratado de Tordesillas y su proyección. Valladolid, 1973, p. 104).

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Nota 2

TORRE Y DEL CERRO, y SUÁREZ FERNÁNDEZ, Documentos referentes a las relaciones con Portugal durante el reinado de los Reyes Católicos, vol. I, pp. 196-197.

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Nota 3

Un análisis de lo que pudo significar exactamente esta difusa expresión en CASTAÑEDA, "El Tratado de Alcanas y su interpretación hasta la negociación del Tratado de Tordesillas", pp. 104-106.

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Nota 4

Ambos fragmentos del tratado citados en ORELLA UNZUÉ, "Del Tratado de Alcaçovas (1479) al de Tordesillas (1494)", p. 8.

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Nota 5

TORRE Y DEL CERRO, y SUÁREZ FERNÁNDEZ, Documentos referentes a las relaciones con Portugal durante el reinado de los Reyes Católicos, vol. I, p. 229.

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Nota 6

Citado en ORELLA UNZUÉ, "Del Tratado de Alcaçovas (1479) al de Tordesillas (1494)", p. 8.

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Nota 7

Citado en REMESAL, La Raya de Tordesillas, p. 31.

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Nota 8

SUÁREZ FERNÁNDEZ, Los Reyes Católicos. La expansión de la fe, pág.200.

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Nota 9

REMESAL, La Raya de Tordesillas, p. 30.

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Nota 10

RUMEU DE ARMAS, “Las pesquerías españolas en la costa de África (siglos XV-XVI)”, en Anuario de Estudios Atlánticos, n° 23, 1977, p. 354.

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Nota 11

BELENGUER Y CEBRIÁ, E., El imperio hispánico (1475-1665). Barcelona, 1975, p. 82.

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Nota 12

Cazaza era un pequeño puerto situado a Occidente del cabo Tres Forcas, pero bien pertrechado y defendido, con una resguardada bahía que permitía anclar en buenas condiciones una flotilla (ALONSO ACERO, B., Cisneros y la conquista española del Norte de África: cruzada, política y arte de la guerra. Madrid, 2006, p. 142).

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Nota 13

“Las pesquerías españolas en la costa de África”, p. 360.

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Nota 14

SUÁREZ FERNÁNDEZ, Los Reyes Católicos. La expansión de la fe, p. 202.

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Nota 15

BELENGUER, El imperio hispánico, p. 82.

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Nota 16

Para una mejor comprensión de la percepción portuguesa del Tratado y de todo lo que le rodeó, ver MATHIAS, L., "Visión portuguesa del Tratado de Tordesillas", en Revista de Filología Románica, n° 11-12, 1994-1995.

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Nota 17

El padre de Garcilaso había salvado la vida a Fernando durante la guerra de Granada, al cubrir al rey con su propio escudo durante el asedio de Vélez-Málaga en un momento en que el monarca había quedado desprotegido (DOUSSINAGUE, La política exterior de España en el siglo XVI, p. 61).

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Nota 18

DOUSSINAGUE, La política exterior de España en el siglo XVI, p. 63.

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4.- La conquista de las Canarias

La primera visita a las Islas Canarias por parte de navegantes europeos data del año 1312Nota 1), pero no sería hasta 1344 cuando un europeo tomara posesión formal del archipiélago. Ocurrió a través de la bula papal de Clemente VI Tuae devotionis sinceritas, que concedía al infante Luis de la Cerda la posesión de las islas como feudo de la Santa Sede, para constituir en ellas el principado de Fortuna. Cuando el papa dio la concesión de las Canarias a Luis de la Cerda, escribió a los reyes cristianos para obtener su conformidad. Tanto el de Portugal como el de Castilla respondieron alegando que tenían derechos sobre las islas, pero aceptando la concesión en atención a que de la Cerda les parecía persona apropiadaNota 2). Cualquier problema que hubiera podido surgir terminó con la muerte de Luis de la Cerda, ya que la concesión pontificia desaparecía al morir el noble.

Serían los nobles normandos, ansiosos de lograr un suministro regular de orchilla [N. del Ratón: La Orchilla (Roccella canariensis) es un liquen, productor de tinte gracias a su contenido en orceína, una sustancia de color rojo.] para sus manufacturas tintoreras, quienes se asentaran de forma permanente en 1402, cuando Jean de Bethancourt y Gadifer de la Salle consiguieron del rey Enrique II de Castilla apoyo para conquistar las islas, sin conocimiento ni respaldo de la Santa SedeNota 3). La primera isla ocupada fue Lanzarote, donde, tras varios incidentes, el caudillo local Luis de Guardafia se rindió ante GadiferNota 4). Fuerteventura en 1404 y El Hierro en 1405 también fueron sometidas por los nobles normandos.

Enrique III reconoció los derechos en exclusiva de Bethancourt, quedando sin ningún respaldo oficial la dominación de diversos territorios canarios por Gadifer, que regresó a Francia con intención de reclamar en esa Corte lo que consideraba derechos suyos, algo que nunca conseguiría, no regresando jamás a las islas. Enterado de ello, Bethancourt fue a España para ver a su tío y allí, a través de los oficios del príncipe Fernando, futuro rey, Enrique III le hizo señor de las Islas Afortunadas, con el título de rey, tras lo cual pertrechó el normando una nueva flota en Sevilla y volvió a las Canarias. Asegurada Lanzarote casi sin sangre, en 1405 Bethancourt se lanzó sobre Fuerteventura y, más tarde, sobre Gran Canaria, donde encontró fuerte resistencia y hubo de regresar sin haber logrado su conquista. La Gomera fue ocupada en 1405 y, poco después, El Hierro.

Los herederos de Bethancourt vendieron los derechos sobre las Canarias al conde de Niebla en 1418, que los retuvo hasta el 25 de marzo de 1430, en que renunció a ellos en favor de Guillén de las Casas, a cambio del pago de 5.000 doblas de oroNota 5). En 1461, la posesión pasó a Diego de Herrera, cuyo gobierno se caracterizó por las numerosas incursiones que capitaneó tanto a las islas aún sin conquistar como al litoral africano, en busca de cautivos para venderlos como esclavosNota 6). Finalmente, el 15 de octubre del año 1477, se cedieron los derechos de las islas por conquistar —La Palma, Tenerife y Gran Canaria— a la Corona de CastillaNota 7).

En la cuestión canaria, como en tantas otras de la expansión ultramarina peninsular, Portugal se enfrentó a Castilla por los derechos sobre el archipiélago. Para ello, argumentaba principios jurídicos como el de insula in flumine nata, por el que la costa más próxima es la de Portugal, mientras que los castellanos contraponían que la costa más próxima es la Mauritania Tingitana, territorio romano de la diócesis hispánica, cuyo descendiente legítimo era el reino de Toledo, del cual era rey el monarca de CastillaNota 8). La disputa no quedó zanjada hasta la firma del Tratado de Alcaçobas, por el que Portugal reconoció los derechos castellanos sobre las Canarias, a cambio del reconocimiento castellano de los derechos lusos sobre Madeira, Cabo Verde y Azores.

Ya en 1478, con el tratado negociándose, comenzó la conquista de Gran Canaria, que habría de extenderse durante cinco años antes de considerarse concluida con el sometimiento de la isla a la Corona castellanaNota 9). En esta conquista participaron tropas de la Hermandad General:

"Despacharon los Reyes Católicos con toda diligencia al asistente de Sevilla Diego de Merlo, que de la gente que tenía Hernán Darias Saavedra, mariscal y provincial de la Santa Hermandad de la Andalucía, proveyese dos compañías de jinetes y una de ballesteros (...) los cuales se embarcaron en San Lúcar de Barrameda"Nota 10).

Se incorporó Gran Canaria a la Corona de Castilla con el título de reino, a través de un documento fechado en Salamanca el 20 de febrero de 1487, "haciéndola franca de todos pechos y alcabalas; y lo mismo tornó a conceder el año de 1507". En 1487 Inocencio VIII dio el patronazgo de las islas a los Reyes, para ellos y sus sucesores. Ello hizo posible que en 1494 los Reyes Católicos dieran leyes y fueros para gobernar Gran Canaria, confirmando alguna de las ordenanzas que se habían dado en los momentos iniciales de la conquista.

En Tenerife y en La Palma, las tribus guanches aún resistían a los ocupantes peninsulares, y lo seguirían haciendo hasta que, con el descubrimiento de América, las Canarias tomaron un papel estratégico de vital importancia. Una posible explicación al espacio temporal en que la Corona no trató de extender sus dominios al resto del archipiélago, podría ser que, una vez reconocida por el Tratado de Alcaçobas que las islas Canarias constituían una reserva de la Corona de Castilla, no existía la premura que la amenaza de una conquista lusa supuso para el dominio de Castilla. Al hacerse con los derechos de conquista en Alcaçobas, Castilla no tuvo prisa en llevar a cabo el ejercicio efectivo de esos derechos, sobre todo en islas como La Palma o Tenerife, donde, por su mayor tamaño y la mayor organización de las estructuras estatales locales, el proceso de sometimiento podría presentar complicaciones notables, como a la postre ocurriría.

Otra razón pudo ser económica, ya que las islas que no estaban sometidas eran una fuente de capturas para el mercado de esclavos, negocio que habría de cesar en el momento mismo en que las tierras canarias fueran sometidas a la Corona de Castilla y sus habitantes convertidos al cristianismo, ya que no se podía reducir a la esclavitud ni a los súbditos de los Reyes Católicos ni a los cristianos. Esto pudo hacer que durante algunos años fuera más rentable desde el punto de vista económico mantener sin conquistar varias islas.

La conquista de La Palma dio comienzo en septiembre de 1492, un mes antes de la llegada de Colón a las costas caribeñas. La figura clave de este momento de la conquista fue Alonso de Lugo, que ya había participado de forma destacada en la conquista de Gran Canaria en la década anterior. Junto con dos socios, Alonso de Lugo logró en poco menos de un año completar la conquista de La Palma. Muchos más problemas iba a darle la conquista de Tenerife, cuyos derechos la Corona le cedió en diciembre de 1493, a cambio de que renunciara a la prima que se le había prometido por haber logrado el sometimiento de La Palma. En abril de 1494, Lugo desembarcaba en Tenerife al mando de un fuerte contingente de fuerzas castellanas y aliados canarios procedentes de Gran Canaria y La Gomera. El resultado fue una auténtica carnicería, en la que los conquistadores perdieron casi el ochenta por ciento de sus fuerzas, siendo herido Lugo en la batalla:

"E así en un lugar estrecho y muy fragoso y áspero y de mucho monte, dando voces, gritando y dando silbos, dieron sobre los cristianos, que no podían valerse ni pelear ni aprovecharse de los caballos, que era la fuerza de la gente, y no sabiendo qué medio tomar, dieron los cristianos a huir a quien más podía. Viendo el hermano del rey que los cristianos huían y que los suyos iban matando en ellos, sentose sobre una piedra a descansar; y luego llegó su hermano el rey Taoro, que venía en su socorro con mucha gente, y como vio a su hermano sentado, reprendido gravemente, al cual respondió "yo he hecho mi oficio en vencer, y di orden para ello, ahora los carniceros hagan el suyo en matarlos". Murió aquí la mayor parte de los cristianos que había llevado Alonso de Lugo, y por esta desgracia que le aconteció se llamó este lugar La Matanza de Centejo hasta hoy. Serían los que faltaban más de seiscientos. Alonso de Lugo escapó, aunque lo derribaron del caballo de una pedrada que le dieron en la boca, quebrándole los dientes''Nota 11).

En 1495, Alonso de Lugo, al frente de un segundo ejército, regresó a Tenerife. Confiado por su anterior victoria, el mencey Bencomo plantó cara al ejército castellano en un lugar llano, Aguere, donde sus hombres fueron presa fácil de las armas de fuego y la caballería de los castellanos. Tanto Bencomo como sus hermanos murieron en la batalla, así como alrededor de mil setecientos guerreros guanches. Sin embargo, esta victoria no supuso la derrota total de estos, que desencadenaron una guerra de guerrillas y emboscadas que mantuvo a los hombres de Lugo en la franja costera hasta finales de 1495, cuando una columna militar castellana penetró en el interior de Tenerife. Se enfrentaron al ejército del bando de guerra en las inmediaciones de Acentejo, muy cerca del lugar donde la primera expedición de Alonso de Lugo había sido masacrada, lográndose en esta ocasión una victoria sin paliativos que supuso la ruptura definitiva del bando de guerra, cuyos caudillos supervivientes firmaron, en julio de 1496, la Paz de los Realejos, convirtiéndose al cristianismo y sometiendo sus tierras al gobierno de los Reyes Católicos.

Por ello, los Reyes Católicos dieron a Alonso de Lugo el gobierno de las dos islas, con el título de adelantado, otorgándole además poderes para efectuar repartimientos de tierras. Como era habitual para estimular el traslado de población a los territorios que se incorporaban a la Corona, los Reyes dieron exenciones y ventajas fiscales a quienes se asentaran en las Canarias.

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Nota 1

Sobre la primera historia del archipiélago, ver BLÁZQUEZ, J. M., “Las islas Canarias en la Antigüedad”, en Anuario de Estudios Atlánticos, n° 23, 1977.

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Nota 2

Puede verse en VIERA Y CLAVIJO, J. de, Noticias de la Historia general de las islas Canarias. Santa Cruz de Tenerife, 1950-1952, vol. III, pp. 489-497; también en ZUNZUNEGUI, J., "Los orígenes de las misiones de las islas Canarias, en Revista Española de Teología, n° 1, 1940.

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Nota 3

Juan de Bethancourt era sobrino de uno de los caballeros normandos que acompañaron a Beltrán de Duglesquin a combatir en las guerras civiles castellanas. Bethancourt iba a ir a España con su tío, pero en La Rochela coincidió con otro caballero Gardifer de la Sala, que le convenció para partir en busca de las islas Afortunadas. "Era el capitán Juan de Bethancourt buen cristiano, temeroso de Dios y devoto, buen capitán, sagaz, astuto y mañoso soldado y, con todos, buen compañero" (ABREU GALINDO, J. de, Historia de la conquista de las siete islas de Canaria. Santa Cruz de Tenerife, 1977, p. 46).

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Nota 4

En un primer momento, los normandos llegaron a un acuerdo con Guardafia, pero más tarde lo rompieron, dando lugar a una revuelta de la población local. Capturado dos veces y fugado otras tantas, Guardafia acabó entregándose a Gardifer para detener la sangrienta represión que el normando había lanzado sobre la población autóctona.

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Nota 5

ABREU GALINDO, Historia de la conquista de las siete islas de Canaria, p. 64.

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Nota 6

"Muchas entradas hizo Diego de Herrera en Berbería, en Tenerife y Canaria. Más donde más resistencia hallaba y mayor daño recibía era en la isla de Gran Canaria" (ABREU GALINDO, Historia de la conquista de las siete islas de Canaria, p. 115).

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Nota 7

Sobre la dominación de Canarias por los nobles castellanos, es interesante la consulta de LADERO QUESADA, M.A., “Los señores de Canarias en su contexto sevillano (1402-1477)”, en Anuario de Estudios Atlánticos, n° 23, 1977.

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Nota 8

Esta argumentación fue presentada ante el concilio de Basilea. De ello se ha ocupado SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., Castilla, el cisma y la crisis conciliar (1378-1440). Madrid, 1960, p. 124. Sobre el concilio de Basilea, es obra fundamental ÁLVAREZ PALENZUELA, V. A., La situación europea en la época del concilio de Basilea. León, 1992.

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Nota 9

Diego de Herrera había tomado posesión de la isla en 1461, y perteneció a su familia hasta 1477. Sin embargo, los Herrera carecían de medios para llevar a cabo una conquista en toda regla, por lo que se limitaron a la construcción del torreón de Gando (MORALES PADRÓN, Canarias: Crónicas de su conquista, p. 23).

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Nota 10

ABREU GALINDO, Historia de la conquista de las siete islas de Canaria, p. 227. Tras la conquista de Gran Canaria, se ordenó que las compañías de la Hermandad General regresaran a la Península, lo cual hicieron acompañadas por numerosos caballeros, con el fin de participar en las campañas de la guerra de Granada.

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Nota 11

ABREU GALINDO, Historia de la conquista de las siete islas de Canaria, p. 318.

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5.- El norte de África a finales del siglo XV

Las clausulas africanas del Tratado de Tordesillas y el apoyo pontificio a la monarquía de Isabel y Fernando habían situado a los Reyes Católicos en una posición ventajosa de cara a iniciar el proceso de expansión en el Norte de África, en especial en la Berbería de Levante, cuyas consecuencias se extenderían durante los últimos años del siglo XV y todo el siglo XVINota 1).

Tres eran las principales potencias en esta zona: el reino de Fez, el reino de Tremecén y el reino de Túnez. Estos reinos mantenían una suerte de equilibrio que daba cierta estabilidad a la región, después de que el siglo XIV hubiera sido testigo del colapso de buena parte del sistema de poder en la región: El imperio de Mali se desintegró, los reyes de Tremecén no tenían fuerza para proteger las caravanas de los ataques de los beduinos y la participación de los judíos en el comercio se colapsóNota 2). Esto provocó, a partir de 1415, una carestía de plata y oro que duró una generación, causada por el agotamiento de las minas, las interrupciones del comercio sahariano y, sobre todo, por la marcha de oro y plata africanos hacia el Este asiáticoNota 3). Sin embargo, a mediados del siglo XV, el comercio se había restablecido de forma que nuevas potencias habían estabilizado la zona. El reino hafsí de Túnez había aumentado su influencia en la región, aunque su fuerza nunca fue suficiente como para doblegar a sus vecinos occidentales de Tremecén, exiguamente defendidos por fuerzas mercenarias de origen beduinoNota 4).

Este equilibrio fue quebrado por la política expansionista de Alfonso V de Portugal. En 1458 sus fuerzas, con el monarca al frente, tomaban Ksar —a la que dieron el nombre de Alcázar de Segur—. Abd al Haqq, líder mariní en la región, culpó de la derrota a sus siervos wattasíes y organizó su asesinato en una sangrienta emboscada. Sin embargo, uno de los líderes wattasíes, Mohammed al Cheij, escapó, hallando refugio contra la venganza mariní en Arcila. Al Cheij no olvidó la masacre de los suyos y, con el paso de los años y la ayuda de los portugueses, se alzó en armas contra el poder mariní de Fez, cuya capital logró tomar en 1471. Un triunfo incontestable del rebelde wattasí tampoco interesaba a los portugueses, ya que se enfrentarían a un escenario en que Mohammed al Cheif sustituiría a los mariníes. Así pues, los portugueses violaron los acuerdos, tomando Arcila y Tánger. Si lo que temían era que Mohammed al Cheif lograra mantener unificado el reino, sus preocupaciones se mostraron infundadas: tan pronto como cayó el gobierno mariní, Marrakech negó toda legitimidad a los nuevos gobernantes de Fez y comenzó a comportarse como un poder independiente, y la línea de oasis entre Tuggur y el valle del Dra quedó bajo el control de grupos de origen hilalí que actuaban sin someterse a autoridad alguna.

Esta descomposición política se reflejó en el comercio, al quedar sumidas en el caos las rutas que comunicaban con el interior del continente. La economía del Magreb recibió un golpe de importancia cuando las rutas del oro se desplazaron hacia el Este, para ser controladas casi en exclusiva por los comerciantes del Sudán. La caída de Fez en manos de los wattasíes y la posterior intervención portuguesa en las ciudades del litoral, puso fin durante cinco siglos, a la posibilidad de que existiera un Estado unificado en lo que hoy en día es Marruecos.

Lo ocurrido en el litoral marroquí era parte de un proceso de fragmentación generalizado que, en las últimas décadas del siglo XV, afectó a la mayor parte de la orilla Sur del Mediterráneo. Si el poder mariní de Fez se derrumbó en 1471, algo similar le ocurrió al reino de Túnez, que, si bien no desapareció, sí vio muy reducidos sus dominios al surgir poderes independientes en Trípoli, Bugía y Constantina, hasta entonces bajo su dominio. Lo mismo ocurría en el reino de Tremecén, donde la ciudad portuaria de Orán luchaba por alcanzar una completa autonomíaNota 5).

A comienzos de la década de 1490, las relaciones de Fernando con los territorios musulmanes de la Bebería de Levante eran buenas, en especial con TúnezNota 6) y con Bugía, lo cual constituía un signo más de la capacidad de Fernando para efectuar juegos malabares con las alianzas, ya que Bugía se había independizado en fecha muy reciente del poder tunecino, que no había renunciado a someterla nuevamente. Por el contrario, Tremecén no era especialmente amistoso, y las relaciones con Argel estaban ensombrecidas por la intensa e incesante actividad pirática argelina, lo cual colocaba a esta ciudad en un estado de guerra no declarada con los reinos hispánicos.

El principal aliado político de Fernando en el Norte de África era Túnez. Desde el siglo XIII, la ciudad norteafricana, gobernada por la dinastía hafsí, había visto en las buenas relaciones diplomáticas y comerciales con los reyes peninsulares una manera de hacer frente a los constantes conflictos con sus vecinos musulmanes y a la codicia de los genoveses que explotaban sus mercados. Durante los más de cincuenta años de reinado de Abu Amir Uthman —entre 1435 y 1488— se mantuvo esta relación de amistad, al tiempo que el reino de Túnez se expandía, sometiendo el territorio comprendido entre la propia Túnez y Constantina. Las relaciones mejoraron cuando Mohammed sucedió a su padre en el gobierno de Túnez. En agosto de 1494, los embajadores tunecinos regalaron halcones a Fernando. El invierno siguiente, cuando la situación era alarmante en Italia por la intervención francesa, Mohammed ofreció a Fernando, a través de dos emigrantes catalanes, Andreu y Pau Vives, comprar las cosechas de trigo sardo, garantizando al Rey Católico unos ingresos vitales para armar el ejército que necesitaba desplegar en Nápoles.

Por su parte, los emires de Bugía eran teóricamente súbditos de Túnez, pero actuaban como soberanos independientes. Las relaciones amistosas con Bugía se enturbiaron a causa de las acciones de piratas cristianos, en particular de los genoveses, pero también de súbditos de los Reyes Católicos como Vidal de Blanes. El emir Abderramán envió embajadores a Isabel y Fernando, y lo mismo hicieron los Reyes Católicos, de forma que, finalmente, se intercambiaron los cautivos que se habían realizado en la espiral de represalias desencadenadas. Aunque sobre el papel se ponía con ello punto final al conflicto, lo cierto es que las relaciones entre la monarquía peninsular y Bugía nunca se recuperaron por completoNota 7).

El gran problema para la Monarquía, desde la caída de Granada, era la piratería originada en los puertos de la orilla Sur del Mediterráneo. La inestabilidad política y productiva del Norte de África en el siglo XV convertía la piratería en un recurso casi inevitable para las sociedades de los pequeños Estados que lo formaban. Las rutas migratorias de la Península al Norte de África, con su tránsito de exiliados y refugiados tras la destrucción del reino nazarí, contribuyeron a desestabilizar la economía, agravando los problemas de los lugares de acogida. Desde 1492, la monarquía se encuentra, respecto a los piratas norteafricanos, en "guerra abierta, aunque no declarada"Nota 8). Por ello "era necesario asegurarse puntos de apoyo en el Norte de África, como ya venían haciendo los portugueses, si se quería evitar un estado de guerra e inestabilidad constante, que amenazase las costas meridionales y levantinas e impidiese la pacífica navegación comercial"Nota 9).

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Nota 1

Al respecto, puede verse ALVAR EZQUERRA, A., “Derechos del hombre. La Europa cristiana y el Mediterráneo musulmán”, en VV.AA., Los desafíos de los derechos humanos hoy. Valladolid, 2007.

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Nota 2

MACKAY, A., Money, prices and politics in Fifteenth-Century Castile. Londres, 1981, p. 37.

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Nota 3

MACKAY, A., Society, economy and religión in late Medieval Castile. Londres, 1987, p. 240.

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Nota 4

LAROUI, Historia del Magreb, p. 24.

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Nota 5

LAROUI, Historia del Magreb, p. 230.

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Nota 6

Las relaciones tunecinas con Aragón se remontaban al reinado de Alfonso V el Magnánimo, que había establecido factorías y permitido que se asentasen en el Norte de África cónsules catalanes (PRIETO Y LLOVERA, P., Política aragonesa en África hasta la muerte de Fernando el Católico. Madrid, 1952, p. 105). Para la política africana de Alfonso V ver CERONE, F., La política orientale de Alfonso de Aragona. Nápoles, 1903.

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Nota 7

SUÁREZ FERNÁNDEZ, Los Reyes Católicos. La expansión de la fe, p. 208.

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Nota 8

PEINADO SANTAELLA, Historia del reino de Granada, p. 479.

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Nota 9

BALLESTEROS GAIBROIS, La obra de Isabel la Católica, p. 296.

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6.- La conquista de Melilla

Los espías al servicio de la Corona informaron de que un granadino, de nombre Al Mandan, jefe de la guarnición de Tetuán, estaba concentrando fuerzas contra las costas españolas, lo cual alarmó sumamente a los Reyes. Los informes señalaban también que Melilla estaba muy mal defendida, pese a su importancia comercial, ya que la ciudad estaba cerca de Tafilete, un mercado importante por ser punto final de una de las rutas de caravanas más relevantesNota 1). Desde Tafilete, los camelleros recorrían cientos de kilómetros hacia el interior del continente, llevando paños y sal y trayendo plata, oro y malagueta. Al tiempo, se negoció en secreto con dos judíos, a los que se prometieron doce mil castellanos de oro si conseguían que, en el plazo de un año, Mazalquivir quedara sometida a Castilla.

Melilla no era el único objetivo, sino solo uno de los posibles objetivos. Quizá el más firme valedor de Melilla como primera cabeza de puente castellana en África y como punto idóneo para comenzar la expansión en la ribera Sur del Mare Nostrum fue Hernando de Zafra. El hombre que había quedado en 1492 al frente de la administración civil de Granada pensaba que Melilla era un objetivo asequible de tomar por vía militar y al que sería fácil aprovisionar desde MálagaNota 2). Zafra envió a dos de sus hombres de confianza, Lorenzo de Padilla y el maestro Ramiro, experto en fortificaciones, para que estudiaran el lugar con ayuda de agentes locales. Los dos espías regresaron a la Península en septiembre de 1493, tras pasar un mes en el Norte de África. Zafra los remitió de inmediato a Barcelona para que explicaran ante los Reyes lo que habían visto, de forma que los monarcas autorizaran a Zafra a organizar y llevar a cabo la operación.

Parecía el momento adecuado para presentar el proyecto a los Reyes, dado que el rey de Francia, Carlos VIII, había devuelto, conforme a lo acordado en el Tratado de Barcelona, el Rosellón y la Cerdaña, de forma que la monarquía hispánica podía, en las circunstancias de aquel momento, volverse hacia África disfrutando de unas ciertas garantías de seguridad en su frontera NorteNota 3). Sin embargo, esta situación duró poco: en enero moría el rey de Nápoles y se desataba la crisis italiana que iba a posponer los proyectos africanos de los Reyes hasta el fin de las principales operaciones bélicas en el teatro italiano.

Sin embargo, pese al ineludible e indefinido retraso que suponía la guerra en Nápoles, Zafra, desde Granada, no dejó de trabajar en torno a la posible conquista de Melilla, tratando de asegurarse de que todo estuviera dispuesto de la mejor manera posible cuando la coyuntura internacional hiciera factible desviar hacia esa cuestión los recursos necesarios. Con este fin, en mayo de 1495 —mientras las fuerzas del Gran Capitán se preparaban para acudir en auxilio de Ferrante I—, Zafra, con la excusa de perseguir un corsario, partió con cuatro galeotas y recorrió la costa del reino de Tremecén, tomando contacto con jeques locales en Tihuente y Tabaharique, que se mostraron proclives a someterse pacíficamente al dominio castellano.

Zafra concluyó el 22 de noviembre de 1494 un convenio con el moro Ruhamma para que entregara Orán con las mismas capitulaciones que Granada a cambio de 5.000 doblas, algunas rentas y señoríos y la entrega de una serie de cargos públicos a quien señalaraNota 4). Al tiempo, Lorenzo de Padilla, jurado de Antequera, era enviado nuevamente a África, en principio, con la misión de negociar el rescate de cautivos, aunque sus tareas incluían el espionaje, como lo demuestra que a su regreso presentó un extenso informe sobre el mejor medio para apoderarse de Orán mediante una expedición militar.

Aunque se determinó que, de momento, Orán era una meta demasiado arriesgada, Zafra veía factible apoderarse del reino de Tremecén. El 14 de mayo de 1495, escribió a los monarcas: "Todo el reino está temblando [Tremecén] y con las llaves en la mano". El plan de Zafra consistía en lanzar contra Melilla y Cazaza tres mil lanzas y nueve mil peones. Tal cantidad de tropas era muy superior a las necesarias, incluso en el peor de los casos, para tomar ambas localidades, lo cual parece indicar que pretendía anexionar todo el territorio sometido a Tremecén y no solo dos de sus villas. Nuevamente, los sucesos de Italia dieron al traste con el proyecto: en julio, Gonzalo Fernández de Córdoba era derrotado en Seminara, con lo cual se desvaneció la posibilidad de una victoria rápida sobre las fuerzas francesas.

No obstante, tanto la confianza de los Reyes en Zafra como los informes de que las galeras turcas ya navegaban regularmente por aguas de Orán, mucho más al Oeste de lo que era habitual uno o dos años antes, hicieron que se organizara una pequeña junta, de la que formó parte el arzobispo de Granada, fray Hernando de Talavera, que evaluó los costes de una operación contra Melilla en unos sesenta millones de maravedíes, una cantidad de la que la Corona no podía disponer mientras estuviera en marcha la campaña de NápolesNota 5). Por si los factores económicos y estratégicos no fueran suficientemente disuasorios, un enviado de los Reyes, el comendador Martín Galindo, regresó de Melilla con informes menos optimistas que los de Zafra.

En esas fechas, Melilla estaba siendo objeto de disputa entre el los reinos de Fez y Tremecén, ya que se encontraba en la frontera que los dividía. Esta situación había motivado que buena parte de la población abandonara la ciudad, éxodo causado por los combates que se desarrollaban en sus inmediaciones. Esto era un contratiempo para los planes castellanos, ya que una delegación de melillenses había visitado la Corte de Isabel y Fernando prometiéndoles el apoyo de la población si las fuerzas castellanas ocupaban la ciudad. Con el abandono casi completo de la localidad, cualquier fuerza expedicionaria debería sostenerse exclusivamente por sus propios medios, sin ayuda local, lo cual complicaba la situación, puesto que Melilla, si bien tenía una posición prácticamente perfecta para ser defendida de los ataques procedentes de tierra, debería ser mantenida con los suministros que pudieran llegar por vía marítima.

Esta combinación de factores —otra campaña en marcha en Italia, coste económico prohibitivo, existencia de un poder organizado que, teóricamente al menos, controlaba el objetivo, necesidad de ocupación militar sin ayuda local y dependencia de la llegada de suministros desde la Península para mantener la posición— convenció a los Reyes de que el momento no era el adecuado, posponiéndose la operación hasta que la situación en Nápoles permitiera destinar a África los recursos que requería.

Sin embargo, para entonces los Reyes ya habían puesto en marcha un mecanismo legal, que se relacionaba con la cuestión africana, y para el que no había marcha atrás: la recuperación de la jurisdicción real sobre importantes localidades de la costa andaluza que, hasta esos años, habían sido propiedad de diversos nobles. Así, los Reyes compraron la villa de Palos a la familia Silva y, en 1493, recuperaron Cádiz, que desde 1466 estaba en manos de la familia Ponce de León. Además de cuestiones económicas y de política interna —Isabel y Fernando siempre tuvieron presente que una de las claves de su gobierno era reforzar el poder de la Corona frente al de otras instancias, como la nobleza o los municipios—, tras estas recuperaciones también se encuentra la necesidad de bases directamente controladas por los Reyes para poder lanzar las expediciones africanas que entonces se preveían poco menos que inmediatas.

Los informes que recibió el rey sobre el estado de Melilla, a lo largo de 1496, procedentes de Martín Galindo, eran tan negativos que le hicieron desistir de su propósito de ocuparlaNota 6), lo que provocó que fuera el duque de Medina-Sidonia quien asumiera, a través de Pedro de Estopiñán, la realización de la expedición, si bien es “cuestión no aclarada suficientemente en las fuentes (...) la relativa a si el duque llevó a cabo la empresa de Melilla por iniciativa propia o si lo hizo a instancias y por mandato del Rey Católico”Nota 7).

Se envió a Pedro de Estopiñán, contador mayor de la Casa de Medina Sidonia, para que comprobara sobre el terreno la situación, constatando que la ciudad estaba prácticamente abandonada y que los musulmanes habían desmantelado las defensas de la misma, al parecer para que no pudieran ser usadas por una hipotética expedición castellana.

Estopiñán reunió alrededor de cinco mil peones y un pequeño contingente de caballería y cruzó el estrecho en los barcos que Colón estaba preparando para ir por tercera vez a América. Merece la pena hacer hincapié en estos dos datos —el número de soldados y los barcos usados para transportarlos—, puesto que indican que la operación, si bien vinculada a Medina Sidonia, contaba con el respaldo y el impulso de la autoridad real, tema este que ha sido discutido en ocasiones. Cabe plantearse seriamente si una fuerza de cinco mil peones, por muy poderosa que fuera la Casa de Medina Sidonia, podía ser reunida sin el apoyo de las finanzas reales. Aunque la respuesta sea discutible, lo que parece claro es que el duque de Medina Sidonia no podría haber utilizado las naves que Colón preparaba para regresar a América si la Corona no hubiera dado órdenes al respecto. Así pues, a la vista tanto de estos hechos como de los acontecimientos posteriores, parece que puede inferirse que la toma de Melilla, si bien llevada a cabo por Medina Sidonia, fue impulsada por la Corona. A nuestro juicio, acierta Suárez Fernández al afirmar que "el duque actuó como general al servicio de los Reyes”Nota 8).

Entre los pertrechos que llevaban las naves cabe destacar una importante cantidad de cal y materiales de construcción, con los que se pensaban reconstruir las defensas desmanteladas, lo cual revela que no se trataba de un incursión ni de una cabalgada en busca de cautivos, sino del inicio de una ocupación permanente.

En la noche del 17 al 18 de septiembre de 1497 los soldados castellanos desembarcaron en la ciudad y comenzaron a fortificar antes de que las fuerzas del rey de Tremecén pudieran hacer nada. El rey musulmán no renunció sin más a Melilla. En noviembre, semanas después de la ocupación de la plaza, la guarnición recibió un ataque que fue rechazado con facilidad.

Un asunto importante, objeto de debate y conexo a la cuestión relativa al impulso de la ocupación, es cuál fue el status de Melilla tras su conquista. Por un lado, Suárez Fernández afirma que no quedó incorporada al señorío de Medina Sidonia, sino vinculada directamente a la CoronaNota 9). Por otra parte, hay autores que afirman que Medina Sidonia tomó posesión de Melilla como parte de sus dominios y que solo ante la imposibilidad de defenderla optó por ceder una posición de condominio a la Corona en abril de 1498Nota 10).

Esto se basa en gran medida en un documento firmado el 13 de abril de 1498 por Estopiñán, como representante de Medina Sidonia, y Martín Bocanegra, como representante de la Corona, fijando las aportaciones que el tesoro real debía efectuar para sostener Melilla. El documento establecía que permanecería en la plaza una guarnición fija de cincuenta jinetes y ciento cincuenta peones pagados por los Reyes; trescientos ballesteros pagados por Medina Sidonia, así como una serie de tropas cuyos pagos se dividirían la Corona y Medina Sidonia: cien espingarderos de los que los Reyes pagarían a sesenta; y veinte artilleros, diecinueve de ellos pagados por la Corona. Además, se preveía para Melilla la presencia de treinta y cinco oficiales, cuarenta marinos, dos clérigos, un médico, un cirujano y un boticario. Todo ello suponía un total de cuatro millones de maravedíes, de los que los Reyes pagarían aproximadamente la mitad. Las tropas quedarían al mando del veterano capitán Manuel de Benavides.

El documento también establecía que la plaza de Melilla sería gobernada por un alcaide, nombrado por el duque de Medina-Sidonia, y por un veedor que nombraría la Corona, estableciéndose un régimen gubernativo que se asemeja bastante a la figura del condominioNota 11), en el que las funciones que se otorgaban al veedor eran muy amplias: por ejemplo, se encargaba de fijar el precio de los suministros que se entregaban a los soldados de la guarnición en adelanto de sus sueldos y era el encargado de cobrar el quinto sobre las presas y cabalgadasNota 12). Todo este conjunto de competencias situaba al veedor de los Reyes en una situación de superioridad fáctica sobre el gobernador que nombraba Medina Sidonia, cuyas funciones parecían quedar limitadas al mando de las tropas.

Quedaba claro en el documento que, desde abril de 1498, Melilla pasaba a ser propiedad de la Corona, aún manteniéndose su posesión por la Casa de GuzmánNota 13). Con esta cesión se abrió un proceso de recuperación de las villas de esta familia por los monarcas, que continuó en 1502 cuando Gibraltar revirtió a la Corona y culminó cuando los duques de Medina Sidonia entregaron a los Reyes lo que se ha calificado como su "joya de la corona": la villa de Sanlúcar, en la bahía de Cádiz.

En 1499 los Reyes Católicos otorgaron a Melilla una carta de población que, entre otras cuestiones, regulaba los oficios que debían desempeñar los seiscientos habitantes de la misma, fijando en más de trescientos los que debían ser soldados y oficialesNota 14).

Desde el primer momento, los hombres de Castilla hicieron sentir en el litoral africano el cambio habido en Melilla. Utilizándola como base, Pedro de Estopiñán lanzó una incursión contra Tarques, localidad situada en las inmediaciones de Orán, en 1498. La localidad fue arrasada y la flota regresó llevando consigo alrededor de doscientos cautivos. Si hubo algún propósito en el ataque más allá de las motivaciones meramente económicas, quizá se trató de una advertencia para los habitantes de la zona, a los que se recordaba que, si bien los turcos surcaban ya las aguas de la región, también las naves de Castilla eran capaces de extender sus acciones hasta la propia Orán.

En 1499 Fernando ordenó que continuara la conquista de África por el Atlántico, frente a Canarias. El 2 de octubre de 1499, los Reyes firmaron un acuerdo con Alonso de Lugo, por el que este se comprometía a construir tres fortalezas y a mantener una guarnición a su cuenta, compuesta por trescientos peones y cincuenta lanzas, recibiendo a cambio el título de gobernador perpetuo de aquellas tierras, con un salario de 365.000 maravedíes anuales y el privilegio de realizar por su cuenta el comercio con el interior. Los gastos se le restituirían de las primeras rentas que se cobrasen, y de las demás percibiría el 5%. Se reservaban los Reyes el derecho a enviar veedores a revisar las cuentas de gastos e ingresos y la percepción del quinto real de lo que se tomara en guerra contra los moros, pero donaban la mitad de ese quinto a Lugo. Este desembarcó en San Miguel de Saca, a cinco leguas de Tagaos, montando un castillo de madera prefabricado, gracias a lo cual rechazó al día siguiente el ataque de los de Tagaos. Se llegó al tiempo a un acuerdo con Ifni, Ofran y Tagaos, que convertía a los moros en vasallos.Nota 15)

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Nota 1

SUÁREZ FERNÁNDEZ, "La política internacional durante la guerra de Granada", p. 745.

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Nota 2

Entre otras misiones, Zafra era el encargado de supervisar el paso a África de los granadinos que no se habían convertido al cristianismo, lo que le brindó una inmejorable oportunidad para instalar redes de información en la orilla Sur del Mediterráneo (ALONSO ACERO, Cisneros y la conquista española del Norte de África: cruzada, política y arte de la guerra, p. 92).

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Nota 3

Los Reyes Católicos llegaron incluso a ofrecer al rey de Francia entregarle el puerto de África que eligiera (DOUSSINAGUE, La política exterior de España en el siglo XVI, p. 74).

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Nota 4

DOUSSINAGUE, La política internacional de Fernando el Católico, p. 75.

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Nota 5

Sobre el uso de las juntas en la Monarquía Hispánica ver, BALTAR RODRÍGUEZ, J. F., Las juntas de gobierno de la Monarquía Hispánica (siglos XVI y XVII). Madrid, 1998; y SÁNCHEZ GONZÁLEZ, D. M., El deber de consejo en el Estado moderno. Las juntas ad hoc en España (1471-1665). Madrid, 1992.

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Nota 6

Martín Galindo encontró Melilla prácticamente abandonada por sus habitantes y con gran parte de los muros destruidos, a causa de los combates entre los melillenses y los habitantes de otros poblados de los alrededores (DOUSSINAGUE, La política internacional de Fernando el Católico, p. 77). Además, su puerto no era especialmente bueno, ya que lo batía el viento de levante (PRIETO Y LLOVERA, P., Política aragonesa en África hasta la muerte de Fernando el Católico. Madrid, 1952, p. 159).

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Nota 7

CASTRILLO MÁRQUEZ, R., “Melilla bajo los Medina-Sidonia, a través de la documentación existente en la Biblioteca Real de Madrid”, en Anaquel de estudios árabes, n° 11, 2000, pp. 175-176. Si bien los cronistas posteriores de la Casa Guzmán suelen hablar de una iniciativa del duque, Andrés Bernáldez afirma expresamente que se hizo por orden de Fernando: Memorias del reinado de los Reyes Católicos, Madrid, 1962, p. 380. Gutiérrez Cruz afirma al respecto: "La conquista de Melilla en 1497 fue una empresa inspirada por el duque de Medina Sidonia, aunque alentada y financiada posteriormente por la Corona" (Los presidios españoles en el Norte de África en tiempo de los Reyes Católicos. Melilla, 1997, p. 18). La mayor parte de los historiadores se inclinan por el impulso regio a la expedición; así lo afirma DOUSSINAGUE, La política exterior de España en el siglo XVI, p. 78: "Es completamente inconcebible que una autoridad cualquiera se hubiera atrevido a lanzarse por iniciativa propia a empresa de tan gran importancia sin orden expresa y sin instrucciones concretas y detalladas de sus soberanos".

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Nota 8

Los Reyes Católicos. La expansión de la fe, p. 211-212. Los propios Reyes enviaron a Medina Sidonia una carta agradeciéndole su actuación en la conquista de Melilla (AGS, Cámara de Castilla, Cédulas, leg. 4, fol. 246).

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Nota 9

Los Reyes Católicos. La expansión de la fe, p. 212.

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Nota 10

BELENGUER, El imperio hispánico, p. 83. En la misma línea CÁMARA, A., “Las fortificaciones de Melilla en el sistema defensivo de la monarquía española. Siglos XVI a XVIII”, p. 1. Esta autora sostiene que la donación de 1498 entregó la propiedad de Melilla a la Corona, que cedió su gobierno a Medina Sidonia; lo cual implica que, previamente a esa donación, la propiedad era del duque.

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Nota 11

CASTRILLO MÁRQUEZ, “Melilla bajo los Medina-Sidonia”, p. 177.

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Nota 12

POLO, M., "La vida cotidiana en la Melilla del siglo XVI", en Criticón, n°. 36, 1986, p. 7-8.

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Nota 13

Al parecer, los Reyes no estaban muy satisfechos con la administración que Medina Sidonia había realizado en Melilla. En varias ocasiones escribieron al duque instándolo a cumplir al pie de la letra los acuerdos firmados, recriminándole en especial que hubiera permitido asentarse en la ciudad a un gran número de personas que no eran útiles para las labores militares de defensa (DOUSSINAGUE, La política exterior de España en el siglo XVI, p. 85).

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Nota 14

CÁMARA, “Las fortificaciones de Melilla en el sistema defensivo de la monarquía española”, p. 1.

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Nota 15

DOUSSINAGUE, La política exterior de España en el siglo XVI, pp. 8789.

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7.- La recuperación de la política africana

Tras la obligada pausa forzada por los asuntos napolitanos, a lo largo de 1505, Hernando de Zafra, que seguía siendo uno de los máximos defensores de la necesidad y conveniencia estratégica de aumentar los dominios de la Monarquía en el Norte de África, trabajó intensivamente en los preparativos de la conquista de MazalquivirNota 1). Para ello, se había hecho un pacto previo con el alcaide de la fortaleza, Amar ben Mazor, si bien la operación se pospuso dado que, en aquellos momentos, las relaciones con el reino de Tremecén eran buenas y no se quería deteriorarlas con la ocupación de Mazalquivir. Sin embargo, en el mes de julio de 1505, hubo un realineamiento diplomático, y la Corona envió una escuadra para ocupar la plaza, al mando de Diego Fernández de Córdoba, alcaide de los Donceles, al frente de cinco mil soldados. El aprovisionamiento de la escuadra fue realizado por Zafra, siguiendo órdenes directas del rey. La expedición estuvo formada por milicias concejiles andaluzas, acompañadas por veintiuna capitanías de ordenanza, seis de las cuales provenían de Nápoles, tropas de acostamiento, las mesnadas nobiliarias del alcaide de los Donceles, y cuarenta lanzas de las Órdenes de Santiago, Alcántara y Calatrava, integradas dentro de las capitanías de ordenanza. El 13 de septiembre entraron los españoles en la plaza, alzando el pendón real —cuatro barras rojas y cinco amarillas y, sobre ellas, dos leones y dos castillos, también en rojo y gualda— en las torres de la fortaleza al grito de "África, África por el rey de España"Nota 2).

A comienzos de 1506, el alcaide de los Donceles pensó que sería posible tomar Orán por capitulaciones, y envió una expedición formada por quinientos jinetes y alrededor de tres mil peones. Sin embargo, las necesidades económicas se impusieron: los recursos que iban a destinarse a sufragar la expedición contra Orán hubieron de usarse en mantener Mazalquivir, donde era urgente pagar a la guarnición, así como renovarla con mil peones que regresaban de Nápoles al mando de Diego de Villalba. También era necesario reforzar las defensas y murallas, así como equipar y armar convenientemente a las tropas, de forma que la expedición contra Orán hubo de ser pospuestaNota 3).

Sin embargo, la política africana había cobrado un impulso propio, que aún habría de mantener durante casi un lustro. En abril de 1506, el duque de Medina Sidonia ocupaba la localidad de Cazaza, en las cercanías de Melilla, ciudad que la Corona le había entregado como señorío en octubre de 1504.

El capitán Pedro Navarro ocupó el peñón de Vélez de la Gomera el 24 de julio de 1508, lo cual dio lugar a un conflicto con Portugal, que alegaba que pertenecía a la zona de influencia que los tratados de Alcaçobas y Tordesillas habían declarado reserva portuguesa. El conflicto se solucionó a través del Tratado de Sintra. Castilla lo rechazó alegando que el peñón era una entidad política independiente, no perteneciente al reino de Fez, que era reconocido como reserva de expansión portuguesa por los tratados anteriores. El Tratado de Sintra reconocía a Castilla jurisdicción sobre seis leguas al Este del Peñón y a Portugal la reserva de la costa del Atlántico hasta el cabo Nun y Bojador, con la única excepción de Santa Cruz de la Mar PequeñaNota 4)

En 1508 se reanudaron los preparativos para tomar Orán, promovidos y organizados por Cisneros, para lo cual el cardenal firmó un acuerdo con la Corona que fijaba que Cisneros prestaría las cantidades necesarias, tomadas de los ingentes recursos del arzobispado de Toledo, que le serían reintegradas con posterioridad. Pese a que un militar experto como el conde de Tendilla dudaba de que fuera un proyecto viable, el 18 de mayo de 1509 la ciudad argelina era tomada por una flota que había zarpado de Cartagena dos días antesNota 5). El 30 de noviembre de aquel año, Pedro Navarro abandonaba Orán para atacar Bugía, que cayó el 2 de enero de 1510, tras un cerco de más de un mes. Argel se rindió acto seguido y firmó un acuerdo por el que aceptaba la soberanía castellana y liberaba todos los cautivos cristianos, el 31 de enero de 1510. Trípoli cayó el 25 de julio de 1510.

Una novedad que habría de tener importancia en la estructura militar hispánica posterior fue utilizada por vez primera en la acción de Orán. Se trató de la primera ocasión en que se usó la coronelía como unidad militar, es decir, agrupar capitanías en unidades mayores, de alrededor de 2.000 hombres. Estas coronelías serían la base a partir de la cual se construiría la estructura del tercio, verdadero alma motriz del ejército español en sus campañas exteriores durante los siglos XVI y XVIINota 6). Tras los triunfos militares, la Monarquía fue capaz de realizar una brillante explotación diplomática de la situación. Se sometieron sin lucha Mazagrán, Mostaganem, Tenes, Argel, Tedeles y Gigel.

En tan solo trece meses, la Monarquía hispánica había sometido Orán, Bugía, Argel y TrípoliNota 7), los principales puertos de la orilla Sur mediterránea. Este fue el cénit de la presencia española en el Norte de África, cuando parecía que ningún poder podía poner freno a los avances hispánicos en el Magreb. El propio Fernando expuso, ante las Cortes aragonesas reunidas en Monzón, sus ambiciosos proyectos: avanzar hacia el Este, para lo cual habría de enfrentarse al Soldán de Babilonia, gobernante de Egipto; tomar Alejandría, forzando la venida del ejército enemigo desde El Cairo para decidir la campaña en una única batalla decisiva. Si se lograba la victoria, desde Egipto se podía amenazar Grecia o Albania, sin que los turcos pudieran recibir ayuda del Norte de África, ya controlada en el escenario geoestratégico pergeñado por FernandoNota 8).

Sin embargo, el desastre de Djerbes, en aquel mismo año 1510, fue el punto de inflexión en la política africanaNota 9). Allí se perdieron, en parte por la ausencia de agua suficiente, cuatro mil hombres de un ejército de doce mil, a los que hubo que sumar otras cuatrocientas víctimas cuando supervivientes que se detuvieron a hacer aguada en las Quérquenes, fueron pasados a cuchillo por la población localNota 10). El doble desastre de Djerbes —o Gélves, para los castellanos de la época— y las Quérquenes devolvió a la Corona a la realidad de las dificultades que se planteaban, a la seriedad de la amenaza turca y la precariedad de lo logrado. Otro hecho fundamental que detuvo la expansión africana fue la política italiana, que impuso un giro defensivo a la estrategia norteafricanas de la Monarquía Hispánica, truncando así los ambiciosos planes de Fernando el CatólicoNota 11).

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Nota 1

Una expedición portuguesa para ocuparla había fracasado en 1496.

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Nota 2

DOUSSINAGUE, La política internacional de Fernando el Católico, p. 134.

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Nota 3

LADERO QUESADA, Hernando de Zafra, pp. 109-110.

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Nota 4

PRIETO Y LLOVERA, Política aragonesa en África hasta la muerte de Fernando el Católico, p. 175. Beatriz Alonso Acero afirma: "El Rey Católico renunciaba definitivamente a una futura expansión por el África atlántica, prefiriendo conservar el Peñón de Vélez. Lo que estaba haciendo no era sino ser congruente con una política norteafricana que había marcado sus rumbos décadas atrás y que siempre había fijado el Mediterráneo como objetivo prioritario de defensa en aras de mantener incólume los intereses políticos y económicos del Estado moderno fraguado por Isabel y Fernando" (Cisneros y la conquista española del Norte de África: cruzada, política y arte de la guerra, p. 157).

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Nota 5

Contra Orán se lanzaron noventa naves que transportaban diez mil infantes y cuatro mil caballos. La ciudad fue tomada al asalto y su población masacrada (LLORENTE DE PEDRO, El penitenciarismo español del antiguo régimen aplicado a su presidio más significativo: Orán-Mazalquivir, p. 33).

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Nota 6

MARTÍNEZ RUIZ, Los soldados del rey, p. 74.

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Nota 7

El combate por Trípoli fue quizá el más encarnizado de los que libraron las tropas hispánicas en aquellas campañas, ya que, tras penetrar en la ciudad por una brecha en las murallas, la batalla continuó calle por calle y casa por casa. El punto culminante se alcanzó durante el asalto a la mezquita de la ciudad, donde se había refugiado una parte de la población. Pese a la durísima resistencia de los defensores, el elevado número de puertas del edificio lo hizo indefendible frente a los ataques de la infantería española e italiana, que consiguió penetrar en el mismo y llevar a cabo una terrible matanza entre la población allí refugiada, ya que, según relaciones cristianas de la época, se pasó a cuchillo en aquel recinto a alrededor de dos mil musulmanes (ALONSO ACERO, Cisneros y la conquista española del Norte de África: cruzada, política y arte de la guerra, p. 191). Vigón fija en cuatrocientas las bajas sufridas por las tropas peninsulares, incluido el almirante Cristóbal López de Arriarán (VIGÓN, El ejército de los Reyes Católicos, p. 89).

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Nota 8

DOUSSINAGUE, La política exterior de España en el siglo XVI, pp. 4950.

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Nota 9

Estas islas habían sido ocupadas por la Monarquía en 1497, pero habían sido abandonadas tres años más tarde.

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Nota 10

LLORENTE DE PEDRO, El penitenciarismo español del antiguo régimen aplicado a su presidio más significativo: Orán-Mazalquivir, p. 25. Prieto Llovera reduce el número de bajas sufrido en ambos desastres a unos dos mil (Política aragonesa en África hasta la muerte de Fernando el Católico, p. 178).

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Nota 11

PRIETO Y LLOVERA, Política aragonesa en África hasta la muerte de Fernando el Católico, pp. 178-179.

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CAPÍTULO XI: CONSECUENCIAS DE LA EXPANSIÓN NORTEAFRICANA

1.- Instituciones y Derecho en relación con la expansión africana

La diplomacia que realizó la Monarquía en el Norte de África revistió una enorme complejidad, no solo por la dificultad que planteaba la mutua consideración de infieles en materia de religión, sino por la estructura diplomática atomizada del Norte de África. Un buen ejemplo de ello lo constituyen las cambiantes relaciones entre los peninsulares y el reino de Tremecén.

Tras la conquista de Mazalquivir, Mohammed V de Tremecén comenzó a presionar sobre aquel lugar; para disminuir esta presión, Fernando envió en 1506 una embajada, encabezada por Juan de Alanis, al rey de Tenés, Muley Yaya, para que declarara la guerra a Tremecén. La embajada de Alanis en 1506 tuvo éxito y el rey de Tenés dirigió una campaña de un mes contra Tremecén. Esta situación de enemistad con Tremecén cambió tras caer Orán, ya que la situación geográfica del reino musulmán hacía imprescindible para la protección de Orán mantener buenas relaciones con él. Los contactos diplomáticos fueron iniciados por dos embajadores judíos del rey de Tremecén enviados a Orán en febrero de 1510, y culminaron con la firma de un acuerdo de paz en junio de 1511. Era una tregua de cinco años que obligaba a Tremecén a pagar un tributo anual y legalizaba la entrega de Orán y Mazalquivir a Castilla.

El pago de las parias por los norteafricanos dio lugar a numerosos problemas, que llevaron a la concesión castellana de una rebaja de su cantidad, fijada en doce mil doblas zeyenes. Así tampoco se solucionaron los problemas, por lo que Castilla obligó al rey de Tremecén a que dejara en manos castellanas la recaudación de los derechos que se cobraban en la puerta de Orán de la ciudad de Tremecén. Con los años, se creó una fianza para cubrir el pago de las parias futuras. En 1512, en Burgos, se prorrogó el acuerdo durante otros diez años, manteniendo las mismas condiciones.

No obstante, la política de los reinos norteafricanos era siempre cambiante, y, en 1514, el rey de Tremecén cercó Tenés, que recibió tropas y apoyo español, pese al tratado de paz con Tremecén. Curiosamente, los gastos de esta ayuda eran pagados con las parias de Tremecén.

El 26 de mayo de 1511 se firmaron capitulaciones con Mostaganem y la villa vecina de Mazagán, inspirados en los pactos firmados por los moros de Granada. El acuerdo, en el que la Corona estuvo representada por el alcaide de los Donceles, fijaba que los habitantes pagarían a la Corona lo que antes pagaban al rey de Tremecén, se comprometían a participar en el abastecimiento de Orán y Mazalquivir y a mantener sus propias fortificaciones. Las autoridades no permitirían la carga y descarga de mercancías sin permiso de la Corona. La política exterior quedaba en manos de Castilla, de la cual se convertían en vasallos los habitantes, debiendo la Corona respetarlos y respetar su religión, dándoles libertad de movimiento para ir a las plazas norteafricanas en manos castellanas. Para los notables, se prorrogaban cinco años las franquicias impositivas concedidas por los reyes de Tremecén.

Tremecén tuvo que aceptar las capitulaciones, manteniendo el derecho de colocar un almojarife en Mostaganem para cobrar los derechos que le correspondían. En 1512, la Corona concedió el señorío de Mostaganem y Mazagán al alcaide de los Donceles en compensación por uno que no pudieron darle en Oné; la concesión iba en contra de la capitulación, porque los habitantes dejaban de ser vasallos de la Corona y pasaban al alcaide los bienes comunales, cuando se había firmado respetar todas las posesiones. En cualquier caso, parece ser que el alcaide no llegó a tomar posesión del señoríoNota 1).

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Nota 1

GUTIERREZ CRUZ, R., Los presidios españoles en el Norte de África en tiempo de los Reyes Católicos. Melilla, 1997, p. 48-56.

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2.- Los asientos de las posesiones norteafricanasNota 1)

Las conquistas africanas son inspiradas y sostenidas por la Corona, pero el gobierno de las plazas se va a compartir con parte de la alta nobleza, fundamentalmente el duque de Medina Sidonia y el alcaide de los Donceles —que más tarde sería nombrado marqués de Comares—, ya que ambos tomaron parte directa en la conquista de las plazas. El pago por los servicios prestados en África es uno de los motivos de los asientos que ceden la administración de las plazas a nobles, pero también lo es canalizar las ambiciones de la aristocracia hacia África una vez concluida la guerra de Granada, en una repetición de las causas que llevaron a Portugal, años atrás, a empujar a su propia nobleza hacia una expansión africana. Melilla fue la primera en ocuparse, y se entregó a Medina Sidonia; Mazalquivir y Orán, posteriormente, fueron para el alcaide de los Donceles y, finalmente, Bugía se entregó al duque de Alba, que no había desempeñado ningún papel directo en la conquista.

Las relaciones entre Corona y nobles en el espacio magrebí se regularon mediante asientos, acuerdos firmados por ambas partes en los que se establecían las condiciones de defensa y financiación de los presidios. Para vigilar el cumplimiento de estos asientos, la Corona envió a las plazas veedores, entre cuyas funciones destacaba controlar el gasto del dinero entregado por la Corona a los nobles para mantenimiento del presidio. Estos veedores eran nombrados por los contadores mayores de cuentas. La existencia de un sistema de poder compartido, entre los reyes y la nobleza, generó importantes problemas. Para resolver los choques entre oficiales regios y oficiales nobiliarios, lo habitual era que la Corona enviara a un oficial con plenos poderes.

El caso de Melilla es paradigmático de las fortalezas y debilidades del sistema. Medina Sidonia quedó al frente de la gobernación de Melilla, asumiendo todos los gastos que comportara, si bien luego le fueron reembolsados por la Corona. El asiento entre los Reyes y el noble se firmó el 13 de abril de 1498 en Alcalá de Henares, y en él ya se menciona que habrá presencia de oficiales reales para supervisar el cumplimiento del acuerdo y que estos oficiales serán nombrados por los contadores reales. El asiento de 1498 solo estuvo vigente hasta el año 1500, en que se firmó una nueva capitulación, que elevaba a 4.400.000 maravedíes la cantidad que la Corona facilitaba al duque para la administración de Melilla.

A la muerte del duque de Medina Sidonia hubo problemas entre los albaceas y tutores del nuevo duque, por el pago de las deudas a la guarnición de Melilla, que sumaban, según los soldados, más de seis millones de maravedíes. La Corona insistía en que se pagase, y al no verificarse este pago se envió un juez pesquisidor, que no fue capaz de lograr el pago de la deuda. En vista de ello, se dio orden de que se vendieran bienes del duque suficientes para satisfacerla, pero tampoco fue posible llegar a un acuerdo entre los testamentarios, motivo por el cual se envió, en diciembre de 1508, un juez ejecutor, Ibarra, para que se reuniera con los tutores y albaceas de tal forma que si no llegaban entre sí a un acuerdo para la venta de los bienes, esta venta fuera realizada por Ibarra según su propio criterio. Una vez solucionado el problema, se nombraron oficiales reales para que gestionaran directamente el dinero de la Corona en Melilla, coordinados por el doctor Matienzo. Este sistema de administración real fracasó, y la gestión de los fondos fue devuelta al duque de Medina Sidonia en 1514.

En el caso de Mazalquivir, el asiento con la Corona tardó ocho meses en firmarse, tras la conquista, ya que no fue suscrito hasta el 19 de mayo de 1506. El acuerdo seguía el modelo de Melilla, fijando la existencia de un veedor para controlar el gasto del dinero público. Todos los envíos de mercaderías a Mazalquivir debían quedar registrados, con el fin de que la Corona corriera con los gastos en el caso de que los bienes se perdieran por naufragio o ataque de moros. Además, se eximía a la ciudad del pago del almojarifazgo y otros derechos regios sobre los suministros enviados a Mazalquivir. El acuerdo fue revisado el 13 de octubre de 1506, disminuyendo de setecientos a seiscientos hombres la guarnición de la villa y enviándose un segundo veedor. En consonancia con la merma de la tropa, también descendían las cantidades entregadas para los gastos anuales, pero, por el contrario, se libraban seis millones de maravedíes para que el alcaide de los Donceles pudiera pagar las deudas pendientes. Una tercera capitulación se firmó en marzo de 1508, reduciendo las tropas hasta la cifra de quinientos quince hombres, con la correspondiente disminución del gasto anual. El asiento de 1508 también suprimió el segundo veedor.

El asiento de Orán se firmó entre la Corona y el alcaide de los Donceles en Valladolid el 24 de agosto de 1509 y es similar a los anteriores, siendo la novedad más destacada que obligaba al noble a residir en Orán. La guarnición se fijó en tres mil hombres, y para su suministro se entregaba un almacén en las atarazanas de Málaga. Al igual que en el caso de Mazalquivir, todos los suministros viajaban a riesgo de la Corona y quedaban exentos del almojarifazgo. Con el asiento se entregaban al alcaide casi veintitrés millones de maravedíes anuales para mantenimiento de las tropas. Escarmentados con los problemas de deudas generados en Melilla y Mazalquivir, el asiento fijaba que, si el alcaide no pudiera cobrar las rentas que le permitían satisfacer tal cantidad, debería hacerlo la Corona, y si esta no lo hiciese, él podría endeudarse para hacerlo, corriendo el pago de la cantidad y los intereses a cargo de la Corona. Se fijaba la presencia de un veedor y otros oficiales, uno de los cuales tendría como función cobrar los derechos del rey que pudieran generarse de acuerdos posteriores con potencias locales.

En diciembre de 1512, el de los Donceles fue nombrado capitán general de Navarra, por lo que pidió permiso para que fuera su hijo, Luis de Córdoba, quien quedase en Orán, a lo que la Corona accedió, pasando la tenencia de Orán y Mazalquivir a don Luis el 1 de enero de 1513. Se elaboraron dos providencias al respecto, nombrando a don Luis alcaide de las fortalezas de Orán y Mazalquivir, recibiendo un sueldo de 550.000 maravedíes por ambos nombramientosNota 2). El 28 de enero de 1515 se firmó una nueva capitulación, signada por el alcaide de los Donceles en su nombre y el de su hijo, por el que se construirían nuevas fortificaciones en Orán, al tiempo que se disminuía la guarnición a menos de novecientos hombres. Para financiar la defensa de Orán, la Corona se comprometía a entregar las parias que se cobraban al reino de Tremecén.

En el caso de Bugía, el asiento cedía la tenencia al duque de AlbaNota 3). La guarnición que fijaba era de dos mil hombres, cifra que, una vez reparados los destrozos en las murallas y defensas de la plaza, debía reducirse a mil quinientos. Se repite la misma fórmula de transporte de suministros a riesgo de la Corona, con las exenciones correspondientes. En el caso de Bugía, el coste fijado en el asiento para el mantenimiento de la plaza rozaba los diecinueve millones de maravedíes. Alba delegó la tenencia de la plaza en su hijo don García, pero este murió en agosto de 1510 en el desastre de las GerbesNota 4), por lo que el duque recuperó el gobierno de Bugía y lo retuvo hasta 1513.

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Nota 1

Para el presente apartado seguimos, salvo que se indique otra cosa, GUTIERREZ CRUZ, Los presidios españoles en el Norte de África en tiempo de los Reyes Católicos.

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Nota 2

AGS, Contaduría Mayor de Cuentas, leg. 293.

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Nota 3

AGS, Contaduría Mayor de Cuentas, leg. 276.

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Nota 4

No poca responsabilidad en el desastre cupo al propio don García, que sostuvo una agria relación con el veterano Pedro Navarro, cuyos consejos ignoró pese a que el joven hijo de Alba no tenía experiencia militar: "Sabía poco de guerra y llevaba mucha soberbia y había dicho que si el conde Pedro Navarro no hiciese lo que él le mandase le ahorcaría" (DOUSSINAGUE, La política internacional de Fernando el Católico, p. 353).

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3.- La administración de las plazas

La administración de las posesiones norteafricanas estuvo plagada de problemas y dificultades, muchas de ellas derivadas de la doble naturaleza de su gobierno, que provocaba con frecuencia el choque entre los nobles a los que se había entregado la tenencia y los oficiales regios enviados para supervisar los gastos o que la gobernación se realizara de acuerdo a los intereses e instrucciones de la CoronaNota 1).

Así, la gobernación de Melilla por Medina Sidonia fue cruel y despótica, recibiendo varias denuncias al respecto en la Chancillería de Ciudad Real. El veedor Reinoso informó a la Corona de que, además, se habían producido diferencias de importancia entre el duque y el capitán Benavides, comandante de las fuerzas militares de Melilla, divergencias que podían tener consecuencias nefastas en un contexto de seguridad precaria. Consciente de ello, la Corona intervino, ordenando a Benavides que obedeciera al duque de Medina Sidonia, pues representaba la autoridad real. Sin embargo, también se reconoció que Medina Sidonia no había tratado correctamente a Benavides, y exigía al noble que, en adelante, mejorara su trato.

El primer asiento de Mazalquivir creaba la figura del lugarteniente para el gobierno directo de la plaza, asumiendo que el alcaide de los Donceles no gobernaría en persona el lugar. El lugarteniente designado fue Martín de Argote, que, debido a las ausencias del alcaide y al posterior vacío generado por el traspaso de la tenencia a don Luis de Córdoba, acabó siendo la principal autoridad no solo de Mazalquivir, sino también de Orán, aglutinando unas funciones heterogéneas que incluían el ejercicio de la justicia y el mando supremo de las tropas, funciones que tienen similitudes con las de los corregidores en los municipios castellanos.

La administración de Argote estuvo lejos de ser ejemplar. Llegaron a la Corte quejas sobre las irregularidades cometidas por el lugarteniente, entre ellas retrasar intencionadamente la construcción de nuevas fortificaciones, requisando materiales, castigando a los soldados que participaban y prohibiendo bajo pena de muerte construir caleras. El oficial real enviado para supervisar estas obras, Diego de Vera, se convirtió en un poder local enfrentado a Argote. Alarmada por el deterioro de la situación, la Corona envió a Lope Hurtado de Mendoza como juez de residencia. Examinando las circunstancias, se halló culpable a Argote, por lo que fue sustituido por su propio hijo, Andrés de Argote, y este, a su vez, por Jorge de Angulo, en 1516.

Junto a figuras de nombramiento de la Corona, como los lugartenientes, aparecieron cargos de designación señorial. Este fue el caso del alcalde, figura destinada a complementar al lugarteniente con funciones relacionadas con la justicia y la hacienda municipal, incluyendo la vigilancia de que las monedas cumplieran las especificaciones reales de peso y composición y la supervisión del correcto orden de las reuniones del cabildo. Uno los alcaldes mayores de Orán fue inculpado, junto a Argote, en la pesquisa de Hurtado de Mendoza, acusado de negligencia para castigar a los malhechores, ya que, entre otras cosas, consintió que el lugarteniente caído en desgracia cobrara cargas a mercancías exentas.

Bugía, debido a la muerte de don García, fue gobernada de forma casi ininterrumpida a través de la figura del lugarteniente, hasta que la Corona nombró alcaide a Remón CarrozNota 2), lo cual suponía que asumía la gestión directa de la plaza, el 24 de septiembre de 1513. Sin embargo, en 1518 una pesquisa le halló culpable de numerosos cargos: no haber entregado el quinto real de la venta de esclavos moros, no haber mantenido el número de soldados que debía y vender pólvora a personas privadas, entre otros.

La Corona fue extendiendo, poco a poco, sus instituciones a las posesiones norteafricanas. Así, el 20 de abril de 1512 se creaba la notaría mayor de África. Estos órganos estaban organizados por reinos, existiendo en Castilla, León, Andalucía, Toledo y Granada. Para África se nombró, de forma vitalicia, a Francisco Zapata. Se trataba de un cargo honorífico que se ejercía a través de delegados. En 1512, igualmente, se creó la Escribanía Mayor de las rentas de Orán, para el control de los ingresos que generaba dicha ciudad. El nombramiento recayó en Pedro de Velasco.

Los aspectos militares eran fundamentales en África. Esta naturaleza esencialmente bélica cristaliza en la concepción de las posiciones africanas como presidios, término que entonces carecía de connotación carcelaria, y que hacía referencia tan solo al puesto militar avanzado. De hecho, no comenzaron a enviarse condenados a los presidios africanos hasta mediados del siglo XVIINota 3).

El hecho de que se tratara de una ocupación restringida, sin ánimo de penetrar hacia el interior del continente, llevó aparejado el mantenimiento —y creación donde no lo había— de un sistema de defensas estáticas, fortificaciones y murallas. Las armas y municiones necesarias para la defensa de esas posiciones eran facilitadas por la Corona, como se establecía en los asientos, y se distribuían principalmente desde Málaga. En 1498, por ejemplo, la dotación artillera de Melilla se componía, teóricamente, de noventa y tres piezas de una docena de tipos diferentes, si bien los informes del veedor Reinoso, mostraban que, en ese mismo año, la cifra real no llegaba a sesenta, muchas de ellas viejas o en mal estado. El veedor recomendaba que se llevaran otras doscientas piezas de diversos tamaños.

Para garantizar el correcto flujo de pertrechos a África, en Málaga se instaló la Teneduría de los Bastimentos, organismo destinado a reunir, almacenar y distribuir los suministros para las armadas reunidas en la ciudad y para los presidios africanos. A esta institución se le concedió capacidad para requisar mercancías destinadas a particulares si eran necesarias para el servicio de la Corona. También se instituyó la Proveeduría de Armas, igualmente radicada en Málaga, con funciones similares, pero orientada únicamente a los pertrechos específicamente militares: armas, municiones, pólvora, etc... En 1510 se nombró a Juan de Villalobos proveedor para todas las armadas que fueran al Norte de África, con poderes para embargar y fletar en Málaga y otros puertos los navíos necesarios, comprar los suministros, requisar animales y carros para trasladarlos a puerto y efectuar libramientos de las provisiones que guardaba el tenedor de los bastimentos. El dinero necesario para todo ello le era entregado por el pagador designado por la Corona para cada armada.

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Nota 1

Hubo dos excepciones a la doble administración: Los peñones de Vélez de la Gomera y de Argel, administrados directamente por la Corona, ya que eran meros enclaves militares sin entorno urbano circundante. Argel, además, tenía un pagador.

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Nota 2

Las instrucciones que Carroz recibió pueden verse en AGS, Contaduría Mayor de Cuentas, leg. 276.

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Nota 3

LLORENTE DE PEDRO, El penitenciarismo español del antiguo régimen aplicado a su presidio más significativo: Orán-Mazalquivir, pp. 13 y 18.

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4.- La financiación

Una de las primeras medidas tomadas por la Corona fue conceder exenciones fiscales a las posesiones norteafricanas. Es inevitable establecer el paralelismo entre estas exenciones y las que fijaban los fueros medievales para aquellos que se asentaran en los concejos de las áreas limítrofes al territorio musulmán durante la Reconquista y la Repoblación. El fin último de ambos derechos especiales y privilegiados era el mismo: alentar el asentamiento de cristianos en zonas que, por su inserción en el territorio musulmán -en el caso del Norte de África-, eran destinos inciertos y peligrosos. En cuanto a su intervención en el comercio, la Corona buscaba dos objetivos: asegurar el abastecimiento de los presidios y controlar los ingresos que el tráfico comercial pudiera generar. Para ello se concedieron incentivos fiscales al comercio, pero también se controló su desarrollo. De esta forma, al poco de su conquista, Orán y Mazalquivir recibieron franquicia perpetua respecto al pago de las alcabalas y los servicios. Sin embargo, el hecho de que en 1525 Carlos y Juana volvieran a darla sin mencionar que ya existiera hace pensar que la primera pudiera no haber tenido efectoNota 1).

Las exenciones fiscales tenían como objetivo atraer a pobladores cristianos, por ello llama la atención el intento de repoblar Bugía con población musulmana; para ello, primero se autorizó a vivir allí a Muley Abdallah y a cien vecinos musulmanes, indicándoles que residieran en la zona conocida como Arrabal Bajo y, más tarde, en las instrucciones dadas a Antonio de Ravaneda en su marcha a Bugía en octubre de 1511 se le indicó que la ciudad se repoblara, lo antes posible, con mudéjares castellanos. Además de estos vecinos llegados de otros lugares, las autoridades castellanas lograron hacer volver a unos ocho mil musulmanes que habían abandonado la ciudad cuando esta fue tomada por las tropas cristianas, debido al temor a que se perpetrara una matanza o que los habitantes fueran reducidos a la esclavitud.

Fueren cuales fueren las ventajas fiscales, la mayoría de la población cristiana asentada en las posiciones del Norte de África eran militares, algo que se incentivaba desde la Monarquía, puesto que, dado que el bastimento de las plazas debía efectuarse desde la Península, la Corona quiso limitar al máximo las bocas inútiles, desde el punto de vista militar.

Melilla y Mazalquivir se financiaban, sobre todo, con las rentas ordinarias de la Corona, pero en Orán y Bugía hubieron de usarse otros métodos, ya que las cantidades necesarias eran elevadas. En el mantenimiento de dichas plazas jugó un papel decisivo la aportación económica derivada de la bula de cruzada. En noviembre de 1494 Alejandro VI concedió la primera bula de cruzada destinada a financiar la guerra a los infieles en África, que fue prorrogada posteriormente. El único resultado de esta bula fue la ocupación de Melilla, en 1497. Al iniciar su papado, Julio II concedió a los Reyes la décima, la bula de cruzada y un jubileo para la campaña de África, lo cual ratificó en 1509 al conceder una nueva bula de cruzada para la guerra africana, nombrando comisario al obispo de Palencia, capellán mayor del rey y miembro del Consejo Real. En 1516, el papa León X concedió una nueva bula de Cruzada, para el desarrollo de la guerra contra el infiel, sostener las ciudades ya ocupadas y construir en ellas nuevas iglesias.

Los ingresos obtenidos por la Corona a través de estas bulas fueron pingües, e hicieron posible el sostenimiento de las plazas. Así, entre 1501 y 1503 se recaudaron más de 106 millones de maravedíes, mientras que entre 1509 y el 15, la cruzada aportó a las arcas reales casi 324 millones de maravedíes. A la cruzada hay que añadir el subsidio, concedido por el papa a los Reyes Católicos durante la guerra de Granada, consistente en que cada eclesiástico debía entregar la décima parte de sus rentas a la Corona. Pese a que los datos de que se dispone no son completos y que su monto total era sensiblemente inferior a la cruzada, en 1500 permitió recaudar más de 25 millones de maravedíes; 18.9 millones en el año 1504; más de 23 millones en el año 1508 y otros 19 millones en la anualidad de 1510 y 1511. Una última fuente de recursos económicos fueron las cargas impuestas a la población local. Así, por ejemplo, las tribus pagaban una contribución en grano llamada romia, a cambio de la cual los españoles no les atacaban, les protegían de otras tribus y, si querían, el gobernador del presidio ejercía de juez de sus disputas y delitos. El instrumento jurídico que daba forma a esta contribución recibía el nombre de seguroNota 2).

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Nota 1

GUTIÉRREZ CRUZ, Los presidios españoles en el Norte de África en tiempo de los Reyes Católicos, p. 30.

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Nota 2

LLORENTE DE PEDRO, El penitenciarismo español del antiguo régimen aplicado a su presidio más significativo: Orán-Mazalquivir, pp. 3435.

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CAPÍTULO XII: LA COLISIÓN CON LA SUBLIME PUERTA

1.- La Sublime PuertaNota 1)

En 1450, los otomanos eran un poder local que dominaba el Oeste y el Norte de Anatolia y una parte de los Balcanes, a la que denominaban Rumelia, administrando zonas de este territorio a través de príncipes y protectorados semi-independientes. Los otomanos habían comenzado a configurarse como una amenaza para Occidente desde el siglo XIII, pero el desastre de Ankara frente a las hordas mongolas de Tamerlán retrasó la materialización de esta amenaza, al menos a gran escala, hasta que, en 1451, Mehmed II se convirtió en sultán turco, con el deseo expreso de conquistar Constantinopla y liquidar los últimos restos del imperio bizantinoNota 2). Para ello, Mehmed pactó con el déspota serbio Jorge BrankovicNota 3) y dedicó dos años a preparar el asedio, que dio comienzo en la primavera de 1453 y que concluiría con la caída de Constantinopla, acontecimiento que, tradicionalmente, ha sido señalado por la historiografía para marcar el final del Medievo y el comienzo de la Edad Moderna.

La toma de Constantinopla fue solo el principio. A lo largo de los dos años siguientes, Mehmed II se ganó su sobrenombre, "el conquistador", lanzando campañas contra Serbia, su antigua aliada, a la que arrebató los distritos que contenían sus más ricas minas de plata, y arrinconando a Brankovic en el norte del país. En 1456 asedió Belgrado, dominada por los húngaros, sin éxito, y cuatro años después, muerto ya Brankovic, Mehmed liquidó los restos del principado serbio y convirtió sus tierras en un dominio turco. En esos mismos años, las colonias genovesas en el Egeo y en el mar Negro fueron barridas por la expansión turca. En el año 1456, tomaban Atenas y, con ella, toda Grecia. En 1463, las tropas otomanas marcharon contra el déspota bosnio, Esteban Tomasevic.

Ni siquiera entonces se detuvo el Conquistador. En 1466 lanzó una campaña en Albania contra Juan Scandenberg, hasta dejar los dominios de su enemigo reducidos a la fortaleza de Klujë; sin embargo, Scandenberg, tan indomable en su resistencia como lo era Mehmed en su ansia expansionista, viajó a Italia, donde consiguió tropas de Ferrante de Nápoles y, con ellas, el príncipe albanés logro levantar el asedio de Klujë y recuperar el terreno perdido, lo que provocó el desencadenamiento de campañas turcas contra Albania en los dos años siguientes. En 1468, Scandenberg murióNota 4), legando su fortaleza a Venecia. La Perla del Adriático fue la gran beneficiada de las campañas turcas en Albania, ya que terminó por conseguir Klujë, la isla de Imbros y tierras alrededor de Atenas. Aprovechando las campañas de Mehmed en Asia, los venecianos saquearon Enez, pero la respuesta turca fue atacar la isla veneciana de Negroponto [N. del Ratón: la actual Eubea], en el verano del 1470.

Con la caída de Negroponto, Venecia perdió su principal punto estratégico y comercial en el Egeo. Ello llevó a los venecianos a intervenir en las guerras internas turcas, e incluso a sabotear el arsenal de Gallipoli en 1473. Nuevamente, Mehmed lanzó fuertes campañas en los Balcanes, usando sus dominios en Bosnia para atacar las fortalezas venecianas, que pudieron defenderse gracias a la ayuda húngara. Sin embargo, en abril de 1479, los venecianos, exhaustos, firmaron un tratado, poniendo fin a dieciséis años de guerra, a cambio de ceder Scutari y la isla de Limni, además de pagar un tributo anual de 10.000 ducados de oro, lo cual convertía a Venecia, al menos en lo formal, en Estado tributario del sultán.

La derrota veneciana puso en evidencia una realidad nueva y aterradora: los otomanos diferían de la experiencia occidental previa en lo que a invasiones procedentes del Este se refería, ya que no eran inferiores a las potencias europeas en tecnología, disciplina, liderazgo u organizaciónNota 5). Por ejemplo, en su campaña de 1473 contra Uzum Hassan, Mehmed II fue capaz de movilizar 100.000 hombres, entre los que se incluían 64.000 timariotas spahisNota 6), es decir, caballería pesada, una cifras inalcanzables para un Estado Occidental, y casi inimaginables.

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Nota 1

En lo referente a historia general del imperio otomano, hemos seguido, fundamentalmente, a IMBER, C., The Ottoman Empire, 1300-1650. The Structure of power. Nueva York, 2002.

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Nota 2

DOUSSINAGUE, La política exterior de España en el siglo XVI, p. 37.

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Nota 3

La madre de Mehmet era hija del déspota serbio.

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Nota 4

De la pesadilla en que para los turcos se había convertido el albanés da idea la alegría de Mehmet al conocer la muerte de su enemigo, llegando afirmar que el continente europeo era suyo, pues había muerto el escudo y la espada de Europa (DOUSSINAGUE, La política exterior de España en el siglo XVI, p. 44).

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Nota 5

KIRALY, B. K., "Society and war form mounted knights to the standing armies of absolute kings: Hungary and the West", en BAK, J. M., KIRALY, B. K., (ed.), From Hunyadi to Rákóczi. War and society in late medieval and early modern Hungary. Nueva York, 1982, pp. 28 y 29.

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Nota 6

ÁGOSTON, G., "Ottoman warfare in Europe, 1453-1826", en BLACK, J., (ed.), European Warface, 1453-1815. Londres, 1999, p. 125.

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2.- El turco en Occidente

La amenaza turca fue percibida como directa por Occidente desde la caída de Constantinopla en 1453 y la pérdida de las posesiones venecianas en Negroponto. Sin embargo, la multiplicidad de Estados italianos fue incapaz de articular una política no ya única, sino coordinada, frente a la amenaza que suponían los otomanos. Esta incapacidad —no solo italiana— sería una de las notas fundamentales a lo largo de toda la confrontación entre el imperio turco y las potencias occidentalesNota 1).

Tras la firma de la paz de 1479 con Venecia, los turcos se dispusieron a limpiar por completo el mar Jónico de pequeños poderes, por lo cual atacaron las islas de Levkas, Cefalonia y Zante, cuyo señor estaba casado con una sobrina del rey Ferrante de Nápoles. Tras hacerse con el control de las islas, los otomanos volvieron sus ojos hacia la Italia peninsular. El 11 de agosto de 1480, tras haber dejado un fuerte contingente atacando la isla de Rodas, las tropas turcas tomaron la ciudad italiana de Otranto, perteneciente al reino de Nápoles.

La respuesta occidental adoleció de la endémica disparidad de intereses entre las diferentes potencias. El caso más claro puede ser Venecia, beneficiada por la situación generada, ya que mantenía inmovilizados a sus dos principales rivales: el imperio otomano en la lucha por el control del Mediterráneo Oriental, y Nápoles en el equilibrio de poder itálico, de modo que permaneció neutral, mientras que el papado se vio imposibilitado de intervenir directamente, dado que sus tropas se encontraban empantanadas en un conflicto en la ToscanaNota 2).

Los Reyes Católicos comenzaron a armar una flota con la que acudir en defensa de Rodas y Otranto, un hecho que algunos autores han interpretado como un intento de los monarcas de mostrar al reino la utilidad de una de las instituciones que acababan de poner en marcha, la Hermandad:

"Todo el proceso organizado para armar una flota de guerra castellana que acudiera al sitio de Rodas y Otranto, y la propia campaña, puede interpretarse como un acicate propagandístico en pro de la Santa Hermandad. Esta institución parecía no tener ya mucho sentido, teniendo en cuenta que los desórdenes de antaño parecían haberse atenuado en esta etapa de paz. Pero existía el proyecto de convertir a la Hermandad en un nuevo brazo militar al servicio de la nueva monarquía. La Hermandad iba a ser la encargada de dirigir la armada que habría de operar fuera de las fronteras del reino. Las villas y ciudades implicadas miraron con desconfianza el proyecto"Nota 3).

Discrepamos de esta interpretación, ya que consideramos que la Hermandad iba mucho más allá de las funciones policiales desde un primer momento. Recordemos que el mismo año 1480, en las Cortes de Toledo, la contribución de la Hermandad se había convertido en el eje de los recursos fiscales extraordinarios de los Reyes; difícilmente iban a necesitar los Reyes una justificación, con la guerra de Granada en puertas, para la existencia de la Hermandad.

Las naves de los Reyes Católicos llegaron con la campaña casi concluida, pero fueron parte de la poca ayuda enviada a Nápoles. Francia contribuyó con el envío de una pequeña cantidad de dinero, que también llegó en una fase muy tardía de las operaciones. La única nación cristiana que envió una ayuda decidida y eficaz fue Hungría, cuyo rey, el legendario Matías Corvino, no solo era uno de los más decididos y eficaces enemigos del poder turco en Europa Central y los Balcanes, sino que estaba casado con Beatriz de Nápoles, la hija de Ferrante INota 4).

Finalmente, Otranto fue liberada el 10 de septiembre de 1481Nota 5). No puede ignorarse la decisión de Isabel y Fernando de participar de forma militar directa en la lucha contra los turcos con motivo del asedio de Otranto. Así lo hace notar Doussinague:

"[La participación hispánica en el socorro a Otranto] es el momento inicial de toda una política. A partir de él hemos de observar como los Reyes de España constantemente hacen suya la idea de una colaboración de todos los pueblos cristianos para detener y rechazar los avances de los turcos"Nota 6).

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Nota 1

COVINI, "Political and military bonds in the Italian State System", p. 33.

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Nota 2

ARCUTI, S., "Introduzione", a VIVALDI, G. L., L'oppressione della cittá di Otranto. Otranto, 1990, p. VII.

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Nota 3

CARRASCO MANCHADO, “Discurso político y propaganda en la Corte de los Reyes Católicos, p. 328; SUÁREZ BILBAO, El origen de un Estado, p. 214.

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Nota 4

ARCUTI, "Introduzione", pp. IX-X.

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Nota 5

Un estudio detallado de estos sucesos y su contexto en VV. AA., Otranto, 1480. Galatina, 1986, 2 vols.

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Nota 6

La política exterior de España en el siglo XVI, p. 39.

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3.- Cefalonia: la primera campaña contra el Turco

Entre el abandono del asedio de Otranto, esto es, desde la muerte de Mehmed II en 1481, hasta 1499, la Europa cristiana disfrutó de cierta calma, si bien el miedo a una intervención turca se mantuvo y los otomanos realizaron algunas acciones ofensivas contra la Cristiandad, como el ataque a Malta de 1488. Sin embargo, en lo fundamental, se mantuvieron ocupados en otro tipo de querellas, ya que a la muerte de El Conquistador, se produjo una guerra civil entre sus hijos, Bayaceto y Jem, que ganó el primeroNota 1). El derrotado Jem acabó en manos de los caballeros de San Juan, y esta circunstancia determinó la política exterior de Bayaceto, atemorizado porque alguna potencia cristiana pudiera apoyar a Jem y tratar de destronarle. Durante casi dos décadas, el Sultán temió tanto a Occidente como Occidente al Sultán. Este respiro y el repliegue de las flotas y ejércitos turcos -comprometidos en campañas en Persia y Siria- del Mediterráneo Occidental, permitió a los Reyes Católicos obtener la victoria en la guerra de Granada, sin que se llegase a verificar la temida intervención turca en auxilio de los nazaríes.

En 1494, al invadir Italia, el rey de Francia Carlos VIII anunció una cruzada contra las turcos, lo cual, dado que Jem se encontraba en su poder, hizo cundir el pánico en Constantinopla e impelió a Bayaceto a firmar una tregua de tres años con Hungría, que garantizó la supervivencia de este reino en un momento en que su situación era crítica. Sin embargo, Jem murió, posiblemente envenenado, en febrero de 1495 y con él, el interés turco en mantener una paz estable con las potencias de Europa Occidental.

Tras reconstruir su poderío militar, en 1499 se reanudó la guerra contra Venecia. Incursores otomanos entraron en Dalmacia y el Friuli, tomaron Navpaktos en el golfo de Corinto y, en el año 1500, cayeron las posesiones venecianas en el Peloponeso: Methoni, Koroni y Navarino.

Así pues, la creciente preocupación hispánica por lo que ocurría en el Mediterráneo Oriental no era ociosa. La Corona de Aragón tenía allí importantes intereses comerciales, ya que obtenía la mayor parte del oro que le llegaba de Ifriquiya y los puertos egipcios. Los comerciantes catalanes, mallorquines y aragoneses visitaban con frecuencia Creta, Chipre, Rodas, Quíos o Alejandría, y las relaciones con Venecia habían mejorado. En 1497, a la alianza con Venecia se unió la alianza con los Caballeros de San Juan de Jerusalén, que defendían Rodas. La Orden siempre había gozado de las simpatías de los reyes de Castilla y Aragón, pero en aquel año Fernando la puso expresamente bajo su protección, al tiempo que le concedía valiosos privilegios, como el de poder adquirir suministros en Mallorca sin satisfacer tasas o impuestosNota 2).

Mientras, en la Península, los Reyes tenían que hacer frente a las revueltas granadinas de los años 1499-1501, la expansión turca continuaba en el Mediterráneo Oriental, en el marco de la guerra turco-veneciana que había comenzado en 1499 y que se extendería hasta el año 1503. La suerte de las armas era claramente contraria a la Serenísima RepúblicaNota 3) y el Dux solicitó ayuda a Fernando el Católico, ofreciéndole que el mando de las fuerzas combinadas fuera otorgado a Gonzalo Fernández de Córdoba.

Hernando de Zafra y el tesorero Alonso de Morales comenzaron a preparar la expedición en los últimos meses del año 1499, "la mayor armada que nunca salió de estos reinos", como escribiría Zafra en una carta a los ReyesNota 4).

No fue hasta el 27 de septiembre de 1500 cuando la flota cristiana partió del puerto de Messina, recalando en Cefalonia, que tenía fama de ser uno de los mejores puertos del mundo y que, en varias ocasiones, había servido de refugio y base a la flota otomana. El cerco comenzó el 8 de noviembre y se prolongó a lo largo de dos durísimos meses, debida a la heroica defensa realizada por los jenízaros turcos. Solo el día de Navidad de 1500, las fuerzas españolas lograron romper las defensas turcas y penetrar en el sistema de fortificaciones a través de una brecha en el fuerte San Jorge.

Hasta la campaña del Gran Capitán que culminó con la victoria de San Jorge, la monarquía de los Reyes Católicos y la Sublime Puerta se habían enfrentado tan solo de forma indirecta, por lo general en un choque de intereses que tenía por escenario el Norte de África. Isabel y Fernando combatían a los piratas berberiscos que Constantinopla alentaba y sostenía, así como a los reinos que les daban cobijo, caso de Argel. Al tiempo que combatían a estos corsarios, los monarcas hispánicos trataban de detener la expansión otomana, impidiendo que aumentara la influencia de los sultanes en los reinos del Magreb. Con Cefalonia, ese peligroso juego de alianzas, conspiraciones e incursiones sobre aliados de uno y otro, dio un salto al convertirse en un conflicto directo entre quienes podrían calificarse, utilizando un término contemporáneo, como las superpotencias del Mediterráneo.

Tras la caída de Cefalonia, en 1501 Venecia logró una alianza con Hungría y el papado, al que posteriormente se uniría también Francia. El ataque a Mitilene, realizado por franceses y venecianos, fracasó en 1501, pero en 1502 consiguieron tomar la isla de Lefkada, dominando temporalmente las islas del Egeo: Cefalonia, Corfu, Lefkada, y Zakynthos. La respuesta turca fue fulgurante, y los jenízaros de Bayaceto capturaron la fortaleza albanesa de Durres. Aunque no era una pérdida irreparable, para el año 1502 la guerra ya había arruinado a Venecia, que en 1503, tras cuatro años de campañas, se vio obligada a firmar una nueva paz, cediendo esta vez Methoni, Koroni, Navpaktos, Durres y Lefkada y dejando las principales rutas comerciales venecianas en manos turcasNota 5). Con este tratado, la atención turca volvería a desviarse hacia otras regiones y, en particular, a su secular enfrentamiento con Persia, lo cual alejó el esfuerzo principal otomano de Europa hasta el año 1521.

De este modo, la intervención de la monarquía en la guerra turco-veneciana no logró cambiar el signo de la guerra, para lo cual hubiera sido necesario un compromiso mayor y más prolongado, algo que la Monarquía, en vísperas de la segunda guerra de Nápoles e inmersa en las sublevaciones moriscas de las Alpujarras y Ronda, no estaba en condiciones de asumir. Pese a ello, la campaña de Cefalonia tuvo consecuencias de relieve en todo el escenario mediterráneo, África incluida. Indujo a Fernando a firmar el Tratado de Granada con Francia, con la intención aparente de garantizar la paz en suelo italiano mientras se combatía a los turcos en el Adriático. En lo que al Magreb hace mención, esta campaña inaugurará casi dos siglos de enfrentamiento directo entre Turquía y España, dando comienzo así a una guerra abierta constante que abarcará la totalidad del siglo XVI y el XVII y que aún tendría importantes acciones en el siglo XVIII, como la toma de Orán por los otomanos.

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Nota 1

Uno de los problemas que suscitaba la muerte de un sultán era que no estaba claro cuál era el sistema sucesorio dentro del imperio otomano. Tan solo parecen claros dos principios: el imperio es indivisible y ninguno de los hijos del sultán tiene primacía sobre los demás, pero hubo sucesiones en las que alguno de estos principios se quisieron vulnerar, como en el caso de Mehmed I, que trató de romper la indivisibilidad dejando Rumelia a Murad, su hijo mayor, y Anatolia a Mustafá, su hijo más joven, si bien la guerra civil subsiguiente dejó a Murad II como sultán de un imperio unido (IMBER, The Ottoman Empire, pp. 93-99).

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Nota 2

SUÁREZ FERNÁNDEZ, Los Reyes Católicos. La expansión de la fe, p. 214.

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Nota 3

La expansión adriática no era la única que había emprendido Bayaceto II: en las mismas fechas, los turcos se hacen con el control del puerto de Kilia, en el delta danubiano, y de la desembocadura del Dniéster, al ocupar la fortaleza de Akkerman.

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Nota 4

Citada en LADERO QUESADA, Hernando de Zafra, p. 71.

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Nota 5

HARDING, R., "Naval warfare, 1453-1815", en BLACK, J., (ed.), European Warface, 1453-1815. Londres, 1999, p. 97.

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CAPÍTULO XIII: LA LIGA DE CAMBRAI Y LA SANTA LIGA

1.- La Liga de Cambrai

En el año 1508 la guerra volvió a los campos de Italia. En diciembre de aquel año, varias potencias europeas formaron la Liga de Cambrai contra Venecia, aspirando a saldar con la fuerza de las armas las diversas reclamaciones que tenían contra los venecianosNota 1). A consecuencia de ello, la Monarquía, que participaba en dicha Liga, movilizó las fuerzas militares del reino de Nápoles con el objetivo de recuperar los puertos de la Apulia cedidos por Ferrante II a Venecia durante la invasión francesa de 1494. Estas plazas eran enclaves estratégicos de importancia: Brindisi, Nonopoli, Polignano, Conversano, Mola de Bari y Trani, y, desde la anexión definitiva de Nápoles con el Tratado de Blois de 1505, Fernando el Católico había considerado su recuperación un objetivo importante de sus políticas napolitanas. En varias ocasiones trató de lograr un acuerdo diplomático con Venecia para su devolución, pero no se lograron avances significativos, lo que animó al rey a unirse a la Liga de Cambrai. Con su intervención en la guerra, además, esperaba conseguir que el papa accediera, finalmente, a coronarle como rey de Nápoles, algo que el pontífice llevaba dilatando desde el final de la segunda guerra de Nápoles.

Sin embargo, la preparación de la campaña no resultó fácil para las fuerzas españolas situadas en Nápoles. Los preparativos se retrasaron varios meses, debido a una intensa lucha faccional en los círculos de poder del virreinato de Nápoles: por un lado, el virrey Ribagorza, apoyado por los Colonna y sus aliados, se disponía a cumplir las órdenes que llegaban de la Corona, mientras que por otro, la familia Orsini se enfrentaba a la autoridad virreinal y manifestaba su apoyo a Venecia. Cuando finalmente arrancó la campaña, se dio la paradójica situación de que los dos ejércitos enfrentados estaban comandados por nobles napolitanos: los ejércitos de la Monarquía, al mando de Fabrizio Colonna, y las tropas venecianas bajo la dirección de Bartolomeo de Alviano, miembro del clan Orsini.

La guerra comenzó en abril de 1509 con el cruce del río Adda por las tropas francesas de Luis XII. Tras la victoria francesa en Agnadello, el 14 de mayo, el papa y Francia lograron recuperar todas las posesiones que reclamaban y la situación diplomática comenzó a embrollarse, al recelar el resto de miembros de la Liga de que el poder de Luis XII en Italia pudiera estar creciendo demasiado. Venecia trató de atraer a la guerra a Maximiliano de Austria, lo que motivó una dura amenaza francesa: si Maximiliano entraba en el conflicto como aliado de Venecia, Francia no se limitaría a combatir en suelo itálico y llevaría la guerra a tierras de Austria.

En el frente napolitano, Venecia dio orden de entregar sus plazas a España el 20 de mayo, pero los gobernadores de Otranto y Brindisi se negaron, llegando a enviar correos a las fuerzas turcas acantonadas en Valona solicitando ayuda contra las tropas hispánicas. En junio de 1509, Colonna consiguió la rendición de las plazas, a cuyo frente se puso a aragoneses familiares o relacionados con el nuevo virrey, Cardona, a fin de asegurar su control y desplazar de las mismas a la nobleza napolitana que no había colaborado con la Corona.

Una vez terminada esta primera fase de la campaña, los miembros de la Liga de Cambrai se reunieron en Cremona, convencidos de la inminencia de la victoria sobre Venecia. Nuevamente se pusieron de manifiesto las discrepancias entre los aliados: Francia y Maximiliano insistían en proseguir la guerra hasta la total aniquilación de Venecia, mientras que el papa se oponía, por miedo a que la presencia de Francia en Italia se hiciera demasiado fuerte. Para ello, Julio II alegaba que el objetivo principal de la Liga era luchar contra el turco, para lo cual la derrota de Venecia era un medio, no un fin. Cumplido, a ojos del papa —que había recuperado la parte del territorio italiano que reclamaba— el medio, era hora de acometer el fin. La llave de la situación diplomática la tenía Fernando, ya que su flota era la única que podía plantar cara a la veneciana si se decidía llevar el conflicto a sus últimas consecuencias.

Una serie de acontecimientos militares decantaron la situación en favor de un acuerdo con Venecia: a mediados de junio de 1509 las guarniciones imperiales quedaron aisladas en sus fortalezas italianas y se produjo una fuerte reacción local en favor del gobierno veneciano. Padua se sublevó con éxito y una revuelta en Vicenza falló por escaso margen. Los venecianos recuperaron varias plazas fuertes de manos de Maximiliano. A mediados de agosto, con ayuda de lanzas francesas y tropas pontificias y de Ferrara, Maximiliano recuperó las plazas perdidas. Sin embargo, el margen de maniobra diplomática del emperador se había terminado: presionado por Fernando y con los venecianos frente a los muros de Verona, Maximiliano se vio obligado a firmar la Concordia de Blois, el 12 de diciembre de 1509, por el que reconocía a Fernando como gobernador de Castilla hasta que Carlos tuviera veinte años, si Juana moría antesNota 2); de igual forma, se fijaba que Fernando gobernaría Castilla mientras Juana siguiera viva. Fernando pagaría 50.000 escudos al emperador para ayudar a recuperar los territorios que acababa de perder, auxiliándole también militarmente.

En la primavera de 1510 se lanzó una nueva campaña contra Venecia, en la que las fuerzas de la Liga quedaron al mando de Gastón de Foix, cuñado de Fernando el Católico, con la que se ponía fin al conflicto con Venencia.

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Nota 1

Con la liga de Cambrai, Maximiliano quiere recuperar de los venecianos Rovereto, Verona, Padua, Vicenza, Treviso y el Friuli; el papa quería la Romaña; Francia ansiaba Brescia, Bérgamo, Crema, Cremona y Ghiara d'Adda; Hungría, las posesiones de Dalmacia y Croacia; el duque de Saboya, Chipre; y el duque de Ferrara quería anexionarse el marquesado de Mantua.

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Nota 2

En 1504, Felipe el Hermoso había escrito a los Reyes Católicos que a Juana, por su salud mental, habría que ponerla en una fortaleza; sabido esto por Isabel, poco antes de su muerte, cambió su testamento para incluir en él el nombramiento de su esposo Fernando como gobernador de Castilla cuando "mi hija no estuviere en dichos reinos o, después que a ellos viniere, en algún tiempo haya de ir y estar fuera de ellos, o estando en ellos no quisiere o no pudiere entender en la gobernación de ellos", cláusula que debía estar vigente hasta que el hijo de Juana pudiera ejercer esas tareas por sí mismo. Con esta decisión Isabel apartaba al archiduque Felipe o a cualquier miembro de la familia de este de una posible regencia en Castilla, algo que no fue aceptado por Maximiliano hasta que fue obligado a ratificarlo en Blois (PÉREZ, J., "Fernando el Católico y Felipe el Hermoso", en GONZÁLEZ ALONSO, B., (coord.), Las Cortes y las Leyes de Toro de 1505. Valladolid, 2006, p. 163).

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2.- La Liga Santa de 1511

En julio de 1510 se desataba una nueva guerra en suelo itálico, esta vez entre Francia y el papado, ya que, en mayo, un ejército francés tomaba Rovigo, Montagnana y Este, avanzando luego hacia el Norte. Esto enfureció al papa y provocó su ruptura con Francia. El Santo Padre, alarmado por el conflicto, se apresuró a conceder a Fernando la ansiada investidura como rey de Nápoles, a fin de lograr su apoyo contra los franceses.

En agosto de 1510 el cardenal Alidosio había tomado Módena y Carpi, feudos imperiales, lo que motivó que, en noviembre, Maximiliano concluyera un acuerdo con Francia. En enero de 1511, el papa en persona dirigió la toma de Mirandola, propiedad del duque de Ferrara, hecho que asombró a la Cristiandad, para posteriormente marchar contra la propia Ferrara. Este ataque contra uno de sus aliados, que, no obstante, no se había implicado en acciones contra el papa, terminó con la paciencia del rey de Francia, que hasta aquel momento había ordenado, por respeto al Sumo Pontífice, llevar a cabo una campaña limitada. Luis XII ordenó a sus comandantes que atacaran, sin contemplaciones y de forma directa, los territorios pontificios.

Estos acontecimientos valieron al rey galo ser excomulgado, tras lo cual Luis instó a que se convocara un concilio, que debía comenzar el 1 de septiembre de 1511 en Pisa, lo cual vino acompañado de un gran éxito militar: Bolonia, ciudad pontificia, cayó, en manos francesas, causando tanta alarma en la Corte de Fernando que el Rey Católico se consideró forzado a abandonar su política de pacificación italiana para acudir en ayuda del papa, abandonando por ello sus planes africanos. El papa, aún así, fue reacio a crear una Liga contra Francia, pensando que la mera amenaza de Fernando de intervenir sería suficiente para que el rey galo restituyera Bolonia; solo cuando, terminando el verano de 1511, Julio II comprendió que Francia no tenía ninguna intención de reintegrarle la ciudad, aceptó el pontífice crear la Liga que Fernando le reclamaba para ir a la guerra.

Según el texto de la alianza, el fin de la misma era la recuperación de Bolonia y los demás territorios pontificios para, una vez asegurada la paz en la Península, realizar una expedición a gran escala contra los infieles. El virrey de Nápoles, CardonaNota 1), sería capitán general de los ejércitos de la Liga, aportando España 1.200 hombres de armas, 1.000 jinetes y 10.000 infantes; el papa aportaría 600 hombres de armas comandados por el duque de Termini, lugarteniente de todo el ejércitoNota 2); y Venecia debía atacar desde sus dominios con todas sus fuerzas. Por mar, Fernando aportaba once galeras. Venecia y el papa se comprometían a entregar 40.000 ducados al mes al capitán general mientras durara la guerra, entregando en el momento de firma del acuerdo la paga de dos meses. Cardona debía dar inicio a las operaciones veinte días después de que se hiciera pública la Liga y el papa se comprometía a lanzar censuras eclesiásticas contra los que se opusieran a la Liga y les prestasen ayuda o consejo. Si no se devolvían las tierras reclamadas, los aliados tenían obligación de ir contra todos los territorios enemigos, aunque no tuvieran relación con la querella, cláusula pensada para permitir que Inglaterra atacara Guyena, atrayendo así a la Liga a dicha Corona. El texto remarcaba que, si los aliados ocupaban tierras enemigas fuera de Francia, podrían conservarlas y el papa lo sancionaría espiritualmente. Tampoco podía haber paz por separado. El texto se firmó el 4 de octubre de 1511 y se hizo público un día después en Santa María del Popolo.

El 13 de noviembre de 1511 entró en la Santa Liga Inglaterra, que cuatro días más tarde firmaba una alianza aparte con Fernando, por la cual se comprometía a enviar 6.000 infantes con artillería a las fronteras de Aquitania antes del 1 de mayo de 1512, para unirse con las tropas españolas.

Entre tanto, en lo que a la vertiente militar de la Liga se refiere, Cardona abandonó Nápoles en noviembre de 1511 al frente de un gran ejército, integrado por tropas traídas de Castilla y de las plazas norteafricanas, así como de contingentes reclutados en los propios territorios napolitanos, pero tuvo graves dificultades para hacer frente a la agilidad que mostró el duque de Nemours: el 4 de febrero introdujo refuerzos en Bolonia, obligando a las tropas de la Santa Liga a levantar el cerco; el 12 del mismo mes derrotó en Villafranca a los venecianos y, una semana más tarde, el día 19 de febrero de 1512, tomó Brescia al asalto, haciéndola objeto de un saqueo a sangre y fuego.

Las respectivas campañas de Cardona y de Nemours culminaron con el choque de los dos ejércitos frente a los muros de Rávena, en abril de 1512, en una batalla de tres días que llegó a su momento álgido el día 11, domingo de Pascua. En aquel campo de batalla, el ejército francés, se enfrentó a las tropas españolas e italianas, reforzadas por contingentes pontificiosNota 3). Rávena fue uno de los mayores desastres militares españoles en ItaliaNota 4), si bien los franceses no pudieron aprovechar la victoria por la muerte en el combate de Nemours y de buena parte de los altos mandos de su ejércitoNota 5).

Pese a la derrota y al temor a un ataque francés contra Nápoles. Fernando prohibió que el ejército regresara al Sur de Italia y movilizó nuevas fuerzas extrayéndolas de las fortalezas napolitanas para reforzar los restos del ejército y defender, tal y como se había comprometido con el papa, los Estados Pontificios y, en su conjunto, la Italia central y septentrional. En este contexto, fue fundamental la ocupación de Florencia por tropas españolas y su inclusión en la Liga mediante un tratado firmado el 3 de septiembre.

Prosiguió el año 1512 con constantes cambios en la suerte de la guerra, que terminaron cuando a finales de año, Maximiliano de Austria, con un ejército formado principalmente por tropas suizas, arrebató Milán de manos del rey de Francia, que la poseía desde que expulsara de allí a Ludovico Sforza, trece años antes. Esta victoria podría haber sellado la suerte de la guerra, pero en 1513 Venecia cambió de bando. La incorporación de Inglaterra al conflicto como aliada de la Monarquía HispánicaNota 6), la victoria de Maximiliano Sforza en la batalla de Novara y la victoria española en Vicenza frente a los venecianos, inclinaron la balanza militar contra Francia, desequilibrio que se acentuó con la entrada en la guerra del emperador Maximiliano, a través del Tratado de Lille, firmado el 17 de octubre de 1513 y calificado como "la culminación de muchos años de política internacional española"Nota 7).

Fernando no quería alargar la guerra con Francia de forma indefinida y buscó una paz con Luis XII, proyecto que se frustró con la muerte de este rey y la subida al trono galo de Francisco I, que desencadenó en 1515 una nueva invasión francesa del Norte de Italia, logrando esta vez los franceses una victoria decisiva en Marignano sobre las tropas suizas, a consecuencia de la cual Maximiliano Sforza, duque de Milán, fue nuevamente expulsado de su ducado.

Tras esto, Fernando ordenó a Cardona que regresara a Nápoles, a su virreinato, con las tropas hispánicas, poniendo así punto final, a finales de 1515, a una guerra que se había extendido por espacio de cuatro años.

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Nota 1

Cardona había sido nombrado virrey de Nápoles en sustitución del conde de Ribagorza tras la guerra de Cambrai. Ramón de Cardona había dirigido la conquista de Mazalquivir y había sido virrey de Sicilia. Entró en Nápoles el 24 de noviembre de 1509. En su correspondencia con él, Fernando le advierte explícitamente de que tome medidas contra una posible acción francesa en suelo italiano.

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Nota 2

Termini falleció pocos días antes de que comenzaran las operaciones militares, por lo que sus funciones fueron desarrolladas por el cardenal Medici.

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Nota 3

Ni las fuerzas de Venecia ni las del emperador Maximiliano, miembros ambos de la Liga Santa, llegaron a Rávena a tiempo para la batalla. Sobre la política dinástica de este emperador, ver KOHLER, A., "Die dynastische Politik Maximilians I", en KOHLER, A., y ELDEMAYER, F., (coord.), Hispania-Austria. Munich, 1993; y BENECKE, G., Maximilian I (1450-1519). Londres, 1982.

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Nota 4

Sobre la batalla de Rávena, escribió Fernando en una carta dirigida al arzobispo de Sevilla: "Nuestros capitanes vinieron a aquella batalla contra mi expreso mandamiento y la causa por que les mandaba que por entonces no hubiera batalla era porque yo tenía provistas y encaminadas tantas cosas a favor de la causa de la Iglesia que juntándose todas sin pelear con la ayuda de Dios vencieran los nuestros". Según Doussinague, que transcribe la carta anterior, de Rávena "salieron los infantes españoles derrotados, pero invencibles, retirándose en correcta formación a banderas desplegadas y marcando el paso al compás de sus músicas militares" (Fernando el Católico y el Cisma de Pisa. Madrid, 1946, p. 17).

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Nota 5

A Nemours le mató el capitán Zamudio, veterano oficial de la infantería española que ese mismo día murió, más tarde, tras haber abatido también en combate cuerpo a cuerpo al capitán alemán Von Ems, otro destacado oficial al servicio de Francia. También el alto mando del ejército de Cardona sufrió bajas: tanto Pedro de Navarro, que detentaba el mando de la infantería castellana, como Fabrizio Colonna fueron capturados. Navarro, héroe de las campañas de Cefalonia y el Norte de África, indignado con que Fernando no quisiera pagar su rescate después de los servicios que había prestado a su Corona, se puso al servicio del rey de Francia hasta el día de su muerte. El alto número de bajas entre los oficiales franceses se producía porque cargaban al frente de la caballería, mientras que la elevada mortandad entre los oficiales españoles la causaba que marchaban solos al frente de las compañías de infantería, recibiendo el choque de la caballería antes que sus líneas.

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Nota 6

No obstante, Inglaterra representaría un papel menor en el conflicto, ya que la derrota de los ejércitos del rey inglés frente a los escoceses en la batalla de Flodden, el 9 de septiembre de 1513, limitó sus posibilidades de intervención en Europa, pese a que Enrique VIII llegó a desplazarse a Calais para dirigir la guerra contra Francia.

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Nota 7

DOUSSINAGUE, Fernando el Católico y el Cisma de Pisa, p. 438.

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3.- Consecuencias de las guerras de la Liga de Cambrai y de Liga Santa

Como general en jefe del ejército de la Liga Santa, Cardona estuvo ausente de su virreinato de forma casi continua entre los años 1511 y 1515, lo cual hizo imprescindible la implementación de un sistema de gobierno virreinal en ausencia del titular del virreinatoNota 1).

Para ello, se recurrió a la figura de los lugartenientes, cargos que desempeñaron en Nápoles durante aquellos años el cardenal de Salerno, Remolines, y, más tarde, el almirante Bernart Villamarí. Igualmente, cobró una renovada importancia en la vida política napolitana el Consejo Colateral, convertido en eje de la administración del virreinato, como engranaje situado entre el virrey, los lugartenientes, los grandes, la administración de justicia y las autoridades de la capital.

El cardenal Francisco Remolines, formado en la universidad de Pisa, fue nombrado lugarteniente en noviembre de 1511, al marchar Cardona con su ejército hacia el Norte. Este religioso estaba vinculado a la familia Borgia y, junto al cardenal Luis de Borgia, había flanqueado primero a Fernando —en 1507— y luego a Cardona —en 1509— en sus respectivas entradas oficiales en Nápoles. Remolines suscitó desde un primer momento la oposición de los nobles napolitanos, por lo que Fernando, que no podía permitirse una situación de inseguridad en Nápoles en aquellos tensos momentos, cedió a las presiones de la aristocracia y, tan pronto como encontró una justificación —el cónclave para la sucesión de Julio II, en 1513—, sustituyó a Remolines por el almirante catalán Bernart Villamarí.

Villamarí presentaba unas credenciales que le hacían idóneo para la tarea. Había sido pieza clave en las campañas marítimas que habían hecho posibles las victorias de la Monarquía en las dos guerras de Nápoles y, además, estaba casado con Isabel de Cardona, hermana del virrey ausente. Su brillante carrera militar y su entroncamiento con los linajes napolitanos le habían permitido tejer una red de alianzas entre los notables locales, lo que le convertía en un hombre bien visto tanto por la Corona como por los poderes fácticos napolitanos. En su condición de familiar de Cardona, aseguraba una continuidad y una transición sin problemas cuando se produjera el regreso del virrey.

Villamarí también se vio favorecido, de cara al cordial entendimiento con la nobleza, por una serie de revueltas antiseñoriales en Calabria y otros lugares del virreinato que, desencadenadas durante la lugartenencia de su predecesor, impulsaron, siendo ya Villamarí lugarteniente, a la nobleza a un mejor entendimiento con las autoridades reales, frente a la amenaza que suponía la extensión de aquellos movimientos.

Los desórdenes favorecieron el aumento del bandolerismo durante la ausencia del virrey. El más famoso fue un criminal conocido como Re Cuollo, que reunió bajo sus órdenes hasta cuatrocientos hombres armados, controló varias aldeas y llego a ejecutar a un magistrado enviado contra él por el Consejo Colateral. Las autoridades enviaron a un familiar de los condes de Venafro para reducirle, lo cual se logró gracias a una partida de hombres del país, miembros de una banda rival de delincuentes, que colaboraron con las autoridades. A finales de 1512 Re Cuollo fue ejecutado junto con treinta de sus capitanesNota 2).

Lo cierto es que, por muy vigorosa que fuera la personalidad del lugarteniente y amplias las facultades del cargo, un lugarteniente no era un virrey y su capacidad de maniobra y, si se quiere, de coacción frente a las élites napolitanas era mucho menor. Durante los años que duraron las campañas de Cardona en el Norte de la Península, el control efectivo de Nápoles por la Corona disminuyó, aumentando el poder y la autonomía de las élites locales. Estas ausencias supusieron, por tanto, un paso atrás en la formación de la Corte virreinal, entendida como un espacio de aglutinamiento e integraciónNota 3).

Concluida la guerra en 1515, Cardona regresó a la Corte de Nápoles, donde no tuvo problemas para retomar las riendas del gobierno, ayudado en gran medida por el hecho de que su Casa y su familia, con su esposa Isabel a la cabeza, habían permanecido en Nápoles durante los cuatro años de ausencia casi perenne del virrey, permitiéndole conservar sus lazos sociales, sus vinculaciones personales y, en conjunto, la red de intereses que facilitaban el ejercicio de las potestades oficiales que, como virrey, le correspondíanNota 4). Así pues, en poco tiempo, Cardona pudo restaurar el control de la Corona sobre el virreinato, distendido durante el periodo de las lugartenencias de Remolines y, en menor medida, de Villamarí.

En lo que hace referencia a la estrategia italiana, el fenómeno clave desencadenado por la guerra de 1511-1515 fue el haber convertido a Milán en el eje de las decisiones estratégicas en el territorio italiano. Mientras los Sforza permanecieron firmemente asentados en la Lombardía o mientras lo hicieron los franceses, entre 1499 y 1512, la importancia, siempre grande, del ducado, no alcanzó las cotas de primacía que alcanzaría después, cuando se demostró que Francia podría no ser capaz de retenerlo frente a una acción militar decidida, al tiempo que los derechos de la Casa Sforza sobre el ducado, nunca muy claros desde el punto de vista jurídico, podrían ser rebatidos y justificar la ocupación del territorio por aquel que tuviera fuerza para llevarlo a cabo, en primer lugar, y para defenderlo, en segunda instancia.

Las campañas que se sucederían en la región en los primeros años del reinado de Carlos V, y que culminarían en las victorias de Bicoca en 1522 y Pavía en 1525, son, en parte, consecuencia de la puerta estratégica abierta en Italia con la guerra de la Liga Santa, que desestabilizó el control del Milanesado convirtiéndolo en un fruto que varias potencias vieron como accesible en lo militar, defendible en lo jurídico, apetecible en lo económico y ventajoso en lo estratégico. Así pues, cuando las tropas imperiales de Carlos V, rechazando las sucesivas campañas de invasión lanzadas por el belicoso Francisco I, acabaron haciéndose con el control de Milán, se seguía un camino abierto años antes por las campañas de Cardona.

La percepción de Milán como la vanguardia de las defensas del reino de Nápoles y de las demás posesiones españolas sobre suelo italiano se mantuvo durante décadas. Cuando los tratados con Francia obligaron a la Corona a elegir entre entregar al rey galo los Países Bajos o Milán, varias fueron las voces que se alzaron en el Consejo de Estado del rey de España para recordar la importancia de Milán como salvaguarda del entramado de la Monarquía en Italia, considerando algunos de los consejeros que, si se perdía Milán, pronto se perdería también Nápoles, e incluso la Italia insular y las plazas norteafricanas, ya que el Milanesado actuaba como escudo de aquellos territorios frente a las acometidas y las ambiciones de los reyes de Francia. Esta línea argumental no fue suficiente para convencer a la facción opuesta del Consejo de Estado, que abogaba por mantener Flandes por una cuestión, simplificando, de prestigio internacional. Qué hubiera sucedido con la Monarquía si el Consejo de Estado hubiera aconsejado al rey abandonar Flandes, posterior sumidero de sangre, oro y recursos de la Monarquía, en favor de Milán es algo con lo que el historiador solo puede especularNota 5).

Otra de las consecuencias jurídicas derivadas de las campañas militares italianas de aquellos años fue que, finalmente, Fernando logró arrancar al emperador Maximiliano un documento jurídico por el cual le reconocía legalmente como gobernante de España, y se reconocía, igualmente, la incapacidad de Juana para gobernar por sí misma, debido a sus problemas mentales.

Lo acordado en Blois no solo convirtió a Fernando en gobernante de Castilla en tanto en cuanto su nieto Carlos no cumpliera los veinte años de edad, sino que desviaba la sucesión de Castilla de la descendencia del segundo matrimonio de Fernando, con la noble de origen francés Germana de Foix. Este era un temor que preocupaba especialmente al Emperador Maximiliano: que, si a Fernando le sobrevivía un hijo varón de su segundo matrimonio, el rey aragonés pudiera legar a su vástago Castilla, en detrimento de Carlos, nieto de Fernando y del propio Maximiliano. La Concordia de Blois estableció que cualquier descendiente del matrimonio entre Germana y Fernando solo heredaría los derechos sucesorios de Fernando sobre el reino de Aragón.

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Nota 1

No deja de ser llamativo que se hiciera necesario suplir a un virrey, que, de por sí, ya es una figura cuyo origen en suplir a la figura del monarca cuando este no puede estar presente en el territorio.

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Nota 2

HERNANDO SÁNCHEZ, El reino de Nápoles en el Imperio de Carlos V, p. 196.

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Nota 3

Sobre las Cortes virreinales en Italia ver CANTU, F., (ed.), Las Cortes virreinales de la Monarquía española: América e Italia. Sevilla, 2005.

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Nota 4

HERNANDO SÁNCHEZ, El reino de Nápoles en el Imperio de Carlos V, p. 193.

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Nota 5

Sobre el papel de Milán en la estructura de la Monarquía Hispánica en los años posteriores ver SAN MIGUEL PÉREZ, E., “El dominio de Milán y el sistema imperial de Felipe II: la Instrucción de gobierno de Alonso Pérez de Guzmán” en GUTIÉRREZ CALVO, Mª D., y PÉREZ BUSTAMANTE GONZÁLEZ DE LA VEGA, R., Estudios de historia del derecho europeo: homenaje al padre Gonzalo Martínez Diez. Madrid, 1994, vol. III.

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CAPÍTULO XIV: LA SANTA LIGA Y LA ANEXIÓN DE NAVARRA(*)

1.- La crisis del reino de Navarra en la segunda mitad del siglo XVNota 1)

El 23 de septiembre de 1461, el príncipe de Viana, heredero de las Coronas de Aragón y de Navarra, moría en BarcelonaNota 2). Con este fallecimiento, la heredera de Navarra pasó a ser doña Blanca, hermana mayor del príncipe fallecidoNota 3). Sin embargo, Blanca tampoco llegó a ejercer su derecho, pues su padre, Juan II, rey de Aragón, siguió detentando el título de rey de Navarra hasta su muerte en 1479. Para seguir disponiendo de esta corona, Juan hubo de ponerse de acuerdo con los Reyes de Castilla y con Luis XI, rey de Francia. Ambos decidieron reconocer a Juan como rey de Navarra y establecer como sucesora a su muerte, a su hija menor, LeonorNota 4), apartando de la sucesión navarra a Blanca, que fue desterrada a Francia contra su voluntadNota 5).

Blanca se negó a renunciar a sus derechos, hasta que, llevada por su desesperada situación, en San Juan de Pie de Puerto, los días 29 y 30 de abril de 1462, cedió, en caso de muerte o en caso de no recobrar su libertad, sus derechos como heredera legítima, al que había sido su marido, el rey de Castilla, Enrique IVNota 6). Encerrada y maltratada en el castillo de Orthez durante dos años, Blanca, el 2 de diciembre de 1464, se hizo envenenar por una de sus damas, según una versión, o fue asesinada por una de las damas al servicio de su hermana Leonor, según otra teoría.Nota 7).

Entre tanto, Cataluña estaba sumida en plena revuelta contra el rey de Aragón. Los rebeldes ofrecieron la Corona catalana a Enrique IV, que la aceptó, adoptando el título de conde de BarcelonaNota 8) e invadió Navarra para apoyar al bando de los beamonteses en su lucha por el trono navarroNota 9). Agravada la situación en Navarra por la presión castellana, Juan II se vio impelido a solventar cuanto antes la cuestión catalana, para lo cual llegó a un acuerdo con Luis XI de Francia, por cuya ayuda Juan II debió de pagar un alto precioNota 10).

Tras utilizar la ayuda económica francesa para acabar con la revuelta catalana, Juan II logró obligar a Enrique IV a encontrar una salida negociada al problema navarro, para lo cual indujo al castellano a aceptar el arbitraje de Luis XI. El 23 de abril de 1463, Luis XI dictaba la sentencia arbitral de Bayona, por la cual, Enrique IV renunciaba a sus derechos sobre Cataluña a cambio de la plaza navarra de Estella y todas las fortalezas de esa merindadNota 11). Enrique IV aceptó la división del reino navarro, traicionando entonces uno de las máximas fundamentales del ideario de sus aliados beamonteses, la indivisibilidad del reino de NavarraNota 12).

Juan II, por su parte, acordó con su hija Leonor y su marido, el francés Gastón de Foix, que ellos serían gobernantes perpetuosNota 13) de Navarra mientras viviera el rey de Aragón, y que, a la muerte de este, adoptarían el título de reyes. A lo largo de los años siguientes, el enfrentamiento entre los dos partidos navarros, agramonteses y beamonteses, se agravó hasta llegar a su punto culminante con dos graves crímenes, que volvieron de todo punto imposible una reconciliaciónNota 14). En vista de que el enfrentamiento amenazaba con degenerar rápidamente en una guerra civil, Gastón de Foix se dispuso a invadir Navarra con sus tropas bearnesas, a fin de asegurar su control. Sin embargo, el esposo de Leonor murió en Roncesvalles el 10 de julio de 1472Nota 15).

En 1479 moría Juan II; por ello, conforme a lo previsto, el 28 de enero era jurada su hija Leonor como reina de Navarra. Un trágico guiño del destino quiso que, tan solo quince días después de su coronación, la reina Leonor falleciera a su vezNota 16). Esto convertía en rey de Navarra a un niño de once años, Francisco FeboNota 17), nieto de la reina Leonor. Como es lógico, un rey-niño necesitaba que se gobernara en su nombre, tarea que recayó en la madre de Francisco FeboNota 18): Magdalena, hermana del rey de FranciaNota 19).

Sin embargo, la sucesión de desgracias en el trono navarro estaba lejos de concluir: el joven Francisco Febo murió a los catorce años de edad, el 30 de enero de 1483 Nota 20). Con esta muerte, se convirtió en reina de Navarra la hermana de Francisco Febo, Catalina, que tan solo contaba con trece años de edad. Deseosa de lograr apoyos que garantizaran a Catalina el trono, su madre la casó apresuradamente con un noble francés, Juan de AlbretNota 21), lo cual ofendió a los Estados Generales navarros, que no fueron consultados al respectoNota 22). Esta hostilidad iba a lastrar el reinado de Catalina, ya que consiguió lo que parecía imposible solo unos años antes: unir los intereses de beamonteses y agramonteses, ya que ninguno de los bandos en liza querían un rey francés en PamplonaNota 23). La falta de apoyo interior agravó la situación navarra, siempre compleja, obligada a mantener una difícil neutralidad en el juego de poder entre la Francia de Luis XI y las Coronas de Castilla y AragónNota 24), y es que, como señala Lacarra, la rivalidad medieval entre Inglaterra y Francia había sido sustituida, como eje de la política internacional europea, por el choque entre los intereses hispánicos y los francesesNota 25).

Sin apoyos, Catalina y Juan de Albret fueron incapaces de mantener el ordenNota 26). En 1495 se hizo un intento de retomar las riendas de los acontecimientos, arremetiendo la Corona contra el bando beamontés, desterrando de Navarra a su principal figura, el conde de Lerín —a la sazón, condestable del reino— y confiscando todos sus bienesNota 27). Castilla, que había intervenido una y otra vez en los asuntos navarros apoyando a los beamonteses, a cambio de consentir en el destierro de LerínNota 28), recibió las villas de Viana y Sangüesa, así como la custodia de la hija de los reyes de Navarra durante cinco años, la renovación de la promesa de neutralidad navarra y la promesa de que no se permitiría el paso a los enemigos de los Reyes Católicos por territorio navarroNota 29).

No debe olvidarse que, para los reyes de Navarra, Francia fue una amenaza tan grave como Castilla durante buena parte de la historia del reino pirenaico, y que, como señala Boissonade, “las intrigas de Francia no eran menos preocupantes que las amenazas españolas; los Valois, convertidos en señores feudales de Gascuña y rivales de Castilla, pretendían hacer prevalecer su influencia en la Corte de Pamplona; señores feudales de los Foix-Albret, los Valois se esforzaron en conservarlos bajo su dependencia”Nota 30).

El rey de Francia, entonces Carlos VIII, no dudó, en el marco de las negociaciones con los Reyes Católicos posteriores a la primera guerra de Nápoles, en ofrecer una compensación a la Monarquía Hispánica a cambio de su renuncia a Nápoles; presionado por Fernando para concretar su oferta, el rey galo ofreció admitir la anexión de Navarra por Castilla. Los Reyes Católicos lo rechazaron, tras lo cual Francia puso sobre la mesa una nueva propuesta: dividir Nápoles, con dejando Calabria para los Reyes Católicos, pero conservando Francia la opción de, en el futuro, pedir la unión de los dos territorios napolitanos entregando a cambio a los Reyes Católicos Navarra y una renta de 30.000 ducados. Isabel y Fernando rechazaron también esta propuesta, alegando que no se anexionarían Navarra sin el consentimiento formal de la reina CatalinaNota 31).

Los desencuentros entre Navarra y Francia fueron a mayores durante el reinado de Juan de Albret y de Catalina, ya que estos monarcas, como señores también de tierras francesas, buscaron reforzar la independencia del Bearne, resultando significativo que dejaran de usar el título de vizcondes para adoptar el de señores naturales. Lograr la independencia del Bearne era un proyecto que ya habían concebido sus predecesores, y en cierto modo, logrado, dado que Bearne, a finales del siglo XV gozaba de independencia de facto de la Corona de Francia. Los Albret entendían que Navarra, como reino, debía ser el eje de una Corona propia —no navarra, sino de la Casa de Albret— que aglutinara todos sus Estados patrimoniales en un solo ente, independiente e indivisible. Por ello, los Albret se enfrentaron a sus parientes por la sucesión de la Casa de Foix, aún cuando ello supuso poner en peligro Navarra. En la concepción de Juan de Albret, Navarra y las tierras de la Casa de Foix eran parte de la misma entidad indivisible. No es de extrañar que los reyes de Francia contemplaran con hostilidad estas aspiraciones, ya que los territorios de los Albret eran sus feudatarios, salvo Navarra y el Bearne. La pretensión, en buena parte quimérica, de crear una Corona para la Casa de Albret que aglutinara Navarra, Bearne, Foix, Bigorra, Marsan, Gabardan, Nebouzan, Andorra y CastellbóNota 32), hizo más precaria aún la situación de Navarra en el plano internacional, ya que las aspiraciones de sus reyes se convertían en una molestia, sino en una amenaza, para los monarcas de FranciaNota 33).

(*)

El presente capítulo, concebido originariamente para esta publicación, fue publicado previamente en MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., De las Navas de Tolosa a la Constitución de Cádiz: el ejército y la guerra en la construcción del Estado. Valladolid, 2012. Pese a que no se incluye en la edición en “papel” de este libro, hemos creído oportuno sí incluirlo en la versión on line, dado que forma parte de este proyecto tal y como se concibió en un principio.

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Nota 1

Para una información exhaustiva sobre el siglo XIV en dicho reino ver LEROY, B., Le Royaume de navarre á la fin du Moyen Age. Aldershot, 1990.

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Nota 2

DEL BURGO, J, Historia de Navarra. Madrid, 1978, p. 555.

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Nota 3

YANGUAS Y MIRANDA, J., Historia de la conquista del reino de Navarra por el duque de Alba. Pamplona, 1843, p. 26.

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Nota 4

El matrimonio de Isabel y Fernando cerraba el círculo en que venían a confluir toda la sangre de los Trastámara, excepto Leonor, que se casó con un francés (SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., “Fernando el Católico y Leonor de Navarra” en En la España Medieval, n° 3, 1982, p. 624).

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Nota 5

DEL BURGO, Historia de Navarra, p. 556.

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Nota 6

SUÁREZ FERNÁNDEZ, “Fernando el Católico y Leonor de Navarra”, p. 620.

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Nota 7

LACARRA, J. M., Historia del reino de Navarra. Tomo III, Pamplona, 1972, pp. 315 y 316.

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Nota 8

DEL BURGO, Historia de Navarra., p. 557.

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Nota 9

SUÁREZ FERNÁNDEZ, “Fernando el Católico y Leonor de Navarra”, p. 620. El término beaumontés hace referencia a la población que apoyaba a Luis de Beaumont, conde de Lerín, condestable de Navarra y cuñado de Fernando el Católico (JIMENO JURÍO, J. M., “La guerra de 1512-1522 y su repercusión sobre los territorios de la Corona de Navarra” en Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía, n° 11, San Sebastián, 1989, p. 16).

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Nota 10

Los términos del acuerdo, hecho en Sauvaterre, el 3 de mayo de 1462, establecían que Aragón cedía Rosellón y Cerdaña en depósito a Francia hasta que le devolviera los 300.000 escudos en que se valoraba la ayuda francesa (SUÁREZ FERNÁNDEZ, “Fernando el Católico y Leonor de Navarra”, pp. 619 y 620).

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Nota 11

DEL BURGO, Historia de Navarra., p. 557. La aceptación de la sentencia por Enrique IV en AGS. Estado Francia, K-1638, fol.23. Enrique IV aceptó la sentencia por influencia del marqués de Villena y del arzobispo de Toledo, lo cual les ha hecho acreedores de durísimas valoraciones por parte de Luis Suárez Fernández: "La traición fue consumada, apenas caben paliativos en la dura palabra" (Nobleza y Monarquía. Puntos de vista sobre la historia política castellana del siglo XV. Madrid, 1975, p. 201).

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Nota 12

SUÁREZ FERNÁNDEZ, “Fernando el Católico y Leonor de Navarra”, p. 621.

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Nota 13

Suárez Fernández habla de lugartenencia de Navarra (SUÁREZ FERNÁNDEZ, “Fernando el Católico y Leonor de Navarra”, p. 622).

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Nota 14

El primero fue la muerte, el 23 de noviembre de 1468, del obispo de Pamplona, Nicolás de Echávarri, beaumontés, a manos de Pierres de Peralta, agramontés. Sobre su figura, puede verse: GOÑI GAZTAMBIDE, J., “Don Nicolás de Echávarri, obispo de Pamplona”, en Hispania Sacra, n° 8, 1955, pp. 35-84. El segundo crimen, en sentido contrario, la muerte del mariscal de Navarra a manos de los beamonteses. Ante el primero, una parte de los agramonteses cambió de bando, horrorizada, pero Juan II no castigó al homicida, ni tampoco quiso distanciarse del conde de Lerín, pues necesitaba a ambos bandos para frenar la ambición de su hija y su yerno. (SUÁREZ FERNÁNDEZ, “Fernando el Católico y Leonor de Navarra”, p. 622).

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Nota 15

DEL BURGO, Historia de Navarra., p. 559.

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Nota 16

PRADERA, V., Fernando el Católico y los falsarios de la Historia. Madrid, 1922, p. 21. Ruano da un reinado algo más largo: "Sólo veintiún días gozó la fratricida Leonor el fruto de su horrendo crimen, y como hace notar un historiador contemporáneo, los cánticos alegres de su coronación tuvieron que ceder el paso á los lúgubres cantos de sus funerales" (RUANO PRIETO, F., Anexión del reino de Navarra en tiempo del rey Católico. Madrid, 1899, p. 15).

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Nota 17

Algunos autores lo mencionan con "Gastón Febo". Este es el caso, por ejemplo, de ADOT LERGA, A., Juan de Albret y Catalina de Foix o la defensa del Estado navarro (1483-1517). Pamplona, 2005.

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Nota 18

"Era el joven Monarca, al decir de los historiadores, de facciones correctas y graciosas; la frente despejada, el mirar franco y alegre, bien proporcionado el cuerpo, de hermosura extremada, tanto que por esto, y muy en especial por su blonda cabellera rubia, era conocido con el nombre de Febo (RUANO PRIETO, Anexión del reino de Navarra en tiempo del rey Católico., p. 16)

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Nota 19

DEL BURGO, Historia de Navarra., p. 561.

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Nota 20

Ruano afirma: "Francisco Febo era un monarca que asentó su reino protegido por las cureñas de los cañones de la Francia, y al amparo de la pujanza de los valientes tercios españoles (RUANO PRIETO, Anexión del reino de Navarra en tiempo del rey Católico., p. 56). Sobre ello cabe recordar que durante el reinado de Francisco Febo quedaba aún casi una década para que las campañas del Gran Capitán en Italia asentaran lo que sería el embrión de los tercios del siglo XVI.

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Nota 21

En Navarra, a diferencia de lo que ocurría en Castilla, las mujeres no podían reinar sin el auxilio de su marido (LADERO QUESADA, M. A., "La genése de l'etat dans les royaumes hispaniques médiévaux (1250-1450)”, en HERMANN, CH., (coord.), Le premier âge de l'état en Espagne (1450-1700). París, 1989, p. 27).

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Nota 22

DEL BURGO, Historia de Navarra., p. 562. El matrimonio de Juan de Albret y Catalina no se aprobó nunca en Cortes porque Magdalena, la madre de ella, creía que el peso de la influencia castellana en ellas haría imposible la aprobación; la ausencia de autorización de las Cortes violaba los fueros de Navarra y daba al reino un rey que había sido escogido en Francia por el rey galo y por la asamblea de los estados franceses de la Casa de Foix. La oposición castellana hubiera venido porque los Reyes Católicos trataban de casar a Catalina con su hijo primogénito, Juan, de forma que el matrimonio hubiera detentado las Coronas de Castilla, Aragón y Navarra (SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., Fernando el Católico y Navarra. Madrid, 1985, pp. 16 y 108). En cualquier caso, Fernando el Católico finalmente consintió el matrimonio porque los Albret eran un linaje potencialmente enemigo del rey de Francia, en aquel entonces aún Carlos VIII, por las cuestiones de sus feudos al Norte de los Pirineos (SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., "La política internacional durante la guerra de Granada", en LADERO QUESADA, M. A., (ed.), La incorporación del reino de Granada a la Corona de Castilla. Granada, 1993, p. 736).

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Nota 23

DEL BURGO, Historia de Navarra., p. 562.

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Nota 24

Si intervino Navarra, a través del regente Alain de Albret, en las guerras intestinas de Francia, con desastrosos resultados: “Los sucesos interiores de Francia agudizaron esta situación de vasallaje en que colocó a la nobilísima Navarra el matrimonio de su reina con Juan de Albret. El padre de este, Alain de Albret, porque a sus intereses en Francia convenía, formó en las ligas de los señores feudales de esta nación contra Carlos VIII y arrastró tras de sí a la regente de Navarra y a Navarra misma. La Corte de Francia contestó, inclinándose en Foix del lado del vizconde de Narbona y la guerra de sucesión de dicho condado se reprodujo en 1485. Navarra envió allí su gente, que fue aniquilada” (PRADERA, Fernando el Católico y los falsarios de la Historia., p. 59).

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Nota 25

Historia del reino de Navarra. Pamplona, 1975, p. 517.

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Nota 26

YANGUAS Y MIRANDA, Historia de la conquista del reino de Navarra por el duque de Alba., p. 32. Por el contrario, Luis Suárez Fernández considera que con los Albret, si bien persisten los graves problemas del reino, Navarra tiene reyes por vez primera desde la muerte del príncipe de Viana, y no meros detentadores de un título (SUÁREZ FERNÁNDEZ, Fernando el Católico y Navarra, p. 16).

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Nota 27

La causa última del destierro fue la muerte del líder agramontés don Felipe, ordenado por Lerín: “El condestable Luis de Beaumont había quitado la vida á lanzadas al mariscal D. Felipe, cabeza del bando Agramontés [...]” YANGUAS Y MIRANDA, Historia de la conquista del reino de Navarra por el duque de Alba., p. 32).

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Nota 28

En un principio, Castilla apoyó con recursos militares al condestable; así puede verse en AGS, Cámara de Castilla, Cédulas, libro 3-1, doc. 41, fol. 1, donde se recogen la ayuda en artillería y bastimentos enviados a Lerín. Finalmente, para compensar al conde, se le hizo merced del marquesado de Huéscar (AGS, Cámara de Castilla, Cédulas, libro 2-1, doc. 70, fol. 2).

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Nota 29

Ya el año anterior se habían firmado los tratados de Medina del Campo y Pamplona, por los cuales los reyes de Navarra se comprometían a no dejar pasar tropas que fueran a atacar Castilla o Aragón y a no casar a sus herederos sin permiso de los Reyes Católicos (JIMENO JURÍO, “La guerra de 1512-1522 y su repercusión sobre los territorios de la Corona de Navarra”, pp. 16 y 17).

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Nota 30

BOISSONADE, Historia de la incorporación de Navarra a Castilla, p. 99.

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Nota 31

BOISSONADE, Historia de la incorporación de Navarra a Castilla., pp. 232-233.

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Nota 32

ADOT LERGA, Juan de Albret y Catalina de Foix o la defensa del Estado navarro (1483-1517), pp. 72-77.

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Nota 33

Esta aspiración ya había sido acariciada por Alain de Albret, y se encontraba en el fondo de su intervención en Bretaña contra los intereses del rey de Francia (SUÁREZ FERNÁNDEZ, "La política internacional durante la guerra de Granada", p. 737).

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2.- La Santa Liga y la invasión de Navarra

Fue la guerra de la Santa Liga en Italia, promovida por el papa Julio IINota 1) y apoyada por Enrique VIII de Inglaterra lo que desencadenó la invasión por parte de los castellanos, tal y como señala Doussinague:

"Suele decirse que aquella operación estaba decidida desde muchos años antes, lo que es inexacto, y puede afirmarse que en junio de 1511, al terminarse los preparativos del rey para pasar en persona a África con todo su ejército, en nada pensaba menos que ocupar Navarra. Solo la guerra causada por el cisma de Pisa planteó el problema de Navarra (...) Ver en aquel hecho una simple pugna entre el Rey Católico y Juan de Albret, reducir el horizonte a la visión puramente local de los hechos ocurrido en Navarra, aislándolos del resto de los sucesos de aquella guerra, o disminuir estos hasta considerarlos como el lejano fondo de aquel cuadro sin influencia decisiva sobre la acción en primer plano es cometer un error de perspectiva. No se pude desconocer que el problema fundamental, el que dominaba completamente a los demás, el que determinaba y decidía todos los actos del Rey Católico, era el del cisma de Pisa: a este subordinaba todo y en función de este deben estudiarse y comprenderse los demás"Nota 2)'".

A lo largo de los últimos meses de 1510 y la mayor parte del año 1511, Fernando el Católico trató de evitar involucrarse en la guerra de la Santa Liga. El cisma de Pisa decidió a Fernando a apoyar al papa, de forma que el rey de Aragón entró en la Liga el 4 de octubre de 1511Nota 3), coalición de la que también formaban parte Enrique VIII de Inglaterra, la república de Venecia, el papado y a la que se uniría, posteriormente, el Emperador MaximilianoNota 4). El papel de Fernando en esta pugna consistía en atacar los intereses franceses en territorio italiano, lo cual llevó a cabo hasta que sus tropas fueron derrotadas en la batalla de Rávena, en 1512, combate que tuvo consecuencias e implicaciones políticas decisivas para los asuntos de Navarra: Gastón de Foix, hermano de la esposa de FernandoNota 5), murió en la batalla, liderando a las tropas francesas.

Este hecho cambió la situación navarra. Gastón de Foix había reclamado para sí parte de la herencia de su hermana, la reina Leonor de Navarra. El argumento jurídico en que se basaba no carecía de peso en el derecho de la época: alegaba de que el derecho de representación —muerto un heredero, sus derechos pasaban a sus descendientes—, no era válido en los estados independientes, consideración que tenían tanto Navarra como el Bearne; según esto, ambos Estados hubieran debido ser heredados por Gastón de Foix y no por la línea sucesoria que ocupaba entonces el trono navarro. Esta reclamación había sido respaldada por el rey de Francia. Cuando la hermana de Gastón se casó con Fernando el Católico, se rumoreó con insistencia que el rey aragonés iba a poner a disposición de su cuñado las fortalezas navarras controladas por Castilla para que se adueñara del reino por la fuerzaNota 6).

Sin embargo, la muerte del noble en el campo de Rávena supuso que los derechos de la Casa de Foix recaían en la esposa de Fernando el Católico, Germana, por lo que el rey de Francia ya no tenía interés en apoyar sus reivindicaciones contra los AlbretNota 7); más aún, los intereses franceses sufrieron con la muerte de Gastón un giro copernicano, siendo poco menos que imprescindible para Francia apoyar a los entonces reyes de NavarraNota 8).

Nuevamente, los sucesos de una guerra iban a tener consecuencias jurídicas e institucionales del máximo alcance.

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Nota 1

De Julio II dice Yanguas Miranda: “manejaba mejor la espada de San Pablo que las llaves de San Pedro” (YANGUAS Y MIRANDA, Historia de la conquista del reino de Navarra por el duque de Alba., p. 39).

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Nota 2

DOUSSINAGUE, Fernando el Católico y el Cisma de Pisa, pp. 331-332. El autor da tanta importancia al cisma de Pisa y la guerra relacionada con él que afirma que fue el comienzo de las guerras de religión en Europa (DOUSSINAGUE, La política exterior de España en el siglo XVI, p. 27).

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Nota 3

SUÁREZ FERNÁNDEZ, Fernando el Católico y Navarra, p. 237.

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Nota 4

DEL BURGO, Historia de Navarra, p. 566.

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Nota 5

Fernando el Católico se casó con Germana de Foix en 1505, tras la muerte de Isabel, cuyo hermano Gastón pretendía la herencia de Foix y de Navarra frente a los derechos de Juan de Albret y Catalina de Foix, los reyes del momento (DEL BURGO, Historia de Navarra., p. 564).

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Nota 6

SUÁREZ FERNÁNDEZ, Fernando el Católico y Navarra, p. 214.

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Nota 7

“Hasta la muerte del duque de Nemours [Gastón de Foix], los reyes de Navarra no habían tenido peor de enemigo que el rey de Francia, pero una vez que el pretendiente hubo desaparecido vieron como la política francesa cambiaba radicalmente. Luis XII no tenía interés alguno ya en apoyar los derechos de la heredera de Gastón, Germana, reina de Aragón” (BOISSONADE, Historia de la incorporación de Navarra a Castilla, p. 424).

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Nota 8

Los navarros se apresuraron a aprovechar la nueva situación. Amenazado Luis XII por la expedición británica que se preparaba contra Guyena desde el Norte de la Península, y siendo Germana única heredera de la casa de Foix, tuvo que realizar concesiones a los Albret: la anulación de las sentencias del parlamento de Toulusse sobre la herencia de la Casa de Foix y del ducado de Nemours y el pago de pensiones en metálico (FLORISTAN, A., La monarquía española y el gobierno del reino de Navarra. 1512-1808. Pamplona, 1991, p. 19).

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3.- El Tratado de Blois

Entre tanto, Fernando, temiendo la intervención francesa en Navarra, convocó a las Cortes aragonesas, que se reunieron en Monzón en mayo de 1512, a fin de solicitar un subsidio con el que financiar armas y jinetes para las campañas en el Norte peninsular. Las Cortes aragonesas, si bien con manifiesta reticencia, terminaron por acceder a la petición del reyNota 1).

A los ojos de Fernando, la situación geopolítica dejaba a los reyes de Navarra tres vías aceptables para los intereses de la Monarquía Hispánica: neutralidad absoluta, garantizada por la entrega de igual número de fortalezas a él y a Francia; solución de compromiso, de forma que Navarra apoyara a España y el Bearne a Francia, permitiendo a los reyes de Navarra salvar sus compromisos y obligaciones con ambas partes; y, por último, apoyo incondicional a la Monarquía Hispánica, en cuyo caso Castilla devolvería a Navarra las fortalezas de Los ArcosNota 2), Laguardia, San Vicente y los demás lugares ocupados por fuerzas castellanas en virtud de los tratados anteriores entre ambos reinosNota 3).

Los Albret no aceptaron ninguna de las tres posibilidades, que percibían como irrealizables, y, mientras negociaban con Francia, trataron de lograr también un acuerdo con Castilla. Sin embargo, no estaban en condiciones de dar las seguridades que Fernando exigía:

“El entrar en Francia por Bayona sería de gran peligro si el rey de Navarra quisiera jugar alguna mala pasada. Y aunque el rey de Navarra ha hecho saber al rey católico que quiere permanecer neutral este no parece estar muy seguro de su palabra, siendo como es aquel rey francés y teniendo padre y estados en Francia. Le ha contestado que está muy contento de que permanezca neutral, pero que quiere, para seguridad, algunas fortalezas en mano, con la condición de no poder colocar dentro otra gente que Navarros (...) Si el rey de Navarra se resuelve a dar estas seguridades, la guerra será por el sector de Bayona, pero se atacaría también a través de Navarra, lo que sería de gran beneficio para el rey, porque el primer fuego se encendería en casa ajena y además podría valerse de los navarros que son considerados muy buenos infantes.” Nota 4)

El empecinamiento de Fernando en llevar adelante la campaña de Guyena ha sido visto como una muestra de su concepción de este proyecto como una provocación deliberada contra Navarra, que le permitiera volver a poner este reino bajo su tutela. Sin embargo, no se puede descartar que el rey Católico lo viera como una operación militar necesaria u oportuna para recuperar la iniciativa en la guerra contra Francia, algo respaldado por la cronología, ya que la invasión de Guyena cobra fuerza en la planificación de Fernando en la primavera de 1512, justo después de que la victoria francesa en Rávena arrebatara la iniciativa militar a la Santa Liga en los campos de Italia y, con la muerte de Gastón de Foix, cambiara el equilibrio estratégico de intereses en torno a Navarra. Parece posible que, maltrechas las armas coaligadas en Italia y temiendo una inclinación navarra del lado francés, Fernando concibiera la expedición de Guyena como una demostración de fuerza frente a la Corte de Pamplona y un modo de aliviar la presión militar sobre los vitales dominios italianos, al tiempo que se daba satisfacción a los intereses del aliado inglés, que albergaba esperanzas de recuperar parte de lo perdido con el final de la guerra de los Cien AñosNota 5).

En julio de 1512, en Burgos, Fernando hizo público lo que, según él, eran los contenidos del Tratado de Blois, que navarros y franceses se encontraban negociando desde el mes de abril:

"Que han acordado casamiento de la hija menor del rey de Francia con el príncipe de Navarra.

Item amistad y liga perpetua de amigo de amigo y enemigo de enemigo.

Ítem. Que los dichos rey y reina de navarra ayudarán con todas sus fuerzas y estado al rey de Francia contra los ingleses y españoles y contra todos los otros que con ellos se juntasen.

Ítem. Que el rey de Francia ayudará a los dichos rey y reina de navarra para que conquisten para sí ciertas tierras de Castilla y de Aragón que pretenden que antiguamente eran de los reyes de navarra, de las cuales de fijo se hará invención.

Ítem, que el rey y la reina de Navarra han de enviar al príncipe de Navarra para que esté en poder del rey de Francia por seguridad al tiempo contenido en la capitulación.

Ítem, el rey de Francia ha dado al rey y la reina de Navarra el ducado de Nemours y al ex prometido el Condado de Armañac.

Ítem hales dado ocho mil francos de pensión.

Ítem, 300 lanzas francesas, 100 para el rey de Navarra, 100 para el príncipe y 100 para Monseñor de Labrit.

Ítem, háse obligado el rey de Francia a pagar al rey de Navarra 4.000 peones, tanto cuanto empezase la guerra.

Ítem, que les ayudará con 1.000 lanzas gruesas pagadas y con toda la otra privanza suya para que los dichos rey y reina de Navarra conquisten Guipúzcua, y los Arcos y la Guardia y otras cosas de Castilla y Balaguer y Ribagorza y otras cosas de Aragón, que pretenden que antiguamente fueron de los reyes que reinaban en Navarra.

Ítem, el rey de Francia además de lo susodicho da al rey y a la reina de Navarra 100.000 escudos de oro por una vez pagados en ciertos pagos para que hagan gente así para ayudar al rey de Francia como para las otras cosas susodichas.

Ítem, el rey de Francia ha tornado a Monseñor de Labrit las tenencias y oficios y pensión que solía tener, las cuales el rey de Francia le tenía quitadas.

Ítem, de todo lo susodicho llevó Monseñor de Orbal capitulaciones y escrituras firmadas y juradas por los dichos rey y reina de Navarra y por el dicho Monseñor de Orbal como procurador y embajador del dicho rey de Francia.

Ítem, para ejecución de lo susodicho el rey y la reina de Navarra han mandado a todos sus súbditos de los señoríos de Bearne y Foix y a los del reino de Navarra que están en tierra de Labrit que es en San Juan del Pie del Puerto y en aquellas faldas de Navarra que hagan y cumplan todo lo que el capitán general del rey de Francia que está en Guyena les mandase en servicio y ayuda del rey de Francia.

Y de la misma manera el dicho rey de Francia ha mandado al dicho capitán General que para ejercicio de las cosas susodichas tocantes a los dichos rey y reina de Navarra haga con todas las gentes en poder del rey de Francia todo lo que el rey y la reina de Navarra le escribiese, y que entren en España y trabajen de tomar todo lo que pudiesen.

Ítem, se tiene por cierto que el rey de Francia cumpliendo el dicho asiento ha enviado ya a los dichos rey y reina de Navarra dinero para la paga de la gente"Nota 6).

El rey presentó el hipotético contenido del tratado como una grave amenaza para la seguridad de la Monarquía. La publicación de Burgos ha sido objeto de encendidas polémicas entre los historiadores, ya que se acusa al rey de haber hecho pública una mera invención, de acuerdo a sus intereses. Para esta afirmación, el motivo fundamental esgrimido es el hecho de que, en el momento de la publicación de Burgos, el Tratado de Blois no se había firmado aúnNota 7). Esta parece una justificación endeble, dado que el Tratado llevaba semanas negociándose entre representantes de los reyes de Navarra y de Francia, y no es improbable que Fernando tuviera conocimiento de lo que allí se trataba a través de su servicio de información, uno de los más efectivos de la épocaNota 8). El hecho es que lo publicado por Fernando y la letra del tratado no son coincidentes, cosa lógica en tanto en cuanto el Rey Católico no pretendió estar haciendo público el texto del tratado, sino el sentido de su contenido; el cual, eso sí, presenta de la manera más adecuada a sus propios intereses.

La firma del Tratado de Blois entre Navarra y Francia el 18 de julio de 1512, demostró ser un error de cálculo de catastróficas consecuencias para NavarraNota 9). El tratado, entre otras cuestiones, garantizaba que Navarra no dejaría atravesar sus dominios a ningún ejército cuya intención fuera atacar a Francia, pero también asumía Francia el compromiso de no utilizar suelo navarro para atacar a sus enemigos castellanos y aragoneses. Por ello, en la Corte de Pamplona, el tratado era presentado como una reafirmación de la neutralidad Navarra. Sin embargo, dio a Fernando el Católico la excusa que estaba esperando para iniciar acciones ofensivas contra Navarra.

Según el planteamiento del Rey Católico, firmar un tratado con Francia era colaborar con ella, con independencia de cuál fuera el contenido concreto de dicho tratado. Así pues, al firmar el Tratado de Blois, se habían convertido en enemigos del papa y, por tanto, era legítimo atacarles en sus territorios. La denominada "política del balancín", cuidadosamente construida por los reyes de Navarra durante décadas, quebró definitivamente con la firma de los acuerdos de BloisNota 10).

Sobre dicho Tratado, su interpretación y la amenaza real o fingida que Fernando percibió en él, se han escrito ríos de tinta. Según Alfredo Floristán:

“El tratado de Blois pecó de graves defectos por parte Navarra, principalmente de incoherencia e inoportunidad: lo primero porque, bajo la forma de un tratado de neutralidad, alineaba a Navarra con Francia, inoportuno porque precisamente las tropas inglesas y castellanas estaban en la frontera, mientras que cualquier socorro francés, comprometido en Italia, tardaría en llegar. Navarra se comprometía a facilitar tropas a Francia si esta lo requería, a su propio coste, lo cual era claramente no neutral. El respeto a los acuerdos con Castilla no era sino una formalidad que, de fondo, no salvaba la neutralidad. El hecho de que los reyes de Navarra pretendieran mantener el acuerdo en secreto mientras no estuviera en condiciones la ayuda francesa demuestra que eran conscientes del significado real del tratado. Fernando, gracias a sus espías publicó en Burgos un resumen de los acuerdos a que habían llegado navarros y franceses, que recogía el espíritu pero no la letra del acuerdo, y lo presentaba como más amenazador".Nota 11)

El hecho de que la cesión por parte del rey de Francia a los reyes de Navarra de plazas en las tierras de la Casa de Foix, que los reyes de Navarra pasarían a cobrar una pensión del rey de Francia de ocho mil ducados anuales —y otras de cuatro mil ducados para sus hijos— o el compromiso de Francia de pagar una compañía de cien hombres de armas para el servicio de los reyes de Navarra, figuren en protocolos aparte del texto publicado del tratado, indica que los propios firmantes eran conscientes de que dichas cláusulas eran susceptibles de perjudicar la imagen de neutralidad que interesaba dar a los Albret. Quizá la interpretación de Víctor Pradera sea un tanto excesiva —“El tratado de Blois fue la causa de la conquista de Navarra por el rey Católico; ratificado por don Juan y doña Catalina, estos se convertían en el acto, en enemigos de su antiguo protector [Fernando el Católico]"Nota 12)—, pero tampoco se debería pecar de ingenuidad y suponer que las cláusulas anteriores dejaban a los reyes de Navarra en una situación de plena neutralidad, cuando les colocaba a sueldo de un monarca que también pagaba a parte de sus tropasNota 13). No parece que esté desencaminado Luis Suárez Fernández cuando hace hincapié en que el Tratado de Blois ha de interpretarse también con la clave de los intereses franceses de la Casa de Albret:

"Quienes consideran Blois un error se olvidan de que los reyes eran bearneses y que el tratado les daba todo lo que habían pedido desde 1479: la plena soberanía de Bearne, la herencia completa de Foix, la retrocesión del ducado de Nemours, rentas y tropas (...). Los Albret supieron muy bien lo que hacían. Tomaron con una mano el paquete de las ofertas que les consolidaba definitivamente en Francia y pusieron en la otra la Corona de Navarra, que se arriesgaban a perder.

Y escogieron lo que para ellos tenía más valor. Que no era Navarra, precisamente. Y no se equivocaron. Sus descendientes fueron reyes de Francia"Nota 14).

Fernando, a finales de junio, había dado órdenes al duque de Alba de que sus tropas estuvieran listas para intervenir en Navarra, en vista de la inminencia de un acuerdo entre este reino y Francia, instrucciones que el duque comentó al comandante de las fuerzas expedicionarias inglesas, lord DorsetNota 15). La firma del Tratado no hizo sino convencerle de lo oportuno de intervenir en Navarra

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Nota 1

OSTOLAZA ELIONDO, Mª. I., “Fernando el Católico y Navarra. Ocupación y administración del reino entre 1512 y 1515”, en Aragón en la Edad Media, n° 20, 2008, p. 561.

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Nota 2

Una idea de lo que costaba a Castilla mantener estas fortalezas puede hacerse viendo AGS, Cámara de Castilla, Cédulas, libro 2-1, doc. 117, fol. 1, donde puede verse una relación de lo invertido en el abastecimiento y reparaciones de la fortaleza de Los Arcos, en 1495.

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Nota 3

SUÁREZ FERNÁNDEZ, Fernando el Católico y Navarra., p. 240.

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Nota 4

Cara del 10 de julio de 1512, citada en FLORISTAN, La monarquía española y el gobierno del reino de Navarra. 1512-1808, p. 28.

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Nota 5

Alfredo Floristán rechaza esta interpretación, señalando que, para junio, la situación militar en Italia se había estabilizado, las tropas de la Liga habían ocupado Bolonia y, en líneas generales, los franceses se replegaban en Italia (FLORISTAN, La Monarquía española y el gobierno del reino de Navarra. 1512-1808, p. 47). No obstante, cabe señalar que para junio de 1512, el proyecto de invasión de Guyena estaba quizá demasiado avanzado como para que los sucesos de Italia, que lo habían impulsado, lo detuvieran.

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Nota 6

AGS, Patronato Regio, leg. 13, doc. 26, fols. 626-627r.

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Nota 7

Boissonade es uno de los autores que condena como falsificación lo dado a conocer por Fernando en Burgos. Así, lo califica de "clara falsificación", y de "desvergonzada falsificación" (BOISSONADE, Historia de la incorporación de Navarra a Castilla, pp. 419 y 422). Sin embargo, también afirma que “el documento dado a conocer por Fernando tuvo, por tanto, que ser confeccionado por completo siguiendo los rumores de la Corte, los informes de espionaje y posiblemente (...) de alguna correspondencia llegada a manos de agentes beamonteses”.(p. 422). Es decir, que lo publicado en Burgos no fue fruto de la imaginación del rey, algo que hubiera sido insostenible si se tiene en cuenta el elevado grado de coincidencia entre lo dado a conocer en Burgos y el contenido del Tratado de Blois.

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Nota 8

Así lo cree, por ejemplo, PRADERA, Fernando el Católico y los falsarios de la Historia, pp. 139-141, donde refuta prolijamente la cuestión de la imposibilidad de que se conociera el tratado en virtud de las fechas. En el mismo sentido se manifiesta SUÁREZ FERNÁNDEZ, Fernando el Católico y Navarra, p. 240, donde afirma que pocas veces en la Historia un servicio de espionaje ha funcionado con tanta eficiencia como el de Fernando en la cuestión del Tratado de Blois, del cual "Fernando estaba informado de cada paso de las conversaciones".

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Nota 9

Para algunos autores, la neutralidad era ya imposible en aquel momento. Por ejemplo: "Los Albret pretendieron una política de neutralidad en un tiempo y en un país que, por las circunstancias críticas que estaba atravesando, era ilusorio suponer e imposible realizar" (RUANO PRIETO, Anexión del reino de Navarra en tiempo del rey Católico, p. 346).

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Nota 10

FLORISTAN, La monarquía española y el gobierno del reino de Navarra. 1512-1808, p. 18.

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Nota 11

FLORISTAN, La monarquía española y el gobierno del reino de Navarra. 1512-1808. Pamplona, 1991, p. 20.

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Nota 12

PRADERA, Fernando el Católico y los falsarios de la Historia, p. 98.

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Nota 13

Boissonade, que en su obra, en lo referente al Tratado de Blois, se muestra enormemente crítico con la actuación de Fernando, reconoce que “Fernando no conocía las cláusulas concretas del acuerdo, pero debió y pudo creerse legítimamente amenazado” (Historia de la incorporación de Navarra a Castilla., p. 453).

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Nota 14

SUÁREZ FERNÁNDEZ, Fernando el Católico y Navarra., pp. 241-242. Concuerda con esta interpretación general de los intereses dinásticos Prósper Boissonade, al afirmar que la multiplicidad de Estados de los Albret acabó obrando en su contra, y más específicamente, en contra de los intereses de Navarra, donde la multiplicidad acabó siendo, en contra de lo que se preveía, una fuente de debilidad y no de fortaleza (BOISSONADE, Historia de la incorporación de Navarra a Castilla, p. 114).

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Nota 15

SUÁREZ FERNÁNDEZ, Fernando el Católico y Navarra, p. 240. Al parecer, Dorset albergaba dudas sobre las verdaderas intenciones de Fernando, temiendo que pretendiera usar la invasión de Guyena como una mera excusa para atacar Navarra; pese a las garantías que se le ofrecieron sobre el apoyo hispánico a la acción de Guyena, Dorset propuso dividir las tropas en dos columnas, una inglesa que atacase Guyena por Labourd y otra con las tropas de Fernando que penetrara en Gascuña a través de Roncesvalles (BOISSONADE, Historia de la incorporación de Navarra a Castilla, p. 418).

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4.- La invasión

La historiografía diverge en si la invasión de Navarra tenía por fin último su anexión por Fernando el Católico o si esta anexión fue un proceso que fraguó sobre la marcha, impulsada por las circunstancias, por una situación de facto y por la escasa entidad de la resistencia encontrada por los ocupantesNota 1). Fueren cuales fueren los propósitos de Fernando, los hechos son que un ejército castellano, comandado por Fadrique Álvarez de Toledo, duque Alba, entró en Navarra por Salvatierra de Álava, el 19 de julio de 1512 y avanzó hasta primero cercar y después tomar PamplonaNota 2). Simultáneamente, un ejército aragonés, comandado por Alfonso de AragónNota 3) tomó la Ribera navarra y cercó Tudela. Tras la rendición de Pamplona, los reyes de Navarra, Juan de Albret y Catalina, marcharon al exilioNota 4), y la publicación de la bula pontificia hecha por Fernando el 21 de agosto de 1512 en la catedral de Calahorra terminó por convencer a la mayor parte de las villas navarras de que cesaran en su resistencia.

En noviembre, Juan de Albret organizó una expediciónNota 5) desde el Bearne con su aliado Luis XII de Francia para recuperar sus territoriosNota 6). En apoyo de Albret, también se sublevaron el mariscal Pedro de Navarra en Logroño y los agramonteses en Estella. Al conocer los hechos, el duque de Alba abandonó San Juan de Pie de Puerto, donde estaba estacionado con sus tropas castellanas, ya que la conquista dirigida por Alba incluyó no sólo a la Baja Navarra, sino también la merindad de UltrapuertosNota 7). Tras una rápida marcha forzada, el duque de Alba logró llegar a Pamplona poco antes que los invasoresNota 8). Los de Albret sometieron a la ciudad a un largo sitio, pero aún así el ejército invasor hubo de retirarse en diciembre, incapaces de quebrantar la defensa del duque. Durante esta retirada, las tropas de Albret fueron alcanzados en el paso de Velate por Pérez de Leizaur y sus tropas guipuzcoanas, que le infligieron un severo castigo antes de que lograra regresar a sus dominios francesesNota 9).

El 6 de diciembre de 1512, la mayor parte de los agramonteses que habían seguido oponiéndose a Fernando acudieron a Logroño, donde le juraron lealtad. Algo menos de un año más tarde, el 4 de octubre de 1513, Fernando tomó solemnemente posesión en Tudela de la Corona de Navarra, previo juramento de respetar tanto las libertades navarras como las de los musulmanes que aún vivían NavarraNota 10).

En lo militar, no es casual el hecho de que Navarra fue absolutamente incapaz de plantear resistencia de consideración a las fuerzas conjuntas de Castilla y Aragón: carecía de un ejército permanente, y la causa es más institucional que la carencia de recursos a la que lo achaca BoissonadeNota 11).

En primer lugar, los reyes de Navarra no pudieron recuperar el poder real en grado suficiente para adaptar su maquinaria militar a las realidades que se estaban imponiendo en los campos de Europa. En 1512 Navarra seguía teniendo un dispositivo militar medieval porque carecía de los mecanismos jurídicos e institucionales para dar el paso hacia la modernidad que, en lo militar, habían dado sus vecinos. Esto hizo que su defensa se basara, fundamentalmente, en sus numerosos castillos, más de un centenar. Sin embargo, una vez más, la debilidad del poder real impidió que constituyeran un baluarte eficaz frente al enemigo: en los días de la invasión, la mayor parte de ellos eran poco más que ruinas, y del resto, tan solo unos pocos estaban en condiciones de hacer frente a la artillería que el ejército de Fernando utilizaba en los asedios: Pamplona, Estella, Viana, Sangüesa, Tudela, Lubier y San Juan de Pie de PuertoNota 12). Todos los demás carecían de una planta y un diseño eficaz frente a las armas modernas.

Uno de los instrumentos que contribuyó a reforzar el dispositivo militar de Castilla, la Hermandad, también se había implantado en tierras navarras. Allí contaba con unos doscientos hombres y se financiaba a través de un impuesto consistente en el pago de dos reales por cada fuego. Sin embargo, las luchas entre facciones terminaron con la supresión de la institución en 1511, privando a los reyes de Navarra, que una vez más fueron incapaces de imponer los intereses de la Corona sobre los de los bandos nobiliarios, de una institución que podría haber sido de ayuda en los acontecimientos bélicos posteriores.

Por todo lo anterior, en el momento de producirse la invasión, la defensa de Navarra se basaba en la llamada medieval al apellido —es decir, la toma de armas por la población si el reino estaba amenazado—, el servicio de la caballería feudal nobiliaria y unas débiles milicias de infantería, cuyo servicio estaba limitado, en virtud de sus derechos medievales, a un máximo de treinta días. No es de extrañar que este aparato militar —que Boissonade calificó de "barullo mas vergonzante que útil"Nota 13)— fuera borrado del mapa por la fuerzas del duque de Alba, sin la necesidad de entablar más operación de relieve que el cerco de TudelaNota 14).

Navarra comenzó a disfrutar de paz interior tras su incorporación a CastillaNota 15), si bien uno de los temas más controvertidos respecto a este periodo es el que hace referencia a la represión por parte de Fernando de la disidencia a su gobiernoNota 16). Parte de los agramonteses acudieron a Logroño a prestar juramento al rey, que les concedió la mayoría de las peticiones que le hicieron. Fernando tuvo buen cuidado de moderar las exacciones fiscales, renunciando, por ejemplo, al porcentaje de monedaje que le correspondía al reyNota 17) o comprometiéndose a pagar con dinero de las Cortes navarras las deudas que habían dejado los reyes expulsadosNota 18).

El estatus de Navarra en el conjunto de las monarquías hispánicas tardó casi tres años en decidirse, pues no fue hasta las Cortes de Burgos de 1515 cuando Fernando optó por incorporar el reino de Navarra a la Corona de CastillaNota 19) y no a sus estados patrimoniales de Aragón, como hubiera cabido esperar. Puede que, con esta decisión, Fernando pretendiera implicar a los castellanos en la defensa del territorio, así como sustraer el gobierno de la influencia de los fueros aragoneses, más restrictivos con autoridad real que la legislación de Castilla. Dos acontecimientos influyeron, sin duda, en la vinculación de Navarra a la Corona de Castilla: por un lado, la toma de conciencia por parte del rey, ya enfermo —moriría menos de un año después— de que su matrimonio con Germana de Foix no iba a producir descendenciaNota 20); y, por otro, la muerte del rey de Francia Luis XII, que convirtió en rey al Delfín, con el nombre de Francisco I. Este rey, joven y amigo personal de Juan de Albret, habría de adoptar, previsiblemente, una actitud más beligerante en relación con Navarra, lo cual amenazaba este territorio y hacia necesaria una defensa que Castilla estaba en mejores condiciones de asumir.

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Nota 1

Así lo manifiesta, por ejemplo, FLORISTAN, La monarquía española y el gobierno del reino de Navarra. 1512-1808, p. 15: “Aunque estuviera preparada de antemano una intervención militar, probablemente la conquista total y definitiva se improvisó al hilo de algunas circunstancia favorables”.

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Nota 2

IMIZCOZ MUÑOZ, F., “Integración y renovación de un reino: Navarra en la Monarquía española”, en Militaría. Revista de cultura militar, n° 14, Madrid, 2000, pp. 46 y 47.

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Nota 3

Hijo ilegítimo de Fernando y arzobispo de Zaragoza (JIMENO JURÍO, “La guerra de 1512-1522 y su repercusión sobre los territorios de la Corona de Navarra”, p. 21).

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Nota 4

DEL BURGO, Historia de Navarra., p. 567. Al norte de los Pirineos (IMIZCOZ MUÑOZ, “Integración y renovación de un reino: Navarra en la Monarquía española”, pp. 46 y 47).

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Nota 5

Estaba apoyado tanto por el nuevo delfín, que posteriormente reinaría en Francia como Francisco I, así como por tropas navarras y mercenarios albaneses y alemanes (DEL BURGO, Historia de Navarra., p. 569).

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Nota 6

IMIZCOZ MUÑOZ, “Integración y renovación de un reino: Navarra en la Monarquía española”, pp. 46 y 47.

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Nota 7

En esta merindad, unas cortes celebradas en Uhart en 1514 juraron lealtad a Fernando (JIMENO JURÍO, “La guerra de 1512-1522 y su repercusión sobre los territorios de la Corona de Navarra”, p. 24). No obstante, a finales de la década de 1520, las consideraciones estratégicas, militares y económicas —Ultrapuertos era deficitaria para la administración ya en tiempos de los Albret (OSTOLAZA ELIZONDO, Mª I., Gobierno y administración de Navarra bajo los Austrias. Siglos XVI-XVII. Pamplona, 1997, p. 139)—, llevaron a su abandono por la Monarquía Hispánica.

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Nota 8

JIMENO JURÍO, “La guerra de 1512-1522 y su repercusión sobre los territorios de la Corona de Navarra”, p. 23.

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Nota 9

Junto a los beaumonteses, los guipuzcoanos mataron a muchos enemigos y tomaron doce cañones, que hoy se representan en el escudo de Guipúzcoa (DEL BURGO, Historia de Navarra., p. 569), si bien cabe puntualizar que, conforme a la terminología artillera de la época, los doce cañones no eran tales, sino dos cañones, dos culebrinas y ocho sacres (JIMENO JURÍO, “La guerra de 1512-1522 y su repercusión sobre los territorios de la Corona de Navarra”, p. 23).

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Nota 10

DEL BURGO, Historia de Navarra., p. 568.

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Nota 11

BOISSONADE, Historia de la incorporación de Navarra a Castilla, p. 285.

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Nota 12

LACARRA, J. M., Historia del reino de Navarra en la Edad Media, Pamplona, 1975, p. 564.

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Nota 13

BOISSONADE., Historia de la incorporación de Navarra a Castilla., pp. 286-287.

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Nota 14

Cerco que, por lo demás —independientemente del relieve que haya alcanzado en la historiografía o de su valor simbólico— no fue para las tropas castellanas, comparado con otras operaciones de asedio de su tiempo, sino una operación menor, breve y sencilla.

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Nota 15

Como nos cuenta Del Burgo, viéndose libre de una nobleza tornadiza y versátil cuyas miras políticas se confundían con sus apetencias personales. (Historia de Navarra., pp. 570-572.) Tampoco hay que olvidar que el conflicto de bandos, sobre todo de beaumonteses y agramonteses duró a lo largo de todo el siglo XVI. IMIZCOZ MUÑOZ, “Integración y renovación de un reino: Navarra en la Monarquía española”, pp. 47. Contribuyó a la consolidación castellana el que los descendientes de Juan de Albret se hicieran protestantes y persiguieran a los católicos. Muchos de sus súbditos se refugiaron en España. DEL BURGO, Historia de Navarra., p. 578.

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Nota 16

“[...] los textos que nos hablan de los navarros condenados a muerte por el delito de “lesa majestad”, “falta de obediencia al rey Fernando” y “pertenencia al bando agramontés”.” Aunque la represión se muestra también de otros modos tales como “[...] la ciudad de Burgui será reconstruida a “expensas de las personas que en el Reino de Navarra fueron hostiles al rey Católico”, a través de destierros, del propio exilio, etc... (SIERRA URZAIZ, F. J., “La conquista de Navarra: estudio bibliográfico desde el siglo XVI al XX, en Cuadernos de sección. Historia-Geografía, n° 11, 1989, p. 98.) Un argumento contrario lo vemos con ocasión de la retirada de Albret en diciembre de 1512, cuando los bearneses quemaron por completo Almándoz y Maya, sufriendo muchos daños la vega del Bidasoa. Fernando exceptuó a esos lugares de impuestos durante los años siguientes para que se reconstruyeran (OSTOLAZA ELIONDO, “Fernando el Católico y Navarra. Ocupación y administración del reino entre 1512 y 1515”, p. 563).

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Nota 17

En 1513 se le solicitó a Fernando el Católico una emisión de moneda a la que accedió, dejando claro eso sí que la emisión era un privilegio real al que condescendía a petición del reino (OSTOLAZA ELIONDO, “Fernando el Católico y Navarra. Ocupación y administración del reino entre 1512 y 1515”, p. 567).

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Nota 18

OSTOLAZA ELIONDO, “Fernando el Católico y Navarra. Ocupación y administración del reino entre 1512 y 1515”, pp. 564 y 566.

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Nota 19

IMIZCOZ MUÑOZ, “Integración y renovación de un reino: Navarra en la Monarquía española”, pp. 46 y 47.

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Nota 20

La decisión de incorporar Navarra a Castilla vino precedida de una especie de periodo de prueba en el que los asuntos navarros se vincularon más directamente a la Corona de Aragón, ya que la primera intención de Fernando fue que Navarra se convirtiera en herencia del hijo que quería tener —y que a la postre no tuvo— como fruto de su segundo matrimonio con Germana de Foix. El Rey Católico hubiera podido separar Navarra de la herencia de su descendiente por línea de primogenitura ya que los territorios adquiridos en virtud del derecho de conquista eran de libre disposición testamentarias y no estaban vinculados a los principios de primogenitura (FLORISTAN, A., La monarquía española y el gobierno del reino de Navarra. 1512-1808. Pamplona, 1991, p. 17).

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5.- La justificación jurídica de la anexión

El tratado de creación de la Santa Liga ya contemplaba la posibilidad de que los miembros de la misma arrebataran a los enemigos del papa dominios en otros escenarios diferentes de los italianos. El acuerdo legitimaba a quien realizara la conquista a anexionar el reino, en base al derecho de guerra y conquista, contando con el respaldo del papa, que suministraría "armas espirituales", esto es, el apoyo de su autoridad jurídica y moral a la conquista referidaNota 1).

Quizá esto era lo que estaba en la mente de Fernando cuando solicitó al papa, en abril de 1512, dos bulasNota 2): una de indulgencia plenaria para quienes participaran en la guerra —tenida como defensiva en favor del papa— y otra para excomulgar a los que, en Navarra y Bearne, apoyaran al rey de Francia, incluidos los monarcas navarrosNota 3). La primera de estas bulas, llamada Pastor ille caellestisNota 4), se firmó en Roma hasta el 20 de julio. Al parecer, Julio II retrasó intencionadamente el envío de las bulas para asegurarse de que la posición de Fernando era firme y no habría, posteriormente, necesidad de dar marcha atrásNota 5). Fernando solicitó una bula más explícita: El 18 de febrero de 1513 Julio II concedía la bula Exigit contumaciumNota 6), que excomulgaba a Juan de Albret y a su esposa Catalina y los desposeía del trono navarro, dándoselo al primero que lo ocupase. Sin embargo, la bula no llegó a publicarse con las formalidades necesarias y por ello Fernando prefirió no la utilizarla a la hora de justificar sus derechos a ocupar el trono navarro.

Estas bulas han sido objeto de intensa polémica, en ocasiones más política que histórica y más personal que jurídica. Desde el primer momento, los reyes navarros rechazaron que la conquista fernandina pudiera validarse con dichas bulas, y los cronistas franceses pusieron en duda la autoridad del papa para dar o quitar Coronas. Yendo más allá, se ha afirmado la falsedad de las bulas, acusando a Fernando el Católico de haber creado los documentos de la nada. Hoy en día esa postura es poco menos que indefendible desde el punto de vista de un análisis objetivo de la Historia. Prósper Boissonnade demostró, en el siglo XIX, que la primera bula es auténtica más allá de toda duda, si bien quedaban dudas sobre la veracidad de la segunda. El estudio detallado de esta segunda bula realizado por Víctor Pradera, ya en el siglo XX, y que no ha sido rebatido fehacientemente, parece demostrar también la veracidad de la segunda de las bulasNota 7).

Ello llevaría a plantear dos cuestiones de fondo jurídico, que afectan a la legitimidad de la posesión de la Corona de Navarra por Fernando el Católico: la validez canónica de las bulas y la potestad jurídica del papa para disponer de la Corona.

Nuevamente, Víctor Pradera analizó en detalle la cuestión, en especial en lo relativo al poder del papa para disponer de la titularidad del reino. Según este autor, “los papas tienen potestad para excomulgar a los príncipes temporales, de incurrir estos en herejía o en cisma, y para liberar, como consecuencia de la excomunión, a los súbditos del príncipe excomulgado del juramento de fidelidad al mismo prestado, o, lo que es lo mismo, privarle del imperio o de la autoridad que ejercía". Sin embargo, esto no suponía que el papa tuviera poder para disponer quién había de suceder al rey excomulgado: “El papa, con la deposición, dejó a salvo el fin religioso que perseguía: fuera del mismo está la designación del nuevo príncipe, luego solo a la sociedad civil corresponde esa designación”Nota 8).

En cuanto a si asistía al papa potestad jurídica alguna para disponer de las Coronas, lo cierto es que los reyes de Navarra habían reconocido el derecho del papa en cuanto a la soberanía temporal, ya que habían recurrido a él cuando Luis XII amenazó la soberanía del BearneNota 9). Para mayor abundamiento, en 1500, Juan de Albret y Catalina enviaron a Roma a un delegado que juró, en nombre de los reyes, obediencia a Alejandro VI, juramento que fue renovado en 1513, 1514 y 1515 —ya desposeídos del trono— ante el pontífice León X. “Situándose en la perspectiva de la doctrina teocrática, admitida en la España del siglo XVI y, sobre todo, considerando esta circunstancia especial, que Navarra se consideraba un feudo de la Santa Sede, el papa podía privar de la Corona a la dinastía de los Albret para atribuirla al rey de Aragón a causa de un crimen de felonía”. Pero, para que “anatema pudiera ser pronunciado y para que tuviera efecto legítimo era necesario que la causa que lo había provocada fuera proporcional y justa en sí misma”Nota 10).

Los Albret se aferraron a este último argumento —que no habían incurrido en las causas de excomunión que se mencionaban en las bulas—, y no negaron nunca ni la existencia de las bulas, ni su validez canónica ni la potestad del papa para disponer de las Coronas de sus feudatarios en caso de felonía; el debate en torno a estos extremos fue generado a posteriori por una parte de la cronística francesa y por un segmento de la historiografía hispánica en un tiempo muy posterior a los hechos.

En cualquier caso, Fernando basó su derecho al trono navarro en una doble argumentación: las bulas de excomunión arrebataban a los Albret el título de reyes de Navarra y liberaban a sus súbditos de los juramentos de obediencia; y, en segundo lugar, Fernando el Católico se convertía en rey de Navarra sin intervención pontificia alguna, en virtud del derecho de conquista, tal y como fijaban los principios del derecho de guerra aplicable en el siglo XVI y las cláusulas de la Santa Liga, que autorizaban a quién conquistase un territorio enemigo fuera de Italia a disponer de él como soberano.

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Nota 1

FLORISTAN, A., La monarquía española y el gobierno del reino de Navarra. 1512-1808, p. 25)

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Nota 2

JIMENO JURÍO, “La guerra de 1512-1522 y su repercusión sobre los territorios de la Corona de Navarra”, p. 18.

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Nota 3

Lo cierto es que el Santo Padre retrasó tanto el envío de las bulas que estas llegaron a la Península con posterioridad a la invasión, por lo que su utilidad fue limitada: “Ningún efecto tuvieron en Navarra. Solo servirían, en todo caso, para aquietar la conciencia del Rey Católico, no muy seguro de la licitud y legitimidad de su conquista” (DEL BURGO, Historia de Navarra, p. 568).

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Nota 4

Puede consultarse el texto íntegro de la bula en PRADERA, Fernando el Católico y los falsarios de la Historia., pp. 214-223.

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Nota 5

OSTOLAZA ELIONDO, “Fernando el Católico y Navarra. Ocupación y administración del reino entre 1512 y 1515”, p. 562. Según Floristán, la bula llegó tarde porque no estaba concebida para justificar la conquista, sino para intimidar a los monarcas navarros e impedir la firma del Tratado de Blois, y su utilización posterior por Fernando fue un ejercicio del oportunismo que constituía una de sus principales habilidades políticas (La monarquía española y el gobierno del reino de Navarra. 1512-1808, p. 27).

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Nota 6

Puede consultarse el texto íntegro de la bula en PRADERA, Fernando el Católico y los falsarios de la Historia, pp. 223-235.

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Nota 7

PRADERA, Fernando el Católico y los falsarios de la Historia, pp. 254304. Pradera demuestra que la mayor parte de los argumentos respecto a la falsedad de esta bula se basan en una interpretación errónea de la fecha en que se publicó, que había llevado a antedatarla en un año respecto a la fecha real.

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Nota 8

PRADERA, Fernando el Católico y los falsarios de la Historia., pp. 341348.

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Nota 9

El 10 de marzo de 1508, concretamente, a través de una apelación para que el papa ratificara que los señores del Bearne solo respondían ante el poder de Dios, y no del rey de Francia (LACARRA, Historia del reino de Navarra en la Edad Media, p. 540).

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Nota 10

BOISSONADE, Historia de la incorporación de Navarra a Castilla, p. 501.

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CAPÍTULO XV: CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA ANEXIÓN DE NAVARRA(*)

1.- El virreyNota 1)

Se ha dicho, con razón, que "1512 inaugura la época de los reyes distantes"Nota 2), y es esta situación la que genera uno de los principales cambios en la estructura institucional navarra tras la anexión: la institucionalización como permanente de la figura de un sustituto del rey, el virreyNota 3).

La figura del virrey entronca con el gobierno en ausencia del monarca, en el que la Corona de Aragón, con su estructura dividida en múltiples reinos, tenía una amplia experiencia. Tampoco era ajena en el reino de Navarra, como nos recuerda la profesora Sáenz Berceo: "La figura del Virrey no es nueva en Navarra pues sabemos que ya existía en la Baja Edad Media con los reyes franceses y que el cargo fue suprimido cuando los monarcas fijaron su residencia en el reino"Nota 4). Sin embargo, con la llegada de los reyes de la Casa de Foix, volvió a ser habitual que el rey no residiera en Navarra, sino en sus Estados francesesNota 5).

El nombramiento del virrey se realizaba de forma discrecional por el monarca, aunque no era raro que mediara una propuesta del Consejo de CastillaNota 6).

El primer virrey castellano para Navarra fue nombrado por Fernando en Logroño: Diego Fernández de Córdoba, alcaide de los DoncelesNota 7). En todo caso, Fernando no renunció a participar, aunque fuera a distancia, en el gobierno del reino, para lo cual utilizaba su secretaría personal a la hora de despachar, por ejemplo, los documentos relacionados con la gracia real o la confirmación de documentos de reinados navarros anterioresNota 8).

El virrey tenía plenos poderes para actuar en lo político y poderes delegados del soberano para actuar en materia de justicia, si bien limitadas en este último campo a cuestiones como el derecho de gracia o la jurisdicción sobre la gente de guerra, en su mayor parte, no navarrosNota 9).

Era, por tanto, el poder político en Navarra, mientras que el poder militar quedaba en manos del capitán generalNota 10), cuya autoridad abarcaba diez leguas más allá de las fronteras de Navarra y todo el territorio de Guipúzcoa; sin embargo, en Navarra ambas figuras van a recaer sistemáticamente la misma persona, siendo los virreyes también capitanes generales del reino, con competencias tan privativas en este ámbito que ni siquiera el Consejo Real de Navarra podía aconsejarles sobre los asuntos de guerra. Cuando se ausentaba de Navarra la persona que detentaba los cargos de virrey y capitán general, era sustituido en el primero bien por el obispo de Pamplona o por el regente del Consejo de Navarra, mientras que, en cuanto a capitán general, era sustituido por el gobernador de la fortaleza de Pamplona, haciendo patente el desdoblamiento institucional de ambos cargosNota 11).

La presencia del virrey suponía que Navarra pasó a ser un territorio gobernado a distancia por los reyes de Castilla. En 1494 se celebró en Pamplona una ceremonia solemne en la que Juan de Albret y Catalina de Foix fueron coronados, ungidos y jurados ante una representación de los tres estados navarros, y tras la conquista no se volvió a coronar a ningún monarca en Pamplona. Ni Fernando ni su nieto Carlos V se reunieron nunca con las Cortes de Navarra, pero ambos juraron los fueros a través de los virreyes, que lo hicieron en su nombreNota 12). En 1551 se comenzó a reconstruir el encuentro del rey con el reino de Navarra, introduciendo una práctica que era habitual en Castilla: el juramento del príncipe heredero por las CortesNota 13).

(*)

El presente capítulo, concebido originariamente para esta publicación, fue publicado previamente en MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., De las Navas de Tolosa a la Constitución de Cádiz: el ejército y la guerra en la construcción del Estado. Valladolid, 2012. Pese a que no se incluye en la edición en “papel” de este libro, hemos creído oportuno sí incluirlo en la versión on line, dado que forma parte de este proyecto tal y como se concibió en un principio.

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Nota 1

Una visión de conjunto sobre la integración navarra en la Monarquía tras la anexión de 1512 puede consultarse en GALÁN LORDA, M., “A la vista del quinto centenario de la conquista de Navarra (1512-2012), en Príncipe de Viana, n° 254, 2011.

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Nota 2

USUNÁRIZ GARAYOA, "Las instituciones del reino de Navarra durante la Edad Moderna", p. 687.

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Nota 3

Fuera de la época que nos ocupa, es sumamente interesante la obra de GALLASTEGUI, J., Navarra a través de la correspondencia de los virreyes (1594-1648), Pamplona, 1990.

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Nota 4

SAÉNZ BERCEO, Mª del C., "El virreinato en Navarra: Sancho Martínez de Leiva", en Revista jurídica de Navarra, N° 23, 1997, p. 181. Durante el reinado de los Albret se usó con frecuencia; una intervención del virrey de Navarra, Sancha de Velasco, se produjo en 1488 en relación con un pleito entablado en las proximidades de Calahorra en relación con una siega de trigo de la localidad de Arnedo (AGS, Consejo Real de Castilla, leg. 39, doc. 4).

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Nota 5

Francisco Febo, por ejemplo, tan solo permaneció en Navarra el tiempo necesario para ser coronado, en noviembre de 1481, y celebrar Cortes, en febrero de 1482, tras lo cual marchó a sus tierras en el Bearne (LACARRA, Historia del reino de Navarra en la Edad Media, p. 520).

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Nota 6

ARTOLA GALLEGO, M., "Administración territorial de los Austrias", en Actas del IV Simposium de Historia de la Administración. Madrid, 1983, p. 35.

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Nota 7

“[...] personalmente, no podemos residir en todos los reino y señoríos que Dios nuestro señor nos ha encomendado y convenga al descargo de nuestra real conciencia y buen regimiento del pueblo de nuestros reinos, dejar en ellos personas tales por cuya autoridad sean bien regidos y gobernados. ” (SALCEDO IZU, El Consejo Real de Navarra., p. 66).

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Nota 8

OSTOLAZA ELIONDO, “Fernando el Católico y Navarra. Ocupación y administración del reino entre 1512 y 1515”, p. 573.

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Nota 9

USUNÁRIZ GARAYOA, "Las instituciones del reino de Navarra durante la Edad Moderna", p. 690.

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Nota 10

SALCEDO IZU, El Consejo Real de Navarra., p. 68.

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Nota 11

Sobre Navarra y el ejército en tiempo de los Austrias, puede consultarse IDOATE, F., Esfuerzo bélico de Navarra en el siglo XVI, Pamplona, 1981.

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Nota 12

IMIZCOZ MUÑOZ, “Integración y renovación de un reino: Navarra en la Monarquía española”, pp. 49 a 52.

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Nota 13

Los príncipes Felipe II en 1551, Felipe III en 1592 y Baltasar Carlos en 1646 fueron personalmente a las Cortes de Navarra para jurar los fueros del reino y para se jurados como herederos al trono (IMIZCOZ MUÑOZ, “Integración y renovación de un reino: Navarra en la Monarquía española”, pp. 49 a 52).

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2.- El Consejo Real de Navarra

La pieza clave de la administración de Navarra era el Consejo Real. En el siglo XV eran miembros natos del Consejo Real de Navarra los cuatro alcaldes de la Corte, el obispo de Pamplona y el Tesorero del Reino. Como denota la presencia de los alcaldes, las atribuciones de justicia fueron cobrando una importancia cada vez mayor, lo cual llevó a que las Cortes de Olite de 1450 se quejaran de la injerencia del Consejo en dicho campo. Por ello, en dichas Cortes, los reyes ordenaron que el Consejo solo conociera casos que se hubieran iniciado en la Corte. La Ordenanza de Tafalla de 1467 definía el Consejo como “un organismo encargado de estudiar, entender y aconsejar lo que interesa al servicio y utilidad real”Nota 1), lo cual parece indicar que, para entonces, las funciones jurisdiccionales habían perdido peso frente a las relacionadas con el deber de Consejo.

La lucha de facciones repercutió en la actividad del Consejo, hasta el punto de que llegó a haber Cortes reunidas en Estella y en Puente la Reina simultáneamente, en 1483, porque Francisco Febo convocó las Cortes sin respetar las normas, lo cual dividió al propio Consejo. Todo ello hizo que fuera evidente la necesidad de reformar la justicia, opinión general incluso antes del reinado de Catalina. Se intentó con la reforma del Consejo emprendida en 1494, que reducía el número de consejeros, creando un pequeño Consejo permanente y un segundo, más amplio, que se reunía con menos frecuencia.

Juan de Albret y su esposa Catalina realizaron una reforma de este órgano, reduciendo el número de miembros y fomentando la inclusión de letrados en perjuicio del número de noblesNota 2), en la misma línea de las reformas emprendidas en Castilla por los Reyes Católicos. Sin embargo, este incipiente proceso de reestructuración no pudo culminarse debido a que, tras la invasión de 1512, Fernando el Católico rehusó a modificar de forma sustancial las instituciones navarras por razones de conveniencia políticaNota 3).

Tras la anexión, Fernando se abstuvo de modificar normativamente el funcionamiento del Consejo Real de Navarra, hasta el punto que ni siquiera alteró su sede, Pamplona, siendo el único Consejo de la Monarquía que no tenía su localización en la Corte. El Rey Católico se limitó a aprovechar hábilmente las posibilidades que le daban los fueros navarros, donde se recogía que, en caso de haber en Navarra un rey extranjero, este podría nombrar a cinco personas igualmente extranjeras para ocupar altos cargos de la administración. Fernando utilizó esta prerrogativa para asegurarse que el presidente o regente del Consejo fuera siempre castellanoNota 4), así como, con frecuencia, dos de los oidores del mismo, de modo que el Consejo de Navarra, aún manteniendo una mayoría de consejeros oriundos del reino, no fue difícil de controlar para la MonarquíaNota 5).

Pese a que los fueros recogían la posibilidad de un presidente extranjero en el Consejo, las Cortes lucharon para impedirlo. En 1516, comunicaron al Consejo que no debía permitirse el nombramiento de regente del mismo en la persona del licenciado Salazar, que no era navarro. En octubre de 1517 se produjo un nuevo conflicto, cuando el virrey, duque de Nájera, trató de que se reconociera al licenciado Manzanedo, castellano, como regente del Consejo, con provisiones firmadas por el regente de Castilla, el cardenal Cisneros. Las Cortes navarras protestaron, pero tanto Cisneros como Nájera se ratificaron en el nombramiento. Juan Redín, oidor del Consejo, envió una representación a las Cortes de Pamplona, informando de la presentación de Manzanedo al Consejo, obedeciendo pero no cumpliendo las provisiones al respecto.

En vista de la situación, el propio Manzanedo protestó ante el virrey, el cual ordenó a Redín obedecer, bajo la amenaza de que se le aplicarían las penas correspondientes a su desobediencia; Redín, que además, de su cargo en el Consejo, también era procurador de las Cortes, pidió a estas reparo de agravios. El virrey ordenó la expulsión de Redín de PamplonaNota 6).

La queja se repetiría en las Cortes de Tafalla de los años 1519 y 1520, esta vez con un argumento más refinado: el derecho de los navarros a no ser juzgados por extranjeros, algo que se incumplía si el presidente del Consejo, órgano con poderes judiciales, era castellano. El virrey evitó el conflicto utilizando la astucia: dado que el regente había sido nombrado por una disposición del propio rey, el virrey no era competente para negarle la investidura de su cargo: “Su señoría no puede hacer otra cosa sino lo que sus reyes y señores naturales le mandan, ni podía exceder en cosa alguna en lo que Sus Majestades tienen provisto, y así lo dejó ordenado Su Majestad al tiempo que se fue de estos sus reinos de España, y que lo mismo en los estados pasados les tiene respondido”Nota 7). Las Cortes no se dieron por satisfechas, por lo cual el virrey, haciendo hincapié en lo anterior, logró convencer al reino de que, dado que solo el rey podía deshacer la situación, esta había de tolerarse hasta que Carlos V regresara a la Península —el monarca se encontraba en tierras germanas en aquel momento—Nota 8).

Las competencias del Consejo de Navarra trascendían a las meras funciones jurisdiccionales que pudieran haberlo asimilado más con una audiencia o chancillería que con un verdadero Consejo. Sin embargo, eran múltiples las competencias de carácter gubernativo que asumió el Consejo de Navarra:

"Lo que diferenciaba al Consejo de Navarra de una audiencia o chancillería eran sus competencias gubernativas. Era el encargado, en nombre del rey, de ejercer el Patronato Real; tampoco determinadas bulas y letras apostólicas podían publicarse en Navarra sin el previo examen del Consejo; era necesaria su licencia para introducir o vender ciertos libros religiosos; se necesitaba la licencia del Consejo para la fundación de conventos. En materia económica, debía encargarse de la recaudación de las penas fiscales, de las cuales se pagaba lo necesario para perseguir a los malhechores de la acuñación de moneda y del establecimiento de las paridades con las moneda de otros reinos; abonar los salarios de sus funcionarios; el control de los límites del reino, usurpaciones de términos, etc.. La elección de cargos públicos, que aunque muchas veces correspondía al rey, contaba un previo informe del Consejo. Además nombraba jueces de residencia —jurisdicción administrativa de los municipios—, designaba comisiones, nombraba alcaldes ordinarios; firmaba y llegaba a fijar las ordenanzas de diferentes gremios, etc..."Nota 9).

En cuanto a la capacidad para legislar del Consejo, esta, si bien limitada a aspectos que no fueran de aplicación general, revestía notable importancia, puesto que podía emitir ordenanzas y reglamentos sobre el funcionamiento de sus propios tribunales e instituciones. Sin embargo, en caso de emergencia, el virrey y el Consejo podían elaborar provisiones y autos acordados de carácter general, siempre y cuando no fuesen contrarios a los fueros y leyes navarros, cuestión esta que no siempre se cumplióNota 10).

Pieza clave en el Consejo era su presidente o regidor, figura muy nueva en el momento de la anexión, ya que databa de los últimos años del siglo XV, cuando la presencia habitual de los reyes de Navarra en sus dominios franceses hizo cada vez menos habitual que el Consejo estuviera presidido por el monarca, como había sucedido hasta entonces.

Entre los títulos que detentaba el virrey de Navarra no figuraba el de presidente del Consejo, lo que planteaba el problema relativo a su posición en él, pues, como máxima autoridad del reino, era parte del mismo. Especialmente conflictiva podía ser la cuestión cuando existía expresamente un presidente del Consejo distinto del virrey, como ocurrió durante la regencia de Cisneros. A juicio de Salcedo Izu, el virrey no era presidente del Consejo, pero intervenía en él en su calidad de representante del rey en las decisiones de gobierno, manteniéndose al margen en las relativas a justicia.

El Consejo era el tribunal supremo de justicia en una doble vertiente: capaz de conocer los asuntos más importantes y último tribunal de apelación. Desde 1512 conoció el Consejo, en suplicación de la primera instancia de la Corte, las cuestiones eclesiásticas de temporalidad. El virrey ejercía el Patronato, siempre en nombre del rey, a través del Consejo, que debía informarle de las dignidades o de los candidatosNota 11). Otro punto en el que virrey y Consejo debían colaborar era en aquellos procesos judiciales incluidos dentro del fuero militar en los que una de las dos partes fuera navarro. En ese caso, el proceso se apartaba del procedimiento ordinario —en el cual sustanciar correspondía a los alcaldes de las guardas, con posibilidad de apelación ante el Consejo de Guerra— y era resuelto por el virrey y el Consejo de forma conjuntaNota 12).

El procedimiento de visita para el control del Consejo no fue introducido por los castellanos, sino que existían precedentes en el siglo XIV, cuando, durante la unión de Francia y Navarra los reyes galos enviaban a Navarra periódicamente tres “reformadores”Nota 13), aunque el uso de la visita no fue del agrado de los navarrosNota 14). La primera visita tras la anexión fue la de Valdés, en 1525, y la siguiente no se produjo hasta 1534. El visitador se presentaba al Consejo, cuyos miembros le juraban obediencia, lo cual desde ese momento le otorgaba amplios poderes y obligaciones. No podía sacar escrituras originales del reino, salvo en casos excepcionales y, dado que su misión era judicial, la primera visita que realizaba era al regente del Consejo, no al virrey. La visita duraba alrededor de un año. Las Ordenanzas de 1525 fijaban una periodicidad de tres años para las visitas, pero esta disposición no se cumplió, pues solo hubo seis visitas en todo el siglo XVINota 15).

Uno de los problemas relativos a la justicia con los que chocó el proceso de normalización tras la anexión fue el conflicto entre la jurisdicción militar que se aplicaba en la Corona de Castilla y los derechos y libertades resguardados por los fueros navarros. En los reparos de agravios presentados por las Cortes de Valladolid, Fernando ordenó que se respetasen los fueros que disponían que los navarros no podían ser juzgados por jueces extranjeros, lo cual incluía a los jueces militares, por lo que se fijó que el auditor de guerra no conociera de las causas en que estuvieran implicados navarros, debiendo nombrar el virrey un consejero o alcalde de Corte para que se entendiese con el auditor en esos casos. Las Cortes navarras recurrieron en contrafuero dicha medida en los años sucesivos, con peticiones de reparo en las Cortes de Tafalla de 1519, Pamplona en 1522 y Estella en 1532, celebradas todas ellas durante el reinado de Carlos V, consiguiendo finalmente que los casos susceptibles de aplicación del fuero militar que chocaran con los propios fueros navarros quedaran bajo la jurisdicción del virrey, y no del sistema jurídico militar.

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Nota 1

SALCEDO IZU, El Consejo Real de Navarra, p. 31.

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Nota 2

USUNÁRIZ GARAYOA, "Las instituciones del reino de Navarra durante la Edad Moderna", p. 691. Sobre la élite del poder en la Navarra moderna puede verse FLORISTÁN IMÍZCOZ, J. Mª, “Entre la Casa y la Corte. Una aproximación a las élites dirigentes del Reino de Navarra (siglos XVI-XVIII)”, en IMÍZCOZ, J. Mª (ed.), Élites, poder y red social. Las élites del País Vasco y Navarra en la Edad Moderna, Vitoria, 1996.

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Nota 3

Un estudio específico del Consejo en FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, L. J., “El Consejo Real de Navarra entre 1494-1525”, en Príncipe de Viana, n° 2, 1986.

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Nota 4

El presidente del Consejo de Navarra pasó a llamarse regente en 1513, a semejanza del título que recibía el presidente del Consejo de Castilla. A partir de la visita de Valdés, en 1525, retomó la denominación de presidente (ARVIZU, F. de, “Las Cortes de Navarra en la Edad Moderna. Estudio desde la perspectiva de la Corona”, en VVAA, Las Cortes de Castilla y León en la Edad Moderna. Valladolid, 1989, p. 614).

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Nota 5

ARVIZU, F. de, "Las Cortes de Navarra en la Edad Moderna (Aspectos políticos y legislativos)", en Cuadernos de Sección -Derecho-Eusko Ikaskunza, n° 6, 1989, p. 41.

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Nota 6

ARVIZU, “Las Cortes de Navarra en la Edad Moderna. Estudio desde la perspectiva de la Corona”, p.615. Todo ello puede verse en AGS, Patronato Regio, caja 10, n° 79.

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Nota 7

AGS, Patronato Regio, caja 10, n° 36 fol. 2v.

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Nota 8

ARVIZU, "Las Cortes de Navarra en la Edad Moderna (Aspectos políticos y legislativos)", pp. 41-42.

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Nota 9

USUNÁRIZ GARAYOA, "Las instituciones del reino de Navarra durante la Edad Moderna", p. 694.

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Nota 10

USUNÁRIZ GARAYOA, "Las instituciones del reino de Navarra durante la Edad Moderna", p. 695. En las Cortes de Sangüesa de 1561, en época muy posterior a la que centra el presente trabajo, el Consejo adquirió también competencia en materia del procedimiento de sobrecarteo. Sobre este derecho, ver SALCEDO IZU, J., “Historia del derecho de sobrecarta en Navarra”, en Príncipe de Viana, n° 30, 1969.

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Nota 11

SALCEDO IZU, El Consejo Real de Navarra., p. 162.

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Nota 12

USUNÁRIZ GARAYOA, "Las instituciones del reino de Navarra durante la Edad Moderna", p. 722.

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Nota 13

SALCEDO IZU, El Consejo Real de Navarra., p. 233.

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Nota 14

“Es la primera peligrosa innovación que trajo la unión, es una medida antimoral quedando equiparados los tribunales navarros a las chancillerías y audiencias de Castilla, arrogándose el Consejo de Castilla estas atribuciones que no tenía, o sea, la alta inspección sobre el de Navarra, que era tan supremo como él.” (COVIAN Y JUNCO, V., Derecho civil privado de Navarra y su codificación: estudio histórico-crítico., Madrid, 1848,p. 438.)

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Nota 15

Navarra no fue el único territorio en que los visitadores realizaron una importante labor de control; un ejemplo de su funcionamiento en Canarias es: ÁLAMO MARTELL, D., ”El visitador Lorenzo Santos de San Pedro y la Real Audiencia de Canarias”, en Anuario de Estudios Atlántico, n° 57, 2011, 251-276.

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3.- La Cámara de Comptos

La Cámara de Comptos fue un órgano de competencias fundamentalmente hacendísticas creado en Navarra en 1348 por el rey Carlos II, a imagen y semejanza de la institución francesa equivalente. Sus funciones eran amplias:

"Desde sus comienzos a la Cámara de Comptos se le asignaron diferentes funciones. A ella le correspondía la recaudación de las rentas de la Corona, encargando a los recibidores que existían en cada merindad el cobro de las rentas reales. Al mismo tiempo se ocupaba de la contabilidad de las rentas de la Hacienda Real supervisando los ingresos y gastos que elaboraba el Tesorero General. Debía, finalmente, custodiar y administrar todo lo relativo al patrimonio real. Para todos los aspectos referidos tenía competencias judiciales pero su actuación jurídica quedaba limitada por el Consejo, al que siempre se podía apelar. Además la Cámara de Comptos custodiaba las escrituras de privilegios, las exenciones los libros de hidalguías y mayorazgos, el sello real y albergaba la Casa de la moneda"Nota 1).

Los principales servicios económicos que concedía el reino de Navarra recibían el nombre de cuarteles y alcabalasNota 2). Los cuarteles y la alcabala eran rentas extraordinarias que, con el tiempo, se convirtieron en ordinarias. Primero se pagaban por fuegos y recibía el nombre de imposición; se les acabó llamando cuarteles porque para su cobro se dividía el año en cuatro partes, a fin de facilitar su pagoNota 3). Hasta bien entrado el siglo XVIII, la Corona se enfrentó a Navarra para intentar modificar las características fundamentales de estos servicios (tales como la voluntariedad o la no anualidad). El mismo hecho de que los Borbones siguieran luchando en torno a esta cuestión muestra que apenas fueron modificados a raíz de la conquista de 1512Nota 4). Tampoco se modificaron de forma inmediata tras la conquista las tablas y sacas, impuestos navarros equivalentes a las aduanas castellanas, objeto de una reforma por los Albret en el año 1508Nota 5). Tan solo trece años después de la anexión, con la visita del licenciado Valdés en 1525, se produjo una modificación de relieve en la estructura de este impuestoNota 6).

Tras la conquista, la Cámara conservó la mayor parte de sus competencias en materia hacendística, incluida la jurisdicción administrativa sobre personas y actos cuando en ellos estaban implicadas cuestiones relativas a la Hacienda. Tan solo se modificó su competencia en las cuestiones relativas a la acuñación de moneda, que pasaron a la competencia del virrey y del Consejo de Navarra. El funcionamiento de la Cámara de Comptos, en las difíciles circunstancias de los años 1512 a 1515, fue excelente, lo cual no impidió que, para la Monarquía, la administración y defensa de Navarra fuera deficitaria, tanto por los gastos que implicaba —en especial, en recursos militares para su protección—, como por las limitaciones hacendísticas y fiscales que imponía el respeto a los fueros y privilegios tanto de Navarra como de las villas que integraban el territorio y por la sobredimensión de la planta de algunas instituciones, como la propia Cámara de Comptos, cuyo alto número de funcionarios y oficiales lastraba de forma significativa las cuentas del reino de NavarraNota 7).

Para solventar este problema, el rey Fernando decidió volver a agrupar en una única figura a los oidores de la Cámara de Comptos y a los jueces de finanzas, tal y como había sido durante la mayor parte de la historia de la institución, ya que el desdoblamiento en dos figuras se había producido pocos años atrás, como consecuencia de las guerras entre bandos y de las presiones sobre la Corona para la creación de oficios con lo que satisfacer las necesidades de patronazgo de agramonteses y beamonteses.

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Nota 1

USUNÁRIZ GARAYOA, "Las instituciones del reino de Navarra durante la Edad Moderna", p. 698.

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Nota 2

Los cuarteles y las alcabalas han sido estudiados en: BARTOLOMÉ, C., “Cuarteles y alcabalas en Navarra (1513-1700)”, en Príncipe de Viana, n° XLV, 1984; BARTOLOMÉ, C., “Datos sobre cuarteles y alcabalas en Navarra (1513-1700) en Príncipe de Viana, n° XLVI, 1985; BARTOLOMÉ, C., “Las tablas de Navarra (1513-1700)” en Príncipe de Viana, n° 193, 1991; BARTOLOMÉ, C., “Aproximación al estudio del gasto de la Hacienda Real de Navarra, 1513-1700” en Príncipe de Viana, n° 194, 1991. También en: IDOATE, F., “Notas para el estudio de la economía navarra y su contribución a la Real Hacienda (1500-1650)”, en Príncipe de Viana, n° XXI, 1960; OSTOLAZA, Mª. I., “Las rentas del Reino de Navarra tras la conquista de Fernando el Católico”, en Actas XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Vol. II, Jaca, 1997.

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Nota 3

HUICI GOÑI, Mª. P., La cámara de comptos de Navarra entre 1328-1512, con precedentes desde 1259. Pamplona, 1988, p. 93.

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Nota 4

Sin embargo, queda constancia de la defensa que tuvieron que realizar algunas villas navarras para mantener sus privilegios fiscales en los primeros momentos posteriores a la conquista. Así, el concejo de Los Arcos pleiteó en 1512 contra su corregidor, alegando que los impuestos castellanos que pretendía cobrar eran ilegales, merced a la exención que, en su testamento, había hecho la reina Isabel, estableciendo que Los Arcos pagara siempre los mismos impuestos que pagaba cuando era navarra (AGS, Cámara de Castilla, leg. 35, doc. 2). Lo mismo ocurrió con los municipios de Torre del Río y Bustos (AGS, Cámara de Castilla, leg. 39, doc. 9)

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Nota 5

Para mejorar su administración, los reyes de Navarra decidieron que quedara en manos de una única persona, Dionís de Eza.

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Nota 6

OSTOLAZA ELIZONDO, Gobierno y administración de Navarra bajo los Austrias. Siglos XVI-XVII, p. 156.

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Nota 7

Así se afirma en OSTOLAZA ELIZONDO, Gobierno y administración de Navarra bajo los Austrias. Siglos XVI-XVII., p. 140.

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4.- Las Cortes

Las Cortes fueron las instituciones que mayores modificaciones sufrieron tras la incorporación de Navarra a la MonarquíaNota 1). Estaban formadas por tres estamentos: el eclesiástico, el militar y de universidades, que agrupaba a las denominadas "buenas villas". La presidencia de las Cortes correspondía al condestable de NavarraNota 2) o, en su ausencia, al mariscal del reino. Si ninguno de los dos podía presidir las Cortes, la presidencia quedaba en manos del primer caballero que acudiera a la reuniónNota 3).

Durante el reinado de Fernando el Católico, se mantuvo la periodicidad casi anual con que se celebraban Cortes en el reino de NavarraNota 4), pese a que chocaba con los usos castellanos y aragoneses y con los intereses reales. Aunque durante los reinados de los sucesores de Fernando la periodicidad de las Cortes navarras disminuyó, fue el reino que más veces celebró Cortes en los tres siglos posteriores. Sirvan de referencia los siguientes datos: Entre 1512 y 1646 las Cortes de Navarra se reunieron en 55 ocasiones, lo cual arroja una periodicidad media de dos años y medio; en el mismo periodo de tiempo las Cortes de Aragón se reunieron doce veces; desde 1646, en Navarra hubo veinte reuniones de Cortes: siete en la segunda mitad del siglo XVII, diez en el siglo XVIII y tres más ya en el XIX; sin embargo, en Cataluña no hubo Cortes a partir de 1632, en Valencia desde 1645, en Castilla después de 1665 y en Aragón desde 1683Nota 5).

La cláusula de “obedecer y no cumplir” respecto a las reales cédulas dadas contra los fueros, se concedió a las Cortes navarras a través de la Ordenanza 30 de las Cortes de Pamplona de 1514Nota 6). En alguna ocasión, las Cortes recurrieron a un truco legal para impedir la aplicación de leyes cuyo contenido consideraban era dañino, injusto o que violaba los fueros navarros: en estas ocasiones, las Cortes trataban de evitar que la ley en cuestión se presentara ante el virrey, terminada la asamblea, para que firmara la patente, formalismo imprescindible para que la ley se considerara publicadaNota 7).

La institucionalización del virreinato en lugar de la existencia de un rey en Pamplona afectó directamente a las Cortes. En primer lugar, planteó problemas en lo referente a su convocatoriaNota 8). Al virrey le competía el llamamiento a CortesNota 9), pero no la convocatoria de las mismas, y esta es una importante distinción que las propias instituciones navarras tuvieron buen cuidado en recalcar y sobre la que merece la pena detenerse. En todos los reinos de comienzos del siglo XVI la convocatoria de las Cortes es una de las facultades que corresponden a la persona regia, y las navarras lucharon para que siguiera siendo solo el rey. Solo en una ocasión las Cortes hubieron de aceptar una convocatoria hecha por el virreyNota 10). Sin embargo, era competencia del virrey el llamamiento a las Cortes, es decir, una vez convocadas por el soberano, el virrey fijaba la fecha y el lugar de la reunión, así como otras cuestiones formalesNota 11).

Otro de los puntos de fricción entre las Cortes de Navarra y el virrey —y, por extensión, con el mismo poder regio— hacía referencia a la cuestión del reparo de agravios. Sobre el concepto del mismo, merece la pena reproducir la síntesis del profesor Arvizu:

"El reparo de agravios implica previamente la comisión de contrafueros, es decir, atentados contra las leyes del reino, imputables al propio rey o las autoridades que de él dependen. El fundamento teórico de su obligada satisfacción no es otro que el juramento prestado por el rey al comienzo de su reinado, específicamente referido al respeto de los fueros, privilegios y leyes del reino"Nota 12).

Tradicionalmente —como sucedió en las Cortes de 1501 y 1510— el reparo de agravios precedía a la votación del servicio, de forma que hasta que no hubiera quedado solventado el reparo, el rey no podía ver aprobado el que, por lo general, era su interés primordial en la reunión. De igual forma, el monarca se veía sometido a una importante presión política, ya que no cabía la desestimación sistemática de las peticiones de reparo de agravios, puesto que ello podía tener como consecuencia que el servicio aprobado posteriormente por las Cortes fuera menor del solicitado por la Corona.

El problema al respecto entre Cortes y virreyes vino motivado por la pretensión de aquellas de que el virrey tuviera plenos poderes para resolver la totalidad de los agravios sin tener que recurrir al monarcaNota 13). Así lo solicitaron las Cortes de 1520, basándose en el poder que el rey Fernando el Católico había dado al virrey Fadrique de Acuña en los primeros tiempos de la anexión, defendiendo las Cortes que dicho poder se había transmitido a sus sucesores, dándoles, en razón misma de su cargo, autoridad para reparar todos los agravios que se plantearan en la asamblea. Las consideraciones de las Cortes fueron rechazadas y se siguió interpretando que el rey debía reparar en persona algunos de los agravios, no quedando el reparo general dentro del ámbito competencial del virreyNota 14). Solo a partir de las Cortes de Sangüesa de 1561 se dio al virrey poderes plenos para subsanar cualquier agravioNota 15).

El tema clave del reparo de agravios, sobre todo en los años iniciales de la anexión, fue el relativo al desempeño de cargos y oficios por extranjeros, en especial con referencia al derecho de los navarros a no ser juzgados por extranjeros. Al respecto, se realizó una interpretación restrictiva del concepto de extranjería, de forma que el derecho navarro solo reconocía la naturaleza a los nacidos en Navarra de padre o madre naturales del reino. Como comparación, cabe señalar que Aragón, desde 1461, y Castilla desde 1565, reconocían la naturaleza tanto en virtud del ius sanguini —aquellos nacidos de naturales del país, aunque hubieran nacido en el extranjero— como del ius soli —aquellos nacidos en suelo del reino, aún cuando sus padres no fueran naturales de él—Nota 16).

Sin embargo, estas interpretaciones restrictivas hubieron de ceder ante varias realidades de carácter jurídico. En primer lugar, las propias leyes navarras reconocían al rey no natural el derecho de nombrar cinco altos cargos no naturales, a su criterio, por lo que estos nombramientos resultaban difíciles de atacar con argumentos de índole jurídica. También fracasó el reino en su intento de limitar las concesiones de dignidades eclesiásticas a personas no naturales de Navarra. En este caso, el argumento jurídico utilizado por la Corona fue que el derecho de la Corona al Patronato Regio, concedido por el mismo papa, poseía una jerarquía jurídica superior a las exigencias de las Cortes en materia de naturaleza, por lo que no debía estar limitado por estasNota 17).

No obstante, es conveniente aclarar que las quejas de las Cortes por la presencia de extranjeros en ellas y en determinados oficios del reino no comenzaron, ni mucho menos, con la anexión a Castilla, sino que eran frecuentes durante los reinados anteriores. Así, por ejemplo, nos encontramos con que las Cortes de 1496, aún reinando Juan de Albret y su esposa Catalina, protestaban por la presencia de extranjerosNota 18). Respecto a la presencia de extranjeros en los oficios del reino de Navarra antes de la invasión de 1512, cabe citar a Boissonade:

“Para estar más seguros de la obediencia de sus altos funcionarios y a pesar de las disposiciones de los fueros, los reyes solían escogerlos entre extranjeros. Las Cortes se quejaban (...) Los mismos virreyes, que gobernaban en ausencia de los soberanos, fueron siempre escogidos fuera de Navarra. Alain de Albret, Gabriel de Avesnes, Juan de Lasalle, obispo de Couserans, que ejercieron estas atribuciones eran efectivamente, considerados extranjeros por los navarros. Lo mismo ocurrió con los cargos financieros tales como el tesorero y el maestro de la moneda, y con los grandes puestos militares como el de capitán general de las tropas, que fueron concedidos tanto a extranjeros como a navarros"Nota 19).

A partir de 1524, las Cortes de Navarra fueron perdiendo en parte su independencia y fueron cada vez más dóciles a la voluntad real, proceso este que no solo se dio en Navarra, sino en el conjunto de los reinos de la Monarquía Hispánica. En parte ello se debió a la vinculación directa del brazo eclesiástico al rey a través del Patronato Regio, y a las exenciones que los monarcas concedieron a la nobleza sobre las alcabalas y los cuartelesNota 20).

Una de las más importantes novedades relacionadas con el funcionamiento de las Cortes de Navarra tras la conquista fue la necesidad de unanimidad entre los tres brazos para adoptar una decisión, algo que no se había exigido en las Cortes en épocas anteriores. En épocas tan cercanas a la anexión como 1505 se encuentran peticiones aprobadas con la aquiescencia de tan solo dos de los estamentos reunidos, y también es posible localizar protestas que van signadas por uno solo de los brazos representadosNota 21). No obstante, sí consta que los reyes de la Casa de Albret buscaron lograr que las decisiones en la asamblea del reino obtuvieran el respaldo de los tres brazos. Así lo muestran, por ejemplo, las Cortes de 1503 y 1504, donde el reparo de agravios no pudo ser presentado al rey porque los tres estamentos fueron incapaces de ponerse de acuerdoNota 22).

Huici Goñi aventura una explicación razonable a la exigencia de unanimidad a partir de 1512: esta unanimidad no fue una medida buscada e impuesta desde la Corona, a semejanza del modo de tomar de decisiones de las Cortes castellanas, donde la unanimidad era un requisito imprescindible. Más bien pudo ser consecuencia del aumento de poder de las buenas villas y las universidades —esto es, del tercer brazo— a raíz de la confirmación por Fernando el Católico de todos sus privilegios después de la anexión. Este aumento del peso político de las ciudades pudo volver imposible, por mera praxis del poder, la aplicación real de una medida que no contara con el respaldo de este estamentoNota 23).

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Nota 1

En 1829 se clausuraron las últimas Cortes estamentales navarras, que sobrevivieron más de cuarenta años a las cortes de España y en más de ciento veinticinco años a las de Cataluña, Valencia y Aragón (IMIZCOZ MUÑOZ, “Integración y renovación de un reino: Navarra en la Monarquía española”, pp. 49 a 52).

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Nota 2

Los Albret trataron de que este cargo, tradicionalmente hereditario, fuera revocable, y así ocurrió en dos ocasiones, en 1494 cuando desposeyeron del mismo al conde de Lerín (BOISSONADE, Historia de la incorporación de Navarra a Castilla., p. 276). No obstante, tras la conquista, Fernando volvió a concedérselo a Lerín, y recuperó su carácter hereditario. Es probable que el Rey Católico no viera en esto un paso atrás institucional, sino más bien que la revocación de 1494 había constituido una excepción jurídica.

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Nota 3

USUNÁRIZ GARAYOA, "Las instituciones del reino de Navarra durante la Edad Moderna", p. 708.

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Nota 4

ARVIZU, “Las Cortes de Navarra en la Edad Moderna. Estudio desde la perspectiva de la Corona”, p. 601.

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Nota 5

USUNÁRIZ GARAYOA, "Las instituciones del reino de Navarra durante la Edad Moderna", p. 709.

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Nota 6

Precedente de la sobrecarta concedida a las Cortes navarras en 1561. SALCEDO IZU, El Consejo Real de Navarra., pp. 75 y 178.

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Nota 7

ARVIZU Y GALARRAGA, F. de, "Sanción y publicación de leyes en el Reino de Navarra", en Anuario de Historia del Derecho Español, n° 42, 1972, p. 740.

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Nota 8

Al respecto, SOLA LANDA, M.T., “El virrey como interlocutor de la Corona en el proceso de convocatoria de Cortes y elaboración de las leyes de Navarra (s. XVI-XVII)” en Huarte de San Juan, n° 3-4, 1996-97.

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Nota 9

USUNÁRIZ GARAYOA, "Las instituciones del reino de Navarra durante la Edad Moderna", p. 689.

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Nota 10

Y aún en este único caso, las Cortes se reunieron bajo protesta expresa (HUICI GOÑI, Mª P., Las Cortes de Navarra durante la Edad Moderna. Madrid, 1963, p. 160).

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Nota 11

"La fijación de la fecha y el lugar de celebración es atribución indiscutible del virrey, que siempre se señala en los poderes reales que se le conceden, desde el primer virrey" (HUICI GOÑI, Las Cortes de Navarra durante la Edad Moderna, p. 187).

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Nota 12

ARVIZU, "Las Cortes de Navarra en la Edad Moderna (Aspectos políticos y legislativos)", p. 50.

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Nota 13

En un primer momento tras la conquista, para solventar el reparo de agravios el virrey era asesorado por el Consejo de Navarra en pleno; más tarde, esto se modificó, y pasó a ser asesorado únicamente por dos consultores, que, por lo general, eran el presidente del Consejo de Navarra, castellano, y el oídor navarro más antiguo de dicho Consejo (OSTOLAZA ELIZONDO, Gobierno y administración de Navarra bajo los Austrias. Siglos XVI-XVII., p. 38).

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Nota 14

ARVIZU, "Las Cortes de Navarra en la Edad Moderna (Aspectos políticos y legislativos)", p. 52.

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Nota 15

HUICI GOÑI, Las Cortes de Navarra durante la Edad Moderna, p. 393.

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Nota 16

PÉREZ COLLADOS, J. M., “Una aproximación histórica al concepto jurídico de nacionalidad”, en VVAA, La integración de Aragón en la Monarquía Hispánica. Zaragoza, 1993, p. 271.

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Nota 17

OSTOLAZA, Las Cortes de Navarra en la etapa de los Austrias (s. XVI-XVII), p. 20. Un caso especial lo constituía el obispo de Pamplona, al que se le consideraba natural del reino en virtud de su cargo, con independencia de los orígenes. Así lo afirma el rey cuando las Cortes de Pamplona se quejaron de su presencia en las mismas en el año 1550, alegando que era extranjero (HUICI GOÑI, Las Cortes de Navarra durante la Edad Moderna, p. 129). El mismo hecho de que se presentara esta queja indica que tal naturalización en razón de su episcopado no era aceptada, o al menos no lo era de buen grado, por las Cortes navarras.

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Nota 18

HUICI GOÑI, Las Cortes de Navarra durante la Edad Moderna, p. 129.

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Nota 19

BOISSONADE, Historia de la incorporación de Navarra a Castilla, p. 277.

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Nota 20

OSTOLAZA, Las Cortes de Navarra en la etapa de los Austrias (s. XVI-XVII), p. 12.

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Nota 21

HUICI GOÑI, Las Cortes de Navarra durante la Edad Moderna, p. 202.

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Nota 22

AGN, Cortes, Recopilación de Actas de 1503-1531, fol. 18.

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Nota 23

HUICI GOÑI, Las Cortes de Navarra durante la Edad Moderna, p. 202.

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5.- Órganos no navarros en el gobierno de Navarra

Una cuestión debatida en relación a la gobernación de los asuntos navarros fue el papel jugado en ella por la Cámara de Castilla. Según Usunáriz, “la Cámara de Castilla en relación con Navarra fue un Consejo eminentemente asesor en asuntos conflictivos, y que su papel en la gestión y tramitación de los asuntos de gracia, merced y patronato, al menos en el siglo XVI estuvo sometida a la voluntad real”Nota 1). No obstante, la profesora Ostolaza hace una importante matización al papel jugado por la Cámara de Castilla: algunos autores, basándose en legajos concretos de archivos como el de Simancas, han concluido que los asuntos navarros eran solventados en la Cámara de Castilla. Esto, señala la profesora, es un error, ya que los legajos que inducen a pensar así son relativos al Patronato Regio, una cuestión que era privativa de la Cámara de Castilla, con independencia del territorio de la Monarquía en la que se encontrara la dignidad a proveerNota 2). Así pues, que la Cámara de Castilla se ocupara de cuestiones del Patronato Regio en Navarra no supone en modo alguno que se ocupara de la gestión general de los asuntos navarros, como el que se ocupara de la provisión de obispados en Nápoles no suponía que se ocupara de los asuntos napolitanos

Por su parte, las competencias hacendísticas de la Cámara de Comptos, órgano que siguió existiendo después de la conquista, se fueron viendo reducidas a medida que las exigencias de financiación por parte de la Monarquía fueron en aumento, requiriéndose un mayor grado de centralización para garantizar la máxima eficacia posible. Ese proceso de centralización hizo que la Cámara de Comptos perdiera parte de sus competencias a favor del Consejo de Hacienda, órgano central de administración financiera de la MonarquíaNota 3).

En todos los procesos de expansión territorial era particularmente delicada la cuestión de la implantación en el nuevo dominio del Santo Oficio de la InquisiciónNota 4). En el caso navarro, Fernando realizó de forma oficial esta implantación el 21 de diciembre de 1513, con el nombramiento de Antonio Maya como inquisidor de Navarra. La sede se fijó primero en Pamplona, después en Estella y, finalmente, en Tudela. En 1521, la Inquisición navarra quedó supeditada al tribunal de Calahorra y, en 1570, al de Logroño, lo cual se explicaba porque el tribunal en el cual quedaba inclusa la diócesis de Pamplona también tenía la jurisdicción de los obispados de Calahorra y Osma.

En Navarra actuaba una estructura encabezada por tres inquisidores, para cuyo auxilio había un conjunto de oficiales —fiscales, receptores de bienes, notarios y alguaciles—, y un conjunto de oficiales auxiliares, denominados comisarios, que tenían repartido el conjunto del territorio navarro para actuar en su demarcación como informadores de los inquisidores, realizando tareas tales como toma de declaraciones o interrogatorio de testigos. Por último, los familiares de la Inquisición colaboraban en las tareas para las que se les reclamaseNota 5).

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Nota 1

USUNÁRIZ GARAYOA, "Las instituciones del reino de Navarra durante la Edad Moderna", p. 696.

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Nota 2

OSTOLAZA ELIZONDO, Gobierno y administración de Navarra bajo los Austrias. Siglos XVI-XVII, p. 21.

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Nota 3

Sobre la Hacienda de Navarra bajo los Austrias ver ARTOLA, M., “La Hacienda Real de Navarra en el Antiguo Régimen”, en Saioak, n° 3, 1979 y ARTOLA, M., “La Hacienda Real de Navarra en el Antiguo Régimen” en Hacienda Pública Española, n° 55, 1978.

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Nota 4

Sobre su origen e introducción en los reinos de la Monarquía Hispánica ver ESCUDERO, J. A., “La introducción de la Inquisición en España”, en VV.AA, Intolerancia e Inquisición. Madrid, 2004.

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Nota 5

USUNÁRIZ GARAYOA, "Las instituciones del reino de Navarra durante la Edad Moderna", p. 727.

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6.- Conclusiones

El conflicto por el poder entre agramonteses y beamonteses, periódicamente convertido en guerra civil, impedía un gobierno fuerte y estimulaba la injerencia extranjera, cada vez más factible debido a los procesos de centralización y aumento del poder real en las Coronas de Castilla y Aragón, así como por el choque de estos reinos con Francia por la supremacía en Italia. El rebrote de las guerras civiles navarras a partir de 1507 colocó al reino sobre el abismo, destruyendo el poco control que la Corona hubiera podido recuperar sobre las ciudades y las comunidades rurales y destruyendo en gran medida el sentido de unidad que hubiera podido dificultar sumamente el proceso posterior de anexiónNota 1).

La invasión de 1512 y el posterior proceso de incorporación fue consecuencia de la combinación de todas estas circunstancias y supuso el fin de la existencia de Navarra como reino independienteNota 2).

El problema sobre la legalidad y la legitimidad de la anexión por Fernando el Católico, cuestiones muy distintas, probablemente nunca será objeto de acuerdo entre los historiadores, toda vez que la realidad histórica se ha visto enturbiada, de una y otra parte, por consideraciones ajenas al estudio de la Historia y del Derecho. El propio Fernando mostró siempre una gran preocupación por justificar su derecho a ceñir la corona de Navarra. Ya en 1509, cuando desde su entorno comenzó el monarca a ser presionado para que interviniera de forma directa en NavarraNota 3), el rey encargó al archivero de la Corona de Aragón que buscara documentos que pudieran legitimar una acción directa en tierras navarrasNota 4).

La presencia de tropas castellanas supuso una fuente de problemas y roces con las instituciones navarras. Algunos han visto en estas fuerzas un ejército ocupante, visión que no se justifica si tenemos en cuenta que no hubo una sola rebelión originada en suelo navarro durante la dominación de los Austrias, y que todos los intentos de recuperar la Corona realizados por los Albret o, en época posterior, las invasiones francesas, fueron realizados con recursos y tropas francesas, apoyadas en ocasiones por partidarios de los Albret refugiados en sus dominios, pero no por levantamientos generales en la propia NavarraNota 5).

En cualquier caso, la presencia de tropas estaba justificada desde el punto de vista estratégico, ya que la consolidación militar de la dominación sobre Navarra no se obtuvo hasta la decisiva victoria de Noaín, en el año 1521Nota 6) y hasta fecha tan avanzada como 1527 no se empezó a considerar la incorporación de Navarra a la Corona castellana como un proceso irreversibleNota 7). Además, los problemas entre las tropas de las guardas castellanas y los navarros habían comenzado mucho antes de la anexión, y son numerosos los informes que, fechados durante el reinado de los Albret, hablan de este tipo de conflictosNota 8)

Los casos de corrupción dentro de estas mismas tropas fueron abundantes, en especial en lo que hace referencias a prácticas como la suplantación de personalidad en los alardes. La suplantación de un soldado por un paisano durante el alarde, a fin de inflar el número de soldados disponibles fue una práctica relativamente habitual entre las guardas castellanas en NavarraNota 9).

La presencia de las tropas castellanas entronca con otro controvertido tema relativo a las consecuencias de la guerra: la represión de aquellos que se oponían al gobierno de Fernando. En líneas generales, y siempre siguiendo los parámetros del siglo XVI, no parece que hubiera una represión excepcionalmente dura. Como es lógico, los partidarios más acérrimos de los Albret partieron al exilio y hubo quien perdió oficios y cargos, pero no es posible hablar de una persecución jurídicamente respaldada o sistematizada de forma institucional. Algunos de los cargos más importantes, como el de mariscal del reino —en la persona de Alonso de Peralta, al que también se nombró marqués de Falces—, fueron a parar a agramonteses. De hecho, fueron tantos los oficios que estos recibieron o que conservaron, que los beamonteses llegaron a protestar ante Fernando por el trato excesivamente generoso que el rey estaba dispensando a sus enemigosNota 10). Esas quejas se reprodujeron durante los primeros años del reinado de Carlos V, especialmente solicitándole los beamonteses mayor dureza en la represión de los agramonteses que habían participado, colaborado o tolerado la invasión francesa de 1521. Nuevamente, este tipo de peticiones no obtuvo eco en el monarca:

“El elevado tono de la correspondencia mantenida en 1523 entre el Emperador y el reino, en unos momentos en que se querían poner las bases de la pacificación del territorio, nos da la imagen de un soberano que quería mostrarse equitativo entre los bandos de la contienda civil, para lo cual era necesario frenar los embates beamonteses, y la gran ambición del condestable de Navarra. En esta fecha queda bien claro que el rey no volverá a ser rehén de las fuerzas regnícolas, como había sucedido con los Albret, y que el premio de los servicios prestados por la nobleza beamontesa tenía como límite el horizonte de la legalidad, que pasaba por la aplicación de la justicia”Nota 11).

Otra muestra de lo limitada que fue la represión fue el hecho de que, si las condiciones de rendición que ofreció el duque de Alba a Pamplona fueron generosas, en relación con el hecho de que esta ciudad no se rindióNota 12), Tudela, segunda ciudad en importancia del reino navarro, resistió durante más de un mes un asedio en toda regla y, sin embargo, los privilegios que recibió por parte de la Monarquía fueron sustancialmente idénticos a los de PamplonaNota 13). Parece claro que ello respondió, al igual que la decisión de modificar lo menos posible el entramado institucional navarro, a una voluntad política impulsada de Fernando de fomentar un proceso de integración total del reinoNota 14), así como a una necesidad estratégica: la prioridad en 1513, inmediatamente después de la anexión, fue estabilizar el control sobre el territorio, para lo cual se requería la pacificación interior, que se hubiera visto entorpecida por una represión excesiva.

Carlos V continuó con una política similar y, en 1524, publicó un perdón por el cual se dejó sin castigo y se reintrodujo en la legalidad de la Monarquía a todos cuantos habían colaborado o participado en los intentos franceses de terminar con la dominación hispánica sobre Navarra, en el marco de las guerras hispano-galas de los años previos. Previamente, el Emperador había condenado a ciento cincuenta personas por su colaboración con los franceses durante la invasiónNota 15). Es interesante el paralelismo que plantea la profesora Ostolaza entre la represión Carolina en Navarra tras la invasión francesa cercenada en Noaín y la revuelta de las Comunidades de CastillaNota 16). Sin embargo, lo cierto es que, con los números en la mano, la represión en Castilla fue considerablemente más dura: en Castilla no solo hubo un gran número de condenas —no pocas de ellas, a muerte—, sino que el perdón de Valladolid de 1521, equivalente al navarro de 1524, presenta a más de trescientos exceptuados, que hubieron de permanecer exiliados bajo el riesgo de sufrir el peso de la justicia real.

La integración de Navarra en las estructuras de la Monarquía Hispánica fue, como es lógico, un proceso largo que abarcó mucho más tiempo que el reinado de Fernando el Católico —marco temporal principal de este trabajo—, ya que, de hecho, no se acometieron reformas de importancia en las instituciones navarras prexistentes a la anexión hasta la visita del licenciado Valdés, en 1525, cuando el reinado de Carlos V contaba ya con nueve años de duración.

Esta interpretación es rechazada por quienes sostienen que la anexión supuso una transformación inmediata y de gran calado que fue más allá de la pérdida de la independencia para suponer la modificación de la totalidad del sistema jurídico e institucional navarro. En este sentido, sirva de ejemplo el siguiente análisis:

"La usurpación de la Alta Navarra por la Corona de Castilla, que se inicia en el año 1512, supone, en contra de algunas opiniones sobre el particular, una profunda transformación del sistema jurídico tanto en las instituciones de derecho privado como público. De un lado, se cercenó la cúspide de la soberanía del sistema jurídico navarro al sustituirla por el rey de Castilla; mediante un Virrey, un Consejo Real «reordenado» la Inquisición y el Ejército Castellanos, quedando los entes representativos: las Cortes, la Diputación los Municipios, y el pueblo o vecindades, mediatizados y a la defensiva. De otro lado, se impidió la modernización del sistema jurídico, paralizando la reforma ya comenzada y poniendo en práctica una auténtica Contrarreforma que supuso la inserción de privilegios feudales en plena Edad Moderna y en muchos casos hasta muy entrada la Edad Contemporánea"Nota 17).

En oposición a estas interpretaciones, puede servir también de síntesis la ofrecida por Martínez Arce:

"La equiparación con el resto de los reinos peninsulares no supuso, ni mucho menos, la desaparición de las instituciones propias de Navarra, ni sus naturales se vieron relegados ante la presencia de castellanos en los puestos de gobierno (...) Tras el cambio de rumbo que supuso la Incorporación principal de 1512, las instituciones fundamentales de Navarra —Cortes y Diputación— no sólo no se abolieron, sino que, con el paso del tiempo se fueron consolidando y adquirieron un elevado grado de autonomía. Los Tribunales Reales —Consejo Real de Navarra, Corte Mayor, y Cámara de Comptos— estuvieron siempre formados mayoritariamente por navarros, y evolucionaron al ritmo de los acontecimientos hasta su desaparición con la ley Paccionada. Mientras que los virreyes, el alter ego de los monarcas en Navarra, se esforzaron por realizar sus funciones —esencialmente de representación del monarca, y atribuciones de carácter militar— sin violentar los Fueros"Nota 18).

Sea cual sea la interpretación de lo ocurrido, esta no puede basarse en la consideración de la anexión de Navarra como un fenómeno aislado o individual, sino como fruto de importantes tendencias y cambios en la constitución de la Europa del momento. Así lo manifestaba, creemos que con lucidez, Prósper Boissonade en su obra clásica sobre la conquista de Navarra:

“Navarra deja de ser un reino independiente al ser absorbida por una de las dos potencias que la rodean, mientras la otra absorbe los dominios septentrionales, en el marco de un contexto internacional complejo y en medio del proceso de consolidación de los grandes estados nacionales, donde no tiene cabida”Nota 19).

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Nota 1

BOISSONADE, Historia de la incorporación de Navarra a Castilla, p. 102.

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Nota 2

FLORISTÁN, La monarquía española y el gobierno del reino de Navarra. 1512-1808, p. 18.

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Nota 3

SUÁREZ FERNÁNDEZ, Fernando el Católico y Navarra, p. 231.

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Nota 4

AHN, colección Salazar, a-13, fol. 14.

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Nota 5

Una figura clave en el mantenimiento de las tropas en Navarra, su financiación y mantenimiento fue el religioso Juan de Rena, sobre el cual se puede ver ESARTE MUNIAIN, P., Juan de Rena, clave en la conquista de Navarra (1512-1538). Pamplona, 2009.

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Nota 6

De hecho, por ejemplo la merindad de Ultrapuertos no pudo ser dominada con relativa paz hasta el año 1515, tres después del sometimiento del resto del reino Navarro (FLORISTÁN, La monarquía española y el gobierno del reino de Navarra. 1512-1808, p. 16).

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Nota 7

FLORISTÁN, La monarquía española y el gobierno del reino de Navarra. 1512-1808, p. 15.

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Nota 8

Algunos de ellos pueden verse en el poder que los Reyes Católicos dieron a Juan Ribera, en su calidad de capitán de la frontera navarra para resolver estos conflictos (AGS, Registro General del Sello, leg. 148, fol. 252, fechado el 2 de junio de 1485); el poder que se hubo de dar al conde de Salinas para que resolviera las diferencias entre el propio Juan Ribera y el mariscal de Navarra, referidas al estatus de la villa de Viana (AGS, Registro General del Sello, leg. 148, fol. 90, fechado el 27 de enero de 1488); el poder dado a Juan Ribera para que averiguase en torno a los abusos de una capitanía de las guardas situada en Calahorra (AGS, Registro General del Sello, leg. 148, doc. 90, fol. 21) o el dado a Ribera y al corregidor de Logroño para que la villa de Población no sufriera daños en sus montes por el estacionamiento de tropas castellanas (AGS, Registro General del Sello, leg. 148, doc. 143, fol. 34, fechado el 12 de enero de 1488).

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Nota 9

Puede verse en la causa criminal contra Rodrigo de Villena, capitán de infantería en el ejército de Navarra, a instancia del fiscal Pedro Ruíz, sobre suplantación de plazas en los alardes, en 1513 (AGS, Cámara de Castilla, leg. 38, doc. 11); o en el proceso contra Bernardino de Escobar, canciller de la capitanía de Martín de Robles, porque durante la incursión francesa de noviembre de 1512 tomaba soldados de otras capitanías para la suya (AGS, Cámara de Castilla, leg. 681, doc. 4); en el proceso contra el capitán Pedro Vélez de Belaústegui, sobre falta de tropa en su compañía y suplantación de plazas durante la conquista de 1512 (AGS, Cámara de Castilla, leg. 52 ,doc. 13); o el proceso del fiscal Pedro Ruiz, el oficial más activo en este sentido, contra Diego de Sernilla, capitán de infantería, por suplantación de plazas en los alardes que se hicieron con motivo de la conquista de Navarra (AGS, Cámara de Castilla, leg. 102, doc. 21).

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Nota 10

"Dividió el Consejo Real y la cancillería en partes iguales de agramonteses y beamonteses" (BOISSONADE, Historia de la incorporación de Navarra a Castilla, p. 548).

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Nota 11

OSTOLAZA, Las Cortes de Navarra en la etapa de los Austrias (s. XVI-XVII), p. 23.

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Nota 12

De hecho, como al duque de Alba no se le habían dado poderes para negociar una rendición, ya que esta no se esperaba, Alba dejó a la decisión posterior de Fernando las cuestiones más importantes planteadas por los regidores pamplonicas: la relativa a la soberanía y a la contribución militar (FLORISTÁN, La monarquía española y el gobierno del reino de Navarra. 1512-1808, p. 33).

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Nota 13

BOISSONADE, Historia de la incorporación de Navarra a Castilla, p. 550.

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Nota 14

FLORISTÁN, La Monarquía española y el gobierno del reino de Navarra. 1512-1808., p. 56. Al respecto: “No hubo apenas cambios en la administración de Navarra; el país conservó su autonomía y su organización separada; el rey de España se contentó, según los usos antiguos, con delegar sus poderes en un virrey, lugarteniente y capitán general” (BOISSONADE, Historia de la incorporación de Navarra a Castilla., p. 547).

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Nota 15

Un análisis de la conexión entre los reinos hispánicos y la noción de “emperador” en GAMBRA GUTIÉRREZ, A., “Rey y emperador: el imperio castellanoleonés”, en ESCUDERO, J. A., El rey. Historia de la Monarquía. Madrid, 2008.

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Nota 16

OSTOLAZA, Las Cortes de Navarra en la etapa de los Austrias (s. XVI-XVII), p. 18.

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Nota 17

URZAINQUI MINA, T., “Repercusión de la conquista de navarra en el campo del derecho y sistema jurídico propios” en Cuadernos de sección. Historia-Geografía San Sebastián, n° 11, 1989, p. 39.

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Nota 18

MARTÍNEZ ARCE, Mª D., “Nobleza de Navarra: organización familiar y expectativas de futuro”, en Vasconia, n° 28, 1999, pp. 175-176.

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Nota 19

BOISSONADE, Historia de la incorporación de Navarra a Castilla., p. 46.

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PARTE II: ANÁLISIS INSTITUCIONAL

CAPÍTULO XVI: LA HERMANDAD GENERAL Y LA CAPACIDAD BÉLICA DE LA MONARQUÍA(*)

1. Las Hermandades

El origen de las Hermandades en CastillaNota 1) se remonta, al menos, al siglo XIINota 2), ligado al crecimiento y desarrollo de las ciudadesNota 3), especialmente a los intereses de los apicultores urbanos que tenían sus explotaciones en zonas de monte o descampadoNota 4).Su constitución se relaciona con el apellido, el derecho de los municipios a capturar delincuentes dentro de su jurisdicciónNota 5). Las Hermandades se expandieron durante el periodo de enfrentamientos entre Alfonso X y el infante don Sancho, que impulsó la creación de estas instituciones, poniendo por primera vez de manifiesto el valor que podían adquirir en un contexto de luchas políticasNota 6). Volverían a hacer su aparición durante las minorías de edad de Fernando IV y de Alfonso XI, lo cual habla del carácter coyuntural que, en un primer momento, poseían este tipo de organizaciones, surgidas en periodos de desorden o de debilidad de la Corona o sus titularesNota 7).

Uno de los elementos característicos de la justicia de la Hermandad era el hecho de que estaban autorizadas a ejecutar de forma inmediata el castigo sobre aquellos delincuentes que hubieran sido sorprendidos en la ejecución de un delito incluido dentro de la jurisdicción de la Hermandad:

"Tiene un origen remoto en la venganza privada como principio básico del sistema penal. Este procedimiento era conocido tanto en el derecho romano como en el derecho germánico, por consiguiente, sería difícil precisar cuáles son los orígenes del procedimiento en el derecho medieval español, pues lo lógico será pensar que nace de una doble tradición común. Los fueros medievales hablan profusamente de este procedimiento y de otros parecidos que los autores alemanes denominan extraordinarios y que los autores españoles denominan especiales en atención a que se desarrollan con arreglo a una forma procesal singular. La evolución que a lo largo de la Edad Media tuvo este procedimiento estuvo marcada por el esfuerzo por parte del poder real de intervenir en el procedimiento de forma que la justicia popular fuese sustituida por la justicia real, sin embargo, la necesidad en que se encontraron de permitir las Hermandades las obligó a transigir en este procedimiento que era el característico de ellas"Nota 8).

De igual forma, la Corona trató de reducir al mínimo indispensable —es decir, unos pocos delitos de notable gravedad— los casos que quedaban dentro de las competencias de las Hermandades, pero su fracaso en este campo fue notorio hasta el reinado de Fernando e IsabelNota 9).

En el reinado de Enrique IV las Hermandades alcanzaron su punto de máximo esplendor, al multiplicarse a causa de la guerra y la anarquía, el bandolerismo, la delincuencia y la pérdida de seguridad en los espacios rurales y de tránsito, donde la débil autoridad real era incapaz de imponer el respeto de las leyes y de garantizar unos mínimos de seguridad a los ciudadanos del reino. En este contexto, se intentará crear una entidad unificada, con la unión confederal de Castronuño, en 1467, en el punto más álgido de la guerra entre Enrique IV y los nobles que defendían el derecho al trono del infante AlfonsoNota 10). Es este intento el precedente más inmediato a la Hermandad General de los Reyes Católicos, ya que, si bien en 1473, Enrique cedió a las peticiones de los procuradores y permitió que se creara una Hermandad nueva general de los reinos de Castilla y León, esta fue disuelta antes de que tuviera una existencia realNota 11).

La Hermandad creada en Castronuño abarcaba la totalidad del reino, al cual se dividía en ocho provincias. Presentaba novedades respecto a modelos anteriores, de 1295, 1313 y 1351. La Hermandad se definía como una fuerza policial general, sus alcaldes tenían jurisdicción independiente de la de los jueces reales y, además, podían arbitrar los conflictos entre miembros de la propia HermandadNota 12). Las Juntas ampliaron sus funciones, pudiendo recaudar y recibir dinero. Sin embargo, esta Hermandad fue suprimida en las Cortes de Ocaña de 1469Nota 13).

(*)

El contenido de este capítulo fue publicado, en su mayor parte, en MARTÍNEZ PEÑAS, L., "Contenido jurídico de las Cortes castellanas de Madrigal: La Hermandad General y otras cuestiones", en Revista de Derecho de la Universidad de Santa Marta en Arequipa (2012).

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Nota 1

La aparición de las Hermandades dista de ser un fenómeno exclusivamente castellano; bien al contrario, es un fenómeno común a la mayor parte de Occidente (UROSA SÁNCHEZ, JORGE, Política, seguridad y orden público en la Castilla de los Reyes Católicos. Madrid, 1998, p. 30).

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Nota 2

En el año 1110 sitúa el nacimiento de las primeras Hermandades CRUZ BARNEY, O., “La suspensión de las garantías constitucionales a salteadores y plagiarios ¿Un tribunal de la acordada en 1871?”, en VV. AA, De la milicia concejil al reservista. Una historia de generosidad. Madrid, 2008, p. 277.

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Nota 3

ALVÁREZ DE MORALES, A., “La evolución de las Hermandades en el siglo XV”, en VV. AA, De la milicia concejil al reservista. Una historia de generosidad. Madrid, 2008,p. 93.

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Nota 4

MARTÍNEZ RUIZ, E., y GÓMEZ VOZMEDIANO, F., "La jurisdicción de la Hermandad", en MARTÍNEZ RUIZ, E., y PAZZIS PI, M. de, (coords), Instituciones de la España Moderna. Las jurisdicciones. Madrid, 1996, vol. I, p. 251. Como señala Jorge Urosa, el nacimiento de las Hermandades se basa en la creación de un marco penal para la persecución de crímenes en un entorno rural y en la mutua asistencia en cuestiones de seguridad (Política, seguridad y orden público en la Castilla de los Reyes Católicos, p. 13).

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Nota 5

Las Partidas definen el apellido como “llamamiento que hacen los hombres para defender lo suyo”. Los que lo oyen deben acudir bajo pena de infamia y, a veces, de multa. Su origen son las incursiones musulmanas, por lo que se le va a diferenciar del fonsado, que era acudir a expediciones ofensivas, pero pronto el apellido comienza a usarse para repeler a bandidos y delincuentes (citado en SUÁREZ BILBAO, F., Un cambio institucional en la política de los Reyes Católicos: La Hermandad General. Madrid, 1998, p. 25). Sobre la figura del apellido, ver GARCÍA DE VALDEAVELLANO, L., “El apellido. Notas sobre el procedimiento in fraganti”, en Cuadernos de Historia de España, n° 7, 1947.

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Nota 6

ALVÁREZ DE MORALES, “La evolución de las Hermandades en el siglo XV”, p. 94.

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Nota 7

SÁNCHEZ BENITO, J. Mª, “Notas sobre la Junta General de la Hermandad en tiempos de los Reyes Católicos”, p. 148.

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Nota 8

ALVÁREZ DE MORALES, “La evolución de las Hermandades en el siglo XV”, p. 94.

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Nota 9

Enrique IV ya realizó un esfuerzo significativo en este campo, al tratar de limitar las competencias judiciales de los tribunales de la Hermandad a la punición de la acuñación de la moneda a una ley inferior de lo prescrito, la incriminación del robo (diferenciado del hurto) y del incendio voluntario, así como el castigo de los crímenes habituales de la quiebra de la paz pública, como por ejemplo el ultraje y la violación, el homicidio y la captura ilegal, crímenes, sin embargo, que los alguaciles sólo podían perseguir penalmente al otro lado de las murallas de la ciudad, en los denominados despoblados" (SUÁREZ VARELA, A., "La conjuración comunera. De la antigua germanitas a la confederación de Tordesillas", en HID, n.° 34, 2007, p. 252).

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Nota 10

SUÁREZ VARELA, A., "La conjuración comunera. De la antigua germanitas a la confederación de Tordesillas", p. 250.

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Nota 11

MARTÍNEZ RUIZ, “Algunas reflexiones sobre la Santa Hermandad”, p. 96.

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Nota 12

UROSA SÁNCHEZ, Política, seguridad y orden público en la Castilla de los Reyes Católicos, p. 110.

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Nota 13

SUÁREZ BILBAO, F., Un cambio institucional en la política de los Reyes Católicos: La Hermandad General. Madrid, 1998, p. 88.

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2. La Hermandad GeneralNota 1)

Al subir Isabel al trono, la situación era propicia para el surgimiento de HermandadesNota 2), según los parámetros anteriores que parecían regir la aparición de este tipo de instituciones —inestabilidad, debilidad del poder real, violencia...Nota 3)—. De devastador se puede calificar el cuadro que del estado de Castilla, en materia de seguridad, pintaba en 1473 Hernando del Pulgar en una carta destinada al obispo de Coria:

"EI duque de Medina con el marqués de Cádiz, el conde de Cabra con don Alonso de Aguilar, tienen cargo de destituir toda aquella tierra de Andalucía...: la provincia de León es devastada por don Alonso de Monroy, maestre de Alcántara; en Toledo, alcázar de emperadores, grandes y chicos, todos viven una vida por cierto bien triste y desventurada; Medina, Valladolid, Toro, Zamora, Salamanca... están bajo la codicia del alcalde de Castronuño, Pedro de Mendoza, uno de los mayores facinerosos, que ha puesto a rescate la mayor parte de las ciudades de Castilla la Vieja; los procuradores del reino varias veces se juntaron para poner remedio, e mirad cuán crudo está aún este humor e cuán rebelde, que nunca hallaron medicina para le curar, y desesperados ya de remedio, se han dejado ello. Las guerras de Galicia, de que nos solíamos espeluznar, ya las reputamos de tolerables y aún lícitas: el condestable, el conde de Treviño, con esos caballeros de las Montañas, trabajan asaz para asolar toda aquella tierra hasta Fuenterrabía, y creo que salgan con ello según la prisa que le dan. No hay más Castilla, si no, más guerras habría (...) Las muertes, robos, quemas, injurias, asonadas, desafíos, fuerzas, ayuntamientos... "Nota 4).

No les faltaba a los Reyes, por tanto, justificación a la hora de crear una institución para tratar de controlar la situación en materia de seguridad; pudieron Isabel y Fernando, seguir los modelos tradicionales de Hermandad, que convertía a estas corporaciones en un producto de la iniciativa urbana. Sin embargo, la Hermandad General surgió a iniciativa de la Corona, institución a la cual pertenecerá el protagonismo tanto en su creación como en su desarrolloNota 5), de forma que toda ciudad que no cumpla con orden regia de integrarse en la Hermandad en el plazo de treinta días después de la promulgación de la orden, recibiría una multa de 20.000 maravedíes, que se repartirán a partes iguales entre la Corona y la propia HermandadNota 6).

Aceptada la propuesta de las Cortes de Madrigal por los Reyes, esta se remitió al Consejo Real, que elaboró unas normas, el Ordenamiento de Madrigal, auténtica carta fundacional de la Hermandad General, aprobada por Isabel y Fernando el 19 de abril de 1476. Se trata de un texto formado por un preámbulo y once capítulos, que los Reyes enviaron mediante cartas para hacer obligatorio su cumplimiento en todo el reino de Castilla, a partir de los treinta días desde el momento en que se hicieron públicas las cartas. El Ordenamiento denota que se trata de un proyecto de gran alcance que introduce significativas mejoras en campos relacionados con la objetividad de la justicia y las garantías de los acusados. Limitaba los privilegios jurisdiccionales, al dar jurisdicción a la Hermandad para perseguir los delitos que le eran propios en todo el territorio, incluidos los señoríos jurisdiccionales, ya fueran laicos o eclesiásticosNota 7).

Se estableció que la primera Junta tuviera lugar en la ciudad de Cigales, en junio de 1476Nota 8), donde se fijó que se financiaría a través de un impuesto sobre el transporte de mercancías, excluido cualquier tipo de carneNota 9), lo cual constituía una diferencia muy importante respecto al sistema de financiación de las Hermandades anteriores, fundamentado en las sisas sobre arbitrios municipalesNota 10). No sin razón se ha dicho que la labor principal de la Junta de Cigales fue trasponer al ordenamiento de la Hermandad los designios emanados de la voluntad regiaNota 11).

Una segunda junta tuvo lugar en Dueñas, el 25 de julio de 1476Nota 12), definiendo, entre otras cuestiones, el número de hombres que debía mantener equipados cada una de las provincias en que dividía el territorio de Castilla la Hermandad. La siguiente junta, celebrada en Toro el 12 de diciembre de 1476, amonestó a varias ciudades que aún no habían jurado la Hermandad, como habían solicitado los monarcas, y dos juntas más tuvieron lugar en el año 1477, una de nuevo en Dueñas y otra en Burgos. Cinco juntas en un año denotan la febril actividad organizativa para poner a punto una entidad que los Reyes no tenían intención de que fuera meramente nominal, sino una fuerza que extendiera la seguridad, el cumplimiento de la ley y, en último caso, el poder real a la totalidad del reino. En la Junta de Burgos ya se convocó a los delegados de las tierras de Toledo y de Andalucía, lugares donde la iniciativa regia había recibido una fuerte oposiciónNota 13).

Las reuniones del órgano supremo, la junta, comenzaban con la lectura de las propuestas de los reyes a la Hermandad, algo significativo que muestra el decisivo control regio sobre la institución, que se manifestó en que, durante largo tiempo, las juntas estuvieron presididas por hombres de la máxima confianza de los monarcas, que controlaron cuidadosamente su designaciónNota 14). Fueron la junta general y las personas que al frente pusieron los reyes quienes realizaron el núcleo del esfuerzo organizativo de la Hermandad y quienes gestionaron, a lo largo de los años en que existió la institución, los recursos, la estructura y el aparato administrativo y jurisdiccional de la mismaNota 15).

A través de la ley de Madrigal, se dotó a la Hermandad de jurisdicción sobre una amplia gama de delitos, los llamados "casos de Hermandad". Se trató, fundamentalmente, de cinco grupos de delitos: robos y crímenes cometidos en despoblado; crímenes cuando el malhechor abandonara el poblado donde cometió el crimen; todo “quebrantamiento de casa”; todo “quebrantamiento de mujer”; y el quinto, cuando alguien desobedeciera a los oficiales de justiciaNota 16). En este sentido, cabe señalar que Fernando e Isabel lograron el éxito en un campo en el que los monarcas anteriores habían fracasado: el de delimitar taxativamente los casos que eran jurisdicción de la Hermandad, algo que había sido problemático en el caso de las Hermandades Viejas, que trataban de ampliar sus facultades a cada vez más asuntosNota 17). A estas funciones jurisdiccionales, en los primeros años, se añadió la toma de un buen número de pequeñas fortalezas que habían quedado en manos de grupos armados o de bandas de malhechoresNota 18). En esta línea se inscribe, por ejemplo, la actuación de las fuerzas de la Hermandad que, ya en el año de su fundación, 1476, tomaron al asalto la fortaleza de Las Navas.

Para minimizar las protestas de las ciudades por la creación de la Hermandad y de los recursos fiscales destinados a sostenerla, los Reyes se comprometieron a que las ciudades que participaran no serían objeto, mientras durase esa contribución, de nuevos repartimientos, medida esta que, quizá, contribuya a explicar por qué entre el servicio de Cortes de 1476 y el de 1500 —casualmente o no, poco menos de dos años después de la desaparición de la Hermandad— no hubo petición de servicios a las Cortes castellanas. Con estas medidas se pretendía convertir la Hermandad en un cauce fiscal sustitutivo de los servicios de Cortes, además de convertirla en un elemento cohesionador de las ciudades que facilitase su control, ante "el fracaso inicial de las Cortes como institución unificadora de las voluntades políticas del reino". Esto explicaría por qué las ciudades que no ingresaran en la Hermandad en los plazos previstos no serían simplemente sancionadas, sino declaradas "rebeldes y contumaces"Nota 19).

Las primeras misiones de la Hermandad estuvieron vinculadas directamente a la guerra de Sucesión; pacificar Galicia, sometiendo para ello al conde de CamiñaNota 20); limpiar las fortalezas del Bajo Duero y la sierra segovianaNota 21); ocupar el marquesado de Villena y pacificar los alrededores de Burgos. Cuando hubo que combatir, como el caso de Utrera, se procedió con dureza y las tropas de la Hermandad actuaron conjuntamente con las guardias reales, como si fueran una misma fuerzaNota 22).

Recién terminadas las Cortes de Toledo de 1480, se produjo en Madrid una reunión de la Junta General de la Hermandad, que prorrogó la existencia de la misma durante tres años más, a contar desde agosto de 1481. La prorroga incluyó una reforma en profundidad de la Hermandad, orientándola hacia las funciones militares que, con la guerra de Granada en el horizonte, se preveía que desempeñara. Por ello se creó una capitanía formada por doscientos hombres de armas.

La Junta de Almazán, en 1496, prolongó por última vez la existencia de la Hermandad, y los Reyes Católicos decidieron suprimirla a través de una pragmática dictada en Zaragoza el 29 de junio de 1498, alegando que, si bien la necesidad de pacificar sus reinos y señoríos, recuperar el patrimonio de la Corona, tomar Granada y la guerra con Francia, habían justificado las siete prorrogas sucesivas de la Hermandad sobre su duración prevista inicialmente, estos problemas habían sido solucionados, y declaraban que desde el 15 de agosto se levantaban los tributos que durante veintidós años se habían cobrado para financiar la Hermandad, lo cual, en la práctica, suponía su desaparición institucional.

Fernando, satisfecho con el desempeño de la Hermandad en sus primeros años de existencia, trató de implantarla en Aragón en 1480. Esta cuestión se trató en la Cortes castellanas de Toledo, en el año 1480, donde se dio el visto bueno a que Fernando exportara el modelo de la Hermandad a la Corona de Aragón. Sin embargo, cuando se intentó, el rey topó con la oposición del justicia mayor de Aragón, Juan de Lanuza, y de buena parte de la nobleza aragonesa, por lo cual hubo de desistir hasta el año 1487, en que llevó a cabo su propósito, justificando la instauración de la Hermandad en Aragón en "los bandos y alteraciones registradas por la notoria negligencia en la administración de justicia". De su aplicación se exceptuó al condado de Ribagorza, dado que poseía un fuero especial que hacía que se rigiera por las leyes de las veguerías de Cataluña. La Hermandad aragonesa fue reformada en las Cortes de Zaragoza de 1493, hasta el punto que difícilmente puede hablarse de su subsistencia como tal Hermandad con posterioridad a esa fecha; en cualquier caso, las Cortes de Monzón de 1510 la suprimieron de forma oficial y definitiva.

Un dato anecdótico, pero significativo, es el hecho de que las tropas de la Hermandad fueron el primer ejército occidental en pisar suelo americano, ya que una cédula de 23 de mayo de 1493 ordenaba que treinta lanzas jinetas de la Hermandad, acantonadas en Granada, acompañaran a Cristóbal Colón en su segundo viaje a AméricaNota 23).

En cuanto a su eficacia, como es lógico, no erradicó de inmediato la criminalidad. En 1492, dieciséis años después del establecimiento de la Hermandad, eran muchos los crímenes que se reprimían, señal inequívoca de un alto nivel de delincuenciaNota 24). No obstante, su organización y funcionamiento fueron notables para los parámetros de la época, hasta el punto de que se ha llegado a decir que "la Hermandad era un Estado dentro de otro, o mejor dicho, el único Estado que entonces existía en Castilla"Nota 25). Entre los autores que rechazan la visión idealizada de la pacificación inmediata del reino por Isabel y Fernando, puede citarse a Joseph Pérez:

"Denunciemos, en primer lugar, una falsificación histórica, montada pieza por pieza por cronistas oficiales y asalariados, demasiado interesados en ensombrecer el reinado precedente para exaltar mejor la obra de los Reyes Católicos. No, el reinado de Fernando e Isabel no es un comienzo absoluto; la sola presencia de los soberanos no bastó para asegurar, como por encanto, el orden, la justicia, la paz social, como prueba la lista de crímenes reprimidos aún en 1492-1493, más de quince años después de la guerra de sucesión. Es un lugar común de la historiografía de los Reyes, y más especialmente de Isabel, que se convierte a menudo en hagiografía, empezar cualquier estudio del reinado por un capítulo sobre la anarquía interior, la que hacía estragos antes de 1475... Después de 1475 renace la calma, una policía eficaz persigue a los malhechores, garantiza a los comerciantes y a los viajeros la libre circulación en todas las vías de reino... Imagen ideal, imagen falsa. Hay que matizar el cuadro... No se resta nada a los Reyes Católicos insinuando que, en muchos puntos, se limitaron a proseguir con mayor eficacia, más autoridad e inteligencia, una labor esbozada por sus predecesores; restaurar el Estado, reforzar el poder frente a lo feudal; su obra en materia de orden público se inscribe en este plano"Nota 26).

En cualquier caso, la creación de la Hermandad General no supuso la desaparición de las Hermandades anteriores, sino que estas quedaron bajo control de la General, al colocar al frente de cada una de las Hermandades viejas existentes la figura de un ejecutor o juez de la Hermandad GeneralNota 27).

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Nota 1

Pese a que con harta frecuencia puedan encontrarse referencias a esta institución como Santa Hermandad, lo cierto es que, durante su existencia, nunca utilizó tal apelativo (SUÁREZ FERNÁNDEZ, Los Reyes Católicos, p. 158).

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Nota 2

En 1473, Enrique IV se había visto obligado nuevamente a ceder ante las ciudades y, en vista del caos reinante, había autorizado a las ciudades que en el pasado tuvieron hermandades a reconstruirlas (SUÁREZ BILBAO, F., Un cambio institucional en la política de los Reyes Católicos: La Hermandad General. Madrid, 1998, p. 39).

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Nota 3

Situación que la guerra comenzada en 1475 no hizo sino agravar (MARTÍNEZ RUIZ, “Algunas reflexiones sobre la Santa Hermandad”, p. 96).

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Nota 4

Citado en MARTÍNEZ RUIZ, E., “Algunas reflexiones sobre la Santa Hermandad”, en Cuadernos de Historia Moderna, n°. 13, 1992, p. 92.

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Nota 5

SÁNCHEZ BENITO, “Notas sobre la Junta General de la Hermandad en tiempos de los Reyes Católicos”, p. 151.

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Nota 6

Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla, vol. IV, p. 5.

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Nota 7

MARTÍNEZ RUIZ, “Algunas reflexiones sobre la Santa Hermandad”, p. 97. Estos señoríos habían disparado su extensión en los siglos XIV y XV, y no solo en Castilla; un fenómeno análogo, por ejemplo, se había producido en Portugal (OLIVEIRA MARQUES, Portugal na crise dos séculos XIV e XV, p. 238).

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Nota 8

Las juntas de las hermandades generales del siglo XIV se superponen a los concejos que la integran, siendo la máxima autoridad: podían, por tanto, crear ordenanzas de cumplimiento obligado; funcionaba como tribunal de justicia por encima de los alcaldes cuando el delincuente no había sido capturado cometiendo el delito y debía ser juzgado; y ejercían de juez en las diferencias entre los concejos que formaban la Hermandad (SUÁREZ BILBAO, F., Un cambio institucional en la política de los Reyes Católicos: La Hermandad General. Madrid, 1998, p. 21)

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Nota 9

SUÁREZ FERNÁNDEZ, Los Reyes Católicos, p. 175.

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Nota 10

SUÁREZ VARELA, A., "La conjuración comunera. De la antigua germanitas a la confederación de Tordesillas", en HID, n.° 34, 2007, p. 253. No todas las hermandades viejas se financiaban mediante sisas; la Hermandad de Toledo, por ejemplo, se financiaba con la asadura, un gravamen sobre el tránsito de ganado que consistía en la entrega de una res o de su valor cada un número determinado de cabezas (SÁNCHEZ BENITO, J. M.ª, "La Hermandad de los Montes de Toledo entre los siglos XIV y XV", en Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia Medieval, n.° 18, 2005, p. 223). La autorización a las Hermandades para recaudar la asadura, al mismo tiempo que quedar exentas del portazgo, fue concedida el 15 de octubre de 1300; no obstante, lo normal es que el cobro de la asadura se subastara y no fuera realizado directamente por la Hermandad en cuestión (UROSA SÁNCHEZ, Política, seguridad y orden público en la Castilla de los Reyes Católicos, pp. 55, 121 y 127).

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Nota 11

UROSA SÁNCHEZ, Política, seguridad y orden público en la Castilla de los Reyes Católicos, p. 161.

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Nota 12

Lo mismo ocurriría en 1483, cuando la junta había de celebrarse en Alcalá de Henares a principios de noviembre, pero para que pudieran asistir los Reyes se retrasó hasta el día 15 de dicho mes, teniendo lugar, finalmente, en Miranda de Ebro (LÓPEZ MARTÍNEZ, La Santa Hermandad de los Reyes Católicos, p. 12).

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Nota 13

La mayor oposición la planteó el duque de Medina Sidonia, que expulsó de sus tierras a los emisarios reales; el duque terminó por aceptar nominalmente la Hermandad, pero hasta que la reina no visitó en persona sus dominios andaluces no hubo una aplicación real de la Hermandad en la zona (MARTÍNEZ RUIZ, “Algunas reflexiones sobre la Santa Hermandad”, p. 99). Sobre ese viaje de Isabel, ver FORONDA, F., "Las audiencias públicas de la reina Isabel en Sevilla, 1477. ¿La resorción administrativa de un improbable ritual de gobierno?", en NIETO SORIA, J. M., y LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, M.ª V., (eds.), Gobernar en tiempos de crisis. Las quiebras dinásticas en el ámbito hispánico (1250-1808). Madrid, 2008. Sobre la nobleza andaluza en el siglo XV ver VALDEON BARUQUE, J., "La nobleza andaluza de la Baja Edad Media", en REGLERO DE LA FUENTE, C. M., (coord.), Poder y sociedad en la baja Edad Media hispánica. Estudios en homenaje al profesor Luis Vicente Díaz Martín. Valladolid, 2002, vol. I. Sobre el caso específico de las tierras vascas, ver ORELLA UNZUÉ, J. L., “Las Hermandades vascas en el marco de la Santa Hermandad como instrumento de control de delitos e impartición de penas”, en Clio&Crimen, n.° 3, 2006.

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Nota 14

SÁNCHEZ BENITO, “Notas sobre la Junta General de la Hermandad en tiempos de los Reyes Católicos”, p. 152-53.

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Nota 15

Este aspecto ha sido ampliamente tratado en LUNENFELD, M., The Council of the Santa Hermandad, Miami, 1971.

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Nota 16

Así fijaron las Cortes de Madrigal la jurisdicción de la Hermandad: "Que la hermandad sea hecha solo para los casos siguientes: salteamiento de caminos y robo de bienes muebles y semovientes y muerte y herida de hombre y prisión de hombres hecha por propia autoridad y sin mandamiento nuestro o de otro juez por carta patenten y quema de casas y viñas y mieses, y cometiendo las dichas cosas o cualquiera de ellas en el campo o yermo o despoblado y que todo lugar de cincuenta vecinos para abajo sea habido por yermo y despoblado" (Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla, vol. IV, p. 5).

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Nota 17

En ocasiones, llegaron a asumir, de facto al menos, la mayor parte de la jurisdicción penal (ALVÁREZ DE MORALES, “La evolución de las Hermandades en el siglo XV”, p. 95).

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Nota 18

Otro delito que, con el tiempo, cayó dentro de los casos de Hermandad fue la malversación de fondos cuando los fondos malversados hubieran sido los de la propia Hermandad.

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Nota 19

CARRETERO ZAMORA, Cortes, Monarquía y ciudades, p. 148.

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Nota 20

Álvaro de Sotomayor, al que los gallegos apodaban "Pedro Madruga", se había unido al bando de Juana en la guerra civil, junto con otros nobles gallegos, como Pedro Pardo de Cela; no obstante, el conflicto en Galicia era más una liquidación de las antiguas rencillas entre los linajes gallegos —Sotomayor, Lemos, Altamira, Andrades, Ulloa, Pérez das Mariñas o Pardo de Cela— que un conflicto por el trono de Castilla (BALLESTEROS GAIBROIS, La obra de Isabel la Católica. Segovia, p. 36).

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Nota 21

Un estudio sobre una interesante figura militar de las sierras castellanas en CANO VALERO, J., “El origen de la caballería de sierra y su función de guarda y vigilancia del término concejil (siglos del X al XIII)”, en ALVARADO PLANAS, J., Los fueros de Sepúlveda. Segovia, 2005.

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Nota 22

SUÁREZ BILBAO, Un cambio institucional en la política de los Reyes Católicos: La Hermandad General, p. 60.

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Nota 23

CODOIN, vol. XXX, Madrid, 1878, pp. 68 y 69.

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Nota 24

Sobre la criminalidad en Castilla ver CÓRDOBA DE LA LLAVE, R., "Violencia cotidiana en Castilla a fines de la Edad Media", en IGLESIA DUARTE, J. A. de la, (coord.), Conflictos sociales, políticos e intelectuales en la España de los siglos XIV y XV. Nájera, 2003.

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Nota 25

PUYOL ALONSO, J., Las hermandades de Castilla y León. Estudio histórico seguido de las Ordenanzas de Castronuño, Madrid, 1913, pp. 8485.

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Nota 26

Los Reyes Católicos. Madrid, 1986, p. 36.

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Nota 27

MARTÍNEZ RUIZ, E., y GÓMEZ VOZMEDIANO, F., "La jurisdicción de la Hermandad", en MARTÍNEZ RUIZ, E., y PAZZIS PI, M. de, (coords), Instituciones de la España Moderna. Las jurisdicciones. Madrid, 1996, vol. I, p. 230.

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3.- ¿Evolución o institución de nuevo cuño?

Según Suárez Varela, las Hermandades, en el periodo previo a los Reyes Católicos, se desarrollaron fundamentalmente por dos motivos: "como movimiento comunal de oposición contra los desafueros y contrafueros del monarca y, por otro, como movimiento de resistencia contra el proceso de transformación del derecho, es decir, contra la dinámica centralizadora promovida por la monarquía (...). En el transcurso del siglo XV, las hermandades desarrollan una jurisdicción de paz territorial que desafía cada vez más el poder jurisdiccional del rey en causas criminales y que al mismo tiempo tiende a convertirse en una jurisdicción exclusiva", es decir, se produce una competencia jurídica entre las Hermandades y la Corona, que solo será solventada con la Hermandad General de Isabel y FernandoNota 1).

Si las Hermandades anteriores respondían a una iniciativa y a unos intereses fundamentalmente concejiles, eso no era así en el caso de la Hermandad General, ni en el impulso para su creación, ni en su funcionamiento, ni en la fijación de sus ordenanzas, ni en sus objetivos últimos:

"Las ciudades habían perdido la iniciativa y los acuerdos responden a las conveniencias e intenciones de la Corona, de suerte que no hay ningún motivo para pensar que el origen de las ordenanzas estuviese en los procuradores sino en el poder central al que se deben todos los preceptos que eran expuestos en presencia de aquellos, forzados a preocuparse prioritariamente por los aspectos económicos una vez que la Hermandad pudo funcionar de manera regular, concluidos los difíciles tiempos del comienzo del reinado"Nota 2).

Las Juntas de la Hermandad, durante la guerra de Granada, sirvieron para movilizar medios y recursos humanos para un objetivo, la toma del reino musulmán, que no tenía nada que ver ni con la seguridad de los caminos ni con los intereses concejiles, sino con una política global de la MonarquíaNota 3). Lo mismo puede decirse de lo que ocurriría más tarde durante las guerras de Nápoles de 1494-96 y de 1502 al 1503. De hecho, desde prácticamente el momento de su fundación, el principal gasto ordinario de la Hermandad fue el mantenimiento de sus compañías de caballería pesada, cuya función, lejos del orden público, era netamente militar. Sobre la estabilidad de la estructura militar de la Hermandad da idea el que los pagos de esta estructura abarcaban entre el 82 y el 86% de los recursos financieros de la Hermandad en el periodo comprendido entre 1490 y 1493, y se mantuvo entorno a esas cantidades incluso en los años de paz, por ejemplo, entre el final de la primera guerra de Nápoles y el fin de la HermandadNota 4).

Pese a la intervención de las tropas de la Hermandad en dichas guerras, algunos autores rechazan catalogar a la institución como un ejércitoNota 5). Luis Suárez Fernández afirma que fue una institución de tránsito hacia el ejército permanente de épocas posterioresNota 6), algo que en modo alguno puede aplicarse, ni remotamente, a las Hermandades anteriores.

Otra diferencia importante que refleja el hecho de que la Hermandad creada por los Reyes Católicos tenía pocas semejanzas con las anteriores, es el hecho de que si, tradicionalmente, los municipios que lo deseaban creaban Hermandades de forma autónoma y voluntaria, en esta ocasión no solo no eran los concejos quienes creaban la institución, sino que no podían elegir si participar o no, ya que Isabel y Fernando determinaron que la participación en la Hermandad era obligatoria para los concejosNota 7).

Otro elemento que evidencia la estatalización de la Hermandad de los Reyes Católicos es el hecho de que el capitán general de la misma, su máxima autoridadNota 8), es nombrado directamente por los monarcas, sin intervención de los concejos, de la junta de la Hermandad, de las Cortes o de cualquier otro órganoNota 9). Ahondando aún más en este aspecto, debe señalarse que el primer capitán general que tuvo la Hermandad General fue el duque de Villahermosa, hijo ilegítimo de Juan II de Aragón y, por tanto, medio hermano del rey Fernando, si bien el verdadero hombre fuerte era Alonso de Quintanilla, nuevamente, otra persona vinculada estrechamente a los monarcasNota 10).

En la misma línea —la Hermandad como órgano real— apunta el hecho de que las reuniones de la Junta General comenzaban con la lectura y el debate sobre las proposiciones reales, y solo una vez solventadas estas, en la inmensa mayoría de los casos, por no decir todos, con la aprobación de la petición real, se comenzaba a debatir sobre las propuestas y peticiones de los procuradores.

De lo dicho es ilustrativo el momento crítico que supuso para la Hermandad la Junta de Dueñas del año 1477. En dicha junta, satisfechos con el funcionamiento de la institución, los soberanos decidieron prorrogarla cuatro años más, contradiciendo así lo que se había establecido en la primera junta de DueñasNota 11). Que se tomara tal decisión por parte de Isabel y Fernando provocó una protesta de varias ciudades, que los monarcas supieron acallar con prontitud, al amenazar a las ciudades díscolas con un regreso a los sistemas anteriores de fiscalidad. También la nobleza, cuyos privilegios vulneraba la jurisdicción de la Hermandad, protestó contra la ampliación, a través del Manifiesto de Cobeña, un documento que más atacaba el poder real en general que la Hermandad en concretoNota 12). Su protesta, en última instancia, fue ignorada por los Reyes, que siguieron adelante con un proyecto que, se ve claramente en estas dos vías de oposición, no era ni concejil ni nobiliario, ni urbano ni aristocrático, sino un proyecto centralizador que emanaba, se movía y se nutría de la energía de la propia Corona.

Algunos autores consideran a las Hermandades instituciones propias de un derecho y de un sistema estatal en cierta medida arcaico y poco evolucionado; por decirlo de alguna manera, más un paso atrás en lo institucional que un verdadero avance: "Son las hermandades, por consiguiente, el instrumento de la pervivencia de un derecho penal y procesal que, en realidad, es la negación de la idea de derecho y más propia de pueblos primitivos en donde precisamente surgieron las fórmulas jurídicas, por llamarlas de alguna manera, de este derecho penal y procesal"Nota 13). No puede decirse lo mismo, ni mucho menos, de la Hermandad creada por los Reyes Católicos. Con su sistema competencial bien definido y reglado, dentro de los límites deseados por la Corona —esto es, por el Estado—, con su estructura de seguridad y militar y su sistema de financiación perfectamente establecido, constituía en comparación con sus precedentes un verdadero salto cualitativo hacia adelante, nada que ver con la remisión a un derecho propio "de los pueblos primitivos" con los que Álvarez del Moral asocia a las Hermandades de las épocas anteriores.

En cuanto a los fines buscados por la Monarquía al crear la Hermandad, "fue el medio puesto en práctica para vencer o mermar el poderío de los noblesNota 14), creando una fuerza armada permanente y fiel a la Corona"Nota 15). Este planteamiento colisionaría con los de las Hermandades de tiempos anteriores, a cuya creación con frecuencia se opusieron los reyes. Así, Fernando II se vio obligado a confirmar el privilegio de Talavera para reunir Hermandad en 1220, pero en años posteriores prohibiría que lo hicieran las villas de Segovia y Uceda; y los mismo ocurrió durante el reinado de Alfonso X. Durante la guerra que enfrentó al infante Sancho con su padre por la sucesión al trono, Sancho apoyó a las Hermandades como método de socavar el poder real, con la firme idea de volver a suprimirlas una vez hubiera alcanzado el trono, lo cual le enfrentó con los municipios, que querían convertir en permanente la existencia de las HermandadesNota 16). Fernando IV trató de lograr su apoyo, como expresión del poder urbano, lo cual pone de manifiesto lo ajenas al control de la Corona que eran estas entidades.

Especialmente significativo es lo ocurrido durante el reinado de Alfonso XI, monarca que vio el resurgir de una nueva Hermandad General, fruto de las Cortes de Burgos de julio de 1315, "entidad expresiva de las peticiones y exigencias de los consejos (...) Este principio orgánico conllevaba un serio menoscabo de las facultades del poder real, pero además, exigía que los alcaldes y escribanos del rey fueran designados entre miembros de la Hermandad". Los objetivos de esta Hermandad General eran defender las costumbres, los fueros, los privilegios y los buenos usos, instrumentos todos limitadores del poder real. Alfonso XI fue nombrado mayor de edad en 1325, y en 1327 confirmó los privilegios de la Hermandad, solo para suprimirla de forma indirecta en las Cortes de Madrid, poco después, al confirmar solo aquellos privilegios urbanos que no hablaban de la Hermandad, de forma que se dejó languidecer la Hermandad General y los concejos perdieron el derecho a formar nuevas HermandadesNota 17).

Expuesto todo lo anterior, no es de extrañar que la Hermandad General haya sido calificada de "instrumento al servicio exclusivo del Estado"Nota 18), algo que en modo alguno puede decirse de las Hermandades anteriores, antes al contrario, ya que ocupaban una parcela a la que el Estado no llegaba en la práctica, asumiendo una jurisdicción en ocasiones contra los intereses de la propia Corona. La Hermandad de los Reyes Católicos, si bien coincidente con los intereses comerciales de muchas ciudades, para las cuales la seguridad de los caminos era fundamental, era parte de un programa en el que se inserta "la nueva intencionalidad de la Monarquía, con una voluntad de afirmación como nunca hasta entonces"Nota 19).

Objeto de reflexión debe de ser también la posibilidad de que la intención de los monarcas fuera desplazar la representatividad del reino de las Cortes a las Juntas de Hermandad, intención esta que muchos autores consideran presente en los designios reales. En este sentido, las Juntas creaban una estructura de poder completamente independiente de las Cortes, al convertir en cabeza de partido de la Hermandad no a las villas representadas en Cortes, sino las sedes obispales y arzobispalesNota 20). Al dar representación en la Junta a ciudades que no tenían asiento en Cortes, como en el caso de Palencia, Medina del Campo u Olmedo, se abría una nueva forma de diálogo entre las ciudades y la Corona, lo cual disgustó a algunas de las villas representadas en Cortes, como Burgos o Valladolid. Incluso en materia financiera, las Juntas ocuparon parte del espacio de las Cortes, y las contribuciones de la Hermandad sustituyeron por completo a los servicios votados en Cortes como método para financiar los gastos de la Corona entre 1480 y 1498Nota 21). Con las Juntas de Hermandad surgía una nueva estructura administrativa en el reino, en el que no había diferencias entre las villas de realengo y las solariegas, ni entre las que tenían voto en Cortes y las que no: "La Hermandad ensayaba una nueva forma de representación del reino, un retorno a lo que fueran las Cortes en otro tiempo (...) Mientras permaneció con vida la Hermandad General, los Reyes Católicos, que habían renunciado a las peticiones de moneda y servicio (.) se abstuvieron de convocar Cortes"Nota 22). En la Junta de Madrid de 1480, por ejemplo, se adoptaron medidas que parecen más propias de un ordenamiento de Cortes, como la limitación en el lujo del vestir o fijar el límite a las sisas para financiar la Hermandad en el 1%, como máximo. No es de extrañar, por tanto, que se haya afirmado que "convertida la Hermandad en un instrumento más, aunque del mayor relieve, para la gobernación del reino, su derecho propio desborda con mucho la mera ordenación interna de la institución, tocando un amplio abanico de temas militares, fiscales, administrativos o penales"Nota 23). En última instancia, este intento de sustituir la representatividad de las Cortes a través de la Junta de Hermandad resultó fallida, tal como afirma, por ejemplo, Fernando Suárez, que sí reconoce el papel de puente desempeñado por la Hermandad, que permitió el desarrollo posterior de un ejército permanente para la defensa del territorioNota 24).

La institución creada por Isabel y Fernando al servicio de su política, no encaja, tampoco en este sentido, con la línea marcada por los Hermandades anteriores. Estas, "según el parecer de la mayoría de los historiadores especializados, las hermandades concejiles son en definitiva el resultado de la autonomía política de los concejos (...) Hay dos causas esenciales para el desarrollo de la hermandad: por un lado la hermandad se constituye como movimiento comunal de oposición contra los desafueros y contrafueros del monarca y, por otro, como movimiento de resistencia contra el proceso de transformación del derecho, es decir, contra la dinámica centralizadora promovida por la monarquía. (...) Pero los intentos políticos de acceso al poder por parte de los concejos ponen, a partir de la Hermandad General de 1315 (...), en un segundo plano la conservación de los viejos privilegios y la defensa de las libertades, entendidos meramente en el sentido pasivo. También se trata de ampliar de manera activa la autonomía política"Nota 25).

Es evidente que ninguna de esas características es aplicable a la Hermandad General. En primer lugar, no se trata de una Hermandad concejil, sino de una Hermandad estatal organizada a través de los concejos, lo cual es muy distinto. En segundo lugar, la Hermandad de los Reyes Católicos en modo alguno procede de la autonomía de los concejos. Ya hemos visto cómo surgió por iniciativa regia y cómo los concejos ni siquiera pudieron elegir si formar parte o no, ya que fue obligatoria la inclusión en la Hermandad. En tercer lugar, en la Hermandad de los Reyes Católicos, como es lógico en algo promovido por la propia Corona, la causa de su creación no fue la lucha contra los excesos de la Monarquía ni contra la tendencia centralizadora del Estado; antes bien, es en sí misma una manifestación de esta tendencia centralizadora. Por último, en modo alguno fue la Hermandad de los Reyes Católicos un instrumento para ampliar la autonomía política de los concejos.

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Nota 1

"La conjuración comunera. De la antigua germanitas a la confederación de Tordesillas", pp. 254-255.

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Nota 2

SÁNCHEZ BENITO, “Notas sobre la Junta General de la Hermandad en tiempos de los Reyes Católicos”, p. 159.

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Nota 3

En la guerra de Granada, las lanzas de la Hermandad destacaron como fuerzas disciplinadas y de gran eficacia. En la junta de Pinto, en 1483, los Reyes pidieron a la Hermandad 8.000 hombres y el doble de animales de carga para llevar los víveres necesarios para socorrer Alhama; en la junta de Orgaz, en noviembre del mismo año, pidieron a la Hermandad una contribución extraordinaria para los gastos de la guerra, entregando la Hermandad más de diez millones de maravedíes. Dicha suma era tan enorme que, ese año, Isabel y Fernando suspendieron la contribución ordinaria, pagando la totalidad de las tropas con el dinero facilitado por la Hermandad.

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Nota 4

LADERO QUESADA, M. A., Ejércitos y Armadas de los Reyes Católicos. Nápoles y el Rosellón (1494-1504). Madrid, 2010, pp. 164 y 166.

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Nota 5

Por ejemplo, DÍAZ GARCÍA, “La monarquización de las instituciones políticas españolas realizada por los Reyes Católicos”, p. 116.

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Nota 6

Los Reyes Católicos, p. 157.

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Nota 7

DÍAZ GARCÍA, J., “La monarquización de las instituciones políticas españolas realizada por los Reyes Católicos”, p. 109.

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Nota 8

En cada localidad, la máxima autoridad era el alcalde de la Hermandad. Se convirtió en un puesto codiciado incluso por los nobles locales y que dio lugar a disputas por lo apetecible de su desempeño. Un estudio sobre una de estas disputas en DÍEZ DE SALAZAR, L. M., "Diferencias entre Salvatierra y sus aldeas por el nombramiento del alcalde de la Hermandad (1457-1537)", en VV. AA, La formación de Álava. Vitoria, 1985.

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Nota 9

DÍAZ GARCÍA, J., “La monarquización de las instituciones políticas españolas realizada por los Reyes Católicos”, p. 113.

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Nota 10

Una completa biografía de Quintanilla en MORALES MUÑIZ, Mª D. C., Alonso de Quintanilla. Un asturiano en la Corte de los Reyes Católicos. Madrid, 1993.

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Nota 11

Dicha junta había fijado que la Hermandad se disolvería el 15 de agosto de 1478, pero dejaba abierta la puerta a que se prorrogara si se consideraba necesario.

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Nota 12

MARTÍNEZ RUIZ, “Algunas reflexiones sobre la Santa Hermandad”, p.

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Nota 13

ALVÁREZ DE MORALES, “La evolución de las Hermandades en el siglo XV”, p. 98.

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Nota 14

Aunque sirvió para limitar el poder jurisdiccional de la nobleza y, en general, contravino sus intereses, las fuerzas de la Hermandad nunca se utilizaron directamente contra la nobleza (SUÁREZ FERNÁNDEZ, Los Reyes Católicos, p. 158).

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Nota 15

DÍAZ GARCÍA, J., “La monarquización de las instituciones políticas españolas realizada por los Reyes Católicos”, p. 116.

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Nota 16

UROSA SÁNCHEZ, Política, seguridad y orden público en la Castilla de los Reyes Católicos, pp. 36, 37 y 40.

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Nota 17

UROSA SÁNCHEZ, Política, seguridad y orden público en la Castilla de los Reyes Católicos, pp. 63-66; de hecho, la supresión de la Hermandad para Alfonso XI tenía un carácter "imprescindible" (SUÁREZ BILBAO, Un cambio institucional en la política de los Reyes Católicos: La Hermandad General, p. 28). No mucho después, reinando Pedro I, en las cortes de Valladolid de 1351, se prohibieron las cofradías y asociaciones, lo que incluía a las Hermandades, aunque no se las mencionaba de forma expresa.

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Nota 18

PÉREZ, Los Reyes Católicos, p. 46.

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Nota 19

MARTÍNEZ RUIZ, “Algunas reflexiones sobre la Santa Hermandad”, p. 98.

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Nota 20

SUÁREZ BILBAO, Un cambio institucional en la política de los Reyes Católicos: La Hermandad General, p. 46.

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Nota 21

LADERO QUESADA, M. A., Ejércitos y Armadas de los Reyes Católicos. Nápoles y el Rosellón (1494-1504). Madrid, 2010, p. 164.

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Nota 22

SUÁREZ BILBAO, El origen de un Estado: Toledo 1480. Madrid-Messina, 2009, p. 58.

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Nota 23

SÁNCHEZ BENITO, J. Mª, “Notas sobre la Junta General de la Hermandad en tiempos de los Reyes Católicos”, p. 44.

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Nota 24

SUÁREZ BILBAO, Un cambio institucional en la política de los Reyes Católicos: La Hermandad General, p. 5.

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Nota 25

SUÁREZ VARELA, A., "La conjuración comunera. De la antigua germanitas a la confederación de Tordesillas", p. 254.

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4.- Hacia una reconsideración de la Hermandad General

Es notorio que la historiografía, en líneas generales, considera a la Hermandad General creada por los Reyes Católicos una evolución de las Hermandades medievales. Esto es, un paso adelante, una forma modernizada, si se quiere, de una entidad o tipo de entidades ya existentes previamenteNota 1), en la línea de lo expuesto por Díaz García: “La obra de los Reyes Católicos consistió, simplemente, en monarquizar las instituciones políticas, esto es, en extirparles el espíritu poliárquico que les había infundido la Edad Media, y someterlos a una dirección fuertemente centralizada, con lo cual podrían actuar con perfecta coordinación y perseguir de consuno aquellos fines que se les señalasen por el trono”Nota 2).

Quizá, a la luz de las diferencias expuestas en las páginas anteriores, puede plantearse como opción el hecho de que la institución creada por Isabel y Fernando es diferente a lo existente anteriormente, no solo una evolución, una modernización de lo ya existente, sino un proyecto institucional que merezca ser considerado como una creación nueva, no partiendo de cero, pero sí distanciándose lo bastante de sus supuestos modelos medievales como para que podamos hablar de una realidad institucional diferente. Analicemos someramente qué elementos podrían respaldar una visión de este tipo.

En primer lugar, la naturaleza genérica de ambos fenómenos institucionales —Hermandades medievales y Hermandad General— son radicalmente diferentes. Las Hermandades medievales son una creación concejil, que nace de la voluntad del propio concejo, que se gobierna desde el concejo y que responde a los intereses del concejo. Por el contrario, la Hermandad General no nace de la voluntad de los concejos, no es regida desde el ámbito municipal y los intereses que defiende, primordialmente, no parecen ser los de los concejos, si bien en algunos casos estos resultan beneficiados por la mejora de la seguridad en las comunicaciones, con el consiguiente auge del comercio. Pero la intervención de las lanzas de la Hermandad en la guerra de Granada o en la primera guerra de Nápoles difícilmente puede relacionarse con los intereses de los concejos ni con las Hermandades entendidas como instituciones de autodefensaNota 3).

Así pues, parece claro que su creación responde a la iniciativa de una instancia diferente, es regida desde un entorno diferente —el control regio de la Hermandad General no es discutido por ningún autor— y los intereses que defiende primordialmente son distintos.

En segundo término, las Hermandades medievales poseen un carácter, señalado por varios autores mencionados en páginas anteriores, de instrumento de los concejos para mantener su jurisdicción y evitar la jurisdicción de la Corona. El propósito de la Hermandad General es diametralmente opuesto: crear una jurisdicción general, por encima de los señoríos jurisdiccionales; hacer posible que un mismo órgano castigara una serie de delitos tipificados en todo el territorio del reino. Las Hermandades medievales tratan de que determinados delitos sean juzgados en un concejo por una institución —su Hermandad— y en el concejo vecino por otra —la Hermandad de ese otro concejo—, fragmentando la jurisdicción general.

Incluso comparado con el intento de crear una Hermandad general que tuvo lugar en la Junta de Villacastín, en el reinado de Enrique IV, esta era una "organización tutelada por el monarca, pero fraguada en los intereses urbanos, que se sienten amenazados por la inestabilidad de un reino en el que la misma monarquía está en peligro". Por el contrario, la Hermandad General de los Reyes Católicos fue "concebida como fuerza de seguridad permanente, financiada por las ciudades, pero al servicio de la Monarquía, cuyos intereses eran presentados y sentidos como intereses públicos"Nota 4).

Parece, pues, que no es erróneo afirmar que, en materia jurisdiccional, los efectos e intenciones de las Hermandades medievales y de la Hermandad General de los Reyes Católicos, son prácticamente opuestos.

En tercer lugar, la financiación de ambos tipos de institución son diferentes. La mayor parte de las Hermandades se financiaban a través de sisas y arbitrios municipales, establecidos y recaudados por el propio concejo que creaba la Hermandad. Por el contrario, la Hermandad General se financió, especialmente en lo que se refiere a su apartado más militarizado, las capitanías de hombres de armas, a través de una contribución, impuesta a tal efecto por la Corona a los municipios. Podría alegarse que existen similitudes entre ambos métodos de financiación, pero cualquier similitud no es más que superficial y no resiste un análisis riguroso, ya que es muy distinto una tasa establecida, cobrada y gestionada por un concejo —sistema de financiación de las Hermandades medievales— de un impuesto fijado por la Corona y que cada concejo satisfacía, pero sin intervenir en su establecimiento, cuantificación o gestión. Resumiendo la cuestión, mientras que las Hermandades medievales eran financiadas por un sistema que podríamos calificar de municipal, el sistema de financiación de la Hermandad General, aunque hiciera caer el peso efectivo de la contribución en los concejos, era un sistema estatalNota 5).

De modo que tampoco en el aspecto financiero hay una correspondencia entre las Hermandades medievales y el modelo de Hermandad General de los Reyes Católicos.

Otra cuestión que diferencia netamente ambos modelos institucionales es el hecho de que la Hermandad General poseyó un aspecto netamente militarNota 6), en algunos de sus aspectos, del que carecían por completo las Hermandades medievales, que aspiraban tan solo —y no era cuestión baladí— a mantener a raya a los delincuentes comunes, organizados en mayor o menor medida, pero en ningún caso a enfrentarse a los duros asedios de la guerra de Granada o a la caballería pesada francesa, tal y como sí hicieron las armas de la Hermandad General. Esta inclinación militar se acrecentó a partir de 1480, cuando la Junta de Madrid ordenó que se sustituyera una capitanía de caballería ligera, apropiada para la lucha contra el bandidaje, por doscientos hombres de armas "al estilo francés": caballero, escudero, paje, diestro y palafrén; una construcción pensada para las batallas campales. Combinando este dato con el hecho de que se fijó que todas las rentas de la Hermandad en Galicia, Asturias, Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, el ducado de Medina Sidonia, el marquesado de Cádiz, Moguer, Palos y Puerto de Santa María se utilizaran para crear y sostener una armada, resulta evidente que las funciones militares eran inherentes a la Hermandad General, dado que con ella los reyes sostenían caballería pesada y barcos, elementos ambos inútiles para velar por el orden en los descampados de sus reinos.

De la importancia de este recurso militar da fe el que, en diferentes momentos de la guerra de Granada, las fuerzas de la Hermandad incluían alrededor de once mil jinetes, entre hombres de armas y caballería ligera, y una cifra similar de peonesNota 7). De hecho, no solo las fuerzas de la Hermandad General fueron usadas como fuerza militar, sino que una parte de la misma estaba proyectada como tal, con independencia de si puede ser considerada un ejército o, cuando menos, el embrión de un ejército permanenteNota 8).

En realidad, como señala Miguel Ángel Ladero Quesada, "a partir de 1482, las capitanías [de la Hermandad] no se emplearon tanto para el mantenimiento del orden interno, salvo en Galicia, como en acciones de guerra exterior, primero en Granada, y después en Nápoles y el Rosellón (...) Se ha puesto en relieve tanto la función de la Hermandad y su jurisdicción como garantes del orden público en descampados que, a menudo, se ha oscurecido su imagen o aspecto militar, pero desde nuestro punto de vista actual es el de mayor importancia" .Nota 9)

Por tanto, la vertiente militar de la Hermandad General, inexistente en las Hermandades medievales, es otro elemento de diferenciación institucional entre ambas organizaciones.

Así pues, si nos encontramos ante instituciones cuya creación responde al impulso de ámbitos distintos, cuyos intereses corresponden a sectores diferentes, cuyos elementos directivos no se corresponden, cuya fuente de financiación es de diversa naturaleza, cuyo propósito jurisdiccional difiere y que poseen elementos consustanciales en un caso inexistente en el otro —la vertiente militar, por ejemplo—, creemos que cabe preguntarse si la Hermandad General no será algo más que una evolución de las Hermandades medievales, sino una institución inspirada en ellas o que toma por modelos algunas de sus partes, pero que no pertenecen a la misma línea evolutiva, no pudiendo la Hermandad General considerarse una evolución de las medievales, sino un fenómeno diferenciado, en el mismo sentido que, si bien los Tercios del siglo XVI tomaban en algunos aspectos reconocida inspiración en las legiones romanas, ningún autor podría sostener que los tercios son la evolución institucional lógica de las legiones.

Varios argumentos pueden esgrimirse en contra del planteamiento expuesto.

En primer lugar, hay un claro continuismo en la nomenclatura. El término Hermandad General ya había sido usado, por ejemplo, en el intento de Enrique IV de crear una Hermandad para los reinos de Castilla y León en 1473.En segundo lugar, puede esgrimirse que, en realidad, la creación de la Hermandad fue propuesta por los procuradores de las ciudades en Madrigal, y no surgió, por tanto, por iniciativa legal. En tercer lugar, hay campos competenciales que se solapan, como la justicia en descampado, así como elementos, si se quiere, de ritualización, como la ejecución mediante asaeteamientoNota 10). Otro elemento común es el mantenimiento de la potestad de ejecutar sentencias in fraganti, sin necesidad de juicio.

Sobre las dos primeras cuestiones, cabe reflexionar si no fue, desde el principio, intención de los Reyes dar a una institución de nuevo cuño un barniz de tradición que encubriera, en la medida de lo posible, una institución que ocultaba en su seno más innovación y cambios de lo que sería dar a entender antes de su aprobación. En ese sentido, no hay que olvidar que, aunque los procuradores discutieran en Cortes sobre la Hermandad, la creación de esta les había sido propuesta previamente por los monarcas. Además, es notorio y destacado por varios expertos en el periodo el control férreo que los monarcas tuvieron en Madrigal sobre los procuradores asistentes, algo lógico en el contexto de unas Cortes que se celebraban con el reino sumido en una guerra civil con tintes internacionales. Isabel y Fernando no podían permitirse que se plantearan en las Cortes disensiones que socavaran su imagen de gobernantes legítimos. Todo lo que se planteó en Madrigal fue llevado hasta las Cortes, por decirlo de alguna manera, atado y bien atado. Difícil resultaría explicar de otra manera que las Cortes se avinieran, por ejemplo, a entregar un subsidio de ciento sesenta y dos millones de maravedíes.

La cuestión de la nomenclatura plantea una, a nuestro juicio, interesante cuestión. “Aunque en la práctica estaba surgiendo algo nuevo, hubo un deliberado propósito de explicitar que nada se estaba cambiando en el status jurídico del reino”Nota 11), lo cual se relaciona con la terminología utilizada por los monarcas. Si Fernando e Isabel no hubieran adoptado para su institución el nombre de Hermandad, con los precedentes existentes, ¿la opinión de la historiografía hubiera entroncado de manera tan mayoritaria a la Hermandad General con las Hermandades medievales o se hubieran juzgado sus diferencias esenciales con mayor rigor, hasta el punto de considerarse instituciones diferenciadas? Dicho con otras palabras, si la Hermandad General se hubiera llamado, por poner un ejemplo, Milicia del Reino de Castilla, ¿sería tan mayoritaria la historiografía en defender que esta imaginaria Milicia es una continuación de las Hermandades medievales?

En cuanto al solapamiento de los campos competenciales, hay que señalar que no fue completo, pues si bien las Hermandades tradicionales tenían jurisdicción sobre los descampados, igual que tenía la Hermandad General de los Reyes Católicos, esta amplió su competencia a determinados ámbitos urbanos: todos los municipios cuya población fuera inferior a los cincuenta vecinos y que no estuvieran cercados. Frente a la jurisdicción de la Hermandad, la única excepción era el asilo en las Iglesias, lo cual también era una diferencia significativa frente a las entidades anteriores.

Es evidente que hay entre los medievalistas y los historiadores del Derecho expertos cuya opinión, mucho más formada, seguramente rechace lo aquí expuesto, que no pretendemos plantear como teoría, sino tan solo como una cuestión sobre la que nos parece interesante una reflexión. No es la intención de estas líneas afirmar de forma taxativa que la Hermandad de los Reyes Católicos es una institución diferente y desligada de las Hermandades medievales, sino apuntar como tema de reflexión la posibilidad, a nuestro entender digna de considerarse, de interpretar la Hermandad de los Reyes Católicos como un fenómeno que, en ciertos aspectos tiene sus antecedentes en las Hermandades medievales, pero que, en esencia, posee elementos diferenciadores propios suficientes para ser considerada otra cosa, institucionalmente hablando, radicalmente diferente de las Hermandades medievales.

Quizá uno de los principales argumentos a favor de la relación de la Hermandad General con las Hermandades medievales lo constituya el hecho de que los Reyes no hicieron desaparecer las Hermandades existentes, sino que las vincularon institucionalmente a la recién creada, sometiéndolas, eso sí, a su autoridad, con la inclusión de un ejecutor de la Hermandad General que se convertía en la máxima autoridad de cada Hermandad.

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Nota 1

La nobleza vio, desde los momentos de su génesis, una amenaza en la institución que pensaban crear los monarcas. En febrero de 1478 coincidieron en una boda en Cobeña el arzobispo Carrillo, el marqués de Villena, el cardenal Mendoza y el Condestable Mendoza, que hablaron de asuntos del reino y luego se lo comunicaron a Fernando, informándole de que pensaban que el camino a la concordia civil era una reconciliación de los linajes de la nobleza, obligándose todos a la obediencia real, por lo cual debía de suspenderse la Hermandad, que ellos consideraban muy hostil a la nobleza. Fernando rechazó tomar en consideración la supresión, y ese mismo año la Hermandad recibió su primera prórroga de tres años (SUÁREZ BILBAO, F., Un cambio institucional en la política de los Reyes Católicos: La Hermandad General. Madrid, 1998, p. 53).

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Nota 2

DÍAZ GARCÍA, J., “La monarquización de las instituciones políticas españolas realizada por los Reyes Católicos”, p. 107.

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Nota 3

Tal y como se definen en BERGES, W., “Die sogenannte spanische Magna Charta”, en: Zur Geschichteund Problematik der Demokratie. Festgabefür Hans Herzfeld, Berlín 1958. p. 280.

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Nota 4

MARTÍNEZ RUIZ, E., y GÓMEZ VOZMEDIANO, F., "La jurisdicción de la Hermandad", en MARTÍNEZ RUIZ, E., y PAZZIS PI, M. de, (coords.), Instituciones de la España Moderna. Las jurisdicciones. Madrid, 1996, vol. I, p. 230.

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Nota 5

De hecho, los Reyes Católicos veían en la Hermandad General un método de fiscalidad alternativo, más maleable a sus intereses, que los tradicionales servicios de las Cortes (SUÁREZ BILBAO, El origen de un Estado, p. 42).

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Nota 6

"La profesionalización militar de la Hermandad es un objetivo prioritario (...) No fue un ejército moderno, pero sí el primer paso para constituirle" (UROSA SÁNCHEZ, Política, seguridad y orden público en la Castilla de los Reyes Católicos, p. 170).

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Nota 7

SUÁREZ BILBAO, F., El origen de un Estado: Toledo 1480. Madrid-Messina, 2009, p. 55.

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Nota 8

La Hermandad escogía a sus reclutas basándose en criterios de profesionalidad militar, lo cual favoreció una cultura de la "profesionalización" del oficio de las armas de suma importancia para la construcción de los ejércitos de los sucesores de Isabel y Fernando. Su papel como elemento germinal del ejército permanente se acentuó aún más si cabe con su desaparición: en ese momento, sus compañías no se disolvieron, sino que pasaron a estar directamente al servicio de la Corona.

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Nota 9

LADERO QUESADA, M. A., Ejércitos y Armadas de los Reyes Católicos. Nápoles y el Rosellón (1494-1504). Madrid, 2010, p. 164.

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Nota 10

La pena de muerte era la única condena contemplada en el ordenamiento de la Hermandad; todos los casos que caían dentro de su ámbito competencial se consideraban lo bastante graves para merecerla; si no era así, eran competencia de la justicia ordinaria.

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Nota 11

SUÁREZ BILBAO, Un cambio institucional en la política de los Reyes Católicos: La Hermandad General, p. 44.

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CAPÍTULO XVII: LA GUERRA Y LOS CAMBIOS TERRITORIALES

1.- La ampliación de los dominios

Hay pocas consecuencias tan evidentes de las guerras libradas durante el reinado de Isabel y Fernando como la expansión territorial que produjeron. Incluso prescindiendo de los inmensos dominios americanos, cuyo control y ocupación apenas comenzó a esbozarse durante el reinado de los Reyes Católicos, la ampliación territorial de la Monarquía a través de la guerra solo tiene parangón con la que se experimentaría, años después, en virtud de la herencia dinástica que concentró en manos de Carlos V el gobierno de un imperio aun más amplio.

Cuando terminó el reinado de los Reyes Católicos, con la muerte de Fernando, estos habían añadido a sus posesiones las islas Canarias, tras forzar a Portugal a aceptar la preeminencia castellana en el archipiélago en virtud de la victoria isabelina en la guerra de Sucesión de Castilla; los territorios del reino nazarí de Granada, tras una guerra que se extendió más una década; Nápoles, convertido en un virreinato tras haber luchado las armas hispánicas dos guerras en la península itálica; Navarra, incorporada en 1512 en el marco de las operaciones militares y políticas relacionadas con la guerra de la Liga Santa; y, por último, un rosario de posiciones fuertes a lo largo de la orilla Sur del Mediterráneo, ya que, en diversos momentos del reinado de Isabel y Fernando, se logró el control de posiciones como Melilla, Orán, Bugía, Mostaganem, Cazaza, Trípoli o Vélez de la Gomera. Además, habían recuperado el Rosellón y la Cerdaña de manos francesas.

Las consecuencias de esta ampliación territorial fueron inmensas: fue necesario crear un sistema administrativo, político, militar y fiscal capaz no solo de controlar, someter y aprovechar los nuevos dominios, sino también capaz de integrarlos en una Monarquía que se volvía, así, tremendamente plural. Los movimientos geográficos de fronteras y posesiones desplazaron las fallas políticas, configurando el choque contra dos poderosos enemigos, que marcaría la política exterior de la Monarquía en los siguientes ciento cincuenta años: Francia y el imperio otomano. Esto forzó a la Monarquía a redoblar sus esfuerzos en materia bélica, puesto que dominios cada vez más extensos y amenazados por rivales poderosos y agresivos exigían, a su vez, dispositivos militares capaces de afrontar los desafíos bélicos que las nuevas dimensiones geográficas suponían.

La ampliación territorial también provocó, aunque pudiera parecer paradójico, un refuerzo del poder central, ya que los nuevos territorios se integraban en la Corona y, aunque en algunos casos, sobre todo en el de Nápoles, los monarcas habían de tratar de mantener razonablemente satisfechas a las oligarquías locales, lo cierto es que la inexistencia de compromisos previos permitió a la Corona redefinir en buena manera sus relaciones con los diversos estamentos partiendo de una situación de tabula rasa. Los territorios incorporados supusieron un respaldo económico a los recursos financieros de la Corona, con nuevos campos materiales y geográficos en los que imponer su tributación, conceder licencias o establecer monopolios estatales, al mismo tiempo que ampliaban la base humana para sostener y hacer crecer algunos elementos institucionales centralizadores, caso de los ejércitos.

2.- El desplazamiento de las fronteras

La ampliación territorial de la Monarquía tuvo el efecto de desplazar las que habían sido fronteras tradicionales de los reinos hispánicos fuera de la península Ibérica. Este efecto se vio por vez primera al producirse la conquista del reino nazarí de Granada. La frontera tradicional, a lo largo de los territorios de Córdoba, Jaén y Murcia, se desplazó hasta las costas, convirtiendo al Magreb en nueva línea de demarcación de los dominios cristianos. África se convirtió en el nuevo limes de los monarcas cristianos peninsulares, lo cual tiene una relación directa con las posteriores campañas de expansión en el Norte del continente africano, pues una de las visiones predominantes sobre las mismas las enmarcaba dentro del concepto de seguridad fronterizaNota 1). Es decir, la ocupación de Melilla y el resto de ciudades y presidios norteafricanos tenían como función primera asegurar el propio territorio interior de la Monarquía, entendiendo como tal las costas de la Andalucía Oriental y el Levante, poniendo estas demarcaciones a salvo, en la medida de lo posible, de incursiones corsarias, ataques berberiscos o, en el peor de los casos, de invasiones y asaltos a gran escala. Eran, por tanto, antes que nada, acciones de frontera, por lo menos en un primer momento, ya que la posterior deriva de las ocupaciones en dirección a Levante, hasta un enclave tan oriental como Trípoli, difícilmente podría justificarse como una acción destinada a salvaguardar la península Ibérica.

En cuanto a la traslación de la frontera que supuso la adquisición de las posiciones norteafricanas, su dispersión y aislamiento hizo que no constituyeran un mundo fronterizo por sí mismo, y que las consecuencias estratégicas de su posesión no tuvieran el calado que se esperaba, ni como límite y freno a la acción pirática ni como sucesión de peldaños en un camino que, se aspiraba, condujera a la conquista de Egipto como paso previo a la expulsión de los otomanos de Europa y la reconquista de los Santos Lugares, perdidos tras la caída de San Juan de Acre en el siglo XIII. La renuncia a la conquista del territorio interiorNota 2) y el escaso contacto con las comunidades locales, más allá de las directamente sometidas al dominio hispánico, limitó el impacto cultural y estratégico de estas posesiones como frontera meridional última de los reinos peninsulares. Más bien cabría hablar, en este sentido, de puestos avanzados en el interior de un territorio hostil o, al menos, ajeno, que de verdadera frontera de la Monarquía. El surgimiento de la figura del presidio, como asentamiento de carácter plenamente militar, corrobora esta línea interpretativa.

El más notorio desplazamiento de frontera ocurrido por causas militares en el reinado de Isabel y Fernando fue, a nuestro entender, la incorporación de Nápoles a los dominios de la Corona, puesto que tuvo una influencia decisiva en los dos conflictos que habrían de marcar los siglos XVI y XVII en el mundo hispánico y cabría decir, incluso, que el mundo europeo y mediterráneo: el choque de la Monarquía con Francia y el imperio otomano.

Las guerras con Francia comenzaron directamente en relación a Nápoles y al convertirla en una posesión de los monarcas hispánicos, hicieron que los intereses de la monarquía en Italia no fueran ya solo económicos, políticos o dinásticos, como habían sido hasta entonces los intereses aragoneses, sino un interés territorial y gubernativo directo. Las amenazas sobre Italia en general y sobre Nápoles en particular dejaron de ser peligros que se cernían sobre un aliado o sobre la esfera de interés estratégico hispánico, para pasar a ser ataques contra el corazón mismo de la Monarquía.

Así, las guerras de Nápoles fueron la puerta de entrada para que la guerra recorriera la península Itálica durante el siguiente siglo y medio —con especial énfasis en la primera mitad del siglo XVI—, puesto que ni Francia quería renunciar a sus aspiraciones en el Norte, centradas en Saboya y el Milanesado, ni la Monarquía hispánica podía, con Nápoles integrado en sus dominios, admitir la más mínima aspiración francesa en aquellos territorios. Nápoles hizo de Milán una de las piezas claves del gran juego con Francia, y convirtió al Milanesado en baluarte fundamental en la estrategia defensiva hispánica, pues, en una suerte de teoría del efecto dominó similar a la seguida cuatro siglos después por los Estados Unidos en Asia, España estuvo dominada por la idea de que, si caía Milán, toda Italia le seguiría, y terminaría por perderse Nápoles, el más preciado de los dominios europeos de la Corona.

Más decisivo aun fue el desplazamiento de la frontera de la Monarquía que supuso la incorporación de Nápoles en relación con el conflicto con el imperio otomano. A comienzos de la década de 1480, los turcos habían demostrado cuán directa podía ser su amenaza sobre Nápoles con el ataque a Otranto, posesión de este reino en la propia península Itálica. A partir de comienzos del siglo XVI, de la misma forma que ocurría con Francia, la amenaza turca sobre Nápoles y, en general, sobre Italia, dejó de ser la amenaza a una zona de influencia o a unos aliados para ser una amenaza directa a los territorios de la Monarquía y, por tanto, mucho más sensible y susceptible de reacción por parte de esta. Con la incorporación de Nápoles, la frontera levantina de la Monarquía de desplazaba cientos de kilómetros hacia el Este, entrando directamente en contacto con el Mediterráneo Oriental, que amenazaba con convertirse en un lago turco.

El reino napolitano no solo movió los dominios hispánicos hasta colocarlos directamente en el eje de penetración turca hacia el Mediterráneo Occidental, sino que dio a los Reyes Católicos y sus sucesores una plataforma inmejorable para proyectar su fuerza naval directamente contra la Sublime Puerta. El puerto de Nápoles se convirtió en una de las bases más importantes de las flotas de galeras de la Monarquía y, posteriormente, en la sede del tercio de galeras, la primera unidad de infantería de marina del mundo. También actuó, en especial a través de su virrey, como elemento coordinador de los servicios de información en territorio turco, sobre todo en los Balcanes.

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Nota 1

La visión tradicional de la historiografía ha considerado en el largo plazo un fracaso la estrategia hispánica en el Norte de África, tal y como se manifiesta en BRAUDEL, F., "Les espagnols et l'Afrique du Nord de 1492 á 1577", en Revue Africaine, vol. 69, 1928, pp. 188-233 y 351-410. Esta interpretación está siendo revisada exitosamente por autores como Beatriz Alonso Acero.

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Nota 2

Esta renuncia no se adoptó como estrategia sino después de un largo debate. Hernando de Zafra y otras personas de la Corte querían campañas de amplio espectro, similares a las realizadas por Colón en América, para controlar el territorio hasta el Sáhara, pero las circunstancias lo hicieron inviable. Igualmente, Cisneros era partidario de la ocupación en profundidad. Sin embargo, eventos como las guerras de Italia o el desvío del proyecto africano que supuso la colosal aventura americana terminaron por dictar la estrategia de la ocupación limitada (ALONSO ACERO, Cisneros y la conquista española del Norte de África, pp. 106 y 208).

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3.- Una decisión territorial estratégica: la ocupación limitada en ÁfricaNota 1)

Una cuestión territorial sobre la que cabe meditar es la razón que llevó a las potencias hispánicas, a finales del siglo XV y a lo largo del siglo XVI, a limitar la ocupación del espacio norteafricano al establecimiento de puntos fuertes y comerciales en lugar de producirse una colonización en profundidad como ocurriría en el siglo XIX. Una vez planteada la cuestión, la respuesta que aparece con mayor fuerza es la que indica que las potencias europeas —en este contexto, España y Portugal—, no tuvieron verdadero interés en realizar una conquista generalizada del territorio. Dejando de lado las dificultades que esto hubiera supuesto, los intereses fundamentales de ambas potencias eran satisfechos sobradamente a través de la posesión de enclaves costeros concretos.

La primera de estas necesidades, de índole militar, era la de garantizar la seguridad de las costas de la ribera Norte frente a los ataques, ya de fortuna, ya organizados concienzudamente, que lanzaban diversos reinos norteafricanos. La forma más directa y eficaz de lograrlo era la ocupación de los puertos que servían de base a los corsarios y piratas musulmanes. Así pues, en este sentido, no era necesaria una penetración y un dominio generalizado del territorio, sino tan solo asegurar el control de las estratégicas radas y bahías que jalonaban la costa mediterránea.

Dado que la mayor parte de las ciudades dominantes de los reinos norteafricanos eran costeras —Fez era la excepción—, la ocupación de los puertos no solo privaba a los piratas de sus bases, sino que supondría la aniquilación de la estructura estatal que los sostenía. Por tanto, en aras de la eliminación de la amenaza pirática sobre las costas, las rutas y los navíos peninsulares, la ocupación del Magreb más allá del alfoz de sus puertos carecía de sentido.

La segunda necesidad era la de detener la expansión otomana hacia el occidente del Mediterráneo. Esta expansión, por razones orográficas, se realizaba, en su sentido físico, siguiendo la franja costera, extendiendo el largo brazo de Constantinopla para controlar o influir de forma determinante en el gobierno de los reinos norteafricanos. Dado que los centros políticos eran costeros o situados a muy escasa distancia de la costa, y dado que el interior, ya fuera sahariano o montañoso, no ofrecía a los otomanos vías de penetración aptas para desplazamientos militares hacia Occidente, por su relieve, sus condiciones y lo inmenso de las distancias, el territorio interior del Magreb no era un escenario importante en el afán de la monarquía católica por detener la expansión otomana. De hecho, el conflicto con Constantinopla sería, por lo que respecta a España, un conflicto naval, y las operaciones terrestres que se realizaron —desembarcos, asedios, asaltos de ciudades— estuvieron siempre mediatizados, en el plano estratégico, por esa concepción naval del conflicto.

La tercera, y quizá más importante de las causas de la intervención hispánica en el Norte de África, eran las motivaciones comerciales. En este sentido, el control del interior resultaba ocioso para los intereses occidentales: bastaba con controlar las cabeceras de las rutas caravaneras para tener acceso a los productos que las caravanas desplazaban desde el corazón del continente negro hasta las orillas del Mediterráneo. Esta razón sellaría el destino de localidades como Ceuta, Melilla o Tánger, elegidas para su ocupación por ser importantes centros de llegada y regreso de las caravanas.

Controlar la totalidad de la ruta era, para la monarquía hispánica, ocioso, innecesario, costoso y, probablemente, imposible en la práctica, pues, aun en el poco probable caso de que sus ejércitos hubieran sido capaces de establecer un control de algún tipo sobre amplios tramos de estas rutas, su defensa, a lo largo de una delgada línea que serpenteaba cientos de kilómetros por desiertos y montañas, en un territorio cuyos pobladores serían hostiles por razones históricas, políticas, religiosas y económicas, se antoja imposible de llevar a cabo salvo durante un espacio de tiempo extremadamente breve. De este modo, el comercio, con su enorme peso en las decisiones africanas, no impelía en absoluto a los Reyes Católicos a profundizar en la ocupación de regiones amplias de suelo africano.

En el caso portugués, existía una cuarta razón que explicaba su presencia en suelo africano: la protección de la ruta que llevaba a la India bordeando la costa atlántica del litoral africano. Nuevamente, en este caso la necesidad podía ser satisfecha ocupando únicamente una cadena de plazas costeras, sin que la ampliación de los dominios hacia el interior supusiera una ventaja significativa. Las plazas portuguesas en el litoral atlántico garantizaban puertos seguros, suministros, refugio, agua y mercados a las carabelas que navegaban hacia el Sur para doblar Buena Esperanza y Agujas, rumbo a las aguas del Índico, y su posesión erradicó casi por completo la actividad pirática musulmana en el área en cuestión. Penetrar hacia el interior, una vez más, no era necesario para los intereses portugueses.

Así pues, ni Portugal ni la Monarquía Hispánica tenían un interés manifiesto, claro y real en establecer un dominio territorial extenso hacia el interior del Magreb. Reflexionar si hubieran podido lograrlo, de haber existido dicho interés, es un ejercicio de historia-ficción, una especulación sumamente interesante pero sobre la que resulta imposible llegar a una conclusión que aspire al rigor científico.

Uno de los aspectos claves que permitió a la Monarquía Hispánica ocupar y, posteriormente, mantener sus posesiones norteafricanas fue el dominio del mar durante los últimos años del siglo XV y los primeros del siglo XVINota 2), dominio que se iría difuminando en los años posteriores con la aparición de las grandes flotas corsarias berberiscas y argelinas, financiadas y sostenidas, en buena medida, por el poder otomano. Sin embargo, en el momento en que la Corona consiguió la mayor parte de sus plazas en el Magreb, los poderes musulmanes locales no constituían una fuerza naval capaz de oponerse a la Monarquía peninsular.

Los magrebíes, como señala el profesor Hess, no desplegaron flotas de galeras ni adaptaron nuevas tecnologías navales porque carecían de los recursos económicos para hacer y mantener una flotaNota 3). Es decir, la superioridad castellana y aragonesa no era técnica ni tecnológica, sino, en última instancia, política, ya que los reinos peninsulares dispusieron en esos años de una estructura política que les permitió movilizar, siguiendo los designios de un poder central, los recursos económicos necesarios para aplicar y explotar unas tecnologías —las galeras, por ejemplo— que eran conocidas en los reinos del norte de África, pero que no podían aprovecharlas a gran escala, ya que sus estructuras estatales fragmentadas y descentralizadas no permitían la concentración e inversión de recursos necesaria para ello.

El único intento portugués de una conquista interior realizado en el siglo XVI, la expedición de don Sebastián, parece dar la razón a esta línea de pensamiento. En primer lugar, hay que señalar que la expedición no respondió a un interés portugués tangible, sino a las ansias cruzadas y, si se quiere usar un anacronismo, románticas, que guiaban al joven rey luso: desde el punto de vista estratégico de Portugal, el enfrentamiento con el reino de Fez que, con la excusa de devolver el trono a un pretendiente derrocado, que inició don Sebastián, era innecesario. En 1578, don Sebastián se puso al frente de un ejército formado por la nobleza portuguesa, fuerzas mercenarias y un pequeño contingente de soldados españoles, que su tío, Felipe II, había puesto a su disposición pese a ser contrario a la expedición. Don Sebastián, tras desembarcar en Arcila, marchó hacia Alcazarquivir, donde se encontraban las tropas del rey de Fez, cuyo territorio pensaba someter y convertir el joven monarca luso. Agotados, extenuados y sedientos tras una larga marcha a pleno sol, las fuerzas portuguesas fueron masacradas el 4 de agosto de 1578. Los rescates que se pagaron por los nobles capturados arruinaron el tesoro portugués y la desaparición del rey, sin herederos, propició que Felipe II reclamara el trono de Portugal e incorporara el reino a sus dominios tras sofocar una débil resistencia.

Lo mismo puede decirse del intento castellano de someter los territorios del antiguo reino de Bu-Tata. Se trató de una circunstancia algo especial, ya que respondía, más que a los intereses africanos de la monarquía hispánica, a un conflicto de límites con Portugal, que en 1497 se había asegurado el sometimiento de Messa, área reclamada como propia por Isabel y Fernando. El proyecto terminó con el desastre de las Torres y la matanza de más de cuatrocientos castellanos en Nus, que llevó a los Reyes a regresar a la política de plazas litorales, como Santa Cruz de la Mar Pequeña, renunciando a todo intento de penetración hacia el interior o de sometimiento de grandes marcos geográficos.

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Nota 1

En el presente apartado seguimos, salvo nota en contrario, MARTÍNEZ PEÑAS, L., “Consideraciones estratégicas en la expansión africana en el tránsito a la Modernidad”, en MARTÍNEZ PEÑAS, L., FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., y BRAVO DÍAZ, D., (coords.), La presencia española en África: Del fecho de allende a la crisis de Perejil. Madrid, 2012.

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Nota 2

HESS, A. C., The forgotten frontier. History of the Sixteenth-Century Ibero-African Frontier. Chicago, 1978, p. 17.

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Nota 3

HESS, The forgotten frontier, p. 18.

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4.- Los virreyesNota 1)

El oficio de virrey era el que aunaba elementos definitorios próximos al monarca, en lo que se diferenciaba de otros oficios de la administración territorial, en tanto en cuanto el virrey se configuraba como un “alter nos” del monarca en aquellos territorios en los que no podía encontrarse en personaNota 2). No deja lugar a dudas al respecto la definición que de esta figura da Covarrubias: aquel que, en alguna provincia, está en ella representando, como ministro supremo, a la persona del reyNota 3). Es por tanto, mucho más que un administrador o gobernante, ya sea civil, militar o judicial, de una determinada demarcación. Sus poderes derivan y emanan directamente de esta consideración personal: el virrey aparece como cabeza de todo el aparato estatal en su territorio en tanto en cuanto lo es el monarca a quién representa.

Más allá de sus tareas específicas de gobierno, el virrey encarnaba varias de las vertientes del rey: simbólica, legal e institucional y cortesana. Esa representación exigía asumir unos gestos y proyectar un esplendor capaz de hacer que los súbditos se sintieran realmente ante el alter nos del soberano, imagen del Rey, a diferencia de otras figuras institucionales de la Monarquía a las que se daban competencias de gobierno territorialNota 4). Ello explica por qué, nuevamente a diferencia de otras figuras, como los capitanes generalesNota 5), el virrey concentra a su alrededor una verdadera Corte, en el sentido institucional del término.

A la figura del virrey se le ha buscado orígenes romanosNota 6), pero, en cuanto a su utilización directa en el marco de la Monarquía Hispánica, cabe vincular su desarrollo con las necesidades de la Corona de Aragón, que debía gobernar una entidad compleja, en la que se integraban diversos territorios, varios de ellos con la consideración de reinos. Dada la imposibilidad de que el monarca se encontrara presente en ellos de forma regular, surgió la figura del virrey como un comisario real al que se le había concedido la representación regia para pacificar un territorio, para lo cual concentra en sus manos tanto la jurisdicción civil como la jurisdicción criminal, mero y mixto imperio con “gladii potestate”. Así pues, “no es posible explicarse la creación y el desarrollo [de la figura del virrey] sin considerarla a través del pactismo como principio político y del absentismo [del monarca] como hecho jurídico”Nota 7).

En este momento inicial, los virreyes se configuraron como una evolución del concepto de lugartenencia real, es decir, de aquellas personas que gobernaban en nombre del rey cuando este no se encontraba presente en un territorio. Parece haberse convertido en habitual, a lo largo del siglo XIII, que los reyes de Aragón gobernaran el reino de Valencia a través de virreyes. Las atribuciones de los virreyes acostumbraban a ser limitadas en el tiempo, puesto que sus funciones solo les eran concedidas en tanto en cuanto el monarca se encontrara ausente del territorio, pero acabaron convirtiéndose en instituciones de gobierno permanentes con la adquisición por parte de la Corona de Aragón en Sicilia y Cerdeña. Con la incorporación de estos territorios, donde la presencia del monarca era prácticamente inexistente, los virreyes se convierten en una forma permanente de administración territorial, ante la imposibilidad de que un soberano aragonés residiera de forma sistemática durante periodos de tiempo significativos en dichas posesionesNota 8). Así, Aragón gobernó Sicilia a través de virreyes desde el año 1415, con el nombramiento del duque de Peñafiel, hijo menor de Fernando de Antequera, mientras que los gobernadores de Cagliari se convirtieron en virreyes de Cerdeña, con la consiguiente ampliación de poderes y también de responsabilidades —como el quedar sujetos al procedimiento de la purga de taula— a mediados del siglo XV.

Una de las principales características que tenía la figura del virrey era que, en su condición de imago regia, se creaba a su alrededor una verdadera Corte, en la que se integraban, en clave territorial, tanto los esquemas centrales de la Monarquía como las élites y peculiaridades de cada uno de los virreinatos. Los efectos de la existencia de estas Cortes fueron variados. Probablemente, el más importante y positivo para el gobierno central, fue el crear redes de interés y clientela a través de las cuales las élites locales se vieron vinculadas al tejido gubernativo de la Corona, cumpliendo así las Cortes virreinales, como reflejo de la Corte central de la Monarquía, una verdadera función de integración de las élites.

Por el contrario, uno de los efectos negativos que tuvo la aparición de estas Cortes, y que se puso de manifiesto desde el momento de la creación del virreinato napolitano, inicialmente en manos de Gonzalo Fernández de Córdoba, fue el alimentar intrigas y recelos, que no siempre quedaban circunscritos a los intereses virreinales, sino que se tradujeron en ocasiones en fuertes tensiones entre el gobierno virreinal y la Corona. Así, el disgusto de Fernando el Católico ante la red clientelar creada por el Gran Capitán en el reino de Nápoles durante su virreinato, como respaldo a lo que Fernando temía fueran ambiciones mayores, acabó causando no solo que González de Córdoba fuera apartado del virreinato, sino su marginación en las operaciones políticas y, sobre todo, militares de la Monarquía.

Sería un error suponer que fue este un caso aislado, atribuible al carácter de las personalidades involucradas y a las ambiciones, reales o no, de Fernández de Córdoba. Tensiones similares se repitieron a lo largo del gobierno de varios virreyes más, en especial en Italia. “La clave de esas polémicas residía en el complejo carácter institucional y simbólico de un oficio de gobierno que alcanzó su máximo desarrollo en Italia. El virrey reflejaba la compleja imagen de un soberano obligado a suplir la ausencia a la que lo condenaba la extensión de la Monarquía y, por tanto, a encomendar el gobierno de reinos y estados a los nobles que debían «estar en nuestro lugar, representando nuestra propia persona», según la fórmula reiterada en las instrucciones regias, fruto de un lento proceso de configuración de funciones que, forjado bajo los Reyes Católicos y Carlos V, alcanzó sus rasgos definidos en el reinado de Felipe II”Nota 9).

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Nota 1

Sobre esta cuestión está llamada a ser obra de referencia RIVERO RODRÍGUEZ, M., La edad de oro de los virreyes. El virreinato en la Monarquía Hispánica durante los siglos XVI y XVII. Madrid, 2011.

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Nota 2

SZÁSDY LEÓN-BORJA, I., “Colón, virrey. Una aproximación jurídica a la institución”, en VARELA, C., (coord.), Congreso Internacional Cristóbal Colón, 2506-2006, Historia y leyenda. Palos de la Frontera, 2006, p. 218.

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Nota 3

COVARRUBIAS, Tesoro de la lengua castellana o española, pp. 905 y 1012.

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Nota 4

HERNADO SÁNCHEZ, C. J., “Los virreyes de la Monarquía española en Italia. Evolución y práctica de un oficio de gobierno”, en Studia Histórica. Historia Moderna, n° 26, 2004, p. 47.

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Nota 5

Sobre otra figura de gobierno territorial, como son los comandantes generales, ver ÁLAMO MARTELL, D., “Los comandantes generales de Canarias y sus conflictos jurisdiccionales durante el siglo XVIII”, en Revista de la Inquisición (Intolerancia y Derechos Humanos), n° 18, 2014.

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Nota 6

La figura romana con la parece tener una relación más directa es con el prefecto del pretorio, que, a su vez, se cree que deriva de la institución de magister equitum, el auxiliar del dictador (LALINDE ABADÍA, J., La institución virreinal en Cataluña (1471-1716). Barcelona, 1964, p. 43)

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Nota 7

LALINDE ABADÍA, La institución virreinal en Cataluña, p. 53.

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Nota 8

SZÁSDY LEÓN-BORJA, “Colón, virrey. Una aproximación jurídica a la institución”, p. 219.

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Nota 9

HERNADO SÁNCHEZ, C. J., “Los virreyes de la Monarquía española en Italia. Evolución y práctica de un oficio de gobierno”, en Studia Histórica. Historia Moderna, n° 26, 2004, p. 46.

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5.- Los virreyes, los Reyes Católicos y la guerra

La institución virreinal fue alcanzando estabilidad y desarrollo en su perfil institucional a lo largo del siglo XVI, momento de afianzamiento de un proceso evolutivo que se había ido desarrollando a lo largo del siglo XV, a medida que la Corona de Aragón comenzó a utilizarlos de forma recurrente para gobernar los territorios que se integraban en ella. Lo que comenzó siendo una figura contingente para superar una ausencia concreta del monarca tomó carta de naturaleza permanente durante el reinado de los Reyes Católicos, desde el mismo momento del matrimonio entre ambos, ya que las capitulaciones de Cervera fijaban que Fernando no podría abandonar Castilla sin el permiso de su mujer, consagrándose así como habitual la ausencia del monarca aragonés de sus dominiosNota 1).

Cuando Isabel y Fernando accedieron a sus respectivos tronos, la figura del virrey no se utilizaba en los dominios de Castilla, y sí en los territorios sometidos a la Corona de Aragón. A lo largo del reinado, los Reyes incorporaron el virrey como cabeza de la administración en dos de los territorios que habían incorporado a sus dominios —Nápoles y Navarra—, así como en los dominios castellanos en AméricaNota 2). Sin embargo, otra parte significativa de la ampliación territorial de la Monarquía en aquellos años no fue dotada de gobierno virreinal: ni los territorios de Granada, ni las islas Canarias ni las posesiones norteafricanas fueron gobernadas por la Monarquía a través de virreyes.

Si dejamos de lado el caso americano, que por sus condiciones únicas, tal y como se ha explicado en el preámbulo de este trabajo, consideramos que debe ser exceptuado de este análisis, los dos territorios en los que Isabel y Fernando constituyeron nuevos virreinatos fueron incorporados a sus dominios mediante campañas militares: la segunda guerra de Nápoles en el caso italiano y la invasión castellano-aragonesa del año 1512, en el marco de la guerra de la Liga Santa, en el caso navarro.

¿Podría ser este un factor determinante a la hora de gobernar el territorio incorporado a través de la figura de un virrey? No lo parece, puesto que el otro gran territorio incorporado a los territorios de Isabel y Fernando, el reino de Granada, no fue nunca gobernado a través de un virrey, sino por la figura, de tintes militares pero ni mucho menos carente de connotaciones políticas, del capitán general, en la persona del conde de Tendilla, auxiliado por el secretario Hernando de Zafra y encargando parcelas vitales de la administración granadina al que fuera nombrado arzobispo de la archidiócesis, fray Hernando de Talavera.

El mismo ejemplo granadino sirve para descartar otra posibilidad: Que quedaran constituidos en virreinatos aquellos territorios incorporados a la Monarquía que tuvieran especial significación desde el punto de vista de la extensión y la población, lo cual podría explicar por qué Nápoles y Navarra acabaron siendo virreinatos, mientras que no lo fueron los dominios canarios o las plazas fuertes norteafricanas. Granada, cuya extensión y población le hubieran colocado en la misma categoría territorial, avant la lettre, que Navarra y Nápoles, no fue virreinato, lo que invalida el razonamiento.

Si se analiza con cierto detenimiento lo relativo a la creación de virreinatos en Navarra y Nápoles, mientras que no se hiciera lo propio en Granada, Canarias o África, parece oportuno señalar dos posibles líneas de pensamiento: la vinculación aragonesa de ambos virreinatos y el hecho de que ambos fueran reinos cristianos independientes con élites y estructuras de gobierno que asimilar, caso que no se daba en Granada, y menos aún en Canarias o el Norte de África.

En cuanto a la primera de estas cuestiones, la influencia de la tradición aragonesa en el uso de la figura del virrey en detrimento de otro tipo de institución, se encuentra presente tanto en el caso napolitano como en el navarro. Respecto a Nápoles, aun cuando su incorporación a los dominios de la Monarquía no se produjo en el marco de la Corona de Aragón, sí es indiscutible su vinculación, al menos en el momento en que se produjo, al mundo aragonés, y más si tenemos en cuenta que dicha incorporación tuvo lugar en virtud de los intereses y derechos dinásticos de la Corona de Aragón. Si el primer virrey fue castellano, Gonzalo Fernández de Córdoba, fue fruto de las circunstancias bélicas, puesto que el Gran Capitán había dirigido las operaciones y se encontraba sobre el terreno, más que de una decisión real. Tras el cese de Fernández de Córdoba, las siguientes personas que detentaron el cargo durante el reinado de Fernando el Católico fueron originarios de los dominios de la Corona de Aragón: Juan de Ribagorza, Ramón Folch de Cardona, el cardenal Remolins y Bernat de Villamarí.

Un aspecto que refuerza la conexión directa entre la Corona de Aragón y la designación de virreyes se encuentra en el hecho de que, dada su situación geográfica y su peso político, era inevitable que el gobierno napolitano se convirtiera en eje de la política hispánica en el Mediterráneo Occidental y en la península alpina. En este contexto, sus relaciones y su coordinación con los virreyes aragoneses de Sicilia y Cerdeña debía ser constante, completa y, en la medida de lo posible, ausente de tensiones. Dado que tanto Sicilia y Cerdeña estaban gobernadas por virreyes, dotar a la persona que se hiciera cargo del dominio de Nápoles de cualquier otro rango hubiera podido ser origen de problemas.

En el caso de Navarra, la conexión con la Corona de Aragón también es directa, pues no cabe olvidar que gran parte de la crisis sucesoria navarra de finales del siglo XV estuvo originada y agravada por la intervención de la Casa aragonesa en la pugna por el trono de Pamplona. Aunque con frecuencia se hace referencia a una invasión castellana en el año 1512, lo cierto es que la Corona de Aragón también participó en la invasión, atacando Navarra desde su propia frontera y con sus propios ejércitos, al mando de comandantes aragoneses. Dinásticamente, la conexión aragonesa con la cuestión navarra era más directa y cercana que la castellana, pues no solo el padre de Fernando, Juan II, había luchado por ocupar y retener la corona navarra, sino que el segundo matrimonio de Fernando con Germana de Foix proyectaba su impacto directamente sobre el ámbito navarro.

Respecto a la segunda cuestión planteada, tanto Navarra como Nápoles habían sido, en el momento de ser incorporados a la Monarquía Hispánica, reinos independientes, con completas y complejas estructuras de gobierno, sus propias dinámicas internas, sus órganos e instituciones, sus élites y sus juegos de poder. Fernando —pues a Fernando cabe atribuir la arquitectura de la incorporación de ambos reinos— no quiso, ni seguramente hubiera podido de haber querido, suprimir de plano las estructuras preexistentes en Nápoles y Pamplona, sino solo reemplazar la autoridad regia existente en aquellos territorios. Con ello se pretendía minimizar la resistencia de las élites locales al proceso de anexión, una vez culminada con éxito la victoria militar que suponía la premisa de base de la incorporación.

El virrey presentaba ventajas notables en este sentido, ya que funcionaba como un alter nos del rey, de forma que aquellos territorios, que por tradición habían contado con un monarca propio, que desempeñaba un papel directo fundamental en los órganos, los consejos, los procesos jurídicos, el ceremonial y en la misma existencia de una Corte alrededor de su figura, seguían contando con alguien que desempeñaba ese papel, ocupando el lugar del monarca por delegación directa de este. En un sentido conceptual, seguía siendo el rey quién acudía a las ceremonias, quién ejercía la justicia o quién presidía las reuniones de los sínodos de gobierno, puesto que el virrey no era sino una trasposición de la persona del monarca, un especulo regio para suplir la imposibilidad física del rey de desempeñar simultáneamente sus funciones políticas, jurídicas y simbólicas en las diversas Cortes integradas en la Monarquía. El uso de figuras como el gobernador o el capitán general, posiblemente, no hubieran cubierto este tipo de funciones con la misma eficiencia, ya que se trataba de instituciones de gobierno territorial y de administración militar, carentes del componente de majestad —aunque fuera delegada— que llevaba aparejada la figura virreinal.

Podría argumentarse que este tipo de estructuras estatales existían en el reino nazarí de Granada, e incluso en determinadas organizaciones en las islas Canarias, como pudiera ser el caso de los menceyatos, o reinos guanches, en los que se encontraba dividida la isla de Tenerife. Sin embargo, un análisis riguroso de ambos supuestos muestra diferencias sustanciales con respecto a las estructuras preexistentes en Navarra y Nápoles.

Respecto al caso tinerfeño, las estructuras de gobierno eran demasiado localistas como para poder pretender siquiera mínimamente que la Monarquía mostrara intención de conservarlas, puesto que la misma fragmentación de los menceyatos, con un número elevado de reinos independientes entre sí, lo hacía impracticableNota 3). Por otro lado, ninguna Monarquía occidental consideraría el mantener, aún subordinada a sus propias instituciones, las estructuras regias de una serie de reinos que eran paganos, en un mundo cuya concepción de la Monarquía y el Estado entroncaba directamente con nociones de carácter religioso.

En el caso nazarí, la cuestión religiosa invalidaba por completo cualquier posibilidad de mantenimiento a gran escala de la estructura de gobierno granadina, incluso en un contexto en el que las capitulaciones de 1492 permitían a los musulmanes conservar su religión y parte de su sistema legal. No era viable, en cambio, el mantenimiento de su estructura pública, toda vez que en el mundo musulmán política y religión, al igual que derecho y religión, eran realidades indisociables. El gobierno de la Granada nazarí, como el de cualquier otro Estado musulmán de su tiempo, era un gobierno teocrático, al menos en teoría, y sus estructuras eran teocráticas, por tanto. No había forma de mantener los órganos y los procedimientos previos dentro de la administración del territorio que debían establecer los Reyes Católicos.

Así pues, el estudio de las circunstancias de cada uno de los territorios anexionados mediante esfuerzos militares durante el reinado de los Reyes Católicos, nos da importantes pistas sobre cuál pudo ser el criterio a la hora de determinar qué territorios se convertían en virreinatos y a cuáles se les dotaba de otras formas de administración.

En primer lugar, los dos territorios que se convirtieron en virreinatos fueron previamente reinos cristianos independientes, con monarquías propias, con organización administrativa asimilable y con élites integrables en el conjunto de la Monarquía. En segundo lugar, en la anexión de ambos reinos la Corona de Aragón fue determinante, ya sea por responder directamente a sus intereses económicos, dinásticos y políticos, ya por la intervención directa de tropas aragonesas. Se da la circunstancias de que, además, ambos virreinatos se configuraron esencialmente desde la experiencia de gobierno de Fernando, ya que las provisiones al respecto —una vez superadas las guerras que supusieron las incorporaciones— se realizaron después del fallecimiento de Isabel. Igualmente, cabe destacar que las incorporaciones que se hicieron en vida de Isabel —Granada, Canarias y parte de las norteafricanas, caso de Melilla— siguieron modelos castellanos, de forma que ninguna de ellas se convirtió en virreinato. Todas ellas fueron anexiones o incorporaciones que respondían a intereses castellanos o, en el mejor de los casos, compartidos por ambas Coronas, como en el caso de las posesiones magrebíes, donde el interés aragonés en recuperar las antiguas funduqs, o factorías occidentales no fue ajeno al proyecto africanista.

Si es significativo que los territorios que se convirtieron en virreinato fueran territorios vinculados en gran medida a los intereses y forma de gobierno aragoneses, así como poseedores de estructuras institucionales de corte occidental, también lo es que los territorios que no fueron constituidos en virreinatos no cumplieran ninguna de las tres características mencionadas: ni su anexión respondió a intereses aragoneses, ni Fernando parece que tuviera especial interés en ninguno de ellos, ni poseían previamente estructuras de gobierno de corte occidental que fuera recomendable —o posible— respetar, modificar y asimilarNota 4).

La estructura virreinal construida sobre todo por Fernando el Católico en los dominios itálicos —Cerdeña, Sicilia y Nápoles— fue uno de los eslabones fundamentales que permitió mantener sujetos a la Monarquía estos territorios, hasta que las armas imperiales de Carlos V consolidaron este dominio, por la doble vía de la integración y la sujeción:

“Los gobiernos virreinales en Sicilia y Nápoles continuaron la política de entendimiento con las élites locales desarrollada por Fernando el Católico, a pesar de las graves tensiones desatadas a la muerte de éste, cuando, sobre todo en la isla, con la expulsión de Palermo del virrey Hugo de Moncada en 1516 por una facción rival de la poderosa aristocracia regnícola, se inició un ciclo de rebeliones que duraría hasta 1523 y cuyas consecuencias, a través de la alternancia entre la represión y el consenso desarrollada por el virrey de origen napolitano Ettore Pignatelli, conde de Monteleone y, desde 1535, por el mantuano Ferrante Gonzaga, condicionarían el ejercicio del gobierno virreinal durante el resto del reinado de Carlos V”Nota 5).

La conexión y coordinación entre los tres virreinatos itálicos fue una pieza fundamental de la estrategia política y militar de la Monarquía en el contexto general del Mediterráneo Occidental. Desde Fernando el Católico, los monarcas insistieron en sus instrucciones en la necesidad de una estrecha comunicación entre todos sus virreyes en Italia, así como de éstos con los embajadores y otros agentes regios. Aunque esas relaciones se vieron entorpecidas por las rivalidades faccionales y el afán de protagonismo de los mismos virreyes, del aparato diplomático sito en Roma y, en años posteriores, del gobernador de Milán, la interrelación entre todas estas figuras fue vital para la construcción de la hegemonía hispánica en Italia. De todos los virreyes y gobernantes hispánicos en la región, el virrey de Nápoles fue el que tuvo mayor relevancia política y militar, como demuestra la concentración de los esfuerzos militares, sobre todo navales, que convertirían a la capital y al conjunto del país en la gran plataforma de la Monarquía en el Mediterráneo, así como la permanencia de una activa red de espionaje y de contactos en los Balcanes.

En cuanto a las competencias de los virreyes, es extraordinariamente complejo lograr un encuadramiento de las mismas, desde el mismo momento en que, como sustituto de la persona del rey, en un principio cualquier asunto podía caer directamente en su campo competencial, siempre y cuando se atuviera al marco geográfico de su designación. La definiciones de sus competencias fueron siempre aproximadas, como una expresión más de las contradicciones que conllevaba la ficción del desdoblamiento de la figura del soberano, y el propio ejercicio del gobierno determinó una dinámica abierta de los poderes del virrey, como eje de los equilibrios institucionales del reino y agente de la gracia regiaNota 6).

El riesgo de que un virrey adquiriera demasiado poder o llegara a comportarse con demasiada independencia respecto de las líneas políticas generales de la Monarquía fue un temor presente en la Corona desde el mismo enfrentamiento entre Fernando y Fernández de Córdoba. Para limitar el poder del virrey de Nápoles, la Monarquía mantuvo el Consejo Colateral, creado a partir de tres organismos de la administración napolitana: el Consejo para los Asuntos de Estado, la Regia Audiencia y la Cancillería Real. De la fusión de estos tres órganos deriva el hecho de que el Consejo Colateral desempeñara funciones de consulta política, de tribunal supremo y pieza clave administrativa, puesto que heredó de la cancillería el tramitar los despachos oficiales de gobierno.

El poder de los virreyes italianos también se vio limitado, al menos en lo que a jurisdicción se refiere, por la Inquisición, en especial en Sicilia y Cerdeña, donde sus conflictos con los virreyes fueron constantes, después de que Fernando el Católico lograra introducir el Santo Oficio en ambas islas en el año 1503. Sin embargo, el rey fracasó reiteradamente en su voluntad de hacer lo mismo en Nápoles.

La gran limitación que los monarcas impusieron a los virreyes también es quizá la innovación institucional más importante, junto con su consagración como elemento permanente más que contingente. Nos referimos a la limitación temporal del mandato de cada virrey. En épocas anteriores, los poderes del virrey no tenían una fecha concreta de cese, sino que este estaba condicionado al regreso del monarca al territorio: puesto que el virrey era conceptuado como un sustituto de la autoridad real en tanto esta se encontrara ausente, en buena lógica ejercía sus funciones exactamente hasta el momento en que esta ausencia cesara, ya fuera días o años después de que se produjera el nombramiento. Sin embargo, durante el reinado de los Reyes Católicos las designaciones de virrey comenzaron a estar limitadas a un plazo concreto, que, por lo general, fue de tres añosNota 7). Ello tiene que ver con la institucionalización de la ausencia regia en determinados territorios de la Monarquía, particularmente los de la Corona de Aragón y algunos de los territorios incorporados mediante campañas militares a lo largo del reinado, caso de Nápoles.

El gran debate jurídico al que se prestaba la figura del virrey era el relativo a la naturaleza de su jurisdicción, en el que no había consenso sobre si se trataba de una jurisdicción ordinaria o de una jurisdicción delegada. La cuestión iba mucho más allá de la disquisición teórica, ya que tenía consecuencias prácticas de importancia, puesto que de la respuesta por la que se optara dependía que un virrey conservara su oficio una vez muerto el rey que lo había designado —caso de la jurisdicción ordinaria— o bien que con la muerte del monarca designador cesaran automáticamente las competencias del virrey que el fallecido designó —caso de la jurisdicción delegada—. Incluso en Castilla, donde la delegación del poder regio por ausencia del monarca tenía escasa tradición, las Cortes de Madrigal se preocuparon de este problema, señalando qué oficios continuaban con su jurisdicción una vez muerto el monarca que los designó, pero, dado que Castilla carecía de virreyes en aquel momento, su listado no mencionaba a esta institución.

La interpretación aragonesa general y, posteriormente, también la castellana, se inclinaban por la jurisdicción ordinaria, pero algunos de sus territorios realizaban sus propias interpretaciones al respecto. Este era el caso de Cataluña, donde se optó por una visión mixta de la institución virreinal: como el poder de los oficiales regios nacía de un pacto entre cada rey en particular y el reino, los poderes de estos oficiales podían considerarse en vigor mientras una de las partes de dicho pacto existiera, requisito que siempre cumplía el reino; así pues, los virreyes seguían teniendo jurisdicción una vez muerto el rey que los nombró, pero justificada esta por su relación con el reino, no con la Corona, en una interpretación que refleja la naturaleza pactista de la Corona aragonesaNota 8).

Durante el reinado de los Reyes Católicos se producirá un fenómeno que se repetirá en algunos territorios de la Monarquía hispánica durante gran parte de la Edad Moderna, la conexión entre la figura de los virreyes y la de los capitanes generales. Esta última institución experimentó un cambio decisivo como consecuencia de las campañas bélicas de los Reyes Católicos, ya que pasaron de ser una designación para el mando de una determinada expedición o campaña, que se producía ad hoc para esa acción militar y cesaba al terminar esta, a ser la designación del oficial al mando de las tropas en un determinado territorio. Es decir, el mando pasó de estar definido en lo cronológico a estar definido en lo geográfico. De su relación con los virreyes es particularmente ilustrativo el ejemplo de lo acontecido en Cataluña.

En 1501 los Reyes crearon un capitán general para toda Cataluña, incluyendo la Catañula Ultrapirenaica —Rosellón y Cerdaña—. Dicho capitán general tenía la facultad de nombrar lugartenientes para el mando de las tropas en los diferentes territorios bajo su jurisdicción. En 1512, por vez primera se nombra capitán general de Cataluña a la misma persona que es virrey, el conde de Ribagorza, que reunió así dos dignidades en su designación para Cataluña. Ni se suprime un cargo ni sus funciones son absorbidas por el otro, sino que se trata, simplemente, de la designación de una misma persona para dos cargos diferentes, hecho que se produjo de igual manera en otros momentos y en otros ámbitos de la Monarquía. Institucionalmente, la importancia del nombramiento de Ribagorza estriba en el hecho de que dicha coincidencia, de entonces en adelante, fue la norma y no la excepción, hasta el punto de que, en un territorio como Cataluña, dicha coincidencia en los oficios se mantuvo en todas las designaciones de la Edad Moderna, hasta la supresión del virreinato con los decretos borbónicos de Nueva PlantaNota 9).

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Nota 1

LALINDE ABADÍA, La institución virreinal en Cataluña, p. 60.

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Nota 2

La figura del virrey en el contexto americano y en el mediterráneo comenzaron a divergir después de que la Corona se hiciera definitivamente con el control de la figura americana tras la renuncia de Luis Colón en 1536, momento en que se puso el punto final a los dilatadísimos pleitos colombinos. El libro de referencia sobre los virreinatos americanos es BARRIOS PINTADO, F., (coord.), El gobierno de un mundo: virreinatos y audiencias en la América Hispánica. Madrid, 2004.

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Nota 3

Ambos criterios son aplicables igualmente a las posesiones norteafricanas: su dispersión, su fragmentación y el hecho de que las estructuras de gobierno previas fueran, lógicamente, de origen islámico, hicieron que la posibilidad de un virreinato no fuera nunca una opción.

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Nota 4

Como se expresó en la introducción a este trabajo, el estudio de los fenómenos americanos se ha dejado de lado en esta ocasión. En lo que se refiere a la cuestión de los virreinatos, las Indias fueron el único territorio incorporado directamente al reino de Castilla en el que apareció la figura del virrey durante el reinado de los Reyes Católicos. Sin ánimo de entrar en un análisis detallado, apuntamos la posibilidad de que la aparición de dicha figura en América tuviera mucho de accidental o, si se prefiere de circunstancial, ya que su origen está en la petición de Colón de que los monarcas le nombraran virrey de cualquier tierra que encontrara a lo largo de su viaje hacia Poniente. Fue, por tanto, un nombramiento especulativo que no respondió a un análisis de las circunstancias de unos territorios cuya existencia, por lo demás, era desconocida en el momento en que se firmó el potencial nombramiento de virrey de Colón. No es en absoluto descartable que Colón hiciera su petición en base al conocimiento que, como genovés, había de tener de las estructuras de gobierno aragonés en Sicilia y Cerdeña.

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Nota 5

HERNADO SÁNCHEZ, “Los virreyes de la Monarquía española en Italia. Evolución y práctica de un oficio de gobierno”, p. 53.

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Nota 6

HERNADO SÁNCHEZ, “Los virreyes de la Monarquía española en Italia. Evolución y práctica de un oficio de gobierno”, p. 63.

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Nota 7

LALINDE ABADÍA, La institución virreinal en Cataluña, p. 68.

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Nota 8

LALINDE ABADÍA, La institución virreinal en Cataluña, pp. 82-83.

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Nota 9

LALINDE ABADÍA, La institución virreinal en Cataluña, p. 106.

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CAPÍTULO XVIII: LA EVOLUCIÓN DEL EJÉRCITO DE LA MONARQUÍA

1.- La evolución del mundo militar

El concepto de "revolución militar" fue expuesto en primer lugar por Michael Roberts, atribuyéndolo a los ejércitos holandeses en su conflicto con la Monarquía Hispánica en los siglos XVI y XVIINota 1). El concepto como tal fue aceptado, pero los estudios posteriores expusieron que Roberts había sido inexacto en su marco cronológico, tal y como señaló Geoffrey Parker, al indicar que los estudios previos habían pasado por alto los avances del ejército español a comienzos del siglo XVINota 2).

La revolución militar, en su visión canónica, está compuesta por tres elementos clave: la sustitución de la caballería pesada por la infantería como elemento central de los ejércitos, empezando con los arqueros ingleses y los piqueros suizos; la introducción de armas de fuego, con los cambios que la artillería supuso para la guerra de asedio y el arma de fuego portátil para la infantería; y, finalmente, el aumento del tamaño de los ejércitos. Se trata de tres elementos interrelacionados entre sí, a los que cabe añadir un cuarto elemento, el tiempo: las campañas se hacen mucho más lentas para obtener resultados decisivos, de forma que las guerras tienden a convertirse en sucesiones de asedios con resultados indecisosNota 3).

El primero de estos factores, el dominio de los campos de batalla europeos por la infantería es fruto de un largo proceso que se inició en el siglo XIV, como amargamente descubrió la caballería francesa enfrentada a los arqueros ingleses en Crecy, batalla que ha alcanzado la condición de mito primigenio de una nueva era bélicaNota 4). Sin embargo, las victorias de arqueros sobre caballería, por mucho que se repitieran en batallas como Agincourt o Aljubarrota, no fueron la norma en su tiempo. De hecho, el arco no sería el arma que posibilitara a la infantería los cambios tácticos necesarios para comenzar a imponerse a la caballería de forma sistemática. Esta modificación llegó con la reintroducción de la pica —inspirada en la sarisa de las falanges macedónicas de Filipo y Alejandro— en los ejércitos europeosNota 5), especialmente en los cuadros de piqueros suizos que, desde el siglo XIV hasta su debacle, acribillados por las armas de fuego, en las batallas de Rávena en 1512, Marignano en 1515 y Bicoca en 1522, conservaron durante más de un siglo una reputación de invencibilidad que les convirtió en los mercenarios más cotizados de EuropaNota 6).

La introducción de las armas de fuego fue un proceso lento y relativamente gradual, que tomó carta de naturaleza cuando la artillería otomana doblegó las murallas de Constantinopla en 1453 y cuya capital importancia para el futuro de la guerra fue confirmado en Occidente por su papel en la toma por los franceses de los últimos reductos ingleses en suelo continental, durante las fases finales de la guerra de los Cien Años, y en batallas como Formigny y Castillon, así como por el uso que de ella hicieron los ejércitos peninsulares en los múltiples asedios de la guerra de Granada. A medida que empezaron a desarrollarse armas de fuego portátiles eficaces —para los parámetros de la época—, que podían ser manejadas por un único infante, la influencia de las armas de fuego pasó de limitarse a los asedios a ser decisiva en las batallas campales y en cualquier otro lance bélico, alcanzando así un impacto absoluto sobre la forma de conducir la guerra. La caballería francesa, paradigma de la caballería pesada medieval, habría de aprenderlo por la más sangrienta de las vías, frente a los arcabuceros del Gran Capitán, en la batalla de Cerignola.

Una de las razones del triunfo de las armas de fuego portátiles fue su adaptabilidad, que las eximía de connotaciones sociales y permitía que fuera utilizada con igual eficacia por cualquier soldado que hubiera recibido una somera instrucción en su manejo, con independencia de su nacionalidad. Eso no sucedía, por ejemplo, con el arco largo inglés, que franceses y holandeses trataron de introducir, sin éxito, en sus ejércitos, o incluso con las picas suizas, en cuya adaptación también fracasaron los ejércitos galosNota 7). Cualquier soldado con instrucción podía ser un excelente tirador, mientras que para manejar el arco largo inglés, por ejemplo, el soldado debía haber practicado desde niño, a fin de que la caja torácica y los brazos se desarrollaran de forma superior al del resto de la población, y la fuerza requerida para tensar el arco era tal que solo los jóvenes podían aprovechar al máximo su potencia. Estas limitaciones no existían para el arcabuz.

En cuanto al tercer factor, a finales del siglo XV, el aumento del tamaño de los ejércitos era evidente respecto a épocas anteriores: El ejército inglés de Eduardo I en Falkirk, contó con 3.000 caballeros y 25.700 infantes, Felipe IV de Francia llegó a reunir 28.000 hombres de armas y 16.000 infantes. Milán y Venecia, en tiempo de paz, tenían entre 10.000 y 20.000 combatientes. Matías Corvino, rey de Hungría, tomó Viena en 1486 con 28.000 hombres, dos tercios de los cuales eran caballería. Pero incluso con estas cifras, en el siglo XV el Estado que era capaz de movilizar mayores contingentes bélicos era, con diferencia, el Imperio otomano: los turcos fueron capaces de poner en armas a 100.000 soldados para sitiar Belgrado, en 1456Nota 8). De hecho, en las vísperas del siglo XV, los turcos habían demostrado lo esencial que el número iba a ser en las guerras venideras, destronando el concepto medieval del caballero heroico —un criterio cualitativo, no cuantitativo— al ahogar en una marea de infantería a la caballería húngara en Nicópolis, el 18 de septiembre de 1396, hasta el punto de que esta batalla, si bien no ha sido considerada como el inicio de la revolución militar del siglo XV, si ha sido percibida como un síntoma de los cambios por venir y del agotamiento de los modelos bélicos basados en la caballería de claseNota 9).

Los nuevos ejércitos suponían nuevos desafíos, el más importante de los cuales era su financiación, más gravosa que en épocas anteriores. Las Coronas debían afrontar costes mucho mayores, lo cual ha sido explicado atendiendo, principalmente, al aumento de tamaño de los ejércitos: El adagio de que quien vive por la espada muere por la espada puede aplicarse también a los Estados, devorados por el coste de sus ejércitosNota 10). La importancia de obtener financiación para el ejército llegó incluso a determinar la política de las monarquías, como se desprende del estudio del caso húngaro: El renacimiento húngaro iniciado por Janos Hunyadi y llevado a su cima bajo el reinado de Matías Corvino fue acompañado por la creación de un ejército permanente, formado en gran parte por mercenarios, pagado a través de impuestos ya existentes pero administrados de forma más efectiva, así como por la creación de impuestos extraordinarios. Para ampliar su base recaudatoria, a fin de poder hacer frente a los pagos que exigía mantener su maquinaria bélica, Corvino desató una serie de guerras a través de Moravia, Bohemia, Silesia y Austria, con las que esperaba asegurarse una base económica que le permitiera reforzar aún más su ejército negro, con vistas a lanzar una campaña decisiva contra los turcos. Corvino no pudo alcanzar su objetivo último y, muerto el rey en 1490, el sistema bélico-financiero húngaro se derrumbó, iniciando un declinar de cuatro décadas que terminaría en la aniquilación de Hungría en el campo de batalla de Mohacs, en 1526.

Que el tamaño de los ejércitos aumentó sus costes es, evidentemente, correcto, y explica parte del aumento de los costes de la guerra, pero ha hecho que se obvie un segundo factor, al que tradicionalmente se le ha dado menor importancia y que merece ser destacado: además del aumento del tamaño de los ejércitos y de los gastos generales de la guerra, se produce un fenómeno de traslación del coste de la guerra, que se desplaza hacia la Corona en los ejércitos modernos, cuando en los ejércitos feudales gravitaba en su mayor parte sobre otros sectores sociales: la nobleza, por ejemplo, cuya profesión no era otra que el oficio de las armas y que acudía a los campos de batalla con sus mesnadas, o las Órdenes Militares, en el caso hispánico; o las milicias concejiles, por ejemploNota 11). Como señala Glete, el poder militar medieval era difuso y radicaba en diferentes instituciones sociales de carácter local o privadoNota 12). Por el contrario, el poder militar moderno, aun con sus matices, era un poder focalizado en la Corona, es decir, el Estado.

La guerra de fortificaciones fue uno de los campos que experimentó un mayor desarrollo en el tránsito a la Modernidad, hasta tal punto que se ha hablado de que el auge de la fortificación y la guerra de asedio en los comienzos del siglo XVI supone, en realidad, un retroceso estratégico a los principios bélicos del siglo XIV, e incluso de épocas anterioresNota 13). No obstante a las líneas generales de pensamiento seguidas por la historiografía, que presentan las campañas militares de finales del siglo XV y el siglo XVI como marcadas de forma decisiva por ser sucesiones de asedios, lo cierto es que expertos en historia militar se han opuesto a esta visión de la guerra en los albores de la Edad Moderna. Así, el profesor Vale indica que en ninguna otra época de la historia de Europa han tenido lugar tantas batallas decisivas en campo abierto como en las ocho décadas comprendidas entre 1450 y 1530Nota 14), y eso que, según los estudios del profesor Strayer, el número de guerras en Europa decreció a partir de 1450Nota 15).

El profesor Glete ha dado una explicación, satisfactoria en su diseño general, a la apariencia de multiplicación de las batallas campales dentro de las guerras europeas desde mediados del siglo XV hasta la mitad de la centuria siguiente. Según dicho profesor, la obsolescencia de las viejas fortificaciones ante el desarrollo de la nueva artillería dio mayor importancia a la guerra móvil durante varias décadas, ante la incapacidad de las defensas estáticas para soportar asedios llevados a cabo con cañonesNota 16). Este proceso se detuvo cuando se hicieron comunes las fortificaciones capaces de resistir el poder de la pólvora. Por ejemplo, en las guerras italianas fueron claves las grandes batallas entre 1494 y 1559. El crecimiento de las flotas permanentes de galeras, que embarcaban piezas de artillería, dejó obsoletas muchas de las fortificaciones de defensa costera, ya que los barcos artillados podían destruir las fortificaciones diseñadas para un tipo de guerra que había quedado atrás. De este modo se produjo un nuevo cambio en la guerra naval, al cobrar las propias flotas un papel defensivo que no habían tenido previamenteNota 17).

Según esta interpretación, los cambios bélicos que permitirían la construcción de fortalezas de enorme capacidad de resistencia, que por sí solas convirtieron las campañas militares de la Edad Moderna en sucesiones de asedios, alargando por tanto también el tiempo de las campañas, no fueron parte de la revolución militar del siglo XV y principios del XVI, sino una consecuencia de esta, de los reajustes que en las décadas posteriores se realizaron como respuesta a los cambios que integran la revolución en sí.

Las innovaciones militares, en especial las relativas a las armas de fuego, llevaron a la profesionalización de los ejércitos, lo cual comportaba que devinieran en permanentes, por dos factores: las tropas reclutadas a corto plazo eran cada vez menos eficaces en los nuevos contextos bélicos y, en segundo lugar, los esfuerzos y costes del entrenamiento en nuevas armas y tácticas solo tenían sentido si, una vez entrenados, los hombres seguían en servicio en vez de volver a sus casasNota 18).

Estos cambios no fueron patrimonio de un único Estado, sino que a lo largo del siglo XV se extendieron por la mayor parte de Europa Occidental. Los numerosos conflictos de la época fueron el crisol en que cristalizaron las nuevas formas militares. Así, Inglaterra modificó su sistema de reclutamiento tras sus guerras contra Escocia y el fin del secular conflicto con Francia, aquella Guerra de los Cien Años, que, en realidad, duró más de ciento treinta. Entre tanto, para la Monarquía Hispánica la guerra de Granada fue el tamiz por el que el ejército medieval comenzó a convertirse en un ejército moderno, proceso acelerado y perfeccionado a lo largo de las dos guerras de NápolesNota 19).

El primer Estado que dispuso de fuerzas permanentes —más allá de guarniciones concretas en fortalezas de importancia clave— fue Inglaterra, en el contexto de la guerra de los Cien AñosNota 20), pero fue Luis XI de Francia —"un rey esencialmente desconfiado"Nota 21)— el primer monarca en tener que hacer frente a gran escala al principal desafío que acosaría a las Monarquías en los años venideros: como mantener un ejército también en tiempo de paz, cuando no se podía recurrir a medios tradicionales, como el saqueo de ciudades enemigas o el vivir sobre el terreno propio de una campaña militar. De hecho, el rey de Francia hubo de hacer frente a un verdadero escándalo suscitado al conocerse su decisión de crear un ejército con visos de permanenciaNota 22). Así, no es de extrañar que la profesionalización de los ejércitos franceses experimentara varios saltos atrás: si su poder en el campo de batalla se basaba en gran parte en la Gendarmería, su poderosa caballería de ordenanza, las fuerzas profesionales de infantería creadas por Luis XI fueron suprimidas por el regente Beaujeau en 1490Nota 23).

En el caso hispánico, hay que prestar atención a las palabras de Jorge Vigón:

“Se ha repetido muchas veces que bajo el gobierno sin par de los Reyes Católicos es donde se encuentra el hontanar remoto de esta institución que es el ejército permanente de España. Temo mucho que esto no sea del todo exacto. Sería vano el empeño de quien, remontando el curso de un torrente, pretendiera señalar la arruga del terreno que oculta el misterio de la incógnita gota inicial; y algo así ocurre con estas criaturas del tiempo y los hombres que son las instituciones”Nota 24).

El primer rey castellano en preocuparse de regular el ejército fue Alfonso XI, que hizo que el servicio de armas se rigiera por las leyes dadas en las Cortes de Burgos de 1338, donde se fijaba cómo habían de servir en armas los vasallos al rey a cambio de tierras o dinero, cuántos peones debían servir a cada caballero, étc... De esta regulación se deriva la aparición del soldado, es decir, aquel que sirve a su rey a cambio de una soldada, no por deber natural ni por imposición política, sino por un contrato, tal y como fija el libro IV, título III de las Ordenanzas Reales de Castilla. Más tarde, las Cortes de Guadalajara de 1390 dictaron el Ordenamiento de las Lanzas, que establecía las armas que debía mantener cada vecino en razón de su dinero, fijando el tamaño del ejército de Castilla: mil ballesteros, 1.500 jinetes y cuatro mil lanzas. En Aragón, las Cortes de Barcelona de 1364 se ocuparon de la organización de las tropas, tanto a caballo como a pie; y la asamblea del año siguiente otorgó dinero a Pedro IV para sostener de forma permanente compañías de hombres de armas.

Ya en el siglo XV, Álvaro de Luna creó un cuerpo de cien continos, que trataron de disolver sin éxito las Cortes de Tordesillas de 1421 y que permaneció hasta el siglo XVII como un privilegio de la Casa de LunaNota 25). En el reinado previo al de Isabel, Enrique IV tenía una compañía de alrededor de 3.600 hombres, que costaban al monarca elevadas cantidades de dinero y, además, solían causar numerosos problemas por su escasa disciplina.

Un hecho que hay que tener muy en cuenta es que los cambios militares sufridos por las sociedades europeas en el periodo final del medievo y en el comienzo de la Modernidad se extendieron como una onda de choque por toda la sociedad. Puesto que el modelo feudal era un sistema global que abarcaba todos los aspectos de la vida, cambios determinantes en uno de estos aspectos —el ámbito militar, en este caso— transmitían y generaban alteraciones en todos los demás aspectos.

La profesionalización de los ejércitos trajo consigo un cambio en la importancia social de la nobleza, que durante siglos había basado su posición preponderante en el control de la fuerza y la violencia, núcleo de la fuerza militar medieval. La alta nobleza perdió importancia en favor de una nobleza de segundo nivel, que pasó a integrar los principales cuadros de mando de los ejércitos profesionales: "The massive military conflicts of the XV century had generated the power of a transformed political elite dominated by the middle ranking nobility and the "people grass" who have been called (...) les maítres du royaume"Nota 26). De hecho, como ha expresado el profesor Ribot, la guerra se "plebificó" con el aumento de tamaño de los ejércitos y la aparición de cuadros profesionales altamente especializados ajenos a la nobleza —caso, por ejemplo, de los artilleros—Nota 27). Se sustituyó la idea del guerrero de clase que busca el honor siendo numéricamente significativo en el campo de batalla por la del oficial del ejército prácticamente insignificante en lo cuantitativo, pues se encuentra al frente de masas de combatientesNota 28).

También cobró mayor importancia el papel del propio monarca en los asuntos relacionados con la guerra, para lo cual nos sirven de indicio dos prácticas que pueden comprobarse en los ejércitos francés e inglés de la segunda mitad del siglo XV: las decisiones que atañen a los prisioneros capturados en batalla comienzan a tomarse al más alto nivel, no dejándose ya en manos de los individuos que habían capturado a tal o cual enemigo. Un ejemplo trágico de ello lo tenemos en la matanza de los combatientes borgoñones capturados por los franceses en la batalla de Douai, a fin de infundir temor en sus enemigos y fomentar las rendiciones sin combate, decisión tomada personalmente por el monarca francés Luis XI en contra del tradicional interés de la nobleza de cobrar rescate por los prisioneros.

La otra práctica que mencionaremos y que señala la intervención cada vez mayor del poder central en la guerra hace referencia al reparto del botín. A finales del siglo XV, en el ejército francés, cada soldado deja de ser completo propietario de todo aquello que tome en saqueo, para entregar una parte a la Corona, como si de un impuesto se tratase, variando la cantidad en función del soldado que se hubiera hecho con el botín. En el caso inglés, por ejemplo, surge una estricta regulación sobre el porcentaje que correspondía al rey de cada botín: el 3.66% de lo capturado por un arquero, el 11% de lo que tomara un hombre de armas, y hasta un tercio del botín que hubiera sido obtenido por un capitánNota 29).

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Nota 1

ROBERTS, M., The military revolution. 1560-1660. Belfast, 1956.

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Nota 2

No es esta la única discrepancia entre ambos. Mientras que Roberts ponía el acento de la revolución militar en la infantería y el tamaño de los ejércitos, Parker lo sitúa en la traza italiana —el nuevo diseño de las fortificaciones— y en los navíos, cambios tras los cuales se encontraba el surgimiento de la artillería deflagratoria. Así pues, Roberts creía que las causas habían sido tácticas, mientras Parker carga el peso en las razones técnicas. En cuanto al olvido de las aportaciones hispánicas a la revolución militar por Roberts, no ha sido un hecho aislado. Como señala Martínez Ruiz respecto a la primera guerra de Nápoles, "todos hablan del ejército de Carlos VII de Nápoles y pocos del ejército que lo derrotó" (Los sodados del rey, p. 47).

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Nota 3

AYTON A., y PRICE, J. L., "The military Revolution from a medieval perspective", en AYTON A., y PRICE, J. L., (ed.), The medieval military revolution. State, society and military change in medieval and early modern Europe. Londres, 1995, p. 2.

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Nota 4

No fue, ni mucho menos, la única batalla de su tiempo en la que la infantería derrotó a la caballería. Courtrai o Morgarten son otros dos casos, como pone de relieve DEVRIES, K., Infantry warfare in the early fourteenth century. Boydell, 1996, p. 191. De hecho, son numerosos los especialistas que creen que conviene matizar la superioridad de la caballería pesada sobre la infantería en orden cerrado en una fecha tan temprana como los albores del siglo XIV: BENNET, M.: “The Myth of the Military Supremacy of Knightly Cavalry”, en STRICKLAND, M. (ed.), Armies, Chivalry and Warfare in Medieval Britain and France. Stamford, 1998, pp. 311 y 316; o STRICKLAND, M., War and Chivalry. The Conduct and Perception of War in England and Normandy 1066-1217. Cambridge, 1996, p. 179.

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Nota 5

Kiraly afirma que los piqueros suizos fueron la primera infantería capaz de plantar cara sistemáticamente y en campo abierto a la caballería desde el tiempo de las legiones romanas (KIRALY, B. K., "Society and war form mounted knights to the standing armies of absolute kings: Hungary and the West", en BAK, J. M., KIRALY, B. K., (ed.), From Hunyadi to Rákóczi. War and society in late medieval and early modern Hungary. Nueva York, 1982, p. 30)

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Nota 6

PARKER, G., The military revolution. Military innovation and the rise of the West. 1500-1800. Cambridge, 1988, p. 18.

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Nota 7

HALE, War and society in Renaissance Europe, 1460-1620, p. 50.

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Nota 8

AYTON A., y PRICE, J. L., "The military Revolution from a medieval perspective", p. 11.

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Nota 9

KIRALY, B. K., "Society and war form mounted knights to the standing armies of absolute kings: Hungary and the West", en BAK, J. M., KIRALY, B. K., (ed.), From Hunyadi to Rákóczi. War and society in late medieval and early modern Hungary. Nueva York, 1982, p. 28.

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Nota 10

AYTON A., y PRICE, J. L., "The military Revolution from a medieval perspective", p. 3.

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Nota 11

Para más información sobre la importancia de las milicias concejiles en los ejércitos castellanos medievales y, en general, sobre la diversa composición de un ejército castellano medieval, es de gran ayuda la consulta de OLIVA MANSO, G., "El ejército castellano del siglo XIV. Una mirada a través de la crónica de Pedro I", en MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., De las Navas de Tolosa a la Constitución de Cádiz. El ejército y la guerra en la construcción del Estado. Madrid, 2012, pp. 59-92.

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Nota 12

GLETE, J., War and the State in early modern Europe. Spain, the Dutch Republic and Sweden as fiscal-military states, 1500-1660. London, 2002, p. 10.

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Nota 13

AYTON A., y PRICE, J. L., "The military Revolution from a medieval perspective", p. 57.

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Nota 14

VALE, M., War and chivalry. Londres, 1981, p. 171.

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Nota 15

STRAYER, J. R., On the medieval origins of the modern state. Princeton, 1970, p. 89.

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Nota 16

Ladero Quesada ha sintetizado magníficamente ese proceso: "Cuando la artillería alcance suficiente madurez, cosa que ocurre en la segunda mitad del siglo XV, uno de los supuestos básicos de la guerra medieval [la inexpugnabilidad de una fortaleza bien defendida] se habrá derrumbado para siempre" (LADERO QUESADA, M. A., Castilla y la conquista del reino de Granada. Granada, 1987, p. 12).

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Nota 17

GLETE, War and the State in early modern Europe, p. 19.

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Nota 18

HALE, J. R., War and society in Renaissance Europe, 1460-1620, p. 67.

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Nota 19

RIBOT, "Types of Armies: Early modern Spain", p. 40.

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Nota 20

RIBOT, "Types of Armies: Early modern Spain", p. 41. Varios intentos en Italia habían obtenido resultados irregulares; tan solo Venecia comenzó a tener un atisbo de ejército permanente en el siglo XV cuando desarrolló la práctica de ofrecer a los condotieros a su servicio contratos de larga duración (NAJEMY, J. M., "Governments and governance", en NAJEMY, J. M., (ed.), Italy in the Age of the Renaissance, 1300-1550. Oxford, 2004, pp. 198-199). No obstante, sería Francia quién, basándose también en la experiencia y necesidades de la guerra de los Cien Años, más rápido llevaría a cabo la creación de un poder real fuerte con capacidad para imponer a los demás estamentos la creación y sostenimiento de un ejército permanente (SUÁREZ FERNÁNDEZ, La Europa de las cinco naciones, p. 413).

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Nota 21

OCHOA BRUN, M. A., Historia de la diplomacia española, vol, IV. Madrid, 1995, p. 21.

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Nota 22

LINDEGREN, J., "Men money and means", en CONTAMINE, P., (ed.), War and competition between states. Oxford, 2000, pp. 129-130. También fue Francia el primer país que, en los documentos de su cancillería, comenzó a utilizar el término "monarquía absoluta", que no aparecería en Castilla hasta el reinado de Juan I (NIETO SORIA, J. M., "Three models of Monarchy in Fifteenth-century Castile", en HOPPENBROUWERS, P., JANSEN, A., y STEIN, R., Power and persuasion. Turnhout, 2010, p. 86).

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Nota 23

QUATREFAGES, R., "Le systéme militaire des Habsbourg", en HERMANN, CH., (coord.), Le premier âge de l'état en Espagne (1450-1700). París, 1989, p. 343.

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Nota 24

VIGÓN, J., El ejército de los Reyes Católicos. Madrid, 1968, p. 11.

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Nota 25

Don Álvaro de Luna, valido de Juan II, constituye el mejor ejemplo de esta figura en la Edad Media; para un estudio de la misma a lo largo del Medievo y, sobre todo, de la Edad Moderna, ver ESCUDERO, J. A., (coord.). Los validos. Madrid, 2004.

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Nota 26

POTTER, D., A History of France, 1460-1560. Nueva York, 1995, p. XI.

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Nota 27

RIBOT, "Types of Armies: Early modern Spain", p. 47.

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Nota 28

AYTON A., y PRICE, J. L., "The military Revolution from a medieval perspective", p. 10.

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Nota 29

CONTAMINE, P., "The growth of state control. Practise of war, 1300-1800: Ransom and booty", en CONTAMINE, P., (ed.), War and competition between states. Oxford, 2000, pp. 168 y 175.

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2.- Los recursos militares de la Monarquía Hispánica

El sistema militar hispánico era consecuencia del proceso de Reconquista y de las particulares condiciones que dicho proceso había impuesto a las campañas militares de los reinos cristianos contra sus vecinos musulmanesNota 1). Esto hizo que los modelos militares medievales ibéricos presentaran diferencias respecto a otros ejércitos feudales occidentales. Las dos más destacadas, quizá, sean el uso de una caballería más ligera —los jinetes o lanzas jinetas— en detrimento de la caballería pesada, aún sin descartar esta, y el papel desempeñado por las Órdenes Militares, que les granjeó un lugar en las estructuras bélicas Peninsulares hasta finales del siglo XV.

Pese a que el modelo militar hispánico construido en las últimas décadas del siglo XV parece no responder a un plan preconcebido, sino ser fruto de las circunstancias y de los "bancos de pruebas" de Granada y NápolesNota 2), la voluntad regia de reformar la fuerza militar a su servicio en dirección a su profesionalización y permanencia parece clara a partir de la conclusión de la guerra de Granada, donde se puso de manifiesto que elementos tales como la pólvora y la artillería habían cambiado para siempre el arte de la guerra. Esta voluntad tuvo su traslación jurídica y legal en la larga lista de ordenanzas de carácter militar que los Reyes publicaron entre 1492 y 1503, todas ellas tendentes, en última instancia, a la creación de una estructura militar permanenteNota 3).

Las ordenanzas crearon la base jurídica que posibilitó la rápida profesionalización de los medios militares de la Monarquía: entre 1495 y 1502 se aumentaron las capitanías de caballería de las guardas reales, integrando en ellas a las originarias de la Hermandad General, pero pagándoseles directamente con rentas reales, y a partir de 1505 se creó la infantería de ordenanza, en la cual se integraron gran parte de los peones reclutados en Galicia y Asturias para las acciones en Nápoles y el Rosellón. Esta infantería profesional fue usada de inmediato en las campañas del Norte de África, donde probaron su eficacia tomando Mazalquivir en 1505, Orán en 1509 y Trípoli en 1510. En lo que respecta a la artillería, en el mismo periodo de tiempo se crearon fábricas en Málaga, Medina del Campo y Perpignan, extendiendo así la profesionalización y permanencia de los ejércitos de la Corona a las tres ramas principales: caballería, infantería y artilleríaNota 4).

Al concluir la guerra de Granada, las tropas permanentes al servicio de la Corona eran, fundamentalmente, dos: las capitanías de caballería de la Hermandad y las capitanías de caballería de las Guardas de Castilla. Las primeras se habían incorporado al esquema bélico de la Corona con la fundación de la Hermandad General, en las Cortes de Madrigal, en 1476, mientras que las anteriores existían desde tiempo atrás, si bien su proceso de profesionalización se realizó fundamentalmente a raíz de la guerra de Sucesión de Castilla, cuando sus mandos y sus integrantes fueron renovados en su práctica totalidadNota 5). La importancia de ambos cuerpos fue, en líneas generales, ascendente, como refleja la evolución del número de capitanías de las Guardas, que pasó de diez al iniciarse la guerra de Granada a 69 en los años finales del reinadoNota 6).

Otra institución militar vinculada a la Corona era los acostamientos, figura jurídico-militar por la que una persona recibía del erario de la Monarquía una cantidad de dinero a cambio de mantener un caballo y el equipo ofensivo y defensivo necesario para prestar servicio armado al reino si así se le requería. En 1495, a través de las Ordenanzas de aquel año, el control de los acostamientos se hizo mucho más estricto, fijándose con claridad el equipo que se había que mantener, en función de la renta del titular del acostamiento.

Los vasallos reales de acostamiento eran los más obligados al servicio. Formaban una mesnada real de caballeros y escuderos repartidos por todo el reino, vinculados por un pacto mediante el cual aceptaban sueldo o acostamiento del rey a cambio de un servicio pasivo permanente, esto es, de estar dispuestos a acudir a la llamada real para un servicio militar activo con los caballos y armas adecuados. De esta forma el poder real contaba con un potencial militar en todo el territorio, sin tener que asumir el coste económico de mantenerlo permanentemente movilizado. El acostamiento era una figura que dependía exclusivamente de la Corona y quienes cobraban cantidades por acostamiento no podían percibir ningún otro sueldo por prestaciones de carácter militar.

Entre los años 1502 y 1503, los Reyes aumentaron el acostamiento en mil hombres de armas y mil jinetes. El grueso de los acostamientos pertenecía a la cuenca castellana y leonesa del Duero, sumando hasta el 84.5% del total de los mismos. No siempre todos eran llamados a filas en el caso de que se desarrollara una campaña bélica. Por ejemplo, durante la primera guerra de Nápoles, no se reclamó el servicio de los sujetos de Murcia, Andalucía y Granada, ya que se les prefirió dejar en reserva por si, de forma simultánea, surgían problemas en Granada.

La nobleza, pese a disponer de otras formas de servicio en armas, no quedó, ni mucho menos, al margen de estos cambios, sino que pasó a desempeñar un papel importante en las instituciones que iban configurándose. Entre los capitanes de las Guardas, por ejemplo, los nobles eran claramente el colectivo más numeroso, mientras que los acostamientos quedaban, en su mayor parte, en manos de caballeros e hidalgos, nobles que no eran propietarios de tierras, pero nobles, al fin y al cabo.

Un último tipo de tropas vinculadas directamente a la Corona eran las unidades de la guardia del rey, de muy antigua tradición:

"Siempre hubo elementos de guardia de la Casa Real, pero, aunque eran efectivos para su función, no fueron núcleo de los cuerpos militares: así sucedió con los monteros de Espinosa y con los monteros y ballesteros de a caballo o de a pie, porque eran pocos y sus funciones excesivamente limitadas como para formar el núcleo del ejército. Por el contrario, entre los oficiales de confianza o continuos establecidos por los Reyes Católicos, si que llegaría a diferenciarse un grupo organizado militarmente como capitanía, mientras que los demás estaban adscritos a funciones civiles"Nota 7).

Dejando de lado estas unidades, destinadas básicamente a la protección del monarca y, por tanto, poco significativas desde el punto de vista operativo, ya que no era para enfrentarse al enemigo para lo que estaban diseñadas, el núcleo de los ejércitos permanentes de la Monarquía lo constituyeron las capitanías de las Guardas Reales, que ya existían en 1406. Las tres capitanías de cien lanzas cada una existentes en esta fecha se vieron aumentadas hasta las mil lanzas en los años posteriores, pero don Álvaro de Luna, ante las quejas que, al respecto, le formularon las Cortes, las redujo de nuevo a las trescientas lanzas originales.

Durante la guerra de 1475 a 1479 se acentuó la profesionalización y permanencia de aquellas tropas, al mismo tiempo que se renovaban sus mandos y efectivos. En los meses previos al inicio de las operaciones bélicas a gran escala contra Granada, existían 900 lanzas divididas en nueve o diez capitanías, dependiendo del momento, con un coste anual de veinte millones de maravedíes. Este número se mantuvo estable durante la guerra de Granada. En su mayor parte se trataba de jinetes, no de hombres de armas, con aproximadamente un tercio de lanzas dobladas —en las que el combatiente disponía de un segundo caballo de batalla—, algo poco frecuente en los cuerpos de caballería ligera de la Baja Edad MediaNota 8).

En 1495, ya había 23 o 25 capitanías de caballería de las Guardas y, en 1502, se alcanzó la cifra más alta, existiendo 69 capitanías. El aumento no fue regular en todos los tipos de combatientes, sino que se logró sobre todo añadiendo capitanías de hombres de armas. Esto choca con la arraigada imagen relativa al rápido declinar de la caballería pesada en el contexto de la revolución militar. Como muestra el aumento de hombres de armas en las capitanías de las Guardas, el impacto de los cambios y, sobre todo, el aumento del papel de la infantería en los campos de batalla no supuso que se abandonara de inmediato la creación de unidades de caballería pesada.

Una de las instituciones bélicas más características del medievo español fueron las Órdenes Militares, que jugaron un papel determinante en el secular conflicto contra los Estados musulmanes peninsulares. En el reinado de los Reyes Católicos, sin embargo, su capacidad como fuerza militar había declinado. Su volumen seguía siendo apreciable, pero sus capacidades militares reales habían experimentado un franco retroceso. Ya en las épocas finales de la guerra de Granada, estas tropas, por lo general mal preparadas y mal equipadas, fueron utilizadas por los Reyes fundamentalmente en tareas de guarnición y de control del territorio, alejadas de los principales teatros de operacionesNota 9).

También seguían teniendo importancia, en época de los Reyes Católicos, las mesnadas nobiliarias, es decir, aquellas tropas que cada noble —laico o religioso— levaba en sus territorios a expensas de sus propios recursos cuando el rey, en su vertiente de señor feudal del que todos los demás señores eran vasallos, reclamaba ayuda militar. Esta llamada de las mesnadas señoriales estaba sometida a severas limitaciones en cuanto al número de hombres, tiempo de la movilización y desplazamientos geográficos de los contingentes. En la guerra de Granada, las mesnadas nobiliarias sumaron, de forma regular, unos cuatro mil combatientes. Aunque los señores también reclutaban peones en sus territorios, estas mesnadas estaban compuestas de forma fundamental por jinetes y hombres de armas. Su tamaño oscilaba notablemente, y si lo normal para un noble importante es que el rey le reclamara entre alrededor de ciento cincuenta hombres de armas y jinetes, el arzobispo de Toledo podía presentar alrededor de mil combatientes a caballo y un número equivalente de peonesNota 10).

Tanto las Órdenes Militares como las mesnadas señoriales que aún se utilizaron en las campañas de los Reyes Católicos representan elementos de un ejército medieval, y apenas experimentaron evolución o innovación en sus formas, tanto desde el punto de vista jurídico-institucional como del de la mera práctica militar. Es llamativo el contraste entre estas fórmulas medievales que experimentan escasos o inexistentes cambios, mientras que las formas más modernas evolucionan de forma constante y rápidaNota 11).

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Nota 1

LADERO QUESADA, "La organización militar de la Corona de Castilla durante los siglos XIV y XV", p. 195.

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Nota 2

MARTÍNEZ RUIZ, E., Los soldados del rey. Los Ejércitos de la Monarquía Hispánica (1480-1700). Madrid, 2008, p. 37.

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Nota 3

RIBOT, "Types of Armies: Early modern Spain", p. 42.

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Nota 4

LADERO QUESADA, M. A., "The military resources of the kings of Castile around 1500", en HOPPENBROUWERS, P., JANSEN, A., y STEIN, R., Power and persuasion. Turnhout, 2010, p. 117.

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Nota 5

LADERO QUESADA, "Ejército, logística y financiación en la guerra de Granada", p. 667.

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Nota 6

LADERO QUESADA, Ejércitos y Armadas de los Reyes Católicos, p. 116.

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Nota 7

LADERO QUESADA, Ejércitos y Armadas de los Reyes Católicos, p. 141. Sobre los monteros de Espinosa, ver GALLEGOS VÁZQUEZ, F., "Los monteros de Espinosa", en LABRADOR, F., y GAMBRA, A., Evolución de la Casa de Castilla. Madrid, 2010.

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Nota 8

LADERO QUESADA, Ejércitos y Armadas de los Reyes Católicos, pp. 141-142.

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Nota 9

LADERO QUESADA, Ejércitos y Armadas de los Reyes Católicos, p. 116.

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Nota 10

Quien que quiera tener una imagen exacta del tamaño de las mesnadas señoriales en el ocaso de la guerra medieval, puede consultar el detallado estudio de Ladero Quesada, que aporta el tamaño exacto de las mesnadas de cada noble para las campañas comprendidas entre 1495 y 1503 (Ejércitos y armadas de los Reyes Católicos, pp. 194-200).

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Nota 11

LADERO QUESADA, Ejércitos y Armadas de los Reyes Católicos, p. 116.

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3.- La evolución de las armas: ArtilleríaNota 1)

Si hay un fenómeno que en el siglo XV, y sobre todo en su segunda mitad, cambió la naturaleza de la guerra, fue la irrupción de las armas basadas en el poder deflagratorio de la pólvora, primero en forma de artillería y después con la aparición de las armas de fuego portátiles.

La artillería comenzó a ser un elemento determinante en la península en las campañas de la segunda mitad de la guerra de Granada, donde la mayor parte de los artilleros al servicio de los Reyes eran mercenarios franceses y bretones y era un elemento más de los ejércitos que participaron en las guerras de Nápoles —ya con artilleros en su mayor parte castellanos—, si bien no aún a una escala comparable a la de otros Estados europeos —recordemos el tren de artillería que Carlos VIII utilizó durante su invasión de Italia en 1494, compuesto por más de 150 piezas de diferentes calibres y tamaños—.

Una de las características que convertían a la artillería en privativa de los monarcas, privando a la nobleza de cualquier control sobre estas armas, era su alto coste, tanto por los elevados sueldos que cobraban los no muy numerosos especialistas en la materiaNota 2) como por lo trabajoso y oneroso de la fabricación de las piezas. No obstante a estos costes, la Monarquía pronto dispuso de tres fábricas de artillería: una en Medina del CampoNota 3), otra en Baza —que fue trasladada posteriormente a Málaga— y una tercera que se instaló en Perpignan cuando Francia devolvió el Rosellón a la Corona de Aragón. Más allá de sus funciones militares, la artillería constituyó un importante elemento de centralización de la maquinaria bélicaNota 4).

Con los cambios en la artillería eran inevitables los cambios en materia de fortificaciones. Uno de los factores que más evolucionaron fueron las construcciones teóricas sobre cómo debía levantarse y protegerse el campamento de un ejército, cuestión que el Gran Capitán llevó al terreno de la práctica, convirtiéndola en pieza vital en sus decisivas victorias de Cerignola —donde las posiciones defensivas preparadas por los hermanos Colonna fueron claves en la victoria española— y en la segunda batalla de Garellano, donde cayó sobre el campamento francés, tomándolo por sorpresa y escasamente protegido.

Un aspecto nada baladí del uso de la artillería era la fabricación de la pólvora necesaria para la utilización en campaña de las piezas. La fabricación de pólvora era libre hasta que los Reyes Católicos comenzaron a contratar polvoristas a fin de unificar la producción y asegurarse la disponibilidad del material explosivo. La primera fábrica oficial de pólvora se situó en Burgos y, tras sufrir una explosión en 1520, fue trasladada a Pamplona; en antigüedad la siguen la de las atarazanas de Málaga y la de la Casa del Patrimonio de Cartagena, pero ambas sufrieron voladuras accidentales en el siglo XVII. La composición de la pólvora que se usaba en Castilla era, a finales del siglo XV, 75 partes de salitre, 12 de azufre y 47 de carbón. Era una mezcla que provocaba mucho óxido y sulfuro de carbono, generando restos que inutilizaban pronto las piezasNota 5).

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Nota 1

La aparición y desarrollo de la artillería ha sido tratada en múltiples ocasiones por los historiadores; podemos citar, entre los más destacados, los siguientes trabajos: ARÁNTEGUI Y SANZ, J., Apuntes históricos sobre la artillería española. Madrid, 1887; COBOS GUERRA, F., La artillería de los Reyes Católicos, 2004; VALDÉS SÁNCHEZ, A., Artillería y fortificaciones en la Corona de Castilla durante el reinado de Isabel la Católica. Madrid, 1975; y VIGÓN, J. Historia de la artillería española, Madrid, 1947.

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Nota 2

Señal tanto del reducido número de especialista como de las buenas condiciones salariales de que disfrutaban es el hecho de que la mayor parte de los artilleros sirvieron durante largos periodos de tiempo a la Corona, lográndose una estabilidad notable en los cuadros de mando y en los mismos soldados que manejaban los cañones (LADERO QUESADA, Ejércitos y Armadas de los Reyes Católicos, p. 264). Por ello, la epidemia de peste que, en 1507, mató a 25 de los 70 artilleros al servicio de la Corona fue un auténtico desastre para la artillería hispánica.

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Nota 3

Las piezas de esta fábrica fueron el objetivo que condujo a la destrucción de Medina del Campo durante la guerra de las Comunidades, al negarse la población a entregar al ejército real las piezas del parque, conscientes de que iban a ser utilizadas para atacar Segovia, uno de los más firmes baluartes comuneros en aquel momento. Sobre este suceso hemos trabajado en MARTÍNEZ PEÑAS, L., Las cartas de Adriano. La guerra de las Comunidades a través de la correspondencia del Cardenal-Gobernador con Carlos V. Madrid, 2010.

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Nota 4

HALE, J. R., War and society in Renaissance Europe, 1460-1620. New York, 1985, p. 248. No hay duda que el impacto de la artillería en este sentido fue superior al de las demás armas, ya que, por ejemplo, en el caso de la infantería, inicialmente el aumento del número de combatientes se realizó a través de instituciones que no eran controladas directamente por la Corona, como las milicias de los concejos (GLETE, War and the State in early modern Europe, p. 12).

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Nota 5

VIGÓN, Historia de la Artillería española, vol. I., pp. 58 y 61.

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4.- La evolución de las armas: InfanteríaNota 1)

La infantería también recibió el impacto de la aparición de las armas de fuego portátiles, que comenzaron a usarse en España a fines del siglo XIV, con el nombre de cañones chicos, medios ribadoquines, cerbatanas o culebrinas, nombres que luego se dieron a piezas de artillería, generando confusión en la documentación. En las crónicas se les llama truenos de mano o tiros de pólvora. Su primera evolución fue la espingarda, que modificó la caja para que pudiera apoyarse en el hombro a fin de hacer puntería, evolucionando después al arcabuz, que se podía usar con o sin horquilla. Usaban desde finales del XIV ya balas de hierro forjado o plomoNota 2). En 1476, las tropas de Isabel y Fernando en la guerra de Sucesión incluían contingentes armados con este tipo de armas: en la victoria del maestre de Alcántara contra los portugueses entre Alegrete y Olivenza, combatieron ochenta escopeteros a caballo, sobre un total de trescientos jinetes y doscientos peonesNota 3). Las tropas de infantería al servicio permanente de los Reyes Católicos tuvieron una primera expresión en la Hermandad, que contó, desde 1490, al menos con una capitanía fija de cincuenta espingarderos, con una soldada de 1.000 maravedíes al mes cada uno, al mando de mosén Pedro de SantiestebanNota 4). Durante las guerras de Nápoles y el Rosellón parece que llegó a haber cuerpos fijos al servicio del rey, pero el encuadramiento sistemático de las tropas de infantería se inicia con el establecimiento de la gente de ordenanza o gente de infantería, desde 1504, organizada por Gonzalo de Ayora con su hermano Juan, a partir de soldados veteranos de Italia.

La progresiva implantación de las armas de fuego no supuso la desaparición inmediata de otras formas de infante: Entre los peones más valorados estaban los peones empavesados a la gallega, reclutados en el Noroeste peninsular, así como los encorazados y ballesteros de las dos Castillas y Extremadura. También fueron importantes en labores de vigilancia los hombres de campo de Jaén y Murcia, curtidos en la guerra fronteriza contra los musulmanes, y que, durante las guerras de Nápoles, fueron llevados al Rosellón para desempeñar idéntico tipo de acciones en la región pirenaica, esta vez contra los franceses.

Aunque la sustitución sistemática de los combatientes de infantería medievales por sus equivalentes modernos no se emprendió de forma decidida hasta 1502Nota 5), la primera campaña napolitana ya anunció lo que sería una de las tendencias fundamentales del cambio de los paradigmas tácticos medievales respecto a los modernos: el protagonismo cada vez mayor de la infantería, convertida en el eje de los ejércitos, superando con mucho su papel de mero auxiliar de la caballería, en parte debido a la potencia de fuego que le brindaron los avances en materia artillera y de eficacia y difusión de las armas de fuego individuales. En esta campaña, ochenta y ocho de cada cien combatientes de la Monarquía fueron soldados de infanteríaNota 6).

Las campañas de Nápoles también tuvieron una importante significación ideológica: dado que eran guerras entre príncipes cristianos, no se podía apelar a la religiosidad a la hora de motivar y justificar la guerra, ya que el enemigo no era un infiel. Por ello, hubo que recurrir cada vez más al único elemento diferenciador real entre aquellos combatientes: el rey y el reino por el cual combatían. Dicho de otra manera, el patriotismo, en vez de la religión, pasó a ser el principal argumento motivador para las masas de combatientes. No es irrelevante el hecho de que el grito de batalla de los ejércitos de la Monarquía pasara de ser el "¡Santiago!" de la guerra de Granada al "¡España!" de las campañas napolitanas. En el mismo orden, la importancia de las banderas comenzó a ser cada vez mayor, desarrollándose en torno a ellas toda una simbología, entroncada, en algunos casos, con el papel de las águilas en las legiones romanas. El espacio y la complejidad que la tratadística militar española del siglo XVI otorga a cómo debe ser portada y guardada la bandera de la compañía en todo momento habla a las claras de la importancia que estas enseñas tenían para las unidades.

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Nota 1

En la monarquía hispánica, la aparición del término "infante" es relativamente tardía, ya que se utilizaba la denominación de "peones" para los combatientes a pie. La primera vez que nos encontramos con el uso de la palabra infante es en el llamamiento para reclutar combatientes efectuado en 1503 (MARTINEZ RUIZ, Los soldados del rey, p. 68).

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Nota 2

VIGÓN, El ejército de los Reyes Católicos, p. 219.

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Nota 3

ALMIRANTE, J., Bosquejo de la historia militar de España hasta el fin del siglo XVIII. Madrid, 1923, p. 57.

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Nota 4

Los contingentes de infantería de la Hermandad eran distintos a sus cuadrilleros para labores de orden. La infantería era sobre todo alabarderos, lanceros, espingarderos y zapadores que servían 80 días que podían alargarse si las circunstancias lo requerían (MARTINEZ RUIZ, Los soldados del rey, p. 50).

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Nota 5

LADERO QUESADA, Ejércitos y Armadas de los Reyes Católicos, p. 120.

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Nota 6

MARTÍNEZ RUIZ, Los soldados del rey, p. 60.

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5.- La evolución de las armas: Caballería

En cuanto a la caballería, los ejércitos peninsulares nunca destacaron por primar de forma significativa a la caballería pesada característica de otros ejércitos medievales, pese a que Castilla, en la Baja Edad Media, era un territorio donde se criaban caballos en abundancia. Las razones eran tanto sociales, ya que la características peculiares del feudalismo castellano habían atenuado este, principal impulsor del modo de vida social con el que se vincula a la caballería pesada, como militares, dado que el estilo de guerra peninsular, tanto en las contiendas entre cristianos como en el combate contra el enemigo musulmán, no abundaba en batallas campalesNota 1), momento en el que la caballería pesada, a través de la carga frontal, podía explotar al máximo sus ventajas tácticas y sí, por el contrario, eran frecuentes operaciones en las que la caballería pesada tenía pocas o ninguna ventaja sobre los jinetes más ligeros, caso, por ejemplo, de las escaramuzas, las emboscadas y las constantes y veloces correrías en territorio enemigo en busca de cautivos, ganado o, simplemente, de sembrar el caos y la destrucción en las comarcas hostiles.

Estas realidades sociales y militares se reflejaban en la composición de las lanzas castellanas, formadas por un hombre de armas y los hombres que lo asistían y combatían junto a él en el campo de batalla. Mientras que la lanza italiana estaba compuesta, por lo normal, por cuatro o cinco hombres, la francesa por seis y la borgoñona alcanzaba de forma regular los nueve hombres —incluyendo arqueros—, los caballeros castellanos solían entrar en combate con un único hombre de apoyo que, en las ocasiones en que el hombre de armas poseía una segunda montura —"lanza doblada", en la terminología militar de la época—, era reforzado por un segundo escudero.

Esto tenía consecuencias prácticas, que repercutían en la menor operatividad de las lanzas castellanas frente a las de otras nacionalidades, lo cual las volvía aún menos atractivas, desde el punto de vista táctico. Mientras que una lanza borgoñona, con su caballero, los jinetes y escuderos que lo acompañaban y los arqueros que le daban protección podía actuar como una unidad de combate prácticamente autónoma, las lanzas de Castilla actuaban casi siempre en conjunto con el resto de las lanzas de su capitanía, lo cual les confería menos autonomía y una menor flexibilidad táctica, cualidades ambas muy necesarias en una guerra de golpes, huidas y correrías como la que se desarrollaba, por ejemplo, en la frontera nazarí.

No obstante, sería erróneo pensar que la tendencia durante el reinado de los Reyes Católicos, era avanzar hacia la disminución de las capitanías de hombres de armas. Desde 1495, la tendencia fue exactamente la contraria: se crearon cada vez más capitanías de caballería pesada, mientras que en los acostamientos, que, en principio, eran en su práctica totalidad, jinetes ligeros, comenzaron a aparecer cada vez con más frecuencia los hombres de armas. Así, nos encontramos con que la caballería pesada suponía en 1504 un 40% del total de capitanías de las Guardas, mientras que en los acostamientos los jinetes y los hombres de armas habían alcanzado una situación casi de paridadNota 2).

Las complejidades inherentes al mantenimiento de una importante fuerza de caballería vinculada a la Corona supuso la necesidad de elaborar leyes que regularan determinados aspectos, a fin de hacer más fácilmente obtenibles los recursos materiales necesarios. Así, por ejemplo, tras la guerra de Granada, hubo que tomar medidas para favorecer la cría de caballos: en 1492 se prohibió cruzar asnos con yeguas, prohibición que se repitió 1499. En 1494 los monarcas prohibieron que se cabalgara en mulas, salvo las mujeres y los eclesiásticos, con el fin de favorecer la cría de caballosNota 3). En 1496 y 1503, se fijó que la cebada para los caballos y el trigo para los soldados se vendiera a precio de tasaNota 4), pero solo para los que hubieran presentado su caballo en el último alarde, y en 1503 se reguló la cuestión de los aposentamientos, es decir, del alojamiento de las tropas cuando se desplazaban para una campaña.

Pese a que, como se ha visto, siguieron introduciéndose reformas que consolidaron los cambios habidos en materia de caballería, lo cierto es que el núcleo de la reforma de este arma quedó esbozada en su totalidad con la definitiva remodelación de los acostamientos, que tuvo lugar en 1495, y la supresión de la Hermandad General y la integración de sus capitanías de caballería en las Guardas de Castilla, en 1498Nota 5).

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Nota 1

La escasez de batallas campales en Castilla era un fenómeno que no se limitaba a las guerras contra los musulmanes, sino que también se daba en los conflictos internos; desde la batalla del Salado, en 1340, este tipo de batallas decisivas se dio solo en muy contadas ocasiones (LADERO QUESADA, M. A., "La organización militar de la Corona de Castilla durante los siglos XIV y XV", p. 212). En todo el siglo XV solo hubo dos batallas campales antes del reinado de los Reyes Católicos: Boca del Asno en 1410, cerca de Antequera, para levantar el asedio puesto por el infante don Fernando Trastámara a esta villa, y la batalla de La Higueruela en 1431 (DONCEL DOMÍNGUEZ, J. C., "La táctica de la batalla campal en la frontera de Granada durante el siglo XV", en SEGURA ARTERO, P., (coord..), Actas del Congreso La frontera oriental nazarí como sujeto histórico (s. XIII-XV). Almería, 1997, p. 138). En los años de la guerra de Granada, solo hubo dos batallas campales de cierta entidad: Lucena en 1483 y Moclín en 1485 (LADERO QUESADA, M. A., Castilla y la conquista del reino de Granada, p. 15).

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Nota 2

LADERO QUESADA, Ejércitos y Armadas de los Reyes Católicos, p. 120.

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Nota 3

Durante la guerra de Granada, los monarcas se habían quejado de que apenas podían disponer de 10 o 12 mil hombres a caballo, por falta de monturas (SANTA CRUZ, A., Crónica de los Reyes Católicos, Sevilla, 1951, vol. I, p. 125).

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Nota 4

Hay que tener en cuenta que las cosechas de aquellos años no fueron buenas e incluso llego a haber escasez de pan en algunas ciudades castellanas. El asistente real en Sevilla envió a Isabel un informe sobre esta cuestión y los medios que, a su juicio, había para solventar el hambre que sufría parte de la población sevillana (AGS, Cámara de Castilla, Diversos, leg. 42).

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Nota 5

RIBOT, "Types of Armies: Early modern Spain", p. 42.

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CAPÍTULO XIX: LA DIPLOMACIA Y LA PROYECCIÓN DE FUERZA

1.- El nacimiento de la diplomacia modernaNota 1)

En las últimas décadas del siglo XV, la diplomacia internacional dio un salto cualitativo de gran importancia. Dos factores fueron claves en ello: la recuperación de poder por parte de las monarquías y gobiernos centrales, capacitándoles para una acción diplomática coherente, constante y decididaNota 2) y, vinculado a lo anterior, el surgimiento de aparatos diplomáticos permanentes y profesionales al servicio de diversos Estados europeos, siendo en ello pionera la República de Venecia, cuyo gobierno fue el primero, aún en el siglo XIV, en crear embajadores con residencia permanente en las Cortes de otros estados.

Desde el fin de la guerra de los Cien Años, en 1455, la política europea había mantenido en un equilibrio sostenido por la debilidad de los emperadores germánicos, la creciente fuerza de Francia y la extensión de la neutralidad al conjunto de los príncipes italianos, a través de la paz de Lodi. Este sistema diplomático quedó truncado entorno a 1479, cuando con la muerte de Juan II de Aragón y la victoria de Isabel en la guerra de Sucesión de Castilla, las Coronas de Aragón y Castilla quedaron reunidas en el matrimonio formado por Isabel y FernandoNota 3).

Fue en la creación de una amplia red diplomática donde el talento organizativo de Fernando el Católico rayó a máxima altura. El análisis del reinado del Rey Católico lleva a cualquier historiador a coincidir con lo manifestado por Doussinague, el gran estudioso de la política exterior fernandina: "Fernando el Católico hizo de esa red de representantes suyos en el extranjero un organismo vivo dedicado a la ejecución de grandes planes políticos de conjunto, que se van desarrollando sistemáticamente y que obedecen a directivas fijas que han de permanecer en vigor durante casi dos siglos"Nota 4).

Fernando no solo supo construir un aparato diplomático a la altura del papel que debía jugar su monarquía en el contexto internacional, sino que fijó las líneas maestras de la política exterior de la Monarquía conforme a unos parámetros que, en muchos casos, siguieron vigentes décadas después de la muerte del rey. El aparato diplomático de la Monarquía es un logro, que en muchas ocasiones, ha pasado desapercibido frente a otras construcciones vinculadas al aumento del poder regio —el ejército moderno, la Inquisición, la modernización del sistema fiscal, étc...—, pero que poco tiene que envidiarles en importancia.

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Nota 1

Un estudio referido a esta cuestión puede consultarse en FERNÁNDEZ CARRASCO, E., “Guerra y diplomacia en la Edad Moderna”, en RDUNED. Revista de Derecho de la UNED, n° 10, 2012.

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Nota 2

"El hecho de que los Estados vayan adquiriendo personalidad definida a fines del siglo XV es fundamental para el estudio de la política exterior, porque da lugar al nacimiento de la verdadera diplomacia" (DOUSSINAGUE, La política exterior de España en el siglo XV I, p. 24).

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Nota 3

SUÁREZ FERNÁNDEZ, Los Reyes Católicos, p. 195.

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Nota 4

La política exterior de España en el siglo XVI, p. 24

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2.- La proyección de fuerza

Son muy pocos los acontecimientos históricos previos al reinado de los Reyes Católicos en los que se produjera una verdadera proyección de la fuerza bélica de los reinos cristianos. Antes del siglo XV, quizá el más destacado fuera el famoso "fecho de allende" del reinado de Alfonso X, cuando naves y tropas castellanas atacaron el puerto marroquí de Salé, no muy distante del emplazamiento de la actual Rabat. Ya en el siglo XV, la incorporación del reino de Nápoles a los dominios de Alfonso V de Aragón fue otra muestra de esta proyección de fuerza, y en ella se pueden apreciar algunos elementos que trascienden la tradición medieval para anunciar los cambios que, en las décadas posteriores, permitirían una nueva dimensión de la proyección de fuerza bélica por parte de la Monarquía Hispánica.

Fue la fuerza proyectada más allá de su esfera de influencia militar directa lo que dio a la Monarquía una posición determinante en el contexto internacional, considerada por Doussinague la gran novedad en la esfera diplomática europea de comienzos del siglo XVINota 1). Las campañas que cimentaron este nuevo prestigio y este nuevo poder no fueron las campañas de la guerra de Sucesión —si bien en ellas la proyección de fuerza ya jugó un papel importante, por ejemplo, en las incursiones contra las líneas comerciales lusas en GuineaNota 2)—, ni siquiera la derrota del reino nazarí de Granada, sino las campañas de Nápoles contra Francia, la victoria contra los turcos en Cefalonia y la ocupación de las plazas fuertes norteafricanas a lo largo de los años comprendidos entre 1497 y 1509.

La voluntad de intervenir en cuestiones políticas europeas, militarmente si era necesario, comenzó a expresarse de forma fehaciente con el envío de tropas castellanas a Bretaña en 1490, a la muerte del duque Francisco, en apoyo de los derechos dinásticos de su hija Ana. Fernando envió al conde de Salinas al frente de mil jinetes y hombres de armas, y el éxito de esta ayuda cimentó el posterior entendimiento a mayor escala entre la Monarquía, Inglaterra y Maximiliano de Austria, dado que tanto Enrique VII como el rey de Romanos —Maximiliano todavía no había sido coronado emperador por el papa en aquel entonces— enviaron también ayuda a la duquesa Ana. Sin embargo, las relaciones de los castellanos con la Corte bretona no fue satisfactoria, ya que Salinas se vio inmerso en un complejo mundo de intrigas que acabó por enemistar a la duquesa con las tropas castellanas, provocando su regreso a la Península, hecho en el que influyó no poco el deseo de Fernando el Católico de negociar con Francia un acuerdo que incluyera la devolución del Rosellón a Aragón, aún pendiente en aquella fechaNota 3).

Con el aumento de capacidad de las monarquías para controlar su propio territorio, se produjo un cambio en la naturaleza de los conflictos europeos. Hasta el año 1494, con el comienzo de la primera guerra de Nápoles, las guerras de las décadas anteriores habían sido, en su inmensa mayoría, una forma violenta de solucionar los problemas internos: quién gobernaba Inglaterra —guerras de las Rosas—, la distribución del poder entre la nobleza y el rey de Francia —guerra de la Liga del Bien Público—, las guerras francesas contra los poderes regionales de Bretaña y Borgoña, las guerras suizas contra la nobleza borgoñona. Incluso la guerra de Granada —y, desde luego, la guerra de Sucesión de Castilla, aún cuando intervinieran potencias extranjeras— puede ser considerado un problema de definición de la Monarquía Hispánica, incapaz de coexistir dentro de sus fronteras geográficas naturales con un poder musulmán residual. Como señala el profesor Hale, simplificando, las guerras eran parte de un proceso de autodefinición⁴ ⁵.

Todo ello cambió tras la primera guerra de Nápoles, cuando las guerras se volvieron multinacionales.

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Nota 1

Doussinague, Fernando el Católico y el cisma de Pisa, p. 9.

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Nota 2

La primera de estas expediciones contra los intereses comerciales africanos de Portugal fue capitaneada por Charles de Valera y tuvo lugar en el año 1476.

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Nota 3

DOUSSINAGUE, La política exterior de España en el siglo XVI, p. 59.

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Nota 4

HALE, J. R., War and society in Renaissance Europe, 1460-1620. New York, 1985, p. 14.

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3.- Proyección de fuerza y diplomacia moderna

La década de 1490 supuso un cambio en la diplomacia europea. La mayor parte de los Estados occidentales superaron las convulsiones internas que el paso de formas netamente medievales a formas modernas les estaban suponiendo y, una vez solucionados sus problemas de autodefinición, la diplomacia pudo volverse hacia el exterior, en lugar de concentrarse en lograr acuerdos con las fuerzas interiores:

"La solución de aquellos conflictos dio paso a una época distinta en las relaciones entre reinos, porque una vez superadas las crisis, aumentado y consolidado su poder, los monarcas estuvieron en condiciones de desarrollar políticas exteriores más continuas y coherentes en sus objetivos, apoyados en una diplomacia permanente de nuevo cuño, dispusieron de recursos hacendísticos mucho mayores y pudieron consolidar y aumentar los ejércitos a sueldo permanentes o temporales"Nota 1).

Creemos que, en el párrafo anterior Ladero Quesada acierta de pleno al mencionar los que serían los factores decisivos en el nacimiento de una nueva era en la diplomacia internacional europea: la solución de los problemas internos y la puesta a disposición de los monarcas de un poderoso instrumento con el que respaldar y apoyar sus esfuerzos diplomáticos mediante la fuerza, si era necesario: los ejércitos modernos, profesionales y permanentes, pues no cabe olvidar que, en palabras de Luis Suárez Fernández, a finales del siglo XV la guerra era una de las formas de relación consideradas normales entre los reinosNota 2).

Sin embargo, menos se ha analizado un tercer factor, relacionado con el ejército moderno: las monarquías de finales del siglo XV no solo desarrollaron un instrumento bélico más eficaz en sí mismo, sino que adquirieron la capacidad de proyectar sus capacidades bélicas a escenarios distantes, y tampoco ha sido analizado en profundidad el efecto que ello tuvo sobre el nacimiento de la nueva diplomacia en aquel mismo periodo de tiempo.

Desde nuestro punto de vista, todo parece indicar que hubo una relación directa entre los tres fenómenos, nacimiento de una verdadera diplomacia internacional, paso de ejércitos de corte feudal a ejércitos de corte moderno y aumento de la capacidad de las monarquías de proyectar su poder militar a escenarios lejanos.

El caso de la política y los conflictos italianos son paradigmáticos de lo que exponemos. Las políticas francesas e hispánicas, sus movimientos diplomáticos en el escenario italiano, no suponen una novedad en sí misma, pero sí lo es tanto el aparato estatal puesto al servicio de aquellas diplomacias como la profundidad y alcance de los asuntos a tratar, y ello solo era posible debido a que ambas monarquías —y no solo ellas, también el Imperio, Venecia, Inglaterra, Hungría o los otomanos— disponían en aquellos años de algo que no tenían en tiempos anteriores: capacidad bélica para desatar guerras a gran escala fuera de su propio territorio. De alguna manera, esa capacidad de trasladar toda la fuerza bélica de una monarquía al escenario en que fuera necesaria, dentro de unos límites geográficos razonables, y de mantener la presencia y uso de esa fuerza durante periodos de tiempo largos, superando la estacionalidad de las campañas y la brevedad de las mismas que imponían las fórmulas medievales, llenó de contenido a la diplomacia. Ya no eran meras palabras, de cortesía o de amenaza, las que el enviado de un rey podía trasladar a un monarca cuyos dominios eran lejanos, sino que existía la posibilidad real de que cualquier disensión se tradujera en acciones violentas a gran escala.

Con el advenimiento de los ejércitos modernos, permanentes y profesionales, y el desarrollo de los mecanismos estatales, tanto fiscales como logísticos y humanos, que permitían la proyección de fuerzas bélicas a distancias lejanas y durante periodos de tiempo prolongados, la diplomacia se convirtió en una partida de ajedrez cuyas consecuencias eran muy reales, y no una mera cuestión de formas y cortesías. Estados que solo hubieran tenido que temer problemas comerciales o puntuales incursiones de corso como consecuencia de desentendimientos políticos con otros Estados, se enfrentaban en el siglo XV a la posibilidad de que quien unos pocos años atrás tan solo hubiera podido embargar mercancías o abordar algún barco, pudiera poner sobre el propio solar fuerzas suficientes como para provocar consecuencias catastróficas, incluida la aniquilación del Estado como ente político independiente. Las apuestas situadas sobre la mesa de la diplomacia se habían multiplicado exponencialmente a finales del siglo XV en comparación con los años anteriores.

La ampliación de las esferas geográficas en las que un Estado podía hacer valer su fuerza militar fue algo en lo que la Monarquía hispánica tuvo particular éxito, ya que extendió el radio de acción de sus ejércitos desde el litoral atlántico africano hasta el Mediterráneo Oriental y desde las plazas del Norte de África a Bretaña. Ello tuvo una segunda consecuencia que contribuyó a los cambios experimentados en el mundo diplomático europeo: el número de escenarios en que los intereses de dos o más Estados se solapaban y en los que esos Estados tenían posibilidad de intervenir se multiplicaron. Como es lógico, el tamaño de Europa no había aumentado y, si aceptamos que los radios de acción e interés de cada Estado se habían hecho mayores, era inevitable que acabaran superponiéndose en más lugares y con consecuencias a mayor escala que en otras épocas.

Este fue uno de los factores que llevó al desarrollo de conflictos internacionales con múltiples actores en cada bando. No se puede decir que los conflictos de este tipo fueran completamente desconocidos en la Europa medieval, pero tampoco es casualidad el momento en que surgen las guerras de diferentes potencias contra coaliciones como la Liga de Cambrai o la Santa Liga, un tipo de conflicto que sería habitual en los siglos XVI y XVII. Esta multiplicidad de actores —diplomáticos y bélicos— añadió complejidad al tejido de alianzas, apoyos, enemistades y rivalidad que los agentes diplomáticos de cada Estado tejían y destejían por las cancillerías de todo el continente.

Así pues, la diplomacia cambió en los últimos años del siglo XV, institucionalizó su aparato dentro de cada Estado y ganó en complejidad a lo largo de todo el continente y si bien factores estructurales, como la superación de parte de los conflictos internos por parte de los Estados, contribuyeron a ese cambio, también es cierto que jugaron un papel decisivo, a nivel europeo en general e hispánico en particular, factores directamente relacionados con el desarrollo de ejércitos permanentes y la capacidad de utilizar estos ejércitos en escenarios alejados de las propias fronteras.

Diplomacia y capacidad militar formaron así una reacción en el que cada uno de los campos catalizaba al otro, contribuyendo mutuamente a consolidar los cambios. La diplomacia, para ser eficaz en aquel contexto europeo, pasó a requerir de la existencia de ejércitos modernos y de la capacidad del Estado para usarlos en caso de que fuera necesario, al servicio de sus intereses diplomáticos fuera de las propias fronteras. Por su parte, los conflictos bélicos con múltiples contendientes y en escenarios geopolíticos cada vez más complejos, dejaron de ser, por lo general, resolubles por la mera fuerza, de tal forma que toda victoria militar debía ser confirmada, consolidada y aprovechada por el oportuno uso diplomático de la misma.

Así, diplomacia y ejército, sumaron la dinámica de su propia reacción al conjunto de factores que empujaron a los Estados del siglo XV en una misma dirección: La de la centralización, puesto que ningún poder social o local podía, por sí mismo, convertirse en un agente diplomático o militar efectivo en el mundo europeo que había surgido durante el reinado de los Reyes Católicos.

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Nota 1

LADERO QUESADA, Ejércitos y Armadas de los Reyes Católicos, p. 26.

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Nota 2

La Europa de las cinco naciones, p. 421.

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4.- Las paces y los tratados de los Reyes CatólicosNota 1)

Pocas consecuencias de una guerra son tan visibles como la firma de un tratado de paz entre las potencias que han participado en el conflicto; igualmente, pocas consecuencias de la estrategia militar son tan públicas como las alianzas formadas de cara a afrontar con garantías posibles conflictos bélicos futuros. En el reinado de los Reyes Católicos se produjeron numerosos acuerdos de ambos tipos, los más importantes de los cuales repasamos en los párrafos siguientes.

En 1488, Isabel y Fernando lograron llegar a un acuerdo con Catalina de Foix y Juan de Albret, reyes de Navarra, acuerdo que se ratificó mediante la firma de un tratado en Valencia, en marzo de aquel año. En el tratado, los Reyes Católicos efectuaron varios concesiones al reino navarro, sobre todo en el ámbito comercial, en lo que había sido calculado por Isabel y Fernando como una maniobra de acercamiento a Francia, de cara a una posible devolución a Aragón del Rosellón, por cuya posesión se encontraba en pugna el reino de Fernando con la monarquía gala. No obstante, los regentes de Francia, Ana y Pierre de Beaujauis —que gobernaban el reino, con suma dificultad, durante la minoría de edad de Carlos VIII— no consideraron oportuno tomar una decisión del calado que suponía enajenar una parte de lo que, en aquel momento, era territorio de Francia.

En cualquier caso, las concesiones comerciales castellanas tampoco habían sido excesivas y, para compensarlas, los reyes navarros hubieron de acceder a que tropas castellanas al mando de Juan de Ribera permanecieran en diferentes lugares estratégicos del territorio navarro. Dado que Ribera, además, tenía a sus órdenes contingentes militares en los territorios vascos, dependientes de Castilla, que podían movilizarse con presteza para intervenir en Navarra, esto suponía en la práctica que Castilla adquiría un control estratégico directo de una parte importante del territorio navarro.

No obstante, Fernando, indignado por la negativa francesa sobre el Rosellón, llegó a plantear directa y abiertamente la posibilidad de una recuperación militar de los territorios, para lo cual pidió a las Cortes aragonesas, reunidas en Tarazona, la financiación necesaria, tras haber obtenido de Isabel el compromiso de que Castilla aplazaría las fases finales de la guerra granadina para participar en la guerra contra Francia. La negativa de las Cortes aragonesas motivó la renuncia a llevar a cabo los planes de guerra con Francia.

Francia seguía siendo el rival diplomático de la Monarquía Hispánica, y con vistas a aislar al reino galo se firmó un año después, en 1489, el Tratado de Medina del Campo, suscrito por Isabel y Fernando con el monarca inglés Enrique VII, primer rey de la Casa Tudor, con el cual, una vez superado el convulso periodo de las guerras de las Rosas, Inglaterra aspiraba a retomar el papel en los acontecimientos internacionales del que le había desplazado la derrota en la guerra de los Cien Años y tres décadas de guerras civiles.

El acuerdo se firmó en la localidad castellana que le da nombre el 26 de marzo de 1489, y sus líneas maestras estaban concebidas para lograr el aislamiento de Francia. El punto clave del tratado lo constituía llevar a cabo una política coordinada en lo relativo a Francia, estableciéndose un compromiso de ayuda militar mutua en el caso de que uno de los firmantes se viera envuelto en una guerra con el reino de los Valois. Los términos de esta ayuda quedaban estipulados con claridad: los Reyes Católicos deberían mantener su ayuda a Inglaterra mientras durara la hipotética guerra con Francia o bien hasta que Inglaterra hubiera recuperado el control de la región de Guyena, perdida en la guerra de los Cien Años. De igual forma, Inglaterra debía mantener su ayuda a los reinos hispánicos en tanto en cuanto existiera guerra con Francia, o hasta que Isabel y Fernando recuperaran el control del Rosellón y la Cerdaña.

Para ratificar el acuerdo y darle visos de permanencia, se estipulaba el matrimonio del heredero del trono inglés, el príncipe Arturo, con una de las hijas de los Reyes Católicos, CatalinaNota 2). La temprana muerte del príncipe hizo que Catalina de Aragón se casara, finalmente, con el segundo hijo del rey de Inglaterra, el futuro Enrique VIII, y sería este matrimonio el centro de la querella que terminaría con la separación de las iglesias anglicana y católica romana. Las consecuencias del Tratado de Medina del Campo, como se ve, fueron tan importantes como absolutamente imprevisibles en el momento en que se firmó.

Un tercer pilar del tratado establecía una mejora de las relaciones comerciales, de por sí buenas, entre Inglaterra y los reinos peninsulares, para lo cual se efectuaría una rebaja en los impuestos y tasas que debían pagar las mercancías de uno de los firmantes al entrar en el territorio de su aliado.

El tratado de Medina del Campo, no obstante, encontró enormes dificultades para su aplicación. En primer lugar, los Reyes Católicos, que lo firmaron en marzo de 1489, no lo ratificaron hasta septiembre del año siguiente. Igualmente, Enrique VI no lo ratificó hasta el día 23 de aquel mes, cuando la posibilidad de una triple alianza con los Reyes Católicos y el Emperador Maximiliano le impulsó a hacerlo. No obstante, el acuerdo siguió sin aplicarse, dada la muy corta edad de Arturo y Catalina, y el contenido firmado en Medina del Campo hubo de ser objeto de reajustes y renegociaciones en 1492 y 1497. Tan solo cuando ambos jóvenes contrajeron matrimonio en 1501 comenzaron a aplicarse sus cláusulas.

La deseada triple alianza que agrupara a Enrique VII de Inglaterra, Isabel y Fernando y el Emperador se concretó con la firma del tratado de Ockyng -o Woking- en 1490, en el marco del conflicto que enfrentaba a la Corona de Francia con el ducado de Bretaña. Las tres potencias firmantes se comprometieron a enviar auxilios militares a la duquesa Ana, no tanto para salvaguardar sus derechos sobre el ducado bretón, sino como una forma de presionar a Francia para que cediera a las demandas territoriales y políticas de los signatarios del tratado: aspiraciones inglesas sobre Guyena, devolución del Rosellón y la Cerdeña a Aragón y boda de Ana con el Emperador Maximiliano, que hubiera añadido Bretaña a los dominios dinásticos de los Habsburgo. La victoria militar francesa en el año 1491 dejó sin efecto las ambiciones de los firmantes en Ockyng.

La victoria militar sobre Bretaña fue hábilmente consolidada por la diplomacia francesa a través de tres tratados sucesivos con las potencias que habían respaldado a la duquesa Ana: el Tratado de Étaples sur Mer, suscrito con Enrique VII de Inglaterra, en noviembre de 1492; el Tratado de Senlis, firmado entre el rey de Francia y el Emperador en mayo de 1493, y el Tratado de Tours-Barcelona, firmado con Fernando e Isabel, en enero de 1493.

En Tours-Barcelona, Carlos VIII satisfacía la más perentoria de las ambiciones aragonesas en relación con Francia: la restitución del Rosellón y de la Cerdaña, quizá con los ojos puestos en una paz duradera con los Reyes Católicos que le permitiera llevar a cabo a Carlos VIII su gran sueño: una cruzada contra los turcos, con la ambición de recuperar Tierra Santa. A este fin, no solo se devolvían los condados, sino que Francia renunciaba expresamente al cobro de cualquier deuda que pudiera quedar pendiente desde que Luis XI financió las campañas militares de Juan II en Cataluña y Navarra.

Con el acuerdo, Francia obtenía de los Reyes la garantía personal de no intervención si se adentraba en Italia para resolver la cuestión napolitana, con una única excepción: que, en el proceso, Francia dañara los derechos del papa, en cuyo caso los monarcas se reservaban el derecho de intervenir a su criterio. Esta cláusula de excepcionalidad sería la invocada para justificar la participación hispánica en la posterior guerra de Nápoles, que se desencadenó un año después de la firma del tratado de Tours-Barcelona. Hay que efectuar dos comentarios sobre esta cuestión: en primer lugar, el tratado no mencionaba expresamente la obligación de los Reyes de mantenerse al margen de la cuestión napolitana, sino que esta fue una garantía dada personalmente por Fernando al rey francés; en segundo lugar, la cláusula relativa a la salvaguarda de los derechos pontificios era habitual en los tratados de la época, poco más que una formalidad, y existe la posibilidad de que Carlos VIII y sus diplomáticos no se percataran de la importancia que tenía en el caso de Nápoles, ya que, prácticamente, convertía en escritura sobre el agua cualquier acuerdo de no intervención suscrito o verbalizado con los monarcas hispánicos.

El tratado incluía la necesidad de aprobación por el rey de Francia de cualquier alianza matrimonial que Isabel y Fernando quisieran suscribir con Inglaterra o el ducado de Borgoña, lo cual constituía un bloqueo del eje hispánico-inglés-imperial que se había intentado construir en los tratados anteriores de Medina del Campo y Ockyng. En ello se pone de manifiesto la capacidad de adaptación que mostró la Corona de Castilla respecto de los intereses aragoneses: la devolución del Rosellón y la Cerdeña a la Corona de Aragón se obtuvo con la renuncia castellana al pilar esencial de su política internacional atlántica y comercial, que pasaba por la alianza con Inglaterra y con los puertos holandeses y flamencos que gobernaba el Emperador en su condición de viudo de la duquesa María de Borgoña.

A la denuncia de los Reyes del Tratado de Tours-Barcelona y la negativa francesa a atenerse a devolver las posiciones ocupadas en los dominios del papa, así como a someter a arbitraje del pontífice la cuestión napolitana, le siguió la primera guerra de Nápoles, que había de concluir con la firma, el 25 de febrero de 1497 de la Tregua de Lyon, con una validez inicial que concluía el 7 de noviembre de aquel año. Cuando la tregua expiró, Carlos VIII envió negociadores a Fernando, ofreciendo entregarle la región de Calabria a cambio de que Fernando le reconociera como rey de Nápoles, añadiendo una serie de cláusulas que implicaban la entrega de Navarra a cambio de Calabria en el hipotético caso de que el rey de Francia llegara a hacerse con el control del reino navarro, compensando la mayor riqueza de Calabria facilitando a Fernando una renta anual de 30.000 ducados, además de Navarra.

Fernando rechazó la partición de Nápoles, pero accedió a que se ampliara la tregua mientras se seguía negociando un acuerdo definitivo. Sin embargo, la situación diplomática cambió al producirse la inesperada muerte del rey de Francia, el 8 de abril de 1498, sucediéndole en el trono Luis de Orleans, coronado como Luis XII. Las negociaciones con el nuevo rey de Francia fueron más fructíferas que con su antecesor, y se pudo dar un carácter definitivo a la tregua de Lyon a través del Tratado de Marcoussis, firmado el 5 de agosto de 1498, que Luis XII signó con la intención de asegurarse la neutralidad hispánica en el caso de que llevara a cabo por la fuerza sus ambiciones sobre el ducado de Milán.

El Tratado de Marcoussis contenía una cláusula de ayuda mutua si uno de los firmantes debiera enfrentarse a un enemigo para conservar sus dominios, siempre con la excepción de que ese tercero fuera el papa. Este compromiso de ayuda mutua era extensivo a los aliados de la contraparte del acuerdo que se vieran involucrados en una guerra de carácter defensivo. Para evitar problemas de interpretación, el tratado expresaba quiénes eran los aliados comprendidos en la cláusula: Enrique VII de Inglaterra, Juan de Albret, rey de Navarra, y Felipe, archiduque de Borgoña, en lo que respectaba tanto a Francia como a los Reyes Católicos; a los que había que añadir el rey de Escocia y el duque de Lorena, como aliados de Francia, y el emperador Maximiliano y el rey Manuel de Portugal como aliados de Isabel y de Fernando.

El entendimiento entre Francia y los Reyes Católicos, aun siendo temporal, llevó a una redefinición de la situación de Navarra, con la firma del Tratado de Sevilla, en mayo del año 1500. A través de aquel acuerdo, Castilla retiraba sus tropas de suelo navarro, si bien las plazas seguían oficialmente bajo tutela castellana, lo cual se simbolizaba con el hecho de que los alcaides a quienes los reyes de Navarra dieran la tenencia de dichas fortalezas debían presentar pleito-homenaje a la reina de Castilla.

A cambio, los Reyes Católicos recibían varias concesiones por parte de los monarcas navarros. En primer lugar, Navarra se comprometía a mantener la neutralidad en el caso de una guerra entre Francia y la Monarquía Hispánica. En segundo lugar, Juan y Catalina daban el perdón a todos aquellos miembros de la facción beaumontesa, tradicionalmente apoyada por Castilla, que estuvieran en el exilio, permitiendo su regreso a tierras navarras y restituyéndoles en sus oficios tradicionales, lo cual incluía el cargo de condestable de Navarra.

El buen entendimiento diplomático con Francia continuó a través del tratado de Chambord-Granada, por el cual Luis XII y los Reyes Católicos acordaron el reparto de Nápoles, con la aprobación de papa Alejandro VI. Según el Tratado de Chambord-Granada, Fernando recibiría Apulia y Calabria, y el resto se integraría en los dominios del rey de Francia. El papa dio el visto bueno al acuerdo el 25 de junio de 1501 y la ocupación del reino por franceses y españoles se realizó sin demasiados problemas. Las dificultades que generó la aplicación posterior de la partición, en especial las relativas a los derechos de aduanas, acabaron provocando el estallido de la segunda guerra de Nápoles, tras la cual Fernando reivindicó sus propios derechos a la Corona napolitana e integró el reino en sus dominios.

La derrota francesa en la cuestión napolitana fue reconocida diplomáticamente a través de la firma del Tratado de Blois, el día 12 de octubre de 1505. En dicho documento el rey de Francia renunciaba a sus derechos al trono de Nápoles, cediéndolos a su sobrina Germana de Foix, en aquel momento esposa de Fernando el Católico, y a la descendencia que ambos pudieran tener. Sin embargo, esto no suponía una renuncia completa a los derechos de la Corona gala sobre el reino italiano, ya que el acuerdo especificaba que si Fernando y Germana no tuvieran descendencia, los derechos revertirían nuevamente al linaje real francés.

El acuerdo incluía también una cláusula por la que el rey de Francia se comprometía a ayudar a Fernando en el caso de que se viera arrastrado a una guerra contra el Emperador Maximiliano o contra el archiduque Felipe de Borgoña, a la sazón yerno de Fernando, al estar casado con su hija Juana. Cabe recordar que el tratado fue firmado meses después de la muerte de Isabel, en un momento de máxima tensión entre el rey de Aragón y el linaje austríaco, generado por la lucha entre Felipe y Fernando por controlar Castilla mientras Juana no fuera capaz de gobernar por sí misma y mientras Carlos de Austria, nieto de Fernando y futuro Carlos V, no fuera mayor de edad y pudiera asumir la Corona castellana.

La paz en Italia no fue duradera, y en la guerra que se desató en 1508 se vio a Francia y a la Monarquía Hispánica alineadas en el mismo bando, ya que en diciembre de aquel año, se formó una alianza, Liga de Cambrai, contra Venecia, que incluía tanto a Francia como a Fernando el Católico, que aspiraba, con su participación en la Liga, a reintegrar al reino de Nápoles las ciudades cedidas por Ferrante II a Venecia durante la invasión francesa de 1494. Una vez desencadenadas las hostilidades, franceses e imperiales se precipitaron sobre los dominios venecianos, mientras que las fuerzas de Fernando recuperaban Brindisi y las demás plazas sin encontrar oposición militar relevante.

La guerra de la Liga de Cambrai tendría consecuencias diplomáticas vitales para el futuro de la Monarquía Hispánica a través de una circunstancia indirecta: los serios e inesperados reveses que sufrieron las fuerzas imperiales de Maximiliano de Austria contra los venecianos a lo largo de las campañas militares de la segunda mitad del año 1509. Puesto contra las cuerdas, Maximiliano se vio obligado a firmar con Fernando el Católico la Concordia de Blois, el 12 de diciembre de 1509. A través de este acuerdo, el Emperador reconocía la legitimidad de Fernando como gobernador de Castilla mientras que Juana siguiera viva o hasta que el nieto de Maximiliano y Fernando, el joven Carlos, tuviera veinte años. Con ello se ponía fin al conflicto sobre la regencia de Castilla, que había paralizado buena parte del gobierno de aquel reino durante los años posteriores a la muerte de Isabel.

En compensación por esta cesión, Maximiliano recibiría la ayuda que tan indispensable le era para evitar un completo desastre militar en tierras itálicas: Fernando le entregaría 50.000 escudos para mantener las tropas que poseía y levar nuevas unidades y las tropas hispánicas en suelo italiano acudirían en apoyo militar directo de los imperiales.

Blois convirtió a Fernando en gobernante de Castilla en tanto en cuanto su nieto Carlos no cumpliera los veinte años de edad y desviaba la sucesión de Castilla de la descendencia del matrimonio de Fernando con Germana de Foix, ya que la Concordia de Blois estableció que esta descendencia solo heredaría los derechos de Fernando sobre Aragón. El devenir histórico quiso que Fernando y Germana no tuvieran descendencia que les sobreviviera, por lo que la herencia de los Reyes Católicos se mantuvo unida en una única línea sucesoria, la reconocida por Fernando y Maximiliano en el Tratado de Blois, pero para poder valorar la importancia que pudo haber llegado a alcanzar este tratado, recordemos nuevamente lo que hubiera ocurrido si Fernando hubiera tenido un hijo varón con Germana que le hubiera sobrevivido: Castilla hubiera sido heredada por el futuro Carlos V, mientras que Aragón hubiera sido heredado por el hijo de Fernando y Germana, dando al traste con la unidad dinástica.

La Liga de Cambrai fue la última vez en décadas en que los reyes de Francia y de la Monarquía combatieron como aliados. Cuando una nueva guerra se desató en Italia, tras el enfrentamiento de Luis XII de Francia con el papado, el Rey Católico se consideró forzado a abandonar su política de pacificación italiana y concordia con Francia para acudir en ayuda del papa. Este, terminado el verano de 1511, cedió a las presiones de Fernando para que creara una alianza, la Liga Santa, contra Francia.

El acuerdo de creación de la Liga se firmó en octubre, de 1512 y, según el texto de la alianza, el fin de la misma era la recuperación de Bolonia los demás territorios pontificios arrebatados por Francia al papa; una vez asegurada la paz en la península, se realizaría una cruzada contra los otomanos. El virrey de Nápoles, CardonaNota 3), sería capitán general de los ejércitos de la Liga, aportando España 1.200 hombres de armas, 1.000 jinetes y 10.000 infantes; el papa aportaría 600 hombres de armas comandados por el duque de Termini, lugarteniente de todo el ejércitoNota 4); y Venecia debía atacar desde sus dominios con todas sus fuerzas. Por mar, Fernando aportaba once galeras. Venecia y el Papa se comprometían a entregar 40.000 ducados al mes al capitán general mientras durara la guerra, entregando en el momento de firma del acuerdo la paga de dos meses. Cardona debía dar inicio a las operaciones veinte días después de que se hiciera pública la Liga y el papa se comprometía a lanzar censuras eclesiásticas contra los que se opusieran a la Liga y les prestasen ayuda o consejo. Si no se devolvían las tierras reclamadas, los aliados tenían obligación de ir contra todos los territorios enemigos, aunque no tuvieran relación con la querella, cláusula que estaba pensada para permitir legalmente que Inglaterra atacara Guyena, atrayendo así a la Liga a dicha Corona. El texto remarcaba que, si los aliados ocupaban tierras enemigas fuera de Francia, podrían conservarlas y el papa lo sancionaría espiritualmente. Tampoco podía haber paz por separado. El texto se firmó el 4 de octubre de 1511 y se hizo público un día después en Santa María del Popolo.

El 13 de noviembre de 1511 se amplió la Liga Santa con la inclusión en ella de Inglaterra, que cuatro días más tarde firmaba una alianza aparte con Fernando, por la cual Inglaterra se comprometía a enviar 6.000 infantes con artillería a las fronteras de Aquitania antes del 1 de mayo de 1512, para unirse con las tropas españolas. También se prepararían dos escuadras para controlar el mar, cada una con 3.000 hombres a bordo. Fernando, además, armaría los buques necesarios para trasladar desde Southampton a los 6.000 ingleses, de cuyo aprovisionamiento también se encargaría la Monarquía hispánica. Las tierras de Aquitania conquistadas se entregarían a Inglaterra. Fernando ratificó el acuerdo en Burgos, el 20 de diciembre. Este éxito de la diplomacia fernandina se completó el 10 de enero de 1512, al firmarse un acuerdo entre el emperador Maximiliano y Venecia que mejoraba mucho la situación estratégica de la Liga. Como prueba de la actividad española a favor del acuerdo, renunciaba Fernando a los pagos que se le debían por la campaña de Cefalonia, renunciando Venecia a las sumas prestadas a los reyes de Nápoles en tiempos previos a la anexión hispánica, incluyendo en su renuncia los pretendidos derechos de hipoteca que alegaban poseer sobre varias villas de Puglia. Solo se exceptuaban los créditos que se debieran a súbditos venecianos por el secuestro de bienes al ocupar España esas plazas.

En el marco de esta guerra suscribían un nuevo tratado Fernando y el Emperador, el de Lille, firmado el 17 de octubre de 1513. Aunque la guerra aún duraría dos años más, la entrada en el conflicto de Maximiliano de Austria supuso el punto final de las posibilidades reales de Francia de imponerse militarmente en suelo itálico.

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Nota 1

En el presente capítulo no se analizarán ni el Tratado de Alcaçobas ni las capitulaciones de rendición de Granada y la posterior Pragmática de conversión forzosa, ya que han sido analizadas en los apartados correspondientes a la guerra de Sucesión y la guerra de Granada.

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Nota 2

En la heráldica inglesa, no se usa el nombre de Arturo en respeto por la tradición que afirma que el rey Arturo, mítico unificador y defensor del reino de Britania en los años oscuros que siguieron a la caída del imperio romano y la desaparición de las estructuras imperiales en la isla de Gran Bretaña, regresará algún día desde la isla de Avalon. Sin embargo, en el momento de su nacimiento, durante los turbulentos años de los conflictos civiles entre las Casas de Lancaster y York, el que luego sería Enrique VI pertenecía a un linaje cuyo parentesco con la Corona era, en el mejor de los casos, lejano, por lo que nada hacía presagiar que, al nombrar Arturo a su hijo, estuviera dando ese nombre a un futuro rey de Inglaterra.

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Nota 3

Cardona había sido nombrado virrey de Nápoles en sustitución del conde de Ribagorza tras la guerra de Cambrai. Ramón de Cardona había dirigido la conquista de Mazalquivir y había sido virrey de Sicilia. Entró en Nápoles el 24 de noviembre de 1509. En su correspondencia con él, Fernando le advierte explícitamente de que tome medidas contra una posible acción francesa en suelo italiano.

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Nota 4

Termini falleció pocos días antes de que comenzaran las operaciones militares, por lo que sus funciones fueron desarrolladas por el cardenal Medici.

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CAPÍTULO XX: LAS FINANZAS Y LA GUERRA

1.- La economía como ideario político en la guerra

“En la Edad Media, la erudición sobre teorías fiscales estaba más avanzada que los propios dispositivos que la llevaban a la práctica. El estamento eclesiástico había desarrollado un notable corpus ideológico sobre la necesidad, obligatoriedad y características de los impuestos desde la frase de Cristo “dadle al César lo que es del César”, las cartas de San Pablo en el siglo I y las obras de los primeros padres de la Iglesia. En general, se consideraba que la justificación de los impuestos venía dada por la legitimidad de la autoridad (potestas). El gobernante, que había recibido su poder de Dios, tenía como principal cometido mantener el orden interno y proteger el país de los enemigos externos. Para que pudiera llevar a cabo esta función, sus sujetos tenían que aportar lo que fuera necesario, en este caso, en concepto de impuestos. Tal teoría, con diversas matizaciones, fue desarrollada por escolásticos y teólogos morales y canónicos, durante todo el medievo. Así, el principal argumento para justificar las cargas impositivas, desarrollado a partir de Santo Tomás de Aquino, oscilaba entre la necesidad del príncipe, quien, por servir a la comunidad, debía recibir subsidios de ésta para mantenerse, y las de la colectividad, que, en casos de extrema necesidad, daba pábulo a cargas impositivas adicionales”Nota 1).

La primera interrelación de importancia entre guerra y economía, a lo largo del reinado de Isabel y Fernando la encontramos en un aspecto relacionado con el ideario político. Enrique IV había llevado a su punto culminante el proceso de enajenación de las rentas reales, a fuerza de conceder mercedes y de vender o regalar juros sobre ellas.

Por ello, la intención de recuperar las rentas reales y terminar con la política de enajenación de las mismas fue uno de los estandartes ideológicos del bando isabelino durante la guerra de Sucesión. Esto le granjeó la enemistad de una buena parte de los nobles, que veían en el hipotético reinado de Juana una prolongación de las políticas de su padre y que sentían que Isabel amenazaría o pondría fin al aumento de su poder económico. A su vez, la voluntad de recuperar el patrimonio regio y poner coto a los poderes de la nobleza, también en lo económico, hizo que, al menos en teoría, las villas y ciudades de Castilla, en especial las de realengo, tendieran a alinearse con el bando isabelino, ya que muy pocas localidades querían pasar, en un futuro, a depender de señores nobiliarios, en vez de seguir sometidos directamente a la Corona, cuyas condiciones de gobierno, por lo general, eran más beneficiosas para las ciudades que las que ofrecían los señoresNota 2).

El deseo de recuperar el patrimonio regio no quedó en una mera proclama de intenciones, sino que los Reyes Católicos lo llevaron a cabo con intensidad, convirtiéndolo no solo en una cuestión económica, sino en uno de los pilares políticos de su reinado, en el que al deseo de dotar de fuerza y autonomía económica a la Corona se unió la intencionalidad de mostrar, a través de los procedimientos por los que realizó la recuperación de las rentas, un restablecimiento de los principios de justicia y equidad, en virtud de los cuales las reducciones no solo se realizaron castigando a los partidarios de Juana, sino que cuando los juros y rentas habían sido obtenidos por estos en condiciones justificables, se les respetaron.

La parte fundamental de este proceso tuvo lugar sobre las bases sentadas en las Cortes de Toledo del año 1480 y la reducción al conjunto de la nobleza, incluidos los partidarios de Isabel, fue utilizada exitosamente por la incipiente maquinaria propagandística de la Corona para poner de manifiesto no solo que volvían a los Reyes aquellas partes de su patrimonio que no deberían haberse enajenado, sino que esto se había hecho de forma justa, e incluso generosa, con sus enemigos. Esta visión de lo sucedido en el proceso de recuperación de las rentas reales —amén de no ser veraz en su totalidad—, entroncaba con la necesidad de los Reyes de legitimar su reinado no solo por la victoria de las armas, sino exhibiendo los atributos del gobernante legítimo, uno de los más importantes de los cuales —si no el más— es el ejercicio de la justicia, entendido no solo como la aplicación de las leyes, sino en un sentido de rectitud moral y de aplicación de la equidad.

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Nota 1

ARIAS GUILLÉN, Guerra y fortalecimiento del poder regio en Castilla. El reinado de Alfonso XI. Madrid, 2012, p. 363.

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Nota 2

Si esto fue una tendencia general, también es cierto que hubo villas que no se alinearon con Isabel, como señala VAL VALDIVIESO, M.ª I. del, “La sucesión de Enrique IV”, en Espacio, Tiempo y Forma. Serie III. Historia Medieval, tomo IV, 1991, p. 62.

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2.- La correlación guerra-finanzas

Que el nervio de la guerra es el oro, como afirmó Napoleón, es un adagio sobradamente conocido y que la mayor parte de los conflictos bélicos de la Historia han ratificado. Respecto al mundo de la Península en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, al hablar de la correlación entre guerra y finanzas, todo investigador debe reconocer la deuda contraída con los estudios del profesor Miguel Ángel Ladero Quesada, en varios de cuyos trabajos, profusamente documentados con materiales de archivo, fundamentamos las líneas que siguenNota 1).

En el mundo bajomedieval, la base de los ingresos ordinarios de la Corona eran los impuestos sobre la circulación y el comercio de bienes. Entre ellos, destacaban las alcabalas, que gravaban con una tasa del 10% el importe de las compraventas. La alcabala se generalizó a partir de 1342, hasta llegar a suponer entre el 70 y el 80% de los ingresos ordinarios de la CoronaNota 2). Otro ingreso importante eran las aduanas, que suponían alrededor del 10% de los ingresos, incluyéndose en este total los almojarifazgos, es decir, la tasa que se pagaba por embarcar o desembarcar mercaderías en los puertos. El pago del servicio y el montazgo que debían efectuar los propietarios de ganado trashumante era otro 5% de los ingresos estatales, mientras que las salinas, monopolio real, suponían un 3%, y el resto lo completaban las tercias reales, entregadas por la Iglesia, equivalentes a dos novenos del diezmo que, a su vez, recaudaba la Iglesia.

Con este esquema, hasta finales del siglo XIV, el Estado se financiaba solo con los recursos ordinarios, pero el aumento del coste de la guerra, cada vez mayor en el siglo XV, hizo que fuera necesario recurrir a ingresos extraordinarios, lo cual fue un rasgo común de las grandes monarquías de la segunda mitad del siglo XV: la Castilla de Enrique IV, la Francia de Luis XI y de Carlos VIII y, en fecha posterior, la Inglaterra de Enrique TudorNota 3).

Una de las características más importantes de las finanzas en el reinado de los Reyes Católicos fue el espectacular aumento de las cantidades recaudadas a través de los ingresos ordinarios: En 1484 el importe era de 150 millones de maravedíes, ya recuperados la mayor parte de los juros, según los principios establecidos en las Cortes de Toledo de 1480; sin embargo, en el año 1504, alcanzaban la cantidad de 314 millones, lo cual implica que, en veinte años de reinado, los monarcas y su administración fueron capaces de doblar sus ingresos ordinarios.

Este aumento de la recaudación fue posibilitado por dos factores: mejoras en la gestión de los impuestos y en su cobro, y un aumento de la presión fiscal. Ambos factores entroncan directamente con el tema central de este estudio, la repercusión de las campañas militares de la Monarquía en el surgimiento del Estado Moderno. Así lo ha expresado el profesor Ladero Quesada: "El aumento de la presión fiscal y las mejoras de la gestión hacendística no respondían solo al deseo regio de asegurar la eficacia de un sistema de Hacienda que habían recibido maduro y en el que no introdujeron cambios sustanciales, sino también en la necesidad de obtener recursos suficientes para una acción política múltiple y más costosa que en tiempos anteriores, sin romper los equilibrios establecidos entre sociedad y poder regio en el delicado terreno de la fiscalidad"Nota 4).

Los Reyes Católicos, en efecto, implementaron sistemas más eficaces de cobro y aumentaron la presión fiscal porque debían afrontar los costes de una política que la unión de las Coronas había hecho más compleja y diversa, lo cual la volvía más onerosa en sí misma, y a ello debía añadirse que el instrumento principal de la misma, el ejército de la Monarquía, debía recibir fondos muchos más sustanciales que en décadas anteriores, si quería seguir siendo eficaz.

Al tiempo que aumentaban los ingresos, aumentaban los gastos militares que pagaba la Corona. Un ejemplo lo constituyen las guardas de Castilla, que pasaron de importar 20 millones de maravedíes en 1484 a importar 80 millones en 1504Nota 5), en parte debido a la absorción por las guardas de las tropas de la Hermandad cuando esta institución fue suprimida. No obstante, el cálculo es sencillo: en los mismos veinte años en que los monarcas duplicaron sus ingresos ordinarios, el coste de mantenimiento de las guardas se multiplicó por cuatro. Aunque el aumento no es extrapolable al conjunto de los medios militares, sí es indicativo de que el aumento de ingresos ordinarios no era suficiente para cubrir el aumento de los costes.

Por ello, los Reyes Católicos se vieron obligados a utilizar en varias ocasiones el más importante de los recursos extraordinarios: el servicio de Cortes, a través del cual el reino concedía a los monarcas una cantidad de dinero, con el fin de destinarla a una cuestión concretaNota 6). Este recurso financiero no fue creado por los Reyes Católicos, pero ellos le dieron estabilidad a su reclamación en CortesNota 7). Es suficiente con revisar las motivaciones de los servicios pedidos a las Cortes de Castilla para percatarse de que respondían a las necesidades financieras suscitadas por su maquinaria militar: en las Cortes de Madrigal de 1476, conservación del reino y guerra de sucesión; en las Cortes de Toledo de 1502, conservación del reino; en las Cortes de Madrid-Alcalá de 1503, para la guerra con Francia; en las Cortes de Salamanca-Valladolid 1506, para la conservación del reino; en las Cortes de Madrid de 1510 para la guerra contra los infielesNota 8); en las Cortes de Burgos de 1512, para la pacificación de la Cristiandad, y en las de 1515, también en Burgos, para la guerra contra los infielesNota 9).

Por lo general, la distribución del pago de los servicios, en lo que a los reinos de Castilla se refiere, distaba mucho de ser uniforme. Porcentualmente, analizando los servicios concedidos entre 1500 y 1542, los reinos de Castilla y de León pagaban el 40% del importe de los servicios, frente al 11% de Galicia, el 0.82% del litoral Cantábrico, el 17% de la submeseta Sur y el reino de Murcia, el 7.82% de Extremadura y el 23.40% que correspondía a las tierras de AndalucíaNota 10).

Las Cortes de Aragón también recibieron peticiones de servicios para financiar diversas campañas militares; el más importante concedido por una Corte aragonesa fue el de las Cortes de Monzón de 1510: 219.000 libras jaquesas, "una cantidad exorbitante", destinadas a financiar las campañas norteafricanas, si bien en la motivación no había referencia expresa a que se tratara de un servicio de armasNota 11).

La concesión de un servicio en Cortes, vinculado a una guerra o campaña militar, no solo tenía una función económica directa —financiar el coste del conflicto— sino que ejercía una función legitimadora, ya que al otorgar fondos para financiarlo, se reconocía de forma implícita el respaldo del reino a la guerra en cuestiónNota 12). Así ocurrió no solo con los conflictos de los Reyes Católicos, sino con los de muchos de sus antecesores: A finales del XIV las Cortes del 1385 y el 1386 examinaron las consecuencias de las derrotas en Portugal, las de 1390 decidieron sobre la tregua con Granada, las del año 1393 para ratificar el tratado de paz con el duque de Lancaster, una tregua de quince años con Portugal y una alianza con Francia: las de 1406 para decidir sobre la guerra con Granada, las de 1418 para reaccionar a la declaración de guerra de Inglaterra; las de 1425 para ver qué hacer con Aragón, cuyo rey había manifestado que quería romper la paz con CastillaNota 13).

Hay que tener en cuenta que las fuerzas permanentes de la Monarquía solo comenzaron a pagarse directamente de las rentas de la Corona a partir de los aumentos de las capitanías de hombres de armas de las guardas que tuvieron lugar entre los años 1495 y 1502, en el contexto bélico de las guerras de Nápoles. Hasta entonces, la mayor parte del coste —por no decir la práctica totalidad— de las fuerzas militares permanentes de la Corona era financiado a través de las contribuciones de la Hermandad. El proceso se mantuvo con la creación de la infantería de ordenanza, principal sostén de las campañas africanas de los años posteriores, y que absorbió, pagadas por las rentas de la Corona, las unidades de peones gallegos y asturianos reclutadas en los años anteriores para las guerras de Nápoles y el Rosellón.

El sostenimiento mayoritario del esfuerzo financiero derivado de la guerra por parte de la Corona —esto es, del Estado—, constituye un cambio de relieve respecto a la financiación de la guerra medieval, en la que la mayor parte del esfuerzo bélico no era estatal, sino sostenido por la sociedad. Toda una clase social, la nobleza, basaba su estado privilegiado en su consagración al oficio de las armas, y esta situación se mantuvo a lo largo del medievo. A medida que los grandes nobles recibían más tierras y mercedes, su dependencia de los sueldos y prestaciones que recibían por prestar o estar listos para prestar servicios de armas disminuía, pero no así la de la pequeña nobleza, los caballeros y los hidalgos, que siguieron dependiendo de ello por no recibir grandes mercedesNota 14).

El profesor Glete habla del surgimiento de los Estados fiscales, entendidos como una organización compleja responsable de los cambios decisivos ocurridos en Europa Occidental a finales del siglo XV. Surgió un nuevo tipo de estructura social, ya que el Estado modificó las estructuras de sus relaciones con la sociedad, creando un nuevo campo de interacción y una legitimación para las fuerzas socioeconómicas con una organización articulada y centralizada, con capacidad para la extracción de recursos y de usar la fuerza armada de forma independiente a los poderes locales. Esto supuso la aparición de una serie de hombres que administraban el poder desde la lealtad a la administración central y no a los poderes locales. La burocracia abrió oportunidades de prosperar a personas que no estaban vinculadas a los poderes hereditarios, lo cual estimuló la creatividad y la eficienciaNota 15) y, quizá más que ninguna otra cosa, permitió el aprovechamiento de ingentes recursos humanos que, en generaciones anteriores, se perdieron por estarles vetado todo acceso a los círculos de poder, a la toma de decisiones y, en general, a cualquier oficio de poder e influencia, copados todos por las clases privilegiadas.

La aparición de un aparato burocrático apartado de los poderes hereditarios permitió capitalizar mejor los recursos sociales y humanos, al hacer posible que hombres de baja cuna accedieran, en función de su capacidad y su eficiencia, a posiciones donde podían causar efectos importantes en el desarrollo del Estado. Resulta difícil de percibir, hoy en día, el impacto que ello pudo tener sobre la sociedad de su tiempo, así como el salto cualitativo que supuso en la gestión de lo público.

De entre todos estos nuevos oficios burocráticos, los que alcanzarían un papel más esencial en la maquinaria de la Monarquía serían los secretarios. De ellos ha dicho Luis Suárez Fernández:

"Al fondo de la escena, disimulando su enorme poder tras las resmas de papel, aparecían los que ya comenzaban a llamarse secretarios del despacho, formando un verdadero equipo de gobierno; los reyes los mantenían indefinidamente en su oficio. Un rasgo común los definía: eran juristas salidos de la Universidad, a menudo con el título de doctor. Alfonso del Mármol, conocido como el doctor de Madrigal, Rodrigo Álvarez de Talavera, Fernán Álvarez de Toledo, que fue un verdadero ministro de asuntos exteriores, Fernando de Vargas, (...), Alfonso de Quintanilla y Luis Santángel, expertos en finanzas y Fernando de Zafra, que organizó el primer servicio secreto de información en el Norte de África, merecen el calificativos de instrumentos de poder. Servían con eficacia y lealtad; así se los valoraba"Nota 16).

En la misma línea de análisis de los fenómenos interrelacionados de aumento de la fiscalidad y revolución militar, I.A.A. Thompson ha señalado que esta fue una redistribución del coste de la guerra: En la Edad Media, el coste lo sostenía la estructura social, mientras que tras los cambios de finales del siglo XV, el gasto lo sostenía el Estado a través de sus recursos fiscales. Thompson es escéptico respecto a la técnica y la táctica como causas y, para el caso hispánico, sitúa el origen en el incremento de las ambiciones políticas de la Corona.

El aumento de la presión fiscal sobre la población no fue la única consecuencia económica que debía soportar el tejido social a cambio de que el Estado contara con una maquinaria militar efectiva. El aposentamiento de las tropas suponía también una enorme carga sobre aquellos a quienes les tocaba en suerte soportarlo. Por ello, la normativa de carácter militar se ocupó de reglarlo, tal y como hacía la Ordenanza de 1503. Esta norma establecía que partes de cada casa quedaran para el dueño, que las tropas no estuvieran más de dos meses en un mismo lugar y que, antes de que regresaran a un lugar donde hubieran estado aposentadas previamente, pasaran al menos ocho mesesNota 17).

La profesionalización de los ejércitos implicó la necesidad de asegurar las soldadas a las tropas, lo cual tuvo el efecto de estimular figuras de corte económico, como los cambistas. Por ejemplo, durante las campañas contra Francia en las guerras de Nápoles, los pagos para las tropas que defendían el Rosellón eran entregados directamente a estas tropas, pero para pagar a las unidades que servían en la Península Itálica era necesario realizar "cambios", a través de bancos y de agentes financieros de confianza para la CoronaNota 18). Los contratos militares también experimentaron una evolución, sobre todo a medida que aumentaba el número de peones que eran contratadosNota 19). La condotta era, quizá, el más habitual, y tomaba su nombre del contrato que se realizaba en Italia para incorporar mercenarios a las tropas de los señores o de las ciudades estadoNota 20).

El profesor Ladero Quesada ha estudiado con sumo detenimiento cómo se pagaron las guerras de 1495 a 1505, es decir, las dos guerras de Nápoles. En primer lugar, salieron de la Hacienda real castellana 850 millones y de la contribución ordinaria de la Hermandad otros 201 millones, de forma que los gastos ordinarios militares se pagaron con recursos ordinarios; incluso fue posible pagar con estos ingresos ordinarios parte de los gastos extraordinarios generados por la guerra. El resto fueron cubiertos con la cruzada, las composiciones de penas, de donde se reunieron unos 407 millones de maravedíes.

Se movilizaron múltiples recursos económicos para sostener el esfuerzo bélico. La Hermandad aportó una contribución extraordinaria entre 1495 y 1496 de 48 millones de maravedíes. Otros dos millones procedieron del cobro de deudas y multas por los reyes a judíos que habían violado las leyes sobre su expulsión y de la incautación de los bienes de los hebreos. Las Cortes concedieron en 1502 un servicio de 200 millones para sufragar las operaciones hasta 1505. Se cobró el servicio sobre los mudéjares de Castilla por otros 12 millones de maravedíes, y los mudéjares de Granada pagaron un servicio en los años 1496, 1499 y 1502, cuyo importe total sumó 26 millones de maravedíes. La venta de bienes requisados en las revueltas granadinas de 1500-1502 dio a las arcas reales 55 millones de maravedíes más, pero una gran parte de esa cantidad fue destinada a pagar los gastos que esas mismas revueltas habían generado. Mediante empréstitos y juros, los Reyes Católicos obtuvieron 100 millones de maravedíes, cuyos intereses pasaron a gravar las rentas reales. Lo recaudado por cruzada, jubileos y composiciones de penas fue el 16% del total. Se puede estimar que en el pago a unos 1.000 peones y jinetes, las Cortes de Aragón aportaron entre 1495 y 1504 alrededor de 50 millones de maravedíes al esfuerzo bélico de la Monarquía.

Como puede verse, la inmensa mayoría de los recursos —Hermandad, cruzada, servicios, étc...— fueron extraídos de los reinos que formaban la Corona de Castilla. Ladero Quesada señala, acertadamente a nuestro juicio, que "no se trata de adoptar un punto de vista exclusivamente castellano, sino de reconocer las aportaciones de cada elemento de la monarquía común y exponer todas ellas, lo que hasta ahora no se ha hecho con la suficiente claridad". En esta línea, afirma:

"Casi todo (...) se sufragaba ya con dinero procedente de la Hacienda castellana, que sirvió también para sostener lo demás: las tropas de caballería e infantería procedentes de Castilla, los mercenarios alemanes y de otras procedencias que intervinieron en Nápoles, la artillería real, el flete, tripulaciones y armamentos de los barcos, cantábricos y andaluces en su mayoría, tanto los de las armadas como los dedicados al transporte de la artillería, las fortificaciones, los abastecimientos en armas y víveres, los gastos de los embajadores... Sumando todo, no me parece exagerado estimar que la aportación castellana cubrió más del ochenta y cinco por ciento de los costes económicos y proporcionó la gran mayoría de los contingentes militares y navales empleados en aquellas guerras"Nota 21).

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Nota 1

Pueden encontrarse sus referencias en la bibliografía; a fin de no saturar al lector con citas reiteradas de las mismas obras, solo aparecerán en los párrafos siguientes referencias bibliográficas cuando correspondan a párrafos literales de los estudios del profesor Ladero Quesada o bien cuando se esté citando una publicación de otro autor.

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Nota 2

Las alcabalas originariamente eran un impuesto municipal musulmán, que en el siglo XV se convirtió en un impuesto real gestionado por las villas; después las Cortes negociaban un abono global a la contaduría mayor de Hacienda (HERMANN, CH., y LE FLEM, J. P., "Les finances", en HERMANN, CH., (coord.), Le premier âge de l'etat en Espagne (1450-1700). París, 1989, p. 319). Según McKay, la alcabala suponía el 75% de los ingresos de la Corona (MACKAY, Money, prices and politics in Fifteenth-Century Castile, p. 17).

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Nota 3

HERMANN, CH., y LE FLEM, J. P., "Les finances", en HERMANN, CH., (coord.), Le premier âge de l'etat en Espagne (1450-1700). París, 1989, p. 301.

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Nota 4

LADERO QUESADA, "Política económica, restauración de la Hacienda y gastos de la Monarquía", p. 89.

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Nota 5

LADERO QUESADA, "Ejército, logística y financiación en la guerra de Granada", p. 678; en LADERO QUESADA, Ejércitos y Armadas de los Reyes Católicos. Nápoles y el Rosellón, p. 11, ofrece las cifras en ducados: se pasó de 565.000 en 1491 a 850.000 en 1504; los ingresos totales de la hacienda real pasaron de un promedio de 800.000 a un promedio de 1.200.000.

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Nota 6

Si bien desde 1500, la Corona ya no tenía la obligación de gastar el dinero recibido a través del servicio en la causa que había motivado su petición (CARRETERO ZAMORA, Cortes, Monarquía y ciudades, 64).

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Nota 7

SUÁREZ BILBAO, El origen de un Estado, p. 29.

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Nota 8

Como ejemplo de uso del dinero de un servicio, el 25% de lo recaudado en estas Cortes se invirtió en la toma de Orán, el 55% para el pago de las guardas y el 18% para pagar cantidades que adeudaban al alcaide de los Donceles por campañas africanas anteriores (CARRETERO ZAMORA, Cortes, Monarquía y ciudades, p. 94). El servicio fue la base del sistema impositivo extraordinario hasta la aparición de los millones, en 1591 (SUÁREZ BILBAO, El origen de un Estado, p. 29).

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Nota 9

Los subsidios de las Cortes de Burgos de 1512 y 1515 fueron para sufragar los gastos de la política internacional de Fernando el Católico. En la convocatoria de Burgos de 1512 se alude a los problemas en Italia con Francia, justificando la petición en la defensa del papa y de la Cristiandad; lo mismo en el 1515, en las que la justificación incluía un detallado análisis de las luchas por el poder en Italia (CARRETERO ZAMORA, Cortes, Monarquía y ciudades, p. 84).

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Nota 10

CARRETERO ZAMORA, Cortes, Monarquía y ciudades, p. 93.

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Nota 11

SOLANO CAMÓN, E., "Significado histórico de la participación de Aragón en las campañas militares de Fernando el Católico: Un estado de la cuestión", en VV.AA., Fernando II de Aragón: El rey Católico. Zaragoza, 1995, p. 288.

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Nota 12

En ello coinciden tanto SUÁREZ BILBAO, El origen de un Estado, p. 16: "La primera y principal función de las Cortes con los Reyes católicos sería convertirse en la instancia legitimadora de la Corona (...)"; como ESCUDERO, J. A., Curso de Historia del Derecho. Madrid, 2012, p. 537: "Las Cortes son una asamblea cuya justificación radicó a menudo en legitimar con su consenso las decisiones unilaterales del monarca".

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Nota 13

PISKORSKI, V., Las Cortes de Castilla en el periodo de tránsito de la Edad Media a la Moderna, 1188-1520. Barcelona, 1977, pp. 190-191.

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Nota 14

LADERO QUESADA, M. A., "La organización militar de la Corona de Castilla durante los siglos XIV y XV, en LADERO QUESADA, M. A., (ed.), La incorporación del reino de Granada a la Corona de Castilla. Granada, 1993, p. 204.

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Nota 15

GLETE, J., War and the State in early modern Europe. Spain, the Dutch Republic and Sweden as fiscal-military states, 1500-1660. London, 2002, pp. 2-4.

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Nota 16

La Europa de las cinco naciones, p. 428. Indudablemente, la obra de referencia al tratar de la figura de los secretarios en el contexto de la Monarquía Hispánica es ESCUDERO, J. A., Los secretarios de Estado y de Despacho, 1474-1724. Madrid, 1976.

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Nota 17

MARTÍNEZ RUIZ, E., Los soldados del rey. Los Ejércitos de la Monarquía Hispánica (1480-1700). Madrid, 2008, p. 69.

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Nota 18

LADERO QUESADA, Ejércitos y Armadas de los Reyes Católicos. Nápoles y el Rosellón, p. 133.

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Nota 19

Para cubrir los gastos de reclutamiento extra generados por la primera guerra de Nápoles, la Hermandad aprobó una contribución especial destinada en exclusiva al pago de los peones que habían sido incorporados a las huestes de la Monarquía (LADERO QUESADA, Ejércitos y Armadas de los Reyes Católicos. Nápoles y el Rosellón, p. 217).

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Nota 20

Sobre los mercenarios en la época, puede verse PIERI, P., Il Rinascimento e la crisi militare italiana, Turín, 1952; FOWLER, K., Medieval Mercenaries. The Great Companies, Oxford, 2001; FOWLER K., "Great companies, condottieri and stipendiary soldiers Foreign mercenaries in the service of the State. France, Italy and Spain in the Fourteenth century", en Guerra y diplomacia en Europa Occidental. 1280-1480. Pamplona, 2005.

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Nota 21

LADERO QUESADA, Ejércitos y Armadas de los Reyes Católicos. Nápoles y el Rosellón, p. 509.

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CAPÍTULO XXI: LAS ÓRDENES MILITARES Y LA CRUZADA

1.- Caballeros y monjes

Las Cruzadas para recobrar Jerusalén, tras el llamamiento realizado por el papa Urbano en el año 1099, tuvieron múltiples consecuencias para la Cristiandad, en especial desde que, contra todo pronóstico, los cruzados lograran arrebatar Jerusalén a los musulmanes y crearan una serie de Estados en Oriente Próximo, conocidos generalmente como reinos francos o reinos latinos de Oriente. En el contexto de estos reinos, de las cruzadas subsiguientes y de la reapertura de las rutas de peregrinación a los Santos Lugares, surgieron las que serían las dos principales Órdenes Militares de la Cristiandad: La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón y la Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, conocidas, respectivamente, como templarios y hospitalarios. Nacieron como instituciones religiosas de carácter regular y proyección militar, siendo el servicio de las armas lo más característico de su vocaciónNota 1).

La existencia e historia de estas órdenes tuvo un eco que se extendió por toda la Cristiandad, y muy especialmente, en los reinos cristianos de la Península Ibérica, donde el concepto de cruzada se encontraba vivamente enraizado y formaba parte del día a día cotidiano, pues era parte inextricable del proceso reconquistador. No en balde algunas de las más notables campañas de la Reconquista, como la que culminó en la colosal batalla de las Navas de Tolosa o la campaña final contra el reino nazarí de Granada, recibieron la consideración oficial de cruzada por parte de la Iglesia, llamamiento que propició la presencia de combatientes de diversas procedencias entre las huestes cristianas.

Su vocación religiosa implicaba, originariamente, un matiz de universalidad en los propósitos de las Órdenes, algo especialmente cierto en aquellas fundadas en torno al proyecto latino de Tierra Santa. Sin embargo, pronto se produjo un fenómeno de territorialización: la aparición de Órdenes Militares orientadas a la actuación en un territorio determinado. No es de extrañar que, en la Península, surgieran Órdenes Militares a imagen y semejanza de los templarios y los hospitalarios y, si estos orientaban en lo fundamental su actividad hacia Oriente y los Santos Lugares, era lógico que las Órdenes peninsulares se volcaran en la lucha contra el infiel en el mismo solar hispánico. Así pues, la península fue el lugar donde el fenómeno de la territorialización tuvo mayor desarrolloNota 2). A partir del surgimiento de las Órdenes en la península, en la segunda mitad del siglo XII, se convirtieron estos monjes guerreros en una pieza clave de los ejércitos cristianos, de tal forma que los caballeros de Santiago y Calatrava, en Castilla, o de Montesa en Aragón, Avís en Portugal o, incluso, las naves de la Orden de Santa María del Mar —conocida como Orden de la Estrella—, fundada por Alfonso X y de breve existencia, fueron parte consustancial de la maquinaria bélica cristiana en su multisecular lucha contra las diversas potencias peninsulares musulmanas.

La Orden de Santiago se consolidó como la más importante de entre las existentes en el mundo hispánico, al menos en cuanto al tamaño de sus recursos económicos y militares, y pronto se produjo un proceso de integración de las Órdenes que se habían sometido al Císter -Calatrava, Montesa, Avís y Alcántara-. Este proceso llevó a que la Orden de Avís se integrara en la de Calatrava en el año 1213; en el año 1256 ocurrió lo mismo con la Orden de Alcántara y, finalmente, en 1316, la aragonesa Orden de Montesa corrió el mismo destino, de tal forma que las Órdenes Militares quedaron representadas en la Península Ibérica, fundamentalmente, por la Orden de Santiago y la Orden de Calatrava, conservando la de Alcántara cierta autonomía dentro de los calatravosNota 3).

Al tiempo que construían sus ejércitos y sus estructuras religiosas, las Órdenes adquirieron amplios dominios territoriales, en principio con el propósito de obtener recursos económicos con los que mantener sus aparatos militares y espirituales. Según Rodríguez Blanco, "es indudable que esa acumulación de tierras y bienes se produjo, pero he podido comprobar y demostrar que no existe el prurito de tener más de lo razonable para surtir de medios a los guerreros y a sus sacerdotes, siendo así que los maestres desechan abarcar más de lo que pueden mantener juiciosamente para sus fines"Nota 4). La ampliación de estos dominios estuvo directamente relacionada con la progresión de las campañas bélicas contra los musulmanes:

"Por la propia dinámica de la actividad militar —en recompensa a sus éxitos militares recibieron de los reyes numerosos dominios— y por la mentalidad devocional de la época —inclinada a la limosna privada y a las donaciones—, las órdenes acabaron acumulando a lo largo del período medieval un importante patrimonio. Un patrimonio ubicado principalmente en territorio de la Corona de Castilla, aunque algo tenían también en el de la de Corona de Aragón. Por otro lado, las condiciones generales del período hicieron que, simultáneamente a ese engrandecimiento patrimonial, las órdenes fueran fortaleciendo su posición en él como señores de tierras y hombres, y perfilando a través de «inmunidades», poderosos señoríos. El grueso del territorio estaba localizado al sur del Sistema Central, en una amplia banda que desde la frontera con Portugal hasta la costa mediterránea dividía a la península en dos. Esta gran banda se fragmentaba a su vez en tres bloques muy compactos: el del centro de dominio calatravo, el del oeste ocupado por la orden de Alcántara y por una amplia presencia santiaguista, y el del este con claro predominio de la orden de Santiago. Al norte y al sur de este núcleo central existían numerosos enclaves sueltos, en general de tamaño reducido. El menor —situado en la provincia de Valladolid— no alcanzaba las tres mil quinientas hectáreas; el mayor —emplazado en Córdoba— superaba las veinte y cuatro mil. Era un territorio que en conjunto, y a finales del siglo XV, se cifraba en unos 6 millones de hectáreas —cerca del 8% del actual territorio estatal—, distribuido entre veinte y cuatro de las actuales provincias españolas, y que incluía dos ciudades, doscientas villas y más de cien aldeas"Nota 5).

La estructura de las Órdenes era jerárquica, encontrándose en su cabeza una institución personal, el maestre, y una institución colegiada, el capítulo general. La dignidad de maestre era vitalicia, pero la persona que la desempeñaba podía renunciar a ella si lo consideraba oportuno o podía ser destituido si había motivos suficientes para ello y así lo estimaba el capítulo general. Su origen era doble, igual que lo era su naturaleza en la Baja Edad Media: por un lado, procedía de títulos romanos de carácter militar, como el magister equitum; por otro, magister también tenía como acepción aquella persona cuyo comportamiento debía servir de ejemplo a un colectivo, el collegiumNota 6). En el caso de la Orden de Santiago, el maestre era elegido por el llamado Consejo de los Trece, mientras que en la Orden de Calatrava, lo designaba el capítulo general de la Orden. Cada maestre, además, era asistido por varias dignidades, como el Comendador Mayor o el Prior MayorNota 7). A medida que el poder de la Corona se reforzaba frente al de la nobleza, las Órdenes experimentaron un proceso similar de refuerzo de la autoridad del maestre frente a los órganos colegiados de gobiernoNota 8). En última instancia, este proceso contribuyó a que fuera más fácil para los Reyes Católicos hacerse con el control de los institutos en las últimas décadas del siglo XV.

Las Órdenes Militares hispánicas estaban vinculadas a la Corona desde su nacimiento, produciéndose una paulatina integración de las mismas en la estructura de poder de las monarquías peninsulares. Si bien el proceso se inició en el reinado de Alfonso X, sería en el de Alfonso XI cuando se formulara, de un modo más patente, el principio de que las órdenes eran hechura de los reyes, interviniendo el rey en el proceso de designación de los maestres y aumentando el control regio de las fortalezas de las Órdenes, imponiendo la jurisdicción real sobre sus señorío. El rey situó a su hijo Fadrique al frente de los santiaguistas y sus vasallos regios se integraron en la hueste de la Orden, haciendo imposible distinguir un contingente de otro en las campañas bélicas. La imbricación era tan intensa que, a la hora de reclutar peones, el rey incluyó la tierra de Santiago junto a las tierras de realengoNota 9).

El paso más importante lo logró Juan I, al conseguir del papa Clemente VII que se hiciera titular al rey de los maestrazgos de Santiago, Calatrava y Alcántara si quedaran vacantes durante su reinado. De hecho, tanto Santiago como Alcántara vacaron en vida de Juan I, lo cual situó al papa en una situación complicada, ya que no podía retractarse sin más de aquella concesión. Finalmente, papado y Corona llegaron a un acuerdo que, como todos los acuerdos diplomáticos equitativos, no dejaba satisfecha a ninguna de las partes: el papa se reservaba los maestrazgos vacantes, pero el rey presentaría a ellos al candidato idóneo, que sería automáticamente confirmado por las autoridades eclesiásticas castellanas.Nota 10)

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Nota 1

AYALA MARTINEZ, C. de, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media. Madrid, 2003, p. 13.

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Nota 2

AYALA MARTINEZ, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media, p. 56.

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Nota 3

Frente a la rígida disciplina religiosa de los calatravos, Santiago aparecía configurada como una opción algo moderada. Como ejemplifica Ayala Martínez, mientras que el calatravo era un monje armado, el santiaguista era un caballero sometido a reglas religiosas (Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media, p. 119).

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Nota 4

"Santiago y Calatrava en transición", en HID, n° 31, 2004, p. 511.

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Nota 5

POSTIGO CASTELLANOS, E., "Las tres ilustres órdenes y religiosas cavallerías instituidas por los reyes de Castilla y León: Santiago, Calatrava y Alcántara", en Studia histórica. Historia Moderna, n° 24, 2002, p. 64.

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Nota 6

AYALA MARTINEZ, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media, p. 192.

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Nota 7

POSTIGO CASTELLANOS, E., "Las tres ilustres órdenes y religiosas cavallerías instituidas por los reyes de Castilla y León: Santiago, Calatrava y Alcántara", en Studia histórica. Historia Moderna, n° 24, 2002, p. 62. Un análisis de la extensión de estos dominios en LÓPEZ GONZÁLEZ, C.; POSTIGO CASTELLANOS, E., RUIZ RODRÍGUEZ, J. I., "Las Órdenes Militares Castellanas en la época Moderna: una aproximación cartográfica», en VV.AA, Las Órdenes Militares en el Mediterráneo Occidental. Siglos XIII-XVIII. Madrid, 1989, pp. 291-340. En principio, la autoridad del prior era la que seguía al maestre dentro de cada Orden, pero con el tiempo los comendadores mayores se hicieron, en la práctica, con el segundo lugar del escalafón, reflejando el peso mayor que tenían las ramas militares frente a las clericales (AYALA MARTINEZ, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media, p. 271).

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Nota 8

Este proceso llegó hasta el punto de que pueden encontrarse representaciones de Luis González de Guzmán, maestre de Calatrava, en posesión de los atributos regios, tales como la corona o el cetro.

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Nota 9

ARIAS GUILLÉN, F., Guerra y fortalecimiento del poder regio en Castilla. El reinado de Alfonso XI (1312-1350). Madrid, 2012. pp. 312 y 313.

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Nota 10

AYALA MARTINEZ, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media, pp. 735-736.

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2.- Las Órdenes en el reinado de los Reyes Católicos

Las Órdenes Militares eran uno de los poderes que rompían el monopolio estatal de la fuerza, ya que contaban con sus propios ejércitos, sometidos a la autoridad de su maestre, no a la de la Corona. De hecho, las Órdenes se habían convertido en poderosos instrumentos en manos de la nobleza, que copaba los cargos más importantes de sus estructuras, tradicional destino para los llamados segundones. La importancia de la presencia de la nobleza en las Órdenes llegó al punto de que, con frecuencia, una vacante en estas desataba una intensa lucha de poder entre facciones nobiliariasNota 1). Si a ello se le añade la amplitud de las facultades jurisdiccionales de que disfrutaban las Órdenes en sus señoríos y dominios, no es de extrañar que, en el marco de su programa centralizador, los Reyes Católicos no dejaran de prestar atención a tan poderosas instituciones, cuyas tropas, si bien no eran lo que habían sido en tiempos pasados, seguían disponiendo de una capacidad bélica notoria. Esto era particularmente cierto en el caso de la Orden de Santiago, cuyos recursos militares superaban a los recursos combinados de Alcántara y CalatravaNota 2), ya que los señoríos de Santiago no solo eran mucho más extensos que los de las otras Órdenes, sino que concentraba una población mayor.

En vísperas de la guerra de Sucesión, la Orden de Santiago se vio envuelta en una lucha por el maestrazgo, tras la muerte de su Gran Maestre, el marqués de Villena. Su hijo, partidario de Juana, podía haber aspirado al título, pero no lo reclamó, por lo que se proclamaron maestres de forma simultánea tanto Rodrigo Manrique, conde de Paredes y comendador de Segura de la Sierra, como Alonso de Cárdenas, comendador mayor de León. El resultado fue una sorda guerra civil dentro de la Orden, a la par de la que ya se sostenía en Castilla en aquellos días, procurando cada contrincante buscar nuevas plazas de la Orden que ampliaran sus fuerzas. Los monarcas aprovecharon para sugerir una tercera vía, acorde con las líneas generales de su política centralizadora: colocar las Órdenes Militares, en este caso la de Santiago, bajo la administración de la Corona. Ante la postura de los Reyes, los dos maestres pactaron conservar ambos el título, reteniendo cada uno el control de las villas que ya tenían en su poder, deteniendo así el enfrentamiento interno, con la esperanza de poder sortear los designios realesNota 3).

Las circunstancias clarificaron la difícil situación, ya que el conde de Paredes falleció el 11 de noviembre de 1476 en Toledo, ciudad de la que también era corregidor. Los electores de la Orden de Santiago, reunidos nuevamente en Uclés, se disponían a elegir a Cárdenas como maestre, cuando la reina Isabel recorrió a uña de caballo, bajo una tormenta, la distancia que separaba Ocaña, donde se encontraba, de Uclés, presentándose ante los electores y exhortándoles con la vehemencia que le era característica. Allí dijo Isabel que una Orden tan importante debía tener a la Corona como administradora del maestrazgo, lo cual ya se había pedido al papa. Ante la presencia de la reina, los electores hubieron de aceptar, incluido el propio Cárdenas, que esperaba el resultado en Corral de Almaguer, someter la Orden a la administración regia. De esta forma la Corona obtenía, de forma indirecta, el control de la misma, ya que la administración del maestrazgo suponía que, aunque la Orden seguiría siendo una entidad autónoma, sus maestres serían elegidos por la Corona.

La aceptación pacífica por Cárdenas de la situación forzada por Isabel no fue olvidada por los Reyes: Cárdenas recibió el mismo maestrazgo de Santiago, que los Reyes le concedieron por gracia, no por obligación, una diferencia sutil, pero vitalNota 4). Cárdenas sería el último maestre de la Orden, ya que, tras él, la administración pasaría definitivamente a la Corona: "Con la centralización en la persona del rey de la dignidad de Gran Maestre se daba un paso más hacia el fortalecimiento definitivo de la autoridad monárquica, evitando la existencia de aquellos grandes poderes, sustentados por fortunas inconcebibles, atesoradas durante varios siglos de absoluta autonomía y preeminencia"Nota 5).

El último conflicto en que la Orden de Santiago intervino a gran escala fue la guerra de Granada, escenario bélico al que estuvo vinculada antes de que el propio conflicto estallara. En las Cortes de Toledo de 1480, a los que los Reyes trataron tanto de cerrar los aspectos aún abiertos en relación con la guerra de Sucesión como de preparar el camino que debía conducir, en el medio plazo, a la liquidación del reino de Granada, se bendijo el estandarte de la Orden de Santiago con vistas a ser llevado por el maestre Alonso de Cárdenas en lo que se planteaba como última guerra contra los musulmanes en el suelo peninsularNota 6).

El caso de Alcántara fue más complejo, ya que en el momento de estallar la guerra de Sucesión tres personas se habían proclamado maestres, sin que fuera fácil determinar quién tenía más derecho a detentar la dignidad. Los Reyes apoyaron a Alonso de Monroy, pero dado que este se encontraba prisionero del segundo de los maestresNota 7), Francisco de Solís, los Reyes reconocieron a este implícitamente al ordenarle que utilizara las tropas de Alcántara para marchar contra los enemigos de Isabel y, particularmente, contra los caballeros de Alcántara que seguían al tercero de los maestres, Juan de Zúñiga, que se había alineado con los partidarios de Juana. Cuando Solís murió y Monroy quedó en libertad, los monarcas reconocieron a este como maestre y le reiteraron las instrucciones que habían dado al fallecido Solís. La historia dio un último vuelco, ya que los Reyes Católicos, en 1477, para obtener la lealtad de Zúñiga, llegaron a un acuerdo en el que se incluía el reconocimiento regio de su dignidad de maestre de Alcántara.

Durante la guerra de Granada, las aportaciones realizada por las Órdenes Militares a los ejércitos cristianos fueron sustanciales, tanto cuantitativa como cualitativamenteNota 8). Hay que tener en cuenta que no solo participaban con sus propios caballeros, sino también con las mesnadas que, como señores feudales, podían movilizar en sus territorios. De este tipo de levas era de donde procedían la mayor parte de los peones que secundaban a los caballeros en los campos de batalla. Así, la Orden de Santiago, en determinados momentos de la guerra de Granada, aportó a las huestes reales casi 1.200 combatientes a caballo y alrededor de dos mil peones; Calatrava llegó a aportar cuatrocientos caballeros, y la Orden de Alcántara alrededor de trescientosNota 9). Los jinetes de Santiago eran mayoritariamente hombres de armas, ya que el capítulo de la Orden del año 1469 así lo había fijado en su regulación, lo cual suponía un peso militar efectivo añadido a su número.

Fueron muchos los actos de armas individuales en los que los combatientes de las Órdenes destacaron en aquel conflicto. Entre ellos destaca, en 1486, el fallecimiento en La Vega de Granada de Rodrigo Vázquez de Arce (inmortalizado en la figura yacente del Doncel de Sigüenza), el valor del comendador de Heliche de la Orden de Alcántara en la toma de Vélez Málaga o las hazañas personales del calatravo Pedro de RiberaNota 10). Testimonio de la implicación de las Órdenes en los combates lo da el hecho de que, en la guerra de Granada, murieron el maestre de Calatrava, Rodrigo Téllez Girón y el maestre de Montesa, Fernando de AragónNota 11).

A partir de 1485, con la guerra ya bien encaminada, aunque aún faltaban los más duros asedios por resolverse, se intensificaron los esfuerzos de los Reyes Católicos para incorporar a la Corona los recursos militares y económicos de que disponían las Órdenes. En febrero de 1485, los enviados de los reyes se entrevistaron con el maestre de Calatrava, García López de Padilla, llegando a un acuerdo el día 12 por el cual los caballeros reconocían a los Reyes como administradores cuando se produjera la muerte del maestre actual. En 1493 se hizo lo mismo con la Orden de Santiago, al morir Cárdenas, lo cual dejó la orden casi en manos del rey. El 20 de noviembre de 1494 se llegó un acuerdo con Juan de Zúñiga, por el cual se le dieron los dominios de Castilnovo y de la Serena —segregados de la Orden de Alcántara, de la que era maestre— una renta de 350 mil maravedíes anuales y seis millones en efectivo. A cambio, los Reyes conseguían la administración de la Orden. Así, en 1498, Alcántara también se unía a la CoronaNota 12).

Entre tanto, se había producido un cambio sustancial en la utilización militar de las Órdenes. Habían sido creadas en plena Reconquista, para combatir a los enemigos de la fe, esto es, a los musulmanes. Sin embargo, con la caída del reino de Granada en 1492, ya no había reinos islámicos contra los que combatir. El objetivo de las Órdenes no dejó entonces de ser combatir a los enemigos de los reinos cristianos peninsulares, solo que ya no eran enemigos en razón de su religión, sino por su pertenencia a otro Estado o, más exactamente, por su servicio a otro rey. Así, en el uso por parte de la Monarquía de las tropas de las Órdenes en las campañas contra los franceses, se produjo, de forma casi inadvertida, una secularización de su función militar, que llevaba en su interior el germen de la destrucción de las Órdenes como ente militar autónomo, ya que, desprovistas de su elemento religioso y cruzado para luchar contra otros cristianos, las Órdenes quedaban reducidas a ser otro poder autónomo de cada vez menor eficacia bélica y, por tanto, en la mentalidad regia, centralizadora en lo político y de eficiencia en lo militar, condenadas a la extinción, pues no cabía otra evolución lógica para su aparato bélico que la de ser subsumido en el ejército de la Corona.

En las campañas de la primera guerra de Nápoles estuvieron presentes las tropas de las Órdenes MilitaresNota 13). En 1496 lucharon contra Francia doscientos jinetes de la Orden de Santiago y doscientos entre Calatrava y Alcántara. Al año siguiente, las tropas movilizadas por la Orden de Santiago aumentaron a quinientas, pero ya no hubo tropas de Alcántara ni de Calatrava, ya que a las unidades de estas Órdenes se les encargó la protección de la Alhambra, en sustitución de las capitanías de las guardas que habían marchado al Rosellón. El conde de Tendilla, responsable de la defensa del reino de Granada, se quejó amargamente de la escasa preparación y pésimo equipo de estas lanzas, que volverían a repetir la misma labor de vigilancia de la Alhambra durante la segunda guerra de Nápoles, en 1502. Parece claro que, en estas fechas, las autoridades reales consideraban obsoleta la capacidad combativa de los caballeros de las Órdenes para los campos de batalla italianos.

Entre tanto, en 1501, el papa Julio I concedió a los Reyes la administración de las Órdenes, pero no la jurisdicción sobre ellasNota 14). Las bulas pontificias que ratificaron esta situación no dieron a los Reyes una posición equivalente a la que habían disfrutado los maestres anteriores, sino que les otorgaron atribuciones más reducidas, bajo la advocación de administradores de la voluntad pontificia. Existieron tres razones para ello: en primer lugar, los Reyes no podían ser maestres, ya que no eran caballeros de hábito de las Órdenes; en segundo lugar, no podían recibir maestrazgos, puesto que de hacerlo así detentarían simultáneamente el maestrazgo de varias Órdenes, algo de difícil encaje dentro de las reglas de cada Orden; y, por último, ninguna Orden Militar contemplaba la posibilidad de que la dignidad de maestre recayera en una mujer, cosa que hubiera ocurrido en el momento en que se concedió la administración, cuando Isabel era reina de Castilla, y que podría volver a producirse en el futuroNota 15).

La administración por voluntad pontificia suponía que los Reyes tenían prácticamente las mismas prerrogativas que habían tenido los maestres sobre el ámbito temporal de las Órdenes, sus señoríos y sus rentas, pero no les daba capacidad para dirigir la vida espiritual de la institución. Esta tarea recaía en las propias Órdenes, pero era una excepción que tenía mucho de meramente formal, puesto que el papado sí concedió a los Reyes autoridad para designar, dentro de cada Orden, quiénes debían ser las personas que se encargaran de esa administración espiritual.

Los Reyes no se limitaron a hacerse con el control de las Órdenes, sino que impulsaron una profunda reforma de las mismas, algo que se impusieron a sí mismos a modo de deber y que acometieron sistemáticamente. Los monarcas acudieron en defensa de las Órdenes cuando se produjeron injerencias de instancias que no se consideraban legitimadas para ello. Estas injerencias solían tener una fuente común: el papado, contra cuyos intentos de realizar concesiones según sus intereses a partir de bienes o cargos de las Órdenes pidieron ayuda los miembros de las Órdenes de Santiago y Calatrava al rey Fernando en 1511. Ello no impedía que la Corona usara los bienes de las Órdenes para sus propios fines, pese a que el rey Fernando había prometido a la Orden de Calatrava no entregar encomiendas más allá de lo que fijaban las reglas internas de la Orden y sin apartarse de los usos en ellas fijados.

Una de las consecuencias del paso de las Órdenes a la administración real fue que era el rey quién admitía al hábito a los nuevos miembros de la Orden, lo cual suponía, en teoría, que había de inspeccionar sus méritos, sopesarlos, evaluarlos y dictaminar si cumplían los requisitos para convertirse en caballero, pero el monarca no podía, por sí mismo, asumir esa tarea.

Todo ello creaba una situación bastante compleja en cuanto al gobierno y administración de las Órdenes. Para solventarlo, y dentro de la línea de centralización que caracterizó la política de los Reyes, se creó el Consejo de las Órdenes, institución formada por caballeros de hábito de las Órdenes, nombrados directamente por el rey para ser parte del sínodo. En este Consejo convergían la jurisdicción temporal sobre las Órdenes, confiada a los monarcas, y la jurisdicción espiritual, que el papado había mantenido en las mismas. De esta forma, el organismo se convertiría, desde su fundación, en la pieza fundamental de su administración. En la primera etapa del Consejo, se mantuvieron estructuras separadas para la Orden de Santiago y la de Calatrava, creándose una secretaría específica para cada una de ellas.

En la práctica, el paso a la administración real supuso el fin de las Órdenes tal y como habían sido concebidas, esto es, como un instrumento bélico al servicio de Dios y de su Iglesia: "Las Órdenes Militares a partir de ese momento se van a consolidar como instrumentos de honor, con cuyas rentas los reyes van a premiar a sus servidores, civiles o militares, o a servir de complemento a las rentas o los compromisos de los grandes del reino, que colocan así en ellas a sus hijos o allegados. Es el paso (...) de la encomienda de servicio a su consideración como beneficio económico"Nota 16). Los ingentes recursos de las Órdenes —Calatrava y Santiago— sumaban, en 1511, unas rentas anuales de alrededor de 36 millones de maravedíes anuales.

Tres factores habían cimentado la eficacia bélica de las Órdenes: su estructura jerarquizada y votos de obediencia les convirtieron en tropas disciplinadas; su adiestramiento constante les convirtió en combatientes especialmente cualificados para las acciones de riesgo, siendo habitual que se les encomendara las misiones de retaguardia, la protección de las columnas, las tareas de seguridad de los forrajeadores o la custodia de puntos estratégicos clave. Por último, su identificación con el ideal de cruzada transmite una imagen de compromiso que atrae a los cristianos e impacta a los musulmanesNota 17). Sin embargo, en el contexto de la guerra moderna, estos tres factores quedaron diluidos: la jerarquización se extendió al conjunto de las tropas profesionales que servían a la Corona, e igualmente la profesionalización de las demás unidades restó especifidad al entrenamiento de los freires de las Órdenes, que dejaron de ser los únicos elementos verdaderamente profesionales de los ejércitos reales. El fin de la reconquista y el hecho de que la mayor parte de los enemigos de la Monarquía pasaran a ser potencias cristianas anuló, salvo para la lucha contra el infiel en el Mediterráneo, el último de los factores bélicos que prestaban a las Órdenes un valor especial en combate.

Las Órdenes eran una más de las entidades que habían contribuido en el medievo a socavar el poder de la Corona. Su integración en el aparato estatal y su subordinación a la Corona eran una conclusión lógica del modelo centralizador que proponían los Reyes. Si las Órdenes hubieran mantenido una pujanza bélica de la que ya carecían, lo más seguro es que, todo lo más, hubieran podido oponer mayor resistencia al proceso o haber obtenido una mejores condiciones de autonomía, pero difícilmente podrían haberlo evitado.

La última llamada a las armas para los caballeros de las Órdenes militares tuvo lugar con vistas a la expedición africana que preparaba Fernando el Católico en el año 1511. Las circunstancias estratégicas hicieron que el destino final de aquellas tropas fuera Italia. En 1512, los caballeros fueron convocados nuevamente para presentarse en Burgos, pero ya no se exigió el servicio militar personal de aquellas lanzas, sino el pago en dinero del coste equivalente, eximiendo de ello a las encomiendas más pobres y dispensando a los caballeros enfermos y ancianos. Se reconocía así que el valor militar de las Órdenes había terminado de forma definitiva y que, de entonces en adelante, su contribución a la defensa del reino y de la fe había de ser, como la de otros estamentos de la sociedad, económicaNota 18). Con ello, a lo largo del siglo XVI, las Órdenes Militares perdieron las dos vocaciones que las habían caracterizado hasta entonces, la vocación conventual y el servicio en armas, y quedaron configuradas como instituciones de carácter nobiliarioNota 19).

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Nota 1

Un análisis al respecto en CALDERÓN ORTEGA, J. M., “Pugnas nobiliarias para el control de las dignidades de las órdenes militares en la Castilla bajomedieval: el caso de la Encomienda de Azuaga (1465-1478)”, en Espacio, Tiempo y Forma, serie III. Historia Medieval n°. 1, Homenaje al profesor Eloy Benito Ruano, 1988, pp. 97-135.

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Nota 2

LADERO QUESADA, Ejércitos y Armadas de los Reyes Católicos, p. 191.

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Nota 3

BALLESTEROS GAIBROIS, M., La obra de Isabel la Católica. Segovia, 1953, p. 38.

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Nota 4

De hecho, el nombramiento de Cárdenas, que no había dejado de usar el título ni siquiera después de lo ocurrido en Uclés, fue el precio que hubieron de pagar los Reyes para que no se produjera una ruptura definitiva entre la Orden y la Corona (AYALA MARTINEZ, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media, p. 753).

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Nota 5

BALLESTEROS GAIBROIS, La obra de Isabel la Católica, pp. 39 y 98.

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Nota 6

FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F., "Los caballeros cruzados en el ejército de la Monarquía Hispánica durante los siglos XVI y XVII, ¿anhelo o realidad?", en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, n° 22, 2004.

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Nota 7

Monroy, que odiaba a Solís, había apuñalado al cuñado de este durante una disputa ocurrida durante un juego de cañas; Solís lo capturó y encadenó, pero Monroy consiguió escapar y organizar un pequeño ejército con el que desarrolló una verdadera guerra contra Solís. El 6 de febrero de 1470 la infantería de Monroy utilizó pozos de lobo en los que se ocultaban peones que cortaban las riendas de los jinetes enemigos para desbaratar a la caballería de Alcántara leal a Solís. Se trata de un ejemplo más de cómo la infantería iba logrando, ya por superioridad numérica, ya por potencia de fuego, ya por flexibilidad o ingenio táctico, volver las tornas en los campos de batalla bajomedievales (ALMIRANTE, J., Bosquejo de la historia militar de España hasta el fin del siglo XVIII. Madrid, 1923, p. 244).

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Nota 8

BENITO RUANO, E., "La organización del ejército castellano en la guerra de Granada", en LADERO QUESADA, M. A., (ed.), La incorporación del reino de Granada a la Corona de Castilla. Granada, 1993, p. 641.

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Nota 9

LADERO QUESADA, Ejércitos y Armadas de los Reyes Católicos, p. 191.

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Nota 10

FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F., "Los caballeros cruzados en el ejército de la Monarquía Hispánica durante los siglos XVI y XVII, ¿anhelo o realidad?", en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, n° 22, 2004, p. 17.

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Nota 11

LOMAX, D. W., "Novedad y tradición en la guerra de Granada", en LADERO QUESADA, M. A., (ed.), La incorporación del reino de Granada a la Corona de Castilla. Granada, 1993, p. 259.

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Nota 12

SUÁREZ BILBAO, El origen de un Estado, p. 211.

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Nota 13

LADERO QUESADA, Ejércitos y Armadas de los Reyes Católicos, p. 192.

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Nota 14

TORRES SANZ, D., "Las instituciones castellanas a comienzos del siglo XVI", en GONZÁLEZ ALONSO, B., (coord.), Las Cortes y las Leyes de Toro de 1505. Valladolid, 2006, p. 204.

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Nota 15

POSTIGO CASTELLANOS, E., "Las tres ilustres órdenes y religiosas cavallerías instituidas por los reyes de Castilla y León: Santiago, Calatrava y Alcántara", en Studia histórica. Historia Moderna, n° 24, 2002, p. 67.

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Nota 16

RODRÍGUEZ BLANCO, "Santiago y Calatrava en transición", p. 517.

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Nota 17

AYALA MARTINEZ, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media, p. 596.

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Nota 18

FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F., "Los caballeros cruzados en el ejército de la Monarquía Hispánica durante los siglos XVI y XVII, ¿anhelo o realidad?", en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, n° 22, 2004, p. 21. Algunos autores sostienen que la desaparición de las Órdenes como fuerza militar autónoma respondió a la "manía de modernización" de los Reyes, que se privaron a sí mismos de esta forma de un instrumento que hubiera podido ser tan útil para el reino "como los judíos si no hubieran sido expulsados" (LOMAX, "Novedad y tradición en la guerra de Granada", p. 250).

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Nota 19

AYALA MARTINEZ, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media, p. 13.

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3.- La bula de Cruzada y las guerras de la Monarquía

El concepto de cruzada, profundamente arraigado en las sociedades occidentales de la Baja Edad Media, quizá sea definible como “la guerra santa dirigida contra los que estaban considerados como enemigos, en el exterior y en el interior, para la recuperación de los bienes de la Cristiandad o la defensa de la Iglesia o el pueblo cristiano”Nota 1). No obstante, y por mucho que las cruzadas bajomedievales se ajustasen en líneas generales a este concepto, no puede contemplarse como un fenómeno monolítico, sino que, bien al contrario, la noción de cruzada se encontró en constante cambioNota 2), y uno de estos periodos de cambio, quizá el último y el que adaptó el concepto de su naturaleza medieval a su esencia moderna, tuvo lugar durante el reinado de los Reyes Católicos.

“Todas las naciones católicas pueden ostentar concesiones pontificias de gracias e indulgencias más o menos latas, y más o menos estimables, pero ninguna, en verdad, puede hacer alarde de poseer un privilegio como el de la bula de la Santa Cruzada. España es la única que le disfruta, y puede considerarse este exclusivismo como remuneración y premio de los esfuerzos que hiciera para arrojar de su suelo a las huestes muslímicas ”Nota 3).

La bula de Cruzada recibió su denominación por el sello de plomo circular con cordelitos rojos impreso en las letras apostólicas, por imitación de la bula o medalla de oro o de plata que antiguamente los niños nobles romanos llevaban suspendida en el cuello llena de remedios contra los encantamientosNota 4). La recepción de bulas pontificias de Cruzada a los reyes peninsulares se extendió durante gran parte de la Baja Edad Media. Sin embargo, el periodo que se extiende desde el advenimiento de Pedro I en 1350 hasta el reinado de los Reyes Católicos, iniciado en 1474, marcó una trayectoria de profunda decadencia en la historia de la bula de Cruzada en lo que respecta a las monarquías hispánicas, lo cual llegó al máximo extremo cuando dos papas sucesivos, Urbano VI y Clemente VII, dieron bulas de Cruzadas a Portugal contra Castilla y a Castilla contra PortugalNota 5).

Más tarde, Juan II recibió bulas en 1431 para la campaña contra el reino de Granada que culminó en la batalla de la Higueruela; la siguiente ocasión en que el pontificado colaboró mediante la Cruzada con los esfuerzos bélicos peninsulares tuvo lugar en 1455, estando sentado en el trono de Pedro el valenciano Alfonso Borgia, con el nombre de Calixto III, otorgando una bula de Cruzada a Enrique IV, renovada tres años después por el papa Pio II. No obstante, el rey causó un grave daño a la financiación de la guerra a través de rentas eclesiásticas cuando utilizó parte de los recursos así obtenidos al pago de favores a la nobleza.

Desde el punto de vista cristiano, la guerra de Granada no fue solo un conflicto fronterizo o de anexión, no solo una lucha entre dos monarquías, sino que también fue una cruzada. Trescientos caballeros ingleses, veteranos de la guerra de las Dos Rosas, fueron a la guerra liderados por lord ScalesNota 6), y la reconquista había hecho arraigar el ideal de la cruzada en la idiosincrasia peninsularNota 7). También fue una guerra santa desde el punto de vista musulmán, ya que los voluntarios norteafricanos llevaban siendo, desde años atrás, una de las columnas vertebrales de los ejércitos nazaríesNota 8).

Los Reyes Católicos no podían obviar un instrumento de tal calibre, y menos con la mente puesta en el proyecto de anexión del reino nazarí de Granada, el proyecto perfecto para obtener el apoyo de la Santa Sede. Por ello, el 13 de noviembre de 1479 Sixto IV dio la primera bula de Cruzada a los Reyes Católicos, la Sacri Apostolatus, orientada a la guerra contra el reino nazarí de Granada, si bien era una bula que, en líneas generales, se limitaba a la concesión de la indulgencia plena para todos aquellos que participaran en la guerra. Este documento no fue satisfactorio para los monarcas, ya que lo que pretendía la Corona eran documentos pontificios que le permitiera financiar lo que se preveía, con acierto, una guerra larga y costosa. Fernando trató que se le concediera una décima sobre las rentas de los beneficios eclesiásticos, lo cual consiguió en junio de 1481, con apuntamientos pontificios que indicaban que el papa se reservaba una parte de lo que se recaudase para financiar las guerras contra el imperio otomano.

Durante una reunión, que tuvo lugar en Córdoba, entre los monarcas y el enviado pontificio Domingo Centurión, se llegó a un acuerdo para desencadenar una ofensiva simultánea contra Granada —por parte de Isabel y Fernando— y contra los turcos —parte que correspondería al papado—. Para financiar esta campaña, se impondría una décima a los beneficios eclesiásticos de Castilla, Aragón y Sicilia, y se extendería una bula de Cruzada. De acuerdo con lo que ya fijaba la bula anterior, un tercio de las cantidades así recaudadas sería entregada al papado para financiar la guerra contra los otomanos, y el resto lo usarían los Reyes para destruir el reino de Granada, acordándose que los monarcas podrían designar dos comisarios para la administración de estos recursos, cargos que fueron entregados a fray Hernando de Talavera, confesor de la reina Isabel, y Pedro Ximénes de PréxamoNota 9).

De esta forma, la bula de Cruzada que finalmente entregó el papa en el año 1482, con la guerra de Granada ya iniciada, presentaba notorias diferencias respecto de las anteriores, incluso si se toma como referencia su precedente más inmediato, la bula del año 1479. La bula de Cruzada del año 1482 otorgaba mayores potestades y beneficios, dado que las anteriores contenían, en esencia, las indulgencias para quienes participaran en la cruzada y, de forma ocasional, algún otro privilegio, de manera puntual y asistemática. Por el contrario, el modelo impuesto en 1482 para la guerra de Granada daba ventajas tanto al cruzado que acudía personalmente a la guerra como al contribuyente en metálico, que aportaba una cantidad para apoyar el esfuerzo bélico. El hecho de la que la Cruzada así planteada fuera un éxito rotundo en lo militar, atrayendo a cruzados de Francia, Alemania, Inglaterra, Irlanda, Polonia y sobre todo SuizaNota 10), hizo que fuera el modelo a seguir por las bulas posteriores.

Pese a la ruina económica del papado, Inocencio IV, papa desde 1484, revalidó en 1485 la cruzada para la guerra de Granada, ya que la bula vigente había sido derogada al comienzo del pontificado, según fijaban las reglas de la cancillería vaticana respecto a la asunción del poder por un nuevo pontíficeNota 11). La concesión de la bula ya supuso un esfuerzo que el papado consideró suficiente, por lo que Inocencio rechazó ceder para la guerra el tercio del importe recaudado, lo que su antecesor sí había hecho, como solicitaba de nuevo el embajador de Isabel y Fernando, Francisco de RojasNota 12). Los Reyes se quejaron amargamente de lo que veían como un compromiso insuficiente del Santo Padre con una empresa que ellos presentaban en Roma como esencialmente religiosa. Tras la exitosa campaña del año 1485, en la que se produjo la toma de Ronda y el sometimiento a las armas cristianas de una importante zona del reino nazarí, el papa se vio obligado a ceder y el 26 de agosto de 1485, prorrogaba la bula de forma incondicionalNota 13). Además, cedió la décima de todos los frutos del clero, figura económica que recibía el nombre de subsidio. Como signo de buena voluntad, los Reyes entregaron, a su vez, al papa el diezmo de lo recaudado a través del subsidio.

Cabe hacer notar, a propósito de esta cesión de dinero al papado, que, si la Cruzada fue un instrumento que contribuyó a la centralización del poder en manos de la Monarquía, al permitirle financiar sus ejércitos y crear una estructura a través de la cual parte de las rentas en manos de eclesiásticos volvían a manos de la Corona para financiar necesidades estatales, las bulas de Cruzada y figuras anexas, como el subsidio, también tuvieron un papel centralizador en el seno de la propia Iglesia, ya que redirigieron recursos económicos que estaban en manos de figuras eclesiásticas locales, como los obispados o los monasterios, hacia el poder central del papado. Esto se hacía siempre de forma indirecta, a través de la Corona: el papado cedía determinados beneficios a la Corona, beneficios que comportaban la recaudación de una serie de cantidades económicas, y esta entregaba al papado una parte de lo recaudado, ya fuera el tercio de la Cruzada o la décima del subsidio, siempre bajo la cobertura de financiar la lucha contra el infiel.

El papa renovó tanto la Cruzada como la décima o subsidio en el año 1486, y trató de potenciarla prohibiendo que, durante la guerra contra los infieles, lucieran la tradicional cruz los combatientes que no hubieran recibido dicha insignia de manos de los comisarios de Cruzada, pagando la cantidad correspondiente. En 1487 se prorrogaron nuevamente la Cruzada y el subsidio, pero en 1488 el papa se negó a renovar las concesiones alegando abusos en su cobro por parte de los oficiales regios. En la Corte cundió el descontento, ya que se sospechaba que lo que pretendía el Santo Padre era obtener una porción mayor de las cantidades recaudadas. El pontífice terminó por ceder, a través de la bula de 9 de octubre de 1489, que suponía la renovación de la Cruzada y el subsidio. La Corona, cuya situación económica era crítica, en especial debido a los copiosos gastos que había supuesto el asedio de Baza, en su momento una de las operaciones militares más complejas y costosas emprendidas en una campaña bélica en Occidente, y por el mantenimiento de las cada vez más numerosas fortalezas guarnecidas con tropas de la Corona en suelo granadino, experimentó un enorme alivio financiero con esta concesión. Finalmente, el 1 de octubre de 1491 se produjo la última renovación de la Bula de Cruzada para el sostenimiento de la guerra de Granada, que solo tres meses después terminaba con éxito para las armas realesNota 14).

Una nueva bula, cuyo motivo era la expansión hispánica en el Norte de África, fue concedida a los Reyes en 1494:

“Nuestro carísimo hijo en Cristo Fernando y nuestra carísima hija en Cristo Isabel, reyes ilustres de Castilla y de León (...) habiendo resuelto por su pía e innata devoción a la religión cristiana proseguir la guerra contra la misma África para su expugnación, concibiendo firme fe y confianza de que, auxiliando el Altísimo, conseguirán victoria y conquista, con la conversión a la fe católica a lo menos en alguna parte de aquellos infieles. Nos, atendiendo que no alcanzan para la expugnación del África y exaltación de la dicha santa fe las facultades de dicho rey y reina que en la prosecución de la guerra de dicho reino de Granada han hecho gastos intolerables y que conviene así a la misma España, que es potentísima, fortísima y devotísima, como a los fieles de otras naciones juntar guerreros y soldados y otros socorros, para que el rey y reina, que ya empezaron a congregar no pequeña armada para esta expedición, puedan favoreciendo Dios su pío y laudable propósito, llevarle a debido efecto”Nota 15).

Se concedió, además, de forma perpetua, el cobro de las tercias eclesiásticas a la Corona, a través de la bula de 13 de febrero de 1495. No obstante, al contrario de lo ocurrido durante la guerra de Granada, las bulas de Cruzada no tuvieron grandes consecuencias en África, dado que la invasión francesa de Italia hizo que el papa reorientara la Cruzada contra el rey de Francia, a través de la bula Pro salute populi, fechada el 3 de julio de 1496Nota 16). Ello no impidió que los Reyes llegaran a solicitar un jubileo perpetuo mientras durara la guerra en África o contra los turcos, lo que les hubiera permitido reclamar la cruzada y la décima como cesiones perpetuas, igual que ya tenían las tercias. El papado logró evitar esta concesión.

Tras las revueltas granadinas del cambio de siglo, el papado concedió dos nuevas bulas de Cruzada para ayudar a la monarquía en la represión de los alzamientos. Las bulas fueron concedidas en 1503 y en febrero de 1504. En 1509, Fernando conseguía una nueva bula para colaborar con la expansión norteafricana, concretamente de cara a la proyectada expedición contra el puerto argelino de Orán.

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Nota 1

RILEY-SMITH, J., ¿Qué fueron las cruzadas? Barcelona, 2012, p. 133.

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Nota 2

DEMUGER, A., Cruzada: una Historia de la Guerra Medieval. Pamplona, 2006, p. 23.

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Nota 3

FERNÁNDEZ LLAMAZARES, J., Historia de la bula de la Santa Cruzada. Madrid, 1859, p. 6.

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Nota 4

OROSZ, L., Tratado sobre la bula de Cruzada. Córdoba, 2002, p. 101.

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Nota 5

GOÑI GAZTAMBIDE, J., Historia de la bula de Cruzada en España. Vitoria, 1958, p. 336.

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Nota 6

Scales era hermano de la reina de Inglaterra, Isabel, esposa de Enrique VII. Acudió a Granada en 1486 para cumplir con un voto de cruzado; fue herido en el sitio de Loja. Entre las tropas que entraron en Granada en 1492 "había también italianos, alemanes, suizos, franceses, ingleses... Las nóminas de combatientes no españoles elaboradas a lo largo de 1492 testimonian sobre el carácter cosmopolita del ejército de los Reyes Católicos" (VICENT, B., "De la Granada mudéjar a la Granada europea", en LADERO QUESADA, M. A., (ed.), La incorporación del reino de Granada a la Corona de Castilla. Granada, 1993, p. 307). Sobre la participación de extranjeros en la guerra, ver, BENITO RUANO, E., "La participación extranjera en la guerra de Granada", en Andalucía Medieval, vol. II, Córdoba 1978. Este autor diferencia tres tipos de extranjeros presentes en el conflicto: los cruzados, como lord Scales; los mercenarios de compañías organizadas, como los suizos; y los profesionales especializados, sobre todo los artilleros o salitreros (fabricantes de pólvora) oriundos en su mayor parte de tierras germánicas (p. 647).

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Nota 7

OCHOA BRUN, M. A., Historia de la diplomacia española. Madrid, 1995, vol. IV, p. 135.

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Nota 8

Esta conceptuación no es unánime; Julio Valdeón afirmó que el ideal de cruzada estaba muerto en el siglo XV (VALDEÓN, J., "Las particiones medievales en los Tratados de los reinos hispánicos", en VV.AA., El Tratado de Tordesillas y su proyección. Valladolid, 1973, p. 31).

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Nota 9

AGS, Patronato Regio, leg. 19, fol. 8.

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Nota 10

WALSH, J. T., Isabel de España. Santander, 1939, p. 309. Tinoco Díaz asocia la presencia de buena parte de estos combatientes, en especial suizos y austríacos, al hecho de que, más que cruzados, se trataba de mercenarios (“Aproximación a la cruzada en la Baja Edad Media peninsular: reflexiones sobre la guerra de Granada”, p. 96).

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Nota 11

La duración de la bula es anual e improrrogable, y expira por muerte de quien la concede (OROSZ, Tratado sobre la bula de Cruzada, p. 113).

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Nota 12

Sobre su embajada ver RODRÍGUEZ VILLA, A., “Don Francisco de Rojas, embajador de los Reyes Católicos”, en Boletín de la Real Academia de la Historia, n° 28, 1896, 180-202.

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Nota 13

Bula Redemptor Noster, que se conserva en AGS, Patronato Real, leg. 19, fol. 10.

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Nota 14

Lo expuesto en los párrafos precedentes es analizado en detalle en GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de la Bula de Cruzada en España, pp. 371-392.

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Nota 15

Citada en FERNÁNDEZ LLAMAZARES, Historia de la bula de la Santa Cruzada, p. 351-352.

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Nota 16

AGS, Patronato Regio, leg. 27, fol. 45.

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4.- El contenido de las Bulas de Cruzada

La pretensión original de las bulas de Cruzada era alentar a la población a enrolarse en las filas de los ejércitos cruzados. Por ello, el primer grupo de beneficios que solían repetirse en las bulas eran privilegios destinados a los combatientes cristianos que sirvieran bajo los criterios fijados por ella. Sistemáticamente, las bulas les permitían no respetar los ayunos que estableciera la Iglesia. Igualmente, tenían dispensa para realizar cualquiera de sus ocupaciones de forma completamente ordinaria incluso en domingo, día que, según la doctrina de la Iglesia, debía consagrarse por completo al Señor y en el que, por lo tanto, quedaba prohibido realizar cualquier actividad profesional.

Otro de los medios incluidos en la Cruzada para fomentar el alistamiento era el permitir a los confesores liberar votos o juramentos, incluso aquellos hechos o pronunciados ante Dios, a cambio de que la persona que lo hubiera pronunciado sirviera en la Cruzada. Se fijaban, eso sí, tres tipos de juramento que no podían ser dispensados ni siquiera a través de la bula: los juramentos castidad perpetua, aquellos en que el juramentado se había comprometido a entrar en religión y los juramentos cuyo contenido fuera la promesa de peregrinar a Tierra Santa. Un cuarto grupo que se exceptuó de la bula con frecuencia fue el de los juramentos cuyo contenido esencial supusiera un beneficio directo a un tercero.

Dado que la Cruzada estaba orientada por definición a una guerra en la que el carácter religioso debía ser fundamentalNota 1), la participación en la misma del clero era de significada importancia. Por ello, las bulas también daban a los miembros del clero que acudieran a filas el privilegio de poder mantener sus beneficios, incluso los incluidos en el deber de residencia de los clérigos, atendiéndoles a través de tenentes idóneos. La única categoría de religiosos a la que no se le podía aplicar la excepción contenida en la bula eran los curas de almas, que, si acudían a la llamada de la Cruzada, debían renunciar a los beneficios.

Sin embargo, durante el reinado de los Reyes Católicos la naturaleza fundamental del contenido de las bulas sufrió un proceso de cambio y redefinición: el fin primordial de la bula dejó de ser la obtención de voluntarios que se alistaran en el ejército cristiano para combatir a los infieles para ser, primordialmente, la obtención de medios y recursos económicos que permitieran a la Corona costear los gastos de las guerras contra los infieles.

Este cambio es reflejo del ocurrido en la concepción de la guerra, ya que con la profesionalización de la actividad bélica las masas de combatientes sin adiestrar que constituían el principal logro de las bulas de Cruzada medievales tenían un valor militar menor y, por el contrario, se había multiplicado la importancia de obtener recursos con los que mantener económicamente los gastos que comportaba un ejército profesional, en el que se basaban los nuevos modelos bélicos. Así, los cambios en el ámbito de la guerra modificaron la esencia de las bulas pontificias de Cruzada.

El proceso se había iniciado antes del reinado de los Reyes Católicos, como señala Tinoco Díaz, que sitúa el inicio de esta tendencia en el siglo XIII, cuando la pérdida de San Juan de Acre, último baluarte de los reinos francos en Palestina, supuso el fin de la etapa más clásica de la historia de las cruzadas, la de Tierra Santa:

“El entusiasmo original da paso a la obligación legal de una captación por redes, ampliada un siglo después por la obligación social de una cultura caballeresca frente al humanismo en ciernes. La clave de los beneficios ahora se centra en explotar procesos judiciales de la Iglesia para la financiación real. No es casualidad que sea en esta época cuando se definen totalmente las indulgencias. Aparecen elementos como la dispensación, sustitución, redención o conmutación. Todos éstos, al fin y al cabo, van a ser realidades que generalmente se concretan en lo económico con la concesión de los dos tercios reales del sistema impositivo cruzado”Nota 2).

Este proceso continuó y tomó forma a lo largo del siglo XV, cuando el papa Martín V, cabeza de la Iglesia entre 1417 y 1430, introdujo el pago de una tasa fija para aquellos que quisieran disfrutar de las indulgencias que daba la bula de Cruzada, aumentando el potencial económico de estas bulas. El verdadero punto de inflexión lo supuso la bula del año 1482, dada a los Reyes Católicos para auxiliar en el esfuerzo bélico contra Granada. Esta bula ampliaba los efectos de la indulgencia plenaria, otorgándosela no solo a aquellos que acudían en persona a luchar contra el infiel —concepto medieval de la bula— sino también a aquellos que contribuyeran en metálico al esfuerzo bélico —concepto moderno de la bula—, que obtenían, además, el derecho a escoger a su confesor sin atender a los criterios fijados por la normativa eclesiástica o el derecho a recibir un enterramiento eclesiástico. Se equiparaba así al guerrero voluntario con el contribuyente económico, lo cual supuso un auge espectacular de la segunda figura en detrimento de la primera.

El carácter cada vez más netamente económico de la Cruzada se puso de manifiesto al hacerse habitual la publicación de las bulas de Cruzada en tres fases diferenciadas, en vez de exponerlas al público de una sola vez. Mediante la publicación fragmentada, cada nueva fase incorporaba novedades con respecto a la anterior, a fin de hacerla más atractiva, aumentando así lo recaudado. La primera de estas fases recibía el nombre de suspensión, ya que en ella se suspendía la vigencia de las bulas publicadas anteriormente. La segunda se denominaba composición y en ella se exponía el núcleo del contenido de la bula. Finalmente, en una tercera fase, se añadía a lo anteriormente publicado algunas gracias que se habían omitido de forma intencionada en las publicaciones previas. Los predicadores obligaban a los campesinos a escuchar la predicación de la bula, y estos, para no perder días de trabajo en sermones, preferían comprarla con la menor dilación posible.

El campo de aplicación de las bulas fue ensanchándose, absorbiendo diversos ámbitos. A partir del año 1482, por ejemplo, se incluía dentro de las cantidades consignadas en el marco de la bula de Cruzada, aquellas que procedieran de los legados a la Iglesia y también las originadas a partir de la redención de cautivos, es decir, del pago por los musulmanes de un rescate a la Iglesia para que se les devolvieran los prisioneros de guerra. En los primeros años del siglo XVI, las bulas de Cruzada comenzaron a incluir competencias en materia de composición, es decir, en la restitución de bienes que habían sido mal adquiridos, en virtud del precepto teológico de que todo cristiano tiene la obligación de restituir dichos bienes. La primera mención que se conoce respecto a las composiciones es una cédula de los Reyes Católicos dada en Medina del Campo en 1494; en las bulas siguientes se consolidó como un elemento integral de las mismas.

La comisaría de Cruzada extendió sus competencias al cobro de las sucesiones no testadas, a través de una pragmática otorgada por los Reyes Católicos en el año 1494, dando instrucciones a las audiencias para que no intervinieran en estos procesos, ya que quedaban bajo la gestión de los comisarios de Cruzada en aquellos casos en que el fallecido no tuviera herederos hasta el cuarto grado de parentescoNota 3). La misma pragmática ordenaba a las audiencias abstenerse de intervenir, por la misma razón, en la gestión de las “cosas mostrencas”, aquellas cosas halladas accidentalmente cuyo dueño legítimo no pudiera ser determinado en el plazo de un año desde el momento en que se produjo el hallazgo. Finalmente, desde finales del siglo XV, se añadían a las cantidades de la Cruzada las que procedían de penas judiciales pecuniarias establecidas por sentencias de tribunales de carácter eclesiásticoNota 4).

Entre 1482 y 1491 los ingresos producidos por la bula de Cruzada supusieron la entrada en las arcas reales de 180.000 ducados por año. Durante los años siguientes, los comprendidos entre 1495 y 1504, los Reyes recibirían 50.000 ducados anuales en concepto de CruzadaNota 5). En conjunto, durante los años de la guerra granadina, de la cruzada castellana, aragonesa y navarra se pagaron 650 millones de maravedíes, un 85% procedentes de Castilla, siendo necesario tener en cuenta que, además, la Iglesia castellana pagó una décima o subsidio en los años 1482, 1485, 1487, y volvería a hacerlo en 1499, 1491 y 1492. Estas décimas sumaron unos 160 millones de maravedíes que, una vez repartidos y cobrados, eran gestionados directamente por la CoronaNota 6). Así pues, mientras que la mayor parte de los gastos ordinarios fueron pagados a través de las contribuciones de la Hermandad, con la Cruzada y el subsidio los Monarcas cubrieron la gran parte de los gastos extraordinarios de la guerra, que completaron con los expolios sobre las sedes vacantes y los servicios de hebreos y mudéjaresNota 7).

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Nota 1

“Los Reyes Católicos, considerados como cabeza de los que participan del favor de la cruzada, deben asidua y diligentemente procurar y promover la expedición contra los turcos y los infieles a fin de poder lucrar la indulgencia plenaria a ellos concedida; en efecto, esta es una condición necesaria, como se evidencia en las palabras de la bula (OROSZ, Tratado sobre la bula de Cruzada, p. 103).

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Nota 2

TINOCO DÍAZ, J. F., “Aproximación a la cruzada en la Baja Edad Media peninsular: reflexiones sobre la guerra de Granada”, en Revista Universitaria de Historia Militar On-Line, n° 1, 2012, p. 82.

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Nota 3

No obstante, no se estableció un procedimiento formal para la gestión de este tipo de situación dentro de la administración de la Cruzada hasta una fecha tan tardía como el 30 de agosto de 1608 (FERNÁNDEZ LLAMAZARES, Historia de la bula de la Santa Cruzada, p. 192).

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Nota 4

Esto incluía las sentencias de los tribunales de la Inquisición; sobre la construcción jurídica de estas sentencias inquisitoriales, ver FERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Mª del C., La sentencia inquisitorial. Madrid, 2000.

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Nota 5

HERMANN, CH., "L'état et l'église", en HERMANN, CH., (coord.), Le premier âge de l'etat en Espagne (1450-1700). París, 1989, p. 388.

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Nota 6

Como se ha señalado, no solo en lo económico fue abrumadoramente predominante el esfuerzo castellano en la guerra de Granada: "Los aragoneses aportaron poco a la conquista de Granada" (SOLANO CAMÓN, E., "Significado histórico de la participación de Aragón en las campañas militares de Fernando el Católico: Un estado de la cuestión", en VV.AA., Fernando II de Aragón: El rey Católico. Zaragoza, 1995, p. 280); en el mismo sentido: Cataluña celebró la conquista de Granada, aunque había colaborado poco en la conquista (GARCÍA CÁRCEL, R., "Fernando el Católico y Cataluña", en VV.AA., Fernando II de Aragón: El rey Católico. Zaragoza, 1995, p. 437). La conquista de Granada fue una empresa castellana. Aragón aportó la cruzada, pero nada de los recursos reales o de las Cortes (LADERO QUESADA, "Ejércitos y Armadas de los Reyes Católicos", p. 509).

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Nota 7

LADERO QUESADA, "Ejército, logística y financiación en la guerra de Granada", pp. 703-704.

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5.- La administración de la Cruzada: Comisario y Consejo

La máxima autoridad en la gestión de lo relacionado con la bula de Cruzada era el comisario general de la Cruzada, cargo que tenía el carácter de legado enviado por el papa, lo cual explica la resistencia planteada por la Iglesia a la insistente petición regia de que la Corona designara a los comisarios generales, algo que la Monarquía finalmente conseguiría tras el breve pontificio de 29 de agosto de 1529, en el que el papa Clemente VII designaba como comisario general al obispo de Zamora y, en el futuro, a los que los reyes nombraran en su lugarNota 1). El control regio sobre las tres gracias —cruzada, subsidio y excusado— se completó en 1574, cuando Gregorio XIII colocó bajo la autoridad del comisario general también las otras dos concesiones pontificias. El nombre de comisario provenía del hecho de que se le “cometía” o encomendaba el ejecutar las cuestiones relativas a la cruzadaNota 2).

El comisario general presidía el Consejo de Cruzada, pero sin adoptar el título de presidente. Sobre la fecha de creación de este Consejo existe divergencia entre los autores, ya que algunos señalan que su creación se produjo en el año 1509, mientras que otros consideran que su datación debe ser pospuesta hasta fecha tan tardía como 1584, afirmando que hasta ese año no había una estructura fija y permanente para la administración de la Cruzada. Fuera cual fuera la fecha de creación del Consejo, durante la mayor parte del reinado de Isabel y Fernando la gestión económica de la Cruzada quedó bajo la supervisión de los dos contadores mayores que se habían creado durante las Cortes de Madrigal de 1476. Cuando los comisarios de Cruzada comenzaron a ejercer un control más estrecho sobre la administración de las bulas, se produjeron nuevos problemas jurisdiccionales, ya que varias audiencias trataron de intervenir en pleitos y asuntos que tenían que ver con la Cruzada, de tal forma que los Reyes tuvieron que recordar a sus tribunales civiles que todo lo relacionado con la bula caía dentro de la jurisdicción del comisario general y, por tanto, las audiencias debían abstenerse de tratar de intervenir en dichos asuntosNota 3).

A partir de la bula de 1482, también fue frecuente que la Cruzada otorgara a los comisarios generales autoridad para solventar determinadas situaciones en favor de quienes acudieran en auxilio de la empresa cruzada. Así, esta bula autorizaba a Francisco Ortiz, Ximénez de Práxeno y Hernando de Talavera a absolver del pecado de simonía y otras irregularidades de carácter eclesiástico, a dispensar ciertos grados de parentesco de cara al matrimonio entre parientes y a regularizar matrimonios que no hubieran cumplido con todas las formalidades establecidas para ser válidos en el momento de haberse celebrado. También se les facultaba para legitimar a los hijos ilegítimos, equiparándoles a todos los efectos, legales y eclesiásticos, con los hijos habidos dentro de una unión legítima. En relación con la concesión de la gestión de las sucesiones sin testar, las bulas facultaron a los comisarios de cruzada a exigir la exhibición de los testamentos, si lo consideraban oportuno, al efecto de verificar que no se trataba de uno de los supuestos de sucesiones que caían dentro del ámbito competencial de la Cruzada.

El modo en que la bula de Cruzada se gestionaba fue fuente de constantes problemas, los cuales solían comenzar con su misma publicación. Así lo demuestra el hecho de que Isabel y Fernando se vieran obligados a ordenar, en 1480, que la publicación de este tipo de bulas fuera llevada a cabo por gente honesta, de buena conciencia y con una adecuada formación en letras, de tal forma que no se excedieran en la publicación y predicación de la bula. El éxito de esta orden regia fue escaso y supuso una mejora nimia en las condiciones reales que se daban durante la publicación, de tal forma que, reinando ya Carlos V, las Cortes de Valladolid del año 1523 pidieron al monarca que se cumpliera la orden dada por sus abuelos cuarenta y tres años antes. Nuevamente, la eficacia de esta petición no debió ser demasiada, ya que las Cortes del año 1525, celebradas en Toledo, la formularon de nuevoNota 4).

Estos problemas tenían que ver con una de las novedades que experimentó la administración de la bula durante el reinado de los Reyes Católicos. La Cruzada, en la Edad Media, era recaudada por eclesiásticos, ya que, por un lado, se consideraba especialmente probada su honradez y, por otro, era tenida como una renta eclesiástica cuyo cobro correspondía a la Iglesia, aunque su uso se cediera a la Corona. Sin embargo, a finales del siglo XV, se introdujo el sistema de cobro por medio de asentistas que adelantaban a la Corona una cantidad que recuperaban a partir de las cantidades recaudadas a través de la bulaNota 5). Por ello, como es lógico, los asentistas tenían un interés económico directo en que el montante total recaudado fuera lo más elevado posible, por lo que en ocasiones recurrían a prácticas irregulares, como dar indulgencias sin que hubiera una bula pontificia que les diera validez eclesiástica o publicar y recaudar cantidades al amparo de bulas erróneas o caducadas, que ya habían dejado de estar vigentes.

Desde el punto de vista eclesiástico, una vez que la Iglesia pareció admitir la imposibilidad de resistir los intentos regios de controlar la gestión de las cantidades de dinero cobradas a través de la bula, la gran batalla con la administración civil se centró en conseguir que el dinero recaudado con las tres gracias se gastara en aquellas materias para las que había sido concedido, y no en otras actividades cualesquiera de la Monarquía. El dinero que se conseguía a través de la bula de Cruzada debía ser invertido en la lucha contra los infieles, algo que la Monarquía no siempre hizo, como ocurriría en los primeros años del reinado de Carlos V, cuando, durante la revuelta de las Comunidades de Castilla, se financió parte del ejército real con el dinero que se había obtenido de la Cruzada, lo que contravenía el espíritu de la concesión pontificia, de tal forma que las propias Cortes castellanas, reunidas en Valladolid en 1525, reclamaron al rey que en lo sucesivo el dinero de la bula se utilizara exclusivamente para combatir a los infieles en el Mediterráneo y en el Norte de África, lo que, en aquellos años, equivalía a decir que se utilizara para financiar las flotas de galeras con que la Monarquía disputaba el dominio naval a la escuadra otomana y sus aliados, ya fueran piratas norteafricanos o el rey de Francia.

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Nota 1

FERNÁNDEZ LLAMAZARES, Historia de la bula de la Santa Cruzada, pp. 125-126.

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Nota 2

LÓPEZ SANTARELLA, M., Memoria sobre la administración del Comisario General de Cruzada. Madrid, 1859, p. 13.

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Nota 3

FERNÁNDEZ LLAMAZARES, Historia de la bula de la Santa Cruzada, p. 190.

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Nota 4

FERNÁNDEZ LLAMAZARES, Historia de la bula de la Santa Cruzada, p. 138.

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Nota 5

El primer paso en este sentido se había dado durante el reinado de Enrique IV, cuando el papa Pío II autorizó a que los oficiales encargados del cobro de la bula se quedaran con una parte de las cantidades recaudadas, en concepto de salario, lo cual desencadenó una serie de abusos sistemáticos en el cobro de la Cruzada por parte de estos oficiales (GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de la Bula de Cruzada en España, p. 238). A modo de curiosidad, señalar que dichos abusos o, al menos, las acusaciones de que existían, perduraron mientras existió el comisariado de la Cruzada y la última persona que detentó el cargo, ante las acusaciones de corrupción que se le hacían, se vio en la obligación de publicar un extenso libro defendiendo su gestión: LÓPEZ SANTARELLA, M., Memoria sobre la administración del Comisario General de Cruzada. Madrid, 1859.

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6.- El exequátur

Otra de las cuestiones entre Estado e Iglesia que tuvo importancia durante el reinado de Isabel y Fernando, directamente relacionada con las bulas de Cruzada, fue la relativa a la necesidad de aprobación real para la plena validez de los documentos pontificios en los territorios de la Monarquía hispánica. A raíz de un conflicto con un canónigo de Ávila, Cisneros consiguió que los Reyes ordenaran la presentación ante los tribunales de todos los documentos oficiales expedidos por Roma que tuvieran efectos sobre los dominios de Isabel y Fernando.

Esta pretensión formó parte central de la embajada enviada, en 1493, ante el nuevo papa, Alejandro VI. El embajador presentó en Roma la reclamación de Isabel y Fernando de supervisar la publicación de las indulgencias en sus territorios —lo cual incluía las contenidas en las bulas de Cruzada—, alegando que se producían numerosos abusos y errores, si bien la realidad pudo haber sido el temor de los Reyes de que, sin un control por parte de la Corona, el papado pudiera cobrar tantas indulgencias que las cantidades recaudadas a través de la Cruzada disminuyeran, perjudicando los intereses económicos y estratégicos de la Monarquía. Alejandro VI, hábil político, se percató de que, si cedía ante la exigencia de los Reyes, estos podrían, en caso de desacuerdo o conflicto con el papado, retrasar o perjudicar la publicación de cualquier documento pontificio.

Consciente, dado el incremento de la tensión en Italia, de que no podía arriesgarse a una ruptura completa con la Monarquía Hispánica, Alejandro VI publicó la bula Inter curas, fechada el día 27 de julio de 1493. En dicho documento, el papa admite el derecho al exequátur de los reyes, pero también el del nuncio y el ordinario del lugar, con lo cual mantenía las formas y, al menos, una apariencia de control eclesiástico sobre el proceso de publicación en los dominios hispánicos de los documentos pontificios. La bula en modo alguno satisfizo las expectativas de los monarcas, que, con la expeditividad que les era característica, no dudaron en bloquear la publicación de la bula, retrasándola ni más ni menos que cuatro años, ya que solo se desbloqueó su publicación en 1497. El resultado de esta dilación fue terrible para la correcta administración de las indulgencias, puesto que se siguieron publicando una enorme cantidad que eran erróneas o falsas, y hasta el propio comisario de cruzada otorgó un buen número de ellas, ya que, en tanto en cuanto la bula Inter Curas no fuera publicada, no quedaba sometido a la autoridad y control del nuncio ni de la Corona en cuanto a la publicación de indulgenciasNota 1).

El exequátur o autorización regia se concretó, finalmente, en la pragmática real de 22 de junio de 1497, dada en Medina del Campo, donde los reyes indican que, dado que se publican bulas expiradas y se dan indulgencias sin bulas que las respalden, de entonces en adelante no se publicara ninguna bula ni indulgencia sin que primeramente fuera presentada ante el ordinario del lugar; después el documento debía ser llevado a la Corte para ser examinado por el nuncio pontificio, el capellán mayor de los reyes y uno o dos obispos, escogidos entre los que formaran parte del Consejo de CastillaNota 2). Esta decisión regia fue confirmada tres años después a través de la pragmática dada en Sevilla a 9 de junio de 1500Nota 3).

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Nota 1

GOÑI GAZTAMBIDE Historia de la bula de Cruzada en España, pp. 462-463.

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Nota 2

Sobre la importancia política del capellán real, ver GRANDA, S., “La Capilla Real: la presencia del capellán real en la élite del poder político”, en GAMBRA GUTIÉRREZ, A., y LABRADOR ARROYO, F., (coords.), Evolución y Estructura de la Casa Real de Castilla, 2 vols; vol. II, pp. 761807. Madrid. 2010.

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Nota 3

FERNÁNDEZ LLAMAZARES, Historia de la bula de la Santa Cruzada, p. 146.

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CAPITULO XXII: LAS CORTES Y LA GUERRA

1.- Las Cortes en el reinado de los Reyes Católicos

La representación de las ciudades en Cortes, tras algunas oscilaciones, quedó fijada en Castilla en dos procuradores por cada una de las ciudades con derecho a acudir. Así se estableció en el año 1442 y no hubo modificaciones significativas posterioresNota 1). Esto significaba un grado de representatividad menor para Castilla que para otros reinos en el mismo tiempo. Si tomamos el caso de Francia, en los Estados Generales se encontraban representados, por lo que al tercer estado se refería, once demarcaciones territoriales y 108 villas y ciudades, con un total de 483 procuradores. En Castilla, tras quedar el número de ciudades con representación en Cortes fijado en dieciocho, con la incorporación de Granada en las Cortes de Toledo de 1498, tan solo había, por tanto, treinta y seis procuradores, menos de la décima parte de los existentes en FranciaNota 2). Además, se daba la circunstancia de que todas las ciudades castellanas representadas en Cortes eran villas de realengo, algo que se siguió manteniendo con la inclusión de Granada, por lo que las villas que estaban sometidas a jurisdicción señorial o eclesiástica nunca estuvieron representadasNota 3).

La decisión de dar representación en Cortes no estaba exenta de consideraciones de índole militar. Como señala Máximo Diago, uno de los motivos que determinaron qué ciudades tenían representación era la necesidad de la propia Corona de ejercer la mayor influencia posible dentro de esos municipios, para lo cual la presencia en Cortes siempre era un importante elemento de negociación e incluso de presión para con las élites de la ciudad —recordemos, por ejemplo, que los regidores que acudían a Cortes recibían su nombramiento de la CoronaNota 4)—. Esta necesidad de intervenir en lo que ocurría en las ciudades, que tuvo una de sus manifestaciones en la extensión de la figura del corregidor, se justificaba por el peligro de que ciudades claves, como Burgos o Toledo, pudieran alinearse bajo circunstancias dadas con los elementos hostiles a la Corona, en un contexto en el que esto podía conducir a acciones armadas contra los intereses de la Monarquía. Esta consideración no era descabellada, y lo demostró lo ocurrido años después durante la revuelta de las Comunidades de Castilla.

A comienzos del siglo XVI la identificación de las Cortes y el reino se encontraba asentada en el sistema político-institucional de los Reyes Católicos. Ello permitió a la monarquía contar con un cuerpo político con la suficiente credibilidad y poder como para que su acción de gobierno se encontrase respaldada por la comunidad política. Las Cortes tuvieron un papel esencial en el proceso de redefinición del Estado bajo los Reyes Católicos, pues sin su respaldo al pacto político-fiscal entre Corona y reino no hubiera sido posible llevar a buen término el programa de centralización diseñado por los monarcas, que pasaba, de forma inevitable, por un replanteamiento de la fiscalidad. Isabel y Fernando supieron vertebrar ese proceso de adecuación de las Cortes a sus intereses a lo largo de su reinadoNota 5).

Algunos autores van más allá y superan el concepto de integración de las Cortes en la política de los Reyes para hablar de un auténtico triunfo de estos sobre aquellas, doblegando Isabel y Fernando a las Cortes a su voluntad. Para ello, los Reyes convocaron tan solo a las reuniones a los representantes de las ciudades, relegando al clero y a la nobleza, y consiguieron limitar la potestad legislativa de las Cortes de tal modo que la capacidad de legislar quedó, de forma fundamental, en manos de los monarcasNota 6). Ello bien pudo formar parte de un programa de pacificación social destinado a lograr la adscripción, o al menos la tolerancia, de los tres estamentos hacia las reformas regias. Las ciudades consiguieron el predominio en Cortes, pero, a cambio del reconocimiento del poder político del rey, la nobleza ve reconocida su supremacía social y la Iglesia, a la que se recompensó por su fidelidad durante la guerra, se le reconoció la libertad e inmunidad eclesiástica. Como manifestación del poder real aparecería una potestad legislativa real mucho más amplia, que también propició la creación de una maquinaria destinada a aplicarlaNota 7).

En cualquier caso, por lo que respecta a las Cortes, parece que la manera que tuvieron los monarcas de situarlas bajo su control no fue tanto la modificación de la institución, que, en esencia, experimentó pocos cambios, como consiguiendo que una parte muy significativa de los procuradores que representaban a las ciudades fueran personas vinculadas a la Corona: "No es casual que un porcentaje apreciable de los procuradores del reinado de los Reyes Católicos provengan de la Administración y aún del entorno más próximo a los monarcasNota 8). Si a esta realidad restrictiva en la representación ciudadana unimos la extremada debilidad de la presencia de la nobleza y alto clero, que carece de un lugar propio en las Cortes y depende de la gracia regia para participar en ellas, es fácil concluir la profunda precariedad de la institución representativa castellana, que más que una asamblea del reino se asemejaba a un consejo del rey"Nota 9). Aceptando esta interpretación, nuevamente los Reyes habrían conseguido mantener las formas institucionales medievales, pero despojándolas de su contenido para convertirlas en una realidad política y jurídica adecuada a su visión del Estado.

El hecho de que los monarcas trataran de presionar a los asistentes a Cortes o intentaran situar en ellas a las personas más propicias a sus intereses era tan antiguo como la misma existencia de la reunión. Sin embargo, los Reyes Católicos consolidaron el que sería el modelo de intervencionismo regio moderno, a través del uso sistemático de tres tipos de medidas: la presión directa a través del precepto normativo de necesidad, puesto de manifiesto ante los procuradores y las Cortes mediante el uso de frases como "es cumplidero a mi servicio"; la normativización de los poderes de los procuradores, restringiendo sumamente la capacidad de estos para plantear iniciativas individuales; y, finalmente, a través del control del aparato burocrático relacionado con las Cortes, imprescindible para su funcionamiento y que los Reyes Católicos configuraron como una ampliación de la burocracia de la CoronaNota 10).

Las Cortes poco pudieron hacer para evitar que la Corona se convirtiera en la primera fuente normativa del reino, situación que antes correspondía a la asamblea. Los Reyes lo lograron, en primer lugar, con la difusión del sistema de pragmáticas, disposiciones exclusivas del monarca que poseían la capacidad de derogar leyes dadas por Cortes anteriores. Para reforzar el poder de este instrumento legislativo, los Reyes recurrieron a una argucia legal: las pragmáticas, para tener valor, debían haber sido promulgadas ante las Cortes, pero para soslayar este requisito, la Corona recurrió a la fórmula "como si estuvieran hechas en Cortes". En segundo lugar, y vinculado a las pragmáticas, se desarrolló la capacidad derogativa de las disposiciones legales emanadas de la Corona, de tal forma que estas tenían la capacidad de derogar cualquier fuente de Derecho, incluidos los usos y las costumbres, e incluso los privilegios otorgados previamente. En la práctica, todo esto supuso que las Cortes dejaban de ser un instrumento imprescindible para la Corona a la hora de tratar de sacar adelante la legislación que deseaba o necesitaba, lo cual se tradujo en una importante pérdida de poder, capacidad de influencia y de oposición de la asamblea frente a los designios regiosNota 11).

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Nota 1

CARRETERO ZAMORA, J. M., Cortes, Monarquía y ciudades. Las Cortes de Castilla a comienzos de la época moderna (1476-1515). Madrid, 1988, p. 7. Máximo Diago discrepa de la fecha dada por Carretero, y afirma que el número de dos procuradores se estableció de forma definitiva durante el reinado de Juan II, en el año 1428 ("La representación ciudadana en las asambleas estamentales castellanas: Cortes y Santa Junta comunera", en Anuario de Estudios Medievales, n° 34-2, 2004, p. 603).

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Nota 2

CARRETERO ZAMORA, Cortes, Monarquía y ciudades, p. 9. De hecho, Castilla había seguido un proceso inverso al francés, ya que la tendencia había sido ir reduciendo el número de ciudades que tenían representación en las Cortes: "En el transcurso de dicho siglo [XV] las ciudades realengas de Castilla vieron sensiblemente reducida su capacidad de participación en la toma de decisiones políticas al más alto nivel en las instancias centrales de gobierno del reino, puesto que la mayor parte de ellas pasaron a quedar privadas del derecho de enviar representantes a las reuniones de Cortes, una institución que en la Corona de Castilla proporcionaba a la población ciudadana un cauce para intervenir en los procesos de toma de decisiones, aunque de forma ciertamente cada vez más pasiva" ("El acceso al gobierno de las ciudades castellanas con voto en Cortes a través del patronato regio durante el siglo XV", en Anuario de Estudios Medievales, 32-2, 2002, p. 880).

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Nota 3

PISKORSKI, V., Las Cortes de Castilla en el periodo de tránsito de la Edad Media a la Moderna, 1188-1520. Barcelona, 1977, p. 42.

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Nota 4

"El hecho de que los monarcas castellanos del siglo XV no dispusiesen apenas de margen para intervenir activamente en la selección de los regidores numerarios de sus ciudades no significa, sin embargo, que su capacidad para influir en la composición de los grupos gobernantes de estas fuese escasa. Por el contrario, en la práctica fue enorme, aunque varió en intensidad de unas ciudades a otras. Y en la mentalidad de la época estaba por ello muy arraigado el convencimiento de que el rey podía nombrar regidores en sus ciudades a las personas que él desease" (DIAGO HERNANDO, "El acceso al gobierno de las ciudades castellanas con voto en Cortes a través del patronato regio durante el siglo XV", p. 891).

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Nota 5

CARRETERO ZAMORA, J. M., "Cortes, representación política y pacto fiscal (1498-1518)", en CHALLET, V.; GENET, J. P.; RAFAEL OLIVA, H.; VALDEÓN, J., La sociedad política a fines del siglo XV en los reinos ibéricos y en Europa. Valladolid, 2007, pp. 129 y 132.

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Nota 6

Así sostienen, por ejemplo, PÉREZ PRENDES, J. M., Cortes de Castilla y León. Reimpresión y nuevos estudios. Martos, 2000, p. 7; o KONETZKE, J., El imperio español, Madrid, 1946, pp. 72-73.

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Nota 7

DIOS, S. de, El Consejo real de Castilla (1385-1522). Madrid, 1982, p. 142.

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Nota 8

Se puede, ver, por ejemplo, en la relación entre la presidencia de las Cortes y la presidencia del Consejo de Castilla, estudiada en GRANDA, S., “La Presidencia de las Cortes castellanas: atribución y prerrogativa del Presidente del Consejo Real de Castilla” en VV.AA., Homenaje a José Antonio Escudero. Madrid, 2012, 4 vols; vol. II, págs. 1199-1225. No es esta la única interrelación institucional desarrollada por la presidencia de Castilla, como puede verse en GRANDA, S., “El presidente del Consejo de Castilla y el Generalato de la Suprema” en Revista de la Inquisición: Intolerancia y Derechos Humanos, n°. 15, 2011, pp. 25-97.

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Nota 9

CARRETERO ZAMORA, Cortes, Monarquía y ciudades, p. 9; en la misma línea SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., "Las ciudades castellanas en la época de los Reyes Católicos", en VV. AA, Historia de Valladolid. Valladolid Medieval. Madrid, 1980, p. 119.

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Nota 10

CARRETERO ZAMORA, Cortes, Monarquía y ciudades, pp. 27-28.

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Nota 11

CARRETERO ZAMORA, Cortes, Monarquía y ciudades, pp. 52-53.

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2.- Las Cortes y la guerra

La vinculación entre las Cortes y la guerra había existido tradicionalmente, ya que uno de los derechos más importantes que tenían las Cortes era el aceptar o rehusar las declaraciones de guerra, la paz y las alianzas, que se fundamentaba en que era el reino y no el rey el que tenía los recursos para la guerra, al carecer la Monarquía de un ejército permanenteNota 1). Su origen parece haber estado en las Cortes de León de 1188, cuando el rey Alfonso IX se comprometió a no hacer la guerra ni firmar la paz sin el consejo previo de los obispos, los nobles y los "hombres buenos", esto es, los enviados de las ciudades: Debe hacerse notar que el compromiso regio se limitaba al hecho de escuchar el consejo de las Cortes, pero no implicaba obligación legal de seguirloNota 2).

Los cambios acaecidos a lo largo del reinado de los Reyes Católicos, cuando los efectivos cuyo mantenimiento sufragaba directamente la Corona no hacían sino crecer, socavaron profundamente el planteamiento de base que sostenía esta prerrogativa de la asamblea. Esto quizá explique por qué las Cortes, viendo amenazadas sus competencias tradicionales en lo relativo a la política exterior de la Monarquía, mostraron serios reparos, cuando no con abierta oposición, al hecho de que la Corona creara un ejército permanente y que este aumentara de forma constante de tamaño, capacidad e importanciaNota 3).

No obstante, el proceso de desvinculación de las decisiones de la Corona en política exterior de la autorización de las Cortes se reveló irreversible. Si en el reinado de Enrique IV las Cortes del año 1464 presentaron al rey una queja por haber comenzado una guerra con Aragón y Navarra sin su consejo, y si las del año 1469 repitieron la protesta, en esta ocasión por haber cambiado Enrique IV la alianza de Francia por la de Inglaterra sin haber consultado a la asamblea, tales quejas y protestas fueron cada vez más inútiles. Así, en un reinado en el que Isabel y Fernando combatieron en la guerra de Sucesión, la guerra de Granada, las dos guerras de Nápoles, las campañas africanas, la guerra de la Liga de Cambrai y la guerra de la Santa Liga, tan solo en una ocasión dieron los monarcas explicaciones de sus actos y decisiones bélicas ante las Cortes. Ello tuvo lugar en el año 1515, cuando Fernando acudió ante la asamblea para informar de lo que estaba ocurriendo en las campañas que se desarrollaban en Italia en aquellos momentos.

Llama profundamente la atención, al analizar la relación entre las Cortes y la guerra durante el reinado de los Reyes Católicos, el hecho de que durante dieciocho años no se produjera ni una sola convocatoria de Cortes, en el periodo comprendido entre los años 1480 y 1498, siendo, además, una etapa en la que se comprenden dos de los conflictos más significativos y que mayor esfuerzo, a todos los niveles, exigieron a la Monarquía: la guerra de Granada y la primera guerra exterior a gran escala, la de Nápoles. El hecho de que los Reyes no se vieran abocados a convocar Cortes, aunque solo fuera para obtener los recursos económicos necesarios para sostener estos conflictos, solo puede explicarse a partir de la creación previa, en las Cortes de Madrigal, de la Hermandad General, configurada en todo momento como un instrumento mixto de orden público, de acción bélica y de obtención de recursos económicos.

Durante las casi dos décadas que median entre las Cortes de Toledo del año 1480 y la reunión del año 1498, la Junta General de la Hermandad sustituyó, en muchos sentidos, a las Cortes del reino, no solo como lugar donde los Reyes planteaban su política, sino también como entidad de la cual la Corona extraía los recursos que necesitaba para financiar sus actividades y, muy especialmente, sus actividades militares. Como se ha señalado en otros capítulos, fueron los recursos de la Hermandad la fuente principal de financiación de gran parte de las campañas granadinas y napolitanas, y solo cuando los monarcas extinguieron la Hermandad General volvieron a convocarse Cortes de forma regular. Las Juntas de la Hermandad abordaron cuestiones que afectaban a la actividad militar del reino, la economía y la política, trascendiendo con mucho sus funciones iniciales, como meras reguladoras del funcionamiento de la HermandadNota 4).

Muchos asuntos que, tradicionalmente, se hubieran resuelto o, al menos, debatido en Cortes se solventaron en aquellos años en las reuniones mucho menos concurridas y más fáciles de controlar por la Corona de las Juntas Generales de la Hermandad. La recaudación de contribuciones ya no requería reunión y aprobación de las Cortes y era gestionada por la propia infraestructura de la Hermandad, extendida por la mayor parte del territorio. Además, las contribuciones de Hermandad sorteaban la reticencia tradicionalmente mostrada por los territorios que no estaban representados en Cortes para satisfacer las contribuciones aprobadas por una asamblea en la que no se habían encontrado presentes. Este problema era especialmente grave en Galicia, y a lo largo del siglo XV las trabas y resistencias gallegas al pago de estas contribuciones habían causado notables pérdidas a la Hacienda de la CoronaNota 5). Por todo ello era, desde el punto de vista de la Monarquía, un sistema más ágil, práctico y eficaz de obtención de recursos que el que suponía el paso por las Cortes.

El desarrollo de la política internacional de la Monarquía para lograr el dominio en el Mediterráneo e Italia se inició en la década de 1490, cuando el fortalecimiento de las Coronas hispánicas y del reino de Francia, así como el resquebrajamiento del equilibrio de poder italiano que la paz de Lodi había sostenido durante décadas fue una de las causas que llevaron a un cambio fundamental en el papel de las Cortes dentro de las instituciones de la Monarquía.

El mantenimiento de la política exterior en Italia y el enfrentamiento con Francia, por primera vez, comportaba el uso de un ejército profesional cuyo coste era íntegramente sufragado por la Monarquía y no por la sociedad y que, además, operaba fuera de la Península, lo cual suponía el mantenimiento de vías de aprovisionamiento marítimas, al tiempo que complicadas estructuras financieras para hacer llegar la paga y los recursos monetarios a los campos de batalla. Esto, unido a que, también quizá por vez primera, la Monarquía ponía en liza en el terreno diplomático un aparato profesional, institucionalizado y notablemente complejo para la época, supuso que las campañas italianas exigieran a la Corona un salto cualitativo en materia de financiación de la guerra y sus fenómenos colaterales —abastecimiento, diplomacia, espionaje...—.

La guerra de Granada había sido financiada en buena medida con recursos de índole medieval —mesnadas nobiliarias, Órdenes Militares— y también con recursos de corte moderno que no podían ser utilizados en las campañas italianas. Este era el caso de la Cruzada, entregada por la Iglesia a los Reyes para combatir a los musulmanes, pero también era el caso de las contribuciones de la Hermandad General, sin duda el recurso económico más importante a la hora de financiar el enfrentamiento contra los nazaríes. Sin embargo, durante la primera guerra de Nápoles, no era suficiente para cubrir los gastos militares de la Monarquía, y no estuvo disponible en ninguna guerra italiana posterior, dado que la Hermandad fue suprimida por los Reyes antes de que terminara el siglo XV.

Así pues, a finales del siglo XV, las campañas por el control Mediterráneo —no olvidemos que a las guerras italianas hay que sumar las intermitentes campañas africanas— llevaron a la Corona a la necesidad de buscar ingresos extraordinarios, y para ello acudieron a las Cortes.

La petición del pago de cantidades por el reino a la Corona, solicitado a las Cortes, recibía el nombre de servicio y, sin duda, los años del reinado de los Reyes Católicos comprendidos entre el final del siglo XV y la subida al trono de Carlos V pueden ser considerados los de la generalización de los servicios de Cortes y, con ello, del cambio institucional en la asamblea, que en el lapso de unos veinte años vio como su naturaleza se modificabaNota 6). Tanto fue el cambio suscitado, que en el siglo XVI Sebastián de Covarrubias definía a las Cortes como "institución compuesta de 18 ciudades que otorgaba servicios al monarca"Nota 7).

La generalización de la petición de los servicios a las Cortes se produjo después de un periodo de 24 años en los que no se había pedido ninguno a la asamblea. Entre las Cortes de Madrigal del año 1476, en las que la Corona recibió el mayor servicio nunca solicitado a unas Cortes del reino —120 millones de maravedíesNota 8)—, y las de Sevilla del año 1500 se produjeron otras dos reuniones: la de Toledo del año 1480 y la del año 1498, en las que la Monarquía no pidió al reino que aportara fondos extraordinarios.

En el año 1500, no quedó más remedio que solicitar un servicio a las Cortes para pagar las dotes de las infantas, cuya boda se había pactado con los príncipes de Inglaterra y Portugal. Estas bodas estaban directamente relacionadas con el conflicto con Francia por el dominio en Italia, y formaban parte de la estrategia diplomática de los Reyes Católicos para lograr el aislamiento de su enemigo de cara a un nuevo conflicto, algo que se consideraba poco menos que inevitable, por la dominación de Nápoles. Además de las cantidades para el pago de las dotes, en el destino del servicio se consignaron cantidades para pagar los asientos que la Monarquía debía a los banqueros genoveses en relación con la financiación de las campañas napolitanas del año 1495. Pagos a las casas Centurion, Italiano y Carduccio por este concepto se sucedieron durante los años 1501 y 1502 con los fondos recaudados a través del servicio de Cortes de 1500Nota 9).

Las Cortes de Toledo del año 1502 y las de Madrid de 1503 aprobaron servicios por un monto total de doscientos millones de maravedíes que debían pagarse en un periodo de tiempo que se extendía hasta el año 1506. Sin embargo, las deudas que la Monarquía había contraído para financiar la segunda guerra de Nápoles, que tuvo lugar entre los años 1502 y 1503, hizo que el reparto o cobro del servicio se hubiera realizado por completo en el año 1504, dos años antes de lo previsto por las CortesNota 10).

En 1506, las Cortes de Valladolid concedieron a la Corona un nuevo servicio, en este caso de cien millones de maravedíes a cobrar hasta el año 1509. Sin embargo, en esta ocasión, la Corona, menos acuciada por las guerras, pudo posponer su cobro hasta los años 1510 y 1511, dando un respiro al reino, que en los años previos había sido asolado por varias epidemias. En las posteriores Cortes de Burgos, del año 1512, el servicio aprobado ascendió a 154 millones de maravedíes, que se dedicaron en su inmensa mayoría a atender las necesidades de la Iglesia. De nuevo en Burgos, en 1515, se concedió un servicio por un importe de 154 millones de maravedíes, que debían destinarse, entre otras cuestiones, a la defensa y conservación de los reinos, en ese momento amenazados por las campañas contra Francia dentro del contexto de la guerra de la Santa Liga.

No solo fueron las guerras contra Francia las financiadas a través de servicios y subsidios concedidos por las Cortes. También las campañas africanas recibieron los fondos necesarios de este tipo de pagos. Así, en las Cortes de Madrid de 1510 se aprobaron las cantidades de dinero que fueron destinadas a pagar las guardias de Orán y parte de los gastos que había generado la campaña de Cisneros para hacerse con el control del puerto argelinoNota 11).

El modelo de Cortes creado por los Reyes Católicos se afianzó rápidamente, hasta el punto de que la revuelta comunera, entre cuyas reivindicaciones se encontraba la de unas Cortes independientes del poder de la Corona, no pudo alterar el modelo que criticaba, atribuyéndolo a Carlos V, cuando no era más que una herencia del reinado de sus abuelos Isabel y FernandoNota 12).

Por lo que respecta a las Cortes de Aragón, habían seguido una evolución contraria a la de las Cortes castellanas en los últimos siglos: si las asambleas de Castilla habían perdido peso político a lo largo de los siglos XIV y XV, las Cortes aragonesas, por el contrario, no solo habían conseguido mantener un papel activo, sino que, posiblemente, tenían incluso más influencia a finales del siglo XV que en centurias anterioresNota 13). El modelo pactista de gobierno aragonés hizo que plantearan al rey muchas más dificultades que las que plantearon las Cortes castellanas, e igualmente hizo que hubiera de ser convocado un número significativamente mayor de Cortes aragonesas que de castellanas. A lo largo del reinado de Fernando, las Cortes de Aragón fueron convocadas en nada menos que en once ocasiones, entre 1481 y 1515 y la falta de entendimiento entre rey y reino fue la nota característica de sus reuniones, pese a que Fernando reformó las propias Cortes, su diputación permanente y algunos órganos que influían en el equilibrio de poder entre reino y Corona, como era el caso del Justicia de AragónNota 14).

Esta falta de entendimiento fue particularmente notable en los asuntos bélicos, ya que las Cortes de Aragón rechazaron sistemáticamente las peticiones del rey para contribuir con hombres o dinero a las campañas militares. Esto llama la atención, ya que las Cortes aragonesas, a lo largo del siglo XV, habían financiado previamente campañas militares a gran escala, incluso allende del territorio peninsular, en particular en el contexto de la agresiva política de expansión mediterránea llevada a cabo por Alfonso V el Magnánimo. Este monarca aragonés convocó ocho reuniones de Cortes, de las cuales tan solo una —la de los años 1417-18— no estuvo directamente relacionada con los proyectos bélicos del monarcaNota 15).

Sin embargo, durante el reinado de Fernando el Católico, las Cortes aragonesas se resistieron a dar servicios con los que movilizar recursos para recuperar el Rosellón, ocupado por Francia, y lo hicieron en dos ocasiones, en los años 1484 y 1488, aún cuando Fernando había obtenido de su esposa el compromiso de detener la guerra de Granada para poder movilizar los recursos militares y económicos de Castilla a fin de colaborar. Más adelante, en tres ocasiones, las Cortes se negaron a dar permiso para que se movilizara a quinientos jinetes con la intención de combatir a los franceses en suelo italiano. Esto ocurrió en los años 1495, 1502 y 1512. Es especialmente significativa la hostilidad de las Cortes aragonesas a toda contribución a los esfuerzos militares de la Monarquía Hispánica, en tanto en cuanto que Fernando no solicitaba una aportación económica, sino solo permiso para movilizar a los jinetes, ya que el rey se había comprometido a pagar los sueldos de los fondos de la Corona.

En 1495, en las Cortes de Tarazona Fernando solicitó al reino recursos para armar tropas con las que defender el Rosellón. Las Cortes aceptaron aportar doscientos hombres de armas y trescientos jinetes durante un periodo de tres años. Estas cifras fueron solicitadas nuevamente por la Corona durante las Cortes de Zaragoza del año 1502. En estas Cortes se fijaban unas condiciones similares a las que habían fijado las Cortes de 1495, pero con una diferencia de importancia: se introducía el concepto de que las tropas podían ser utilizadas no ya para defender Aragón, sino los territorios de la Monarquía aragonesa. Tras este matiz, se encontraba la evidente intención de utilizar las tropas en las campañas italianas de la segunda guerra napolitana. Las Cortes accedieron, pero fijando duras condiciones a la Corona: Las tropas debían ir a Nápoles y permanecer siempre bajo el mando de capitanes aragoneses; el rey pagaría el transporte de las tropas a Italia y también los costes de su regreso a Aragón, y también sería la Corona la que abonaría los sueldos de los combatientes, debiendo además adelantar ocho meses de paga a todos ellosNota 16).

En las Cortes de Monzón de 1510, la Corona solicitó la colaboración de las Cortes para sufragar parte de los gastos que habían ocasionado las campañas norteafricanas, en particular la que tuvo por objetivo Trípoli. En 1512, de nuevo en Monzón, con Fernando preparando la campaña navarra, la reina Germana, segunda esposa del rey, inauguró unas Cortes aragonesas en las que se pidieron recursos para sostener el ejército que había de atacar Navarra. La cantidad de tropas solicitada volvía a ser la misma: doscientos hombres de armas y trescientos jinetes. Esta fue la última vez que las Cortes aragonesas concedieron una contribución para sufragar gastos de carácter militar hasta el siglo XVIINota 17). Una nueva solicitud presentada por Fernando en el año 1515 en Calatayud, vinculada a gastos militares, fue rechazada por las Cortes.

Visto lo exiguo de los recursos que las Cortes aragonesas se avenían a facilitar y las condiciones desfavorables en las que ofrecían su ayuda, no es de extrañar que el monarca, harto de su actitud, les afeara su negativa a defender con más ahínco lo que el rey interpretaba como intereses aragoneses, considerando una afrenta al orgullo de su reino que fueran lanzas castellanas quienes defendían el Rosellón y pagaban sus fortificaciones mientras que sus propios súbditos rechazaban una y otra vez el más mínimo esfuerzo en este sentidoNota 18).

No hay duda de que esta actitud de las Cortes tuvo importantes consecuencias para la configuración posterior de la Monarquía, puesto que la constitución de Nápoles como un virreinato independiente y la anexión de Navarra a Castilla en vez de a Aragón estuvo relacionada con ella.

Los Reyes utilizaron en ocasiones los oficios militares para reforzar su control sobre las Cortes, en concreto a través de la aproximación de las élites de la nobleza urbana a la propia Corona. Con mucha frecuencia, los hijos de los principales clanes nobiliarios de las ciudades castellanas servían durante su infancia o juventud en la Corte, con la consideración de pajes y donceles, pero cada vez fue más frecuente que estos jóvenes nobles urbanos permanecieran en la Corte como continos, es decir, como miembros de las tropas de la Casa del Rey y, más concretamente, como parte de aquellos que tenían como misión garantizar la seguridad de la persona de los monarcas. Esta estancia en la Corte solía ser el primer contacto con la vida pública que tenían, ya fuera como pajes o como continos, para estos jóvenes, que al regresar a sus ciudades ocupaban los principales cargos públicos municipales. Con la sistemática inclusión de las futuras élites urbanas en su guardia personal, los Reyes pretendían establecer lazos de lealtad personal con quienes luego serían piezas clave en el juego de poder entre la Monarquía y las ciudades, de forma que estos jóvenes se convirtieran en el futuro en valiosos aliados para la Corona no solo en el gobierno de las ciudades, sino también entre los representantes de estas en las Cortes.

Esta vinculación de procuradores o futuros procuradores a oficios de índole militar relacionados con la administración central no se circunscribía a cargos y oficios cortesanos, sino que abarcaba otros muchos. Así, fue muy frecuente encontrar entre los representantes de ciudades en Cortes a corregidores, figura de designación real que, como hemos visto en el capítulo correspondiente, poseía funciones de índole militar en muchas de las ciudades en las que desempeñaban su oficio. También fue frecuente encontrar como procuradores a oficiales tenentes de diversas fortificaciones como representantes en Cortes de las ciudades donde esas fortalezas se encontraban ubicadasNota 19).

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Nota 1

PISKORSKI, V., Las Cortes de Castilla en el periodo de tránsito de la Edad Media a la Moderna, 1188-1520. Barcelona, 1977, p. 188.

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Nota 2

PÉREZ DE LERA, G., "Algunas notas entorno a las antiguas Cortes de Castilla y León", introducción a COLMEIRO, M., Cortes de los Antiguos reinos de León y de Castilla. Madrid, 1883, p. 4.

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Nota 3

PISKORSKI, Las Cortes de Castilla en el periodo de tránsito de la Edad Media a la Moderna, 1188-1520, p. 141, nota 43.

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Nota 4

NAVARRO SÁIZ, J. Mª., "Aproximación al estudio de la Hermandad General bajo el reinado de los Reyes Católicos en Sevilla y su tierra (1477-1498)", en HID, n° 33, 2006, p. 466.

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Nota 5

RUBIO MARTÍNEZ, A., "Los ingresos extraordinarios del reino de Galicia en el siglo XV", en Cuadernos de Estudios Gallegos, n° 57, 2010, pp. 231 y 242.

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Nota 6

CARRETERO ZAMORA, Cortes, Monarquía y ciudades, p. 79.

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Nota 7

Tesoro de la lengua castellana o española. Madrid, 1994, p. 47.

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Nota 8

RUBIO MARTÍNEZ, "Los ingresos extraordinarios del reino de Galicia en el siglo XV", p. 247.

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Nota 9

CARRETERO ZAMORA, J. Mª., "Los servicios en las Cortes de Castilla en el siglo XVI", en Cuadernos de Historia Moderna, n° 21, 1988, p. 36.

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Nota 10

RUBIO MARTÍNEZ, "Los ingresos extraordinarios del reino de Galicia en el siglo XV", pp. 262-264.

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Nota 11

CARRETERO ZAMORA, Cortes, Monarquía y ciudades, p. 83.

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Nota 12

SUÁREZ BILBAO, El origen de un Estado, p. 11; PÉREZ, J., La revolución y las comunidades de Castilla (1520-1521). Madrid, 1977, p. 155.

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Nota 13

DIAGO HERNANDO, M., "La representación ciudadana en las asambleas estamentales castellanas: Cortes y Santa Junta comunera", en Anuario de Estudios Medievales, n° 34-2, 2004, p. 600.

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Nota 14

GONZÁLEZ ANTÓN, L., "Las instituciones aragonesas", en VV.AA., Fernando II de Aragón: El rey Católico. Zaragoza, 1995, p. 202.

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Nota 15

MIRA JÓDAR, A. J., "La financiación de las empresas mediterráneas de Alfonso el Magnánimo. Bailía general, subsidios de Cortes y crédito institucional en Valencia", en Anuario de Estudios Medievales, n° 33-2, 2003, pp. 696 y 712.

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Nota 16

SOLANO CAMÓN, E., “Aragón en la administración de guerra de la monarquía hispánica durante el siglo XVI”, en Revista de Historia Moderna, n° 22, 2004, p. 25.

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Nota 17

SOLANO CAMÓN, “Aragón en la administración de guerra de la monarquía hispánica durante el siglo XVI”, p. 28.

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Nota 18

GONZÁLEZ ANTÓN, "Las instituciones aragonesas", p. 205.

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Nota 19

DIAGO HERNANDO, "El acceso al gobierno de las ciudades castellanas con voto en Cortes a través del patronato regio durante el siglo XV", p. 899.

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CAPÍTULO XXIII: LA GUERRA EN EL MAR

1.- Los orígenes de la marina castellana

El nacimiento de la flota castellana ha sido fijado por la historiografía en el siglo XIII, en íntima conexión con la reconquista de las regiones meridionales peninsulares y con el afianzamiento del poder regioNota 1). Sus primeras operaciones de envergadura corresponden a la ocupación de Cartagena, en el año 1245, y a la de SevillaNota 2), tres años más tarde. Durante estos años, la flota de Castilla estaba integrada, en su práctica totalidad, por naves y marinos procedentes del CantábricoNota 3).

En los años posteriores, la guerra naval desarrollada por los reinos cristianos mantuvo unas características estables: contratación de galeras mediterráneas; incorporación en caso de necesidad de los buques pertenecientes a concejos del Cantábrico; privilegios a los oficios ligados al mantenimiento de la flota real y exenciones a quienes practicaran el corso según los dictámenes e intereses de la Corona. Un cambio notable fue el hecho de que la guerra contra los musulmanes dejó de ser el único escenario de conflicto naval, para extenderse a otros reinos cristianos, como provocaron los conflictos con Portugal y con Aragón. Contra el reino luso se inician campañas desde finales del siglo XIII, mientras que con Aragón comienzan los conflictos en la segunda mitad del siglo XIV. La razón de tal cambio hay que buscarla en la pugna de estos reinos por la hegemonía peninsular. Por esta causa, los enfrentamientos no son permanentes y se alternan con períodos de colaboración, sobre todo en el área del estrecho, contra el enemigo común musulmánNota 4).

El poderío de la flota castellana se consolidó durante la guerra de los Cien Años, abandonando Pedro I la neutralidad para alinearse de parte de Inglaterra. La derrota de este por su hermanastro Enrique II provocó el cambio de bando de Castilla, que se convirtió en enemiga naval de su antiguo aliado. No hay duda de que la situación de inicio no favorecía en absoluto al reino peninsular, que debía hacer frente a las poderosas escuadras portuguesa e inglesa. Las victorias de Sanlúcar, en 1370 contra los portugueses, y de La Rochelle, en 1372, contra los ingleses, revertieron en gran parte la situación, y la conjunción de ambas victorias convirtió a Castilla en dueña del Atlántico, lo que se tradujo pocos años después en el inicio de los ataques franco-castellanos contra las costas británicas.

Como señala Aznar Vallejo, “la Baja Edad Media se caracteriza por la convivencia de dos situaciones contrapuestas: la violencia imperante en el medio marino y la necesidad de pacificar un ámbito que garantizaba bienestar económico y proyección política. Dicho contexto no era completamente diferente al existente en tierra, aunque presentaba características particulares. En primer lugar, el mar era un espacio especialmente violento por su doble condición de poco humanizado y alejado de la autoridad del Estado. Además, era frecuentado por gente ruda, que vivía con medios de fortuna inestables”Nota 5).

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Nota 1

Con anterioridad, se recurrió a la contratación ocasional de navegantes y marinos de origen italiano, tal y como hicieron el arzobispo de Santiago Diego Gelmírez o Alfonso VII, de cara al intento de conquista de Almería del año 1147 (CALDERÓN ORTEGA, J. M., El Almirantazgo de Castilla. Una institución conflictiva (1250-1560). Alcalá, 2003, p. 20).

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Nota 2

“La rendición de Sevilla al Rey Santo marca el momento inicial de un proceso relativamente corto en la evolución de las cuestiones navales en Castilla. Si hasta entonces la Corona había tenido que recurrir a barcos y jefes que podríamos calificar como mercenarios, ya que debía contratarlos para cada operación naval concreta, a partir de la toma de la ciudad hispalense la mentalidad es completamente distinta: ya no contrata con extranjeros barcos, tripulaciones y capitanes, sino que encarga tal empresa a gentes de dentro, y arma las naves a costa del tesoro real. El cambio es tan drástico como lo son las circunstancias que lo rodean. La empresa sevillana marca un punto de inflexión en las relaciones políticas de la Península, en el equilibrio del poder militar e institucional. Los hispano-musulmanes ceden cada vez más espacio y recursos, se encuentran en minoría, derrotados o en claro vasallaje respecto a los castellanos, como sucede con Granada. La Corona de Castilla controla vastos territorios que se han abierto a un mar nuevo desde la reciente conquista de Murcia y que se ensancha aún más con la de Sevilla. Son muchos kilómetros de costa los que incorpora Castilla, y eso motiva que sea preciso proteger tanto la tierra como a los habitantes, pues al otro lado del Estrecho está el enemigo musulmán, muy cerca” (GARCÍA DE CASTRO, F. J., La marina de guerra de la Corona de Castilla en la Baja Edad Media. Desde sus orígenes hasta el reinado de Enrique IV. Valladolid, 2011, p. 51).

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Nota 3

Al respecto, ver PÉREZ EMBID, F., “La marina real castellana en el siglo XIII”, Anuario de Estudios Americanos, n° 6, 1969, pp. 141-185.

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Nota 4

AZNAR VALLEJO, E., "La guerra naval en Castilla durante la Baja Edad Media", en En la España Medieval, n° 32, 2009, p. 171.

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Nota 5

"El mar: fuente de conflictos y exigencia de paz", en Edad Media. Revista de Historia, n° 11, 2010, p. 64.

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2.- El Almirante de Castilla

Desde su aparición en el siglo XIII, durante el reinado de Fernando III el Santo, que creó la figura para coordinar las operaciones navales castellanas en relación con la toma de Sevilla, el Almirante de Castilla había sido la más alta dignidad castellana en lo relativo al mar y la administración de las flotasNota 1). Al Almirante correspondía la dirección de las operaciones navales, el control de todo lo que tuviera que ver con los suministros para las flotas y armadas —en la terminología de la época, una flota tenía mayor tamaño e importancia que una armada— y la dirección de las atarazanas, es decir, de las instalaciones donde se construían los barcos. Igualmente, además de su autoridad en el campo naval, al Almirante le correspondía toda una serie de privilegios económicos que hicieron de este cargo un nombramiento apetecido por la nobleza de Castilla.

Desde el punto de vista del Derecho, una de sus potestades más importantes era la de disponer de jurisdicción sobre las gentes del mar, de forma que cualquier pleito, civil o criminal, que involucrara a marineros o personal de la armada castellana era juzgado por el Tribunal del Almirantazgo, así como los delitos ocurridos en el mar o dentro de un río hasta el punto al que llegara la corriente marina, en este caso como instancia de apelación sobre las sentencias que dictaran los cómitres, que, nombrados por el propio Almirante, eran quienes tenían capacidad para juzgar en primera instancia los delitos cometidos en las naves a su cargoNota 2). El proceso de afianzamiento de esta jurisdicción fue lento y supuso que numerosos armadores e incluso pescadores y villas hubieran de renunciar a sus privilegios en favor de la capacidad jurisdiccional del Almirante. Un momento culminante de este proceso se produjo en el año 1420, cuando cuarenta y dos armadores y pescadores renunciaron a sus privilegios a este respectoNota 3).

Este tribunal tenía su sede en dependencias de la catedral de Sevilla, pero posteriormente fue trasladado a la planta baja del Alcázar Sevilla, al “cuarto de Almirantes”. Ya en el siglo XVI, tuvo que reubicarse por haberse asignado el espacio ocupado por el Almirantazgo a la recién creada Casa de Contratación. En cualquier caso, el Tribunal siguió ejerciendo su labor judicial, pese a los constantes conflictos jurisdiccionales que le enfrentaron con el concejo de Sevilla. Su funcionamiento procesal ha sido resumido así por García de Castro:

“Se incoaba el proceso examinando en primer lugar la cuantía de la demanda, ya que si era superior a cien maravedíes no bastaba el procedimiento oral y debía presentarse por escrito, con expresión de los hechos que motivaban el litigio, las pruebas que se presentarían y los derechos que se consideraban vulnerados, pudiéndose, además, solicitar al juez la provisión de una fianza o la prisión del demandado. Admitida a trámite la demanda por el alcalde de la mar se participaba de ella al demandado, emplazándolo para que respondiera a las acusaciones formuladas. Si no acudía era declarado en rebeldía y se podía decretar su busca y captura incluso fuera de la jurisdicción del tribunal, recabando para ello el auxilio de otras autoridades. Si el demandado acudía, una vez tomada declaración y oídos los alegatos correspondientes, el juez decretaba la apertura del pleito a prueba. Durante el proceso estaba contemplada la actuación de abogados que asistieran a las partes e incluso al mismo alcalde, regulando las penas que podían recibir si no actuaban con honradez o deliberadamente prolongaban el procedimiento (...) Las pruebas obedecían a una variada tipología, entre las que destacan la confesión bajo juramento, las pruebas realizadas por peritos, las declaraciones de testigos y la documentación aportada, como escrituras, contratos, pactos... Vistas las pruebas por el juez, ordenaba su publicación y declaraba el proceso visto para sentencia. La sentencia admitía dos posibilidades: absolutoria o condenatoria del demandado; en el segundo caso las costas del proceso corrían de su cuenta. Podía ser apelada ante el almirante o su alcalde mediante la fórmula apelo o álzome. En caso contrario se dictaba como cosa juzgada y se encargaba al alguacil del tribunal su ejecución”Nota 4).

La jurisdicción del Almirantazgo fue confirmada por una probanza en el año 1512, según la cual correspondía al Almirante conocer las causas civiles y criminales originadas en mares, ríos, playas, puertos, bahías y riberas. Para la aplicación esta jurisdicción contaba el Almirante con dos audiencias, una cárcel propia y una horca, el rollo instalado en los muelles de Sevilla. Igualmente, disponía el Almirantazgo del personal necesario para atender tanto sus labores como las instalaciones, lo cual incluía oficiales tales como alcaldes específicos y escribanos. En la práctica, la delimitación competencial no parece haber sido nítida, dadas las numerosas disputas con otras jurisdicciones, especialmente con las municipales.Nota 5)

Con el discurrir de los años, el Almirante fue vaciándose de significación militar, e incluso sus derechos y obligaciones eran con frecuencia desempeñados por asentistas a los que el Almirante arrendaba sus potestades. Estas figuras recibían el nombre de tenientes o lugartenientes de Almirante, y podía existir más de uno de forma simultáneaNota 6). En ocasiones, estos tenientes de almirante se veían también envueltos en pleitos y reclamaciones judiciales, en relación al uso extensivo de las potestades que les eran concedidas más allá de lo que el municipio de Sevilla consideraba razonable y legal.

En 1405 se produciría un hecho decisivo en la figura: fue nombrado para el cargo un miembro de la familia Enríquez, y el título de Almirante de Castilla se mantendría, desde entonces hasta 1705, en poder de miembros de este linajeNota 7). Se trataba de una situación de hecho, para lo cual no les asistía derecho alguno, pero que los monarcas sucesivos tanto de la Casa de Trastámara como de la de Austria no tuvieron reparo en perpetuar. Con la muerte en 1705 del Almirante, ya bajo el reinado del primer Borbón, Felipe V, el cargo quedó vacante durante varias décadas hasta su supresión definitiva, cuando el rey unificó todos los títulos de Almirante bajo una sola figura, el Almirante General de la Armada.

A lo largo del siglo XV, la disminución de poder efectivo del Almirante fuera de los puertos andaluces fue cada vez más notorio, en especial a partir de 1461, cuando Enrique IV autorizó a los procuradores de la Hermandad de Guipúzcoa para conocer las causas en que se vieren implicados, en la mar y fuera de sus puertos, los vecinos de dicha provincia, sustrayéndoles así en muchos casos, dado la tradición náutica de la región, de las jurisdicción del Almirante. Cinco años más tarde, el mismo rey reconoció la competencia de la citada Hermandad en materia de presas marítimas. Ya en el reinado de Isabel y Fernando, una real cédula de 1494 reconoció la jurisdicción privativa del prior y cónsules de la universidad de mercaderes de Burgos, organizada desde entonces en Consulado, sobre el comercio, nuevamente reduciendo la jurisdicción del Almirante. Las provincias vascongadas acabaron constituidas en un consulado propio, con la creación en 1511 del consulado de BilbaoNota 8).

En 1503, los Reyes ampliaron la actuación del Almirantazgo al conceder a los Enríquez el almirantazgo del reino de Granada. Cabe señalar, no obstante, que no se trataba de una ampliación de las competencias del Almirante de Castilla, sino el otorgamiento de un nuevo título —Almirante de Granada— a quién ya tenía el de Almirante de Castilla. La aparición de este cargo despertó la oposición de la sociedad local. En 1512 Fernando se vio obligado a confirmar el nombramiento, pero limitando la existencia del cargo a la vida de su titular, para después pasar a adoptar la denominación de capitán general de la armada de Granada, bajo la autoridad del Almirante de Castilla. Estos capitanes generales granadinos fueron fundamentales en la posterior defensa del mar de Alborán y en el aprovisionamiento de las plazas norteafricanas, donde la decisión de realizar una ocupación limitada había reducido las posibilidades de autoabastecimiento de los presidios. Comprendía la Proveeduría General de las Armadas de África, con sede en Málaga, a cuyas órdenes estaban el proveedor de las Armadas y Fronteras de África y el pagador, que le ayudaban en la tarea. Varias veces al año los barcos zarpaban de Málaga llenos de vituallas y pertrechos para abastecer a las guarniciones de los presidiosNota 9).

Otro de los estamentos en los que el Almirante encontró oposición para ejercer su jurisdicción en los comienzos del siglo XVI fue la Casa de Contratación, ya que la directa vinculación de esta con el mar provocó no pocos roces, tanto por los intentos del Almirante de tutelar parte de sus labores como por los intentos de la Casa de Contratación de adquirir para sí competencias vinculadas al Almirantazgo. Un ejemplo de lo primero lo encontramos en el hecho de que, pese a que el Almirante tenía el derecho de nombrar a los alguaciles de la Casa de Contratación, esta prerrogativa no fue respetada en la práctica, aplicándose la solución extrajudicial, no extraña a la Monarquía Hispánica, de acatamiento sin cumplimiento real.

Uno de los grandes conflictos a los que hizo frente la jurisdicción del Almirantazgo fue el problema de la echazón de mercancías, práctica consistente en aligerar la carga de los navíos en circunstancias de riesgo —ya fuera de huida o de naufragio—, arrojando las mercancías transportadas por la borda. Aunque la echazón había sido regulada en las Partidas y en el Ordenamiento de Alcalá, los fueros marineros añadían precisiones importantes, como el hecho de que la decisión final sobre llevar a cabo la echazón correspondía a la tripulación, aunque, si era posible debía consultarse a los mercaderes propietarios, en el caso de que se encontrasen a bordoNota 10). La echazón era una práctica que se vio agudizada en contextos de guerra o aumento del corso, como fue el reinado de los Reyes Católicos, por lo que durante el reinado de Isabel y Fernando el tribunal del Almirantazgo experimentó un aumento de los pleitos relacionados con esta cuestión.

En el momento de subir al trono los Reyes Católicos, el Almirante de Castilla era don Alonso Enríquez, un hombre sobre el que el juicio de sus contemporáneos era tremendamente duro, ya que se le consideraba no solo inútil para todo aquello que tuviera que ver con los oficios de armas, tanto en el mar como en la tierra, sino que también era tenido por traicionero, intrigante y avaro. Dado que el título se disfrutaba de por vida, Isabel y Fernando hubieron de resignarse a tener a don Alonso como Almirante.

Sin embargo, la situación en el reinado de los Reyes Católicos distaba mucho de ser la más adecuada para una armada gobernada por una persona sin conocimientos, habilidades o disposición para convertirla en un instrumento militar eficaz. A lo largo de la guerra de Sucesión, los monarcas encargaron repetidas veces a Alonso Enríquez que aprestara flotas para combatir del modo adecuado a Portugal, una potencia esencialmente marítima. Las numerosas notas en las que Isabel o Fernando recuerdan al Almirante sus órdenes y expresan de forma velada su descontento por no haberse cumplido dan testimonio de que la desidia del Almirante como jefe de la flota de guerra castellana no había pasado desapercibida.

Sería, sin embargo, un error pensar que los monarcas se conformaron con la situación. Seguramente conscientes de la poca capacidad de Enríquez para llevar a cabo acciones bélicas efectivas —cabe recordar que había recibido el título del Almirante en 1464, de modo que había habido tiempo sobrado para comprobar cómo desempeñaba sus funciones—, los monarcas entregaron el mando efectivo de las naves que vigilaban el Estrecho a Diego de Valera, cuyo hijo, Charles de Valera, dirigió en 1476 la primera gran incursión castellana contra los intereses comerciales lusos a lo largo de la ruta de GuineaNota 11). Lo mismo ocurriría durante la guerra de Granada y, posteriormente, durante las guerras de Nápoles, en las que conservando Enríquez el título de Almirante el mando de las flotas se entregó a distintos hombres con experiencia al respecto, recibiendo el título de capitanes generales; este fue el caso, por ejemplo, de Bernat Villamarí.

Así pues las campañas militares de los Reyes Católicos, en los que el elemento náutico fue esencial, contribuyeron a culminar un proceso que, si bien se venía desarrollando desde tiempo atrás, estas guerras convirtieron en definitivo: el vaciado de contenido militar del título de Almirante de Castilla, que pasaría a ser un nombramiento honorífico. Serían de entonces en adelante los capitanes generales de flotas y armadas quienes llevaran a cabo las operaciones bélicas, auxiliados en tierra por toda una serie de oficiales reales encargados de labores de bastimento, suministro, amunicionamiento, étc...; misiones estas en las que tendrían una especial significación los proveedores de la armada.

Una vez más, las campañas de Isabel y Fernando habían demostrado que la guerra era un asunto que había ganado en complejidad, algo especialmente cierto en la guerra marítima, donde los cambios habían afectado a cuestiones técnicas, tácticas, de equipo, de armamento, de personal, de rango de acción, de escala de las operaciones e incluso a aspectos netamente científicos, como los relacionados con la cartografía y la navegación estelar. La guerra naval, igual que la terrestre, había dejado de ser una ocupación para la nobleza para tratarse de una labor de verdaderos expertos y profesionales. Un noble, por el mero hecho de ser nombrado Almirante de Castilla, no adquiría la capacidad de gobernar de forma efectiva una máquina de guerra marítima como la que necesitaban los Reyes Católicos y, puesto que tampoco estaban en condiciones desde el punto de vista político —y tampoco les era realmente necesario— de suprimir el título de Almirante o entregárselo a expertos ajenos a la nobleza, los monarcas optaron por catalizar aún más el proceso de disociación entre el título y sus funciones militares navales.

Este proceso se vio favorecido por la abulia y ausencia de capacidad de Alonso Enríquez, Almirante durante veinticinco años. En 1485 falleció, de tal forma que los monarcas entregaron el título al hijo del finado, don Fadrique Enríquez. Bajo el gobierno de don Fadrique, la tónica de la institución no varió, pues aunque las crónicas no hacen de él un dibujo tan negativo como el que ofrecen de su padre, lo cierto es que don Fadrique tampoco mostró ningún interés ni capacidad especial en cuestiones militares o náuticas y, más interesado en las prebendas económicas que suponía el título, tampoco opuso resistencia al desmembramiento militar de la figura en otra serie de oficiales regios, como los capitanes generales de las flotas, o los proveedores.

No obstante, la delicada situación política hizo que Isabel y Fernando tuvieran buen cuidado de respetar, al menos en lo formal, las potestades del Almirante. Así, cuando Diego de Valera solicita para su hijo Charles un nombramiento de capitán, Fernando le responde con cierta demora, justificando el retraso en la obtención de la designación en que no podía hacerlo por sí mismo, sino que, al corresponder la entrega de mandos militares a las competencias del Almirante de Castilla, había tenido que obtener el nombramiento de don Alonso EnríquezNota 12). Nuevamente, los monarcas mantenían una institución de largo arraigo en las estructuras sociales y políticas castellanas, conservando la forma pero renovando —o, en este caso, finiquitando— los contenidos reales de la figura.

Este proceso de vaciado, que terminó convirtiendo al Almirante en un mero título honorífico patrimonializado dentro del linaje Enríquez, se completó con la supresión de las potestades jurisdiccionales del Almirantazgo, que recibieron su golpe de gracia con la creación de la Casa de Contratación en 1503, la cual subsumió muchas de las misiones en este campo que habían sido desarrolladas por el Tribunal del Almirantazgo. No obstante, parece ser que la institución se resistió a renunciar a sus funciones, y hay constancia de que siguió instruyendo ocasionalmente procesos hasta 1545, si bien su decadencia era tan evidente que, en 1541, se derribó del muelle de Sevilla el rollo donde se ejecutaba la justicia del Tribunal del Almirantazgo.

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Nota 1

Se trataba, de hecho, de una de las dignidades más importantes de todo el reino, e incluso se consideraba que ser Almirante de Castilla era un oficio cuyo prestigio era equivalente al de los más altos títulos de nobleza, como los ducados (VALERA, D. de, Preheminencia y cargos de los oficiales de armas, p. 86).

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Nota 2

LADERO QUESADA, “El Almirante de Castilla en la Baja Edad Media”, p. 73. “No obstante estas cualidades y preeminencias, entre las que se cuenta el privilegio de ser nombrados y juzgados [los comitres] sólo por el rey, estaban directamente sometidos a la autoridad del almirante como jefe supremo de la flota en caso de actuaciones negligentes o costosas para los intereses reales, y así el almirante podía incluso decretar su muerte en situaciones manifiestas de sublevación” (GARCÍA DE CASTRO, F. J., La marina de guerra de la Corona de Castilla en la Baja Edad Media. Desde sus orígenes hasta el reinado de Enrique IV. Valladolid, 2011, p. 109).

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Nota 3

AZNAR VALLEJO, E., "El mar: fuente de conflictos y exigencia de paz", en Edad Media. Revista de Historia, n° 11, 2010, p. 66.

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Nota 4

GARCÍA DE CASTRO, F. J., La marina de guerra de la Corona de Castilla en la Baja Edad Media. Desde sus orígenes hasta el reinado de Enrique IV. Valladolid, 2011, pp. 90-91.

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Nota 5

AZNAR VALLEJO, "El mar: fuente de conflictos y exigencia de paz", p. 67.

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Nota 6

“Se trata de un sustituto del titular del oficio, de un delegado al que se reviste de las competencias precisas para desarrollar con éxito su cometido. El lugarteniente del Almirante surge cuando la complejidad de la institución requiere la presencia y actividad de su representante en varios lugares y ámbitos al mismo tiempo. El almirante, dedicado al mando militar de la Marina castellana, por sí o a través de sus capitanes, y a la mediación política cerca de la Corte, carece de tiempo y/o interés en los aspectos más prosaicos del cargo, entiéndase la administración civil de los asuntos navales y la potestad judicial en los numerosos pleitos surgidos en el acontecer cotidiano de la actividad marinera. No obstante, como parte de sus competencias, no puede desatender estos asuntos, de modo que deberá encomendarlos a quien, en su nombre, sea capaz de afrontarlos y resolverlos. Además, los privilegios económicos son de tal magnitud que necesariamente atraen el interés del almirante. Surge, así, fruto de la extensión del ámbito tanto jurisdiccional como territorial del Almirantazgo, la necesidad de contar con oficiales capaces de encargarse de estas funciones de carácter judicial, administrativo y económico, ya que las militares correspondían a los capitanes mayores o al propio almirante” (GARCÍA DE CASTRO, F. J., La marina de guerra de la Corona de Castilla en la Baja Edad Media. Desde sus orígenes hasta el reinado de Enrique IV. Valladolid, 2011, p. 110.)

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Nota 7

No fue la primera vez que se producía una patrimonialización de este tipo en el título de Almirante. Ladero Quesada señala que ya se dio un caso en el siglo XIV, a partir de la designación del genovés Egidio Bocanegra: “Con el almirante Egidio Bocanegra comenzaría una clara tendencia a la patrimonialización del oficio, continuada luego por miembros de otras familias (Tovar, Mendoza, Enríquez), como fue propio de la época final de Alfonso XI y de los reinados de Pedro I y los primeros monarcas de la dinastía Trastámara. Así, Micer Egidio Bocanegra (1341-1367) sería sucedido por su hijo Micer Ambrosio Bocanegra (1370-1373)” (LADERO QUESADA, M. A., “El Almirante de Castilla en la Baja Edad Media”, p. 64). “El Almirantazgo, o lo que es lo mismo, los Enríquez, se revela como pieza fundamental en las luchas políticas por el control del Reino, desdibujando su papel como almirantes en beneficio de las intrigas por el poder en Castilla, y descuidando, consecuentemente, la supervisión de la menguadas flotas castellanas y de los cometidos propios de la dignidad de su oficio, toda vez que la Marina carece de relevancia en las luchas internas por la consecución de ese poder” (GARCÍA DE CASTRO, La marina de guerra de la Corona de Castilla en la Baja Edad Media, p. 63).

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Nota 8

AZNAR VALLEJO, "El mar: fuente de conflictos y exigencia de paz", p. 69.

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Nota 9

MARTÍNEZ RUIZ, E., "El Mediterráneo, un mar de galeras", en Revista de Historia Naval, n° 110, 2010, p. 13.

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Nota 10

AZNAR VALLEJO, "El mar: fuente de conflictos y exigencia de paz", pp. 75-78.

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Nota 11

Sobre esta expedición ver AZNAR VALLEJO, E., "La expedición de Charles de Varela. Precisiones históricas y técnicas", en En la España Medieval, n° 25, 2002.

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Nota 12

No obstante, esta es la última vez que consta que los Reyes respetaran el derecho tradicional del Almirante a nombrar, siquiera formalmente, a los capitanes generales, puesto que no hay noticia de que se hiciera así en nombramientos posteriores del mismo reinado, como los de Juan Boscán, Melchor Maldonado, Galcerán de Requesens, Álvaro de Mendoza o Iñigo de Artieta. Tampoco se encuentra en las relaciones del personal de armadas posteriores referencia alguna a que existiera un representante del Almirante en dichas armadas.

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3.- Cambios asociados a la guerra naval

La marina de guerra castellana al comenzar el reinado de los Reyes Católicos presentaba un panorama desolador, Desde 1430, contra Aragón, no se había desarrollado ninguna acción de relieve, con el inevitable deterioro, agravado por la falta de actuaciones de los Almirantes y por la guerra urbana entre el duque de Medina Sidonia y el conde de Arcos en Sevilla, principal base naval castellanaNota 1). El final de la guerra de Granada abrió un periodo de cambios trascendentales para la constitución de la flota de la Monarquía Hispánica, tras un periodo de declive del poder naval tanto aragonés como castellano, que se había extendido a lo largo del siglo XVNota 2).

El cambio fundamental fue la renuncia a una flota de propiedad real, construida en torno a un núcleo de galeras gobernadas por los capitanes designados por el Almirante, y se optó por un sistema centrado en la contratación de buques particulares, en su mayoría veleros, alquilados en el momento en que eran necesarios y solo para determinados periodos, campañas o expediciones.

Por ello, los Reyes Católicos primaron en Castilla la construcción de grandes barcos durante la década de 1490, dándoles acostamientos anuales de entre sesenta mil y cien mil maravedíes, y asignándoles ventajas en los fletes y cargas en los puertos del reino, como establecía la pragmática real de 10 de noviembre de 1495 para los barcos que se construyeran con una capacidad de entre seiscientos y mil toneles. Con estas medidas, la Monarquía pretendía tener en manos privadas naves de alto porte a cuyo alquiler o contratación pudiera recurrir la Corona en caso de guerra. Sin embargo, estas medidas no fueron muy exitosas, ya que los armadores, pese a los incentivos, preferían barcos más flexibles, como las naos de tamaño medio, de entre doscientos y trescientos toneles de capacidad. En 1494, pese al giro de su política naval, la Corona compró una carraca, cuyo mantenimiento resultó sumamente caro para los recursos regios.

El paso del sistema de flota real al de contratación de embarcaciones comportaba el riesgo de que la efectividad operativa de la flota castellana se viera socavada. Para asegurarse de que esto no ocurriera, la Monarquía implementó intensos mecanismos de control y supervisión. Dentro de la política general de separación del título de Almirante de sus funciones militares, se trasladó la garantía prestada de cumplir con las especificaciones estipuladas en cada contrato a los capitanes de los buques, a través de la ceremonia del homenaje al representante de los Reyes, desvinculando así, además, el proceso de garantía de las instituciones de carácter nobiliario, ya que los representantes del rey ante los que se presentaba esta garantía no eran nobles y de la ceremonia en sí se suprimieron la mayor parte de las formalidades de tipo feudal, como la presencia, hasta entonces necesaria, del estandarte realNota 3). Aunque el compromiso que prestaban los capitanes era esencialmente el mismo que antes garantizaba el Almirante, el cambio en las formas reflejaba un cambio en el fondo: la Armada, como tantos otros aspectos de la vida militar, estaba escapando del control de la nobleza y se institucionalizaba como un vínculo directo entre la Corona y los profesionales de la guerra, fuera cual fuera su campo y condición.

Los Reyes Católicos conservaron las figuras de control e intervención naval, aún cuando la flota dejara de ser, en su inmensa mayoría de titularidad regia. El primero de estos oficiales eran los armadores, es decir, las personas encargadas de organizar las flotas. Mientras los buques fueron propiedad de la Corona, los armadores respondían ante el Almirante de Castilla, que también los designaba. Con el cambio de la década de 1490, esto cambió, y los armadores pasaron a recibir órdenes y a ser designados directamente por la Corona. Con frecuencia, los armadores siguieron siendo nobles de importancia, próximos a la Corona, pero cada vez se dio con más frecuencia el encargo de estas tareas a auténticos profesionales, como el caso de Juan Rodríguez de Fonseca, organizador tanto de viajes a América como del transporte de las tropas a Italia durante la primera guerra de Nápoles.

Para controlar las acciones de los armadores, los contadores mayores fiscalizaban las cuentas de los armadores y de los pagadores, que eran los encargados de efectuar el libramiento de los pagos necesarios para la creación y mantenimiento de las armadas. Con frecuencia, en el caso de flotas de gran tamaño que reunían barcos de la cornisa cantábrica y de los puertos andaluces, la figura del pagador se desdoblaba, existiendo uno para las embarcaciones de origen septentrional y otro para las andaluzas. La labor de estos oficiales quedaba registrada a través de los escribanos, responsables de dar fe de la veracidad de las operaciones y gastos que consignabanNota 4).

La guerra contra Portugal convirtió las rutas al Poniente africano y las aguas de Guinea y la Mina de Oro en campo de batalla de las flotas castellana y portuguesa. Por primera vez para los reinos peninsulares, la navegación de altura a larga distancia no era solo una cuestión comercial o exploratoria, sino un parámetro de acciones bélicas, lo cual contribuyó a fomentar y acelerar la implantación de novedades de carácter científico relacionadas con la navegación.

Los marineros de la fachada atlántica peninsular hacía tiempo que se habían familiarizado con las técnicas de navegación y, sobre todo, orientación, de carácter astronómico, pero en las costas mediterráneas la esencia de la navegación seguía siendo el cabotaje, es decir, navegar sin perder de vista la costa o, en todo caso, perdiendo su referencia solo durante periodos muy breves de tiempo.

Los Reyes Católicos fueron conscientes, tras las campañas bélicas de los primeros veinticinco años de su reinado y el descubrimiento de América, de la importancia estratégica que para sus reinos tenía la formación de marineros capaces de operar con plenas garantías de eficacia no ya en el entorno sumamente conocido del Mediterráneo, sino en operaciones en aguas abiertas, en pleno océano y a gran distancia de las costas y de las bases peninsulares. En este contexto, cobraba especial relevancia la capacidad de los pilotos de los navíos, motivo por el cual los Reyes crearon en Cádiz la Escuela de Pilotos Vizcaínos, a través de una cédula del año 1500. Se pretendía así unificar el conocimiento de las técnicas de navegación de los pilotos, dotando a la Monarquía de una clase profesional al servicio de sus intereses comerciales, políticos y militares, para los cuales el aspecto naval había cobrado una importancia enorme desde su coronación hasta entonces.

Esta profesionalización y regulación estatal de los pilotos se vio reforzada a través de una pragmática real que establecía que todos los pilotos debían tener un título oficial para poder dirigir una nave, en especial aquellas que realizaban trayectos a las Indias. Para la obtención de dicho título se reguló un procedimiento por el cual el interesado era sometido a examen por un tribunal compuesto por el Piloto Mayor de Sevilla, responsable de la formación de todos los pilotos en la mencionada Escuela de Pilotos Vizcaínos, dos cartógrafos de la Casa de Contratación de Sevilla y otros seis pilotos titulados y con experiencia. Solo si el aspirante lograba superar el examen recibía la licencia real para pilotar naves.

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Nota 1

CALDERÓN, El Almirantazgo de Castilla, p. 122.

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Nota 2

THOMPSON, I. A. A., "Las galeras en la política militar española en el Mediterráneo durante el siglo XVI", p. 105. El hecho de que los periodos de reformas navales en la Baja Edad Media hayan coincidido con periodos, aún breves, de consolidación del poder real ha sido explicado atendiendo a que solo en los momentos en que el interior del reino estaba pacificado era posible emprender acciones en el mar (FERREIRA PRIEGUE, E., “Castilla: la génesis de una potencia marítima en occidente”, en VV.AA, XXVII Semana de Estudios Medievales. Itinerarios Medievales e identidad hispánica, Pamplona 2001, p. 24).

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Nota 3

Esta es una descripción de cómo era el pleito homenaje del Almirante en la Baja Edad Media: “El nombramiento debía hacerse mediante el documento más solemne de la cancillería regia, el Privilegio Real y, según el ordenamiento de cancillería de 1371, devengaba unos derechos de expedición de 1.200 maravedíes. El rey en persona investía al nombrado. Según las Partidas (II.XXXIV.3), éste debía pasar la vigilia en un templo, la noche anterior "como si ouiese de ser cauallero". Su vestimenta era de ricos paños de seda y el rey le ponía sortija en la mano derecha por señal de honra, le daba una espada por el poder que le confería, y un estandarte con la señal de las armas reales, «por señal del acaudellamiento que le otorga». El nuevo almirante juraba amparar la fe, acrecentar la honra y derecho de su señor, y el pro comunal de la tierra, y hacer todo lealmente, incluso hasta la muerte” (LADERO QUESADA, “El Almirante de Castilla en la Baja Edad Media”, p. 70).

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Nota 4

AZNAR VALLEJO, "La guerra naval en Castilla durante la Baja Edad Media", pp. 183-184.

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4.- Las galeras

Las últimas décadas del siglo XV y, sobre todo, las primeras décadas del siglo XVI son el periodo en el que la participación de las galeras en las acciones bélicas navales evolucionó hasta convertirse en el eje principal de las mismas en el escenario mediterráneo. En parte, estos años coinciden con el reinado de los Reyes Católicos y si, entre las flotas hispánicas que se organizaron en la primera guerra de Nápoles no había galeras ni otros buques de remo, estos empezaron a aparecer en número creciente en las flotas contratadas a partir del año 1500Nota 1).

Inicialmente, las galeras se encontraban al mando de un cómitre, pero al aparecer la figura del empresario marítimo o armador, las cuestiones marineras quedaban subordinadas jerárquicamente a las decisiones empresariales, por lo que se produjo un reajuste en la forma de mando de los navíos: el patrón o propietario se convertía así en la máxima autoridad del barco -ya que lo habitual era que embarcara en él durante su periodo de servicio-, mientras que el cómitre quedaba como máxima autoridad en cuestiones marineras. Con la práctica generalizada de embarcar combatientes que protegieran la galera en el combate, apareció una tercera estructura de mando, a cuyo frente se encontraba el capitán, como oficial al mando de la gente de guerra embarcada.

Esta terminología sufrió cambios a lo largo de los años, de forma que al patrón se le acabó denominando capitán, mientras que el término patrón pasaba a hacer referencia al máximo responsable de la galera en cuestiones náuticas. En esta reestructuración, el cómitre pasó a ser el responsable de los remeros, planteándose nuevamente, bajo el mando del capitán, una triple estructura diferenciada dentro de cada galera para cada una de los tres grupos de oficios que componían la galera: la gente de mar, la gente de guerra y los remeros.

En lo relativo a la presencia de combatientes -gente de guerraNota 2)- en las galeras, su presencia era muy antigua, y en las listas de embarque de las galeras del siglo XV encontramos referencia a que se embarcaban dos tipos diferenciados: hombres de armas y ballesteros. Sin embargo, la introducción de las armas de fuego portátiles en la infantería, que tuvo lugar durante el reinado de los Reyes Católicos, trajo consigo cambios de relieve en la infantería embarcada. En primer lugar, como es lógico, los ballesteros fueron sustituidos por arcabuceros. En segundo lugar, la figura de los hombres de armas desapareció como elemento autónomo de las dotaciones de las galeras. En su lugar apareció una nueva figura, la de los marineros de calidad, que desempeñaban labores propias de la marinería durante la navegación, pero que, en caso de combate, se unían a las tropas embarcadas. Eran, por tanto, una parte del personal de la galera que representaba una figura mixta entre el marinero y el soldado, y que solían embarcar en un número que oscilaba entre los cuarenta y los ochenta. Por último, en líneas generales, durante el cambio del siglo XV al siglo XVI, la tendencia fue que el número de combatientes embarcados en las galeras disminuyera, a medida que aumentaba el de artilleros y piezas de dotación del barco.

Esta quizá sea la principal novedad en las galeras durante el periodo de estudio. Las galeras llevaban piezas de artillería embarcadas desde comienzos del siglo XV. Las naves aragonesas, por ejemplo, acostumbraban a ir armadas con entre una y cuatro bombardas. La generalización de la artillería de pólvora a finales del siglo XV fue extensiva a las naves, y el hecho de que se comenzaran a construir en las galeras plataformas lo bastante sólidas como para soportar el importante peso de las piezas de artillería fundidas en hierro o bronce dio primacía a la galera sobre buques más pesados, al conseguir la galera equipararse como plataforma artillera con naves de mayor calado, sin perder movilidadNota 3). A finales de siglo y comienzos del XVI, lo habitual era que una galera montara alrededor de nueve piezas de diferentes calibres. El arma principal seguía siendo el cañón de crujía, por lo general una pieza de gran calibre montado en la proa para hacer fuego hacia el frente de la galera. Por ejemplo, la galera real de Fernando el Católico en 1506 montaba una bombarda de mil ochocientos kilogramos de peso, capaz de arrojar piedras sólidas de veintisiete kilos a una distancia máxima de un kilómetro, si bien parece que su alcance eficaz rondaría más bien los doscientos metros. Flanqueando este cañón de crujía se solían encontrar dos piezas de menor calibre y mayor alcance, por lo general de la familia de las culebrinas o de los pasavolantes. Esto ilustra el hecho de que las galeras se artillaron con dos tipos de piezas: piezas de combate, pensadas para utilizarse a corta distancia y cuyo objetivo principal era golpear la obra muerta de las naves enemigas causándoles daños catastróficos, y las piezas de caza, de mayor alcance, pensadas para ser utilizadas en la persecución de navíos enemigos, con capacidad para dañar su arboladura o diferentes partes de la galera susceptibles de, siendo destruidas, aniquilar la capacidad marinera del barco.

La evolución del artillamiento de las galeras se hace evidente si, al número de cañones habitual durante el siglo XV y al propio de los años del cambio de siglo, le añadimos el hecho de que a comienzos del reinado de Carlos V, la dotación de artillería embarcada en una galera se aproximaba a las veinte piezas, ya que a las mencionadas antes se le añadieron un buen número de bocas menores, tales como sacres, cuya función era la defensa a corta distancia. Se solían montar varias en cada banda, a fin de poder proteger todos los ángulos de la galeraNota 4).

Los cambios en el artillamiento de las galeras, ya evidentes en el reinado de los Reyes Católicos, son fundamentales para comprender la guerra naval del siglo XVI. La necesidad de fundir números elevados de piezas de artillería reforzó la decisión real de crear fábricas de artillería con las que atender la demanda incesante no solo de los ejércitos, sino también de las armadas. Así, la insuficiente fabricación de piezas en las atarazanas de Barcelona, tradicional factoría de la Corona de Aragón, impulsó a los Reyes a crear la fábrica de artillería de Málaga. La importancia del factor naval en esta decisión es evidente, y lo es más aún si se recuerda que sería en Málaga donde se emplazaran las instalaciones de la Monarquía para el suministro de las flotas mediterráneas, en especial con vistas a las campañas norteafricanas. Otro factor que atestigua la importancia de los cambios en el equipamiento artillero de los barcos sobre el desarrollo de la estructura fabril militar de la Corona lo supone el hecho de que cuando los Reyes deciden crear una segunda fábrica de pelotería -“pelotas” era el nombre que a comienzos del siglo XVI se daba a los proyectiles artilleros, ya que, por lo general, estos eran redondos, ya fueran de piedra o, los más modernos, de hierro- que completara la producción de la ya existente en Perpignan, el lugar elegido para el emplazamiento de la nueva fábrica fuera San Pedro del Puerto.

Por si esto fuera poco, el cambio a mayores en el equipamiento de artillería de las galeras tuvo un impacto vital sobre las fortificaciones costeras, ya que, como señala Enrique Martínez Ruiz, en el Mediterráneo guerra naval y fortificaciones iban de la manoNota 5). Las galeras, con su escaso calado, podían batir desde más cerca las posiciones costeras, lo cual volvía en mucho más eficaces y, por tanto, peligrosos, los bombardeos navales, toda vez que la potencia de fuego de las galeras se equiparó con la que hasta entonces solo poseían naves de mayor tamaño y calado, que no podían acercarse tanto a la costa. Este fenómeno, unido al hecho de que muchas calas y radas inaccesibles para buques mayores sí eran accesibles para las galeras, siendo imposible para las monarquías el proteger y fortificar con defensas estáticas todos los posibles puntos de desembarco, llevó a un cambio estratégico que retroalimentó la importancia militar de las galeras: se impuso la necesidad de una defensa móvil -nuevas flotas de galeras que protegieran la costa- en lugar del tradicional sistema defensivo estático -basado en fortificaciones, torres y atalayas-.

Nota 1

LADERO QUESADA, Ejércitos y armadas de los Reyes Católicos, p. 354. La tradición mediterránea de la guerra de galeras era un fenómeno milenario: “For most of the five millennia that separate Pharaonic Egypt from the Age of Discovery, maritime warfare in European waters was dominated by rowed ships known as galleys. Viking longships, Aegean polyremes, Roman pentaconters, Byzantine dromonds, Norman snakes, and English barges are all representative of the type, sharing long, shallow, light-weight hulls, and a low freeboard pierced by one or more banks of oars. Galleys usually carried a single mast with a square-rigged sail, to spare the rowers on longer voyages, and mounted a variety of weapons - bow rams, "Greek fire," ballistae, and so on; though their principal armament consisted of the personal weapons of the men on board. Tactically, the decisive stroke in a clash of galleys was combat between the respective ships' companies” (GUILMARTIN, J. F., “Gunpowder and Galleys: Changing Technology and Mediterranean Warfare at Sea in the 16th Century”, en Strategic Insights, n° 3-3, 2004, p. 1).

Nota 2

La gente de guerra, o soldados embarcados, y la gente de mar, es decir, los marineros, formaban el conjunto de la denominada “gente de cabo”, que a su vez se distinguía de la “gente de remo” o chusma (SÁNCHEZ-BAENA, J. J., FONDEVILLA SILVA, P., y CHAÍN NAVARRO, J., “Los libros generales de la escuadra de galeras de España: una fuente de gran interés para la Historia Moderna”, en Mediterránea-Ricerche storiche. Anno XI, 2012, p. 581).

Nota 3

THOMPSON, "Las galeras en la política militar española en el Mediterráneo durante el siglo XVI", p. 99.

Nota 4

Así reflexiona al respecto Guilmartin: “two of the major contestants on the water, Spain and the Ottoman Empire, were also continental powers, whose leaders were inclined to reserve the best of whatever guns they had for their armies. It was perfectly possible for a galley mounting a meager handful of bow cannon to be transporting a half-dozen more powerful guns, useless to itself, in the form of a siege train to support a land campaign. Technological adaptation in the Mediterranean was thus shaped by a wide range of economic and social forces, as well as by timeless problems of resource allocation common to all military organizations. Given a limited number of guns and gunners, the question was ultimately whether tactical proficiency was better served by employing them in a small number of powerful ships designed to stand off from the land, or in a larger number of smaller and more maneuverable vessels designed to operate against the shore. This is, to say the least, a familiar puzzle, and no easier to solve today than it was five hundred years ago” (“Gunpowder and Galleys: Changing Technology and Mediterranean Warfare at Sea in the 16th Century”, en Strategic Insights, n° 3-3, 2004, p. 13).

Nota 5

MARTÍNEZ RUIZ, E., "El Mediterráneo, un mar de galeras", en Revista de Historia Naval, n° 110, 2010, p. 7.

5.- El aumento de tamaño de las flotas

Si la flota castellana, tras su creación para combatir a los musulmanes principalmente en aguas del estrecho durante la Reconquista había vivido un periodo de decadencia que se había extendido a lo largo del siglo XV, la galera es un buen ejemplo de cómo se reinvirtió la tendencia a partir de las primeras décadas del siglo XVI.

La armada de los Reyes Católicos se componía, principalmente, de buques que la Monarquía contrataba para campañas específicas. Lo mismo ocurría con las galeras, agravado por el hecho de que el alquiler de las galeras era, comparativamente, caro, por lo cual la Corona trataba de mantener en servicio el mínimo número posible, alquiladas sobre todo a catalanes, valencianos, genoveses y sicilianos. Lo usual era que el contrato se ciñera a las formas tradicionales mediterráneas, lo cual suponía un contrato por determinado número de meses y en el cual una parte de la paga se realizaba en bastimentos, en especial bizcocho para alimentar a las tripulaciones y cera para desempalmar las naves.

Precisamente eran los procesos de mantenimiento de las galeras, que debían visitar puerto cada poco tiempo a fin de no perder sus cualidades marineras, uno de los principales motivos de roce y pleito entre la Corona y los propietarios de las galeras. El motivo era que el tiempo que el buque pasaba en puerto no se consideraba de servicio activo, y por tanto no era remunerado ni tenido en cuenta para computar el periodo de contrato cumplido. Si se tiene en cuenta que en ocasiones el proceso podía durar hasta dos meses y rara vez llevaba menos de seis semanas, estos lapsos de tiempo suponían una importante pérdida de dinero para los patrones, que sí tenían que hacerse cargo, entre tanto, del sueldo de sus tripulaciones.

Las necesidades cada vez mayores de la Monarquía en el campo naval acabaron por sobrepasar el sistema de alquiler de galeras, aunque este nunca desapareció por completo. Dos cifras ilustran la escalada en cuanto al tamaño que experimentaron las flotas de galeras en el lapso de menos de setenta años: la flota hispánica en la segunda guerra de Nápoles incluía ocho galeras, contratadas haciendo un notable esfuerzo, ya que ese número doblaba el que había estado disponible en la primera guerra, un lustro antes. Por el contrario, en Lepanto, en 1571 la Monarquía alineó noventa galeras. El proceso de aumento de tamaño de las flotas cristianas estuvo directamente relacionado con la amenaza turca, para contener a la cual el número de barcos necesario no dejó de crecer: En los años 1450 se pensaba que cuarenta galeras bastaban para contener a los turcos; en 1490 los turcos tenían ya doscientas galeras, lo cual hizo que Venecia pasara de veinticinco galeras en 1450, a cincuenta a fin de siglo y a cien en 1550. En la década de 1570 había alrededor de quinientas galeras sirviendo en el Mediterráneo, con 150.000 marineros a bordo, el quíntuple que un siglo antesNota 1).

Para lograr un aumento de esta escala fue necesario un cambio de sistema, que se inició en el reinado de los Reyes Católicos cuando se tomó la decisión de potenciar las atarazanas de Sevilla, a fin de que la Corona pueda construir sus propios barcos sin que el alquiler de navíos fuera la única vía para obtener flotasNota 2). La compra, en 1496, de una carraca, el navío más grande que entonces se utilizaba, a costa de un esfuerzo económico notable para las arcas reales ya había supuesto un primer paso hacia la reconstrucción de una flota regia permanente, pero la puesta en marcha de las atarazanas de Sevilla supuso el compromiso definitivo de la Monarquía a largo plazo para cambiar el modelo militar. Así pues, las flotas de galeras de la Corona que permitieron a Carlos V y Felipe II enfrentarse al temible poderío otomano en el Mediterráneo, fueron posibles gracias a la dirección imprimida por Isabel y Fernando en la estructura de la armada, orientada ya desde comienzos del siglo XVI a la superación del modelo de alquiler de navíos, que, lejos de desaparecer, se constituiría en un valioso complemento a las flotas reales:

“La monarquía española, como casi todas las de los siglos XVI y XVII, carecía de lo que en nuestros días entendemos como armada estatal, algo que, por otro lado, hubiera resultado demasiado caro incluso para un rey tan poderoso como Felipe II, teniendo en cuenta la fiscalidad de la época, la extensión de los territorios y la capacidad económica de los reinos. No obstante, la escuadra de galeras de España sí podemos considerarla como una armada real, aunque sólo sea a nivel mediterráneo y eminentemente defensivo, ya que la formación perduró ambos siglos con una estructura y organización permanente y, además, gran parte de los barcos fueron siempre propiedad de la Corona”.

Por ello, coexistieron el sistema de administración de galeras de propiedad de la Corona con el asiento de galeras privadas, si bien siempre siendo objeto de discusión entre los teóricos, ya que cada uno de los sistemas tenía sus ventajas y sus inconvenientes:

“El monarca podía asentar barcos de su propiedad o podía tomar en asiento naves de particulares. El primer tipo de arreglo se denominaba “contrato por administración ”, un acuerdo entre el rey y un privado para que este último se hiciera cargo de una o varias galeras reales. El segundo era el denominado asiento, una especie de alquiler que realizaba el rey con la galera de un particular. La utilización de uno u otro dependía de las necesidades de los reyes y de la capacidad logística y económica. En teoría, las galeras por administración eran más fáciles de asentar, pero no de mantener, y estaban mejor pertrechadas. Sin duda, fue una cuestión que ocasionó un gran debate durante la segunda parte del reinado de Felipe II. Desde una perspectiva actual, parece que las galeras que andaban por administración eran las más convenientes para la corona, ya por tener un mayor control sobre su aprovisionamiento y aconcho, como por ser la titular del barco y no tener que depender sobremanera de los grandes armadores y asentistas. Sin embargo, el asiento tenía unas ventajas importantes con respecto a su competidor: por un lado, la corona no debía mantener una flota permanente en épocas de relativa calma, con su consiguiente gasto; por otro, podía demorarse algo en el pago, algo que le otorgaba tiempo”Nota 3)

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Nota 1

THOMPSON, I. A. A., "Las galeras en la política militar española en el Mediterráneo durante el siglo XVI", en Manuscrits, n° 24, 2006, 96.

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Nota 2

Estas atarazanas databan del siglo XIII, cuando habían sido construidas con dieciséis bóvedas que permitían construir otras tantas naves de forma simultánea (FERNÁNDEZ DURO, C., La marina de Castilla desde su origen y pugna con la de Inglaterra hasta la refundición en la armada española. Madrid, 1896, p. 39).

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Nota 3

MARCHENA JIMÉNEZ, J. M., La vida y los hombres de las galeras de España. Madrid, 2010, p. 79.

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6.- La pena de galerasNota 1)

Por último, en lo que respecta a las galeras, no es posible olvidar una importante cuestión jurídica: la de los condenados a servir en ellas en virtud de una sentencia judicial.

Existían tres tipos de remeros: los esclavos —por ejemplo, musulmanes capturados en batalla—, los remeros voluntarios o “buenas boyas”, que bogaban voluntariamente a cambio de un salario; y, finalmente, los forzados, es decir, reos que habían sido condenados a cumplir un periodo de tiempo determinado como remeros en las galeras sin percibir ningún salario a cambio. Hay pocas dudas sobre la presencia de forzados en las galeras peninsulares desde las primeras décadas del siglo XV, y hay constancia documental de la misma en galeras barcelonesas en el año 1425, por lo que parece que la presencia de reos al remo no fue extraña a las flotas hispánicas en época relativamente temprana. Se hizo extensiva al conjunto de la Corona de Aragón hacia 1438Nota 2).

Una vez más, el auge de la pena de galeras en la Corona de Aragón estuvo, en el siglo XV, directamente relacionado con las circunstancias bélicas. La política naval expansiva de Alfonso V llevó a la práctica abusiva del reclutamiento forzoso de remeros para las galeras por parte de algunos patrones, que optaron por convertir a detenidos en galeotes, práctica documentada desde el año 1419Nota 3). La situación llegó a tal grado en los años siguientes que el rey prohibió, bajo pena de muerte, enrolar gente por la fuerza en las naves, aumentando así una pena que, en los ordenamientos de 1428, era sancionada con una multa pecuniaria de 1.000 sueldos. El 20 de noviembre de 1438 se decidió acabar con las irregularidades cortando el problema de raíz, por lo que se prohibió la introducción de galeotes en las galeras, salvo expresa condena en sentencia judicial dictada por instancia competente. Esta es la primera vez que aparece citada la pena de galeras en la historia del derecho de la Corona de Aragón. Por tanto, la mención de la pena de galeras en 1438 es una garantía penal individual, cuya finalidad es erradicar una práctica abusiva anteriorNota 4).

La pena de galeras aparece en Castilla como una pena conmutativa, es decir, a los reos condenados a muerte, destierro o a mutilación de algún tipo se les daba la opción de conmutar su sentencia por un determinado tiempo de servicio en las galerasNota 5). A estos efectos, la conmuta de una pena de muerte solía realizarse a cambio del servicio en las galeras a perpetuidad, pero, dadas las condiciones de vida de los galeotes y la tasa de mortalidad anual, que se aproximaba al veinte por ciento, se solía considerar que la pena de por vida quedaba saldada tras diez años de servicios al remo. Un mero cálculo estadístico revela que eran pocas las posibilidades de que un condenado llegara a cumplir esos diez años, ya que con tasas de mortalidad de casi un quinto anual, la esperanza media de vida al remo rondaba los cinco añosNota 6). En el extremo opuesto a la condena de por vida, se encontraba la pena mínima, que nunca era inferior a dos años de servicio, dado que el periodo de aprendizaje necesario para un remero hacía poco prácticas, e incluso contraproducentes para la eficacia de los navíos, condenas de una duración inferior.

El aumento del número de galeras en servicio, iniciado por los Reyes Católicos y que llegó a su paroxismo tras la batalla de Lepanto, al añadirse a la flota española las galeras capturadas a los turcos, supuso un cambio en la naturaleza de la pena de galeras: pasó de ser conmutativa de otras sentencias que incluían castigos corporales graves para ser una pena que se imponía sistemáticamente en aquellos casos en los que los jueces tenían potestad para determinar a su pleno arbitrio la sentencia de los reos encontrados culpables. Esto supuso una escalada notable en la gravedad de las penas para delitos relativamente menores, y las galeras del rey de España se convirtieron en destino de penados por robos, hurtos y delitos menores, a fin de satisfacer las necesidades estratégicas de la Monarquía, destruyendo toda proporcionalidad entre delito y castigo y cambiando el carácter excepcional de la pena de galeras —su naturaleza conmutativa inicial—. La pena cobraba así un sentido, en esencia, utilitarista, ya que quedaba desvinculada de cualquier tipo de consideración ajena al interés del EstadoNota 7).

Aunque esta mutación en la pena de galeras se produjo de forma fundamental en los reinados posteriores, durante el reinado de los Reyes Católicos la pena de galeras no solo estuvo vigente sino que aparece mencionada en varias disposiciones legales, y algunos autores fijan en este reinado el momento en que la sentencia a galeras se convirtió en una pena por sí misma y no en una mera conmutación de otra sentenciaNota 8). Así, en 1502 los Reyes autorizaron a que los condenados a muerte pudieran conmutar su pena por el servicio de por vida en las galerasNota 9). En el marco de la segunda guerra de Nápoles, Fernando el Católico solicitó al papa Alejandro VI la concesión de un breve que permitiera al Santo Oficio de la Inquisición sentenciar a los reos que pasaban por sus tribunales a pena de galeras, algo a lo que el Santo Padre accedió el 28 de mayo de 1503Nota 10). Posteriormente, una pragmática real dada en Tordesillas el 28 de noviembre de 1510 volvía a ocuparse de este tipo de penaNota 11). Así pues, cabe atribuir a Fernando la introducción de este castigo en el ordenamiento castellanoNota 12), pese a que encontramos precedentes en los que reos de varios delitos fueron obligados a servir en expediciones navales reales, aunque no en galeras. Este fue el caso del tercer viaje de Colón a América, en el que, ante la ausencia de voluntarios, se dio permiso para enrolar a personas que hubieran sido condenadas por la justicia a cambio de la redención de parte de su condenaNota 13).

La presencia de los forzados a bordo de las galeras dio lugar al surgimiento de la figura del alcalde de galeras. Este oficial mezclaba las atribuciones de carácter judicial de todos los alcaldes, ya que era responsable de supervisar y garantizar el cumplimiento de la pena por los galeotes a bordo de su galera, con las labores propias de un oficial naval, ya que no solo se encargaba de velar por el cumplimiento de la sentencia, sino que también era responsable del estado y las condiciones de vida en que se encontraban los galeotes. Se trata, por tanto, de una figura híbrida entre el mundo judicial y el navalNota 14).

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Nota 1

Acerca de la implantación y evolución de la pena de galeras en España deben verse los trabajos de SOLANAS SEVILLA, F., Historia penitenciaria española (La galera), Segovia, 1917. También PIKE, R., Penal servitude in Early Modern Spain, Madison, 1983.

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Nota 2

HERAS SANTOS, J. L., "Los galeotes de la Monarquía hispánica durante el antiguo régimen", en Studia Historica. Historia Moderna, n° 22, 2000, p. 283.

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Nota 3

Así lo ha hecho GARCÍA I SANZ, A., y COLL I JULIA, N., Galéres Mercants catalanes deis segles XIV i XV. Barcelona, 1994, pp. 329-332.

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Nota 4

HERAS SANTOS, "Los galeotes de la Monarquía hispánica durante el antiguo régimen", n° 22, 2000, p. 216.

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Nota 5

No podían acogerse a esta conmutación de pena aquellos reos que hubieran sido condenados por el tráfico de moneda falsa (SÁNCHEZ ORTEGA, Mª H., "Los gitanos condenados como galeotes en la España de los Austrias", en Espacio, Tiempo y Forma, n° 18-19, 2005-2006, p. 88).

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Nota 6

Una reflexión sobre las penas inhumanas en MASFERRER, A., “El alcance de la prohibición de las penas inhumanas y degradantes en el constitucionalismo español y europeo”, en VV.AA, Presente y futuro de la Constitución española de 1978. Madrid, 2005.

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Nota 7

“Además de lo temible que resultaba, condición indispensable de toda pena, proporcionaba un considerable ahorro a la Corona, básicamente en el desarrollo de sus "necesidades" bélicas. También coincidió con una primera explotación de penados en empresas de carácter civil, como por ejemplo en las minas de azogue de Almadén, si bien el número de empleados en ellas fue siempre bastante exiguo. El Estado, una vez alcanzada determinada dimensión, descubre que es posible infligir al transgresor de la norma penal un dolor físico que, a la vez, por el empleo de su trabajo, le resultara económicamente beneficioso” (BURILLO, El nacimiento de la pena privativa de libertad. p. 8).

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Nota 8

Por ejemplo, BURILLO, El nacimiento de la pena privativa de libertad. p. 7.

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Nota 9

SÁNCHEZ ORTEGA, Mª. H., "Los gitanos condenados como galeotes en la España de los Austrias", en Espacio, Tiempo y Forma, n° 18-19, 20052006, p. 88.

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Nota 10

Henry Charles Lea hace un resumen de la implantación de la pena de galeras en el Santo Oficio en Historia de la Inquisición española. Madrid, 1976; vol. III, pp. 141 y siguientes.

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Nota 11

Según algunos autores, caso de CERVERA PERY, J., "La pena de galera: un correctivo determinante", en Revista de Historia Naval, n° 110, 2010, pp. 99 y 100, estas disposiciones representan la introducción de los forzados en las naves castellanas. En el mismo sentido: “No conocemos con exactitud la fecha concreta de introducción de la pena de galeras en los reinos hispánicos, aunque todo parece indicar que inventada en Francia a mediados del siglo XV, fue adoptada por la armada aragonesa en fecha posterior e implantada en Castilla por Fernando de Aragón. De hecho, en alguna ley del año 1510 se alude a condenados a galeras. Pero, no obstante, se suele considerar la pragmática del Emperador de 31 de enero de 1530 como la primera disposición reguladora de los servicios forzosos de remo” (HERAS SANTOS, J. L. de las, "Los galeotes de los Austrias: la penalidad al servicio de la Armada", en Historia Social, n° 6, 1990, p. 128).

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Nota 12

HERAS SANTOS, "Los galeotes de la Monarquía hispánica durante el antiguo régimen", n° 22, 2000, p. 238.

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Nota 13

SÁNCHEZ ORTEGA, "Los gitanos condenados como galeotes en la España de los Austrias", p. 88.

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Nota 14

Otra figura habitual en las galeras de la Monarquía fue la de un capellán, que daría origen al cuerpo de capellanes de Marina, institución estudiada en PÉREZ FERNÁNDEZ-TURÉGANO, C., “El Cuerpo de Capellanes de Marina en el siglo XVIII. Ordenación legal y consolidación”, en MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., El Ejército y la Armada en el Noroeste de América: Nootka y su tiempo, Madrid, 2011, pp. 161-209.

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7.- La armada en la proyección de fuerza: las guerras de NápolesNota 1)

Las guerras de Nápoles forzaron a la Monarquía a exprimir al máximo de sus posibilidades los recursos navales de que disponía, ya que al afrontar una guerra en la que tanto las tropas como los suministros debían ser transportados por mar, la Corona se vio obligada a movilizar recursos náuticos en una escala que hasta entonces no había sido necesaria.

El abastecimiento de las tropas desplazadas a Nápoles era realizado desde los puertos de la penínsulaNota 2). Esto era necesario puesto que el 90% del grano que se utilizaba para alimentar el ejército durante la primera guerra napolitana procedía de Sevilla y su entorno. El transporte del cereal se realizó en 159 viajes de cabotaje, para evitar el riesgo de ataques de los corsarios. La carga habitual en cada uno de estos viajes era de entre 1.200 y 2.000 fanegas, es decir, entre 60.000 y 111.000 litros. Entre las dos guerras napolitanas, la Corona reforzó las vías navales que comunicaban los puertos peninsulares con las guarniciones que se habían situado en Nápoles y en el Rosellón. De esta forma, el avituallamiento italiano se hacía desde los puertos de la Andalucía atlántica, pasando por Málaga, que se había convertido en el eje organizativo de las flotas hispánicas en el escenario mediterráneo y los suministros del Rosellón eran transportados hasta Colliure desde los puertos de Cataluña.

En cuanto a la organización de la armada que había de trasladar a las tropas de Gonzalo Fernández de Córdoba a Italia, el hombre clave fue Juan Rodríguez de Fonseca, que ya había organizado la armada para el segundo viaje a América de Colón y que, desde Sevilla, organizó la flota para la primera guerra de Nápoles, que dispuso de una carraca —de propiedad real—, siete naos y dieciséis carabelas, con un total de casi dos mil marineros a bordo y un coste mensual de más de 300.000 maravedíes. Esta flota se concentró en Cádiz, hizo escala en Cartagena para embarcar quinientas lanzas de la Hermandad y otros tantos peones y, con González de Córdoba como capitán general, partió en marzo de 1495 hacia Italia. Esta operación de transporte naval se completó con el traslado de los peones gallegos y asturianos, que se realizó desde La Coruña, de donde zarparon el 15 de junio de 1495.

Con semejante despliegue de medios navales, los gastos de la armada preocupaban a los Reyes, que trataron de reducirlos; por ejemplo, ordenaron que los maestres ocuparan también las funciones de capitán cuando fuera posible, para reducir los gastos. En septiembre de 1495, el conde de Palamós, a quién se le entregó el mando de la armada, mientras Fernández de Córdoba dirigía las operaciones terrestres, tenía cincuenta naves de diferentes tamaños cercando el Castil Novo de Nápoles, pero tenía previsto deshacerse de un mínimo de diez navíos en cuanto cayera la fortaleza. La realidad era que la Monarquía en aquellos años era capaz de movilizar flotas de considerable tamaño, pero no de mantenerlas de forma permanente, toda vez que el coste del alquiler de los navíos no podía ser sostenido durante periodos largos, lo cual, unido a los meses en que el mar no permitía operaciones navales, fomentaba el licenciamiento de naves tan pronto como estas dejaban de ser imprescindibles.

Entre las dos guerras napolitanas, la monarquía siguió viéndose exigida en el aspecto naval, tanto por la lucha contra el corso como por la participación en la guerra contra los turcos a lo largo del año 1500. Para esta operación, que acabaría suponiendo la ocupación de Cefalonia, reunió una flota de setenta barcos, que se mantuvieron en servicio hasta febrero de 1501, fecha en la que, nuevamente por cuestiones económicas, las bajas comenzaron a producirse, aumentando en número y frecuencia en el verano de aquel año. De los setenta navíos, en 1502 solo quedaban en servicio treinta y cuatro barcos, número que se mantuvo estable durante los años 1503 y 1504, para las operaciones relacionadas con Nápoles.

Durante la segunda guerra de Nápoles, hubo cambios en el modo en que se realizaba el suministro naval a las tropas. Se realizaron menos viajes, pero con buques que transportaban cargas más grandes, cincuenta y ocho de los cuales eran andaluces y otros cuarenta procedentes de Vizcaya y Guipúzcoa. Así, la carga media de las naves durante aquella campaña osciló entre las 2.000 y las 2.400 fanegas, llegando a cargar hasta 4.000 fanegas en el caso de las naos de mayor tamaño. Lo general fue que cada barco hiciera un único viaje transportando grano, siendo muy escasos los casos en que una nave realizó más trayectos entre Andalucía e Italia. La capitanía general fue otorgada inicialmente al propio Gonzalo Fernández de Córdoba, recurriendo este a cuatro consejeros expertos en asuntos navales: Lorenzo de Zafra, Juan de Lezcano, Antón Bernal y Juan Núñez de Villavicencio, que también eran propietarios de algunos de los barcos de la Armada. A ellos se unían nueve pilotos de respeto que coordinaban los movimientos generales y el reparto de tareas entre barcos, los cuales, en su mayor parte, eran de origen vasco.

En 1502 los monarcas desdoblaron el mando, igual que habían hecho durante la primera guerra de Nápoles, dando el título de capitán general de la armada a Bernat Villamarí, uno de los marineros más experimentados al servicio de la Monarquía. Villamarí había comenzado su carrera militar naval en 1478, en Cerdeña, actuando contra la revuelta del marqués de Oristán; más tarde participó en el socorro a Otranto y sirvió a Ferrante de Nápoles, participando en las guerras de Nápoles contra Venecia y contra los barones angevinos rebeldes. Villamarí permaneció en este servicio de forma más o menos continua hasta 1496 y, tras un breve paso al servicio del papa Alejandro VI, volvió a servir a Fernando el Católico. El mando de Villamarí era independiente del de Córdoba, pero se reconocía que el mando de don Gonzalo era superior; Villamarí tenía jurisdicción sobre todos los pleitos que hubiera entre miembros de la armada, ya fueran penales o civiles, y sus sentencias eran definitivas, sin posibilidad de apelación.

En cuanto a la protección de las costas en aquellos años, desde la conquista de Granada una pequeña flota se encargaba de la custodia de la llamada “frontera del mar”, las aguas del mar de Alborán y del Estrecho. Al frente de estos barcos se encontraban marineros veteranos de la guerra de Granada: Garci López de Arriarán, Juan de Lezcano, y Pedro y Lorenzo de Zafra, hermano y sobrino, respectivamente de Hernando de Zafra. Sin embargo, al estallar el conflicto con Francia, las nuevas necesidades de la Monarquía hicieron que, en 1496, la escuadra de Granada se desplazara hacia el Norte, para defender las aguas catalanas y del Rosellón. No fue la única empresa naval que se vio perjudicada por las guerras de Italia: los viajes a América redujeron notablemente su tamaño a fin de liberar barcos para su uso en el Mediterráneo. Así, en 1497, el viaje que se encomendó a Antonio de la Torre vio reducido su tamaño de ocho a cuatro carabelas.

No obstante, en los años que separaron las dos guerras napolitanas, la principal preocupación naval de la Monarquía en el Mediterráneo fue el espectacular aumento del corso. Firmada la paz con Francia, los Reyes decidieron crear una armada para proteger las rutas comerciales y de transporte, en especial la ruta de Cádiz a Colliure. A esta flota se la denominó "la armada de Levante", y para construirla se recurrió al contrato de barcos castellanos, catalanes y genoveses. El coste de aquella armada ascendió por lo menos a diez millones de maravedíes, y se nombró a Iñigo Manrique, alcaide de Málaga, capitán general. La armada no tuvo una vida demasiado larga, ya que fue disuelta por orden de los Reyes a Manrique el 30 de noviembre de 1497, aunque muchas de las naves que lo formaban volvieron a ser contratadas para la armada que se formó en el año 1500Nota 3)

El corso distó de ser un problema exclusivamente mediterráneo, aunque la escala que alcanzó en estas aguas, sobre todo en años posteriores, ha eclipsado otros escenariosNota 4). Cuando comenzó la guerra contra Francia en el año 1495, aumentó el corso de forma significativa en el Cantábrico, por lo que los Reyes dieron orden de que los mercantes que navegaran hacia Flandes llevaran artillería y armas, y autorizaron capturar como presas legítimas los barcos franceses. En verano de año 1496 se creó una pequeña armada en el Cantábrico para combatir el corso francés, formada por una nao de 800 toneladas, otra más pequeña y tres carabelas. En 1502, al estallar la segunda guerra de Nápoles, los monarcas volvieron a dar a sus súbditos licencia para armar libremente sus barcos contra los franceses y, en agosto de 1503, la reina dio permiso a Iñigo de Arteta para armar una flota para hacer frente a las armadas francesas que navegaban tanto en aguas gallegas como en las inmediaciones del cabo Machichaco.

Simultáneamente a la guerra napolitana, el aumento del corso norteafricano obligó a la Corona, en la primavera del 1502, a reconstruir la armada de guarda de la costa de Granada, bajo el mando de Iñigo Manrique, con base en Málaga y recibiendo los suministros económicos a través de Hernando de Zafra, que colocó a personas de su confianza para llevar el control contable: Francisco Hermosilla y Domingo Pérez de Herrasti, con el cargo de veedores de la gente de costa. Formaron la armada al menos once fustas —embarcaciones mediterráneas sumamente ligeras, muy usadas por los piratas berberiscos—, pero su composición varió mucho, dado que se renovaba y mantenía de forma estacional y tanto el número de barcos como los barcos mismos variaban de una temporada de navegación a la siguiente.

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Nota 1

La obra de referencia para la armada en las guerras de Nápoles y el Rosellón debe ser, inequívocamente, LADERO QUESADA, Ejércitos y armadas de los Reyes Católicos. Tomamos este imprescindible trabajo como punto de referencia para este punto de nuestro análisis; salvo mención expresa a otra obra, los datos están tomados de la obra del profesor Ladero Quesada.

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Nota 2

La administración de los puertos, en toda época, fue una cuestión importante para la Monarquía; un ejemplo de ello puede verse en RODRÍGUEZ BESNÉ, J. R., “Notas sobre la administración y gobierno de los puertos marítimos españoles en el siglo XVIII”, en VV.AA., Homenaje al profesor Jose Antonio Escudero. Madrid, 2012, vol. III, pp. 789-810.

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Nota 3

Sobre la contratación de naves para esta armada hay múltiples notas en AGS, Contaduría Mayor de Cuentas, leg. 99.

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Nota 4

“El corso, la piratería y otras actividades bélicas de carácter irregular constituían un medio de intercambios e influencias no desdeñable, a pesar de su interferencia en otras formas de relación más estables. No se trataba de ocupaciones privativas de regiones oficialmente enemigas, ya que afectaban a las relaciones entre los más diversos países e, incluso, entre regiones de un mismo país. Ahora bien, en las zonas de frontera adquirían tal volumen y continuidad que constituían, casi, un modo de vida” (AZNAR VALLEJO, E., "Corso y piratería en las relaciones entre Castilla y Marruecos en la Baja Edad Media", en En la España Medieval, n° 20, 1997, p. 407).

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8.- Tipología de las naves

En las flotas de la Monarquía convivían dos tipos de barcos, los de tradición mediterránea, como las galeras, galeotas y fustas, que combinaban remo y vela, y las atlánticas, como carabelas y naos, de casco redondo y movidos a vela. Esto reflejaba la doble naturaleza, en lo naval, que había asumido la Monarquía hispánica con la unión dinástica en Isabel y Fernando: Mediterránea en el caso de la tradición e intereses aragoneses y atlántica por lo que respecta a los intereses y tradición castellanos, en un doble sentido: el de los mares del Norte propio de los puertos cantábricos y el orientado al océano abierto, África y las Canarias, de los puertos del litoral occidental andaluz.

Las naves mediterráneas eran rápidas y ágiles, útiles en las persecuciones, combinando remo y vela y un muy bajo calado, pero, por el contrario, poco aptas para misiones de transporte de tropas y materiales, a las que la Corona se veía abocada por la naturaleza de las campañas extrapeninsulares. En buques como las galeras, el espacio de carga era reducido y, además, en comparación, los aparejos y la tripulación ocupaban un porcentaje superior en espacio que los navíos atlánticos. Los barcos mediterráneos solían ser de procedencia catalana, genovesa, y, en menor medida, valencianos, sicilianos y napolitanos y se contrataban de acuerdo a los usos mediterráneos, por meses, con la nave equipada incluyendo artillería y pólvora, especificando el contrato el número de galeotes y de buenas boyas que embarcaba la nave.

En cuanto a los tipos de navío atlántico utilizados en estas escuadras, las carracas eran naves muy grandes y pesadas, tanto que necesitaban medios auxiliares para embarcar y desembarcar. Pese a su tamaño, sus tripulaciones no eran muy numerosas, poco más de cien hombres. Sin embargo, la columna vertebral de las fuerzas navales de los Reyes Católicos fueron las naos. Flexibles en criterios operativos, aptas y eficaces tanto en combate como para el transporte. Su coste no era muy alto para las arcas reales y se podía contratar y licenciar con notable flexibilidad. La mayor parte de las que se unieron a las armadas de Isabel y Fernando eran de origen vasco. Las carabelas, por su parte, tenían mucho peso también, sobre todo en las armadas de 1495, quizá porque no se pudo disponer a tiempo de número suficiente de naos. Eran más ágiles que las naos, por lo que se usaban con frecuencia como correos, pero menos prácticas para el transporte. Aunque la hubo vascas y, menos, gallegas y cántabras, la carabela era el barco más usado en las costas andaluzas y este era el origen de la mayor parte de las que la Corona incorporó a sus flotas.

La carabela era más rápida que los buques sutiles, que combinaban el remo con al menos una vela. Era la de la incorporación de los remos una ventaja sobre todo en los meses de verano, ya que el resto del año el viento era no solo suficiente, sino en ocasiones excesivo. Las carabelas suplían en parte las posibles ventajas que tenían frente a ellas las galeras sutiles con el uso de barcas, a través de las cuales podían embarcar y desembarcar en lugares de difícil acceso y podían remolcar el buque en ausencia completa de viento. Con su tamaño, mayor que el de una galera, y sin ser significativamente inferiores en capacidad de maniobra y velocidad, las carabelas tenían ventajas sobre las embarcaciones musulmanas que no tenían otros navíos cristianos: mayor peso y mayor autonomía, debido a su mayor capacidad para embarcar suministros. La opinión favorable a las carabelas, manifestada en un memorial de 1505 respecto a la formación de una armada para combatir el corso en aguas de Berbería, era compartida por el secretario Hernando de Zafra, que se la comunicó al rey, a propósito de la creación de una armada en VizcayaNota 1).

En el contrato de alquiler de la nave se estipulaba el sueldo de las tripulaciones, que solía estar detallado en ducados, aunque se dieron casos en que figuraban en florines aragoneses y algunos otros en los que los sueldos, cuando eran anuales, aparecen expresados en maravedíes. El ducado era la moneda más habitual porque las particularidades del mundo marinero, con su vocación de internacionalidad, requerían el uso de una moneda en oro que tuviera reconocimiento en todo el Mediterráneo, puesto que la mayor parte de las naves que servían bajo la bandera de Castilla no eran castellanas. En el contrato era habitual que se incluyera, como parte del pago, la entrega de una cantidad de bizcocho y de sebo para despalmar el navío con carácter mensual.

Respecto a los salarios que pagaba la Corona, los registros oficiales nos permiten conocer con exactitud cuáles eran los importes para las naos, el buque más usado en las flotas militares de los Reyes Católicos en los años de las guerras napolitanas: 110 maravedíes por mes y por tonel de capacidad que tuviera la nave; sebo en cantidad equivalente a 1.000 maravedíes todos los meses; el salario del capitán era de 2.500 maravedíes; el del piloto, 2.000; cada marinero, 500 maravedíes al mes; cada grumete y hombre de armas, 400 maravedíes; los pajes, 208 maravedíes. El mantenimiento de cada hombre se pagaba a parte, y era idéntico para todas las categorías: 330 maravedíes por cada tripulante. A todos estos gastos había que añadir 5.000 maravedíes mensuales en concepto de ventajas de los oficialesNota 2). Los pagos se realizaban previo alarde.

Los Reyes ordenaron a las ciudades y villas costeras que colaboraran con la armada prestándole cobijo y los suministros que requirieran las naves: "A los concejos, justicias, regidores, caballeros, escuderos, oficiales y hombres buenos de cualquier ciudad, villa, lugar, puerto y costa de la mar de nuestros reinos y señoríos donde llegara y aportare la armada, que le dejen y consientan entrar en ellos y a la gente que en ella fuere, y pertrecharse, reparar y avituallar haciéndoles dar para ello los mantenimientos y otras cosa que fueran necesarias por justos y razonables precios y sin encarecer más de lo que acostumbran valer entre ellos". Para ello, se eximía de la alcabala, el almojarifazgo y el diezmo, así como de cualquier otro impuesto, a todas las mercancías que compraran las armadas y flotas.

No obstante todas las medidas dadas por la Corona, los pagos y cobros relacionados con los barcos y con sus tripulaciones seguían generando un sin número de problemas, quejas y reclamaciones. Todo ello obligó al capitán general Bernat de Villamarí a elaborar y publicar Ordenanzas de 5 de marzo de 1503 para la armada del mar, cuyo objetivo fundamental era tratar de evitar problemas en materia de contratación y de cobro de los sueldos. La Ordenanza prestaba especial atención a resolver las disputas relacionadas con el tiempo de servicio. No obstante, la Ordenanza no consiguió solventar por completo las reclamaciones, toda vez que el problema de base persistía: los sueldos seguían retrasándose periodos mínimos de seis meses que, en ocasiones, llegaban a extenderse hasta los dos años.

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Nota 1

AZNAR VALLEJO, "La guerra naval en Castilla durante la Baja Edad Media", p. 188.

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Nota 2

AGS, Contaduría Mayor de Cuentas, leg. 149.

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CAPÍTULO XXIV: LA GUERRA Y LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO URBANO(*)

1.- Corona, municipio y violencia

Los intentos de los monarcas peninsulares por reforzar el poder de la Corona en el ámbito municipal están lejos de ser una novedad incorporada por los Reyes Católicos. Muy al contrario, las acciones de Isabel y Fernando en este campo son la culminación de un largo proceso que había comenzado, en el siglo XIII, durante el reinado de Alfonso XINota 1). Tampoco fue la monarquía la única instancia que trató de hacerse con el control de los resortes urbanos: a lo largo del siglo XV, la cada vez más pujante burguesía de las ciudades intentó arrebatar a la nobleza amplias parcelas del poder en las ciudadesNota 2). La conjunción y alianza ocasional de la Corona con esta burguesía urbana redujo el poder de la nobleza en villas y ciudades, de forma que facilitó la introducción de determinadas reformas que no siempre redundaron en interés directo de la propia burguesía.

La estructura municipal a mediados del siglo XV seguía basándose en el sistema consolidado en el siglo XIV: "El gobierno de las ciudades y villas se basaba en el regimiento, institución puesta en funcionamiento en el reinado de Alfonso XI (...). Al margen del juez y de los alcaldes que ocupaban los puestos más elevados en los concejos, tenemos que aludir a los regidores, los cuales eran nombrados directamente por los reyes, ocupando su cargo por toda la vida"Nota 3).

Si las reformas urbanas emprendidas por los Reyes Católicos ocupan un lugar en este estudio es porque, en la etapa previa a la generalización de los corregimientos, en la mayor parte de los casos los monarcas adujeron situaciones de violencia armada o directamente relacionadas con la guerra de Sucesión para impulsar la implantación de oficiales de la Corona en los municipios. Así pudieron justificar el envío de asistentes y corregidores, hecho al que los municipios, celosos guardianes de sus parcelas de poder, solían ser reaciosNota 4) y para el que la Corona necesitaba una justificación, toda vez que estas figuras presentaban, en los días de la guerra de Sucesión, un carácter de excepcionalidad, lo cual implicaba circunstancias especiales que motivaran su aplicación.

En ocasiones, la violencia estaba relacionada, más que con la guerra de Sucesión, con enfrentamientos entre grupos de poder dentro del concejo, lo cual no cabe percibir como algo menor, ya que estos problemas locales daban lugar con mucha frecuencia a situaciones que pueden calificarse como auténticos conflictos armados. Ejemplo de su persistencia en el tiempo fueron las endémicas guerras de bandos en las provincias vascas; y ejemplo de la escala que podían llegar a alcanzar lo tenemos en las alteraciones ocurridas en Galicia y que fueron de tal calibre que han pasado a la historia con el significativo nombre de "guerras hermandiñas", conflictos sociales y políticos que asolaron las comarcas gallegas causando unos niveles de destrucción y violencia no muy alejados a los de una guerra civil circunscrita a tierras gallegasNota 5).

Isabel y Fernando utilizaron estas coyunturas violentas e incluso semi-bélicas para ir introduciendo sus reformas en el ámbito urbano. Un ejemplo lo constituye la reforma de los capítulos de la ciudad de Vitoria, acometida por Fernando en 1476: "El argumento utilizado por el monarca para introducir la reforma (...) fue el de los continuos desórdenes que tenían lugar en los concejos a causa fundamentalmente del reparto de los oficios entre los distintos grupos dirigentes (...) La política de los Reyes Católicos en el País Vasco, orientada a reforzar las tres hermandades [las de los territorios vascos] y a disolver los bandos urbanos, se materializó en la incorporación de las Hermandades a la llamada Santa Hermandad castellana y también en la reforma que nos ocupa [la de las ciudades]"Nota 6).

Como puede verse en el ejemplo vasco, los desórdenes urbanos también fueron utilizados para reforzar la Hermandad General, en aquel tiempo recién creada, extendiéndola a todo el territorio mediante el proceso de subsumir en ella instituciones ya existentes, caso de las hermandades vascas. En los capítulos de Vitoria se da particular importancia a la supresión de los bandos, auténticas facciones armadas que habían llegado a ejercer el monopolio de la violencia en los concejos vascos. Fernando ordenó su completa eliminación y la desvinculación de todos sus miembros a ellos, mediante una decisión jurídica por la cual se declaraban sin valor los juramentos prestados a los bandos por las personas que habían pertenecidos a ellos.

Los Reyes utilizaron los desórdenes urbanos de la forma más inteligente posible, no interviniendo de forma directa en los primeros tiempos, sino presentándose a sí mismos como árbitros de los conflictos. Así, en el siglo XV, la Corona encontró en el arbitraje el camino para aumentar su presencia en las ciudades, ya fuera en las luchas por el poder dentro de la oligarquía, ya en los intentos de las élites del común en acceder al poder o interviniendo en las disputas acerca de los límites jurisdiccionales de cada núcleo urbano. Bajo los ropajes de la neutralidad, los Reyes fueron capaces, poco a poco, de orientar las políticas urbanas en la dirección que más les convenía, hasta que estuvieron en condiciones de iniciar procesos centralizadores de forma directa: "con intensidad creciente a medida que avanza el siglo XV los reyes utilizarán otro instrumento de penetración, los corregidores"Nota 7).

(*)

Este capítulo no aparece en la versión “en papel” del libro, dado que diversas circunstancias académicas llevaron a su publicación previa, con este mismo título, en MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Amenazas y orden público: efectos y respuestas de los Reyes Católicos al Afganistán contemporáneo. Valladolid, 2013. Hemos creído oportuno incluir el capítulo en esta versión digital, ya que formaba parte del proyecto original.

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Nota 1

DÍAZ DE DURANA, J. R., "La reforma municipal de los Reyes Católicos y la consolidación de las oligarquías urbanas. El capitulado vitoriano de 1476 y su extensión por el Norte de la Corona de Castilla", en VV. AA, La formación de Álava. Vitoria, 1985, p. 213.

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Nota 2

CABRERA MUÑOZ, E., "Conflictos en el mundo rural. Señores y vasallos", en IGLESIA DUARTE, J. A. de la, (coord.), Conflictos sociales, políticos e intelectuales en la España de los siglos XIV y XV. Nájera, 2003, p. 50. Los movimientos antiseñoriales urbanos tuvieron en ocasiones expresiones violentas, como el caso de Fuentovejuna, en 1476, inmortalizado en la obra de Lope de Vega (VALDEÓN, "La nobleza y las ciudades en tiempos de Isabel I", p. 27).

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Nota 3

VALDEON, J., "La nobleza y las ciudades en tiempos de Isabel I", en CHALLET, V.; GENET, J. P.; RAFAEL OLIVA, H.; VALDEÓN, J., La sociedad política a fines del siglo XV en los reinos ibéricos y en Europa. Valladolid, 2007, p. 25.

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Nota 4

Aunque la distinción entre ambas figuras no siempre resulta fácil —por ejemplo, cobraban exactamente el mismo salario (GUERRERO NAVARRETE, Y., "La política de nombramiento de corregidores en el siglo XV: entre la estrategia regia y la oposición ciudadana", en Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, n° 10, 1994-95, p. 109)— el asistente era considerado una figura menos dañina desde el punto de vista de la autonomía de los concejos, ya que por lo general, no solía implicar la suspensión de los oficios de otras instituciones municipales, algo que sí sucedía con los corregidores (BERMÚDEZ AZNAR, A., "El asistente real en los concejos castellanos medievales", en VV.AA, Actas del II Symposiun de Historia de la Administración. Madrid, 1971, p. 230).

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Nota 5

Muchos de estos conflictos tenían un fuerte componente antiseñorial; en este tipo de problemas cabe distinguir entre aquellos moderados que recurren a métodos de oposición no violentos, como la resistencia pasiva al cobro de prestaciones o la reclamación por vía judicial, y otros muchos que adoptan formas violentas, a través de algaradas, revueltas urbanas, étc (VALDEÓN BARUQUE, J., Los conflictos sociales en el reino de Castilla en los siglos XIV y XV. Madrid, 1975, p. 28). Este componente antiseñorial queda de manifiesto en el grito de guerra de los rebeldes durante las guerras hermandiñas: "Viva el rey y mueran los caballeros" (MACKAY, Spain in the Middle Ages. From Frontier to Empire, 1000-1500, p. 176).

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Nota 6

DÍAZ DE DURANA, "La reforma municipal de los Reyes Católicos y la consolidación de las oligarquías urbanas", p. 214.

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Nota 7

VAL VALDIVIESO, I. del, "La intervención real en las ciudades castellanas bajomedievales", en Miscelánea Medieval Murciana, vols. XIX-XX, 1995-1996, pp. 70-72.

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2.- La guerra de Sucesión

La figura clave en la interrelación entre los municipios y la Corona durante la última etapa del siglo XV fueron los corregidoresNota 1), pero estos tampoco fueron una novedad implementada por los Reyes Católicos, ya que el surgimiento y consolidación de la figura es un proceso que abarca más de un siglo y medio, de los cuales el reinado de Isabel y Fernando solo es la culminaciónNota 2): la primera vez que encontramos una mención expresa a esta figura es en la petición 47 de las Cortes de Alcalá de Henares de 1348Nota 3). Su conceptuación se basa en el ius corrigendi, y hace referencia a la necesidad de restaurar un orden perturbado a través de unos funcionarios que representan a la autoridadNota 4); en el caso del corregidor, a la autoridad central —la Corona— en el ámbito municipal:

"El mantenimiento del orden público constituía una de las piezas clave del concepto de buen gobierno que poseían los ciudadanos del siglo XV. En efecto, Justicia y Bien Común son complementarios, actúan en una relación y una dinámica de causa-efecto, sirven para legitimar la actuación del poder y, como último efecto, promueven el consentimiento, la aquiescencia y la obediencia de los súbditos. Acabar con los ruidos, escándalos y bullicios que más o menos permanentemente se vienen produciendo en todas las ciudades del reino en la citada centuria constituye más que un deber de los gobernantes, puede ser considerado como la justificación máxima de su poder. En todos los lugares, justicia, orden público, servicio de Dios y del rey, pro y bien común de la ciudad son conceptos que aparecen en la documentación íntimamente unidos (...) La función del poder consiste, pues, fundamentalmente, en el mantenimiento del orden establecido, cuya transgresión implica un triple atentado: individual, contra la víctima o víctimas ofendidas; social, contra la comunidad en su conjunto y político contra la autoridad que defiende, representa y crea la ley que ha sido conculcada. Por ello, el poder político está doblemente obligado a reprimir y castigar el delito: en primer lugar, para restablecer los derechos individuales y colectivos que han sido ultrajados y, en segundo lugar, para consolidar y restablecer su propia autoridad, burlada y cuestionada. Se explica así cómo el mantenimiento del orden público y el ejercicio de la justicia en el ámbito jurisdiccional de las ciudades castellanas del siglo XV —ciudad y tierra—, se perfila como uno de los gastos más importantes y voluminosos de las haciendas municipales de este período, generador en muchos casos de parcelas cada vez más insalvables del déficit fiscal concejil"Nota 5).

Como puede verse, el mantenimiento del orden publico distaba de ser una cuestión menor entre las que ocupaban a la Corona, ya que estaba directamente vinculado con el concepto de buen gobierno, que, en la doctrina hispánica sobre tiranía y legitimidad, era fundamental para discernir al gobernante legítimo del que no lo era. Esto cobraba especial importancia para Isabel durante la guerra de Sucesión, en la que lo que se dirimía, con las armas en la mano, pero también con la política y la propaganda, era la legitimidad de cada candidata a ocupar el trono castellano. Ello explica la preocupación constante en aquellos años por el orden en las ciudades y, consideraciones de estrategia militar aparte —que las hubo, y vitales para la cuestión— nos sitúa en la senda de la comprensión respecto a los motivos por los cuales la figura de los corregidores vivió una enorme expansión entre los años 1475 y 1477, en las que un total de cuarenta ciudades castellanas vieron como se incorporaba esta figura a sus plantillas municipales.

Ya en el reinado de Enrique IV se usó con frecuencia la figura del gobernador, para hacer referencia a una figura municipal que presenta analogías con el corregidor, puesto que era creada para mantener el orden público en las ciudades en las que este se encontrara alterado o en peligro. Por ello, se dotó de gobernadores a ciudades como Burgos, Toledo y Sevilla, en razón de la existencia de banderías locales que amenazaban el orden y la paz local; y también a villas como Jaén y Murcia, por su condición de ciudades fronterizas con el mundo musulmánNota 6), es decir, donde la amenaza era de carácter militar, más que de orden público. En total, Enrique IV situó gobernadores en treinta ciudadesNota 7), pero, como tantos otros oficios y cargos públicos en su reinado, estos representantes del poder real en el ámbito urbano fueron utilizados por el monarca como medio de gratificar a diversos notables los servicios prestados a la Corona, lo cual derivó en el uso abusivo de las potestades que daba el cargo: "Como quiera que por algunos grandes le fue dicho que según las leyes y ordenanzas de estos reinos no se debía enviar [el gobernador o corregidor] salvo a los lugares que lo demandasen. Él [Enrique IV] queriendo con los corregimientos hacer satisfacción a algunos de quien cargo tenía, envió sus corregidores y las de ellos fueron tales que antes se pudieron llamar robadores que administradores de justicia"Nota 8). Por ello, la institución se desprestigió notablemente entre 1455 y el año 1474, en que Enrique IV falleció.

Este desprestigio no impidió que la figura del gobernador fuera empleada durante el reinado de los Reyes Católicos, que dotaron de gobernador a las islas Canarias, donde las querellas entre Juan Bermúdez y Juan Rejón, que habían firmado capitulaciones con la Corona para la conquista de Gran Canaria amenazaron el orden e hicieron que la Corona enviara a Pedro Fernández de Algaba como gobernador.

La guerra de Sucesión dio a Isabel y Fernando el marco que necesitaban para justificar una implantación sistemática de figuras vinculadas al poder central en el entorno urbano. Así, en 1475, la reina dio orden de que, en la ciudad de Cáceres, se depusiera de sus cargos a todos los regidores municipales que se habían mostrado partidarios de doña Juana. Para llenar el vacío de poder suscitado y mantener el orden público, dio a la ciudad un corregidor, el primero que recibía esta ciudad en su historia.

En 1478, Sevilla se encontraba dividida por el enfrentamiento entre el duque de Medina Sidonia, que había sido partidario de doña Juana durante la guerra de Sucesión, y el duque de Cádiz. En este contexto, en el que se mezcla la guerra civil con el enfrentamiento entre bandos urbanos, los Reyes enviaron a la ciudad del Guadalquivir a Diego de Merlo, en calidad de asistente, movimiento notablemente significativo dado que hacía catorce años que no había entre las autoridades urbanas sevillanas un representante del poder realNota 9).

El caso de Toledo planteó numerosos problemas, ya que en su gobierno municipal estaban muy involucradas importantes familias nobiliarias, como los Silva o los Ayala. En 1475, los Reyes enviaron como asistente al conde de Paredes, pero su muerte, menos de un año después, desencadenó de nuevo luchas de bandos en una doble vertiente: por un lado, la que enfrentaba a los nobles de la ciudad entre sí y, por otra, la que involucraba a los cristianos viejos contra las nuevas familias de conversos y judíosNota 10). La Corona nombró un nuevo asistente, Gómez ManriqueNota 11), hermano del fallecido conde Paredes, que prohibió los bandos y hermandades que no tuvieran contenido exclusivamente religioso. Su nombramiento fue un acierto ya que Gómez Manrique, además de un notable poeta, era un político experimentado que poseía lazos familiares con algunos de los linajes más importantes de Toledo y había sido previamente asistente en Burgos y corregidor en Salamanca y Ávila.

La actuación de Gómez Manrique fue mucho más allá de la prohibición de los bandos: don Pedro López de Ayala, bajo cuyo mando y control se encontraban las fortificaciones de Toledo, fue depuesto de todos sus cargos y ejecutado, y el control de las defensas pasó a Gómez Manrique. En 1478, se tuvo noticias de una conspiración de los partidarios de Juana que incluía, como pieza fundamental del complot, el asesinato del asistente, pero este reaccionó prontamente, ordenando el despliegue de dos mil hombres armados en la plaza de Zocodover, corazón de la vida toledana, y la demostración de fuerza intimidó tanto a los conspiradores que desistieron de llevar a cabo sus planesNota 12).

El caso de Toledo, en el que primero se nombró a Gómez Manrique asistente y luego corregidor, plantea la cuestión de si había alguna diferencia entre ambas designaciones. Parece que, al menos durante el reinado de Enrique IV, el término asistente y el de corregidor se usaron con relativa indiferencia, pero los Reyes Católicos optaron por homogeneizar los nombramientos designando corregidores. Los Reyes Católicos decidieron sustituir este cargo por el de corregidor con el fin de "conceder mayor legitimidad a su representante en la ciudad, evitando la oposición de la oligarquía a los nombramientos de oficiales realizados por los asistentes al considerarlos resultado de una atribución que sobrepasaba las funciones de su cometido; situar bajo un poder más efectivo los principales elementos del control urbano (sobre todo el militar y el judicial)"Nota 13).

A lo largo de los años de la guerra de Sucesión, los monarcas también implantaron la figura del corregidor a lo largo de la frontera portuguesa, dando corregidores a un importante número de villas gallegas y a ciudades estratégicamente vitales en torno a la raya con el reino luso, como fue el caso de Ciudad RodrigoNota 14). Del análisis de los nombramientos de corregidores, se desprende que la frecuencia de estos nombramientos fue disminuyendo a medida que la guerra se encaminaba a su conclusión: hubo 25 nombramientos de corregidores en 1475, diez en 1476 y tan solo cinco en 1477Nota 15). Esto refleja la directa vinculación, al menos en las primeras fases del conflicto, de la introducción de los corregidores con la necesidad de asegurar el orden y la defensa militar de espacios urbanos clave por parte de Isabel y Fernando. A medida que las ciudades fueron quedando aseguradas y la amenaza portuguesa descendió, el número de nuevos nombramientos también fue descendiendo.

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Nota 1

Cabe recordar que también existieron corregidores señoriales, en aquellas villas que eran señoríos jurisdiccionales de algún noble. El estudio de un caso significativo de corregidor señorial puede consultarse en CALDERÓN ORTEGA, J. M., "Los corregidores de los duques de Alba (1430-1531)", en Anuario de la facultad de derecho, n° 3, 1993-1994.

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Nota 2

GONZÁLEZ ALONSO, B., El corregidor castellano (1348-1808). Madrid, 1970, p. 42. Fernando Suárez Bilbao retrotrae su creación al reinado de Alfonso XI (SUÁREZ BILBAO, El origen de un Estado, p. 140). Margarita Cuartas retrasa su aparición en un año, llevándola a las Cortes castellanas celebradas en la ciudad de León en el año 1349 ("Los corregidores de Asturias en la época de los Reyes Católicos (1474-1504)", en Asturiensia Mediavalia, n° 2, 1975, p. 259).

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Nota 3

Algunos autores han hablado de una fecha posterior, como el caso de SACRISTÁN Y MARTÍNEZ, A., Municipalidades de Castilla y León. Madrid, 1877, p. 361. Este autor fija la creación de la figura del corregidor en el reinado de Enrique III, aunque su hipótesis ha sido superada en estudios como los de Bermúdez y González Alonso, que documentan profusamente la existencia previa de corregidores en el reino de Castilla. No se puede negar, por el contrario, que Enrique III realizó una labor de consolidación de la estructura político-administrativa castellana que ayudó a institucionalizar la figura de los corregidores.

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Nota 4

BERMÚDEZ, El corregidor en Castilla durante la Baja Edad Media (1348-1474), pp. 26-27.

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Nota 5

GUERRERO NAVARRETE, Y., "Orden público y corregidor en Burgos (siglo XV)", en Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, n° 13, 2000-2002, pp. 12-13

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Nota 6

De ahí que se hable de una figura de naturaleza híbrida, con funciones civiles de orden público y militares de defensa. Así lo sostienen SUÁREZ BILBAO, El origen de un Estado, p. 41; y GONZÁLEZ ALONSO, Gobernación y gobernadores, p. 98.

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Nota 7

LUNENFELD, M., Keepers of the city. The corregidores of Isabella I of Castile (1474-1504). Cambridge, 1987, p. 20.

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Nota 8

TORRES FONTES, J., Estudio sobre la Crónica de Enrique IV del dr. Galíndez de Carvajal. Murcia, 1946, p. 84.

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Nota 9

LUNENFELD, Keepers of the city, p. 30.

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Nota 10

Toledo era una de las ciudades que presentaba un mayor índice de violencia de todo el reino, en parte porque los conflictos por el poder habían privado de eficacia a las autoridades judiciales (CABRERA MUÑOZ, E., "Crimen y castigo en Andalucía durante el siglo XV", en Meridies. Revista de Historia Medieval, n° 1, 1994, p. 16).

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Nota 11

Al parecer, recibió inicialmente el título de asistente, pero poco después se le dio el de corregidor (LÓPEZ GÓMEZ, O., "Claves del sistema de pacificación ciudadana desarrollado por los Reyes Católicos en Toledo", en En la España medieval, n° 27, 2004, p. 171).

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Nota 12

LUNENFELD, Keepers of the city, pp. 31-32.

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Nota 13

LÓPEZ GÓMEZ, O., "Claves del sistema de pacificación ciudadana desarrollado por los Reyes Católicos en Toledo", en En la España medieval, n° 27, 2004, p. 172.

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Nota 14

SUÁREZ BILBAO, El origen de un Estado, p. 141. En cualquier caso, el nombramiento del asistente fue solo uno de los aspectos a través del cual los Reyes trataron de lograr la pacificación de Toledo. Otros fueron: "La prohibición del juego y la expulsión de cualquier persona peligrosa a la hora de mantener el orden público; intentaron vincular a la población, dirigida por los jurados, en la defensa de este orden; deshicieron las ligas, confederaciones y cofradías que presentaban un carácter más político que religioso; abogaron en todo momento por la desvinculación de los regidores y jurados de otras personas poderosas con similares intereses políticos; favorecieron al Cabildo de Jurados, convirtiéndole en un elemento de pacificación básico junto al corregidor; otorgaron a los miembros de la comunidad urbana la posibilidad de resolver por vía judicial los abusos que habían sufrido por parte de los Ayala, aunque a éstos también les dieron la posibilidad de defenderse; pusieron en marcha un nuevo funcionamiento de la justicia en la ciudad con el corregidor; dieron licencias para prorrogar las deudas particulares a aquellos vecinos que las necesitaban para no caer en la pobreza, evitando así la delincuencia; protegieron la propiedad privada a aquéllos que temían perderla; pusieron bajo su amparo a los individuos que tenían miedo a ser víctimas de venganzas por acciones cometidas en el pasado; favorecieron la reestructuración de la autoridad jurisdiccional del Concejo sobre su tierra, promoviendo el derribo de las horcas que se habían levantado en los años precedentes como símbolos jurisdiccionales por parte de algunos señores; se hicieron con el control de las fortalezas de la ciudad y de sus alrededores y situaron en ellas a alcaides de confianza; prometieron (sin cumplirlo) devolver a la ciudad los territorios entregados por Juan II al conde de Belarcázar; confirmaron los perdones otorgados por Enrique IV tanto a la comunidad urbana en general como a individuos particulares; otorgaron nuevos indultos a aquéllos que les sirvieron en la guerra, a los que abandonaron al arzobispo Carrillo, al rey de Portugal y al conde de Villena, y de forma arbitraria, sobre todo, siguiendo la costumbre del Viernes Santo; persiguieron a los recalcitrantes en su postura contra los nuevos monarcas; reactivaron una política de privilegios que había quedado obsoleta durante gran parte del siglo XV; recurrieron al argumento de la nobleza y lealtad de la ciudad en un intento de crear una conciencia favorable a las disposiciones regias" (LÓPEZ GÓMEZ, O., "Claves del sistema de pacificación ciudadana desarrollado por los Reyes Católicos en Toledo", en En la España medieval, n° 27, 2004, p. 170).

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Nota 15

LÓPEZ GÓMEZ, O., "Claves del sistema de pacificación ciudadana desarrollado por los Reyes Católicos en Toledo", en En la España medieval, n° 27, 2004, p. 172.

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3.- La consolidación de los corregimientos

Lo que supone una verdadera novedad en la implantación de los corregimientos durante el reinado de Isabel y Fernando no es tanto la aparición de una figura de esa índole, sino la capacidad de la Corona para imponer su consolidación en el conjunto de los municipios, como elemento clave en la organización político-administrativa de los concejos y "piedra angular de la administración territorial castellana"Nota 1), constituyendo al corregidor como una pieza más del engranaje centralizador de su reinadoNota 2), en especial a partir del año 1480, tal y como señala Isabel del Val Valdivieso: "A lo largo de su reinado, a partir de 1480, Isabel impone a las villas un oficial que representa y defiende, al menos en principio, los intereses y la política regia, que garantiza el contacto de los concejos con la Corona y que está sometido al control regio, el corregidor"Nota 3).

Es decir, cuando en el año 1480 los Reyes ordenan que todas las villas del reino tengan corregidor, terminan con el carácter excepcional de esta figura y lo convierten en una pieza regular de la administración municipalNota 4); dicho de otra forma, sitúan elementos de control y gobierno regio en todos los municipios, sin necesidad de circunstancias extremas que justifiquen la intervención directa de la Corona en el ámbito del poder local, convirtiendo en permanente lo que en un principio podría haber parecido una extensión de la figura provocado por las especiales circunstancias de los desórdenes del reinado de Enrique IV y de la posterior guerra de Sucesión.

Este uso suponía una verdadera modificación —o perversión, desde el punto de vista de las élites locales— de lo que hasta entonces había sido la figura en cuestión. Hasta el reinado de los Reyes Católicos, "el corregidor es para las ciudades un oficial excepcional del cual se puede y se debe hacer uso cuando las tensiones municipales suban de punto y amenacen la paz pública, solo entonces"; por tanto, lo que de verdadero cambio tiene su uso durante el reinado de Isabel y Fernando es el logro de los monarcas de volver ordinario lo extraordinario, de convertir al corregidor en una figura presente en todos los municipios de sus reinos, con independencia de si en ellos concurrían las excepcionales circunstancias que, en el pasado, habían sido requisito necesario e imprescindible para dotar de corregidor a una villaNota 5).

Como ya hicieran, por ejemplo, con la Hermandad General, los Reyes utilizaban un figura preexistente para afianzar y extender el poder de la Corona, aprovechando las circunstancias creadas durante la guerra y modificando la esencia de dicha figura sin cambiar su nombre ni determinados aspectos formales, que la entroncaban con su uso precedente. De alguna manera, se produce una perversión de aquel aforismo de Lampedusa —"cambiadlo todo para que nada cambie"— y en lo formal se produce el fenómeno de que nada cambie, para poder cambiarlo todo. O, como dijo Ballesteros Gaibrois, los Reyes aprovecharon los moldes existentes para crear nuevas realidades y sirvieron al reino "vino nuevo en odres viejos"Nota 6).

El hecho de que las villas y ciudades no fueran capaces de bloquear la implantación de los corregidores es una muestra de la impotencia de los diversos poderes del reino para detener el proceso de centralización impulsado por la Corona, pero no significa en modo alguno que no hubiera resistencias más o menos enconadas a este proceso, concretado, en el caso urbano, en los corregidoresNota 7). De hecho, ya había habido quejas contra el uso de los gobernadores durante el reinado de Enrique IV, hasta el punto de que las Cortes de Toledo de 1462 se quejaron a la Corona de que el uso extensivo que se estaba haciendo de aquella figura constituía un abuso y una perversión de los motivos que habían justificado la creación de los gobernadores, que ya no eran figuras pacificadoras, sino elementos de control centralNota 8).

En el mismo reinado de Enrique IV, otras ciudades habían conseguido, a través de sus propias instituciones municipales, controlar e incluso paralizar las actuaciones de los corregidores, sino de derecho, sí de facto. Este fue el caso de Córdoba, ciudad en la que el señor de Aguilar, alcalde mayor, logró imponer férreamente su dominio sobre el municipio entre los años 1464 y 1477Nota 9). Sin embargo, derrotados sus enemigos en la guerra de Sucesión, Isabel y Fernando sí fueron capaces de reunir la fuerza política y la voluntad de gobierno suficientes para imponer los corregidores a los municipiosNota 10).

El afianzamiento del corregidor se produjo al terminar la guerra de Sucesión, en especial a partir de 1480, siempre contra la voluntad de la sociedad urbana y de sus estructuras de poder, reemplazado por completo a figuras como los gobernadores y asistentesNota 11). Los Reyes presionaron insistentemente desde el citado año 1480 para obtener mayores cuotas de control en el ámbito urbano.

Esta campaña, si es que puede denominarse así, tuvo especial intensidad en Andalucía, puesto que los monarcas consiguieron que hasta una veintena de nobles abandonaran cargos urbanos de importancia en municipios andaluces en el lapso de unos pocos mesesNota 12). La presión sobre Andalucía respondía a que dicho territorio se encontraba en un estado de "guerra solapada", al no haberse aplacado en ningún momento los desórdenes, enfrentamientos y rivalidades que se arrastraban desde el reinado de Enrique IV. Para lograr la pacificación, los Reyes recurrieron a cuatro líneas de actuación, todas ellas relacionadas con los corregidores: recuperación del control de las fortalezas y defensas de las ciudades, concesión de oficios que calmaran las ambiciones de las élites locales, liquidación de las tensiones urbanas permitiendo el correcto funcionamiento de las instituciones y control de los grupos armados también en los entornos urbanosNota 13). El oficio de corregidor desempeñaba un papel destacado en todos y cada uno de estos puntos.

Con gran habilidad política, los Reyes Católicos presentaron a los corregidores como defensores del comercio, garantes de los intereses de la oligarquía y defensores de los derechos del resto de los habitantes. Sin embargo, por muy elegante y positivo que fuera el modo en que los Reyes presentaban a los corregidores ante los poderes urbanos, no lograron impedir la abierta hostilidad de estos ante la figura, que se consolida y desarrolla en un ambiente de oposición por parte de las élites urbanas, dado que sus facultades, aún en el caso de ser desempeñadas con arreglo a la más estricta legalidad, eran lesivas a la autonomía concejil, a su economía y comportaban la suspensión de las funciones de algunos de los más importantes funcionarios del concejo, como era el caso de los alcaldes y del alguacilNota 14).

Durante el reinado de Isabel y Fernando, la figura del corregidor presentó una notable flexibilidad para su adaptación a los diferentes contextos municipales en los que fue empleada. Para evitar los abusos, lo normal era que los corregidores no permanecieran durante largo tiempo en su cargo, aunque hubo excepciones, como el caso de Soria, donde no solo Gutierre Velázquez de Cuéllar permaneció en ella como corregidor durante más de dieciocho años, sino que fue sustituido por su propio hijo. Casos menos notorios los hubo en ciudades de primera importancia, como Sevilla, donde Juan de Silva permaneció en ella como asistente durante un nada despreciable periodo de ocho años, y en Jaén, Francisco de Bobadilla lo fue durante toda una década, entre 1478 y 1488.

Dado que el nombramiento de corregidores era una potestad real, la mayor parte de las veces era la Monarquía quién tomaba la iniciativa al respecto, si bien también hubo ocasiones en que fueron los concejos quienes solicitaron a la Corona el envío del oficial. El designado debía ser originario de ciudad o villa de realengo y de fuero y, al tiempo, originario del reino donde estaba la villa a la que se le enviaba. La duración de la designación solía ser por un año, con un salario que era abonado por la villa que lo recibía, si bien los judíos y musulmanes que habitaran en la ciudad estaban exentos de pagar su sueldoNota 15). El pago de este salario ha sido una de las razones aducidas con más frecuencia a la hora de explicar la oposición de los núcleos urbanos a recibir corregidor; sin embargo, pese a que el sueldo de los corregidores era, efectivamente, elevado, no parece que ninguna villa haya tenido problemas para satisfacerlo con sus fondos, por lo que las quejas y protestas en este sentido seguramente tuvieran más de excusa que de verdadera explicación de la poca receptividad concejil ante la figura.

Dentro de las competencias de los corregidores eran fundamentales varias relativas al mantenimiento del orden público, entre ellas el velar para que se cumpliera la prohibición de determinados juegos, la represión de la blasfemia y la persecución de la usura. Otras estaban directamente encaminadas al control de los poderes locales, en especial de la nobleza urbana, de forma que se asegurara su sometimiento a la Corona. En esa línea cabe explicar el hecho de que una de las funciones de los corregidores fuera el impedir la construcción en las villas y concejos de casas fuertes o torres sin licencia previa de la Corona.

Para aumentar su peso en la vida política de los concejos, la Corona estableció que los corregidores votaran en las decisiones de aquellos municipios en que los regidores tuvieran voto, trascendiendo así por completo cualquier posible interpretación de la figura como un mero instrumento de orden público. De hecho, el voto del corregidor era tenido, no sin razón, como expresión de los deseos de los monarcas, lo cual le confería un enorme poder a la hora de influir en el voto de los regidores. Para limitar esta situación, que desestabilizaba las votaciones municipales, se fijó que los corregidores votaran en último lugar en aquellas villas en las que tenían derecho a hacerlo.

Las Cortes de Toledo de 1480, además, dieron importantes funciones judiciales a los corregidoresNota 16). Estos pasan a ocupar un lugar tan destacado que algunos autores hablan de jueces-corregidoresNota 17), y de esta forma llegaron a convertirse en el órgano normal de la jurisdicción local ordinaria, fijando el ordenamiento de Cortes su funcionamientoNota 18). Nuevamente, esto se vinculaba directamente con el mantenimiento del orden público, ya que en aquellas ciudades en que se habían producido serias alteraciones del mismo, uno de los ámbitos que primero resultaba afectado y que con mayor facilidad veía colapsadas sus estructuras era la administración de justicia.

En cuanto a las funciones de carácter militar, estas habían sido parte clave de la figura del gobernador durante el reinado de Enrique IV, como lo demuestra que fueran esas mismas funciones las que justificaran su envío a Murcia y Jaén, ciudades cuyo orden público no estaba amenazado por banderías, y sí su defensa militar, al ser territorios fronterizos con el enemigo musulmán. Sin embargo, en el contexto de los Reyes Católicos, algunos de los estudios de referencia sobre la figura del corregidor arrojan ciertas dudas sobre si las funciones militares de la figura tuvieron sustancia propia. Benjamín González, por ejemplo, sostiene que el papel militar del corregidor es más bien discutible, y que cualquier competencia militar que tuviera posiblemente respondiera más a una extensión de sus funciones de orden público que a una naturaleza verdaderamente militarNota 19).

Sin embargo, la guerra de Sucesión nos proporciona ejemplos de cómo la figura del corregidor fue dada a determinadas villas siguiendo criterios principalmente de estrategia militar. Este fue el caso de diversas ciudades que desempeñaban un papel clave en las posiciones defensivas de la frontera portuguesa, caso de Ciudad Rodrigo, que recibieron corregidores sin haberse producido en ellas desorden de tipo social alguno. El mismo hecho de que el número de corregimientos aumentara significativamente durante la guerra, principalmente en los momentos en que las fuerzas portuguesas se internaban en Castilla, y disminuyera el ritmo de designaciones al tiempo que, tras la batalla de Toro, esta amenaza se hacía más remota, señala también una vinculación directa entre las circunstancias bélicas y la figura del corregidor, al menos tal y como fue utilizada durante la guerra de Sucesión.

Algunas de las competencias que se les encargaron parecen tener también una relación mucho más directa con las cuestiones defensivas que con el orden público. Así, a Gómez Manrique, al asumir sus funciones en Toledo, se le especificó que, entre otras cuestiones, debía tomar el control de todas las puertas de la ciudad y, lo que es más significativo, quedaban bajo su responsabilidad todas las fortalezas toledanasNota 20). Y no fue este el único caso: igual ocurrió con las fortificaciones de Molina de Aragón, que, desde 1480, quedaron bajo la autoridad del corregidor Alfonso Carrillo de AcuñaNota 21).

No obstante, quienes relativizan las competencias militares de los corregidores señalan que cargos como el mando de las fortalezas no eran consustanciales al nombramiento de corregidor, sino que recaían en él como individuo, sin ser parte de sus funciones. Sin embargo, la acumulación de mandos de este tipo en manos de los corregidores parece haber sido demasiado habitual como para ser considerada la coincidencia de dos oficios en manos de una misma persona.

Tampoco se limitaron este tipo de coincidencias a los oficios de carácter estrictamente militares: por ejemplo, el corregidor de Oviedo, desde el año 1490, era también merino mayor del principado de Asturias, lo cual suponía que quedaban bajo su control las fortalezas de Oviedo, arrebatándosele a la familia nobiliaria de los Quiñones, que tradicionalmente lo habían detentadoNota 22).

La relación de los propios corregidores con las autoridades militares, cuando existían cargos de esta naturaleza en el mismo entorno geográfico, es significativa. Por lo común, las figuras militares conservaban, frente a los corregidores, competencias que en lugares sin un mando militar autónomo pasaban a manos de los propios corregidores, siendo el ejemplo más claro el de la custodia de las fortalezas. Por el contrario, tenemos ejemplos de que, en ocasiones, las autoridades militares ejercieron de corregidores en villas incluidas en sus zonas geográficas de actuación. Este fue el caso, por ejemplo, de los capitanes generales de la frontera navarra, que no solo presionaron a los corregidores de ciudades como Logroño para que desarrollaran su actividad del modo que consideraban más apropiado, sino actuaron como corregidores en varios momentos en que no había uno designado expresamenteNota 23).

En ocasiones se ha presentado la expansión del corregidor en el municipio castellano durante el reinado isabelino como un hecho irreversible, pero lo cierto es que no fue percibido así por sus contemporáneos y, a la muerte de la reina, muchas villas a las que se había dotado de corregidor en las décadas previas seguían viendo a esta figura como un oficial molesto del que desprenderse en cuanto hubiera ocasión. De hecho, en los años que mediaron entre la muerte de Isabel y el afianzamiento de Carlos V en la Corona tras la derrota de las Comunidades y las Germanías en 1521, fueron muchas las ciudades castellanas de las que se retiró la figura del corregidor por diferentes periodos de tiempo. No obstante, el hecho de que ninguna de las vías alternativas ensayadas —por ejemplo, la potenciación de oficios municipales tradicionales que habían resultado marginados con la preponderancia de los corregidores, como los oficiales foreros de justicia— lograse ofrecer una forma de administración estable a largo plazo revertió en la definitiva consolidación de los corregimientos, ya en el reinado de Carlos VNota 24).

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Nota 1

LOSA CONTRERAS, C., "Un manuscrito inédito de los capítulos de corregidores enviado al concejo de Murcia", en Cuadernos de Historia del Derecho, n° 10, 2003, p. 236.

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Nota 2

DÍAZ DE DURANA, "La reforma municipal de los Reyes Católicos y la consolidación de las oligarquías urbanas", p. 213. No obstante, uno de los más completos estudios sobre el corregimiento en tiempos de los Reyes Católicos, el realizado por Máximo Diago, discrepa de la verdadera y última voluntad centralizadora de los Reyes: "Constituye un lugar común presentar a los corregidores como agentes del poder central en los ámbitos locales, encargados de hacer cumplir en ellos las decisiones políticas de las instituciones centrales de gobierno de la monarquía, al modo como lo hicieron después los gobernadores civiles en el nuevo marco institucional del estado liberal centralizado. No obstante, a fines de la Edad Media ni la monarquía castellana aspiraba a imponer un modelo de gobierno centralizador semejante al que propició la monarquía constitucional del siglo XIX, y que sólo parcialmente logró implantar, ni contaba tampoco con los medios necesarios para imponerse en los ámbitos locales, y vencer las fuertes resistencias que ofrecían sus sociedades políticas"("El papel de los corregidores en los conflictos políticos de las ciudades castellanas a comienzos del siglo XVI", en En la España Medieval, n° 27, 2004, p. 203). Reconociendo la autoridad del autor en cuanto a los corregimientos, discrepamos sobre su afirmación de que la Monarquía no aspiraba a imponer un gobierno centralizador.

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Nota 3

VAL VALDIVIESO, Mª I., "Élites populares urbanas en la época de Isabel I de Castilla", en CHALLET, V.; GENET, J. P.; RAFAEL OLIVA, H.; VALDEÓN, J. (coord.), La sociedad política a fines del siglo XV en los reinos ibéricos y en Europa. Valladolid, 2007, p. 33.

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Nota 4

Las ciudades que no poseían corregidor pasaron a ser la excepción a la norma, como fue el caso de Guadalajara, que no tuvo corregidor hasta el reinado de Carlos V, pese a ser una de las ciudades de realengo más importantes del reino.

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Nota 5

GONZÁLEZ ALONSO, B., El corregidor castellano (1348-1808). Madrid, 1970, p. 41; también GUERRERO NAVARRETE, Y., "La política de nombramiento de corregidores en el siglo XV: entre la estrategia regia y la oposición ciudadana", en Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, n° 10, 1994-95, p. 105.

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Nota 6

La obra de Isabel la Católica, p. 80. En términos jurídicos, Giménez Fernández expresó esta misma idea señalando que en el ordenamiento pervivieron las fórmulas medievales, pero vaciadas de su contenido real (Las bulas alejandrinas de 1493 referentes a las Indias. Madrid, 1944, p. 41).

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Nota 7

VAL VALDIVIESO, Mª I., "La intervención real en las ciudades castellanas bajomedievales", en Miscelánea Medieval Murciana, vols. XIX-XX, 1995-1996, p. 68.

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Nota 8

LUNENFELD, Keepers of the city, p. 21.

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Nota 9

DIAGO HERNANDO, M., "El papel de los corregidores en los conflictos políticos de las ciudades castellanas a comienzos del siglo XVI", en En la España Medieval, n° 27, 2004, p. 196. Un análisis de cómo el corregidor nombrado por los Reyes superó las resistencias municipales en Córdoba, desplazando al alcalde mayor, lo encontramos en CABRERA SÁNCHEZ, M., Nobleza, oligarquía y poder en Córdoba al final de la Edad Media. Córdoba, 1998, pp. 90-94.

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Nota 10

Yolanda Guerrero afirma que la implantación de los corregimientos no hubiera sido posible sin el consentimiento, o al menos la pasividad, de una gran mayoría de las villas en las que se implantó, desmarcándose así de la tesis general que afirma que las villas se opusieron, pero carecieron, en última instancia, de fuerza suficiente para frenar la voluntad de los monarcas: "el éxito de la estrategia regia en este sentido, que se tradujo a fines de la centuria del cuatrocientos en la conversión de este oficial regio —inicialmente de carácter extraordinario— en una institución ordinaria del gobierno municipal, sólo puede explicarse íntegramente desde la perspectiva de un consentimiento pasivo de los grupos dirigentes urbanos —o al menos de un sector de los mismos—, mucho más interesados en la presencia de los corregidores de lo que a primera vista parece deducirse de la documentación. Algunas ciudades no ofrecen dudas a este respecto" ("Orden público y corregidor en Burgos (siglo XV)", en Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, n° 13, 2000-2002, p. 6).

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Nota 11

Sirva como dato que, a comienzos del siglo XVI solo quedaba un asistente, el de Sevilla, y gobernadores en Canarias, Granada —el conde de Tendilla— y algunos territorios gallegos (SUÁREZ BILBADO, El origen de un Estado, p. 143).

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Nota 12

LUNENFELD, Keepers of the city, p. 26.

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Nota 13

RUFO YSERN, P., "Los Reyes Católicos y la pacificación de Andalucía (1475-1480)", en Historia, instituciones, documentos, n° 15, 1988, p. 217.

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Nota 14

BERMÚDEZ, El corregidor en Castilla durante la Baja Edad Media (1348-1474), p. 227.

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Nota 15

BERMÚDEZ, El corregidor en Castilla durante la Baja Edad Media (1348-1474), pp. 103 y 123.

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Nota 16

SUÁREZ BILBADO, El origen de un Estado, p. 146. De hecho, las Cortes dieron unas directrices que luego hubieron de ser concretadas en toda una serie de instrucciones que se denominaban "capítulos de corregidores", como los que, de mano de Alonso de Mármol, se remitieron a la villa de Madrid en 1490. Estos capítulos solían incluir normas relativas a la aplicación del juicio de residencia a los corregidores. Sobre estos capítulos, ver LOSA CONTRERAS, C., "Un manuscrito inédito de los capítulos de corregidores enviado al concejo de Murcia", en Cuadernos de Historia del Derecho, n° 10, 2003, pp. 237-239.

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Nota 17

MONSALVO ANTÓN, J. Mª., "El reclutamiento del personal político concejil. La designación de corregidores, alcaldes y alguaciles en un concejo del siglo XV", en Studia Historica. Historia Medieval, n° 5, 1987, p. 173.

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Nota 18

ALBI, F., El corregidor en el municipio español bajo la Monarquía absoluta. Madrid, 1943, p. 55.

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Nota 19

GONZÁLEZ ALONSO, El corregidor castellano (1348-1808), p. 129.

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Nota 20

LÓPEZ GÓMEZ, O., "Claves del sistema de pacificación ciudadana desarrollado por los Reyes Católicos en Toledo", en En la España medieval, n° 27, 2004, p. 173.

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Nota 21

DIAGO HERNANDO, M., "El papel de los corregidores en los conflictos políticos de las ciudades castellanas a comienzos del siglo XVI", en En la España Medieval, n° 27, 2004, p. 197.

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Nota 22

CUARTAS RIVERO, M., Oviedo y el principado de Asturias a fines de la Edad Media. Oviedo, 1983, p. 253. Un estudio específico de los corregidores asturianos en CUARTAS, "Los corregidores de Asturias en la época de los Reyes Católicos (1474-1504)", en Asturiensia Mediavalia, n° 2, 1975

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Nota 23

CANTERA MONTENEGRO, M., "El concejo de Logroño en tiempo de los Reyes Católicos (1474-1495), en Hispania, n° 162, 1986, pp. 15-16.

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Nota 24

DIAGO HERNANDO, M., "El papel de los corregidores en los conflictos políticos de las ciudades castellanas a comienzos del siglo XVI", en En la España Medieval, n° 27, 2004, p. 197.

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CAPÍTULO XXV: ÚLTIMA RATIO

1.- Guerra, Derecho e instituciones

El Estado construido —o rediseñado— por los Reyes Católicos es difícilmente concebible sin la guerra: La guerra determinó la supervivencia dinástica de Isabel al frente de los designios de Castilla, los límites de la expansión africana y atlántica, la ampliación territorial peninsular con las anexiones de Granada y Navarra, el salto a la península Itálica, la creación de un ejército profesional permanente, la implementación de una reforma fiscal, la modificación de las relaciones entre la Corona y las Cortes, la obsolescencia de numerosas instituciones medievales, como las Órdenes Militares, etc. En el reinado de los Reyes Católicos tan solo dos temas de hondo calado —la expulsión de los judíos y la creación del Santo Oficio— parecen no estar directamente causados, influenciados o catalizados por la guerra.

Así pues, la guerra tuvo un impacto integral sobre el desarrollo del Estado en la transición del siglo XV al XVI y, por tanto, en la transición de los modelos medievales al Estado moderno. Todos los campos del mundo hispánico resultaron afectaron por las guerras de Isabel y Fernando.

Los cambios militares contribuyeron a modificar la estructura social, donde uno de los pilares que sostenía la preeminencia de la nobleza, su monopolio del oficio de las armas, fue socavado por la creación de los ejércitos permanentes profesionales, por el desarrollo técnico de la artillería y las armas de fuego portátiles y por el aumento de la importancia de la infantería en detrimento de la caballería, en especial de la caballería estamental o de clase, es decir, de la caballería nobiliaria. El aumento en la complejidad de la guerra y de la maquinaria necesaria para llevarla a cabo supuso la aparición de una nueva burocracia —gestores, contables, escribanos, administradores, veedores, visitadores, proveedores...— cuya extracción social se encontraba alejada de las nobles cunas y que pasaron a ser más importantes para la eficacia bélica de la Monarquía de lo que lo era la aristocracia.

De esta forma, se alteró el equilibrio social entre estamentos, y si bien la nobleza siguió disfrutando de una posición privilegiada, que los Reyes Católicos respetaron, el auge de la burocracia modificó el reparto de poder dentro del Estado, puesto que los nuevos funcionarios de la Monarquía todo lo debían a la Corona, que les designaba para sus oficios, les pagaba y, en última instancia, podía revocar los nombramientos con la misma facilidad con que los otorgaba. La guerra se plebificó, dejó de ser el territorio de la nobleza donde el resto de estamentos eran mera carne de espada, y no solo lo hizo en las filas de los combatientes, sino también en su gestión y administración. Con el aumento de importancia de la burocracia, el cambio en la naturaleza de la relación entre la Corona y las personas de las que dependía el funcionamiento de la maquinaria administrativa cambió: mientras que en el modelo feudal los nobles integrados en la Corte y los cargos oficiales del reino colaboraban con la Corona, en el modelo moderno los funcionarios de carrera servían a la Corona, y la diferencia, con ser de matiz, es fundamental.

El sistema fiscal hubo de ser rediseñado, modificado para ser más eficaz y, sobre todo, expandido, para poder sostener los gastos que imponían las guerras a librar y los medios necesarios para librarlas. El aumento de presión fiscal fue una constante en el reinado de Isabel y Fernando y en el de la mayor parte de los monarcas coetáneos. Estas necesidades financieras contribuyeron también a modificar la relación entre la Corona y el reino, esto es, entre la Corona y las Cortes, y la generalización de la petición de servicios, en especial a partir del año 1500, alteró tanto el papel que esta institución desempeñaba dentro de la Monarquía como la naturaleza de la asamblea. En el otro extremo del sistema administrativo, el municipal, las guerras sirvieron de justificación, cuando no de motivación, para la implantación de un control regio más directo sobre el poder urbano, especialmente a través de la introducción de la figura del corregidor, que pasó de ser una figura excepcional a ser la norma en la administración municipal castellanaNota 1).

La guerra reformó el espacio mismo de la Monarquía, y obligó a construir un sistema de delegación del poder regio que se basó en los modelos y la experiencia aragonesa, pero que, además, obligó a integrar élites e instituciones locales, como las napolitanas y las navarras, a fin de cohesionar la Monarquía no solo con vistas a un gobierno común, sino también a una defensa viable frente a los enemigos exteriores, particularmente contra Francia y, en el eje Mediterráneo, contra el imperio otomano.

La guerra alteró la naturaleza de instituciones que existían previamente, como las Órdenes Militares, que quedaron superadas por las nuevas circunstancias, o la bula de Cruzada, cuyo diseño y contenido se alteró sustancialmente para adaptarla a las nuevas necesidades militares de la Corona: se convirtió en un medio para obtener dinero para pagar profesionales en vez de un camino para reclutar combatientes voluntarios. Estos cambios, como es lógico, tuvieron una enorme repercusión en las relaciones con la Iglesia, para la que había una sustancial diferencia entre el uso que la Corona pudiera hacer de los contingentes voluntarios que suministraba el modelo medieval de bula y la administración de cantidades en efectivo que salían, en gran medida, de las arcas eclesiásticas, como ocurría con el modelo moderno de bula.

Las alteraciones producidas por la guerra tenían un efecto en cadena sobre el Estado. Los cambios en el mundo de las Órdenes y en la bula de Cruzada dieron origen a la creación de los Consejos de Órdenes y de Cruzada; la anexión de Nápoles acabaría motivando el nacimiento del Consejo de Italia; la de Navarra convirtió al Consejo Real de este reino en un órgano de la Monarquía. Si se añade a esto la aparición del Consejo de Aragón en la década de 1490 y la existencia previa del Consejo de Castilla, nos encontramos con la base del sistema polisinódico que habría de ser una de las características más destacadas —si no la fundamental—, del gobierno de la Monarquía HispánicaNota 2). A este respecto es ilustrativa la siguiente reflexión del profesor Marchena Jiménez, y que refleja, haciendo referencia a un periodo posterior al reinado de Isabel y Fernando, cómo la maquinaria bélica de la Monarquía implicaba a la práctica totalidad de los consejos:

“El Consejo de Estado gestionaba a nivel global la conducción político-militar de las guerrasNota 3), mientras que el Consejo de GuerraNota 4) controlaba la conducción estratégica y el control orgánico y operativo de la armada, así como la alta intendencia, la justicia, los nombramientos, la ordenación militar y el estudio de los informes militares. Otros consejos, como el de Hacienda, Órdenes Militares o Santo Oficio, se convirtieron en esenciales para organizar y garantizar todo lo aprobado por el de Guerra y Estado, y en el caso de los territoriales —sobre todo el de Castilla— decisivos para la organización de las escuadras pertenecientes a cada uno de los territorios. El Consejo de Hacienda informaba de los recursos dinerarios dados a la marina y se ocupaba de la fiscalización de la gestión económica, junto con la Contaduría, aunque era el rey, a través del Consejo de Estado y de Guerra, quien finalmente decidía al respecto. En realidad, los gastos de la marina, entre los que figuraba el sostenimiento de bajeles y escuadras de galeras, los sufragaba sólo Castilla a través de la Contaduría Mayor de Cuentas por medio de gastos ordinarios del reino, que eran costeados mediante rentas ordinarias — alcabalas, tercias, derechos de puerto y almojarifazgo, rentas sobre la seda, salinas, minas y almadrabas; el impuesto de millones se instauró tras el desastre de la Invencible, votado en Cortes en 1590—; ingresos de gracia —maestrazgos de las tres órdenes militares castellanas, la Bula de Cruzada y los subsidios ordinarios que la Iglesia concedía—, ingresos procedentes de América y donativos. El Consejo de Órdenes Militares se dedicó básicamente al servicio de la profesión de las órdenes militares, que debían servir en la galera seis meses, mientras que el del Santo Oficio controló todo lo relativo a la “información”. El Consejo de Cruzada tuvo mayor relevancia que los anteriores, sobre todo en el siglo XVII, ya que tenía la capacidad de proporcionar recursos financieros. En las Ordenanzas de 1694 se le atribuía toda la responsabilidad en lo relativo a medios y finanzas”

El hecho de que la nueva maquinaria bélica permitiera una proyección de fuerza que no había existido hasta entonces a esa escala en los reinos hispánicos, modificó la naturaleza y alcance de la diplomacia a partir de la última década del siglo XV, ampliando la esfera de influencia de los Estados más poderosos, lo cual, a su vez, revertió en el aumento de las zonas de fricción e hizo más probables conflictos multinacionales, una tendencia que llegaría a su punto álgido un siglo después, con la conflagración general que fue la guerra de los Treinta Años.

Cuando hablamos de los cambios en la guerra durante el reinado de los Reyes Católicos, no se está hablando de un determinado cambio técnico o táctico, ni de un cambio de escala, sino de una modificación de la naturaleza en las instituciones relacionadas con la guerra. Los cambios impuestos por la evolución militar europea alteraron los esquemas militares. La necesidad irrevocable de poseer un ejército profesional permanente, de financiarlo, de equiparlo con nuevas armas; la traslación del peso de las operaciones militares de la caballería a la infantería, la generalización de la artillería de pólvora y los consecuentes cambios en las fortificaciones; las novedades introducidas en la guerra naval, incluida la propia artillería de pólvora, étc..., fueron cambios que alteraron la naturaleza de la guerra durante el cambio de los siglos del XV al XVI.

Los cambios militares, y los cambios por estos suscitados, no son en modo alguno un fenómeno privativo de la Monarquía Hispánica, sino que se enmarcan en un proceso general de carácter europeo: La guerra no se renueva únicamente en la Península Ibérica, y ni siquiera lo hace allí en primer lugar. Francia, Inglaterra, Hungría o Moscovia, por citar solo los casos analizados en uno de los capítulos de este libro, experimentan procesos equivalentes en lo militar, con consecuencias en el conjunto del Estado que no son muy diferentes a las experimentadas en los reinos de Isabel y Fernando. Al igual que en el caso hispánico, la naturaleza de los conflictos librados por estas Coronas responde a un patrón en dos fases: un primer tiempo de conflictos internos en los que el elemento principal a determinar es la misma definición del reino, ya en lo político, ya en lo territorial, o en ambos ámbitos; seguida esta primera fase por una segunda de guerras exteriores, que, en la mayor parte de los casos, contribuyen a impulsar y consolidar los cambios en el Estado. En este sentido, la evolución militar y el nacimiento del Estado Moderno supusieron un proceso de selección natural entre los Estados: aquellos que no supieron o no pudieron, por carencias demográficas, geográficas o estructurales, asumir e implementar dichos cambios, lisa y llanamente, desaparecieron: este fue el caso de Navarra, Granada, Borgoña, Bretaña, Milán, Nápoles, Smolensko o Novgorod, por citar algunos ejemplos.

En el particular universo de la Monarquía hispánica, donde los mismos monarcas gobernaban un conjunto de reinos jurídicamente independientes, las guerras libradas por Isabel y Fernando contribuyeron a crear una comunidad de intereses entre los reinos de Aragón y Castilla. Según Miguel Ángel Ladero Quesada, "la política europea de los Reyes Católicos, salvo en los casos de Portugal y Navarra, respondió a directrices anteriores de la Corona de Aragón"Nota 5), e incluso en el caso navarro, en el que los intereses dinásticos aragoneses habían sido uno de los elementos claves en el deterioro de la situación interna navarra en las últimas décadas del siglo, Aragón también desempeñó un papel clave. No olvidemos que la anexión se produjo después de la muerte de Isabel, que en ella participaron tropas aragonesas y que la intención inicial de Fernando parece haber sido, incluso, colocar Navarra bajo tutela aragonesa, no castellana.

Pocas dudas puede haber de que la intervención en Nápoles respondió a un núcleo de intereses aragoneses, tanto dinásticos como económicos y políticos. Igualmente, tropas y recursos castellanos se utilizaron para intentar recuperar el Rosellón, acto que únicamente afectaba a Aragón, puesto que era a este reino a quien Francia se lo había arrebatado y era a Aragón a quien, indiscutiblemente, le sería restituido. La guerra de Nápoles fue la primera guerra conjunta de la Monarquía Hispánica, en la cual "un miembro de la monarquía empleaba masivamente sus recursos para conseguir objetivos que correspondían a la tradición política y los objetivos del otroNota 6)".

Los conflictos bélicos disputados por los ejércitos de la Monarquía durante el reinado de los Reyes Católicos contribuyeron a crear una unidad de intereses, sobre todo en materia de política exterior. Puede que, originariamente, Nápoles fuera un interés estratégico aragonés mucho más que castellano, pero, una vez que Castilla invirtió primero en su defensa, luego en su conquista y finalmente en la consolidación de su dominación ingentes recursos materiales, económicos y humanos, Nápoles quedó convertido en un escenario también de los intereses castellanos.

Ante las potencias extranjeras, el hecho de que Castilla acudiera con su fuerza bélica en auxilio de los intereses aragoneses, o que Aragón participara de los proyectos castellanos y contribuyera a ellos, como en algunos lances de la guerra de Granada, reforzó el concepto de que la Monarquía Hispánica era, al menos de cara a las potencias extranjeras, un único ente diplomático y militar, de tal forma que enfrentarse a Aragón era enfrentarse a Castilla y enfrentarse a Castilla era luchar contra Aragón. Antes de que entre las Coronas peninsulares hubiera un atisbo de unidad jurídica, las guerras libradas por Isabel y Fernando en el albor de la modernidad, de las campañas de Nápoles en adelante forjaron entre los europeos de su tiempo, quizá más que entre los propios peninsulares, la noción de un único Estado: ningún francés del siglo XVI hubiera pensado, en 1525, que sus tropas luchaban frente a los muros de Pavía contra una coalición internacional formada por la Corona de Castilla, el reino de Aragón y el reino de Navarra; para ese francés, por mucha separación jurídica de los reinos que existiera, su enemigo era una única entidad, España. Para los europeos, España fue una realidad diplomática y un agente internacional antes de ser aceptada como realidad estatal por los propios españoles, y la guerra tuvo mucho que ver en ello.

Como señaló el profesor Glete, la formación de los Estados está directamente relacionada con los esfuerzos para controlar la violenciaNota 7), entroncando este concepto con una de las definiciones clásicas de Estado, formulada originariamente por Max Weber: el Estado como organización con una estructura administrativa que le posibilita sostener legítimamente el monopolio del uso de la fuerza en un determinado área territorial. En ese sentido, los esfuerzos de Isabel y Fernando por crear una fuerza militar permanente y al servicio de la Corona que se encargara del ejercicio de la violencia legal —la guerra, la represión del bandidaje, étc...— forman parte inseparable del proceso de creación del Estado moderno, ya que sin este control de las formas de violencias legales y su traslación del ámbito privado al de los poderes públicos, no podríamos hablar verdaderamente de la existencia de un Estado con estructuras modernas.

Al comienzo del reinado de los Reyes Católicos, la estructura militar española se basaba en el mantenimiento de pocas tropas permanentes en la península: guardias reales, algunas guarniciones, y en el uso de los poderes locales para hacer frente a las amenazas. En el proceso de defensa de sus derechos contra la nobleza y las invasiones portuguesa y francesa, los Reyes se hicieron con el control de muchos de los recursos militares tradicionales: las Órdenes Militares, las milicias concejiles, las ciudades fortificadas y fortalezas clave controladas antes por la nobleza., la bula de Cruzada, etc. Las necesidades bélicas de su tiempo obligaron a los Reyes Católicos a la creación fuerzas militares controladas por el Estado, en detrimento del control de la violencia institucional por elementos locales. Las reformas centralizadoras de los monarcas respondían a una concepción ideológica que trascendía las meras necesidades bélicas, pero no hay duda de que se vieron catalizadas por estas, ya que la Monarquía no hubiera estado en condiciones de responder militarmente a los desafíos que le fueron planteados y que asumió sin esa renovación militar, que, a su vez, catalizó los procesos centralizadores.

Este fue un fenómeno constatable en la mayor parte de los Estados europeos, desde la Francia de Luis XI, que realizó un amplio esfuerzo centralizador en el marco de las últimas fases de la guerra de los Cien Años, a la Hungría de Janos Hunyadi y Matías Corvino. La guerra fue el fenómeno que, primero, definió la supervivencia de los modelos nacientes y, después, catalizó y consolidó las reformas hechas. Los Estados que se modernizaron sobrevivieron y emergieron al nuevo contexto europeo como poderes hegemónicos, ya a una escala regional, ya a una escala continental; quiénes trataron de enfrentarse a ejércitos modernos con ejércitos medievales, quiénes no superaron los modelos medievales que concedían el poder político y militar a los poderes privados por encima o a la par que a la Corona, perecieron y fueron engullidos por los Estados que sí lo hicieron.

Determinados procesos, no relacionados con cuestiones militares, se encontraban ya insinuados o en fase de eclosión en el momento en que los cambios militares comienzan a generalizarse en lo geográfico y catalizarse en lo cualitativo. Por ejemplo, la crisis dinástica general vivida por los reinos europeos a lo largo del siglo XV y las luchas por la redefinición del reparto del poder en la mayor parte de ellos no se explican en relación con los cambios militares posteriores, y sí hablan de un modelo social y de gobierno que estaba dando síntomas de agotamiento. En sentido estricto, posiblemente no hubo más crisis dinásticas en el siglo XV que en siglos anteriores, pero la gradual degradación de las estructuras feudales hizo que en el siglo XV la situación política y social se hubiera alejado del monopolio incontestable de la aristocracia de centurias anteriores. Por mucho que la nobleza siguiera jugando un papel determinante, el poder ya no era un dominio de clase monolítico, lo cual hizo que, en las crisis del siglo XV, con frecuencia más de un bando se viera con fuerza suficiente como para tratar de imponer sus intereses, creando la condición básica —existencia de dos bandos con intereses contrapuestos y capacidad para defender dichos intereses— para que una crisis se convierta en un conflictoNota 8).

Circunstancias estructurales como el aumento de la importancia económica y política de las ciudades socavaron gravemente el monopolio del poder en la sociedad estamental, sobre todo a raíz de que los núcleos urbanos se convirtieran, sistemáticamente, en aliados de la Corona contra los intereses de la gran nobleza, contribuyendo así de forma decisiva a dotar a la Corona de capacidad e independencia como para plantar cara, hasta mediante la misma guerra si era necesario, a los intentos de la aristocracia de mantener sometidos a los reyes. Así, no fue el siglo XV un siglo con más crisis dinásticas o de poder que los anteriores, pero sí estas condujeron a conflictos de importancia con más frecuencia que en el pasado. Estos conflictos, a su vez, catalizaban los cambios de forma exponencial, pues no solo las diferentes experiencias confirmaban su validez y mostraban nuevas formas de mejorar la capacidad bélica y, en general, el Estado, sino que también eliminaron del tablero de forma reiterada a aquellas fuerzas que se negaban a aceptar la implantación de esos cambios: en una abrumadora mayoría de las guerras civiles del siglo XV, los partidarios de los modelos feudales fueron destruidos por quienes concebían un nuevo tipo de Estado. En un proceso de aceleración encadenado, los cambios generaban el triunfo para quienes los defendían, y en consecuencia quienes se oponían al cambio eran eliminados como fuerza viva, por lo que nuevos cambios podían ser implementados más rápido y de forma más profunda, al haberse eliminado las fuerzas que podrían haber tratado de impedirlos, frenarlos o retrasarlos.

El reinado de Isabel y Fernando es paradigmático de este proceso. Se inició con un conflicto que era más una lucha sobre la forma de entender el Estado que una lucha dinástica, guerra que terminó con la derrota de Juana y, con ella, la de los partidarios de mantener una Corona débil atada por las múltiples concesiones de los años anteriores y por la parálisis económica creada por la enajenación de las rentas reales en favor de la nobleza. Sin margen de maniobra política, quienes habían defendido esta visión fueron impotentes de obstaculizar el programa de reformas iniciado en las Cortes de Toledo de 1480, momento a partir del cual los cambios se sucedieron de forma encadenada y cada vez más rápida, alimentándose unos a otros.

El modelo hispánico de evolución militar y nacimiento del Estado Moderno es el mejor modelo de la interrelación de estos dos procesos. Las guerras de los Reyes Católicos dieron a Isabel y Fernando el contexto en el que llevar a cabo sus reformas, la justificación para crear un poder central fuerte, capaz de controlar la fuerza militar, la economía y la justicia, y el marco en el que dotarse de instrumentos —militares en muchas ocasiones— que contribuyeran a redistribuir el poder, desplazándolo de la aristocracia a la propia Corona y a un estamento cuyo poder se multiplicó, el de los funcionarios al servicio de la misma.

La guerra de Sucesión no solo consolidó a Isabel en el trono castellano, sino que, a través de la creación de la Hermandad General en las Cortes de Madrigal, dotó al Estado de una fuerza con capacidad bélica al margen de la nobleza y, lo que posiblemente fue más relevante, a través de la contribución establecida para financiar a esta Hermandad dotó a los Reyes de recursos económicos suficientes para sostener gran parte de su política. La subsiguiente guerra de Granada pudo ser financiada así en gran medida. Granada, con sus particulares condiciones militares, obligó a las fuerzas militares cristianas a una evolución que rendiría sus frutos en las guerras de Nápoles; la guerra nazarí entregó a los monarcas, también, el control de las bulas de Cruzada, modificadas para adaptarse a las nuevas circunstancias bélicas y que pasarían a ser parte de los recursos económicos habituales de la Corona. Las guerras de Nápoles y, posteriormente, las de Italia, no solo extendieron territorialmente a la Monarquía, ampliaron su base demográfica, su base fiscal y abrieron nuevos ámbitos estratégicos de interés e influencia —condenándola, por ejemplo, al choque en Levante contra los otomanos o a décadas de guerra con Francia por el control de Italia—, sino que también provocaron, junto con la anexión de Navarra, la puesta en marcha de modelos de integración de las élites locales y de las instituciones de cada uno de ambos reinos.

El nacimiento de la moderna Monarquía Hispánica fue un proceso del que la guerra y las instituciones de ella derivadas fueron parte imprescindible, tal y como señala Luis Suárez Fernández, que sintetiza esta correlación al afirmar, respecto al reinado de los Reyes Católicos y al paso del Medievo a la modernidad:

“En el fondo de la escena nos encontramos siempre con la guerra, ultima ratio"Nota 9).

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Nota 1

Incluso se empleó para la administración de las islas Canarias, como se estudia en SEVILLA GONZÁLEZ, Mª Del C., “El establecimiento del corregidor en las islas Canarias”, en Anales de la Facultad de Derecho, n° 18, 2001, pp. 433-440. Sobre los corregidores, hemos trabajado en MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., “La respuesta regia al desorden urbano: la doble naturaleza de los corregidores”, en MARTÍNEZ PEÑAS, L., FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., y BRAVO DÍAZ, D., (coords.), Amenazas y orden público: efectos y respuestas, de los Reyes Católicos al Afganistán contemporáneo. Valladolid, 2013.

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Nota 2

En el momento de concluir este trabajo, está a punto de ver la luz una obra del profesor Feliciano Barrios relativa al gobierno de la Monarquía que aportará nuevas visiones a la cuestión de la gobernación de los reinos hispánicos en la Edad Moderna; de especial interés es la proposición de una clasificación de los Consejos que se aparta de las directrices tradicionales de la historiografía. Un análisis de los orígenes de esta polisinodia en DOMÍNGUEZ NAFRÍA, J. C., “Carlos V y los orígenes de la polisinodia hispánica”, en BELENGUER CEBRÍA, E., De la unión de coronas al imperio de Carlos V. Barcelona, 2001, vol, I. Sobre la relación entre polisinodia y gobierno de América ver BARRIOS PINTADO, F., “Consolidación de la polisinodia hispánica y administración indiana”, en BARRIOS PINTADO, F., (coord.), El gobierno de un mundo: virreinatos y audiencias en la América Hispánica. Madrid, 2004, pp. 119-134.

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Nota 3

Sobre este Consejo ver BARRIOS PINTADO, F., El Consejo de Estado de la Monarquía española, 1512-1812. Madrid, 1984.

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Nota 4

La obra de referencia sobre esta institución es DOMÍNGUEZ NAFRÍA, J. C., El Real y Supremo Consejo de Guerra (siglos XVI-XVIII). Madrid, 2001.

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Nota 5

Ejércitos y armadas de los Reyes Católicos, p. 26.

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Nota 6

LADERO QUESADA, Ejércitos y Armadas de los Reyes Católicos, p. 509.

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Nota 7

GLETE, War and the State in early modern Europe, p. 52.

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Nota 8

Ver al respecto FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., “Guerra y cambios institucionales en el contexto europeo del reinado de los Reyes Católicos”, en Revista de la Inquisición (Intolerancia y Derechos Humanos), n° 18, 2014.

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Nota 9

La Europa de las cinco naciones, p. 440.

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