Para Margarita

INTRODUCCIÓN

Mucho ha llovido desde que Henry Kamen publicara La Guerra de Sucesión en España, en 1974, una obra útil a tenor de los escasos conocimientos sobre el tema que había en aquellos momentos. Al año siguiente, completando la explicación de los acontecimientos bélicos, David Francis ofrecía The First Peninsular War. Afortunadamente, hoy disponemos de un bagaje historiográﬁco mucho más amplio y profundo acerca de aquel conﬂicto que dejó su impronta en Europa y, de manera especial, en España. Sin duda alguna, la conmemoración del tercer centenario del cambio dinástico en torno al año 2000 —aparte de las consabidas exaltaciones a la nueva dinastía— contribuyó a prestar una mayor atención a aquel momento histórico crucial y a las profundas consecuencias que su desenlace conllevó. Dejando aparte los monográﬁcos aparecidos en diversas revistas especializadas, el imprescindible contenido de las actas de algunos coloquios y congresos da buena cuenta de ello, en especial Los Borbones (Pablo Fernández Albaladejo, ed.), Felipe V y su tiempo (Eliseo Serrano, ed.), Felipe V de Borbón (1701-1746) (José Luis Pereira coord.), La pérdida de Europa (A. Álvarez-Ossorio, B. J. García García y V. León, eds.), L’aposta catalana a la guerra de Successió, 1705-1707 (Museu d’Història de Catalunya), El cambio dinástico y sus repercusiones en la España del siglo XVIII (J. Fernández, M. A. Bel, J. M. Delgado) y La Guerra de Sucesión en España y América (Cátedra «General Castaños»). El renovado interés por la historia política, cuya senda emprendieron historiadores prestigiosos como José Antonio Maravall, Joan Mercader o John H. Elliott, qué duda cabe ha tenido también su papel en este indiscutible avance en el terreno historio gráﬁco que nos permite hablar de un «tiempo de política» tomando prestado el título del libro de Xavier Gil. Un avance que ha sido posible, al mismo tiempo, por las contribuciones internacionales sobre el conﬂicto de Lucien Bély y Linda y Marsha Frey, entre otros historiadores.

A pesar de ello, el interés que ha despertado el tema ha sido desigual en los territorios hispánicos. Disponemos de multitud de estudios para Cataluña y Valencia, y algunos para Aragón, mientras que para buena parte de los territorios de la Corona de Castilla queda un largo trecho por recorrer. Algo tendrá que ver con ello el interés que han suscitado las fechas de 1707 y 1714 en los tiempos recientes, y su cita en el acalorado debate político acerca de la acomodación de dichos territorios en un Estado compuesto. Como muy bien auguró Jaume Vicens Vives al referirse a aquellos acontecimientos de la guerra, «de todo ello, se ha hablado, se habla y se seguirá hablando, porque ha penetrado en la misma médula del Estado español moderno».¹

A Ernest Lluch cabe atribuirle parte del mérito de haber suscitado un interés renovado hacia el tema en su libro Las Españas vencidas del siglo XVIII, al proyectar hacia el pasado sus inquietudes sobre la España plural. Su ausencia humana e intelectual, al cabo de una década, en tiempos en que no abundan los razonamientos serenos, se echa en falta. Supo, como diría Arthur Schlesinger, abordar el reto fascinante de analizar viejas cuestiones bajo una nueva luz.² En todo caso, las aportaciones recientes realizadas desde Cataluña, Valencia y las Islas Baleares sobre la Guerra de Sucesión han sido cuantiosas y relevantes, especialmente las de Josep Maria Torras i Ribé, Eva Serra, Rosa Maria Alabrús, Agustí Alcoberro y Albert García Espuche, sin olvidar alguna muy signiﬁcativa de Josep Fontana, así como las de Carmen Pérez Aparicio (que en 1981 introdujo el componente social en el análisis de la guerra en tierras valencianas), de Enrique Giménez y de Josep Juan Vidal, entre otros historiadores.

Por mi parte, al cabo de unas décadas de investigación sobre el tema, pienso que no pueden reducirse las visiones claramente confrontadas sobre la guerra de Sucesión a una simple contraposición entre nacionalismos,³ ya sean confesados o no. Más allá de este componente, existe, a mi juicio, otro elemento interpretativo de gran calado historiográﬁco que tiene que ver con los paradigmas sobre el desarrollo del Estado moderno. En España, casi doctrinariamente, ha predominado el modelo interpretativo que presupone que la vía del absolutismo emprendida mayoritariamente en el continente europeo fue la que podríamos asociar más directamente con la modernidad política y económica. Una visión que, afortunadamente, ha sido matizada gracias a las aportaciones fundamentales de diversos historiadores —cuya nómina encabeza de forma destacada Pablo Fernández Albaladejo—, los cuales han procurado entender la política y el Estado, desde su realidad y su contexto, para evitar la aplicación retrospectiva del paradigma estatalista que establece una relación genealógica entre el rey, la corona y el moderno poder estatal.⁴ Otros historiadores han abordado la cuestión desde miradas más contemporaneístas, como Josep Fontana, quien incide en el mayor grado de modernidad política del parlamentarismo frente al absolutismo, tanto desde la base del sistema de representación y de los contratos políticos como desde el punto de vista del impulso económico.

Soy del parecer de que en aquella guerra entraron en liza dos concepciones distintas sobre la política, fruto de desarrollos seculares que permitieron cristalizar modelos institucionales, normas políticas y actitudes harto diferentes. Si negamos tal premisa, difícilmente comprenderemos la Guerra de Sucesión como una guerra civil en la que los grupos dirigentes enfrentados perseguían objetivos de fondo que iban mucho más allá de la opción dinástica que defendían, aunque ésta no dejaba de marcar su inevitable impronta. Los estudios recientes sobre el austracismo castellano, que demuestran un origen de supuestos parecidos al de la Corona de Aragón, resultan reveladores en este sentido y hacen ganar enteros a esta visión más compleja sobre aquello que se debatía en la guerra, más allá de la contraposición que ﬁnalmente tomó cuerpo entre los dos grandes bloques territoriales de la monarquía, identiﬁcados cada uno con un candidato a la corona. Rescatar, por tanto, la mirada histórica de los presupuestos explicativos que la han tenido secuestrada, mediante una visión única y simplista, constituye un reto imprescindible para entender los cimientos de la España contemporánea en toda su complejidad. Una visión, en deﬁnitiva, que suele caracterizarse por su empatía unilateral con los vencedores, en la línea del historicismo que denunció Walter Benjamin en su Tesis sobre el concepto de historia.

Mención especial merecen las múltiples aportaciones de Virginia León, principalmente su libro Carlos VI, que se cuentan entre los más sólidos estudios que se han publicado recientemente sobre aquel período. También hay que destacar Felipe V y los españoles de Ricardo García Cárcel, que, en clave interpretativa, suscita no pocas cuestiones interesantes en su «visión periférica del problema de España» y que deja abiertas tantas otras para futuras investigaciones. Y sin duda, hoy conocemos mejor la ﬁgura controvertida del primer Borbón gracias a las biografías elaboradas por Henry Kamen, y por Carlos Martínez Shaw y Marina Alfonso.⁵

Pretendemos, mediante este libro, ofrecer una panorámica global de la Guerra de Sucesión en España atendiendo a su doble componente: internacional e interno, dando lugar este último a una guerra civil. Soy consciente de que estamos lejos, aún, en el estado actual de los estudios sobre la materia, de poder ofrecer una visión exhaustiva de aquel acontecimiento que marcó profundamente la historia de España. Seguimos sin disponer de trabajos solventes, de carácter general, sobre los sucesos bélicos (salvando excepciones honrosas como los libros de Josep Maria Torras i Ribé y de Carmen Pérez Aparicio), ni contamos con una visión parecida a la que aporta Charles Esdaile en La Guerra de la Independencia. Una nueva historia, que expone un detallado análisis militar sin olvidar sus dimensiones política y social. No es tampoco el objetivo que perseguíamos. Tiempo habrá de que algún historiador lleve a cabo esta tarea. El objetivo de este libro es proporcionar algunas claves explicativas básicas para entender qué se debatió en aquel gran conﬂicto, una «guerra más que civil» según el jurista exiliado Josep Plantí; cómo el omnipresente factor internacional marcó el ritmo de la guerra desde el inicio y hasta su conclusión; qué proyectos alternativos entraron en colisión con motivo de la disputa dinástica; a grandes trazos, cómo se desarrolló la guerra; cómo se organizaron los gobiernos en las dos Españas enfrentadas (el de Felipe V y el de Carlos III el Archiduque) y a qué adversidades tuvieron que hacer frente; cómo se saldó el enfrentamiento; y, ﬁnalmente, cómo se consolidó el nuevo régimen borbónico y las reformas emprendidas por éste, a la par que un inﬂuyente grupo de exiliados desarrollaba su actividad política en el exilio incluso después de la paz de Viena. No pretendo, por otra parte, abrumar al lector con un sinfín de referencias puntuales sobre acontecimientos, ni sobre bibliografía existente en relación con determinados aspectos. Con el mismo objetivo de facilitar la lectura he traducido las citas (en francés, inglés, italiano y catalán) al castellano y en general he normalizado la ortografía de los textos antiguos.⁶

Se dirá, tal vez con cierta razón, que se trata de una mirada muy escorada hacia el bando austracista, y en concreto a los territorios de la Corona de Aragón. Pero estoy convencido de que sólo es posible entender aquel conﬂicto a escala hispánica si atendemos a la doble realidad territorial y, en último término, política que lo alimentó, ambas siempre relacionadas. En términos analíticos, no nos sirven las explicaciones de una única causa, ni tampoco las que atienden solamente a uno de los dos bloques territoriales. Se impone, pues, la necesidad de un análisis multifactorial, despojado de tópicos, sin visiones idealizadas de ningún tipo y que tenga en cuenta la realidad territorial diversa de las Españas. Ernest Lluch y Ricardo García Cárcel, partiendo de supuestos distintos, avanzaron por esta senda y proporcionaron sugerentes hipótesis de trabajo.

He recibido, durante estos años, múltiples apoyos y he contraído inﬁnitas deudas intelectuales. En el capítulo de agradecimientos debo empezar por Josep Fontana. Y ello, como mínimo, por doble motivo: el primero por su pertinaz insistencia a que me aplicara a esta tarea, a pesar de mis reservas a afrontar semejante reto. El segundo, para manifestar mi más sincero reconocimiento al excepcional maestro de historiadores. Pero es que además he tenido el privilegio de que me haya acompañado a lo largo de mi trayectoria académica y profesional, aparte de brindarme su amistad. Un apoyo que se ha traducido en estimulantes sugerencias y en el aporte continuo de un sinfín de libros, impresos y panﬂetos, a cuál más interesante, que me han resultado fundamentales en los diversos trabajos que he publicado sobre el tema, unos materiales ahora depositados en la espléndida biblioteca que ha forjado en el Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives de la Universitat Pompeu Fabra. Finalmente, debo agradecerle su paciente lectura del texto original y las múltiples y pertinentes observaciones que ha formulado sobre el mismo, las cuales, sin duda alguna, han redundado en su mejora.

La nómina de reconocimientos prosigue con Josep Maria Torras i Ribé, la lectura de cuyo artículo, publicado en 1981 sobre la actitud de los pueblos y estamentos catalanes durante la guerra, me estimuló a andar los primeros pasos en este terreno; con Núria Sales, de quien tuve la fortuna de contar con sus utilísimas orientaciones sobre la riqueza documental de los archivos parisinos, en especial del Service Historique de l’Armée de Terre, una gratitud que debo hacer extensiva a Alain Ayats, que siempre me apoyó generosamente en mi investigación en los Archives Départementales des Pyrenées Orientales, en Perpiñán; con Pierre Vilar, cuando realizaba la tesis y me acogió con gran hospitalidad y generosidad en múltiples ocasiones en su piso del Quais de la Rappée, y con quien pude mantener largas e inolvidables conversaciones tanto sobre historia como sobre política; con Ernest Lluch, con quien tuve el privilegio de compartir inquietudes de diversa índole y la pasión sobre el tema que nos ocupa, y cuyas sugerentes reﬂexiones no han dejado de acompañarme y de incitarme a profundizar determinados aspectos que abordó en su intensa inmersión en el tema; con Eva Serra, Pablo Fernández Albaladejo, Ricardo García Cárcel, Antonio Mestre, José María Iñurritegui, Jon Arrieta, Xavier Gil, Enrique Giménez, Albert García Espuche, Lucien Bély y Virginia León, de quienes constantemente estoy aprendiendo y enriqueciéndome con sus aportaciones. Además, quiero expresar mi gratitud a Virginia por la lectura del texto original y sus imprescindibles aportaciones al mismo, y a mi hijo Jordi, siempre dispuesto a echarme una mano cuando estoy apurado. También estoy en deuda con los amigos y colegas Juan-Sisinio Pérez Garzón, Antonio Álvarez-Ossorio, José Manuel de Bernardo Ares, María Luz González, Rosa María Alabrús, Agustí Alcoberro, Carmen Pérez Aparicio, Angela de Benedictis, Jim Amelang, David González, José Ignacio Fortea, Josep Maria Delgado, Jaume Torras, Tomàs de Montagut, Josep Capdeferro, Roberto Fernández, Xavier Torres, Cinzia Cremonini, Montserrat Lamarca, Rosa Lluch, Jaume Claret, Mamés Cisneros y Eduard Martí. A Òscar González le agradezco su ayuda en la revisión del texto original. También a los eﬁcientes bibliotecarios del Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives, de la Universitat Pompeu Fabra, Imma Muxella, Jordi Morell y Sergi Rosés. Y, cómo no, al admirado Gonzalo Pontón, a quien quedo reconocido por su interés por la edición del libro y por el apoyo entusiasta que me ha dispensado desde el primer momento. Lo mismo tengo que decir de Carmen Esteban. A todos ellos, pues, mi más sincero reconocimiento. Huelga decir que las insuﬁciencias o errores del presente libro sólo a mí deben imputarse.

A Margarita, Jordi y Eduard, una vez más, por su inﬁnita comprensión y cariño, por el tiempo que he dejado de dedicarles empleándolo en menesteres que no son, ni mucho menos, los más importantes.

ABREVIATURAS

ADPO: Archives Départementales des Pyrenées Orientales

AHC.B: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

AHUS: Arquivio Histórico da Universidade de Santiago

AHN: Archivo Histórico Nacional. Madrid

ANC: Arxiu Nacional de Catalunya

ANP: Archives Nationales. París

ASNA: Archivio di Stato di Napoli

BC: Biblioteca de Catalunya. Barcelona

BN: Biblioteca Nacional. Madrid

BNB: Biblioteca Nazionale Bridense. Milán

BUB: Biblioteca Universitària de Barcelona

FB: Fullets Bonsoms

H.H.St.: Haus-, Hof-, und Staatsarchiv Wien

IUHJVV: Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives. Universitat Pompeu Fabra

MAE CP.: Ministère des Affaires Étrangères (Archives). París. Correspondance Politique

PRO. SP. FS.: Public Record Ofﬁce. Kew. State Papers Foreign Spain RAH Real Academia de la Historia. Madrid

SHAT: Archives du Service Historique de l’Armée de Terre. Château de Vincennes. París

Este estudio se inscribe en la investigación de los proyectos del Ministerio de Educación y Ciencia «Cataluña en la España moderna: memoria histórica y proyecto político» (HUM2005-01953/HIST) y «La formación del Estado borbónico (1700-1746)» (HAR2008-03291/ HIST) y del «Grup d’Estudi de les Institucions i de la Societat a la Catalunya moderna (segles XVI-XVIII)», Generalitat de Catalunya (2005SGR 00633 y 2009 SER318).

Capítulo 1

GUERRA INTERNACIONAL, CONTIENDA CIVIL

UNA GUERRA MUNDIAL

El conﬂicto por la sucesión a la corona hispánica, a la muerte de Carlos II de la Casa de Austria, dio lugar a una larga y terrible guerra en Europa en la que se calcula que murieron 1.251.000 personas,¹ cerca de medio millón en Francia, muchas de ellas por enfermedad.² En efecto, culminando el proceso de crecimiento continuo de los ejércitos europeos, fenómeno inherente a la expansión de los nacientes estados, aquélla fue la guerra más mortífera que tuvo lugar entre la Guerra de los Treinta Años y las guerras napoleónicas. Basta recordar un dato signiﬁcativo: en el momento de mayor intensidad, en 1710, luchaban cerca de 1.300.000 soldados.³ Y Francia, la potencia más implicada, llegó a movilizar unos 900.000 hombres (sumando tropas regladas y milicias) entre 1701 y 1713.⁴ Un dato crucial es que la superioridad naval de los aliados frente a los franceses era apabullante: en 1705, el tonelaje conjunto de los barcos ingleses y holandeses superaba al de los franceses en un 58 %, porcentaje que en 1710 llegaba hasta el 72 % y en 1715 al 147 %. En cambio, los efectivos militares franceses de tierra (255.000 hombres) doblaban a los austríacos (120.000 hombres). En 1713, el Imperio disponía de 115 escuadrones y 85 batallones, mientras que los efectivos franceses sumaban 300 escuadrones y 240 batallones.⁵

MAPA 1. Estados borbónicos y Gran Alianza de La Haya (Catalunya i la Guerra de Successió, catálogo de exposición, editado por Museu d’Història de Catalunya, Barcelona, 2007).

Otra característica de este conﬂicto de grandes magnitudes fue la diversidad de los escenarios en los que se desarrollaron las operaciones militares, hasta el punto que podemos caliﬁcarla de guerra mundial:⁶ España, Portugal, Italia, los territorios del Imperio, Países Bajos, Francia y América del Norte y del Sur. Fue una «guerra tan universal cual no se ha visto nunca», en palabras del Almirante de Castilla.⁷

Pero además, el conﬂicto activó otras querellas presentes a lo largo de la guerra: el problema de la sucesión protestante en Inglaterra —que ha permitido a Lucien Bély hablar de una Guerra de Sucesión paralela—,⁸ en la que Luis XIV apoyó al pretendiente Jacobo III Estuardo y a los jacobitas escoceses, y el enfrentamiento entre Carlos XII de Suecia y Pedro el Grande de Rusia. Al mismo tiempo, las potencias implicadas no dudaron en avivar viejos conﬂictos internos en los territorios enemigos para favorecer su estrategia militar, como sucedió con la guerra de independencia húngara liderada por el príncipe Francisco II Rákóczi (1702-1711) —animada por Francia— y la revuelta de los camisards franceses, hugonotes, en las Cévennes (1702-1710), apoyados por Inglaterra.⁹ Algo parecido sucedió con los habitantes del país de Vaud, protestantes de las regiones alpinas entre el sureste francés, el norte de Italia y Suiza, que recibieron apoyo inglés y que lucharon en el bando aliado a cambio de conservar la religión y sus libertades, perseguidos de forma implacable por Luis XIV.¹⁰ Finalmente, como es sabido, Inglaterra planeó, desde el primer momento, lograr el apoyo de territorios hispánicos descontentos con la nueva dinastía de los Borbones, especialmente de los catalanes y los valencianos.

Como no podía ser de otra forma en aquellos tiempos, la religión impregnó el conﬂicto, marcado por el enfrentamiento entre católicos y protestantes (también entre católicos, claro está). Jean-Pierre Amalric ha puesto de relieve la interferencia de dos conﬂictos internos, con connotaciones religiosas, en la Guerra de Sucesión: el de los hugonotes y el de los jacobitas. Paradójicamente, en la batalla de Almansa se enfrentaron el general Galway, al frente de las tropas aliadas, descendiente de hugonotes franceses refugiados en Francia, con el duque de Berwick, hermanastro del católico Jacobo II (y sobrino de Marlborough), en una muestra inequívoca del papel relevante que jugaba la religión en aquel conﬂicto.¹¹ Por contra, llama la atención el caso de Samuel Bernard, el principal prestamista de Luis XIV, que operaba con banqueros hugonotes de Ginebra, protagonista de una operación especulativa a gran escala en 1709. Es decir que el rey de Francia no tuvo reparos en echar mano de recursos calvinistas para perseguir a los hugonotes franceses y a los protestantes de la Liga antiborbónica.¹²

Austria, Inglaterra y las Provincias Unidas declararon la guerra contra Francia en mayo de 1702 y se alinearon con el archiduque Carlos de Austria. La mayor parte de los territorios del Imperio y de los príncipes italianos, Portugal y Saboya dieron apoyo a los aliados. En cambio, Luis XIV y Felipe de Anjou sólo acabaron contando con el elector de Baviera y el arzobispo de Colonia como aliados.

Desde el primer momento, los aliados alzaron la bandera de las «libertades» de Europa. Se trataba de «la gran causa de la libertad común» según un impreso barcelonés.¹³ Bien entendido, la llamada en causa no apelaba a derechos constitucionales del conjunto de los europeos, sino al equilibrio del poder que era esencial para Inglaterra y sus libertades, inequívocamente asociado a los intereses protestantes. De este modo, vinculaban la resolución del conﬂicto a un escenario europeo de libertad o de esclavitud frente a la «monarquía universal» borbónica. De forma signiﬁcativa, la Cámara de los Comunes resolvió apoyar la guerra para «preservar las libertades de Europa, la prosperidad y la paz en Inglaterra, y para reducir el exorbitante poder de Francia».¹⁴ El argumento había tomado cuerpo hacia 1688, fundado en un rotundo rechazo del estilo de gobierno francés, acompañado de un neto sentimiento nacional.¹⁵ Algo debió de inﬂuir también en aquel estado de opinión la destrucción del Palatinado por las tropas francesas en 1688, represión que causó impacto en la opinión pública europea ante la cual Luis XIV fue asimilado a un tirano.¹⁶

Por otra parte, no está de más recordar que en aquella guerra se entremezclaron los intereses dinásticos con los económicos —especialmente en América—, que el desenlace resultó imprevisible hasta el último momento y que la contingencia histórica jugó un papel decisivo. De hecho, Luis XIV intentó infructuosamente negociar un acuerdo con los aliados del Imperio en diversas ocasiones: a ﬁnales de 1705, en octubre de 1706, a principios de 1707, en marzo de 1708 y en marzo de 1710, hasta el punto de que aquel año el Consejo de Estado de Francia llegó a considerar la conveniencia de que Felipe V abdicara del trono de España.¹⁷ Pero, en el momento en que el Rey Sol se hallaba más desesperado, dos acontecimientos imprevistos le favorecieron, en una muestra patente del rol de la contingencia en el devenir histórico. El primero, en octubre de 1710, fue la pérdida del poder por los whigs, partidarios de la guerra, y el acceso al gobierno de los tories, decididos a ﬁrmar la paz con Francia; el segundo, en diciembre de 1711, el ascenso al trono imperial de Carlos III el Archiduque (con el título de Carlos VI) al morir su hermano, el emperador José. En consecuencia, uno de los principales artíﬁces de la guerra, el general Marlborough, vinculado a los whigs, cayó en desgracia y fue sustituido por el duque de Ormond en medio de una intensa campaña favorable a la ﬁrma de la paz.

Otra novedad a destacar es que precisamente durante la guerra de Sucesión la incidencia de la opinión pública alcanzó unas proporciones inéditas hasta entonces.¹⁸ La esfera pública, situada entre el mundo privado de la familia y el mundo oﬁcial del Estado, se convirtió en un foro en el que los individuos, aislados hasta entonces, intercambiaban información, ideas y críticas. Este ámbito emergente jugó un papel de primer orden en aquella guerra hasta el punto de poner en tela de juicio la autoridad de los creadores de opinión del Antiguo Régimen, más bien «dictadores de opinión», en opinión de T. C. W. Blanning, quien ha subrayado que en el Reino Unido y en Holanda, naciones que contaban con unos niveles notables de alfabetización y un considerable grado de libertad de prensa, la opinión pública era casi tan oblicua como la guerra.¹⁹ Más aún, Jeremy Black ha señalado que el protagonismo que alcanzó el parlamento británico en el ámbito de las relaciones exteriores —un ámbito que competía al rey— se debió, en buena medida, a su receptividad hacia la esfera pública.²⁰

El tory Robert Harley, al frente del Exchequer —o Ministerio de hacienda— a partir de 1710, sacó el máximo partido de la inﬂuencia potencial de la opinión pública y, al tiempo que iniciaba conversaciones secretas con el secretario de Estado francés Torcy, cuyos resultados se plasmaron en los tratados de Utrecht, puso a su servicio un equipo de escritores para que incidieran en la opinión pública de acuerdo con los dictados de su partido. Entre ellos destacaron Daniel Defoe, Jonathan Swift y Charles Davenant, constituyendo los dos primeros el núcleo de la máquina propagandista del ministerio.²¹ Como ha expuesto J. A. Downie, Harley llegó a disponer de un panﬂetista y de un medio de difusión para cada tema, a la par que controlaba la propaganda de la oposición mediante el uso de la censura. El clérigo anglo-irlandés Swift, autor de Los viajes de Gulliver y un hombre de naturaleza pesimista, defendía la tesis de una auténtica conspiración en la que creían los tories gentleman del campo, mientras que Defoe realizaba una tarea estrechamente vinculada al partido insistiendo en los temas expuestos por Swift y justiﬁcando la acción del gobierno.²² Por su parte, Defoe, autor de Robinson Crusoe, tenía experiencia en la labor: había desarrollado una importante tarea al servicio de Guillermo III en 1698 a favor de la creación de un ejército permanente en Inglaterra. Desde las páginas de The Review, donde argumentó que urgía la paz para poner término a aquella sangrienta y destructiva guerra, fue el autor más prolíﬁco, a pesar de que inicialmente había dado apoyo a los whigs y se había mostrado favorable a la guerra en el panﬂeto The Two Great questions considered (1700). También actuó como propagandista a favor de la causa inglesa en Escocia en los años previos al tratado de la Unión. Con razón se ha podido escribir de él que defendía una causa u otra según quién le contratara.²³ En efecto, al cambiar el gobierno se sumó a la propaganda sostenida económicamente por los tories. Entonces argumentó que el coste de la guerra no había parado de crecer desde el año 1709. A su juicio, el objetivo inicial de la guerra, la reducción del poder desorbitado de Francia, se había logrado con creces, por lo que había llegado la hora de negociar, mientras que los whigs insistían en continuarla hasta recuperar toda la monarquía hispánica.

Swift llegó a ser el chef de propagande de los tories y publicó el periódico The Examiner (1710-1711), cuyos principales lectores eran propietarios y eclesiásticos, y redactó el célebre panﬂeto Conduct of Allies (1711), el texto culminante de la campaña de los tories favorable a la paz. Sus escritos perseguían un doble objetivo: por una parte, proporcionar argumentos a los diputados que prestaban apoyo al gobierno de Harley en la Cámara de los Comunes; por otra, apelar a la opinión pública, en especial a los propietarios que pagaban contribución y que elegían a los parlamentarios. De este impreso se vendieron más de 11.000 ejemplares en un mes y se publicaron al menos siete ediciones. En él, Swift mostraba su oposición al lema de los whigs, No peace without Spain (Ninguna paz sin España), y argumentaba que la contribución inglesa a la guerra era excesivamente gravosa para sus habitantes en proporción a la aportación de los aliados.²⁴ Lo cierto es que el panﬂeto tuvo una gran repercusión y provocó la aparición de libelos a favor y en contra de sus tesis, e incluso fue traducido al francés. En un contexto de acentuada división política interna, la reina Ana de Inglaterra se vio obligada a crear doce nuevos pares para lograr que la Cámara de los Lores diera luz verde a la resolución de paz.²⁵ Al ﬁnal, la Cámara votó contra la moción de los whigs. Más relevante aún resulta constatar que, a principios de 1712, once resoluciones de la Cámara habían seguido las conclusiones de Conduct of Allies.²⁶

Así pues, «la guerra de las palabras» alcanzó un protagonismo durante la Guerra de Sucesión inédito entonces, hasta el punto de que resultó determinante a la hora de preparar el terreno a los tratados de paz. Como ha escrito Lucien Bély, la paz que Inglaterra ofreció a Francia se cimentaba en la mutación de la opinión pública inglesa, que, fatigada de la guerra, había enviado los tories al Parlamento. Se conoce la existencia de sesenta y cinco panﬂetos publicados entre 1711 y 1713 (la mitad tories, la otra mitad whigs), aparte de las gacetas, de gran difusión oral en los salones y en los cafés, ya que una gaceta podía ser leída o su contenido divulgado entre un centenar de personas.²⁷

También en el continente europeo se libró una guerra de panﬂetos. En el contexto de las negociaciones de Utrecht y haciéndose eco de un amplio sentimiento popular contrario a los males de la guerra, un jovencísimo Voltaire publicó su Ode sur les malheurs du temps (1713), elogiado por Leibniz, y el abad de Saint-Pierre sacralizó la paz en el Projet pour rendre la paix perpétuelle (1713).²⁸ Saint-Pierre estuvo en Utrecht con el cardenal Polignac y fue caliﬁcado, nada sorprendentemente, por Luis XIV como «cultivador de quimeras».²⁹

Por otra parte, la causa pro imperial halló un magníﬁco adalid en el ﬁlósofo y matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz, partidario de un «autoritarismo benevolente» y opuesto al poder arbitrario, tal como lo deﬁne Patrick Riley. Leibniz, consejero del emperador, amigo del príncipe Eugenio de Saboya y autor del texto Peace of Utrecht Inexcusable (1713), condenó vehementemente el expansionismo francés de Luis XIV como ya había hecho en 1683 en su mordaz sátira Mars Christinianissimus. Sostuvo que los dos Borbones se habían convertido en «dictadores de nuestro viejo mundo» y que Francia pretendía imponer una «monarquía universal» que acabaría con las «libertades» de Europa estableciendo lugartenientes en España y en Gran Bretaña (mediante el pretendiente jacobita), creando nuevos reyes en Sicilia y Cerdeña, rehabilitando a los electores del Imperio y colocando, tal vez, un stathouder en las Provincias Unidas que haría las funciones de intendente. En su denuncia no ahorraba críticas a Gran Bretaña y a las Provincias Unidas por su defección del bando aliado.³⁰ No albergaba dudas de que la libertad de Europa sólo podían garantizarla las potencias del norte, protestantes y antifrancesas, es decir, Gran Bretaña, las Provincias Unidas y Prusia.³¹ Consecuentemente, se manifestó en contra de los tratados de Utrecht —caliﬁcó el congreso como un «teatro de intrigas», una pura formalidad— y se implicó activamente en lo que él mismo caliﬁcó de guerres de plume.

Leibniz, al iniciarse el conﬂicto, en su Maniﬁesto a favor de los derechos de Carlos III (1703), argumentó que Luis XIV había vulnerado el tratado de los Pirineos y que el nombramiento de Felipe V no se ajustaba a la legalidad porque no habían sido convocadas las Cortes de Castilla y de Aragón para sancionarlo. De este modo, argüía, se impuso el «despótico yugo de la dominación francesa» y unos procedimientos extraños a las costumbres de España, la cual quedaba convertida en una «provincia» de Francia.³² Advertía, por tanto, que «el interés, así como la inclinación de un Borbón y rey francés, será hacerse absoluto para poder ejercer un poder despótico. Todo el mundo sabe que esta forma de gobierno está establecida en Francia … y que un nieto del rey de Francia no puede dejar de estar inﬂuido por estas máximas. Allí las libertades del pueblo y de los grandes han sido reducidas; el libre arbitrio del rey domina». Como muestra, aducía que los Estados provinciales franceses habían visto reducido su margen de acción, que unos cuantos se enriquecían a costa de la comunidad mediante mecanismos como la venalidad de los oﬁcios y que ahora el rey quería adueñarse del oro y de la plata de América y de su comercio. En cambio, aseguraba que la casa de Austria dirigiría los destinos de España de acuerdo con las leyes vigentes, mientras que Felipe V gobernaría «a la otomana».³³ En suma: los argumentos de Leibniz parten de una ﬁliación pro austríaca indiscutible y se fundamentan en una visión de la política que compartían los austracistas hispánicos, cuyo discurso pone el acento en la defensa de la libertad de Europa.

En España, el interés de los dos pretendientes a la corona por controlar la opinión pública se puso en evidencia mediante la adopción del modelo francés de prensa informativa del Estado, en régimen de privilegio y de monopolio. Felipe V dio un impulso decidido a la Gaceta de Madrid al conﬁrmar a Juan de Goyeneche el privilegio de impresión (1701), mientras que Carlos III el Archiduque creó la Gazeta de Barcelona, a cargo del impresor real Rafael Figueró (1706). Pero, más allá de las publicaciones oﬁciales, circuló una multitud de impresos a favor de ambas causas, tal como han demostrado María Teresa Pérez Picazo y Rosa Maria Alabrús.³⁴ A juicio de Ricardo García Cárcel, Felipe V perdió la guerra mediática.³⁵ Sin duda alguna, otro claro ejemplo de la necesidad de informar, ya fuera para justiﬁcar su toma de posición a favor del archiduque Carlos o bien para movilizar a la nobleza a favor de éste, lo proporciona el almirante de Castilla mediante su Maniﬁesto, estudiado por María Luz González.³⁶

UNA GUERRA CIVIL

La Guerra de Sucesión también dio lugar a una guerra civil en España (una «guerra supercivil», según Melchor de Macanaz)³⁷ entre los partidarios de los dos contendientes y entre los territorios que apoyaron de forma mayoritaria a la dinastía borbónica representada por Felipe V³⁸ (los de la Corona de Castilla) y los que defendieron la causa del archiduque Carlos de Austria (los de la Corona de Aragón). Naturalmente no estamos hablando de adscripciones absolutas y unánimes, ya que en cada bando hubo seguidores de la causa contraria, por cuya razón los disidentes sufrieron persecución en ambos lados. Pero, en todo caso, resulta evidente un amplio y fundamental apoyo al Borbón en Castilla, del mismo modo que en la Corona de Aragón los partidarios del archiduque Carlos fueron mayoritarios, convirtiéndose Cataluña y Mallorca en el último bastión austracista, una vez sellados los tratados de paz.

A pesar de tal evidencia y de que el enfrentamiento entre los dos bloques territoriales se recrudeció a medida que pasaban los años, no han faltado voces, como la de M. Carmen Iglesias, contrarias a que el conﬂicto se denomine «con cierta ligereza y mucho presentismo como guerra civil. E incluso voces interesadas llegan a escribir dramáticamente la España vencida del siglo XVIII y hablan de que la Guerra de Sucesión dividió a España en dos grandes zonas». En opinión de esta historiadora, la investigación «va perﬁlando un mapa de la guerra de Sucesión que poco tiene que ver con el maniqueísmo de las dos zonas».³⁹

De poco nos sirve intentar explicar ambas apuestas por motivos puramente dinásticos, ya sea a favor de la Casa de Borbón o de Habsburgo. Los motivos que impulsaron a los grupos dirigentes son complejos y tienen que ver, principalmente, con supuestos políticos y con proyectos económicos, aunque la religión no dejó de interferir a lo largo del conﬂicto y constituyó una apelación común que daba cobertura a la causa política, tiñéndola de cruzada, especialmente en el bando felipista, pero también en la resistencia a ultranza de Barcelona entre 1713 y 1714.

Como ya se cuidó de explicar John Lynch, Castilla constituyó el núcleo central de los Borbones: había monopolizado la máquina de gobierno y el imperio en el pasado (como bien ha recordado Antonio M. Bernal), «por lo cual la unidad y la integridad de la monarquía estipulada en el testamento de Carlos II parecía pensada para ella. A partir de 1700, Castilla luchó por su herencia, que se identiﬁcó con la sucesión borbónica».⁴⁰ La pugna de fondo entre lo que Ferran Soldevila caliﬁcó de tendencias «centralizadoras» (encarnadas por Castilla) y las «federativas» (encarnadas por la Corona de Aragón), se acrecentó a medida que avanzaba el conﬂicto y que los dos frentes territoriales se estabilizaron, signiﬁcándose cada uno de ellos a favor de uno de los dos candidatos. Pero, como señaló Soldevila, no eran solamente motivos de libertad colectiva los que se contraponían, sino que también se hallaban en juego razones de libertad individual que tenían que ver, sin duda alguna, con la tradición política de ambos territorios, al margen de las tendencias absolutistas que se impusieron a partir de 1707. Es decir: pactismo y constitucionalismo en la Corona de Aragón, decisionismo en Castilla. Así pues, las invocaciones constantes de los dirigentes catalanes a sus Constituciones se antojaban a los ministros felipistas como «pretensiones injuriosas e incomportables, anacronismos que merecían desaparecer».⁴¹ No faltó, tampoco, la presencia del conﬂicto social, de tonos antiseñoriales, especialmente en Valencia y Aragón.

Otra cuestión, advertida también por Lynch, no resultó ajena al conﬂicto civil: las diferencias económicas entre quienes habían sufrido decenios de depresión bajo los Austrias (Castilla) y quienes mostraban signos de recuperación (territorios orientales), a las que cabe sumar el resentimiento contra los franceses en estos territorios.⁴²

Sea como fuere, no hay que olvidar que el factor internacional condicionó totalmente la guerra desde el primer momento y hasta el último. Cuesta imaginar que la contienda hubiera tenido lugar de no haber intervenido activamente las potencias de uno y otro bando en sus inicios, del mismo modo que éstas pusieron ﬁn al conﬂicto y negociaron los acuerdos de paz. En realidad, tampoco Carlos II hubiera nombrado sucesor al trono hispánico al Borbón de no haber mediado una presión efectiva e implacable de Luis XIV sobre la corte y el rey hechizado y moribundo a favor de su nieto, ni los austracistas hispánicos se hubieran alzado en armas sin mediar la presión de la Gran Alianza.

Capítulo 2

POLÍTICA E INSTITUCIONES EN ESPAÑA HACIA 1700

Antes de entrar en materia, es preciso que nos detengamos brevemente en el análisis de la política y de las instituciones en la monarquía hispánica en 1700. Tal como ponen en evidencia los tratadistas del siglo XVII, la religión era el principio constituyente de la vida política, lejos aún de los supuestos del paradigma estatalista y secularizador.¹ Por tanto, el poder del monarca no estaba exento de una fuerte carga de moral y de obligaciones «amorosas» hacia sus súbditos. De ahí que, como señala Pablo Fernández Albaladejo, «la tecnología disciplinaria que fuera a implementarse hubiera de sustentarse en el “amor” y no en el “miedo y violentos medios”». La imagen del «buen pastor» responde perfectamente a tal vínculo y el poder pastoral, de este modo, marchaba de la mano de la soberanía.² El Teatro monárquico, escrito hacia 1700, por Pedro Portocarrero y Guzmán, patriarca de Indias y sobrino del cardenal Luis Fernández de Portocarrero, constituye un magníﬁco exponente de dicha concepción de la política fundada en los presupuestos de la monarquía católica tradicional. Portocarrero aﬁrma que «es poderoso príncipe, aquel que gobierna con justicia y equidad, oponiéndose a las tiranías». Asimismo se reﬁere a la obligación que el rey tiene con los vasallos «debiéndoles guardar lo que jura en su coronación, en la observancia de sus fueros y privilegios, como éstos sean justos y proporcionados a la conservación de los súbditos, sin detrimento de la majestad», del mismo modo que debe guardar los contratos «porque son de derecho natural». Sostiene, en relación con los privilegios «que gozan los reinos o provincias que se entregaron a sus príncipes con aquellas condiciones, o ellos se las concedieron por relevantes servicios, que éstos han de ser con sumo cuidado atendidos para no vulnerarlos, por el riesgo que tiene quieran los súbditos defenderlos, por los medios opuestos a la autoridad del príncipe». Para matizar, a renglón seguido dicho aserto:

Mas si las provincias o reinos han faltado a la obediencia de sus naturales señores, tomando las armas con pretexto de haberles quebrantado sus libertades, y se viere el príncipe obligado a desenvainar la espada para reducirlos a su antigua obediencia, mal hará cuando lo consiga en dejarlos con sus privilegios, porque por derecho han decaído de ellos y no tiene el príncipe obligación a reintegrarlos.³

Además, esta concepción partía de la base de una realidad incontestable que era la de la monarquía compuesta. El pactismo, doctrina fundada en el respeto mutuo en el cumplimiento de los pactos entre rey y súbditos, constituía el fundamento de la monarquía compuesta de los Austrias, un complejo de instituciones y relaciones multinacionales, como apuntó John H. Elliott.⁴ Aunque también es verdad que a consecuencia del absentismo real —y de la renuencia de los reyes a reunir Cortes, cuyas exigencias les incomodaban sobremanera—, las convocatorias tendieron a espaciarse de forma ostensible.⁵

Se trataba de una monarquía que albergaba dos grandes bloques, cada uno con sus propias instituciones y una determinada concepción de la política, más allá de la ﬁdelidad compartida hacia el soberano común. Por una parte, estaba Castilla, que en la Baja Edad Media había visto desmantelada su constitución territorial y cuyo derecho se había acogido a la sombra universalista del ius commune, de la tradición romano-canónica. Era, en este sentido, un territorio débil, nos dice Pablo Fernández Albaladejo,⁶ un territorio sin una expresión parlamentaria pura, y en el que el rey legisla mediante pragmática sanción, en un sistema que ha sido caliﬁcado de «decisionismo regio». En Castilla, en contraste con los reinos de la Corona de Aragón, se «quebró deﬁnitivamente la posibilidad de que en este reino llegara a asentarse una asamblea interestamental y orgánica —una auténtica comunitas regni— con capacidad jurisdiccional para proceder conjuntamente con el monarca a la elaboración de normas jurídicas con validez para toda la corona».⁷ A falta de una instancia creadora del derecho territorial, el protagonismo negociador fue asumido por las corporaciones urbanas, amparadas en un entramado judicial y una jurisprudencia basada en los principios del derecho común, y que actuaban como un contrapoder frente a la creciente autoridad real. Asumieron el rol de las Cortes en el ámbito ﬁscal la Diputación del Reino, que entendía en la gestión y administración del encabezamiento general para las alcabalas y tercios, y la Comisión de Millones, que administraba el servicio de millones. De esta forma las Cortes, mediante ambas instituciones, lograban invadir la potestad ﬁscal del príncipe.⁸ Dentro de la Corona de Castilla, disfrutaron de una representación separada de las Cortes mediante Juntas Generales los territorios de Galicia, Asturias, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, mientras que Navarra disponía de Cortes propias.

En suma, ello no signiﬁca que en Castilla el monarca dispusiera de un poder absoluto omnímodo, ya que el juego de garantías frente a las pretensiones del poder discurría por otros circuitos en el contexto de la cultura jurídica, en el que las ciudades constituyeron el núcleo duro de la constitución política castellana, como ha explicado José I. Fortea.⁹ Asimismo, Irving Thompson ha puesto de relieve que los Consejos Supremos y el sistema judicial actuaron como canales de representación del reino, convirtiéndose en una auténtica oposición a la autoridad real, especialmente en tiempo del conde-duque de Olivares.¹⁰ En todo caso, en España no cristalizó un sistema absolutista similar al francés. Las tensiones debían resolverse en el seno de los Consejos que deﬁnían la identidad de la constitución judicialista, mientras que el «régimen de millones», desde principios del siglo XVII, frenaba el avance del absolutismo hasta tal extremo que el peso de las Cortes se trasladaba hacia la Comisión de Millones.¹¹ José Manuel de Bernardo Ares ha señalado que, al dejarse de convocar las Cortes en 1665, los 21 cabildos de las ciudades, «auténticas asambleas representativas, fueron los parlamentos o mini-cortes de la Corona de Castilla en la segunda mitad del siglo XVII». De manera que ostentaron «la genuina representación del reino, que podía estar unido en Cortes o separado en sus cabildos, lo que reducía naturalmente su fuerza, pero no su legítima representatividad». Estas asambleas oligárquicas se complementaban con los cabildos de jurados, de carácter más popular.¹²

A pesar de tales aportaciones, que tienen la virtud de introducir el factor de la complejidad en el análisis de la realidad política y permiten resituar las instituciones castellanas frente a interpretaciones que focalizan toda la atención en los parlamentos,¹³ hay cuestiones que no deben soslayarse. En primer lugar, que las Cortes en la Corona de Aragón, y especialmente en Cataluña, constituían un espacio político de negociación nada desdeñable y considerablemente eﬁciente en términos de legislación y de limitación de las apetencias regalistas en materia diversa, más allá de la ﬁscal.¹⁴ Un terreno en el que las Cortes de Castilla, en las que estaban representadas 21 ciudades, habían perdido todo protagonismo. Pero, además, un decreto real de 1694 estableció que la Diputación del Reino quedaba absorbida por la Comisión de Millones, desmantelando la base sobre la que se había articulado la representación del reino, hecho que a juicio de José I. Fortea permite hablar del ﬁn de las Cortes de Castilla.¹⁵ Aunque Beatriz Cárceles de Gea, abundando en el tema, considera que a pesar de que la Comisión de Millones se hubiera unido al Consejo de Hacienda, que se hubiera reformado la Diputación o que las Cortes hubieran dejado de convocarse, ello «no signiﬁcó el desmantelamiento del trasfondo jurídico-político de un orden ﬁscal, que había enraizado e interiorizado, hasta el punto de ser su más poderoso valedor, aquellos mecanismos a través de los cuales se gobernaba en Castilla, en nombre del rey, mediante el ejercicio de la jurisdicción real ordinaria». Es decir, que mediante la alianza entre jurisdicción ordinaria —representada por el corregidor— y poder local, administrador del servicio de Millones, las ciudades se convertían en verdaderos poderes territoriales.¹⁶ Pero sabemos que la creciente invasión de competencias por parte de la monarquía generó respuestas locales solicitando convocatorias de Cortes, como las protagonizadas por regidores cordobeses tanto en 1684, frente a las exigencias ﬁscales del rey que conculcaban los privilegios de la nobleza, como en 1697, para tratar de hacer frente «a las calamidades por la falta de moneda y injuria de los tiempos», petición que apoyó el cabildo de Córdoba supeditando la prórroga del servicio de millones a la convocatoria de Cortes.¹⁷

También cabe matizar el grado de representatividad social de los municipios castellanos. A riesgo de simpliﬁcar, a causa de la variedad del complejo mundo municipal en Castilla, podemos sostener que, a la llegada de Felipe V al trono, las vías de representación de los no privilegiados eran bastante limitadas, en relación con la Corona de Aragón, especialmente Cataluña, cuyo régimen municipal, consular, presenta aﬁnidades notorias con las ciudades italianas.¹⁸ En el régimen municipal castellano, donde la nobleza de segundo grado solía ejercer el poder junto con las oligarquías urbanas, tenía presencia un delegado real, el corregidor, que controlaba la institución. Además, los regidores perpetuos incrementaban su presencia mediante el pago de un servicio pecuniario al monarca. El resultado de esta política, según José Manuel González Beltrán fue «la patrimonialización de las regidurías en un grupo reducido de familias nobles en cada localidad, favoreciendo el inmovilismo social y político». Este fenómeno también afectó a los cargos concejiles, los jurados.¹⁹

Recordar la existencia de esa doble realidad, con sus prácticas políticas diferentes y con su particular forma de entender la política, más republicana en la Corona de Aragón, no es una cuestión baladí a la hora de comprender los proyectos políticos que se enfrentaron en la Guerra de Sucesión, como podremos constatar. Como tampoco hay que perder de vista que, a ﬁnales del siglo XVII, las viejas monarquías compuestas europeas sufrían el envite de los nacientes estados. Dichas monarquías solían estar formadas por diversas unidades políticas en pie de igualdad teórica aunque con desigual inﬂuencia tanto demográﬁca como económica. En efecto, las tendencias uniformizadoras de los monarcas, acuciadas por las urgencias ﬁscales y ﬁnancieras para hacer frente a los gastos militares —una cuestión espléndidamente explicada por Antonio M. Bernal para el caso del imperio español—²⁰ avanzaban de forma imparable: si en la Europa de 1500 existían unas 500 unidades políticas, en 1900 se habían reducido a 25.²¹ En esta tendencia, la fecha de 1707 resulta crucial, marcada por los procesos de conquista y de unión territorial que dieron como resultado una recomposición política general.²²

Sin duda alguna, el principal motivo de fricción entre la monarquía y los territorios de la Corona de Aragón fue el de la contribución a la Hacienda Real. Al cabo de una próspera primera mitad de siglo XVI, la presión como consecuencia de las cargas del imperio fue in crescendo en la década de 1590: para entonces, el imperio era, a todas luces, un parásito de Castilla; a partir de aquel momento se multiplicaron las voces que reclamaban la correspondencia en las cargas imperiales de los territorios no castellanos. Es de sobras conocido el proyecto de la Unión de Armas de Olivares (1625), aunque sigue abierto el debate sobre la naturaleza exacta de la comunidad política que pretendía fomentar. Pero qué duda cabe de que el conde-duque intentó hacer de las Cortes un cuerpo más manejable y obediente, al estilo de los Estados Provinciales y los Parlamentos franceses. En este sentido, Eva Serra ha argumentado que se produjo una desnaturalización del modelo parlamentario en Aragón y Valencia entre 1592 y 1645.²³ Es decir, en buena medida Olivares logró su objetivo en ambos reinos, donde obtuvo colaboración económica al margen de la convocatoria de Cortes, pero no en Cataluña, donde el conﬂicto de 1640 tuvo su origen en este intento fallido. Así, Aragón y Valencia celebraron Cortes en 1645-1646 para colaborar con el rey en la tarea de recuperar el territorio catalán. En el caso de Valencia, fueron las últimas Cortes: una Junta de Servicios y una Junta de Contrafueros asumieron, a partir de entonces, dos de sus funciones básicas.

En este punto, es preciso referirse al controvertido tema de la contribución ﬁscal de la Corona de Aragón a la monarquía. En ocasiones, los historiadores han aludido, de forma harto simplista, a la confrontación entre «foralismo retrógrado y centralismo progresista» o al «ensimismamiento» y al «provincialismo» de dichos territorios, que motivó su insolidaridad ﬁscal ante el proyecto imperial. Pero se elude, a menudo, que tal actuación respondía al objetivo de preservar el sistema constitucional que protegía a sus habitantes de la exacción llevada a cabo por la monarquía. Es decir, se tiende a entender la defensa de lo propio, en una monarquía que era compuesta, como resistencia a la innovación, cuando la actitud defensiva respondía a una autoaﬁrmación de la realidad propia, tal y como ha explicado Jon Arrieta.²⁴ No debemos olvidar que el freno y el control de los recursos hacendísticos de la monarquía favorecían al pueblo, máxime si tenemos en cuenta la prioridad del gasto militar en los presupuestos imperiales. Como bien ha subrayado Gregorio Colás, conviene recordar, contra posibles interpretaciones románticas, que este esfuerzo exigido durante el siglo XVI a los castellanos y en el siglo XVII a los territorios de la Corona de Aragón no revirtió sino negativamente sobre la economía española. Pierre Vilar dejó constancia de ello y Bartolomé Yun y Alberto Marcos,²⁵ haciéndose eco de múltiples y fundamentales aportaciones, lo han corroborado fehacientemente. Resulta, pues, que el estado imperial, que aﬁrmaba la autoridad del príncipe y que se esforzaba por extenderla a la periferia, no parece que beneﬁciara ni a Castilla ni al pueblo castellano, mientras el denigrado pactismo de la Corona de Aragón protegía a sus habitantes del esquilmo de los Habsburgo.²⁶

Por lo tanto, es obvio que entraron en colisión dos lógicas difícilmente compatibles: la imperial y aquella que emanaba del gobierno de «la tierra», que percibía las connotaciones negativas de la política imperial en la medida en que ésta endurecía las relaciones con Francia; como resultado Cataluña se convirtió en frontera militar por tierra y mar, amenazada al mismo tiempo por la piratería a causa de la alianza franco-otomana. Dicha política exigía una «ﬁscalidad no monetaria», una aportación indirecta no contabilizada a la hora de evaluar la contribución catalana al mantenimiento de la monarquía imperial. Lo cierto es que, a ﬁnales del siglo XVI, según Ricardo García Cárcel, «la periferia política empieza … a tomar conciencia de cierto secuestro de España por Castilla, que se traducirá en el deslizamiento de aquella España horizontal de la monarquía compuesta a una España monopolizada por Castilla».²⁷ Y cabría matizar: a causa de una política imperial al servicio de los intereses dinásticos.

No faltaron proyectos para intentar resolver el problema de la contribución de los territorios de la Corona de Aragón a las arcas de la monarquía. En 1602 Gaspar Pons, miembro del Consejo Real de ﬁnanzas, propuso la creación de una Junta General o Consejo Supremo, formada por representantes de todos los territorios de la monarquía, para solventar la acuciante situación ﬁnanciera. Y en 1640, Diego Saavedra Fajardo formuló una idea similar mediante un «Consejo General o Cortes», idea que retomó, un siglo más tarde, el austracista Juan Amor de Soria en la Enfermedad Crónica y peligrosa de los reinos de España y de Indias, escrita en el exilio vienés en 1741. En esta obra, Amor de Soria pretendía poner ﬁn a los agravios y desconﬁanzas entre los países de una Corona de Aragón apartada de las ventajas de la corte pero libre de cargas ﬁscales permanentes, y una Corona de Castilla, que gozaba de los beneﬁcios de la corte pero que se hallaba abrumada por el peso de la ﬁscalidad de la monarquía.

Gracias a las aportaciones de Bernat Hernández²⁸ sobre el ﬁscalismo y las ﬁnanzas en la Cataluña moderna, hoy sabemos que las graves limitaciones de la Tesorería General y el fracaso de la Hacienda Real para consolidar un sistema ﬁscal y ﬁnanciero propio, incompatible con el sistema constitucional, fueron compensadas, en parte, mediante diversos mecanismos, como la concesión irregular de donativos al rey o la subvención de las actividades militares y de abastecimiento de fortiﬁcaciones fronterizas y de galeras. Una actividad que, contemplada como fuente de inversión rentable, resultó muy lucrativa para diversos sectores del mundo económico catalán, hecho que constituyó un éxito en la implantación social de la monarquía, sin precedentes en otros ámbitos. Así pues, Cataluña no se mantuvo al margen de las dinámicas generales de la Hacienda imperial sino que, durante el siglo XVI, realizó una particular contribución mediante la deuda pública gestionada por la Diputació del General. A ello hay que añadir los cupos del subsidio y del excusado, cuyo montante pudo constituir la columna vertebral de las aportaciones catalanas a los gastos de la política imperial en la frontera del Rosselló. Además de diversos préstamos sin interés, a partir de ﬁnales de aquel siglo, también cabe señalar la renuncia de la Diputació a cobrar el derecho del general sobre las fabulosas cantidades de metal precioso que la monarquía envió hacia Europa por tierras catalanas durante el período entre 1550 y 1650. Ya en el reinado de Felipe IV, a partir de 1626, frustrada la conclusión de Cortes, Cataluña se volcó en las contribuciones extraordinarias, lo que dio lugar a una escalada de la presión ﬁscal sin precedentes que culminó en la segunda mitad del siglo XVII.

Se trata de matices, por tanto, esclarecedores. Como también resulta imprescindible recordar, junto con Antonio M. Bernal, que a la hora de hacer balance sobre la política imperial se ha tendido a minimizar los costes de la guerra, cuando lo cierto es que, entre 1621 y 1640, se destinó un 87,5 % del presupuesto de la monarquía a gastos militares. Respecto a los costes y beneﬁcios del imperio, considera que

los factores puestos en juego por la Corona como fuerzas uniﬁcadoras del mismo resultaron insuﬁcientes, en parte por el sesgo introducido por el exclusivismo colonial a favor del reino castellano y por tomar a ese poderosísimo conjunto que era Castilla con sus Indias como eje vertebrador dominante en la forja del estado nacional. Como en el imperio, en la construcción nacional sobró subordinación y faltó negociación, que hubiera cimentado sobre bases inamovibles los principios de lealtad institucional al proyecto común llamado España.

Bernal concluye su balance en estos términos: «sin duda, para la economía real hubo beneﬁcios, pero ni fueron generalizados ni todos los miembros de la monarquía estuvieron invitados al banquete colonial, ni cuando lo hicieron se sentaron en igualdad de condiciones al festín». A la postre, España, al cabo de tres siglos, sin llegar a culminar un estado unitario, resultó ser rehén de su propio imperio.²⁹

Por otra parte, debemos señalar que, no por casualidad, a partir del momento crítico de 1640 (Guerra de los Segadores) surgió entre los juristas de la Corona de Aragón una corriente encabezada por Llorenç Mateu —autor del Tratado de la celebración de Cortes Generales del reino de Valencia, 1677— que, si bien suscribía la teoría del pactismo, subrayaba al mismo tiempo el «principio innegable» de que «la fuerza de la ley nacía de la autoridad real, la cual se fundamentaba en el decreto y no en la súplica». Es decir, el soberano no estaba obligado a garantizar ninguna petición, pero disponía de la prerrogativa de satisfacer lo que considerase justo. Mateu fue muy explícito al respecto y por ello constituye el representante más conspicuo de la corriente de pensamiento que, en la difícil coyuntura de la posguerra, defendió los intereses realistas sin renegar del pactismo. Dicho de otra manera, intentó buscar el difícil equilibrio entre los dos extremos —absolutismo y constitucionalismo— después de la ruptura entre Cataluña y la monarquía, como lo harían Crespí de Valldaura y Rafael Vilosa. Este último, regente de la Corona de Aragón, defendió un realismo moderado, mediante la ﬁgura de un rey dotado de una autoridad que no debía verse reducida por el hecho de limitar su libertad al respetar la de los súbditos. Según Jon Arrieta, «se propugna la ﬁ gura de un rey autocontrolado, que puede pero no quiere, y que acepta voluntariamente determinados límites».³⁰ Es evidente, pues, que tomó cuerpo un discurso realista o regalista en la Cataluña de los últimos Austrias, término que no debemos confundir con el de absolutismo, ya que se trata de una corriente de constitucionalismo realista entre los juristas, similar a la que existió en Inglaterra a mediados del siglo XVII. En Aragón, el neotacitismo realista aún fue más perceptible, como ha señalado Xavier Gil.³¹ Y no deja de ser signiﬁcativo que una generación posterior de juristas catalanes que vivió la Guerra de Sucesión —los Calderó, Amigant, Solanes, Grases y Gralla y Aguirre— diera por válidas las propuestas formuladas desde esta perspectiva de síntesis o conciliación.³²

Más allá de las reﬂexiones de reputados juristas debemos preguntarnos cuál fue la dinámica de la relación política entre Cataluña y la monarquía a partir de 1652, cuando Felipe IV recuperó Barcelona y la Junta de Brazos le dio, de nuevo, la obediencia. No sucedió como en Messina después de la revuelta de 1674, cuando, en virtud del derecho de conquista, Carlos II impuso en la Sicilia oriental una nueva planta suprimiendo las libertades de las repúblicas urbanas.³³ Se inició entonces la etapa que ha sido caliﬁcada de «neoforalismo», un concepto harto discutido,³⁴ que respondería a una política pragmática en la que el pactismo fue preservado —aunque con limitaciones evidentes—, si bien transcurrió bajo el signo de una tensión latente, acrecentada por las guerras con Francia. En efecto, acabada la guerra, la monarquía controló sistemáticamente los nombres de las personas que podían ser elegidas en la Diputació y en el Consell de Cent (mediante la insaculación), con el objeto de garantizar su ﬁdelidad. Otra novedad relevante fue la ampliación por parte de la monarquía del espacio ﬁscal propio. La Capitanía General se apropió de la «Nova ampra» (impuesto especial que la Generalitat había creado sobre el consumo de lujo y el ocio para hacer frente a los gastos de la guerra), además de la percepción de los derechos de capitanía (10 % sobre diversas mercancías) y de la implantación de donativos en forma de alojamientos, reclutamientos o impuestos. La nueva coyuntura se saldó con un notable incremento del peso de la Hacienda Real, coincidiendo con la quiebra de las ﬁnanzas públicas catalanas a consecuencia de la deuda contraída durante la Guerra de los Segadores, situación que se agravó por un galopante fraude ﬁscal a la Generalitat propiciado por la Capitanía.³⁵ Todo ello viene a conﬁrmar que la contribución de los territorios de Cataluña a las arcas reales durante la segunda mitad del siglo XVII es indiscutible.

La tensión reapareció en Cataluña a causa de la importante revuelta de los Barretines (1687-1689) y de la Guerra de los Nueve Años contra Francia (1689-1697), período en el que se alojaron en el principado entre 10.000 y 20.000 hombres, según el momento, en cuyo transcurso se creó la Conferencia de los Comunes, un organismo consultivo que reunía a representantes del Brazo militar, de la Diputació y del Consell de Cent barcelonés para tomar decisiones conjuntamente. Un alarmado virrey Villahermosa escribía al rey en 1690:

estos consistorios juntos se abrogan tal autoridad que presumen tenerla sobre los lugartenientes generales persuadiéndoles que su conservación pende del arbitrio de ello, hasta juzgar que las operaciones políticas y militares las ejecuta el virrey conformándolas con sus ideas y me persuado que este modo de aunarse estos consistorios irá insensiblemente echando tales raíces que se le formará a V. Mgd. en Cataluña un tribunal que no reconozca superior.³⁶

Al cabo de cuatro décadas de la conclusión de la guerra de 1640 y de la experiencia republicana bajo la tutela del rey de Francia, rebrotaba el recelo por ambas partes. El escrito anónimo Luz de la verdad, publicado hacia 1698, constituye un panegírico de la ﬁdelidad de los catalanes al príncipe, partiendo del supuesto del pactismo, que rechaza la acusación de rebeldía vertida contra los catalanes con motivo de la revuelta de los Barretines. El argumento central se basa en la idea contractual que regula la relación entre el rey y los súbditos:

De dos maneras se puede poseer el reino: o absolutamente o condicionalmente. Absolutamente, como cuando él con sus armas y dinero gana alguna provincia … Condicionalmente, cuando los que lo poseen lo eligen con algunas condiciones de que les ha de guardar sus fueros. Que entonces es contrato, y está obligado a ello, y no puede hacer ni deshacer sin su consentimiento, y en caso que lo haga pierde, pierde el derecho al reino.

El texto plantea cuestiones capitales para entender las difíciles relaciones entre Cataluña y la monarquía a ﬁnales del siglo XVII. Quizá la más relevante sea el estado de indefensión en que se encontraba el país frente a las constantes ocupaciones francesas, chocante en tanto en que los catalanes mantenían a un numeroso ejército y sufrían la onerosa carga de los alojamientos de las tropas reales y unas contribuciones de guerra que les exasperaban. Así pues, denunciaba la inoperancia del ejército y la malversación de recursos por parte de los oﬁciales y de algunos ministros reales, sumada a la irresponsabilidad de éstos. También resulta llamativo el rechazo al sistema de reparto de las contribuciones del que se libraban los ricos, comprando privilegios de militar, y los eclesiásticos, con lo que «daba el peso todo sobre los hombros ﬂacos de los pobres». 37

Pero otro texto, manuscrito, esgrime argumentos completamente contrarios. Sus supuestos son inequívocamente regalianos, cuando no absolutistas, aunque para fundamentarlos el autor no precisa recurrir a Hobbes o a Bodin, sino a las autoridades romanas, a las eclesiásticas, a las Constituciones y a los juristas catalanes. En plena revuelta de los Barretines (1688) y partiendo de la idea de que Cataluña se hallaba enferma, el texto invoca la soberanía del monarca mediante expresiones como las que siguen: «el príncipe no debe permitir que sus vasallos le den leyes»; «querer dar cumplimiento a una ley imaginaria rompiendo muchas de verdaderas sobre ser soberbia, pasa a ser sola temeridad». Además, recuerda la obligación de los catalanes de servir al rey en tiempo de guerra, apela a las Constituciones para justiﬁcarla, y se reﬁere a los virreyes como «presidentes de las provincias».

Y evoca el desenlace de la Guerra de los Segadores para justiﬁcar el despliegue de la soberanía real sin cortapisas:

Acuérdate que cuando se rindió Barcelona te sometiste a la clemencia y piedad de nuestro Rey y señor, y que por esta sumisión renunciaste a tus privilegios … aunque la benignidad de nuestro Rey y señor te hizo gracia de volverte muchos de los privilegios que perdisteis no gozas éstos por virtud de tus Constituciones, sí sólo por la gracia que su Mgd. te hizo.

Diversas aﬁrmaciones abundan en esta idea: «las resoluciones del poder absoluto no se dejan sujetar así como quiere el juicio de la razón y el discurso humano»; «el gusto del Príncipe tiene fuerza de ley»; «es permitido al príncipe apartarse del contrato que ha hecho con sus vasallos, siempre que tuviese justa causa». Entre los reproches a los rebeldes no faltan las referencias a las revueltas de Nápoles (1647) y de Messina (1674). Finalmente, cerrando ﬁlas junto a los privilegiados, el autor arguye:

dicen tus Constituciones que cada uno debe estar contento en el estado que Dios les ha puesto. Y si bien lo consideras nadie ha tributado hasta hoy más para los alojamientos que los eclesiásticos y militares.

Todo ello le permite concluir que «el que resiste a la voluntad de su Príncipe, aunque el mandato sea contra el derecho (como no sea contra la ley de Dios) por menospreciador de la autoridad, debe ser castigado». Por lo tanto, la obediencia ciega de los súbditos a los dictados del monarca por encima de las leyes, especialmente en materia de alojamientos y contribuciones, queda fuera de discusión. El dictamen no deja lugar a dudas:

Si la constancia merece alabanza en un Príncipe, es también necesario que una Provincia o ciudad no quiera tener parte en el gobierno y negocios de aquél. No debe entrometerse en otro que obedecer y dejar todo el cuidado al Príncipe, que es como una centinela para los suyos.³⁸

Queda claro que se trata de dos lecturas políticas contrapuestas que anticipan uno de los elementos centrales que se debatirá en la contienda sucesoria del nuevo siglo.

Capítulo 3

LA CRISIS SUCESORIA

A LA CORONA HISPÁNICA

LOS TRATADOS DE PARTICIÓN DE LOS TERRITORIOS DE LA MONARQUÍA

La muerte de Carlos II desencadenó una guerra internacional en la que las potencias europeas se disputaron el control del comercio colonial y la hegemonía continental. En los años previos, aquellas potencias, conscientes de la precariedad de la salud del rey de España y de la probabilidad de que no dejara sucesor al trono, movilizaron a sus diplomáticos para sacar partido de aquella situación inestable y entronizar a su candidato. Lo que realmente se debatía era la redeﬁnición del equilibrio político europeo ante la crisis evidente del imperio hispánico, a la par que el control del comercio americano y del mercado hispánico. Por esta razón, décadas antes del inicio del conﬂicto, en 1668, Austria y Francia habían previsto en el tratado de Grémonville un posible reparto de las posesiones de la monarquía si Carlos II moría sin descendencia. Los reinos de España (con las excepciones que a continuación se detallarán), las Indias y el ducado de Milán, Cerdeña, Canarias y las Baleares quedarían bajo el dominio del emperador, mientras que los Países Bajos españoles, el Franco Condado, las Filipinas, el reino de Navarra, Roses, los presidios coloniales al norte de África y los reinos de Nápoles y de Sicilia pasarían a Francia. Pero en realidad, como señaló Henry Kamen, Luis XIV, a pesar de que en 1660 su esposa María Teresa renunció en nombre propio y de sus sucesores a los derechos a la corona hispánica, no se tomó nunca en serio la renuncia.¹

La avidez de las potencias, traducida en presiones diplomáticas, dio lugar a nuevos tratados de partición, en los que Luis XIV hizo gala de su ambición territorial a la vez que de una gran habilidad. El primer tratado, ﬁrmado tras la paz de Rijswijk (1697), fue fruto del acercamiento del emperador a Inglaterra y las Provincias Unidas. Ciertamente, como ha señalado Jean Bérenger, Leopoldo I se hallaba en mejores condiciones para negociar que treinta años antes: había reconquistado Hungría y Transilvania y forjado un potente ejército formado por 100.000 hombres. La paz de Karlowitz sellada con el Imperio otomano en 1699 conﬁrmaba su pujanza.² En el tratado, en el que ingleses y franceses apostaron por los derechos del príncipe elector de Baviera a la sucesión de España en perjuicio del archiduque Carlos de Austria, se plasmaba el siguiente acuerdo: el príncipe elector de Baviera, José Fernando —elegido como sucesor por Carlos II dos años antes— recibiría España, las Indias y los Países Bajos hispánicos. El archiduque Carlos recibiría Milán. Al Delfín, hijo de Luis XIV, se le asignaban Nápoles, Sicilia y Guipúzcoa, los presidios de Toscana y Finale como compensación por su renuncia a la corona hispánica. Las demandas inglesas —algunas plazas comerciales como Cádiz, Sevilla, Menorca, y otras en las Antillas y al norte de África— no fueron tomadas en consideración. Pero el acuerdo resultó efímero porque en febrero de 1699 moría el príncipe de Baviera. De nuevo, todas las posibilidades estaban abiertas.

El nuevo tratado de marzo de 1700 entre Francia, Holanda e Inglaterra, no aprobado por la corte hispánica ni por el emperador Leopoldo, atribuía a Francia los reinos de Nápoles y Sicilia, Toscana, Finale, Guipúzcoa y contemplaba la posibilidad de permutar Sicilia por Saboya. También le otorgaba Lorena y compensaba al duque de Lorena con el Milanesado. El archiduque Carlos obtenía España y las Indias a condición de que renunciara a las concesiones hechas al hijo de Luis XIV. Fue tanta la renuencia del emperador a aceptar este tratado que llegó al extremo de proponer la cesión de México y Perú a Francia con tal de mantener las posesiones italianas.³ Luis XIV podía escribir que había acordado secretamente un tratado con Inglaterra y con las Provincias Unidas, aunque Torcy, recitando a La Fontaine, aﬁrmó que «no hay que vender la piel del oso sin haberlo cazado». Al cabo de un mes, volvía sobre el tema y certiﬁcaba que «los ingleses y los holandeses se han puesto de acuerdo para vender la piel del oso».⁴ De todos modos, las potencias europeas eran conscientes de la diﬁcultad de que el tratado se llevara a la práctica, tanto por la lógica oposición que despertaba en la corte hispánica como por el hecho de que, ante las expectativas que generaba la previsiblemente cercana muerte de Carlos II, ninguna de ellas renunciaba a objetivos aún más ambiciosos que los pactados.

Quedaba por ver cuál sería la reacción de la corte hispánica a la muerte de Carlos II, no solamente en relación al candidato que propusiera el rey sino también respecto a la fragmentación de los territorios de la monarquía fraguada en el último tratado de repartición, rechazada de plano por el emergente «partido nacional castellano»,⁵ encabezado por el cardenal Portocarrero. Sabemos que a ﬁnales del siglo XVII, según Juan Luis Castellano, existía una amplia corriente de opinión favorable a la convocatoria de Cortes, compartida por algunos miembros del Consejo de Castilla que defendieron en 1694 «la reunión de las Cortes como único remedio de salvar la monarquía». En este sector se incluían la reina, el embajador imperial Aloisio de Harrach y los consejeros de Estado Monterrey, Fuensalida y Aguilar, entre otros. Frente a esta opción constitucionalista se hallaban los que argumentaban que el rey debía resolver la cuestión directamente y testar motu proprio, argumentando un poder absoluto extraordinario del monarca.⁶

Así estaban las cosas, la incertidumbre era inmensa y la actividad de los diplomáticos, frenética. Entre los historiadores hay consenso en señalar que el embajador francés, el marqués de Harcourt, ganó la batalla diplomática al imperial Harrach. Su eﬁciente gestión respondía a una política de largo recorrido elaborada por Luis XIV que tenía por objetivo entronizar a un Borbón en España. Y ello a pesar del pésimo bagaje de las cuatro guerras que Francia mantuvo con España, entre 1660 y 1700.⁷

En efecto, Ana Álvarez ha dejado constancia de la existencia de un notable activismo francés, mediante un programa bien calculado, en el que los embajadores y enviados jugaron un papel decisivo, así como los panﬂetos y grabados, sin excluir el soborno entre los grandes de España, cuyo principal artíﬁce fue Jean-Baptiste Colbert, marqués de Torcy.⁸ Se trataba, en buena medida, de calar un discurso que pusiera el acento en la decadencia de España, fruto de la política de los Austrias, contraponiéndola a una Francia próspera, emergente y presuntamente salvadora. Un discurso que llegaba al extremo de extranjerizar a los Austrias en España, alimentando la germanofobia, y responsabilizándolos de los males de la monarquía católica. Es decir, la ambición de dicha dinastía había arruinado la antigua alianza entre España y Francia, poniendo en peligro la paz europea, la prosperidad de ambas monarquías y la religión.⁹ El éxito del discurso de la conjunción franco-española se vio facilitado porque entre 1660 y 1700 la corona francesa integró en su programa político y simbólico ciertos elementos hispanos, como ha demostrado Jean-Frédéric Schaub.¹⁰ El trasvase de la mitología y la simbología imperial hacia la casa de Borbón culminó en la ﬁgura de Luis XIV, que reunía en su persona muchos de los elementos que habían conformado a Carlos V como monarca universal.¹¹ El «modelo» Luis XIV aunaba las virtudes de ser rey «cristianísimo» y supuesto gobernante eﬁcaz, siguiendo los parámetros del tacitismo. A partir de estos cimientos se «fabricó» el candidato a la corona hispánica, el cual debía responder a dos grandes objetivos: acabar con la aversión que separaba a españoles y franceses y unir ambas monarquías en beneﬁcio mutuo.¹²

Felipe V fue presentado por Luis XIV como el gobernante que «se dedicaría antes que nada a hacer feliz a su pueblo y a devolver el brillo a la monarquía». La diplomacia y la propaganda oﬁcial francesa construyeron la imagen de un príncipe ideal, capaz de asumir las obligaciones que los Habsburgo habían descuidado¹³. De este modo la cortesana duquesa de Orléans relataba con toda propiedad en una carta dirigida a la duquesa de Hannover, «cómo se ha hecho al rey de España».¹⁴ Por su parte, Luis XIV, a quien no gustaba dejar cabos sueltos, indicaba a Harcourt la estrategia que debía seguir y los argumentos que debería esgrimir ante una futura Junta de regencia y ante las Cortes reunidas para que eligieran a uno de sus nietos:

que España sería gobernada por un rey independiente, que la Cristiandad saldría ganando, que no tomaría la corona de España si no se la pedían sus pueblos, que España no sería nunca una provincia de Francia pero que ambas permanecerían unidas para siempre, que la buena relación hispano-francesa se había roto por la ambición de la casa de Austria, y que la elección del hijo del emperador signiﬁcaría la guerra.

Y para llegar hasta donde los argumentos no bastaban, le recomendaba usar el soborno en dinero y en promesas de cargos y prebendas.¹⁵

A la muerte de Carlos II, el 1 de noviembre de 1700, una de las grandes incógnitas que había planeado durante los últimos años de su reinado ya se había despejado. El 7 de noviembre, Luis XIV conﬁrmaba que el rey de España había dejado un testamento que beneﬁciaba totalmente a Francia, aunque desconocía si el heredero sería el duque de Anjou o el duque de Berry. El 9 le llegaba la noticia y el 16 recibía al embajador de España, el marqués de Castelldosrius.¹⁶

EL TESTAMENTO DE CARLOS II: EL CAMBIO DINÁSTICO Y LA «VÍA PORTOCARRERO»

Un mes antes de su muerte, el 2 de octubre, el moribundo Carlos II, desmedrado, epiléptico y sin descendencia, redactó un testamento por el que dejaba la monarquía a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV. A juicio de Bérenger, el testamento «arruinaba los principios establecidos en 1555: por consideración al sentimiento nacional castellano privaba a los Habsburgo de su patrimonio español y separaba deﬁnitivamente España de Alemania ofreciendo a la rama de los Habsburgo una vocación nueva, la de gran potencia continental».¹⁷ En su materialización, además de la presión ejercida por Luis XIV, hay que destacar que el candidato francés contó con la simpatía y el apoyo decisivo de numerosos cortesanos. En cuanto a su contenido, al margen de las múltiples referencias religiosas y manifestaciones piadosas que jalonan el documento, quisiera destacar algunos puntos signiﬁcativos que reﬂejan la voluntad de Carlos II de asegurar la conservación de la vieja planta política de la monarquía frente a previsibles mutaciones que pudieran acontecer, de la mano de Felipe V. Así, recomienda al sucesor que además de ser un buen príncipe católico, obediente al Papa, que gobierne «más las cosas por consideraciones de religión que no por respeto de estado político». También pone énfasis en que «se mantenga siempre desunida esta monarquía de la corona de Francia». Recuerda, por otra parte, que una vez reconocido el nuevo rey, «se le dé luego y sin la menor dilación, la posesión actual, precediendo el juramento que debe hacer de observar las leyes, fueros y costumbres de dichos mis reinos y señoríos». Aún más, el texto incluye nueve referencias directas al respeto de las «leyes, fueros, constituciones y costumbres». En otro aspecto el testamento también es explícito: «Los tribunales que yo dejo en mis reinos se conservarán indefectiblemente en la misma forma que hoy tienen sus manejos». A tal objeto manda conservar aquella planta de gobierno: «encargo a mis sucesores la mantengan con los mismos tribunales y forma de gobierno y muy especialmente guarden las leyes y fueros de mis reinos, en que todo su gobierno se administre por naturales de ellos, sin dispensar en esto por ninguna causa; pues además del derecho que para esto tienen los mismos reinos, se han hallado sumos inconvenientes en lo contrario».¹⁸ Ciertamente, no era un cheque en blanco al nuevo monarca, en el que la mano de Portocarrero se hacía evidente, tal como ha observado Pablo Fernández Albaladejo.¹⁹ Pero Felipe V hizo caso omiso de sus cláusulas más relevantes.

En lo que atañe a los derechos a la corona de los dos pretendientes, tanto Luis XIV como el emperador Leopoldo I tenían un parentesco similar con Carlos II, lo que les concedía a ambos posibilidades de entronizar en España a un pariente suyo. Las madres de ambos eran infantas españolas hijas de Felipe III y, por tanto, eran primos carnales de Carlos II. Los dos, además, se habían casado con infantas españolas hijas de Felipe IV. En principio, la Casa de Borbón tenía un derecho preferente, aduce Luis Ribot, puesto que tanto la madre como la esposa de Luis XIV, Ana y María Teresa de Austria, eran mayores que sus respectivas hermanas María y Margarita, madre y esposa del emperador Leopoldo. Sin embargo, las dos reinas de Francia habían renunciado a sus derechos sucesorios a la Corona de España, por ellas y por sus descendientes; aunque también es cierto que la compensación por la renuncia de María Teresa, una dote de 500.000 escudos de oro, nunca se pagó, lo que podía esgrimirse para invalidar jurídicamente la renuncia. Por otra parte, los hijos de Leopoldo I tenían un parentesco con Carlos II menor que el del Gran Delfín, hijo de Luis XIV, ya que la madre de ellos no era española, sino la alemana Leonor de Neoburgo. En términos legales, por tanto, la cuestión era enrevesada, ya que ambas familias podían reclamar derechos a la corona. En términos prácticos, la mayor colaboración política y familiar con la Casa de Austria era una realidad indiscutible, frente al enfrentamiento constante con Francia, especialmente en la segunda mitad del siglo XVII.²⁰

Ciertamente, el proceso que condujo a la ﬁrma del testamento favorable a la Casa de Anjou resultó harto complejo, fruto de la intervención de diversas variables. En primer lugar, no hay que perder de vista la crisis ﬁnanciera en la que se hallaba sumida la monarquía hispánica, y que obligó al Consejo de Hacienda a declararse en bancarrota en 1691 y en suspensión de pagos al año siguiente. También hay que tener en cuenta que, paralelamente, se organizó un partido austríaco, formado por adeptos a la reina Mariana de Neoburgo, hermana de la emperatriz. Este partido estaba integrado por los duques de Infantado, Pastrana, Montalto y Balbases, el marqués de Villafranca, los condes de Aguilar, Mancera, Oropesa, Fuensalida y Melgar (almirante de Castilla), y un grupo de «alemanes»: los hermanos Godofredo y Enrique Wisser, secretarios de la reina; el confesor, padre Rehim; el barón Lancier; la camarera mayor, condesa Berlepsch, y el príncipe de Darmstadt, entre otros. Un grupo que no dejó de pensar en realizar un golpe de Estado mediante la intervención militar del archiduque Carlos y del príncipe de Darmstadt. Al frente de este partido se situó el almirante de Castilla que, en 1695, había alcanzado la máxima cota de poder. Era teniente general de las Andalucías y posesiones de África; consejero de Estado, Caballerizo Mayor y asistente del rey, cargos que le situaban muy cerca del monarca.²¹

Este núcleo constituía, en puridad, el partido imperial. Pero la extraordinaria división entre ellos diﬁcultó la consecución de una política mínimamente eﬁcaz para lograr sus objetivos. El Almirante y Oropesa eran enemigos de Harrach, del príncipe de Darmstadt y del conde de Cifuentes, todos ellos destacados austracistas. Además, el marqués de Leganés orquestó una eﬁcaz campaña de descrédito contra Oropesa.²² Junto a él tomó cuerpo otro partido, mayoritario en el Consejo de Estado, que podemos caliﬁcar de «bavierista», partidario del príncipe elector de Baviera, José Fernando. Dicho grupo, que parecía contar con la simpatía de los ingleses y los holandeses, vio colmados sus objetivos en dos testamentos ﬁrmados por Carlos II, el 13 de septiembre de 1696 y el 11 de noviembre de 1698; el primero en un momento de extrema gravedad del rey y el segundo después del tratado de reparto de los territorios de la monarquía. En cualquier caso, aquello que a juicio de Ribot caracteriza la última década del siglo XVII es la dispersión del gobierno, resultado de la incapacidad para crear una dirección efectiva, ya en manos de una persona o de un organismo colegiado como la Junta de Gobierno.²³

La guerra con Francia (1688-1697) polarizó los dos grupos de poder y, en expresión del cronista Francesc de Castellví, dio alas al «partido bávaro», que supo capitalizar la paz con el rey de Francia ﬁrmada en Rijswijk, ante el descontento y la inquietud del partido alemán.²⁴ En este contexto —especialmente en el momento de la ocupación de Barcelona en 1697 por el duque de Vendôme—, cobró fuerza un signiﬁcativo sentimiento antialemán en la corte de Madrid, a pesar de la antipatía y la desconﬁanza que suscitaban los franceses, tal como señalaban las instrucciones que recibió desde París el marqués de Harcourt.²⁵ En efecto, el cese de las hostilidades, una vez constatada la supremacía militar francesa y la inoperancia del ejército hispánico, abría expectativas favorables a una sucesión francesa. Expectativas que supo acrecentar el embajador Harcourt —siguiendo las instrucciones de un sagaz Luis XIV— a partir de febrero de 1698 frente al ineﬁcaz embajador austríaco Aloisio de Harrach, cuyas relaciones con la reina, por si fuera poco, nunca fueron buenas.²⁶

A ﬁnales de 1698, en este contexto de incertidumbre y mientras Carlos II era sometido a exorcismos para librarse de supuestos hechizos, se perﬁlaban las dos grandes opciones políticas: la «alemana», con la reina, Harrach, el almirante de Castilla, los condes de Oropesa y Aguilar, y la condesa viuda de Berlepsch; y el grupo opositor, compuesto por el cardenal Portocarrero, el marqués de Leganés, los condes de Monterrey, Benavente y San Esteban del Puerto, los duques de Escalona y de Montalto, y el marqués de Valero. Pero hay que precisar que más que las adscripciones a un partido u otro, aún poco consistentes, resultaron decisivas las aspiraciones personales que enfrentaban a diversos de los protagonistas, tal como certiﬁcaron los acontecimientos posteriores.²⁷

La muerte de José Fernando de Baviera, a los siete años de edad, acaecida el 6 de febrero de 1699, alteró todos los pronósticos. Mientras las potencias se apresuraban a cerrar un nuevo tratado de reparto, el grupo opositor, dirigido por el antiguo gobernador Francisco Ronquillo y animado por una campaña de libelos y pasquines impulsada por Leganés, sacó provecho del malestar popular por la carestía y el hambre que halló expresión en el «motín de Oropesa» que tuvo lugar en Madrid el 28 de abril.²⁸ Oropesa a la sazón era presidente del Consejo de Castilla y primer ministro. Durante el motín fueron asaltadas su casa y la del almirante. El primero, cabeza visible del partido «alemán», fue destituido y, poco después, tanto él como el almirante de Castilla, acabaron desterrados. Desde Andalucía, el Almirante escribía al duque de Medinaceli:

Por acá todo son discursos o lamentos sobre la común ruina y viendo este tamaño mal aún es mucho mayor la infamia que la pérdida de todo y no se puede tener otra esperanza del remedio que la que pende únicamente de la providencia porque nuestros pasos son lentos o tan ningunos hacia las disposiciones necesarias que mirados desde este retiro y desde el mayor desengaño lastiman no poco.

Después de asegurarle que apoyaría las medidas que adoptara, terminaba la carta con un «vencer o morir».²⁹ María Luz González ha explicado que el Almirante, al ver fracasar sus planes respecto a la toma de Andalucía, decidió intervenir personalmente en el frente aliado y así se marchó hacia Portugal, utilizando el pretexto de partir como embajador en Francia, siguiendo las órdenes de Felipe V.³⁰ La ﬁgura del Almirante le permite a esta historiadora, siguiendo los pasos de Arlette Jouanna, abordar los parámetros ideológicos de los «malcontentos», caracterizados por la defensa de su estatus nobiliario, pero también de la patria. Lejos de tratarse de una actitud reaccionaria, nos dice Jouanna, la oposición y la revuelta de los nobles debe inscribirse en el marco de un ideal político de soberanía compartida entre el rey, la nobleza y las asambleas representativas —las Cortes, Estados Generales o Parlamentos—, en el marco de una monarquía mixta. Así pues, la revuelta, violenta si es preciso, surge al fallar los mecanismos de expresión de la disidencia política.³¹

En aquel nuevo escenario y libre del almirante de Castilla, su principal oponente, el cardenal Luis Fernández de Portocarrero asumió un liderazgo indiscutible. Una vez esfumada la opción bávara y ante el nuevo tratado de partición ﬁrmado por las potencias, las escasas esperanzas que el grupo opositor mantenía hacia la opción imperial acabaron por desvanecerse. El cardenal reunió en su casa a los marqueses de Mancera, Fresno y Villafranca, y al conde de San Esteban del Puerto, consejeros de Estado, así como a Manuel Arias, todos favorables a la opción francesa. Así, pues, el Consejo de Estado, el 6 de junio de 1699, se declaró a favor de la sucesión de Felipe de Anjou, con la excepción de los condes de Fuensalida y Frigiliana. Este último, según el marqués de San Felipe, aﬁrmó que «lo que declararían en Castilla no lo aprobarían los reinos de Aragón, eternos émulos de la grandeza de aquélla, con lo que sería infalible la guerra civil», para acabar sentenciando ante los consejeros: «hoy destruisteis la monarquía».³² Al cabo de un mes, el Consejo insistía ante el rey, el cual realizó una consulta al papa Inocencio XI, sobre la sucesión. Portocarrero alegaba no encontrar

otro medio que haberse de valer de aliado ﬁrme y poderoso … que el caso no pide restringirse a cariños ni a amores ni buenas voluntades, y así, queda uno de los segundos nietos del Rey de Francia … porque tratándose del bien de la patria y lo que le es conveniente es la ley que debe prevalecer.

Más clara aún, si cabe, fue la intervención del marqués de Villafranca:

Mirando a la razón de la manutención entera de esta Monarquía hay poco que dudar, o nada, en que sólo entrando en ella uno de los hijos del Delfín, segundo o tercero, se puede mantener.³³

Ahora bien, como señala Ribot, la opción posibilista que emprendió el Consejo de Estado no se hallaba exenta de un profundo sentimiento de enojo por la prepotencia de Luis XIV, y por la amenaza latente de sus tropas, que llevaron a Portocarrero a lamentarse amargamente que «siendo calamitoso el estado en que nos vemos porque, haciendo o no haciendo, está la guerra en casa».³⁴ Un extremo que conﬁrma el conde de Robres: «le sugirió el cardenal Portocarrero [a Carlos II] graves escrúpulos si dejando sus dominios desarmados, sus erarios exhaustos, y demolidas las mejores fortalezas, persistía en no convenir con las pretensiones de la Francia que, armada en el confín, poderosamente amenazaba a sangre y fuego», sin que los socorros alemanes pudieran remediarlo.³⁵ En deﬁnitiva, y a pesar de sus divergencias, el Almirante y Portocarrero eran herederos de una cultura jurídica común y de una determinada concepción de la política, un mismo estilo.³⁶

No existía, para entonces, un «partido» francés. La opción francesa, concluye Ribot, fue «difícil y tal vez dolorosa, pero responsable e inevitable, aunque determinada también por el miedo».³⁷ Ignacio M. Vicent coincide en que la consulta favorable del Consejo de Estado al duque de Anjou, era la única que podía forzar a las potencias marítimas a romper el compromiso con Francia, a la par que evitaba la conquista de una parte de la península por parte de los franceses. En puridad, «la elección del candidato francés era una necesidad impuesta por las circunstancias, que nadie quería, pero que todos comprendían … no se trataba de decidir sobre la sucesión, sino de contrarrestar un tratado de Repartición». Había que evitar a toda costa una invasión, imposible de contener militarmente, y conservar la propia constitución, fundada en la religión y la integridad territorial, puesto que evitando la conquista «Francia recibía un cuerpo completo, un mayorazgo que administrar, no un territorio que patrimonializar». Concluye Vicent: «por última vez, la Monarquía católica impuso su política y su interés a Europa, decidió cuando todos la consideraban incapaz de hacerlo. La razón católica funcionó, imponiéndose a la razón dinástica, de Estado y familia».³⁸ A juicio de Pablo Fernández Albaladejo, «una patriótica razón de monarquía se alzaba así a las pretendidas prioridades del dinasticismo habsbúrgico».³⁹

Mientras tanto, Carlos II, extremadamente débil y melancólico, se resistía a ﬁrmar el testamento a favor del nieto del rey de Francia, hijo segundo del Delfín. Así había descrito su estado y el ambiente de la corte, el inglés Stanhope:

El nombre que los doctores dan a su enfermedad es el de alferezia insensata, que en inglés signiﬁca epilepsia estúpida, y dicen que continúa en estado absolutamente deprimido e imbécil. Los consejeros de Estado y los grandes oﬁciales parecen padecer un letargo estúpido, aún mayor que el de su señor, sin resolver nada y con graves disensiones entre ellos.

Al tiempo, se lamentaba de que un supuesto «partido francés» laboraba eﬁcazmente.⁴⁰ Al cabo de vivas instancias de Portocarrero, Ubilla, Arias, Medina Sidonia y Ronquillo, el rey acabó ﬁrmando el testamento el 3 de octubre. Si hacemos caso al marqués de Langalerie, fueron él mismo, Harcourt y Portocarrero los artíﬁces de la retirada de la cláusula exclusiva de los Austrias del testamento. El caballero francés reﬁere:

El padre de las Torres, confesor del difunto rey, ha revelado el secreto de que nos hemos servido para hacer ﬁrmar el testamento a favor de V.M. Este indiscreto confesor [propagó] que al morir le declaró en conﬁanza que le habían obligado a ﬁrmar un testamento en que no hubiera jamás consentido si hubiera seguido los justos movimientos de su conciencia. Estas voces se han esparcido, se ha formado un partido en que muchos grandes han entrado.

Mientras esto sucedía Luis XIV dispuso un poderoso ejército en las fronteras de Cataluña para intimidar a «la nación española» y «disponerla con gusto o sin él a recibir un príncipe de Francia por rey», a la vez que para infundir respeto a las potencias que ﬁrmaron el reciente tratado de reparto.⁴¹ Carlos II, el 29 de aquel mes, nombró gobernador a Portocarrero y estableció una Junta de Gobierno. Poco después, el 1 de noviembre de 1700, moría el último de los Habsburgo hispánicos.

El acto de la lectura del testamento, por el que Felipe V (Felipe IV de Aragón y Cataluña) era nombrado sucesor, narrado por W. Coxe, es ilustrativo del estado de ánimo que imperaba entre los cortesanos: el duque de Abrantes debía proceder a la lectura ante la mirada atenta de los embajadores de Francia y de Austria:

Avanzó aquél con la conﬁanza de quien espera oír una declaración en su favor, pero el español, lanzándole una mirada de total indiferencia, se aproximó a Harrach y le abrazó con un fervor que presagiaba los más agradables acontecimientos. Prolongando maliciosamente su saludo y volviéndole a abrazar, le dijo: «Sire, es un placer, es un gran honor para toda mi vida, Sire, despedirme de la ilustrísima Casa de Austria».⁴²

El marqués de San Felipe interpretó así las paradojas de la decisión:

Esto ejecutó el rey libremente, no sin repugnancias de la voluntad, vencida de la razón; no le era de la mayor satisfacción, pero le pareció lo más justo, y rendido al dictamen de los que tenía por sabios e ingenuos, al amor de sus vasallos, a quienes creyendo dar una perpetua paz dejó una guerra cruel.⁴³

En la corte francesa el testamento provocó división de pareceres entre los que se inclinaban por mantener las disposiciones del tercer tratado de partición, como el secretario de Estado Torcy y el ministro Beauvillier, y los partidarios del acceso de Felipe de Anjou a la corona hispánica, como el ministro Ponchartrain o el Gran Delfín, padre de Felipe de Anjou.⁴⁴ Un debate comprensible si tenemos en cuenta que aquella apuesta signiﬁcaba un cambio radical de la posición francesa mantenida hasta entonces, renunciando a cualquier compensación y apostando arriesgadamente por el todo. Luis XIV fue perfectamente consciente de los peligros que entrañaba dar apoyo al testamento de Carlos II en lugar de respetar el tratado de reparto de 1700. El conde de Tallard, embajador francés en Londres, relató de forma diáfana las dudas de Luis XIV:

Me di cuenta de que en la corte había al mismo tiempo una cábala muy fuerte para empujar al rey a renunciar al tratado de reparto y a quedarse con el testamento. Había tantas cosas de sustancia a decir al respecto, que no hay que extrañarse de que su majestad no supiera qué hacer, y que la unión de toda la monarquía de España a la de Francia no fuera capaz de ilusionar … Se sentía contento por la reunión de las dos monarquías, pero preveía que ello podía conducir a una guerra que se había propuesto evitar … Tantas razones, secundadas por el Sr. marqués de Torcy, hicieron mella en el espíritu del rey, y a la mañana siguiente, habiendo dado cuenta de ello al consejo, se tomó la resolución de enviar un correo el Sr. conde de Briord, entonces embajador en Holanda, para ordenarle que declarara al Pensionado Hensius que su majestad se atenía al tratado de reparto y que podía advertir de ello al rey Guillermo. La cábala opuesta … formada por lo más considerable del Estado, y que se había ganado a monseñor el Delfín, aprovechó los siete u ocho días que tardaron en llegar los españoles que llevaron el testamento formal de parte de la Junta de España, para llevar otra vez al rey a su postura, y la respuesta que les dio fue que su majestad lo aceptaba.

Tallard se mostró partidario de respetar el tratado de reparto y de rechazar el ofrecimiento de la corona española. Según su lúcido parecer, la decisión contraria reportaría inevitablemente una guerra en la que todos los príncipes se aliarían contra Francia y en la que España aportaría poca ayuda. Además, consideraba que a la postre no habría unión con España por la disparidad de intereses entre ambos países, con lo cual si Felipe V no se enfrentaba con Francia lo acabarían haciendo sus descendientes. Apuntaba, por último, que las ventajas que Francia podía obtener de la corona española no la compensarían suﬁcientemente.⁴⁵

En España, la Junta debía ejercer las funciones de gobierno hasta la llegada del nuevo rey. Pero la tarea no resultó nada fácil. De entrada, Luis XIV pretendía que Felipe V tomara posesión del cetro inmediatamente. Las relaciones entre el Consejo de Estado y el rey de Francia empezaron con mal pie: éste se negó a recibir al embajador Castelldosrius que debía entregarle unas cartas, junto con el testamento, y se limitó a presentarle al duque de Anjou el 16 de noviembre. A pesar de que pocos días después Luis XIV reconoció el testamento y agradeció a Portocarrero su aplicación a favor de la causa de los Borbones, el rey no se pronunció sobre la convocatoria de Cortes en los reinos de España ni sobre el mantenimiento del sistema político-administrativo vigente, silencio que inquietó sobremanera a los miembros del Consejo de Estado.⁴⁶ El marqués de Mancera se manifestó de forma inequívoca: la Junta debía gobernar en nombre de Carlos II y no depender de Luis XIV ni del gobierno de Francia. Contrariamente, el embajador francés exigía participar en el Consejo de Estado. El Consejo dejó claro al secretario de Estado Torcy que reconocería al nuevo rey una vez hubiera jurado las leyes, fueros y constituciones. Éste respondió que Luis XIV y Francia no aceptaban imposiciones, añadiendo que si España esperaba apoyo militar debía ofrecer a Francia la entrada en el comercio de Indias. Ya desde el primer momento, pues, según Antonio Ramón Peña, entraron en conﬂicto dos formas distintas de entender la gobernación: la de Portocarrero, que supo liderar una vía independiente, de continuidad dentro de la transición, mediante reformas paulatinas y manteniendo la estructura política básica del tiempo de los Austrias, pero sin contar con el emperador y la reina Mariana, cuyo prestigio estaba bajo mínimos en la corte; y la de Luis XIV y Felipe V, que apuntaban hacia un cambio radical. Como veremos, la tensión se prolongó hasta junio de 1703, momento en que Portocarrero abandonó el poder.⁴⁷

Las reformas a las que podía aspirar Portocarrero darían continuidad a las que inició Carlos II, cuyo alcance permite matizar la visión negativa dominante sobre su reinado, como la reforma de la administración de las rentas provinciales y el encabezamiento general del reino (proyecto que ﬁnalmente fracasó), la mejora de la administración hacendística, la reducción de los gastos, la estabilización monetaria en Castilla, la creación de la Junta de Comercio y Moneda y el alivio de los pecheros.⁴⁸ Esta última mejora merece ser destacada, como ha subrayado Ribot:

El hecho de que la ﬁscalidad castellana no sólo no creciera —como había ocurrido en los reinados anteriores, a veces de forma exagerada— sino que se lograra reducir, convierte el reinado de Carlos II en un período singular, y nos hace pensar que la acción de gobierno de aquellos años no hubo de ser tan negativa como se ha considerado tradicionalmente. … Para los contribuyentes castellanos, fue probablemente el menos dramático —y por tanto el más positivo— de toda la dinastía de los Austrias.⁴⁹

Pudo contribuir a ello una coyuntura internacional más tranquila, pero también podríamos añadir la activa participación de los territorios de la Corona de Aragón en la contribución para la guerra. La revalorización de la ﬁgura del secretario del Despacho Universal, la creación del superintendente de Hacienda y la reorganización del Consejo de Hacienda favoreciendo la presencia de burócratas en detrimento de los hombres de negocios, constituyeron cambios institucionales novedosos en la estructura de la monarquía. Carmen Sanz ha puesto el énfasis en las reformas económicas y hacendísticas emprendidas por el duque de Medinaceli y el conde de Oropesa en la década de los años ochenta.⁵⁰ Sostiene que «los aires reformistas» en materia ﬁscal tal vez no obedecían sólo a la voluntad de reducir la presión impositiva global sobre los súbditos castellanos, sino que pretendieran «escorar el sistema hacia ﬁ guras ﬁscales que la monarquía pudiera controlar más férreamente, prescindiendo lo más posible de las oligarquías urbanas y de sus concesiones como cuerpo político».⁵¹ Por otra parte, Christopher Storrs ha hecho hincapié en que, a la muerte de Carlos II, el imperio español tanto en Europa como en ultramar se mantenía casi intacto: las grandes pérdidas de Flandes y de los territorios italianos tuvieron lugar durante el reinado del primer Borbón. Y todo ello gracias a unas estructuras y a unas políticas orientadas a la defensa imperial y a la guerra que permitieron que España siguiera formando parte de las grandes potencias dotando al sistema político de cierta elasticidad, y que contribuyeron a limitar el poder de Luis XIV durante la guerra holandesa en los años setenta y en la Guerra de los Nueve Años. Entre los méritos del reinado apunta la mejora de las fuentes de ﬁnanciación, aparte de los desarrollos administrativos antes citados.⁵²

Sin lugar a dudas, el cardenal Portocarrero, investido de una «agigantada autoridad» al decir del marqués de San Felipe,⁵³ jugó un papel decisivo en la transición del cambio dinástico promoviendo una alternativa que, a todas luces, resultó inviable: entronizar a un Borbón —un monarca fuerte que mantuviera la unidad territorial de la monarquía, amenazada por los tratados internacionales de partición gestados entre 1698 y 1700 y que evitara la guerra— pero preservando la estructura política de los Austrias —el sistema polisinodial y las Cortes de los territorios de la monarquía—.⁵⁴ Se trataba, a juicio de Luis Ribot, de una apuesta fundada tanto en el pragmatismo como en el patriotismo, a consecuencia de la indecisión exasperante de Carlos II, que se prolongó durante dos largos años, entre la muerte del elector de Baviera y el día en que ﬁrmó el testamento.⁵⁵

Sea como fuere, no hay que perder de vista una cuestión esencial: al ﬁnal de la Guerra de Sucesión el objetivo del «partido nacional castellano» que prestó su apoyo al candidato francés, la conservación íntegra de los territorios de la monarquía —objetivo compartido también por el emperador aunque pretendía entronizar al archiduque Carlos—, acabó frustrándose. Los tratados de Utrecht se asemejaban extraordinariamente al reparto de territorios previsto en la alianza de La Haya,⁵⁶ y daban respuesta, esencialmente, a las pretensiones británicas. Como también se frustró el intento de evitar una guerra previsiblemente larga y sangrienta. Podemos añadir, aún, que las condiciones del testamento, en lo que concierne al respeto de «leyes, fueros, constituciones y costumbres» y al mantenimiento de la estructura polisinodial, no fueron respetadas por Felipe V.

LOS INTERESES ECONÓMICOS FRANCESES E INGLESES EN JUEGO

Sin duda alguna, la querella dinástica encubría intereses vitales para las principales potencias. «Sed buen español, ése es ahora vuestro primer deber, pero acordaos de que vos habéis nacido francés para mantener la unión entre las dos naciones; éste es el medio de hacerlas dichosas y de conservar la paz de Europa», le dijo un complacido Luis XIV a su nieto el 16 de noviembre de 1700, el día de su presentación. Este comentario, junto al que realizó el marqués de Castelldosrius, embajador español en París, debieron de inquietar de forma especial a ingleses e imperiales: «Ya no hay Pirineos; dos naciones, que de tanto tiempo a esta parte han disputado la preferencia, no harán en adelante más de un solo pueblo».⁵⁷

La respuesta por parte de las otras potencias que habían sellado el último tratado de reparto no se hizo esperar. No les faltó razón para argumentar que Luis XIV, de forma provocadora, había vulnerado los acuerdos del tratado de 1700; que, con la declaración formal de conservar el derecho de sucesión de Felipe V al trono de Francia (diciembre de 1700) y de abrir la puerta a una eventual unión de España y Francia, se violaba el testamento de Carlos II y amenazaba el equilibrio europeo. También adujeron que alteraba los acuerdos de paz de Rijswijk (1697) al haber ocupado, en nombre de Felipe V, las plazas de los Países Bajos reservadas a los holandeses, a modo de barrera militar entre éstos y Francia. Allí, el nuevo régimen angevino, de la mano del marqués de Bedmar y del conde de Bergeyck, suprimió los Consejos y emprendió reformas administrativas, además de incrementar las cargas ﬁscales.⁵⁸ Finalmente denunciaron que Luis XIV hubiera reconocido al pretendiente Jacobo III Estuardo como rey de Inglaterra en perjuicio del Guillermo III de Orange (septiembre de 1701), en un claro desafío a holandeses e ingleses, ya que Guillermo también fue, hasta ﬁnales del 1702, soberano de las Provincias Unidas. Así pues, el conﬂicto que en el verano de 1701 podía haber alumbrado una guerra entre Leopoldo I y Luis XIV cobró una dimensión insospechada: la irritación de Austria y el resentimiento de Guillermo III y de las Provincias Unidas, humilladas por Luis XIV, condujeron a la alianza internacional contra el rey de Francia.⁵⁹

En efecto, Inglaterra y las Provincias Unidas, que el 20 de enero de 1701 habían ﬁrmado una alianza defensiva dando su apoyo al Imperio, constituyeron el 7 de septiembre la Gran Alianza de La Haya, en la que ingresaron Austria, Prusia y la mayoría de los estados alemanes. Los aliados, sin precisar la adscripción de la corona, mantenían la idea de la partición de los territorios de la monarquía hispánica con las siguientes compensaciones: el Imperio debía recibir Milán, Nápoles y Sicilia; y los Países Bajos meridionales se mantenían como una barrera defensiva de los holandeses, pero sin que se concretara su soberanía. Además, las potencias marítimas podían retener algunas conquistas realizadas en las Indias españolas. Por tanto, el Imperio apostaba por Italia, mientras que las potencias marítimas lo hacían por las colonias y el comercio, objetivos también codiciados por Francia. El punto de conﬂuencia entre el bloque continental y el marítimo de los aliados lo constituía el designio de frenar la hegemonía borbónica en Europa, la temida «monarquía universal». De todos modos, salta a la vista que en el seno de la alianza los intereses eran visiblemente dispares, un hecho en parte inevitable, fruto del pacto internacional, que repercutió sensiblemente a la hora de priorizar los objetivos militares en el transcurso de la guerra. En aquel momento, si por un lado Leopoldo reclamaba llana y simplemente el conjunto de los territorios de la monarquía de España para su hijo, por otra parte, Guillermo de Orange estaba dispuesto a aceptar a los Borbones en Madrid a cambio de compensaciones para la Casa de Austria en Italia y los Países Bajos.⁶⁰ Una propuesta, esta última, muy parecida a la que plasmaron los acuerdos de Utrecht en 1713, después de una larga y sangrienta guerra.

Francia recibió el apoyo de Portugal y del duque de Saboya —aunque fue efímero, porque ambos pasaron al bando aliado—, y de los electores de Colonia y de Baviera. No fue hasta el mes de mayo de 1702 que las potencias aliadas declararon formalmente la guerra a Luis XIV. A continuación, el 12 de septiembre de 1703, el emperador renunció a sus derechos a la Corona hispánica al objeto de garantizar la separación entre Austria y España. De este modo, las potencias marítimas podían reconocer al archiduque Carlos como al rey Carlos III, aunque Leopoldo hizo ﬁrmar a sus dos hijos una disposición sucesoria secreta por la que consideraban el patrimonio de los Habsburgo como un todo.

A nadie se le escapa que el interés por América jugó un papel de primer orden en aquel conﬂicto: «el principal objeto de la guerra presente es el del comercio de Indias y de las riquezas que producen», escribió Luis XIV.⁶¹ Josep Maria Delgado ha señalado las claves que explican que, pese a la extrema debilidad de la metrópoli, el imperio español sobreviviera durante la segunda mitad del siglo XVII. Gracias a su capacidad adaptativa mediante la implicación de las élites de los territorios coloniales en la reproducción del modelo; a su ﬂexibilidad, es decir, a la discrecionalidad de que disponía la burocracia colonial (virreyes, gobernadores y audiencias) para adaptar las políticas coloniales dictadas desde la metrópoli a los intereses de los grupos locales y, de este modo, garantizar su apoyo; y gracias también a la cesión de soberanía para poder contentar a las agresivas potencias del Norte, concertando una serie de tratados comerciales con ellas puesto que:

Para los comerciantes de Holanda, Francia o Gran Bretaña, las Indias eran a ﬁnales del siglo XVII un condominio europeo sobre el cual se tenían derechos de propiedad con independencia de la opinión de la corona española. Existía la convicción general de que un país atrasado como España no podía oponerse a que sus vecinos proveyeran a los consumidores americanos de todo aquello que ella no producía: la casi totalidad de los productos manufacturados, más las especias de Asia.⁶²

Pronto las directrices económicas francesas certiﬁcaron el interés fundamental del rey de Francia en aquel conﬂicto. Como remarca Henry Kamen, las instrucciones sobre comercio que recibían los embajadores insistían reiteradamente en la conveniencia de no dejar que los españoles fabricasen sus propias manufacturas, para que así pudieran instalarse los franceses allí. Las medidas favorables a Francia se sucedieron: el 13 de junio de 1702 un decreto prohibía el comercio con súbditos del emperador, Inglaterra y Holanda. Francia recibió el trato de nación más favorecida, varias mercancías quedaban exentas de pago de derechos y se prohibía a los funcionarios españoles registrar buques franceses. El ministro Jean Orry abrió el camino a una larga sucesión de pedidos, que el gobierno español encargó a proveedores franceses, de todo tipo de armas, tiendas de campaña, uniformes para el ejército, etc. Los franceses pudieron disfrutar ampliamente de tales privilegios entre 1701 y 1709.⁶³ Pero sus intereses primordiales se centraban en América, tal como se cuidó de remarcar el funcionario Jean-Michel Amelot, quien entre 1699 y 1700 fue director de la política comercial francesa y llegó a presidente del Conseil de Commerce, y cuya familia, procedente de Saint-Malo, estuvo vinculada al tráﬁco de esclavos y al comercio con las colonias españolas en el siglo XVII. El propio Michel Amelot, junto con el comerciante Nicolas Mesnager —también miembro del Conseil de Commerce y uno de los artíﬁces del congreso de Utrecht en 1712—, atendiendo a las peticiones de los mercaderes maluinos, instaron en 1705 a París a dar apoyo a las operaciones de contrabando tanto en el Caribe como en los puertos de Portobelo y Veracruz.⁶⁴ Fue Amelot, en deﬁnitiva, quien aﬁrmó sin tapujos que «el principal objeto de la presente guerra es el comercio con las Indias y la riqueza que produce».⁶⁵ Las colonias se podían convertir en el mayor punto de venta de los tejidos de lana ingleses y de lino franceses. Pero la corte de París era perfectamente consciente de los problemas que mermaban los beneﬁcios de la Hacienda Real hispánica, como la mala administración, el fraude en la extracción y destino del oro y de la plata, la falta de regularidad de la ﬂota de galeones (cada dos o cada cinco años en vez del viaje anual), un agresivo comercio por parte de Inglaterra, Holanda y Portugal y la alarmante disminución de la población indígena.⁶⁶

Stanley J. Stein y Barbara H. Stein no dudan en aﬁrmar que el desencadenante de la guerra fue la decisión que tomó la recientemente instalada administración borbónica española, ante la insistencia francesa, de conceder el asiento de negros a un consorcio comercial francés, la Compagnie de Guinée, el 27 de agosto de 1701. La concesión ponía ﬁn a un siglo de predominio portugués en el negocio de la trata. Luis XIV y Felipe V aportaban, cada uno, el 25 % del capital inicial, mientras que el 50 % restante sería sufragado mediante la suscripción de acciones por particulares. El rey de España, además de las ganancias correspondientes al capital invertido, se beneﬁciaba de un impuesto que gravaba con 33 pesos cada esclavo. Las expediciones podían dirigirse a las islas de Barlovento, Cumaná, Maracaibo, Nueva España y Tierra Firme. También podían introducir esclavos en Argentina y Perú. Pero, además, sus buques gozaban de la potestad de extraer, libres de impuestos, oro, plata y frutos de los puertos donde habían vendido esclavos, y vender en ellos alimentos y productos textiles destinados, en principio, a cubrir las necesidades de los esclavos durante la travesía. Por tanto, el asiento de negros, aparte del tráﬁco de esclavos, hacía posible que los barcos distribuyeran ilegalmente productos en los puertos caribeños de España.

De esta forma, Francia vio reconocida la presencia de embarcaciones y hombres de negocios franceses en los puertos coloniales de España. En menos de un año, el despliegue de la política francesa conﬁrmaba los presagios de los comerciantes ingleses y holandeses de que sus negocios se verían arruinados y que la prioridad de los franceses en la guerra era apoderarse del comercio en las Indias Orientales. En consecuencia, concluyen los Stein, no es ninguna coincidencia que el 20 de enero de 1701, al cabo de diez días de haberse ﬁrmado el asiento, Londres y Amsterdam sellaran una alianza para realizar operaciones militares y navales conjuntas contra Francia.⁶⁷ Así lo entendió el secretario de Estado, Charles Hedges.⁶⁸ También Joseph Adisson, que en 1707 justiﬁcó la participación inglesa en la guerra aduciendo que los franceses se adueñaban del comercio en España, pero especialmente en América, donde después de la alianza con España disponían de treinta barcos en constante movimiento entre los puertos franceses y los de México y Perú. Además, subrayaba que incluso el rey de Francia participaba en el tráﬁco, consiguiendo grandes ingresos.⁶⁹ De hecho, McLachlan ya hizo notar que la defensa de los intereses comerciales británicos constituyó una de las causas principales de la entrada en la guerra de aquel país.⁷⁰

Lo cierto es que el comercio ilegal francés era un fenómeno generalizado a lo largo de la costa del Pacíﬁco a ﬁnales de 1706, tal como denunciaban los mercaderes y burócratas de ultramar. Dos años más tarde, según un informe, el comercio se hallaba «tan deteriorado que [los españoles] disfrutan más el nombre de la propiedad que el útil de lo que producen».⁷¹ Carlos Malamud ha constatado el impacto del «comercio directo», expresión que utiliza en lugar del término «ilegal», ya que prácticamente sólo existía este tipo de tráﬁco en el espacio peruano. En efecto, entre 1695 y 1726 más del 60% del comercio exterior peruano era efectuado por los franceses.⁷² Ni siquiera aprovecharon los pagos de la Compagnie de Guinée al gobierno español, ya que se dilapidaron en operaciones militares, en salarios pagados a burócratas, en gastos diplomáticos, en pensionistas del gobierno o en gastos personales de Felipe V.⁷³

Por otra parte, Pablo Emilio Pérez Mallaína ha puesto de relieve las gravísimas diﬁcultades de España para mantener las comunicaciones marítimas con las Indias, hasta el punto que presagiaban un colapso no muy lejano. Entre las causas, destaca el deterioro de la eﬁcacia de las instituciones encargadas de velar por el tráﬁco indiano, debido a la venta sistemática de los principales oﬁcios (funcionarios de la Casa de Contratación). También un sistema de organización de las expediciones, que se mantuvo inalterable en un siglo y medio, sumado a la decadencia de la marina de guerra. Ciertamente, Felipe V marcó dos nuevas directrices: favorecer los intereses de Francia y reorganizar el sistema español de comunicaciones con las Indias. Ya en 1702 envió desde La Coruña una escuadra francesa a América. Además, todas las embarcaciones francesas fueron autorizadas a recalar en los puertos indianos y sus autoridades debían proporcionarles la ayuda que precisaran. En ocasiones, también recibieron licencias para comerciar con total exención de impuestos. En suma, los puertos de la América española fueron «pacíﬁcamente invadidos» por cientos de navíos franceses haciendo saltar por los aires las férreas prohibiciones que habían estado en vigor durante dos siglos. En lo que concierne a la reorganización, Felipe V procuró controlar la dirección de los asuntos de la Carrera de Indias, y ello signiﬁcaba soslayar el hasta entonces inﬂuyente Consulado de Sevilla así como el Consejo de Indias, la Casa de la Contratación y la Universidad de Mareantes de Sevilla. A pesar de ello, los planes de reforma de la Junta de Restablecimiento en 1706 no entraron en vigor tal como se habían concebido. Se impuso entonces una vía intermedia entre las reformas y el antiguo sistema, de la mano de Bernardo Tinajero de la Escalera.⁷⁴

Sea como fuere, la etapa entre 1700 y 1705 fue especialmente difícil para las relaciones navales hispanoamericanas, ya que no partió de Cádiz ninguna expedición importante de carácter comercial. La tónica hasta 1709 fue algo mejor ya que hubo dos buenos años, 1706 y 1708. A partir de 1710 se inició un período de mayor estabilidad, coincidiendo con las postrimerías de la guerra y con la aplicación de las primeras reformas del tráﬁco indiano.⁷⁵ Una de las consecuencias más importantes de la guerra y del enfrentamiento con Gran Bretaña fue la ruptura de la ruta de Tierra Firme que enlazaba España con el Perú a través de los puntos intermedios de Cartagena y Portobelo. Si ésta había sido la vía por la que llegó a la metrópoli la mayor cantidad de plata, entre 1695 y 1721 sólo se envió una expedición, en 1706, que no pudo regresar. En cambio, la mayoría de las expediciones que navegaron a Nueva España lograron sus objetivos, a excepción de la ﬂota de Manuel Velasco, cuyos barcos fueron quemados en el puerto de Vigo, si bien se salvó el tesoro transportado. Entre 1702 y 1713, cuatro ﬂotas y dos expediciones de azogues cruzaron el océano con éxito, lo que signiﬁcó una considerable llegada de plata que resultó decisiva para el mantenimiento de la guerra. El logro se explica, en ese caso, por la menor complicación de esta ruta, que tenía como único puerto de destino el de Veracruz, bien protegido por el castillo de San Juan de Ulúa. Además, las expediciones de los comerciantes mexicanos debían recorrer distancias cortas desde la capital virreinal a Veracruz. A todo ello contribuyó eﬁcazmente la tarea de diversión que los buques de corso españoles realizaron sobre los barcos de guerra ingleses establecidos en Jamaica. Su intervención forzó a los británicos a emplearse a fondo en la protección de su comercio y a reducir los efectivos dedicados a las acciones ofensivas, especialmente en aquellos puntos en que se desarrollaba la acción corsaria, donde los gobernadores e incluso los concejos municipales concedían patentes. También coadyuvó en la tarea el corso francés, aunque al mismo tiempo llevó a cabo un intenso tráﬁco ilegal.⁷⁶

EL NUEVO REY Y EL ENTORNO FRANCÉS

Según Baudrillart, Luis XIV fue, entre 1701 y 1709, el verdadero rey de España.⁷⁷ Nada más llegar Felipe V a Madrid, se constituyó el Despacho del que formaban parte el rey, el embajador Harcourt, Portocarrero, Arias y Ubilla. Completaban el entorno francés la princesa de los Ursinos, el confesor jesuita Daubenton y el marqués de Louville.

El Rey Sol era perfectamente consciente de las limitaciones de su nieto y no dejó de velar para que gobernara con criterio, mediante las personas de conﬁanza que situó a su vera. Sabía que su «silencio continuo», fruto de la timidez, le reportaba problemas a la hora de comunicarse incluso con las personas más allegadas. Cuando Amelot, en febrero de 1708, le puso sobre aviso de que Felipe V deseaba con pasión regresar al frente de guerra a causa de su «ardor por la gloria», opción que desaconsejaba el ministro, Luis XIV respondió incisivamente que esperaba que su nieto hiciera realidad «su verdadera gloria trabajando en beneﬁcio de su Estado, y que juzgará que es más honorable para él tener éxito en ese cometido que ganar batallas en persona».⁷⁸ Pero no sólo tuteló al joven e inexperto rey mediante los inﬂuyentes personajes que envió a Madrid y que le rodeaban, sino también a través de una asidua correspondencia.⁷⁹

El marqués de Louville jugó un papel importante como conﬁ dente del joven Felipe V durante los primeros años de su reinado. Las instrucciones que Louville recibió del duque de Beauvillier conﬁrman la existencia de un grupo de nobles favorable a Francia y de plena conﬁanza, especialmente Portocarrero, Montalto, Arias, Villafranca y Mancera. Le indicaba que informase puntualmente de cuanto sucedía, que procurase estimular el ascenso mediante el mérito en la distribución de empleos y restablecer el ejército. También le recomendaba prevenir el incremento de la autoridad papal en España y que la reina no se mezclara en los asuntos de gobierno y de distribución de gracias y empleos.⁸⁰ Por su parte, el preceptor del duque de Borgoña, el prelado y autor de Télémaque, Fénelon, le instruyó acerca de algunos principios básicos para que Felipe V gobernara bien: debía moderar la autoridad real en su propia persona, de modo que el rey no actuara con altivez, con violencia, por capricho o debilidad contra las leyes; debía ser padre y pastor de su pueblo; debía ser el hombre de las leyes y el hombre de Dios; debía considerarse un pueblo bien gobernado aquel en el que todo el mundo trabaja, está alimentado y obedece a las leyes, como el propio rey debe obedecer dando ejemplo. Así, le recomendaba:

Un joven rey que llega a un reino, donde es extranjero, y de una nación que la española miraba como enemiga, debe hacerse a la nación, adaptarse a sus costumbres, acomodarse a sus prejuicios, principalmente instruirse sobre sus leyes y respetarlas religiosamente.

Debía ser, en suma, un rey moderado. Respecto a la guerra estaba de acuerdo en que era importante que un rey fuera intrépido, para añadir a renglón seguido: «pero el coraje de la guerra es bastante menos provechoso a un gran príncipe que el coraje de los asuntos [de gobierno]». Proseguía diciendo que «el coraje de la guerra, que es más brillante, es inﬁnitamente inferior a ese coraje de toda la vida y de todas las horas».⁸¹ Unos consejos que, a todas luces, Felipe olvidó a medida que se aﬁanzó en el poder. En los años posteriores, Fénelon se mostró un ferviente partidario de la paz y manifestó su inquietud por los riesgos que entrañaba para Francia la apuesta de Luis XIV a favor de Felipe V. Aún más: llegó al extremo de aﬁrmar que el rey había puesto por delante los intereses personales a los de Francia aplastando a los países vecinos en vez de procurar una paz justa.⁸²

Las Memorias de Louville son esclarecedoras del difícil equilibrio de poder en la corte de Felipe V durante los primeros años de gobierno. De entrada, la impresión que se forjó del rey el chef de la maison es la de un personaje extremadamente frágil e inconsistente. A pesar de tener una constitución fuerte, decía, era «vaporosa», y a menudo se veía agitada por inquietudes, alteraciones nerviosas y momentos de tristeza en los que su inteligencia parecía comme voilée. Se veía afectado por accesos de melancolía en los que aseguraba que no sufría vivir en España y que deseaba volver a ser duque de Anjou. Poco tiempo después, en marzo de 1701, Louville escribía a Torcy que lo veía más enfermo que nunca y auguraba que habría que colocar gente de conﬁanza en el entorno de la reina porque ésta acabaría gobernándolo.⁸³ La melancolía se manifestó de nuevo cuando regresó de Italia. En contraste, María Luisa de Saboya es descrita como una persona de carácter impetuoso a quien la menor contradicción hacía exaltar sin que nadie pudiera contenerla, ni la princesa de los Ursinos (Ana María de la Trémoiulle, camarera mayor). La notoria dependencia sexual de Felipe V hacia la reina preocupó al confesor Daubenton, que atribuía su melancolía al exceso de pasión que sentía por la reina. A tal objeto consultó a Louville si era conveniente que hicieran el amor más de una vez al día, como, por lo visto, solía pasar.

Louville no tenía en buena consideración al jesuita, al que recriminaba su ambición,⁸⁴ ni a la princesa de los Ursinos, de quien escribía que se había postulado como camarera mayor asegurando que ella respondería del gobierno de España. De la princesa, además, destacaba su espíritu de dominación, sin perder ocasión de criticarla por sus manejos y negocios oscuros, algunos de ellos realizados a medias con Orry, como el de proporcionar a su secretario, Miguel Salvador, el gobierno de Potosí, o de tomar el dinero del Bolsillo de que disponía la reina.⁸⁵ Señalaba también que, según Portocarrero, la dependencia que Carlos II tuvo por su esposa no era nada comparada con la que tenía Felipe V por Madama de los Ursinos.⁸⁶ A sus ojos, Orry era una persona deshonesta a la que acusaba de llenarse los bolsillos a costa de las provisiones de guerra y de boca en plena escasez, así como con la renta del tabaco mediante López de Castro. A Orry y a la Ursinos les achacaba los «indignos fraudes de una administración más criminal que ignorante».⁸⁷ Las graves acusaciones vertidas contra ambos podrían atribuirse, de entrada, a la división que pronto surgió en las ﬁ las del equipo francés. Pero Louville no andaba equivocado: Saint-Simon también aludió a ello y, recientemente, Francisco Andújar ha demostrado el alcance que tuvo la venalidad de cargos y la implicación de ambos personajes en su urdimbre.⁸⁸ Orry, la Ursinos y su secretario y amante D’Aubigny formaban la «cábala», a juicio de Louville, el núcleo duro del poder, que se completaba con Daubenton y Harcourt.⁸⁹ Sobre el cardenal Portocarrero, Louville opinaba que era pro francés, aunque un gobernante ineﬁcaz porque no había emprendido reformas contributivas y se había rodeado de gente inepta como el marqués de Leganés, el duque de Medina Sidonia y su sobrino el conde de Palma. Añadía, también, que recibía presiones antifrancesas por parte de Urraca y de Ribas, que consideraban que Francia era como una sanguijuela para España.⁹⁰ La tensión dentro del grupo francés quedaba perfectamente reﬂejada en su queja de la marginación que sufría el embajador de Francia, el abbé d’Estrées. En una gráﬁca descripción del modus operandi en la corte, contaba que el marqués de Ribas presentaba todos los papeles a la reina; salía y despachaba con Orry y Aubigny. La princesa, por su parte, tampoco consultaba al embajador de Francia.⁹¹

Capítulo 4

FELIPE V: BAJO LA TUTELA DEL REY SOL

LA CONVOCATORIA DE CORTES EN CATALUÑA Y ARAGÓN (1701-1702)

Felipe V, en enero, anunció la celebración de Cortes en Cataluña y nombró virrey de aquel territorio al conde de Palma, sobrino de Portocarrero, en sustitución del príncipe de Darmstadt. El nuevo rey hizo su entrada en Madrid el 18 de febrero de 1701, donde disfrutó de una acogida entusiasta. El cardenal Portocarrero le ungió como rey de España en Toledo y las Cortes de Castilla, reunidas en el Real Monasterio de San Jerónimo, le proclamaron rey el 8 de mayo.¹

Pronto la sucesión dio lugar a un debate en Cataluña entre quienes el cronista Francesc de Castellví designa como «celantes», es decir, «afectos a la conservación de las leyes y amantes de la quietud pública y mayor bien de la patria», y los seguidores del «partido del ministerio de Madrid», adeptos a una interpretación ﬂexible del derecho vigente en aquella circunstancia. Como ha explicado Jon Arrieta, las exigencias de los «celantes» consistían en que los reinos de la Corona de Aragón se reunieran en Cortes para dictaminar sobre la sucesión; que no se admitiera el nombramiento del cardenal Portocarrero como gobernador general o regente, y que al morir el monarca cesaran el virrey y la Audiencia mientras el gobernador ejercía la función vicerregia hasta que el nuevo monarca jurara las leyes.² A pesar de que algunas de las primeras decisiones de Felipe V en relación con los catalanes causaron intranquilidad entre las instituciones, no aparecieron indicios de oposición al nuevo rey. Aunque no faltaban razones para la inquietud, empezando por la sustitución del virrey príncipe de Darmstadt por el conde de Palma. El príncipe gozó de popularidad entre los catalanes tanto por su implicación en la guerra contra Francia como por su proximidad a los sectores económicos emergentes.

El nuevo rey se esforzó en mostrarse condescendiente con los catalanes. De hecho, convocar las Cortes al cabo de más de cien años de que éstas no se hubieran reunido era una temeridad, pero Felipe V salió airoso del reto y, en líneas generales, aprobó concesiones importantes, además de jurar las Constituciones el 4 de octubre de 1701. Luis XIV, en este sentido, abrió los ojos de su joven e inexperto nieto (tenía entonces dieciocho años), tal como explica Baudrillart:

Vuestra paciencia era necesaria, dijo Luis XIV, menos absoluto en los Estados de su nieto que en los propios. Había que hacer ver a aquellos pueblos de naturaleza inquieta y celosos de sus privilegios que no tenía intención de suprimirlos. Esta conﬁanza les inspiró más celo por servir a vuestra majestad, que necesita ciertamente la asistencia de todos sus súbditos.³

Asegurar la tranquilidad en España era de vital importancia para asentar a su nieto en el trono. Las Cortes iniciaron la ardua tarea de habilitación de los representantes de los tres estamentos y de elaboración de los documentos para que fueran aprobados por los respectivos brazos y llegar, ﬁnalmente, a acuerdos con los oﬁciales reales. Mientras duraba el proceso, a ﬁnales de octubre, el rey se desplazó a Figueres para recibir a su futura esposa, María Teresa de Saboya, quien a la sazón tenía trece años.⁴ De nuevo en Barcelona, los reyes tuvieron una presencia pública activa y halagaron a la nobleza con numerosos actos sociales.⁵

Sin duda los temas más difíciles planteados en las Cortes fueron el alojamiento de tropas y las contribuciones al ejército, además del derecho real al control de la insaculación en la Diputació del General y el Consell de Cent barcelonés —la selección de las personas que podían ser elegidas entre los matriculados—.⁶ El felipista Josep de Alós razonaba, en 1706, sobre la importancia de esta regalía:

Ésta era la única cosa que tenía el rey en la Ciudad y Deputación de autoridad y medio, para que no fuesen tan fáciles estos Comunes en formar empeños contra los intereses y soberanía de la real dignidad, pensando sus individuos que tenía el rey en su mano quitarles la conveniencia de aquellos oﬁcios, si bien es verdad que esto no ha bastado para no entrar estos Comunes en gravísimos empeños, de los cuales han nacido tan malas consecuencias.⁷

El 10 de diciembre el rey dio un ultimátum a las peticiones de los representantes catalanes amenazando con la entrada de tropas francesas y castellanas si no aceptaban sus propuestas, ante lo cual el brazo militar reaccionó vivamente. Entonces, el caballero Pere Torrelles de Sentmenat presentó disentimiento general a la Corte —mecanismo de defensa de la legalidad constitucional—, mediante el cual paralizaba el desarrollo de la mecánica legislativa. El duque de Medina Sidonia convenció a Torrelles de que el rey se mostraría receptivo a todas las propuestas de los brazos excepto a la del control insaculatorio y, tras largas discusiones, retiró el disentimiento.⁸

Pero no fue éste el único obstáculo grave que surgió, puesto que el virrey, el conde de Palma, redactó una representación dirigida al rey en la que le aconsejaba que no concluyera las Cortes. Las razones que esgrimía eran que los brazos se habían extralimitado en sus exigencias y que el donativo que ofrecían era demasiado reducido. La recomendación ﬁnal fue la que sigue:

Señor, la detención de V. M. aquí no es decorosa a su respeto, porque no se comprenda para ella más motivo que el de las Cortes … y el buen celo de las diligencias que han intervenido para allanar diﬁcultades comprueba la experiencia a haber ocasionado más desautoridad que adelantamiento.⁹

Todos los indicios apuntan a que la iniciativa del memorial partió del núcleo del partido felipista en Cataluña, constituido por los doctores de la Real Audiencia Josep de Pastor, Francesc de Portell y Francesc Rius Bruniquer, los cuales, junto con Josep Güell, eran apodados por los austracistas como la «cuatreta». La respuesta de las instituciones catalanas no se hizo esperar: dirigieron representaciones al duque de Medina Sidonia, al conde de San Esteban, al secretario Antonio de Ubilla y al conde de Marcin, embajador extraordinario del rey de Francia. Todas ellas hacían hincapié en aspectos cruciales como la función política de las Cortes, el problema endémico de los alojamientos de tropas —que motivó la amplia revuelta de los Barretines entre 1687 y 1689, cuyos efectos provocaron una notable tensión con el gobierno de la monarquía, acompañada de una dura represión—,¹⁰ entre otras cuestiones más puntuales que se debatían en las Cortes. Pero el tema nuclear era el de la defensa del pactismo y del constitucionalismo:

que la Real dignidad reconoce en su primera obligación que sus vasallos vivan según leyes y disposiciones que hicieron los mayores, que éstas, o por diuturnidad de los tiempos o por malicia de los mismos, adolecen muchas veces de inobservadas y que la mudanza de los días muestra la necesidad de reducir aquéllas a sus quicios y prevenir con otras lo futuro. Y como en Cataluña quien hace las leyes es el rey con la corte, y no habiéndose podido conseguir en la pasada centuria, es muy propio de la Real benignidad de V. M. que en los primeros pasos de su feliz imperio favorezca y mire con benignos inﬂujos esta necesitada Provincia.

En síntesis: el acto de celebrar Cortes constituía la pieza fundamental del sistema constitucional catalán y, a la vez, el mecanismo de encaje en la monarquía. Palma era replicado de este modo:

Dice el conde que en semejantes casos siempre se proponen constituciones. Sólo diré que para esto se instituyeron las Cortes; ni el pedir éstas con reverentes súplicas puede ofender a la Majestad … Porque son amantes por sus privilegios y prerrogativas los catalanes, pero a todos se adelantan en el respeto y amor y veneración a sus Príncipes: defenderán los unos sin pasar los límites de su vasallaje ﬁel y obediente de forma que diestros artíﬁces darán una misma tela de ﬁeles con su Rey y de celosos con su Patria.

Tras lamentar la actitud de Palma, concluían con una cerrada defensa del pactismo:

Ni el acto de celebrar Cortes es tan extraño a la Majestad que él, por sí solo, no pida la presencia real […] En las Cortes se disponen justísimas leyes con las cuales se asegura la justicia de los reyes y la obediencia de los vasallos. Se tratan puntos de justicia y otros muy importantes al buen estado y aumento de las coronas.¹¹

El enviado francés, el conde Marcin, testigo excepcional de aquel momento, perfectamente consciente de la importancia de la celebración de Cortes efectuaba el siguiente balance:

Los catalanes, como todos los pays des États, piden siempre el máximo de ventajas que pueden, entre las que se hallan muchas cosas razonables y que no procuran otra cosa que el bien del gobierno y de la policía del país. Hay otras que parecen afectar la autoridad del rey, pero que, en el fondo, no tienden más que a corregir los abusos que la autoridad de los virreyes y los ministros castellanos han establecido en esta provincia desde que no se han concluido Cortes, hace doscientos años [sic]. Los castellanos, por su parte, tienen una aversión insuperable hacia los catalanes. Creen ser los únicos buenos súbditos del rey de España y se imaginan que cuando su Majestad tiene motivo para estar contenta con los otros es en perjuicio suyo, porque quieren ser los únicos poseedores de todos los empleos y dignidades de los países dependientes de la monarquía española.¹²

En cambio, el marqués de San Felipe proporciona una lectura de la celebración de Cortes en clave regalista:

No se estableció en estas cortes ley alguna provechosa al bien público y al modo del gobierno, todo fue conﬁrmar privilegios y añadir otros que alentaban a la insolencia porque los catalanes creen que todo va bien gobernado gozando ellos de muchos fueros. Ofrecieron un regular donativo, no muy largo, y volvieron a jurar ﬁdelidad y obediencia con menos intención de observarla que lo habían hecho la primera vez.¹³

Recapitulando, las representaciones revelan la persistencia de unos problemas evidentes en la relación entre la monarquía y las instituciones catalanas agravados a partir del conﬂicto de 1640. Jon Arrieta ha destacado la actitud contraria del Consejo de Aragón a la devolución del control insaculatorio, reclamada insistentemente por el municipio de Barcelona y la Diputació del General, a ﬁn de retornar la situación anterior a 1652, ﬁnalizada la Guerra de los Segadores. Paralelamente, como hemos tenido ocasión de ver, había prosperado una doctrina jurídica moderadamente regalista, sin duda inﬂuenciada por la ruptura y los acontecimientos que siguieron a 1640.¹⁴

Finalmente pudo celebrarse la solemne ceremonia de clausura, con la aprobación previa de un donativo al rey de un millón y medio de libras —ya que los catalanes no contribuían de forma regular a la corona excepto para la guerra—. Las Constituciones y capítulos de corte aprobados fueron considerados por Feliu de la Peña «las más favorables que había conseguido la Provincia», aunque a renglón seguido manifestaba la reserva: «siquiera para pauta y modelo para cuando llegase el que deseaban»,¹⁵ en clara referencia al Archiduque Carlos. Las múltiples medidas económicas satisfacían los deseos del círculo de negocios de los Feliu de la Peña: un puerto franco en Barcelona, la concesión de enviar dos barcos al año a América, la formación de una compañía mercantil, la uniﬁcación de las declaraciones ﬁscales de los barcos que llegaban al Principado, la consolidación de la libre exportación de vino, aguardiente y productos agrícolas a los puertos peninsulares sin recargo, medidas proteccionistas para los vinos y aguardientes extranjeros y también para los tejidos. Además, la Generalitat recuperaba el derecho a recaudar la «nova ampra», una contribución de guerra de la que el rey se había apropiado en 1661. También se aprobaron medidas de control de las ﬁnanzas de la Generalitat con el ﬁn de evitar la corrupción y se reguló el fraude derivado de la entrada de tejidos extranjeros para abastecer el ejército. Otra consecución importantísima fue la creación del Tribunal de Contrafacciones, un tribunal que debía velar por el cumplimiento de la legalidad por parte de los oﬁciales tanto reales como de barones. Por otra parte, las atribuciones, hasta el momento crecientes de la Real Audiencia y de los oﬁciales reales, se acotaron.

El balance, por tanto, fue muy notable y el pactismo salió claramente fortalecido, aunque no se dio solución satisfactoria a dos peticiones esenciales: la supresión de los alojamientos de soldados y el derecho real de la desinsaculación (control de los candidatos) al Consell de Cent y la Diputació.¹⁶ Eran, de hecho, los dos problemas que habían generado más tensión con la monarquía a partir de la Guerra de los Segadores.

Concluida la reunión de Cortes y ﬁnalizada la larga estancia de los reyes en Barcelona, el 8 de abril de 1702, Felipe V embarcó hacia el reino de Nápoles en una ﬂota de barcos franceses. Luis XIV había ocupado en su nombre las posesiones de la monarquía del norte de Italia. En mayo, las tropas imperiales a las órdenes del príncipe Eugenio de Saboya habían entrado en tierras italianas.

El buen sabor de boca dejado por la estancia de Felipe V en Barcelona se diluyó en el momento en que hicieron acto de presencia los choques entre las instituciones catalanas y los ministros reales. Durante el año 1701, enfrentamientos violentos entre los estudiantes del colegio de los jesuitas y los de la universidad —con el conﬂicto latente entre los suaristas y los tomistas por las cátedras de ﬁlosofía— alimentaron un ambiente de tensión y un estado de opinión contrario a los jesuitas, a quienes se identiﬁcaba con la causa felipista.¹⁷ Los estudiantes de la universidad sufrieron represalias del virrey. En el dietario de los dominicos de Santa Catalina de Barcelona se lee:

El motivo de dichas pedradas [de los del colegio de Cordelles contra los de la Universidad], se dice haber sido los propios padres jesuitas, animados por tener el confesor del rey y también del conde de Palma, virrey de Cataluña, padre de su Compañía.¹⁸

La guerra internacional ya había dado comienzo y Felipe V secuestró las mercancías y los bienes de los comerciantes ingleses y holandeses en Barcelona. En octubre de 1702, el comerciante y ciudadano honrado Arnold de Jager, quien residía en la ciudad desde 1661, fue conminado a abandonar los dominios de España junto con su familia. Inmediatamente, el Consell de Cent y el brazo militar se movilizaron ante el virrey alegando que el decreto violaba las Constituciones. Feliu de la Peña trazó una divisoria clara entre los dos partidos:

Todos los que querían la Ley, razón y Justicia seguían y defendían la de su augustísima Casa, como los Políticos y contrarios de las Leyes y Privilegios de Cataluña, favoreciendo las ideas de la Francia, se oponían al bien común y a su legítimo monarca.¹⁹

A lo largo de 1703 se propagó el ambiente antifelipista, a la vez que se ponía en evidencia la distancia que mediaba entre unos combativos brazo militar y Consell de Cent y unos cautelosos representantes de la Diputació del General. Finalmente, éstos aceptaron pedir al rey la revocación del decreto de destierro de Jager, a lo cual accedió el monarca.²⁰ El asunto de Jager motivó que la Conferencia de los Comunes solicitara causa de contrafacción y que se pusiera en marcha el Tribunal de Contrafacciones aprobado en las Cortes de 1701-1702. La reacción del Consejo de Estado, preocupado por preservar la parcela de poder regio, no se hizo esperar: se trataba de una materia que «puede ser de tanto perjuicio al Estado». El Consejo alegó:

El mal ejemplo que resultaría pues con él [el Tribunal] no habrá cosa que su Magd. mande si no les viene bien y a su gusto, a que no se opondrán y pretendan ser contrafuero, ﬁados en que saliendo a él con ardor y empeño se suspenderá cualquier orden de V. Mgd.

Y de este modo, colegía, «se aventura el quedar destruida cualquier regalía, aunque sea la más soberana y preciosa y no quedará V. Magd. obedecido en nada, y aquella provincia sin obediencia, en la cual consiste el reinar».²¹ Unos meses antes el tema del Tribunal ya había suscitado división entre los miembros del Consejo de Estado a raíz de la propuesta del Consejo de Aragón y del virrey Velasco de retrasar al máximo su puesta en marcha y de reclamar al regente don Miquel Calderó que se personara en la corte para recriminarle su actitud favorable a la Conferencia. La división de pareceres en el seno del Consejo se saldó con un empate de votos y los condes de Frigiliana, Fuensalida y Montijo, opuestos al dictamen, arguyeron que el rey debía ser informado sobre aquella materia. Al cabo de pocas semanas, desde Cremona, Felipe V, informado por Portocarrero, desautorizaba simple y llanamente la propuesta del Consejo de Aragón ratiﬁcando el acuerdo de Cortes y lamentaba

el mucho reparo que me ha causado el que siendo esta materia tan descubiertamente dirigida a vulnerar lo que tuve por conveniente resolver en aquellas Cortes y hacer de menos valor mis determinaciones, se dé motivo de resentimiento a aquellos naturales y a que falten al cumplimiento de lo que ellos ofrecieron, para que enteramente se experimente en todo la confusión.²²

Ahora bien. A pesar de ello, pronto tomó cuerpo un estado de opinión desfavorable a Felipe V, a causa de diversos factores: la proclamación en agosto, en Viena, de Carlos III el Archiduque como rey de España; la difusión en ese mismo mes de un edicto de Darmstadt reclamando a los catalanes su obediencia; el eco de las acciones bélicas de los aliados, cada vez más próximas a Cataluña —en noviembre una escuadra de cuarenta a cincuenta navíos ingleses y holandeses se dejaban ver ante Valencia— y, sin duda, una escalada represiva contra los individuos sospechosos por su austracismo. La sustitución del virrey Palma por Velasco casi coincidió con la declaración a favor de la dinastía francesa que Felipe V hizo añadir al testamento de Carlos II, decisión que fue protestada por las instituciones catalanas.²³ La dinámica ya era imparable y la audacia de los austracistas cada día más maniﬁesta: habían perdido el miedo de manifestarse públicamente contra Felipe V. El sentimiento antifrancés crecía día a día animado por los eclesiásticos: el cónsul protestaba de que éstos eran insultados —les gritaban: «oin, oin, gabacho puerco»— y apedreados en las calles.²⁴ Proliferaban las reuniones clandestinas y los rumores circulaban profusamente: según el general francés De Quinson, la mayoría de la gente, en particular la de Barcelona, era contraria a Felipe V y se propagaba el rumor de que el príncipe de Darm stadt regresaría al frente de un ejército para levantar a Cataluña y a la Corona de Aragón a favor del archiduque Carlos. Los «realistas», decía, eran señalados con el dedo y la gente rehuía su compañía. El propio Luis XIV se quejaba en el mes de octubre de que no había «orden ni gobierno en Cataluña, que la gente de dicha provincia es cada vez más insolente gracias a las leyes obtenidas en las últimas Cortes y no reconocen la autoridad real». A ello se añadía que el virrey conde de Palma «estaba lejos de pensar en poner remedio al desorden. Se ha llegado a tal extremo que en Barcelona se habla públicamente a favor del emperador». Incluso el rey de Francia aconsejó a Felipe V que cuando regresara a Madrid, evitara pasar por Cataluña.²⁵

Desde Barcelona, la reina María Luisa se dirigió a Zaragoza para inaugurar las sesiones de Cortes el 26 de abril. El reino de Aragón había sido el único en el que Carlos II celebró Cortes durante su reinado, en 1684. Felipe V había jurado los fueros el 17 de septiembre de 1701, consolidando la fórmula que condicionaba el juramento de obediencia al rey al respeto por parte de éste a los fueros «y si no, no».²⁶ La reina permaneció allí hasta el 17 de junio, para dirigirse a Madrid, después de jurar los fueros y recibir un simbólico donativo quedando pendientes de solución las peticiones de los brazos.

Así pues, el regreso de la reina a Madrid conllevó la no conclusión de las Cortes, una vez rechazada la proposición de los brazos de que en su ausencia las presidiera el duque de Montalto. A propuesta de la princesa de los Ursinos, el Consejo de Estado debatió sobre la posibilidad de que fueran presididas por el arzobispo de Zaragoza. El marqués de Villafranca recomendaba no prorrogarlas, porque no concluirían hasta quedar «a su satisfacción sus proposiciones que como siempre se ha reconocido en estos casos serán perjudicando los derechos de V. Md.», como había sucedido en las Cortes de Cataluña. A juicio del duque de Montalto, las peticiones «han parecido injustas y impracticables por cuyos antecedentes no debía hacerse gracia ninguna», aunque era del parecer de que fueran conﬁrmados los fueros. Más contundente fue el marqués del Fresno al referirse a «la malicia sobre los naturales de que no quieren más que proponer diﬁcultades para adquirir derechos los cuales vimos violentados en las Cortes del Principado de Cataluña».²⁷ Queda claro, en resumen, que el espíritu pactista de los ministros de la monarquía era de bajo perﬁl y que la convocatoria de Cortes no suscitaba en ellos ningún entusiasmo, sino más bien temor.

En la Cortes aragonesas, el brazo de los caballeros defendió el constitucionalismo en términos parecidos a los formulados por los representantes catalanes unos meses antes:

Las Cortes por la benignidad de los señores reyes se convocan para tres ﬁnes: el primero, para que los vasallos atiendan a su real servicio: el segundo para el beneﬁcio de la justicia, y el tercero, para mejorar el Reino con los fueros que se conceden y las mercedes que se suplican.²⁸

A pesar del hecho signiﬁcativo de la convocatoria, la urgencia de la reina por regresar a Madrid, dejando las Cortes inconclusas, denotó, como señalan J. A. Armillas y B. M. Pérez, un cierto desinterés del monarca por el reino de Aragón. Respecto a la actividad de los cuatro brazos (eclesiástico, nobles, caballeros e infanzones y universidades), Gonzalo M. Borrás ha destacado el protagonismo del brazo de los caballeros e hidalgos, que activó los asuntos de mayor utilidad, aunque no siempre prosperaron sus propuestas —como la que pretendía remediar los problemas monetarios originados por el excesivo valor intrínseco de la moneda aragonesa—, y ha puesto de relieve que el elevado número de memoriales presentado constituyó un claro exponente del «papel vivo y orgánico representado por las Cortes dentro del reino».²⁹ Aquel activo brazo propuso frenar la importación de tejidos de lujo; acabar con la prohibición establecida en las Cortes de Navarra de 1686 que impedía la entrada de vino y otros productos aragoneses; moderar las cargas abusivas de los puertos secos castellanos, que frenaban las exportaciones de Aragón; proteger la producción de tejidos de lana, y desviar el curso del río Aragón para eludir los impuestos que pagaba la madera a su paso por el reino de Navarra y para convertir en regadío la comarca cerealista de las Cinco Villas. Pero entre las propuestas impulsadas por el brazo de universidades no resulta menos relevante la petición de extinción o de moderación del absoluto poder de los señores temporales, un tema que en las Cortes de 1678 había formulado el brazo de caballeros e infanzones.³⁰

Por otra parte en Valencia, a pesar de que no tuvo lugar la convocatoria de Cortes, a consecuencia de la dinámica de la guerra, la Junta d’Elects de Contrafurs desplegó una intensa actividad entre 1701 y 1702 para actualizar los fueros y ésta se plasmó en la redacción de unos Apuntaments per a Corts. Carmen Pérez Aparicio ha destacado el interés de los estamentos en fortalecer las garantías del procedimiento judicial frente a los abusos de los ministros reales, especialmente del virrey, así como en regular el funcionamiento de la Junta d’Elects para resolver los conﬂictos derivados de las transgresiones forales, en la línea del Tribunal de Contrafacciones que se acababa de consolidar en las Cortes catalanas. En deﬁnitiva, y a pesar de que Felipe V no convocó aquellas esperadas Cortes, los estamentos anhelaban poner al día las leyes con el ﬁn de revitalizar las instituciones valencianas y garantizar su autonomía en relación con los ministros reales.³¹

FELIPE V EN TIERRAS ITALIANAS

Aconsejado de nuevo por Luis XIV sobre la importancia del viaje, ya que desde los tiempos de Carlos V ningún rey español había hecho acto de presencia en Nápoles o Milán, Felipe V emprendió el camino a tierras italianas. No partió sin cierta inquietud ya que, en septiembre de 1701, se descubrió una conspiración en Nápoles a favor del archiduque Carlos, la conjura del príncipe de Macchia, que no contó con el apoyo popular. Uno de los conspiradores que tuvo que exiliarse a Viena, el duque de Telese, aﬁrmaba que pretendían liberar el reino de la «ignominiosa y miserable condición de provincia». Resulta interesante hacer notar que en el bando opuesto, Giambattista Vico defendió la sucesión borbónica.³² El Estado de Milán era un feudo imperial y existían vínculos de algunas familias patricias con la corte de Viena. El gobernador Carlos Enrique de Lorena, príncipe de Vaudémont, contaba con las simpatías del emperador y del rey de Inglaterra. Pero una vez aclamado el nuevo rey, Vaudémont se adhirió a la causa borbónica y colaboró con los franceses para introducir tropas en el norte de Italia y así frenar el avance de los imperiales iniciado en junio de 1701.³³

A los pocos días de su llegada a Nápoles, el 18 de abril de 1702, las potencias aliadas declaraban la guerra a Luis XIV (15 de mayo). Aunque Felipe V deseaba visitar al Papa, tuvo que desistir de tal idea. Nápoles era una posesión feudal del papado y Felipe no podía utilizar el título de rey de Nápoles hasta que el Papa ﬁrmara la tenencia feudal. Pero Clemente XI se mostró indeciso ante la presión de las potencias aliadas. Desde Nápoles, el rey viajó hasta el ducado de Milán pasando por Liorna, Génova y Finale, hasta llegar a la ciudad milanesa el 18 de junio. Durante aquellas semanas empezó a padecer «vapores», que le provocaban «una depresión intensa, un deseo de aislamiento y dolores de cabeza que le incapacitaban para hacer cualquier cosa, excepto refugiarse en cama y negarse a ver a nadie, salvo a los médicos», explica Kamen, quien añade, a renglón seguido, una característica sorprendente del monarca:

Pero la guerra desempeñó también un papel especialmente terapéutico. Se trataba de un desafío que le ayudaba casi de inmediato a superar sus depresiones. Le transponía de un estado de total indolencia a una hiperactividad desmesurada. Estos «altos» y «bajos» se convirtieron, durante el resto de su vida, en dos polos entre los cuales oscilaban sus actividades.³⁴

En efecto, el joven rey pronto tuvo ocasión de mostrar su entusiasmo por el campo de batalla, al lado del duque de Vendôme y frente a las tropas imperiales. Su entrega, concluye Kamen, «explica no sólo su posterior participación en las campañas de la Península, sino también la gran importancia que dio a la guerra como método para resolver los problemas políticos»³⁵. Empezaba a forjarse la imagen de «rey animoso», a lo cual contribuyó no poco Vicente Bacallar, marqués de San Felipe, en sus Comentarios de la guerra de España.

La presencia del rey provocó una ruptura del equilibrio de poderes en la política lombarda. En efecto, tal como ha señalado Antonio Álvarez-Ossorio, la ausencia del duque de Milán en aquellos territorios durante más de un siglo y medio había permitido el fortalecimiento del patriciado milanés. De este modo, la oligarquía hispano-lombarda no deseaba que la estancia de Felipe V se prolongara excesivamente. Durante su permanencia observó inquieta cómo el rey tomaba decisiones mediante decretos y sin la mediación del Consejo de Italia, es decir, fuera del cauce normal, proceso que conducía a la imposición de la vía ejecutiva frente a la polisinodial. Ante el cambio de rumbo político que se traducía en la hegemonía de la soberanía real frente a las prerrogativas del Senado, con un protagonismo destacado de la Secretaría de Despacho Universal, emergió una resistencia pasiva de los tribunales. Por todo ello, colige Álvarez-Ossorio, «la oligarquía lombarda debió respirar con un íntimo alivio cuando por ﬁn Felipe V embarcó en la costa ligur y partió hacia España para no regresar jamás».³⁶

La toma de la población de Luzzara por el ejército borbónico, además de permitir que Felipe V regresara laureado, demostró el compromiso de la Casa de Borbón con la integridad de la monarquía de España y la voluntad de Luis XIV por defender Italia. La fama de rey guerrero empezaba a cobrar fortuna, tal como observaban los consejeros franceses que le acompañaban, aunque no dejaban de percibir su desidia respecto a las labores de gobierno.³⁷ Desde Milán, donde tuvo noticia del ataque en Vigo a los barcos españoles procedentes de América, a cargo de las ﬂotas inglesa y holandesa, emprendió el regreso a Madrid pasando por Francia y llegó a Barcelona el 20 de diciembre. Después de visitar Montserrat, el rey reemprendió el viaje para reunirse con María Luisa en Guadalajara y entrar en la capital el 17 de enero de 1703.

«YA NO HAY PIRINEOS»: LA INFLUENCIA ECONÓMICA Y POLÍTICA FRANCESA

Es preciso destacar que durante los nueve meses de ausencia de Felipe V se produjeron cambios signiﬁcativos en España. El primero de ellos, la presencia creciente de funcionarios franceses en la corte, hecho que provocó un malestar previsible entre los nobles españoles. En segundo lugar, la ﬁrme expansión del comercio francés tanto en España como en América.

El cardenal Portocarrero, que vio prorrogado el cargo de gobernador durante la ausencia real, intentó poner coto al avance imparable de los comerciantes franceses que actuaban principalmente desde Cádiz, desde donde eludían el control sobre el contrabando que ejercía Sevilla. Las quejas de los comerciantes españoles y de los virreyes en América proliferaban a la par que alimentaban las expectativas de los partidarios del archiduque Carlos en dichos territorios. Portocarrero, según Peña, persistió en el intento de desarrollar un proyecto político que hacía compatible la existencia de un núcleo de poder formado por un privado o primer ministro y un pequeño gabinete para la toma de decisiones ejecutivas, con un sistema de consejos territoriales y temáticos. Es decir, la coexistencia de la vía colegiada y de la ejecutiva dando acceso a una nueva hornada de funcionarios a partir del mérito y no del privilegio. Expuso este proyecto al rey a principios de 1701, pero Louville se mostró partidario de sustituir la vía colegiada por la ejecutiva y los consejos por un sistema jerarquizado dirigido por el Gabinete de gobierno.³⁸ Por su parte, el marqués de Marcin, embajador francés, insistió a Luis XIV acerca de la necesidad de que Felipe se mantuviera en Madrid, a la vez que le manifestó, de forma signiﬁcativa, que Portocarrero y el presidente de Castilla, Manuel Arias, pretendían «gobernar despóticamente al rey, como habían hecho»; en cambio, consideraba a Medina Sidonia un hombre de conﬁanza.³⁹

Resultan interesantes, en este punto, los comentarios vertidos por el marqués de Louville en relación con los españoles. A su juicio, al cabo de tres años (agosto de 1703), se había perdido el tiempo para la monarquía. El error del ministerio francés había sido pensar que el apoyo de los españoles al Borbón perseguía una perfecta unión de proyectos y de intereses, cuando en realidad sólo procuraban impedir la desmembración de su monarquía. Los grandes, decía, habían visto a Felipe V como un mal menor del cual debían sacar provecho para acrecentar su autoridad en el interior y en el exterior, aprovechándose de Francia.⁴⁰ La opinión de Louville viene a corroborar el análisis que hemos realizado anteriormente sobre la transición liderada por Portocarrero. Aún más, en mayo de aquel mismo año, el marqués advertía que en los Consejos constataba la existencia de dos partidos: el primero quería al rey sin los franceses; el segundo, ni al rey ni a los franceses, lo que le llevaba a la conclusión de que había que dejar actuar a los españoles, al contrario de lo que hacía la Ursinos, que intervenía en todo sin dejarles hacer nada.⁴¹

José Manuel de Bernardo Ares se ha referido a tales tensiones entre los españoles que formaban parte del Despacho y los ministros franceses, que menospreciaban a los autóctonos por ineﬁcaces. Portocarrero era caliﬁcado como un hombre de poca inteligencia, muy limitado en conocimientos y débil. Era, pues, el rey francés, a través de sus secretarios de Estado, especialmente Torcy, y del embajador francés en España, quien controlaba los auténticos resortes del poder. De este modo, los respectivos embajadores —Harcourt, Marcin, los dos Estrées, tío y sobrino, y Gramont— no actuaron como representantes legales de Francia en el sentido estricto sino como auténticos ministros.⁴² Tampoco faltaron las tensiones entre los propios franceses, en este caso entre la princesa de los Ursinos y los Estrées, a ﬁnales de 1703 y durante gran parte de 1704, que provocaron distorsiones en la cadena de mando. La princesa contaba con el apoyo de Madame de Maintenon en Versailles y de Jean Orry en Madrid. Por su parte, el cardenal d’Estrées disponía de la conﬁanza de Luis XIV para desarrollar la tarea de primer ministro y contaba con el favor de Louville. Pero a causa de su talante altivo se enemistó con el cardenal Portocarrero y chocó con la princesa de los Ursinos. La guerra sorda entre ambas facciones francesas se resolvió mediante una intervención expeditiva de Luis XIV, que retiró al cardenal Estrées en octubre de 1703, con gran satisfacción de los reyes de España, y obligó a la Ursinos a abandonar la corte madrileña, con gran disgusto de María Luisa Gabriela, que la consideraba una buena consejera y una amiga.⁴³ De todos modos, no tardaría en regresar, en 1705, junto con Orry y Amelot.

Progresivamente, junto a la cada vez más omnipresente tecnocracia francesa surgió un inﬂuyente grupo de comerciantes y ﬁnancieros plenamente identiﬁcados con la nueva administración borbónica. La llegada de Jean Orry a Madrid en junio de 1702 comportó cambios decisivos: la supresión de los consejos de Italia y de Flandes y la intervención en los Consejos de Hacienda, Guerra y Estado. En efecto, el 29 de marzo de 1702, Felipe V procedió a suprimir el Consejo Supremo de Flandes a instancias de Luis XIV, para establecer allí una «nueva planta» de gobierno y así no interferir en la obtención de los plenos poderes que el rey de Francia perseguía en Flandes.⁴⁴

Orry encabezó el Despacho Universal, estructurado en dos grandes secretarías, Guerra y Hacienda. El enviado extraordinario de Inglaterra y Holanda, Schonenberg, advirtió unos meses antes sobre las mutaciones políticas que se avecinaban:

La conducta de esta corte de abandonarse sin reserva a la sujeción absoluta de aquella de Francia es tan precipitada que no guarda ninguna corrección ni medida. Todo lo que Francia insinúa es aplaudido y ejecutado ciegamente por la regencia, sin la participación previa de ningún consejo, que son tratados con gran indiferencia. El Consejo de Estado apenas es consultado y puede decirse que todos los tribunales políticos empiezan a ser tratados a la francesa y que todas las etiquetas de esta corte se resumen en la frase Tel est mon plaisir.⁴⁵

El programa de los ministros franceses lo resumió Alfred Baudrillart en estos términos: «el establecimiento del sistema político francés por el descenso de los grandes, por la subordinación de las órdenes religiosas y la destrucción de las instituciones de los países no castellanos».⁴⁶

No resulta extraño, pues, que en la segunda mitad de 1702 se hicieran patentes las primeras desafecciones a Felipe V entre los nobles. El almirante de Castilla —después de haber sido nombrado embajador en París, apartado por Portocarrero— y el conde de Melgar, acompañados del conde de la Corzana y tres jesuitas, entre los que se hallaba Álvaro Cienfuegos, marcharon a Portugal el 13 de septiembre. Es posible que el Almirante, de acuerdo con Darmstadt, hubiera estado preparando el proyecto de desembarco en Cádiz y de alzamiento de las tierras andaluzas, donde gozaba de prestigio. También sabemos que mantenía correspondencia con el duque de Paretti, Francisco de Moles, que se hallaba en Viena.⁴⁷ Su partida causó alarma entre las autoridades borbónicas y cierta perplejidad entre la nobleza, ya que el Almirante era un representante prominente de la grandeza castellana. El 17 de agosto, las autoridades borbónicas dictaron sentencia contra el Almirante declarándolo reo de lesa majestad y se le conﬁscaron sus estados y bienes. En realidad, la mayor parte de la nobleza no le siguió, en buena medida por la división de pareceres que reinaba en ella y también porque el Almirante no llegó a consolidar un partido mínimamente sólido.⁴⁸ Otros permanecieron en España sin dejar de conspirar, como el duque de Medinaceli. Pero hubo que esperar a 1704 y 1705 para que los indicios de disidencia contra el gobierno tomaran cuerpo en España. El conde de Cifuentes fue acusado de conspirar en 1704. Un testigo declaró que había aﬁrmado que «el Rey no lo era sino un virrey por cuyo medio nos dominaba su abuelo» y que él «se veía obligado a aborrecer a los franceses porque le habían muerto a su padre y hermanos». Fue detenido en Madrid pero logró escapar a Zaragoza, donde jugó un papel decisivo en el alzamiento austracista. También fueron detenidos los condes de Erill y de Luque. Juan de Cepeda, mariscal de campo, y Pablo Bermúdez de la Torre, director de la fábrica de pólvora de Granada, estaban implicados en la conspiración. Asimismo, fue descubierta una conjura encabezada por Leganés.⁴⁹

En lo que concierne al comercio, sin duda uno de los frentes en los que los intereses de Francia se plasmaron de forma indisimulada, sabemos por Josep Maria Delgado que los franceses tuvieron que hacer frente a la resistencia conjunta de los cargadores matriculados y del Consejo de Indias, empeñados en boicotear las medidas propuestas por los técnicos franceses que ponían en peligro el funcionamiento del monopolio. La estrategia obstruccionista, si bien no declarada, se reﬂejó en el retraso deliberado de las ﬂotas y en el boicot a los proyectos surgidos en el seno de la Junta para el restablecimiento del comercio (1705), bajo los auspicios del comercio francés.⁵⁰ Las deliberaciones del Consejo de Estado dan buena cuenta de ello: a instancias del Consejo de Indias, a ﬁnales de 1701, comunicó a Luis XIV que «se sirviese mandar celar que los navíos auxiliares franceses no llevasen ropas ni géneros de comercio a los puertos de Indias por los grandes inconvenientes y atraso que resultarían a nuestro comercio».⁵¹ Una representación del comercio de Sevilla dio pie a una nueva resolución del Consejo enviada al rey en la que se aﬁrma que «éste es un negocio gravísimo examinado a la luz de las importancias del comercio».⁵² En las diversas deliberaciones se expresaron argumentos contundentes, como el del conde de Montijo: «el negocio que se controvierte no importa menos a S. Magd. que el tener Indias o perderlas».⁵³ La réplica francesa era siempre del mismo tono: el rey de Francia «sólo había permitido a los navíos de guerra que llevasen algunas menudencias para cambiar los refrescos».⁵⁴ Pero el Consejo de Indias denunciaba que, mediante barcos de guerra en La Habana, se estaba «introduciendo con el nombre de bagatelas un expreso y nuevo comercio extraño y prohibido por todas las leyes del cuerpo del derecho y enﬂaqueciendo directamente el de España», por lo que el Consejo de Estado mandó observar el registro y la visita de las naves que llegaran a los puertos de las Indias, tal como disponían las leyes.⁵⁵ La presión del Consejo de Indias se tradujo en efectos positivos, ya que en 1702 se expidieron órdenes para que incluso los buques franceses pudieran ser visitados. Pero el cumplimiento debió distar de la letra impresa, ya que la disposición fue reiterada en 1705, 1706 y 1707.⁵⁶

Al mismo tiempo se produjeron roces en los puertos españoles: en Málaga y en Alicante embarcaciones francesas negaron la visita a los inspectores de contrabando, ante lo cual se pronunció el Consejo de Estado. La respuesta del rey fue fulminante: ordenó que no fueran visitados los barcos franceses bajo el pretexto de que la disposición era contraria al tratado de Rijswijk y «por la unión de ambas coronas que tanto conviene estrechar».⁵⁷ Otras disposiciones de Felipe V fueron contestadas por el Consejo de Estado, como la interrupción del comercio y el embargo de bienes de comerciantes ingleses y holandeses a instancias del enviado francés Blécourt, por considerar el Consejo que perjudicaba a los intereses españoles. A juicio del conde de Fuensalida semejante medida constituía «una expresa derogación de las leyes de Castilla».⁵⁸

Desde su plataforma privilegiada —aunque con un reducido margen de maniobra—, Portocarrero dictó diversas medidas, entre septiembre y noviembre de 1702, para restringir la libertad de movimiento de los comerciantes franceses. El marqués de Castelldosrius actuó a su servicio como intermediario ante Luis XIV, pero ambos toparon con la actitud inﬂexible de Torcy, Orry y Felipe V, decididos a amordazar y a paralizar de una vez por todas al contestatario Consejo de Estado. La ofensiva francesa no tardó en hacerse efectiva en el ámbito diplomático: Castelldosrius fue reemplazado por el duque de Alba —no sin la oposición declarada del Consejo de Estado—. Felipe V, en sus instrucciones al nuevo embajador, le encarecía que cultivara «esta estrecha unión y conﬁanza» entre las dos coronas y que «en los negocios comunes a las dos coronas en que hubiereis de dar algunos pasos, no procederéis a tomar resolución grave sin la dirección de mi abuelo».⁵⁹ También estableció que en los países donde no había cónsules españoles, los comerciantes ya no deberían tratar con los cónsules imperiales sino con los franceses.

Abundando en esta política, un decreto del 10 de febrero de 1703 conﬁrmaba la total libertad de comercio de los franceses. El conjunto de medidas adoptadas torpedeaban no sólo la estructura político-administrativa de los Austrias, sino que también ponían en tela de juicio la viabilidad del proyecto de transición auspiciado por Portocarrero, y conducían inexorablemente hacia una ruptura que éste nunca deseó. En una sesión del Consejo de Estado celebrada el 14 de mayo de 1703, Portocarrero se mostró especialmente crítico hacia Luis XIV por no manifestar sensibilidad hacia las necesidades de España sino todo lo contrario, ya que perseguía la total dependencia respecto de Francia.⁶⁰ En aquel punto, la credibilidad del rey de Francia entre los nobles que le habían prestado su apoyo en el primer y decisivo momento perdía enteros. Entre la nobleza, la conﬁguración de los dos partidos, felipista y austracista, empezaba a tomar forma.

A su regreso a Madrid, el 17 de enero de 1703, el monarca emprendió el asalto deﬁnitivo contra la vieja guardia. En efecto, el 22 de junio renovó el Consejo de Estado. Nombró nuevos consejeros de conﬁanza como Ribas, Monterrey, Canales y Villena, ﬁeles a Orry. Portocarrero se retiró temporalmente a Toledo y el Gabinete, caliﬁcado de «Junta de Vasallos» por el Consejo de Estado, asumía plenas competencias.⁶¹ La disidencia en contra de Felipe V y su gobierno, los «malcontentos», en expresión del caballero Francesc de Castellví, no paraba de crecer, en forma de conspiraciones y deserciones; la represión, también.⁶²

Aunque mermado en su capacidad política, el Consejo de Estado no dejó de ejercer oposición. A ﬁnales de 1703, expresaba, con razón, su preocupación por evitar que las acciones bélicas del rey de Francia implicaran a España y que éstas se extendieran a sus territorios. Portocarrero accedió a la petición del Consejo de que se reintegrara en él para intentar cambiar un rumbo político que se le antojaba desastroso. Los sobrinos del cardenal, Palma (destituido en enero como virrey de Cataluña) y Montijo, le siguieron. El Consejo, el 28 de febrero de 1704, aún se atrevió a recordar al monarca que a este organismo, con Portocarrero al frente, le competía dirigir los asuntos de gobierno y no al Gabinete, que debía disolverse.⁶³ Pero al socaire de la guerra y de las transformaciones políticas, militares y hacendísticas que ésta requería, Felipe V siguió adelante con su proyecto, uno de cuyos exponentes más signiﬁcativos fue la ampliación de sus potestades para nombrar a todos los cargos del ejército —partiendo de la concepción del escalafón como un instrumento de poder del rey—, medida que se sumaba a la creación de cuerpos de élite, que constituyeron «un ejército dentro del ejército»: las Guardias Reales y la Guardia de Corps, de donde surgió buena parte de la futura élite militar y política del nuevo régimen. Ello le permite concluir a Francisco Andújar que, a partir de 1704, el ejército «pasó a ser no sólo una institución al servicio del rey sino un instrumento eﬁcaz de su poder absoluto», lo que signiﬁcaba arrebatar al Consejo de Guerra sus principales competencias para transferirlas a la Secretaría del Despacho de Guerra.⁶⁴

Capítulo 5

ACTITUDES ANTE EL NUEVO REY

EN LOS TERRITORIOS HISPÁNICOS:

FELIPISMO Y AUSTRACISMO

Vamos a detener por un momento la exposición cronológica para analizar una cuestión decisiva que no ha recibido la atención debida entre los historiadores que han dedicado sus estudios a la Guerra de Sucesión en España: deﬁnir qué proyectos políticos o económicos albergaba cada una de las dos apuestas dinásticas. Al abordar esta tarea coincidimos con John G. A. Pocock en que sólo es posible escribir correctamente la historia de las ideas procurando revelar nuevos niveles de signiﬁcado a través de un trabajo empírico y de forma escrupulosa, al punto de que «no podemos proceder desde el supuesto de que deben ser congruentes en algún modo aún no descubierto».¹ Ciertamente, no es una tarea fácil deslindar las actitudes colectivas de los diversos grupos sociales que daban apoyo a cada uno de los dos partidos —caliﬁcados, pronto, de esa suerte—, los felipistas (borbónicos) y los austracistas (imperiales). Hubo, como en todas las guerras y conﬂictos políticos muy «contemplativos», al decir de un contemporáneo, que «anduvieron con gran tiento con ambos partidos» y una parte considerable de la nobleza adoptó la postura de «esperar y ver» antes de plasmar su compromiso con uno u otro candidato.² Sea como fuere, intentaremos esbozar una explicación básica sobre las ideas y los proyectos patrocinados por los dos bandos aunque sin perder de vista que no existe una foto ﬁja válida para cada uno de ellos durante toda la guerra, ya que sin duda evolucionaron en su transcurso.

Más aún, observamos formulaciones diferentes entre el austracismo de la Corona de Castilla y el de la Corona de Aragón, del mismo modo que las percibimos entre el felipismo de los territorios de ambas coronas. En cualquier caso, debemos retener una cuestión fundamental formulada por Ricardo García Cárcel para comprender el sentido de aquella guerra en toda su complejidad: tras las opciones dinásticas opuestas de la Corona de Aragón y la Corona de Castilla «hay una memoria del pasado distinta, una asunción del presente muy dispar y desde luego una expectativa de futuro en lo político y en lo económico que siguen circuitos muy diferentes».³ Los escritos políticos y la publicística, destinada a incidir en una opinión pública cada vez más inﬂuyente en Europa, mediante lo que se ha dado en llamar la «guerra de la pluma», resultan imprescindibles en esta tarea de aproximación a las ideas y a los proyectos, más allá del componente dinástico que activó el conﬂicto.

EL FELIPISMO

Los elementos deﬁnidores del primer felipismo no dejan de ser difusos. Es difícil percibir en él otro objetivo que no sea respetar el testamento de Carlos II, acompañado del deseo de superar la decrepitud de la monarquía heredada del último de los Habsburgos, un anhelo animado por el deslumbramiento que producían la corte francesa y el gobierno de Luis XIV con su política mercantilista. María Teresa Pérez Picazo ya detectó la existencia de cierto «mesianismo francés» entre una parte de la sociedad española.⁴ El marqués de Villena, que abrazó la causa felipista, fue partícipe de esta corriente. A su juicio, la monarquía hispánica se hallaba en un deplorable estado, frente al que era preciso aplicar remedios. Sostenía que Francia brindaba buenas soluciones a los problemas endémicos de España: mejor administración, justicia y organización militar, todo lo cual redundaba en un mayor apoyo de los franceses al rey. Aunque tal diagnóstico no era óbice, conviene recordarlo, para que el marqués reclamara el debido protagonismo de un congreso ﬁrme y regular, o sea, de las Cortes, que Felipe V se apresuró a arrinconar.⁵ En esta línea, el impreso Caxa marcial de recluta proclamaba esperanzado: «acabe el siglo de hierro, y vuelva a comenzar el siglo de oro». Para aﬁrmar a continuación:

Una invasión sin justicia, que se le hace a nuestro rey, obliga a tomar las armas por el rey y por el reino … obremos, pues, como patricios buenos, manteniendo nuestra patria, sirvamos como buenos vasallos defendiendo a nuestro rey.⁶

Una vía parecida fue la que propugnó el regente cardenal Portocarrero, artíﬁce del testamento de Carlos II a favor del Borbón. El cardenal jugó un papel decisivo promoviendo una alternativa que, a todas luces, resultó inviable: entronizar a un Borbón —un monarca fuerte que mantuviera la unidad territorial de la monarquía, amenazada por los tratados internacionales de partición gestados entre 1698 y 1700 y que evitara la guerra—, pero preservando la estructura política de los Austrias (el sistema polisinodial y las Cortes de los territorios de la monarquía).⁷ Se trataba, aﬁrma Luis Ribot, de una apuesta fundada tanto en el pragmatismo como en el patriotismo.⁸ Pero en junio de 1703, ante el imparable avance de la política francesa orquestada por Luis XIV, Portocarrero desistió de su intento y abandonó el Consejo de Estado momentáneamente, para reintegrarse de nuevo en él junto con sus sobrinos, los condes de Palma y de Montijo, reconstituyendo el intento de contener a Orry y al nuevo Gabinete. Pero acabó engrosando, posteriormente, las ﬁlas del austracismo. Así pues, el «modelo Portocarrero» había fracasado poco después de la llegada de Felipe V a España.⁹ Dentro del felipismo empezaban a percibirse dos corrientes que cobraron fuerza en los años posteriores: el partido español (encabezado por el conde de Montellano) y el de los reformistas afrancesados, como ha explicado bien Teófanes Egido.¹⁰

En suma, tanto Villena como Portocarrero pretendían fortalecer las atribuciones regias para alcanzar una regeneración política y económica sin cuestionar, inicialmente, el orden constitucional vigente en la monarquía. Por tanto, podemos concluir que la ruptura constitucional que se impuso a partir de 1707 de la mano del «dinasticismo propietarista»¹¹ no entraba en los cálculos del felipismo de primera hora.

En relación con los posicionamientos territoriales, Felipe V trazó con nitidez la geografía de los territorios que le habían sido ﬁeles en el perdón general del 5 de agosto de 1706 al referirse a las «lealísimas Provincias y Reinos de las dos Andalucías, Castilla, Galicia, Principado de Asturias y Señorío de Vizcaya».¹² En Castilla, Felipe V recibió inicialmente el apoyo de la mayor parte de la nobleza, que se mantuvo a la expectativa aunque desconﬁaba de Francia, si bien en menor grado que el clero castellano, que también acabó alineándose con el candidato francés de la Casa de Borbón. Por otra parte, la burguesía —ferviente partidaria de la alianza con Francia— y también el pueblo fueron los más entusiastas seguidores de Felipe V. En las ﬁ las felipistas encontramos, entre otros, a los duques del Infantado, de Medina Sidonia, de Montellano, de Arcos, de Abrantes, de Veragua, de Sesa, de Béjar; a los marqueses de Priego, de Astorga, de Aitona, de Bedmar, de Villafranca, de Montealegre, de Almonacid y del Carpio; a los condes de Lemos de Peñaranda, de Benavente, de San Esteban del Puerto, de Oñate, de Frigiliana y de Baños, y al condestable de Castilla.¹³ Asimismo, la nobleza gallega apoyó a las tropas borbónicas. Otros territorios de la corona de Castilla, como Extremadura, Navarra —cuyos comerciantes y hombres de negocio mantenían intensos vínculos e intereses con Madrid y con París— y las Provincias Vascas, fueron mayoritariamente pro borbónicos. Como Asturias, donde aprovechando la coyuntura los diputados piden al rey que respete el voto del Principado en las Cortes, perdido tiempo atrás. En aquel Principado, el cambio dinástico despertó el interés por la puesta al día de las Ordenanzas propias y por la ampliación de sus atribuciones, ya que los diputados pidieron que el rey debía reconocer a Asturias exenciones y privilegios, según Evaristo C. Martínez-Radío «de dudosa existencia y que ni ellos mismos saben exactamente en qué consisten previendo las contribuciones», para equipararse con las provincias forales como Guipúzcoa, porque «probablemente reconocieran en el Borbón a un centralista». A pesar de que no les fue reconocida esa pretendida foralidad, lo cierto es que el Principado cumplió con las cargas ﬁscales derivadas de la guerra y que la Diputación conﬁguró un Tercio del Principado. Ello no fue óbice para que surgieran algunos austracistas destacados, como el jesuita Álvaro Cienfuegos, Andrés Manuel de Solares, marqués del Campo, o Francisco Bernardo de Quirós.¹⁴ También fue ﬁel a Felipe V Andalucía, cuyos grupos sociales acomodados veían peligrar el comercio atlántico después del asalto frustrado de Cádiz por los aliados —y la represión que desencadenaron allí—, e inquietos, por si fuera poco, por la pérdida de Gibraltar, territorio que pasó a manos de los ingleses.

Un folleto felipista reﬂeja las motivaciones económicas de la burguesía, preocupada porque del

producto de las Indias (además de ser difícil siendo estas dos potencias dueños del comercio) todo se lo llevarían los ingleses y los holandeses, y no les serviría en adelante de nada aquel vasto mundo a los españoles, a quienes ha costado tantos trabajos, tanta sangre y tantas vidas.

Mientras que otro postula que «con nuestro Felipe Quinto, todo se ha de abaratar, porque vendrán franceses que se aplicarán a todos los oﬁcios, y harán cualquiera cosa por menos precio».¹⁵ Según el austracista almirante de Castilla, los felipistas anunciaban que mediante la alianza con Francia, el comercio ﬂorecería en España; que gracias a la paz con el reino vecino «ahorrando los gastos de la guerra se dejaba ver que se opulentaría la Real hacienda y por la misma causa que se podrían aliviar los pueblos de los gravosos tributos»; y que

las maniobras de que estaba tan falto el Reino de España crecerían con el número de las labores francesas de que abunda tanto su país, se mejorarían en calidad y en arte por la inteligencia de los fabricantes y que consiguientemente nuestro comercio en Indias se mejoraría, por ser propios los géneros de que se podrían componer en la mayor parte las cargazones de ﬂotas.¹⁶

Un impreso de réplica al maniﬁesto del Almirante abundaba en el tema: la «justa emulación de la codicia francesa» permitiría a los españoles librarse de la dependencia económica de «los siempre enemigos del Norte», tanto en el comercio de Indias como en la producción autóctona. Añadía:

La buena política sabrá enmendar los descuidos que las conﬁanzas de lo ajeno y poca aplicación de los dominantes germánicos han ocasionado en el genio de los españoles (hasta ahora adormecido, por falta de emulación y sobra de las halagüeñas delicias del Norte) haciendo sociable la vecindad de una nación que se ha constituido compañera en nuestros intereses.¹⁷

A juicio de los economistas políticos de la Corona de Castilla, el patrón de desarrollo mercantilista francés constituía el modelo a seguir con el objeto de modernizar España, frente al inglés, partidario de una mayor libertad de comercio, puesto que consideraban que Colbert había salvado a Francia del relativo atraso que padecía respecto de Holanda. Stanley J. Stein y Barbara H. Stein coinciden en que el paradigma colbertiano resultaba atractivo para los partidarios de Felipe V en la Corona de Castilla. Es decir, poco peso de los cuerpos representativos que pudieran inﬂuir en las decisiones del gobierno, una burocracia aparentemente bien gestionada —mediante las intendencias provinciales y las secretarías de Estado, las cuales gozaban de amplios poderes—, reorganización de las ﬁnanzas estatales, construcción de infraestructuras e impulso a la marina mercante para conservar el imperio colonial.¹⁸ Es de sobras conocido, por otra parte, que el servicio que proporcionaron a Felipe V burócratas enérgicos como Jean Orry, especialista en ﬁnanzas estatales, y Michel Amelot, experto en comercio, resultó decisivo para que el nuevo rey se aﬁanzara en el poder.

Pero ¿y el pueblo? ¿Por qué se sumó a la causa felipista? Francisco J. Guillamón y Julio D. Muñoz han apuntado que para entender el alto grado de cohesión social en Castilla en la defensa de los derechos de Felipe V hay que tener en cuenta la disciplina de la sociedad en su relación con la Corona. Un factor primordial fue el posicionamiento político de las élites locales, cuyos miembros poseían una gran capacidad de movilización de población clientelar. En su opinión:

La ﬁdelidad castellana habría que situarla como efecto práctico de estos mecanismos de organización comunitaria, interiorizados a través de un largo proceso de disciplinamiento social, unos mecanismos que se basaban en un modo de concebir las relaciones sociales en el ámbito local/provincial a partir de principios jerárquicos que englobaban a la mayoría de la población.¹⁹

A ello añaden que el activismo de los eclesiásticos, acompañado de una abrumadora publicística civil y religiosa, además del factor coercitivo desplegado por parte de los agentes de la Corona, aportaron el plus de legitimidad necesario para asegurar la ﬁdelidad de los castellanos. Dicho de otro modo, proporcionaron una cobertura ideológico-moral de primer orden, en una sociedad ﬁrmemente sacralizada y propensa a la credulidad. Así lo conﬁrma el cariz de cruzada que tomó la guerra. Con razón, Felipe V, «bello Sol de Castilla», tal y como pregonaba un impreso,²⁰ pudo agradecer su ﬁdelidad a los castellanos ya en el año 1706, cuando Madrid fue ocupada por los ejércitos aliados, a pesar de que una parte signiﬁcativa de la nobleza prestó obediencia a Carlos III. Su esposa, María Luisa de Saboya, aún fue más explícita al admitir que «después de Dios es al pueblo al que debemos la corona».²¹ A pesar de ello, Julio D. Muñoz ha constatado el peso del austracismo en el reino de Murcia, donde la guerra «provocó un desgarro entre sus élites hasta extremos insólitos», una escisión visible en los cabildos municipales, especialmente en el caso de Cartagena, que permaneció bajo la soberanía de Carlos III desde junio a noviembre de 1706, pero también en la ciudad de Murcia. Existió, pues, un partido verdaderamente compacto en las instituciones locales más importantes del reino de Murcia, también presente en el tribunal de la Inquisición y en la Superintendencia de Rentas, así como entre el estamento eclesiástico. Sin duda alguna, el hecho de convertirse en una de las fronteras más activas cercana a las líneas de los ejércitos austracistas dio alas a sus seguidores.²²

Hay que destacar, por otra parte, que en la argumentación pro borbónica, el carácter providencialista de la monarquía jugó un rol decisivo, tal como demuestra el siguiente párrafo de un impreso:

Nuestro Rey y Sr. Felipe V reina por disposición DIVINA, tan poderosa contra las ideas humanas … No es Rey por el Consejo de los hombres; por la voluntad de Dios vino de Francia a ser Rey. Quién, pues, puede negarle la obediencia? Quién contrastar la voluntad Divina?²³

El título de un folleto condensa perfectamente el argumento: Quién contra Dios?,²⁴ mientras que otro impreso asegura que Felipe V se dirige a Aragón

para defender la Fe,
con la fuerza de sus armas.²⁵

Iniciada la guerra en España, el partido felipista esgrimió como una de sus principales bazas argumentales ante la opinión pública la validez del testamento otorgado por Carlos II, frente a la tesis de la posible nulidad a causa de la renuncia de Francia a la corona hispánica efectuada en 1612 y además porque éste no había sido aprobado en Cortes; también aludió a la ﬁdelidad debida a Felipe V, especialmente en el caso de Cataluña, donde el nuevo monarca celebró Cortes en 1701-1702. Finalmente, apeló a la defensa de la religión frente a los «herejes» aliados (anglicanos, calvinistas y, por ende, revolucionarios) en lo que constituyó una auténtica «demonización del enemigo» que dio paso a una «cruzada».²⁶ El arzobispo de Zaragoza, Antonio Ibáñez de la Riva, no tuvo reparos en aﬁrmar que «esta guerra que nos hacen los inﬁeles es guerra de religión ordenada a la destrucción de nuestra santa fe y extensión de sus falsos dogmas en estos catolicísimos reinos».²⁷ Por tanto, según tales supuestos, se trataba, en términos religiosos y políticos, de una «guerra justa». Son múltiples los testimonios que aporta la publicística en relación con este discurso. Uno de ellos sentencia:

Que a pesar de Lucifer
y de toda su cuadrilla
la Corona de Castilla
para Felipe ha de ser.²⁸

Otras referencias obligadas de la justiﬁcación de la obediencia al rey por cauces religiosos son la Carta pastoral del obispo de Cartagena, Luis Belluga, de 1706, cuyo autor estuvo comprometido con la causa felipista hasta el extremo de que fue capitán general de las tropas murcianas; el Informe a la reina del teólogo Gerónimo Beluis y Escribá, del mismo año, y Crisol de la española lealtad de Tomás de Puga y Rojas, de 1707. Este último argumenta que «el soberano hace las veces de Dios» en el cuerpo místico y político de la monarquía, una comunidad formada por «católicos vasallos hijos de dios, del Rey, de la Iglesia y de la patria».²⁹

El recurso a la invocación religiosa alcanza extremos fantásticos, de tonos apocalípticos, en el Desengaño de ignorantes (1703), que augura que en caso de reinar el Archiduque sucederían

una inmensidad de males, así corporales como espirituales, la ruina y la desolación de España, la división de sus Reinos y dominios; la violenta usurpación de las haciendas; la esclavitud de sus naturales; el estupro de las vírgenes; la violación de las religiosas; la violencia de casadas, la muerte de los inocentes; y por consiguiente de sus padres, parientes y amigos; la profanación de los templos; el ultraje de las imágenes sagradas … la persecución de los cristianos; la propagación de los herejes y el abandono de la religión católica.³⁰

El marqués de San Felipe dio pábulo en sus Comentarios a este tipo de argumentos.³¹ Como advirtió M. T. Pérez Picazo,³² las profanaciones y saqueos cometidos por los ejércitos, una materia altamente sensible entre la población, fueron explotados por ambos bandos, especialmente por el felipista, con motivo de la ocupación de Madrid por Carlos III el Archiduque en el año 1710, cuyo fugaz dominio generó una abundante literatura de este tono, tal como tendremos ocasión de comprobar.³³ Asistimos, por tanto, como pone de relieve David González, a una perceptible politización del clero durante la guerra en ambos bandos.³⁴

Un escrito felipista barcelonés del año 1707, Exhortació Catòlica, añade a los elementos señalados —el dinasticismo, la defensa de las atribuciones regias, la exaltación de la fe contra la herejía— otro ingrediente relevante como es la defensa del orden social ante el proceso de radicalización que experimentó la sociedad catalana bajo el gobierno de Carlos III, acompañado del ascenso al poder de grupos burgueses³⁵. El impreso, si bien parece no poner en entredicho el marco constitucional catalán, deﬁende con vehemencia las atribuciones regias desde una óptica socialmente conservadora. Se escuda en el argumento de la herejía aliada para rechazar la causa de Carlos III y denuncia con ﬁrmeza la ruptura de la ﬁdelidad a Felipe V por parte de los catalanes. El autor argumenta que las Constituciones aprobadas en 1701-1702 amenazaban la soberania de la Real Magestat i bona administració de justicia. Después de lamentar los abusos cometidos por el gobierno de Carlos III, se hace eco del malestar de los sectores privilegiados que se sentían marginados a la hora de ocupar cargos políticos, ya fuera por castellanos, por extranjeros o por la nueva élite dirigente austracista, a la vez que condena el creciente protagonismo popular, de tonos igualitarios y populistas, inquietud que presagia el ambiente de tensión que desembocó en la huida de los grupos privilegiados a la ciudad de Mataró en 1713, ya bajo el control de las tropas borbónicas. No duda en caliﬁcar de ciegos mandons del nou govern a los que sacaban provecho de las insaculaciones y a los que perseguían a los disidentes acusándoles de botiﬂers, mote despectivo aplicado a los felipistas. El veredicto que emitía frente a la subversión social, que subió de tono a medida que avanzaba la guerra de forma paralela a la radicalización política, era contundente:

Aquest és un bon temps per qui no té res que perdrer, com són villanos desditxats, gent de xarpa i bandolina [gente armada y vagabundos] que sens temor de la justicia (perquè ara no en corre entre nosaltres) tenen la llibertat de robar, infamar, capturar, assassinar, perseguir, i encara governar sobre lo mateix govern, al qual la vil plebe lo atemoritza.

Según el felipista catalán había llegado:

aquell temps desitjat de poder usar de llibertat villana, que alguns anomenem bàrbarament Llibertat Catalana o de la Pàtria, que consisteix en fer cada un allò que li aparegua, sens haver de tenir temor al virrei, jutges ni ministres de la justicia.

En efecto, consideraba que aquél era el momento de la vil canalla, y que ésta actuaba impunemente. Tras concluir que Carlos III no podría dominar a la plebe, se deshacía en elogios hacia Felipe V, lo Rei elegit de sa Divina Providència.

Los juicios emitidos por otro felipista catalán, Ángel Mach, un funcionario de justicia, no eran menos severos, ya que consideraba que

la mayor parte de los caballeros, militares, frailes, clérigos y enxarpados inducieron de tal conformidad en la referida rebelión, que no se ha visto cosa nunca más igual, y éstos fueron los que inducieron y parsipitaron los miserables plebeos a su perdición.

Mach apuntaba medidas drásticas para poner ﬁn a la rebelión:

Anular el referido privilegio de los caballeros y militares … y que a las ciudades, villas y lugares no se hallen tantos mandones; y que los frailes y clérigos vivan más ocultos y con más veneración porque han llegado a tal desgracia que muchos bailan, juegan, comen y beben así en público y a las casas de los plebeos y tratan así con ellos como si fueren enxarpados [gente armada].

Huelga decir que su obsesión por los eclesiásticos, que en su mayoría fueron austracistas en Cataluña, era proverbial. Para atajar tales problemas sugería que a los dirigentes de la rebelión había que «hacerles pasar por la vida todos a la África sin permitir casar aquellos» ni a sus descendientes, ya que si Felipe IV «no hubiese sido demasiado misericordioso con los cabos de la rebelión del año de mil seis cientos cuarenta, tal vez no se hubiere hecha la del año de mil siete cientos y cinco, y a lo menos no se hubieron hallados en ella los hijos y descendentes de los cabos» de aquélla.³⁶ Lejos de Cataluña, desde Lima, el jesuita Alonso Fernández Gutiérrez, en su Memorial de la nación española (1706), también se escandalizaba ante tanta mudanza política:

Me escriben que miqueletes de Cataluña y villanos de la huerta de Valencia acaudillados de un tal Basset, y un tal Nebot con las tropas auxiliares de no sé qué herejes y no sé qué frailes, son ya gente que da reyes y quita reyes a España.³⁷

La conﬁguración de los dos bloques territoriales enfrentados, la radicalización de posturas a medida que avanzaba la guerra, los proyectos económicos antagónicos de ambos grupos dirigentes y, por ende, las dos formas distintas de concebir tanto la política como la visión territorial de España, no hicieron más que acrecentar los recelos entre castellanos y catalanes. La «guerra más que civil», según la expresión del jurista catalán y exiliado austracista Josep Plantí,³⁸ queda reﬂejada, con toda su crudeza, en este desencuentro. Según sostenía un impreso felipista, «Cataluña ha sido el hogar de la enfermedad, la inconstancia de los catalanes ha sido la levadura, el pretexto de conservar sus fueros ha mezclado al fuego su veneno sutil».³⁹ Mientras que otro sentenciaba:

Cataluña la obediencia
contra ley negó a su Rey
porque en ella no hay más ley
que la de su conveniencia.⁴⁰

Abundando en el tema, un panﬂeto proclamaba que los catalanes «siempre han estado mal con su camisa», mientras que otro remachaba que los austracistas «han degenerado de españoles y a lo menos llegan a parecer catalanes».⁴¹ Por el contrario, Feliu de la Peña se lamentaba de la «ceguedad» de los castellanos, «que llegaron con su temeridad a abandonarlo todo y a exponerse a una fatal ruina». Otras voces se alzaron para recordar a los castellanos, cuyas libertades se habían esfumado en Villalar en el año 1521, que se hallaban sometidos al avance imparable del «despótico poder» de sus «depravados» ministros, a la vez que alertaban a la «dócil nación» castellana que sus ministros, «hambrientas sanguijuelas», la conducían irremediablemente hacia la más dura esclavitud.⁴² Una «esclavitud» que se traducía en un sinfín de pechos y de cargas que abrumaban a los vasallos, agravados a partir de la introducción de la «francesa política, sirviendo de ley su absoluta voluntad» a diferencia de lo que sucedía en Cataluña.⁴³

Para comprender la espiral de tensión en que desembocó la guerra y el inicio de un camino sin retorno en el terreno político que se inauguró entonces, basta recordar que entre 1706 y 1707 —mediante las formulaciones de los ministros Amelot y Macanaz— el felipismo emprendió un giro radical con la supresión por parte de Felipe V de los fueros de Valencia y Aragón y estableció la Nueva Planta, medidas que fueron acompañadas de una sistemática y brutal represión.⁴⁴ Aquella drástica decisión que desmantelaba la estructura constitucional de la monarquía generó división en las propias ﬁlas borbónicas, y malestar mal disimulado entre destacados felipistas de los territorios de la Corona de Aragón. Se trata del «momento borbónico», en el que se produce una «severa y radical revisión y enjuiciamiento de todos y cada uno de los registros que venían codiﬁcando tradicionalmente el gobierno de la Monarquía Católica» en beneﬁcio del absolutismo patrimonial. Es decir, se liquidó la constitución propia de la Monarquía, incluidos los derechos territoriales que la conformaban jurídicamente, puesto que el discurso foral partía de los derechos para llegar a la lealtad, tal como ha explicado José M. Iñurritegui.⁴⁵ Entonces, ha escrito Enrique Giménez, culminaba el triunfo de «la tesis política caracterizada por la concepción de la monarquía como dominio directo del rey frente a los que la concebían como dominio útil con fueros y constituciones limitativas de las regalías».⁴⁶

A ello debemos añadir que, al cabo de poco tiempo, el felipismo se vio forzado a modular el discurso centrado en la guerra de religión cuando en 1709 se consumó la ruptura entre Felipe V y Clemente XI, después de que el Papa, a consecuencia de la ocupación de los territorios italianos por parte de las tropas imperiales, reconociera a Carlos III el Archiduque como rey. El incidente dio lugar a otro tipo de quiebra constitucional, que alteraba la comprensión capital de la monarquía católica para sustituirla por los principios regalistas.⁴⁷ Lo cierto es que, a corto plazo, aquel imprevisto desactivó el discurso de la cruzada sobre el que se había fundado la mayoritaria adhesión a Felipe V en tierras castellanas, como ha expuesto Ignacio M. Vicent,⁴⁸ y permitió a los austracistas apelar con razón al argumento de la bendición papal. A partir de aquel momento y entre los felipistas, la ﬁdelidad al rey, que hasta entonces tuvo un carácter utilitarista, fue sacralizada y pasó al primer plano ya de forma irreversible, de acuerdo con la tendencia que tomó cuerpo en Europa a principios del siglo XVIII, señalada por P. Kléber Monod: «una obediencia basada en principios religiosos a una autoridad humana unitaria, abstracta», aunque lejos, aún del secularismo.⁴⁹

EL AUSTRACISMO

Virginia León aporta dos datos especialmente relevantes que hay que retener a la hora de intentar esbozar la geografía territorial y social del austracismo, a partir del análisis de las conﬁscaciones de bienes ejecutadas por Felipe V a sus partidarios. El primero es el elevado número de secuestros en Cataluña: 1.161 frente a los 135 de la Corona de Castilla. En segundo lugar, casi el 30 % de los represaliados en Castilla poseían títulos nobiliarios, mientras que en el caso de Cataluña no superaban el 1 %. Es decir, de un total superior a las 1.000 haciendas secuestradas, sólo 7 corresponden a títulos nobiliarios. En cambio, el importe de los bienes secuestrados en Castilla alcanza 2.860.995 reales de vellón, frente a 1.204.249 en Cataluña. Por tanto, los datos nos dibujan un austracismo con amplio apoyo social en Cataluña, mientras que entre sus seguidores en Castilla destacan la alta nobleza, los eclesiásticos y los funcionarios de tipo medio, además del grupo de comerciantes de Murcia y Cartagena.⁵⁰

El decantamiento de buena parte de los habitantes de los territorios de la Corona de Aragón, y especialmente de Cataluña, a favor del archiduque Carlos de Austria, es una cuestión que ha interesado durante décadas a los historiadores que han intuido que este apoyo no se podía interpretar en términos puramente dinásticos sino que era preciso buscar explicaciones en las bases materiales y en las inquietudes de la sociedad y de sus agentes sociales más dinámicos, tal como apuntó Pierre Vilar.⁵¹ En el caso catalán, la abundante bibliografía permite deﬁnir los rasgos fundamentales que caracterizan a la opción del «partido» austracista, que gozaba de una coherencia notable, lejos de constituir un simple «cajón de sastre» de los descontentos de Felipe V.⁵² De entrada, más allá de la coincidencia en el factor dinástico, se perciben diferencias esenciales entre las ideas del austracismo castellano y el austracismo de los territorios de la Corona de Aragón; disparidades que también se reﬂejan en la composición social de sus respectivos partidarios. Así, en Castilla destaca la presencia de nobles en sus ﬁ las: de forma muy esquemática, unos abrazaron la causa desengañados de la política francesa, como el almirante de Castilla y el núcleo que le siguió, y otros se adhirieron a la causa cuando Carlos III ocupó Madrid.⁵³ En cambio, en la Corona de Aragón, la base social que le brindó su apoyo fue mucho más diversa y amplia, con una indiscutible implicación de los eclesiásticos y del brazo real. Allí, en general, el austracismo adquirió tonos más populares, como advirtió Carmen Pérez Aparicio.⁵⁴

Sin lugar a dudas, el factor dinástico ocupa un lugar preeminente en el ideario del austracismo castellano, del que se erigió en cabeza visible don Juan Tomás Enríquez de Cabrera, almirante de Castilla. Aunque era un hombre inﬂuyente en la corte, no pudo contrarrestar las maniobras del cardenal Portocarrero, primero a favor del candidato José Fernando de Baviera y después de Felipe de Anjou. En realidad, el Almirante se convirtió en el único partidario incondicional del Archiduque dentro del Consejo de Estado; en septiembre de 1702 pasó a Portugal y logró que el país vecino abandonara su alianza con los Borbones.⁵⁵ No deja de ser signiﬁcativo que su amistad con el príncipe de Vaudémont, Carlos Enrique de Lorena, no le sirviera para arrastrar a éste a su causa.⁵⁶ En 1703, publicó un Maniﬁesto en el que declaraba su adhesión a los Habsburgo y denunciaba que la voluntad de Carlos II había sido forzada a la hora de redactar el testamento que satisfacía las ambiciones de Francia para «conquistar» España. Argüía que no fue respetada la renuncia de los Borbones a reinar en España y Francia a la vez. Se refería a las renuncias de las infantas Ana y María Teresa en sus contratos de matrimonio con Luis XIII en 1612 y Luis XIV en 1660, respectivamente, que quedaron reﬂejadas en la Nueva Recopilación (1640) y en el Tratado de los Pirineos (1659), un argumento al que apelaron de forma recurrente los austracistas, empleado por Leibniz en 1703 y por el propio Archiduque en su declaración del 2 de junio de 1704 en la que llamaba a los españoles a tomar las armas y, posteriormente, por múltiples impresos.⁵⁷ Por todo ello colegía que los súbditos podían sentirse libres del «contrato mutuo» del juramento de ﬁdelidad, ya que Felipe V los sometía a la «esclavitud» de una «nación forastera» que pretendía tiranizar a los españoles, a lo que añadía el agravante de «un desprecio positivo a la más alta nobleza». Sostenía también, de forma signiﬁcativa, que el rey no se debía considerar superior a la ley natural y divina.⁵⁸

El contenido del maniﬁesto, a juicio de María Luz González, remite a «la tradición política castellana en contradicción con el avance del maquiavelismo en el resto de Europa».⁵⁹ No obstante, el Almirante, además de cimentar sus argumentos en el mito de la Augustísima Casa de Austria, adujo otras razones de peso que no debemos subestimar. Amén de condenar el «gobierno absoluto» de Portocarrero y de Manuel Arias, que perseguía consolidar la «política francesa», denunció que a pesar de las «quiméricas» promesas, el comercio interior y el de las Indias habían sido acaparados por los franceses, del mismo modo que éstos copaban puestos decisivos en el gobierno de la monarquía:

Las resoluciones monárquicas y de Estado no han dejado dudar el numen que las ha regido. Pues ¿qué dirá cualquier soberano cuya hacienda la aplique y maneje otro? ¿Cuyos preceptos políticos no sean suyos, cuyas alianzas propias se las quiten inclinándole a otros, todo dirección ajena, que sus plazas y tropas observen las órdenes de otro príncipe, que su comercio no esté en manos de sus vasallos, que a las provisiones de puestos y honores le suceda lo mismo…?

También refutó la maquinación al objeto de «engañar los pobres pueblos oprimidos» de «sembrar que es guerra de religión», así como la «ligereza de imprimir unas gacetas tan fabulosas». Por otra parte, invoca la estructura compuesta de la monarquía, en la que se agregaron «tan diversas naciones conservando siempre sus leyes y sus acciones libres de la dominación soberana» y la necesidad de convocar Cortes para resolver la sucesión a la corona. Por todo ello, no albergaba dudas de que «no se habrá visto otra vez en el mundo guerra más propia de una natural defensa, ni más política, ni más de la razón de Estado para todos los príncipes de Europa, ni más de la libertad y honor de los españoles y de la justicia común de todos», para acabar vindicando «la libertad de una oprimida patria».⁶⁰

El discurso descansa, como advierte el propio autor, en la ﬁdelidad al príncipe y en el amor y defensa de la patria. Si bien el sustrato constitucional que subyace en el texto del Almirante es de menor intensidad, en beneﬁcio del dinasticismo y del papel preponderante en la política de la gran nobleza, que el esgrimido por los austracistas catalanes, percibimos notables aﬁnidades entre ambos planteamientos. No deja de ser signiﬁcativo el lema que ostentaban las banderas del primer regimiento al servicio de Carlos III, creado por el Almirante, y que pasó a Cataluña en 1705: Pro Lege, Rege et Patria.⁶¹ En términos parecidos se expresó el jesuita que abrazó la causa del austracismo, Álvaro Cienfuegos, cuando denunció que «el antiguo honor perdió su valor, el derecho anulado y cambiado por otras leyes extranjeras vergonzosamente».⁶² En términos parecidos razona el Teatro de desdichas, escrito por un eclesiástico castellano exiliado en Milán, en 1716.⁶³

En líneas generales, los planteamientos de los austracistas castellanos no parecen alejarse demasiado de la concepción política que cimenta el Teatro monárquico de España (1700), del eclesiástico Pedro Portocarrero y Guzmán, sobrino del cardenal regente.⁶⁴ La trayectoria de este personaje, paralela a la del cardenal, resulta paradójica: primero fue felipista, pero a partir de 1706, cuando el archiduque Carlos III entró en Madrid, engrosó las ﬁlas del austracismo, hasta que murió desterrado en Aviñón en 1708. En efecto, los escritos austracistas castellanos destilan un mensaje marcadamente dinasticista y de base católica, acompañados de una notable dosis de sentimiento antifrancés. Se trata, este último, de un resorte fundamental, especialmente enraizado en la Corona de Aragón. Como argumenta un folleto: «Todo el mundo sabe el despótico dominio que se ha apropiado el rey de Francia en el tiempo de su gobierno». Denuncia, además, que la moda castellana, las costumbres y la lengua estaban amenazadas e incluso que «no obstante la natural modestia de las mujeres queda contaminada su honestidad de la licenciosa costumbre de aquella nación».⁶⁵ Mientras que otro advierte: «Francia ni es católica ni protestante ni mahometana, ni de secta alguna hasta ahora conocida, es una nueva hidra universal compuesta de tantas cabezas que se acomoda en todo en lo que toca a su interés».⁶⁶ El rechazo a la política francesa también aﬂora en un impreso catalán:

De Machiavel lo polític
regnava i reina en París
sent lícit qualsevol medi
que a llur s’hi fos dirigit.⁶⁷

Como ya hemos señalado, hasta el año 1709 el austracismo se mantuvo a la defensiva frente al discurso felipista que condenaba su supuesta herejía, a causa de la presencia en sus ﬁlas de tropas inglesas y holandesas, y también tuvo que jugar a fondo la baza de la religión para desmentir tan grave acusación, a la vez que denunciaba los abusos y desmanes cometidos por las tropas borbónicas. Incluso Carlos III el Archiduque se vio obligado a pronunciarse solemnemente al respecto mediante un impreso en el que aﬁrmaba:

Aunque las voces divulgadas en Castilla, en gacetas y maniﬁestos, de que hubiese dado yo a las tropas de Inglaterra y Holanda iglesias públicas donde se predicase su religión, eran dignas del mayor desprecio … me es preciso declarar cuán falsas han sido estas suposiciones, pues en Cataluña, Aragón y Valencia se ha mantenido el culto divino desde mi arribo con la veneración que siempre se ha practicado en tan religiosos países, obrando en ellos las tropas extranjeras con tal orden y disciplina militar, que jamás ha habido queja alguna de la menor irreverencia a los templos y cosas sagradas … Protesto, que si creyese había de resultar, por cooperación mía, a nuestra sagrada Religión Católica, el menor detrimento, no sólo renunciaría, por excusarlo, el dominio de la Monarquía de España, pero aún el de todo el Universo apreciando más el dichoso nombre de ﬁel y amante hijo de la Iglesia, que todas las coronas del mundo.⁶⁸

Sin duda alguna, uno de los pilares fundamentales de la argumentación felipista fue el supuesto de la legitimidad sucesoria de Felipe V y, en consecuencia, el carácter no legal de la opción austracista. Este extremo fue contradicho ya en 1704 por la Alegación jurídica de Alejandro de Herrera, publicada en Lisboa, texto que aseveraba de forma inapelable en términos constitucionales:

Fue inútil el reconocimiento de los pueblos de Felipe de Anjou. Fue particular y no común. Fue de algunos y no de todos. Y para ser legal, el reconocimiento de los pueblos no debe ser particular, debe ser universal [siguiendo] la costumbre general de toda la España de reconocer y jurar los reyes en Cortes públicas por los tres estados del reino, porque en ellos se representa todo el reino.

En la misma senda interpretativa, el Apologético de España contra Francia, editado en Barcelona en 1704, proclamaba:

Decir que el reino ha recibido y jurado al rey es evidentemente falso, porque no se ha convocado ni juntado para ello en la forma que basta para llamarse reino en Cortes … consiguientemente el dicho juramento y recibimiento es ipso iure nulo, como obrado por quien no es parte legítima para hacerle.

Era nulo, concluía, por «defecto de libertad».⁶⁹ La no convocatoria de las Cortes castellanas, para que el reino concurriese a la elección o, cuando menos, a la proclamación del sucesor, devino un argumento central de los escritos contrarios al Borbón: «el que priva a los reinos en sus Cortes de su libertades, ¿no los trata como esclavos? Luego en nosotros desconoce la calidad de hombres y nos trata como silvestres», sostiene uno de ellos.⁷⁰ Otro escrito, de 1708, alegaba elementos de peso:

Ni el juramento que hicimos de ﬁdelidad a su alteza de Anjou pudo hacerse ni subsistir en su fuerza y vigor, porque el proceder siniestro de su Magestad Cristianísima y de todos los ministros que son árbitros de esta monarquía y el mal tan grande que de observar este juramento se sigue, conmutó nuestra promesa en otra mayor causa; y ha sido preciso por no hacer violencia a lo sagrado de la justicia preferir a este juramento otro más fuerte que tenemos de conservarnos en paz y mirar el bien común de la república.⁷¹

Naturalmente, desde las ﬁlas del austracismo también se apeló a otros aspectos controvertidos como el de los intereses comerciales, monopolizados por Francia, mediante versos como los que siguen:

Permiten, que Sevilla,
y Cádiz el gran comercio,
se entregue sólo a franceses,
y que sólo embarquen ellos.⁷²

En efecto, el comercio de Cartagena se sentía amenazado por la política francesa, que ponía en tela de juicio sus vínculos con Inglaterra, Holanda y especialmente Génova, en claro paralelismo con Valencia y Cataluña.⁷³

Por otra parte, en relación con las posibilidades de ascenso social motivadas por el cambio político, tan denostadas por los felipistas, la publicística austracista catalana podía aducir que:

Los humils són exaltats,
y pujats, a las majors dignitats
com ha fet Carlos benigne.⁷⁴

Más allá de esta suma de ingredientes que conﬁguraban el ideario del austracismo debemos prestar atención a la cuestión nuclear, a mi juicio, de las dos concepciones de la política que se enfrentaron en el conﬂicto. José M. Iñurritegui ha llamado la atención sobre el contraste existente entre la visión contractual de la literatura constitucional de la Corona de Aragón, basada en el equilibrio de los poderes del rey y del reino, con la esencia confesional de la política castellana que «impone frente a la felicidad civil la salvaguarda de la felicidad sobrenatural como razón y sentido de la autoridad temporal», ya que el cuadro católico de la mentalidad castellana conﬁnaba la política a la esfera de la conciencia.⁷⁵

La diferente constitución política entre los territorios de las dos coronas la puso de relieve el felipista Agustín López de Mendoza, conde de Robres, en su Historia de las guerras civiles de España (1708), elaborada desde un prisma constitucionalista aragonés. Advertía que en Castilla no sucedía como en Aragón y en Inglaterra, donde las Cortes y el rey debían legislar conjuntamente, pues,

en Castilla sus Cortes sólo tienen el derecho de suplicar lo más conveniente, y el rey le tiene con plena soberanía, no solamente para consentir o no en las súplicas, sino también para, no habiendo admitídolas, disgregadas ya las Cortes, promulgar leyes conforme a ellas, lo que puede hacer también sin la solemnidad de juntar los estados del reino.

Es decir, los reyes en Aragón «no eran absolutos», a diferencia de Castilla, «donde han sido siempre tan absolutos».⁷⁶ El conﬂicto asomó, según la opinión del conde de Robres, cuando la «nación dominante», Castilla, ensayó en tiempos de Felipe IV y Olivares la «extinción de las leyes de la Corona de Aragón». En consecuencia, colige, «no fue extraño el que todos los aragoneses juzgasen poco seguras sus exenciones bajo el cetro de un monarca criado en una corte sumamente absoluta y gobernado de dos naciones mal humoradas con ellas».⁷⁷ Asimismo, el jurista Llorenç Mateu Sanz, en su Tratado de la celebración de Cortes Generales del Reino de Valencia (1677), a pesar de que era partidario de la preeminencia de la jurisdicción real, defendía decididamente el pactismo al aﬁrmar que

no admite duda, que los fueros de Aragón y Valencia, así como las constituciones de Cataluña son leyes paccionadas que pasaron a ser contrato, y tienen toda su fuerza, por haberse establecido en Cortes, con recíproca obligación de Rey y Reino; de que resulta quedar irrevocables, sino es, que el Reino junto en Cortes consienta en la revocación, como principal contrayente.⁷⁸

Sin duda, en la Corona de Aragón, el margen de acción real se hallaba notablemente coartado por el ordenamiento jurídico propio. No en vano el ﬁlósofo Baruch Spinoza consideró el modelo aragonés «un magníﬁco exponente de monarquía limitada que garantizaba una libertad suﬁcientemente amplia a la multitud».⁷⁹ Los virreyes de Cataluña y de Aragón, Velasco e Ibáñez de la Riva, no dejaron de lamentarse del reducido margen de maniobra de que disponían: «en Aragón tiene el rey poco más que el nombre», aﬁrmaba este último, mientras que, en el caso de Cataluña, Velasco se quejó de «lo que estrechan sus Constituciones».⁸⁰

La cultura política constitucionalista se convirtió en la piedra angular del patriotismo catalán en los siglos modernos y alimentó un sentimiento incuestionable de identidad y de adhesión política a las leyes propias. Como ha señalado Pablo Fernández Albaladejo, en Cataluña «la patria natural aparecía dotada de una visibilidad política que no se daba en Castilla, siendo ésta una particularidad que los propios acontecimientos vinieron a reforzar … la ﬁdelidad a la patria se erigió en el componente fuerte de la lealtad catalana».⁸¹ El Emperador político y política de emperadores (1700-1706), obra del jurista Francesc Solanes, constituye un claro exponente de la concepción del patriotismo que persigue el bien común, anteponiéndolo, si era necesario, al amor al rey, en un intento de conciliar las concepciones teológica y republicana de la política, mediante el «amor a una patria más terrena y menos celeste», lejos de la tradicional política española amarrada a la teología.⁸² Su discurso se articula sobre dos premisas básicas: evitar que el rey incumpliera el juramento de respeto a las Constituciones cuando ello entrañase «la corrupción de la salud pública de la patria», y establecer que el respeto por parte del rey al orden de libertades constituía la única senda por donde camina la obediencia. A juicio de Iñurritegui, «el paisaje cívico y patriótico así descrito por Francisco Solanes suponía una novedad de subido valor en su tiempo y en su contexto. La concepción del patriotismo como un amor generoso por el bien común, y la comprensión del amor a la patria como tema y motivo central de la política virtuosa, apenas tenían cabida y acomodo en las páginas de la literatura política hispana del tiempo».⁸³ El supuesto del que parte es que «no es el príncipe el que debe estar por encima de las leyes, sino las leyes por encima del Príncipe».⁸⁴ No hay que olvidar que Solanes fue el autor de la «Constitución o ley de exclusión de la real estirpe de los Borbones al Condado de Barcelona», aprobada en las Cortes de 1705-1706, «una de las cotas textuales más elevadas y decisivas de la literatura política y constitucional de la guerra civil».⁸⁵

Aquella formulación alcanzó el cenit durante el «momento republicano», en el que el patriotismo catalán logró la máxima expresión, entre julio de 1713 y septiembre de 1714, después del abandono de los ejércitos aliados, tal como demuestran dos impresos emblemáticos: Despertador de Cataluña (1713) y Lealtad catalana (1714). El primero rechaza el argumento de que las Constituciones sólo favorecían a los nobles y privilegiados y sostiene, contrariamente, que beneﬁciaban a los segmentos populares, tal como sucedía en los terrenos de la ﬁscalidad y de la movilización militar. El segundo aﬁrma que

sólo las resoluciones que se toman en Cortes de un reino o provincias son las que se atribuyen a la nación la nación que sólo se representa en sus brazos unidos. Toda la nación catalana junta en sus brazos resolvió el defenderse por el rey en cuyo dominio estaba [Carlos III].⁸⁶

Pero la formulación más radical fue obra del jurista exiliado en Viena Josep Plantí, que hacia 1719 aﬁrmó que si Cataluña

consideraba que podía ser libre, no podía estar sujeta a ningún príncipe ni sometida a ningún vínculo jurídico [ni a Felipe V ni a Carlos III porque los abandonó] … Cataluña en calidad de libre, no está sujeta al derecho de nada ni de nadie, sino que está sujeta al propio derecho.⁸⁷

Todo ello nos permite concluir que las «libertades, leyes y derechos de la patria» pesaron más que el componente dinástico en el austracismo catalán, según reﬂeja el documento del pacto de Génova ﬁrmado en junio de 1705 entre el representante de la reina Ana de Inglaterra (M. Crowe) y un grupo de prohombres (los «vigatans»). El texto, bastante breve, alude 17 veces a las Constituciones y justiﬁca la ruptura de la ﬁdelidad a Felipe V a causa de la nulidad del juramento realizado en las Cortes de 1701-1702, fundamentado, se dice, en la amenaza militar bajo la cual se efectuó y, además, porque Felipe V no respetó las Constituciones y llevó a cabo una política represiva una vez ﬁnalizadas las Cortes. Se percató de ello el historiador francés marqués de Courcy, que aﬁrmó que entre los catalanes el amor por las libertades era superior a su adhesión al Archiduque.⁸⁸ Se trataba de un amor al rey in abstracto, como apuntó una autoridad borbónica, poco ajustado a los cánones de ﬁdelidad castellanos.⁸⁹ No debe sorprendernos, pues, que al cabo de sólo cinco años del ﬁnal de la guerra, la recuperación de las Constituciones fuera aireada por los Carrasclets en 1719, durante el conﬂicto que enfrentó a la Cuádruple Alianza con Felipe V.⁹⁰

En todo caso, se impone explicar por qué motivo el austracismo contó en Cataluña con una adhesión muy superior a la del resto de los territorios de la monarquía hasta el 11 de septiembre de 1714, al cabo de trece meses de la evacuación de los aliados. Para ello hay que recordar que el proyecto austracista, perﬁlado en las Cortes de 17011702, cristalizó en las de 1705-1706.⁹¹ En dos tiempos, el sistema político catalán había alcanzado un elevado desarrollo constitucional y había recuperado terreno después del retroceso de 1652, una vez acabada la Guerra de los Segadores. La defensa del marco jurídico-político propio se convirtió en un eje indiscutiblemente vertebrador del austracismo, en la medida que éste ofrecía márgenes de participación a los grupos sociales emergentes y barreras al creciente poder del rey, obligándolo a él y a sus ministros a respetar las leyes, cosa que, a su vez, redundaba en beneﬁcio de los segmentos populares en los terrenos de la ﬁscalidad y de la movilización para la guerra, pero también en los ámbitos de la justicia y de la economía. En deﬁnitiva, el constitucionalismo respondía a una inquietud social compartida de forma transversal en la sociedad, aunque atendiera a intereses estamentales distintos, propios de una sociedad basada en el privilegio. Esta concepción política, asimismo, conllevaba una idea plural de la monarquía hispánica, bien deﬁnida por el caballero Castellví, que al preguntarse «qué cosa es la España», respondía:

Aunque en todo el continente de la España se nombran sus naturales en común españoles, eran y son distintos … Eran estas naciones en el continente de la España distintas en leyes, costumbres, trajes e idiomas. En leyes como es de ver en sus particulares estatutos; en costumbres y trajes, lo advertirá el que viajare; en idiomas son cuatro distintos, esto es portugués, vizcaíno, catalán, castellano o aragonés, que es el mismo idioma.⁹²

Pero además, el proyecto austracista catalán aunaba la defensa del constitucionalismo y un programa económico en la línea del mercantilismo industrialista, que tomó cuerpo en las Cortes de 1705-1706 combinando medidas prohibicionistas dirigidas a los productos franceses con medidas favorables a un comercio más libre, y con otras provisiones que favorecían la implantación de artesanos extranjeros (no franceses) para que introdujeran la fabricación de nuevas manufacturas. Gracias a ello, suscitó la adhesión de la burguesía y de ciertos sectores sociales vinculados a las actividades económicas emergentes a ﬁnales del siglo XVII. Las bases de aquel progreso residían en el acceso a la tierra, mediante la enﬁteusis, en la especialización económica y en los intercambios. Propiedad y libertad, he aquí dos aspectos inseparables que caracterizaban la participación política del «hombre común» que apuraba al máximo los espacios de representación que ofrecían los municipios y las asambleas de tipo parlamentario (las cortes, parlamentos y dietas), como ha mostrado Peter Blickle al poner énfasis en la modernización del Estado «desde abajo».⁹³

Un magníﬁco exponente de participación política del «hombre común» es la Conferencia de los Comunes, un organismo asesor que reunía a una representación del brazo militar, del Consell de Cent y de la Diputació, y en la que el número de «ciutadans honrats» se equiparaba al de nobles. En realidad, se erigió, entre 1697 y 1713, en el organismo político director —celebró 517 reuniones y, lo que es más importante, sus recomendaciones fueron seguidas casi en su totalidad por las tres instituciones catalanas—, abanderado del constitucionalismo, y se mostró capaz de ofrecer respuestas políticas más audaces que las directrices que emanaban de la moderada Diputació. Y además, quiero insistir en ello, tuvo el mérito de acoger en su seno a una nutrida representación de la burguesía de los negocios y de los «ciutadans honrats» que pasaron a intervenir en la primera línea de la política.⁹⁴ En suma, la Conferencia reﬂeja perfectamente la permeabilidad social de las instituciones catalanas que ampliaban las bases del sistema, dando entrada a los sectores procedentes del comercio y de la burguesía. Su éxito también constituye una muestra inequívoca de la capacidad integradora de las estructuras sociales, al hacer posible la fusión de la nueva oligarquía con la vieja aristocracia, como ha demostrado James Amelang.⁹⁵

Capítulo 6

LOS INICIOS DEL CONFLICTO. EL NUEVO ESTILO DE GOBIERNO BORBÓNICO

LAS HOSTILIDADES EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL Y EL DOMINIO ALIADO (1702-1705)

Durante los primeros compases del conﬂicto armado, la estrategia británica consistió en concentrar tropas en los territorios del Sacro Imperio para atacar a Francia, a la vez que conﬁaba en el alzamiento de los hugonotes de las Cévennes, en el Languedoc. La operación militar debía combinarse con un avance importante en el ﬂanco mediterráneo mediante el levantamiento de Cataluña y el sitio de Toulon, el principal puerto militar al sur de Francia.¹

Los aliados, a las órdenes del duque de Marlborough, dieron prioridad a la ocupación de plazas fuertes que impidieran el avance de las tropas francesas en territorio holandés. Una guerra de sitio les reportó diversos triunfos en los Países Bajos. Pero a ﬁnales de 1702, las tropas dirigidas por el mariscal Villars penetraron en la Selva Negra y el 14 de octubre inﬂigieron una derrota a los imperiales en Friedlingen, con la mirada puesta en Viena. En el valle de Mosela y en Alsacia concentraron importantes efectivos para reunirse con el elector de Baviera, quien, junto a su hermano José Clemente, era aliado de Luis XIV, sumando un total de 97.000 hombres. La maniobra respondía a la necesidad de sacar provecho de la difícil coyuntura en la que se hallaba el emperador, en guerra con los húngaros. Los ejércitos franceses atacaron el Tirol, al objeto de frustrar la comunicación entre Austria e Italia, pero la resistencia de la guerrilla impidió que la operación culminara con éxito. A pesar de ello, en 1704, los franceses penetraron hasta Passau, en la Alta Hungría, amenazando Viena. Si no cosecharon mayores éxitos, nos dice Lucien Bély, fue a causa de las desavenencias entre Maximiliano-Emmanuel, elector de Baviera, y el mariscal Villars.² Además, el militar francés tuvo que desplazarse a las Cévennes para hacer frente a la revuelta de los camisards (hugonotes), un conﬂicto que fue animado por los ingleses.

En Italia, en el verano de 1702, Vendôme, acompañado por Felipe V en su primera intervención bélica, expulsó a los imperiales de Parma y de Mantua, los hizo retroceder hasta detrás del Po y ocupó Luzzara. Pero Víctor Amadeo II, duque de Saboya, insatisfecho con la alianza con Francia, emprendió negociaciones secretas con el emperador. Finalmente, ﬁrmó un tratado con Leopoldo con la garantía de las potencias marítimas el 8 de noviembre de 1703. Los franceses replicaron rápidamente ocupando parte de la Saboya. En respuesta, el austríaco Guido Starhemberg logró juntar sus tropas con las de Víctor Amadeo II en Piamonte.

El inicio de las hostilidades no se desarrolló solamente en el continente. Los aliados aspiraban a consolidar una base naval para controlar el Mediterráneo. Su tentativa sobre Cádiz fracasó en agosto de 1702, ya fuera gracias a las defensas eﬁcientes con que contaba la ciudad o al rechazo local a los ocupantes, actitud que se acentuó a partir del pillaje que padecieron el Puerto de Santa María y Rota por parte de los soldados aliados. Dicho saqueo prácticamente sentenció las posibilidades de adhesión de las tierras andaluzas a la causa austracista, concebidas por el almirante de Castilla y sus seguidores. Los desmanes cometidos y, principalmente, las profanaciones de templos e imágenes fueron utilizados eﬁcazmente por la propaganda felipista. Así, según el marqués de San Felipe «cometieron los más enormes sacrilegios, juntando la rabia de enemigos a la de herejes, porque no se libraron de su furor los templos y las sagradas imágenes».³ El 19 de septiembre ﬁnalizó el cerco de Cádiz, aunque prosiguió la interrupción de las comunicaciones hispanoamericanas.

La guerra naval interﬁrió seriamente en las rutas transatlánticas hispanoamericanas. Las escuadras de Inglaterra y Holanda, especialmente la primera, amenazaban no sólo con romper las comunicaciones entre las dos fachadas del Atlántico, con graves consecuencias para el comercio y para la Hacienda hispánica, sino también con asaltar directamente las posesiones españolas. De todas formas hay que hacer notar que, a pesar de que el control del comercio constituía uno de los grandes objetivos perseguidos por las potencias, no tuvo lugar en los mares indianos ninguna acción naval decisiva y tampoco se produjeron asaltos de envergadura a las plazas fuertes. No obstante, hubo un permanente estado de tensión que dio pie a algunos enfrentamientos. Así, Inglaterra tenía su base en Jamaica, desde la que podía desencadenar un ataque importante. Pese a ello, en 1702 sólo se produjeron algunas escaramuzas, como el saqueo de la ciudad de Trinidad, en Cuba, replicado por los españoles con un ataque a varias islas de las Bahamas. Nuevos intentos por parte de los ingleses fracasaron en San Agustín de la Florida, en Puerto Rico, La Guaira y Cumaná.⁴

España controlaba Florida, en la desembocadura del Misisipi, y ante la vecindad de ingleses y franceses, la monarquía decidió en junio de 1701 fortalecer la guarnición de Pensacola. Pontchartrain, el secretario de Estado francés de la marina, ordenó que aquel territorio pasase a la jurisdicción francesa. Con anterioridad, Felipe V dio órdenes a su armada para preservar los puntos estratégicos de Cartagena, La Habana y Veracruz, contando con el apoyo de los virreyes de Nueva España y Perú y de los gobernadores de Cartagena, Portobelo, Campeche, Veracruz y La Habana. Pero como sus efectivos, 40 navíos, eran insuﬁcientes ante la envergadura militar de las ﬂotas inglesa y holandesa, los franceses aportaron 18 navíos, más otros 27 barcos que fueron destinados a Cádiz.⁵ Además del bloqueo marítimo en las costas españolas por parte de los aliados, con el objeto de impedir las comunicaciones transoceánicas, y de cuyos efectos perniciosos se resintieron el comercio y la hacienda, la guerra acrecentó la actividad de los corsarios ingleses y holandeses y, en ocasiones, de los borbónicos.

La ﬂota de galeones procedente de La Habana, cargada de metales preciosos, acompañada por veintitrés barcos franceses, se refugió en Vigo y, durante la batalla de Rande, fue atacada, el 23 de octubre de 1702, por barcos ingleses y holandeses, inﬂigiéndole importantes pérdidas. Con todo, la derrota no impidió la descarga de la plata (o una parte considerable de ella), de interés vital para las arcas de Felipe V y Luis XIV, que desembarcó en tres nuevas ocasiones (1703, 1708 y 1711).⁶

Poco sabemos aún de las simpatías con que contó el austracismo en tierras americanas. El caso más relevante, sin duda alguna, es el de Venezuela, donde tuvo lugar una tentativa de sublevación a favor de los Austrias, un plan en el que intervino el conde de Harrach. Partió de la isla holandesa de Curaçao, un activo centro mercantil, donde residía el supuesto secretario de Harrach, Bartolomé de Capocelato, conde de Anteria, su principal promotor y propagandista. Este ambiguo personaje, de nombre supuesto —según Analola Borges, quien deduce que podría tratarse del trinitario Mauro Aranio—, enviaba mensajes y cartas con retratos del Archiduque no sólo a Venezuela sino también a las islas del Caribe. Después de haber protagonizado un acto público de juramento a Carlos de Austria en Caracas, fue hecho prisionero el 5 de septiembre de 1702. Según su confesión, había partido de Holanda acompañado de otros cuatro condes al objeto de lograr la adhesión de las Indias. Estos condes tenían por destino Santa Fe, Venezuela, Perú, México y las Filipinas. La armada que le acompañaba se distribuyó entre México, Jamaica y Cartagena. Uno de los protagonistas destacados fue el jesuita alemán Miguel Schabel, quien habría mantenido contactos con colaboradores imperiales en Londres en 1701. Allí se entrevistó con religiosos trinitarios que aguardaban embarcar para las Indias cargados con fardos de maniﬁestos del emperador.⁷ Los planes imperiales contaban con un especial interés por Cartagena, para llegar al virreinato de Perú. A lo largo del año 1702, las acciones de la ﬂota aliada fueron diversas: los ingleses intentaron tomar Portobelo sin éxito y pasaron a Panamá; robaron e incendiaron la ciudad de Riohacha y la villa de Tolú. En dos ocasiones intentaron, infructuosamente, la conquista de Santa Marta, dirigiéndose después a Ciénaga, hasta que los pobladores abandonaron el lugar. En Zamba, hubo un enfrentamiento entre la escuadra inglesa y la ﬂota francesa. Por otra parte, Cuba fue castigada por las ﬂotas procedentes de Jamaica que saquearon el puerto de Trinidad. También fueron amenazadas las costas de Chile. Posiblemente, la presencia de la escuadra francesa en Cartagena, con mil hombres, contribuyó a hacer fracasar los planes aliados. Capocelato, una vez en libertad —se fugó en mayo de 1703—, mantuvo viva la esperanza de lograr su objetivo junto con Schabel. Consolidó, de este modo, un núcleo de simpatizantes con su causa, entre los que había militares, políticos, religiosos, un grupo de portugueses, canarios, criollos españoles y comerciantes holandeses. La conspiración, así pues, logró un impacto considerable en la provincia de Venezuela y constituyó un auténtico preludio de lo que sucedería poco después en España. Finalmente, en abril de 1705, Capocelato partió hacia Holanda para solicitar una armada.⁸

Paralelamente, Pedro II de Portugal entró en negociaciones con los aliados y acarició la posibilidad de obtener importantes beneﬁcios, como la posesión de la colonia de Sacramento y la presencia en Brasil, la protección del comercio luso, y también la cesión de las plazas de Badajoz, Albuquerque, Valencia y Alcántara, en Extremadura, y de Tuy, Guardia, Baiona y Vigo en Galicia. El 16 de mayo de 1703 se ﬁrmó la alianza entre Portugal y los aliados, poniendo así ﬁn a la alineación lusa en el bando borbónico. No era menos importante entre los atractivos de la apuesta, que los ingleses fomentaron —especialmente el embajador John Methuen—, el reconocimiento internacional de la dinastía.⁹ Pedro II, por su parte, se comprometió a reconocer al archiduque Carlos y a proporcionar 27.000 hombres. Además, los puertos de la monarquía vecina servirían de base para futuras expediciones contra Gibraltar, Barcelona, Menorca o Toulon, y el territorio portugués se convertía en punto de partida para la conquista de España. El acuerdo culminó con un tratado de comercio, el 23 de diciembre de 1703, por el cual los portugueses podían exportar sus vinos a Inglaterra, a la vez que el mercado lusitano y de sus colonias se abría a los tejidos y manufacturas inglesas. Aquel tratado acabó comportando la supeditación económica portuguesa a los intereses británicos.

Un año y medio antes, en junio de 1701, Portugal había sacado partido de una transacción exigida a España a cambio de su apoyo en la guerra. Se trataba de la cancelación del contrato de asiento de negros ﬁrmado en 1696 entre la monarquía hispánica y la Compañía de Guinea portuguesa. Los factores portugueses denunciaban incumplimiento por parte de las autoridades hispanas y reclamaban la cancelación del contrato liquidando sólo los derechos de los negros realmente introducidos, a razón de 112,50 pesos por tonelada. Con el beneplácito de Luis XIV, se rescindió el contrato. Más aún, el tratado de alianza con Pedro incluía la renuncia por parte del rey de España de los derechos de las tierras en que se hallaba ubicada la colonia de Sacramento.¹⁰ Esta colonia, en el Río de la Plata, sería tomada por Felipe V en 1705, detrayéndola a Portugal.

Como hace notar Bély, la guerra dio un vuelco a la política diplomática desarrollada hasta entonces.¹¹ La Casa de Austria, que tenía Italia como principal objetivo, dejaba en manos de las potencias marítimas la tarea de instalar al archiduque Carlos en España; de este modo, abandonaban la política de partición de los territorios de la monarquía hispánica para acariciar objetivos más ambiciosos. El 12 de septiembre de 1703, el emperador renunció en nombre suyo y de su hijo a los derechos a la corona hispánica. Así las potencias marítimas podían reconocer a Carlos III el Archiduque como rey de España. En marzo de 1704, Carlos llegaba a Lisboa, al frente de una ﬂota anglo-holandesa, donde permaneció hasta el 23 de julio de 1705. Los efectivos aliados constaban de 4.000 ingleses, 2.000 holandeses y 20.000 portugueses, ﬁnanciados por las potencias marítimas. En Santarém hizo público un edicto en el que anunciaba querer «libertar a nuestros amados y ﬁeles vasallos de la esclavitud en que los ha puesto el tiránico gobierno de la Francia», además de restaurar el honor de la nobleza, «tratada indecorosamente», y poner ﬁn a las medidas «encaminadas a reducir los dominios de España a provincia suya».¹²

Sin duda alguna, el año 1704 marcó un punto de inﬂexión en la guerra. Después de que fracasaran los intentos de penetrar por la frontera española, la atención de los aliados se centró en Gibraltar. La ﬂota del almirante inglés Rooke se apoderó del peñón el 4 de agosto de 1704 y el príncipe Jorge de Darmstadt asumió el cargo de gobernador de la plaza. Al cabo de pocas semanas tuvo lugar a la altura de Málaga una de las más notables batallas navales durante el conﬂicto: el conde de Toulouse, al frente de la armada francesa, se enfrentó el 24 de agosto a la ﬂota dirigida por Rooke, sin que lograra derrotarlo ni tampoco recuperar Gibraltar. El combate duró trece horas; al amanecer los franceses se habían retirado. En consecuencia, Lisboa y Gibraltar ofrecían una posición claramente ventajosa a los aliados en el Mediterráneo, especialmente a los ingleses.¹³

Aquel año, el emperador Leopoldo I recabó la ayuda del duque de Marlborough para que le asistiera ante el cerco al que le sometían los franceses y, posteriormente, avanzar desde los Países Bajos hacia el sur de los territorios alemanes con el apoyo de tropas holandesas. Un potente ejército formado por 40.000 hombres avanzó hacia el Danubio, dirigido por Marlborough, Eugenio de Saboya y Luis de Baden. En la Selva Negra se enfrentó a las tropas franco-bávaras.¹⁴ El 2 de julio, Marlborough tomó Schellenberg y los efectivos franceses y bávaros se vieron obligados a batirse en retirada: se contaron 2.000 prisioneros y 30.000 fugitivos entre sus ﬁlas. Pero los aliados tuvieron también 5.041 bajas. En deﬁnitiva, mediante esta operación, Marlborough y Eugenio desplazaron el centro de gravedad de la guerra del norte al centro de Europa. Seguidamente, los aliados ocuparon Baviera, aliada de Francia. En el Palatinado, Marlborough —a pesar de que en los Países Bajos se ganó la reputación de magnánimo con los civiles— y el príncipe Eugenio, al frente de 3.000 hombres, emprendieron una acción devastadora. Cerca de 400 aldeas de Baviera fueron incendiadas en una calculada acción represiva con el objetivo de forzar un cambio político del elector e intimidar a las tropas francesas bajo el mando del conde de Marcin.¹⁵

El choque entre los dos ejércitos no tardó en producirse. Tuvo lugar el 13 de agosto, cerca de Blenheim, en un intenso y largo combate que duró desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche. El conde Marcin y Maximiliano Emmanuel de Baviera, al frente de 56.000 hombres, midieron sus fuerzas con las tropas combinadas de Marlborough, Baden y el príncipe Eugenio, con un total de 67.000 soldados. La cifra de las bajas fue abultada: franceses y bávaros perdieron 34.000 hombres —14.000 de ellos cayeron prisioneros— en una derrota sin paliativos. James Falkner cuenta que entre los más exóticos artículos que se apropiaron los vencedores se hallaban 34 carrozas de «ofﬁcers ladies», cuyas obligaciones con el ejército no se hallan precisamente especiﬁcadas, pero que se sobreentienden perfectamente. Los aliados, por su parte, perdieron 14.000 hombres entre muertos y heridos.¹⁶ El elector se refugió en Bruselas y Baviera fue ocupada y administrada por los austríacos hasta el ﬁnal de la guerra. La victoria de Blenheim, concluye Bély, signiﬁcó la retirada de los franceses de los territorios alemanes, el ﬁn de la amenaza sobre Viena y el término de cuarenta años de supremacía militar francesa en el continente.¹⁷

A partir de aquel momento Luis XIV se enfrentaba a un escenario bélico claramente adverso: amenazado en su propio territorio, en el Mediterráneo y en el Atlántico, sus opciones pasaban por emprender una acción contra Turín, fomentar la guerra de los húngaros contra el emperador e intentar una expedición de apoyo a los jacobitas en las Islas Británicas, partidarios del pretendiente Jacobo Estuardo, exiliado en París y a quien apoyaba el rey de Francia. La muerte de Leopoldo I, el 5 de mayo de 1705, no se tradujo en cambios de orientación relevantes. Su hijo José I dio continuidad a la política del padre y mostró mayor interés por los territorios alemanes. Gracias a ello logró que los dos electores se sumaran al bando de los aliados.

El rey de Francia alimentó, asimismo, la revuelta húngara contra el emperador mediante el envío de subsidios al magnate Francisco II de Rákóczi. Eugenio de Saboya, partidario de una acción contundente para aplacar la rebelión, trasladó ejércitos de Baviera a Hungría. El enfrentamiento, librado el 26 de diciembre de 1704, se saldó con la derrota de Rákóczi y sus Kuruc. En el otoño de 1705, los ejércitos imperiales se habían adentrado en Transilvania y se iniciaron conversaciones de paz. Pero José I se negó a ceder el trono de Transilvania a Rákóczi. La resolución del conﬂicto, por tanto, quedó aplazada hasta 1711.

Después de la derrota de Blenheim, los ejércitos borbónicos de Villeroi, Villars y Marcin, formados por 150.000 hombres, se situaron en los Países Bajos, Mosela y Alsacia¹⁸. En 1705, el duque de Marlborough condujo sus tropas a los Países Bajos y rompió las líneas defensivas de Brabante y Heillissem, aunque los diputados holandeses se mostraron reacios a la ocupación de Bruselas y de Lovaina. En el frente italiano, los franceses atacaron Turín, pero fueron interceptados por el príncipe Eugenio. Por otra parte, una expedición aliada, dirigida por el conde de Peterborough, debía dirigirse hacia Niza, bajo el control del duque de Saboya. Entonces el archiduque Carlos decidió priorizar el asalto de Barcelona, objetivo que llevó a cabo la ﬂota de sir Cloudesley Shovell, con sus 7.000 hombres. Además, Felipe V se sentía amenazado por 5.000 soldados ingleses y portugueses a las órdenes del conde de Galway. En aquellos momentos, Luis XIV se resignaba a ﬁrmar un tratado de partición de los territorios de la monarquía hispánica, razón por la que realizó tentativas de negociación con los holandeses, los menos entusiastas de la guerra entre los aliados.

En síntesis, como señala Bély, una guerra de movimiento reemplazaba a la de sitio, siendo Europa el principal escenario, y se expulsó a los franceses de los territorios alemanes. El plan de reconquistar España para los Habsburgo tomó fuerza entre los aliados en detrimento de la idea de la partición. En los años siguientes, sus expectativas se acrecentarían, alentadas por nuevos éxitos militares, especialmente en 1706 y 1708.¹⁹

EL PRÍNCIPE DE DARMSTADT Y EL ENLACE DE LOS ALIADOS CON EL AUSTRACISMO. DE LISBOA A GIBRALTAR

La ﬁgura del príncipe Jorge de Darmstadt (1669-1705), hijo de Luis VI y primo de la reina de España, Mariana de Neoburgo, landgrave de Hesse-Darmstadt y mariscal de campo imperial, cobra un protagonismo especial en los años de la transición dinástica en España y en los inicios del conﬂicto sucesorio. En 1687 participó en la batalla de Mohácz en Hungría contra los turcos, a las órdenes del duque Maximiliano-Emmanuel de Baviera. Al parecer, allí conoció al coronel de ingenieros del ejército imperial Joan Baptista Basset, que llegó a ser el principal dirigente austracista valenciano. Al año siguiente, Darmstadt se enfrentó de nuevo a los turcos en Venecia y en 1690 luchó junto a Guillermo III contra los jacobitas en Irlanda.

En 1692 ascendió a general del ejército imperial durante la Guerra de los Nueve Años. Tres años después llegó a Barcelona al frente de las tropas aliadas del Imperio, compuestas por 2.000 soldados, para expulsar a los franceses del territorio catalán. Ya entonces Basset ocupó un lugar preeminente en el estado mayor de Darmstadt. En 1697, el príncipe se distinguió en la defensa de Barcelona, asediada por el ejército del duque de Vendôme, ocasión en la que apoyó ﬁrmemente la opción de resistir, de acuerdo con las instituciones catalanas, y frente a la opinión del virrey Francisco Antonio Fernández de Velasco, destituido del cargo dos días antes de la capitulación de la ciudad. A pesar de ello, ejerciendo Darmstadt el cargo de gobernador, el nuevo virrey Rijswijk Diego Hurtado de Mendoza y Sandoval, conde de la Corzana, rindió la ciudad el 10 de agosto de 1697.

Firmada la paz de Ryswick, el 8 de febrero de 1698, y una vez liberada Barcelona, el príncipe fue nombrado virrey de Cataluña e investido con la grandeza de España y el Toisón de Oro. Su gestión virreinal y el carácter dialogante del que hizo gala le hicieron merecedor de una notable popularidad. Efectivamente, apoyó diversas peticiones realizadas por las instituciones catalanas que pretendían recuperar el control de las insaculaciones para los cargos políticos —frente a la creciente intromisión real a partir de 1652— y arbitró en el espinoso conﬂicto de los alojamientos de soldados, al mismo tiempo que reclamó a la corte más medios para la defensa del territorio catalán, «el antemural de España», para atajar las constantes ocupaciones francesas. Además, dictó medidas para proteger, mediante derechos y aranceles aduaneros, los tejidos de lana y de seda autóctonos frente a los productos franceses.²⁰ En agosto de 1700, asistió a una sesión de la «Academia de los Desconﬁados», un núcleo culto en el que abundaban los austracistas. Desde el virreinato, Darmstadt se erigió en una pieza clave en el engranaje del partido austríaco en España, en conexión con su prima Mariana de Neoburgo.²¹

Por todo ello, no es de extrañar que los obstáculos legales opuestos por las instituciones catalanas al nombramiento del conde de la Corzana como virrey, puesto que no había jurado el cargo, se esfumaran en el momento en que Darmstadt ocupó su lugar. A la muerte de Carlos II, y al cesar la función delegada del alter nos, las instituciones catalanas dieron por válida, aunque con carácter excepcional, la continuidad de Darmstadt como virrey. Pero como consecuencia de las tensiones surgidas entre el virrey austracista y el nuevo monarca Borbón a las puertas de la contienda, Felipe V le destituyó el 2 de febrero de 1701 y nombró en su lugar al conde de Palma. Más aún, en abril lo expulsó del reino. Darmstadt vendió sus muebles y objetos de valor y partió hacia Austria.

Desde aquel momento, el príncipe se convirtió en el promotor más activo y cualiﬁcado de la causa del Archiduque y en un intermediario eﬁciente entre austríacos, ingleses y austracistas catalanes. Pronto emprendió el camino de Londres para convencer a los ingleses de la conveniencia de establecer una alianza antiborbónica. Allí se entrevistó con el ministro George Stepney, a quien expresó su interés por dirigir la ﬂota coaligada, y también con el rey Guillermo III.²² Finalmente, sus gestiones cuajaron con la creación de la Alianza de La Haya (7 de septiembre de 1701), formada por Austria, Holanda e Inglaterra, y Guillermo III le designó como comandante de la ﬂota aliada.

En julio de 1702, iniciada ya la guerra, Darmstadt embarcó hacia Lisboa con el doble objetivo de predisponer al rey Pedro II —cuya esposa era prima de Darmstadt— y contactar con la nobleza castellana. Una vez ganado el apoyo portugués para la causa imperial, tal como hemos visto anteriormente, a principios de marzo de 1704 se reunieron en Lisboa el archiduque Carlos de Austria, Darmstadt y el almirante de Castilla, Juan Luis Enríquez de Cabrera, junto con otros nobles castellanos como el conde de la Corzana. Darmstadt y el Almirante no tardaron en hacer patentes sus desacuerdos y desconﬁanzas. El Almirante jugó a fondo sus bazas para ocupar el lugar más importante al lado del Archiduque y convertirse en árbitro indiscutible de los asuntos españoles, alejando así al príncipe del escenario político. En efecto, Darmstadt fue enviado con el almirante Rooke a bordo de la ﬂota del Mediterráneo.²³

Nombrado, por entonces, vicario general de la Corona de Aragón, a ﬁnales de mayo de 1704 Darmstadt fracasó en el intento de tomar Barcelona, de acuerdo con un nutrido grupo de conspiradores austracistas que se hallaban en la ciudad. La ciudad condal estaba controlada con mano ﬁrme por el impopular Velasco, que de nuevo ejercía de virrey. Colaboraron con el príncipe, al objeto de difundir la causa austracista en Altea, Joan Baptista Basset y Francesc García d’Àvila.²⁴ Pero la ﬂota aliada consiguió dominar Gibraltar el 4 de agosto de 1704, y Darmstadt fue designado gobernador de la plaza. En Barcelona, una vez descubierta la conspiración, el virrey Velasco desencadenó una represión de tal magnitud que allanó el terreno al partido austracista cuando apareció la ﬂota aliada en sus costas, en agosto de 1705. A bordo de esta ﬂota se hallaban el archiduque Carlos y Darmstadt. Antes del desembarco, el príncipe mantuvo discrepancias con el comandante, lord Peterborough (Charles Mordaunt), acerca de las operaciones militares para la toma de la ciudad.

Sin duda, la presencia de Darmstadt mitigó la impresión de que el Archiduque sólo era un simple instrumento de ingleses y holandeses, a la vez que permitió establecer contactos con el primer núcleo del partido austracista. El objetivo era coordinar el alzamiento de las comarcas catalanas a favor de Carlos, gracias a las excelentes relaciones que Darmstadt mantenía con la pequeña nobleza, la burguesía mercantil y el grupo de vigatans —propietarios de la zona de Vic que eran oﬁciales de los fusileros catalanes, como Francesc Bac de Roda o Josep Moragues—, que habían luchado codo a codo con él en la guerra contra Francia entre 1695 y 1697. Acto seguido, como hemos apuntado, la ﬂota se dirigió a Cádiz en un intento que no sólo resultó fallido, sino a todas luces contraproducente a causa de los desmanes cometidos por las tropas.

María Luz González ha puesto de relieve que el afán de protagonismo del Almirante complicó las relaciones entre el grupo de dirigentes austracistas puesto que, además de Darmstadt, también topó con el príncipe de Liechtenstein y con Eugenio de Saboya.²⁵ Las diferencias se agravaron a consecuencia de los distintos planes que estos dirigentes apadrinaron en 1705. Darmstadt, así como el enviado inglés Mitford Crowe, era partidario de desembarcar en Barcelona donde, aﬁrmaba, «esperaban al nuevo rey con ansia. Que estaba formada la conjura de la mayor parte de los nobles y ciudadanos» añadiendo que «el deseo de mudar de dominio se había extendido a los reinos de Aragón y Valencia, cuya rebelión tenía ofrecido el conde de Cifuentes». En cambio, el Almirante era partidario de llegar a Madrid por territorios andaluces:

porque nunca obedecería Castilla a rey que entrase por Aragón, porque ésta era la cabeza de la Monarquía y rendidas las Castillas obedecerían forzosamente los demás reinos, y aun la Cataluña y con más facilidad, ya que estaba inclinada a los austríacos; que sería pertinaz en el amor al rey Felipe Castilla, si presumían los reinos de Aragón darle la ley, y que entrar por la Cataluña no era más que introducir la guerra civil … Que no se debía ﬁar el Rey de los catalanes, gente voluble y traidora, y tan amante de sí misma, que si les importase mudarían luego partido, porque sólo contemplaban el rostro de la fortuna.²⁶

Como es sabido, se ejecutó el plan de Darmstadt, que contaba con el apoyo de Liechtenstein. Uno de los argumentos utilizados contra la idea del Almirante fue que la antipatía castellana por los portugueses diﬁcultaría la aceptación de un rey que estos mismos vecinos trataban de entronizar en España. A pesar del evidente desengaño porque el rey no había seguido sus sugerencias, y tras considerar que no había recibido el reconocimiento que merecía por parte del Archiduque, el Almirante sugirió sitiar Badajoz, la última gestión que llevó a cabo ya que el 29 de junio de 1705 falleció repentinamente.²⁷ Ya fenecido, Harrach le elogió como el ministro más entregado a su patria y al rey.²⁸

EL INTENTO DE CONSPIRACIÓN DE 1704 EN BARCELONA

Sin duda alguna, el nombramiento de Velasco como virrey, en enero de 1704, marcó el punto de inﬂexión decisivo en la consolidación del partido austracista. A diferencia de Darmstadt, fue un hombre que concitó la antipatía de los catalanes. Había dejado un amargo recuerdo en su etapa virreinal anterior tras su pésima defensa de Barcelona en 1697 frente a los franceses. Pero, además, durante su virreinato con Felipe V chocó repetidamente con las instituciones catalanas a causa de su carácter altivo y sus métodos despóticos. El desafío al virrey emergió en el interior de Catalunya, en la Plana de Vic, lejos de su radio de inﬂuencia. Allí el partido austracista, que contaba con el apoyo decidido de los eclesiásticos, actuó con impunidad y preparó un ambiente de revuelta inminente en el que se llamaba a la movilización armada, se perseguía a los felipistas bajo el caliﬁcativo de botiﬂers o de gabachos. La audacia de los sublevados llegó al extremo de retirar el retrato de Felipe V del consistorio de Vic, ante la tibieza y el temor que caracterizaron a las autoridades municipales.

Pero la primera muestra de la fuerza del austracismo tuvo lugar a ﬁnales de mayo del 1704, cuando la armada anglo-holandesa, a las órdenes del príncipe de Darmstadt, se presentó ante Barcelona a la espera del alzamiento de la ciudad. A pesar de que los efectivos militares de Velasco eran limitados —el virrey se vio obligado a conﬁar, sin entusiasmo, en los 3.700 hombres de la Coronela, la milicia constituida por miembros de los gremios, para organizar la vigilancia de la ciudad—, el partido austracista no fue capaz de culminar la operación de entrega de la ciudad a Darmstadt, y las instituciones mantuvieron una actitud temerosa y casi servil ante el virrey, quien las vigilaba con desconﬁanza. Harto de esperar una respuesta y molesto por la ambigüedad de las instituciones catalanas, Darmstadt bombardeó la ciudad, desconcertando a sus partidarios.²⁹

Antoni Pons, el párroco de Vilabella (Alt Camp), actuó de enlace entre Darmstadt y los líderes de la conspiración. Los representantes de las instituciones catalanas se debatían entre una admiración incuestionable hacia Darmstadt y la ﬁdelidad debida a Felipe V, máxime cuando la amenaza de represión por parte del virrey Velasco era incontrovertible; un temor que el reducido contingente de efectivos aliados que desembarcaron cerca del río Besós —unos 2.600 soldados— no fue capaz de disipar. Como aﬁrma certeramente Joaquim Nadal, hasta que las potencias aliadas no dieron apoyo explícito al partido austracista en virtud del pacto de Génova de 1705, las inhibiciones del año 1704 no se trocaron en entusiasmo austracista cuando de nuevo la ﬂota aliada, y mucho más numerosa, se presentó ante la costa barcelonesa en agosto del año siguiente.³⁰

Velasco constataba que después de analizar diversos documentos encontrados al abogado Josep Duran, uno de los dirigentes austracistas de primera hora, «ha costado imponderable trabajo ir juntando conjeturas y antecedentes para dar verdadera inteligencia a estos papeles». A partir de estos documentos, deducía que la Conferencia de los Comunes —que, como se ha mencionado, reunía a representantes del brazo militar, del Consell de Cent y de la Diputació con el objeto de asesorar a dichas instituciones y de coordinar su acción en defensa de las Constituciones— era «la oﬁcina donde se formó la conspiración antecedente», y que el brazo militar constituía «la parte más poderosa y dominante» de la Conferencia, a diferencia de los diputados que actuaron «con gran ﬁneza, lealtad y atención en todo lo tocante al servicio del Rey». Conjeturaba que el doctor Duran habría sido el artíﬁce de la conspiración, en contacto con Darmstadt y con el presidente de la Conferencia, el deán y canónigo de Tarragona, Bonaventura de Lanuça, y habría participado en una reunión en casa de D. Miquel de Pinós el día antes del desembarco de las tropas aliadas; por ello, aﬁrmaba Velasco, «se inﬁere que esta conspiración tenía muchos cómplices de sujetos de cuenta». El virrey justiﬁcaba su falta de eﬁcacia frente a la conspiración arguyendo que había recibido órdenes de actuar con templanza y moderación y

que no sólo es diﬁcultoso, pero imposible, se mantenga un Reino en que falta la justicia, pues qué podemos esperar de éste, en que además de lo que le estrechan sus Constituciones, la benignidad del Rey no permite la que, sin faltar a ellas y a los Privilegios, podía ejecutarse.³¹

Anteriormente ya se había lamentado de lo difícil que resultaba mantener la autoridad

en una provincia cuyas leyes de las últimas Cortes la han esclavizado tanto que sólo falta a las concesiones acordadas a los catalanes una declaración del Rey de no poder impartir justicia en Cataluña.³²

De nuevo, reaparece nítidamente la dinámica que ponía en evidencia las lógicas contrapuestas del pactismo y del fortalecimiento de las atribuciones regias.

Pocos meses después del intento fallido, el virrey, haciendo gala de su inconsciencia, caliﬁcaba a los barceloneses de cobardes e incapaces para rebelarse y se mofaba del noble Antoni de Peguera: «este trasto y otros compañeros suyos tan ridículos como él quieren que los aliados los tengan por capaces». Y proseguía su alarde de fanfarronería en estos términos:

Yo no sé si lo causa el desprecio con que miro a esta gente, pero tengo por imposible que por más ofrecimiento que hagan los aliados, puedan vencer con la cortedad de su ánimo, poner en ejecución la acción con que los lisonjean, ni atreverse a hacer otra cosa que encerrarse cada uno en su casa a lastimarse de haber de quedar en el dominio del Rey (Dios le guarde) que en su concepto será la mayor desgracia.³³

Pero a pesar del fracaso del intento de 1704, el avance del austracismo resultó imparable. Descubierta la conspiración, Velasco se percató de la solidez del partido al comprobar las personas que se encontraban implicadas en ella, pertenecientes a las principales familias de la nobleza, y desencadenó una amplia represión que provocó que muchos indecisos que hasta entonces se habían mantenido a la expectativa de los acontecimientos, se decantaran a favor del Archiduque. Así, el caballero Castellví argumenta que Velasco se lanzó en brazos de la cuatreta, el núcleo felipista catalán formado por jueces «que eran generalmente aborrecidos del país», con una estrategia equivocada, de «mal dictada política y despótico ejecutar», cuyos efectos fueron diametralmente opuestos a los que perseguía.³⁴

En efecto, el virrey dictó orden de detención de diversos miembros de la Conferencia de los Comunes: Antoni de Peguera, quien se exilió en Génova; Domènec Parera, Francesc Casamitjana, quien había sido secretario de Darmstadt; Narcís Feliu de la Peña, quien después escribió que durante siete meses padeció «dura cárcel» y «en lugar muy indecente»;³⁵ Ramon de Vilana Perlas, Amador Dalmau, Sebastià Dalmau, Josep Mas de Roda y diversos eclesiásticos. Además, algunos jueces de la Audiencia fueron desterrados de Barcelona. Otros austracistas embarcaron con Darmstadt y lucharon junto a él en Gibraltar. Sabemos que en Lisboa se agrupó un número signiﬁcativo de catalanes, siguiendo a Darmstadt, pero también recalaron allí un número considerable de castellanos que apoyaban al almirante de Castilla.³⁶ Velasco dio orden de requisar en veinticuatro horas todas las estampas, eﬁgies, cuadros e imágenes del príncipe de Darmstadt. Incluso Feliu de la Peña padeció el secuestro del manuscrito de sus Anales de Cataluña.³⁷ Mientras tanto, el duque de Gramont recibía instrucciones de la corte de París para que Felipe V procurase situar a personas ﬁeles en los cargos públicos en Cataluña y evitar, de este modo, que fueran ocupados por austracistas.³⁸

Pese a estas limitaciones, el núcleo dirigente del partido mantuvo sus conexiones desde la prisión. Feliu se comunicaba con Darmstadt a través de eclesiásticos, como lo hacía también Jaume Puig de Peraﬁta, el jefe de los vigatans, y con Antoni de Peguera. A su vez, el brazo militar y el Consell de Cent reaccionaron enérgicamente contra la acción represiva, ante la inhibición de los diputados de la Generalitat. El nerviosismo y la torpeza de Velasco no hacían más que fortalecer a los austracistas, y no dejaban indiferente a un segmento importante de la población catalana hasta entonces conformista con el nuevo rey. Incluso la Real Audiencia dio muestras de división interna: aunque albergaba el reducto felipista de la cuatreta, la mitad de sus miembros eran considerados austracistas por Velasco. Además, el virrey se enfrentó al Consell de Cent, que había suspendido del cargo al conseller tercero Honorat Pallejà —y a tres personas más que habían testiﬁcado a su favor—, porque había elaborado una memoria en la que se atribuía los méritos de la defensa de la ciudad frente al intento de conspiración. Posteriormente, el virrey rehabilitó a Pallejà en el cargo y detuvo a algunos consellers, causando indignación en el consistorio barcelonés y en el brazo militar.³⁹

Huelga decir que aquellos acontecimientos fueron motivo de preocupación en el Consejo de Estado, informado por el duque de Montalto y por Velasco. El Consejo, no sin división de pareceres, se posicionó al lado de las instituciones catalanas, ya que se mostró partidario de practicar detenciones respetando los procedimientos previstos por las Constituciones.⁴⁰

De acuerdo con las peticiones del virrey, hubo coincidencia en la necesidad de concentrar más tropas en Cataluña para su resguardo y para preservar la seguridad y castigar a los conspiradores. Pero era preciso, a juicio de Montalto, que las tropas no fueran francesas porque «les daría material para mayor encono por la grande oposición que les tienen los catalanes». Montalto aﬁrmó que «aquellos naturales están más sentidos que arrepentidos de que no se lograse la conjuración» y que aquella noche diversas comarcas tomaron las armas. Señaló a la Conferencia de los Comunes —«que perderá aquel Principado», decía— como responsable de los desafíos al virrey, para sentenciar ﬁnalmente: «Valencia tiene harto mal, pero Cataluña está casi perdida». El duque de Veragua emitía juicios no menos severos: «mantener sin tropas a Cataluña para su resguardo y quietud siempre ha sido imposible y hoy mucho más en las presentes emergencias». El conde de Palma opinó que era preciso desplazar tropas a Cataluña ya que en ningún otro punto de la monarquía eran tan imprescindibles. Entre los miembros del Consejo causó inquietud e indignación que el brazo militar y el Consell de Cent solicitaran el indulto de los detenidos acusados de conspirar.⁴¹ Al cabo de un mes, el Consejo evaluó la situación y el marqués de Mancera aﬁrmó que

debajo del pretexto de procurar los catalanes la defensa y manutención de sus fueros caminan a largo paso a obtener una libertad independiente en todo de su soberano y que el estado que tienen hoy aquellas materias está muy próximo a la última depravada declaración pues hay poca diferencia de pedir el perdón y indulto de los inﬁeles a pasar a tomársele por su autoridad propia haciéndose con el delito república por no sujetarse al castigo de los delincuentes.

Pero no se detenía ahí: opinaba que si el rey contara con tropas suﬁcientes «mandase erigir una ciudadela en puesto oportuno y a costa de los mismos catalanes guarneciéndola de tres mil infantes sustentados también a su costa y mil caballos tuviesen a aquella ciudad en respeto pues nunca la tendrán en amor». Entre otras intervenciones, cabe destacar la del conde de Palma, que aﬁrmó que «si V. Magd. fuese servido enviar tropas a Cataluña tendrá aquella provincia como súbdita y si no como república».⁴² Por lo tanto, en el verano de 1704, al contrario de lo que apuntan Carlos Martínez Shaw y Marina Alfonso, existían indicadores evidentes que dejaban entrever no sólo indicios de ruptura sino de ideas acerca de futuras políticas represivas para Cataluña.⁴³ A aquellas alturas, la vía Portocarrero parecía tocar a su ﬁn: la guerra en Italia y en los Países Bajos, los conﬂictos en América y la entrada de Portugal en el bloque aliado generaron una dinámica, en términos políticos, imprevisible e imparable.

El virrey Velasco ordenó nuevas detenciones de jueces de la Audiencia y de consellers durante 1705, practicó desinsaculaciones y citó a otros jueces para que se presentaran en Madrid, así como al obispo de Barcelona, Benet Sala Caramany, que estuvo retenido en prisión siete meses hasta que fue liberado por Carlos III el Archiduque en 1706. Recuperada la capital por Felipe V, el obispo fue detenido y desterrado a Francia hasta 1713, año en que volvió a Barcelona como cardenal, para acabar sus días en Roma en 1715, donde se exilió.⁴⁴ El virrey también ordenó la extinción de la activa Conferencia de los Comunes, que había logrado un protagonismo político de primer orden a partir de la muerte de Carlos II.

EL GOBIERNO DE FELIPE V: REFORMAS Y OPOSICIÓN

El regreso de Felipe V a Madrid en 1703 signiﬁcó el principio del ﬁn de la transición liderada por el cardenal Portocarrero y, al mismo tiempo, la puesta en marcha de las reformas políticas y administrativas. De la vida cortesana de aquellos días cabe destacar las piezas teatrales representadas ese año, el ballet ecuestre La contesa dell’Aria e dell’Acqua y la ópera Il pomo d’oro. No es casualidad, como aﬁrma Andrea Sommer-Mathis, que ambas obras hubieran servido a mediados del siglo XVII para rendir homenaje a la unión de las dos ramas de la Casa de Austria en su lucha contra los Borbones. Una comedia con el título de la ópera, Il pomo d’oro, fue representada por la Compagnia di Comici Italiani, traída desde Milán; sus actores, conocidos como los Trufaldines, pronto ganaron el fervor del público y el rey les adjudicó las representaciones del Coliseo del Buen Retiro. Aquel mismo año representaron La guerra y la Paz entre los elementos, una alegoría cómica.⁴⁵

El inicio del proceso de reformas en la administración borbónica tiene un nombre propio: Jean Orry, enviado del rey de Francia, aunque sin título oﬁcial, licenciado en derecho y originario de una familia de comerciantes de paños que acabaron interviniendo en la Hacienda francesa. Portocarrero pidió a Luis XIV un experto en Hacienda, una petición que satisﬁzo enormemente al rey de Francia, pues no ocultaba sus deseos de controlar la Hacienda hispánica, y Orry respondía perfectamente al perﬁl solicitado.⁴⁶ Durante sus dos primeras estancias en Madrid (junio-octubre de 1701 y junio-septiembre de 1702) elaboró el programa de reformas que presentó a Luis XIV y su Consejo y, posteriormente, a Felipe V, cuya concreción desarrolló en tres estancias posteriores (diciembre de 1702-agosto de 1704, mayo de 1705-junio de 1706 y mayo de 1713-febrero de 1715).⁴⁷ El diagnóstico realizado en 1702 resaltaba, entre otras valoraciones, que los territorios de la Corona de Aragón no contribuían; que el rey no disponía de sus rentas en la medida en que éstas estaban enajenadas, empeñadas o asignadas al pago de libranzas, lo que comportaba acumulación de pagos atrasados; y que el robo del dinero del rey se agravaba por la falta de uniformidad de la recaudación, por los derechos sobre los intercambios excesivamente elevados y por la multiplicidad de cajas.

Los remedios que Orry sugería para paliar las deﬁciencias de la monarquía consistían en mejorar la recaudación de rentas, liquidar la deuda consolidada (los juros) y perfeccionar la organización institucional de la decisión y el control del gasto. Más concretamente, proponía reunir las rentas provinciales y millones en un solo encabezamiento y negociar uno especial con el clero; generalizar la venta de cargos —haciendo ordinaria y oﬁcial una práctica ya vigente en España a la hora de adjudicar las tesorerías de partido de las rentas reales y millones—, que se podrían comprar con juros, lo cual permitiría pagar la deuda consolidada; y reformar la alta administración, para poner ﬁn al sistema de consejos que «gobiernan al Estado», al poder de los grandes, así como a la Junta de Gobierno de Portocarrero y Arias, quitándole competencias. Orry se mostró partidario de crear un «Consejo Real» permanente en el que —además de los Consejeros de Estado—, el Veedor General formaría parte. Dicho consejo ejercería su tutela sobre los Consejos existentes, los cuales verían reducidas sus atribuciones.⁴⁸

Como ha explicado Anne Dubet, el proyecto de Orry perseguía «restablecer el crédito, la autoridad y la regla en los negocios del rey», partiendo de la premisa de unir estrechamente Hacienda y política, alterando los procesos de toma de decisión y de circulación de la información vigentes hasta entonces. La propuesta presentaba similitudes con la reforma proyectada en los Países Bajos en 1702 durante el «régimen angevino», protagonizada por los marqueses de Bedmar y de Puységur, el mariscal Boufﬂers y el conde de Bergeyck. Pero, en última instancia, la dinámica política que Orry pretendía activar partía de referentes franceses y remitía especialmente a las medidas emprendidas por Luis XIV en 1661. El objetivo de estas medidas era tomar las riendas del control del Estado instaurando un «gobierno personal» para llevar a cabo su «voluntad muy absoluta», reduciendo la inﬂuencia del Conseil d’en Haut en beneﬁcio de reuniones de trabajo del rey con uno u otro de los secretarios o ministros de Estado, a la vez que el Control General se convertía en verdadero Ministerio de Hacienda. Orry anhelaba establecer la autoridad de Felipe V para que fuera capaz de «gobernar por sí mismo», lo que implicaba tener el control de Hacienda y proceder al «arreglo de los Consejos».⁴⁹ Ahora bien, nos recuerda Dubet, el ministro francés no perseguía un cambio radical, ya que no parecía decidido a acometer las reformas en un breve plazo de tiempo, como tampoco sucedió en el caso francés. Por lo tanto, matiza, fue la prudencia lo que caracterizó el proceso de reformas de Orry haciéndolo compatible con la continuidad de las estructuras existentes, innovando y «reciclando un material antiguo», como lo prueba el hecho de que su Consejo Real no sería sino el Despacho Universal. Es decir, sacó partido de prácticas vigentes —las reuniones de un Despacho o la venta de oﬁcios de tesoreros— y de ﬁguras institucionales existentes (el secretario del Despacho Universal y los superintendentes de rentas) o que tuvieron una breve existencia (superintendentes generales), pero procedió a alterar el equilibrio de poderes convirtiendo al Despacho en institución permanente y reduciendo el perﬁl de los Consejos.

La innovación más relevante que introdujo consistía en «convertir lo extraordinario en ordinario», de forma parecida a lo que hizo Luis XIV.⁵⁰ A pesar de la prudencia de Orry, la reforma se detuvo en 1704, ante el enfrentamiento entre el cardenal d’Estrées y la princesa de los Ursinos, y la oposición de los nobles españoles —especialmente del Consejo de Castilla—. Incluso Luis XIV llegó a albergar dudas sobre la conveniencia de llevarla a término. En el breve paréntesis en el que Gramont sustituyó a Orry, los consejos recobraron el protagonismo. Pero el plan se reemprendió con paso ﬁrme en 1705. En efecto, el retorno de Orry y de la Ursinos —acompañados por Amelot y el jesuita Robinet, sustituto del también jesuita Daubenton, quien por inﬂuencia de Luis XIV regresó en 1715 y gozó de gran ascendencia sobre Felipe V—⁵¹ consolidó el «nuevo sistema». Este sistema se caracterizó por una estrecha solidaridad entre los cuatro enviados franceses bajo la tutela de la princesa de los Ursinos y por la creación de una red franco-española en la que José de Grimaldo, secretario del Despacho de Guerra y Hacienda, junto con Canales, Veragua, Ronquillo y Moriana, tuvo un papel de primera magnitud. Contaron con el apoyo de otros expertos recomendados por el cardenal Portocarrero —probablemente para seguir de cerca los pasos de Orry—, y en el que se incluirían Antonio Ortiz de Otalora, José Eguizabal y Prudencio Gregorio de la Fuente.⁵² Concepción de Castro corrobora la impresión de una «colaboración perfecta en Hacienda» de Gironda, Orry, Amelot y Ronquillo.⁵³

La materialización progresiva del programa concitó, sin duda alguna, la oposición de los «grandes», y el Consejo de Castilla se resistió al ﬁrme avance de la «vía reservada». La negociación con las ciudades de ciertos servicios en dinero para la guerra entraba en competencia con el Consejo de Castilla, encargado de velar por el respeto a los privilegios de las comunidades locales, pero también con el Consejo de Guerra, responsable de las levas hasta ﬁnales del siglo XVII.⁵⁴

Sea como fuere, no debemos subestimar el alcance rupturista de la nueva política de la mano de Orry —inspirada desde Versalles, como apunta José Manuel de Bernardo Ares, y en la que los embajadores jugaron un papel capital, tal como demuestra su presencia en el Gabinete o Despacho— como no podemos minimizar el rol desempeñado por la princesa de los Ursinos, que disponía de conexión directa con Madame de Maintenon y con los sucesivos embajadores.⁵⁵ Una muestra inequívoca de ello la proporciona el rechazo que provocó aquel «desembarco» en la política española. Unos anónimos versos manuscritos dan buena cuenta de ello:

Un Secretario en infusión de agraz
un otro cascabel adulador
un Orri...ble zurriago del señor
la hez de Francia, convertida en haz.
Éstos trinchan de España el cuerpo ﬁ el
como si hubiera sido desleal
mísero plato a su ambición cruel.

Y otros, rezan:

«Orry, mandar, el Rey obedecer
el uno a presidir, otro cazar
y de esta suerte sólo es desmembrar
de España el cuerpo, en vez de componer.
… Si esto se llama en Francia redimir
no queremos acá tal redención
porque (en idioma nuestro) esto es morir.⁵⁶

Éste es el balance, a juicio de Dubet, de la labor acometida por las oﬁcinas de Grimaldo:

Demostraron su capacidad en centralizar, clasiﬁcar y procesar gran parte de la información relativa a la guerra, pero también en convertirse en una nueva vía de acceso al monarca, vía que en opinión de los súbditos, es útil, cuando no preferible a las demás. También demostraron que sabían organizar el trabajo de los demás elementos del dispositivo de control de los gastos de guerra creado: el Tesorero Mayor de Guerra, sus Tesoreros y sus Pagadores, los inspectores y comisarios.

Conviene añadir a dicho balance el destacado papel que desempeñaron en el desarrollo de la venalidad de cargos. Se trataba, de todos modos, de un esquema institucional ﬂexible, con el objeto de evitar el conﬂicto frontal, tal como se constata en el procedimiento de adjudicación de los contratos de arrendamiento, que garantizaba beneﬁcios duraderos a la compañía elegida. Parece que, en el terreno de la práctica, Grimaldo demostró mayor habilidad que Orry, ya que éste logró suscitar el odio de los españoles.⁵⁷

En cualquier caso, a Orry corresponde la iniciativa de la creación de las primeras secretarías de despacho con departamentos, Guerra y Hacienda, y la marginación de los Consejos que habían caracterizado el sistema polisinodial. El reforzamiento de la «vía reservada» estaba estrechamente asociado a las reformas ﬁnancieras y administrativas que se desarrollaron durante la guerra. La conexión con los ministros de Exteriores (Torcy) y de Guerra (Chamillart), y con los embajadores franceses en Madrid, era permanente. La creación de una Secretaría del Despacho de Guerra, ocupada por el marqués de Canales (2 de septiembre de 1703), posteriormente de Guerra y Hacienda (julio de 1705) y de una Tesorería Mayor de Guerra, que recayó en el conde Moriana (2 de octubre de 1703), así como el nombramiento de cinco comisarios de guerra (noviembre de 1703) y de algunos intendentes, daba forma a la nueva estructura administrativa. Perseguía, en primer lugar, emplear a personas de conﬁanza y eﬁcientes, de perﬁl social más bajo que los nobles, en los puestos de toma de decisión. En segundo lugar, simpliﬁcaba la recaudación uniformando los impuestos y el proceso de cobro. Y, por último, reducía la diversidad de cajas. Sin emprender cambios radicales que suprimieran cargos e instituciones, se procuraba cercenar las competencias efectivas de los órganos que, en opinión de Orry, limitaban la autoridad real. Así lo debió entender Portocarrero, que mostró reticencias a las reformas.⁵⁸ Mientras tanto, Antonio de Ubilla mantuvo su cargo como secretario de Despacho del resto de materias no relacionadas con la guerra, aunque su peso disminuyó considerablemente frente al de Canales. Ahora Felipe V tomaba sus decisiones con Orry y con Canales, a pesar de la creación de un Gabinete del que formaban parte el marqués de Mancera, Manuel Arias y el embajador francés (el abad de Estrées, a quien sucedió el duque de Gramont y posteriormente Michel Amelot). La preparación de la campaña portuguesa pasó a ser un asunto prioritario.⁵⁹

Más adelante, la entrada en escena del embajador Michel Amelot, marqués de Gournay, junto a Orry, certiﬁcó el camino sin retorno adoptado por la política felipista, que contó con los españoles Grimaldo, los marqueses de Mejorada y de Mancera, el duque de Montellano y Melchor de Macanaz en el nuevo Gabinete. En agosto de 1705, las directrices de Luis XIV a Amelot en relación con los grandes eran inequívocas: «es conveniente preservar todas las prerrogativas externas de su rango, y al mismo tiempo excluirlos del conocimiento de todas las materias que puedan aumentar su prestigio o darles parte del Gobierno».⁶⁰ Pronto, Amelot dejó claro que en la nueva política no había espacio para los Consejos. La tensión entre la nobleza y el nuevo equipo en el gobierno iba a alcanzar las cotas máximas.

En consecuencia, frente a la vieja aristocracia emergía una nueva clase dirigente, además del grupo de técnicos franceses que alentó, lentamente, el surgimiento de burócratas autóctonos, uno de cuyos mejores exponentes es José de Grimaldo, junto a Melchor de Macanaz. «Burócratas, más que políticos, aunque con algunos matices, son el ejemplo más acabado de la nobleza de servicios que se aglutina en torno a la nueva dinastía», ha escrito M. V. López-Cordón.⁶¹ Pero la guerra animó también la ascensión de un grupo de contratistas proveedores de granos y alimentos para el ejército: Manuel López de Castro, Francisco Esteban Rodríguez de los Ríos, Cristóbal de Aguerri, el marqués de Campoﬂorido, José de Soraburu, Esteban de Moriones, Juan Francisco de Goyeneche, Pedro López de Ortega. Entre ellos, los navarros ocupan un lugar preeminente. Buena parte de estos nuevos hombres vieron premiado su apoyo a Felipe V mediante títulos nobiliarios.

Otro grupo en ascenso fue el de los ﬁnancieros: Bartolomé de Flon, de nuevo Juan Francisco Goyeneche, Juan Francisco Eminente, Hubert Hubrechtz, los franceses ubicados en Cádiz y Madrid, entre los que descuella Jean-Jacques Yon, los italianos Rubini y Spinelli y el inglés Francis Arther.⁶² Se inició, entonces, «la hora navarra del siglo XVIII», en expresión de Julio Caro Baroja. José María Imízcoz ha analizado con detalle el ascendiente de las élites baztanesas en la corte de Felipe V, que tiene su principal referente en Juan de Goyeneche y su sólida red de parientes y amigos, decisivos en los asientos o contratas con la Real Hacienda, para el aprovisionamiento de los ejércitos y las armadas, para la elaboración y conducción a los mercados de los géneros estancados, como la sal o el tabaco.⁶³ El predominio en el valle de Baztán de un modelo de familia troncal de heredero único y la existencia de un derecho restringido de vecindad que impedía crear una nueva casa, lo que propiciaba la emigración, explican en buena parte la existencia de este grupo de presión en la corte desde ﬁnales del siglo XVII, que se signiﬁcó por su apoyo a Felipe V en la guerra; basta señalar que Juan de Goyeneche era el editor de la Gaceta de Madrid y que adelantó elevadas sumas de dinero al monarca.⁶⁴

Al tiempo que avanzaban las reformas, surgieron señales de disidencia: en Valencia, Mallorca, Andalucía, Aragón y en Madrid, además de Cataluña.⁶⁵ En la capital del reino la conspiración fue especialmente relevante tanto por el número de personas implicadas como por el relieve social de los protagonistas. Ahora ya sin ambages, el objetivo perseguido era derrocar a Felipe V y reinstaurar a los Austrias. A principios de noviembre de 1704, la Guardia de Corps detuvo a los condes de Cifuentes, Erill y Luque. Pero Cifuentes logró escapar hacia Zaragoza, donde continuó su intensa actividad a favor de la causa austracista. A diferencia de la oposición anterior, persistente pero que no ponía en tela de juicio la ﬁgura del rey, ahora se trataba de un movimiento rupturista. Y como tal fue interpretado por Felipe V, que aprovechó la ocasión para forzar el ritmo de las transformaciones políticas que había decidido acometer para ﬁniquitar el sistema polisinodial y reforzar la vía ejecutiva de gobierno. El duque de Gramont, siguiendo la senda de Orry, impulsó un cambio profundo de la Hacienda y del sistema de recaudación mediante la aplicación de nuevas imposiciones e incrementos de todos los impuestos, derechos y tributos, a la vez que establecía las imposiciones que debían satisfacer Cataluña y Valencia.⁶⁶

Un decreto del 5 de noviembre de 1704 anunciaba la voluntad de recaudar 7 millones de escudos de vellón para mantener a 30.000 soldados de infantería y 8.000 de caballería, al margen del tren de artillería, de los hospitales y otros gastos. Partía del supuesto que «Aragón, Cataluña, Valencia y Navarra tributan para sí, lo que no sale nunca de aquellos reinos siendo carga también para los de Castilla».⁶⁷ El Consejo de Estado reaccionó contra tales medidas por considerar que suponían la uniformidad de reinos y jurisdicciones. El cardenal Portocarrero fundó su oposición al real decreto en el argumento de que si se ponía en práctica daría alas al austracismo. El Consejo asumió el punto de vista del cardenal en una abierta oposición a los designios reales. Pero Felipe V no se cruzó de brazos y ordenó al Consejo que se reuniera y apoyara el real decreto. Excusaron su ausencia Montalto, Del Fresno, Medina Sidonia y Portocarrero. Dos fueron las actitudes exhibidas por los consejeros ante la orden del rey: algunos, como Portocarrero y Medina Sidonia, se negaron limpiamente a obedecer o bien respondieron con evasivas; otros acataron la orden de reunirse aunque acabaron alegando que cuestiones formales impedían llevar a cabo la votación. La resolución ﬁnal justiﬁcaba la imposibilidad de votar, acompañada de una exhortación que no permite albergar dudas acerca del estado de opinión mayoritario en el Consejo ante el programa de Felipe V y sus ministros: «dese cuenta Su Majestad de lo que pasa y recapacite su decisión».⁶⁸ En una nueva reunión, celebrada el 1 de enero de 1705, el Consejo de Estado se pronunció en términos inequívocos: la máxima autoridad por debajo del rey recaía en aquel organismo y no en alguna otra junta de nueva creación. Portocarrero expresó sus dudas acerca de la nueva contribución y acabó pidiendo al rey que nombrara una:

Junta de personas prácticas y que puedan hallar el camino más suave para cualquier imposición y la de que todos conozcan ha llegado el caso de ser inexcusable la nueva carga.

El marqués de Villafranca se situó en una posición similar. El conde de Frigiliana adujo no disponer de información adecuada para emitir un voto seguro. Abundando en el tema, el duque de Medinaceli aﬁrmó que si los medios para la guerra eran importantes, no lo eran menos «el amor y alivio de los vasallos». El conde de Palma hizo hincapié en que «nada importa tanto a V. Mgd. como poseer el amor de sus pueblos y conﬁanza de sus tribunales y ministros», mientras que el conde de Fuensalida manifestó sus dudas acerca de los cálculos de los ingresos previstos y coligió que era preciso reducir los gastos de los cargos y de las tropas, a la par que el dispendio excesivo de la casa real.⁶⁹ En cambio, el marqués de Mancera y los condes de Monterrey y Castelrodrigo mostraron su pleno apoyo a las medidas reales.

En este contexto, resulta pertinente la apreciación de Ignacio M. Vicent en el sentido de que a aquellas alturas del proceso de cambio político más que un asunto meramente de confrontación dinástica, se debatía un problema de raíz más formal, de estilo y procedimientos de gobierno de la monarquía. Un asunto constitucional, en deﬁnitiva, de acuerdo con la identidad que la monarquía había forjado para sí a comienzos del siglo XVI. En consecuencia, la resistencia al compromiso con el estilo francés del Consejo de Estado y de buena parte de la nobleza, no debe interpretarse, de forma harto simplista, como una preferencia por Carlos III el Archiduque.⁷⁰

La resolución del Consejo de Estado de 30 de enero de 1705 fue severa: Portocarrero, Frigiliana y Fresno se negaron a acatar el mandato real; Villafranca, Medinaceli y Palma recalcaron que el rey no podía imponer por decreto medidas a las cuales se oponían los consejos y tribunales porque, decían, eran contrarias a los fueros y libertades de los pueblos. Advertían que en caso de imponerse tales medidas, los pueblos quedarían liberados de sus juramentos de ﬁdelidad.⁷¹ El asunto no era baladí. A partir de 1705 la publicística austracista recurrió con vehemencia a aquel argumento para pretextar la nulidad del juramento de obediencia prestado a Felipe V.

Aún tenemos constancia de dos nuevos correctivos al rey emitidos por el Consejo de Estado, aunque ya pertenecientes a una etapa en que su función era poco más que simbólica.

El primer dictamen tuvo lugar en una consulta del 9 noviembre de 1705, cuando las fuerzas aliadas habían tomado Barcelona y se preveía su inmediato avance hacia Aragón y Valencia. Tal como hizo notar Henry Kamen, el testimonio es relevante porque resume las quejas principales contra los franceses y por la mala dirección de la guerra.⁷² Constituye, en deﬁnitiva, una censura en toda regla, formulada en términos de la vieja política católica, apelando a la sabiduría y la prudencia ya que, en aquel momento, los consejeros eran perfectamente conscientes de que el rey no tenía intención de emprender ningún viraje en su política.⁷³

El conde de Frigiliana denunció el nuevo procedimiento de sustituir la deliberación por una redacción de votos, desnaturalizando el sentido de la consulta y convirtiéndola en poco más que un trámite. El duque de Mancera se lamentaba de que:

los ánimos de los vasallos aﬂigidos de las contribuciones y más que de ellas, de las desconﬁanzas con que V. M. los trata, cuando no se vean propensos a faltar a su obligación se verán enajenados de aquel amor cordial que siempre han profesado a sus soberanos … porque el amor más ﬁno si no es correspondido, o no espera serlo, no es permanente amor, y en este punto no han hecho el servicio de V. M. los que le han aconsejado que desconfíe de los mismos súbditos que le han de mantener y defender.

El marqués de Montalto se hacía eco, con inquietud, de

lo malhumorados que están los pueblos, habiéndose entibiado el cariño, que es el más formidable y seguro efecto que tienen los reyes.

Y sostenía que para superar el «peligroso estado» en que se hallaba la monarquía era preciso reinstaurar el «curso regular de los negocios».

Por su parte, el duque de Medinaceli reiteraba que «no hay mejor defensa para los dominios que la del amor de los pueblos y la satisfacción de los vasallos de todas las esferas». El conde de Santiesteban ponía el dedo en la llaga al aludir a

los malos efectos que hoy se ven, y peores que puedan temerse, de la suma desconﬁanza (que muchos con desconsuelo suyo tienen por desprecio) con que V. M. trata a sus tribunales.

Le reprochaba al rey que no atendía a las representaciones del Consejo de Indias «en tan grave perjuicio de sus reales dominios y aún de la paz». Y apostillaba: «no puede V. M. curar esta enfermedad si no es por los caminos contrarios que hoy se llevan». El conde de Fuensalida reivindicó lo que había sido la esencia del programa portocarrerista de la transición frente a una realidad que avanzaba hacia un destino claramente opuesto:

V. M. entró a reinar en esta corona con los tesoros mayores que ha tenido príncipe en el amor y aplauso universal … y este gran tesoro, permítame V. M. que diga se lo malogran los que le aconsejan. Creyó la nobleza, mediante la justiﬁcación y benignidad de V. M. ser mantenida en sus honores; la plebe suponía ser aliviada en sus contribuciones y facilitado sus comercios, que ve convertidas en utilidad de extranjeros tan a costa de su sudor; y los reinos forales ser asimismo mantenidos en las exenciones de sus privilegios y fueros; frustradas todas estas esperanzas se reconoce universal desconsuelo … ven invertido el orden del gobierno, los Consejos desautorizados y sin parte alguna en todas las deliberaciones.

Insistía en la misión paternal del rey, para advertir: «cuidado, señor, el que no se entibie este amor». Por su parte, el marqués de Veragua abordaba de lleno las inconveniencias de la política francesa, especialmente si se introducía con precipitación a cusa de «la distintísima constitución de una a otra monarquía».

Pero a pesar de semejantes opiniones, que cuestionaban los cimientos de la política borbónica, no todos los miembros del Consejo Real fueron del mismo parecer. El marqués de Canales focalizó su intervención en la rebelión de Cataluña, «no cosa nueva en aquella nación», ahora estimulada por los ingleses y por Darmstadt, que

conmovió la nación contra la misma nación, sirviose de frailes y de clérigos, malos cristianos, más amantes de la libertad que los seglares, y de los vicios … Publicáronse papelones y libelos ofreciendo libertad, levar el yugo que suponían tener, introducir la nobleza del país en cargos y honores, la nación en comercios y el común pueblo en las armas a cuyo bullicio es naturalmente inclinado.

En términos parecidos se expresó el marqués de Castelrodrigo:

A Barcelona y Cataluña no las han perdido los que las defendieron, sino aquellas infaustas Cortes en que quedó por sobradamente favorecida, totalmente consentida y enajenada … que el medio de tener Cortes en estos tiempos es el más inmediato para perder el amor y el respeto de los reinos, como se conoció desde Carlos V hasta Carlos II, que por escarmiento las evitaron.

Así pues, daba por «veriﬁcadas las aciagas profecías que se hicieron de los catalanes, siempre toscos rebeldes y apetecedores del nuevo príncipe que no tienen».⁷⁴

El segundo dictamen de censura del Consejo de Estado data del 26 de abril de 1706 y reza así: «Este Consejo fue instituido para los más importantes negocios de paz y guerra de la monarquía, que siempre han corrido por él … y de mucho tiempo a esta parte se halla tan ajeno de negocios como falto de la asistencia de sus ministros». Se lamentaba explícitamente de que los tribunales

a quienes peculiarmente tocan los negocios de donde al presente se hallan desquiciados de su regular curso con notorio detrimento del servicio de V. Majestad.

Y proseguía:

Nadie negará que V. Majestad es dueño de hacer y mandar lo que le gustare en todo, y no faltarán los lisonjeros que excluyan de imitación este arbitrio, pero en los prudentes oídos de V. M. sonará mejor la advertencia de otro rey glorioso y santo como el señor Fernando el Católico, quien cuando juntos los Reinos de Castilla y Aragón hubo contemplativos que le aconsejaron era buena coyuntura de sujetar más sus súbditos, respondió que poseía sus reinos con las leyes y condiciones que les había jurado, cuyo quebrantamiento hiciera horror incluso a la nación más bárbara, y que él tenía una regla en razón de rey y vasallos, que cuando el peso de la recíproca satisfacción no estuviese igual en la balanza, naturalmente se perdería el superior o los súbditos, o lo más cierto, él y ellos.⁷⁵

Corrían malos tiempos para la doctrina pactista y la evocación de Fernando el Católico constituía una llamada en toda regla a respetar las esencias de la política hispánica en clave austríaca. En cualquier caso salta a la vista que el Consejo de Estado estaba ya condenado a la más absoluta marginalidad política en relación con el Gabinete.

El tour de force protagonizado por el Consejo de Estado tuvo lugar en un momento extremadamente delicado para el gobierno de Felipe V, en el que se encadenaron el fracaso en los intentos de recuperar Gibraltar, el avance de las tropas portuguesas hacia Badajoz y Castilla, y la presencia de la ﬂota aliada en el Mediterráneo, que se saldó con la toma de Barcelona, Altea y Valencia. Pero además, los austracistas hacían sentir su voz sin complejos en Cataluña, y en Granada el conde Cifuentes animaba a la sublevación, así como Sástago en Aragón. En Granada se descubrió una conjura que pretendía dar un golpe de mano el día del Corpus en 1705 y que fue desbaratada por el arrepentimiento de uno de los conjurados. El núcleo lo constituían dos frailes valencianos, Francisco Sánchez y Pedro Carmona, además de Antonio María Carambona y Vicente Verastegui. Pero también aparecen relacionados con ella el conde de Luque, Antonio de Erill, los marqueses de Casasola y de los Trujillos, y los canónigos de la catedral granadina. La represión afectó a un centenar de personas, entre los que se encontraban algunos valencianos. Contaban con el apoyo de la escuadra inglesa en las costas andaluzas y con el posible levantamiento de ciudades como Cádiz, Málaga y Badajoz. El castigo pretendió ser ejemplarizante: los cabecillas fueron ahorcados y sus cabezas colgadas en distintos puntos de la ciudad; la vigilancia posterior fue estricta. Sánchez acabó sus días en la prisión de Pamplona.⁷⁶ En Madrid se descubrió una nueva conspiración, el 10 de junio, que llevó a la cárcel a los marqueses de Requena y de Leganés. El control del orden público en las calles de Madrid corría a cargo de carabineros reales franceses. En agosto, Amelot daba un golpe deﬁnitivo al destituir a personas de ﬁdelidad intachable a la causa borbónica como eran Montellano, presidente del Consejo de Castilla, y Montalto, presidente del Consejo de Aragón, al mismo tiempo que apartaba a Lemos y Sesa de la dirección del ejército. Finalmente, el Gabinete quedó reducido a dos hombres de conﬁanza: Grimaldo y el marqués de Mejorada. Mientras, Medinaceli publicó un maniﬁesto en el que reivindicaba la preeminencia política de los nobles.⁷⁷

Finalmente, Barcelona y Valencia pasaron a la obediencia de Carlos III el Archiduque el 9 de octubre y el 16 de diciembre, respectivamente. El nuevo escenario dejaba en una posición muy crítica al gobierno borbónico, cuya credibilidad se hallaba bajo mínimos. Entre estas dos fechas, el 9 de noviembre, como hemos señalado, Portocarrero convocó al Consejo de Estado, donde culpó a los funcionarios y a los militares franceses de la pérdida de Barcelona. El Consejo decidió elevar un memorial al rey, cuya atención se focaliza en dos puntos: el primero, que los consejos, los tribunales y las Cortes eran los «depositarios del consejo juicioso, del juramento tomado por el rey de España, y del que él ha recibido de sus súbditos»; y, en segundo lugar, volvía a la carga sobre la necesidad de que las reformas fueran conformes a los dictados de los consejos. En caso contrario, sostenía, la práctica política era contraria a las estipulaciones testamentarias de Carlos II y, por tanto, las partes podían sentirse libres de los compromisos contraídos.⁷⁸ Se trata de un punto clave que debe tenerse en consideración a la hora de explicar la ruptura de la obediencia a Felipe V y no incurrir, así, en interpretaciones simples o, lisa y llanamente, sesgadas.

Ciertamente, la nobleza acumulaba razones para sentirse defraudada por la nueva dinastía, incluso entre los que habían apostado por ella desde el primer momento. El alejamiento de los puestos decisivos del ejército, la reducción al mero simbolismo en las tareas de gobierno o la pura exclusión, constituían una nueva realidad que irrumpía bruscamente y que ponía ﬁn a viejas tradiciones del período de los Austrias. Ésta es una cuestión fundamental para entender el apoyo, aunque tardío, a Carlos III el Archiduque, reﬂejado en las ocupaciones de Madrid de 1706 y 1710. La actitud expectante de muchos otros, cuando menos, facilitó las cosas a los aliados en su avance por la meseta castellana, ya que los nobles no movilizaron a la gente de armas en su contra.

El cardenal Portocarrero, máximo exponente del posibilismo en la transición de los Austrias a los Borbones —no en vano un impreso austracista lo deﬁnió como «el principal instrumento de la revolución en España»—,⁷⁹ constituye un caso paradigmático de esta evolución tardía hacia el austracismo. Entre ﬁnales de 1705 y durante 1706 mantuvo una actitud de aparente ﬁdelidad. Pero se estableció en el palacio arzobispal de Toledo tras el ultimátum del Consejo de Estado al rey del 9 de noviembre de 1705 y acogió a la reina viuda Mariana de Neoburgo en aquella ciudad, reconociendo abiertamente a Carlos III. En cambio, el conde de Palma, a pesar de su crítica y decidida actitud frente a Felipe V, no se decantó por el Archiduque, aunque ello no le libró del destierro en San Sebastián.⁸⁰ El cardenal, apesadumbrado, intercedió ante José de Grimaldo para que el arresto fuera suspendido, rogándole que le informara sobre el «defecto de mi sobrino a ﬁn de corregirle y dirigirle a cuanto fuese del mayor servicio de V. M.», y que una vez en Castilla «estará prontísimo a obedecer las reales órdenes».⁸¹

Capítulo 7

EL TRIUNFO DEL AUSTRACISMO

LA EMERGENCIA DEL PARTIDO AUSTRACISTA EN CATALUÑA

Al abordar el asunto del triunfo del austracismo, la principal cuestión que cabe plantearse es por qué los catalanes se alzaron contra Felipe V en 1705 si tres años antes el Borbón había celebrado y concluido unas Cortes. Para comprender el radical giro político que protagonizaron en tan breve espacio de tiempo, es necesario valorar una serie de factores que se perciben con notoriedad en la sociedad catalana de entonces.

Lejos de la imagen errónea que da por sentada la ausencia de cualquier conﬂicto entre las instituciones catalanas y la administración real entre 1702 y 1705,¹ y que induce a confusión a la hora de entender el alzamiento catalán de 1705, los conﬂictos entre las instituciones catalanas y la monarquía fueron subiendo de tono a partir de las Cortes de 1701-1702, a la vez que emergía, cada vez con más fuerza y atrevimiento, un partido austracista.² Eduard Martí ha demostrado que la Conferencia de los Comunes, el órgano asesor y coordinador de los tres Comunes —Diputació, brazo militar, Consell de Cent— y cuyo principal cometido era la defensa de las Constituciones catalanas, incrementó notablemente su actividad en los años 1703 y 1704. En efecto, se reunió en 20 ocasiones en 1701, 12 en 1702, 50 en 1703, 43 en 1704 y 21 en 1705. Aquel período concentró la discusión de temas estrictamente jurídicos y la tensión en la relación con el rey llegó a las máximas cotas.³ Además, la simple constatación del creciente sentimiento antifrancés que derivó en amenaza a la integridad física de los residentes galos, tal como denunció repetidamente el cónsul en Barcelona Laurent Soleil, basta para desmentir la impresión de una supuesta ausencia de conﬂicto.⁴

De forma sumaria, señalaremos dos factores decisivos en la ruptura de la ﬁdelidad a Felipe V. El primero era la violación reiterada de las Constituciones por parte de los ministros reales, a partir de la conclusión de las Cortes de 1701-1702. Feliu de la Peña, al referir los acontecimientos de 1703 en los Anales, se quejaba de que los ministros del Consejo de Aragón

suelen usar el nocivo arte de acusar de conmovedores a los que justamente deﬁenden la Ley y la Justicia y resisten a su despótico obrar siendo ellos los que dan la ocasión; acostumbran añadir que no es tiempo de defender las leyes y privilegios; pero si es tiempo de romperlos, ¿cómo no ha de ser de defenderlos?

El conﬂicto, nacido a raíz de la expulsión del holandés aﬁncado en Cataluña Arnold de Jager, motivó una cerrada defensa del modelo constitucional catalán por parte del historiador y dirigente austracista:

Porque la [política] Católica ha de fundarse en las Leyes, y de otra
forma es de Maquiavelo, injusticia y tiranía. No pueden fundarla en las
Leyes de Dios y natural, porque éstas no condenan sin oír la parte y dar
lugar a defenderse; ni en las de la Patria, pues los Usages, que son las
primeras catalanas y fundamentales Leyes, mandan que el Rey no pueda
valerse de absolutas y deba juzgar por directo, con cognición de causa.
Ésta es la ley de la Patria, que es en fuerza de contrato y asegurada con
el juramento del Rey y ministros, con que es Ley humana y de Dios, por
la palabra dada en el juramento de observarla.⁵

Pero lo peor estaba por llegar: la tensión alcanzó el punto culminante durante el gobierno despótico y represivo del virrey Velasco (1704-1705), cuyos métodos dieron alas al partido austracista. Si Velasco fue el blanco preferido de la publicística austracista, el príncipe de Darmstadt, el último virrey de los Austrias que murió a consecuencia de una herida cuando intentaba tomar Barcelona al frente de las tropas aliadas, se convirtió en el héroe popular, el «padre de la patria» que murió por «la redención de Barcelona».⁶ La euforia austracista de 1705 queda magníﬁcamente plasmada en el Cant dels ocells, una canción tradicional navideña convertida en un romance que aclamaba a Carlos III,⁷ cuya música hoy es conocida internacionalmente gracias a la interpretación de Pau Casals.

El segundo factor fue el apoyo de los ingleses, holandeses e imperiales, gracias al pacto de Génova (junio de 1705) y al desembarco aliado de 17.000 hombres en Barcelona, que acabó con la indecisión de muchos catalanes. A partir de entonces cobró fuerza la argumentación jurídica que justiﬁcaba la ruptura de la ﬁdelidad a Felipe V. Si en algunos casos la publicística aducía que Carlos II había sido obligado a ﬁrmar el testamento en el lecho de muerte, otros impresos, como Verdad desnuda (1706), hacen hincapié en que Cataluña realizó el juramento por «grave prudencial miedo», bajo la amenaza de ocupación mediante tropas francesas y castellanas y que, además, después de jurar Felipe V las Constituciones catalanas, las atropelló sistemáticamente.⁸ De forma concluyente, la Constitución I aprobada en las Cortes de 1705-1706, censuraba el acceso de Felipe V al trono «asistido más del pretexto de un supuesto y nulo testamento que llamado por las leyes federales y fundamentales de la Monarquía … o leyes federadas de los Reynos».⁹

A todo ello hay que añadir otros ingredientes de gran calado que entraron en escena de forma determinante. Por un lado la francofobia, gestada durante las guerras con Francia en la segunda mitad del siglo XVII, y alimentada por las constantes ocupaciones del territorio catalán por parte de sus tropas, por el endeudamiento crónico que provocaron en los municipios y por los graves perjuicios económicos que originó la invasión de productos franceses. Por otro, el proyecto económico de la burguesía de los negocios que propugnaba un desarrollo mercantil e industrial; un designio que partía del supuesto de la alianza con los ingleses y holandeses y que era incompatible con los intereses de Francia y de la dinastía que los encarnaba: los Borbones. El impreso Doctrina cathalana de 1705 sintetiza el ideario austracista en la ﬁdelidad a Carlos III el Archiduque y en la libertad frente a la «cautividad» francesa que, además, empobrecería a los catalanes.¹⁰ Y según otro impreso:

Un francés, ha venido,
sólo a España,
por querer robar.¹¹

Pero cabe recordar que se trataba de un proyecto concebido, sin duda alguna, para toda la monarquía, para «la restauración de España».¹² Como rezaba un folleto:

ab esta ploma escriu tota,
vuy la nació catalana,
y ab esta sola nació,
escriurà per tota Espanya.
Que el valor dels catalans,
unit al de la Casa d’Àustria,
és per conquerir un món;
Quant més per a sola Espanya …
que pensaven los francesos,
comprar molt barata Espanya.¹³

Sólo en el momento en que se desvanecían las esperanzas del retorno de los Austrias al trono hispánico, a partir de 1713, los austracistas catalanes formularon propuestas alternativas como convertir la Corona de Aragón en una unidad política tutelada por la casa de Austria o crear una república catalana.¹⁴

Como ya hemos señalado, el partido austracista catalán tuvo unos referentes indiscutibles en las personas del príncipe de Darmstadt, Narcís Feliu de la Peña y Antoni de Peguera. Uno de los elementos aglutinadores fue la «Academia de los Desconﬁados», creada en junio de 1700 por 16 personas, nobles y eruditos, que se reunían en el palacio Dalmases de la calle Montcada.¹⁵ Entre ellos se hallaban nueve destacados austracistas —especialmente Pau Ignasi de Dalmases, Antoni de Peguera, el marqués de Rubí y los condes de Savellà y Ferran—, cifra que se incrementó con académicos incorporados posteriormente. Su primera manifestación pública fue, justamente, un panegírico del último Habsburgo con el título de Nenias Reales. Darmstadt había mantenido trato comercial con la compañía de Josep y Vicenç Duran, que, a su vez, se relacionaba con los comerciantes holandeses Johan Kies y Arnold de Jager y con la Compañía Nova de Gibraltar de Salvador Feliu de la Peña.¹⁶ Bastan dos ejemplos para tener una idea del grado de vinculación que existía entre los comerciantes: el contrato de suministro de grano al ejército de 1690-1691 fue ﬁrmado por un círculo de personas estrechamente relacionadas, las cuales posteriormente abrazaron la causa austracista, entre ellos Joan Lapeira, Joan Llinàs, Kies y Jager, algunos de cuyos apellidos se repiten en los derechos de la Generalitat de 1689-1691. El grupo de los asentistas fue mayoritariamente austracista,¹⁷ constatación que se repite cuando analizamos los socios de la compañía de Feliu, en la que participaban Cristòfol Lladó, Magí Mercader, Josep Duran y Jaume Teixidor.¹⁸

Evidentemente, no todos los burgueses catalanes abrazaron la causa austracista, como por ejemplo Milans, Matas, Brugada y especialmente Josep Aparici, admirador de Holanda como Feliu de la Peña, pero que fue partidario de Felipe V. Pero existen pocas dudas sobre cuál fue la inclinación mayoritaria de la burguesía, núcleo que inspiró el programa económico que prosperó en las Cortes de 1701-1702 y de 1705-1706. Por lo tanto, el austracismo gozaba de un apoyo social ﬁrme que implicaba a amplios sectores vinculados a las emergentes actividades económicas (comerciantes, payeses, artesanos). El proyecto debía hacerse realidad mediante la entronización de un rey a la medida de los austracistas y el patrocinio de las potencias marítimas, que, además, disponían de regímenes parlamentarios. Sin duda, uno de los elementos más relevantes de la apuesta catalana de 1705, como señaló Pierre Vilar, fue el proyecto de la burguesía de los negocios en el sentido de convertir Cataluña en otra Holanda, capaz de intervenir en los asuntos de la monarquía y también en América, consciente de la incompatibilidad de sus intereses con los de los franceses.¹⁹ Lluís Argemí contribuyó a concretar las ideas de Feliu de la Peña, en el marco del mercantilismo señalando que su Político discurso (1681) muestra evidentes inﬂuencias del cameralista germánico Johann Joachim Becher, autor del Politischer Diskurs (1668), preocupado por el circuito económico, por el consumo y el comercio de la nación. Pero las propuestas de Feliu son deudoras, principalmente, de la inﬂuencia de los holandeses Johan y Pieter de la Court, asesores de Johan de Witt, Gran Pensionario de Holanda, defensor de la política republicana frente a los Orange. La libre competencia comercial y el industrialismo constituyen los dos ejes de las ideas económicas de Feliu.²⁰

La coincidencia de intereses con los países aliados, facilitada por unas relaciones comerciales fecundas desde ﬁnales del siglo XVII y, sin duda, por los vínculos personales existentes entre el círculo de los Feliu y sus socios ingleses y holandeses, dio consistencia a la apuesta contraria a los intereses económicos franceses, con los cuales no existían puntos de convergencia, sino todo lo contrario. Un memorial anónimo, dirigido a Carlos III durante las Cortes de 1705-1706, resulta paradigmático de la conﬂuencia de objetivos entre los comerciantes catalanes y los intereses de los aliados, al tiempo que ilustra sobre las ideas del partido austracista en el terreno económico, informadas por un sustrato rotundamente antifrancés. La autoría podría atribuirse a Narcís Feliu de la Peña: las obsesiones del ideólogo o mentor político, bien analizadas por Ernest Lluch,²¹ están perfectamente reﬂejadas en él, acentuadas, si cabe, por la coyuntura favorable de un rey y un entorno político que debían mostrarse receptivos a aquellas aspiraciones. Después de lamentarse del peso de tantos años de guerra con Francia y de los perjuicios derivados de la introducción de manufacturas francesas, apuntaba que la primera solución pasaba por prohibir su entrada:

Y aunque algún político se opondrá a esta prohibición, con decir que en Cataluña hay falta de algunos géneros y que de necesidad han de venir de otros Reinos, digo que lo conﬁeso pero mi intención sólo es que no vengan de la Francia, que cuando sea preciso tomarlos de extranjeros se tomen de nuestros aliados porque se lograrán dos cosas. La una es que tomándolos de Inglaterra u Holanda se logra el no salir el dinero pues éstos truecan sus géneros o mercadurías con vino o aguardiente y otros géneros del país. La otra es que no se valdrá la Francia de nuestro mismo dinero para hacer la guerra.

Sostenía que «el grande peso de las Monarquías y Repúblicas se aﬁrma y estriba sobre las dos columnas. La una de fábricas de diversos géneros compuestos de todos artíﬁces. Y la otra del comercio para el despacho de ellas». En España, proseguía, «conﬁados en el oro y la plata de las Occidentales Indias, hemos descuidado las fábricas de manufacturas y comercio, levantándose la nación francesa con todo dejándonos sólo el título de las Indias siendo el oro y la plata para ellos».²²

En cualquier caso, no hay que olvidar que las propuestas de Feliu sólo cobran pleno sentido si se inscriben en el marco de las Constituciones, cuyos resortes el abogado consideraba indispensables para el desarrollo del proyecto económico. En este punto conﬂuye el Feliu «económico» con el «político». El creciente inﬂujo de la burguesía halló su plasmación en el ámbito político: las Cortes de 1705 incrementaron la representación de las ciudades (de 28 a 39), mientras que la presencia de los nobles se reducía (de 294 a 215), así como también la de los eclesiásticos (de 29 a 24). Constatamos, por tanto, una ampliación de la base social presente en las Cortes, paralela al creciente protagonismo que asumió la burguesía en la dirección política de la Conferencia de los Comunes, en la que destaca la notable presencia de «ciutadans honrats». No es extraño que el felipista Josep d’Alós considerara al brazo militar el máximo abanderado del constitucionalismo:

Celador para su exactísima observancia, a cuyo ejemplo por ser de personas ilustres y nobles sigue la Ciudad en su Consejo de Ciento, que lo más se compone de plebe, y los diputados han de hacer lo mismo, si no quieren ser mal vistos entre los del pueblo.²³

A juicio de otro felipista, el marqués de Gironella, la Conferencia era una «triple alianza … oráculo de toda la nación catalana».²⁴

Pero para comprender mejor los motivos de fondo de la apuesta catalana de 1705 hay que procurar deslindar los intereses que se encontraban en juego de cada uno de los grupos sociales, más allá de una presunta unanimidad a favor de la casa de Austria, por su carácter descentralizador, frente al absolutismo borbónico.

Las razones que convencieron a los eclesiásticos no eran menos consistentes que las de la burguesía. Al profundo y enraizado sentimiento antifrancés, derivado de las profanaciones de iglesias en 1654 y 1694, se sumaba el temor de la desaparición del estatus privilegiado de que gozaban en tiempos de los Austria en el terreno ﬁscal y en el jurídico, privilegios que consideraban amenazados por la política borbónica. No menos importantes eran las constituciones de extranjería, que proporcionaban un amplio margen de control de los cargos eclesiásticos en Cataluña, a modo de freno a la aﬂuencia de no autóctonos, al mismo tiempo que garantizaban a la Iglesia catalana su autogobierno.²⁵ El general francés De Quinson observó en 1703 que

la razón de los sacerdotes y de los frailes es que temen que el rey de España implante, poco a poco, las mismas leyes y la justicia que reina en Francia, donde los eclesiásticos viven de forma más regular que en Cataluña y la justicia se observa mejor.²⁶

Tanto Orry como Macanaz querían terminar con las exenciones y privilegios de los eclesiásticos. La doctrina regalista, como advirtió Henry Kamen,²⁷ nació durante la Guerra de Sucesión, y sus líneas maestras fueron expuestas por Macanaz en su memoria al Consejo de Castilla de 1713. Pero si en este punto el clero catalán no mostraba diferencias sustanciales con el del resto de España, según María Teresa Pérez Picazo,²⁸ hay que añadir como factores diferenciales decisivos la francofobia y el apoyo incondicional a las Constituciones. En este universo eclesiástico mayoritariamente austracista, los jesuitas constituían la excepción, como narra Castellví:

Los padres de la compañía en Cataluña desde luego fueron considerados por afectos a la dominación francesa … el general de la compañía escribía a todos los provinciales que se aplicasen a exhortar a todos generalmente de manifestar afecto al rey Felipe.²⁹

No obstante, Joan Bada ha advertido que tampoco se observan posturas unánimes en el interior de la Compañía, en buena medida a causa de su vinculación directa con el Papa, que, como es sabido, tuvo una actitud cambiante durante la guerra.³⁰

La nobleza, ﬁnalmente, defendió sus privilegios y las importantes parcelas de poder y de representación de que gozaba en virtud de las Constituciones. De este modo, el partido austracista fue capaz de movilizar amplios sectores sociales, con excepciones signiﬁcativas, como las jerarquías eclesiásticas y los jesuitas, que siguieron mayoritariamente al partido felipista, la gran nobleza ausentista (puesto que en Cataluña no residía nobleza titulada), algunos oﬁciales reales y otras personas de diversa composición social, nobles o burgueses. Además, contó con el apoyo popular al iniciarse el levantamiento de 1705, lo que le permitió adueñarse rápidamente del territorio catalán; un dominio que fue completado por el archiduque Carlos cuando tomó Barcelona en octubre de 1705.

Así pues, existió un movimiento general de rebelión y un estado de opinión favorable al Archiduque en 1705, como ha demostrado Rosa Maria Alabrús,³¹ contrariamente a lo que aﬁrma Kamen, para quien «el conﬂicto en Cataluña tomaba más el cariz de una pequeña guerra civil entre los mismos catalanes que el de un rechazo expreso al régimen borbónico».³² Otra cosa bien distinta es la actitud extremadamente prudente de la Generalitat y de los municipios catalanes, explicable, sin duda, por el temor a la represión del virrey Velasco y por el recuerdo de las medidas represivas posteriores a la revuelta de los Barretines de 1689. En este sentido, es signiﬁcativo que el pacto de Génova de junio de 1705 con Mitford Crowe, plenipotenciario de la reina Ana de Inglaterra, fuera materializado por un grupo de vigatans ante la imposibilidad de que lo rubricaran representantes institucionales. Por otra parte, la actitud de los municipios durante la guerra fue extremadamente variable según el ejército que dominaba el territorio, o la presión de los miquelets, tal como ha expuesto Josep Maria Torras i Ribé.³³ Todo ello pone en entredicho la supuesta división de las poblaciones entre austracistas y botiﬂ eras. La adhesión a una de los dos causas en litigio podía responder a la presencia de un partido inﬂuyente en el municipio, de un bando u otro, sumado a menudo a las condiciones especíﬁcas locales, como sucedió en Ripoll, Cervera, Manlleu, Centelles y Berga, poblaciones consideradas felipistas.

Sea como fuere, existía un amplio consenso en la defensa de las Constituciones, objetivo que era compartido por todos los estamentos, aunque desde intereses particulares y a veces contrapuestos. La existencia de un cuerpo jurídico e institucional propio que deﬁnía unos privilegios generales —unos «derechos formales», según expresión de Angela de Benedictis—,³⁴ además de los especíﬁcos de cada estamento o colectivo, frente al poder real —una auténtica barrera a la expansión de la actividad ﬁscal y militar del Estado naciente—, constituía uno de los elementos de cohesión de la comunidad nacional,³⁵ uno de los pilares del patriotismo catalán, como en el caso húngaro, según Jean Bérenger.³⁶ En este sentido, cabe insistir en la importancia que cobraron los juristas, especialmente desde el primer tercio del siglo XVII, habida cuenta del realismo jurídico y el positivismo histórico en que se fundó el pactismo catalán, mediante la jurisprudencia, supliendo la falta de legislación a causa de la no convocatoria de Cortes desde 1599.³⁷

DEL «PACTO DE GÉNOVA» AL TRIUNFO AUSTRACISTA DE 1705

En la primavera de 1705, en plena campaña represiva de Velasco y en un ambiente político incierto, que ocasionó que buena parte de la nobleza abandonara Barcelona para instalarse en sus castillos, los vigatans se habían apoderado de la Plana de Vic, mientras que en el Camp de Tarragona surgía otro foco austracista encabezado por la familia Nebot de Riudoms.

Fue entonces cuando el apoyo internacional imprimió un giro decisivo a los acontecimientos. En marzo de 1705, la reina Ana de Inglaterra comisionó a Mitford Crowe, un comerciante de aguardiente aﬁncado en Cataluña, «para contratar una alianza entre nosotros y el mencionado Principado [de Cataluña] o cualquier otra provincia de España» y le dio instrucciones para que negociara con los diputados catalanes «habiendo sido informada de que la gente de Cataluña se sentía inclinada a liberarse del yugo que Francia le ha impuesto y a sustraerse al poder del duque de Anjou para volver a la obediencia de la Casa de Austria».³⁸ Crowe había informado a los aliados que «los catalanes eran un pueblo independiente que vivía bajo sus propias leyes y privilegios, que desearía apoyar a un rey que se comprometiera a restaurar y defender sus antiguos derechos». Añadía que odiaban a los franceses, que sentían inclinación por los Austrias y que parte de la nobleza, inﬂuyente en su opinión, querría adherirse a los aliados.³⁹

El plenipotenciario inglés admitió que, a tenor de la diﬁcultad de la representación de las instituciones, a causa de la represión de Velasco, determinados prohombres del grupo de los vigatans, ﬁrmarían poderes en nombre del Principado. Así, en mayo de 1705, se celebró una reunión en la capilla de Sant Sebastià, en el municipio de Vic, y cuyo rector era el doctor Llorenç Tomàs, un destacado austracista. En efecto, en 1705, Tomàs formó parte de la Junta Eclesiástica de Cataluña y poco después fue nombrado canciller de Cataluña por Carlos III el Archiduque.⁴⁰ Una representación de los aliados se reunió allí con Francesc Bac de Roda, Jaume Puig de Peraﬁta —acompañado de sus hijos Antoni Puig Sorribes y Francesc Puig Sorribes—, Josep Moragues, Josep Antoni Martí, Carles Regàs y Antoni Cortada. Todos ellos otorgaron plenos poderes al joven noble Antoni de Peguera y al abogado Domènec Parera para la ﬁrma del tratado con los aliados en nombre de los catalanes. El pacto fue rubricado en Génova el 20 de junio de 1705 por Peguera, Parera y Crowe. Inglaterra prometía el desembarco de 8.000 hombres y 2.000 caballos, así como la aportación de 12.000 fusiles, municiones y protección de la corona inglesa, a la vez que garantizaba el respeto de las Constituciones. Por su parte, los catalanes debían reconocer al Archiduque como rey y movilizar a 6.000 hombres —sufragados por los ingleses— en el momento en que la ﬂota aliada se aproximara a la costa.

Los vigatans no tardaron en cumplir su compromiso. Se trataba de un grupo de propietarios de buena posición, con estrechos vínculos familiares entre ellos, que habían participado activamente en las campañas contra los franceses en la década anterior y que, por otra parte, estaban bien relacionados con el príncipe de Darmstadt y el núcleo conspirador de Barcelona. Pero, a pesar de que dicho grupo consiguió el control efectivo de la ciudad de Vic, inicialmente no dispuso de la adhesión del consistorio ni del capítulo de la catedral. Sin embargo, la pasividad de estos últimos les dejó un amplio margen de maniobra e incluso de connivencia con los eclesiásticos. Su protagonismo en el alzamiento de 1705 se explica tanto por su prestigio como por la distancia de Vic respecto el radio de acción de Velasco. El relieve de este grupo llegó a tal extremo que acabó por denominarse genéricamente vigatans a los partidarios del Archiduque, conocidos también como «imperiales» o aguilots, en oposición a los botiﬂers, partidarios de Felipe V. Parece que este último apodo guarda relación con botiró, término utilizado en Centelles durante la revuelta de los Barretines en 1689, aplicado a los soldados del rey.⁴¹ Ambas palabras guardan la misma raíz (botir), tal como sostienen los ﬁlólogos Pere Labèrnia, Francesc de Borja Moll y Joan Coromines, y podrían tener la misma connotación de persona arrogante, presumida, orgullosa. Sin embargo Castellví hace derivar el origen de botiﬂer de Boufﬂers, nombre de un marqués y conocido militar francés que destacó por sus triunfos en Nimega y Amberes entre 1702 y 1703.⁴²

Desde Vic, y gracias al apoyo de los aliados, los vigatans se expandieron hacia las comarcas vecinas, armados y vestidos con distintivos imperiales, para recabar la obediencia al Archiduque. También en las tierras occidentales de Cataluña se produjo una movilización a las órdenes de Antoni Desvalls, marqués de Poal, así como en la Seu d’Urgell, encabezada por Joan Esteve y el doctor Francesc Carreu. La estrategia de Velasco de recluirse en Barcelona acabó facilitando la expansión de la revuelta que, a principios de octubre, se había adueñado de prácticamente todo el Principado, dirigida por los vigatans, por los hermanos Nebot en el Camp de Tarragona y por los Desvalls y los Sobies en tierras leridanas.

El 22 de agosto, la ﬂota aliada apareció ante Barcelona y al cabo de pocos días unos 17.000 soldados iniciaban el desembarco, mientras el Consell de Cent y la Diputació seguían a la expectativa. La situación de Barcelona en aquel momento era crítica, tanto por el bloqueo de los vigatans como por el bombardeo de los aliados, a partir del día 15 de septiembre. Además, los vigatans practicaron represalias contra felipistas que vivían fuera de Barcelona, contra algunas casas de jesuitas y contra Josep d’Alós. El 14 de septiembre, los aliados atacaron las líneas borbónicas en Barcelona por el lado de Montjuïc, intento en el que perdió la vida el príncipe de Darmstadt.

El general Peterborough emprendió el asalto de Barcelona el 9 de octubre, facilitado por un alboroto popular iniciado en el barrio de La Ribera, debido al temor de que Velasco se llevara a los prisioneros acusados de conspiración. Se gritaron vivas a la patria y a la libertad y también a Carlos III. Velasco y algunos felipistas destacados salvaron la vida gracias al Consell de Cent, que pidió a Peterborough que los protegiera. Pocos días antes, el 5 de octubre, el virrey, junto con la Ciudad y la Diputació, libró las capitulaciones al Archiduque, en las cuales, además de la salida de los militares y de los felipistas de Barcelona, se reclamaba el respeto a las Constituciones y privilegios otorgados por los reyes, con especial insistencia en las disposiciones de las Cortes de 1701-1702. Se trataba, pues, de hacer cumplir al nuevo rey uno de los compromisos básicos del pacto de Génova: el respeto al marco constitucional catalán.⁴³

LA REUNIÓN DE CORTES DE 1705-1706 EN BARCELONA

Ya en Barcelona, Carlos III el Archiduque recibió a una nutrida representación del país, incluidas la Diputació y el Consell de Cent, y se esforzó en complacer a la nobleza. Ésta se sentía especialmente halagada por la presencia del rey y por la ubicación de la corte en la ciudad. El rey creó nuevos organismos de gobierno, como la Junta de Caballeros, la Junta Militar y la Junta de Estado, compuestas por austracistas reconocidos. La creación de una nueva Real Audiencia puso ﬁn a aquellas juntas. Carlos III celebró Cortes entre el 5 de diciembre de 1705 y el 31 de marzo del 1706. Sin duda alguna, el contexto político en el que se desarrollaron contrastaba notablemente con el ambiente de la convocatoria de 1701-1702 realizada por Felipe V. De entrada, Carlos III era el rey al cual los catalanes habían abierto las puertas de la monarquía hispánica. Además, dos austracistas ocupaban posiciones de relieve en la nueva estructura de poder, lo que, sin duda, debía conferir credibilidad a las propuestas del nuevo rey de cara al éxito de las Cortes: Ramon de Vilana Perlas fue nombrado secretario de Carlos III y Narcís Feliu de la Peña actuó como mediador con los brazos a petición del propio rey.

La buena predisposición del nuevo rey ante los Comunes catalanes parece incuestionable, tal como demuestran los documentos previos que presentó a los brazos. Algunas de las medidas proteccionistas aprobadas en las Cortes de 1701-1702 fueron rehusadas por el brazo real con el argumento de que atentaban contra la idea del «líbero comercio». Pero debe tenerse en cuenta que, en la práctica, los obstáculos a la entrada de productos franceses se intensiﬁcaron a partir del triunfo austracista, hecho que hacía innecesaria esa disposición. Por otra parte, prosperó la política de fabricación de nuevos tejidos mediante el concurso de artesanos extranjeros, siempre y cuando no fueran franceses. Se fomentó la actividad comercial y se eliminaron impedimentos ﬁscales con el ﬁn de favorecer el libre comercio; se dictaron medidas para evitar la intromisión de los oﬁciales reales en el tráﬁco de mercancías y de ganado mediante cargas, y para impedir que los gobernadores de Cádiz y de otros puertos andaluces y de España pusieran trabas a los vinos y aguardientes catalanes, a la vez que se gravaba la entrada del vino forastero. La expedición de barcos a las Indias aumentaba, pasando de dos a cuatro al año y sin que tuvieran que incorporarse a la ﬂota de Cádiz. Se aprobó una junta al objeto de estudiar la formación de una compañía náutica mercantil. La creación del puerto franco en Barcelona representaba otra constitución señalada. Se extinguieron el derecho de la lezda real, que gravaba la entrada de mercancías en las ciudades y villas, y los derechos de Capitanía General, percibidos sobre las mercancías extranjeras importadas. También se regularon las percepciones ﬁscales de los cónsules españoles en los puertos extranjeros y se uniﬁcaron las declaraciones ﬁscales que debían cumplir los patrones de los barcos que llegaban a Cataluña.⁴⁴

En resumidas cuentas, las medidas económicas aprobadas respondían a un equilibrio calculado entre un cierto proteccionismo —siempre ante Francia, el auténtico enemigo comercial— y unas medidas para impulsar la industria autóctona para hacerla competitiva, además, ﬁnalmente, de disposiciones para favorecer un comercio más libre. Se trataba, por tanto, de una política ponderada capaz de dar respuesta a los distintos intereses existentes en el seno del brazo real, que no era, ni mucho menos, compacto. Claro está que los primeros beneﬁciarios de estas medidas fueron los comerciantes. Pero no es menos cierto que las ventajas del comercio exterior y de la especialización productiva auguraban buenas expectativas al crecimiento económico posibilitando que éstas favoreciesen a sectores populares de la sociedad, en la medida en que los lazos entre la producción y el comercio eran casi inseparables, tanto si se trataba del aguardiente como de los tejidos. Ésta me parece la respuesta más plausible a la pregunta formulada por Ricardo García Cárcel,⁴⁵ sobre si se produjo una posible evolución de los planteamientos de Feliu de la Peña (del proteccionismo al comercio libre) o, en todo caso, si las Cortes adoptaron una decisión contraria a las ideas de uno de los hombres más representativos del austracismo, algo ciertamente improbable. No hay que olvidar que Feliu mantenía estrechos vínculos con el comercio, pero a la vez era partidario de forjar una industria más competitiva, una tarea de la que se convirtió en adalid.⁴⁶ Pierre Vilar ya constató que, a ﬁnales del siglo XVII, se produjo una «conquista del mercado regional» en materia de tejidos varios y de enseres de hierro. Y, tras señalar el prestigio de que gozaba en Cataluña el término «libre comercio», precisó que la controversia nunca atacaba a los principios, ya que los partidarios del comercio libre reconocían la utilidad de la protección a la industria, a la par que los defensores de la reglamentación no renegaban del comercio libre sino todo lo contrario.⁴⁷

Es preciso, pues, situar estas medidas en el contexto de especialización, empezando por el sector vitivinícola, espoleado por la posibilidad de exportar y favorecido por la libertad de fabricación y de extracción de aguardientes de que disfrutaban los territorios de la Corona de Aragón, en contraste con la Corona de Castilla, sometida al régimen de real estanco, y el desarrollo de los intercambios que experimentaba la economía catalana desde el siglo XVI, bien perceptibles en el siglo XVII, cada vez más integrada, tal como han demostrado recientes estudios.⁴⁸ Todo ello ayuda a entender, como ha explicado Josep Fontana, que la importación de tejidos de calidad no arruinara a la industria catalana, sino que obligara

al conjunto de la producción catalana a esforzarse a sobrevivir a esta competencia diversiﬁcándose, lo que puede explicar que haya sobrevivido y que se haya orientado hacia la conquista del mercado español, a diferencia de lo que ha sucedido con industrias textiles más protegidas, como por ejemplo la aragonesa, que han acabado por desaparecer.⁴⁹

En el ámbito de la política, las Cortes aprobaron múltiples medidas para lograr un control más efectivo de las autoridades reales y nobiliarias. Se perfeccionó el Tribunal de Contrafacciones, de manera que supeditaba más eﬁcazmente la monarquía a la legalidad pactada, extremando las garantías.⁵⁰ También se estableció la visita de control a los oﬁciales reales. Los diputados, ante cualquier noticia de la existencia de procedimientos contrarios a las Constituciones, debían exigir el reparo de las contrafacciones en tres días. El espinoso tema del intervencionismo monárquico en el proceso de la insaculación se resolvió de manera satisfactoria para el Consell de Cent y la Diputació. Se devolvió la facultad de insacular libremente a ambas instituciones, aunque el rey se reservaba el derecho de desinsacular y sustituir los nombres eliminados.

Otra medida innovadora se refería al endémico problema del alojamiento y la manutención de las tropas: se precisaron los gastos que tenían que cubrir tanto la Diputació como los municipios; se aprobaron medidas para regular la presencia de los ejércitos —cuyos efectivos debían alojarse en cuarteles— y para evitar los abusos de las tropas sobre la población. También cabe destacar la declaración de intenciones de restituir a la Corona de Aragón los territorios italianos de Cerdeña, Sicilia y Nápoles, separados en 1556 tras la creación del Consejo de Italia, así como el compromiso del rey de reintegrar a Cataluña los condados del Rosselló y la Cerdanya, anexionados por Francia en 1659. Además, ningún virrey debía tomar posesión de su cargo hasta que el rey hubiera jurado las Constituciones, una cuestión que había provocado no pocos problemas en tiempos de los Habsburgo.⁵¹

A pesar de logros tan incuestionables, como recuerda Josep M. Torras i Ribé,⁵² los momentos de tensión no faltaron, muy especialmente cuando el rey presionó a los brazos para que las Cortes proclamaran la exclusión permanente de los Borbones de la sucesión al condado de Barcelona. La actitud reticente de los brazos ante esta proposición debe interpretarse en la lógica del pactismo y de la negociación que implicaba no someterse incondicionalmente a ningún príncipe. Finalmente, en pleno asedio de Barcelona por las tropas borbónicas, las Cortes accedieron a la exclusión de los Borbones. En efecto, a ﬁnales de marzo de 1706 llegaron noticias de la proximidad del ejército borbónico, formado por 18.000 hombres, a las órdenes del duque de Noailles y del mariscal Tessé. El contingente armado de la ciudad se hallaba en clara inferioridad: 600 soldados ingleses y 4.500 hombres de la milicia gremial de la Coronela, además de unos 1.000 voluntarios. Las noticias de los abusos cometidos por los ejércitos borbónicos fomentaron la movilización espontánea de voluntarios. El sitio de los ejércitos de las dos coronas se hizo efectivo el 3 de abril. Mientras Felipe V se aposentó en Sarrià, los aliados preparaban la salida de la ciudad de Carlos III, lo que provocó un tumulto popular en el que falleció por un disparo el conseller en cap Francesc Nicolau de Sant Joan. A ﬁnales de abril, los borbónicos ya controlaban el castillo de Montjuïc y preparaban el asalto a la ciudad. Pero el 8 de mayo atracaba en Barcelona la escuadra aliada del almirante Leake, compuesta por 56 naves procedentes de Gibraltar y de Valencia, y con más de 10.000 hombres a bordo, que provocaron el repliegue de los borbónicos, obligados a abandonar la artillería. Felipe V tuvo que retirarse a Francia y entrar de nuevo en España por Pamplona.⁵³

Las Cortes aprobaron un donativo de dos millones de libras, las cuales debían hacerse efectivas en diez años, una cifra muy inferior a la deseada por Carlos III. Además, la Diputació tenía que crear, armar y mantener un regimiento de 500 hombres, mientras que al Consell de Cent le correspondía armar uno propio. En suma, podemos concluir que los logros obtenidos por los brazos catalanes en las Cortes de 1701-1702 y de 1705-1706 permitieron una auténtica puesta al día del constitucionalismo, ampliando notablemente su margen de acción, tras el recorte que experimentó una vez ﬁnalizada la Guerra de los Segadores y la erosión que padeció el sistema a consecuencia de la falta de Cortes concluidas durante un siglo. Las Constituciones se revelaban, de este modo, como un mecanismo eﬁcaz para regir la sociedad catalana, adaptándose a sus demandas, lejos de haberse convertido en un marco jurídico anquilosado y marchito por el paso del tiempo.⁵⁴ Una buena muestra de esta modernidad política la proporcionan las medidas aprobadas tendentes a reforzar el control de la actuación de los ministros reales, a preservar el cumplimiento de la ley y el estatus jurídico de los individuos —preservar la propiedad y vincular la legislación al consenso parlamentario—. En suma, las Constituciones aprobadas en las Cortes de 1705-1706 constituyen la plasmación de las aspiraciones del partido austracista catalán tanto en el terreno económico como en el político.

Una primera ojeada comparativa entre las dos asambleas estamentales muestra un balance signiﬁcativo: si en las primeras Cortes se aprobaron un total de 96 constituciones y capítulos de corte, en las de 1706 el número se dobló. Aunque es cierto que la mayoría de estas disposiciones recogen, en esencia, las de 1702, las precisan o las perfeccionan.⁵⁵ Y lo más relevante es que extreman las medidas que tienden a reforzar el control de la actuación de los ministros reales y a preservar el cumplimiento de la ley, como indicó Víctor Ferro. No faltaban motivos para ello: el virreinato de Velasco, marcado por el desprecio sistemático a las Constituciones, había dejado un recuerdo amargo. La batería de Constituciones y capítulos de corte aprobados para conjurar la repetición de prácticas de gobierno parecidas —tal como estas disposiciones no se cansan de reiterar— indica hasta qué punto el pactismo se había deteriorado durante el primer reinado de Felipe V. Entre las principales cautelas, se prohibió a los oﬁciales reales establecer inquisiciones o procesos contra los integrantes de la Diputació y los individuos del brazo militar, los administradores y miembros de los consejos municipales, y los abogados y oﬁciales de estos consistorios, por razón de asuntos que se hubieran tratado y obligarlos a atestiguar contra alguien por estos motivos. En el mismo sentido se consagró el principio del secreto de correspondencia. Se estableció que los representantes municipales no pudieran ser detenidos, que los ministros reales no pudieran detener a los habitantes del Principado sin causa legítima y que, en todo caso, al cabo de quince días recuperaran la libertad; que en los procesos no se pudiera aplicar ninguna pena al inculpado sin que éste tuviera ocasión de defenderse, etc. Por lo tanto, constatamos un avance notable en el ámbito de las garantías de la libertad civil. Además, siguiendo la tónica de 1702, se dictaron medidas para delimitar las atribuciones de la Real Audiencia y para frenar los abusos de jueces, oﬁciales reales, abogados, escribanos y notarios. Por último, la Conferencia de los Comunes, prohibida por Velasco, pasaba a ser reconocida jurídicamente como organismo asesor.

Sin embargo, en la práctica, muchas de las conquistas logradas en las Cortes no se llegaron a materializar. La aspiración de suprimir la lezda real y avanzar hacia la uniﬁcación de los impuestos quedó pendiente; la instauración del puerto franco chocó con la oposición de la Diputació, que se negaba a ver reducidos sus ingresos ﬁscales, y las normas de funcionamiento apenas se terminaron en 1713. Tampoco se hizo realidad la compañía náutica ni la remisión de barcos a las Indias.⁵⁶ Sabemos, por otra parte, que Carlos III transgredió las directrices de las Cortes. El desencadenamiento de la guerra, agravado por la falta endémica de recursos del rey para mantener a los ejércitos imperiales y por la carencia de coordinación entre los aliados, conllevó la vulneración de algunas de las principales novedades legislativas relacionadas con los alojamientos y las contribuciones para la guerra. Algo parecido sucedió con el control de los individuos que podían acceder a la Diputació y a los consejos municipales: es indiscutible la magnitud de la purga política, que afectó de entrada a 400 personas, y también la represión implacable que sufrieron los sospechosos de ser felipistas. Realidades que conocemos bien gracias a los estudios de Torras i Ribé.⁵⁷ En último término, la lógica implacable de la guerra impidió que unos objetivos políticos anhelados llegaran a materializarse. Estos problemas, sumados a los rigores de la guerra, a la penuria económica y a los abusos cometidos por los ejércitos de uno y otro bando, sumieron a los catalanes en el desencanto y la desesperación. Atendiendo a esta realidad debemos convenir con Jon Arrieta que el austracismo se puede contemplar «como lo que pudo ser y no fue, como la no realización de un conjunto de pretensiones después de toda una trayectoria de guerra, sufrimiento, exilio y sacriﬁcio por una causa». Ciertamente, los déﬁcits señalados no pueden imputarse a la política borbónica y al ﬁniquito posterior del marco jurídico-político catalán.⁵⁸

En Barcelona, Carlos III nombró secretario a Ramon de Vilana Perlas, un notario inﬂuyente que alcanzó las máximas cotas de poder.⁵⁹ El nuevo rey, una vez tomada la ciudad, se apresuró a escribir a la reina Ana de Inglaterra:

Si yo sacriﬁco mi persona, y si mis súbditos en Cataluña arriesgan asimismo sus vidas y haciendas, es por la conﬁanza que tenemos en la generosa protección de Vuestra Majestad. Vuestra Majestad y vuestro gobierno conocen mejor que yo cuanto es necesario para nuestro sostén. Esperaremos, pues, la ayuda de Vuestra Majestad con entera conﬁanza en vuestra bondad y vuestro criterio.⁶⁰

Quedaba claro, pues, quién tenía verdadera capacidad de decisión y quién estaba supeditado a los dictados ingleses. El emperador, por su parte, y hasta 1707, se preocupó ante todo por asegurarse los territorios italianos.

VALENCIA Y ARAGÓN BAJO DOMINIO AUSTRACISTA

A partir de la llegada de la escuadra aliada a Altea, en agosto de 1703, y de las posteriores gestiones de diversos emisarios imperiales en el campo valenciano, quedó abonado el terreno para el desembarco de tropas aliadas en Altea en el mes de agosto de 1705, la ocupación de Denia y la subsiguiente adhesión de las tierras valencianas a Carlos III. A Gibraltar, tomado por el príncipe de Darmstadt en julio de 1704, acudieron un grupo destacado de valencianos para preparar la revuelta, especialmente comerciantes y marineros, entre ellos Francesc Garcia d’Àvila. Sabemos que intervinieron como enlaces con Darmstadt los catalanes Francesc Armenter, el cura Antoni Pons y Joan Nebot y algunos valencianos como Josep de Cardona y Josep Vicent Torres Eximeno. Darmstadt pretendía realizar un desembarco en Alicante, el puerto de mar más cercano a Madrid. Pero ﬁnalmente la armada ancló en Altea el 10 de agosto de 1705; cuatro días después Denia rendía obediencia a Carlos III. Entre 800 y 900 hombres movilizados por Garcia d’Àvila se sumaron a las tropas aliadas.⁶¹

Carmen Pérez Aparicio ha puesto de relieve el grado de popularidad de la causa austracista, abrazada con especial entusiasmo por los maulets, los partidarios más radicales de Basset, ya que ésta daba respuesta a las demandas antiseñoriales del campesinado. En efecto, ha detectado una tensión subyacente en los litigios suscitados entre señores y vasallos entre 1693 y 1705, unos problemas ya evidentes en la Segunda Germanía.⁶²

No sólo se trataba de denunciar los abusos cometidos por los señores, sino de conseguir la libertad de comprar y vender, de usar libremente de los propios bienes, de aprovechar los pastos, las aguas y la pesca, de poder establecer hornos, carnicerías, almazaras … no sólo reﬂeja los problemas derivados de la expulsión de los moriscos sino también un cambio de mentalidad —extensible también al realengo— caracterizado por la difusión de conceptos tales como la libertad natural, con los que se pretende no ya mejorar las condiciones pactadas sino simplemente suprimirlas.⁶³

La conﬂictividad antiseñorial, que además de manifestarse en los pleitos en la Real Audiencia también se expresó mediante revueltas populares, tuvo como objetivos la demanda de reversión a la corona de determinados dominios señoriales; hacer frente al intento de los señores de uniformizar en su beneﬁcio las condiciones contractuales de las tierras de señorío; el anhelo de una administración de justicia eludiendo la señorial; el deseo de controlar el gobierno municipal, el nombramiento de oﬁcios, la celebración de consejos municipales; y, en un sentido más amplio, la abolición de los estancos y monoplios.⁶⁴

Sin duda alguna, el catalizador de tales aspiraciones fue Joan Baptista Basset y Ramos, auténtico líder popular que, según el padre Minyana, ganó el apoyo de los valencianos «prometiéndoles los montes y los mares».⁶⁵ Lo cierto es que el levantamiento austracista en la Marina tuvo lugar sin el concurso de tropas regulares. Existen otras razones que explican la rápida decantación valenciana, como la falta de contingentes militares en el reino y la defección del regimiento de catalanes mandado por Rafael Nebot, que debía cercar Denia y acabó solidarizándose con los denienses y poniéndose al servicio de Basset para marchar sobre la capital. También allanó el terreno el vacío de poder tras el relevo del virrey Villagarcía, destituido por su ineﬁcacia a la hora de reprimir las primeras manifestaciones del austracismo, hecho que facilitó la capitulación de la ciudad de Valencia el 16 de diciembre de 1705 al general Basset, que contaba con el apoyo de los campesinos pero también de las clases populares urbanas, especialmente de los gremios.⁶⁶

Carmen Pérez ha subrayado la impronta de Basset en la primera etapa del gobierno austracista, en su calidad de plenipotenciario de Carlos III. Era coronel de ingenieros del ejército imperial⁶⁷ y acumulaba una dilatada experiencia militar en Hungría, Italia y Cataluña al servicio de la Casa de Austria, en ocasiones junto al príncipe de Darmstadt. Sin embargo, demostró escasa habilidad política para controlar el nuevo orden político en la situación caótica en que quedó sumida la capital tras la capitulación. El protagonismo de los campesinos y de los agremiados en la revuelta conllevó la supresión de las sisas y derechos pero también una oleada de violencia, primero contra los franceses, al grito de «¡mueran los gabachos y agabachados!», y después contra los nobles. Incluso fue asaltado el palacio del arzobispo, además de la iglesia de Sant Esteve. Un bando obligó a los franceses a presentarse en las cárceles y se aceleró la conﬁscación de sus bienes, aunque no hubo que lamentar desgracias personales.⁶⁸ Al ﬁnal, las promesas de Basset acarrearon una actitud generalizada de incumplimiento de las obligaciones ﬁscales entre los sectores populares. Los derechos de la Generalitat, las sisas y derechos municipales, el diezmo de la Iglesia, los contratos enﬁtéuticos entre señores y vasallos, los censos y las rentas, se vieron afectados por el impago. En consecuencia, la Iglesia resultó claramente perjudicada, así como los señores. No sólo ellos: también el erario real y los municipios vieron reducidos sensiblemente sus ingresos a principios de 1706.⁶⁹

Basset no logró dominar aquel escenario y tampoco consiguió evitar un férreo asedio del ejército borbónico. Finalmente, la llegada de tropas aliadas, con Peterborough al frente, y el nombramiento de Josep Folch, conde de Cardona, como virrey, desplazando al dirigente valenciano, permitieron que la situación se estabilizase. Se inauguró entonces la segunda etapa de gobierno, bajo el mando del conde de Cardona, que se esforzó en captar el apoyo de la nobleza, apartada hasta aquel momento de la dirección política austracista. Basset fue encarcelado en la primavera de 1706.⁷⁰ Los juicios sobre su gobierno emitidos por un austracista, el caballero Castellví, son severos, ya que dejó Valencia sumida en un «diﬁcultoso laberinto» y en «confuso caos»:

Los regios decretos sin cuenta, los productos aplicados a particulares intereses, la administración de la justicia turbada, los insultos y vejaciones que habían sufrido algunos de los ciudadanos eran no pocos, algunos sin motivo en dura cárcel, las casas de los ausentes saqueadas sin causa. Universalmente en todo eran turbadas las medidas, promovidas de los dictámenes de los que dirigían a su arbitrio el corto talento del general Basset, a quien le era del todo ajeno el conocimiento de un recto gobierno. Era él, en la representación, autor, y sus consejeros los que deliberaban y ejecutaban, que constituidos despóticos apadrinaban toda clase de insolencias, con el velo de ser afectos y convenir al servicio del rey.⁷¹

Por su parte, el eclesiástico felipista Planes se despacha a gusto con el dirigente reﬂejando con ello el pavor que su gobierno suscitó entre los sectores privilegiados, y lo deﬁne como

ﬁero hombre, sacrílego, descomulgado, ﬁngidor de milagros, embustero, enredador y tramposo; a esta ﬁera estima el populacho, abonándole estas acciones inhumanas por dignas de premio; a éste alaban muchos predicadores, dándole renombre de defensor de la patria.⁷²

La toma de posesión del conde de Cardona supuso, según Pérez Aparicio, «un giro radical de tendencia conservadora, claramente alejado del populismo de su predecesor» que perseguía, a toda costa, recuperar la normalidad institucional.⁷³ Una de las cuestiones más delicadas que había que resolver era la de las obligaciones ﬁscales restableciendo la ley en todos los ámbitos. En primer lugar, haciendo respetar los fueros puesto que protegían los derechos de los titulares de señoríos, a pesar del riesgo político y la impopularidad que la decisión entrañaba. La Real Audiencia se vio precisada a satisfacer las reclamaciones de la nobleza y de la Iglesia respecto a los derechos sobre las rentas señoriales y el diezmo. Sólo existía un pequeño margen de maniobra, que consistía en rebajar los derechos que pertenecían a la Hacienda Real, tal como se procedió a efectuar en Valencia, o en rebajar las prestaciones señoriales de los señoríos conﬁscados, cuya administración se hallaba en manos austracistas. Pero aquellas medidas no alteraron de forma signiﬁcativa el panorama de un amplio incumplimiento ﬁscal.⁷⁴

En cualquier caso, el precio pagado por el apoyo de la nobleza a la causa austracista era el de la pérdida del soporte popular, que resultó fundamental en el triunfo austracista valenciano. No en vano, en junio, el pueblo gritaba «¡Viva Basset, antes que Carlos III!».⁷⁵ El 30 de septiembre de 1706, Carlos III llegaba a la ciudad de Valencia y el 10 de octubre juraba los fueros en la catedral, dando lugar a una gran ﬁ esta de exaltación de la Casa de Austria; numerosas inscripciones, jeroglíﬁcos laudatorios y pinturas que representaban la victoria de leones sobre gallos, en alusión a las Casas de Austria y de Borbón, respectivamente, decoraban las calles. La última vez que se habían celebrado Cortes fue en 1645, convocadas por Felipe IV. Pero a pesar de que el rey permaneció cinco meses en la capital no llegó a convocar Cortes, alegando la proximidad y notable superioridad de las tropas borbónicas en la zona de Molina y en la frontera de Aragón y Valencia y defraudando, sin duda alguna, las expectativas de los estamentos.⁷⁶

Respecto a Aragón, sabemos que el conde de Cifuentes asumió un protagonismo innegable en la difusión de la causa austracista, tras su detención en Madrid y su posterior fuga a Zaragoza. En la primavera de 1705, Cifuentes se mostró activo en Teruel, Albarracín y el Bajo Aragón, ante la mirada cada vez más inquieta del arzobispo-virrey Antonio Ibáñez de la Riva. El 14 de agosto de 1705, Darmstadt, desde Altea, escribió a los diputados del Reino instándoles a abrazar la causa del Archiduque argumentando que «la violencia francesa, olvidando las leyes divinas y humanas, impuso al nobilísimo Reino de Aragón la triste esclavitud nunca conocida antecedentemente en estas partes».⁷⁷

Una vez dominadas Barcelona y Valencia, el reino de Aragón se convirtió en la vanguardia defensiva de los intereses borbónicos. El 28 de diciembre el mariscal Tessé entró en Zaragoza al frente de tropas francesas y estalló un motín popular. Los austracistas emprendieron la ofensiva, y a ﬁnales de 1705 el territorio comprendido entre el Cinca y el Segre ya estaba bajo control de las fuerzas aliadas. José A. Armillas y Berta M. Pérez han puesto de relieve el pulso protagonizado por Cifuentes y por el virrey. En efecto, el dirigente austracista promovió, mediante pasquines, carteles y un cruce de correspondencia, una intensa campaña de agitación en tierras aragonesas, intensiﬁcada mediante su propia presencia en Zaragoza en diversas ocasiones. En este pulso, Ibáñez de la Riva jugó siempre en desventaja, gracias a la tupida red de informantes con que contaba el conde, y no logró capturarlo tras diversos intentos fallidos. Al contrario, la represión acrecentó las simpatías hacia Cifuentes, especialmente entre los eclesiásticos y los sectores populares como los gremios de labradores y albañiles. En agosto, pasó a Batea y se sumó a las fuerzas de los hermanos Joan y Josep Nebot, bajo cuya protección salió del reino de Aragón. En septiembre se publicaba el bando con su sentencia de muerte.

El 19 de junio de 1706 Carlos III dirigía una proclamación a la ciudad de Zaragoza y al Reino de Aragón, apelando a la ﬁdelidad de los aragoneses y prometiendo la conservación de los fueros. El 26 de junio, era reconocido como rey en Zaragoza, donde recibió el apoyo de labradores y artesanos, además de un sector de los caballeros y eclesiásticos. En cambio, los nobles aragoneses fueron mayoritariamente felipistas. El rey fue eximido de jurar los fueros por ausencia del brazo de nobles, aunque recibió el juramento de obediencia. Caspe, Calatayud, Daroca, Alcañiz y Barbastro, entre otros lugares, reconocieron a Carlos III, donde participaron activamente los regimientos de Miquel Sobías y de Antoni de Peguera. El 16 de diciembre, las tropas felipistas dirigidas por Miguel Pons de Mendoza sufrieron una severa derrota en Calamocha.⁷⁸ El Valle de Benasque permaneció ﬁ el al Archiduque hasta casi el ﬁnal de la guerra.⁷⁹ Cifuentes agradeció por carta a los labradores y a los oﬁciales de los gremios su implicación con la causa austracista. En el bando contrario, Ibáñez de la Riva se lamentaba de la popularidad del conde y de su capacidad para atraer hacia la causa austracista a importantes sectores populares.⁸⁰

El impresor Francisco Revilla, que había sido perseguido por los felipistas, publicó un signiﬁcativo impreso dedicado al conde de Cifuentes en el que exaltaba la lealtad aragonesa hacia Carlos III y denunciaba que los felipistas se apropiaran el honor de ser verdaderos «realistas». El impresor se preguntaba qué signiﬁcaba ser «realista». Para responder: «el que profesa realidad». Y replicaba a los felipistas en estos términos: «No hay teología para todo, aunque así lo aﬁrme el vulgo, pues no la hay para adquirir dominio el que jamás pudo adquirir derecho … Ésta es la realidad y el título que usurpáis de realistas. Los verdaderos realistas somos nosotros sus apasionados [de Carlos III] por cuya obediencia me quedo con el honroso título de Realista».⁸¹

CARLOS III EL ARCHIDUQUE EN MADRID

En la primavera de 1706, una vez levantado el sitio de Barcelona, los aliados ﬁjaron como prioridad la conquista de Madrid. Así lo proclamó Carlos III en un bando, el 24 de mayo, en el que declaraba la determinación de «adelantarnos, cuanto antes, hacia nuestra real silla de Madrid, para acabar las calamidades y desastres de la presente guerra». En el texto ordenaba a las autoridades civiles, militares, eclesiásticas y a todos los vasallos que «al presente se hallan en el continente de España nos reconozcan por su legítimo rey y señor natural». Además, prometía el indulto a quienes le dieran la obediencia y se comprometía a respetar el sistema de gobierno tradicional:

Se halla indispensablemente empeñada nuestra Real autoridad y cariño que nos debe la nación española de aplicar los esfuerzos de las armas para procurar la restauración y seguro goce de su libertad, fueros y privilegios atropellados en todas partes del usurpador de nuestra corona.

Ciertamente, como advierte Virginia León, Madrid y Castilla eran piezas fundamentales para la resolución del conﬂicto.⁸² Se trataba, en deﬁnitiva, de convertir el «rey de los catalanes» y de la Corona de Aragón en rey de España. Un impreso barcelonés así lo proclamaba:

Carlos Tercero es rey Verdadero,
de toda España, que empieza a Reinar
en Cataluña
y Espada empuña,
contra los Gallos, que quieren cantar.⁸³

Como hemos visto, las tropas aliadas emprendieron el camino de Aragón, donde obtuvieron el dominio de la parte oriental en junio. En paralelo, las tropas procedentes de Portugal, a las órdenes del marqués de las Minas y Galway, avanzaron hacia Madrid y tomaron Alcántara y Ciudad Rodrigo. Carlos III, desde Zaragoza, junto con Peterborough, tomó el camino de Madrid y se reunió con Las Minas y Galway en Guadalajara. El 21 de junio, Felipe V y la reina, acompañados de los Consejos y Tribunales abandonaban la capital. Los aliados entraron en Madrid a ﬁnales de aquel mes y el 2 de julio proclamaron rey a Carlos III el Archiduque. En Toledo, el cardenal Portocarrero celebró con un Te Deum la entrada del nuevo monarca, Aunque pocos meses antes había publicado una exhortación pastoral para que los eclesiásticos de la diócesis apoyaran a Felipe V, en la que aﬁrmaba que

teniendo presente que la Divina providencia nos ha dado un rey perfecto y amable, y destinado a esta gran Monarquía, por los maniﬁestos derechos de sangre, llamamiento, aclamación y juramento y el sumo peligro que puede ocasionarse a nuestra Sagrada Religión, de la vecindad de la herejía, introduciendo el contagio pestilencial de sus falsos dogmas … y extender el dominio miserable de las tinieblas sobre el reino de la luz.⁸⁴

El Consejo de Toledo formalizó la ruptura con Felipe V.⁸⁵ Requena y Cartagena dieron también la obediencia al nuevo rey. Pero pronto Carlos III pudo percatarse del escaso entusiasmo que su presencia suscitaba en tierras de la Corona de Castilla. A pesar de haber rechazado la Real Guardia Catalana, cuyos oﬁciales eran destacados vigatans, para no suscitar recelos entre los castellanos, se encontró con que pocos nobles le prestaron la obediencia: en total 27 personas de distinción de las cuales 15 eran eclesiásticos. Destacan, entre ellos, los condes de Oropesa, de Haro, de Erill, de Foncalada, de Tendilla y de Elda de Gálvez; el duque de Nájera, el marqués de Miraﬂores, y tres notables austracistas que siguieron a Carlos III hasta Viena: don Juan Antonio Romeo (pronto nombrado secretario de Estado por Italia), don Manuel de Ochoa de Aperregui y don Juan Antonio de Alvarado.⁸⁶ El marqués de San Felipe, de todos modos, traza un panorama probablemente más ajustado a la realidad, en el que muchos nobles estaban a la expectativa de cómo evolucionaban los acontecimientos:

Todos deseaban conservar su honra y, sin menoscabo de ella, muchos deseaban mudar príncipe, más cansados ya de los franceses y de la princesa de los Ursini que del rey. El temor mantuvo a muchos, y esto los preservó de declararse por los austríacos.

Los ministros del Gabinete siguieron a Felipe V: Medina Sidonia, Montellano, Frigiliana y Ronquillo. También le siguieron los duques de Populi y de Osuna, el conde de Aguilar, el príncipe de Tserclaes y el marqués de Aitona, entre otros. En deﬁnitiva, tal como sentenció el marqués de San Felipe, Carlos III «pocos grandes halló en quienes mandar».⁸⁷

La situación se complicó a causa de la falta de víveres, agravada por la presencia del ejército aliado. Ante un escenario tan adverso, las tropas coaligadas iniciaron el repliegue. El 3 de agosto, Antonio del Valle y el marqués de Mejorada entraban en la ciudad al frente de tropas borbónicas, apoyados de «diferentes cuadrillas de los gremios armadas con fusiles que fueron tomando las bocas calles y venidas de palacio», según cuenta un memorial. El día 5, prosigue,

luego que se hubieron entregado los palaciegos se dio principio al saqueo del Patriarca, en donde dicen que se ajustó a dinero … Repartiéronse escuadras de soldados por diferentes calles para esta hostilidad, a quienes seguía mucha plebe y en medio de que pareció que traían lista de los inﬁdentes y que más habían sobresalido, no dejaron de padecer muchos inocentes, porque la plebe incitaba a los soldados a que entrasen en muchas casas acusando a sus dueños, con la facilidad que suele hacerlo la ignorancia y más cuando la mueve la codicia … Fueron muchas las casas que padecieron, siendo el saqueo que recibieron mucho mayor de la gentecilla de Madrid que de los soldados, porque estos sólo tomaban plata o dinero, pero aquéllos desnudaban las paredes echando cuanto había por las ventanas.

Al parecer, los saqueos y robos padecidos por los austracistas aún duraron un par de días más.⁸⁸

Sin esconder su entusiasmo, el marqués de San Felipe escribió: «No podrán borrar los siglos, ni la real estirpe de los Borbones que reina en España olvidar la ﬁdelidad de los castellanos, que, desarmados y sin ejército que los sostuviese, repugnaron de género otra dominación».⁸⁹ Un buen ejemplo lo constituye la carta de adhesión a Felipe V del Ayuntamiento de Madrid durante la ocupación. Por su parte, Carlos III, al pasar por Toledo, recibió la adhesión de Mariana de Neoburgo. Cerrando el episodio, el 7 de agosto de 1706 tuvo lugar un acto en la Plaza Mayor de Madrid en el que fue quemado el pendón utilizado en la proclamación de Carlos III, así como su retrato. Felipe V inició de inmediato la represión de los partidarios del Archiduque mediante persecución, destierro y conﬁscación de bienes.⁹⁰ Rápidamente, Salamanca, Segovia, Ávila y Toledo se restituyeron a la obediencia de Felipe V.

Carlos III se percató pronto de los serios inconvenientes que reportó la toma de Madrid. De entrada, los ejércitos borbónicos habían cortado la comunicación de los aliados entre Aragón y Castilla. En Guadalajara, el Consejo de Guerra celebró dos sesiones (9 y 10 de agosto), con un tema prioritario en la agenda: el abastecimiento de tropas y su acuartelamiento. Pero también deliberó sobre la conveniencia de enviar la ﬂota anglo-holandesa a Italia, medida que signiﬁcaba dejar desprotegidas Cataluña y Valencia. En resumidas cuentas, como subraya Virginia León, «el abandono de Madrid supuso el inicio de un proceso de irresolución y de pérdida de iniciativa por parte de los aliados, cuando todavía el ánimo de los austracistas y de las tropas era elevado». Un proceso que se agravó en los meses siguientes a causa de las diferencias estratégicas de los generales y, sin duda alguna, de la ausencia de coordinación de unos ejércitos heterogéneos.⁹¹

No se trataba sólo de la necesidad imperativa de un mando bajo un general con autoridad, como reclamó Carlos III hasta la saciedad, sino que los objetivos de los aliados fueron, desde el primer momento, dispares y, en algunos momentos, contradictorios. Además, respecto a la cuestión clave del abastecimiento de las tropas, Felipe V controlaba los territorios que producían los productos básicos. De poco servía ocupar Madrid sin dominar Castilla, sobre todo al fallar el esperado y supuesto impacto que debía tener la conquista de la capital en el conjunto de la corona.

Carlos III, por tanto, se vio inmerso en esta dinámica compleja y paralizante, si bien parece que adoptó progresivamente una actitud de mando más resolutiva. Así se observa en relación con los desmanes provocados por las tropas sobre la población castellana, que el rey condenó sin ambages, reclamando una mayor disciplina a los oﬁciales de los ejércitos. Aunque el asunto era de difícil solución a causa de los problemas ﬁnancieros del rey, ya que no contaba con recursos propios y tuvo que ﬁar su suerte al apoyo de ingleses y holandeses. En las ﬁ las borbónicas, en cambio, supieron sacar partido de los abusos cometidos por las tropas aliadas mediante una propaganda que exprimió hasta el límite de sus posibilidades el tema del saqueo de las iglesias.

En esta crítica situación, el Archiduque se dirigió a Valencia; La Mancha, entonces, pasó a manos borbónicas. En su retirada, a punto estuvo de caer en poder de los enemigos, acompañado sólo por el conde de Althann y de dos pajes, en un descuido inexplicable del marqués de las Minas.⁹² Aquellos acontecimientos contrastaban con los éxitos de los aliados en el escenario europeo —una característica de la guerra a partir de aquel momento— y auguraban ya los triunfos borbónicos de 1707 en suelo hispano.

El nuevo rey fue recibido con regocijo en Valencia: «todo lo que le aborrecían las Castillas, le amaban los reinos de la Corona de Aragón», escribió el marqués de San Felipe.⁹³ «Estamos en nuestra tierra», pudo exclamar aliviado al conde de Althann.⁹⁴

MALLORCA E IBIZA, AUSTRACISTAS

En plena ofensiva de los aliados, Carlos III planteó a los generales Peterborough y Leake la preparación de la campaña naval para tomar las Islas Baleares. Dominar las islas constituía una baza imprescindible para los aliados al objeto de controlar el Mediterráneo y para disponer de una base de operaciones navales y de aprovisionamiento. En Mallorca e Ibiza existía un partido austracista conectado con Joan Antoni de Boixadors, conde de Savellà, residente en Barcelona, y cuya esposa, Dionisa Sureda de Sant Martí i Safortesa, estaba emparentada con inﬂuyentes nobles mallorquines. También los eclesiásticos dieron apoyo a la causa austracista. En cambio, el partido felipista estaba representado por el obispo Francesc de la Portilla y el jurista regente de la Audiencia, Francesc Ametller.

Josep Juan Vidal ha explicado detalladamente el desarrollo de las operaciones aliadas en las Islas y la reacción que desencadenó entre sus habitantes.⁹⁵ La escuadra aliada consiguió que Ibiza capitulara rápidamente el 19 de septiembre de 1706. El Consell d’Eivissa proclamó a Carlos III y le juró obediencia al ministro plenipotenciario, el conde de Savellà. El día 25, la ﬂota, formada por unos 35 barcos, la mayoría ingleses, apareció ante Mallorca. El virrey, conde de Alcúdia, contaba con pocos efectivos armados y, además, tuvo que hacer frente a un motín popular el día 26. Algunas casas y tiendas de franceses fueron saqueadas, así como la de determinados felipistas. Al día siguiente, el Gran i General Consell decidió capitular. En la primera reunión que el Consell celebró en presencia del conde de Savellà asistieron la mitad de los consejeros de los estamentos militar y mercader, así como de los ciudadanos, mientras que la representación artesanal y de los payeses se mantuvo al completo, lo que resulta indicativo de los apoyos políticos con que contó Carlos III. Fueron aprobadas las capitulaciones, entre ellas la que conﬁrmaba «todos los privilegios, pragmáticas, franquezas» a la ciudad y el reino del tiempo de Carlos II, a pesar de que el Consell reclamó infructuosamente los «concedidos por los serenísimos señores reyes pasados».⁹⁶

Así, Carlos III fue proclamado rey el 4 de octubre. Savellà actuó como plenipotenciario hasta principios de diciembre, siendo nombrado entonces virrey y capitán general del reino. Al cabo de dos días abandonaban la isla el conde de Alcúdia, Ametller y otros borbónicos, algunos de ellos nobles, y embarcaron para Almería.

En Menorca tuvo lugar un alzamiento austracista en Ciutadella la noche del 11 de octubre, que se extendió con rapidez, aunque los borbónicos controlaban los castillos de San Felipe en Mahón y de San Antonio en Fornells. Joan Miquel Saura pasó a ser el gobernador y Savellà juró conservar los privilegios y leyes de Menorca. Pero el dominio austracista fue efímero porque, aprovechando que la ﬂota aliada se había retirado de Mallorca, refuerzos franceses a las órdenes del mariscal de Villars se presentaron en Mahón el 1 de enero de 1707 y recuperaron la isla. La represión fue contundente. Más dura resultó aún la ola de terror que desplegaron los borbónicos después de descubrir una nueva conspiración a ﬁnales de febrero, con un balance de 33 ejecutados. Además, el gobernador Diego Leonardo Dávila suprimió los privilegios de la isla en noviembre de 1707, restringió el sistema representativo y ordenó que los jurados mayores de las villas fueran nombrados por el rey.⁹⁷

CARLOS III EN VALENCIA. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ALIADOS

El Consejo de Guerra pasó a ser el organismo de coordinación de las fuerzas aliadas. Este Consejo se ocupó de las operaciones militares, el reclutamiento de tropas, la intendencia y la organización del ejército. El ejército lo integraban tropas inglesas, holandesas, portuguesas, austríacas y saboyanas, mientras que el componente hispánico se reducía a una masa de voluntarios y a oﬁciales profesionales y nobles. A ellos hay que añadir cerca de 3.000 miquelets. Con el objeto de poner orden, Carlos III publicó unas ordenanzas militares el 20 de marzo de 1706.⁹⁸

En su estancia en Valencia, hasta el mes de marzo de 1707, el rey organizó el gobierno de la mano del conde de Oropesa y con el apoyo del príncipe Antonio de Liechtenstein, desplazando al secretario Adolfo Zinzerling. Se decidió la formación de una Junta de Estado en Flandes, cuyo presidente fue Bernardo Francisco de Quirós. Se crearon dos secretarías del Despacho, una para los asuntos de Norte, bajo la dirección de Ramon de Vilana Perlas, y otra para los asuntos de Italia, dirigida por Juan Antonio Romeo. También se formó el Consejo de Aragón. Oropesa tuvo inﬂuencia decisiva en el nombramiento de los cargos.⁹⁹ En Barcelona se crearon unas Juntas de secuestros de los bienes de eclesiásticos y seculares felipistas y una Junta de Medios, presidida por el príncipe Liechtenstein, para recibir los préstamos y solventar las urgencias públicas. En esta Junta participaba el abad de Poblet, Francesc Dorda, también tesorero del Consejo de Aragón.

Los aliados, después de ganar Mallorca, ya habían extendido su dominio en toda Cataluña, a excepción de Rosas; en Aragón, excepto Jaca, Tarazona, Molina, y en buena parte de Valencia. El duque de Berwick, al frente de las tropas borbónicas, llegó a Cuenca en octubre. El obispo de Cartagena, Belluga, tomó Orihuela, mientras Berwick hacía lo propio con Elche y Murcia. En Extremadura, Alcántara quedaba bajo control borbónico. Sin duda alguna, los problemas de coordinación y las rivalidades entre los militares aliados facilitaron el avance felipista. Algo parecido sucedía en la corte valenciana de Carlos III: la división entre los ministros y los generales fue la tónica dominante. A consecuencia de ello, el general Stanhope pidió al príncipe Eugenio de Saboya que viniese a España o enviase un hombre de autoridad, para poner ﬁn a las luchas intestinas.¹⁰⁰

Virginia León ha puesto de relieve la disparidad de criterios reinante en las reuniones de los Consejos de Guerra, resultado de unos enfoques tan distintos de la guerra por parte de sus miembros:

Los ministros y generales se alinearon en torno a Gallway y Las Minas, mientras que la opinión de los españoles apenas se tuvo en cuenta. Además, la elevada asistencia de generales en estos consejos y en los siguientes, celebrados durante la retirada de Castilla y en Valencia, complicaron aún más la toma de decisiones … sin duda, el problema más importante de esta primera etapa fue la ausencia de una personalidad de la talla de Marlborough o el príncipe Eugenio, capaz de liderar un ejército tan heterogéneo.

El resultado de aquellos desajustes organizativos se saldó con la pérdida de la iniciativa militar lograda durante el primer año de la guerra. A todo ello hay que sumar la falta de liderazgo de un Carlos III que «parece ajeno a la guerra» y que delega en el príncipe Antonio la asistencia a los consejos, así como problemas de diversa índole: el desconocimiento de la geografía hispánica, la hostilidad, ya apuntada, de los castellanos a Carlos III, los intereses divergentes de los aliados y la diﬁcultad de coordinar y de intercambiar información entre ellos.¹⁰¹

Necesariamente, Carlos III tuvo que incrementar su implicación en la dirección de la guerra. Así, el rey participó en un Consejo de Guerra en enero de 1707, en el que también estaba Peterborough, para preparar la campaña de aquel año. En este Consejo se discutió sobre la amenaza francesa que se cernía sobre Cataluña y sobre la conveniencia de atacar a los borbónicos por La Mancha o bien por Aragón y Navarra. Se debatieron dos estrategias contrapuestas: la primera defendía un nuevo asalto de Madrid, a sugerencia de los ingleses (Gallway, Stanhope), de los portugueses y del conde de Oropesa; la segunda priorizaba la conservación de los territorios de la Corona de Aragón, estrategia secundada por la mayoría de los españoles y por Peterborough. Para los primeros, con el objetivo de desarrollar una guerra ofensiva, los contingentes armados no debían separarse, mientras que para los segundos era preciso dividir los efectivos para mantener las posiciones ganadas. Hay que hacer notar que la preferencia del emperador Leopoldo I por el dominio de Italia constituía un elemento de distorsión importante en la toma de decisiones y generaba desconﬁanza entre los ingleses y holandeses, así como entre los portugueses. Por su parte, Peterborough informó que Luis XIV había nombrado a su sobrino, el duque de Orléans, comandante del ejército de las dos coronas y que preparaba un cuerpo de 18.000 hombres para entrar en España por el Rosselló.¹⁰²

De aquel momento, cabe señalar que, a propuesta aragonesa, surgió el proyecto de crear un ejército común para la Corona de Aragón, formado por 12.000 hombres, de los que Cataluña aportaría 5.000, Aragón 4.000 y Valencia 3.000. Así, la Diputación de Aragón y la ciudad de Zaragoza se dirigieron a la Junta d’Elects de los estamentos valencianos, «convidándoles con la unión para defenderse o ofender a los ﬁlipinos, suplicándoles hiciesen lo mismo y señalasen lugar para el congreso». La Junta decidió solicitar a Carlos III su opinión al respecto. Pero pronto surgieron diﬁcultades insalvables para llevar el proyecto a buen puerto. En primer lugar, el procedimiento para aprobarlo, ya que las leyes de cada territorio no concedían potestad a sus organismos permanentes para decidir una cuestión como aquélla y era preciso convocar Cortes o parlamentos en cada uno de ellos, cosa difícil en aquellas circunstancias. El tema fue debatido en el seno del Consejo de Guerra en el que el conde de Oropesa manifestó una oposición cerrada al proyecto por el recelo que provocaría en la Corona de Castilla.¹⁰³ Francesc de Castellví lo aclara:

Alegó que este gran número de tropa nueva consumiría un gran caudal y sería desde luego inútil al servicio en la urgencia en que se hallaba de ser precisa tropa veterana … que esto sería dar grandes celos a las Castillas y demás provincias de España, de las cuales se debía esperar el todo, que habiendo un cuerpo tan considerable de la Corona de Aragón les considerarían con visos de dominantes; y que se podría temer que siendo poco [con]geniales entre sí las dos naciones, instados los castellanos de franceses y sus parciales, que esta demostración les hiciese entibiar la inclinación al rey Carlos.

Castellví también reﬁere que los representantes de la Corona de Aragón formularon al rey que, al mismo tiempo que se creaba un cuerpo de 12.000 a 18.000 hombres, debería restablecerse

el estado de los reinos con todas las prerrogativas y fueros que habían sido alterados desde el rey don Fernando el Católico; que éste era el medio más eﬁcaz para inclinar los reinos a contribuir. A esto añadieron que debía concederse a sus naturales el libre comercio en Indias, como lo gozaban los castellanos, que el estar privados de ello era contra la justicia … que, a más de esto, que los reinos debían tener el nombramiento de oﬁciales hasta capitán inclusive y el rey de los demás, debiendo ser naturales de los reinos, que estas tropas podrían obrar en las fronteras de los reinos, que de este modo se evitaba dar celos a los demás reinos de España.¹⁰⁴

Al ﬁnal el proyecto no prosperó, a pesar de contar con el apoyo de Stanhope y del embajador portugués. En el Consejo de Aragón, Domènec de Aguirre sugirió realizar una reunión entre ministros aliados, representantes de la Corona de Aragón y miembros de la Junta Política, para hallar una salida satisfactoria al plan. La propuesta fue desestimada por la Junta Política tras considerar que esta movilización pondría en peligro las contribuciones militares que prestaban en aquellos momentos los reinos, y apostó por la idea de pedir nuevos donativos voluntarios.¹⁰⁵

LOS TERRITORIOS DE LA CORONA DE ARAGÓN Y EL PROYECTO AUSTRACISTA

Recapitulemos: ¿hasta qué punto podemos establecer un esquema interpretativo válido para todos los territorios de la Corona de Aragón? Todavía no estamos en condiciones de explicar de manera satisfactoria los puntos en común de la apuesta austracista que nos ayuden a entender el reencuentro de estos territorios en el año 1705, según la expresión de Pierre Vilar. De lo que no cabe duda es que existen proyectos similares aunque con matices variados, intensidades distintas y apoyos sociales diferentes, que es necesario estudiar más a fondo para deﬁnirlos con mayor precisión.

Carmen Pérez Aparicio ha dibujado una sociología válida del austracismo en la Corona de Aragón, con coincidencias parciales entre los diversos territorios, aunque nítidamente diferenciada de la corona castellana, donde el pueblo, los eclesiásticos, y parte de la nobleza dieron apoyo al Borbón.¹⁰⁶ Si dejamos a un lado el elemento común y decisivo, la intervención aliada que animó el levantamiento general, un aspecto a tener presente, aunque no es el más importante porque a menudo fue invocado a posteriori, es que el nombramiento del sucesor al trono realizado por Carlos II estaba falto de base constitucional en la Corona de Aragón, como pone de relieve el conde de Robres.¹⁰⁷ De hecho, aﬁrma Jesús Morales, Felipe V, a la hora de hacer efectiva la ruptura del pactismo político y del establecimiento de un nuevo concepto de soberanía, no tuvo suﬁciente con remitirse al discutible y discutido derecho sucesorio a la corona, sino que apeló al argumento práctico del vencedor en el campo de batalla.¹⁰⁸

La francofobia, extendida en los territorios de la Corona —acrecentada en la Guerra de los Nueve Años— y la preocupación por la defensa de los productos autóctonos ante la competencia francesa en el mercado hispánico y en el americano, constituían razones de peso que afectaban a amplios sectores de la población. Si a ello añadimos factores sociales como las reivindicaciones antiseñoriales entre los campesinos valencianos, en un contexto de elevada tensión social tras el fracaso de la revuelta de la Segunda Germanía (1693), y los aragoneses —en las Cortes de 1702, como en las de 1677, el brazo real planteó, en vano, la supresión de la potestad absoluta de la nobleza—, así como el malestar de Cataluña por el peso de los alojamientos derivados de la guerra con Francia —que dio lugar a la importante revuelta campesina de los barretines entre 1687 y 1689—, elementos que podían ser invocados por los austracistas con el ﬁn de movilizar a los segmentos populares, obtenemos un cuadro bastante completo al que cabe sumar la defensa por parte de las clases dirigentes del orden constitucional vigente. El amplio y militante apoyo de los eclesiásticos, de la mediana y pequeña nobleza (noblesa de la terra, ciudadanos honrados, infanzones) y de sectores burgueses y populares (artesanos y del campesinado, según los territorios) reﬂeja aspiraciones sociales y políticas de los grupos mencionados que entraron en liza en la querella dinástica. No debemos olvidar, ﬁnalmente, que la llamada «guerra de la pluma», decisiva para ganar la opinión pública, desempeñó un papel de primer orden.¹⁰⁹

A pesar de las diferencias de contexto, las variables del apoyo social al austracismo que preﬁguran unos tonos de guerra civil más acentuados en Valencia y Aragón, y los avatares de la guerra en cada uno de los territorios, podemos observar coincidencias signiﬁcativas en los objetivos económicos de los grupos dirigentes. Así, las capitulaciones de la ciudad de Valencia a Carlos III reclamaban el libre comercio en el mercado hispánico mediante la supresión de las cargas arancelarias¹¹⁰ —de la misma manera que en las Cortes de 1645 se habían aprobado medidas a favor de la libertad de comercio— para la venta de seda en Castilla, pero también de control a los tejidos franceses. En Valencia, desde 1701, la burguesía comercial se vio perjudicada por la entrada sin cargas de productos franceses, acompañada de la prohibición de comerciar con los ingleses y holandeses —a los que expedía vinos, aguardientes y frutos secos a cambio de pesca salada, especies y drogas—. Aquellas prácticas repercutieron negativamente en la actividad agraria, especialmente de la Marina, una zona austracista de primera hora. Las instituciones valencianas y alicantinas protestaron reiteradamente por la intromisión francesa en la actividad comercial, ante la indiferencia o el rechazo del gobierno borbónico.¹¹¹

Entre las Cortes aragonesas de 1678 y de 1684 se detecta una evolución de las medidas proteccionistas hacia el comercio libre, en la línea de los planteamientos de Diego J. Dormer (Discursos históricopolíticos, 1684), estableciendo limitaciones a la entrada de productos franceses.¹¹² De forma signiﬁcativa, en las Cortes inconclusas de 1702 el activo brazo de los caballeros e hidalgos propuso medidas para frenar la importación de tejidos de lujo, acabar con la prohibición establecida en las Cortes de Navarra en 1686 —que impedían la entrada en aquel territorio de vino y otros productos aragoneses—, para moderar las cargas abusivas de los puertos secos castellanos que frenaban las exportaciones de Aragón y, ﬁnalmente, para proteger la producción de tejidos de lana.¹¹³

Pero también es maniﬁesto que el elemento principal de convergencia en los territorios de la Corona de Aragón fue la defensa del modelo constitucional de cada uno de ellos, cuya estructura jurídico-política articulaba aquellas sociedades, mediante los fueros en Aragón y Valencia y las constituciones en Cataluña. Desde esta perspectiva, la defensa de los fueros, más que una «consigna eﬁcaz» utilizada por el austracismo,¹¹⁴ habría que interpretarla como una inquietud social compartida de forma transversal. En efecto, la pérdida de las libertades, si bien entendidas éstas de manera distinta por cada uno de los estamentos y grupos sociales, repercutía directamente en las relaciones sociales y económicas de los aragoneses y valencianos. «¡Guárdense los fueros y no quede francés a la vida!», gritaban los amotinados en la revuelta austracista que tuvo lugar en Zaragoza el 28 de diciembre de 1705, revuelta que contó con un signiﬁcativo apoyo popular.¹¹⁵ El virrey Antonio Ibáñez de la Riva escribió en 1705:

Este Reyno de Aragón es tan privilegiado por sus fueros que ninguna persona particular paga tributo alguno ni hay posibilidad foral para que el Reyno haga algún considerable servicio sino juntando cortes generales… Ésta es la planta foral, que no se puede alterar sin fracción de los fueros, y si esta se intentase se seguiría una conmoción universal perjudicialísima en todos tiempos y más en las presentes circunstancias.

Por todo ello auguraba que si las tropas austracistas se presentaban en Zaragoza

no se podrá resistir a los sediciosos de esta ciudad, que son más de dos de las tres partes de la plebe y gente de pluma. Los nobles son muy pocos y sin autoridad en el pueblo y los ministros ﬂojos, tímidos y muy atados a sus fueros.¹¹⁶

El conde de Robres, después de señalar al conde de Cifuentes como instigador del austracismo en Aragón, añadía que tras su persecución «se amotinaba el pueblo en su favor; y ya impresionado de que se quería intentar contra sus libertades, admitió todas las sugestiones de este caballero contra el gobierno».¹¹⁷ Como hemos tenido ocasión de ver, en las Cortes reunidas en Zaragoza a partir del 26 de abril de 1702 y presididas por la reina María Luisa de Saboya, el brazo de los caballeros sostuvo una defensa cerrada del pactismo, con argumentos idénticos a los que esgrimieron los representantes de los brazos en la Cortes catalanas reunidas unos meses antes.¹¹⁸

En Valencia, a pesar de que no tuvo lugar la convocatoria de Cortes, la Junta d’Elects de Contrafurs desplegó una intensa actividad para actualizar los fueros, entre 1701 y 1702, que se plasmó en la redacción de unos Apuntaments per a Corts. Carmen Pérez Aparicio ha destacado el interés de los estamentos por fortalecer las garantías del procedimiento judicial frente a los abusos de los ministros reales, especialmente del virrey, así como por regular el funcionamiento de la Junta d’Elects para resolver los conﬂictos derivados de las transgresiones forales, en la línea del Tribunal de Contrafacciones que se acababa de consolidar en las Cortes catalanas.

En deﬁnitiva, y a pesar de que Felipe V no convocó aquellas esperadas Cortes, se trataba de poner al día las leyes con el ﬁn de revitalizar las instituciones valencianas y garantizar su independencia respecto a los ministros reales.¹¹⁹ Carlos III tampoco convocó Cortes en Valencia (ni en Aragón) pero, como mínimo, juró los fueros y privilegios el 10 de octubre de 1706. Vicent Lluís Simó, al referirse a las últimas Cortes celebradas en Valencia, las de 1645, considera que no se puede hablar de fosilización, ya que la legislación foral disponía de recursos de adecuación para su puesta al día. De forma parecida, en lo que se reﬁere a las Cortes aragonesas, Gonzalo M. Borrás ha concluido que se trata de una «organización articulada y viva, con clara conciencia de su triple competencia: votar el servicio, legislar y planiﬁcar la economía del reino».¹²⁰ Por su parte, Miquel J. Deyà ha observado un elevado grado de coherencia en el proyecto austracista de 1706-1707 en las Islas Baleares, cuyo pilar principal fue la defensa de las franqueses del reino y su puesta al día para paliar el desgaste sufrido durante dos siglos, así como la limitación de las atribuciones reales, la mejora en la administración de justicia y el desarrollo de medidas económicas.¹²¹

En todo caso, no deja de ser signiﬁcativo el informe que en 1707 elaboró el embajador francés, duque de Gramont, ante la perspectiva de la inminente ocupación de Aragón. Después de advertir que las tropas ocupantes debían percibir contribuciones proporcionadas y evitar la violencia gratuita, añadía que era conveniente no mentar a los fueros, no hablar de abolirlos ni de mantenerlos, hasta que Felipe V controlara todos los territorios de la Corona de Aragón, porque:

aunque nada es más esencial para él que abolir sus privilegios, puesto que socavan casi de raíz la realeza en sus fundamentos, pero si se hacía público el deseo de quitar a estos pueblos la conservación de sus privilegios, esto les haría más encarnizados en el bando que han tomado y podría obstaculizar los proyectos que se han forjado.¹²²

El desatendido consejo de Gramont sirve, como mínimo, para llamar la atención sobre la centralidad del objetivo de la defensa de los fueros de Aragón por parte del austracismo. En consonancia con este deseo, los austracistas proclamaron solemnemente la restitución de los fueros en agosto de 1710:

Habiendo la malicia enemiga querido introducir en este Reyno las odiosas leyes de Castilla, contra el antiguo esplendor y honor de los aragoneses, se logra con la restitución de él el suave dominio de nuestro legítimo Rey, que su Majestad derrame benigno su amor, reintegrándonos en nuestros sagrados Fueros.¹²³

Por lo tanto, se impone reubicar el papel del foralismo y del constitucionalismo en el análisis global de las actitudes políticas en los territorios de la Corona de Aragón durante la Guerra de Sucesión, prescindiendo de los prejuicios heredados de las interpretaciones liberal-jacobinas, que asocian de manera reduccionista y maniquea las reivindicaciones libertarias a los privilegios feudales. Como ha puesto de relieve Gregorio Colás en relación con las libertades aragonesas, «bajo ningún aspecto debe minusvalorarse el alcance de estas libertades para el pueblo de las que es, en no pocos casos, el principal beneﬁciado. Algunos de estos derechos poco o nada decían a los privilegiados por estar exentos de la materia que trataban de regular».¹²⁴ Es decir, la prohibición de la tortura y la conﬁscación, el control de la ﬁscalidad y del poder real, la justicia —defensa de los derechos de los presuntos delincuentes, independientemente de su condición social, excepto en el caso de los vasallos de señorío laico que quedaban a merced de su señor: sólo un 20 % de la población.

En este sentido, el Despertador de Catalunya, publicado en la Barcelona resistente de 1713 por decisión de la Junta de Brazos (los tres estamentos), recordaba que

si bien los nobles gozan en Cataluña (conforme a las demás partes del mundo) de algunos privilegios de los que no gozan los plebeyos, sin embargo unos y otros, por razón… [de las Constituciones] son igualmente exentos de diferentes y gravísimos e insoportables tributos.

Añadía, además, otras prerrogativas, como que el rey no pudiera legislar sin la aprobación de los catalanes, que sus ministros no podían administrar justicia sin escuchar a las partes implicadas, que las causas debían resolverse en Cataluña y, principalmente, que el monarca sólo podía movilizarlos para la guerra si ésta tenía lugar en territorio catalán.¹²⁵

Habría que acometer, por otra parte, un estudio comparativo de las Cortes que tuvieron lugar en aquellos años en cada uno de los territorios. En líneas generales, Eva Serra ha detectado un proceso de desnaturalización de las valencianas de 1645, una reactivación de las aragonesas entre 1677 y 1707, y un fortalecimiento de las catalanas entre 1701 y 1706.¹²⁶ Al mismo tiempo, deberíamos conocer mejor las dinámicas económicas y sociales de ﬁnales del siglo XVII, así como la composición social del austracismo en cada uno de los territorios; un análisis que debería acompañarse del estudio del patriotismo, abordado en el caso catalán por Xavier Torres y Antoni Simon.¹²⁷ James Casey, al analizar el patriotismo valenciano en el siglo XVII, ligado al concepto de buen gobierno siguiendo al cronista Gaspar Escolano (1610), ha escrito: «aquello que daba cohesión a esta comunidad era cierta democracia, no absoluta, pero relativamente avanzada para la época».¹²⁸ Por su parte, Jesús Gascón ha reexaminado el patriotismo aragonés para los siglos XVI y XVII, y ha constatado la extensión de la base social del constitucionalismo, asumido por artesanos y campesinos durante las revueltas de 1591, proceso en el que ha encontrado paralelismos con el desarrollo del constitucionalismo catalán.¹²⁹

Sea como fuere, resultan signiﬁcativas las promesas de Carlos III de restituir los fueros en Valencia en 1708 y en Aragón en 1710, con el ﬁn de recuperar el apoyo de la población, en la medida en que respondían a un sentimiento ampliamente extendido; como es el caso de la lamentación del trinitario Martí, en 1707:

Tras haber sido arrancada mi familia de sus lares, sus bienes en parte sustraídos, en parte arruinados y (lo que es con mucho lo más triste) tras la destrucción de la patria. … Nada más calamitoso puede acontecer a los hombres que sobrevivir a su patria. Aborrezco y detesto este desenfreno de las armas.¹³⁰

Incluso el pro borbónico José Sisón, en 1707, argumentaba que la supresión de los fueros «no deja piedra sobre piedra en Aragón … una mutación tan súbita, en unos naturales que se han criado siempre con que sus leyes precedieron a sus Reyes, no puede dejar… de infundirles muy extrañas impresiones».¹³¹ También es conocido el memorial del jurado de Valencia, Pere Lluís Blanquer, y del abogado Josep Ortí (agosto de 1707) solicitando que se restituyera el régimen municipal, razón por la cual ambos sufrieron represión.¹³² El conde de Robres, como ha recordado José M. Iñurritegui, lamentaba la pérdida aduciendo un motivo de estructura constitucional: la comprensión corporativa de las Diputaciones de la Corona de Aragón como cuerpos que representan a los respectivos reinos.¹³³ Y, aún otro felipista valenciano, Planes, llegó a escribir, perplejo, que los austracistas

beberían nuestra sangre, tal es el odio que han cobrado contra nosotros, sin haber dado motivo, pues … ni tenemos culpa ni hemos deseado la introducción de las alcabalas, alojamientos, ni otros impuestos, ni deseamos las leyes ni usages castellanos, ni su gobierno, antes bien todo lo aborrecemos, porque es todo introducido contra el bien común y particular desta ciudad y reino y de sus habitantes.¹³⁴

Podemos concluir, por lo tanto, que a partir del decreto de abolición de los fueros de Valencia y de Aragón (29 de junio de 1707) y de la supresión del Consejo de Aragón (15 de julio del mismo año), una auténtica ruptura constitucional que ponía ﬁn a la monarquía compuesta de los Austrias, cobró fuerza un sentimiento general, siguiendo la expresión del padre Miñana, de encontrarse

oprimida la antigua libertad de los valencianos y alejados de su ancestral privilegio, quienes antes regían sus propios derechos semejantes a un pueblo libre fueron obligados a soportar la suerte común de toda España.¹³⁵

Todo lo dicho nos conduce a la cuestión que ha planteado Carmen Pérez Aparicio: ¿Por qué una vez abolidos los fueros se produce esta concordancia entre personas de bandos opuestos a la guerra y, no lo olvidemos, abiertamente enfrentadas? Se trata, dice, de

una inexplicable coincidencia por parte de unos y otros si no fuera por la verdadera trascendencia del decreto abolicionista: acabar con todos los obstáculos que limitaban la soberanía real.

Porque los fueros, prosigue, eran «una eﬁcaz pantalla protectora de los intereses generales frente a la voracidad ﬁscal de la monarquía». Y, a tenor de lo argumentado, pienso que cabría hacer extensiva la aﬁrmación al ámbito libertario y al político en general.¹³⁶ De manera parecida, ¿por qué, aún en 1725, el tratado de Viena fue recibido con alegría por algunos valencianos que creyeron que, además de un perdón general, comportaría la restitución de los fueros?¹³⁷

Capítulo 8

DOMINIO IMPERIAL Y CONTRAOFENSIVA BORBÓNICA (1706-1709)

LAS BATALLAS DE RAMILLIES Y OUDENARDE. EN BUSCA DE UNA PAZ NEGOCIADA

Sin lugar a dudas, el año 1706 fue claramente favorable a los intereses de los aliados puesto que tomaron posesión de buena parte de los Países Bajos españoles y del norte de Italia. En Ramillies, al norte de Namur, el 23 de mayo, Marlborough logró su segunda gran victoria batiendo a un ejército de 60.000 hombres dirigido por Villeroy y por Max-Emmanuel de Baviera. La derrota provocó una desbandada en las ﬁlas borbónicas: grupos aislados de franceses, valones, suizos y bávaros huyeron entrada la noche, dejando un total de 13.000 bajas. Siete batallones valones pasaron a las ﬁlas aliadas. También los ejércitos del duque de Marlborough padecieron bajas importantes: 1.066 muertos y 2.567 heridos.

Después de la derrota, Villeroy esperaba retener Gante y Brujas y controlar los canales y los ríos para el transporte, pero Marlborough se dirigió hacia Scheldt, Oudenarde y Gavre obligando a los franceses a abandonar la mayor parte de los Países Bajos españoles, cuyos habitantes, descontentos con el nuevo régimen de Felipe V, dispensaron una buena acogida a los aliados. Villeroy pagó sus errores siendo retirado por Luis XIV. Lovaina, Oudenarde, Brujas, Gante, Ostende y Amberes se rindieron y reconocieron a Carlos III el Archiduque como soberano. Siguieron ﬁeles a Felipe V las provincias valonas de Namur, Luxemburgo y el Hainaut.¹ A partir de entonces, y durante toda la guerra, los Países Bajos fueron gobernados por un condominio anglo-holandés bajo la soberanía teórica de Carlos III, caracterizado por el respeto a las leyes propias en contraste con las tendencias absolutistas del interregno francés. Se procedió, por lo tanto, al retorno al orden antiguo.² Mientras, los franceses se esforzaban en proteger el norte de su país ante el imparable avance aliado. En realidad, Ramillies no sólo signiﬁcó el dominio de los Países Bajos del sur por parte de los aliados sino que preparó el terreno a la conquista de los territorios italianos.

MAPA 2. La Guerra de Sucesión en la península Ibérica (1702-1706) (hasta la primera ocupación aliada de Madrid) (Catalunya i la Guerra de Sucessió, catálogo de exposición, editado por Museu d’Història de Catalunya, Barcelona, 2007).

En Italia, Vendôme pertrechó las líneas defensivas en el Adiggio mientras el mariscal de la Feuillade asediaba Turín, bien defendida por el general imperial Daun. El 7 de septiembre, Eugenio de Saboya y Víctor Amadeo II atacaron las líneas que bloqueaban la ciudad y provocaron la dispersión de los efectivos franceses: en el enfrentamiento perdió la vida el conde de Marsin y el duque de Orléans resultó herido. Además, unos 20.000 soldados franceses cayeron prisioneros. Eugenio se convirtió en el nuevo gobernador general del Milanesado y, junto con Víctor Amadeo, entró en Milán, donde fueron bien recibidos por la población. Mantua fue ocupada y, de este modo, el norte de Italia quedaba también bajo dominio imperial. Carlos III fue proclamado duque de Milán, aunque un acuerdo secreto ﬁrmado con su hermano José I en 1703 preveía que el territorio quedara bajo el dominio de Austria. En todo caso, el Milanesado no experimentó cambio alguno en su conﬁguración política, del mismo modo que, al asumir la dignidad imperial, Carlos VI se mostró plenamente respetuoso con el ordenamiento constitucional de su dominio lombardo.³

Puede decirse que en 1706, annus horribilis de los Borbones, los principales objetivos de la Gran Alianza de 1701 se habían hecho realidad: la hegemonía de Luis XIV había sido puesta en tela de juicio; las ambiciones de los Habsburgo en Milán y los Países Bajos del sur, dos de los pilares de la política internacional hispánica, habían sido colmadas; las Provincias Unidas contaban con un estado-tapón entre ellas y Francia, e Inglaterra había obtenido seguridad en los Países Bajos y supremacía en el Mediterráneo. Los aliados, por tanto, estaban en condiciones de ofrecer a Francia una paz honorable. En el curso de negociaciones secretas en Holanda, Francia propuso la partición de la monarquía hispánica. Así lo aﬁrmaba Luis XIV en una carta a Amelot, en la que después de razonar que al cabo de seis años de guerra había llegado la hora de la paz, sugería que debería preparar al rey de España para hacer frente a la «necesidad absoluta» de algún desmembramiento de la monarquía, fruto de las negociaciones. Amelot le contestó que los ingleses y los holandeses eran reacios a la partición del «continente de España» mediante el restablecimiento de los antiguos reinos de Castilla y Aragón, extremo en el que coincidían los partidarios de Felipe V en España, dispuestos a evitar a toda costa la disgregación.⁴

De hecho, parece que Luis XIV se contentaba con los territorios italianos para su nieto dando por bueno que Carlos III reinara en España y las Indias. Pero ni los ingleses ni los holandeses ni el emperador secundaron la propuesta de paz. De todos modos, el rey francés, como ya había intentado anteriormente, en el otoño de 1705, reemprendió conversaciones con los holandeses en 1707 y 1708, consciente de la creciente inquietud que experimentaban a causa de una deuda pública demasiado elevada y de su descontento hacia los británicos. Uno de los principales objetivos de la república en aquella guerra era lograr una auténtica barrera que garantizara su seguridad frente a Francia, lo que suponía no solamente ocupar las principales fortalezas meridionales, sino también apoyo ﬁnanciero del nuevo soberano para pagar las guarniciones y mantener las fortiﬁcaciones. Y las negociaciones con los británicos en este terreno no prosperaban.⁵

También en 1706 se intensiﬁcó la actividad naval inglesa en tierras americanas. Sus navíos se plantaron en varios puertos americanos, como en Cartagena y La Guaira, para obtener el reconocimiento del Archiduque como rey de España. Al año siguiente lo intentaron, de nuevo infructuosamente, en Cartagena, Santa Marta y La Habana.⁶ En Santa Marta, en 1706, los franceses apresaron una nave inglesa que transportaba gran cantidad de papeles subversivos: una gaceta impresa que trataba del viaje del archiduque Carlos desde Viena a Portugal y Cataluña, cartas del Principado de Cataluña y de los representantes municipales de Vic dando gracias a la reina Ana de Inglaterra por su apoyo, así como una declaración del Archiduque encaminada a ganarse el favor de los americanos.⁷ A ﬁnales de aquel año fue descubierta la existencia de un núcleo austracista en México, perseguido por el virrey Albuquerque, en el que se encontraban algunos gallegos, un catalán y dos andaluces, entre los cuales destaca un interesante personaje: el gaditano Salvador José Mañer, que anteriormente había estado en Caracas y según el ﬁscal entró en contacto con Capocelato. Mañer, después de cumplir prisión, llegó a ser un hombre célebre en el mundo de las letras, al servicio de Felipe V y bajo la protección de Patiño, y sostuvo una enconada polémica con el padre Feijoo. En cualquier caso, todos los inculpados resultaron ser peninsulares, a diferencia de lo que sucedió en la conspiración venezolana.⁸

En 1707 Villars emprendió una ofensiva en el Alto Rin, en la que practicó incendios y devastó los territorios alemanes. En el bando contrario, los imperiales pretendían ocupar las posesiones españolas en el sur de Italia. El 7 de julio, las tropas del conde Daun tomaban Nápoles con 10.000 hombres, sin diﬁcultad.⁹ Pero los aliados reclamaron su apoyo para una expedición contra Toulon. Según Marlborough, se trataba de una operación fundamental para abrir un frente en el sureste francés a la vez que amenazaba una de las principales bases marítimas y, de este modo, sentenciar la guerra. Los imperiales y saboyanos debían atacar por tierra con 35.000 hombres y los anglo-holandeses por mar, a las órdenes del almirante Shovell. Niza fue tomada, pero Toulon pudo recibir refuerzos suﬁcientes y los aliados tuvieron que retirarse a ﬁnales de agosto de 1707. El fracaso de la operación, señala Bély, enrareció las relaciones entre ingleses y austríacos, ya que los primeros consideraron que éstos habían dado prioridad a sus objetivos en Italia.¹⁰

El año 1708 resultó, de nuevo, decisivo para los aliados. El astuto Luis XIV intentó sacar tajada del descontento de los holandeses en relación con los británicos, en una posición cada vez más aventajada, al tiempo que cansados del limitado apoyo a la guerra por parte del emperador. A este objeto, en marzo, envió al comerciante Nicolás Mesnager a Holanda, consciente de que sólo la oferta de ventajas comerciales podía seducirlos y hacerles replantear su compromiso en la guerra. La proposición de un nuevo reglamento para el comercio de las Indias se convirtió, de este modo, a ojos del rey de Francia y de Amelot, en la pieza fundamental para el desarrollo de la negociación con las dos potencias marítimas.¹¹ También hay que señalar que aquel mes de marzo, los franceses combinaron una expedición a Escocia apoyando a Jacobo III Estuardo y una ofensiva en los Países Bajos. El desembarco francés no fue posible porque los ingleses fueron alertados y el candidato escocés regresó por Dunkerque.¹² Además, el 8 de junio, en Cartagena de Indias los británicos destruyeron el galeón San José, perdiendo la vida 600 hombres y malográndose el tesoro que llevaba a bordo.¹³

En los Países Bajos, Vendôme concentraba 100.000 hombres cerca de Mons, mientras que Marlborough contaba con 90.000. Gante y Brujas quedaron bajo control francés. En Oudenarde, en el Alto Escalda, se enfrentaron los dos grandes ejércitos el 11 de julio de 1708, entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche. Marlborough supo aprovechar la falta de entendimiento entre el duque de Borgoña y Vendôme, y ganó de nuevo la partida gracias a su habilidad estratégica. Los franceses perdieron 5.000 hombres y 9.000 cayeron prisioneros, entre ellos, 800 oﬁciales. Marlborough perdió 2.972 hombres. De nuevo, desertores borbónicos, suizos, valones y alemanes, pasaron a las ﬁ las aliadas. Los borbónicos, que actuaron de forma muy precipitada e improvisada en aquel combate, según Falkner, se retiraron al territorio situado entre Gante y Brujas. Eugenio de Saboya concentraba sus efectivos al oeste de Bruselas. Marlborough, con el apoyo de los generales holandeses, era partidario de ocupar Francia dirigiéndose a París, pero Eugenio se mostraba reacio. A ﬁnales de julio, el inglés preparó la campaña para ocupar Lille, la ciudad más importante del norte, protegida por el mariscal Boufﬂers. El sobrino de Marlborough, el duque de Berwick, y Vendôme debían contener a los aliados. Lille acabó rindiéndose el 25 de octubre tras una defensa épica.¹⁴

En suma, a ﬁnales de 1708, en claro contraste con el dominio militar borbónico en España —a cuyo frente bélico el emperador no había podido destinar los efectivos necesarios a consecuencia de la guerra que mantenía en Hungría—, las tropas de Luis XIV habían sufrido importantes derrotas, a consecuencia de las cuales quedaron bajo el dominio de los aliados la mayoría de los Países Bajos e incluso una parte de Francia (Lille). Por si fuera poco, los británicos controlaban el Mediterráneo, ya que, además de Gibraltar, ocuparon Cerdeña y Menorca. En julio de aquel año, la escuadra aliada se presentó en Cagliari para hacerse con el objetivo estratégico de la isla de Cerdeña, cuyo reino estaba adscrito a la Corona de Aragón, a diferencia de Nápoles, Sicilia y Milán, englobados en el Consejo de Italia.¹⁵ En cambio, el reino de Sicilia se mantuvo ﬁel a Felipe V hasta el ﬁnal del conﬂicto. A todo ello cabe añadir el tratado comercial secreto que obtuvieron los británicos de un dependiente Carlos III, en enero de 1708, que les garantizaba el asiento de negros, el permiso para introducir esclavos en la América española. Una concesión que no hizo más que agravar el descontento holandés con su aliado, ya que vulneraba el compromiso del ministro Charles Townshend de que recibirían la mitad de los beneﬁcios obtenidos en la guerra.¹⁶

En aquel punto, la situación de Luis XIV era desesperada. A partir de entonces, pudo constatar cómo cambiaba la actitud de los holandeses: si en la primavera de aquel año se hallaban dispuestos a negociar, en septiembre exigían que Carlos III permaneciera en el trono de España y que Felipe V se contentara con los reinos de Nápoles y Sicilia. Británicos y holandeses acabaron exigiendo como condición preliminar a la negociación posterior que España y las Indias fueran cedidas a la casa de Austria. De forma preventiva, el rey de Francia volvió a aconsejar a Amelot que mentalizase a Felipe V, sin alarmarlo, de que unas negociaciones constituirían un mal menor ya que las condiciones en las que se hallaba no le dejaban otra opción que la de buscar la paz.¹⁷ Por otra parte, si bien albergó algunas esperanzas de que la oferta de ventajas comerciales a los holandeses allanaría el camino de la negociación, sus elevadas exigencias pronto le disuadieron de tal cometido.¹⁸

LAS COMPLEJAS RELACIONES ENTRE LOS ALIADOS

Mientras tanto, las relaciones entre las potencias aliadas no eran fáciles y no estaban exentas de conﬂictos. La correspondencia conservada en Viena da buena cuenta de la difícil sintonía entre los militares ingleses y los ministros imperiales e, incluso, de las diferencias en las propias ﬁlas imperiales.

Así, en el año 1706, el comandante de los ejércitos aliados Peterborough (Charles Mordaunt) escribía al ministro imperial Adolf Zinzerling desde Valencia, manifestando su desconﬁanza ante la posibilidad de que aquella ciudad fuera defendida por los autóctonos:

mis ideas tocante Cataluña, las cuales he repetido tantas veces al Rey y a los ministros ingleses, no fueron tal vez del agrado ni de uno ni de otro… El rey esperaba una grande asistencia de sus ﬁeles catalanes, pero ellos se comportan en todas las ocasiones como Herodes en los lugarcitos, y tan cobardes en todos los demás encuentros.¹⁹

Lo cierto es que lord Peterborough no era menos discutido entre los aliados. El príncipe de Liechtenstein —estrechamente vinculado a Carlos III— puso en entredicho la actitud de Peterborough durante la ocupación felipista de Barcelona de 1706, ya que dejó pocos efectivos militares en la ciudad para enviarlos a Aragón y Valencia, por no haber dispuesto correctamente la defensa y por haber pretendido que Carlos III abandonara la ciudad por razones de seguridad, extremo al que el rey se opuso. Si esto hubiera sucedido, aﬁrmaba, el rey «volvería a caer en manos del señor Peterborough y habría estado obligado a acomodarse, quisiera o no, a su genio estrafalario y a sus enredos». Si Carlos III hubiera abandonado Barcelona,

el dicho Milord habría puesto muy poco de su parte en socorrer a esta ciudad del Principado a causa de un odio particular contra los catalanes en general, los cuales, recíprocamente, tienen muy poca conﬁanza en su persona, pues recuerdan muy bien cuánto les costó persuadirle para que emprendiera la expedición de Barcelona.²⁰

A su juicio, el problema se veía agravado por la clara hegemonía de Peterborough en el Consejo de Guerra de los aliados, al que apenas convocaba, actuando «despóticamente y según su capricho». Liechtenstein concluía: «todo el país, incluso todos los ingleses y holandeses, le temen».²¹ El historiador Arthur Parnell puso de relieve la sagacidad de Carlos III al saber eludir las intrigas de Peterborough. En efecto, a la muerte del popular príncipe de Darmstadt en Barcelona, en octubre de 1705, el militar inglés aﬁrmó que la noticia era «de la mayor importancia para el éxito general» porque, según él, el pueblo «nunca se sometería a gobernantes alemanes». Pero el mejor exponente de su talante, según Parnell, se halla en una carta que dirigió al príncipe Eugenio de Saboya el 30 de marzo de 1706, en la que escribía:

Dios conserve a Su Majestad… pues es mi deber decirle a V. A. R que en caso de que muriera… yo daría a España a aquel que deba poseerla. Lo peor para el pueblo sería un rey de España prisionero. El juego será difícil y delicado, sólo puedo decir que haré lo que esté en mi mano.

Peterborough, ﬁnalmente, se vio obligado a responder ante la reina Ana de los cargos de desobediencia de los que le acusó Carlos III, así como de apropiación de grandes sumas de dinero público, sin que se llegara a dilucidar si las sospechas eran fundadas, cuestión que no le ahorró caer en desgracia hasta el cambio de gobierno británico en 1710.²²

A partir de la derrota aliada de Almansa, el 25 de abril de 1707, las críticas a los ingleses, centradas entonces en Galway, arreciaron.²³ El conde de la Corzana no dudó en pedir el relevo del militar a consecuencia de su descrédito. Así se expresó ante el secretario de Estado Ramon de Vilana Perlas:

Yo creo que la primera enmienda debe ser la de mudar directores, que estén más unidos y acreditados, pues aun con este escarmiento que lloramos, temo que Milord no ha de ser más ﬂexible y que experimentará menos obediencia y respeto en los jefes ingleses, que blasfemarán de su conducta y todo se refundirá en menoscabar su opinión con los soldados, y lo mismo padecerá [las] Minas y todo desayudará.²⁴

Al cabo de pocos días, un vecino de Almansa denunciaba indignado: «está este Reino tan consternado, triste y melancólico a vista de traición tan declarada que entienden tener sobre sí todos los enemigos del mundo».²⁵ Para atenuar el impacto negativo que la derrota tuvo entre el pueblo, la Junta de ministros y de generales acordó poner en libertad al general Basset, «dejando para otra ocasión el total examen de sus cargos», para que se pusiera al servicio de un abatido conde de la Corzana, tal como éste había solicitado argumentando que la libertad del dirigente austracista por su «aplauso popular haría ruido».²⁶ Basset había sido detenido por Peterborough en junio de 1706, hecho que contribuyó, sin duda alguna, a la pérdida de apoyo popular a la causa de Carlos III en tierras valencianas.²⁷

Después del mazazo que supuso la derrota para los ejércitos aliados, tomó cuerpo la idea de que el príncipe Eugenio de Saboya era el militar más preparado para dirigir las operaciones en España. Así lo entendió Carlos III, quien formuló la propuesta al capitán general de las fuerzas anglo-holandesas, el duque de Marlborough, a la par que se lamentó de la «falta de entendimiento y la poca armonía entre los generales de las diversas naciones» como uno de los principales motivos de la crítica situación en que se hallaban las tropas aliadas en España, en claro contraste con los triunfos que habían logrado en el frente europeo, especialmente en Blenheim (1704) y Ramillies (1706).²⁸ Carlos III el Archiduque mostró su inquietud por la falta de coordinación de las tropas portuguesas y por la necesidad de un nuevo subsidio por parte de los ingleses, a la vez que encarecía a su hermano, el emperador José I, que pagase puntualmente las tropas, aproximadamente la mitad del importe total que aportaban Inglaterra y las Provincias Unidas. En el mes de noviembre, reiteraba a Marlborough la conveniencia de que el príncipe Eugenio asumiera el mando de los ejércitos en territorio hispánico y se lamentaba del retraso del subsidio, cuya demora, aseguraba, ponía en peligro la defensa de Cataluña y de España. Poco antes, a principios de octubre, le había manifestado sus desacuerdos con el «ministerio» de Viena, por su tibia implicación en la guerra, por cuya razón conﬁaba que los ingleses y holandeses presionaran a José I para que cumpliera con los compromisos que había contraído.²⁹ Por su parte, el príncipe Eugenio no dudó en hablar de «la mala conducta que ha habido por parte de los generales» en la batalla de Almansa y propuso desarrollar una guerra ofensiva en lugar de defensiva, con el máximo rigor.³⁰

LA BATALLA DE ALMANSA Y EL AVANCE BORBÓNICO EN LA CORONA DE ARAGÓN

La batalla de Almansa, librada el 25 de abril de 1707, constituyó uno de los acontecimientos bélicos más decisivos de la guerra, favorable a los borbónicos. El avance aliado dirigido por los generales lord Galway y por el marqués las Minas, muy discutido éste por los aliados —caballería, infantería y artillería portuguesa en primera línea, seguida de unidades inglesas, holandesas y de hugonotes franceses—, se convirtió en una espectacular victoria del duque de Berwick, que contaba con unos efectivos superiores. Hay que hacer notar que los valencianos, al faltar el liderazgo de Basset, no tuvieron una participación activa en el combate. Las bajas aliadas, entre muertos y prisioneros, ascendieron a 7.000 hombres, y las pérdidas materiales, de artillería y bagajes, fueron cuantiosas. En contraste, en el frente borbónico, se contabilizaron 1.500 bajas.³¹

Después de la batalla, los efectivos aliados se dirigieron a Cataluña, mientras Valencia y Aragón quedaban a merced de los vencedores. Berwick penetró en Valencia por Requena y Claude d’Asfeld se dirigió hacia Xàtiva. El virrey de Valencia, conde de la Corzana, huyó. Por su parte, el duque de Orléans, al frente de sus efectivos, partió hacia Aragón. En las ciudades que contaban con elementos fortiﬁcados, como Alicante, Alcoi, Dénia, Xàtiva y Morella, quedaron núcleos resistentes que intentaron frenar el avance borbónico. El ataque a Xàtiva duró del 3 de mayo al 12 de junio, hasta que las tropas dirigidas por D’Asfeld pusieron ﬁn a una heroica resistencia e iniciaron el saqueo e incendio de la ciudad, una acción brutal que generó aún más rechazo a los borbónicos entre los valencianos. El propio militar narraba la acción justiﬁcándola por la «grande obstinación y rebeldía» de sus habitantes:

entrándose espada en mano en la ciudad, y pasando a cuchillo a todos cuantos han hallado que la defendían, hasta en un convento y dos iglesias, experimentando todos el último precipicio de su bárbara resolución [de resistir].³²

Por si fuera poco, la ciudad fue rebautizada como San Felipe. De forma sistemática, se desplegó un plan represivo de persecución y de conﬁscación de propiedades contra los austracistas más señalados, además del desarme de la población. A pesar de ello, grupos de resistentes armados se organizaron para atacar a los felipistas o para interceptar sus convoyes. El 9 de enero de 1708, las tropas de Berwick tomaban Alcoi, donde fueron ejecutados centenares de presos.³³

Aragón, también desguarnecido militarmente, no opuso resistencia a los ejércitos de Felipe V. Zaragoza se rindió el 25 de mayo y el reino experimentó los rigores del vencedor, de forma parecida a Valencia, empezando por el Justicia de Aragón, Antonio Gavín y por el obispo de Huesca, Pedro Gregorio. Dominados ambos territorios, y teniendo bajo control la frontera portuguesa, la reconquista borbónica centró todos sus esfuerzos en Cataluña. Una vez tomadas Mequinenza y Monzón, los aliados se replegaron hacia Lleida, que pasó a ser el objetivo prioritario de los duques de Orléans y de Berwick, puesto que no sólo podía garantizar granos y ganado, sino que constituía la antesala de Barcelona.³⁴ A principios de noviembre de 1707, las tropas del duque de Orléans tomaron la ciudad y protagonizaron un nuevo episodio trágico de represión. A partir de aquel momento, se agravaron los problemas de manutención de los soldados aliados y se multiplicaron los conﬂictos a raíz de los abusos que éstos cometían sobre una población exhausta y desmoralizada. Mientras, Carlos III preparaba la puesta en marcha de una contraofensiva, por lo que en febrero de 1708 desembarcaron en Barcelona 6.000 alemanes, que reforzaron las posiciones de Tortosa y Tarragona. Pero los borbónicos ocuparon Tortosa el 10 de julio. Denia y Alicante, las últimas ciudades bajo control austracista en Valencia, tardaron poco tiempo en ser ocupadas.

Como ha señalado Torras i Ribé, para comprender el éxito de la ofensiva borbónica hay que tomar en consideración diversos factores que lo propiciaron. En primer lugar, el retorno de Carlos III el Archiduque a Cataluña a mediados de marzo de 1707. Su partida de Valencia obedecía, sin duda, a la inquietud que causaba la ofensiva de Berwick entre los aliados, además del clima de descontento social que reinaba en aquellas tierras por la revocación de las medidas antiseñoriales dictadas por el general Basset y por su detención junto con la de otros dirigentes maulets. Además, el traslado del rey, acompañado de un abultado séquito militar, mermó sensiblemente la capacidad defensiva de los ejércitos aliados en tierras valencianas, ya menguada por la desmotivación de los maulets y los labradores. También inﬂuyó, como hemos señalado en más de una ocasión, la descoordinación que reinaba entre los militares aliados. Todo ello ayuda a explicar la rendición de Valencia apenas dos semanas después de la batalla de Almansa.³⁵ Basset, encarcelado en Lleida, fue liberado en julio para que regresara a tierras valencianas, donde defendió Denia.³⁶

Los austracistas, a partir de 1707, después de que Felipe V se apoderara de Valencia y Aragón, denunciaron la represión ejercida contra ambos territorios: «Apoderado el enemigo de estos dos reinos con el pretexto de conquista executó lo que sin ella hubiera executado, quedándose pacíﬁcamente en España». Es decir, no sólo abolió los fueros quitándoles sus «leyes, política y gobierno», sino que cometió

robos, saqueos, incendios, estragos, atrocidades, tiranías y sacrilegios que executaron los enemigos en Valencia y Aragón … en Valencia duró más de tres años la persecución con el mismo furor y estrago que al principio, pues no cesó la horca semana alguna en que no se viesen diez y doce en ella que excedieron el número de tres mil hombres los que padecieron semejante castigo, que parecía querer reducir a desierto las ciudades llevando la máxima de contener con el rigor y el miedo aquellos naturales.³⁷

Fue entonces cuando cobró un protagonismo insólito Melchor de Macanaz. Después de su estancia en Zaragoza en 1706 al servicio de Felipe V, en octubre de 1707 fue nombrado juez de conﬁscaciones del reino de Valencia y, más tarde, reediﬁcador de Xàtiva. Su regalismo y los métodos expeditivos que le caracterizaban, al cuestionar la inmunidad eclesiástica, le condujeron a un choque frontal con el arzobispo Folch de Cardona, quien recibió apoyo del nuncio, al tiempo que se enfrentó con el Consejo de Castilla y con la Chancillería, en especial con Ronquillo y con Colón de Larreátegui. Ante tamaña oposición a las medidas emprendidas por Macanaz, el rey acabó plegándose. Finalmente, Folch de Cardona huyó a Barcelona para sumarse a los austracistas.³⁸

De lo que no cabe duda es de que, a partir de entonces, la guerra en España entraba en una nueva y decisiva etapa: tanto en términos militares, al materializarse la supremacía borbónica, como políticos, con la derogación de los fueros de los reinos de Valencia y de Aragón.

LA GESTACIÓN DE LA NUEVA PLANTA BORBÓNICA Y SU APLICACIÓN EN VALENCIA Y ARAGÓN

Después del triunfo borbónico de Almansa, Felipe V, asesorado por Luis XIV, puso ﬁn al sistema constitucional de la España de los Austrias. La decisión de hacer tabla rasa del orden constitucional de la Corona de Aragón no surgió de improviso. Como señala J. M. Iñurritegui:

Medio año antes de concretarse en forma de decretos, el perﬁl capital de la Nueva Planta ya se conoce. Incluso el lenguaje, los conceptos con los que se había de tejer aquel par de decretos del verano de 1707, ya se manejan con soltura y naturalidad en el otoño de 1706.³⁹

En ese proceso previo destaca la falta de unanimidad entre los mismos partidarios de Felipe V ya que ante una línea abiertamente abolicionista, defendida por Amelot, se interpusieron planteamientos reformistas moderados, animados desde el Consejo de Aragón, especialmente por su presidente, el conde de Frigiliana, quien intentó neutralizar la derogación formal de los fueros y libertades. El Consejo apeló a la «prudencia» frente a la «innovación» y defendió tenazmente la necesidad de posponer cualquier cambio en la estructura territorial de la monarquía hasta que la guerra civil hubiera concluido, aunque no ponía en tela de juicio que «la subsistencia de los fueros, libertades y privilegios penden del absoluto arbitrio del soberano».⁴⁰ En aquel debate, el círculo de Amelot advirtió que el amor a la patria que profesaban los territorios forales constituía el principal obstáculo para la consolidación de un dominio absoluto. Así lo expresaba en un informe emitido a Luis XIV desde la embajada de Madrid en mayo de 1707: «por más afectos que sean al rey, siempre lo serán mucho más a su patria». En rigor, no se trataba sólo de derogar unos derechos, sino de eliminar la comprensión constitucional del fuero y la concepción patriótica que conllevaba.⁴¹

El proceso de materialización de aquel proyecto, que tomó cuerpo entre el 25 de abril y el 29 de junio, ha sido espléndidamente analizado por José M. Iñurritegui. Arranca de un encargo de Tobías de Bourk⁴² a Macanaz —quien plasmó en un puñado de cuartillas manuscritas la idea maquiaveliana de aprovechar la occasione de liberar al rey esclavo de los fueros—, presentado el 22 de mayo a Amelot y enviado al marqués de Torcy. En aquella relectura del orden político hispánico planeaba «la sombra del Olivares redivivo», cuyas páginas escritas en el Gran Memorial de 1624 animaban a buscar la ocasión que permitiera al monarca hacerse rey de España.⁴³

En efecto, son diversas las piezas que preparan el terreno a la elaboración de los decretos de 1707. Podríamos citar como referente previo la carta que Tobías de Bourk dirigió al marqués de Torcy, en septiembre de 1705, en la que aﬁrmaba que si Felipe V aprovechaba la ocasión, sería señor absoluto y efectivo de las provincias en las que hasta entonces sólo lo era nominalmente, aboliendo sus «extravagantes» privilegios y obligándoles a alojar tropas.⁴⁴ Aquel mismo año, Antonio Ibáñez de la Riva, arzobispo de Zaragoza, había escrito que el monarca estaba «atado por los fueros».⁴⁵ Poco después, el 11 de abril de 1706, Michel Amelot, en referencia a Cataluña, opinaba que había que acabar con sus privilegios y construir una ciudadela en Barcelona a costa de sus habitantes.⁴⁶ Una reunión del Despacho, ya en mayo de 1707, acordó «establecer las leyes que fuera servido con plena libertad y sin limitación alguna, ni atención a los fueros que han tenido por lo pasado». Al mismo tiempo, un dictamen de Melchor de Macanaz sugería:

Con las armas en la mano todo se consigue … Si al tiempo de sujetar a los pueblos rebeldes no se les desarma y da la ley, se necesitará después de nuevas fuerzas para conseguirlo.⁴⁷

Luis XIV, no podía ser de otra forma, terció en el debate respondiendo a la propuesta de Amelot de abolir los fueros, el 16 de mayo, en términos inequívocos, logrando que se esfumaran los escrúpulos o las dudas que éste pudiera albergar:

Una de las primeras ventajas que el rey mi nieto obtendrá sin duda de su sumisión será la de establecer allí su autoridad de manera absoluta y aniquilar todos los privilegios que sirven de pretexto a estas provincias para ser exentas a la hora de contribuir a las necesidades del Estado.

Amelot escribió al duque de Orléans, el 8 de junio, y a Luis XIV, el 13 del mismo mes, casi en términos idénticos: insistía en la conveniencia de imponer las leyes de Castilla en los territorios conquistados aprovechando la coyuntura propicia de la guerra, tal como el rey de Francia había sancionado en su carta del 16 de mayo. Apuntaba que valencianos y aragoneses, al ser naturalizados castellanos, obtendrían ventajas que les compensarían de la pérdida de los fueros, hasta el punto que se podría aﬁrmar que los habitantes de la Corona de Aragón saldrían beneﬁciados. El 25 de junio, en una carta a Orléans, Amelot daba por zanjado el tema.⁴⁸ Es evidente que el programa y el carácter instrumental de la prosa de Macanaz cautivaron al establishment de la nueva dinastía, por el aplomo con que formulaba su propuesta y por su capacidad de detallar los pormenores de la mecánica política para consumar el cambio.⁴⁹

El 27 de junio, el rey de Francia volvía sobre el tema añadiendo que «el mantenimiento de estos privilegios era una carga perpetua a la autoridad real». Y ﬁnalmente, el 18 de julio, se ratiﬁcaba en sus juicios anteriores al valorar positivamente que Felipe V hubiera implantado en Aragón y Valencia las leyes de Castilla aprovechando la coyuntura favorable de la conquista.⁵⁰ Así pues, el «oráculo de París», en expresión del conde de Robres, desempeñó un papel decisivo en la ruptura.⁵¹

El decreto de abolición de los fueros aragoneses y valencianos del 29 de junio de 1707 no permite albergar dudas sobre los objetivos que perseguía:

Considerando haber perdido los Reinos de Aragón y de Valencia, y todos sus habitadores por la rebelión que cometieron, faltando enteramente al juramento de ﬁdelidad que me hicieron, como a su legítimo rey y señor, todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades, que gozaban y que con tal liberal mano se les habían concedido …; y tocándome el dominio absoluto de los referidos reinos de Aragón y Valencia, pues a la circunstancia de ser comprendidos en los demás, que tan legítimamente poseo en esta monarquía, se añade ahora la del justo derecho de conquista, que de ellos han hecho últimamente mis armas con el motivo de su rebelión; y considerando también que uno de los principales atributos de la soberanía es la imposición y derogación de leyes … he juzgado por conveniente (así por esto, como por mi deseo de reducir todos mis reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla, tan loables y plausibles en todo el universo) abolir y derogar enteramente, como desde luego doy por abolidos y derogados todos los referidos fueros, privilegios, práctica y costumbre hasta aquí observados en los referidos reinos de Aragón y Valencia, siendo mi voluntad que éstos se reduzcan a las leyes de Castilla, y al uso, práctica y forma de gobierno que se tiene y ha tenido en ella, y en sus tribunales sin diferencia alguna en nada.⁵²

Felipe V culminó el proceso el 15 de julio, liquidando el Consejo de Aragón, «porque con esta disposición se logra el importante ﬁn de la uniformidad que tanto deseo haya entre mis vasallos».⁵³ Así el monarca acababa de situar al príncipe por encima del derecho.⁵⁴ A la nueva realidad política conﬁgurada entonces, según Miguel Artola, se ajusta más el nombre de Reino de España e Indias que el de Monarquía.⁵⁵

La base jurídica del decreto se fundamentaba en la ruptura del juramento de ﬁdelidad al monarca, el dominio absoluto de que éste gozaba en todos los reinos de la monarquía y el derecho de conquista que le permitía imponer el derecho a los territorios vencidos. Pero, como bien advirtió J. M. Gay Escoda, si el primer y el tercer puntos eran ciertos desde la óptica felipista —no así, desde la austracista—, la argumentación del segundo era débil ya que la Corona de Aragón, mediante el pactismo, mantenía cauces distintos de relación con la monarquía que condicionaban sobremanera la soberanía real.⁵⁶

No resulta ocioso recordar que dos meses antes del decreto de supresión de los fueros, el 1 de mayo de 1707, tuvo lugar la Union Act británica, mediante la cual Escocia se incorporaba plenamente a Gran Bretaña. El acontecimiento no pasó desapercibido al felipista conde de Robres en la primavera de 1709. Si bien daba por supuesto que escoceses e ingleses amaban fuertemente «las antigüedades patrias», barruntaba:

El tiempo hará lo que sin él no es posible, porque la igualdad en el trato y las resultas de gran utilidad suavizarán cualquier otra amargura, y verdaderamente no hay más razón para que se crea sepultado el nombre escocés que el inglés en la unión de las dos naciones, antes la hay para entender ambos confundidos en el de británicos, nombre antiguo común de los dos pueblos, no llamándose ya el parlamento unívoco de Inglaterra ni de Escocia sino de la Gran Bretaña. Por ello no ha faltado quien discurriese con sentido que fuera más del servicio del señor Felipe V el reducir a unidad sus dominios por ese medio que por el de su proclama de 1707.⁵⁷

La igualdad entre naciones y el papel asumido por el parlamento frente a la dinastía apuntaban alternativas que pudieran propugnarse para Hispania, subraya José M. Iñurritegui.⁵⁸ Por otras sendas, Hungría, al cabo de medio siglo de luchas encarnizadas y de una larga guerra de independencia (1702-1711) logró conservar sus libertades mediante el tratado de Szatmár, acordado por el emperador Carlos VI, y en virtud del cual los húngaros mantenían su sistema político y los protestantes veían reconocida la libertad de conciencia dando pie a lo que sería la monarquía dual austro-húngara.⁵⁹ Un escrito austracista, Verdad Triumphante en Europa, se hacía eco del desenlace del conﬂicto:

Causó esto gran novedad en la Europa, que no quisieron creer sus enemigos [de Carlos VI], hasta que se desengañaron; pero no me admiro de su incredulidad, porque estas cosas son muy raras en las Historias.⁶⁰

Castellví, por su parte, no ahorró elogios al emperador, que «apagó del todo las quejas, complaciéndolos con actos que declaraban haber sido más culpa de los ministros las turbaciones que se siguieron, que no genial inclinación de los naturales a promover las alteraciones» y juró defender las libertades del reino:

Tratábalos con gran blandura, les procuraba todos los alivios posibles. Estas rectas medidas y justa conducta tuvo presente esta sabia, agradecida, noble y valerosa nación.⁶¹

En sus Memorias para la historia de las guerras civiles de España, el conde de Robres realiza un notable ejercicio de recuperación de la memoria histórica colectiva, en clave reﬂexiva, más allá de los objetivos de un dietario de carácter individual, para comprender así el alcance político y la envergadura constitucional que suponía el barrido de la planta antigua de gobierno.⁶² Se trata de una lectura realizada en clave constitucionalista aragonesa, inequívocamente contractual, puesto que entendía que la absoluta potestad en Aragón no se hallaba en el rey sino en la Corte general, donde concurrían el rey y el reino, en quienes residía la facultad legislativa. Robres, a pesar de su ﬁliación en el bando borbónico, no esconde su repugnancia hacia la «odiosa mudanza» de la política de la nueva planta en la medida que la igualación jurídica suponía la liquidación de la identidad política de unos territorios de la Corona de Aragón. Pero su visión histórica, lejos de limitar al factor dinástico la explicación de la ruptura del viejo orden constitucional, introduce el elemento analítico de la «nación dominante», Castilla, dentro del conjunto regnícola.⁶³ En efecto: las naciones de Castilla y de Aragón ya desde el matrimonio de los Reyes Católicos:

se miraron con casi continua desconﬁanza, no pudiendo sufrir los castellanos las exenciones fundamentales de los aragoneses, ni los aragoneses el predominio con que quedaban sobre ellos los castellanos.⁶⁴

Ésta constituye, sin duda, una de las claves fundamentales que proporciona el conde a la hora de explicar el conﬂicto: Castilla se abrogó el monopolio de la representación del conjunto del reino, ya desde los prolegómenos de la redacción del testamento de Carlos II y de su asunción por el Consejo de Estado, «todo castellano»,⁶⁵ hasta el desenlace subsiguiente a la batalla de Almansa mediante la implantación de su ordenamiento jurídico en Valencia y Aragón. Iñurritegui ha destacado «su libertad y agilidad para entrelazar y superponer los distintos planos del desastre desde el sincero y profundo apego a los códigos políticos y las concepciones constitucionales de raigambre territorial antes que dinástica que identiﬁcan a la cultura propia del autor».⁶⁶

Retomando el hilo de la propuesta de unión alternativa sugerida por el conde de Robres, hay que señalar que, a pesar de que los dos procesos de incorporación, culminados en el marco del conﬂicto internacional de la Guerra de Sucesión de España, tenían en común la persecución del mismo objetivo, la creación del Estado, que en el siglo XIX cuajó en el Estado-nación —una invención que parte de la ﬁcción que la unidad política se fundamenta en un cuerpo homogéneo constituido por un solo pueblo, cuando a menudo lo integran diversas naciones, resultado de procesos agregativos—, es evidente que siguieron caminos bien distintos y que dieron lugar a situaciones políticas contrastadas. Mientras que en el caso de la Corona de Aragón la supresión de los ordenamientos jurídicos y políticos propios se produjo en un contexto bélico y en el ejercicio del derecho de conquista por parte del vencedor Felipe V, la incorporación escocesa fue precedida de intensos debates entre la opinión pública y en el Parlamento, institución que la sancionó por 110 votos contra 69, al cabo de tres meses de discusión. Hacia 1700, sus dirigentes se interrogaban sobre los limitados beneﬁcios de una independencia política que no disponía de los resortes necesarios para propulsar una economía que consideraban débil, excesivamente vulnerable y subordinada a la inglesa. Así pues, el unionismo británico fue parlamentario antes que dinástico.⁶⁷ Aunque hay que añadir, a renglón seguido, que aquella trascendental decisión se impuso gracias al soborno mediante la compra de votos por parte de Londres, cuyo resultado fue decisivo atendiendo a la notable impopularidad y oposición que la unión suscitaba entre el pueblo. Pero, de entrada, el procedimiento político —a pesar de la práctica corrupta de compra de votos— fue formalmente correcto. No resultó ajeno a ello el hecho relevante de la existencia de una dinastía escocesa, la Casa de Estuardo, en el momento en que la de los Hannover se había instaurado en Inglaterra.

El desenlace de los procesos, por último, también fue distinto.⁶⁸ Con la unión, Escocia perdió el Parlamento propio —de la misma manera que las Cortes de los territorios de la Corona de Aragón fueron abolidas— a cambio de una representación en la Cámara de los Comunes (45 representantes) y en la de los Lores (16 representantes). Pero conservó la Iglesia presbiteriana —calvinista, frente a la anglicana oﬁcial—, el sistema educativo, el derecho privado y los tribunales de justicia, además de las ventajas económicas que le proporcionó la unión. Unas ventajas económicas que los escoceses supieron aprovechar y con resultados palpables a mediados del siglo XVIII: en la agricultura, en el sector textil, en el comercio de tabaco y de ganado, y en el comercio colonial hacia 1770. Se trató, en realidad, de una unión para consolidar el imperio, como apunta el título del libro de Robertson.⁶⁹ La expansión cristalizó en una Ilustración y en unas universidades de primera categoría, y fue seguida por una potente industrialización.

Aun teniendo presentes los claroscuros del proceso de incorporación escocés —Andrew Fletcher se expresó con rotundidad al respecto y el jacobitismo que persistió durante medio siglo da cuenta de ello—, el contraste salta a la vista al comparar el contenido y el tono del decreto de abolición de los fueros y de los posteriores decretos de Nueva Planta con el texto del Acta de Unión británica: mientras Felipe V apela al dominio absoluto, al derecho de conquista y a la imposición del modelo político castellano, el Acta de Unión habla de dos reinos, Escocia e Inglaterra, que se ensamblan bajo el nombre de Gran Bretaña, y especiﬁca los términos de la unión. Al mismo tiempo, el nombre y la bandera (Union Jack) del Reino Unido reﬂejaban el momento fundacional del nuevo Estado.

En resumidas cuentas y regresando a la realidad hispánica, el lenguaje de la soberanía y del dominio absoluto que impone Felipe V ﬁniquita los cauces de la gracia basados en la ﬁgura paternal del soberano y en la «senda amorosa» del derecho, vigentes hasta entonces.⁷⁰ De poco sirvieron las diversas voces surgidas de las ﬁlas del propio régimen borbónico, una «retórica del desconsuelo», un «discurso del desencanto»,⁷¹ que imploraban clemencia no sin cierta perplejidad ante aquella radical mutación. A partir de 1707, tales invocaciones habían perdido su operatividad. Así, el 4 de julio, la ciudad de Zaragoza enviaba un memorial al rey apelando a su «amor de padre y señor a sus ciudadanos»:

No se niega que las leyes de Castilla sean buenas, pero también es innegable que en todos los reinos hay un genio predominante con que se distinguen los vecinos; y ésta es la causa porque no se gobiernan por una ley todos, porque lo que se adapta para unos no se conforma para otros. Y así serán para los castellanos proporcionadas sus leyes, y para los aragoneses violentas.⁷²

Al cabo de una semana, José Sisón Ferrer escribía a José de Grimaldo:

No ha habido un solo aragonés (aún de los que han sido más ﬁeles y celosos del real servicio) a quien este decreto no haya penetrado el corazón y resfriado el amor y celo que han profesado, dejando los ánimos preparados para contrarias inclinaciones … Pero en la escabrosidad y estado presente es muy digno de reparo un decreto que no deja piedra sobre piedra en Aragón, ni deja clase, estado ni individuo a quien no alcance en lo jurídico, político y económico; y una mutación tan súbita, en unos naturales que se han criado siempre con que sus leyes precedieron a sus reyes, no puede dejar de consternarlos y de infundirles muy extrañas sensaciones. Atribuyen este decreto más al odio antiguo con que los castellanos siempre han mirado este reino que no a la voluntad del rey nuestro señor, de quien aún les queda la esperanza que le ha de mandar reformar, pues sin ella ya tendrían arrancados todos los corazones.⁷³

La reacción de los jurados valencianos tampoco se hizo esperar. El 25 de julio acordaron enviar una embajada a Madrid para presentar un memorial. Pero sus autores, Pere Lluís Blanquer y el abogado Josep Ortí, fueron encarcelados y posteriormente desterrados en Pamplona. El memorial compartía con los textos aragoneses la inquietud por recuperar la honorabilidad, maculada por la acusación de rebeldía, así como la invocación de la clemencia para pedir el restablecimiento del sistema foral. Así, de forma signiﬁcativa, apuntaba:

Las municipales y propias leyes, estilos y gobierno de una república, las ha establecido en su principio la premeditación y después las ha ido mejorando la experiencia, según las eras y genios; de forma que de unas cortes a otras se han ido adaptando a proporción y postura de los tiempos. Muy saludables, espaciosas y plausibles son las leyes de Castilla: estableciéronse para aquellos reinos sin tener presentes éstos.⁷⁴

De todas formas, las decisiones ya estaban tomadas. Aunque el decreto abolicionista fue seguido de otro del 29 de julio que matizaba la acusación de rebeldía generalizada, salvando el honor de los nobles, caballeros, infanzones, hidalgos y ciudadanos honrados, imputaba la responsabilidad de la guerra civil al «antiguo modo de gobierno», clausurando así la vía de recuperación de los fueros y disponiendo la adecuación de la antigua Audiencia según la estructura de las chancillerías de Valladolid y de Granada, que hubo que desarrollar gradualmente.⁷⁵ Así, el 9 de agosto se constituyó la Chancillería de Valencia asumiendo las funciones de la Audiencia y se nombró corregidor, alcalde mayor y regidores para Valencia, desplegándose, a continuación, la división del territorio en corregimientos. En Aragón también se puso en funcionamiento la Chancillería y los cargos de corregidor y regidores de Zaragoza, a ﬁnales de agosto. En ambos territorios la autoridad militar recaía en el comandante general.

La conﬂictividad y el resentimiento que generó la aplicación de la nueva política de gobierno dio pie a un decreto y a una cédula posterior de Felipe V (2 y 5 de febrero de 1710) mediante la cual recababa información a ambas Chancillerías, con el objetivo de moderar las providencias dadas en relación al gobierno y administración en aquellos territorios. Si bien aquella declaración no se tradujo en ningún hecho tangible al objeto de que Valencia recuperase parcialmente el ordenamiento jurídico anterior, en el caso de Aragón dio pie a la Nueva Planta del 23 de abril de 1711, estableciendo una estructura de nueva creación en la que la Chancillería se transformaba en Audiencia; la legislación a aplicar en las causas civiles en que no fuera parte implicada el rey sería la aragonesa, mientras que en las causas criminales sería la castellana. Asimismo, se creó la Junta o Tribunal del Real Erario, de carácter estamental, formada por los cuatro brazos que antes integraban las Cortes, y se dividía el territorio en distritos o partidos, bajo el mando de un gobernador militar, bajo quien recaía el gobierno político y económico e imponía corregidores y alcaldes, justicias de elección y nominación real.⁷⁶

Sabemos por Enrique Giménez que la Nueva Planta distó mucho de ser una mera aplicación de las leyes castellanas en los territorios de la Corona de Aragón, tal como sugiere el tópico. De entrada, estableció un sistema ﬁscal diferenciado y de nuevo cuño: el equivalente en Valencia, la contribución en Aragón y posteriormente el catastro en Cataluña. Pero, principalmente, destaca su perﬁl militarizado, que tenía la piedra angular en el capitán general y en la ﬁgura de los corregidores, los cuales como gobernadores militares se negaban a reconocer un poder civil superior y consideraban su oﬁcio político como un anexo del principal, el gobierno militar. Giménez ha explicado con todo detalle este aspecto deﬁnitorio de la Nueva Planta y ha mostrado su perdurabilidad a lo largo del siglo, así como las lógicas tensiones que surgieron entre militaristas y civilistas-togados, y los escasos logros de estos últimos en su reivindicación. Concluye que el malestar prerrevolucionario en las últimas décadas del siglo

fue lo que situó nuevamente en lugar preferente la función coactiva y de control que el poder militar tuvo durante el reinado de Felipe V y que nunca había abandonado, ya que la trama corregimental y los corregidores que la sirvieron no fueron concebidos como instrumentos de reforma, sino como eﬁcaces agentes de la monarquía absoluta, a lo que contribuyó notablemente su condición de castellanos y militares.⁷⁷

Una idea que tiene su origen en Amelot, quien la expresó al duque de Orléans en el verano de 1707, cuando le comunicó que trabajaba lentamente en lo concerniente al gobierno civil de Aragón, que, aﬁrmaba, «será subordinado al militar para Valencia».⁷⁸

Respecto a Aragón, Jesús Morales ha puesto de relieve la debilidad del proyecto institucional borbónico, déﬁcit que se trasluce en las insuﬁciencias técnicas del bloque normativo de 1707, que requirieron un desarrollo posterior. Su ambigüedad dio cobertura a interpretaciones o prácticas que se basaban en los Fueros y Observancias en el orden privado o que generaron consultas que no tuvieron respuesta.⁷⁹ No fue hasta el 13 de abril de 1711 cuando Felipe V estableció las leyes del nuevo gobierno que erigían un modelo institucional nuevo, diferente del castellano.⁸⁰ Morales cuestiona, por otra parte, que el nuevo régimen hubiera logrado «la plena implantación de un esquema de decisión centralizado». A su juicio, el gobierno del reino se decidía en el propio reino, principalmente en la Sala del Real Acuerdo de la Audiencia de Aragón:

Aunque estas decisiones proceden de órganos de concepto castellano y de burócratas con carrera castellana, no me atrevería a decir que se aplicasen en Aragón soluciones previamente adoptadas para Castilla. Debemos recordar que estamos en una administración de Antiguo Régimen, en que prima la individualidad de la decisión sobre la aplicación de unas leyes generales … el elemento castellano está en la raíz de estas normas, en el concepto de ley y legislador a que responden, no en su texto.⁸¹

En todo caso, la Nueva Planta estableció nuevos conceptos en materia ﬁscal y económica, en organización militar, en materia de nombramiento de los cargos municipales, e incluso sobre las competencias de la Real Audiencia que se fueron concretando a posteriori. Por todo ello, concluye Morales, «entre fueros y observancias conservados y leyes nuevas, el espacio que queda para la aplicación de leyes castellanas es muy reducido».⁸²

EL GOBIERNO DE FELIPE V: ALCANCE Y LÍMITES DE LAS REFORMAS

¿Qué sucedía, mientras tanto, en la España borbónica? Nos hemos referido ya, al hablar de los primeros años de gobierno de Felipe V, al tour de force que éste realizó frente a un Consejo de Estado reacio a seguir las directrices de la política francesa y que tenían su plasmación en el Consejo de Gabinete o de Despacho creado el 1702. Sin duda alguna, las exigencias de la guerra, tanto económicas como organizativas, aceleraron el proceso de transformación hacia un gobierno cada vez más ejecutivo. El sistema polisinodial, basado en Consejos, gozaba de prestigio si bien se le achacaban vicios por la lentitud con que gestionaba los negocios y por el tratamiento inconexo de las materias de gobierno.⁸³ A juicio de Jean Orry, aquel sistema privaba al rey de su autoridad. La crítica apuntaba directamente al poder de los grandes de España, a los que era preciso apartar de las altas responsabilidades del gobierno.⁸⁴

Hemos podido ver cómo a partir de 1703 nuevos organismos políticos se superpusieron a las antiguas estructuras deliberativas, alterándolas o vaciándolas de contenido. La «vía reservada», es decir, la decisión directa del monarca en perjuicio de los Consejos, se imponía. Un decreto de julio de 1705 dividía la antigua Secretaría de Despacho Universal en dos departamentos: uno de Guerra y Hacienda, dirigido por Grimaldo —quien en 1714 pasó al Despacho de Estado—, y otro para el resto de materias, bajo la tutela del marqués de Mejorada. En aquel contexto, queda clara la prioridad del primero en el alcance de sus cometidos. Mientras tanto, Jean Orry era el verdadero inspirador de la política económica, contando con un intendente universal, Lorenzo Armengual, obispo de Gironda. Dicha reestructuración culminó con la reforma de Orry del noviembre de 1714, que consolidó la estructura vertical mediante la creación de cuatro Secretarías del Despacho, encargadas de los negociados de Estado, Asuntos Eclesiásticos y Justicia, Guerra y Marina e Indias, y el nombramiento de un veedor general para las cuestiones de Hacienda, cargo que permaneció bajo su responsabilidad directa. Entonces Manuel Vadillo entraba en escena como secretario del Despacho de Justicia y Gobierno. Además, el decreto establecía que los secretarios se integrasen en un Consejo de Gabinete, un organismo colegiado de centralización de decisiones. Paralelamente, se procedía a decapitar los antiguos consejos, en especial los de Castilla y Hacienda.⁸⁵

Tuvo lugar, según Jean-Pierre Dedieu, una «canibalización» de los consejos tradicionales: el Consejo de Estado siguió ejerciendo sus funciones pero dejaba de ser el órgano decisorio del gobierno que era hasta entonces, para pasar a ser meramente decorativo y de carácter honoríﬁco a partir de 1717. Una evolución paralela siguió el Consejo de Guerra, que perdió atribuciones relacionadas con la administración militar y que, a partir de la misma fecha, quedó reducido a ser un tribunal de apelación de la justicia militar. Las reformas robustecieron el control real con la conﬁguración del escalafón como instrumento del poder regio, mediante el nombramiento de oﬁciales (en 1702 a partir del grado de coronel y en 1704 a partir del grado de sargento); con la revitalización de la ﬁgura del capitán general; con la creación de las direcciones generales de infantería y de caballería; con la creación de cuerpos de élite, como la Guardia de Infantería en 1702 y la Guardia de Corps en 1704, constituyendo un ejército dentro del ejército, a partir del cual surgieron cargos del futuro mando político-militar de la monarquía; y con medidas que culminaron en 1714 con la cuadriculación del espacio militar y con la creación de la Intendencia General de Marina. También el Consejo de Hacienda cedió atribuciones importantes. En 1703, Felipe V creó una Tesorería Mayor de Guerra; en 1711, estableció los superintendentes generales de provincias y, en 1713, rescindió todos los contratos de arrendamiento de rentas reales de Castilla para ﬁrmar nuevos convenios. Trataba, de este modo, de sustituir el sistema anterior basado en que cada tesorería de cada renta y en cada provincia era independiente de las demás.

A pesar de ese proceso inexorable, el rey no tuvo las cosas fáciles. Después de publicar, en noviembre de 1713, un real decreto reformando los consejos de Castilla, de Hacienda y de Indias y en abril de 1714 haciendo lo propio con el Consejo de Guerra, ante la oposición a tales medidas, y ante las denuncias de «despotismo ministerial»,⁸⁶ Felipe V tuvo que batirse en retirada, restablecer los consejos reformados en su planta y readmitir a los consejeros cesados.⁸⁷ Un memorial anónimo de un felipista, presentado a la Corte, se quejaba amargamente de la gestión de los ministros extranjeros en perjuicio de los españoles (apuntaba directamente a Orry) y del «mal gobierno» que vulneraba unas «reglas venerables por su antigüedad; estimables por sus legisladores y bien entendidas por la común práctica de las gentes», sustituidas por otras «despreciables por la novedad». Más concretamente, denunciaba:

Aquí nos hallamos el día 19 de noviembre del año próximo pasado (sobre tantos antecedentes desconsuelos) sorprehendidos con una nueva planta de práctica en los consejos y tribunales que la confusión y aturdimiento de la novedad pueden emular oculta la fuerza de el dolor que en él recibía este común porque no se pudo de una vez aprehender lo gravoso de los inconvenientes que de ella se habían de seguir hasta que poco a poco se ha ido y van experimentando las injusticias que reciben tantos ministros de oﬁcios propietarios adquiridos por servicios de dinero: tantos de empleos vitalicios adquiridos unos por dinero, y otros por reales servicios.

A todo ello añadía el aumento de los gastos de la corona y la falta de conﬁanza de los hombres de negocios por la alteración o rescisión de los contratos provocados por un mal ministro, «extraño, impráctico, desconﬁado, confuso y atropellado».⁸⁸

También unos versos anónimos se hacían eco del desconcierto y del desánimo que provocó la nueva política:

Al Rey ni escuchan ni ven
La Reina no ver y obrar
… Los Consejos reducidos
a que en sus cinco sentidos
se dexe España morir.⁸⁹

En resumidas cuentas, la ocupación de Madrid por Carlos III el Archiduque en 1706 —durante la cual éste recibió la obediencia de una parte de la nobleza—, y la implantación de la Nueva Planta en Aragón y Valencia en 1707, que supuso la supresión del Consejo de Aragón, prepararon el camino a transformaciones profundas en la estructura de la monarquía que asestaron un duro golpe al sistema polisinodial de los Austrias. Melchor de Macanaz, uno de los artíﬁces del cambio, escribió signiﬁcativamente entonces, en relación con la autoridad de que debía disponer el Consejo de Castilla:

La soberanía es impartible, no sufre sociedad, se debilita u aun se acaba cuando se divide; no puede el rey separar de sí ni todo ni en parte, porque a él sólo lo hizo Dios soberano.

En consecuencia, proseguía, «tendríamos en el dominio español un Parlamento de Inglaterra, que pensase moderar la autoridad real», para concluir: «el Consejo sin el Rey es nada … no tiene más vida que la que el rey le quiere dar».⁹⁰ En 1715, a las puertas de su cese y del exilio francés, Macanaz proclamaba: «he conseguido que los Consejos sean ya Consejos sujetos y con voluntad bien dispuesta a cuanto sea del servicio de Vuestra Majestad».⁹¹ Lo cierto es que en 1721 las seis oﬁcinas se habían estabilizado y que persistieron prácticamente hasta 1787: Estado, Guerra, Hacienda, Indias, Marina, Gracia y Justicia.

Mención aparte merece el desarrollo de la hacienda borbónica. Cabe señalar que coexistieron la Tesorería General y la recién creada Tesorería Mayor, con la que se pretendía administrar todos los recursos destinados a ﬁnanciar la guerra, aunque en la práctica ambas emplearon el dinero indistintamente en ﬁnes civiles y militares. Lo cierto es que la Tesorería Mayor manejó casi tres veces más fondos que la General, para equilibrarse después de la guerra y acabar desapareciendo. Según José Jurado, el crecimiento del gasto de las dos Tesorerías entre 1703 y 1713 fue superior al 60 %, con un ritmo de crecimiento notable entre 1703 y 1710, al que siguió el año máximo de 1711 (con un gasto casi cinco veces mayor que en 1703), para descender en los dos años siguientes. El gasto alcanzó las cotas más elevadas entre 1707 y 1711. A todo ello habría que sumar las cantidades sufragadas por Francia, especialmente las relacionadas con las operaciones de la Marina española, las cargas militares asumidas por los municipios y el importante volumen de deuda diferida por Felipe V en forma de obligaciones de diverso tipo que dejó a su muerte («créditos de testamentaría»). Como conclusión, el volumen del gasto tendió a incrementarse conforme la contienda avanzaba: si entre 1703 y 1705 los tesoreros generales y los mayores destinaron el 85 % de sus fondos a ﬁnanciar al Ejército y la Marina (40 millones de reales), en 1705-1707 la suma ascendía a más del 90 % (68 millones), cifra que descendió hasta el 86 % en los años siguientes para remontar hasta el 90 % del presupuesto entre 1709 y 1711 (400 millones). En 1712 y 1713, el volumen de los desembolsos ya descendió notablemente (190 millones). Si bien la mayor parte del gasto se destinó a la ﬁnanciación de la guerra, hay que hacer notar que también cubría las necesidades de la Casa Real (un 5 % que fue descendiendo a medida que las urgencias de la guerra crecían) y de la administración. La deuda absorbió de media el 1 % del gasto, porcentaje exiguo que tiene que ver con el gran volumen de impagados.⁹²

En el ámbito del comercio, como ha advertido Pérez-Mallaína, el año 1706 signiﬁcó uno de los momentos culminantes de la inﬂuencia francesa en España. Después del regreso de Felipe V a Madrid, se eliminó a los miembros del Consejo de Indias que se habían mostrado partidarios del Archiduque. Una de las primeras medidas que reﬂejan el cambio de orientación del Consejo fue la decisión de que seis fragatas francesas se dirigieran a América transportando mercancías de Cádiz. A pesar de ello, en 1707 el Consejo no dejó de protestar ante la gran aﬂuencia de navíos franceses a las Indias, a lo que se sumó la voz de los comerciantes de Sevilla. La queja fue presentada en París al ministro Pontchartrain por el conde de Aguilar. El 28 de abril, el Consulado de Sevilla manifestó que hasta diciembre de 1706 habían entrado en Veracruz y Campeche 36 buques franceses y, según voz pública, pasaban de 186 los que habían recalado en los puertos de Tierra Firme. Un informe parecido fue realizado para Lima. El Consejo manifestó una ﬁrme protesta mediante Bernardo Tinajero ante el embajador Amelot.

La plena conciencia de que el contrabando francés arruinaba al comercio y a la navegación en las Indias es incontestable. Si bien las promesas por parte de las autoridades borbónicas de que las partidas de buques se limitarían aplacaron los ánimos, hubo que esperar al año 1709, cuando Luis XIV abandonó a su nieto, para que las reclamaciones fueran atendidas por el rey.⁹³ En todo caso, entre 1706 y 1710 asistimos al momento más crítico para el sistema colonial español, cuyo punto culminante fue el desastre de los galeones que partieron de Nueva España en el verano de 1708, al ser sorprendidos por una ﬂotilla británica, y del que se salvaron sólo dos navíos que se refugiaron en el puerto de Cartagena de Indias. El mismo año, la Armada del Sur fue asaltada en su viaje de retorno a El Callao por corsarios británicos. Los comerciantes locales, al llegar a Lima, se encontraron la ciudad y el virreinato inundados de géneros introducidos por los franceses con la complicidad del virrey Castelldosrius.⁹⁴

En paralelo a los cambios profundos operados en las estructuras políticas y administrativas, un fenómeno que cobró carta de naturaleza entre 1704 y 1711 fue la venta de cargos. Carlos II había recurrido a ella con motivo de la Guerra de los Nueve Años (1689-1697), cuyos efectos perniciosos fueron denunciados por Pedro Portocarrero en su Teatro Monárquico.⁹⁵ Felipe V, siguiendo el consejo de Luis XIV, decretó su suspensión en 1701. No obstante, y sin que mediara un nuevo decreto reinstaurando la práctica venal de todo tipo de cargos, el nuevo monarca y los asesores franceses, con Orry al frente, se valieron sistemáticamente de este recurso extraordinario hasta 1711. Francisco Andújar, en su espléndido estudio, analiza minuciosamente esta práctica, que no sólo reportó inmensos caudales al monarca sino que le propició el establecimiento de sólidos lazos de ﬁdelidad de los nuevos agentes del gobierno que participaron en la operación de compra de cargos. Pero, a su vez, no cabe duda de que aquella política mermaba el poder del rey y su capacidad de decisión, poniendo en evidencia el peso de lo arbitrario en el proceso de la toma de decisiones en el absolutismo.

La amplia oferta venal incluía la presidencia de la Casa de Contratación de Sevilla y de los Consejos de Indias y de Hacienda, los cargos de alguacil de los Consejos, las plazas de consejero, las tesorerías y contadurías, los corregimientos, los empleos de Hacienda, hidalguías y títulos nobiliarios. También abarcaba puestos de justicia, plazas de oidores en Chancillerías y Audiencias, plazas togadas de los Consejos y, sobre todo, el amplio mercado americano, incluyendo los virreinatos. Se vendían puestos vacantes, se enajenaban futuras —para cargos políticos que se ejercían por tiempo limitado— y plazas supernumerarias —para instituciones con número ﬁjo de miembros y que quedaban a la espera de una vacante—. Se trataba de plazas con carácter temporal o de carácter vitalicio, cuya oferta suponía «poner en venta la esencia del Estado: el gobierno político y la justicia».⁹⁶

Una pieza indiscutible en el engranaje venal eran las «casas de negocios» particulares, donde hábiles ﬁnancieros se ocupaban de la mediación y de la gestión de la compra. Algunos de los más reputados fueron el banquero Bartolomé Flon; el tesorero de la reina, Juan de Goyeneche, el hombre de negocios Tomás Pomar, marqués de Miana, y el contador del Tribunal Mayor de Cuentas, Ventura de Pinedo. Estos hombres a veces también actuaban como prestamistas para recuperar el dinero que habían adelantado al monarca para la guerra. José de Grimaldo se ocupaba de canalizar en la corte las peticiones de compra y de establecer el precio, en el más absoluto secreto, después de recabar informes sobre los candidatos, y siempre de acuerdo con el embajador francés Amelot, entre 1705 y 1709. A partir de 1709, Grimaldo pasó a ejercer el control de las operaciones por completo. El beneplácito de Bernardo Tinajero, al frente de la Secretaría de Indias, y cuya carrera fue fulgurante, era indispensable para adquirir cargos en aquellos dominios, donde tuvo lugar un descomunal negocio privado de compraventa de cargos.⁹⁷ También merece una mención especial la intervención en este asunto de la princesa de los Ursinos, con claros indicios de uso lucrativo de su cargo de camarera mayor. Durante su primera etapa en España, gestionó las asignaciones que el tesorero de la reina, Goyeneche, pagaba para la Cámara y Bolsillo de la reina. Además, disponía de cédulas de gasto aprobadas directamente por el rey, sin necesidad de justiﬁcarlas y también pudo intervenir en la venta de cargos.⁹⁸

Una de las consecuencias más graves de la almoneda de los cargos afecta al ámbito de la justicia: entre 1704 y 1711 se vendió el 40,5 % del total de las magistraturas enajenadas entre 1687 y 1750. No hace falta insistir en los efectos nefastos derivados de la falta de preparación de los compradores, jueces bisoños y a veces muy jóvenes, especialmente graves en América hasta el extremo de vender puestos en sus Audiencias a individuos que ni siquiera habían cursado estudios de leyes.⁹⁹ La venta de todos los corregimientos a partir del 1708, especialmente en la Corona de Aragón, también comportó un perﬁl bajo de los nuevos cargos, la mayoría de los cuales carecían de experiencia en la carrera de varas.¹⁰⁰ No cabe duda de que este tipo de prácticas entorpecía el funcionamiento de la administración ordinaria así como la promoción de los burócratas relegando el mérito, tal como denunció el conde de Frigiliana, presidente del Consejo de Indias, que consideraba que la corrupción era la secuela más grave de la venalidad.¹⁰¹

La razón esencial por la que se justiﬁcaba la venalidad era la recaudación, de forma excepcional, de unos recursos para hacer frente a las extremas necesidades de la guerra. En efecto, la venta de cargos proporcionó como mínimo el 7 % de los ingresos de la monarquía, que tuvo su máxima intensidad en el año 1708.¹⁰² Pero resulta que parte del dinero obtenido ﬂuía hacia gastos distintos y que la venta derivaba hacia prácticas corruptas que consolidaban unas clientelas que acababan menoscabando el poder del rey, y que tenían su corolario en un control privado de la Hacienda pública.

Aunque la almoneda se detuvo en 1712 en España y prosiguió en las Indias, se volvieron a enajenar cargos y honores a lo largo de todo el reinado. La paradoja es que esta práctica, exponente del poder absoluto del monarca, acabó debilitando su poder situándolo en una posición de clara fragilidad. Era, en deﬁnitiva, el interés dinástico y el clientelar el que prevalecía, cuestión que permite poner en tela de juicio el carácter supuestamente «administrativo» de la monarquía borbónica. No anda desencaminado Thomas Ertman al encuadrar las dos monarquías, francesa y española, en el grupo de estados patrimoniales frente a los burocráticos, encabezados por Gran Bretaña, Suecia, Prusia y Dinamarca, ya que argumenta con razón que la mera existencia de un régimen político monocrático no es condición suﬁciente para una burocratización exitosa.¹⁰³

Más allá de estas prácticas surgidas al socaire de la guerra, la contienda impuso su cruda realidad en las tierras castellanas. En 1703 Felipe V ordenó el alistamiento de un hombre por cada cien vecinos.¹⁰⁴ Las zonas de Castilla y Extremadura soportaron el peso de la guerra, ya que fueron ocupadas por los aliados, y hubo que reclutar tropas, buscar armas, provisiones y dinero. Recuperados estos territorios por Felipe V, el incremento de la ﬁscalidad y el reclutamiento provocaron problemas entre las autoridades municipales y el gobierno borbónico, además de causar malestar entre la población, tal como ha podido constatarse en Jaén, Úbeda, Ciudad, Real, Córdoba o Cádiz. El cansancio y el agotamiento empezaron a hacer mella entre la mayoría de la población, aunque los grupos privilegiados y las autoridades fueron constantes en su apoyo a los Borbones.¹⁰⁵ Éste es el panorama que dibuja Avelina Benítez para Cádiz al ﬁnal de la guerra:

La ciudad completamente endeudada con los particulares y la Real Hacienda por los importantes recursos destinados a defensa; los vecinos agobiados por la presión ﬁscal a la que han estado sometidos, con los impuestos indirectos que ya tenían más los creados y recuperados durante la guerra, y los oﬁcios y rentas más lucrativos en manos de unos pocos vecinos poderosos, algunos extranjeros.¹⁰⁶

Las condiciones de vida se deterioraron extremadamente durante el riguroso invierno de 1708-1709, en el que el frío, el deshielo y las inundaciones afectaron seriamente los cultivos. El hambre y la epidemia ocasionaron estragos en toda la península, especialmente en Andalucía, Galicia y Asturias.¹⁰⁷ En lo que respecta al abastecimiento de las tropas felipistas, la crisis conllevó que en 1709 los soldados recibieran el pan de munición cada dos, tres o cuatro días y que la paga se retrasara.¹⁰⁸

Al sistema inicial de reclutamiento obligatorio, mediante unas quintas tan impopulares como poco efectivas por el elevado grado de deserción, junto a la movilización de vagos y «malentretenidos», lo sustituyó progresivamente el sistema de los asientos privados para el suministro de soldados a cambio de nombramientos de oﬁciales. De este modo, el reclutamiento privado pasó a ser el método más extendido de incorporación de soldados durante el reinado de Felipe V, según Francisco Andújar. «Signiﬁcaba, pues, comerciar con una preciada mercancía: patentes de oﬁciales ﬁrmadas en blanco por el rey», en manos de un coronel-asentista a quien se le abrían importantes expectativas de promoción social, lo que no estaba exento de ﬂagrantes contradicciones, como, por ejemplo, que Felipe V nombrase coronel del regimiento a un niño de nueve años de edad, Lucas Patiño, hijo del marqués de Castelar. Otro sistema que Felipe V pactó con algunos territorios fue que levantaran regimientos a sus expensas, obteniendo a cambio la facultad de distribuir determinado número de patentes oﬁciales que, casi siempre, cayeron en poder de las oligarquías locales, como los regimientos de Asturias y de Guipúzcoa en 1703, los de Galicia en 1704, los de Andalucía en 1703 y 1704, y los de Navarra y Pamplona en 1705.¹⁰⁹ La unión defensiva de los cuatro reinos andaluces, encabezada por Jaén en 1706, cuando la causa de Felipe V pasaba por momentos difíciles, desempeñó un papel de primer orden a favor del triunfo borbónico ya que desde allí se movilizaron importantes contingentes de tropas auxiliares y recursos económicos, además de impedir la entrada de las tropas austracistas, gracias al despliegue defensivo logrado mediante aquella coordinación militar que implicó activamente a las ciudades.¹¹⁰ En total, se crearon 72 regimientos en el bando borbónico entre 1703 y 1707, cifra que se incrementó a partir de 1709 cuando las tropas francesas se retiraron.¹¹¹

Lo cierto es que en 1703 Felipe V contaba con un modesto contingente militar, 13.268 soldados de infantería y 5.097 de caballería, mientras esperaba el refuerzo de 12.000 soldados franceses para atacar a Portugal.¹¹² Consolidar un ejército respetable constituyó, sin duda alguna, una de las principales prioridades de su gobierno. Así, el marqués de Canales, en 1704, pretendía movilizar 50.000 hombres mediante milicias ﬁnanciadas por los municipios, pero la intención distó de cumplirse. En cambio, los 12.000 franceses ya se hallaban camino de Extremadura. A ﬁnales de aquel año la cifra, más realista, que se pretendía alcanzar era de 38.000 hombres, a los que había que sumar los 15.000 o 16.000 franceses que ya estaban en España. A tal objeto, en 1705, visto que la movilización del 1 % del vecindario era insuﬁciente, el Consejo de Castilla aprobó reclutar el 2 % para, de este modo, levar 17.000 nuevos soldados. En 1707, parece que el objetivo de reunir unos 40.000 hombres se había colmado. Seis años después, la cifra se elevaba a 46.000 hombres.¹¹³

Por otra parte, cabe señalar los crónicos problemas de manutención de las tropas felipistas y de suministro de la paga. Sabemos que en 1704 y a consecuencia del fracaso de los resultados del contrato de asiento de López de Castro, los soldados pidieron a gritos «pan y dinero» en presencia del rey.¹¹⁴ Aquel año se produjeron atrasos de hasta tres meses en la percepción del «socorro». Con razón, el conde Bergeik insistía en que no se podía disciplinar a las tropas ni aspirar a poner ﬁn a los abusos que cometían en los alojamientos si no se les pagaba regularmente.¹¹⁵ Y en 1705, al referirse al descontento de las tropas mal alimentadas y mal dotadas, el mariscal Tessé aludía a «la frontera de revuelta» que percibía.¹¹⁶ La demora entre dos y cinco meses en el pago del sueldo era «cosa corriente».¹¹⁷ Concepción de Castro ha puesto de relieve que, si bien aquel problema no era exclusivo del ejército de Felipe V, ya que también lo padecían los ejércitos franceses e ingleses, éstos no lo experimentaron de forma tan continua y generalizada.¹¹⁸ Al cabo de diversos intentos fracasó tanto el aprovisionamiento directo como el de los asentistas:

Era la historia de siempre, la que se repetía una y otra vez: el abastecimiento acababa fallando por deﬁciencias en los pagos periódicos contratados con los asentistas, fueran cuales fueran los márgenes de beneﬁcio obtenidos por éstos.¹¹⁹

Resurge, pues, la realidad de un Estado débil, dependiente de Francia, como evidencia que en 1708 y 1709 Luis XIV tuviera que asumir las deudas que su nieto había contraído con los asentistas franceses, que le surtían de armas, de uniformes y de equipajes de la caballería, «un estado que iba atendiendo a sus deudas con largos retrasos y de forma parcial cuando lo hacía, que iba enviando socorros o que dejaba simplemente de pagar».¹²⁰ Las estrecheces ﬁnancieras se tradujeron en descuentos en las pagas de los funcionarios de hasta el 10 % del total, o en retrasos prolongados en la percepción de los sueldos, como los que padecieron Vadillo, Grimaldo y Mejorada. Orry, en 1713, llevaba más de seis años sin cobrar. Incluso el conde Bergeik y la princesa de los Ursinos experimentaron esta realidad. Las suspensiones de pagos estuvieron a la orden del día: en 1702, 1703 y 1709, mientras que hubo serias diﬁcultades de liquidez en 1706 y 1708.¹²¹ «El impago generalizado siguió siendo, en cualquier caso, el remedio más habitual de aquel Estado», recuerda Concepción de Castro.¹²² Los impagos a los asentistas y ﬁnancieros agravaban la falta de conﬁanza a la hora de conceder créditos al rey. Pero a partir de 1707, los elevados ingresos procedentes de los territorios de Valencia y Aragón constituyeron un auténtico balón de oxígeno para Felipe V. En Valencia, en 1712, los impuestos reales se habían multiplicado por cinco.¹²³ Los cupos impuestos en forma de «cuarteles» en ambos territorios, así como a las poblaciones que se iban ocupando en Cataluña, fueron siempre mucho más elevados que los percibidos en la Corona de Castilla.¹²⁴

Un apunte, ﬁnalmente, sobre la represión que se abatió sobre los nobles partidarios de Carlos III el Archiduque. En 1706, después de la primera ocupación de Madrid, perdieron sus cargos los que no siguieron al gobierno de Felipe V cuando éste se trasladó a Burgos. También fueron castigados severamente los desertores en 1706, algunos de los cuales buscaron refugio en Cataluña. Fueron destituidos los gentilhombres de Cámara: el duque de Béjar, los condes de Fuensalida y Peñaranda, el marqués de Carpio. Y desterrados el marqués de Carpio, el conde de Palma, y los marqueses de Puñorrostro y de Monterrey. El conde de las Ayamuelas, el conde del Sacro Imperio y el conde de Vallcabra fueron enviados a Pamplona. También fueron penalizadas las damas que se negaron a acompañar a la reina cuando abandonó Madrid. El rey hizo público un Indulto y perdón general… a todas las ciudades, villas y lugares del Principado de Cataluña, dado en Caspe, el 15 de febrero de 1706, ordenando que «tengan la obligación de acudir a mi Real persona o la de mis generales a prestarme la obediencia, obedeciendo mis órdenes y preceptos…». De lo contrario, aﬁrmaba, «los tendré por rebeldes y reos de lesa magestad y mandaré proceder contra ello a su enmienda». Amelot se mostró crítico con la medida de gracia, «instalado en la atalaya teórica de la soberanía y no de la ﬁdelidad», escribe Iñurritegui. En cambio, el decreto que dictó Felipe V después de recuperar Madrid, de ámbito castellano, el 5 de agosto del 1706, en el que aludía al «paternal amor al rey», retornaba a la semántica del amor, sin reclamar siquiera la obediencia.¹²⁵ Posterior a la recuperación de Madrid es, también, el decreto de la fundación de la Junta de Incorporación, mediante el cual se pretendía que todas las rentas y oﬁcios enajenados se reincorporasen a la corona estableciendo a tal objeto un proceso de averiguación de los títulos. Aparte del interés hacendístico, el expediente pretendía disciplinar a los grandes, despojándolos de sus ingresos para así poder doblegarlos a su voluntad. El duque de Medinaceli, cuñado del almirante de Castilla, replicó con un maniﬁesto en defensa de los derechos de los grandes de España, publicado el 9 de mayo de 1707.¹²⁶ Su detención en septiembre de 1710, después de haberlo tenido Felipe V en el punto de mira durante años, pretendía tener un carácter ejemplarizante. Aun a falta de cargos que le inculparan como austracista, Medinaceli fue arrestado en secreto, trasladado primero al Alcázar de Segovia, luego a Fuenterrabía y ﬁnalmente a Pamplona, donde murió en enero de 1711.¹²⁷

EL CONFLICTO DEL REY CATÓLICO CON EL PAPA

Un claro revés a los intereses borbónicos fue el reconocimiento de Carlos III como rey de España por parte del papa Clemente XI en 1709. Debemos recordar que el cardenal Portocarrero, en su estrategia para entronizar a los Borbones, logró que Carlos II solicitara su criterio al papa Inocencio XII, tanto para obtener un valioso apoyo moral como porque los territorios de Nápoles y Sicilia eran feudos pontiﬁcios. El Papa emitió un informe favorable a la sucesión francesa pero murió al cabo de poco, el 27 de septiembre de 1700.¹²⁸ Su sucesor, Clemente XI, se vio inicialmente obligado a reconocer a Felipe V. Ahora bien: la negativa a concederle al Borbón la investidura del reino de Nápoles, quizá para situarse en una cierta equidistancia entre los dos contendientes, generó una resistencia felipista a veces rayana en lo esperpéntico, según Antonio Luis Cortés.¹²⁹ Sin duda alguna, las relaciones entre Felipe V y Roma habían empezado con mal pie.

Al ﬁnal la presión ejercida por las tropas imperiales, a las órdenes del príncipe Eugenio de Saboya, en los territorios italianos amenazando los Estados Pontiﬁcios, hizo inviable la pretendida neutralidad de Clemente XI. El Papa también debió de sentirse molesto con Felipe V porque no solucionaba el tema napolitano ni respetaba las inmunidades, a consecuencia de la política desplegada por Melchor de Macanaz como juez de conﬁscaciones de Valencia. Todo ello propició el cambio de postura de Clemente XI el 10 de octubre de 1709, reconociendo a Carlos III como rey católico de las Españas. El duque de Uceda, embajador de Felipe V en Roma, presentó una ﬁrme protesta al Papa recordándole que anteriormente había reconocido al rey Borbón. Pero al cabo de unos meses llegaba a Barcelona un nuncio oﬁcioso, Giuseppe Lucini, que fue sustituido al poco tiempo por un nuncio ordinario, monseñor Giorgio Spinola, entre 1711 y 1713, mientras Felipe V pasó a expulsar a monseñor Antonio Felice Zondadari, nuncio especial en Madrid, una decisión sin precedentes en España. Los representantes de Felipe V en Roma, el duque de Uceda, el marqués de Monteleón y el cardenal del Giudice, abandonaron la ciudad de acuerdo con un decreto del 11 de diciembre de 1709. Quedó allí José Molines, auditor de la Rota y reconocido felipista, que fue suspendido del cargo y excomulgado por la curia. En Viena, aquella mutación radical fue celebrada como un gran éxito político.¹³⁰ Miguel Ángel Ochoa ha explicado el trance difícil por el que tuvo que pasar Felipe V, una situación que desconcertó a los eclesiásticos castellanos, y ha puesto de relieve la actitud combativa en Roma de José Molines.¹³¹ Aquella reacción de Felipe V provocó la respuesta del obispo de Cartagena, Luis Belluga —acérrimo partidario de Felipe V, hasta el punto de que intervino en la conquista de Orihuela—, quien redactó un virulento memorial antirregalista a raíz de la expulsión del nuncio.¹³²

A pesar de ello, Clemente XI no dejó de manifestar que los decretos emitidos por la corte de Barcelona no eran respetuosos con las inmunidades eclesiásticas, y de quejarse del comportamiento de las tropas imperiales en Italia. También mostró su inquietud por la suerte de las rentas de los eclesiásticos borbónicos que se habían exiliado, así como por la actitud que consideraba excesivamente comprometida con la guerra por parte de los religiosos de Cataluña y, además, por el impacto de la presencia protestante de los soldados ingleses y holandeses.¹³³ El acercamiento entre Madrid y Roma, tras la llegada a la capital de Isabel de Farnesio y la caída en desgracia del padre Robinet y del ﬁscal de Castilla, Macanaz, autor del Pedimento, tuvo lugar en 1715. Frente a los regalistas (la princesa de los Ursinos, Orry, el confesor Robinet, Mejorada y Macanaz) cerraron ﬁlas el presidente y el ﬁscal del Consejo de Castilla, Francisco Ronquillo y Luis Curiel, así como el cardenal Francesco del Giudice, inquisidor general.

En aquel espinoso asunto, tanto por sus repercusiones en el ámbito hispano como en el europeo, Luis XIV siguió de cerca los pasos de Felipe V, mediante el embajador Amelot, aunque con resultados dudosos. En enero de 1707, el rey francés sugirió que su nieto se apropiara de la plata de la Iglesia para hacer frente a los apremiantes gastos derivados de la guerra, porque, argumentaba, «no se actúa menos en conservar la religión que la corona».¹³⁴ Cuando Felipe V hubo superado la oposición inicial del cardenal Portocarrero a poner en práctica esta medida, topó con la actitud reacia del Papa, lo que motivó la crítica del rey de Francia en 1707 acusándolo de ser excesivamente condescendiente con los imperiales en los territorios italianos.¹³⁵ Al cabo de unos meses, escribió a Amelot que consideraba que el Papa sería favorable a la causa borbónica en proporción al miedo que supieran inspirarle sus partidarios. En otras palabras, había que tratar a Roma con autoridad porque la condescendencia era un medio seguro para obtener un rechazo a las demandas más justas a causa del temor del Pontíﬁce hacia los imperiales.¹³⁶ Ante las quejas de la curia de Roma por el donativo pedido por Felipe V a los obispos de España, Luis XIV no dudó en aﬁrmar que eran recursos bien empleados, porque «se trata no sólo de defender la patria, sino también la religión».¹³⁷ Ahora bien, a partir de abril de 1708, no se cansó de recomendar prudencia a Felipe V argumentando a Amelot que «la ﬁrmeza tiene sus límites» y era preciso evitar a toda costa la desavenencia con Roma. Propuso entonces que convenía negociar un donativo voluntario en vez de una imposición, tal como la consideraba el Papa, con el objetivo de evitar que el nuncio abandonara Madrid, ya que constataba el temor del Papa a que las prácticas y las máximas de Francia se introdujeran en España. Así pues, el rey francés era partidario de aceptar el donativo que el Pontíﬁce consintiera acordar. Aducía que no convenía, en aquella coyuntura, introducir cambios notables y que Felipe V debía reconciliarse con Roma y evitar la ruptura con el Papa, porque era el único de los príncipes de Italia que no reconocía a Carlos III.¹³⁸

En el verano de 1708, una vez Nápoles y Milán quedaron bajo el control de los imperiales, Luis XIV advertía que la nueva coyuntura constituía una amenaza para los territorios de la Santa Sede, ya que intuía que en aquella tesitura el Papa, para librarse de la opresión de los imperiales, reconocería al Archiduque en calidad de rey.¹³⁹ Tal como predijo el veterano y lúcido monarca, el Papa acabó cediendo a los designios del emperador. Ya en enero de 1709, Luis XIV se mostró abiertamente contrario a la expulsión del nuncio y dudó acerca de la retirada del duque de Uceda de Roma. También apuntó que sería importante que Carlos III fuera reconocido por el Papa como rey (como así fue) y no como «rey católico», según reclamaba el emperador. Acabó insistiendo, infructuosamente, en un ambiente enrarecido por las negociaciones internacionales de paz que condujeron al abandono temporal de España de las tropas francesas, en que era necesario que el rey de España no se apartara de Roma y del Papa, y que debía argumentar en sus escritos que el Papa no era libre, sino que actuaba presionado por la violencia del emperador. Todo ello le llevaba a sostener, una vez más, la conveniencia de que el nuncio permaneciese en Madrid además del nuevo nuncio aﬁncado en Barcelona.¹⁴⁰

EL GOBIERNO DE CARLOS III EL ARCHIDUQUE EN BARCELONA

Sin lugar a dudas, el establecimiento de la corte real de Carlos III en Barcelona hasta el año 1711 debió de constituir un halago y un estímulo para los grupos dirigentes catalanes. Durante su estancia y con motivo del casamiento del rey con Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel, que había desembarcado en Mataró el 25 de julio de 1708, fueron representadas en Barcelona las primeras óperas, o más bien serenatas escénicas. Barcelona se convirtió, de este modo, en la primera ciudad de España donde se interpretó con regularidad la ópera italiana. Entre 1707 y 1711, el rey llamó a la corte a once músicos napolitanos y a seis de otros territorios italianos. La Capilla Real, dirigida por el conde de Savellà, quedó formada por 58 miembros, muchos de los cuales pasaron a formar parte posteriormente de la Capilla Imperial de Viena.¹⁴¹ Este despliegue de actividades artísticas y musicales, a pesar de las diﬁcultades bélicas y económicas, perseguía un claro objetivo: dar credibilidad a la causa austracista y transmitir la idea de la normalidad del gobierno, en una magníﬁca ocasión para activar la propaganda a favor de la casa de Austria.¹⁴²

El nuevo rey habilitó el Palacio Real con el concurso del arquitecto y pintor Ferdinando Galli Bibiena (acompañado de sus hijos Giuseppe y Alessandro) y del pintor napolitano Andrea Vaccaro. De esta suerte, la improvisada corte barcelonesa empezó a reunir los requisitos indispensables para acomodar a los reyes. El establecimiento de la corte en la capital catalana reportó un notable dinamismo económico, como se deduce del incremento de los derechos de puertas y de anclaje, es decir, del tráﬁco comercial por tierra y por mar, lo cual beneﬁció sobre todo a los importadores, a los comerciantes y a los patronos de navíos. Así pues, la actividad comercial de Barcelona se vio favorecida en general no sólo por la entrada de plata aliada con motivo de la guerra —aunque provocó el alza de los precios—, sino también por el incremento del tráﬁco portuario de la ciudad, animado por el consumo generado por la corte de Carlos III y por las obras de fortiﬁcación. La Companyia Nova de Gibraltar, fundada en 1709 por Salvador Feliu de la Peña, Josep Grases y tres socios más, constituye un buen exponente de este dinamismo. Como explicó Pierre Vilar, la compañía operaba en el Atlántico a través de Gibraltar, desde donde podía comerciar con Lisboa y con América, puesto que Cádiz estaba bajo el dominio de Felipe V. Exportaba vino, aguardiente y avellanas hacia Gibraltar, e importaba cueros, cera, cochinilla y azúcar para el mercado catalán, así como trigo italiano y turco y aceite mallorquín. Signiﬁcativamente, en sus negocios participaron los ingleses Crowe y Shallett.¹⁴³

Carlos III el Archiduque gobernó con el apoyo de un equipo de ministros en el que destaca la ﬁgura del secretario de Estado y del Despacho Universal, acompañado de una Junta de Estado y de Guerra, entre 1706 y 1707, de la que formaron parte el príncipe de Liechtenstein, el obispo de Segorbe, el abad de Poblet, el conde de Elda, Domènec de Aguirre, Francesc Berardo, el marqués de Montnegre y el marqués de Coscojuela,¹⁴⁴ y una Junta de Guerra o Junta de aliados, integrada por ministros y generales aliados, entre 1706 y 1711.¹⁴⁵ La labor gubernativa hasta 1710 recayó en las Juntas de Estado y de Guerra, en el Consejo de Aragón (creado en 1707, por lo tanto coexistió unos meses con el felipista hasta el 15 de julio de 1707) y en la Junta de Italia (1707). A partir de entonces, Carlos III dio impulso a otros consejos: el Consejo de Estado, el Consejo de Guerra, el Consejo de Castilla y Cámara de Castilla, el Consejo de la Suprema Inquisición, el Consejo de Hacienda, el Consejo de Cruzada, el Consejo de Órdenes, el Consejo de Italia, el Consejo de Flandes y el Consejo de Indias.¹⁴⁶ Mención especial merece la gestión de los territorios italianos incorporados (Nápoles, Cerdeña, Milán), mediante una Junta de Italia (convertida en Consejo en 1710), constituida por el embajador imperial, duque de Moles, el conde de Stella y Juan Antonio Romeo y Andaraz, marqués de Erendazu, secretario de Estado para Italia.

Es conocido que para el emperador José I los territorios italianos tenían más importancia que la corona hispánica. Wratislaw consideraba prioritario consolidar el Imperio mediante adquisiciones territoriales en Italia y el sur de Alemania. La correspondencia del marqués de Pescara, embajador español en la corte imperial, da buena cuenta, según Virginia León, del escaso interés de los ministros austríacos por la angustia y los problemas del rey Carlos.¹⁴⁷ Pero Carlos III impuso en Viena su deseo de gobernar aquellos territorios. A tal objeto, en septiembre de 1706 nombró gobernador y capitán general del Estado de Milán al príncipe Eugenio de Saboya, en cuyas manos recayó el gobierno durante una década, caliﬁcada de «edad de oro del gobierno lombardo» por Antonio Álvarez-Ossorio, caracterizada por el absentismo del gobernador, que dejaba el camino expedito a los grupos dirigentes territoriales siempre y cuando mantuvieran el aporte estipulado de hombres, armamento y dinero hacia Cataluña.¹⁴⁸ En Nápoles, se sucedieron como lugartenientes generales o virreyes el conde Daun, el cardenal Grimani y el conde Carlo Borromeo Arese. Este último mantuvo relación directa con el gobierno de Barcelona mediante el duque de Moles.¹⁴⁹ La buena correspondencia con las élites locales napolitanas, repitiendo el modelo milanés, marcó la pauta del dominio de aquellos territorios por parte de Carlos III.¹⁵⁰

Por otra parte, cabe hacer mención a los serios problemas con los que se enfrentó Carlos III para reclutar soldados, viéndose forzado a recurrir a métodos intimidatorios y forzosos para realizar algunas levas, por lo cual se mantuvo el sistema tradicional de somatén, movilizado puntualmente. En general los esfuerzos para reclutar hombres se saldaron con resultados escasos: en 1709, sobre 9.400 soldados de caballería se contaban 1.200 catalanes en los regimientos de Nebot, Sobies, Moragues y Aragón; y de unos 12.000 de infantería, había 600 en los regimientos de la Diputació y la Ciutat, 150 del regimiento de Aragón y un máximo de 2.000 fusileros de montaña. Aunque es cierto que el reclutamiento se incrementó en los momentos ﬁnales de la guerra y del asedio de Barcelona.¹⁵¹ No menos importantes fueron los problemas derivados de la ﬁnanciación de la guerra, agravados por la diﬁcultad de organizar el fogaje regular para llevar a cabo el cobro del importe del donativo aprobado en las Cortes de 1706. Incluso Carlos III intentó obtener préstamos de banqueros italianos a cuenta del donativo. En 1707, fracasó la tentatoria de recibir una ayuda extraordinaria de los miembros del estamento eclesiástico así como también la propuesta de requisar los objetos de plata de las iglesias e instituciones religiosas, medida que puede considerarse como una expresión del regalismo de Ramon de Vilana Perlas.¹⁵²

Sin duda alguna el talón de Aquiles del proyecto de Carlos III fue, aparte de la falta de contingentes navales y militares, la escasez de recursos propios para mantener la guerra. Basta poner un ejemplo: en 1708, la aportación británica era de 1.100.000 de reales de a ocho, para un presupuesto de gastos de 3.500.000 de reales.¹⁵³ Para paliar la necesidad realizó dos tipos de acuñaciones. Por una parte croats, moneda de plata, y dineros de cobre, de circulación en Cataluña; por otra, reales de a dos segovianos, de plata —llamados «pesetas», de pieza pequeña en catalán (pecetes)—, continuadores de los de Carlos II, de circulación hispánica, para sufragar los gastos de las tropas aliadas. Como señaló Pierre Vilar, la emisión del real de a dos, aparte de conﬁrmar la pretensión de Carlos III sobre el conjunto de los territorios hispánicos, siguiendo la tradición monetaria castellana, es relevante en términos económicos porque signiﬁca la extensión en el reino del sistema adoptado en Cataluña a partir de 1674: una doble moneda, una de curso interno, de bajo tenor metálico, y otra de uso externo, constituida por piezas coloniales tradicionales. En aquellas fechas, Felipe V realizaba la misma operación, con un contenido-plata prácticamente idéntico, lo que sin duda facilitó la uniﬁcación. Así pues, la peseta moderna nació en Barcelona durante la Guerra de Sucesión.¹⁵⁴

Tras un primer momento en que abundó la plata (1705-1706), Carlos III se vio precisado, a causa de la escasez del metal blanco, a echar mano de la moneda portuguesa, el cruzado, que tenía curso legal en los territorios que estaban bajo su dominio. Además, para hacer frente a las deudas contraídas con los ingleses, el rey tuvo que ceder a éstos los beneﬁcios de las diversas acuñaciones, de las que se había servido en 1706 de acuerdo con el Consell de Cent. El abad Francesc Dorda, consejero ﬁnanciero de Carlos III, sugirió a Vilana Perlas dicho recurso inﬂacionario con el objeto de generar ingresos para las arcas reales.¹⁵⁵ En agosto de 1707, en su desesperada búsqueda de recursos para hacer frente a las necesidades de la guerra, Carlos III manifestó a la Conferencia de los Comunes su decisión de recoger los reales de a ocho cercenados, un problema endémico, y sustituirlos por una moneda de menos valor. Con ello, pretendía obtener nuevos ingresos. A pesar de que el rey arguyó que actuaba «usando de la suprema regalía», la Conferencia no dudó en expresar los inconvenientes y trastornos que la medida ocasionaría y manifestó sus reservas al proyecto alegando la pérdida de valor intrínseco, al tratarse de la moneda de mayor curso, tanto para el pago de las tropas como para el comercio. Al ﬁnal, el rey suspendió el decreto y pidió medidas alternativas a los Comunes. Éstos propusieron la remarca de los ardites de vellón, en vez de los reales de a ocho, aumentando su valor, y que se acuñaran «censillos», una moneda más pequeña y de menor valor. Además, ofrecieron al rey 131.500 libras del estanco del tabaco durante seis años y 29.000 libras correspondientes al derecho del 10 % del mismo, durante tres años. A medida que avanzaba la guerra, la moneda de vellón barcelonesa no paraba de devaluarse, hasta el extremo de que en 1712 tuvo lugar una operación de recogida de la misma para volverla a acuñar retirando, al mismo tiempo, moneda falsa. Con ello se perseguía restablecer la conﬁanza, muy mermada, hacia el sistema monetario y crediticio agravado por la falta de liquidez de la Taula de Canvi y del Banco de la Ciudad, a causa de los elevados préstamos que había acordado el Consell de Cent.¹⁵⁶

En relación con el aprovisionamiento hay que destacar el incremento del tráﬁco con el norte de África (Túnez, Argel), y en menor grado el levantino, durante los años de la guerra, especialmente de cereales. De una expedición en 1706, se pasó a 14 en 1708, a 29 en 1709, a 25 en 1710, a 28 en 1711 y a 7 en 1712. La mayoría fueron llevadas a cabo por embarcaciones catalanas y, en menor medida, inglesas, aunque como apunta Eloy Martín Corrales, debió de ser usual que las catalanas enarbolaran pabellón inglés o llevaran pasaportes expedidos por las autoridades inglesas.¹⁵⁷ A tal objeto se constituyó la Companyia de Tunes en 1709, la cual también intervino en Liorna, Cerdeña, Mallorca, Inglaterra y Menorca, mientras que la Companyia Nova de Gibraltar, que orientó su actividad hacia el comercio norteafricano, también operó en Esmirna.¹⁵⁸

Otra cuestión importante a considerar es si el gobierno de Carlos III actuó con métodos despóticos, como algunos coetáneos argumentaron y algunos historiadores han sostenido, sin perder de vista en ningún momento la excepcionalidad impuesta por la guerra y las urgencias de carácter militar y ﬁscal que ésta planteaba, agravadas por el insuﬁciente apoyo de los aliados. Por una parte, no tenemos dudas sobre la represión que ejerció contra los partidarios de Felipe V. Sabemos que, por lo menos, fueron perseguidos 217 individuos, entre ellos 150 exiliados en Perpinyà,¹⁵⁹ mientras que otros sufrieron extorsiones de carácter económico. Según Pedro Voltes hubo más de 400 expedientes de conﬁscación de bienes y patrimonio.¹⁶⁰ Torras i Ribé ha detallado los inagotables problemas derivados de los abusos de las tropas y de la falta de ingresos regulares tanto por parte de Carlos III como por la Generalitat, lo que acarreó graves problemas ﬁnancieros y monetarios. También se ha referido al control discrecional de las bolsas de insaculación por parte de Carlos III que, en el caso de la Diputación, afectó a cerca de 400 personas, muchas de ellas insaculadas durante el primer gobierno de Felipe V. Además, la práctica se hizo extensiva en diversos municipios de Cataluña durante el año 1706, siendo apartados de los cargos los supuestamente desafectos.¹⁶¹ Una buena muestra del descontento acumulado la expresó la Conferencia de los Comunes en un documento presentado al rey en diciembre de 1707, una vez perdidos los territorios de Aragón y Valencia y ocupada Lleida, en el que denunciaba «desórdenes» de diversa índole.¹⁶² La política de concesión de privilegios y de control de los cargos municipales, las medidas represivas contra los desafectos, la práctica de «manejos ajenos de sus cargos con daño al país» por parte de algunos ministros, la toma de préstamos sin intereses aún no devueltos, el secuestro de granos y de otros comestibles, fueron denunciados por aquella institución nada sospechosa de felipismo. A pesar de esta realidad tangible, cabe retener una cuestión fundamental que se deduce a partir del estudio de la Conferencia de los Comunes, el organismo director de la política durante los años de la guerra: a tenor de los documentos elaborados por la Conferencia durante los reinados de Felipe V y Carlos III, se desprende una actividad a favor de la defensa de las Constituciones mucho más intensa y combativa en el primer reinado del Borbón. De hecho, Carlos III le dio cobertura jurídica en las constituciones aprobadas en 1706 y se mostró mucho más dócil ante sus dictámenes. La Conferencia, desarrollando sus máximas potencialidades, se convirtió en el mejor antídoto contra las posibles veleidades absolutistas del monarca en la medida que éste debió acostumbrarse a gobernar con su consentimiento.¹⁶³ No hay indicios razonables, pues, para sostener que durante su gobierno Carlos III el Archiduque fuera un monarca «tan absoluto como Felipe V».¹⁶⁴

Probablemente, el episodio que mejor permite analizar esta cuestión, por la tensión que provocó entre el rey y las instituciones catalanas, tuvo lugar en 1711, cuando el doctor de la Real Audiencia Francesc Grases Gralla publicó el Epítome, obra que dedicó al secretario Ramon de Vilana Perlas.¹⁶⁵ En dicho texto, el autor realizaba unas consideraciones sobre los fundamentos y la titularidad de la potestad legislativa, es decir, sobre el equilibrio entre el poder del rey y el de las Cortes. Partía de la distinción entre Cortes, «un todo» compuesto por el rey y los tres Brazos estamentales, convocados por el primero, y Corte, que incluye sólo a los tres Brazos. Ni la Corte podía por sí sola legislar, ni podía hacerlo juntamente con el rey, ya que la facultad de legislar constituía una exclusiva «suprema regalía del príncipe», si bien es verdad, añadía a renglón seguido, que en Cataluña el rey «por su clemencia no usa de esta regalía, in camera, sino en la Corte o lugar donde están juntos los tres Brazos, a efecto de loar y aprobar las leyes que en dicha Corte se harán». Citando al jurista Calixto Ramírez, Grases argumentaba que mediante este acto de aceptación tácita de las leyes por el pueblo se garantiza su eﬁcacia y permanencia.¹⁶⁶ Por ello, razonaba, las Constituciones, tanto si surgían a iniciativa del rey como de los Brazos, suelen ir acompañadas de las palabras: estatuim, ordenam, manam, volem, atorgam.¹⁶⁷

En síntesis, Grases sostenía que no legislaban el rey y la Corte, ni el rey con la Corte, sino el rey en la Corte, es decir, en el lugar donde se juntan los Brazos o la Corte: insistía, pues, en la facultad legislativa del rey pero con la aceptación de los Brazos. Éstos entendieron que aquella formulación encubría una interpretación que reducía las atribuciones de las Cortes en beneﬁcio del poder real, «originándose de las proposiciones contenidas en dicho Epítome la total ruina de los usos, leyes, constituciones, libertades, prerrogativas y costumbres de Cataluña».¹⁶⁸ Los Brazos consiguieron que el rey condenara la obra el 8 de julio, que fue secuestrada y quemada en público, y que destituyera a Grases de la Audiencia y también a Josep Minguella por haber autorizado la edición. El embajador imperial Francesco Moles, duque de Pareti, informó de ello al emperador José I sin conceder al asunto ninguna importancia. En cambio, el duque de Argyll, jefe de las fuerzas británicas en Cataluña ,consideró que «todos los privilegios y libertades pretendidas por los catalanes sólo eran grandes usurpaciones a la prerrogativa, y de hecho estaban condicionados a una absoluta y ciega obediencia a la voluntad de su pueblo». Después de aludir al malestar que el asunto había generado en la Diputació, la cual había reclamado «justicia y satisfacción por la injuria a la que se les había sometido», completaba la reﬂexión apostillando que «el pueblo de este país es de un temperamento tal que no puede ser forzado, sino persuadido, y estoy bastante seguro de que no habría diﬁcultad en este proceder», a pesar de que los dos doctores eran «odiados y despreciados por la gente».¹⁶⁹

Ante aquel conﬂicto inesperado, Carlos III manifestó pronto su propensión «a la más religiosa observancia de las leyes de la patria», por lo que mandó crear una comisión de tres juristas para analizar el texto, aunque, anticipó: «no considero por capaz al autor ni a los que le aprobaron de alterar o variar la sustancia de las leyes municipales del Principado».¹⁷⁰ Lo cierto es que al cabo de dos meses, mandó retirar los ejemplares «por ser el contenido de aquél tan contrario a su Real Servicio y menos conforme a las leyes y prerrogativas de Cataluña». Parece que fue el propio Vilana Perlas quien instruyó el procedimiento y la orden ﬁnal.¹⁷¹

En relación con el tema que generó el conﬂicto, Víctor Ferro señaló que Grases, lejos de ser un «apologeta del absolutismo regio», partía del pactismo como un «hecho patente e incontestado».¹⁷² Defendiendo un punto de vista parecido, Jon Arrieta considera que la obra no introduce ninguna novedad en el equilibrio legislativo, ya que no reduce la presencia ni el protagonismo de los brazos estamentales, aunque parte del supuesto de que «la fuerza de la ley nace de la autoridad real, que se halla en el decreto», siguiendo a los juristas valencianos Crespí Valldaura y Mateu Sanz. Arrieta precisa que, en todo caso, el enfrentamiento tuvo lugar en el interior del austracismo, sin que hubiera voluntad por parte de Grases de cercenar el ordenamiento vigente.¹⁷³ En deﬁnitiva, más que por cuestiones de fondo relacionadas con una concepción absolutista o en sentido anticonstitucional, el conﬂicto por el Epítome debe contextualizarse en las necesidades de un rey en guerra que chocaba con una mecánica lenta en la toma de decisiones políticas. Tal como escribió Ernest Lluch, el equipo de gobierno, que no se movía en un sentido absolutista, sino parlamentario, «no actuaba con la potencia ni la rapidez necesarias. Buscar una mayor cohesión del rey con la Corte podía ser un medio adecuado».¹⁷⁴

De lo que no cabe duda es que en el austracismo que gobernó coexistieron dos corrientes que, a pesar de coincidir en el respeto al constitucionalismo, divergían en el margen de acción de que disponía el rey. El blanco de las críticas, por liderar la tendencia realista, fue el secretario Ramon de Vilana Perlas, tal y como trasluce un manuscrito coetáneo muy crítico con el secretario de Estado que Lluch supo contextualizar.¹⁷⁵

Virginia León ha subrayado que, más allá de la similitudes entre los dos bandos en lo que respecta al peso de la guerra y al control del personal político de las instituciones de gobierno, Carlos III, a diferencia de Felipe V, se preocupó por los atropellos cometidos por sus tropas sobre una población exhausta. Abordó aquel espinoso asunto en su retorno a Cataluña en 1706, al atender numerosos memoriales que recibió de los municipios que protestaban por los abusos y excesos de las tropas. A tal objeto, nombró a Domènec de Aguirre asesor jurídico para agilizar los procesos.¹⁷⁶ Un buen exponente de esta actitud lo constituye el escrito que envió a la corte de Barcelona desde Valencia, comunicando el desplazamiento de sus ejércitos para allí al objeto de que

su Real presencia pueda servir de consuelo a sus vasallos y no de mayor dolor, viendo que sólo viene V. Magd. a ser testigo de las extorsiones que con ellos se executan; en este caso y teniendo seguridad de que sus órdenes han de ser obedecidas, empeña su palabra real de pasar inmediatamente a incorporarse con el exército.¹⁷⁷

La historiadora concluye, además, que, si bien los dos reyes persiguieron a los desafectos, no parece que Carlos III demostrara una actitud de resentimiento como la que exhibió Felipe V hacia los súbditos de la Corona de Aragón.¹⁷⁸

Otra cuestión no menos relevante es el programa de gobierno. En 1710, el conde Juan Amor de Soria y Ramon de Vilana Perlas esbozaron un programa ﬁscal que apuntaba las reformas que había que emprender (bajo el título de Reﬂexiones anticipadas a su Majestad C.C. para el buen gobierno de la España), en el que planteaban la necesidad de crear una contribución única que sustituyera las diversas cargas indirectas. En él se señalaba a los eclesiásticos entre los principales defraudadores, aparte de los ministros y de los responsables de percibir las rentas. El objetivo que perseguía era implantar «un donativo de repartimiento justo, decente, no gravoso, y en que resulte un alivio general del reino, socorro de la Real Hacienda y medio para la defensa común». En la práctica, debería signiﬁcar que «si el más pobre jornalero pagaba de contribución más de 300 reales… ahora con 55 queda libre».¹⁷⁹

Al analizar las ideas de los políticos que alcanzaron las más altas cotas de poder junto a Carlos III y al realizar un balance sobre sus escritos durante la guerra y una vez en Viena, Virginia León ha podido concluir:

Desde una intencionada posición política de ﬁdelidad a la Casa de Austria y rechazo a la Casa de Borbón, tanto Amor de Soria como el marqués de Rialp, alaban el sistema político de la Monarquía Hispánica y toman como modelo de referencia sus instituciones. El respeto de las leyes fundamentales de los reinos, cuya transgresión se equipara a un comportamiento tiránico, constituyó también el denominador común de éstos y otros escritos austríacos de esta época.¹⁸⁰

En síntesis, el austracismo que gobernó durante la guerra manifestó su tendencia a fortalecer el poder real, ya fuera por razón política o motivada por las necesidades imperiosas de la guerra, o por ambas cosas a la vez. El protagonismo creciente que asumió la ﬁgura del secretario de Despacho Universal y los criterios ejecutivos del Consejo Supremo de España en relación con los territorios italianos, puestos de relieve por Antonio Álvarez-Ossorio, dan cuenta de ello.¹⁸¹ Pero, ﬁnalmente, conviene no perder de vista algo fundamental en contraste con las reformas que tenían lugar en los territorios bajo el dominio borbónico: este proceso se inscribía en el marco de la concepción constitucional y plural de la monarquía, cuyos caracteres constitutivos respetaba.

Tal como hemos apuntado, la preocupación del gobierno de Carlos III por evitar los desórdenes cometidos por las tropas, una cuestión estrechamente vinculada a los problemas ﬁnancieros y de abastecimiento de los ejércitos aliados, fue una constante durante todo su gobierno. En octubre de 1705, el príncipe de Liechtenstein se declaró partidario «de echar a los miqueletes y otra gente inútil que sólo acuden para hurtar y en ejercitar otras insolencias».¹⁸² Y en diciembre, el rey daba las siguientes instrucciones a D. Jaime Luzán, coronel en el Condado de la Ribagorza: «os aplicaréis con particular desvelo a impedir los robos, violencias y extracciones … y os encargo de castigar con ejemplares penas la insolencia de los miqueletes y otra gente vagamunda».¹⁸³ Pocos meses después, en 1706, era el conde de Cifuentes el destinatario de mensajes que hacían hincapié en el respeto estricto a las órdenes emanadas de la jerarquía militar, bajo pena capital.¹⁸⁴ Y en 1708, después de recibir la noticia de la pérdida de Tortosa, Vilana Perlas escribía al conde Starhemberg que aún le daba más pena

ver los desórdenes que nuestras tropas executan, suponiendo que a no remediarse es imposible pueda el país sobrellevarlo, por lo que me ordena el rey decir a V. E. procure su gran actividad a impedirlos y prevenir de ello a todos los generales, previendo que en ese país para que se logre cualquier buena operación de las que se desean ha de ser lo primero mirar que el soldado y el paisano estén hermanados.¹⁸⁵

Sabemos que en 1706 Carlos III había encargado a Mitford Crowe la misión de negociar un empréstito de un millón de reales de a ocho en Génova, Holanda o Inglaterra, a un interés entre el 10 y el 12 %, ofreciendo como garantía el donativo de dos millones de libras, a percibir en diez años, obtenido en las Cortes celebradas en Cataluña.¹⁸⁶ Los problemas de liquidez, unidos al incumplimiento de los pagos de británicos, holandeses y portugueses, provocaron un sinfín de preocupaciones al rey, que se dirigió de nuevo a «los comandantes de las tropas de naciones sobre el asunto de los desórdenes».¹⁸⁷ Vilana dibujaba un panorama que no invitaba al optimismo:

Manteniéndose fuerte el Sr. Stanhope en no querer dar letras y no haber quedado dinero alguno de la última conducta, nos hallamos sin grano, pagamento ni crédito y es bien cierto que si Dios no lo favorece con el pronto arribo de la ﬂota debemos recelar lo que no permitirá su divina Magd., alguna desgracia sin que nuestra ﬂaqueza pueda remediarlo con discursos y más discursos a que se viene a reducirse todo.¹⁸⁸

Mientras seguía constatando el incumplimiento de Stanhope, Vilana comunicó al conde la Corzana que los diputados se habían quejado, que los regimientos de Vila y Ferrer, en Pons, «cometen muchas iniquidades y desórdenes», a los que aconsejó que pagaran 2.000 ducados al furriel del regimiento para que abandonaran aquellos parajes y se dirigieran a la frontera.¹⁸⁹

Aquella dinámica perversa se agravó a partir de 1711. Entonces, el secretario de Despacho se lamentaba de que el pagador británico John Mead no hacía efectiva la deuda contraída por la reina y que, en consecuencia, los asentistas napolitanos no cumplirían el contrato de provisión, sin que él pudiera obligarles a hacerlo efectivo. Los holandeses tampoco cumplían y, en consecuencia, Carlos III no disponía ni de dinero ni de grano para alimentar a las tropas.¹⁹⁰ A partir del verano de 1712, se multiplican los incidentes. Un informe relataba que «los más de los lugares han experimentado el daño de haberse llevado consigo las tropas todos los bagajes». En Reus se lamentaban de «adonde llega la violencia de los soldados contra los paisanos», y aunque la emperatriz, gobernadora de Cataluña, dictó medidas para evitarlo, se temía que los incidentes se repitieran. Se advirtió a los «ingleses la observancia de la militar disciplina para que los que restan en cuarteles no experimenten alguna inquietud» en un contexto de indignación por parte de los catalanes por su abandono de la guerra.¹⁹¹ Después de que en Cervera se repitieran incidentes de este tipo, Vilana escribía: «siento mucho los excesos que se experimentan en los forrajes» esperando que el veguer de Cervera hallara «el modo de castigar y contener semejantes hechos, a lo que podría convenir el de Tárrega». Pocos días después reiteraba que no disponía de liquidez, «que nos falta para lo más preciso e indispensable. Ni yo sé dónde recurrir en tanta urgencia viendo cerrados todos los caminos al préstamo, al crédito, ni a los mayores intereses». La escasez de granos en los almacenes era apremiante y la deuda contraída con los mercaderes de Barcelona alcanzaba los 300.000 pesos.¹⁹² El secretario no dudó en caliﬁcar aquella situación de «mísero estado, abandono y desesperación» y se reunió con la Conferencia de los Tres Comunes para recabar su apoyo, asegurando que «encontré en el ánimo de todos los tres conocimiento y disposición al mismo empeño».¹⁹³ A los pocos días, recibió un memorial de la Conferencia que denunciaba los atropellos cometidos por los oﬁciales «que se llevan los bagajes y cometen violencias sin reparo». De nuevo, el secretario mandó que se investigara el problema «y ordene las restitución y en el castigo la regla sucesiva, pues el tiempo no admite el disimulo de estos excesos, cuando más necesitamos la quietud y asistencias de los paisanos».¹⁹⁴ Nuevos desórdenes en el Camp de Tarragona complicaron la situación: «han saqueado las casas, granos, huertas y cuanto había …; del Penedès llegan quejas de lo mismo. Estos Comunes están gritando contra los desórdenes». Así exponía la situación a Starhemberg:

Los pasados excesos de los oﬁciales y consentidos desórdenes de las tropas han malquistado de forma el país que en su continuación experimentamos la última ruina y confusión. No es fácil explicar a V. E. lo que me ha costado vencer a los Comunes el tesón de representarlos agriamente a S. M. y el esfuerzo con que pretendían satisfacción.

Una vez más, le instaba a ordenar «la recta observancia de la disciplina en el cuartel de invierno».¹⁹⁵

En diciembre, Vilana constataba algo aliviado que Basset había aplicado rigurosos castigos a los fusileros que delinquían, después de lo cual algunos se retiraron a la montaña «donde continúan el robo y los desórdenes con tal exceso que los pueblos claman como de estrecharles es contingente que se pasen a los enemigos y su mayor libertad es que de inútiles en nuestro partido se hagan contrarios y perjudiciales al país». De nuevo, la emperatriz intervino aﬁrmando que si algunos oﬁciales habían cometido abusos debían ser castigados de forma ejemplar. El conde Ferran adujo que era preciso el castigo para frenar los «desórdenes que la libre fantasía de muchos oﬁciales cometía contra el país», apuntando, según informes de los Comunes, a soldados palatinos y holandeses.¹⁹⁶ Un memorial de los síndicos del Camp de Tarragona contra los abusos y violencias daba cuenta de la gravedad y de la persistencia del problema, al que se sumó, a los pocos días, otra protesta de los representantes municipales de Igualada, en el que el blanco de las críticas se centraba esta vez en las tropas alemanas y palatinas.¹⁹⁷ En aquel punto Vilana, que hasta entonces parecía controlar la situación, ya desbordado por los acontecimientos, escribió:

Yo no puedo comprender el ﬁn de los Comunes en sus tan inconsecuentes representaciones, pero discurro que algunos mal inclinados o poco noticiosos extienden a bulto estas quejas por hacerse patricios con entero daño del servicio y esta consideración la fundo en que no se detienen los Comunes por sí haber dado al conde Ferran todo el poder para llamar somatenes y enderezar el país en desempeño del real servicio y público servicio con que no es su ánimo en lo común diferir la pública conveniencia y sólo algunos particulares con título de celo por la Patria inﬂuirán éstas no poco perjudiciales especies.

Era del parecer que «con las quejas generalmente abultadas contra la conducta de V. E. [Starhemberg] y de los oﬁciales subalternos … el error de cuatro particulares … tiene culpa de semejantes representaciones». Se imponía, pues, hacer notar a los Comunes «el desagrado que S.M. concebía por la irreverente expresión de recurrir al Consejo de Estado y Junta de Gabinete como si fuesen superiores tribunales» y «contener el licencioso modo de representar sus razones los vasallos que por venir en el nombre de Comunes no deban tener mayor orgullo».¹⁹⁸ El análisis acerca de su compleja relación con la Conferencia se completa en la carta que escribió a Starhemberg en la que aﬁrma que comprendía su consternación por el malestar existente contra él, pero que había que considerar «ignorantes los que sin conocimiento quieren entrar a dar voto en una profesión que no entienden, como que esta máquina se sustenta con la providencia casi con exteriores de milagro y en riesgos muy contingentes» y le aconsejaba que «disimule de necios maledicientes el disparate despreciando su error». Completaba así su razonamiento:

Los Comunes en sus representantes algunas veces en lo irreverente es odioso … debiendo yo decir a V. E. que cuando el emperador nuestro Señor se hallaba aquí, procedía S. M. con igual disimulo por la misma consideración y que hallo esta usada clemencia en ellos y en los naturales el mayor esfuerzo y aplicación a cuanto era de su servicio.¹⁹⁹

En suma, puestos a comparar las vicisitudes de los dos pretendientes al trono para hacer frente a las necesidades de la guerra, podemos concluir que se trataba de historias paralelas. Ambos padecieron serios problemas ﬁnancieros cuyas consecuencias se hicieron sentir, profundamente, entre la población. Ambos, también, dependieron del imprescindible apoyo exterior. Pero la diferencia sustancial entre ellos estriba en que a Luis XIV no le falló Felipe V ni en el ámbito ﬁnanciero ni en el militar, al contrario de lo que sucedió en el bando aliado. Aunque no es menos cierto que Felipe V, gracias a las reformas que puso en marcha, logró reclutar y organizar un ejército respetable y que contó con mayores facilidades para alimentarlo al dominar los territorios de la Corona de Castilla y, a partir de 1707, de buena parte de la Corona de Aragón. Contrariamente, ninguna de esas dos circunstancias se dio en el bando aliado.

Cabe destacar, ﬁnalmente, que en esta etapa cobró un protagonismo especial la emperatriz Isabel Cristina de Brunswick, primero como regente en 1710, durante la segunda incursión aliada en Castilla, y más tarde como reina gobernadora, entre el 27 de septiembre de 1711, cuando Carlos III se trasladó a Fráncfort para recibir la corona imperial, y el 19 de marzo de 1713, momento en que partió de Barcelona, tras la ﬁrma del tratado de evacuación de las tropas imperiales. Virginia León ha puesto de relieve el apoyo popular del que gozó en la primera etapa y las serias diﬁcultades con que tuvo que lidiar durante su gobierno en un período de la guerra muy crítico, durante el cual los problemas de defensa y de ﬁnanciación eran acuciantes, agravados por la renuencia de los británicos a colaborar en la guerra. Su permanencia en Barcelona fue considerada de primera necesidad para la causa común a juicio de los generales y ministros aliados, a pesar de los riesgos que conllevaba.²⁰⁰ Uno de los contratiempos más serios a los que tuvo que hacer frente fue la frustrada conspiración de Mallorca en 1711, promovida por el partido borbónico y cuya cabeza visible era el antiguo virrey, el conde de Alcúdia. El intento contó con el apoyo de buena parte de la nobleza, de los jesuitas, de diversos juristas y mercaderes, y con la ayuda económica de los xuetes.²⁰¹ Pero además del Consejo de Estado y de una Junta de Gabinete, la reina siempre pudo recabar el concurso de la Conferencia de los Comunes en la que fue su etapa de máximo protagonismo: de hecho solicitó a la institución que la asesorara en repetidas ocasiones. Sabemos que, entre el 11 de septiembre de 1712 y el 28 de junio de 1713, la Conferencia se reunió en más de cien ocasiones para abordar temas como la coordinación de las instituciones ante la retirada de las tropas aliadas, los abusos cometidos por éstas, el orden público, la puesta en marcha del Tribunal de Contrafacciones, el envío de embajadores catalanes a Inglaterra y Holanda en el marco de las negociaciones de Utrecht, la posible ﬁrma de un armisticio con José Grimaldo, etc.²⁰² Asimismo, la reina Isabel contó con el apoyo incondicional del secretario Ramon de Vilana Perlas, quien se convirtió en su conﬁdente, tal y como demuestra la correspondencia que mantuvo con él durante su viaje de regreso a Viena, de tonos más que amistosos. En esta correspondencia, le demuestra su conﬁanza y le garantiza su protagonismo en la corte de Viena frente a las maquinaciones de algunos rivales del «partido español», que pretendían desplazarle.²⁰³ La partida de Isabel Cristina fue interpretada por las instituciones catalanas como un pésimo presagio del desenlace de la guerra, y aunque las autoridades imperiales temían una revuelta popular, las instituciones controlaron la situación y esceniﬁcaron, otra vez, una exquisita lealtad dinástica.

LA GUERRA EN CATALUÑA

A partir del verano de 1707, las tropas borbónicas emprendían una nueva estrategia para penetrar en Cataluña, que consistía en una ocupación limitada pero permanente, en vez de pretender la ocupación de Barcelona. El primer objetivo era la ciudad de Lleida, el principal punto fortiﬁcado entre Castilla y el interior de Cataluña. Antes, tenían que apoderarse de Balaguer, que aseguraba el control de las comunicaciones y el paso del río Segre. A medida que avanzaban, las tropas borbónicas practicaban una política de tierra quemada y de represalias sobre la población. Lleida capituló ante el duque de Orléans el 14 de noviembre, al cabo de dos meses de sitio efectuado por más de 30.000 soldados, frente a 2.500 resistentes a las órdenes del príncipe Enrique de Darmstadt. La represión y el saqueo que padecieron los ilerdenses, algunos de ellos refugiados en la iglesia del Roser sin que ello los salvara de la furia de la soldadesca, perseguían un evidente carácter intimidatorio para el conjunto de los resistentes catalanes. Por si fuera poco, la Seo fue cerrada al culto y transformada en prisión y cuartel de las tropas.²⁰⁴ La política de castigo sistemático se repitió en Tàrrega, Cervera y Agramunt, y también en la zona del Baix Ebre.

Durante la primavera de 1708 cobraron intensidad los ataques a Tortosa —el segundo gran objetivo estratégico de los felipistas en aquellos momentos—, acompañados de acciones de requisa de cosechas en el entorno de la ciudad y de bloqueo para que sus habitantes no pudieran recibir provisiones. De nuevo, la desproporción entre los contendientes era mayúscula: unos 4.000 hombres, entre soldados, voluntarios y milicia gremial, se enfrentaron a unos 25.000 soldados a las órdenes del duque de Orléans. La descoordinación entre los austracistas apareció una vez más: el mariscal Starhemberg, que se hallaba cerca de Tarragona, no auxilió a los resistentes de Tortosa. El 9 de julio tuvo lugar el asalto ﬁnal que desembocó en la capitulación, dando paso a nuevos episodios de represión sin que fuera respetada la amnistía general que había sido pactada para los habitantes de la ciudad. La presencia de un ejército u otro propició que los municipios se decantaran alternativamente a favor de uno de los dos bandos, especialmente en las comarcas de poniente, ya que ciudades como Tàrrega o Cervera eran consideradas abiertas. Los borbónicos aplicaron una política de extorsión y de represalias indiscriminadas, tanto para obtener contribuciones de guerra como para disuadir a los resistentes, actuaciones que llegaban al extremo de secuestrar individuos para lograr rescate. Aquel escenario alimentó un clima profundamente derrotista y desmoralizador, agravado por los saqueos y requisas cometidos por los soldados austracistas que vivían a expensas del país —además, algunas partidas de fusileros actuaban como simples delincuentes—, lo que provocó severas quejas de los representantes municipales y de la Conferencia de los Comunes durante el verano de 1708. En un memorial dirigido a Carlos III denunciaban que las tropas «han practicado y practican en los parajes donde acampan, y en sus tránsitos, saqueos, robos y talas de frutos, que es notorio [y] se hallan precisados muchos de los naturales del Principado a abandonar sus casas y haciendas, dejándolas al despótico albedrío de las tropas».²⁰⁵

A partir de 1708 el emperador José I se hallaba en condiciones de ofrecer mayor apoyo a su hermano en España. El progresivo control de la insurrección húngara y la estabilización de la situación en Italia, donde el papa Clemente XI reconoció a Carlos III como rey católico en enero de 1709, hicieron posible el cambio de orientación que se tradujo en el envío de tropas a Cataluña, quedando los efectivos aliados bajo el mando del conde Starhemberg.²⁰⁶ A pesar de ello, a lo largo de 1709, la situación en Cataluña siguió la misma tónica de los dos años anteriores, agravada por las contingencias meteorológicas y por la escasez de alimentos. Feliu de la Peña retrató un sombrío panorama marcado por el predominio de los ejércitos borbónicos:

Fue Cataluña todo este verano ﬁero campo de batalla invadida en todos sus términos por los ejércitos que molestaban Urgel y Segarra; otros que inquietaban y robaban en Ampurdán y Selva de Gerona; otros la Conca de Tremp y Pallars; otros el campo de Tarragona … Hallábanse en este tiempo los naturales del Principado saqueados de franceses, y no muy aliviados de nuestras tropas … y aun los paisanos que acudieron a su defensa no dejaron de añadir cargas, el general de batalla Rafael Nebot halló resistencia de los naturales en defensa de sus frutos.²⁰⁷

A principios de 1710, los aliados habían concentrado en Barcelona un contingente militar considerable: más de 200 naves, 25.000 soldados y 6.000 caballos. La operación fue concebida, según Torras i Ribé, con la pretensión de recuperar territorio peninsular y no para consolidar posiciones en Cataluña. Así pues, el grueso de las tropas se dirigió hacia el Segre, donde inﬂigió una importante derrota a los borbónicos en Almenar (Segrià), en la que Felipe V estuvo a punto de caer prisionero. El camino hacia Aragón, con la mirada puesta en la conquista de Madrid, quedaba libre aunque Lleida y el castillo de Monzón seguían bajo dominio borbónico.²⁰⁸ De este momento cabe destacar el pase al bando austracista del militar Antonio Villarroel, nombrado teniente mariscal por Carlos II. Había militado en las ﬁ las borbónicas a las órdenes del duque de Orléans y contribuyó a la toma de Almansa, Requena, Balaguer, Lleida y Tortosa, además de otras localidades leridanas y aragonesas. Pero en 1709, cuando Felipe de Orléans perdió la conﬁanza de Felipe V y de la princesa de los Ursinos, Villarroel abandonó el ejército borbónico para ingresar, al año siguiente, en el austracista.

Capítulo 9

HACIA EL FINAL DE LA GUERRA: 1709-1711

LAS DUDAS DE LUIS XIV: LAS NEGOCIACIONES DE LA HAYA Y GERTRUYDENBERG

A aquellas alturas de la guerra, la disparidad de intereses de los gobiernos aliados se hacía cada vez más patente y acabó reﬂejándose en las negociaciones de paz. En 1709, en el continente, a pesar de la superioridad numérica de los ejércitos franceses, el príncipe Eugenio y Marlborough ganaban la partida. Sus contingentes, como ha puesto de relieve D. McKay, estaban sufragados casi en su totalidad por las potencias marítimas, realidad que situaba al príncipe Eugenio en un plano de clara supeditación a Marlborough.¹

Le grand hiver de 1709, con una caída brusca de la temperatura de unos 20 grados entre enero y febrero en buena parte del territorio francés, que dio lugar a dos heladas consecutivas, malogró la cosecha de cereales y propagó el hambre provocando una mortalidad espantosa y un sinfín de revueltas populares.² En efecto, aquel contratiempo se sumó a los ya gravosos efectos de la guerra, empeorando la crisis ﬁnanciera de la monarquía hasta límites insospechados, y acrecentó la ruina del país.³ La revalorización de un tercio del valor de la moneda, en relación a su valor intrínseco, beneﬁció al rey, explica el duque de Saint-Simon, pero arruinó a los particulares y provocó desajustes en el comercio.⁴ Un impreso austracista resumía, de forma gráﬁca, el eventual callejón sin salida en el que se hallaban las dos coronas borbónicas:

Esta corona [Francia], por un efecto totalmente contrario a sus intereses, ha precipitado a la España en la infelicidad de la guerra de que la pretendía librar. La España, por su parte, creyendo evitar los males que la rodean, ha precipitado a la Francia en las ruinas que ahora padece.⁵

En primavera, en medio de una coyuntura militar y ﬁnanciera claramente adversa, con lágrimas en los ojos durante la reunión del consejo que debatió el asunto,⁶ el rey de Francia pidió a los aliados negociar, a cuya petición accedieron los ministros imperiales. En abril de 1709, Luis XIV escribía a Amelot:

Ha llegado un momento en el que es preciso terminar la guerra al precio que sea; he loado el coraje y la resolución del rey de España, pero él debe consultar las reglas de la prudencia y quizá le harán ver que es más razonable conservar una parte de sus estados que perderlos enteramente por una resistencia mal empleada.

En deﬁnitiva, le decía lisa y llanamente que valía más reinar en algún Estado que perderlos todos a la vez.⁷

Mientras tanto, Felipe V recelaba de las pretensiones a la corona hispánica de su tío, el duque de Orléans, a quien acusaba de conspirar y de querer atraer el apoyo de los territorios de la Corona de Aragón, con el objetivo último de pretender el trono hispánico con el apoyo del enviado británico James Stanhope. La intriga, en todo caso, no tuvo mayor repercusión porque el duque, enfrentado a la princesa de los Ursinos, fue llamado a París en 1709 y sus colaboradores fueron perseguidos. El propio Luis XIV canceló el tema indicando a Amelot que no se investigara el asunto, y a su sobrino y al nieto les mandó observar un estricto secreto.⁸

El rey de Francia anhelaba la paz y envió como plenipotenciario a La Haya al secretario, de Estado marqués de Torcy, Jean Baptiste Colbert, «un hombre desesperado que intentaba salvar lo que podía a través de charlas informales con los líderes aliados a puerta cerrada», según McKay.⁹ El príncipe Eugenio estaba convencido, el 17 de mayo, de que Francia era incapaz de continuar la guerra. Los preliminares de la paz de La Haya se concretaron en 42 puntos, entre ellos la atribución de la monarquía hispánica, junto a Nápoles y Sicilia, a Carlos III, y establecían unas medidas cautelares de ocupación de diversas plazas (tres francesas y tres españolas) en el momento en que fuera declarado el armisticio. A partir de entonces, y antes de dos meses, Felipe V debía abandonar España. Además, conminaban al rey de Francia a hacer cumplir la paz a su nieto y a hacerle abandonar el trono hispánico.¹⁰ Las expresiones de Luis XIV en el invierno de 1709 son incisivas a la par que reveladoras: «Frío horrible, insoportable, atroz», «miseria, enfermedades», adversidades a las que se sumó la mala noticia de que el Papa «ha tenido la audacia de reconocer al Archiduque en calidad de Carlos III rey de España». A pesar de todo, y junto a la mención de medidas urgentes para abastecer de pan a precio asequible a la población, anota: «La corte desea la paz; París preﬁere la victoria y no la paz a cualquier precio».¹¹

Contra todo pronóstico, Luis XIV, a pesar de la delicada posición ﬁnanciera y militar de la monarquía francesa —hecho que inclinó a algunos miembros del Consejo de Estado a claudicar—, no aceptó aquellas condiciones tan humillantes. En parte, porque le repugnaba actuar contra su nieto, pero también porque temía que Francia pudiera acabar desmembrada. Su ﬁrmeza desconcertó a los aliados, quizá porque Torcy les había asegurado que en lo tocante a España, sólo era preciso que el rey de Francia ordenase a Felipe V que abandonara el trono y que no surgirían más obstáculos. Tal vez, como sugiere Lucien Bély, semejante error de cálculo fue resultado de la incoherente política austríaca, ya que José I ambicionaba consolidar sus intereses en Italia y en los Países Bajos, de acuerdo con las potencias marítimas, al mismo tiempo que pretendía asegurar el trono hispánico para su hermano Carlos III. El emperador se mostró contrario a la ﬁrma de la paz y reprochó al príncipe Eugenio y a Sinzendorf que en las conversaciones no hubieran obtenido más contrapartidas en la zona del Rin. Las potencias marítimas pudieron percatarse de que los intereses dinásticos austríacos hicieron frustrar una paz ventajosa.¹² Pero los holandeses no se quedaron cortos en sus reivindicaciones sobre la barrera, la línea de fortalezas que debía protegerlos de Francia.

En suma, las negociaciones de La Haya pusieron de maniﬁesto la necesidad del Rey Sol de hallar una salida a la guerra pero también evidenciaron la intransigencia de los aliados en las conversaciones. El 3 de junio de 1709 escribía entre perplejo e indignado:

He ofrecido retirar mis tropas de España y que consentiría la cesión que el rey mi nieto haría de la monarquía y de las Indias, reteniendo a cambio de su partida los reinos de Nápoles y de Sicilia. He añadido a esas ofertas un gran número de mis plazas, que los holandeses me pedían en los Países Bajos bajo el nombre de barrera necesaria, según ellos, para la seguridad de sus estados. Les he concedido todas las ventajas que me han pedido para el comercio. He consentido todas las pretensiones de los ingleses contenidas en las últimas instrucciones del parlamento de Inglaterra, incluida la demolición de Dunkerque así como completar el puerto de aquella ciudad. He acordado, ﬁnalmente, al Imperio, Estrasburgo, fortiﬁ cada, para que sea restablecida como ciudad libre imperial. Juzgad, a partir de tales ofertas hasta qué extremo consideraba necesaria la paz en mi reino.

En efecto, tenía la convicción de que aquellas concesiones «sobrepasaban inﬁnitamente las esperanzas que mis enemigos debían concebir razonablemente al iniciarse la guerra». Pero la conﬁanza en sus fuerzas era tal, proseguía Luis XIV, que después de haber rechazado la propuesta de dejar los reinos de Nápoles y de Sicilia a Felipe V, los aliados presentaron un proyecto de artículos preliminares, cuyo fundamento residía en el abandono de su nieto del trono hispánico en el término de dos meses. Pedían, además, que en ese intervalo pudieran tomar posesión de las plazas de Flandes y la demolición de otras que ocupaban sus tropas. Pasados los dos meses, si Felipe V no había abandonado España, iniciarían de nuevo las hostilidades. Luis XIV les había prometido retirar sus tropas y abandonar totalmente España pero los ministros del emperador, los ingleses y holandeses le exigieron, además, garantías del abandono de Felipe V y que, en caso de que no se hiciera efectivo, se uniera a ellos para obligarle a cumplirlo. La propuesta era inaceptable, a juicio del rey de Francia, tanto por la insuﬁciencia del plazo de dos meses de suspensión de armas, como porque estaba convencido de que Felipe V no saldría voluntariamente de España. Añadía que no podía presionarlo para que sacriﬁcara sus intereses y su corona, ni tampoco condenar la opción que había tomado de «librarse enteramente a los españoles y de gobernar únicamente mediante sus consejos» porque sólo ellos le podían proporcionar apoyo para mantenerse en el trono.¹³

A los pocos días, veía conﬁrmadas sus suposiciones: Amelot le había informado del intento fallido de convencer a Felipe V de que sería prudente ceder a tiempo y contentarse con algunos territorios para así evitar la pérdida de toda la monarquía de España. Luis XIV asumía, de todos modos, que era difícil persuadir a su nieto de que cambiara de parecer, aunque barruntaba que en España no recibiría apoyo suﬁciente para mantenerse en el trono. Acto seguido, comunicaba a Amelot que le resultaba imposible sostener la guerra, por la precariedad económica que castigaba a Francia. Su razonamiento era inapelable: «he rechazado la proposición odiosa de contribuir a desposeerlo [a Felipe V] de su reino; pero si continúo dándole los medios para mantenerse en él, hago la paz imposible», razón por la cual tomó la decisión de retirar las tropas de España y de llamar a Amelot, aunque dejó 25 batallones, a instancias de su nieto. La conclusión a la que llegó era severa para Felipe V: era imposible que la guerra ﬁnalizara mientras él siguiera en el trono de España.¹⁴

El duque de Marlborough fue incapaz de comprender que el rey de Francia, además de abandonar a Felipe V, como reclamaban los aliados, no podía llegar al extremo de luchar contra su nieto para destronarlo. Estando así las cosas, el militar británico quedó esperando una contrapropuesta francesa que nunca llegó. La apuesta por Villars, buen estratega, suﬁcientemente enérgico y popular como para alzar la moral de los ejércitos franceses, de quien Luis XIV escribió que había depositado toda su conﬁanza en Dios y en él, fue la baza desesperada que jugó el rey de Francia en aquella encrucijada decisiva.¹⁵

Luis XIV, aunque rechazó aquella propuesta de paz humillante, abandonó a su nieto en el frente hispánico para concentrarse en la defensa del territorio francés amenazado en el norte.¹⁶

Pronto, la respuesta contundente —casi temeraria— de Luis XIV puso término a las especulaciones. El marqués de Pescara informaba a Viena que Francia se había «arrepentido en pocos días y faltado en redondo a su palabra», y añadía:

Los motivos con que los franceses procuran dorar la indignidad de este hecho son no poder responder del ajeno en lo que mira al duque de Anjou, no sabiendo si querrá estar a lo pactado por el Rey su abuelo, y salir llanamente de España en el corto término de dos meses, como también no poder consentir en la entrega de sus plazas fronteras en Flandes, lo que sería arruinar su reino y otras mendacidades del género.

Para colegir con un optimismo desmedido: «se pondrá la Francia en estado de sujetarse a condiciones más ásperas de las que ahora ha rehusado admitir».¹⁷ Torcy respondió con corrección a los aliados que Luis XIV «considera que le resulta imposible aceptar tal y como está formulada [la paz]». El rey remarcó los puntos de desacuerdo, entre los que se hallaba la cesión del trono hispánico a Carlos III y la imposibilidad de negar el apoyo a su nieto. Torcy daba por cerrada la negociación declarando: «preveo que habrá que esperar otro momento para una paz tan deseada y necesaria para toda Europa».¹⁸

Una vez fracasadas las negociaciones, se produjo un nuevo combate decisivo entre los dos ejércitos. En junio de 1709 Marlborough se hallaba al frente de un contingente de 110.000 hombres cerca de Lille. Villars, por su parte, reunía 90.000 soldados. Marlborough, con el apoyo de Eugenio, atacó Tournai y Scheldt (Escalda) y avanzó hacia Valenciennes pasando por Mons. El 11 de septiembre se enfrentó en el llano de Malplaquet a los hombres de Villars, Boufﬂers y D’Artagnan, que reunían un total de 85.000 soldados. El enfrentamiento fue muy duro, entre las 7 de la mañana y las 12 de la noche, y en él jugó un papel decisivo la caballería formada por 26.000 hombres (holandeses, británicos, sajones, prusianos y hannoverianos). Aunque el general inglés se impuso, pagó el elevado coste de 20.000 bajas, entre ellas 8.000 holandeses. En cambio, las pérdidas de Villars no pasaron de 12.000 hombres. Los franceses pudieron interpretar que aquélla había sido una derrota honorable. Marlborough, que acostumbraba a preocuparse por la conservación de sus tropas, arriesgó demasiado en aquel combate, por lo que en Londres fue acusado de incompetente. Al cabo de pocos días, el 23 de octubre, el general tomaba Moon y expulsaba a los franceses de los Países Bajos españoles.¹⁹

Paradójicamente, después de que el mariscal Villars hubiera sido oﬁcialmente derrotado en Malplaquet, el rey de Francia optó por continuar la guerra e incluso pensó que podía ganarla: «si Dios nos concede la gracia de perder otra batalla como ésta, Vuestra Majestad puede contar con que sus enemigos serán destruidos», le escribió Villars.²⁰ La «gloriosa derrota» de Villars y Boufﬂers, según la expresión de André Corvisier, le permitió a Francia resistir —cosa tan indispensable como difícil entonces— para beneﬁciarse, en los dos años siguientes, de una serie de contingencias favorables, como los triunfos militares de Felipe V en España, el acceso de los tories al gobierno en el Reino Unido y, a la postre, la muerte del emperador José I, que constituyó el punto de inﬂexión que condujo a las negociaciones de Utrecht.²¹

Mientras, en octubre de 1709, ingleses y holandeses ajustaban sus diferencias mediante un tratado. Los primeros realizaban concesiones para la concreción de la barrera —muy favorable a los Estados Generales, puesto que recuperaban un número importante de fortalezas— y los segundos daban apoyo a la sucesión hannoveriana en el Reino Unido, aunque fue preciso negociar un nuevo tratado en enero de 1713. Además, el Reino Unido prometía compartir ventajas comerciales y territoriales con las Provincias Unidas (con los temas de fondo del asiento de negros y Menorca). De este modo se pretendía reforzar el compromiso de la alianza en la guerra —en la línea de los whigs.²²

¿Cuál fue la posición de Carlos III y de sus ministros en aquella tanda de negociaciones fallida? La conferencia de ministros (o Junta de los aliados) reunida el 11 de junio de 1709, resolvió que «por parte de los coaligados no se hiciese ninguna paz ni entrase en negociación o preliminar alguno con aquella Corona, sin haber antes restituido a V. M. toda la monarquía sin desmembramiento alguno», y que, además:

habiendo Su Majestad Cesárea entendido que la Francia ofrecía a V. Mg. el continente de España con las Indias, Países Bajos, Estado de Milán y las Islas de Cerdeña, Mallorca y Menorca, con los puertos de Toscana, reservándose para sí las dos Sicilias, sin las cuales no hubiera ninguna seguridad para los Estados hereditarios del Señor emperador, ni para la comunicación con la España, ordenaba a su ministro representante tan justo reparo.

A su juicio, el punto de partida de la negociación debía ser el tratado de los Pirineos (puesto que conﬁrmaba la exclusión de la Casa de Borbón de Francia a los reinos de España), con la salvedad del retorno de los condados del Rosselló y de la Cerdanya a la monarquía hispánica:

[por la] utilidad que se seguiría de semejante recuperación a la causa común y a los Reinos de España y particularmente a este Principado de Cataluña que tanto ha merecido con los aliados en la presente guerra y los males que naturalmente deben temerse siempre que franceses tuvieren una puerta abierta como la de Rosellón y Cerdaña.

Carlos III hizo suya la reivindicación y la comunicó por carta, desde Barcelona, a Marlborough. De esta manera satisfacía al núcleo austracista catalán que, a pesar del tratado de los Pirineos, seguía considerando los condados como parte integrante del territorio de Cataluña, tal como dan por sentado Narcís Feliu de la Peña en los Anales de Cataluña y Francesc de Castellví en sus Narraciones históricas. Pero ante la previsible diﬁcultad para obtener aquella ambiciosa pretensión, la conferencia posterior del 26 de junio acordó que, en caso de que no fuera posible la restitución de los condados, se reclamaran las plazas fortiﬁcadas de Bellaguarda, Montlluís y Cotlliure.²³

Otro tema que abordó la conferencia de ministros fue el del trato que había que dispensar a los partidarios de Felipe V:

A los desafectos que hay en los Reinos de España y en los demás dominios de la monarquía y a los muchos apasionados que en todos ellos tiene la Francia, la han juzgado todos como materia muy delicada, dudando mucho pueda ser ajustada en el tratado preliminar, pareciéndoles aun que cuando se pueda evitar, que no se trate de ella … que los desafectos no tengan otro asilo ni recurso que el que puedan encontrar en la clemencia y piedad de V. M.

Es decir, que no era conveniente adoptar compromisos ni medidas de gracia, sino que había de dejar la cuestión a la «libre voluntad y arbitrio» del monarca.

También resolvió que si el Reino Unido proponía el establecimiento de la sucesión de la línea protestante en las Islas Británicas, el ministerio de Carlos III se mantendría «pasivamente». Pero, sin duda, la resolución más signiﬁcativa tenía que ver con la concesión de Nápoles y Sicilia —o bien uno de los dos reinos— a Felipe V, ante la cual acordó «les declarase absolutamente [a los aliados] que S. M. se resolvería antes a quedar del Archiduque y a abandonar la España, por no verse expuesto a la sujeción de franceses y de sus adherentes, que renunciar a los estados de Italia que eran el antemural y barrera de los países hereditarios y en la mayor parte conquistados por las armas de su Augustísima Casa». Como ya hemos puesto de relieve, el dominio de los territorios italianos constituía una de las prioridades de la política imperial. La conferencia, ﬁnalmente, expresó su desconﬁanza total hacia las ofertas de los negociadores de Francia «de que se inﬁere que su designio es de recobrar lo que no posee y de ceder lo que parece no está en su mano, puesto que el mismo secretario Torcy debe haber declarado en La Haya que su Rey no podía obligar al duque de Anjou a salir de la España».²⁴ El duque de Moles manifestó a Marlborough su negativa a la partición de España en estos términos:

Desde la unión entre las coronas de Castilla y Aragón, la constitución de la monarquía de España ha sido siempre de tal naturaleza que no se podría desmembrar el rincón más pequeño sin arruinarla por completo, existiendo tal relación entre las partes que la componen que cada una es esencial para la otra. Es como una cadena de la cual no se puede quitar ningún eslabón sin romperla.

Al cabo de pocos meses insistía en ello ante el cariz que tomaban las negociaciones:

Una paz por la cual, en vez de reducir Francia al Tratado de los Pirineos, seremos nosotros los que nos veremos sometidos a una infausta partición, y si los holandeses han declarado por escrito la intención de entregar Sicilia y Cerdeña, cuando Francia ofrezca de buena fe España e Indias, aún correremos el peligro de ver escindido el Reino de Nápoles.²⁵

A partir del 3 de enero de 1710, y a instancias de Torcy, se iniciaron las conversaciones de Gertruydenberg. La diplomacia francesa buscaba una compensación para Felipe V, ya fuera Nápoles y Sicilia, o bien Cerdeña y Sicilia o Cerdeña, Nápoles y los presidios toscanos. Los aliados no desvelaron hasta dónde estaban dispuestos a llegar, como fruto de sus divergencias pero también de una gran desconﬁanza hacia Luis XIV. Los principales obstáculos para la paz eran los artículos 4.º y 37.º de los preliminares, que se referían a la evacuación de las tropas francesas que se encontraban en España y al abandono del trono por parte de Felipe V. Además, los británicos insistieron en el apoyo militar que los franceses debían proporcionar a los aliados para destronar a Felipe V. En plena hambruna y en un nuevo invierno riguroso que castigaba a Francia en 1710, el Consejo de Estado, reunido el 26 de marzo, discutió la proposición de los aliados. Torcy, a la vista de la intransigencia de los holandeses en apartar por la fuerza a Felipe V del trono, sugirió acceder a ella a cambio de obtener para éste el reino de Nápoles como consolación. Recibió el apoyo de Pontchartrain y de Desmarets y se manifestaron en contra Luis XIV, el Delfín, el duque de Borgoña y Beauvillier. A los pocos días, incluso «ese patriota, ese gran soldado», el mariscal de Villars, escribía dolido el rey de Francia, se sumó a los partidarios de ﬁrmar la paz. El Consejo acabó resolviendo, el 11 de mayo, no luchar contra el rey de España pero aceptar pagar la guerra contra él (mediante un subsidio de 500.000 libras mensuales a las arcas aliadas). Pero los holandeses no se contentaron con ello y exigieron que una armada francesa combatiera contra Felipe V. Nuevas exigencias holandesas —la cesión de Estrasburgo y la entrada francesa en la guerra contra Felipe V en 15 días—, provocaron la ruptura de las negociaciones de Gertruydenberg.²⁶ La propuesta les pareció insuﬁciente a los aliados, instalados en sus desmedidas pretensiones, tan ambiciosas como apartadas de la realidad.

Aquella tanda de negociaciones, concluida en marzo de 1710, constituyó una nueva ocasión perdida para alcanzar la paz.²⁷ El príncipe Eugenio y Marlborough debieron de arrepentirse de no haber cedido en sus pretensiones desmesuradas ante el veterano y experimentado rey de Francia, puesto que habían dejado escapar la oportunidad de lograr una paz altamente favorable a los intereses aliados y, en especial, a la Casa de Austria.

Durante el resto del año 1710 no hubo nuevos avances de los aliados. Mientras los franceses reforzaban sus líneas defensivas en Artois y Picardía, en el Rin, sus ejércitos estaban inactivos y las operaciones en el norte de Italia se encallaron. Marlborough había visto disminuir sensiblemente el prestigio ganado a pulso en los años precedentes. Pero, además, a los dudosos resultados militares de Malplaquet se sumaba la pérdida progresiva de inﬂuencia de su esposa Sarah ante la reina Ana que, por lo menos hasta ﬁnales de 1707, le había servido de gran apoyo en su carrera militar. A partir de entonces, con la victoria de los tories en las elecciones de 1710, que abrió el camino decisivo a la negociación ﬁnal, Marlborough cayó en desgracia. Aún así, en calidad de comandante en jefe en los Países Bajos, tuvo ocasión de derrotar a Villars, por última vez, en Bouchain el 12 de septiembre de 1711. Luego se retiró a Londres a ﬁnales de aquel año, siendo sustituido por el duque de Ormond. A su regreso tuvo que hacer frente a graves acusaciones de malversación de fondos que culminaron en un proceso judicial y en su exilio a Holanda en 1712, después de la muerte de su amigo Godolphin, que fue lord Treasurer y virtual primer ministro hasta 1710.²⁸

Pero los británicos no perdían el tiempo. James Stanhope,²⁹ que había tomado Menorca en octubre de 1708, persuadió a su gobierno de la conveniencia de apropiarse de la isla en compensación del apoyo prestado a Carlos III: «lo que pedimos es tan natural que el mundo entero estima deberíamos quedárnoslo y se sorprenderá de nuestra modestia si no deseamos otra cosa». Argumentó, con razón, que la posición geográﬁca y estratégica de la isla la convertían en un enclave privilegiado, a la vez que expresaba sus dudas sobre las posibilidades de éxito de Carlos III en el conﬂicto: «Temo … que cuando hayamos colocado a este príncipe sobre el trono de España no lo disfrutará en paz por mucho tiempo al estar Francia siempre dispuesta a fomentar nuevas ambigüedades». Obrando en consecuencia y sin escrúpulos, se dirigió a Carlos III el 18 de mayo de 1709 argumentando que al objeto de recuperar

el reembolso de grandes cantidades de dinero que han sido prestadas a V. M. y gastadas en esta guerra para colocar a V. M. sobre el trono de España, desea que la isla de Menorca sea puesta en custodia entre las manos de S. M. [británica] hasta la liquidación o abono de dicha deuda, y para que dicha majestad pueda disfrutar de la soberanía de dicha isla.³⁰

La respuesta del secretario de Despacho Universal, Ramon de Vilana Perlas, no se hizo esperar. Después de alabar y agradecer el apoyo británico en la guerra, apeló al tratado de la Gran Alianza de La Haya, en virtud del cual resultaba que sólo una vez ﬁrmada la paz se podrían convenir acuerdos de este tipo. Además, objetaba que una decisión como aquélla tenía repercusiones en el ámbito de la religión para añadir, a continuación, otra razón de carácter constitucional:

No es menor reparo el del solemne juramento que prestó S. M. en Cataluña, Aragón y Valencia de no desmembrar por cualquier motivo o pretexto de la Corona de Aragón las Islas Baleares, pues cuando el vínculo del juramento fuese disoluble, necesitaría siempre del consentimiento de los Reinos, a cuyo favor se estipuló la obligación Real y por quienes fue aceptada, y bajo éstas y otras condiciones prometido y jurado el justo vasallaje.³¹

Finalmente, fue redactado un documento para la venta de Menorca a favor de la reina Ana, mediante el cual la isla era empeñada por valor de 200.000 doblones —supuestamente, la cifra de la deuda contraída por Carlos III con los británicos—, un pacto que dejaba abierta la puerta a la recuperación de la isla mediante el pago de aquel importe. Acerca del contenido del documento, redactado por el marqués de Rialp, Ramon de Vilana Perlas —que debían negociar el conde Gallas y Juan Hoffman—, es interesante destacar los puntos que se reﬁeren al mantenimiento de la religión católica, la cual debía conservarse «sin novedad, ni alteración», a la conservación de los privilegios de los «Comunes y particulares», y al hecho de que los ministros fueran católicos, naturales de la isla o de los reinos de la Corona de Aragón. La libertad de comercio también quedaba garantizada. Además, cabe señalar el intento de vincular aquella cesión a la vindicación de los condados del Rosselló y de la Cerdanya que permanecían bajo el dominio del rey de Francia:

Pendiendo la mayor seguridad de España respecto a no ser inquietada de la Francia del resguardo de Cataluña, y éste de la unión de los condados del Rosellón y de la Cerdaña, que forman su natural barrera, de que pende también el que no deba ser tan continuo el desvelo de S. M. Brit. hacia la defensa del continente, será condición que en los preliminares de la paz general y en el congreso de ella interpondrá la reina sus buenos oﬁcios para conseguirlo.³²

Micaela Mata ha señalado que el documento, redactado de manera abstrusa, «más parece tratar de sujetar a un enemigo que favorecer a un aliado, pero el pacto es ciertamente importante por ser la primera tentativa de negociación (aunque posiblemente ﬁngida) y en cuanto varios de sus artículos servirían de modelo a posteriores tratados».³³ Es evidente que la declaración de Vilana fue mal acogida por el embajador Stanhope, que esperaba obtener la isla sin ningún tipo de requisitos. Era preciso, de todos modos, superar los escollos que había planteado el marqués de Rialp en el sentido que el rey había jurado no desmembrar los territorios de la Corona de Aragón. El conﬂicto provocó que Stanhope retirase de Barcelona un regimiento que debía entrar en acción, razón por la que el representante británico mereció una reprimenda de Carlos III el Archiduque. Además, como era lógico, la avidez de los británicos levantó suspicacias entre los holandeses, cuya participación económica en la guerra también era muy importante, en un momento en que, como hemos tenido ocasión de ver, ambos estaban negociando el tratado de la barrera.³⁴ No parece, por tanto, que el trato se llegase a ﬁrmar. De todos modos, no tuvo que pasar demasiado tiempo para que los británicos se hicieran con la presa, gracias a los pactos con Francia, en virtud de los cuales abandonaban la guerra. Sea como fuere, gracias a esta operación, el gobierno británico hizo aprobar al Parlamento un subsidio de un millón y medio de libras esterlinas para la guerra de España y para reclutar hombres en Escocia, el Palatinado y Alemania con destino a Cataluña.³⁵

1710: EL AÑO DECISIVO PARA FELIPE V

Además de la partida de los efectivos franceses del territorio hispánico durante el invierno de 1709, excepto 25 batallones y las guarniciones de Roses, Pamplona, Fuenterrabía y San Sebastián, tuvo lugar también la marcha de Amelot. La princesa de los Ursinos aumentaba su margen de poder, mientras que el embajador Blécourt desarrollaba funciones puramente diplomáticas. El verano anterior Felipe V había introducido cambios en el Consejo de Gabinete. Junto al marqués de Bedmar entró en él el duque de Medinaceli, máximo exponente de las aspiraciones de los grandes. Pero pronto unas cartas compremetedoras dieron pie a una acusación de traición, que comportaron su detención en Pamplona hasta su muerte.³⁶ Sabemos que el duque sugirió una forma de gobierno que no gustó nada a Luis XIV, que vertió, a propósito, el esclarecedor comentario: «parece tener por objetivo un gobierno particular en el que el rey de España no tomaría parte excepto para autorizar mediante su consentimiento las deliberaciones de aquellos que formarían la Junta; eso sería ponerse en manos demasiado absolutamente de sus miembros y proporcionarles el medio de disponer de su Estado como juzgaran conveniente».³⁷ Medinaceli aprovechó la ocasión de cambio para restablecer una cierta forma de gobierno colegiada. Portocarrero, por su parte, declinó la oferta de participar en la Junta. De lo que no cabe duda es de que la marcha de Amelot hizo pasar a primer plano la labor de los secretarios de Estado y de Despacho, la de Mejorada y, sobre todo, de Grimaldo. Este último coordinó los temas haciendísticos y militares.³⁸

En la primavera de 1710 los aliados se dispusieron a ocupar Madrid por segunda vez. El 27 de julio derrotaron en Almenar al ejército dirigido por el marqués de Villadarias avanzando a continuación hacia Barbastro y Huesca. El 20 de agosto ganaron la batalla de Monte Torrero en Zaragoza, especialmente cruenta, en la que Starhemberg y Stanhope se impusieron al marqués de Bay y sus 20.000 hombres. A consecuencia de la derrota tuvo lugar una desbandada en las ﬁlas borbónicas y muchos de sus hombres cayeron prisioneros. Carlos III cumplió con su palabra y restableció los fueros de Aragón. Parecía que, por ﬁn, la suerte sonreía a los aliados en el territorio hispánico. Incluso se plantearon la posibilidad de recuperar las tierras valencianas. Ocho naves a las órdenes del conde de Savellà, en las que se enrolaron mil catalanes y otros tantos valencianos que se encontraban en Barcelona, se encaminaron hacia Valencia, donde el austracismo había recobrado aliento después de la abolición de los fueros y de la represión borbónica. En efecto, Carmen Pérez Aparicio ha detectado dos intentos de sublevación, en 1708 y 1710, especialmente en la segunda fecha. Los continuos rumores que esparcían los maulets sobre la inminente liberación del reino por los aliados y la creciente actividad de los miquelets en la huerta valenciana aprovechando la escasa presencia de tropas borbónicas prepararon el ambiente. Pero la llegada al Grau de Valencia de la ﬂota inglesa no provocó la sublevación esperada por los austracistas. Todo ello no hizo sino agravar la división interna entre maulets y botiﬂers y, por supuesto, la represión contra los primeros.³⁹

A principios de septiembre, en Calatayud, los aliados dudaban si avanzar hacia Castilla o bien penetrar en Navarra para ocupar Vizcaya, Álava, la Rioja y entrar en Castilla, tal como sostenían el mariscal Starhemberg y los imperiales. Stanhope aﬁrmó resueltamente «que no tomaría con sus tropas otro camino que el de Madrid … Prevaleció el parecer de los ingleses, aun repugnando Carlos», más preocupado por conservar Aragón, después de la experiencia frustrante del año 1706.⁴⁰ Así pues, el mando aliado, con el apoyo de portugueses y holandeses, decidió unánimemente la marcha sobre Madrid. Para los británicos, que cargaban con la mayor parte del gasto de la guerra, era preciso resolverla pronto.⁴¹

Al contrario de lo que había imaginado Stanhope, cuando las tropas aliadas llegaron a Alcalá de Henares no recibieron muestras de adhesión. Escribía el marqués de San Felipe:

Admirará la posteridad el amor, la constancia y la fe de los reinos de Castilla que a porfía, no cansados, sino estimulados de la desgracia de su príncipe, ofrecían sus bienes, sus haciendas y sus vidas para reparar el daño […] aplicados a lo que llaman causa común.⁴²

Luis XIV no se cansó de elogiar la ﬁdelidad de los castellanos a la Casa de Borbón, hasta el punto de considerar que «sus intereses y los del rey [Felipe V] han llegado a ser los mismos y que si tenía lugar una revolución desgraciada, serían siempre considerados por la Casa de Austria como los enemigos capitales».⁴³ Atendiendo a aquella adversa realidad, Carlos III volvió a plantear a los generales la necesidad de discutir la estrategia. Pero ahora Starhemberg era partidario de proseguir hacia Madrid. Virgina León ha constatado que varió el tono del rey Carlos con respecto a la primera incursión castellana en el edicto que publicó en 21 de agosto: «su habitual disposición conciliadora había variado». En él, el rey advertía a los que no le dieran la obediencia que «no serán admitidos ni atendidos de mi Real compasión».⁴⁴

Al cabo de pocas semanas, el 28 de septiembre, Carlos III entraba en Madrid, después del traslado de la familia borbónica y de los tribunales a Valladolid. Pero la acogida fue decepcionante. Según un impreso:

Adelantáronse los ﬁnos al besamanos, llevando cada uno su memorial para pedir (que esa era el alma del negocio). Todos querían al príncipe para que los colocase en los puestos, y ninguno lo llamaba para ponerlo en la corona.⁴⁵

Un testimonio relata que «hubo tres noches de luminarias con pocas luces y campanas con poco ruido, porque los sacristanes con el aviso de los ingleses herejes estuvieron sorprendidos del susto y con el ojo a las vinagreras». El rey ni siquiera residió en la capital sino que se alojó en la quinta del conde de Aguilar. Pronto quedó «mal satisfecho de las pocas y tibias aclamaciones con que fue admitido. A primero de octubre, día en que el señor archiduque cumplía 27 años, hubo besamanos de pocos y no conocidos». Acto seguido empezaron los «destierros y acusaciones de los leales a su Magestad, y de los franceses … de miedo se metieron en sagrado muchos». Los franceses fueron conminados a abandonar la ciudad en 24 horas. Se inquirió a los conventos que manifestaran los bienes que tenían guardados pertenecientes a seglares, y fue mandado que

los que haciendo juntas hablasen de las cosas del gobierno de los aliados o sus armas, fuesen condenados a presidio por diez años … que cualquiera que de día o de noche en voz sumisa o inteligible dijere Viva Felipe V, se ejecutase pena de muerte sin dilación alguna.

Un gran número de eclesiásticos fueron desterrados. Y a juicio del coetáneo, lo más grave fue que

en estos días se vieron vender por las calles de Madrid cálices, patenas, copones y de todo género de vasos sagrados y ornamentos que en las iglesias de los lugares circunvecinos habían saqueado los herejes y se cuentan más de setenta los templos que sacrílegamente han saqueado.

Tampoco se libraron del pillaje casas «de ministros ausentes y de particulares, especialmente de franceses».⁴⁶

Otro testimonio, proporcionado por Luis Antonio Velázquez, carga las tintas en los abusos y sacrilegios perpetrados por los «herejes». En efecto, nos dice que las tropas provocaban a los vecinos «llamándolos gabachos, traidores», y que a continuación:

Violaban los templos, rompían las santas imágenes, arrojaban con desprecio las reliquias, hurtaban los ornamentos del templo … Mas me admira, que faltasen a la ley natural, a la de gentes, a toda humana decencia, y a todos los términos de urbanidad como se irá dando a entender. Vinieron a Madrid muchos curas y sacerdotes llorando las tragedias de sus iglesias y feligreses, aquéllas profanadas, éstos afrentados, fugitivos, si ya no estaban heridos o muertos. Supimos por ellos que desnudaban enteramente las mujeres delante de los hombres, y a los hombres delante de las mujeres; y de este modo los dexaban en el templo, siendo igual a su desvergüenza el sonrojo de estos pobrecitos.⁴⁷

Éste era su diagnóstico: «Entretanto era Madrid una Ginebra confusa; los lugares una guarida de ladrones; el ejército una banda de bárbaros seytas; obrando en todo sin Dios, sin ley, sin temor, al arbitrio de una insolente y licenciosa libertad». Así pues, contraponía las «gentes bárbaras», «fanáticos» cuya «pasión fanática es del demonio», a los «felipistas» que luchaban «en defensa de la patria y de la fe».⁴⁸ A su juicio, los abusos de 1710 superaron los del año 1706 en episodios de robo, destrucción, profanación de templos y de espacios sagrados, destrucción de imágenes, venta de objetos de culto… Velázquez acababa exclamando:

¡Oh rey de España, cuánto te ha echado de menos tu corte en el trágico interregno del Archiduque!; ¡Oh rey católico!; ¡Oh rey justo!; ¡Oh rey aborrecido de los malos!; ¡Oh rey idolatrado de los buenos!; ¡Ven a redimirnos! … a mantenernos en nuestra santa fe.⁴⁹

Apelaba a Felipe V porque el rey contaba con «la libre, uniforme y gustosa jura de España y todos sus dominios. Tiene la pacíﬁca posesión y obediencia de los reinos de Castilla, timbre y cabeza de las demás coronas». Velázquez llevaba su compromiso hasta las últimas consecuencias: «Últimamente nos parece que debemos los dichos eclesiásticos tomar las armas contra esta alianza, si volviese a entrar en Castilla», porque «en razón de guerra es tan religiosa como cuantas ha tenido la Iglesia; pues consiste en ella el abatimiento o exaltación de la religión católica … En ﬁn, es una guerra en que le va a España por ahora, si no la total ruina, por lo menos el lustre y puridad de la fe que profesa».⁵⁰ Pero interesa remarcar que el apasionado relato del eclesiástico introduce un par de matices interesantes. El primero, cuando exculpa a Carlos III: «del Archiduque decían, lo que es cierto, que era un príncipe devoto y timorato, y no tenía de esto el menor aviso, pues lo castigaría con un ruidoso escarmiento. Y diciéndoles cómo podía ignorarlo, sabiéndolo los generales y ministros. Respondían que se lo ocultaban de propósito». El segundo, en relación al saqueo de las iglesias, en cuyo interior los propietarios habían resguardado sus pertenencias más preciadas: «Lo cierto es que si no robaban las iglesias, no había ya que repelar en la villa; pero en las iglesias estaba bien guardado lo más precioso, por no exponerlo a la sacrílega libertad de los soldados». Aclaraba, también, que al abandonar Madrid, las tropas tenían licencia para saquear la villa pero que Stanhope lo impidió.⁵¹

El marqués de San Felipe fue terminante a la hora de valorar aquellos desmanes:

No daba paso que no fuese infeliz el rey Carlos en Castilla, porque era menester para la obediencia usar del mayor rigor, que degeneró en ira, y en tal desorden que ejecutaban los alemanes e ingleses las más exquisitas crueldades contra los castellanos. Los herejes extendían su furor a los templos e imágenes, haciendo de ellas escarnio, y servirles torpemente a su lascivia. Bebían en los sagrados cálices, y, derramando los santos óleos, ungían con ellos los caballos y pisaban las hostias consagradas.⁵²

Coincidió con él el caballero de Bellerive al explicar que en medio de una escasez extrema en Madrid, las iglesias de la vecindad fueron saqueadas. Añade que cuando los curas se quejaron de las violencias y profanaciones al mariscal de Starhemberg, éste respondió que había dado órdenes muy estrictas a sus soldados prohibiendo maltratar a los eclesiásticos y que cuando recibiera recursos repararía el daño causado por el robo de la plata y vasos sagrados. Según Bellerive, los generales tenían como objetivo primordial enriquecerse a costa de los objetos guardados por particulares y de la plata de las iglesias.⁵³ Una explicación plausible, aunque provisional, sería que Starhemberg envió sus tropas a los pueblos para recoger granos para la tropa y los caballos. Una tarea nada fácil si tenemos en cuenta la grave escasez del momento y la mala predisposición de la población hacia los aliados; y necesaria, por otra parte, ante la improvisada empresa de la conquista de Madrid y ante la cortedad de recursos y la crónica falta de coordinación de los aliados.

En realidad aquel cometido derivó, en no pocos casos, en correrías de soldados desmandados, portugueses, ingleses y alemanes, que arramblaban todo lo que podían. En algunos pueblos fueron saqueadas sólo las casas (Parla, Las Rozas, Barajas, Villarta de San Juan, Alcorcón). En otros, los principales damniﬁcados fueron las iglesias y conventos, en donde se hallaban almacenadas cantidades nada desdeñables de trigo, cebada y centeno procedentes del diezmo pero también de los vecinos que, por motivos de seguridad, las habían resguardado ahí junto a otras pertenencias de valor (Pinto, Valdilecha, Aravaca, Alameda, Casarrubuelos, Leganés). Finalmente, en algunas iglesias y conventos los soldados aliados cometieron diversos robos (de cruciﬁjos, casullas, vestidos, alhajas de plata, dinero, cálices, copones, vinagreras) y destrozos (en imágenes, sudarios, retablos) y practicaron violencias y humillaciones contra eclesiásticos (Fuente la Encina, Daimiel, El Molar, Valdeconchas, Fuente el Viejo, Alameda, Leganés).⁵⁴

Más allá de la realidad incontestable de los excesos cometidos por las tropas aliadas, sin que ahora pretendamos calibrar su alcance de forma exhaustiva, es indudable que en Castilla, la batalla de la propaganda la ganó Felipe V —a diferencia de lo que ocurrió en Cataluña— y que ésta se cebó en los aliados, a los que se asoció con la herejía a causa de la presencia de protestantes en sus ﬁlas. Sabemos que Carlos III intentó atajar los excesos sin éxito y que, en 1710, ordenó a los generales que evitasen los desórdenes, desanimado y plenamente consciente de que aquellos atropellos le inhabilitaban de cara a su reconocimiento en tierras castellanas.⁵⁵ «El no poderlo remediar, no es disculpa, sino antes mayor desgracia, porque se ve rendida su autoridad a tropas protestantes, que le mandan», objetaba un impreso felipista que se hacía eco de los desmanes cometidos durante la segunda ocupación de Madrid.⁵⁶ Coincidiendo con el testimonio del eclesiástico Velázquez, el marqués de San Felipe escribía que «no llegaban a los oídos del rey Carlos estos desórdenes, que no lo permitiría su piedad y religión. Servíase de tropas auxiliares y era preciso contemplarlas sin averiguar, exactamente, sus operaciones, porque aventuraba el respeto».⁵⁷

La correspondencia entre Carlos III y su esposa Isabel, a la sazón regente en Barcelona, además de caracterizarse por el tono cariñoso que mantienen y por la información mutua que intercambian —de la que se deduce la conﬁanza que el monarca tenía depositada en la reina en los asuntos políticos—, da cuenta del estado de opinión del rey durante su estancia en Madrid. Si bien muestra a las claras que se encuentra absolutamente maniatado por los militares a la hora de tomar decisiones, ya que discrepó de la operación de conquista de la capital del reino porque dejaba militarmente desprotegida Cataluña, su lucidez queda fuera de duda. Así, el 25 de septiembre de 1710, tres días antes de su entrada en la capital, consideraba prioritario recuperar Valencia, al contrario del criterio de la Junta de generales: «Pero ellos son de tan raro genio y mudan continuamente, y luego dan por razón de que yo (quiera o no quiera) me debo conformar con ellos» y no dudaba en criticar a los generales por su falta de coordinación y por su actitud caprichosa y errática «conforme a su acostumbrada confusión e inconstancia».⁵⁸ Para aﬁrmar, dolido, a continuación:

Vienen pocos españoles y nada de importancia: mira si ahora con Madrid está todo ganado … ahora se ha acabado la junta en que el viejo loco de Stanhope ha querido ir absolutamente a Andalucía y poner a riesgo todo lo demás, y particularmente mi ángel [se reﬁere a la reina] y todo el país, dejando toda España de por medio entre nosotros.⁵⁹

Al cabo de pocos días, el 18 de octubre, le decía:

Trata de no olvidarme, aunque menos a menudo recibas noticias mías y cree que (si bien poco menos) no estamos aún del todo fuera del mundo, pero en un mundo muy malo … juzgo que si no nos viéramos antes que en Madrid, bien podrá quizá retardársenos esta satisfacción todo un año; aún cuando (seguramente debo juzgar, y presumo errar tan poco como he errado hasta ahora) el enemigo no nos ahuyente y haga correr por fuerza hasta Barcelona.⁶⁰

También le encarecía que escribiera a Viena para que enviaran 2.000 caballos imperiales y las reclutas necesarias para la infantería, insistiendo en que

se sepa con toda claridad el estado en que nos hallamos, lo cual es indispensablemente preciso; y no puedo dejar de decirte que jamás, desde el tiempo que tú estás ahí, nos hemos visto en peor estado que ahora, siendo de temer que todo lo volvamos a perder, únicamente por capricho de los generales … Los generales conocen el error, pero por no confesarse, quieren con Toledo cometer otro mayor; y ahora quieren negar algunos de haber sido de parecer de pasar a Madrid, lo cual es falso … Esto ya no tiene remedio en cuanto a lo hecho; nos contentaremos con que se acierte en adelante, aunque lo dudo, porque todo se dirige por capricho y nada por razón, con lo cual no me queda acción. Y créeme que entre ellos también hay poca concordia, censurándose unos a otros los despropósitos, sin llegar a conclusión ﬁnal.

En su análisis tan objetivo como pesimista apuntaba que el enemigo se hallaba en Plasencia con 14.000 hombres y que no tenía noticia de la llegada de portugueses, ni de los nobles castellanos, a excepción del conde de Palma. Además, sólo contaba con 600 caballos y 10.000 hombres para defender Madrid, acosado por Vallejo.⁶¹ En las cartas, el rey se lamentaba, sentidamente, de los abusos cometidos por las tropas: «Los desórdenes son mayores que nunca», y narraba el saqueo de algunas casas nobles, «las cuales nuestros propios bien disciplinados soldados han robado en parte, y lo demás, sólo por hacer mal y daño, lo han quebrado y destruido, y también han saqueado iglesias y todo lo demás. No hay forma de remediarlo, porque no quieren los generales, y son los oﬁciales los primeros y los peores. Así no se hace cosa buena; a vista de todo esto es menester tener paciencia y más paciencia».⁶² Virginia León ha subrayado que Carlos III

mantiene su postura conciliadora y paciﬁcadora, pese al poco afecto demostrado por los castellanos. Ordena a los generales que eviten desórdenes y excesos que tan injustamente tienen dolorido el real y piadoso ánimo, y amenaza con abandonar el ejército y retirarse a la corte en el caso de no solucionarlo.

Es decir, que a pesar de la represión que llevó a cabo contra los desafectos, no hay indicios de que mantuviera una actitud de resentimiento y de revancha hacia éstos como la que exhibió Felipe V hacia los súbditos de la Corona de Aragón.⁶³ Por otra parte, como ha puesto de relieve esta historiadora, no se limitó a emprender una serie de nombramientos para sustituir al aparato felipista, sino que «puso en marcha un interesante proceso institucional que simbolizaba su deseo de reinar en la monarquía española», aunque ﬁnalmente el proyecto se desvaneciera. Comunicó a las autoridades municipales los criterios de abastecimiento del ejército aliado, la contribución de paja y leña, el embargo de caballería, la entrega de harina y la recaudación de fondos: la villa de Madrid le ofreció un donativo de 42.000 ducados mensuales. También autorizó la circulación de moneda portuguesa, de plata, tal como ya se practicaba en la Corona de Aragón.⁶⁴

Carlos III dio también muestras de ser consciente de los inconvenientes de las estructuras políticas heredadas de los Austrias. En una de las cartas enviada a su esposa le aconsejaba: «Acuérdate solamente, por lo que toca a Aragón, de atender a la justicia y a las lentitudes, porque el Consejo de Aragón y otros de Cataluña son sumamente tardos».⁶⁵ Más explícito fue el secretario Juan Antonio Romeo en una carta al rey en la que se reﬁere a las diﬁcultades para proveer los cargos en los Consejos —cuya existencia no fue cuestionada—, como los de Castilla, de Indias o de Hacienda, y en la que apunta que hay que ocuparlos sin prisa y discretamente «que muchas cosas de este género es mejor remediarlas así que haciendo ruido de decretos, que sólo sirven que dar que hablar y discurrir melancólicamente en los principios de un gobierno nuevo». Así pues, proseguía:

En cuanto a declarar desde luego que ha de haber Superintendente general de toda la Real Hacienda, de ninguna manera conviene hasta que haya llegado el que lo hubiera de ser, en cuyo caso es preciso obedezcan sus disposiciones todos los Consejos y demás Tribunales que manejan el patrimonio real.

Y cerraba la reﬂexión con un comentario en que plasmaba la plena conciencia de la diferente estructura política de la Corona de Castilla en relación con los territorios de Aragón:

Pero esto es para cuando venga el superintendente, que ahora no es necesario para nada que V. M. propale esta idea; porque las disposiciones en Castilla son libres de la Real Voluntad de V. M. sin consideración de fueros, puede V. M. dar la planta que quisiere y hallare más conveniente, sin que nadie se oponga.⁶⁶

El rey recibió la obediencia del duque de Híjar, del conde de Palma, del conde de Paredes, del marqués de la Laguna, del conde de Cardona y del arzobispo de Valencia, Antoni Folch de Cardona. También entraron a su servicio el teniente general Antonio Villarroel, don Luis de Córdoba, don Jaime Meneses de Silva, el marqués de Valparaíso y el de Valdetorres. Pero la corta adhesión a su causa y las numerosas peticiones de empleos y gracias que recibió hicieron exclamar de forma harto signiﬁcativa al rey que en Madrid «había hallado sólo quien le pedía, pero no quien le sirviese».⁶⁷

En último término, la obstinada realidad se impuso: la escasez de alimentos en Madrid, atribuible, en buena medida, a la sustitución del corregidor Antonio Sanguineto por el marqués de Palomares, empeoró, si cabe, el estado de ánimo de los madrileños. La espera frustrada del mariscal Starhemberg de que los portugueses entrasen por Extremadura, ya que los felipistas impidieron su entrada, propiciaron la idea de abandonar la capital a ﬁnales de octubre. Para atenuar el fracaso, Stanhope optó por mantener Toledo. La Mancha aparecía como alternativa para pasar el invierno. Pero al cabo de dos semanas las esperanzas de mantenerse en Castilla eran casi nulas a consecuencia de la pésima disposición de los habitantes. Incluso los manchegos, que habían prestado la obediencia a Carlos III, temían el avance felipista. En cambio, para el rey y también para Starhemberg, la defensa de Aragón pasó a ser el objetivo prioritario. De hecho, el Archiduque, convencido de la imposibilidad de conservar Toledo y de acuartelar el ejército en Castilla, comunicó a los ministros aliados su intención de regresar cuanto antes a Cataluña para asegurar los territorios de la Corona de Aragón (había recibido noticia de la llegada a Perpinyà del duque de Noailles con 15.000 hombres) y una vez allí, recabar nuevas ayudas entre los aliados. Así pues, acompañado de un cuerpo de caballería emprendió el camino hacia Barcelona. Cuando al ﬁn se adentró en tierras aragonesas, Carlos III pudo exlamar: «Ya estoy en mi reino». En resumidas cuentas, la que debía ser una campaña gloriosa se saldó con un nuevo fracaso. Falló el abastecimiento de las tropas, la coordinación entre los generales brilló por su ausencia, y fracasaron las previsiones sobre las que se habían fundado el supuesto apoyo social que había de permitir a Carlos III adueñarse de Castilla.⁶⁸

Felipe V podía entrar de nuevo en Madrid el 3 de diciembre de 1710, mientras las tropas aliadas, faltas de recursos y libradas a la rapiña, emprendían la retirada hacia Aragón. Stanhope acampó en Brihuega el 6 de diciembre y Starhemberg cerca de Cifuentes. El inglés fue sorprendido por las tropas de Vendôme y se vio obligado a capitular el día 9. El encuentro se saldó con un balance desastroso para los aliados: cerca de 3.000 prisioneros, incluido el general Stanhope. Starhemberg, al día siguiente, al frente de 14.000 hombres, era derrotado en Villaviciosa por Vendôme, que comandaba a 20.000 soldados.⁶⁹ Sin lugar a dudas, a partir de aquel momento, la guerra en España dio un vuelco deﬁnitivo a favor de Felipe V, a lo que el militar francés contribuyó de forma meritoria, siendo recibido en Madrid con aclamaciones de «¡Viva Vendôme nuestro libertador!».⁷⁰ Seguidamente, el ejército borbónico recuperó Aragón. Al cabo de cuatro meses de renovado dominio austracista, la ciudad acogió a Felipe V.

Pero no sólo el triunfo militar tuvo repercusiones determinantes en el desenlace de la guerra en España. También resultó decisivo que durante la ocupación austracista, un nutrido y representativo grupo de grandes que abandonó Madrid y que se concentró en Valladolid, cerrase ﬁ las en torno a Felipe V mediante una carta que ﬁrmaron y que enviaron al rey de Francia.⁷¹ El enviado del duque de Parma, el marqués Giuseppe Casali, relata que el duque de Medina Sidonia, a instancias de Felipe V, propuso a los grandes renovar su adhesión al rey y reclamar refuerzos a su abuelo para que pudiera ganar la guerra. El conde de Esteban sugirió que para evitar que ﬁrmaran sólo algunos había que buscar el consenso de otros nobles que aún se hallaban en camino. De este modo, insistía, nadie quedaría al margen del mérito de la carta, a la vez que obtendría mayor crédito a los ojos de Luis XIV. La carta se discutió al día siguiente en casa del conde de Frigiliana y fue rubricada por 28 nobles, después de algunas objeciones por parte del duque del Infantado.⁷²

Ambos hechos tuvieron repercusiones internacionales. Por una parte, proporcionaron argumentos a los tories para abandonar el bando aliado. Y sirvieron, principalmente, para que Luis XIV se replanteara el abandono militar a que había sometido a Felipe V en 1709, presionado por los aliados. «Mi alegría ha sido inmensa», escribió precisando que Torcy compartía el sentimiento viendo en aquella victoria «el giro decisivo de toda la guerra de Sucesión: el trono de mi nieto al ﬁn asegurado, el archiduque desanimado … el partido moderado de Londres conﬁrmado en su deseo de paz».⁷³

BRITÁNICOS Y FRANCESES REANUDAN LAS NEGOCIACIONES

Sin lugar a dudas, el conﬂicto internacional emprendió un giro radical en el otoño de 1710, cuando los tories alcanzaron la mayoría en el Parlamento británico. En efecto, en las elecciones celebradas aquel año, los tories obtuvieron 346 diputados frente a los 193 whigs —lo cual signiﬁcaba un auténtico vuelco a la composición anterior—,⁷⁴ tras una dura campaña electoral en la que no faltaron la violencia y los desórdenes públicos. Bolingbroke, secretario de Estado, y Robert Harley, de Finanzas e impulsor de la South Sea Company, se erigieron en los directores de la nueva política que condujo a los tratados de Utrecht. El equipo de Harley tenía por objetivo lograr una paz en condiciones razonables para su país, asegurar las ﬁnanzas públicas y poner freno al sector radical de los tories. Se trataba de una política que partía de la base de la negociación separada y secreta con Francia en perjuicio de los aliados y sin alterar, aparentemente, los supuestos en que se cimentaba la Gran Alianza. El segundo principio era que Felipe V conservaría España y las Indias, a cambio de contrapartidas sustanciosas para el Reino Unido, tanto en Europa como en América. El tercero era restablecer en el trono británico al pretendiente Jacobo III Estuardo, en caso de que no pudiera alcanzarse un acuerdo en materia de religión. El peso de los jacobitas en el Parlamento formado en 1710 era relevante y éstos buscaban el apoyo francés para su causa.⁷⁵ Las derrotas imperiales de Brihuega y Villaviciosa, en diciembre de aquel año, dieron alas a los planes de los tories. El nuevo escenario internacional se acabó de conﬁgurar con la muerte de José I, en abril de 1711, tras la cual Carlos III ciñó la corona imperial con el nombre de Carlos VI. En realidad, aquella contingencia proporcionó el pretexto perfecto para los británicos a la hora de argumentar el cambio de rumbo emprendido: había que evitar la constitución de una nueva monarquía universal, ahora de los Habsburgo.

En cualquier caso debemos retener un dato importante para calibrar adecuadamente la actuación del gobierno británico: ya en agosto de 1710, a instancias del marqués de Torcy, el agente francés residente en Inglaterra François Gaulthier, entró en contacto con miembros del gobierno británico, Shrewsbury y Harley, con el objeto de acercar posiciones sobre la paz.⁷⁶ Luis XIV, molesto por la actitud maximalista de los holandeses en las conversaciones de Gertruydenberg, decidió prescindir de ellos y orientar sus ofertas a los británicos. En diciembre, Torcy recibía la noticia de que los británicos no pedirían el trono de España para el Archiduque a cambio de provechosas contrapartidas para su comercio.⁷⁷ Pronto, el poeta y diplomático británico Matthew Prior y Gaulthier negociaron con Nicolas Mesnager, antiguo comerciante de Rouen y buen conocedor del comercio colonial (había sido miembro del Conseil de Commerce, creado en 1700, en el cenit de la inﬂuencia comercial francesa en España y América).⁷⁸

¿Cómo reaccionaron Carlos III y su entorno político en aquel nuevo escenario internacional? A partir de la derrota de Almansa se puede constatar cómo plantearon repetidamente a los británicos la urgencia de incrementar el contingente de los ejércitos aliados en España. Así, en junio de 1710 reclamaron 20.000 hombres y, en enero de 1711, después de la pérdida de Girona, Carlos III insiste de nuevo en la demanda, imprescindible a su juicio para salvar Cataluña y España.⁷⁹ Las cartas que el embajador imperial en España, el duque de Moles, envió desde Barcelona al canciller Johann Wenzell Wratislaw, entre ﬁnales de 1710 y principios de 1711, dejan ver a las claras las inquietudes de los imperiales. En primer lugar, acerca de la actitud de los británicos, ante quienes crecía la desconﬁanza: «no sé qué decir de tanta mudanza de Inglaterra, cuya reina ha dado una idea bien diferente al mundo de aquella que tenía hasta ahora». En segundo lugar, sobre el apoyo decidido de los castellanos a Felipe V, un tema recurrente en diversas cartas, en las que se alude al «odio visible que los castellanos han demostrado al Rey [Carlos III]». O bien aﬁrma: «el pueblo de Castilla era sin duda afecto al enemigo, y de este afecto nacía el odio hacia nosotros». O, ﬁnalmente: «ver a Castilla armada contra V. E. parece el preludio de un infeliz Reinado», tal como le sucedió, decía, a Carlos V. Con razón, Moles temía las repercusiones que aquel rechazo tendría entre los aliados:

Porque por mucho que los castellanos nos fueran contrarios, siempre podíamos tratar de halagarlos, domarlos y endulzar su ánimo; mas ahora hemos perdido la estima de la clase noble y de los ciudadanos que nos eran favorables, y hemos conﬁrmado el odio y la antipatía mortal de la plebe que siempre nos había sido contraria.

Después de la retirada de Madrid, escribía en tono pesimista: «nuestros asuntos están por tierra, necesitamos animarnos, hemos perdido el honor, la victoria y el fruto de ésta, comenzando por el abandono de Madrid». Además, mostraba su preocupación por el descontento de la población: «este pueblo murmura y se consterna … los problemas se harán sentir cada día más, y cuando el hambre o una gran carestía aprieten, aún temeremos mucho más. Los gemidos son universales entre catalanes, castellanos y valencianos».⁸⁰

Pero el problema perentorio al que debían enfrentarse Carlos III y sus militares ya no era el de la llegada de nuevos contingentes, sino el incumplimiento por parte del Reino Unido de la aportación de los subsidios correspondientes.⁸¹ Lo cierto es que, a partir de 1710, cuando el emperador José I controló la situación en Hungría, dispuso de efectivos militares y los envió a España, hecho que permitió a Carlos III realizar una nueva ofensiva que culminó en el triunfo de Almenar, en la recuperación de Zaragoza y en la segunda ocupación de Madrid.⁸² El Consejo de Guerra, reunido el 21 de abril de 1711, acordó reclamar a Londres, ya que las tropas aliadas no percibían su sueldo desde hacía nueve meses —con los graves problemas que de ello se derivaban, tanto en relación con la predisposición de los soldados, como por los efectos devastadores que la penuria provocaba entre la población—: «la falta de dinero es el que tiene atrasado un todo, pues no hay almacenes de granos, faltan tiendas y armas, pólvora hay poca». Ante tal panorama, era imposible desarrollar una guerra ofensiva, tal como la concebía el príncipe Eugenio. Al cabo de poco tiempo, el sustituto del general James Stanhope, el duque de Argyll, informó al Consejo que la reina Ana había decidido suspender la ayuda a las tropas imperiales hasta nueva orden.⁸³

La noticia de la negociación secreta entre Londres y París inquietó a la corte imperial, a pesar de las promesas de la reina Ana de que no ﬁrmaría una paz contraria a los intereses de todos los aliados. Pero Peterborough hizo saber a Sinzendorff, el representante imperial en La Haya, que si la corte de Viena continuaba haciendo recaer el peso de la guerra sobre el Reino Unido, se favorecía este extremo no deseado, «porque no hay nada más justo que aquel que quiere ser rey de España haga él mismo los máximos esfuerzos para serlo, o bien sufrir que otro, ya sea francés o saboyano, lo sea en su lugar». El representante francés en Viena, Pastor, advertía de la desconﬁanza imperial hacia los británicos, aunque aseguraba que las limitaciones efectivas del emperador para sufragar la guerra —no podía enviar más tropas a Cataluña porque las necesitaba en Hungría e Italia—, acabarían forzando un acuerdo entre el emperador y los franceses. Entonces, decía,

sin duda el príncipe se disgustará al ver desvanecida su esperanza de unir la monarquía de España a la dignidad imperial y a sus estados austríacos; por lo que atañe a sus ministros —y de ello exceptúo a los españoles y a los italianos que quedarán más conformados si, como esperamos, mantiene Cataluña, Zaragoza y Valencia— deberán plegarse a la voluntad de la reina de Inglaterra.

Añadía que la corte de Viena procuraría impedir que Carlos III regresara a Cataluña (había embarcado el 27 de septiembre de 1711 para ceñir la corona imperial el 22 de diciembre), y que, a tal objeto, al llegar la primavera enviaría allí al príncipe Eugenio y a María Isabel, la mayor de las archiduquesas, como regente. Era la hermana mayor del emperador, destinada a contraer matrimonio con el príncipe Carlos de Neoburgo, mediante dispensa del Papa.⁸⁴ Ramon de Vilana Perlas comunicó a los Comunes catalanes que la Archiduquesa iría a gobernar «este continente» en el caso de que la reina tuviera que pasar a Viena, y éstos agradecieron el gesto pero objetaron que «sería el sentimiento más doloroso para todos los españoles, que sólo en su presencia cifran toda su defensa y la esperanza de volver a ver a su amado monarca».⁸⁵ Pastor, a ﬁnales del año 1711, aún advertía a París que Carlos VI «se interesa más por los asuntos de este país [España] que por todos los demás».⁸⁶

La sorpresa y la consternación de los imperiales al verse abandonados por el Reino Unido se vio atenuada, en parte, por una noticia que, sin ser buena, era esperanzadora. La Cámara de los Comunes aprobó la concesión de un tercio de la cantidad que se había comprometido a pagar. A pesar de ello, el príncipe de Liechtenstein reaccionó indignado: «visto lo que estas gentes ofrecen y que no añadirán, no podemos aceptar poco ni mucho». Mientras, el secretario de Estado Vilana, marqués de Rialp, se encargó de elaborar una memoria de cómo sería posible hacer frente «a la diferencia de los 6 mil hombres desde 24 a 30 [mil] que se supone mantener».⁸⁷ El príncipe Eugenio no se mostró nada optimista al escribir a Vilana sobre la colaboración británica que esperaba que a lo sumo cubriera un tercio del gasto de la guerra, encargándose los holandeses de otro tercio. A pesar de todo, Sinzendorf era partidario de continuar la guerra sin los británicos, aunque opinaba que la noticia «causaría no poca inquietud a los de Cataluña».⁸⁸

El secretario de Estado imperial, el marqués de Erendazu, explicaba al marqués de Rialp el debate suscitado en la Cámara de los Comunes sobre la postura que debía adoptar el Reino Unido en relación con la guerra y destacó «la prudente moderación» de la reina «en tan crítica constitución». Así deﬁnía la inestable situación política del Reino Unido y, en consecuencia, de la alianza antiborbónica:

Aunque es verdad que nuestras cosas no tienen un buen semblante, hoy no se puede hacer juicio ﬁjo porque las de Inglaterra están sujetas a mutación que de un instante a otro podemos pasar desde un estado infeliz a otro dichosísimo. Si cayese el partido dominante [de los tories] lograríamos lo que quisiéramos y sin duda los franceses ﬁrmarían entonces la paz como quisiéramos.⁸⁹

En realidad, los británicos habían avanzado con paso ﬁrme en el camino de la negociación con Francia desde una posición, a todas luces, preponderante. La narración del secretario de Estado francés Torcy acerca de los contactos que mantuvo con Matthew Prior en Fontainebleau en julio de 1711, es reveladora:

No he podido sonsacarle ninguna información sobre lo que los ingleses pretenden hacer por el rey [de Francia] a cambio de las grandes ventajas que piden a su majestad. Se ha limitado a responderme que ya creen hacer mucho conservando la monarquía de España para un príncipe francés.⁹⁰

Cabe señalar que en aquel momento de la guerra, los británicos echaron mano, una vez más, de los camisards, los hugonotes protestantes del Languedoc, perseguidos sin tregua por Luis XIV en las Cévennes –después de revocar, en 1685, el Edicto de Nantes, que toleraba el protestantismo en Francia–, y que sostuvieron una intensa revuelta entre 1702 y 1710. Es conocido el interés y el apoyo de los británicos en favorecer su causa al objeto de abrir una grieta en el territorio francés del sur: de este modo, en julio de 1710, los aliados pretendían distraer las tropas del duque de Noailles que se hallaban en Cataluña, para encaminarlas a las Cévennes. Pero la operación militar británica de desembarco en el Languedoc fracasó —del mismo modo que se frustró un intento anterior en junio de 1704—. Y en Utrecht los camisards fueron olvidados.⁹¹

Hemos visto también cómo interﬁrió en el conﬂicto la guerra de independencia húngara, iniciada en 1702 frente al protectorado austríaco, tal como quedó deﬁnido a principios del siglo XVII. La revuelta fue dirigida por el príncipe Francisco II Rákóczi, de Transilvania, que prometió liberar de la servidumbe a los campesinos. Después de solicitar infructuosamente el apoyo de ingleses y holandeses, el príncipe se lanzó a los brazos de Luis XIV. Evidentemente, al rey de Francia le interesaba debilitar al emperador en sus propios dominios, motivo por el que le concedió préstamos y le prometió una ayuda militar que nunca se materializó. El hambre, las epidemias y las derrotas militares, sumadas a la defección de la nobleza y al interés de la corte de Viena (en concreto, del emperador Carlos VI) en cerrar aquel conﬂicto, facilitaron el camino del tratado de Szatmár, en abril de 1711, en virtud del cual los húngaros mantenían su sistema político y los protestantes la libertad de conciencia, si bien los siervos no se vieron libres de la servidumbre.⁹²

Pero como hemos señalado, un incidente dinástico alteró de forma concluyente el convulso escenario político europeo. El emperador José I murió el 17 de abril de 1711 y le sucedió en el trono su hermano Carlos III el Archiduque, proclamado emperador con el nombre de Carlos VI. A partir de aquel momento, el gobierno británico vio fortalecida la estrategia de negociar la paz por la que había apostado mediante un argumento de peso, aunque, a todas luces, interesado: había que evitar, a toda costa, la formación de un gran bloque austríaco en el continente. En consecuencia, los británicos redujeron notablemente la ayuda económica al nuevo emperador. En realidad, como subrayó Henry Kamen, la situación de Carlos III el Archiduque durante la guerra siempre fue comprometida porque dependió absolutamente de los ingleses, tanto en lo que concierne a los recursos económicos como en lo relativo a los efectivos militares, especialmente los navales, gracias a los cuales los británicos se hicieron con el control de enclaves decisivos como Lisboa, Barcelona, Alicante y Gibraltar.⁹³

A pesar de ello las potencias marítimas deseaban que continuara la guerra en Cataluña para conseguir condiciones ventajosas en la paz que se estaba fraguando. A propuesta de los holandeses, Carlos III, al marchar de Barcelona el 27 de septiembre de 1711, dejó a su esposa Isabel como lugarteniente y capitán general de Cataluña y gobernadora general de los demás reinos de España, para demostrar el «paternal amor» que sentía hacia los ﬁeles vasallos de la monarquía. La coronación imperial tuvo lugar en Fráncfort el 22 de diciembre de 1711, con cuyo motivo se acuñó una medalla con la leyenda Carolus Hispaniarum, Hungariae, et Boehmiae Rex, Arxidux Austriae, electis in Regem Romanorum. Quedaba claro que la nueva herencia no implicaba la renuncia al trono, tal como hizo patente la emperatriz Isabel Cristina cuando se dirigió a los órganos de gobierno en España el 10 de abril de 1712, y que de acuerdo con el estilo observado en tiempos del emperador Carlos V, «se inscriba en el principio de cada uno de los despachos, según el idioma que por práctica le corresponda», la referencia completa de los títulos de Carlos VI.⁹⁴

No cabe la menor duda, tal como razonó el caballero Francesc de Castellví, de que la muerte de José I

varió del todo el sistema de Europa y dio al ministerio inglés la ocasión, sin tanta nota, para practicar desde luego el proyecto convenido con la Francia, de obrar con esfuerzo a ﬁn de que el Rey Felipe conservase el cetro español.⁹⁵

El secretario Juan Antonio Romeo, marqués de Erendazu, compartía los recelos de Carlos III hacia los británicos. En una carta enviada al rey en noviembre de 1710 había escrito: «siempre temo las cosas de Inglaterra, que las mueven unos espíritus muy turbios y especialmente el de Peterborough».⁹⁶ En la corte de Viena predominó inicialmente la facción partidaria de proseguir la guerra, si bien el príncipe Eugenio de Saboya se encontraba en clara inferioridad militar en relación con los borbónicos, al no poder conﬁar en los británicos, los holandeses y los príncipes alemanes.⁹⁷ Incluso a Luis XIV le sorprendió la decisión del Imperio y el 24 de septiembre de 1713 comunicó a su embajador en España, el marqués de Brancas:

El Archiduque parece más obstinado que nunca en continuar la guerra a pesar de las diﬁcultades que experimenta en sostenerla y de los males que aﬂigen a sus reinos hereditarios y su mismo lugar de residencia, afectados por el recrudecimiento de la peste.⁹⁸

En efecto, aquel verano murieron 10.000 personas en Viena a causa de la peste, mientras que 3.000 tuvieron que ser aisladas en un lazareto.

Capítulo 10

LOS TRATADOS DE PAZ

LA PAZ DE UTRECHT

A partir de 1710, entre los políticos británicos, inﬂuenciados por la derrota austracista de Villaviciosa en diciembre de aquel año, tomó cuerpo la idea de la conveniencia de pactar con Francia mediante una transacción que fuera favorable a sus intereses comerciales. No hay que perder de vista que la entrada en la guerra de los ingleses se justiﬁcó, en buena medida, por la necesidad de intervenir en el comercio de las Indias —aparte de frenar el poder de los franceses y de penetrar en el mercado hispánico—, tal como expuso en 1707 Joseph Addison, redactor del periódico Spectator y secretario de Estado una década más tarde.¹ El nuevo gobierno conservador, en 1710, liderado por el secretario de Estado Bolingbroke (Henry de Saint-John), optó por esta vía a pesar de que, ante el exterior, hizo gala de una actitud ambigua. Si bien reiteraba su apoyo a las aspiraciones de los aliados —especialmente al retorno de la monarquía hispánica a los Habsburgo—, empezó a negociar secretamente con París la conservación de Felipe V en el trono hispánico a cambio de importantes concesiones en Europa y América.²

Debemos tener en cuenta que, de todos modos, era temprano para descartar cualquier posibilidad, a consecuencia de lo imprevisible de los avatares sucesorios y del alterado escenario político internacional. En la corte de París eran conscientes de que en caso de que muriera el Delfín de Luis XIV, si las condiciones de paz obligaban a los Borbones a renunciar a la corona hispánica, Felipe V se convertiría en rey de Francia. Aquella idea no complacía, obviamente, a los británicos.

MAPA 3. La Guerra de Sucesión en Europa (1700-1714) (Catalunya i la Guerra de Successió, catálogo de exposición, editado por Museu d’Història de Catalunya, Barcelona, 2007).

A pesar de aquel contratiempo, el 22 de abril de 1711, sólo cinco días después de la muerte del emperador José I, el ministro Torcy ﬁrmaba un documento que plasmaba las aspiraciones británicas —entre las que se hallaban el reconocimiento francés de un sucesor protestante a la corona, un Hannover, y garantías al objeto de impedir la reunión de las coronas de Francia y de España— y, el 28 de abril, François Gaulthier regresaba a Londres con el acuerdo. El resultado de la negociación se tradujo en tres documentos que preﬁguraban los acuerdos posteriores de Utrecht y que concretaban los beneﬁcios obtenidos por el Reino Unido.³ Los holandeses no fueron informados de todo ello hasta el mes de octubre de 1711. De hecho, la Cámara de los Comunes se mostró crítica con las Provincias Unidas al considerar que, en proporción a su contribución a la guerra, había salido beneﬁciada con el tratado de la Barrera acordado en 1709, que perjudicaba los intereses económicos británicos en los Países Bajos.⁴ Con razón, la inquietud del emperador era creciente. Los británicos, tal como habían hecho durante toda la guerra, jugaban con ventaja sin mostrar sus cartas a los aliados.

Las instrucciones de la reina Ana a los plenipotenciarios constituyen una buena muestra de su sutil juego diplomático:

En caso de que el enemigo objete, como ya han hecho los ministros imperiales, que el segundo artículo de los siete que ha ﬁrmado el señor Mesnager implica que el duque de Anjou se quedará en el trono de España, insistiréis en que estos artículos en su totalidad comprometen a Francia, pero que no nos obligan ni a nosotros ni a nuestros aliados a ningún compromiso positivo sino que se contemplan, solamente, como motivos que nos podrían llevar a entablar conferencias y una estipulación para tomar medidas que impidan para siempre que las coronas de Francia y de España pudieran unirse en una misma persona.⁵

El marqués de Erendazu se percató de los manejos de los británicos y dio cuenta de ello en una carta al secretario de Estado Vilana Perlas: «duplícanse las noticias de Tratado de Paz, aun se nos quiere asentar. Concluyeron ingleses, holandeses y franceses. Considere V. E. cómo estarán nuestros corazones y el del Amo, pues suponen quedar al duque de Anjou España y las Indias y al Rey, Nápoles, Milán, Sicilia y Cerdeña».⁶

Pero el 7 de diciembre de 1711, la Cámara de los Lores hacía naufragar la proposición de los tories para materializar la paz. Ante aquella adversidad, la reina Ana no dio marcha atrás: haciendo uso de sus amplias prerrogativas, cesó a Marlborough como capitán general —era un ﬁrme partidario de continuar la guerra— y creó doce nuevos pares para asegurar el voto favorable de la Cámara a la propuesta del gobierno. Si bien la reina podía recurrir a tal procedimiento, la medida era extraordinaria en términos constitucionales, como recuerda Hoppit.⁷ El emperador no tardó en reaccionar. A ﬁnales de 1711 el conde de Gallas presentó un memorial a la reina en el que manifestaba su sorpresa por los artículos que acababa de suscribir con Francia sin el concurso del Imperio, al cabo de meses de negociación, que habían dado forma a «unos artículos tan artiﬁciosos y tan maleables». Gallas, después de expresar el desacuerdo con la cesión de España y las Indias a Felipe V, mostró su estupefacción por esta renuncia al cabo de

tantas victorias, tantas plazas conquistadas, después de un gasto excesivo de tesoros immensos, después de haber obtenido unos artículos preliminares en el año 1709 muy distintos a éstos, y después de haber llevado las armas de los aliados a las puertas de Francia de manera que, si se quiere continuar la guerra, ya no está en disposición de impedir la entrada de las tropas en el corazón del reino.

A su juicio, la declaración de Francia contraria a la reunión de las dos coronas era una farsa: «como si la posesión de estas dos Coronas en el seno de la misma casa no fuera la misma cosa». Ya que, a las claras,

las intenciones de esta Corona no son otras que las de convertirse en la dueña del comercio de las Indias y de España, privar de ello a todas las naciones, apoderarse de todos los lugares, gobernar despóticamente el Consejo de esta monarquía y, en ﬁn, reducir bajo su pujanza a todos estos reinos controlados por su nieto.

Por lo que se desprende de estas palabras, los ministros del emperador ignoraban aún el alcance de los beneﬁcios comerciales obtenidos por los británicos, aunque podían imaginarlos. El documento declaraba la resolución de Carlos VI de rechazar tales acuerdos y anunciaba su negativa a negociar la paz con Francia, a la par que reiteraba su compromiso con los catalanes hasta donde alcanzaran sus posibilidades, mediante el envío de 1.800 soldados de infantería.⁸ En enero, el príncipe Eugenio viajó a Londres para intentar, infructuosamente, hacer prevalecer los criterios de los aliados y protestar contra la política orientada a la paz de los tories. El popular héroe de la guerra pudo percatarse de que aquella corte no deseaba cerrar acuerdos con Viena.⁹ Además, la situación se complicó por momentos al morir el hijo de Luis XIV y padre de Felipe V, Luis, Gran Delfín —de quien una profecía decía que sería «hijo de rey, padre de rey, pero nunca rey»—¹⁰ en abril de 1711 y fallecer en 1712 su otro hijo Luis, hermano de Felipe V, duque de Borgoña. Por si fuera poco, en 1714 falleció su hermano pequeño, el duque de Berry, quedando la línea masculina prácticamente extinguida. Felipe V se convertía, entonces, en el candidato al trono francés mejor posicionado ya que el posible sucesor, el futuro Luis XV, sólo contaba dos años y su salud era precaria. Por tanto, Luis XIV conﬁaba en que su nieto sería rey de Francia e intentó convencerlo de ello. Pero, al mismo tiempo, no tenía reparo en asegurar en las conversaciones de Utrecht que no se produciría la unión de las coronas de Francia y de España. La esposa de Felipe V, María Luisa Gabriela de Saboya, apoyó al Rey Sol y propuso a su marido que se convirtiera en regente de Francia y rey de España o a la inversa, idea que rechazó de pleno la diplomacia británica. Entonces, y mientras persistía la presión que Luis XIV ejercía sobre su nieto —a quien negó el menor protagonismo en las negociaciones de paz, hiriendo su orgullo—, los británicos formularon una nueva propuesta que satisﬁzo al rey de Francia: el duque de Saboya recibiría España y las Indias y Felipe accedería al trono de Francia, además de obtener el Piamonte, Saboya y Sicilia. Al ﬁnal Felipe V, más autónomo de lo que habría deseado su abuelo —además de que la relación entre ambos se había enrarecido—, el 22 de abril de 1712 ya había resuelto renunciar al trono de Francia, y apostar por la corona hispánica que ya había ceñido y por la ﬁdelidad que le habían tributado los territorios de Castilla, cuyo apoyo resultó determinante en los momentos más críticos de la guerra.¹¹

Certiﬁcando el cambio de rumbo británico, en febrero de 1712, el mando de los ejércitos británicos recayó en el duque de Ormond y éste, en el mes de mayo, recibió órdenes secretas del gobierno siguiendo los dictados de Harley y de Bolingbroke, de evitar batallas o sitios, lo que signiﬁcaba, lisa y llanamente, abandonar a los aliados en el campo de batalla. En efecto, el general británico se negó a entrar en combate en el sitio de Le Quesnoy y mantuvo inactivas sus tropas y su pasividad repercutió en la derrota imperial de Denain.¹² En julio, el propio Ormond anunció la suspensión de las hostilidades entre británicos y franceses, y el armisticio fue declarado el 21 de agosto.¹³

Eugenio de Saboya le comunicó la noticia de la defección británica a Vilana Perlas, al tiempo que le recordaba que había hecho todo lo que estaba a su alcance para proporcionar asistencia a las tropas que luchaban en Cataluña. Una vez conﬁrmada la defección del principal aliado, proseguía: «no dudo que Su Majestad Imperial y Cristiana, por su parte, tendrá el mayor cuidado en mantener posiblemente el estado de guerra y todos los asuntos de ese país». Al cabo de pocos meses insistía en ello, a la vez que se mostraba crítico con los británicos porque dañaban más «a los aliados que a los franceses y queriendo obligar a ﬁrmar cualquier paz». A pesar de todo, no dudaba de que «Su Majestad Imperial aportará todo lo que le fuera posible como muestra de respeto de aquel país».¹⁴

¿Cuál era la posición de la corte de Viena en aquel lance? El embajador francés en Viena, Pastor, nos proporciona una buena panorámica de sus principales personajes. A su juicio,

el emperador tiene poco carácter. No tomará nunca una decisión sin consultarla previamente con el conde de Stella; pero este príncipe se mantiene ﬁrme y puntual en todas sus decisiones, ama sobremanera la justicia y la equidad … Trata con pocos ministros, pero escucha por separado las opiniones de todos ellos y las comunica al conde de Stella».¹⁵

Informaba de que Carlos VI ya preparaba la retirada de Cataluña de la emperatriz y de que pensaba enviar como regente a la hermana mayor Isabel, porque, aseguraba, «este príncipe pretende hacer grandes esfuerzos para el sostén de aquella que llama la causa común, tanto en tropas como en dinero» en España, al menos hasta que una tentativa fallida no le obligara a desistir.¹⁶ Según Pastor, el emperador, a pesar del revés que signiﬁcaba para él la previsible defección de las Provincias Unidas y de las diﬁcultades con que chocaba en la negociación con los húngaros para alcanzar la paz, seguía empeñado en conservar la corona de España y pretendía seguir los pasos de Carlos V, mientras que los ministros alemanes deseaban que renunciara a ella. El núcleo duro de su gobierno lo constituían el favorito napolitano Stella, Althann y Ditrichstein, mientras que el príncipe de Liechtenstein, Sinzendorf, Wratislaw, Seiler y Traustson permanecían en un segundo plano.¹⁷ Al cabo de dos meses constataba que el escenario vienés no había variado y que la actitud de Carlos VI era «similar a la de una persona que ve que se muere y que emplea todos los remedios imaginables para prolongar la vida, aunque sabe que el ﬁnal está cercano»; porque, al ﬁn y al cabo, se vería obligado a dejar el trono a Felipe V y a amoldarse a las condiciones que pactaran con Francia la reina Ana y los Estados Generales de las Provincias Unidas. Apuntaba que en la corte no compartían la pena de abandonar España:

Acostumbrados como estaban a amos buenos, indulgentes, liberales y familiares, no encontraban esas cualidades en el emperador actual, se quejaban de que tenía un carácter más parecido al español o al italiano que al austríaco y se mostraban celosos con los españoles e italianos a quienes favorecía.¹⁸

A partir de entonces, y paralelamente al avance francés frente a los ejércitos imperiales, la guerra dejó paso a la diplomacia entre Londres y París, que fraguó una solución casi impuesta a Madrid, mientras Francia estimulaba la rivalidad entre los holandeses y los británicos, con la mirada puesta en los Países Bajos del sur, un mercado importante y una excelente base comercial.

Por su parte, Felipe V, a través de Manuel de Vadillo, envió instrucciones a sus embajadores en Utrecht, el duque de Osuna, el marqués de Monteleón y el conde de Bergeyck. Se trataba de un extenso documento, de cuarenta y cinco puntos, cuyos principios generales resultaban contradictorios, fruto sin duda de los condicionantes que coartaban absolutamente el margen de acción de Felipe V. Así, aﬁrmaba, por una parte, que «a la integridad de la monarquía debe aspirarse», mientras que a la vez sostenía que había que contentar «los desmesurados deseos de las potencias aliadas». La aspiración inicial era maximalista, cuando no ingenua: «He de quedar con la España íntegra, con las Indias, Islas del Mediterráneo y Océano». Aunque, acto seguido, introducía matices: partiendo de la base de que «el mayor deseo del Archiduque se debe considerar dirigido a mantener la usurpación del reino de Nápoles, resistir a la restitución del Estado de Milán y aspirar a lo demás de Italia», consideraba que era «incomparablemente más importante el retener el reino de Nápoles que el Estado de Milán». Al tiempo, convendría que Milán no quedara en manos de Carlos VI sino del duque de Saboya. Otro principio capital: «Los intereses de la Francia deben promoverse con las mayores veras». Y un consejo no menos importante: «el estado de la negociación debe dirigirse a que ingleses y holandeses, satisfechos en sus intereses, se aparten de la guerra y de las asistencias al Imperio».

En realidad ambas potencias, decía, «nunca han puesto la mira ni tenido por ﬁn de su obstinado empeño en que la monarquía quede a la Casa de Austria», sino que sus objetivos eran la seguridad y la ampliación del comercio. Sería preciso darles satisfacción mediante la barrera y con concesiones comerciales, aunque advertía de que «muchas otras cosas será posible que discurra y proponga la sutileza codiciosa de estas naciones doctas y versadas en las materias de comercio», ante lo cual, dejaba claro que «nación ninguna ha de traﬁcar derechamente en las Indias ni ha de llegar a sus puertos y costas» y en caso de concederles ventajas, las naves serán españolas y partirán de España, así como los retornos. Respecto al tema de la «puntillosa queja del reconocimiento del rey Jacobo», había que ceder y reconocer al sucesor que nombrara el Parlamento, aunque precisaba que si «se insistiese en el positivo reconocimiento [de la Casa de Hannover] se seguirá lo que el rey mi abuelo executare». Por otra parte, insistía en que debían desvanecer, entre las potencias:

La falsa aprehensión que han concebido de que la unión de mi monarquía y la de Francia no es conformidad sino identidad y que mi respeto y reverencia al Rey mi abuelo es obediencia y sumisión y que nunca dexará de ser subordinación … diferencia hay entre amar al patrio nido o a subordinar del la monarquía [sic].

Aclaraba, por otro lado:

Las utilidades del comercio que ha logrado la Francia y a ellos les irrita, no han sido arrebatadas sino concedidas y facilitadas del agradecimiento y del interés de que tenga disposición de ayudarme, quien con ﬁneza en mis aprietos me socorre.

E insistía, por último:

Los corazones de los príncipes, por amor, por gratitud, por simpatía, pueden estar unidos, en cuanto a las personas, pero los principados, por el interés, por la elevación del espíritu, y lo que más se executa, por la obligación de la conciencia de cada uno, se gobiernan independientes, menos en lo que la conveniencia común los conforma.

Felipe V apuntaba otras recomendaciones relevantes, que aludían a los catalanes, las cuales arrojan luz sobre el protagonismo de este asunto en las conversaciones de paz: «que de ninguna manera se den oídos a propósito de pacto que mire a que a los catalanes se les conserven sus pretendidos fueros» (tal vez la única aspiración que resultó plenamente colmada). Señalaba también la conveniencia de que Portugal restituyera los territorios de los que se había apropiado durante la guerra, en especial la isla de Sacramento, así como Carolina por parte del Reino Unido. Reprochaba a las repúblicas de Venecia, Génova y Luca, y al duque de Parma, que hubiesen reconocido a Carlos III. Finalmente, recomendaba «mañosamente manejar» algunos temas que podían suscitar división entre los negociadores, entre holandeses y británicos (acerca de Menorca), entre Carlos VI y el duque de Saboya (en el caso de Milán) o entre los príncipes italianos y el duque de Saboya.¹⁹

Mientras, los representantes imperiales no dejaban de expresar su frustración por la defección de los británicos que se plasmó en los acuerdos de Utrecht, donde el congreso inició sus tareas el 29 de enero de 1712. Sinzendorf, desde La Haya, levantaba acta de que:

La grande unión y armonía que hay en Utrecht entre los ministros de Inglaterra y Francia se extiende a tanto que si no fuera por los ministros de Holanda y Saboya que han procurado impedirlas querían los ingleses pasar adelante en las conferencias y aun concluirlas si fuese posible aunque nosotros no interviniéramos.²⁰

A su vez, el marqués de Erendazu informaba a Vilana Perlas de la determinación de los británicos en concluir «la mala paz que nos anuncian», aunque «el cuerpo de la nación, y especialmente la Cámara alta, parece considerar su verdadero interés y que no se puede hazer paz segura sin que España e Indias quede a nuestro Amo». Para añadir que «los plenipotenciarios franceses en Utrecht van sembrando toda la mala semilla de que vienen proveídos desde París envuelta en mucho dinero». También apuntaba que circulaban rumores sobre una propuesta de partición de España que daría a Carlos VI la Corona de Aragón y el Perú mientras que a Felipe V le atribuiría la Corona de Castilla y Nueva España.²¹ Al cabo de un mes le ponía al corriente de otra posible alternativa formulada por Francia:

A nuestro Amo, Italia toda con los presidios de Toscana y islas del Mediterráneo menos Menorca y Alsacia, o Estrasburgo, Cataluña, Valencia y Murcia. A los ingleses, Cádiz, Gibraltar y Menorca toda; en la América, Cartagena y Panamá. A los holandeses, Porto Belo y Barrera razonable en los Países Bajos, y todo lo demás al duque de Anjou.

Pero le advertía de que circulaban otras versiones, cosa que le inducía a pensar que «todo se juzgaba artiﬁcio para ir preparando o dividiendo opiniones». En aquella carta aludía a la noticia de la muerte del Delfín de Francia en tono irónico: «espero que no queden delﬁnes en la mar ni en la tierra».²²

En relación con las propuestas de partición de los territorios de la monarquía hispánica, Lucien Bély da cuenta de la que formularon los británicos en mayo de 1712, y que obtuvo el beneplácito de Luis XIV, aunque fue rechazada por Felipe V: el duque de Saboya sería coronado rey de España y Felipe V obtendría Sicilia, Piamonte y Saboya, viendo allanado, de esta forma, el camino hacia la corona francesa.²³ El emperador había sugerido otra variante a los británicos según el enviado francés en Viena: conceder España y las Indias al duque de Saboya a condición de que otorgara sus estados al emperador y le reconociera el título de rey de España. La operación debía completarse con un matrimonio entre el príncipe de Piamonte y una de las hijas del emperador José I.²⁴

Ante tanta incertidumbre, el secretario de Estado Erendazu expresó su convicción a Ramon de Vilana de que los franceses trataban de ganar tiempo prologando las conversaciones «hasta que se les ofrezca ocasión más oportuna que la presente y en el interín dividirlos y desconﬁarlos [a los aliados]».²⁵ Al cabo de pocos días, insistía en la dilación de las negociaciones por parte francesa con el objetivo de cerrar el acuerdo con los británicos, aunque el gobierno de los tories temía la reacción del «Parlamento y de la nación (que es lo que nos ayuda) recelando alguna revolución contra ellos, que si sucede como es muy natural les puede costar muy caro a la reina y a sus adherentes». Según sus informaciones, el gobierno seguía especulando con la idea de que la corona recayera en el Príncipe de Gales, «lo cual tiene grandes oposiciones de los whigs y aun entre los tories habrá muchos que no concurran a ella».²⁶ En otra carta, reiteraba la impresión de que el gobierno británico trabajaba a favor de una paz general:

de la manera que la desea el Rey de Francia a favor del duque de Anjou y en perjuicio de la causa común. Y sobre este punto el jueves pasado se alborotó mucho la Cámara baja disputándose en ella con mucha violencia y culpando el proceder del ministerio en los términos siguientes: «una campaña ociosa, una negociación ridícula y engañosa de nuestro ministerio dentro de casa y engañado de nuestros enemigos de afuera».

Cabe recordar que aquella tensa espera respondía, en buena medida, a la conveniencia de que se despejasen algunas incógnitas importantes, como la renuncia de Felipe V a la corona de Francia. En caso de que ésta no se hiciera efectiva, Erendazu estaba convencido de que tanto el enviado extraordinario de Víctor Amadeo de Saboya, Annibale Maffei, como el diplomático inglés Thomas Wentworth, ofrecerían la corona hispánica a Saboya antes que al emperador.²⁷

Por ﬁn, la reina Ana aclaró sus intenciones en una sesión del Parlamento, el 12 de junio de 1712. Después de garantizar la sucesión al trono de la línea protestante de los Hannover —y de requerir al pretendiente Jaime III que abandonase el territorio francés—, aseguró que:

Al ﬁnal, Francia ha manifestado que ofrece que el duque de Anjou renuncie para siempre, para él y todos sus descendientes, a cualquier pretensión sobre la corona de Francia, ya que la ansiedad de que España e Indias hubiesen podido estar unidas a Francia ha sido la principal causa del inicio de esta guerra, y la prevención efectiva de esta unión ha sido el objetivo que he tenido desde el principio del presente tratado .... Francia y España estarán ahora más divididas que nunca y de esta manera, gracias a Dios, se restablecerá el equilibrio de las potencias en Europa.

A todo ello había que añadir, por supuesto, las ventajas comerciales en América y las compensaciones territoriales. La Cámara de los Comunes aprobó las propuestas de la reina.²⁸ Reﬂejando claramente la nueva orientación política internacional, la catedral de Saint Paul donde hasta entonces habían tenido lugar grandes representaciones musicales para festejar los triunfos militares de Marlborough, el 7 de julio de 1713 acogió la interpretación del concierto Utrecht Te Deum & Jubilate, compuesto por Haendel, para celebrar la paz.

Pero aquellas medidas, lejos de satisfacer a los británicos acabaron por enrarecer el ambiente político hasta el extremo de que se hablaba de una posible guerra civil. El jacobitismo —movimiento que reclamaba la corona para Jacobo III, cuyo hermanastro era el duque de Berwick— gozaba de un amplio apoyo entre los tories, y contaba con personalidades de relieve como Ormond y Bolingbroke.²⁹

Seguidamente, el marqués de Erendazu ponía al corriente de la resolución de la reina al marqués de Onrubia en el sentido de que los británicos cedían:

enteramente al duque de Anjou la España y las Indias y aunque en lo aparente fue una proposición nadie duda lo tenga ya ajustado y capitulado con Francia, por lo qual es preciso no retardar un punto el tomar las medidas que más nos puedan librar de tan inminente ruina.

También le comunicaba que lord Peterborough se dirigía a Madrid:

muy fervoroso […] para persuadir al duque [de Anjou] a entrar en el empeño. En esta inteligencia manda S. M. esté atentísimo a observar sus pasos y apurar su verdadera intención pero con tal arte que nunca llegue a recelarse desconfía de él, porque como V. S. sabe es de su natural delicadísimo y sospechoso,

procurando, a la vez,

el que tampoco el duque desconfíe de las comunicaciones de V. S. con milord, siendo necessario que V. S. se gobierne con tal arte y dissimulo que satisfaciendo a ambos se logre el intento con cada uno.³⁰

Al cabo de pocos días expresaba sus impresiones con un punto de esperanza al marqués de Rialp:

De holandeses también parece podemos esperar no se nos separen pues de otra suerte, cierto se perderán. El duque de Hannover si hemos de creer a lo que persuade la razón ha de estar muy ﬁrme y unido con nosotros pues todo se encamina a excluirle de la corona de Inglaterra poniendo en ella al príncipe de Gales. Si todos estos se mantienen ﬁrmes, mucho podemos hazer.

Erendazu, que no estaba bien informado acerca de las garantías a la sucesión al trono de la línea protestante, o bien desconﬁaba totalmente de ellas y de los manejos de Harley y Bolingbroke, concluía su análisis sobre la resolución de la reina Ana y el gobierno británico en estos términos: «lindamente distribuye el mundo a su modo como si no hubiese otra potencia que la de aquella corona para dar absolutamente la ley».³¹ De hecho, no andaba muy equivocado.

Las noticias posteriores que Erendazu remitió al marqués de Rialp apenas dejaban margen para la esperanza. En septiembre, ratiﬁcaba que «los ingleses y franceses cada día estrechan más su amistad» y que los holandeses «a vista de esto titubean mucho», si bien era del parecer que «aunque al presente nuestras cosas están en malísimo estado, todavía no podemos dar el caso por desesperado».³² La esperanza fue efímera, puesto que al cabo de un mes le notiﬁcaba que el Reino Unido había declarado el armisticio:

Aunque nunca dudábamos darían este paso, sucesivo a los antecedentes, se hace mayor el dolor viendo lo ejecutado. Y me llega al alma el considerar que llegará ahí [a Madrid, como embajador británico] el duque de Argyll, pues siendo uno de los que más mal nos han hecho y tan lleno de las malditas máximas del presente gobierno de ingleses, no puede esperarse de él sino mil desatenciones y disgustos.

Ya en el mes de noviembre insistía en que en el Reino Unido:

aquel partido dominante [de los tories] se mantenía fuerte sin que ninguna reﬂexión de que nos pierden y se pierden baste a alumbrar su ceguedad ocasionada de pasiones propias e intereses particulares tan contra el bien de la causa común y reposo de Europa. Esta es la verdad del sistema presente. No sé lo que será mañana pues las cosas de Inglaterra por la inconstancia de aquella nación se suelen mudar por horas.³³

Al ﬁnal, ante la evidencia de los hechos consumados, sólo pudo lamentarse: «En ﬁn, no tiene remedio con los benditos ingleses, que siempre han de hacer las cosas como se les antoja».³⁴

El conde Juan Amor de Soria, desde Viena, emitió una severa crítica sobre la conducta de los británicos, a la par que justiﬁcó al emperador:

Rara y jamás oída metamorfosis, dura y escandalosa ley a la Europa, sensible golpe a cuantos con el uso de la prudencia estaban empeñados por el bien público; pues en un día vieron perdida su libertad, infructuosos sus trabajos, inútiles sus triunfos y vendida a mal precio tanta sangre derramada. Desanimados y desunidos los aliados pensaron en aquel infausto congreso [Utrecht] hacer de la necesidad virtud, y apoyarse con la resignación a hacer menos infeliz su suerte, y evitar el último sacriﬁcio. Solamente el Señor Emperador no pudo condescender a leyes tan duras e insufribles, y quiso más exponerse víctima de la violencia, que hacerse cómplice de tan funesta resolución.

De este modo, concluía, quedaban «el emperador y el Imperio abandonados de sus amigos».³⁵

Felipe V cumplió con la exigencia del Reino Unido. Formalizada la renuncia a la corona francesa en las Cortes de Castilla, el 5 de noviembre de 1712, ante la presencia de los embajadores marqués de Bonnac y lord Lexington, Luis XIV dejó claro que Felipe V había tomado la decisión en contra de su parecer, porque él había supuesto que abandonaría el trono hispánico. Aunque admitió que a consecuencia de ello, «su autoridad llegará a ser más absoluta en España, sus súbditos le serán más ﬁeles».³⁶ Por cierto que, en aquellas Cortes, Felipe V impuso mediante procedimientos patrimoniales —no sin reticencias por parte del Consejo de Castilla— una ley casi sálica que alteraba el orden sucesorio establecido en las Partidas en el que la línea recta excluía a la colateral, el grado próximo al más lejano y en condiciones de igualdad entre el varón y la hembra. La nueva ley situaba en condiciones de franca inferioridad a las mujeres.³⁷ Por su parte, el duque de Orléans y el duque de Berry renunciaron a sus derechos a la corona hispánica.³⁸ Luis XIV tenía el camino expedito para ﬁrmar los preliminares de los tratados de paz.

Antes de la ﬁrma de la paz de Utrecht, el embajador británico Thomas Wentworth, barón de Strafford, que en 1712 llegó al extremo de caliﬁcar a los aliados de new enemies,³⁹ informó a las Provincias Unidas acerca de las líneas maestras de la paz general y de las compensaciones que recibiría cada país: Felipe V sería rey de España «y faltando la línea, ha de suceder la casa de Saboya»; que Gran Bretaña y las Provincias Unidas formalizarían una alianza ofensiva y defensiva, además de la aprobación del tratado de la Barrera y de la garantía de la sucesión de la línea protestante, mediante un acuerdo previo a la paz que ﬁrmarían con Francia. Por último, entre otras cuestiones, estaba previsto compensar al emperador mediante los territorios italianos (Nápoles y Milán), pero apuntaba que:

no siendo cierto si S. M. Imperial querrá dar la mano a la paz, se ofrece la neutralidad en Italia, en caso de que el Sr. emperador quisiese continuar la guerra pero con tal que de este modo se abandonarán los catalanes a la discreción de la Francia y de la España, ofreciéndose en el contrario de procurarles la manutención de sus antiguos fueros y privilegios junto a una amnistía general.⁴⁰

En todo caso, que el emperador ambicionara al mismo tiempo los territorios hispánicos y los italianos resultaba inadmisible para los franceses y los británicos. Carlos VI, al mostrarse inﬂexible en la demanda de los territorios italianos, asumía el sacriﬁcio de sus súbditos de la Corona de Aragón y, de manera especial, de los últimos reductos que continuaba siéndole ﬁeles: Cataluña y las Baleares.

Finalmente, la paz fue sellada por Francia, el Reino Unido, Prusia, Portugal, Saboya y las Provincias Unidas el 11 de abril de 1713. Entonces, los plenipotenciarios españoles fueron aceptados y pudieron sumarse al acuerdo el 13 de julio.⁴¹ Francia, a cambio de mantener a Felipe V en el trono hispánico, se vio obligada a hacer notables concesiones: Saint Kitts, Nueva Escocia, Terranova y territorios de la Bahía de Hudson a los británicos; Luis XIV reconocía la sucesión protestante en el Reino Unido y se comprometía a desmantelar Dunkerque, al tiempo que recibió el valle de Barcelonette en la Alta Provenza, cedido por el duque de Saboya. Además, el Parlamento de París tuvo que registrar las letras patentes del rey sobre la renuncia de Felipe V a la corona de Francia, aunque en este punto, las intenciones de Luis XIV eran otras. A su juicio, la renuncia era contraria a las leyes fundamentales del reino y, en consecuencia, era nula en la medida en que violaba las reglas primeras del derecho público francés.⁴²

Las Provincias Unidas no mostraron su entusiasmo por el acuerdo pero se vieron obligadas a aceptarlo después de la derrota de Denain y consiguieron su anhelado objetivo de la barrera de ciudades, aunque su alcance era inferior a la que negociaron en 1709.⁴³ Por otra parte, se mostraron reticentes al acuerdo de conceder un principado en Limburg (Países Bajos) a la princesa de los Ursinos, a instancias de Felipe V, concesión que fue descartada a pesar de que contaba con el apoyo británico, pero que Luis XIV no acababa de ver con buenos ojos, puesto que entorpecía el desenlace de les negociaciones. Carlos VI no ﬁrmó la paz. La decisión del emperador la razona en estos términos el caballero Castellví:

Consideró que con sólo el socorro de los príncipes del Imperio no podía resistir al poder de la Francia porque los más de ellos no querían ayudar más que con su contingente, débil esfuerzo para tanta empresa. Fiaba en las contingencias del tiempo. La mucha edad del rey Luis y un príncipe de tres años que debía sucederle, los grandes achaques de la reina Ana, la inquietud del pueblo de Inglaterra, la poca satisfacción de los holandeses y generalmente todos los aliados le daban esperanza que en el espacio de una campaña podía mudarse el sistema y volver a encenderse con más fuerza la guerra.⁴⁴

A pesar del triunfo indiscutible de los designios británicos, en el Reino Unido los acuerdos de Utrecht no satisﬁcieron a los whigs, ya que eran partidarios de continuar la guerra, al tiempo que se oponían a los términos de la concesión del «asiento de negros». De hecho, miembros destacados del partido controlaban la South Sea Company y consideraban insuﬁcientes las condiciones del tratado de comercio con España. Si en diciembre de 1711 el gobierno tory había visto rechazada su propuesta de paz en la Cámara de los Lores —donde se desarrollaron los principales debates sobre la guerra—, el 18 de junio de 1713, corrió la misma suerte en la Cámara de los Comunes el tratado comercial anglo-francés (derrotado por 194 votos en contra y 185 a favor),⁴⁵ a pesar de la intensa campaña propagandística impulsada por los hombres de Harley, con Swift al frente. De nuevo en la Cámara de los Lores, el 16 de abril de 1714, se alzaron voces contra el tratado comercial. Abundando en ello, sir William Hodges y 30 comerciantes más aseguraron que con aquellos acuerdos experimentarían pérdidas del 20-25 %.⁴⁶

Pero, como ya hemos señalado, en última instancia las relaciones exteriores eran competencia de la reina, a pesar de la centralidad del Parlamento en el ediﬁcio político británico forjado tras la Glorious Revolution.⁴⁷ Aunque las elecciones de 1713 ampliaron el margen a los tories (370 diputados por 177 whigs)⁴⁸ y consolidaron la opción de la paz, existían fracturas considerables en el partido, entre jacobitas y hannoverianos. Pero, además, la tensión entre los ministros Harley y Bolingbroke se transformó en guerra abierta, hasta el punto de que ambos negociaron por separado con el pretendiente para que se convirtiera a la iglesia anglicana. Incluso la reina —que profesaba mucha más simpatía hacia Harley, a quien distinguió con el título de Earl of Oxford, mientras St. John tuvo que contentarse con el título de vizconde Bolingbroke—, acabó desilusionada con el primero, responsable de las ﬁnanzas, puesto que éste llegó al extremo de no pagar los sueldos de los sirvientes de la casa real.⁴⁹

Tal como rezaba un impreso publicado en Francia, la inestabilidad política se debía en buena medida a la fuerza de los sectores radicales («outrez, que son extremos en sus sentimientos»), a pesar de que eran minoritarios, y que se hallaban tanto en las ﬁ las de los whigs como de los tories: los primeros, «llamados puritanos o republicanos», partidarios de un gobierno «republicano», deseaban continuar la guerra y restablecer a Carlos III en el trono hispánico; los segundos, «conocidos como rígidos y realistas», consideraban que nunca se debía perjudicar la prerrogativa real ni cambiar el orden de la sucesión al trono (eran jacobitas). Entre estos dos grupos se hallaba un número considerable de whigs y de tories, que coincidían en que «la seguridad de la libertad depende del equilibrio de poder entre la Corte y el Parlamento».⁵⁰ La existencia de este amplio espacio de consenso político explica, a ﬁn de cuentas, el desenlace de los asuntos políticos y religiosos que se debatían en el Reino Unido y el papel de sus sucesivos gobiernos durante la guerra. Pero si hacemos caso al agente francés Charles Le Moyne d’Iberville, los dirigentes whigs, en general, eran partidarios de la guerra, ya que ésta los beneﬁciaba gracias a «los oﬁcios militares y los beneﬁcios que obtenían mediante los avances de fondos» [en acciones de los fondos públicos al 12, 15 o 20 %] y gracias a los encargos para la provisión de los ejércitos «como han hecho en las guerras pasadas», mientras que los tories, en cuyas ﬁlas se hallaban los principales propietarios de tierras, resultaban perjudicados por el pago de las contribuciones para la guerra.⁵¹ Como ha señalado J. G. A. Pocock,

la crítica a los fundamentos del orden dominante en tiempos de la reina Ana iba dirigida a los «intereses ﬁnancieros» [monied interest], es decir, a esa alianza entre acreedores públicos, militares y gestores de la guerra que, bajo el liderazgo de grupos de políticos aristócratas whigs, desplegaba una política resumida en el lema «ninguna paz sin España».

La reprobación era formulada en nombre de una gentry rural sobrecargada de impuestos. Entre los grupos que expresaron su descontento destacaban inversores menores, mercaderes y artesanos infrarrepresentados en la nueva estructura de crédito que favorecía a los ﬁnancieros más inﬂuyentes. Resumiendo, «tierra y comercio estaban aliados en la oposición de la misma manera que tierra y deuda lo estaban en el régimen».⁵²

A ﬁnales de 1713, la inestabilidad política no paraba de crecer ante los rumores de la muerte de la reina de Inglaterra, que se anunciaba como inminente. El militar irlandés sir Patrick Lawles, enviado a España por el abbé d’Estrées para organizar la guardia de corps de Felipe V y que fue encargado de negocios en Londres en 1713-1714,⁵³ relató un motín que se produjo en aquellas fechas.⁵⁴ En diciembre, mientras la reina se hallaba gravemente enferma, Harley y Bolingbroke realizaban los postreros intentos para conseguir la conversión del pretendiente al anglicanismo. En marzo de 1714, ante la negativa del pretendiente a abrazar el anglicanismo, Bolingbroke acabó descartando la opción jacobita.⁵⁵ Hubo que esperar al 5 de abril para que se despejaran las dudas, cuando las dos Cámaras declararon que la sucesión protestante no peligraba, y la Cámara de los Lores puso precio a la cabeza del pretendiente. Un observador, alarmado, escribía que «los asuntos evolucionan de tal manera que la guerra civil se está convirtiendo en algo inevitable en Inglaterra». Al ﬁnal, el Parlamento reclamó al príncipe Jorge, como duque de Cambridge. El 1 de agosto moría Ana, la última de los Estuardo —que si bien no apostó por la causa jacobita parece que tuvo remordimientos por haberle arrebatado los derechos a la corona a su medio hermano en 1702 y que tenía antipatía a los hannoverianos— y el privy council se apresuró a proclamar el acceso al trono de Jorge de Hannover mediante la Act of Settlement. Un consejo de regencia gobernaría hasta la llegada de Jorge I.⁵⁶

Pero centrémonos de nuevo en los acuerdos de Utrecht. Lucien Bély ha proporcionado un magníﬁco retrato del escenario de las negociaciones: del protocolo; del reglamento interno para el desarrollo del congreso; del papel de los embajadores; de la sociabilidad entre los más de sesenta representantes allí reunidos, sin contar sus colaboradores, así como de las maniobras e intrigas que llevaron a cabo los políticos en su transcurso. En realidad, nos dice, bajo esta gran puesta en escena, tal como denunciaban los imperiales, el congreso era cosa de dos potencias: el Reino Unido y Francia:

La realidad de Utrecht fue deformada deliberadamente y los enviados europeos fueron ignorados por los dos principales negociadores. Al ningunear la mezcolanza diplomática de Utrecht, la pareja Torcy-Bolingbroke inauguró una sabia estrategia: Utrecht signiﬁcó que la paz estaba a punto de hacerse, sin que se hiciera en el mismo Utrecht. Utrecht fue a la vez el símbolo y la pantalla.⁵⁷

A medida que pasaban los días, la mayoría de los representantes se percataban de que sólo eran meros espectadores de unos acontecimientos que dictaban los británicos, a un ritmo tan lento como requerían las negociaciones secretas con Francia, con gran disgusto por parte de los imperiales y de los holandeses, convertidos en convidados de piedra en aquella ceremonia cuyo artíﬁce, Bolingbroke, perseguía en realidad un sólido acuerdo de paz franco-británico. Desde el punto de vista de Versalles, todas las miradas se dirigían al ministro conservador británico.⁵⁸ El acuerdo ﬁnal fue muy bien recibido por los franceses, después de que hubieran llegado al borde del fracaso pocos años antes, razón por la cual La Faye, uno de los colaboradores de los plenipotenciarios, escribía entusiasmado que «uno no puede reﬂexionar sobre esta revolución sin una cierta admiración».⁵⁹ El desenlace de la guerra, ¿constituyó una derrota o una victoria para Francia? Luis XIV pudo mantener las fronteras de su monarquía y consolidar a Felipe V en España. Los términos de la paz resultaban particularmente favorables en relación con los dictados que los aliados habían intentado imponerle en 1709 y 1710. Su victoria, matiza John A. Lynn, debe ser considerada en términos dinásticos. La persistencia de conﬂictos militares que jalonaron el reinado del rey de Francia y el mantenimiento de un ejército de enormes dimensiones, concluye, no responden al hecho de que hubiera «amado demasiado la guerra» —según una conﬁdencia que se supone realizó el Rey Sol antes de morir, el 1 de septiembre de 1715—, sino al apetito insaciable de gloria, a su arrogancia y, por ende, a su adicción a las soluciones violentas.⁶⁰

Utrecht constituyó, en cierto modo, el desquite francés de las conversaciones de Gertruydenberg (1710), las cuales fueron vividas por los negociadores como una auténtica humillación.⁶¹ Pero la esceniﬁcación era compleja, tal como demuestra Bély, que ha puesto de relieve el doble lenguaje, el cinismo y la mala fe con que la corona británica trató a los negociadores, hasta el extremo de colocarles en una situación paradójica: «fue necesario exigir bastante de los franceses, aunque en secreto —nosotros lo sabemos ahora, pero Strafford y Robinson no lo supieron entonces— las demandas inglesas eran bastante menos grandes. Para complacer a los aliados, los plenipotenciarios fueron maximalistas». En última instancia, únicamente los secretarios de Estado estaban al tanto del «secreto» de la negociación. Aunque el historiador francés también advierte muestras de este cinismo de Estado, como un sistema institucionalizado, entre las diversas potencias.⁶² Por su parte, Felipe V tuvo que resignarse a un papel más que secundario en toda la negociación, yendo de la mano de Luis XIV, si bien, al cabo de no pocas tensiones, pudo proclamar que el rey de Francia era «el mejor abuelo del mundo y que sólo quiere mi bien».⁶³

Sea como fuere, en virtud de las negociaciones se acordaron 23 tratados y convenciones que fueron ﬁrmados entre enero de 1713 y febrero de 1715, incluyendo los tratados de Rastatt (7 de marzo de 1714) y de Baden (7 de septiembre de 1714). Sin embargo, Carlos VI y Felipe V no sellaron la paz hasta 1725.⁶⁴ Sin lugar a dudas, los principales beneﬁciarios de los acuerdos fueron los británicos: el rey de Francia les concedió importantes cesiones territoriales en América: Saint Kitts, Nueva Escocia, Terranova y territorios de la Bahía de Hudson. Después de rubricar un tratado de paz y amistad con España el 13 de julio de 1713 (previamente, Bedmar y Lexington habían ﬁrmado un documento en Madrid el 27 de marzo), los británicos alcanzaron los objetivos que habían ambicionado desde el inicio del conﬂicto.⁶⁵ Además de las posesiones de Gibraltar y Menorca —tomadas durante la guerra—, que les permitieron consolidar sus posiciones en la parte occidental del Mediterráneo, obtuvieron amplias ventajas comerciales, como el asiento de negros concedido a la South Sea Company (creada el 1711 para aliviar la creciente deuda pública británica para hacer frente a los gastos militares y navales), y en virtud del cual podían enviar a las colonias españolas de las Indias Occidentales un total de 144.000 esclavos durante treinta años. La reina británica y el rey de España ﬁguraban como partícipes por mitad en el negocio y debían obtener cada uno el 25 % de los beneﬁcios, además de un 4 % adicional de las ganancias procedentes del navío de permiso. Al carecer Felipe V del capital con el que debía contribuir a la Compañía, éste fue aportado, en parte, por asentistas privados.⁶⁶

La otra concesión decisiva fue el navío de permiso anual, una embarcación de 500 toneladas, autorizada a transportar bienes y mercancías para ser vendidas en la feria de Portobelo y libres de aranceles. Según Geoffrey J. Walker, fue el representante inglés en Barcelona, Mitford Crowe, quien sugirió la idea a Londres a partir de las concesiones realizadas por Felipe V y Carlos III en las Cortes catalanas de 1701 y de 1705, respectivamente. Walker señala que su impacto económico era muy superior al del asiento de negros, ya que permitía comerciar directamente con las Indias: el objetivo británico había cristalizado en el tratado ﬁrmado en Barcelona entre la reina Ana y Carlos III el año 1708.⁶⁷ Como demostró G. Scelle, los franceses quedaron sorprendidos ante las condiciones comerciales acordadas entre Londres y Madrid: en primer lugar, por el espíritu innovador de algunos aspectos del asiento, pero principalmente por el concepto, nuevo para ellos, del navío de permiso, y por las eﬁcientes posibilidades que brindaba de penetración de un país extranjero en el régimen comercial español transatlántico.⁶⁸ En este sentido, Stanley J. Stein y Barbara H. Stein han podido aﬁrmar que «ningún asiento anterior había brindado a un poder europeo una avenida tan ancha de penetración legítima en el Imperio español en América», hasta el punto que sentó las bases de lo que, con el paso del tiempo, se convirtió en la subordinación de la España imperial a la hegemonía naval y económica inglesa.⁶⁹

Pero no es menos cierto que los whigs no bendijeron el acuerdo comercial. A juicio de McLachlan, a la reina no le interesaban los pormenores de la regulación, hecho que se tradujo en perjuicios para el comercio británico a la hora de concretar los detalles técnicos del acuerdo por parte de Lexington. De este modo se abandonó la demanda de la ﬁgura del Juez Conservador, eﬁciente protector de sus intereses. Pero los principales inconvenientes del acuerdo tenían que ver con las tarifas (los derechos arancelarios que debían satisfacer en España los comerciantes británicos habían aumentado del 9 o 10 % al 16 o 17 %). También se habían visto mermados los derechos civiles de los comerciantes británicos que vivían en España.⁷⁰ Por todo ello, el tratado causó insatisfacción. En 1714 la South Sea Company aún no había enviado el barco anual, el comercio ilegal con Jamaica había declinado e incluso el intercambio con las Indias a través de España había empeorado a causa de los elevados derechos aduaneros, mientras que el comercio con España era igualmente insatisfactorio. El nuevo ministerio whig abordó aquellas cuestiones en 1715. Las instrucciones que recibió el embajador británico recordaban que la preservación del comercio entre ambos reinos fue uno de los principales motivos que indujeron a los dos reyes predecesores a «entrar en la reciente, larga y cara guerra, y uno de los principales beneﬁcios esperados por nuestro pueblo de la conclusión de la paz». En consecuencia, las renovadas directrices apuntaban a un fortalecimiento del comercio con España, negligido por los tories en las negociaciones de 1713, mediante la compra de lana, aceite, vino y otros frutos, a cambio de tejidos de lana, pescado y productos metálicos manfacturados al tiempo que había que potenciar el comercio indirecto con las Indias que se había mantenido clandestinamente a través de Sevilla.⁷¹

En 1716, a causa de la incapacidad del gobierno español para mantener la periodicidad anual de las ﬂotas y los galeones, tuvo lugar una revisión de los acuerdos protagonizada por George Bubb, que amplió los beneﬁcios británicos. Estos nuevos acuerdos consolidaron una feria anual con carácter regular en Perú o en Nueva España, estableciendo que el navío de permiso partiría en el mes de junio ya fuera a Cartagena, Portobelo o Veracruz, debiendo esperar hasta cuatro meses la llegada del convoy español y, en caso de que éste no arribase, podían proceder a vender las mercancías. Estas asignaciones, superiores a las logradas por los franceses en 1701, fruto de la debilidad negociadora española, según los Stein «se convirtieron a los ojos de Madrid en concesiones que tenían que ser canceladas. Éstas fueron las semillas de la guerra entre España e Inglaterra en 1739 que acabó con el asiento, con la feria de Portobelo y con el sistema de convoyes». El resultado ﬁnal fue que «los comerciantes de Londres, involucrados en la distribución directa de bienes y esclavos en el Caribe, habían conseguido mayor inﬂuencia política que los establecidos “mercaderes españoles” de Londres y que sus representantes en el extranjero, en su “factoría” de Cádiz». En consecuencia, los tratados situaron al contrabando británico en los puertos caribeños y en Buenos Aires en una posición ventajosa.⁷² Libres de los impuestos españoles, los productos británicos resultaban hasta un 30 % más baratos que los transportados por las ﬂotas de España.⁷³ Josep M. Delgado ha puesto de relieve la doble hipoteca que la Guerra de Sucesión legó a los reformistas españoles de la primera mitad del siglo XVIII. Por una parte, el tratado de 1716 obligaba a los gobernantes a garantizar la salida anual de las ﬂotas y los galeones, bajo la amenaza de dejar vía libre a los británicos. Y, por otro lado, el tratado de 1713 hacía problemático cualquier proyecto de reforma del monopolio comercial que contemplara la ampliación del número de cabeceras peninsulares del tráﬁco (de puertos cantábricos o bien de la Corona de Aragón) por temor a que los ingleses pretendieran ampliar las ventajas adquiridas para su comercio exterior en la Baja Andalucía durante el reinado de Carlos II y ratiﬁcadas por Felipe V al conjunto del mapa aduanero español.⁷⁴

A pesar de todo, los franceses, principalmente el grupo de comerciantes y políticos inﬂuyentes de Saint-Malo, como Amelot y Choiseul, que habían sacado tajada en los años anteriores mediante el comercio del Caribe gracias a la Compagnie de Guinée, que en 1701 obtuvo de Felipe V el asiento de negros, conservaron un lugar decisivo en las operaciones comerciales de Cádiz y un volumen de comercio nada desdeñable.⁷⁵

En otro orden de cosas, los tratados reconocían la sucesión protestante en el Reino Unido, según había diseñado Guillermo III antes de su muerte. En consecuencia, Luis XIV debía poner ﬁn al apoyo oﬁcial que había prestado hasta entonces al pretendiente católico de los Estuardo que se hallaba exiliado en París, Jacobo III. Desde este punto de vista, nos dice Bély, la Guerra de Sucesión a la corona hispánica fue también una guerra de sucesión en Inglaterra, añadiendo que los acuerdos de Utrecht (incluida la renuncia de Felipe V a sus derechos a la corona de Francia):

signiﬁcaban que el orden y el derecho natural eran eludidos y negados en beneﬁcio de un orden y de un derecho racionales, elemento del derecho de gentes, es decir, del derecho internacional.⁷⁶

A juicio del duque de Saint-Simon, se produjo una especie de «revolución silenciosa», en la medida en que los acuerdos vinculaban los derechos dinásticos a leyes estatales. El mismo autor advirtió el principal defecto del sistema monárquico francés: al faltar la representación de la nación —los Estados Generales, equivalentes al Parlamento inglés, o a las Cortes de los territorios hispánicos—, la palabra del rey de Francia fue mal aceptada como garantía en el concierto europeo.⁷⁷ Pero el secretario de Estado Torcy fue tajante al respecto, al aﬁrmar que los Estados Generales no tenían atribuciones en esta materia de Estado: «esta suerte de asambleas casi siempre produjeron desórdenes en el Reino ... la asamblea de los Estados, que no ha sido convocada desde hace cerca de cien años, ha sido de alguna manera abolida en el Reino».⁷⁸ Al ﬁnal, la ﬁrmeza de Luis XIV pudo más que la desconﬁanza razonable de los británicos, soslayada mediante el simple registro de la renuncia en el Parlamento de París el 15 de marzo de 1713.

En último término, la paz de Utrecht hizo posible que el Reino Unido asumiera el papel de árbitro europeo manteniendo un equilibrio territorial basado en the balance of power de Europa y su hegemonía marítima. En expresión de Bély: «el mar era el horizonte del poder inglés».⁷⁹ O, en palabras de Hoppit, si Francia aspiraba a una «monarquía universal», Inglaterra anhelaba un «comercio universal».⁸⁰

Por su parte, la monarquía austríaca se convertía en una potencia italiana al recibir Milán, Nápoles y Cerdeña (intercambiada el año 1718 por Sicilia), además de los presidios de Toscana. Mantuvo la soberanía de los Países Bajos, aunque gravada con la hipoteca de las plazas fuertes que albergaban guarniciones holandesas, cuyo dominio constituía una garantía de seguridad para los gobiernos de Londres y La Haya. A juicio de Jean Bérenger, Carlos VI «quedaba relativamente satisfecho por sus adquisiciones en la Península italiana», en la medida en que la monarquía austríaca se convertía en un poder mediterráneo. Felipe V nunca renunció a las posesiones italianas que habían pertenecido a la monarquía hispánica, del mismo modo que Carlos VI no dejó de considerarse rey de España, razón por la cual mantuvo el título. Por tanto, los Habsburgo dejaban de ser una potencia hegemónica para convertirse en una fuerza alemana e italiana. Se trataba de un cambio importante,

sufrido más que aceptado, pero el abandono de su causa por parte de las potencias marítimas no les dejó otra opción, ya que sus recursos ﬁnancieros y militares no les permitían luchar en igualdad de condiciones con las fuerzas coligadas de los Borbones de España y de Francia. Los Habsburgo no fueron capaces de imponer sus concepciones patrimoniales a las otras potencias europeas, y esto se había comprendido bien en el entorno de Carlos II.⁸¹

Bolingbroke supo aislar al emperador durante las negociaciones. Carlos VI, que se había hecho a la idea de la partición de España, para lograr «al menos la independencia de la ﬁel Cataluña», se vio obligado a renunciar a ella.⁸² Pero, a pesar de la oposición del «partido alemán», y de Wratislaw en particular, prolongó la guerra un año más, aunque pronto se percató de las insuperables diﬁcultades que entrañaba aquella decisión y tuvo que ver cómo la fuerza naval británica era utilizada para bloquear a la reina Isabel Cristina y aislar a sus tropas en Cataluña. Para sufragar los gastos de la guerra vendió el marquesado de Finale a Génova, perjudicando las perspectivas de Víctor Amadeo de proporcionar un puerto estratégico a Saboya.⁸³

Las Provincias Unidas consiguieron garantías de defensa de su territorio mediante un conjunto de plazas fuertes fronterizas: las fortalezas de la Barrière (Furnes, Fort Knocke, Ypres, Menin, Tournai, Mons, Charleroi, Namur y Gante), menos impresionante que la prometida en las negociaciones de 1709, pero más sólida que la resultante de la paz de Rijswijk, y que debían protegerlas de una eventual invasión francesa. El plenipotenciario portugués, conde de Tarouca, amigo del príncipe Eugenio de Saboya, actuó como intermediario.⁸⁴ Los Países Bajos meridionales quedaban en manos holandesas hasta la creación de una nueva Barrera, y las Provincias Unidas conservaban sus privilegios comerciales y marítimos adquiridos en la paz de Westfalia, extendidos a Gran Bretaña y garantizados por una comisión mixta paritaria.⁸⁵ El tratado suscitó desconﬁanza entre los comerciantes británicos que temían que los productos que introducían bajo el dominio hispánico como la sal, la malta o cereal para el aguardiente, aguardiente, licores, ballena, aceite de pescado, fuesen considerados contrabando, del mismo modo que intuían diﬁcultades para la adquisición de manufacturas de Lille.⁸⁶ Un nuevo tratado de la Barrera entre Austria y las Provincias Unidas se ﬁrmó el 15 de noviembre de 1715, mediante el cual los Países Bajos del Sur, bajo soberanía austríaca, se convertían en una especie de colonia neerlandesa tanto en términos militares como económicos, al pasar a ser un territorio abierto a las exportaciones holandesas e inglesas, realidad que impedía a los manufactureros belgas competir industrialmente con los productos originarios de aquellos países.⁸⁷

MAPA 4. Europa en 1715 (Lucien Bély, Espions et ambassadeurs au temps de Louis XIV, Fayard, París, 2002).

También Portugal, aunque supeditado a los intereses británicos, recibió compensaciones territoriales en América, ampliando el sur del Brasil y obteniendo parte de la Guayana francesa. Finalmente, Juan V y Felipe V sellaron la paz el 6 de febrero de 1715. Víctor Amadeo de Saboya vio restituidas Saboya y Niza por parte de Francia, así como otros territorios fronterizos (Oulx, Bardonecchia, Pragelas y los fuertes de Exilles y de Fénestrelle). Además obtuvo Sicilia del rey de España y el derecho de sucesión a la corona hispánica en caso de que se extinguiera la línea borbónica. El elector de Brandeburgo, Federico Guillermo I, logró también concesiones territoriales (Neuchâtel, Valengin, Kessel…), mientras que Luis XIV le reconocía como rey de Prusia.

Ahora bien: en lo que respecta a España, si Felipe V vio asegurado el trono y mediante la paz ﬁrmada con Inglaterra el 13 de julio de 1713, se cerraba, provisionalmente, el tema de los catalanes mediante un equívoco redactado que les aseguraba «todos aquellos privilegios que poseen los habitantes de las dos Castillas»,⁸⁸ el nuevo mapa político surgido a raíz de la Guerra de Sucesión pronto resultó contestado. Felipe V y su segunda esposa, Isabel de Farnesio (María Luisa de Saboya murió el 14 de febrero de 1714), intentaron, aunque en vano, recuperar territorios perdidos en los tratados de Utrecht. En compensación, al cabo de pocos años, dos ramas de la casa de Borbón pudieron establecerse en Parma y en Nápoles, conﬁgurando una Europa de los Borbones que sucedía a la de los Habsburgo. Pero es evidente que la resolución del conﬂicto signiﬁcó, como bien advirtió Pierre Vilar, la conclusión política de la decadencia de España. Tal como sentenciaba un impreso coetáneo, «España fue obligada a pagar la factura de todos los demás y se cerró la era del expansionismo francés».⁸⁹

LOS ACUERDOS DE RASTATT Y BADEN (1714)

Como el Imperio no se había sumado a los acuerdos de Utrecht, la guerra prosiguió en la primavera de 1713. Los ejércitos franceses ocuparon Landau y Friburgo, Breisgau. Los tratados de Rastatt (7 de marzo de 1714) y de Baden (7 de septiembre de 1714) completaron la obra de Utrecht. A ﬁnales de 1713, el embajador francés en Viena reiteraba la voluntad del emperador de proseguir la guerra —después de negar el reconocimiento a Felipe V como rey de España y al duque de Saboya como rey de Sicilia—. Sin embargo, no hay que olvidar que Carlos VI contaba con la oposición de una parte de la corte imperial y con la falta de apoyo de los príncipes alemanes, algunos de los cuales estaban más interesados en continuar la guerra del norte que tenía a Carlos XII de Suecia como protagonista.⁹⁰ Pronto se inició en Rastatt la siguiente ronda de negociaciones en la que tuvieron un papel estelar el mariscal Villars⁹¹ y el príncipe Eugenio de Saboya. El príncipe Eugenio supo sacar provecho de la negociación —pues ambos militares compartían una vieja amistad, forjada cuando Villars fue embajador en Viena—, y obtener así concesiones relevantes en relación con los catalanes, los presidios de Toscana, el título de rey de España y las tropas en el Palatinado. Villars quería convertirse, a toda costa, en el paciﬁcador de Europa y Eugenio supo sacar tajada de ello, nos dice Bély. Pero una vez concluidas las negociaciones, el secretario de Estado Torcy no ratiﬁcó los acuerdos suscritos por el negociador francés.⁹²

El «caso de los catalanes» cobró un protagonismo destacado. Durante las negociaciones, Eugenio de Saboya escribió a Vilana, marqués de Rialp: «no cejo de trabajar cuanto me es posible a favor y en beneﬁcio de la constante nación catalana, y bien puedo decir con ingenuidad a V. I. que es un puente muy difícil de arreglar».⁹³ La impresión de un cortesano de París —que especulaba sobre las intrigas del ministro Torcy con el príncipe Rákóczi, el dirigente de la insurrección húngara, así como sobre el dinero pagado por Luis XIV para sostener a los jacobitas— era que el emperador «plantea unas proposiciones y demandas tan altas como si aún gozara de la superioridad alcanzada en las últimas campañas».⁹⁴ Uno de los principales obstáculos para la consecución de un acuerdo fue la creación de un principado en Limburgo que Felipe V había prometido a la princesa de los Ursinos, la «camarera mayor», la cual, según Torcy, estaba «empecinada en una loca ambición» hasta el extremo de abusar de la conﬁanza de la reina y del rey.⁹⁵ Felipe V, al cabo de unos meses, nos dice Rousset de Missy, consciente de que había sido instrumentalizado por la princesa para satisfacer sus ambiciones en una declaración rara en un príncipe, haciéndose un reproche a sí mismo, asumió «no haberse esmerado a la hora de aplicarse debidamente a la monarquía, no haber hecho los esfuerzos para establecer en ella un buen orden y que, en una palabra, había permitido que abusaran de su autoridad».⁹⁶

La petición del principado fue apoyada por los británicos, dispuestos a concluir la paz cuanto antes, pero suscitó la oposición frontal del emperador y de las Provincias Unidas. El militar al servicio de Felipe V, Patricio Lawles, enviado en Londres entre 1713 y 1714,⁹⁷ dejó constancia de que Bolingbroke «me ha prometido que escribiría a Monsieur Prior [representante del Reino Unido en París] para hacerle patente cuánto le sería desagradable a S. M. Británica que no se concluyera nada en Rastatt que fuera contrario a sus compromisos con el rey de España y en favor de la princesa».⁹⁸ Pero lo cierto es que las negociaciones para cerrar el tratado de comercio entre Londres y Madrid no andaban por buen camino, hasta el punto de que Bolingbroke advirtió a Lawles de que

la reina estaría obligada a no interferir más ni en la evacuación de Cataluña ni en la reducción de los rebeldes, ni tampoco en los asuntos de la señora princesa, si la corte [de Madrid] levantaba las diﬁcultades sobre el comercio … que la corte de [Madrid] le ataba las manos en aquello y no tiene libertad para actuar a favor de España como desearía, ya que diferiría la conclusión de la paz con Inglaterra.

El agente de Felipe V creía que había escasas posibilidades de que las conversaciones entre Villars y Eugenio llegaran a buen puerto, porque «se cree que este último distrae al mariscal con falsas apariencias de desear concluir la paz, sin que el Archiduque tenga verdadermente la intención de hacerlo».⁹⁹

En el bando imperial, haciendo gala de una actitud posibilista, Eugenio de Saboya escribía al marqués de Rialp que «el cese de las hostilidades sería muy provechoso, incluso necesario para los catalanes, puesto que he hecho proposiciones en términos que estimo muy apropiados. Pero me han respondido que esto depende únicamente de la voluntad del duque de Anjou [Felipe V]».¹⁰⁰ En Londres, en cambio, persistía la impresión de que la paz sería difícil de alcanzar a menos que el emperador se mostrase más razonable. Las tres principales demandas de la corte de Viena eran: «primero, no renunciar a sus pretensiones sobre la monarquía de España; segundo, que Francia rompa el tratado de garantía que ﬁrmó en Utrecht con Inglaterra y Holanda; tercero, que Francia no intervenga ni dé ningún apoyo a España ni a ninguno de los príncipes de Italia en contra de las armas del emperador».¹⁰¹

La abundante correspondencia que el mariscal de Villars envió al rey de Francia en el transcurso de las negociaciones resulta muy reveladora sobre aquellas conversaciones. En ella explicó que el emperador sentía un interés tan vivo por el caso de los catalanes como una «repugnancia casi invencible» por la concesión de un principado para la princesa. En relación con el «caso de los catalanes», aﬁrmaba: «yo convendría en que están locos, pero no se puede decir que sean rebeldes, puesto que nunca se les han devuelto sus privilegios». Villars se mostraba convencido de que el príncipe Eugenio deseaba la paz, «pero está muy apenado acerca de los artículos de los catalanes, y es posible que un sentimiento similar haya hecho mella en el corazón del Archiduque y la Archiduquesa … la cual, para tener la libertad de salir [de Barcelona], habrá prometido a estos rebeldes todo aquello que le habrán pedido». Según Eugenio, el emperador había retirado la conﬁanza a Sinzendorf después de que consintiera la evacuación de las tropas de Cataluña sin obtener la garantía de la conservación de sus Constituciones.¹⁰² Al ﬁnal, Villars se comprometió en nombre del rey de Francia a permutar el reconocimiento del principado para la princesa de los Ursinos por el respeto de las libertades de Cataluña y de Mallorca.¹⁰³ Aﬁrmó que el príncipe Eugenio había recibido órdenes del emperador de ﬁrmar la paz más por necesidad que por voluntad.¹⁰⁴ A juicio de Derek McKay, biógrafo del príncipe Eugenio, Villars era «un inepto y un pésimo negociador, mientras que Eugenio, quien le persuadió de que quería ayudarle a confundir a sus enemigos en Versalles, continuamente actuaba de forma agresiva, levantándose, poniéndose el sombrero y amenazando con romper las conversaciones a la mínima provocación».¹⁰⁵

El redactado del artículo 18, propuesto por el príncipe Eugenio, no se prestaba a confusión. Ponía de relieve el interés del emperador en obtener una amnistía general para los catalanes y mallorquines, además del reconocimiento de sus libertades tal como las gozaban a la muerte de Carlos II. Y en caso de no ser reconocidas, que el emperador pudiera asistirlos económica y militarmente hasta que ello se hiciera realidad, sin que este apoyo comprometiera la paz general con Francia. El militar francés interpretó que el príncipe Eugenio se daría por satisfecho con el reconocimiento de la intervención imperial a favor de los resistentes catalanes.¹⁰⁶ Pero, ante la negativa de París a aceptar tales pretensiones, el príncipe se indignó porque consideró inaceptable el cambio de criterio impuesto por el secretario Torcy y, en consecuencia, abandonó la negociación.¹⁰⁷ A partir de aquel momento Villars se giró contra la corte de París. Protestó por los rumores que circulaban contra su persona sin disimular su malestar: «he visto tantas contradicciones en las órdenes recibidas que no me resulta fácil discernir cuándo se quiere la paz y cuándo no». Tampoco dudó a la hora de defender las buenas intenciones del príncipe Eugenio: «yo también estaría apenado en su lugar al ver nuestra obstinación en no dejar en buen lugar al emperador».¹⁰⁸ La indignación llegó hasta el punto de adoptar un tono desaﬁante que sólo un militar que gozaba de un gran prestigio como él —el héroe de la batalla de Malplaquet que imprimió un giro decisivo a favor de los intereses franceses— podía expresar sin ambages. Así, en relación con el «caso de los catalanes», razonaba, siguiendo la estrategia seguida por París a lo largo del siglo XVII,¹⁰⁹ que quizá sería conveniente respetar los privilegios de dicho territorio para conservarlo como una especie de barrera entre Francia y España, además de que «cuando el Emperador consintió en dejar al Rey [de Francia] la libertad de dar toda la ayuda posible a su nieto el rey [Felipe V], tanto por mar como por tierra, debió observar como una cosa esencial esta mutua libertad que el Archiduque quería reservarse para sostener a los catalanes». Aclaraba que, en la práctica, esta concesión a Carlos VI no tendría repercusiones militares importantes en tanto que el emperador no disponía del apoyo de las potencias marítimas y que, en cambio, le proporcionaba un margen de maniobra para tranquilizar su conciencia y mantener el honor en relación con el compromiso contraído con los catalanes.¹¹⁰

Al cabo de pocos días, sin ocultar su resentimiento, volvía a la carga en una carta dirigida a la corte francesa:

Sé que los buenos cortesanos se ocupan más en complacer que en servir, que los más hábiles intentan conciliarse con uno y con otro, y yo me culpo cuando me aparto de esta segunda manera muy justa y razonable; después de esto, señor, os diría, naturalmente, que me ocupo activamente en aquello que creo bueno para el rey, que aunque creyera que Su Majestad estuviera muy alejada de mi opinión no dejaría de sostenerla para complacerle … El príncipe Eugenio, con el que puedo decir que estoy en una perfecta unión, se ha sumido en la desesperación diez veces, sobre todo en la cuestión de los catalanes, a favor de los cuales él había recibido cartas del emperador y de la emperatriz que no le dejaban ninguna libertad.

De hecho, en otro lugar apuntaba que

cabe creer que además de esas vivas instancias por los catalanes se le han
dado órdenes vigilantes de las que no parece estar muy satisfecho.¹¹¹

Argumentos parecidos utilizó en una carta dirigida al propio rey de Francia. Después de insistir en que no había podido dar satisfacción al príncipe Eugenio para concluir una paz que consideraba uno de los mayores deseos de su vida, exponía el motivo esencial de su desacuerdo con las directrices recibidas por el secretario Torcy:

He presionado mucho al príncipe Eugenio y me ha dicho que el rey [Carlos VI] quiere que, de algún modo, se convenga un tratado con el rey de España [Felipe V]. Es posible que Su Majestad no quiera comprender que el emperador y la emperatriz, afectados por su honor y su conciencia en el caso de los catalanes quieran, al menos, poder decir a esos infortunados a quienes causan la pérdida: «hemos hecho los últimos esfuerzos para obtener vuestros privilegios y, al menos, una amnistía y no pudiendo lograrlo nos hemos negado a tratar con el rey de España si vosotros no estabais incluidos».

Eugenio, por tanto, le propuso: «Prometednos, señor mariscal, un alto el fuego con los catalanes y al punto empezaremos a tratar con España». Añadía que si desde el inicio de las conversaciones no hubiera habido ninguna puerta abierta a la resolución del «caso de los catalanes» y en relación con los límites fronterizos de los territorios alemanes que retornaban a los términos de la paz de Rijswijk —lo cual signiﬁcaba que Francia conservaba Alsacia, Estrasburgo, y los obispados de la Lorena y Landau, a la vez que cedía las tierras de la ribera de la derecha del Rin: Brisach, Kehl, Friburgo y le reconocía los territorios italianos que poseía—, Carlos VI se hubiera negado a entablar negociaciones. Por todo ello, Villars reiteraba que se tomaba la libertad de replicar acerca de la supresión del artículo sobre los catalanes auspiciado por Carlos VI y la emperatriz.¹¹² A pesar de la demanda de Villars, al ﬁnal, el polémico artículo desapareció del redactado.¹¹³ Luis XIV no albergó dudas al respecto. En una carta enviada a Madrid al marqués de Brancas, asumía como algo necesario la reducción de Barcelona, razón por la cual decidió enviar tropas a las órdenes del duque de Berwick. En ella se refería a la negociación de Rastatt y a su decisión posterior argumentando, en relación con la propuesta de Villars, conceder una suspensión de armas a los catalanes hasta la conclusión del tratado de paz:

No puedo creer que esta condición convenga al rey, mi nieto, porque la duración de la negociación es muy incierta y, mientras, los catalanes persistirían en la revuelta … se sentirían más obligados con la Casa de Austria por la calma que disfrutaría y aumentaría su apego por ella. Es necesario que sea únicamente al rey de España a quien deban las gracias que podrá acordarles; por consiguiente, considero una ventaja que el Archiduque aún diﬁera en tratar con España y que deje un tiempo suﬁciente para tomar Barcelona antes de que empiece la negociación.¹¹⁴

El 6 de marzo de 1714 se sellaba la paz de Rastatt y sus acuerdos establecían los dominios territoriales del emperador —Luis XIV cedió las tierras de la derecha del Rin, es decir, Brisach, Kehl, Friburgo pero conservaba Landau, así como Alsacia y Estrasburgo—, de Francia y de las Provincias Unidas, y se restauraba a los electores de Colonia y de Baviera.¹¹⁵ Ese mismo día, Villars escribía a Luis XIV comunicándole la ﬁrma y recordándole, por enésima vez, que el príncipe Eugenio había reclamado una amnistía para los catalanes alegando motivos de conciencia y de honor del emperador y de la emperatriz.¹¹⁶

¿Cómo reaccionó Felipe V ante los acuerdos? Ante el cariz que tomaban las negociaciones, escribió a su abuelo para recordarle que todo el apoyo que le había proporcionado durante la guerra habría resultado inútil si no le ayudaba a reducir a los catalanes y a los mallorquines, a los cuales se podrían acabar sumando los reinos de Aragón y de Valencia. Y aclaraba:

No es por odio ni por sentimiento de venganza por lo que siempre me he negado a esta restitución, sino porque signiﬁcaría anular mi autoridad y exponerme a revueltas continuas, hacer revivir lo que su rebelión ha extinguido y que tantas veces experimentaron los reyes, mis predecesores, que quedaron debilitados a causa de semejantes rebeliones que habían usurpado su autoridad. ... Me parece que es un trato justo que los soberanos se deberían dispensar los unos a los otros, ya que les debe parecer igualmente odioso que sus súbditos les quieran hacer la ley y disputarles, tal como los catalanes han hecho tantas veces con sus príncipes, la ﬁdelidad que les ha sido jurada.

Por esta razón de Estado, concluía, el rey de Francia no podía soslayar su obligación de asistirle en el sitio de Barcelona. Por otra parte, consideraba que Carlos VI debía contentarse con los territorios italianos y, renunciar, de una vez por todas, a la monarquía de España añadiendo que «si se ha comprometido en favor de los catalanes y los mallorquines, ha hecho mal y, en todo caso, debe conformase del mismo modo que lo ha hecho la reina de Inglaterra, juzgando que sus compromisos ya se veían satisfechos con la promesa que he hecho de conservarles los mismos privilegios que a mis ﬁeles castellanos».¹¹⁷ Al cabo de pocos días, se dirigía de nuevo a su abuelo, después de conocer las instancias de Villars a Luis XIV, y volvía a la carga sobre el tema. En la carta, reiteraba la voluntad de castigar a los catalanes por su inﬁdelidad y se mostraba contrario al argumento del mariscal que, no pudiendo reducirlos por la fuerza, buscase una vía para retornarlos a la obediencia, como pedía el príncipe Eugenio. El desacuerdo lo hacía extensivo a la aﬁrmación de su abuelo de que él y la princesa de los Ursinos eran los responsables de la demora de la paz con Carlos VI. Acababa reiterando su ﬁrme convicción de que el rechazo del Principado para la princesa de los Ursinos por parte del emperador

no es más que un pretexto para encontrar el modo de aliviar a los catalanes, tal como el príncipe Eugenio demanda ... ya sabéis que he decidido que estarán en pie de igualdad con los castellanos, esta gracia inmerecida no les ha hecho cesar en su rebelión, les he dado tiempo para mostrar su gratitud, les he ofrecido más de una vez una amnistía bajo esa condición, si hace falta incluso les concederé todo lo relativo a sus privilegios municipales, a condición de que todo lo contrario a mi autoridad y a mis derechos de soberanía quedará excluido y de que me pagarán todos los gastos de la guerra. ... Os pido, además, que los catalanes no sepan que es por mí que se les ofrece esta gracia, ya que aún les haría más insolentes. 118

Le roi de guerre¹¹⁹ expresaba, de este modo, su determinación en términos diáfanos y en la más pura lógica absolutista. De hecho, por lo que se deduce a partir de la correspondencia con su abuelo, su actitud en relación con los catalanes rayaba en la obsesión. Ricardo García Cárcel no ha dudado en caliﬁcarle de «obsesivo y neurótico», hasta el extremo que su radicalismo no fue considerado políticamente correcto en Europa.¹²⁰ El rey de Francia, ante argumentos tan contundentes, abandonó los consejos para que aplicara medidas prudentes que el sentido común y su propia experiencia política le aconsejaban, para dejar paso a los sentimientos personales y de carácter dinástico y satisfacer a su impetuoso nieto. De este modo, en unas instrucciones al embajador, marqués de Brancas, le notiﬁcó que Felipe V había rechazado todas las peticiones a favor de los catalanes presentadas en Rastatt, al tiempo que le aseguró que había tomado la ﬁrme decisión de asistir a su nieto en el sitio de Barcelona. Al ﬁnal de la carta, señalaba que acababa de recibir un correo de Felipe V en el que le comunicaba que intentaría allanar las diﬁcultades en la cuestión de los catalanes. El rey de Francia, que ya había resuelto dar apoyo incondicional a su nieto, ofrecía el siguiente comentario a Brancas sobre la intención que le había expresado Felipe V:

Tal expediente produciría poco efecto y dudo que estos pueblos consintiesen en recuperar sus costumbres locales si les obliga a pagarlas tan caras. Respondo a la carta del rey, mi nieto, donde me pregunta por la condescendencia que él está dispuesto a mostrar por los catalanes y le remarco al mismo tiempo que no creo que le convenga dispensarla en este momento; será mejor que la reserve para cuando negocie la paz con el Archiduque o que la utilice, si es posible, para retornar a los catalanes a su obligación incluso antes de negociar la paz.

No había transcurrido un mes y Luis XIV ya anunciaba a Brancas la noticia del desplazamiento de tropas a Cataluña. Se mostraba convencido de que el retraso de la conclusión de la paz con Carlos VI favorecía a Felipe V porque, de este modo, ganaba tiempo para conquistar Barcelona. En cambio, consideraba prioritaria la paz entre Felipe V y las Provincias Unidas:

Los zelandeses preparan barcos de guerra para enviarlos a Barcelona y dárselos a los catalanes. Las dos provincias de Holanda y Zelanda están irritadas contra España porque son las únicas que padecen la prohibición de comercio. La guerra no ha acabado y nada impedirá a los Estados Generales enviar una escuadra para socorrer a Barcelona y es impensable creer que serán combatidos por la escuadra inglesa que se dirigirá al Mediterráneo.¹²¹

A pesar del compromiso del rey de Francia, el marqués de Torcy percibió que la relación con su nieto había resultado afectada, «por la poca atención que el rey de España ha mostrado, desde hace algún tiempo, hacia los consejos de Su Majestad».¹²² Como sentenció Sanpere y Miquel, «la escasa inteligencia política del Borbón no podía comprender las lecciones de la experiencia de su abuelo».¹²³

Para concluir el balance sobre los acuerdos de Rastatt, como apuntaba un texto británico, recordaremos que el Reino Unido había obtenido muchas más ventajas de las que se le ofrecían en las negociaciones de La Haya y Gertruydenberg. Además de las posesiones territoriales en Europa y América, los derechos y los intereses de los súbditos británicos alcanzaron límites inéditos hasta entonces, tanto en el comercio como en la navegación.¹²⁴ El emperador, por su parte, vio colmados los objetivos de la política imperial de Leopoldo I en los territorios italianos.

Como corolario, la paz de Baden (Suiza), ﬁrmada el 7 de septiembre de 1714, concretaba algunos de los acuerdos de los tratados anteriores y permitía restablecer las relaciones entre Francia y el Imperio. Los electores de Colonia (Joseph Clemens) y de Baviera (Max Emmanuel), aliados de Luis XIV, recuperaban todas sus posesiones y, a cambio, el rey de Francia se comprometía a evacuar Lorena. Finalmente, España cedió Sacramento a Portugal y ﬁrmó la paz con las Provincias Unidas (26 de junio de 1714), que se había demorado por la cuestión del principado para la Ursinos, hasta que el rey de Francia amenazó a Felipe V con negarle la ayuda militar para tomar Barcelona si no la rubricaba. Posteriormente fue ﬁrmado el acuerdo entre Austria y las Provincias Unidas (15 de noviembre de 1715), no ratiﬁcado hasta 1719. En febrero de 1715, lord Stairs se quejó ante Francia de la lentitud con que el gobierno cumplía los acuerdos de Utrecht de desmantelamiento de la fortaleza de Dunkerque. Luis XIV ridiculizaba el supuesto espíritu del tratado al que apeló Stairs, argumentando que los tratados entre naciones comportaban cláusulas y condiciones que comprometían a las partes contratantes, pero que «sólo los especulativos y los poetas podían hacer pasar el espíritu de un tratado por delante de su realidad».¹²⁵

Aunque no dejaba de ser una pura formalidad, la concesión de Luis XIV al emperador de que retuviera el título de rey de España, sacó de quicio a Felipe V, según reﬁrió el representante francés en España, Pachau, al rey de Francia: «se enfureció y me dijo que resultaba asombroso tener que soportar que el Archiduque se arrogara unos títulos que no le pertenecían de ninguna manera». Pachau intentó calmarle aduciendo que «estos títulos no podían acarrear ningún perjuicio a los derechos legítimos e incontestables de Su Majestad».¹²⁶ Felipe V no tardó en dejar constancia de su malestar a Luis XIV por aquella concesión que consideraba intolerable:

Me ha afectado verdaderamente el no sentirme comprendido, ver que el Archiduque asume la cualidad de rey de España y de las Indias … todo esto me induce a pensar que hay algún artículo secreto del que no se me ha informado. Pues no puedo creer que no hayáis previsto de qué manera inconveniente este tratado me deja, mediante el cual el Archiduque pretenderá conservar el título de rey de España y de las Indias.

Por si fuera poco, le hizo patente su disgusto porque el acuerdo de paz no contemplaba la creación del principado para la princesa de los Ursinos.¹²⁷ La «camarera mayor», por su parte, escribió a París reclamando las tropas que habían de poner ﬁn al largo sitio de Barcelona, iniciado en el verano de 1713. Era preciso, escribía, «para acabar de hacer retornar al deber a aquellos súbditos inﬁeles y más decididos que nunca en su rebelión. Se alegrarán tanto por la paz de Rastatt, señor, entre Francia y el Archiduque, como los buenos están aﬂigidos por el perjuicio que comporta al rey de España». Naturalmente, no se olvidaba de reclamar su polémico principado: «por la prestación de mis buenos servicios, me atrevo a esperar que el rey me otorgará la gracia de recomendar a sus señores embajadores en Baden que actúen para que se me conceda mi soberanía, ya que en Rastatt no se pudo obtener el compromiso del Archiduque».¹²⁸

Una vez más, un paciente Luis XIV procuró atenuar el resentimiento de su nieto y le aclaró que el uso de tales títulos no comportaba derecho alguno, tal como establecía un artículo ﬁrmado previamente.¹²⁹

JORGE I DE INGLATERRA Y EL NUEVO GOBIERNO WHIG

Jorge de Hannover llegó a Greenwich el 18 de septiembre de 1714 e impulsó el retorno al gobierno de los whigs. El nuevo ministerio era de mayoría whig, como lo era el nuevo Parlamento elegido el 15 de enero de 1715. De acuerdo con los nuevos aires políticos, la Cámara de los Comunes aprobó, el 9 de abril, un Committee of Secrecy que acumuló argumentos y pruebas para acusar de traición a Harley, Bolingbroke y Ormond, y de crímenes y delitos a Wentworth, a la par que denunció el tratado de Utrecht auspiciado por los tories. Bolingbroke sufrió una campaña denigratoria contra su persona por parte de los whigs hasta el punto que se vio obligado a poner un cuerpo de guardia formado por 70 hombres delante de su casa para evitar «cualquier tipo de insulto del populacho», medidas que no le ahorraron ser increpado como french dog. Al ﬁnal, Bolingbroke y Ormond se marcharon a Francia.¹³⁰

El cambio político reactivó momentáneamente el caso de los catalanes, a pesar de que, ﬁnalmente, las nuevas directrices de la regencia no llegaron a hacerse realidad puesto que Berwick ya había tomado Barcelona. Con todo, durante unos meses, el temor de que el Reino Unido reemprendiera las hostilidades inquietó a las dos cortes borbónicas. La princesa de los Ursinos fue advertida desde París en este sentido:

Los whigs triunfan y muchos de ellos, señora, buscan motivos de querella y de guerra. Divulgan el rumor de la revocación de los actos de renunciación que el rey de España ha hecho … en suma, aún se murmura en Inglaterra contra el abandono de los catalanes a quienes el anterior gobierno debía haber sostenido para honor de la nación inglesa. Bajo este fundamento, gentes bien informadas aseguran que se ha escrito al emperador para rogarle que diﬁera la concusión del tratado de Baden, que los regentes han exhortado al nuevo rey, Jorge, a que haga la misma petición.

Aún así, el informador de Versalles llegaba a la conclusión de que «el nuevo rey [Jorge I] es prudente, ama poco la guerra y mucho su dinero», y que el Reino Unido padecía diﬁcultades económicas para poder continuar la guerra.¹³¹

Felipe V puso de maniﬁesto su preocupación a Luis XIV por este enojoso e inesperado contratiempo. Después de reiterar que los resistentes de Barcelona habían rechazado «las gracias que vos y el Reino de la Gran Bretaña les habían procurado», y que aseguraba haber mantenido durante un año, conﬁaba en que los regentes del Reino Unido «atendiesen a estas circunstancias y que juzgasen con equidad la conducta de esos rebeldes que me han hecho gastar más de 20 millones a causa de su obstinación … Cabe desear que su nuevo rey no tenga tantas simpatías por los de esta nación que muestran tanta disposición en reavivar la guerra». Por la misma razón y por la urgencia de la materia, proseguía, no había aprobado la propuesta de Berwick de reducir Barcelona mediante un bloqueo sistemático que hiciera claudicarla por el hambre, porque «la cabeza de la rebelión de todo el resto del Principado de Cataluña, asimismo de Mallorca y de Ibiza, está en Barcelona, es aquella que hasta hoy ha movido a todo el resto»; y que, en caso de no ser así, no cesaría la rebeldía:

No acabará. Las potencias interesadas en hacerla durar les mantedrán en la esperanza de ser socorridos y buscarán toda suerte de pretextos para poder ejecutar sus malvados planes. Eso es lo que me obliga particularmente a pediros encarecidamente que ordenéis al mariscal de Berwick mantener el sitio con el mayor vigor posible.¹³²

El duque de Osuna, desde La Haya, pudo tranquilizar a Felipe V, después de la audiencia que le concedió Jorge I: «este rey británico, según las noticias que por todas partes concuerdan y lo que en él he visto y conocido, desea menos que nadie la guerra y nada quiere más que la paz». En cambio, no opinaba lo mismo de su hijo, «quien si hubiese sido el rey recelaría se renovelase la guerra … está embebido en todos los discursos e ideas de los whighs, y así nos habló en los mismos términos que ellos hablan sobre los catalanes y sobre los tres artículos, 3, 5 y 8 del tratado de comercio».¹³³

La noticia de la toma de Barcelona por Berwick constituyó un verdadero alivio para los borbónicos. El embajador francés en Madrid, Pachau, era instruido al respecto desde Fontainebleau: «el éxito de esta empresa es la mejor respuesta que se puede dar a las solicitaciones de los ingleses y que habrían sido sostenidas por el emperador si el asedio se hubiese prolongado. Todas las noticias de Londres descubren una gran animosidad de los ingleses contra la corte de España».¹³⁴ También la princesa de los Ursinos era oportunamente informada en los siguientes términos:

El ﬁn del asedio era necesario por toda clase de razones y no veo otra que sea capaz de hacer cesar las representaciones de las potencias extranjeras como la toma de esta ciudad. Todo lo que se puede decir a los ingleses es ahora inútil, puesto que muchos deseaban la guerra y la esperan después de la muerte de la vieja reina de la Gran Bretaña. El nuevo rey continúa, sin embargo, asegurando que quiere mantener la paz y vivir con el rey en una armonía perfecta.¹³⁵

Capítulo 11

CATALUÑA Y MALLORCA: ÚLTIMOS REDUCTOS AUSTRACISTAS

EL AVANCE BORBÓNICO

El fracaso en la conquista de Madrid, las derrotas posteriores de Brihuega y Villaviciosa y la pérdida de Aragón forzaron el repliegue deﬁnitivo de las tropas aliadas. Mientras, las incursiones felipistas en la Cataluña central, protagonizadas por soldados franceses e irlandeses, diﬁcultaban la provisión de las tropas aliadas desde la retaguardia. Otro elemento de inquietud, a ﬁnales de 1710, se sumaba a los anteriormente citados: la entrada de tropas francesas a las órdenes del duque de Noailles en el Empordà, en dirección a Gerona, que pudieron avanzar sin obstáculos. La indefensión del territorio, fruto de la operación mal calculada de Madrid, era evidente. La Diputació del General reclamó con urgencia la presencia de Carlos III y la movilización de contingentes armados para frenar a Noailles. Era, ya, demasiado tarde: la ciudad, en la que se encontraban cerca de 2.000 combatientes, entre soldados y la milicia gremial, capituló el 23 de enero de 1711. A partir de aquella conquista, la amenaza de un eventual avance borbónico se cernía sobre las comarcas de la Garrotxa, de Osona y de la Cataluña central. Así pues, a una situación de desesperación, especialmente perceptible en las zonas rurales, se sumaba la represión y la política de intimidaciones, represalias y exigencia de contribuciones de guerra, de «auténtico terrorismo militar», en expresión de Torras i Ribé, llevada a cabo por los comandantes borbónicos. A la vez, se agudizaban los episodios de abusos cometidos por los voluntarios catalanes, dando pie a reiteradas protestas por parte de la Conferencia de los Comunes, en una de las cuales denunciaban que no había distinción entre las tropas borbónicas y las austracistas. Mientras, en la primavera de 1711, el grueso de las tropas dirigidas por Starhemberg, formado por unos 20.000 hombres, se había concentrado en las tierras de Urgell, la Segarra y Anoia, zona productora de cereales, enfrentándose en otoño de aquel año en la batalla de Prats del Rei con las tropas del duque de Vendôme y logrando que éste se retirase. De este modo, se estabilizó el frente en aquella zona.¹

MAPA 5. La Guerra de Sucesión en la península Ibérica, 1706-1715 (desde la primera recuperación borbónica de Madrid) (Catalunya i la Guerra de Successió, catálogo de exposición, editado por Museu d’Història de Catalunya, Barcelona, 2007).

Como hemos tenido ocasión de ver, la muerte de José I el 17 de abril de 1711 imprimió un nuevo giro a la guerra y allanó el camino a la suspensión de armas ﬁrmada entre el Reino Unido y Francia, el 17 de julio de 1712. A pesar de ello, las instituciones creadas por Carlos III continuaron desempeñando sus funciones a un ritmo igual o mayor que antes, lo que corrobora que Carlos no pretendía renunciar a la corona de España.² A ﬁnales de octubre de aquel año, en un ambiente de declarada hostilidad por parte de los catalanes, el ejército británico embarcó. A consecuencia de ello se frustraron los planes militares de Starhemberg en el frente de Tremp, Balaguer y Cervera.³ Pronto seguirían sus pasos las tropas holandesas y portuguesas.

LA EVACUACIÓN DE LOS ALIADOS EN CATALUÑA Y LA JUNTA DE BRAZOS

En enero de 1713, el conde Guido von Starhemberg presentó una memoria al embajador británico Lexington, siguiendo órdenes de Viena, en la que planteaba cuatro puntos previos a la evacuación de Cataluña de las tropas imperiales, según establecían los acuerdos de Utrecht: primero, una amnistía general para todos los españoles que habían seguido el partido del Archiduque; segundo, garantizar la conservación de los privilegios y leyes de Cataluña; tercero, asegurar la salida de las tropas imperiales y de los aliados hasta Italia; y cuarto, que los ministros británicos intervinieran como garantes de la operación.⁴ Mientras, Felipe V dictaba instrucciones al duque de Populi para el momento en que se hiciera efectiva la evacuación: empezaba haciendo mención del indulto que concedía a los catalanes y de la disciplina que había que mantener entre las tropas, siempre y cuando los catalanes se rindieran. En caso de no ser así, «aunque no considero que la ciega obstinación de los catalanes llegue hasta el extremo de atreverse a resistir», apuntaba medidas drásticas: «si no se rinden en el término de dos horas se los pasará a todos a cuchillo» y ordenaba que en los sitios donde encontraran resistentes «haga ahorcar a los que los defendieren, pues además de merecer este castigo como rebeldes obstinados y ladrones convendrá se execute así para escarmiento de otros». Conﬁaba, de todos modos, que el virrey Starhemberg le libraría Barcelona facilitando, así, la rendición. Y acababa advirtiendo que sólo había que aplicar las medidas punitivas una vez dominada Barcelona.⁵ Por su parte, el ministro José de Grimaldo preparaba un borrador de cara al futuro gobierno de Cataluña, a partir de una propuesta del duque de Populi. El documento partía de la premisa que «a los catalanes sólo se les dejan las leyes municipales, pero nada de sus fueros». Daba su placet al nombramiento de seis ministros catalanes —Francesc Portell, Francesc Ametller, Josep de Alós, Rafael Cortada, Josep Marimon y el marqués de la Floresta—, «para emplearlos en lo que conviniere en Cataluña», a los que habría que sumar seis castellanos. La ciudad de Barcelona y los nobles debían recibir el mismo trato que los de Castilla. En cambio, dejaba cuestiones por resolver como el indulto general o el trato que había que dispensar a los eclesiásticos austracistas.⁶

Finalmente, se impuso la lógica de los acuerdos de Utrecht y la realpolitik que se derivaba de su contenido. El 2 de marzo de 1713, ﬁrmaron el tratado de evacuación Sinzendorf y el barón Kirchner, por parte imperial, pero el conde de la Corzana, el tercer plenipotenciario, se negó a hacerlo. A principios de marzo de 1713, Starhemberg recibía una comunicación del duque de Shrewsbury, embajador británico en París, que le instaba a hacer efectiva la evacuación. Al cabo de unos días era el militar francés conde de Fiennes quien le presionaba. El virrey primero respondió que las órdenes de Viena retardaban la ejecución de los acuerdos y, más tarde, en otra carta, aﬁrmaba haber recibido el aviso del tratado de Utrecht el 2 de abril pero que no podía convenir una suspensión de armas hasta recibir instrucciones concretas de la corte imperial. La insistencia y la premura de unos contrastaba con la parsimonia y las evasivas de otros, cuyo objetivo era retrasar la materialización del tratado de evacuación mientras esperaban, quizá, resultados más favorables fruto de nuevas gestiones diplomáticas.⁷ En cualquier caso, la decisión de la partida de la emperatriz era ﬁrme: el 19 de febrero de 1713, el marqués de Rialp había solicitado al almirante Jennings una fecha para llevarla a cabo, y el 24 la emperatriz informaba del asunto al Consejo de Aragón.⁸ Antes de su partida la reina ordenó que «todos los papeles de los distintos Tribunales se dirigieran al emperador a través del marqués de Rialp».⁹

La noticia de la ﬁrma de los tratados de Utrecht avivó la división entre los catalanes. El 4 de marzo de 1713, antes de la salida de Isabel Cristina, y como consecuencia de los abusos que cometían las tropas por no recibir la paga, los presidentes de los tres brazos dirigieron una representación a la reina con el ﬁn de que se activara el Tribunal de Contrafacciones.¹⁰ En el tenso ambiente de la preparación de la partida de la reina hacia Viena, se temía un alzamiento popular y se estudió la posibilidad de una salida clandestina, pero fue descartada por las instituciones catalanas, que mantuvieron oculta la información hasta el último momento. Por ﬁn, decidieron que ésta embarcara con toda solemnidad el 19 de marzo ante 5.000 hombres de las 44 compañías de la Coronela, en una muestra de lealtad dinástica incondicional, aunque todo el mundo era consciente de la situación perentoria de abandono en la que quedaban los catalanes a partir de aquel momento.¹¹ Cuatro días antes la reina nombró capitán general de Catalunya a Starhemberg, ﬂanqueado por Ramon de Vilana Perlas. Éste, junto con una representación de dieciocho miembros de los Comunes, abordó la espinosa cuestión del orden público y de los abusos de las tropas y, de acuerdo con las medidas adoptadas, se practicaron detenciones y se ejecutaron algunas penas de muerte.

De camino a Viena y una vez en la corte, la reina escribió al marqués de Rialp. En una de las cartas le aseguraba: «jamás puedo yo querer más a otra nación, que yo quiero a los catalanes, y lo haré toda mi vida», a la vez que decía sentirse extraña entre los alemanes. Las veinticuatro misivas que le envió traslucen una conﬁanza absoluta en el marqués; se interesó repetidamente por su salud y dijo echarle en falta, al tiempo que reconocía las obligaciones contraídas con él. En ellas no faltan alusiones al papel de la Conferencia de los Comunes, con el objeto de lograr la quietud del país, y recomienda a Rialp que le preste la debida atención, «porque sabéis como son delicados». También le asegura que el emperador «no había hallado sujeto más capaz que vos», una aﬁrmación que hacía presagiar las elevadas responsabilidades que asumiría una vez llegara a Viena.¹²

El príncipe Eugenio, en una carta dirigida a Vilana el 3 de mayo de 1713, ya se refería en términos irreversibles a la evacuación de las tropas imperiales y al embarque de la reina. Eugenio se lamentaba de tener que abandonar a los catalanes y declaraba vehementemente que no se podía «atribuir la causa a otros que [no fueran] los ingleses, quienes, de manera impropia y traicionera, han abandonado a sus aliados, y de todo ello nacen estas consecuencias perjudiciales».¹³ Después de repetidas instancias de Fiennes, Starhemberg acordó con el almirante Jennings los detalles de la evacuación de las tropas imperiales el 17 de mayo.¹⁴ El 10 de junio se hacía pública una carta de Carlos VI que procuraba desengañar a las autoridades catalanas de cualquier intento de resistencia:

Si yo creyese que con el sacriﬁcio de mis tropas pudiera aliviar vuestro desconsuelo, no tiene la menor duda de que lo haría, pero perderlas, para perderos más, no creo sea medio que aconseja vuestra prudencia.

La carta llegó a Barcelona «sospechosamente» tarde, como indica Josep Maria Torras i Ribé, ya que fue escrita el 24 de abril de 1713. Al cabo de ocho días, Starhemberg instaba a ejecutar la evacuación. El convenio de L’Hospitalet fue ﬁrmado el 21 de junio. En él se concretaba la evacuación y la entrega de Barcelona o Tarragona a los borbónicos.¹⁵ En las conversaciones mantenidas entre el virrey Starhemberg y Jennings, por parte imperial, y el marqués de Grimaldi, por la borbónica, Starhemberg intentó, en vano, alcanzar un compromiso con el general Ceva Grimaldi, favorable a las libertades catalanas, por lo que aquel espinoso asunto quedó aplazado hasta la paz general.

En aquel incómodo lance Starhemberg, ante la inminencia de la evacuación de las tropas imperiales, formadas por 20.000 hombres, intentó predisponer a personas relevantes para que acabaran aceptando a Felipe V y, así, poder conseguir un trato favorable de los borbónicos que salvaguardara las Constituciones. Francesc de Castellví da testimonio del estado de opinión derrotista que se apoderó de Barcelona en aquellos días cuando explica que durante la noche se oían cantos, acompañados de campanillas, que decían en catalán: «Carlos e Isabel necesitados, al ﬁn nos han dejado» o «Ingleses han faltado, portugueses han ﬁrmado, holandeses ﬁrmarán y al ﬁn nos colgarán». Y en las calles aparecieron panﬂetos que rezaban:

Comedia de la evacuación. Personas que hablan en ella: España el culo del fraile; nuestros fueros limpiadera; la esclavitud, necesaria, y toda la Liga, mierda.¹⁶

Entonces aﬂoraron síntomas evidentes de la división entre la nobleza con motivo de la elección del Protector del brazo militar y de nueve miembros nuevos que se debían incorporar a la comisión de los dieciocho. Según Castellví, la elección inesperada de Juan de Lanuza, conde de Plasencia, fue resultado de las maquinaciones del virrey y de un núcleo felipista en torno a Francesc de Copons. Asimismo, Starhemberg intentó inﬂuir a hombres ricos como don Pau Dalmases, padre del embajador don Pau Ignasi de Dalmases, a don Amador Dalmau y a don Ignasi Fontanet, así como también al cardenal Sala, obispo de Barcelona, «persuadiéndoles a la entrega».¹⁷

En todo caso, en un ambiente sumamente enrarecido, marcado por la división entre los partidarios de negociar con Felipe V y los de convocar la Junta de Brazos para que tomara una decisión al respecto, la Conferencia de los Comunes reprochó a Starhemberg que no respetara la mecánica constitucional, pues no había aguardado la resolución de la Junta de Brazos para negociar la evacuación. Éste se justiﬁcó, pero abandonó Barcelona de incógnito y el 9 de julio se embarcó con sus tropas provocando un gran disgusto entre los Comunes. A partir de aquel momento, el territorio quedó literalmente desamparado. De hecho, se conﬁguraron dos Cataluñas: la de los núcleos resistentes estables de Barcelona, Cardona y Mallorca; y el resto del territorio, sobre el que se cernía una gran incertidumbre política y una violencia militar sin precedentes.¹⁸ Además, la partida de Starhemberg agravó aún más el vacío de poder, así como la inseguridad pública reinante, ya que muchos soldados, voluntarios y fusileros, al quedar desmovilizados, robaban y asesinaban sin que la Coronela pudiera impedirlo.

La Junta de Brazos se reunió el 30 de junio de 1713.¹⁹ A diferencia de las Cortes, sólo asistían a ella los miembros de los brazos que residían en Barcelona o que se encontraran en la ciudad en el momento de la convocatoria. La Junta discutió una proposición de los diputados que, a instancia del emperador, pedía a los catalanes que negociaran la sumisión con el duque de Populi. Inicialmente, los brazos militar y eclesiástico se inclinaron por la sumisión, mientras que el brazo real, que representaba a las ciudades, optó por la resistencia. La apertura de la representación municipal a grupos sociales inferiores, entre 1710 y 1713, mediante el acceso de artesanos y payeses, facilitó la implicación del estamento popular en la defensa de las Constituciones. Al ﬁnal, el brazo militar replanteó su actitud. Tal como indicó Ferran Soldevila, lo que no pudo conseguir la inﬂamada elocuencia del caballero Emmanuel Ferrer en su discurso a favor de la resistencia, argumentando la ruptura de la obediencia a Felipe V por las múltiples infracciones constitucionales en que éste incurrió durante su gobierno, lo logró el ejemplo del brazo popular.²⁰ El discurso de Ferrer está impregnado del lenguaje del republicanismo cívico que cobró fuerza en la Europa de ﬁnales del siglo XVII, y que idealiza el concepto de «libertad» frente a «opresión» y «esclavitud». Así pues, la llamada a favor de las libertades catalanas se inscribe en un ideal universal de libertad frente al absolutismo, en la línea de la propaganda aliada, a la par que aspira al logro de esta libertad en España, perdida por Castilla en la derrota de Villalar.²¹ La Diputació del General, a pesar de sus reservas, proclamó públicamente la resistencia el 9 de julio de 1713

por la conservación de las libertades, privilegios y prerrogativas de los catalanes que nuestros antecesores a costa de su sangre gloriosamente alcanzaron y nosotros debemos, así mismo, mantener, las cuales no han sido tomadas en consideración ni en Utrecht ni en L’Hospitalet.²²

En aquellos días, relata Castellví, «no se oían por las calles otras voces que Privilegios o morir».²³

Se inició, entonces, el «momento republicano», durante el cual la formulación política surgió en diversas ocasiones. Una formulación que culmina en la transición del discurso constitucionalista hacia posiciones más radicales, a consecuencia del abandono de los aliados y de la marcha del emperador a Viena. Se trata, por tanto, de una evolución lógica del sustrato de tonos cívico-republicanos que impregnaban el constitucionalismo y el patriotismo catalán, una suerte de «republicanismo monárquico», hacia una república de facto, entre julio de 1713 y septiembre de 1714, que debía organizar la vida política y disponer la defensa a causa de la ausencia de la ﬁgura del rey. La Junta de Brazos mandó publicar, en noviembre de 1713, el impreso Despertador de Catalunya, cuya difusión fue notable, y en el que exponía las razones de la resistencia motivadas por la preservación del pactismo y de las «Leyes federales y fundamentales de la monarquía» o «leyes federadas de los reinos». Recordaba que las Constituciones y privilegios de Cataluña no «eran gratuitos, por mera liberalidad y voluntad del príncipe, sino por vía de contrato» y que amparaban beneﬁcios sociales para todos los habitantes, a diferencia de lo que sucedía en Castilla, donde el rey gozaba de la prerrogativa de imponer contibuciones y de movilizar soldados para la guerra. Su tono era indiscutiblemente patriótico, en contraste con las escasas referencias a la dinastía austríaca. Pero, en cualquier caso, no se trata de un escrito secesionista, sino que parte del supuesto de la concepción federal o federada de la monarquía compuesta, vigente hasta entonces, y propugna luchar por «la libertad de España» y contra el «despótico poder que la gobernaba».²⁴ No hay indicios para pensar, como sostiene Antoni Simon, que más allá de la burguesía, otros grupos dirigentes y sectores de las clases medias urbanas y rurales albergaran un proyecto secesionista. Otra cosa bien distinta es que el abandono de los aliados alimentó propuestas políticas en las que se formulaba que Cataluña o la Corona de Aragón quedaran bajo tutela del emperador o de los aliados, a menudo en forma de república, y que el sentimiento anticastellano subiera de tono en el último tramo de la guerra.²⁵

De forma más tajante aún se expresaba otro impreso, Lealtad catalana, de 1714, que reprochaba a los castellanos su apoyo a Felipe V, cuyo soporte iba a signiﬁcar la liquidación de las libertades catalanas. Su defensa del constitucionalismo y de la representación política era cerrada. Sostenía que la resolución de resistir tomada por la Junta de Brazos, para defender la libertad de Cataluña, de la Corona de Aragón y de España no fue una «temeridad loca, sino muy racional». Porque, «después de la defensa por la honra de Dios, no hay causa más justa que la de la Patria y sus Libertades». Invocando la defensa por la «libertad de España», concluía con esta proclama:

Viva la patria inmortal en sus glorias, Cataluña en su libertad, vosotros con honra, vuestros sucesores con aprecio, la Corona de Aragón con sus antiguos lustres y toda España con crédito bajo el legítimo dominio del emperador.²⁶

Hay que subrayar que, en Lealtad catalana, el concepto de «patria» aparece investido de una indiscutible carga política, mientras que el de «nación» o de «nación catalana», se usa para referirse al conjunto de los catalanes. «Patria», por tanto, no remite sólo al lugar de nacimiento o de residencia sino a las leyes propias y a las libertades colectivas que había que conservar a toda costa frente a la potencia internacional que pretendía violarlas.²⁷

Por otra parte, el impreso Respuesta de un aragonés, de 1713, puso énfasis en la argumentación de la resistencia. Sostenía que «sabido es, y común sentir de los doctores, que en defensa de la patria y de la persona, no sólo pueden los patricios tomar las armas, sino que deben tomarlas todos», para citar acto seguido a algunas célebres autoridades y acabar concluyendo que «con menos teología sobraba motivo a los catalanes para defender su patria y defenderse».²⁸ En suma, tal como ha escrito Angela De Benedictis, defender los bienes propios y el honor signiﬁcaba para los catalanes, como en otras partes de Europa, amar la propia res publica. En consecuencia, la decisión de organizar la defensa fue tomada a favor de aquella res publica constituida por el Principado y por sus leyes. Los resistentes podían, desde este presupuesto, apelar al derecho de guerra argumentando que reaccionaban con violencia ante la violencia de un rey convertido en tirano y que pretendía oprimirlos.²⁹

EL EMPERADOR Y LOS CATALANES

¿Abandonó Carlos VI, a resultas de los tratados de paz, a los catalanes? Josep Maria Torras i Ribé, haciéndose eco de la impresión que transmite la documentación borbónica, ha caliﬁcado la actitud de Starhemberg de «deslealtad», de «vergonzosa actitud abandonista», e incluso de «complicidad» entre los comandantes de ambos ejércitos.³⁰ Pero Sanpere i Miquel entendió que el virrey se vio atrapado en la difícil misión de ejecutar los compromisos que se desprendían de los tratados de paz, aunque se mostró temeroso ante una eventual reacción iracunda por parte de los catalanes y ocultó los acuerdos de evacuación a las instituciones catalanas.³¹ Según Castellví, en cambio, el emperador «no había aprobado lo ejecutado por el mariscal Starhemberg por el conﬂicto en que se hallaba Cataluña».³²

La interpretación de los hechos por parte de determinados historiadores de la guerra, incluso de algunos borbónicos, permite entrever una visión más compleja sobre la actitud de los imperiales. Los franceses Courcy y Baudrillart coinciden en aﬁrmar que el emperador, violando los tratados de Utrecht, mantuvo a Starhemberg, uno de sus oﬁciales más hábiles, en Cataluña hasta el último momento con el objetivo de garantizar las mejores condiciones posibles para los catalanes. Ello permitió que las partidas de miquelets se concentrasen en Barcelona, en Montjuïc y en diversos puntos de Cataluña, tomando posiciones para que en una coyuntura más propicia pudieran recuperar el territorio. Baudrillart hace hincapié en la inﬂuencia que tuvieron en aquella decisión el grupo de exiliados hispánicos que rodeaban al emperador.³³ Por otra parte, unas Memorie istoriche della guerra, publicadas en 1736, sostienen que la entrega de la plaza de Tarragona en vez de Barcelona, tenía por objeto dar tiempo a los resistentes, a la espera de resultados de las promesas hechas en Utrecht y a la obtención de medidas aceptables por parte de la corte de Madrid en relación con la conservación de las Constituciones.³⁴ Finalmente, W. Coxe se reﬁrió a las quejas de Francia y de los ministros de Felipe V contra el emperador porque éste, de manera secreta, daba apoyo a los catalanes para que pudieran resistir. De hecho, el reducto catalán era una de las últimas bazas que le quedaban a Carlos VI en el momento en que la guerra había dejado paso a la negociación.³⁵ Castellví alude a los reproches de Peterborough a Pau Ignasi de Dalmases, en diciembre de 1713, en el sentido de que las propuestas de Eugenio de Saboya en Rastatt

eran impertinentes y que el haber averiguado que el emperador socorría a los de Barcelona mudaba toda la buena disposición de las cortes de París y de Madrid, increpándolo con escándalo.³⁶

Sabemos por el embajador Dalmases que los borbónicos interceptaron cartas del emperador que demostraban que éste incitaba y apoyaba la resistencia de Barcelona, mientras el príncipe Eugenio y Villars estaban negociando, en diciembre de 1713, «y que socorriéndolos con dinero y largas promesas, les declara no creerse obligado en cosa por el tratado de la neutralidad en Italia».³⁷ El príncipe Eugenio, en cartas sucesivas al marqués de Rialp, se preguntaba si los catalanes resistirían y apuntaba la posibilidad de proporcionarles auxilio: «debiéndose ver esta tan ﬁel nación fuera de toda posibilidad de poder ser socorrida, y de hecho abandonada (sin tener nosotros la culpa) a la venganza y furor de los enemigos, no hay duda de que cuando haya algún modo de socorrerla, la Majestad Imperial por el amor particular que les profesa, nada será omitido». En todo caso, aclaraba, esta ayuda sólo se podía suministrar de forma oﬁciosa. El emperador

debería proporcionar bajo mano cualquier ayuda a esta nación tan ﬁ el, pero sin compromiso, a ﬁn de que estos catalanes no tengan ocasión de decir que han sido sacriﬁcados, y sería ﬁnalmente bueno cuando ellos pudieran mantenerse hasta la consecución de la paz; entretanto nos veremos obligados a esperar cualquier medio para aliviarlos.³⁸

Transcurridos pocos días, añadía que deseaba que el emperador:

después de la paz podrá estar en disposición de gratiﬁcar a aquella gente; no pudiéndose ahora decir nada de positivo en el actual estado de la situación aquí y en oriente; pero se deberá replantear rápidamente según el tiempo y la coyuntura, estando, por otra parte, la Majestad Imperial en obligación de dar a aquella nación tan ﬁel el mayor reconocimiento y ayuda en todo aquello que le será posible.³⁹

Probablemente, este tipo de aﬁrmaciones de compromiso, por inconcretas que fueran, realizadas por el máximo responsable de las fuerzas militares imperiales respondían a las presiones a favor de los catalanes efectuadas por el marqués de Rialp, cuya tenacidad queda fuera de duda según se desprende de las respuestas de Eugenio a las numerosas cartas que le remitió.

Pero, por limitado que resultara el eventual apoyo de Carlos VI a los resistentes catalanes, es evidente que incomodó a los borbónicos. Felipe V, en una carta dirigida a Luis XIV en la que le informaba de las diﬁcultades de sus tropas en el sitio de Barcelona, escribía que los imperiales apoyaban a los resistentes mediante oﬁciales introducidos en Barcelona, en contra de lo estipulado en Utrecht.⁴⁰ El agente al servicio de Felipe V, Patricio Lawles, coincidía en ello y aludía a la «mala fe» del emperador demostrada tanto en la evacuación como en el apoyo que dispensaba a los resistentes catalanes y mallorquines.⁴¹

Sea como fuere, a la hora de valorar el grado de responsabilidad del emperador en el abandono de los catalanes a su suerte, no debemos perder de vista su total supeditación al Reino Unido —tanto económica como militar— ni los imperativos que se desprendían de los tratados de Utrecht, que le dejaban un escaso margen de maniobra.

La tónica no varió en la siguiente ronda de negociaciones, en Rastatt. A instancias del marqués de Rialp, el príncipe Eugenio de Saboya, desde el castillo de Rastatt, informaba en tono pesimista sobre el desarrollo de las negociaciones en relación con el caso de los catalanes:

Siempre he pensado que es de equidad y de justicia esforzarse en mantener a un pueblo tan celoso, cuya ﬁdelidad y arraigo a nuestro muy augusto señor casi no tiene parangón. No digo nada acerca de la esperanza que quisiera concebir, de lo que quizás pudiera ocurrir en su favor; como todo depende del azar, no se puede decir nada positivo ya que siempre hay más a temer que a esperar. Lo peor es que no se puede vislumbrar qué ﬁn tendrán estos asuntos si la guerra, por así decirlo, no dura eternamente.⁴²

El 28 de marzo, Carlos VI escribió a los diputados para agradecerles su ﬁdelidad y comunicarles que

no habiendo producido las disposiciones acordadas, de parte de mi compasivo cariño los efectos de vuestro consuelo y libertad, tuve a bien acordar últimamente el establecimiento de la Paz con el Rey de Francia que se concluyó en Rastatt, el día 6 del presente, sobre la indisputable condición de conservar mi justicia, derechos, acción y títulos, que como legítimo Rey de España me pertenecen … podréis aseguraros, que sucesivamente os dispensará mi clemencia, las asistencias que se hagan arbitrales en la posibilidad, hasta que facilitado vuestro bien merecido alivio, se mire con proporción la conﬁanza al curso de mi justicia.

Esta carta y otra ﬁrmada por la reina circularon por Cataluña y tuvieron «una imagen sobre el espíritu de estos pueblos que sería difícil de expresaros», aseguraba el conde de Fiennes desde Girona, al tiempo que informaba que el ministro Orry había llegado a Barcelona hacía cinco o seis días, y que se había reanudado el bombardeo contra la ciudad.⁴³ La ambigüedad del mensaje imperial, sin duda redactado por Vilana, dio pie a lo que el historiador Sanpere i Miquel caliﬁcó como el «equívoco» en que incurrieron los Comunes catalanes —fruto de la desesperación tras la defección de los aliados—, interpretando los acuerdos de paz en sentido favorable a sus intereses. Entendían que Carlos VI era reconocido como rey de España y que una vez sellada la paz con Francia, ésta retiraría su apoyo militar a Felipe V. En realidad, Carlos VI no retuvo otra cosa que el título —puramente nominal— de rey de las Españas.⁴⁴ Desde Viena, el embajador catalán, marqués de Montnegre, caliﬁcó aquel «artiﬁcio tan grosero» de «falsedad descabezada de quien misteriosamente quería hacer comprender capítulo secreto en el tratado de paz de abandonar a su nieto el cristianísimo».⁴⁵ Lo cierto es que los resistentes se agarraron a ello como a un clavo ardiendo, como demuestra el impreso Lealtad catalana, que aﬁrma:

El Rey mantiene sus derechos a la corona, como consta de la inscripción de las monedas y en el bando imperial, publicado en Viena a los 9 de julio, después de la convención al tratado de Utrecht.⁴⁶

El duque de Berwick llegó a Barcelona el 7 de julio de 1714, después de que Felipe V hubiera ﬁrmado la paz con las Provincias Unidas, tal como deseaba Luis XIV, acuerdo que se materializó el 26 de junio. Las instrucciones que recibió de Felipe V sobre el trato que debía dispensar a los resistentes no dejaban lugar a dudas: «se merecen ser sometidos al máximo rigor según las leyes de la guerra para que sirva de ejemplo para todos mis otros súbditos que, a semejanza suya, persisten en la rebelión». Entre las medidas que el rey deseaba aplicarles se encontraban las siguientes:

4.º Que pagarán los gastos de la guerra desde el momento de la evacuación que consiento que sean estipulados en diez millones de escudos. … 6.º Que para conservar para siempre una señal de los efectos de la rebelión todos los immuebles sitos en el recinto de esta ciudad sean cargados a perpetuidad con un censo anual del dos por ciento sobre su valor. 7.º Que no se hablará más ni de privilegios ni de usajes, revocando a tal efecto el artículo de mis órdenes por el cual os había prescrito someterles a las leyes de Castilla, conveniendo con vos que es mejor reservarme la libertad de someterles a los reglamentos que considere oportunos a mis intereses.

A continuación, se refería, enfurecido, a

este pueblo rebelde que, además de resistirse a entrar bajo mi obediencia, presenta las más vivas solicitaciones en todas las cortes extranjeras para acarrearme nuevos problemas y, si pudieran, incitar a la guerra a toda Europa.

Y aludía a «la mala voluntad de las negociaciones secretas que estos rebeldes mantienen con mis enemigos».⁴⁷

Estas instrucciones junto con otras anteriores, sorprendieron al duque de Berwick, tal como dejó escrito en sus Memorias:

Aquella orden me pareció tan singular, tan poco cristiana e incluso tan contraria a los intereses de su majestad católica, que de inmediato escribí al rey su abuelo para que me hiciera llegar sus instrucciones. En su respuesta me dio libertad para que hiciese lo que creyera más conveniente.⁴⁸

Luis XIV se apresuró a encarecer a Felipe V que moderara sus impulsos y concediera a Barcelona una capitulación razonable, dejando el asunto en manos de Berwick.⁴⁹ De hecho, el general aseguraba que los sentimientos de la corte de Madrid no le extrañaron, porque Felipe V siempre se había caracterizado por su altivez, actitud que le había conducido al borde del fracaso. Consideraba que a juicio del joven rey y de sus ministros,

todos los rebeldes debían ser pasados a cuchillo; quienes no habían manifestado su repulsa contra el Archiduque debían ser tenidos por enemigos; y se consideraba que quienes apoyaban a Felipe V se limitaban a cumplir con el que era su deber, sin que por ello su majestad católica les debiera absolutamente nada.

Berwick, en una reﬂexión que resulta muy esclarecedora, barruntaba que

si los ministros y generales del rey de España hubiesen empleado un lenguaje más mesurado, conforme parecía reclamar la prudencia, Barcelona habría capitulado de inmediato tras la marcha de los imperiales; pero como Madrid y el duque de Populi no hablaban en público sino de horca y saqueo, las gentes montaron en cólera y desecharon cualquier esperanza. En verdad Populi sentía un odio personal y bien fundado contra los barceloneses, a causa de las ofensas que recibió su mujer cuando el Archiduque ocupó la ciudad en 1705.⁵⁰

Las palabras del militar enviado por Luis XIV aportan uno de los datos fundamentales para comprender la resistencia desesperada de Barcelona en 1714: el convencimiento de que no habría negociación posible con el rey contra el que se habían rebelado, a diferencia de lo acontecido en 1652.

EL ÚLTIMO EPISODIO DE LA RESISTENCIA

A partir de la evacuación de las tropas imperiales, el territorio catalán quedó literalmente desamparado de tropas regulares. En realidad, los únicos núcleos resistentes estables eran Barcelona, el castillo de Cardona y Mallorca. En el resto del país dominaban las tropas borbónicas, las cuales seguían desplegando una política de terror sistemática que incluía el incendio de pueblos, aunque sin llegar a controlar el territorio de forma estable, en disputa con las partidas de guerrilleros austracistas. Al ﬁnal, las poblaciones más importantes del interior de Cataluña acabaron por rendir obediencia a Felipe V. En Barcelona, los efectivos no llegaban a los 5.000 hombres y en el resto del país se contaban unos 2.000 fusileros aunque en algunos momentos esta cifra pudo aumentar signiﬁcativamente. Por su parte, el duque de Populi contaba con 25.000 soldados, incrementados, con motivo del alzamiento antiﬁscal de enero de 1714, hasta los 55.000.⁵¹

A pesar de todo, en el verano de 1713 hubo intentos para recuperar zonas del interior del país por parte de los regimientos de los generales Josep Moragues y Rafael Nebot, de los coroneles Bac de Roda, Antoni Desvalls, Armengol Amill, Antoni Vidal, Pere de Bricfeus y del capitán Carrasclet. En Montjuïc fue izado un estandarte negro con la inscripción «Muerte o nuestros privilegios conservados», y en Cardona los nuevos regimientos reclutados llevaban banderas negras con la inscripción «Viviremos libres o moriremos». Nebot y sus hombres, más de 5.000 entre los somatenes y los miquelets de la pàtria, recorrían el país proclamando que Felipe V quería convertirlos en esclavos, imponerles las instituciones castellanas y arruinarlos mediante contribuciones.

El sitio de la ciudad condal, iniciado a ﬁnales de julio de 1713, ocasionó una penuria económica cada vez más severa, agravada por la presencia de soldados desmovilizados que amenazaban el orden público. Una «Compañía de la quietud» intentaba restablecer el orden con mano férrea. Al mismo tiempo, un creciente fanatismo religioso invadía la ciudad, impulsado por el vicario general Josep Rifós, que convirtió la defensa en la causa de la fe. Proliferaban las procesiones, los actos colectivos de penitencia, las prédicas en lugares públicos y se daba crédito a las predicciones de penitentes que auguraban que Cataluña no quedaría bajo el dominio de Felipe V. El conseller en cap Rafael Casanova se mostró reticente ante este tipo de manifestaciones así como ante la enorme inﬂuencia de «las beatas y gente de virtud».⁵² El propio Voltaire, en Le siècle de Louis XIV, sin dejar de expresar su admiración por «el amor extremo por la libertad» de los catalanes y la resistencia heroica de Barcelona, se mostró crítico con este arrebato de irracionalidad que se apoderó de la ciudad.⁵³

La fractura social que conllevó la decisión de resistir tuvo como corolario el abandono de la ciudad por parte de diversos nobles, burgueses y canónigos, muchos de los cuales se dirigieron a Mataró, que ya se encontraba bajo control borbónico. Allí, un grupo de 40 nobles constituido en «Cuerpo de la nobleza», se atribuyó la representación del estamento y prestó obediencia a Felipe V denostando a los resistentes por tomar una decisión que era «reservada a los monarcas» e inducir a la plebe a «emprender ciegamente una resolución tan abominable».⁵⁴ También se juntaron en Mataró la mayoría de los canónigos del cabildo de la catedral de Barcelona, que decidieron no sumarse al acuerdo de la Junta de Brazos, y reconocieron la soberanía de Felipe V.⁵⁵ En aquel momento tan avanzado de la guerra, cabe caliﬁcar la actitud de unos y otros más de posibilista que de partidaria del felipismo, ya que esperaban alcanzar algún tipo de acuerdo con los militares borbónicos, aunque en realidad mediaban pocas posibilidades para la negociación. Algunos colaboraron abiertamente con los felipistas, como Pau Dalmases, padre del embajador en Londres, que mediante su yerno felipista, Josep de Josa, pasaba al duque de Populi la correspondencia que su hijo enviaba al Consell de Cent.⁵⁶ La defección de destacadas ciudades austracistas, como Vic y Valls, constituye una muestra evidente del desánimo y de la división en aquellos momentos.

En agosto de 1713 tuvo lugar el penúltimo intento relevante para romper el cerco borbónico de Barcelona. El diputado militar Antoni Francesc de Berenguer y el general Nebot, al frente de 1.000 soldados de caballería y 500 de infantería, se embarcaron en dirección a Arenys de Mar y desde allí recorrieron diversas comarcas, siempre con las tropas borbónicas y los fusileros felipistas pisándoles los talones y castigando con furia a las poblaciones que acogían a los resistentes. A ﬁnales de septiembre, la Diputació daba por fracasada la expedición y lamentaba la violenta represión que había desencadenado: Manresa, Vilassar, Terrassa, Teià, Viladrau, entre otras poblaciones, fueron incendiadas.⁵⁷ El marqués de Lede aporta un buen ejemplo del afán vengativo que impregnaba la acción de los militares borbónicos cuando, al dirigirse a Grimaldo para saber qué debía hacer con 250 prisioneros, le decía: «Ya veo que todos ellos merecen la horca pero son muchos para hacerlos ahorcar a todos».⁵⁸ En el caso de Manresa, el propio duque de Populi admitía que el castigo «había sido mayor de lo que se había resuelto, que era la que quemasen sólo veintiuna casas de los rebeldes ausentes y más culpados», ya que el fuego consumió «casi la mitad de la ciudad».⁵⁹ Inevitablemente, se produjo la desbandada de estos efectivos, seguida del arresto de Berenguer y Nebot por la Junta de Gobierno de Barcelona, que consideró que su actuación había sido poco valerosa. Un contemporáneo, Francesc Bellsolell, habla en su dietario, de la «traición reconcentrada» de Nebot, por no enfrentarse al enemigo, y condena las «grandes atrocidades» y abusos que su compañía perpetró entre la población.⁶⁰

A principios de 1714, las esperanzas de que la situación diera un vuelco a favor de los resistentes eran casi nulas. La desproporción entre los efectivos de las tropas ocupantes, unos 55.000 hombres, y la de los resistentes, cuya principal fuerza la constituía la Coronela, aparte de los somatenes movilizados por la Diputació, era abismal. Ello no obstante, a ﬁnales de enero se produjo un amplio alzamiento popular en diversas comarcas, con contingentes no superiores a los 5.000 hombres, al grito de Visca la pàtria! y Via fora lladres! («¡Fuera los ladrones!») y de rechazo a la contribución exorbitante impuesta por el ministo Jean Orry, las quincenadas. El alzamiento pilló por sorpresa a los borbónicos, hasta tal punto que tuvieron diﬁcultades para controlarlo, a pesar de que fue un movimiento no coordinado con Barcelona y sin una dirección clara. «No ha habido rincón en el Principado libre de los rumores sediciosos, por el que al querer apagarse en unas partes el fuego, se vuelve a encender en otras con mayor voracidad» relataba Populi el 11 de enero, al tiempo que advertía del «grave peligro que hay en exponer destacamentos pequeños a la tumultuaria muchedumbre que brota impensadamente en un país tan amotinado como populoso».⁶¹ Una nueva oleada represiva, mediante ejecuciones masivas —800 personas en Sant Quintí de Mediona, por ejemplo— e incendios de poblaciones, se abatió sobre Balsareny, Torelló, Peramola, Prats de Lluçanès, Oristà, Sant Feliu Sasserra y Sallent entre otros pueblos.⁶² El duque de Populi se jactaba de que Arbúcies se «quemó tan enteramente que sólo la iglesia se reservó del universal incendio, para que sirviese este castigo de padrón memorable a la posteridad y al escarmiento».⁶³ Mediante esta política intimidatoria, con la consigna dada a los oﬁciales de «pasar a cuchillo» a los resistentes, el duque pretendía desmovilizarlos deﬁnitivamente. De hecho, consiguió su propósito no sin que se produjesen acciones de revancha brutales por parte de partidas de austracistas, como las que tuvieron lugar en Oristà y en Balsareny, con 700 y 500 soldados borbónicos degollados, respectivamente.⁶⁴ El 1 de febrero podía darse por ﬁniquitado el alzamiento, aunque persistieron algunos brotes protagonizados por contingentes que oscilaban entre 1.000 y 4.000 hombres que, de forma dispersa, siguieron incomodando a las tropas borbónicas.

Mientras tanto, en Barcelona surgió un conﬂicto que se había ido larvando desde el mes de julio de 1713. Se trataba del tour de force protagonizado por el Consell de Cent, la Diputació y la dirección militar que recaía en Antonio Villarroel, en torno a la disputa por el gobierno y la toma de decisiones de carácter militar. El 26 de febrero de 1714, la Diputació cedió el mando, de forma interina, al Consell de Cent barcelonés con la reserva de que en la toma de decisiones sobre los asuntos más relevantes intervendrían también los diputados y el presidente del brazo militar. De hecho, la Diputació, desde hacía medio año, además de estar enormemente endeudada, ya no controlaba el territorio catalán y no disponía de mecanismos para recaudar dinero y movilizar soldados. En cambio, el Consell de Cent, con su Coronela, cobró un gran protagonismo a partir del momento en que Barcelona pasó a ser el último reducto austracista (junto con Mallorca y Cardona). De este modo el Consell de Cent tomó las riendas de la defensa y se creó una Junta consultiva nombrada por la Diputació y el brazo militar. La renuncia de la Diputació reﬂejaba, al mismo tiempo, la composición social marcadamente popular de la Barcelona resistente, ya que como hemos tenido ocasión de ver, buena parte de la nobleza y de la jerarquía eclesiástica, así como algunos comerciantes, habían abandonado la ciudad, facilitando que la opción radical se adueñara de ella.

En el mes de abril, la artillería borbónica empezó el bombardeo de Barcelona, implacable y continuo, hasta su rendición. En verano, la falta de trigo y de todo tipo de productos básicos condenó a la miseria a los sitiados. Mientras, algunas partidas de voluntarios, formadas por unos 4.000 hombres, a las órdenes de los coroneles Ermengol Amill, Francesc Busquets y Pere Brichfeus, del marqués de Poal y del general Moragues, actuando principalmente en la Cataluña central, intentaron en vano romper el cerco de Barcelona. A estas acciones respondieron los militares borbónicos con nuevos episodios de represión y mediante la aplicación del «diezmo de horca», la ejecución de una décima parte de los detenidos, y el envío de prisioneros a las galeras. Con la llegada del duque de Berwick, en julio de 1714, la desproporción entre los dos bandos aún era más abismal: 47.000 soldados borbónicos se hallaban repartidos por el territorio catalán y unos 39.000 más bloqueaban Barcelona, enfrentados a unos 5.400 resistentes en la ciudad, donde destacaban por su protagonismo las mujeres.⁶⁵ De estos resistentes, 3.500 formaban parte de las compañías de los gremios, la Coronela, bajo las órdenes del general Antonio Villarroel y del conseller en cap Rafael Casanova, mientras que el resto eran soldados de regimientos de infantería y de caballería (entre ellos, algunos valencianos, aragoneses y castellanos). En el resto del territorio, las partidas de resistentes, formadas por fusileros de montaña (en total no superaban los 12.000 o 13.000 hombres), aún realizaron algunas tentativas de aproximación a Barcelona, después de que el marqués de Poal hubiera inﬂigido en Talamanca, el 14 de agosto, una derrota a las tropas borbónicas.⁶⁶ El bloqueo por mar impuesto por Berwick hacía sentir sus efectos de forma dramática entre los sitiados hasta el punto de que no disponían de alimentos ni de medios para luchar (en los cañones mezclaban piedras y pólvora). Hasta entonces, los resistentes se habían abastecido gracias a las barcas que transportaban alimentos de Mallorca, Cerdeña, Génova y el norte de África. El bombardeo fue implacable: durante el asedio la ciudad recibió más de 40.000 bombas que tuvieron efectos devastadores. Una tercera parte de los ediﬁcios de la ciudad quedaron destruidos, especialmente en el barrio de la Ribera.

El 3 de septiembre, Berwick dio un ultimátum a los resistentes, pero la Junta General de Gobierno decidió proseguir la lucha. El ataque ﬁnal se produjo durante la madrugada del 10 al 11 de septiembre, dando pie a un combate cuerpo a cuerpo en las calles y en las casas próximas a la muralla. El baluarte de Sant Pere fue reconquistado once veces por los resistentes. Finalmente, el conseller Rafael Casanova cayó herido y cedió la bandera de Santa Eulàlia, patrona de la ciudad, a Joan de Lanuza, conde de Plasencia. A las dos de la tarde, el comandante Villarroel, también herido, decidió capitular.⁶⁷ El número de bajas, entre muertos y heridos de guerra desde el mes de julio de 1713, fue de 7.000, mientras que los borbónicos perdieron más de 10.000 hombres. Barcelona había resistido sesenta y un días con la muralla abierta, aﬁrmaba sorprendido Berwick subrayando la obstinación de sus moradores.⁶⁸

Cuando los resistentes pidieron parlamentar para acordar las condiciones de la capitulación, el duque de Berwick respondió que había pasado el tiempo de hacerlo, «que habíamos entrado en la ciudad y podíamos si queríamos pasarlos todos a cuchillo». La única opción que les quedaba era someterse a la obediencia del rey e implorar su clemencia.⁶⁹ El 13 de septiembre, las tropas borbónicas entraban en Barcelona. Cardona, defendida por el gobernador Manuel Desvalls, capituló el día 18. Desvalls consiguió que los resistentes del castillo fueran considerados soldados imperiales ya que no recibieron órdenes de Starhemberg de abandonarlo.

Rendida Barcelona, Torcy describió a Bolingbroke un cuadro casi idílico del estado de la ciudad: «no ha habido derramamiento de sangre, la ciudad no ha sido saqueada y los habitantes permanecen en tranquila posesión de su casa y bienes; solo han cambiado los magistrados». En cambio, las pérdidas de las tropas de Francia durante el sitio ascendían a 12.000 hombres.⁷⁰ Con el objeto de tranquilizar la conciencia de la corte británica, Prior escribió que Luis XIV había sugerido a su nieto que no debía ser severo con los catalanes y tampoco con los mallorquines cuando quedaran bajo su dominio.⁷¹ No era exactamente del mismo tono la descripción que proporcionaba un felipista:

Las mujeres se retiraron a los conventos. Vencida la plebe, arruinada la tenían los vencedores. No se defendían ya, ni pedían cuartel. Morían a manos del furor de los franceses; prohibió este rigor Berwick, porque algunos hombres principales que se habían retirado a la casa del magistrado de la ciudad pusieron bandera blanca. El duque mandó suspender las armas manteniendo en lugar las tropas y admitió el coloquio. En este tiempo salió una voz (de quién, se ignora) que decía en tono imperioso: Mata y quema. Soltó el ímpetu de ira el exército, manaron las calles sangre hasta que con indignación le atajó el duque.⁷²

Mallorca e Ibiza no pasaron a la obediencia borbónica hasta el mes de julio de 1715. Hasta entonces, permanecieron bajo control austracista a las órdenes del virrey, marqués de Rubí, con apoyo imperial y con la presencia de algunos catalanes. A partir de la ocupación de Barcelona, Mallorca focalizó la atención de las potencias europeas. Un incidente que tuvo lugar es signiﬁcativo de la tensión vivida en las Baleares, mientras duraba el compás de espera del desenlace de la guerra: un francés llamado Rougeau se dirigió a la casa consistorial de la villa de Maó y se indignó al ver en lugar destacado el retrato de Carlos III con la inscripción de «Rey de España». Se quejó al gobernador que le espetó que pondría en su lugar el retrato de la reina de Gran Bretaña. Pero el francés no se dio por satisfecho e insistió en reclamar el retrato de Felipe V.⁷³

Poco antes, Peterborough notiﬁcó a Iberville que los mallorquines habían pedido protección al rey de Gran Bretaña «no pudiendo asumir de ningún modo sufrir la esclavitud de los españoles y considerándose siempre como súbditos del emperador».⁷⁴ Prior, por su parte, decía estar informado de que Felipe V ofrecería condiciones razonables a los mallorquines para que capitularan, y notiﬁcaba que la corte francesa culpaba a los británicos de haber inducido a los mallorquines a librarse al Reino Unido. Rápidamente replicó a Torcy: «que yo haya ofrecido a los mallorquines entregarse a Inglaterra, o que el rey les acogería en caso que decidieran entregarse, es una fábula sin fundamento alguno», ante cuya aﬁrmación el ministro francés respondió diplomáticamente que la corona de Francia no albergaba ninguna duda al respecto.⁷⁵

En mayo de 1715, ante la amenaza inminente de ocupación por parte de las tropas borbónicas, Juan Amor de Soria, emisario del emperador, se desplazó a París para negociar con el secretario de Estado Torcy y en aquella ocasión reiteró la demanda de las libertades de la Corona de Aragón.⁷⁶ Beneﬁciándose de la pasividad de los británicos, ahora con los whigs en el gobierno, los ejercitos francés y español ocuparon la isla, que capituló el 2 de julio.⁷⁷

Capítulo 12

EL «CASO DE LOS CATALANES»

LAS GESTIONES DE LA REINA ANA

Una vez analizados el escenario internacional y las conversaciones que alumbraron los tratados de paz, es hora de centrarnos en el «caso de los catalanes», que alcanzó un protagonismo de primer orden en las negociaciones entre el Reino Unido y los gobiernos de Felipe V y de Luis XIV. Sin lugar a dudas, constituyó uno de los escollos más difíciles de superar en la resolución del rompecabezas que había de conducir a la paz general. Prueba de ello es la alusión recurrente al tema en la correspondencia que se intercambiaron Luis XIV y Felipe V. Pero, además, se convirtió en uno de los principales obstáculos para la materialización de la paz entre Carlos VI y Felipe V. El tema nos remite a una cuestión planteada por Linda y Marsha Frey: a pesar de que los acuerdos de paz reforzaron la ilusión de la unanimidad entre los aliados, la realidad es que se consumó el cínico abandono de los británicos hacia los confederados, operación que los ministros del Imperio consideraron abominable.¹

Durante el tiempo que duraron las conversaciones de paz los embajadores catalanes de los Comunes —en 1712, Francesc Berardo, marqués de Montnegre, enviado por la Diputació a Viena; en marzo de 1713, Pau Ignasi de Dalmases, enviado por el Consell de Cent a Londres, y Felip Ferran de Sacirera, enviado por el brazo militar a La Haya; en agosto de 1714, Joan Llinàs, enviado a Viena—, tuvieron que hacer frente a serios obstáculos para poder exponer directamente sus argumentos a los aliados. En realidad no fueron reconocidos oﬁcialmente. De hecho, los embajadores de Felipe V (el marqués de Monteleón, el duque de Osuna y el conde Bergeick) no tuvieron mejor suerte hasta que fue ﬁrmada la paz, ya que siempre se vieron supeditados a los dictados de Luis XIV, cosa que indignó a Felipe V.² Aun así, el marqués de Montnegre fue recibido por Carlos VI el 8 de febrero de 1713 y, de nuevo, el 15 de noviembre, con la presencia, esta vez, de la reina.³ También fue recibido por la reina Ana de Inglaterra, el 4 de mayo de aquel mismo año, si bien a título individual, acompañado, entre otros, de Peterborough, Stanhope y Crowe.⁴ Asimismo la reina concedió audiencia al marqués de Dalmases, el 28 de junio de 1713.⁵

En el contexto de las negociaciones de Utrecht, el 1 de septiembre de 1712, el secretario de Estado británico, barón de Darmouth, enviaba instrucciones a Lexington, el embajador en Madrid, para que solicitara una amnistía general para todos los seguidores de la Casa de Austria en España, y especialmente para los catalanes, los cuales, además, debían conservar sus privilegios.⁶ Pocos días después, el ministro de asuntos exteriores Bolingbroke, era informado por los plenipotenciarios británicos en Utrecht de que el conde de Sinzendorf se mostraba muy aﬂigido por el abandono de los catalanes y de los españoles que habían dado apoyo a Carlos de Austria, a pesar de haberlos incitado a la rebelión.⁷

La corte de Madrid respondió a Lexington que aquella amnistía no debía incluirse en el tratado, sino en la paz general.⁸ Darmouth reiteró al embajador, el 7 de noviembre, que persistiera en la demanda de las libertades de que disfrutaban los catalanes a la muerte de Carlos II, añadiendo que la reina era del parecer de que no había que retroceder en este punto. Le aportó, al mismo tiempo, un nuevo argumento que podía esgrimir ante Felipe V: el propio interés de la corte de Madrid, ya que si los catalanes llegaban a constituirse en república, el hecho tendría un impacto importante en el mundo.⁹ Por aquellas fechas, la idea de una posible alternativa republicana ya había sido formulada por el embajador Montenegre y por el representante imperial Hoffman. Sabemos que Bolingbroke la había rechazado, por considerarla inviable y desestabilizadora.¹⁰ Lexington tuvo ocasión de exponer sus argumentos durante dos audiencias que le concedieron los reyes en un día. A continuación informó al duque de Shrewsbury que creía que podía convencerlos pero que fracasó en su empeño, ya que ambos exclamaron: «estad seguro que encontrareis todas las facilidades justas y razonables pero por esos canallas, esos sinvergüenzas, el rey no otorgará jamás sus privilegios, pues no sería rey si lo hiciera, y esperamos que la reina no nos lo quiera exigir». Felipe V apostilló: «sabemos que la paz os es tan necesaria como a nosotros y no la querréis romper por una bagatela». El embajador habló más tarde con el marqués de Bedmar, que le expresó que ya había cumplido con su cometido y que no esperara otra respuesta por parte de los reyes.¹¹

A ﬁnales de enero de 1713, el marqués de Bonnac, enviado francés a España, daba cuenta al rey de Francia de que el conde de Lexington

había insistido vivamente a Su Majestad Católica para convencerla de que otorgara a los catalanes la conservación de sus privilegios; pero aunque él no ha regateado esfuerzos y ha mantenido largas conversaciones sobre ese tema con la princesa de los Ursinos, me parece que el rey de España continúa ﬁrme en ese punto.¹²

Al cabo de pocos días, informaba que Lexington le había pedido el apoyo en las demandas a favor de los catalanes y que le respondió que cuando él sugirió a Felipe V que

a instancias de Inglaterra publicase una amnistía para Cataluña en la que se prometiese el mantenimiento de sus privilegios, el rey de España sospechó que este plan procedía del rey de Francia quien, con la intención de hacerse imprescindible en España después de la paz, deseaba, por su propio interés, que los privilegios catalanes fuesen conﬁrmados.

En consecuencia, el enviado francés temía que cualquier gestión que llevara a cabo podía agravar la maniﬁesta desconﬁanza de Felipe V hacia su abuelo. De hecho pudo constatar que para Felipe V se trataba de una cuestión personal, de protagonismo y de envidia hacia el rey de Francia. Bonnac estaba convencido de «que ni en caso de extrema necesidad el rey de España accedería a lo que Inglaterra quiere exigir de él a favor de los catalanes».¹³ Lo cierto es que Lexington fracasó en su empeño al cabo de largas audiencias con el rey y la reina.

Entre tanto, ¿cuál fue, la postura del embajador Monteleón en Utrecht? En relación con el proyecto de evacuación de Cataluña presentado por el conde de Sinzendorf rechazó el artículo 9 que rezaba: «La Provincia de Cataluña gozará de sus antiguos privilegios», cambiándolo por: «Se acuerda el perdón de los catalanes a petición de S. Mag. Británica».¹⁴ En respuesta a las instancias del conde de Dartmouth a favor de los privilegios catalanes, respondió que la intención de Felipe V era limitarse a la concesión de la amnistía, «porque en lo tocante a los privilegios que los reyes, por pura bondad, otorgaron a los catalanes, se han hecho indignos de ellos por su mala conducta».¹⁵

A pesar de ello, Dartmouth no se rindió e hizo saber a Lexington que la reina Ana estaba sorprendida por la negativa de Felipe V a atender a sus peticiones, y que, por motivos de honor y de conciencia, se sentía obligada a reclamar todos los derechos de que gozaban los catalanes cuando les incitaron a ponerse bajo el dominio de la Casa de Austria. En consecuencia, le instaba a perseverar con ﬁrmeza en que el concepto de amnistía incluyera estos derechos y que hiciera ver a Felipe V que no tenía sentido pensar que una vez restablecidos, los catalanes le seguirían siendo inﬁeles. Había que considerar, añadía, que en caso de que rechazaran tales derechos nadie podía prever los efectos que aquella decisión reportaría, fruto de la rabia y de la desesperación de los catalanes.¹⁶ Al cabo de cuatro días, Dartmouth volvía a la carga: aseguraba a Lexington que los franceses habían dado su apoyo a la petición de pleno restablecimiento de las libertades de los catalanes y apostillaba que si Felipe V reiteraba que aquel asunto era una bagatela, le espetara que la reina estaba realmente preocupada por aquel pueblo y que deseaba una paz con honor y justicia, y no otro resultado inconsistente.¹⁷ En dos cartas consecutivas, Lexington informó que trabajaba para obtener «algunos privilegios razonables que no amenazan en modo alguno la autoridad real» pero que a pesar de todas las instancias posibles en la corte de Felipe V, a diferencia del tema del asiento de negros, se habían mostrado inﬂexibles.¹⁸ En efecto, cuando el embajador británico apeló al citado artículo del tratado de evacuación, la respuesta de la corte de Madrid fue tajante: «No conviene Su Majestad en este artículo, viniendo solamente en conceder a los catalanes una amnistía y perdón».¹⁹

Lexington, obligado por las instrucciones de sus superiores y, cabe decirlo, sin el menor convencimiento, acometió nuevas diligencias en Madrid. Primero, con Bedmar, ante el cual se justiﬁcó de este modo:

Me siento obligado por órdenes precisas que acabo de recibir de parte de la reina, mi señora, a renovar mis instancias a favor de los catalanes … me disgusta tener que comunicar despachos que sé que van contra los sentimientos del rey pero debo cumplir con mi deber.

Después ante el rey, a quien dejó claro que le apremiaban a reiterar las demandas a favor de los catalanes.²⁰ Acto seguido, rindió cuentas a Londres asegurando que había protestado de la forma más enérgica posible y que había sostenido que la reina tenía plena libertad para rehusar la decisión de Felipe V sobre los privilegios de los catalanes. Para justiﬁcar el triste balance, en aquel asunto, de su labor en Madrid, esgrimió que había recibido muchos reproches por parte del rey y de la reina de España, así como de los ministros, por haberse mostrado excesivamente inclinado a la Casa de Austria, a causa de su anterior y larga estancia en Viena, y que le habían censurado que «a veces, cuando argumento vivamente a favor de los fueros, hablo como un republicano».²¹ En suma, los intentos de Lexington —a la postre, poca cosa más que gestiones e instancias, falta de energía, como hizo notar Ferran Soldevila, ya que las decisiones había sido tomadas de antemano—, a las que se sumó, hasta cierto punto, un Luis XIV deseoso de poner ﬁn a aquella larga y ruinosa guerra, chocaron frontalmente con la intransigencia del joven rey ante la cual claudicó, ﬁnalmente, el ministro Bolingbroke.²² Ahora bien, puestos a realizar un balance de la mediación británica, no debemos olvidar que las instrucciones que Felipe V había enviado a sus embajadores en Utrecht, no dejaban margen de maniobra posible:

En cuanto a España conviene tener presente como punto de suma importancia que de ninguna manera se den oídos a propósito de pacto que mire a que los catalanes se les conserven sus pretendidos fueros, pues sobre ser tan indignos de ellos aunque fuesen sólo los que tenían en tiempo del Rey Dn. Carlos Segundo mi tío (puesto que las dos últimas Cortes que han concluido los deja más Repúblicos que el Parlamento alusivo a Ingleses), no es de conveniencia ni decoro que la Paz General salga garante de tan vergonzante condición ni que por ella quedase la habitual propensión de los catalanes a la rebelión, con amarras y permitido recurso a los coligados enemigos.²³

Efectivamente, el marqués de Bedmar, intentando zanjar el tema, expresó a Lexington que ya habían debatido largamente sobre los privilegios de los catalanes en el tratado que ambos habían ﬁrmado en Madrid, que Felipe V ya no quería hablar más del asunto y que esperaba que la reina Ana llegara a entender que la conservación de aquellos privilegios podía poner en peligro la tranquilidad de la monarquía de España.²⁴

Bolingbroke también deseaba poner punto ﬁnal a aquella enojosa cuestión, tal como se desprende de la carta que envió a los plenipotenciarios británicos en Utrecht, ilustrativa de la actitud ﬁnal de los tories en relación con el tema. En ella, después de constatar el encono que le suscitó a Felipe V la propuesta de respetar las libertades catalanas, sostenía que la reina ya había cumplido honorablemente con sus obligaciones, a pesar de que los resultados no se correspondieran con las expectativas mantenidas. Añadía que los ministros españoles se habían negado a aprobar la fórmula de garantizar los Privilegia omnia, tal como sugirieron los británicos inicialmente, así como una fórmula más restrictiva de Privilegia antiqua, que propusieron más tarde. Por todo ello, consideraba que la reina debía darse por satisfecha de que el artículo XIII del tratado de paz entre Gran Bretaña y Felipe V (que acordaron Bedmar y Lexington en Madrid el 27 de marzo de 1713 y que fue ﬁrmado el 13 de julio), garantizara la vida y los bienes de los catalanes y les concediera «todos aquellos privilegios que poseen los habitantes de las dos Castillas».²⁵ A ﬁn de cuentas, Bolingroke entendía que

los privilegios de los catalanes convienen a aquellas gentes que pretenden liberarse de toda dependencia de su príncipe y vivir con las armas en las manos; en cambio, los privilegios de Castilla son mucho más valiosos para aquellos que tratan de vivir en la debida sujeción a la autoridad.

Máxime, opinaba, cuando dichos derechos incluían el disfrute del comercio americano y la participación en cargos de la monarquía.²⁶ Ésta era, en síntesis, la conclusión del autor de Idea of a Patriot King (1749) al sentenciar el «caso de los catalanes» y mostrarse mucho más interesado por la concesión de un principado para la princesa de los Ursinos, de acuerdo con Felipe V.

En realidad, el concepto de «Privilegios antiguos» surgió de la necesidad de satisfacer la petición del duque de Monteleón de que la reina Ana matizara la demanda al objeto de que no pusiera en tela de juicio la autoridad regia. Así es como convinieron en usar «la palabra general de Privilegios antiguos y con la secreta inteligencia de poderlos el rey interpretar de las paces como quisiere». Sin embargo, Felipe V no cedió ni un ápice en ese punto:

en cuanto a los fueros de los catalanes, no viene ni vendrá S. M. nunca, no sólo en concederlos, pero ni aún en admitir ni convenir a que se ponga palabra ni expresión que aluda a ellos, ni les deje ninguna aventura ni esperanza.²⁷

En aquel brete Bolingbroke le escribió a Monteleón que sería triste que la negociación encallara «por bagatelas», como el «caso de los catalanes» y el respeto a la religión católica en Menorca y Gibraltar. Por lo tanto, decía, esperaba «hacer aprobar el artículo referido a los catalanes mediante la argucia que vos y yo hemos convenido».²⁸ ¿A qué se refería? Monteleón lo aclaraba sin eufemismos en una carta enviada a Madrid en la que explicaba las largas negociaciones con Bolingbroke en torno a los tres últimos escollos para el acuerdo, una vez acordado el tema del asiento de negros: el reconocimiento de la religión católica en Menorca y Gibraltar; la exclusión del comercio con los moros y los privilegios de los catalanes. Los dos primeros fueron considerados innegociables por los británicos, mientras que acabaron cediendo en relación con los privilegios catalanes. Monteleón lo explica:

Yo sabía que la intención de S. M. Británica y de sus ministros era de salvar en apariencia el honor de la Reina y dexar después a S. M. Católica en sustancia la libertad de sujetar como quisiere los catalanes … era menester discurrir algún expediente en el cual se salvase en apariencia el empeño de S. M. Británica y no se perjudicase a las intenciones del Rey de España de establecer en España con una ley para todos la quietud de todos sus reinos.

Por lo tanto, expuso al ministro británico las razones por las que Felipe V no podía admitir palabra alguna sobre la concesión de fueros y privilegios. En consecuencia, sugirió arrinconar incluso

el término equívoco de Privilegios antiguos y últimamente propuse sobre este artículo que el Rey podría además de la vida, bienes y honores acordados en el perdón general, dejar a la Cataluña sus leyes municipales por lo que toca a lo civil, la exclusión de fueros y privilegios que responden a la soberanía y regalía, tratando los catalanes sobre el mismo pie que hoy día S. M. ha puesto y trata a los aragoneses y valencianos, resultando por otra parte a los catalanes de entrar a gozar todos los privilegios que hoy día gozan los castellanos, de todo lo cual hizo milord Bolingbroke una distinta memoria para informar a la reina y hacer todo su posible de vencer esta diﬁcultad.²⁹

Al cabo de pocos días, Dartmouth ponía en conocimiento de Lexington que ya se había ajustado el tratado con España. Concluía que «el artículo relativo a los catalanes se redactó en los términos suaves que permitió el honor de la reina».³⁰

El conde de la Corzana, uno de los plenipotenciarios del emperador, manifestó abiertamente su rechazo a aquel acuerdo, fruto, a su juicio, de «la violencia y mala fe del ministerio inglés». Un acuerdo

tan indecoroso que el tiempo no borrará el sacriﬁcio que el ministerio inglés hace de la España y singularmente de la Corona de Aragón, y más en particular de la Cataluña, a quienes la Inglaterra ha dado tantas seguridades de sostenerles y ampararles … dejando a discreción la familia de los Borbones la tierra más aliada y distinguida por la causa común.

Todo ello, sentenciaba Corzana, a cambio del «opio del Perú y Potosí que de presente ha adormecido al ministerio inglés para sacriﬁcar los intereses de sus aliados».³¹ Lo cierto es que el documento anterior del tratado de evacuación de Cataluña contenía dos referencias inequívocas ﬁnalmente ignoradas: la primera, una «amnistía general y un olvido perpetuo de todo lo que han hecho [los catalanes y habitantes de las Islas Baleares] durante la guerra» y la segunda, a instancias de la demanda realizada por los ministros imperiales, el reconocimiento de los privilegios de los catalanes, mallorquines e ibicencos, que los representantes franceses trasladaban a la paz general, mientras que los ingleses reiteraban su voluntad de que fueran respetados. El acuerdo dejaba constancia de que los ministros imperiales accedían a trasladar el asunto a la conclusión de la paz, en la medida que Francia declaraba que concurriría al mismo ﬁn propuesto por los británicos.³²

La falacia del referido artículo XIII la denunció al cabo de unos meses el impreso Crisol de ﬁdelidad:

disponerse por generosa equidad y relevante favor, que los privilegios y prerrogativas de Cataluña sean como los de los castellanos es lo mismo que concederles una cosa apócrifa y un fantasma por realidad.³³

El embajador Pau Ignasi de Dalmases, después de recabar información sobre el acuerdo emprendió intensas gestiones en Londres apoyado por Mitford Crowe, Diego Stanhope, Peterborough y su ayudante de cámara Duhamel. Stanhope intentó disuadirle de ello al estar ya cerrados los capítulos de paz. Peterborough no se mostró más optimista: «manifestó mucho su gran amor y celo por Cataluña; que haría lo que podría, pero que el estado en que se hallaba no podía nada». A pesar de ello le ayudó a preparar la estrategia, que consistía en presentar una súplica a las dos Cámaras del Parlamento después de exponerla a la reina Ana. La memoria suplicaba que

por todos los medios posibles procurase que Cataluña tuviese todos los privilegios y se le conservasen todas las libertades, leyes y excepciones que hasta hoy había gozado y hoy en día estaba gozando; a vista de haber seguido aquel país lo mismo que aprobó, fomentó, empezó y siguió la Inglaterra … En atención a la mayor gloria de S. M. y de la nación; en atención a los ofrecimientos hechos a Cataluña de no desampararla por sus generales y almirantes. Y en ﬁn, en consideración de que siendo este país tan libre y tan amante de la libertad debía proteger otro país, que por sus prerrogativas podría llamarse libre, el cual solicitaba su protección y amparo, añadiendo que las leyes, privilegios y libertades son en todo parecidas y casi iguales a las de Inglaterra.³⁴

La tarde del 28 de junio de 1713 pudo expresar de palabra aquellas ideas, durante un cuarto de hora, traducidas por Peterborough. La reina, según relata Dalmases, le respondió que

había hecho lo que había podido por Cataluña y que lo haría aún, procurando por todos los medios posibles la seguridad y el cumplimiento de todo lo que se le había ofrecido y había obtenido por nuestra patria expresándome que todo lo que había hecho y hacía era de todo su corazón y del mucho amor y voluntad que nos tenía.³⁵

Como el general británico perseveraba en que los privilegios catalanes habían sido reconocidos, Dalmases buscó una copia de los acuerdos de paz y, en concreto, del artículo XIII del tratado de paz entre Gran Bretaña y Felipe V. Se reunió de nuevo con Peterborough para demostrarle que el citado artículo conﬁrmaba justo lo contrario de lo que le habían prometido y pidió tener otra audiencia con la reina para exponerle «la oposición y repugnancia de Cataluña a admitir las leyes de Castilla». El general se excusó alegando que había conﬁado en la palabra que le habían dado los ministros y admitió que había sido objeto de un engaño. Acto seguido, el embajador catalán se reunió de nuevo con Stanhope y éste le aconsejó que el único recurso que le quedaba era que Peterborough procurase que la reina diera instrucciones a los plenipotenciarios en Utrecht para que no aprobaran los acuerdos «sin obtener el seguro establecimiento de la libertad y privilegios de Cataluña», si bien dudaba que aquella gestión llegara a prosperar.³⁶ El 30 de agosto Dalmases libró una memoria a Peterborough en la que planteaba que en cumplimiento de los tratados de evacuación, los habitantes de la Corona de Aragón debían ser protegidos por la reina para que conservaran sus libertades y obtuvieran una amnistía, cosa que en el caso de Cataluña signiﬁcaba respetar lo acordado en las Cortes de 1701-1702, aunque introducía el matiz de que podían exceptuarse algunos artículos que no fueran «razonables».³⁷ Bolingbroke consideró que era «un buen plan llegar a un acuerdo razonable con esta gente tan turbulenta».³⁸

La sensación de impotencia y de amargura que embargó a los embajadores catalanes, así como la clara conciencia del abandono por parte de los británicos, constituye un factor omnipresente en la correspondencia que enviaban a las instituciones de gobierno que representaban. Dalmases, a pesar de constatar la buena predisposición de algunos como Peterborough, era escéptico con los británicos: «Este gobierno a lo menos no creo piense en que de la libertad o esclavitud de Cataluña se le pueda seguir el menor provecho, ni el más leve daño … a negocio hecho hay poca o ninguna enmienda».³⁹ Por su parte, el marqués de Montnegre, en Viena, tuvo que lidiar con Vilana Perlas, marqués de Rialp, de cuya Secretaría emanaban las directrices de la política relacionada con Cataluña, sin que le dejara el menor margen de maniobra.⁴⁰ Castellví conﬁrmaba que «es cierto que el intrínseco del secreto y correspondencia corría por el canal de Rialp a su cuñado Verneda» (que Rialp había enviado a Barcelona).⁴¹ Sea como fuere, las instituciones catalanas y sus embajadores sabían que, en última instancia y a pesar de todas las críticas posibles, Ramon de Vilana Perlas era su mejor valedor, como demuestra una carta escrita desde Viena, reproducida por Castellví:

De socorros y alivios para Barcelona no se habla; sólo veo que cada uno mira por sí. Dios quiera que Perlas [marqués de Rialp] se acuerde de lo que debe a su patria, pues es de los que pueden más, por estar más cercano al rey.⁴²

El comentario nos ilustra acerca de cuál era el circuito de la toma de decisiones relacionadas con Cataluña, a pesar de los condicionantes derivados de los acuerdos de paz y del viraje de los británicos.

Una vez ﬁrmado el tratado, la actitud de Lexington se caracterizó por un desacomplejado colaboracionismo con el gobierno de Felipe V. Así, el 16 de agosto se dirigió al ministro Orry para recomendarle que retirara las tropas de Andalucía para encaminarlas a Cataluña «para acabar con la rebelión», al tiempo que sugería sellar la paz con Portugal.⁴³ Pocos días antes había escrito a Dartmouth para comunicarle que Orry le había pedido seis o más barcos para bloquear Barcelona, una petición que Felipe V le había formulado insistentemente. Tuvo que responder a Orry que no podían prestar barcos para exterminar un pueblo al que habían instigado a tomar las armas, y que la reina ya había hecho bastante al no insistir en la preservación de las antiguas libertades de los catalanes.⁴⁴ Patrick Lawles, agente de Felipe V en Londres, presionó a Bolingbroke para lograr este objetivo argumentando que los catalanes y mallorquines se negaban a reconocer la sujeción debida al Borbón y que además perjudicaban el comercio británico en el Mediterráneo, razón por la que creía conveniente que una escuadra los sometiera a la obediencia real y restableciera la tranquilidad necesaria para comerciar.⁴⁵ Al ﬁnal, el bloqueo británico de Barcelona por mar lo acabó efectuando el almirante Wishart el mes de abril de 1714.⁴⁶ Lexington, antes de regresar a Inglaterra, volvió a ponerse en evidencia. Envió a la Diputació de Cataluña una carta que podía haberla suscrito perfectamente Felipe V. En ella advertía que ya que no podían esperar socorro alguno, les aconsejaba rendirse y someterse a su legítimo soberano.⁴⁷

Las gestiones británicas en París tampoco cosecharon, resultados favorables a la causa de los catalanes. En octubre de 1713, el representante británico en aquella ciudad, Matthew Prior, informó que según el secretario de Estado, Torcy, Luis XIV tenía menos inﬂuencia en Madrid de la que generalmente se suponía, aunque corroboraba que el rey de Francia ya había intercedido ante Felipe V «a favor de esa pobre gente».⁴⁸ Al cabo de pocos días, Prior reiteraba que el rey de Francia estaba dispuesto a intentar aliviar a aquel «turbulento y arruinado pueblo que aún está en armas en Cataluña».⁴⁹

Pero, según Torcy, Felipe V ya les había propuesto una amnistía y la habían rechazado puesto que no incluía el reconocimiento de los privilegios.⁵⁰ El secretario de Estado era de la opinión de que, si ﬁnalmente los catalanes disfrutaban de privilegios que no tenían los castellanos, «estos últimos estarían extremadamente celosos de sus consúbditos sin poder tener ninguna conﬁanza en la nación francesa». Días más tarde, Prior hizo saber a a Bolingbroke que, al cabo de las conversaciones que había mantenido con el ministro francés, dedujo que la reclamación de los privilegios de los catalanes era «extravagante y contra toda razón y justicia» y que, por tanto, ni la reina de Gran Bretaña ni el rey de Francia debían insistir más en ello.⁵¹ Además argumentó que ahora, a diferencia de épocas anteriores, los catalanes pagaban contribuciones como el resto de los súbditos de la monarquía, al tiempo que gozaban, como los castellanos, de las ventajas de tener oﬁcios en las Indias.⁵²

De nuevo, en los preliminares de la paz de Rastatt, entre ﬁnales de 1713 y principios de 1714, el «caso de los catalanes» cobró un renovado protagonismo. Sabemos, por una parte, que Peterborough realizó vivas instancias en Francia a su favor.⁵³ Por otra parte, que el príncipe Eugenio de Saboya propuso que se garantizaran las libertades de los catalanes a cambio del reconocimiento de un principado para la princesa de los Ursinos en Limburgo. El mariscal Villars, el negociador francés, escribió a Luis XIV que el príncipe Eugenio le manifestó que Carlos VI no ﬁrmaría la paz «si el rey no garantiza a los habitantes de Cataluña sus antiguos privilegios y una amnistía completa».⁵⁴ En realidad, Daniel François Voysin, consejero real de Luis XIV, no vio con malos ojos la propuesta. De esta forma se lo comunicó a Villars:

si la señora de los Ursinos hacía de ello su negocio, creo que no sería imposible obtener la conservación de los privilegios, como ella viera su soberanía establecida. El interés de Francia está en que los catalanes continúen en el mismo estado que hoy, pues puede llegar un día en que las dos coronas no estén en la perfecta unión de hoy.⁵⁵

Tal como observa el marqués de Courcy:

Era posible una transacción, era indicada en esa situación; el príncipe Eugenio la deseaba, el mariscal de Villars la había propuesto. Sin otorgar a los catalanes rebeldes el restablecimiento general de todos sus privilegios, Felipe hubiese podido, concediendo alguna gracia bastante considerable, dar pie al emperador a creer que había satisfecho sus promesas al respecto y que su honor estaba a salvo, y obtener que Carlos VI concediese formalmente a la princesa de los Ursinos las ventajas consignadas en el artículo 7 del tratado concluido en Utrecht.⁵⁶

La falta de reconocimiento explícito de los derechos de los catalanes dio lugar a un debate en la Cámara de los Lores, el 3 de abril de 1714, en el que el barón William Cowper (fue lord Chancellor en 1707-1710 y 1714-1718),⁵⁷ un whig moderado, presentó una súplica a la reina, en nombre de veinticuatro lores, que reﬂejaba el sentimiento de culpa de una parte de los representantes de la sociedad británica ante el abandono de los catalanes. En ella le pedían que intercediera con prontitud a favor de su causa al objeto de «preservar a los catalanes el completo disfrute de todas sus justas y antiguas libertades».⁵⁸ El agente Lawles pudo percatarse de que algunos lores se habían tomado a pecho aquel asunto. Destacó la intervención de lord Hallyfax, que consideró vergonzoso el abandono por parte de los británicos, una auténtica deshonra. En el turno de réplica el tory North and Gray respondió que si Hallyfax se preocupaba tanto por los catalanes que eran unos «rebeldes papistas», esperaba que también prestara atención a los «pobres protestantes de Hungría que el emperador oprimía extremadamente». Los whigs reclamaron que se expusieran públicamente todos los documentos relativos a la paz y a los tratados de comercio y atacaron a Lexington. La reina encajó mal la ofensiva de los whigs.⁵⁹ El debate prosiguió al día siguiente. Bolingbroke justiﬁcó a la reina y al gobierno, según cuenta Lawles, argumentando que Ana había realizado todas las gestiones posibles para garantizar los antiguos privilegios pero que Felipe V se mostró inﬂexible al respecto. A continuación, leyó cartas de Peterborough anteriores al ataque de Barcelona que supuestamente demostraban que los catalanes le habían invitado a ocuparla con sus tropas, negando que la reina les hubiera incitado a la revuelta, y que, por consiguiente, ésta no estaba obligada a sostenerlos cuando Carlos III los abandonó. Ante tal discurso que tergiversaba la realidad y que soslayaba el pacto de Génova de junio de 1705, algunos whigs replicaron basándose en las instrucciones que la reina dio a Lexington de insistir sobre los derechos de los catalanes, sintiéndose obligada, por razones de honor y de conciencia, a no ﬁrmar la paz sin que se cumpliera dicho requisito. Acabaron suplicando a la reina que renovara las peticiones a favor de los catalanes, mientras que los tories contestaron que había que agradecerle sus gestiones y dejar que actuara según su criterio. Ana respondió con evasivas que había procurado mantener «las justas libertades a los catalanes» y trasladó la responsabilidad al emperador.⁶⁰

Pero ya hemos aclarado que las paces de Rastatt y de Baden pusieron término a aquel debate y enterraron tanto la reivindicación de los catalanes como la petición del principado para la Ursinos. La demanda del principado no constituyó el único motivo de fricción entre los dos Borbones. Unos meses antes el rey de Francia le había manifestado, por razones estratégicas, presionado por los británicos, su disconformidad con la idea de mostrarse inﬂexible con los catalanes, una recomendación que se repite en la abundante correspondencia que mantuvo con Felipe V. En septiembre de 1713 Bonnac informaba a París en estos términos:

[Felipe V] aunque conoce mejor que nadie el desorden en el que se hallan sus ﬁnanzas y la debilidad de sus tropas, preferirá la guerra a conservar los privilegios de los catalanes y, actualmente, no parece que nada pudiese hacerlo cambiar de parecer.

El embajador francés colegía que la guerra, en aquellos momentos, «sólo se libra por la conservación de los privilegios de los catalanes».⁶¹ A pesar de ello, Felipe V se cerró en banda alegando que no aceptaría la mínima concesión puesto que había muchos partidarios de la Casa de Austria en Aragón, Valencia y Cataluña prestos a sublevarse.⁶²

El rey de Francia escribió sin disimular su enfado:

El rey, mi nieto, declara que quiere reducir a los catalanes por la fuerza, sitiar Barcelona y castigar a los rebeldes. Rechaza todas las instancias que he hecho en su favor, y ha tomado su decisión sin ni siquiera esperar a saber si yo podía procurarle el socorro que me había pedido; se empeñará en mantener el bloqueo de esta plaza. Puesto que le faltaban medios para someterla por la fuerza, hubiese sido prudente declarar que tenía en cuenta las instancias hechas por la reina de Inglaterra y buscar un pretexto honorable para conducir con dulzura a los catalanes a su deber. Era mejor tenerlos como súbditos manteniéndoles sus privilegios que tenerlos por enemigos y estar expuesto a revueltas que podrían surgir de un momento a otro en provincias vecinas. Dudo que estos consejos sean escuchados aunque convienen a los intereses del rey de España, dado el actual estado de sus asuntos.⁶³

A pesar de los consejos del veterano rey —el mismo que en 1706 había animado a Amelot y Macanaz a emprender la supresión de los fueros aragoneses y valencianos, pero que ahora consideraba oportuno hallar una salida negociada para el «caso de los catalanes»—, Felipe V no cambió de actitud.

Bolingbroke protagonizó un postrer intento, en junio de 1714, para salvar el honor de la reina Ana, dirigiéndose de nuevo a Grimaldo y apelando también a los deseos formulados por Luis XIV en este sentido.⁶⁴ Fue en aquella situación de impasse, agravada por las órdenes que había recibido el almirante Wishart de bloquear Barcelona, a causa de los problemas que, a su juicio, catalanes y mallorquines acarreaban al comercio británico desde hacía meses,⁶⁵ cuando el embajador catalán en Londres, Pau Ignasi de Dalmases, a instancias del marqués de Rialp, formuló a principios de julio de 1714 una propuesta a Bolingbroke. Se trataba de que la reina Ana «tome como en depósito a Cataluña o por lo menos Barcelona y Mallorca hasta la paz general sin soltarlas a nadie hasta que mediante tratado se adjudiquen y se asegure la observancia de sus privilegios». Dalmases estaba convencido de que aquella cuestión debía haberse ajustado en el mes de marzo del año anterior cuando los ministros imperiales, en concurrencia con los británicos, acordaron y ﬁrmaron el tratado de evacuación de Cataluña, como podía haberse resuelto en Rastatt.⁶⁶ Pero los aliados no zanjaron el asunto bajo el pretexto de que habría signiﬁcado una especie de declaración de guerra a los borbónicos.⁶⁷

El incidente con el almirante Wishart frente a la costa de Barcelona dio pie a una carta de los representantes de la ciudad dirigida a la reina Ana, que fue presentada por Dalmases. Mientras esperaban la respuesta, concientes de que la escuadra que dirigía era muy superior a la borbónica, le suplicaban «encarecidamente que mediara con las tropas francesas que nos oprimen para obtener un alto el fuego, ya que en el Congreso de Baden en el que intentan concluir un paz general se decidirá este asunto».⁶⁸ Por una vez, se aunaron las propuestas del marqués de Rialp, en conexión con Dalmases, y con las instituciones catalanas. El desengaño del embajador, después de los acuerdos de Rastatt, era mayúsculo y su juicio sobre los mismos inapelable: «quedando esclavos los catalanes y arruinada Cataluña, habremos, con nuestras desdichas y ruinas, fabricado el beneﬁcio de los alemanes, ingleses, holandeses y portugueses».⁶⁹ Dalmases, que mantuvo correspondencia asidua con el marqués de Rialp y que tenía una cierta complicidad con él, se desesperó ante la falta de determinación política por parte del emperador hacia la causa de los catalanes, y le reprochó que no enviara una personalidad relevante a Londres para patrocinarla, especialmente ante el nuevo gobierno de la Regencia. «Todas las cosas vienen tarde y fuera de tiempo y se hace uno ridículo pidiendo escarchas por el mes de agosto», le escribía al marqués de Rubí. A pesar de ello y de quejarse de las dilaciones y de los mensajes ambiguos de Rialp, justiﬁcaba al Secretario de Estado ante el conde Ferran: «Tengo por cierto que el marqués de Rialp ha hecho cuanto ha podido, pero en nuestro asunto creo que no puede lo que quiere», puesto que, proseguía, en la persecución del ﬁn que desea «ha topado con tantos embarazos y tantos estorbos que lo imposibilitan de continuarlo y le obligan y precisan a las irregularidades que tú y yo observamos».⁷⁰

Hay que hacer notar que, paralelamente, durante los meses precedentes a la ocupación de Barcelona, Luis XIV no cejó en su empeño de aconsejar moderación a Felipe V. El 2 de julio le escribió que la recomendación respondía a motivos de amistad y no a ninguna razón de Estado. Si bien compartía con él el convencimiento de que había que castigar a los resistentes de Barcelona, precisaba: «Creo que os conviene moderar la severidad con la que queréis tratarles. Aun cuando rebeldes, son vuestros súbditos y debéis tratarlos como un padre, corrigiéndolos sin perderlos». Por cuya razón le exhortaba a seguir el criterio del duque de Berwick y a atender «un consejo fundado en la experiencia» evitando la venganza. En suma, debía permitir que Berwick concediera a los resistentes una «capitulación honorable»: «Estoy bien lejos de proponeros que les mantengáis los privilegios, pero otorgadles la vida y los bienes que les pertenecen».⁷¹

Pero Felipe V continuó mostrándose reacio a seguir los dictados de la experiencia, tal como se desprende de la carta que envió al duque de Berwick, en la que después de ponerle al corriente de las exhortaciones del rey de Francia, reiteraba que aquellas medidas prudentes, como la concesión de una amnistía, tendrían efectos negativos porque entendía que si Barcelona no era severamente castigada los rebeldes no se amedrentarían. Además, argüía que en la ciudad se cobijaban muchos castellanos, aragoneses y valencianos traidores que merecían castigo.⁷²

JORGE I Y EL NUEVO VIRAJE BRITÁNICO

La reina Ana murió el 1 de agosto de 1714 y su sucesor, Jorge I de Hannover, dictó nuevas órdenes al representante británico en la corte de París que signiﬁcaban un cambio sustancial en la consideración del «caso de los catalanes». La novedad inquietó sobremanera tanto a Luis XIV como a Felipe V. Dalmases en Londres y Ferran en La Haya retomaron la actividad, especialmente frenética en el caso del primero. Al día siguiente de la muerte de la reina ya visitó a algunos regentes y se mostró excepcionalmente optimista de las expectativas que le habían dado: «Todo ríe favorable después de la muerte de la reina … pues estos señores de la Regencia sólo tienen el pesar de parecerles tarde el alivio de nuestra infeliz patria … no he tenido un momento de reposo». O bien: «Acá mudaron enteramente las cosas de sistema, volviéndose lo negro blanco».⁷³

Desde París, en la vigilia de la caída de Barcelona, el representante británico Matthew Prior reiteraba los argumentos sostenidos por los tories en respuesta a las presiones de los Lords Justices de Londres:

Por lo que respecta a sus antiguos privilegios, como su señoría recordará, a menudo se ha respondido que son incompatibles con la seguridad de España en general, y tienden sólo a la destrucción de la gente que los reclama y, en resumen, a la anarquía, el asesinato y la rebelión.

Argüía que en opinión de Torcy, después de la partida de Starhemberg, los catalanes, en contra de lo que estipulaba el tratado, habían declarado la guerra a los reyes de España y de Francia y que, a pesar de ello, Luis XIV había renovado las peticiones de clemencia a su nieto.⁷⁴ Desde Londres, Iberville, el 20 de agosto, advertía inquieto a la corte de París que Peterborough

ha encontrado aquí muchos ánimos fogosos y dados a reavivar la guerra. Han escrito al emperador para rogarle que no se precipite en concluir el tratado de Baden y los regentes han exhortado al rey de Inglaterra en el mismo sentido …; él conmina a Vuestra Majestad a enviar rápidamente un correo para proponer a los sitiados la remisión de sus intereses al arbitraje de Vuestra Majestad y del rey de Inglaterra y, sobre todo, no llevar las cosas al último extremo.⁷⁵

Torcy le respondió en tono condescendiente: «recibid los consejos del conde de Peterborough como muestra de sus buenas intenciones, de las cuales le estoy agradecido, pero ya conocéis su carácter, ama a los catalanes», para añadir, a renglón seguido, que la reclamación que se desprendía de los tratados de evacuación de marzo de 1713 ya la había patrocinado ante Felipe V de manera infructuosa junto con la reina Ana.⁷⁶

Lo cierto es que, siguiendo las órdenes de la regencia, Bolingbroke dio instrucciones a Prior para que se entrevistara con el marqués de Torcy y le hiciera patente

el derecho que tenemos, no obstante los tratados últimamente concluidos, de interponernos por el interés de los catalanes; que le representase cuanto acá se toma a pecho el estado de aquel pueblo; que le asegurase en nombre de la regencia que nada puede ser más aceptable a ella y a la nación que la seguridad de Barcelona, y de poner la sumisión de aquella provincia en una forma de tratado, y por otra parte que, el insistir en tomar la plaza y arruinar el pueblo, ha de tener peores consecuencias que aquellas que esperan la corte de Francia o la de España.

Le pedía que exhortara a Torcy al objeto de que «se interponga a ayudar a Barcelona, suspendiendo hostilidades y a poner en pie un acomodamiento como la más propia medida de preservar la buena correspondencia últimamente establecida entre Gran Bretaña y la Francia».⁷⁷ Dalmases podía escribir esperanzado al marqués de Montnegre, que se encontraba en Viena: «si Barcelona pudo resistir al duque de Berwick, podemos esperar logrará la libertad, si no no es increíble que será su esclavitud menos pesada de lo que se creía».⁷⁸

Pero el embajador catalán, al constatar que las recomendaciones británicas a Luis XIV no surgieron efecto, se apresuró el 18 de agosto a formular una propuesta a la Regencia de Gran Bretaña al objeto de recabar su mediación y para urgir que su ﬂota se concentrara en Barcelona hasta la conclusión de la paz, cuya acción permitiría de inmediato garantizar el abastecimiento de productos y la libre salida de personas.⁷⁹ Al cabo de tres días los regentes le conﬁrmaron que habían dado instrucciones a Bolingbroke para lograr que Torcy «diera orden de salvar a Barcelona y la provincia de Cataluña y poner aquellas cosas sobre un pie de tratado». En efecto, Prior solicitó al secretario de Estado francés que la ﬂota británica «se pusiese en la rada de Barcelona para procurar, con los más eﬁcaces oﬁcios y la mediación de la Gran Bretaña, una suspensión de armas y cesión de todas las hostilidades contra aquella ciudad hasta la conclusión de la futura paz, según lo contenido en el artículo 9 del tratado de evacuación de Cataluña hecho en Utrecht».⁸⁰ El 6 de septiembre, el secretario de la Regencia, Adisson, comunicaba a Dalmases que ya había transmitido las órdenes para que la ﬂota se concentrara en Maó.⁸¹ Extremo que fue conﬁrmado por Iberville desde Londres:

A esos caballeros [los regentes] les ha parecido que la obligación de la corte de Inglaterra es la de no abandonar ni a Cataluña ni a Mallorca, razón por la que han enviado una orden al almirante Wishart para que reúna en Mahón todas las escuadras, sin exceptuar la que se envió delante de la ﬂota de España, para que estén preparadas para ejecutar las órdenes del rey de Inglaterra. De momento, este almirante no ha recibido órdenes de apoyar a los mallorquines y a los barceloneses mediante acciones de hostilidad como se había dicho.⁸²

La sucesión de acontecimientos favorables a los resistentes catalanes culminó el 18 de septiembre, cuando el embajador Felip Ferran de Sacirera fue recibido en audiencia por el rey Jorge I en La Haya y le pudo entregar una representación en la que le encarecía la urgencia de la intervención británica y en la que formulaba tres alternativas políticas para dar solución al «caso de los catalanes»:

Que sea unida Cataluña con toda España a la Augustísima Casa de Austria, o que Cataluña, con los reinos de Aragón y Valencia, sean cedidos a S. M. Imperial y Católica, o una de las serenísimas Archiduquesas, y cuando eso no se pueda lograr, que Cataluña con las islas de Mallorca y Ibiza sea erigida en República bajo la protección de V. M., de la Augustísima Casa de Austria y altos aliados, ya que por los susodichos medios se halla la justicia mantenida, establecidos los comercios de Inglaterra y Holanda, Portugal asegurado, los reinos de Aragón y Valencia restablecidos en los privilegios de que están privados por la paz de Utrecht y Cataluña librada de ser un eterno monumento de su desgraciada ﬁdelidad y de indigna memoria de la grande alianza.⁸³

El príncipe respondió que haría lo posible por su nación aunque temía que era demasiado tarde. Algo parecido manifestó su ministro Jean de Robethon, barón von Bernstorff, el 22 de septiembre, diciéndole además que si Barcelona resistía de ocho a quince días más «quedaría asegurada junto con toda Cataluña», pero que habría que esperar a que el rey hubiera llegado a Londres. No conocían aún la noticia de la toma de Barcelona por Berwick once días antes.

Informado por Ferran de sus gestiones, Dalmases le respondió a vuelta de correo que él hubiera omitido «la especie de una de las señoras Archiduquesas», por considerarlo un tema impracticable, además de que los gastos de una monarquía eran insoportables. En cambio mostró su total simpatía por la opción de la república, «pues las repúblicas aman y quieren o deben querer y amar a sus semejantes».⁸⁴ De hecho, dos años antes, según Pastor, el enviado francés en Viena, representantes catalanes habían pedido al emperador que en los tratados de paz defendiera sus intereses para intentar «erigir su reino en república, perpetuamente aliada con la Casa de Austria».⁸⁵ No resulta ocioso señalar que la propuesta de las tres opciones que formuló Ferran fue presentada por primera vez por el representante imperial Hoffman a la reina Ana el 2 de noviembre de 1712,⁸⁶ y que fue reiterada durante las conversaciones de Utrecht. La hemos hallado en seis ocasiones, auspiciada por, además de Hoffman y Dalmases, los diputados de la Generalitat, por el marqués de Rialp y por el conde Stampa.⁸⁷ Por otra parte, la opción republicana para Cataluña y Mallorca, ya fuera bajo la protección de los aliados o bien del emperador, la hemos constatado en seis ocasiones entre 1712 y 1714 (de ellas, cinco a partir de la ﬁrma de Utrecht), defendida por el marqués de Montnegre, el marqués de Rialp, Dalmases y el conde Ferran.⁸⁸ Pero aún hemos identiﬁcado cinco propuestas más que se limitan a reivindicar las constituciones acordadas en las Cortes de 1701-1702 o, en menos casos, en las de 1705-1706, por parte de Montnegre, Dalmases y Savellà, todas ellas, signiﬁcativamente, del año 1713.⁸⁹

En el bando opuesto, los embajadores de Felipe V, el duque de Osuna y el marqués de Monteleón, concientes de las implicaciones que podía conllevar el cambio político británico, no se cruzaron de brazos. El 21 de septiembre, también se reunieron con el rey Jorge I. Aunque el informe que remitieron a Madrid no contiene referencia acerca del «caso de los catalanes», sino del trato que recibían en España los comerciantes ingleses y sobre la paz con Portugal, se congratularon de que el nuevo rey «desea menos que nadie la guerra, y nada quiere más que la paz». Pero, al referirse a su hijo, el príncipe Jorge III, aﬁrmaban que

está embebido en todos los discursos e ideas de los wighs, y así nos habló en los mismos términos que ellos hablan sobre los catalanes y sobre los tres artículos, 3, 5 y 8 del tratado de comercio.⁹⁰

Asimismo, el embajador francés Iberville constató dolido que el príncipe dedicaba grandes elogios a los catalanes y que compadecía a Barcelona en manos del duque de Berwick.⁹¹

Mientras tanto, el marqués de Rialp, atento al cambio de coyuntura, no dejó pasar la oportunidad para tomar cartas en el asunto y dio instrucciones al marqués de Rubí, virrey de Mallorca:

Estará V. I. sabedor del ánimo cesáreo que en lo posible se socorra Barcelona, se conserven Mallorca e Ibiza y los pasos que deberá V. I. dar con el almirante inglés y después de tener su positiva respuesta, el recurso a los virreyes de Nápoles y Cerdeña que están prevenidos de enviar los socorros … Sensible sería que [el coronel Juan Francisco] Ferrer hubiese dado paso alguno mientras la novedad de Inglaterra nos ofrece mayores ventajas.⁹²

La carta del marqués de Rialp conﬁrma las expectativas esperanzadoras para los resistentes catalanes auspiciadas por el acceso al trono del nuevo rey y de los whigs al gobierno y corrobora cómo, a pesar de los tratados de paz, el marqués de Rialp seguía manteniendo una cierta conexión con Barcelona. Una buena muestra de ello la proporciona la confusa misión de Ferrer, citada en la carta de Rialp, de la que informan Castellví y Salvador Sanpere. El 18 de julio, el secretario de Villarroel, Manuel de Medina, recibió una carta de Rubí, acompañada de otra del marqués de Rialp, avisando de que una escuadra británica se encaminaba a Cataluña y Mallorca, con el objetivo de rendirlas, razón por la que proponía a los Comunes catalanes que en aquella circunstancia era

inexcusable el arbitrio de depósito de Cataluña y Mallorca en manos inglesas, pues con ello se daba tiempo de examinarse en el congreso los méritos de la nación, y a quien se restituiría, siendo posible extraviarla de la dominación anjovina o por el medio de la libertad o por el medio de consignarse a algún tercero.

Dalmases estaba al tanto de la propuesta, de la que le había puesto al corriente el marqués de Rialp.⁹³ El duque de Berwick advirtió a Monteleón sobre la oferta que el marqués de Rubí hizo de Mallorca a los británicos —concretamente al comandante de Port Maó y al almirante Wishart—. Con este propósito, el virrey convocó al Consell General para conﬁrmar el rechazo a Felipe V. Pero inquirido por Monteleón sobre el asunto, Townshend negó rotundamente esta maniobra política.⁹⁴ El coronel Joan Francesc Ferrer, ante la inminente rendición de Barcelona a la ﬂota del almirante Wishart, trasladó a Joan Francesc Verneda, el cuñado del marqués de Rialp —«el único en quien residía el todo del secreto que corría entre la corte de Viena y barceloneses» según Castellví—, la propuesta de librar Mallorca a los británicos a cambio de garantías para las Constituciones y las leyes de Cataluña y del reino de Mallorca. Rialp había enviado Verneda a Barcelona en octubre de 1713 para que diera apoyo a los resistentes. Verneda informó a la Junta secreta de la propuesta sin que ésta la aprobara, ya porque no era partidaria de la rendición o ya por considerar que el pueblo no la consentiría. Aquella fue, a juicio del historiador Ferran Soldevila, una buena ocasión para los resistentes, malograda a consecuencia de su ceguera ya que no supieron calibrar la oportunidad de una proposición que no parece que los británicos hubieran rechazado.⁹⁵ A destiempo, el 11 de septiembre, la ciudad envió tres diputados al duque de Berwick para capitular. El militar describe el encuentro en estos términos:

Quisieron que negociase con ellos y me propusieron la rendición de la isla de Mallorca a condición de la conservación de sus privilegios a unos y otros. Yo no atendí más a esta proposición que a las otras.⁹⁶

En resumidas cuentas, realizada pocos días antes de la entrada en Barcelona de las tropas del duque de Berwick, la representación de la Regencia, aunque moderada y prudente, acababa con la complicidad anterior del gobierno británico con Felipe V. Desde Versalles tranquilizaban a Iberville argumentando que sería un hecho extraordinario que los regentes, antes de la llegada del rey, se creyeran autorizados a socorrer a los catalanes contraviniendo los tratados ﬁrmados.⁹⁷ Bolingbroke, por su parte, expuso a Iberville que aunque el nuevo rey deseara continuar la guerra, cosa que no creía, el nuevo Parlamento difícilmente lo consentiría. Sostenía también que, puesto que los catalanes habían declarado la guerra a los Borbones, «no parece mal que Vuestra Majestad la lleve a cabo sin misericordia».⁹⁸ Sea como fuere, Luis XIV encajó mal las nuevas instancias de Prior a favor de los catalanes:

En vano, le repito que ya empleé mis inﬂuencias cerca del rey de España, que ellos me han declarado la guerra, y que de todas maneras yo no he dejado de presionar al rey, mi nieto …. El señor Prior no replica a estos argumentos tan fuertes y graves más que con una repetición continua de las mismas peticiones que, según él, los regentes de Inglaterra le ordenan renovar sin cesar.⁹⁹

Si bien la resolución del rey Jorge I a favor de los catalanes era cierta, tal como hizo saber desde La Haya el duque de Osuna al ministro Grimaldo, no llegó a concretarse porque «los tories lograron suspenderla diciendo no podían tomar resolución tan fuerte y de tantas consecuencias, para lo que no tenía facultad la Regencia sin consentimiento del Rey, y que así se aguardase a que el Rey pasare a Inglaterra».¹⁰⁰ De hecho, el rey no llegó a Greenwich hasta el 18 de septiembre (según el calendario inglés; once días más tarde según el calendario gregoriano vigente en España) y el nuevo Parlamento con mayoría whig no se reunió hasta el 17 de marzo de 1715.¹⁰¹ En efecto, a pesar de que Jorge I de Hannover, vinculado al emperador, se manifestó contrario a la política de los tories en relación con los acuerdos de paz con Luis XIV y a pesar, también, de que los whigs se mostraron abiertamente contrarios a los tratados de Utrecht, tanto el rey como el nuevo gobierno acabaron dando los acuerdos alcanzados en 1713 como un fait accompli.¹⁰² El embajador Monteleón podía escribir aliviado:

He sido muy asegurado que sin la dichosa expugnación de Barcelona, que ha sucedido muy a tiempo, había resuelto este Ministerio [el nuevo gobierno whig] de hacernos la misma declaración sobre los privilegios de los Catalanes.¹⁰³

La Realpolitik —cimentada en las ventajas incontrovertibles de los tratados de Utrecht que consolidaban el predominio británico— acabó por imponerse a los deseos políticos de los whigs y a la mala conciencia de unos pocos por el abandono de los aliados catalanes. The Case of the Catalans Considered y The Deplorable History of the Catalans, dos publicaciones aparecidas entre marzo y septiembre de 1714, dan buena cuenta de esta corriente de opinión crítica con el gobierno británico por haber abandonado a los catalanes después de haberlos incitado a la rebelión nueve años antes, así como de haber faltado a los compromisos contraídos en 1705. Un sentimiento que tuvo continuidad en la historiografía británica de la mano de lord Macaulay, W. N. Hargreaves, W. Churchill, G. M. Trevelyan y G. Clark.¹⁰⁴ La requisitoria formulada en The Case of the Catalans Considered es contundente:

Sus antepasados les legaron los privilegios de que gozan hace siglos ¿Ahora deben renunciar a ellos sin honor y han de dejar, tras de sí, una raza de esclavos? No; preﬁeren morir todos; o la muerte o libertad, esta es su decidida elección.

El escrito alude repetidamente a la responsabilidad contraída por los británicos en el alzamiento de los catalanes contra Felipe V y a las posibilidades que tuvo a su alcance el gobierno de darles apoyo en las horas difíciles de la resistencia.

Todas estas cuestiones tocan el corazón de cualquier ciudadano británico generoso cuando considera el caso de los catalanes … ¿La palabra catalanes no será sinónimo de nuestra deshonra?¹⁰⁵

Por su parte, The Deplorable History of the Catalans contiene en esencia una narración de los sucesos de la guerra, acompañada de copiosa documentación y sin esconder su admiración por el heroísmo de los catalanes:

ahora el mundo ya cuenta con un nuevo ejemplo de la inﬂuencia que puede ejercer la libertad en mentes generosas. Nos hacen falta ejemplos de este tipo para conservar el amor de aquella joya preciosa entre los hombres, para protegerlos contra las malvadas intenciones de una especie de gente que siempre busca la manera de esclavizar a la humanidad.¹⁰⁶

El embajador francés en Londres, Iberville, advirtió a París de la proliferación de este tipo de escritos procedentes de la boutique des whigs, los cuales, a su entender, exageraban el sentimiento de vergüenza británico por el abandono de los catalanes y obviaban que éstos habían declarado la guerra a los Borbones. Para contrarrestar su inﬂuencia sugería utilizar como medio de expresión la Gazette d’Amsterdam, publicación que se distribuía en Londres.¹⁰⁷

Sea como fuere, la orientación favorable a los catalanes por parte del nuevo gobierno británico estaba condenada al fracaso desde el momento en que Barcelona ya había sido ocupada por las tropas del duque de Berwick, un hecho que, evidentemente, ignoraban los embajadores catalanes y la corte francesa.

Entre los borbónicos, incluso una vez tomada Barcelona, persistió la incertidumbre sobre cuál sería la reacción del nuevo monarca británico en relación con España. Así, el ministro Jean Orry escribía que «en este reino no se habla de otra cosa que de guerra contra España».¹⁰⁸ Y el duque de Berwick constataba que los regentes de Gran Bretaña

testimonian públicamente la parte que han jugado en el destino de los catalanes rebeldes. No les satisfacen ni las más sólidas y mejores respuestas porque no se ajustan a sus ideas ni a las esperanzas, que han conservado hasta el ﬁnal, de poder sostener a los rebeldes.¹⁰⁹

Aún a ﬁnales de noviembre, el embajador francés en España, Pachau, haciendo gala de un notable pesimismo, aseguraba «que si por uno de aquellos hechos funestos que pueden ocurrir, Su Majestad Católica se viera en la necesidad de salir por tercera vez de Madrid, ciertamente no le sería fácil volver».¹¹⁰

Como colofón de aquel asunto, en enero de 1715 el Privy Council requirió a diversos miembros del gobierno de los tories para que presentasen la documentación relacionada con los acuerdos de Utrecht, al objeto de elaborar un informe y depurar responsabilidades. Un Committee of Secrecy impulsado por los whigs y encabezado por Robert Walpole —futuro primer ministro—, en cuya actividad inculpatoria tuvo su protagonismo Stanhope, elaboró un Report¹¹¹ y consideró culpables de traición a Harley, Bolingbroke y Ormond, y de graves crímenes y fechorías a Thomas Wentworth, barón de Strafford. Lexington tampoco salió bien parado, aunque no se emprendió ninguna medida contra él. Harley fue encarcelado. Bolingbroke y Ormond huyeron a Francia donde colaboraron con el pretendiente Jacobo III y se implicaron en el intento de sublevación jacobita en Escocia aquel mismo año.¹¹²

El informe condenaba las negociaciones secretas con Francia, entre el 11 de abril y el 25 de septiembre de 1711, sacriﬁcando los intereses generales de Europa; asimismo, lamentaba la violación de los acuerdos de la Gran Alianza mediante gestiones injustiﬁcables e ilegales, el poco respeto hacia el honor de la reina y el país, el abandono de los aliados, los acuerdos de Utrecht y, en general, el seguidismo británico hacia los dictados de Luis XIV. Aﬁrmaba que mediante aquellas transacciones tan irregulares llevadas a cabo en los preliminares, podían haberse esperado resultados claramente beneﬁciosos para el Reino Unido pero que, sorprendentemente, las demandas efectuadas fueron insigniﬁcantes y que, aún así, su puesta en práctica fue ineﬁcaz. Ni tan siquiera el artículo de la sucesión era considerado satisfactorio ya que no mencionaba la exclusión del pretendiente ni de sus partidarios. Tampoco el tratado de comercio era valorado favorablemente, a causa de sus términos ambiguos que sólo podían resultar beneﬁciosos para Francia (en vez de vedar las pretensiones francesas a comerciar en las Indias occidentales), tal como sucedía en el punto tocante a la Bahía de Hudson y de Terranova, donde los franceses obtuvieron la libertad de pescar. Por otro lado, estimaba que el «asiento de negros», aparentemente propicio al interés británico, parecía más pensado en función del beneﬁcio privado.¹¹³

El embajador francés Iberville asistió perplejo a la sesión que tuvo lugar en la Cámara de los Comunes sobre la investigación y observó cómo el rey permaneció ocho horas sentado «sin la menor distinción en un banco al lado de un diputado que no pareció reconocerle, y que no se molestó ni en dejarle sitio hasta que le advirtieron de que era el príncipe». Señaló que a Harley se le imputaba, entre otros cargos, haber protagonizado una negociación simulada en Utrecht, haber incurrido en traición al sugerir a Felipe V cómo debía proceder para defender sus pretensiones a la monarquía de España, y haber impulsado la creación de doce nuevos lores para obtener mayoría en la Cámara Alta. Ormond fue acusado de no haber proporcionado apoyo militar a los aliados, de acuerdo con Bolingbroke. No faltaron tampoco inculpaciones de connivencia con los jacobitas para entregar el Reino Unido al «papismo», en las que se halló implicado a Lawles como agente del pretendiente.¹¹⁴

Al abordar el «caso de los catalanes», el informe se basaba, fundamentalmente, en documentos que hemos utilizado en estas páginas. Reprochaba al embajador Lexington no haber seguido las instrucciones que la reina le envió y haber reconocido a Felipe V tan pronto como llegó a Madrid, antes de la ﬁrma del tratado de paz y de comercio. Asimismo, de haber tratado a los catalanes de «pueblo rebelde», de haberlos abandonado en el tratado que rubricó en Madrid —«Lexington ﬁrmó contentándose con protestar en contra del artículo al mismo tiempo que lo ﬁrmaba»—, y de haber escrito al gobierno de Barcelona, de acuerdo con Felipe V, para que se rindiera. A Bolingbroke le achacaba que en las cartas a los plenipotenciarios en Utrecht despreció las libertades catalanas aﬁrmando que no interesaban a Inglaterra, y que trató de «pueblo turbulento» a los catalanes. El informe aseveraba que éstos habían sido

abandonados y dejados en manos de sus enemigos contrariamente a la fe y el honor … Tenemos la esperanza, sin embargo, de que las calamidades de los catalanes no sean imputadas a Gran Bretaña en general, engañada por los ministros que no cesaban de asegurar que se estaba intentando todo para preservar a este infortunado pueblo.¹¹⁵

Más allá de aquella retórica altisonante que no tenía por objetivo, en ningún caso, alterar los tratados de paz ni el nuevo equilibrio europeo, y de la revancha emprendida contra los tories, el nuevo gobierno whig no imprimió a la política internacional ningún giro en relación con Mallorca e Ibiza. Justo a las pocas semanas de la presentación del Report en la Cámara de los Comunes, los británicos abandonaron a su suerte a los imperiales, a los mallorquines y a los catalanes que intentaron defenderse ante los efectivos del general Asfeld. Al ﬁnal, el 2 de julio de 1715, el virrey marqués de Rubí se vio obligado a negociar la rendición de Mallorca.¹¹⁶

Podríamos concluir, al hilo de la reﬂexión efectuada por Lucien Bély en torno a las negociaciones de Utrecht, que con el objeto de complacer temporalmente a los aliados, los plenipotenciarios británicos fueron maximalistas de puertas afuera, mientras que secretamente exigían mucho menos: «con un cinismo sorprendente la mala fe se impuso a los negociadores».¹¹⁷ Bolingbroke lo aﬁrmó sin tapujos: «las conferencias de Utrecht no fueron más que una mascarada».¹¹⁸ Por todo ello, el Reino Unido pasó a ser recordado, por mucho tiempo, como la pérﬁda Albión.¹¹⁹

Capítulo 13

REPRESIÓN Y NUEVA PLANTA EN CATALUÑA

EL ALCANCE DE LA REPRESIÓN

A lo largo de la guerra no dejaron de producirse episodios de represión y de desplazamientos de personas, tal como hemos tenido ocasión de ver. Así, en Cataluña, los más destacados partidarios de Felipe V abandonaron el país entre 1705 y 1707, un grupo signiﬁcativo de los cuales se aﬁncó en Perpinyà, donde recibió ayuda económica de la monarquía francesa.¹ En tierras valencianas, las iras se cebaron especialmente contra la colonia francesa.² De forma parecida, algunos austracistas castellanos siguieron a Carlos III en 1706 y en 1711; pero, sobre todo, después de la batalla de Almansa, en 1707, numerosos austracistas valencianos y aragoneses, también castellanos, se desplazaron a Barcelona. Ahora bien: el exilio que se inició a partir de la marcha de la emperatriz, el 23 de junio de 1713, y de la ocupación de Barcelona en 1714 por Felipe V, alcanzó unas dimensiones sin precedentes hasta entonces en la historia de España: entre 25.000 y 30.000 personas, según estima Agustí Alcoberro.³

La mayor parte de los exiliados se desplazaron a Nápoles, Milán, Roma y Cerdeña, en algunos casos, después de recalar en Mallorca o Ibiza hasta que quedaron bajo dominio borbónico. Otros tantos se instalaron en Viena y algunos en los Países Bajos. Unos 3.000 pudieron regresar a España después de ciertas medidas de gracia concedidas por Felipe V a los que no hubieran tomado parte en la resistencia de Barcelona, siempre y cuando diera el visto bueno una Junta de Dependencia de Extrañados y Desterrados. Pero hubo quien se exilió en los años posteriores a 1714 (como el caballero Francesc de Castellví, autor de las Narraciones históricas que tantas veces hemos citado) a consecuencia de nuevos rebrotes represivos y de nuevas conﬁscaciones de bienes.⁴ Ciertamente, la esperanza de los austracistas, y también de algunos gobernantes borbónicos, en un perdón general de Felipe V no tardó en desvanecerse. El recelo y la desconﬁanza hacia los austracistas, incluidos los eclesiásticos, siguieron vivos en los años de la posguerra.⁵

Por su parte, el emperador Carlos VI mantuvo su compromiso con los austracistas que le siguieron. La constitución en Viena del Consejo Supremo de España, el 29 de diciembre de 1713, cuyo ámbito de gestión se centraba en los territorios de Italia y de los Países Bajos recién incorporados a la casa de Austria, tuvo un papel determinante en esta tarea. Si por una parte simbolizaba, como ha señalado Virginia León, la pervivencia de la reivindicación por parte del emperador de su herencia hispánica, por otra desarrolló una tarea fundamental de ayuda a los exiliados —mediante pagos, rentas, o pensiones—, cuya ﬁnanciación procedía de los bienes conﬁscados a los partidarios de Felipe V en los dominios italianos. De hecho, esta ﬁnanciación duró hasta 1734, cuando Nápoles y Sicilia pasaron de nuevo a Felipe V. Ramon de Vilana Perlas, marqués de Rialp, secretario de Estado y del Despacho, asumió al llegar a Viena la tarea del auxilio en función del rango social de los exiliados y del número de individuos por familia, aunque ello no impidió que los más humildes sobrevivieran penosamente. Especial importancia revistió la creación del Real Bolsillo Secreto, bajo el control del marqués, que tuvo como principales beneﬁciarios a los nuevos vasallos del emperador —españoles, italianos y ﬂamencos— y que permitió sufragar ayudas para los prisioneros de guerra o paliar los efectos de los atrasos a que estaban expuestos los sueldos y pensiones de los exiliados.⁶

Alcoberro, en su relato sobre los caminos del exilio por Italia y Flandes, Viena y Hungría —la «Nueva Barcelona» del Banato de Temesvar, en la que residían 800 colonos en 1736 que no tardaron en sufrir los efectos devastadores de la guerra con los turcos y de la peste—, ha estudiado, siguiendo los pasos de Virginia León y de Giovanni Stiffoni, la presencia de los exiliados en el gobierno del emperador, el llamado «partido español», en el que encontramos personajes inﬂuyentes como el arzobispo de Valencia, Antoni Folch de Cardona, que fue presidente del Consejo Supremo de España; Josep Folch de Cardona, presidente del Consejo de Flandes; la condesa de Althann, la catalana Marianna Pignatelli y d’Aimeric, y Ramon de Vilana Perlas. Unos personajes que tejieron vínculos familiares entre ellos, pero también con la aristocracia germánica e italiana. Su participación en los ejércitos imperiales fue notable: cinco regimientos hispánicos y una compañía de voluntarios lucharon contra los turcos en Hungría, en las que encontramos nombres destacados como los coroneles Manuel Desvalls, Pau Tohar, Pere Brichfeus y Joan Francesc Ferrer. El historiador ha esbozado la sociología del exilio vienés —calcula que en aquella ciudad residían unos 1.500 exiliados, el equivalente al 1 % de la población total— entre los cortesanos, la nobleza menor, funcionarios, militares y eclesiásticos, y el colectivo popular. Ha descrito, también, la actividad cultural de algunos de aquellos exiliados (Francesc de Castellví, Josep Plantí, Juan Amor de Soria) así como los ámbitos de sociabilidad que desarrollaron: los palacios en los que organizaban conciertos o veladas culturales —como el de la condesa de Althann—, los espacios religiosos donde practicaban el culto (como el monasterio de Montserrat de Viena), o bien donde se hacían enterrar (como el convento de los trinitarios descalzos, la catedral de San Esteban o la iglesia de los franciscanos menores). El Hospital de Españoles, creado para proporcionar asistencia especialmente a los soldados y oﬁciales, constituye una referencia obligada de estos ambientes hispánicos que conﬁguraron una geografía vienesa del austracismo.⁷ En Nápoles, algunos exiliados formaron parte del Consejo de Santa Clara, como el jurista barcelonés Francesc Solanes o el catedrático de leyes del Estudio General de Barcelona, Domènec de Aguirre, que llegó a presidirlo. Por otra parte, Pau Vilana Perlas, hermano del marqués de Rialp, fue arzobispo de Salerno. En 1715 residían en Nápoles 895 oﬁciales. «La prodigalidad de Nápoles parecía inagotable», apunta Alcoberro. Pero tuvo sus límites. La aglomeración de hombres de armas sobreviviendo en condiciones precarias dio lugar a un motín en 1720, en el que 58 oﬁciales descontentos decidieron encaminarse hacia Viena para reclamar la atención del emperador; fueron interceptados en Gaeta, donde recibieron dos pagas, y embarcados de nuevo hacia Nápoles.⁸

El gobierno borbónico procuró seguir de cerca los pasos de los exiliados. Al hombre de conﬁanza de Felipe V en Roma, José Molines, le fue encomendada la misión de informar sobre las actividades de los eclesiásticos exiliados. En aquella ciudad se encontraban el cardenal Benet Sala y Caramany, hasta que falleció en 1715,⁹ y el doctor Llorenç Tomàs y Costa, agente imperial en la Santa Sede, quien en 1717 seguía organizando reuniones de austracistas en su casa. También residía en Roma el jesuita Álvaro de Cienfuegos. En Madrid, el Consejo resolvió que «como Molines no puede ponerles la mano por no permitírselo el Papa y ellos recurrir a los ministros del Archiduque», había que pedir al cardenal Acquaviva «si le pareciere buscar algún medio que evite las conversaciones de estos eclesiásticos, lo ejecute».¹⁰ Molines, el «intrépido e infatigable propugnador de los derechos de Felipe V en Roma», según Miguel Ángel Ochoa, recuperó las atribuciones perdidas como auditor de la Rota en 1716 y fue nombrado Inquisidor General, pero sufrió el infortunio de ser detenido por los austríacos en una posada de Milán, en su viaje de retorno a España, el 26 de mayo de 1717, siendo encarcelado en el castillo de aquella ciudad. En opinión de Ochoa, «el atentado a la libertad del infortunado Molines y el asalto a la inmunidad parece haber sido perpetrado (acaso planeado) o consentido por Viena». La alargada sombra de Ramon de Vilana Perlas planea en este episodio que dio lugar a un incidente diplomático que se desactivó a consecuencia de la muerte por enfermedad de Molines en la cárcel.¹¹

Otro aspecto a tener en cuenta al hacer balance de la represión son las conﬁscaciones de bienes. El secuestro de bienes y haciendas a los desafectos fue una medida que castigó a los disidentes en los dos bandos, si bien en la Corona de Aragón la padecieron por partida doble, al ser aplicada por los dos gobiernos. En todo caso, la incautación ejecutada por Felipe V tuvo un alcance mucho mayor, por su duración en el tiempo. Además, la primera tanda de conﬁscaciones masivas, hasta 1714, fue seguida de nuevos episodios en momentos de conﬂicto internacional, como el de la guerra de la Cuádruple Alianza y el alzamiento de los Carrasclets (1717-1719), a raíz de los proyectos de ocupación de la Península a cargo de las potencias aliadas, en cuyo transcurso la recuperación de las Constituciones fue evocada permanentemente por los guerrilleros, así como la oposición al catastro y a la utilización del ejército en la cobranza.¹² Un nuevo episodio represivo tuvo lugar durante la guerra de Sucesión de Polonia, en 1734.

Acabada la guerra de Sucesión, el valor de las haciendas conﬁscadas a los austracistas fue el siguiente: en Castilla, 2.860.995 reales de vellón; en Cataluña, 1.202.249; en Aragón, 415.687; en Valencia, 207.690. Ahora bien: hay que destacar que el número de secuestros en Cataluña se elevó a 1.161 frente a los 135 de la Corona de Castilla, cifras que denotan un apoyo amplio del austracismo en Cataluña, al mismo tiempo que una composición esencialmente nobiliaria de sus partidarios en Castilla.¹³ Como contrapartida, la conﬁscación de bienes permitía al rey realizar un gesto de liberalidad, de gratiﬁcación a la ﬁdelidad de determinados súbditos, aunque ello fuera en detrimento de las arcas de la monarquía.¹⁴

Es sabido que el alcance de la represión se abatió sin paliativos en Cataluña, el principal bastión de la resistencia austracista, como ha expuesto en detalle Josep Maria Torras i Ribé.¹⁵ No cabe duda de que «la senda amorosa del derecho»,¹⁶ con su impronta normativa de reciprocidad entre el amor del monarca y la ﬁdelidad de los súbditos, una economía de intercambios que daba lugar a un juego reglado de favores y agradecimientos y que se traducía por parte del rey en el objetivo de hacerse amar más que temer, se quebró entre 1707 y 1714 en los territorios de la Corona de Aragón. Así, si el discurso foral se cimentó hasta entonces en los derechos para llegar a la lealtad al rey, ahora, en el nuevo escenario político, se imponía la pretensión de «redimensionar la obediencia como obligación ya no meramente moral sino también jurídica de carácter civil». La «real clemencia», la «gracia», la amnistía a los que habían incurrido en el crimen de «lesa majestad y felonía», tenía por condición que «sin omisión ni tardanza alguna, se nos reconozca por su legítimo rey y señor natural».¹⁷ La situación llegó a tal extremo que, en 1727, Francisco M. de Moya Torres, a partir de su experiencia como militar y como funcionario de contribuciones, dirigía un maniﬁesto a Felipe V en el que argumentaba que, habiendo visto personalmente la opresión que padecían los territorios de la Corona de Aragón y habiendo constatado «como las voluntades son las que aseguran más los reinos», sugería al rey que

se dignase manifestarles el justo motivo que pudiera tener su real indignación por las turbulencias que han ocasionado en las guerras pasadas … pero que deseando restituirlos a su gracia, obrando a su propia real liberalidad y magnanimidad … resuelve V. Mag. concederles sus fueros, obligándose los reinos de Aragón, Cataluña y Valencia a mantener 30.000 hombres,

porque, concluía, siguiendo los dictados de la política cristiana, «es muy conveniente siempre usar de la benignidad, que vence y atrae más que el rigor».¹⁸

En efecto, el 14 de septiembre de 1714, cuando el Consell de Cent, la Diputació y el Brazo militar solicitaron conversar con Berwick y pidieron enviar dos representantes a Madrid, el duque respondió que dentro de tres días «daría la forma de lo que debía observarse en Barcelona». Tal como sentencia Castellví, «esta respuesta hizo comprender una mutación general en el gobierno».¹⁹ Al cabo de cuatro días, Berwick informaba a París de que habían desarmado a los resistentes de Barcelona, que habían sustituido la Diputació y la antigua forma de gobierno nombrando nuevos magistrados y un «Conseil Souverain» bajo el nombre de Junta. La denominación, sin duda, evocaba la forma de gobierno dada a los condados catalanes anexionados a Francia después de 1659, aunque, a tenor de sus atribuciones, resultaba muy generosa.²⁰ El 15 de septiembre fue creada, con carácter transitorio, la Real Junta Superior de Justicia y Gobierno en la que tomaron parte algunos de los felipistas de primera hora: Francesc Ametller, Josep de Marimon, Josep d’Alòs, Rafael de Cortada y Salvador Prats i Matas. Su cometido era reglar «aquel Principado como si no tuviera gobierno alguno».

Las medidas represivas se sucedían una tras otra. A pesar de las garantías ofrecidas por Berwick, veinticinco de los oﬁciales que lucharon durante el sitio fueron detenidos y encarcelados en plazas militares, entre ellos Villarroel, Dalmau, Basset y Bellver. Muchos de ellos murieron en prisión y algunos pudieron recobrar la libertad en 1725. La represión, ejercida mediante un sistemático control policial de la población, se abatió contra los dirigentes del austracismo y afectó al menos a 4.000 personas en diversas modalidades: detenciones, ejecuciones públicas, deportaciones, largas condenas en galeras, etc. La ejecución del general Josep Moragues —primero arrastrado por las calles por un caballo, degollado y cuarteado y, ﬁnalmente, su cabeza colgada en una jaula en el Portal de Mar, como se había practicado con los bandoleros—, alcanzó entre la población el impacto que las autoridades borbónicas perseguían. La delación obtenida gracias a un efectivo sistema de castigos y de recompensas se saldó con la detención de muchas personas que se habían signiﬁcado a favor del austracismo. El ambiente lo describió Castellví de este modo:

La condición de los catalanes en este gobierno fue la más triste. No sólo era peligroso el hablar, sino también el callar, y aun los pensamientos pagaban tributo y recibían daño … Si se hablaba, se interpretaba y se subvertía el sentido; si no se hablaba, se conjeturaba poca satisfacción y gusto del gobierno.²¹

En total, fueron requisadas cerca de 72.000 armas de todo tipo y se prohibió llevarlas incluso a los nobles. La conﬁscación de bienes y la anulación de títulos, de los privilegios y de las dignidades de los represaliados, se sumaron a las medidas punitivas. También se ordenó el exilio de los partidarios de Carlos III y se prohibió la correspondencia con los territorios del emperador. La persecución se hizo extensiva al ámbito religioso: el vicario general de Barcelona, Baltasar Bastero, exhortó a los barceloneses en una carta pastoral a que se sometieran a la plena obediencia de Felipe V bajo la amenaza de cometer pecado si lo incumplían y prohibió confesar a los eclesiásticos austracistas. Al objeto de castigar a los eclesiásticos se activó el Tribunal del Breve apostólico, presidido por el canónigo Josep Taverner.²²

En lo que respecta a las instituciones seculares de gobierno, «no se dejó una sombra del antiguo».²³ En efecto, el 16 de septiembre, Berwick comunicó a sus representantes la disolución de las instituciones: las Cortes, la Diputació y el Consell de Cent, y la constitución de los municipios, al tiempo que abolió la ﬁgura del virrey y del gobernador, la antigua Real Audiencia, los veguers, y el resto de antiguos organismos ejecutivos del poder real. Por separado, la Ciudad, la Diputació y el Brazo militar, los «Comunes ruidosos», según el felipista Francesc Ametller,²⁴ recibieron la orden de exoneración de sus cargos y tuvieron que entregar las ropas de sus representantes, las banderas y estandartes, y fueron sellados los archivos y escribanías, incluido el del Banc i Taula. En sustitución del Consell de Cent fue creada una Junta de administradores de la ciudad de Barcelona que ponía ﬁn al sistema de representación política que daba voz a los colectivos artesanales y del comercio, aupando en su lugar a las jerarquías nobiliarias y a personas ﬁeles a Felipe V. A ﬁnales de 1715, se estableció el marco legal por el que se debían regir los municipios, gobernados en adelante por individuos de reconocida adhesión al régimen borbónico, una vez depurados los consellers, jurats o paers que ocuparon provisionalmente los cargos durante un año en la mayoría de ciudades y pueblos de Cataluña. En síntesis, retomando la expresión de Pierre Vilar, el Estado catalán dejaba de existir.²⁵

Aun así, el capitán general, el marqués de Castel-Rodrigo, consideraba insuﬁcientes, al cabo de un año de la toma de Barcelona, las medidas a las que hemos aludido, por

no haberse ejecutado algún acto público de abolición de privilegios y que sólo per actum facti se ha seguido una suspensión de ellos, derivada de que siempre en materias de gobierno se ha tropezado con ellos, se han dejado aparte y sin acción los que eran contra la regalía.

Creía que su simple existencia «fomenta sus depravados deseos en la esperanza de que un día hayan de revivir», razón por la cual había que abatir, «por cuantas partes se pueda, las esperanzas malignas de estos naturales». En consecuencia, sugería que se celebrara un acto público y solemne de abolición de todos los privilegios de Barcelona y del Principado para que «se cancelen, borren y quemen los que fueren contra ella [la regalía] y no quede memoria de ellos».²⁶ De hecho, la idea no era nueva: él mismo la había formulado durante los días anteriores al asalto deﬁnitivo de Barcelona, sugiriendo que un verdugo quemara de forma solemne las Constituciones catalanas delante de la muralla de la ciudad.²⁷ Con sus evidentes recelos, Castel-Rodrigo inauguraba una actitud de desconﬁanza entre los militares y los políticos borbónicos que se prolongó durante todo el siglo XVIII.²⁸

La construcción de la Ciudadela, en 1715, dirigida por el ingeniero y teniente general Próspero de Verboom, fue concebida como una obra indispensable para mantener Barcelona bajo control. No le bastó a Felipe V haber destrozado mediante el bombardeo buena parte de los ediﬁcios de la ciudad, sino que tuvo que alzar la fortaleza sobre las ruinas de un millar de casas de la Ribera (que los propios vecinos tuvieron que derruir), mutilando la plaza mayor del Born. En efecto, desapareció casi una quinta parte de la ciudad, en el barrio más rebelde y, al mismo tiempo, más dinámico en términos económicos. Por esta razón la Ciudadela se convirtió en el símbolo por excelencia de la opresión borbónica, hasta que fue demolida después de la revolución de 1868.²⁹

Otro mecanismo opresivo —ahora sin ninguna barrera constitucional capaz de impedirlo o de moderarlo— fue el de los alojamientos. Además de las «quincenadas», onerosas cargas tributarias para mantener aquel enorme ejército formado por más de 30.000 hombres a principios de 1715 y percibidas cada 15 días mediante todo tipo de coerciones y ultrajes, había que soportar con resignación los alojamientos abusivos de las tropas en las casas, hasta que en marzo de 1715 el príncipe Tserclaes de Tilly dictó medidas para frenar los desmanes.³⁰ La imposición de las contribuciones del estanco de la sal y del papel sellado, que obligaba a plasmar todo tipo de trato comercial en papel oﬁcial y en castellano, se sumaban a las cargas citadas. Con razón, el payés Francesc Gelat podía exclamar apesadumbrado en su dietario: Quina cosa és lo rigor de un rey!³¹

A juicio de Rousset de Missy, los primeros compases del gobierno de Felipe V vinieron marcados por dos medidas bien contrastadas. La primera, la creación de la Academia de la Lengua, parecida a la de París. La segunda, sin que le honrase de la misma forma, apostillaba, fue el trato dado a los catalanes después de la toma de Barcelona. Así pues,

como un rigor excesivo es, con frecuencia, considerado como una gran injusticia, no todo el mundo elogió igualmente la venganza que dicho príncipe ejerció contra los rebeldes conducida hasta límites extremos, de cuyo rigor hay pocos ejemplos en la Historia.

No hay que sorprenderse, colige, de que esta dureza hubiera alienado durante tanto tiempo el espíritu de los catalanes y que muchos de ellos, no pudiendo tener conﬁanza en la palabra del rey, mantuvieran la lucha armada unos años.³² La valoración del francés, aunque realizada en el contexto de la guerra de la Cuádruple Alianza que enfrentó a las dos monarquías borbónicas, aporta un excelente contrapunto a las visiones que justiﬁcan, lisa y llanamente, la razón de Estado y la preeminencia de la voluntad real en el devenir político.

Pero cabe señalar que aquel sentimiento fue compartido, más allá del Ebro, e incluso entre sectores felipistas. Antes de la caída de Barcelona, en Madrid, alguien redactó unas octavas dirigidas a Felipe V en las que auguraba los métodos absolutos del nuevo gobierno:³³

Es la lealtad ﬁrme muro
que por nada se violenta,
con amor se experimenta,
con el rigor, no es seguro
…
Con un mismo sacramento
en fuerza del homenaje
el dominio y el vasallaje,
liga igual el juramento,
no puede el rey ser exento
porque es recíproco el trato
y si él falta al contrato
no es el vasallo deudor
…
Los fueros y privilegios
deben observarse puros
y sino serán perjuros
los procedimientos regios
…
Es cosa bien reparable
apretar de todos modos,
quitar el vivir a todos
y querer que no se hable
…
Al bien de su propia grey
y no a reinos de parientes
miran los reyes prudentes.

LA NUEVA PLANTA EN CATALUÑA

«Cuando se conquista un país hay que hacer una nueva ley y gobierno en él», aﬁrmó Giulio Alberoni, consejero de Felipe V.³⁴ Una vez el rey hubo aniquilado, en dos tiempos (1707 y 1714), la estructura constitucional en la que se basaba en la Corona de Aragón la monarquía hispánica, tuvo las manos libres para proceder a la implantación del decreto de Nueva Planta (16 de enero de 1716). España quedaba «llana como la palma de la mano», tal como apuntó Jaume Vicens Vives, a punto para experimentar la reforma borbónica.³⁵ Joan Mercader advirtió que el preámbulo del Real Decreto partía de una situación de hecho, que será la base de la tarea que se pretendía acometer inmediatamente. A saber: la sumisión completa del Principado de Cataluña a la discreción soberana del monarca, después de la obstinada y atroz rebeldía que comprometió la antigua ley del país y la invalidó en su misma razón de ser.³⁶

Unos versos anónimos certiﬁcan el abatimiento que provocó aquel estado de cosas:

Unas esperadas paces
unos humos de narices
nos hicieron infelices,
sólo falta a nuestra queja
una Planta que nos deja
sin muebles y sin raíces.³⁷

Sabemos gracias a Enrique Giménez que desde las ﬁlas borbónicas se formularon inicialmente propuestas radicales que «apuntaban a una castellanización grosera, destinada a borrar todo vestigio de especiﬁcidad en los territorios de la antigua Corona de Aragón», aunque ﬁnalmente triunfó una vía más moderada. Así, el ﬁscal general del Consejo de Castilla, Melchor de Macanaz, sugirió en 1714 que los regidores de los municipios más importantes fueran castellanos, a ﬁn de que «aquel gobierno se [fuera] del todo asentando al de Castilla», actitud que todavía fue superada por el obispo de Segorbe, Diego Muñoz, quien en 1715, «estando ya domada la altivez de los naturales», propuso medidas de gobierno de este tono:

Que universalmente todo lo que sea procurar borrar lo que tenía la Corona de Aragón antes de la conquista será muy conveniente, no sólo al rey y a la monarquía, sino a ellos mismos, porque las libertades que tenían son las que les han perdido, y las gracias que la clemencia del rey le ha hecho después de la conquista, en lugar de mejorarlos, los ha empeorado; quedando con más hambre para conseguirlo todo, y aún no quedarían contentos. Y así mudar los nombres de reinos en provincias, y los de capitales, poniéndolos los de sus patrono u otros, y sería útil especialmente en éstas que tienen humos de repúblicas, para que se allanasen.³⁸

A diferencia de lo que sucedió en Valencia y Aragón, donde las nuevas instituciones borbónicas fueron impuestas precipitadamente siguiendo el modelo castellano, en Cataluña la elaboración del Decreto de Nueva Planta fue lenta y minuciosa, entre 1714 y 1716, y en su redacción participaron el jurista Francesc Ametller y el intendente José Patiño. El objetivo perseguido, a juicio de Patiño, era que «la autoridad real quede por encima de la ley [y que] la monarquía recupere la potestad de dispensar gracias y oﬁcios, y la de tributar sus vasallos al modo justo que le pareciere».³⁹ Lo justiﬁcaba alegando que

el genio de los naturales es amante de la libertad, aﬁcionadísimo a todo género de armas, prontos en la cólera, rijosos y vengativos, y que siempre se debe recelar de ellos, aguarden coyuntura para sacudir el yugo de la justicia … Son apasionados a su patria, con tal exceso que les hace trastornar el uso de la razón, y solamente hablan su lengua nativa.

Pero hay que hacer notar que el consejero del Supremo de Castilla, el jurista Llorenç Mateu, defendió en un voto particular la conservación íntegra de las Constituciones catalanas, y que Patiño y Ametller no consideraban que la legislación castellana pudiera ajustarse a la realidad del Principado y a la psicología especíﬁca de sus habitantes. Para sostener esta argumentación ambos aludieron al hecho de que Luis XIV había mantenido las «leyes y costumbres en la provincia catalana del Rosellón».⁴⁰ El intendente Patiño consideró que la conservación del derecho civil catalán no causaba «el menor perjuicio al Estado y a la autoridad real y a las regalías soberanas» y, de este modo, ﬁnalmente pudo conservarse, a diferencia de lo que ocurrió en Valencia.⁴¹ A juicio de Jon Arrieta, la Nueva Planta, tal como quedó establecida, «no cerró las vías de mantenimiento del derecho catalán, ni en el ámbito del derecho privado, ni en gran parte del derecho procesal. El debate sobre la forma de entender el amplísimo campo del derecho supletorio se resolvió, como se sabe, en favor del que lo era en Cataluña antes de la Nueva Planta». Además de la conservación del derecho catalán a la hora de resolver las causas judiciales, Arrieta añade que del orden anterior subsistieron el Consulado de Mar y una Cámara de Aragón en el Consejo de Castilla, convertido éste en Consejo único del rey para los reinos de la península, ya que se mantuvo el Consejo de Indias. Desde este punto de vista, concluye, el proyecto borbónico, tal como sucedió con el austracismo, tampoco fue lo que pudo haber sido. Si la reﬂexión resulta, a todas luces, pertinente, la conclusión de que existen «razones más que suﬁcientes para no contemplar la Nueva Planta en términos de contraposición dual absoluta y excluyente», no puede sostenerse en lo que atañe a la propia concepción de la política, al sistema de representación política y a la comprensión territorial (plural) de España.⁴² En estos ámbitos fundamentales, la radical mutación política es incontestable, más allá de los matices jurídicos. Más aún: si el absolutismo no alcanzó el hipotético programa nivelador que perseguía fue por las propias limitaciones del poder del monarca, tal como ha planteado para Francia Jöel Cornette al estudiar la gran distancia que media entre el absolutismo teórico y el real.⁴³

Así lo entendió una obra inglesa publicada en 1760 que supo captar la realidad política de la España nacida con los Borbones, al señalar que Felipe V «se convirtió en el primer monarca completo de España», en sentido estricto, puesto que dejó de ser una monarquía entendida como un conjunto de diversos reinos bajo un solo amo.⁴⁴ En efecto: la monarquía compuesta de los Austrias acababa de desaparecer para dar paso al Estado más unitario de Europa,⁴⁵ aunque con un marcado carácter dinástico patrimonial, lejos aún del Estado moderno, tal como explica Pablo Fernández Albaladejo.⁴⁶ En relación con la naturaleza del nuevo Estado, Núria Sales remarcó que principios como «no hay otra ley que a voluntad del rey» estaban en las antípodas de los preceptos constitucionales abolidos como «el señor rey en Cataluña está obligado a juzgar según disposiciones de derecho» o «el rey con la Corte está por encima del rey por sí solo», cuya naturaleza era muy diferente a la de los fueros provinciales o locales, supeditados a las «leyes generales del reino».⁴⁷ Conviene recordar, por otra parte, que el poder señorial resultó consolidado: «con los señores feudales no se debe innovar cosa», sentenciaba Ametller.⁴⁸ Con razón, Núria Sales ha podido concluir que, en realidad, «las constituciones y privilegios abolidos eran los de los comunes, y no o muy poco los de los barones».

La nueva estructura de poder se fundaba en una pirámide institucional que garantizaba el control político y militar de Cataluña.⁴⁹ En el vértice, el capitán general se convertía en la máxima autoridad del país. En él recaían las funciones del antiguo virrey, de comandante del ejército y de gobernador de Cataluña. La Real Audiencia, en sustitución del antiguo tribunal supremo de justicia que llevaba el mismo nombre, incorporaba funciones gubernativas y estaba presidida por el capitán general. Ambos formaban el Real Acuerdo, en un intento de equilibrio entre el poder civil y el militar, y encarnaban la representación de la soberanía real en el Principado.⁵⁰ La supeditación del poder civil al militar no agradó a los felipistas catalanes de primera hora. Según Josep M. Gay, éstos eran partidarios de mantener las instituciones catalanas que no fueran representativas en el ámbito general o local de los estamentos, como podía ser la Audiencia.⁵¹ Se trataba de un conﬂicto que se encuadraba en la tensión permanente en la que se vio inmerso el nuevo régimen entre civilistas y militaristas, o lo que es lo mismo, entre los partidarios de la monarquía jurisdiccionalista y los de la gubernativa (libre de la tutela judicial, con su correlato de ejecutividad).⁵²

Las antiguas veguerías eran sustituidas por doce corregimientos que asumían la gobernación territorial, presididos por la ﬁgura del corregidor, de origen castellano, y por los tenientes de corregidores o alcaldes mayores. Enrique Giménez ha demostrado que, lejos de haberse implantado en la Corona de Aragón el modelo político castellano, según sugiere el tópico, «el régimen de Nueva Planta fue peculiar en dos aspectos novedosos, relevantes y diferenciados de la realidad castellana: la ﬁscalidad y, muy en particular, su perﬁl militarizado», fundado en la autoridad del capitán general y en los corregidores.⁵³ En efecto, en Cataluña, entre 1717 y 1808, el 96 % de éstos fueron militares «para contener con más autoridad y más fuerza aquellos pueblos», los cuales se negaban a reconocer un poder civil superior, considerando su oﬁcio político un anexo al militar.⁵⁴ Aquel modelo militarizado fue concebido para ser trasplantado a la administración castellana. Giménez concluye que «la trama corregimental y los corregidores que la sirvieron no fueron concebidos como instrumentos de reforma, sino como eﬁcaces agentes de la monarquía absoluta, a lo que contribuyó notablemente su condición de castellanos y de militares».⁵⁵ Unas instrucciones secretas enviadas a los corregidores resultan reveladoras acerca de las prioridades del nuevo régimen:

Siendo hoy lo principal a que debe atenderse el establecer la soberanía, desterrar la irregularidad del gobierno antiguo y reducir aquellos vasallos a la obediencia y sujeción que importa.

Debían velar por el cumplimiento de los bandos de prohibición de uso de armas, estar atentos a las conversaciones contra el rey sobre las que debían informar, controlar si se celebraban reuniones clandestinas y evitar que se convocaran reuniones de gremios o de consejos sin su presencia. Por último, era necesario que procuraran introducir la lengua castellana mediante «las providencias más templadas y disimuladas, para que se consiga el efecto sin que se note el cuidado».⁵⁶

Respecto a los municipios, el sistema de representación y de elección por insaculación fue sustituido por el modelo castellano del ayuntamiento de regidores, de carácter vitalicio y de nombramiento real en las ciudades que eran cabeza de corregimiento, y de renovación anual en el resto de poblaciones, nombrados por el capitán general a propuesta de la Real Audiencia. La desaparición de la organización municipal autóctona incrementó la aristocratización de la administración local y apeó de ella a grupos sociales hasta entonces representados, lo cual acabó provocando un divorcio evidente entre las autoridades, la estructura institucional y una sociedad cada vez más dinámica.⁵⁷ Sin embargo, Josep Maria Torras i Ribé ha podido precisar que desde 1707, momento en que los borbónicos empiezan a recuperar el poder en diversos municipios, las oligarquías tradicionales (las que en 1690 ocupaban ya los principales cargos de conseller, paer, cònsol o jurat)

no tuvieron excesivos problemas para adaptarse a la nueva situación política, acogiéndose a las ventajas que les ofrecieron las autoridades borbónicas en el período transitorio de provisionalidad institucional entre 1707 y 1714, cuando la intervención más signiﬁcativa del nuevo régimen consistió en prohibir la insaculación, pero manteniendo en el poder a la mayoría de personas que habían formado parte de los antiguos consells y que estaban insaculadas.

Unas medidas de seducción sobre los miembros de las oligarquías que fueron ratiﬁcadas en los años posteriores, una vez consolidado el régimen, cuando a los cargos de regidor, concebidos con carácter vitalicio e inicialmente reservados a los felipistas más notorios, accedieron reconocidos austracistas. Más aún, conocemos intentos de inﬁltración de austracistas en los cargos municipales, hecho que denunció la Real Audiencia en 1717, la cual aseguró que «tenía noticias sobre ser desafectos al rey muchos de los bailes».⁵⁸ Por lo demás, la venta de cargos municipales, a partir de 1739, siguiendo el modelo castellano, tuvo efectos nefastos y agravó el descontento generalizado hacia los ayuntamientos borbónicos, canalizado por los gremios a partir de 1740.⁵⁹

Otro aspecto que cabe destacar de la Nueva Planta fue la derogación de las «prohibiciones de extranjería», una de las disposiciones más trascendentales del decreto, como recordó Santiago Sobrequés.⁶⁰ En adelante, todos los súbditos de la monarquía podían ocupar cargos u honores «en una o otra provincia». A pesar de que la medida abría la posibilidad de que los catalanes participaran en la burocracia de la monarquía, ello signiﬁcó, de entrada, que muchos individuos de otros reinos de España desempeñaron cargos en Cataluña. En efecto, Torras i Ribé ha constatado la presencia «multitudinaria de no catalanes en los cargos de gobierno superiores del Principado», prácticamente total en el caso de los corregidores y muy elevada entre los alcaldes mayores, problema al que aludieron los diputados de las principales ciudades de la antigua Corona de Aragón en el llamado «memorial de greuges» de 1760.⁶¹ La supresión de la extranjería tuvo, en cambio, efectos más positivos en el ámbito del comercio, y facilitó, junto con la imperfecta unión aduanera, el acceso de los productos catalanes en el mercado español, debiendo competir con los productos autóctonos y extranjeros.⁶²

En lo que concierne a la administración del patrimonio real y a la ﬁscalidad, cabe señalar que se introdujeron transformaciones profundas. La Superintendencia absorbió las funciones y los recursos de la Tesorería real, de la Batllia General de Cataluña y del tribunal del Mestre Racional. Se apropió de los bienes y de las rentas y de otros ingresos de la Generalitat y del Consell de Cent. En diciembre de 1715, se aprobó el Catastro, contribución que pretendía gravar la riqueza frente al sistema tradicional de contribución indirecta. Según Macanaz, que consideraba el catastro un «tributo de vasallaje», mediante esta contribución se conseguiría que «todos reconozcan un superior en la tierra; pues no es otra cosa el tributo que el signo del vasallaje y reconocimiento a la majestad».⁶³ El derecho de conquista fue, efectivamente, la razón última e inapelable con la que Felipe V cerró en 1732 una larga disputa con el capítulo de la sede episcopal de Girona, que defendía su inmunidad ﬁscal ante el catastro secundada por los buenos oﬁcios de Josep Taverner, del obispo Baltasar Bastero e incluso del Papa.⁶⁴

La tributación se establecía bajo tres conceptos: el catastro real gravaba los bienes inmuebles y los ingresos procedentes de las rentas no vinculadas a la actividad profesional, como los censos y censales; el catastro personal cargaba sobre los ingresos relacionados con la actividad profesional y distinguía a los que trabajaban por cuenta propia de los que lo hacían por cuenta ajena (los eclesiásticos y los que gozaban del privilegio militar estaban exentos); por último, el catastro ganancial se aplicaba a la actividad comercial de los mercaderes, comerciantes, notarios y agremiados que disponían de tienda. Su imposición no signiﬁcó, inicialmente, ningún cambio cuantitativo en relación con la elevada presión ﬁscal de los años anteriores, y fue recaudado mediante todo género de coacciones, desde la amenaza de alojamientos intimidatorios en casa de los morosos hasta detenciones, como relata Castellví: «este año hasta 1720 fueron de los más aciagos que en centuria ha padecido Cataluña». Y en relación con el carácter de la nueva contribución, razonaba:

Esta exacción de tributo, que a primera vista tiene apariencia de equidad, y parece justa en la dirección especulativa, en la experimental práctica se hallan intrincadas diﬁcultades.⁶⁵

Las autoridades borbónicas, ante la imposibilidad de recaudar la cifra estipulada de un millón y medio de pesos anuales, redujeron la cantidad global hasta 1.200.000 pesos en 1717, para estabilizarla en 900.000 en 1718. El catastro, sumado a la represión, fue uno de los elementos que alimentaron el movimiento de los Carrasclets de 1719, tal como admitió Grimaldo.⁶⁶ Los diputados o procuradores de los corregimientos no tardaron en presentar una representación, en 1723, contra aquella contribución que consideraban excesiva, a la que se seguían sumando cargas indirectas como los alojamientos de tropa, el pago de bagajes, el estanco de la sal, el derecho de la bolla y las cargas para el mantenimiento de la nueva administración borbónica.⁶⁷ Uztáriz dejó constancia del problema en 1724, al señalar que persistían otros impuestos en una proporción que superaba al monto del catastro: a la contribución de los 900.000 pesos del catastro había que sumar 300.000 más para mantenimiento de las tropas, 100.000 de los derechos de bolla y 700.000 en concepto de diversas rentas lo que constituía una carga tan excesiva que «no pudiéndola sobrellevar algunos lugares, se han deteriorado mucho los unos y despoblado enteramente los otros».⁶⁸ No debe sorprendernos, pues, que por aquellos años, el autor anónimo del «Proyecto para establecer el antiguo magistrado de Cataluña» reclamara el establecimiento de una «única contribución», algo que se daba por supuesto, de forma errónea, con la implantación del catastro.⁶⁹ Ante la realidad que describen los contemporáneos, de poco sirve que el catastro redujera su impacto al quedar su cifra fosilizada en torno a los 900.000 pesos. Otra cosa bien distinta es que a los ojos de los reformadores castellanos fuera la panacea en contraste con el sistema de contribuciones indirectas vigente en los territorios de la Corona de Castilla. Pero mientras no dispongamos de un estudio exhaustivo sobre el catastro y su impacto económico y social durante el siglo XVIII, toda lectura mitiﬁcadora que presente a la nueva contribución como una receta mágica para resolver el marasmo y los abusos de las antiguas contribuciones, como advirtió Josep Fontana, carece de fundamento.⁷⁰ Con razón, Pilar García Trobat ha concluido que «los nuevos tributos de la Corona de Aragón —en especial en Valencia— no se debieron tanto a una reforma consciente de los vicios de la rentas provinciales como a la búsqueda de métodos ﬁscales que permitieran una mayor recaudación en los reinos sometidos» en los que se podía partir de cero y hacer oídos sordos a las quejas de los contribuyentes.⁷¹ Una aplicación y unos «agravios y notorios perjuicios que han padecido y padecen» que hubieran sido impensables en Castilla, a juicio de Martín de Loynaz en 1749.⁷² Al cabo de diez años, Joaquín de Aguirre, que lo apodaba como «catástrofe», reclamaba la revisión del

ﬁgurado Catastro de Cataluña, donde se sabe no hay regla ﬁxa, que al principio se dispuso de una manera y después han sido de mal en peor, y que están sujetos aquellos vasallos a las determinaciones justas o voluntarias del intendente sin otra apelación que a Dios, y si se diera a aquella audiencia la facultad de conocer sus clamores en justicia, se oyeran muchos lamentos, y conteniendo casi lo mismo en los otros tres reinos.⁷³

Un apunte, ﬁnalmente, en relación con el impacto de la política borbónica en el ámbito cultural y lingüístico. Jaume Tortella se ha referido al desarrollo de una nueva planta cultural que se centró en torno a la lengua castellana y a la interpretación oﬁcial de la historia mediante la creación de la Real Academia Española (1714) y de la Real Academia de la Historia (1738). Ambas consecuciones

iban a permitir conducir, por el camino adecuado, el futuro de la lengua castellana, vehículo indispensable de comunicación y, por lo tanto de poder, y el de la interpretación oﬁcial de la historia, fundamento nuclear sobre el que se sustentaba la legitimidad institucional de la corona.⁷⁴

El decreto de Nueva Planta impuso que las causas de la Real Audiencia se resolvieran en castellano, mientras las instrucciones enviadas a los corregidores insistían en la conveniencia de introducir progresivamente el castellano. Más allá de esta presión política que convertía en lengua oﬁcial de la administración al castellano, hay que aclarar que existió un perceptible fenómeno de diglosia en los estratos dirigentes (nobleza, burguesía comercial, abogados y juristas) que arranca a partir del siglo XVI. Un fenómeno, como ha demostrado Joan-Lluís Marfany, de carácter endógeno, por el que el castellano se convertía en el vehículo de expresión en determinados usos sociales, especialmente en el ámbito escrito, por un factor de prestigio social y cultural, mientras que se reservaba el catalán para usos más domésticos. Ello signiﬁcaba, por tanto, que el catalán siguió siendo utilizado por todos los grupos sociales, aunque la presión política aceleró el ritmo de la diferenciación social en su uso.⁷⁵ La obligatoriedad del castellano en la enseñanza primaria (con efectos muy discutibles hasta bien entrado el siglo XIX) y secundaria no se decretó hasta 1768. A lo largo del siglo XVIII, además, el estímulo para aprender el castellano vino de la mano del desarrollo del comercio peninsular.

Por último, hay que mencionar la creación, en 1717, de la Universidad de Cervera, una vez abolidos los antiguos centros universitarios de Barcelona, Lérida, Gerona, Tarragona, Vic, Solsona y La Seu d’Urgell. Felipe V creó la nueva universidad apelando al argumento del vencedor:

Por cuanto las turbaciones pasadas del Principado de Cataluña obligaron mi providencia a mandar se cerrasen todas sus universidades, por haber los que concurrían en ellas fomentado muchas inquietudes.⁷⁶

Cervera fue un pobre reﬂejo de los principios de la Ilustración, si bien Joaquim Prats entiende que su creación respondía fundamentalmente a un proyecto racionalizador de la estructura universitaria del Principado.⁷⁷ Pero dispuso de una ﬁnanciación precaria, de pobres infraestructuras y en sus aulas sólo se enseñaban leyes, teología, artes y medicina. Contaba, eso sí, con la privativa de imprenta (1718) para la edición de todos los libros docentes, privilegio que le otorgaba un margen notable de control ideológico y lingüístico que generó no pocas protestas y una obstinada resistencia del gremio de libreros y de impresores, que no dejaron de editar sobre todo pequeñas publicaciones, esquivando la privativa.⁷⁸ Sea como fuere, hay que tener en cuenta que la inquieta sociedad catalana del Setecientos creó su propia estrategia para acceder a los estudios superiores por otros derroteros que los de Cervera. Por una parte, subsistieron estudios, como el de Cordelles, de los jesuitas, o el de medicina, en el Hospital de la Santa Creu, en Barcelona. Por otra, siguieron activos algunos estudios implantados en otras ciudades, bajo la custodia de comunidades religiosas, lo que dio pie a reiteradas órdenes de Felipe V para que estos centros no impartieran materias ni otorgaran grados académicos a discípulos externos. Sin embargo, como explicó Ferran Soldevila, las autoridades borbónicas acaba ron haciendo excepciones y admitieron estudios en Tortosa, en Tarragona y en Barcelona, por ejemplo. La salvedad consistía en cursar la licenciatura en estos centros religiosos para completarla y doctorarse después en Cervera.⁷⁹

ESPAÑOLES Y ALEMANES EN LA CORTE IMPERIAL

Finalmente, no podemos dejar de mencionar el protagonismo desarrollado por el grupo de austracistas exilados en Viena y su actividad política. A ﬁnales de 1713, Carlos VI había organizado el Consejo Supremo de España con la intención de mantener vivas sus aspiraciones a la corona hispánica. Como ha escrito Virginia León, el Consejo establecía la continuidad con el proyecto político austracista que se había truncado con el desenlace de la guerra favorable a los Borbones, no sólo porque Carlos VI defendió las instituciones y las libertades de la Corona de Aragón hasta la paz de Viena de 1725, sino también porque permitió a los ministros españoles llevar a la práctica algunas propuestas de reforma del Estado. De entrada, la puesta en funcionamiento del Consejo de España complicó el sistema de gobierno imperial, pero al mismo tiempo impulsó un cambio en el estilo de gobierno, acompañado de una reorganización general de las estructuras y de las competencias de otros órganos centrales de la monarquía, una línea en la que profundizó María Teresa de Austria en la segunda mitad del siglo XVIII.⁸⁰ En el Consejo se hallaban representados los territorios de la corona hispánica incorporados a la austríaca en virtud de los tratados de Utrecht y de Rastatt: Nápoles, Cerdeña, Milán y Flandes. Se constituyó siguiendo el modelo del Consejo de Italia de la monarquía hispánica de los siglos XVI y XVII, y fue presidido por el arzobispo de Valencia, Antoni Folch de Cardona, hasta su muerte en 1724. Le sucedió en la presidencia el marqués de Villasor. En 1717 fue creado el Consejo de Flandes, formado en buena medida por exiliados de los territorios hispánicos y presidido por Josep Folch de Cardona, hermanastro del arzobispo valenciano. Como ya se ha dicho, el marqués de Rialp fue nombrado Secretario de Estado y del Despacho Universal en 1713, por cuyo motivo se desplazó a Viena el mes de julio de aquel año. Su nombramiento despertó reticencias entre los miembros del llamado «partido alemán» de la corte imperial.⁸¹ Pero la emperatriz Isabel veló por los intereses de Rialp.⁸² Ejercían como oﬁciales de la Secretaría el cuñado de Vilana, Joan Francesc de Verneda, Pedro Pascual Cano, Juan Amor de Soria, Agustín de Pedrosa y Ramon Llaurador y Vilana-Perlas, sobrino del marqués. Otro sobrino, Antoni de Verneda y Vilana-Perlas ocupó una plaza de oﬁcial. El predominio de la familia del marqués de Rialp en la secretaría llevó a aﬁrmar al historiador Duran Canyameras que aquella oﬁcina era una «viña» de la familia Vilana Perlas-Verneda.⁸³ El marqués ejerció el cargo hasta la transformación del Consejo de España en Consejo de Italia en 1736.⁸⁴ El protagonismo de Vilana en el círculo íntimo del emperador no pasó desapercibido al historiador borbónico Vicente Bacallar.⁸⁵

Jean Bérenger ha señalado que las únicas personas en las que Carlos VI depositó su conﬁanza fueron los consejeros italianos y españoles, además del conde de Althann, que era amigo personal suyo y que estaba casado con la catalana María Josefa Pignatelli. Era, en esencia, el núcleo en el que había depositado su conﬁanza en Barcelona. En cambio, mantenía una actitud reservada hacia el equipo de ministros que había formado su hermano José I, encabezado por el príncipe de Liechtenstein, que nunca disimuló su desconﬁanza hacia los catalanes, como ha recordado Ricardo García Cárcel.⁸⁶ En deﬁnitiva, la «aventura española» marcó profundamente a Carlos VI. El «clan español» de Viena formaba un consejo permanente con su secretario, en el que se utilizaba exclusivamente la lengua castellana y que, como hemos visto, se ﬁnanciaba mediante las rentas procedentes de Nápoles y de Milán. Entre sus integrantes más inﬂuyentes se encontraban el ya citado Antoni Folch de Cardona, presidente del Consejo de España y enemigo declarado del príncipe Eugenio de Saboya; Rocco Stella, un oﬁcial napolitano casado con la catalana Josepa de Copons; y, ﬁnalmente, el marqués de Rialp, que se convirtió en el «conﬁdente» del emperador después de la muerte de Stella y que marcó las directrices del Consejo de España hasta su disolución, conservando la Secretaría de Despacho. A juicio de Bérenger, «todos los ministros le temían, incluso el príncipe Eugenio, quizá porque sobrestimaban su inﬂuencia».⁸⁷ Al parecer, ni el inﬂuyente príncipe, el principal ministro de Carlos VI, gozó de la conﬁanza que éste otorgó al marqués de Rialp. En opinión de Derek McKay, el marqués de Rialp superaba a Stella en capacidad de trabajo, a la vez que era más competente, razón por la que, al morir éste, el emperador le nombró sucesor en el cargo de máxima conﬁanza. Aunque Stella y el marqués de Rialp mantuvieron amistad con Eugenio y los ministros alemanes durante los primeros años en Viena, el príncipe anhelaba el retorno del antiguo sistema de gobierno. En suma, observaba con recelo la inﬂuencia del «clan español» ante el emperador pero se mostraba incapaz de contrarrestarla y, en consecuencia, evitaba criticarlo.⁸⁸ En la misma dirección, Charles W. Ingrao ha subrayado que incluso más que la Conferencia Secreta que se reunía con el emperador, el grupo de españoles era el que realmente tenía acceso directo a él mediante el Consejo de España.⁸⁹ Por otra parte, Virginia León, después de constatar cómo la ﬁgura de secretario de Estado y del Despacho Universal del Consejo de España asumía múltiples atribuciones políticas más allá de la pura mediación entre el emperador y el Consejo de España, ha abundado en ello señalando el protagonismo del marqués de Rialp en la corte de Viena y en el diseño de la política imperial italiana.⁹⁰

De lo que no cabe duda es de la añoranza que Carlos VI sentía de su etapa barcelonesa, tal como denotan diversos testimonios: desde el recuerdo de la derrota de las tropas de Felipe V en 1706 —que rememoró en un dietario personal al cabo de treinta años—, su dominio del castellano y del catalán, y algunos gustos gastronómicos, hasta la simbología imperial plasmada en ediﬁcios y esculturas, que invocaba sus pretensiones a la corona hispánica, o la anécdota que apunta que la última palabra que pronunció antes de morir fue «Barcelona».⁹¹

Carlos VI, nos dice Bérenger, se comportó como un monarca celoso de su autoridad, decidido a tomar decisiones sobre todos los asuntos, pero sin tomar las riendas del gobierno. Asimismo, ha señalado que en su etapa de gobierno en Cataluña descubrió que el gran comercio marítimo era una fuente de riqueza importante tanto para los particulares como para el rey, por cuya razón favoreció los puertos de Fiume y de Trieste en el mar Adriático mediante el estatuto de puerto franco, en perjuicio de Venecia.⁹² Charles W. Ingrao coincide en que, a diferencia de sus predecesores en el trono, el emperador estimuló la pequeña industria y el comercio: «supo apreciar el poder que otorga una economía comercial fuerte a países como Inglaterra o las Provincias Unidas». Pero el historiador se muestra crítico con la nostalgia que el emperador sentía por España y con su «fantástica» presunción de recuperar la corona hispánica, mediante la organización del Consejo de España.⁹³

Es evidente que el nuevo equilibrio de poder en la corte imperial provocó antagonismo político entre los partidos «español» y «alemán». Desde el punto de vista de los alemanes, el «partido español» perjudicaba los intereses del imperio desde el momento en que ponía obstáculos a los acuerdos de Utrecht contando con la simpatía de Carlos VI, que no renunciaba al trono de España.⁹⁴

Pronto, la estrecha relación personal del emperador con un grupo de consejeros, vinculados a él a partir de 1705, sin que ninguno de ellos perteneciera a la alta aristocracia, generó recelos entre los miembros del «partido alemán», coincidiendo con la desorganización del «partido de las reformas» que había auspiciado José I.⁹⁵ Sea como fuere, no debemos olvidar la cuota de poder que preservaron los ministros alemanes. El conde Johann Wenzel Wratislaw, canciller de Bohemia y amigo de Carlos VI, se reveló como uno de los oponentes más obstinados a las aspiraciones hispánicas porque consideraba que eran ilusorias y secundarias frente al objetivo prioritario de conservar el imperio de los Habsburgo. Francesco Moles, duque de Pareti —opositor declarado de Stella—, también se mostró crítico con el equipo de gobierno que Carlos III el Archiduque forjó en España porque no consultaba a los consejeros. Guido von Starhemberg, comandante de los ejércitos de los aliados, echó en falta un sistema económico, político y militar, y denunció que la monarquía estaba gobernada por un capitán y un notario, en clara alusión a Stella y Vilana Perlas. De forma parecida, el príncipe Liechtenstein, preceptor del Archiduque, lamentó que no se celebraran reuniones de los ministros en el palacio real, ya que el rey sólo consultaba a determinadas personas en presencia de Moles.⁹⁶ Podemos concluir con János Kalmar que los miembros del «partido alemán» no se percataron suﬁcientemente de que en 1717 Carlos VI aún mantenía su propia convicción en relación con la corona de España, sin necesidad de que nadie le inculcara tal idea.⁹⁷

Aportaciones recientes ofrecen una visión más compleja del asunto. Antonio Álvarez-Ossorio ha mostrado su desacuerdo ante la simple contraposición entre los dos partidos al considerar que tal explicación simpliﬁca excesivamente el escenario vienés. Ha hecho notar que el marqués de Rialp se aproximó, a partir de 1716 y durante una década, al canciller Sinzendorf, intentando consolidar un núcleo de poder equidistante de Eugenio de Saboya y del tándem formado por Althann y Stella, mientras que Folch de Cardona hizo lo propio con los aristócratas del Imperio. Se trataba de alianzas tácticas que comportaron enfrentamientos entre el Consejo de España y la Secretaría del Despacho. En cualquier caso, Álvarez-Ossorio no cuestiona la inﬂuencia creciente del marqués de Rialp en las decisiones que tomaba el emperador ya que controlaba el «despacho a boca». De Rialp ha remarcado que su principal característica era que se mostraba «deseoso de trabajar en asuntos situados en tierra de nadie jurisdiccional», como sucedió con el del comercio marítimo que promovió ante el emperador, junto con Sinzendorf.⁹⁸ Virginia León también ha querido matizar la simple contraposición entre los dos partidos, cuyo enfoque resulta insuﬁciente para explicar los equilibrios políticos e institucionales de la monarquía de Carlos VI, en la medida en que los frentes no eran compactos. Es decir, los alemanes y bohemios también se hallaban enfrentados, al tiempo que los primeros tampoco eran del todo desfavorables a la política mediterránea e italiana y que los españoles e italianos no daban la espalda a la dimensión imperial de la monarquía.⁹⁹ De lo que no cabe duda es que existieron tensiones entre partidos o grupos de individuos inﬂuyentes en la corte vienesa en el terreno de la política internacional y que ello se tradujo en la adopción de una política ﬂuctuante.

Sabemos, por otra parte, que el carácter equívoco de las funciones de la Secretaría de Estado y del Despacho Universal provocaron problemas de competencias con el Consejo de España, que no renunciaba a intervenir en las materias puras de Estado, y en el de Italia, argumentando que en Viena no existía una junta que se ocupara de ellas, ya que la Conferencia ministerial, al no reunirse de forma ﬁja no podía discutirlas puntualmente. El marqués de Rialp replicó que «lo que pertenece privativamente al Estado corresponde al Secretario». Fue entonces, para defenderse «contra las maniobras, sugestiones y contra la fuerza de aquellos que quisieran perderme u desacreditarme» —el conde de Stella había intentado reducir la capacidad de maniobra del marqués—, cuando redactó una «regla metódica para las distinciones del secretario de Estado y del Despacho por España para que cese la confusión».¹⁰⁰ El marqués de Rialp defendió el carácter único del titular de la Secretaría y su posición al margen de cualquier otra institución, lo cual le garantizaba un amplio dominio de los mecanismos de poder, a la vez que le situaba fuera del control de ministros y tribunales. En realidad, su categoría era inferior social y jerárquicamente a la de los consejeros y ministros, aun que en la práctica las facultades delegadas de que disponía trastocaban la corporativa corte de Viena. Los recelos que alimentó entre los ministros alemanes con su creciente protagonismo, sumados a las divisiones internas de la corte, explican el interés por parte de algunos cortesanos de poner coto a la carrera del secretario de Despacho. Para remediar aquella confusa situación, el marqués de Rialp fue nombrado consejero de Estado y ministro del Consejo de España a partir de 1725.¹⁰¹

En 1736, Juan Amor de Soria sugirió separar las materias de Estado y las del Despacho para evitar conﬂictos y crear un Consejo de Gabinete de la monarquía austríaca integrado por cuatro ministros —Estado, Guerra y Hacienda, para asuntos de los Estados italianos y de los Países Bajos—.¹⁰² El propio marqués de Rialp redactó, en 1718, Para el examen de las cosas de Estado, un texto en el que abordaba estas cuestiones. Después de admitir que la creación del Consejo de España había generado no pocos recelos sugería que

se abra la puerta a emplear en Nápoles, en Milán, en Sicilia, a los sujetos alemanes, por la toga y por ﬁnanzas, en los consejos de esta corte lo mismo como se ha empezado a practicar en el de los Países Bajos pues se quitará la aprehensión y el dolor de verse excluidos y podrán adquirir insensiblemente el conocimiento interior de las provincias, sus leyes, su método de gobierno y el manexo de las rentas.

En beneﬁcio de un sistema de gobierno más operativo proponía

establecer una particular Junta de Estado todos los domingos desde las diez de la mañana hasta la una o a las tardes desde las cinco a las ocho y que se componga del presidente de Flandes, del presidente de España, del conde de Stella y del Secretario de Despacho, sin hallar inconveniente cuando V. M. lo considerase de su servicio que se destinase a la misma Junta un ministro alemán de la satisfacción de V. M. porque así comprendería el Ministerio que no se piensa en hacer República separada como hasta ahora se ha querido aprehender.

De esta forma el emperador podría evacuar consultas de cara a tomar decisiones

y disipar el espíritu de la confusión que reina por la misma irregularidad con que hasta ahora se han tratado las materias … De aquí se inﬁere que la cosa más propia y más necesaria en un soberano es la consulta y la execución.¹⁰³

Al mismo tiempo, en aras de conseguir una fórmula eﬁcaz para el gobierno de la monarquía, planteaba la desaparición del Consejo de España y la división de sus competencias en un Consejo para Nápoles y otro para Milán. Estas propuestas han sido consideradas por Virginia León como la contribución más original de los políticos exiliados en Viena, en continuidad con el proyecto austracista. De hecho, remarca, las formulaciones de Amor de Soria y del marqués de Rialp no eran ajenas a la cultura crítica y racional.¹⁰⁴ Además, si bien es cierto que sus formulaciones enlazaban la tradición hispánica con las novedades que había introducido la monarquía borbónica, de matriz francesa, dichas propuestas «nunca se apartan del respeto al ordenamiento jurídico tradicional de cada territorio», tal como aﬁrmaba el conde Amor de Soria en 1736, cuando escribía que le corresponde «a cada Provincia, el gobierno directivo según su sistema».¹⁰⁵ Efectivamente, la conservación de la estructura compuesta del Imperio, gobernado mediante Consejos (las cancillerías austríaca, bohemia, húngara, el Consejo de España y el Consejo de los Países Bajos), avala esta concepción territorial diferencial en relación con la política unitaria emprendida por Felipe V. Así pues, las reformas políticas, puestas en marcha en paralelo a la radical y traumática transformación emprendida en España, tenían cabida en una monarquía plural y diversa como era la austríaca. Atendiendo a estas consideraciones, Virginia León sugiere que es preciso superar el planteamiento, «simplista en exceso, tendente a asociar el reinado de Felipe V a la modernidad, en oposición a la opción más tradicional del austracismo».¹⁰⁶

Capítulo 14

HACIA LA PAZ DE VIENA

EL NUEVO EQUILIBRIO POLÍTICO

A partir de los acuerdos de paz, ¿qué rumbo siguió la política internacional europea y en especial la española? A pesar de que el equilibrio político internacional forjado en Utrecht parecía frágil, resultó duradero. Ello no impidió, de todos modos, que surgieran nuevos conﬂictos. Para empezar, a causa de las concesiones mercantiles a los británicos. El gobierno de Felipe V no había previsto el alcance de la penetración comercial en tierras americanas mediante el «navío de permiso», un auténtico «almacén ﬂotante», según Stanley H. Stein y Barbara H. Stein.¹ Por otra parte, Gibraltar garantizaba al Reino Unido el dominio de la entrada al Mediterráneo. Por lo tanto, la recuperación del Peñón constituyó una de las aspiraciones permanentes del gobierno español. Al ﬁnal, las continuas tensiones entre España y el Reino Unido desembocaron en un conﬂicto entre 1739 y 1748, la Guerra de la Oreja de Jenkins, desencadenado en el Caribe.

Paradójicamente, los británicos habían recibido los acuerdos de paz con una sensación amarga y los artíﬁces del pacto fueron procesados por la nueva mayoría de los whigs.² La insatisfacción de los comerciantes fue una constante en las décadas siguientes hasta el punto de convertirse en una fuente de conﬂictos permanente entre el Reino Unido y España, no tanto quizá, como argumenta L. Bély, porque las ventajas económicas obtenidas a cambio de la salida de la guerra fueran ilusorias —idea que contradicen los Stein—, sino porque tal vez las expectativas que habían generado entre los comerciantes británicos no se vieron correspondidas por los resultados que obtuvieron. Una buena muestra de ello es que en 1729 tuvo lugar un importante debate en la Cámara de los Comunes sobre «la depredación» que sufría el comercio británico en las Antillas por parte de los españoles.³ Pero lo cierto, como señala J. M. Delgado, es que Felipe V, lejos de otorgar a los asuntos americanos la importancia que merecían, de perseguir la eliminación de los privilegios británicos sobre el comercio colonial y de ﬁjarse como objetivos prioritarios la recuperación de Gibraltar y Menorca, dio primacía a los intereses familiares, auspiciados por su segunda esposa, convertidos en una auténtica obsesión.⁴

En efecto, Felipe V, condicionado por su total dependencia hacia Isabel de Farnesio —que tenía grandes ambiciones sobre Parma, Plasencia y Toscana para colocar allí a sus hijos—, no renunció nunca a las posesiones italianas que había perdido y ello condicionó la política exterior española.⁵ De forma parecida, el emperador Carlos VI no renunciaba a la corona de España. Hubo que esperar diez años, no exentos de tensiones, para que ambos alcanzaran un compromiso.⁶ Después de la muerte de Luis XIV, la política irredentista de Giulio Alberoni en el Mediterráneo (ocupando Cerdeña en 1717 y Sicilia al año siguiente), fue frenada militarmente por la Cuádruple Alianza (Reino Unido, Francia, las Provincias Unidas y el Imperio) en 1719, lo que constituye una buena muestra de la insatisfacción de Felipe V ante los acuerdos de Utrecht.⁷ Inicialmente, la Cuádruple Alianza había propuesto a Felipe V que retornara Cerdeña a Carlos VI, a cambio de que el emperador le reconociera como rey de España, y que se admitiría entonces que la sucesión de los ducados de Parma, Plasencia y Toscana recayera en el infante don Carlos. Incluso el Reino Unido ofreció Gibraltar como compensación por la retirada española de Cerdeña. Pero todo fue en vano, porque Felipe V se dejó deslumbrar por los éxitos militares obtenidos. El conﬂicto internacional avivó el alzamiento de los Carrasclets en Cataluña, contra el catastro y a favor de las Constituciones perdidas, y movilizó a unas 8.000 personas armadas, que actuaron principalmente en las comarcas meridionales, especialmente en Reus y Valls, donde existía un ambiente de guerra civil entre austracistas y botiﬂers.⁸ Al ﬁnal, el rey de España se vio obligado a ceder a los dictados de la Cuádruple Alianza en 1720 y destituyó al ministro Alberoni.⁹ Por su parte, Carlos VI se enfrentó de nuevo con los turcos entre 1716 y 1718. La paz de Passarowitz proporcionó al emperador el Banato de Temesvar, Belgrado y la mayor parte de Serbia. De esta forma ﬁnalizaba la reconquista de la Hungría otomana, iniciada en el siglo XV.

Cabe destacar que en aquel contexto de inestabilidad latente, señala Bély, cobraron relieve diversas prácticas que fueron decisivas en la escena política europea a lo largo de todo el siglo, caracterizada por la inexistencia de una potencia continental preponderante. A saber: «arte de la negociación y profesionalización de la carrera diplomática, respeto a las reglas y acuerdos dinásticos, articulación de systèmes para organizar el continente, intercambios y repartos de soberanías, concierto de grandes poderes, rechazo de la guerra general e intervenciones puntuales».¹⁰

EL CONGRESO DE CAMBRAI

Después de haberse plegado a los dictados de la Cuádruple Alianza Felipe V intentó superar el aislamiento y en 1721 se aproximó a Francia y, poco después, al Reino Unido, potencias integrantes del llamado bloque de Hannover, que sellaron la paz. Inglaterra propuso intercambiar Gibraltar con una parte de Santo Domingo o de la Florida española, permuta que Felipe V rechazó. En 1724 —año en que Felipe V abdicó temporalmente en su hijo Luis I, que murió al cabo de pocos meses— se celebró el congreso de Cambrai en el que el rey de España no alcanzó ninguno de sus grandes objetivos: ni los ducados de Parma y Toscana, ni Gibraltar. El emperador, por su parte, se enfrentó a las potencias marítimas a propósito de la Compañía de Ostende. España se alejó decididámente de Francia, después del agravio que protagonizó el duque de Borbón al rechazar el matrimonio de Luis XV con la hija de Felipe y de Isabel, Ana María Victoria, cuyo enlace había sido estipulado en 1721.¹¹ Consumado el fracaso de Cambrai, el equilibrio se alteró al cabo de un año a consecuencia de las gestiones del entonces inﬂuyente barón de Ripperdá, que acercó Felipe V al emperador y que consiguió dar un vuelco a la política exterior española mediante el tratado de Viena de 1725.

En cualquier caso el congreso de Cambrai, cuyos preliminares se celebraron en 1721, aportó oxígeno a las esperanzas de los austracistas, a pesar de que el Reino Unido desarrollaba una política exterior inestable, en la que los antiguos países aliados apenas podían conﬁ ar.¹² Aquel contexto político hizo cobrar nueva vida al «caso de los catalanes» tanto en el exilio, donde no había cesado la formulación de propuestas al socaire de las negociaciones internacionales,¹³ como en Cataluña. Dan testimonio de ello diecisiete cartas, enviadas desde Viena y Génova a Barcelona entre los años 1721 y 1724, desaﬁando la prohibición de correspondencia con los territorios del emperador.¹⁴ El autor de la mayoría de las misivas ponía en evidencia su relación con un Feliu (probablemente Salvador Feliu de la Peña) y con el comerciante Marià Duran, al tiempo que demuestra ser amigo de Joan Francesc Verneda, que parece apoyar activamente la resistencia de los catalanes a Felipe V. La correspondencia trasluce el ambiente de incertidumbre internacional que se respiraba (preparativos del congreso de Cambrai, alianzas internacionales, política matrimonial de la casa de Austria), a las puertas de una guerra que se preveía inminente y que era anhelada por los austracistas. Los corresponsales no ahorran las críticas a la corte de Viena, a sus ministros y al propio emperador, pero se muestran conﬁados en que tendrán presentes sus obligaciones para con los catalanes. No faltan referencias a la represión que siguen padeciendo —«lo que ejecutan en este país no es cosa natural, y si Dios no pone remedio, creo que pretenden acabar con todos y poblar la tierra con otra gente»— y se declaran partidarios de la guerra para que alumbre un nuevo escenario político.¹⁵ Como ha demostrado Agustí Alcoberro, los corresponsales vieneses se esforzaron en desmentir informaciones difundidas por la propaganda borbónica e intentaron mantener viva la llama de la resistencia en Cataluña frente a Felipe V.

En aquel contexto, el conde Felip Ferran de Sacirera, embajador de Cataluña en La Haya en los años 1713-1714, pidió el 20 de mayo de 1723 asistir a las sesiones de Cambrai. En una petición dirigida al emperador, aludía al incumplimiento en los tratados de Utrecht del compromiso de conservar las libertades catalanas, asumido por los británicos:

El rey Jorge de Inglaterra, en La Haya, cuando pasó a tomar posesión de aquel reino, a una representación que puso en sus manos, en que entre otras cosas le proponía erigir a Cataluña en república, lo aprobó y dijo, además, que si en aquel tiempo no se había perdido Barcelona, que no se perdería, por haber dado las órdenes necesarias para su libertad.

Por este motivo solicitaba a Carlos VI

la gracia de pasar al congreso donde convenga con el patrocinio de la cesárea clemencia para que no queden infelices unos vasallos de cuyos países ha salido V. M. emperador con gran parte de los dominios de España, además de los servicios hechos a V. M. y a la Grande Alianza, razón que les promete más dicha que la desgracia les amenaza. Y cuando nada se consiga, tendrían el alivio de saber que hasta la ﬁn no les ha V. M. desamparado, y el suplicante de haber cumplido con Dios, con V. M. y con la patria solicitándolo.¹⁶

No tenemos constancia de que el conde Ferran fuera recibido en audiencia por el emperador.¹⁷ Lo que sí sabemos es que el espíritu de su demanda fue recogido en el articulado discutido en las conversaciones de 1724. En efecto, en los Artículos para incluir en el tratado de Paz que se espera entre S.M.C.C. y la España se formulaba:

Todos los motivos de enemistad o de mala inteligencia quedarán extinguidos y para siempre abolidos, a cuyo ﬁn habrá de una y otra parte un olvido y perpetua amnistía.

En otro punto añadido al redactado original se aﬁrmaba:

Los reinos y provincias, ciudades, islas y comunidades de una y otra parte serán restablecidas en el goce y libre posesión de todos sus privilegios, leyes, fueros, constituciones, honores, preeminencias y prerrogativas de que gozaban cuando comenzó la presente guerra y fueron durante y por causa de ella privadas y desposeídas, sin que por ninguna causa ni pretexto puedan ser alteradas, invertidas, disminuidas ni perjudicadas reponiendo el todo en el mismo estado que tenía antes de la guerra.

Para añadir, más adelante:

todos los súbditos de una y otra parte, eclesiásticos y seculares, cuerpos, comunidades, universidades y colegios serán restablecidos tanto en el goce de los honores, privilegios, constituciones, usos, costumbres, dignidades y beneﬁcios que poseían antes de la presente guerra, como en el de todos y cada uno de sus derechos y en la posesión de todos sus estados, bienes muebles y raíces, censos y censales ocupados por la ocasión de la guerra y por haber seguido el partido contrario.¹⁸

También, en unas Reﬂexions et additions pour le projet de Paix —un texto que, por el hecho de estar redactado en francés hace pensar que se trata de una versión más deﬁnitiva de cara a la negociación—, además de la cuestión fundamental de la amnistía, el tercer punto aﬁrmaba de manera explícita:

Se conservará a todas las villas, ciudades, sitios, comunidades y señoríos particulares de los dichos reinos de la Corona de Aragón y territorios dependientes especiﬁcados sus libertades, privilegios, constituciones, franquezas, honores y derechos que poseían en los tiempos de Carlos II, sin que se les puedan estorbar bajo ningún pretexto.¹⁹

Otro documento, ﬁrmado por el conde Ernst Friedrich Windisch-Graetz, que incluye las demandas del emperador era, si cabe, más categórico. En un extenso tercer punto, reclamaba la restitución de los privilegios de los habitantes de la Corona de Aragón siguiendo, se decía, el proceder de Carlos VI con el reino de Sicilia, a pesar de que sus habitantes se habían resistido a someterse al dominio imperial durante la guerra. La restitución no debía establecerse en virtud de lo estipulado en la amnistía sino de

la promesa hecha a Su Majestad Imperial por Sus Majestades Cristianísima y Británica en la Convención para la Evacuación de Cataluña ﬁrmada en Utrecht el 14 de marzo de 1713; art. 9.º: Por lo que esta restitución se insertó en el tratado para realizarse en la mejor forma posible, de la misma manera que en una situación semejante, fue estipulada en el artículo 55 de la Paz de los Pirineos.

Añadía que había que liberar a los presos encarcelados, como el general Villarroel y que la amnistía debía hacerse extensiva tanto a seglares como a eclesiásticos, retornándoles los honores, bienes, derechos, dignidades y privilegios.²⁰

Pero, por enésima vez, los embajadores de Felipe V respondieron

que tienen orden de que no se acuerde nada más a favor de Cataluña que lo que ya se ﬁjó en el artículo 13 del Tratado de Utrecht. Es decir, que sean tratados como las provincias más favorecidas de España, que son las dos Castillas. Estos son los efectos de los oﬁcios que Francia e Inglaterra prometieron en el artículo 9 sobre la evacuación de Cataluña. En lo que respecta a los prisioneros actuales, los señores embajadores de España rendirán cuentas a su corte.²¹

Los británicos, ante la negativa española, consideraron que los franceses se alinearían con el rey de España y que intentarían persuadir al emperador de que arrinconase la reivindicación. Los argumentos que esgrimieron eran idénticos a los utilizados por Bolingbroke en 1713, a pesar de que habían sido severamente censurados por el Committee of Secrecy formado por los whigs, una vez acabada la guerra:

Con la segunda rebelión y la declaración de guerra particular después de que el emperador se retirara y evacuara sus tropas de la provincia como consecuencia del Tratado de evacuación ﬁrmado en Utrecht, los catalanes parecen haber comprometido mucho su derecho a estas libertades.

Después de considerar que los argumentos del emperador eran débiles, los británicos sostenían que no era improbable que los imperiales aludieran a los privilegios catalanes para obligar a Felipe V a desistir en sus pretensiones en los territorios italianos. En relación con los prisioneros, el conde Santiesteban aseguró que la petición no encontraría grandes diﬁcultades, pero que en Madrid preferían liberarlos sin que el gesto apareciera como una concesión hecha al emperador.²²

Pero los embajadores imperiales persistieron en la demanda del artículo 3º y apelaron a la magnanimidad de Felipe V, a la justicia y al honor de Carlos VI, y en deﬁnitiva a los compromisos contraídos por Francia y Gran Bretaña, al tiempo que ponían en tela de juicio el equívoco artículo XIII del tratado de paz entre Gran Bretaña y Felipe V, en relación con los privilegios de los catalanes:

Además de que los oﬁcios prometidos en el artículo 9º de la evacuación de Cataluña para la restitución de los privilegios de los catalanes no habrían tenido ningún efecto, si se les quisiera tratar simplemente como a las dos Castillas, ya que estas últimas no han tenido nunca tales privilegios aunque pudiesen ser, por otra parte, las provincias más favorecidas de España … solamente se trata de la restitución de aquellos privilegios que los catalanes, y otros pueblos comprendidos en la 3.ª petición de los ministros imperiales, han tenido en los tiempos de Carlos II.

A pesar de ello, reconocieron la buena disposición de los embajadores españoles en relación con los prisioneros. Pero al ﬁnal, los plenipotenciarios de Felipe V no alteraron su postura intransigente.²³

Whitworth, por su parte, dejó constancia de que los imperiales «presionaron enormemente para que los privilegios de catalanes y aragoneses se restituyeran tal como estaban al principio de la guerra», alegando motivos de honor y de conciencia a favor de aquel pueblo que había sido abandonado a su suerte al ﬁnal de la guerra de Sucesión. Ante aquellos requerimientos respondió con viejas razones repescadas del argumentario tory de 1713-1714 y que

Gran Bretaña y Francia ya han empleado sus mejores oﬁcios a favor de los catalanes, pero no han podido obtener condiciones más favorables del rey de España que las ya expresadas en el Tratado de Utrecht, las cuales les situaban en pie de igualdad con los súbditos de Castilla. Pero, a petición de los imperiales, prometimos informar a nuestras cortes de las representaciones que se han reiterado en esta ocasión.²⁴

Al cabo de pocos días, Polwarth conﬁrmaba al duque de Newcastle que albergaba pocas esperanzas de que aquellas reivindicaciones tuvieran éxito, ya que habían quedado zanjadas en tratados anteriores.²⁵

EL ACERCAMIENTO ENTRE VIENA Y MADRID. LA PAZ DE VIENA (1725)

En el año 1724, el diplomático holandés Johan Willem Ripperdá, en aquellos momentos el principal consejero de los reyes de España, fue el protagonista de unas negociaciones en Viena que se prolongaron durante casi un año y que culminaron en el tratado de Viena del 30 de abril de 1725.²⁶ Ripperdá es un personaje del que sabemos poco y las informaciones de que disponemos sobre él son confusas. Rosa Maria Alabrús ha apuntado que podría haber militado en la causa austracista en Argel, hacia 1705 y 1706. Fue enviado por Holanda a Madrid en 1715, como embajador extraordinario. Al parecer, en la corte ganó la conﬁanza del cardenal Giudice y a continuación de Alberoni, así como de la reina Isabel de Farnesio. Comenzó entonces su espectacular carrera al servicio de la monarquía de España, impulsando la Fábrica de Paños de Guadalajara. Pero pronto logró incidir en la política internacional española procurando desarticular la Cuádruple Alianza (Reino Unido, Francia, Austria y las Provincias Unidas) mediante una aproximación entre Madrid y Viena. La paz de Viena y el apoyo a la Compañía de Ostende, para socavar el poder económico británico en beneﬁcio de la producción nacional y del comercio españoles, responden a este objetivo.

Una vez concluido el Congreso de Cambrai, en 1724, Ripperdá, gracias a los buenos oﬁcios de Eugenio de Saboya y de Sinzendorf, consiguió una audiencia con el emperador para persuadirle de los beneﬁcios que implicaría la aproximación entre España y Austria. La paz comprendía pactar los dos matrimonios entre los infantes Carlos y Felipe con las dos hijas mayores del emperador, María Teresa y María Ana (así Carlos podría convertirse en emperador). De este modo España reconocía antes que nadie la Pragmática Sanción, que, frente a la tradición del derecho germánico que favorecía en las casas principescas las particiones, introducía el principio de la primogenitura en línea masculina y después femenina, con el objetivo de asegurar la unidad de la monarquía austríaca. Se trataba, a juicio de Jean Bérenger, de un compromiso falto de seriedad ya que, entre tanto, en Viena educaban al joven duque Francisco Esteban de Lorena como futuro esposo de María Teresa, cuya boda tuvo lugar en 1736.²⁷ En el terreno económico, la entente signiﬁcaba la apertura de los puertos españoles a los barcos de la compañía de Ostende y el compromiso de la corte de Madrid con el proyecto colonial del emperador. Además, Ripperdá habría ﬁrmado un acuerdo secreto con Sinzendorf mediante el cual el emperador se comprometía a apoyar la restitución de Gibraltar y Menorca.

En la corte imperial, el acercamiento a España se llevó a cabo sin demasiado entusiasmo, a la vista de la crítica situación personal de Felipe V y de la impresión de inestabilidad política que de ella se desprendía. Desde Madrid, el embajador Königsegg trazaba un sombrío panorama de cara a establecer un acuerdo con garantías de solidez:

Cuatro son los casos o accidentes que supone pueden llegar. El primero que es el presente es el de la imbecilidad del rey que de cuando le incapacita para el gobierno. El segundo es si debido a esta imbecilidad se inclinase a renunciar por segunda vez a la corona sin que la reina pueda impedirlo. El tercero es si esta imbecilidad llegase al exceso de melancolía y furor como ha sucedido alguna vez en el Pardo sin que la reina pudiese ocultarlo y que fuese necesario establecer una regencia. Y el cuarto es si llegase la muerte del rey.²⁸

Henry Kamen se ha referido a la delicada salud del monarca en el contexto de su renuncia al trono en 1724: «el rey había desarrollado una profunda —sería correcto decir patológica— obsesión religiosa según la cuál sólo podía salvar su alma en una atmósfera de completa tranquilidad», convertida en una auténtica obsesión por la salvación mediante el aislamiento y la mortiﬁcación, y que guardaba relación con su trastorno bipolar.²⁹ A principios de 1725, los informes emitidos por la embajada francesa en Viena aludían también a la confusión reinante en Madrid, agravada por el desequilibrio mental que padecía Felipe V.³⁰ Unas memorias enviadas desde la corte de París al duque de Richelieu, advertían de que los imperiales intentarían

presionar al rey de España para que devuelva sus antiguos privilegios a los aragoneses, catalanes, etc. … no creemos que el rey de España preste oídos en lo referente a los catalanes y aragoneses, no sólo porque es un asunto que atañe al gobierno interno de España sino porque ya no tienen más que reclamar del rey de España una vez que éste ha consentido en que las provincias inﬁeles gocen de los mismos privilegios que las dos Castillas.³¹

A base de reiterar aquella idea, y del paso de los años, claro está, el argumento tomó carta de naturaleza.

A pesar del serio inconveniente que signiﬁcaba la inestabilidad política reinante en la corte de Madrid, se produjo el acercamiento con Viena, y sus efectos se prolongaron hasta 1729. La paz de Viena de 1725 propició un ambiente de amistad, inédito en aquellos años, entre ambas cortes. Al cabo de un año, Felipe V envió un mensaje inequívoco al embajador de España en Viena, el duque de Bournonville: «quiero que os portéis como si fueseis compañero y uno de los de aquel ministerio».³² En el artiﬁcio constituido por Ripperdá, la alianza matrimonial de los dos infantes de Felipe V con las dos hijas del emperador, constituía una pieza fundamental. El canciller Sinzendorf y el marqués de Rialp, según Gabriel Syveton, aceptaron con condiciones las propuestas de matrimonio, como una «necesidad desagradable». Según Syveton, eran partidarios de esta opción todos los miembros de la corte enemigos de los británicos, como el marqués de Rialp, los protectores de la Compañía de Ostende y los colaboradores de la nueva política comercial. El marqués se habría valido en esta ocasión de su inﬂuencia «preponderante». Starhemberg, del «partido alemán», junto con Eugenio de Saboya, reaccionaron acusando al secretario de Estado de «querer convertir Austria en una provincia española».³³ Amor de Soria se distanció en este asunto de la posición de Rialp y sugirió unas severas cautelas en caso de celebrarse el matrimonio entre el infante Carlos y la Archiduquesa: que Carlos fuera declarado por sus padres rey de la Corona de Aragón y de una parte de las Indias; que tendría derecho a suceder a su hermano incorporando los reinos de Castilla y de Indias; que Felipe V debería abdicar en las Cortes en el otro hijo, el Príncipe de Asturias; que en la Corona de Aragón se restablecieran los fueros y las constituciones, así como las Cortes de cada uno de sus territorios; que fuera concedida una amnistía general.³⁴

El embajador francés en Viena, Du Bourg, aporta un interesante retrato de los cuatro ministros de la Conferencia imperial: el príncipe Eugenio, los condes de Sinzendorf y Starhemberg y el marqués de Rialp, y conﬁrma la vigencia de los dos partidos en aquella corte. A este último lo consideraba amigo del canciller, el conde WindischGraetz:

El marqués, visionario en lo que concierne a los asuntos y proyectos de su señor, es bastante ecuánime en sus intereses particulares. No contento con tener en su departamento los estados italianos, que gobierna despóticamente, anhela ocuparse de los asuntos de Flandes en los que tiene un interés inmenso.

Éste, decía, contaba con el apoyo del conde de Savellà, «catalán como él, e igualmente bien considerado por el emperador. La mayor parte de los españoles que tienen alguna importancia se encuentran en el mismo partido».³⁵

Presentaba al príncipe Eugenio como un hombre poco ambicioso, partidario de la buena vida y de mantener la paz, principalmente con Francia.³⁶ El conde de Sinzendorf no salía mejor parado: era deﬁnido como «perezoso, glotón y voluptuoso», y a consecuencia de ello gozaba de poco peso en la corte:

Tiene los mismos intereses que el marqués de Perlas [Rialp] y esa unión que le ha merecido el desprecio de su nación le ha valido el aprecio del emperador, pero no lo suﬁciente como para mantenerse sin el apoyo del señor de Perlas; era preciso que adoptase su sentir y no parecía ser más que su mano derecha o el ejecutor de sus planes.

Sinzendorf mantenía una excelente relación con el representante británico, el barón Saint-Saphorin, y buena disposición hacia los intereses de Gran Bretaña.³⁷ El conde Gundaker von Starhemberg —responsable de las ﬁnanzas y del Banco de Viena— no mantenía vínculos notables con el resto de miembros de la conferencia. Había sido amigo del príncipe Eugenio pero la relación entre ambos no pasaba por un buen momento. No participaba en las discusiones de la Conferencia y se limitaba a manifestar sus desacuerdos. Le atribuía la aﬁrmación de que «estamos en vísperas de ver el imperio gobernado por dos catalanes o por dos mujeres».³⁸

Du Bourg subrayaba el ascenso político del marqués de Rialp, como Secretario y como integrante de la Conferencia de ministros, con unas funciones incrementadas, en relación con las que habían desarrollado el conde de Stella, el conde de Althann y el arzobispo de Valencia. Después de la muerte de Stella, Althann valoró su talento y lo promovió ante el emperador. Rialp, desde el primer momento, en una actitud distinta a la del arzobispo Folch de Cardona, se ocupó de ayudar a los españoles. Para poner de relieve la inﬂuencia del marqués de Rialp, recordaba que el nuncio del Papa pasaba, cada día, largos ratos en su casa y añadía las siguientes consideraciones:

El marqués es el único de los ministros en quien el emperador confía y por cuyas manos pasan todos los asuntos secretos. El emperador le concede cada día nuevas gracias … el señor de Perlas es un buen hombre, muy honesto y con razón unido a su señor. Su genio es mediocre, o es insigniﬁcante o de una elevación tal que le hace concebir proyectos visionarios que se tornan ridículos; frecuenta a los españoles, los más proclives a apoyar sus ideas. Su relación con los catalanes es también pulcra, de manera que si se divulga una novedad sobre España proviene de su despacho. Del mismo salieron las órdenes que propiciaron los falsos intentos de Cambrai y de Italia, y todo ello a pesar de la política del señor de Perlas, quien cree acertadamente que sólo la paz asentará su fortuna y que para nada querría la guerra.³⁹

El político francés concluía de este modo la semblanza del marqués de Rialp:

Es, por así decirlo, el primero y único ministro de esta corte. Es difícil saber cuál es su sistema, si es que lo tiene; lo único que sé es que no le gustamos nada y que no he conseguido tener éxito en ninguno de los asuntos que le he planteado.

Por subjetivo que sea, el perﬁl que ofrece del marqués parece certero: su preocupación por la suerte de los catalanes y españoles, en general, su ambición política acompañada de la económica, su indiscutible inﬂuencia en la corte, quedan perfectamente reﬂejadas, así como el sentimiento antifrancés y su actitud contraria a la guerra, que le debía predisponer a inclinarse por el acuerdo de paz con España, plasmado en el tratado de 1725. Otro informe, redactado desde París, probablemente del mismo autor, deﬁnía al marqués de Rialp como un hombre bien relacionado con Sinzendorf, nada partidario de la guerra y enemigo de Francia.⁴⁰

Añadía, además:

no menciono al Consejo español porque actualmente su inﬂuencia en los asuntos es mucho menor de lo que fue anteriormente, pero el marqués de Perlas, a quien hemos de considerar como el representante de todo el Consejo es, por así decirlo, el único ministro que es escuchado y a quien su majestad da crédito, por lo que se puede creer que los principios de los españoles de Viena prevaldrán aunque el Consejo se halle desacreditado.

En virtud del tratado de Viena, ﬁrmado el 30 de abril de 1725,⁴¹ Felipe V y Carlos VI renunciaban a los derechos del trono contrario, mientras que el emperador admitía que los ducados italianos de Parma, Plasencia y Toscana pasarían, al extinguirse la rama masculina de los Farnesio, al infante don Carlos, sin que constituyeran parte de la monarquía española. Al mismo tiempo, ﬁrmaron un tratado de ayuda militar ofensivo y defensivo. En compensación, Felipe V ofreció ventajas comerciales a la Compañía de Indias de Ostende. Carlos VI había aprendido en su estancia en Cataluña que el gran comercio era una fuente de riqueza y no ocultó su entusiasmo por una aventura colonial. A tal objeto, impulsó en 1722 la Compañía de Ostende, llamada oﬁcialmente Compañia Imperial y Real de las Indias, a pesar de la oposición de las potencias marítimas, la cual basó sus actividades en el «comercio de China», creando una factoría en la desembocadura del río Ganges y otras sucursales en la India y en Cantón. Buena parte del capital lo aportaron ﬂamencos y holandeses y contribuía a las arcas imperiales con el 6 % de sus beneﬁcios.⁴²

El barón regresó a Madrid en 1725 y Felipe V premió sus servicios concediéndole el título de Grande de España y otorgándole una secretaría de Estado. Pero una vez en la corte, se encontró con la oposición de Grimaldo y del embajador imperial Königsegg, además de con la diﬁcultad de mantener el artiﬁcioso pacto que había concebido: por una parte, por la presión del Reino Unido, las Provincias Unidas y Francia en contra de la Compañía de Ostende; por otra, por la diﬁcultad de que se materializaran los matrimonios acordados y, ﬁnalmente, porque Königsegg desconﬁaba de que el rey de España pudiera hacer efectiva la importante dote que se comprometió a pagar. Así las cosas, Königsegg, Grimaldo y Patiño provocaron la caída de Ripperdá.⁴³

Una vez ﬁrmada la paz, la embajada francesa en Viena, representada por Du Bourg, manifestó su disgusto con el marqués de Rialp porque éste se había comprometido a informarle de un eventual pacto con Madrid, cosa que no cumplió. Saint-Saphorin escribía que el príncipe Eugenio y el marqués de Rialp, estaban sumamente satisfechos con el compromiso de matrimonio de Carlos de Borbón con la Archiduquesa y con el anuncio que realizó Ripperdá de que al regresar a España ejercería de primer ministro, augurando una relación ﬂuida entre Viena y Madrid: «en sus conversaciones particulares se expresan como si, gracias a esta paz con España, tuviesen que convertirse en los árbitros de Europa, y estoy seguro de que han convencido de ello al emperador». Aseguraba que, en consecuencia, Carlos VI hablaba con entusiasmo y satisfacción «sobre el gran golpe que iban a dar y de que iban a conseguir la paz en Italia por la simple inﬂuencia del emperador y sin necesidad de mediadores».⁴⁴

En cambio, Starhemberg estaba disgustado a causa de la negociación, de la que había sido excluido y ni tan sólo informado. Contó a los franceses que Ripperdá pasaba dos o tres horas al día reunido con Sinzendorf, a quien responsabilizaba, junto con el marqués de Rialp, de las quimeras que, a su juicio, acabarían perdiendo al emperador, hasta tal punto que un día, aﬁrmaba caricaturizando, Austria se convertiría en provincia de España. Los informantes deducían que los acuerdos se cimentaban en un ﬁrme compromiso de matrimonio entre la mayor de las archiduquesas y el infante don Carlos, así como en la concesión a la Compañía de Ostende de la libertad de enviar dos barcos anuales a las Indias Occidentales. En contrapartida, España podría disponer del apoyo austríaco para recuperar Gibraltar y Menorca. Por todo ello, concluían, la satisfacción del emperador y de los ministros que habían intervenido en la gestación de los acuerdos era tal, que creían que llegarían a convertirse en amos de Europa.⁴⁵ Sobre el cuarto miembro de la Conferencia, el príncipe Eugenio de Saboya, apuntaban que a pesar de las diferencias que le separaban de Sinzendorf, estaba al corriente de los acuerdos, ya que las reuniones se celebraron en su casa. Y aunque no se manifestó en contra de ellos, Eugenio sostenía que una paz sólida debía partir de los acuerdos de Cambrai y contar con el aval de Francia y el Reino Unido, en vez de seguir el camino emprendido por Sinzendorf y el marqués de Rialp.⁴⁶

Por su parte, el embajador imperial en Madrid, Königsegg, ofreció la siguiente imagen del barón de Ripperdá al describir uno de los encuentros que mantuvo con él:

Después de comer tuve un entretenimiento bastante largo con este ministro, pero él fue quien casi siempre habló contándome las cosas de su ministerio, el favor que goza de los Reyes … me hizo también grandes contestaciones de su afecto y prontitud para el servicio y mayor satisfacción de su Magestad C. C. [el emperador] y manutención de una verdadera amistad y concordia entre los dos monarcas, habiéndose en todos estos discursos extendido de forma que a penas me dio lugar de entrar en mis negocios.⁴⁷

El embajador recibió unas instrucciones enviadas desde Viena que permiten valorar las óptimas expectativas que la paz alimentó. Debía recabar información sobre el estado del ejército y de la armada, de la reacción de la nobleza ante el acuerdo entre las dos coronas, enemigas hasta entonces, y cuáles eran los nobles partidarios de Francia; ﬁnalmente, «cómo recibe la nación la mano y manejo que tiene en el gobierno el duque» [de Ripperdá], así como del apoyo de la nobleza con que contaba el rey. Las recomendaciones ﬁjaban como objetivo prioritario alejar a Francia de España:

Sería gran locura creer que unidas otra vez las dos coronas de España y Francia no adhiriere la primera a la segunda más que a la nuestra, ni quedaría la nación española con la libertad que hoy goza pues volvería a la sujeción de la Francia; debes con toda destreza procurar desvanecer una tal idea y hacer evidencia de lo imposible que sería ﬁarse nuestra corte de la de Madrid, lo que también deberás inspirar a su alteza … Se ha de vender a buen precio la sinceridad de esta corte y lo propensa que está a mantener y fortiﬁcar siempre más la amistad y alianza estipulada y persuadir que lo mismo debe hacer aquella corte en que debe tomar no poco interés la nación para tener asegurada su libertad y no quedar expuesta a ser provincia de la Francia como lo ha sido tantos años.⁴⁸

Probablemente, un informe detallado y anónimo, elaborado en 1726, sobre la economía y la política españolas, constituyó la respuesta que el embajador proporcionó a las preguntas del marqués de Rialp.⁴⁹

Rodríguez Villa no dudó en caliﬁcar a Ripperdá de insensato, embaucador y adulador por sus ilusorias promesas al emperador, como la de anunciar la unión del Imperio y de España para imponer su política en Europa y alcanzar algún día la unión de las coronas austríaca, española y francesa para, a continuación, expulsar a Jorge I del trono británico y colocar en su lugar al pretendiente Jacobo y recuperar, al ﬁnal, Menorca y Gibraltar.

Para conjurar algunos de estos supuestos surgió la alianza de Hannover, el 3 de septiembre de 1725, suscrita inicialmente por el Reino Unido, Francia y Prusia. Aunque tarde, después de la llegada a Madrid de Königsegg, los reyes de España se percataron de que las especulaciones de Ripperdá, aparte de carecer de fundamento real, conducían al desastre. En mayo de 1726, destituyeron y encarcelaron al barón y pusieron punto ﬁnal a aquella fantástica y arriesgada aventura diplomática que llegó a ser posible gracias a la conﬁanza ciega depositada en el holandés y al desmedido margen de maniobra que le otorgaron tanto en la política interior como en la exterior. El episodio aún tuvo secuelas. Ripperdá fue encarcelado en Segovia, escapó después a Tetuán, donde se convirtió al islam y llegó, incluso, a dirigir un ataque marroquí contra la plaza de Ceuta.⁵⁰

Pero, ﬁnalmente, la alianza entre los dos contendientes de la guerra de Sucesión no se tradujo en resultados tangibles. Carlos VI no consintió el matrimonio de las archiduquesas con los infantes españoles ni quiso entrar en conﬂicto con el Reino Unido, en el caso de que España intentase recuperar Gibraltar o Menorca. Por parte española, tampoco llegaron a materializarse las ventajas comerciales prometidas a la Compañía de Ostende. Además, Carlos VI se vio obligado a poner ﬁn a las actividades de la Compañía a consecuencia de su acercamiento al gobierno británico para lograr el reconocimiento de la Pragmática Sanción en 1731.

Sea como fuere, la paz de Viena signiﬁcó el reconocimiento del statu quo político, y estableció la amnistía general para los austracistas, el reconocimiento por parte de Felipe V de las dignidades concedidas por el emperador hasta 1725, la restitución recíproca de los bienes conﬁscados por los dos bandos durante la guerra y la devolución de oﬁcios y cargos secuestrados.⁵¹ Implicaba, por tanto, que podían regresar a España los exiliados austracistas y que se devolverían los bienes conﬁscados y todas las dignidades concedidas durante los años de guerra. La intensa actividad derivada de la aplicación del tratado de Viena revela, una vez más, la preocupación de la corte imperial por los represaliados, a la vez que pone en evidencia su escasez de recursos para proporcionarles auxilio.⁵²

Sin embargo, el proceso de retorno de los bienes fue complejo y el gobierno borbónico no puso demasiado entusiasmo en colaborar para que se hiciera efectivo el tratado en este punto. Así, el intendente Sartine adujo falta de personal para proceder a la liquidación de cuentas en Cataluña. La lentitud fue tal que la devolución de bienes en el Principado no concluyó hasta el reinado de Carlos III. En el momento de extinguir el Juzgado de Conﬁscaciones, en 1725, se argumentó que se daba por terminada «la guerra antecedente», en una clara muestra de que, después de Utrecht y hasta aquella fecha, persistió el enfrentamiento entre las Casas de Austria y de Borbón.⁵³ En todo caso, la paz de Viena no signiﬁcó, ni mucho menos, el ﬁnal de la represión de los austracistas.

De nuevo, nos interesa constatar que en las conversaciones que dieron lugar a la paz reaparecieron las demandas del austracismo, tal como plasmó el mismo Ripperdá en una carta a Felipe V, el 30 de abril de 1725:

Señor, conﬁado en la grande piedad y secreto de V. M., no deseo ni puedo dejar decir que los españoles desde Madrid a esos de acá, y ellos al emperador han insinuado cuanto han podido contra los intereses de V. M. y me han causado más trabajo que los franceses e ingleses juntos, y últimamente ha sido preciso exponerme a todo para que no entrase en los tratados la restitución de los privilegios de la Corona de Aragón, Valencia y los catalanes; y sobre todo eso creyéndose perdidos, y a mí vencedor en este punto, ha sido la malicia tan grande que han tratado de insinuar al emperador como si V. M. otra vez tomaría la resolución de hacer dejación de la corona.⁵⁴

Durante la negociación del tratado, Carlos VI reclamó, alegando motivos de honor, que Felipe V restituyera los privilegios a catalanes y aragoneses, intentando un acuerdo en esta dirección, sin obtener otro resultado que el compromiso de Ripperdá de escribir a Felipe V en su favor. En consecuencia, el embajador imperial Königsegg pidió instrucciones al canciller Sinzendorf, en 1726, acerca de qué forma debía continuar reclamando los derechos de la Corona de Aragón.⁵⁵ Pero acabaron prevaleciendo los criterios del «partido alemán» y, en deﬁnitiva, la Realpolitik imperial. Al ﬁn y al cabo, como hizo notar el embajador francés, el peso de la negociación con España recayó en Sinzendorf.⁵⁶ En efecto, el Consejo Supremo del emperador acabó plegándose ante la negativa de Felipe V de reconocer las libertades de la Corona de Aragón. Pero Ripperdá tampoco vio prosperar el proyecto de matrimonio de los infantes con las archiduquesas.

Por aquellas fechas, como ha puesto de relieve Ricardo García Cárcel, se consumó la separación deﬁnitiva entre las dos tendencias del austracismo: la oﬁcialista y más dinasticista (ubicada en Viena) y la más puramente constitucionalista (de los que residían en Cataluña).⁵⁷ El dietario del platero reusense Ramon Fina —en la zona donde el alzamiento de los Carrasclets contra Felipe V contó con mayor apoyo popular— reﬂeja el desencanto de los austracistas que aún conﬁaban en un cambio político. Se lamentaba de que quedarían bajo el «patrocinio» de Felipe V, de que no recuperarían las libertades perdidas y de que seguirían pagando elevadas contribuciones «quedando esclavos para siempre», siendo gobernados por «botiﬂers», caliﬁcados de negras de corazón, traidós a sa pàtria y sanch.⁵⁸

A pesar de que los tratados hicieron desvanecer las últimas esperanzas que los austracistas habían depositado en las negociaciones, las instancias realizadas por Viena a favor de las libertades de la Corona de Aragón aún prosiguieron durante los años 1726 y 1727, en el contexto de tensión entre el bloque hispano-austríaco y la alianza de Hannover. El momento más crítico fue el intento frustrado por parte de España de recuperar Gibraltar en 1727, agravado por la creciente presencia británica en América mediante el contrabando y por los recelos británicos hacia la Compañía de Ostende. En aquel contexto, en mayo de 1727, Francia, el Reino Unido y Austria ﬁrmaron el tratado de París. Al cabo de un año, España, para escapar del aislamiento y en virtud del Acta del Pardo, se integró en el bloque de Hannover, junto con el Reino Unido y Francia, un acercamiento que culminó en el tratado de Sevilla de 1729. Con este tratado se certiﬁcaba el ﬁn del efímero acuerdo hispano-austríaco urdido por Ripperdá. Consecuentemente, fueron revocadas las ventajas concedidas a la Compañía de Ostende y Felipe V recibó el apoyo de los aliados para que se materializase su pretensión de que el infante don Carlos fuera reconocido como duque de Parma, Plasencia y Toscana.

Antes de que esto sucediera, durante el último momento de buena entente entre España y Austria, el 21 de febrero de 1726, Königsegg daba cuenta al emperador de los postreros intentos de intercesión a favor de los habitantes de la Corona de Aragón:

Después de las instrucciones que V. M. C. se ha servido de enviarme a esta Real Corte referente a procurar a las provincias de la Corona de Aragón la restitución de sus privilegios, o los así llamados fueros, las pocas anotaciones que V. M. C. [Felipe V] ha escrito de su propio puño y letra en el margen de este punto, me hacen comprender la premura y delicadeza de este asunto.

Planteado el asunto a Ripperdá, éste respondió que no era el momento adecuado para hablar del tema con el rey, «cuya aversión por los catalanes era particularmente fuerte». Konigsegg añadía que «el ánimo del rey ha enfermado con la gran aversión que el pueblo de la Corona de Aragón, y en particular los catalanes, han mostrado por su persona». Pero también constataba la diﬁcultad que suponía el rechazo de los catalanes al rey,

con aquella repugnancia visible que demuestra la continuidad de una mala voluntad, tan odiosa como inútil, a un punto tal que hasta el día de hoy no sé de ningún ayuntamiento que haya pagado ni un céntimo de los impuestos sin tener que ser sometidos a ejecución forzosa por parte del ejército … después de la noticia de la paz que se ha concluido entre V. M. C. y la Corona de España se han vuelto más intratables [los catalanes] que nunca, y están persuadidos y divulgan por doquier que se acordó un artículo secreto para la restitución de sus fueros y privilegios. Aunque yo intento desengañarles y hacerles comprender que V. M. C. no puede ayudarles más que con sus buenos oﬁcios, que con tanto fervor su real nombre [de Carlos VI] utiliza en esta corte. Sin embargo, la multitud se empeña en este convencimiento.

Por todo ello acababa abogando para que el marqués de Rialp intentara mediar con aquellos súbditos a través de algún catalán exiliado en Viena para que asumieran que en «la presente coyuntura era inevitable someterse al dominio del rey de España»; y para que, a ﬁn de cuentas, se mostraran buenos vasallos y ganaran, de ese modo, la conﬁanza del rey, y así él podría interceder más eﬁcazmente.⁵⁹

A lo largo de los meses siguientes, el marqués de Rialp porﬁó ante Königsegg para que, aprovechando la alianza con Madrid, obtuviera ciertas concesiones de Felipe V que aliviaran a los catalanes en relación con el catastro, los alojamientos de las tropas, las quintas y el derecho a llevar armas. Ante estas persistentes demandas el embajador procuró disuadirle: «por ahora no hay modo ni forma de obtener efecto alguno más favorable a la Cataluña en medio de que yo muy de veras en diferentes tiempos y ocasiones me haya aplicado al mismo intento».⁶⁰ Pero antes de desistir el marqués volvió a la carga en dos materias: la demanda de que fuera restablecida la Universidad de Barcelona y la petición para que la cabeza del general Moragues fuera descolgada de la jaula en el Portal del Mar en la que permanecía desde 1715. Sólo en este último punto Königsegg obtuvo resultados: el 24 de febrero de 1727 podía comunicar la noticia al marqués de Rialp.⁶¹

La segunda renuncia de Felipe V a la corona el 28 de junio de 1728 —no pasó de un intento porque Isabel de Farnesio evitó que se hiciera realidad— puso en alerta las potencias europeas. No faltaban motivos que justiﬁcaran la inquietud. Por una parte, la posibilidad de la muerte de Luis XV abría a Felipe V las puertas de la monarquía francesa, una idea que excitó al enfermo rey que llegó a escribir al Parlamento de París para reclamar sus derechos. Por otra, ya era conocido el deterioro del estado de salud mental del rey de España, que derivaba en episodios de violencia contra la reina, la cual se vio obligada a cambiar las cerraduras de palacio para evitar que escapara y cumpliera con su amenaza de abdicar.⁶² A partir de 1728, cuando los reyes hacían vida retirada en La Granja («un desierto, con ciervos y aburrimiento» según Isabel) Felipe V invirtió el orden del día y de la noche, no convocando a los ministros durante semanas o bien haciéndolo a primeras horas de la madrugada. Pero encontró consuelo a su dolencia en el cantante lírico castrato Carlo Broschi, conocido como Farinelli, contratado por la reina Isabel. El pobre Farinelli se lamentaba, en 1737, de que cada noche debía cantar ocho o nueve arias, sin que apenas pudiera descansar.⁶³

La sátira del Duende crítico cargó contra el «monarca lelo», a quien «no se le daba nada la entera decadencia de la monarquía», para acabar sentenciando que «no hay rey».⁶⁴ En 1737, el juicio emitido por el ilustrado Gregorio Mayans no se prestaba a equívocos: «El rey encantado, los ministros a sus ﬁnes. Todo lleno de ladrones. Las personas de mérito abatidas. Los grandes sin aliento».⁶⁵

EL AUSTRACISMO PERSISTENTE

En Viena, diversos austracistas exiliados mantuvieron una destacada actividad política e intelectual. Sabemos, gracias a Antonio Mestre, que el conde de Cervellón estuvo en contacto con Gregorio Mayans y con Manuel Martí colaborando en proyectos de edición.⁶⁶ El jurista Domènec de Aguirre, que ocupó altos cargos de responsabilidad política durante el gobierno de el archiduque Carlos III, y que formó parte del Consejo de España entre 1721 y 1725, publicó allí y en Venecia algunos de sus trabajos que tenían por objeto preservar la memoria de la Generalitat de Cataluña, institución que sólo consideraba suspendida. Insistía en la diferencia entre Principado, gobernado por un príncipe y por sus propias leyes, y Provincia, gobernada por un ministro y por «leyes del príncipe extranjero que la sujetó». Abundando en ello, y esgrimiendo argumentos a favor de la monarquía compuesta, recordaba que la denominación del rey austríaco como «rey de las Españas» respondía a la necesidad de una sola voz para todos los dominios del monarca, lejos de reﬂejar una única realidad política.⁶⁷ Partiendo de la base de que al príncipe le competían las dos potestades públicas, la absoluta y la ordinaria, aunque los príncipes católicos no hiciesen uso de la absoluta, añadía que en Cataluña los reyes ni tan siquiera disponían de esa titularidad a menos que la ejercieran en Cortes, por lo que el monarca quedaba supeditado al ordenamiento territorial. Diferenciaba, de este modo, un «dominio propietario» de lo que sería un «dominio jurisdiccional», encaminado al bien común.⁶⁸

Ernest Lluch nos desveló las manifestaciones del «austracismo persistente y puriﬁcado» que emergieron en el marco internacional inestable de la Guerra de Sucesión de Polonia (1734-1738). En aquel conﬂicto, el emperador apoyó a su sobrino Augusto de Sajonia como candidato al trono —era hijo del monarca fallecido Augusto III—, mientras que Francia apostó por Estanislao Lesczynski —suegro de Luis XV—. El hecho de que un año antes del inicio de la guerra (1733) Francia y España hubieran ﬁrmado el primer Pacto de Familia puso en alerta a Austria. Pronto, en 1734, el ejército a las órdenes del marqués de Montemar derrotó a los austríacos en Bitonto, Gaeta y Capua, y pudo apoderarse de Nápoles y de Sicilia. En virtud del tratado de Viena de 1738, Felipe V veía, ﬁnalmente, reconocida la aspiración del príncipe Carlos como rey de las Dos Sicilias, una vez hubiera renunciado a los ducados de Parma y Plasencia en favor de Austria. En su nuevo envite con Felipe V, el emperador salió claramente perjudicado. Mientras, el Reino Unido no escondió sus recelos hacia el nuevo rey de Nápoles, y el aumento de la tensión en relación con el comercio americano le enfrentó a España en el año 1738.⁶⁹ La pérdida de Nápoles y de Sicilia por parte del emperador hizo quebrar el sistema de ayuda a los exiliados, ya que las rentas que lo sustentaban procedían de aquellos territorios.⁷⁰

Nos interesa recordar que aquel conﬂicto adverso a las pretensiones hegemónicas francesas alimentó renovadas esperanzas de cambio político en España en el círculo de exiliados de Viena, lideradas por el marqués de Rialp y por Juan Amor de Soria. Éste abogó por el retorno de la estructura «federal» de España mediante las Cortes territoriales al objeto de conjurar el despotismo.⁷¹ De acuerdo con Pablo Fernández Albaladejo, podemos considerar tales planteamientos coincidentes con las formulaciones antiabsolutistas y libertarias de G. W. Leibniz y de A. Fletcher.⁷²

Sin ánimo de profundizar en el tema, entre los textos estudiados por Lluch, algunos de ellos centrados en aspectos coyunturales y otros de reﬂexión política más profunda, destacan Record de l’Aliança⁷³ (que evoca los compromisos incumplidos por parte de los ingleses en la Guerra de Sucesión), La voz precursora de la verdad (que perseguía la unión armada de las potencias europeas anteriormente aliadas para poner freno al despotismo borbónico) y Via fora els adormits,⁷⁴ que propugnaba el retorno de la monarquía de España a los Austrias. Si ello no era posible, el autor del Via fora proponía una nueva conﬁguración política en la península Ibérica para impedir que Francia y Castilla fueran fronterizas y garantizar la libertad de la Corona de Aragón y el equilibrio europeo. Según la propuesta, la Nueva España estaría compuesta de tres bloques: el galaico-portugués, independiente pero bajo orientación británica; el castellano-andaluz-extremeño, bajo orientación francesa; y el de la antigua Corona de Aragón junto con Murcia, Navarra y las Provincias Vascas y los territorios anexionados por Francia, bajo protección del Imperio. Si ninguna de las dos opciones era posible, proponía que los británicos impusieran una «república libre del Principado».

Sin lugar a dudas, el texto más emblemático del austracismo persistente es la Enfermedad crónica y peligrosa de los reinos de España y de Indias (1741), del exiliado aragonés de raigambre navarra, como lo deﬁnió Lluch, Juan Amor de Soria.⁷⁵ En él formula su alternativa al despotismo borbónico mediante un austracismo renovado, depurado de los males que habían conducido al incremento del poder absoluto, a la decadencia económica y a la corrupción política durante el reinado de los Austrias en España. A su juicio, todos los males remitían a la falta de convocatoria de Cortes, debida a

la cautela de los primeros ministros [para] evitar esta convocación con el pretexto de la mayor libertad con que los estados y brazos impugnaban en las Cortes Generales la mala conducta de ellos, y prevenían remedios a la salud pública, y de esta omisión han nacido los mayores males de los reinos y la peligrosa enfermedad que hoy padecen.⁷⁶

Por tanto, de la extensa propuesta de Amor cabe señalar en primer lugar la centralidad de las Cortes, que debían aprobar los subsidios al rey y legislar para hacer prosperar al país y evitar la corrupción. La segunda es la idea de una mejor estructuración de España

a ﬁn de hermanar y concordar las dos coronas y sus naciones, deshaciendo y destruyendo una de las causas de la enfermedad de la monarquía por la discordia y antipatía que entre ellas ha reinado.

Con ello pretendía acabar con los agravios y las desconﬁanzas de una Corona de Aragón apartada de las ventajas de la corte madrileña, pero libre de cargas ﬁscales permanentes, y una Corona de Castilla que gozaba de los beneﬁcios de la corte pero que estaba abrumada por el peso de la ﬁscalidad de la monarquía. Poco más de un siglo antes había abordado el problema el conde duque de Olivares en el Gran Memorial de 1624, desde un prisma inequívocamente absolutista. Para hacer efectiva la coordinación, manteniendo el sistema representativo territorial, Amor de Soria sugería que las Cortes de Castilla, Aragón, Valencia, Mallorca y Cataluña deberían reunirse cada siete años; que se constituyera una asamblea ﬁja formada por 11 diputados territoriales (2 de Castilla, 1 de Andalucía, 1 de Granada, 1 de Murcia, 1 de Galicia, 1 de Navarra y los territorios vascos y 4 de la Corona de Aragón), y, ﬁnalmente, apuntaba otra novedad: que cada diez años fuera convocado un parlamento de la monarquía, constituido por los diputados de los reinos, dos consejeros de cada Consejo Supremo y un secretario de Estado nombrado por el rey. Asimismo, formulaba una nueva propuesta ﬁscal: para Castilla, el mantenimiento de las regalías, la supresión de los tributos perjudiciales (alcabalas, millones, montazgo, etc.) —que consideraba injustos y percibidos desigualmente, además de ilegales—, los cuales habría que sustituir por un subsidio aprobado en Cortes, una vez realizado un inventario o catastro de los bienes y rentas de los individuos. Para la Corona de Aragón, Amor aplicaba también dicho subsidio que debían aprobar las Cortes respectivas, en concepto de dotación para la defensa común del territorio de la monarquía. Cabe señalar que sus dos referentes eran Diego de Saavedra Fajardo (autor de las Empresas políticas, 1640) y el arbitrista Pedro Fernández de Navarrete (autor de Conservación de monarquías, 1626).⁷⁷ En suma, la tendencia al fortalecimiento del poder de la monarquía y de las estructuras de gobierno en el camino de la construcción del Estado moderno, Amor de Soria la hacía compatible con un esquema constitucionalista y territorialmente plural, en las antípodas del modelo felipista.

En la misma senda, podemos inscribir dos textos relevantes.⁷⁸ El primero, de carácter anónimo, Remedios necesarios, justos y convenientes para restablezar la salud de Europa, de 1732, propone medidas políticas contra la casa de Borbón resucitando la propuesta de la gran alianza defensiva formada por Austria, el Reino Unido, Portugal y las Provincias Unidas, tanto para restablecer el equilibrio europeo como para liberar a los españoles que «gimen baxo la más dura servidumbre del despotismo de la Casa de Borbón». A la vez, permitiría restaurar

la antigua libertad de los españoles y de los vasallos de aquella gloriosa monarquía en dichos reinos y dominios, la segura observancia de sus leyes, de sus fueros, de sus privilegios, de sus libertades e inmunidades, la autoridad de sus Cortes generales, cual la tuvieron en tiempo de los señores reyes don Fernando y doña Isabel.

El objetivo era abolir todas las medidas ejecutadas por Felipe V

contra las dichas leyes e instrucciones gubernativas y en perjuicio o menosprecio de las Cortes, especialmente en materia de negocios graves pertenecientes a las coronas, a los reinos y a los pueblos, y en puntos de tributos imposiciones y gravámenes que requieren el asenso y acuerdo de las respectivas Cortes según leyes.⁷⁹

El otro texto, inédito, ﬁrmado por Amor de Soria lleva por título Addiziones y notas históricas desde el año 1715 hasta el 1736 (1736).⁸⁰ Se trata de un extenso escrito sobre las conﬂictivas relaciones de las casas de Austria y de Borbón entre ambas fechas, cuya redacción animó el conde de Cervellón. El escrito contiene tres bloques temáticos diferenciados: el primero, dedicado al análisis de las relaciones internacionales en los años de incertidumbre política posteriores a los acuerdos de Utrecht, en el que ninguna potencia podía imponerse a las otras; el segundo, sobre el régimen y gobierno de Milán, Mantua, Parma y Plasencia; y el tercero, sobre la organización del gobierno austríaco (Consejo Supremo de Italia, Secretaría de Despacho Universal, Conferencia de Estado, etc.). Como bien subraya en la exposición de motivos, dos son las cuestiones a las que dedica especial atención:

el matrimonio que debía enlazar la casa de Austria con los Borbones hispánicos y la organización del gobierno austríaco con un interés especial hacia Lombardía, aunque también resulta interesante el diseño de una reforma global de las principales instituciones de la monarquía austríaca, tanto desde el punto de vista político del autor como del programa de modernización del Estado que sugería.⁸¹

A MODO DE CONCLUSIÓN

Hemos visto, después de analizar el marco de la monarquía hispánica de ﬁnales del siglo XVII, cómo el cambio de siglo alumbró una guerra de tremendas consecuencias internacionales y que tuvo profundas repercusiones en España tanto durante aquel largo conﬂicto como posteriormente. Porque los cimientos del futuro Estado-nación se levantaron mediante una violencia inusitada de consecuencias duraderas. Como en toda guerra civil, hubo unos vencedores y unos vencidos en términos diáfanos, cuya conciencia impregnó la memoria durante décadas, si no siglos.

Dibujar mejor los contornos de este enfrentamiento de las dos Españas —en términos de proyecto político-dinástico, de ideas y de esperanzas, como diría Pierre Vilar y, a su vez, en clave territorial, siempre atendiendo a las debidas excepciones—, sin perder de vista ni un instante su imbricación con el componente internacional, ha sido el principal objetivo que ha guiado los pasos a la hora de redactar este libro. Sin duda alguna, hemos discutido una determinada visión, dominante en ciertos ámbitos, que, aunque sin proclamarlo, es la de los vencedores de aquella contienda civil, debidamente revestida con los ropajes de la supuesta modernidad política a que habría accedido España de la mano de los Borbones triunfantes. Una visión harto simplista, que fue reforzada por un paradigma en boga hasta tiempos recientes, el del absolutismo como «la» vía de modernización del Estado, que contaba con la ventaja de otorgar al devenir histórico español del siglo XVIII una cierta homologación con la evolución de diversas potencias continentales. Es hora, pues, de superar ciertos tópicos, sin complejos, ya que el propio absolutismo francés ha sido profundamente revisado por los historiadores en los últimos años, con aportaciones que han puesto el acento en lo que fue un absolutismo imperfecto o, lo que es lo mismo, en la distancia que media entre la teoría y la práctica que pudieron desarrollar los monarcas absolutos.¹

Así, a juicio de Peter R. Campbell, la Francia de 1715 estaba lejos de disponer de una moderna burocracia que contara con una ética de servicio civil ni una cadena efectiva de mando, puesto que los vínculos familiares y clientelares eran más robustos que las lealtades burocráticas.² Por su parte John A. Lynn, lejos de detectar signos de progreso en la dirección de la modernidad del Estado, ha subrayado tres realidades fundamentales en relación con el funcionamiento de la monarquía francesa: el protagonismo de los actores regionales en el terreno ﬁnanciero, el papel del ejército como un Estado dentro del Estado y la ﬁnanciación privada del ejército.³ Según Guy Rowlands, el Estado francés bajo Luis XIV, más que conducir al state-building, concibió el dinasticismo borbónico, caracterizado por las tensiones entre los dirigentes de la casa real, por los intereses familiares, por las rivalidades personales, por los tradicionales sentidos de obligación y caballería y por la constante necesidad de obtener recursos para la guerra.⁴ Resultó ser, en deﬁnitiva, una monarquía poderosa en manos de nobles y de ﬁnancieros, sin que Luis XIV dispusiera de un programa coherente, más allá de la preservación de la dinastía y del mantenimiento del prestigio de toda la casa de Borbón. Abundando en ello, W. Beik sostiene que Luis XIV fue, antes que un ávido constructor del Estado, un rey con una concepción tradicional de su poder.⁵

Dicho esto, antes de pasar a cuestiones de mayor calado, querría hacer sólo un apunte en relación con los dos reyes contendientes, cuya biografía y reinado no han constituido en ningún caso el eje central de este libro. Existe un considerable paralelismo entre un Felipe V siempre subordinado a Francia y un Carlos III el Archiduque aún más dependiente del Reino Unido. Sin duda, la guerra se resolvió a favor de Felipe V por el abandono británico, ya que los franceses a punto estuvieron de abandonarlo a él. Pero no cabe duda de que el mando único y la mejor coordinación en el bando borbónico, gracias al compromiso eﬁciente de Luis XIV, incluso cuando se vio obligado a desasistirle en 1709, resultaron determinantes.

Podemos preguntarnos, a continuación, algunas cuestiones fundamentales. La primera: ¿quién ganó la guerra? En buena medida, los tratados de paz de Utrecht y Rastatt, aunque sin puntos en común con los tratados de partición de 1698 y 1700, se asemejan a los objetivos previstos por la Gran Alianza de La Haya, del 7 de septiembre de 1701, los cuales, sin precisar la adscripción de la titularidad de la corona hispánica, partían del supuesto de la partición de sus territorios y de compensaciones económicas. A grandes rasgos, destacaban la apuesta imperial por Italia y los beneﬁcios comerciales en América para las potencias marítimas. La respuesta, por tanto, me parece evidente: en primer lugar resultaron beneﬁciados los británicos, que supieron manejar en todo momento los hilos del conﬂicto y administrar el tempo, para cancelarlo cuando lo creyeron oportuno, y sacar tajada de su implicación y de su arbitraje ﬁnal. También resultaron favorecidos, en menor proporción, el emperador (aunque perdió la monarquía hispánica) y las Provincias Unidas. Finalmente, la casa de Borbón logró su objetivo de entronizar a uno de su estirpe en España, aun a costa de arruinar a Francia y dejar el Estado en la bancarrota, como hizo Luis XIV. Un triunfo que no redundó en beneﬁcio de los franceses sino de su familia, como denunció a tiempo un desengañado Fénelon.⁶ En deﬁnitiva, fue la fortuna de su familia la que guió su actuación antes que los dictados de la razón de Estado.⁷

En segundo lugar: ¿qué signiﬁcó el desenlace de la guerra para España? Para empezar, el triunfo de un rey en clave dinástica. Felipe V conservó el trono pero pagó el elevado precio de las concesiones territoriales y de la pérdida del control comercial de los dominios americanos, lo que supuso, en deﬁnitiva, la conclusión política de la decadencia española. En 1700, aunque seriamente amenazado, el imperio español tanto en Europa como en ultramar se mantenía íntegro, a diferencia de 1714; a partir de entonces, España no recuperó sus posiciones internacionales. Realmente, Felipe V no fue el «Fénix de la Europa», como se empeñaba en proclamar un impreso pro borbónico.⁸ Su fracaso adquiere mayor magnitud si tenemos en cuenta que el objetivo capital perseguido por el cardenal Portocarrero y por el núcleo que dirigió la transición de los Austrias a los Borbones era —además del mantenimiento de la estructura constitucional heredada de los Austrias, de acuerdo con el testamento de Carlos II—, la conservación de la monarquía en toda su integridad, habida cuenta de la amenaza de los tratados de reparto de las potencias europeas. Y, lo que es peor, el nuevo régimen se impuso mediante una marca de origen represiva que condicionó sobremanera la relación con los perdedores, los austracistas, que pagaron con creces su apuesta política contraria a los Borbones, especialmente en los territorios de la Corona de Aragón, las Españas vencidas de las que nos hablara Ernest Lluch, que vieron cómo se imponía la España vertical.⁹ Felipe V se ensañó con todos ellos, mayormente con los catalanes en un comportamiento caliﬁcado por Ricardo García Cárcel de «obsesivo y neurótico»,¹⁰ sin atender siquiera las llamadas a la prudencia que le dirigía el veterano Luis XIV; e hizo añicos una determinada manera de gobernar, la «política cristiana» del tiempo de los Austrias, basada en un genérico amor paternal del rey para con sus vasallos plasmada en la «vieja planta». Fue un mal comienzo para el embrionario Estado-nación. Un Estado, no lo olvidemos, que debe deﬁnirse primordialmente en términos de lo que se ha dado en llamar «dinasticismo propietarista».¹¹ En relación con este tema, hace medio siglo que el historiador Jaume Vicens Vives llamó la atención sobre el error de confundir la monarquía absoluta y el Estado nacional, además de aclarar la realidad compleja en la que tuvo que desarrollarse el absolutismo, en la que coexistían diversos estratos de poder.¹²

Es cierto que, lejos de alumbrar un Estado completamente uniﬁ cado, como reza el tópico, la nueva España de Felipe V, mantuvo los fueros, un estatus de derecho propio de las ﬁeles Provincias Vascas y Navarra, restituyó los fueros alfonsinos del reino de Valencia y repuso el derecho civil en Aragón, aunque no para Valencia. En el caso de Cataluña conservó, asimismo, como ha recordado Jon Arrieta, «el orden normativo en la disposición de las fuentes y en los criterios de interpretación generales y especíﬁcos … unido a la pervivencia del derecho sustantivo civil y de gran parte del procesal».¹³ Aunque no está de más recordar que tampoco Luis XIV pudo imponer en Francia un Estado unitario tal como hubiera deseado,¹⁴ ya que algunos pays d’États, como el del Languedoc, cuyas instituciones admiró por su eﬁciencia Alexis de Tocqueville, persistieron hasta la Revolución. Pero, a ﬁn de cuentas, a pesar de estas excepciones, podemos convenir con José María Iñurritegui que «había concluido el tiempo histórico en que los reinos ahora sometidos con la espada podían mediatizar con su patrimonio de fueros y libertades la suprema y absoluta potestad y soberanía real».¹⁵

Por otra parte, si resulta obvio que el talante vengativo de Felipe V lastró su prolongado reinado, ¿qué elementos innovadores podríamos contabilizar en su haber? A juicio de Jean-François Labourdette fue, ni más ni menos, el fundador de la España moderna.¹⁶ Carlos Martínez Shaw y Marina Alfonso no aparentan tener dudas al respecto: consideran a Felipe V «el primer monarca ilustrado» que emprendió medidas de cara a la centralización de las decisiones y al robustecimiento del poder político.¹⁷ El asunto parece bastante más complejo. Si ya resulta discutible sostener el controvertido binomio «despotismo ilustrado», la atribución de sus presuntas virtudes a Felipe V son, cuando menos, dudosas. John Lynch, después de citar al embajador británico Benjamin Keene, que en 1738 al referirse a los desórdenes mentales de Felipe V, apuntaba que «ahora estamos verdaderamente sin gobierno», ha aﬁrmado que «es difícil conciliar la existencia de un rey demente con un Estado que se está modernizando».¹⁸ Unos años antes, en 1713, el marqués de Bonnac dejó escrito que si bien Felipe V asistía, casi a diario, a las reuniones del Consejo jamás permanecía allí más de una hora, sino más bien al contrario, con lo que apenas tenía tiempo de examinar una consulta.¹⁹ Al propio Henry Kamen, en su biografía sobre Felipe V, no le resulta fácil contrarrestar la imagen que considera «injustamente negativa» del primer Borbón. Ello no impidió que un equipo de ministros franceses y españoles acometiera un programa de reformas, algunas de ellas drásticas, orientadas al objetivo prioritario de ganar la guerra y de reforzar el poder del rey, al precio de desmantelar la constitución política de la monarquía.

En cambio, a mi entender, Pedro Ruiz Torres ha planteado la cuestión en un plano más ajustado a la realidad:

La nueva dinastía en España no trajo un estado moderno, racional o impersonal. La soberanía del príncipe ni mucho menos sustituyó a la monarquía de carácter patrimonial y de fundamento teológico cristiano. Las reformas que se introdujeron en el gobierno no obedecieron a ninguna lógica modernizadora, impulsada por el cambio dinástico, a la que supuestamente se habrían opuesto unas fuerzas reaccionarias.

Ruiz cuestiona, por lo tanto, que los gobernantes, siguiendo los principios del despotismo ilustrado, hubiesen desarrollado un amplio programa de reformas gracias a un mejor gobierno y administración, que abrió el camino a una nueva época de crecimiento económico. Semejante consideración de la política borbónica, nos dice, convence poco a la luz de los vaivenes, los límites y las contradicciones de los gobiernos de Felipe V y de los que vinieron a continuación, para concluir:

Ni el absolutismo era modernizador o traía consigo una modernidad anticipada, ni la resistencia al mismo por parte de los defensores de los derechos, leyes e instituciones antiguos era reaccionaria.²⁰

A ello podemos añadir que el balance que efectúa Tim Blanning de los logros del reinado de Felipe V y de sus descendientes, se halla en las antípodas de los programas reformistas de Leopoldo de Toscana o de José II, o de las realizaciones de Federico Guillermo I de Prusia y de Federico II en la burocratización del Estado.²¹

De lo que se trata, en suma, es de situar en su justa medida el alcance de las reformas, sin magniﬁcarlas ni deformar la realidad. Porque a base de repetir que las medidas emprendidas por Jean Orry eran innovadoras y centralizadoras, al tiempo que se consolidaba la racionalización y agilización administrativa,²² el tópico ha acabado cobrando carta de naturaleza. Es evidente que se emprendieron reformas fundamentales en el fragor de la guerra, que tenían por objetivo mejorar los aspectos ﬁnancieros, la organización militar y también la estructura de poder político en aras de consolidar un modelo más gubernativo o ejecutivo en detrimento del deliberativo y que ello conllevó una especialización del personal de las distintas oﬁ cinas, así como una progresiva profesionalización. Los trabajos de Jean-Pierre Dedieu, José Antonio Escudero, Didier Ozanam, Victoria López Cordón, Juan Luis Castellano y de Francisco Andújar, entre otros, dan perfecta cuenta de ello. José Jurado ha apuntado un dato decisivo en este sentido: los ingresos de Hacienda entre 1711 y 1718 casi se cuadriplicaron.²³ La visión que nos proporciona Anne Dubet es esclarecedora: se trata de un proceso de reformas con vacilaciones, retrocesos, acomodaciones, por lo que hay que evitar una lectura excesivamente ﬁnalista. Al mismo tiempo insiste en la conveniencia de atenuar la idea de ruptura política de los Borbones, en la medida en que se procedió a un reciclaje de material antiguo.²⁴ Resulta tentador, nos advierte, confundir el resultado ﬁnal de las reformas, «con el objetivo de los actores, prestando a los promotores de las reformas una voluntad de modernización y racionalización».²⁵ Máxime cuando se trataba de una reforma entendida como estrategia de poder y en el contexto de una guerra, aunque es obvio que perseguía el ideal francés, de la mano del ministro Orry y de la princesa de los Ursinos, de aﬁanzar a «un rey que gobierna por sí solo», aconsejado por su gabinete, un objetivo en el que trabajó tenazmente un equipo franco-español, cuyos integrantes compartían intenciones y un lenguaje común. Hay que destacar, dicho sea de paso, que en esta tarea Felipe V se conﬁrma como el gran ausente del proceso quedando a años luz de su abuelo el Rey Sol, un rey «verdadero», más que absoluto.²⁶

Ya señaló José Antonio Escudero que el proceso de reformas y de marginación de los consejos «no era tanto el fruto de brillantes teorías administrativas que diseñaban una estructura de gobierno más deseable, como el mero resultado de acontecimientos coyunturales y episódicos», ya que el ideal del despotismo ilustrado no aparece sino en la segunda mitad del siglo XVIII.²⁷ Además, el retrato que dibuja Dubet trasluce una imagen de bajo perﬁl reformista, alejada de un efectivo proceso de burocratización del Estado, ya que, por ejemplo, la inexistencia de salarios ﬁjos para los burócratas justiﬁcaba y estimulaba negocios turbios a costa del erario público. Sabemos que Orry, Amelot, la princesa de los Ursinos y Grimaldo se hallaban en el centro de la gran almoneda (del «todo se vende», en expresión de Francisco Andújar), especialmente a partir de 1705, gracias a la confusión entre el interés privado y el público.²⁸ Ciertamente, la venta de cargos nos traslada al núcleo del debate sobre las vías de construcción del Estado moderno. Su interpretación divide a los historiadores, del mismo modo que dividió a los propios contemporáneos, entre los que ven elementos positivos en aquella operación en el sentido de «desfeudalización» del Estado, de constituir un medio eﬁciente para garantizarle recursos y para facilitar el ascenso social de la burguesía, y los que consideran que constituía una seria hipoteca para el mismo (una venalidad perversa, la marchandise de l’État como diría Charles Loyseau), ya que se saldaba con una funcionarización precaria de la monarquía administrativa.²⁹ El Estado no siempre siguió el camino weberiano, nos dice Mark Potter, como demostró la implementación de esta forma de propiedad de los cargos públicos, a la que se opuso Colbert en 1665.³⁰

Sea como fuere, aquél era un «Estado débil», remacha Concepción de Castro.³¹ Los nuevos burócratas eran hombres del Antiguo Régimen que buscaban siempre patrimonializar su oﬁcio y compatibilizar servicio y nobleza.³² Éstas son, pues, algunas de las realidades que hay que tener presentes para aquilatar debidamente el proceso de reformas emprendido por la primera administración borbónica y la entrada en escena de una nueva élite dirigente, sin negar los cambios ya señalados a lo largo del libro, en la estructura política, militar y hacendística, subordinados, insisto, a los intereses dinástico-patrimoniales de la monarquía. En este sentido, no está de más recordar que ya Carlos II había acometido reformas y que Carlos III el Archiduque también proyectó y emprendió cambios en su etapa de gobierno en España y posteriormente en Viena, como emperador, cuyos elementos distintivos han sido puestos de relieve por Virginia León.

Otra cuesión para el debate. A menudo la historiografía española ha señalado como uno de los logros de la política borbónica la marginación de la vieja aristocracia, considerándola el máximo exponente de las fuerzas particularistas y egoístas (cometiendo el error metodológico de identiﬁcarla con el gobierno conciliar),³³ y el ascenso de una nueva hornada dirigente mediante la meritocracia (relativa, como acabamos de ver), constituida por hombres que ocuparon cargos políticos, burocráticos, judiciales o militares, y que ascendieron socialmente gracias a los negocios con la monarquía. Pero no hay que olvidar que la nobleza siguió teniendo un protagonismo importante en Francia y en Austria, al mismo tiempo que la burocracia se aristocratizaba.³⁴ En cambio, se soslaya que un signiﬁcativo proceso de apertura social de signo moderno había tenido lugar en los territorios de la Corona de Aragón con anterioridad a la llegada de los Borbones —éstos lo truncaron— y que cristalizó con la participación política de la pequeña nobleza y la burguesía en las Cortes y en los municipios o, de forma muy signiﬁcativa, en la Conferencia de los Tres Comunes catalana.

Es hora de preguntarnos, por otra parte, ¿qué quedó del austracismo una vez concluida la Guerra de Sucesión? Su mejor legado lo constituyen los proyectos y los escritos redactados en el exilio hasta 1742, a partir de cuyo momento puede considerarse ﬁniquitado el ciclo del austracismo, por la desaparición de tres de sus ﬁguras señeras: Carlos VI en 1740, Ramon de Vilana Perlas en 1741 y Juan Amor de Soria en 1742. De hecho, podemos constatar cómo, entre 1705 y 1742, existe continuidad entre unas ideas fundadas en los contratos políticos, en la función irreemplazable de las Cortes y en una estructura territorial «federal» de España, en la cual la Corona de Aragón debía mantener su ordenamiento jurídico-político secular. Unas ideas que a partir de 1713 alumbraron propuestas para que, en caso de que los Austrias no llegaran a reinar en España, el Principado de Cataluña se convirtiera en república bajo la protección imperial. Hemos hallado formulaciones de este tipo para los años 1714, 1715 y para el período 1723-1725, siempre con motivo de negociaciones entre las potencias europeas.³⁵

Con la guerra y su posterior desenlace perdieron todos los habitantes de la monarquía, empezando por los territorios de la Corona de Aragón, en cuyas proclamas no dejaron de aﬁrmar que luchaban por la libertad de toda España. Aquella alternativa derrotada tal vez pudo haber sido válida para los habitantes de la Corona de Castilla. Puestos a hablar de modernidad política, resulta más pertinente dirigir la mirada a la estructura de la Corona de Aragón por su entramado jurídico-institucional, que garantizaba un sistema representativo avanzado (sin ser democrático, no hace falta decirlo, puesto que hablamos del Antiguo Régimen) en un tiempo en que el absolutismo ganaba terreno en el continente europeo. Desde este punto de vista, no hay duda de que con el triunfo de Felipe V la Corona de Aragón experimentó un retroceso político sin precedentes. Para un habitante de dichos territorios, ¿qué modernidad signiﬁcaba la pérdida de la representación política, la militarización, la imposición de una contribución abusiva sin la aprobación de las Cortes y, ﬁnalmente, la aristocratización de los cargos municipales en perjuicio de los representantes gremiales?³⁶

Tomando en consideración las prevenciones necesarias para no incurrir en una interpretación de «fundamentalismo parlamentario»,³⁷ podemos sostener que el desarrollo del constitucionalismo catalán, reforzado gracias a las transformaciones económicas del siglo XVII y a las posibilidades de ascenso social de la burguesía que las acompañaron, evolucionó hasta cotas inéditas que reducían notablemente el margen de acción del rey y de sus ministros. El jurista Francesc Solanes sintetizó perfectamente el espíritu y el alcance de dicho desarrollo cuando aﬁrmó: «no es el Príncipe el que debe estar por encima de las leyes, sino las leyes por encima del Príncipe».³⁸ En las Cortes de 17011702, y especialmente en las de 1705-1706, se legisló sobre aspectos fundamentales relacionados con el ejercicio del poder, la economía, la justicia y la libertad civil. En consecuencia, las instituciones catalanas desarrollaron una capacidad política, sin parangón en España y muy notable en el contexto del parlamentarismo europeo. En efecto, Michael A. R. Graves ha destacado, entre los elementos más relevantes de los parlamentos más sólidos europeos, el derecho a consentir y a controlar la ﬁscalidad real, la capacidad de legislar, la presentación de agravios previa a la aprobación del donativo al rey en Cortes y, por último, el hecho de disponer de un organismo de representación permanente. Pues bien, en Cataluña, estos cuatro elementos formaban parte de las atribuciones de las Cortes y de la Diputació del General, con competencias superiores a las de las Cortes de Castilla, a los Estados Generales de Francia y a las de los Estados provinciales franceses.³⁹ Lejos de considerarlas «una antigüedad en aquella Europa que se modernizaba»,⁴⁰ Josep Fontana ha sostenido que las instituciones catalanas que fueron abolidas por Felipe V avanzaban en el camino que podía evolucionar hacia el establecimiento de un sistema que garantizase los contratos políticos.⁴¹

Paralelamente, los habitantes de los territorios de la Corona de Castilla vieron cómo se esfumaban los diques de contención del poder absoluto, mediante la operación de vaciado de poder o de pura eliminación de los Consejos que desarboló el sistema polisinodial, pieza fundamental del cuerpo político de la monarquía hasta entonces. Una décima, anónima, escrita en 1714 se lamentaba de ello:

El reino se está perdiendo
nuestro rey lo está mirando
los españoles llorando …
los grandes acoquinados

los Consejos aturdidos
los franceses asistidos.⁴²

Hay que añadir, a renglón seguido, que dicha mutación, junto con las otras reformas emprendidas, no se tradujo en beneﬁcios sociales a corto o medio plazo, atendiendo a la naturaleza dinasticista del nuevo Estado y a su voraz sistema ﬁsco-ﬁnanciero, así como a la inexistencia de reformas fundamentales que aliviasen las cargas ﬁscales (la «única contribución») o que incrementaran la libertad de los súbditos. El fracaso del proyecto regalista de Macanaz, su cese como ﬁscal del Consejo de Castilla y la huida a Francia en 1715 de uno de los hombres fuertes del nuevo régimen, sin duda una «involución», aportan luz acerca de los límites del reformismo.⁴³ Incluso en el ámbito local, si bien en la Corona de Castilla la organización municipal apenas se vio afectada, la política borbónica apostó por la consolidación de la nobleza al frente de los ayuntamientos, aunque también puso las bases para acabar con la capacidad de autogestión municipal, controlando sus ﬁnanzas, apropiándose de las rentas y de su patrimonio.⁴⁴ Ante este panorama, resulta difícil disentir del balance de John Lynch:

Con anterioridad a 1726, el gobierno de los Borbones no había supuesto un avance notable con respecto a los últimos Austrias. Más aún, en algunos aspectos había supuesto un retroceso.⁴⁵

Ante aquella tozuda realidad, de avance incuestionable del absolutismo y de reducción drástica de los canales institucionales tradicionales, no resulta extraño que surgiera, con el paso de los años, un re novado interés por el papel de las Cortes de Castilla, relegadas a una función casi simbólica.⁴⁶ Hacia 1732, el secretario de la Escribanía mayor de Cortes, Vicente de Candás Inclán, dirigía una Carta o representación a Felipe V en la que le recordaba la «pública utilidad que de ellas se ha seguido en tan dilatados siglos, y la que ahora se experimentará con beneﬁcio del Real Patrimonio y de los vasallos, que tanto necesitan de reparos», lamentándose de que habían «estado sepultadas en un profundo olvido, desde el año de 1665». Después de analizar los problemas económicos, monetarios y ﬁscales de España apelaba a «la necesidad de las Cortes y la importancia de ellas» al objeto de garantizar la justicia, la gracia, la policía y la economía, de desarrollar el Estado y el ejército, así como la hacienda, para concluir con el siguiente diagnóstico:

Considero de una parte la debilidad del reino, y de otra el atraso del Real Patrimonio. Ambos se hallan enfermos, y precisamente ha de dar la medicina el que esté menos doliente. Que éste sea el reino, no admite duda alguna, pues su debilidad fácilmente podrá repararse en la mayor parte, si V. M. fuese servido oír sus rendidas representaciones y súplicas por medio de las Cortes.

Mediante la convocatoria, colige, ambas enfermedades podrían sanarse. Candás se prevenía ante posibles críticas o descaliﬁcaciones y daba por buena la composición de las Cortes mediante la representación de las ciudades y asumía sin reparos «la suprema dignidad real». Pero la llamada a un mayor protagonismo político de las Cortes para legislar en materias que afectan al reino no debe pasar desapercibida.⁴⁷ Más aún si tomamos en consideración que la suya no fue la única voz en este sentido. Sabemos, gracias a Juan Luis Castellano, de la existencia de otros autores que incidieron en el asunto pocos años antes, como Bernardo Francisco Aznar (hacia 1724), que puso énfasis en el necesario consentimiento del pueblo para imponer tributos; y Juan de Lerín Bracamonte (hacia 1726), que consideró pertinente la intervención de las Cortes en la imposición de la carga contributiva.⁴⁸

Pocos años más tarde, el conde Juan Amor de Soria escribía en Viena su Enfermedad crónica (1741), el texto por antonomasia del austracismo puriﬁcado y persistente, el elemento nuclear de cuyo andamiaje político lo constituían las Cortes de los reinos. En él denunciaba la «tiranía» y el «despotismo absoluto» del gobierno de Felipe V «frutos legítimos del triunfo del condestable de Castilla en Villalar que produjo la servidumbre de las ciudades y la esclavitud de los pueblos, la abolición de las Cortes», además de «el medio con que los reinos se han arruinado y prostituido su libertad, sus leyes y su conservación».⁴⁹ Sin lugar a dudas, la derrota de los Comuneros en Villalar (1521), que signiﬁcó el malogro de una libertad que equivalía a «garantía de la participación en un gobierno propio», en palabras de José Antonio Maravall,⁵⁰ constituye un lugar común en el ideario austracista, ya que el proyecto fue concebido para toda España. Así lo argumentaba el escrito Crisol de ﬁdelidad, cuando la Junta de Brazos decidió resistir ante las tropas borbónicas:

No penséis que nuestra animosa resolución se reduce a lo angosto de nuestros límites; sino que aspira a la cabal Libertad de nuestra Península.⁵¹

Unos supuestos que compartía el ilustrado Gregorio Mayans, razón por la que admiraba al parlamentarismo inglés y por la que el círculo diplomático en el que se movía era el de los aliados de la guerra de Sucesión: con el embajador en Madrid del Reino Unido, Benjamin Keene, y con el diplomático de la República de Génova, José Octavio Bustanzo. En una de las cartas que le envió a este último, en 1733, Mayans escribía palabras tan elocuentes como las que siguen: «V. S. que es enviado de una República libre, sabe lo que vale la libertad».⁵² También el ilustrado Antoni de Capmany proclamó su admiración por el sistema político constitucional de la antigua Corona de Aragón.⁵³

Al cabo de más de dos siglos, el signiﬁcado de la derrota austracista de 1714 no pasó desapercibido a Manuel Azaña, siendo presidente del Gobierno en 1932, consciente de las consecuencias que tuvo para España la Guerra de Sucesión, cuyo desenlace despejó el camino al triunfo del absolutismo. En su brillante discurso aﬁrmó que

el último Estado peninsular procedente de la antigua monarquía católica que sucumbió al peso de la corona despótica y absolutista fue Cataluña; y el defensor de las libertades catalanas pudo decir, con razón, que él era el último defensor de las libertades españolas.

Azaña no dejó de evocar, como hicieran los austracistas, a los revolucionarios Comuneros y a la doble interpretación que podía suscitar su alzamiento:

O bien se admira en ella el último destello de un conﬂicto político medieval, o bien se advierte en ella, y se admira más, la primera percepción de un concepto de las libertades del Estado moderno, que nosotros hemos venido ahora a realizar.⁵⁴

No le faltaba razón a Ernest Lluch: la historia es, en muchos casos, el pasado que no pasa.

BIBLIOGRAFÍA

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NOTAS

1. J. Vicens Vives, «Pròleg», en P. Voltes, L’Arxiduc Carles d’Àustria. Rei dels catalans, Barcelona, Aedos, 1967, p. 7.

2. A. Schlesinger, Jr., «La història i l’estupidesa nacional», en L’Avenç, 314, junio 2006, p. 7.

3. Como sugiere R. Fernández, «Balance historiográﬁco sobre el siglo XVIII en España (1985-2005)», en J. A. Munita, J. R. Díaz de Durana (eds.), XXV Años de historiografía hispana (1980-2004). Historia medieval, moderna y de América, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2007, pp. 157-214.

4. Véase la magníﬁca panorámica sobre el asunto que ofrece A. M. Hespanha en la introducción de Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVII), Madrid, Taurus, 1989, pp. 19-37 (la referencia en p. 21). También es de referencia obligada: G. Barudio, La época del absolutismo y la Ilustración. 16481779, Madrid, Siglo XXI, 1992 (6.ª).

5. Contamos también con una útil Bibliografía de Felipe V, de P. Molas, R. Cerro y M. A. Fargas, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2004.

6. Finalmente, no resulta ocioso señalar que los impresos que he consultado en el IUHJVV de la Biblioteca de la UPF pronto podrán consultarse en http://mdc.cbuc.cat/, «Memòria Digital de Catalunya. Fons de la Guerra de Successió».

1. La cifra parece abultada pero no lo es si se contabilizan las muertes de civiles, enormes, por ejemplo, durante la hambruna de 1709. La manejan: C. Tilly, Coerción, capital y los Estados europeos, 990-1990, Madrid, Alianza Universidad, 1990, p. 245; J. Cornette, Le roi de guerre. Essai sur la souveraineté dans la France du Grand Siècle, París, Éditions Payot & Rivages, 1993, p. 291; J. A. Lynn, The Wars of Louis XIV. 1667-1714, Londres, Longman, 1999, p. 359; y T. C. W. Blanning (ed.), The Eighteenth Century. Europe 1688-1815, Oxford University Press, 2000, p. 180.

2. A. Corvisier (dir.), Histoire militaire de la France, 1. Des origines à 1715; P. Contamine (dir.), París, PUF, 1992, p. 542.

3. J. Cornette, Le roi…, p. 291.

4. Según P. Wilson y J. Black (eds.), European Warfare, 1453-1815, Nueva York, St. Martin Press, 1999, p. 80, en 1710 Francia movilizó un total de 255.000 hombres; España (Felipe V), 50.000; Austria, 120.000; los estados alemanes, 170.000; Prusia, 43.800; las Provincias Unidas, 76.800; Gran Bretaña, 75.000, etc.; A. Corvisier aporta una cifra de cerca de 600.000 hombres en el bando aliado en 1710, Histoire militaire de la France, 1…, p. 531.

5. J. Hoppit, A Land…, p. 109; P. Wilson, J. Black (eds.), European Warfare…, p. 80; L. Frey, M. Frey, The Treaties… p. XVII.

6. J. Bérenger. El Imperio de los Habsburgo. 1273-1918, Barcelona, Crítica, 1993, p. 348. De carácter general sobre la guerra, me remito a las dos obras siguientes: W. C. Dickinson, E. R. Hitchcock, The War of the Spanish Succession, 17021713. A selected bibliography compiled, Westport, Connecticut, Greenwood Press, 1996; L. Frey. M. Frey. The Treaties of the War of the Spanish Succession, Westport, Connecticut, Greenwoood Press, 1995.

7. Maniﬁesto del Almirante de Castilla, f. 6. Arquivio Histórico da Universidade de Santiago. F. U. Serie histórica n.º 655, pieza 1 (provisional). Debo el documento a Jaume Claret, fs. 11-12.

8. L. Bély, «Casas soberanas y orden político en la Europa de la paz de Utrecht», en P. Fernández Albaladejo (ed.), Los Borbones, dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII, Madrid, Marcial Pons Historia, Casa de Velázquez, 2001, pp. 69-95. Véase, del mismo autor, La société des princes. XVIe-XVIIIe siècles, París, Fayard, 1999.

9. L. Frey, M. Frey, Societies in Upheaval. Insurrections in France, Hungary, and Spain in the Early Eigteenth Century, Westport, Connecticut, Greenwood Press, 1987.

10. L. Frey, M. Frey, The Treaties…, pp. 462-465.

11. J.-P. Amalric, «La elección de un bando: hugonotes y jacobitas en la Guerra de Sucesión de España», en Manuscrits, 19, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 2001, pp. 59-79.

12. E. Le Roy Ladurie, L’Ancien Régime. 1610-1770. Histoire de la France Hachette, París, Hachette, 1991, pp. 222-224.

13. El juizio de la Europa en la gran causa de la libertad común por las razones que tiene la S.C. R.M. de Leopoldo I emperador de romanos sobre la monarquía de España, insidiosamente ocupada de franceses, R. Figueró, Barcelona, 1707, IUHJVV.

14. B. Simms, Three Victories and a Defeat. The Rise and Fall of the First British Empire, 1714-1783, Nueva York, Basic Books, 2007, pp. 48 y 72.

15. S. Pincus, «The English Debate over Universal Monarchy», en J. Robertson (ed.), A Union for Empire. Political Thought and the British Union of 1707, Cambridge University Press, 1995, pp. 37-62 (las referencias en pp. 57-58 y 62). Simms remarca que los ingleses plantearon la contienda en términos mucho más nacionales que dinásticos. Three Victories…, p. 49.

16. J. Cornette, Le roi…, pp. 239-240.

17. Y. Bottineau, Les Bourbons d’Espagne, 1700-1808, París, Fayard, 1993, pp. 60-88; A. Baudrillart, Philippe V et la Cour de France, vol. I, París, Librairie de Firmin-Didot et cie., 1890, p. 358; A. Morel-Fatio, H. Léonardon, Recueil des Instructions données aux ambassadeurs et ministres de France, vol. XII, París, Felix Alcan, 1898, pp. X-XII.

18. S. Mastellone señala que entre 1685 y 1715 cobró fuerza en Europa un lenguaje político crítico con el poder despótico que partía del iusnaturalismo: «Sulla nascita di un linguaggio rivoluzionario europeo», en E. Pii, L. S. Olschki, I linguaggi politici delle rivoluzioni in Europa, XVII-XIX secolo, Biblioteca Il Pensiero politico, 1992, pp. 5-6.

19. T. C. W. Blanning, El siglo XVIII. Historia de Europa, Oxford, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 12-13.

20. J. Black, Parliament and Foreign Policy in the Eighteenth Century, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, p. 7.

21. J. A. Downie, Robert Harley and the press. Propaganda and public opinion in the age of Swift and Defoe, Londres, Cambridge University Press, 1979, p. 129; véase también: P. Losa, R. M. López, «La Guerra de Sucesión española: Swift, Defoe y la campaña para la paz», Estudis, 33, València, Universitat de València, 2007, pp. 175-192.

22. J. A. Downie, Robert Harley…, pp. 148 y 133; L. Frey, M. Frey, The Treaties…, pp. 427-428.

23. L. Frey, M. Frey, The Treaties…, pp. 126-128; véase, también, el libro de Defoe editado por V. León, Memorias de guerra del capitán George Carleton. Los españoles vistos por un oﬁcial inglés durante la Guerra de Sucesión, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2002.

24. J. A. Downie, Robert Harley…, pp. 140-143. Véase también: J. A. C. Hugill, No Peace Without Spain, Berkshire, The Kensal Press, 1991.

25. J. Hoppit, A Land of Liberty? England, 1689-1727, Oxford, Clarendon Press, 2000, p. 122.

26. L. Bély, Espions et ambassadeurs au temps de Louis XIV, París, Fayard, 1990, p. 268.

27. L. Bély, Espions…, pp. 245 y 239.

28. L. Bély analiza dichas formulaciones en el capítulo «L’idéologie de la paix», en Espions…, pp. 696-740.

29. F. Bluche, Le Journal secret de Louis XIV, París, Éditions du Rocher, 1998, p. 315. Aunque el Journal sea una recreación de Bluche, reconocido experto sobre el rey y su reinado, constituye una fuente interesante e ilustrativa.

30. L. Bély, Espions…, pp. 730-737.

31. G. W. Leibniz, Political Writings, P. Riley (ed.), Nueva York, Cambridge University Press, 1988 (2), pp. 24-25 y 35-37.

32. Leibniz, Political…, pp. 150-157.

33. Leibniz, Political…, pp. 159-160 y 162-163.

34. R. M. Alabrús, Felip V i l’opinió dels catalans, Lleida, Pagès Editors, 2001, pp. 15-21; M. T. Pérez Picazo, La publicística española en la guera de Sucesión, 2 vols., Madrid, C.S.I.C., 1966; R. Cal Martínez, «La Gaceta de Madrid y la guerra de Sucesión», en Cuadernos Dieciochistas, 2002, vol. 3, Ediciones de la Universidad de Salamanca, pp. 33-56; C. Borreguero, «Imagen y propaganda de guerra en el conﬂicto sucesorio (1700-1713)», en Manuscrits, 21, Bellaterra, Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2003, pp. 95-132.

35. R. García Cárcel, Felipe V…, p. 106.

36. M. L. González, Oposición y disidencia en la guerra de Sucesión española. El Almirante de Castilla, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2007.

37. M. de Macanaz, Regalías de los señores reyes de Aragón, Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, 1879, p. 29.

38. Sobre Felipe V, véase P. Molas, R. Cerro y M. A. Fargas, Bibliografía de Felipe V, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2004.

39. M. C. Iglesias (ed.), Nobleza y sociedad en la España moderna, II, Madrid, Fundación Central Hispano, 1997, p. 45.

40. J. Lynch, El siglo XVIII, Historia de España, XII, Barcelona, Crítica, 1991, p. 38; A. Miguel Bernal, España, proyecto inacabado. Costes/beneﬁcios del Imperio, Madrid, Fundación Carolina. Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos, Marcial Pons, 2005, p. 22.

41. S. Soldevila, Historia de España, vol. II, Barcelona, Crítica, 1995, pp. 418-419.

42. J. Lynch, El siglo XVIII…, p. 37.

1. Remito a la obra de J. A. Maravall, Teoría del Estado en España en el siglo XVII, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1997.

2. P. Fernández Albaladejo, Materia de España. Cultura política e identidad en la España moderna, Madrid, Marcial Pons Historia, 2007, p. 121.

3. P. Portocarrero y Guzmán, Teatro monárquico de España, edición de C. Sanz Ayán, Madrid, B.O.E., Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998, pp. 187, 364-365 y 218-219.

4. J. H. Elliott, «Conferència inaugural. Catalunya dins d’una Europa de monarquies compostes», en Pedralbes, 13-1, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1993, pp. 11-23; E. Serra, «La vida parlamentària a la Corona d’Aragó: segles XVI i XVII. Una aproximació comparativa», en J. Sobrequés (coord.), Actes del 53è Congrés de la Comissió Internacional per a l’Estudi de la Història de les Institucions Representatives i Parlamentàries, vol. I, Barcelona, Parlament de Catalunya, Museu d’Història de Catalunya, 2005, pp. 501-535 (la referencia en p. 532); J. Sobrequés, El pactisme a Catalunya, Barcelona, Edicions 62, 1982.

5. Así, entre 1598 y 1700 se celebraron cinco convocatorias de Cortes en Aragón (1592, 1626, 1645-1646, 1677-1678, 1684-1687), dos en Cataluña (1599 y 1626-1632, inconclusas) y tres en Valencia (1604, 1626, 1645). Y entre 1701 y 1706, dos en Cataluña (1701-1702 y 1705-1706) y una en Aragón (1702).

6. P. Fernández Albaladejo, Materia…, p. 113.

7. P. Fernández Albaladejo, Fragmentos de monarquía, Madrid, Alianza Universidad, 1992, p. 317.

8. J. L. Castellano, Las Cortes de Castilla y su Diputación (1621-1789). Entre pactismo y absolutismo, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1990, pp. 50-60.

9. J. I. Fortea, Monarquía y Cortes en la Corona de Castilla. Las ciudades ante la política ﬁscal de Felipe II, Cortes de Castilla y León, 1990, pp. 15-19; del mismo autor, Las Cortes de Castilla y León bajo los Austrias. Una interpretación, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2008; también es de referencia obligada la obra colectiva Las Cortes de Castilla y León en la Edad Moderna, Valladolid, Cortes de Castilla y León, 1989.

10. I. A. A. Thompson, Crown and Cortes. Government, institutions and representation in Early-Modern Castile, Aldershot, 1993.

11. L. A. Ribot, «La España de Carlos II», en La transición del siglo XVII al XVIII. Entre la decadencia y la reconstrucción, J. M. Jover Zamora (dir.), y P. Molas (coord.), Historia de España Menéndez Pidal, vol. XXVIII, Madrid, Espasa Calpe, 1993, p. 160.

12. J. M. de Bernardo Ares, «Cortes o cabildos: la representación política del reino en la Corona de Castilla (1665-1700)», en J. Sobrequés (coord.), Actes del 53è Congrés…, vol. I , pp. 393-410 (las referencias en las pp. 410 y 405, respectivamente).

13. En este sentido es especialmente útil la panorámica que ofrece X. Gil en Tiempo de política. Perspectivas historiográﬁcas sobre la Europa moderna, Barcelona, Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2006, pp. 267-324.

14. Para comprobarlo, en una perspectiva europea, basta echar una ojeada a la obra de M. A. R. Graves, The Parliaments of Early Modern Europe, Harlow, Longman, Pearson Education, 2001.

15. J. I. Fortea, «Monarquía, cortes y ciudades en la Corona de Castilla durante la Edad Moderna», en J. Sobrequés (coord.), Actes del 53è Congrés…, I, pp. 305345 (la referencia en la p. 345).

16. B. Cárceles de Gea, Reforma y fraude ﬁscal en el reinado de Carlos II. La Sala de Millones (1658-1700), Madrid, Banco de España, pp. 149 y 143-145, respectivamente.

17. J. M. de Bernardo Ares, Cortes o cabildos…, pp. 407-409; La Junta del Reino de Galicia reaccionó de forma parecida en 1691, según A. Eiras Roel, «Introducción histórica al vol. XI. Las Juntas del Reino de Galicia en la década de 1690», Actas de las Juntas del Reino de Galicia, XI: 1690-1697, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2002, pp. 38-44.

18. J. M. Torras i Ribé, Els municipis catalans de l’Antic Règim. 1453-1808, Barcelona, Curial, 1983, p. 59; A. Domínguez Ortiz observó que en el tercio norte peninsular había numerosos municipios rurales «con fuertes dosis de autogobierno y, si no resulta anacrónica la palabra, democracia», «Poder estatal y poder municipal en Castilla bajo los Austrias», En torno al municipio en la Edad Moderna, A. L. Cortés (ed.), Granada, CEMCI, 2005, p. 60; aunque D. Bernabé Gil da por supuesto que «se ha ido resquebrajando el viejo mito historiográﬁco de matiz romántico-nacionalista» de la insaculación como sistema participativo y abierto. «Insaculación y participación vecinal en el consistorio ibense (1578-1706)», en R. Franch, R. Benítez (eds.), Estudios de Historia Moderna en homenaje a la profesora Emilia Salvador Esteban, I, València, Universitat de València, pp. 55-71 (la referencia en p. 55).

19. J. M. González Beltrán, «La administración municipal en el reinado de Felipe V», en J. L. Pereira Iglesias (coord.), Felipe V de Borbón (1701-1746). Actas del congreso de San Fernando (Cádiz), Córdoba, Servicio de Publicaciones. Universidad de Córdoba, 2002, pp. 143-194 (la cita en la p. 156).

20. A. M. Bernal, España, proyecto inacabado. Costes/beneﬁcios del Imperio, Madrid, Fundación Carolina, Marcial Pons Historia, 2005.

21. C. Tilly, «Reﬂections on the History of European State-Making», en The Formation of National States in Western Europe, C. Tilly (ed.), Princeton, PUP, 1975, p. 15.

22. M. Greengrass (ed.), Conquest and coalescence. The Shaping of the State in Early Modern Europe, Londres, Edward Arnold, 1991; J. H. Elliott, «Conferència inaugural…», p. 21.

23. E. Serra, «La vida parlamentària a la Corona d’Aragó: segles XVI i XVII. Una aproximació comparativa», en J. Sobrequés (coord.), Actes del 53è Congrés…, vol. I, pp. 501-535 (la referencia en la p. 534).

24. J. Arrieta, «Las formas de vinculación a la monarquía y de relación entre sus reinos y coronas en la España de los Austrias. Perspectivas de análisis», en A. Álvarez-Ossorio y B. García García (eds.), La monarquía de las naciones. Patria, nación y naturaleza en la Monarquía de España, Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2004, p. 311.

25. P. Vilar, Crecimiento y desarrollo, Barcelona, Ariel, 1976, pp. 332-346; B. Yun, Marte contra Minerva. El precio del imperio español c. 1450-1600, Barcelona, Crítica, 2004; A. Marcos Martín, España en los siglos XVI, XVII y XVIII, Barcelona, Crítica, 2000.

26. G. Colás, «El pactismo en Aragón. Propuestas para un estudio», en E. Sarasa y E. Serrano (coords.), La Corona de Aragón y el Mediterráneo. Siglos XV-XVI, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1997, pp. 269-293.

27. R. García Cárcel, Felipe V y los españoles. Una visión periférica del problema de España, Barcelona, Plaza & Janés, 2002, p. 28.

28. B. Hernández, Fiscalismo y ﬁnanzas en la Cataluña moderna, Barcelona, Taller de Estudios Hispánicos e Hispanoamericanos, 2003, pp. 217-220; véase también: E. Fernández de Pinedo, «Ingresos y gastos de la Hacienda catalana en el siglo XVII», en E. Fernández de Pinedo (ed.), Haciendas forales y Hacienda real, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1990, pp. 207-224.

29. A. M. Bernal, España, proyecto…, pp. 22 y 434.

30. J. Arrieta, El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1994, pp. 197-201. Del mismo autor: «Derecho e historia en ambiente postbélico: las “Dissertationes” de Rafael Vilosa (1674)», en Pedralbes, 13-I, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1993, pp. 183-196 (la cita en la p. 196).

31. X. Gil, «Constitucionalismo aragonés y gobierno Habsburgo: los cambiantes signiﬁcados de libertad», en R. Kagan y G. Parker (eds.), España, Europa y el mundo atlántico. Homenaje a John H. Elliott, Madrid, Marcial Pons Historia, Junta de Castilla y León, 2002, pp. 217-249 (la referencia en pp. 247-249).

32. J. Arrieta, «L’antítesi pactisme-absolutisme durant la guerra de Successió a Catalunya», en J. Albareda (ed.), Del patriotisme al catalanisme, Vic, Eumo Editorial, 2001, pp. 105-128.

33. A. Álvarez-Ossorio, «Felipe V en Italia. El Estado de Milán bajo la casa de Borbón», en E. Serrano (ed.), Felipe V y su tiempo. Congreso Internacional, Zaragoza, Institución Fernando el Católico (CSIC), 2004, pp. 775-842 (la referencia en la p. 783).

34. X. Gil, «La Corona de Aragón a ﬁnales del siglo XVII: a vueltas con el neoforalismo», en P. Fernández Albaladejo (ed.), Los Borbones…, pp. 97-115.

35. E. Serra, «El pas de rosca en el camí de l’austriacisme», en J. Albareda (ed.), Del patriotisme al catalanisme, Vic, Eumo Editorial, 201, pp. 71-103.

36. Duque de Villahermosa, Memorial del 15 de diciembre del 1690. J. Dantí, Aixecaments populars als Països Catalans (1687-1693), Barcelona, Curial, 1990, pp. 222-223.

37. J. Albareda (ed.), Escrits polítics del segle XVIII, I. Despertador de Catalunya i altres textos, Vic, Eumo Editorial, Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives, 1996, pp. 9 y 11.

38. «Reﬂexiones con las cuales Catalunya debe despertar de un profundo letargo», anónimo, sin fecha, RAH, Colección Salazar y Castro, F-15, n.º 32802, fs. 4866 (las referencias en los fs. 50v, 56, 59, 62, 62v, 64 y 59); P. Molas se ha referido a este y a otros interesantes textos de la época en Catalunya i la Casa d’Àustria, Barcelona, Curial, 1996, pp. 238-258.

1. J. Bérenger, «L’empereur Leopold Ier, l’archiduch Charles et la succession d’Espagne», en AA.VV., L’aposta catalana a la guerra de Successió, 1705-1707, Barcelona, Museu d’Història de Catalunya, 2007, pp. 73-84 (la referencia en la p. 77); H. Kamen, La Guerra de Sucesión en España. 1700-1715, Barcelona, Grijalbo, 1974, p. 11.

2. J. Bérenger, «L’empereur…», p. 79.

3. Sobre los tratados de partición: L. Bély, «La diplomatie Européenne et les partages de l’empire espagnol», en A. Álvarez-Ossorio, B. J. García, V. León, La pérdida de Europa. La Guerra de Sucesión por la Monarquía de España, Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2007, pp. 631-652 (las referencias en pp. 634-636); J. S. Bromley (ed.), The New Cambridge Modern History, volume VI. The Rise of Great Britain and Russia. 1688-1725, Londres, Cambridge University Press, 1971, pp. 392-407; P. Soler y Guardiola, Apuntes de Historia política y de los tratados (1490-1815), Madrid, Librería de Victoriano Suárez, 1895, pp. 244-253; A. Legrelle, La diplomatie française et la succession d’Espagne, 6 tomos, Braine-le-Comte, Imprimerie Zech et ﬁls, 1895-1899.

4. F. Bluche, Le journal secret…, pp. 242-243.

5. La expresión es de J. Bérenger, El Imperio…, p. 344.

6. J. L. Castellano, Las Cortes de Castilla y su Diputación (1621-1789). Entre pactismo y absolutismo, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1990, pp. 113 y 115.

7. A saber: la Guerra de Devolución entre 1667 y 1668; la Guerra de Holanda entre 1673 y 1678; la guerra de 1683-1685; y la Guerra de la Liga de Augsburgo o Guerra de los Nueve Años entre 1689 y 1697.

8. A. Álvarez, La fabricación de un imaginario. Los embajadores de Luis XIV y España, Madrid, Cátedra, 2008, pp. 136-138.

9. A. Álvarez, La fabricación…, pp. 167 y 172.

10. J.-F. Schaub, La France Espagnole. Les racines hispaniques de l’absolutisme français, París, L’Universe Historique, Seuil, 2003.

11. A. Álvarez, La fabricación…, p. 334.

12. Ibídem, p. 174. Sobre Luis XIV: J.-C. Petitﬁls, Louis XIV, París, Perrin, 2002.

13. Ibídem, p. 191.

14. Ibídem, pp. 238-239.

15. Ibídem, p. 209.

16. F. Bluche, Le journal secret…, pp. 245-246.

17. J. Bérenger, «Los Habsburgo y la sucesión de España», en P. Fernández Albaladejo (ed.), Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII, Madrid, Marcial Pons, Casa de Velázquez, 2001, pp. 47-68 (la referencia en p. 58).

18. Utilizo el texto reproducido por el marqués de Miraﬂores. Juicio imparcial de la cuestión de sucesión a la corona de España, Madrid, Imprenta de la Viuda de Calero, 1847. El Testamento de Carlos II, en el apéndice, pp. 11-47 (las citas en pp. 17, 19 y 31-32).

19. P. Fernández Albaladejo, La crisis de la Monarquía, en J. Fontana, R. Villares (dirs.), Historia de España, vol. 4, Barcelona, Crítica, Marcial Pons, 2009, p. 553.

20. L. Ribot, El arte de gobernar. Estudios sobre la España de los Austrias, Madrid, 2006, pp. 228-230.

21. M. L. González, Oposición y disidencia…, p. 140. P. Fernández Albaladejo ofrece una magníﬁca panorámica de aquellos años de incertidumbre en La crisis de la monarquía…, pp. 515-561.

22. Ibídem, p. 163; sobre Oropesa: J. M. de Bernardo Ares, Luis XIV rey de España. De los imperios plurinacionales a los estados unitarios (1665-1714), Madrid, Iustel, 2008, pp. 117-142.

23. L. Ribot, El arte…, p. 212.

24. F. de Castellví, Narraciones históricas, I; J. M. Mundet y J. M. Alsina (eds.), Madrid, Fundación Francisco Elías de Tejada y Erasmo Pércopo, 1997, pp. 87-89.

25. Comte de Rebenac, Recueil des instructions donées aux ambassadeurs et ministres de France, Espagne, Tome I. 1649-1700, París, Commission des Archives Diplomatiques, 1894, 23-XII-1697, pp. 464-465.

26. M. L. González, Oposición y disidencia…, pp. 157 y 161.

27. L. Ribot, El arte…, pp. 240 y 247. Sobre el período véanse las obras de referencia: Duque de Maura, Vida y reinado de Carlos II, 2 vols., Madrid, Espasa Calpe, 1942; A. Cánovas del Castillo, Bosquejo histórico de la Casa de Austria en España, Madrid, V. Suárez, 1911; C. Fernández Duro, El último Almirante de Castilla. Don Juan Tomás Enríquez de Cabrera, Madrid, M. Tello, 1902.

28. Duque de Maura, Vida…, II, p. 257; sobre el motín: J. A. Nieto, J. A. González, «El conﬂicto social en el Madrid del siglo XVII», en F. J. Guillamón, J. J. Ruiz (eds.), Lo conﬂictivo y lo consensual en Castilla. Sociedad y poder político, 15211715, Universidad de Murcia, 2001, pp. 377-400.

29. M. L. González, Oposición y disidencia…, p. 189.

30. Ibídem, p. 259.

31. A. Jouanna, Le devoir de révolte. La noblesse française et la gestión de l’État moderne, 1559-1661, París, Fayard, 1989, p. 10.

32. V. Bacallar, marqués de San Felipe, Comentarios de la guerra de España e historia de su rey Felipe V, el animoso, C. Seco (ed.), Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, tomo 99, 1957, pp. 9-22 (la cita en la p. 11).

33. L. Ribot, El arte…, p. 253.

34. Ibídem, p. 254.

35. Conde de Robres, Memorias para la historia de las guerras civiles de España, J. M. Iñurritegui (ed.), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006, p. 6.

36. P. Fernández Albaladejo, La crisis de la Monarquía…, p. 557.

37. L. Ribot, El arte…, p. 255.

38. I. M. Vicent, «Entre prudentes y discretos. La conservación de la Monarquía Católica ante el tratado de Repartición de 1700», Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV, Historia Moderna, t. 9, 1996, pp. 323-337 (las citas en pp. 330-332).

39. P. Fernández Albaladejo, La crisis de la Monarquía…, p. 551.

40. PRO, SP 94. 74. Stanhope a Yard (19-VI-1698), f. 313-314.

41. RAH, 9/1843 (1) Papeles varios. Memorias del marqués de Langalerie, caballero francés que contiene varias noticias (1700-1706).

42. H. Kamen, La guerra…, p. 15.

43. V. Bacallar, Comentarios…, p. 15.

44. J. Bérenger, «L’empereur…», p. 81. Aunque A. Álvarez expone otras versiones según los distintos protagonistas, en La fabricación…, pp. 320-321. También: J. C. Rule en L. Frey, M. Frey (eds.), The Treaties…, pp. 114-115.

45. A. Álvarez, La fabricación…, pp. 321-322.

46. A. R. Peña, La crisis sucesoria de la monarquía española. El cardenal Portocarrero y el primer gobierno de Felipe V, vol. II, Tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, 2005, pp. 478-481.

47. A. R. Peña, La crisis sucesoria…, II, pp. 482-487.

48. L. A. Ribot, «La transición…», pp. 163-178 y El arte de gobernar…, pp. 214-218; J. A. Sánchez Belén, La política ﬁscal en Castilla durante el reinado de Carlos II, Madrid, 1996; C. Sanz Ayán, Los banqueros de Carlos II, Valladolid, 1989.

49. L. A. Ribot, El arte…, p. 217.

50. C. Sanz Ayán, «Reformismo y Real Hacienda: Oropesa y Medinaceli», Nobleza y sociedad en la España moderna, I, Madrid, Fundación Central Hispano, 1996, pp. 163-184.

51. C. Sanz Ayán, Estado, monarquía y ﬁnanzas. Estudios de Historia ﬁnanciera en tiempos de los Austrias, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2004, pp. 105-125, (la cita en p. 125).

52. C. Storrs, «La pervivencia de la monarquía española bajo el reinado de Carlos II (1665-1700)», en Manuscrits, 2, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 2003, pp. 39-61. Del mismo autor: The Resilience of the Spanish Monarchy. 1665-1700, Oxford, Oxford University Press, 2006.

53. V. Bacallar, Comentarios…, p. 18.

54. A. R. Peña, «Crisis de sucesión: Felipe V y el cardenal Portocarrero a través de la publicística. La opinión de sus coetáneos (1700-1746)», en J. M. de Bernardo Ares (coord.), La sucesión de la monarquía hispánica, 1665-1725 (1), Lucha política en las cortes y fragilidad económica-ﬁscal en los reinos, Córdoba, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2005, pp. 191-253 (las referencias en las pp. 237-240).

55. L. Ribot, El arte…, p. 274.

56. Más que a los tratados de reparto, según apuntó A. Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, Ariel, 1990, p. 25.

57. H. Kamen, La Guerra…, p. 17; una descripción detallada en B. Saule, La journée de Louis XIV. 16 novembre 1700, París, Actes Sud, Flammarion, 2003, pp. 34-36.

58. M. A. Echevarría, «La guerra de Sucesión en los Países Bajos meridionales», en F. Edelmayer, V. León, J. I. Ruiz, Hispania-Austria III. La Guerra de Sucesión española, Viena, Institut für Geschichte der Universität Wien, 2008, pp. 192210 (la referencia en la p. 203).

59. C. Giraud, Le Traité d’Utrecht, París, Archives des Bourbons, Communication & Tradition, 1997, p. 56.

60. J. Bérenger, «L’empereur…», p. 83.

61. B. de Girardot, Correspondance de Louis XIV avec M. Amelot, II, París, Aubry Libraire, 1864, p. 121.

62. J. M. Delgado, Dinámicas imperiales [1650-1796]. España, América y Europa en el cambio institucional del sistema colonial español, Barcelona, Edicions Bellaterra, 2007, pp. 22-28 (la cita en la p. 28).

63. H. Kamen, La Guerra…, pp. 144, 77 y 175.

64. S. J. Stein y B. H. Stein, Plata, comercio y guerra. España y América en la formación de la Europa moderna, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 191 y 141.

65. H. Kamen, La Guerra…, p. 152.

66. J. M. de Bernardo Ares, «Tres años estelares de política colonial borbónica (1701-1703)», en Cuadernos de Historia de España, LXXX, Buenos Aires, Instituto de Historia de España Claudio Sánchez Albornoz, 2006, pp. 171-196 (la referencia en pp. 184-186).

67. S. J. Stein y B. H. Stein, Plata…, pp. 150-153; J. M. Delgado, Dinámicas imperiales…, p. 74; A. García Baquero, «El comercio colonial en la época de Felipe V: el reformismo continuista», en E. Serrano (ed.), Felipe V y su tiempo. Congreso internacional, I, Zaragoza, Institución Fernando el Católico (CSIC), 2004, pp. 75102 (la referencia en la p. 83).

68. C. Nettels, «England and the Spanish-American Trade, 1680-1715», The Journal of Modern History, vol. III, n.º 1, marzo 1931, pp. 1-82 (la referencia en la p. 19).

69. J. Addison, Miscellaneous Works in Verse and Prose, vol. III, Londres, R. Tonson and S. Draper, 1746, ps. 245 y 251.

70. J. O. McLachlan, Trade and Peace with Old Spain, 1667-1750. A study of the inﬂuence of commerce on anglospanish diplomacy, Cambridge, Cambridge University Press, 1940, p. 45.

71. S. J. Stein y B. H. Stein, Plata…, p. 159-160. El viajero Jean de Montségur, aparte de insistir en que España y Francia juntas podían abastecer la demanda americana de productos, denunciaba los abusos cometidos por los oﬁciales españoles, que obligaban a los comerciantes franceses a venderles a ellos los productos, para revenderlos con un margen de diferencia entre el 30 y el 50 %, beneﬁciando con ello a virreyes y ministros. J.-P. Duviols (ed.), Mémoires du Mexique. Le manuscrit de Jean de Montségur (1707-1709), París, Chandeigne, 2002, pp. 257-258. Debo su conocimiento a Lucien Bély.

72. C. Malamud, Cádiz y Saint Malo en el comercio colonial peruano (16891725), Cádiz, 1986.

73. S. J. Stein y B. H. Stein, Plata…, p. 166.

74. P. E. Pérez-Mallaína Bueno, Política naval española en el Atlántico. 17001715, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC, 1982, pp. 445-450 y 63.

75. Ibídem, pp. 23-24.

76. Ibídem, pp. 51-61.

77. A. Baudrillart, Philippe V…, I, pág. 75; J. M. de Bernardo Ares ha retomado la idea en su obra Luis XIV rey de España…

78. B. de Girardot, Correspondance…, I, p. 140; II, pp. 11-15 (la cita en p. 14).

79. Dan buena cuenta de ello, J. M. de Bernardo Ares, A. Calvo, E. Echevarría, E. Ortega, J. A. Romero, M. A. Serrano, La correspondencia entre Felipe V y Luis XIV, Córdoba, Servicio de Publicaciones Universidad de Córdoba, Caja Sur, 2006.

80. Mémoires secrets sur l’établissement de la maison de Bourbon en Espagne, extraits de la correspondance du marquis de Louville, París, Maradan, Libraire, 1818, pp. 34-54.

81. Mémoires secrets…, I, pp. 55-66 (las citas en pp. 63-65).

82. S. Melchior-Bonnet, Fénelon, París, Perrin, 2008, pp. 332-337.

83. Mémoires secrets…, I, pp. 131-136.

84. Mémoires secrets…, II, pp. 50, 97-99.

85. Mémoires secrets…, I, pp. 176, 220-221, 376; II, pp. 87-88.

86. Mémoires secrets…, II, p. 88.

87. Ibídem, pp. 88, 106, 136, 142-143, 146.

88. F. Andújar, Necesidad y venalidad. España e Indias, 1704-1711, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008, pp. 92-93.

89. Mémoires secrets…, II, p. 69.

90. Ibídem, II, p. 23; I, pp. 115, 179, 365; II, p. 74.

91. Ibídem, II, pp. 122-123.

1. De ello dan cuenta, con todo detalle, C. Martínez Shaw, M. Alfonso, Felipe V, Madrid, Arlanza Ediciones, 2001, pp. 41-67.

2. J. Arrieta, «Austracismo. ¿Qué hay detrás de ese nombre?», en P. Fernández Albaladejo, Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII, Madrid, Marcial Pons, Casa de Velázquez, 2001, pp. 177-216.

3. A. Baudrillart, Philippe V et la cour de France, tomo I, París, Librairie Firmin-Didot, 1890, p. 92.

4. El duque de Saint-Simon relata anécdotas divertidas sobre el ágape que se celebró, en el que los nobles españoles rechazaron la comida francesa, y sobre las reticencias de la joven reina a la hora de consumar el matrimonio. Memòries. Selecció. MOLU 37, Barcelona, Edicions 62, 1984, pp. 78-79.

5. Del ambiente festivo y de las celebraciones que tuvieron lugar da testimonio la Relación sucinta del feliz arribo de los serenísimos D. Felipe de Borbón y D. María Luisa Gabriela de Saboya, monarcas de las Españas… y de sus reales bodas, Barcelona, Rafael Figueró, 1701, IUHJVV.

6. Sobre el desarrollo de las Cortes de 1701-1702: J. Albareda, Els catalans i Felip V. De la conspiració a la revolta (1700-1705), Barcelona, Vicens Vives, 1993, pp. 70-90; y «Las Cortes de 1701-1702 y 1705-1706. La puesta al día del constitucionalismo», Estudio introductorio en Constitucions, Capítols i Actes de cort, anys 1701-1702 i 1705-1706, Barcelona, Editorial Base, 2004, pp. 35-64; J. Bartrolí, «La Cort de 1701-1702: un camí truncat», en Recerques, 9, Barcelona, Curial, 1979, pp. 57-75; E. Serra, «Les Corts de 1701-1702. La represa política a les vigílies de la guerra de Successió», en L’Avenç, 206, 1996, pp. 22-29.

7. J. M. Gay Escoda, El corregidor a Catalunya, Madrid, Marcial Pons, 1977, p. 753.

8. N. Feliu de la Peña, Anales de Cataluña, vol. III, Barcelona, J. P. Martí, 1709, p. 490 [edición facsímil: Barcelona, Editorial Base, 1999].

9. J. Albareda, Els catalans…, p. 80.

10. J. Dantí, Aixecaments populars als Països Catalans (1687-1693), Barcelona, Curial, 1990; J. Albareda, Els catalans…, pp. 31-50.

11. J. Albareda, Els catalans…, pp. 81-84.

12. A. Duc de Noailles, Mémoires politiques et militaires pour servir à l’histoire de Louis XIV et Louis XV, tomo 2, París, Chez Moutard, 1776, pp. 181-182.

13. V. Bacallar, Comentarios…, p. 32.

14. J. Arrieta, El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1994, p. 187.

15. N. Feliu, Anales…, III, pp. 481-482.

16. J. Albareda, Las Cortes de 1701-1702…, pp. 35-64; J. Bartrolí, La Cort…, pp. 57-75.

17. F. Soldevila, Barcelona sense Universitat i la restauració de la Universitat de Barcelona (1714-1837), Barcelona, Universitat de Barcelona, 1938, pp. 4-18.

18. BUB, «Annals del convent de Santa Caterina», Ms. 1007, f. 12.

19. N. Feliu de la Peña, Anales…, III, pp. 505-506 y 507.

20. J. Albareda, Els catalans…, pp. 90-110.

21. AHN, Estado, Leg. 1604, 13 de diciembre de 1702.

22. AHN, Estado, Leg. 659-1, 1 de junio de 1702; AHN, Estado Leg. 659-2. Felipe V, 17 de julio de 1702.

23. Se trataba, a juicio de Feliu de la Peña, de una «interpretación de la mente» de Carlos II mediante la que Felipe V «declaraba la mente de su tío y era que después de evacuada la línea suya y del duque de Berry, llamados por el rey Carlos II, llamaba la línea y descendencia de la serenísima reina de Francia doña Ana, su bisabuela», Anales…, III, p. 515.

24. ANP, AE B1, 178. L. Soleil. (8-IV-1702), fs. 266-266v. El cónsul añadía que temía que a los franceses los matarían como perros cuando Felipe V abandonara Barcelona.

25. SHAT, A1 1602, n.º 124, De Quinson (28-IV-1702); n.º 31, De Quinson (7-V-1702); n.º 53, De Quinson (20-IX-1702); A1 1599, n.º 79, Luis XIV (3-X-1702).

26. R. E. Giesey, If Not, Not. The Oath of the Aragonese and the Legendary Laws of Sobrarbe, Princeton, Princeton University Press, 1968, p. 247. Sobre el impacto de las libertades aragonesas en el pensamiento político europeo: C. Magoni, Fueros e libertà. Il mito della costituzione aragonese nell’Europa moderna, Roma, Carocci editore, 2007.

27. AHN, Estado, Leg. 659-1. Consulta 7 de junio de 1702.

28. J. A. Armillas y B. M. Pérez, «Aragón: conspiración y guerra civil», en AA.VV., La Guerra de Sucesión en España y América: X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Madrid, Cátedra General Castaños, Región Militar Sur, 2001, pp. 219-235 (la cita en la p. 220).

29. G. M. Borrás, La guerra de Sucesión en Zaragoza, Zaragoza, Diputación Provincial, Institución Fernando el Católico, 1973, pp. 20-30 (la cita en la p. 30).

30. E. Clemente García, Las Cortes de Aragón en el siglo XVII. Estructuras y actividad parlamentaria, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1997, pp. 259-265. Ver también Arbitrios sobre la economía aragonesa del siglo XVII, edición de L. Perdices de Blas y J. M. Sánchez Molledo, Zaragoza, Larumbe. Clásicos aragoneses. Prensas Universitarias de Zaragoza, 2007.

31. C. Pérez Aparicio, La Guerra de Sucesión…, pp. 328-330 y El proceso de consolidación de la monarquía autoritaria y la reacción foral valenciana. La Junta de Contrafurs en Mayans y la Ilustración, Ayuntamiento de Oliva, 1982, pp. 131-151.

32. J. Robertson, The Case for the Enlightenment. Scotland and Naples 16801760, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 159-161.

33. C. Cremonini, «El Príncipe de Vaudémont y el gobierno de Milán durante la guerra de Sucesión española», en A. Álvarez-Ossorio, Bernardo J. García García y V. León, La pérdida…, pp. 463-490.

34. H. Kamen, Felipe V. El rey que reinó dos veces, Madrid, Temas de Hoy, 2000, pp. 32-36 (la cita en la p. 35).

35. H. Kamen, Felipe V…, p. 36.

36. A. Álvarez-Ossorio, Milán y el legado de Felipe II. Gobernadores y corte provincial en la Lombardía de los Austrias, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los centenarios de Felipe III y Carlos V, 2001, p. 261.

37. A. Álvarez-Ossorio, «Felipe V en Italia…», pp. 788-789; sobre el «rey guerrero», A. Diz, «El tránsito del “rey guerrero” y “cortesano” al rey o gobernante “comerciante”: Felipe V, el último “rey guerrero”», en E. Serrano (ed.), Felipe V…, I, pp. 843-862.

38. A. R. Peña, La crisis sucesoria…, III, pp. 227-235.

39. SHAT, A 1 1598, núm. 36 (29-XI-1701).

40. Louville, Mémoires secrets…, II, pp. 102-103.

41. Ibídem, p. 71.

42. J. M. de Bernardo Ares, Luis XIV rey de España…, p. 283.

43. Ibídem, pp. 300-303.

44. A. Esteban Estríngana, «Preludio de una pérdida territorial. La supresión del Consejo Supremo de Flandes a comienzos del reinado de Felipe», en A. Álvarez-Ossorio, B. J. García, V. León, La pérdida…, pp. 335-378 (la referencia en la p. 360).

45. PRO, SP 94. Schonenberg a Vernon (19-V-1701).

46. A. Baudrillart, Philippe V…, p. 225.

47. M. L. González, Oposición y disidencia…, pp. 374-376.

48. Ibídem, p. 419 y pp. 496-497.

49. M. L. González, Oposición y disidencia…, pp. 264-265.

50. J. M. Delgado, Dinámicas imperiales…, pp. 76-77.

51. AHN, Estado, Leg. 659-1, acuerdo del 7 de enero de 1702.

52. «Representación del comercio de Sevilla en orden a los navíos que se previenen en San Malo para comerciar con América y de la entrada de otros dos de Francia en el Mar del Sur». AHN, Estado, Leg. 659-1, 10 de enero de 1702.

53. AHN, Estado, Leg. 659-2, 24 de mayo de 1702.

54. AHN, Estado, Leg. 1603. Respuesta del embajador marqués de Castelldosrius, 20 de agosto de 1702; también lo aﬁrmó Torcy. Estado, Leg. 659-2, 22 de agosto de 1702.

55. AHN, Estado, Leg. 659-2, 20 de julio de 1702.

56. P. E. Pérez Mallaína, Política naval española en el Atlántico. 1700-1715, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, CSIC, 1982, p. 85.

57. AHN, Estado, Leg. 680, 17 de abril de 1703; Estado, Leg. 680, Orden del rey, 19 de abril de 1703.

58. AHN, Estado, Leg. 659-1, 29 de mayo de 1702; Estado, Leg. 680, 14 de marzo de 1703.

59. AHN, Estado, Leg. 680, 10 de marzo de 1703 y 12 de marzo de 1703.

60. A. R. Peña, La crisis sucesoria…, III, pp 258-267; sobre Castelldosrius y su virreinato en Perú, véase: A. Moreno y N. Sala, El «premio» de ser virrey. Los intereses públicos y privados del gobierno virreinal en el Perú de Felipe V, Madrid, CSIC, 2004.

61. A. R. Peña, La crisis sucesoria…, III, pp 270-273.

62. F. de Castellví, Narraciones…, I, p. 434.

63. A. R. Peña, La crisis sucesoria…, III, pp. 282-295.

64. F. Andújar, «La reforma militar en el reinado de Felipe V», en J. L. Pereira (coord.), Felipe V de Borbón (1701-1746), Actas del Congreso de San Fernando (Cádiz), Córdoba, Servicio de Publicaciones Universidad de Córdoba, 2002 (la cita en la p. 632).

1. J. G. Pocock, Historia e Ilustración. Doce estudios, Madrid, Marcial Pons, 2002, p. 29.

2. R. García Cárcel, R. M. Alabrús, España en 1700 ¿Austrias o Borbones?, Madrid, Arlanza Ediciones, 2001, p. 111; J. Lynch, El siglo XVII…, p. 107.

3. R. García Cárcel, De los elogios a Felipe V, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002, p. XXI.

4. M. T. Pérez Picazo, La publicística española en la guerra de Sucesión, I, Madrid, CSIC, 1966, p. 205.

5. «Representación del marqués de Villena al Rey Dn. Carlos II en quanto al estado que tenía el Reyno el año de 1694 y sobre los medios de su reparación.» Real Academia de la Historia. 9/5213, fs. 291-305 v.

6. Caxa marcial de recluta, 5 de junio de 1704, IUHJVV.

7. A. R. Peña, «Crisis de sucesión: Felipe V y el cardenal Portocarrero a través de la publicística. La opinión de sus coetáneos (1700-1746)», en J. M. de Bernardo Ares (coord.), La sucesión de la monarquía hispánica, 1665-1725 (1), Lucha política en las cortes y fragilidad económico-ﬁscal en los reinos, Córdoba, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2005, pp. 191-253 (las referencias, en las pp. 237-240).

8. L. Ribot, El arte de gobernar. Estudios sobre la España de los Austrias, Madrid, 2006, p. 274.

9. A. R. Peña, «Crisis…», p. 288.

10. T. Egido, Opinión púbica y oposición al poder en la España del siglo XVIII (1713-1759), Valladolid, Universidad de Valladolid, 2002, pp. 270-271.

11. P. Fernández Albaladejo (estudio preliminar), «Teoría y práctica del poder en la monarquía del siglo XVII», Actas de las Juntas del Reino de Galicia, vol. XIII: 1705-1706, Xunta de Galicia, 2003, pp. 51-79 (la referencia en la p. 53); H. Rowen utilizó la expresión en The King’s State Propietary dynasticism in early modern France, New Jersey, Rutgers University Press, 1980.

12. Decreto de perdón a los partidarios del Archiduque, 5-VIII-1706, BN, Ms., 2569 (18). Debo la información a J. M. Iñurritegui.

13. M. L. González, Oposición y disidencia…, p. 272.

14. E. C. Martínez-Radío Garrido, La Guerra de Sucesión en Asturias, Oviedo, Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias, KRK Ediciones, 2009, pp. 87-89, 92-95, 105 y 241-242 (las citas en las pp. 241 y 95).

15. Desengaño político, en R. M. Alabrús, Felip V i l’opinió dels catalans, Lleida, Pagès Editors, 2001, p. 228; Lucifer en visita. M. T. Pérez Picazo, La publicística…, II, p. 139.

16. Maniﬁesto del almirante de Castilla, f. 6. AHUS, F.U. Serie histórica, n.º 655, pieza 1 (provisional). Debo el documento a Jaume Claret.

17. La malicia descifrada y el engaño maniﬁesto por el tribunal de la razón en la sala de justicia, en Atenas, Año de la Fundación de España por Tubal, 3885. Otra réplica en: Respuesta breve, fácil y evidente a un papel que se descubrió con título de maniﬁesto. Debo el conocimiento de ambos impresos a Josep Fontana. IUHJVV.

18. S. J. Stein, B. H. Stein, Plata, comercio…, pp. 190-193.

19. F. J. Guillamón, J. Muñoz, «Los castellanos y la guerra de Sucesión: disciplina social y orden político en la Corona de Castilla (1680-1714)», en A. Álvarez-Ossorio, «Famiglie, nazioni e Monarchia. Il sistema europeo durante la Guerra di Successione spagnola», en Cheiron, 39-40, Milán, Bulzoni Editore, 2003, pp. 105128 (las referencias en las pp. 114-115).

20. Clamores, lágrimas y suspiros de Madrid al rey N.S. D. Felipe V, BN 50659. Debo la información a Montserrat Lamarca.

21. Y. Bottineau, Les Bourbons d’Espagne. 1700-1808, París, Fayard, 1993, pp. 66-69 (la cita es de la p. 69).

22. J. D. Muñoz, «La Castilla del Archiduque Carlos. Movilización social y discurso político en torno al austracismo castellano durante la guerra de Sucesión», en L’aposta catalana a la guerra de Successió, 1705-1707. Actes del congrés celebrat a Barcelona del 3 al 5 de novembre de 2005 al Museu d’Història de Catalunya, Barcelona, Museu d’Història de Catalunya, 2007, pp. 305-317 (la referencia en las pp. 309 y 315).

23. R. M. Alabrús, Felip V…, p. 135.

24. R. García Cárcel, Felipe y los españoles. Una visión periférica del problema de España, Barcelona, Plaza & Janés, 2002, p. 72.

25. C. Gilard, «Felipe V: héroe “marginal” en la tradición literaria del cordel noticiero», en E. Serrano (ed.), Felipe V y su tiempo, II, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» (CSIC), 2004, p. 821.

26. D. González, Guerra de religión entre príncipes católicos. El discurso del cambio dinástico en España y América (1700-1714), Madrid, Ministerio de Defensa, 2002, pp. 143-160.

27. BN, Ms. 5805. A. Ibáñez de la Riva al marqués de Mejorada, 21-V-1706. También el conde de San Esteban de Gormaz estaba persuadido de que «hay verdadero testimonio que ésta es guerra de religión». AHN, Estado, Leg. 491. A J. Grimaldo, 6-II-1706. Debo ambas informaciones a J. M. Iñurritegui.

28. M. T. Pérez Picazo, La publicística…, II, p. 141.

29. J. M. Iñurritegui, Gobernar la ocasión. Preludio político de la Nueva Planta de 1707, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008, pp. 120121 y 123. M. T. Pérez Picazo publica la Carta pastoral de Belluga, así como una réplica, Dictamen apologético, que apela a idénticos argumentos, pero a favor del Archiduque, en La publicística…, II, pp. 5-51; sobre Puga y el Crisol: J. M. Iñurritegui, «1707…», pp. 262-266.

30. R. M. Alabrús, Felip V…, p. 136.

31. V. Bacallar, Comentarios de la guerra de España e historia de su rey Felipe V, el animoso, C. Seco (ed.), Madrid, Biblioteca de autores españoles, 1957, p. 97.

32. M. T. Pérez Picazo, La publicística…, I, p. 281.

33. El rigor de la guerra en los territorios controlados por ambos contendientes ha sido analizado en toda su complejidad por Virginia León y por Josep M. Torras Ribé: V. León, Carlos VI. El emperador que no pudo ser rey de España, Madrid, Aguilar, 2003; J. M. Torras Ribé, La guerra de Successió i els setges de Barcelona (1697-1714), Barcelona, Rafael Dalmau Editor, 1999 y Felip V contra Catalunya. Testimonis d’una repressió sistemàtica (1713-1715), Barcelona, Rafael Dalmau Editor, 2005.

34. D. González, Guerra de religión…, p. 241.

35. Exhortació cathòlica dirigida a la Nació Catalana…, BC. FB. 627, con una «Addició feta lo any 1711». En el IUHJVV (referencia E 95), se conserva un ejemplar de una edición anterior, de 1707, que es la que utilizo.

36. Á. Mach Cortada, AHN, E. 440 (2), Memorial dirigido a José de Grimaldo el 23 de marzo del 1713, p. 14.

37. M. Luz González, «Algunas consideraciones sobre la redeﬁnición de la cultura política a comienzos del siglo XVIII», en V Jornadas Internacionales de Historia de España. Fundación para la Historia de España, Buenos Aires, 7-8 de septiembre de 2006. El texto de la ponencia, inédito, lo debo a la autora.

38. J. Albareda, El «cas dels catalans». La conducta dels aliats arran de la guerra de Successió (1705-1742), Barcelona, Fundació Noguera, 2005, p. 222.

39. M. T. Pérez Picazo, La publicística…, I, p. 281.

40. M. T. Pérez Picazo, La publicística…, II, p. 136.

41. R. M. Alabrús, Felip V…, p. 232.

42. N. Feliu de la Peña, Anales…, III, pp. 636-637; discurso del caballero Emmanuel Ferrer i Sitges: J. Albareda, Escrits polítics…, I, pp. 108 y 110.

43. Despertador de Catalunya. J. Albareda, Escrits polítics…, I, p. 173.

44. C. Pérez Aparicio, «El conﬂicte successori: guerra i pau al País Valencià», en Enfrontaments civils. Postguerres i reconstruccions, III, Barcelona, Recerques Associació, 2005, pp. 55-74; J. M. Torras Ribé, Felip V contra…

45. J. M. Iñurritegui, «1707. La ﬁdelidad y los derechos», en P. Fernández Albaladejo (ed.), Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII, Madrid, Marcial Pons, Casa de Velázquez, 2001, pp. 245-302 (las citas en las pp. 269 y 286). R. M. Alabrús se ha hecho eco de ello en Escrits polítics del segle XVIII, tom IV. Cròniques de la guerra de Successió, Vic, Eumo Editorial, IUHJVV, 2006.

46. E. Giménez, Gobernar con una misma ley. Sobre la Nueva Planta borbónica en Valencia, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1999, pp. 13-14; véase también: M. V. López-Cordón, «Instauración dinástica y reformismo administrativo: la implantación del sistema señorial», en Manuscrits, 18, Bellaterra, U.A.B., 2000, pp. 93-111; J.-P. Dedieu, «La Nueva Planta en su contexto. Las reformas del aparato del Estado en el reinado de Felipe V», en Manuscrits, 18, Bellaterra, U.A.B., 2000, pp. 113-139.

47. J. M. Iñurritegui, «1707…», p. 276.

48. I. M. Vicent, «La cultura política castellana durante la Guerra de Sucesión. El discurso de la ﬁdelidad», en P. Fernández Albaladejo (ed.), Los Borbones…, pp. 217243 (la referencia en la p. 229).

49. P. Kléber Monod, El poder de los reyes. Monarquía y religión en Europa, 1589-1715, Madrid, Alianza Editorial, 2001, p. 14. También, P. Fernández Albaladejo, «Dinastía y comunidad política: el momento de la patria», en P. Fernández Albaladejo (ed.), Los Borbones…, p. 503.

50. V. León, «Represión borbónica y exilio austracista al ﬁnalizar la guerra de Sucesión española», en La pérdida de Europa. La guerra de Sucesión por la Monarquía de España, A. Álvarez-Ossorio, B. J. García García y V. León (eds.), Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2007, pp. 567-589 (las referencias en pp. 582-583).

51. P. Vilar, Catalunya dins l’Espanya moderna, II, Barcelona, Edicions 62, 1973 (4.ª), pp. 373-423; Le «Manual de la Compañya nova de Gibraltar», 17091723, París, SEVPEN, 1962.

52. R. García Cárcel, Felipe V…, p. 69.

53. M. L. González, Oposición y disidencia…, p. 268.

54. C. Pérez Aparicio, «La Guerra de Sucesión en España», en P. Molas (coord.), La transición del siglo XVII al XVIII. Entre la decadencia y la reconstrucción, Historia de España Menéndez Pidal, tomo XXVIII, Madrid, Espasa Calpe, 1993, pp. 405-422.

55. M. Luz González, «Fidelidad, honor y conspiración en la guerra de Sucesión española», en J. M. Bernardo Ares (coord.), en La sucesión de la monarquía hispánica, 1665-1725 (I), Córdoba, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2005, pp. 161-190.

56. A. Álvarez-Ossorio, «Prevenir la sucesión. El príncipe Vaudémont y la red del almirante en Lombardía», en Estudis. Revista d’Història Moderna, 33, València, Universitat de València, 2007, pp. 61-91.

57. Así, Verdad desnuda armada de razón sostiene que tan importante era la ley sálica francesa como la ley hispánica que establecía las renuncias, por cuya razón considera que «tampoco puede tener valor lo que declaró e interpretó Carlos II sin la Corte», Barcelona, Rafael Figueró, 1706, p. 246, IUHJVV.

58. M. Luz González, «Manifestaciones de la cultura política nobiliaria disidente en dos crisis dinásticas: entre la gloria del pasado y la felicidad del presente», en M. Luz González (ed.), Problemas de Historia Moderna, Mar del Plata, Universidad Nacional de Mar del Plata, 2005, pp. 461-483 (las referencias en las pp. 464-466).

59. M. Luz González, «Manifestaciones…», p. 464.

60. Maniﬁesto del Almirante…, fs. 21-22 y 25.

61. F. de Castellví, Narraciones…, III, p. 575.

62. M. Luz González, «Manifestaciones…», p. 468.

63. Theatro de desdichas, gemidos y lágrimas de España y de los verdaderos españoles que por concurrir a la libertad de su patria se declararon por el partido austríaco y han sido abandonados por los aliados, A. Alcoberro, «Monarquia moderada i llibertat de la pàtria. Notes sobre el pensament polític de l’austriacisme castellà a l’exili», en Pedralbes, 27, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2007, pp. 173-196.

64. P. Portocarrero y Guzmán, Teatro monárquico de España, C. Sanz (ed.), Madrid, BOE, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998; J. M. Iñurritegui, «1707…», pp. 245-302.

65. R. M. Alabrús, Felip V…, p. 109.

66. Ibídem, p. 180.

67. M. T. Pérez Picazo, La publicística…, I, p. 212.

68. Don Carlos por la gracia de Dios… Bien notoria es a toda Europa la ﬁrmeza…, Valencia, 22 de diciembre de 1706, p. 5. Debo el texto a Josep Fontana, IUHJVV.

69. J. M. Iñurritegui, Gobernar…, pp. 88-89.

70. I. M. Vicent, «Felipe V y la Monarquía…», pp. 409-410.

71. Demostración que hace un español en defensa del maniﬁesto del serenísimo Sr. Dn. Carlos III de Austria, BN, Ms. 6680.

72. R. García Cárcel, Felipe V…, p. 81.

73. J. D. Muñoz, «La Castilla del Archiduque…», p. 314.

74. R. M. Alabrús, Felip V…, p. 227.

75. J. M. Iñurritegui, «1707…», p. 248; J. Arrieta, «Austracismo, ¿Qué hay detrás de ese nombre?», en P. Fernández Albaladejo (ed.), Los Borbones…, pp. 177-216.

76. A. López de Mendoza, Memorias para la historia de las guerras civiles de España desde la muerte de don Carlos II… hasta 1708, Zaragoza, Biblioteca de Escritores Aragoneses, Diputación Provincial, 1882, pp. 17, 18 y 19.

77. A. López de Mendoza, Memorias…, p. 28.

78. L. Guia i Marín, «El Regne de València. Pràctica i estil parlamentaris», en Ius fugit, 10-11, Zaragoza, Institución Fernando el Católico (CSIC), Universidad de Zaragoza, 2003, pp. 889-933 (la cita en las pp. 930-931).

79. B. Spinoza, Tratado político, A. Domínguez (ed.), Madrid, Alianza Editorial, Filosofía, 2004, p. 179.

80. J. M. Iñurritegui, «1707…», p. 261; J. Albareda, Els catalans…, p. 149.

81. P. Fernández Albaladejo, Materia…, p. 213. Sobre el signiﬁcado de los privilegios catalanes, véase: X. Torres, Naciones sin nacionalismo, Valencia, P.V.V., pp. 123-170.

82. La expresión es de J. M. Iñurritegui, «Las virtudes y el jurista: el Emperador Político de Francisco Solanes y el amor a la patria», en J. Sobrequés (coord.), Actes del 53è Congrés de la Comissió Internacional per a l’Estudi de la Història de les Institucions Representatives i Parlamentàries, vol. I, Barcelona, Parlament de Catalunya, Museu d’Història de Catalunya, 2005, pp. 429-446 (la cita en la p. 436).

83. J. M. Iñurritegui, Gobernar…, p. 92 y pp. 107-108, respectivamente.

84. J. M. Iñurritegui, Gobernar…, p. 100.

85. Según J. M. Iñurritegui, «Las virtudes…», p. 443.

86. J. Albareda, Escrits polítics…, I, pp. 121-192; Lealtad catalana puriﬁcada, BC, FB, 703.

87. J. Albareda, El «cas dels catalans»..., p. 224.

88. Marqués de Courcy, L’Espagne après la paix d’Utrecht, 1713-1715, París, Librairie Plon, 1891, p. 47.

89. Aﬁrma, en 1719, que los catalanes no tenían «más voluntad al Rey que por sus propios intereses pues el amor le consideran in astracto». A. Muñoz, J. Catà, «El naixement de les Esquadres de Catalunya dins el conﬂicte bèl·lic de 1719», en Actes IV Congrés Internacional d’Història Local de Catalunya, Barcelona, L’Avenç, 1999, pp. 220-231 (la cita en la p. 231).

90. E. Giménez, «Conﬂicto armado con Francia y guerrilla austracista en Cataluña (1719-1720)», en Hispania, vol. LXV/2 220, Madrid, mayo-agosto, 2005, p. 574.

91. J. Albareda, «Las Cortes de 1701-1702…», pp. 5-64.

92. J. Albareda, El «cas dels catalans»…, pp. 295-303 (la cita en pp. 297-298).

93. P. Blickle, «Representing the “common man” in old European parliaments», en J. Sobrequés (coord.), Actes del 53è Congrés de la Comissió Internacional per a l’Estudi de la Història de les Institucions Representatives i Parlamentàries, I, Barcelona, Parlament de Catalunya, Museu d’Història de Catalunya, 2005, pp. 117-132.

94. E. Martí, La Conferència dels Comuns i el Braç Militar. Dues institucions decisives en el tombant del segle XVIII, Barcelona, Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives, Universitat Pompeu Fabra, 2008. Entre sus miembros, un 33 % eran o habían sido ciudadanos honrados, un 17 % caballeros, un 39 % nobles y un 11 % eclesiásticos, p. 865. Una síntesis en: La Conferencia de los Tres Comunes (16971714). Una institución decisiva en la política catalana, Vilassar de Mar, Fundació Ernest Lluch, Editorial Milenio, 2008.

95. J. Amelang, La formación de una clase dirigente: Barcelona 1490-1714, Barcelona, Ariel, 1986; del mismo autor: «Gent de la Ribera» i altres assaigs sobre la Barcelona moderna, Vic, Eumo Editorial, 2008.

1. L. Bély, «La diplomatie…», p. 639.

2. En este apartado sigo la magníﬁca síntesis de L. Bély, Les relations internationales en Europe. XVIIe-XVIIIe siècles, París, PUF, 1992, pp. 382-400; también: J. Falkner, Great and Glorious Days. Schellenberg, Blenheim, Ramillies, Oudenarde and Malplaquet, Staplehurst, Spellmoount Limited, 2002, pp. 13-20.

3. V. Bacallar, Comentarios de la guerra…, p. 46; J. Calvo Poyato, Guerra de Sucesión en Andalucía, Córdoba, Diputación de Córdoba, 1982, pp. 13-20.

4. P. E. Pérez-Mallaína Bueno, Política naval española en el Atlántico. 17001715, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, CSIC, 1982, pp. 42-45.

5. J. M. de Bernardo Ares, «Tres años estelares de política colonial borbónica (1701-1703)», Cuadernos de Historia de España, LXXX, Buenos Aires, Instituto de Historia de España «Claudio Sánchez-Albornoz», 2006, pp. 171-196 (la referencia en pp. 179-181).

6. R. Alonso y M. S. Elvás, «El protagonismo de América en la guerra de Sucesión española», AA.VV., La guerra de Sucesión en España y América, Actas X Jornadas Nacionales de Historia militar, Sevilla, Cátedra General Castaños, Región militar Sur, 2001, pp. 371-379. En el mismo volumen: J. Cervera, «La guerra de Sucesión en el escenario americano. La actitud naval», pp. 360-370. Sobre la batalla de Rande: M. Touron Yebra, La Guerra de Sucesión en Galicia (1702-1712), Lugo, Servicios de Publicaciones Diputación Provincial, 1995, pp. 27-49.

7. A. Borges, «Los aliados del archiduque Carlos en la América virreinal», en Anuario de Estudios Americanos, XXVII, Sevilla, 1970, pp. 321-370 (las referencias en pp. 321-337).

8. A. Borges, La Casa de Austria en Venezuela durante la guerra de Sucesión Española (1702-1715), Salzburgo-Tenerife, Centro Internacional de Investigaciones Cientíﬁcas, Ministerio de Educación Nacional, 1963, pp. 89-125; de la misma autora: «Los aliados del archiduque…», pp. 340-343.

9. I. Cluny, «La diplomatie portugaise et la guerre de Succession d’Espagne», en A. Álvarez-Osorio (ed.), en Cheiron, 39-40, Famiglie, nazioni e Monarchia. Il sistema europeo durante la Guerra di Successione spagnola, Roma, Bulzoni editore, 2004, pp. 33-50; N. Gonzalo, F. Monteiro, «Il Portogallo e la Guerra di successione spagnola», en Cheiron, 39-40…, pp. 15-32.

10. J. M. de Bernardo Ares, «Tres años estelares…», pp. 188-192.

11. L. Bély, Les relations…, p. 395.

12. Edicto del 2 de junio de 1704. F. de Castellví, Narraciones…, I, p. 474.

13. D. Francis, The First Peninsular Llar, 1702-1713, Londres, E. Benn Ltd., 1975, pp. 116-117; J. Calvo Poyato, Guerra de Sucesión…, pp. 33-47.

14. Sobre el príncipe Eugenio: D. Mckay, Prince Eugene of Savoy, Londres, Thames and Hudson, 1977.

15. M. S. Anderson, Guerra y sociedad en la Europa del Antiguo Régimen. 1618-1789, Madrid, Ministerio de Defensa, 1990, pp. 139-140; J. Falkner, Great and Glorious…, pp. 22-50; J. Cornette, Le roi…, p. 241.

16. J. Falkner, Great and Glorius…, pp. 52 y 80.

17. L. Bély, Les relations…, p. 397; sobre la batalla: C. Spencer, Blenheim. Battle for Europe. How two men stopped the French conquest of Europe, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 2004.

18. J. Falkner, Great and Glorius…, p. 89; L. Bély, Les relations…, pp. 398-399.

19. L. Bély, Les relations…, pp. 399-400.

20. J. Ragon, «El último virrey de la administración habsburguesa en Cataluña. Jorge de Darmstadt y Landgrave de Hassía (1698-1701)», en Pedralbes, 2, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1982, pp. 263-272; del mismo autor: El virreinato de Jorge de Darmstadt y Landgrave de Hassia (1697-1701), 2 vols tesis de licenciatura, Bellaterrra, Universitat Autònoma de Barcelona, 1978.

21. A. R. Peña, La crisis sucesoria…, II, pp. 381-382 y 417.

22. A. D. Francis, The First Peninsular War…, pp. 33 y 41.

23. M. Martín, «El príncipe Georg de Hessen-Darmstadt: el último virrey de los Austrias en Cataluña», en A. Álvarez Ossorio, B. J. García García y V. León, La pérdida de Europa. La Guerra de Sucesión por la Monarquía de España, Madrid, Fundación Carlos de Amberes y Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2007, pp. 445-461.

24. C. Pérez Aparicio, Canvi dinàstic i guerra de Successió. La ﬁ del Regne de València, I, Valencia, Tres i Quatre, 2008, pp. 401-413.

25. M. L. González, Oposición y disidencia…, pp. 470 y 476.

26. V. Bacallar, Comentarios de la guerra…, pp. 93-94.

27. M. L. González, Oposición y disidencia…, pp. 481 y 483-484.

28. Ibídem, pp. 489-490.

29. J. Albareda, Els catalans…, pp. 127-158.

30. J. Nadal Farreras, «La guerra de Successió i la derrota de Catalunya», J. Nadal (coord.), Història de Catalunya, vol. IV, Barcelona, Salvat, 1978, p. 152.

31. AHN, Estado, Leg. 272. Velasco al marqués de Ribas (24-I-1705).

32. MAE, CPE 143. Velasco al duque de Montalto (14-VI-1704), f. 309.

33. SHAT, A 1 1884, n.º 180-182, Velasco al marqués de Mejorada (24-III-1705).

34. F. de Castellví, Narraciones…, I, p. 460.

35. N. Feliu de la Peña, Anales…, III, p. 523.

36. ASNA, Consiglio di Spagna, 278. Libro de rexistro de memoriales decretados por Su Magestad. Lisboa 1 abril 1704-octubre 1705.

37. E. Mas i Soldevila, «Diari des del mes de novembre de l’any 1700 ﬁns lo die 14 de octubre del any 1705». Biblioteca del Seminari Conciliar. Barcelona, Ms. 419, días 3,12,14 de junio de 1704, fs. 409, 416-417, 414; N. Feliu de la Peña, Anales…, III, p. 521; J. Albareda, Els catalans…, pp. 140-141.

38. MAE, CPE, 138, 25-VI-1704.

39. Sobre Pallejà: J. Albareda, Política, religió i vida quotidiana en temps de guerra (1705-1714). El dietari del convent de Santa Caterina i les Memòries d’Honorat de Pallejà, Vic, Eumo Editorial, Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives, 2001.

40. A. R. Peña, La crisis sucesoria…, III, pp. 300-301.

41. AHN, Estado, Leg. 1605, 29 de junio de 1704.

42. AHN, Estado, Leg. 1605, 8 de julio de 1704.

43. C. Martínez Shaw, M. Alfonso, Felipe V, Madrid, Arlanza Ediciones, 2001, p. 196.

44. J. Bada, «L’Església catalana davant la dinastia borbònica i el decret de Nova Planta (1701-1726)», en J. Albareda (ed.), Del patriotisme al catalanisme, Vic, Eumo Editorial, 2001, pp. 239-261.

45. A. Sommer-Mathis, «Música y teatro en las cortes de Madrid, Barcelona y Viena durante el conﬂicto dinástico Habsburgo-Borbón. Pretensiones políticas y teatro cortesano», en A. Álvarez Ossorio, B. J. García y V. León, La pérdida…, pp. 181-198.

46. A. Dubet, Un estadista francés en la España de los Borbones. Juan Orry y las primeras reformas de Felipe V (1701-1706), Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, 2008, pp. 45-47 y 91-93.

47. A. Dubet, Un estadista…, p. 20.

48. A. Dubet, Un estadista…, pp. 119-140.

49. Ibídem, pp. 140-147 (la cita en la p. 140).

50. Ibídem, pp. 148-150 y p. 306.

51. Sobre el confesor, véase: C. Desos, La vie du R. P. Guillaume Daubenton. S. J. 1648-1723. Un jésuite français à la cour d’Espagne et à Rome, Córdoba, Caja-Sur Publicaciones, Universidad de Córdoba, 2005.

52. A. Dubet, «¿Francia en España? La elaboración de los proyectos de reformas político-administrativas de Felipe V (1701-1702)», en A. Álvarez-Ossorio, B. J. García y V. León, La pérdida…, pp. 293-311 (las referencias en pp. 294-295 y 302).

53. C. de Castro, A la sombra de Felipe V. José de Grimaldo, ministro responsable (1703-1726), Madrid, Marcial Pons Historia, 2004, pp. 142-143.

54. A. Dubet, Un estadista…, pp. 243-258 y 277.

55. J. M. de Bernardo Ares, Luis XIV rey de España. De los imperios plurinacionales a los estados unitarios (1665-1714), Madrid, Iustel, 2008, pp. 238-243.

56. RAH, 9/5760, fs. 138-138v. Sin fecha.

57. A. Dubet, Un estadista…, pp. 302-303 y 154.

58. A. Dubet, «Administrar los gastos de guerra: Juan Orry y las primeras reformas de Felipe V (1703-1705)», en A. Guimerá y V. Peralta (coords.), El equilibrio de los Imperios: de Utrecht a Gibraltar, Madrid, Fundación Española de Historia Moderna, 2005, pp. 483-501 (las referencias en pp. 488-491).

59. Véase el libro de C. de Castro, A la sombra…, pp. 72-73.

60. H. Kamen, La guerra…, p. 104.

61. M. V. López-Cordón, «Instauración dinástica…», p. 109; G. Franco, «El ejercicio del poder en la España del siglo XVIII. Entre las prácticas culturales y las prácticas políticas», La naissance de la politique moderne en Espagne. Mélanges de la Casa de Velázquez, tomo 35 (1), Madrid, Casa de Velázquez, 2005, pp. 51-77.

62. H. Kamen, La guerra…, pp. 81-90.

63. J. M. Imízcoz, «La hora navarra del siglo XVIII. Relaciones familiares entre la monarquía y la aldea», en Juan de Goyeneche y el triunfo de los navarros en la monarquía hispánica del siglo XVIII, Pamplona, 2006, pp. 45-76.

64. S. Aquerreta, «La renovación de las elites ﬁnancieras en el reinado de Felipe V» , en J. Fernández, M. A. Bel, J. M. Delgado (eds.), El cambio dinástico y sus repercusiones en la España del siglo XVIII, Jaén, Universidad de Jaén, 2001, pp. 201-234.

65. H. Kamen, La guerra…, pp. 108-112.

66. A. R. Peña, La crisis sucesoria…, III, pp. 304-405.

67. AHN, Estado, Leg. 692, copia de decreto del 5 de noviembre de 1704.

68. A. R. Peña, La crisis sucesoria…, III, pp. 306-307.

69. AHN, Estado, Leg. 692, 1 de enero de 1705.

70. I. M. Vicent, «Felipe V y la Monarquía…», pp. 402, y 418.

71. A. R. Peña, La crisis sucesoria…, III, p. 312.

72. H. Kamen, La guerra…, pp. 105-106.

73. J. M. Iñurritegui, Gobernar la ocasión. Preludio político de la Nueva Planta de 1707, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008, pp. 52-60.

74. AHN, Estado, Leg. 664/2, 9-XI-1705.

75. AHN, Estado, Leg. 664/2, 26-IV-1706.

76. J. Calvo Poyato, Guerra de Sucesión…, pp. 50-55.

77. A. R. Peña, La crisis sucesoria…, III, pp. 315-318, H. Kamen, La guerra…, p. 107.

78. A. R. Peña, La crisis sucesoria…, III, pp. 318-319.

79. Sucinta relación de quanto ha sucedido en toda la Europa en el año pasado de 1709, Barcelona, R. Figueró, 1710. IUHJVV.

80. A. R. Peña, La crisis sucesoria…, III, pp. 320-322 y 352.

81. AHN, Estado, Leg. 291. Portocarrero, 13 de septiembre de 1706.

1. C. Martínez Shaw y M. Alfonso, Felipe V, Madrid, Arlanza Ediciones, 2001, pp. 214-215.

2. J. Albareda, Els catalans i Felip V. De la conspiració a la revolta (17001705), Barcelona, Vicens Vives, 1993.

3. E. Martí, «La Conferència…», I, pp. 421-431.

4. J. Albareda, «Le nom français est si odieux en Catalogne. La francofobia a ﬁnales del siglo XVII», Simposio Internacional «Extranjeros y enemigos en Iberoamérica. La visión del otro», Ayamonte, Universidad de Huelva, 2008. En curso de publicación.

5. N. Feliu de la Peña, Anales..., III, pp. 505-506.

6. Breve plática en expresión de la gloriosa muerte del príncipe de Darmstadt, 1705, BC, FB, 5690.

7. Cant dels aucells, quant arribaren los vaxells davant de Barcelona y del desembarch de Carlos III, BC, FB, 906 (s.f.)

8. Verdad desnuda armada de razón, Barcelona, R. Figueró, 1706, IUHJVV. Sobre la apuesta catalana de 1705 y el partido austracista: J. Albareda, Felipe V y el triunfo del absolutismo. Cataluña en un conﬂicto europeo (1700-1714), Barcelona, Generalitat de Catalunya, EADOP, 2002

9. Constitucions, capítols i actes de Cort. Anys 1701-1702 i 1705-1706, edición facsímil, Barcelona, Editorial Base, 2004. Constituciones de 1706, p. 2.

10. Doctrina catalana, 1705, BC, FB, 5707.

11. Villancicos… a Carlos III, 1705, BC, FB, 5685.

12. Redondillas con remates en títulos de comedias, 1705, BC, FB, 5697.

13. A la S.C. y Real M. de Carlos III, Rey de las Espanyas, 1705, BC, FB, 5676.

14. J. Albareda, El «cas dels catalans»..., pp. 269-271.

15. J. Amelang, La formación de una clase dirigente: 1490-1714, Barcelona, Ariel, 1986; R. Carreras Bulbena, «Constitució i actes conservades de la Acadèmia Desconﬁada», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, n.º 74, Barcelona, 1922, pp. 225-277.

16. G. García Fuertes, «De la conspiración austracista a la integración a la Nueva Planta. La familia Duran, máximo exponente de la burguesía mercantil barcelonesa en el siglo XVIII», en C. Martínez Shaw (ed.), Historia moderna, historia en construcción, sociedad, política e instituciones, vol. 2, Lleida, Editorial Milenio, 1999, pp. 513-527.

17. A. Espino, Cataluña durante el reinado de Carlos II, Bellaterra, UAB, 1999.

18. P. Molas, Comerç i estructura social a Catalunya i València als segles XVII i XVIII, Barcelona, Curial, 1977, pp. 163-164.

19. P. Vilar, «Introducció», Prehistòria i edat antiga, en P. Vilar (dir.), Història de Catalunya, vol. I, Barcelona, Edicions 62, 1987, p. 52.

20. L. Argemí, «Feliu de la Peña en el mercantilismo», en A. Sánchez Hormigo (ed.), En la estela de Ernest Lluch. Ensayos sobre historia del pensamiento económico, Zaragoza, Gobierno de Aragón, Fundació Ernest Lluch, 2006, pp. 47-61.

21. E. Lluch, «El programa polític de la Catalunya austriacista», en J. Albareda, Del patriotisme al catalanisme, Vic, Eumo Editorial, 2001, pp. 129-167.

22. AHN, Estado, 1008, fs. 27v-28.

23. J. M. Gay Escoda, El corregidor a Catalunya, Madrid, Marcial Pons, 1997, pp. 755-756.

24. N. Sales, «Institucions polítiques catalanes en vigílies de la seva abolició: una tasca historiogràﬁca urgent…», en Pedralbes, 13-I, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1993, pp. 275-279 (la cita en p. 279).

25. M. Jiménez, L’Església catalana sota la monarquia dels Borbons. La catedral de Girona en el segle XVIII, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999, p. 225.

26. SHAT, A1 1706, n.º 91.

27. H. Kamen, La guerra…, p. 415.

28. M. T. Pérez Picazo, La publicística…, I, pp. 64-65.

29. F. de Castellví, Narraciones…, I, p. 257.

30. J. Bada, «La postura de la Companyia de Jesús davant la successió (17001718)», en L’aposta catalana a la guerra de Successió…, pp. 137-145.

31. R. M. Alabrús, Felip V i l’opinió dels catalans, Lleida, Pagès Editors, 2001.

32. H. Kamen, Felipe V…, p. 62.

33. J. M. Torras i Ribé, «Reﬂexions sobre l’actitud dels pobles i estaments catalans durant la Guerra de Successió», en Pedralbes, 1, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1981, pp. 187-209.

34. A. de Benedictis, Política, governo e istituzioni nell’Europa moderna, Bolonia, Il Mulino, 2001, p. 381.

35. Véase el espléndido libro de X. Torres, Naciones sin nacionalismo. Cataluña en la monarquía hispánica (siglos XVI-XVII), Valencia, PUV, 2008; también: A. Simon, Els orígens ideològics de la revolució catalana de 1640, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999, y Construccions polítiques i identitats nacionals. Catalunya i els orígens de l’estat modern espanyol, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2005.

36. J. P. Poussou (dir.), L’Europe des diètes au XVIIe siècle, París, SEDES,1996, pp. 95-96.

37. V. Ferro, El Dret Públic Català. Les Institucions a Catalunya ﬁns al Decret de Nova Planta, Vic, Eumo Editorial, 1987; J. L. Palos, Els juristes i la defensa de les Constitucions. Joan Pere Fontanella (1575-1649), Vic, Eumo Editorial, 1997.

38. J. M. Torras i Ribé, Escrits Polítics del segle XVIII, II, Documents de la Catalunya sotmesa, Vic, Eumo Editorial, IUHJVV, 1996, pp. 73-81 (las citas en ps. 68-69).

39. D. Francis, The First …, pp. 177-178.

40. N. Ballbé, «L’Epítome de Llorenç Tomàs, canceller del Principat de Catalunya (1705-1714)», en Manuscrits, 24, Universitat Autònoma de Barcelona, 2006, pp. 193-212.

41. El Teatro de culpa y pena en juizio particular de la monarquía de España parece conﬁrmarlo al dar por supuesto que la palabra butiﬂer procede de Vic, Madrid, Antonio Bizarrón, 1707, IUHJVV.

42. F. de Castellví, Narraciones…, I, pp. 420-421.

43. J. Albareda, Els catalans…, pp. 159-223.

44. M. González, «Les Corts catalanes de 1705-1706», en L’Avenç, 206, 1995, pp. 30-33; J. Albareda, «Estudio introductorio. La puesta al día del constitucionalismo», Constitucions, capítols i actes de cort. Anys 1701-1702 i 1705-1706, Barcelona, Editorial Base, 2004, pp. 35-64; G. Germán, «Las constituciones catalanas de 1706: la cumbre del sistema pactista catalán», en Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Historia Moderna, t. 18-19, Madrid, UNED, 2005-2006, pp. 155-175.

45. R. García Cárcel, Felipe V…, p. 80; del mismo autor: De los elogios…, p. XXXV.

46. P. Molas, Comerç i estructura…, pp. 93-107.

47. P. Vilar, Catalunya dins l’Espanya moderna, II, Barcelona, Edicions 62, 1973, pp. 407-408; B. Oliva, La generació de Feliu de la Peña. Burgesia mercantil i guerra de Successió entre el Maresme i Barcelona, Lleida, Universitat de Lleida, 2001, pp. 131-132. En este sentido, la hipótesis que formulan C. Martínez Shaw y M. Alfonso de que el pacto de Génova era la versión catalana del tratado de Methuen, es decir que conducía a la subordinación de la economía del Principado a los intereses de las dos potencias atlánticas, además de no probada, carece de fundamento. Véase J. Fontana, «En els inicis de la Catalunya contemporània. L’economia a la segona meitat del segle XVII», en R. Grau, El segle de l’absolutisme, 1714-1808, Barcelona, Institut de Cultura, Arxiu Històric de la Ciutat, pp. 13-21.

48. A. García Espuche, Un siglo decisivo. Barcelona y Cataluña. 1550-1640, Madrid, Alianza Editorial, 1998 y Barcelona entre dues guerres. Economia i vida quotidiana (1652-1714), Vic, Eumo Editorial, 2005, pp. 261-365; J. Torras, «L’economia catalana abans del 1800. Un esquema», en Història econòmica de la Catalunya contemporània, I, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1994, pp. 13-38.

49. J. Fontana, «En els inicis…», p. 20.

50. V. Ferro, El Dret públic…, p. 423.

51. J. Albareda, «Estudio introductorio…», pp. 35-64.

52. J. M. Torras i Ribé, La guerra de Successió…, pp. 163-167.

53. Ibídem, pp. 167-173.

54. J. Fontana, «La guerra de Successió i les Constitucions de Catalunya: una proposta interpretativa», en J. Albareda (ed.), Del patriotisme al catalanisme, Vic, Eumo Editorial, 2001, pp. 13-29; véase también, V. Ferro, El Dret públic…, p. 450.

55. V. Ferro, El Dret públic…, p. 423.

56. M. Arranz y R. Grau, «L’economia urbana de Barcelona i la guerra de Successió», en Recerques, 24, Barcelona, Curial, 1991, pp. 115-142.

57. J. M. Torras i Ribé, La guerra de Successió…, pp. 177-261; también: J. Albareda y E. Martí, «Pròleg: la Generalitat entre 1701 i 1714», Dietaris de la Generalitat, X, años 1701-1713, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2007, p. XXVI.

58. J. Arrieta, «Lo que pudo ser y no fue o la diﬁcultad de las comparaciones austro-borbónicas», Miscel·lània Ernest Lluch i Martin, I, Vilassar de Mar, Fundació Lluch, 2006, pp. 351-368.

59. A. García Espuche, Barcelona…, pp. 199-260.

60. V. León, Carlos VI…, pp. 82-83.

61. J. E. López i Camps, «La invasió austriacista del Regne de València (17011705)», Afers, 52, Catarroja, 2005, pp. 521-540.

62. S. García Martínez, Valencia bajo Carlos II, Villena, Ayuntamiento de Villena, 1991, pp. 263-282.

63. C. Pérez Aparicio, «Cambio dinástico y disidencia política en el País Valenciano», en E. Serrano (ed.), Felipe V y su tiempo. Congreso Internacional, II, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», CSIC, 2004, pp. 119-149 (la cita en la p. 136).

64. C. Pérez Aparicio, Canvi dinàstic…, I, pp. 93-110.

65. C. Pérez Aparicio, «Cambio dinástico…», p. 137.

66. C. Pérez Aparicio, Canvi dinàstic…, 2, pp. 242-246.

67. J. L. Cervera Torrejón, Basset: mite i realitat de l’heroi valencià, Valencia, Tres i Quatre, 2003.

68. C. Pérez Aparicio, Canvi dinàstic…, 2, pp. 294-309.

69. C. Pérez Aparicio, Canvi dinàstic…, 2, pp. 546-556.

70. C. Pérez Aparicio, «Cambio dinástico…», pp. 135-142. De la misma autora: «Una vida al servicio de la Casa de Austria, don José Folc de Cardona y Erill, príncipe de Cardona (1651-1729)», Estudis, 28, Valencia, 2002, pp. 421-448.

71. F. de Castellví, Narraciones…, II, pp. 49-50.

72. Citado por C. Pérez Aparicio, Canvi dinàstic…, 2, p. 453.

73. C. Pérez Aparicio, Canvi dinàstic…, 2, p. 413.

74. C. Pérez Aparicio, Canvi dinàstic…, 2, pp. 553-554.

75. V. J. Escartí, El Diario (1700-1705) de Josep Vicent Ortí i Major, Valencia, Bancaixa, 2007, p. 45.

76. C. Pérez Aparicio, «L’austriacisme al País Valencià: objectius polítics, projectes econòmics i reivindicacions socials», en L’aposta catalana a la guerra de Successió, 1705-1707, Barcelona, Museu d’Història de Catalunya, 2007, pp. 175191 y 182; de la misma autora: Canvi dinàstic…, 2, pp. 516-517.

77. J. A. Armillas y B. M. Pérez, «Aragón: conspiración y guerra civil», en La guerra de Sucesión en España y América, X Jornadas nacionales de Historia militar, Madrid, Cátedra General Castaños, 2001, pp. 219-235 (la referencia en pp. 221-222).

78. En el IUHJVV se conserva una colección de 18 impresos que abarca desde el 9-VIII-1706 al 31-XII-1706 bajo el título genérico de Noticias de varias partes, que da cuenta, entre otras noticias, de los enfrentamientos en Aragón. El impresor fue Francisco Revilla, de Zaragoza.

79. E. Fernández Clemente (dir.), Historia de Aragón, Madrid, La Esfera de los Libros, 2008, pp. 564-570; V. León, «Política interior del Archiduque: Benasque, un valle austracista durante la guerra de Sucesión», Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, 8, Madrid, 1987, pp. 83-107.

80. J. A. Armillas y B. M. Pérez, «Aragón…», pp. 222-227.

81. Todo el papel es título dirigido a la Magestad Católica de mi rey y mi señor Carlos Tercero, Zaragoza, c. 1706, Francisco Revilla impresor, IUHJVV.

82. V. León, Carlos VI…, pp. 85-86.

83. R. M. Alabrús, Felip V…, p. 182; la expresión «rey de los catalanes» la acuñó P. Voltes, L’arxiduc Carles d’Àustria, rei dels catalans, Barcelona, Aedos, 1967.

84. Exhortación pastoral del Eminentísimo Señor Cardenal Portocarrero, arzobispo de Toledo, 17-III-1706, Madrid, Antonio Bizarrón. Debo el texto a Josep Fontana, IUHJVV.

85. A. R. Peña, La crisis…, III, p. 329; M. L. González, Oposición y disidencia…, p. 267.

86. V. León, Carlos VI…, pp. 87-89; P. Voltes, «Las dos ocupaciones de Madrid por el Archiduque Carlos de Austria», Madrid, Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo 149-153, CLI, 1961-1963, pp. 61-110.

87. V. Bacallar, Comentarios…, pp. 114-115.

88. «Sucesos memorables de Estado y Guerra acontecidos en el reinado de Felipe V desde el año 1703 hasta el de 1706», BN, Ms, 10.865, fs. 142 y 146-147.

89. V. Bacallar, Comentarios…, p. 121.

90. V. León, Carlos VI…, pp. 91-93.

91. Ibídem, pp. 93-94.

92. Ibídem, pp. 95-96.

93. V. Bacallar, Comentarios…, p. 121.

94. V. León, Carlos VI…, p. 99.

95. J. Juan Vidal, «La guerra de Sucessió a la Corona d’Espanya: les Illes Balears ﬁlipistes, austriacistes i anglesos», en L’aposta catalana…, pp. 415-428. Del mismo autor: «El reino de Mallorca del ﬁlipismo al austracismo. 1700-1715», E. Serrano (ed.), Felipe V y su tiempo…, II, pp. 151-210.

96. J. Juan Vidal, «La guerra…», pp. 419-421; «El reino de Mallorca…», pp. 171-172.

97. J. Juan Vidal, «La guerra…», pp. 421-424 ; M. Mata, 1705-1713. Menorca. Franceses, ingleses y la Guerra de Sucesión, Mahón, Ateneu Cientíﬁc Literari i Artístic, 1995, p. 155.

98. V. León, Carlos VI…, pp. 83-84.

99. Ibídem, pp. 101-102.

100. Ibídem, pp. 104-105.

101. Ibídem, pp. 105-106.

102. Ibídem, pp. 107-108.

103. C. Pérez Aparicio, «L’austriacisme al País Valencià…», pp. 186-187.

104. F. de Castellví, Narraciones…, II, p. 339.

105. C. Pérez Aparicio, «L’austriacisme al País Valencià…», p. 187.

106. C. Pérez Aparicio, «La Guerra de Sucesión en España», en P. Molas (coord.), La transición del siglo XVII al XVIII. Entre la decadencia y la reconstrucción, Historia de España Menéndez Pidal, tomo XXVIII, Madrid, Espasa Calpe, 1993, pp. 301-503 (especialmente, pp. 405-422).

107. Conde de Robres, Memorias para la historia…, pp. 5-18; también: G. M. Borrás, La Guerra de Sucesión en Zaragoza, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1973, p.10.

108. J. Morales, La derogación de los fueros de Aragón (1707-1711), Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses (CSIC), Excma. Diputación Provincial, 1986, pp. 28-29.

109. R. M. Alabrús, Felip V…

110. En las capitulaciones para la rendición de Valencia, ﬁrmadas por el general Basset el 16 de diciembre de 1705, se solicitaron privilegios para la ciudad «para poder tratar y contratar en dichos Reynos de Castilla y demás adjacentes, y en quantos possea la Magestad de Carlos Tercero (que Dios guarde) y poder entrar sus mercadurías francamente, como si todos fueran un mismo reyno, y provincia, y poder extraer y sacar libremente y sin incurso de pena alguna toda moneda de oro, plata, diamantes, piedras preciosas y joyas». H. H. St., Spanien Varia, 46, 1705. «Capítulos propuestos…», f. 438.

111. C. Pérez Aparicio, La Guerra de Sucesión…, pp. 370-373. Sobre el predominio de los intereses comerciales franceses en Valencia, véase la obra de la misma autora: Canvi dinàstic…, I, pp. 315-345; V. L. Simó Santonja, Les Corts valencianes. 1240-1645, Valencia, Corts Valencianes, 1997, pp. 582-592.

112. E. Clemente García, Las Cortes de Aragón en el siglo XVII. Estructuras y actividad parlamentaria, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1997, pp. 259-265. Véase también: Arbitrios sobre la economía aragonesa del siglo XVII, edición de L. Perdices de Blas y J. M. Sánchez Molledo, Zaragoza, Larumbe, Clásicos aragoneses, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2007.

113. G. M. Borrás, La guerra…, pp. 24-28 y pp. 121-125.

114. M. B. Pérez Álvarez ha escrito que «la defensa de los Fueros fue, por lo menos, una eﬁcaz consigna capaz de atraer, como ninguna, a los aragoneses hacia el bando por el cual era invocada», en Aragón durante la Guerra de Sucesión, tomo 1, tesis de doctorado, Zaragoza, Departamento de Historia Moderna y Contemporánea, Universidad de Zaragoza, 1995, pp. 327-328.

115. M. B. Pérez Álvarez, Aragón…, I, p. 125.

116. BN, Ms, 5805. A. Ibáñez de la Riva al marqués de Mejorada, 29-V-1706. Debo la información a J. M. Iñurritegui.

117. Conde de Robres, Memorias para la historia…, p. 207.

118. J. A. Armillas y B. M. Pérez, «Aragón…», p. 220.

119. C. Pérez Aparicio, La Guerra de Sucesión…, pp. 328-330 y «El proceso de consolidación de la monarquía autoritaria y la reacción foral valenciana. La Junta de Contrafurs», en Mayans y la Ilustración, Ayuntamiento de Oliva, 1982, pp. 131-151.

120. V. L. Simó, Les Corts…, p. 592; G. M. Borrás, La guerra…, p. 66.

121. M. J. Deyà, «Les Balears durant els inicis de la Guerra de successió: fractura social i ¿projecte polític?», L’aposta catalana a la Guerra de Successió…, pp. 147-163; véase también: M. À. Casasnovas, Història de Menorca, Mallorca, Editorial Moll, 2005.

122. MAE, CPE, 177. «Mémoire sur l’estat des affaires du Royaume d’Aragon, pour l’entrée des troupes des deux couronnes, dans ce pays-là», 1707, fs. 361-366.

123. M. B. Pérez Álvarez, Aragón…, I, p. 178. Escrito de Joachin López de Cenedo en la villa de Sadava, Zaragoza, 26-VIII-1710.

124. G. Colás, «El pactismo en Aragón. Propuestas para un estudio», en E. Sarasa y E. Serrano (coord.), La Corona de Aragón y el Mediterráneo. Siglos XV-XVI, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1997, pp. 269-293 (la cita en la p. 275).

125. J. Albareda, Escrits polítics…, I, p. 170.

126. E. Serra, «La vida parlamentària en la Corona d’Aragó: segles XVI i XVII», en J. Sobrequés (coord.), Actes del 53è Congrés…, I, pp. 501-536.

127. X. Torres, Naciones sin nacionalismo…; A. Simon, Els orígens… y Construccions polítiques…

128. J. Casey, La terra i els homes. El País Valencià a l’època dels Àustria, Catarroja-Barcelona, Editorial Afers, 2005, p. 158.

129. J. Gascón, «Los fundamentos del constitucionalismo aragonés. Una aproximación», en Manuscrits, 17, Bellatera, Universitat Autònoma de Barcelona, 1999, pp. 253-275; véase también: G. Colás Latorre, «El pactismo en Aragón…», pp. 269-293.

130. A. Mestre, Manuel Martí, el Deán de Alicante, Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, Diputación Provincial de Alicante, 2003, p. 141.

131. F. Otero, La vila de Fraga al segle XVIII, II, Gallica Flavia, 3, Institut d’Estudis del Baix Cinca-I.E.A., 1995, p. 142; A. Peiró, La defensa de los Fueros de Aragón (1707-1715), Zaragoza, 1988; J. M. Gay Escoda, El corregidor a Catalunya, Madrid, Marcial Pons, 1997, pp. 45-53.

132. M. Peset, «Notas sobre la abolición de los fueros de Valencia», Anuario de Historia del Derecho Español, 42, 1972, pp. 657-693; E. Giménez, Gobernar con una misma ley. Sobre la Nueva Planta borbónica en Valencia, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1999.

133. J. M. Iñurritegui, «Estudio preliminar» en Conde de Robres, Memorias para la historia…, pp. LVIII-XIX.

134. C. Pérez Aparicio, «El austracismo en Valencia: un nuevo intento de sublevación en 1710», en Estudis, 4, Valencia, Universitat de València, 1975, pp. 179189 (la cita en la p. 188).

135. Y J. M. Miñana añade: «por primera vez los valencianos se dieron cuenta del inevitable daño de la libertad perdida y de que se habían precipitado en la lamentabilísima esclavitud miserable», en La guerra de Sucesión en Valencia. De Bello Rustico Valentino, F. J. Pérez Durá y J. M. Estellés González (eds.), Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, Institución Valenciana de Estudios e Investigación, 1985, pp. 225-227.

136. C. Pérez Aparicio, «El conﬂicte successori: guerra i pau al País Valencià», en Segon Congrés Recerques, Enfrontaments civils: postguerres i reconstruccions, Lleida, Recerques, Pagès Editors, 2005, pp. 55-74 (la referencia en pp. 62-63).

137. J. Pradells, L’època borbònica ﬁns a la crisi de l’Antic Règim, en M. Ardit (dir.), Història del País Valencià, IV, Barcelona, Edicions 62, 1990, pp. 191-192.

1. L. Bély, Les relations…, pp. 401-402; J. Falkner, Great and Glorious…, pp. 117-122 y, del mismo autor: Ramillies 1706. Year of Miracles, Barnsley, Pen&Sword, Military, 2006; J. S. Bromley (ed.), The rise of Great Britain and Russia, The New Cambridge Modern History, vol. VI, Londres, Cambridge at the University Press, 1971, pp. 426 y 428.

2. M. A. Echevarría, «La Guerra de Sucesión…», p. 205.

3. A. Álvarez-Ossorio Alvariño, La república de las parentelas. El Estado de Milán en la monarquía de Carlos II, Mantua, Gianluigi Arcari Editore, 2002, pp. 398-399.

4. B. de Girardot, Correspondance de Louis XIV avec M. Amelot, vol. I, París, Aubry Libraire, 1864, pp. 162-164, 167, 169, 170.

5. J. S. Bromley (ed.), The rise of Great Britain…, pp. 425-431.

6. P. E. Pérez-Mallaína Bueno, Política naval…, pp. 47-50.

7. M. del Carmen Mena, «Santa Marta durante la guerra de Sucesión Española», Anuario de Estudios Americanos, tomo XXXVI, Sevilla, 1979, pp. 569-702.

8. L. Navarro García, Conspiración en México durante el gobierno del virrey Albuquerque, Valladolid, Casa-Museo de Colón. Seminario Americanista de la Universidad de Valladolid, 1982, pp. 43-94. Sobre Mañer: R. M. Alabrús, «Ripperdá: un exaustriacista dins del règim borbònic», en Miscel·lània Ernest Lluch i Martin, vol. II, Vilassar de Mar, Fundació Ernest Lluch, 2207, pp. 287-306 (especialmente, pp. 289290); también: J. Albareda, El cas dels catalans…, pp. 255-264.

9. Diario de la marcha que hizo el exército imperial de Italia… para recobrar por la Augustíssima Casa el Reyno de Nápoles puesto en las manos de Carlos III, Lisboa, Antonio Pedrozo, 1707, debo el impreso a Josep Fontana. IUHJVV; P. Molas, «¿Qué fue de Italia y Flandes?», en A. Álvarez-Ossorio, B. J. García García y V. León, La pérdida de Europa…, pp. 693-715.

10. L. Bély, Les relations…, pp. 401-402.

11. B. de Girardot, Correspondance de Louis XIV…, II, pp. 6, 29, 36, 57-59, 61-62, 65, 71.

12. J. Hoppit, A Land of Liberty? England. 1689-1727, Oxford, University Press Oxford, 2000, p. 297.

13. C. Rahn Phillips, The Treasure of the San José. Death at Sea in the War of the Spanish Succession, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2007.

14. L. Bély, Les relations…, pp. 404-405; J. Falkner, Great and Glorious…, pp. 155-162.

15. L. Guia. «Ruptura i continuïtat de la Corona d’Aragó a Sardenya arran de la guerra de Successió», en L’aposta catalana a la guerra de Successió…, pp. 403414.

16. J. S. Bromley (ed.), The rise of Great Britain…, p. 434; G. N. Clark, «War Trade and Trade War, 1701-1713», Economic History Review, I (1927-928), pp. 262280 (la referencia en la p. 278); B. Simms, Three Victories…, p. 68.

17. B. de Girardot, Correspondance de Louis XIV…, II, pp. 79, 83-85, 89, 91-92, 104, 106.

18. Ibídem, II, pp. 102-106 y 127.

19. H. H. St. Spanien-Varia Kart, 46, 23-II-1706, f. 450.

20. H. H. St. Kriegsakten, Fasz. 249, 15-IV-1706, f. 40.

21. H. H. St. Kriegsakten, Fasz. 249, s/f , 1706, fs. 86v y 89v.

22. A. Parnell, The War of the Succession in Spain during the reign of Queen Anne, 1702-1711, Londres, Georges Bell and Sons, 1905, pp. 136-139, 166-167 y 186-187 (las citas en las pp. 136 y 166, respectivamente). John Freind publicó un texto que exculpa y justiﬁca a Peterborough: An Account of the Earl of Peterborow’s Conduct in Spain, Londres, J. B. for Jonah Bowyer, 1708; lo debo a J. Fontana.

23. El folleto felipista, que me ha proporcionado Josep Fontana, «Relación diaria y singular de la gran batalla que dieron las armas de N. Sr. en los campos de Almansa», de 1707, se hace eco de ello. IUHJVV.

24. H. H. St. Kriegsakten, Fasz, 249, 27-4-1707, f. 63 y 27-IV-1707, f. 71.

25. H. H. St. Kriegsakten, Fasz, 249, 6-V-1707, f. 96.

26. H. H. St. Kriegsakten, Fasz, 249, 2-V-1707, f. 74 y 2-V-1707, f. 79v.

27. J. Querol, Joan Baptista Basset, militar i maulet, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1991; J. L. Cervera. Basset: mite i realitat de l’heroi valencià, Valencia, Tres i Quatre, 2003.

28. H. H. St. Kriegsakten, Fasz, 247, 9-VII-1707, f. 166 y 11-VII-1707, f. 2225v (la cita en el f. 239).

29. H. H. St. Kriegsakten, Fasz, 247, 29-XI-1707, f. 38 y 8-IX-1707, f. 32.

30. H. H. St. ISR-Lombardei-Korrespondenz, Kart 2, 14-6-1707, f.10.

31. J. L. Cervera Torrejón, La Batalla de Almansa. 25 de abril de 1707, Valencia, Corts Valencianes, 2000.

32. V. J. Escartí, El Diario…, p. 221.

33. L. L. Santonja, La desfeta d’Alcoi. Una vila valenciana entre l’Àustria i el Borbó, Alcoy, Ajuntament d’Alcoi, 2007, p. 77.

34. C. Pérez Aparicio, «La Guerra de Sucesión en España…», pp. 479-488.

35. J. M. Torras i Ribé, La Guerra de Successió i els setges…, pp. 184-187.

36. V. J. Escartí, El Diario…, p. 230.

37. «La Verdad Triumphante en Europa», RAH, s. 9/5513, Primera parte, fs. 153-154.

38. C. de Castro, A la sombra…, pp. 166-173; C. Martín Gaite, El proceso de Macanaz. Historia de un empapelamiento, Barcelona, Espasa Calpe, 2000; R. M. Alabrús, «El pensamiento político de Macanaz», en Espacio, Tiempo y Forma, serie IV, Historia Moderna, Madrid, UNED, 2005-2006, pp. 177-201.

39. J. M. Iñurritegui, «1707: la ﬁdelidad…», p. 293.

40. J. M. Iñurritegui, Gobernar…, p. 34.

41. J. M. Iñurritegui, «1707…», pp. 293-294. El documento citado procede del MAE, CP E, 172, f. 345.

42. Bourk era un irlandés católico que colaboró con Berwick y con la princesa de los Ursinos y que sacó tajada de su colaboración, una vez conquistada Valencia. J.-P. Amalric, «La elección de un bando: hugonotes y jacobitas en la Guerra de Sucesión de España», Manuscrits, 19, Bellaterra, 2001, pp. 77-78.

43. J. M. Iñurritegui, Gobernar…, pp. 16 y 24.

44. MAE, CP, E, 151, fs. 172-173. 30-IX-1705. Debo la información a J. M. Iñurritegui.

45. J. M. Iñurritegui, Gobernar…, p. 73.

46. MAE, CP, E, 158, Amelot a Tessé, fs. 189-191.

47. MAE, CP, E, 172, fs. 288-289. Dictamen de Macanaz (c. 7 mayo 1707). Debo la información a J. M. Iñurritegui.

48. Amelot a Orléans, 8-VI-1707. MAE, CP, E, 176, fs. 235-236; Amelot a Luis XIV, 13-VI-1707, MAE, CP, E, 168, fs. 222-227; Amelot a Orléans, 25-VI-1707. MAE CP E 176, f. 316. Debo las informaciones a J. M. Iñurritegui. Véase también, del mismo historiador: «1707: la ﬁdelidad…», p. 298, nota 85.

49. J. M. Iñurritegui, Gobernar…, p. 47.

50. B. de Girardot, Correspondance…, I, pp. 200, 212 y 215, respectivamente.

51. J. M. Iñurritegui, Gobernar…, p. 152.

52. J. M. Gay Escoda, El corregidor a Catalunya, Madrid, Marcial Pons, 1997, pp. 41-42.

53. J. M. Gay Escoda, El corregidor…, p. 44.

54. J. M. Iñurritegui, Gobernar…, p. 165.

55. M. Artola, La Monarquía de España, Madrid, Alianza Editorial, 1999, p. 547.

56. J. M. Gay Escoda, El corregidor…, p. 43. Llama la atención que la argumentación de Felipe V la asuman sin más matices M. Artola en La Monarquía…, 1999, pp. 551-552, y G. Anes en «La idea de España en el siglo de las luces», España. Reﬂexiones sobre el ser de España, Madrid, Real Academia de la Historia, 1998, pp. 230-231.

57. Conde de Robres, Memorias para la historia de las guerras civiles de España, Estudio preliminar y transcripción de J. M. Iñurritegui, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006, pp. 318-319.

58. Véase su espléndido y esclarecedor Estudio preliminar en Conde de Robres, Memorias…, pp. LIV-LV.

59. L. Frey y M. Frey, Societies in Upheaval…, pp. 61-81; J. Bérenger, El Imperio de los Habsburgo, 1273-1918, Barcelona, Crítica, 1992, pp. 348-353; P. Wilson cita el caso húngaro para demostrar que una hábil negociación con los dirigentes siempre era menos contraproducente para los intereses reales que la represión, en Absolutism in Central Europe, Londres y Nueva York, Routledge, 2000, p. 96.

60. RAH. Ms. 9/5513, Primera Parte. Sin fecha ni autor, f. 256v.

61. F. de Castellví, Narraciones…, III, p. 362.

62. J. M. Iñurritegui, «Estudio preliminar» Conde de Robres, Memorias…, p. XXVII.

63. J. M. Iñurritegui, «Estudio preliminar» Conde de Robres, Memorias…, pp. LV-LVI, LXVIII y LXXVII.

64. J. M. Iñurritegui, «Conde de Robres», Memorias…, p. 23.

65. J. M. Iñurritegui, «Estudio preliminar» Conde de Robres, Memorias…, p. LXXXI.

66. J. M. Iñurritegui, «Estudio preliminar» Conde de Robres, Memorias…, p. XCVI.

67. P. Fernández Albaladejo, Materia de España…, p. 23.

68. P. Fernández Albaladejo, «España desde España», en E. Belenguer, J. Arrieta y P. Fernández, Idea de España en la Edad Moderna, Valencia, Real Sociedad Económica de Amigos del País, 1998, pp. 65-75. Véase también: J. Arrieta, «El 1707 español y el británico», en J. Arrieta y J. Astigarraga (eds.), Conciliar la diversidad. Pasado y presente de la vertebración de España, San Sebastián, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2009, pp. 15-36.

69. J. Robertson (ed.), A Union for Empire. Political Thoguht and the British Union of 1707, Cambridge, Cambridge University Press, 1995; del mismo autor: The Case for the Enlightenment. Scotland and Naples 1680-1760, Cambridge, Cambridge University Press, 2005. L. Colley, en Britons. Forging the Nation 1707-1837, ha escrito que «in all kinds of ways, Britishness was constructed and contested after 1707 in response to overseas developments», Yale, Yale University Press, 2005, p. xv. Véase también: P. W. Riley. The Union of England and Scotland, Manchester, Manchester University Press, 1978; W. Ferguson. Scotland’s Relations with England. A Survey to 1707, Edimburgo, Saltire Publications, 1977; P. H. Scott. Andrew Fletcher and the Treaty of Union, Edimburgo, The Saltire Society, 1994; C. A. Whatley, D. J. Patrick, The Scots and the Union, Edimburgo, Edinburgh University Press, 2007; K. Bowie. Scotish Public Opinion and the Anglo-Scottish Union. 1699-1707, Londres, The Royal Historical Society, The Boydell Press, 2007.

70. J. M. Iñurritegui, «1707: la ﬁdelidad…», pp. 298-299; A. M. Hespanha, «La senda amorosa del derecho. Amor y iustitia en el discurso jurídico moderno», en C. Petit (ed.), Pasiones del jurista. Amor, memoria, melancolía, imaginación, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1997, pp. 23-56.

71. J. M. Iñurritegui, Gobernar…, p. 179.

72. AHN, Consejos, Leg. 18190 (15), 4-VII-1707. Citado por J. M. Iñurritegui, «Estudio preliminar» Conde de Robres, Memorias…, p. XCII.

73. AHN, Estado. Leg. 320, 11-VII-1707.

74. J. M. Gay Escoda, El corregidor…, pp. 48-49, también: M. Peset, «Notas sobre la abolición de los fueros de Valencia», en Anuario de Historia del Derecho Español, 42, 1972, pp. 657-693. El memorial se encuentra en V. J. Escartí, El Diario…, pp. 366-381.

75. J. Pradells, «La Guerra de Successió al País Valencià», en M. Ardit (dir.), en Història del País Valencià, vol. IV, L’època borbònica ﬁns a la crisi de l’Antic Règim, Barcelona, Edicions 62, 1990, pp. 155-172 (la referencia en pp. 169-171); véase también el capítulo de E. Giménez, «L’administració borbònica a València. Una administració militaritzada», pp. 173-193.

76. J. M. Gay Escoda, El corregidor…, pp. 49-59.

77. E. Giménez López, Gobernar con una misma ley. Sobre la Nueva Planta Borbónica en Valencia, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1999, pp. 159-160.

78. MAE, CP, E, 176, f. 194. 4-VI-1707. J. M. Iñurritegui me ha proporcionado la información.

79. J. Morales Arrizabalaga, Fueros y libertades del Reino de Aragón. De su formación medieval a la crisis preconstitucional (1076-1800), Zaragoza, Rolde, 2007, pp. 162 y 190.

80. Ibídem, p. 168.

81. Ibídem, pp. 187-188.

82. Ibídem, p. 189.

83. J. L. Castellano, Gobierno y poder en la España del siglo XVIII, Granada, Universidad de Granada, 2006, pp. 28-34.

84. A. Dubet, «¿Francia en España? La colaboración de los proyectos de reformas político-administrativas de Felipe V (1701-1703)», en A. Álvarez-Ossorio, B. J. García García y V. León, La pérdida de Europa. La guerra de Sucesión por la Monarquía de España, Madrid, Fundación Carlos de Amberes y Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2007, pp. 293-311 (la referencia en la p. 296).

85. M. V. López-Cordón, «Instauración dinástica y reformismo administrativo: la implantación del sistema ministerial», en Manuscrits, 18, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 2000, pp. 93-11 (las referencias en pp. 98-101). Sobre el tema, véase: M. Artola, La Monarquía de España, Madrid, Alianza Editorial, 1999; J. A. Escudero, Los Secretarios de Estado y del Despacho (1474-1724), 2 vols., Madrid, 1969; del mismo autor: Los orígenes del Consejo de ministros en España. La Junta Suprema de Estado, Madrid, Editora Nacional, 1979; J. L. Bermejo, Estudios sobre la administración central española (siglos XVII-XVIII), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1982; F. Barrios, El Consejo de Estado de la Monarquía española. 1521-1612, Madrid, Consejo de Estado, 1984; G. Franco Rubio, «La Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra en la primera mitad del siglo XVIII», en J. L. Castellano (ed.), Sociedad, administración y poder en la España del Antiguo Régimen. Hacia una nueva historia institucional, Granada, Universidad de Granada, 1996, pp. 131-156; M. V. López-Cordón, «Cambio social y poder administrativo en la España del siglo XVIII: las Secretarías de Estado y del Despacho», en J. L. Castellano (ed.), Sociedad, administración…, pp. 110-130.

86. C. de Castro, A la sombra…, p. 311. La misma autora da cuenta de las últimas reformas institucionales de Orry, en pp. 242-264.

87. J.-P. Dedieu, «La Nueva Planta en su contexto. Las reformas del aparato del Estado en el reinado de Felipe V», en Manuscrits, 18, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 2000, pp. 113-139; F. Andújar, «La reforma militar en el reinado de Felipe V», en J. L. Pereira (coord.), Felipe V de Borbón (1701-1746)…, pp. 617-640.

88. MAE, CPE, 229, fs. 113-118 (la cita en fs. 116 y 229-229v), 16-IV-1714. También el obispo de Cartagena, Luis Belluga, en un extenso memorial expresó su oposición sin paliativos a la nueva planta de gobierno (y a sus efectos en la Cámara de Castilla), que despreciaba «aquellas loables costumbres en que se ha criado esta nación». MAE, CPE, 236, 15-IX-1714, fs. 183-197v (la cita en f. 189v).

89. RAH, 9/5760, f. 81.

90. J. L. Castellano, Gobierno y poder…, p. 53.

91. Ibídem, p. 70.

92. J. Jurado Sánchez, El gasto de la Hacienda española durante el siglo XVIII. Cuantía y estructura de los pagos del Estado (1703-1800), Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2006, pp. 21-45.

93. P. E. Pérez-Mallaína Bueno, Política naval…, pp. 86-87.

94. J. M. Delgado, Dinámicas imperiales…, pp. 79-80.

95. P. Portocarrero, Teatro monárquico…, pp. 452, 457 y 464.

96. F. Andújar Castillo, Necesidad y venalidad. España e Indias, 1704-1711, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008, p. 126. S. Madrazo abordó el tema de la corrupción en Estado débil y ladrones poderosos en la España del siglo XVIII. Historia de un peculado en el reinado de Felipe V, Madrid, Catarata, 2000.

97. Ibídem, pp. 65-88 y 257.

98. Ibídem, pp. 89-94 y 285-301.

99. Ibídem, pp. 145-178.

100. Ibídem, pp. 223-234.

101. Ibídem, pp. 315-316.

102. Ibídem, pp. 58-59.

103. Ibídem, p. 317; T. Ertman, Birth of the Leviathan. Building States and Regimes in Medieval and Early Modern Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, pp. 10 y 322-323.

104. V. León, Carlos VI…, p. 85.

105. Ibídem, p. 136; J. Calvo Poyato, Guerra de Sucesión en Andalucía, Córdoba, Diputación de Córdoba,1982, pp. 93-115; M. A. Bel Bravo et alii., La guerra de Sucesión en la provincia de Jaén. Desde la perspectiva de la «nueva» historia cultural, Jaén, Instituto de Estudios Giennenses, Diputación Provincial de Jaén, 2002, pp. 106-134; M. Grau, «Segovia y la guerra de Sucesión», en Estudios Segovianos, I, Segovia, CSIC, Instituto Diego de Colmenares, 1949, pp. 437-475.

106. A. Benítez Barea, «El impacto de la Guerra de Sucesión en Cádiz», en J. L. Pereira (coord.), Felipe V de Borbón (1701-1746)…, pp. 481-499 (la referencia en p. 498).

107. A. Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, Ariel, 1990 (4.ª), pp. 29-32.

108. C. de Castro, A la sombra…, p. 226.

109. F. Andújar, El sonido del dinero. Monarquía, ejército y venalidad en la España del siglo XVIII, Madrid, Marcial Pons Historia, 2004, pp. 39-61 (las referencias en pp. 43 y 48); M. Touron Yebra, La Guerra de Sucesión en Galicia…, pp. 68-90.

110. J. Contreras Gay, «La unión defensiva de los reinos de Andalucía en la guerra de Sucesión», La Guerra de Sucesión en España y América. X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Madrid, Cátedra General Castaños, 2001, pp. 15-78.

111. F. Andújar, El sonido del dinero…, pp. 46-47.

112. H. Kamen, La guerra…, p. 73.

113. Las cifras las proporciona C. de Castro, A la sombra…, pp. 87, 97, 105, 146, 173, 227, 267.

114. A. Dubet, Un estadista…, p. 232.

115. C. de Castro, A la sombra…, pp. 104 y 239.

116. A. Dubet, Un estadista…, p. 269.

117. Ibídem, p. 234.

118. C. de Castro, A la sombra…, p. 269.

119. Ibídem, p. 278.

120. Ibídem, pp. 197-198.

121. Ibídem, pp. 208-209.

122. Ibídem, pp. 289-290.

123. H. Kamen, Felipe V…, p. 148.

124. C. de Castro, A la sombra…, pp. 210-211.

125. J. M. Iñurritegui, Gobernar…, pp. 77 y 118.

126. I. M. Vicent, «La Junta de Incorporación: lealtad y propiedad en la monarquía borbónica», en P. Fernández Albaladejo y M. Ortega López (eds.), Antiguo Régimen y liberalismo. Homenaje a Miguel Artola, 3. Política y Cultura, Madrid, Alianza Editorial, 1995, pp. 365-377.

127. M. L. González, Oposición y disidencia…, pp. 269-271.

128. A. L. Cortés Peña, «La Iglesia y el cambio dinástico», en E. Serrano (ed.), Felipe V su tiempo…, I, pp. 991-1012 (la referencia en p. 995).

129. A. L. Cortés Peña, «La Iglesia y el cambio dinástico»…, pp. 999-1000.

130. M. Á. Ochoa Brun, Embajadas rivales. La presencia diplomática de España en Italia durante la guerra de Sucesión, Madrid, Real Academia de la Historia, 2002, pp. 43-52.

131. M. Á. Ochoa Brun, Embajadas rivales…, pp. 48-50 y 64-65. Sobre el papel de la Iglesia y de los eclesiásticos: J. Bada, «L’Església catalana davant la dinastia borbònica i el decret de Nova Planta (1701-1726)», en J. Albareda (ed.), Del patriotisme al catalanisme, Vic, Eumo Editorial, 2001, pp. 239-261.

132. H. Kamen, Felipe V…, p. 78; M. T. Pérez Picazo, La publicística…, II, pp. 270-286.

133. J. Bada, «La postura de la companyia de Jesús davant la successió (17001718)», en L’aposta catalana a la guerra de Successió…, pp. 137-145 (las referencias en pp. 137 y 140).

134. B. de Girardot, Correspondance…, I, París, Aubry Libraire, 1864, p. 182.

135. B. de Girardot, Correspondance…, I, p. 217.

136. Ibídem, I, pp. 222, 254 y 258.

137. B. de Girardot, Correspondance…, II, p. 30.

138. Ibídem, II, pp. 30-31, 47, 50 y 56.

139. Ibídem, II, pp. 60 y 100.

140. Ibídem, II, pp. 112, 113-114 y 123-124.

141. Según Andrea Sommer-Mathis fueron Imeneo, Il nascimmento dell’Aurora de T. Albinoni y P. Pariati, Zenobia in Palmira de A. Fiorè, A. Zeno y P. Pariati, Dafni de E. Rincón de Astorga y E. Manfredi, Il più bel nome de A. Caldara y P. Pariati, L’oracolo del Fato de F. Gasparini y P. Pariati, Scipione nelle Spagne de A. Caldara y A. Zeno, Ercole in cielo, de A. Fiorè y P. Pariati, L’Atenaide, de A. Fiorè, A. Caldara y F. Gasparini, en «Música y teatro en las cortes de Madrid, Barcelona y Viena durante el conﬂicto dinástico Habsburgo-Borbón. Pretensiones políticas y teatro cortesano», en A. Álvarez-Ossorio, B. J. García y V. León, La pérdida de Europa…, pp. 181-198; en el mismo volumen: D. Lipp, «Músicos italianos entre las cortes de Carlos III / Carlos VI en Barcelona y Viena», pp. 159-179. Véase también: J. Dolcet, «Músiques de la Barcelona barroca (1640-177)», en A. García Espuche et alii., Dansa i música. Barcelona 1700, Barcelona, Museu d’Història de Barcelona, 2009, pp. 165-225.

142. V. León, «Jornada a Barcelona de Isabel Cristina de Brunswick, esposa del archiduque Carlos (1708)», en Estudis, 33, Valencia, Universitat de València, 2007, pp. 93-114 (la referencia en p. 112).

143. P. Vilar, Manual de la «Companya Nova de Gibraltar», Reus, Edicions del Centre de Lectura, 1990.

144. V. León, Entre Austrias y Borbones. El Archiduque Carlos y la monarquía de España (1700-1714), Madrid, Sigilo, 1993, p. 53.

145. Hasta 1707 participaron en ella: el conde de Assumar, el marqués de las Minas, el conde de Oropesa, el conde de Cardona, el conde de la Corzana, Stanhope, Peterborough, Gallway, barón de Frisen, conde de Noyelles, Antonio de Liechtenstein. Y a partir de 1707, encontramos, entre otros a: el conde Assumar, conde de la Atalaya, Pedro Marcareñas, conde de la Corzana, marqués de Trivié, Stanhope, Liechtenstein, duque de Moles, Bel Castel, Francisco Isselbach y Starhemberg. Actuó como secretario Andrés de Molina y en alguna ocasión, a principios de la guerra, Ramon de Vilana Perlas. A partir de entonces, los miembros de la Junta de Guerra fueron variando. V. León, Entre Austrias…, pp. 29-30 y 54-55.

146. Lo explica detalladamente V. León, Entre Austrias…, pp. 51-88. De la misma autora: «El Consejo de Aragón austracista, 1707-1713», en R. Ferrero, L. Guia (eds.), Corts i Parlaments de la Corona d’Aragó. Unes institucions emblemàtiques en una monarquia composta, Valencia, PUV, 2008, pp. 239-261.

147. V. León, Carlos VI…, p. 165.

148. A. Álvarez-Ossorio, «Restablecer el sistema: Carlos VI y el estado de Milán (1716-1720)», Archivio Storico Lombardo, CXXI-1995, pp. 157-235; del mismo autor: Milán y el legado…, pp. 267-268.

149. C. Cremonini, Ritratto politico cerimoniale con ﬁgure. Carlo Borromeo Arese e Giovanni Tapia, servitore e gentiluomo, Roma, Bulzoni Editori, 2008 (2.ª), pp. 145-154.

150. V. León, Carlos VI…, p. 167.

151. N. Sales, Els segles de la decadència. Segles XVI-XVIII, en P. Vilar, Història de Catalunya, vol. IV, Barcelona, Edicions 62, 1989, p. 418; J. M. Torras i Ribé, La guerra de Successió…, pp. 191-194; A. Espino, «La mobilització militar catalana durant la Guerra de Successió», Manuscrits, 24, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 2006, pp. 125-150.

152. E. Lluch, L’alternativa catalana (1700-1714-1740). Ramon de Vilana Perlas i Juan Amor de Soria: teoria i acció austriacistes, Vic, Eumo Editorial, 2000, pp. 69-70; J. M. Torras i Ribé, La guerra de Successió…, pp. 231-233.

153. V. León, Carlos VI…, p. 140.

154. P. Vilar, Catalunya dins l’Espanya…, II, pp. 433-434.

155. F. Mateu i Llopis, «Les encunyacions de l’Arxiduc Carles a Barcelona i l’estat del Tresor Reial durant la guerra de Successió. Documents per a l’estudi llur (1707-1714)», en Estudis Universitaris Catalans, vol. XVII, Barcelona, Institució Patxot, 1932, pp. 184-220.

156. E. Martí, «La Conferència dels Comuns i el Braç Militar. Dues institucions decisives en el tombant del segle XVII», Barcelona, tesis de doctorado, Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives, Universitat Pompeu Fabra, 2008, pp. 293-298. También: J. Carrera Pujal, Historia política y económica de Cataluña. Siglos XVI al XVIII, tomo II, Barcelona, Bosch, 1947, pp. 139-148; P. Voltes, Barcelona durante el gobierno…, I, pp. 198-199.

157. E. Martín Corrales, Comercio de Cataluña con el Mediterráneo musulmán (siglos XVI-XVIII). El comercio con los «enemigos de la fe», Barcelona, Ediciones Bellaterra, 2001, pp. 196-216.

158. Íbídem, pp. 508-516.

159. J. Vicens Vives, Notícia de Catalunya, Barcelona, Destino, 1969 (4.ª ed.), p. 203; J. Albareda, Felipe V y el triunfo…, pp. 105-111; también las memorias del felipista H. de Pallejà en J. Albareda (ed.), Política, religió i vida quotidiana en temps de guerra (1705-1714), Vic, Eumo Editorial, IUHJVV, 2001, pp. 89-152; R. M. Alabrús, «Pensament polític i opinió a la Catalunya moderna (1652-1759)», vol. 1, tesis de doctorado, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 1995, p. 153.

160. P. Voltes, Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos de Austria (1705-1714), Barcelona, Instituto Municipal de Historia, 1970, I, pp. 217-223, II, pp. 151-152, III, pp. 95-102 y 109-111.

161. J. M. Torras i Ribé, La guerra de Successió…, pp. 177-215, 229-236 y passim; sobre el control insaculatorio: pp. 226-229.

162. «Representació donada per los Tres Comuns de Barcelona al Rei N. S.», 20-XII-1707. El documento me lo ha facilitado Josep Fontana, IUHJVV. Véase también: J. M. Torras i Ribé, La guerra de Successió…, pp. 237-244.

163. E. Martí, «La Conferència dels Comuns…», pp. 308-309 y 859.

164. C. Martínez Shaw y M. Alfonso, Felipe V…, p. 215.

165. V. Ferro, El Dret…, p. 29; R. M. Alabrús y R. García Cárcel, «L’afer Grases i la problemàtica constitucional catalana abans de la guerra de Successió», en Pedralbes, 13-II, Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1993, pp. 557-564.

166. F. Grases y Gralla, Epítome, Barcelona, Rafael Figueró, 1711, Centre de Lectura de Reus, pp. 20-22.

167. Epítome…, pp. 6 y 9.

168. J. M. Torras i Ribé, La Guerra de Successió…, p. 259.

169. La información de Moles en HHSt. Spanien-Diplomatische Korrespondenz, Kart. 68, 4-VII-1711, n.º 10, fs. 14-14v.; y la de Argyll: PRO SP FS. 94, 230, 2-VII-1711.

170. ASNA, Consiglio di Spagna, 233, 27-VI-1711, fs. 83-84; 30-VI-1711, f. 86: los juristas eran Miquel Calderó, Tomàs Rovira y Rafael Bruguera.

171. ASNA, Consiglio di Spagna, 233, 21-VIII-1711, f. 106, 23-VIII-1711, fs. 106v-107; Còpia de la Real Carta manada escriurer per la S. C. y R. Magestat… a la Diputació, Barcelona, R. Figueró, 1711. Debo su conocimiento a Josep Fontana. IUHJVV.

172. V. Ferro, El Dret públic català…, pp. 227 y 29.

173. J. Arrieta, «L’antítesi pactisme-absolutisme durant la guerra de Successió a Catalunya», en J. Albareda (ed.), Del patriotisme al catalanisme, Vic, Eumo Editorial, 2001, pp. 105-128 (la cita en p. 118).

174. E. Lluch, L’alternativa…, p. 51.

175. M. Beltrán, «El desgovern durant el “regnat” de l’Arxiduc. Estudi d’un escrit anònim contemporani», en Actes del Primer Congrés d’Història Moderna de Catalunya, vol. 2, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1984, pp. 215-223; Lluch contextualizó el escrito y matizó algunas de las acusaciones vertidas en él contra Vilana, en L’alternativa…, pp. 69-70; también J. M. Torras i Ribé, La guerra de Successió…, pp. 251-255.

176. V. León, Carlos VI…, pp. 134-135.

177. H. H. St. Spanien Varia, 47, 26-II-1707, f. 11v.

178. V. León, Carlos VI…, p. 241.

179. Publicado por E. Lluch en L’alternativa… (la cita en pp. 134-135); V. León, «La inﬂuencia española en el reformismo de la monarquía austriaca del Setecientos», en Cuadernos Dieciochistas, I, Ediciones Universidad de Salamanca, 2000, pp. 107-132 (la cita en la p. 120, n. 52).

180. V. León, «La inﬂuencia…», p. 118.

181. V. León, «La inﬂuencia…», pp. 107-132; A. Álvarez-Ossorio Alvariño, Milán y el legado…, pp. 299-301.

182. ASNA, C.S., 249, 20-X-1705, f. 151v.

183. ASNA, C.S., 249, 9-XII-1705, f. 43.

184. ASNA, C.S., 249, 6-II-1706, fs. 119v-120.

185. ASNA, C.S., 225, 19-VII-1708, fs. 135-135v.

186. ASNA, C.S., 248, 30-V-1706, fs. 308-311.

187. ASNA, C.S., 225, 10-IX-1708, fs. 198-198v.

188. ASNA, C.S., 225, 15-VI-1709, fs. 263-263v.

189. ASNA, C.S., 229, 7-VIII-1709, f. 99.

190. ASNA, C.S., 234, 3-IX-1711, f. 76; 10-XI-1711, f. 257.

191. ASNA, C.S., 238, 29-VII-1712, fs. 9v-11.

192. ASNA, C.S., 238, 7-VIII-1712, f. 29; 17-VIII-1712, fs. 45v-46; 20-VIII1712, fs. 50v-51.

193. ASNA, C.S., 238, 25-VIII-1712, fs. 64 y 65-65v.

194. ASNA, C.S., 238, 21-IX-1712, fs. 103v-104.

195. ASNA, C.S., 238, 8-X-1712, f. 129; 29-X-1712, fs. 172-172v.

196. ASNA, C.S., 238, 14-XII-1712, f. 181; 15-XII-1712, fs. 183v-184.

197. ASNA, C.S., 238, 17-XII-1712, f. 189; 28-XII-1712, fs. 225v-226.

198. ASNA, C.S., 238, 2-I-1713, fs. 236-236v; 3-I-1713, fs. 237v-238.

199. ASNA, C.S., 238, 8-I-1713, fs. 254-254v y 255-255v.

200. V. León, «Isabel Cristina, reina y regente en Barcelona», en L’aposta catalana a la guerra de Successió…, pp. 429-440.

201. P. de Montaner, Una conspiración ﬁlipista. Mallorca, 1711, Palma de Mallorca, Guillermo Canals Editor, 1990; J. Juan Vidal, «El reino de Mallorca del ﬁlipismo al austracismo. 1700-1715», en E. Serrano (Ed.), Felipe V y su tiempo…, II, p. 196.

202. E. Martí, «La Conferència dels Comuns…», pp. 311-312 y 335.

203. V. León, Carlos VI…, pp. 282-283.

204. R. Fernández, El segle XVIII, Historia de Lleida, vol. 6, Lleida, Pagès Editors, 2002, pp. 50-60.

205. J. M. Torras i Ribé, La Guerra de Successió…, pp. 194-215. El texto de la Conferència dels Comuns, del 13-X-1709, en p. 214. Sobre la actuación de la Conferencia en tiempos de Carlos III: E. Martí, La Conferencia de los Tres Comunes…, pp. 148-168.

206. J. S. Bromley (ed.), The rise of Great Britain…, p. 434.

207. N. Feliu de la Peña, Anales…, III, pp. 644-645.

208. J. M. Torras i Ribé, La Guerra de Successió…, pp. 263-270.

1. D. McKay, Prince Eugene of Savoy, Londres, Thames and Hudson, 1977, pp. 115-118.

2. E. Le Roy Ladurie, L’Ancien Régime. 1610-1770. Histoire de France, Hachette, París, 1991, pp. 206-208; M. Lachivier, Les années de misère. La famine au temps du Gran Roi, París, Fayard, 1991; Jean Nicolas ha detectado para aquel año un sinfín de revueltas: 10 en febrero, 28 en marzo, 57 en abril, 49 en mayo, 11 en junio, 19 en julio, 11 en agosto y 8 en septiembre: «Il ne s’est passé une semaine, écrit en âout le controleur general Desmarets, sans qu’il y ait eu quelque sédition», La rébellion française. Mouvements populaires et conscience sociale, 1661-1789, París, Seuil, 2002, p. 235.

3. Guy Rowlands ha explicado que la crisis de 1709 provocó una caída del valor de los billets de monnaie, surgidos de la manipulación monetaria y utilizados por el monarca para retornar préstamos a los principales agentes ﬁnancieros. El principal prestamista, Samuel Bernard, que operaba con banqueros hugonotes, quedó en una situación muy delicada que provocó un colapso económico que afectó a Lyon, París y Ginebra. Después de una maniobra especulativa a gran escala de Bernard, comprando billets de monnaie para evitar la caída en picado de su valor y recolocarlos, el gobierno se vio obligado a poner en marcha un plan de rescate para evitar la ruina de Bernard, la cual podía haber arrastrado a la monarquía, y a implantar un impuesto general en 1710 para obtener liquidez. Las medidas que adoptó el controlador general de ﬁnanzas John Law, acabada la guerra, no hicieron sino aumentar la burbuja especulativa, lo que ayudaría a entender la falta de interés por una banca nacional hasta 1800. En «France 1709: le crunch», en History Today, febrero 2009, pp. 42-47. También. R. Bonney, Economic Systems and State Finance, Oxford, Clarendon Press, European Science Foundation, 1995, pp. 323-325.

4. Saint-Simon, Louis XIV et sa cour, Bruxelles, Éditions Complexe, 2005, p. 543.

5. Sucinta relación de quanto ha sucedido en toda la Europa en el año pasado de 1709, Barcelona, Rafael Figueró, 1710, IUHJVV.

6. Saint-Simon, Louis XIV…, p. 320.

7. B. de Girardot, Correspondance…, II, pp. 130-131 y 136.

8. Ibídem, II, pp. 157 y 161; A. Baudrillart, Philippe V…, I, pp. 397-406; J. M. Gay Escoda, El corregidor…, pp. 40-41; H. Kamen. La Guerra de Sucesión…, pp. 61-62.

9. D. McKay, Prince Eugene…, pp. 120-121.

10. L. Bély, Les relations…, pp. 408-411; A. J. Veenendaal, «The War of the Spanish Succession in Europe», en J. S. Bromley (ed.), The New Cambridge Modern History, VI, Londres, Cambridge University Press, 1971, p. 439.

11. F. Bluche, Le Journal secret…, p. 290.

12. L. Bély, Les relations…, pp. 408 y 411.

13. B. de Girardot, Correspondance de Louis XIV…, II, pp. 142-146 (las citas en las pp. 143 y 145).

14. Ibídem, II, pp. 146-150, 152-153, 159 (la cita en la p. 148).

15. J. Falkner, Great and Glorious…, pp. 165-166 y p. 167.

16. L. Bély, Les relations…, pp. 413-414.

17. H. H. St. Spanien-Varia Kart, 49, 19-VI-1709, f. 15.

18. H. H. St. Spanien-Varia Kart, 49, 2-VI-1709, f. 50v. El documento incluye el texto de los «Articles preliminaires pour servir au traitté de la paix Genérale», fs. 35v-52.

19. Ibídem, pp. 167-196.

20. D. McKay, Prince Eugene…, p. 126.

21. A. Corvisier, La bataille de Malplaquet. 1709. L’effondrement de la France évité, París, Éditions Economica, 1997, p. 137.

22. A. J. Veenendaal, «The War…», en J. S. Bromley (ed.), The New Cambridge…, VI, p. 438; L. Bély, Les relations… p. 411.

23. H. H. St. Spanien-Varia Kart, 49, 11-VI-1709, fs. 5-11 (las citas en los fs. 5v y 6v.); Carlos III a Marlborough: 22 y 23 de octubre de 1709, fs. 120 y 121. La Conferencia del 26-VI-1713 en los fs. 98-114v.

24. H. H. St. Spanien-Varia Kart, 49, 11-VI-1709, fs. 5-11 (las citas corresponden a los fs. 7v, 9v y 8v). La conferencia de ministros del 13-VI-1713 ratiﬁcó los acuerdos, fs. 70v-76v.

25. H. H. St. Spanien. Diplomatische Korrespondenz, kart. 68, Moles a Marlborough, 13-VI-1710, fs. 11-11v; Moles a Wrartislaw, 7-XII-1710, f. 72.

26. F. Bluche, Le Journal secret…, pp. 297-299.

27. R. A. Selig, «Gertruydenberg», L. Frey y M. Frey, The Treaties…, pp. 181183; también: J. C. Rule, «France and the Preliminaries to the Gertruydenberg Conference, September 1709 to March 1710», en Studies in Diplomatic History. Essays in memory of David Baybe Horne, Londres, R. Hatton and M. S. Anderson, 1970.

28. J. Falkner, Great and Glorious…, pp. 202-203

29. B. Williams, Stanhope. A Study in Eighteeenth-Century War and Diplomacy, Westport, Connecticut Greenwood Press, 1932.

30. M. Mata, 1705-1713. Menorca. Franceses, ingleses y la guerra de Sucesión, Maó, Ateneu Cientíﬁc, Literari i Artístic, 1995 (2), pp. 271-272. También: J. Juan Vidal, La conquesta anglesa i la pèrdua espanyola de Menorca com a consequència de la guerra de Sucessió a la Corona d’Espanya, Menorca, 2008.

31. H. H. St. Spanien-Varia Kart, 47, 7-VI-1709, fs. 83-84; otro borrador: 21V-1709, fs. 55-57; del duque de Moles al conde Gallas: 15-VI-1709, fs. 94-95v.

32 «Pacto de retrovendendo»: H. H. St, Spanien-Varia Kart, 47, «Artículos preliminares que deven ajustarse…», 1709, fs. 138-139v.

33. M. Mata, 1705-1713, Menorca…, pp. 270-278 (la cita en la p. 274); N. Belando se hace eco del intento en Historia civil de España, sucesos de la guerra y tratados de paz hasta 1735, Madrid, 1739, tomo I, p. 358.

34. H. H. St. Spanien-Varia Kart, 47, Barcelona, 25-XI-1709. Sin ﬁrma.

35. V. León, Carlos VI…, p. 131.

36. C. de Castro, A la sombra…, pp. 223-225.

37. Carta a Amelot, 8-VII-1709. B. De Girardot, Correspondance…, II, p. 154.

38. C. de Castro, A la sombra…, p. 225.

39. C. Pérez Aparicio, «El austracismo en Valencia: un nuevo intento de sublevación en 1710», en Estudis, 4, València, 1975, pp. 179-189.

40. V. Bacallar, Comentarios…, p. 203.

41. V. León, Carlos VI…, pp. 176-177.

42. V. Bacallar, Comentarios…, p. 204.

43. B. de Girardot, Correspondance …, I, pp. 161, 223; vol. II, pp. 86 y 93.

44. V. León, Carlos VI…, p. 173; P. Voltes, «Las dos ocupaciones de Madrid por el archiduque Carlos de Austria», Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo 149-153, cuaderno 1-2, 1961-1963, CLI, pp. 61-110.

45. Desengaño que ofrece la experiencia, mentiras vistas y verdades acreditadas, IUHJVV.

46. BN, «Relación de lo sucedido en Madrid de 20 de agosto a 3 de diciembre de 1710». Ms. 12.949-2.

47. BN, «Relación y consulta hecha a su beatitud sobre lo sucedido en esta corte y sus contornos con las tropas de los aliados», Ms. 6.680, fs. 213-230, Madrid, 31 de enero de 1711, fs. 217 y 220v. De un tono parecido son: Parabien a la Iglesia Catholica de los gloriosos triunfos de nuestro invicto monarca D. Phelipe Quinto, Don Manuel de Ayala y Salcedo, 1710, y Quexas de la tibieza de España al ver tan ultrajada la fe y elogios de su defensor Phelipe Quinto, 1710. Ambos me los ha facilitado Josep Fontana.

48. BN, «Relación y consulta hecha…», fs. 221v-222.

49. BN, «Relación y consulta hecha…», fs. 222v-223. Sobre los atropellos cometidos por las tropas en los templos, véase: D. González, Guerra de religión…, pp. 160-169.

50. BN, «Relación y consulta hecha…», fs. 226v y 229v.

51. BN, «Relación y consulta hecha…», fs. 222 y 223-223v.

52. V. Bacallar, Comentarios…, p. 206.

53. Chevalier de Bellerive, Histoire des dernières campagnes de S. A. S. Mr. le duc de Vendosme, París, Boutique de la Veuve Barbin, Chez Pierre Huet, 1714, pp. 75-76.

54. R. Ramírez Arellano, «Toledo en la guerra de Sucesión de 1700 a 1710», Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, I, 1919, pp. 129-142.

55. V. León, Carlos VI…, pp. 187-188.

56. Desengaño que ofrece la experiencia…

57. V. Bacallar, Comentarios…, p. 206.

58. «Correspondencia interceptada entre el Archiduque Carlos y su esposa», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, I época, 1872, II, pp. 336-339, 346-352, 362-367 (las referencias en pp. 349 y 363).

59. «Correspondencia interceptada…», p. 350.

60. «Correspondencia interceptada…», pp. 351-352.

61. «Correspondencia interceptada…», pp. 363-364.

62. «Correspondencia interceptada…», pp. 364-365.

63. V. León, Entre Austrias…, p. 195 y Carlos VI…, p. 241.

64. V. León, Carlos VI…, p. 181.

65. «Correspondencia interceptada entre el archiduque Carlos y su esposa», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, I época, 1872, II, p. 352.

66. «Correspondencia interceptada entre el archiduque Carlos y su esposa», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, I época, 1873, III, p. 28.

67. P. Voltes, «Las dos ocupaciones de Madrid…», pp. 95-96; V. León, Carlos VI…, p. 180; la frase la cita F. Castellví, Narraciones…, III, p. 69.

68. V. León, Carlos VI…, pp. 183-186.

69. V. León, Carlos VI…, pp. 190-191.

70. Chevalier de Bellerive, Histoire des dernières…, p. 115 (la narración de los combates de Brihuega y Villaviciosa en pp. 129-189).

71. M. L. González ofrece la lista en Oposición y disidencia…, p. 272. La historiadora alude a una «ﬁdelidad ﬂuctuante» entre los nobles, puesto que algunos de los que ﬁrman el escrito habían apoyado inicialmente a Carlos III el Archiduque (p. 266).

72. ASNA, A. F., 51, Valladolid, 23-IX-1710. Giuseppe Casali.

73. F. Bluche, Le Journal Secret…, p. 301.

74. P. Jupp, The Governing of Britain, 1688-1848, Londres y Nueva York, Routledge, 2006, p. 62.

75. L. Bély, Les relations…, pp. 416-417; también: J. Hoppit, A Land of Liberty?…, p. 303; E. Greeg, Queen Anne, New Haven y Londres, Yale University Press, 2001 (2.ª ed.), p. 335.

76. J. S. Bromley, The rise of Great Britain…, p. 459.

77. J. A. Lynn, The Wars of Louis XIV, Londres, Longman, 1999, p. 342.

78. S. J. Stein y B. H. Stein, Plata, comercio…, p. 155; también: G. N. Clark, «War Trade…», pp. 262-280 y C. Nettels, «England and the Spanish-American Trade, 1680-1715», The Journal of Modern History, III, n.º 1, marzo de 1931, pp. 1-32; sobre Mesnager, véase L. Bély, Espions… , pp. 576-595.

79. H. H. St. Kriegsakten, Fasz, 247, 5-6-1710, f. 126-126v. y f. 160-160v, respectivamente.

80. H. H. St. Spanien, Diplomatische Korrespondenz, Kart, 68, Moles a Wratislaw, 17-IX-1710, fs. 61 y 63; 10-XII-1710, f. 75; 3-I-1711, fs. 2 y 3v; 26-XI-1710, f. 71; 1-II-1711 f. 15, respectivamente.

81. P. Voltes, Barcelona durante…, 1, pp. 76-77.

82. J. S. Bromley (ed.), The New Cambridge Modern History, VI…, p. 440.

83. H. H. St. Spanien-Varia Kart, 51, 21-IV-1711, f. 18v. y 23-II-1712, f. 158,

84. MAE, C. P. Autriche, 90, Pastor, 5-X-1711, f. 50; 1-XI-1711, fs. 161v-162 y 162v-163; 91, Pastor, 23-VIII-1711, fs. 162-162v.

85. Felip de Ferran a los diputados, 18-IX-1712, en La Junta de Braços de 1713. L’ambaixada de Dalmases i altra documentació (1713-1714), Textos Jurídics Catalans, 29, Barcelona, Parlament de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, 2008, pp. 28-30 (la cita en p. 30).

86. MAE, C. P. Autriche, 90, Pastor, 7-XI-1711, f. 174.

87. H. H. St. Spanien-Varia Kart, 51, Corzana, 15-III-1712, f. 160v-161.

88. H. H. St. ISR-Lombardei-Korrespondenz, Kart 2, 10-IV-1712, fs. 5-5v y fs. 22-23; el marqués de Erendazu conﬁaba que los británicos se harían cargo de un tercio del gasto. AHN, Estado, Leg. 8707, 21-III-1712, f. 72.

89. AHN, Estado, Leg. 8708, 11-VI-1712, fs. 35v y 36v., 14-VI-1712, fs. 3838v., 22-VI-1712, fs. 49-50.

90. J. L. Legg, «Torcy’s Account of Matthew Prior’s Negotiations at Fontainebleau in July 1711», en English Historical Review, XXIX, 1914, pp. 525-532 (la cita en la p. 527).

91. L. Frey y M. Frey, Societies in Upheaval. Insurrections in France, Hungary, and Spain in the Early Eighteenth Century, Wesport, Greenwood Press, 1987, pp. 18-19; también: N. Sales, Senyors bandolers, miquelets i botiﬂers. Estudis sobre la Catalunya dels segles XVI al XVIII, Barcelona, Empúries, 1984, pp. 121-136.

92. L. Frey y M. Frey, Societies in Upheaval…, pp. 61-81; J. Bérenger, El Imperio de los Habsburgo, 1273-1918, Barcelona, Crítica, 1992, pp. 348-353.

93. H. Kamen, «Una nova visió de la posició del País Valencia i el Principat en la guerra de Successió», en Revista de Catalunya, 7, abril de 1987, pp. 70-88.

94. V. León, Carlos VI…, pp. 195-200.

95. F. Castellví, Narraciones…, III, p. 221.

96. «Variedades. Guerra de Sucesión. Correspondencia interceptada. De Romeo para el Archiduque en 15 de septiembre de 1710», en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1873, III, pp. 25-30 (la cita en la p. 29).

97. J. Bigland, The History of Spain…, pp. 365-366; J. Bérenger, El imperio…, p. 353.

98. A. Morel-Fatio y H. Léonardon, Recueil…, p. 238.

1. J. Addison, «The present State of the War», en Miscellaneous Works in Verse and Prose, vol. III, Londres, J. y R. Tonson y S. Draper, 1746. Debo su conocimiento a Josep Fontana.

2. L. Frey y M. Frey, The Treaties…, pp. XIV-XV.

3. L. Bély, Les relations…, pp. 419-420; E. Gregg, Queen Anne…, pp. 341-342.

4. Representación que haze la cámara Baxa del Parlamento a la Reyna de la Gran Bretaña. Sin fecha. Otro impreso en castellano sobre la Cámara de los Comunes: Arenga que hizo la reyna de Inglaterra al parlamento el día 20 de abril, Madrid, 1713. Ambos se encuentran en el IUHJVV. También: Breves reﬂexiones sobre el Tratado de la Barrera hecho por S. M. Británica y los Estados Generales del 29-X1709. Del mismo autor del papel intitulado La Conducta de los aliados. 1712 (se reﬁere al texto de J. Swift, Some remarks on the Barrier Treaty, del 21-II-1712), AHN, E. 3376-2, n.º 1.

5. H. H. St. Spanien-Varia Kart. 50, «Traduction d’un extrait des instructions donées par S. M. la Reyne à ses Plenipotentiaires…»,1711, f. 1.

6. AHN, Estado, L. 8707, 10-X-1711, f. 5.

7. J. Hoppit, A Land of Liberty?…, p. 305.

8. H. H. St. Spanien-Dipl. Korr., 68, 1711, fs. 32-38v. (las citas en los fs. 34, 34v, 37-37v. y 38-38v).

9. E. Gregg, Queen Anne…, pp. 353-354.

10. B. Saule, La journée de Louis XIV. 16 novembre 1700, Actes Sud, Flammarion, París, p. 85.

11. Lo explica muy bien L. Bély en La société des princes. XVIe-XVIIIe siècle, París, Fayard, 1999, pp. 336-341.

12. J. Hoppit, A Land of Liberty?…, pp. 305 y 120; B. Coward, The Stuart Age England, 1603-1714, Londres, Longman, 2003 (3.ª ed.), p. 438.

13. J. A. Lynn, The Wars…, p. 351.

14. H. H. St. ISR-Lombardei-Korrespondenz, Kart, 2,20-VII-1712, fs. 7-7v y fs. 11-11v.

15. MAE, C. P. Autriche, 91, Pastor, 13-VII-1712, fs. 141-141v.

16. MAE, C. P. Autriche, 91, Pastor, 3-VIII-1712, f. 147.

17. MAE, C. P. Autriche, 91, Pastor, 23-VIII-1712, fs. 149-151v y 23-VIII1712, fs. 161-164.

18. MAE, C. P. Autriche, 91, Pastor, 21-X-1712, fs. 181-181v y 183-183v.

19. AHN, Estado, L. 3376-2. «Instrucciones para el tratado y ajuste de paz», n.º 10, 28-XII-1711.

20. AHN, Estado, L. 8707, 6-II-1712, fs. 47-47v.

21. AHN, Estado, L. 8707,11-II-1712, fs. 39v-40 y 40v.

22. AHN, Estado, L. 8707, 3-III-1712, fs. 66v-67 y 71v.

23. L. Bély, Les relations…, p. 424.

24. MAE, C. P. Autriche, 91, Pastor, 29-X-1712, fs. 228v-229.

25. AHN, Estado, L. 8708, 1-IV-1712, fs. 100-100v.

26. AHN, Estado, L. 8708, s/f. 1712, fs.13-14.

27. AHN, Estado, L. 8708, 6-VI-1712, fs. 24-24v.

28. AHN, Estado, L. 2864, n.º 23, 12-VI-1712, «Arenga de la Reyna de la Gran Bretaña hecha al Parlamento en 12 de junio de 1712 sobre la guerra».

29. E. T. Corp (ed.), L’autre exil. Les jacobites en France au début du XVIII siècle, Presses du Languedoc, 1993; D. Szechi, The Jacobites: Britain and Europe, 1688-1788, Manchester, Manchester University Press, 1994; del mismo autor: 1715: the Great Jacobite Rebellion, New Haven, Yale University Press, 2006.

30. AHN, Estado, L. 8708, 1-VII-1712, fs. 54 y 55-55v.

31. AHN, Estado, L. 8708, 8-VII-1712, fs. 59 y 60.

32. AHN, Estado, L. 8709, 12-IX-1712, fs. 48-48v.

33. AHN, Estado, L. 8709, 17-X-1712, fs. 36-36v.; sobre el duque de Argyll: H. W. Temperley, «Some additions to the manuscript records at Cambridge», en The Cambridge Historical Journal, vol. I, n.º 1, vol. 13 1/2, Cambridge, 1925, pp. 214-217.

34. V. León, Carlos VI…, p. 212.

35. E. Lluch (ed.), Aragonesismo austracista (1734-1742). Conde Juan Amor de Soria, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2000, pp. 22-23 y 30-31.

36. A. Morel-Fatio y H. Léonardon, Recueil…, pp. 174-190; H. Kamen, Felipe V…, p. 104; L. Bély, La société…, p. 339.

37. J. L. Castellano, Las Cortes…, pp. 151-153.

38. C. Grell, «Philippe, prince français ou roi d’Espagne: le débat sur les renonciations», en A. Álvarez-Ossorio; B. J. García García y V. León, La pérdida…, pp. 673-690.

39. J. Black en L. Frey y M. Frey, The Treaties…, p. 490. Según Black, las negociaciones con los holandeses, entre marzo de 1711 y julio de 1712, «represents the continuing coercion and eventual abandonment of the United Provinces by Great Britain».

40. H. H. St. Spanien-Varia Kart. 52, s/f 1713, fs. 79v-80.

41. L. Bély, Les relations…, p. 428.

42. F. Bluche, Le journal secret…, p. 314.

43. B. Coward, The Stuart…, pp. 437 y 439.

44. F. Castellví, Narraciones…, III, pp. 517-518.

45. E. Gregg, Queen Anne…, p. 367.

46. J. O. Mclachlan, Trade and Peace with Old Spain. 1667-1750, Nueva York, Octagon Books, 1974, pp. 58-59.

47. J. Black, Parliament and Foreign…, pp. 33 y 35-36.

48. P. Jupp, The Governing…, p. 62.

49. E. Gregg, Queen Anne…, pp. 367-377.

50. MAE, CP. Angleterre, 243. Anónimo, «Reﬂexions sur l’avantage effectif que nous donne sur nos ennemis l’estat actuel d’Angleterre», 1713 (¿enero?); también es interesante el análisis de Iberville sobre la política británica en «Mémoire contenant une partie des matières qui peuvent entrer dans l’instruction de Mr. Le marquis d’Alegre», MAE, CP. Angleterre, 260, 25-XII-1714, fs. 261-286v.

51. MAE, CP. Angleterre, 259, Iberville, 24-IX-1714, f. 8; 6-XI-1714, f. 221221v; los debates en la Cámara de los Comunes eran seguidos en España tal como lo prueban algunos impresos que reproducen las intervenciones que tenían lugar en su transcurso: Arenga que hizo la Reyna de Inglaterra al Parlamento el dia veinte de abril… participando el estado de la Paz, Madrid, 1713, y Representación que haze la Cámara Baxa del Parlamento a la Reyna de la Gran Bretaña (s/f). Josep Fontana me ha proporcionado ambos folletos. IUHJVV.

52. J. G. A. Pocock, Historia e Ilustración…, pp. 143-144. Barry Coward matiza la excesiva contraposición entre unos whigs vinculados a los monied interest, beneﬁciados por la guerra, hannoverianos y protestantes disidentes, y unos tories identiﬁcados con los landed interest, con la Iglesia de Inglaterra y que ﬂirteaban con el jacobitismo, al tiempo que recuerda el predominio tory en la opinión pública. Del mismo modo, sostiene que los políticos más relevantes se resistían a adscribirse a un partido, sino que más bien eran hombres de la reina, como Marlborough, Godolphin y Harley, The Stuart…, pp. 397-399.

53. D. Ozanam, «Los embajadores españoles en Francia durante el reinado de Felipe V», en J. L. Pereira (coord.), Felipe V de Borbón (1701-1746), Córdoba, Servicio de Publicaciones Universidad de Córdoba, pp. 594-596.

54. «Los whigs hicieron pública la muerte [de la reina] y, en una coyuntura tan delicada, se reunieron para tomar medidas en contra de los tories. Al mismo tiempo acaeció una especie de revuelta entre los soldados de la marina acantonados en la provincia de Kent, 400 de ellos asaltaron el cuartel donde se guardaban sus armas y banderas y marcharon hacia Londres tumultuosamente. Los whigs divulgaron que eran 1500 y que eran partidarios suyos.» AHN, Estado,l 3387-1, 18-XII-1713 y 29-XII-1713.

55. B. Coward, The Stuart…, pp. 437 y 440-445.

56. J. Hoppit, A Land of Liberty?…, pp. 306-311 (la cita en la p. 309); B. Coward, The Stuart…, p. 443. E. Gregg sostiene que en conversaciones privadas la reina Ana había negado tener ninguna simpatía hacia los jacobitas. Queen Anne…, pp. 364-365.

57. L. Bély, Espions et ambassadeurs au temps de Louis XIV, París, Fayard, 1990, p. 421.

58. Ibídem, pp. 425 y 479.

59. Ibídem, p. 432.

60. J. A. Lynn, The Wars…, pp. 359-360.

61. L. Bély, Espions…, p. 463.

62. Ibídem, pp. 484 y 493.

63. Ibídem, p. 510.

64. P. Soler y Guardiola, Apuntes de historia política y de los tratados (1490 a 1815), Madrid, Librería de Victoriano Suárez, 1895, pp. 286-338; Lucien Bély proporciona un magníﬁco cuadro sintético de los acuerdos de Utrecht en La présence des Bourbons en Europe, XVIe-XXIe siècle, París, PUF, 2003, pp. 162-169. Diversos documentos se hallan en Actes, mémoires et autres pieces authentiques concernant la paix d’Utrecht, 6 vols., Utrecht, 1715, Guillaume van de Water et Jacques van Poolsum, cuya consulta me ha facilitatdo Josep M. Delgado.

65. M. Reder, «La consolidación del cambio dinástico: las negociaciones de los tratados diplomáticos de paz de 1713-1715», en J. Fernández, M. A. Bel y J. M. Delgado (eds.), El cambio dinástico y sus repercusiones en la España del siglo XVIII, Jaén, Universidad de Jaén, 2001, pp. 119-136.

66. A. de Béthencourt, Relaciones de España bajo Felipe V, Las Palmas, Universidad de las Palmas, A.E.H.M., 1998, pp. 183-184; A.-M. Bernal, «Borbones por Austrias: cambio de dinastía y papel de la corona en el comercio colonial», en J. Fernández García, M. Antonia Bel y J. M. Delgado (eds.), El cambio dinástico…, pp. 181-198 (la referencia en p. 188).

67. G. J. Walker, «Algunes repercussions sobre el comerç d’Amèrica de l’aliança anglo-catalana durant la guerra de Successió espanyola», en II Jornades d’Estudis Catalano-Americans, Barcelona, Comissió del Cinquè Centenari del Descobriment d’Amèrica, 1987, pp. 69-81; del mismo autor: Política española y comercio colonial. 1700-1789, Barcelona, Ariel, 1979. Sobre el tratado del 10 de julio de 1707: A. del Cantillo, Tratados, convenios y declaraciones de paz y de comercio, Madrid, 1843, pp. 43-47.

68. G. Scelle, La Traite negrière aux Indes de Castille, vol. II, París, 1906, pp. 460-471.

69. S. J. Stein y B. H. Stein, Plata…, p. 172.

70. J. O. McLachlan, Trade and Peace…, pp. 52-57.

71. Ibídem, pp. 62-64.

72. S. J. Stein y B. H. Stein, Plata…, pp. 171-172 y 173-174; véase también: J. M. Delgado, Dinámicas imperiales…, pp. 87-89.

73. G. Walker, Política española…, p. 111.

74. J. M. Delgado, Dinámicas imperiales…, p. 90.

75. S. J. Stein y B. H. Stein, Plata…, pp. 176-179 y pp. 150-152. Extremo que conﬁrma J. O. Mclachlan, Trade and Peace…, pp. 64-65.

76. L. Bély, «Casas soberanas y orden político en la Europa de la paz de Utrecht», en P. Fernández Albaladejo (ed.), en Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España el siglo XVIII, Madrid, Marcial Pons Historia, Casa de Velázquez, 2001, pp. 69-95 (la cita en la p. 83); sobre los jacobitas: R. S. Love y J. Childs, en L. Frey, The Treaties…, pp. 424-426 y 150-152, respectivamente.

77. L. Bély, Espions…, p. 517.

78. J. Black, Parliament and Foreign…, p. 37.

79. L. Bély, «Casas soberanas…», p. 93; J. Bérenger, «De la prépondérance à l’équilibre», en G.-H. Soutou y J. Bérenger, L’ordre européen du XVIe au XXe siècle, París, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1998, pp. 63-81.

80. J. Hoppit, A Land of Liberty?…, p. 262.

81. J. Bérenger, «Los Habsburgo y la sucesión de España», en P. Fernández Albaladejo, Los Borbones…, pp. 47-68 (la cita en las ps. 67-68). Del mismo autor: El Imperio…, pp. 353-355.

82. L. Bély, Les relations…, p. 427.

83. V. León, Carlos VI…, pp. 214-215.

84. I. Cluny, O conde de Tarouca e a diplomacia na época moderna, Lisboa, Livros Horizonte, 2006, pp. 259-263.

85. M. A. Echevarría, «La Guerra de Sucesión…», p. 208.

86. Breves reﬂexiones sobre el Tratado de la Barrera…, 1712, AHN, Estado, 3376-2, n.º 1.

87. M. A. Echevarría, «La Guerra de Sucesión…», p. 208.

88. P. Soler Guardiola…, p. 324.

89. P. Vilar, Catalunya dins l’Espanya moderna, vol. II, Barcelona, Edicions 62, 1973 (4), p. 423; impreso citado por J. Hoppit, A Land of Liberty…, p. 121.

90. MAE, C.P. Autriche, 93, Pastor, 25-XI-1713, fs. 133-134.

91. W. O’Connor Morris, «Villars», en English Historical Review, VIII, 1893, pp. 61-79.

92. L. Bély, Espions…, pp. 666-667 y Les relations…, p. 428.

93. H. H. St. ISR-Lombardei-Korrespondenz, Kart 2, I-I-1714.

94. H. H. St. Kriegsakten, fasz. 267, 5-I-1714. Carta anónima. En otra carta anónima enviada desde Suiza se insiste en el tema: la cour de France à ce qu’on aprend par les banquiers sacriﬁe de grossses remises en Angleterre pour y maintenir et grossir le party du pretandant … qui s’assurent de pouvoir par argent et promesses pour gagner la pluralité des membres des deux chambres, 26-I-1714. Una de las cartas enviadas desde París se reﬁere a la amistad entre el diplomático británico Matthew Prior y el secretario de Estado Torcy: on le tient entièrement dans les interests de la France, 2-II-1714.

95. Memoirs of the marquis of Torcy, Secretary of State to Lewis XIV, vol. 2, Londres, P. Vaillant, 1757, p. 301. También. A. Baudrillart, Philippe V et la cour de France, I, París, Librairie de Firmin-Didot et Cie., 1890, p. 545.

96. Rousset de Missy, Histoire publique et secréte de la Cour de Madrid, dépuis l’avenement du roy Philipe V jusqu’au commencement de la Guerre avec la France, tomo II, Lieja, 1719, pp. 268-269.

97. D. Ozanam, «Los embajadores españoles en Francia durante el reinado de Felipe V», en J. L. Pereira (coord.), Felipe V de Borbón (1701-1746). Actas del Congreso de San Fernando (Cádiz), Córdoba, Servicio de Publicaciones, Universidad de Córdoba, 2002, pp. 581-612 (la referencia en la p. 594).

98. AHN, Estado, L. 3387-1, 19-I-1714 n.º 18.

99. AHN, Estado, L. 3387-1, 26-I-1714, n.º 19.

100. H. H. St. ISR-Lombardei-Korrespondenz, Kart 2, 26-I-1714, f. 72.

101. H. H. St. Kriegsakten, fasz. 267, «Copie d’une lettre du secretaire de la Reyne Marie en France à mylord Ailsbury», 31-I-1714.

102. SHAT, A1 2506, Villars, 7-I-1714, n.º 102 y 193.

103. S. Sanpere, Fin de la nación…, pp. 334-341; A. Baudrillart, Philippe V…, I, p. 558.

104. MAE, CP, Autriche, 93, Villars, 30-XI-1713, f. 31.

105. D. McKay, Prince Eugene of Savoy, Londres, Thames and Hudson, 1977, p. 146.

106. SHAT, A1 2506, Villars, 14-I-1714, n.º 109; 14-I-1714, n.º 107; enero de 1714. «Article 18», n.º 129; Villars, 21-I-1714, n.º 118.

107. SHAT, A1 2506, P. Eugenio al príncipe de Lewenstein, 2-II-1714, n.º 135; Villars, 6-II-1714, n.º 139; P. Eugenio a los États du Haut Rhin, 12-II-1714, n.º 142.

108. SHAT, A1 2506, Villars, 6-II-1714, n.º 138; 13-II-1714, n.º 144; 20-II1714, n.º 149.

109. J. Albareda, «Catalunya a ﬁnals del segle XVII: la continuïtat de la revolta», en E. Serra (ed.), La revolució catalana de 1640, Barcelona, Crítica, 1991, pp. 291-317.

110. SHAT, A1 2506, Villars, 22-II-1714, n.º 154.

111. SHAT, A1 2506, Villars, 1-III-1714, n.º 166; 2-I-1714, n.º 100.

112. SHAT, A1 2506, Villars, 2-III-1714, n.º 167.

113. «Memoire pour les changements qui ont êté apportés à M. le Prince de Eugene de Savoye par Mr. Le marquis de Courtade sur le projet que le dit Prince a remis à Mr. Le mareschal duc de Villars avant son depart de Rastatt», SHAT, A1 2506, febrero de 1714, n.º 156.

114. AHN, Estado 2864, febrero de 1714.

115. L. Bély, Les relations…, p. 429.

116. SHAT, A1 2506, Villars, 6-III-1714, n.º 172.

117. AHN, Estado, L. 2460-1, 31-I-1714. La misma carta en MAE, CP Espagne, 235, fs. 50-50v.

118. AHN, Estado, L. 2460-1, 1-II-1714, n.º 23.

119. Tomo prestado el título de la excelente obra de Joël Cornette, Le roi de guerre. Essai sur la souveraineté dans la France du Grand Siècle, París, Éditions Payot & Rivages, 1993.

120. R. García Cárcel, Felipe V…, pp. 106 y 99.

121. MAE, CP Espagne 235, 9-III-1714, fs. 91-94 (las citas en fs. 91v-92 y 92v-93).

122. M. de Courcy, L’Espagne…, pp. 147-148.

123. S. Sanpere i Miquel, Fin de la nación…, p. 354.

124. MAE, CP Angleterre, 263, «Estat succint de la guerre et de la paix», traducido del inglés, diciembre de 1714, fs. 455-455v.

125. F. Bluche, Le journal secret…,, pp. 322-323.

126. MAE, CP Espagne, 229, 9-IV-1714, fs. 95v-96.

127. AHN, Estado, L. 2460-1, 14-IV-1714, n.º 27.

128. MAE, CP Espagne, 229, 23-IV-1714, fs. 128v-129.

129. Courcy, M. de, L’Espagne …, pp. 129-135.

130. J. Hoppit, A Land of Liberty?…, pp. 389-392; MAE, CP Angleterre, 259, Iberville, 4-X-1714, f. 26v-27.

131. MAE, CP Espagne, 231, 22-VIII-1714.

132. AHN, Estado, L. 2460-1, 13-IX-1714.

133. AHN, Estado, L. 3387-2, 21-IX-1714, n.º 14.

134. MAE, CP Espagne, 236, 24-IX-1714, f. 181.

135. MAE, CP Espagne, 236, 24-IX-1714, f. 180.

1. J. M. Torras i Ribé, La Guerra de Successió…, pp. 274-294.

2. V. León, Carlos VI…, p. 201.

3. El soldado irlandés John Fontaine dejó constancia del enfado de los resistentes y de los insultos acusándoles de traición que recibieron los británicos al embarcar. The Journal of John Fontaine. An Irish Huguenot Son in Spain and Virginia, 1710-1719, E. Porter (ed.), Williamsburg, The Colonial Williamsburg Foundation, 1972, p. 42.

4. H. H. St. Kriegsakten, Fasz, 266, 21-I-1713, fs. 60v-61v.

5. AHN, Estado, L. 2864, Felipe V, 1713.

6. AHN, Estado, L. 2864, n.º 18, 16-V-1713.

7. H. H. St. Kriegsakten, Fasz, 266, 8-III-1713, fs. 145-145v, 30-III-1713, f. 178, 30-III-1713, fs. 177-177v, 16-4-1713, f. 188, 14-4-1713, f. 190, 11-4-1713, f. 191.

8. H. H. St. Kriegsakten, Fasz, 266,19-II-1713, f. 74-76; V. León. Carlos VI…, p. 205.

9. V. León, «La Secretaría de Estado y del Despacho Universal del Consejo de España (1713-1734)», en Cuadernos de Historia Moderna, 16, 1995, p. 241.

10. F. de Castellví, Narraciones…, III, p. 536.

11. Ibídem, III, pp. 538-543.

12. E. Lluch, L’alternativa…, pp. 133-152 (las citas en pp. 148, 141 y 150).

13. H. H. St. ISR-Lombardei-Korrespondenz, Kart, 2, 3-V-1713, fs. 18-19.

14. H. H. St. Kriegsakten, Fasz, 266, 11-IV-1713, f. 191 y 17-V-1713, f. 2223v.

15. J. M. Torras i Ribé, La Guerra de Successió…, p. 314.

16. F. de Castellví, Narraciones…, III, p. 549.

17. Ibídem, III, p. 551.

18. J. M. Torras i Ribé, La Guerra de Successió…, p. 329.

19. Sobre su desarrollo: J. M. Torras i Ribé, La Guerra de Successió…, pp. 318-326.

20. F. Soldevila, Història de Catalunya…, III, p. 1127, el discurso de E. Ferrer i Sitges, en J. Albareda (ed.), Escrits polítics…, I, pp. 97-119.

21. J. Villanueva, Política y discurso histórico en la España del siglo XVII. Las polémicas sobre los orígenes medievales de Cataluña, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2004, pp. 224-226.

22. Proclama del 12 de julio de 1713. S. Sanpere, Fin de la nación…, pp. 108-109.

23. F. de Castellví, Narraciones…, III, p. 581.

24. J. Albareda (ed.), Escrits polítics…, I, pp. 121-192.

25. A. Simon, Construccions polítiques…, p. 431.

26. Lealtad Catalana, 1714, BC, FB 703, pp. 1314 y 1318.

27. Ibídem, pp. 45, 48 y 50.

28. Respuesta de un aragonés a un amigo suyo en Barcelona sobre la defensa de Cataluña, 1713, BC, FB 9009, pp. 11-12.

29. A. De Benedictis, «Guerra, tirannide e resistenza negli scriti politici catalani», en L’aposta catalana a la guerra de Successió…, pp. 65-71; de la misma autora: Politica, governo e istituzioni nell’Europa moderna, Bolonia, Il Mulino, 2001.

30. J. M. Torras i Ribé, La guerra…, pp. 310 y 326; también: «Cataluña, 1713: asediados por Felipe V, abandonados por el Archiduque», en E. Serrano (ed.), Felipe V y su tiempo. Congreso Internacional, vol. II, Institución «Fernando el Católico», CSIC, Excma. Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 2004, pp. 211-233 (la referencia en la p. 224).

31. S. Sanpere i Miquel, Fin de la nación…, pp. 14-16 y 79-84.

32. F. de Castellví, Narraciones…, III, p. 574.

33. Courcy, M. de, L’Espagne…, pp. 21-22 y 45-46; A. Baudrillart, Philippe V…, vol. I, p. 553.

34. Memorie istoriche della guerra, Venecia, G. B. Recurti, 1736. Me ha facilitado la obra Josep Fontana.

35. W. Coxe, España bajo el reinado de la casa de Borbón, por don Jacinto de Salas, tomo II, Madrid, P. Mellado, 1846, p. 102.

36. F. de Castellví, Narraciones…, III, p. 610.

37. La Junta General de Braços…, 26-XII-1713, p. 370.

38. H. H. St. ISR-Lombardei-Korrespondenz, Kart, 2, 28-VII-1713, f. 33, 18VIII-1713, f. 37, 28-VIII-1713, f. 39, 4-IX-1713, f. 41.

39. H. H. St. ISR-Lombardei-Korrespondenz, Kart, 2, 11-IX-1713, fs. 45-45c, 18-XI-1713, f. 47, 6-XI-1713, fs. 51v-52.

40. MAE, CP Espagne, 223, 5-IX-1713, 67.

41. AHN, Estado, 3387-1, 17-XI-1713, n.º 6 y 20-XI-1713, n.º 7.

42. H. H. St. ISR-Lombardei-Korrespondenz, Kart, 2, 2-II-1714, fs. 76-76v.

43. «Las molt afavoridas cartas de las S.C.C. Y Reals Magestats del Rey y Reyna…», Rafel Figueró, IUHJVV; SHAT. A1 1 2506. Fiennes, 4-V-1714, n.º 182; S. Sanpere, Fin de la nación…, p. 354. También recibieron una carta de este tipo los consellers de Barcelona. AHN Estado, L. 5033, 28-III-1714, fs. 60-61v.

44. S. Sanpere, Fin de la nación…, p. 352.

45. F. de Castellví, Narraciones…, IV, p. 406, 20-VI-1714.

46. Lealtad Cathalana puriﬁcada, Villafranca, 1714, BC, FB 703, p. 24.

47. SHAT, A 1 2488, 29-VII-1714, n.º 214.

48. Duque de Berwick, Memorias. P. Molas (ed.), Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2007, p. 404; A. Petitot et Monmerqué, Mémoires du Marechal de Berwick, tomo II, Collection des Mémoires relatifs à l’Histoire de France, tomo LXVI, París, Foucault, 1828, p. 203.

49. S. Sanpere, Fin de la nación…, p. 450.

50. Duque de Berwick, Memorias…, p. 405; A. Petitot et Monmerqué, Mémoires…, p. 204.

51. J. M. Torras i Ribé, La Guerra de Successió…, pp. 329-352. Coinciden en ello: A. Corvisier (dir.), Des origines à 1715, en P. Contamine, Histoire militaire de la France, 1, París, PUF, 1992, p. 545; P. Wilson y J. Black (eds.), European…, p. 80.

52. S. Sanpere i Miquel, Fin de la nación…, pp. 275-276 y 559.

53. Oeuvres complètes de Voltaire, tomo IV, París, Furne et Cie., 1846, p. 183.

54. AHN, Estado, L. 433, 31-VIII-1713; F. de Castellví, Narraciones…, III, p. 649.

55. AHN, Estado, L. 450-451, 6-XII-1713, probablemente.

56. AHN, Estado, L. 450-1, 1-I-1714; sobre Dalmases: A. Castán, G. García Fuertes, «L’oscil·lant posicionament polític de Pau Ignasi de Dalmases i Ros durant la guerra de Successió», L’aposta catalana a la Guerra de Successió…, pp. 233-246.

57. S. Sanpere, Fin de la nación…, p. 248.

58. AHN, Estado, L. 433, 18-VIII-1713.

59. AHN, Estado, L. 433, 21-VIII-1713.

60. A. Simon (ed.), Pagesos capellans i industrials de la Marina de la Selva, Barcelona, Curial, 1993, pp. 270-271.

61. AHN, Estado, L. 450-1.

62. S. Sanpere, Fin de la nación..., pp. 305-313; J. M. Torras i Ribé, La Guerra de Successió..., p. 360.

63. AHN, Estado, L. 449, 14-IV-174; el marqués de Alós conﬁrma que en Balsareny los austracistas degollaron a dos batallones, después de que el duque de Populi hubiera mandado colgar a cinco oﬁciales suyos. Añade que el gobernador de Cardona, Manuel Desvalls, evitó que fueran pasados por las armas los oﬁciales borbónicos. Instrucción militar que el E. S. D. Antonio de Alós y de Rius… escrivió, Barcelona, 1767 (reimpreso en 1800), p. 25. Debo el conocimiento del libro a Josep Fontana.

64. N. Sales, Senyors, bandolers, miquelets i botiﬂers. Estudis sobre la Catalunya dels segles XVI al XVIII, Barcelona, Empúries, 1984, p. 190; S. Sanpere i Miquel, Fin de la nación…, pp. 310 y 312.

65. J. M. Torras i Ribé, La Guerra de Successió…, p. 365; véase también: F. X. Hernández y F. Riart, Els exèrcits de Catalunya (1713-1714), uniformes, equipaments, organització, Barcelona, Rafael Dalmau, editor, 2007.

66. MAE, CPE, 231, n.º 117, 31-VIII-1714, fs. 117-118v.

67. S. Albertí, L’Onze de Setembre, R. Brotons (ed.), Barcelona, Albertí Editor, 2006.

68. SHAT, A1, 2488, n.º 229, 14-IX-1714; Duque de Berwick, Memorias…, p. 413.

69. Duque de Berwick, Memorias…, pp. 412-413. Berwick conﬁrma el ofrecimiento de Mallorca realizado por los resistentes de Barcelona a cambio de respetar las libertades catalanas y mallorquinas.

70. PRO, SP, 105/270, Prior a Bromley, 21-IX-1714, fs. 193-193v.

71. PRO, SP, 105/270, Prior a Townshend, 20-XI-1714, fs. 260-261.

72. BC, «Genio de los naturales de Cataluña». Ms. 119, f. 50. Lo publica R. M. Alabrús en Escrits polítics…, pp. 127-133. También L. Roura (ed.), Precauciones contra alborotos, motines y rebeliones en la plaza de Barcelona, Vic, Eumo Editorial, IVHJVV.

73. MAE, CP. Angleterre, 263, Rougeau a Pontchartrain, 30-X-1714, fs. 185185v.

74. MAE, CP. Angleterre, 259, Iberville, 10-X-1714, fs. 47-48.

75. PRO, SP, 105/270, Prior a Townshend, 9-XI-1714, fs. 250-251 y 16-XI1714, fs. 256-256v.

76. J. Albareda, El «cas dels catalans»…, pp. 185-190.

77. J. Juan Vidal, «El Reino de Mallorca. Del ﬁlipismo al austracismo. 17001715», en E. Serrano (ed.), Felipe V y su tiempo. Congreso Internacional, II, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» (CSIC), Diputación de Zaragoza, 2004, pp. 151-210.

1. L. Frey y M. Frey, The Treaties…, pp. XIV-XV; véase, J. Albareda, El cas dels catalans…, pp. 125-143.

2. M. A. Ochoa Brun, Embajadas y embajadores en la Historia de España, Madrid, Aguilar, 2002, p. 345.

3. F. de Castellví, Narraciones…, III, p. 528 y pp. 604-608.

4. E. Lluch (ed.), Escrits polítics del segle XVIII. Tom III. Via fora els adormits, Vic, Eumo Editorial, IUHJVV, 2005, pp. 51-52.

5. La Junta General de Braços de 1713. L’ambaixada de Dalmases i altra documentació (1713-1714). Textos Jurídics Catalans, 29, Barcelona, Parlament de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, 2008, pp. 206-207.

6. PRO, SP, 105/270, fol. 14-15; también: 10-IX-1712, fol. 31-32.

7. PRO, SP, 105/270, 27-IX-1712, fol. 247.

8. PRO, SP, 105/270, 25-X-1712, f. 71.

9. PRO, SP, 105/270, Dartmouth, 7-XI-1712, f. 29; 15-XII-1712, f. 13; 19-I-1713, fs. 42-43; Lexington a Darmouth, 15-XII-1712, f. 17.

10. F. de Castellví, Narraciones…, III, pp. 474-477.

11. PRO, SP, 105/270, Lexington, 30-I-1713, fs. 50-51; Lexington a Dartmouth, 9-II-1713, f. 61; L. Bély, Espions…, p. 451.

12. MAE, CP. Espagne, 220, 30-I-1713, fs. 73v-74.

13. MAE, CP. Espagne, 220, 5-II-1713, fs. 80v-81, 81v y 83v-84.

14. MAE, CP. Angleterre, 243, Monteleón, 22-I-1713, f. 106v.

15. MAE, CP. Angleterre, 243, Monteleón, 25-I-1713, fs. 109-109v.

16. PRO, SP, 105/270, Dartmouth, 13-II-1713, fs. 63-64.

17. PRO, SP, 105/270, Dartmouth, 17-II-1713, fs. 67-68.

18. PRO, SP, 105/270, Lexington a Dartmouth, 27-II-1713, f. 71 y 13-III-1713, f. 75.

19. PRO, SP, 105/270, «Ex conventione pro evacuatione Cataluniae», 14-III1713, f. 83; Lexington, «The 9th. Article…», f. 33.

20. PRO, SP, 105/270, Lexington, 16-IV-1713, fs. 91-92 y 95-96.

21. PRO, SP, 105/270, Lexington, 17-IV-1713, fs. 99,100,101.

22. F. Soldevila, «Anglaterra i Catalunya. Les relacions anglo-catalanes durant la guerra de Successió», E. Pujol (ed.), Manuscrits. Revista d’Història Moderna, 13, 1995, p. 20; G. Coxe, España…, p. 101.

23. AHN, Estado, L. 3376-1, f. 11v-12.

24. PRO, SP, 105/270, Bedmar, 18-IV-1713, fs. 103-104.

25. PRO, SP, 105/270, Bolingbroke, 25-IV-1713, fs. 251-253v. Con lo que en realidad, advierte P. Soler, mediante el citado artículo XIII «se les suprimían muy hábilmente sus antiguos fueros», en Apuntes de historia política de los tratados (1490-1815), Madrid, Librería de Victoriano Suárez, 1895, p. 324.

26. PRO, SP, 105/270, Bolingbroke, 25-IV-1713. fs. 251-253v.

27. AHN, Estado, L. 3379-1, n.º 16. Monteleón, 1-III-1713; Grimaldo, 28-III1713.

28. G. Parke, Letters and Correspondence Public and Private of the Right Honourable Henry St. John Lord Viscount Bolingbroke, vol. II, Londres, G. G. and J. Robinson, 1798, pp. 342-343.

29. MAE, CP, Angleterre, 244, Monteleón, 28-IV-1713, fs. 223, 225v-226 y 227v-228, respectivamente; también: Monteleón a Bolingbroke, 26-IV-1713. Hay que hacer notar que hubo una reunión de Orry con el representante de la ciudad, el comerciante Sebastià Dalmau, en la que el ministro ofreció respetar el ordenamiento municipal catalán y tuvo lugar el 28 de abril de 1714: F. de Castellví, Narraciones…, IV, pp. 375-376; J. Albareda, Felipe V y el triunfo…, pp. 158-161.

30. PRO, SP, 105/270, Dartmouth, 8-V-1713, fs. 107-108.

31. F. de Castellví, Narraciones…, III, pp. 520-521.

32. AHN, Estado, L. 2864, n.º 12, 14-III-1713, «Projet du traité de la evacuation de la Catalogne et de l’armistice d’Italie».

33. Crisol de ﬁdelidad, Barcelona, 1713, Rafel Figueró, BC, FB. 9008, p. 49.

34. AHM, B, «Dietario o libro de memorias referente a los actos practicados por el Sr. D. Pablo Ignacio de Dalmases y de Ros como embajador enviado por las Cortes catalanas a Inglaterra durante la época de la guerra de Sucesión. año 1713». Ms. A-339, fs. 4-4v. Gracias a la edición de este dietario y de la interesante correspondencia que mantuvo Dalmases conocemos los avatares de su embajada, en La Junta General de Braços…

35. «Dietario o libro…», f. 8v.

36. «Dietario o libro…», f. 10v.

37. La Junta General de Braços…, 30-VIII-1713, p. 419.

38. The History of his own time compiled from the original manuscripts os his late excellency Mattew Prior Esq., por Mr. Adrian Drift, Londres, 1740, p. 387.

39. La Junta General de Braços…, 6-X-1713, p. 305.

40. F. de Castellví, Narraciones…, IV, p. 406.

41. F. de Castellví, Narraciones…, III, 4-VII-1714, p. 608.

42. F. de Castellví, Narraciones…, III, pp. 607-608.

43. PRO, SP, 105/270, Lexington, 16-VIII-1713, f. 115.

44. PRO, SP, 105/270, Lexington, 7-VIII-1713, f. 127.

45. PRO, SP, 105/270, Lawles, 9-IX-1713, f. 135.

46. AHN, Estado, L. 3387-1, 24-XI-1713, 18-XII-1713, 1-IV-1714.

47. AHN, Estado, L. 3387-1, 22-XII-1713, n.º 13; PRO, SP, 105/270, Lexington, 20-XI-1713.

48. PRO, SP, 105/270, Prior, 17-X-1713, f. 143.

49. PRO, SP, 105/270, Prior, 2-XI-1713, f. 147.

50. PRO, SP, 105/270, Torcy, 13-XI-1713, f. 151.

51. PRO, SP, 105/270, Prior, 29-XI-1713, f. 163 y 6-XII-1713, f. 175.

52. PRO, SP, 105/270, Prior a Bolingbroke, 14-XII-1713, f. 179 y Bolingbroke a Prior, 19-XII-1713, f. 183.

53. Lo conﬁrma Lawles justiﬁcando que era lógico que así fuera, porque Peterborough hizo sublevar a los catalanes. AHN, Estado, L. 3387-1, 4-XII-1713, n.º 10. También Dalmases, La Junta General de Braços…, p. 370.

54. A. Baudrillart, Philippe V…, vol. I, pp. 545 y 556-557.

55. S. Sanpere, Fin de la nación…, p. 364; el historiador explica con todo detalle la negociación entre los dos militares.

56. Courcy, M. de, L’Espagne…, pp. 148-149.

57. J. Hoppit, A Land of Liberty?…, p. 293; sobre Cowper: H. L. Snyder, «The Formulation of Foreign and Domestic Policy in the Reign of Queen Anne: Memoranda by Lord Chancellor Cowper of Conversations with Lord Treasurer Godolphin», The Historical Journal, XI, I (1968), pp. 144-160.

58. F. Soldevila, Història de Catalunya, vol. III, Barcelona, Alpha, 1962, p. 1125; del mismo autor: «Unes sessions de la Cambra dels Lords en 1714», Revista de Catalunya, 58, septiembre de 1929, pp. 210-215.

59. AHN, Estado, L. 3387-1, 2-IV-1714, n.º 30.

60. AHN, Estado, L. 3387-1, 6-IV-1714, n.º 29 y n.º 36; también: F. Soldevila, «Unes sessions…», pp. 213-214.

61. MAE, CP, Espagne, 220, 5-II-1713, fs. 80-84v; 7-VIII-1713, fs. 4v y 13.

62. MAE, CP, Espagne, 220, 5-IX-1713, f. 67.

63. MAE, CP, Espagne, 223, Luis XIV a Bonnac, 11-IX-1713, fs. 74v-75; F. Soldevila publica citas similares en «Anglaterra…», pp. 13-27.

64. PRO, SP, 105/270, Bolingbroke, 17-VI-1714, fs. 211-212.

65. F. Castellví, Narraciones…, VI, fs. 691v y 709; G. Coxe, España…, vol. II, p. 106; PRO, SP, 105/270, Whisart, 8-VII-1714, fs. 215-216.

66. La Junta General de Braços…, 3-VII-1714, pp. 519-520.

67. PRO, SP, 94, 10-VII-1714 y 30-VIII-1714; La Junta General de Braços…, 13-VIII-1714, p. 539; 3-VII-1714, p. 519.

68. PRO, SP, 105/270, Whisart, 8-VII-1714, fs. 215-216; Los consellers de Barcelona, 23-VII-1714, fs. 219-222; Ciutat de Barcelona, 23-VII-1714, fs. 255-258.

69. La Junta General de Braços…, 3-VII-1714, pp. 518-519.

70. La Junta General de Braços…, 10-VII-1714, pp. 521-522; 3-VIII-1714, pp. 531-532.

71. MAE, CP, Espagne, 235, Luis XIV, 2-VII-1714, fs. 248-248v; 1-VIII-1714, fs. 308-308v.

72. AHN, Estado, L. 2460-1, n.º 8, Felipe V, 9-VIII-1714.

73. La Junta General de Braços…, 21-VIII-1714, pp. 546-547; 2I-VIII-1714, pp. 548-549.

74. PRO, SP, 105/270, Prior a Bolingbroke, 28-VIII-1714, fs. 125-127.

75. MAE, CP, Angleterre, 258, Iberville, 18-VIII-1714, fs. 53-53v.

76. MAE, CP, Angleterre, 258, Torcy, 27-VIII-1714, fs. 80v-81 y 81v-82.

77. La Junta General de Braços…, 10-VIII-1714, p. 537; también: F. de Castellví, Narraciones…, IV, 12-VIII-1714, pp. 421-422. El dietarista Matías Mut, de Palma de Mallorca, se hizo eco de ello: «a 17 de agosto de 1714 vino sólo que había supresión de armas de Felipe V en Barcelona», J. L. V. Amorós, Al creuer de la història. L’època i la vida de Bernat Josep Olives de Nadal, Palma de Mallorca, Institut d’Estudis Baleàrics, 1999, p. 333.

78. F. de Castellví, Narraciones…, IV, 21-VIII-1714, p. 422. También el impreso The Deplorable History of the Catalans, editado el 1714, da testimonio de las órdenes que la regencia envió al representante británico en Francia, Consideració del Cas dels Catalans, M. B. Strubell (ed.), Barcelona, Curial, p. 283.

79. Lo conﬁrmó el agente francés en Londres Le Blanc, MAE, CP, Angleterre, 263, 26-VIII-1714, f. 12.

80. La Junta General de Braços…, 21-VIII-1714, p. 551; 20-VIII-1714, pp. 560561; F. de Castellví, Narraciones…, IV, pp. 423-425.

81. F. de Castellví, Narraciones…, IV, p. 425.

82. MAE, CP, Angleterre, 258, Iberville, 30-VIII-1714, fs. 107v-108.

83. F. de Castellví, Narraciones…, IV, p. 426.

84. La Junta General de Braços…, 21-IX-1714, p. 570.

85. MAE, CP, Autriche, 91, Pastor, 21-X-1712, f. 183v.

86. F. de Castellví, Narraciones…, III, p. 475.

87. Son las siguientes: Hoffman a la reina Ana, 2-XI-1712, Castellví, 3, p. 475; Diputados a Montnegre, 13-I-1713, Castellví, 3, p. 727; Rialp, 18-II-1713, Dalmases [La Junta General de Braços…, p. 63]; Stampa en Utrecht, 4-III-1713, documento de los Tres Comunes, proporcionado por J. Fontana; Diputados, 15-III-1713, Castellví, 3, p. 752; Ferran a Jorge I, 18-IX-1713, Castellví, 4, p. 426. Una variante de esta propuesta la hallamos en el Via fora els adormits de 1734, E. Lluch, Escrits polítics…, III.

88. Son las siguientes: Montnegre, 21-X-1712. MAE, Autriche, 91, f. 181; Rialp a Dalmases, 6-X-1713 [La Junta General de Braços…, pp. 306-307]; Dalmases, 19XII-1714, [La Junta General de Braços…, pp. 364-365]; Comte Ferran a Jorge I, 14-IX-1714, Dalmases, [La Junta General de Braços… pp. 570-571]; Dalmases, 24-X-1714, [La Junta General de Braços…, pp. 576-577]; Rialp, ﬁnales 1714. J. Albareda, El cas…, pp. 183-184. La idea de la república la retomó el conde Ferran en los preliminares del congreso de Cambrai, J. Albareda, El cas…, p. 197.

89. Son las siguientes: Montnegre al obispo de Bristol, 13-III-1713, Castellví, III, p. 733; Montnegre a la reina Ana, 4-V-1713, Dalmases [La Junta General de Braços…, pp. 356-359]; Dalmases a la reina Ana, Castellví, 3, p. 742; Savellà al emperador, 30-VII-1713, Dalmases [La Junta General de Braços…, pp. 416-418]; Dalmases a Peterborough, 30-VIII-1713, Dalmases [La Junta General de Braços… pp. 418-419]. En 1715 fue formulada de nuevo por Amor de Soria en París en el marco de las negociaciones para la evacuación de Mallorca e Ibiza, J. Albareda, El cas…, p. 189.

90. AHN, Estado, L. 3387-2.

91. MAE, CP, Angleterre, 259, Iberville, 24-IX-1714, fs. 22-11v.

92. H. H. St. Kriegsakten, Fasz, 267, 13-IX-1714.

93. S. Sanpere, Fin de la nación…, pp. 419-420, pp. 442-444, p. 481; F. de Castellví, Narraciones…, IV, pp. 133-136 y 509.

94. MAE, CP, Angleterre, 260, Monteleón, 30-XI-1714, fs. 35 y 44v-45; también: Angleterre, 263, Monteleón a Townshend, 26-X-1714, f. 151v y fs. 171-171v.

95. F. Soldevila, Història de Catalunya…, III, pp. 1145-1146; F. de Castellví, Narraciones…, IV, p. 135.

96. A. Petitot y Monmerqué, Mémoires du Marechal de Berwick, tome II. Collection des mémoires relatifs a l’histoire de France, tome LXVI, Foucault Libraire, París, 1828, pp. 214-215. Existe edición en castellano: P. Molas (ed. y estudio introductorio), Duque de Berwick. Memorias, Alicante, Publicaciones Universidad de Alicante, 2007; F. de Castellví relata la propuesta de Ferrer a Berwick, Narraciones…, IV, p. 262.

97. MAE, CP, Angleterre, 258, I-IX-1714, f. 88v.

98. MAE, CP, Angleterre, 258, Iberville, 28-VIII-1714, f. 103; 4-IX-1714, f. 130.

99. MAE, CP, Angleterre, 258, Luis XIV, 14-IX-1714, fs. 148-148v.

100. F. Soldevila, Història de Catalunya…, vol. III, p. 1158.

101. J. Hoppit, A Land of Liberty?…, pp. 389-391; F. Castellví consigna que llegó a Londres el 30 de septiembre, siendo coronado el 31 de octubre. Narraciones…, IV, p. 479.

102. L. Bély, La société des princes, París, Fayard, 1999, p. 306.

103. MAE, CP, Angleterre, 260, Monteleón, 30-XI-1714, f. 33.

104. Como botón de muestra: J. Bigland escribió: «De todos los príncipes que habían entrado en guerra para preservar intacto el lustre de sus coronas, ni uno se conmovió con el llanto de un pueblo que luchaba para defender sus libertades; incluso los poderes que les habían animado a rebelarse les etiquetaban con los infamantes términos de rebeldes y traidores», en The History of Spain, vol. II, Londres, Longman, 1810, pp. 368-369. Y en The History of Spain and Portugal podemos leer: «De todos los participantes de esta guerra Inglaterra fue, con mucho, la más censurable … se condujo sin gloria y acabó desacreditándose. Empujó a los catalanes a la rebelión aunque después les abandonó a una cruel y vengativa persecución. Aun cuando la guerra hubiese sido injusta en su origen, durante su curso Inglaterra había contraído unas obligaciones que tenía el solemne deber de cumplir» (vol. V, Longman, 1832, p. 142). En relación con la historiografía, véase M. Strubell (ed.), Consideració del cas…, pp. 16-17.

105. M. Strubell (ed.), Consideració del cas…, pp. 49, 53-55 y 79-81.

106. Ibídem, p. 87. Otro texto manuscrito, traducido al francés, que condenaba la barbarie de los papistas, se expresa en idénticos términos. MAE, CP. Angleterre, 259, Anónimo, 1714, fs. 234v-235.

107. MAE, CP. Angleterre, 258, Iberville, 12-IX-1714, fs. 171v-172; 24-IX1714, f. 211.

108. MAE, CP. Espagne, 236, 8-X-1714, f. 230v.

109. MAE, CP. Espagne, 236, 12-X-1714, fs. 241-241v.

110. MAE, CP. Espagne, 233, 26-XI-1714, fs. 126-126v.

111. A Report from the Committee of Secrecy Appointed by Order of the House of Commons, reported on the Nine of June, 1715. By the R. H. Robert Walpole, Londres, Jacob Tonson, 1715. R.A.H., 3/2158.

112. J. Hoppit, A Land of Liberty?…, pp. 391-392.

113. A Report…, pp. 5-6.

114. MAE, CP. Angleterre, 269, 20-VII-1715, fs. 138v-139; 23-VII-1715, fs. 162-162-163v; 26-VIII-1715, fs. 341-342v; MAE, CPA, 267, «Traduction d’un pamﬂet qui porte par titre Instruction donnée par le Conseil de la Ville de Londres a ses diputez au Parlement», 4-III-1715, fs. 14-17v.

115. A Report…, Las referencias en las pp. 5, 28, 45, 46, 47, 48, 49 y las dos citas en las pp. 47 y 51, respectivamente.

116. J. Juan Vidal, «El Reino de Mallorca: del felipismo al austracismo, 17001715», en E. Serrano (ed.), Felipe V y su tiempo. Congreso Internacional, II, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» (CSIC), Diputación de Zaragoza, 2004, pp. 151-210; T. Caimari, «El conﬂicto sucesorio en el Reino de Mallorca: del reconocimiento de Felipe V al dominio austracista (1700-1715)», en La Guerra de Sucesión en España y América. Actas de las X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Sevilla, Cátedra «General Castaños», Región Militar Sur, 2001, pp. 249-262.

117. L. Bély, Espions…, p. 484.

118. L. Frey y M. Frey, The Treaties…, pp. XV-XVI.

119. J. Hoppit, A Land of Liberty?… p. 122.

1. Véanse las memorias del felipista Honorat de Pallejà en J. Albareda (ed.), Política, religió…, pp. 89-152 y «Els exiliats catalans de ﬁnals del segle XVII i principis del XVIII en els Comtats: barretines, botiﬂers i carrasclets», Les exils catalans en France, J. Canal, A. Charlon y P. Pigenet (dirs.), París, PUPS, 2005, pp. 51-64; R. M. Alabrús, da cuenta de la represión sufrida por los felipistas en 1706 y 1707, en «Pensament polític i opinió a la Catalunya moderna (1652-1759)», vol. I, Tesis de doctorado, Bellaterra, UAB, 1995, p. 153

2. E. Giménez, «El exilio de los borbónicos valencianos», en Revista de Historia Moderna, Anales de la Universidad de Alicante, 25, 2007, pp. 11-51.

3. A. Alcoberro, L’exili austracista (1713-1747), Barcelona, Fundació Noguera, vol. I, 2002, p. 56; véase, también: G. Sitiffoni, «Un documento inédito sobre los exiliados españoles en los dominios austríacos después de la Guerra de Sucesión», Estudis, 17, 1991, pp. 7-56; V. León, «La oposición a los Borbones españoles: los austracistas en el exilio», en A. Mestre y E. Giménez (eds.), Disidencias y exilios en la España moderna, vol. 2, Alicante, A.E.H.M., Universidad de Alicante, 1997, pp. 469-499.

4. V. León, «Represión borbónica y exilio austracista al ﬁnalizar la guerra de Sucesión española», en La pérdida de Europa…, p. 572.

5. V. León, «Represión borbónica…», p. 575.

6. V. León, «Represión borbónica…», pp. 573-573. De la misma autora: «La Secretaría de Estado y del Despacho Universal del Consejo de España», en Cuadernos de Historia Moderna, 16, 1995, pp. 239-257 y también: «Patronazgo político en la corte de Viena: los españoles y el Real Bolsillo Secreto de Carlos VI», en Pedralbes, 18/II, 1998, pp. 577-598.

7. A. Alcoberro, L’exili austriacista…, I, pp. 173-244.

8. Ibídem, pp. 76-89.

9. J. Bada, «L’Església catalana davant…», pp. 239-261.

10. M. Á. Ochoa, Embajadas rivales…, pp. 79-80 y 164-167 (la cita en la p. 80).

11. M. Á. Ochoa, Embajadas rivales…, pp. 84-85 y 174-177 (las citas en las pp. 174 y 175).

12. E. Giménez, «Conﬂicto armado con Francia y guerrilla austracista en Cataluña (1719-1720)», en Hispania, vol. LXV/2, 220, Madrid, mayo-agosto de 2005, pp. 543-600 (las referencias en pp. 569 y 574). También: J. Albareda, «L’alçament dels Carrasclets contra Felip V», en R. Arnabat (ed.), Moviments de protesta i resistència a la ﬁ de l’Antic Règim, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997, pp. 63-79.

13. V. León, «Represión borbónica…», pp. 582-583. Conocemos el caso signiﬁcativo de la represión que se abatió contra los capellanes austracistas de las Descalzas de Madrid, gracias a J. C. Saavedra y J. A. Sánchez Belén, «Disidencia política y destierro durante la guerra de Sucesión. Los eclesiásticos del convento real de las Descalzas de Madrid», en A. Mestre y E. Giménez (eds.), Disidencias y exilios en la España moderna, Alicante, Universidad de Alicante, A.E.H.M., 1997, pp. 557-572. Véase, también: V. León y J. A. Sánchez Belén, «Conﬁscación de bienes y represión borbónica en la Corona de Castilla a comienzos del siglo XVIII», Cuadernos de Historia Moderna, 21, 1998, pp. 127-175.

14. V. León, «Represión borbónica…», p. 580; de la misma autora: «La gracia del rey. Las mercedes concedidas por Felipe V sobre los bienes conﬁscados a los austracistas en vísperas de la Paz de Viena (1725)», en F. Edelmayer, V. León y J. I. Ruiz (eds.), Hispania-Austria III. Der Spanische Erbfolgekrieg, Viena, Verlag für Geschichte und Politik bei Böhlau, Oldenbourg Wissenschaftsverlag München, 2008, pp. 340-392.

15. J. M. Torras i Ribé, Felip V contra Catalunya, Barcelona, Rafael Dalmau, editor, 2005. También hay que destacar, por su interesante aportación documental: A. Muñoz y J. Catà, Repressió borbònica i resistència catalana (1714-1736), Barcelona, Muñoz Catà, editors, 2005.

16. A. M. Hespanha, «La senda amorosa del derecho», en C. Petit (ed.), Pasiones del jurista. Amor, memoria, melancolía, imaginación, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1997, pp. 23-56.

17. J. M. Iñurritegui, «1707: la ﬁdelidad…», pp. 286-287.

18. F. de Moya Torres y Velasco, Maniﬁesto universal de los males envejecidos que España padece, A. Domínguez Ortiz (ed.), Madrid, Instituto de Cooperación Iberoamericana, Quinto Centenario, Antonio Bosch, editor, Instituto de Estudios Fiscales, 1992, pp. 253-256.

19. F. de Castellví. Narraciones…, IV, p. 311.

20. SHAT, A 1 2488, n.º 230, 18-IX-1714.

21. F. de Castellví, Narraciones..., IV, p. 492.

22. J. Albareda, «Represión y disidencia en la Cataluña borbónica (17141725)», en A. Mestre y E. Giménez (eds.), Disidencias y exilios en la España moderna, Alicante, Universidad de Alicante, A.E.H.M., 1997, pp. 543-555.

23. En palabras de F. de Castellví, Narraciones…, IV, p. 320.

24. J. Mercader, Felip V i Catalunya, Barcelona, Edicions 62, 1968, p. 25.

25. P. Vilar, Catalunya dins l’Espanya moderna, II, Barcelona, Edicions 62, 1973 (4.ª), p. 419.

26. AHN, Leg. 6811 A, n.º 121. Príncipe Pío, 7-IX-1715. Debo esta información a Mamés Cisneros.

27. E. Giménez, «Contener con más autoridad y fuerza. La represión del austracismo en los territorios de la Corona de Aragón (1707-1725)», en Cuadernos Dieciochistas, vol. 1, Ediciones Universidad de Salamanca, 2000, pp. 133-153 (la cita en la p. 138).

28. J. Albareda, «Cataluña en la España del siglo XVIII: represión, acomodación y disidencia», en J. Arrieta y J. Astigarraga (eds.), Conciliar la diversidad. Pasado y presente de la vertebración de España, Bilbao, Servicio Editorial, Universidad del País Vasco, Fundació Ernest Lluch, 2009, pp. 55-75.

29. A. García Espuche, en J. Albareda y A. García Espuche, 11 de setembre de 1714, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2005, pp. 99-171; M. Janué, La Junta Revolucionària de Barcelona de l’any 1868, Vic, Eumo Editorial, Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives, 1992.

30. F. de Castellví, Narraciones…, IV, pp. 323 y 491.

31. A. Simon, Pagesos, capellans…, p. 97.

32. Rousset de Missy, Histoire publique et secrète de la Cour de Madrid dépuis l’avénement du roy Philipe V jusqu’au commencement de la guerre avec la France, tomo II, Lieja, 1719, pp. 256-258.

33. «Veinte octavas al Rey Nuestro Señor don Phelipe Quinto (Dios le guarde) en su corte de Madrid por Abril de 1714», Varios Papeles Curiosos, vol. 2, IUHJVV. Debo el documento a Josep Fontana.

34. E. Giménez, Gobernar…, p. 23.

35. J. Vicens Vives, Aproximación a la historia de España, Barcelona, Editorial Vicens-Vives, 1976, p. 123.

36. J. Mercader, Felip V…, p. 25.

37. RAH, 9/5760, f. 82.

38. E. Giménez, Gobernar con una misma ley. Sobre la Nueva Planta borbónica en Valencia, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1999, pp. 14-15.

39. J. Mercader, Felip V…, p. 32.

40. S. Sanpere, Fin de la nación…, p. 671.

41. J. Mercader, Felip V…, p. 31.

42. Desde una óptica de la historia del derecho que no atiende suﬁcientemente a la realidad, Enrique San Miguel, después de caliﬁcar el Decreto de Nueva Planta de «inteligente fórmula jurídica», añade que «el modelo borbónico de Monarquía no responde a un proyecto político ideológicamente hostil a toda forma de particularismo político o jurídico, y por lo tanto vocacionalmente entregado a una labor uniformizadora, sino a una concepción autoritaria de la Monarquía … se trataba de una completa reforma de la propia conﬁguración de la Monarquía, pero no de una alteración de su concepción, o de sus obligaciones políticas». Obedecía, en deﬁnitiva, a «una pretensión de racionalidad política y jurídica». La instauración de la monarquía borbónica en España, Madrid, Consejería de Educación, Comunidad de Madrid, 2001, pp. 115-116 y 137.

43. J. Cornette (dir.), La Monarchie…, pp. 135-276.

44. Original Writers (comp.), The Modern part of an Universal History, Londres, S. Richardson, 1760, p. 532. Debo el conocimiento de la obra a Josep Fontana.

45. La expresión es de J. H. Elliott, «Conferència inaugural. Catalunya dins d’una Europa de monarquies compostes», en Pedralbes, 13-I, Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1993, pp. 11-23 (la cita en p. 21).

46. P. Fernández Albaladejo, Fragmentos…, pp. 353-454.

47. N. Sales, «Abans del 1714: cap a una democratització de les institucions catalanes», en S. Riera (et al.), La commemoració de l’Onze de Setembre a Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1994, p. 101. La cita que sigue a continuación, en la p. 104.

48. S. Sanpere, Fin de la nación…, p. 668.

49. J. Mercader, Felip V i Catalunya, Barcelona, Edicions 62, 1968. Sobre su aplicación en Mallorca: A. Santamaría, Nueva Planta de Gobierno de Mallorca. Enﬁteusis urbana y real cabrevación, 2 vols., Palma de Mallorca, Consell Insular de Mallorca, 1989.

50. S. Solé, El Gobierno del Principado de Cataluña por el capitán general y la Real Audiencia —el Real Acuerdo— bajo el régimen de Nueva Planta (17161808). Una aproximación al estudio del procedimiento gubernativo a ﬁnales del Antiguo Régimen, Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 2008.

51. J. M. Gay Escoda, El corregidor a Catalunya, Madrid, Marcial Pons, 1997, p. 116.

52. P. Fernández Albaladejo, Fragmentos…, pp. 407-408; la cuestión la trata espléndidamente Enrique Giménez en Gobernar…, pp. 13-47.

53. E. Giménez, Gobernar…, p. 8.

54. J. M. Torras i Ribé, Els municipis catalans de l’Antic Regim. 1453-1808, Barcelona, Curial, 1983, p. 166. La cita es del duque de San Pedro, capitán general de Valencia y la proporciona E. Giménez, Gobernar…, p. 30.

55. E. Giménez, Gobernar…, p. 160.

56. J. M. Gay Escoda, El corregidor…, p. 241 y pp. 918-919.

57. J. M. Torras i Ribé, Els municipis…, pp. 132-142 y pp. 178-201.

58. J. M. Torras y Ribé, «La fonamentació social del règim borbònic a Catalunya (1707-1725): botiﬂers i poble menut», en Actes IV Congrés Internacional d’Història Local, Barcelona, L’Avenç, 1999, pp. 56-72 (las referencias en las pp. 67 y 70).

59. J. M. Torras i Ribé, Els municipis…, pp. 298-330.

60. A. Sobrequés, Història de la producció del dret català ﬁns al decret de Nova Planta, Gerona, UAB, Col·legi Universitari de Girona, 1978, p. 89.

61. J. M. Torras i Ribé, Els municipis…, p. 163; El memorial lo reproduce J. M. Torras i Ribé en Escrits polítics del segle XVIII, II. Documents de la Catalunya sotmesa, Vic, Eumo Editorial, IUHJVV, 1996, pp. 91-113.

62. J. Torras Elías, «La penetració comercial catalana a l’Espanya interior en el segle XVIII. Una proposta d’explicació», en M. T. Pérez Picazo, A. Segura y Ll. Ferrer (eds.), Els catalans a Espanya, 1760-1914, Barcelona, Generalitat de Catalunya, CHCC, Universitat de Barcelona, 1996, pp. 27-30.

63. M. Macanaz, «Representación a Felipe V», en Semanario Erudito, Madrid, 1788, tomo VII, vol. IV, p. 171.

64. M. Jiménez, L’Església catalana…, pp. 208-213.

65. F. de Castellví, Narraciones…, IV, pp. 570-571.

66. A. Muñoz y J. Catà, «El naixement de les esquadres de Catalunya dins el conﬂicte bèl·lic de 1719», en Actes del IV Congrés Internacional d’Història Local, Barcelona, L’Avenç, pp. 220-231 (la referencia en pp. 221-222).

67. J. M. Torras i Ribé, Escrits polítics del segle XVIII…, II, pp. 51-59.

68. G. de Uztáriz, Teoría y práctica de comercio y de marina, Introducción de Gabriel Franco, Madrid, Aguilar, 1968, p. 347.

69. J. M. Gay Escoda, «Un Proyecto… para establecer el antiguo magistrado de Catalunya al segle XVIII», en Recerques, 13, Barcelona, Curial, 1983, pp. 145-158 (la referencia en p. 151).

70. J. Fontana, Hacienda y Estado en la crisis ﬁnal del Antiguo Régimen: 1823-1833, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1973, pp. 13-37. J. M. Delgado ha abundado en el tema en «Presión ﬁscal y asignación de recursos en la monarquía borbónica», Manuscrits, 4/5, Universitat Autònoma de Barcelona, 1987, pp. 25-40. Véase también: A. Alcoberro, «El cadastre de Catalunya (1713-1845): de la imposició a la fossilització», en Pedralbes, 25, Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2005, pp. 231-257. Muestras recientes de esta interpretación tan optimista las hallamos en los trabajos de Carlos Seco, «España: ¿Estado plurinacional o nación de naciones», en España. Reﬂexiones sobre el ser de España, Madrid, Real Academia de la Historia, 1998, p. 325; C. Martínez Shaw y M. Alfonso, Felipe V…, pp. 214 y 217.

71. P. García Trobat, El Equivalente de Alcabalas, un nuevo impuesto en el Reino de Valencia durante el XVIII, Valencia, Generalitat Valenciana, 1991, pp. 24-25. También relativiza el supuesto carácter modernizador del equivalente S. Salort, «L’impacte de la hisenda de la Nova Planta castellano-borbónica al País Valencià: reforma o càstig», en Aguaits, 24-25, Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta, 2007, pp. 49-72.

72. Citado por J. Fontana en Hacienda y Estado…, p. 16.

73. J. de Aguirre, «Memorial… que mira al alivio y bienes del Reino de España y en él se pretende demostrar los abusos que se cometen en la dirección y manejo de todas las rentas reales», Remedios políticos, 20-IX-1759, B.N. Ms. 6478, fs. 51-51v y 54-54v.

74. J. Tortella, «Legislación en el cambio dinástico: La nueva planta cultural», en Manuscrits, 18, Universitat Autònoma de Barcelona, 2000, pp. 141-160 (la cita en p. 149).

75. J.-Ll. Marfany, La llengua maltractada. El castellà i el català a Catalunya del segle XVI al segle XIX, Barcelona, Empúries 2001, pp. 465-478. También: Llengua, nació i diglòssia, Barcelona, L’Avenç, 2008.

76. F. Soldevila, Barcelona…, p. 35.

77. J. Prats, La Universitat de Cervera i el reformisme borbònic, Lérida, Pagès Editors, 1993.

78. X. Burgos, «Privilegios de imprenta y crisis gremial. La imprenta y librería barcelonesa ante el privilegio de impresión de los libros de enseñanza de la Universidad de Cervera», en Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, XV, Barcelona, 1997, pp. 257-298.

79. F. Soldevila, Barcelona…, pp. 58-59.

80. V. León, Carlos VI…, pp. 262-265.

81. F. de Castellví, Narraciones…, III, p. 607.

82. E. Lluch, L’alternativa catalana…, pp. 139-152.

83. F. Duran Canyameras, Els exiliats de la guerra de Successió, Barcelona, Rafael Dalmau Editor, 1964, p, 22.

84. V. León ha publicado diversos trabajos sobre el tema: «Origen del Consejo Supremo de España en Viena», Hispania, n.º 180, enero-abril de 1992, pp. 107-142; «La Secretaría de Estado y del Despacho Universal del Consejo de España (17131734)», en Cuadernos de Historia Moderna, 16, Servicio de Publicaciones Universidad Complutense de Madrid, 1995, pp. 239-257; «La oposición a los Borbones españoles: los austracistas en el exilio», en A. Mestre y E. Giménez (coords.), Disidencias y exilios en la España moderna, Alicante, AEHM, Universidad de Alicante, 1997, pp. 469-499; «Patronazgo político en la Corte de Viena: los españoles y el Real Bolsillo Secreto de Carlos VI», en Pedralbes, 18-II, Universitat de Barcelona, 1998, pp. 577-598.

85. V. Bacallar y Sanna, Comentarios…, pp. 126 y 207.

86. Decía públicamente que «no se debía ﬁar de gente enemiga de quien los domina e inclinada a la rebelión, estando esta última cometida no en el amor a los austracistas sino en el temor a los franceses», Felipe V…, p. 88.

87. J. Bérenger, El Imperio…, p. 356.

88. D. McKay, Prince Eugene of Savoy…, pp. 152-153. También. Kalmar ha querido matizar la idea de la inﬂuencia del «clan español» sobre Carlos VI, un supuesto bien enraizado en la bibliografía austríaca poniendo como ejemplo el escaso ascendiente del arzobispo Folch de Cardona. J. Kalmar, «Autour de l’Empereur Charles VI: “allemands” et “espagnols” dans la cour viennoise du premier tiers du XVIIIe siècle», en J.-P. Génet y G. Lottes, L’état moderne et les elites, XIIIe-XVIIIe siècles, París, Publications de la Sorbonne, 1996, pp. 255-261.

89. C. W. Ingrao, The Habsburg Monarchy. 1618-1815, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pp. 130-131.

90. V. León, Carlos VI…, p. 371.

91. F. Edelmayer, «La Guerra de Successió i la casa d’Àustria», en L’Avenç, 264, Barcelona, diciembre 2001, pp. 39-45; C. W. Ingrao, The Habsburg…, p. 149; A. Alcoberro, L’exili…, I, pp. 159-162; V. León, Carlos VI…, pp. 360-363.

92. J. Bérenger, El Imperio…, pp. 357 y 364; sobre Trieste: R. Fini y G. Panjek (a cargo de), Storia economica e sociale di Trieste, volume I. La citta dei gruppi, 1719-1918, Trieste, Lint, 2001; Ernest Lluch había recopilado información sobre este aspecto, de entre 1716 y 1732, relativa al comercio de Trieste, Nápoles, Sicilia, Milán y los dominios turcos. H. H. St., Italien Spanischer Rat, Supremo Consejo, Kart. 22. Uno de ellos es un «discurso» del catalán Domingo Roca, portero de la Secretaría de Sicilia, sobre la formación del comercio y marina en el reino de Nápoles, Sicilia y Milán, 1732, fs. 51-57v.

93. C. Ingrao, The Habsburg, pp. 137 y 130.

94. J. Kalmar, «Autour de l’Empereur…», p. 257; del mismo autor: «Sobre la cort barcelonesa de l’Arxiduc Carles d’Àustria», en Pedralbes, 18-II, 1998, Universitat de Barcelona, pp. 299-302.

95. Ch. W. Ingrao, In Quest and Crisis: Emperor Joseph I and the Habsburg Monarchy, West Lafayette, Ind., 1979, p. 225.

96. J. Kalmar, «Sobre la cort…», pp. 300-302.

97. J. Kalmar, «Autour de l’Empereur…», pp. 260-261.

98. A. Álvarez-Ossorio Alvariño, Milán y el legado de Felipe II. Gobernadores y corte provincial en la Lombardía de los Austrias, Madrid, Sociedad Estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V, 2001, pp. 302-307 (la cita en la p. 304).

99. V. León, Carlos VI…, p. 280.

100. V. León, «La inﬂuencia española en el reformismo de la monarquía austríaca del Setecientos», en Cuadernos Dieciochistas, I, Ediciones de la Universidad de Salamanca, Salamanca, 2000, pp. 107-132 (las citas en pp. 124-125).

101. V. León, Carlos VI…, pp. 372-373.

102. V. León, «La inﬂuencia española…», pp. 129-130.

103. Para el examen de las cosas de estado y de las reservadas. Método en la dirección de las provinciales. Oﬁcio, cargos y distinción del Secretario de Estado, RAH, 12-II-1718, Ms. 9/5637.

104. V. León, Carlos VI…, pp. 369-370.

105. Ibídem, p. 380.

106. Ibídem, p. 249.

1. S. H. Stein y B. H. Stein, Plata…, pp. 184-185.

2. L. Bély, «Casas soberanas y orden político en la Europa de la paz de Utrecht…», p. 91.

3. J. Black, Parliament and Foreign…, pp. 48 y 69.

4. J. M. Delgado, Dinámicas imperiales…, pp. 102-103. Sobre la Farnesio: M. A. Pérez Samper, Isabel de Farnesio, Barcelona, 2003. También: C. Martínez Shaw y M. Alfonso, Felipe V…, pp. 97-103.

5. Teófanes Egido ha constatado cómo numerosos escritos fustigaron la política italiana de Isabel de Farnesio, los cuales dan testimonio de la impopularidad de la parmesana, en Opinión pública, y oposición al poder en la España del siglo XVIII (1713-1759), Valladolid, Universidad de Valladolid, Fundación Española de Historia Moderna, 2002, pp. 123-130.

6. J. Bérenger, «Los Habsburgo y la sucesión de España…», p. 68.

7. D. Ozanam, «Felipe V, Isabel de Farnesio y el revisionismo mediterráneo», en Historia de España Menéndez Pidal, vol. XXIX, La época de los primeros Borbones, I, Madrid, Espasa Calpe, 1985, pp. 441-640.

8. E. Giménez, «Conﬂicto armado…», pp. 543-600; J. Albareda, «L’alçament dels Carrasclets…», pp. 63-79; C. Vilà, Amor al rey y a la pàtria. Vinguda de Pere Juan Barceló dit Carrasclet, en Reus, Reus, 1954, Asociación de Estudios Reusenses.

9. J. Juan Vidal y E. Martínez Ruiz, Política interior y exterior de los Borbones, Madrid, Istmo, 2001, pp. 209-216.

10. L. Bély, «Casas soberanas…», p. 95.

11. J. Juan Vidal y E. Martínez Ruiz, Política interior…, pp. 216-218; L. Bély, Les relations…, pp. 454-455.

12. J. Black, Parliament and Foreign…, p. 43.

13. J. Albareda, El «cas dels catalans…», pp. 183-200.

14. A. Alcoberro, «Exili exterior…», pp. 321-360.

15. A. Alcoberro, «Exili interior…», p. 345. Don J. de Santa Oliva, Viena, 14V-1721; p. 349. Pedro Antonio Pla i Navarro, Viena, 26-XI-1721; pp. 351-352. Pedro Antonio Pla i Navarro, Viena, 20-V-1722.

16. F. de Castellví, Narraciones…, IV, pp. 705-706.

17. Sí, en cambio, de las severas críticas que le dedica el autor del Via fora els adormits, igual que a Vilana Perlas. E. Lluch (ed.), Escrits polítics…, III, pp. 151-152.

18. H. H. St., Spanien-Varia Kart, 52, s/f, 1724, fs. 558-569v.; otro documento, «Capítulos que los españoles suplican a S.M.C.C. se sirva hacer insertar en los de la Paz en caso de esta contingencia» se centra, exclusivamente en las garantías y libertades individuales de los austracistas, s/f. 1724, fs. 584-585v.

19. H. H. St. Spanien-Varia Kart, 52, s/d, 1724, fs. 582-583.

20. PRO, SP, FS, 78/174, Windisch-Graetz, 28-IV-1724, fs. 44v-45v y 46.

21. PRO, SP, FS, 78/174, Baron Charles Whitworth, 9-V-1724, fs. 32-32v; también la recoge el documento de Polwart y Whitworth, «Remarques de la part d’Espagne», que compara las demandas imperiales con las respuestas de parte de España, 9-V-1724, f. 4.

22. PRO, SP, FS, 78/174, Polwart y Whitworth, «Considerations on such of the Demands of the Imperialists», 9-V-1724, fs. 80v-81v.

23. PRO, SP, FS, 78/174, Whitworth, «Courtes reﬂexions sur la réponse de Mrs. les ambassadeurs plenipotentiaires d’Espagne», 10-V-1724, fs. 36-37 y «Réponse succinte que les ambassadeurs plenipotentiaires de S. M. Catholique font…», 10-V-1724, f. 162v.

24. PRO, SP, FS, 78/174, Whitworth, 18-V-1724, fs. 132-132v.

25. PRO, SP, FS, 78/174, Polworth, 7-VII-1724, f. 307v.

26. Entre otros estudios sobre Ripperdá, véase: A. Rodríguez Villa, «La embajada del barón de Ripperdá en Viena (1725)», en Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo XXX, Cuaderno I, enero, 1897, pp. 1-70; del mismo autor: «Información del marqués Berreti-Landy sobre antecedentes del barón de Ripperdá antes de su embajada en Viena», en Biblioteca de la Academia de la Historia, 1898, pp. 221225; G. Syveton. Une cour et un aventurier au XVIIIe siècle. Le Baron de Ripperda. D’après des documents inédits des Archives Imperiales de Vienne et les Archives du M.A.E. de Paris, París, Ernest Leroux Éditeur, 1896; L. Taxonera, El duque de Riperdá, el gobernante aventurero, Madrid, 1945.

27. J. Bérenger, El Imperio…, pp. 364-365.

28. H. H. St. Spanien-Varia Kart, 52, s/f., 1724, f. 596.

29. H. Kamen, Felipe…, pp. 176-181 y 200-201. También: C. Martínez Shaw y M. Alfonso, Felipe V…, pp. 103-117.

30. MAE C. P., Autriche, 146, Le Blond, 24-I-1725, f. 138.

31. MAE, C. P. Autriche, 147. Marly, «Mémoires pour servir d’instrument au Sr. duc de Richelieu», 28-III-1725, fs. 18v-109.

32. M. Á. Ochoa, Embajadas rivales…, p. 178.

33. G. Syveton, Une cour et un aventurier…, pp. 134-135.

34. E. Lluch, «La teoria política de l’austriacisme: el comte del S.R.I. Juan Amor de Soria», en Pedralbes, 18-II, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1998, pp. 601-620 (la referencia en la p. 606); Amor formuló estas cuestiones en: Addiziones y notas históricas desde el año 1715 hasta el 1736 (1736). RAH. Ms. 9/5603; J. Albareda. El «cas dels catalans…», pp. 360-418.

35. MAE, C. P. Autriche, 147. Du Bourg, 23-II-1725, fs. 20-21.

36. MAE, C. P. Autriche, 147. Du Bourg, 23-II-1725, fs. 28-29v.

37. MAE, C. P. Autriche, 147. Du Bourg, 23-II-1725, fs. 30v-32.

38. MAE, C. P. Autriche, 147. Du Bourg, 23-II-1725, fs.34-34v.

39. MAE, C. P. Autriche, 147. Du Bourg, 23-II-1725, fs. 35-38v.

40. MAE, C. P., Autriche, 147. Marly, «Mémoires pour servir d’instrument au Sr. duc de Richelieu», 28-III-1725, fs. 143-143v y fs. 145v-146.

41. Tratado de paz ajustado entre esta corona y el emperador de Alemania. 1725, Madrid, Imprenta real. AHN, Consejos, 17707, n.º 47.

42. J. Bérenger, El Imperio…, pp. 364-365.

43. R. M. Alabrús, «Ripperdá…», pp. 287-306.

44. MAE, C. P. Autriche, 147. Du Bourg, 1-V-1725, fs. 197-198; Saint-Saphorin, 1-V-1725, fs. 180v-181, 182v-183, el mismo documento se encuentra en MAE, C. P. Autriche, 146, fs. 264-271v.; MAE, C. P. Autriche, 147. Du Bourg, 11-V-1725, fs. 212v-213.

45. MAE, C. P. Autriche, 147. Du Bourg y St. Saphorin, 11-V-1725, fs. 239-272.

46. MAE, C. P. Autriche, 147. Du Bourg, 23-II-1725, fs. 53v-54.

47. H. H. St. Spanien-Diplomatische Korrespondenz Kart, 69, Königsegg al marqués de Rialp, 21-I-1726, fs. 8v-9v.

48. H. H. St. Spanien-Diplomatische Korrespondenz Kart, 69, «Instrucciones para España», 19-II-1726, fs. 76-79.

49. H. H. St. Spanien-Varia Kart, 53 fasz alt 66, fs. 66-80. «Relation de l’Espagne, de ses forces, de ses revenus, de ses constitutions et du genie du gouvernement», 1726. Reproducida en J. Albareda, El «cas dels catalans…», pp. 322-344.

50. J. Juan Vidal y E. Martínez, Política interior…, pp. 218-219.

51. MAE, C.P. Autriche, 146, «Extrait du Traité de Vienne 1725», f. 177.

52. H. H. St. Spanien-Varia Kart, 53, H.H. St., Spanien-Diplomatische Korrespondenz Kart, 69-73

53. V. León, «Represión borbónica…», p. 585.

54. A. Rodríguez Villa, «La embajada del barón de Ripperdá…», p. 48; también: A. Rodríguez Villa, «Información del marqués Berreti-Landy…», pp. 221-225; F. Duran Canyameras, Els exiliats…, pp. 40-45.

55. M. G. Syveton, Une cour et un aventurier…, pp. 90, 104 y 135. El texto del tratado en A.H.N., Consejos 17.707, n.º 47.; «Tratado de paz, ajustado entre esta corona y el emperador de Alemania», 1725, Joseph Rodríguez, Madrid.

56. J. Kalmar, «Autour de l’empereur…» pp. 255-256; MAE, C.P. Autriche, 147, Richelieu, 19-VII-1725, f. 305.

57. R. García Cárcel, Felipe V…, p. 127.

58. C. Vilà, Amor al Rey…, pp. 80 y 110.

59. H. H. St. Spanien-Diplomatische Korrespondenz Kart, 69, 21-II-1726, fs. 27-29v.

60. H. H. St. Spanien-Diplomatische Korrespondenz Kart, 70, 17-XII-1726, fs. 220-224v

61. H. H. St. Spanien-Diplomatische Korrespondenz Kart, 71, 28-VI-1727, fs. 65-66; H. H. St. Spanien-Varia, 52, (1-IX-1726), fs. 743-743v, 13-XII-1726 (fs. 742742v); Kart, 72 821-I-1727), fs. 656-656v, Kart, 72 (3-II-1727), f. 397, (21-I-1727), fs. 389-389v, 419v y 420, Kart. 78 (I-III-1727), fs. 19-19v.

62. H. Kamen, Felipe V…, pp. 200-206.

63. T. Blanning, The pursuit…, p. 253; C. Martínez Shaw y M. Alfonso, Felipe V…, pp. 155-158.

64. T. Egido, Opinión pública…, pp. 118-119 y 290.

65. A. Mestre, Apología y crítica de España en el siglo XVIIII, Marcial Pons Historia, Madrid, 2003, p. 100.

66. A. Mestre Sanchís, Manuel Martí, el Deán de Alicante, Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, Diputación Provincial de Alicante, 2003; A. Mestre (ed.), Gregorio Mayans y Siscar. Epistolario XXI, Mayans y los austracistas, Valencia, 2006, Publicaciones del Ayuntamiento de Oliva. Sobre Cervellón: A. Felipo Orts, El conde de Cervelló y el Consejo de Italia. Escritos políticos en el exilio austracista (17241746), Valencia, Institució Alfons el Magnànim, Diputació de València, 2006.

67. T. de Montagut, «El jurista Domènec d’Aguirre i la memòria del dret públic català», en Ius fugit, 13-14 (2004-2006), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2007, pp. 231-249 (las referencias en pp. 245-246).

68. J. Viejo, «Domingo de Aguirre: la defensa de una constitución de libertades», en P. Fernández Albaladejo, El mundo hispánico en el siglo de las Luces, tomo II, Madrid, Editorial Complutense, Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, 1996, pp. 1343-1348.

69. A. de Béthencourt, Relaciones de España…, p. 219 y ss.; sobre Lombardía: A. Álvarez Osorio, Milán y el legado…, pp. 255-319.

70. V. León, «La oposición a los Borbones…», pp. 487-492.

71. E. Lluch, Aragonesismo austracista (1734-1742). Conde Juan Amor de Soria, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» (CSIC), Excma. Diputación de Zaragoza, 2000; también: Las Españas vencidas del siglo XVIII. Claroscuros de la Ilustración, Barcelona, Crítica, 1999. Pablo Fernández Albaladejo publicó una sistemática reseña del libro: «La España austro-húngara de Ernest Lluch», en Revista de Libros, 36, diciembre 1999, pp. 13-18.

72. P. Fernández Albaladejo, «La España austro-húngara…»; Leibniz, Political Writings, P. Riley (ed.), Nueva York; Cambridge University Press, Cambridge, 1998; Andrew Fletcher, Political Works, J. Roberston (ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 1997; J. Roberston, The Case for the Enlightenment. Scotland and Naples 1680-1760, Cambridge, Cambridge University Press, 2005 (especialmente, pp. 147-200).

73. J. M. Torras i Ribé, Escrits polítics…, II, pp. 61-83.

74. E. Lluch (ed.), Escrits polítics del segle XVIII, III. Via fora els adormits, Vic, Eumo Editorial, IUHJVV, 2005; también: R. M. Alabrús, Felip V…, pp. 401-405.

75. E. Lluch, Aragonesismo…, pp. 73-367 y p. 167; véase también: V. León, «El conde Amor de Soria: una imagen austracista de Europa después de la paz de Utrecht», en A. Guimerá y V. Peralta (coords.), El equilibrio de los Imperios: de Utrecht a Trafalgar, Madrid, Fundación Española de Historia Moderna, 2005, pp. 133-154.

76. Ibídem, p. 130.

77. S. Fajardo, Empresas políticas, F. J. Díez de Revenga (ed.), Barcelona, Planeta/Autores Hispánicos, 1988; P. Fernández de Navarrete, Conservación de monarquías y discursos políticos, M. D. Gordon (ed.), Madrid, Clásicos del pensamiento económico español, Instituto de Estudios Fiscales, 1982.

78. J. Albareda, El «cas …», pp. 233-254.

79. RAH, Ms. 9/4770. E. Lluch publicó unos comentarios de Amor de Soria sobre el texto. Aragonesismo…, pp. 368-375.

80. RAH, Ms. 9/5603; J. Albareda, El «cas…», pp. 360-418.

81. Virginia León se ha ocupado del tema en «La inﬂuencia española en el reformismo…», pp. 107-132 (especialmente, pp. 126-132); de la misma autora: «Una concepción austracista del Estado a mediados del siglo XVIII», Actas Coloquio Internacional Carlos III y su siglo, vol. 2, Poder y sociedad en la época de Carlos III, 1990, pp. 213-224.

1. J. Cornette, La Monarchie…; W. Beik efectúa un magníﬁco balance bibliográﬁco sobre el tema en «The absolutism of Louis XIV as social collaboration», en Past and Present, 188 (agosto 2005), Oxford, pp. 195-224, partiendo de la base de la imprescindible colaboración social con que tuvo que contar Luis XIV, al viejo estilo, lejos de implantar un modelo centralizado.

2. P. R. Campbell, Power and Politics in Old regime France, 1720-1745, Londres, 1996.

3. J. A. Lynn, Giant of the Grand Siècle: the French Army 1610-1715, Cambridge, 1997, pp. 365-366.

4. Guy Rowlands, The Dynastic State and the Army under Louis XIV: Royal Service and Private Interest, 1661-1701, Cambridge, 2002, p. 361.

5. W. Beik, «The absolutism…», p. 223.

6. S. Melchior-Bonnet, Fénelon…, pp. 335-337. Así lo planteaba un impreso: «Esta corona, por un efecto totalmente contrario a sus intenciones, ha precipitado a la España en la infelicidad de la guerra, de que la pretendía librar. La España, por su parte, creyendo evitar los males que la rodean, ha precipitado a la Francia en las ruinas que ahora padece por tan fatal unión». Sucinta relación de quanto ha sucedido en toda la Europa en el año pasado de 1709, Barcelona, R. Figueró, 1710, IUHJVV.

7. T. Blanning, The Pursuit…, p. 23.

8. Proclamado así en 1704 por el impreso Caxa marcial de recluta, 5-VI-1704, IUHJVV.

9. R. García Cárcel, Felipe V…, p. 114.

10. Ibídem, p. 106.

11. P. Fernández Albaladejo, estudio preliminar, «Teoría y práctica del poder en la monarquía del siglo XVII», en Actas de las Juntas del Reino de Galicia, vol. XIII: 1705-1706, Xunta de Galicia, 2003, pp. 51-79 (la referencia en la p. 53); H. H. Rowen, The King’s State. Propietary Dinasticism in Early Modern France, New Brunswick, 1980.

12. J. Vicens Vives, «Estructura administrativa estatal en los siglos XVI y XVII», en Obra dispersa, M. Batllori y E. Giralt (eds.), Barcelona, Editorial Vicens Vives, 1967. Véase, en este sentido, la pertinente crítica de J.-S. Pérez Garzón a los historiadores partidarios de una «evolución necesaria» de la historia peninsular hacia el «Estado uniﬁcado español», en «El nacionalismo español en sus orígenes: factores de conﬁgurción», Ayer, 35, 1999, pp. 53-86.

13. J. Arrieta, «Lo que no pudo ser…», p. 366.

14. De hecho, Mark Potter, sostiene que no perseguía la centralización, puesto que para mantener los impresionantes gastos para la guerra y asegurarse los ingresos debía respetar las estructuras tradicionales territoriales y pactar con sus dirigentes, a diferencia de Prusia, donde el rey, mediante una burocracia más sólida, impuso su autoridad ﬁscal. Corps and Clienteles. Public Finance and Political Change in France, 1688-1715, Aldershot, Hampshire, Ashgate, 2003, pp. 19-21.

15. J. M. Iñurritegui, Gobernar…, pp. 190-191.

16. J.-F. Labourdette, Philippe V, réformateur de l’Espagne, París, Sicre Éditions, 2001, p. 579.

17. C. Martínez Shaw y M. Alfonso, Felipe V…, pp. 295-296.

18. J. Lynch, «Howling in Seville», Times Literary Supplement, 15 de junio de 2001, n.º 5.124. A juicio del secretario de Estado, Torcy, incluso las cartas de Felipe V a Luis XIV fueron redactadas por un francés a su servicio, ya que el rey de España «era incapaz de componer nada ni la más simple carta sin ayuda», según M. Thomson, «Louis XIV and the Grand Alliance. 1705-1710», Bulletin of the Institute of Historical Research, XXXIV (mayo 1961), pp. 16-35 (la referencia en p. 34).

19. MAE CPE, 223. «Mémoire concernant l’estat présent de la Cour d’Espagne», 7-VIII-1713.

20. P. Ruiz Torres, Reformismo e Ilustración, en J. Fontana, R. Villares (dirs.), Historia de España, vol. 5, Barcelona, Crítica, Marcial Pons, 2008, pp. 69-70; véase también, J. Fontana, «Introducción general», Obra, I. La quiebra de la monarquía absoluta. 1814-1820, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 11-46.

21. T. Blanning, The Pursuit…, pp. 259-260 y 291-301; J. A. Maravall reﬂexionó sobre el concepto en «La fórmula política del despotismo ilustrado», Estudios de la historia del pensamiento español. S. XVIII, Madrid, Mondadori, 1991, pp. 443-459.

22. Algo que sucede en el libro de C. de Castro, A la sombra…, sin que ello reste ningún mérito a su pionero estudio en este ámbito.

23. J. Jurado, El gasto…, p. 54. Según H. Kamen, entre 1702 y 1713 aumentaron un 238 %, buena parte de ellos procedentes de la Corona de Aragón, Felipe…, pp. 147-148.

24. A. Dubet, Un estadista…, p. 306.

25. Ibídem, p. 25.

26. En expresión de D. Dessert, en el «Préface», Saint-Simon, Louis XIV et sa court, Bruselas, Éditions Complexe, 2005, p. XVIII.

27. J. A. Escudero, «La reconstrucción de la administración central en el siglo XVIII», en Historia de España Menéndez Pidal. La época de los primeros Borbones, Madrid, Espasa Calpe, t. XXIX, cap. I-IV, 1985.

28. F. Andújar, Necesidad…, p. 274.

29. J. Cornette, La monarchie…, pp. 161-162 y 317-321; J. Nagle, Un orgueil français: la venalité des ofﬁces sous l’Ancien Régime, París, Odile Jacob, 2008; H. L. Root, The Fountain of Privilege. Political Foundations of Markets in Old Regime France and England, Berkeley, University of California Press, 1994.

30. M. Potter, «War ﬁnance and absolutist state. Development in early modern Europe. An examination of French venality in the Seventeenth century», en Journal of Early Modern History, vol. 7, n.º 1-2, Leiden, 2003, pp. 120-147.

31. C. de Castro, A la sombra…, p. 198. S. Madrazo abordó la cuestión en Estado débil y ladrones poderosos…, especialmente en pp. 185-191, donde deﬁne al reformismo de Felipe V como una «aspiración», en el que persistieron prácticas corruptas al tiempo que se trataba con rigor a los débiles y se dispensaba un trato delicado a los poderosos.

32. M. V. López-Cordón, «Oﬁciales y caballeros: la carrera administrativa en la España del siglo XVIII», El mundo hispánico en el siglo de las Luces, Madrid, Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, Fundación Duques de Soria, Editorial Complutense, t. II, 1996, pp. 843-853.

33. I. M. Vicent, «Felipe V y la Monarquía Católica durante la Guerra de Sucesión: una cuestión de estilo», en Espacio, Tiempo y Forma, serie IV, Historia Moderna, t. 7, 1994, pp. 397-424 (la referencia en p. 399, n. 10).

34. T. Blanning, The Pursuit…, p. 251.

35. J. Albareda, El «cas dels catalans»…, pp. 171-254.

36. Reparó en ello A. Domínguez Ortiz en Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, Ariel, 1990 (4.ª), p. 89; ver también: J. M. Torras i Ribé, Els municipis…, pp. 47-142; J. Armillas, P. Sanz, «El municipio aragonés en la edad Moderna: Zaragoza, caput regni», en J. M. de Bernardo Ares y E. Martínez (ed.), El municipio en la España moderna, Córdoba, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 1996, pp. 43-72; R. Benítez, «El municipio de la ciudad de Valencia en la época foral moderna», en J. M. de Bernardo Ares y E. Martínez (ed.), El municipio…, pp. 93-110.

37. Tomo la expresión de P. Fernández Albaladejo, Fragmentos…, p. 302, en el sentido de no reducir o asimilar el análisis de las relaciones entre el poder monárquico y los estamentos al patrón inglés, sino que es preciso abordar el orden político antiguo según sus propios supuestos en lugar de hacerlo desde el moderno derecho público burgués.

38. J. M. Iñurritegui, Gobernar…, p. 100.

39. M. A. R. Graves, The Parliaments of Early Modern Europe, Harlow, Longman, 2001.

40. Según A. González Enciso, Felipe V: La renovación de España. Sociedad y economía en el reinado del primer Borbón, Pamplona, EUNSA, 2003, p. 35. De forma parecida, C. Martínez Shaw y M. Alfonso, incurriendo en una clásica imputación al hecho político de los ritmos espontáneos de la economía, como formuló Pierre Vilar, sostienen que «el rey que abolió los fueros y el rey que propició el despegue de los distintos Estados aragoneses, resulta ser una misma persona, del mismo modo que el ﬁn de la autonomía política y el comienzo del éxito económico, social y cultural resultan ser una misma e indisoluble realidad». Felipe V…, p. 214; J. Fontana ofrece una visión contrastada y bien fundamentada, en «En els inicis de la Catalunya contemporània: l’economia a la segona meitat del segle XVII», en R. Grau (coord.), El segle del absolutisme, 1714-1808, Barcelona, Institut de Cultura, AHCB, 2002, pp. 13-21.

41. J. Fontana, «La guerra de Successió i les Constitucions de Catalunya: una proposta interpretativa», en J. Albareda (ed.), Del patriotisme al catalanisme, Vic, Eumo Editorial, 2001, pp. 13-29 (la cita en pp. 28-29). Sobre la participación política del «hombre común»: P. Blickle, «Representing the “common man” in Old European Parliaments», en J. Sobrequés (coord.), Actes del 53è Congrés de la Comissió Internacional per a l’Estudi de la Història de les Institucions representaives i parlamentàries, vol. I, Barcelona, Parlament de Catalunya, Museu d´Història de Catalunya, 2005, pp. 117-132.

42. RAH, 9/5760, f. 139.

43. C. de Castro, A la sombra…, pp. 302-305.

44. J. M. González Beltrán, «La adminstración municipal…», pp. 185-193.

45. J. Lynch, El siglo XVIII…, p. 83.

46. Desde la convocatoria de 1665, se habían reunido en 1701 en una ceremonia de besamanos a Felipe V; en 1709 para reconocer y jurar al príncipe Luis I; en 1712 para la renuncia de Felipe V a la corona de Francia y para ratiﬁcar la nueva ley de sucesión a favor de la línea masculina; en 1724 para reconocer y jurar al príncipe Fernando; y en 1760 convocadas por Carlos III. En medio, Felipe V renunció a favor de su hijo Luis I sin convocar Cortes y Fernando VI tampoco las reunió para el juramento a Carlos III. J. Luis Castellano, Las Cortes…, pp. 141-202.

47. Carta o representación al señor rey D. Felipe quinto sobre el origen y serie de las Cortes… por Don Vicente Candás Inclán. BN, Ms. 7182; J. L. Castellano se reﬁere al escrito en Las Cortes…, pp. 180-182.

48. J. L. Castellano, Las Cortes…, pp. 179-180.

49. E. Lluch, Aragonesismo austracista…, pp. 150 y 145.

50. J. A. Maravall, Las Comunidades de Castilla, Madrid, Alianza, 1984 (4.ª), p. 32.

51. Crisol de ﬁdelidad, Barcelona, Rafael Figueró, 1713, p. 57. BC, FB. 9008.

52. A. Mestre Sanchís, Apología…, pp. 144 y 131. Del mismo autor, entre una obra amplísima y exhaustiva sobre Mayans, Historia, fueros y actitudes políticas. Mayans y la historiografía del XVIII, Valencia, Ayuntamiento de Oliva, 1970, y Gregorio Mayans y Siscar. Epistolario XXI. Mayans y los austracistas, Valencia, Publicaciones del Ayuntamiento de Oliva, 2006, p. 144.

53. J. Fontana, «Antoni de Capmany i les Corts catalanes», en A. de Capmany, Práctica y estilo de celebrar Cortes, Madrid, Imprenta de J. Collado, 1821, pp. 5164 [edición facsímil, Barcelona, Base, 2007].

54. Discurso del 27-V-1932. M. Azaña, Sobre la autonomía política de Cataluña, E. García de Enterría (ed.), Madrid, Tecnos, 2005, pp. 115 y 120. Azaña reﬂexionó sobre los Comuneros en «El idearium de Ganivet», Plumas y palabras, Barcelona, Crítica, 1990 (3.ª), pp. 9-84. En idéntico sentido podemos mencionar las palabras del teniente general borbónico Juan de Acuña, que antes de entrar en Barcelona «dijo a algunos oﬁciales, volviéndose de cara a la España: Hoy se acabó del todo la libertad de la monarquía». F. de Castellví, Narraciones…, IV, p. 295.