Dos grandes países del Occidente Cristiano, dos fuerzas políticas: Inglaterra y Francia. Sumidas por sus reyes en una lucha feudal, reconvertida más tarde en conflicto dinástico, inesperadamente la guerra se eterniza, cambiando de escenarios, de generación en generación.

Sus pueblos, indiferentes ante unas incomprensibles disputas y diferencias, se sustraen cuanto pueden a la carga siempre en aumento que se les pretende imponer. Mientras tanto, durante la prolongación del conflicto, el mundo se transforma —como en toda época de crisis— y sin embargo, de las heridas y de la sangre de entonces, fueron naciendo las modernas monarquías fundadas en el autoritarismo de una burocracia estatalista que surge —impuesta por las necesidades de la guerra y la eclosión de los nacionalismos— de una sociedad feudal en trance de desaparición.

La guerra que enfrentó desde principios del siglo XIV hasta mediados del siglo XV a Francia e Inglaterra fue, con mucho, el más importante conflicto militar del Occidente medieval cristiano. Lo que inicialmente era una disputa feudal se transformó, con el paso del tiempo, en un conflicto dinástico de gigantescas proporciones. Un enfrentamiento que iba a cambiar la geografía política europea. Como en todo largo periodo de crisis, la Guerra de los Cien Años implicó a numerosas generaciones entre los contendientes. Éstas, bajo el signo de la guerra, vieron cómo su realidad política y social se transformaba, ya fuera políticamente, desde la vivencia del feudalismo plenomedieval hasta la aparición del incipiente Estado moderno. Ya fuera socialmente, con los estragos de la crisis de la Baja Edad Media y sus profundos cambios sociales. Originalmente publicado en 1945, este estudio tiene, hoy día, la autoridad de un clásico en la materia.

Reeditado en numerosas ocasiones en el mercado francés, esta monografía sigue siendo todavía el más completo estudio del gran conflicto medieval francobritánico. De la batalla de Crécy a Juana de Arco, el profesor Edouard Perroy describe con minuciosidad todo este largo periodo ilustrando a la perfección tanto el conflicto militar como los cambios sociopolíticos que de él se derivan.

Desde entonces este libro ha sido constantemente reeditado. Presentamos ahora su primera versión castellana realizada por el profesor Faci, con una biografía actualizada por el profesor Estepa, de la Universidad de la Laguna.

Edouard Perroy

La guerra de los cien años

ePub r1.0

Titivillus 12.04.2019

Título original: La guerre de cent anys

Edouard Perroy, 1945

Traducción: Francisco Javier Faci

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

PRÓLOGO

La mayor parte de este libro fue escrita de una vez, durante el invierno de 1943-44, gracias a los precarios ratos de esparcimiento que dejaba al autor su juego del escondite con la Gestapo. Era una vida errabunda, pero hermosa, que añoramos ya todos los que hemos vivido y actuado en la clandestinidad. Me encontré súbitamente fuera de la ley, separado brutalmente de mi habitual ambiente universitario e intelectual, y, en tal coyuntura, parecía que la vivencia de un presente tan trágicamente real me ayudaba a comprender mejor aquel pasado al que, hasta entonces, había dedicado la mayor parte de mi tiempo. Este libro, tan largamente meditado, no hubiera resultado exactamente igual de haber sido publicado antes de 1939, o incluso en los primeros meses de la ocupación. Y no porque me dejase seducir por las supuestas repeticiones de la historia, ni por la lección que de ello pudiera desprenderse. No soy tan ingenuo como para pensar que las tristes peripecias de la Guerra de los Cien Años pudieran servirme de guía o me permitieran predecir nuestro futuro: ni siquiera he intentado hallar alguna razón para la esperanza en el relato de los errores, reveses y reacciones del pasado. Pero cuando una nación cae al fondo del abismo, como sucedió en aquella época y también en la nuestra, se explican recíprocamente algunos comportamientos ante la desgracia y ciertas reacciones contra el destino. Sin llegar nunca, al menos conscientemente, a la transposición al pasado de planteamientos muy actuales, sin perder de vista en ningún momento que es el contexto histórico el que da luz a los acontecimientos de una época, he llegado a comprender ciertas actitudes, a explicar algunas deserciones o justificar determinadas revueltas.

Tan sólo dos países tenían relevancia en el horizonte político del occidente cristiano de la época: Inglaterra y Francia. Sus monarcas los impulsaron sin ninguna consideración a la lucha feudal, acompañada muy pronto por un conflicto dinástico, que, sin embargo, no parece haber superado los límites de los mezquinos enfrentamientos habituales. Contra lo que cabía esperar, la guerra se alargó indefinidamente, resurgió sin cesar, extendiéndose a nuevos escenarios de generación en generación. El pueblo, indiferente a estos conflictos que no llegaba a comprender, procuraba quedar al margen, en la medida de sus posibilidades, a las cargas, cada vez mayores, que se le intentaban imponer. Ello no sirvió sino para prolongar el conflicto, que, en todas partes, se desarrolló con los medios más pobres. En el proceso, el pueblo sufría penalidades; castigados en sus propias carnes, ingleses y franceses, acabaron por odiarse mutuamente, haciendo imposible e inviable cualquier posibilidad de paz. A su alrededor, el mundo se transformaba y, en su caso, todavía más deprisa, como ocurre en las épocas agitadas. De sus heridas y de su sangre nacieron las monarquías modernas y se aceleró el proceso de transformación de una sociedad feudal en las estructuras autoritarias propias de una burocracia estatal, impuesta tanto por las necesidades de la guerra, como por las eclosiones nacionalistas engendradas por la misma.

En el caso de Francia, la tragedia fue más desgarradora, si cabe. No es necesario enumerar las pérdidas sufridas por el reino capeto en el curso de aquel conflicto interminable y agotador. Su prosperidad material, tan evidente al comienzo de la Guerra, quedaría comprometida durante siglos, no habría de recuperarse hasta poco antes de la Revolución francesa. Perdió también su hegemonía espiritual y política sobre una Europa dócil a sus directrices. Habrá que esperar hasta el siglo de Luis XIV para que una y otra sean de nuevo patentes. Más fáciles de apreciar son sus logros, en épocas tan turbulentas: el armazón de un estado moderno, una mayor cohesión entre provincias antes dispares, respeto a la autoridad monárquica, apoyada en un incipiente sentido nacional, etc. Pero ¡a qué doloroso precio se realizó tal alumbramiento! En dos ocasiones, Francia estuvo a punto de sucumbir. Los golpes que le asestaron los Plantagenet provocaron el desmembramiento de algunas de sus provincias, la formación de una gran Aquitania independiente y la pérdida de soberanía sobre más de una tercera parte del reino. El ataque de los Lancaster, cincuenta años más tarde, tuvo consecuencias aún más funestas, ya que estuvo a punto de provocar la unión de las dos coronas de Francia e Inglaterra en una misma persona. Para algunos ésta era la única solución de la guerra, de los enfrentamientos civiles, de la ruina económica. Con razón o sin ella, los acontecimientos se desarrollaron de otra manera. Demostraron la imposibilidad de la colaboración de ambos pueblos bajo la hegemonía de la dinastía Lancaster y otorgaron, finalmente, la victoria a los Valois, porque éstos eran el símbolo de la independencia de una nación que, finalmente, había encontrado su propia identidad.

Escribí este libro disponiendo solamente de unas cuantas notas que había tomado durante años de archivos y libros. Tuve que reconstruir muchos acontecimientos y episodios con la sola ayuda de mi memoria, siempre imperfecta. La consecuencia de ello ha sido la de olvidos y confusiones de detalle, alteraciones de algunos nombres y algunos errores cronológicos. Una atenta revisión sirvió para corregir muchos de estos errores, pero otros han debido escaparse. Me excuso por ello ante los lectores, sin que ello sirva de excusa de los errores. Pienso que no alteran en nada las líneas maestras de la narración, las ideas que la inspiran, las interpretaciones, a veces poco tradicionales, que propongo y las conclusiones a que he llegado. De todo ello, reivindico la completa responsabilidad.

I LOS ADVERSARIOS

I
LOS ADVERSARIOS

En enero de 1327, el trono de Inglaterra, del que el impopular Eduardo II acababa de ser desposeído por sus barones rebelados contra él, fue ofrecido a su hijo, adolescente que contaba dieciséis años, Eduardo III Plantagenet. Menos de trece meses más tarde, moría en París el último de los tres hijos de Felipe el Hermoso, el capeto Carlos IV. A falta de heredero masculino, los barones franceses eligieron para sucederle a su primo Felipe VI de Valois (abril de 1328). Estos dos acontecimientos casi concomitantes inauguraban una nueva fase de la historia de los reinos de Occidente, caracterizada por la lucha encarnizada y que duró más de un siglo, entre las dos dinastías, lucha que ha sido designada con el nombre de guerra de los Cien Años.

Un espectador imparcial que intentase hacer un balance de la fuerza de los contendientes en torno al año 1328 quedaría, sobre todo, impresionado por la desproporción, aparente pero indudable, entre la gloria y riqueza del prestigioso reino de Francia y la debilidad del pequeñísimo reino inglés. Hubiera sido igualmente difícil de predecir la inversión de fuerzas que, para el asombro de los contemporáneos, se iba a producir entre estos dos contendientes que iban a enfrentarse en un conflicto de duración imprevisible, corriendo serio peligro la descendencia de San Luis y alcanzando elevadas cotas la de los Plantagenet.

1. FRANCIA EN 1328

En el momento de la muerte del último Capeto por línea directa, el reino de Francia no tenía, ni mucho menos, las fronteras de la Francia moderna. De hecho, sus límites territoriales no diferían en mucho de los que en época carolingia tenía la «Francia occidentalis» concedida a Carlos el Calvo en el tratado de Verdún. Estaba separada del vecino Imperio Germánico, cuyos territorios le rodeaban desde el mar del Norte hasta el Mediterráneo, por una frontera artificial, borrosa para los mismos contemporáneos, llena de enclaves y territorios en disputa, pero que «grosso modo» sigue el curso del Escalda desde su desembocadura hasta el sur de Cambrai, alcanza inmediatamente la linea del Mosa al nordeste de Rethel, sigue el curso alto de este río, pasando finalmente al curso del Saona, que sigue, lo mismo que al Ródano. Algunos avances recientes habían permitido acercar a este curso fluvial la frontera en algunos puntos donde, siglos atrás, no lo alcanzaba. De este modo, el Ostrevant, es decir, la parte del Hainaut que, entre Valenciennes y Douai, estaba al oeste del Escalda, había pasado bajo control capeto en tiempos de Felipe el Hermoso. Lo mismo había sucedido con la parte «inestable» del Barrois, en la orilla izquierda del Mosa, con la ciudad y el condado de Lyon, el obispado de Viviers, a occidente de la línea Saona-Ródano, territorios todos ellos que se habían colocado bajo la salvaguarda regia. En el suroeste, la línea de los Pirineos no es la frontera en todos los puntos. Estaba, por una parte, el reino de Navarra que se extendía más allá de las montañas, en la zona que más tarde se llamará la baja Navarra, si bien el reino había sido administrado por funcionarios capetos desde 1274 a 1328. Por otra parte, San Luis había renunciado en 1258 a una soberanía sobre el Rosellón y Cataluña, posesiones de la monarquía aragonesa, que, desde hace varios siglos no pasaba de ser teórica.

No hay que pensar, por otra parte, que esta frontera señalaba, de forma rígida, los límites de la influencia francesa en Europa occidental. Aprovechando la debilidad del Imperio que, desde la muerte de Federico II (1250) no había contado con un emperador digno de su glorioso pasado, la monarquía capeta amplió fácilmente su protectorado sobre casi todos los territorios de la antigua Lotaringia, desde los Países Bajos hasta el reino de Arlés, en aquellas regiones en que la comunidad lingüística produjo una inexorable identidad de puntos de vista políticos. La mayor parte de los príncipes del Imperio con posesiones situadas más allá de las marcas orientales del reino se convirtieron en protegidos del rey de Francia, que les concedió «feudos de bolsa» —que, con lenguaje actual, denominaríamos «pensiones»— y secundaron su política, tanto en Brabante como en Hainaut, en el Barrois o en Lorena, en Saboya o en el Delfinado. Y, lo que es más, el condado palatino de Borgoña (el actual Franco-Condado) pasó a ser posesión de los Capeto por el matrimonio de su heredera con Felipe V el Largo, y Provenza, desde los tiempos de San Luis, perteneció al rey de Sicilia, descendiente del Capeto Carlos de Anjou. En sus proximidades, acababa de instalarse el Papado. Juan XXII, elegido en 1316, segundo de una larga serie de papas franceses, había sido, antes de su elevación al trono de San Pedro, obispo de Aviñón y siguió residiendo en su antiguo palacio episcopal, que su sucesor Benedicto XII transformará en una fortaleza impresionante. Aviñón estaba situado en los umbrales del reino de Francia. Ciudad casi independiente, compartía la soberanía del Pontífice con la del conde de Provenza. La instalación de la curia romana a orillas del Ródano, en un principio provisional, proporcionó a la dinastía capeta una fuerza material y un prestigio moral suplementarios.

Ciñéndonos exclusivamente a los límites geográficos del reino de Francia, la monarquía de los Capelo, en el siglo recién terminado, había conseguido en ellos un grado de poder solamente explicable por un desarrollo demográfico y una prosperidad económica sin precedentes. Conviene precisar que toda Europa experimentó esta evolución ascendente, cuyos primeros síntomas se hicieron sentir a finales del siglo X y comienzos del XI. Pero fue más viva y marcada en Francia que en otros reinos, de forma que, al llegar a su punto culminante, hacia 1300, Francia llevaba un adelanto al resto del mundo cristiano que condicionaba y hacía inevitable su hegemonía política y cultural.

El avance francés sobre el resto de Europa era especialmente patente en el terreno de la economía agraria, que seguía siendo la base de la sociedad medieval. Se habían detenido ya los grandes movimientos roturadores, de puesta en cultivo de tierras pantanosas o de bosque, de creación de nuevas comunidades rurales, de villas nuevas y de «bastidas». Habían alcanzado un nivel máximo por una doble razón: por una parte, por la exigencia de mantener un nivel de bosque suficiente como para hacer frente a las necesidades de combustible y de materiales de construcción, a la alimentación del ganado no estabulado y a la conservación de la caza; por otra, por la necesidad de proporcionar a los cultivos, cuyos procedimientos seguían siendo rudimentarios, productos rentables. Se habían puesto en cultivo, aun con las primitivas técnicas conocidas, muchas tierras pobres que los primeros desastres de la guerra de los Cien Años devolverán, para siempre, al barbecho y al erial. Sus miserables rendimientos no hubieran bastado para alimentar a sus ocupantes de no haber sido por la exigencia inexcusable de proporcionar su alimentación indispensable a una población en realidad pletórica. El crecimiento demográfico ascendente explica también la casi completa desaparición, en los grandes dominios laicos y eclesiásticos, de la explotación directa de las reservas señoriales, mediante mano de obra servil o de jornaleros sin tierra; la reserva señorial, a excepción del erial, los bosques o algunos prados o viñas, se fraccionó paulatinamente en tenencias campesinas de larga duración que sólo suponían modestas rentas agrarias a los señores. Incluso en las propiedades cistercienses, dirigidas durante mucho tiempo mediante «granjas» trabajadas por monjes conversos controlados por un monje «granjero», el dominio monástico se había visto recortado progresivamente por los arrendamientos o las tenencias campesinas. La desaparición concomitante de la servidumbre, en aquellas provincias en que había prevalecido, así como la de las prestaciones de trabajo que gravaban pesadamente a los tenentes, habían convertido al campesino en el auténtico propietario de su tenencia, gravada solamente por cargas moderadas; aunque en las regiones más avanzadas, como Normandía, se conociera ya el arrendamiento a corto plazo, en las demás regiones predominaba una tenencia de enfiteusis a perpetuidad contra pago de un censo ligero, al que se añadían derechos de permuta y de sucesión, así como algunas servidumbres señoriales más molestas que opresivas, siendo todo este conjunto de cargas mucho menos exigente que el impuesto por un fisco moderno a la tierra y sus ocupantes.

Sería conveniente aportar en este punto algunas cifras, dar cuenta de algunas estadísticas, hacer mención de la densidad media de la población o del total para el reino. Es, por desgracia, algo imposible. Todas las conjeturas demográficas construidas por los especialistas se apoyan solamente en frágiles hipótesis, a falta de textos seguros. Sin embargo, un documento precioso y único en su género, autoriza algunas suposiciones menos arriesgadas para la fecha que estamos analizando. Se trata del registro de parroquias y de fuegos que Felipe VI, al comenzar su reinado, mandó hacer por bailías y senescalías y con objetivos fiscales, ya que se intentaba fijar la base impositiva para los gastos del servicio de hueste en Flandes, en julio de 1328. Nombra las parroquias, calcula el número de parejas, hogares o fuegos que contienen y sobre los que recaerá el subsidio del fouage. Pero limitaba la investigación al dominio real, es decir, a los territorios que el monarca controlaba directamente, dejando a un lado los numerosos grandes feudos aún existentes, donde no debió de recaudarse el fouage, al menos por parte de los funcionarios regios. Como veremos, estos grandes feudos suponían solamente algo más de la cuarta parte de la superficie del reino. Por tanto, debe de ser bastante exacta la estimación según la cual la Francia de 1328, con sus 32.000 parroquias, aproximadamente, sumaba un total aproximado de 3.300.000 fuegos, lo que supondría una población total de unos 15 millones. La densidad de población era, por tanto, alta para la época y sólo sería alcanzada o superada por algunas regiones privilegiadas de Italia, pero superaba ampliamente los territorios todavía semi-poblados de España, de Alemania central o de las Islas Británicas. Teniendo en cuenta, por otra parte, que la inmensa mayoría de esta población seguía siendo campesina, es conclusión obligada que algunas regiones de Francia tenían una población campesina tan numerosa, o incluso más, que a fines del siglo XVIII o en época de la monarquía de Julio, períodos de auge de la demografía campesina.

La prosperidad rural lleva aparejado el desarrollo de las ciudades, indispensables para el mantenimiento de un comercio importante, cuyo apogeo debió alcanzarse, también en este punto, a finales del siglo XIII. En realidad, Francia tenía la fortuna de poseer, en este momento, la única gran ciudad de la Europa cristiana que podía parangonarse a lo que se entiende por una capital en el sentido moderno del término: París. Solamente razones políticas y culturales explican su apogeo, ya que no poseía grandes industrias, sino una multitud de oficios que recibían su impulso de los servicios del gobierno, la presencia de la corte, que raramente se alejaba de la ciudad o de sus residencias vecinas, así como la presencia, gracias a la universidad, de una muchedumbre cosmopolita de estudiantes. Su población, incluida la de los arrabales, rondaba las 200.000 almas. Y siguió aumentando, por lo menos hasta finales del siglo XIV, en que se hicieron sentir con toda crudeza los efectos negativos de la guerra. Mientras que muchas prósperas ciudades y provincias, confiando en un continuo aumento de su riqueza, construyeron en esta época amplios recintos que, durante siglos, no conseguirán ocupar, París siguió encerrada en su recinto amurallado que, aunque espacioso, databa de la época de Felipe Augusto. Carlos V no tendrá más remedio que anexionarse un nuevo barrio, al norte y este de las viejas fortificaciones, entre el Temple y la fortaleza de San Antonio, construida en su reinado. El Marais será, de este modo, la residencia preferida de la monarquía durante dos generaciones.

Las demás ciudades del reino contaban con una superficie mucho menor. Incluso los grandes centros pañeros de Flandes, a pesar de su gran bullicio de artesanos y oficios, no eran más que grandes poblaciones cuya población llegaba a veces a las 10.000 personas y rara vez alcanzaba las 20.000. Sin embargo, la industria pañera fue, durante toda la Edad Media, la única gran industria exportadora y que producía en los países occidentales un intenso movimiento de comercio internacional. Flandes, integrado en el reino de Francia, experimentó un avance tan importante que, hasta finales del siglo XIII, ejerció un auténtico monopolio de venta en los mercados europeos. Dejando la fabricación de los paños corrientes, los llamados «paños pequeños» en manos de otras ciudades francesas o de los pequeños centros flamencos de industria rural, para satisfacer la demanda local, las grandes ciudades del norte, al principio Arras, luego Douai y más tarde Yprés, Brujas y Gante y en menor grado Lila y Tournai, se especializaron en una producción de paños de calidad que se exportaban con facilidad a todos los países europeos, e incluso de fuera de Europa. Los mercaderes italianos iban a buscar estos hermosos paños del norte, intercambiándolos con los productos de lujo del mundo musulmán, como sedas, especias, cueros y joyas. En las ricas ferias de Champaña, situadas en la ruta terrestre que une Italia con Flandes, se estableció durante mucho tiempo el lugar donde tenían lugar estas transacciones internacionales, acompañadas de operaciones bancadas cuyas complicadas técnicas sólo los italianos conocían. Troyes, Provins, Bar-sur-Aube y Lagny —las tres últimas eran aldeas insignificantes— veían llegar en determinadas épocas del año una multitud cosmopolita de mercaderes venidos de todo el norte de Francia, de banqueros italianos, de todo tipo de deudores o sus agentes, que ajustaban sus deudas o satisfacían sus pagos.

Pero, desde finales del siglo XIII, algunos cambios profundos pusieron en peligro el equilibrio del comercio internacional del que se habían beneficiado algunas provincias privilegiadas del reino francés. En primer lugar, Flandes perdió su hegemonía industrial. Las luchas civiles que enfrentaron a los miserables artesanos con el patriciado capitalista, junto con las guerras emprendidas por el rey de Francia para castigar a los rebeldes y obligar al conde al estricto cumplimiento de sus deberes vasalláticos, explican sobradamente la disminución de la producción pañera. Al mismo tiempo y por causas mucho menos claras, las ferias de Champaña iniciaron su decadencia. Una hipótesis, plausible aunque insuficiente, ha intentado explicar el abandono progresivo de las ferias por las exigencias fiscales de los oficiales de Felipe el Hermoso, que administraban el condado champañés en nombre de su esposa. Hay que tener en cuenta también, como factor que aceleró la decadencia de las ferias, que los marinos genoveses, que preferían el largo periplo a través de España a las rutas terrestres, habían ya conseguido llegar por mar a principios del siglo XIV a las dársenas de Damme, ante-puerto de Brujas. Pero lo importante para nosotros es constatar que estas transformaciones recientes no habían disminuido la prosperidad del reino de Francia en su conjunto. Las dificultades de las industrias pañeras flamencas beneficiaron a otras ciudades rivales, oscurecidas hasta el momento. Si bien fueron las ciudades de Brabante, como Bruselas o Malinas, o del Hainaut, como Valenciennes, centros todos ellos situados en territorios imperiales, las primeras que compitieron con éxito con las ciudades flamencas, también en el interior del reino francés comenzó a producirse paños de calidad, apreciados por los clientes de fortuna y, en especial, por la corte del rey; así, rivalizaban en la conquista de los mercados, Normandía, con Rouen, Picardía, con Amiens, Champaña, con Troyes, e incluso la misma París. El gran comercio, alejado de las ferias de Champaña, se centralizaba en otros puntos; Brujas llegó a ser el centro más importante de intercambios internacionales, lugar de encuentro del comercio mediterráneo, en manos de italianos, con el del Báltico, en manos hanseáticas. En las rutas terrestres asistimos a una nueva prosperidad de las ferias, antiguas o recientes, como la de Lendit, cerca de París, las de Chalon-sur-Saóne, en Borgoña, o la de Beaucaire en Languedoc. Algunos puertos de la fachada marítima del reino alcanzan ahora su apogeo, como La Rochela, centro del comercio de la sal, o Calais, punto de desembarco de la lana inglesa.

Esta prosperidad, cuyos rasgos más característicos acabamos de esbozar, se vio impulsada por la era de paz de que, desde mediados del siglo XIII, disfrutó el reino francés. Pues, al margen de la efímera expedición contra Aragón, que imprudentemente lanzó Felipe III en 1285, las fáciles campañas de Guyena, de las que nos ocuparemos más tarde, y las guerras, más duras, de Flandes, cuyas dificultades tuvieron que afrontar Felipe el Hermoso y sus hijos, pero que sólo afectaron a una región bien delimitada, Francia disfrutó de una tranquilidad apenas turbada por las guerras «privadas» entre vasallos, cada vez menos frecuentes. Paz y prosperidad permitieron, a su vez, el afianzamiento progresivo de la autoridad monárquica que se tradujo en la creación, tardía y lenta, sin duda, pero continua, de los órganos de gobierno necesarios para la vida de un Estado. Aunque en teoría siguiera existiendo, sería difícil reconocer a la antigua curia regis feudal, formada por todas aquellas personas que rodeaban al soberano, como grandes oficiales, barones y prelados, en los nuevos servicios centrales, cada vez más especializados. Constituía una excepción el Hôtel del rey, que, desde el reinado de San Luis, se había destacado de la Curia, y, que, de hecho, representaba, con sus seis «oficios», solamente el ámbito personal y doméstico del soberano y en el que no recaían funciones de gobierno. De sus dos servicios financieros, la «Cámara de los dineros», cuyo nombre aparece en 1303, y la Argénteñe, creada en 1315, y que era una especie de depósito de muebles y joyas, el primero se nutría solamente de asignaciones del tesoro y el segundo sólo alcanzó cierta importancia por el hecho de que podía, empeñando algunos de sus bienes, proporcionar recursos líquidos, en los momentos de penuria, a una monarquía siempre necesitada de dinero. La importancia de la Cámara regia derivaba del hecho de que, con sus chambelanes y pronto con los relatores del Hôtel, reunía a los familiares más próximos del soberano y constituía un vivero de funcionarios. Sin embargo, de los 500 miembros, más o menos, de que se componía esta Cámara y cuyo crecimiento constante provocará desde el reinado de Felipe de Valois las quejas de los Estados, muy pocos tenían el carácter de funcionarios y administradores en el sentido moderno del término, y muy pocos formaban parte de los servicios de gobierno que aún no hemos enumerado.

De todos ellos, el Consejo del rey era el que conservaba un carácter más fluctuante y menos definido. En algunas ocasiones se confundía con la Curia, abarcando la totalidad de sus funcionarios, de los barones laicos y eclesiásticos, otras veces estaba compuesto por una delegación reducida de estos barones, y, en algunas ocasiones, solamente accedían a él los familiares del rey. Existían, sin embargo, unos consejeros titulares, jefes de servicios o cortesanos favoritos, que tenían unos ingresos fijos y que juraban guardar en secreto las deliberaciones. Hubo un momento, en tiempo de los hijos de Felipe el Hermoso, en que los barones, a imitación de lo que acababa de ocurrir en Inglaterra, intentaron controlar el consejo, estableciendo una composición fija; los documentos de la época constatan la existencia de un Consejo reducido (Conseil étroit), limitado a 24 miembros, denominado también Gran Consejo o Consejo Mensual, por haber exigido los barones que celebrase, al menos, una reunión mensual; pero la habilidad de Felipe V parece haber neutralizado con facilidad esta tutela que pretendía limitar su poder, y, después de él, no se vuelve a oír hablar de tal control de los barones. En el reinado de Felipe VI de Valois, el consejo recuperó su flexibilidad anterior, prueba de que el soberano conservaba la libertad de oír las opiniones que quería. Además, este consejo no tenía solamente poder consultivo, o incluso ejecutivo, puesto que transmitía a otros servicios las órdenes correspondientes a las decisiones adoptadas, sino que también poseía atribuciones judiciales, reservándose a su jurisdicción los casos más complicados que sólo el Rey, como juez supremo, podía resolver, escuchando las apelaciones que traían ante él los relatores del Hôtel. Los clérigos, caballeros o pequeños barones que formaban su personal fijo, no habían alcanzado todavía una especialización en el examen de los asuntos sometidos ante el Consejo.

Muy diferentes eran los cuatro o cinco grandes servicios que, en el centro del gobierno, hacían funcionar la administración y dispensaban la justicia. El Tesoro, dirigido por dos o tres tesoreros y un cambista, se encargaba del cobro de los ingresos del dominio regio que no se gastaban inmediatamente, llevaba a cabo los pagos o asignaciones que le ordenaba el consejo, llevaba una contabilidad complicada, y juzgaba, en contencioso, los asuntos relativos al dominio. La Moneda, con su jefe supremo, los bosques, con sus jefes y mediadores, tenían también administraciones separadas, también con poderes jurisdiccionales. La Cancillería, por medio de sus notarios y secretarios, expedía todas las actas regias, selladas con el gran sello o con el «sello secreto», de donde procede la denominación de secretarios reservada a algunos oficiales encargados de la correspondencia particular del soberano. Conviene estudiar separadamente a otros dos organismos fundamentales, el Parlamento y la Cámara de Cuentas que, en 1328, apenas si han adquirido su fisonomía realmente autónoma.

La Curia en Parlamento, organizada definitivamente por las ordenanzas de Felipe V de 1319 y 1320, pero que hasta la ordenanza de marzo de 1345 no se llamará Curia de Parlamento, poseía un personal fijo, presidentes, consejeros, clérigos o laicos, y relatores y estaba dividida en cuatro cámaras: gran cámara, cámara criminal, cámara de informaciones judiciales y cámara de apelaciones, a las que se añadía, en algunas ocasiones, para los asuntos del sur, un auditorio de derecho escrito. Sus jueces, juristas profesionales, eran los defensores apasionados no sólo del derecho consuetudinario, sino también de la majestad regia, cuya autoridad intentaban hacer respetar en todo el reino. Acogían y promovían todas las apelaciones, no sólo de las jurisdicciones monárquicas inferiores, como bailías y senescalías, sino también de los tribunales señoriales de los vasallos del más alto rango. La apelación ante el Parlamento seguía siendo el arma más poderosa en manos de la monarquía para inmiscuirse en la administración de los grandes feudos. Delegaciones de miembros del Consejo que juzgaban in situ las apelaciones locales y recibían nombres como Echiquier en Normandía o Grands Jours en Champaña, visitaban algunas provincias privilegiadas en los períodos de inactividad del tribunal soberano.

La Cámara de Cuentas, cuya existencia independiente se remontaba a 1304, pero cuya carta constitutiva le fue otorgada en 1320, con la ordenanza de Vivier-en-Brie, era la piedra angular de esta administración monárquica. Todos ellos funcionarios que manejaban dinero, desde los Tesoreros hasta los prebostes más humildes, eran responsables ante ella. Sus funciones fundamentales eran la custodia del dominio regio, la persecución de usurpaciones y de enajenaciones fraudulentas, la recepción de los recuentos de los feudos y la vigilancia del buen funcionamiento de todos los servicios. Se oponía a la prodigalidad del rey, del mismo modo que perseguía a los oficiales malversadores o negligentes.

A pesar de la especialización en constante progreso, esta administración central no poseía todavía más que un personal muy restringido, fácil de controlar. El Parlamento sólo comprendía más de 100 jueces, mientras que la Cancillería, el Tesoro, la Cámara de cuentas y la Administración de los bosques contaban, en conjunto y sin contar personal subalterno, sólo con 80 u 85 funcionarios. El personal del gobierno, en su conjunto, no llegaba siquiera a los 200 oficiales.

La administración local, por el contrario, exigía un personal más numeroso, cuyo reciente aumento, a comienzos del siglo XIV, fue sentido pesadamente por los sometidos a ella. Se repartía en bailías y senescalías —estas últimas reservadas a los antiguos dominios aquitanos o tolosanos— cuyos límites eran poco claros y cuyas competencias aunque mal definidas, permitían, a través de los bailíos, senescales y sus subordinados, hacer llegar la autoridad monárquica, no sólo a los súbditos del rey en el dominio regio, sino también a los de los vasallos, grandes o pequeños. El Etat des feux (Registro de fuegos u hogares) correspondiente a 1328, enumeraba 24 bailías y 10 senescalías, agrupables de la siguiente manera: l.º bailías del antiguo dominio: el vizcondado de París, administrado por un preboste pero con atribuciones de bailío, Orleans, Senlis, Vermandois, Amiens, Sens, Tours, Bourges, Mâcon, cuyo bailío tiene también el título de senescal de Lyon, desde la anexión de esta ciudad; hay que añadir Lila, adquisición de Felipe el Hermoso; 2.º las cinco bailías de Normandía (Caux, Rouen, Caen, Coutances, Gisors); 3.º las cuatro bailías de Champaña (Troyes, Meaux-Provins, Vitry, Chaumont); 4.º las bailías del «apanage» de Alfonso de Poitiers: Auvernia y montañas de Auvernia, y las senescalías de Poitou y Saintonge; 5.º los antiguos dominios del linaje de Saint-Gilles: Rouergue, Toulouse, Carcassonne, Beaucaire; 6.º la Bigorra; 7.º las senescalías aquitanas recientemente recuperadas: Limousin, Perigord, Agenais. Este dominio propiamente dicho, es decir, el que el rey controlaba directamente o a través de vasallos de poca importancia, contenía entonces unas 23.800 parroquias, con un número total de 2.470.000 fuegos u hogares. Los bailíos y senescales, elegidos generalmente de entre las filas de la pequeña nobleza y frecuentemente cambiados de lugar, representaban en sus circunscripciones al rey en la plenitud de sus poderes. En materia de finanzas, solían arrendar el dominio a los prebostes, batlles o veguers, vigilando no obstante a quien recibía la bailía, a los agentes de los bosques y a los oficiales encargados de misiones fiscales temporales; en materia judicial, presidían personalmente el tribunal de la bailía, o, en las senescalías meridionales por medio de un justicia mayor, recibían las apelaciones procedentes de las jurisdicciones señoriales, bajo reserva de una posible apelación al Parlamento. Tenían bajo sus órdenes a un canciller o guardián del sello, un procurador y una multitud en constante aumento de agentes (sergents-servientes), ujieres y ordenanzas. Disponiendo de unos ingresos módicos, pero en general dignos, salvo en los niveles ínfimos, estos funcionarios de origen modesto, henchidos del orgullo de representar al rey, servían con pasión sus intereses. Estaban imbuidos, sobre todo desde la muerte de San Luis de una auténtica religión monárquica que les llevaba a considerar como atentatorios contra la majestad real los privilegios, las jurisdicciones señoriales y las franquicias urbanas, en suma, todo aquello que se oponía a su fanatismo nivelador y, a lo que, el rey, sin embargo, se acoplaba mucho mejor que ellos. Sus desvelos no se limitaban a los límites del dominio, sino que franqueaban alegremente los de los grandes feudos y los de los territorios en «apanage», que representaban todavía más de la cuarta parte de la superficie del reino.

Pues, a pesar de lo que pueda desprenderse de un examen superficial de las «anexiones» que habían ampliado enormemente al dominio regio en tiempos de Felipe Augusto, el programa político de los Capeto, soberanos esencialmente feudales, no suponía acabar con la totalidad de los territorios del reino mediante conquista, compra o herencia. Su política con respecto al dominio regio había sido consecuencia del azar. A pesar de haber sometido a sus más poderosos vasallos, no ejercían un control directo más que sobre un dominio lo suficientemente extenso como para hacer frente a sus crecientes necesidades de numerario. La mayor parte de las veces habían concedido sus adquisiciones más recientes, en forma de «apanage», a los descendientes no primogénitos, conformándose con sustituir una dinastía extinguida por una rama menor de su familia, de la que esperaban una fidelidad vasallática más estrecha. Y sólo fue por auténtica casualidad por lo que la mayor parte de estos «apanages», otorgados con ligereza, habían vuelto a integrarse en el dominio regio, bien porque sus detentadores se hubiesen convertido en reyes, bien por haberse extinguido sin sucesión. De este modo, en el momento del acceso de los Valois al trono, sólo quedaban cinco «apanages», de extensión reducida, e incapaces de hacer frente a la voluntad monárquica. Eran éstos, de norte a sur: el Artois, gobernado por la condesa Mahaut, nieta de San Luis y suegra del difunto Felipe V; Beaumont-le-Roger, recientemente concedido a Roberto de Artois, sobrino de Mahaut, pero pronto confiscado en razón de felonía vasallática y cuyos hijos recibirían, a cambio, el condado de Eu; Evreux, en manos de un sobrino de Felipe el Hermoso, también Felipe de nombre, y que por su matrimonio con la hija de Luis X, recibiría además los condados de Angulema y Mortain —Alençon y Perche, otorgados por Felipe VI a su hermano Carlos, siendo el origen de una dinastía que no se extinguirá hasta Luis XI—, y, finalmente, Borbón, cuyo principal dominio no constituía un «apanage», pero que, en 1327, había permutado recientemente su minúsculo condado de Clermont, en el Beauvesis, por el de la Marca, con el título ducal y de par para el Borbonesado. Estos príncipes dotados con «apanages» estaban al mismo nivel que las pequeñas dinastías condales que se conservaban en todas partes, en el centro y norte del reino, en Blois, Rethel, Bar, Nevers o Forez.

Sólo quedaban, para hacer sombra al poder del rey, cuatro grandes señores feudales, ostentando los cuatro el título de pares de Francia; pero Bretaña, convertida en ducado desde 1297, y Borgoña, donde seguía habiendo a su frente miembros menores de la dinastía Capeto, eran aún principados con una organización incipiente, en los que el duque no ejercía sino un poder limitado sobre una clase de señores feudales poderosos y poco dóciles, constituyendo, por tanto, un peligro pequeño para la monarquía. Diferente era el caso en el condado de Flandes y en el ducado de Guyena, poderoso el primero por la prosperidad de su industria y comercio y por su arraigada organización administrativa, y, el segundo, porque su duque era al mismo tiempo rey de Inglaterra. El caso de Flandes ilustra a la perfección la política de los Capeto con respecto a los grandes feudos, que buscaba crear en ellos una administración monárquica sin anexionarlos al dominio monárquico. Pues si bien los funcionarios monárquicos, más por propia iniciativa que por la de sus señores, imponían en ellos tajantemente su voluntad, nunca entró en sus planes, ni en Flandes ni en Guyena y a pesar de las apariencias, expulsar por la fuerza de sus feudos a los vasallos rebeldes. Desde el reinado de Felipe el Hermoso, practicaban cada vez con más frecuencia actuaciones tales como llevar ante los tribunales regios aquellos procesos en los que el rey podía estar interesado, aceptar y solicitar las apelaciones de los tribunales condales ante el del Parlamento, poner bajo su custodia, sustrayéndolos a la jurisdicción del conde, a quienes llevaban a cabo apelaciones, inmiscuirse en las querellas de las ciudades, tomar en sus manos la administración de las ciudades, haciendo ondear en ellas la bandera del rey, o imponer el uso de la lengua francesa en los procesos en que eran parte. En Flandes, esta política había encontrado una resistencia imprevista. Por su total incomprensión de los enfrentamientos civiles de que eran víctimas las ciudades industriales, los oficiales regios habían servido de poderosa ayuda al patriciado en su esfuerzo por dominar al mundo obrero. Fueron los responsables de la revuelta de los artesanos de inferior condición contra la abusiva dictadura de los capitalistas leliaerts (pro-franceses, partidarios de la flor de lis), seguida de la del conde Guy de Dampierre, cansado de tantas intrusiones. En 1305, el tratado de Athis-sur-Orge terminaba con una salvaje guerra, mediante la restitución de su feudo al hijo del vasallo en rebeldía, Roberto de Béthune. El rey de Francia no exigió más que la destrucción de las murallas de las grandes comunas flamencas, un juramento de fidelidad de parte de todos los habitantes del condado y el pago de una pesada indemnización de guerra, ocupándose, en prenda y temporalmente, las fortalezas de Lila, Douai y Béthune. En 1312, el conde prefirió ceder a su soberano los territorios en prenda para liberarse del pago de la indemnización. Finalmente, en 1320, Béthune fue devuelta al Artois y fue sustituida por la fortaleza de Orchies. Estas tres plazas fuertes, por tanto, fueron la única anexión territorial que el Capeto obtuvo tras duras y costosas campañas de castigo. Por otra parte, el rey se conformaba con que el nuevo conde jurase obediencia y no se volviera a oponer a la acción de los oficiales del monarca.

La monarquía francesa, imbuida todavía de espíritu feudal y recién salida de un patriarcalismo aún presente cincuenta años después, se veía impulsada por las atrevidas iniciativas de sus agentes y espoleada por sus legistas meridionales. Estos últimos, empachados de derecho romano y con una concepción del poder asimilable al absolutismo tiránico del Bajo Imperio, tendían, quizás inconscientemente pero con firmeza, a la transformación del reino en un Estado moderno, en el que la voluntad del soberano, ley suprema de la nación, debía ser acatada sin resistencia. Como a todos los demás reinos europeos, le faltaban dos requisitos para que sus ambiciones pudieran realizarse plenamente: un ejército regular y un aparato financiero estable.

Las monarquías feudales no conocieron, durante siglos, otro ejército que la hueste (ost) vasallática, convocada únicamente en caso de guerra. Se componían, en primer lugar y de forma primordial, de los contingentes de caballeros, hombres de armas con pesados equipos que cada uno financiaba por sí mismo, y que se sumaban a la masa poco eficaz de hombres de a pie, que proporcionaban las ciudades y las comunidades campesinas. En teoría, todo vasallo, e incluso súbdito, debía de prestar el servicio de hueste al rey, señor feudal supremo. Pero la costumbre fue reduciendo pronto, en la práctica, esta obligación en gran medida. Los vasallos de la corona no tenían que enviar a la hueste regia más que un pequeño contingente de caballeros, que no representaban más que una décima parte de las fuerzas con las que contaban para sus guerras particulares, mientras que las comunidades sólo enviaban un número determinado de soldados. Además, en casi todas partes la costumbre feudal había reducido a cuarenta días el servicio de los caballeros cuando combatían fuera de sus lugares de origen, y a tres meses el de los hombres de a pie. Este hecho tuvo consecuencias importantes en las operaciones que llevaban a cabo los soberanos más poderosos de Europa, que se dejarán todavía sentir durante la guerra de los Cien Años. En primer lugar, los efectivos militares eran extremadamente reducidos, muy por debajo de las cifras desmesuradamente exageradas que nos transmiten los cronistas. En sus campañas a veces importantes, los últimos Capeto no pudieron contar más que con contingentes ridículos de tropas; los caballeros, que a veces no llegaban a los 600, no alcanzaban nunca la cifra de 2500; los sergents[1] a caballo, caballeros con armadura más ligera, no llegaban al doble y las fuerzas de a pie, cuyo concurso era mucho menos apreciado, rara vez superaban los 5000 hombres. Con tan escasos efectivos, 10 o 15.000 hombres, el rey de Francia era justamente considerado como el más poderoso de la cristiandad. Los Valois conseguirán aumentar ligeramente esta cifra, pero sin llegar a doblarla. Además, la escasa duración de este servicio militar impedía llevar a cabo cualquier acción de envergadura. La hueste se convocaba a última hora y se reunía con mayor lentitud de lo previsto. Las campañas sólo empezaban avanzado ya el verano, por lo que, con la rápida llegada del otoño, se producía la desbandada. Hasta la intervención, apenas iniciada, de la artillería, casi no podía pensarse en llevar a cabo un asedio, convertido casi en una acción imposible por los progresos de la arquitectura militar; rara vez se corría el riesgo que suponía una batalla en campo abierto, de resultados siempre inciertos. La mayor parte de las veces, todo se limitaba a una corta «cavalgada» de pillaje en las tierras del adversario. Una tregua, escasamente respetada por ambos contendientes, aplazaba inmediatamente las operaciones hasta el siguiente verano.

Los últimos Capeto no encontraron fórmulas eficaces para hacer frente a estos inconvenientes, sino soluciones parciales. Reclutaron mercenarios extranjeros en mayor medida que sus predecesores, tanto caballeros procedentes del Imperio como arqueros genoveses. Pero lo elevado de la soldada y el riesgo de indisciplinas y pillajes de estos mercenarios les hicieron reclutar solamente un número restringido, como simples fuerzas de apoyo. Y, lo más importante, no tuvieron más remedio que ofrecer pago de soldadas a sus mesnadas para poder proseguir el servicio militar una vez transcurridas las seis semanas que marcaba la costumbre. De este modo, todo el ejército, tanto su componente feudal como mercenario, se convirtió en asalariado. Los ingresos, fijados por ordenanzas reales desde 1274, eran de 20 sueldos torneses para los jefes de mesnada, 10 sueldos para los simples caballeros, 6 o 7 sueldos a los escuderos, 15 dineros para los arqueros y 1 sueldo para los soldados de a pie. Un aparato administrativo creado a tal efecto procedía a los reclutamientos, pasaba revista a los efectivos y realizaba los pagos. El condestable asumía la dirección general de las operaciones y de los campamentos, mientras que los dos mariscales, en la caballería, y el jefe de arqueros en la infantería, firmaban los contratos con los capitanes y pasaban las revistas correspondientes para asegurarse que se contaba en la práctica con los efectivos contratados. De acuerdo con los partes de las revistas, dos o tres «tesoreros de guerra» y el oficial del jefe de arqueros se encargaban de fijar las soldadas. El sistema estaba destinado a permitir, en teoría, realizar grandes levas, reuniéndose ejércitos grandes, pues, desde finales del siglo XIII, la desaparición casi total de las guerras privadas, había privado a la clase noble de su pasatiempo favorito, incitándole a vender masivamente sus servicios al rey. Se formaron, de este modo, auténticas compañías de hombres de guerra profesionales, agrupados en «routes» y bajo la dirección de expertos capitanes. Bien actuando por cuenta propia o respondiendo a la llamada de los grandes vasallos convocados a las huestes, estos «routiers», cuyos instintos de rapiña sentirá pronto Francia en sus propias carnes, acudían en gran número atraídos por la soldada. Así vemos cómo solamente el conde de Foix llevó consigo a la hueste convocada en 1337 en Guyena, más de 300 caballeros, y un total de 1000 soldados y servidores. Pero, de hecho, el rey nunca dispondrá de grandes efectivos, al no tener dinero suficiente como para contratar un ejército numeroso.

La tradición, fuertemente arraigada en los espíritus, pretendía todavía a la altura de comienzos del siglo XIV que el rey «viviera de lo suyo», es decir, de los productos de su dominio regio y de los ingresos ocasionales que pudiera proporcionarle el ejercicio de su función de señor feudal supremo. Sin duda, estos ingresos eran muy importantes, sin que podamos precisar más, ya que la desaparición casi completa de nuestros archivos antiguos de carácter financiero nos impide la confección de estadísticas, ni siquiera aproximadas. Pero, debían de ser ya insuficientes para el mantenimiento de una administración cuyas complejidades aumentaban sin cesar, así como para hacer frente a las necesidades de la política y de la diplomacia del reino más importante de Europa. En tiempos de guerra, todo se hace más difícil. La monarquía se veía en esos momentos obligada a exigir a los vasallos y súbditos el pago de una contribución de carácter excepcional, bajo la forma de un impuesto por redención del servicio militar, cuyo alcance se intentaba hacer extensivo a todo el reino. Por este camino pudo la noción de impuesto, desconocida en el mundo medieval, reaparecer, aunque no sin oposiciones, en la teoría política del Estado. Pero para ello era preciso la aceptación por parte de todo el mundo, y sería exagerado hablar todavía de la existencia de una fiscalidad permanente. Sin embargo, las guerras de Guyena y Flandes que emprendieron Felipe el Hermoso y sus hijos, contribuyeron poderosamente a crear un clima propicio a la idea del impuesto regio. En dos ocasiones, de 1294 a 1304 y de 1313 a 1324 hubo que recurrir, casi anualmente, a unos contribuyentes que se mostraban especialmente remisos. El impuesto seguía siendo, a pesar de todo, un recurso de carácter «extraordinario» —conservará esta denominación hasta Finales del Antiguo régimen—, cuyo rendimiento era inseguro y que, con demasiada frecuencia, no bastaba para cubrir las necesidades. No había superado todavía el período de prueba, en el que los fracasos fueron más frecuentes que los éxitos. El ingenio de los funcionarios monárquicos les llevó a experimentar, de forma sucesiva, todas las variedades de impuestos: impuestos indirectos, en forma de tasas sobre las mercancías, a los que la vox populi calificó con el injurioso nombre de maltôte, es decir, mala exacción; impuestos de cuota, en forma de tasas de una cincuenteava o centésima parte de las fortunas, pero tan burdamente evaluadas que la prueba resultó desastrosa; finalmente, impuestos distributivos, calculados por número de matrimonios u hogares, de donde viene su nombre de fouage (fumazgas), que irá poco a poco siendo sustituido por el de taille (talla).

Para poder ser aceptado por los destinatarios, el impuesto no podía decretarse hasta el último momento, una vez que la guerra se había declarado y el comienzo de las operaciones era inminente, lo que excluía la posibilidad de hacer preparativos a largo plazo. Chocaba con la fuerte resistencia de los contribuyentes, exigía penosas negociaciones, reducciones de los índices impositivos, aplazamientos y exenciones. Su percepción, mal organizada, se realizaba con lentitud. Concluida la campaña, los súbditos, viendo superado el peligro, se resistían al pago aún más, en el momento en que las deudas del rey habían aumentado. En resumen, los impuestos cubrían solamente una parte mínima de los gastos. De grado o por fuerza, la monarquía, necesitaba de recursos, se veía forzada a acudir a unas soluciones que no le daban una solución para el futuro, pero que le permitían «tapar los agujeros mayores». De todas estas soluciones, el más famoso, aunque no el más fructífero, fue el que inauguró Felipe el Hermoso y del que abusarían, por su penuria financiera, los reyes Valois: la alteración de la moneda. No se trataba de fabricación de moneda falsa, como algunos cronistas posteriores mal informados achacaron al enemigo de Bonifacio VIII y perseguidor de los Templarios. El rey anunciaba siempre los cambios, las alteraciones, que pretendía imponer al régimen monetario, y se atenía escrupulosamente a los términos de sus propias ordenanzas, bien se tratase de un incremento arbitrario del valor de las monedas de oro y plata (gros, escudos, etc.) en relación con las unidades de cuenta (libras, sueldos, dineros) en que se fijaban los pagos; bien de una retirada de las monedas en curso, imponiendo a las nuevas un peso o una ley inferiores, manteniendo su antiguo valor en moneda de cuenta. Cape-tos y Valois practicaron, por tanto, devaluaciones, forma de bancarrota parcial o disfrazada, hacia las que debemos sentirnos indulgentes cuando contemplamos las manipulaciones semejantes, pero de mucha mayor envergadura, que practican nuestros estados modernos. Los beneficios fiscales de la operación resultaban tan evidentes como fugaces. Además de obtener beneficios de la propia acuñación, que solían ser considerables, el rey aligeraba sus deudas, contraídas en antigua moneda fuerte y reembolsadas en moneda depreciada, hasta el momento en que los propios deudores del rey, al hacer entrar en las arcas regias la propia moneda depreciada, anulaban los beneficios que el tesoro obtenía con las operaciones. A veces, la alteración podía responder también a causas económicas: el comercio de larga distancia, cuyo auge no disminuía, exigía para realizar sus operaciones una masa monetaria cada vez más importante; puesto que los stocks de metales preciosos no dejaban de disminuir, al no producirse nuevos descubrimientos importantes, se hacía precisa la acuñación de mayor número de piezas, pero de menor valor. A lo largo del siglo XIV, todas las monedas europeas, incluida la libra esterlina inglesa y el florín utilizado por el Papado, experimentarán pérdidas de valor, en mayor o menor medida. Pero las devaluaciones masivas practicadas por los reyes de Francia, frecuentemente con intervalos de tiempo muy reducidos y a pesar de la opinión generalizada en contra que reclamaba sin cesar, y a veces lo conseguía, la vuelta a la buena moneda, tenían el carácter de expedientes fiscales.

Es, por tanto, evidente, que estas dificultades financieras fueron motivo de debilitamiento de la realeza, así como que las experiencias fiscales de los últimos Capeto provocaron descontentos. Sin embargo, la clara oposición que en diversos lugares del reino provocaron los abusos de los oficiales del rey, así como sus exigencias fiscales, no consiguió destruir el edificio monárquico, tan paciente y prudentemente levantado. No apareció nadie capaz de unificar a los descontentos, hacer más viva la oposición y poner fin al carácter arbitrario del gobierno. El clero, a pesar de su aparente autonomía con respecto al poder laico y de la vigorosa centralización monárquica que se manifiesta en curia pontificia, estaba completamente en manos del rey, demostrándose claramente su servilismo en el temerario enfrentamiento de Felipe el Hermoso con el pontificado. Sin duda, pagaba de muy mala gana los diezmos que le imponía el soberano, con o sin el consentimiento de la Santa Sede, e igualmente mostraba su desasosiego ante el poco respeto que constantemente mostraban los agentes del rey hacia sus exorbitantes privilegios jurisdiccionales. Pero se mostraba satisfecho con la repetida concesión por parte del rey de documentos que garantizaban el pleno ejercicio de la jurisdicción eclesiástica, cartas que, como es lógico, los propios oficiales del rey no respetaban. En este orden de cosas, en la asamblea celebrada en 1329 en el Bois de Vincennes, los legistas de Felipe de Valois consiguieron hacer prevalecer las tesis del rey frente a los más hábiles canonistas de Francia, que restringían la jurisdicción eclesiástica sobre las personas y las cosas y admitían la posibilidad de apelación desde los tribunales eclesiásticos a los del rey, mediante un procedimiento que, muy pronto, fue calificado como «de abuso». En lo sucesivo, el privilegio del fuero eclesiástico, tan importante durante pasadas épocas, no constituirá ningún obstáculo para la suprema autoridad de un soberano justiciero.

La nobleza, que poseía, conjuntamente con el clero, la mayor parte de la riqueza territorial del reino y que seguía siendo la fiel depositaría del espíritu feudal, hubiera podido constituir un peligro más temible. Fue ella la más gravemente perjudicada en sus intereses por las recientes transformaciones de la monarquía y por las innovaciones introducidas por sus agentes. El rey le exigía el más estricto cumplimiento de sus deberes vasalláticos, en el mismo momento en que la coyuntura económica había reducido sus ingresos, por lo que este aumento de sus cargas se dejaba sentir de forma especial. Al igual que el clero, veía cómo se reducía progresivamente el ámbito de aplicación de su justicia señorial por la acción de los jueces del rey, mientras que la prohibición de las guerras privadas, todavía poco efectiva en tiempos de San Luis, pero aplicada más estrictamente desde Felipe el Hermoso le arrebataba su ocupación favorita. Sin embargo, no supo aprovechar su oportunidad cuando, a la muerte de Felipe el Hermoso, hubiera podido actuar de acuerdo con todos los contribuyentes descontentos. Las ligas nobiliarias formadas en 1314 en la mayor parte de las provincias, no se preocuparon, salvo en la región del Languedoc, y de forma todavía muy tímida, de firmar alianzas con las comunas de las ciudades, cuyo apoyo hubiera podido ser de incalculable valor. A excepción de Bretaña, donde el mismo duque en persona fue el encargado de presentar las reivindicaciones del rey, los príncipes territoriales permanecieron prudentemente neutrales. La nobleza obtuvo del joven Luis X, en 1315, pero a nivel provincial, cartas de confirmación de sus antiguos privilegios, que, una vez apaciguado el movimiento, volvieron a ser de nuevo letra muerta, salvo en Normandía, donde la Carta de los Normandos seguirá confirmada en numerosas ocasiones. La carencia de sentido político de la clase nobiliaria, quizás más patente en Francia que en otros países, así como su creciente espíritu de casta, le llevaron a descuidar, en sus momentos de revuelta, la posibilidad de aliarse con una burguesía, cuya baja extracción despreciaba tanto como envidiaba su riqueza en aumento. La estrecha cooperación que, por el contrario, se manifestaba en el seno del Parlamento inglés entre los caballeros de los condados y los representantes de los burgos, explica, en parte, la diferente evolución constitucional de una y otra monarquía.

En suma, esta oposición, que ni clero ni nobleza eran capaces de dirigir, carecía de un órgano de expresión. Es cierto que Felipe el Hermoso convocó en varias ocasiones, una de ellas en 1308, en el momento culminante del escándalo de los Templarios, a los barones, prelados, procuradores de las órdenes religiosas y de las comunidades urbanas en la misma asamblea, a los que pedía su opinión sobre su política, asambleas en las que se ha querido ver, quizá con excesiva anticipación, los primeros Estados Generales de la monarquía francesa. Pero estas reuniones extraordinarias de representantes de la nación tenían como único objetivo la aprobación, sin discusión, de los planteamientos que ante ellas se hacían. Al no representar reclamaciones ni discutir peticiones de subsidios ni emitir ningún juicio político, no podían aspirar a ejercer un control sobre una monarquía que, aparte del derecho consuetudinario, no tenía ninguno. Sabemos también, por otra parte, que los dos últimos Capeto convocaron en numerosas ocasiones, tanto con alcance local como general, asambleas de barones y notables, a las que encomendaron la regulación de la sucesión al trono, la aprobación de algunas decisiones importantes e incluso, en alguna ocasión, la concesión de subsidios. No sabemos casi nada de su composición ni de sus deliberaciones. No parece que en los reinados de Felipe V o de Carlos IV intentaran estas asambleas plantear una mínima oposición ni tuvieran ningún deseo de controlar el gobierno monárquico, pues, de haber sido violentas sus recriminaciones, éstas hubieran llegado a los oídos de los cronistas que, sin embargo, no dedicaron excesiva importancia a estas asambleas. Sólo hubieran podido pensar en reclamar reformas si el principio del consentimiento del impuesto por parte de los representantes de los contribuyentes hubiera estado firmemente asentado. Faltaba todavía mucho para esto, pues el impuesto seguía siendo una experiencia nueva, tan poco firme como odiada por el país.

En resumen, a pesar de algunas imperfecciones de su armazón político o administrativo, que sólo hubiesen llegado a ser peligrosas en el caso de que los demás estados cristianos hubieran estado desprovistos de ellas, Felipe VI de Valois heredaba, en 1328, un reino poderoso y una monarquía sólidamente establecida.

II. INGLATERRA EN 1328

La Inglaterra del siglo XIV se asemejaba a Francia en numerosos rasgos de su organización social y política, así como de sus instituciones monárquicas. Para evitar aburridas reiteraciones, limitaremos este análisis a las diferencias más bien que a las similitudes entre los dos reinos.

El país, sobre el que reinaba una dinastía de origen, alianzas y gustos franceses, la de los Plantagenets, carecía de la extensión y riqueza del que regían, hasta aquel momento, los soberanos Capeto. A pesar de sus ambiciones, recientes pero muy escasamente satisfechas, estaba muy lejos de llegar a controlar la totalidad de las Islas Británicas. Sobre el reino de Escocia, los reyes de Inglaterra habían ejercido durante siglos una soberanía puramente nominal, que, por primera vez, comenzó a hacerse efectiva con Eduardo I, que empleó para ello métodos muy parecidos a los usados por su contemporáneo Capeto en Guyena y Flandes. Primeramente apoyó a un soberano de su propia elección y, posteriormente, se apoderó directamente del pequeño reino del norte. Pero, a pesar de diez años de luchas casi continuadas (1296-1307), los Plantagenets no obtuvieron más que éxitos fugaces. Con la victoria aplastante de los montañeses escoceses sobre la caballería de Eduardo II en Bannockburn, en junio de 1314 —de forma semejante a como las milicias flamencas habían destrozado a la nobleza de Francia en Courtrai, doce años antes—, la independencia escocesa fue un hecho consumado, mientras que los condados de frontera, o del border, Cumberland, Northumberland y Durham, habían quedado prácticamente devastados, siendo continuada tal destrucción por las constantes razias de los enemigos. Irlanda, conquistada en teoría por Enrique II, reconquistaba paulatinamente su independencia. Los lugartenientes del rey sólo conseguían hacerse obedecer en algunos territorios del este, en torno a Dublin, o del sur, cerca de Cork y Waterford. En el resto de la isla, los jefes de los clanes célticos, pujantes sobre todo en el Connagauht y en el Ulster, o algunas grandes familias inglesas implantadas en el país desde tiempo atrás, de donde les venía el nombre de anglo-irlandesas, se burlaban de su autoridad. Unicamente el País de Gales, de entre todos los territorios insulares diferentes de Inglaterra propiamente dicha, había sido sometido por Eduardo I, tras duras campañas militares, y convertido en un principado cuyos destinos eran regidos por el hijo primogénito del rey. Sus revueltas, siempre temibles, no podían ya poner en peligro la implacable administración inglesa que le había sido impuesta.

Dentro de estos límites tan restringidos, Inglaterra seguía siendo un país pobre y poco poblado. El aprovechamiento de sus tierras, iniciado tardíamente bajo los soberanos anglo-normandos, y retrasado aún más por causa de la anarquía política, que periódicamente se volvía a apoderar del país, le había impedido alcanzar un grado de prosperidad al que ya habían llegado algunas regiones privilegiadas del continente. Un número reducido de diócesis, que no será preciso incrementar hasta el siglo XVI, bastará para regir a una población muy dispersa: 14 en la provincia de Canterbury, 3 en la de York, al margen de los 4 obispados galeses, de extensión reducida. Al no haberse producido un desarrollo urbano de gran intensidad, la población apenas debía de sobrepasar los 5 millones de habitantes, apenas un tercio de la de Francia. La explotación del suelo se regía también por sistemas arcaicos. Los grandes dominios o manoirs, explotados mediante las corveas señoriales de los campesinos dependientes, habían resistido en mayor grado que en Francia al crecimiento demográfico. La iniciativa de los señores más que la división de las tierras marginales entre los campesinos dependientes había sido, al parecer, el estímulo fundamental para emprender las grandes roturaciones, que no se remontaban más allá del siglo XIII, de modo que sólo sirvieron para reforzar momentáneamente las prestaciones de trabajo y la condición servil de los campesinos, el villeinage, en especial en las explotaciones monásticas o episcopales. En las demás tierras, se produjo, por el contrario, una disminución de las corveas, conmutadas por pagos en metálico. En resumen, la vida agrícola sólo alcanzaba a las tierras más ricas. Inmensos espacios, poco apropiados a las labores agrícolas, en las colinas cretáceas de Kent y de Sussex o en las extensas landas de la cadena penina, se utilizaban solamente para la cría extensiva de ganado bovino, que daba al campo inglés su fisonomía original y proporcionaba al país su principal riqueza exportadora, la lana, materia prima muy apreciada por los artesanos de los Países Bajos. La cría de ovejas, o sheep-farming, había alcanzado en las explotaciones cistercienses del Yorkshire tal grado de perfección que la lana inglesa pasaba en los mercados continentales por la mejor de toda Europa.

No existiendo ninguna industria exportadora —no es hasta muy avanzado el siglo XIV cuando comenzarán a circular por el continente ciertos productos artesanales procedentes de Inglaterra, como los relieves de alabastro—, las ciudades seguían siendo de extensión media, incluso en las costas meridional y oriental. Tampoco a las universidades de Cambridge y Oxford, esta última, sin embargo, famosa por la altura científica de sus profesores franciscanos, acudía, como sucedía en París, una muchedumbre de estudiantes europeos. Solamente existía una gran aglomeración, Londres, que, sin embargo, tenía una población muy inferior a la de París, ya que estaba aún muy limitada, y lo estará durante siglos, a la City, al norte del Támesis, a la que se unía la reciente expansión realizada sobre el vecino barrio de Westminster, que hizo las veces de capital administrativa, así como las construcciones a lo largo del Strand, vía que unía ambas ciudades, consistentes en elegantes residencias señoriales. Sus poderosas y agresivas corporaciones limitaban sus actividades al comercio interior. En todas las demás actividades, los extranjeros conservaban el predominio, y lo mantendrán hasta bien avanzado el siglo, hasta el día en que una xenofobia creciente, les privará de sus privilegios en beneficio de marineros y hombres de negocios ingleses. Como sucedía en todas partes, los italianos eran los principales capitalistas, mientras que los gascones monopolizaban casi el comercio atlántico y los flamencos, brabanzones y hanseáticos, en especial, seguían manteniendo sus privilegios en la ciudad, en la que conservaban prósperas colonias, que provocaban la envidia de la población.

La organización política presentaba, al igual que en Francia, una mezcla de rasgos arcaicos, conformados por el espíritu feudal aún predominante, y de poderosas instituciones monárquicas, que anunciaban ya el estado moderno. Pero estas instituciones, organizadas más precozmente que en el reino capeto y desarrolladas con anterioridad, y, por tanto, más sólidas y con mayor aceptación por parte de la población, otorgaban a la autoridad monárquica y a los agentes encargados de hacerla respetar, una seguridad prácticamente única entre los reinos europeos. Por un curioso contraste, este reino, con un armazón administrativo tan sólido, se veía hundido periódicamente en luchas políticas de una violencia inusitada, que enfrentaba a una casta de barones, coherente y unida aunque menos rica que en Francia, a la persona del soberano, reclamando para sí misma el control sobre los oficiales y la dirección de los asuntos del país.

Inglaterra propiamente dicha estaba dividida en unos cuarenta condados o shires, de extensión muy variable. Tenían, únicamente, el carácter de circunscripciones administrativas y, de ningún modo, entidades feudales, como sucedía en Francia. El que un miembro de la alta clase de barones detentase el título condal no implicaba la posesión territorial del condado cuyo nombre llevaban. La alta aristocracia, poderosa sin duda desde la conquista normanda, tenía, sin embargo, sus feudos, manors u honores dispersos en diferentes regiones, no constituyendo nunca extensos dominios en manos de un solo detentador. En medio de estas fragmentadas posesiones, los agentes del rey se movían con toda facilidad, sin encontrar una oposición eficaz. La única excepción a la regla la constituían los llamados «palatinados» (palatinats), territorios privilegiados en los que no tenían vigencia las órdenes del rey, los brefs, en los que no podían entrar los oficiales monárquicos y que poseían una cancillería y un tribunal de justicia virtualmente independientes. Pero, de los dos únicos palatinados que aún subsistían, el primero, el condado de Chester, próximo a las fronteras con Gales, se había reintegrado al dominio regio tras la extinción de la dinastía condal, mientras que el segundo, situado en el norte, pertenecía al obispo de Durham. En 1351 Eduardo III dará el carácter de «palatinado» al condado de Lancaster, concediéndole también el título ducal, pero de forma temporal, en favor de su primo Enrique de Lancaster y, a la muerte de este magnate, renovará la concesión en favor de su yerno, hijo segundo del soberano, Juan de Gante. Existían, además de los «palatinados», numerosas jurisdicciones señoriales, laicas o eclesiásticas, llamadas franchises, celosamente defendidas por sus detentadores. Pero, desde hacía tiempo, la acción de los oficiales regios las habían reducido a la impotencia, presentando ante ellas aquellos casos en que el rey tenía un interés personal y estableciendo, firmemente, el principio de la posibilidad de apelación ante los tribunales del rey. El espíritu litigante de los anglonormandos, su notoria afición por las especulaciones jurídicas había creado un derecho formalista y complicado que exaltaba los poderes del soberano en tanto que poder jurídico supremo. La más mínima infracción del orden se consideraba una infracción a la paz del rey, daba lugar a un proceso en el que el rey, parte interesada, podía exigir a los jueces un castigo ejemplar para los delincuentes. Por este procedimiento, Inglaterra adquirió de forma muy precoz la noción, extraña a los hombres medievales, de un ministerio público que actuaba al margen de las demandas de los particulares.

Una multitud de funcionarios garantizaba, en los condados, el funcionamiento de la administración monárquica: los bailíos o reeves, agentes dominicales; guardias forestales, encargados de aplicar una legislación rigurosa, aunque ya en desuso, relativa a los vastos espacios calificados de «bosques», rica reserva de caza; escheators, o administradores de las sucesiones de los vasallos del rey, antes del acceso a ellas de los herederos o mientras duraba su minoría de edad; coroners que dirigían las investigaciones relativas a las muertes violentas; recaudadores, encargados de la percepción de los impuestos, tanto regulares como extraordinarios. El sheriff o vicecomes (vizconde), que equivalía al bailío francés, persona de baja extracción y que cambiaba frecuentemente de puesto, era quien establecía el contacto entre el rey y sus súbditos. Tomaba en arrendamiento los ingresos del monarca, hacía frente a los gastos locales y presentaba anualmente las cuentas de su gestión ante el Exchequer. También transmitía a sus destinatarios los brefs u órdenes del rey, presidía las sesiones mensuales del tribunal del conde, a las que se convocaba a los hombres libres, en las que se administraba justicia y se elegían los jurados para los juicios, institución característica de la Inglaterra medieval y se designaba a los caballeros encargados de la representación del condado ante el Parlamento.

La especialización de los órganos de la administración central, que desde hacía tiempo se habían desgajado de la curia regis, era más antigua y avanzada que en Francia. Tres de sus servicios, presididos respectivamente por el canciller, el tesorero y los justicias mayores, constituían auténticos ministerios en el sentido moderno del término. La cancillería, que expedía grandes cantidades de documentos, pero muy bien organizada —los archivos que nos ha transmitido son muy importantes— escribía las innumerables cartas, mandamientos y breves del Gran Sello, que transmitían por todas partes la voluntad del rey. El Exchequer, que contaba ya con dos siglos de existencia, constituía el centro de la administración financiera. El bajo Exchequer desempeñaba el papel del tesoro, mientras que el alto Exchequer, el de una cámara de cuentas. No conocemos con exactitud su funcionamiento durante el siglo XIV debido al ingente volumen de sus archivos que, hasta el momento, han desanimado a los investigadores. No cabe duda, sin embargo, de que su numeroso personal, dirigido por los chambelanes y los barones del Exchequer, ejercía un control bastante eficaz de los gastos y de los oficiales contables. Finalmente, la justicia suprema recaía en dos tribunales estables, que celebraban sus sesiones en Westminster, aparte de las visitas periódicas de los jueces itinerantes o justicias del eyre, cuya importancia parece haber disminuido a medida que se fortalecía la autoridad central. Se trataba de los tribunales del Banco: Banco Común y Banco del Rey, el primero de los cuales había estado siempre fijo, mientras que el segundo, anteriormente, había seguido al rey en sus desplazamientos. En el siglo XIV, celebraban los dos sus sesiones en un lugar estable, uno al lado del otro, y comenzaba a haber en ambos una cierta especialización: el Banco Común se ocupaba, preferentemente, de las causas civiles entre particulares, mientras que el Banco del Rey juzgaba las causas criminales y aquéllas que concernían a la corona.

Su separación de la curia regis había conferido a estos grandes servicios una autonomía que dificultaba en muchas ocasiones su control directo por parte del soberano, especialmente en los momentos en que los barones, que controlaban el consejo, pusieron a su frente funcionarios de su elección. De ahí que el Hôtel del rey, cuyos miembros eran familiares del rey e interpretaban mejor y transmitían con mayor rapidez las órdenes del rey, desempeñase un papel político mucho más importante que en Francia. Existía en el seno del Hôtel una auténtica secretaría particular, bajo la dirección del guardián del sello privado, cuya función primordial era disponer, a instancias del rey y del Consejo, la expedición por parte del canciller de las cartas del Gran Sello, pero que además no dejaba de dar órdenes directas al Exchequer y a los funcionarios locales. Dos departamentos financieros, el Wardrobe (guardarropas) y la Cámara, que se financiaban en principio mediante asignaciones procedentes del Exchequer, a menudo recaudaban directamente el producto de algunos ingresos del rey, con lo que adquirían una autonomía que se hacía sentir especialmente en tiempo de guerra, ya que el Wardrobe financiaba directamente las campañas en las que el rey participaba en persona. En el Hôtel, el rey de Inglaterra tenía una especie de «gobierno de recambio», del que se servía plenamente cuando quería sacudirse la tutela de los barones, y que rendirá todavía grandes servicios a Eduardo III en el momento de sus largas estancias en el continente.

Conviene ocuparse aparte de la original institución de los Parlamentos, fruto de una larga evolución, pero que todavía no ha dado, de ningún modo, a Inglaterra esa fisonomía de monarquía controlada o constitucional que adquirirá mucho tiempo después. A comienzos del siglo XIV, estas reuniones cuasi periódicas de la corte regia, anuales o dos veces al año, según las circunstancias, seguían conservando el carácter de un Gran Consejo ampliado, en las que a los consejeros habituales del soberano se unían, para una breve sesión de algunos días o de algunas semanas, un cierto número de barones y prelados, convocados individualmente atendiendo a su rango feudal. Formaban el Consejo en Parlamento, forma particularmente solemne de la corte regia. Se había instaurado la costumbre, dos generaciones antes, de ampliar la consulta a los representantes de otras clases de la nación, como los mercaderes, clérigos, burgueses y caballeros de los condados. Los mercaderes, en cuanto «estado», estaban representados en él en contadas ocasiones; los clérigos dejaron de asistir al Parlamento en tiempos de Eduardo II, convocándoles los obispos a sínodos independientes o convocations, generalmente coincidentes; de este modo, sólo dos caballeros de cada condado y dos burgueses de cada ciudad —excepto Londres, que enviaba cuatro— eran quienes formaban lo que más tarde se llamará la Cámara de los Comunes. Su función era todavía secundaria, ya que no tomaban parte en las deliberaciones del Consejo; sólo uno de entre sus miembros, el orador o speaker, será, más tarde, el encargado de presentar al rey las peticiones y quejas de los Comunes. Por tanto, el Parlamento, constituido de esta forma, distaba mucho todavía de ser una asamblea esencialmente política o legislativa. De hecho, poseía indistintamente todas las atribuciones de la curia regis, y, en primer lugar, la de administrar justicia. Los súbditos descontentos podían, mediante una petición, exigir en ella la rectificación de los perjuicios ocasionados; se trataba de un procedimiento tan popular que se hacía preciso, en la apertura de cada sesión, nombrar varias comisiones (análogas a las comisiones de encuestas y reclamaciones del Parlamento de París, pero siempre temporales) encargadas de la calificación y examen de la masa de súplicas, así como de preparar las decisiones del Consejo. Pero, mediante la retención de aquellas súplicas que ofrecían un interés general y añadiendo a ellas sus propios agravios personales, los diputados podían presentar directamente ante el Consejo las «peticiones comunes» y ejercer por este procedimiento una influencia política, apreciable sobre todo cuando la monarquía se encontraba en dificultades. Su poder era aún mayor por el hecho de que es a ellos a los que el monarca se dirigía, con más frecuencia de lo que hubieran deseado, solicitando la concesión de subsidios. Sin embargo, el consejo seguía siendo el que decidía sobre las medidas legislativas a promulgar en el Parlamento. Estas ordenanzas solemnes, a las que se calificó a partir de este momento con el nombre de status (estatutos), competían y completaban en los tribunales de justicia, cuyos jueces disponían de estos compendios, al derecho consuetudinario o derecho común. Las agitaciones que habían llenado el reinado de Eduardo II habían significado un aumento del prestigio del Parlamento, sobre todo en materia legislativa. En 1322, en la asamblea de York, el rey, al anular por un estatuto solemne todas las medidas legislativas aprobadas durante los once años anteriores por los barones «legisladores», y, queriendo evitar para el futuro una anulación semejante de la legislación real, proclamó públicamente que toda ordenanza promulgada en el Parlamento solamente podría ser anulada en el futuro por un nuevo Parlamento. Quizás sea por estas fechas —aunque algunos historiadores retrasan su publicación hasta finales del siglo— cuando se escribió el Modus tenendi Parliamentum, descripción ideal debida a la pluma de un clérigo experto en derecho constitucional, y situada falsamente durante el reinado del Guillermo el Conquistador, del papel que debería representar, dentro de la monarquía feudal, la jerarquía de Estados y sus representantes: de su acuerdo con el rey procedía la ley soberana.

En definitiva, el Parlamento, parte integrante de las instituciones monárquicas inglesas, pero la más reciente de todas y cuyas funciones estaban, por tanto, menos perfectamente definidas, podía llegar a ser tanto el mejor auxiliar de la política del soberano como el peor de los obstáculos a su voluntad. A un rey popular, justiciero inflexible y buen administrador, le ofrecía el apoyo incomparable de una opinión favorable, le permitía hablar con seguridad tanto a los soberanos extranjeros como al jefe de la Iglesia, al hacerlo en nombre de la nación. Si, por el contrario, un rey sin habilidad se ganaba la enemistad de unos barones siempre dispuestos a denunciar sus faltas, servía de instrumento de oposición e imponía al rey una tutela de sus adversarios. Esta alternancia de fuerza y debilidad marca el ritmo histórico de Inglaterra en la Edad Media.

En materia financiera, los Plantagenets tenían la ventaja de disponer de unos recursos casi completamente estabilizados, aunque relativamente modestos. Eduardo I había conseguido de los mercaderes la concesión de una tasa o coutume sobre la exportación de lana y pieles y sus sucesores, sin necesidad de solicitar su renovación, la continuaron percibiendo. Cuando, por mero formalismo, se pedía la confirmación al Parlamento, se otorgaba para un período de varios años. El rendimiento de esta tasa aumentó debido a una institución, el mérito de cuya instauración corresponde a los consejeros de Eduardo II: el staple de la lana. El rey designaba bien un puerto del continente (etapa extranjera) bien varios puertos ingleses (etapa indígena) como los únicos por los que podía transitar la lana destinada a la exportación. La preciosa materia prima se depositaba en los almacenes públicos del citado puerto, donde pagaba una tasa antes de ser embarcada o distribuida a los compradores extranjeros. A estos impuestos indirectos, que tan buenos rendimientos proporcionaban, se añadían los subsidios votados por los Comunes, generalmente tasas sobre las fortunas en bienes muebles, o tasas de un diez por ciento para las ciudades y de un quince por ciento para el campo. Las dificultades para fijar las bases tributarias, la astucia de los contribuyentes, que en todas las épocas han practicado la evasión fiscal, impedían obtener grandes rendimientos. Pero estos subsidios, solicitados frecuentemente ante los Parlamentos, habían adquirido una cierta regularidad. Se pagaban sin gran resistencia, ya que los diputados habían sido elegidos con plenos poderes para negociar su cuantía. En conjunto, estos recursos, aunque bastaban en tiempos de paz, no permitían la financiación de grandes empresas militares. Como los Valois, los Plantagenets vivirán siempre a base de recursos extraordinarios, acuciados por sus acreedores y constantemente abocados a la bancarrota. Tendrán, por lo menos, el mérito de no haber practicado alteraciones monetarias demasiado importantes. La libra esterlina, que ya era más fuerte que la tornesa o la parisina, superará muy rápidamente a las monedas francesas, y, tras una guerra agotadora que duró más de un siglo, sólo se devaluará en un 20%.

Pocas palabras bastan para describir la situación de las fuerzas militares de que disponía el rey. El ejército inglés, como el francés, se reclutaba a base del servicio de hueste feudal. Las duras campañas de Gales y de Escocia, en tiempos de Eduardo I, habían servido para curtirlo, pero sin llegar, por ello, a ser invencible: la derrota de Bannockburn infligida por los lanceros escoceses a la caballería inglesa, es testimonio de que la nobleza caballeresca no había cambiado todavía sus tácticas militares seculares. Todos los componentes de la hueste feudal recibían salarios, para poder llevar a cabo campañas más prolongadas. Los contratos estipulados por los capitanes, llamados endentures (se trataba de documentos partidos, cuyas dos partes, escritas en el mismo pergamino se dividían siguiendo una línea en forma de dientes de sierra), permitían comprobar en cada momento el número de soldados aportados y garantizar el pago de las soldadas. Las tropas de a pie, cuyo valor militar no se apreciaba mucho todavía, se reclutaban entre los pueblos montañosos del oeste, especialmente en el País de Gales. Su cohesión era mayor que la de las mediocres milicias comunales de que disponía el rey de Francia. Finalmente, en las guerras continentales, los Plantagenets contaban con el importante apoyo de los contingentes gascones, valientes combatientes, y el de los mercenarios imperiales, reclutados a precio de oro en los Países Bajos. Existía además el problema de transportar al continente los efectivos procedentes de Inglaterra. Se confiaba la tarea a dos almirantes, el del Norte y el del Sur, encargados cada uno de ellos de un sector de la costa, los cuales, en tiempos de paz actuaban como simples jueces en cuestiones de derecho marítimo, pero que, en tiempos de guerra, organizaban la requisa de barcos en todos los puertos comerciales. La antigua corporación de los Cinco Puertos, en las costas de Kent y Sussex (Dover, Rye, Winchelsea, etc.) tenía mucha menos fuerza que en los tiempos de la monarquía anglo-normanda, por lo que no podía proporcionar todos los barcos necesarios para el transporte de un cuerpo expedicionario que, sin embargo, rara vez superaba los diez mil hombres.

Inglaterra ofrece, pues, la impresión de ser un reino pequeño pero bien organizado, y, cuyas modestas fuerzas, controladas estrechamente por una experta administración, estaban a la completa disposición del soberano. Pero tenía que contar con los sobresaltos periódicos pero brutales de las pasiones políticas, que en ningún país de Europa alcanzaban, quizás, una violencia tan grande. Desde los albores del siglo XIII hasta finales del XVII, la historia de Inglaterra se caracteriza por sus sangrientas guerras civiles, dirigidas no tanto contra la monarquía como contra la persona concreta de un soberano, y, que, periódicamente dejan tras de sí las huellas de la sangre y la semilla del odio, desde el advenimiento de Juan Sin Tierra hasta la caída de los Estuardo. El advenimiento de Eduardo III, en enero de 1327, no es sino un episodio y no el punto final de una de estas encarnizadas luchas que habían llenado casi por completo los veinte años del reinado de Eduardo II. No tenemos la intención de destacar, ni siquiera someramente, sus acontecimientos fundamentales. Sin embargo, es preciso efectuar su balance, que no es nada favorable para el reino británico.

Eduardo II había heredado de su padre, en 1307, una situación llena de graves amenazas. Las guerras de tan desafortunado conquistador, en especial las agotadoras campañas escocesas, así como las terribles exigencias de su fisco y las irregularidades de su administración, habían reavivado, desde hacía algunos años, la oposición de los barones. Solamente un hombre hábil que a la vez fuese un estadista hubiera podido apaciguar el descontento. Eduardo II no era ni una cosa ni otra. Hombre inteligente y cultivado, interesado en la mecánica y en la agricultura, no amaba la guerra ni el ejercicio del poder, lo que constituía una doble causa de escándalo para sus súbditos. Pero estaba celosamente aferrado a su autoridad, de la que se aprovechaban sus indignos favoritos, cuya influencia sobre el rey daba lugar a rumores desagradables y a maledicencias. Todo esto era suficiente para reavivar el rencor de los barones, hambrientos de poder desde muchas generaciones antes. Su objetivo político fundamental no era ya, como había sido el de sus antecesores del siglo anterior, poner fin a la arbitrariedad monárquica, aligerar el peso de sus deberes feudales o proteger su derecho a administrar justicia de las usurpaciones de los funcionarios. El armazón administrativo estaba demasiado firme como para pensar en destruirlo. Pero, en oposición a la doctrina re-galista del poder monárquico ejercido sin control hicieron renacer la vieja teoría feudal, según la cual los barones, consejeros naturales del rey, debían colaborar en las tareas de gobierno y debían controlarlo. Necesitaban, en primer lugar, apoderarse del consejo para expulsar a los favoritos, nombrar a hombres de su confianza en los puestos administrativos y ejercer el poder efectivo en nombre del rey.

Sin un cabecilla capacitado, este plan, que no era difícil de ejecutar pero sí de mantenerlo vigente ante la oposición de un soberano decidido a no aceptar ninguna tutela, no podía conducir sino a la catástrofe. Las buenas intenciones de los barones «legisladores» (ordenancistas) de 1311, aliados contra el favorito bearnés Pierre de Gabaston, así como las dos dictaduras del más fogoso de ellos, el primo hermano del rey, Tomás de Lancaster, fracasaron al cabo de algunos meses. Se hubiera podido salvar la situación, como en los tiempos de Enrique III, con una alianza entre el rey y los barones más moderados. Pero había que contar con el egoísmo ciego de uno y el obstinado rencor del otro. Eduardo encontró a un nuevo favorito en las mismas filas de los barones, Hugo Despenser el Joven, tan ambicioso como inútil, y lo impuso a un país agotado tras diez años de guerra civil. Inglaterra se deslizaba paso a paso hacia la anarquía política. El último acto del drama, que costó la vida al odiado monarca, no sirvió precisamente para realzar el prestigio de los Plantagenets. Como barón del oeste, Despenser intentó hacerse un principado en las marcas galesas, en las que la autoridad del rey chocaba con poderosas dinastías feudales, enriquecidas con los despojos de los antiguos principados celtas, en el Monmouthshire, Glamorgan y en los condados vecinos. Sus rivales hicieron la guerra contra él y mandó al exilio al más poderoso de ellos, Roger Mortimer de Wygmore. Al mismo tiempo, Eduardo se había enemistado con su mujer, Isabel de Francia, hija de Felipe el Hermoso, cuya maldad era sólo comparable a sus veleidades, a la cual expulsó de la corte. Consiguió convencer a su marido de la conveniencia de negociar directamente con Carlos IV de Francia, su hermano, para poder llegar fácilmente a la paz, turbada por el reciente ataque del francés a Guyena. Abandonó Inglaterra en 1325, llevándose consigo a su hijo mayor, al que quería convertir en duque de Aquitania. La paz se firmó, pero en París, Isabel se encontró con Mortimer, que se convirtió, si no lo era anteriormente, en su amante. El carácter público de sus relaciones disgustó a Carlos IV, que los expulsó de la corte. Todavía acompañados del príncipe heredero, se refugiaron en la corte del conde de Hainaut, negociaron los esponsales del joven Eduardo con Felipa, hija del conde, y contrataron mercenarios. En los últimos meses de 1326, a la cabeza de sus soldados extranjeros, desembarcaron en la isla, mal custodiada, avanzaron hasta Londres y provocaron la rebelión general de los barones contra Despenser y su camarilla que fueron vencidos tras un terrible enfrentamiento y, finalmente, se apoderaron de la persona del rey. Un Parlamento dócil a la voluntad de los conjurados, proclamó su deposición. Una comisión de barones y un representante de los caballeros, llamado William Trussel, renunciaron solemnemente a la fidelidad que le debían. A continuación, a la espera de que Isabel hiciera asesinar al rey depuesto, proclamaron nuevo rey a Eduardo III (20 de enero de 1327), que solamente contaba dieciséis años. En la práctica, fue Mortimer quien gobernó, prolongándose la anarquía durante otros tres años más. Nombrado conde de March —estaba casado con la última descendiente de los Lusiñán del Poitou, detentadores de los condados franceses de la Marca y de Angulema—, enriquecido por los bienes de Despenser, se mantenía en el poder mediante el terror. La memoria del monarca trágicamente desaparecido adquirió una popularidad póstuma semejante a la que había gozado Tomás de Lancaster al poco tiempo de su caída, produciéndose hechos milagrosos ante su tumba que todavía se encuentra en la catedral, entonces iglesia abacial, de Gloucester. Los barones formaron un nuevo bloque opuesto a Mortimer. Un primer complot, fácilmente descubierto, provocó la ejecución del conde de Kent. Esta situación no terminará hasta noviembre de 1330, en que Eduardo III consiga independizarse de la tutela a que estaba sometido.

Conviene recordar que, en el momento en que se producía en Francia el cambio de dinastía, Inglaterra, apenas salida de la guerra civil, se encontraba en situación de gran debilidad política, pero con capacidad de salir rápidamente de ella, gracias a los recursos que estaban a disposición de la monarquía.

III. LA CUESTIÓN DE GUYENA

Los dos países, separados únicamente por una estrecha franja de mar, se ignoraban casi de forma absoluta. En Inglaterra, la nobleza, de origen normando o angevino, había dejado, desde hacía más de un siglo, de interesarse por los problemas del continente, al haber perdido allí y para siempre sus posesiones patrimoniales. Día a día se hacía más inglesa. Solamente la corte del rey y las altas clases cultivadas hablaban todavía la lengua francesa, o, mejor dicho, un dialecto especialmente espúreo, el anglo-normando, lleno de palabras inglesas y de giros extraños. Seguía siendo la lengua de la administración y de los juristas, aunque los debates de los tribunales se iban realizando cada vez con más frecuencia en inglés, para comodidad de las partes litigantes. En la pluma de los clérigos del otro lado del canal, el anglo-normando daba la impresión de ser trabajosamente traducido del idioma nacional, convirtiéndose en un idioma cultural, análogo al latín. La alta nobleza, mediante las alianzas matrimoniales, y el alto clero, inclinado por su formación a los contactos de tipo internacional, mantenían todavía relaciones de un país al otro, mientras que las otras clases sociales sólo entraban en contacto para enfrentarse en el terreno del comercio marítimo. Estos contactos, a menudo difíciles, afectaban solamente a las regiones costeras de Francia, es decir, a los comerciantes o mercaderes flamencos, picardos, normandos, bretones o de la Rochela.

Muy distinto era el caso de las dos dinastías, unidas entre sí por frecuentes alianzas familiares y por un lazo más fuerte todavía, de carácter feudal. El soberano Plantagenet era, a la vez que rey de Inglaterra, duque de Aquitania o de Guyena y par de Francia. Además, desde el reinado de Eduardo I, poseía en la Francia del norte, en la desembocadura del Somme, el pequeño condado de Ponthieu, adquirido por este rey por su primer matrimonio con Leonor de Castilla. Aunque soberano en su isla, era vasallo del rey de Francia por sus posesiones continentales. Esta ambigua situación venía de mucho tiempo antes. Sin necesidad de remontarnos a los lejanos tiempos en que el duque de Normandía, Guillermo el Bastardo había emprendido la conquista del reino anglosajón (1066), las relaciones entre vasallo y soberano se habían deteriorado bruscamente con el acceso al trono inglés en 1154, de Enrique II Plantagenet, que ya era conde de Anjou, de Turena y de Maine, marido de Leonor de Aquitania, en nombre de la cual administraba un enorme ducado que se extendía desde el Loire hasta los Pirineos, y poseedor, además, por vía de conquista, de Normandía. Entre Plantagenets y Capetos se había iniciado entonces una larga lucha, a la que algunos historiadores modernos han propuesto el calificativo, sin duda confuso, de «primera guerra de los Cien Años», en la que el soberano feudal había intentado rebajar la fuerza de un vasallo diez veces más fuerte que él mismo. En su transcurso se consiguió finalmente deshacer el imperio continental de los Plantagenet. Pero, por el tratado de París firmado en mayo de 1258 y confirmado en diciembre de 1259, San Luis había dejado en manos de su cuñado Enrique III la posesión de la Guyena, de donde las tropas de los Capeto nunca habían conseguido expulsarle completamente, añadiéndole además algunos territorios ocupados por sus predecesores y que engrosarían, inmediatamente o en fechas posteriores, el ducado meridional. Como contrapartida, el Plantagenet renunciaba definitivamente a todas las provincias perdidas, desde Normandía hasta el Poitou, y, especialmente, entraba en vasallaje del rey de Francia por su ducado. Por ello, se ha dicho, y con razón, que el tratado de París, al volver a situar a los dos soberanos en una delicadísima situación feudal, constituía el origen de la Guerra de los Cien Años. Su aplicación práctica, que provocó desde el principio dificultades insuperables, provocó conflictos incesantes durante setenta años. El que enfrentó a Eduardo III y Felipe VI fue, por tanto, una consecuencia inevitable.

Otras causas que deben de tenerse en cuenta contribuyeron también, de forma poco visible, a hacer más tensas las relaciones entre las dos dinastías, e incluso entre los dos países. Un intenso movimiento comercial había puesto en contacto a los marinos gascones, representantes de los intereses ingleses, con regiones cada vez más abundantes del reino de Francia. Transportaban a Inglaterra los vinos de Guyena, más apreciados por las altas clases de la isla que los caldos o la cerveza indígenas. Iban también a buscar a la Rochela, salida natural de Poitou y de Saintonge, o a Nantes, la sal de las marismas poitevinas y de la bahía de Bourgneuf, indispensables para las salazones de los pescadores ingleses. Sus barcos, que rara vez se aventuraban en mar abierta, precisaban de favorable acogida en los puertos bretones en los que recalaban. Es, también, conocido que tanto la cría de ovejas como la hacienda inglesa dependían en gran medida del mercado flamenco, donde se vendían las lanas en bruto. Poitou, Bretaña y Flandes son todas ellas provincias que Eduardo III intentará controlar, en grados diferentes. Pero, no debemos pensar que con su intervención en estos puntos precisos, los Plantagenet quisieron favorecer conscientemente la expansión comercial de Inglaterra. Al contrario que nuestros imperialismos modernos, las monarquías medievales no emprendieron guerras para dar salida a sus productos comerciales o conquistar mercados. Hasta la segunda mitad del siglo XV, no se puede hablar de una política económica de los soberanos, que éstos antepongan a sus quimeras dinásticas o sus proyectos de conquista. Por el contrario, Eduardo III utilizará el arma económica para satisfacer sus ambiciones políticas, tanto adoptando medidas confiscadoras en los mercados enemigos, como interrumpiendo la exportación de lanas, como será el caso de lo que se hizo en Flandes, medida cuyas consecuencias más tangibles serán la ruina del artesanado y una disminución brusca de los recursos de quien había ordenado el bloqueo. Sin embargo, las relaciones comerciales que acabamos de señalar contribuyeron en gran medida, a envenenar las relaciones franco-inglesas, ya de por sí muy tensas; crearon entre los marinos de ambas dependencias políticas una competencia que muy pronto se convirtió en odio, que se concretaba en actos de pillaje y piratería, destrucciones de barcos y, en ocasiones, auténticas guerras de corso. Un enfrentamiento particularmente grave que en 1293 estalló en Bayona y de ahí se extendió a La Rochela, entre marinos de Bayona y normandos, sirvió de pretexto a Felipe el Hermoso para declarar la guerra a Eduardo I y confiscar el feudo aquitano.

Volvemos, por tanto, a la cuestión de Guyena, eterna manzana de la discordia, entre ambas dinastías. Sin que contemos con detalle su trayectoria entre 1259 y 1328, es imposible no referirse a ella si se quiere tener una idea clara del gran conflicto que se prepara.

Existían, además, complicados problemas de tipo territorial entre vasallo y soberano. El tratado de París había creado, al parecer deliberadamente, una compleja situación, al haber prometido la eventual restitución al ducado de Aquitania de algunos territorios (como Saintonge «más allá del Charante», Quercy y el Agenais tolosanos), en el caso de que Alfonso de Poitiers y su mujer Juana de Toulouse, a quienes pertenecían dichos territorios, murieran sin sucesión. El supuesto se vio cumplido en 1271, pero ni Felipe III ni su hijo mostraron la menor disposición a la entrega de los territorios prometidos. Hubo que esperar al acuerdo de París, concluido en noviembre de 1286, para que el asunto quedase zanjado sin dejar tras de sí demasiados resentimientos. A pesar de este arreglo, los límites de los territorios de Aquitania, como era frecuente en la época, seguían siendo vagos e imprecisos. La existencia de derechos superpuestos y de enclaves privilegiados constituía una fuente de enfrentamientos y disputas. Los oficiales del rey de Francia, que siempre mostraban un mayor ardor que su señor a la hora de envenenar las diferencias, los senescales de Saintonge, de Poitou o de Perigord, no desaprovechaban ninguna ocasión de recortar los derechos ducales más allá de esta frontera. Y, lo que era aún más grave, ambos adversarios, temiendo mutuamente las iniciativas de la parte contraria, habían iniciado, en estas marcas de fronteras poco claras, la construcción de castillos y bastidas, que alzaban en los campos su doble fila de desafiantes murallas desde la costa del Saintonge, a través del Perigord, el Quercy y el Agenais. La maniobra había sido iniciada, por el lado capeto, por Alfonso de Poitiers, mientras que Eduardo I había aportado a las obras de fortificación, en especial a las del castillo de La Réole, la experiencia adquirida en Tierra Santa, aplicada ya por él en el País de Gales. Las construcciones se continuaban todavía a principios del siglo XIV, por ambas partes, manteniéndose una peligrosa situación de paz armada. El comienzo de la construcción de una bastida en Saint-Sardos, cerca de Agen, en 1323, por parte de un vasallo del rey de Francia fue inmediatamente seguido por la toma por sorpresa y destrucción de parte de bandas gasconas, lo que fue la señal para una nueva guerra y para una nueva confiscación del feudo aquitano por el rey Carlos IV.

En el terreno de las relaciones feudales, las causas de conflicto eran más graves, ya que se renovaban incesantemente. Continuando la política intervencionista que aplicaban con éxito en los restantes feudos de la corona, los oficiales capetos, senescales de Poitou, Perigord o Saintonge, así como sus subordinados, cuyo celo sobrepasaba con mucho las intenciones de su señor, no cesaban de intervenir en Guyena, de hacer proclamar en el territorio los derechos del rey y de impulsar a los habitantes a llevar a cabo apelaciones contra las sentencias de los senescales ingleses. Esta política, que había llegado a ser inquietante en el reinado de Felipe III, había sido atajada provisionalmente mediante un acuerdo entre ambos soberanos, a cuyo tenor el tribunal del rey de Francia reexpediría ante el senescal de Aquitania todas las apelaciones que recibiera, y solamente las resolvería en aquellos casos en que, en el plazo de tres meses, el tribunal ducal no hubiese visto el caso. Pero, en el reinado de Felipe el Hermoso, los quebrantamientos fueron frecuentes, y en primer lugar las apelaciones ante el Parlamento, hasta tal punto que Eduardo I se vio obligado a tener procuradores y abogados fijos en el tribunal de París, encargados de defender sus intereses en las «causas de Guyena», cuyo número aumentaba sin cesar. Las reclamaciones de los funcionarios de Aquitania se hicieron entonces mucho más duras. Ante las constantes intromisiones de los agentes del rey, se declaraban impotentes para seguir haciendo respetar la autoridad ducal. Las apelaciones por ellos promovidas aniquilaban los poderes judiciales del senescal inglés y situaban a los apelantes bajo la salvaguarda del rey, siendo considerados por las autoridades de Burdeos, como simples rebeldes a su duque. La ejecución de las sentencias pronunciadas por los tribunales reales se efectuaba con brutalidad; los oficiales colocaban por todas partes los escudos con la flor de lis, procedían a detenciones arbitrarias y a embargos, y decretaban confiscaciones de bienes. Aprovechando con insolencia la protección de los oficiales del rey, los súbditos franceses se comportaban en Guyena como en un país conquistado. Se citaba el caso, ya antiguo, de un grupo de mercaderes normandos que, descontentos ante la acogida de los gascones, se habían levantado en armas ante los muros de Saintes, habían insultado al senescal inglés y amenazado con saquear la ciudad. Si hemos de creer a los «dossiers» de quejas que iba almacenando el soberano Plantagenet, cansado de tanta desfachatez, se habría dado el caso de oficiales franceses que penetraron en el Agenais aquitano, preguntando a la población: «¿A quién obedecéis, al rey de Francia o al de Inglaterra?». Y aquéllos que respondían, como les exigía su fidelidad respecto al duque de Aquitania, que «al rey de Inglaterra», eran llevados ante los tribunales franceses, acusados de crimen de lesa majestad y castigados con severidad. En 1317, Felipe V convocó ante su tribunal al senescal inglés de Saintonge, cuya administración había provocado quejas, e inició contra él una investigación dirigida por su senescal de Perigord. Eduardo II prohibió a su agente la comparecencia ante la convocatoria, ya que el hacerlo hubiera supuesto pisotear su autoridad en Guyena. Y, al contrario, también los oficiales franceses pronunciaban sonoras quejas de las molestias que ocasionaban los servidores del rey de Inglaterra en el servicio de sus deberes legítimos, en la aplicación de los derechos soberanos de su señor. Según esta versión, el senescal de Guyena había obligado a sus súbditos gascones a renunciar a las apelaciones ante el Parlamento, mediante amenazas y chantaje, e incluso empleando las torturas físicas.

A veces, impresionados por tanta animosidad, los dos soberanos, enzarzados en estos oscuros problemas feudales, decidían liquidar las reclamaciones pasadas creando comisiones mixtas a las que se confiaba la investigación y el dictamen de las cuestiones en litigio. Ni el «proceso» de Montreuil, iniciado en 1311, ni el de Perigueux, en 1316, llegaron a soluciones amistosas. Iban acumulando problemas insolubles, ya que el mismo fondo del enfrentamiento seguía sin aclararse. Los oficiales franceses entendían poder actuar en Guyena del mismo modo que en los demás feudos de la corona. Así, parecían indicar a los funcionarios de los Plantagenets, y en parte era cierto, su intención de desposeer a su señor, no sólo de toda autoridad real sobre su ducado, sino incluso de su mismo feudo, mediante una implacable labor de abusos constantes. Y, lo que era más grave, olvidaban que no era posible tratar al rey de Inglaterra como a un duque o par cualquiera, incapaz de desprenderse de la presión con que se le atenazaba. Como soberano en la isla, el Plantagenet no soportaba verse vejado en sus feudos franceses. En su condición de rey de Inglaterra, podía establecer alianzas exteriores contra Francia, sin contravenir, por ello, sus deberes vasalláticos con respecto al rey de Francia. Esto es lo que había sucedido en 1297, cuando para evitar la confiscación de Aquitania y seguro del apoyo flamenco, Eduardo I concluyó una alianza con el soberano alemán Adolfo de Nassau y desembarcó en los Países Bajos, dispuesto a convertir un conflicto meramente feudal en una guerra internacional.

La irritación del vasallo quedaba también patente por la lentitud calculada con que satisfacía sus deberes vasalláticos y las reservas que, conscientemente, rodeaban a su homenaje. Desde junio de 1286, Eduardo I no había prestado homenaje a Felipe el Hermoso sin hacer reserva expresa de sus derechos sobre los territorios aquitanos que aún conservaba en su poder el rey de Francia. En 1303, poniendo como excusa sus problemas escoceses, no fue a recoger, como había sido invitado, su investidura del feudo restituido, sino que, más tarde, en septiembre de 1304, envió al príncipe de Gales a cumplir la formalidad en Amiens. Cuando accedió a la corona, Eduardo 11 renovó correctamente su homenaje cuando fue a recoger a Boulogne a su prometida, Isabel de Francia (1308), pero puso como pretexto sus enfrentamientos con los barones para no volver a reconocer sus derechos con respecto a Luis X. Y, cuando Felipe V sucedió a su hermano, fueron precisas repetidas convocatorias y una espera de dos años y medio para que enviase a sus procuradores, en junio de 1319, a prestar el homenaje en su nombre. La renovación personal de la ceremonia, un año más tarde, se explica por haber sido ésta la condición impuesta por un señor feudal, lógicamente suspicaz, a la restitución de Ponthieu, ocupada desde tres años antes por los agentes de los Capeto como prenda de las reclamaciones planteadas por los mercaderes normandos a sus competidores ingleses y aquitanos. La misma farsa se produjo cuando Carlos IV llegó al trono. Tras dieciocho meses de espera, una embajada francesa compareció ante la corte de Plantagenet a reclamar el homenaje. Eduardo II se negó, poniendo como pretexto que la convocatoria debería habérsele hecho en su feudo aquitano, y no en Londres, donde su señor feudal no tenía ninguna autoridad, y más tarde alegó dificultades interiores, enfermedades verdaderas o ficticias, para diferir una prestación de homenaje que no se había aún producido cuando tuvo lugar la ruptura.

Pues, el conflicto, siempre latente, degeneraba en ocasiones en guerra abierta. Y no era provocada por el vasallo ultrajado, que, sin embargo, hubiera podido aprovechar como pretexto estas vejaciones para desafiar a su soberano feudal con una apariencia de estar apoyado conforme a derecho. Procedía, por el contrario, del propio rey de Francia que pretendía dejar patente ante su tribunal el desacato del duque de Aquitania y pronunciaba una sentencia de confiscación contra él, en correcta y debida forma, que sus tropas iban a hacer aplicar inmediatamente. La mala fe de Felipe el Hermoso en el primero de estos conflictos había sido flagrante. En Bayona, se había producido un enfrentamiento entre franceses y gascones. En represalia, los marinos de Bayona, habían atacado La Rochela. Inmediatamente, el rey de Francia conminó al lugarteniente del Plantagenet en Burdeos a entregarle a los culpables «para imponerles el castigo que la razón exigía y que las leyes exigían». Al no haberse cumplido la orden ni con la rapidez ni integridad requeridas por el soberano, se encargó al senescal de Perigord la confiscación de la totalidad del feudo, aunque fue rechazado por las armas. Entonces, Felipe convocó a Eduardo I a comparecer ante su tribunal. Este hizo intervenir, sin resultado, a sus amigos, y propuso la entrega, en garantía de su buena voluntad, de las principales fortalezas de la frontera aquitana. Felipe aceptó la entrega de las fortalezas, continuando una guerra que iba resultando cada vez más fácil. ¿Cuáles eran sus móviles? No lo sabemos con exactitud. Si aspiraba a evitar una alianza anglo-flamenca que se tramaba ya en contra suya, su brutal intervención no hizo más que acelerarla. Si lo que deseaba era hacer volver a la obediencia a su vasallo aquitano, hubiera bastado con las amenazas. Se comprometió a fondo en el conflicto, como si quisiese expulsar a los Plantagenets de sus feudos franceses. Sin embargo, su conducta posterior demostró que no se trataba de eso. Treinta años más tarde, su hijo Carlos IV mostró la misma brutalidad tras el incidente de Saint-Sardos (noviembre de 1323). Como represalia a la destrucción de la bastida francesa, se enviaron tropas para destruir el castillo inglés de Montpezat, que fueron derrotadas y se exigió un rescate por ellas. Eduardo II desaprobó en vano la conducta de sus súbditos gascones, demasiado ardientes en su opinión, propuso negociaciones y prometió reparaciones. Sin admitir las disculpas, en julio de 1324, Carlos IV confiscó el feudo de su cuñado.

Por otra parte, en ambas ocasiones la conquista fue fácil. Solamente fueron precisas tres campañas estivales, en 1294, 1295 y 1296, para que Carlos de Valois conquistase la totalidad de Aquitania. En 1324, de nuevo Carlos de Valois, ya anciano, fue el encargado de la aplicación de la sentencia. La rendición de La Réole provocó la sumisión de casi todo el ducado, conservando solamente los ingleses Burdeos, Bayona, Saint-Sever y algunas fortalezas de menor importancia. Sin embargo, en ambas ocasiones el rey francés abandonó cuando estaba cerca de conseguir su objetivo. En 1297, Felipe el Hermoso aceptó la mediación pontificia, por temor, sin duda, a un levantamiento en Flandes. El arbitraje de Bonifacio VIII, aceptado sin discusión, que ratificaba el tratado de Montreuil (junio de 1299), ordenaba la restitución de sus feudos a Eduardo I. ¿Lo hubiera suscrito de haber pensado seriamente en la anexión de los mismos a su reino? Carlos IV volvió a actuar del mismo modo, y en mayo de 1325 aceptó de nuevo su restitución, a demanda del papa Juan XXII y de la reina de Inglaterra, hermana del propio rey de Francia.

En ambos casos, por tanto, la confiscación no sirvió sino como medio de presión, brutal pero eficaz, para hacer volver a la obediencia a un vasallo recalcitrante. Había bastado al rey francés la afirmación recurriendo a la fuerza de sus derechos de soberanía sobre el ducado. El desheredamiento del vasallo no entraba en sus planes. Pero este tipo de conflictos presentaba unos peligros que ni Felipe el Hermoso ni Carlos IV comprendieron con claridad. Dieron a los consejeros de los Capeto la falaz impresión de que la confiscación sería siempre un recurso fácil y podría volver a hacerse de nuevo en cualquier ocasión en que hiciera falta fortalecer la dominación sobre la Guyena.

Por otra parte, la lentitud y el retraso en la reacción de Eduardo I se debía a que había volcado todas sus energías en la conquista de Escocia, mientras que la pasividad de su hijo Eduardo II tenía una fácil explicación en la anarquía a que había llevado su reino debido a su insensata política. Y esto no sería siempre así. Llegaría un momento en que los Plantagenets, convencidos ya de que el único objetivo del rey de Francia era desposeerles de su feudo, lanzarían toda la fuerza de su reino insular a la defensa de la amenazada Guyena. Y, esto se veía facilitado por el hecho de que, en estos momentos, podían contar con el entusiasta apoyo de sus súbditos gascones. Por oposición a cualquier tipo de autoridad, habían apoyado en otro tiempo las intromisiones de los oficiales Capelos en las funciones de los agentes de Eduardo I, cuyas exigencias puntillosas odiaban. Pero la experiencia, repetida en dos ocasiones, de la ocupación francesa, les había dado la oportunidad de conocer a un señor mucho más tiránico que el lejano rey de Inglaterra. El particularismo gascón fue desde este momento, y durante siglo y medio, irreductiblemente hostil a todo lo que venía de París. Su belicosa nobleza y sus aventureros y bandidos constituirán, en los enfrentamientos venideros, los mejores auxiliares y los más seguros aliados de los Plantagenets en sus empresas en el continente.

La reinsertación del feudo en el dominio monárquico de los Capeto hubiera solucionado el problema aquitano. Al no haberse atrevido a hacerlo, ¿de qué modo pensaban los reyes de Francia que se podía volver a tener relaciones normales y cómodas con su vasallo inglés? Dos eran las soluciones que se les presentaban, que consideraron suficientes, sin analizar los puntos flacos que conllevaban. En primer lugar, un nuevo estrechamiento de los lazos familiares, procedimiento uniformemente empleado en la época para apaciguar los enfrentamientos dinásticos. El arbitraje de Bonifacio VIII, en 1298, preconizó una doble alianza matrimonial, propuesta ya por Eduardo I antes de la ruptura, aceptada presurosamente por Felipe el Hermoso. El rey de Inglaterra, viudo de Leonor de Castilla, se casó en 1299 con la hermana del rey de Francia, de la que era tío lejano. Al mismo tiempo, su hijo primogénito se comprometió en matrimonio con la hija del soberano Capeto, Isabel, quien en 1308, se convirtió en la mujer de Eduardo II. Sería absurdo cargar sobre los promotores de esta última unión la responsabilidad de ser la causa de las pretensiones dinásticas del futuro Eduardo III a la corona de Francia. Felipe tenía tres hijos ya crecidos y en perfecto estado, de los que no cabía esperar que no dejasen descendencia masculina. Pero, a pesar de haberse convertido en cuñado de los últimos Capeto, Eduardo II no llegó a un mejor entendimiento con ellos, como se demostró en el asunto de Saint-Sardos. El problema de fondo radicaba en el hecho de que el rey de Inglaterra tolerara el ser al mismo tiempo vasallo del rey de Francia, con todas las humillaciones que esta dependencia suponía, sobre todo a partir del momento en que la política de los Capeto había hecho más pesadas, en su propio beneficio, las cargas y los deberes vasalláticos. Podía evitar la situación otorgando Aquitania en calidad de «apanage» a uno de sus hijos que, al ser menos poderoso, hubiera aceptado más fácilmente la condición de vasallo. Eduardo I, que había administrado ya Aquitania en vida de su padre, no se atrevió a concedérsela a su hijo, del que desconfiaba. Pero en 1325, Eduardo II accedió a la interesada proposición de la reina Isabel y consintió en entregarla a su hijo y heredero. Carlos IV aceptó el cambio con alegría, que le suponía un ingreso de 60000 libras en calidad de derecho de acceso a un nuevo feudatario, y el 10 de septiembre otorgó la investidura al joven príncipe de Aquitania y el Ponthieu. La solución hubiera podido ser definitiva, si se hubiera tratado de un hijo menor que se hubiera asentado y creado en Burdeos una dinastía ducal independiente de la corona inglesa. Pero, tratándose del heredero del trono, que era además el único hijo, era una solución provisional. De hecho, sólo duró unos meses.

La confiscación de los bienes ingleses y la declaración de culpabilidad que a comienzos de 1326 Eduardo II llevó a cabo para castigar a su mujer, adúltera y fugitiva, se extendió también a su hijo, el joven príncipe que Isabel había llevado consigo. Los agentes del rey tomaron a su cargo la administración de Aquitania, a la espera de que el recién investido duque volviera a la obediencia de su padre. Carlos IV, que había comenzado la evacuación de Guyena por sus tropas, ordenó una nueva ocupación del feudo. Un año más tarde, Eduardo III accedía al trono. El 31 de marzo de 1327 firmaba con su tío, el rey de Francia, una «paz definitiva». A tenor de ella, el soberano Capeto devolvería el ducado, concedería la amnistía a todos los «rebeldes» gascones, a excepción de ocho barones, castigados con el destierro y la demolición de sus castillos. Como contrapartida, el nuevo vasallo se comprometía a entregar, además de las 60000 libras de derecho de acceso, prometidas en 1325, una indemnización de guerra de 50000 libras más. Pero aplazó la evacuación hasta la percepción de estos pagos. Los Capeto, que desde tiempo atrás habían vuelto a ocupar el Limousin, el Perigord, y el Quercy, conservaron en su poder el Agenais y, al otro lado del Garona, la Bazadais. La dominación inglesa se veía así reducida a la fachada marítima, sin un gran «hinterland», entre la desembocadura del Charente y los Pirineos. Así estaban las cosas cuando, a su vez, se produjo la muerte de Carlos IV. A pesar de la paz a la que oficialmente se había llegado, la continuación de la ocupación francesa, los abusos de sus oficiales que continuaban ejerciendo sus represalias contra los rebeldes amnistiados, las humillaciones inflingidas a un vasallo reconciliado pero aún no restablecido en sus derechos, eran factores que mantenían una situación de odio, que podía desembocar rápidamente en una guerra.

IV. LA SUCESIÓN AL TRONO FRANCÉS

Sigue siendo un lugar común generalizado en todos los manuales escolares que la guerra de los Cien Años se desencadenó a causa de las pretensiones al trono francés mostradas por Eduardo III, en virtud de sus derechos heredados de su madre, cuando se produjo el advenimiento de la dinastía Valois. Según este planteamiento, el origen y desarrollo del largo conflicto que dividió a las dos monarquías sería un enfrentamiento puramente dinástico. Nada más falso. Sin embargo, este error ha sido denunciado desde hace tiempo por los mejores especialistas que se han ocupado de tan espinoso problema. Está hoy día sobradamente probado que la causa principal del conflicto debe de buscarse en el grave problema de Guyena, cuyos aspectos fundamentales acaban de ser expuestos. La ruptura se produjo por la incapacidad de Felipe de Valois, al igual que sus antecesores, para calmar las inquietudes y resentimientos de su vasallo aquitano. La señal para el inicio de la guerra vendrá dada, en 1337, por la nueva confiscación de la Guyena, por el rey de Francia, la tercera en cuarenta años. La guerra de los Cien Años, que en principio fue un conflicto feudal, lo seguirá siendo durante todo el siglo XIV, hasta el advenimiento de los Lancaster al trono de Inglaterra. El problema dinástico, planteado por las mismas fechas, será durante mucho tiempo un problema secundario. Pues, la reivindicación de la corona francesa, que significaba poner al derecho de su parte, no fue más que una respuesta de un vasallo ultrajado por la confiscación de su feudo. Y estas ambiciones dinásticas fueron rápidamente olvidadas el mismo día en que los Valois, vencidos en el campo de batalla le reconocieron, juntamente con Aquitania, otras compensaciones territoriales y unas garantías de soberanía que le convertían en un igual, y ya no en un vasallo, del rey de Francia. Es, sin embargo, cierto que la cuestión dinástica, al haber Servido de pretexto, envenenó y complicó aún más el conflicto. Y, en tiempo de Enrique V de Lancaster, desbancará al problema feudal, legado de una época ya superada, como causa principal del enfrentamiento. Lo importante es, por consiguiente, conocer los términos en que se planteó y resolvió el problema de la sucesión al trono francés, en el primer cuarto del siglo XIV.

Al producirse, el 5 de junio de 1316, la muerte prematura del hijo primogénito de Felipe el Hermoso, tras un corto reinado de dieciocho meses, ningún derecho de sucesión podía designar sin discusión a la persona en quien debía de recaer el trono de Francia. Por supuesto, nadie dudaba de su carácter hereditario: Durante dos siglos, los primeros Capeto habían conseguido establecer una hereditariedad de hecho, al promover la elección, en propia vida, de su hijo primogénito, el cual sucedía en el trono sin necesidad de una nueva intervención de los barones. Gracias a este procedimiento, el principio hereditario se había insertado tan profundamente en la costumbre —esta costumbre que para los hombres medievales era la norma suprema de derecho— que Felipe Augusto, a comienzos del siglo XIII, no había considerado conveniente asociar al trono a su heredero antes de su muerte, del que, por otra parte, desconfiaba. Luis VIII, después de él San Luis, después Felipe III y más adelante Felipe el Hermoso y Luis X, habían accedido todos al poder a la muerte de los soberanos precedentes, sin que nadie hubiera discutido sus derechos. Este hecho fue particularmente notable a la muerte de Luis VIII, que no dejaba más heredero que un hijo que era casi un niño. Por fortuna irrepetible en la historia, esta larga dinastía de reyes, desde Hugo Capeto, a finales del siglo X, hasta Felipe el Hermoso, a principios del XIV, había dejado siempre y en cada generación, uno o varios hijos en condiciones de sucederles. La herencia masculina se había inscrito, por tanto, en los hechos, aunque no existía de derecho, al no haber habido ningún precedente que hubiera permitido formular la regla. Los mismos reyes no se habían atrevido a culminar la labor, sin embargo sencilla, de regular cómo, en el futuro, se trataría de su herencia.

Todo parecía apuntar, por otra parte, hacia una posible herencia en línea femenina si se presentaba la ocasión para ello, por ausencia de sucesor en línea masculina. La famosa Ley Sálica, a la que los legistas de los Valois acudirán, eso sí, muy tarde —solamente en tiempos de Carlos V— para desempolvar unas normas durante largo tiempo en desuso, a Fin de fortalecer la posición jurídica de sus señores, no era más que un objeto de museo sin ningún valor vinculante y que no engañó a nadie. Por el contrario, la regla de sucesión femenina en ausencia de sucesión masculina directa estaba tan firmemente asentada en todas las costumbres provinciales del reino de Francia, que había habido que imaginar todo tipo de sistemas ingeniosos para que los feudos que habían recaído en heredera pudiesen proporcionar el servicio militar al señor, requerido por el derecho feudal. Y en la mentalidad jurídica feudal no cabía ninguna distinción entre las reglas de derecho privado y las de derecho público. Para la mayoría de los súbditos, e incluso para los soberanos, un reino no era sino una herencia como otra cualquiera, sometida a las mismas leyes y a las mismas costumbres. Al actuar en forma contraria, los juristas de la corona, imbuidos de derecho romano, provocarán cambios en las costumbres feudales, con gran escándalo de sus contemporáneos. Con esta actuación situarán a la prestigiosa monarquía francesa por encima de los demás reinos y la exaltarán sobre todas las coronas temporales. Al ser, según estos juristas, una dignidad demasiado eminente y poder demasiado importante como para recaer en una simple mujer, su situación se aproxima a la del Imperio que, al ser electivo, no podía, al igual que el papado, también electivo, más que recaer en un hombre. En todas las demás monarquías, a medida que las coronas se habían ido convirtiendo en hereditarias, se habían tenido que someter a las mismas normas de devolución que las herencias privadas, lo que significa que eran también transmisibles a las mujeres. Y esto había sucedido en Inglaterra y Escocia, en Portugal, Navarra, Castilla, Aragón, Sicilia, así como en Polonia y Hungría. Para que en Francia se hubiese admitido un derecho diferente, no bastaba la simple aceptación de la preeminencia del reino sobre los demás, afirmación que sólo hacía un restringido círculo de legistas a sueldo, sino que era preciso una concurrencia de circunstancias que a continuación examinaremos.

Por primera vez, en la larga lista de monarcas Capeto, Luis X no había dejado hijos. Había tenido una hija de su primera mujer, Margarita de Borgoña, trágicamente desaparecida en el terrible escándalo que se cernió, en 1314, sobre las tres nueras de Felipe el Hermoso. Juana era aún menor de edad en 1316, pero su legitimidad era cuestionada, debido a la mala conducta de su madre, cuya culpabilidad había quedado demostrada. Su segunda mujer, Clemencia de Hungría, estaba encinta al morir prematuramente Luis X. Si daba a luz un niño, nadie dudaba que el niño sería el futuro rey. Si, por el contrario, era una niña, se desconocía cuál sería la solución adoptada. A la espera del nacimiento, se hacía preciso constituir una regencia, a la que podían aspirar tanto Carlos de Valois, tío paterno del último rey y el de más edad de los príncipes de sangre, como el duque Eudes IV de Borgoña, tío materno y tutor de la pequeña Juana. Pero ambos candidatos se dejaron ganar terreno por parte del segundo hijo de Felipe el Hermoso, hermano del rey difunto, Felipe de Poitiers, el único de estos últimos Capeto que parece haber tenido un carácter enérgico y una fuerte personalidad. Se hizo con la regencia de los dos reinos, de Francia y de Navarra, herencia paterna y materna de su difunto hermano, compró la renuncia al cargo de Carlos de Valois, necesitado de dinero, a cambio de la promesa de compensaciones económicas, y supo calmar, finalmente, los escrúpulos de Eudes de Borgoña mediante un acuerdo que salvaguardaba, hasta su mayoría de edad aún lejana, los derechos de su pupila a ambas herencias. Dueño, de hecho, del poder, el conde de Poitiers tenía ya la partida medio ganada. Tras cinco meses de regencia incuestionada, la reina dio a luz, el 13 de noviembre de 1316, a un niño. De no haber muerto cinco días después de su nacimiento, este niño se hubiera convertido en rey, y, de hecho, muchos genealogistas lo incluyen en las listas de reyes franceses, con el nombre de Juan I el Póstumo. Un suceso tan imprevisto desconcertó a los partidarios de Juana. Sin embargo, eran muchos los que pensaban que la hija tendría que suceder a su padre. Pero, no estaban dispuestos a oponerse con las armas a las intenciones del ambicioso regente. Cuando Felipe solicitó la corona, un gran movimiento de oposición surgió de las filas de los barones, y en especial de los más importantes, escandalizados del diferente tratamiento que pretendía dársele al reino en relación con las costumbres que regían en la sucesión de sus feudos. El regente consiguió ir venciendo una a una todas las dificultades que se presentaron, mediante oscuros acuerdos, cuyos detalles no conocemos. Carlos de Valois, en primer lugar, e inmediatamente después el hermano menor del regente, Carlos conde de la Marca, que se había erigido en defensor tan celoso como ruidoso de los derechos de su sobrina, fueron sucesivamente reducidos a silencio. Finalmente, el 9 de enero de 1317, Felipe V era coronado rey en Reims. Pero, la mayor parte de los grandes pares laicos del reino, los duques de Bretaña, de Guyena, de Borgoña y el conde de Flandes, no estuvieron presentes en la ceremonia tradicional, como no aceptando de buen grado los hechos consumados. Solamente dos pares de Francia, y de los más recientes, estuvieron con el nuevo rey: su tío Carlos de Valois y su suegra Mahaut de Artois.

Para poder reforzar un poder tan claramente inseguro y de una legitimidad tan dudosa, el nuevo rey solicitó el acuerdo de una asamblea de notables, convocada en París en el siguiente día de la Candelaria (2 de febrero). Los prelados y barones, a los que se añadieron burgueses de las principales ciudades y doctores de la Universidad de París, no podían ponerse enfrente de un rey coronado. No sabemos cuáles fueron los argumentos empleados para convencerles. Lo cierto es que hicieron una proclamación, para legitimar la manifiesta usurpación del conde de Poitiers, según la cual «la mujer no tenía derechos sucesorios en el reino de Francia». Se definía así una norma jurídica que nunca más se podría revisar. Felipe, que se comportó como un tío poco agradecido, disputó con aspereza a su sobrina la herencia que hubiera debido corresponderle de su abuela Juana de Champaña: el reino de Navarra y los condados de Champaña y de Brie. Es cierto que le reconoció los derechos sobre el reino de Navarra, pero mientras su sobrina fuera menor de edad —y sólo tenía siete años—, se reservó el título de rey de Navarra (que llevó durante todo su reinado) y la administración del reino pirenaico. Conservó también Champaña, prometiendo a cambio compensaciones territoriales y económicas. Se produjo en este momento una gran conmoción entre la nobleza de Champaña que, irritada por el expolio que había sufrido su condesa legítima, intentó, aunque en vano, librarse de la tutela del usurpador. Hay que señalar que en todo este asunto, el enfrentamiento se había limitado a Juana y a su tío Felipe, sin que en ningún momento hubiesen intervenido otros posibles pretendientes, cuyos derechos, en aquellas circunstancias, hubieran sido más bien frágiles. Sabemos con certeza que el consejo real de Inglaterra pensó, en determinado momento, reclamar sus derechos posibles de la reina Isabel, hermana de Luis X y de Felipe V, pero no llegó a más, y Eduardo II reconoció al nuevo rey, aunque se excusó por no poder estar presente en su consagración.

Este precedente de 1316-1317 sentó tan clara jurisprudencia en la materia que cuando Felipe murió a su vez, tras cinco años de reinado, dejando solamente cuatro hijas habidas de su matrimonio con Juana, hija del conde de Borgoña (2 de enero de 1322), su hermano menor, Carlos de la Marca, que en otro tiempo había sido el más ardiente defensor de los derechos de la hija de Luis X, alejó de la sucesión a todas sus sobrinas y se convirtió en el rey Carlos IV el Hermoso. Al parecer, nadie protestó en esta ocasión.

Pero, como había sucedido con los reinados anteriores, el de Carlos IV tampoco iba a tener un porvenir largo y brillante. El 1 de febrero de 1328 moría, a los treinta y tres años, el último de los Capeto. Había casado en tres ocasiones: en primeras nupcias con Blanca de Borgoña, a la que había repudiado y enviado a un convento como consecuencia del escándalo antes referido; en segundas, con María de Luxemburgo, de la que tenía una hija pequeña y, finalmente, con su prima hermana Juana de Evreux, que también estaba embarazada cuando se produjo la prematura muerte del marido. Once años y medio más tarde, se volvía a producir una circunstancia semejante a la que había propiciado primero la regencia y luego el acceso al trono de Felipe V. En esta ocasión eran tres los candidatos con posibles derechos a la regencia: en primer lugar, el joven Felipe de Evreux, en quien recaía la triple circunstancia de ser primo hermano de los tres últimos reyes, ya que era descendiente de Luis de Evreux, hermano menor de Felipe el Hermoso; de ser el marido de Juana de Francia, la hija de Luis X, alejada once años antes del trono y, finalmente, de ser cuñado del último rey y, por consiguiente, el consejero natural de su hermana, Juana, y tutor del hijo que ésta esperaba. Su juventud, su falta de experiencia política y su escasa personalidad, como le había sucedido a su padre, le impidieron defender sus derechos y hacer prevalecer su candidatura. Cabía pensar, en segundo lugar, en Eduardo III, rey de Inglaterra, el pariente consanguíneo más cercano de los últimos reyes, ya que era hijo de su hermana Isabel. Pero estaba lejos y no pudo hacer valer sus derechos en el momento preciso. Además, también era joven y era imposible pensar seriamente en confiar la regencia del gran reino de Francia a un joven de diecisiete años que, en su isla de Inglaterra, soportaba sin rechistar la asfixiante y humillante tutela de su madre, marimacho odiado a este lado de la Mancha. Quedaba, finalmente, Felipe de Valois. En su condición de primo hermano de los soberanos difuntos, sus derechos eran superiores a los de Felipe de Evreux. En él se reflejaba parte del prestigio de su padre, de este Carlos de Valois del que se diría que había sido, «hijo de rey, hermano de rey, tío de tres reyes y padre de rey, pero nunca rey», y que, hasta su muerte, bastante reciente, ocurrida en diciembre de 1325, había ejercido una gran influencia en la política de sus sobrinos. Aunque era hombre de experiencia —pues tenía cerca de treinta y cinco años—, el candidato no había dado todavía, sin duda, la auténtica medida de sus cualidades. Había sido, en primer lugar, conde de Maine, es decir, de una parte de su herencia materna que le había sido dada en «apanage» y más tarde, desde 1326, conde de Anjou y de Valois. Como su padre, eran proverbiales su carácter aventurero y su afición por las expediciones lejanas. Pero la única que hasta el momento había emprendido, a Italia, para llevar socorros a las ciudades lombardas que se habían rebelado contra los Visconti, había terminado de forma muy poco gloriosa, ya que un príncipe de mentalidad caballeresca como la suya, había aceptado la compra de su retirada, tan fructífera como poco honrosa. Sin embargo, no se le había tenido muy en cuenta. Una asamblea de barones, a las que en esta ocasión no se convocó ni a los doctores de la Universidad, confió al hijo de Carlos de Valois la regencia del reino de Francia, y, por añadidura, la de Navarra, a la que no tenía ningún derecho.

Dos meses más tarde, el 1 de abril de 1328, la reina Juana de Evreux daba a luz una niña. Ni siquiera se planteó el guardar la corona para esta recién nacida, ya que en circunstancias análogas se había marginado de la sucesión a la hija de Luis X y más adelante, a las de Felipe V. Pero, dos antiguos candidatos a la regencia podían, en aquel momento, tener pretensiones a la corona, con cierto fundamento jurídico y disputarse el reino, en cuanto que herederos varones de los Capeto. Eduardo III de Inglaterra tenía un parentesco más próximo con los últimos reyes que el conde de Valois, ya que el primero era sobrino de ellos y, por tanto, pariente en tercer grado, mientras que el segundo era solamente primo hermano y, por tanto, pariente en cuarto grado. En favor de Felipe cabía argumentar que su filiación procedía, en su integridad, por línea masculina, mientras que la del Plantagenet, por el contrario, incluía a una mujer, su madre Isabel de Francia. Cabía preguntarse si, al estar separada de la sucesión a la vez que sus sobrinas por razón del sexo, podía la reina de Inglaterra pretender transmitir a su hijo unos derechos que ella misma no podía disfrutar. Los juristas de la corona francesa, y no sin cierta lógica, lo negaron. Menos consecuentes, los ingleses lo afirmaron, sin que la cuestión jurídica, de nuevo y reciente planteamiento, pudiera resolverse en un sentido u otro, apelando a un precedente anterior.

Sería interesante conocer al detalle las discusiones, sin duda muy breves, de la asamblea de barones que convocó el regente en el Bois de Vincennes al día siguiente del alumbramiento de Juana de Evreux. Lo probable es que las consideraciones oportunistas, que todas favorecían al conde de Valois, prevaleciesen sobre los argumentos jurídicos, presentados por los defensores de ambas tesis. Felipe detentaba, desde hacía casi dos meses y a plena satisfacción de todo el mundo, el poder efectivo. En su condición de regente, presidía en persona las deliberaciones de este gran consejo ampliado encargado de la elección de un nuevo soberano. ¿Se podía, en estas condiciones, descartar impunemente su candidatura y anteponer la de un personaje ausente? En su contra, Eduardo III tenía su condición, no de extranjero, como se suele decir con demasiada frecuencia, pues difícilmente se podía calificar de «extranjero» en el sentido moderno de la palabra, a este príncipe de lengua y educación francesas, hijo de una princesa francesa, él mismo par de Francia, duque de Guyena y conde de Ponthieu, y esposo de una hija del conde de Hainaut, que a su vez era sobrina de Felipe de Valois, sino su condición de Plantagenet, es decir, de rey de Inglaterra y vasallo poco dócil, tradicionalmente en conflicto con su señor y cuyas frecuentes «rebeliones» habían exigido, en los últimos treinta años, dos confiscaciones del feudo aquitano, seguidas de conflictos armados. La última de estas guerras, que acababa de terminar, seguía viva en todas las memorias. El pretendiente, siendo adolescente, en 1325, había vivido en la corte francesa, cuando su madre lo había traído consigo; era, en especial, odiado el comportamiento de esta mujer, malvada y desvergonzada, sus maledicencias y la ostentación de sus amores con Mortimer; no se olvidaba que Carlos IV la había expulsado de la corte. Sabiendo que seguía siendo omnipotente en el gobierno de Inglaterra, los barones franceses tuvieron miedo de que, si elegían a su hijo, éste instalase en París, durante un período de tiempo indeterminado, a la altiva princesa con su camarilla extranjera.

Como había ocurrido con la asamblea celebrada en febrero de 1317, la de abril de 1328 creó la norma más que encontrarla hecha. Pero, si bien en 1317, la drástica exclusión de la hija de Luis X pareció a muchos una injusticia contraria a la costumbre, el veredicto de 1328, por el contrario, que elegía al conde de Valois prefiriéndole al demasiado joven y demasiado lejano rey de Inglaterra, fue acogido sin una protesta en el reino de Francia. Era la consecuencia lógica de los precedentes creados, en dos ocasiones, con Felipe V y Carlos IV. Elevaba al trono a un príncipe que, si bien no era todavía muy popular, no era, por lo menos, un desconocido en la corte y que gozaba de la simpatía de la nobleza. Más adelante, los flamencos, que odiaban a Felipe VI de forma violenta, por haberles infligido duros castigos, le calificarán de «el rey encontrado». Este desdeñoso calificativo, repetido con demasiada frecuencia por los historiadores modernos, no puede aplicarse con propiedad, en esta primavera de 1328, al sucesor del último monarca Capeto, elegido de forma unánime. El nuevo reinado se inició con los más favorables auspicios, al anexionarse a los territorios ya considerables del reino, los recursos de los «apanages» de Anjoux y del Valois. Ninguna oposición se manifestó en el interior, mientras que en el exterior no podía esperarse, por el momento, ningún peligro serio, al ser demasiado grandes las dificultades interiores del joven Eduardo III como para dar rienda suelta a su decepción de candidato derrotado. El cambio dinástico se realizó sin dificultades y todos los vasallos acudieron a prestar homenaje a Felipe tras su coronación. Sin grandes inquietudes respecto al futuro, pudo imponer a las hijas de los últimos reyes una liquidación, favorable para él, de sus derechos y marchar a enfrentarse a las comunas flamencas. El conflicto entre las dos dinastías, cuyo preliminar fue, sin embargo, el advenimiento de los Valois, no parecía aún próximo.

II LOS COMIENZOS DE LA LUCHA (1328-1340)

II
LOS COMIENZOS DE LA LUCHA
(1328-1340)

Aunque todavía poco probable, la ruptura era aún posible. ¿Provocaría el advenimiento de Felipe VI al trono francés la aparición de un conflicto dinástico entre Plantagenet y Valois que, al superponerse al peligroso problema feudal sobre Aquitania, pudiera servir de chispa para la guerra entre las dos grandes monarquías del occidente cristiano, todavía no recuperadas de un reciente enfrentamiento? Conscientes de la gravedad del problema, los consejeros de Felipe VI lo plantearon con absoluta simplicidad: si Eduardo, duque de Guyena y conde de Ponthieu consentía en prestar homenaje a su señor por sus feudos continentales, ello significaba un reconocimiento de la legitimidad de la nueva dinastía y una renuncia a una posible reivindicación propia del trono de Francia. El objetivo que, por consiguiente, se propusieron fue el de forzar al Plantagenet a prestar su homenaje, empleando, si era preciso, una política intimidatoria, cuyo recuerdo, por cercano, aún no se había difuminado. Cuando en 1331 lo consiguieron, todo parecía indicar que el rey de Francia no tenía ya nada que temer de un adversario demasiado débil para él.

I. EL HOMENAJE DE EDUARDO III

La elección de Felipe por los barones y pares del reino de Francia no fue bien recibida, como es lógico, en la corte de Londres. Para la altanera Isabel y su amante Mortimer, Felipe era, como los flamencos iban a calificarle, un «rey encontrado», usurpador de una corona que hubiera debido recaer, de acuerdo con el derecho, en el joven Eduardo III. El consejo de los Plantagenet decidió negarse a reconocer el hecho consumado y hacer valer los derechos de su señor. Pero carecían de fuerza para arriesgarse a la ligera a un conflicto armado. Adoptó, por tanto, una política contemporizadora, que permitió al «usurpador» asentarse en el poder sin temor. La corte de Londres contaba con que el cambio dinástico provocaría oposiciones y problemas en Francia. Había, por tanto, que esperar a que se produjeran para intentar aprovecharlos. Los oficiales ingleses de Guyena recibieron órdenes de seguir el estado de opinión, de elevarla, en la medida posible, contra el nuevo rey y de estar preparados a intervenir a la menor alerta. De hecho, nada de esto se produjo. Felipe, que estaba al frente de la regencia desde hacía más de dos meses, no fue rechazado por nadie en su nueva condición de rey. Pudo, impunemente, permitirse el lujo de sacrificar, ante la satisfacción de la opinión general, a algunos funcionarios financieros particularmente odiados —procedimiento que era una especie de consecuencia obligada de un nuevo reinado— y convocó la asamblea de vasallos a su coronación. La ceremonia, que tuvo lugar en Reims el 29 de mayo de 1328, sirvió para confirmar la tranquilidad de su poder. Todos los detentadores de feudos, grandes o pequeños, acudieron a prestarle el homenaje. Las hijas de los últimos Capeto, alejadas de la sucesión al trono, recibieron solamente pequeñas compensaciones. La más peligrosa de ellas era Juana, la hija de Luis X, casada con su primo Felipe de Evreux y que, desde la muerte de su padre, había reclamado Navarra y Champaña, herencia de la mujer de Felipe el Hermoso, y donde la herencia en línea femenina estaba firmemente establecida. En una primera ocasión, Felipe V había conseguido frenar las pretensiones de su sobrina mediante un pacto realizado con el tutor de la joven princesa, el duque Eudes IV de Borgoña, por el que conservaba estas herencias a cambio de la promesa de una renta de 15000 libras, procedentes de los condados de Angulema, Mortain y Coutances, y de 50000 libras pagadas al contado. Carlos IV, a pesar de las estipulaciones de este acuerdo, había hecho lo mismo, y, ya en fecha tardía, en los últimos meses de su reinado, había prometido la concesión de una indemnización suplementaria de 20000 libras. Felipe VI, aunque no tenía ningún derecho a esta herencia, conservó la parte más importante de la misma. Al día siguiente de su coronación, dejó en manos de Juana y su marido el reino de Navarra, en donde se instaló durante más de un siglo una dinastía menor francesa, pero guardó para sí Champaña y Brie, cediendo a cambio los condados de Angulema y de Mortain, cuyo valor era menor. Las hijas de Felipe V recibieron esperanzas de sucesión al condado de Borgoña, que procedía de su madre. La heredera de Carlos IV, así como la joven viuda de éste, Juana de Evreux —que mantendría su viudedad durante casi cincuenta años— recibieron compensaciones teóricas, todavía mucho menos importantes. Nadie protestó contra tales arreglos, de los que la corona de Francia sacó importante provecho.

Además, los comienzos del reinado se distinguieron por importantes éxitos militares. Desde algunos años antes, el gran feudo de Flandes, tan duramente tratado por la política de los últimos Capeto, estaba de nuevo en situación explosiva. En esta ocasión, la fidelidad del conde no se cuestionaba. Guy de Dampierre y Roberto de Béthune habían aprendido en sus propias carnes el precio de rebelarse contra un soberano demasiado poderoso. Pero la población de Flandes, especialmente en las provincias flamenco parlantes e industriales del norte y del oeste, irritada por las enormes contribuciones de guerra que había tenido que pagar al rey y amenazada la prosperidad de sus oficios, se había levantado de nuevo contra la autoridad monárquica y contra la del conde, su aliado. La revuelta campesina, iniciada en 1322, provocada, sin duda, por el odio de los pequeños centros pañeros contra la reglamentación draconiana con que las grandes ciudades les maniataban, había tomado proporciones alarmantes. Pronto, los artesanos de las ciudades, que habían soportado de muy mala gana el restablecimiento del patriciado, habían apoyado el movimiento. Felipe, llamado por su vasallo, decidió castigar a los rebeldes y vengar, al mismo tiempo, la humillación que en 1302 habían inflingido las tropas comunales al aplastar a la caballería francesa en la batalla de Courtrai. El último de los servicios «de hueste» en Flandes estaba destinado a ser el más glorioso de todos y a culminar una política proseguida sin desmayo desde hacía treinta años. En julio de 1328, en el campo de batalla de Cassel, doblete digno de aquel otro en que habían sido destruidos los caballeros de «espuelas de oro», la carga de los vasallos de Felipe VI venció a los artesanos flamencos y les hizo volver, con dureza, a la obediencia.

¿Qué podía hacer el débil Eduardo III contra un rey que empezase bajo tan felices auspicios? Inmediatamente después de la coronación de Reims, dos obispos ingleses llegaron a París para exponer ante los consejeros del soberano Valois los derechos de su señor a la corona francesa y protestar ante la usurpación de Felipe. Con lengua actual, diríamos que se trató de una protesta «por vía diplomática». Es sabido que este procedimiento, cuando no está respaldado por la fuerza, no vale para nada. Nadie le tomó en serio. Pero, a su vuelta de la campaña de Flandes, Felipe se sintió lo bastante poderoso como para actuar a su vez. El duque de Guyena era el único vasallo del rey francés que no había prestado todavía el homenaje. Se hacía necesario un apremio. Envió a Londres al abad de Fécamp, Pierre Roger, más tarde papa con el nombre de Clemente VI, con la misión de requerir al vasallo recalcitrante. Se encontró con un adversario en apuros, demasiado débil para negarse abiertamente al homenaje, a riesgo de tener una guerra, y, sin embargo, poco propicio a ceder ante el ultimátum, lo que equivaldría a renunciar sin remisión a los derechos que no podía defender con las armas en la mano. Isabel, cuyas licencias con el lenguaje eran tan famosas como las de su conducta, respondió, al parecer, de forma insolente al embajador que su hijo nunca prestaría el homenaje al Valois, pues Eduardo era hijo de rey, mientras que Felipe era solamente hijo de conde. Los otros consejeros del monarca dieron respuestas más evasivas y menos comprometedoras. Entonces, Felipe decidió tomar medidas más enérgicas. Fiel a la tradición de los últimos Capeto, hizo saber al rey de Inglaterra mediante una segunda embajada que, si no aceptaba prestar el juramento de vasallaje y comparecer ante una segunda convocatoria, procedería contra su vasallo contumaz «mediante la fuerza y el derecho». Se trataba, pues, de una amenaza clara y precisa de confiscación del feudo. Eduardo cedió. El 14 de abril de 1329, escribía al rey de Francia en estos términos:

«Mi serenísimo príncipe y señor, a quien deseo todos los éxitos y todos los parabienes, me complace haceros saber a vuestra magnificencia que, desde hace largo tiempo, tenía deseos de visitaros en Francia para cumplir mis deberes en las condiciones debidas; pero, a causa de los problemas y dificultades que han surgido en mi reino, tal como vos no debéis de ignorar, no he podido hasta este día poner en práctica mi proyecto tal como lo había concebido. En el momento en que me sea posible, y con la ayuda de Dios, iré personalmente a otorgaros el homenaje que os debo».

Sólo faltaba cumplir la promesa hecha. Menos de dos meses después, a comienzos del mes de junio, en el coro de la catedral de Amiens y en medio de torneos y fiestas a las que asistieron la flor y nata de la caballería francesa y varios soberanos, tuvo lugar la ceremonia de prestación de homenaje. Ciertamente, la fórmula del juramento que habían acordado finalmente los consejeros de ambos soberanos, seguía siendo bastante vaga. El chambelán de Francia, dirigiéndose al vasallo recién coronado, le preguntó: «Sire, ¿aceptáis convertiros en hombre del rey de Francia por el ducado de Guyena y sus pertenencias, que reconocéis tener en su nombre como duque de Guyena y par de Francia, según lo que vos y vuestros antepasados, reyes de Inglaterra y duques de Guyena, habéis hecho por el mismo ducado a sus antepasados, los reyes de Francia?». El joven rey de Inglaterra, respondió: «Sí», y a continuación, introdujo sus manos entre las de Felipe. El homenaje se había prestado, constituyendo la primera victoria de la diplomacia de los Valois.

Sin embargo, los demás temas del enfrentamiento seguían sin abordarse, aunque desde la perspectiva francesa, ya no significaban peligro grave, ya que a partir de este momento quedaban de nuevo relegados al nivel de un enfrentamiento feudal. Conflictos territoriales: ¿cuáles eran los límites exactos del ducado de Aquitania, cuya restitución al vasallo perdonado había ofrecido el reciente tratado de 1327? Conflictos comerciales: ¿qué tipo de indemnización se otorgaría a los mercaderes de ambos reinos que, desde el comienzo de la guerra de 1324, habían sufrido cargas aduaneras y otras represalias? Finalmente, conflictos financieros: ¿cómo calcular y fijar las indemnizaciones de guerra previstas en los últimos tratados? En Amiens, señor y vasallo se habían comprometido a poner en marcha sin demora conferencias entre expertos para solucionar todos los cabos sueltos de tan engorrosa cuestión. Fiel, una vez más, a la política de los Capeto, cuya herencia asumía, el nuevo monarca de Francia no concebía otra forma de paz entre los dos reinos que el estrechamiento aún mayor de los lazos de familia entre ambas dinastías. Tenía previsto que, una vez liquidadas las cuestiones materiales, un doble enlace uniera al hermano del rey de Inglaterra con su hija, y a su hijo primogénito con la hermana de Eduardo. Nada parecía, por tanto, haber cambiado el aspecto externo de las relaciones, desde cincuenta años atrás, entre Capetos y Plantagenets: homenaje prestado a desgana, y según una fórmula ambigua, disputas interminables acerca de los límites del ducado y sobre las cuales se cernía siempre la amenaza de una confiscación, y acuerdos matrimoniales para estrechar los lazos familiares entre las dos familias reinantes.

Al abrirse las conversaciones poco tiempo después, se pudo comprobar que no se habían producido avances considerables en relación a los años anteriores. Los ingleses exigían la restitución de los castillos y territorios aquitanos ocupados indebidamente por las guarniciones francesas, así como una amnistía completa para todos los nobles gascones que habían permanecido leales a su duque durante el último conflicto. Los consejeros del rey de Francia, por su parte, reclamaban el pago de las 50000 libras de indemnización prometidas por Eduardo III en 1327 y de los 60000 marcos de derecho de acceso exigidos en 1325, así como la destrucción de los castillos de los exiliados a los que Carlos IV no había incluido en su perdón. Sin embargo, el 8 de mayo de 1330, el acuerdo del Bois de Vincennes, ratificado por ambas partes, decidió la constitución de comisiones mixtas de trabajo que se ocuparían del examen de textos y testimonios de cada uno de los puntos en litigio y tendrían capacidad de decisión soberana. Estas medidas seguían estando dentro de la tradición.

Así estaba la situación cuando una nueva iniciativa de los juristas franceses vino a agravar súbitamente la tensión. Repentinamente se dieron cuenta de que la fórmula del homenaje prestado un año antes carecía de precisión. Reproducía, sin embargo, los términos exactos o aproximados de los juramentos prestados por Enrique III en 1259, Eduardo I en 1274 y en 1286, y de Eduardo II en 1304, 1308 y 1320 y de su hijo en 1325. Los reyes de Inglaterra podían obtener argumentos de su misma ambigüedad para pretender que el homenaje debido a su señor por el feudo de Aquitania tenía un carácter «simple», compromiso lo suficientemente poco preciso como para no implicar ninguna obligación concreta por parte del vasallo. Por el contrario, los otros grandes vasallos de la corona, y en especial los pares de Francia, debían homenaje «ligio», por el que el vasallo se comprometía a defender a su señor «antes que a cualquier otro hombre» y «contra todos los hombres, vivos y muertos», y estaba obligado, además, a cumplir el servicio de hueste a sus propias expensas. Sin que, al parecer, se hubieran producido discusiones previas, el Plantagenet fue convocado ante la corte del rey el 28 de julio de 1330 para precisar los términos de su homenaje y declarar que éste llevaba consigo también la «ligesse». ¿Qué pretendían exactamente los consejeros de Felipe VI, mediante esta intempestiva reclamación? Es posible que, una vez ganada la primera fase de tan cerrada lucha, en la ceremonia de Amiens, y dándose cuenta de la incapacidad del joven duque de Guyena para hacer frente a sus argumentos jurídicos llenos de amenazas, esperaban proceder a una tercera confiscación del feudo aquitano, si el adversario, cansado ya, se negaba a lo exigido una vez más. Por desgracia, no nos revelaron sus intenciones. Pero, los ingleses, a quienes estas maquinaciones terminaron de exasperar contra un señor feudal tan puntilloso como desleal, consideraron esta hipótesis verosímil.

Al igual que en 1329, Eduardo no estaba en condiciones de resistir a las pretensiones del Valois. En la isla se estaban gestando nuevas agitaciones políticas. El joven soberano, que había cumplido ya los veinte años, encontraba cada vez más molesta y opresiva la tutela de su madre. La insolencia de Roger Mortimer, así como tres años de gobierno sin pena ni gloria, habían enfrentado a los barones a la camarilla que tenía el poder en sus manos. Los descontentos prepararon un complot, al frente del cual estaba el mismo rey. En noviembre de 1330, Mortimer fue detenido y ejecutado, mientras que Isabel era desterrada a un castillo remoto. Pero, debido a la preparación de este golpe de Estado y a la implantación de su poder personal, Eduardo no estaba en condiciones de responder a la convocatoria de los oficiales del Valois. Su incomparecencia podía provocar las más desleales actuaciones. Temía por sus posesiones territoriales. Sus instrucciones a sus oficiales de Guyena aconsejaron la resistencia desesperada en el caso de que el rey de Francia quisiera apoderarse del ducado con las armas, pero si se limitaba a enviar agentes para ejecutar las sentencias de su tribunal, ordenaba no provocar el menor incidente y «soportarlo con buen talante y buenas maneras, sin discusión ni resistencia, para poder pasar así este mal momento».

El receloso soberano terminó por suavizar su espíritu, gracias a la actitud sumisa de los oficiales aquitano, la humildad de los embajadores ingleses que acudieron a defender la causa de su señor, y la mediación del papa Juan XXII, solicitada por Eduardo. Si en algún momento pensó en una nueva confiscación de Aquitania, Felipe no llevó adelante su proyecto. Se conformó con la firma de un acuerdo, concluido en París el 9 de marzo de 1331, que dispensaba al rey de Inglaterra de prestar un nuevo homenaje, pero con un compromiso • escrito según el cual la ceremonia de Amiens era considerada por la otra parte como implicando el homenaje ligio. Algunas semanas después, Eduardo y Felipe celebraban en Pont-Sainte-Maxence una entrevista secreta, la última antes del inicio del conflicto armado. Una vez más, afirmaban su común deseo de suavizar los eternos problemas de Aquitania, de liquidar los desacuerdos relativos a los límites territoriales, a los exiliados y a las indemnizaciones de guerra.

La diplomacia de los Valois, recogiendo todos los métodos y recorriendo todos los caminos abiertos por los últimos Capeto, no había necesitado más de tres años para infligir a su vasallo gascón una victoria diplomática de la mayor importancia. El homenaje de Amiens, y la declaración posterior que lo asimilaba al homenaje ligio, habían descartado, para siempre, al parecer, las pretensiones dinásticas de los Plantagenet. Derrotado en todas y cada una de las fases de una lucha tan apretada, Eduardo se encontraba, con respecto a su soberano, en situación más humillante que nunca. La Aquitania seguía disminuida por una ocupación parcial, debilitada por el total sometimiento de su duque a la monarquía francesa. En estos momentos, la amenaza que pesaba sobre ella desde hacía dos generaciones, parecía más concreta. Decididamente, el reinado del Valois había tenido un inicio afortunado.

II. HACIA LA RUPTURA

Seis años después, esta primera victoria había quedado atrás. No solamente Eduardo había vuelto a asumir sus pretensiones a la corona francesa, retractándose del juramento de Amiens, sino que, para evitar una nueva confiscación de la Guyena, había formado contra su rival la más formidable coalición continental que Inglaterra había tenido a su favor, desde los tiempos de Bouvines. Conviene explicar un viraje de tal magnitud. Conocemos ya las causas lejanas de la guerra, cuya constante fue siempre la cuestión de Aquitania, y cuyas variables fueron las cuestiones comerciales y financieras. Pero, las causas inmediatas, las que provocan los actos decisivos e impulsan las decisiones irrevocables, sólo pueden conocerse a través de un examen cuidadoso de los años, tan cruciales como confusos, que van de 1331 a 1337. En la historia, ningún conflicto puede calificarse de inevitable, sino que es la voluntad de los hombres la que los convierte en tales. ¿De qué hombres, en este caso?

Los más recientes historiadores del conflicto franco-inglés, impresionados por la sucesión increíble de actuaciones indebidas e inhábiles que, en el espacio de diez años, convertirían a la monarquía francesa, que había ocupado una posición privilegiada, en una potencia atacada y pronto vencida, han explicado una decadencia tan rápida por la incapacidad de su rey. Se han recreado en llevar a cabo una oposición completa entre dos personalidades: Eduardo III, genio político lleno de recursos constantemente renovados, pero al mismo tiempo frío y calculador, capaz de concebir planes de largo alcance, que sabía a dónde iba y lo que quería y que superaba a su adversario en el terreno diplomático, de la misma manera que fue capaz de aplastarlo en el campo de batalla. Felipe VI, por el contrario, sería, según esta visión, quimérico y vacío, versátil cuando la situación exigía una continuidad de objetivos, testarudo cuando hubiera que haberse mostrado dúctil, perpetuamente burlado por un rival más hábil, incapaz de conseguir ventaja de las situaciones cuando esto era posible, y que se dejó llevar a una lucha para la que no supo prepararse. Ambos retratos exigen importantes retoques. No se trata, por supuesto, de rehabilitar la memoria del primer Valois. Los mismos contemporáneos se mostraron confusos al respecto, como es el caso del cronista Jean le Bel, que no fue capaz de dar una opinión precisa de un príncipe valiente y caballeresco, preocupado por hacer respetar ciegamente la voluntad regia que él representaba, y para conseguirlo promotor implacable de una «justicia estricta», pero, al mismo tiempo, despreocupado por sus propios intereses en el momento en que una pasión —venganza o vanagloria— se hallaba en juego. Su diplomacia se movía dando tumbos, unas veces demasiado confiada y otras más retorcida de lo preciso. Pero ¿se trataba de defectos únicamente imputables al soberano? ¿No estuvo mal asesorado, incluso por los mismos que habían dirigido la política de sus predecesores? En lo concerniente a las relaciones con Inglaterra y su feudo aquitano, resulta chocante comprobar que existió una continuidad de actuación política e identidad de métodos entre Felipe de Valois y Carlos IV: intimidación, estratagemas, amenazas, argucias sin cuento, que tuvieron como objetivo hacer ceder y humillarse al poco dócil vasallo. El juego, hasta el presente, había tenido éxito. La causa radicaba en el hecho de que, desde veinte años antes, la Inglaterra de Eduardo II, como la de Isabel y Mortimer a continuación, destruida en la anarquía en la que la tenían sumida las luchas de los barones contra el poder regio, sólo pudo practicar una política desprovista de grandeza, por la misma falta de potencia. Carlos IV se había aprovechado de ello para declarar la guerra de Saint-Sardos y hacer pasar bajo su autoridad una parte de Aquitania. Felipe VI, por su parte, aprovechó la debilidad de su adversario para humillarle hasta obtener de él un homenaje ligio. Los consejeros del rey de Francia no supieron comprender que los tiempos fáciles habían ya pasado y que, con Eduardo III firmemente establecido en su trono, la monarquía francesa había encontrado un adversario de talla.

A decir verdad, pasará tiempo antes de que se revele completamente el carácter de tal adversario. Después de 1340, una vez superados los treinta años, se podrá hablar de Eduardo como enemigo nato de los Valois, que juró arrebatar toda la Aquitania, e incluso todo el antiguo imperio de los Plantagenet, de las manos de la odiada monarquía, y como un oportunista de talento, que supo utilizar completamente las dificultades del adversario y modificar sin cesar los detalles de sus proyectos para adaptarlos a los cambios de circunstancias. Pero, en 1330, nada más producirse el golpe de estado que le valió el trono, aún no se adivinaban estas cualidades de hombre de estado. Sin embargo, se podía ya percibir valores singulares en este elegante caballero, completamente penetrado de civilización francesa. Resulta tentadora la comparación con su abuelo Eduardo I, cuando tomó el poder tras el triste reinado de Enrique III. Se aprecia, sin embargo, en él, una menor dureza, una preocupación menor por legislar y mejorar su burocracia. Se complacía, en especial, en la diplomacia militar, exigiendo solamente a sus súbditos hacer frente a sus gastos. Mejor aún que Eduardo I, sabía interesar a su pueblo, y en especial a la nobleza, en sus proyectos de conquista, en sus lejanas expediciones. Y se produjo un hecho nuevo, cuyas consecuencias serán gravísimas: por primera vez desde hacía dos siglos, los barones ingleses apoyarán la política continental de su rey, el día en que éste decida llevar la guerra al otro lado del canal.

Pero, en 1331, todavía nadie se planteaba esta posibilidad en Inglaterra. El resentimiento del Plantagenet contra el rival que le había suplantado y contra el señor que le había humillado, por muy profundo que fuera, seguía escondido. Franceses e ingleses continuarán reuniéndose en París, en Londres, a veces incluso en Aviñón, y haciendo pomposas declaraciones dirigidas a concluir una «buena paz». Y no es que al margen de estos encuentros considerasen estar en guerra. Pero, a pesar de las promesas de ambos soberanos y de los acuerdos de principio, seguían sin liquidarse muchas cuestiones de detalle, casi todas relativas a Aquitania, que iban formando un fondo cada vez más importante. Se habían discutido estos temas durante varias generaciones, sin que nunca se hubiese llegado a unas relaciones tan tensas. Cuando se reanudaron las negociaciones, tras la entrevista de Pont-Sainte-Maxence, entre los consejeros de ambos reyes, mucho menos dispuestos que sus amos a hablar de entendimiento, y de concesiones mutuas, siguieron un curso lento, sinuoso aunque familiar, cuyos riesgos no fueron vistos por Felipe ni por Eduardo.

Lejos de pensar en hacerse la guerra, los dos soberanos se dejaron arrastrar hacia grandiosos proyectos de gloria y de conquistas lejanas, en las que la rivalidad podría trocarse por emulación caballeresca. Se trataba, en primer lugar, de la cruzada. El incremento de la piratería selyúcida en el mar Egeo, los ataques de los mamelucos de Siria contra Chipre y la Pequeña Armenia, provocaron que se volviera a hablar de cruzada en el entorno del papa Juan XXII. Celosos propagandistas, en general italianos, dirigían sus tratados a los reyes, como Marino Sañudo, que dedicó a Felipe VI un tratado latino sobre la necesidad y las modalidades de las cruzadas, el Secreta fidelium crucis, o Roger de Stavegny, que escribió en Londres un memorial titulado La conquista de Tierra Santa. Ambos soberanos se dejaron tentar. Desde la primavera de 1332, Eduardo propuso a Felipe, aparte de un nuevo matrimonio principesco destinado a hacer aún más estrechos los lazos entre las dos dinastías, una nueva entrevista, en la que se trazarían los planes para la cruzada, a la que daba su adhesión de principio y se comprometía a tomar la cruz. Felipe VI, más entusiasta todavía, se presentó como el animador del proyecto. En julio, seguro del apoyo al proyecto del rey de Francia, el papa le concedía el diezmo, durante seis años, a percibir del clero de su reino. Serviría para nutrir la caja «de los tesoreros del viaje a Tierra Santa» y permitiría la puesta en práctica, lo más rápidamente posible, del «santo viaje». Un año después, Felipe era nombrado jefe de la proyectada expedición. Se predicó la cruzada por toda Europa. El arzobispo de Rouen, Pierre Roger, asumió la dirección espiritual de la predicación. La cruzada se organizaba con lentitud, como correspondía a una época en la que los proyectos estaban siempre por delante de los medios con que se contaba para llevarlos a cabo. La expedición proyectada recibió un fuerte impulso cuando, en diciembre de 1334, el cisterciense Jacques Fournier, originario del condado de Foix, y que tomó el nombre de Benedicto XII, sucedió al cahorsino Juan XXII. Bajo la suprema dirección del rey de Francia, el duque Luis I de Borbón, fue designado capitán general. Finalmente, la partida se fijó para el 1 de mayo de 1335, fecha en la cual lodos los cruzados deberían haber llegado a los puertos de embarque, en la costa mediterránea. Los hospitalarios y Venecia prometieron suministrar naves. El mismo pontífice fletó cuatro galeras por su cuenta e hizo acopio de provisiones en Marsella.

El rey de Inglaterra, que en un principio había hablado de participar en la expedición, se había retirado rápidamente de la misma, dejando al vanidoso Felipe toda la gloria de los preparativos y del mando. La causa de ello radicaba en que Eduardo III había encontrado un terreno más cercano y propicio para sus hazañas: la conquista y sumisión de Escocia. Parecía una empresa fácil, teniendo en cuenta la escasa extensión y la pobreza del pequeño reino nórdico, pero era, a la vez, una empresa en la que los Plantagenet habían cosechado, desde hacía dos generaciones, amargos sinsabores. En más de una ocasión, en los primeros años del siglo, Eduardo I había estado a punto de conseguirlo. Su obra, incompleta, se había hundido después de él, con la humillante derrota sufrida por el ejército feudal de Eduardo II ante los montañeses escoceses en Bannockburn (1314). Con más empeño todavía que en el pasado, el tercer Eduardo reemprendió estos planes de conquista, casi tan quiméricos, y vale la pena insistir en ello, como los proyectos de cruzada del Valois. En un principio, no intervino directamente, sino que se limitó a apoyar con dinero y tropas los intentos de su protegido, Eduardo Balliol, hijo de aquel Juan de Bailleul o de Balliol que, en tiempos de Eduardo I, había ocupado durante algunos años el trono de Escocia, bajo la tutela de Inglaterra. Durante el verano de 1332, Eduardo Balliol inició las hostilidades contra David Bruce, el monarca nacional, conquistó una parte de las tierras bajas y se hizo coronar rey. En este momento, en Londres por lo menos, ni se plantea el tema de la cruzada. El rey de Inglaterra se instaló de forma permanente en el norte de Inglaterra, para seguir más de cerca los acontecimientos de la frontera (border) escocesa y preparar las campañas futuras. Los servicios administrativos y judiciales, la Cancillería, el «Exchequer», el Banco Común, abandonaron las orillas del Támesis y se establecieron en York, que se convirtió de este modo en una especie de capital de guerra, cercana al soberano y a las tropas. En 1333, Eduardo III pasó al ataque. Una primera campaña inglesa terminó con la recuperación de Berwick, en la costa oriental, ciudadela poderosa, cuya caída abría al vencedor el camino de Edimburgo y de Perth, la conquista de todos los territorios situados al sur del río Forth, cedidos por Balliol de forma absoluta.

Pero, incluso en las montañas de Escocia volvió a encontrar Eduardo al rey de Francia, que parecía cerrarle el camino. Precisamente desde 1295, en que los escoceses, para librarse de la tutela inglesa, habían obligado a su rey Jean Balliol a buscar la ayuda de Felipe el Hermoso, la alianza franco-escocesa se había convertido en una tradición establecida, en casi un dogma diplomático del occidente cristiano. Felipe de Valois consideró que abandonar a sus aliados escoceses estaba al margen de sus intereses e incluso de sus deberes. El, personalmente, precisaba la paz con los Plantagenct, si quería que la cruzada proyectada se pusiera finalmente en marcha, pero no estaba dispuesto a cambiarla por el abandono de un pequeño país, cuyas intervenciones armadas, en caso de conflicto franco-inglés, podrían constituir una útil molestia para su enemigo. Por otra parte, Eduardo III, que ya desconfiaba de la lealtad de los Valois, temía que su señor feudal aprovechase sus campañas en Escocia para intentar un nuevo golpe en las fronteras de Aquitania. Por ello, dio la orden a sus plenipotenciarios de ceder en la medida posible a las exigencias francesas, de tal modo que en 1333, pareció llegarse a un acuerdo en todo lo relativo al feudo de Guyena. En París se propagó entonces el rumor de que se había logrado la paz. Sin embargo, la alegría duró poco. Como explicaba un cronista, «no pasó mucho tiempo hasta que las cosas cambiaron, pues, apenas los mensajeros ingleses habían vuelto a sus residencias, cuando el rey de Francia volvió a llamarlos y les dijo que su intención era que el rey David de Escocia y todos los escoceses fueran incluidos en esta paz». Las nuevas pretensiones del Valois eran, por tanto, que no hubiera paz en Aquitania si Inglaterra no abandonaba la conquista de Escocia. Si Eduardo se obstinaba —y no tenía la más mínima intención de detenerse a mitad de camino—, podría temer todo de la «perfidia» francesa: confiscación de Aquitania, ayuda en dinero, hombres y aprovisionamientos a los soldados de David Bruce, sin necesidad de declarar para ello la guerra.

Por tanto, al persistente resentimiento por las pasadas humillaciones, se añadía ahora la desconfianza recíproca de dos reyes que se espiaban mutuamente, que tenían miedo mutuo y se acusaban de tenebrosos proyectos. Lentamente y de forma inexorable, las relaciones se fueron deteriorando, sin que sea posible atribuir responsabilidades a una u otra parte. En 1331, sólo faltaba completar y apuntalar mediante acuerdos de detalle, el entendimiento de principio que había surgido en las entrevistas de ambos reyes. Tres o cuatro años más tarde, sin que ningún acontecimiento definitivo hubiera alterado los puntos de partida de los problemas, ya no se esperaba poder llegar a la «paz definitiva». Sólo se pedía que no hubiera una generalización de la guerra. Sin embargo, ni Felipe, demasiado ocupado por sus sueños de cruzada, ni Eduardo, absorbido en Escocia, deseaban el inicio de esta guerra total. Habían llegado a temerla, y esto bastaba para hacerla posible.

La política practicada por el pontífice Benedicto XII a partir de diciembre de 1334, terminó por precipitar el conflicto que quería evitar. El nuevo pontífice, más decidido que su antecesor a llevar a cabo la cruzada, mantuvo a Valois y Plantagenet en la pendiente resbaladiza en que se encontraban, intentando, como diríamos en la jerga diplomática, «localizar el conflicto». Felipe, tras haberse negado a firmar la paz con un adversario que continuaba atacando a su aliado escocés, y fiel a la política que ames se señalaba de practicar graduales intrusiones, pensó en este momento proponer, e incluso imponer, su mediación entre Inglaterra y Escocia, mediación interesada e incompleta, cuyo resultado se conocía de antemano y cuya única consecuencia posible era una guerra general. El Papa se apresuró a hacer frente al peligro con toda rapidez. Fue capaz de hacerse cargo del problema escocés y apartar a Felipe. Sus legados, que viajaron precipitadamente a Inglaterra, consiguieron concertar una breve tregua, en noviembre de 1335, entre Eduardo III y David Bruce. Pero se trataba de un simple aplazamiento. Eran precisos esfuerzos más pacientes y prolongados para imponer la paz a unos adversarios que ya no tenían mucho interés por llegar a un entendimiento. Pero Benedicto XII apoyó plenamente este acuerdo, hasta el punto de dar preferencia a la paz entre franceses e ingleses a la partida de la cruzada, que llevaba ya un considerable retraso. Felipe, que pensó que su docilidad tendría como recompensa una próxima partida del «viaje santo», marchó a Aviñón en marzo de 1336. El Papa le comunicó que era preferible el aplazamiento sine die de la imposible cruzada, teniendo en cuenta que no se había concluido una verdadera paz. Se anularon los preparativos, se suspendieron los privilegios concedidos y se detuvo la recaudación del diezmo. Benedicto esperaba, con estas medidas, acelerar la reconciliación anglo-francesa, que ya le parecía irrenunciable.

Pero, lo que ocurrió fue precisamente lo contrario. En primer lugar, esta actuación disgustó a Felipe, hasta aquel momento dócil a las exhortaciones papales, mientras la ilusión de la cruzada brillaba en el horizonte. El rey francés se consideró justamente vejado, al negársele en estos momentos los beneficios de una cruzada para cuya realización había aceptado no inmiscuirse en el problema escocés. Por despecho, se mostró arrogante, dando imprudentemente la impresión a su adversario de que estaba decidido a llegar a la guerra general. A partir de estos momentos, los acontecimientos se precipitaron hacia la ruptura inexorable. El Papa, que iba perdiendo progresivamente el control de la situación, consiguió a duras penas frenar a ambos adversarios mediante interminables negociaciones, estériles discusiones que sólo consiguieron exasperar aún más a ambos, que tenían mutuas sospechas de mala fe. Tratos, conferencias, correspondencia, cruce de emisarios terminaron por ser esfuerzos baldíos y que no tuvieron ya ninguna influencia en el desencadenamiento de las pasiones.

En la primavera de 1336, una imprudencia de Felipe inauguró la última fase del drama, precipitándolo hacia el desenlace. Los escoceses, contra los que los ingleses preparaban la campaña definitiva, parecían encontrarse al límite de sus fuerzas. Los embajadores franceses en Inglaterra mantuvieron conversaciones secretas con los nobles escoceses que seguían luchando. Al mismo tiempo, la flota reunida en Marsella para realizar el viaje a Tierra Santa se trasladó a los puertos normandos, como si estuviera destinada a llevar a cabo una intervención decidida a favor de Escocia. De hecho, solamente se enviaron unos pocos refuerzos que permitieron al pequeño pero valiente reino prolongar algo su resistencia. Eduardo consideró la guerra inevitable a partir de estos momentos. Del mismo modo que el papa Benedicto había aplazado la cruzada, también Eduardo abandonó la conquista de Escocia para dedicarse por completo a los preparativos para una guerra más amplia. A fines de septiembre de 1336, el Parlamento reunido en Nottingham denunció las pérfidas maniobras del rey de Francia en Guyena y en Escocia y votó los subsidios que iban a permitir financiar la contienda. Quizás se discutió también la conveniencia de una nueva reclamación de los derechos de Eduardo III al trono de los Capeto, arma poderosa en la lucha que se preveía próxima. A continuación, el gobierno abandonó las provincias del norte, en las que había estado los últimos cuatro años, volvió a Westminster, comenzó los preparativos militares con gran entusiasmo, puso sus puertos en estado de alerta, envió material militar a Aquitania y concentró tropas y una flota en la costa del canal. Felipe, por su parte, repartió su flota entre los puertos normandos y flamencos y protegió con sus tropas la frontera de Guyena.

Mientras que ambas partes se preparaban para el conflicto y buscaban febrilmente aliados —volveremos sobre ello—, intentaban también poner la razón de su parte, consiguiendo el pretexto jurídico de la ruptura. Felipe lo encontró fácilmente. No tuvo más que resucitar el precedente de dos ocasiones anteriores, en 1294 por parte de Felipe el Hermoso y en 1324 de Carlos IV: decretó, el 24 de mayo de 1337, la confiscación del feudo aquitano a un vasallo acusado de felonía y cuyos incumplimientos de sus deberes feudales resultaban fácilmente aducibles. Era una forma de declaración de guerra al rey de Inglaterra, sin que el conflicto saliera por ello del marco feudal, en el que había ido gestándose lentamente. De hecho, las hostilidades comenzaron inmediatamente en la frontera de Aquitania, donde las tropas del rey de Francia pusieron sitio a varias bastidas, y en el mar, donde la flota normanda atacó Jersey e incluso llegó a realizar incursiones con éxito en la costa inglesa. Pero, lo incompleto de los preparativos militares por ambas partes, no permitían todavía más que escaramuzas sin importancia. Una invasión inglesa de Francia, anunciada ostentosamente para el mes de septiembre, tuvo que ser anulada por falta de medios económicos. Benedicto XII, por su parte, seguía intentando que se llegase a un acuerdo. Con la esperanza de poner en marcha unas quiméricas conversaciones, obtuvo de Felipe un aplazamiento hasta final de año de la proyectada invasión de Guyena. Pero Eduardo no se dejó engañar por esta suspensión de las hostilidades. Apenas decretada la confiscación de su feudo por el tribunal francés, llevó a cabo una reclamación indirecta de sus derechos al trono capeto. Sin asumir todavía un título que, en su opinión, le correspondía de pleno derecho, en adelante designó, en las actas de su cancillería, a su adversario con el despreciable calificativo de: «Felipe, que se titula rey de Francia». Un personaje, cuya agitada carrera conviene rememorar en este momento, fue quien, al parecer, le empujó a tomar una decisión tan importante.

Roberto de Artois, nieto de Roberto II, y él mismo sobrino de San Luis, había sido desplazado de la sucesión al condado de Artois por su tía Matilde o Mahaut. La costumbre feudal de las provincias del norte no contemplaba la representación sucesoria y consideraba heredera a la hija menor por delante del nieto, si el hijo primogénito había muerto. En dos ocasiones había reclamado Roberto el condado ante el tribunal de los pares, la primera en tiempos de Felipe el Hermoso y posteriormente en los de sus hijos. Los jueces, respetuosos con las costumbres locales, habían rechazado las reclamaciones. Pero el rey de Francia, para calmarle, le había prometido en compensación un «apanage» en Normandía, con el título de conde de Beaumont-le-Roger y de par de Francia. Roberto no por ello abandonó su odio contra su tía, que le había arrebatado su herencia, conservó sus buenas relaciones con la nobleza del Artois y animó a la oposición contra la condesa y su principal consejero, Thierry de Hiregon. Roberto recuperó sus esperanzas cuando, en 1324, el conde de Flandes, Roberto de Béthune, prescindiendo de las costumbres locales, consiguió transmitir su sucesión a su nieto Luis de Nevers, obteniendo la renuncia de sus hijos menores. En 1330, reemprendió sus reclamaciones, a pesar de las dos sentencias en contra, aportando documentos falsificados inspirados en los recientes acontecimientos de Flandes. El farsante y sus cómplices fueron desenmascarados sin piedad por el rey de Francia, que sintió hacia su primo y cuñado un odio sempiterno, junto con un extraordinario desprecio. En estos momentos, Mahaut murió de manera misteriosa (1332), siendo acusado Roberto de haberla envenenado. El rey quiso hacer un escarmiento ejemplar. Se confiscaron los bienes del culpable y se le privó de todas sus dignidades. Fue condenado por traición y salvó su vida gracias a la huida. En primer lugar, buscó refugio cerca del conde de Hainaut. Felipe hizo saber que actuaría militarmente contra quien le diese asilo. A finales de 1336, Roberto se refugió en Inglaterra, en la corte de Eduardo III, contento de recibir un apoyo de esta importancia. Los contemporáneos se dieron cuenta, sin ninguna duda, que fue el príncipe exiliado quien, por odio a los Valois, empujó a Eduardo a reivindicar el trono de Francia y le prometió su ayuda para acabar con la dinastía rival.

Sin embargo, el rey de Inglaterra se hubiera decidido a ello sin los consejos del traidor. El duque de Aquitania no podía responder jurídicamente a la sentencia de confiscación dictada contra él por el tribunal de su señor más que con el desafío, es decir, con la ruptura del lazo de fidelidad feudal que le unía a un señor injusto. Al encontrarse, como les había ocurrido a sus antecesores, en una posición desairada, no tenía más remedio, para recuperar su «justo derecho», que recurrir a la solución de la «negativa de justicia», cuya culpabilidad recaería en el rey de Francia. La única respuesta posible y válida, por tanto, y a la que hubiera recurrido de todas formas, consistía en transformar el conflicto feudal, en el que tenía las de perder, en un enfrentamiento dinástico, que le equiparaba a su adversario. Hacia la festividad de Todos los Santos de 1337, el obispo de Lincoln, Henry de Burgersh, llegó a París trayendo consigo el desafío de su señor. No estaba dirigido al soberano del reino francés, sino a «Felipe de Valois, que se dice rey de Francia». Era el mejor procedimiento al alcance de Eduardo para revocar el homenaje, que le había sido impuesto mediante engaño y coacción, el cual, al haber sido prestado a un usurpador, carecía de fuerza contractual. Sin embargo, vacilaba todavía para dar el último y definitivo paso, proclamarse él mismo rey de Francia. Para ello tenía que esperar a verse reconocido por alguien más que un simple proscrito, como Roberto de Artois.

Fue, por tanto, en la primavera de 1337, cuando se entabló de forma oficial la guerra de los Cien Años. Como hemos visto, el conflicto se estaba gestando hacía varios años. Pero, hasta 1336, ambos adversarios, aunque temían cada vez más la eventualidad próxima de una ruptura, aún no habían llegado a considerar inevitable la guerra, y, por tanto, no habían buscado su comienzo. Ni Felipe, volcado en sus proyectos de cruzada, ni Eduardo, enzarzado en los asuntos de Escocia, habían considerado conveniente provocarla. Súbitamente, el aplazamiento de la cruzada y el intempestivo apoyo prestado por Felipe a los escoceses hicieron creer a Eduardo que la ruptura había llegado a ser ya inevitable. Ante los preparativos del inglés, Felipe apresuró a su vez el momento oportuno para provocar la ruptura. El equívoco era ya irremediable. Sólo intentó disiparlo el virtuoso pontífice, que, desde Aviñón, intentaba ocupar una posición por encima del enfrentamiento y reconciliar a cualquier precio a las dinastías enfrentadas.

Cabe preguntarse si, como algunos historiadores modernos han pretendido, los tenaces y desafortunados esfuerzos de Benedicto XII fueron solamente nocivos, para los intereses de los Valois. Según esta interpretación, Felipe habría sido el juguete y la víctima del Papa francés, infiel en esta actuación a los intereses de su propia patria. Al querer impedir la guerra, pero sin tener la fuerza suficiente para ello, Benedicto habría contenido a Felipe en el momento en que las circunstancias le eran favorables, dejando a Eduardo el tiempo necesario para preparar su réplica. No tenemos la seguridad de que, si el Valois hubiese provocado el comienzo de la guerra en 1335 o en 1336, aprovechando los problemas de Escocia, hubiera estado mejor preparado que en 1337 para llevar la ofensiva y hubiera tenido enfrente a un enemigo vencido de antemano. Tampoco se puede descartar el que Benedicto, con su mediación, intentara únicamente acelerar la partida de la hipotética cruzada. No era el único en Francia que tenía sus dudas acerca de la solidez de la dinastía Valois, así como sobre la fuerza real de un reino de tan gran prestigio. Quizás presagiaba las tristezas, ruinas y desastres que podía traer consigo un conflicto imprudentemente atizado por las querellas aquitanas. Su único error —al menos el único que la Historia puede recordar— es el no haber tenido éxito.

III. LOS ÚLTIMOS PREPARATIVOS

A partir del momento en el que el peligro se cernía próximo, la actividad de Eduardo III, soberano impetuoso y gran caudillo, adquirió una amplitud en la que su fértil espíritu de inventiva y de organización pudo encontrar un cauce libre. Esta preparación fue especialmente notable en el terreno diplomático. Al igual que había hecho su abuelo Eduardo I en 1297, concibió un audaz plan, consistente en distraer la atención del Valois de la frontera de Aquitania atacando a Francia en los Países Bajos. Pero supo adaptar esta política, en cierto modo tradicional, a las necesidades del momento y modificar sus detalles según las condiciones. Flandes, que había servido de piedra angular en tiempos de Eduardo I, ya no podía desempeñar el mismo papel. Luis de Nevers, que se había convertido en conde de Flandes a la muerte de su abuelo Roberto de Béthune, era consciente del alto precio que conllevaba el hacer frente a la recelosa soberanía de la corte de París. Príncipe francés por nacimiento y educación, su comportamiento iba a ser el de un vasallo tan fiel como felón había sido Guy de Dampierre, para evitar así cualquier nueva ingerencia francesa en sus dominios, ya que el recuerdo de Cassel estaba aún muy cercano en los sentimientos flamencos. Para castigar su fidelidad al rey de Francia, Eduardo decidió cortar el suministro a la industria pañera, aún a riesgo de poner en peligro sus propias finanzas. Una ordenanza regia promulgada en otoño de 1336 y confirmada por el Parlamento en febrero de 1337, prohibía toda exportación de lanas fuera del reino. En principio, la preciada materia prima no debiera nutrir más que a los telares ingleses, que aún estaban por crear. Muchos historiadores han alabado a Eduardo por esta audaz iniciativa, creyéndole sinceramente deseoso de organizar una industria pañera en su propio reino, asegurando así la independencia económica de Inglaterra. Se trata de suposiciones sin fundamento. De hecho, la medida iba dirigida contra Flandes solamente. Se concedió al instante a los mercaderes brabanzones el derecho a llevar consigo 30000 sacos de lana, con la única condición de no exportarlos a su vez a Flandes. Se intentaba hundir los telares de Gante e Yprés en beneficio de los de Bruselas y Malinas. Mercaderes ingleses se trasladaron a Dordrecht, donde establecieron un mercado abierto, a la espera que el «staple» de la lana se instalara en Amberes.

Mediante esta hábil actuación, Eduardo III daba reconocimiento a la creciente influencia, tanto económica como política, que había tomado desde principios de siglo, entre los principados holandeses, el extenso ducado de Brabante, cuyo duque, Juan III, gobernaba de forma ejemplar. A las tentativas de Felipe VI, esbozadas ya en 1332, de hacer entrar a Brabante en su esfera de influencia, el Plantagenet respondía otorgándole privilegios comerciales que subordinaban la recién creada industria pañera de Brabante y la prosperidad creciente del puerto de Amberes a la amistad inglesa. Tenía otros amigos en esta zona: Guillermo de Hainaut, al mismo tiempo conde de Holanda y Zelanda, vasallo sin duda de su cuñado el rey de Francia por el territorio de Ostrevant, pero cuya hija, Felipa, era reina de Inglaterra. Más al este, el duque de Gileldres, era un aliado tradicional de Inglaterra. Era preciso hacer más fuertes estas alianzas y crear otras nuevas. Desde finales de 1336, Eduardo les había dirigido apasionados mensajes, haciéndose la víctima de la situación, y anunciando con antelación la injusta agresión del rey de Francia.

«Le hemos hecho —decía— ventajosas proposiciones, pero hasta el momento ha rechazado incluso las más razonables. No satisfecho con retener de forma injusta mis bienes hereditarios —aludiendo a las zonas de Aquitania retenidas desde 1324— está urdiendo secretamente un vasto complot contra mí, para procurar mi ruina más absoluta, y tiene el propósito de apoderarse de lo que queda de mi feudo aquitano». Con la fuerza que estos argumentos les daban y, en especial, con la de los enormes sacos de monedas que llevaban consigo, el obispo de Lincoln, Enrique de Burgersh y los condes de Salisbury y Huntingdon, recorrieron, durante todo el invierno, los Países Bajos y las regiones a orillas del Rin. En mayo de 1337, instalaron en Valenciennes un auténtico mercado de alianzas, compradas en moneda contante y sonante. El precio era elevado, pues los príncipes imperiales se mostraban rapaces.

«Es cosa sabida —cuenta un cronista refiriéndose a ellos— que los alemanes son avariciosos y que no hacen nada si no es a cambio de dinero». Pero habían conseguido formar una formidable red de alianzas, ya que en la coalición anti-francesa habían entrado los duques de Brabante y de Gtieldres, los condes de Hainaut, de Berg, de Juliers, de Limburgo, de Cléves y de Mark.

Hay que tener en cuenta también el deseo del Plantagenet de emprender la lucha con un ejército lo más disciplinado y poderoso posible. No se podían realizar grandes innovaciones en la organización que ya se ha descrito y que había salido airosa, en fechas todavía recientes, en las duras campañas escocesas. Las disposiciones del soberano sólo tuvieron alcance en cuestiones de detalle y no debieron de tener la eficacia que se les ha solido atribuir. Revelan, además, un estado de ánimo singularmente peligroso. Eduardo aconsejó a la nobleza de su reino aprender el francés, lengua de la corte, de la administración y del enemigo; prohibió los torneos, a los que por otra parte era gran aficionado, para que su caballería no tuviera más pensamiento ni ocupación que la guerra. Pidió al pueblo que se perfeccionase en el tiro con arco y que practicase ejercicios para fortalecer y flexibilizar el cuerpo. Se ha dado gran importancia a la creación de las comisiones de array, verdaderos consejos de revisión, encargados del reclutamiento, en los diferentes condados, de los campesinos y artesanos más robustos, para engrosar sus tropas de infantería. Pero su organización dejó mucho que desear y no consiguió formar contingentes importantes y disciplinados. Las fuerzas armadas de que disponía el rey de Inglaterra no podían compararse por el número de efectivos a las de su adversario. Los cronistas medievales, confundidos por las cifras, nos transmitieron unas precisiones numéricas sobre las cabalgadas inglesas en el continente poco dignas de crédito y que toda la documentación administrativa manejada por los eruditos modernos ha dejado en entredicho. Habitualmente nos dan cifras de veinte o treinta mil soldados invasores, y a veces superiores. Al referirse al sitio de Tournai (1340), por ejemplo, nos hablan de unos efectivos de cien mil hombres, contando los contingentes flamencos. No son más que fantasías. Aún admitiendo que los escasos recursos del reino hubieran podido hacer frente al pago de las soldadas de tropas tan numerosas, hubiera sido imposible su transporte al continente. La flota mercante inglesa, compuesta de barcos de escaso tonelaje, no permitía embarcar de una sola vez más de una cifra que oscilaba entre cinco y ocho mil jinetes y algunos miles de infantes. Algo más eficaces eran el armamento y la disciplina. Dejemos a un lado las fuerzas feudales, caballería pesadamente equipada y que seguía constituyendo la parte fundamental del ejército y en la que descansaba, salvo imprevistos, el peso de la batalla. Su armamento y sus métodos de combate eran los mismos en toda la cristiandad, por lo que, en este punto, no había gran diferencia entre los ejércitos francés e inglés. Sólo existía una superioridad manifiesta en los cuerpos secundarios, en la abigarrada infantería, que los caballeros de ambos lados despreciaban: lanceros, los temibles galeses armados de grandes cuchillos y, sobre todo, los arqueros, cuyo tiro era poco preciso, pero inundaban al adversario, desde largas distancias, de una nube de flechas, mientras que la ballesta genovesa, adoptada por la infantería de los Valois, era un instrumento más pesado y lento, que sólo conseguía disparar una vez cada tres de los arqueros ingleses. Nadie podía sospechar en aquel momento el papel fundamental y decisivo que iba a desempeñar esta «despreciable» infantería en las batallas a campo abierto que se producirían en la guerra.

El reclutamiento y mantenimiento de tales efectivos, por muy limitados que fuesen, exigía recursos abundantes e ininterrumpidos. Además, antes incluso del comienzo de las hostilidades, Inglaterra se había cargado con una serie de gastos superiores a sus posibilidades. Las campañas escocesas habían costado muy caras, aumentando el monto de los empréstitos. Reunir las sumas para comprar las alianzas alemanas había exigido grandes cantidades de dinero y expedientes no muy limpios. Al mismo tiempo, las medidas tomadas contra los flamencos habían desarbolado las exportaciones de lana, con enormes perjuicios para el tesoro regio, que había dejado de percibir regularmente la «costumbre» (tasa) pagada por los sacos de lana destinados a la exportación. Por carencia de recursos económicos, hubo que aplazar un primer desembarco inglés en Francia, previsto en principio para el otoño de 1337, y, por la misma razón, Eduardo tuvo que aceptar una suspensión de hostilidades propuesta por el Papa para los seis primeros meses de 1338. Cuando, finalmente, en julio de 1338 creyó llegado el momento de pasar al continente, su tesoro se había agotado debido a los preparativos militares y diplomáticos. En este momento, adoptó una inaudita medida de intervencionismo estatal en la economía: la confiscación en favor de la corona de 60000 sacos de lana de productores ingleses, fijándose unas indemnizaciones muy bajas a cuenta del Tesoro para propietarios o mercaderes, mientras que el rey se encargaba de la venta de la lana en el continente, para poder alimentar con los sustanciosos beneficios que esperaba conseguir de la operación, tanto a su ejército como a su diplomacia. Proyecto quimérico que demuestra bien a las claras la situación angustiosa a que había llegado el rey de Inglaterra.

Felipe VI, por su parte, a pesar de la mayor extensión y riqueza de su reino, no estaba en situación mucho más favorable. La carencia de recursos abundantes y estables había también afectado a sus preparativos militares. Merced a la actitud complaciente de los papas de Aviñón, había podido imponer al clero, de forma más o menos regular, el pago de los diezmos en beneficio, especialmente, del tesoro regio. En el momento en que se produjo el advenimiento de la dinastía, Juan XXII le había prometido, «teniendo en cuenta las grandes cargas del reino» la contribución de los ingresos eclesiásticos durante dos años, concesión renovada en 1330. A pesar de algunas oposiciones de contribuyentes, el dinero se había recaudado, produciendo unos ingresos netos anuales que en alguna ocasión superaron las 250000 libras. Después, la predicación de la cruzada, en 1332, había supuesto una fuente suplementaria de ingresos de origen clerical, que se sumaba a los demás privilegios concedidos al rey. Sin duda, deberían de haber sido ingresados en un tesoro especial, rigurosamente reservado a los gastos originados por el «viaje santo». Pero, al ser abandonada la idea de la cruzada en 1336, se vio que la mayor parte del dinero había sido ya gastada por Felipe en necesidades de su propio gobierno. A partir de 1338, primeramente Benedicto XII, y más tarde Clemente VI, concedieron nuevos diezmos, que se renovaban de forma regular cada dos años. Todo ello fue causa de la envidia de los Plantagenets, que no encontraban un tratamiento tan favorable de parte de la curia de Aviñón.

Los súbditos laicos de la corona mostraban una docilidad mucho menor a la hora de pagar impuestos. La imposición de cualquier «ayuda» —bien bajo la forma, según las provincias o los momentos, de un impuesto proporcional a los ingresos, o de una «talla» repartida entre fuegos u hogares, o de tasas sobre mercancías— chocaba siempre con multitud de oposiciones locales, tanto por parte de las ciudades, como de los nobles y de las comunidades de habitantes. El subsidio general impuesto a todo el país en 1328, para financiar la hueste feudal de Flandes, proporcionó solamente 230000 libras, cantidad inferior a un solo diezmo del clero. En los años siguientes, se hizo todavía más difícil la obtención de dinero. La ayuda feudal solicitada en 1332, para la ceremonia de armar caballero al príncipe heredero Juan, fue rechazada por los hombres de los vasallos del rey. Hubo que restringirla a los habitantes del dominio regio y, después, a la vista de las dificultades en la percepción, suprimirla completamente. La ayuda para la cruzada, también prevista por la costumbre feudal, se ordenó en 1335. La mayor parte de los contribuyentes se negaron a pagarla, y el rey obtuvo cantidades insignificantes. ¿Cómo era posible, en tales condiciones, preparar con antelación suficiente un enfrentamiento, por otra parte posible en cualquier momento, con los Plantagenet?

La ruptura de 1337 obligó a los oficiales del rey a hacer un nuevo esfuerzo. La exigencia de un nuevo subsidio volvió a provocar la misma tenaz oposición anterior. Se hizo preciso negociar con los contribuyentes, reducir las exigencias, y aceptar el modo de imposición que cada comunidad o cada región prefería. En el Languedoc, el impuesto de hogar de una libra por fuego que el gobierno deseaba, hubo de ser reducido a 1/5 de libra para los hogares pecheros, y 1/3 para los nobles; las ciudades y algunos grupos de habitantes pagaron sumas muy inferiores a la tasa del impuesto de hogar. Parecidos fracasos se produjeron en el Languedoïl: algunas ciudades prefirieron el pago de una tasa sobre mercancías, de recaudación más lenta y de fijación más difícil. Normandía no salió peor librada, concediendo solamente subsidios para mantener durante diez semanas a mil de los cuatro mil soldados que se pretendía obtener de la provincia. La mayoría de los vasallos, poniendo como pretexto sus servicios personales en la hueste regia, exigieron que la ayuda no fuera impuesta a sus hombres, o que pudieran percibirla ellos mismos en su propio beneficio. Las tierras de algunas instituciones religiosas obtuvieron una completa exoneración. El subsidio reportó tan escasos ingresos que antes de fines de 1337, la monarquía se vio forzada a dejar de pagar a sus oficiales. Los jueces y hombres de leyes vieron retenidos sus ingresos en el plazo de un año, mientras que a los agentes (servientes-sergents) se les reducían en 1/4 parte y a los demás oficiales en 1/5.

Lo más grave de todo era que, para obtener unos escasos subsidios, la monarquía tenía que mostrarse pedigüeña, e incluso suplicante. La concesión de cualquier tipo de ayuda requería, como contrapartida, la confirmación de privilegios antiguos, la concesión de nuevos, de cartas con promesa de no causar perjuicios, y a menudo de exenciones masivas. Los comisarios reales se veían obligados a regatear ante las gentes. Se les daban instrucciones de mostrarse dulces, mansos y humildes. En tan penosas negociaciones se fue afirmando, de hecho más que de derecho, el principio del consentimiento ante el impuesto por parte de los contribuyentes o de sus representantes. Es en estos momentos cuando hicieron su aparición a la luz pública estas asambleas locales, numerosas, frecuentes, pero sin composición ni procedimiento fijos, que comienzan a llamarse Estados. La necesidad de obtener dinero a cualquier precio hizo que el recurso a los Estados llegase a ser casi una obligación a la cual todo el mundo estaba de acuerdo en que el rey no podía sustraerse. Conocemos muy mal el funcionamiento de estas asambleas, su composición, etc. Las «ciudades buenas» desempeñaban en ellas un papel preponderante. Da la impresión que en un principio se convocaron solamente a nivel local, y que hasta 1343 no tendrán lugar los primeros Estados que los historiadores,' con cierta anticipación, califican de «Generales», pero en los que se reunirán los representantes de todo el centro y norte de Francia, es decir, de aquella parte del reino que, por contraste al Languedoc, consultado siempre de forma independiente, se llamará el Languedoïl. Las asambleas, enardecidas conforme veían al gobierno en mayores dificultades, exigían ruinosas contrapartidas. En 1337, los Estados normandos reunidos en Pont-Audemer, invocaron la Carta de los Normandos de 1315 para negarse a la concesión de cualquier subsidio. Finalmente, sólo aceptaron conceder un menguado subsidio voluntario a condición de que se confirmasen sus privilegios y se les concediesen cartas de promesa de no causar perjuicios. Dos años después, los representantes normandos resistieron a las reiteradas exigencias del príncipe Juan, deliberaron largamente y, finalmente, exigieron la precisión de sus privilegios financieros, con gran detrimento para el tesoro regio. En 1340, los nobles de la bailía de Vermandois pusieron condiciones aún más duras: los mismos señores llevarían a cabo la elección de los recaudadores del impuesto; el dinero recaudado serviría únicamente para pagar a los soldados de la provincia; la recaudación cesaría el mismo día en que se disuelva la hueste regia. Cuando, por un casual, los contribuyentes consentían en un esfuerzo suplementario, lo limitaban a la corta duración de una cabalgada estival, sin apercibirse de que la guerra tendría, en adelante, nuevas características.

Esta inseguridad respecto al futuro explica, en parte, la lentitud y la escasa eficacia de los preparativos militares durante el año 1337-38, que fue, en cierto modo, como de vela de las armas. Pero, no puede justificar la desidia, en el terreno diplomático, para contrarrestar la coalición pro-inglesa, mediante una unión más estrecha de todos los aliados de Francia. Sin descuidar totalmente la tarea, Felipe no puso en ella un interés suficiente. Su contra-coalición será claramente más débil al compacto grupo formado por sus adversarios. Contaba, sin embargo, con viejos amigos en los Países Bajos: Luis de Nevers, conde de Flandes, Juan de Luxemburgo, a la vez rey de Bohemia. Al no poder contar ya con la alianza ni de Hainaut ni de Brabante, compró la del obispo de Lieja, del condado de Deux-Ponts, la de Enrique de Baviera y de la ciudad de Cambrai. Este grupo de aliados, por imponente que parezca, era disperso y diseminado en relación al compacto bloque pro-inglés. Más afortunado en sus fronteras meridionales, Felipe inició negociaciones con Castilla y en diciembre de 1336 firmó un tratado de alianza con Alfonso XI, por lo que podrá contar, en la guerra que se avecina, con la ayuda de la flota castellana.

Finalmente, para mostrar bien a las claras su independencia respecto a la curia de Aviñón, recientemente planteada, Felipe inició j conversaciones con un príncipe que, desde hacía más de diez años, se había mostrado enemigo acérrimo de Juan XXII y de Benedicto XII.

Se trataba del emperador, Luis de Baviera, cismático recalcitrante, excomulgado, anatematizado. No sabemos, con seguridad, si Felipe tenía realmente la intención de aliarse con el emperador, prometiéndole su ayuda en la lucha contra el papado de Aviñón y solicitando la suya contra los Plantagenet. Lo cierto es que las negociaciones, llevadas sin entusiasmo, no fructificaron. La razón de ello estriba en que Eduardo, más rápido y pragmático, había ofrecido el precio exigido por el avaricioso bávaro. Sucumbiendo a los atractivos de los esterlines, el emperador se alió con el rey de Inglaterra el 26 de agosto de 1337, prestando todo el apoyo de su autoridad a la coalición neerlandesa y renana, cuya fuerza parecía amenazar peligrosamente al reino de Francia.

IV. LAS CONTRARIEDADES INGLESAS

El año 1338 fue testigo de los grandes preparativos ingleses en las fronteras septentrionales de Francia. Para llevarlas a buen término, era preciso apaciguar al adversario, se llamase Benedicto XII o Felipe VI. El Papa se había indignado ante la alianza clandestina firmada entre el Plantagenet y el emperador cismático, cuyo secreto no se había guardado convenientemente. Para apaciguarle, el rey de Inglaterra se apresuró a aceptar la prolongación de las treguas, en un primer momento hasta el 1 de abril y, posteriormente, hasta el 1 de julio. Hizo protestas ante la Santa Sede de su amor a la paz y envió, incluso, a sus plenipotenciarios ante la curia de Aviñón, en donde, bajo la dirección del ingenuo Benedicto XII, se continuaba buscando, sin demasiado éxito, los medios de evitar la guerra. Con respecto a Felipe, se imponía dar la vuelta a los planes que estaban en marcha.

Por ello, proclamó públicamente que, si no era posible preservar la paz, pensaba ir en persona a dirigir la defensa de su ducado de Guyena contra las traidoras maniobras de los oficiales franceses.

Sin embargo, en los Países Bajos y en la región renana, los acuerdos seguían su marcha ininterrumpida. No bastaba a Eduardo la compra, a elevado precio, de las alianzas de los príncipes del Imperio. Para ponerlos a su servicio de forma efectiva y utilizarlos en la puesta en práctica de los planes de conquista, era preciso ejercer sobre ellos una autoridad legítima capaz de retenerlos de cualquier defección, siempre posible. Negoció con Luis de Baviera, siempre necesitado de recursos, la concesión, a cambio de dinero, del título de vicario Imperial en la Baja Alemania, merced al cual obtendría la delegación de los poderes soberanos del emperador en todos los territorios de la antigua Lotaringia. Conforme se veía más próximo a sus objetivos, se hacían mayores sus deseos de entrar en campaña. En abril, anunció su intención de no respetar las treguas y de embarcarse para el continente el 1 de mayo siguiente. Las dificultades financieras le impidieron, una vez más, estar preparado para esta fecha. Finalmente, el 16 de julio, una imponente flota se hacía a la vela en el puerto de Orwell, en la desembocadura del Támesis, con dirección a Amberes. Fue recibido como huésped del duque de Brabante, cuya alianza se había estrechado aún más merced a nuevos privilegios comerciales, y el 22 de julio, se deshizo definitivamente de la máscara, llamando a sus embajadores que, formalmente, seguían todavía negociando en la curia papal. A continuación, marchó a Renania, a encontrarse con su aliado imperial.

El 5 de septiembre de 1338, tuvo lugar en Coblenza la entrevista entre Eduardo III y Luis de Baviera, en medio de espléndidas Fiestas, a las que asistieron casi todos los electores del Imperio. El emperador envió un solemne desafío al rey de Francia y a sus aliados, juró ayudar durante siete años a su nuevo aliado en contra de los Valois e hizo prometer a los príncipes alemanes que servirían Fielmente al Plantagenet en sus guerras. A continuación impuso a Eduardo los distintivos de vicario del Imperio, distinción tan halagadora para la vanidad del recipiendario como útil para sus ambiciones. Pues, el rey de Inglaterra no lo consideraba un mero título, sino que quería obtener de él un aumento de su poder lo más pronto posible. Mientras que una ceca, en Amberes, comienza a acuñar escudos con el águila, con las armas del Imperio, pero a nombre de Eduardo III, éste convoca en tres ocasiones a los vasallos que dependían de su vicariato, para recibir su homenaje, en Herck, en Brabante, el 12 de octubre, en Malinas el 2 de noviembre y en Binche, en Hainaut, el 18 de diciembre. A excepción del obispo de Lieja, que mediante este gesto se negaba a quebrantar la alianza que le unía a los Valois, todo los príncipes de los Países Bajos acudieron a la requisitoria, siendo los primeros los condes de Brabante, Güeldres y Hainaut. El mismo Luis de Nevers no se atrevió a sustraerse al deber vasallático que debía por los territorios imperiales de Flandes, es decir, por las tierras del otro lado del Escalda. En estas ceremonias espléndidas, Eduardo obtuvo un prestigio que pronto superó los límites de la Lotaringia. Sus representantes se entrevistaban con los condes de Borgoña, de Ginebra, de Saboya. El aislamiento de Francia parecía, así, proseguirse por sus fronteras orientales, llegando hasta el mismo reino de Arlés.

Estas ceremonias de boato, junto con fructíferas negociaciones, habían ocupado al Plantagenet hasta el comienzo de la estación mala. No había, sido posible todavía iniciar las hostilidades, aplazadas hasta la primavera de 1339. Nuevas dificultades financieras retrasaron una vez más el envío de los refuerzos indispensables. Las fiestas y las alianzas eran muy costosas. Para impresionar a sus pobretones aliados, Eduardo hacía empréstitos a fondo perdido a los mercaderes, a las ciudades de los Países Bajos, a los banqueros italianos. Pero la operación, confiada a los banqueros florentinos Bardi y Peruzzi, no proporcionó buenos resultados. Se esperaba un primer envío de 20000 sacos, y sólo llegaron 2500. Esperando la llegada del resto, Eduardo empeñó sus propias joyas a usureros. La magnífica corona que había mandado fabricar en previsión de su coronación de Francia, fue empeñada por una cantidad insignificante al arzobispo de Tréveris. Para hacer todavía mayores estas dificultades, el infatigable Benedicto XII, que seguía empeñado en el mantenimiento de la paz, aprovechaba la lentitud de los preparativos bélicos para solicitar la apertura de nuevas negociaciones. Eduardo ya no tenía ningún interés en seguir engañándole. Le comunicó que no aceptaba ningún tipo de conversación que no fuera precedida de un abandono por parte de Felipe de la alianza con Escocia y la restitución de Aquitania. Un largo memorial fue redactado para exponer ante la curia de Aviñón las razones que empujaban al Plantagenet para reivindicar la corona de Francia.

La impaciencia del conquistador crecía día a día. Todos los contratiempos que demoraban esta campaña de 1339, en la que había puesto todas sus esperanzas, le irritaban. Entre dificultades inauditas, los refuerzos ingleses, desembarcados en Amberes, comenzaron a concentrarse en torno a Bruselas, a finales de julio. Faltaban todavía los contingentes militares de los príncipes alemanes, prometidos a cambio de sustanciosas pensiones. Transcurrieron agosto y septiembre sin que llegasen otras fuerzas que algunos miles de mercenarios, indisciplinados y poco seguros. En el mar, los franceses redoblaban su actividad, interrumpían los transportes, dificultaban la navegación, saqueaban la isla de Wight y otros puntos de la costa inglesa. A finales de septiembre, Eduardo, que no podía soportar más esperas, olvidando la ayuda de sus poco fieles aliados, se puso en marcha hacia la frontera francesa. Sus veinte mil hombres se apoderaron de Cambrai, saquearon la Thiérache, vigilados de lejos por el ejército feudal de Felipe. Eduardo solicitó combatir a su adversario. El Valois no respondió, y, tras un mes de maniobras inútiles, se retiró hacia Brabante. La alianza anglo-imperial se malograba y fracasaba de forma lamentable. Quince meses de estancia ininterrumpida en los Países Bajos, una intensa actividad diplomática, el título de vicario imperial, el homenaje y la alianza de tantos príncipes sólo habían servido para provocar una inútil demostración militar en las fronteras de un enemigo cuyas fuerzas seguían intactas.

Cualquier otra persona que no fuera Eduardo III se habría desanimado con todo esto. Abandonado por los príncipes imperiales, se creyó salvado al aceptar la alianza de los flamencos, cuyas milicias comunales no le habían apoyado en el curso de la campaña de Thiérache. Con la entrada en escena de Flandes, comenzaba a desarrollarse el segundo acto del drama.

La población del Flandes marítimo, aunque domeñada por la campaña de Cassel, no había sido en ningún momento sometida, y seguía siendo abiertamente hostil al soberano Valois y al joven conde que compartía sus aspiraciones políticas. Con su desparpajo habitual, los oficiales del rey de Francia se inmiscuían en los asuntos municipales e imponían el curso forzoso de la moneda regia. Felipe VI, para prevenir una probable defección, había adoptado la inútil medida de autorizar oficialmente a sus súbditos flamencos a ser neutrales en el conflicto que se avecinaba y a continuar su comercio con el enemigo inglés. El bloqueo del comercio de lanas, que Eduardo III decretó casi al mismo tiempo para castigar la fidelidad de Luis de Nevers a la causa de los Valois, había anulado completamente los efectos positivos de esta medida de buena voluntad. El cese de la llegada de materia prima a las ciudades industriales flamencas produjo entre los artesanos una crisis de paro cuyos efectos no tardaron mucho tiempo en hacerse sentir. Reducidos a la miseria, los trabajadores achacaron su situación al rey de Francia. Atacaron al conde y a la nobleza, cuyos lujos resultaban demasiado insolentes, y a la burguesía acomodada, cuyos sólidos capitales le permitían hacer frente a la crisis con alegría, y sobre los que recaía la sospecha de ser leliaerts en el fondo de su corazón.

El año 1337 fue testigo de los prolegómenos habituales de las crisis sociales: agitación callejera y manifestaciones al grito de «Trabajo y Libertad». En Valenciennes, base de las operaciones de los Países Bajos, los agentes ingleses se entrevistaban con los agitadores y animaban las revueltas, de las que creían poder obtener grandes beneficios.

Pronto apareció un cabecilla que agrupó a los descontentos, dominándoles con su gran personalidad. A pesar de su riqueza y de sus vínculos con la nobleza, el opulento burgués Jacob van Artevelde hizo suyas las reivindicaciones populares. Para reanudar las importaciones de lana, primera condición para que hubiera trabajo, era preciso reconciliarse con los Plantagenet. Desde un principio, si creemos a los cronistas adversos a sus ideas, Artevelde habría sido partidario de que los flamencos «defendiesen a los ingleses frente a los franceses». En Gante, principal centro de la agitación obrera, el pueblo le eligió, por aclamación, el 3 de enero de 1338, «ruwaert» —es decir, capitán— de la ciudad. Una hábil propaganda consiguió sumar a la rebelión a las ciudades rivales Brujas e Yprés, así como a los pequeños centros pañeros rurales que, sin embargo eran duramente tratados por las severas reglamentaciones de las grandes ciudades pañeras. Se impuso una tregua general a los diferentes grupos, se formó una común alianza contra el conde y el rey de Francia, formándose una comisión de gobierno compuesta por delegados de las principales ciudades, presididos por Artevelde. Desde Bailleul, en el sur, hasta Termonde, en el norte, todo el país reconoció su autoridad. Luis de Nevers intentó, infructuosamente, sofocar por la fuerza esta rebelión de sus súbditos. Un ataque armado contra Gante, al igual que otro contra Brujas, fracasaron ante la resistencia de las milicias comunales. En febrero de 1339, el conde tuvo que refugiarse en la corte del rey de Francia, dejando todo Flandes en manos de los rebeldes.

En cuanto Artevelde tomó el poder, Eduardo III creyó que Flandes estaba a su merced. Creía realizada así su gran coalición neerlandesa e imperial contra los Valois. La adhesión a ella del condado flamenco, que consideraba inminente, le otorgaría una aplastante superioridad sobre su adversario. Pero le hicieron falta casi dos años de difíciles negociaciones para conseguir sus propósitos, ya que Artevelde no tenía prisa por sumarse a la alianza inglesa sin contrapartidas. Su revuelta iba dirigida únicamente contra la mala administración de un conde inútil. Traicionar a su soberano, aunque fuese odiado, era un acto más grave que, en un principio, no quiso llevar a cabo. Suponía correr el riesgo de una alianza entre el conde y el rey de Francia, una nueva expedición de castigo de la caballería francesa y, en suma, un nuevo Cassel. El recuerdo del desastre de 1328 estaba todavía muy fresco en todas las memorias. Con gran prudencia, Artevelde ofreció solamente a los ingleses la seguridad de una neutralidad complaciente. A cambio de esta promesa limitada, sólo obtuvo, en julio de 1338, un contingente igualmente limitado de lana inglesa, que permitió a algunos oficios reanudar el trabajo. Durante dieciocho meses, a pesar de las constantes presiones para que se comprometiera de modo más firme, se negó a hacer cualquier otra concesión. Eduardo, que se mantenía fiel a su alianza con Brabante, no podía, por su parte, ofrecer ventajas económicas que hubieran podido perjudicar los intereses de Amberes y de Bruselas. La situación se mantuvo así, por el momento, y Eduardo tuvo que emprender su tardía campaña de 1339 sin contar con el apoyo de las milicias flamencas.

Como consecuencia de la expedición de Thiérache, Artevelde se vio obligado a tomar partido en favor de Inglaterra de forma más clara. Las huestes francesas, que continuaban intactas no lejos de las fronteras flamencas, podían volverse contra él a petición del conde Luis de Nevers. Para hacer frente a esta nueva amenaza, los flamencos precisaban el dinero y los soldados de los Plantagenet. Reanudaron, por tanto, las negociaciones. Artevelde y Eduardo celebraron numerosas entrevistas que culminaron, el 3 de diciembre de 1339, con la conclusión de un tratado, por el que los ingleses compraban la alianza flamenca a un precio muy elevado. En virtud del mismo, tendrían en el futuro acceso pleno a las lanas inglesas, trasladándose el «staple» (etapa) de la lana desde Amberes a Brujas. Se les prometía la futura devolución de las castellanías de Lila, Douai y Orchies, en poder de los reyes de Francia desde los tiempos de Felipe el Hermoso; se les concedería, en cuatro plazos, un subsidio de 140000 libras para equipamiento militar y defensa del país; finalmente, en caso de ataque francés, la flota inglesa, así como contingentes armados ingleses, se pondrían a disposición de Artevelde. A cambio, los flamencos prometían su apoyo militar, y, lo más importante, reconocían a Eduardo III como rey legítimo de Francia. En consecuencia, el 6 de febrero de 1340, Eduardo pudo reunir su «curia» en Gante, en un «parlamento» al que fueron convocados sus nuevos vasallos. En su condición de sucesor de San Luis y de Felipe el Hermoso, recibió en el mismo el juramento de las ciudades y el homenaje de aquellos nobles que no se mantenían fieles al conde. A partir de este momento, adoptó el título de «Rey de Inglaterra y de Francia», mandó rehacer su gran sello, cuartelando sus armas en el escudo con la flor de lis y comenzó a datar sus documentos de este modo: «en el catorceavo año de nuestro reinado en Inglaterra y el primero en Francia». Antes incluso de iniciarse las operaciones militares de envergadura, había alcanzado el primero de sus objetivos: transformar el conflicto feudal en guerra dinástica. Vicario imperial, rey de Francia, el soberano del pequeño reino insular había alcanzado un prestigio que sólo a él deslumbraba. El 29 de marzo siguiente, el Parlamento de Westminster ratificó la alianza anglo-flamenca. En el mismo momento, el conde Hainaut, que había conseguido mantener una precaria neutralidad entre su señor francés y su yerno inglés, dirigía su desafío al Valois. Con él, Felipe perdía sus últimos amigos en los Países Bajos.

Pero, en el terreno militar, la alianza flamenca se mostró tan poco efectiva como anteriormente la alianza imperial. Eduardo se había convertido en presa de sus acreedores neerlandeses. En febrero de 1340, fue autorizado por ellos a regresar a Inglaterra para reunir un Parlamento y buscar allí dinero y refuerzos. Pero tuvo que prometer estar de vuelta antes del mes de junio. Hubo de dejar en prenda de los banqueros a quienes no había pagado, en Gante, a su mujer y sus hijos menores. En estos momentos nació en Gante su tercer hijo, que sería más adelante duque de Lancaster. También en Inglaterra, las comunas se opusieron a los nuevos sacrificios financieros que se exigía de ellas, aceptando sólo a cambio de ruinosas concesiones regias el aprobar un pesado impuesto de 1/9 de los ingresos agrarios y de los bienes muebles de los burgueses. La misma administración, y, en especial, la Cancillería y el Exchequer, sufrían graves perjuicios por estar dirigidas desde el continente por los funcionarios del Hotel del Rey, y dificultaban los preparativos militares con su mala voluntad, y, a veces incluso, con su abierta oposición. Finalmente, el rey de Francia se disponía a hacer frente en el mar a la nueva flota de invasión. Con este propósito, la flota francesa, engrosada con contingentes castellanos y con algunas galeras genovesas, pasaba ante la costa flamenca y fondeaba en La Esclusa —en flamenco, Sluys— el único buen puerto de todo el condado.

Con una testarudez temeraria, Eduardo superó todas las dificultades y venció todas las oposiciones, haciendo caso omiso a la amenaza francesa. El 22 de junio se hizo a la vela con toda su flota, en dirección a Flandes. Al cabo de dos días, comenzó el combate naval entre las dos armadas a la entrada del puerto de La Esclusa. El mediocre mando enemigo, así como la falta de entendimiento entre franceses y castellanos, hicieron que la flota francesa fuera aniquilada, hundida o incendiada, en unas pocas horas. Valioso triunfo que garantizaba al vencedor, al menos durante algunos años, el dominio del mar. Pero éxito sin decisivo alcance, ya que el reino de Francia seguía indemne y había que conquistarlo. Eduardo, como se vería, carecía de medios para ello.

El ejército inglés, reforzado por las milicias flamencas —en total quizá unos treinta mil combatientes— inició la campaña a finales de julio. Se dirigió directamente hacia Tournai, primera avanzadilla del dominio regio a orillas del Escalda. Pero carecía de material de asedio necesario para el asalto de una ciudad tan importante, por lo que se detuvo durante bastante tiempo al pie de sus murallas. Durante este tiempo, el ejército de Felipe, reunido en las colinas del Artois, llegaba hasta la región de Lila, hostigaba a los encargados del suministro enemigo, sorprendía a sus destacamentos aislados, pero rehusaba una vez más la batalla en campo abierto que Eduardo parecía impaciente por emprender. Hacia mediados de septiembre, la situación de ambas huestes, ante la proximidad de las malas estaciones y por falta de aprovisionamiento, se deterioró rápidamente. Los ingleses, que ya habían tenido que sufrir la espectacular defección de Brabante, perjudicado en sus intereses por la reconciliación con Flandes, veían ahora cómo el conde de Hainaut se aproximaba al rey de Francia. Para evitar perjuicios mayores, aceptaron la suspensión de hostilidades ofrecida por los emisarios de Benedicto XII. La tregua, válida hasta junio de 1341, pero susceptible de prolongaciones, se concluyó en Esplechin, pequeña aldea del Tournaisis, el 25 de septiembre de 1340.

El balance de los primeros años de la guerra no era, en definitiva, favorable a la causa de los Plantagenet. Las cabalgadas no habían alcanzado los puntos neurálgicos del reino de Francia, cuya cohesión, ante la proximidad del peligro, parecía incluso haberse fortalecido.

El aumento de autoridad de Felipe VI es especialmente patente en el terreno financiero. Haciendo caso omiso de los deseos de los contribuyentes, se atrevía a imponerles cargas mayores, de las que, por lo menos una parte, permitió reclutar contingentes militares importantes. En 1340, reunió a los representantes del reino, por bailías, solicitando de ellos la fijación de un impuesto de la cincuenteava parte de sus ingresos y de una exacción sobre las mercancías. Sabemos que en Vermandois, los Estados se mostraron divididos, e hicieron una réplica «nada agradable para el rey». Pero, Felipe no hizo caso de las oposiciones e impuso su voluntad. En 1341, fijó una tasa de 4 dineros por libra sobre las transacciones mercantiles de casi todo su reino. En 1342, todo el reino contribuyó en un impuesto sobre los hogares de 20 sueldos por fuego, del que sabemos que produjo 73000 libras solamente en la senescalía de Carcasona y 33000 libras en el Perigord y Quercy. Por muy grandes que fueran los fracasos y las dificultades de recaudación, es evidente que los Valois consiguieron mejorar sensiblemente sus recursos extraordinarios. Por estas mismas fechas, además, se consiguió hacer universal y permanente un nuevo impuesto, la gabela. Hasta entonces, la realeza explotaba por cuenta propia las salinas de Carcasona y de Agen, que formaban parte de sus recursos señoriales y tenía, en las regiones vecinas, un privilegio exclusivo de explotación y de venta. Una ordenanza, fechada el 16 de marzo de 1341, sin haber previamente solicitado la opinión de los Estados, extendió la gabela a todo el reino. Comisarios del rey confiscaron o compraron todo el stock disponible, crearon almacenes de venta en los que la población debía, obligatoriamente aprovisionarse de sal. Muy pronto, por otra parte, el monopolio de venta se conservará solamente en Languedoc. En el resto del país, los graneros regios no serán sino depósitos en los que la sal en bruto se depositaba a la llegada a cada ciudad y sólo podía ser retirada por los mercaderes previo pago del impuesto, según un sistema de percepción análogo al del «staple» o «etapa» de la lana empleado por el rey de Inglaterra. Aunque impopular en un primer momento, la duración de este impuesto abarcará todo el Antiguo Régimen.

Finalmente, como hecho sintomático que sería injusto olvidar, las preocupaciones de la guerra contra Inglaterra no separaron totalmente a Felipe y sus consejeros de la fructífera política de ampliación del dominio regio, que continúa la de sus predecesores Capeto. En 1341, aprovechó una «rebelión» del rey de Mallorca Jaime III, que tenía como feudo de la corona de Francia la mitad de la ciudad y del señorío de Montpellier, para confiscar y ocupar su feudo. Muy pronto el rebelde recuperará el favor regio, pero presionado duramente por el rey de Aragón, que le arrebató su pequeño reino insular y pirenaico, terminará por vender su feudo a Felipe por 120000 escudos (1349). Así, se unían al dominio regio los últimos derechos que la dinastía regia aragonesa detentaba en el Languedoc desde hacía más de siglo y medio. Al mismo tiempo, complicadas negociaciones se iniciaban con objeto de hacer pasar bajo la dominación de un príncipe Valois una provincia exterior al reino, pero incluida en este «reino de Arles», en el que, desde los tiempos de San Luis, Francia ejercía una influencia sin rival. Es sabido que Humberto, último delfín del Viennois, sin heredero y deseoso de ir en busca de aventura y gloria en la cruzada, intentaba vender su estado al mejor postor. Varios tratados sucesivos garantizaron su vuelta a la casa real francesa. En 1343, solamente se planteó la posibilidad de donarlo al hijo menor del rey de Francia, Felipe de Orleans, para fundar una dinastía local, con prohibición expresa de ulterior reinserción en el dominio regio. El año siguiente, Felipe VI sustituyó a su hijo menor por el primogénito. Finalmente, en 1349, por un nuevo tratado, esta vez definitivo, Humberto vendió el Delfinado al hijo primogénito de Juan de Normandía, el futuro Carlos V, que, de este modo, fue el primer príncipe francés que ostentó el título de Delfín.

III LOS DESASTRES FRANCESES (1340-1364)

III
LOS DESASTRES FRANCESES
(1340-1364)

Las treguas de Esplechin marcan con claridad el fracaso de los grandiosos planes por los que el megalómano Eduardo III había creído poder acabar rápidamente con la dinastía de los Valois. Algunos historiadores modernos, especialmente franceses, se han recreado describiéndonos un rey Plantagenet, ambicioso sin duda, pero realista y hábil, capaz de aprovechar todas las oportunidades favorables, sabiendo lo que quería, calculando sus posibilidades y con unos propósitos claros. Ninguna de estas cualidades adornaba al joven soberano de treinta años al que vemos reducido a una penosa situación en estos últimos meses de 1340. En lo relativo a las conquistas en el continente, Eduardo se mostró tan quimérico como su adversario. La dura lección de los hechos le hará más prudente y le enseñará a adecuar sus ambiciones a la medida de sus medios. Por el momento, acaba de recibir la más humillante lección de toda la vida.

¿Qué se mantenía en pie de aquella red de alianzas tan dificultosamente conseguidas y tan costosamente compradas? El bloqueo de Francia por los Países Bajos y Alemania había fracasado estrepitosamente. Se apoyaba únicamente en el oro inglés, y, al escasear éste, todo se hundió. Luis de Baviera fue el primero en abandonar. En enero de 1341, la diplomacia francesa obtuvo de él el abandono de la alianza inglesa y la promesa de apoyo a los Valois. Después, retira a Eduardo III su condición de vicario imperial y arrastra hacia la neutralidad a todos los príncipes a los que el oro inglés había arrastrado a la lucha. Al ser elegido en mayo de 1342 un nuevo Papa en Aviñón, Clemente VI, Luis de Baviera encontrará la oportunidad de realizar una política de intervención en la parte occidental del Imperio, en la que, hasta el momento, apenas había intervenido. La lucha entre el Imperio y el papado se reanuda, con mayor dureza que nunca. En ella intervienen todas las mutuas fuerzas. Se desinteresan, en el futuro, del enfrentamiento franco-inglés.

Flandes, donde Eduardo había empleado por primera vez el título de rey de Francia, estaba, también, a punto de escapar a su control. También aquí la diplomacia de Felipe, más hábil de lo que muchas veces se ha dicho, supo preparar la caída de Artevelde y del partido inglés. Al levantarse contra la ingerencia francesa, las ciudades flamencas se habían rebelado a la vez contra su conde, Luis de Nevers, vasallo demasiado fiel a Felipe VI. A petición de la corte de París, el Papa había excomulgado inmediatamente a los rebeldes, perjuros a su juramento de fidelidad debido a su legítimo señor. Y estas sentencias conservaban todavía una gran eficacia, por lo que, a partir de 1342, el conde podría volver a la parte francesa del condado de Flandes. Pero, la autoridad de Artevelde sólo podría mantenerse en las ciudades pañeras si los oficios volvían al trabajo y reinaba la armonía entre las clases sociales. El advenedizo dictador, prodigiosamente enriquecido, había provocado el descontento entre el mundo artesanal que le había llevado al poder gracias al desmesurado lujo en que vivía. Muy pronto —y nos anticipamos algo a los acontecimientos—, los tejedores murmurarían en contra de los pañeros, mientras que los pequeños centros industriales se rebelarían contra la tiranía económica de Gante, de Brujas o de Yprés. Artevelde no encontrará más solución, aunque desesperada, para hacer frente a estos peligros interiores, así como a las amenazas de paro que reaparecían en Flandes, a comprometerse cada vez más estrechamente en la alianza inglesa. Al agruparse todos sus adversarios en torno a Luis de Nevers, rechazará la autoridad del conde legítimo y ofrecerá la corona condal al hijo primogénito de Eduardo III, ya duque de Cornualles y pronto Príncipe de Gales. Seducido por este ofrecimiento, y creyendo que los hermosos días de 1340 habían vuelto, el rey de Inglaterra acudirá, en 1345, al frente de una enorme flota, fondeada en el puerto de La Esclusa. Se trataba de una traición demasiado flagrante como para ser aceptada por los ganteses. Se produjo un gran tumulto y el dictador fue asesinado cuando volvía de su última entrevista con el rey de Inglaterra. Decepcionado, una vez más, Eduardo no podría sino levar anclas, sin esperanzas de volver.

Estos acontecimientos, sin duda, no eran previsibles para nadie en 1340, pero, un observador inteligente hubiera podido prever el fracaso inglés en Flandes a la vista de la defección de Brabante o del Hainaut, o ante la inacción del Imperio. La tregua de Esplechin no mejoró la situación del Plantagenet en los Países Bajos. Sin poder pagar a sus mercenarios, abocado a la bancarrota, asaltado por la jauría de sus acreedores italianos o neerlandeses, Eduardo III sólo pudo escapar por medio de la huida. Abandonó secretamente Gante el 27 de noviembre de 1340, se embarcó en Zelanda y volvió fracasado a su reino, desangrado por dos campañas militares sin ningún resultado positivo. Su vanidad herida se vuelca contra sus propios servidores, a los que acusa de haber gobernado a su manera durante su ausencia, de haber despreciado las órdenes que les llegaban desde el continente y de no haber querido enviarle los fondos destinados a la continuación de la guerra. John Stratford, arzobispo de Canterbury, aparecía a sus ojos como el principal responsable, ya que la regencia que, de hecho, había ejercido desde 1339, no supo tomar las medidas administrativas que requería la situación. Sólo pudo salvarse de la cólera del rey gracias al derecho de asilo eclesiástico que encontró en los monasterios de Christ Church. Otros funcionarios, entre ellos algunos jueces, fueron destituidos y condenados a duras multas. Recaudadores de impuestos, sheriffs a quienes se responsabilizó de los escasos impuestos obtenidos, fueron condenados, indistintamente, inocentes o culpables. Estas manifestaciones de ciega venganza provocaron la indignación del Parlamento y de los barones, que impusieron medidas de clemencia. Y toda esta actuación no se encaminaba a restablecer una situación de endeudamiento. Eduardo había realizado empréstitos a fondo perdido. Las bancas italianas, en especial la de los Bardi, y, en menor medida la de los Peruzzi, le habían adelantado enormes sumas, con la garantía del producto de la tasa sobre la lana. Pero el impuesto les rendía únicamente una cantidad insignificante de sus desembolsos. En 1343, se produce la quiebra de estos bancos, que repercute sobre todos los establecimientos bancarios europeos. Un grupo de mercaderes ingleses quiere, en este momento, ocupar su puesto. Arrienda los impuestos, y adelanta enormes sumas, demasiado importantes para sus posibilidades y demasiado pequeñas para las necesidades de la corona. Quebrarán también después de la peste de 1348. Por el momento, no hay más solución que vivir de soluciones de emergencia. Parece acabada la época de las grandes empresas.

Para derrotar a los Valois, cuya inacción ofrecía también esperanzas, era preciso encontrar el terreno favorable con el menor gasto posible. La suerte quiso que la ocasión se presentase, casi inmediata mente, en Bretaña.

I. LA CUESTIÓN DE BRETAÑA

Una vez más, un enfrentamiento de tipo dinástico permitía a los Plantagenet la intervención en el continente. A la muerte del duque Juan III (30 de abril de 1341), dos candidatos se disputaban la herencia bretona: Juana de Penthiévre, apodada la Coja, hija de su hermano segundo Guy, muerto años atrás, y su hermanastro más joven, Juan, conde de Montfort. La sobrina era descendiente de un hermano mayor, mientras que el hermano menor tenía un parentesco más próximo con el difunto. La cuestión era si la costumbre de Bretaña reconocía el derecho de representación, como aseguraba Juana y como el mismo Juan III había intentado establecer, o si el ducado (con dignidad de par) debía, por el contrario, adoptar las reglas recientemente aceptadas para la corona francesa y excluir a las mujeres de la sucesión, como pretendía Montfort. Problema delicado, capaz de levantar pasiones entre los juristas. El rey de Francia, soberano supremo del ducado, eran quien tenía que adoptar la solución jurídica. Pero Juana estaba casada con un sobrino de Felipe, Carlos de Blois, hijo de su hermana Margarita. Montfort, temeroso de la parcialidad del juicio, creyó oportuno actuar frente a sus adversarios con una política de hechos consumados. Apenas se produjo la muerte de su hermano, entró en Nantes, su capital, se apoderó, mediante un audaz golpe de mano del tesoro ducal, que fue puesto a salvo en Limoges, y convocó a los vasallos bretones y les exigió su homenaje. Los resultados constituyeron un completo fracaso: todos los obispos y la mayor parte de la nobleza se negaron a legitimar esta actuación violenta. Comenzó entonces la guerra. Montfort fue tomando una a una las principales plazas fuertes, Quimper y Brest en el oeste, Saint-Brieuc y Dinan al norte, y Rennes, Vannes, Auray, al este. Era, de hecho, el dueño de Bretaña. Pero tenía que prescindir de la sentencia del rey de Francia, cuya autoridad había desafiado, al haberse apoderado del feudo antes de llevarse a cabo la investidura del mismo. Volvió entonces sus ojos hacia Eduardo III, lo que fue un paso fatal, que mantendría a Bretaña ensangrentada durante veintitrés años, debilitaría el reino de Francia y otorgaría al Plantagenet, en el momento oportuno, el prestigio que precisaba.

Juan de Montfort, en julio de 1341, se dirigió a Inglaterra en busca de ayuda, que le fue entusiásticamente prometida a cambio de garantías de que el nuevo duque prestaría su homenaje a Eduardo III, soberano legítimo de Francia. Y, para hacer más fuerte su fidelidad, se le restituyó el condado de Richmond, situado en el norte de Inglaterra, que sus antepasados habían poseído en otros tiempos. La corte de Felipe no aceptó la situación. Alertado por los partidarios de Juana de Penthiévre, convocó a Montfort a su presencia, le reprochó sus acuerdos con Inglaterra y le prohibió también abandonar París, a la espera de una durísima sentencia. Temiendo por su vida, abandonó la ciudad. El 7 de septiembre, los pares de Francia reconocieron la justicia de las reclamaciones de Juana y, haciendo caso omiso de las reclamaciones del contumaz Montfort, proclamaron a Carlos de Blois duque de Bretaña y admitieron su homenaje. En aplicación de la sentencia, un impresionante ejército real, al mando del príncipe heredero, Juan duque de Normandía, se presentó a las puertas de Nantes, obligó a capitular a la ciudad y se llevó consigo a Montfort en calidad de prisionero. El asunto parecía solucionado.

Había que contar con la energía indomable de la mujer de Montfort, Juana de Flandes, que reemprendió la lucha a favor de su hijo, aún niño, de la misma forma que Juana de Penthiévre era el alma del partido contrario. Se entabló la llamada «Guerra de las dos Juanas», que excitó la pasión de los cronistas cortesanos, llena de hermosos hechos de armas, de fugas heroicas, de singulares cambios de situaciones. Pero también guerra cruel y sin resultados definitivos, pues enseguida Bretaña se dividió de igual modo entre los rivales. A favor de Montfort estaban la pequeña nobleza, la mayor parte de las ciudades y los campesinos de la parte occidental del ducado, de lengua bretona; a favor de Blois, el clero, la alta nobleza casi en su totalidad y los campesinos de habla francesa. Pero es el peso de los apoyos exteriores quien decidirá la suerte de la Bretaña. Además, tras Juana de Flandes estaba Eduardo III y detrás de Juana de Penthiévre, Felipe VI. La guerra entre los dos reyes, detenida momentáneamente tras la tregua de Esplechin, se reanudaba en los campos de batalla bretones. No es cuestión de referir sus complicados avalares. Sólo recordaremos la intervención inglesa y sus consecuencias para el futuro. Al principio, se trataba de un pequeño contingente, al frente del cual Roberto de Artois desempeñará el último acto de su tormentosa vida, que desembarcó llamado por Montfort y rompió el asedio de Hennebont por las tropas de Blois. A continuación, en octubre de 1342, Eduardo III en persona llegó al frente de doce mil hombres, arrasó el país y se dirigió a Vannes. Antes de ser alcanzado por el ejército francés, dirigido de nuevo por el duque de Normandía, los legados pontificios impusieron la tregua de Malestroit (enero de 1343). Por tercera vez, la caballería de uno y otro bando veía frustrada la oportunidad de enfrentarse en una gran batalla en campo abierto que tanto deseaban. A la espera de los acontecimientos, el Plantagenet, a pesar de la tregua, conservó el control de Bretaña, mantuvo algunas guarniciones, envió tropas nuevas, dándoles instrucciones de ocupar, en nombre de Montfort, los puertos, los castillos y los puntos estratégicos. A pesar de las estipulaciones de la tregua, la guerra se reanudó pronto. Montfort, que había prometido no volver a Bretaña, lo hace a pesar de todo, muriendo en Hennebont. Entonces, Eduardo consigue la tutela del joven Juan IV, y secuestra a Juana de Flandes, que se había vuelto loca. En estos momentos, el rey de Inglaterra en persona dirigía los asuntos de Bretaña. Estamos a finales de 1345. ¡Qué largo es el camino recorrido desde hace cinco años! L; pérdida de Flandes, que precisamente culmina por estos mismos días quedó compensada con la obtención de estos nuevos puntos de des embarco que son los puertos bretones. Eduardo III tenía una doble personalidad: la del ambicioso, que persigue quimeras, y la del oportunista, que no desperdicia ninguna oportunidad para reparar los errores cometidos por su otra faceta. El intermedio bretón proporcionó a Inglaterra la oportunidad de la reflexión. En estos momentos, era ya capaz de reanudar la lucha directa contra la dinastía de los Valois.

La última tentativa para conseguir la paz, protagonizada por Clemente VI, solamente podía cosechar un fracaso, teniendo en cuenta que Eduardo se consideraba preparado para iniciar la guerra. El pontífice, sin embargo, no ahorró ningún medio para conseguir que su mediación tuviera éxito. Tenía la experiencia de haber intentado la reconciliación de ambos reinos, cuando no era más que Pierre Roger, cardenal de Rouen. Conocía desde hacía tiempo las causas del enfrentamiento, los puntos conflictivos, y los escasos puntos de entendimiento. Su fracaso se debió a que Valois y Plantagenet, que habían sacado conclusiones de la experiencia de las primeras hostilidades, sabían ya a qué atenerse, habían precisado ya sus objetivos militares y conocían cuáles eran las condiciones mínimas para aceptar deponer las armas; sus puntos de vista, más que en ningún otro momento, eran irreconciliables. Si analizamos las reclamaciones de sus plenipotenciarios en las conversaciones de Aviñón (octubre-diciembre de 1344), comprenderemos cuáles eran los principios a los que ambos adversarios, salvo alguna debilidad pasajera, no renunciarían durante más de medio siglo.

Eduardo comenzó por reclamar lo que se le debía, es decir, el reino de Francia «herencia» que procedía de su madre, Isabel. Simple ficción. Instruido por sus grandes fracasos, ya no esperaba en estos momentos, ni nunca volverá a esperarlo, ceñir una corona cuya conquista era excesivamente difícil. Sus pretensiones dinásticas le servían solamente de pretexto. Y, a continuación, se formuló la verdadera exigencia: restitución de la Guyena, con unas fronteras lo más extensas posibles: en principio, no se habla más que de las fronteras ducales de los tiempos del buen rey San Luis pero, pronto, los éxitos militares acrecentarán su ambición. Además, esta Guyena engrandecida, se exige en plena soberanía, sin ningún lazo vasallático ni intervención de los agentes franceses en ella, apelaciones al Parlamento ni amenazas de confiscación. La Guyena dejaría de formar parte del reino de Francia y los Plantagenet serían, finalmente, sus dueños. Con ello la causa de la guerra habría desaparecido.

Los consejeros de Felipe también se mantuvieron firmes en sus principios. Comenzaron por reivindicar la oportunidad y justicia de la confiscación de Aquitania; no se podía revisar la sentencia que, sin embargo, aún no se había aplicado. Después, intentaron proponer supuestas compensaciones, que podrían encontrarse en Escocia o en otros dominios; finalmente, aceptaron la «restitución» del feudo —completamente simbólica, pues los Plantagenet no habían sido expulsados de él de forma efectiva—; aceptaron, incluso, otorgarle las amplias fronteras reclamadas por Eduardo, pero la soberanía, en ningún caso podía cederse. El rey tenía derecho a conceder en feudo su dominio pero, en ningún caso, a desmembrar su reino. Que si al rey de Inglaterra le repugnaba prestarle homenaje por no acomodarse su condición de monarca independiente a la existencia de un lazo feudal, no tenía más que ceder el ducado de Aquitania a uno de sus hijos, en «apanage»; que este vástago se convertiría así en vasallo del rey de Francia, y que cada uno sería dueño de sus territorios. Estas orgullosas palabras de los consejeros de Felipe VI, serán repetidas por Carlos V y por los consejeros de Carlos VI. Solamente Juan el Bueno, ante el peso de la derrota, tendrá que olvidarlas. Pero no anticipemos acontecimientos. Debe de bastarnos con haber entresacado las constantes de un conflicto que, hasta finales de siglo, e incluso más tarde, seguirá siendo fundamentalmente de carácter feudal.

II. CRECY Y CALAIS

La tregua, renovada en varias ocasiones, expiraba a comienzos de marzo de 1345, y, tras el fracaso de las conversaciones de Aviñón, no fue renovada. Inmediatamente, se produjo la ofensiva inglesa en Bretaña, donde los contingentes insulares dirigidos por el temible Thomas Dagworth conquistaban ciudades en nombre de Juan IV, y, sobre todo, en Aquitania, donde una vez más actuaba un poderoso ejército anglo-gascón, a las órdenes del conde de Derby, avanzando, saqueando, apoderándose por sorpresa de los castillos mal defendidos, penetrando impunemente en el Languedoc. El rey de Francia decidió hacer el máximo esfuerzo para hacer frente a estas tropas. Un ejército importante, bien equipado pero reunido con excesiva lentitud, fue puesto a las órdenes del duque de Normandía, lugarteniente del rey en el Languedoc, en mayo de 1346. Quedó inmovilizado durante varias semanas bajo los muros de una fortaleza bien protegida, Aiguillon, en la confluencia del Lot y del Garona, llave de la llanura aquitana, y que, por debilidad, había caído en manos enemigas varias semanas antes. Hubiera permanecido allí durante mucho más tiempo —era proverbial la fama de hombre testarudo del heredero del trono— si las increíbles noticias llegadas del norte de Francia no hubieran aconsejado levantar el sitio el 30 de agosto de 1346: el rey acababa de sufrir, en una batalla campal, la derrota más importante de la guerra.

Los ataques llevados a cabo por sus tropas en Bretaña y Guyena no habían sido para Eduardo III más que escaramuzas destinadas a tantear el terreno, fijar al adversario, o, simplemente, operaciones de diversión sin más. Se preparaba para desembarcar, en el momento y en el lugar más favorables, firmemente decidido a culminar esta gran cabalgada cuyos primeros ensayos, en 1339, 1340 y 1342, habían fracasado prematuramente, en Thiérache, en Tournaisis y en Bretaña. Dudaba todavía sobre el punto de desembarco, aunque seguía acumulando armas, hombres y barcos. En 1345, Flandes, debido al asesinato de Artevelde, quedaba fuera de la órbita inglesa, justamente en el momento en que pensaba desembarcar allí. Al año siguiente, se le presentó un apoyo inesperado, que determinó el lugar del desembarco. Felipe, demasiado brutal en la aplicación de su «justicia», que no sabía dulcificar, tal como se hacía en la época, mediante un rápido perdón, acababa de condenar con terribles sentencias de confiscación y exilio a una poderosa familia normanda, sólidamente afincada en el Cotentin, y que, sobre todo, detentaba la importante fortaleza de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Caído en desgracia y desposeído de sus bienes, Godofredo de Harcourt acudió a ofrecer su homenaje a los Plantagenet. Fue, por tanto, en el Cotentin, en Saint-Vaast-la-Hougue, donde, el 11 de julio de 1346, el rey de Inglaterra desembarcó. Estaba al frente de un ejército poco numeroso, pues, los ingleses, con la limitación del pequeño tonelaje de sus barcos, nunca pudieron transportar más de ocho mil jinetes, engrosados por algunos miles de hombres a pie. Pero la sorpresa tuvo un efecto importante, ya que no existía ningún sistema de defensa de la costa y las fortalezas estaban medio desiertas. En medio del pánico general, los invasores avanzaron sin oposición por la Baja Normandía, se apoderaron sin luchar de Caen, atravesaron la región de Evreux y alcanzaron el Sena en Poissy, avanzando hacia el centro de los dominios capetos. ¿Avanzaría hacia París? Finalmente se congregó en torno a Felipe un ejército real al que los vasallos acudían en tropel. Eduardo no tenía intención de enfrentarse con un enemigo imponente y demasiado numeroso. Se alejaba hacia el norte, esperando poder llegar a la costa en torno a Boulogne antes de ser alcanzado. Pero, los franceses, a marchas forzadas, se acercaban. Había perdido un tiempo precioso al empeñarse en pasar el Somme. De buen o mal grado, era preciso aceptar el combate.

En la llanura de Picardía, en Crécy, se produjo lo que parecía imposible (26 de agosto). ¿Cuál fue la causa de que los ingleses salieran vencedores de una lucha desigual, en la que, lógicamente, deberían de haber sido aplastados? Se ha achacado la responsabilidad a la temeridad de los caballeros franceses, que se lanzaron al ataque con los caballos extenuados, sin reagruparse y cargando a ciegas. En realidad, el triunfo de Eduardo se debió, por extraño que pueda parecer, a su inferioridad numérica. Hubiera sido una locura imperdonable esperar al enemigo al descubierto, buscar el cuerpo a cuerpo de sus caballeros, hacer la guerra según las reglas por él mismo respetadas y que hubieran querido seguir sus mismos caballeros. Era preciso servirse de estratagemas improvisadas y de las que él mismo, en el fondo, se sentía avergonzado. Eligió un terreno ventajoso, que le permitía vigilar los movimientos del enemigo. Tuvo que contener a su caballería, impaciente por entrar en combate. Empalizadas y setos ocultaban la miserable infantería y a los arqueros galeses, encargados de realizar un fuego de flechas muy nutrido para diezmar a los caballos y tirar a tierra a los jinetes. Todavía se empleaban muy poco los cañones, aún limitados a la guerra de asedio. Cuando la batalla se inició, se produjo una espantosa carnicería. El campo de batalla quedó sembrado de los cadáveres de la flor y nata de la nobleza francesa, como el del conde Flandes, Luis de Nevers, o el viejo rey de Bohemia, Juan el Ciego y otros muchos. Se hicieron también muchos prisioneros importantes. Sabemos que el rey tuvo que huir apuradamente, la misma tarde de la batalla, yendo con escasa comitiva a ser acogido en un castillo para pasar la noche.

A pesar de haber vencido contra cualquier previsión, Eduardo no estaba en condiciones de explotar su éxito. Persistió en su intención de volver a embarcarse. Para ello necesitaba llegar a un puerto. Pensó en Calais, ciudad dependiente del condado de Boulogne, cercana a Flandes, y que pensaba poder tomar rápidamente. Pero la guerra de asedio estaba entonces tan carente de medios que, ante una ciudad de murallas sólidas, sólo podía vencerse a unos defensores resueltos mediante la traición o el hambre. El sitio se eternizaba. Fue precisa toda la temeraria tenacidad del asaltante para no abandonar: sus soldados veían esta campaña de invierno, contraria a las costumbres, como un escándalo, y las deserciones se multiplicaban en sus filas. Al llegar la primavera, los habitantes, hambrientos y viendo que podían llegar nuevos refuerzos ingleses, pensaron quizá en poder llegar a un acuerdo, muy frecuente en la época, a tenor del cual se rendirían incondicionalmente si a comienzos de agosto no habían recibido ayuda. Esperaban que el rey de Francia llegaría antes de la fecha fijada. Pero, Felipe, aterrorizado por la derrota sufrida, parecía haber perdido toda su capacidad de lucha. Su ejército se iba reformando lentamente, pero con menor número de hombres y con menos entusiasmo. Su jefe había perdido la confianza en sus hombres y éstos en su jefe. En el mes de julio penetró en el Boulonnais. La vanguardia inglesa le hostigó y le cerró el paso. Felipe se detuvo, dudó durante varios días y luego se retiró. Calais se rindió el 4 de agosto de 1347. La historia ha hecho popular el comportamiento colérico del vencedor, que ilustra perfectamente el carácter de un caballero brutal y refinado a un tiempo: hubiera querido acabar con toda la población, para castigarla por su larguísima resistencia; luego, decidió sacrificar solamente a su alcalde y los burgueses más importantes, y, finalmente, las súplicas de su mujer, Felipa de Hainaut le hicieron deponer su cólera y otorgar la amnistía.

Vencedor en Crécy y dueño de Calais, Eduardo había sacado un fruto extraordinario de sus fuerzas. Agotado, no podía hacer otra cosa que volver a Inglaterra, lleno de gloria pero con las manos casi vacías. Por lo menos, a la vez que aceptaba una nueva tregua, había tomado la precaución de dejar en Calais una guarnición capaz de conjurar cualquier sorpresa. Una parte de la burguesía fue expulsada de sus casas y sustituida ventajosamente por colonos ingleses. Felipe, por su parte, sentía sobre sí mismo el peso de la impopularidad que acompaña a los vencidos.

Hubiera podido revolverse contra sus súbditos, echarles en cara su indiferencia ante el peligro, su mala voluntad a la hora de contribuir. Nadie había creído en la posibilidad de victoria de los ingleses ni había pensado que la guerra sería larga y costosa. Ya, en 1343, los Estados habían aceptado con dificultades el mantenimiento de la gabela y la imposición, durante un año, de una nueva tasa sobre las mercancías vendidas en todo el reino. A cambio, hubo que prometer la vuelta a las acuñaciones de moneda de buena calidad. Durante los años siguientes, sólo pudo obtenerse de las asambleas locales, siempre recalcitrantes, subsidios insignificantes. Algunos meses antes de Crécy, los Estados del Languedoïl habían dirigido fuertes quejas: siempre exigían lo mismo, es decir, la supresión de los empréstitos forzados por parte del rey o de sus próximos, la restricción del derecho de confiscación, el pago al contado de los suministros confiscados, la destitución de los funcionarios inútiles, la limitación de los derechos judiciales de bailíos y senescales, de los jefes de las peticiones del Hotel, y de los de aguas y bosques. La aceptación de la conservación de los impuestos existentes sólo se hacía a cambio de la promesa de su abolición en el momento en que las circunstancias lo permitiesen. Creían que esto era posible, si se mejoraba la administración del dominio regio, para permitir al rey vivir de sus propios bienes, sin tener que recurrir a los impuestos. En el Languedoc, los representantes se habían mostrado más manejables. Juan de Normandía les había arrancado un subsidio, aunque limitado, para financiar el sitio de Aiguillon. Pero, a la hora de socorrer Calais, las arcas estaban ya vacías.

Los Estados fueron convocados de nuevo en París, el 30 de noviembre de 1347. Era preciso rehacer la flota, reclutar un nuevo ejército y prevenir una nueva posible invasión. Se produjo un clamor de indignación general. Dirigiéndose al rey vencido, los representantes le dijeron: «Debéis de saber de qué manera y por qué consejo habéis llevado vuestras guerras y cómo vos, por malos consejos, habéis perdido todo y no ganado nada, siendo que ningún hombre y príncipe en el mundo, si hubieseis tenido un buen consejo, os hubiera debido infligir ningún mal ni a vos ni a vuestros súbditos». Recordándole Crécy y Calais, le rememoraron «cómo habéis ido a estos lugares con honor y en buena compañía, con grandes gastos y costos, y cómo habéis sido allí deshonrosamente vencido y regresado cobardemente y obligado a firmar treguas que mantenían a vuestros enemigos en vuestro reino, y que además… Y por tales consejos habéis sido deshonrados». El rey, necesitado de dinero, no tuvo más remedio que inclinar su cerviz ante las quejas de sus burgueses. Aceptó el insulto y se mostró humilde y pedigüeño. Los Estados se ablandaron y admitieron que, para terminar con esta situación, era preciso atacar al enemigo en su terreno, reunir un ejército y rehacer la flota. Los representantes prometieron ayudar a su rey «con sus cuerpos y con sus bienes». No precisaron más. Hubo, a continuación, que enviar comisarios para negociar en cada lugar, con las ciudades, con los nobles, con el clero, para obtener poco sustanciosos subsidios, que se gastaban inmediatamente y en el mismo lugar.

La ofensiva prevista contra Inglaterra no se llevó a cabo. Una nueva calamidad paralizó entonces Francia, llegó inmediatamente a Inglaterra y a Europa central. Se trata de la Peste Negra, la terrible epidemia que sólo dejó tras de sí muerte y desolación. Apareció en los últimos meses de 1347 en el Languedoc, traída, dicen los contemporáneos, por un barco llegado de oriente. Tras las aterrorizadas descripciones de los cronistas, parece claro que se puede identificar el mal como la peste bubónica, no hace mucho tiempo todavía endémica entre los pueblos del extremo oriente. Cogió a Europa desprevenida, incapaz de combatirla, encontrando para su expansión un terreno favorable, ya que la higiene era todavía rudimentaria. Como la lepra en otros tiempos, se extendía a través de las rutas del comercio, asolando las ciudades, en las que la población, hacinada y sin higiene, resultaba presa fácil y dejándose sentir menos en el campo, por lo menos en algunas regiones. Se ignoraban los procedimientos para curarla, y mucho menos para atajarla. Unos huían, sobre todo la gente acomodada, el alto clero, hacia lugares más apartados y menos insalubres. Otros acusaban a hechiceros de haber lanzado maleficios y a los judíos de haber envenenado los pozos. Esto sirvió de pretexto, en algunas ciudades de la región mediterránea o de Renania, para llevar a cabo terribles matanzas de judíos, añadiendo más muertos a las víctimas de la peste. Casi todo el año 1348 sirvió para hacer el recuento de sus desastres. Después, la epidemia se fue extinguiendo lentamente, extendiéndose hacia regiones más remotas, sin desaparecer del todo, sin embargo. Sus periódicos nuevos brotes a lo largo del medio siglo siguiente demuestran que se conservaba latente, en estado larvado y dispuesta a abatir a quien estuviera en situación de mayor debilidad.

Aún limitándonos a la hecatombe de 1348, no resulta fácil dar cifras de sus víctimas y apreciar la amplitud de la mortandad. Los contemporáneos nos han dado unas cifras fantásticas, indignas de ser creídas, que suponían que habían muerto los 9/10 de la población. Si esto hubiera sido cierto, Europa habría quedado convertida en un desierto. Disponemos de informaciones precisas, pero fragmentarias, que hacen peligrosa cualquier generalización. Se refieren, por ejemplo, a alguna localidad de Borgoña, pueblo próspero, de 1200 a 1500 almas, que perdió más de 400 habitantes en tres meses. En algunos señoríos rurales del centro de Francia, la proporción de tierras yermas superó pronto el 20% del total. Sabemos que murió una tercera parte del clero rural inglés, etc. Fijando el nivel medio de muertes entre 1/8 y 1/3 de la población total, tanto en Francia como en Inglaterra, nos hallamos, sin duda, dentro de unos límites admisibles.

La vida se reanudó enseguida, pero a un ritmo más lento, en unos cuadros de regresión. Como sucede tras las grandes calamidades, se produjeron numerosos matrimonios y una tasa excesiva de natalidad, pero que, aún así, era insuficiente para compensar las pérdidas. Las consecuencias de tan brutal hecatombe se dejarían sentir aún durante mucho tiempo, especialmente en Francia, donde las periódicas reapariciones de la epidemia y las constantes destrucciones de los ejércitos mantendrían al país en un permanente estado de subpoblación. Se pueden comprender fácilmente sus efectos negativos sobre la vida rural, todavía predominante. La población, dispersa, vuelve a dejar yerma gran parte de la tierra, no paga sus prestaciones, lo que repercutió gravemente sobre los señores, nobles o eclesiásticos. Para enjugar los efectos negativos de más gravedad, los grandes terratenientes —se ha estudiado este caso en los grandes dominios eclesiásticos ingleses— abandonaron sistemáticamente las tierras de mala calidad, las propiedades de montaña, dedicándolas a la cría del ganado lanar, que exige menos mano de obra, concentrando toda la mano de obra disponible en las explotaciones de llanura, más prósperas. Debió de suceder algo parecido, aunque en menor escala, en las explotaciones pequeñas. En casi todas partes, las tierras pobres, que sólo se habían puesto en cultivo para satisfacer las necesidades de una población pletórica, volvieron al yermo. Estos sacrificios convenidos no fueron suficientes para liberar la mano de obra agrícola necesaria para las explotaciones mantenidas en cultivo. De ahí que, en las regiones en que esto fue posible, se produjera un claro reforzamiento de la servidumbre, o, por lo menos, de las prestaciones de trabajo, corveas, acarreos, obras, etc., que se imponían a los campesinos dependientes que habían sobrevivido.

Pero con sus solas fuerzas, señores y grandes explotadores no estaban en condiciones de mantener bajo su yugo a una mano de obra muy escasa que, ante la meteórica subida de los precios, exigía salarios muy altos, con índices de aumento que a veces llegaban al 50%. Se dirigieron, por ello, a los poderes públicos y solicitaron su ayuda. Por primera vez en la historia de las monarquías occidentales, medidas legislativas de gran severidad intentaron reglamentar el régimen de trabajo, pero en beneficio de los empleadores. Fue en Inglaterra donde debieron de ser más eficaces. Una primera ordenanza, promulgada en 1349, más tarde completada y publicada bajo la forma de «estatuto de los trabajadores» (ley sobre la mano de obra), cuando en 1351, se pudo convocar un Parlamento, decretó la ilegalidad de todos los salarios superiores a los pagados antes de 1348, fijó sanciones para los patrones que pagasen más y contra los obreros y artesanos que abandonasen su trabajo con la esperanza de encontrar en otro lugar una remuneración más alta. De este modo, los obreros agrícolas y los artesanos de las ciudades se encontraban atados a sus puestos de trabajo, sin poder mejorar su situación. Toda infracción se llevaba ante comisiones judiciales especiales, cuyas actividades ambulantes, más tarde confundidas con las de los jueces de paz, hicieron llover sobre los recalcitrantes multas, sentencias de prisión, penas corporales o mutilaciones.

Fue el Estado el que, en último término, más sufrió con la crisis, en la que vio cómo se fundía su materia imponible como la nieve al sol. Terriblemente afectada, la clase dominante —nobleza y clero— no pudo ni hacer frente a sus obligaciones vasalláticas ni garantizar el mantenimiento del orden. Sus castillos se derrumbaron por el abandono, convirtiéndose en presa fácil de los invasores, o bien buscó en el bandolerismo un aumento de sus ingresos que ya no puede obtener de sus campesinos dependientes. La criminalidad, mucho antes de los saqueos de los «routiers» aumentó en Francia. Fue también inquietante en Inglaterra, donde, sin embargo, nunca se producirán los desmanes de las compañías. El clero, empobrecido, no pudo mostrarse a la altura de su función. Como hizo falta llenar los huecos, los nuevos clérigos, hechos como por hornadas, carecían de la cultura y de la piedad de sus antecesores. La reducción de los ingresos repercute en los hospitales y disminuye la caridad, acelera la extensión del pluriempleo para los beneficiarios de alta condición y el absentismo en todos. Situó al clero en su totalidad en una situación difícil, entre las exigencias fiscales simultáneas del papado y de la monarquía. No fue casualidad que las primeras medidas rigurosas que en Inglaterra se promulgaron contra las provisiones de beneficios y los abusos de la fiscalidad pontificia se adoptasen en 1351 y 1353, es decir, inmediatamente después de la peste.

Campesinos, artesanos, burgueses, formaron siempre el grueso de los contribuyentes. Pero, bien se trate de impuestos indirectos, que estaban en función de la prosperidad, o de impuestos directos, basados en general sobre los censos de hogares o fuegos, la crisis de 1348 disminuyó su rendimiento en proporciones inquietantes. Si se conservaban los fuegos en la anterior situación, como medida ficticia de los repartos futuros, su percepción proporcionaría los desengaños más amargos. Revisar los fuegos, adaptándolos a la situación del momento, significaba manifestar a la luz del día el empobrecimiento del país y, por tanto, del Estado. Veremos, así cómo las tres senescalías del Languedoc, originariamente tasadas en 210000 fuegos, quedan reducidas a 83000 en 1370 y después, a solamente 30000 en 1378. Tanto en Francia como en Inglaterra, y durante varias generaciones, la monarquía, ya anteriormente con escasas disponibilidades fiscales, ya que no tiene unos ingresos asegurados, va a quedar reducida a unos recursos insignificantes. Debería de haber reconocido la disminución de sus recursos, disminuir sus ambiciones, adecuándolas al nivel de sus débiles posibilidades. Pero, ni Valois ni Plantagenet comprendieron la dura lección de los hechos. Continuaron actuando a lo grande, construyendo las más costosas combinaciones: alianzas, invasiones, cruzadas, conquistas. Los resultados no podían responder ya a las esperanzas. No consiguieron, en suma, más que empobrecer un poco más a sus países y destruir una a una las fuentes de recursos futuros. Nada resulta tan chocante en toda la política franco-inglesa, entre 1350 a 1400 e incluso hasta después, como esta enorme desproporción entre la debilidad de los medios y lo ambicioso de las empresas. Esto explica, con facilidad, la longitud desmesurada del conflicto.

III. LOS PÁNICOS DEL REY JUAN

La muerte de Felipe VI, en el mes de agosto de 1350, hizo ascender al trono de Francia a su hijo Juan, al que la posteridad ha calificado con el sobrenombre de el Bueno. El nuevo rey no había dado pruebas aún de nada, salvo de bravura y de incompetencia militar, cuando había sido lugarteniente del Languedoc y había dirigido el asedio de Aiguillon. Colmado de honores por su padre, nombrado sucesivamente duque de Normandía, después conde de Anjou y de Maine y luego también de Poitiers —quedaban así en sus manos todos aquellos territorios que la corona había arrebatado al antiguo imperio de Plantagenet— era famoso por su temeridad, completamente imbuido del ideal caballeresco, cualidades que habían otorgado popularidad a su padre, por lo menos al principio de su reinado. Pródigo, amante del lujo, como todos los Valois, era de los que hubiera sido partidario de una nobleza amante de las cabalgadas, de los hermosos hechos de armas y de las fiestas. Los desastres a los que se lanzaría, con la cabeza gacha, modificarían las opiniones de sus contemporáneos a su respecto. Se le reprochará haberse rodeado de consejeros de baja extracción, incompetentes, ambiciosos y solamente preocupados por su fortuna personal: Robert de Lorris, Nicolás Braque, Simón de Buey, etc. Sin embargo, algunos habían sido ya consejeros de su padre, mientras que otros estarán al lado de su hijo. Si el reinado hubiera sido feliz, su elección hubiera parecido buena. Froissart, siempre parcial a favor de los Plantagenet, explicará sus fracasos por sus defectos de carácter, reales sin duda, pero que no constituyen la única causa: Juan, según Froissart, era receloso, sometido a terribles cóleras provocadas por las sospechas más vagas, que atacaba a tontas y a locas a aquéllos de quienes desconfiaba e incapaz de apaciguar estas irracionales iras. Justiciero, tal como gustaba a los hombres de la época, pero con el contrapunto poco justo de perdones concedidos con excesiva generosidad. Esto ha escandalizado debido al poco éxito de sus empresas militares. Se ha llegado, por ello, a murmurar en su contra las acusaciones más extrañas. El favor otorgado a algunos advenedizos, especialmente al condestable Carlos de España, se atribuirá a sus licenciosas costumbres. La posteridad no ha hecho todavía justicia a todas estas calumnias.

La desgracia fue que, en un momento trágico de su historia, la corona de Francia recayó no en un incapaz —la palabra sería excesivamente fuerte—, pero sí en un mediocre. Era consciente, ciertamente, de los peligros que le acechaban, pero carecía de la fuerza de ánimo suficiente para hacerles frente. Juan vivió en un estado permanente de pánico, en una atmósfera de traición constante, que conviene tener en cuenta para explicar sus venganzas brutales. Sin embargo, a pesar de los golpes de mala suerte, de la sangría de la «pestilencia», el reino seguía siendo rico y poderoso. La Esclusa y Crécy habían sido derrotas sin consecuencias. La pérdida de Calais podía parecer más grave desde el punto de vista militar, pero no había afectado al dominio regio, puesto que había sido una pérdida para los condes de Boulogne. Como lugar de desembarco, la ciudad ofrecía menores ventajas que Burdeos, donde existía la seguridad de contar con la apreciable ayuda de los contingentes gascones, o que Brest, ciudadela de los partidarios de Montfort. Los primeros fracasos, por tanto, no parecen haber afectado al país en sus puntos vulnerables. Además, la corte de Juan seguía siendo el lugar de cita de los caballeros de toda Europa en busca de torneos y de fiestas, continuando esta misma vida que había conocido en tiempos de Felipe VI. A la creación de las fiestas de la Tabla Redonda y de la Orden de la Jarretera por Eduardo III, replicó Juan con la fundación de la Orden de los Caballeros de la Estrella, que sirvió de pretexto para la celebración de espléndidas y deslumbrantes fiestas en la «noble casa» de Saint-Ouen, cerca de París. La caballería seguía siendo la única clase que contaba y capaz de dar reputación a alguien. Hubiera debido formar un bloque con el soberano.

Pero, esta fachada tan brillante tenía profundas grietas. La crisis social y económica provocada por la peste de 1348, había tenido unas repercusiones de largo alcance que no se sabía afrontar. Se hacía preciso renovar la legislación sobre salarios, retrotraer a éstos a los índices anteriores a la peste, impedir que los trabajadores abandonasen a sus patrones y obligar a los ociosos a trabajar a cambio de salarios bajos, si no querían ser marcados con hierros candentes. Pero nada se hizo. La ordenanza de 1351, al contrario de lo que ocurrió con el estatuto inglés sobre la misma cuestión, no parece que recibiera una aplicación firme. En el marco rural, los señores territoriales que veían cómo huía la escasa mano de obra que aún quedaba, acusaban al gobierno de su ruina. No se sabía cómo hacer frente a una reanudación de la guerra, que Juan parecía ver con horror. En primer lugar, había que introducir la disciplina dentro del ejército. En 1351, se publicó otra ordenanza que fijaba una nueva soldada para los jefes de mesnada, los bacheliers, escuderos, fijándose en veinticinco el número mínimo de personas que podían ir «en ruta» bajo la bandera de un mismo capitán, prescribía revistas bimensuales, llevadas a cabo improvisadamente por los oficiales de los mariscales, para evitar los fraudes relativos a los efectivos y al armamento de las compañías. Todo esto no tuvo ningún resultado positivo, o casi ninguno, ya que no se podía garantizar el pago regular de las soldadas, y, por consiguiente, los capitanes licenciaban a sus hombres por debajo de los efectivos legales, y todo el mundo vivía a costa de la población civil. Las arcas seguían estando vacías, y el país, tremendamente castigado por la guerra y las epidemias, negaba su contribución. En cada reunión de los Estados, tanto en el Languedoc como en París, se producen escenas parecidas: lamentaciones sobre las exacciones de las gentes del rey, y negativa a conceder subsidios por parte de los representantes que argumentan para ello el empobrecimiento de sus respectivas provincias, o pretenden no tener mandato suficiente para comprometer a sus representados. La crisis económica y la crisis financiera empujan al gobierno a la práctica de ciertos «trastornos» monetarios, que, en menos de seis años, provocaron una devaluación del 70% de la moneda regia, ya de por sí muy debilitada con anterioridad.

Era preciso, por tanto, evitar la reanudación de la guerra en unas condiciones tan desfavorables. Se imponía el castigo inmisericorde contra todos aquéllos que, directa o indirectamente, parecían favorecer el juego del adversario. Política apresurada, a la que Juan se lanzó a tumba abierta, sin habilidad, con los solos recursos de su mediocre inteligencia y presionado por unos consejeros que le embaucan. Los años 1350-56 son de los más incoherentes de un siglo que, ya de por sí, fue rico en quimeras.

Eduardo III no desconocía las debilidades y los temores del nuevo rey de Francia. Se complació en prolongar la amenaza, aplazada continuamente, de un nuevo desembarco. Desde el momento de la conclusión de una tregua, inmediatamente después de la toma de Calais, el papado seguía hablando de la paz. Eduardo no tenía interés en ella, ya que no estaba en condiciones de sacar provecho contante y sonante de sus ventajas iniciales. Su actitud fue poco clara: exigió, primeramente, como condición previa al comienzo de las negociaciones el perdón para sus antiguos aliados flamencos, después puso en duda la imparcialidad de la Santa Sede, a la que acusaba de abrir con demasiada generosidad sus cofres al rey de Francia, y envió tropas a Gascuña. La muerte de Felipe, seguida inmediatamente de la de Clemente VI (diciembre de 1352) le sirvieron de pretexto para demorar las conversaciones. El nuevo pontífice, Inocencio VI, se ocupó inmediatamente del problema. Los adversarios se reunieron finalmente en Guiñes, en la primavera de 1353, bajo la presidencia del cardenal de Boulogne, cuya influencia sobre Juan era total —y con cuya sobrina había casado el rey recientemente— y que estaba ávido de conseguir un éxito diplomático.

Este fue el momento elegido por los Plantagenet para provocar el pánico entre los Valois. Desde el año 1347, Eduardo tenía prisionero a Carlos de Blois, el candidato francés al ducado de Bretaña. La guerra que Juana de Penthiévre continuaba sin desmayo no había conseguido, para la causa de ésta, más que éxitos aislados, como la muerte de Dagworth, o el famoso combate de los treinta, especie de magnífico y sangriento torneo que sólo sirvió para proporcionar material narrativo a los cronistas caballerescos. En Londres, se consiguieron del prisionero bretón todo tipo de seguridades: a cambio de la promesa de libertad provisional, se comprometió a pagar su rescate, a mantener Bretaña como feudo del rey de Inglaterra y a casar a sus hijos con los de éste. Se trataba de una hábil jugada: sin abandonar totalmente al hijo de Montfort, que era su pupilo, el rey de Inglaterra adoptaba garantías suplementarias. Ocurriera lo que ocurriera, Bretaña quedaría así en su esfera de influencia y cada uno de los pretendientes tendría que solicitar su ayuda.

En estos momentos, se le ofreció también el apoyo de un aliado más peligroso para los Valois: de Carlos de Navarra, hijo de Juana de Francia y de Felipe de Evreux, príncipe «rodeado completamente de flores de lis» (con sangre real por todas partes) y muy pronto enemigo mortal de la dinastía reinante en París. Cuando se produjo su entrada en escena, era todavía un adolescente, atractivo, de palabra fácil, inteligente y lleno de una loca ambición. Nieto, por línea materna, de los últimos Capetos directos, sus derechos a la corona francesa eran más sólidos que los de los Plantagenet. Algún día lamentará no haber nacido antes. En 1328, se le hubiera, sin duda, preferido al oscuro Valois. Pero era muy difícil, en estos momentos, volver atrás un asunto ya decidido, elevarse al trono francés, pretendido por rivales poderosos. Por lo menos, podía reclamar ante el rey de Francia su herencia, que le había sido arrebatada. Al ser alejada del trono en 1316, Juana de Navarra hubiera debido de conservar la herencia completa de su madre, Navarra y Champaña. Se le había respetado la posesión de Navarra, pero Felipe VI, como sus antecesores Capetos, no había querido desprenderse de la rica Champaña, tan próxima, además, a París. Había decretado un cambio con los condados de Mortain y de Angulema, de menor valor, y, más tarde, había recuperado el Angoumois, prometiendo a cambio compensaciones quiméricas. Carlos sabía que su madre había sido engañada. Sin embargo, en 1352 aceptó casarse con la hija del rey Juan. Al no serle satisfecha la dote de la joven princesa, tuvo un motivo suplementario de queja contra la dinastía de los usurpadores. Pero ¿qué podía él solo contra la poderosa monarquía francesa? ¿Qué eran el pequeño reino de Navarra y algunos feudos normandos en comparación con Francia? Sólo a través de la intriga podía encontrar su fuerza: ponerse de acuerdo con Inglaterra, prometer su apoyo a los Plantagenet, referirse a la conveniencia de un reparto de Francia con el pretendiente inglés y, más tarde, una vez producido el efecto de sorpresa y de pánico, reconciliarse con los Valois, obteniendo de ellos a cambio nuevas concesiones territoriales. Esta fue la política de este eterno conspirador. Política sin grandeza, poco sincera, que dudaba de su propia fuerza y que jugaba el juego de otro, sin conseguir jugar el propio.

Pero, para Eduardo III era un instrumento maravilloso. Se daba la circunstancia de que Juan el Bueno, no satisfecho con otorgar a Carlos de España —segundón de la familia real castellana, del linaje de los de La Cerda— la espada de Condestable, que Raúl de Brienne, procesado por traición, había dejado vacante, le otorgó además el condado de Angulema, que el navarro consideraba como algo propio. Carlos de Navarra —al que sus súbditos españoles calificarán más adelante como el Malo— y sus hermanos menores, a comienzos de 1354, atrajeron al favorito, Carlos de España, a una emboscada y, en el momento en que pasaba por Laigle, en sus dominios normandos, le asesinaron brutalmente. El rey experimentó una mezcla de dolor y cólera y juró acabar con el navarro. Pero el asesino atrajo hacia su causa a su tía y a su hermana, viudas de Carlos IV y de Felipe VI, respectivamente, hizo intervenir al Papa, e incluso a otras personas. Inició abiertas conversaciones con el rey de Inglaterra, solicitó la ayuda armada del duque de Lancaster, Enrique, primo de Eduardo III y lugarteniente suyo para los asuntos franceses: «Sabed —confesaba con insolencia— que he sido yo quien con la ayuda de Dios, he mandado matar a Carlos de España». Ante el temible acuerdo del rebelde con su adversario, el rey de Francia se vio obligado a contener su cólera y autorizó al cardenal de Boulogne, cortesano interesado, a negociar una reconciliación. El asesino recuperó así la gracia real, obteniendo como premio a su sumisión una parte sustanciosa del Cotentín. El tratado de Mantés (marzo de 1354) significaba una humillación para el rey de Francia, sin apaciguar, por ello, a su insaciable yerno.

Hundidos por la defección en Bretaña y desorientados por la intriga navarra, los diplomáticos franceses, que continuaban en Guiñes negociando con los legados ingleses, estaban ahora predispuestos hacia las más duras renuncias. En abril de 1354 aceptaban los preliminares de paz. Pero ¡a qué precio pagaron el fin de la guerra y la renuncia de los Plantagenet al trono de Francia! Se renunciaba, por fin, a la soberanía sobre Aquitania, pero se añadía además la del Poitou, Turena, Anjou, Maine, es decir, de todo el Imperio Plantagenet del siglo XII, de Enrique II y Ricardo Corazón de León, e incluso, la de Normandía. Eduardo obtenía con ello un enorme triunfo: cambiaba una corona, en la que nunca había pensado en serio, por la mitad, casi, del reino de Francia y, debido a estas anexiones territoriales, se vería liberado para siempre del lazo de vasallaje. Se trataba de una capitulación demasiado flagrante, e incluso gratuita, como para que sus protagonistas no fueran pronto desautorizados. Sin embargo, arroja luz, de forma clara, sobre un triste reinado.

Se había acordado ratificar los preliminares en el otoño, en presencia del Papa. Pero en Aviñón, los franceses se echaron para atrás. Furiosos al ver cómo la tregua se seguía violando en Bretaña, a donde no cesaban de llegar nuevos refuerzos ingleses, o de enterarse de nuevas intrigas navarras iniciadas allí mismo y con la complicidad del propio Inocencio VI, y, sin duda, apoyados por el mismo pontífice que al fin debió de darse cuenta de los peligros que amenazaban a su patria de origen, se volvieron atrás de sus acuerdos y no quisieron renunciar a la soberanía sobre los territorios cedidos. La política de paz fracasaba. A pesar de todas las humillaciones que había tenido que soportar, Juan el Bueno se veía irremediablemente empujado hacia la guerra.

Por otra parte, ningún preparativo se había hecho para esta guerra, cuya responsabilidad, una vez más, Eduardo III lanzaba sobre su rival, supuesto autor de la ruptura. Eduardo de Windsor, príncipe de Gales, joven caballero de veinticinco años —el Príncipe Negro de la leyenda— había llegado a Aquitania para preparar la reanudación de las hostilidades. Una primera cabalgada anglo-gascona, que salió de Burdeos en el otoño de 1355, asoló con toda impunidad en el Languedoc hasta las mismas puertas de Montpellier. Se planeaban para el año siguiente, 1356, operaciones de mayor envergadura Con demasiado retraso, Juan pidió dinero y soldados. Los Estados del Languedoïl, reunidos en París en octubre, no negaron la necesidad de contribuir. Pero, desconfiando de los servidores del rey, siguieron parlamentando durante un mes y obtuvieron finalmente lo que las asambleas locales de Normandía y del Vermandois habían venido reclamando desde hacía diez años. El subsidio, capaz de mantener a un hombre de armas por cada cien fuegos, sería recaudado por ellos mismos y su empleo controlado por sus representantes; los élus (elegidos) en los Estados recaudarían las sumas por diócesis; los representantes supremos elegidos, tres nobles, tres prelados y tres burgueses, se encargarían del pago directo a los hombres de guerra, mientras que la rendición de cuentas tendría lugar ante los Estados, cuyas reuniones se preveían así periódicas. Pero, se había olvidado el agotamiento de los contribuyentes que no admitían seguir pagando más que para la defensa local. Si, por una parte, la monarquía había perdido así el control sobre los impuestos, los Estados no fueron mucho más afortunados que ella en sus pretensiones de percepción. Cuando, en la primavera de 1356, hubo que convocar al ejército feudal, no se contaba con medios para sus gastos.

Un último drama vino a presagiar el desastre final. Carlos de Navarra siempre descontento de su fortuna, había reanudado sus intrigas. En el otoño de 1355, en sus tierras del Cotentin, había planeado pasar a Inglaterra. Todavía se consiguió frenarle gracias al tratado de Valognes. Se instaló entonces en Rouen, iniciándose una peligrosa amistad con el delfín Carlos, nombrado recientemente duque de Normandía. Corrió el rumor de que los dos jóvenes preparaban un complot para deponer al rey. El odio acumulado y las sospechas de Juan no pudieron soportar más tiempo la situación. Repentinamente, el 5 de abril de 1356, tras una larga y secreta cabalgada, el rey de Francia irrumpió impetuosamente en Rouen, en la misma sala en que su hijo, su yerno y sus respectivas cortes celebraban una fiesta. Los amigos del navarro fueron arrestados y ejecutados tras ser juzgados por procedimientos de urgencia, mientras que Carlos el Malo era hecho prisionero. El pasado de las víctimas justificaba sobradamente esta actuación espectacular. Sin embargo, produjo un escándalo, ya que se producía con demasiado retraso, tras demasiados abandonos y de reconciliaciones fingidas y que los navarros gozaban de secretas y misteriosas simpatías entre la frívola nobleza, aficionada al complot, sediciosa y desprovista, como de costumbre, de todo sentido político.

En este momento, los acontecimientos se precipitaron. Acababan de llegar noticias relativas a una cabalgada inglesa, compuesta por algunos miles de caballeros y al mando de Enrique de Lancaster, que había partido de Bretaña y se dirigía hacia Normandía, contando, como era lógico, con el levantamiento de todos los partidarios del partido navarro. Las tropas anglo-gasconas del Príncipe Negro, por su parte, compuestas en total por unos cinco o seis mil hombres, tras haberse reagrupado, habían invadido el Poitou, incendiando y asolando todo a su paso. Intentaba alcanzar y atravesar el Loira, con el propósito, muy claro, de unirse a las fuerzas del duque de Lancaster, que se movían por Normandía. Ni un contingente ni otro, teniendo en cuenta lo limitado de sus efectivos, podía intentar la batalla abierta. Lancaster, mediante hábiles maniobras, pudo esquivar al adversario. Pero, al enterarse de que el ejército del rey Juan, mucho más numeroso, se disponía a darle alcance, el Príncipe Negro, que se encontraba en aquel momento en Turena, se replegó lentamente hacia Guyena, con grandes dificultades, debido al botín que llevaba consigo. Hacia mediados de septiembre, fue alcanzado al oeste de Poitiers, cerca de Maupertuis, a orillas del río Miosson, por un ejército francés cuyo volumen era suficiente como para aplastarle. Pero, dos cardenales enviados por el papa Inocencio VI, obtuvieron una tregua de veinticuatro horas, para intentar las últimas e inútiles negociaciones de paz. Los ingleses y gascones aprovecharon este providencial respiro para organizarse en unas posiciones más fuertes. Al iniciarse finalmente el combate, su inferioridad numérica les obligó, como había ocurrido en Crécy, a recurrir a estratagemas de guerra indignas de caballeros: paso constante a lo largo de los setos, emboscadas en los límites de los bosques, tiro de los arqueros galeses que diezmaban a los caballeros, engaños para atraer una a una a las diferentes «batallas» del adversario. Antes del combate, el Príncipe Negro se hubiera conformado simplemente con retirarse a sus tierras, prometiendo incluso no volver a tomar las armas en los siguientes siete años, tan grande era su temor a la catástrofe ante los quince mil hombres de su adversario. Seguro de la victoria, el rey Juan había rechazado sus proposiciones de paz. Pero cuando hubo terminado la lucha, que había durado tres días, el 19 de septiembre, aquellos franceses que no habían caído en el combate o no habían huido, eran prisioneros de un modesto ejército anglo-gascón, cuyos jefes aquitanos, como el captal de Buch o Chandos, habían sido los verdaderos artífices de la victoria, en mayor medida que el Príncipe Negro. Entre los prisioneros, amontonados en el camino hacia Burdeos, se encontraba el rey de Francia, que se había empeñado en no huir.

IV. EL SOMETIMIENTO DE LA MONARQUÍA FRANCESA

El rey prisionero: toda la tragedia francesa se podía resumir en estas palabras. No se había presenciado una situación semejante desde hacía más de un siglo. Pero en el momento de la derrota de Mansurah, San Luis gozaba en toda Europa de un prestigio tan grande que nadie se había atrevido a atacar su reino. Había, además, caído en manos de un adversario que se conformaba con la obtención de un buen rescate, y sus súbditos no habían sufrido con esta guerra lejana y gloriosa a la que su fe le había arrastrado. La posición de Juan era muy diferente. Es cierto que la misma persona del rey no se cuestionaba. De los confines de todas las provincias del reino surgían sentimientos de piedad hacia la desgracia de tan caballeresco soberano, testimonios de una lealtad monárquica, que no podía alterarse por ningún fallo ni ninguna derrota. Pero los que sufren necesitan responsables de sus sufrimientos. Se tomó como chivo expiatorio a la nobleza, poco previsora y temeraria, que había exigido el combate y se había dejado aplastar en el campo de batalla. Se atacaba la falta de habilidad de los funcionarios, de los consejeros del rey, cuyos inútiles abusos hacia un pueblo hundido no habían podido evitar el desastre. Estos odios, latentes en todos, no estallarán, sin embargo, en todas partes. Por el azar de las circunstancias, la revuelta no saltará más que en dos focos estrictamente delimitados: por una parte, entre la burguesía de París y de las ciudades de la Ile-de-France, y, por otra, entre el campesinado del Beauvesis. Pero, la audacia de unos pocos puede a veces mucho más que la apatía de las masas. Durante más de dos años, su abierta oposición va a poner en peligro a toda la administración monárquica, fruto de siglos de pacientes esfuerzos, y lo que es más grave, incluso el futuro de la propia dinastía.

En efecto, se trató claramente de una crisis constitucional. Sus peligros eran mucho mayores, en cuanto que la nave estaba sin piloto. En el campo de batalla de Poitiers, el hijo primogénito del rey había huido. A este jovenzuelo de dieciocho años correspondía ahora, después del desastre, la lugartenencia del reino. Su debilidad física era evidente para todo el mundo. Adolescente insignificante, de físico desagradable, casado demasiado pronto con su prima Juana de Borbón, carente de cualquier experiencia política válida y desprovisto de valor militar, Carlos había sido, hasta el momento, un mero juguete de unos consejeros poco de fiar. Había sido nombrado duque de Normandía, pero había llevado en su «apanage», sólo durante unos meses, una vida de despreocupados placeres, se había dejado seducir por su cuñado, Carlos de Navarra, y quizá, había conspirado contra su padre. Nada dejaba entrever su capacidad para concebir proyectos largamente meditados, su habilidad para salir de situaciones embarazosas, para engañar a su destino. El que, endurecido por las circunstancias, llegará a ser Carlos V, sólo parecía, en estos momentos, una penosa marioneta. Se rodeó de los consejeros más desprestigiados de su padre, aprendiendo de ellos a comportarse cínicamente, desafiando la impopularidad, y pareciendo reírse de las penalidades de su pueblo.

La respuesta no se hizo esperar. Un mes después de Poitiers fue preciso convocar en París los Estados del Languedoïl, para hacer frente a la creciente bancarrota. En esta poblada asamblea se dibujaron inmediatamente dos posiciones encontradas. En primer lugar, la de la burguesía, apasionada en la defensa de sus intereses, en nombre de la cosa pública, inquieta ante los quebrantos sufridos por el comercio y que se creía en posición de exigir mucho, por ser la principal acreedora del Estado; estaba, además, la más inquietante e hipócrita de un pequeño y ambicioso grupo, amigos del rey de Navarra, a quien querían elevar a la posición predominante de este reino abandonado. Su posible alianza podía infundir todos los temores al delfín. Dos hombres podían personificarla: Esteban Marcel, preboste de los mercaderes y rico pañero de la capital, cuyos padres habían hecho fortuna como proveedores de la corte, espíritu sincero, reformador ardiente y convencido de la razón que le asistía, así como de sus aptitudes de jefe; Robert le Coq, obispo de Laon, buen orador, que estaba al servicio del rey de Navarra, y cuyas intenciones eran menos puras. ¿Qué pretendía la burguesía? En primer lugar, reformar el gobierno y la administración, frenar la avidez de los funcionarios, suprimir los abusos en los principales cuerpos estatales, denunciados desde antiguo por los representantes de las buenas ciudades: reformas, todas ellas, creía no sin buena dosis de ingenuidad, que podrían permitir al rey vivir únicamente de los recursos de su dominio y acabarían con la impopular fiscalidad. Reclamaba también, como aspiración preferente, la destitución y acusación judicial de los consejeros más comprometidos con la situación. Eran precisas, además, otras medidas de carácter excepcional. Era preciso colocar al lado del débil delfín un consejo elegido por los Estados, verdadero organismo de tutela, en el que entrarían al lado de cuatro prelados y doce caballeros, una docena de burgueses. Finalmente, se exigía imperiosamente la puesta en libertad del rey de Navarra, cuya popularidad aumentaba a medida que eran mayores los sufrimientos del reino. Ante estas exigencias tan categóricas, el Delfín creyó poder maniobrar para ganar tiempo. Marchó de París y se entrevistó en Metz con su tío Carlos de Luxemburgo, emperador desde hacía diez años, pero no consiguió arrancarle más que buenas palabras de ánimo. Una nueva sesión de los Estados le impuso, tras su vuelta, el 3 de marzo de 1357, una ordenanza de reforma, experimento curioso de monarquía controlada. Una comisión de depuración quedaba encargada de la destitución, detención y condena de los funcionarios culpables, así como de la confiscación de sus bienes de forma algo indiscriminada. Media docena de representantes de los Estados tendrán acceso en adelante a las sesiones del Consejo —al que no se nombra de forma completa— y, en adelante, se vigilará de cerca la administración de los grandes cuerpos estatales, la del dominio regio y de los agentes locales. Los Estados, a pesar de la desgraciada experiencia de 1355, controlarán por completo la imposición y recaudación de los subsidios, que, a pesar de todo, exigía la continuación de la guerra. Se preveía, además, la reunión periódica de los representantes de los tres órdenes para llevar a cabo las revisiones de cuentas.

¿Podría ponerse a la monarquía bajo tutela? Examinando con más atención los hechos, sólo se produjo una caricatura de reforma constitucional. Los Estados carecían de tradición política. Eran asambleas heteróclitas, convocadas únicamente en casos de necesidad, e incapaces de crear unos organismos de control permanente. Las depuraciones calmaron los resentimientos más fuertes, pero sin ofrecer ninguna garantía para el futuro. Los intentos de reformas administrativas no tuvieron ninguna consecuencia de tipo práctico, debido a la falta de agentes ejecutivos dedicados seriamente a su tarea. Se esperaba más de la entrada de los representantes de los Estados en el Consejo, pero se encontraron en él en minoría y, una vez pasado el peligro, los antiguos consejeros volverán a actuar como antes o recuperarán su lugar, si lo habían perdido. Nadie se atrevía a prescindir del Delfín, depositario de la autoridad monárquica. Todos los esfuerzos reformadores se estrellaron ante su obstinada mala voluntad. Con gran rapidez, el movimiento, que se había iniciado en medio del entusiasmo general, fracasó, haciendo inevitable la vuelta a las medidas de fuerza, tanto por una parte como por la otra.

La monarquía, personificada en el débil Delfín, tendrá la última palabra. Tenía a su favor a los funcionarios, a la tradición y a la continuidad administrativas. Los representantes de los Estados, encargados de la recaudación y administración de los subsidios, chocaban con la inercia de los contribuyentes, campesinos, miserables artesanos, que hacían una especie de «huelga de impuestos» ante las peticiones de los recaudadores improvisados. El orgulloso preboste de los mercaderes, obligado, como ocurría a los oficiales del rey, a tomar las soluciones más negativas, se verá obligado a decretar por su cuenta una nueva devaluación, cuando uno de los puntos del programa de reforma era, precisamente, la vuelta a la nueva moneda. En resumen, los Estados habían perdido todo su prestigio. Unas sesiones demasiado frecuentes agotaban a unos diputados temerosos ante los peligros y los gastos de los viajes. Muy pronto sólo se verá en ellas a la burguesía de París, o poco más.

El Delfín estaba todavía enfrentado a la auténtica prueba de fuerza, a la que temía, carente como estaba de tropas y de dinero. En el verano de 1357, intentó recuperar el poder: la ordenanza dejó de aplicarse y los «malos» consejeros recuperaron la gracia real. Esteban Marcel, inmediatamente, le obligó a volver a su situación anterior. En noviembre, con la ayuda de múltiples complicidades, el rey de Navarra escapó de su prisión, en medio de la alegría desbordada de los Estados, que celebraban una nueva reunión. Robert le Coq, exiliado durante algún tiempo, volvió a París. Era preciso meter miedo al Delfín para que siguiera bajo tutela. Por eso que no quede: una parodia de Estados, en febrero de 1358, decretó que, en adelante, no podría celebrarse ninguna sesión fuera de la capital. Se hizo venir a París al navarro y se impuso la reconciliación de los dos cuñados. Carlos tuvo que humillarse hasta el extremo de decretar la celebración de ceremonias de expiación por las víctimas del drama de Rouen. Finalmente, Esteban Marcel organizó una acción violenta que, delante del Delfín, asesinó a sus familiares, los mariscales de Champaña y Normandía e impuso al heredero de la corona el gorro azul y rojo, colores de la burguesía parisina.

Una brutalidad tan salvaje precipitó la ruptura. El 14 de marzo, el Delfín Carlos asumió el título de regente, que le otorgó una autoridad mayor que la de lugarteniente del rey. El 25 salió de París, llegó a Senlis y opuso unos Estados a otros, consultando a los nobles y a las ciudades fieles del Vermandois y luego de Champaña. Puso a su familia a salvo en la fortaleza del Mercado de Meaux. Hizo leva de tropas y se lanzó contras las bandas navarras que saqueaban los campos. Ante la peligrosa situación, la exaltación de Esteban Marcel aumentó. Se creyó llamado a cumplir misiones providenciales, como defensor de las libertades burguesas frente a una monarquía incompetente y opresiva. Escribió cartas a las ciudades flamencas, recordándoles la figura de Artevelde, del cual se consideraba heredero espiritual. Pero no tuvo más solución que aceptar las alianzas más comprometidas. El 28 de mayo se alió con los Jacques.

La revuelta de los campesinos del Beauveaisis y del Soissonnais tuvo un carácter misterioso. Se trata de uno de esos terribles clamores provocados por la miseria, tan frecuentes en el mundo medieval, en los que la clase dominante no veía más que desenfrenos repentinos del populacho. Bastan para explicarla las constantes desolaciones provocadas por los «routiers» que, desde hacía un año, recorrían estas regiones saqueándolas bien en nombre de los ingleses o bien por cuenta de Navarra, así como la falta de habilidad de los agentes del fisco. Es posible, también que las exigencias de los señores, muchos de los cuales, prisioneros desde Poitiers tenían necesidad de dinero para el pago de sus rescates, colmasen la cólera popular, pero carecemos de pruebas documentales a este respecto. La sorpresa les granjeó éxitos iniciales. Sus bandas, amotinadas, dirigidas por jefes desconocidos pero terribles, como Guillermo Karle, despedazaron a los nobles, saquearon e incendiaron los castillos y se extendieron por todas partes como una mancha de aceite. El término «Jacquerie» se ha convertido, por ello, en sinónimo de revuelta campesina, devastadora pero sin objetivos y sin futuro. ¿Qué querían los «Jacques»? No nos lo transmitieron. ¿Cuáles eran sus posibilidades? Muy pocas, una vez pasado el primer efecto de sorpresa. Débilmente armados y peor mandados, se convirtieron en presa fácil de los pesados escuadrones de los caballeros. Y, lo que es más importante, la nobleza, que en un primer momento se había desorientado, había encontrado un jefe: Carlos de Navarra, poniendo sus intereses de clase por encima de sus intrigas políticas, había tomado la cabeza de la resistencia, dispuesto a desembarazar al Delfín de un problema grave. Su ardor acabó con los Jacques cerca de Mello. Las cosas volvieron rápidamente a su situación anterior. El navarro había adquirido con su acción una increíble y fácil popularidad, al haberse convertido en su salvador, que pensaba aprovechar muy pronto.

Más político pero menos hábil, Esteban Marcel creyó poder aprovechar a los campesinos en su lucha contra el regente, pero las tropas burguesas enviadas en su apoyo llegaron demasiado tarde y se dirigió contra Meaux, sin poder, sin embargo, apoderarse allí de la esposa del Delfín. Esto marcó el comienzo del desastre. El Delfín estaba resentido contra su capital, gobernaba sin ella o, mejor, contra ella; pero no por ello había perdido todos sus partidarios en ella, que impulsaban a los más moderados a levantarse contra la dictadura del preboste de los mercaderes. Para hacer frente a estos conspiradores invisibles, Esteban Marcel no podía recurrir más que a una solución: llamar en su ayuda al rey de Navarra, cuya elocuencia seguía consiguiendo partidarios, y a las bandas inglesas que estaban a su servicio. No se consiguió nada, ni con la entrada de las tropas anglo-navarras en París el 22 de julio, ni con el ofrecimiento del puesto de capitán de la ciudad a Carlos el Malo. Tras una semana de confusas discusiones y de maniobras secretas, Esteban Marcel caía asesinado en plena calle el 31 de julio, cuando regresaba de una inspección de las murallas de la ciudad. Carlos de Navarra abandonó París y el Delfín volvió a la ciudad, adulado por los mismos que le habían expulsado. No hacía falta demostrar dureza ni multiplicar las ejecuciones. La revolución parisina había muerto, y, con ello, la monarquía, materialmente agotada, se vio fortalecida moralmente.

Ahora, era ya posible pensar en el rey. Juan el Bueno había saboreado con delicia el amargo vino de la derrota, primero en Burdeos, donde el Príncipe Negro le había tratado con esmero, y luego en Londres, a donde había llegado el 24 de mayo de 1357, y donde se había puesto a su disposición el suntuoso «manor» de Savoy, emplazado en el elegante camino que conducía de la City a Westminster. No tenía de qué avergonzarse: como buen soldado que era, se había batido con nobleza; si, además, había sido vencido, es que «los desenlaces de las batallas son muy inciertos». Y, un fracaso en las formas no tiene por qué humillar al militar de corazón. Eduardo III le había acogido muy bien y se había incluso sentido atraído por este hombre poco inteligente, puntilloso en las cuestiones de honor y fiel al ritual caballeresco, al que él mismo prestaba gran atención. Juan pensaba en sus súbditos en mitad de sus fiestas, pero era para que ellos pensasen a su vez en él. Se podría hacer una expresiva antología, patética y pueril a un tiempo, de las cartas del prisionero, conservadas en número grande. Los franceses habían perdido a su padre en el campo de batalla de Poitiers, y esto era lo que más le afligía, más que sus penalidades y las amenazas que pendían sobre su pueblo. Sólo importaba una cosa: su rápida liberación, por la que todos debían de trabajar. Contaba con su gran generosidad a la hora de pagar su rescate. En cuanto a las condiciones políticas que el adversario podría imponer, como amputaciones territoriales, renuncias de soberanía, la recomendación de no rechazarlas de entrada; para él eran «algunas cosas que resultan más soportables» que soportar un cautiverio prolongado. El «honesto» soberano podía, llegado el momento, no comportarse como un negociador muy hábil y dejar en un segundo plano los intereses de la corona con tal de recuperar su libertad.

Sin embargo, en un principio todo pareció resultar muy sencillo. Siempre bajo los auspicios de la Santa Sede, se había concluido en Burdeos una tregua válida para dos años. En septiembre de 1357, se reunieron en Londres los consejeros de Eduardo, los de Juan, tres cardenales enviados por el Papa y los representantes del Delfín. Como se trataba no solamente de liberar al rey, sino de conseguir «una paz buena y duradera», se ponía un precio muy alto a la renuncia de Eduardo al trono de Francia. Contra lo que cabía esperar, las exigencias inglesas fueron menores que en Guiñes. Un proyecto de tratado, de enero de 1358 (que se conoce con el nombre de primer tratado de Londres), fijaba el rescate del rey en cuatro millones de escudos de oro, exigía la cesión de la soberanía completa sobre la Guyena, aumentada con la de Saintonge, Poitou, Limousin, Quercy, Rouergue y Bigorra, lo que, añadiendo el Ponthieu y Calais, suponían más de un tercio del reino. Teniendo en cuenta las circunstancias, el mismo Delfín consideró aceptables los términos de la proposición, ya que había esperado que fueran peores.

Y no se equivocaba. Eduardo III se arrepintió enseguida de su relativa generosidad. Puesto que pretendía conseguir ventajas personales del Papa, con el que estaba en desacuerdo en aquel momento a causa de la provisión de la sede episcopal de Ely, y cuyos deseos de paz conocía, retrasó voluntariamente la ratificación. En este momento, la revolución parisina, la Jacquerie, así como la guerra que a partir de agosto emprendió el rey de Navarra contra el Delfín, en Normandía y hasta las mismas puertas de París, provocaron codicias nuevas. Se podía obtener más de un adversario acorralado. Los comisarios enviados por Juan el Bueno a las provincias para obtener el dinero necesario para su rescate, volvieron con las manos vacías. Solamente el Languedoc, menos afectado por la guerra, había aportado algo de dinero. Eduardo supo manejar sabiamente su enfado: puesto que no le pagaban, rompía el tratado. Seis meses antes había dado a Juan el espaldarazo de caballero en los torneos celebrados por San Jorge y ahora le hacía vigilar y le amenazaba con enviarle a otra fortaleza más segura. El Delfín seguía empeñado en la guerra contra Navarra, sin poder entablar negociaciones, y los legados papales no habían vuelto, creyendo que la paz se había logrado. Cualquier conversación entre ambas partes, entre vencedor y vencido, estando éste lleno de inquietud por el endurecimiento de su situación que se avecinaba, no haría sino aportar ventajas a los Plantagenet. Eduardo se enorgullecía de que «grandes tratados y ventajosas proposiciones» le fuesen «ofrecidos cada día por los franceses». Así, el 24 de marzo de 1359, se firmó el segundo tratado de Londres, infinitamente más duro que el primero. Se fijaba el pago del rescate del rey, que se seguía fijando en una cantidad global de cuatro millones de escudos, en unos plazos muy próximos entre sí y contra la garantía de rehenes de sangre real o noble. Liberado o no, Juan seguiría siendo técnicamente un prisionero hasta la íntegra ejecución del tratado. Las exigencias territoriales se hicieron mayores, ya que se añadían ahora las regiones situadas entre el Loire y el canal de la Mancha, Turena, Anjou, Maine y Normandía, aparte de las regiones costeras entre el Somme y Calais, y el homenaje por la Bretaña. Se perdía así la mitad occidental del reino de Francia, con toda su fachada marítima, a lo largo de una línea que iba desde Calais a los Pirineos. Nunca los Plantagenet, ni siquiera en la época del débil Luis VII, habían tenido tan gran poder en el continente. Por supuesto, y se trataba de una condición fundamental a los ojos de Eduardo III, todos estos territorios le correspondían en soberanía absoluta, sin ninguna obligación de carácter vasallático.

Muy pronto el rey de Inglaterra pudo darse cuenta de que había sido excesivamente ambicioso. En aquel preciso momento, la guerra de Navarra era favorable al Delfín. Carlos el Malo, sintiéndose abandonado, firmó por su cuenta la paz de Pontoise, quitando de este modo una grave preocupación a la monarquía. A partir de este momento, resultaba impensable la aceptación sin más de todas estas renuncias de Juan el Bueno. Una asamblea de los Estados, dócil en esta ocasión a las sugerencias del Regente, declaró que el tratado no era «ni aceptable ni posible de cumplir». Otra asamblea aprobó algunos subsidios para la reanudación de las hostilidades. Las cosas habían llegado a un punto tal que Eduardo III se veía obligado a intentar, personalmente, que Francia aceptase sus condiciones, mientras que el propio soberano de esta Francia aniquilada era ya su prisionero. Pero, para vencer al enemigo era preciso que éste aceptase la batalla. Pero, Carlos era consciente de su debilidad. Instruido por la experiencia y empujado por su forma de ser poco belicista, hacía una especie de «huelga de guerra». Hábil táctica, cuya invención se atribuirá más adelante a Du Guesclin, pero que en realidad era del Delfín. Cualquier «cabalgada» de algunos miles de hombres, si no llegaba a la batalla en campo abierto, solamente podía saquear el país, pero no conquistarlo, y mucho menos ocuparlo. Su propia fuerza se autodestruía, a la larga, cuando no tenía ya nada que devastar. El «pobre pueblo» sufría mucho con tales saqueos, pero de esta forma, la monarquía no arriesgaba las pocas fuerzas que tenía y que no podía sacrificar en vano. A finales de 1359, Eduardo y sus hijos desembarcaron en Calais sin encontrar resistencia, saquearon lentamente el Artois, la Thierache y la Champaña, no pudieron entrar en Reims, cuyas sólidas murallas descartaban la posibilidad de un asalto, no entraron en Borgoña, cuyo duque alejó el peligro pagando generosamente la retirada de los invasores, incendiaron el campo en torno a París durante dos semanas y, finalmente, saquearon la región de Beauce. En este mismo momento, los marinos normandos se presentaron con toda impunidad ante Winchelsea, provocando pánico entre los ingleses a un desembarco, que creían imposible desde 1340. Finalmente, los elementos atmosféricos intervienen: un imprevisto ciclón desorganizó a los invasores que estaban en la región de Chartres. Era el momento de acabar con tamaña locura. El 8 de mayo de 1360, tras apenas una semana de conversaciones, el Delfín y el Príncipe de Gales establecían los preliminares de paz en el pueblecito de Bretigny, en el país de Beauce; en aquel mismo momento, el rey de Inglaterra abandonaba Francia y nunca más volvería al frente de un ejército.

Era un claro fracaso para el Plantagenet. Su gran cabalgada había tenido como consecuencia unas condiciones peores que las conseguidas en el primer tratado de Londres, que le había parecido poco dieciocho meses antes. Ahora tenía que aceptar un tratado que, aunque aún gravoso para Francia, era, sin embargo, menos grave que las renuncias a las que había accedido anteriormente. Territorialmente, se volvía a las condiciones exigidas en Londres en 1358: formación de una gran Aquitania soberana, que comprendía desde el bajo Loire hasta el macizo central y los Pirineos; concesión de «cabezas de puente» en el norte, como el Ponthieu, Calais y el condado de Guiñes. Pero las cláusulas financieras eran ahora más moderadas: el rescate se cifraba solamente en tres millones de escudos, en lugar de los cuatro exigidos anteriormente. Una primera entrega de 600.000 escudos bastaría para liberar al rey de Francia, que esperaría en Calais a que éste se realizase. Los territorios cedidos —salvo La Rochela, que debería de pasar inmediatamente a manos de los ingleses— se entregarían al vencedor durante el año siguiente a la liberación de Juan; seis anualidades de 400.000 escudos servirían para liquidar la deuda de los Valois y para liberar progresivamente a los rehenes, que serían príncipes de sangre, grandes feudatarios, barones, burgueses de dieciocho «ciudades buenas», que, hasta su liberación, vivirían en Londres corriendo de su cuenta los gastos. Se preveía, además, la ratificación definitiva del tratado en Calais en el momento del pago de la primera parte del rescate y antes de la puesta en libertad del prisionero regio.

Puesto que no se podían esperar unas condiciones aún más favorables, el Delfín, de acuerdo esta vez con su padre, llevó a cabo esfuerzos desesperados para satisfacer las exigencias inglesas. Era preciso, en primer lugar, liberar al rey, y luego ya se vería. Juan llegó a Calais el 8 de julio. Durante este tiempo, todas las ciudades y todas las provincias eran presionadas fiscalmente hasta el límite de sus posibilidades, exigiéndoseles entregar «con presteza» sus contribuciones. Una vez más, la Francia del norte, afectada de forma terrible por las devastaciones recientes, no pudo colaborar con grandes cantidades, pero el Languedoc colaboró generosamente. Hacia mediados de octubre, se habían reunido en la abadía de Saint-Bertin, cerca de Saint-Omer, 400.000 escudos, las dos terceras partes de la suma exigida. Como buen jugador de ventaja, Eduardo declaró que se contentaba con ello. Poco a poco, el rey de Inglaterra, sus hijos, el Delfín y consejeros de los príncipes iban llegando a Calais; todavía hubo negociaciones, durante algún tiempo y, finalmente, el 24 de octubre se ratificaban solemnemente los preliminares de Bretigny, con algunas modificaciones de detalle. Se trataba de algo más que de un acuerdo entre Valois y Plantagenets, y se consideraba haber alcanzado la paz general. Eduardo III firmaba la paz con el conde de Flandes, Juan se reconciliaba con Carlos de Navarra una vez más, y, los dos reyes, que establecían a partir de este momento pactos de amistad y de alianza perpetuas, prometían colaborar juntos en la solución de la cuestión de Bretaña. Una vez pacificado todo el occidente, el papado podía volver a poner en marcha sus quiméricos proyectos de cruzada.

El tratado de Calais difería de los preliminares de Bretigny solamente en una cuestión importante. En el texto primitivo, los dos reyes renunciaban a un tiempo a sus pretensiones recíprocas, aunque de desigual trascendencia: Eduardo a su título de rey de Francia, vanidad inútil que nunca había podido ver reconocida; Juan a la soberanía de los territorios cedidos, lo que amputaba una tercera parte de su reino, y suponía terminar con la intervención de sus tribunales, sus recaudadores de impuestos y sus ejércitos en todo el sudoeste de Francia. En Calais, por ejemplo, las «renuncias» se hicieron en un acuerdo especial y se aplazaba su mutua efectividad hasta la entrega de los territorios, prevista, como última fecha, para el 30 de noviembre de 1361. En apariencia, se trataba de una mínima modificación. En la práctica, tendría consecuencias incalculables. Se ha creído distinguir en ello la mano del Delfín y sus consejeros que, con su consumada habilidad, de la que ya habían dado prueba el año anterior, se habían adelantado a los acontecimientos, previendo que la entrega se aplazaría y habría preservado de este modo los derechos soberanos de la corona sobre las provincias provisionalmente perdidas. Sin embargo, se trata de algo difícilmente admisible. No era fácil prevenir los retrasos, las argucias y las complicaciones creadas por un adversario nunca satisfecho. A pesar de la innegable inteligencia del futuro Carlos V, ésta no llegaba a tanto como para prever el futuro. Sin embargo, los acontecimientos le iban a favorecer.

Nos olvidaremos del rey en su camino hacia la libertad, atravesando su reino recobrado, o, en parte, por lo menos. La historia de sus actuaciones sólo serviría para penetrar con mayor profundidad en el espíritu de un príncipe que, al no quedarle más que tres años de vida, no iba a llevar a la práctica ninguno de sus quiméricos proyectos. Tampoco esta vez las desgracias le habían servido de humillación. Hubiera podido, por lo menos, darse cuenta de que encontraba una Francia, tras cuatro años de ausencia, desgajada, hundida y mutilada y haber intentado curar sus heridas, restablecer el orden interno y restaurar sus fuerzas mediante una prudente actuación económica. Creerle capaz de cálculos tan prudentes sería conocer mal su personalidad. Asistía con impotencia a los desenfrenos de los routiers (soldados errantes), que saqueaban las provincias más ricas. La paz, comprada a tan elevado precio, merced a tanta sangre y tantos sufrimientos, solamente fue para él la inesperada ocasión de llevar a cabo la ambición de su padre y de él mismo: la cruzada. En cuanto pudo, hizo un viaje a Aviñón; es cierto, que, al ser poco seguros los caminos de su reino, debió de hacer un gran desvío a través de Borgoña, de la Bresse, el Delfinado y las tierras del Imperio. Pero el papa Urbano V encontró en él un aliado más preciado, más celoso de lo que había sido Felipe VI para Benedicto XII. El vencido en Poitiers se veía ya como capitán general de la cruzada, a la cabeza de un ejército europeo, yendo al encuentro de los enemigos turcos.

Sucedió con este proyecto como con tantos otros: las realidades se encargaron de colocarlos en el lugar de las quimeras. Tareas más urgentes retenían a Juan en su reino, y no era de las menores la puesta en práctica de las estipulaciones del tratado de Calais. Y esto nos lleva al hilo de nuestra historia.

Las cláusulas territoriales fueron las que, con mucho, se aplicaron con mayor facilidad, aunque con considerables retrasos. Los consejeros del rey pretendieron no hacer efectiva la entrega de los territorios hasta que el rey de Inglaterra hubiera, a su vez, retirado de las provincias francesas a todos los routiers que, en su nombre, las habían saqueado. Los Plantagenet consideraban que era suficiente con dejar de pagar a estos soldados a sueldo, desentendiéndose si continuaban el pillaje por su propia cuenta. Juan cedió una vez más. Pero, hasta agosto de 1361, no llegaron los delegados ingleses encargados de las formalidades de la anexión. En cada una de las regiones cedidas, fueron recibiendo los poderes de parte de los funcionarios de los Valois, recibieron el homenaje de los vasallos y el juramento de las ciudades. Se produjeron, en varios lugares, movimientos de oposición que no nos son bien conocidos. Posiblemente, la población no hubiese mostrado temor ante un cambio de señor si el rey hubiera seguido siendo su supremo soberano. Su lealtad monárquica les llevaba a soportar difícilmente la futura separación completa con respecto al reino de Francia. Pero tales sentimientos se expresaron de forma esporádica y discreta, e, incluso, en algunos casos, pudo ser consecuencia de un cálculo premeditado. En los casos en que una determinada ciudad retrasaba su sumisión o que determinado vasallo se negaba a prestar su homenaje a otro hombre que no fuera el rey de Inglaterra en persona, lo hacía para obtener una confirmación y aumento de sus privilegios y para crear un precedente que aprovechará para incrementar su autonomía. Y esto sucederá hasta 1789, es decir, hasta que el naciente patriotismo no haya acabado con la vanidad egoísta de los privilegios locales. En la primavera de 1362, la penosa operación tocaba a su fin, no faltando para completar esta gran transferencia de territorios más que algunos enclaves en disputa, como Belleville en el Poitou, y Montreuil en Ponthieu. Eduardo III iba a poder así convertir el conjunto de sus nuevas posesiones continentales en el extenso principado de Aquitania, cuyos destinos iban a ser regidos por el Príncipe Negro, el vencedor en Poitiers.

El pago del rescate sufrió retrasos mucho mayores. Y ello porque no resultaba fácil forzar a contribuir al pago de tan inmensa suma a un país empobrecido incesantemente y privado muy recientemente de un tercio de sus territorios. En este asunto, como se trataba de liberar a un rey prisionero, caso previsto por las costumbres feudales, no fue preciso convocar a los Estados. Una ordenanza regia del 6 de diciembre de 1360, había fijado para el plazo de seis años —primer ejemplo de un impuesto general y duradero a un tiempo— una triple contribución sobre las ventas de tejidos, de sal y de vino. Se trataba de impuestos sobre el consumo, de percepción complicada, impopulares y, por añadidura, que estaban en estrecha relación con la prosperidad económica, y se atravesaba una época de aguda crisis. Proporcionaron, no obstante, cantidades apreciables. La lucha local contra los routiers, las grandes fiestas de la corte y los preparativos de la cruzada se llevaron la mayor parte. Con el resto no se pudo siquiera, en el plazo de tres años, llegar al primer millón del rescate.

En posesión de los territorios cedidos y habiéndose embolsado una tercera parte de la contribución exigida, lo lógico hubiera sido que el rey de Inglaterra hubiera acelerado el intercambio de mutuas renuncias, que hubiera sellado definitivamente las cesiones efectuadas. Sin embargo, las renuncias no se intercambiaron ni en noviembre de 1361, ni tampoco más tarde. No hay que ver en ello una nueva prueba de la habilidad del Delfín, el cual, una vez terminada su regencia, ya no pintaba nada en el gobierno del reino; ni tampoco de la incuria de Juan, preocupado, por el contrario, para conservar su honor, de la aplicación escrupulosa e íntegra del tratado. Se debió, por el contrario, al propio Eduardo, siempre dispuesto a urdir nuevas combinaciones diplomáticas y en busca de ventajas adicionales. AI haber dejado él mismo de emplear el título de rey de Francia, sabía que Juan se consideraba ya sin derechos a ostentar la soberanía de Aquitania. En el momento actual, intentaba alcanzar beneficios materiales seguros, y, más adelante, se ocuparía de una ceremonia vacía de contenido inmediato. Además, al no haberse pagado el rescate a su debido tiempo, sucedía que los rehenes de Londres se pudrían en tan prolongado exilio. Resultaba una espera intolerable para príncipes de sangre real, como el hermano del rey, Felipe de Orleans, sus dos hijos menores, Luis de Anjou y Juan de Berry, su primo, Pedro de Alençon y el cuñado del Delfín, Luis II de Borbón. Para acelerar su liberación, comprometieron la palabra del rey de Francia y firmaron con su carcelero el desastroso «tratado de los rehenes» (noviembre de 1362). Se mostraron generosos con los bienes de los demás, prometiendo el pago inmediato de 200.000 escudos, la cesión definitiva de los territorios en litigio, así como la entrega en prenda de los principales castillos del Berry. A cambio de esto, se les trasladó a Calais, donde deberían esperar, en calidad de prisioneros condicionales, a la ratificación del rey, tras la cual se produciría solamente el intercambio de renuncias. Juan se hubiera prestado fácilmente a suscribir estas nuevas renuncias; significaba pagar a un precio algo más alto la paz, pero liberar a sus parientes y apresurar la partida de la cruzada. Eduardo había exigido, sin embargo, la aprobación por parte de los tres Estados. La asamblea, reunida de forma tardía en Amiens, en octubre de 1363, se mostró reacia. Una vez más, el Delfín y sus consejeros defendían mejor que el rey los verdaderos intereses de la corona. Fueron el alma de la resistencia y provocaron el rechazo del tratado.

Se trataba del primer obstáculo para la paz, una primera sombra sobre la amistad eterna que en Calais habían jurado ambos soberanos. En un asunto en el que cualquier diplomático no hubiera visto más que exigencias de la política, Juan se consideró deshonrado, sospechoso de falta de lealtad ante un adversario que, sin embargo, no tenía intención de insistir en este punto. Un incidente personal reforzó, en su interior, tan doloroso sentimiento. Su segundo hijo, Luis de Anjou, que se pudría recluido en Calais, había obtenido autorización para llevar a cabo sus devociones en el santuario de Nôtre Dame de Boulogne. Allí se encontró con su joven esposa, María de Bretaña, hija de Carlos de Blois, a la que no veía hacía dos años y medio y de la que estaba muy enamorado. La pareja levantó el campo y no volvió a Calais. Al hacer esto, Eduardo le acusaría de «haber traicionado grandemente el honor de su familia». Las leyes del honor tienen sus propias exigencias. En política, han servido con frecuencia para tapar las peores traiciones. Caballeresco hasta el final, Juan permaneció fiel a este código; en los primeros días de 1364, volvió a Londres para volverse a constituir en prisionero, respondiendo su persona del impago del rescate y de la huida de un rehén importante. Sin embargo, no había abandonado el proyecto de cruzada. Como Eduardo sentía por él una viva simpatía, se propuso negociar un nuevo «acuerdo final» para sustituir al tratado de los rehenes. Se acababa de firmar, cuando cayó enfermo. Murió en plena juventud —contaba solamente cuarenta y cinco años—, el 8 de abril. Su antiguo carcelero le hizo unos suntuosos funerales en la catedral de San Pablo. A continuación, desde Dover y Calais, sus restos mortales fueron trasladados con gran solemnidad hasta París y Saint-Denis.

IV CARLOS V (1364-1380)

IV
CARLOS V
(1364-1380)

Los dieciséis años que siguieron a la muerte de Juan el Bueno constituyeron para Francia un período de reacción, imprevista, incompleta, sin duda, pero rápida. En Inglaterra, por el contrario, se produjo una aceleración de una decadencia, que le haría poco a poco descender del pedestal de gloria al que le había elevado el genio de Eduardo III. Una personalidad dominó por encima de todo en ambos países: la de Carlos V.

I. EL REY Y SU CÍRCULO

Carlos V ha disfrutado de la popularidad que la historia le otorga, en los momentos de reveses, a aquellos jefes desaparecidos demasiado pronto de una época dorada que en adelante dejó de serlo. Fue después de su muerte cuando este prudente rey fue más amado, en los tristes momentos de anarquía en que la locura de su hijo sumergió al país. En ese momento, entre otros aduladores, tuvo la fortuna de que hubiera una dulce italiana, hija de uno de sus médicos, Cristina de Pisa o de Pisano, cuya amable pluma contribuyó en gran medida a crear una aureola de leyenda sobre el recuerdo de su reparador reinado. Los historiadores modernos no han sido capaces de desprenderse plenamente de las anécdotas conmovedoras, de la admiración de encargo, de las alabanzas piadosas, para encontrar al hombre en su verdadera dimensión, tras los cumplidos oficiales.

La maravillosa escultura de la iglesia de los Celestinos, hoy día en el museo del Louvre, nos permite hacer una valoración completa de su aspecto físico: de complexión frágil, cuerpo débil y pequeño, completamente diferente de los deportivos colosos que fueron los primeros Valois o de aquellos hermosos hombres que habían sido los últimos Capeto. Tenía la nariz afilada y larga, el rostro demacrado, la cabeza gráhde y ligeramente caída hacia unos hombros huesudos.

Una misteriosa enfermedad que había contraído en la adolescencia, le mantuvo largo tiempo en el lecho y le llevó a la muerte apenas cumplidos los cuarenta años. Esta deficiencia física hizo de él un hombre de despacho más que un hombre de acción. Era un niño cuando tuvo lugar la batalla de Crécy y un adolescente cuando la de Poitiers, por lo que conservó siempre de la actividad militar el recuerdo de una larga serie de reveses. Sus aficiones, en mayor grado incluso que su salud, le retuvieron lejos de los campos de batalla. Fue el primero de los reyes de Francia —y el único hasta Luis XVI— que evitó ostentar el mando de los ejércitos, ni siquiera nominalmente. Jefes de gran calificación profesional ocuparon su lugar. No se trataba de ningún cobarde —pues nadie se atrevió nunca a reprocharle el abandono del combate en Poitiers en sus últimos momentos—, sino que los campos de batalla no estaban hechos para él. De sus antecesores Valois había heredado, sin embargo, la afición por el lujo, por las hermosas residencias, por las fiestas cortesanas, signo indispensable de la majestad regia. En el mismo momento en que el país yacía enterrado por las ruinas y los impuestos cuando él mismo incitaba al ahorro a sus propios servicios, mandó reconstruir el Louvre y Vincennes, construyó una residencia de campo en Beauté-sur-Marne, otra urbana en el Hotel de San Pablo, cercana a la Bastilla, en el mismo Marais, que se convirtió, a partir de su reinado, en la zona de encuentro de los elegantes. Al igual que su hermano el duque de Berry, era aficionado a coleccionar objetos hermosos, como joyas, vajillas, obras de arte y tapices. Y en mayor medida que él, amaba los libros que se dedicaba a almacenar en el Louvre, y no sólo por afición a las costosas encuadernaciones o a ilustraciones raras, sino que conocía su biblioteca, cuyos libros había hojeado e incluso leído detenidamente. Mandó traducir al francés las obras políticas de Aristóteles y las de los historiadores latinos, y pidió a Nicolás Oresme que le expusiera en un lenguaje inteligible su teoría sobre la buena moneda.

Ningún rey, desde los tiempos de Felipe el Hermoso, tuvo como él un sentimiento tan elevado de la majestad regia, ni ninguno, desde San Luis, fue tan responsable como él ante los deberes que entrañaba su función. Escrupuloso, muchas veces en exceso, quería siempre estar convencido de que le asistía el derecho, de que las cargas fiscales no tenían más objetivo que el bien del reino, que sus guerras eran siempre justas y de que todas sus acciones se hallaban presididas por el derecho. En su reinado, los juristas alcanzaron una posición privilegiada: Eduardo III, en una ocasión, y no sin desprecio, le calificó de «abogado». Su misma honestidad dio a veces la impresión de ser casuística, su habilidad retorcida y sus argumentos falaces. De este modo, reanudó la tradición, desgraciadamente interrumpida, de la larga lista de los Capetos siempre preocupados de tener de su parte el derecho, incluso pagando el precio de tener que realizar una gimnasia mental que, muchas veces, rozaba el virtuosismo. El duro aprendizaje de su doble regencia, de 1356 a 1360 en la primera ocasión y después durante los primeros meses de 1364, le había enseñado a no confiar en los hombres, a dar la vuelta a las dificultades, a retroceder en las tempestades y a deshacer, a fuerza de paciencia y tenacidad, las coaliciones más peligrosas. Carlos era el mejor rey que podía tocar en suerte a una Francia debilitada, desmembrada provisionalmente, que dudaba de su presente, si no de su futuro, y que mezclaba un sentido muy elevado de la justicia de su causa, con el empleo de medios nada ampulosos, astucias, argucias, mala fe, para escapar de la destrucción total. La necesidad no conoce la ley, como suelen decir los políticos.

Se ha afirmado repetidamente que Carlos, desconfiando de sus hermanos, los separó sistemáticamente del poder. Nada más lejos de la verdad. De la misma forma que fue un buen esposo —la muerte prematura de Juana de Borbón le sumió en el desconsuelo— y buen padre —que recibió con enorme alegría el nacimiento de su hijo, el futuro Carlos VI— fue también un buen hermano, generoso y, a veces, débil en exceso. Luis, duque de Anjou y de Maine, era un hombre ambicioso, ávido de poder y de riquezas, pero no desprovisto de sentido político. En 1364, convertido en el presunto heredero del trono, exigió la entrega del Delfinado para aumentar su «apanage». Tuvo que conformarse con la promesa de la Turena, de la que tomó posesión cuando nació el Delfín. Le fue confiada la lugartenencia del Languedoc, que conservó durante toda su vida. Cargo de excepción, que le permitió no solamente disponer de los recursos de la provincia más rica del reino, sino también llevar a cabo una política personal, que casi siempre secundaba, casualmente, la del rey: ambición hacia el antiguo reino de Mallorca, intervención en los asuntos de Castilla, y obstrucción tenaz a la administración del Príncipe Negro en Aquitania. En todas y cada una de sus acciones que sirvieron para preparar la reanudación de la guerra, el duque de Anjou tuvo una participación grande, llegando, incluso, más lejos de los propios deseos del rey. Juan, el segundo príncipe de la dinastía no tenía ambiciones tan elevadas. En un principio fue nombrado conde de Poitiers y Mâcon, añadiéndosele más tarde Bretigny, el Berry y la Auvernia, con el título ducal. De su larga estancia en calidad de rehén conservaba buenos contactos en Inglaterra, que fueron aprovechados por el rey en algunas delicadas negociaciones. Juntamente con el duque de Anjou, llevó a cabo la recuperación del Poitou, que pasará a engrosar su «apanage». Finalmente, Felipe, el preferido de su padre, era en 1363 solamente duque de Turena. Juan el Bueno le había confiado la lugartenencia de Borgoña, incorporada muy recientemente al dominio regio, con la promesa secreta de que le sería concedida en «apanage». Carlos se apresuró a cumplir la promesa de su padre, acumulando bajo la autoridad de su hermano todos los privilegios, donaciones territoriales y concesiones de impuestos. Veremos más adelante hasta qué punto contribuirá a aumentar su poder, asegurándole la rica herencia flamenca. ¿Hubiera concedido tantos favores a sus hermanos de haber desconfiado de ellos?

Es cierto que, aún concediéndoles el gobierno de provincias y empleándoles en las embajadas, no les otorgaba los poderes fundamentales. Pero, en este punto, se trataba de una práctica normal y nada innovadora. Dejar que los príncipes de sangre real hablasen en los consejos de la corona como auténticos señores era algo que escapaba a la tradición monárquica. El ejemplo de Carlos de Valois, en la época de los últimos Capctos, nunca volvió a repetirse. Al igual que sus predecesores, Carlos confió más en gentes de condición inferior, en gentilhombres que le debían cuanto eran, funcionarios y burgueses fieles, a veces aventureros o arribistas, pero mucho más dispuestos que los grandes a aceptar la rutina del gobierno y a conservar la continuidad administrativa. Algunos provenían del círculo de su padre y no se distinguían precisamente por la limpieza de sus actuaciones, como el siniestro Jean de la Grange, párroco de Fécamp, tesorero de Francia antes de llegar a ser cardenal de Amiens y de aspirar a la tiara pontificia. La mayor parte de sus consejeros, aunque preocupados por su propia fortuna, eran funcionarios honestos y concienzudos parlamentarios, como Jean y Guillaume de Dormans, que fueron sucesivamente cancilleres, o el primer presidente Pierre d’Orgemont y el preboste de París, Hugues Aubriot. Mención aparte merece Bureau de la Riviére, pequeño gentilhombre del condado de Nevers, que fue su confidente durante los últimos años de su vida, y, en especial, a los jefes militares Jean de Vienne y Duguesclin.

Todavía en vida, este pobre caballero bretón gozó de una popularidad absolutamente desproporcionada a su valía o a sus acciones. Más adelante, en el recuerdo de los hombres, el nombre de Carlos V permanece indisolublemente unido al de su condestable, paladín de leyenda. No basta, para explicar esta visión, culpar al pesado poema de Cuvelier, larga rapsodia adobada con ingenuas anécdotas y de leyendas poco creíbles, réplica francesa a los ditirambos con los que el heraldo inglés Chandos había hinchado la gloria del Príncipe Negro y de sus caballeros gascones. Froissart, buen conocedor de la materia y eco fiel de los sentimientos caballerescos se extrañó también ante el favor que se había concedido a Duguesclin, a la vez que se maravillaba, complacientemente, ante sus proezas. La Francia de Carlos V encontró un jefe a su medida, para sus necesidades precarias que eran las únicas capaces de llevar a cabo, en este mediocre capitán, incapaz de ganar una batalla o de culminar con éxito un asedio de cierta importancia, cuyos únicos méritos fueron el ser capaz de galvanizar a las bandas de «routiers» dedicadas al saqueo, y, además, puntilloso en lo relativo al honor caballeresco. En el momento de entrar al servicio del rey y poco antes de su encumbramiento, el pobre caballero bretón, tras una juventud difícil y aventurera, no era sino un capitán de «routiers», amante del pillaje, de las campañas militares, aunque superior a sus congéneres por la autoridad de hierro y la disciplina rigurosa que imponía a sus mercenarios. Su estatua funeraria, en la abadía de Saint-Denis, nos ha dejado constancia de su poco afortunado físico, con su enorme cabeza encima de unos hombros cuadrados y una nariz enormemente aplastada sobre su boca, teniendo únicamente su sonrisa una apariencia humana. Debido a las circunstancias, se convirtió en el hombre de medios limitados, de escasos efectivos, de cortas expediciones y de escaramuzas por sorpresa. Ni siquiera tuvo el mérito de adoptar abiertamente una estrategia contemporizadora, que, realmente, le fue impuesta por el propio rey. Todas las veces que actuó por su cuenta, olvidando los consejos del rey, y que se enfrentó en algún combate en campo abierto, tal como sucedió en Auray o en Nájera, fue totalmente aplastado. Era un hombre ávido de títulos creados para él, como el de conde Longueville, que le fue otorgado por Carlos V, o el de duque de Molina, por el favor del rey de Castilla. Y, sin embargo, en los momentos comprometidos, el rey no dudó nunca e hizo callar a los envidiosos, confiando a Duguesclin la espada de Condestable, es decir, haciéndole asumir la dirección de los ejércitos reales. Una vez más, Duguesclin sabrá adaptarse perfectamente a las necesidades del momento. Durante los últimos diez años de su vida, fue el hombre que, con sus limitados medios, supo borrar la vergüenza del tratado de Calais. Su gloria eclipsó a la de todos los demás capitanes, e, incluso a la de los otros colaboradores del rey. A su lado, se borrará la imagen del enérgico Jean de Vienne, hombre del interior promovido por las mismas fechas al cargo de almirante de Francia y que, sin haber navegado en su vida, creó una flota regia digna de tal nombre.

II. LA RECONSTRUCCIÓN DEL REINO

Un espía inglés, encargado de recoger información para el príncipe de Gales acerca de las intenciones de Carlos V, escribía a su gobierno en la primavera de 1364:

«La política del nuevo rey consiste en dar buenas palabras a los ingleses hasta que haya recuperado a sus rehenes que residen en Inglaterra, o, al menos, a los más importantes; y, mientras tanto, hará la guerra contra el rey de Navarra y continuará la de Bretaña; y, amparándose en ambas guerras, irá reuniendo continuamente gente de armas; y, en cuanto haya recuperado a los mencionados rehenes, generalizará las hostilidades hacia varios frentes, contra los ingleses y contra el principado de Aquitania…, y recobrará cuanto ha perdido a manos de los ingleses, y, finalmente, les destruirá».

El pasado político del Delfín justificaba esta visión del futuro que, en los hechos quizá más que en las intenciones, se fue cumpliendo punto por punto. Resultaba lógico que los ingleses desconfiasen de Carlos, que había sido quien había rechazado el durísimo tratado de Londres, hecho frente a la gran expedición de 1359, forzado la liberación de su padre, y forzado la reacción contra el tratado de los rehenes, y, que, por lo tanto, no podía aceptar indefinidamente las renuncias acordadas en Calais. Pero, suponer que desde su advenimiento preparó la ruptura y fue reuniendo fuerzas para la reanudación de la guerra significaría acusarle de hipocresía o halagarle con una capacidad de previsión que no poseía hasta ese punto. La misma supervivencia del reino estaba amenazada por problemas demasiado graves como para poder soñar en reanudar el conflicto franco-inglés. Y, para salir del apuro en que estaba, no eran suficientes las buenas palabras que adormecieran a un adversario desconfiado, sino que se hacía preciso convencerle de su recta intención, captar su confianza, y, para ello, hacer frente, con el mayor celo posible, a todas las obligaciones impuestas por el tratado. Tal fue, como veremos, la actitud de Carlos con respecto a Inglaterra durante cerca de cuatro años. No conviene olvidar en ningún momento la constante presencia de un adversario puntilloso, desconfiado y dispuesto a la intervención en cuanto vislumbrase un engaño. Por ello, los resultados obtenidos gracias a la prudencia del rey adquieren una mayor relevancia.

El rey de Navarra, que se mantenía en paz desde 1359, se alzó de nuevo en armas en 1364. Una vez más, poseía buenas razones para levantarse contra los Valois. En esta ocasión, el conflicto se originó a causa de la sucesión de Borgoña. Al producirse la muerte prematura del enclenque Felipe de Rouvre (1361), el ducado tenía que recaer en los descendientes de las dos tías-abuelas del difunto. Carlos el Malo era nieto de la mayor de ellas, Margarita, y Juan el Bueno, de la menor, Juana. El problema radicaba en saber, si, como en el caso de Bretaña, se admitía según las costumbres borgoñonas la representación sucesoria. En caso afirmativo ya parece que ésta era la solución legal —el Navarro debía ser el heredero—. Pero, también en esta ocasión, el rey de Francia, señor eminente, actuó a la vez como juez y parte. Tras una supuesta investigación, se proclamó heredero y unió la Borgoña al dominio regio. Cuando llevó a cabo la promesa a su hijo menor, Felipe, el Navarro no aguantó más. En cuanto Juan hubo marchado a Inglaterra, inició la guerra contra el Delfín. El peligro grave de este tipo de revueltas residía en el hecho de que, con algunas bandas de mercenarios, Carlos el Malo podía hacer rendirse a París por hambre. Sus posesiones normandas le hacían dueño de Meulan y de Mantés, en el curso inferior del Sena, mientras que podía amenazar con facilidad Pontoise y Creil, a orillas del Oise. Su tía Juana, viuda del último Capeto desde hacía cuarenta años, y su hermana Blanca, viuda de Felipe VI, le permitieron la entrada en Melun, cuya posesión ostentaban las dos. Era el dueño de todos los ríos, salvo el Marne. Un feliz golpe de suerte permitió conjurar la amenaza: Duguesclin, encargado por el Regente de la defensa, le obsequió, en prueba de su feliz nombramiento, con la victoria más brillante de su carrera: en Cocherel, cerca de Mantés, los contingentes gascones del captal de Buch, al servicio de los navarros, fueron totalmente aniquilados el 16 de mayo de 1364. Al no apoyar Eduardo III, convenientemente convencido de ello por el nuevo rey, a Carlos el Malo, Duguesclin pudo conquistar el Cotentin, tomar Valognes, aunque fracasó ante Evreux. Muy pronto, el navarro prefirió abandonar las hostilidades. El tratado que se firmó en marzo de 1365 significaba el alejamiento para siempre de la amenaza que se cernía sobre París. Perdía, a su tenor, las ciudades del Sena inferior, quedando como único recuerdo para el futuro de su efímera dominación la encantadora capilla de Navarra en la colegiata de Mantés. A cambio, recibía la baronía de Montpellier, es decir, el coseñorío de una ciudad lejana, en la que, muy pronto, los servidores del duque de Anjou se encargarían de convertirlo en una ilusoria dominación. El navarro quedó así reducido a la categoría de conspirador oscuro, del que el rey de Francia no tendría en adelante nada que temer.

La cuestión bretona, sin embargo, no evolucionó de manera tan favorable para los intereses de los Valois. Como se recordará, en el tratado de Calais, como consecuencia de la reconciliación de Eduardo y Juan, ambos habían prometido un acuerdo de pacificación en el ducado. Pero cada uno seguía apoyando a su candidato: Eduardo a su pupilo Juan IV, educado en la corte de Londres, que profesaba un odio feroz a los Valois, y que en el exilio había aprendido a ser disimulado y desleal. Juan a Carlos de Blois, que hubiera abandonado fácilmente sus pretensiones si su dominante mujer no hubiera alimentado su intransigencia. Varias conferencias celebradas la primera en Calais, y luego en Saint-Omer y Londres, bajo el patrocinio de ambos monarcas, habían intentado en vano imponer la paz en el ducado. Juan IV de Montfort, emancipado por su tutor, había vuelto a su ducado en el verano de 1362. Muy pronto se reanudó la guerra, con su triste cortejo de expediciones devastadoras, golpes de mano, estratagemas y asedios. Se mantuvo indecisa durante largo tiempo, hasta el momento en que ambos contendientes decidieron plantear la batalla en campo abierto. En Auray, el 29 de septiembre de 1364, Carlos de Blois sufrió una derrota aplastante. Este santo hombre —que alcanzaría el rango de beato— murió como un bravo caballero. Duguesclin, que había acudido en ayuda de su «señor natural», estaba entre los prisioneros. La causa de Juana de Penthiévre, y en consecuencia la de los Valois, se hallaba perdida. Sin embargo, y confiando en la actitud por la corrección aparente del nuevo rey de Francia, Eduardo, fiel a las estipulaciones del tratado de Calais, no quiso sacar provecho de una situación que le era ventajosa. Esta circunstancia permitió a Carlos salir airoso de la situación. El tratado de Guérande, firmado en abril de 1365, otorgaba a Juana de Penthiévre, cuya causa se hallaba perdida sin remisión, algunas compensaciones a cambio de su renuncia al ducado, como el condado de Penthiévre, en Bretaña, y el usufructo del vizcondado de Limoges. Juan IV quedaba como único duque de Bretaña, pero a cambio del homenaje a prestar a Carlos V. De este modo, el ducado volvía a la esfera del reino de Francia, de la que había salido debido a la traición de los Montfort. En comparación con el éxito logrado, el nuevo duque consideraba llevadera esta subordinación a los odiados Valois. Sin duda, no tardaría él tampoco mucho tiempo a llevar a cabo su propia traición, pero, por el momento, Bretaña se libraba de los mercenarios ingleses, que la ocupaban desde hacía veinte años. Era cuanto se podía esperar después del desastre de Auray.

Con la neutralización de los navarros y la pacificación temporal de Bretaña se cerraban todos los boquetes por los que podía producirse la penetración de los Plantagenet en el quebrantado reino de Francia. La neutralidad de Eduardo III había permitido éxitos tan fáciles. En Flandes sería precisa, por el contrario, toda la habilidad política de Carlos V para oponerse con éxito a la diplomacia inglesa, sin forzarla, por otra parte, a la guerra. La nueva reglamentación de la sucesión flamenca, que los historiadores modernos han reprochado al prudente rey, no viendo en ella más que una ciega imprevisión, constituyó, sin embargo, si se sabe situarla en el contexto general de los acontecimientos, la victoria diplomática más espectacular de su reinado. En Calais, y en el contexto general de la pacificación de todo el occidente, Eduardo se había reconciliado con el hijo de Luis de Nevers y había abandonado a la voluntad del conde a los últimos partidarios de Artevelde. Esta paz se había transformado, muy pronto, en inquietante alianza en contra de los Valois. Pues, tras la muerte de Luis de Nevers en Crécy, le había sucedido su hijo Luis de Male, y con él, Flandes había cambiado completamente su política. Luis de Nevers, como todos sus predecesores desde comienzos del siglo, se había mostrado como un vasallo fiel de la corona francesa. Para poder hacer frente a sus deberes feudales, se había tenido que enfrentar a los más ricos de sus vasallos, las grandes ciudades industriales del Flandes marítimo, implicándose en terribles guerras civiles. La lección no había caído en saco roto. Su hijo, Luis de Male, que en los días más tristes de la revuelta había sido retenido como rehén por los burgueses de Brujas, no quería volver a pasar por semejante humillación. Decidido firmemente a realzar el prestigio condal, sabía que sin el apoyo financiero de las ciudades pañeras, el poder condal no era más que un espejismo. Se liberó, por tanto, de la tutela francesa, aproximándose a Inglaterra, cuyas lanas de buena calidad seguían aprovisionando a los telares flamencos. Ello coincidió con una estabilización, en beneficio de los intereses flamencos, de la vacilante política lanera de Eduardo III. En 1363, el «staple» de la lana se fijó en Calais, y la mercancía, una vez satisfechos los impuestos que engrosaban las arcas del Exchequer, iba a parar a Brujas, principal centro mercantil. Con el fin de mantener abierta la ruta de la lana, Luis de Male no dudó en estrechar su alianza con los Plantagenet.

Por otra parte, el conde no tenía otra heredera que su única hija, Margarita, viuda desde 1361 del enfermizo Felipe de Rouvre, duque de Borgoña, por lo que era la más rica heredera de Europa. De su padre recibiría los condados de Flandes, Nevers, Rethel, derechos sobre Amberes y Malinas; de su abuela, los condados de Artois y de Borgoña (que más tarde se llamará el Franco-Condado). A partir de 1363 se realizaron negociaciones matrimoniales con la corte de Londres. Eduardo propuso como candidato a su mano a su cuarto hijo Edmundo de Langley, conde de Cambridge y más tarde duque de York y origen de la dinastía del mismo nombre. Se comprometía a ceder al joven conde en «apanage» Calais, el condado de Guiñes, el Ponthieu, y todas sus posesiones del norte de Francia. Se formaría, de este modo, un extenso principado que iría desde la desembocadura del Somme a la del Escalda, semejante en poder al que detentaba en el sur el Príncipe de Gales. Los dos hijos del rey de Inglaterra, con extensas posesiones, podrían ejercer una vigilancia sobre los Valois, impidiéndole, mediante esta doble amenaza, la reanudación de la guerra. En todo caso, la dominación francesa sobre Flandes, tan duramente conseguida y defendida por Felipe el Hermoso, se había convertido en algo vacío de contenido.

Carlos V, apenas ascendido al trono, intentó por todos los medios a su alcance deshacer la intriga. La condesa viuda —una hija de Felipe V— dueña del Artois y del Franco-Condado, era totalmente partidaria de la causa de los Valois y maniobró contra su hijo y contra la alianza inglesa. El apoyo del Papa resultó todavía más útil: el 18 de diciembre de 1364, Urbano V, empleando como pretexto los lazos de parentesco en un grado que el derecho canónico prohibía, deshizo el matrimonio entre Edmundo Plantagenet y Margarita de Flandes. A continuación, y como respuesta a la bravata del príncipe inglés en contra de la decisión pontificia, el Papa revocó todas las dispensas de consanguinidad concedidas por sus predecesores a los hijos del rey de Inglaterra. Eduardo III no se atrevió a protestar, ni siquiera en contra de las poco leales maniobras de Carlos. Luis de Mâle conservó siempre, por ello, un rencor inextinguible contra su soberano.

Una vez conjurado el peligro del matrimonio inglés, Carlos V concibió el proyecto, mucho más ambicioso, de hacer recaer en su familia la herencia flamenca. De sus tres hermanos, Felipe el Atrevido, duque de Borgoña, aún no estaba casado. En su calidad de sucesor de Felipe de Rouvre en el ducado, ¿no resultaba, acaso, natural que se casase también con su viuda? Todas las acciones diplomáticas de Eduardo III para que Urbano V rectificase su decisión habían fracasado ante la obstinación de un pontífice francés, de ningún modo dispuesto a permitir ningún perjuicio a su país. Pero, cuando Carlos V, a su vez, lo solicitó, concedió sin dificultad las dispensas matrimoniales al duque de Borgoña, en el año 1367. Luis de Mâle se mostró menos complaciente. Fueron precisos dos años de difíciles negociaciones para lograr convencerle. Incluso entonces, vendió muy caro su consentimiento; exigió la devolución por parte francesa del Flandes valón, es decir, de las tres castellanías de Lila, Douai y Orchies, que, desde la época de Felipe el Hermoso se habían incorporado al dominio regio francés. Carlos V hizo suscribir vanamente a su hermano un compromiso secreto, según el cual, cuando fuese conde de Flandes, devolvería a la corona los territorios perdidos, ya que, al mismo tiempo, el poco escrupuloso marido de Margarita de Flandes prometía a su suegro no enajenar nunca las tres castellanías, que perdía así la monarquía francesa. El rey de Francia, por lo menos, veía plenamente realizadas sus ambiciones políticas. Flandes, amenaza para Francia durante tantos años, iba a estar dominado por un Valois. No resulta fácil hablar de su ceguera política por el hecho de que el futuro iba a contrariar sus cálculos y éste era el primer paso hacia la formación de la formidable potencia borgoñona. Carlos V se mantuvo fiel a la política de sus antecesores, Capetos y Valois, para los que el incremento del poder monárquico resultaba inseparable del afianzamiento en posiciones ventajosas de los hijos menores. Casualidades afortunadas, la mediocridad de la mayor parte de estos segundones, la rápida extinción de las más potentes de estas dinastías, o su establecimiento fuera del reino habían demostrado la prudencia de esta política. Los ejemplos de Roberto de Artois o de Carlos el Malo de Navarra, los primeros príncipes de la casa real francesa que se habían levantado contra la autoridad regia, habían producido un gran revuelo, pero se habían resuelto favorablemente. Todo el mundo sabía que la relación de fuerzas entre la monarquía y los príncipes con «apanages» podía cambiar. A la muerte de Carlos V y cuando sea ya demasiado tarde como para evitar el peligro, se tomará conciencia del problema.

Hasta el momento, se trataba aún de un brillante éxito diplomático. Dificultades mucho más angustiosas habían asaltado al rey en el mismo corazón de su reino. Los perjuicios que ocasionaban las compañías no cesaban de aumentar con el paso del tiempo. Las guerras, inglesa, bretona, navarra, habían atraído al suelo de Francia una muchedumbre de mercenarios, cosmopolita, pero unida por su aspiración de vivir a costa de la guerra, necesitada de provocar la guerra continuamente para poder vivir de ella. Había entre ellos algunos ingleses, muchos gascones, bretones, españoles, e incluso alemanes. Tomaban como capitanes a aventureros desconocidos que, muy pronto, merced a golpes de mano afortunados, a la autoridad que ejercían y a los éxitos logrados, se veían rodeados de fanáticos e interesados partidarios. Estos routiers, que no todos habían combatido por cuenta inglesa antes de la batalla de Bretigny, eran, sin embargo, conocidos en todas las provincias a las que sometían al terror, como «los ingleses». Primer indicio, quizá, del odio de un pueblo hacia otro que era inevitable que una guerra tan larga engendrase en los corazones de los hombres. Ni Arnaut de Cervole, apodado el Arcipreste, natural de Auvernia, ni Bertucat d’Albret, gascón, ni Seguin de Badefol, natural del Perigord, ni el «Petit Mechin», del Languedoc o de Saboya, eran, como se ve, naturales de Inglaterra. Eran, más que nada, hombres de guerra, a los que el tratado de Calais había quitado la forma de ganarse la vida. Eduardo III se había comprometido en Calais a forzar la evacuación de las provincias que quedaban en manos francesas a los capitanes que él había pagado hasta el momento. Pero carecía de los medios para actuar contra ellos, una vez que les hubo suprimido la soldada; sus órdenes, poco efectivas, sólo podían cumplirse por la fuerza. Y, como el Príncipe Negro, preocupado de la buena administración de sus territorios, había cerrado completamente la frontera aquitana a los routiers, éstos se retiraron hacia el reino de Juan el Bueno, donde no existía una organización capaz de rechazarlos.

No se repartieron de forma igual por todo el territorio del reino, sino que llevaron a cabo sus desmanes, de preferencia, en aquellas provincias, que, al no haber sufrido todavía en exceso, podían mantenerles con más facilidad: Borgoña, el Macizo Central y el Languedoc. Por otra parte, carecían de cualquier plan de conjunto. Cada compañía —compuesta por algunos centenares de hombres, como máximo— actuaba aisladamente. Les bastaba con tomar por sorpresa dos o tres castillos para tener aterrorizada a toda una región, obligar a pagar rescate a sus habitantes, hacer requisas de todos los víveres, cortar los caminos, vender a precio de oro los «pátis» o salvoconductos, valederos, según las ocasiones para un individuo o para un pueblo entero. En algunos casos, se juntaban para llevar a cabo una operación de envergadura, como fue el caso de la «gran compañía» que se formó hacia finales de 1361, descendiendo por los valles del Saona y Ródano, apoderándose de Pont-Saint-Esprit y sometiendo al Papa al pago de un rescate; o, como fue el caso de los «Tard-Venus» (los tardíos, últimos llegados) —cuyo pintoresco nombre indica que operaron en un territorio que ya había sido castigado por otros— que, durante los años siguientes, amenazaron Lyon. Ni Juan el Bueno ni Carlos V fueron capaces de llevar a cabo el esfuerzo financiero necesario como para exterminar a estas insaciables bandas. Las excomuniones que sin cesar les lanzaba el Papa o la interdicción lanzada contra los cristianos que comerciasen con ellos eran armas todavía menos eficaces. El peso de la defensa recayó sobre cada población, a nivel local: fue a cada bailía o a cada gran feudo a quienes exigían el pago de subsidios. Pero los Estados locales no se atrevieron a llevar a cabo una guerra larga y de resultado imprevisto; resultaba más rentable comprar la retirada de los routiers, lo que no hacía sino desplazar el problema hacia otro lugar. Cuando se intentaba hacer un esfuerzo más serio, normalmente los resultados eran catastróficos. Esto es lo que sucedió en 1363, en que un poderoso ejército de caballeros, convocado por el duque de Borbón, fue aplastado por Seguin de Badefol en Brignais, cerca de Lyon.

La situación empeoraba sin cesar. El fin de la guerra de Bretaña, así como el de la de Navarra, en los primeros meses del reinado, atrajeron nuevas bandas sobre el reino ya exangüe. Los focos más peligrosos se encontraban en las montañas del centro, en la línea de fortalezas que, desde los confines del Perigord a los del Delfinado, a través de la Auvernia, el Velay, el Forez y el Lyonnais, cortaban las relaciones de todo el país con las senescalías meridionales. La única forma de librarse de estos bandidos consistía en enviarlos a luchar a otra parte. Nadie más indicado para ello que Duguesclin, que compartía sus aficiones y sabía alimentar sus ambiciones y que era, por tanto, el único capaz de llevar a cabo la maniobra. Carlos V le empujó a hacerlo. La primera tentativa fracasó: se trataba, nada menos, que de llevarse a estos descreídos y excomulgados, atravesando toda Europa, a los confines de Hungría, a contener el avance de los otomanos, que hacía poco habían atravesado a Europa. Se intentó calificar de cruzada a la expedición, por lo que los routiers ganarían el paraíso. El ofrecimiento les pareció arriesgado y el objetivo demasiado lejano. En ese momento, se les ofreció un teatro de operaciones más próximo: España.

Aunque desgarrados por las luchas intestinas, los reinos ibéricos estaban aún al margen del gran conflicto franco-inglés. En Castilla reinaba desde hacía unos quince años el rey Pedro I, apodado con toda justicia el Cruel, sin duda inteligente, valiente y autoritario, pero de una brutalidad que le iba a granjear el odio de la mayor parte de sus súbditos. No contento con secuestrar y haber dejado morir en prisión a su mujer, Blanca de Borbón, cuñada de Carlos V, con la que se había casado contra su voluntad, sus susceptibles celos le habían llevado a perseguir a los bastardos de su padre: uno de ellos, Enrique de Trastamara, había huido de España, se había refugiado en el Languedoc, donde, Luis de Anjou, más ardoroso que su hermano, preparaba, desde finales de 1364, la próxima reanudación de las hostilidades contra el principado de Aquitania. El príncipe exiliado obtuvo tierras, dinero, que utilizó para fines militares y se convirtió en un instrumento fiel en manos de los Valois. Hacia mediados del año 1365, se gestaron y precisaron planes grandiosos. Pedro el Cruel había iniciado una guerra contra Pedro el Ceremonioso, su vecino aragonés; se trataba de una vieja querella sobre la posesión de algunas provincias fronterizas, que envenenaba la relación entre dos príncipes cuya perfidia era semejante. El aragonés, en busca de alianzas, se aproximó a Luis de Anjou; Enrique de Trastamara, que formaba parte del complot, proclamó sus derechos como pretendiente al trono castellano y prometió ceder a Aragón las provincias en litigio como pago de su ayuda militar. Carlos V, que siguió la maniobra bastante de lejos, creyó ver en ella la buscada oportunidad de desembarazarse de las compañías. Duguesclin, llamado tanto por el Ceremonioso como por el pretendiente Trastamara, llevó consigo al otro lado de los Pirineros a los routiers más peligrosos; entre los jefes de bandas que partieron con él había muchos gascones, pero también temibles ingleses, como Hugues de Calverley y Mathieu de Gournay. La campaña parecía fácil. Abandonado por todo el mundo, Pedro el Cruel huyó. Enrique de Trastamara, al frente de sus routiers, se coronó como rey de Castilla. Carlos V había conseguido con ello un aliado agradecido al otro lado de los Pirineos, y al mismo tiempo, había librado a su reino de la mayor parte de estos soldados profesionales que le saqueaban.

La réplica inglesa no tardó en producirse. Enrique de Trastamara se debatía en medio de las dificultades propias de todo prentendiente que, en su exilio, había prometido demasiadas cosas, promesas que luego no era capaz de cumplir. El rey de Aragón, los routiers y otros partidarios suyos sin recursos, le presionaban para que cumpliera todas sus promesas. Su rival, por otra parte, no había perdido las esperanzas. Ya que el Trastamara se había convertido en rey merced a la ayuda del duque de Anjou, Pedro el Cruel se dirigirá, para recuperar su trono, al príncipe de Aquitania y de Gales. Conocía la avidez de gloria militar del Príncipe Negro; en su refugio de Bayona, le ofreció entregarle Vizcaya, importante anexión para Aquitania, corriendo a su cargo todos los gastos de la guerra. Carlos el Malo, desde su capital navarra, intrigaba entre los dos partidos, según su costumbre, inclinándose finalmente por el que encabezaba el Plantagenet. La colación anglo-gascona, navarra y castellana puso rápidamente en pie de guerra un poderoso ejército. En Nájera, al sudoeste de Pamplona (la «Navarette» de los cronistas franceses), el vencedor de Poitiers consiguió, el 3 de abril de 1367, una victoria tan aplastante como la anterior. Con la huida de Enrique de Trastamara y la prisión de Duguesclin, se había casi completamente derrumbado la combinación urdida por Carlos V, a excepción, quizá, de la destrucción de los routiers, cuyos cadáveres llenaron en importante proporción el campo de batalla.

Sin embargo, la «comedia» castellana no había acabado aquí. La continuación tiene menos interés para el objetivo de este libro. Basta recordar que Pedro el Cruel, que había momentáneamente recuperado el trono, vio cómo la revuelta volvía a cernirse a su alrededor; que Duguesclin, liberado gracias a la intercesión del rey de Francia —a pesar de haber presumido, en una incalificable fanfarronada, que todas las campesinas del reino contribuirían al pago de su rescate, fijado por él mismo, muy alto, para darse importancia—, volvió a ponerse al servicio de Enrique de Trastámara; que, finalmente, en el enfrentamiento fratricida de Montiel, dos años después de la batalla de Nájera, Enrique mató cobardemente a Pedro con sus propias manos. En este momento, la guerra se había reanudado en Francia y Duguesclin, que se creía ya en la culminación de su poder, ricamente dotado en Castilla, fue llamado por Carlos V para combatir frente a los ingleses.

III. LA REANUDACIÓN DE LA GUERRA

La solución de los problemas de Navarra, Bretaña y Flandes, la lucha contra las compañías, juntamente con la necesidad de rehacer las quebrantadas finanzas y reorganizar la defensa de un reino disminuido, habían sido excelentes razones para Carlos V para permanecer en buenas relaciones con el Plantagenet, vencedor, y para mostrarse escrupulosamente respetuoso con las condiciones de paz, a pesar de los sacrificios que esto pudiera comportar. Entre 1364 y 1368, el prudente rey había intentado dar una respuesta adecuada a cuestiones tan graves como el acuerdo sobre los territorios en litigio, el pago de los atrasos del rescate de su padre y la liberación sucesiva de los rehenes. Desde el punto de vista jurídico, su posición seguía siendo irreprochable, ya que se seguía ajustando con exactitud a los términos del tratado de Calais. El tratado sobre los rehenes, rechazado por los Estados reunidos en Amiens, así como el acuerdo que Juan el Bueno había firmado en sustitución poco antes de su muerte —y cuyas cláusulas seguimos desconociendo—, no comprometían al nuevo soberano. Pero, en lo que se refiere a la aplicación del tratado de Calais, mostró un celo, verdadero o fingido, que hizo cobrar confianza a Eduardo III, menos interesado que su adversario, al parecer, en solucionar con rapidez las cuestiones pendientes. Las negociaciones, iniciadas en los últimos meses de 1364, no tuvieron un desarrollo rápido. Carlos, que no quería ceder ni un centímetro más de lo acordado en el tratado, rendía al rey de Inglaterra servicios de poca importancia, que le hacían tener paciencia. En febrero de 1366, el duque de Berry llegaba finalmente a un acuerdo. Carlos entregaba inmediatamente lo que restaba hasta el primer millón y prometía pagar los restantes plazos del rescate de la forma más inmediata que le permitieran sus quebrantadas finanzas. Y, de hecho, a lo largo del año había pagado 400.000 escudos, mientras que en 1367 debía de completar y superar la mitad de la suma prometida. A cambio, recuperaban definitivamente la libertad los rehenes de sangre real, Juan de Berry y Pedro de Alençon, y otros, como Borbón, eran provisionalmente liberados, aunque nunca más volverían a prisión. En Londres no quedaban, después de este acuerdo, más que el pequeño grupo de rehenes de menor importancia, como barones o burgueses; algunas medidas individuales de clemencia permitieron la puesta en libertad de algunos de ellos, mientras que otros contraían matrimonio y se quedaban en Inglaterra de forma permanente, como fue el caso de Enguerrand de Coucy, que llegó a ser yerno de Eduardo III. Se había, también, llegado a un acuerdo para que unas comisiones mixtas de investigación fijasen, sobre el terreno, las fronteras entre los territorios franceses e ingleses. Tenían que plantearse problemas como el de saber si Montreuil dependía del Ponthieu o de Picardía, o cuáles eran exactamente las plazas dependientes del señorío de Belleville que había quedado unido al Poitou de los Plantagenet. Carlos tenía interés en llegar pronto a soluciones. Los retrasos de los comisarios ingleses, la lentitud de las mutuas investigaciones —no había nada tan complicado como la geografía feudal— hicieron que las discusiones fueran estériles. Pero se trataba de detalles poco importantes, que no bastaban para hacer peligrar la paz. La aplicación del tratado de Calais parecía, en los primeros meses de 1368, cosa plenamente garantizada. La rivalidad entre Valois y Plantagenet se estaba manifestando en otros problemas. Pero, ni Carlos V ni Eduardo III estaban interviniendo de forma oficial en los asuntos españoles. Habían, simplemente, dejado actuar al duque de Anjou y al Príncipe de Gales. Esta ficción de no intervención permitía mantener entre ambos unas relaciones cordiales. Así estaban las cosas, cuando un incidente imprevisto vino a plantear de nuevo el mismo fundamento de la paz, al poner de nuevo sobre el tapete el problema todavía no solucionado de las mutuas renuncias. Fue la cuestión de las apelaciones de los señores gascones.

La administración del Príncipe Negro en Aquitania no se podía calificar de positiva. Había traído consigo las duras exigencias que habían hecho la fuerza de los Plantagenet: una administración puntillosa, con grandes necesidades de dinero, con la obsesión de conseguir una ciega obediencia de parte de todo el mundo, campesinos, iglesias, vasallos. La situación podía ser, hasta cierto punto, tolerable para los territorios recientemente anexionados, acostumbrados a la burocracia de los Valois. Pero los gascones no lo entendían de este modo. No eran «anti-franceses» más que en la medida en que temían la injerencia de los oficiales regios franceses, por lo que preferían la tutela de un Plantagenet lejano. Pero, una serie de factores les alejaban de las pretensiones del Príncipe de Gales, como eran su larga tradición de autonomía, que nunca habían podido quebrar los débiles lugartenientes llegados de Inglaterra, así como su vieja afición a la anarquía. La independencia concedida al príncipe heredero en su «apanage» tenía sus puntos negativos, ya que debía hacer frente, con sus propios medios al coste de una ambiciosa política. Ya, en los años 1364, 1365 y 1366 se había visto obligado a gravar a sus súbditos con onerosos impuestos sobre los hogares. Después de la batalla de Nájera, la situación se hizo más difícil. Pedro el Cruel ni había entregado Vizcaya, ni había pagado nada de los gastos de la campaña. Los routiers victoriosos habían penetrado en Aquitania. Para evitar sus saqueos, había que pagarles. Debilitado por las fiebres que harían de él un anciano precoz, el vencedor de Nájera no tuvo más remedio que presentarse suplicante ante los Estados de Aquitania, convocados en Angulema, en los primeros días de 1368. Consiguió de ellos un impuesto sobre el fuego de 10 sueldos por hogar, valedero durante cinco años, pesada financiación de las aventuras españolas.

Tampoco esta vez hubo protestas en las provincias recientemente arrebatadas al rey de Francia. Pero no sucedió lo mismo en la vieja Gascuña inglesa. Olvidando los favores que habían recibido desde la firma del tratado de Calais y pretextando que no se podía gravar a los súbditos sin su explícito consentimiento, dos de los más importantes vasallos de Guyena, Juan I de Armagnac y Arnaud Amanieu, señor de Albret, se negaron a que se percibiera el impuesto en sus tierras. En vano el Príncipe de Gales adujo que el subsidio, al haber sido votado por los Estados de Aquitania, había de ser pagado por todos los súbditos del Principado, fuera cual fuera su condición. Apelaron al respeto al rey de Inglaterra, en su condición de soberano supremo del «apanage» principesco, y, a continuación, sin esperar el resultado de la investigación ordenada por Eduardo III, marcharon a París, donde el señor de Albret se casó, precisamente, con la hermana menor del rey de Francia.

Es fácil adivinar las preocupaciones y dudas que embargaron a Carlos V ante la proposición que le plantearon los astutos gascones. Al haberles negado justicia el Príncipe de Gales, al rechazar sus protestas, apelaban al respeto al rey de Francia, soberano supremo de Aquitania, y pedían que su tribunal se pronunciase al respecto a su favor. ¿Era prudente aceptar las apelaciones de Gascuña? ¿Tenía una base jurídica el hacerlo? Era cierto que, por la desidia de Eduardo III, no se había llegado al intercambio de renuncias que preveían las cláusulas del tratado de Calais. Pero no cabían malos entendidos: Eduardo III había dejado de emplear el título de rey de Francia y ya no empleaba en sus armas los leopardos sobre las flores de lis, mientras que ni Juan el Bueno ni Carlos V habían vuelto a actuar como soberanos del principado de Aquitania, ya que no había habido intromisiones de los oficiales franceses, ni convocatoria a la hueste regia ni al Parlamento. Si se aceptaba como ajustada a derecho la apelación, se trataba de la ruptura formal del tratado de Calais, y, por tanto, de la reanudación de la guerra. ¿Estaba preparada para ello una Francia tan aniquilada? Carlos quería estar seguro tanto del derecho que le asistía como de las fuerzas con que contaba. Convocó sus consejos, pidió dictámenes a los juristas, consultó a sus barones y notables. Las opiniones interesadas que recibió le otorgaron la seguridad de la justicia de su causa, ya que, al no haberse intercambiado las renuncias, le correspondían de pleno derecho «la soberanía y el derecho último» de la Aquitania; rechazar las apelaciones equivalía al incumplí mentó de sus deberes de rey, de soberano aplicador de justicia, al abandono de sus súbditos a la arbitrariedad de un vasallo felón, y por tanto, la traición del juramento de su coronación. La paz, se decía, no tenía por qué ponerse en peligro, si los Plantagenet se sometían a la justa sentencia de su soberano supremo, al permanecer en vigor el resto del tratado. Si ésta se rompía, toda la responsabilidad recaería en el rey de Inglaterra.

Tras dos meses de dudas y de retórica, Carlos se decidió a pasar el Rubicón. El 30 de junio de 1368, el conde de Armagnac depositaba su apelación ante el Parlamento, con estricta observancia a las formas exigidas por la costumbre; el rey prometía a los apelantes toda su ayuda contra cualquier represalia por parte del príncipe de Aquitania; mientras tanto, les otorgaba pensiones y dádivas. Pero, por el momento, los acuerdos permanecieron secretos. De este modo, no se podría desvelar el juego y reanudar la guerra hasta el momento en que todas las bazas estuvieran en manos de los Valois.

Era preciso, en primer lugar, que aumentase el número de apelantes, que el príncipe de Aquitania tuviera que hacer frente a una rebelión casi unánime de sus Estados. De ello se ocupó el duque de Anjou, siempre deseoso de reanudar la guerra contra una Gascuña con la que le hubiera gustado redondear su «lugartenencia». En junio de 1368, el conde de Armagnac era el único apelante; el señor de Albret no depositó su apelación hasta el 8 de septiembre; en el mes de mayo del año siguiente, eran ya los apelantes entre ochocientos y novecientos. Mediante distribuciones de dinero, concesiones de privilegio, e incluso, amenazas, se había «trabajado» el Poitou, el Perigord, el Quercy, Rouergue y el Agenais; se había obtenido la adhesión de los prelados, de los monasterios, de los grandes vasallos, como el conde de Perigord, de ciudades como Agen, Cahors, Millau. Movimiento irresistible, que parecía presagiar una fácil reconquista.

Entre tanto, se había puesto en marcha la implacable maquinaria del procedimiento parlamentario. Como el secreto, mal guardado, comenzaba a divulgarse, Carlos V lanzó el 3 de diciembre de 1368 una gran proclama, explicando cómo, según derecho, podía acoger las apelaciones, cómo, en conciencia, se veía obligado a ello, cómo, finalmente, la paz sólo se vería comprometida por culpa de los Plantagenet. La mayor parte de los grandes vasallos dieron su aprobación y otorgaron al documento la publicidad que necesitaba. Solamente el conde de Flandes —justamente en aquel momento se estaba en lo más delicado de las negociaciones para el matrimonio de su hija— respondió al rey con insolencia: «Pienso que vos sabéis bien lo que debéis de hacer. En lo que a mí se refiere, no publicaré esta carta en mis Estados, teniendo en cuenta que mis súbditos son gente ruda y esta publicación no podría ser útil a nadie». El 28 de diciembre, un gran consejo aprobó la política del rey. Hacia mediados de enero, el senescal de Toulouse llevó ante el Príncipe de Gales, en Burdeos, una citación para comparecer ante el Parlamento, para notificar las concesiones de salvaguarda a favor de los apelantes. Froissart nos ha transmitido la orgullosa respuesta del príncipe: «Con sumo gusto iremos a París, en el día en que hemos sido convocados, ya que ésta es la voluntad del rey de Francia, pero lo haremos con el yelmo en la cabeza y al frente de sesenta mil hombres de nuestra compañía». Y el senescal de Toulouse fue hecho prisionero… El 2 de mayo de 1369, los apelantes comparecieron en París, el Parlamento declaró contumaz al príncipe y, a continuación, una nueva asamblea de notables aclamó al rey. El 8 de junio, éste anunciaba su intención de llevar a cabo una guerra justa contra el Príncipe de Gales y sus partidarios. Pero esperó hasta el 30 de noviembre para pronunciar la sentencia de confiscación de Aquitania en contra de su vasallo felón, renovando, treinta años más tarde, el gesto por el que Felipe VI había desencadenado la guerra.

Eduardo III se había contenido hasta el último momento para preservar tanto la paz como sus propias conquistas. Ya en septiembre de 1368, embajadores ingleses reclamaban en París la entrega de los territorios en litigio, el pago del rescate, la sustitución de los rehenes muertos en prisión, mientras que pedían a Carlos que no acogiese las apelaciones gasconas, de las que ya se comenzaba a hablar. El prudente rey francés prometió negociar, pero, en enero de 1369, sus embajadores planteaban en Londres sus reclamaciones en un tono diferente. El rescate no había podido ser pagado —argumentaban— porque el rey de Inglaterra había autorizado a sus mercenarios a saquear Francia; incluso, muy recientemente, los vencedores en la batalla de Nájera, expulsados sin soldadas de Aquitania, habían penetrado en la Auvernia y estaban amenazando a Borgoña. Para terminar con el problema de los territorios en litigio, ofrecía a cambio abandonar sus pretendidos derechos sobre Rodez y La Roche-sur-Yon. Entonces, Eduardo, conciliador ante tanta arrogancia, propuso un nuevo arreglo, admitió nuevos retrasos para el pago del rescate, aceptó intercambios territoriales, e, incluso, prometió que, si se abandonaba el procedimiento de apelación, se aceptaría el arbitraje del rey de Francia entre el príncipe de Aquitania y sus súbditos en rebeldía; propuso finalmente, pero era ya un poco tarde para ello, el intercambio inmediato de las mutuas renuncias. Carlos, decidido ya a la reanudación de la guerra, no respondió a los ofrecimientos de su rival.

La causa de esta actitud era que el reino de Francia, a pesar del desmembramiento de sus provincias sud occidentales, podía ver con cierta confianza la reanudación de las hostilidades. La fortuna había querido, aunque se hubiera buscado con habilidad, que Carlos tuviera más recursos que sus predecesores. Se recordará que, al poco tiempo de producirse su liberación, Juan el Bueno había decretado la percepción en todo su reino de una gabela y de ayudas de tipo indirecto sobre las mercancías y las bebidas. El impuesto estaba destinado a durar mientras se estuviese pagando el rescate del rey. Existía el riesgo de que se convirtiera en permanente, para beneficio de la monarquía. Todavía en 1363 y con el pretexto de los saqueos de las compañías, los Estados reunidos en Amiens habían otorgado un impuesto sobre hogares perceptible en plazos trimestrales, para el plazo de un año, añadiéndose que sería válido «en caso de necesidad (ojalá no suceda) los otros años, en los mismos términos». Carlos siguió percibiéndolo de forma regular, aunque, en 1367, a petición de los Estados del Languedoïl, se había rebajado los porcentajes. Pero, la reanudación de la guerra le permitió, en 1369, mantener los impuestos indirectos, la gabela y un impuesto sobre el hogar de 6 francos por fuego en las ciudades, y de 2 francos en el campo. Esta imposición se prolongaría hasta el final del reinado. Es cierto que su percepción no era uniforme, puesto que se descargaba a las provincias más empobrecidas, se perdonaban los atrasos no pagados, se permitían redenciones a las ciudades, se repartía el producto con los grandes vasallos en los casos en que se obtenía en sus tierras, y ni Flandes, ni Borgoña y Bretaña contribuían. El impuesto seguía siendo, en principio, temporal y sometido a la voluntad de los que lo pagaban. Pero, a excepción del Languedoc, donde los Estados votaban y distribuían las tasas y garantizaban su empleo localmente, Carlos V, más de hecho que de derecho, disponía de unos ingresos fijos. Prueba de ello es la culminación y estabilización de la maquinaria administrativa destinada a recaudar y distribuir estas «finanzas extraordinarias». En el Languedoïl —las dos terceras partes del reino— conservó la institución de los «élus», creación circunstancial de los Estados de 1355. Pero, en adelante, estos «elegidos» serán funcionarios del rey y no representantes de los Estados. En cada una de las treinta circunscripciones de elección en que, más o menos, se dividía entonces el dominio regio, estos «elus» se encargaban de la distribución del impuesto sobre el hogar por parroquias, se ocupaban de que los recaudadores reuniesen las cantidades fijadas, procedían al arrendamiento de los impuestos indirectos, y juzgaban en primera instancia los procesos fiscales; por encima, «los consejeros generales para las ayudas», entre seis y doce, presidían la fijación del impuesto, juzgaban las apelaciones, comprobaban la contabilidad del recaudador general, encargado de la centralización de la recaudación, así como la de los tesoreros de guerra, que eran quienes efectuaban los gastos. La percepción de la gabela se hizo mucho más rigurosa: encargados de los graneros, controladores, medidores, vigilaban los depósitos de sal en los graneros reales donde se percibía el impuesto. Y como el contrabando podía empobrecer el tesoro, se imponía ya a los contribuyentes la compra de una determinada cantidad de sal: se trataba de la «sal por deber», típica secuela del Antiguo Régimen.

Por imperfecta que aún fuera, esta maquinaria fiscal, por otra parte impopular, permitía mantener una fuerza armada poco numerosa, pero mucho más disciplinada que en el pasado. En cuestiones militares, la abundante legislación de Carlos V, tanto la anterior a 1369 como la posterior a esta fecha, no presenta muchas novedades; se limita a recoger y sistematizar las ordenanzas anteriores. No hay innovaciones ni en cuestiones de disciplina, de jerarquía, de pago de las soldadas o de control de los efectivos, sino que trataba de las mismas medidas, de los mismos mecanismos que regían en tiempos de Felipe VI o Juan el Bueno. Si, en la práctica, este aparato, militar se mostró menos defectuoso fue porque la vuelta a las acuñaciones monetarias de buena calidad permitió fijar las soldadas en un índice permanente y más beneficioso, y, porque los tesoreros de guerra, entre los que destacó el activo Jean le Mercier, las pagaban de forma más regular. Unicamente para el ejercicio correspondiente a 1370-71, se produjo un desembolso de 300.000 libras, y no se trataba más que la soldada destinada a la gente de armas, es decir, a la caballería, pues la infantería era pagada por un oficial del jefe de los alabarderos. No estamos, por tanto, ante nada comparable a lo que, más tarde, sería la reforma militar de Carlos VII.

Recordemos, sin embargo, algunos nuevos objetivos, cuya utilidad y oportunidad quedarían patentes en el curso de las próximas operaciones. Hay una nueva atención al papel, hasta el momento despreciado, de la infantería en los combates; en 1367, se mandó llevar a cabo una investigación sobre el número de alabarderos que podría proporcionar cada ciudad, se les obligó a hacer una instrucción regular, se mejoró su armamento; en 1369, se prohibieron los juegos populares para obligar a los artesanos a practicar el tiro con arco. La obra militar de Carlos V alcanzó su mayor originalidad en el campo de las fortificaciones. La lucha contra las compañías había hecho patente el peligro que entrañaba la mala defensa o deficiente conservación de los castillos. ^La ordenanza de julio de 1367 prescribía la inspección de los castillos señoriales; los señores serían obligados a repararlos, guarnecerlos con tropas y artillería, con la ayuda financiera del rey, mientras que todos los castillos sin posibilidades de defensa serían demolidos. La medida se aplicó de forma imperfecta, lo suficiente, sin embargo, como para poder hacer frente a las cabalgadas inglesas.

Y es que, los Plantagenet, a quienes no había afectado la gran lección de 1359, conservaron las tácticas que se habían practicado durante la primera parte de la guerra. Esta consistía básicamente en preparar en la isla y con gran costo una expedición de algunos miles de caballos, transportarlos al continente, y, allí, lanzarla a la aventura, en una «cabalgada» devastadora, dispuesta a tomar por sorpresa las ciudades mal defendidas, pero haciendo sobre todo una guerra de pillaje, no aceptando el combate en campo abierto más que si encontraba terreno favorable en el que desplegarse. El encuentro sólo podía tener lugar si el enemigo se dejaba arrastrar al combate. Carlos sabía lo que eso había supuesto para su padre y su abuelo. Prefería, incluso, el pillaje de los campos a la derrota militar. La táctica que empleará en sus guerras como rey será la misma que había empleado siendo regente. La conseguirá imponer, no sin dificultades, a su impaciente caballería, hará que Duguesclin la comparta, convencido finalmente de su validez. Y mientras tanto, las fuerzas del duque de Anjou, reclutadas en el Languedoc, se dedicarán a la reducción sistemática de la Aquitania.

Eduardo III, ya demasiado viejo para combatir —se aproximaba a los sesenta años— confió el mando de sus cabalgadas a otros capitanes y no al vencedor de Poitiers, muy ocupado en su principado. En los últimos meses de 1369, Juan de Lancaster, tercer hijo del rey y heredero por su mujer de un nombre y una fortuna de enorme importancia, desembarcaba en Calais, atravesaba el Artois, Picardía y llegaba a Normandía; pero su situación no era favorable y los víveres, cuando se aproximaba ya el invierno, no eran abundantes, por lo que se retiró a Calais sin haber conseguido nada positivo. El año siguiente se produjo una nueva invasión. Y, caso nuevo y casi irrepetible, estaba a su frente un simple caballero, pero capitán de gran prestigio, Robert Knowles. Desde Calais avanzó directamente hacia la Ile-de-France, quemando a su paso la campiña de París. Fue en ese momento cuando Carlos V, presionado por sus consejeros para que aceptase el combate, nombró condestable a Duguesclin, con la misión de hostigar a la cabalgada enemiga, de sorprender a sus destacamentos aislados y de obligarle a retirarse. Y, en el momento en que Knowles, inquieto, se retiraba hacia Bretaña, donde la causa inglesa siempre tuvo simpatías y complicidades, su retaguardia fue alcanzada y aniquilada en Pontvallain, cerca de Le Mans, a finales del otoño. La aristocracia inglesa se volvió contra el desgraciado jefe, de baja extracción, que se les había impuesto. Tras estos dos fracasos, los ingleses necesitaban un respiro. Pero, en 1373, pusieron en pie una cabalgada mucho más impresionante todavía —al parecer formada por más de diez mil hombres—, y que su jefe, el duque de Lancaster, quería hacerla penetrar más profundamente todavía en el reino de Francia. Comenzó siguiendo el itinerario de Eduardo III en 1359: Calais, Artois, Champaña y Morvan. Pero, en vez de lanzarse contra París, Lancaster decidió, ya en otoño, marchar a unirse con los gascones de Aquitania. Esto supuso una marcha penosa ya en la mala estación a través del Macizo Central. Y, en enero de 1374, llegaban a Burdeos sin haber conseguido ningún éxito importante, unos efectivos diezmados y agotados.

Frente a estas inútiles cabalgadas, se iba imponiendo la táctica del duque de Anjou que, en ocasiones, era secundada por Duguesclin. La recuperación de las provincias perdidas desde 1360 se iba haciendo más por la acción diplomática que por la guerra; las fuerzas con que contaban los lugartenientes del rey en el sudoeste nunca llegaron a ser numerosas; tuvieron éxito porque supieron aprovechar con gran habilidad las ventajas que les ofrecía el terreno, desde los momentos de las apelaciones gasconas. El duque de Anjou, con la ayuda del conde de Armagnac, no había esperado que se consumase la ruptura para entrar en campaña. Desde enero de 1369, sus tropas ocupaban Rouergue, casi sin disparar una flecha, ya que el hermano del conde Armagnac tenía en ella gran cantidad de tierras. A continuación sometieron el Quercy, parte del Agenais y del Perigord, mientras que, en el norte, Abbeville y el Ponthieu se ocupaban sin resistencia. La campaña de 1370, con la llegada de Duguesclin y a pesar de la presencia del duque de Lancaster en Burdeos junto al lecho de su hermano enfermo, fue todavía más brillante: todo el Agenais, comprendiendo Agen y Moissac, y la casi totalidad del Limousin, prestaron su sumisión, mientras que, al otro lado del Garona, capituló Bazas. Las sangrientas represalias concebidas por el Príncipe de Gales, en especial el saqueo de la ciudad de Limoges, llevado a cabo para castigar al obispo por haber tenido tratos con los franceses, no pudieron evitar nuevas derrotas. El principal esfuerzo se hizo en 1372 y 1373, cuando se unieron los contingentes de Duguesclin, hasta el momento retenidos en Bretaña, a las tropas de los duques de Anjou y Berry, lanzándose contra la Bigorre, el Poitou y el Saintonge. La Rochela, ciudad de gran importancia para el comercio inglés, se hallaba dispuesta a la defensa. Pero, cuando una flota castellana, afortunadamente enviada por Enrique de Trastamara, hubo aniquilado los refuerzos ingleses que llegaban por mar, capituló la ciudad el 8 de septiembre de 1372. El Poitou, el Angoumois (región de Angulema) y la Saintonge fueron liberadas, entonces, de las últimas guarniciones enemigas. Al abrirse la posibilidad de paso hacia Burdeos mediante la capitulación de La Réole, a comienzos de 1374, los Plantagenet no conservaban ya nada de sus recientes anexiones. La misma Guyena estaba mermada, reducida, entre la Gironda y los Pirineos, a las cuatro diócesis de Burdeos, Dax, Aire y Bayona, entre las que se hundían como una cuña los dominios de la casa de Albret.

IV. DESENGAÑOS DEL FIN DEL REINADO

Cinco años de guerra habían conseguido resultados inesperados. Poco faltó para que la dominación de los Plantagenet desapareciera completamente del suelo de Francia. Parecía que bastaba con un pequeño esfuerzo para terminar la obra de reconquista. Carlos V no pudo llevar a cabo este esfuerzo. Por afortunada que hubiera sido la acción de sus lugartenientes, habían agotado al país. No conviene olvidar que Francia, muy empobrecida, no podía aspirar más que a éxitos limitados. Tampoco iban mucho mejor las cosas para Inglaterra. Nada tan indicativo del agotamiento de ambos adversarios que su común interés por deponer las armas. En enero de 1374, Duguesclin, sin consultar al rey, firmaba en Perigueux, con el duque de Lancaster que finalizaba así su inútil cabalgada, una tregua local que inmovilizaba a los respectivos ejércitos en las posiciones adquiridas en la zona sud occidental del reino. El condestable aprovechó la situación para acudir a Normandía, perseguir a los routiers ingleses y llevar su apoyo al almirante Jean de Vienne, que bloqueaba en aquel momento la fortaleza de Saint-Sauveur-le-Vicomte, nido de las bandas inglesas. A pesar de la importancia del sitio, en el que había ya una artillería considerable, no se trataba más que de una escaramuza. Ya no era momento de grandes empresas militares.

Había sonado la hora de las negociaciones. Estas recibieron el impulso del último Papa de Aviñón, Gregorio XI, que ascendió al solio de San Pedro a finales de 1370. Como todos sus predecesores franceses, como Benedicto XII y su tío Clemente VI, como Inocencio VI y Urbano V, Gregorio, de familia del Limousin, aspiraba a la reconciliación franco-inglesa. Sus deseos de alcanzarla eran tanto mayores cuanto que la consideraba como el preludio indispensable al gran designio de su pontificado: la vuelta del papado a Roma. No ahorró ningún esfuerzo para acercar las posiciones de los representantes de ambos reyes; en un principio, se encontró con la desconfianza de Eduardo III, el cual, manejado por la diplomacia de los Valois, sospechaba que Aviñón había tenido que ver en la reanudación de la guerra, así como con la mala voluntad de Carlos V, que no tenía prisa en frenar a sus tropas en la reconquista de territorios. Sin embargo, sus legados, incansables, recorriendo los caminos, se entrevistaban con el duque de Anjou en Toulouse, con el Príncipe de Gales en Burdeos, y con los reyes en París o Londres, instalándose en Calais para vigilar mejor a ambas cortes. A comienzos de 1374, amparándose en las treguas de Periguex, pudieron reunir durante algunas semanas en Brujas a los plenipotenciarios franceses e ingleses, aunque no consiguieron alcanzar unos puntos básicos de acuerdo. Los ingleses, haciendo el papel de ofendidos, reclamaban alternativamente la totalidad del reino de Francia o el puro y simple retorno a las condiciones del tratado de Calais; los emisarios de Carlos V, basándose en la sentencia de confiscación pronunciada por el Parlamento, no aceptaban que se hablase de una «justa paz» hasta que las últimas posesiones inglesas, como Calais, Burdeos y Bayona hubieran sido entregadas a sus tropas. Posiciones intransigentes que llegarían a ser insostenibles debido a la lentitud de las operaciones militares, el agotamiento de los adversarios, ya en 1374. Puesto que ya nadie tenía fuerzas para seguir combatiendo, era mejor buscar el acuerdo, por muy difícil que pareciera su consecución.

En marzo de 1375 se inauguraba en Brujas un auténtico congreso de paz bajo la presidencia del arzobispo de Ravena y con la mediación de Luis de Male, feliz de imponerse así a los franceses. Felipe el Atrevido se hallaba al frente de la delegación francesa, mientras que Juan de Lancaster dirigía los plenipotenciarios ingleses. Se llegó, sin grandes dificultades, el 27 de junio, a la conclusión de una tregua general, con validez para un año, pero que debía de prolongarse hasta 1377. Para llegar a la paz propiamente dicha, fueron precisas más largas discusiones. Una vez alejadas las teóricas pretensiones de ambos adversarios, todo el problema, al igual que había sucedido en el pasado, giraba en torno a Aquitania. Desde el punto de vista territorial, el entendimiento no era difícil. Los ingleses, derrotados desde 1369, sabían que no podían reconstruir el extenso principado cuyos límites, demasiado extensos, habían quedado Fijados en el tratado de Calais; Carlos V, por su parte, para llegar a una paz duradera, estaba dispuesto a devolver una parte de sus recientes conquistas. Se llegó así a la idea de un reparto; había, para ello, varias posibilidades: una era que, de la gran Aquitania de 1360, la mitad revirtiera al rey de Francia, y la otra mitad quedase en manos del rey de Inglaterra; otra consistía en que se hicieran tres partes, conservando Carlos V la mitad de sus conquistas, otorgándose otra parte a un segundón de la dinastía inglesa y dejando en manos de Eduardo los territorios que aún estaban bajo su control. También se podía llegar a un entendimiento a propósito de Calais, que los Valois dejaban en manos de sus adversarios, al haber conquistado el Ponthieu; y, también sobre lo que quedaba del rescate de Juan el Bueno, del que se pagaría sólo una parte. Una vez más hubo un problema en el que no se llegó a un acuerdo: el de las respectivas soberanías. Los ingleses, que se habían mostrado conciliadores sobre la extensión de las concesiones territoriales, exigían, por lo menos, que la parte conservada por su señor, por pequeña que fuera, lo fuera en soberanía plena. Bajo ningún concepto admitían entrar en vasallaje de los Valois, causa inicial de la guerra. Carlos, por su parte, que había aprendido la lección del tratado de Calais y de las apelaciones gasconas, deseaba conservar la «soberanía y apelación» en todas las provincias de su reino que quedasen en manos de los Plantagenet.

Los legados pontificios buscaron, vanamente, un compromiso entre estas tesis irreductibles. La idea de la soberanía limitada en el tiempo —quedaría en manos inglesas mientras durase la vida del presente rey y la de su primogénito, y, después, Aquitania se convertiría en feudo de la corona francesa— disgustó a todos por igual, ya que Eduardo III había llegado ya a los sesenta y cinco años, longevidad, poco frecuente para la época, y el príncipe estaba agonizante. Era preciso que alguno de los adversarios cediera. Cuando las conversaciones estaban al borde de la ruptura, en el otoño de 1376, los mediadores intentaron un esfuerzo supremo en el ánimo de Carlos V, recordándole las penalidades causadas por la guerra en su reino, la ruptura que estaba a punto de producirse por su obstinación, suplicándole que cediera, por poco que fuera, en la cuestión de la soberanía. El Valois no se dejó impresionar. No podía volverse atrás, sin que esto significase admitir que había iniciado injustamente la guerra. Sus intereses y sus deberes como rey le obligaban a no desmembrar su reino. Esta era la opinión que sus legistas le habían repetido machaconamente; y ésta fue la opinión que su consejero, Jean Le Févre, tuvo que transmitir a los legados; y, esta visión es también la que pronto expondría un funcionario de su consejo privado, probablemente el bretón Evrard de Tremaugon en un diálogo alegórico, a la moda de la época, titulado el Songe du Verger (El sueño del pastor).

Con la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre la cuestión de la soberanía, se desvanecía cualquier esperanza de llegar a la paz. Ciertamente, ingleses y franceses se entrevistarían de nuevo, entre Calais y Boulogne, «en los lugares de costumbre» para volver a hablar de paz o de largas treguas. Pero lo hicieron sin convicción; en 1377, la guerra se había reanudado; las conversaciones de los embajadores no bastaban ya para detener su curso. Hubiera cabido esperar, del lado francés, la feliz y pronta recuperación de los territorios. Inglaterra se hallaba de luto, como una nave sin piloto. Había perdido ya al Príncipe Negro, símbolo de victorias pasadas, que, enfermo de fiebres, había vuelto a su tierra natal para morir muy pronto (8 de junio de 1376). A continuación le llegó el turno al viejo soberano que, desde hacía más de cincuenta años, regía los destinos de su reino insular —el más largo reinado que se haya conocido después del de Enrique III y antes del de la reina Victoria— y lo había lanzado a las conquistas continentales. Muerto Eduardo, el 21 de junio de 1377, la corona recayó en un niño de unos diez años, Ricardo de Burdeos, hijo único del Príncipe de Gales. El ardor ofensivo del reino inglés, muy aminorado ya desde hacía algunos años, no hizo sino disminuir con el cambio de soberano.

A esto se añadía, para Francia, felices progresos en el terreno de la navegación. Desde la batalla de La Esclusa, el reino Valois había carecido de flota y de medios para construir otra. En 1373, la lección de La Rochela, tomada el año anterior gracias a la intervención de la armada castellana, había influido en el prudente rey. No quiso depender siempre de un aliado, fiel, sin duda, pero cuyas fuerzas marítimas no siempre podrían intervenir en el momento oportuno. Es entonces cuando se confió el cargo de almirante a Jean de Vienne, cuyos poderes fueron reglamentados mediante ordenanzas regias. Fue, también, en aquel momento cuando se procedió a la reorganización de la ensenada de las galeras de Rouen (Clos de Galées), verdadero astillero de construcciones navales, que, en 1376 construyó diez naves y treinta y cinco en 1377. En caso de urgencia, se aceleraba la requisa de naves mercantes. Desde la reanudación de la guerra, en 1377, cabe afirmar que la marina normanda era la dueña del canal de la Mancha, lo que no había sucedido desde el desastre de La Esclusa. Antes de fines del reinado, amenazó en más de una ocasión a la flota inglesa en la misma isla, efectuando expediciones de pillaje en los puertos de embarco, como en el de Winchelsea.

Pero carecía de la fuerza suficiente como para impedir la llegada de los refuerzos ingleses a Guyena, a Bretaña o a Calais. En tierra, la campaña de 1377, iniciada bajo excelentes auspicios, no tuvo los resultados esperados. Las tropas de Duguesclin y del duque de Anjou, a pesar de la toma de Bergerac, se dedicaron a recorrer las fronteras de Gascuña, encontrando una resistencia imprevista. Al año siguiente, el gobierno de Londres envió a Burdeos a un enérgico lugarteniente, Jean Neville de Raby, que restableció la situación sin grandes dificultades, contuvo a las insuficientes fuerzas del adversario, arrebatándoles incluso algunas plazas, organizó expediciones de castigo y rechazó una expedición castellana contra Bayona. La reconquista estaba frenada y no volvería a reanudarse. Duguesclin tuvo que ocuparse de misiones menos ambiciosas, recorriendo la Auvernia, que los routiers continuaban devastando. Al producirse su muerte, el 13 de julio de 1380, ante los muros de Châteauneuf-de-Randon, en Gévaudan, el rey se vio dolorosamente afectado por la desaparición de un servidor tan fiel. Tras su muerte, ningún capitán fue capaz de galvanizar a las tropas como él lo había hecho.

A los fracasos militares se añadieron los diplomáticos. Es cierto que, en los primeros días de 1378, la situación parecía aún excelente. El prestigio de la monarquía de los Valois, tras nueve años de éxito; casi ininterrumpidos, era todavía muy alto en Europa. Francia podía aún contar con la alianza de las mayores potencias del continente Veinte años antes, la desaparición de Luis de Baviera había hecho re caer la corona imperial en una dinastía amiga, en la persona de Carlos de Luxemburgo, rey de Bohemia. Su padre, el rey Juan el Ciego, había servido fielmente a Felipe VI y había caído heroicamente en el campo de batalla de Crécy. El mismo, había casado con una hermana de Felipe VI, y su hermana, Bona de Luxemburgo, había contraído matrimonio con Juan el Bueno. Carlos V se había ya entrevistado con su tío en Metz, en los últimos días de 1356, cuando, aún Delfín, buscaba apoyos en su lucha contra la burguesía parisina. Había, simplemente, que convertir esta unión de familia en una alianza política. El anciano emperador, y su hijo Wenceslao, se trasladaron a París en enero de 1378. El encuentro de ambos soberanos estuvo realzado con la celebración de grandiosas fiestas, que se han encargado de transmitirnos los cronistas oficiales. Pero, tras los cumplimientos al uso, los juramentos de fidelidad y amistad y los acuerdos diplomáticos, no había ninguna realidad política tangible. La casa de Luxemburgo, volcada en sus ambiciones germánicas, permanecía firmemente decidida a no intervenir en el conflicto franco-inglés. La apoteosis de Carlos V culminaba, de esta forma, en medio de aparatosas fiestas, vacías de contenido.

Este mismo año de 1378 trajo consigo rudos reveses, algunos de ellos de excepcional importancia. En primer lugar, se produjo, en la primavera la última revuelta del rey de Navarra. Carlos el Malo se negaba a aceptar su fracaso de 1365. Su ambigüedad en los asuntos españoles, habían convertido su reino navarro en el campo de batalla en el que, sin ningún provecho para él, se habían enfrentado los partidarios de Pedro el Cruel y de Enrique de Trastamara. Abocado a la ruina, se vio obligado a reemprender su papel de fiel de la balanza, tal como otras veces había hecho, entre Valois y Plantagenets. Al reanudarse la guerra, vendió su apoyo al mejor postor. En septiembre de 1370, se había trasladado a Clarendon a entrevistarse con Eduardo III, proponiéndole, junto con su alianza, un reparto anticipado del reino de Francia. El intento no había tenido éxito, al negarse el Príncipe Negro a llegar a un entendimiento con un aliado cuya perfidia conocía perfectamente. Y, Carlos V, por su parte, pudo apaciguar una vez más al eterno conspirador, prometiéndole, en el tratado de Vemon (marzo de 1371), darle finalmente la posesión de la baronía de Montpellier y admitiendo su homenaje. Así estaba la situación, cuando, en la primavera de 1378, la detención inesperada de dos agentes navarros permitió abortar un nuevo complot. Se trataba, al parecer, nada menos que de envenenar al rey de Francia y reanudar la guerra de Navarra aprovechando el desconcierto que produciría esta muerte. Cabe preguntarse si eran ciertos los informes policíacos o fueron hábilmente explotados. El navarro tenía una sólida reputación como envenenador, que no parece que haya sido inmerecida, y que hacía plausible la acusación: sobre él recaía la sospecha de haber dado muerte al cardenal de Boulogne, se sabía con seguridad que había asesinado al roulier Seguin de Badefol, que había mostrado demasiada prisa al exigirle sus pagos. Era una ocasión inmejorable para eliminar de una vez para siempre la amenaza navarra. Duguesclin fue encargado de ocupar el condado de Evreux y el Cotentin, y de ponerlos temporalmente en manos del primogénito del inculpado, Carlos el Noble, cuya fidelidad a los Valois era conocida. Sin embargo, no actuó con la rapidez suficiente. Carlos el Malo tuvo tiempo de ceder, a cambio del dinero que necesitaba para sus aventuras españolas, el puerto de Cherburgo a una guarnición inglesa, que se mantendría en él durante quince años.

La cuestión de Bretaña se desarrollaría en términos todavía más desfavorables para el rey de Francia. Impulsado por el éxito aparente de la operación navarra, el rey de Francia consideró su autoridad y fuerza irresistibles frente a un vasallo igualmente felón. Juan IV, tras su victoria de 1365, no había tardado mucho en mostrar cuál era su opinión acerca del vasallaje que debía a Francia. En un principio, sin tomar abiertamente partido por los Plantagenets, les ayudó subrepticiamente desde que se reanudó la guerra. Fue en su ducado donde, en 1370 y tras su desafortunada cabalgada, había encontrado refugio Robert Knowles, hostigado por Duguesclin. En 1372, quitándose definitivamente la careta, el duque había negado su fidelidad vasallática a Francia y se había refugiado en Inglaterra y al año siguiente formaba parte de la expedición dirigida por el duque de Lancaster y, a continuación, llevaba a cabo acciones guerreras sin pena ni gloria en la frontera gascona, Duguesclin, con el apoyo de la población, había sometido casi todo el ducado a la autoridad del rey de Francia, conservando los ingleses solamente cuatro plazas, entre las que se contaban Brest y Auray. Cuando se quebrantaron las treguas de Brujas, Carlos V creyó llegado el momento de castigar al vasallo traidor. Una parte de la más elevada nobleza bretona, como los Rohan, los Clison y el mismo Duguesclin, que tenían agravios personales contra la perfidia de Juan IV, garantizaron al soberano que la operación no presentaba ningún riesgo y que se trataba de la simple constatación jurídica de una ocupación de hecho ya lograda. La majestad de la justicia regia se dirigió entonces contra el duque de Bretaña. Le dio el mismo proceso que tanto éxito había tenido diez años antes contra el príncipe de Aquitania (acusación de felonía, citación ante el Parlamento, contumacia del acusado y sentencia de confiscación, en este caso, dictada el 18 de diciembre de 1378), se inició ahora contra el bretón. Pero quienes habían dado el consejo se equivocaron. Toda la población, burguesía, clero, campesinado, apoyó al duque. Los mismos nobles que habían apoyado la ocupación temporal, se opusieron a la anexión de su país al dominio regio francés. Al amparo de las duras guerras que se habían mantenido a lo largo de los últimos cuarenta años, había surgido un particularismo bretón —se podría incluso hablar de un nacionalismo bretón—, celoso de su independencia, desconfiado y que prefería acudir al apoyo exterior a cualquier ingerencia de los Valois. Destituido por Carlos V, Juan de Montfort volvió a inclinarse por sus preferencias anteriores y renovó la alianza con Inglaterra. Se había impedido que el duque de Lancaster, soldado mediocre, se apoderase de Saint Malo, pero no se pudo impedir que Juan IV desembarcase en Saint-Servan, reforzase la guarnición inglesa de Brest y conservase el control de toda Bretaña occidental. La acción había fracasado.

En aquel preciso momento, la monarquía francesa perdía el apoyo pontificio. Durante los tres últimos cuartos de siglo se había convertido casi en una costumbre que los papas de Aviñón, franceses y rodeados de cardenales en su mayoría franceses, secundasen la política de los Valois. No es cierto, sin embargo, que todos los papas de Aviñón se hubiesen comportado como serviles criados de París, como pretendían ingleses e italianos. Ni Benedicto XII ni Inocencio VI se habían limitado a cumplir las órdenes, sin discusión, de Felipe VI o de Juan el Bueno. En conjunto, sin embargo, la realeza francesa había obtenido del papado, junto con sustanciosas ayudas pecuniarias, una autoridad y un prestigio moral que la convertían en el más firme apoyo de la Santa Sede. Pero, la necesidad de administrar directamente sobre el terreno los Estados de la Iglesia, reconquistados a costa de enormes esfuerzos, así como la de escapar de las orillas del Ródano, infestadas de routiers, mucho más todavía que las apasionadas llamadas de la opinión italiana, habían impulsado primero a Urbano V y luego a Gregorio XI a pensar en la vuelta a Roma. Ya en 1369, las súplicas de Carlos V no habían podido detener a Urbano V cuando marchaba a Italia. La turbulencia de los romanos había impulsado al agonizante pontífice a volver a Aviñón. Gregorio XI volvió a pensar en el proyecto, lo retrasó con la esperanza de poder controlar mejor desde Aviñón las conversaciones de paz. Cuando, a finales de 1376, se comprobó la imposibilidad de una reconciliación franco-inglesa, no quiso aplazar su proyecto durante más tiempo. Una embajada francesa, apoyada por el duque de Anjou, le pidió en vano que se quedase, haciéndole ver las ventajas de una estancia prolongada en Francia, recordándole la amistad de los Valois y haciendo valer los servicios anteriormente prestados. Nada se consiguió; los cardenales, muy poco entusiastas, no tuvieron más remedio que secundar el proyecto. Gregorio volvió a Roma, donde inmediatamente le acapararon los asuntos italianos: Carlos V quedaba prácticamente olvidado.

Las cosas empeoraron notablemente cuando, en abril de 1378, a la muerte de Gregorio XI, el pueblo romano impuso la elección de un Papa italiano, el arzobispo de Bari, Bartolomé Prignano, que tomó el nombre de Urbano VI. El nuevo pontífice, anciano austero y áspero, anunció inmediatamente su intención de reformar el Sacro Colegio, de contener su lujo y de limitar en él la influencia francesa. Preocupados, los cardenales comenzaron a dudar de la legitimidad de la elección en la cual, sin embargo, habían participado. Informaron de ello al rey de Francia, excesivamente proclive a confiar en su palabra. Contaron en todo momento con el apoyo de Carlos V, que se había dejado convencer fácilmente de la justicia de su causa, cuando recibieron el refuerzo del cardenal de Amiens, el ambicioso Jean de la Grange, que soñaba con alcanzar la tiara, así como cuando se marcharon de Roma, se refugiaron en las tierras de la reina de Nápoles y lanzaron el anatema contra el pontífice intruso. El 20 de septiembre, en Fondi, eligieron Papa a uno de los suyos, Roberto de Ginebra, que tomó el nombre de Clemente VIL Para evitar que el cisma destruyera la Iglesia hubiera sido preciso un pronunciamiento unánime por parte de todos los príncipes cristianos a favor de uno de los candidatos. Carlos V, de forma completamente consciente, había hecho ya su elección. Sin escuchar e incluso esperar a los argumentos de los italianos, desde noviembre había impuesto al clero francés, a la Universidad y al reino en su conjunto, el reconocimiento de Clemente. Pero, había valorado en exceso su posible influencia sobre las otras cortes europeas. Solamente los reinos de Nápoles y de Escocia secundaron su opción. Enrique de Trastamara, a pesar de ser un fiel aliado, hizo caso omiso a sus peticiones; como los demás reinos peninsulares, se mantuvo, mientras vivió, en una neutralidad provisional. Carlos de Luxemburgo, ya moribundo, no quiso reconocer más que al primer elegido. Su hijo Wenceslao siguió su política. Arrastró a esta opinión a Hungría, Polonia, los reinos escandinavos, a la mayor parte de los príncipes alemanes y Flandes. Inglaterra, finalmente, se había pronunciado rápidamente, en el parlamento de Gloucester, a favor del Papa romano, por la única razón de que no era francés. Se había consumado el cisma. Con razón o sin ella, se presentó como un asunto francés, impuesto o incluso llevado a cabo por Carlos V, especialmente cuando Clemente, expulsado de Italia, volvió a trasladar su residencia a Aviñón.

El «Gran Cisma de Occidente» iba a desgarrar a la cristiandad durante cuarenta años y tuvo consecuencias catastróficas sobre la evolución de la guerra franco-inglesa. Hasta el momento, el papado se había entrometido apasionadamente en ella para apaciguar el conflicto. Mediador interesado, pero, en conjunto, imparcial, sus esfuerzos habían impedido que las hostilidades se prolongasen durante demasiado tiempo, obtenido treguas a menudo largas y aplazamientos. A partir de este momento, cada uno de los papas estimulaba la guerra. La causa residía en que no podían acabar con su rival más que con el apoyo militar de los reyes que les apoyaban. Una paz franco-inglesa hubiera sido la ruina para sus esperanzas opuestas. Estuvieron ausentes de todos los congresos de paz que se celebrarían en el futuro y se opusieron sistemáticamente a las conversaciones que en ellos tenían lugar.

Este fenómeno se dejó observar muy pronto. El arzobispo de Ravena, que desde hacía años trabajaba por la paz en Brujas, era ahora cardenal de Urbano VI y su legado en Europa central y se dedicaba a recorrer Alemania, a invitar a Wenceslao a romper la alianza tradicional entre los Luxemburgo y los Valois, proyectando una unión del Imperio y de Inglaterra en una cruzada común contra la cismática Francia. Carlos V, cuyos reveses militares en sus últimas campañas habían hecho menos intransigente, hacía en vano proposiciones aceptables a los ingleses: cesión de toda Aquitania al sur del Dordoña (solamente conservaría de sus conquistas el Poitou, el Saintonge, el Limousin y el Perigord); matrimonio de su hija Catalina con el joven Ricardo II, con el condado de Angulema como dote. El cardenal de Ravena, en mayo de 1380, hizo romper las conversaciones y decidió unir a Ricardo II con la hermana de Wenceslao, Ana de Bohemia. A finales del verano, cuando ya Carlos sentía que su muerte estaba próxima, una nueva expedición inglesa desembarcaba en el continente, dejando bien claro mediante los pillajes, que la guerra se había reanudado otra vez. La dirigía el más joven de los hijos de Eduardo III, Tomás de Woodstock, conde de Buckingham —más tarde duque de Gloucester—, desde Calais a Bretaña, por un itinerario que será en adelante habitual, a través de Champaña, el Gátinais, la Beaucex y el Anjou. Antes de reembarcar sitió Nantes, infructuosamente, pero dejaba tras de sí una enorme destrucción.

El conflicto se eternizaba en el momento en que, Francia, cuyas fuerzas ha explotado al máximo Carlos V, no estaba ya en condiciones de continuarlo. Aunque se redujeran a cabalgadas cortas, a golpes de mano, a operaciones locales, la guerra costaba muy cara y la fiscalidad pesaba terriblemente sobre un pueblo diezmado. Síntomas alarmantes revelaban la creciente impopularidad del gobierno y el cansancio del pueblo. El rey, cuyo buen gobierno será muy añorado más tarde, no era muy querido, porque sus oficiales cargaban demasiado la mano contra el pueblo. Por el momento, sólo en el Languedoc había síntomas claros de revuelta contra del duque de Anjou, principal responsable de la guerra. Hartos ante las continuas peticiones de dinero, los habitantes de Montpellier se rebelaron en octubre de 1379, después de que otros movimientos similares estallasen en Puy y Nîmes, dando muerte a los funcionarios más odiados y a algunos recaudadores de impuestos. La insurrección, afortunadamente para la administración real, no se extendió. Como afirmación del poder del que estaba investido, el duque de Anjou pronunció contra los rebeldes sentencias implacables, inmediatamente suavizadas mediante medidas de gracia, y todo volvió rápidamente a estar en orden. Pero, el rey, asustado, hizo llamar a su hermano. Pues, Carlos no ignoraba la miseria en que vivía el pueblo, y sabía que el descontento predominaba en las zonas agrarias. En su lecho de muerte, se vio asaltado por los escrúpulos. ¿No habría presionado injustamente a sus súbditos? ¿Tenía derecho a percibir impuestos que no habían sido autorizados o a percibir de forma permanente los que habían sido creados de forma temporal? El último acto del piadoso soberano, en medio de todas las recomendaciones que hizo a sus consejeros, fue decretar la supresión del impuesto sobre los fuegos (16 de septiembre de 1380). Medida que nos parece absurda y poco política en alto grado. Al igual que sus súbditos, tampoco el rey concebía la necesidad de la existencia de impuestos permanentes. Si bien por un lado apaciguaba su conciencia, por otro arrebataba de un plumazo a su sucesor los medios para gobernar.

V HACIA LA RECONCILIACION (1380-1400)

V
HACIA LA RECONCILIACION
(1380-1400)

A lo largo de dieciséis años de reinado reparador, aunque agotador, Carlos V había llevado a cabo una inmensa labor: la anulación del tratado de Calais, principal pensamiento de un hombre obstinado y astuto. Pero, por el contrario, había reanudado una guerra que sus débiles recursos no le habían permitido llevar hasta su culminación. A su muerte, el dilema en el que había colocado a su reino no se había aún resuelto. Incapaz de ganar la guerra, se veía obligado a continuarla, sin esperanzas de alcanzar un éxito definitivo. Y, lo que había sido peor, la traición bretona, el abandono del papado y los problemas interiores podían hacer tomar a la lucha, una vez más, unos derroteros negativos para los Valois. La causa de que la minoría de Carlos V no se viera ensombrecida por mayores calamidades radica en que Inglaterra, por su parte, atravesaba una crisis grave, tanto política como social, precio a pagar por una guerra excesivamente larga y que superaba sus recursos. Mediante movimientos espasmódicos intermitentes, ambos países habían llegado más allá de sus propias fuerzas. Ni uno ni otro podían forzar una solución definitiva. La calma —una calma que se prolongará durante treinta y cinco años— nació del mismo agotamiento de los adversarios. Es preciso volver atrás un momento para poder dictaminar las causas del mismo. Es preciso analizar a ambos combatientes heridos, enumerar sus males aparentes o secretos y poner al desnudo sus mutuas debilidades.

I. EL AGOTAMIENTO DE INGLATERRA

En el período transcurrido entre el tratado de Calais hasta la muerte de Carlos V de Francia, ¡qué enorme fue el camino descendente y decadente recorrido por Inglaterra! En los últimos días de 1360, Eduardo III había alcanzado el apogeo de su gloría. Gloría militar, principalmente. Las victorias de Crécy y de Poitiers habían significado una enorme sorpresa para toda Europa, acostumbrada a los éxitos franceses. Era hacia la corte de Londres a donde miraban en esos momentos los caballeros de Occidente; los grandes señores solicitaban su admisión en la Orden de la Jarretera, mientras que los más humildes, que llevaban espada y amaban los torneos, deseaban fervientemente conocer a los grandes héroes de la guerra, como el Príncipe Negro, Chandos, Knowles y otros muchos. Windsor y Westminster se convirtieron en el escenario preferido de los grandes espectáculos. El país se enriqueció prodigiosamente con los enormes rescates impuestos a los prisioneros de las guerras de Francia y España; se llevaba a cabo un auténtico tráfico de rescates, que se vendían y revendían como cualquier mercancía. El más importante de todos, el del rey Juan el Bueno, se destinó al tesoro del rey. Aunque no llegase a pagarse más que la mitad, esta suma de un millón y medio de escudos sigue representando una cifra enorme, cuyo valor intrínseco ha podido calcularse en unos cuarenta millones de francos (de la época de la Revolución), pero a los que la anemia monetaria de la época concede una capacidad adquisitiva mucho mayor. En un momento en que el oro seguía siendo el único signo aparente de riqueza, las transferencias de un país a otro de una tan grande masa monetaria o de lingotes, debió de hacer reinar la abundancia en Inglaterra. Sabiamente administrado, este tesoro hubiera podido bastar para las exigencias normales de la monarquía durante varios años, haciendo ocioso el recurso, siempre delicado, a los subsidios parlamentarios.

Como todos los príncipes afortunados, Eduardo se vio rodeado de una familia hermosa y numerosa. Sus cinco hijos fueron la alegría de su edad madura. El primogénito, Eduardo de Windsor, Príncipe de Gales, duque de Cornualles y conde de Chester, añadía a su gran «apanage» insular el principado de Aquitania, que conquistó con las armas en la mano. Hubiera podido hacer un matrimonio principesco en el extranjero, pero su espíritu novelesco le llevó a quedar prendado de una de sus primas, la hermosa Juana, condesa de Kent, madre ya de hijos mayores. La nobleza aprobó este matrimonio por amor, sin perjuicio de que más tarde murmure sobre su irregularidad. Es en Burdeos donde nacería el único hijo superviviente de este feliz matrimonio, el futuro Ricardo II. El segundo de los hijos de Eduardo III, Lionel de Amberes, era un hombre más oscuro. Ricamente dotado en Irlanda, donde llegó a ser duque de Clarence y conde del Ulster, permaneció al margen de las luchas continentales. Su única aparición es muy posterior, cuando, en 1368, ya viudo, fue a buscar una rica esposa entre los Visconti. Pero murió prematuramente algunos meses más tarde. Juan de Gante, el tercero, nacido en Flandes, en medio de una de las magníficas expediciones de su padre, mostró ambiciones mucho mayores. Un primer matrimonio con su prima Blanca de Lancaster hizo de él el más rico propietario territorial de Inglaterra: duque de Lancaster, gozando en sus territorios de privilegios auténticamente regios, conde de Leicester y en virtud de ello senescal hereditario de Inglaterra, conde de Lincoln y de Derby; su hijo casará con la heredera de los condes de Hereford. Se creía un buen general, estaba ávido de gloria y de beneficios en el continente. Su prematura viudedad le permitió, en 1372, casar con Constanza de Castilla, la hija primogénita de Pedro el Cruel, cuyos derechos pretendió ostentar. Desde entonces se añadió el título de rey de Castilla. Título aún vacío de contenido, sin duda; pero, como su padre por la misma época, concluyó una alianza con Portugal contra los Trastamara —cuyo recuerdo aún no se ha borrado en pleno siglo XX—, siendo un indicio de sus pretensiones hispánicas, cuyos riesgos podrán materializarse en fechas próximas. Es todavía pronto para juzgar el carácter de los demás hijos del rey inglés, jóvenes y ambiciosos adolescentes. Edmundo de Langley, el cuarto, fue el protagonista desairado del matrimonio flamenco. Nombrado conde de Cambridge en 1362, se consoló de sus frustraciones casando con otra de las hijas de Pedro el Cruel, pero el futuro duque de York seguirá siendo siempre un príncipe oscuro, mediocre y timorato. La fogosidad causante de problemas del más joven, Tomás de Woodstock, más tarde conde de Buckingham, no se hará patente hasta después de la muerte de su padre y le hará tristemente célebre con el nombre de duque de Gloucester.

Ocho años de paz sirvieron para aumentar la seguridad en sí mismo del vencedor, liberando su tesoro, hasta aquel momento fuertemente hipotecado. La reconciliación con Flandes volvió a abrir, a través del puerto de Calais, el flujo normal de las exportaciones de lana y restableció al mismo tiempo la influencia inglesa sobre el conjunto de los Países Bajos. Eduardo se sabía apoyado por la opinión pública representada en los Parlamentos, la cual, al no ser ya requerida para llevar a cabo un esfuerzo fiscal demasiado opresivo, se volvía dócil ante sus sugerencias, y apoyaba sus enemistades y odios: desconfianza, ahora ya habitual, frente a los franceses, tanto más dispuesta a expresarse cuanto que no implicaba riesgos; fingidas diatribas contra los «abusos» del papado, merced a las cuales, de acuerdo o contra el Papa, el rey podía conceder a todos sus protegidos los principales beneficios eclesiásticos. Cuando en 1364, Urbano V intentó reclamar los atrasos del censo feudal, impagados desde hacía treinta años por un reino vasallo de la Santa Sede, envió una réplica según la cual la soberanía del estado de los Plantagenet era incompatible con el pago de este «intolerable» tributo; en adelante, tanto de derecho como de hecho, se consideraron nulas las promesas en otro tiempo conseguidas de Juan sin Tierra por Inocencio III. El incidente no tuvo consecuencias, pero nos muestra al orgulloso Eduardo III, tan solícito por afirmar su independencia con respecto al papado como lo había sido con los Valois en relación con la soberanía de Aquitania.

La reanudación de la guerra en 1369 disipó todos los espejismos. Se hizo patente que ya no quedaba nada de los millones reunidos por el pago del rescate, que habían ido siendo gastados a tontas y a locas, sin preocupaciones por el mañana. Las cabalgadas costaban un alto precio y reportaban pocos beneficios, por lo que se hizo preciso apelar a los parlamentos de nuevo, pidiéndoles nuevos subsidios, tasas sobre los bienes muebles, cuyo rendimiento era a menudo aleatorio y siempre inferior a las previsiones. Eduardo envejecía. Viudo a los sesenta años, se fue destruyendo en los placeres seniles, encaprichándose de una amante de baja extracción, Alice Perrers. La administración, sin embargo, se mantenía a trancas y barrancas, dirigida por funcionarios de experiencia, como Thomas Bratingham, obispo de Exeter, y William Wykeham, obispo de Winchester. Sobre ellos recayó la responsabilidad de los reveses militares y de la reconquista francesa operada a partir de 1371. Finalmente, el Parlamento exigió y obtuvo su destitución, su sustitución en la Cancillería y en el Tesoro por laicos, a pesar del poco satisfactorio precedente de 1340. Sin embargo, el duque de Lancaster, en los intervalos entre sus expediciones, iba cobrando una creciente influencia en el gobierno, que no podían disputarle ni su padre anciano ni su hermano moribundo. Una oposición casi unánime le acusaba de llevar al reino hacia la ruina. Estalló en abril de 1376, poco antes de la muerte del Príncipe Negro, en la larga sesión de los Estados a la que los cronistas han llamado como el «Buen Parlamento». Oposición vigorosa, salida, al parecer, solamente de las filas de los Comunes y que encontró en el caballero Pierre de la Mare un elocuente portavoz. Por primera vez, los barones, entre los que el duque de Lancaster tenía muchos partidarios, se inclinaban ante unas exigencias populares que no habían provocado y que, probablemente, no apoyaban de muy buen grado. Se notaba en ellas el eco de las mismas preocupaciones que había tenido Etienne Marcel: la necesidad de una administración honesta, de una fiscalidad controlada y de una enérgica depuración. Pero las medidas que se adoptaron cumplían en muy escasa medida tan nobles aspiraciones. Se limitaron al alejamiento de Alice Perrers, la sustitución de algunos altos funcionarios y la acusación contra dos de los partidarios del duque de Lancaster, a pesar de la feroz oposición de éste, William Latimer, funcionario del Hôtel del rey, y Richard Lyons, poderoso mercader de vinos londinense, ambos arrendadores de impuestos, ambos corrompidos y poco honestos. Por lo demás, en cuanto pasó la tormenta, Juan de Gante recuperó el poder, volvió a permitir las relaciones de su padre con su amante, volvió a llamar a los depuestos e hizo anular las actas del Buen Parlamento mediante una nueva asamblea mucho más maleable a su voluntad, e, incluso, mandó a prisión al apasionado orador de los Comunes, tras condenar al obispo Wykeham, culpable de haber apoyado las reivindicaciones del Buen Parlamento. En medio de intrigas tan miserables se extinguía una vida en otro tiempo gloriosa. Eduardo celebró todavía en enero de 1477 el aniversario de sus cincuenta años de reinado. Cinco meses más tarde, moría prácticamente olvidado de sus súbditos.

La minoría de Ricardo II se presentaba complicada. Alrededor del joven rey, que apenas contaba diez años, se entrecruzaban y oponían múltiples influencias; en primer lugar, las de los consejeros del Príncipe Negro, como era lógico proclives a asumir el poder en nombre del hijo de aquél y que predominaban en el Hôtel; estaban también las de la princesa de Gales, tutora legítima del soberano, pero a la que rodeaban sus otros hijos de su anterior matrimonio, los paupérrimos aunque ambiciosos Holland; también contaban los obispos y oficiales, caídos en desgracia desde 1371, pero ansiosos por recuperar el poder en estos comienzos del reinado; los burgueses de Londres, todavía divididos en facciones enfrentadas, pero hostiles, en su conjunto, al duque de Lancaster desde el asunto Latimer-Lyons; y, finalmente, Juan de Gante mismo, el cual, como tío mayor del joven rey, hubiera podido legalmente reclamar la regencia, pero cuyas ambiciones molestaban a demasiada gente influyente. Separado, de hecho, del gobierno, en estos primeros años del reinado tendrá un papel poco definido y, al parecer, secundario. Para frenar mejor sus ambiciones, no se produjo nombramiento de regente, sino que se produjo una especie de reconciliación entre los partidos que tuvo como consecuencia el nombramiento por el Parlamento de un Consejo ejecutivo compuesto de doce miembros, renovados en dos ocasiones, del que formaban parte prelados, barones, nobleza media y caballeros, pero del que se excluyó a los burgueses. Tenía como misiones fundamentales mantener el orden y dar un enérgico empujón a la guerra contra los Valois, para lo que necesitaba encontrar recursos abundantes.

El consejo elegido fracasó en estas tareas, arrastrando en su descrédito a los Parlamentos que habían nombrado a sus miembros y apoyado su política. Ante la constante falta de dinero y considerando poco rentables los impuestos sobre bienes muebles recaudados hasta entonces, el Parlamento, en 1379, votó la imposición de una capitación o poll-tax, que produjo unos beneficios mediocres, a cambio de un aumento de la impopularidad, ya muy grande. En los últimos meses de 1380 hubo que hacer frente a los gastos de la cabalgada del duque de Buckingham, preparar la que el conde de Cambridge se proponía llevar a cabo a Portugal y prever, finalmente, los gastos del matrimonio del rey; por otra parte, Ana de Bohemia había llegado sin dote y ya había sido preciso colmar de regalos y pensiones a los caballeros alemanes y checos que rodeaban a Wenceslao. Nuevo parlamento, nueva capitación, pagadera, en principio, por todos los súbditos del rey, a excepción de los indigentes, de acuerdo con unos índices que variaban con la fortuna y el rango social, pero que castigaba con mayor dureza a los más pobres y a las comunidades campesinas, solidariamente responsables de los rendimientos del subsidio. Tras haberse producido fraudes generalizados en los inicios de la percepción, fueron enviados a los condados del sudeste comisarios encargados de rehacer el censo con criterios rigurosos y con severas instrucciones de cobro.

Esta fue la señal para el estallido de una terrible jacquerie, cuya explosión casi simultánea al norte, este y sur de Londres, a finales de mayo de 1381 y su rápida propagación hacia el sudoeste y centro del país, ha hecho creer a muchos en la existencia de alguna conspiración anterior, de alguna sociedad secreta que diera las órdenes en el momento preciso; se trata de un hecho no demostrado. Los historiadores franceses nos hablan, erróneamente, de un «levantamiento de trabajadores», como si se hubieran incluido en ella, desde un principio, los artesanos de las ciudades; se trató, en realidad, de una rebelión campesina, por lo menos en sus comienzos. Se dirigió en un principio contra las comisiones de agentes del fisco encargadas de fijar la base de la capitación y de apresurar su percepción; sus miembros fueron asesinados, sus registros quemados y los recaudadores fueron desvalijados. A continuación, la cólera de los campesinos se volvió contra los señores y, en especial, contra las ricas abadías, implacables en la exigencia de sus percepciones, y en especial, desde la Peste Negra, en el mantenimiento de sus campesinos en la dependencia servil, exigiendo, por lo menos, un máximo de prestaciones en trabajo. Los monasterios fueron saqueados, sus archivos quemados, y se obtuvieron por la fuerza cartas de franquicia individuales o colectivas, de «manumisión». Finalmente, desde Kent donde había reunido sus fuerzas la revuelta se volvió contra el gobierno, los burgueses, y contra todos los ricos y poderosos. Tomaron por asalto la Torre de Londres, de la que el joven soberano había conseguido escapar a tiempo, pero hicieron prisioneros a Simón Sudbury, canciller y arzobispo de Canterbury y al tesorero Robert Hales. Habían irrumpido en la City por el puente sobre el río, mal defendido, y se lanzaron encarnizadamente contra los almacenes de los mercaderes extranjeros, a los que una leyenda popular acusaba de enriquecerse a costa del pueblo y de llevarse fuera del reino todas las riquezas. Incendiaron, finalmente, el hermoso manor de Savoy, propiedad del duque de Lancaster, el cual, amenazado directamente por la sublevación, se había refugiado en Escocia.

¿Cabe hacerse una idea de los sentimientos e ideas que guiaban a los revoltosos del análisis de estos actos de venganza y devastación? A las quejas, muy concretas, contra el fisco, los señores y los mercaderes, se añadían un odio implacable contra todos los poderosos y un vago sentimiento de igualitarismo nivelador. Estas ideas, que han surgido en todas las épocas, estaban particularmente enraizadas en algunos predicadores populares, sacerdotes o monjes vagabundos, que lanzaban diatribas contra los ricos, contra el poder, en nombre de la igualdad de condición de los primeros hombres. Tal fue el caso, en Essex, de John Ball, sacerdote excomulgado, que se unió a los sublevados, con la aspiración, quizá, de alcanzar el arzobispado de Canterbury. El y sus partidarios solían citar el siguiente epigrama:

When Adam dalf and Eve span

Where was then the gentleman?

(Cuando Adán trabajaba la tierra y Eva hilaba, ¿existía entonces algún caballero?)

¿Habría que ver también detrás de la actuación de estos exaltados las teorías del hereje Wycliff, apartado desde 1378 de los consejos regios, donde había sido introducido por el duque de Lancaster, expulsado pronto de Oxford, donde sus enseñanzas teológicas habían terminado provocando desórdenes, y que daría a la luz desde su retiro en el campo sus panfletos políticos, tratados doctrinales y traducciones de la escritura que salieron de su fecunda pluma? Sus «sacerdotes pobres» a quienes confió la extensión de su buena nueva, predicaban contra la jerarquía eclesiástica, pero a favor del poder civil, contra los ricos y a favor de la pobreza evangélica. No sabemos con exactitud si estas predicaciones, mal comprendidas, excitaron a la revuelta. En todo caso, no se puede considerar que fueron la causa de su estallido. Existe un paralelo tentador, pero engañoso, entre Lutero y Wycliff, entre los campesinos sajones y los ingleses, entre los inicios del siglo XVI y el final del XIV.

De todas formas, existían en esta revuelta inglesa de 1381, causas de fondo más profundas y peligrosas que en la Jacquerie francesa cuyos peligros había tenido que superar el Delfín en 1358. En el sudeste se formaron importantes tropas de revoltosos, mal equipadas pero galvanizadas por jefes anteriormente desconocidos, como Wat Tyler, apodado Jack Straw por algunos cronistas, y del que no sabemos con exactitud si era campesino, criado o bastardo o segundón de una familia caballeresca. Bajo su mando, las tropas habían convergido en Londres y tenían al rey a su merced. Ricardo, un joven de gran valor, no cedió y encontró la eficaz ayuda de William Walworth, alcalde (maire) de Londres, cuya audacia salvó la situación. Cerca de la capital, en Mile End y en Smithfield, tuvieron lugar entrevistas tumultuosas entre los revoltosos y el rey. Ricardo lanzó una arenga a los rebeldes, proclamándose uno de ellos. Pero, Walworth mandó asesinar a Wat Tyler delante de sus propios ojos. Desorientados, los campesinos se retiraron. Se produjo entonces una auténtica caza del hombre llevada a cabo por la caballería, que en un principio se había mostrado desorientada, pero que ahora fue encarnizada en la venganza. La represión duró varios meses, y aún se continuó durante el verano de 1381. Cuando la reina Ana, en el momento de su matrimonio, obtuvo la concesión de una amnistía, se habían ya olvidado las pesadillas de los ricos y los sueños de los pobres, vueltos a poner con toda dureza bajo la férula de los señores.

La revuelta de los campesinos ingleses, si bien fue un levantamiento sin posibilidades, como todas las jacqueries, sirve para darnos testimonio de que la isla de Ricardo II, si bien no había sido afectada directamente por la invasión y el pillaje de los routiers, había, sin embargo, sufrido las profundas repercusiones de la guerra: despoblación, crisis agraria, crisis monetaria y fiscal y, para terminar, crisis social, sin que olvidemos las incesantes crisis políticas.

Y, a pesar de todo, por la fuerza adquirida de la costumbre, el gobierno Plantagenet mantenía la ficción de una política de intervención en los asuntos continentales. Los antiguos consejeros del Príncipe Negro hubieran querido ver a Ricardo a la cabeza de una nueva cabalgada a través de Francia, fuente de gloria y de beneficios económicos; algunos obispos, apoyados y guiados por los mercaderes de Londres y de Calais, reclamaban una expedición en apoyo de los habitantes de Gante, rebelados una vez más contra Luis de Male; finalmente, el duque de Lancaster, esperaba con impaciencia el momento de iniciar la conquista de su reino de Castilla; como Juan I de Castilla, hijo y sucesor de Enrique de Trastamara había terminado optando por el Papa de Aviñón, la expedición tendría el carácter de cruzada, con la bendición de Urbano VI. Ninguno de todos estos proyectos tuvo un final feliz.

La expedición hacia Flandes, reducida al envío de unos cuatro o cinco mil hombres, no partió hasta abril de 1383, seis meses después de que los ganteses hubieran sido aplastados por el rey de Francia, por lo que estaba de antemano abocada al fracaso. El obispo de Norwich, Henri Despenser, que era quien la dirigía, la calificó también de cruzada, dirigida, en principio, contra los cismáticos franceses. Pero, se limitó a apoderarse de Dunkerque y, una vez hecha la unión con los ganteses, poner sitio a Yprés, que resistió. En agosto, la proximidad de las tropas de Felipe de Borgoña, obligó a la retirada; los franceses compraron el reembarco de los cruzados. Todo culminó en Londres, con un proceso en el Parlamento contra el extraño prelado, con sanciones en su contra, y un enorme déficit presupuestario. Por su parte, el rey no se atrevió a atacar a Francia, a la que consideraba demasiado fuerte. Pero, como era preciso a toda costa realzar el prestigio militar de este joven rey de diecisiete años, se planeó una expedición contra Escocia, costosa y absolutamente inútil. El ridículo despliegue de fuerzas sólo sirvió para levantar enemistades entre los jefes, entre el rey y su tío el duque de Lancaster, retirándose las tropas tras haber acampado durante algunas semanas cerca de Edimburgo. En la primavera de 1386, tras muchos retrasos y contraórdenes, Juan de Gante reunía, finalmente, a cargo del tesoro regio, su propio ejército personal y se hacía a la vela hacia España. Su impresionante expedición iba a resultar, una vez más, un auténtico fracaso. Empezó por apoderarse de algunas ciudades y castillos de Galicia; después, en la primavera de 1387, grandes contingentes portugueses que se le habían unido, le permitieron llevar a cabo una corta cabalgada contra León. Fue todo. Un arreglo de familia, como en tantas otras guerras de la época, puso fin a la conquista. El príncipe heredero de Castilla, nieto del bastardo Trastamara, fue prometido a la hija de Juan de Lancaster, nieta de Pedro el Cruel. Pobre resultado, ya que el tesoro inglés se había gastado sin ninguna razón y Castilla seguía siendo, a pesar de este matrimonio, el fiel aliado de Francia y el apoyo del papado de Aviñón.

La partida del duque de Lancaster, en mayo de 1386, hacia sus aventuras españolas, había producido, por lo menos, en el reino inglés, la ventaja de alejar a un personaje molesto y de permitir a las diferentes facciones en pugna una cierta tranquilidad y definición. La apariencia del rey era la de un joven elegante, de rostro regular y pensativo, más adelante rodeado de una barba pelirroja; su carácter era voluntarioso y caprichoso, pero, al margen de su obsesión por ser obedecido sin murmullos, no se distinguía aún en él ningún tipo de concepción política definida. Junto con la reina Ana de Bohemia, a la que amaba con ternura a pesar de su esterilidad, reunió a algunos favoritos a los que se mostraba muy afecto y a los que quería favorecer: a sus hermanastros, uno de ellos conde de Kent, otro de Huntingdon, a sus mentores, antiguos servidores de su padre, que copaban los servicios de su Hôtel, y, en especial, el caballero Simón de Burley, su «gobernante»; algunos jóvenes aristócratas, compañeros de sus diversiones y parásitos de su tesoro, sobre todo Robert de Vére, conde de Oxford, convertido en marqués de Dublin y más tarde duque de Irlanda, finalmente, el antiguo alcalde de Londres, Nicolás Bremble y un advenedizo, Michel de La Pole, hijo de unos ricos mercaderes de Kingston-upon-Hull, al que convirtió en conde de Suffolk y canciller. Por muy heterogéneo que parezca, este grupo formó una auténtica camarilla y preludia el futuro gobierno del ocio y el placer. Como había sucedido en tiempos de Eduardo II, tres cuartos de siglo antes, provocaba el recelo de los barones, deseosos de conservar su papel de consejeros naturales del monarca y celosos de los favoritos considerados indignos. Había también entre los barones una extraña coalición de intereses: prelados, como William Courtenay, arzobispo de Canterbury, que reprochaba al rey no perseguir con el rigor suficiente a los partidarios de Wycliff, herejes confesos; el tío del rey, Tomás de Gloucester, su primo Enrique de Lancaster, en aquel momento conde de Derby, el primero revoltoso, de temperamento ardiente pero poco inteligente, el segundo pérfido y santurrón; algunos grandes barones, como el conde de Arundel, almirante enérgico, o el conde de Warwick, valerosos hombres de armas, exigían ataques en toda regla contra Francia y se convirtieron en los campeones del belicismo, siempre popular, si no había que pagar su factura. Todos eran conscientes de que sus críticas contra un gobierno ineficaz de favoritos encontrarían un eco fácil en los Parlamentos. Jugarían, por tanto, la carta «constitucional» frente al absolutismo monárquico, inoportunamente resucitado. Así, pues, mientras que en Francia, por la misma época, se estaba estableciendo un enfrentamiento entre los príncipes de sangre para controlar a un rey débil, en Inglaterra, las revoluciones políticas, ya más apasionadas y encarnizadas, enfrentaban a un rey y a una casta de barones igualmente voluntariosos.

La primera fase de la lucha, de la que sólo nos ocuparemos por el momento, tuvo como resultado la victoria de los barones, unidos, frente a un rey todavía poco hábil y mal aconsejado. Como chivo expiatorio y primera víctima de la oposición, cayó, al día siguiente de la partida del duque de Lancaster, el canciller Michel de La Pole. El Parlamento exigió su deposición, insistiendo en que fuera procesado, mediante el temible procedimiento del «empéchement»,[2] del que los soberanos de la dinastía Tudor se servirán con gran frecuencia para acabar con sus favoritos caídos en desgracia. Acusado de concusión, pudo ponerse finalmente a salvo huyendo a Brabante. Pero, este Parlamento de octubre de 1386, al que se le califica usualmente como el «maravilloso» —aunque el epíteto de mirabilis en el texto de un cronista favorable al partido de los barones se aplicó en rigor al de 1388—, tuvo también la intención de provocar también la desgracia de los consejeros más comprometidos del rey, amenazar con el exilio a Robert de Vere e imponer al rey la tutela de una comisión de barones, encargada de la preparación de las depuraciones y de las reformas necesarias; ante el intento de resistencia de Ricardo II, el duque de Gloucester llegó a hablar de su deposición. El rey se vio obligado de ceder a las imposiciones. Pero, desde comienzos de 1387, consiguió evadirse de la tutela de los barones, los dejó gobernar en Londres en su nombre, mientras él recorría el oeste y centro de la isla en busca de partidarios fieles; el 25 de agosto, los jueces de los tribunales por él convocados en Nottingham, le otorgaron un dictamen jurídico que declaraba ilegal la comisión de barones y garantizaba al rey —lección que nunca será olvidada— que únicamente la plenitud del poder regio podía legítimamente ejercerse. En el otoño, los jefes del partido de los barones, los cinco lords «apeladores» (Gloucester, Derby, Arundel, Warwick y Nottingham), acusaron de traición a los consejeros del rey y tomaron las armas para oponerse a sus maniobras. Tras un amago de guerra civil, en el que el principal episodio fue la escaramuza de Radcot Bridge, en la que se vinieron abajo las fuerzas de los favoritos, Ricardo, que había vuelto a Londres, volvió a caer allí bajo la tutela de los barones. Un nuevo Parlamento, «despiadado» para unos, «ejemplar» para otros, en todo caso el más largo que se había conocido, ya que, inaugurado en febrero, no se clausuró hasta comienzos de junio, puso el sello a la reforma de los barones: destierro de todos los favoritos, severa depuración del Hôtel, ejecución de los principales culpables, como el viejo Simón de Burley, el justiciario mayor Robert Tresilian, destitución o traslado de los obispos favorables a la corte, sustituidos por obispos partidarios de los barones y control absoluto del consejo y de los principales organismos administrativos por parte de Gloucester y de los «apelantes». Ricardo II, impotente, guardaba silencio y veía caer la tormenta sobre sus hombros. Su propósito era dejar que los barones se desgastasen con el poder, se enfrentasen entre sí y demostrasen su incompetencia. Desde el verano de 1388, su poder, a pesar del apoyo recibido de una nueva asamblea parlamentaria reunida en Cambridge, era tan precario, que no se atrevieron a seguir defendiendo la política belicista gracias a la cual se habían ganado a la opinión pública. Apenas instalados en el poder, reconocieron que el único enfrentamiento posible con Francia era el de los plenipotenciarios. Gloucester fue el último en consentir en que las conversaciones tuvieran lugar.

II. LA JUVENTUD DE CARLOS VI

Tres años después de Inglaterra, también Francia conoció todos los problemas inherentes a una minoría. En Inglaterra, no se había producido una situación parecida desde 1216, en el momento del advenimiento de Enrique III, y, en Francia, desde 1226, con el de San Luis. Carlos V, de delicada salud, había previsto su muerte prematura. La ordenanza de 1374 regulaba el gobierno después de su muerte, fijaba la mayoría de edad del nuevo rey a los trece años, confiaba una regencia abreviada a Luis de Anjou y la tutela de los demás infantes a sus otros hermanos, pero hacía recaer la parte esencial del poder en un gran consejo de cincuenta miembros, formado por prelados, grandes oficiales regios, los principales funcionarios del Hôtel o magistrados del Parlamento, caballeros, clérigos y burgueses de París; doce de ellos, expertos en la gestión de los asuntos públicos, formarían un consejo ejecutivo restringido. Sólo una situación de tanta gravedad autorizaba a pensar en la definición de la composición y poderes de un consejo permanente. Recordemos que nada había tan vago y poco definido en la época como un consejo real, exponente de los amplios poderes que se otorgaban a un soberano para buscar donde quisiera los consejos de sus colaboradores.

La ordenanza, como suele suceder en tales casos, no se aplicó; en cuanto se produjo la muerte de Carlos V, el duque de Anjou reclamó la regencia efectiva, en su calidad de tío mayor del rey y se apoderó fraudulentamente de una parte del tesoro real; sus hermanos, los duques de Berry y de Borgoña, así como su primo Borbón, cuñado del rey difunto, reclamaron un reparto del poder. Tras la consagración regia, se llegó a un acuerdo. A tenor del mismo, Anjou conservaba la preeminencia, aunque renunciando al título de regente; dos de los tíos, al menos, formarían parte del consejo permanente de doce miembros designados por ellos mismos, garantizando así la continuidad de la política de «los príncipes de las flores de lis». Tampoco este arreglo fue cumplido en su integridad. El «consejo de designación» funcionó de manera tardía y durante poco tiempo, desde octubre de 1381 hasta enero de 1383 tan sólo. Berry fue prácticamente alejado del poder, siendo enviado como lugarteniente al Languedoc, sustituyendo así en el saqueo de la región a su hermano primogénito. A continuación le tocó el turno a Anjou, que preparaba una expedición italiana, se instaló en Provenza, entabló negociaciones con el Papa de Aviñón y partió, finalmente, en 1382, a la conquista del reino de Nápoles. En la práctica, fueron los duques de Borgoña y de Borbón quienes dirigieron la política general del reino, con la ayuda de un consejo del que no se había podido eliminar completamente a los colaboradores del difunto monarca. Pues, es cierto que en los primeros días del nuevo reinado se produjeron espectaculares caídas en desgracia, como la del preboste de París Hugues Aubriot, que fue condenado a prisión perpetua, bajo el pretexto de haber infringido los privilegios de la Universidad, o el exilio temporal que afectó a Bureau de la Riviére, al cardenal de Amiens y a Jean le Mercier, o el cambio de guardián del sello real de Pierre d’Orgemont a Milon de Dormans, obispo de Beauvais, o la brutal destitución del piadoso caballero Philippe de Meziéres como «gobernante» del joven rey. Pero, estas desgracias individuales no impidieron que los consejeros de Carlos V conservasen, junto a puestos de confianza, una influencia todavía grande. Muchos volvieron a las maniobras políticas tras algunos meses de exilio.

La novedad mayor estribaba en las exigencias de un papel preponderante en una minoría oficialmente muy breve —pues Carlos VI era ya un muchacho de doce años cuando murió su padre, por lo que hubiera debido de iniciar su gobierno personal en 1381— por parte de los príncipes de sangre y los parientes más próximos del difunto rey. Tenían conciencia de que su actuación estaba encaminada hacia el bien de la monarquía de la que eran los sostenes naturales, pero no eran capaces de separar de este fin sus intereses personales y sus ambiciones particulares. Aunque eran todos príncipes con «apanages», lo que era una causa de debilidad del reino, carecían de los ingresos necesarios para satisfacer unas ambiciones que les devoraban. Casos particularmente flagrantes eran los de los duques de Anjou, candidato al reino de Nápoles, y de Borgoña, que codiciaba la sucesión en Flandes. Todas las fuerzas de la monarquía se pondrán al servicio de sus respectivas políticas personales, aumentando de este modo su poder y su independencia. El peligro de una tutela permanente del reino se hacía cada día mayor.

A decir verdad, la situación no parecía, en un principio, propicia a semejantes pretensiones. Pero los príncipes no eran hombres capaces de atemperar sus ambiciones a las posibilidades reales del reino. El duque de Anjou había sido designado por Clemente VII el campeón de la causa de Aviñón en Italia y había conseguido ser reconocido como heredero por la vieja reina Juana de Nápoles. Rápidamente se había hecho con el dominio de Provenza, único resultado tangible de sus quiméricos proyectos. A continuación, se dedicó a presionar con sus exigencias de dinero a las cortes de París y de Aviñón, hasta el día en que un imponente ejército francés se presentó en Italia, preludiando con cien años de antelación el error catastrófico de Carlos VIII. Fracasaría ante Carlos de Durazzo, el sobrino desheredado de la reina Juana, y moriría en Italia en 1380, Su mujer, María de Bretaña, hija de Carlos de Blois, continuó la lucha en nombre de su hijo Luis II de Anjou, pero no tuvo ninguna participación en el gobierno de Francia.

Las ambiciones de Felipe el Atrevido no eran, por el momento, tan elevadas. Estaba impaciente por gobernar en Flandes, aunque su suegro, muy desconfiado, le tenía sistemáticamente marginado. Por otra parte, Luis de Male, a pesar de su política de entendimiento con Inglaterra, sentía de nuevo en torno a él la oposición de las ciudades pañeras. Desde 1830, el malestar en Gantes y su rivalidad con Yprés, el otro gran centro industrial, así como el odio acumulado contra los grandes banqueros de Brujas, protegidos por el conde, amenazaban con plantear serios problemas. Cuando estalló la revuelta de Gante, en la primavera de 1381, la ciudad eligió como jefe al nieto del dictador de 1340, Felipe van Artevelde, el cual, de inmediato, pidió ayuda militar y económica a Inglaterra. Luis de Male se vio obligado a pedir el apoyo de su yerno; éste, a su vez, puso sobre aviso al Consejo real, ya que correspondía al reino de Francia como tal ejercitar la venganza contra los ganteses, aliados de los ingleses. Se decidió enviar una expedición militar, que según los deseos de Felipe, tenía que ser potente y demoledora.

Pero ¿podía hacer frente el reino de los Valois a los costes? Desde la muerte de Carlos V, se habían agravado las dificultades Financieras. La abolición de los impuestos sobre el fuego habían hecho creer a los franceses que no se volvería a imponer ninguna «fianza extraordinaria», mientras que los recaudadores seguían percibiendo las tasas indirectas, impopulares por sus irregularidades. Ante la amenaza de revueltas, en noviembre de 1380 hubo que suspender los impuestos, renunciándose incluso a la percepción de los atrasos. Privado de recursos, el gobierno de los tíos del rey se dirigió a las asambleas locales, que pusieron sus condiciones. En marzo de 1381, los Estados del Languedoïl, renovando su actuación de los días más sombríos del reinado de Juan el Bueno, otorgaron una tasa sobre los fuegos, valedera para un solo año, con la condición de que recayese sobre ellos el control de la imposición y el empleo de la tasa y de que el gobierno proclamase una nueva ordenanza reformadora contra los notarios y jueces reales y contra las jurisdicciones especiales del condestable, de los mariscales y de los chambelanes del Hôtel. En cuanto precisaba de recursos, la realeza se mostraba incapaz de proteger a sus funcionarios frente a la impopularidad. Pero estas concesiones no bastaron. Hubo revueltas generalizadas contra los odiados recaudadores: en Rouen, estalló la «Herelle» en febrero de 1382, desde el momento en que se inició la percepción de un suplemento a la talla; en París, el 1 de marzo, día en que debía de iniciarse la percepción de una tasa sobre las mercancías, arrancada a una asamblea de burgueses atemorizados, el pueblo se amotinó, saqueó el Arsenal, se apoderó de las mazas de plomo y persiguió y asesinó a los agentes del fisco. Con grandes dificultades, algunos burgueses influyentes, como Jean des Marés, mediaron entre la corte y los Maillotins y obtuvieron, a cambio de la abolición de la tasa, que la situación volviera al orden. El ejemplo se siguió en casi todas las ciudades del dominio, especialmente en la Ile-de-France. El Languedoc, región en la que las exacciones del duque de Berry no habían creado precisamente un clima de pacificación, se vio alcanzada por los mismos problemas. Béziers se sublevó y, lo que fue más grave, también las zonas agrarias. Las bandas de los Tuchins difundieron el terror en la zona.

Se estaba en vísperas de la expedición contra Flandes; reprimiendo su indignación, los tíos del rey practicaron una política de contemporización y llegaron a acuerdos con los revoltosos. A fuerza de halagos y de promesas, obtuvieron pequeños subsidios, algunos miles de francos en París, algunos cientos de hombres de armas en Normandía. Para conseguir el resto, recurrieron a los empréstitos. Con tan escasos medios se equipó a las fuerzas francesas, que, bajo la dirección efectiva de Felipe el Atrevido, consiguió aplastar a las milicias gantesas en la llanura de Roosebeke, en Flandes marítimo, el 27 de noviembre de 1382. Privada de Felipe van Artevelde, muerto en la batalla, la ciudad de Gante continuó la lucha, aunque reducida a la defensiva, sosteniéndose únicamente por la esperanza de la llegada de algunos contingentes ingleses solicitados por su «almirante» Frans Ackerman. Felipe el Atrevido había precisado solamente con este escarmiento para llegar a la seguridad de que controlaba ya la situación en Flandes.

Al regreso de la expedición victoriosa, los tíos del rey intentaron asimilar las revueltas urbanas con la de Flandes. A las pesadas cargas de guerra que deberían pagar los aliados de Gante correspondería un castigo ejemplar a las ciudades del dominio. En París, Jean des Marés fue ejecutado por haber intentado conciliar el orden y la revuelta; en el futuro, el preboste de París, agente del rey, ejercería la prebostería de los mercaderes, así como todos los privilegios municipales, confiscados por la corona. Se impusieron enormes multas colectivas a ciudades como París, Rouen, Laon, Orleans y Reims. El Languedoc tuvo que pagar 800.000 francos para obtener el perdón. Además, las tasas sobre las mercancías, especialmente la sal y el vino, fueron rápidamente reimplantadas en todo el reino, con los mismos índices de antes. Poco después ocurrió lo mismo con los impuestos sobre los fuegos. Ya, ni siquiera se consideró preciso consultar a los Estados. En mayor medida todavía que en tiempos de Carlos V, los impuestos se hicieron permanentes y, además, aplastantes. Pero el país, aterrorizado, no se atrevió a protestar.

En relación con el conflicto francoinglés, que seguía arrastrándose tras el fracaso del congreso de Brujas, la política de los tíos del rey, al igual que la de los consejeros de Ricardo II, y por las mismas razones, oscilaba entre un tímido pacifismo y una ligera belicosidad. La obtención de la sumisión del duque de Bretaña, en abril de 1381, mediante el segundo tratado de Guérande, había constituido un éxito a medias, pues los ingleses, dueños de Brest, no desalojaron la ciudad. A partir de entonces, y de cuando en cuando, se hablaba de paz y se negociaban cortas treguas. Las conversaciones se confiaban a simples subalternos —por parte francesa al obispo de Bayeux, Nicolás Dubosc—; tuvieron lugar durante algunas semanas en la pequeña localidad de Leulingen, en el límite de Picardía y del Boulonnais, y, finalmente, se aplazaron sin haberse llegado a ningún resultado. De vez en cuando, se pensaba en impulsar las operaciones militares, pero solamente, da la impresión, en función de los asuntos flamencos, tan importantes para el espíritu de Felipe el Atrevido. En 1383, un ejército francés acudió al encuentro del obispo de Norwich y sus contingentes ganteses, les obligó a levantar el sitio de Yprés y compró el reembarco de los ingleses. En el siguiente año fueron las guarniciones francesas las que, tras la esperada muerte de Luis de Mâle, ocuparon Flandes occidental, se apoderaron del puerto de Damme y establecieron un estrecho bloqueo sobre Gante, hasta el día en que, en diciembre de 1385, la gran ciudad se sometió a su nuevo señor, el duque de Borgoña, mediante la paz de Tournai. Da la impresión que es a partir de este momento en que, Felipe el Atrevido, satisfecho por detentar una herencia apetecida durante largo tiempo, permitió al gobierno de Carlos VI llevar a cabo una política más independiente y más específicamente francesa. Este impulsó en estos momentos la preparación de una gran invasión de la isla inglesa, para la cual, durante el verano de 1385 y durante el invierno de 1386-87, se llevaron a cabo grandes concentraciones de hombres, de barcos y de material y aprovisionamientos en los puertos normandos, en medio del terror de los súbditos de Ricardo II. Se realizaron enormes gastos. Podría pensarse que la guerra iba a alterar su forma, llevándose en estos momentos al mismo suelo del antiguo invasor.

Sin que sepamos por qué razones, la expedición fue olvidada. Se pueden argüir como posibles causas para ello el que la aventura fuera demasiado arriesgada y las fuerzas de que se disponía insuficientes, o bien que Felipe hubiera organizado este aparatoso montaje solamente para asustar a Inglaterra, considerándose satisfecho con la obtención de la reanudación del comercio lanero entre la isla y Flandes. Son simples hipótesis. Lo que parece seguro es que, en todo momento, la política francesa sirvió los intereses del duque de Borgoña y tuvo como punto fundamental de referencia a los Países Bajos. En cuanto fue dueño de Flandes, Felipe el Atrevido puso sus ojos en el ducado de Brabante, el cual, con sus prolongaciones en el Limburgo y en el «país del otro lado del Mosa», controlaba la casi totalidad de la gran ruta comercial que unía las bocas del Escalda con Colonia. La vieja duquesa Juana no tenía descendencia de su matrimonio con el duque Wenceslao de Luxemburgo. Se trataba de alejar a los Luxemburgo de la sucesión, de prestar todo tipo de servicios a la duquesa y de obligar a los brabanzones, a pesar de sus prevenciones contra los flamencos, a colocarse bajo la tutela borgoñona. Una primera maniobra permitió, en 1385, ganarse el apoyo de los Wittelsbach, los cuales, detentadores de los ducados de Holanda, Zelanda y Hainaut, podían ser los árbitros de la lucha en los Países Bajos. Una doble alianza matrimonial unió a los hijos de Felipe con los de Alberto de Baviera. Y, para comprometer aún más a la monarquía francesa con esta política, se eligió a una sobrina de Alberto, Isabel de Baviera, como esposa de Carlos VI (julio de 1385). Felipe creyó que esta lozana y robusta alemana, ignorante de las refinadas costumbres de la corte de los Valois y que dominaba a su débil marido mediante una sensualidad casi animal y con frecuentes maternidades, serviría de instrumento entre sus manos. Esta reina, a la que la historia conocerá como Isabeau no había aún mostrado sus verdaderas aptitudes al astuto duque de Borgoña.

Una última maniobra iba a socavar el gobierno de los tíos del rey, o más exactamente, el de Felipe. La duquesa de Brabante, en sus tierras del otro lado del Mosa, tenía que hacer frente a la hostilidad del duque de Giieldres, hijo del duque de Juliers, y amenazado con ver sus estados disminuidos por las ambiciones de los brabanzones. El duque, un joven loco, había entablado amistad con Ricardo II, había entrado, mediante pagos, en vasallaje del inglés. Se le ocurrió la extravagante idea de lanzar un desafío insultante contra Carlos VI. Felipe envía inmediatamente, una expedición de represalia al consejo real, que sólo a él beneficiaría. El rey contaba en este momento veinte años y estaba ávido de gloria y combates. Pero, llevada a través de las Ardenas y del país del Mosa, la expedición contra Güeldres (1388) no fue más que un aburrido paseo militar, que se vio truncada por las lluvias otoñales.

En el camino de vuelta hacia Reims, tuvo lugar el golpe de estado (3 de noviembre). El decano de los consejeros del rey, Pierre Aycelin de Montaigu, cardenal de Laon, proclamó al rey mayor de edad y le pidió que gobernase en persona. Carlos dio las gracias por los servicios prestados a sus tíos, que tuvieron la audacia de reclamarle compensaciones por los desembolsos llevados a cabo al servicio del soberano. Se prescindió de sus servicios y fueron alejados, de hecho, del consejo del rey. El cambio se había preparado mediante un complot muy bien urdido. La reina, que no soportaba la tutela borgoñona, no debió de ser extraña en el mismo. El alma de la conjura fue el hermano del rey, Luis, duque de Turena y más tarde de Orleans, joven efebo de dieciocho años, que reclamaba un papel protagonista. Si Carlos, hasta el momento, se había mostrado carente de voluntad, Luis tenía por los dos; el año anterior, el Papa de Aviñón había negociado su matrimonio con la hija del rico señor de Milán, Valentina Visconti, que había traído como dote el condado de Asti y sólidas esperanzas a la herencia milanesa. El hermano del rey deseaba ocupar un lugar preferente, delante de sus tíos, que le habían alejado, hasta entonces, del poder y de la riqueza. En torno a él, se encontraba el compacto grupo de los antiguos consejeros de Carlos V, relegados desde el comienzo del reinado a los puestos subalternos, y a quienes exasperaba el saqueo de los ingresos en favor de los tíos del rey y de sus favoritos. No eran todos hombres de baja condición, «marmousets», como se les llamó irónicamente. Había entre ellos prelados, como Nicolás Dubosc, hombres de guerra, agrupados en torno al condestable Olivier de Clisson, del almirante Jean de Vienne y del vizconde de Melun; también había gentilhombres, como Bureau de la Riviére y leguleyos, como los especialistas en finanzas Jean le Mercier y Jean de Montagu, que accedió al cargo de «superintendente de finanzas» del Hôtel.

Dueños del consejo y de todos los puestos administrativos importantes, los Marmousets formaban un equipo coherente y entusiasta, al que Carlos VI, que mostraba ya su debilidad, dejó gobernar a sus anchas. No se trataba de revolucionarios; su ideal consistía en volver a la prudente administración de Carlos V. No planteaban, por su parte, ninguna reforma profunda; las grandes ordenanzas que promulgaron, entre febrero y marzo de 1389, no hacían sino reiterar las normas olvidadas en los últimos ocho años, precisar y completar la organización y el funcionamiento de todos los servicios públicos. Querían, ante todo, evitar la vuelta a la vida fácil y a la arbitrariedad de los príncipes. El consejo constaba solamente de doce miembros, unidos entre ellos por un juramento de amistad y de promesa de trabajar conjuntamente en beneficio del reino. Para impedir los favoritismos, el consejo se encargaba de la elección de los principales funcionarios centrales, bailíos y senescales; el Parlamento sería el encargado de la elección de sus miembros, por cooptación. Se abordó la especialización de los engranajes del aparato financiero, que se habían convertido en muy importantes desde hacía un cuarto de siglo. Fue así como el cuerpo de funcionarios generales que administraba el conjunto de las finanzas extraordinarias se dividió en dos grupos, uno de administradores, otro de jueces, que constituyeron el Tribunal de Ayudas. Igualmente, apareció en el seno del cuerpo de Tesoreros un tribunal contencioso encargado de la administración del dominio regio, el Tribunal del Tesoro. Se llevó a cabo, Finalmente, siguiendo los consejos de Nicolás Oresme, un esfuerzo por volver a las buenas acuñaciones monetarias del reinado precedente, que se habían visto ligeramente alteradas por los tíos del rey.

A esta sana organización de los servicios monárquicos siguió una depuración administrativa. Se alejó a los hombres de los príncipes del Parlamento, de la Cámara de Cuentas y de la administración de las ayudas, de la moneda, del tesoro y de los bosques. La víctima principal fue el canciller Pierre de Giac, antiguo servidor del duque de Berry. Se encargó a cinco comisarios reformadores recorrer las provincias, enmendar los perjuicios realizados, hacer cesar los abusos, de acabar con los funcionarios prevaricadores y sustituirlos por «personas decentes», y de investigar, finalmente, las enajenaciones fraudulentas del dominio. Como la tarea, cuyas huellas se pueden seguir hasta 1395, se presentaba lenta y delicada, se consideró necesario llevar a cabo inmediatamente un golpe de efecto. A Finales de 1389, los Marmousets llevaron al rey al Languedoc, que había sido esquilmado por los duques de Anjou y de Berry. Todo el mundo pudo presentar sus quejas ante el consejo del rey. El duque de Berry fue apartado de la lugartenencia, siendo sustituido por Gastón Febo, conde de Foix; uno de los comisarios del duque más odiado, Bétizac, originario de Béziers, encargado de las finanzas del Languedoc, fue hecho prisionero. Como su contabilidad estaba en regla, hubo que acusarle de ser albigense, y fue quemado en la hoguera como herético.

Finalmente, los Marmousets se esforzaron por llegar a una reconciliación con la burguesía parisina, privada, desde 1383, de todas sus libertades municipales. No le fueron restituidos el derecho a tener su «echevinagc»[3] sus derechos de justicia. Pero los poderes edilicios fueron sustraídos al preboste de París y confiados a una «guardia de la prebostería de los mercaderes». Jean le Mercier situó en este nuevo puesto a un sobrino suyo, Jean Jouvenel, de Troyes, personaje todavía poco relevante, pero buen administrador.

A pesar de lo odiado que había sido el gobierno de los tíos del rey, el de los Marmousets no fue tampoco mucho más popular. La opinión pública soñaba con profundas reformas, deseaba un aligeramiento de las cargas fiscales, la disminución del número de funcionarios y la supresión del absolutismo administrativo. Sólo se les ofreció la persecución de los abusos y reformas administrativas. En especial, la queja principal provenía del mantenimiento intacto de la opresiva fiscalidad. Como severos administradores que eran, y, a veces, incluso preocupados por sus propias fortunas —tal fue el caso de Clison—, los Marmousets tenían necesidad de dinero para el rey y su hermano. Luis se mostraba muy ambicioso y obtenía donativos, pensiones y dominios; en junio de 1392, cambió su «apanage» de Turena por el ducado de Orleans, más rico. Y, lo más importante, arrastraba al rey a una vida de fiestas y diversiones, en la que se gastaban los recursos del reino. El acceso a la caballería de los jóvenes príncipes Anjou sirvió de pretexto, en 1389, para unas celebraciones espléndidas y muy caras. El viaje al Languedoc fue también una sucesión de fiestas, con lo que una medida que había sido concebida para aliviar la situación de los habitantes del Languedoc no sirvió sino para aumentar sus cargas, ya que, una vez terminada la reserva del tesoro, se hizo preciso aumentar la gabela y devaluar las acuñaciones monetarias para hacer frente a los gastos. Las fiestas continuaron: torneos, banquetes, borracheras, danzas, hasta llegar al célebre «baile de los quemados», que enlutó a la corte en enero de 1393. Es conocido el trágico incidente en el que un grupo de cortesanos, vestidos de animales salvajes, encadenados entre sí y con sus cuerpos untados de pez y recubiertos de estopa, se prendieron en contacto con una antorcha, convirtiéndose en una terrible hoguera. El rey consiguió escapar milagrosamente a la muerte.

La vida de placeres que se llevaba en el palacio de San Pablo no era la más indicada para inculcar al joven Carlos VI el sentido de sus deberes y responsabilidades. A los veinticuatro años seguía siendo un niño grande, despreocupado, caprichoso y blando, lo que significaba un tremendo contraste con la madurez precoz de su padre. No gobernaba y sólo combatía cuando sus consejeros se lo recomendaban. Las lecciones de Philippe de Meziéres, que quería hacer de él un buen administrador, un buen caballero, un buen cristiano, que hubiera sido elegido jefe de las cruzadas futuras, no surtieron ningún efecto sobre este débil espíritu, de quien se podía afirmar con toda exactitud que sería un «eterno menor». Su aspecto físico era agradable, rubio, de cara poco expresiva, deportista y belicoso, pero cuya salud, disminuida por una fuerte carga hereditaria, no podría aguantar durante mucho tiempo la vida de la corte. Algunos malestares y crisis nerviosas habían sido avisos que, por desgracia, no se tuvieron en cuenta. Repentinamente, en el verano de 1392, se produjo la catástrofe. El omnipotente Olivier Clisson acababa de escapar a un atentado cuyo autor, Pierre de Craon, se refugió en Bretaña. Fue acusado como instigador del culpable el duque Juan IV, enemistado desde hacía mucho tiempo con los Clisson. A pesar de los consejos de sus tíos, Carlos VI acogió favorablemente la reclamación del condestable y decidió ir en persona a castigar duramente a su vasallo bretón. Casi no es necesario recordar con detalle un incidente penoso, que se ha contado con tanta frecuencia. El ejército cabalgaba lentamente por las llanuras del Maine, el 5 de agosto, bajo un sol de justicia. En la linde de un bosque apareció un energúmeno, al que se dejó llegar hasta donde estaba el rey. Cogió la brida de su caballo y le gritó cosas incoherentes, asegurándole que era traicionado. Carlos quedó impresionado por el incidente. El calor y la luz cegadora hacían resplandecer las armaduras, y el choque de una lanza contra una armadura provocó en el rey un acceso de furiosa locura. El rey se lanzó contra su séquito y quiso golpear a todo el mundo. Se le consiguió controlar a duras penas. Los duques de Berry, Borbón y Borgoña que habían acudido al lugar de los hechos en aquel mismo momento, ordenaron la supresión de la expedición. El enfermo había pasado de la furia a un aletargamiento. Permanecía inmóvil, sin reconocer a nadie y balbuceando cosas incomprensibles. Se le trasladó a la capital y se le prescribió un reposo en Créil. La tranquilidad y la suavidad del clima provocaron una mejoría muy rápida. En septiembre parecía ya restablecido. Se trataba de un simple respiro. Durante el siguiente año, se produjo una nueva crisis que le tuvo postrado durante varias semanas, aunque se volvió a restablecer. Poco a poco, las recaídas fueron más numerosas y más duraderas y los períodos de lucidez más breves. Se hizo todo lo posible para conseguir su curación, recudiéndose tanto a los médicos como a los charlatanes, probándose todas las medicinas, se realizaron acusaciones de brujería, el pueblo rezó con todo fervor —temían que estuviera hechizado o poseído— y se organizaron peregrinaciones. La gran monarquía francesa estaba ya encarnada en un rey loco, juguete de todas las intrigas, débil fantoche, cuyo nombre serviría para satisfacer las ambiciones más innobles y, lo que constituye la mayor tristeza, viviría todavía treinta años.

Ya, durante el primer acceso de locura de 1392, los tíos del rey habían aprovechado la oportunidad para llevar a cabo su venganza, para poner fin a cuatro años de disimulada caída en desgracia, que había perjudicado tanto a sus intereses como a su amor propio. El equipo gobernante se vio obligado a abandonar. Bureau de la Riviére y Jean le Morder, culpables de haber plantado cara al duque de Borgoña en más de una ocasión, fueron encarcelados, condenados y más tarde amnistiados; Jean de Montagu huyó a Aviñón y el caballero Bégue de Vdlaines lo hizo a Castilla, aunque volvieron más tarde, cuando la tormenta se hubo tranquilizado. El condestable, chivo expiatorio de la cólera de los príncipes y de la emoción popular, se había refugiado en su castillo bretón de Josselin. La actuación en su contra fue todavía más dura. Perdió el cargo, fue desterrado como «falso y malvado traidor» y tuvo que pagar una enorme multa. El resto de los Marmousets siguieron en sus puestos y pudieron conservar hasta finales del siglo su influencia bienhechora en los diversos engranajes de la administración. Pero se vieron obligados, desde entonces, a ceder ante las ambiciones de los tíos del rey, al igual que habían hecho anteriormente con el único hermano del rey. La monarquía se precipitaba hacia la ruina y la anarquía.

III. ¿PAZ O LARGAS TREGUAS?

La recuperación del poder por los Marmousets en Francia, en el mes de noviembre de 1388, al igual que la victoria de los barones ingleses sobre los favoritos del rey algunos meses antes, había tenido una gran influencia sobre las relaciones franco-inglesas, inclinándolas progresivamente hacia la paz. Los barones ingleses se autoproclamaban belicistas, pero necesitaban una atmósfera de paz para afirmar su intervención en el gobierno, así como para aligerar las cargas financieras que levantaban las quejas de los Comunes. Hasta entonces habían boicoteado las negociaciones y rechazado las mediaciones. Cuando, en noviembre de 1386, llegó a Londres el rey fugitivo de Armenia (es decir, de Cilicia), León V, para solicitar la conclusión de la paz y plantear una cruzada franco-inglesa contra los otomanos y los mamelucos, se le había rechazado con toda educación. Otra tentativa de mediación llevada a cabo por Alberto de Baviera, conde de Holanda, suegro de los hijos de Felipe el Atrevido, había corrido la misma suerte en la primavera de 1387. Existía todavía cierto resentimiento contra los Valois por haber sembrado el pánico en Inglaterra mediante sus grandes preparativos militares y era grande la desconfianza ante los ofrecimientos interesados de mediación. En 1388, la situación ya no era la misma. Los barones ingleses, seguros ya de su poder pero sintiéndose incapaces de poder hacer frente a los costos de una política belicosa en el continente, modificaron sus planes y su doctrina. En agosto, el consejo baronial acabó con las últimas resistencias, en especial con la del duque de Gloucester, y votó a favor de las negociaciones. Las conversaciones de paz se reanudaron en noviembre, en Leulinghen, lugar acostumbrado, en el mismo momento en que los Marmousets accedían al poder. En su calidad de antiguos consejeros de Carlos V, éstos recordaban los desesperados esfuerzos realizados por el prudente rey en los últimos meses de su reinado, para llevar a los ingleses hacia la paz, y, fieles a la política de su antiguo señor, querían reanudarlos, por los mismos medios, con las mismas condiciones y con la esperanza de llegar a un resultado positivo en esta ocasión.

El 18 de junio de 1389 se conseguía firmar una tregua de tres años, preludio de una reconciliación más duradera. Era la primera vez, desde hacía veinte años, que se decidía una suspensión de hostilidades tan larga. No estaba de más este plazo marcado para poder debatir las condiciones, muy confusas, de una paz definitiva. En los años sucesivos, se celebraron numerosas conversaciones, unas veces reservadas a especialistas poco conocidos y otras, como ocurrió en las de Amiens en la primavera de 1392, a los príncipes de ambos bandos: los duques de Lancaster y de York, por parte inglesa, y los de Borgoña, Berry y Borbón, por parte francesa. No escasearon las dificultades preliminares, subsanadas por la buena voluntad respectiva de los adversarios. En 1391, se había llegado ya a la evacuación de todas las plazas bretonas, a excepción de Brest, por las guarniciones inglesas. La de Cherburgo tardó más en producirse. Ricardo II ponía como pretexto escrúpulos de conciencia para entregar la plaza a Carlos el Noble, hijo y sucesor de Carlos el Malo, ya que este príncipe había reconocido al Papa de Aviñón y era un cismático empedernido. Se llevó a cabo, sin embargo, en 1393. Entre tanto, se iban precisando los mismos términos de la paz. Contra lo que cabía esperar, la cuestión de la soberanía ya no fue, como había ocurrido en el pasado, el mayor obstáculo para llegar a un entendimiento. Abandonando la postura intransigente que había mantenido Eduardo III durante medio siglo, olvidando la lección del tratado de Calais y de las apelaciones gasconas, los consejeros de Ricardo II aceptaron que su señor prestase vasallaje al rey de Francia por la Aquitania. Sólo ponían como condición que la fórmula y las obligaciones del homenaje quedasen definidas y estrictamente limitadas, exclusivamente a la fórmula del homenaje simple, que no comprometía a nada; los franceses, por el contrario, se referían en todo momento al homenaje libre, como el de cualquier otro vasallo de la corona. Era una forma de transformar el problema, sin resolverlo. Las disensiones fueron aún más graves en materia de concesiones territoriales. Los ingleses querían recuperar la Aquitania, tal como había sido en tiempos del Príncipe Negro. De todas las conquistas de Carlos V, sólo reconocían la de Ponthieu, lo que era indudablemente muy poco. Todo el resto debía de serles devuelto, bien inmediatamente, bien más tarde, aunque admitían que el duque de Berry conservase el Poitou mientras viviese. Frente a unas pretensiones tan exorbitantes, teniendo en cuenta el dominio efectivo que Ricardo II ejercía sobre una Aquitania disminuida, Carlos VI, y, en especial sus tíos, llegaron más allá de las concesiones convenientes. Prometieron la entrega de la Saintonge, el condado de Angulema, el Agenais, el Quercy e incluso Rouergue, conservando solamente de las conquistas realizadas desde la reanudación de la guerra el Poitou, el Limousin y el Ponthieu. Por lo menos, exigieron la devolución de Calais y el desmantelamiento de la plaza. Pero, para facilitar el acuerdo, llegaron incluso a proponer una indemnización de guerra, como reliquia del rescate del rey Juan, que se elevaría a 1.200.000 escudos, que inmediatamente aumentaron hasta 1.400.000 escudos. Los negociadores ingleses, aferrados a sus peticiones, rechazaron las tentadoras ofertas que les hicieron los duques de Borgoña.

Una vez más, la paz se veía comprometida en el momento en que parecía lograda. Se hubiera producido una nueva ruptura de no haber sido por un hombre decidido a llegar a un entendimiento al precio que fuese. Este hombre no era otro que el rey de Inglaterra. El fasto de la corte de los Valois y la apariencia de absolutismo de la monarquía francesa, fascinaban a este joven autoritario. Dudando de sus propias fuerzas, no se vio capaz de sacudirse la tutela de sus barones más que con la ayuda de Carlos VI. Desde 1386, cuando el duque de Gloucester había hablado de deponerle, había amenazado a su tío con la venganza del rey de Francia. Desde entonces, la idea rondaba su cabeza, acuciándole la impaciencia por reinar. En mayo de 1389, repitió el gesto mediante el cual Carlos VI había marginado a sus tíos seis meses antes. Una proclama anunció a sus súbditos que, en el futuro, gobernaría por sí mismo, puesto que contaba ya veintidós años, y tras una minoría demasiado prolongada. Tuvo la prudencia de no marginar bruscamente a los barones, todavía unidos y poderosos. Les mantuvo en sus puestos dentro del consejo, pero cubrió todos los puestos subalternos con partidarios convencidos del absolutismo monárquico. Conscientemente, había imitado a Carlos VI, y, después, quería reconciliarse con él. Un luto privado le sirvió, finalmente, como pretexto para llegar a su objetivo. En junio de 1394 moría prematuramente la reina Ana. Aunque no le hubiese dado ningún hijo, Ricardo la amaba profundamente, por lo que al principio se mostró inconsolable. Mandó destruir su palacio de Sheen —en el sudoeste de Londres, en el actual barrio de Richmond— donde se habían desarrollado los años felices de su vida conyugal. Pasado el primer dolor, pensó que su viudedad podía servir a sus planteamientos políticos.

Sea cual sea el juicio que se pueda emitir sobre Ricardo II, no se le puede negar la obstinación que manifestó en el mantenimiento de sus puntos de vista. Deseaba la paz, pero ésta parecía imposible ante las contradicciones en las exigencias territoriales. Desde hacía tiempo deseaba tener una entrevista con Carlos VI, de la que ya se había hablado en 1390, aunque ésta era continuamente aplazada debido a las constantes recaídas del rey de Francia. Había rechazado las sugerencias de los papas de Roma, primero de Urbano VI y después de su sucesor Bonifacio IX, que le incitaban a renovar su alianza con Wenceslao de Bohemia y hacer juntos la guerra contra los cismáticos Valois. En este momento, proponía una nueva solución, desafiando la impopularidad que pudiera provocar entre sus súbditos: la reconciliación podría sellarse mediante un matrimonio con una princesa francesa y la conclusión de treguas duraderas. En marzo de 1395, una embajada dirigida por su favorito Robert Waldby, arzobispo de Dublin y su primo Eduardo de York, conde de Rutland, llegó a París para pedir a su señor la mano de Isabel, hija de Carlos VI. No se planteaba el obstáculo de la diferencia de edad, aunque Ricardo rondaba la treintena e Isabel no había aún cumplido los cinco. Y, para producir una impresión mejor a su futuro suegro, Ricardo había partido, ocasionando grandes gastos, pero sin llegar a iniciar las hostilidades, a reducir a la obediencia a los jefes de clan irlandeses, que se espantaron ante el fasto y la cuantía del aparato militar empleado. El matrimonio se llevó a cabo por poderes, en París, el 9 de marzo de 1396. Se acordó que todos los barones ingleses suscribirían los acuerdos entre ambas monarquías, que Rutland también se casaría con una princesa francesa, que las treguas de Leulinghen, ya renovadas en varias ocasiones, serían prorrogadas durante otros veintisiete años. La paz, aunque no formalmente concluida, estaba por lo menos garantizada durante una generación, puesto que se preveía la no reanudación de hostilidades hasta el año 1423.

Finalmente, tuvo lugar, entre Calais y Ardres, el 17 de septiembre de 1396, el encuentro entre Carlos VI y Ricardo II. El rey de Inglaterra había llegado allí hacía ya un mes, impaciente por conocer a su nueva esposa. La entrevista, como correspondía a la ocasión, estuvo rodeada de espléndidas fiestas. Los tíos de ambos reyes, así como unos barones engalanados, se juraron amistad. Ricardo prometió todo lo que se le pidió y se erigió en defensor de la política francesa en Europa; se comprometió a obligar a dimitir al Papa de Roma, para acabar con el cisma; prometió ayudar a su suegro en Italia, en la expedición contra Lombardía que proyectaba la corte de los Valois; también restituyó Brest al duque de Bretaña. Pero no había nadie en su propio país que preconizase y defendiese esta política. Sólo la aprobaba Juan de Lancaster, ya anciano. Tras haber conmutado sus pretensiones españolas por una sustanciosa pensión por parte del rey de Castilla y disponer, desde 1389, del ducado de Aquitania de por vida, el duque deseaba la paz; sólo aspiraba a obtener el reconocimiento de sus hijos bastardos tenidos de su unión con su amante, con la que más tarde contrajo matrimonio, Catalina Swynford, y a dotar a sus hijos, a los que se les dio el nombre del señorío angevino de Beaufort. A su muerte, en febrero de 1399, Ricardo se encontró sin apoyos. El mantenimiento de una política profrancesa dependía únicamente de la capacidad del soberano para conservar su trono.

La reconciliación, por otra parte, seguía siendo incompleta, puesto que no se había firmado ninguna paz que delimitara las fronteras y fijase los recíprocos derechos de los antiguos adversarios. Routiers y mercenarios, que no se resignaban a la completa inactividad, continuaron haciendo la guerra en los territorios en litigio, como siempre había ocurrido en los tiempos de treguas. La cancillería inglesa, con sus fórmulas ambiguas, no ocultaba su embarazo ante una falsa situación. Al mismo personaje que, desde hacía tiempo, se le venía designando como «el adversario de Francia», era ahora calificado del «primo de Francia», y, más tarde, el «padre de Francia». Pero se le seguía negando el título de rey de Francia, que seguía ostentando su yerno, aunque completamente vacío de contenido.

Ricardo, por lo menos, alcanzaba así un objetivo largamente acariciado, desde que sus barones le habían humillado diez años antes. Tenía de su parte a celosos funcionarios y a la mayor parte de los prelados, ya que había ido designando pacientemente obispos adictos. Había reclutado en Cheshire una guardia de arqueros y de hombres de armas, dispuesta a intervenir en cualquier momento. La dote de Isabel había llenado sus arcas. Bastaba un gesto, que se llevó a cabo en julio de 1397. Se detuvo a los principales jefes del partido de los barones, siendo desterrados unos y muertos otros. El duque de Gloucester, trasladado a Calais, fue allí asesinado por orden del rey. El arzobispo Thomas Arundel se retiró a Roma. Un servil parlamento se encargó de la tarea de impedir la reanudación de la oposición baronial. Convocado en un principio en Londres, culminó su larga sesión en Shrewsbury. Para no verse obligado a reunir una nueva asamblea, Ricardo le obligó a abdicar de sus funciones ante una comisión de dieciocho miembros, que se reunirían en caso de necesidad. Se impusieron terribles garantías, como la excomunión contra los posibles traidores, el juramento solemne impuesto a todos los súbditos, pesadas cargas impuestas a los diecisiete condados del este y del sur, que anteriormente habían apoyado a los barones: se trata de las célebres «cartas en blanco» que se obtenían por la fuerza de mucha gente, mediante las cuales el interesado se reconocía deudor del rey por una suma que se dejaba en blanco, y que se rellenaría en caso de rebelión. La aristocracia pareció controlada en un momento dado, ganada a la causa real mediante la entrega indiscriminada de títulos entre sus miembros —ducados, marquesados y condados—. Ricardo anunció triunfalmente el restablecimiento de la autoridad regia, es decir, del absolutismo, a todos los soberanos de Europa. Y para que nadie se llamase a engaño, solicitó de Bonifacio IX la canonización de su bisabuelo, el rey Eduardo II, traidoramente asesinado por los barones rebeldes, al igual que había hecho anular todas las sentencias dictadas en 1327 contra los Despenser.

Toda esta política comportaba sus riesgos. Cometió el error de castigar con dureza a su primo hermano y más próximo heredero varón al trono, Enrique de Lancaster, conde de Derby, muy recientemente convertido en duque de Hereford. Al entablarse una disputa entre Hereford y un barón partidario del rey, el duque de Norfolk, Ricardo desterró a los dos rivales, esperando privar a Lancaster de su enorme herencia, confiscada en beneficio de la corona. El desterrado llegó a Francia en 1398, donde no tomaron en serio sus comportamientos fanfarrones. Llegó a establecer una gran amistad con Luis de Orleans. Pero comenzó a conspirar junto con otras víctimas y mandó llamar a Roma al arzobispo Arundel. Sobre todo, vigilaba con atención el desarrollo de los acontecimientos de Inglaterra. Los resentimientos se iban acumulando contra Ricardo, gracias a sus excesivas precauciones, sus visos de tirano, la brutalidad de su guardia pretoriana y por la nefasta idea de prolongar la vida del Parlamento a través de una comisión restringida. En la primavera de 1399, creyendo consolidar su autoridad, fue por segunda vez a castigar a los turbulentos jefes irlandeses. En cuanto hubo partido, el duque de Lancaster desembarcó en Inglaterra con un puñado de exiliados y mercenarios, en la playa de Ravenspur, proclamando abiertamente que sólo venía a hacerse cargo de la herencia de su padre. Todo el mundo se puso de su parte, incluido su tío, el duque de York, que había sido nombrado regente en ausencia del rey. Ricardo estaba perdido.

IV. LA PREPONDERANCIA FRANCESA EN EUROPA

A la espera de que se manifestaran claramente sus consecuencias, funestas en principio para Francia, las convulsiones políticas en que se hallaba sumergida Inglaterra no hacían sino realzar, por contraste, el prestigio de los Valois. Contemplado desde el interior, el reino parecía debilitado debido a la locura de su rey, la persistente miseria de las zonas rurales y las nacientes querellas entre los príncipes. Pero, desde el exterior, da todavía una impresión de fuerza. ¿Qué otro estado de Europa podía rivalizar con él en estos momentos finales del siglo, en que todo parece tambalearse? Ni el papado, que seguía dividido por un cisma que enfrentaba a dos pontífices rivales, ni el Imperio, en el que los príncipes, cansados de Wenceslao, indolente y borrachín, le habían depuesto y sustituido por Roberto, conde del Palatinado, pretendiente desprovisto de poder, ni Inglaterra, finalmente, hundida una vez más en una terrible revolución dinástica. El trono de los Valois seguía siendo, por tanto, el más sólido de la cristiandad, a pesar de su desgraciado rey.

Aún con su precaria salud, las fiestas se habían reanudado en el palacio de Saint-Paul. En ellas, la reina se embriagaba con frecuencia, en mitad de sus continuos embarazos. El duque de Orleans le incitaba a ello, hasta el punto de que muy pronto se les acusará de ser amantes, de engañar al pobre monarca loco. Los Wittelsbach, arruinados, vivían de prestado en la corte. Todos los príncipes rivalizaban en lujo y prodigalidades. Todo el mundo quería presumir de su divisa, su emblema, su sello, e incuso de su propia orden de caballería. Todos los proveedores de la corte, comerciantes de paños, joyeros, agentes, hacían en ella su agosto. París gozaba de una prosperidad impresionante, aunque ficticia, sin duda, realzada por la presencia de los banqueros italianos, que eran, a un tiempo, mercaderes, cambistas, prestamistas a empeño, arrendatarios de impuestos y proveedores de fondos. Los florentinos y pisanos de generaciones anteriores han sido ahora sustituidos por los de Lúea, que tenían oficinas en las grandes ciudades comerciales, en Brujas y en Italia, se enriquecían al servicio de la corte y, muy pronto, se afrancesaron: los Raponde, Cenamme, Spifame, Isbarre, etc. El más dinámico de todos ellos, Dino Rapondi, se convirtió en el todopoderoso «factótum» de Felipe el Atrevido.

Una vida refinada y culta rodeaba a los palacios principescos. No ha llegado hasta nosotros casi nada de las residencias privadas, monumentos públicos e iglesias construidas en tiempos de Carlos VI. Quizá no fueran demasiados, ya que estas construcciones requerían tiempo y dinero, que no abundaban. El mecenazgo se ejercía de otra forma, adquiría otras características artísticas. Más fugaces y más valiosas siendo de menor volumen: tapices, orfebrería, miniaturas, pintura. Los pintores franceses, liberados ya de la influencia italiana y de Aviñón y todavía no absorbidos por el estilo flamenco, formaban entonces una escuela original, siempre muy próxima al grabado.

Fue en este momento cuando Jean de Limbourg realizó, para el refinado y suntuoso mecenas que era el duque de Berry, los minuciosos cuadritos de sus Riches Heures, que se pueden todavía admirar en Chantilly. Fue a los pintores franceses o a los renanos a quienes se dirigió Ricardo II, bien para que le representasen en majestad, en el retrato de la abadía de Westminster, bien, como aparece en el inefable retablo de la National Gallery, en medio de su comitiva, de santos y de angelotes azules, todos ellos revestidos de amplios mantos, en los que aparecen profusamente los ciervos acostados de plata, emblema del rey de Inglaterra. Testimonios de una refinada civilización fueron las extravagantes modas lanzadas por la corte de Francia y cuya rareza no hará sino acentuarse a comienzos del siglo XV: altos capirotes con los peinados femeninos prendidos a ellos, calzas y jubones colgantes, sedas recargadas y vistosas, largas hopalandas forradas de piel con grandes mangas acampanadas, sombreros extraños y zapatos de puntas retorcidas.

La literatura, muy escasa todavía en tiempos de Carlos V, adquirió en estos momentos finales del siglo un nuevo acento. Dejemos a un lado a Froissart, completamente dedicado al pasado y que redactaba en estos momentos sus abundantes crónicas en un idioma difuso y algo provinciano; más valiosas por sus enseñanzas acerca de los sentimientos de la sociedad caballeresca que por su rigor histórico. Las novedades se dieron en otros campos. Es cierto que la Francia de Carlos VI no puede ofrecer nada comparable al primer gran poeta nacional que conoció la Inglaterra de Ricardo II. Pero, si bien Geoffrey Chaucer, en sus Cuentos de Canterbury, supo asimilar a la perfección el petrarquismo al genio de la lengua inglesa, fue por intermedio de Francia como conoció el humanismo italiano: sus mismas expresiones siguen siendo completamente francesas, lo que no tiene nada de sorprendente, ya que toda la sociedad cultivada de Inglaterra seguía hablando, de forma normal, el francés. Frente a él, el francés Eustache Deschamps no fue sino un rimador de corte, que trasladó a sus baladas la actualidad política, militar y religiosa. Lo más importante es que surgió entonces, en la corte de Carlos VI, un verdadero humanismo francés. A través de Aviñón, en la corte angevina de Provenza, este grupo conoció a Petrarca, como él se nutrió de los clásicos latinos, redondeó períodos ciceronianos y escribió en una lengua, cuya corrección y elegancia eran dignas de los grandes latinistas del siglo XVI. De este pequeño grupo de artistas delicados, nos han llegado muy pocas obras. Constituye un signo de los tiempos su separación de la rutina universitaria, y, que, al lado de un clérigo como Nicolás de Clamanges, encontremos a laicos, como Jacques de Nouvion o Gontier Col, que era secretario de la cancillería y servidor del duque de Berry. Todo esto desaparecerá en la guerra civil, tras haber dejado breves destellos.

Hay que dejar claro, sin embargo, que la hegemonía francesa, hacia 1400, no se ejercía solamente en el terreno de la cultura. La monarquía de los Valois vivía de la reputación de siglos anteriores, aprovechaba el impulso adquirido, muy superior a las fuerzas con que realmente contaba. Imponía este ritmo a toda Europa y parecía todavía el líder indiscutible de la cristiandad latina. Fue en Francia donde se conservó con más fervor el ideal de cruzada. El caballero Philippe de Meziéres, que, antes de ser el preceptor del rey había vivido muchos años en Oriente, como canciller del reino de Chipre, se convirtió en el campeón de este ideal. Acogió con alegría la reconciliación franco-inglesa, y en su Sueño del viejo peregrino (Songe du vieilpélerin) desarrolló, a la manera alegórica de su época los planes de acción combinada que, bajo la dirección de Carlos VI podría llevar a cabo el occidente finalmente unificado. La caballería francesa no tuvo que esperar a las indicaciones de este visionario para lanzarse a la aventura; desde que las treguas y la situación de guerra larvada le dejaron sin ocupación, se sintió nuevamente atraída por el Oriente y participó en gran número en las expediciones que se organizaron. En 1391, había sido el tío del rey «el buen» duque Luis II de Borbón quien, a petición del dogo genovés llevó a su caballería a una inútil expedición a Túnez, que fracasó ante los muros de Mahdya, el África de nuestros cronistas. En 1396, la aventura tuvo más coherencia. Los turcos otomanos acababan de conquistar los Balcanes, de destruir el imperio serbio y aplastar los principados búlgaros. Llegaron hasta el Danubio, amenazando la llanura húngara. Ante la petición de auxilio por parte de Segismundo de Luxemburgo, hermano de Wenceslao, que por matrimonio se había convertido en rey de Hungría, los caballeros franceses se unieron a la iniciativa de Juan de Nevers, hijo primogénito de Felipe el Atrevido. Atravesaron toda Europa y, a pesar de los consejos de prudencia de los contingentes transilvanos y moldavos que se habían unido a ellos, se lanzaron temerariamente contra las tropas de Bayaceto, en Nicópolis, a orillas del Danubio. En el desconcierto de la derrota, fue hecho prisionero Juan de Nevers y no será liberado hasta dos años más tarde, gracias a los buenos oficios del banquero Dino Rapondi, sacando solamente en limpio de la aventura fama de valentía que le valió el apodo de Juan sin Miedo. Este desasiré no bastó para acabar con el ardor combativo de la nobleza francesa. Cuando el basileus bizantino Manuel Paleólogo, rodeado por todas partes de la oleada otomana, pidió ayuda desesperadamente al occidente cristiano, antes de venir él en persona a pedir socorro a todas las principales capitales europeas, fueron de nuevo los franceses, quienes bajo la dirección del mariscal Boucicaut, intentaron la única operación de alguna envergadura que se llevó a cabo en las orillas del Bósforo. ¿Qué importancia tienen, al lado de estas expediciones, los pequeños apoyos que un Enrique de Lancaster prestó a los caballeros teutónicos en su lucha contra los paganos de Lituania? Incluso en este campo de las expediciones a lejanas tierras, la superioridad francesa era incuestionable.

Esta supremacía se afirmaba y de forma más tangible y fructífera, más cerca de las fronteras del reino. Desde hacía dos generaciones, el Delfinado era administrado por los funcionarios de los Valois. Luis de Anjou, gracias a la ocupación de 1381, había introducido la influencia francesa en Provenza y, cuando la ocasión lo había requerido, había introducido funcionarios angevinos y del Languedoc. El antiguo reino de Arlés aunque técnicamente era extraño a la corona de Francia, se había convertido en una dependencia natural suya, en especial cuando el conde de Saboya, Amé, apodado el «conde verde», se unió por matrimonio a la familia de Carlos V. Todavía en 1368, el emperador Carlos IV se había coronado en la iglesia de San Trófimo, con la antigua corona de los reyes de Arlés, manifestando de este modo que su dominación seguía extendiéndose hasta as orillas del bajo Ródano. Ninguno de sus sucesores podrá renovar este gesto y no reclamará a los príncipes Valois el homenaje del Delfinado y de Provenza.

A través de las provincias del sudeste, la política francesa se interesaba por los asuntos italianos, en los que no se había aventurado hasta el momento sino muy a su pesar y con extrema prudencia. El reinado de Carlos VI marca el inicio de las grandes aventuras al otro lado de los Alpes, origen de grandes gastos y grandes decepciones, pero que, aun con todo, aportaron prestigio. Cabe preguntarse si se podría hablar con propiedad de la existencia de una política italiana de Francia. Innumerables intereses se oponían y mezclaban en la corte de los Valois, produciendo en definitiva la mayor incoherencia. Había una política angevina, volcada hacia Nápoles, donde Luis II de Anjou disputaba acaloradamente la corona a su competidor Ladislao; había también una política Orleans, comprometida en la alianza con Milán; había otra política bávara —la de la reina— hostil a los Visconti, pero favorable a Florencia; y, finalmente, existía también una política de Aviñón, inclinada hacia la conquista de Roma y la expulsión de ella del papado italiano. Cada una de ellas es predominante en algún momento, deshaciendo las pacientes intrigas conseguidas por la anterior. Hay que tener, además, en cuenta, y es un aspecto esencial, la enemistad y división tradicionales de las señorías italianas, que no veían otra solución para solucionar sus problemas que recurrir al apoyo extranjero. Ahora, una vez que el Imperio había muerto, o faltaba poco para ello, todas ellas se volvían hacia Francia. Carlos VI, a pesar de la incoherencia de sus actuaciones, ejercía de esta forma un auténtico protectorado italiano. Para convencernos de ello, basta recordar en este punto los resultados más tangibles de esta política.

La aventura angevina fue la menos afortunada de todas. Reducido a las peores condiciones entre los príncipes con «apanage», Luis II de Anjou y su dominante madre, María de Bretaña, consiguieron dominar momentáneamente, primero en 1389 y luego en 1399, sobre Nápoles y su entorno. Pero no contaban, en el reino peninsular, más que con un pequeño grupo de partidarios, por lo que tenían que abandonar su objetivo, cada vez, al cabo de unos pocos meses. Las ambiciones orleanesas sobre la Italia del norte tenían mucha mayor solidez. Desde su matrimonio con Valentina Visconti, el joven hermano del rey se había convertido en la esperanza de Clemente VII. El pontífice acariciaba la idea de convertir en un reino para él los dominios pontificales de la Romaña y de las Marcas, con el título de rey de Adria, con la misión de conquistar estos territorios. Por lo menos, Luis, de acuerdo con los Marmousets, consiguió la decisión de enviar una expedición francesa a Lombardía y la conclusión de una alianza ofensiva con su suegro, Juan Galeazzo Visconti (1391). Oscuras intrigas inglesas provocaron el aplazamiento de la expedición. Luis no dejó por ello de actuar por cuenta propia. Sus lugartenientes se instalaron en Asti y desde allí intervenían en los asuntos de la Liguria, apoyando la rebelión de Savona contra Génova; finalmente, en noviembre de 1394, Enguerrand de Coucy, ocupó Savona en su nombre. Fue en este momento cuando intervino la política bávara de la reina, apoyada por el duque de Borgoña. Consiguió el abandono de la alianza milanesa, que no había favorecido más que a Luis de Orleans, y provocó la alianza con Florencia, hasta entonces fiel al Papa romano y campeona de la causa anti-francesa; incitó al dogo genovés, Antonio Adorno, amenazado directamente por los Orleans, a ponerse bajo la protección del rey de Francia, y fue el estandarte con las flores de lis el que los embajadores franceses, en 1396, y después el mariscal Boucicaut, en 1401, plantarán sobre los muros del gran puerto de Liguria, donde se mantendrá hasta 1409 como signo tangible de la hegemonía de los Valois.

Más prestigiosa todavía se presenta la actuación reservada a la monarquía francesa en el intento de finalización del Cisma que, desde 1378, desgarraba a la Iglesia de Roma. Tras haber sido quien favoreció su iniciación y mantuvo sus funestos efectos, la corte de París tomó la iniciativa para terminar con él, buscando la adhesión de los demás estados. Y, lo que era inaudito, la iniciativa partió de la Universidad de París, bien alejada, sin embargo, de su pasado esplendor, desde que la crítica nominalista había terminado con las hermosas construcciones escolásticas del siglo XIII. Sus rectores, convertidos en grandes personajes, querían intervenir en los asuntos de Estado. Jean Gerson hacía recomendaciones al rey, mientras Pierre d’Ailly, Jean Petit y Jean Courtecuisse dictaban la política al gobierno. En esta intervención, que terminará por acelerar su decadencia, la universidad parisina alcanzaba un grado de poder que nunca anteriormente había conocido.

A partir de 1391, incitó a los príncipes seculares a tomar en sus manos los asuntos de la Iglesia, ante la falta de pontífices, y a trabajar a favor de la unión. Palabra mágica, que pronto estará en todas las bocas. A la «vía de hecho», en la que los ejércitos europeos se enfrentaban sin resultado para hacer prevalecer a uno de los dos pontífices, sucedía ahora la «vía de cesión», por la cual los reyes debían de obligar a los pontífices rivales a dimitir, permitiendo así volver a la unidad. Incrédulos en un principio, los consejeros de Carlos VI, sus tíos, su hermano, se dejaron ganar por la idea a finales de 1392. Desde entonces, fue Francia quien dirigió esta actuación, caldeó el entusiasmo de todo el mundo, y movilizó la apatía general. Parece haber alcanzado su objetivo cuando murió Clemente VII, en 1394. Pero, los cardenales aviñoneses en lugar de aplazar la elección de su sucesor, eligieron rápidamente un nuevo Papa en la persona del aragonés Pedro de Luna, quien, sin embargo, se había mostrado partidario convencido de la unión. Cuando hubo tomado el nombre de Benedicto XIII, el pontífice no quiso saber nada de ella; sus enemigos decían que procedía de un país de buenas mulas. Sin amilanarse, la corte francesa continuaba con su acción, arrastrando a Castilla a sus puntos de vista, convenciendo también a Ricardo II —aunque no a los ingleses— y fracasando ante Wenceslao. Era casi la única que preconizaba el empleo de un arma terrible contra los pontífices, que mantenían su posición: la «sustracción de obediencia», impuesta en 1398 al clero francés por los partidarios de la unión, que arrebataba al Papa todo poder e ingresos de la Iglesia francesa, colmando las aspiraciones de un galicanismo naciente al organizar una Iglesia nacional en la que, bajo la apariencia de libertad, era el poder laico el que imperaba de forma omnímoda.

Enardecidos en la lucha, los maestros universitarios franceses apoyaban doctrinalmente su rebelión contra la monarquía pontifical. El punto esencial era imponer la unidad entre dos papas obstinados. La Universidad, hasta el momento apoyo fiel del absolutismo de la Santa Sede, de la que obtenía sustanciosos beneficios, llegó a denegar al Papa el magisterio efectivo sobre las iglesias nacionales y a preconizar, como se había hecho en la Inglaterra de Eduardo III, el restablecimiento de las «libertades» galicanas. Fue más allá, forjándose en la lucha la temible teoría conciliarista. Para conseguir la unanimidad entre los Fieles contra los que se disputaban la tiara, era preciso reconocer a estos fieles reunidos en concilio el derecho a deponer a los papas, y, por tanto, también de juzgarles y de gobernar la Iglesia en su lugar. París fue el único centro de elaboración de este hervidero de ideas, destinadas a tener un futuro tan brillante. Ninguno de los otros grandes centros europeos del saber, ni Oxford, ni Praga ni Bolonia, tenían todavía una audacia semejante. Al seguir con obstinación a los maestros parisinos, el gobierno de los Valois tomaba en sus manos el de la Iglesia. Faltaba, sin duda, mucho tiempo para que estas ideas se reflejen en los hechos. Todavía se presenciará el desarrollo de tristes palinodias: restitución de obediencia en 1403, después invención de la «vía de la conciliación» entre los pontífices rivales, que jugarán al escondite para no encontrarse y, más tarde, segunda sustracción de obediencia en 1408. Cuando, finalmente, los cardenales de ambas obediencias se reúnan en Pisa para renegar de sus pontífices, convocar un concilio y nombrar a un nuevo Papa (1409), habrá llegado para la Universidad de París, como para la corte de los Valois, la hora del triunfo de una política defendida tenazmente durante quince años.

Se mire por donde se mire, en torno a 1400, la hegemonía francesa se afirmaba y crecía. Medio siglo después de los desastres de Crécy y de Calais, la Francia destrozada volvía a tomar su puesto en el occidente cristiano. Gozaba de un prestigio que no había conocido desde los tiempos de San Luis y que sólo nuevas derrotas, imprevisibles ahora, le podrían arrebatar.

VI LAS CONQUISTAS DE LOS LANCASTER

VI
LAS CONQUISTAS DE LOS LANCASTER

Con las treguas de Leulinghen y la entrevista de ambos reyes en Calais, finalizaba la primera parte de la guerra de los Cien Años. Estos primeros sesenta años de conflicto, marcados por las largas treguas, escasamente respetadas, e incluso, en medio de ellos, por una paz muy precaria, habían ido pasando con su cortejo de penalidades, muertes y devastaciones, simplemente porque ni Valois ni Plantagenets habían podido llegar a un acuerdo sobre el problema de Aquitania. La guerra, en sus orígenes, su desarrollo y sus fines, había sido un conflicto esencialmente feudal. Si bien Eduardo III, príncipe francés por nacimiento, educación y gustos, había soñado con ceñir la corona de Francia y unir ambos reinos bajo una misma jefatura, este sueño, incluso tras sus más espectaculares triunfos, nunca estuvo cerca de convertirse en realidad. Si el proyecto hubiera tenido éxito, muy probablemente a su muerte hubiera repartido sus reinos entre sus hijos, dejando el de Francia a un segundón. Ambos países hubiera así recuperado su independencia, bajo dos dinastías emparentadas entre sí, como había sucedido en tiempos de San Luis y Enrique III, que eran cuñados, o en los de Felipe el Hermoso y Eduardo II, cuando éste último era yerno del primero. En realidad, el rey inglés no había tenido un proyecto político de tan largo alcance. Utilizando a Aquitania como punto de referencia, ya que en ella el particularismo gascón seguía siendo tradicionalmente enemigo de la monarquía francesa, se había esforzado por rehacer el antiguo imperio Plantagenet, ampliando la dominación inglesa hasta el Loire, e incluso hasta las costas normandas. Pero, para evitar la repetición de errores pasados, para evitar definitivamente la amenaza de una confiscación expoliadora, exigía que sus posesiones continentales le fuesen reconocidas en soberanía más plena, liberadas de todo lazo vasallático.

En este sentido, se podría afirmar que se había producido una conquista y fragmentación por parte del príncipe Plantagenet, y no de una conquista inglesa. Dejando a un lado la presencia de algunos altos funcionarios llegados de Inglaterra, por otra parte muy poco respetados por la población, nada había cambiado en la vida de las provincias separadas de la obediencia de los Valois, que seguían siendo francesas por su lengua y por su administración y conservaban sus propias instituciones. Calais constituía la única excepción. En esta ciudad, razones de orden militar y económico habían obligado a imponer un sistema más duro. Ocupada por una poderosa guarnición inglesa, la ciudad, convertida en el emporio del tráfico de lana, estaba también poblada por una burguesía inglesa. La jefatura del «staple» se solía confiar a un rico mercader de Londres. En el resto de las provincias, los Plantagenets gobernaban como príncipes franceses, a través de funcionarios franceses y conservando las tradiciones locales, sin enfrentarse a ellas.

Esto no quiere decir, sin embargo, que ambos países se hubieran mantenido indiferentes a la guerra despiadada que llevaban a cabo las dos dinastías reales. Entre ambos pueblos, que antes se ignoraban, la guerra había arrojado la semilla del odio que el futuro se encargaría de hacer germinar. Resulta curioso que este odio se vislumbre en Inglaterra, donde la guerra nunca había llegado. Las proclamas regias que, desde hacía medio siglo habían denunciado sin cesar la perfidia de los franceses, lanzando sobre ellos la responsabilidad de todas las rupturas y afirmando el derecho de los Plantagenets a recuperar sus «herencias» continentales, habían terminado por crear en todas las clases sociales una curiosa mentalidad. Los barones y caballeros, que en el siglo XIII se habían desinteresado completamente de los dominios continentales de la dinastía, y, a fin de cuentas, habían sido los causantes, por su política de desinterés, de los desastres de Juan sin Tierra y de Enrique III, se habían aficionado en estos momentos a las expediciones, que proporcionaban abundante botín y rescates, y reclamaban la prolongación de la guerra, porque era para ellos una operación rentable. Mientras habían seguido siendo francesas por lengua y educación las clases privilegiadas no se habían preocupado por las expediciones continentales. Ahora, que se habían convertido cada vez más en inglesas, apoyaban con todas sus fuerzas la política francesa de su rey, contradicción singular, que no dejaba traslucir la posibilidad de una empresa duradera del rey inglés en unas conquistas todavía problemáticas. Entre el pueblo, la guerra significaba levas, requisición de barcos y pesados impuestos. Se acusaba a los franceses, sin conocerlos, como culpables de estas medidas impopulares. El testimonio de los cronistas monásticos es, en este punto, irrecusable. Entre los clérigos, la francofobia había llegado a extremos de exasperación tras la creación de unas finanzas pontificias, obra de los papas franceses de Aviñón. Finalmente, conviene recordar que se englobaba al enemigo francés en el mismo rencor que alcanzaba a todos los extranjeros: comerciantes hanseáticos, traficantes flamencos y que, a menudo, se expresaba con una violencia inusitada, como había ocurrido durante la revuelta campesina de 1381.

Francia, en mayor medida todavía que Inglaterra, había aprendido a conocer y odiar al adversario que, durante dos generaciones, había devastado su suelo. Antes de 1340, la hostilidad entre ambos pueblos no iba más allá de los enfrentamientos entre marineros normandos e ingleses, o entre los de La Rochela y Bayona. Ahora, existía odio en el corazón de todas aquellas provincias que habían tenido que padecer los saqueos de los routiers, tanto en tiempo de paz, como de tregua o de guerra. Esta modalidad de espíritu nacional se iba afirmando de manera tanto más viva en cuanto que unía dos sentimientos igualmente enraizados en el espíritu de los súbditos, pero a menudo contradictorios: la lealtad monárquica y el particularismo local. Puesto que se llamaba ingleses a todos aquellos, fuese cual fuese su procedencia, que ocupaban los campos y saqueaban el país, la defensa contra los enemigos unía, a nivel local, a toda la población. En los momentos más trágicos, cuando la nobleza, vencida y diezmada en los campos de batalla, se mostraba impotente para dirigir las operaciones, había tocado a la burguesía de las ciudades y a los campesinos tomar las iniciativas precisas. El heroísmo de los humildes se había manifestado a veces de manera muy clara, admirando a los cronistas, cuyas narraciones, normalmente, se referían solamente a las acciones brillantes de la caballería. De este modo, entre tantas hazañas que no han dejado rastro, hemos podido conocer las de un valiente campesino del Beauvesis, apodado el «Granó. Ferré», quien, en mitad de la guerra navarra, en 1358-59, había perseguido a las bandas inglesas instaladas en Creil y había encontrado una muerte gloriosa.

Sin embargo, no podríamos hablar todavía de patriotismo en el sentido moderno del término. La mayor parte de la gente no era capaz de tener una dimensión más amplia que la de su aldea. Lo más importante era detener el desorden, las muertes y el pillaje. Cuando tenían miedo a enfrentarse a los routiers, los campesinos compraban su retirada y éstos se iban a saquear a la zona vecina. Existía, sin duda, un sentimiento de constante fidelidad al rey y a la dinastía, incluso en medio del desastre. Pero, la conciencia nacional seguía siendo muy débil. Existía un reino de Francia, pero no una nación francesa. Flandes y Bretaña habían sido claras demostraciones de este hecho. Incluso en las provincias más fieles, la lealtad monárquica no era más que un firme lazo. En respuesta a la llamada de su soberano, los nobles del centro de Francia habían consentido ser masacrados en Poitiers, como lo volverán a ser en Azincourt. Pero, en los testamentos que redactaban antes de su partida, anunciaban su intención de ir a servir al rey de Francia, como si Francia siguiese siendo el antiguo dominio regio, al norte del Loira. La tristeza provocada por la guerra civil hicieron todavía más vacilantes estos oscuros sentimientos. Cuando las bandas de saqueadores y enemigos saquearon el país en nombre del rey, muchos súbditos deseaban ardientemente la vuelta al orden, aunque fuera al precio de la invasión extranjera. Las clases acomodadas, como los príncipes con «apanages», la burguesía comerciante, el alto clero fueron las que dieron ejemplo, como suele ocurrir en tales casos. No hay que lanzar la primera piedra contra los contemporáneos de Juana de Arco, puesto que las cosas fueron peores en otros momentos. Para que el país se recuperase, era precisa la lección, siempre saludable, de una ocupación prolongada. Antes de 1400, ésta no se había producido. El advenimiento de los Lancaster la hizo posible.

I. EL ADVENIMIENTO DE LOS LANCASTER

Para establecer un contraste entre Ricardo de Burdeos y Enrique de Bolingbroke, que, en los últimos meses de 1399 se disputaban el trono de Inglaterra, Shakespeare retrató al primero como un soñador, absorbido por sus proyectos de gobierno autoritario, de paz con Francia y de vida regalada y lujosa, mientras presentaba al otro como un príncipe frío, práctico, astuto, con los pies en la tierra, cuyas ambiciones no iban más allá de sus medios. Se trata de una transposición poética de ambos caracteres, que no está, sin embargo, desprovista de fundamento. Enrique de Lancaster era un hombre completamente diferente a su primo Ricardo II, del que había sido, sin embargo, compañero de infancia y de adolescencia. Sus largas estancias en el extranjero, en Prusia, en Tierra Santa, su exilio en Francia, no habían servido para darle, en ningún modo, el aire cosmopolita que tuvieron todos los Plantagenets, hasta el mismo Ricardo II. Aunque aún hable francés, como casi toda la aristocracia inglesa, era, ante todo, un príncipe y un propietario inglés, que había añadido a su extenso «apanage» familiar los considerables bienes que le había aportado en el oeste de Inglaterra en dote su mujer, una Bohun, última representante de una ilustre familia anglo-normanda. Este hombre maduro consiguió durante mucho tiempo ocultar sus designios, aunque desconocemos si éstos iban más lejos de la consecución y conservación de la corona inglesa, si bien cabe dudar de ello. Con un cinismo frío y político, se convirtió en el campeón de todas aquellas causas combatidas por su rival: el respeto por los privilegios parlamentarios y la guerra con Francia, entre otras. No actuará, sin embargo, como un monarca abiertamente constitucional o belicista. Su piedad teatral, heredada también por su hijo, experimentó también frecuentes faltas de sentimientos cristianos. Hay dos rasgos que le definen mejor que cualquier análisis extenso: hipocresía en el momento de su ascenso, pero valentía ante las adversidades. Sus actuaciones nos harán conocerle mejor.

Cuando desembarcó en Inglaterra, en mayo de 1399, Enrique, de forma ostensible, se limitó a reclamar su herencia familiar, de la que había sido injustamente privado. Se encontró con el apoyo de todos los descontentos: barones privados de poder, prelados exiliados y burgueses de Londres, duramente vejados. Cuando Ricardo volvió de Irlanda apresuradamente, se encontró sin partidarios. Anduvo durante algunas semanas por el País de Gales, perdiendo tiempo, y, después, viendo la partida perdida, pidió entablar conversaciones. En Flint, aceptó otorgar su gracia a los rebeldes, confiarles el poder y convocar un nuevo Parlamento. Tenía la esperanza de salvar así su trono, volviendo a la humillante situación de los tiempos de los Apelantes. Era sólo una comedia. En Londres, fue encerrado en la Torre y hecho prisionero. Ante el Parlamento, Enrique hizo hincapié en el mal gobierno del rey, presentó un documento, en el que el prisionero, ante testigos, había reconocido «con la sonrisa en los labios», sus defectos, y confesado que no era digno de reinar, y, finalmente, abdicado. En ese momento, reivindicó para sí la corona, que le fue reconocida por la asamblea (septiembre-octubre). Rey por derecho de conquista y por asentimiento del Parlamento, Enrique IV no era hombre para conformarse con una usurpación. Era preciso, tras ello, conseguir la legitimidad. Circularon rumores sobre el matrimonio irregular del Príncipe Negro. Como no era suficiente, Enrique proclamó que ocupaba el trono en su calidad de descendiente directo y legítimo de Enrique III Plantagenet, muerto en 1272. Con ello daba crédito, cínicamente, a una leyenda popular, según la cual el hijo segundo de Enrique III, Edmundo de Lancaster, habría sido en realidad el primogénito, pero se habría visto alejado del trono debido a su defecto físico —era jorobado—. Bisnieto, por su madre, de Edmundo de Lancaster, el usurpador fingía suponer que la gloriosa línea de los tres Eduardos, de la que descendía su padre, era completamente ilegítima. La maniobra, audaz, pero que no engañó a nadie, apartaba de un golpe del trono de Inglaterra a todos los descendientes de Eduardo III, a la hija de Clarence, a los hijos del duque de York, e incluso a los bastardos legitimados de Juan de Lancaster, dejando solamente en pie la legitimidad de Enrique IV y de sus descendientes.

Si bien la tesis resultaba brillante de cara a la corona de Inglaterra, ¿qué valor tenía de cara al título de rey de Francia, que Enrique, por añadidura, adoptaba? Al renegar de la descendencia de Enrique III, de quien, por lo demás, no era el más directo heredero —Clarence, segundo hijo del viejo soberano había dejado una hija casada con Roger Mortimer, conde de March—, ¿con qué derecho reclamaba la herencia capeta, con la que le unía un parentesco lejano y dudoso? Este tipo de argumentos no le importaban nada, ya que el título de rey de Francia se sacaba, en Inglaterra, cuando interesaba, del baúl de los recuerdos. Lo empleaba, y se continuará empleando, por la fuerza de la costumbre. Nadie pensó en justificarlo, sino que formaba parte de la sucesión. Por otra parte, Enrique debía su popularidad a los sentimientos antifranceses de que había hecho gala. Se conocía su hostilidad contra la política de reconciliación emprendida por su predecesor. Desde su advenimiento, había afirmado la necesidad de reanudar la guerra lo antes posible y reconquistar su «herencia» continental. Este tipo de pruebas resultaba más concluyente que un árbol genealógico.

En Francia, la usurpación del Lancaster provocó un sentimiento de consternación. La política de paz, seguida desde hacía diez años, descansaba sobre la persona de Ricardo. Desaparecido él, se podía esperar cualquier cosa. En un primer momento, se tuvo la esperanza de que la reacción fuera pasajera. Ricardo, después de la coronación de su rival, había seguido encerrado en la Torre, y después había sido trasladado a la fortaleza de Pontefract, en el Yorkshire. Su rescate, evasión o un levantamiento de sus partidarios eran cosas posibles. A la espera de cualquiera de estos acontecimientos, lo mejor era ganar tiempo. Y, como Enrique, todavía no asentado en un trono que aún no tenía seguro, prefería aplazar sus proyectos belicosos, se acogió de muy buena gana su ofrecimiento de ratificar, por su cuenta, las mismas treguas de Leulighen que había jurado quebrantar (mayo de 1400). Era también un respiro para el usurpador, que consolidaba así su situación. Carlos VI, exigió la devolución de su hija Isabel, a la que ya no esperaba ver en el trono inglés, tal como lo preveían los contratos matrimoniales de la princesa. Seguro de no poner en peligro la paz, Enrique pudo humillar a voluntad al poderoso Valois. La reina depuesta le sirvió de medio de chantaje; la secuestró, le quitó a sus consejeros franceses, se negó a que la pudieran ver los embajadores de su padre y puso condiciones exorbitantes para su liberación. Cuando, finalmente, en agosto de 1400 consintió en devolverle la libertad, conservó en su poder la dote y las alhajas de la infortunada reina; se trataba, argumentaba, de un arreglo de cuentas por el rescate del rey Juan, todavía no pagado.

No se llegó más lejos por ninguna de las dos partes. Enrique de Lancaster se debatía en medio de las dificultades inherentes a una usurpación, producida mediante una coalición de intereses. Había que satisfacer demasiadas exigencias y enfrentarse a demasiados oponentes. Para llegar al trono, había hecho propia una política absolutamente contraria a la de Ricardo II. El, que era un ambicioso autoritario, se había levantado contra el absolutismo Plantagenet. ¿Estaría dispuesto, por ello, a permitir estar bajo la tutela de los barones, de quienes procedía, o por el Parlamento que le había aclamado? Engañados por las apariencias, los historiadores liberales del siglo pasado cantaron las alabanzas de un «constitucionalismo» lancasteriano, que supo combinar armoniosamente la necesidad de una monarquía fuerte con el ideal de un gobierno controlado. De hecho, nada cambió en el terreno de las instituciones, ni siquiera su espíritu. Sólo cabe decir que su constante inseguridad en el trono le llevó, muy a su pesar, a tener que ceder a las apariencias: los grandes consejos de barones, y las asambleas parlamentarias adquirieron una mayor periodicidad. Se adoptaron precauciones inusitadas para pedir subsidios a los Comunes, haciéndoles creer que eran imprescindibles para el gobierno. De todo ello, resultó un gobierno débil, siempre incómodo, y que, en varias ocasiones, se vio desprovisto de los medios de acción suficientes ante el peligro.

Sólo tuvo un completo éxito —y no parece tan claro— con el clero. Ricardo se había dejado arrastrar a la política de la conciliación en el cisma que preconizaba la corte de los Valois. Los obispos y las universidades no le habían secundado. Enrique volvió a una adhesión entusiasta, aunque poco eficaz, al Papa romano. Tanto Bonifacio IX, como sus sucesores, Inocencio VII (1404) —con el nombre de Cosme Megliorato había sido, durante muchos años, recaudador de la Cámara Apostólica en Inglaterra— y Gregorio XII (1406), recibieron garantías de fidelidad del reino inglés. Enrique se mantuvo tenazmente al margen de todas las tentativas hechas por Francia para obligar a ambos pontífices a dimitir o a llegar a un entendimiento. Cuando, finalmente, los cardenales nombraron en Pisa, en 1409, a un tercer Papa, Alejandro V, la corte de Londres, no sin dificultades, se avino a reconocerle. Pero, al mismo tiempo, como Ricardo II había firmado con Bonifacio IX un concordato por el que se repartían los ingresos del nombramiento a cualquier beneficio eclesiástico entre el papa y el rey, Enrique lo proclamó escandaloso, simuló defender las «libertades» de la Iglesia anglicana y restableció oficialmente la legislación antipapal. Si bien, en la práctica, nada había cambiado, por lo menos su actuación había halagado los sentimientos de la opinión pública, uniendo a su causa al clero medio y bajo. Se reprochaba, finalmente, a Ricardo II de no haber perseguido con energía suficiente a los últimos partidarios de Wycliff. Al no poder acusar de herejía al rey depuesto, los cronistas partidarios de los Lancaster lo hicieron con sus consejeros. La fábula de la culpabilidad de connivencia con los lolardos atribuida a los cuatro grandes caballeros del Hôtel del rey ha tenido un eco que se ha prolongado hasta los historiadores modernos. Hay que señalar que el episcopado, con el obispo Arundel a su frente, reclamaba con ardor el apoyo del brazo secular para acabar con los herejes. En este país, hasta entonces muy tolerante en materia de fe, en el que nunca había actuado la Inquisición, Enrique IV tuvo el triste mérito de haber introducido la persecución religiosa. En virtud del estatuto De herético comhurendo, promulgado en el Parlamento de 1401, comenzó a funcionar la condena a la hoguera, con el mayor regocijo de los obispos ortodoxos.

Todo ello no servía para aplacar el malestar político creciente. Enrique IV no había encontrado más apoyo real que el de los Home counties, los diecisiete condados vejados por Ricardo, y que se corresponden, más o menos, con lo que los geógrafos llaman la cuenca de Londres, o si se prefiere, las regiones sedimentarias. Todo el resto de la isla, aparte del ducado de Lancaster, bien patrimonial del usurpador, pero incluso en el norte, en los Midlands o entre los temibles montañeses del Cheshire, o las marcas galesas y el sudoeste granítico, contaba con abundantes partidarios del régimen caído. Hubo complots desde enero de 1400, en los que debió de mezclarse el duque de York, último superviviente de los «tíos» del rey, con la intención de liberar a Ricardo II y restablecerlo en el trono. El hijo primogénito del duque de York, el conde de Rutland, hasta 1399 primo favorito del rey derrocado, el hermanastro y el sobrino del prisionero, Kent y Huntingdon, así como el conde de Salisbury, también partidario de Ricardo, intentaron rescatar al rey. Al ser descubiertos, huyeron hacia el oeste, pero fueron derrotados en Cirencester, entre Gloucester y Oxford. Pronto corrió la noticia de que Ricardo había muerto de inanición en la prisión. Para que todo el mundo tuviera conocimiento del hecho, se expuso su cuerpo en público, a la espera de transportarlo, mucho tiempo después, a Westminster. Este crimen no sirvió para frenar las revueltas, que, por el contrario, se sucedieron a un ritmo alarmante. Todas tenían como objetivo terminar con la dinastía Lancaster y poner en el trono al descendiente legítimo de Eduardo III, el joven Eduardo Mortimer. La más peligrosa fue la de los Percy, gran familia del norte, que habían conseguido su reputación en una lucha incesante contra las incursiones escocesas, en una frontera mal custodiada. Su jefe, el conde de Nothumberland, y su hijo, Henry Percy, apodado Hotspur —«espuelas ardientes»— habían sido colmados de honores por Enrique IV. Consideraron, sin embargo, que no habían recibido suficiente. Los rebeldes, mediante un avance rapidísimo, se lanzaron contra Cheshire, esperando unirse con los galeses. Las fuerzas lancasterianas les cortaron el paso a tiempo y les aplastaron en Shrewsbury, el 21 de julio de 1403. Hotspur murió y fue descuartizado, y su padre hecho prisionero, con lo que el norte volvió a la calma. En 1405, de nuevo los Percy tomaron las armas y obtuvieron la ayuda del arzobispo de York, Richard Scrope. En la represión que siguió a este levantamiento, el prelado fue decapitado, con gran escándalo del mundo clerical. Northumberland no abandonó las armas; a su vez murió en 1408, tras una última e insensata tentativa para poner en pie de guerra al Yorkshire. Mientras tanto, había surgido un impostor, que pretendía ser Ricardo II, fugitivo y acogido con esmero en la corte de Escocia, con lo que se volvía a despertar hasta el mismo corazón de Inglaterra la esperanza de los últimos partidarios de Ricardo.

Y lo que era un síntoma más grave, el País de Gales se había rebelado en 1400, mientras que la desgracia de los Percy había permitido a los escoceses reanudar la guerra con impunidad. La población del principado galés no había dado señales de inquietud desde que la mano férrea de Eduardo I les había sometido para siempre a finales del siglo XIII. Imponentes fortalezas, como Camavon, Carmarthen y Beaumaris garantizaban el orden en la región; el país había sido sometido a una dura administración inglesa, pero disfrutaba, con respecto a la corona, de una relativa autonomía, siendo tradicionalmente otorgado en apanage al primogénito del soberano. Finalmente, las provincias que no dependían directamente del principado, habían sido confiadas a la custodia de los barones de las marcas galesas, rudos guerreros y potentes vasallos, entre los que dominaba la familia Mortimer. ¿Cuál era el motivo de la revuelta de 1400? Su pretexto fue una futilidad: un jefe celta, que había solicitado en vano justicia por parte de la corte del rey contra un señor inglés vecino, se rebeló, le fueron confiscados todos sus bienes, y arrastró a la rebelión, de pariente en pariente, a todos sus compatriotas. Los galeses siguieron en un principio el ejemplo de los partidarios de Ricardo II, numerosos en estas regiones, e hicieron suya la lucha contra el usurpador y la causa de los Mortimer. Pronto la revuelta se convirtió en nacional y racial, en la lucha de los galeses de cultura celta contra los ingleses, lo que hizo revestir mayor gravedad. Su jefe, que hizo renacer las gloriosas ambiciones de Llewelyn, el prestigioso adversario de Eduardo I, se llamaba Owen Glandoweer, en céltico Glyndwr, y agrupó en su torno a todas las fuerzas del País de Gales. Hasta 1409, hubo que organizar constantes expediciones, casi anuales y agotadoras para un reino sumido en problemas, contra estos rudos montañeses. Un joven adolescente, heredero del trono de los Lancaster, Enrique de Monmouth, Príncipe de Gales, hizo, muy oportunamente, su aprendizaje militar. Pero la lucha se mantuvo indecisa durante bastante tiempo y en algún momento crítica. La causa estribó en que los galeses aprovecharon todas las debilidades de los Lancaster, sincronizando sus ataques con los de los barones. Todavía en 1406 planearon un complot conjunto con los Mortimer, separados de la sucesión al trono, y con los Percy, desheredados, que tendría como consecuencia una campaña común, tras la cual los vencedores se repartirían los despojos de la nueva dinastía.

Fuera de Inglaterra, recibieron el apoyo de fuerzas escocesas. Desde los primeros días de la guerra de los Cien Años, el pequeño reino del norte, tradicionalmente aliado de Francia, no había inquietado seriamente a los Plantagenet. Su rey, David Bruce, había estado durante largo tiempo prisionero de Eduardo III. Una nueva dinastía, la de los Estuardo, nacida de una rama menor que ostentaba el título hereditario de senescal —en inglés Steward— de Escocia, había reemprendido la guerra y obtenido algunos éxitos en tiempos de Ricardo II, sin más resultados que algunos saqueos en los condados del norte. Escocia fue rápidamente incluida en las treguas de Leulinghen y colmada de generosidades por parte de Ricardo II. Su rey, Roberto III, reanudó la lucha contra los Lancaster. Solamente su alianza con los galeses le permitió amenazar seriamente a su adversario. El pequeño reino disponía de medios muy limitados y estaba dividido por endémicas querellas intestinas. A punto de morir, Roberto hizo marchar a Francia a su joven hijo, el futuro Jacobo I, donde el infante regio podría hacer el aprendizaje de sus funciones, en una atmósfera de paz. Mediante un golpe de suerte, unos marinos ingleses interceptaron, en 1406, el barco e hicieron prisionero al joven Jacobo. Abocada a una tumultuosa regencia, Escocia quedaba de nuevo neutralizada. Pero aún fueron precisos otros tres años para dominar definitivamente la rebelión galesa.

Envejecido prematuramente, de salud muy débil, Enrique IV había tenido las fuerzas justas como para superar tantos peligros acumulados. El, que había conquistado el trono merced a un programa de guerra a ultranza contra el enemigo francés, se veía, durante años, reducido a una defensiva precaria. El enfrentamiento franco-inglés, que se había materializado en 1404-1405, había amenazado con trasladar el conflicto al suelo inglés, milagrosamente salvado hasta el momento por el fracaso de todas las tentativas de desembarcos franceses. ¡Gran ocasión para un monarca enérgico, si Carlos VI lo hubiera sido! Y, de hecho, las dificultades que abrumaban a Enrique IV habían suscitado, desde el principio, grandes esperanzas en la corte francesa. Había dos políticas posibles: una, aprovechar la ocasión para consolidar la paz, para mantener las treguas y hacer surgir en los agradecidos Lancaster la idea de una reconciliación duradera. Esta era la voluntad de Felipe el Atrevido, siempre preocupado por no poner en peligro el comercio anglo-flamenco. La otra se mostraba más activa. Puesto que Enrique se veía recluido en su país en medio de tantas dificultades, y, si era preciso, podía forzar esta situación a base de hábiles maniobras de diversión por parte galesa, parecía llegado el momento de culminar la obra de Carlos V, y expulsar a los Lancaster de sus últimos baluartes continentales: Gascuña y Calais. Esta era la política de Luis de Orleans, que hubiera exigido, para tener éxito, un jefe más capaz y menos versátil. Pero la lucha contra Inglaterra no constituía ya la preocupación esencial de la corte de París. Entre tantos proyectos que se presentaban en el horizonte, se dejó escapar lo esencial, y la ocasión no volvería ya a presentarse.

Sin embargo, se produjo un intento digno de referirse. Desde comienzos de siglo, a la vez que se renovaban provisionalmente las treguas de Leulinghen, los consejeros de Carlos VI se preguntaban si no era posible fomentar la revuelta de los vasallos gascones contra el invasor. Fueron enviados emisarios a Guyena para tantear el terreno y excitar la rebelión. Los éxitos no colmaron las esperanzas. En conjunto, los gascones no estaban descontentos de su nuevo señor, lejano, débil, y que no les molestaba. Sólo se produjo una sola defección importante, en 1401: la de Archimbaud de Grailly, captal de Buch, gran señor de las Landas y senescal de Aquitania. Entregó algunas plazas fronterizas a los franceses, pero no fue capaz de arrastrar a los gascones a la revuelta.

En 1404, la situación parecía más favorable. Mientras que Carlos VI acogía con alegría los avances de los galeses, les enviaba subsidios e incluso algunas tropas, Luis de Orleans fuerza la aceptación por parte del consejo de un vasto plan de conquista de Aquitania. No sería preciso, en él, la ruptura de las treguas oficialmente, ya que se había acostumbrado, por ambas partes, violarlas impunemente. Jefes de gran capacidad, en el curso de la campaña de 1405, estuvieron a punto de conseguir su objetivo: el condestable Carlos de Albret, procedente del Poitou, liberó todas las ciudades situadas al sur de la Saintonge y en la frontera con el Perigord; el avance francés llegó hasta la Gironda y la baja Dordoña. Mientras tanto, el conde de Armagnac, tras reclutar un ejército en Languedoc, llevaba a cabo operaciones en la Gascuña central, al sur del Garona, amenazando seriamente Burdeos. Una vez más, la empresa era superior, con mucho, a los medios de que se disponía. No se pudo impulsar lo bastante el avance como para desmoralizar al adversario y acabar con las últimas resistencias. La campaña, que debía desarrollarse de forma fulgurante, se eternizaba, en detrimento de su efectividad. Durante el invierno de 1406-1407, Luis de Orleans, hombre de guerra mediocre, no conseguía apoderarse de Blaye, preludio indispensable para el sitio de Burdeos. Por su parte, el nuevo duque de Borgoña, Juan sin Miedo, encargado de la rendición de Calais, se limitó a un ataque poco serio del objetivo designado. Era lo que él deseaba. La lucha entre ambos príncipes, cada vez más abierta, fue la causa del abandono de los proyectos de conquista.

Enrique IV, liberado ya en 1407 del peligro aquitano y poco tiempo después del peligro galés, pudo finalmente respirar. Finalizaba la época de las dificultades y se abría la de las esperanzas. Si su salud se lo hubiera permitido, hubiera intentado, sin duda, intervenir antes en los asuntos de Francia, donde acababa de estallar la guerra civil.

II. LA ANARQUÍA FRANCESA

Es el momento de analizar el mal que padecía la monarquía de Carlos VI, aparentemente tan fuerte y que gozaba de un prestigio europeo, mal, que mucho más que los peligros renovados de ataques ingleses, iba a producir su ruina. Resulta difícil seguir hablando de monarquía, cuando el reino estaba dominado por un grupo de grandes, príncipes territoriales que habían alcanzado ya un poder excesivo, pero cuya ambición insaciable les llevaba al deseo de apropiarse, en la medida posible, de las riquezas, aún considerables, de que disponía la administración regia. Los manuales de historia siguen hablando de feudalismo, debido a una especie de pereza verbal, para designar la situación y los jefes de estos grandes apanages. Seguirán incluso calificando de «revueltas feudales» a las que tuvieron que enfrentarse, de manera continuada, Carlos VII y Luis XI. Nada más falso y más lejano a la realidad en la que se encontraba la Francia del siglo XV. Es cierto que estos príncipes eran todos, por sus apanages y sus dominios franceses, vasallos de la corona. Pero el lazo feudal era ya sólo una palabra hueca y ya no representaba la verdadera estructura de la sociedad y la auténtica faz de la política. La lucha entablada no tenía ya como adversarios, como había ocurrido en los siglos XII y XIII, a una clase feudal, preocupada por su autonomía, y una monarquía, que soportaba a duras penas sus usurpaciones, cuyos funcionarios odiaba y cuyo poder soberano negaba. Los príncipes no tenían ya, en ningún modo, la intención de destruir el edificio monárquico, elaborado lentamente en el curso de los siglos a expensas de las antiguas estructuras feudales. Como monarcas, ellos mismos —o poco menos—, en sus propios dominios, aspiraban a controlar esta administración y a controlar este Estado, para aumentar su fortuna. Las cuestiones que cabe plantearse son las siguientes: ¿Se formaría una coalición de potentes, capaz de explotar la locura del rey para repartirse los despojos del reino, o bien uno de ellos sería capaz de imponer su voluntad tanto al soberano como al conjunto de los príncipes? En todo caso, las luchas que empiezan a vislumbrarse amenazaban con destruir todo el edificio monárquico, cuya posesión se disputaban.

La formación de grandes apanages en favor de los segundones de la familia regia, que se había hecho más frecuente desde el advenimiento de los Valois, tuvo consecuencias funestas, como reducir considerablemente los dominios en que la corona ejercía directamente y sin rival, su autoridad monárquica. Seguía constituyendo, aún con todo, un grupo compacto de provincias, en el norte del reino: Ile-de-France, Champaña, Picardía, Normandía, y otro en el sur, comprendiendo el Languedoc, aunque las senescalías del sur gozaban de una virtual autonomía, gobernadas por un lugarteniente del rey, que la mayor parte de las veces era un príncipe con apanage de la corona, y los recursos votados por los Estados del Languedoc se empleaban en gastos locales, sin mediar control de la capital. Entre ambos grupos, existían algunos enclaves aislados, como el Mâconnais y Lyon, que no llegaban a establecer contacto entre ellos. Todo el resto del reino, de forma más o menos permanente, estaba entre las manos de los príncipes. Los hijos de Luis de Anjou gobernaban el Maine, el Anjou, y, en las puertas de Francia, la Provenza; el hermano del rey poseía el Orleannais y más tarde el condado de Angulema, el Perigord, los condados de Blois y de Dunois; el Berry se había constituido en un Estado compacto, compuesto de las tres provincias próximas del Poitou, Berry y Auvernia, entre el Loira, el Macizo Central y el Atlántico; sus dominios eran contiguos a los de la casa de Borbón, la cual, mediante una paciente política territorial, había agrupado en tomo al Borbonesado, la Marca, y más tarde la Forez, y, más recientemente, en 1400, el Beaujolais y, fuera ya del reino, las Dombes. Felipe el Atrevido controlaba Borgoña, tanto el ducado como el condado, Flandes, el Artois, los condados de Rethel y de Nevers, añadiendo luego el Charoláis. Carlos VI se mostrará igualmente liberal con sus hijos, adolescentes de poca salud, que morirían jóvenes, pero que transmitirán a sus hijos los apanages acumulados: al primogénito, el delfín Carlos, muerto antes de haber tomado posesión del Delfinado, le sucederán Luis, duque de Guyena, es decir, de la parte de Aquitania no controlada por los ingleses—, y más adelante, Juan, duque de Turena y, finalmente, otro Carlos, conde de Ponthieu, que será el futuro Carlos VII.

Estas enajenaciones no hubieran significado un perjuicio tan grande si los príncipes en posesión de estos apanages hubieran sido vasallos dóciles, que se hubieran contentado con sus tierras y sus recursos señoriales y hubieran secundado de forma generalizada los esfuerzos de la monarquía, cuya fiscalidad, poderes judiciales y administración, hubieran permanecido así intactas. Pero, por el contrario, los grandes feudos de la corona experimentaron, en el curso del último siglo, una revolución paralela a la de la monarquía, constituyéndose en verdaderos estados que disfrutaban a su vez de todos los poderes administrativos y todos los grandes cuerpos de funcionarios, que rivalizaban inevitablemente con los del rey. Cada príncipe tenía su Hôtel, en el que pululaban sus servidores domésticos y favoritos, verdadero centro de su funcionariado; cada uno tenía igualmente su consejo, compuesto por prelados y grandes oficiales, vasallos y clérigos; su cancillería, que despachaba su correo y promulgaba sus ordenanzas; sus bailíos o senescales, que administraban justicia. La soberanía regia quedaba salvaguardada, sin duda, por juzgar las apelaciones del Parlamento, pero ocurrió en algunos casos que algún príncipe dotado de apanage, como el duque de Berry desde 1370, podía convocar regularmente Grands Jours, lo que permitía que una delegación de parlamentarios se trasladase a juzgar las apelaciones al lugar de los hechos, sin que las partes tuvieran así que trasladarse a París. Igualmente, el duque de Borgoña inauguró en Beaune la costumbre de los Jours Generaux (días generales), verdadero parlamento reducido, con su presidente y sus veinte consejeros, secundados por «caballeros de honor» para los asuntos de índole feudal. En el terreno financiero también se copiaban de la monarquía los principales mecanismos, como el Tesoro, con su perceptor y tesorero generales, y la Cámara de Cuentas. La de Bourges se creó en 1379, mientras que los Borbones tenían tres, una en Moulins para los del Borbonesado, otra en Montbrisson para los del Forez y en Villefranche para los del Beaujolais. En 1386, Felipe el Atrevido pidió a funcionarios parisinos la organización en Dijon de una Cámara de Cuentas, con jurisdicción sobre ambas Borgoñas (condal y ducal); al mismo tiempo, se creó en Lila un consejo de Flandes, con jurisdicción sobre Flandes y Artois, que era a un tiempo tribunal de apelaciones y Cámara de Cuentas.

Al igual que la monarquía, los Estados apanagistas no podían sobrevivir únicamente con sus ingresos señoriales. Tenían imperiosamente que encontrar otros recursos, dirigiéndose para ello en primer lugar a sus súbditos, cuyos representantes, reunidos en Estados locales, votaban en cada ocasión ayudas e impuestos sobre los fuegos. Pero, al sumarse a los impuestos del rey, estos subsidios tenían un alcance forzosamente limitado, salvo en los casos, bastante poco frecuentes, en que un peligro inminente impulsase a los contribuyentes a hacer un esfuerzo excepcional. En tiempos normales, resultaba más fácil echar manos sobre las partidas locales de las finanzas del rey, para las cuales existía una administración dispuesta, curtida por el tiempo. La «donación de ayudas» era, así, el primer objetivo que se proponían los príncipes apanagistas, ya que sin esta liberalidad no podían equilibrar su presupuesto. A partir del reinado de Carlos V, obtuvieron para períodos limitados, pero que muy pronto se prolongaron por renovaciones continuas, el disfrute de una tercera parte, de la mitad y hasta de la totalidad de los impuestos obtenidos en sus dominios a cuenta de la corona. Felipe el Atrevido fue, en este aspecto, el más beneficiado. A fuerza de astucia y de obstinación, consiguió convencer a su hermano de que no se impusiesen en Borgoña las ayudas al rey, o, por lo menos, que su importe fuera obtenido por sus propios oficiales, atribuyéndoselo íntegramente. También Flandes estaba exenta de fiscalidad regia. Solamente Artois y los condados de Nevers y Rethel contribuían con impuestos, y esto cuando el duque no se quedaba con su importe empleando diferentes pretextos. El duque de Berry, durante largos períodos, disfrutó de la totalidad de las ayudas de su apanage, y lo mismo hicieron el de Borbón y otros varios.

De este modo, las finanzas extraordinarias de que disfrutaba la realeza habían quedado reducidas, poco más o menos, a un dominio cada vez más disminuido por nuevas enajenaciones. En opinión de los príncipes, no era aún bastante. Cuando ocupaban el poder, se hacían pagar sus servicios con ingresos elevados «para sostener sus estados». Estas indemnizaciones, que en un principio se habían calculado día a día, prorrateando los servicios prestados, pronto lo serán mensualmente y por adelantado, convirtiéndose así en pensiones fijas. La de Felipe el Atrevido llegaba a los 100.000 francos anuales en 1402. A esta fuente permanente de ingresos, se añadieron pronto las donaciones extraordinarias, al principio concedidas por motivos serios, pero muy pronto con cualquier pretexto. En el caso del duque de Borgoña, doblaban sobradamente su pensión. Otros conseguían de forma permanente, toda una serie de ingresos regios, como Luis de Orleans, que se apropió en 1392 del producto de todas las multas y confiscaciones, y en 1402, los ingresos producidos por la feria de Lendit. Los presupuestos de los príncipes crecían desmesuradamente con este maná bienhechor. Los ingresos del duque de Borgoña, que no eran más que de 100.000 francos en 1375, habían llegado y superado los 500.000 francos en 1400.

Para que no disminuyera esta fuente de pensiones y donaciones, era preciso que los príncipes ejercieran un control vigilante sobre el gobierno regio, para obtener la renovación y aumento de las concesiones. Su presencia en el consejo no era suficiente. Era preciso copar los cuerpos del Estado con sus partidarios y tener puntos de contacto en todas las administraciones. La carrera de funcionario regio en tiempos de Carlos VI se iniciaba normalmente en los servicios administrativos de un príncipe, que seguía siendo su protector y del que el funcionario era un servidor, una vez incluso que había pasado a la administración regia. El caso de un señor de Auvernia, Pierre de Giac, canciller del duque de Berry de 1371 a 1383, antes de ser promovido a la cancillería de Francia, no es más que un ejemplo entre muchos otros. Su sucesor en Bourges, Simón de Cramaud, obispo de Poitiers, nombrado a continuación patriarca de Alejandría, llegará a ser antes de fines de siglo el consejero más influyente de la corona en asuntos eclesiásticos, el promotor y apoyo de la sustracción de obediencia. Si se quería conservar el lugar junto al rey, era preciso continuar sirviendo fielmente al príncipe al que todo se debía. En el cúmulo de las funciones principescas y regias, las primeras primaban sobre las segundas: así, un día del año 1407, el canciller no pudo encontrar en el Parlamento a ninguno de los cinco presidentes, ya que estaban en Borgoña, Poitou, Anjou, al servicio de sus patrones. Pero, cuando la influencia dominante pasaba de un príncipe a otro, se producía una caza de puestos, un verdadero spoil-system (sistema de despojo), desde la cumbre hasta la base del escalón. Las caídas en desgracia de 1380, de 1389 y 1392 no fueron más que un antecedente de lo que ocurrió en los quince primeros años del siglo XV. La carrera de Gontier Col, burgués de Sens que entró al servicio del duque de Berry, es, en este punto, muy típica: secretario del rey a comienzos de 1388, perdió su plaza con el advenimiento de los Marmousets, lo recuperó con la locura del rey y fue empleado en funciones diplomáticas y financieras. En 1411, con Berry, se puso al lado del partido Armagnac, viendo sus bienes confiscados por los borgoñeses. Una breve recuperación de su fortuna fue seguido, cuando se produjo la revolución de Caboche, del saqueo de su casa. Restablecido en sus funciones por los Armagnac, morirá finalmente asesinado por los borgoñeses al apoderarse éstos de París en julio de 1418.

Las depuraciones alternativas no bastaban para saciar todas las apetencias y colocar a todos los protegidos de los príncipes. La multiplicación de oficios, tendencia natural en todos los estados burocráticos, y de la que hubo quejas a lo largo de todo el siglo XIV, llegó durante el reinado de Carlos VI a unos límites tan desmesurados como alarmantes. Tanto en el Parlamento como en la Cámara de Cuentas, y en el Tribunal de Ayudas, al contingente normal de consejeros y maestros se añadían los oficiales «extraordinarios», cuyo número no hacía sino aumentar. En vano solemnes ordenanzas decretaban periódicamente la supresión de los empleos inútiles y fijaban minuciosamente los efectivos máximos de cada administración. Muy pronto las cartas reales imponían nuevos nombramientos, «no obstante, lo que en contrario dispongan las ordenanzas». En los organismos soberanos no llegó nunca a regir el principio de la cooptación, impuesto por los Marmousets. Si había algún tipo de resistencia, el mismo canciller se presentaba en persona para imponer de forma efectiva al protegido de los príncipes que había sido nombrado. Esta pléyade de oficiales era aún mayor en el Hôtel del rey, así como en los de la reina y el Delfín, de los infantes reales, en los que no llegaba a ejercerse ningún control por parte de los funcionarios más veteranos. Las sumas que eran precisas para mantener el funcionamiento de estos servicios domésticos aumentaban cada día. En 1406, el presupuesto ordinario del Hôtel suponía un desembolso de 60.000 libras, mientras que el de la Argenterie llegaba a las 30.000, y había una serie de gastos extraordinarios que doblaban casi el total. Escaseaba el dinero en efectivo, por lo que los funcionarios del Hôtel se veían obligados a emplear su derecho de requisa de que disfrutaban, lo que significaba una auténtica losa sobre los proveedores de la corte.

Todos estos funcionarios se llenaban los bolsillos de oro y plata. Su inseguridad sobre el futuro les obligaba a buscar su fortuna con la máxima celeridad, atracando sistemáticamente los ingresos del Estado. El carácter concusionario de los funcionarios, auténtica plaga endémica de la administración medieval, llegaba así a proporciones alarmantes. Los príncipes daban ejemplo, mientras que los demás no hacían sino seguirlo, del más grande al más pequeño. El canciller Arnaud de Corbie, cuyos ingresos anuales llegaban a las 2000 libras, suma considerable para la época, no se daba por satisfecho con esta suma. Consiguió obtener otras 2000 libras de ingresos del sello, obtenía un porcentaje de los gastos de la cancillería, sin hablar de las especias y de las jarras de vino. Entre los funcionarios subalternos, los sueldos se pagaban de forma irregular, por lo que cada uno se las arreglaba individualmente, mediante todo tipo de procedimientos fraudulentos.

Pues, en esta administración que se iba desarrollando lentamente, mediante aplicaciones sucesivas, provocadas por las necesidades del momento, los órganos de control se mostraban inoperantes. La Cámara de Cuentas, pieza clave del armazón monárquico, hubiera podido frenar este movimiento y dirigir la oposición de los funcionarios celosos frente a la arbitrariedad monárquica. En su calidad de administradora del dominio, no podía hacer frente, sin embargo, a las órdenes imperativas que le obligaban a aceptar las enajenaciones y aportar ruinosos donativos. Periódicamente, se hacía una revocación en bloque de todas las concesiones hechas desde una fecha determinada, a veces muy antigua. Pero, en cuanto comenzaba la investigación para poder poner en orden el dominio, los beneficiarios conseguían que les fueran reconocidas las antiguas donaciones, e incluso obtenían otras nuevas. Los contables, muy poco de fiar, desafiaban al control de la Cámara, que carecía de sistemas de coerción contra ellos. Finalmente, se había generalizado hasta tal punto el sistema de asignaciones y descuentos según el cual se deducían los gastos de una partida cualquiera, que era frecuente que muchos receptores tuvieran que pagar más de lo que percibían, haciendo inútil cualquier intento de control de los gastos. Muchas de estas asignaciones tenían un carácter subrepticio y prescindían de la contraseña de los servicios financieros; se llevaban a cabo distribuciones de órdenes de pago en blanco, cuyo importe era fijado por los beneficiarios a su arbitrio.

Saqueado por todas partes, el Estado se encontraba abocado a la bancarrota. Sin embargo, los impuestos habían ido aumentando periódicamente y se percibían con regularidad desde su restablecimiento en 1383. Los derechos sobre las mercancías pasaron de 12 a 18 dineros por libra, es decir, de un 5 a un 7,5%, y los del vino de 12,5 al 25%; la gabela, fijada a razón de 20 francos por modio de sal, experimentó subidas que casi la llegaron a doblar; la talla, que proporcionaba 1.200.000 libras en 1402, llegó a 1.800.000 en 1408. A pesar de ello, el abismo se ahondaba. El Ahorro, organizado por Carlos V para atesorar los excedentes presupuestarios, se alimentaba anualmente por un ingreso adelantado sobre las ayudas, pero se vaciaba al día siguiente de realizarse el ingreso. En 1411, la caja de ayudas del Languedoc contenía solamente 2500 libras. Se recurrió a expedientes, que ninguno era nuevo, pero que se multiplicaban peligrosamente: anticipos de las diferentes partidas presupuestarias, diezmos impuestos al clero —con el pretexto de cubrir los gastos de la política de unión—, retenciones de los salarios, empréstitos forzosos a los funcionarios y burgueses, préstamos sobre las joyas, cesiones de los ingresos del dominio, etc. Cuando nuevas amenazas de guerra se cernieron sobre el reino, el gobierno de Carlos VI se encontró aún más desprovisto de medios que lo había estado el del poco previsor Felipe VI o del siempre escaso de recursos Juan el Bueno.

La anarquía administrativa, de la que se ha intentado hacer una descripción lo más exacta posible, se había instalado de forma muy lenta en los engranajes del Estado. Los abusos, ninguno de los cuales era completamente desconocido en 1380, se habían ido generalizando. Hasta 1400, los Marmousets que habían conseguido mantenerse en el poder, pudieron limitar todavía sus efectos. A partir de esta fecha, el mal se agravó rápidamente acelerado por la rivalidad entre los príncipes. Las luchas políticas, de las que nos ocuparemos a continuación, favorecieron las negligencias, los fraudes y la concusión, pero no fueron la causa de estos fenómenos. A través de un movimiento de rebote, se avivaron merced a la sed de ganancias y de pillaje que empujó a los príncipes a la guerra civil.

Merced a la locura del rey, los tíos y primos de Carlos VI habían reconquistado, desde 1392, su lugar en el consejo, exigiendo su participación de los ingresos, de los que únicamente disfrutaba, desde hacía cuatro años, Luis de Orleans. Eran demasiadas apetencias a satisfacer a un tiempo, teniendo en cuenta el estado de agotamiento en que se encontraba el reino. Era inevitable que las rivalidades de tantos pretendientes estallasen en un conflicto abierto. Muy pronto, dos iban a destacarse entre el conjunto, Orleans y Borgoña, enzarzándose en una encarnizada lucha. Los demás no renunciaron a sus pretensiones, pero iban a ser simples apoyos en el duelo que se anunciaba. Los jóvenes príncipes de Anjou se habían volcado enteramente en sus sueños napolitanos, que persiguieron con obstinación. Luis de Borbón, ya anciano —será sustituido en 1410 por su hijo Juan I—, no aspiraba a ocupar el primer lugar, ya que estaba demasiado ocupado en redondear sus estados mediante compras y herencias. Berry veía ampliamente cumplidas sus dispendiosas aficiones de mecenas gracias a los abundantes recursos que obtenía de su apanage, así como del Languedoc, cuya lugartenencia había vuelto a asumir en 1401. Pero la sed de poder roía igualmente a Felipe de Borgoña y Luis de Orleans. Se disputaban la influencia sobre el rey enfermo y la ejercían alternativamente. No cabían repartos entre ellos, muy pronto se enfrentaban en todo, incluso en aquellos campos en los que sus intereses personales no parecían estar en juego, sin ninguna otra razón que no fuera oponerse a la política del otro. En Italia, Luis contaba con el apoyo incondicional de su suegro para crear, en torno a Asti, un extenso principado lombardo; inmediatamente, Felipe apoyó la política antimilanesa de la reina y de los Wittelsbach, defendió la necesidad de la alianza con Florencia y, con la ocupación de Génova, consiguió frustrar los proyectos de Orleans. En lo referente a la consecución de la unión en el seno de la Iglesia, el duque de Borgoña, seguido con menor entusiasmo por los otros príncipes, se convirtió en el campeón de una política de dureza, impulsando la sustracción de obediencia e imponiendo el envío de un pequeño contingente de tropas hacia la orilla del Ródano, ocupadas por el obstinado Benedicto XIII, encerrado a cal y canto en el Castillo de los papas. Luis de Orleans aprovechó una recuperación de su situación para obtener la custodia del pontífice y por espíritu de contradicción, se convirtió en el apóstol de la conciliación. A partir de 1401, se dedicó a atizar el descontento entre los prelados, beneficiarios y miembros de la Universidad cuyos intereses se habían visto perjudicados por la sustracción; se conchabó con los oficiales angevinos, favoreció la huida de Benedicto XIII hacia Provenza y provocó, finalmente, la restitución de la obediencia.

La oposición fue igualmente grande, como ya se ha visto, en lo relativo a la política inglesa. Luis de Orleans, ante la usurpación de Enrique de Lancaster, del que sin embargo había sido amigo, preconizó la reanudación de la guerra y la conquista de Aquitania al usurpador. No se le ocurrió mejor idea que enviar un desafío personal a Enrique IV y enfrentarse al enemigo, juntamente con ochocientos hombres de cada lado, en la frontera de Guyena. Al no poder convencer al consejo a tales planteamientos, organizó en Saint-Inglevert, cerca de Calais, espléndidos torneos, en los que la caballería francesa, mediante sus victorias en este terreno, considerará vengado el honor ultrajado de Isabel de Francia (1402). Yendo a contracorriente de esa política, Felipe de Borgoña manifestó su deseo de llegar a un entendimiento con el Lancaster, renovó el tratado comercial anglo-flamenco y no debió de ser ajeno a las alianzas matrimoniales que unieron a la familia real inglesa con los Wittelsbach, e impuso al consejo real el mantenimiento de las treguas de Leulinghen, a pesar de las afrentas que Enrique IV había infligido a la corte de los Valois. Cuando murió el duque Juan IV de Bretaña y su viuda se casó inmediatamente con el rey de Inglaterra, Orleans propuso la inmediata ocupación militar del ducado. El duque de Borgoña se hizo conceder la tutela del joven Juan V y se apuntó un punto más frente a su sobrino (octubre de 1402).

Pero fue en los Países Bajos donde la rivalidad alcanzó sus cotas más altas. Tras pacientes maniobras, Felipe había alcanzado sus objetivos en 1396. En esta fecha, había conseguido ya la administración del Limburgo y de las tierras del otro lado del Mosa y había impuesto el curso obligatorio de la moneda flamenca en Brabante. La vieja duquesa Juana, de la que era acreedor, se había decidido finalmente a reconocer como heredero a Antonio, segundón del duque de Borgoña, y a educarlo en su corte. Luis de Orleans quiso, a cualquier precio, frenar la potencia borgoñona justamente en los lugares donde ésta se fortalecía. Negoció la compra de la señoría de Coucy, cuyas dependencias llegaban hasta los confines del condado de Rethel. Se alió con los duques de Güeldres y de Lorena y entró también en conversaciones con Wenceslao de Bohemia, convertido desde la muerte del marido de Juana de Brabante, en el jefe de la casa de Luxemburgo. Consiguió arrancar un compromiso de entrega del ducado de Luxemburgo a cambio de dinero contante y sonante, de un príncipe tan necesitado de dinero como el rey de Bohemia, privado ya por los príncipes alemanes de su título de rey de Romanos, y de su primo Jobst de Moravia. Sus tropas ocuparon el vasto principado ardenés y, tras apoderarse igualmente de Toul, reunieron en su torno a todos aquéllos que en los Países Bajos y en las tierras a orillas del Mosela, se sentían atemorizados ante las pretensiones borgoñonas (1402). A partir de ese momento, dos banderas con las flores de lis, aunque rivales, ondeaban en la región del Mosa, una dividida por un lambel, la de Orleans, la otra con una orla, la de Borgoña.

Mientras vivió Felipe el Atrevido, la rivalidad, aunque se hizo cada vez más clara, no degeneró en una lucha abierta. El tío supo imponerse al sobrino y tenía demasiados apoyos entre los consejeros del rey para poder ser completamente desplazado. Por otra parte, en 1403, para apaciguar los enfrentamientos, se había confiado a la reina Isabeau la presidencia del consejo real. Pero Felipe murió en abril de 1404, siguiéndole al cabo de muy poco tiempo a la tumba Margarita de Flandes. Su enorme patrimonio recaía en su hijo primogénito, Juan de Nevers, apodado desde la batalla de Nicópolis Juan sin Miedo. Aunque hombre desconocido, ya que había vivido hasta el momento en su apanage de Nevers, de una escasa pensión otorgada por su padre, o en condición de lugarteniente de su padre en Borgoña, muy pronto demostró tener un carácter enérgico y desagradable. Bajo y feo, con una nariz muy larga, que caía sobre una boca de expresión seca y una barbilla prominente, todavía más ambicioso que Felipe el Atrevido y pésimo administrador —se dedicaba a firmar órdenes de pago futuro—, tenía un carácter duro, cínico, pérfido, áspero, sombrío y enemigo de los placeres. Para él, todos los medios eran buenos para conseguir sus fines y, en primer lugar, el control permanente de los asuntos públicos. Entre ambos primos, muy pronto la rivalidad se convirtió en odio. Cuando el de Orleans eligió como emblema el bastón con nudos, presagio y símbolo de los golpes que pensaba dar a su adversario, éste llenó el suyo de cepillos de ebanista plateados, que servirían para aplanar los garrotes de su enemigo. Inmediatamente, Juan quiso actuar como dueño de la situación e imponerse en la corte de París. Se ganó así la enemistad de la reina, que se acercó al duque de Orleans, hasta tal punto que corrían rumores de que eran amantes. En el momento que el ambicioso Juan se dirigía a París con un ejército poderoso, la reina y Orleans organizaron un complot para llevarse consigo al delfín Luis. En 1405, no pudieron alejar al joven príncipe más allá de Juvisy, donde los borgoñones le alcanzaron y lo trajeron consigo. En adelante, el consejo real fue el teatro de altercados constantes entre Luis y Juan, que a duras penas podía evitarse que se convirtieran en una abierta guerra civil, ya que ambos partidos se aprestaban con cualquier pretexto a reclutar tropas. Sin embargo, la situación parecía tranquilizarse, cuando el borgoñón, para terminar con la situación, decidió asesinar a su rival. En una oscura noche de noviembre de 1407, Luis de Orleans, que acababa de pasar la velada en la residencia de la reina, en el palacio de Barbette, cayó en una emboscada. El y su pequeña escolta fueron asesinados por espadachines a sueldo del duque de Borgoña en la calle Vielle-du-Temple. La investigación demostró rápidamente quién era el culpable. A los dos días, Juan sin Miedo, en el consejo real, confesó en un aparte al duque de Berry y a Luis II de Anjou que había ordenado el asesinato «por instigación del diablo». Al día siguiente le fue prohibida la entrada al consejo. Entonces, temiendo por su vida, huyó precipitadamente y no se detuvo hasta que llegó a Lila, donde se sabía seguro.

III. LA GUERRA CIVIL

El asesinato de Luis de Orleans pareció, en un primer momento, un enorme error político. Todos los príncipes se agruparon en torno a una viuda desconsolada, Valentina Visconti, para exigir venganza en nombre de los hijos del duque difunto. Pero sólo se podía acabar con el asesino mediante el empleo de la fuerza. Los príncipes no se decidían claramente a ello. Su jefe, el duque de Berry era un anciano pacífico, el único hermano superviviente de Carlos V, enemigo de las aventuras y preocupado únicamente por su bienestar. Los Anjou y el mismo Borbón escurrían el bulto. Valentina necesitaba un campeón más decidido, aunque no podrá encontrarlo en vida. Será únicamente después de su muerte cuando se ofrecerá para ello el conde Armagnac, Bernardo VII, un mercenario ambicioso, cuya hija casará en 1410 con el joven Carlos de Orleans y que algunos años más tarde, en 1416, recibirá la espada de condestable. Bernardo aportará a su yerno en la lucha civil sus temibles bandas gasconas, que llevaban como señal distintiva una banda blanca cruzada. Tan importante fue este apoyo, que el partido orleanista pasará a ser conocido muy pronto con el odioso nombre de Armagnacs. Pero, por el momento, Valentina se encontraba sola en su dolor, no contando en absoluto con la ayuda de la reina ni del Delfín, Luis de Guyena, casado con una prima borgoñona. El rey, al que había acudido la hermosa viuda solicitando venganza, se había mostrado en un principio trastornado por la trágica muerte de su hermano, pero, en sus escasos momentos de lucidez, sólo aspiraba a restablecer la concordia en el seno de la familia real. Juan sin Miedo, en su refugio flamenco, sabía esto. Invitó a celebrar conversaciones en Amiens a su tío Berry y su primo Anjou; planteándoles sus condiciones para solicitar el perdón. En febrero de 1408 se atrevió a presentarse en París, sabiendo que esto era el preludio de la recuperación del favor, enmascarado en una reconciliación general. Esta tardará aún en producirse, debido a diversos contratiempos. Finalmente, tendrá lugar la ceremonia forzada por el rey, en Chartres, el 9 de marzo de 1409; todos los príncipes proclamaron el olvido de sus injurias pasadas, se juraron amistad y prometieron mantener la paz. Es la primera de esta serie de paces Ficticias que se sucederán durante diez años, sin que pudieran, sin embargo, impedir que la guerra civil volviese a recrudecerse inmediatamente.

Incluso antes de haberse convertido en el principal beneficiario de la paz de Chartres, Juan sin Miedo había comenzado ya, con toda frialdad, a obtener ventajas de su situación. No le bastaba con haber sido readmitido en el consejo y ocupar en él, modestamente, el papel de un rebelde virtualmente perdonado. Pretendía, con un cinismo insolente, justificar su actuación y presentarse como el defensor de los intereses públicos. Encargó la demostración de la justicia del asesinato de 1407 a Jean Petit, universitario que había adquirido renombre por su participación en la cuestión del cisma. Redactó una Justificación que, con toda audacia, presentó al rey y a su consejo en marzo de 1408. En ella se enumeraban ampliamente todas las dilapidaciones, operaciones fraudulentas y exacciones que Luis de Orleans había cometido a expensas del Tesoro del Estado. En ella tenían cabida toda serie de chismes, ya que Luis, cínico y corrompido, aunque espíritu curioso pero versátil e inconsciente, había provocado rumores infamantes sobre su persona. Había acusaciones de adulterio, de costumbres licenciosas, prácticas mágicas, sin que fuera posible distinguir lo verdadero de lo falso. La conclusión que se obtenía con más claridad es que Luis se había comportado como un «auténtico tirano». Y, como la moral cristiana, la lección de la historia y los tratados de los doctores admitían el tiranicidio, e incluso lo convertían en un deber de conciencia, «lícito y meritorio», el crimen de 1407 se convertía, en la óptica del maestro Jean Petit en una hazaña, en una acción de justicia y de amor a la corona. Fue en vano el intento de Valentina Visconti de desmontar punto por punto, mediante juristas a sueldo, los planteamientos del audaz agente del borgoñón. Se planteó una gran polémica, pero se había dado la campanada. Juan sin Miedo había apelado a la opinión pública y ésta, en su conjunto, le había apoyado.

Una maniobra todavía más hábil sirvió para ponerla incondicionalmente a su favor. La anarquía administrativa, que aumentaba sin cesar, alarmaba a todas las clases de la sociedad, que sufrían más por sus efectos que por los enfrentamientos entre los príncipes. Se pedía una depuración de sus servicios, una economía de austeridad y una vuelta a la buena marcha del gobierno. Los maestros de la Universidad, tentados por el brillante papel que acababan de jugar en la política eclesiástica, se creían llamados a reformar el Estado según los principios de la razón. Carecían por completo de un programa práctico, pero su deseo completamente platónico de reformas se acrecentaba con su orgullo de intelectuales diestros en los silogismos.

La burguesía parisina, revoltosa por naturaleza y hostil, desde los tiempos de Esteban Marcel a la arbitrariedad de los oficiales monárquicos y que había nutrido, a comienzos del reinado, abusos cuyo recuerdo no se había aún borrado veinte años después, constituía una oposición más sólida y más eficaz por su carácter práctico. Por otra parte, el estado se mostraba incapaz de reformarse a sí mismo. En enero de 1401, pretextando una recuperación de la salud por parte del rey, algunos altos funcionarios clarividentes o temerosos habían ordenado la promulgación de una ordenanza de reforma que suprimía numerosos oficios inútiles, que sometía a un control más riguroso el régimen de «descargos» y que ampliaba el sistema de reclutamiento mediante elección o cooptación a todos los grandes cuerpos del Estado y a los oficiales locales de justicia y finanzas. Ninguna de estas medidas se aplicaron. Los oficios se multiplicaron, mediante nombramientos arbitrarios, con lo que el caos se hizo mayor. Poco después del asesinato de Luis de Orleans y ante la inquietud y amenaza de una guerra civil, en que se hallaba sumida la corte, una nueva ordenanza de enero de 1408 promulgó disposiciones aún más drásticas que las de 1401, suprimió de un plumazo algunos servicios inútiles y prohibió cualquier nueva enajenación del dominio regio. Las revueltas que siguieron impidieron la realización de estos propósitos teóricos.

Juan sin Miedo asumió entonces de forma decidida la dirección del partido reformista. Ya en 1405, al producirse la huida frustrada del Delfín, había defendido delante del consejo real un programa de reformas del Hôtel, de la administración del dominio y de la justicia, anunciando públicamente su deseo de proteger al pueblo frente a los abusos de que era objeto. Este manifiesto, que no se llevó a la práctica, le había dado, sin embargo, popularidad. Tras la paz de Chartres, repitió el intento. Una ordenanza decretó la reforma del dominio, simplificando el personal administrativo y reduciendo los sueldos. Se encargó a una comisión de investigación la puesta en orden de las finanzas. Los tribunales de justicia y la administración del tesoro fueron depuradas mediante destituciones masivas. Jean de Montagu, último superviviente de los Marmousets y administrador de todas las finanzas del rey, fue detenido y ejecutado en octubre de 1409. Estas medidas convirtieron al duque de Borgoña en el ídolo de París.

Cuando tenía en sus manos al rey merced a su frialdad y había situado a sus peones en los puestos claves y contando con el apoyo seguro e incondicional de la capital, Juan sin miedo puedo enfrentarse a la oposición de los príncipes, aliados todos contra su dictadura. Les empujó a la rebelión, empujándoles despectivamente a la ilegalidad. La guerra civil entre los mercenarios borgoñones y las bandas Armagnacs se había reanudado, de forma oculta, en el transcurso del año 1410, desde el momento en que los duques de Orleans, Berry y los Anjou habían firmado conjuntamente el pacto de Gien. Pero los príncipes dudaban todavía a la hora de llegar a la rebelión abierta, aceptando una nueva reconciliación en la paz de Bicêtre. Eliminados del consejo, alejados de París, en julio de 1411 se resignaron a la ruptura, realizada mediante un nuevo desafío de Carlos de Orleans al duque de Borgoña. Juan conservaba el apoyo, mediante regalos y halagos, de la turbulenta burguesía parisina, dominada por la corporación de los carniceros, con Simón Caboche, desollador en la gran carnicería; los maestros de la Universidad estaban también a su favor, en especial el teólogo Pierre Cauchon, futuro obispo de Beauvais, de siniestra memoria. El espíritu democrático de unos y el deseo de reformas de otros servían de instrumento de presión para mantener al rey y sus consejeros en dura tutela. Un manifiesto borgoñón promulgado en el otoño de 1411 designaba nominalmente, ante la cólera del pueblo, a todos aquéllos que, en París, seguían siendo partidarios de Orleans o resultaban «odiosos» al poderoso duque. Fueron perseguidos con saña. Entre otros, fueron destituidos de sus puestos el gran maestre de los alabarderos y el condestable Carlos de Albret.

Pero Juan sin Miedo no quería dejar nada al azar. Los príncipes eran poderosos, seguían aún gozando de un gran prestigio y controlaban más de la mitad del reino. Se habían agrupado en torno al duque de Berry, último veterano de una época pasada y que evocaba recuerdos prestigiosos. A su lado se hallaba Carlos de Orleans y su suegro Armagnac, Juan I de Borbón, el condestable de Albret, mientras que la reina y los hijos menores del rey les apoyaban a escondidas. Para llevar a cabo sus propósitos, Juan necesitaba apoyos exteriores. Este príncipe francés, que deseaba fervientemente la exaltación en beneficio propio de la monarquía de los Valois, franqueó alegremente el primer escalón en el camino de la traición. En Londres pidió el envío de una expedición inglesa prometiendo —o, esto es, por lo menos, el rumor que propagaron sus enemigos— la entrega de Dunkerque y otras plazas flamencas, así como ayuda para la conquista de Normandía por los Lancaster. Sincero o no, hizo creer que tenía el propósito, si era necesario, de fragmentar el reino. Enrique IV, a pesar de la opinión de sus hermanastros los Beaufort y de su hijo primogénito, seguía desconfiando y dudaba de lanzarse a fondo hasta que la presa estuviese completamente madura. En octubre de 1411, se limitó a enviar a Calais un pequeño contingente de 2000 hombres, que bastó para levantar el sitio de París iniciado por los príncipes y para apoderarse de Etampes, pero incapaz de emprender por sí solo la conquista de una provincia. La pequeña expedición inglesa —la primera que pisara tierra francesa desde hacía veintiocho años— no tardó en volver a embarcarse.

Rechazados fuera de París, al sur del Loire, y temerosos de las fuerzas que pudiera reunir el duque de Borgoña contra ellos durante los meses de invierno, mediante la convocatoria de la hueste, también Berry, Borbón, Orleans, Armagnac y Albret pidieron ayuda a Enrique IV. El rey de Inglaterra no sabía de qué lado inclinarse, no quería intervenir en persona y dio largas durante algún tiempo. Un acuerdo firmado en Bourges, en mayo de 1412, que pronto fue conocido por los espías borgoñones, culminaba la traición de los príncipes, después de la Borgoña. Los rebeldes, a cambio del envío de un cuerpo expedicionario de 4000 hombres, que solamente estarían a su servicio durante tres meses, prometían a los Lancaster la devolución de las provincias del sudoeste reconquistadas desde 1369, la entrega de las fortalezas gasconas en las que seguía habiendo guarniciones francesas. En sus últimos días, Berry renegaba así de toda la obra de Carlos V, en la que, sin embargo, había participado. Afortunadamente, cuando hacia finales del verano las tropas de Tomás de Clarence, segundo hijo del rey de Inglaterra, desembarcaron en el Cotentin, atravesaron el Anjou y llegaron hasta el Poitou, todo había terminado. Un ejército borgoñón se había anticipado, ocupando el Berry y amenazando el Borbonesado, lo que obligó rápidamente al viejo duque a la capitulación. El resto de los príncipes se habían sometido inmediatamente por el tratado de Auxerre (agosto de 1412). Una nueva reconciliación solemne de la familia real tuvo lugar delante de las representaciones de los grandes cuerpos del Estado, de la burguesía parisina y de la Universidad. La amnistía que se promulgó a continuación provocó oleadas de alegría, ya que se creía llegado el momento de superación de las luchas intestinas. Solamente los habitantes del Poitou tuvieron que hacer un serio esfuerzo económico para comprar la partida de los mercenarios ingleses, que se retiraron hacia Burdeos.

En realidad, Juan sin Miedo había salido de la lucha engrandecido y fortalecido. Con algo de retraso, y tras haberla provocado, se mostraba inquieto ante el peligro inglés y deseaba prepararse para la guerra, ahora ya probable, si no inevitable. Para obtener los subsidios necesarios y terminar la depuración ya iniciada desde 1411, forzó la decisión de convocar los Estados del Languedoïl, cuya consulta se había descuidado desde hacía más de treinta años. Pensaba hacer un plebiscito de su política por parte de los representantes de los tres órdenes. Los príncipes, humillados, no se atrevieron a comparecer y esperaron lejos de París el curso de los acontecimientos. Los representantes de las provincias, debido a la inseguridad de los caminos, no acudieron en gran número. El duque de Borgoña y sus aliados parisinos se comportaron en ellos como los amos de la situación. Nadie podía prever que Juan vivía entonces los últimos meses de una dictadura que se prolongaba desde hacía casi cuatro años.

Desde el inicio de las sesiones, que se abrieron el 30 de enero de 1413, pareció evidente que los Estados no querían oír hablar de un subsidio en tanto no se llevasen a cabo las reformas tanto tiempo esperadas. A las quejas, en un principio difusas, de los oradores, sucedieron planes de acción precisos, requisitorias pertinentes; el carmelita Eustache de Pavilly mencionó los nombres de una treintena de funcionarios concusionarios, exigió destituciones y confiscaciones masivas, cuyo producto serviría para poner en pie de guerra a un ejército. Tras un mes de conversaciones, el gobierno real tuvo que ceder ante la presión de las críticas. El 24 de febrero destituyó a todos los oficiales de finanzas, nombró una comisión de investigación compuesta de doce miembros —en la que estaba Pierre Cauchon—, encargada de proponer las sanciones y de preparar las reformas. Mientras llevaba a cabo sus trabajos con lentitud, los partidarios de los príncipes, amenazados en su vida y en sus bienes, se agruparon. Eran aún muy numerosos en torno a la reina, cuyo hermano, Luis de Baviera, gozaba de un favor descarado, y en el Hôtel del Delfín, Luis de Guyena, al que se incorporó el enérgico Pierre des Essarts, antiguo preboste de París, destituido por el duque de Borgoña. Se enviaron mensajeros para entrevistarse con los príncipes del partido de Orleans, exiliados voluntariamente en sus apanages. Juan sin Miedo desencadenó una revuelta contra ellos. Dirigidos por el temible carnicero Simón Caboche, los burgueses se sublevaron el 27 de abril, asediando la Bastilla, de la que sacaron a Pierre des Essarts, invadieron el Hôtel del Delfín, hicieron prisioneros a sus favoritos y asesinaron por toda la ciudad a los odiados Armagnacs. Durante cuatro semanas, los desórdenes se sucedieron sin cesar. Casi a diario, la multitud asaltaba el palacio de San Pablo, exigía al rey, aterrorizado, nuevas víctimas y la publicación de las reformas. Sus peticiones fueron prontamente satisfechas. Fueron precisos dos días enteros, el 26 y 27 de mayo, para leer, delante del Parlamento, el texto de la gran ordenanza de 259 artículos, a la que la historia ha otorgado el infamante sobrenombre de «cabochienne».

De nuevo no había nada de revolucionario en este texto, dictado, sin embargo, por la presión de la revuelta. Se trataba simplemente de reformar la administración, de simplificar los servicios, de predicar el ahorro, abolir abusos y equilibrar el presupuesto. Se contentaba, en su mayor parte, recogiendo, amplificando y codificando textos anteriores, que habían quedado como letra muerta o convertidos en caducos desde la caída de los Marmousets. Hay, sin embargo, algunos rasgos originales que merecen ser mencionados, para valorar el alcance cada vez mayor que tenía en el país la administración monárquica. Ya no se atacaba a los oficiales monárquicos, sino a su mala gestión. Los nobles de 1315 habían levantado su voz contra las instituciones reales. La oposición «cabochienne» sólo quería mejorar su funcionamiento, sin exigir otro control que el de los mismos funcionarios. Ya no se hablaba de los Estados; abandonaban todas sus ambiciones en manos de los oficiales. No se trataba ya, como en 1356, de poner bajo tutela a la realeza empobrecida, y todavía menos, como se suele repetir erróneamente, de otorgar una «constitución» al reino. Un avance tan grande hacia el absolutismo monárquico era el legado de la guerra contra Inglaterra, que había demostrado la necesidad de poder fuerte y eficaz.

Se distingue de forma muy clara en la ordenanza de Caboche el interés por volver a situar a la Cámara de Cuentas como centro de todo el control. Su personal, reducido hasta unas proporciones razonables, tomaría parte en el nombramiento de casi todos los funcionarios, adoptaría métodos más rápidos de contabilidad, recibiría todos los meses un informe sobre la situación del Tesoro, así como un inventario anual del dominio por parte de todos los bailíos y senescales, y seis veces al año las cuentas de gestión del preceptor general de las ayudas. Todo gasto nuevo tendría que recibir la aprobación antes de ser realizado. En la simplificación de los engranajes administrativos, la ordenanza abordaba una fusión que, de haberse producido, hubiera modificado los métodos cuyo procedimiento subsistió hasta 1789. No se atrevió a unir bajo una sola mano, en las provincias, las partidas procedentes de la administración del dominio, recaudadas por bailías, y las de las ayudas, que se hacían mediante elections. Pero en la administración central, suprimió los dos cuerpos de tesoreros, uno para el dominio y otros generales para las ayudas, y los sustituyó por «dos agentes encargados del gobierno de todas las finanzas del reino», verdaderos ministros de finanzas, que controlaban la mayor parte de los ingresos, fuera cual fuere su procedencia. Las supresiones de oficios, la aceleración de los medios de control tenían solamente un objetivo: el saneamiento de las finanzas. Como primera medida se decidió llevar a cabo un empréstito forzoso sobre los beneficiarios de las concesiones regias: todos aquéllos que habían recibido, desde 1409, donaciones a costa de las ayudas tendrían que devolver la mitad al estado, en forma de préstamo. En el futuro, la mitad del producto de las ayudas se depositaría en París, en un tesoro especial, rigurosamente reservado para fines bélicos y que pasaría a engrosar el montante de las multas y confiscaciones impuestas a los funcionarios infieles. Si todo se cumplía en los plazos previstos, no sería necesaria la creación de nuevos impuestos, ya que el país era todavía lo suficientemente próspero como para hacer frente, sin imposiciones suplementarias, a los ataques del enemigo inglés.

Este auténtico monumento de prudencia administrativa tuvo el lamentable destino de aquellas reformas que llegan demasiado tarde. Promulgada bajo la presión de la rebelión, la ordenanza de Caboche dio la impresión de ser obra de un partido, faltándole la colaboración general, necesaria para su aplicación. La turbulencia de los carniceros parisinos, peligrosamente incitada por el duque de Borgoña, no cesó a finales de mayo. Los revoltosos continuaron con sus prácticas, haciendo prisioneros a los sospechosos y procediendo a ejecuciones arbitrarias. La burguesía moderada sintió miedo. Hábilmente manejada por Jean Jouvenel, antiguo guardia de la prebostería de los mercaderes y abogado del rey, se acercó al Delfín y le impulsó a negociar con los príncipes la paz de Pontoise, firmada a finales de julio. El 4 de agosto, Luis de Guyena recorría triunfalmente las calles de la capital, en medio del odio de los carniceros, que no pudieron apoderarse del Ayuntamiento; el 23 de agosto, viendo la partida perdida, Juan sin Miedo intentó sin éxito apoderarse de la persona del rey y, tras esto, abandonó la capital, a la que no volvería hasta cinco años después. El 1 de septiembre, Orleans y los otros príncipes del grupo llegaban a París, y el 5, en una sesión solemne de justicia, rompían públicamente la ordenanza reformadora, por haber sido impuesta al rey, sin discusión del consejo ni examen del parlamento.

Desde aquel momento, se consagraba el triunfo del grupo Armagnac. Los protegidos de Caboche y los amigos del duque de Borgoña conocieron a su vez los rigores del exilio, la prisión, las confiscaciones y, en ocasiones, de la muerte. Los partidarios de los príncipes recobraron sus puestos y sus bienes. Carlos de Albret recuperó la espada de condestable, que recogerá tras su muerte, en la batalla de Azincourt, el temible conde de Armagnac. Las bandas gasconas de este último vigilaban la capital y mantenían el orden con mano de hierro. Un «concilio de fe» presidido por el obispo de París y conmovido por la oratoria retórica de Gerson, se encargó de la condenación, a causa de herejía, de la apología del tiranicidio del maestro Jean Petit, lavando mediante este auto de fe la memoria del difunto duque de Orleans. Todo volvía así al orden o, más bien, al desorden. La monarquía era nuevamente saqueada y expoliada por los mismos que debían de defenderla. Este fue el momento elegido por los dirigentes de Inglaterra para iniciar la conquista del reino de Francia.

IV. DE AZINCOURT AL TRATADO DE TROYES

En el mismo momento en que los Estados generales del Languedoïl estaban discutiendo en París la posibilidad de una reanudación de la guerra, la muerte de Enrique IV, en marzo de 1413, hacía subir al trono de Inglaterra a su hijo primogénito, Enrique V, un joven de veinticinco años. Con el acceso de este nuevo rey, la guerra se convertía en una seguridad casi absoluta.

Los éxitos militares del segundo soberano de la dinastía Lancaster, su prematura muerte cuando se hallaba en la cima de una gloria sin precedentes, han servido para elevarlo muy alto, quizá demasiado, en la estimación de la posteridad. Por una singular ironía del destino, el primer rey de Inglaterra que llevaba en sus venas alguna sangre inglesa y que comenzó a redactar en inglés algunos documentos de su cancillería, fue precisamente el hombre que estuvo a punto de llevar a cabo finalmente el sueño de sus predecesores Plantagenets: la unión en una misma persona de las dos coronas más prestigiosas de occidente. Para triunfar en un programa en el que Eduardo III había fracasado, con unas fuerzas sensiblemente iguales, eran precisas cualidades eminentes, de las que no carecía Enrique V. Más tarde se le hará el reproche de su juventud corrompida, muy poco acorde con la apariencia de piedad que caracterizaba al soberano. En todos los aspectos, su juventud fue tan tormentosa como reveladora: duro aprendizaje militar en las campañas galesas y una sed de poder que no se detenía ante nada. Cuando, a partir de 1408, Enrique IV se vio debilitado por su enfermedad, el príncipe heredero, recordando la ambición desenfrenada de los hijos de Enrique II Plantagenet, se alzó a la posición principal, agrupó a su alrededor a sus partidarios y se alió contra su padre con sus tíos Beaufort. Quería desempeñar un papel importante en la política, se mostraba partidario de la alianza con el duque de Borgoña y condenaba el envío de ayuda a los príncipes Armagnacs. Hubo incluso un momento, en el otoño de 1411, en que llegó a exigir la abdicación de cu padre en su favor. Tanta impaciencia, a duras penas contenida, mostraba ya a un príncipe seguro de sí mismo, tanto de su fuerza como de sus derechos. El ejercicio del poder puso de relieve otros rasgos de su carácter. Capitán de valor, fue también, como se dijo de su antepasado Eduardo I y de los grandes Plantagenets, un ordenado burócrata, buen administrador y juez implacable. Fue tanto un temible adversario para Francia, donde sólo encontró partidarios, como para una Europa gobernada por fantoches, y, tanto más temible cuanto que sus cualidades se veían acompañadas de rasgos de carácter desagradables. Estos rasgos eran preludio de un príncipe de tiempos nuevos: su hipócrita beatería, la hipocresía de sus acciones, la ficción de estar al servicio del derecho y deshacer los entuertos cuando en realidad sólo buscaba su propio beneficio, así como la crueldad de sus venganzas. Enrique pertenecía claramente a su siglo: al de los tiranos italianos, al de Luis XI, a miles de leguas de los reyes caballerescos, cuya herencia recogió y cuyos proyectos heredó.

Nos ocuparemos con brevedad de su política insular. Enrique esperaba de sus súbditos ingleses, en especial, el apoyo necesario para llevar a cabo sus ambiciones en el continente. La historia de Inglaterra se resume, durante muchos años, como una época de conservación del orden, y preparativos militares constantes. El país, cansado de problemas internos, se dejó conducir por un enérgico monarca. En cuanto acabó con las últimas tentativas de revueltas, todo volvió a la calma. Su advenimiento al trono fue el punto de partida de una última revuelta en la que se alinearon los últimos partidarios de Ricardo II, conducidos por un simple caballero, Oldcastle, obsesionado por su simpatía a favor del lolardismo. Una vez capturado y ejecutado éste, tras románticas aventuras, el orden no volverá a turbarse. Nada resulta tan significativo como la facilidad con que el reino aceptó nuevos sacrificios, dejándose imponer terribles cargas de tipo militar. Mientras que Enrique IV había tenido terribles problemas para llevar a cabo sus campañas galesas, su sucesor preparó sin oposición importante una nueva expedición continental. No fueron precisas reformas legislativas, ya que la organización anterior era suficiente, reforzada únicamente por la autoridad de un soberano popular. Supo galvanizar a la opinión pública contra los desleales franceses y asociarla a sus ambiciones conquistadoras, y, en noviembre de 1414, un Parlamento concedió sin dificultades los grandes subsidios que se le exigían. Con una rapidez relativa se fueron llevando a cabo el reclutamiento de mercenarios, la convocatoria del servicio feudal de hueste, la de los contingentes de infantería mediante las comisiones de array, la acumulación de municiones y de provisiones en los puertos del canal, así como la requisa de barcos. Cuando se produjo la ruptura en el verano de 1415, Enrique había puesto en pie de guerra un ejército poderoso, más numeroso que los de Eduardo III, que llegaba a los doce mil combatientes, cifra considerable para la época.

Mostró la misma energía y habilidad en la preparación diplomática que estaba destinada a enfrentar a su adversario a la capitulación o a la guerra. Hasta su advenimiento, Enrique se había mostrado partidario declarado de los borgoñones y adversario de los príncipes de la facción Armagnac. Ahora, negociaba al mismo tiempo con ambos grupos, esperando mejores resultados de los segundos que del primero, ya que Juan sin Miedo no era más que un extranjero, obligado en este momento a recluirse en sus dominios, mientras que los Armagnacs dominaban con mano tiránica la monarquía francesa.

Refugiado en Flandes desde septiembre de 1413, Juan sin Miedo soñaba en la venganza contra los odiados Armagnacs. Pero el ejército que había reunido apresuradamente fracasó en su intento de apoderarse de París en febrero de 1414, y los Armagnacs se llevaron consigo inmediatamente al rey a Picardía, y llegaron ante los muros de Arras, proponiéndose nada menos que acabar con él desheredándole por la fuerza. Pero, al igual que su padre, Juan sin Miedo no olvidó nunca que era antes que nada un príncipe de Valois, vasallo de la corona francesa. No tenía, en ningún modo, la idea de crear un estado borgoñón engrandecido a expensas de un reino de Francia del cual se independizaría y que, además, lo pondría en manos extranjeras. Ni siquiera será ésta, a pesar de lo que se ha escrito al respecto, la política de su hijo. Aspiraba solamente a recuperar el primer lugar, que por derecho creía que le correspondía, en los consejos de Carlos VI y gobernar el reino, expulsando de él a los príncipes rivales. Pero, al ser insuficientes sus propias fuerzas, necesitaba encontrar el apoyo de los Lancaster a cualquier precio. Envió emisarios a Londres y recibió a su vez agentes ingleses en Lila y Brujas. Las propuestas borgoñonas se hicieron concretas en la conferencia de Leicester, que se celebró en mayo de 1414. En este momento, se pensaba solamente en llevar a cabo operaciones modestas. Juan reclutaría una tropa de mil soldados y los Lancaster le proporcionarían doble cantidad. Juntos, harían la guerra no contra el rey, sino contra los príncipes rebeldes, como en 1411 y, como aliados, se repartirían los despojos del contrario. Enrique confiscaría en beneficio propio los dominios aquitanos de Albret y Armagnac, se anexionaría el condado de Angulema, que pertenecía a los Orleans y tendría también una parte de los apanages de Borbón, Alençon y Eu. Las conversaciones se continuaron en agosto, en Yprés. Los ingleses, insatisfechos de tan complicados arreglos, quisieron averiguar hasta dónde llegarían las concesiones borgoñonas. ¿Les sería concedida la gran Aquitania planeada en Bretigny? ¿Podrían añadir a ella, como se les había prometido, el Berry? ¿Se llegaría a reconocerles el título de rey de Francia? Asustado ante la enormidad de las pretensiones, Juan no se decidió a poner en peligro sus propios planes personales de lograr la hegemonía. En el último momento, se echó para atrás y rompió las conversaciones.

Las negociaciones inglesas con los Armagnacs tuvieron desde un principio un tono mucho más favorable. Como sus antecesores, Enrique V exigía la corona de Francia, pero, también como sus antecesores, daba a entender que se conformaría, si era preciso, con concesiones territoriales. Nada parecía, por tanto, haber cambiado en el conflicto que enfrentaba a ambos soberanos. Se habló en primer lugar del rescate de Juan el Bueno, cuyo pago se exigía después de cincuenta años y de Aquitania, que se intentaba volviera a ser como la había planeado el tratado de Calais. Además, renovando el gesto de Ricardo II, el soberano Lancaster pidió la mano de Catalina, hija de Carlos VI. Pero a cada nueva embajada —primero en París, en agosto de 1413; en Leulinghen, en septiembre; en Londres, en noviembre, y una vez más en París, en enero de 1414— las exigencias territoriales inglesas aumentaban desmesuradamente. Se hablaba ya, nada menos, que de la reconstrucción del antiguo imperio Plantagenet: Anjou, Maine, Turena, Normandía y el homenaje de Bretaña. Después, siguiendo la táctica de exigir mucho para luego rebajar, se pidió la soberanía sobre Flandes y Artois, para alejar a los Valois de Calais, convirtiendo al duque de Borgoña en vasallo de Inglaterra. Incluso fuera del reino de Francia, se exigía a los príncipes Anjou la cesión de Provenza, invocando los supuestos derechos que tuvo, ciento cincuenta años antes, la mujer de Enrique III. Asustados ante exigencias tan altas, Luis de Guyena y los príncipes Armagnacs llegaron lo más lejos posible en el terreno de las concesiones. Aceptaron la vuelta a los tristes días de Juan el Bueno: pago del resto del rescate, fijado en 1.600.000 escudos, concesión de una dote de 2 millones de francos a la joven Catalina, y constitución de una gran Aquitania soberana. Pero Enrique sólo aceptaba la renuncia al trono de Francia con la condición de dominar completamente a su titular. Aquitania no le interesaba, pues sabía que los Valois, si seguían siendo dueños de las provincias al norte del Loira, tarde o temprano conseguirían sacudirse su tutela. Mejor político que Eduardo III, exigía que, por lo menos, le entregasen Normandía. Así, situada entre el gran feudo que desde los tiempos de Felipe Augusto había sido arrebatado a los Plantagenet y los dominios borgoñones, la monarquía francesa, definitivamente empequeñecida, quedaría a la merced del gobierno de Londres. La conferencia de París terminó en ruptura a finales de febrero de 1415. Fue vana la llegada a Winchester de los embajadores de Carlos VI en julio a quejarse de la deslealtad inglesa y recordar todas las afrentas pasadas, a la vez que denunciaban las violaciones de las treguas, que se habían multiplicado en los últimos meses —los gascones, galvanizados por el duque de Clarence habían recuperado todas las plazas perdidas desde 1403, habían invadido el Saintonge y amenazado la Rochela, mientras que los marinos ingleses habían lanzado un ataque contra Dieppe— y reiterando sus ofrecimientos y concesiones. Al no poder obtener de ellos la concesión de Normandía, Enrique los despidió, añadiendo que pronto les seguiría y lanzando sobre Francia la responsabilidad de la guerra.

El verano estaba demasiado avanzado como para pensar en una campaña larga. Pero el ejército estaba listo para entrar en combate. Había también que aprovechar la buena disposición del duque de Borgoña, que seguía furioso ante el ostracismo en que le tenían los Armagnacs. En el otoño de 1414, los moderados, que habían encontrado su jefe en la persona de Luis de Guyena, joven Delfín de diecisiete años, habían hecho un nuevo y serio intento, una vez más, de reconciliar a ambas partes. Pero la paz de Arras, negociada en septiembre y ratificada con dificultad en febrero de 1415, si bien había levantado las sentencias de destierro pronunciadas contra Juan sin Miedo, no le había devuelto el poder, y ni siquiera le había otorgado las reparaciones de honor a las que su vanidad daba mucha importancia y había excluido de la amnistía a quinientos de sus más fieles partidarios. Adoptó, entonces, una actitud de neutralidad hostil, aunque autorizando, sin duda, a sus hermanos Antonio de Brabante y Felipe de Nevers a unirse a la hueste del rey, en la que encontrarían la muerte. El, por su parte, no lo hizo ni envió ningún contingente.

Tras confiar la regencia de Inglaterra a su hermano Juan, duque de Bedford, y lanzar hipócritas proclamas en las que presumía de ir a restablecer la paz y la prosperidad a una Francia aniquilada, Enrique V se embarcó el 10 de agosto. Durante la noche del 13 al 14 desembarcó en Chef de Caux, e la desembocadura del Sena, en la misma Normandía cuya conquista quería hacer en primer lugar. Fue preciso casi un mes para provocar la capitulación de Harfleur que, al no recibir auxilio a tiempo, se rindió el 14 de septiembre. Pensó en hacer de la ciudad un segundo Calais, para lo cual expulsó a sus habitantes e hizo venir colonos ingleses. Después, como había hecho Eduardo III en 1346, se retiró hacia el norte, no queriendo pasar el invierno en suelo enemigo. El gobierno Armagnac había conseguido reunir, cerca de Rouen, un ejército de vasallos, pero que contaba desde un principio con importantes huecos, producidos por la ausencia de contingentes borgoñones y bretones. Era, a pesar de todo, más numeroso y agresivo que el del invasor, obligado a dejar tras de sí guarniciones y heridos. Inició imprudentemente la persecución de los fugitivos, a pesar de los prudentes consejos del viejo duque de Berry, que era partidario de la táctica dilatoria de Carlos V. Sesenta y nueve años después, se repitió el error cometido en Crécy. Enrique, viendo la retirada cortada por el mariscal Boucicaut, que le pisaba los talones sin darle respiro, esperó a sus perseguidores en las llanuras del Artois, en Azincourt, cerca de la residencia borgoñona de Hesdin. El atrincheramiento de la infantería inglesa y el tiro preciso de sus arqueros, así como el terreno, mojado por una lluvia torrencial, obligaron a la caballería francesa a combatir a pie. Fue exterminada, en un 25 de octubre. El vencedor sólo mostró prisa para volver a Calais a reembarcarse (16 de noviembre).

La campaña de Azincourt no significaba nada decisivo. No era sino una más de las muchas cabalgadas que se habían producido. Vencido, aunque no hundido, el gobierno de Carlos VI intentó la intervención de sus amigos exteriores. Mientras que Armagnac, nombrado condestable, intentaba en vano recuperar Harfleur, se aceptó la mediación del Emperador Segismundo. Hermano menor de Wenceslao de Bohemia, Segismundo de Luxemburgo, al que un afortunado matrimonio había convertido en rey de Hungría, era un príncipe débil, pero vanidoso, convencido de que había nacido para llevar a cabo grandes hazañas. Desde hacía algunos años, la suerte le sonreía. A la muerte de Roberto del Palatinado, en 1410, y aunque aún vivía su hermano Wenceslao, aunque cada vez más dedicado a la bebida, los príncipes alemanes le habían elegido rey de Romanos. Desde su punto de vista, la majestad imperial le concedía un magisterio supremo sobre toda la cristiandad. Tomó decididamente la bandera de la unión de la Iglesia, abandonada por los Valois desde el concilio de Pisa y el comienzo de la guerra civil. A pesar de que la mayor parte de los príncipes habían reconocido a Alejandro V y luego a su sucesor, Juan XXIII, surgidos en el tumultuoso concilio de Pisa, los otros dos pontífices, Benedicto XIII, refugiado en Perpignan y Gregorio XII en Rimini, conservaban aún partidarios. Se hacía precisa la convocatoria de un concilio ecuménico para acabar con el cisma tricéfalo. Segismundo exigió que se celebrara en tierra imperial, en Constanza. Inmediatamente se erigió en guía, sostén y dueño del concilio. Apoyó a los padres conciliares en su lucha contra Juan XXIII, cuya deposición provocó. Obligó a los príncipes bávaros a abandonar la causa de Gregorio XII. En los últimos días de 1415, se encaminó al Midi francés y se entrevistó en Narbona con los soberanos hispánicos, obteniendo de Castilla y Aragón la renuncia a seguir apoyando a Benedicto. En Constanza, los enfrentamientos entre universitarios partidarios de Borgoña y delegados de Armagnacs, entre ingleses y franceses, estaban a punto de aplazar indefinidamente la elección de un Papa único y la reforma de la Iglesia. Para culminar su obra, Segismundo impuso su mediación entre los Lancaster y los Valois.

Se dirigió en primer lugar a París, donde fue miserablemente recibido por una corte empobrecida, hundida por la derrota y los duelos. El palacio de San Pablo no era ya más que el lugar de residencia de un rey loco y arruinado; el eco de sus antiguas fiestas se había apagado contra sus tristes paredes. A continuación marchó a Inglaterra. Enrique V, halagando su vanidad, le ofreció magníficos espectáculos, le demostró la adulación de su pueblo, haciendo alarde por igual de fasto y de poder. No hizo falta nada más que para el inconsecuente Segismundo tomase una decisión. Mediante el tratado de Canterbury, el 15 de agosto de 1416, se aliaba con los Lancaster y prometía iniciar la guerra contra el usurpador Valois. De hecho, no tenía ni la intención ni los medios para poner en práctica su promesa. Pero su traición fue el golpe de gracia contra el prestigio de los Valois. Dándose cuenta de que el viento soplaba en otra dirección, Juan sin Miedo reanudaba al mismo tiempo sus conversaciones con la corte de Londres. El 6 de octubre, en Caíais, se volvía a entrevistar con Enrique V y, con su habitual hipocresía, le dejó entrever que se convertiría en su vasallo y le ayudaría a terminar con Carlos VI.

Era el momento para el rey de Inglaterra de explotar estas victorias diplomáticas, a las que aún seguirían alianzas con los príncipes renanos, con la Hansa y con Aragón. Se pidió un nuevo esfuerzo al pueblo inglés y se equipó un nuevo ejército. En agosto de 1417, tras dos años de ausencia, Enrique V, hollaba de nuevo tierra normanda. Pero esta vez no se trataba ya de una simple cabalgada. Ante la inactividad del gobierno Armagnac, que no podía hacer frente a un tiempo al invasor y a un ejército borgoñón acampado en la región de París, el Lancaster comenzó la conquista sistemática de la provincia tanto tiempo codiciada. Una a una fueron cayendo las ciudades y villas de la baja Normandía y del Cotentin. La fortaleza de Caen, defendida denodadamente, capitulaba el 20 de septiembre y en octubre sucedía lo mismo con Argentan y Alençon. Antes de finalizar la siguiente primavera había sido conquistada toda la región, desde Cherburgo hasta Evreux. Sólo seguían resistiendo los monjes de Mont Saint-Michel, encerrados en su castillo rocoso con un puñado de caballeros fieles.

Los Armagnacs se encontraban entonces acorralados. Uno tras otro habían ido desapareciendo los jefes de la facción de los príncipes: Carlos de Orleans y Juan de Borbón se encontraban en Inglaterra, prisioneros desde la batalla de Azincourt. Berry había muerto en junio de 1416, al igual que Luis de Guyena, el Delfín (diciembre de 1415) y su hermano Juan de Turena (abril de 1417), así como el primo de ambos, Luis II de Anjou. De toda la descendencia de Carlos VI sólo quedaba un adolescente poco agradable, Carlos, nombrado Delfín y duque de Turena tras la muerte de sus hermanos, única esperanza del partido y que, desde junio de 1417, ostentaba el título de «lugarteniente general del rey». De hecho el tiránico condestable Armagnac gobernaba en su nombre. Ambos cometieron la fatal imprudencia de enemistarse con la reina Isabeau, cuya desvergüenza aumentaba con los años. Le limitaron los víveres, la desterraron a Blois y más tarde a Tours. El terror Armagnac no atemorizaba ya a una población harta de la situación. Picardía y Champaña se habían entregado ya en gran parte a las guarniciones borgoñonas, contra la promesa de remisiones de impuestos. En París, donde una primera tentativa de rebelión había sido duramente reprimida en abril de 1416, solamente se esperaba la señal oportuna para rebelarse y enarbolar la cruz de San Andrés, estandarte de los borgoñones. Tras cinco años de desgracias, había sonado la hora de Juan sin Miedo. El 8 de noviembre de 1417, Isabeau de Baviera se escapaba de Tours. Una escolta borgoñona la acompañó hasta la presencia del duque, que la esperaba en Chartres. Ambos se instalaron a continuación en Troyes, donde ella presidía un gobierno fantasma, rival del de su hijo, proclamándose «reina de Francia», desempeñando el gobierno y la administración del reino debido a la situación de «monseñor el rey de Francia». Se organizaron a toda prisa una cancillería, servicios financieros y un Parlamento. A continuación, el 29 de mayo de 1418, se produjo la revuelta de París, que abría sus puertas a Juan sin Miedo y le aclamaba como a su salvador. El rey, loco, fue «liberado» de los Armagnacs, cuya matanza se organizó. El canciller, el condestable y otros muchos cayeron a manos de los asesinos. El Delfín pudo escapar y volvió algunos días más tarde con los pocos hombres que pudo reunir, comenzando el sitio de París. Sus mercenarios, indisciplinados, consiguieron entrar en la ciudad por el este, pero se dispersaron por las calles en busca de botín. Los borgoñones y los burgueses les expulsaron de la ciudad. Carlos no insistió y permitió que los vencedores se cebasen contra sus víctimas —en las matanzas se produjeron más de dos mil muertos—. El se retiró al sur del Loire, a su apanage de Berry, abandonando a su padre, su madre y dejando todo el norte de Francia bajo la dominación borgoñona.

Estas últimas convulsiones intestinas no cambiaron en nada el curso de la guerra. Juan sin Miedo, como antes los Armagnacs, no era capaz de frenar el avance inglés. Para conservar su reputación de amigo del pueblo y promotor de reformas, se había visto obligado a decretar la supresión de las ayudas, las tallas y exacciones. Su gobierno sobrevivió a duras penas del producto del dominio, en las pocas provincias que controlaba de forma efectiva, y de la gabela, de los pequeños y escasos subsidios que conseguía arrancar a las ciudades, de confiscaciones y empréstitos, y, en especial, de masivas devaluaciones monetarias. Cuando los habitantes de Rouen, bloqueados dentro de la ciudad por el impresionante material de sitio desplegado por Enrique V solicitaron su ayuda, Juan tuvo que responderles que no contasen más que con sus propias fuerzas. El 13 de enero de 1419, tras seis largos meses de una lucha heroica y desesperada, la ciudad capituló y fue condenada por el vencedor al pago de una fuerte indemnización de guerra. Enrique fue apoderándose después de las plazas de la región de Caux y, más tarde, dejando en manos de sus lugartenientes la conquista de la Perche, invadió el Vexin, se detuvo en Mantés y llegó, ya en julio, ante Pontoise, de la que se apoderó el día 31, a pesar de la guarnición borgoñona que había en la ciudad. A la vez que negociaba por separado con el duque de Borgoña y con el Delfín, planeaba el asalto final contra París, escribía al Papa, a los cardenales, a sus aliados renanos, a los príncipes loreneses, proclamando la justicia de su causa, denunciando las taras de una Francia en decadencia e invitando a sus amigos a participar en la empresa.

Ante el peligro, los borgoñones y lo que quedaba del partido Armagnac se aproximaron. Los elementos moderados buscaban desde hacía un año un terreno de conciliación, un reparto de poder entre los dos jefes de los partidos. Impuesto por el duque de Borgoña a los consejeros del Delfín, el tratado de Saint-Maur (septiembre de 1418), no había siquiera alcanzado ni un principio de ejecución. Respetaba a Carlos su apanage del Delfinado, así como Turena, Berry y Poitou y le autorizaba el nombramiento de uno de los tres funcionarios que se encargarían de las finanzas. Pero, Juan sin Miedo no pensó ni por un momento hacer el juego a los ingleses, demasiado poderosos para que pudiera esperar gobernar en su nombre. Una auténtica reconciliación con el Delfín le permitiría eliminar a los últimos Armagnacs y le permitiría imponer su voluntad a todo el reino, sirviéndose de la apariencia de un gobierno del Delfín. Una primera entrevista, celebrada en Corbeil en julio de 1419, consiguió alcanzar un acuerdo preliminar, de difícil aplicación, teniendo en cuenta los odios acumulados. Cuando se entrevistaron de nuevo en el puente de Montereau, el 10 de septiembre de 1419, el enfrentamiento entre los príncipes alcanzó un gran calor y los gentilhombres del séquito de Carlos, dirigidos por el bretón Tanguy du Châtel, antiguo preboste de París y protegido de los Orleans, se arrojaron contra Juan sin Miedo y le atravesaron el cuerpo a cuchilladas. Del enfrentamiento que siguió al hecho, Carlos consiguió salir indemne, pero los borgoñones ni siquiera pudieron llevarse consigo el cadáver de su señor.

El asesinato de Montereau, lejana venganza del de Luis de Orleans, terminó por hacer perder el crédito a los Armagnacs en todo el norte de Francia. París, que comenzaba ya a agitarse contra Juan sin Miedo por no haber acudido en defensa de Pontoise, se unió frenéticamente al partido borgoñón. Carlos, a excepción de algunos otros lugares, quedó confinado al centro y mediodía de Francia. El nuevo duque de Borgoña era Felipe, conde de Charoláis —pronto apodado el Bueno—, yerno de Carlos VI, con cuya hija, Michelle, había casado. Este joven príncipe de veinticinco años, perezoso y amigo del lujo, educado por su padre en Flandes con cuyas características e intereses se había identificado, no se parecía en nada a Juan sin Miedo. La división que se operaba entre sus consejeros e incluso entre su familia le produjo enormes dificultades. Como heredero fiel de la política de los dos primeros duques de Borgoña, sentía una gran repugnancia a traicionar a su estirpe, entregando el reino a los Lancaster vencedores. Aquellos historiadores modernos que le han considerado deseoso de abandonar los asuntos franceses para dedicarse por entero a sus ambiciones neerlandesas, han cometido con este juicio un enorme error. Su objetivo seguía siendo recuperar el primer lugar en el gobierno del reino, conservándolo, en la medida de lo posible. No podía vengar a su padre ni acabar con el criminal Delfín sin la ayuda de Enrique V, pero estaba también decidido a no apoyar a los Lancaster si éstos no le ayudaban, con las armas, a aplastar a sus enemigos personales. Un consejo de familia, celebrado en Malinas el 7 de octubre, empujó a Felipe a la venganza, es decir, le empujaba a esta falsa posición cuyos peligros se acababan de describir. El acuerdo de Rouen, concluido en diciembre con los invasores, parecía completamente ventajoso para el borgoñón: a tenor del mismo, Enrique V y Felipe proseguirían juntos la guerra contra el Delfín, mientras que un matrimonio uniría a ambas familias; en el caso, poco probable en el futuro, en que Enrique llegase a ceñir la corona de Francia, Felipe conservaría, por su parte, una posición de privilegio.

La elección hecha por el duque de Borgoña condicionaba la del pobre Carlos VI. La reina Isabeau, a la que animaba un odio terrible contra su hijo menor, desde que éste la había condenado al exilio, fue su mejor auxiliar en las largas negociaciones que desembocaron, Finalmente, en la conclusión del tratado de Troyes.

Así como el tratado de Calais había acabado con el enfrentamiento feudal mediante la constitución de una Aquitania separada del control francés, el de Troyes liquidaba la lucha dinástica al convertir a Enrique V en el heredero del trono de Francia. El Delfín era brutalmente marginado, ya que este «supuesto Delfín» no era, en la misma confesión de su madre —confesión algo tardía, por otra parte—, sino un bastardo, producto del adulterio, aunque no se mencionaba el nombre del auténtico padre. El futuro Carlos Vil, al que se aplicaba el ban del reino «debido a sus enormes y horribles crímenes y delitos», quedaba desheredado por sus propios parientes. Carlos VI solamente tenía una hija aún no casada, Catalina. La entregaba como esposa al rey Lancaster, con la esperanza de llegar a reinar. Como «auténtico hijo» y presunto heredero del rey loco, Enrique V, mientras esperaba la muerte de su suegro, que seguía arrastrando su miserable situción a la edad de cincuenta y dos años, ejercería la regencia de hecho del reino, mientras conservaba a la vez el apanage de Normandía y el homenaje de Bretaña. Para el mantenimiento del orden, la lucha contra el Delfín y la ordenación de los asuntos públicos, Enrique se comprometía a actuar de acuerdo con Felipe. No se cambiaría nada de las instituciones del reino, conservándolas en el mismo estado en que, desde hacía dos años, las había mantenido el duque de Borgoña. Además, Enrique se comprometía a respetar todos los derechos, todos los privilegios, todos los usos y todas las costumbres. Solamente ocurría que el reino cambiaba de señor, al quedar en manos del heredero de aquellos Plantagenets que, durante siglos, habían sido los más poderosos vasallos de la corona. Utilizando un arreglo dinástico, un matrimonio francés, los Lancaster pasaban a sustituir a los Valois.

Al norte del Loira, ni una sola voz se levantó contra el tratado. Felipe de Borgoña, que había sido quien lo había negociado, esperaba, sin duda, que Enrique, demasiado ocupado por los dos reinos, dejaría en sus manos la administración fáctica de Francia, a la vez que le ayudaba a conquistar las provincias rebeldes, cálculo, que dicho sea de paso, no se cumplió completamente. El 2 de junio, el arzobispo de Sens bendecía el matrimonio de los príncipes. El Parlamento había recogido el tratado y la Universidad lo había aprobado. En diciembre, ambos soberanos, suegro y yerno, acompañados del joven duque de Borgoña, hacían su entrada en París, siendo saludados por las aclamaciones de una burguesía contenta de ver cómo la corte volvía a la ciudad, tras dos años de ausencia. A continuación, se requirió a los estados del Languedoïl la aprobación del tratado. La pesadilla de la guerra civil, que se arrastraba desde hacía trece años y el de la guerra extranjera, que se añadía a la primera desde hacía cinco años, parecían definitivamente alejados.

Enrique había conseguido su objetivo: formación de una «doble monarquía» que, mediante una unión personal, estaba al mismo tiempo al frente de Francia y de Inglaterra. Pero, de hecho, sólo controlaba la Francia borgoñona. Lejos de unificar Europa occidental bajo una dinastía prestigiosa, el tratado de Troyes abría una brecha aún más profunda que antes entre los diferentes partidos que se dividían Francia. ¿Cuál vencería? Para responder a este interrogante, sólo hay que examinar a esta Francia dividida entre dos mitades hostiles.

VII FRANCIA DIVIDIDA (1418-1429)

VII
FRANCIA DIVIDIDA
(1418-1429)

Hasta fechas muy cercanas a nuestros días, el tratado de Troyes ha sido unánimemente denunciado como la más vergonzosa capitulación que haya jamás conocido nuestra historia nacional. Los contemporáneos a los hechos, que ignoraban nuestro patriotismo moderno y que no podían conocer los acontecimientos futuros, no fueron todos de la misma opinión. Es muy importante tratar de situarse en su época para comprender sus opuestas reacciones.

Desde el punto de vista jurídico, el tratado de Troyes tenía vicios de forma y de fondo que los consejeros del Delfín se encargarán de denunciar llegado el momento. La costumbre había convertido a la corona de Francia en una monarquía hereditaria que, durante más de tres siglos, se había transmitido de padre a hijo. La sucesión de los últimos Capeto había alejado del trono a las infantas francesas y a sus herederos. Revisar esta decisión, que contaba ya con casi un siglo de vigencia, significaba llevar a cabo una innovación respecto a la costumbre, ilegalidad suprema a los ojos de los hombres medievales. Tanto en 1316 como en 1328, el derecho sucesorio había sido «pronunciado» por la asamblea de barones y de pares, forma solemne de la corte del rey. No correspondía al rey quebrantar arbitrariamente esta decisión, modificando el derecho sucesorio y desheredando a su hijo en beneficio de su yerno. Remontándose a un concepto abstracto de los asuntos públicos, los juristas del Delfín llegarán a declarar que la corona es un bien inalienable, cuyo soberano no es sino el depositario, pero de la que no puede disponer libremente.

La mayor parte de los súbditos prestaba poca atención a este tipo de especulaciones. Era más sensible a las condiciones de la existencia inmediata, a la que traía consigo o prometía el arreglo entre los soberanos. Todo parecía, por el contrario, presagiar la gozosa aceptación de la paz finalmente alcanzada. El tratado había sido además aceptado por todo el mundo: por un rey, cuya curación deseaba ardientemente el pueblo desde hacía más de treinta años y cuyos esfuerzos para restablecer la unidad en su familia eran conocidos; por el duque de Borgoña, cuyo padre había disfrutado de una desmedida popularidad al norte del Loira. Había encontrado también la aprobación de las más altas autoridades religiosas y políticas, como la Universidad, el Parlamento y los Estados. El heredero del trono, por su parte, había anunciado con toda claridad su deseo de restablecer el orden, de hacer respetar la justicia y de situar en todos los puestos a funcionarios capaces e íntegros, para alejar para siempre la pesadilla de una nueva guerra civil. Y frente a este conjunto formidable de fuerzas y de esperanzas se encontraba un joven Delfín sin energía, manejado hasta el momento por el odiado condestable, que dudaba de sus propios derechos y era consciente de su extrema debilidad. La partida parecía ganada de antemano para los anglo-borgoñones. Sin embargo, los resultados no fueron positivos. A pesar de las enormes bazas con las que contaba, la «doble monarquía» estaba abocada al fracaso. Los acontecimientos políticos y militares, confusos e indecisos, que se desarrollaron entre la conclusión del tratado y la aparición en la escena de Juana de Arco, no nos permiten por sí solos explicar este fracaso. Hay que analizar el comportamiento de las provincias, la administración que sufrieron y cuál fue su apoyo a los gobiernos rivales. Se trata de una investigación difícil, pues nos faltan aún estudios serios sobre diferentes aspectos que nos permitan llegar a conclusiones seguras. Se puede, no obstante, intentar trazar un cuadro general, aunque incompleto en sus detalles, pero cuyas grandes líneas siguen siendo provisionalmente válidas.

I. LA FRANCIA DE LOS LANCASTER

Desde la invasión inglesa de 1417 y desde la entrada de los borgoñones en París en 1418, no sólo había dos Francias, sino tres, cada una de ellas sometidas a una administración diferente: las provincias conquistadas y administradas por los Lancaster, las que controlaba el duque de Borgoña, y, finalmente, las que seguía conservando el Delfín. Conviene dar un repaso a cada una de ellas.

Enrique V, en todas aquellas provincias que había conquistado por la fuerza de las armas y antes incluso del tratado de Troyes, había organizado la ocupación militar y establecido una administración autónoma, que subsistió en sus líneas fundamentales después de 1420, y fue ligeramente modificada después de 1422, cuando Enrique VI fue proclamado rey de Francia. Se trataba, principalmente, del ducado de Normandía, que gobernaba en calidad de bien patrimonial de la dinastía anglo-normanda, recuperado tras dos siglos de dominación capeta y no a título de heredero de Carlos VI. A este territorio se añadían las llamadas «provincias de conquista», ocupadas antes de 1420, es decir, el Vexin, con las bailías de Mantés y de Gisors, hasta los alrededores de Pontoise, una parte de la región de Chartres y la parte norte del Maine. Rouen se erigió en la capital de este Estado provincial, poco extenso pero rico y coherente. Se instaló en él una cancillería, que redactó las actas de administración y los Róles normandos[4], hoy día conservados en Londres, así como un gran consejo, encargado de las decisiones ejecutivas. Se restableció el cargo de senescal de Normandía, que ejercía una dirección suprema sobre toda la administración civil y militar y se creó el de almirante de Normandía. Se reorganizó igualmente el Echiquier, que desde la reconquista capeta no había sido más que una delegación temporal y anual del Parlamento y de la Cámara de Cuentas de París. En Rouen, el Echiquier propiamente dicho se convirtió en un tribunal soberano de justicia, con sede fija. Se creó igualmente en Caen una Cámara de Cuentas especial para Normandía, la cual, tras un eclipse pasajero, se trasladó a Mantés. Las finanzas quedaron en manos de un tesorero y un perceptor, ambos con carácter general. Para completar esta separación con todo el resto del país, incluso en el terreno puramente intelectual, el duque de Bedford fundó más tarde, en 1431, una facultad de Derecho en Caen, a pesar de la oposición de los maestros parisinos.

En toda esta organización no existía ningún rasgo específicamente inglés. Enrique V se contentó con adoptar las instituciones existentes y adaptarlas a una administración localizada o con restablecer las que la ocupación capeta había suprimido. Se respetó a todo el personal administrativo y se mantuvo en sus puestos tanto a los oficiales locales como a los bailíos, vizcondes, prebostes y perceptores. Los habitantes no tenían, por tanto, más que funcionarios de su misma nacionalidad. Incluso en la administración central predominó el elemento francés, o para ser más preciso, el puramente normando. Sólo algunos puestos claves fueron concedidos a ingleses, como el de canciller que recayó en Kemp, obispo de Rochester, o el de almirante en el duque de Suffolk. Incluso en el gran consejo, el elemento inglés no fue ni el más numeroso ni el más activo. La dominación lancasteriana se supo ganar en él la colaboración de algunos normandos fieles, que sirvieron su causa y fueron recompensados con favores: tales fueron los casos del caballero Raoul le Sage, señor de Saint-Pierre en el Cotentin, que cuando se produjo el desastre inglés cruzó el canal y se nacionalizó en Inglaterra, o el de Robert Jolivet, abad del monasterio del Mont-Saint-Michel, que no pudo tomar posesión de su abadía, ya que los monjes se mantuvieron irreductiblemente fieles al Delfín y que encontró, al servicio del conquistador, útiles compensaciones a sus desvelos. La población que no se enfrentó a la dominación no fue molestada ni en sus personas ni en sus bienes. La idea, expresada en los primeros días de la conquista, de convertir al puerto de Harfleur en una colonia inglesa no se llevó adelante. Sus habitantes, expulsados en un primer momento, pudieron regresar a sus hogares. Enrique V y, en especial, tras la muerte de éste, su hermano y heredero espiritual, el duque de Bedford, se preocuparon de conservar la buena disposición de los normandos. Confirmaron solemnemente los privilegios locales, las franquicias particulares o generales y en especial la Carta de los Normandos de 1315. Bedford, deseoso de atraerse a la burguesía, devolvió a Rouen una parte de la indemnización de guerra a la que había sido condenada la ciudad.

La organización militar dio al régimen de ocupación una apariencia completamente diferente. Sólo las guarniciones venidas desde Inglaterra podían mantener a Normandía bajo obediencia e impedir en ella cualquier intento de regreso de los partidarios del Delfín. Bajo la ruda dominación de la soldadesca extranjera, el país se olvidó de los beneficios producidos por una administración ordenada y la solicitud de los funcionarios elegidos entre sus nacionales. Como «país de conquista» en el pleno sentido del término, sintió en sus carnes de manera más viva las cargas con que se le gravaba. Todas las tareas de defensa y de policía recayeron desde la conquista en manos de ingleses. Un lugarteniente general, cuyo primer titular fue el conde de Salisbury, fue el encargado de la dirección general de la administración militar, y la ejercía con toda rudeza, a pesar de las pretensiones de rivalizar con él que mostraba el senescal. Se mantuvo el orden gracias a las pequeñas guarniciones inglesas diseminadas en los castillos. En 1421 sólo llegaban a 5000 hombres, y más tarde serán incluso reducidas hasta los 1500 o 2000 hombres de armas. Pero dominaban las comunidades rurales, gracias al sistema de los pátis, salvoconductos colectivos distribuidos, a cambio de un pago, a los atemorizados habitantes, y que permitían imponer duras multas en caso de rebelión. Enrique hubiera querido fijar a la tierra a estas guarniciones, enraizarías en las clases feudales normandas. Pero, casi toda la nobleza territorial normanda se había mantenido fiel al Delfín, prefiriendo el exilio al sometimiento. Sus feudos fueron confiscados en bloque y otorgados a continuación a capitanes ingleses, a cambio de la obligación de proteger el castillo y de mantener un contingente de hombres armados proporcional al valor del feudo. Por encima de la población autóctona, se instalaba así en el país unas clases feudales de vencedores, a la que se pagaba sin ningún desembolso sus servicios prestados durante la conquista, garantizándose, sin gastos especiales, la vigilancia y defensa del país. Para impedir cualquier defección de estos nuevos ocupantes, Enrique V prohibió, bajo pena de muerte, que los enfeudados ingleses abandonasen Normandía. La medida, demasiado severa, fue anulada más tarde por Bedford. Se produjeron entonces algunas defecciones, debidas a la nostalgia, pero los que partieron fueron sustituidos por nuevos venidos, que mantuvieron hasta el final esta dura ocupación militar. Como toda oposición se castigaba implacablemente con severas medidas de confiscación, sucedió que una buena parte del suelo normando, castillos y señoríos campesinos, cayeron en manos de emigrantes extranjeros, ávidos de hacer fortuna y que se comportaban con pureza con sus nuevos vasallos.

Cabe preguntarse en qué medida la población se acomodó a este estado de cosas o, por el contrario, se mostró hostil a ellas. Esto dependió de los momentos, de las zonas y de las clases sociales. Sacrificando todo a su deseo de consolidar rápidamente sus conquistas, Enrique V se mostró brutal y lesionó tranquilamente cualquier tipo de interés. Las expulsiones, confiscaciones y multas, impusieron un régimen de terror. Muerto Enrique, Bedford, tanto por interés como por propia inclinación, se mostró más permisivo y empleó en mayor medida la condescendencia, aunque sin cambiar el fondo de las cosas, evitando herir directamente la susceptibilidad de sus súbditos, permitiendo que se produjeran ciertos acercamientos y se hicieran más firmes algunas colaboraciones. Las diferentes regiones de Normandía no fueron, tampoco, tratadas con el mismo rigor. Los puertos, puntos de desembarco de importancia estratégica, conocieron un régimen de excepción. Las expropiaciones masivas que hemos visto se produjeron en Harfleur se intentaron también en Honfleur, y, probablemente en Cherburgo. Por el contrario, las grandes ciudades del interior, Caen, Lisieux, Rouen, una vez obtenida su capitulación, fueron tratadas con mayor suavidad. Conservaron sus libertades municipales, colaborando de forma satisfactoria con las autoridades de ocupación.

Igual variedad encontramos en lo que se refiere a las clases sociales. La colaboración no fue efectiva más que en dos medios, más influyentes por su peso que por su número. Por una parte, entre el clero, en especial en los detentadores de grandes beneficios, que, en virtud del nuevo sistema de concordatos inaugurado por el papado tras el concilio de Constanza, eran prácticamente nombrados o controlados por el gobierno, lo que ocurría con los obispos, abades y canónigos con prebendas. Es entre ellos donde Bedford encontró la más activa colaboración, ya que él mismo colocará en el solio arquiepiscopal de Rouen a Luis de Luxemburgo, partidario y consejero de los borgoñones. Por otra parte, la burguesía mercantil, tras haber resistido heroicamente al invasor, colaboró sin problemas, a partir del momento en que el orden establecido redundó en mayor prosperidad del comercio. El caso fue particularmente claro en Rouen, sede del gobierno, del consejo, de la cancillería, del Echiquier y que conoció, por ello, una gran prosperidad en los negocios. La reanudación del comercio con Inglaterra terminó de darle el impulso a la ciudad. En el campo, la situación fue muy diferente. La nobleza territorial, salvo excepciones de algunas traiciones, formó un sólido bloque contra el invasor, había elegido voluntariamente el exilio y había preferido la pérdida de sus bienes al sometimiento a la ley del vencedor. Las masas rurales, en el fondo, permanecieron siempre claramente hostiles a los ingleses. No veían en el régimen otra cosa que un señor extranjero, dispuesto a exigir prestaciones y servicios y una guarnición militar próxima, como era habitual dispuesta siempre al saqueo. Los cronistas franceses o normandos, fuera cual fuera el partido al que pertenecían, insisten sobre la oposición irreductible de los campesinos y su espíritu de revuelta. En la narración de algunos de ellos, los ocupantes dan la imagen de bárbaros verdugos, cuyos abusos se soportaban más bien que se aceptaban. Esta gran resistencia no tuvo en todo momento una eficacia parecida. Perseguida muy duramente por el enemigo, la guerra de los partisanos, dirigida por pequeños nobles fuera de la ley y favorecida por las frecuentes complicidades locales, conoció numerosos éxitos, y se fue debilitando luego a medida que la liberación parecía más lejana. Cuando en 1424, el Delfín perdió a las puertas de Normandía, en Verneuil, el único ejército poderoso con el que aún podía contar, la población, desanimada, se resignó a su suerte. En adelante, sólo mantuvieron la resistencia algunos irreductibles apasionados o algunos combatientes audaces llegados desde el sur, que sembraban el terror en sus rápidos ataques. Los campesinos temían su proximidad tanto como a la de las guarniciones inglesas. Para terminar con estos patriotas, se les calificaba de «bandidos», lo que constituía un procedimiento cómodo par ajusticiarlos sin ningún tipo de proceso, cuando caían en manos inglesas. Pero la lucha, reanudada constantemente contra estos misteriosos combatientes irregulares, ponía nerviosos a los ocupantes, recordándoles que nunca se encontrarían seguros en un país enemigo. Las ejecuciones múltiples no conseguían asegurar el orden, sino que exasperaban aún más los odios. Los complots continuaban. En el momento en que Juana de Arco comenzó su prestigiosa carrera, su acción tuvo repercusiones incluso entre la apacible burguesía de Rouen, que se ahogó como se pudo.

La acumulación de tantas dificultades es muy expresiva de la impopularidad y precariedad de la ocupación inglesa. Sin embargo, según confesaba el mismo Enrique V, Normandía seguía siendo la provincia en que más había cuajado la dominación inglesa. En su lecho de muerte, recomendó al duque de Bedford mantener la dominación sobre la provincia a cualquier precio, incluso si tenía que abandonar para ello París. De hecho, el honesto y enérgico regente consiguió, en la medida posible, conservar tan preciosa conquista. Pero, si bien no la perdió, tampoco pudo integrarla. Las medidas de clemencia, las condenas de los excesos de algunas guarniciones, particularmente odiosas, no fueron capaces de garantizar la lealtad de la población. En este país abiertamente hostil, los ingleses sólo consiguieron mantenerse durante treinta años, lo cual constituye un balance favorable, teniendo en cuenta las enormes dificultades.

II. LA FRANCIA ANGLO-BORGOÑONA

Por «Francia anglo-borgoñona» se entiende las provincias en las que, desde el tratado de Troyes, se ejerció en común la dominación de los oficiales ingleses y de los partidarios de los borgoñones. Hay que excluir de ellas los dominios personales de Felipe el Bueno y de sus primos o hermanos menores, los cuales, en virtud del mismo tratado, habían obtenido una promesa de Enrique V que garantizaba su tranquilidad y su total autonomía a manos del joven duque. Eran, en los límites del reino, Flandes, Artois, los condados de Rethel, de Nevers y de Charoláis y el ducado de Borgoña, a los que hay que añadir el condado de Boulogne, vasallo del Artois, pero cuyo legítimo heredero, Georges de la Trémoïlle, había sido desposeído de él por Juan sin Miedo en 1416; Tournai, enclave avanzado del dominio regio sobre el Escalda, que cayó después de 1420 bajo el protectorado de los oficiales flamencos; y el Mâconnais, ocupado desde los inicios de la guerra contra el Delfín por las tropas borgoñonas. Cuando se mira el mapa, no se puede uno dejar de sorprender por la escasez de territorios que efectivamente controlaban los Lancaster, incluso en los momentos de su mayor extensión. Entre Normandía, estrictamente inglesa, el Estado borgoñón y, por otra parte, las extensas zonas que seguían siendo fieles al Delfín, las controladas por los Lancaster se reducían a las comprendidas entre el Somme y el Loira medio, al antiguo dominio regio de Felipe Augusto, es decir, las antiguas bailías que rodeaban París: Amiens, Vermandois, Senlis, Meaux, Melun y Chartres. Se podría añadir también la Champaña. Pero esta provincia, que había sido ocupada en 1418 por los borgoñones, escapaba de hecho al régimen de condominio. Después de 1424, el duque de Bedford ya no ejercerá sobre ella ninguna autoridad, ni siquiera nominal.

Esta dominación de los Lancaster, aunque reducida territorialmente, obtenía enormes beneficios por la posesión de París y de los órganos centrales del gobierno regio. En él no fue precisa ninguna innovación ni depuración. Se encontró con unos servicios completamente reorganizados por Juan sin Miedo, llenos de incondicionales del poderoso duque completamente dispuestos a la colaboración con la nueva dinastía. El tratado de Troyes no podía producir todos los frutos a que los Lancaster aspiraban si el dueño de Francia del norte no seguía siendo aliado incondicional de Felipe el Bueno. En el terreno político, a pesar de algunos enfrentamientos pasajeros, a los que más tarde se hará referencia, Bedford siempre buscó un entendimiento leal y consiguió mantener durante diez años una armonía completa, reforzada con su matrimonio con Ana de Borgoña. En el terreno administrativo, las dificultades fueron incluso menores, ya que el reino de Francia, en tiempos de estos dos príncipes fue administrado por franceses, o para ser más exacto, por borgoñones. La dominación extranjera, por su carácter discreto, se hizo más tolerable para la población. Es cierto que formaban parte del consejo del rey algunos ingleses importantes, hombres de armas, diplomáticos, «visitantes distinguidos», como el cardenal Enrique Beaufort, pero todos los demás miembros, cuya influencia era mayor debido a su estabilidad en los cargos, eran franceses y fieles a los borgoñones. Tales eran los casos de los cancilleres Jean le Clerc y después Luis de Luxemburgo —de la familia de los condes de Saint-Pol, obispo de Thérouanne antes de ser nombrado arzobispo de Rouen y que había hecho una rápida carrera de funcionario en la administración borgoñona como presidente de cuentas e intendente general de finanzas, o Fierre Cauchon, jefe de los servicios del Hôtel tras sus aventuras de universitario del partido de Caboche y en 1420 obispo de Beauvais; Simón Morthier, caballero de la región de Chartres, nombrado preboste de París; el carnicero Jean de Saint-Yon, que llegó a ser intendente de finanzas. A estos funcionarios experimentados y firmes en sus puestos les fueron confiados por Enrique V y luego por Bedford los aspectos esenciales del poder, reservándose solamente los nombramientos de los cargos militares y las concesiones de donaciones y pensiones. Los grandes cuerpos del Estado continuaron así sus tareas rutinarias con el personal borgoñón que ocupaba estos puestos desde 1418. El Parlamento, cuidadosamente depurado por Juan sin Miedo y con un presidente fiel a la causa borgoñona, Philippe de Morvillers, secundó en conjunto la política del regente. Tradicionalmente galicano, puso algunas objeciones en 1425 a la confirmación del concordato que Bedford había aceptado de manos de Martín V, pero su oposición se limitó a algunas protestas poco eficaces, ahogadas por la servil adhesión del alto clero. La misma fidelidad al regente Lancaster se encontró en la Cámara de Cuentas y en la Corte de Ayudas, que fue restablecida por Bedford, después de que Juan sin Miedo la suprimiera, junto con las ayudas en 1418. El buen entendimiento y la colaboración administrativa que se proclamaron en el tratado de Troyes fueron una realidad durante más de diez años entre los que compartían el poder.

Si el prestigio de un régimen político se midiese por la abundancia de su legislación, el de Lancaster no podría calificarse de muy sólido. Enrique V había llegado, sin embargo, con el propósito declarado de restablecer el orden en una administración corrompida, de frenar los abusos de los oficiales y el asalto a los recursos del Estado. Las preocupaciones provocadas por la guerra, junto con su muerte prematura, le impidieron llevar a la práctica estos hermosos proyectos de reforma, a los que no resulta fácil saber si estaba sinceramente apegado. Pero los consejeros borgoñones, que también los habían preconizado y algunos de los cuales, como Cauchon, habían desempeñado un papel de primer orden en el movimiento de Caboche, hubieran podido intentar, finalmente, bajo la dominación de los Lancaster, esta reorganización general de la administración que tantas veces habían evocado. En realidad no hicieron nada, no sabemos si por pereza, inercia o falta de poder. En el único terreno en que hicieron un esfuerzo para llevar a cabo algunas correcciones a los errores antiguos fue en el de la moneda. Pero, la misma abundancia de ordenanzas monetarias, que se sucedían una a otra, muestra las dificultades que existían para poder restablecer y mantener una moneda sana, en un momento en que el país era periódicamente inundado por la moneda del Delfín, continuamente devaluada.

Si bien no tuvieron el mérito de provocar innovaciones, no se puede negar a los anglo-borgoñones el de haber durado. La profunda debilidad de su duración tiene unas causas que han de buscarse fuera de una administración rutinaria, enemiga de las iniciativas. Puede resumirse en tres principales: dificultades producidas por la ocupación militar, ambiciones económicas de los capitanes y barones ingleses y, finalmente, en la misma pobreza de los recursos financieros.

Enrique V había impuesto a Inglaterra un esfuerzo financiero y militar considerable, absolutamente desproporcionado a los recursos del reino, exigido por la expedición de 1415, la invasión de 1417 y los refuerzos enviados al continente en los años posteriores. Después de su muerte, no se pudo continuar financiando una guerra interminable que exigía sin cesar un mayor número de hombres y no conseguía resultados decisivos. El pueblo inglés consideraba, y así lo expresaba a través de sus regentes y sus parlamentos, que había hecho todo lo necesario al otorgar a su rey la posibilidad de ceñir la corona de Francia. Una vez conseguido este objetivo, incumbía a sus súbditos de Francia y no a los ingleses las cargas inherentes a la conquista de las provincias aún rebeldes. Durante todo su gobierno en París o Normandía, Bedford apenas pudo conseguir nada de las Finanzas inglesas, cuyas arcas estaban medio cerradas para él. Se trataba de la puesta en práctica, con todo su rigor, del principio de la «doble monarquía». Para los ingleses, los gastos en Inglaterra y para los franceses aquéllos realizados en Francia. Ambos reinos, aunque tuviesen un soberano común, llevaban vida independiente. Cuando se conseguía el envío desde Inglaterra de refuerzos militares, siempre escasos. Bedford tenía que pagarlos con el presupuestó francés. Faltaban además los hombres necesarios para instalar una red lo suficientemente densa de guarniciones permanentes en las provincias parcial o completamente sometidas. Los puestos más importantes se instalaban a lo largo de los ríos y de los caminos. La escasez de efectivos exigía el empleo de todos los hombres disponibles en operaciones militares activas en el Maine y Anjou, entre el Sena y el Loira. En el resto del país, la situación no era segura, lo que exigía llevar a cabo campañas de castigo destinadas al castigo de los resistentes. La aparente apatía de la población, la sumisión de la nobleza territorial, casi toda ella adicta a la causa borgoñona no habían permitido, como en Normandía, la implantación de una caballería inglesa pagada sin gastos, a base de los feudos que se les concedía. Las guarniciones borgoñonas, cuyos servicios había que utilizar con mesura, actuaban por su propia cuenta y no eran de una fidelidad absoluta, como se pudo comprobar en Champaña. Aunque la población ofreciese una menor resistencia activa que en Normandía, el invasor lo controlaba más de lejos y no ejercía sobre ella más que una dominación titubeante e insegura en cuanto al futuro. París se había entregado apasionadamente al duque de Borgoña, debido a su odio hacia los Armagnacs. La ocupación inglesa le hizo olvidar el régimen de terror al que había escapado. Hubo críticas contra la guarnición extranjera, sin llegar sin embargo a la rebelión abierta. El campo era mucho menos seguro. A causa de ello, ciertas regiones pudieron conservar durante mucho tiempo sus capitanes Armagnacs o bien hubo en ellas, según los avatares de la guerra, guarniciones fieles al Delfín, formando dispersos islotes de resistencia que hacían inseguros los caminos y que practicaban audaces expediciones de saqueo. Sería interesante poder situar en el mapa estos puntos de resistencia, valorar su densidad y el peligro que significaron. Pero oscilaron mucho en el espacio y en el tiempo. Hubo un momento, a finales de 1423, en que eran muy numerosos, no solamente alrededor de París y en Champaña, sino también en Ponthieu, en Picardía y en los límites del condado de Rethel y el ducado de Bar. Bandas partidarias del Delfín llegaron entonces hasta los mismos muros de París. Una vigorosa contraofensiva consiguió someter casi completamente a estos insurgentes. Quedaron sin embargo algunos, y otros reaparecieron. La epopeya de Juana de Arco nos ofrece dos ejemplos muy conocidos. En los límites orientales de Champaña y en el Barrois, provincias enteras conservaron piadosamente el recuerdo de Luis de Orleans, que había sido poderoso en la región, manteniendo su fidelidad al Delfín y no pasándose nunca al partido borgoñón. Es también conocida la autoridad de que disfrutaba en las aldeas de Argonne Robert de Baudricourt, capitán de Vaucouleurs por cuenta del rey de Bourges. Y, en plena Ile-de-France, la expedición realizada para la consagración de Carlos, se apoderaría de Compiégne, donde Guillaume de Flavy instaló una guarnición fiel al Delfín, muy cerca de la ruta de Flandes y de Creil. Los Lancaster, que dejaron en manos de los borgoñones el mantenimiento del orden, nunca ejercieron una dominación efectiva sobre el norte de Francia. La facilidad con que Troyes y luego Reims abrirían sus puertas cuando iba a producirse la consagración del rey muestra de sobras que la dominación anglo-borgoñona era en estas ciudades más nominal que efectiva.

Las exigencias de los barones y de los capitanes ingleses fueron también una grave dificultad para el gobierno de Bedford. Todo aquél que venía a hacer la guerra a Francia, fuese grande o pequeño, quería su parte en los despojos del vencido. Había que pagar los servicios prestados, conservar en el continente a los mejores capitanes mediante la concesión de buenos señoríos y situar ante los ojos de los indecisos el espejismo de las liberalidades futuras para incitarlos a cruzar el canal de la Mancha y engrosar los contingentes militares. Los bienes de los vasallos rebeldes, en especial los de los príncipes apanagistas, como Maine, Perche, Alençon y Eu —aunque algunos de ellos aún seguían sin ser conquistados— fueron suficientes para calmar los deseos más voraces. La parte del león recayó en personas como Warwick, Salisbury, Suffolk, Talbot y Fastolf. A los demás, y eran muy numerosos, hubo que concederles tierras y asignarles pensiones. Es por esta razón por lo que Bedford se había reservado, en el gobierno del reino, el control de los favores. Muy pronto se vio desbordado en esta tarea sin fin. Como no se producían confiscaciones suficientes como para satisfacer todas las ambiciones, fue preciso ir enajenando trozo a trozo el dominio regio, ya lastimosamente reducido a causa de la guerra civil, y además confiscar todo tipo de rentas del tesoro que iban aumentando sin cesar el déficit presupuestario. Los partidos de los borgoñones habían sido los primeros en obtener beneficios, y no se les podía desproveer de ellos o cortarles sus recursos bajo pena de que llegasen a la traición. El problema era de dónde obtener las sumas necesarias para satisfacer a tanto servidor famélico.

En el norte de Francia, los Lancaster heredaron todas las dificultades fiscales de los Valois, agravadas por las necesidades de la guerra y de la ocupación militar. Juan sin Miedo, prosiguiendo sus planes demagógicos, había suprimido las ayudas, cargas sobre los fuegos o impuestos indirectos, conservando solamente la gabela de toda la impopular fiscalidad anterior. A partir de 1420, Enrique V obtuvo de los Estados del Languedoïl, en el momento de la ratificación del tratado de Troyes, el restablecimiento de los derechos sobre las mercancías, aunque con una tasa inferior a la anteriormente existente, fijadas en 1/20 para las transacciones mercantiles, a 1/4 para el vino y las bebidas. Muy pronto fue preciso volver a reimplantar los impuestos sobre el fuego. Pero el régimen de Lancaster, sin saber qué opinaban los súbditos, no podía imponerlos de un plumazo, sino que era preciso consultar a los Estados. Por otra parte, no le gustaba nada tener que reunir frecuentemente a los representantes de todos los Estados del Languedoïl anglo-borgoñón. De hecho, no lo hicieron más que una sola vez, después de la victoria de Verneuil, en un momento en que su prestigio, recientemente engrandecido, les permitió obtener la votación favorable de una enorme talla, de 240.000 libras. Por otra parte, las provincias del antiguo dominio, como la Ile-de-France, Picardía, Vermandois, Champaña no tenían tras ellas una larga tradición de celebración de Estados locales. Respetuoso con todas las costumbres, Bedford sólo recurrió a ellas en muy pocas ocasiones. Se conoce la celebración de una asamblea conjunta de Champaña y de Picardía en la primavera de 1424, y eso es todo. Por otra parte, como principales víctimas de la guerra civil, estas provincias exhaustas eran incapaces de realizar un esfuerzo fiscal continuo y eficaz. A pesar de lo mal que conocemos los detalles de la administración de los Lancaster en estas regiones, parece que Bedford se tuvo que conformar, en lo referente a los impuestos directos, con unos pequeños subsidios votados de cuando en cuando por los delegados de algunas ciudades o de las pequeñas asambleas de las bailías. Todo el peso de los impuestos recaía así sobre la ciudad de París, cuya burguesía se veía presionada por todos los regímenes, así como sobre Normandía. Más sólidamente ocupada y más severamente administrada a la vez que menos devastada por las guerras, Normandía desempeñó el papel, en todo el sentido de la expresión, de la vaca lechera del régimen de los Lancaster. Los Estados locales eran allí tradicionalmente más activos que en el antiguo dominio regio. Enrique V y Bedford se cuidaron muy mucho aquí, como en otros sitios, de hacer innovaciones. Reunieron con frecuencia a los representantes del ducado, en Rouen, en Vernon, en Caen, en Mantés y a veces incluso en París. Sabemos de la celebración de más de veinte sesiones de los Estados normandos solamente en un período de trece años, entre 1422 y 1435. Continuamente se les exigía dinero, cuya concesión votaban con toda docilidad. El volumen de tallas concedidas de este modo oscilaba entre 100.000 y 300.000 libras por año. Pero resulta imposible conjeturar en qué medida los recaudadores eran capaces de imponer a una sola provincia del reino, sumas tan elevadas. De todos modos, seguían siendo inferiores a las necesidades de la administración, y, en especial, a las de la guerra. Baste pensar en que a comienzos del siglo la monarquía de los Valois imponía al conjunto del reino unas tallas que proporcionaban una cifra que superaba el millón de libras, para comprender hasta qué punto el invasor tuvo que contentarse con unos ingresos disminuidos, en un momento en que la prosecución de la guerra y de la conquista provocaba unas exigencias siempre crecientes.

La totalidad de los recursos disponibles se reservaba, por tanto, de forma estricta a la guerra. Régimen de ocupación que los Lancaster habían considerado pasajero pero que duró tanto tiempo como ellos y no les permitió ganarse a la población, ya que nunca otorgó a ésta la tranquilidad frente a los conflictos civiles. Al menos, el valor combativo de estas tropas, tanto en lo que se refiere a las que realizaban cabalgadas aisladas en escalones móviles, como las de guarnición, dispersas en los castillos, se mantuvo escrupulosamente gracias a un sistema de aprovisionamiento regular de víveres y material, al pago en fechas fijas de unas soldadas elevadas, cosa que hacía mucho que no sucedía entre las tropas que guerreaban al lado del Delfín. Fue esta organización rigurosa de un ejército de muy pocos efectivos lo que permitió el mantenimiento del régimen anglo-borgoñón, a pesar de la ocupación militar incompleta y de la precariedad de sus recursos fiscales. Visto desde dentro, daba la impresión de estar tocado por una debilidad incurable, de ser un moribundo antes incluso de haber nacido. El valor de los jefes que emprendieron esta tarea quimérica y sin esperanza explica tanto su parcial éxito como su mantenimiento durante más de quince años. Finalmente, hay que decir que también les acompañó la suerte, en especial la de no encontrar enfrente a hombres de su talla, capaces de acabar de un plumazo con el frágil castillo de naipes de la «doble monarquía».

III. EL REINO DE BOURGES

Toda la Francia del centro y del sur, a excepción de la Guyena inglesa, permaneció fiel a la causa del Delfín Carlos, tras su desheredamiento. Al entrar en la capital, en mayo de 1418, los borgoñones habían hecho ostentación de ejercer el dominio sobre la mayor parte del reino. Hubo un momento en que los gobernadores nombrados por Juan sin Miedo, en especial Juan de Chalón, príncipe de Orange, apoyado por Juan de Grailly, conde de Foix, habían conseguido el reconocimiento del Languedoc, donde los abusos del difunto duque de Berry habían soliviantado a la opinión en contra de los Armagnacs. Un viaje del Delfín a las provincias meridionales, junto con la toma de Nîmes y del Pont-Saint-Esprit, consiguieron poner al Languedoc bajo su obediencia. Pero las ricas senescalías fueron confiadas poco tiempo después (1425) al conde de Foix, partidario ahora del Delfín, el cual, como todos sus predecesores, se dedicó a esquilmarlas cuidadosamente, ejerciendo el poder de forma casi autónoma y ampliando los límites de su lugartenencia a las provincias vecinas, el Agenais y la Rouergue, disputadas a los ingleses sin demasiado ardor.

Las fronteras entre ambas dominaciones siguieron siendo forzosamente poco claras y variaron de acuerdo con la alternancia de éxitos en la guerra. Si en el norte se luchaba por la posesión de las provincias situadas entre el Sena y el Loira, es decir, de las marcas bretonas hasta Morvan, en el este, por el contrario, el frente borgoñón se estabilizó a partir de 1423 siguiendo una línea que remontaba el Loira entre Gien y Roanne —y en la que se luchó durante largo tiempo por la posesión de las dos cabezas de puente de la Chanté y Marcigny, que amenazaban al Berry y al Borbonesado, respectivamente— y después, deslizándose hacia el este, entre el Mâconnais y el Beaujolais, llegaba finalmente hasta el Bresse, posesión de la casa de Saboya, cuya neutralidad seguía siendo más bien favorable a la causa borgoñona. En el suroeste, se desarrollaba una guerra oscura de asedios y de golpes de mano que tenía como teatro la Saintonge, el Limousin, el Perigord, el Rouergue y el Agenais.

En el interior de estos límites, Carlos era reconocido en tres grupos de provincias: por una parte, por las regiones del Loira, lindando al norte con los dominios de las casás de Anjou y de Orleans, y hacia el sur con los de Borbón. Se trataba del Poitou, la Turena y el Berry, lugares de residencia preferidos del joven príncipe al que pronto sus enemigos apodarán con el satírico nombre de «rey de Bourges». El grupo meridional estaba constituido por el Languedoc y sus aledaños, cuyas vicisitudes hemos recordado hace poco. Finalmente, por el sureste, el Delfinado estaba afortunadamente unido al reino gracias a la posesión de Lyon, posición estratégica de primer orden frente a los dominios borgoñones y cuya fidelidad se hizo firme desde los primeros momentos. Más adelante, los cónsules de Lyon recordarán al victorioso Carlos VII, no sin un algo de orgullo, que su ciudad había sido «una de las que nunca había cambiado de lado». En su casi totalidad, estas provincias que acabamos de enumerar habían formado el apanage o gobierno de los príncipes de la facción orleansistas hasta fechas muy recientes: Turena y el Delfinado, posesiones de los hijos de Carlos VI y, en último lugar, del mismo Delfín Carlos; Berry, Poitou y Languedoc, donde había gobernado el duque de Berry. Y, en 1418, la fidelidad de los príncipes era realmente la única fuerza auténtica con que contaba este joven de diecisiete años al que los borgoñones hablan expulsado de París. Tenía a su favor a los Anjou, ya que estaba prometido a María, hermana de Luis III de Anjou y del mismo Renato, al que otro matrimonio posterior convertirá en duque de Lorena. Privado del apoyo del condestable de Armagnac, encontró una tutora autoritaria en la persona de su suegra, la viuda de Luis II de Anjou, Yolanda de Aragón, a la que se apodaba en Francia «la reina de Sicilia» y que intentaba armonizar los intereses angevinos con los de su yerno. Contaba también con la fidelidad de los Orleans, aunque es cierto que el duque Carlos fue durante muchos años prisionero de los ingleses y ocupó las horas de ocio de su largo cautiverio en pulir su habilidad poética, que le convirtió en uno de los más delicados poetas de Francia del siglo XV. Pero, en su ausencia, el apanage orleansista fue administrado por los oficiales del Delfín. Y, en especial, el hermanastro del prisionero, el bastardo Juan, conde de Dunois, puso sus armas al servicio de la causa de los Valois. Tenía, finalmente, a su favor a los Borbón, y, en ausencia del duque Juan, también prisionero de los ingleses y que murió en el cautiverio, la duquesa María de Berry, que ha anexionado la Auvernia a las extensas posesiones de su marido, sirvió con toda fidelidad a la causa del Delfín. Sus tropas frenaron eficazmente el empuje borgoñón en los límites del Charoláis y el Beaujolais. Ciertamente, el reino de Bourges fue presa durante muchos años de la anarquía, el desorden y la ruina. Pero no por eso dejó de constituir, gracias al apoyo de los príncipes apanagistas, un grupo compacto de territorios en el que no se produjo ninguna disidencia seria, en el que no había islotes de resistencia ni movimientos partisanos que debilitaban tan peligrosamente a la Francia anglo-borgoñona.

En medio de una vida errabunda y de limitados recursos que se desarrollaba a orillas del Loira, el Delfín no estaba ni tan aislado ni tan abandonado como muchas veces se ha descrito. Al apoyo de los príncipes venía, además, a añadirse la incomparable ayuda de los funcionarios monárquicos, fieles en su conjunto al servicio de los Valois. Había tenido que abandonar la capital al enemigo, y con ella la totalidad de los órganos centrales de gobierno. Fue preciso reconstruirlos, como se pudo, en el exilio, alojándoles en las ocasionales residencias situadas al sur del Loira. Como lo había sido Troyes para la reina y los borgoñones de 1418 a 1420, Bourges fue para el Delfín una especie de capital, en la que se instalaron los principales servicios públicos. Era allí donde se reunía preferentemente el consejo del Delfín cuando no seguía al príncipe en sus desplazamientos. Fue allí donde se organizaron las oficinas fijas de la cancillería y donde se instaló, tras una corta estancia en Tours, la Cámara de Cuentas. Poitiers, otra capital del apanage de los Berry, fue la sede de los servicios específicamente judiciales. La ordenanza de Niort, proclamada el 21 de septiembre de 1418, instalaba en ella el Parlamento. Considerando que la depuración practicada en París por el duque de Borgoña había significado la práctica supresión del antiguo Parlamento y siendo el nuevo ilegal, el Delfín trasladaba la sede del más alto tribunal del reino al antiguo palacio de los condes de Poitiers. En un principio, se trató solamente de un tribunal muy reducido que solamente contaba con dieciocho jueces, consejeros o jueces de apelaciones. Sólo se pudo organizar dos cámaras, la gran cámara y la cámara criminal. La cámara de apelaciones y la de encuestas se reorganizaron mucho más tarde, cuando el personal fue más numeroso y cuando las causas comenzaron a afluir en número mayor, ya que la inseguridad que reinaba en todo el reino había reducido a casi nada el ámbito de jurisdicción y la autoridad de este Parlamento exiliado. Se tuvo que recurrir, incluso, entre 1420 y 1428, a la creación y funcionamiento de un Parlamento independiente, emplazado primero en Toulouse y luego en Béziers, en el que se juzgaban in situ las causas del Languedoc, y ello a pesar de la repugnancia clara que había mostrado siempre la monarquía a la hora de descentralizar sus tribunales soberanos. Finalmente, se reorganizó en Poitiers en 1425 el Tribunal de Ayudas, también compuesto por un número inferior de personas, ya que estaba reducido a siete miembros.

En conjunto, la fidelidad de los oficiales monárquicos a la causa del Delfín había facilitado esta reduplicación de instituciones. Las masivas destituciones efectuadas por Juan sin Miedo en 1418 y completadas más tarde por Enrique V en 1420, en el Parlamento, el Hôtel, los servicios financieros y los tribunales soberanos habían sido un rudo golpe para un cierto número de abiertos partidarios de los Armagnacs, pero también contra muchas personas neutras o tibias, deseosas ante todo, como en un momento determinado lo había estado el Delfín Luis de Guyena, de la vuelta a la paz interior. Sustituidos por oscuros borgoñones, poco duchos en el manejo de los asuntos públicos y que no fueron capaces de dar a las instituciones parisinas el lustre de que gozaban los representantes de la autoridad monárquica, los oficiales destituidos se vieron abocados a unirse en bloque al partido del Delfín y condenados al exilio. Aportaron al reino de Bourges, en el que ellos veían la única continuación legítima de la administración monárquica, su dedicación desinteresada, a veces prevaricadora, pero siempre fiel. Formaron de esta forma el armazón institucional de un régimen que, sin ellos, se hubiera visto quizá oscurecido. Había más candidatos de los precisos para unos servicios ostensiblemente disminuidos. Las elecciones que se hicieron, dentro de la enorme masa de solicitantes, no siempre fueron muy acertadas. Demasiados funcionarios, aunque tenían una experiencia y unas cualidades cuyo valor se mostró claramente después. En el Parlamento fue elegido primer presidente Jean de Vailly, viejo consejero de gran experiencia, enemigo de siempre del grupo de Caboche y como presidente a Jean Jouvenel, antiguo guarda de la prebostería de los mercaderes y más tarde abogado del rey y canciller del duque de Guyena y, finalmente, presidente del Tribunal de Ayudas, y que supo colocar a su lado a sus dos hijos, uno de los cuales fue el futuro arzobispo de Reims y cronista, más conocido por el nombre latinizado de Juvenal de los Ursinos. Se otorgó también un puesto a Arnald de Marle, hijo del antiguo canciller asesinado por su condición de partidario de los Armagnac en 1418. A la cabeza de los servicios financieros, la reina Yolanda impuso a Jean Louvet, hombre de poca honestidad y presidente de la Cámara de Cuentas de Provenza, cuya desgracia provocará más tarde la misma reina. En el Tribunal de Ayudas, además de dos miembros del antiguo tribunal suprimido por los borgoñones, se nombró a dos antiguos miembros del Parlamento que habían sido protegidos por Luis de Guyena y Luis de Orleans, y a otros tres puatevinos antiguos servidores del duque de Berry. Incluso en la administración local se podía encontrar una mezcolanza parecida. También en ella, junto a hombres mediocres y aprovechados, hubo servidores enérgicos y leales, como Imbert de Grólée, gentilhombre de la Bresse que desde 1419 hasta su muerte, acaecida en 1434, fue un notable senescal de Lyon y dirigió en el ámbito de su jurisdicción, la resistencia, a menudo victoriosa, contra las expediciones borgoñonas y contra las intrigas de Saboya.

Superior al régimen de los Lancaster por la extensión de los territorios dominados, por el apoyo de los príncipes apanagistas y las cualidades de su personal administrativo, el reino de Bourges dispuso de recursos todavía más grandes, que, de no haberlos dilapidado por una gestión fraudulenta y por unos cortesanos rapaces, hubieran permitido un esfuerzo militar más fuerte. Al igual que su rival Bedford, Carlos utilizó los impuestos ya existentes, continuó recaudando la gabela y las ayudas sobre las mercancías y exigió a los Estados la concesión de tallas constantemente renovadas. Los tiempos felices en que Carlos V y su hijo habían decretado por su propia autoridad el montante de las tallas no volverán a producirse hasta el momento en que la monarquía haya recobrado, junto a su unidad, su antiguo prestigio. Pero las asambleas de los Estados, que se convocaban en ocasiones varias veces al año, raramente se oponían a las peticiones gubernamentales. Y como las provincias a él sometidas eran, en conjunto, más ricas y se habían empobrecido menos que aquellas en las que dominaba Bedford, el rey de Bourges obtenía de ellas, al menos sobre el papel, sumas considerables. Solamente para el año 1424, año evidentemente excepcional, pues en el terreno militar se procedió a la recluta de un gran ejército, se obtuvo el global siguiente: en marzo, de los Estados de Languedoïl, reunidos en Selles-sur-Cher, una talla de un millón de libras, en mayo 150.000 libras de los Estados de Languedoc, convocados en Montpellier, y una suma equivalente en diciembre de una sesión de los Estados generales celebrada en Clermont. Entre tanto, otras reuniones locales, como la de Saintonge, en junio, o las de Velay, Gevaudan y Vivarais, en septiembre, concedían una ayuda suplementaria, mientras que el Poitou tenía que hacer frente por su cuenta a un incremento de 50.000 libras. En conjunto, significaba unas cinco o seis veces lo que Bedford podía aspirar a conseguir en sus dominios. En los años normales, cuando los Lancaster obtenían 100 o 200.000 libras, los Valois conseguían por lo menos 500.000. La diferencia seguía siendo todavía muy grande. Por supuesto, habría que saber hasta qué punto el país, cuyos recursos se iban agotando progresivamente, pagaba de forma efectiva las enormes sumas que se le exigían. También habría que saber qué cantidad del dinero recaudado llegaba a las arcas del rey de Bourges. Sospechamos que se producían dispendios sin límite, desvío de recursos y dilapidaciones debidas a la prodigalidad del Delfín con respecto a unos favoritos indignos. En los primeros años de su exilio, Carlos vivió en un estado de absoluta penuria, sin contar apenas con lo suficiente para vestirse con decoro —y, sin embargo, su amor por los paños lujosos era tan grande en él que será capaz de sacrificar para adquirirlos todo lo que le proporcionase su disminuido presupuesto—, rodeado solamente de algunos incondicionales, igualmente pobres. Sus oficiales, mal alojados en «capitales» demasiado pequeñas, recibían sólo de forma irregular unos salarios de miseria. La corte se fue reconstruyendo poco a poco, yendo errante de una residencia a otra, de Tours a Chinon, y finalmente a Bourges. Pero seguía escaseando el dinero. Se siguieron empleando con gran asiduidad las viejas soluciones, como las devaluaciones monetarias, hasta el punto de que los Estados de Chinon, convocados en 1428, poco antes del asedio de Orleans, se opusieron a cualquier concesión de subsidios nuevos en tanto que no se revalorizase y estabilizase la moneda.

En mitad de este desbarajuste, no resulta extraño que el esfuerzo militar que se hacía contra los anglo-borgoñones quedase no sólo por debajo de las necesidades, sino también de las limitadas acciones que conseguía llevar a cabo el duque de Bedford, incluso con unos recursos inferiores. Si bien el ejército inglés era poco numeroso, insuficiente para las tareas que tenía que realizar, por lo menos era coherente, bien equipado y pagado con regularidad. La disciplina era en sus filas severa y eficaz. Carlos solamente podía contar, en su reino, con los capitanes armagnacs, reliquias de la guerra civil, cuyas costumbres de rapiña e indisciplina habían quedado inveteradas. Algunos adquirirán una aureola de gloria debido a su participación posterior en la epopeya de Juana de Arco, pero La Hire y Xaintrailles, Ambroise de Loré, los gascones Arnald Guilhen de Barbazan y Aymeric de Séverac, e incluso «el gentil Dunois», seguían siendo capitanes de bandidos. Para organizar expediciones más poderosas, Carlos puso todas sus esperanzas en los mercenarios extranjeros, en especial en los temibles escoceses que le enviaba el regente Albany, muy satisfecho al mismo tiempo de desembarazarse de rivales peligrosos. Sus jefes, como Archibald, conde de Douglas, John Stuart, duque de Buchan, serán recibidos con los brazos abiertos por el rey de Bourges, y se les otorgarán tierras y pensiones y, en 1421, Buchan recibirá la espada de condestable. Pero consideraban a Francia como un país conquistado, y la población acogió como una liberación su exterminio en el campo de batalla de Vemeuil.

La gran debilidad del partido del Delfín, que en último término fue la causa de los repetidos fracasos y de la mala política defensiva frente a los anglo-borgoñones, radicaba en la misma personalidad de su jefe y de los consejeros que tenía alrededor. Resulta difícil imaginar a un príncipe menos apto para concitar en su torno el entusiasmo, para defender una causa en peligro o para actuar como un jefe o un rey. Tanto en el terreno físico como en el moral, Carlos era un hombre débil y un pobre degenerado. Este Delfín, último hijo de una familia numerosa —sólo contaba dieciséis años en 1418— y que no estaba destinado a ocupar el trono de Francia, era un hombre de estatura pequeña, cuerpo frágil, con una cara desprovista de expresión, en la que unos ojillos atemorizados, socarrones y somnolientos se ocultaban tras una nariz larga y ancha, sin animar ningún tipo de rasgo duro o enérgico. Desde muy niño se le había prometido en matrimonio a María de Anjou y, a partir de 1412, fue la reina Yolanda la que se encargó de su educación. Solamente fue capaz de librarse de esta humillante situación con bastante retraso, cuando, a la muerte de Juan de Turena tuvo que hacerse cargo de la jefatura del partido Armagnac, aunque volvió a caer bajo la enérgica férula del odiado condestable. Las amarguras de una infancia rodeada de peligros y de enemistades, le sirvieron para iniciarse en las artes del disimulo y la hipocresía, y, tenemos la impresión de que el atentado de Montearau, a pesar de sus protestas de inocencia, había sido preparado de antemano. Su extrema debilidad hizo de él un hombre tímido e indolente, poco seguro de sí mismo, de sus partidarios e incluso de sus derechos. Angustiado por la ofensa que le había sido inflingida en el tratado de Troyes, se preguntaba continuamente con ansiedad si su madre no habría dicho la verdad y era, por tanto, un simple bastardo. Y, en ese caso, ¿para qué luchar? En algunas ocasiones, supo sobreponerse a los insultos y proclamar en alta voz el justo derecho de sil causa, como en enero de 1421, cuando el Parlamento de París, proclamándole el asesino de Juan sin Miedo, le declaró expulsado del reino e incapaz de ostentar ningún tipo de señorío, o como en noviembre de 1422 en que, cuando se le anunció la muerte de su padre, proclamó su sucesión al trono de Francia y juró ante algunos fieles en el castillo de Mehun-sur-Yévre que no depondría las armas hasta que no hubiera recuperado completamente su reino. Pero muy pronto volvió a caer en su temerosa apatía, que era aprovechada por los miembros de su entorno para repartirse los despojos del reino. Aparte de algunas veleidades —a partir de 1422 renunció a dirigir en persona sus ejércitos—, no tenía confianza en la suerte de sus armas y abandonaba antes de llevarlos a cabo sus proyectos de expediciones destinadas a oponerse al invasor. En ningún momento perdió la esperanza de obtener por procedimientos diplomáticos la reconciliación, que era el único medio, en su opinión, de conseguir expulsar a los ingleses de Francia. Pero, en este camino de la reconciliación, sus consejeros no hacían más que poner dificultades, atizando los odios anti-borgoñones, que constituían sus únicas formas de vida. Demasiado débil para ganar la guerra y demasiado indolente para la negociación, Carlos era una decepción constante para todos aquéllos —y eran aún muchísimos— que veían en él al heredero legítimo de una dinastía gloriosa. Eterno y melancólico errante de una residencia a otra, silencioso, solapado, supersticioso, este adolescente eterno se dedicaba a esperar el golpe de suerte que le permitiera revelarse como un hombre y convertirse en rey.

Y, ¿qué se podría decir de aquellos miembros de su entorno que ocupaban un lugar de privilegio y mandaban a los dóciles funcionarios? El canciller Robert le Maçon, el presidente Louvet o Tanguy du Châtel, que compartían su influencia en los primeros años del reino de Bourges, representaban a los últimos supervivientes del partido Armagnac, los instigadores del crimen de Montereau, oscuros partidarios formados durante la guerra civil que habían aprendido a vivir y prosperar en ella y que no concebían otra forma de mantenerse en el poder, sino la prolongación de la lucha de partidos. Para no verse amenazados con la pérdida de su lugar de privilegio, podía vérseles recurrir a los procedimientos de la guerra civil, rebelarse en nombre de su señor contra los que les habían suplantado en su favor. Sus sucesores, forzoso es confesarlo, no fueron mucho más valiosos que ellos. Las querellas, intrigas, complots, revoluciones de palacio, volvieron a producirse en el entorno de este soberano demasiado joven, como había ocurrido en torno a su pobre padre loco. Y, como Carlos tardará mucho en convertirse en un hombre, fue también muy tardíamente cuando se desembarazó de este grupo corrosivo, mediante el asesinato, si era preciso. Habrá que esperar hasta 1433 para que caiga ante el ataque de sus asesinos el ambicioso Georges de la Trémouille, que fue durante muchos años el genio perverso del rey de Bourges.

IV. LA EVOLUCIÓN DE LA GUERRA: EL ASEDIO DE ORLEANS

Las operaciones militares que se sucedieron durante cerca de nueve años, desde la conclusión del tratado de Troyes hasta la aparición de Juana de Arco, tanto en el frente borgoñón como por las líneas inglesas, se prestan con dificultad a hacer de ellas un relato continuo. Si hubieran sido llevadas a cabo por un invasor poderoso hubieran tenido como manifestación una sucesión constante de cabalgadas —la de Azincourt fue en realidad la última— que hubieran permitido decantar la decisión a favor de un vencedor que de antemano sabemos cuál hubiera sido. Pero la incapacidad de los Lancaster para culminar su ocupación les obligaba a la dispersión de sus fuerzas y a la pérdida de un tiempo precioso para acabar con los islotes de resistencia y estar siempre preparados ante la reanudación de la ofensiva por parte de los partidarios del Delfín. Todo quedaba reducido, a fin de cuentas, a golpes de mano, a la conquista por sorpresa de algunas plazas fuertes, a expediciones de saqueo llevadas con mayor o menor fortuna hasta el corazón del terreno adversario, o algunos asedios más prolongados de ciudades. Terreno maravilloso para los estudios de historia local que puede, en escenarios de operaciones de carácter limitado, como Anjou, Nevers o Borgoña meridional, seguir con detalle las vicisitudes de la guerra de forma precisa; o para la biografía histórica que, tomando como tema de estudio la vida de cualquier capitán famoso, como el puatevino Perrinet Gressart entre los anglo-borgoñones, o el castellano Rodrigo de Villandrando entre los partidarios de Carlos VII puede pasearnos, siguiendo a su héroe, por los diversos escenarios de sus hazañas. Conviene renunciar a conseguir esta visión amplia y simplista de todos estos acontecimientos que la historia militar exige de la narración de los grandes conflictos armados, en especial si tenemos en cuenta que en este triste período, las dificultades políticas, cada vez mayores, en ambos campos, así como las alternativas cambiantes de los acercamientos diplomáticos eran elementos que dificultaban los planes trazados por los capitanes. Disociar estos hechos diplomáticos y políticos de los acontecimientos específicamente militares sería dar a estos últimos una incoherencia todavía mucho mayor de la que en realidad tuvieron. Es absolutamente preciso, para no hacer una poda demasiado grande en una realidad histórica tan compleja, intentar la clasificación de algunas grandes fases, señalar las etapas que se produjeron y hacer hincapié en algunas fechas particularmente significativas. Al hacer esto, el historiador es capaz de ver las cosas más claramente que los contemporáneos que, al estar encima de una actualidad en movimiento, tenían un campo de perspectiva que no les permitía discernir los cambios fundamentales en un océano de hechos muy variados. Para darse cuenta de esta miopía basta con leer el preciosísimo Diario de un burgués de París, partidario anónimo de los borgoñones, fiel reflejo de los sentimientos imperantes en la capital, interesado únicamente en señalar el aumento de los precios de los artículos cotidianos, en insistir en las dificultades del aprovisionamiento, dando más importancia a los cambios constantes de la opinión que a las decisiones mucho más graves de diplomáticos y capitanes, o incluso la interesante Crónica de Jouvenal des Ursins, la cual es una manifestación, con cierto retraso y con la preocupación constante por atribuirse el papel principal, de los recuerdos de un moderado entre los consejeros de Carlos VII. Si bien en uno y otro campo se puede apreciar de manera cada vez más clara la importancia del envite que constituía la suerte del prestigioso reino de Francia, no se vislumbra con la misma claridad la evolución de los acontecimientos ni la dirección hacia la que se lanzaban los hombres con toda pasión.

La obra de Enrique V y la apertura de la sucesión, hasta mediados del año 1423, constituyen la primera fase de esta confusa historia, cuyos aspectos más sobresalientes conviene precisar. El rey de Inglaterra, con la aureola de una gloria militar sin precedentes y orgulloso de sus éxitos diplomáticos, que ponían a su alcance una corona ambicionada desde hacía tanto tiempo, no había acabado, por ello, su obra simplemente con su matrimonio con Catalina de Francia. El objetivo de su política, como el de la de su aliado borgoñón, era acabar con el Delfín, único obstáculo para la unificación del reino bajo la dinastía Lancaster. Sin embargo, aún no había llegado el momento de atacarle en su propio cubil, situado al sur del Loira, en el que, sin embargo, parecía ser fácilmente vulnerable. La causa de ellos estribaba en que, fiel al método ordenado que había adoptado hasta el momento, Enrique quería completar la sumisión de las provincias conquistadas antes de avanzar más. En todas partes, en Ponthieu, en Picardía, en Champaña y la Ile-de-France, las guarniciones Armagnacs seguían amenazando de algún modo sus comunicaciones. Estas guarniciones seguían existiendo en las orillas del Oise, del Marne y del alto Sena, haciendo difícil el aprovisionamiento de París. Serían necesarios largos meses para ir reduciéndolas una por una. Bastará con un ejemplo, ilustrativo de este fenómeno. La entrada en París de los soberanos para proceder a la ratificación del tratado de Troyes se vio retrasada por el prolongado sitio y la toma de Melun (17 de septiembre de 1420), mientras que un grupo borgoñón entraba por sorpresa en Montereau y se llevaba consigo hasta la cartuja de Champinol el cadáver de Juan sin Miedo. Hubiera sido posible, inmediatamente después, trazar un plan de ataque contra las fuerzas del Delfín, pero el regente, sin darse cuenta de los peligros que ello comportaba, dejó a sus lugartenientes las manos libres para satisfacer sus propias ambiciones personales. Había concedido el Maine a su hermano Clarence y el Perche a Salisbury, y ambos se apresuraron a tomar posesión de su nuevo apanage, dispersando en unas zonas alejadas unas fuerzas insuficientes. Finalmente, el propio Enrique debió de pensar en su reino insular, del que faltaba de forma constante desde hacía más de cuarenta meses. En enero de 1421, hizo coronar en Westminster a la reina Catalina. Allí mismo convocó un nuevo Parlamento, hizo relación de los resultados gloriosos obtenidos desde su última partida, predijo la próxima finalización de toda resistencia organizada del partido del Delfín, obtuvo para estas últimas operaciones la concesión de un nuevo subsidio y comenzó a poner en pie de guerra, lentamente, un nuevo ejército de apoyo.

Estos descuidos y estos retrasos tuvieron consecuencias muy graves, ya que la victoria final, que parecía muy próxima, se vio retrasada a mucho tiempo después. Durante su ausencia, los conquistadores del Maine se dejaron sorprender por las tropas franco-escocesas del conde Buchan, que ganaría en el campo de batalla su espada de condestable. El duque de Clarence, el mejor lugarteniente de Enrique y su presunto heredero, murió en la batalla de Baugé, en Anjou, el 22 de marzo de 1421. Esta victoria fue suficiente para hacer renacer todas las esperanzas en el bando del Delfín. Las guarniciones fieles comenzaron a dar señales de vida en todo el país, poniendo un sinfín de dificultades al ocupante extranjero o borgoñón. Al mismo tiempo y lleno de un ardor insólito, el Delfín en persona se puso al frente de sus tropas, a las que llevó a través del Maine y la Beauce, hasta las murallas de París. Muy pronto tuvo que replegarse. En julio, Enrique desembarcaba en Calais con tropas de refresco y solamente la noticia de su llegada fue suficiente para que el Delfín se retirase al otro lado del Loira. Pero había que volver a empezar la obra iniciada un año antes: limpieza de Picardía, a la que se dedicó Felipe el Bueno, reconquista de la región de Dreux, de Perche, y de Beauce, que fue confiada por el rey a su antiguo prisionero Arturo de Bretaña, conde de Richmond (al que los franceses llamaban Richemont), hermano de aquel Juan V que le había prestado homenaje; finalmente, libertad de movimientos para París, mediante la toma de las ciudades fluviales que la rodeaban. En estas tareas se pasó todo lo que quedaba del año 1421 y los seis primeros meses del año siguiente. Meaux capituló en mayo de 1422 y Compiégne en junio.

Una vez que se encontraba en posición de emprender de nuevo operaciones de envergadura, el rey Lancaster se vio de nuevo frenado, esta vez por la enfermedad. Murió el 31 de agosto de 1422, habiendo tenido, sin embargo, tiempo de designar a aquéllos que iban a continuar su obra. Catalina de Francia le había dado un heredero, pero no era más que un niño de ocho meses, Enrique VI, que inmediatamente fue proclamado rey de Inglaterra y poco tiempo después lo sería de Francia. Desaparecido Clarence, sólo quedaban dos hermanos de Enrique V: Juan, duque de Bedford, buen militar y excelente administrador, a quien dejó encargado de los asuntos de Francia, con la condición de que ofrezca antes la regencia a Felipe el Bueno, cuyo rechazo se daba por descontado. Enrique sabía que en Bedford tenía un heredero leal e inteligente, que iba a continuar su política. Antes de morir, le recordó cuáles eran los puntos fundamentales: mantener al precio que fuese el entendimiento con Borgoña, llevar adelante la guerra contra el Delfín, intentar ganar mediante un buen gobierno a una población levantisca e intentar conservar París, pero, si por algún azar no se podía, replegarse a Normandía, auténtica ciudadela del poder de los Lancaster. La situación en Inglaterra era más complicada. Lógicamente, la regencia debía de recaer en el más joven hermano del rey, Humphrey, duque de Gloucester. Pero Enrique sabía que, a pesar de sus treinta y un años, era un joven fatuo y sin cabeza, cuyos sueños de grandeza podían traer las peores calamidades. Si bien Gloucester no podía ser privado del título de protector del reino, la parte fundamental del poder recaería en los Beaufort, tíos del rey, los apoyos más Firmes de la dinastía: Enrique, obispo de Winchester y muy pronto cardenal, Tomás, duque de Exeter y Juan, conde de Dorset. Muerto en el castillo de Vincennes, Enrique V no podría descansar en tierra francesa. Se celebraron los servicios fúnebres en Nôtre-Dame de París, tras lo cual su cuerpo fue trasladado a Westminster, como si estuviera escrito que ningún Lancaster pudiera encontrar su última morada bajo las losas de Saint-Denis.

En este mismo otoño, otra muerte, más patética todavía, trajo el luto a Francia. Abandonado de todos en el Hôtel de Saint-Paul, del que había marchado la misma reina Isabeau, y rodeado solamente por algunos servidores, Carlos VI moría el 22 de octubre de 1422, dos meses después que su yerno inglés, a la edad de cincuenta y cuatro años, pero tras treinta de una locura intermitente e incurable. Ni sus hijos, ni sus sobrinos, ni siquiera el duque de Borgoña, asistieron a sus funerales. Unicamente el duque de Bedford iba en la comitiva fúnebre en representación del joven Enrique VI, al que hizo proclamar inmediatamente rey de Francia, a pesar de que se encontraba en ese momento en Inglaterra. Oficialmente, la doble monarquía, que se había planteado por primera vez en el tratado de Troyes, entraba en este momento en el camino de su plena realización. Pero sólo podría ser efectiva después de la caída del Delfín, que comenzó a titularse en este momento Carlos VII. Y, para acabar con él, Bedford tendría necesidad de todas las alianzas y en especial, le sería necesario fortalecer aún más los lazos de amistad con Felipe el Bueno. Además, la alianza borgoñona no había dado ningún fruto tangible hasta el momento en favor de la política de Enrique V. El autoritario regente y rey no tuvo para nada en cuenta el deseo tradicional de los duques de Borgoña de reinar en París. De forma brutal, las guarniciones inglesas quitaron de todas las fortalezas importantes la divisa ducal con la cruz de San Andrés. Igualmente, desde el tratado de Troyes, Felipe hizo solamente breves y esporádicas apariciones en la capital, evitando el régimen de los Lancaster y refugiándose la mayor parte del tiempo en Lila o Gante, sus residencias preferidas. Se produjeron, entre sus capitanes y los jefes ingleses, embarazosos enfrentamientos, que revelaban la inquietud existente. Cuando en enero de 1422 y aprovechando una breve estancia en su ducado, Felipe, respetuoso con la palabra dada quiso que los habitantes de Dijon prestasen el homenaje al heredero designado por Carlos VI, los burgueses solamente dieron su consentimiento al tratado de Troyes de labios para afuera y presionados expresamente para ello.

Se trataba de síntomas muy graves de una dolencia que podía llegar a convertirse en algo muy serio. Menos hiriente y disimulado que su hermano primogénito, Bedford jugó con Borgoña la carta de la lealtad y de la confianza. Ya, durante la enfermedad de Enrique, había enviado de forma espontánea refuerzos al condado de Nevers para hacer frente a la amenaza del Delfín contra los bienes patrimoniales de su aliado. A la muerte del rey de Inglaterra, le ofreció la regencia de Francia, proposición tentadora que hubiera permitido realizar pacíficamente las ambiciones de un Felipe el Atrevido o un Juan sin Miedo: el control definitivo del gobierno del reino. Pero el borgoñón desconfió, valoró los riesgos que el cargo entrañaba y se dio cuenta que su autoridad sobre un país controlado únicamente por las guarniciones extranjeras hubiera sido muy pequeña. Le dio miedo también que la regencia supusiese ponerse al servicio de los Lancaster y convertirse en su criado. Otros hombres menos sutiles que él o más preocupados por la obtención de beneficios inmediatos, aunque fueran ficticios, hubieran aprovechado esta ocasión de alcanzar sus objetivos políticos, aunque ello hubiera significado unirse al carro extranjero. La historia ha demostrado que este tipo de combinaciones, por muy fructíferas que parezcan a primera vista, nunca han recompensado a los necios o ingenuos que se han dejado atraer por ellas. Felipe se negó, pero su objetivo era ver a Bedford mendigar su amistad, buscar en una alianza matrimonial la consolidación de la alianza anglo-borgoñona. Juan V de Bretaña, que hasta el momento había estado dudando continuamente entre los adversarios en lucha, que se había mostrado unas veces a favor de los Armagnacs y otras de los borgoñones, unas veces había prestado su homenaje al monarca Lancaster y otras se había aproximado al Delfín, y ello con la única esperanza de alejar a su ducado de los horrores de la guerra, se unió en este momento a Borgoña y a Bedford en contra de Carlos VII. La triple alianza se confirmaba en Amiens en abril de 1423. Se consolidaba con una doble alianza matrimonial, la de Bedford con Ana de Borgoña y la de Richemont con Margarita de Borgoña, ya viuda de Luis de Guyena.

La coalición de los tres príncipes había muerto incluso antes de haberse establecido. A pesar de toda la habilidad de Bedford, el año de 1423 inauguraba una larga fase de cuatro años, período de decepciones y sinsabores, en el que la amistad de Borgoña se transformó en una sorda rivalidad, paralizándose mediante sus intrigas con el rey Valois los esfuerzos militares de los ejércitos de los Lancaster.

Un incidente, ridículo en varios aspectos, se sitúa en el punto de arranque de este enfriamiento de las relaciones anglo-borgoñonas. Consistió en la unión de las agitaciones poco meditadas del duque de Gloucester y las aventuras románticas de Jacqueline de Baviera, unidas en una tragicomedia perfecta. A la muerte de Guillermo de Baviera, cuñado de Juan sin Miedo, acaecida en 1417, se disputaron su herencia su hermano, Juan de Baviera, hasta ese momento obispo de Lieja, pero que deseaba aprovechar cualquier oportunidad para abandonar la mitra, reintegrarse al mundo y contraer matrimonio y su hija única, Jacqueline de Baviera, viuda del enfermizo Delfín Juan de Turena, y a la que se había vuelto a casar apresuradamente con el no menos enfermizo Juan de Brabante, primo hermano suyo e hijo del difunto duque Antonio. Ambos tenían buenas relaciones con el duque de Borgoña: el antiguo obispo había tenido que recurrir a las tropas borgoñonas para acabar, en enero de 1418, con la revuelta de los oficios de Lieja, en la batalla de Othée, mientras que Jacqueline, con su matrimonio con el joven duque de Brabante, cuya política secundaba completamente la del duque de Borgoña, entraba en su esfera de protección. Así se explica que ambos contendientes recurrieran a Felipe el Bueno, después de cuatro años de luchas, para que dictase un acuerdo, según cuyos términos, se repartieron los dominios en disputa. El antiguo obispo conservaría, mientras viviese, la administración de Holanda y Zelanda, mientras que Jacqueline era reconocida como condesa de Hainaut.

Las cosas se hubieran detenido en este punto si no hubiera sido porque Jacqueline, poco contenta con el segundo marido que le había sido impuesto, no le hubiera abandonado repentinamente, en abril de 1421. Encontró, a partir de aquel momento, refugio en Inglaterra, donde el duque de Gloucester, todavía no ocupado en las campañas continentales de su hermano, ambicionó su mano y su herencia. Felipe el Bueno protestó enérgicamente ante Enrique V y más tarde ante Bedford, acusando a su aliado de deslealtad, ya que había otorgado asilo a la mujer fugitiva y culpable de su primo y protegido brabanzón y había protegido los amores criminales de los dos príncipes. Aunque conscientes, sin duda, de las dificultades que les planteaba la alocada actitud de Gloucester, ni Enrique V, ni mucho menos Bedford, se atrevieron a actuar enérgicamente contra él, pues este inconsciente tenía muchos amigos y había adquirido enorme popularidad gracias a su prodigalidad. Se limitaron a recomendarle prudencia, lo que equivale a decir que le permitieron actuar. Jacqueline, por otra parte, no era mujer dispuesta a esperar el desarrollo de los acontecimientos. Al no poder esperar la aceptación de la anulación de su matrimonio con su primo brabanzón de parte del Papa legítimo Martín V, se apresuró a solicitarla de Benedicto XIII, este antiguo pontífice, solitario y testarudo, que desde el castillo rocoso de Peñíscola, donde había encontrado refugio, se dedicaba a lanzar constantemente anatemas al resto del mundo, que ya no le reconocía.

Una vez obtenidas las bulas de anulación, contrajo matrimonio con Gloucester en febrero de 1423. Después, tras haber nombrado a su marido heredero de todos sus bienes, le incitó a ir a tomar posesión de ellos en el continente. A pesar de la oposición de Bedford, el duque de Gloucester consiguió, con bastantes dificultades, reclutar algunos miles de hombres, que desembarcaron con él en Calais en octubre de 1424, atravesaron el Artois y se encaminaron a ocupar el Hainaut en nombre de Jacqueline. Felipe, considerándose burlado, preparó una venganza implacable. Mientras se producía la muerte de Juan de Baviera, legando al duque de Borgoña todos los derechos de custodia sobre los condados de Holanda y Zelanda, un ejército borgoñón, reforzado con contingentes brabanzones, e, incluso con algunas compañías del Delfín, lo que resultaba inaudito, penetró en Hainaut, en el mes de marzo de 1425. Gloucester, a punto de ser apresado, consiguió huir a Inglaterra, abandonando a su mujer en manos del enemigo. Pero, con ello, Felipe no había terminado con la revoltosa Jacqueline; tras huir de su prisión de Gante, volvió a agitar la lucha de partidos en Holanda y obligó al duque a realizar varias campañas de castigo antes de declararse derrotada. Por lo menos, tras su precipitada huida, el duque de Gloucester había salido del escenario neerlandés. Repudiado por su enérgica esposa, consagró en adelante su ruidosa actividad a los asuntos ingleses, haciendo una brutal acusación contra su tío Enrique Beaufort de usurpar la regencia y ambicionar el trono, lo que obligó a Bedford a venir a Inglaterra para poner paz en el enfrentamiento.

Con cada episodio de esta comedia llena de situaciones burlescas, las relaciones anglo-borgoñonas experimentaron un constante enfriamiento, que sólo la habilidad del Regente impidió que se convirtiera en una ruptura abierta. En 1423, para contrarrestar las penosas consecuencias del matrimonio del duque de Gloucester, el mismo Bedford pidió la mano de Ana de Borgoña, y permitió que sus aliados borgoñones y bretones se planteasen la posibilidad seria de iniciar conversaciones con el Delfín. En 1424, para borrar la mala impresión producida por el desembarco del mismo Gloucester, una vez más, Bedford, deseoso de conservar el buen entendimiento con su cuñado, le hizo donación de los condados de Mâcon y de Auxerre, arrebatados al dominio regio de Francia. En 1427, finalmente, evitó un nuevo acercamiento entre borgoñones y partidarios del Delfín mediante un juramento solemne de nunca otorgar ayuda, directa ni indirecta, a Jacqueline de Baviera. Pero, a pesar de estos parches de última hora, la alianza seguía siendo vacilante. A finales de 1424, corrió el rumor de que existía un proyecto de asesinar a Felipe el Bueno, planeado por los amigos ingleses de Bedford.

De este modo, poco a poco, el duque de Borgoña se fue separando de la alianza con los Lancaster. Al mismo tiempo, Carlos VII, por su parte, se iba sacudiendo la tutela de los últimos Armagnacs y buscaba ya un acercamiento a Borgoña. O, lo que sería más exacto, pues sería conceder unos méritos excesivos al rey de Bourges el suponerle capaz de un proyecto político, fue la reina Yolanda de Aragón la que consiguió imponerle su plan, fundamentalmente angevino, de acercamiento al adversario borgoñón. Las vicisitudes de la guerra bastan para justificar tanto las inquietudes como los proyectos de la reina de Sicilia. En 1423, Carlos había conseguido llevar, con éxito variable, las actividades de sus bandas armadas a los dominios borgoñones. El 30 de julio, los aliados anglo-borgoñones detuvieron ante Cravant, en el Morvan, a un ejército del Delfín que intentaba abrirse camino hacia Champaña, pero, a cambio, los partidarios de Carlos VII, al mando de Imbert de Grólée, se tomaban la revancha en el Mâconnais. Con grandes dificultades, el duque de Borgoña consiguió a finales de año fijar su frente en la línea del Loira, al obligar a entrar a Perrinet Gressart en La Charité. Los ataques del rey de Bourges contra los ingleses fueron todavía menos afortunados. Sin embargo, a comienzos de 1424, se pidió a la población un enorme esfuerzo para reclutar y pagar a los mercenarios escoceses del condestable Buchan y a los que enviaba desde Lombardía Felipe María Visconti. El 17 de agosto, en Verneuil, este ejército de proporciones considerables se enfrentó a las fuerzas menos numerosas del conde de Salisbury. Como había sucedido en Poitiers y Azincourt, el enemigo, aunque inferior en número, se hizo fuerte detrás de las empalizadas y con los certeros tiros de sus arqueros, provocó una matanza en la caballería francesa, cuyas cargas no conseguían alcanzar su objetivo. Una vez librado del único ejército importante que había tenido Carlos VII, Bedford podía ya pensar en la reanudación de sus planes de conquista, que siempre consistían en lo mismo: limpieza de la Ile-de-France y de Champaña, en la que se habían vuelto a formar bandas de partisanos; sometimiento, por Salisbury y Fastolf, del Perche y Maine y, como último objetivo, Angers, con la que el regente aspiraba a hacerse un apanage propio. Llevando la guerra contra esta zona periférica, los Lancaster corrían el riesgo además de ganarse la animosidad de los angevinos y, en primer lugar, de la reina Yolanda de Aragón.

La diplomacia de la enérgica princesa se encaminó principalmente a salvar Maine y Anjou. Su objetivo era muy simple, aunque sus planes tuvieran una amplitud realmente sorprendente. Se basaban en la unión de Bretaña a la causa de los Valois, para apoyar por el oeste los dominios angevinos tan amenazados; conseguir, si no una reconciliación, por lo menos una suspensión de hostilidades con el Estado borgoñón para que todas las fuerzas del reino de Bourges pudieran dedicarse a hacer frente a los ingleses. Como instrumento y símbolo de esta política habrá un hombre, al que será preciso colocar al lado de su yerno. Hermano del duque de Bretaña, cuñado del de Borgoña, Richemont, tras un valiente comportamiento en la batalla de Azincourt, había pasado a servir la causa de Enrique V. Pero Bedford, al relegarlo a funciones poco brillantes, se había ganado su enemistad. Arturo de Richemont sólo esperaba ser llamado para desempeñar este papel de árbitro para el que se le destinaba.

Este plan, preparado por la reina de Sicilia en medio de los recovecos de una diplomacia retorcida, tardará muchos años en llevarse a la práctica, durante los cuales no se pudo impedir ni la pérdida de Maine ni el asentamiento de los adversarios en las fronteras del Vendômois y del Orleanais. Sin embargo, partidarios del Delfín y borgoñones no esperaron mucho para buscar el contacto fructífero de las negociaciones. Desde enero de 1423, el duque Amadeo VIII de Saboya había conseguido, solamente treinta meses después del tratado de Troyes, reunir bajo su patrocinio a consejeros de Felipe el Bueno y partidarios de Carlos VII Estos encuentros sólo habían servido para mostrar la arrogancia de los borgoñones, representados por Nicolás Rolin, que habían puesto exorbitantes condiciones para el «perdón» que su señor podría conceder al rey de Francia, culpable del crimen de Montereau. Pero se había dado ya el paso. En Nantes, en mayo de 1424, representantes de Bretaña, Saboya y Sicilia se ponían de acuerdo sobre las condiciones de una posible reconciliación. En Chambery, en el mes de septiembre, el duque de Saboya gestionaba una tregua, que a través de sucesivas ampliaciones, se prolongaría durante más de cinco años. Por primera vez, en el protocolo diplomático que aprobaba esta suspensión de hostilidades, Felipe el Bueno reconocía a Carlos VII el título de rey de Francia. En el mes de noviembre, el duque de Borgoña se entrevistaba en Mácon, aparte de con su cuñado Richemont, con una delegación delfinal dirigida por Carlos de Borbón, hijo primogénito del duque Juan I, que, tras haber estado en un principio del lado borgoñón, había vuelto al partido del Delfín tras los sucesos de Montereau y en estos momentos se disponía a contraer matrimonio con otra hermana de Felipe. Todos estos contactos tendrían, al menos, como consecuencia el cambio de personal político en la corte de Bourges. Y, de hecho, Saboya y Bretaña se ponían de acuerdo para ejercer sobre el joven Carlos Vil, privado por la muerte o cautiverio de la presencia de sus parientes, una discreta tutela. En marzo, Richemont fue nombrado condestable, se instaló en Bourges, donde le acogieron la reina Yolanda y el canciller Martin Gouge, obispo de Clermont. En un esfuerzo supremo, los irreductibles anti-borgoñones, el grupo de los últimos Armagnacs supervivientes tras los acontecimientos de Montereau, consiguieron llevarse al joven rey a Poitiers y comenzaron contra el condestable bretón una especie de guerra civil. La reina Yolanda se reunió con su yerno. En julio de 1425, uno a uno, los Armagnacs impenitentes, como los Louvet o Tanguy de Châtel, fueron alejados del poder.

El acercamiento franco-borgoñón, tan nítidamente esbozado en 1425, no aportó en un primer momento más que decepciones a sus promotores, como Bedford no había conocido más que los sinsabores de la alianza anglo-borgoñona. La causa de ello estriba en que la política de Felipe el Bueno se encaminaba a convertirse en el Fiel de la balanza, con el cual, sin conceder nunca nada positivo a ninguno de los adversarios, se reservaba para el futuro, para el día en que pudiera ser finalmente el dueño o tutor de una monarquía unificada. Por el momento, el «gran duque de Occidente» sólo estaba dispuesto a someter por las armas a los rebeldes holandeses. La alianza abierta con Carlos VII hubiera comportado el obligar a Bedford a apoyar al aventurero duque de Gloucester. Pero, al mismo tiempo, le era necesario que el regente estuviera inseguro en sus fronteras del Maine, y por ello aceptó la firma de treguas con el rey de Bourges, lo que constituía una sutil diplomacia, que no hacía el juego a sus interlocutores. Richemont, que debido a la desgracia de los últimos Armagnacs había pagado el precio debido a su fidelidad a la causa borgoñona, no pudo ofrecer a Carlos VII la recompensa prometida. La estrella del condestable se oscureció rápidamente. Al volver a Inglaterra en 1427, Bedford supo aprovecharse de la situación confusa para recuperar por las armas aquello que había perdido por la acción diplomática. Sus tropas atacaron el Anjou y todo el curso medio del Loira. Por aquellos mismos momentos, Juan de Bretaña, harto de haber permanecido demasiado tiempo en el mismo lado, volvió a la alianza inglesa, en el momento en que las tropas del conde de Salísbury amenazaban las fronteras de su ducado. En Bourges, finalmente, su hermano se tambaleaba. Un nuevo favorito, cuya ascensión había sido preparada por él mismo, estaba listo para expulsarle del poder: se trataba de Georges de la Trémouille, prototipo de intrigante sin escrúpulos, que había sido sucesivamente protegido de Juan sin Miedo y de Luis de Guyena, prisionero en Azincourt, liberado gracias a la intercesión borgoñona, despojado por su protector del condado de Boulogne, al que podía aspirar debido a su matrimonio, y acogido finalmente en la corte de Bourges, de donde intentó alejar a sus rivales mediante la intriga y el asesinato. Desde su cargo de gran chambelán, ejerció sobre Carlos VII un poder absoluto que durará seis años, y que sólo se podrá quebrar mediante el acero de los asesinos.

A finales de 1427, Richemont, caído en desgracia, tuvo que refugiarse en Bretaña. Un intermedio de cuatro años se cerraba así con esta nueva revolución palaciega. Carlos VII se encontraba, en 1428, más débil que nunca ante los Lancaster que, tras ocupar finalmente las regiones situadas entre el Sena y el Loira, habían decidido dar un golpe definitivo. Desde el punto de vista militar, era preciso atacar a Carlos VII en el mismo corazón de su reino, en este Berry del que sólo salía contra su voluntad. Lo primero que era preciso hacer era forzar el paso del Loira. Entre todos los puntos posibles que se le ofrecían, Bedford eligió aquél cuya caída supondría un mayor impacto: Orleans, punto estratégico de la Francia central. Su importancia era tan grande, que permitió acallar los escrúpulos de conciencia y transgredir las leyes del código caballeresco. Orleans no pertenecía al rey de Bourges, sino a su primo Carlos de Orleans. No había precedentes de una situación parecida, en que un hombre de honor atacase a los bienes de un enemigo cuya persona estaba de antemano prisionera en sus calabozos. Sin importarle este hecho, Bedford se lanzó al ataque. El verano de 1428 se ocupó en la reunión de las tropas, el material y los aprovisionamientos y aguardar la llegada de los refuerzos desde Inglaterra. Hasta el 12 de octubre, los contingentes al mando del conde de Salisbury no se reunieron ante los muros de la ciudad. Existía entre ellos la decisión de pasar el invierno allí, no quebrantada por la muerte de su jefe por una flecha enemiga al comienzo del asedio. Construyeron en torno a la ciudad, en especial de sus lados oeste y norte, aunque también en el sur, frente al único puente de ésta, una red de fortificaciones, cuyo arco en círculo servía para vigilar la ciudad entera y sus murallas, cortaba sus caminos de acceso e impedía el aprovisionamiento. El rey de Bourges había podido introducir algunas tropas dentro de la ciudad. La dirección de la defensa fue asumida por Dunois, en representación de su hermano ausente. Se trataba de una ciudad bien fortificada y aprovisionada. Pero su caída se presentaba como inevitable si Carlos VII no era capaz de poner en pie de guerra un ejército capaz de romper el cerco de los asaltantes. Pero, las tentativas, muy modestas, de sus tropas, fracasaron de forma estrepitosa. Cuando se dirigían al encuentro de un convoy de aprovisionamiento que venía desde París, recibieron una terrible lección por parte de su escolta, muy numerosa, por otra parte, que protegía los cargamentos de peces en salmuera: la historia ha conocido este episodio con el expresivo nombre de la «jornada de los arenques» (12 de febrero de 1429).

En el campo de los Valois reinaba un desánimo generalizado: en la corte de Carlos VII, que amenazado por primera vez en su querido Berry pensaba seriamente en retirarse al Delfinado, o bien, si el refugio no resultaba seguro, en Castilla o, incluso en Escocia; en Orleans, donde los burgueses, enfrentados al hecho inevitable de una próxima capitulación pidieron a Felipe el Bueno que asumiera la defensa de sus intereses: todo lo que pudo hacer el duque de Borgoña, ante la nueva arrogancia de que hacía demostración Bedford, fue retirar los contingentes que en un principio había enviado para participar en el asedio de la ciudad. De forma generalizada se sentía, aunque confusamente, que la toma de Orleans, aunque esperada de un día para otro, significaría el final de un drama, la victoria tanto tiempo anhelada, que recaería en el campo de los Lancaster.

Fue precisamente en este momento cuando hizo su aparición Juana de Arco.

VIII LA REVANCHA FRANCESA (1429-1444)

VIII
LA REVANCHA FRANCESA
(1429-1444)

En este enfrentamiento franco-inglés que desde 1415 no había hecho más que acumular desastres sobre los débiles hombros de los débiles Valois, el año 1429 marca, junto a la reaparición de un sentimiento nacional francés, una inversión completa en la evolución de la guerra. Se acabó para siempre el sueño de los Lancaster, esta «doble monarquía» que había estado a punto de implantarse a la vez sobre Francia e Inglaterra. Así, por lo menos, lo ha juzgado la posteridad con la perspectiva que da la lejanía con respecto a los acontecimientos y la lección de la experiencia. Aún faltaba bastante, sin embargo, para que la prestigiosa aventura de Juana de Arco diera a todos sus contemporáneos la impresión de que acababa de suceder algo definitivo e irreparable. La revancha francesa, de la que fue el detonante, no asumió inmediatamente después de sus primeros éxitos ni la amplitud ni la fuerza cósmica de un gran huracán. La guerra se siguió arrastrando durante más de veinte años, en el curso de los cuales los Lancaster y sus partidarios pudieron alimentar la ilusión de que podrían fácilmente reparar sus reveses pasajeros. Pueden considerarse como factores que colaboraron a la prolongación de la lucha el agotamiento de una Francia completamente desangrada, la indolencia propia de su rey, el ciego egoísmo de sus favoritos, y, en suma, toda esta debilidad humana que, en la historia, hace incompleto e inseguro el cumplimiento de los más hermosos planes. De este modo, el sacrificio de la Pucelle[5] no fue más que un signo precursor, aunque todavía lejano, de las victorias decisivas. Cabe preguntarse si tuvo realmente sobre los acontecimientos la influencia que tradicionalmente se le ha atribuido. La duda es perfectamente legítima.

Aún a riesgo de parecer sacrílego, el historiador debe de intentar situar la maravillosa aventura en su contexto humano. Se deben de disipar tantas ilusiones, surgidas de la misma forma en que las hazañas de la heroína se conservaron en la memoria de los hombres. Pocos personajes de la época nos parecen tan bien conocidos. Y ello es porque hemos tenido la incalificable fortuna de poseer el precioso testimonio de los dos procesos, el primero de los cuales sirvió a los jueces de la inquisición, bajo las órdenes de Bedford, para conducir a Juana a la hoguera, y el segundo, otro más tardío —quizá demasiado tardío—, lo mandó realizar Carlos VII en 1456, para rehabilitar la memoria de aquélla a la que debía el trono de Francia. Los interrogatorios del primero nos revelan el mismo espíritu de Juana, su fe tranquila, su buen sentido campesino, su fidelidad religiosa a la monarquía legítima y su confianza absoluta en la justicia de su causa. Nos comunican, de algún modo, algo de aquel fuego que supo insuflar en sus compañeros de armas, pero que apenas fue más allá del pequeño círculo restringido de aquéllos que tuvieron el privilegio de estar próximos o de vivir con ella. El segundo proceso resulta mucho menos probatorio, precisamente porque quería probar todo. Sus testimonios nos relatan recuerdos ya lejanos y como rodeados de la bruma de la leyenda, ya que emanan de aquellos mismos compañeros, legítima y sinceramente preocupados por lavar la memoria de su camarada de una infamante condenación y de rehabilitar al mismo tiempo a un rey ya victorioso. Si hubiéramos perdido estos procesos, ¿qué es lo que sabríamos acerca de Juana de Arco? Las narraciones francesas que se han conservado, en especial la crónica oficial de Jean Chartier, o la Crónica de la Pucelle, cuyos principales elementos nos llevan a pensar que es obra del arzobispo Jouvenel, utilizaron, sin duda, los relatos contemporáneos de los acontecimientos, actualmente perdidos, que debieron de redactar, sin grandes pruritos de exactitud, algunos de sus compañeros de armas. Son de fechas relativamente tardías y forman una especie de prólogo de este mismo proceso de rehabilitación. No consiguen sacarnos fuera de este mismo círculo de testigos oculares, a los que la fuerte personalidad de Juana había galvanizado hasta la más absoluta fidelidad. Pero, más allá de este reducido círculo, más allá de las regiones del Loira, donde Juana fue conocida y amada, los ecos de su memoria se amortiguan con una rapidez que resulta sorprendente. En la Francia del Delfín, un silencio apenas turbado por alguna referencia, se cierne sobre esta epopeya. Sin embargo, se conoció en ella y se celebró como merecía, tanto la liberación del asedio de Orleans, como la consagración del rey en Reims. Las cartas del rey a sus buenas ciudades exaltaban el papel que la Pucelle había desempeñado en ellas, cuya intervención casi milagrosa daba más peso a esta especie de boletines oficiales. Pero la continuación de su obra, sus fracasos, su cautiverio, su martirio no produjeron, en las provincias unidas desde hacía largo tiempo al rey de Bourges, como en aquéllas unidas al rey de Reims, más que una conmoción muy reducida e imperceptible, cuyas manifestaciones escritas nos han sido conservadas de forma muy escasa. Todo sucedió como si los súbditos, imitando en esto a su propio soberano, hubieran también abandonado a Juana de Arco una vez realizada la consagración de Reims. En las filas del enemigo, la apatía, en conjunto, fue también muy semejante. Es cierto que las crónicas borgoñonas, por la venenosa violencia de sus ataques, por las calumnias que difunden para ensuciar la memoria de su enemiga, demuestran que en los medios dirigentes, los primeros éxitos de la Pucelle habían producido una inquietud, cuyo recuerdo sólo pudo borrarse en la hoguera de Rouen. La opinión media se emocionó en mucha menor medida; el burgués parisino, testigo de los acontecimientos, nos relata el fallido asalto a la ciudad y recuerda que los asaltantes tenían como jefe a una mujer, de la que algunos decían que había sido enviada por el cielo y otros que era una bruja, y añade: «Lo que era, solamente Dios lo sabe». Una vez desaparecida la Pucelle, todo volvió a la calma. Más extraña todavía nos resulta la ignorancia casi completa que tuvieron de la aventura los súbditos de los Lancaster. Ellos también conocieron, aunque de forma muy vaga, los acontecimientos de Orleans y de Reims. Si los hechos de armas de Juana hubieran creado en las filas de los soldados ingleses, un temor que la leyenda se hubiera encargado muy pronto de ampliar, los desertores de sus filas lo hubiesen comunicado a sus compatriotas. Y si Bedford hubiera montado el proceso de Rouen para reforzar una dominación que ya se tambaleaba, no hubiera dejado de difundir ampliamente sus resultados por Inglaterra. Sin embargo, nada de esto se encuentra en las crónicas inglesas, cuya sequedad, brevedad e inexactitudes demuestran que no hubo un interés por aquella aventura de la que la posteridad ha hecho una maravillosa epopeya.

Vemos, pues, que el ejemplo de Juana de Arco no arrastró a las multitudes ni provocó este impulso nacional que, al extenderse a toda la población, hubiera permitido convertir una guerra de guerrillas que aún era activa en una especie de cruzada de liberación. Todo cuanto dejó tras de sí la heroína fueron unas acciones, cuya influencia no pudo borrar ninguna condena; fueron acciones militares y políticas que, al frenar por primera vez los éxitos de los ejércitos lancasterianos u otorgar al rey de Bourges el prestigio de su consagración como tal, modificaron el curso de los acontecimientos sin posibilidad de retroceso. En este sentido, su intervención fue decisiva y la página que escribió en la historia nacional francesa merece recordarse como una de las más hermosas. Si bien el mensaje que traía consigo la que se ha dado en llamar la «Santa de la Patria» no fue comprendido, no es menos verdad que ella salvó a su rey, en el que se encarnaba toda Francia.

I. JUANA DE ARCO

La aldea de Domrémy, donde nació Juana de Arco, dependía en parte de Champaña y en parte del Barrois (país de Bar), siempre cambiante. Su familia era completamente de ascendencia champañesa y campesina: labradores acomodados, artesanos de aldea, o un tío sacerdote. Como sucedía entre los campesinos, e incluso en la época entre círculos más amplios, la niña era analfabeta; educada en un ambiente muy religioso, no conocía de la religión más que algunas oraciones y hermosas leyendas, impregnadas siempre de aspectos maravillosos. Desde la adolescencia, tuvo visiones, oyó voces y conversó con ángeles y santos. Además, las desgracias del reino se sentían muy agudamente en estas tierras lejanas, en las que, sin embargo, los ingleses nunca habían entrado. Se recordaba como una edad de oro pasada la época feliz anterior a la guerra civil, cuando Luis de Orleans había ejercido su protectorado sobre las tierras vecinas, en Toul, en Luxemburgo o en el Barrois. La región había sido orleansista, luego Armagnac y finalmente del Delfín. Seguía siendo administrada por un capitán enérgico y brutal, Robert de Baudricourt, el cual, de su antiguo bailío de Chaumont por cuenta del Delfín, sólo conservaba el castillo de Vaucouleurs. Desde 1419, la guerra enfrentaba a los partidarios de Carlos y los routiers borgoñones, y, unos y otros, se dedicaban a saquear la región. En julio de 1428, Antoine de Vergy, gobernador borgoñón de Champaña, hizo una cabalgada de castigo en la castellanía de Vaucouleurs, forzando la huida de los campesinos indefensos. La familia de Juana emigró durante algún tiempo a Neufchâteau. La joven tenía en aquel momento entre dieciséis y veinte años. Sus voces le hablaban en aquellos momentos más que nunca del Delfín, del reino que Dios le destinaba, de los enemigos ingleses y borgoñones, que había que expulsar del reino. Cuando se tuvo noticia del sitio de Orleans, tomó finalmente una decisión. Lo que debe de sorprendernos no son los obstáculos que tuvo que vencer, sino la facilidad con la que se dejaron convencer aquéllos con quienes habló. La guerra había exasperado los sentimientos de los hombres y cabía creer ya en milagros para acabar con esta tremenda pesadilla. Pululaban, incluso en torno al Delfín, todo tipo de profetas e iluminados. Nadie se extrañó cuando apareció esta joven campesina que anunciaba que si se le dejaba actuar, levantaría el sitio de Orleans y haría consagrar rey al Delfín. Provocó disgusto el que se cortase el pelo como un hombre y cabalgase en compañía de los hombres. Esto parecía escandaloso y blasfemo, pero no por ello se dejaba de creer en el carácter sobrenatural de sus poderes. En nuestra época, escéptica, se hubiera estado tentado de ver en Juana a una loca, una simple de espíritu, una iluminada o incluso una simuladora. Sus contemporáneos se limitaron a preguntarse si se trataba de una enviada de Dios o del diablo. Con gran rapidez, los indecisos se inclinaron por la primera de las alternativas.

Dos viajes a Vaucouleurs bastaron para convencer a Roberto de Baudricourt, que anunció su llegada al Delfín, le dio una pequeña escolta, caballos y armas. Emprendió el camino el 23 de febrero de 1429, atravesó casi sin problemas la Champaña, Auxerre, Gien, el norte de Berry y la Turena, regiones, por otra parte, llenas de bandidos. Llegó a Chinon el 6 de marzo y Carlos la recibió dos días más tarde. Supo comunicarle su fe y darle una «señal» de su misión divina. No sabemos con exactitud si este signo consistió, como se ha supuesto frecuentemente, en alguna garantía sobre la legitimidad de su nacimiento, o de ciertas seguridades acerca de la victoria final. Resulta difícil descubrir este «secreto», que la imaginación de un reciente biógrafo ha rebajado hasta el nivel de un folletón. Convencido con facilidad, el rey quiso, sin embargo, y es una manifestación de prudencia comprensible, contar con la opinión de sus consejeros. Obispos, teólogos y funcionarios del Parlamento recibieron el encargo de dar fe de la ortodoxia de la visionaria, que fue llevada a tal efecto a Poitiers. Como ella no hacía sino exaltar el poder de su señor, les prometía una próxima victoria y por consiguiente la vuelta a la prosperidad, estos hombres de la Iglesia armagnacs, no encontraron nada que reprochar a sus respuestas, le plantearon multitud de preguntas fáciles de contestar, la retuvieron durante varias semanas y la dejaron libre, finalmente, cuando hubo pasado por la prueba de la virginidad. Sin poder garantizar su carácter sobrenatural, aconsejaron al rey que la dejase actuar, puesto que no deseaba más que el bien de la causa monárquica.

Ella estaba empeñada en la liberación de Orleans. Todo colaboró a facilitar este proyecto. Tras seis meses de asedio, la posición de los sitiadores se hizo más difícil a finales del invierno. No eran más que cuatro mil, incapaces de llevar a cabo un bloqueo riguroso e incluso de guarnecer debidamente las fortificaciones que acababan de construir. Además, las dificultades del aprovisionamiento habían provocado enfermedades y deserciones. Se les hubiera podido derrotar fácilmente si dentro de la ciudad no se hubiera producido una especie de fiebre del asedio, que hacía ver por todas partes espías y traidores. Carlos VII, por su parte, había reclutado algunas tropas y reunido un gran convoy de víveres y municiones destinado a la ciudad sitiada. Autorizó a Juana, que se había ganado fácilmente la simpatía de un joven príncipe de sangre, el «gentil» duque de Alençon, recientemente liberado de su cautiverio inglés, a acompañar la expedición. El 29 de abril, entraba en la ciudad. No conocía absolutamente nada del arte de la guerra y creía que bastaba con que los soldados no profiriesen juramentos ni frecuentasen los burdeles para conseguir la victoria. Pero, el arte militar no era en la época nada complicado, y la valentía, la confianza y la temeridad eran a menudo suficientes para suplirlo. Por lo demás, Juana, a pesar del ascendiente que tenía entre las tropas, no las mandaba de hecho, sino que dejaba esta función a los capitanes, como Dunois, Alençon o Richemont. Sus decisiones eran con frecuencia contrarias a sus deseos, aunque acababa por aceptarlas. Ella se limitaba a arengar a los combatientes, a transmitirles los consejos que sus voces interiores le daban, a ponerse en primera línea en los momentos críticos o reunir a la infantería. A su alrededor había algunos clérigos y religiosos a los que dictaba sus cartas, algunas de las cuales han llegado hasta nosotros, en las que conminaba a Bedford y a los capitanes ingleses a retirarse del reino de Francia y devolverla al «Rey del cielo», invitando al duque de Borgoña a reconocer a Carlos como su soberano legítimo, o felicitando a los habitantes de Tournai, enclave del rey en territorio borgoñón, por su fidelidad para con el rey de Bourges.

En Orleans, la acción combinada de los refuerzos y de las milicias comunales permitieron salidas de la ciudad afortunadas. La toma sucesiva, seguida del incendio, de dos bastillas inglesas, al este y sur de la ciudad, incitaron a los asaltantes, muy inferiores en número y desmoralizados ante tanto entusiasmo, a desistir. El 8 de mayo, diez días después de la llegada de Juana, la ciudad era liberada. El efecto moral que ello produjo fue enorme. Fue fácil, a continuación, ir sometiendo a las pequeñas guarniciones enemigas que aún se mantenían a orillas del Loira: Jargeau, donde fue hecho prisionero Suffolk, Meung y Beaugency. El 18 de junio, la retaguardia de un ejército de apoyo, sorprendida y arrollada tras una corta persecución, provocó la desbandada de Patay; Talbot cayó prisionero y Fastolf tuvo que huir. Juana llegó al lugar de los hechos una vez terminada la escaramuza. Como buen príncipe, Carlos le atribuyó todo el mérito de la acción que correspondía en realidad a Richemont, pero el condestable, siempre mal visto en la corte, tuvo que retirarse de nuevo a sus castillos bretones.

Se hubiera podido avanzar inmediatamente hacia París, donde reinaba el pánico, o dirigirse hacia Normandía a apoyar a los partidarios del Delfín, que seguían muy activos. Bedford temió uno de los dos ataques. Las tropas del Delfín, que se habían vuelto prudentes y temerosas tras largos años de reveses ininterrumpidos, no se sintieron en condiciones. Y, lo que fue más importante, Juana, apoyada probablemente por el canciller Regnault de Chartres, arzobispo de Reims, impuso un plan tan arriesgado como los otros: la consagración del rey en la metrópolis de Champaña. Con unos inusitados esfuerzos, doce o trece mil hombres se reunieron en Gien. Aunque en apariencia arriesgada, la cabalgada fue un simple paseo militar, pues las ciudades en las que Carlos tenía partidarios, sintiendo que soplaban nuevos vientos y no queriendo luchar, sólo esperaban poder abrir sus puertas. El 1 de julio, unas hábiles negociaciones permitieron la neutralidad de Auxerre, después, el 10, la capitulación de Troyes, el 14 de Châlons y el 16 de la misma Reims. La consagración tuvo lugar a los dos días, ceremonia sin gran boato debido a las circunstancias. No estaba presente ninguno de los pares civiles del reino y solamente tres eclesiásticos; la corona, el cetro y el globo terráqueo estaban depositados en Saint-Denis, en París. Pero, la unción sagrada era lo fundamental. El que, hasta el momento, Juana se había obstinado en seguir llamando el Delfín, se había convertido para siempre en el rey de Francia, nuevo Melquisedech santificado por el «sacramento», que le confería poderes taumatúrgicos. Ningún creyente pudo en adelante seguir dudando quién era el rey legítimo, puesto que existía ahora un rey, coronado en unas circunstancias tan increíbles que parecían milagrosas, y, frente a él, al otro lado del mar, un niño de siete años que se titulaba rey de Francia, pero al que sus súbditos nunca habían visto. La consagración anulaba la deposición ilegalmente pronunciada en el tratado de Troyes, devolvía al Valois la legitimidad que, desde hacía nueve años le venía siendo negada. Sería cosa de mala fe el seguir calificando de Armagnacs a sus partidarios, a los que la ceremonia de la consagración elevaba al rango de fieles súbditos. Y, ¿de qué forma los borgoñones, a los que en Bourges se calificaba desdeñosamente de franco-ingleses, podrían continuar obedeciendo a Bedford sin que incurrieran en traición? Tales fueron las consecuencias, de enorme trascendencia, de la consagración de Reims.

Este impulso que finalmente se había adquirido, parecía que iba a continuar y que nada podría ya frenar la victoria de Carlos. Los ingleses sólo pudieron oponer ridiculas guarniciones frente a la gran cabalgada de la consagración. El consejo de Bedford se encontraba sin saber qué decisión tomar. Pidió nuevos auxilios a Inglaterra, que solamente bastaron para reforzar la ocupación de Normandía, que se quería, al menos, salvar del naufragio. Temía, en especial, la traición de París. Pensando que así halagaba las simpatías borgoñonas de la población, el 29 de agosto confió el gobierno de la ciudad a Felipe el Bueno, que se preocupó muy poco de la defensa de la ciudad, ya que en ese preciso momento estaba negociando con el rey una tregua de algunos meses, válida para todos los territorios situados al norte del Sena. En estas condiciones, la actuación de Carlos VII, aunque llena de vacilaciones e indecisiones, parecía una serie de completas victorias. Al día siguiente de la consagración, había recibido la sumisión de Laon y había entrado en Soissons. A continuación, pasando por Château-Thierry se había dirigido hacia la Brie, obteniendo por todas partes nuevas capitulaciones, proyectando, sin embargo, volver rápidamente al Berry. Un pequeño ejército inglés le había cerrado el camino. Volvió grupas con toda su hueste hacia el Valois, rindiéndosele Senlis y se apoderó de Compiégne, cuya custodia fue confiada a Guillaume de Flavy. Después, se dirigió hacia París, y se instaló algunos días en Saint-Denis. Le faltaba material suficiente para emprender un sitio, pero Juana, siempre confiada en su buena estrella, creyó que se podría entrar en la capital escalando las murallas, pero la burguesía de la ciudad, proborgoñona, no estaba dispuesta a la rendición. El asalto se llevó a cabo por el oeste, cerca de la puerta de Saint-Honoré, el 8 de septiembre y fue un fracaso. Juana, aunque había sido herida, hubiera querido intentarlo de nuevo. Los capitanes y el mismo rey fueron de diferente opinión. Llevaron su hueste al sur del Loire, ya que la campaña se prolongaba ya desde hacía tres meses, lo que era mucho para la época. Se licenció al ejército.

A pesar del fracaso de París, los resultados militares no eran inferiores a los políticos. Champaña, Brie, el Soissonnais, Valois, e incluso, los alrededores de París se habían rendido sin dificultades a los Armagnacs, hasta entonces tan odiados. Picardía hubiera deseado hacer lo mismo, si los ejércitos del rey se hubieran presentado en la región. Pero, no hicieron sino atravesarla, dejando tras de sí pequeñas guarniciones y en calidad de lugarteniente del rey al arzobispo Regnault de Chartres, que había instalado su cuartel general en Soissons. No se había tomado ninguna medida para prevenir una vuelta a las hostilidades por parte de los franceses, eventualidad poco probable por el momento, ni frente a un ataque borgoñón, seguro en el momento en que expirara la tregua. Entre los consejeros del rey, se disputaban a la Pucelle, cuyo crédito no había disminuido. En vez de dejarla seguir a Alençon, que iba a continuar la guerra en la Ile-de-France, La Trémouille, celoso del «gentil duque» y antiborgoñón para conservar su puesto, la envió a atacar La Charité, que seguía defendida por Perrinet Gressart. Pero, en este caso ya no se trataba de un ataque contra guarniciones desmoralizadas, como había sucedido después de Orleans, ni contra burgueses pacíficos y cobardes, como en Champaña. El sitio, dirigido por Luis de Borbón, conde de Vendôme y por Carlos de Albret, hijo del antiguo condestable, pero iniciado en invierno, no tuvo ningún resultado positivo. Antes de Navidad, hubo que abandonarlo.

Exhausto ante el esfuerzo financiero que había exigido la expedición de la consagración de Reims, el tesoro real no podía financiar en 1430 una nueva cabalgada. Como había sido tan frecuente en el pasado, se contaba con el apoyo de las guarniciones fieles y con algunas bandas de mercenarios mal pagados, pero que se cebaban sobre los habitantes. Se autorizó a Juana a ayudar a los capitanes de estas bandas. Desde marzo, participó en sus golpes de mano en Melun, más tarde en Lagny y en Senlis. Su presencia no era suficiente para obtener un éxito y no pudo impedir que Soissons volviera a caer en manos del enemigo. Bedford, por su lado, casi no contaba ya con tropas disponibles. Su estrella palidecía. En marzo, se descubrió un complot proDelfín, en París, en el que se hallaban implicadas más de quinientas personas. Ahora más que nunca, por lo tanto, el Regente tenía necesidad de la colaboración del duque de Borgoña, el cual, como era su costumbre, recogía con ambas manos los frutos de su política doble, y, de este modo, el 8 de marzo, obtenía de parte de los Lancaster, como incremento de su apanage, la Champaña y la Brie, aunque con la misión de recuperarlas.

Del mismo modo, cuando expiraron las treguas, en abril, el principal esfuerzo militar recayó en los borgoñones. Al no haber entregado el rey de Francia a su primo el duque de Borgoña la plaza de Compiégne, tal como estipulaban las treguas, Felipe encargó a su capitán Juan de Luxemburgo, hermano del obispo de Thérouanne, de apoderarse de ella por la fuerza. Juana, con algunos refuerzos, se lanzó contra ella el 13 de mayo. Los asaltantes, que aún no habían iniciado el bloqueo propiamente dicho, habían instalado sus fuerzas en varios grupos, en la orilla oeste del Oise. Diez días después, se organizó una salida desde dentro de la ciudad, que fue seguida por la Pucelle, para sorprender a uno de estos grupos. Los franceses se retrasaron debido a su afán de pillaje, dejando al enemigo el tiempo necesario para reorganizar sus tropas y fueron dominados inmediatamente y perseguidos muy de cerca. Bajo la amenaza de que los borgoñones entrasen en la ciudad mezclados con sus propias tropas, Guillaume de Flavy no tuvo más remedio que cerrar las puertas de la ciudad antes de que todas sus fuerzas hubieran entrado. Juana, que no comprendía las razones de esta retirada, se había rezagado y fue hecha prisionera por un caballero borgoñón y entregada a Juan de Luxemburgo.

La noticia llegó inmediatamente al rey de Bourges. En la región del Loira provocó estupor y consternación. Como era habitual en estos casos, se hicieron acusaciones de traición y se acusó a los consejeros del rey. A pesar de lo mezquino de sus enfrentamientos, Juana les era demasiado útil como para que hubieran pensado en traicionarla. Se produjeron emotivas manifestaciones populares y religiosas en favor de la prisionera, sin ningún resultado positivo, como era lógico. En los medios anglo-borgoñones, por el contrario, se produjeron explosiones de júbilo y gritos de venganza, tanto en París, donde tronaba la Universidad, todavía con las secuelas de la influencia de Caboche, como en Rouen, a donde, por prudencia se habían retirado Bedford y su consejo para dirigir los asuntos del gobierno del reino. Los maestros de la Universidad se apresuraron a escribir al duque de Borgoña, exigiendo la entrega de la prisionera a la Inquisición, facultada para hacer morir en la hoguera a los heréticos. Pierre Cauchon, en su calidad de obispo de Beauvais, la reclamó para entregarla a sus tribunales eclesiásticos, ya que Juana había sido hecha prisionera en los límites jurisdiccionales de su diócesis. No hubiera podido ganarse la voluntad de sus carceleros, de no haber sido porque, en su calidad de consejero del rey de Inglaterra, no les hubiera propuesto comprarles su entrega por un precio de diez mil libras, a deducir de los subsidios votados por los Estados de Normandía. Jean de Luxemburgo no era rico, por lo que aceptó la venta, hacia mediados de noviembre, una vez que los refuerzos del Delfín le hubieron obligado a levantar el sitio de Compiégne. Juana, que tras cortas estancias en diversos castillos había sido puesta a buen recaudo en Arras, fue trasladada al viejo castillo de la capital normanda, pasando por Drugy, Le Crotoy, Saint-Valery y el país de Caux. Los ingleses, que consideraban poco seguras las prisiones eclesiásticas, prefirieron custodiarla ellos mismos.

Desde que la captura de la Pucelle parecía haber frenado la serie de catástrofes inglesas, la política de Bedford había adoptado un plan más firme. Era, en primer lugar, preciso contrarrestar el efecto moral producido por la coronación de Reims. Enrique VI era el rey legítimo de Francia, aunque aún no había sido coronado. Con toda urgencia, se le quiso mostrar a sus súbditos franceses. A comienzos de 1430, se instalaba en Rouen el niño, acompañado de todos sus consejeros y tutores ingleses. Con este acto, finalizaba oficialmente la regencia de Bedford, el rey pasaba a gobernar personalmente y el consejo ducal se transformaba en consejo real. A continuación se decidió llevar a cabo su coronación. Pero Reims seguía siendo inaccesible y su arzobispo era partidario de los Valois. Por ello, la ceremonia tuvo lugar en París, el 17 de diciembre de 1431, en contra de la inveterada costumbre, en la catedral de un simple obispo y no en una sede metropolitana santificada por el recuerdo de San Remigio. Este hecho fue suficiente para convertir el acto en inoperante a los ojos de las piadosas muchedumbres, ya que la unción no se había hecho con óleo de la santa ampolla. Cuando Enrique VI, tras veinte meses de estancia en Francia, volvió a su isla, no había adquirido ningún partidario nuevo, ni siquiera había vuelto a inflamar el entusiasmo de sus propios incondicionales.

Las expectativas puestas en el proceso de Juana quedaron, en cierta medida, defraudadas. Si se lograba demostrar que la iluminada era mujer de mala vida, hechicera y enviada del diablo, se conseguía ridiculizar a un tiempo al Delfín, demasiado crédulo, que se había confiado a ella y que había dado publicidad a sus hazañas tanto en Orleans, como en Reims y Patay. Sus pasajeros éxitos podrían atribuirse al repugnante maridaje entre un criminal bastardo y una desvergonzada hechicera. La causa de Carlos VII recibiría así un golpe tan rudo que le haría muy difícil recuperarse del mismo. Era necesario, además, para que la sentencia tuviera respetabilidad, un tribunal con apariencias de imparcialidad. Pero, la fortuna hacía que las cuestiones de fe recayesen en los tribunales eclesiásticos, donde tenían su lugar habitual el obispo del lugar y un inquisidor dominico. Cauchon, aunque había sido expulsado de su sede ante los progresos de los Armagnacs, había sido de nuevo nombrado, justo a tiempo para dirigir los debates. Como la causa le parecía importante y digna de la mayor solemnidad, se rodeó de una cohorte de asesores, consejeros, abogados y jueces. Los eligió entre los canónigos de Rouen, los abades de los grandes monasterios normandos, los teólogos y canonistas más prestigiosos de la Universidad de París. Eran todos fervientes partidarios de Bedford y de la causa de los Lancaster. Pero, aunque el proceso, en su integridad, nos parezca una serie de inmundas calumnias y de odiosas necedades, no debemos de pensar por ello que todos estos jueces habían vendido sin más su juicio y se habían dejado ganar por la voluntad de los poderosos del momento. La mayor parte de ellos, formados en los sentimientos proingleses o proborgoñones, creían sinceramente que Juana debía necesariamente de tener poderes diabólicos, que habían servido para beneficiar a sus adversarios. Bedford no tuvo ninguna necesidad de ejercer presiones sobre los jueces, ya que éstos se adelantaron a sus deseos. Todo su pasado y, en especial, el del propio Cauchon que, poco después del proceso recibiría como recompensa su traslación a la sede episcopal de Lisieux, era garantía de su servilismo y su fanatismo. Estos hombres no experimentaban por la acusada más que horror u odio. Todo en ella les escandalizaba e irritaba, hasta la noble sencillez de su vida, la jovial inspiración de sus respuestas y la honesta apariencia de su porte.

La crueldad del procedimiento subleva nuestras conciencias de hombres modernos. Pero se trataba del habitual en la Inquisición, aplicado todos los días sin que nadie experimentase una particular emoción por ello, a muchos pobres herejes a los que la maldad pública, la estúpida vanidad de sus acusadores o el sospechoso fanatismo de sus jueces llevaron indiscriminadamente a la hoguera. El procedimiento se basaba en el secreto absoluto de las investigaciones y testimonios, ignorados por el propio acusado, la carencia completa de abogado que pudiera ejercitar la defensa, los interrogatorios constantemente repetidos por parte de unos asesores que se renovaban sin cesar, torturas, amenazas o falsas promesas para obtener declaraciones o hacer firmar confesiones. En nuestros días, la vuelta a semejantes procedimientos seria considerada de inmediato como una recaída en la barbarie y las policías políticas que se entregan a escondidas a este tipo de prácticas son condenadas rápidamente por la opinión pública. Ni los jueces ni la gente de la época tenían unos escrúpulos semejantes. Sólo tenían en cuenta el que con este tipo de métodos podían hacer declarar cualquier cosa a cualquier persona. Obsesionados, en su orgullo de sabios entregados a la más vacía verborrea, por la idea de que la herejía estaba escondida en todas partes bajo la apariencia de la inocencia, hubieran sido capaces de enviar a la hoguera a todos los fieles, ninguno de los cuales hubiera sido merecedor de gracia a sus ojos. En el proceso no hubo ni vicio de forma ni de fondo, sino que, una vez iniciado, sólo podía culminar con una condena. Los medios empleados o las razones alegadas poco importan.

En la corte de los Valois, Juana contaba con admiradores y partidarios. No hicieron nada para salvarla, inacción que les ha sido duramente reprochada. Sin duda no podían pensar ni en un rescate por la fuerza ni mediante dinero. Pero no faltaban los procedimientos legales para detener el proceso de Rouen o suspender la aplicación de la sentencia. Regnault de Chartres hubiera podido hacerse cargo del asunto, al haber entablado el proceso, de forma irregular, un obispo sufragáneo suyo de una provincia vecina. La apelación al concilio y al Papa estaba dentro de la práctica jurídica y Cauchon, respetuoso en las formas, no se hubiese negado a ello. Nada de esto se produjo. Carlos abandonó a la Pucelle, que le había sido útil, pero a la cual creía poder sustituir por otro cualquiera de los múltiples visionarios que se agolpaban ante la corte. Iniciado el 21 de febrero de 1431, el proceso comenzó con unos interrogatorios preliminares que se prolongaron durante cuatro semanas, bien delante de una muchedumbre de asesores, bien ante un reducido núcleo, en la misma prisión. De las nobles respuestas de la acusada, sucesivamente exaltada, firme, astuta, prudente e incluso sutil, era fácil obtener cualquier tipo de afirmaciones de carácter herético. Jueces y asesores competían en este sutil juego. El proceso propiamente dicho se inauguró el 27 de marzo y fue largo, como era habitual. En el último momento hubo dudas sobre si aplicar o no la tortura para obtener declaraciones más completas y más definitivas. Se enviaron doce proposiciones a la Universidad de París, cuyas facultades de derecho y teología se mostraron unánimes al encontrarlas heréticas. Pero, los tribunales eclesiásticos no podían remitir al brazo secular más que a los herejes más empedernidos. En consecuencia, para ahorrarle el castigo supremo, los jueces intentaron obtener de ella una abjuración de sus errores. Asustada ante la idea de la hoguera y debilitada por el largo arresto, Juana experimentó el 23 de mayo un desfallecimiento pasajero. Sin saber muy bien qué era lo que hacía, mezclando las lágrimas con las risas, firmó lo que se le pedía. Con ello quedaba conmutada la sentencia a prisión perpetua, no como un castigo, sino como una penitencia.

Los consejeros de Bedford no quedaron satisfechos y lo manifestaron de forma abiertamente brutal a los jueces. Por otra parte, esta circunstancia no tuvo consecuencias. Muy pronto Juana se recuperó de su debilidad. Como primera medida, que escandalizó, se había vuelto a poner sus ropas de hombre. Se daba cuenta de que su abjuración había sido una debilidad y lo proclamó públicamente. Interrogada de nuevo el 28 de mayo, fue declarada relapsa y digna del último suplicio. El 30, en la plaza del Mercado Viejo de Rouen, las autoridades inglesas, a las que había sido entregada, la quemaron públicamente.

II LA RECONCILIACIÓN FRANCO-BORGOÑONA

Mientras que la prisionera de Rouen experimentaba su largo calvario, Francia había continuado viviendo y, sobre todo, sufriendo los golpes repetidos de la guerra. Se seguía combatiendo en las fronteras de Normandía, en la Ile-de-France, en Champaña y en el Nivernais. En ninguno de los dos bandos las hostilidades se llevaban a cabo con grandes efectivos. Bedford sólo recibía refuerzos ingleses con cuentagotas. Felipe el Bueno, a la espera de acontecimientos futuros, no hacía nada por llevar la guerra hasta sus últimas consecuencias. En estas condiciones, Carlos VII hubiera podido fácilmente explotar en su favor y sin demora los éxitos de 1429-30; algunas cabalgadas hubieran bastado, sin duda, para barrer al enemigo. Se le ha reprochado muchas veces el no haberlo intentado. Su apatía, cada vez mayor, o las intrigas de sus consejeros, no sirven para explicar todo. Hay que recordar, una vez más, el agotamiento del reino, de todas las provincias bajo su obediencia: el reino Valois se encontraba auténticamente al límite de sus posibilidades y fuerzas. No podía con la tarea, que parecía poco menos que insuperable, de reclutar algunos miles de hombres. Solamente a lo que podía aspirar era a conservar sus conquistas conseguidas con ocasión de la expedición de la consagración del rey.

En conjunto, los jefes realistas lo consiguieron. En Champaña, Troyes resistió, mientras que la posesión de Lagny garantizaba el control del bajo Mame, el de Compiégne y el del Oise medio, dos de las rutas de aprovisionamiento de la capital. Desde estas ciudades, dominadas en toda seguridad, Barbazan, La Hire, Ambroise de Loré, Dunois y el castellano Rodrigo de Villandrando castigaban las zonas próximas y llevaban sus expediciones de saqueo hasta los mismos muros de París. Dura prueba para la población civil, víctimas inocentes de las devastaciones y los pillajes de estas bandas hambrientas, cuyas tristes hazañas hicieron desvanecerse el recuerdo de las «compañías» del siglo anterior. El macabro humor popular había apodado los «desolladores» a estos hombres de guerra que, saqueando un país tantas veces hollado, quitaban a estos desdichados sus últimos bienes, e incluso querían quitarles su misma piel. De norte a sur, el bandidaje había llegado a ser endémico, incluso en las zonas alejadas de los campos de batalla. Aventureros y capitanes, confortablemente instalados en sus escondrijos, con una serie de servidores a su alrededor que se ocupaban de sus comunicaciones y espías para planear expediciones, saqueaban las zonas llanas y ponían bajo rescate a los monasterios y ciudades.

Pero, al trasladar de esta forma la guerra a las provincias en otro tiempo sometidas al gobierno anglo-borgoñón, los soldados de Carlos VII, lejos de perjudicar a la causa de su señor, contribuían al odio de la población a la dominación inglesa, responsable de todos los males. Incluso los que habían aceptado la capitulación del tratado de Troyes, porque prometía acabar finalmente con el desorden, atacaban con dureza ahora a sus responsables, ya que no habían traído con él más que nuevas destrucciones. Tras quince años de sometimiento, Normandía aún no había podido ser dominada completamente. Rouen estuvo a punto de entregarse a los partidarios de Carlos en 1432. Se multiplicaban los complots, descubiertos a tiempo por la policía. En 1434, fueron los campesinos de la región de Caux los que se rebelaron contra las exigencias del fisco inglés. Otras bandas asediaban Caen. Una y otra vez, una dura represión restablecía el orden en medio de un baño de sangre. En París, la opinión se hallaba más dividida, pero la gran masa de la población se había convertido en abiertamente hostil a la dominación inglesa. Tenía que sufrir el bloqueo, no muy riguroso por otra parte, que le hacían sufrir los capitanes realistas que atacaban las zonas rurales cercanas. El gobierno se había refugiado en Rouen y la burguesía se había empobrecido por esta deserción, en un momento en que los precios estaban subiendo. Quedaban todavía en los consejos del Regente, en los cuerpos administrativos constituidos, en la Universidad, partidarios abiertos del régimen que les pagaba, hombres demasiado comprometidos como para sacar provecho de una sumisión al vencedor. La visita que les había hecho el joven Enrique VI, en 1431, en el momento de su coronación, había reavivado su fidelidad, pero sólo había servido para provocar unas esperanzas que no podían cumplirse. Se daban cuenta de que habían perdido la partida. Sólo veían como única tabla de salvación los grandes refuerzos militares que llegaban desde Inglaterra. Dirigían sus quejas hacia Londres, mendigaban la ayuda del rey y pronosticaban una catástrofe si ésta no llegaba a tiempo.

La causa de que la capital aún no hubiese llevado a cabo su rendición radicaba en su profunda fidelidad a la causa del duque de Borgoña. Desde 1431, todo el problema radicaba en este punto. Puesto que el supremo esfuerzo militar le resultaba imposible a Carlos debido a la pobreza de sus recursos, la única postura razonable que le quedaba era la reconciliación con Felipe el Bueno. La guerra, que había sido provocada por las discordias entre los príncipes sólo podría detenerse con la pacificación y olvido de los viejos resentimientos. El asunto no resultaba sencillo y exigía tiempo. Pero todo inclinaba a Carlos VII a intentar este paso. Su carácter indolente y poco guerrero le llevaba a preferir la diplomacia a las batallas. En ningún momento desde 1418 había roto completamente las relaciones con su poderosísimo vecino. Incluso después de Montereau y de la consagración había habido negociaciones y se habían firmado cortas treguas.

Del lado borgoñón, los obstáculos para llegar a la paz eran mayores. Caballeresco y leal en las formas pero realista en el fondo, Felipe el Bueno estaba demasiado comprometido en la alianza con Inglaterra como para poder romperla de la noche a la mañana. Pero tampoco quería aferrarse completamente a ella. Aparte del sincero deseo de vengar la muerte de su padre, había firmado el acuerdo de Troyes solamente con la intención de desempeñar el papel de tutor exigente del monarca Lancaster, lo que su mismo padre había sido con Carlos VI. Y no lo había conseguido. Las posibilidades de éxito le parecían ahora mayores si permitía que el hijo del rey loco recuperara su propia capital. Carlos era un hombre débil, sus recursos tardarían mucho tiempo en poderse equiparar a los del estado borgoñón y era fácil convertirle en un pupilo dócil y agradecido. Todo contribuyó a ir rompiendo, sin sobresaltos, la amistad de Felipe y el Regente. En el pasado, había habido entre ellos disputas y enfrentamientos muy frecuentes. Siempre, Ana de Borgoña, esposa de Bedford y hermana del poderoso duque había conseguido apaciguarlas. Ana murió en noviembre de 1432, y no pudo encontrarse a nadie capaz de acercar a los dos cuñados, cuyos intereses se alejaban cada vez más. Felipe se daba cuenta de que París se le escapaba de las manos si continuaba una guerra que no tenía salida. Sabía también que Carlos VII estaba tanteando el terreno en Inglaterra, en especial a través de Carlos de Orleans, que seguía prisionero. Si el partido partidario de la paz que había en Inglaterra se entendía directamente con los Valois, esto significaba el hundimiento de todo el proyecto político borgoñón. Pero ¿cómo terminar con quince años de alianza con Inglaterra? ¿Cómo liberarse de los compromisos contraídos en Troyes? Sus legistas encontraron la fórmula para calmar sus escrúpulos de conciencia. Nicolás Rolin, canciller de Borgoña, en otro tiempo ardiente defensor de la unión anglo-borgoñona, descubrió repentinamente que Enrique VI no tenía ningún derecho a la corona de Francia. En Troyes se había prometido la sucesión de Carlos VI a Enrique V, esposo de Catalina de Francia. Pero, al haber muerto el yerno antes que el suegro, no había podido hacer efectiva esta herencia, y por tanto tampoco legar su futuro reino a su hijo. Si renegaba de la causa de los Lancaster, Felipe no sería, por tanto, ni infiel al espíritu de Troyes ni perjuro frente a sus compromisos adquiridos. Se corría un velo acerca del desheredamiento del Delfín, que hubiera podido destruir esta frágil construcción jurídica.

En la corte de Bourges, el favor de que gozaba La Trémouille dificultaba la causa de la paz. Ambicioso y rudo, el chambelán no tenía más obsesión que terminar con Richemont, apartar a la reina de Sicilia, a la reina María de Anjou y a su hermano Carlos de Maine. Para desembarazarse de ellos, lanzó a las bandas de Villandrando contra Anjou y Turena. Por otra parte, la paz franco-borgoñona no podía concluirse sin la intervención de Richemont, cuñado de Felipe, ni sin los Anjou, mediadores naturales, en su condición de príncipes de sangre. Un afortunado golpe de mano terminó con el molesto favorito. Atraído a una emboscada y gravemente herido, hecho prisionero, La Trémouille obtuvo la salvación de su vida sólo a condición de abandonar para siempre la corte del rey. Yolanda de Sicilia recuperó toda la influencia perdida sobre su yerno, y el condestable, una vez más, se convirtió en el hombre fuerte del momento (junio de 1433).

Está completamente probado que entre las cortes de Bourges y Dijon se entablaron negociaciones desde finales de 1432 y que éstas adquirieron una mayor amplitud desde la caída de La Trémouille. Pero, seguimos sin conocer los detalles de estas conversaciones. Sería, sin embargo, interesante saber cuáles eran las pretensiones territoriales de Borgoña en estos momentos, sus exigencias respecto a los asesinos de Montereau, y a qué tipos de concesiones inclinaba el partido angevino al débil monarca. Por el momento, no se llegó a ningún resultado tangible, pues, como se sabe, la diplomacia medieval nunca actuaba apresuradamente. Hubo que esperar a los primeros días de 1435 para llegar a resultados positivos. Sirvió de mediador en las negociaciones Renato de Anjou, duque de Bar por herencia de su tío abuelo, cuñado del rey y antiguo prisionero del duque de Borgoña. Bajo su patrocinio, se celebraron en Nevers una serie de entrevistas entre Felipe el Bueno y Regnault de Chartres, arzobispo de Reims, con la participación del condestable Richemont. Renato se mostró completamente deferente con sus invitados, demostró su buena voluntad reconciliándose con los Borbones, fieles partidarios de la causa de Berry, y cuyas armas le habían creado problemas en más de una ocasión en las fronteras del Mâconnais. Al cabo de tres semanas de negociaciones se llegó a un acuerdo de principio, con el compromiso de ponerlo a punto en un amplio congreso internacional, cuyo lugar de celebración se fijaba ya en Arras, también, por tanto, en territorio borgoñón.

Felipe el Bueno, en ningún caso, quería dar la impresión de traicionar a sus antiguos aliados y de actuar por su cuenta. Una paz general de occidente, restablecida bajo sus auspicios, le otorgaría mayor presagio que una simple reconciliación de familia. Si, como se suponía en su entorno, los ingleses no se mostraban muy razonables para llegar a la conclusión de la paz, se encontraría en plena libertad de abandonarlos. En este hábil cálculo, contó con el apoyo del papado. Desde el momento en que el concilio de Constanza había puesto fin al cisma al elegir Papa a Otón Colonna (Martín V), la Santa Sede, convertida de nuevo en romana e italiana, sólo había prestado una atención distraída a los asuntos de Occidente. Hábil oportunista, Martín V había asistido impotente a la división de Francia, reconociendo el hecho consumado, aunque sin aprobarlo, negociando a un mismo tiempo con Bedford y Carlos en lo relativo a los asuntos eclesiásticos de sus respectivas provincias. En París, el Regente, a pesar de la Universidad galicana y del Parlamento, y renegando en este punto de las tradiciones del antipapalismo inglés, había preferido negociar directamente con el pontífice para dividirse de forma amistosa el nombramiento de las principales dignidades eclesiásticas, así como el producto de los impuestos sobre los bienes de la Iglesia. En Bourges, por el contrario, el Delfín, fiel a las ideas galicanas de los Marmousets y de los Armagnacs, se había mostrado más exigente. Martín practicó una política consistente en no respaldar la causa de los Valois sin, por ello, favorecer la de los Lancaster. Pero su sucesor, Eugenio IV, había tenido que ceder ante el espíritu conciliar, que progresaba entre los clérigos. Segismundo le obligó en 1431 a convocar un nuevo concilio, cuya celebración había conseguido ir posponiendo Martín V. Se celebró, una vez más, en territorio imperial, en Basilea. Inmediatamente estalló el conflicto entre las exigencias de los Padres y las pretensiones del Papa. En 1436 iba a entrar el conflicto en su fase más aguda. Es fácil adivinar los beneficios que podría obtener Eugenio de una paz franco-inglesa, concluida bajo sus auspicios: un aumento de su prestigio, que le permitiría, a continuación, dominar el concilio. Envió a Artois, con el título de legado, al cardenal de la Santa Cruz. Para no ser menos, los padres conciliares de Basilea hicieron lo mismo con uno de ellos, el cardenal de Chipre. Y, como los plenipotenciarios ingleses tenían como jefe de fila al tío de Enrique VI, el viejo cardenal Enrique Beaufort, fue en medio de un auténtico decorado de púrpura como se inauguró el más numeroso y fastuoso congreso diplomático que haya conocido Europa hasta nuestros días. Los grandes eclesiásticos, príncipes de sangre, hombres de guerra, ministros, todos ellos acompañados de considerables comitivas, confraternizaban con los representantes de las ciudades francesas y con una delegación de la Universidad de París, la cual, desde el cisma de Caboche, creía tener derecho a aportar su opinión en todos los asuntos de estado.

En realidad, los principales negociadores fueron Regnault de Chartres y Richemont por parte de Carlos VII, y, por la de Felipe el Bueno, magnífico anfitrión, su fiel canciller Nicolás Rolin. Durante todo el mes de agosto de 1435, en medio de torneos y de banquetes, se habló, en primer lugar, de la paz franco-inglesa. El diálogo, interrumpido desde hacía dieciséis años, se reanudaba en una atmósfera muy diferente a la que había conocido Enrique V en Londres, Winchester, Pontoise y Troyes. Bedford lo sabía, y estaba dispuesto a realizar importantes concesiones. Pero, le resultaba imposible renunciar a aquello a lo que había dedicado toda su energía desde hacía trece años y a aquella «doble monarquía» cuyos rasgos fundamentales habían quedado esbozados en el tratado de Troyes. Ofreció, por ello, a los Valois, su renuncia a las provincias donde ejercían una dominación incontestable, pero Enrique VI, a cambio, continuaría siendo rey de Francia y dueño de París, y «Carlos de Valois» tendría que prestar homenaje a su soberano Lancaster por la mitad del reino que se le permitía conservar. Recluido en su palacio de Rouen, donde se encontraba moribundo, Bedford pudo comprender el efecto de estupor que provocaron sus ridículos ofrecimientos. Tratar al ungido de Reims como si fuera un simple rebelde, cuyo perdón y cesión de territorios se aceptaba generosamente, negarle su capital y su corona en un momento en que detentaba la segunda y amenazaba la primera, significaba una incomprensión absoluta de que la partida estaba ya perdida. Los Lancaster hubieran podido volver a las posiciones más realistas de Eduardo III, renunciar a las quimeras para poder conservar algunas provincias, pero no lo comprendieron a tiempo. Regnault de Chartres, respaldado por el elocuente Jean Jouvenel, comenzó por reclamar la total evacuación del reino, a cambio de una compensación pecuniaria, para comunicarles a continuación que se les exigía, antes de cualquier otra cosa, la renuncia a la corona de Francia. Al resultar imposible llegar a ninguna transacción entre ambas tesis, Beaufort y su comitiva rompieron las conversaciones el 1 de septiembre y abandonaron Arras.

Contando con el apoyo del legado pontificio, Felipe el Bueno decidió tratar sin los ingleses. La paz, firmada el 20 de septiembre y ratificada dos días más tarde, parecía conceder todas las ventajas a los borgoñones. Salvo en lo referente a Champaña y Brie, Carlos ratificó todas las concesiones territoriales mediante las cuales los Lancaster habían comprado la alianza del «gran duque de Occidente»: Felipe conservaba el Mâconnais, el condado de Auxerre, el Ponthieu, todos ellos concedidos ya anteriormente por Enrique V; el condado de Boulogne, que ocupaba desde la muerte del duque de Berry; las «ciudades del Somme», San Quintín, Amiens, Corbie, Saint-Riquier, etc., línea de fortalezas que protegían el Artois y amenazaban París, que le habían sido concedidas en prenda en el momento de su matrimonio con Michelle de Francia y que las había conservado como compensación de una deuda aún no cobrada. El rey podría comprarlas a cambio de la exorbitante suma de 400.000 escudos. Finalmente, una cláusula especial dispensaba a Felipe, mientras viviese Carlos VII, de la prestación del homenaje debido por sus feudos franceses, adquiridos en tiempos antiguos o recientes. Mediante ello, el duque, a pesar de lo que se ha escrito, no aspiraba a convertirse en independiente con respecto a la monarquía de los Valois. Como príncipe francés, todas sus ambiciones estaban dirigidas hacia París. Si rompía el lazo de vasallaje, podría sin duda reforzar la cohesión del Estado borgoñón, pero debería de renunciar al control del gobierno regio, que le venía permitido por su condición de príncipe de la casa real francesa. Su liberación temporal de la prestación de homenaje hay que interpretarla como una simple repugnancia a ser el vasallo del que consideraba responsable de la muerte de su padre.

El tratado de Arras concedía a Felipe la satisfacción suprema que había buscado, en vano, en el tratado de Troyes: la venganza del crimen de Montereau. Carlos tuvo que humillarse ante su primo, negar toda participación personal en el asesinato, prometer el castigo de los culpables, que fueron designados por sus nombres, levantar a su costa un monumento de expiación y mandar decir misas por el alma de la víctima, mientras uno de sus consejeros se arrodillaba ante el duque de Borgoña y realizaba la retractación pública. Se trataba de un golpe terrible para la vanidad del rey de Francia, ya que frente a su omnipotente vasallo, daba la imagen de un acusado arrepentido y se rebajaba a pedir perdón por un acto cuya responsabilidad había negado públicamente —quizá con demasiada insistencia—. El golpe era todavía más duro para los últimos restos del antiguo partido Armagnac, cuyas últimas esperanzas se acababan en Arras. Pero, al alejarse de aquéllos que en su juventud habían sido los únicos en apoyarle, Carlos VII completaba la transformación iniciada en la consagración de Reims: de un jefe de partido, duramente discutido, pasaba a ser el rey de todos los franceses y, por consiguiente, el único rey de Francia. Por muy dura que fuese la humillación, tenía su recompensa.

Bedford había muerto el 14 de diciembre, sin haber tenido tiempo de conocer en toda su amplitud la traición borgoñona. Algunas semanas más tarde moría también en París, completamente aislada, en el mismo Hôtel de Saint-Paul, donde se había vuelto a instalar, la reina Isabeau. Desaparecía al mismo tiempo que el tratado de Troyes, que había sido su gran obra.

La suerte de la dinastía, muy insegura durante los últimos quince años, estaba ahora salvada. De un plumazo, entraban bajo su obediencia todas las provincias anteriormente Fieles a Borgoña, y todas las ciudades en que no residían guarniciones inglesas. Durante el invierno que siguió al congreso de Arras, la Ile-de-France fue casi completamente liberada de enemigos. La revuelta se extendió por la alta Normandía, en la que las bandas realistas se movían casi sin oposición, rindiéndose Dieppe. La toma de París, coronación natural de estas operaciones, podía exigir un asedio prolongado, pues las guarniciones tenían orden de defenderse. Richemont, que había entrado en campaña en febrero de 1436, completó el bloqueo de la capital mediante la ocupación de todos los ríos. La ciudad estaba ya hambrienta. Se iniciaron entonces contactos con los oficiales borgoñones, quienes dieron garantías de los sentimientos de la población.

Una revuelta provocada en el momento oportuno, permitió a las tropas realistas penetrar en la ciudad, el 13 de abril, sin combatir. La guarnición enemiga, refugiada en la Bastilla, pudo retirarse, pero lo hizo entre la hostilidad de la misma burguesía que en otros tiempos la había acogido con entusiasmo.

La repercusión del hecho fue enorme en todo el reino. Con toda justicia, Carlos VII pudo enviar por todas partes anuncios estruendosos de victoria. La recuperación de la capital significaba haber rehecho la unidad del reino, reforzada, para mayor gloria de los Valois. Significaba el final del sueño de los Lancaster. Enrique V y Bedford habían muerto sin poder culminar su misión y ahora ya no quedaba nada de su obra política. Es cierto que seguía existiendo en Rouen un regente que gobernaba en nombre de Enrique VI, un senescal inglés, un consejo regio, una cancillería, una Cámara de Cuentas y un Echiquier. Estos funcionarios seguían controlando todavía casi toda Normandía, una parte del Maine y una parte de la Guyena. Pero, tarde o temprano tendrían también que abandonar estos territorios ante el empuje del reino reconstruido, y, cuyos órganos de gobierno iban a adaptarse rápidamente a la nueva situación.

III. LAS REFORMAS DE CARLOS VII

La toma de París y la sumisión de la Francia anglo-borgoñona, unificaban prácticamente, aunque no en su totalidad, el reino que se habían disputado en los últimos veinte años dos dinastías rivales y que anteriormente se había visto destrozado por la lucha de partidos. No era posible aguardar a la expulsión completa de los Lancaster ni al sometimiento de Normandía para emprender la reorganización del reino desde la capital reconquistada. Como después de todas las grandes crisis interiores que han sacudido al país en el curso ulterior de su historia, como a Enrique IV después de la guerra de religión o como al Primer Cónsul tras la tormenta revolucionaria, un delicado problema se planteaba al rey victorioso: unir a todos sus súbditos, ahora ya reconciliados, y restablecer un poder fuerte que fuera capaz de borrar el recuerdo de las discordias pasadas. Ciertamente, las «reformas» de Carlos VII no tuvieron tanto un objetivo de innovar como de restaurar. Pero, la nueva Francia que resultó después de ellas, no era ya, política ni administrativamente, la de su abuelo Carlos V. La experiencia y las necesidades del momento contribuyeron conjuntamente a estos cambios, los cuales, a su vez, ejercieron una influencia, a veces decisiva, sobre la finalización de la guerra. Y ello no fue ni la obra de un día ni la consecuencia de un plan preconcebido. La reorganización administrativa, comenzada nada más apoderarse Richemont de París, se continuó a golpes, sin una idea directriz, durante años, favorecida, en especial entre 1440 y 1450 por la disminución de las hostilidades, y después por las treguas de Tours. De esta década es de donde datan las ordenanzas más numerosas y decisivas.

Perderíamos de vista la importancia de la obra llevada a cabo si las examinásemos por orden cronológico. Pero, en el cuadro de conjunto que vamos a intentar trazar, no se puede olvidar en ningún momento las circunstancias políticas que explican sus rasgos más salientes, y cuya narración, para mayor claridad de la exposición, emprenderemos inmediatamente.

Se trataba, en primer lugar, de unificar el gobierno central, escindido desde hacía algún tiempo y por las necesidades de la guerra, en diversas ramas. La doctrina, muchas veces manifestada por los consejeros del rey, afirmaba que los tribunales soberanos y los servicios esenciales de la administración eran organismos unitarios, que tenían que ejercer su autoridad sobre la totalidad del reino. Eran enemigos de la descentralización, que sólo podían tolerar de forma provisional, y no concebían la existencia más que de una Cancillería, un Parlamento y una sola Cámara de Cuentas. Desde los tiempos de Carlos V, las ordenanzas habían prohibido periódicamente a los intendentes generales de las ayudas el repartirse el territorio del reino y los habían mantenido, contra su voluntad en muchos momentos, formando un colegio indivisible y central. A partir de 1428, las relaciones entre el Poitou y el Languedoc se habían hecho más fáciles, se suprimió el Parlamento de Toulouse y las causas meridionales se llevaban ante el de Poitiers. Tan pronto como la ciudad de París fue capturada, en abril de 1436, fueron trasladadas a ella la Cancillería y la Cámara de Cuentas de Bourges, así como el Parlamento y el Tribunal de Ayudas de Poitiers. Una delegación de parlamentarios, con un reducido personal, siguió establecida todavía en Poitou para liquidar todas las causas pendientes, pero su actividad cesó a finales de año. Si bien el rey continuaba viviendo a orillas del Loira, huyendo de una ciudad donde, sin duda, le hubieran asaltado muy malos recuerdos, París se convirtió, sin discusión, en la capital administrativa del reino.

En estas condiciones, se hacía necesaria la existencia de una gran variedad de personal, ya que la Francia borgoñona había contado con los mismos tribunales y servicios alternativos a los del reino de Bourges. No existían dificultades en lo que se refería al personal inferior o local, como los bailíos, los receptores, o personal para custodiar los bosques, o prebostes, ya que el tratado de Arras, en el norte de Francia, se había limitado a hacerles cambiar de dueño. Sirvieron fielmente a Carlos VII, como lo habían hecho con Enrique VI, sin que fuera preciso realizar destituciones o depuraciones fuertes en los diferentes servicios. La situación era muy diferente en París. Pero, carecemos de estudios sobre el personal administrativo que nos permitan darnos cuenta de la habilidad del soberano, que hizo concebir la esperanza de no querer revocar a sus antiguos enemigos, a la vez que eliminaba sin sobresaltos ni ruido a los elementos más corruptos o sospechosos. El ejemplo del Parlamento, bastante bien conocido, nos puede, por lo menos, dar una idea de los procedimientos empleados. El tratado de Arras había estipulado el mantenimiento en sus puestos de, por lo menos, quince consejeros del Parlamento borgoñón. Esto permitió una primera selección, y sólo se conservó a aquellos borgoñones cuyo arrepentimiento parecía más auténtico. Después, el rey dejó que el tribunal soberano evolucionase por sus propios medios, admitiendo el principio del reclutamiento por cooptación, que se había preconizado en numerosas ocasiones desde los tiempos de los Marmousets, llegando a decidir, en 1446, que él elegiría a los nuevos consejeros de una lista de dos candidatos presentada por el tribunal. Pero desde 1447, cuando se sentía ya más fuerte, suprimió provisionalmente las elecciones y nombró él mismo a los miembros del Parlamento y expulsó de él a los últimos partidarios de los ingleses, abiertos o disimulados. Es de suponer que en los demás cuerpos constituidos, se practicaron sistemas semejantes, con resultados análogos. Si bien no se produjeron destituciones masivas, se tuvo al menos la habilidad de conservar solamente a los mejores de las dos administraciones en otro tiempo rivales, sin preocuparse de su pasado político. Fue debido a esta sabia mezcla por lo que Carlos VII debió de ser calificado, ya en vida, como el «bien servido». Algunos de sus servidores venían de lejos, como Thomas Basin, sucesor de Pierre Cauchon en la sede de Lisieux, antes consejero y favorito de los Lancaster, en Normandía, pero, que llegado el momento, supo negociar la rendición de su ciudad episcopal y entró a formar parte de los consejos del soberano, de los que se convertirá más tarde, desde el exilio a que le condenará Luis XI, en el apologista y cronista. De esta masa de buenos servidores, la posteridad no ha recordado muchos nombres. El rey, más desconfiado ya, no se abandonaba en la misma medida a sus consejos, tras haber sufrido demasiadas amarguras debido a los favoritos indignos. Los funcionarios exageraron en sus escritos su papel, tanto Basin como Jouvenel. La posteridad se ha encargado de hacer lo mismo con Jacques Coeur, que nunca fue otra cosa, en su condición de tesorero, que exigente y opulento acreedor de la corte, o con los hermanos Bureau, excelentes funcionarios financieros, que también se interesaron en las novedades de la artillería.

Lo que importa más, por otra parte, no son tanto los individuos como la masa imponente de funcionarios del rey, cuya lenta multiplicación no pudieron impedir ni las guerras ni las ordenanzas reformadoras. Como ejemplo, se puede señalar que las «elections» (elecciones), que en tiempos de Carlos V eran unas treinta, habían llegado a setenta y cinco a la muerte de Carlos VII, mientras que en la parte norte del reino, muy pronto habrá unos ciento cincuenta graneros de sal, cada uno de los cuales poseía personal completo de encargados de los graneros y medidores. Estos funcionarios eran lo bastante numerosos para formar en adelante una clase social bien individualizada, intermediaria entre la burguesía de la que procedían en su mayor parte y la nobleza, a la que aspiraban a integrarse. Su cohesión se veía reforzada, a todos los niveles, por las alianzas familiares; en su centro, se veían fundarse auténticas dinastías de parlamentarios, unidas por matrimonio a «hombres de finanzas». Alianzas análogas se realizaban a nivel local, en los escalones inferiores. Todos tendían, en mayor o menor medida, a que se reconociera en su favor un privilegio semejante al que disfrutaban desde hacía poco tiempo los nobles: puesto que servían al rey con su actividad y su tiempo, creían deber estar exentos de la talla regia y, contra la tasación de los funcionarios encargados de ella, llevaban ante los tribunales contenciosos que a menudo ganaban. Así, más bien de hecho que de derecho, se iba construyendo esta nobleza de cargos, que fuera para la monarquía un elemento de fuerza, hasta que más tarde se convirtió en su debilidad.

La centralización monárquica, vigorosamente restablecida en 1436, demostró muy pronto ser inoperante, o por lo menos, poco eficaz. El reino era demasiado extenso como para que la justicia, las finanzas, la contabilidad y, en suma, todos los asuntos de la mayor parte de los dominios pudieran examinarse simultáneamente en París. Se hacía preciso crear en otros sitios otros tribunales soberanos, otros engranajes que acercasen a los súbditos la administración regia. Dificultado por la interesada oposición de los oficiales de palacio, el proceso no se dibujó en realidad hasta que fue preciso, por motivos políticos evidentes, apaciguar mediante la concesión de un régimen especial, las susceptibilidades particularistas de Normandía y de Guyena, recién recuperadas, aunque sus primeras manifestaciones se registraron algo antes. Desde antes de 1435, los receptores generales se habían repartido la administración de las ayudas, quedando para unos las del Languedoïl y para otros las del Languedoc. Se creó una nueva circunscripción con los territorios «del otro lado del Sena y del Yonne», poco a poco reconquistadas a los ingleses, otra más con Normandía. Cada una de ellas fue dirigida por un (receptor) general que tenía a su lado a un receptor especial, motivo por el que pronto se les calificó como «generalidades». Para vigilar mejor el dominio, que había quedado casi reducido a nada con la guerra, los tesoreros se repartieron igualmente el reino en cuatro circunscripciones, provistas cada una de ellas de receptores ordinarios, y cuyas oficinas se instalaron en Tours, Montpellier, París y Rouen. Pero, el Tribunal de Ayudas, el del Tesoro y la Cámara de Cuentas, reorganizados todos ellos mediante minuciosas ordenanzas, se seguían resistiendo a seguir este movimiento de partición. Siguieron siendo casi todos ellos indivisos, en el centro de la administración financiera, a excepción del Tribunal de Ayudas, que tuvo que aceptar la creación de organismos rivales, el primero de ellos para el Languedoc, instalado en Toulouse a partir de 1439 y más tarde trasladado a Montpellier, el segundo para Normandía, establecido en Rouen (1450). El Parlamento de París, por su parte, resistía lo mejor que podía esta tendencia centrífuga, cuyos primeros síntomas también le afectaron. Creía poder aligerar el amontonamiento de causas judiciales, como había ocurrido en el siglo anterior, mediante la creación de los Grands Jours (los Grandes Días), delegaciones temporales y más o menos periódicas de consejeros parisinos en las provincias. Se celebraron, después de 1450, en Poitou, en Auvernia, en Guyena e incluso en Orleans. Pero, ya no era suficiente con esta medida, y desde 1443, se había restablecido, y esta vez de forma definitiva, el Parlamento de Toulouse, que recibió la jurisdicción sobre todo el Languedoc y sobre aquellas partes de Guyena que obedecían a los funcionarios de Carlos VII. Un segundo tribunal soberano se estableció en Burdeos, cuando se produjo la ocupación francesa de la ciudad (1451), y fue después suprimido, dos años más tarde, para castigar la rebelión de los gascones. Sin embargo, cuando por las mismas fechas el Delfín Luis quiso instalar un Parlamento en Grenoble, con jurisdicción sobre todo su apanage, el rey aprobó su creación sin poner ningún obstáculo. Todo esto no hacía sino disminuir la jurisdicción del tribunal parisino sobre las regiones más excéntricas del reino, aunque consiguiera impedir el restablecimiento de otro Parlamento en Poitiers, que le hubiera arrebatado de un plumazo todas las provincias centrales. Así, se iban dibujando uno a uno los rasgos de la Francia moderna, con sus cuadros administrativos que serán heredados por la monarquía del antiguo régimen: «generalidades» financieras, que más tarde irán suplantando a las «provincias» históricas; Tribunales de Ayudas o Parlamentos provinciales, repartidos por las diferentes partes del reino. A ello habrá que añadir inmediatamente el mapa de las gabelas y la naciente distinción entre las regiones de «elecciones» y aquéllas de Estados.

Lo que diferenciaba al gobierno de Carlos VII del de los primeros Valois era la existencia de unos recursos permanentes y de un ejército también estable. Pero decir que este rey «creó» unos impuestos permanentes y un ejército permanente, no es sino la expresión poco ajustada de una realidad mucho más compleja. Desde hacía ya mucho tiempo y todavía durante períodos dilatados, se habían percibido de forma permanente o casi permanente unos recursos «extraordinarios», principalmente la talla, que proporcionaba mucho más que todas las demás formas de imposición. Solamente la extrema debilidad del rey de Bourges le había obligado, como ya se ha dicho, a exigir casi todos los años a los Estados el voto de subsidios, exigidos por la continuación de la guerra. Hasta 1435, aproximadamente, daba la impresión de que la monarquía francesa se orientaba hacia un régimen sin duda autoritario, aunque atemperado por el principio del consentimiento de los impuestos. Si la práctica se hubiera mantenido, los Estados del Languedoïl, que representaban a todo el reino a excepción de las senescalías del Languedoc, hubieran podido convertirse en una institución permanente y desempeñar el papel que tenían, por ejemplo, los Parlamentos ingleses. Los consejeros más próximos al rey se dieron claramente cuenta del peligro, espoleados en este punto por los mismos diputados. La incertidumbre de los caminos y los grandes gastos que comportaba un viaje a menudo lleno de riesgos, hacían que las comunidades urbanas dudasen a la hora de responder a las convocatorias del rey o que sus delegados, una vez en camino, tuvieran prisa por volver a sus puntos de origen cuanto antes. Como el punto fundamental de las reuniones era la votación de un subsidio, todo el mundo deseaba que se hiciera lo más rápidamente posible. Se escuchaban distraídamente las quejas de los Estados y se respondía a ellas de forma evasiva o dilatoria, con lo que éstos parecían contentarse. Solamente en dos ocasiones se adoptaron ordenanzas para satisfacer las exigencias de los tres órdenes, la primera, en 1431, relativa a la moneda, y la segunda, en 1439, acerca de la disciplina militar. Inmediatamente que se obtenía la concesión del subsidio financiero, se disolvía la asamblea, tras una sesión que no duraba nunca más de tres días. La monarquía no admitía, por lo tanto, ni que se controlasen sus gastos ni que se le impusiera una política. Pero, incluso esta obligación de tener que mendigar unos recursos cuya necesidad era evidente, parecía excesiva a los funcionarios del rey. Ya, incluso en los peores momentos de la guerra extranjera, habían llegado a decretar, sin consultar a los Estados, la prolongación de un impuesto anteriormente establecido o incluso a establecer alguna imposición nueva, como había ocurrido en 1425, tras el desastre de Verneuil, o en 1429 para preparar la expedición de la consagración del rey, o en 1430 para hacer frente a unos gastos demasiado fuertes. Se dio un paso adelante cuando en 1435 y 1436 los Estados admitieron el restablecimiento de las ayudas indirectas en todo el reino, que, desde 1418, sólo se habían percibido de forma irregular. Estas tasas sobre las mercancías, fijadas en unos índices de 20 dineros por libra, lo que equivale a 1/12, siguieron siendo percibidas en el futuro, sin que se hiciera necesario solicitar su renovación a los diputados de los tres órdenes. Luego llegó el tumo de hacer lo mismo con la talla. Los Estados de 1439 fueron los últimos a los que el rey pidió la concesión. Durante los años siguientes continuó percibiéndola, y una ordenanza regia, confeccionada de acuerdo con las previsiones hechas por los «hombres de finanzas», fijó cada año su montante, que no dejó de aumentar hasta finales del reinado. La administración financiera, cuya complejidad había aumentado, se hacía así también más previsora. Elaboraba cada año un proyecto de presupuesto para el gobierno interno del consejo del rey al que se calificó el «estado de estimación», y, después del ejercicio, presentaba sus cuentas limpias, lo que se denominaba el «estado real». A partir de 1450, los tesoreros y receptores generales unieron las cuentas ordinarias y extraordinarias y establecieron un proyecto único, el «estado general de las finanzas», que servirá al consejo para la fijación de los índices de la talla.

A partir de este momento, se puede considerar que los impuestos se habían convertido en permanentes, ya que el rey fijaba personalmente el montante de sus necesidades y de sus recursos. Esto no significó, sin embargo, que se prescindiese de la opinión, siempre y en todas partes, de los súbditos. El Languedoc, al que por fortuitas circunstancias se seguía consultando separadamente, conservó celosamente sus Estados particulares. A partir de 1423, el rey intentó tasar a las senescalías meridionales prorrateando las sumas votadas por los diputados del Languedoïl, y, ante las vehementes protestas de los interesados, tuvo que reconocer, en 1428, la obligación que tenía de consultar a los diputados del Languedoc antes de poderles fijar los impuestos. Se mantuvo allí, por tanto, el principio de celebrar sesiones frecuentes, por lo menos anuales, en las que los diputados, a la vez que presentaban quejas de las que se hacía más o menos caso, se recreaban en regatear ante las peticiones de los lugartenientes del rey y a continuación, procedían al reparto del subsidio entre las diócesis de la provincia. Pero, limitados a una región en conjunto restringida, los Estados de Languedoc van adoptando cada vez más la apariencia de asambleas locales, preocupadas únicamente por proteger sus intereses particulares y poco peligrosas, por tanto, para la autoridad monárquica.

Quedaban todavía, además, Estados locales a los que, incluso en los dominios de la corona, se convocaba de vez en cuando, en casos de necesidades apremiantes y concretas. Los de Champaña, por ejemplo, habían concedido en su reunión de 1431 el dinero necesario para el mantenimiento de las guarniciones regias en la provincia recientemente conquistada. Los de la Ile-de-France, en 1436, financiaron los gastos del sitio de Creil. En otros casos, se les hacía votar subsidios extraordinarios para una región siempre restringida y para un tiempo limitado, generalmente en forma de incremento de la talla: los repartían ellos mismos o controlaban el reparto hecho por los oficiales. Pero se trataba de casos excepcionales, y que se fueron convirtiendo cada vez en más raros tras el letargo experimentado por los Estados del Languedoïl. Sólo se conservaron con mayor fuerza y regularidad las asambleas de los grandes feudos, porque los príncipes que mandaban en ellos tenían necesidad de ellas para la obtención de donativos gratuitos, de ayudas o de tallas locales, destinadas no al tesoro del rey, sino al de los grandes feudatarios. Y, como a medida que estas provincias eran absorbidas por el dominio, la monarquía tendrá gran cuidado en no enfrentarse abiertamente a los privilegios locales, se conservará en estos territorios escrupulosamente la institución de los Estados: así, el caso del Languedoc se imitará en el Delfinado, asimilado en este punto a un gran feudo, y más tarde en Borgoña, en el Artois, en Provenza y, más tarde, en Bretaña. Alrededor del viejo Languedoïl, convertido desde la desaparición de sus Estados en un «país de elecciones», se formará un cinturón de «países con Estados», que pudieron conservar sus asambleas provinciales.

Si bien resulta difícil hablar de una «reforma» financiera consciente y lógicamente concebida por Carlos VII, el término, por el contrario, puede aplicarse con toda propiedad al conjunto de medidas adoptadas en el terreno militar.

La situación, es preciso reconocerlo, era trágica y exigía rápidas soluciones. La reconciliación franco-borgoñona, lejos de traer la paz a un país destrozado, había tenido como consecuencia, al liberar a una gran cantidad de mercenarios hasta el momento muy mal pagados, de una y otra parte, arrojar sobre el país a masas de soldados hambrientos. El estado, demasiado pobre como para tomarlos a su servicio y lanzarlos contra los últimos bastiones de la dominación de los Lancaster, tampoco estaba en condiciones de expulsarlos de las provincias a las que se dedicaban a saquear. Sus excesos, en un país agotado por veinte años de guerras, parecen haber superado en horrores todo lo que se había conocido durante el reinado de Juan el Bueno. Las narraciones de los cronistas, llenas de detalles macabros, se ven plenamente corroboradas por las lamentables quejas de los documentos de los archivos: pillajes, incendios, torturas, violaciones, asesinatos, todo ello mezclado. Estos «desolladores» no respetaban nada, salvo las murallas de las ciudades que no podían tomar al asalto. Ni siquiera se preocupaban por lo que podría sucederles al día siguiente y multiplicaban las devastaciones inútiles a cambio de un beneficio inmediato, aunque pasajero. Bajo sus repetidos golpes, los campos acabaron de despoblarse y la miseria engendraba mayor miseria todavía. Todas las provincias del reino tuvieron que sufrir este azote, unas tras otras, y no solamente aquéllas que habían sido escenario de la guerra, sino también las demás, e incluso en mayor medida, ya que se hallaban menos empobrecidas. Asolaron el Languedoc, la región de Albi, la Auvernia, Berry. De allí se lanzaron sobre Borgoña y llevaron incluso sus saqueos al otro lado de la frontera, a Lorena, Alsacia, donde se les continuaba llamando Armagnacs. Sus capitanes, enriquecidos ya por las largas campañas, hacían caso omiso a las órdenes del rey. De este modo, Perrinet Gressart, que había dedicado todas sus energías a la causa anglo-borgoñona, se negó a entregar La Charité al rey de Francia, y se esquivó la dificultad que el incidente planteaba nombrándole capitán al servicio de Carlos VIL Otros habían tenido ambiciones más altas. Antiguos compañeros de Juana de Arco, como La Hire y Xaintrailles, trabajaban por su cuenta a la vez que aceptaban puestos oficiales: Xaintrailles ocupó sucesivamente los cargos de senescal del Limousin y bailío de Berry. El aragonés Francisco de Surienne continuó la guerra por cuenta de los ingleses, magníficamente pagado en Normandía, mientras que el bastardo de Borbón asoló las provincias del centro, antes de acabar en el patíbulo. El más temible de todos, el castellano Rodrigo de Villandrando, llevó a cabo sus tristes hazañas durante mucho tiempo en la más absoluta impunidad.

Se intentó, en un primer momento, restablecer la disciplina de las compañías que decían actuar en nombre del rey. Hubo que actuar contra ellas en numerosas ocasiones, renovando en 1431 y luego en 1438 las prescripciones de Carlos V al respecto. Una ordenanza de noviembre de 1439, mucho más rigurosa, establecía, en principio, el monopolio del rey en materia de reclutamiento, limitaba los efectivos máximos de las compañías a cien hombres e intentaba estabilizar sus guarniciones. Todas estas órdenes distaron mucho de cumplirse inmediatamente. Pero, un control más severo de los efectivos por parte de las autoridades militares, condestable y mariscales, el castigo ejemplar de los malhechores y, sobre todo, una paga mejor y más regular, hicieron mucho para imponer el orden y hacer disminuir las exacciones y los pillajes.

Las treguas de Tours de 1444, si hubieran sido seguidas de una licencia general del ejército, como era habitual en tales casos, hubieran arrojado sobre el país nuevas bandas de mercenarios hambrientos. La gran novedad, en este caso, consistió en no esperar la ruptura de las treguas para proceder al reclutamiento de nuevos contingentes, sino conservar en armas, a la espera de una reanudación de la guerra, unas fuerzas armadas relativamente considerables. Se comenzó por realizar una depuración de todos los elementos revoltosos, y con los mejores de los que quedaban, se formaron grandes unidades, que muy pronto se conocieron con el nombre de las «compañías de la Ordenanza del Rey», cada una de las cuales estaba compuesta por cien lanzas pertrechadas, es decir, de cada hombre de armas, otros cinco siguientes armados más ligeramente. Si bien nunca se llegó a alcanzar los efectivos de cada lanza, por lo menos, el número de las compañías osciló alrededor de la veintena. El año siguiente (1446) se extendió la reforma al Languedoc, que tuvo que armar otras cinco nuevas compañías. Antes incluso que se produjese la reanudación de la guerra, otros contingentes peor armados, menos completos, se habían podido poner en pie de guerra: se trata, en este caso, de las «compañías de la pequeña Ordenanza». Por primera vez en la historia de los reinos de Occidente, un soberano había sido capaz de reclutar, equipar y mantener en pleno período de paz, a una caballería que contaba, por lo menos, con quince mil hombres, y diseminada en guarniciones por todo el reino. Cada ciudad, cada provincia, tuvo que albergar a un número determinado de lanzas. La carga de su mantenimiento recaía, de este modo, sobre los habitantes. Para liberarse de la carga, los contribuyentes tenían que pagar un impuesto «para el mantenimiento de la gente de guerra», que venía a añadirse a las tallas, ya aplastantes, y que, sin embargo, se pagó sin protestas, hasta tal punto se consideraba beneficiosa esta política militar, dirigida a un tiempo contra los routiers, los bandidos y todos los enemigos del rey.

En abril de 1448, se hizo un intento de crear, al lado de la caballería permanente, un cuerpo de infantería igualmente permanente. Para atraer a los voluntarios, se les eximió de todo tipo de impuestos, de donde se les dio el nombre de «arqueros francos». Las comunidades agrarias o urbanas debían de proporcionar uno de ellos cada cincuenta fuegos, y los hombres se armaban por su propia cuenta. Constituían una especie de guardia cívica, que se ausentaban de sus ocupaciones habituales como artesanos o trabajadores para cumplir la única obligación de ejercitarse en el tiro con arco una vez a la semana y de unirse a su compañía en caso de guerra. La ordenanza sólo comenzó a ejecutarse antes de finales de la Guerra de los Cien Años, pero mostró la voluntad, muy firme en la monarquía francesa, de disponer siempre de unas fuerzas militares estables, a las que los progresos de la artillería, rápidos y decisivos, concederían un poder ofensivo hasta el momento desconocido.

IV. LAS TREGUAS DE TOURS

El cuadro de estas prudentes reformas, que hemos recogido y resumido, nos da claramente la impresión de estar ante una monarquía fuerte, segura de sí misma y que se dirigía con firmeza hacia un objetivo fijado de antemano. En realidad, se trató solamente de una serie de intentos y de medidas concretas que se escalonaron en el plazo de quince años. La prueba evidente de que Carlos VII no pasó de la noche a la mañana desde la posición humillante del rey de Bourges hasta la triunfante de soberano victorioso, se aprecia en la misma lentitud con que, tras la toma de París, se culminó la reconquista de las provincias todavía en poder del adversario.

Y, sin embargo, la Inglaterra de los Lancaster se hallaba, en el año 1436, en una pésima situación para restablecer una situación militar que había sido gravemente quebrantada en el continente. Estaba pagando el precio habitual de las grandes epopeyas, devoradoras de hombres y de dinero. Se sentía la falta acuciante de un jefe, que no se había podido ir formando en los años de una minoría prolongada. Pues, mientras que Bedford había continuado en el continente la tarea grandiosa, aunque sin esperanza, de la «doble monarquía», sus compatriotas, en su isla, se habían dedicado a destruirse en sus querellas intestinas, cuyos detalles no merecen una gran atención. Furioso ante su exclusión de la regencia, Humphrey de Gloucester se había lanzado a la intriga. Era, sin embargo, un príncipe brillante, un humanista delicado, cuya munificencia permitió a la Universidad de Oxford enriquecer prodigiosamente los fondos de su biblioteca. Pero se trataba, a la vez, de un hombre revoltoso, violento, ambicioso y retorcido. Fiel depositario de las últimas voluntades de Enrique V, el consejo real, en el que dominaban sus tíos los Beaufort, sólo dejó a Gloucester una autoridad teórica. El príncipe desplazado contuvo su ira durante algunos meses, pero cuando regresó, en 1425, de su burlesca expedición a los Países Bajos, tan humillado como arruinado, no pudo aguantar más. En medio del Consejo acusó a Enrique Beaufort de haber gobernado mal el reino en su ausencia. La querella hubiera degenerado en una guerra civil sin la mediación de Bedford, que se apresuró a apaciguar a las partes en litigio y pasó más de un año en Inglaterra para culminar su obra pacificadora. Tras ella, Gloucester conservaría su título, bastante ambiguo, de «protector» y Beaufort abandonaría la Cancillería, que había dirigido desde los comienzos del nuevo reinado. Pero, el prelado recibía, en compensación, el capelo cardenalicio y seguía siendo, además increíblemente rico y el principal acreedor de la corona. Gloucester, que tenía celos de él por todas estas razones, reemprendió la lucha en cuanto Bedford hubo regresado al continente. En contra del fastuoso prelado, favorito de la aristocracia, levantó a las clases medias, a la burguesía de Londres y a los Comunes. Pretendió declarar contra él el entredicho como hombre de Iglesia, quitarle el privilegio de ostentar la orden de la Jarretera y, como cardenal, la administración de la diócesis de Winchester, que había conservado. Solamente las largas estancias que Beaufort hizo entonces en el continente, para la preparación de las cruzadas contra los husitas de Bohemia, impidieron que la rivalidad se transformara en una lucha sangrienta.

Nadie tenía en Inglaterra la talla suficiente como para dominar estas intrigas. Bedford, demasiado ocupado en París y Rouen, no podía reanudar sus estancias en la isla. La rigurosa administración de Enrique V se diluía ante la existencia de un rey niño y a favor de los enfrentamientos entre los príncipes. En especial, el déficit presupuestario aumentaba de año en año. El conquistador había prometido una victoria rápida, para la cual sus súbditos habían consentido alegremente en conceder enormes sacrificios financieros. Pero la fiscalidad existente era impotente para satisfacer las necesidades, cada vez más imperiosas, de la guerra, ya que el equipamiento de los refuerzos que solicitaba sin cesar el Regente de Francia, se tragaba todos sus recursos. Hasta el asedio de Orleans, se pensó en que la recompensa se produciría inmediatamente. En el momento en que la guerra cambió de carácter y se hizo defensiva, su peso pareció intolerable. Fue justamente el momento en que, ante el aumento de las necesidades, hubo que recurrir a los nuevos recursos. Al resultar insuficientes las tasas sobre las lanas, los derechos aduaneros y de mercado y los impuestos sobre los bienes muebles, el Parlamento de 1431 autorizó la recaudación de una imposición del 5% sobre todos los ingresos superiores a las 20 libras. A pesar de ello, el Tesoro continuó realizando empréstitos a fondo perdido, aumentando, de esta forma, la inquietud de sus acreedores.

Privada por el tratado de Arras de su único aliado en el continente, Inglaterra se encontró a la muerte de Bedford desprovista de un jefe, lo que constituyó una nueva causa de paralización. En Londres, continuaba la rivalidad entre Beaufort y Gloucester en torno del piadoso y débil adolescente que era Enrique VI, pero tomando en estos momentos una forma menos personal y más política. Hombre de iglesia y preocupado por recuperar los fondos que había prestado al Tesoro, Beaufort se convirtió en el campeón del partido de la paz y del entendimiento con el adversario Valois. Una parte de los barones, harta de tantos sacrificios inútiles, se agrupó en su torno. Gloucester, como había hecho su homónimo del siglo anterior, excitaba las pasiones antifrancesas de la burguesía londinense y de los Comunes, les recordaba la gloria, aún reciente, de Enrique V y preconizaba la continuación de la guerra a ultranza. Ni uno ni otro tenían talla suficiente como para dirigir los asuntos franceses. La sucesión de Bedford fue otorgada en primera instancia al conde de Warwick y más tarde a Ricardo, duque de York, que buscaba sus propios intereses y se inclinaba alternativamente hacia uno y otro partido.

Si el gobierno de los Valois no hubiera reincidido en su abandono ya inveterado y si el agotamiento del reino no le hubiera paralizado de forma constante, la toma de París hubiera servido de señal precursora de asalto final contra Rouen y Burdeos, últimos baluartes del imperio de los Lancaster. De hecho, Ricardo de York, ayudado por el enérgico Talbot, pudo detener fácilmente este peligro. A partir de 1436, se restableció el orden en la amenazada Normandía. La recuperación de Pontoise dejaba incluso presagiar una vuelta a la ofensiva por parte de los ingleses hacia la Ile-de-France. Con bastantes dificultades, los Anjou y Richemont convencieron a Carlos VII de que se pusiera al frente de sus tropas, cosa que no había hecho desde la epopeya de su consagración como rey. Pero la campaña de 1437 se detuvo bruscamente. En octubre, se produjo la toma de Montereau, último bastión enemigo a orillas del Sena superior. Después tuvo lugar la entrada solemne en París, rodeada de fiestas y aclamaciones y, tres semanas más tarde, el repliegue hacia Turena. En adelante, las operaciones militares se siguieron desarrollando sin cambios notables, a excepción de la recuperación cada año de alguna plaza ante un enemigo que, por otra parte, casi se alegraba de ello: en 1438 tuvo lugar una campaña poco fructífera en el Bordelais, en 1439 la capitulación de la guarnición inglesa de Meaux, y en 1440, el fracaso ante Avranches y la pérdida de Harfleur. Pobre resultado, en conjunto, cuatro años después de la entrada de Richemont en París.

Por otra parte, a pesar de la lealtad y fervor monárquicos de la nación, Carlos VII no era un rey popular. Se le reprochaba su incapacidad para frenar las devastaciones de los routiers. Por otra parte, el azote de las epidemias que asolaban las exangües provincias aumentaban las calamidades del pueblo y, finalmente, las rivalidades entre los príncipes volvían a surgir en tomo al soberano, hasta tal punto que hacían temer una vuelta a la guerra civil. Al igual que en tiempos de Carlos VI, no se trataba de un levantamiento de carácter feudal. Arruinada por las guerras, la clase caballeresca, que nunca había sido un rival serio para la monarquía de los Valois, nada podía esperar de una revuelta que no podía financiar por falta de medios. La administración real la tenía en una estrecha tutela, le iba quitando uno a uno sus últimos privilegios, eliminaba sus justicias, proclamaba el exclusivo derecho del soberano al ennoblecimiento, a la legitimación, a la concesión de ferias y mercados, e intentaba incluso limitar mediante ordenanzas las ocasiones en que los señores podían exigir ayudas extraordinarias de sus dependientes. Pero, como había ocurrido en tiempos de Carlos VI, los príncipes se rebelaban contra la autoridad que se esforzaba por alejarles del poder y por limitar sus ingresos. Sus exigencias de dinero se hacían cada vez mayores y más imperiosas, en consecuencia, la necesidad que tenían de controlar el gobierno y beneficiarse de las liberalidades regias. Los antiguos prisioneros de Azincourt habían tenido que pagar enormes rescates de guerra, que les habían llevado a la ruina. Desde el momento en que, por ejemplo, la duquesa de Borgoña se empeñó en liberar a Carlos de Orleans, las negociaciones se alargaron durante años, porque el príncipe-poeta no era capaz de reunir la suma exigida para su liberación provisional. Si el rey no renovaba a su favor los beneficios de que había disfrutado en el reinado anterior, estos famélicos príncipes quedarían reducidos a la miseria. Se indignaban al ver a Richemont y a Carlos de Anjou, conde de Maine, como únicos agentes de la política del rey y en su exclusivo beneficio. Carlos I de Borbón encabezaba este grupo de descontentos. A partir de 1437, estaba conspirando continuamente para acabar con los favoritos. Al lado del duque de Alençon estaba Juan V de Bretaña —aunque era hermano de Richemont— y el rey Renato, hermano de Carlos de Maine, mientras que Rodrigo de Villandrando les había prometido el apoyo de sus bandas. Una veloz marcha hacia Auvernia bastó para dispersar a todos los conjurados. En 1440, la amenaza se hizo más real y el complot mucho más amplio. Juan de Bretaña y el conde Armagnac lo apoyaron, y Alençon entró en tratos con los ingleses para obtener su ayuda militar. El peligro se hizo mayor al sumarse a la conspiración dos personajes de primera fila, como eran Dunois, que acusaba al rey de no hacer nada para liberar a su hermanastro Orleans y, sobre todo, el Delfín Luis, joven adolescente de dieciséis años, que estaba ya deseoso de reinar. En febrero, rompieron abiertamente las hostilidades. Esta «conmoción» fue conocida como la Praguerie, en recuerdo de las recientes revoluciones de Bohemia. El ejército real comenzó por ocupar el Poitou, a continuación sometió la Auvernia, donde se habían refugiado Borbón y el Delfín. Los conjurados se vieron obligados a someterse y obtuvieron el perdón en julio. Las causas de su estrepitoso fracaso radicaban, por una parte, en que sus fuerzas eran muy inferiores a las del rey y, por otra, en que no habían contado con la ayuda de Borgoña, sin la cual no podía triunfar ningún tipo de revuelta de príncipes. Felipe el Bueno, poco después de la Praguerie, creyó que había llegado su momento: vender su alianza a los príncipes y recuperar, por este procedimiento, el lugar preponderante en el reino Valois que no le había reconocido el tratado de Arras. ¿No era, acaso, una adaptación a las circunstancias de la política tradicional de su dinastía? En diciembre de 1440 había firmado ya una triple alianza con Juan V de Bretaña y Carlos de Orleans, que había salido finalmente de prisión gracias a sus buenos oficios. Alençon y luego Borbón se añadieron a ella, multiplicaron los viajes de una corte a otra y mandaron emisarios a Rouen para sondear las intenciones del duque de York. Finalmente, en febrero de 1442, todos los príncipes se reunieron en Nevers, para concretar sus agravios contra el rey y exigir la convocatoria de Estados generales. Aunque tenía una apariencia pacífica, la coalición ponía en peligro la independencia de la monarquía. Carlos VII y sus consejeros supieron deshacer la maniobra. Mediante liberalidades hábilmente distribuidas, compraron el abandono de la conjura de Alençon y Dunois. Frente a los demás conjurados se mantuvo una actitud tan firme que tuvieron que resignarse a no conseguir nada positivo.

Pero, no resultaba fácil continuar una guerra a ultranza contra los Lancaster, hasta la recuperación final de todas las provincias ante la amenaza constantemente repetida de estas coaliciones de príncipes. Carlos Vil, cuya falta de actividad era proverbial, se había embarcado inmediatamente después del tratado de Arras en negociaciones muy difíciles, en las que el duque de Borgoña había asumido el papel de mediador. Pues, en Inglaterra, todo el resentimiento engendrado por el revés de Arras se había personalizado en la «traición» de Felipe el Bueno. Inmediatamente, se había dado orden de tomar represalias. Gloucester, siempre dispuesto a las actuaciones inflamadas, se había hecho conceder en apanage el condado de Flandes y desembarcó en Calais, amenazando con invadir el estado borgoñón. La constitución del bloqueo económico de los Países Bajos tuvo como consecuencia inevitable la revuelta de las ciudades flamencas, que Felipe tardó varios meses en dominar (1437-38). Todos los frutos conseguidos en el tratado de Arras parecían escapar de las manos del borgoñón. Incluso cabía esperar un arreglo separado entre los Lancaster y Valois, que se haría claramente a costa suya, y cuyo negociador interesado sería Carlos de Orleans, impaciente por recuperar su libertad tras más de veinte años de detención. Era mucho más conveniente, por ello, tomar en sus manos la dirección de los problemas, entrar en negociaciones con Beaufort para tratar directamente la liberación provisional de Orleans y organizar, finalmente, una conferencia franco-inglesa realizada bajo la mediación personal de Felipe y de su tercera mujer, la hábil Isabel de Portugal, emparentada con los Lancaster. De esta manera, en julio de 1439 se inauguraba en Gravelinas un nuevo congreso de paz en el que Beaufort presidía la delegación inglesa y Regnault de Chartres hablaba en nombre de los franceses. En la conferencia se habló muy poco de la posibilidad de llegar a una «paz definitiva». En cada uno de los bandos, se formulaban condiciones inaceptables para el otro lado, que no habían cambiado mucho desde Arras. Del lado inglés, se seguía reclamando la posesión del reino de Francia, dejando solamente al Delfín —al que se seguía llamando así— en calidad de apanage, solamente las provincias situadas al sur del Loira. En el fondo, se hubieran conformado con la reconstrucción del antiguo imperio angevino, desde Normandía hasta los Pirineos, cedido en soberanía completa. Los franceses, por su parte, ofrecieron de entrada una Guyena disminuida, a la que añadieron a continuación algunas bailías normandas, pero no quisieron ceder la soberanía. Se trataba de una reanudación del interminable debate que durante el siglo precedente había dividido a los Plantagenet y los Valois. Cabe preguntarse si los negociadores eran conscientes de que, a partir de los tiempos de Enrique V, la guerra había cambiado de apariencia y que ninguna combinación territorial o feudal podría restablecer la paz en un momento en que ambas naciones se apiñaban detrás de sus soberanos respectivos. Por lo menos, para aliviar a ambos pueblos, agotados, se planteó con seriedad la firma de treguas prolongadas. Y, lo que es más importante, aprovechando la conferencia, Felipe el Bueno obtuvo la firma de un tratado comercial anglo-flamenco, con gran júbilo de sus súbditos neerlandeses.

La Praguerie vino a interrumpir estas actividades diplomáticas. Con toda justicia, Carlos VII se alarmó ante las intenciones borgoñonas. Felipe, hasta el momento, solamente había trabajado en su provecho, y quizá ahora iba a comenzar a hacerlo contra el rey de Francia. Tras haber obtenido de Beaufort, en julio de 1440, la liberación definitiva de Carlos de Orleans, a cambio de un rescate de 200.000 escudos, el duque recibió en su corte al heredero de los odiados Armagnacs, le casó con una de sus primas, María de Cléves y firmó una alianza con él. La unión de los Lancaster, Borgoña y los príncipes se hacía, obviamente, en detrimento de los intereses de Carlos VII. Los consejeros del rey de Francia, ya menos apáticos y más conscientes de la situación, comprendieron que para poder imponer su voluntad les serían necesarios tener otros triunfos en su mano. Había que responder a las intrigas diplomáticas mediante éxitos militares. La guerra, que seguía arrastrándose, se animó súbitamente. El rey asumió la dirección de las operaciones con una energía poco usual. En 1441, se levó a cabo una brillante campaña contra las compañías, en la llanura de Champaña, bastión del dominio regio hundido en cuña en el Estado borgoñón. Fue allí donde el bastardo de Borbón expió sus culpas en el cadalso. Más tarde, las fuerzas se volvieron hacia el valle del Oise, que seguía ocupado por los ingleses y que estaba defendido por Talbot. De forma sucesiva fueron tomadas por las fuerzas del rey Creil, a continuación Conflans y, finalmente, aunque con grandes dificultades, Pontoise. La Ile-de-France había sido liberada de forma definitiva. El año siguiente, inmediatamente después de las conversaciones de Nevers, el esfuerzo de Carlos VII se dirigió contra Guyena. En el suroeste, las maniobras de los príncipes habían fortalecido la posición de los ingleses. El conde Armagnac había ofrecido a su hija en matrimonio a Enrique VI y el señor de Albret, tras un largo asedio, había tenido que llevar a cabo la capitulación de su castillo de Tartas. A la cabeza de un ejército impresionante, el rey de Francia emprendió personalmente el «viaje hacia Tartas». No se contentó con recuperar la plaza, sino que hizo lo mismo con Saint-Sever, Dax, y, a pesar de un pasajero fracaso ante La Réole, amenazó seriamente Burdeos (junio-diciembre de 1442).

Esta poderosa demostración de fuerza tuvo sus frutos. Los belicistas ingleses tuvieron que ceder en sus posturas. El desacreditado Gloucester había tenido ya que ceder cuando los consejeros de Enrique VI acusaron de brujería a su esposa morganática Leonor Cobham. Los últimos partidarios de la guerra quisieron responder a los éxitos franceses con una postrera cabalgada que, arrancando de Normandía, se dirigiría hacia Burdeos para volver a caldear los ánimos de sus partidarios gascones. Pero, la expedición, cuyo mando fue confiado a un hombre de escasa capacidad, Somerset, sobrino del cardenal de Beaufort, fracasó lamentablemente y se vio obligada a reembarcar tras haber errado durante algunas semanas en los confines entre Bretaña y el Anjou.

En adelante, triunfó completamente el partido de la paz. En ambos lados del canal, el pueblo, aplastado por los impuestos, agotado por tantos saqueos, clamaba su necesidad de tranquilidad y exigía la finalización del conflicto. Felipe el Bueno, siempre temeroso de que se negociase a sus espaldas, multiplicaba sus esfuerzos por llegar a una conciliación. Por otra parte, en ningún momento había dejado de negociar con Londres. El nuevo duque de Bretaña, Francisco I, ofreció también su mediación. Incluso el Papa, siempre empecinado en su lucha contra los padres conciliares de Basilea y además preocupado por los avances de los otomanos, no dejó tampoco en esta ocasión de proponer sus buenos oficios. No eran necesarias tantas ayudas para decidir a los dos adversarios, igualmente deseosos de llegar a un entendimiento. El cansancio generalizado hizo lo demás. Guillermo de la Pole, conde de Suffolk, fue enviado por Enrique VI ante «su querido tío el rey de Francia». En Le Maris, el 8 de abril de 1444, se concluía una tregua local. Más tarde, se iniciaron negociaciones en Tours, que fueron llevadas, del lado francés, por Pierre de Brézé, que se había convertido en el principal consejero de Carlos VII desde la muerte de Yolanda de Sicilia y gracias a la protección de la favorita del rey, Agnés Sorel. Como había ocurrido anteriormente, la «paz general» apareció como imposible en un primer momento. Y, también como en el pasado, fue sustituida por un arreglo matrimonial y la firma de treguas.

El 22 de mayo, los plenipotenciarios decidieron los esponsales de Enrique VI, un mocetón de veintitrés años, con la sobrina de Carlos VII, Margarita de Anjou, hija del rey Renato. Seis días más tarde se firmaba una tregua general entre los adversarios y sus respectivos aliados, que, aunque válida en principio sólo para diez meses, podría renovarse. Los resultados obtenidos pueden parecer insignificantes a una mentalidad moderna. Pero, el matrimonio de un Lancaster con una princesa Anjou abría perspectivas prometedoras. Y, en especial, la suspensión de hostilidades, la primera a la que se llegaba desde el tratado de Troyes, es decir, desde hacía un cuarto de siglo, consagraba la recuperación de los Valois y legitimaba sus conquistas. No iba a tardar mucho en inaugurarse una nueva fase del conflicto, que seria la última.

IX EL FIN DE LAS HOSTILIDADES

IV
EL FIN DE LAS HOSTILIDADES

La tregua de Tours, como una simple suspensión de la guerra que era, dejaba las cosas como estaban. Los ingleses seguían ocupando la mayor parte de Normandía y del Maine, casi todo el Bordelais, la región de Bayona y, en el norte del reino, la de Calais. El armisticio, como ocurría siempre en estos casos, tenía un carácter precario y sufrió, por parte de los capitanes de ambos bandos, un sinfín de violaciones. Sin embargo, era tan grande la necesidad de paz que tanto en Francia como en Inglaterra, fue acogido con explosiones de júbilo. Solamente algunos espíritus nostálgicos reprochaban a Carlos VII el haber abandonado a sus súbditos normandos o gascones y a Enrique VI el haberse casado con la sobrina de su enemigo.

Si se mira con mayor detenimiento, puede verse que el respiro concedido a los combatientes no era igualmente ventajoso para ambos. En Inglaterra, la situación política seguía siendo muy confusa. Enrique VI demostraba ser un príncipe débil, incapaz de gobernar por sí mismo. Sobre él comenzaba a ejercer su influencia la joven esposa que se le acababa de imponer y cuyo ascendiente no iba a dejar de aumentar. Ante la pérdida de poder de Beaufort, ya anciano, la confianza de Margarita de Anjou se dirigía hacia el negociador de su matrimonio, el conde, y muy pronto marqués, de Suffolk. Por otra parte, si bien la mayor parte del país le estaba agradecido por haber detenido la guerra, la opinión nacionalista también estaba resentida ante las humillaciones que comportaba la tregua. Gloucester se seguía dedicando a atizar los descontentos, hasta el punto de que Suffolk no conseguirá desembarazarse de él, en 1447, más que empleando una acusación de traición. Detenido, el tío del rey murió misteriosamente en su prisión. Esto será, para la opinión indignada, un motivo más para el odio contra el todopoderoso ministro, en quien no veía más que un criado al servicio de los extranjeros. No sirvió para nada el que Suffolk, tomando sus precauciones, se hiciera conceder un voto de confianza por el Parlamento en junio de 1445, a favor de su política de pacificación. El nacionalismo inglés, que se enfrentó unánimemente en su contra, se hizo tanto más violento cuanto más importante era. No quería abandonar la quimera de las aventuras continentales, pero se negaba a hacer los sacrificios materiales necesarios para su prosecución. Para satisfacción de su vanidad, este grupo prefirió acusar de falta de pericia e incluso de traición a los ministros sobre los que recaía la responsabilidad de los fracasos militares. Como artífice de la paz, Suffolk cayó el 2 de mayo de 1450, inmediatamente después de las derrotas que su política de entendimiento, muy poco apoyada por una opinión pública cegada, no supo prever o evitar.

Muy diferente era la posición de los consejeros de Carlos VII. Los cuatro o cinco años de paz que les garantizaban las treguas se aprovecharon para culminar la labor de reorganización del reino, volver a poner en orden la administración y comenzar la creación de un ejército nuevo. La misma moneda, que había quedado casi reducida a nada por repetidas devaluaciones, recuperó su fuerza y se estabilizó en unos índices que permitía el renacimiento del comercio. La burguesía, satisfecha ante una nueva prosperidad que aumentaba la seguridad de los intercambios, se convirtió ahora más que nunca en el fiel soporte de la monarquía. Incluso, en la corte, el rey llega a sacudirse su apatía. Quizá fuera ayudado a ello por Agnés Sorel, señora de Beauté, la primera favorita que ha conocido nuestra historia y que, hasta su muerte, ocurrida en febrero de 1450, ejerció sobre él una bienhechora influencia. Las intrigas de los príncipes no pudieron nada ante ella y Pierre de Brézé. Desunidos desde el fracaso de las conversaciones de Nevers, no se atrevían a reagruparse. Solamente el Delfín Luis persistía en su actitud astutamente hostil. Pero, a partir de 1445, se tuvo que recluir en su apanage del Delfinado. Las sórdidas maniobras de sus espías en el entorno próximo al rey no pusieron, en ningún momento, en peligro a los favoritos.

A ellos, por añadidura, correspondió el mérito de haber aprovechado las treguas para mejorar la situación diplomática de los Valois. Una gran embajada francesa, dirigida por Jean Jouvenel, el nuevo arzobispo de Reims y acompañada de plenipotenciarios castellanos, bretones y angevinos, desembarcó en Inglaterra en el mes de julio de 1445. Un hecho parecido no se había producido desde hacía treinta años, desde el lamentable fracaso de las negociaciones de Winchester. Los embajadores, que fueron magníficamente recibidos, sólo ofrecieron para alcanzar la «paz final», en la que nadie creía sinceramente, unas concesiones territoriales disminuidas sin cesar: Guyena, Quercy, Perigord y el Calaisis. Pero, a cambio de la renovación de las treguas, obtuvieron de Suffolk y de Enrique VI dos promesas importantes: la de un próximo encuentro de ambos reyes, de la que cabía esperar mucho y la cesión a Renato de Anjou del condado de Maine, en el que seguían manteniéndose guarniciones inglesas. Temeroso, sin duda, de la oposición unánime de la opinión pública nacionalista, el gobierno de Londres no se atrevió a dar cumplimiento inmediato a sus promesas. Las embajadas y conferencias se sucedieron durante más de dos años, dilatándose cada vez la proyectada entrevista entre ambos reyes y acrecentando las dificultades para la entrega del Maine. Consciente de sus derechos, Carlos VII decidió, a pesar de las treguas, dejar la decisión a las armas. Mientras se seguía negociando, las tropas del rey acudieron a asediar la ciudad de Le Mans. Las guarniciones inglesas, amenazadas por este importante despliegue de fuerza, prefirieron abandonar la provincia y replegarse hacia Normandía Gunio de 1448).

I. LA RECONQUISTA DE NORMANDÍA Y GUYENA

Las treguas debían de expirar en la primavera de 1450. Pero el problema del Maine había mostrado que el rey de Francia estaba deseoso de reanudar la lucha hasta la total recuperación de su reino. Todo le empujaba hacia esta política guerrera: la acción de sus legistas, respaldados sin ninguna duda por toda la opinión pública y que consideraba a las treguas como un simple alto antes del asalto final; la impaciencia de los hombres de guerra incorporados a las nuevas compañías y la mala voluntad y mala fe de los funcionarios ingleses en Francia, provocando sin cesar y volviéndose atrás continuamente de las más solemnes promesas de Suffolk o de Enrique VI. En aquellos mismos momentos acababa de llegar a Rouen un nuevo lugarteniente del rey de Inglaterra, su primo Edmundo Beaufort, duque de Somerset que, a pesar del estado de agotamiento en que se encontraba la Normandía de los Lancaster, consideró muy hábil, sin duda para satisfacer a la opinión pública inglesa, practicar una imprudente política de provocaciones. Evacuadas por la fuerza, las guarniciones del Maine, en lugar de replegarse sobre Caen o Rouen, fueron enviadas a los límites occidentales del ducado a ocupar las dos ciudades de Mortain y de Saint-Jame-de-Beuvron, hasta el momento territorio neutral. Se trataba de una amenaza directa contra el duque Francisco de Bretaña, al que su tío Richemont había conquistado definitivamente para la obediencia francesa. Carlos VII, que había apoyado las quejas ducales, se vio insolentemente tratado por el presuntuoso Somerset, aunque el asunto, en el fondo, no le concernía, ya que Bretaña era feudo de la corona inglesa. Y, lo que fue más importante, Somerset y Suffolk, que necesitaban un suceso espectacular para mantener su prestigio, prepararon minuciosamente un golpe del que esperaban conseguir la venganza del asunto del Maine. Confiaron la jefatura de la expedición punitiva contra el duque de Bretaña, que de paso iría en contra de su protector Valois, a un capitán de routiers tristemente célebre, Francisco de Surienne, apodado el Aragonés. El 24 de marzo de 1449, un audaz golpe de mano del Aragonés le hizo dueño de Fougéres, en pleno territorio bretón. Tras ser saqueada la ciudad tuvo que soportar la presencia de una guarnición inglesa.

Carlos VII hubiera podido emplear como pretexto para reanudar inmediatamente las hostilidades esta flagrante violación de las treguas, pero prefirió continuar durante algunos meses más las negociaciones inútiles que se venían manteniendo. Pero, dejó que sus capitanes prosiguieran, en nombre de Francisco I de Bretaña, la «querella de Bretaña», que se apoderasen de Pont-de-l’Arche y de Conches, en Normandia, de otras plazas en el Beauvaisis y en el Bordelais. El enemigo, desmoralizado, carecía de capacidad de reacción. Mientras tanto, el ejército iba reuniéndose en las fronteras de Normandía. Finalmente, el 17 de julio, un consejo, convocado especialmente cerca de Chinon, decidió la reanudación abierta de las hostilidades y confió su dirección al veterano Dunois, rompiendo todo tipo de relaciones con Somerset.

A pesar de estar llena todavía de guarniciones inglesas, Normandía fue cayendo en manos francesas a lo largo de una extraña campaña que se prolongó durante doce meses sin interrupción. La población, acogía por todas partes a los franceses como liberadores y, en bastantes ocasiones llegó a rebelarse sin esperar la llegada de las tropas victoriosas. Gracias a tantas complicidades, todo se redujo a una constante guerra de sitios, que tan del gusto serían más adelante de Luis XI, poco costosas para el asaltante y ahora más efectivas que en el pasado, gracias a los progresos de la artillería, que ponían en marcha terribles «baterías» devastadoras y desmoralizadoras. El ataque concertado fue llevado a la vez por tres cuerpos de ejército. Partiendo del Beauvaisis y con el apoyo de la nobleza de Picardía, los condes de Eu y de Saint-Pol, tras atravesar el Sena más arriba de Rouen, se apoderaron de Pont-Audemer, Pont-l’Evéque, Lisieux, que fue entregada por su obispo Thomas Basin (16 de agosto), y procedieron a continuación a una metódica limpieza de la región de Bray. Por el centro, Dunois, respaldado por su flanco izquierdo por el duque de Alençon, había entrado en primer lugar en Verneuil, sin ningún tipo de resistencia, y se le había unido el rey en Louviers, habían tomado Mantés y Vernon y, a continuación, irrumpiendo en la baja Normandia, avanzaron hasta Argentan (4 de octubre). Por el oeste, en una brillante campaña de otoño, Francisco I y su tío Richemont se apoderaron de Coutances, Carentan, Saint-Ló, Valognes y de casi todas las ciudades del Cotentin, y terminaron con la recuperación de Fougéres (5 de noviembre).

Mientras tanto, el rey, tras reagrupar su ejército, se presentó ante los muros de Rouen el 9 de octubre. La burguesía, casi completamente ganada a la causa del rey, abrió sus puertas al asaltante. Presionados fuertemente en la fortaleza de la ciudad, Somerset y su guarnición prefirieron retirarse a Caen. Carlos llevó a cabo una entrada triunfal en la capital normanda, el 20 de noviembre. Finalmente, en pleno invierno, otras ciudades, y entre ellas Harfleur, cayeron también en manos francesas.

Hasta el momento, la reacción inglesa había sido muy débil. En un principio, Talbot había intentado vanamente impedir los movimientos del enemigo. Con algunos centenares de hombres, no tenía posibilidades de éxito. Durante el invierno, en medio de enormes dificultades, Suffolk intentó el último esfuerzo, en vísperas de la gran catástrofe. Un pequeño ejército de socorro, compuesto apenas de cinco mil hombres y al mando del caballero Thomas Kyriel, desembarcó en Cherburgo el 15 de marzo de 1450, recuperó diversas plazas del Cotentin, se unió a los dos mil hombres con que aún contaba Somerset y, atravesando el Vire, penetró en el Bessin. El 15 de abril sufría una aplastante derrota en Formigny. La historia militar se ha interesado muy poco en estas últimas batallas de la Guerra de los Cien años, y si no hubiera sido así, hubiera constatado su enorme parecido con las de Crécy, Poitiers o Verneuil. Solamente, que ahora se habían invertido los papeles. En lugar de las masas de caballeros que ponían en pie de guerra los primeros Valois, Carlos VII disponía ahora de pequeños ejércitos, provistos de artillería y de infantería, pero inferiores en número, sin embargo, a las expediciones, de por sí bastante miserables, de los invasores. En Formigny, el conde de Clermont, cuyas fuerzas eran mínimas, no podía pensar en atacar. El tiro preciso de su artillería de campaña obligó a los ingleses, que se habían atrincherado como era su costumbre, a salir a campo abierto. Unos tras otros fueron obligados a entrar en acción. La llegada de Richemont con un ejército de refuerzo decidió la victoria del lado francés. Sin que las tropas francesas hubieran tenido pérdidas serias, el enemigo dejaba en el campo de batalla casi a cinco mil hombres, entre muertos y prisioneros. Kyriel se encontraba entre estos últimos.

Fogmigny decidió la suerte de Normandía. Mientras que los bretones limpiaban el Cotentin, el grueso del ejército del rey se dirigió contra Caen. Somerset capituló el 1 de julio y se reembarcó desde Calais hasta Dover, con lo que quedaba de la administración inglesa. Algunas plazas seguían resistiendo, pero fueron cayendo sucesivamente: Falaise el 21 de julio, Domfront el 2 de agosto y Cherburgo, finalmente, el 12, un año justo después de la entrada en campaña.

Inglaterra comenzaba a sentir ya las consecuencias de estos irreparables desastres y asistía impotente a los pródromos de una atroz guerra civil. Primero tuvo lugar la caída de Suffolk, cuya política de paz con Francia y de alianza con los angevinos había provocado el fracaso. Odiado por los barones y por los Comunes, sólo hacía falta una oportunidad para su caída. Fue acusado del asesinato del obispo Adam Moleyns, asesinado en Portsmouth en enero de 1450. Como quería justificarse, el Parlamento entabló contra él un proceso por alta traición. Exiliado por el rey, que intentaba así salvar su vida, cayó sin embargo asesinado por un marinero en el mismo barco que le llevaba a Flandes, el 2 de mayo de 1450. Ningún hombre con capacidad podía sustituirle al frente de los asuntos públicos. Somerset, que fue nombrado su sucesor, llevaba sobre sus hombros todo el peso de la derrota en Normandía. El ultraje sufrido por el honor nacional, la existencia de una aplastante e inútil fiscalidad, las oleadas de soldados vencidos que venían de Francia y se dedicaban al saqueo, así como la miseria general, provocaron en las provincias del sudeste una nueva jacquerie, más peligrosa quizá que la de 1381, puesto que la pequeña nobleza y ciertos miembros del clero la apoyaron. Tuvo por jefe a un aventurero del condado de Kent, Jack Cade, que el 31 de mayo daba la señal para el levantamiento, exigía la destitución de los malos consejeros, se apoderó de Londres, dio muerte al tesorero real y se entregó al pillaje. Enrique VI tardó un mes en reunir un ejército que terminó por aplastar a los rebeldes, el 5 de julio. El asunto no pareció tener consecuencias, por lo menos en el terreno social. Pero planteaba un grave problema político. En medio de la revuelta, había regresado de Irlanda, donde era gobernador, el duque Ricardo de York. Era el pariente más próximo del monarca y su presunto heredero, suponiendo que los Beaufort, legitimados, no aspirasen también al trono. Sucesor de Gloucester en el partido belicista, se puso desde el principio frente a Margarita de Anjou y Somerset. La aristocracia comenzó a agruparse en torno a uno u otro de los adversarios, según las preferencias o alianzas de familia. La inminencia de la lucha paralizaba a Inglaterra, en el momento en que sus últimas posesiones continentales comenzaban a experimentar el asalto de la potencia francesa.

Carlos VII, sin esperar a que se produjera la reorganización de la reconquistada Normandía, decidió llevar todas sus tropas disponibles contra Guyena. Las operaciones preliminares, iniciadas desde el verano de 1449, no habían dado todavía grandes resultados. Todo incitaba a los gascones a resistir frente a estas empresas: su interesada lealtad frente a la dinastía ducal, sus hábitos seculares de autonomía política, sus relaciones comerciales con Inglaterra, que garantizaban su prosperidad, etc. Sin el apoyo de la población, la conquista se planteaba como mucho más difícil. Mientras que el conde de Foix operaba en el valle del Adour, el pequeño ejército del conde de Penthiévre, provisto de una sólida artillería, hacía caer Bergerac, el 10 de octubre de 1450, se apoderaba de Bazas y, acercándose a la capital de la Guyena, ponía en fuga a las milicias comunales. El invierno detuvo las operaciones. Pero, en abril de 1451, un poderoso ejército, bajo las órdenes de Dunois, iniciaba la campaña decisiva. Penetró por el Bordelais y obligó a rendirse a las ciudades una detrás de otra —Blaye, Fronsac, Saint-Emilion— e inició el asedio de Burdeos, que no podía resistir mucho tiempo debido a la falta de cualquier apoyo inglés. Juan de Foix, captal de Buch, hasta el momento fiel a los Lancaster, fue el encargado de negociar la rendición. Se acordó que la ciudad capitularía el 23 de junio, si para entonces no habían llegado refuerzos ingleses a liberarla. Dunois entró en ella y tomó posesión el 30. Inmediatamente, todas las ciudades que aún resistían se rindieron sin resistencia, salvo Bayona, cuyo sitio hubo que emprender en toda regla. A su vez, la ciudad capituló el 20 de agosto. El sometimiento de Guyena, como el de Normandía, había durado escasamente un año.

Pronto, toda la operación amenazó con venirse abajo debido a la actuación de los vencedores. Carlos VII había concedido, realmente, unas condiciones, en general, muy liberales a los gascones sometidos. Solamente se había castigado a Bayona, a causa de su resistencia, con la imposición de una indemnización de guerra y la supresión de las libertades comunales. En todo el resto, los conquistadores habían confirmado los privilegios locales y conservado las instituciones. Pero, cometieron la imprudencia de confiar la administración de Guyena a franceses del norte, muy poco proclives a la comprensión y muy pronto odiados por la población, como el bretón Olivier de Coétivy, que fue nombrado senescal de Guyena, o el financiero Jean Bureau que ocupó el cargo de alcalde de Burdeos. Sus inútiles enredos, los saqueos producidos por los soldados y la total detención del comercio marítimo les indispusieron con la burguesía, los nobles y los funcionarios gascones, que habían sido expulsados de todos los puestos relevantes. Estaban dispuestos a rebelarse a la menor señal, y así lo comunicaron a Londres. Somerset, por otra parte, que había tomado el poder, tenía necesidad de un éxito militar que detuviera su creciente impopularidad. El hombre derrotado en Caen había sido nombrado condestable de Inglaterra, en medio de un enorme escándalo de la aristocracia belicista. El duque de York, que se había erigido como su gran rival, le denunciaba constantemente ante el consejo, reunía tropas y amenazaba con reanudar en cualquier momento la guerra civil. Somerset había podido momentáneamente alejar el peligro. Las insinuaciones hechas por los conjurados gascones en agosto de 1452, le otorgaban la oportunidad de restablecer su prestigio quebrantado. Algunos refuerzos que originariamente se habían reunido para la defensa de Calais, aguardaban en los puertos de la Mancha. Se confiaron unos cuatro o cinco mil hombres al viejo Talbot, conde de Shrewsbury, el único hombre de guerra capaz de sostener con éxito todavía la causa de los Lancaster. A pesar de sus ochenta años largos, el antiguo lugarteniente de Bedford demostraba todavía una energía notable. Desembarcando en Médoc, el 7 de octubre, entraba cuatro días más tarde en Burdeos, precedido por una revuelta generalizada de la población. Todas las plazas fuertes, desde la frontera de las Landas hasta el Angoumois, le abrieron sus puertas tras haber expulsado de ellas a las guarniciones francesas.

Carlos VII se había dejado superar por los acontecimientos. Conocía los preparativos de Talbot, pero los creía dirigidos contra Normandía, cuya defensa se había reforzado. Ahora que la Guyena se había perdido de nuevo, necesitaba disponer de todo el invierno para organizar una nueva expedición, lo que permitía a su vez que el Bordelais recibiese nuevos refuerzos llegados de Inglaterra. Cuando en la primavera de 1452, el ejército del rey penetró en Guyena, era tan superior en número a las tropas inglesas que Talbot no se atrevió a atacarle. Tuvo que esperar a que se disgregase en varios cuerpos, dejar al conde de Clermont que avanzase en cuña en dirección de Médoc y dirigirse contra los contingentes menos numerosos que acababan de poner sitio a Castillon, no lejos de Libourne. Pensaba que sus siete mil hombres obtendrían una victoria fácil, pero se encontró al enemigo sólidamente atrincherado tras sus empalizadas, demostrando que había aprendido las lecciones de Crécy y de Azincourt. Sin esperar más, les atacó con su impetuosidad habitual. La artillería de Jean-Bureau diezmó la caballería anglo-gascona. A continuación, se inició el combate cuerpo a cuerpo en condiciones muy negativas para los asaltantes. Un ataque por uno de los flancos, llevado a cabo por un contingente de lanzas bretonas, decidió la victoria. Talbot, caído en el campo de batalla, se llevaba consigo las últimas esperanzas inglesas en el suroeste aquitano (17 de julio). El asedio de Burdeos, iniciado a continuación y completado con el bloqueo naval de la Gironda, fue el gran acontecimiento militar de la campaña. Se presentaba difícil debido a la decisión de resistir que mostraban la burguesía y la nobleza gasconas. Pero, a finales de septiembre, los habitantes iniciaron las negociaciones, al verse privados de refuerzos e incluso de la ayuda de los últimos contingentes ingleses que habían conseguido escapar de Castillon y que sólo pensaban en volver a Inglaterra. El 19 de octubre, gascones e ingleses se rendían sin condiciones.

Los habitantes no habían obtenido nada positivo de su revuelta. En esta ocasión, el comportamiento de los vencedores fue implacable. Se impuso una indemnización de guerra colectiva a Burdeos y los burgueses más comprometidos tuvieron que exiliarse. No se restableció el Parlamento que había sido concedido a Guyena en 1451, y las causas en apelación fueron a parar, como había sucedido antes, a París o a Toulouse. La dominación francesa, oprimente y conflictiva, siguió siendo aborrecida. Por lo menos tuvo el mérito de saber mantenerse. Se había terminado, de este modo, la larga asociación de tres siglos entre gascones y reyes de Inglaterra y la historia de este gran feudo aquitano que había sido el origen de la guerra.

Se habían cumplido las predicciones famosas de Juana de Arco, según las cuales el enemigo sería «arrojado de Francia». Es cierto que aún le quedaban Calais y el condado de Guiñes. Carlos tenía el propósito, desde 1451, de lanzarse contra este último resto de la dominación lancasteriana en el continente. Pero, la hostilidad del duque de Borgoña, sin cuya ayuda la operación no podía tener éxito, hizo aplazar el proyecto. Se reemprendería más adelante, sin lograrse el éxito. De este modo, la toma de Burdeos marcó el punto final, sino de una guerra que no se cerró con ningún tratado de paz, sí por lo menos de unas hostilidades que se habían prolongado, con mayor o menor fuerza, durante ciento dieciséis años. Admitamos, de acuerdo con la historiografía tradicional, que la Guerra de los Cien Años, iniciada en mayo de 1337, había acabado en octubre de 1453. Sólo nos queda, por tanto, valorar los efectos y las consecuencias que tuvo para cada uno de los beligerantes.

II. FRANCIA AL TERMINAR LA GUERRA DE LOS CIEN AÑOS

La gloria y el prestigio adquiridos por el vencedor, no deben de llevarnos a falsas ilusiones. Las actuaciones de los legistas, las proclamas regias, los escritos de los aduladores a sueldo y hasta las leyendas en las medallas conmemorativas se dedicaron a magnificar el éxito, a hablar de la milagrosa ascensión del soberano que, arrancado desde la nada, había llegado a la cumbre del poder, y a celebrar porfiadamente las glorias del reino de Francia, convertido en el más poderoso de toda la cristiandad. El mismo Carlos VII tuvo un cuidado enorme en borrar todos los recuerdos de las derrotas pasadas, de sus errores de juventud, de los graves desfallecimientos que habían ensombrecido los comienzos de su reinado. La rehabilitación de Juana de Arco fue la pieza maestra de esta campaña. Inmediatamente después de la toma de Rouen, en febrero de 1450, había ordenado una investigación preliminar, que se prolongó indefinidamente a causa de la mala disposición de la curia romana. Un legado papal, el cardenal de Estouteville, accedió en 1452 a escuchar a los testigos, y a ir recogiendo recuerdos e informaciones. Pero, Nicolás V temía enfrentarse con Inglaterra si volvía a abrir un proceso, canónicamente juzgado, por fines exclusivamente políticos. Su sucesor, Calixto III, consintió, finalmente, en junio de 1455, en que se instruyera la causa, que confió al arzobispo de Reims, Jean Jouvenel, uno de los jueces de Poitiers. A partir de este momento, el proceso se desarrolló con la pompa y la lentitud acostumbradas, hasta la sentencia final de rehabilitación, pronunciada en Rouen el 7 de julio de 1456. De este modo, se borraban definitivamente las últimas dudas que pudieran subsistir acerca de la legitimidad de la consagración del rey. Juana era proclamada católica cabal, acusada injustamente de herejía. No había ninguna oposición a que se creyera en el carácter sobrenatural de su misión. Dios había, por tanto, protegido a los Valois en el momento más sombrío de su decadencia, como había continuado haciéndolo en el curso de las recientes victorias, pues se propagaban sin cesar los milagros y prodigios que habían acompañado a las campañas de Normandía y Guyena.

Pero el prestigio no era todo. Suele ocurrir que el precio de la victoria anule, de antemano, sus propios frutos. Para Francia considerada en conjunto, la Guerra de los Cien Años fue una prueba inmensa, de la que salía debilitada, destrozada e incapaz, durante siglos, de recuperar su lugar anterior. Con ella había terminado la hegemonía tranquila que, con unos medios, sin embargo limitados, habían ejercido los últimos. Capeto sobre una Europa peor dotada que ellos. El mundo, que no había cesado de evolucionar mientras se enfrentaban Valois y Lancaster, era ya diferente y menos susceptible a la influencia francesa.

El empobrecimiento material era evidente. Tantas luchas, tantas destrucciones, tantas epidemias, habían reducido en proporciones considerables, tanto la población como las posibilidades de producción. El desastre no tenía un carácter igualmente irremediable en todas las provincias. Había regiones menos afectadas por las calamidades, como el Midi del Languedoc, el Macizo Central y, fuera del dominio regio, Bretaña y Borgoña, las cuales, aunque no se habían rehecho del todo de la sangría de 1348, no habían experimentado, en conjunto, nuevas disminuciones de población. En ellas, la reacción podrá producirse en unas condiciones relativamente favorables. Antes de finales de siglo, los viajeros que las recorrieron alabaron la prosperidad de estas regiones, graneros de abundancia en comparación con las provincias más fuertemente devastadas. Pero, las regiones del Loire medio, Normandía, la Ile-de-France y la Champaña, es decir, el corazón del reino y la cuna de la monarquía, seguían estando en un estado de postración que durará todavía mucho tiempo. Cuando en 1461, Luis IX, al serle anunciada la muerte de su padre, abandonó las feraces llanuras flamencas para ir a coronarse a Reims y entrar en la capital, no verá a su alrededor más que ruina y desolación. Diez años de paz no habían sido suficientes para curar cicatrices de unas campañas desoladoras.

Pues, como sucede en estos casos, era la economía rural la que había experimentado mayores pérdidas. El tonillo hipócrita de las cartas de remisión de impuestos y las declaraciones sensacionalistas de los cronistas, que habitualmente han de someterse a crítica, se ven, en este caso, plenamente corroboradas por el testimonio irrecusable de los documentos de archivo. Algunas provincias quedaron literalmente reducidas a desierto. Los habitantes o habían muerto o habían huido ante la epidemia o la llegada de los routiers. Los más valientes habían regresado una vez que el peligro había pasado, pero en número tan reducido que muchos pueblos, en otros tiempos prósperos, sólo contaban ahora con unos pocos hogares. Los cultivos habían disminuido hasta un punto en que se corría el riesgo de que no bastasen para la alimentación de la población de las ciudades, en las que la carestía y las enfermedades ponían en peligro la vida, ya de por sí miserable, de los artesanos. Una situación como ésta empobreció a todos aquéllos que vivían en el campo y en especial, a los señores, que ante la extensión de las zonas yermas o en barbecho, vieron sus rentas territoriales reducidas casi a la nada. En todas las provincias, una vez que hubo desaparecido el fantasma de la guerra, se fue diseñando un plan vigoroso de reconstrucción, para reconstituir los dominios abandonados, favorecer la nueva puesta en cultivo y revisar los índices de los ingresos territoriales. Las minuciosas ordenanzas de Carlos VII sobre la administración del dominio real participaron de este movimiento de reconstrucción. Se intentaron esfuerzos análogos para los grandes propietarios, laicos y eclesiásticos. La obra de Juan de Borbón, abad de Cluny, que se ha podido estudiar gracias a su afortunada conservación en los archivos, no constituye, sin duda, un esfuerzo aislado. En todas partes se hizo una política de atracción de campesinos mediante reagrupamiento de tenencias, aligeramiento de los censos, la conmutación de las servidumbres más pesadas por prestaciones pecuniarias, e incluso mediante la concesión de una prima de instalación, que el señor esperaba poder recuperar de las futuras prestaciones. No cabe negar que una política de este tipo muy pronto dio resultados tangibles, aunque hubieran podido incluso ser más rápidos. Pero, faltó a este reconocimiento de la agricultura la esperanza de unos mayores beneficios, lo que hubiera acelerado el crecimiento demográfico. El peso de la fiscalidad, particularmente sensible para el «jornalero pobre», iría en aumento sin cesar hasta la muerte de Luis XI, frenando de esta forma el relanzamiento del campo. Quizá haya también que tener en cuenta que la burguesía que accedía de forma progresiva a la propiedad señorial, se mostró menos liberal que las antiguas clases poseedoras con respecto a los campesinos con tenencias, exigiéndoles, por la vanidad del advenedizo, el estricto pago de los derechos y prestaciones, llevando ante los tribunales a campesinos morosos, con lo que no hacían sino perjudicar sus propios intereses.

El paisaje rural francés ha dejado, sin embargo, testimonios indelebles de esta reacción, construcciones religiosas y civiles, iglesias, casas solariegas y viviendas, que son expresión clara de la fiebre de construcción que invadió a un país que por fin se había librado de una calamidad secular. Es cierto que nunca se había dejado completamente de construir, incluso en los períodos más sombríos, y en especial en las ciudades, en las que la crisis económica se había dejado notar de forma menos brutal. Y fue, incluso, en este primer tercio del siglo XV, en medio de los desastres de la guerra civil y la guerra contra Inglaterra, cuando el arte grácil y mórbido del siglo XIV, suprema culminación del clasicismo gótico, con sus vidrieras etéreas y sus molduras un poco lánguidas y su decoración escultural graciosa y manierista, había dejado paso a un deseo de renovación y de originalidad cuyos efectos se seguirán manifestando hasta el triunfo del renacimiento italiano. Conocemos mal las influencias que permitieron al gótico francés tomar, durante más de un siglo, un nuevo camino evolutivo. Quizá el ejemplo de la arquitectura inglesa, que evolucionaba ya hacia formas más retorcidas, inspiró a algunos artistas de la Francia anglo-borgoñona, cuyas iniciativas serían luego seguidas por los de todo el reino. De forma generalizada, las molduras nerviadas, con sus aristas vivas y sus perfiles en forma de prisma, otorgaba a las líneas maestras de la construcción una fuerza un poco afectada. La misma sequedad se manifiesta en los pliegues angulosos de los paños, en las decoraciones vegetales, en las que predominaban la exuberancia de los vegetales rizados y de la hojarasca revuelta. El barroco atormentado aparecía, especialmente, en el empleo de las contracurvas: arcos conopiales, y en las ventanas, estas decoraciones en forma de llama que han dado a este estilo el apelativo de flamígero. Las primeras manifestaciones de esta renovación se habían producido mucho antes de 1450, en ciudades como Rouen, Troyes y Bourges, para citar solamente tres ejemplos, que han conservado excelentes ejemplos de este estilo. Una vez que se firmó la paz, el estilo triunfó de forma generalizada, incluso en las más pequeñas aldeas, en las que una auténtica fiebre de reconstrucción apresuró la reparación de las ruinas, de rehacer en el estilo de moda los edificios destruidos, de poner a disposición de los ricos viviendas más cómodas y espaciosas que las fortalezas en las que se habían refugiado durante las épocas atormentadas. Más sobrio y menos exuberante en las iglesias campesinas que en los edificios urbanos, se adaptó localmente al gusto provincial, abriendo el camino a la aparición, en algunos casos, de verdaderas escuelas artísticas, destinadas, como es el caso de la bretona, a tener una vida larga y próspera.

Las ciudades, en conjunto, habían sufrido menos que las zonas agrarias. Su población, a menudo disminuida en proporciones importantes, vivía a sus anchas en recintos demasiado amplios, en los que huertos, jardines y campos habían pasado a ocupar los espacios habitables vacíos. En algunos casos, el déficit demográfico se había visto disminuido por la llegada de elementos rurales, que huían de las regiones campesinas y se habían habituado a la vida urbana. A pesar de los asedios, los rescates y los pillajes, a pesar de las insaciables exigencias del fisco y la inseguridad de los caminos, el comercio no había dejado en ningún momento de producir pingües beneficios a la burguesía. Los oficios, a pesar de su puntillosa reglamentación, muy exclusivista, seguían siendo prósperos. Las ciudades de Champaña, de Normandía, e incluso la capital, y en un grado menor Burdeos, recuperaron con gran rapidez, gracias a la paz, el ritmo de su producción y de sus intercambios de tiempos pasados. Una nueva era de prosperidad se inauguraba para las ciudades del Loira, y a la cabeza de ellas Tours, que se veían enriquecidas por las frecuentes estancias en ellas de la corte. La industria pañera se había descentralizado fuertemente desde hacía un siglo y medio y ya no era una ocupación exclusiva de las ciudades de los Países Bajos. Finalmente, el comercio entre las diferentes ciudades se iba reactivando a medida que aumentaba la seguridad de los intercambios, enriqueciendo a los cambistas, banqueros y a los hombres de negocios más audaces.

Pero este renacimiento de las actividades económicas no debe deslumbrarnos. En esta auténtica competición comercial que se establece en Europa a partir de este momento y en la que participarán todos los países del continente, el papel desempeñado por Francia será mucho menor que antes de la terrible prueba que había tenido que sufrir. Flandes, Artois, Borgoña, ya no forman parte del reino y su riqueza, en fuerte progresión a partir de 1450, no beneficiaba ni al rey ni a sus súbditos. Las rutas del gran comercio internacional, que en tiempos anteriores atravesaban las tierras de los monarcas Capetos, se habían alejado definitivamente de ellas. Desde Florencia y Venecia, franqueaban los pasos alpinos centrales, produciendo la prosperidad de las ferias de Ginebra, contra las que Lyon nunca podrá ofrecer una competencia seria, después atravesaban el sur de Alemania, verdadero paraíso de la banca internacional, y a través de la región renana, desembocaban en Amberes, cuyo auge había eclipsado ya la antigua gloria de Brujas. Las ferias francesas, que se multiplicaban por una especie de imitación artificial, sólo participaban de lejos y de rechazo de este movimiento de carácter europeo, del que Francia quedaba frecuentemente excluida.

Ningún ejemplo puede resultar más ilustrativo de esta situación falsa y en conjunto secundaria del reino de los Valois, como el de la meteórica carrera de Jacques Coeur, en el que se ha visto con demasiada frecuencia el precursor de una imaginaria prosperidad, cuando su incapacidad para crear algo nuevo y duradero hubiera debido saltar a la vista de cualquier observador. Es cierto que este hombre, hijo de un peletero de Bourges, iletrado pero emprendedor, fue el primero de estos hombres de negocios, de estos aventureros, que consiguió introducirse en los Consejos del soberano. Después de él, la corte de tiempos de Luis XI estará siempre repleta de ellos. Jefe de la ceca del monarca en Bourges, y más tarde tesorero mayor, encargado de la guarda y custodia de las joyas y muebles del rey, encargado de misiones fiscales y diplomáticas, utilizaba solamente el favor de los poderosos para favorecer a su propia fortuna. Hubo dos campos de actividad en los que aparece como un gran innovador: por una parte, consiguió la obtención del derecho de explotación de las minas de plomo argentífero de la región de Lyon, que creía llenas de ricos filones, y por otra, se lanzó con entusiasmo al comercio marítimo, queriendo unir directamente la prosperidad de Montpellier con las fabulosas riquezas del comercio con Oriente. Al llevar a cabo la prospección de las minas, supo darse cuenta de la fortuna que alcanzaría quien fuera capaz de introducir en los circuitos monetarios, sedientos de oro y de plata y que experimentaban una anemia monetaria creciente, nuevas cantidades de metales preciosos. Por desgracia, los Filones de Lyon eran pobres y poco rentables —de hecho se abandonarán después de su caída—, justamente en el mismo momento en que la familia Habsburgo levantaba una fortuna, que es la única explicación válida que se puede encontrar a su meteórica ascensión, gracias a la explotación sistemática de las minas de plata de Estiria. En el terreno del comercio mediterráneo, el error de apreciación que cometió fue también bastante grande. Queriendo arrebatar a Venecia y Génova el monopolio comercial con Oriente, armó y equipó una pequeña flota, compuesta por media docena de barcos, a la qué sería una gran exageración dar el calificativo de «la primera gran flota comercial de Francia». Se puede disculpar la modestia de sus comienzos, ya que todo tiene que tener un inicio. Pero, cabe preguntarse si Jacques Coeur había hecho una justa valoración al lanzar sus barcos al Mediterráneo. Fiel a una tradición que se mantenía desde hacía cinco siglos, creía que Alejandría y Chipre seguían siendo las grandes puertas abiertas a los graneros orientales, los mercados todopoderosos de la seda y de las especias. No comprendió que con los temibles avances logrados por los otomanos, estas grandes fuentes de riqueza estaban a punto de secarse. La excusa que se puede invocar a su favor es el que no fue el único que cometió este error, que será repetido también por sus herederos, los consejeros de Luis XI. Mientras que a comienzos del siglo XV habían sido los aventureros marinos normandos quienes habían realizado la explotación de las Islas Canarias, fundando en ellas un efímero reino colonial, la obsesión provocada por el Mediterráneo provocó inmediatamente el abandono de las aventuras atlánticas. Cuando los marinos de Dieppe las reanuden, en los últimos años del siglo, se habrán ya dejado tomar ventaja por otros más osados que ellos. Con América en manos españolas y el periplo africano realizado por los portugueses, sólo quedarán a los franceses las migajas del festín y ello, incluso, en una situación humillante. Todo esto estaba ya en germen en las empresas de Jacques Coeur, con el agravante de que su caída espectacular en 1453, su ingreso en prisión, su evasión y su prematura muerte en Quío, en 1456, acabaron con su fortuna y dieron carpetazo a sus iniciativas.

Aunque materialmente disminuida, ¿salió la monarquía francesa fortalecida políticamente de la crisis? En este punto, los progresos concretos parecen más evidentes, aunque contrarrestados por algunas debilidades. Es indiscutible que la guerra permitió al reino perfeccionar sus estructuras administrativas y realizar con mayor facilidad que si no hubiera habido esta presión de las necesidades militares y fiscales, el tránsito de la monarquía feudal a este Estado autoritario, paternalista y tiránico a un tiempo, que caracteriza a la Francia de Luis XI. A pesar de las crisis, de las derrotas, las jacqueries, las revueltas urbanas o las de los príncipes, los Valois supieron conseguir sus propósitos. Supieron escapar finalmente a todo tipo de tutela, a la de los Estados sobre Juan el Bueno, a la de los príncipes más recientemente. Rechazaron todas las reformas impuestas desde el exterior, pero, llegado el momento, la monarquía supo otorgarse sus propias reformas, controlar por sí misma a sus funcionarios y aumentar, en definitiva, la eficacia de la maquinaria administrativa, sin renunciar para nada a su poder y sin dar a sus súbditos la impresión de que tenían que sufrir más vejaciones que en tiempos anteriores. Los acontecimientos aceleraron finalmente esta evolución, cuyas principales etapas han sido ya señaladas a lo largo de este libro y de las que no volveremos a ocuparnos.

Pero, la solidez de las instituciones no basta por sí sola para explicar la popularidad de un determinado régimen político. Constituye su esqueleto, pero no su espíritu. El prestigio de un San Luis se había fraguado claramente al margen de unos organismos constituidos, de unos tribunales soberanos o de uno$ funcionarios jerarquizados. Por el simple hecho de mandar sobre una gran cantidad de oficiales, Carlos VII o Luis XI no eran necesariamente más obedecidos que San Luis. El apoyo inapreciable que recibieron como legado de la guerra de los Cien Años fue la aparición de un sentimiento nacional, en adelante y durante muchos siglos vinculado a la persona del soberano, en una forma de lealtad monárquica mucho más fuerte de lo que nunca había sido la fidelidad vasallática. Sentimiento del que ya se ha dicho que era todavía muy poco claro en los albores del siglo XV y que dio incluso la impresión de oscurecerse completamente después del tratado de Troyes. Muy pronto, sin embargo, la experiencia había conseguido madurarlo. Las constantes expediciones militares, los saqueos de los routiers y, sobre todo, la ocupación prolongada de algunas provincias habían bastado para producir esta transformación moral, de la que se produjeron ejemplos muy claros en la última fase de la guerra. El pueblo —quizá sea aún demasiado pronto para hablar de nación— había aprendido a conocer y odiar al extranjero instalado en su territorio. No hay un sólo ejemplo en toda la historia del mundo en que una ocupación militar haya favorecido el entendimiento entre vencedor y vencido. De ahí todas estas palabras nuevas, extrañamente modernas, que se empleaban en torno del rey de Bourges. Los súbditos que habían permanecido fieles a Carlos VII eran los «verdaderos franceses», los franceses de verdad, mientras que los otros, los «franceses renegados», los «franceses ingleses» eran aquéllos cuya traición resultaba patente en un planteamiento emocional, a pesar de los argumentos de tipo jurídico que pudieran plantearse a su favor. ¿Qué relevancia podía tener la ficción de una sucesión dinástica secular, la de una administración que seguía siendo francesa frente a la presencia de soldados extranjeros, que hablaban otra lengua, tenían diferentes costumbres y, a pesar de todas las precauciones que adoptasen, se comportaban como conquistadores?

Este sentimiento nacional, que tenía como punto de partida un planteamiento negativo, el odio común contra un invasor extranjero, tenía, sin embargo, un corolario positivo, que era la sujeción de los súbditos hacia su soberano legítimo. El sentimiento de lealtad monárquica, ya tan poderoso en el último siglo de gobierno de los Capeto, no había hecho sino fortalecerse en medio de las desgracias y de las ruinas. Se vio respaldado por la actuación de los legistas, preocupados por la magnificación del soberano, a la vez que intentaban conservar el reino para él. Ante el desheredamiento del que había sido víctima Carlos VII según la argumentación realizada en el tratado de Troyes, respondieron con una nueva teoría acerca de la corona, que prefigura la que será típica del Estado moderno. La corona, o sea, el conjunto de los bienes señoriales, los derechos feudales, las prerrogativas regias de que disfrutaba el soberano, se convirtió en su óptica en una herencia inalienable de la que la monarquía es solamente la depositaria, como era ya considerada la custodiadora de la ley y administradora de justicia. El derecho público se separaba, de este modo, y se distinguía del derecho privado. En su calidad de servidor del pueblo, el rey adquiría una autoridad indiscutible que no hacía sino reforzar la antigua religión monárquica, tan difundida ya en tiempos de los últimos Capeto. En este punto, como en tantos otros, las teorías jurídicas no eran más que el reflejo de los cambios producidos en los sentimientos populares.

La monarquía, en su calidad de personificación y símbolo de la nación, se encontraba tanto más fuerte cuanto que ninguna oposición organizada podía apoyarse en el futuro en las clases dominantes. Ya se ha señalado el empobrecimiento extremo de la nobleza, la desaparición progresiva de sus privilegios más importantes, bajo la presión conjugada de las necesidades económicas y de la acción de la burocracia monárquica. Para conservar su posición no tenía más camino que entrar al servicio del rey o de los príncipes de sangre. Fue ella la que constituyó el núcleo del ejército permanente, la que solicitó los principales oficios administrativos, quizá con la esperanza de conseguir una posición en la corte o en los consejos del rey. Comenzaba así a convertirse en una nobleza doméstica. Cuando en una región determinada secundaba a los príncipes en sus revueltas, lo hacía menos por afán de combatir la autoridad del monarca que de vender sus servicios a un patrón. La mayor parte de las veces bastaba con unas cuantas liberalidades distribuidas hábilmente para provocar la desbandada en el bando de los rebeldes y atraerlos al servicio del rey.

Todavía en mayor grado que la nobleza, el clero se encontraba en estos momentos bajo la estrecha dependencia del poder monárquico. Creyó en un momento determinado poder sacar provecho del cisma y después de las querellas conciliares para sacudirse la tutela de la sede de Roma, restablecer las «libertades» de la Iglesia galicana y librarse del fardo de la fiscalidad pontificia. Carlos VII, en conjunto, apoyó sus reivindicaciones, consultándole en diferentes asambleas acerca de la actitud a tomar con respecto al concilio. La de Bourges, celebrada en 1438, ratificó ciertos decretos del concilio de Basilea, suprimiendo las anatas, restableciendo la libertad de provisión de beneficios eclesiásticos, sin por ello negar completamente al Papa su capacidad de magisterio sobre el clero. Sus decisiones fueron promulgadas en la Pragmática Sanción, carta constitutiva de la teoría galicana. Pero, en las intenciones del rey no entraba para nada la de romper con Roma. Cuando los padres conciliares de Basilea, perseverando en su actitud revoltosa, provocaron un nuevo cisma, rehusó su reconocimiento al antipapa Félix X —el antiguo duque de Saboya Amadeo VIII—, y trabajó, incluso, activamente, entre 1446 y 1449, para obtener la dimisión del intruso e incitar al concilio a someterse a la autoridad romana. Tampoco deseaba, en ningún modo, dejar que la Iglesia francesa se gobernase de forma autónoma. Como había ocurrido en las dos sustracciones de obediencia de 1398 y 1407, todo el poder denegado al Papa volvió al rey. La Pragmática permitía a los canónigos elegir libremente a sus dignatarios, pero les obligaba a tener en cuenta las «solicitaciones benignas» procedentes del poder laico. Liberaba al clero de una buena parte de la fiscalidad romana, pero era sólo para hacer más efectiva la del rey. En la práctica, la ordenanza se aplicó mal. Carlos no dejó de solicitar de Roma ni de aceptar de la curia la provisión de los beneficios que suponían una concesión para sus protegidos. Tampoco se opuso a las decisiones pontificias, más que en aquellos casos en que perjudicaban sus intereses monárquicos. Hubiera entendimiento o conflicto, era casi siempre la monarquía la que podía decir la última palabra. En mayor medida que nunca, el episcopado y los altos dignatarios se reclutaron entre los consejeros del rey, sus parientes y sus hombres de confianza, estando garantizado su servilismo, más estrecho aún que en tiempos anteriores.

Seguían existiendo, sin embargo, obstáculos a la autoridad del rey, cuyo peligro podía crecer con el tiempo. Las luchas civiles y contra los ingleses habían avivado los nacionalismos provinciales, aniquilando de esta forma los progresos experimentados por el sentimiento de lealtad monárquica. Algunas provincias aceptaron la dominación de Carlos el Victorioso de muy mala gana. Normandía, que era tan ferozmente anti-inglesa, se aferró, sin embargo, a sus privilegios provinciales, a su autonomía judicial y protestó contra la fiscalidad regia que se le imponía desde fuera, reclamando la confirmación de la Carta de los Normandos. Hubiera visto de buen grado un gobierno de un príncipe apanagista, capaz de hacer frente al centralismo monárquico. Luis XI aprenderá la lección a sus propias expensas, cuando los conjurados del Bien Público le exijan el que les dé como gobernante a su hijo, el frágil Carlos de Francia, y la población acoja a los contingentes bretones que luchaban contra el rey. Guyena planteaba mayores reticencias todavía. Toda la nobleza gascona, que había luchado apasionadamente en la guerra al lado de los ingleses, odiaba al soberano que la había sometido. Habrá que esperar hasta el siglo siguiente para que sus capitanes y aventureros entren al servicio del rey. Fuera del dominio regio, la oposición era todavía mucho mayor. En Anjou, en el Borbonesado, la población siguió manteniendo muy arraigadas sus costumbres autonomistas. Aunque a veces se comportaron como vasallos fieles, sus duques tenían su propia política eclesiástica, su propia diplomacia, que pretendían ser independientes de las del rey. Cuando el condestable Richemont sucedió a sus sobrinos en 1448 y se convirtió en el duque Arturo II, prestó el homenaje a Carlos VII de pie y con la espada en la mano, negándose a realizar la genuflexión, que hubiera implicado el reconocimiento de vasallaje ligio. Dos generaciones de dominación borgoñona habían sido suficientes para convertir a algunas provincias, como Artois, en apasionadamente fieles a sus duques. Se opusieron a toda las empresas del rey, obedecieron ciegamente a sus señores extranjeros, austríacos y españoles, y habrá que esperar a las conquistas de Luis XIV para que recuperen el sentimiento de pertenecer a Francia.

De esta forma, los nacionalismos provinciales respaldaban peligrosamente la acción de los príncipes, peligro contra el que el Estado no había podido todavía tomar precauciones. El objetivo de esta política seguía siendo el mismo. El problema residía en saber si la monarquía seguiría siendo independiente y fuerte o sería controlada, en su propio beneficio, por una «poliarquía» de grandes señores, ávidos de poder y de riquezas. Sus egoístas ambiciones se podían adivinar incluso en sus proclamas supuestamente altruistas. El programa político que defendían para soliviantar a la opinión pública en su favor consistía en un aligeramiento de las cargas fiscales que soportaba el pueblo, la abolición de la arbitrariedad de los oficios monárquicos y la exigencia de la convocatoria de los Estados. Las peticiones de los conjurados de Nevers, en 1442, son un precedente de la conjura del Bien Público. Pero, mientras vivió Carlos VII, no se atrevieron a reagruparse. El duro castigo infligido al conde de Armagnac Juan V, en 1455, al ocupar las tropas del rey sus estados, el proceso ejemplar al duque de Alençon, que había reanudado sus actividades criminales en Inglaterra, condenado a muerte y después indultado y recluido en los calabozos de Loches, fueron suficientes para calmar sus nerviosismos. Y, sobre todo, esperaban, para sublevarse, la ruptura entre el rey y su primo de Borgoña, que se consideraba inminente.

Pues, Felipe de Borgoña aparecía a los ojos de todo el mundo como el jefe natural de las alianzas entre príncipes. Bajo su reinado, el Estado borgoñón alcanzó la cima de su poder. Felices casualidades dinásticas, hábilmente preparadas o explotadas, le habían convertido en dueño de la herencia neerlandesa de los Wittelsbach, al igual que del poderoso ducado brabanzón. En Luxemburgo, había conseguido desbancar, no sin dificultades, a los últimos representantes de la casa de Bohemia, y los príncipes renanos eran vasallos suyos. Sus bastardos o sus primos ocupaban los principados eclesiásticos de Utrecht y de Lieja. Éste amalgamador de territorios dominaba sobre un extenso y rico dominio, que se extendía desde el Somme hasta Frisia, y desde el canal de la Mancha hasta las orillas del Mosela. A este mosaico de principados sólo le faltaba la cohesión necesaria, que solamente podrían proporcionársela vigorosas instituciones centrales. Pero éstas se adivinaban ya, en especial en materia financiera, y, desde 1450, Bruselas se había convertido ya en la capital neerlandesa. Casi todas estas anexiones territoriales se habían producido a expensas del Imperio. De ello no hay que deducir, sin embargo, que Felipe se hubiera convertido en un príncipe alemán. Con respecto a la autoridad imperial, mostraba una altanera actitud de independencia, negándose a que se tradujera en hechos su sujeción vasallática que le unía al enfermizo Federico III de Habsburgo. Cuando en 1447, el Emperador, para obtener su ayuda contra los suizos, le propuso convertir en reino algunos de los territorios que poseía en la otra orilla del Escalda, como Frisia y Brabante, Felipe puso condiciones desorbitadas a esta concesión: esta realeza englobaría todos sus dominios imperiales, significaría la plena soberanía sobre todos los principados renanos o lotaringios que no poseía directamente. La razón por la que no quería comprometerse más estrechamente con el Imperio residía en que él apuntaba hacia París, donde sus antepasados habían sido los amos. Sus posesiones imperiales, de las que se consideraba el señor y dueño absoluto, no le servían, en su planteamiento, más que como reserva de nuevas fuerzas para llevar a la práctica sus ambiciones francesas.

Pero, lejos de satisfacer estas profundas ambiciones, el rey de Francia mantenía a su primo borgoñón alejado de todos los asuntos franceses. Algunas cláusulas del tratado de Arras, entre las que él consideraba más importantes, no habían sido jamás aplicadas. Los asesinos de Montereau seguían sin ser castigados y el alma de Juan sin Miedo no contaba con los auxilios espirituales de las fundaciones piadosas que Carlos había prometido fundar. Los funcionarios monárquicos continuaban considerando Borgoña y el Artois como feudos de la corona, actuando en ellos con toda libertad y enviando las apelaciones de sus tribunales al de París. En 1451, el rey aprovechó una revuelta de los oficios de Gante para reclamar a Felipe, infructuosamente por otra parte, la restitución de las ciudades del Somme, a cambio de las cuales ni siquiera habló el rey de las indemnizaciones estipuladas. A la vez que se dedicaba en cuerpo y alma, desde 1454, a la preparación de una gran cruzada contra los otomanos, como fiel heredero de los quiméricos Valois, el duque de Borgoña veía cómo se le escapaba Francia. Y, lo que era peor, temía que la hostilidad del rey, cada día mayor, se transformase en una guerra abierta, y no estaba seguro que, de producirse este enfrentamiento con la monarquía, llevaría la mejor parte. En 1496, se le presentó una ocasión inmejorable para buscar un mejor porvenir y vengar las humillaciones presentes. El Delfín Luis, expulsado del Delfinado por un padre harto ya de sus intrigas culpables, se refugió en territorio borgoñón. Felipe dudó en acogerle, no queriendo provocar una guerra difícil. Cuando, finalmente, le instaló en Genappe, en Brabante, lo hizo para hacer de él un protegido que más adelante, al deberle todo, sabrá devolverle en la corte de París el papel que tuvo Juan sin Miedo. A partir de este momento, el exiliado y su anfitrión esperaban con impaciencia la muerte del rey, que les daría a los dos riqueza y poder. De todos los peligros que asaltaban al reino recobrado y unificado, la hipoteca borgoñona era el que se presentaba como más arduo en un futuro inmediato.

III. LA INGLATERRA DE LAS DOS ROSAS

El peligro hubiera sido mucho más angustioso si Inglaterra hubiera estado en condiciones de reanudar la lucha y, aliándose con la descontenta Borgoña, volver a cuestionar todos los éxitos conseguidos por los Valois. No era nada absurdo, después de 1453, considerar esta posibilidad como realizable a corto plazo, aunque no se llegase a ello en el terreno de los hechos hasta el reinado de Luis XI. Pues es un planteamiento simplista de la historiografía tradicional la opinión de que la Inglaterra de Enrique VI había quedado agotada por sus fracasos continentales y que la guerra civil, a la que estaría abocada durante una generación, no fue sino una consecuencia inevitable de sus fracasos militares. Por el contrario, el reino de los Lancaster seguía siendo potencialmente temible. Moralmente, salía crecido de la lucha a los ojos de la Europa cristiana, y, lo que era más importante, también ante los propios. El recuerdo de las victorias pasadas permanecía más vivo que el de las derrotas más recientes. La opinión pública, representada tanto por las peticiones parlamentarias como por los comentarios de los cronistas, recordaba siempre la epopeya de Enrique V, seguía invariablemente a quien prometía la reanudación de la guerra y alimentaba, en suma, un peligroso espíritu revanchista. En la lucha, los ingleses habían tomado conciencia de su fuerza, que ignoraban todavía un siglo antes. Además, su cohesión nacional se veía fortalecida por la unidad lingüística, ahora ya firmemente establecida. La aristocracia, la administración y hasta la misma corte, a pesad de las alianzas matrimoniales de los soberanos, habían ido olvidando poco a poco el francés. Catalina de Francia y más tarde Margarita de Anjou aparecían a sus ojos como extranjeras, que hablaban un idioma diferente e incapaces de comprender la mentalidad inglesa. Desde el largo reinado de Eduardo III, los tribunales habían cesado casi completamente de llevar a cabo sus debates en la jerga anglo-normanda. Con Enrique IV, los servicios del sello privado y del registro habían ido desapareciendo progresivamente, hasta el punto de que los funcionarios habían olvidado su uso. Después de 1450, para los escasos documentos que se seguían redactando en el idioma de los enemigos, fue preciso emplear los servicios de funcionarios especializados, sacados de la administración normanda, y a los que se llamaba los «secretarios de lengua francesa».

Materialmente, la situación del país era mucho menos dramática que la de Francia. El pueblo había sufrido cargas aplastantes, de las que se había librado finalmente, acelerando de esta forma el desastre final. Pero, a excepción de la epidemia, ningún otro factor había minado sus fuerzas. El fin de las guerras había significado un alivio para las clases trabajadoras del pesado fardo militar y fiscal y permitido el avance de la economía que, aunque era ya sensible desde hacía dos generaciones, se avivó ahora de forma considerable. Esta afortunada evolución afectó incluso a la vida agraria, tradicionalmente menos sensible a los cambios y más lenta en sus oscilaciones. Allí se habían llenado con mayor rapidez los huecos dejados por las reincidencias periódicas de la peste. Solamente algunas regiones continuaban, en parte, devastadas por las consecuencias de las guerras, lo que les significaba remisiones constantes de impuestos, sobre todo en los condados limítrofes al border escocés. En el resto del país, la situación de los campesinos en dependencia mejoraba constantemente. La explotación manorial, tan arcaica en estos albores del mundo moderno, terminaba por desaparecer completamente, debido a los fraccionamientos o transformaciones de la reserva señorial. Manumisiones individuales o colectivas, conmutaciones hábilmente obtenidas, habían suprimido las prestaciones de trabajo y convertido a la servidumbre campesina en una supervivencia tan rara como anacrónica. Así había ido mejorando la condición económica de los tenentes libres, protegidos por un contrato de arrendamiento a largo plazo, el copyhold. Los señores, rentistas de la tierra, no habían salido perjudicados con estos cambios. Estaban impacientes por mejorar los rendimientos de sus tierras e intentaban, de forma generalizada, eliminar los pastos colectivos, que producían una cabaña ganadera itinerante y de bastante escasa calidad, recuperar los pastos comunales más ricos, multiplicar y cercar los prados artificiales, y desecar las zonas de marisma. Se trata del movimiento de los enclosures (cercados), que alcanzará su apogeo bajo los últimos soberanos Tudor y que dará al paisaje inglés este aspecto de tierra de bocage que todavía conserva. Todos estos cambios no se producían sin enfrentamientos. Las agitaciones políticas, el desorden que iba en aumento, las malas cosechas creaban muchos quebraderos de cabeza a los propietarios territoriales. La correspondencia de la familia Paston, linaje de pequeños hidalgos asentados en Norfolk, proporciona testimonios vivos y pintorescos, muy abundantes, de todos estos problemas. Pero, demuestra la importancia y la vitalidad de la economía rural, de la que aún depende, en una proporción importante, la prosperidad de la nación.

A todo esto se añadía, en las ciudades, el auge reciente de la industria. En el transcurso del último siglo, las vicisitudes de la guerra, los bruscos virajes de la política y de la diplomacia habían creado problemas en las relaciones comerciales con los Países Bajos y convertido en muy problemático el trasvase de la lana inglesa a los telares continentales. Bajo la presión de las necesidades económicas, los deseos teóricos anteriormente expresados por los Parlamentos de Eduardo III, se habían ido cumpliendo poco a poco. Había surgido en las ciudades una industria pañera, favorecida por la excepcional calidad de las lanas brutas (woolens) o rizadas (worsted), así como por las técnicas de los artesanos neerlandeses a los que se había atraído gracias a la concesión de privilegios. Desde antes de 1450, la exportación de lanas había disminuido progresivamente compensándose con la de paños acabados, cuya belleza era tan grande que los mercaderes continentales los compraban ávidamente. Ante las quejas de los tejedores flamencos y brabanzones, y a pesar de los intereses contrarios de los comerciantes de Amberes, Felipe el Bueno tuvo que prohibir constantemente la importación de paños ingleses en sus estados, producidos en Bristol y otras varias ciudades inglesas. Fue en vano, ya que la hegemonía de la pañería inglesa se iba haciendo tan grande que los oficios de los Países Bajos, aplastados por la competencia, se iban cerrando uno detrás de otro. En estos momentos, para no desaparecer completamente se habían lanzado ya a la producción de paños de peor calidad, utilizando las lanas de pelo corto de España, y lanzando sobre el mercado paños de sayal, cuya abundancia compensaba en parte su falta de calidad.

La consecuencia de todo esto había sido, para Inglaterra, un notable desarrollo de su comercio exterior. Durante mucho tiempo, los extranjeros habían disfrutado, en este terreno, de un monopolio comerciad favorecido por la propia monarquía, que no quería, en ningún modo, perturbar a estos complacientes prestamistas. De este modo, Eduardo III había concedido a los mercaderes extranjeros la autorización de presentar querellas ante los tribunales de justicia ingleses, como sus propios súbditos. El procedimiento de la dénization o nacionalización les hacía ser considerados como nacionales, con lo que obtenían facilidades muy grandes para poder cobrar sus deudas. Privilegios exorbitantes habían permitido a los hanseáticos, no sin violentas oposiciones, conservar su jurisdicción consular en Londres. Los odios populares, tan brutalmente manifestados en las jacqueries de 1381 y 1450, se iban acumulando contra la insolente riqueza de estos extranjeros. Y, lo que era más importante, beneficios de la industria propia y la prosperidad del comercio interior, dirigido por una asociación de diferentes oficios o craft guilds, habían creado una clase opulenta de capitalistas ingleses, deseosos de seguir enriqueciéndose con el comercio internacional. La asociación de los mercaderes, la última de las corporaciones de Londres, de donde saldrá más tarde la de los Merchant Adventurers, iba eliminando poco a poco a los negociantes extranjeros e imponiendo al país su vocación marítima.

Este auge económico de la Inglaterra de los Lancaster, después de los York, apenas si se vio ensombrecido por la crisis política, que sin embargo afectó en gran medida a la fuerte administración monárquica, de la que se enorgullecía hasta el momento el reino insular. La gran crisis estalló a partir de 1450, nada más producirse la revuelta de Cade, e inmediatamente cristalizó en torno a un problema dinástico y personal. Era la lejana consecuencia de la usurpación de los Lancaster mediante la cual, en 1399, Enrique IV había ascendido al trono, sin tener en cuenta los derechos de Mortimer, ahora unido por lazos matrimoniales a la poderosa familia de los York. Mientras la dinastía había conservado su buena fortuna, su legitimidad no había sido puesta en duda, y ni siquiera las derrotas continentales la habían quebrantado demasiado. Pero las rencillas personales y las luchas por la influencia avivaban las ambiciones y las esperanzas de sus enemigos. La descendencia de Enrique IV se había extinguido de forma casi completa. Los duques de Clarence, Bedford y Gloucester habían muerto sin dejar descendencia. La última esperanza de la dinastía estaba depositada en Enrique VI, que se había casado en 1444 y seguía sin tener heredero. Se trataba de un adolescente retrasado, piadoso en exceso, de salud frágil, desprovisto de voluntad y, sin duda, también de inteligencia. Sobre su conciencia llevaba una pesada herencia. En agosto de 1453 comenzó a perder la razón, como le había ocurrido a su abuelo Carlos VI. Este pobre rey nunca tuvo un tipo de locura violenta, sino una especie de embotamiento, un estupor tranquilo, que duraba varios meses, hasta que de nuevo volvía, siempre por poco tiempo, a una apariencia de lucidez. Por otra parte, ya antes de manifestarse su locura, el rey estaba completamente dominado por su mujer. Margarita de Anjou era una mujer ambiciosa, activa, apasionada y que, como extranjera, no comprendía nada los asuntos ingleses. Educada en el reino de Francia, en el que nadie osaba oponerse a la autoridad monárquica, quería gobernar prescindiendo de los barones y sin la opinión del Parlamento. Para ella, los Estados del reino —como se les llamaba a veces por analogía con las instituciones francesas—, no eran más que una molestia para su poder cuando, si los hubiera empleado con habilidad, lo hubieran multiplicado. Francesa de corazón, era absolutamente partidaria de la paz y no hacía nada por arrebatar a los Valois las provincias recientemente perdidas, considerando que las batallas de Formigny y Castillon habían zanjado definitivamente el enfrentamiento franco-inglés. Esta actitud fue una nueva fuente de impopularidad para ella, en un momento en que toda la opinión pública reclamaba la venganza de estas derrotas, sin estar dispuesta, por otra parte, a sufragar el coste de una nueva guerra. Cuanto mayor era su aislamiento, con más pasión se lanzaba en brazos del partido que le había ayudado a subir al trono. Era el clan de los Beaufort, el partido de la paz, dirigido por Somerset, el vencido en Caen, pero que había pasado a ser condestable y consejero todopoderoso. Los Beaufort tenían aspiraciones más elevadas todavía. Esta rama bastarda, aunque legitimada, de los Lancaster, ¿no aspiraba, acaso, a derogar la ley que le alejaba del trono? En este caso, si Margarita era estéril, Somerset podría aspirar a la sucesión del rey. Con Enrique afectado de locura, podía por lo menos exigir el gobierno del reino.

Pero encontró un rival en Ricardo de York. Nieto por línea de su padre de Edmundo de Langley, representaba, frente a los Beaufort, la descendencia legítima de Eduardo III. Por parte de su madre, Ana Mortimer, heredaba las pretensiones que la línea femenina de Lionel de Clarence hubiera podido esgrimir contra el usurpador lancasteriano. Este hombre pequeño y feo, retorcido e indeciso, había buscado su camino durante mucho tiempo. Desde la muerte de Gloucester, había asumido la dirección del partido belicista. Se le había enviado como gobernador de Irlanda, lo que implicaba una semi-caída en desgracia. Pero, a partir de 1450, había comenzado a actuar, tomó como pretexto la revuelta campesina para regresar a Inglaterra, sin haber solicitado autorización para ello. Siguió esperando el desarrollo de los acontecimientos y dejó imprudentemente que Somerset se instalase en el poder y, a continuación, temiendo una acusación en su contra para quitarle de en medio, lanzó contra el favorito un manifiesto espectacular. Los dos partidos rivales, sin embargo, se resistían todavía a llegar a la guerra civil. Mediante un «acta de gracia», fácilmente obtenido, York recibía, juntamente con su perdón, un lugar en el consejo, que aprovechó para preparar la última campaña aquitana. La locura del rey pareció acercarle al trono. Pero, dos meses más tarde, el 13 de octubre de 1453, Margarita daba a luz un hijo, en la festividad de San Eduardo, cuyo nombre se dio al niño. Para los partidarios de la reina y de los Beaufort, se trataba de una especie de «hijo del milagro». En el partido de los York corrieron murmuraciones de que este nacimiento imprevisto tenía ciertas apariencias de ilegitimidad. York ya no era el heredero del trono, pero en su calidad del mayor de los príncipes de sangre, podía solicitar la regencia. Un Parlamento convocado con mucho retraso y completamente fiel a sus planteamientos, le concedió, en marzo de 1454, el título de Protector del reino. Cambió a todos los ministros y mandó a Somerset a la Torre. Para tranquilizar a Margarita, se nombró a su pequeño hijo Príncipe de Gales, lo que eliminaba las acusaciones calumniosas acerca de su ilegitimidad. Sin embargo, entre los dos partidos no se adivinaba la posibilidad de llegar a ningún compromiso. A partir de este momento, en la Inglaterra de Enrique VI, como había ocurrido en Francia medio siglo antes, se dibujaba el terrible fantasma de la guerra civil, la alternancia de partidos en el poder, el reclutamiento de partidarios armados, las batallas en campo abierto, los asesinatos disfrazados de procesos, y, entre todo esto y de vez en cuando, falsas reconciliaciones.

La guerra de las Dos Rosas —así llamada por la rosa roja, distintivo de los Lancaster, frente a la blanca de los York— fue una de las más terribles convulsiones internas que jamás haya conocido Inglaterra. Si sólo se tiene en cuenta la monótona narración de sus peripecias políticas y militares, perderíamos de vista las fuerzas de fondo que la hicieron posible e ignoraríamos los medios a los que afectó y, lo que es más importante para nuestros propósitos, aquéllos a quienes no afectó en absoluto. En realidad, fue obra de una aristocracia de príncipes cuyo poder no había cesado de aumentar desde hacía un siglo y que se lanzó con pasión en los dos partidos, a la caza de las liberalidades regias, de tierras, de dinero y de poder.

El mal databa de lejos. Durante todo el siglo XIV, los más altos barones, todavía numerosos poco antes de la Guerra de los Cien Años, se habían visto disminuidos por la progresiva desaparición de familias. Los matrimonios, las herencias, las concesiones regias habían concentrado toda su fortuna en pocas manos. En los Parlamentos de Eduardo II, se convocaba normalmente a más de cien barones, mientras que en tiempos de Eduardo III, apenas si superaban los cuarenta. Los más ricos, los que poseían uno o más títulos condales, no superaban los doce en 1360. Su número no se incrementó mucho en los años siguientes. Si se exceptúa la hornada de los llamados «pequeños duques», por la cual Ricardo II quiso comprar el consentimiento de los barones a su golpe de estado autocrático, y que provocó un gran escándalo, la realeza nombraba nuevos condes de forma muy parsimoniosa y estas creaciones apenas si compensaban la desaparición de títulos por extinción de sus ramas masculinas. Consciente de su gran poder, que provenía de su escaso número, esta alta aristocracia tendía a cerrarse cada vez más en sí misma. Privaba completamente de poder a la nobleza menos afortunada de tenentes directos y subvasallos. Solamente ella tenía el privilegio de ser convocada a los Parlamentos, en razón de sus ricas tenencias. En el seno del Parlamento, había formado la asamblea de «pares del reino», transformación aristocrática y oligárquica del antiguo consejo feudal. De esta forma, el «consejo en Parlamento», en otros tiempos formado por los principales consejeros, prelados y la masa todavía numerosa de barones, se había convertido en la «cámara de los Lores», en la que los lores temporales, solamente en número de unos cincuenta en la época a que nos estamos refiriendo, pretendían dictar su política al soberano, decidir en último término sobre todos los problemas cotidianos, convertirse en el más alto tribunal de justicia por el procedimiento del impeachment (impedimento) y del attainder, por el que procesaban a los ministros caídos en desgracia, acusándoles de traición y pronunciando contra ellos penas siempre severas. Toda nueva convocatoria al Parlamento se consideraba como el acto de creación de un nuevo par, cuyo beneficiario y sus descendientes masculinos la disfrutaban para siempre, sin poder ser privados del privilegio. Poco a poco, el término barón, que designaba primitivamente al conjunto de vasallos más afortunados, se había restringido para designar únicamente a los pares. Tendía a convertirse en título, que ostentaban los lores que no gozaban de condados o de ducados.

Esta concentración del poder político se había visto acompañada de un crecimiento proporcional de la riqueza territorial. Toda la fortuna de los Lancaster provenía de la que Juan de Gante y su hijo habían reunido mediante afortunadas herencias, procedentes de varias familias: honores y dignidades de los Montfort, el apanage de Lancaster, las posesiones de los Bohun, lo que suponía, en conjunto, cinco títulos condales. Durante la primera mitad del siglo XV, los York habían añadido al pequeño apanage de Edmundo de Langley las extensas propiedades de los Clarence en Irlanda y las de los Mortimer en las marcas de Gales. No había más que algunas diferencias de grado entre estos príncipes apanagistas y las otras casas baroniles, que habían anudado entre ellas múltiples alianzas matrimoniales. La posesión de la tierra era el fundamento de su poder. Todos se dedicaban a ampliarla y reforzarla. En primer lugar, concentrando sus bienes, hasta entonces muy dispersos, para constituir con ellos extensos señoríos ocupados por un único tenente. Para ellos todos los procedimientos eran válidos, como los intercambios, las compras o las liberalidades de la corona. En segundo lugar, se dedicaron a mejorar la administración de sus feudos. Todos estos grandes magnates disponían en este momento de su hôtel, copiado del del soberano, con sus servicios financieros y administrativos, que les permitían llevar una vida a lo grande y sostener su política. Y, finalmente, se habían también creado una clientela de vasallos.

También en este punto, la imprudente actuación de la monarquía había sido la responsable de la constitución de este «nuevo feudalismo», que amenazaba con ponerla bajo su tutela y aniquilar su poder. Para facilitar el reclutamiento de su ejército, Eduardo III había autorizado a sus grandes vasallos a llevar consigo contingentes militares cada vez más numerosos, lo que era un medio de ahorrar problemas a los sheriffs que hubieran tenido que recorrer los condados convocando a la hueste del rey, pero carecían de los poderes coactivos necesarios. Los barones tomaban, de este modo, a su servicio un número siempre creciente de hombres de armas, que eran sus retainers y que formaban la «retenue» (comitiva) baronial. Los ejércitos de Enrique V habían llegado a estar formados, casi exclusivamente, por estos contingentes feudales, en detrimento del propio ejército regio. La pequeña nobleza, ambiciosa y enriquecida, que hasta el momento había sido fiel a la monarquía, se había apresurado a ponerse al servicio de los príncipes, y se lanzó a ello con tanto más ardor cuanto que el fin de las guerras continentales le había quitado un pasatiempo lucrativo. Se le pagaba mediante concesiones de tierras, a cambio de la prestación de homenaje —sin darse cuenta de que él era el principal responsable, Eduardo III había intentado en vano limitar estas subinfeudaciones— y sobre todo mediante pensiones o feudos de bolsa. Casi toda la clase caballeresca había caído, de esta forma en la clientela vasallática de los grandes. Llevaba su «librea», y era «mantenida» por ellos. Cuando ya era demasiado tarde, el gobierno de Enrique VI promulgará edictos que prohibían «la librea y el mantenimiento». Con el menor pretexto, un puñado de barones podía reunir tropas, tomar el Parlamento por las armas e imponer su voluntad.

Por muy reducido que fuera, el grupo de los altos barones no podía permanecer unido. Se lanzó a la lucha de facciones, esperando, mediante la victoria, enriquecerse aún más a costa de los despojos del adversario. La guerra civil, que no tenía unas sólidas raíces en el país, no cuestionó en ningún momento ni los principios políticos ni la estructura social ni enfrentó a unas provincias frente a otras. Sus protagonistas se agruparon según sus alianzas familiares. Ricardo de York, que estaba casado con Cecily Neville, contó con el apoyo de todos sus cuñados y sobrinos Neville, herederos de los condados de Salisbury, de Warwick y de Kent. Otro sobrino, el duque de Norfolk y otro cuñado, el conde de Essex, completaban el estado mayor de los yorkistas. Somerset, el último representante masculino de los Beaufort, dirigía el partido contrario. Lazos familiares le proporcionaron el apoyo del galés Owen Tudor, heredero de los Pembroke. Adquirió un poder mayor gracias a la ayuda de los Percy, condes de Nothumberland, en otro tiempo terribles enemigos de la dinastía y ahora fíeles partidarios de los Lancaster, que arrastraron tras sí a toda la nobleza del norte.

Esta aristocracia principesca, antes de sumergirse completamente en mitad de la tormenta y destrozarse entre sí con una creciente crueldad, puso en peligro toda la maquinaria administrativa y, de rechazo, la misma autoridad monárquica. Bajo los últimos Plantagenet, al igual que bajo los primeros Lancaster, las viejas instituciones anglo-normandas no habían cesado de evolucionar en el sentido de una especialización siempre creciente de los organismos centrales y de un control cada vez más severo sobre los agentes locales. En el centro de la estructura, seguían estando tres servicios, ahora bien definidos, cuyos jefes dirigían conjuntamente, en el consejo, los asuntos políticos: la Cancillería, junto con sus viejas atribuciones administrativas, se había convertido en un tribunal que cada vez entendía en mayor número de casos, ya que juzgaba siguiendo criterios de equidad, sin preocuparse del formalismo estrecho de los otros tribunales de justicia. El Exchequer, por el contrario, había perdido poco a poco sus poderes jurisdiccionales, para seguir siendo únicamente un Tesoro y una Cámara de Cuentas. El Sello Privado, finalmente, servía de nexo de unión entre los grandes servicios administrativos y el Consejo. Desde mediados del reinado de Eduardo III, el Hôtel, en vez de servir de competencia a los grandes servicios del Estado, los secundaba en sus tareas y completaba su acción. El Wardrobe (guardarropa), especializado en la organización de las campañas militares, se había dividido en un «gran wardrobe», almacén de indumentarias situado en la City de Londres, y en el «wardrobe privado», o depósito de armas y municiones acumuladas en la Torre de Londres. En el Hotel se había creado una nueva secretaría, desde que el sello privado se había desgajado de él: se trata del Registro, con sus oficinas, cuyo jefe, llamado «secretario» desde los tiempos de Ricardo II, se había convertido en el consejero más íntimo del rey, hasta el punto de que los Tudor, en el siglo siguiente, le elevarán al rango de «principal secretario de Estado», antecesor de los modernos ministros de la Corona. Thomas Bekington, obispo de Bath, fue secretario particularmente calificado de Enrique VI, buen administrador y político y diplomático hábil. En las provincias, la monarquía había multiplicado, como había sucedido en Francia, las comisiones de oficiales, encargados de misiones temporales, responsables directamente ante el rey y más maleables que los antiguos organismos locales, como los tribunales de los condados o los sheriffs: comisiones de tasadores y recaudadores de impuestos, investigadores y magistrados encargados de «oír y juzgar» procesos específicos, jueces de paz y de «trabajadores», que aplicaban la legislación antigua relativa al mantenimiento del orden y el mercado de trabajo.

Pero, desde que las luchas políticas se habían agravado en torno al débil Enrique VI, tenemos la impresión de que toda esta maquinaria se mueve en el vacío. No podríamos afirmar de forma precisa si, como había sucedido en otro tiempo en Francia, con el gobierno de los Príncipes, también en Inglaterra se habrían producido multiplicación de oficios, frecuentes depuraciones y saqueo de los ingresos del Estado. La ingente masa de documentación de carácter administrativo que han conservado los archivos ingleses ha sido, incluso, un obstáculo para su estudio. Los eruditos, desanimados ante la magnitud de la tarea, no han sido capaces de informarnos suficientemente sobre la marcha de la administración de los Lancaster o de los York. Ciertos indicios nos hacen entrever con claridad que tantas oficinas, tantas comisiones, tantos jueces y tantos papeles no habrían tenido como consecuencia, precisamente, la ejecución de la voluntad regia, garantizar la recaudación de unos ingresos suficientes y mantener el país en paz y obediencia. El Exchequer, cuya misión se veía dificultada por unos métodos rutinarios y vetustos, no tenía ningún poder coercitivo sobre unos contables poco fiables. Los impuestos se recaudaban mal, los gastos no se controlaban ni estrechamente ni con rapidez, y no se sabía ni confeccionar un presupuesto anticipadamente ni realizar un balance. Ante los tribunales, un procedimiento lento y pesado demoraba indefinidamente las causas, retrasaba los juicios que nadie sabía cómo aplicar cuando no había un condenado claro. La «paz del rey» no era, a menudo, más que una palabra vacía; las violencias, la resolución de los problemas por actuaciones violentas, las guerras privadas, se iban multiplicando, y sus ecos pintorescos o macabros se dejaban oír tanto en las cartas oficiales de pardón o de outlawry (proclamación fuera de la ley) como en la correspondencia de Paston.

¿Quería esto decir que el país volvía a la anarquía en medio de las locas luchas a las que le arrastraba una aristocracia belicosa? Dejando aparte a los profesionales de la guerra, los grandes señores, los hidalgos ambiciosos, y los mercenarios de toda condición, nadie se interesaba en la lucha dinástica. Las comunidades urbanas sólo aspiraban a conservar sus riquezas y a llevar a cabo sus operaciones comerciales en una atmósfera de orden, mantenido por un gobierno competente. Negociaban con ambos bandos, según les convenía a sus intereses. También en las zonas rurales se echaba de menos la tranquilidad perdida. Incluso en los consejos de los soberanos, los legistas hacían reflexiones acerca de las reglas del buen gobierno, exaltaban a la monarquía y alababan la excelencia de las instituciones, cuya buena marcha, temporalmente interrumpida, podría reanudarse si ocupaba el trono un rey con mayor capacidad y energía. Sir John Fortescue, que fue primero justicia mayor del Tribunal del Rey y después canciller de la familia Lancaster, a la que seguirá al destierro antes de unirse a los yorkistas cuando éstos habían triunfado, supo, en sus tratados políticos, tanto escritos en latín como en inglés, integrar las enseñanzas de derecho romano y las lecciones de historia a las tradiciones de la costumbre, expresar los méritos que había de tener una monarquía bien organizada, moderada por la institución parlamentaria, expresión de la voluntad de la comunidad de súbditos. Ni en su De laudibus legum Angliae ni en el The Governance of England[6], deseaba cambiar la constitución basada en la costumbre ni modificar las leyes existentes. Pero el espectáculo del desorden reinante le hizo desear unos métodos mejores de gobierno y, en primer lugar, el reforzamiento de la autoridad monárquica: era preciso que fuese el rey quien nombrase a sus oficiales, impedir que las dinastías baroniales acrecentasen su fortuna mediante matrimonios entre ellas, frenar la enajenación del dominio del rey y devolver toda la influencia dentro del consejo a los funcionarios profesionales.

Este deseo, universalmente sentido, de una paz interior capaz de garantizar un gobierno fuerte, trabajaba, al fin y al cabo, a favor de la causa monárquica. El partido de Ricardo de York y, después de él, de su hijo Eduardo de March, fue capaz de recoger muchas adhesiones, a pesar de la fragilidad de sus pretensiones dinásticas, precisamente porque parecía capaz de garantizar el cumplimiento de este programa. A lo largo de su reinado de veintidós años, agitado todavía por numerosas revueltas e incluso, a mediados del mismo, por un corto destierro, Eduardo IV, que había ascendido al trono en 1461 iba a poner los cimientos de esta monarquía autoritaria, de la que saldría poco tiempo después el absolutismo de los Tudor. El primer elemento importante de esta política radicó en la decadencia de los Parlamentos como órganos políticos. Los lores temporales, que eran cada vez menos numerosos —apenas llegaban a treinta en 1485— seguían alejados de cualquier programa constructivo. Bajo su influencia y gracias a su protección se designaban en estos momentos a los diputados de las ciudades, entre los que se veía aparecer la candidatura de los hidalgos y de hombres expertos en leyes, deseosos de adquirir una influencia en Westminster. El gobierno del momento se las arreglaba para aniquilar cualquier tipo de resistencia en los Comunes, consiguiendo la elección de un speaker partidario suyo. Será el rey quien, en el futuro, someterá a la aprobación de la asamblea sus propios proyectos legislativos, en lugar de transformar en estatutos el texto de los suplicatorios elaborados por la cámara baja. En conjunto, el Parlamento no tendrá otra función más que aprobar los últimos resultados de la guerra civil, condenando a muerte a algunos de los vencidos y concediendo subsidios a los vencedores. Las reuniones fueron cada vez menos frecuentes: solamente fueron convocados en seis ocasiones durante el reinado de Eduardo IV, sin contar el Parlamento lancasteriano que volvió a aclamar a Enrique VI como rey, en 1470-71.

Las aspiraciones de la dinastía de York consistieron en aumentar los poderes del ejecutivo, agilizar el funcionamiento de la justicia y garantizar la independencia financiera de la monarquía. Duró demasiado poco tiempo como para verlos completamente cumplidos. Pero avanzó bastante en el camino de su realización. Fue en este momento cuando se desarrolló la autoridad del consejo, convertido ya en un organismo de gobierno y no sólo en un comité consultivo de barones y funcionarios. Una sección permanente del mismo tenía su sede en Westminster, otra seguía al rey en sus desplazamientos y otras, finalmente, se enviaban en algunas ocasiones a las provincias problemáticas. Así nacieron el Consejo del Norte y el de Gales, cuyos servicios serán empleados con toda plenitud por los Tudor. En materia judicial, la equidad ganó terreno sobre la ley común. Fue en 1474 cuando el canciller pronunció la primera sentencia de equidad, independientemente de cualquier ingerencia del consejo. En su tribunal de Chancery Lañe se agolpaban los litigantes, especialmente en materias de derecho comercial, en las que no se podía aceptar la lentitud del procedimiento a base de dictámenes. Por su parte, el consejo suplantó a los Parlamentos en el castigo de los crímenes políticos. Sus juristas profesionales, que se reunían en la Cámara estrellada (Star Chamber), comenzaron a dictar en ella duras sentencias, que quedaban legitimadas por la razón de estado. Para examinar las súplicas dirigidas directamente al soberano, surgió el embrión de un tribunal de apelaciones, análogo al que funcionaba en el seno del Hótel del rey de Francia. Finalmente, la dinastía de York intentó aumentar y estabilizar sus recursos. Eduardo IV se apresurará a abandonar la alianza borgoñona porque encontró una compensación en la pensión —a la que las fuentes inglesas calificaron por pudor de tributo— que le ofreció Luis XI en Picquigny. Antes y después de esta vergonzosa venta, abusó constantemente de las donaciones gratuitas o empréstitos forzosos, las llamadas benevolences (liberalidades). Por arbitraria que fuera, esta fiscalidad sólo provocó protestas moderadas, porque corregía la injusticia de las tasas tradicionales, haciéndola recaer ahora especialmente sobre la clase mercantil, la más rica, pero, hasta el momento, la menos cargada de impuestos.

IV. LA PAZ IMPOSIBLE

No hay que llegar hasta el advenimiento de los Tudor en 1485, sino remontarse al de los York en 1461, para distinguir los primeros esbozos de una Inglaterra moderna, consciente de su riqueza y de su fuerza, dotada de instituciones renovadas y situada en el camino hacia un autoritarismo que no tenía nada que envidiar al de los Valois. Desde ese momento, y a pesar de los graves problemas internos, aunque siempre pasajeros, hubiera estado en condiciones de reanudar la política continental de los Plantagenet y de los Lancaster y volver a plantear, mediante una nueva invasión, el conflicto franco-inglés.

La cosa le hubiera resultado tanto más fácil en cuanto que ningún tratado de paz, y ni siquiera ninguna tregua, había sancionado la reconquista de Carlos VII de los últimos girones del imperio de los Lancaster. El clan de los Beaufort, expuesto a los ataques de los York y precisamente por su actitud favorable a la paz, no se atrevía a tomar la iniciativa de las negociaciones que le hubieran significado el descrédito inmediato ante una opinión cerrilmente nacionalista. De esta forma, de los dos partidos que alternaron en el poder entre 1453 y 1461, uno no podía y el otro no quería firmar la paz con Francia. Podía, sin embargo, entenderse con Borgoña y permitir las suspensiones de hostilidades, que servían para favorecer el comercio marítimo. Pero, con respecto a Carlos VII, la intransigencia era tanto más fuerte cuanto que faltaban los medios necesarios para continuar la guerra.

El rey de Francia, para salir de la vía muerta en que se encontraba, se veía obligado a atacar, bien a Calais, ciudadela de los partidarios de los York, bien intentando un desembarco en las costas inglesas, o bien vendiendo su alianza a una u otra de las facciones inglesas a cambio de la aceptación de las condiciones de paz. Ninguna de estas tres políticas, que fue intentada alternativamente, dio los resultados apetecidos. Ante el veto puesto por el duque de Borgoña y las intrigas del Delfín, refugiado en su corte, fue imposible hacer avanzar hacia Calais el gran ejército que Carlos había conseguido reunir en Normandía durante el verano de 1456. Por otra parte, una audaz expedición de saqueo contra Inglaterra, concretamente contra Sandwich, realizado por Pierre Brézé en el año siguiente, no tuvo otra consecuencia que una enérgica respuesta de la flota enemiga contra Harfleur, contra la isla de Ré, y una batalla naval desafortunada en el canal de la Mancha. Sin embargo, en vísperas del combate decisivo, ambos partidos ingleses pedían el apoyo del rey francés, como había ocurrido anteriormente en Francia en la lucha entre Armagnacs y borgoñones. Las simpatías de Carlos se inclinaban, como era natural, hacia su sobrina Margarita de Anjou y el partido de la paz. Pero, un compromiso abierto con este grupo hubiera podido significar un conflicto con Felipe el Bueno, partidario declarado de Warwick. Igualmente sabía que el Delfín, que esperaba con impaciencia la oportunidad de reinar, empujaba al duque a romper abiertamente con su padre, e incluso incitaba a los ingleses a la ofensiva contra el reino Valois, llegando a enviar contingentes militares para apoyar la causa de los York en los campos de batalla ingleses. El compromiso a fondo en esta política equivalía, por tanto, a impulsar de nuevo la formación de la alianza anglo-borgoñona. Dudaba, por todo ello, a la hora de unirse abiertamente a los Lancaster y Escocia, en un momento en que esta coalición hubiera podido acabar con la guerra civil, aunque al mismo tiempo rechazaba los ofrecimientos de Warwick. Se limitó, como máximo, a enviar a sus agentes a aconsejar a Margarita y, en el momento en que la causa de los Lancaster parecía vencedora, con la muerte de Ricardo de York en Wakefield (30 de diciembre de 1460), concedió paso libre por su reino a los partidarios de su sobrina. La victoria final de Eduardo de York, en marzo de 1461, significó el final de sus esperanzas. A ambos lados del canal, se hicieron entonces preparativos para la guerra. En el mismo momento en que se temía, de forma generalizada, la ruptura entre los Valois y Borgoña, la reanudación del conflicto franco-inglés, parecía también inminente.

Se trataba de un peligro tan apremiante, que era preciso, al menos, retrasarlo. Luis XI, convertido en rey a la muerte de su padre (22 de julio de 1461), no descansará hasta no haber alejado el peligro de esta temible alianza anglo-borgoñona, que hubiera significado la continuación de la Guerra de los Cien Años, con su terrible cortejo de ruinas, invasiones, derrotas y amputaciones territoriales. Pondrá al servicio del objetivo de conjurar este peligro todos los recursos de su espíritu sutil, de sus retorcidas combinaciones y de su desvergonzado cinismo. En este punto, como en otros, al querer jugar de forma demasiado complicada, le sucederá en más de una ocasión el verse perdido en sus inextricables combinaciones, de las que sólo conseguirá salir gracias a su insolente fortuna. La narración de estas intrigas y de estos pasos en falso, parece desbordar ampliamente los objetivos de este libro, ya que se mezcla con todos los problemas políticos y diplomáticos de esta época revuelta, con todas las coaliciones de príncipes, lucha a muerte contra la casa de Borgoña, ambiciones españolas y combinaciones italianas. Sin embargo, estos episodios pertenecen completamente a la Guerra de los Cien Años, de la que son su epílogo inevitable, a la vez que preludian sus consecuencias más duraderas.

El primer acto del nuevo soberano, hasta el momento partidario claro de la rosa blanca de los York, fue aproximarse a los Lancaster vencidos. Enrique VI estaba prisionero en la Torre de Londres, pero su mujer continuaba la lucha abiertamente. Encontró refugio en Escocia, y luego en Francia, donde, en junio de 1462, el rey le obligó a firmar una tregua válida para cien años. Ante el riesgo de perder todo su prestigio ante sus súbditos ingleses, no había podido reconocer ni las conquistas francesas ni siquiera el título regio de los Valois, pero se trataba de un verdadero tratado de paz, sin tal nombre. Y, lo que significaba una concesión más sustancial, había renunciado a Calais a cambio de un préstamo de 20.000 libras, pero con la condición de conquistarla a los partidarios de los York. Una vez más, la oposición del duque de Borgoña, cuyas tierras había que atravesar, impidió cualquier ataque contra la ciudad. Y, los auténticos dueños de Inglaterra, en especial Warwick, seguido de su protegido Eduardo IV, se apresuraron a castigar la defección de Luis XI. mediante una reanudación de las hostilidades. Su flota se dedicaba a saquear las costas del Saintonge, mientras que algunos contingentes franceses, al mando de Pierre de Brézé, llevaban una ayuda muy poco eficaz a los partidarios de los Lancaster en las fronteras de Escocia.

Luis XI, en estas circunstancias, no tenía otra salida sino llegar a un entendimiento con Londres. Bajo los auspicios de Felipe el Bueno, los plenipotenciarios de ambos reinos celebraron una conferencia en Saint-Omer, en septiembre de 1463. Se llegó a la conclusión de una corta tregua, limitada en principio a las operaciones terrestres y que muy pronto se amplió a la guerra de corso, y que podría ampliarse pasado el año de su validez. Exito modesto que Luis XI, siempre impaciente, quiso explotar sin tardanza. No solamente reprendió ásperamente al duque de Bretaña, Francisco II, cuyos súbditos no respetaban la tregua, sino que, como casamentero que era, intentó ganarse al sensual Eduardo IV, uniéndole a su cuñada Bona de Saboya. El proyecto quedó abortado por la cabezonería del soberano inglés. Como todos sus consejeros, y Warwick al frente de ellos, ya que se había pasado al partido de la reconciliación, convencido por los halagos de que los Valois le hacían objeto, le instaban a llevar a cabo el matrimonio, tuvo que reconocer públicamente que ya no era libre. Se había casado en secreto con una hermosa viuda inglesa, Elisabeth Woodville, cuya familia entera no esperaba otra cosa para lanzarse a la caza de los puestos y honores en la corte. La intriga, por lo menos, había permitido a Luis evitar, por primera vez, la unión de todos sus enemigos. El rey de Inglaterra se mantuvo fiel a la tregua debido a las dificultades que le ocasionaban sus problemas internos y el enfrentamiento creciente entre Warwick y los Woodville y por la agitación constante de los partidarios de Enrique VI, mientras que Luis XI se debatía en el avispero de la guerra del Bien Público. Luis, con todo esto, consiguió no ser aplastado completamente.

El problema radicaba en lo que vendría a continuación, pues podía temerse cualquier cosa de las intrigas borgoñonas. Todos los acercamientos franco-ingleses eran inmediatamente contrarrestados por Carlos el Temerario, a la sazón conde de Charoláis y muy pronto duque de Borgoña, enemigo mortal del rey de Francia desde la conjuración del Bien Público. Había conseguido obligar ya a Luis a entregarle Normandía en apanage a su hermano Carlos, que podría convertirse así en el polo de atracción de todos los enemigos del Valois, tanto bretones como ingleses y borgoñones. Pero Luis, poniendo como pretexto las intrigas de su hermano con Londres, había recuperado inmediatamente Normandía. En ese momento, Carlos de Borgoña, hasta entonces amigo de los Lancaster, de quienes descendía su madre Isabel de Portugal, dejó a un lado sus preferencias familiares para atraerse a su lado a Eduardo IV. Luis había conseguido la renovación de la tregua, en mayo de 1466, por menos tiempo del que pretendía, a cambio del pago de una pensión y de nuevas alianzas matrimoniales y había conseguido atraer a Warwick a Rouen (junio de 1467), para esbozar un proyecto de acuerdo comercial entre ingleses, normandos y gascones. Eduardo IV, empujado por los Woodville, firmó una alianza con Bretaña y Castilla, inició conversaciones secretas con Borgoña y finalmente, casó a su hermana Margarita de York con Carlos el Temerario (junio de 1468). Comunicó al Parlamento que se trataba del preludio de un próximo desembarco en las costas francesas, donde recuperaría la herencia de sus antepasados.

Por segunda vez se volvía a estrechar la temible alianza anglo-borgoñona. Y, por segunda vez, Luis XI consiguió romperla. Y no bastó para ello con neutralizar a Bretaña. La triste aventura de Péronne, donde se lanzó locamente en las garras del Temerario, tuvo por lo menos la ventaja de hacer olvidar al duque triunfante que podía contar con la ayuda de las armas inglesas. Decidido a acabar con la situación, Luis realizó entonces la más audaz maniobra diplomática de su fértil carrera: la reconciliación de Margarita de Anjou y de Warwick, seguida de la restauración en el trono de los Lancaster. Warwick, que se había visto poco a poco desplazado del poder por los Woodville, no decidió rebelarse abiertamente hasta junio de 1469. Al no contar con fuerzas suficientes como para llevar a cabo solo la guerra civil, se refugió primero en Calais y luego en Normandía. Luis preparó una entrevista en Angers entre la reina Margarita y su peor enemigo, el orgulloso «entronizador de reyes». Una alianza matrimonial unirá al joven Príncipe de Gales con la hija de Warwick, cuya dote sería pagada por el rey de Francia. Margarita accedía a la concesión de una tregua de treinta años Qulio de 1470). Con los 30.000 escudos adelantados por Luis, el partido de los Lancaster reclutó mercenarios. Las flotas aliadas, que desembarcaron en Dartmouth, eran el preludio de una marcha triunfal, que llevó a los conjurados hasta Londres. Sacado de su prisión y «reinstalado» en el trono el 6 de octubre, el pobre Enrique VI no podía negar nada al rey de Francia. Ahora que Inglaterra dependía de él, Luis quería servirse de ello para destruir el Estado borgoñón. Se acordó que las fuerzas unidas de ambos reinos atacarían a Carlos el Temerario desde Normandía, Picardía y Calais, repartiéndose a continuación sus despojos. Al precisar con Luis XI los términos de este acuerdo, el joven Príncipe de Gales llegó incluso a reconocer al Valois el título de rey de Francia, lo que equivalía a renunciar a las absurdas, aunque tenaces, pretensiones dinásticas. Es cierto que su padre, más cuidadoso con el nacionalismo de sus súbditos, no podía llegar tan lejos ni prorrogar la tregua durante más de diez años. Pero, se remitía a un próximo congreso de paz la liquidación del conflicto dinástico.

En menos de seis meses, toda la combinación se vino abajo. Abandonado de todos y refugiado en Middleburg, en Zelanda, Eduardo IV encontró en su cuñado borgoñón la ayuda necesaria para la preparación de su revancha. Burlando la vigilancia de sus adversarios, penetró audazmente en Inglaterra, se apoderó de Londres, venció y dio muerte a Warwick en Barnet, el 14 de agosto de 1471, y quince días más tarde, aplastaba al ejército de los Lancaster en Tewkesbury, en el oeste. El Príncipe de Gales perdía también la vida, su madre caía prisionera y su desgraciado padre era asesinado en los calabozos de la Torre. Luis XI se encontraba entonces en una situación peor que en 1468, ya que la alianza anglo-borgoñona, que se alimentaba de la desgracia y del odio, era en este momento indestructible. Apenas podía hacer otra cosa que intentar retrasar algunos meses o algunos años el fatal desenlace. Así, se firmó una corta tregua en septiembre de 1471 y una nueva suspensión de las hostilidades se negoció en Bruselas en marzo de 1473. Pero Eduardo obtuvo del Parlamento los subsidios necesarios para llevar a cabo la invasión de Francia, que en un principio se planeó para 1474. Retrasos e intrigas aplazaron el plan. En julio de 1474 se aliaba mediante un tratado a Carlos el Temerario. Conjuntamente, como había sucedido entre Enrique V y Juan sin Miedo, se distribuyen de antemano el reino de Francia. A cambio de la ayuda prestada al York para conquistar su reino continental, el borgoñón obtendría la cesión del condado de Guiñes, Picardía, Tournai y sobre todo el Barrois y Champaña, que permitirían unir en un solo bloque los trozos dispersos que formaban sus Estados.

La locura del Temerario salvó a Luis XI de este peligro mortal por tercera vez en menos de diez años. En el preciso momento en que todas sus fuerzas, temblando de impaciencia, a las que de buena gana se hubieran unido las de los príncipes franceses, tendrían que haberse dirigido al encuentro del desembarco inglés, Carlos se lanzó a una aventura renana, yendo a sitiar Neuss, a los súbditos rebeldes a la autoridad del arzobispo de Colonia. Luis XI se enfrentó, por lo tanto, solamente a los veinte mil hombres desembarcados por Eduardo IV en Calais, a comienzos de 1475. El Temerario se unió a su cuñado demasiado tarde, con una escolta muy débil. Y, como los príncipes franceses no hicieron ningún intento de rebelión, Eduardo IV prefirió tratar con el rey de Francia. Ambos ejércitos se encontraron frente a frente, cada uno en una orilla del Somme. El 29 de agosto, en el puente de Picquigny, Luis y Eduardo llegaron a un acuerdo para liquidar la expedición. Se firmaba una tregua que detenía las hostilidades durante siete años. Eduardo reembarcaría con toda su hueste en cuanto hubiera recibido una indemnización de 75.000 escudos. Todas las diferencias entre las dos naciones se resolverían en el futuro mediante arbitrajes. Se pagaría una renta perpetua de 60.000 escudos al rey de Inglaterra, cuya hija casaría con el Delfín Carlos. Luis pagaría, además, otros 50.000 escudos por la libertad de Margarita de Anjou. Los consejeros de Eduardo se vieron, asimismo, colmados de regalos y de pensiones. Todo el mundo encontró su compensación: Eduardo IV, fortalecido en el trono, ya no necesitaría la concesión de subsidios parlamentarios, puesto que la pensión francesa le bastaría para vivir; Luis XI, sujetando a su necesitado aliado mediante el señuelo del dinero, podría consagrarse enteramente al problema borgoñón.

¿Se trata, como se ha afirmado, del auténtico final de la Guerra de los Cien Años? Se puede dudar de ello. No se había firmado ninguna paz, Eduardo IV no había renunciado ni a la corona de Francia ni a las provincias perdidas que hubiera podido reclamar en calidad de heredero de los Plantagenet, mientras que seguía aferrado a la posesión de Calais. Su neutralidad sólo duraría el tiempo que conviniera a sus intereses. Esto se apreció con claridad cuando, en abril de 1477, se planteó la cuestión sucesoria de Borgoña. Presionado por su hermana Margarita de York, y después por Maximiliano de Austria, que se había casado con la heredera del Temerario, inquieto además al ver a Luis XI dueño de Artois y del Boulonnais, próximo al preciado Calaisis, Eduardo IV estuvo en más de una ocasión tentado de reanudar la secular lucha. Para detenerle, Luis XI se veía obligado en cada ocasión, a prometerle nuevas concesiones, tanto de nuevas treguas, como promesas de seguir pagando el «tributo» hasta después incluso de la muerte del rey, y la asignación de una enorme viudedad a la joven Isabel de York. La paz, salvada todas las veces por muy poco, estuvo a punto de verse definitivamente comprometida cuando la liquidación de la cuestión borgoñona decidió, mediante el tratado de Arras (diciembre de 1482), la unión del Delfín y de Margarita de Austria. La repudiación de su hija sirvió de pretexto a Eduardo IV para realizar grandes preparativos militares que sólo se vieron frenados por su muerte, o, más exactamente, suspendidos. Pues, Ricardo de Gloucester, convertido en el rey Ricardo III con una audaz usurpación, no fue mucho más suave que su hermano con Luis XI, o luego con Carlos VIII. Lo que es más, cuando finalmente Enrique Tudor hubo puesto punto final a la Guerra de las Dos Rosas, todavía no se había llegado a un arreglo válido entre Inglaterra y Francia, ya que un precario sistema de treguas mantenía a ambos países en una situación de tensión permanente. Todavía en 1487, se volverá a hablar de una posible expedición inglesa hacia Guyena, o en 1489, de que contingentes ingleses todavía irían a combatir a Bretaña.

Pero, continuar esta narración sería realizar juegos de palabras. Aunque ninguna paz hubiera venido a sancionar estos resultados, hacía ya mucho tiempo que la Guerra de los Cien Años había concluido. Es cierto que Calais no volverá a ser francés hasta 1553 y que los soberanos ingleses continuarán todavía ostentando el vacío título de reyes de Francia durante siglos. Pero, se trata de supervivencias retrasadas y poco importantes. Un hecho nuevo en la historia europea, tras la desintegración del Estado borgoñón, había relegado a un segundo plano el viejo diálogo anglo-francés. Valois y Habsburgos iban a disputar durante dos siglos la hegemonía continental. Entre ellos, la Inglaterra de los Tudor iba a desempeñar el papel de fiel de la balanza, unas veces unida a los Imperiales y otras a los Franceses. Se dibujaba ya esta política de equilibrio europeo, indispensable para los insulares en la conquista de los mercados marítimos. Una vez superado este momento clave entre 1477 y 1482, se había superado ya la guerra feudal, e incluso la guerra dinástica, cuyas peripecias habían discurrido durante tantos años y hecho sufrir a tantas generaciones. E incluso, parecía no quedar nada del odio entre los pueblos y de la susceptibilidad de las respectivas opiniones públicas, elementos más difíciles de desenraizar de los corazones y de los espíritus. Las recíprocas desconfianzas, cuyos más tristes efectos han llegado aún hasta nuestra época, no se remontan a la época de Juana de Arco, como se nos ha querido hacer creer, sino a la de Luis XIV, lo cual ya es antigüedad suficiente.

APÉNDICE BIBLIOGRÁFICO

Desde que E. Perroy escribiera su obra hace casi cuarenta años se ha producido una vasta literatura respecto al tema. Trataremos de ofrecer una selección bibliográfica, atendiendo a las cuestiones generales y a algunos aspectos relacionados con la Guerra de los Cien Años.

En primer lugar cabe referirse a las obras generales de PHILIPPE CONTAMINE, La Guerre de Cent Ans, col. «Que sais-je?», París, 1968, y especialmente la reciente de JEAN FAVIER, La Guerre de Cent Ans, París, 1979, que podemos tomar como uno de los últimos puntos de referencia acerca de la bibliografía. Igualmente cabe tener presente una obra general como la de CONTAMINE, La Guerre au Moyen Age, col. «Nouvelle Clio», París, 1980, donde obviamente se trata ampliamente de la Guerra de los Cien Años, señalándose la bibliografía específica. Véase también el conjunto de artículos editados por K. A. FOWLER, The Hundred Years War, Londres, 1971.

Podemos destacar también estudios generales sobre el período de la Guerra, como el K. A. FOWLER, Le siècle des Plantagenéts et des Valois. La lutte pour la suprématie, 1328-1398, París, 1968, y colección de artículos editada por S. B. CHRIMES, C. D. ROSS y R. A. GRIFFITHS, Fifteenth-century England, 1399-1509, Studies in politics and Society. Manchester, 1972.

Sobre el marco económico y feudal del conflicto, podemos remitir a las investigaciones de YVES RENOUARD contenidas en sus Etudes d’histoire médiévale, París, 1968, concretamente en la séptima parte, dedicadas a las relaciones franco-inglesas, el ducado de Aquitania y la posición de los Papas de Aviñón a propósito de estas cuestiones. Igualmente a tener en cuenta la obra de R. CAZELLES, La societé politique et la crise de la royauté sous Philippe de Valois, París, 1958. Para las consecuencias económicas de la Guerra de los Cien Años podemos destacar trabajos como los de M. M. POSTAN, «The Costs of the Hundred Years’ War», Past and Present, 27 (1964), 34-53; G. MOURADIAN, «La rançon de Jean II le Bon», Positions des thèses de L’Ecole nationale des Charles, 1970, 151-156; y PH. CONTAMINE, «La guerre de Cent Ans en France: une approche économique», Bulletin of the Institute of Historical Research, 48 (1974), 125-149.

Los estudios sobre las finanzas y fiscalidad de este período, que evidentemente tienen una indudable conexión con la Guerra, han despertado múltiples investigaciones en los últimos años, tanto en Francia como en Inglaterra. JEAN FAVIER realizó un trabajo de carácter bibliográfico: «L’histoire administrative et financiére du Moyen Age depuis dix ans», Bibliothêque de l’Ecole des Charles, 126 (1968), 427-503; así como su obra general Finance et fiscalité au bas Moyen Age, París, 1971, con una amplia bibliografía. Entrando en un terreno más concreto, podemos añadir a la ya citada obra de M REY (en N. del T.), su monografía, Le domaine du roi et les finances extraordinaires sous Charles VI (1388-1413), París, 1865. Asimismo la obra de J. B. HENNEMANN, Royal Taxation in Fourteenth Century France, 2 vols., Princetob, 1971-76. Igualmente a considerar el artículo de M. A. MISKIMIN, «The Last Act of Charles: the Background of the Revolts of 1382», Speculum, 38 (1963), 433-442. Sobre la fiscalidad regia en Inglaterra, véase S. K. MITCHELL, Taxation in Medieval England, New Haven, 1951; A. STEEL, The Receipt of the Exchequer, 1377-1485, Cambridge, 1954; y J. F. BERESFORD, Lay Subsidies and Poll-Taxes 1290-1381, Canterbury, 1964. Sobre otros aspectos de las finanzas y fiscalidad, véase K. B. MCFARLANE, «Loans to the Lancastrian Kings: the Problem of Inducement», The Cambridge Historical Journal, 9 (1947), 51-68, y J. FAVIER, Les contribuables parisiens a la fin de la Guerre de Cent Ans. Les Rôles d’impôt de 1421, 1423 et 1438, Ginebra-París, 1970.

Obviamente el tema de la fiscalidad entronca con el de los Parlamentos y Estados Generales, es decir con las asambleas representativas que constituyen algo de especial importancia en el período de la Guerra de los Cien Años. Podemos señalar el tratamiento del tema y la bibliografía contenidos en la obra general de B. GUENNE, Occident aux XIVe-XVe siècles. Les états, col. «Nouvelle Clio», 1971, así como el particular desarrollo de esta temática respecto a Inglaterra en monografías como las de G. T. LAPSLEY, Crown, Community and Parliament in the Later Middle Ages Studies in English Constitutional History, Oxford, 1951; J. S. ROSKELL, The Commons in the Parliament of 1422. English Society and Parliamentary Representation under the Lascantrians, Manchester, 1954; del mismo autor, The Commons and thier Speakers in English Parliaments, 1376-1523, Manchester, 1965; y S. R. EDWARDS, The Second Century of the English Parliament, Oxford, 1979. Respecto a Francia, véase, J. R. MAJOR, Representative Institutions in Renaissance France, 1421-1559, Madison, 1960; J. RICHARD, «Les Etats de Bourgogne», Schweizer Beiträge zur allgemeinen Geschichte, 1962-63, 230-248: y H. GILLES, Les Etats du Languedoc au XVe siècle, Toulouse, 1965. No hay que olvidar, por otra parte, los esfuerzos comparativos ya dados en R. FAWTIER, «Parlament d’Angleterre et Etats généraux de France au Moyen Age», Comptes rendus de l’Academie des Inscriptions et Belies Lettres, 1953, 275-284, y en los que destaca especialmente la obra de A. MARONGIU, Medieval Parliaments. A Comparative Study, Londres, 1968. También hemos de resaltar la labor de las publicaciones periódicas belgas Anciens Pays et Assemblées d’Etats y de la Commission International pour l’Histoire des Assemblées d’Etats, especialmente el volumen Assemblées d’Etats, Lovaina-París, 1966.

La relación de la monarquía inglesa con su nobleza queda reflejada además de en obras referentes a los Parlamentos, en trabajos como los de K. B. MCFARLANE, «Bastard Feudalism», Bulletin of the Institute of Historical Research, XX (1945), 161-180; «Parliament and Bastard Feudalism», Transactions of the Royal Historical Society, 4.a ser. 36 (1944), 53-79, y «The English Nobility in the Later Middle Ages», XII Congrés des Sciences Historiques, Viena, 1965, Rapports, I, 1965, 337-345, así como en la monografía de R. H. JONES, The Royal Politicy of Richard II: Absolutism in Later Middle Ages, Oxford, 1968. Para Francia resulta sumamente interesante el estudio de la evolución en la administración a través de monografías y trabajos como los de J. BARTIER, Légistes et gens de finances au XVe siècle. Les conseillers des ducs de Bourgogne Philippe le Bon et Charles le Témeraire, Bruselas, 1955; R. CAZELLES, «Un probléme d’évolution et d’intégration: les grands offíciers de la couronne de France dans l’administration nouvelle au Moyen Age», Annali dell fondazione italiana per la storia administrativa, I, 1964, 183-189; y F. AUTRAND, «Offices et officers royaux en France sous Charles VI», Revue Historique, 242 (1969), 285-338. Igualmente, téngase presente la situación de los apanages, no sólo en las obras sobre Borgoña, sino también en un trabajo como el A. LEGUAL, «Un aspect de la formation des Etats princiers en France á la fin du Moyen Age: les réformes administratives de Louis II, duc de Bourbon», Moyen Age, 70 (1964), 49-72.

Relacionado con la nobleza pero constituyendo un tema más complejo en cuanto que se ha de hablar de un nuevo género de relaciones de dependencia, se encuentra el problema de la organización de la guerra en ambos reinos y la existencia de fenómenos como los contratos militares o las grandes compañías. Para ello remitimos a obras generales como Ph. CONTAMINE, Guerre, Etat et Société à la fin du Moyen Age. Etudes sur les armées des rois de France, París-La Haya, 1972, y J. BARNIE, War in Medieval English Society. Social Values and the Hundred Years War 1337-1399, Ithaca-Londres, 1974, así como a monografías y trabajos especialmente anteriores: B. D. LYON, From Fief to Indenture. The Transition from Feudal to Nonfeudal Contract in Western Europa, Cambridge (Mass. 1957); H. J. HEWITT, The Black Prince’s Expedition of 1355-1357, Manchester, 1958; M. R. POWICKE, Military Obligation in Medieval England. A Study in Liberty and Duty, Oxford, 1962; K. B. MCFARLANE, «England and the Hundred Years, War», Past and Present, 22 (1962), 3-13; J. W. SHERBORNE, «Indentured Retinues and English Expeditions to France, 1369-1380», English Historical Review, 79 (1964), 718-746; N. B. LEWIS, «The Recruitmen and Organization of a Contract Army, May to November 1337», Bulletin of the Institute of Historical Research, 37 (1964), 1-19; H. J. HEWITT, The Organization of War Under Edward III, 1338-1362, Manchester, 1966; Ph. CONTAMINE, «Les compagnies d’aventure en France pendant la Guerre de Cent Ans», Mélanges de L’Ecole française de Rome. Moyen Age, Tetnps Modernes, 87 (1975), 365-396. Igualmente sobre las condiciones generales de la Guerra cabe referirse a la muy documentada obra de P. C. TIMBAL, La Guerre de Cent Ans vue à travers les registres du Parlement (1337-1369), París, 1961.

Para la historia política y general de este período sirven muchas de las obras ya citadas, pero hemos de señalar también monografías como las de E. F. JACOB, Henry V and the Invasión of France, Londres, 1947; P. BONENFANT, Du meurtre de Montereau au traité de Troyes, Bruselas, 1958; S. B. CHRIMES, Lancastrians, Yorkists and Henry VII, 2.a ed., Londres, 1966. Sobre la historia diplomática del siglo XV, véase J. G. DICKINSON, The Congress of Arras, 1435. A study in Medieval Diplomacy, Oxford, 1955, y sobre el tema de la «doble monarquía», J. W. MCKENNA, «Henry VI of England and the Dual Monarchie: Aspects of Royal Political Propaganda, 1422-1432», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 28 (1965), 145-162. Un género especialmente interesante es el de las biografías, de entre las que podemos señalar las más conocidas: J. BARTIER, Charles le Témeraire, París, 1944; F. LEHOUX, Jean de France, duc de Berry, sa vie, son action politique (1340-1416), 2 vols., París, 1966; A. BOSSUAT, Jeanne d’Arc (col. «Que sais-je?»), París, 1968; así como las debidas a R. VAUGHAN, John the Fearless. The Growth of Burgundian Power, Londres, 1966; Philipp the Bold. The Formadon of the Burgundian State, Londres, 1962; Philipp the Good. The Apogee of Burgundy, Londres, 1970, y Charles the Bold, Londres, 1973, siendo además el autor de una Valois Burgundy, Londres, 1975.

Finalmente, hemos de aludir a cómo durante el período de la Guerra de los Cien años, se producen revueltas y tensiones sociales en ambos reinos y en los ámbitos urbano y rural, por ejemplo las de Flandes, Jacquerie, Etienne Marcel, Harelle, Cabochianos, revuelta inglesa de 1381, Tuchins, etc… Se encontrará un tratamiento de estos temas en la conocida obra general de M. MOLLAT, Ph. WOLFF, Ongles bleus, Jacques et Ciompi. Les révolutions populaires en Europe aux XIVe et XVe siècles, París, 1970 (trad. española, siglo XXI, Madrid, 1976). En este contexto resulta ser una obra absolutamente fundamental la de R. HILTON, Bond Men made Free. Medieval Peasant Movements and the English Rising of 1381, Londres, 1973 (trad. española, Siervos Liberados, siglo XXI, Madrid, 1978).

Carlos ESTEPA

EDOUARD PERROY (Grenoble, Francia, 1901 - París,1974). Destacado medievalista francés, fue profesor de Historia en la Sorbonne y fundador de la Commission d’histoire de l’occupation de la France. Entre sus numerosas publicaciones destacan: Les Royaumes et les sociétés barbares (1961), Le monde carolingien (1961), Les croisades et l’Orient latin, 1095-1204 (1972), La vie religieuse au XIIIé siècle (1979) y, en castellano, La Edad Media: la expansión de Oriente y el nacimiento de la civilización occidental (1961).

Notas

[1] El término «sergent» de donde viene el castellano sargento, procede del latín serviens, y en el lenguaje feudal designaba a un hombre situado en el escalón feudal inferior, aunque generalmente sometido también a funciones militares. (N. T.). <<

[2] Literalmente «impedimento». Sistema de juicio político de deposición de un alto funcionario, a través de una acusación grave, que ha dejado sus huellas en el impeachment de los sistemas judiciales anglosajones contemporáneos. (N. T.). <<

[3] Término alusivo a los échevins, funcionarios judiciales que actuaban en las ciudades, pertenecientes a la administración del señor de la misma, en este caso el rey. (N. T.) <<

[4] N. T.: Desde los tiempos de la administración anglonormanda se recogían las actas en unos rollos. Así, por ejemplo, los Pipe Rolls de Inglaterra. <<

[5] N. T.: Doncella en castellano. Conservamos el original dada su aplicación por antonomasia a la joven Juana de Arco. <<

[6] N. T.: En castellano, literalmente, «sobre las excelencias de las leyes de Inglaterra» y «La Gobernación de Inglaterra», respectivamente. <<