A mi madre,
siempre viva en
mi memoria

PRÓLOGO

Prologar un libro es siempre una tarea delicada, pero prologar un libro de un amigo es ciertamente mucho más difícil. El prólogo debe estimular a la lectura del texto que precede, que es lo importante, mientras que la amistad no debe empañar los elogios que la obra merece. Además, como sucede en este caso, cuando se trata de un libro de un economista que nos ilustra sobre economía y sobre economistas, y el prólogo lo redacta un geógrafo, el cometido puede complicarse aún más. Todo tipo de dificultades y complicaciones no pueden, sin embargo, en modo alguno, impedir la tarea encomendada que me honra como geógrafo, como profesor y como amigo del autor. Empecemos, pues, por el principio para explicar cómo hemos llegado hasta aquí.

Conocí a Gonzalo Bernardos no muchos años atrás, cuando intentábamos ejercer la política universitaria en nuestra querida Universitat de Barcelona, él como economista y yo como experto en relaciones internacionales. En este marco forjamos nuestra complicidad, sobre todo basada en la necesidad del cambio de rumbo que necesitaba nuestra universidad. Bajo este objetivo, la complicidad derivó en una fecunda amistad y en ella aprendimos (aprendí yo, al menos) algunos de los errores que, a otra escala, aborda este libro. Especialmente luchamos contra el frecuente concepto de restringir la economía a su sentido doméstico etimológico y de reducir las estrategias económicas a una simple contabilidad, por sofisticada que pueda aparecer, envuelta en cálculos más aritméticos que matemáticos. El cambio universitario, como los lectores se podrán imaginar, no se alcanzó, y nuestra aventura terminó cuando paradójicamente parecía más cercano el conseguirlo.

En esta aventura, la llamada crisis económica, que Gonzalo venía anunciando a los cuatro vientos desde tiempo atrás con su profunda experiencia sobre el mercado inmobiliario, nunca nos llevó hacia la claudicación, postura tan habitual a nuestro alrededor. Y en este sentido, su primer libro fue de gran utilidad para quienes nos dedicamos a los estudios urbanos, ya que la dinámica inmobiliaria ha sido y hoy más que nunca es el principal motor de la economía de las ciudades.¹ Que además tiene grandes consecuencias sobre la vida cotidiana de la mayoría de los ciudadanos. A partir de ese primer encuentro participó ya en nuestro seminario sobre los problemas del centro urbano, en el mes de marzo del año 2008. Del seminario se publicó un nuevo libro, editado por nuestro común amigo Sergi Martínez Rigol, en el que ambos contribuimos con un capítulo.²

Finalizada la aventura en la política universitaria, cuando felizmente pudimos regresar a nuestra verdadera profesión, la formación de ciudadanos universitarios, a partir de la investigación del mundo real como corresponde a las disciplinas sociales, a pesar de las crecientes dificultades ambientales e institucionales, prosiguió nuestra colaboración intelectual y nuestra mistad. Una vez iniciado en el aprendizaje sobre los vericuetos de la economía contemporánea, he esperado todos y cada uno de los capítulos del libro de Gonzalo, que se ha tejido y desarrollado a lo largo del año 2013, en un proceso largo y lento, diría que casi doloroso para el autor. Dotado de un finísimo ingenio y de una sobradamente conocida capacidad dialéctica, de un gran conocimiento y de una rápida y fina intuición, Bernardos posee el dominio del verbo hablado, pero la cristalización de su escritura, con sus tiempos distintos, le cuesta un mayor esfuerzo.

Pero aquí está su libro, al fin, y se inicia con un capítulo introductorio en el que se analizan las causas del desprestigio social de los economistas. A continuación se pasa al análisis de las causas de los principales errores en que incurren los economistas. El segundo capítulo destaca la excesiva pasión por el dinero; el tercero, la inadecuada utilización de las ideologías políticas; el cuarto, la falsa prudencia que atenaza la toma de decisiones; el quinto, señala que el futuro es una repetición del pasado; y el sexto, trata del olvido de los costes sociales de las medidas económicas. Finalmente, el capítulo séptimo presenta la reconciliación posible de los economistas con los ciudadanos, que constituye la conclusión del libro.

Lo primero que hay que señalar es que estamos ante un libro estimulante. Ofrece distintos niveles de lectura y además de lo que dice, entre líneas a veces, con irónicas insinuaciones otras, habla de muchas más cosas que las que el sumario anuncia. La insinuación es mucho mayor en lo que se refiere a personas; pocas son las citadas explícitamente, pero las aludidas impersonalmente son muchas. Cada lector en su lectura pensará en sujetos diferentes a quienes cuadran perfectamente las ideas y conductas que Bernardos critica con argumentos, originales muchos y rigurosos todos. Algunos, sujetos cercanos al lector, protagonistas de las grandes noticias otros muchos.

La obra contiene una cierta paradoja ya que critica la aplicación de las recetas del pasado a los problemas actuales, como incitando a los economistas a no basarse en la repetición de la historia. Pero, en cambio, el argumento del libro se basa en un gran repaso crítico de la historia económica reciente. Ello significa una incitación hacia el desarrollo de la creatividad, de la imaginación y de la innovación, pero sin ignorancia de las lecciones del pasado. Igualmente, el libro presenta una excelente visión macroeconómica, que tan a menudo falta en los análisis coyunturales de tantos otros economistas, incluso de los más mediáticos. Una visión macroeconómica que para un geógrafo aparece como aquella geografía económica que tan importante fuera en los planes de estudio de las viejas escuelas de comercio y que desapareció en las nuevas facultades de economía tras una estructura económica carente normalmente de tiempo y de espacio. Un campo éste el de la macroeconomía, o del análisis de la escala global para la comprensión de los problemas locales, en el que podemos encontrarnos cómodamente economistas y geógrafos.

En este sentido el conjunto de la obra escapa del sensacionalismo coyuntural para erigirse en un auténtico programa económico a diversos niveles. Desde la necesaria reforma de los planes de estudio en los que se forman actualmente los economistas en facultades y escuelas de negocios, hasta los programas económicos de los partidos y de los Gobiernos.

Un punto que merece ser destacado en esta formulación programática es la crítica al afán de lucro personal, al dinero como objetivo a corto plazo, que arrastra a tantos economistas y políticos contemporáneos. La crítica a la corrupción estructural y el énfasis en el desequilibrio fiscal español desde que las rentas del trabajo han superado las del capital constituye una carga de profundidad para las conciencias de las izquierdas que sostienen la existencia de soluciones únicas. Me ha recordado la excelente contribución del abogado Francesc Cabana para el caso catalán en su obra sobre la cultura de la codicia y la crisis económica.³

La obra termina con la presentación de la evolución reciente del sistema productivo capitalista y el modelo que puede surgir al fin de la crisis. Un modelo que rehúye las formulaciones matemáticas, para revestirse de argumentos científicos y de pensamiento de una nueva izquierda. Un modelo que acaba siendo él mismo el auténtico programa.

Cabe decir que el autor adquirió en su día, a inicios del Tercer Milenio, cierta fama de catastrofista cuando anunciaba, como quien predica en el desierto, el estallido de la burbuja inmobiliaria en España. Sin embargo, esta imagen no coincide con la actual, cuando, independiente de presiones políticas, y de nuevo contra la corriente mediática mayoritaria, predica el fin de la crisis económica. Sin que ello le oculte, en modo alguno, que las consecuencias económicas, políticas y sociales de esta crisis permanecerán aún mucho tiempo —algunas para siempre— si no se toman medidas alternativas que Bernardos cree posibles.

Para concluir, creo que el mejor resumen de la obra que el lector tiene en sus manos es señalar que se trata de un ensayo que destaca especialmente por su realismo, por su rigor académico, bajo su forma divulgativa, y, sobre todo, por su sentido común. Esta virtud tan escasa que, como todo el mundo sabe, suele ser el menos común de los sentidos, más aún en esta época de despropósitos en que nos ha tocado vivir y trabajar. Por ello, debo terminar incitando a la lectura del libro, que no dejará indiferente a nadie y que, con algo de suerte, podrá suscitar el debate que nuestra sociedad necesita para resurgir del pantano en que nos ha sumido el neoliberalismo a ultranza, mediocre y pasado de moda.

CARLES CARRERAS I VERDAGUER

Barcelona, primavera de 2014

¿POR QUÉ ESTE LIBRO?

Este libro nace de una propuesta de David Figueras, editor del grupo Planeta. En un momento horroroso de la economía española (mayo de 2012), me propuso hacer uno que tratara sobre su recuperación. Me gustó la idea, ya que en aquel momento casi todos los libros escritos por colegas versaban sobre la inminente llegada del apocalipsis. No obstante, cuando me puse a hacerlo, me pareció que me estaba saliendo uno escasamente original. Por otra parte, pensaba que pronto otros economistas harían algunos sobre el mismo tema.

Como quería hacer algo diferente, le propuse realizar un libro que tratara sobre cómo la economía ha sido una gran excusa para generar un profundo cambio de modelo de sociedad durante los últimos treinta años, pero especialmente en los últimos seis. No sólo en España, sino en la mayoría de países del mundo desarrollado. Un cambio generado por el capitalismo financiero, que ha hecho que una gran parte de nuestras vidas dependan de los deseos de los denominados popularmente como «los mercados».

En gran medida, en numerosos países esto ha sido así por el tremendo complejo de inferioridad que poseen numerosos políticos, tanto los actuales como muchos de los que han mandado en los últimos años. En materia económica, creen que ellos no saben nada en comparación con los inversores y banqueros. Los veneran como hace cientos de años hacían los indígenas con sus dioses y aceptan imponer a la población casi cualquier sacrificio que ellos les pidan. Esta sumisión ha hecho que en los temas económicos los partidos de izquierda prácticamente no se diferencien de los de derechas y que casi todos asuman la necesidad de recortar el Estado del Bienestar, así como realizar algunas reformas estructurales que perjudican notoriamente a los más humildes y benefician a los más poderosos.

No obstante, el relato de este libro tiene como principal protagonista a los economistas. En concreto, cuál ha sido su comportamiento durante los últimos años y por qué se han equivocado tanto. A pesar de ello, no es un libro pesimista, sino considerablemente optimista, pues, tal y como argumento en el último capítulo, estoy prácticamente seguro que el nivel de vida de la mayoría de nuestros hijos será superior al nuestro. Una situación que necesariamente implica la sustitución del capitalismo financiero por otro modelo, un aspecto que creo que sucederá en los próximos años.

Como todo libro, éste se debe a muchas personas. A todas aquellas que me han aguantado durante un año de intenso trabajo, de muchos fines de semana pegado al ordenador. Por eso, mi principal gratitud es para toda mi familia, especialmente para Cristina (mi mujer) y David y Judit (mis hijos). Gracias a ellos, a mi padre (Joaquín), mis suegros (Diego y Dalia), así como mis cuñados (Pau y Elisabet), me considero una persona muy afortunada. También mi gratitud se extiende a mis amigos de la infancia y de la adolescencia (Jordi, Germán, Agustín y Jaume), quienes siempre han estado a mi lado y a los que no les he hecho el caso que se merecen durante el tiempo dedicado a escribir este libro.

En términos profesionales, mi deuda es muy amplia. Especialmente, con Carles Carreras, quien ha dedicado mucho tiempo a leerse este libro, me ha hecho cometarios muy interesantes y me ha animado en todo momento a seguir hacia adelante con él. Aunque hace pocos años que lo conozco, su actitud hacia mí durante ellos hace que lo considere ya prácticamente de mi familia. También estoy en deuda con Juan Tugores, quien me escogió para entrar en el departamento de Teoría Económica, así como con Antonio Manresa quien tuvo una confianza ciega en mi persona desde que llegó a la Universidad de Barcelona. No me quiero olvidar en los agradecimientos de Dídac Ramírez, con él he pasado momentos inolvidables y otros no tan buenos. Los primeros los recuerdo, los segundos los he olvidado. Le agradezco mucho que confiara en mí para ocupar en su equipo el cargo de vicerrector de Economía. Finalmente, como no podía ser de otra manera, me descubro ante mi editora (Ana Bustelo). Ha tenido una paciencia de santa, ha sido cuando lo he necesitado una magnífica psicóloga y me ha realizado muy interesantes y provechosas sugerencias.

En último término, quiero realizar un agradecimiento especial. No es una persona, es una institución: la Universidad de Barcelona. Todo lo que soy profesionalmente, sea poco o mucho, se lo debo a ella. Es un gran orgullo para mí formar parte de su claustro de profesores.

Barcelona, marzo de 2014

PRIMERA PARTE

EL DESPRESTIGIO DE LOS ECONOMISTAS

1

¿POR QUÉ LOS ECONOMISTAS TENEMOS MALA FAMA?

LA CRISIS ACTUAL: UNA FUENTE DE DESPRESTIGIO PARA LA PROFESIÓN

Entre los ciudadanos, los economistas tenemos muy mala fama. Es totalmente merecida después de seis años de recesión o estancamiento económico en numerosos países desarrollados. Prácticamente nadie fue capaz de predecir esta crisis, a pesar de que ahora casi toda la profesión considera obvio que entre 2004 y 2007 la economía mundial era una bomba de relojería, debido a la elevada especulación existente en múltiples mercados.

En dicho período, el precio de la vivienda aumentó espectacularmente en diversas naciones, las principales Bolsas del mundo registraron importantes revalorizaciones y numerosas materias primas alcanzaron valores jamás vistos con anterioridad. El mismo fenómeno que hoy es considerado de forma prácticamente unánime como una sucesión de burbujas especulativas, durante la fase expansiva previa fue advertido mayoritariamente como un crecimiento sostenible de los precios de diferentes activos y productos. No es la primera vez que esto sucede y probablemente tampoco será la última. En otras grandes y largas crisis, como las que tuvieron lugar en Estados Unidos durante la década de 1930 o en Japón en la de 1990, el punto de vista de la profesión, antes y después de la llegada de la recesión, también cambió completamente.

No obstante, en este momento, la escasa reputación de los economistas no es únicamente consecuencia de nuestra exigua capacidad de predicción, sino también de la incompetencia de numerosos analistas a la hora de proponer salidas de la crisis que no causen graves perjuicios a los ciudadanos. Así, para solventar los problemas actuales del primer mundo, un número significativo de políticos y economistas considera inevitable la adopción de medidas que conducen a corto plazo a la reducción del nivel de vida de la población (principalmente mediante disminución de salarios, aumentos de impuestos y reducción de prestaciones sociales) y a una creciente desigualdad en la distribución de la renta. Dadas sus considerables repercusiones directas e indirectas sobre el bienestar de las familias, dichas soluciones adquieren un carácter traumático y generan un amplio rechazo social, lo cual contribuye decisivamente a desprestigiar a la profesión.

La ineptitud de algunos de ellos, junto con las probablemente perversas intenciones de otros, ha llevado a la Unión Monetaria Europea (UME) a incentivar la reducción del gasto (especialmente el público) para intentar solucionar una crisis provocada por la falta de demanda. Es el remedio que también propone el Partido Republicano y sus ideólogos económicos para Estados Unidos. En contextos equivalentes al actual, unas medidas similares a las propuestas nunca han dado buenos resultados ni a corto ni a medio plazo a ningún país que las haya ejecutado.

Desde mi punto de vista, basado en el estudio de la historia y la teoría económicas, la política que acabamos de describir supone un verdadero disparate. En un marco en que la producción es superior al gasto, la reducción de éste conllevará inicialmente la disminución del empleo, los salarios de los trabajadores, los beneficios de las compañías y los ingresos de las Administraciones Públicas. Por tanto, dará lugar a un menor consumo de las familias, una inversión de las empresas inferior y, si se pretende controlar el déficit fiscal, una disminución del gasto público. En definitiva, comportará una reducción de la demanda agregada que agravará la recesión y producirá un auténtico círculo vicioso.

A pesar de ello, los que respaldan dichas medidas defienden con fervor, habilidad y gran resonancia mediática la opinión de que la austeridad es la solución a la crisis actual. Unos lo hacen porque verdaderamente lo creen así y otros porque les interesa para sus propósitos personales o profesionales. Dentro de este último grupo, la mayoría se decanta por esta política económica porque la considera la mejor opción de futuro para los lobbies que los apoyan o una parte fundamental de sus votantes (por ejemplo, en el caso del Partido Republicano, las familias con rentas más altas y los empresarios). Así, piensan que a ambos colectivos les conviene dar ahora un paso hacia atrás para posteriormente dar tres o cuatro hacia adelante, ya que las nuevas reglas económicas que la crisis ayudará a establecer les proporcionarán a medio plazo un aumento sustancial de sus rentas y beneficios.

Para justificar ante los ciudadanos los decepcionantes resultados logrados por la política de austeridad, sus defensores han elaborado una magnífica estrategia de comunicación. Ésta tiene principalmente dos objetivos: crear un complejo de culpa en la población e infundirle miedo e inseguridad. Por un lado, apelan a nuestro sentido común para intentar convencernos de que somos los principales culpables de la crisis; nos quieren hacer creer que la disminución de nuestro nivel de vida es la penitencia que debemos pagar por el derroche en que incurrieron familias y empresas (el pecado cometido) en la etapa de bonanza. Por otro, pretenden persuadirnos de que la nación, si ahora va mal, irá peor en caso de que apoyemos electoralmente una propuesta económica diferente a la suya. Nos insisten en que, en el contexto actual, la contención del gasto es la única alternativa de que disponemos para conseguir una recuperación económica sólida. Así, por ejemplo, a Jens Weidmann (presidente del Bundesbank) le gusta decir que «si hoy no hay austeridad, mañana no habrá crecimiento». Sin duda, una frase que encierra toda una amenaza.

Por último, nos repiten constantemente que otras opciones, aunque fueran menos lesivas a corto plazo, serían a la larga completamente perjudiciales para el país. Éste es el argumento que utilizan para renegar de la política basada en la combinación de un incremento considerable de la demanda del sector público y un gran aumento del dinero en circulación. A pesar de que dicha política económica tuvo un gran éxito en Estados Unidos durante los años treinta, la consideran totalmente inadecuada en la actualidad. Según ellos, la elevada inflación que generaría, unida al aumento de los tipos de interés de la deuda pública y a la expulsión de la inversión privada, haría de ella una opción totalmente disparatada.

En economía, el uso del sentido común suele ser conveniente. No obstante, a veces éste engaña y, por tanto, en algunas ocasiones guiarse por él puede ser contraproducente. Las cuestiones económicas no son siempre, ni mucho menos, lo que parecen, con lo que una gran parte de la población puede confundir la apariencia con la realidad. Así, aunque numerosos ciudadanos están convencidos de ello, el sufrimiento padecido por un país durante una crisis no está estrechamente relacionado con la magnitud de los errores cometidos anteriormente por sus habitantes y sus Gobiernos. Por idéntico motivo, aun siendo una creencia muy popular, las fases recesivas no tienen necesariamente una duración similar a la de las etapas previas de expansión. Debido a ello, una contracción del PIB inicialmente pequeña y breve puede convertirse en una crisis profunda y larga, si las autoridades adoptan medidas equivocadas o incluso si deciden no llevar a cabo ninguna actuación especial. Asimismo, un previsible cataclismo económico puede transformarse únicamente en una corta recesión si el Gobierno actúa con celeridad y acierta con la política adoptada.

Un tratamiento magnífico para solventar las crisis consta de dos fases: la primera comportaría la realización de un rápido y preciso diagnóstico de sus causas y consecuencias; la segunda implicaría una veloz implementación de las soluciones más adecuadas. Aunque las medidas adoptadas fueran las apropiadas, en ciertas ocasiones la curación de las dolencias económicas del país podría ser más lenta de lo inicialmente esperado. No obstante, sí debería ser progresiva: la nación enferma debería estar cada vez mejor, en lugar de peor. Increíblemente, en el conjunto de la UME, pero sobre todo en los denominados PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España), ha sucedido inicialmente todo lo contrario. Una auténtica paradoja, en especial cuando tres de ellos (Grecia, Portugal e Irlanda) han tenido que ser rescatados (en España sólo ha sido ayudado el sector bancario). En contra de lo que su nombre sugiere, el rescate no ha sido una panacea, sino una verdadera maldición, fundamentalmente para los dos primeros países.

Así las cosas, si finalmente la austeridad es considerada una solución a la crisis y no un problema añadido, el modelo de capitalismo financiero causante de la crisis actual no saldrá derrotado ni denostado, sino fortalecido. Sin duda, ello supondrá una gran contradicción y probablemente dentro de unos años conllevará en algunos países considerables repercusiones políticas y sociales. Entre ellas, dada la cada vez más desigual distribución de la renta propiciada por dicho modelo, no sería descartable un gran auge electoral de las formaciones de la izquierda radical y la vuelta de la lucha de clases al primer plano del debate político.

UN EJEMPLO DE INCOMPETENCIA: LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PIIGS

Los principales culpables de la situación actual de los PIIGS son los médicos, la familia y la mala cabeza de sus dirigentes. Los facultativos son la denominada Troika: el Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea (CE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Cuando las naciones enfermas han acudido a ellos, en lugar de recetarles los antibióticos adecuados, algunas veces no les han suministrado nada, otras una simple aspirina y, en ocasiones, veneno. A mi juicio, lo han hecho así por ignorancia económica, por favorecer los intereses de determinados países que tienen una gran influencia en dichas instituciones (por ejemplo, Alemania) o para generar en ellos una catarsis que desencadene una completa transformación de su modelo de desarrollo. Ahora bien, tampoco cabe descartar que dicho tratamiento tuviera como objetivo hacer escarmentar a esos países.

En este último caso, la intención sería dar a los PIIGS una lección que difícilmente olvidarían. El castigo no sólo iría dirigido a sus políticos, sino al conjunto de la población y trataría de evitar que en el futuro sus ciudadanos vivieran muy por encima de sus posibilidades. Pretendería concienciarles de que el derroche (el gasto excesivo) de ayer es la causa de la pobreza y la miseria de hoy. Aunque probablemente un gran número de personas estaría de acuerdo con el objetivo perseguido, la mayoría rechazaría el método utilizado. A mi modo de ver, éste es parecido al empleado en educación por los antiguos maestros, perfectamente sintetizado en el lema: «la letra con sangre entra». Un método que nunca tuvo éxito en el pasado y es absolutamente repudiado en la actualidad.

La familia son los restantes países que componen la UME. Aunque la Unión jamás ha estado bien avenida, en los últimos tiempos han sido más frecuentes que nunca las discusiones entre sus miembros, así como los errores cometidos en la gestión del negocio compartido. Entre ellos cabe destacar la falta de un proyecto común en relación con los Estados Unidos de Europa, la desesperante lentitud en la toma de cualquier decisión importante (por ejemplo, la puesta en marcha de la Unión Bancaria) y la equivocada creencia por parte de las naciones del norte de que su nivel de crecimiento económico no quedaría seriamente afectado por un larga e intensa recesión en las del sur. Dicha convicción hizo que inicialmente las primeras contemplaran con bastante indiferencia la intensificación de la crisis observada en las segundas, un aspecto que ha contribuido decisivamente a dificultar la salida de la crisis en el conjunto de la UME.

Durante el ejercicio de 2013, una parte sustancial de los analistas que sostenían esta creencia han reconocido implícitamente su error. Indudablemente, más vale tarde que nunca. El aspecto clave para su cambio de posición fue la evolución desfavorable del PIB alemán durante el cuarto trimestre de 2012 (la caída intertrimestral fue del 0,6 por ciento), así como las decepcionantes perspectivas para el año siguiente (el incremento anual inicialmente previsto por el Bundesbank era sólo del 0,4 por ciento). Ambos datos han sido interpretados por un elevado número de economistas como una muestra verosímil de que en la UME nadie es inmune a una gran crisis de los países de la Europa del Sur, ni tan siquiera la competitiva Alemania.

No obstante, esta percepción no ha provocado el cambio esperado en la zona euro. Así, aunque el BCE ha realizado durante 2013 una política monetaria más expansiva, ésta ha sido excesivamente prudente (aunque existan a corto plazo más expectativas de deflación que de elevada inflación) e insuficiente para generar un aumento robusto del PIB de la UME. En relación con los déficits públicos, la Comisión Europea, siguiendo el criterio de Alemania, únicamente ha permitido un pequeño déficit adicional a los países cuya economía estaba en recesión a finales de 2012. Por tanto, aunque los datos son claros, Angela Merkel y sus asesores continúan creyendo que la austeridad es una política adecuada para el momento actual. Sin duda, un gran problema para el presente y el futuro de la eurozona.

En los últimos años, la mayoría de los gobernantes de los PIIGS ha desempeñado una gestión desafortunada, la cual ha sido parcialmente responsable de la situación actual de estos países. Su mala cabeza hizo que minimizaran la magnitud de los problemas que afectaban a sus países. Ni durante la etapa de bonanza contemplaron las previsibles dificultades que en el futuro podía conllevar la continuidad de su inadecuado modelo económico, ni se dieron cuenta con prontitud del alcance y las características de la crisis que se les venía encima.

En los momentos iniciales de la denominada Gran Recesión, creyeron que ésta sería una contracción económica únicamente un poco más intensa que alguna de las otras que habían padecido durante las últimas décadas, pero ni mucho más profunda ni más larga que aquéllas. De forma clara, infravaloraron la repercusión que tendría sobre la solvencia del sector bancario y el flujo de crédito a familias y empresas. Tampoco tuvieron en consideración sus efectos nocivos sobre el déficit público y la capacidad de financiación de sus Estados, en el marco de una UME donde ninguno de sus integrantes dispone de un banco central propio (el BCE es compartido por todas las naciones que forman la zona euro).

La inadecuada percepción de las características de la crisis, junto con la consecución de determinados objetivos políticos a corto plazo, condujo en un primer momento a los dirigentes de los Estados afectados a rehuir la adopción de casi cualquier medida drástica e impopular. Ofreciendo a su población una imagen de serenidad y tranquilidad, pretendían transmitir de forma explícita y también subliminal que nada especialmente grave ni excepcional estaba sucediendo en sus países. Dicha actitud estaba fundamentada principalmente en dos motivos: la intención de frenar a toda costa la pérdida de apoyo electoral y la esperanza de una rápida solución de los problemas económicos que afectaban a sus naciones. El primer aspecto descartaba la realización de un número sustancial de políticas que inquietaran o enfadaran a los ciudadanos, dado que una de las prioridades de la acción gubernamental era conservar en la mayor medida posible la popularidad de sus dirigentes entre la población. El segundo se basaba en el convencimiento de una salida rápida de la crisis, ya fuera porque ésta prácticamente desapareciera por sí sola o porque lo hiciera gracias a la ayuda internacional.

La solución automática pasaba por lograr un gran incremento de las exportaciones. Dicho aumento pensaban que vendría dado por la puesta en marcha del denominado «efecto locomotora» por parte de los restantes países de la UME, así como por la depreciación del euro respecto a las principales monedas mundiales. El auxilio exterior era considerado por la mayoría de los gobernantes de los PIIGS como una posibilidad remota. Si finalmente el país necesitaba dicho auxilio, estaban convencidos de que consistiría en la concesión de un importante volumen de préstamos, sin apenas condicionalidad, por parte de otras naciones y algunos organismos internacionales. Dadas sus escasas contrapartidas, dichos créditos constituirían un magnífico instrumento para impulsar de forma rápida el PIB.

En el inicio de la Gran Recesión, las razones anteriormente expuestas hicieron que los dirigentes de los PIIGS fueran incapaces de imponer a la población una estricta dieta, a pesar de que la mayoría de sus naciones vivían muy por encima de sus posibilidades. Por iniciativa propia, el sector privado se apretó un poco el cinturón; sin embargo, la Administración continuó gastando como si nada importante hubiera sucedido. De forma sorprendente, sus gobernantes no tuvieron en cuenta la repercusión de la caída de la actividad económica sobre la recaudación tributaria, lo que tuvo como consecuencia un nivel de déficit público en 2009 superior al 10 por ciento en cuatro de las naciones del quinteto (la excepción fue Italia, que sólo tuvo un 5,4 por ciento). Los mismos motivos hicieron que tampoco se considerara necesario realizar rápidamente importantes reformas estructurales que transformaran el modelo de crecimiento económico de estos países y permitieran la sustitución a corto plazo de la demanda interna por la externa como principal impulsor del PIB.

Por tanto, en la etapa inicial de la crisis, los dirigentes de los PIIGS consideraron totalmente innecesario un profundo cambio de orientación de la política económica desarrollada hasta el momento. Indudablemente, no estuvieron acertados ni en sus previsiones ni en sus actuaciones. Por acción u omisión, en lugar de ayudar a sus países a salir de la crisis, contribuyeron decisivamente a que en ellos ésta fuera más intensa.

En 2014, algunos de estos países pueden alcanzar tasas de crecimiento anuales superiores al 1 por ciento. Si así sucede, es muy probable que los partidarios de la austeridad lo consideren un gran logro y una muestra de la eficacia de las medidas adoptadas, a pesar de que, si hay creación de empleo, ésta será escasamente significativa. Evidentemente, tal logro no será real, ya que en dicho año los ciudadanos de los PIIGS continuarán teniendo un nivel de vida significativamente inferior al del 2007 (el ejercicio previo a la crisis). La única mejora consistirá en que, después de seis años horribles, el país habrá dejado de empeorar. Sin duda, un mérito escasamente relevante.

UNA NUEVA ENFERMEDAD: EL PESIMISMO ECONÓMICO

En la actualidad, tengo la impresión de que un elevado porcentaje de la población de los PIIGS considera la economía una ciencia lúgubre. Es la conclusión a la que he llegado después de interpretar los factores que acabo de presentar y diversas encuestas de opinión efectuadas en dichos países. A simple vista, probablemente sea un calificativo adecuado y merecido, teniendo en cuenta el elevado aumento del paro y el gran incremento de la pobreza registrados en ellos durante los seis últimos años. No obstante, es considerablemente injusto, si se analiza la evolución a largo plazo del nivel de vida de sus habitantes, o de los de casi cualquier otra nación (véase el capítulo 7).

Indiscutiblemente, su percepción negativa e injustificada de la economía como ciencia está relacionada con el pasado reciente y el presente de dichos países, pero también con la propagación en ellos de una nueva enfermedad: el pesimismo económico. A mi juicio, ambos motivos están haciendo que cualquier tema relacionado con la economía genere entre la población un creciente sentimiento de impotencia, rechazo e incluso hartazgo.

De impotencia porque un gran número de los habitantes de estos países tiene la convicción de que, a diferencia de otras disciplinas científicas como la medicina, la física o la química, la economía no progresa, sino que retrocede. En consecuencia, piensan que es incapaz de proporcionarles casi ningún tipo de satisfacción, pero sí numerosos disgustos. De rechazo porque temen que cualquier nueva medida implantada perjudique su nivel de bienestar. El pesimismo es tan considerable que la mayoría ya no espera de su Gobierno soluciones adecuadas para sus problemas, sino más leyes que agraven los que ya tienen o produzcan otros. De hartazgo porque cada vez existe un número mayor de ciudadanos que prefiere desconocer las noticias económicas del día. Creen que casi todas serán malas y que, si las saben, padecerán más de lo que actualmente ya lo hacen. En el fondo, piensan que en el momento actual la ignorancia les hará menos infelices.

Esta decepcionante visión del futuro es parcialmente compartida por el conjunto de los ciudadanos del primer mundo. Aunque de forma desigual entre los países, la añoranza del pasado reciente y la desolación respecto al porvenir han calado hondo entre la población. En un gran número de naciones, las encuestas de opinión muestran que una proporción significativa de sus habitantes piensa que casi nada volverá a ser como antes. Tienen dudas sobre si llegarán a recuperar el poder adquisitivo perdido durante la crisis y, especialmente, sobre si volverán a gozar del nivel de prestaciones sociales del que disfrutaban antes de la llegada de la Gran Recesión. Así, un porcentaje cada vez mayor de la población de la UME piensa que una parte sustancial del denominado Estado del Bienestar irá desapareciendo progresivamente, a ritmo lento en algunas naciones y rápido en otras.

UNA PROMESA INCREÍBLE: LA ENTRADA EN EL PARAÍSO ECONÓMICO

Con la finalidad de proporcionar a los ciudadanos un halo de optimismo que contrarreste el pesimismo que de forma creciente los invade, para transmitirles el mensaje de que los sacrificios realizados no habrán sido en vano o simplemente porque así lo creen, un número considerable de políticos oficialistas y economistas ortodoxos han hecho de forma subliminal a la población de la UME, pero especialmente a la de los PIIGS, una fantástica y maravillosa promesa: la entrada en el paraíso económico. Éste sería el premio que a largo plazo conseguirían si sus Gobiernos continuasen aplicando la política actual, pues, una vez expiados los pecados cometidos durante la última etapa de bonanza económica, habrán alcanzado la virtud.

No obstante, de forma increíble según mi parecer, no les detallan cómo ni cuándo lograrán acceder a ese paraíso, ni tampoco les especifican sus características concretas. Les piden simplemente que tengan fe, pero no en Dios, sino en los recortes. En consecuencia, estimo que dichos políticos y economistas consideran que la austeridad es algo más que una determinada política; probablemente sea para ellos lo más parecido a una religión económica.

Indiscutiblemente, este último aspecto permitiría explicar de forma más racional la tozudez y perseverancia de algunos dirigentes en aplicar sus recetas en cualquier caso y a expensas de lo que sea, a pesar del fracaso que han supuesto hasta el momento. Así, en los dos últimos ejercicios, el nivel de intensidad y profundidad de la crisis en la zona euro ha sido superior al observado durante los dos anteriores. A diferencia de 2010 y 2011, en que el PIB de la UME aumentó en un 2 por ciento y un 1,6 por ciento respectivamente, en 2012 disminuyó en un 0,7 por ciento y en 2013 la expectativa es que lo haga en un 0,5 por ciento.

Según diferentes encuestas de opinión, la tentadora promesa hecha a los ciudadanos de los países desarrollados no ha surtido efecto, ya que la mayoría de ellos no ha creído en el idílico futuro prometido por los defensores de la ortodoxia económica. A mi modo de ver, los principales motivos son tres. En primer lugar, un gran número de ellos no creen que haya un paraíso económico. Si no pensaban que existiera a principios de la década de 1970, después de más de veinte años de crecimiento ininterrumpido en algunos países, difícilmente lo harán ahora, debido a una coyuntura adversa, el creciente desprestigio de los políticos y la desconfianza que les inspiran los economistas.

En segundo lugar, muchos piensan que si hubiera un paraíso, no tendrían ninguna posibilidad de entrar en él, ya que el acceso le estaría vedado a su clase social. Finalmente, son numerosos los que recelan de las virtudes de la austeridad como futuro motor de desarrollo económico. La practican ahora porque no les queda más remedio, pero no por convencimiento. A diferencia de algunos políticos y economistas, la mayoría de la población no tiene una fe ciega en los recortes.

¿POR QUÉ LOS CIUDADANOS ACEPTAN LA CRISIS CON RESIGNACIÓN?

A pesar de la elevada duración del actual período de recesión o estancamiento y el incierto porvenir, la mayoría de los ciudadanos del primer mundo, para sorpresa de numerosos analistas políticos, han aceptado con bastante resignación las diferentes repercusiones económicas y sociales de la crisis. Esta situación es especialmente llamativa en los PIIGS, cuya población en los últimos tiempos ha derramado litros y litros de sangre, sudor y lágrimas, y ya no le queda casi nada por verter. No pueden confiar ni siquiera en un futuro esplendoroso, dado que entre la profesión (algunos economistas ortodoxos serían la excepción) cada vez existe un mayor consenso respecto a que, tanto si el PIB de estos países vuelve a crecer en los próximos ejercicios de forma continua como si crece de forma discontinua, la mayoría de sus habitantes vivirá en la segunda mitad de la década actual peor que en los primeros años del siglo XXI.

Dicha resignación es la que probablemente explica por qué en estos países no se ha producido hasta el momento un estallido social (al estilo del ocurrido en Argentina en diciembre de 2001) ni se han activado diferentes mecanismos democráticos para sustituir a la actual clase dirigente. Desde mi punto de vista, la inmensa paciencia demostrada por sus habitantes vendría explicada principalmente por tres factores: la convicción de los ciudadanos de que no hay líderes políticos sustancialmente mejores que los actuales, la falta de propuestas económicas factibles alternativas a la actual política de austeridad y el desagrado con el que una parte significativa de la población observaría un fuerte aumento del gasto público.

La mayoría de los ciudadanos de los PIIGS considera que sus gobernantes actuales, al igual que sus predecesores inmediatos, no lo están haciendo bien, sino francamente mal. No obstante, parece que no acaban de confiar en los que dirigen las nuevas formaciones políticas o los partidos históricamente considerados como minoritarios. Debido a ello, no han utilizado sus votos, ni han efectuado de forma continuada manifestaciones multitudinarias pacíficas, para impulsar una completa regeneración de la clase política o, al menos, la jubilación anticipada de los principales líderes, de unos dirigentes que han contribuido decisivamente a generar la crisis actual o han demostrado ser incapaces de solucionarla. Ya sea por sumisión, desidia o desconfianza ante la novedad, dan la impresión de que prefieren, tal y como dice el refrán, «lo malo conocido a lo bueno por conocer».

Si bien los dirigentes partidarios de las medidas de austeridad poseen unos objetivos claros y un detallado plan de cómo conseguirlos, no sucede lo mismo con quienes plantean que otra política es posible. Entre los que proponen medidas alternativas a las actuales, casi nadie postula la salida de su país de la UME. La mayoría no se atreve a iniciar un debate público sobre las posibles ventajas e inconvenientes de abandonar el euro como moneda nacional, ni siquiera discute la actuación (o falta de ella) del BCE en el mercado de divisas ni el peligro que supone para el proyecto de los Estados Unidos de Europa la reducción del presupuesto comunitario para el período 2014-2020. Debido a ello, creo que entre la población existe la impresión general de que las opciones alternativas a las actualmente implementadas son voluntaristas y bienintencionadas, pero escasamente creíbles y elaboradas. Esto último motiva que una gran parte de la ciudadanía no confíe en su viabilidad.

Los habitantes de la Europa del Sur tienen la sensación de que las Administraciones Públicas han utilizado incorrectamente sus recursos presupuestarios durante los años de bonanza y, en el caso de España, también en la etapa inicial de la crisis actual. Un magnífico ejemplo de despilfarro, así como de conjunto de medidas inadecuadas para la reactivación económica, fue el Plan Español para el Impulso de la Economía y el Empleo, popularmente conocido como plan E y desarrollado por Zapatero con escaso éxito durante los años 2009 y 2010.

Dicho plan tuvo un montante de 13.000 millones de euros, dedicados a inversiones tan diversas e improductivas como la remodelación de aceras y cementerios, la construcción de pistas de pádel o la instalación de relojes solares. Estas medidas generaron empleo eventual y contribuyeron a ralentizar temporalmente la caída del PIB. No obstante, no frenaron a medio plazo la reducción de la actividad del sector de la construcción, ni mejoraron la competitividad del país ni ayudaron a la economía española a salir de la crisis. Por tanto, de manera escasamente sorprendente, tuvieron un efecto contrario al deseado.

El plan E, además de incrementar el déficit público, contribuyó decisivamente a propagar entre la comunidad financiera internacional una imagen desfavorable de España; en concreto, la de una nación gobernada por un ejecutivo que intenta maquillar temporalmente los niveles de desempleo y de caída del PIB, pero que no hace frente a ninguno de sus principales problemas estructurales. Esta percepción provocó un incremento de la desconfianza de los inversores internacionales ante España y contribuyó decisivamente a la subida de la prima de riesgo (la diferencia entre el tipo de interés de la deuda alemana y la española emitida a diez años multiplicada por 100 y expresada en puntos básicos). Este último aspecto conllevó un aumento del coste de financiación de las emisiones realizadas por el Estado, las comunidades autónomas y cualquier empresa privada del país. En definitiva, sus aspectos favorables (escasos) no compensaron los desfavorables (abundantes).

No obstante, es posible que la resignación actual únicamente sea un fenómeno temporal. Cualquier nueva medida o acontecimiento político, aunque inicialmente se prevea de escasa repercusión sobre la población, puede encender la mecha del barril de pólvora que actualmente son los PIIGS. La explosión puede ser silenciosa o ruidosa. El primer caso comportaría la llegada al Gobierno de una formación o coalición de partidos sustancialmente diferente de la que ha dirigido el país durante las últimas dos décadas. De esta manera, la resignación sería sustituida por la ilusión. El segundo conllevaría un estallido social (al estilo del ocurrido en Argentina a finales de 2001) que provocaría la dimisión del ejecutivo y conduciría a acontecimientos difícilmente previsibles. Sin duda, uno de los más probables sería el abandono del euro como moneda nacional y el regreso a la anterior divisa.

SEGUNDA PARTE

LOS ERRORES DE LOS ECONOMISTAS: PRINCIPALES CAUSAS

Los economistas constituimos un conjunto de profesionales notoriamente heterogéneo. No deberíamos catalogar a ninguno como raro, ya que en cierto modo todos lo somos un poco. Utilizamos nuestra profesión para conseguir objetivos muy diferentes, aunque tenemos algunos relativamente comunes. La mayoría tienen que ver con el poder y el dinero. No es una profesión donde proliferen los idealistas, aunque también los hay.

Los distintos propósitos perseguidos nos inducen a pensar y actuar de forma considerablemente distinta. En consecuencia, las razones por las que nos equivocamos suelen ser muy diversas. Algunas veces los errores cometidos se deben a nuestra incompetencia, otras caemos en ellos cegados por nuestra ideología política, en ocasiones debido a nuestra falta de imaginación y creatividad, etc. Incluso, aunque no es frecuente, los podemos cometer de forma intencionada. Así sucede cuando salimos beneficiados con ellos, aunque nuestro país o empresa experimente un considerable perjuicio.

Indiscutiblemente, la lista de motivos es muy amplia. No obstante, los más comunes tienen su origen en la obtención de una retribución económica, una inadecuada utilización de la ideología política, una falsa prudencia, la creencia de que el futuro es casi siempre una repetición del pasado y el desprecio u olvido de los costes políticos y sociales que comportan determinadas medidas. En los cinco siguientes capítulos, detallaré de forma extensa las principales causas y consecuencias de dichos errores.

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UNA EXCESIVA PASIÓN POR EL DINERO

LA VERDADERA VOCACIÓN: GANAR DINERO

Una visión actual

A la mayoría de las personas les gusta el dinero. No obstante, ni mucho menos a todas les agrada por igual. Entre las diferentes profesiones, los economistas probablemente sean los que más amor le profesan. Por ello, entre nosotros hay muchos materialistas y pocos idealistas. Las características del ejercicio profesional y los avatares de la vida hacen que aumenten los primeros en detrimento de los segundos. Sin embargo, en el momento de iniciar los estudios en la universidad, la mayoría ya tenía una especial predilección por la pasta. Por la italiana posiblemente, pero sin duda por la de papel.

A diferencia de los médicos, físicos o biólogos, un gran número de jóvenes decide estudiar Economía o Administración de Empresas por pragmatismo, mientras que es relativamente escaso el de aquellos que cursan dichas carreras por genuina vocación. Una gran parte de quienes emprenden esos estudios no saben aún concretamente qué quieren hacer, pero tienen claro qué deben evitar. Quieren ser universitarios, pero dudan sobre qué grado escoger. Por último, prácticamente por descarte, deciden cursar alguna de estas dos carreras. Dado que no les gusta especialmente ninguna, optan por matricularse en alguna que cumpla con tres condiciones principales: que sea relativamente fácil, permita el acceso a múltiples empleos y ofrezca una alta probabilidad de conseguir en el futuro una buena o magnífica retribución económica. Tres requisitos que no satisface casi ningún otro grado universitario, pero sí Economía y Administración de Empresas.

Una vez finalizados los estudios, el principal objetivo de la mayoría de los economistas no es fundar una compañía, expandir una ya creada, ser un brillante consultor de empresas o convertirse en un prestigioso analista macroeconómico. Es posible que públicamente lo digan, incluso de una manera muy convincente. No obstante, cuando así se manifiestan, una gran parte de ellos no están siendo sinceros, sino simplemente diplomáticos. El motivo es que estiman que no queda nada bien declarar abiertamente cuál es su meta prioritaria. En realidad, no consideran ninguna de las anteriores pretensiones un fin en sí mismas, sino un mero instrumento para conseguir su verdadero propósito primordial: ganar mucho dinero. Sin duda, su auténtica vocación.

En la mayoría de las ocasiones, la manera de disimularla consiste en justificar casi cualquier elevada retribución recibida como la merecida compensación por el excelente trabajo desarrollado. En el caso concreto de los ejecutivos, se trata del premio otorgado por la consecución de uno o más éxitos empresariales. Según este enfoque, ni ellos ni nadie debería conceder una gran importancia a la remuneración percibida, ya que ésta constituye un aspecto secundario, y sí en cambio a los resultados de su gestión, pues ésta es su principal logro y una muestra del supuesto gran talento que atesoran como directivos.

Una excepción a esta norma son los empresarios. Si no ejercen como ejecutivos de sus compañías, su compensación anual son los dividendos recibidos (la parte de los beneficios distribuida a los accionistas). Éstos deberían ser vistos como la contrapartida obtenida por el riesgo incurrido, ya que ellos, a diferencia de los ejecutivos, arriesgan en sus empresas su propio dinero. Como justificación de la retribución obtenida, la posibilidad de perder el capital invertido suscita un gran consenso: cualquiera, por elevada que sea, es apropiada. No importa ni la cuantía del patrimonio arriesgado ni el nivel de riesgo soportado.

Los elevados salarios de los ejecutivos: ¿se los merecen?

En la actualidad, en múltiples foros económicos, artículos académicos y columnas de opinión se siguen defendiendo como adecuadas y justas las elevadas retribuciones percibidas por numerosos directivos de primera línea. Aunque el número de voces y plumas no es tan considerable como el que había antes de la llegada de la Gran Recesión, su repercusión mediática continúa siendo destacada. Entre los diversos argumentos utilizados, además del ya sugerido de recompensa a su enorme talento, el principal probablemente sea que sus magníficos salarios no constituyen un perjuicio para los accionistas, sino un gran beneficio, ya que indirectamente suponen para ellos una importante fuente de riqueza a través de la revalorización de sus acciones o el cobro de dividendos.

Según este planteamiento, los propietarios de las empresas cometerían un considerable error si creyeran que pagan a sus ejecutivos una retribución excesiva, siempre y cuando sus sociedades obtengan una elevada tasa de rentabilidad sobre los fondos propios. En lugar de estar molestos por el gran importe desembolsado, tendrían que estar muy contentos. Aunque a priori no lo parezca, los accionistas deberían preferir abonarles una remuneración considerable a pagarles una escasa, ya que en el primer caso sus ganancias personales habrán sido muy superiores a las obtenidas en el segundo. El motivo es que el salario de los directivos más destacados suele presentar una parte fija y otra variable, ligada muchas veces a los beneficios generados por la empresa durante un determinado período de tiempo. La racanería de los principales accionistas puede ser vista por los ejecutivos como una falta de reconocimiento a su gestión, y provocar su salida voluntaria de la compañía y su ingreso en alguna empresa de la competencia. Si verdaderamente éstos disponían de una capacidad especial para los negocios, no serán ellos los que saldrán perdiendo, sino los accionistas de su antigua empresa.

A mi modo de ver, este enfoque es escasamente convincente, ya que parece más un cuento de hadas poco imaginativo que una explicación razonable de por qué los principales directivos deben percibir elevadas remuneraciones. No es sólo mi opinión, sino también la de una sustancial y creciente parte de la población de los países desarrollados, como demuestran diferentes encuestas realizadas en distintas naciones. Me parece realmente absurdo que los grandes ejecutivos pretendan restar cualquier importancia al millonario salario recibido, pero sean incapaces, ellos o sus propagandistas, de ofrecer a la población argumentos sólidos para convencerla de que su retribución es totalmente merecida.

Una posible explicación a esta incongruencia probablemente esté en la actitud despectiva que un gran número de ejecutivos tiene con respecto al criterio del pueblo. No sería de extrañar que les pareciera totalmente irrelevante lo que piensen o digan en un sondeo los ciudadanos, pues éstos no son quienes les pagan. El que perciben no es el dinero de todos (público), sino sólo el de algunos (privado). Por tanto, no sería la suya la opinión verdaderamente importante, sino en la mayoría de las ocasiones la del consejo de administración o comité de retribuciones y, en unas pocas, la de los accionistas. A los primeros, los pobres argumentos expuestos ya les convencen, y a los segundos, más por omisión que por acción, parece que también. Si estos últimos no se quejan, algo que casi nunca hacen, posiblemente sea debido a que no disponen de la suficiente información o porque piensen que los ejecutivos verdaderamente se merecen los elevados salarios que actualmente perciben. En cualquier caso, como dice el refrán, «Quien calla otorga».

Los métodos utilizados para fijar las retribuciones de los ejecutivos suelen dejar mucho que desear. Así, en numerosas ocasiones, su capacidad estratégica, de gestión o innovación se da por probada al acordarlas. Generalmente, se valora positivamente la parte brillante de su currículum, pero no de forma negativa la mediocre. En múltiples casos, el motivo radica en que ésta no existe, pues el candidato la oculta y nadie se preocupa lo suficiente por averiguarla. En consecuencia, en el momento de decidir o no su contratación y el salario propuesto, el análisis de las características del potencial fichaje (virtudes y defectos) no alcanza generalmente el nivel de exhaustividad deseado. Así, entre otros aspectos, no suele concederse la necesaria importancia a sus fracasos en anteriores empresas, la frecuencia con la que cambia de compañía, su experiencia en el puesto ofrecido o en el sector donde la sociedad desarrolla su actividad. La culpa de este problema frecuentemente la tienen los headhunters.

Estas compañías son contratadas por su teórica capacidad para seleccionar los mejores ejecutivos. Dicen que son capaces de encontrar la persona idónea para cubrir cualquier vacante y presumen de disponer de una amplia cartera de directivos, de la que forman parte muchos de los que actualmente lideran un proyecto propio (una sutil manera de disfrazar que están desempleados) y algunas grandes estrellas (ejecutivos renombrados) que buscan un nuevo reto empresarial (no están contentos con su situación actual).

Durante los últimos treinta años, los headhunters han contribuido en buena medida a generar una hiperinflación de los salarios de los directivos, ya que habitualmente han aconsejado a sus clientes el pago a los nuevos dirigentes de una remuneración fija exagerada y una variable desorbitada. Probablemente no sea así en relación con las empresas de la competencia, pero sí a la luz de los méritos que deben acreditar los aspirantes al puesto para conseguir la primera o ambas retribuciones. De forma aparentemente paradójica, con esta actuación los headhunters han perjudicado, en lugar de beneficiado —como el sentido común aconsejaría—, a quienes los han contratado.

El principal motivo que explica este comportamiento de los headhunters tiene que ver con la fórmula de cálculo de sus honorarios: un porcentaje de los ingresos brutos obtenidos por el directivo durante el primer año. Dicho porcentaje no siempre es el mismo, sino que suele fluctuar entre el 10 por ciento y el 30 por ciento, y generalmente es más elevado cuanto más importante es el volumen de ingresos de la empresa contratante y mayor la categoría del ejecutivo buscado. No obstante, cuando el salario fijado es galáctico, dicha regla se suele incumplir, y la consultora acepta percibir un porcentaje sustancialmente inferior al 30 por ciento. Por tanto, la aparente paradoja no es tal, ya que cuanto más cobra el ejecutivo, más gana el headhunter. En consecuencia, sus actuaciones sí que son lógicas, pues prefieren beneficiarse a sí mismos que a sus clientes.

De forma sorprendente, las remuneraciones percibidas por los ejecutivos en numerosas compañías no suelen verse seriamente afectadas cuando su valorada capacidad no es demostrada, ya sea por su incompetencia para establecer y desarrollar una estrategia adecuada o por los decepcionantes resultados obtenidos. Así pues, no es nada extraño que, en empresas que presentan abultadas pérdidas durante diversos ejercicios y cuyos trabajadores han visto disminuido su salario, los principales directivos conserven intacta la parte fija del suyo.

Además, cuando algunos son finalmente despedidos, es relativamente habitual que se proceda a recompensar el desastroso trabajo realizado durante años con una cuantiosa indemnización, ya que probablemente así lo establezca el dadivoso contrato firmado (generalmente a sugerencia del headhunter). Incluso, en determinadas sociedades que han desaparecido debido a la mala gestión de sus directivos, éstos han seguido cobrando hasta el último minuto generosos salarios y han continuado recibiendo importantes aportaciones por parte de la empresa a su plan de pensiones. En conclusión, realicen una gestión buena, regular u horrorosa, en múltiples compañías los principales ejecutivos suelen ser premiados anualmente con una retribución que no se merecen.

Por tanto, en numerosas ocasiones las elevadas remuneraciones no son una recompensa al talento supuestamente inmenso de muchos ejecutivos, sino un atraco a mano armada, con nocturnidad y alevosía, a los propietarios de las compañías. Es entendible que se dejen asaltar los pequeños accionistas, pues la inmensa mayoría de ellos no son capaces de advertir el robo legal que están sufriendo. Éstos casi nunca se enteran de nada importante de lo que sucede en la empresa y, después de recibir en cada junta una caja de bombones o un regalo equivalente, están dispuestos a votar a favor de cualquier proposición que plantee la dirección de la compañía, por descabellada que sea. Ahora bien, es bastante más difícil comprender por qué casi nunca se inmuta ninguno de los principales accionistas, que sólo en unos pocos casos se han negado a pagar los salarios estratosféricos propuestos.

Dado que esta situación sucede desde hace prácticamente tres décadas, a priori da la impresión de que a muchos de estos últimos les va la marcha y, por consiguiente, les gusta ser atracados por trabajadores de cuello blanco (directivos). No obstante, se cuidan mucho de dejarse desvalijar por los de mono azul (operarios con o sin especialización). La diferencia de trato puede estar relacionada con el distinto glamur de unos y otros, pues es posible que algunas personas pudientes piensen que un robo perpetrado por individuos elegantes, educados e inteligentes no es tal, especialmente si cumple con la legalidad vigente.

Sin embargo, no hay que descartar que en determinados casos la causa principal sea la pertenencia de grandes accionistas y ejecutivos a un selecto e invisible club, cuyo acceso no está cerrado, pero sí extraordinariamente restringido. Entre sus miembros, a algunos casi sólo les importa el dinero; en cambio, los demás, aunque éste también les gusta, priorizan otras cuestiones (por ejemplo, el ejercicio del poder en la sombra). Si así fuera, probablemente la docilidad de los principales accionistas pueda explicarse por el conocido refrán: «hoy por ti, mañana por mí», máxima que constituiría la base de algunas cadenas de favores entre determinadas familias aparentemente muy difíciles de entender.

En definitiva, si se analizan con detalle las retribuciones percibidas por los ejecutivos más destacados de las principales compañías, queda muy claro cuál es la auténtica vocación de los economistas: ganar mucho dinero. Aunque no todos desean ser como ellos, una gran parte de la profesión los considera sus ídolos y unos verdaderos modelos. Algunos los admiran por el poder que poseen; sin embargo, la inmensa mayoría los idolatra por las remuneraciones que reciben. En determinados casos, las elevadas compensaciones obtenidas tienen como base la construcción de un proyecto empresarial sólido y rentable, pero en otros, especialmente numerosos en la actual etapa de estancamiento o crisis económica, simplemente vienen determinados por la gran influencia que ejercen sobre los órganos (consejo de administración o comité de retribuciones) que fijan los salarios y las primas que percibirán.

Los accionistas insaciables y los bonus de los ejecutivos: un cóctel explosivo

En algunas ocasiones, la vocación monetaria de los directivos es alentada por los principales accionistas de las empresas, que les prometen elevadísimos bonus si consiguen alcanzar determinados objetivos (por ejemplo, la duplicación del beneficio anual logrado hace tres ejercicios). En dichos casos, el consejo de administración suele ser controlado por los representantes del capital y no, como habitualmente sucede, por el máximo ejecutivo de la compañía. Aunque es normal que los propietarios pretendan ganar dinero, no lo es tanto el elevado grado de insaciabilidad que demuestran tener un significativo número de ellos. Así, para muchos de ellos, la tasa de rentabilidad sobre el capital invertido debe crecer año tras año, tanto si la economía está inmersa en una etapa expansiva como si se encuentra en una fase recesiva.

Indudablemente, el principal propósito de los accionistas insaciables es el de conseguir un continuado y sustancial aumento del valor de las acciones o de los dividendos de las compañías donde han invertido su dinero, o de ambas cosas. En bastantes ocasiones, su extrema voracidad es negativa para el futuro de las empresas, pues estimula a sus directivos a adoptar casi únicamente estrategias cortoplacistas, que pueden convertir a medio plazo compañías modélicas y rentables en vulgares y ruinosas. A más de una, la insaciabilidad económica de sus principales propietarios la ha llevado al concurso de acreedores y, posteriormente, a la desaparición.

Las estrategias empleadas para aumentar los beneficios a corto plazo suelen ser muy diversas. No obstante, las más habituales constan generalmente de tres fases. Al principio se reducen los gastos más fácilmente prescindibles, posteriormente se procede a disminuir los costes de personal y, por último, se acomete la venta de una o varias partes de la empresa. En los dos primeros casos, el incremento de beneficios proviene de la reducción de gastos; en el tercero, del aumento de los ingresos atípicos. En un gran número de ocasiones, si se logra el objetivo con el primer recurso, la segunda etapa ya no se lleva cabo, y así sucesivamente.

Entre los gastos que los ejecutivos generalmente consideran fáciles de reducir se encuentran las partidas destinadas a investigación, formación de personal, márketing y publicidad. Un adecuado nivel de las primeras es prácticamente imprescindible si la empresa quiere generar en el futuro un número significativo de nuevos productos o servicios, así como si pretende mejorar la calidad y reducir el coste de producción de los antiguos. Un satisfactorio volumen de las segundas es necesario para conseguir un elevado y constante aumento de la productividad de la plantilla. Finalmente, un apropiado importe destinado a las terceras es considerado indispensable para mantener, y en lo posible mejorar, la imagen pública de las distintas marcas de la compañía. Dichas partidas, aunque en ocasiones son consideradas como relativamente superfluas por algunos importantes ejecutivos o accionistas, muchas veces determinan que el porvenir de las empresas sea brillante u oscuro.

El despido de un elevado número de trabajadores ofrece una manera relativamente fácil de incrementar a corto plazo el valor de mercado de las acciones de una sociedad, a no ser que ésta padezca un problema importante de gestión o de aceptación de sus productos y servicios por parte del mercado. Dado el impacto positivo de la medida sobre la cotización de la compañía, sus principales propietarios no suelen protestar, y en la mayoría de las ocasiones están conformes con ella. En algunos casos, incluso felicitan públicamente al máximo ejecutivo de la compañía por tener la valentía de adoptarla.

La subida bursátil registrada es consecuencia de una suposición muy extendida en los mercados financieros: los despidos masivos incrementan la eficiencia de las empresas y, por tanto, también su beneficio por acción. Así pues, si los inversores creen que dicho efecto tendrá lugar en una determinada compañía, es completamente racional que procedan rápidamente a adquirir sus acciones. Están convencidos de que éstas se encuentran infravaloradas y, por consiguiente, estiman que su precio es hoy inferior al que tendrán mañana.

Con la finalidad de convencer a los inversionistas de que esta teoría se convertirá en realidad, es frecuente que la dirección anuncie a bombo y platillo una amplia y profunda reorganización interna de la empresa. Incluso, para darle una mayor importancia al proceso, es probable que le ponga un pomposo nombre como, por ejemplo, proyecto Andrómeda. Aunque algunas veces dicha reorganización es el resultado de un detallado y bien estructurado plan, en numerosas ocasiones constituye simplemente una coartada para justificar la realización de despidos masivos.

El márketing desplegado puede hacer que los directivos de la compañía convenzan a un elevado número de inversores de sus favorables perspectivas futuras y, por tanto, la empresa posea un magnífico presente bursátil. No obstante, sólo tendrá realmente un porvenir brillante si los beneficios anuales obtenidos son los previstos. Si la reestructuración fracasa, ya sea porque implica prescindir de un considerable número de trabajadores sumamente rentables, por falta de estrategia o por emplear una estrategia inadecuada, la diferencia entre los resultados estimados y los conseguidos será notable. Si así sucede, la inicial subida del precio de sus acciones habrá sido un espejismo. Por tanto, a medio plazo, y a diferencia de lo esperado, el valor de mercado de sus títulos no habrá aumentado, sino que probablemente habrá sufrido una considerable caída.

Finalmente, si la dirección ya no dispone de ninguna otra solución para lograr un rápido aumento de los beneficios, es muy probable que proceda a poner en venta alguna de las filiales o líneas de negocio de la empresa. Las partes enajenadas serán las consideradas como accesorias o secundarias, si el mercado acepta pagar un buen precio por ellas. O sea, si la compañía puede conseguir mediante su venta una considerable plusvalía. En caso contrario, al principal ejecutivo no le quedará más remedio que desprenderse de alguna de las que él mismo califica como «las joyas de la corona», es decir, aquellas que forman parte del core business de la compañía (una explicación más detallada sobre este aspecto se encuentra en el capítulo 5). La venta de estas divisiones casi siempre se realizará a un precio excepcional y, por tanto, prácticamente garantizará la consecución de un elevado ingreso extraordinario. No obstante, generalmente implica la disminución de los ordinarios durante los próximos ejercicios.

En cualquiera de los tres casos señalados, la lógica financiera actúa en contra de la industrial, ya que puede perfectamente provocar a medio plazo una disminución sustancial de la competitividad de la empresa. Ésta suele producirse por una de las siguientes vías o por las dos: un excesivo precio relativo o una comparativamente baja calidad de los productos y servicios ofrecidos. Si así sucede, la supervivencia futura de la compañía probablemente estará en riesgo.

Una visión histórica

La acumulación de riqueza y la prosperidad general: una relación compleja y variable

Históricamente, en los países protestantes, la vocación monetaria no debía disimularse ni esconderse. Más aún, numerosas personas se vanagloriaban de tenerla, ya que socialmente estaba bien considerado dedicarse a los negocios y ganar mucho dinero. La acumulación de riqueza era vista como un aspecto positivo y, en las naciones de tradición calvinista, también como un don de Dios. A diferencia del catolicismo, el calvinismo consideraba que una persona rica tenía más posibilidades de conseguir la salvación que una pobre. No obstante, la generación de riqueza debía ser compatible con una vida austera, y las familias acaudaladas debían evitar los gastos superfluos e innecesarios.

En estos países, el prestigio social de los empresarios y hombres de negocios fue impulsado por intelectuales, religiosos y políticos y se basaba en dos convicciones principales: la consideración del enriquecimiento personal como un premio al esfuerzo y al buen trabajo realizado durante muchos años y la creencia de que cualquier mejora individual acaba comportando otra de carácter general. Ambas representan dos de los principios fundamentales en los que se sustenta el liberalismo económico, un modelo de capitalismo donde la función desempeñada por unos y otros se erige como la principal clave del progreso de las naciones.

En este modelo, la acumulación de riqueza constituye el anzuelo que estimula a las personas a esforzarse en mayor medida, amén de uno de los pilares sobre los que se construye una sociedad en continuo progreso. El deseo de ser rico, o de incrementar la riqueza personal, conduce a numerosos individuos a correr riesgos que no asumirían si no tuvieran dicho incentivo. Una de las consecuencias es la creación de múltiples empresas y la expansión de numerosas de las ya existentes. La reinversión continua de una proporción sustancial de los beneficios obtenidos permite la creación de un gran número de nuevos y mejores empleos, además de conllevar un aumento persistente de la productividad de los trabajadores. El resultado final es un prolongado incremento del nivel de vida de los ciudadanos. Por tanto, según la doctrina liberal, no cabe duda de que la búsqueda del propio interés conduce a la obtención del bien común.

No obstante, tanto antes como ahora, la concepción liberal de las principales características de los empresarios y ejecutivos, así como de la función social desempeñada por éstos, sólo ha sido compartida enteramente por una parte de la población relativamente pequeña. En términos generales, dicha visión es considerada como extremadamente idealizada. Según distintas encuestas de opinión realizadas en las últimas décadas, una gran parte de la ciudadanía tiene una opinión muy distinta sobre la probable conexión entre el bienestar personal de empresarios y ejecutivos y el del conjunto de la sociedad.

Mi interpretación es que a la población dicha interrelación le parece cambiante y discutible. Así, en determinados períodos una parte considerable de la población la considera positiva y notable, mientras que en otras etapas la juzga inexistente o perversa. En los últimos años, según las encuestas a que nos acabamos de referir, cada vez es mayor la proporción de ciudadanos que tiene el convencimiento de que un creciente número de ejecutivos y empresarios, con la finalidad de obtener un beneficio propio, perjudican al conjunto de la sociedad. Esos ejecutivos y empresarios, junto con algunos políticos, forman la denominada élite extractiva, fenómeno relativamente nuevo en numerosas naciones avanzadas pero muy frecuente en la historia de la mayoría de los países en vías de desarrollo y una de las causas principales de su relativo atraso.

Esta convicción de los ciudadanos probablemente esté fundamentada en gran medida en el deplorable proceder de numerosos directivos de entidades financieras, tanto durante la última década como en la reciente crisis. Entre otros muchos aspectos, el excesivo número de hipotecas subprime concedidas, los múltiples desahucios instados y la masiva colocación de productos bancarios complejos (tales como participaciones preferentes y deuda subordinada) entre personas con escasos conocimientos financieros han minado de forma extraordinaria la confianza que los ciudadanos tenían depositada en ellos y en las empresas a las que representan. En cierta medida, la desconfianza popular hacia dichos ejecutivos se ha extendido al resto de los directivos, dando lugar a una importante pérdida de su reputación pública.

En definitiva, mi impresión es que, en buena medida, la mayor o menor percepción popular de la función social realizada por los empresarios y ejecutivos está relacionada con el modelo de capitalismo vigente. Así, cuando éste pone especial énfasis en la consecución de una distribución más igualitaria de la renta, tal y como sucedió en la etapa comprendida entre 1945 y 1973, dicha percepción crece. En cambio, disminuye si el modelo de capitalismo vigente justifica con distintos motivos la conveniencia de que exista una mayor disparidad en las remuneraciones percibidas por los diferentes ciudadanos. Dicha situación es la que hemos conocido en las últimas tres décadas, un período dominado de forma hegemónica por el capitalismo financiero.

Los empresarios y ejecutivos: ¿por qué cada vez son menos populares?

Durante los últimos años, aunque probablemente la tendencia se iniciara en la década de los ochenta, algunas encuestas efectuadas en diversos países desarrollados han detectado una pérdida considerable de la reputación pública de empresarios y directivos. No obstante, ésta no ha afectado de igual manera al carisma popular de ambos, sino que ha repercutido en mayor medida sobre los ejecutivos. A mi modo de ver, la principal causa genérica de su paulatino desprestigio público es el desigual trato que han recibido las peticiones de incrementos retributivos efectuadas por dos colectivos distintos: por un lado, los accionistas y directivos; por el otro, los trabajadores.

Sin embargo, ésta no es ni mucho menos la única razón. Otros motivos de gran importancia, ya señalados individualmente en el presente capítulo o en el anterior, son los siguientes: la percepción por parte de los ejecutivos de remuneraciones injustificadamente elevadas, la creación de numerosas empresas que tienen como única finalidad la realización de operaciones especulativas y el convencimiento de que a un creciente número de directivos no les importa perjudicar al conjunto del país con tal de obtener a corto plazo un provecho para sí mismos y para sus empresas.

En las últimas décadas, el desigual trato dispensado a los dos grupos mencionados ha sido muy claro. Así, en el caso del primer colectivo, se ha considerado justificado casi cualquier aumento pretendido, ya fuera módico o elevado. Por el contrario, en el del segundo, prácticamente nada de lo que han realizado los trabajadores merecía un aumento notable, y se ha creído aconsejable que casi todos los incrementos acordados fueran muy moderados. Implícitamente, este discurso indica de manera sutil que los propietarios y directivos se lo merecen todo, pero los obreros prácticamente no merecen nada. Además, supone una auténtica demostración por parte de los primeros, especialmente de los ejecutivos, de que en materia retributiva ellos son juez y parte.

No obstante, los mantenedores de tan discriminatorio planteamiento arguyen que éste tiene una adecuada justificación: preservar la estabilidad económica del país. Una actuación diferente haría prácticamente imposible que la competitividad de las empresas y la baja tasa de inflación registrada en la nación mantuvieran los niveles actuales. Por tanto, casi por patriotismo, los trabajadores deben renunciar a obtener, aunque fuera de forma esporádica, elevados incrementos salariales anuales. Paradójicamente, dicha renuncia no es necesaria en el caso de empresarios y ejecutivos. En cuanto a ellos se refiere, no hace falta que se comporten como buenos patriotas.

La aplicación práctica de estos argumentos constituye un elemento esencial para comprender por qué en los últimos treinta años la proporción del PIB que representan las rentas de capital ha aumentado, y disminuido la atribuida a las del trabajo. Aunque los argumentos que acabamos de presentar son ciertos, en cierto modo también son falaces, no por lo que indican, sino por lo que ocultan. Es indudable que un incremento de los salarios más elevado que el de la productividad genera inflación, que tiende a ser superior a la del año precedente si en el nuevo ejercicio la diferencia entre los aumentos de las dos variables consideradas es mayor de lo que era. Asimismo, también es verdad que si una subida excesiva de los salarios de sus trabajadores lleva a algunas empresas a aumentar más los precios que sus competidoras, sin haber previamente mejorado la calidad de los bienes y servicios ofrecidos, su competitividad disminuirá y muy probablemente sus ventas se resentirán.

No obstante, es de sentido común y una auténtica obviedad que los elevados incrementos de las remuneraciones percibidas por empresarios y directivos también afectan negativamente a ambas variables. A pesar de ello, casi ningún político (excepto si es de extrema izquierda), gabinete de estudios o foro económico menciona explícitamente dicha posibilidad. Es evidente que el mayor poder adquisitivo de los trabajadores puede disparar la demanda de bienes, generar escasez de existencias en algunos mercados y conducir a un aumento significativo de los precios de numerosos productos, pero no es menos cierto que tales repercusiones nocivas puede provocarlas igualmente un aumento considerable de las retribuciones obtenidas por empresarios y directivos.

En el período 2004-2007, en diversos países desarrollados ocurrió un buen ejemplo de esto. En dicha etapa, las elevadas plusvalías obtenidas por la compraventa de distintos activos y el considerable crecimiento de los beneficios empresariales fueron responsables de la inflación registrada en mayor medida que los incrementos salariales conseguidos por los trabajadores. Una conclusión nada sorprendente, dada la evolución de los precios de la mayoría de los activos durante dicho período. Durante buena parte de él, tuvo lugar un aumento del valor de mercado de los considerados arriesgados, tales como las acciones y la vivienda, y también de los catalogados como defensivos, entre los que se encontraban en aquella etapa el oro y los bonos públicos de todas las naciones avanzadas. Una coyuntura sumamente inhabitual, explicable en grandísima medida por la enorme burbuja crediticia creada por un gran número de entidades financieras, con la complacencia de los principales bancos centrales de la economía mundial.

La política de dividendos adoptada no es inocua para una empresa. A medio plazo, puede influir significativamente en su nivel de competitividad, e incluso en determinadas ocasiones poner en peligro su supervivencia. La retribución anual percibida por el accionista generalmente aumenta a través de dos vías: el incremento del beneficio logrado o, si éste no crece, el alza del porcentaje de dicho beneficio repartido entre los propietarios. En el segundo caso, es posible que en el futuro la empresa deba enfrentarse a dos repercusiones negativas: la reducción de su capacidad de inversión y la necesidad de recurrir en una mayor medida a fuentes de financiación que no sean la propia o interna. La primera conduce a unos ingresos menores, la segunda supone un aumento de los costes.

La disminución de la inversión anual generalmente conlleva una ralentización del crecimiento de la productividad de los empleados de la compañía y, por tanto, en la mayoría de las ocasiones comporta un decremento de su nivel de competitividad. No obstante, éste podría mantenerse inalterado si el descenso de productividad de los trabajadores fuera compensado por un menor incremento salarial. Indudablemente, una empresa que actúe así se equivocará, a menos que su enfoque sea únicamente el corto plazo. El motivo es que acabará basando su competitividad casi por completo en el precio de sus productos, pues la relativamente escasa inversión le impedirá competir de forma adecuada en calidad, y eso hará que su futuro sea más oscuro de lo que es su presente.

Una mayor dependencia de la financiación ajena supone para cualquier empresa un aumento del riesgo. En una parte esencial, éste proviene del incremento de los costes que debe soportar la empresa como consecuencia del mayor importe monetario dedicado al pago de los intereses de la deuda. Un alza de dichos costes implica una mayor posibilidad de que la sociedad entre en pérdidas si las inversiones realizadas no son acertadas (es decir, si su rentabilidad es inferior al coste de la financiación externa), o incluso de que la llegada de una crisis económica provoque su desaparición. Dado el aumento del pasivo (la deuda), ahora es más factible que una coyuntura adversa provoque una disminución del activo que conduzca a que éste sea inferior a aquél.

En definitiva, los argumentos utilizados para dispensar un trato distinto a las peticiones de incrementos retributivos de accionistas y directivos y a las de los trabajadores no son nada sólidos. En suma, si la concesión de un elevado incremento salarial a estos últimos pone en peligro la estabilidad económica del país, me parece indudable que también la perjudica una gran mejora de la remuneración percibida por los primeros.

¿CÓMO CONVERTISE EN DIRECTIVO?

En numerosas ocasiones, la mayoría de los diarios y revistas económicos tratan de forma muy deferente a los directivos, una actitud muy distinta a la que suelen tener con los políticos. Perciben todas sus virtudes, incluso las que no poseen, pero difícilmente sus defectos, aunque algunos sean relativamente obvios. Prácticamente hagan lo que hagan, rara vez los critican y con frecuencia los alaban. A veces, las entrevistas que les hacen, o los perfiles que de ellos trazan, tienen características similares a las de la prensa rosa más tradicional, donde todas las familias parecen maravillosas, a pesar de que muchas de ellas distan de ser ejemplares.

Por tanto, la imagen de los ejecutivos ofrecida por las publicaciones económicas, aunque no es tan exageradamente falsa y edulcorada como la que de los famosos proporcionan las revistas del corazón, no suele ser nada objetiva. En ellas, casi todos los directivos, los más importantes y los que no lo son tanto, son presentados a los lectores como magníficos gestores y estrategas que han accedido al cargo que actualmente ocupan debido a dos principales motivos: los grandes méritos acreditados previamente y su inmenso talento.

En mi opinión, unos pocos ejecutivos poseen múltiples virtudes, y en ocasiones son ellos el factor clave de la mayoría de los éxitos conseguidos por sus empresas. Entre otras, tienen la capacidad necesaria para crear nuevos bienes y servicios, expandir la actividad productiva y comercial de la empresa a otros países, generar nuevas sinergias entre diferentes divisiones de la compañía y mejorar la gestión cotidiana. Muchos de ellos han demostrado tener algunas de estas habilidades en otras compañías o en diferentes puestos de aquella en la que trabajan en la actualidad.

Sin embargo, hay otros muchos directivos que, aun teniendo importantes aptitudes (simpatía, inteligencia social, astucia, etc.), no poseen las más adecuadas para dirigir de forma apropiada una sociedad. Si bien unos cuantos de ellos pueden conseguir algunos triunfos esporádicos, sería una equivocación otorgarles por ellos una plaza en el Olimpo de los ejecutivos, como hacen de forma relativamente habitual determinados medios de comunicación e instituciones de la sociedad civil. El resultado es una gran popularidad disfrutada sólo durante un corto período de tiempo. Digan lo que digan ellos mismos, sus éxitos no son consecuencia de su extraordinaria capacidad de dirección, sino primordialmente de la suerte; en otras palabras, de una coyuntura económica favorable. Si el país va fenomenal, la empresa que dirigen suele ir bien, pero deja de hacerlo cuando el PIB disminuye o tiene un escaso crecimiento.

Entre las características que presentan los otros ejecutivos, destaca especialmente una de las siguientes —o ambas—: pertenecen a una familia adinerada o influyente o han cursado un máster o posgrado en una escuela de negocios de gran prestigio internacional. La mayoría de los directivos son hijos o parientes de otros directivos, casualidad que a priori debería sorprender notablemente, dado que no se ha descubierto, ni nadie prevé, que ningún científico descubra la existencia de un gen que agracie a determinadas estirpes con una especial habilidad para los negocios. Como demuestra la historia de numerosas empresas familiares, habitualmente se transmite a los descendientes la riqueza, pero no la inteligencia para los negocios, al menos en la misma magnitud que aquélla. En caso contrario, dichas compañías durarían eternamente y no desaparecerían —como tantas veces ocurre— cuando los hijos sustituyen en la dirección a los padres fundadores.

En las escuelas más prestigiosas, los aspirantes a ejecutivos, o los directivos que desean dar un gran impulso a su carrera, pretenden lograr dos objetivos primordiales. Ambos son sustancialmente diferentes, ya que uno tiene un carácter instrumental y el otro es de índole social. Así, de los profesores esperan aprender nuevas estrategias y técnicas de gestión, y gracias a la convivencia con sus compañeros aspiran a ampliar el círculo de sus relaciones sociales, especialmente las de tipo profesional. El cumplimiento del primer propósito lo consideran importante, pero mucho más valiosa les parece la consecución del segundo. El orden de prioridades de sus potenciales alumnos es perfectamente conocido por estos centros, y ésta es una de las principales razones que explica por qué su oferta de programas online es comparativamente más reducida que la de la mayoría de las universidades y escuelas de negocios de nivel inferior. A pesar de que el coste de los estudios virtuales es muy inferior al de los presenciales, en los primeros difícilmente nadie podrá realizar contactos profesionales de alto nivel, una característica imprescindible para que los ejecutivos, o quienes pronto aspiren a serlo, consideren interesantes dichos programas.

Durante el período del máster o posgrado, los participantes consiguen establecer nuevas relaciones en las aulas donde se imparten las clases, en el comedor de la escuela donde comparten los almuerzos y en el tiempo libre que les dejan las sesiones outdoor. Una vez acabada esta etapa, utilizan las múltiples posibilidades que les ofrecen las reuniones de algunos de los clubs que normalmente integran la asociación de antiguos alumnos. En ambos períodos, suelen entablar conocimiento y amistad con personas muy interesantes. Algunas lo son por su calidad humana (encontradas por casualidad), pero muchas de ellas (las verdaderamente buscadas) resultan interesantes por su influencia empresarial.

En definitiva, tanto hoy como ayer, es prácticamente imprescindible poseer unas magníficas relaciones sociales si se aspira a ocupar un puesto de alta dirección en una gran empresa. Si determinada persona ha tenido la suerte de nacer en una familia importante o acaudalada, probablemente posea esas relaciones desde la cuna; en caso contrario, debe procurárselas él mismo, y una prestigiosa escuela de negocios es un formidable lugar donde hacerlas florecer. Indudablemente, los méritos acumulados en su carrera profesional tienen importancia, pero son bastante menos trascendentes que el conocimiento profundo, y especialmente la amistad, de algunas personas empresarialmente relevantes, y en ciertos países incluso de determinados políticos prominentes. Esta peculiaridad es una de las escasas razones que permiten comprender la elección como consejero delegado de una importante compañía de algunos ejecutivos que acumulan dos o más fracasos recientes y casi ningún éxito significativo en toda su carrera.

Así pues, considero que la legendaria frase «quien tiene un amigo tiene un tesoro» continúa plenamente vigente en la actualidad. No obstante, sería muy apropiado añadirle una coletilla: «Especialmente si éste es un importante ejecutivo o político». Históricamente, un buen ejemplo de ello lo ofrecen determinados nombramientos de directivos en compañías estatales de próxima privatización. En diversos países, la mayoría de los nuevos consejeros delegados tenían experiencia como ejecutivos, pero casi ninguno había ocupado en una gran empresa un cargo de relevancia similar al propuesto y sólo unos pocos habían desempeñado funciones de alta dirección en una compañía del mismo sector. Ahora bien, poseían una cualidad más valiosa que las anteriores: eran amigos personales, en algunos casos desde la infancia, del presidente del Gobierno, el ministro de Economía o el de Industria. Por tanto, no sólo tenían toda su confianza, sino que con su nombramiento los políticos se aseguraban influir en la gestión de dichas compañías, aunque éstas ya no pertenecieran al Estado, sino a accionistas privados.

Desde mi punto de vista, sería un error pensar que estas actuaciones despóticas son exclusivas de los políticos. También recurren a ellas los principales ejecutivos de las empresas, aunque de forma menos transparente, ya que la legislación vigente no los obliga tanto como a los políticos a hacer visibles sus oscuras maniobras. Además, a veces, los objetivos personales y empresariales de ambos grupos no son tan diferentes. Así, en numerosas sociedades, el consejero delegado saliente propone como sucesor suyo al colaborador que considera más fiel y no al más brillante, cosa nada inusual en la política. Indudablemente, no busca con ello lo mejor para la compañía, sino lo que más favorece a sus intereses personales. A través de él, y desde la sombra, pretende continuar interviniendo en las principales decisiones de la empresa y, en ocasiones, también asegurarse de que ésta continuará pagando alguno de sus gastos (vivienda, coche, viajes, etc.) después de su jubilación, en virtud de su nuevo cargo honorífico.

En resumen, considero que el sistema utilizado para elegir o promocionar directivos (véase también el capítulo 5) no suele premiar de forma adecuada la capacidad estratégica ni de gestión de los candidatos, sino principalmente otros aspectos, algunos de ellos escasamente relacionados con estos dos atributos. Por tanto, no es extraño que, empresas otrora ejemplares vayan ahora francamente mal o incluso estén a punto de desaparecer. En numerosos casos, es el resultado a medio plazo de la dirección llevada a cabo por ejecutivos mediocres con gran vocación monetaria. Aunque parezca increíble, únicamente cuando la situación de la compañía es alarmante algunos accionistas expresan sus quejas. Antes no lo hace prácticamente ninguno. Unos (principalmente los pequeños) porque no se enteran de casi nada, otros porque sólo les interesa el corto plazo y unos cuantos porque la retórica y la propaganda desplegada por los directivos los ha deslumbrado (estaban convencidos de que eran unos auténticos genios del management). De forma general, en la próxima sección se detallan algunos ejemplos de sus actuaciones.

¿CÓMO FRACASAR Y GANAR MUCHO DINERO?

El falso talento de algunos banqueros

Entre el 1 de abril de 2000 y el 31 de diciembre de 2002, la explosión de la burbuja especulativa de la nueva economía, el atentado de las Torres Gemelas, diversos escándalos empresariales (casos Enron, WorldCom, etc.) y la expectativa de un conflicto bélico en Irak provocaron una gran caída de las principales bolsas mundiales. Así, en el período comprendido entre estas dos fechas, los índices Ibex 35, Eurostoxx 50 y Nasdaq 100 perdieron el 49,41 por ciento, el 54,54 por ciento y el 77,61 por ciento de su valor, respectivamente. La crisis bursátil originó una disminución del crecimiento económico en la mayoría de los países avanzados y la entrada en recesión durante un breve período de algunos de ellos. Con la finalidad de evitar la extensión de dicha crisis al conjunto de la economía, los principales bancos centrales cambiaron radicalmente su política monetaria y decidieron disminuir de forma sustancial su tipo de interés de referencia. Así, en la etapa comprendida entre marzo de 2000 y junio de 2003, la Reserva Federal lo bajó desde el 6,5 por ciento hasta el 1 por ciento, el BCE del 4,25 por ciento al 2 por ciento y el Banco de Inglaterra del 6 por ciento al 3,75 por ciento.

La nueva política monetaria tuvo importantes repercusiones sobre las entidades financieras, ya que condujo rápidamente a una considerable disminución del margen de intermediación obtenido por unidad monetaria negociada. Para un idéntico volumen de capital intermediado, la nueva política comportó una notable reducción de la diferencia entre los ingresos generados por la mayoría de los activos y los gastos ocasionados por una gran parte de los pasivos. En otras palabras, los bancos no pudieron compensar lo que dejaban de cobrar por el dinero prestado con lo que dejaban de pagar por el recibido. En algunos casos, la compensación hubiera supuesto que los clientes procedieran a abonar, en lugar de percibir, intereses por el capital colocado en los bancos (principalmente en cuentas corrientes y depósitos). Indudablemente, una verdadera quimera.

En la mayoría de los bancos, el margen de intermediación total es la partida de la cuenta de resultados que más influye en el nivel de beneficios o pérdidas logrado. Debido a ello, un incremento de las comisiones percibidas y de otros ingresos ordinarios es extremadamente difícil que pueda compensar la repercusión que una fuerte caída de dicho margen tiene sobre el resultado anual. Por tanto, una vez conocida la nueva política monetaria, si la dirección de las entidades financieras no adoptaba de forma urgente medidas trascendentes, estaba prácticamente asegurado que los beneficios conseguidos por ellas disminuirían en los próximos años. En consecuencia, en el futuro próximo sería casi imposible que dichas entidades recuperaran o superaran la cotización bursátil alcanzada a principios del año 2000.

Esta expectativa suponía para los principales ejecutivos de los bancos una auténtica espada de Damocles, ya que comportaba para ellos dos grandes peligros: la desaparición, o gran disminución, de los ingresos recibidos en concepto de retribución variable y el riesgo de ser despedidos por un consejo de administración descontento (especialmente si éste estaba dominado por los que antes hemos llamado «accionistas insaciables»). Su vocación monetaria, unida a su instinto de supervivencia, los llevó a actuar rápidamente y, por tanto, a adoptar una veloz decisión sobre cuál de las dos principales estrategias posibles era la más conveniente. Como casi siempre, una de ellas tenía como base la reducción de los gastos de la entidad y la otra la consecución de mayores ingresos. No obstante, esta vez la adecuada era la que pocas veces resulta serlo (véase el capítulo 5 para una explicación más detallada).

La primera estrategia conduciría necesariamente a una disminución de los costes de personal y a la adopción de una nueva forma de hacer banca. Ésta comportaría la supresión de un gran número de oficinas de cada entidad y un considerable cambio en la manera de atender al cliente: se debería sustituir en gran medida el modelo presencial vigente por otro basado esencialmente en el canal internet o en el telefónico. La segunda estrategia implicaría un elevadísimo incremento del volumen de operaciones, de tal manera que fuera posible conseguir un aumento del margen de intermediación total, a pesar de la disminución observada en el unitario.

Sin duda, la opción más popular y fácil de llevar a cabo era la segunda. Por un lado, permitía el mantenimiento del modelo bancario existente, basado mayoritariamente en la colocación de múltiples productos a los clientes. Por otro, suponía evitar a corto plazo cualquier conflicto interno y una posible pérdida de imagen pública de las empresas del sector. Así, la alternativa escogida, en lugar de comportar el despido de algunos o bastantes de los empleados, promovía la contratación de numerosos nuevos. No obstante, a diferencia de la otra estrategia, ésta implicaba un elevado incremento del riesgo bancario asumido, pues conllevaba una considerable disminución de los ratios clásicos de solvencia y un aumento de la plantilla, ya sobredimensionada en bastantes entidades.

Increíblemente, el nivel de riesgo que comportaba la opción escogida fue subestimado en gran medida por la mayor parte de los ejecutivos bancarios. Aunque a priori se supone que éstos poseen un enorme talento, la inmensa mayoría no demostró tenerlo, ya que casi ninguno de ellos pensó que dicho nivel fuera tan elevado. Probablemente, sólo lo estimaron adecuadamente unos cuantos —muy pocos— directivos, a los cuales, sin embargo, es muy posible que les importara muy poco el riesgo que estaban asumiendo, ya que sus actuaciones tenían un horizonte cortoplacista. Debido a ello, no me parecería nada extraño que, en el momento de adoptar la nueva estrategia, ya tuvieran pensada la fecha en que abandonarían la entidad en la que trabajaban, puesto que daban por descontado que más pronto o más tarde ésta tendría que hacer frente a problemas muy importantes.

La mayoría de los ejecutivos infravaloraron el riesgo asumido debido a las especiales características que consideraban que tenían los préstamos hipotecarios, el producto de donde provendría la mayor parte de los nuevos ingresos de las entidades. Su seguridad, derivada de una tasa de morosidad históricamente reducida y notoriamente inferior a la de cualquier otro tipo de crédito, les permitía ser fácilmente colocados en el mercado. Una de las principales maneras de hacerlo consistía en la emisión de cédulas y bonos hipotecarios, dos activos calificados como conservadores, con los que no se podía ganar mucho dinero pero era difícil perderlo. Así las cosas, la posibilidad de que dichos préstamos generaran un gran agujero en el balance de las entidades era considerada por casi todos como claramente remota.

Incluso, algunos directivos estimaron que el verdadero nivel de riesgo asumido era prácticamente nulo. En aquella etapa, según ellos, la elevada subida anual del precio de la vivienda casi aseguraba que ningún prestatario que aportara una garantía real se convirtiera en moroso. Así, si tenían problemas para hacer frente al pago de la hipoteca, podían poner en venta el piso, que por lo general sería adquirido de forma relativamente rápida por un comprador que pagaría un precio satisfactorio para el vendedor. Mediante esta operación, este último conseguía una plusvalía y el banco evitaba declarar como dudoso el crédito otorgado. Dada esta posibilidad, una parte considerable de los ejecutivos creyeron que no era excesivamente importante si los préstamos hipotecarios se concedían a personas muy o poco solventes, ya que su capacidad de pago era relativamente similar, ya fuera por su nivel de renta o riqueza, en el caso de los clientes más solventes, o, en el caso de los demás, como consecuencia de la continuada subida del precio de la vivienda. Por tanto, el riesgo asumido con unos y otros no era significativamente distinto.

En resumen, la nueva estrategia bancaria adoptada por ejecutivos teóricamente muy brillantes estaba basada en una fórmula y una creencia, ambas absolutamente triviales, hasta el punto de que podría haberlas propuesto cualquier ciudadano con un nivel educativo elemental. La fórmula era de una complejidad equivalente a la del área del rectángulo; la creencia, una suposición popular referente al valor de mercado de los pisos: el precio de la vivienda nunca baja. Se trata de la típica convicción de numerosas personas que, aunque reconocen carecer de los suficientes conocimientos específicos, consideran que su sentido común les proporciona el suficiente criterio para opinar sobre casi cualquier tema. En materia económica, dicha creencia probablemente fuera la que más consenso suscitó entre la población de la mayoría de los países desarrollados durante muchos años. Sin duda, el estallido de la primera burbuja inmobiliaria global (julio de 2006-diciembre de 2007) resquebrajó el dogma imperante.

La fórmula en cuestión no es un nuevo método aprendido en una prestigiosa escuela de negocios, ni en los estudios de grado realizados en la universidad, sino un concepto clásico explicado a los alumnos de educación primaria. Su enunciación es extremadamente sencilla: base x altura. Aplicada a la cuestión que nos ocupa, cualquier libro de matemáticas de quinto de primaria proporcionaría una solución idéntica a la adoptada por los banqueros, y podría formularse de la siguiente manera: dada una reducción de la altura (el margen de intermediación unitario), sólo tiene lugar un aumento del área del rectángulo (el margen de intermediación total) si el incremento porcentual observado en la base (el volumen de operaciones) es superior a la disminución porcentual advertida en la altura (el margen de intermediación unitario).

Una vez percibida la similitud entre ambos métodos, considero que la aplicación de esta fórmula no ofrece una muestra de una gran capacidad intelectual ni de un fino instinto para los negocios. Según mi opinión, sí que constituiría una prueba de un talento especial la identificación de los motivos por los que su uso en el negocio bancario hace a algunos directivos merecedores de una retribución de varios millones de dólares o euros. Probablemente la culpa la tenga mi exigua imaginación o escasa brillantez; no obstante, he de reconocer que, por más que pienso, no se me ocurre ninguna explicación mínimamente inteligente sobre el particular.

La creencia sobre la evolución del precio de la vivienda estaba basada en otro supuesto muy popular, aunque escasamente veraz: el futuro económico es prácticamente siempre una repetición del pasado (una explicación más detallada se encuentra en el capítulo 5). Sobre la base de esta hipótesis, los principales ejecutivos de los bancos realizaron el siguiente pensamiento: si desde los años cincuenta en la mayoría de los países desarrollados el precio de la vivienda ha subido casi ininterrumpidamente, está claro que en el futuro lo seguirá haciendo. A todas luces, un razonamiento no excesivamente elaborado.

De forma inverosímil, casi nadie hizo caso de lo que había sucedido recientemente en Japón, una nación donde en 1991 se produjo el estallido de una colosal burbuja inmobiliaria. Transcurridas más de dos décadas, el precio de la mayoría de las viviendas del país nipón no llega en la actualidad a la mitad del que tuvo en esa fecha. A mi juicio, el motivo del olvido del caso japonés fue que casi todos los banqueros lo consideraron tan extraordinario que pensaron que sería irrepetible en los países desarrollados de Europa y América del Norte.

Eso es lo que pensaba un importante directivo bancario español en pleno auge de la burbuja inmobiliaria nacional. En una comida, me dijo al respecto: «Los japoneses no representan un ejemplo para nadie, pues son muy raros». Probablemente, si volviéramos a charlar sobre el tema, ahora me diría: «Los españoles y los nipones somos casi primos hermanos». No me extrañaría nada que ahora pensaran de forma similar la mayoría de los principales ejecutivos de nuestro sector bancario.

En este contexto, una gran parte de las entidades financieras alemanas actuaron de forma relativamente sorprendente. Dado que el precio de la vivienda en el país había bajado un 21 por ciento en términos reales entre 1980 y 2001, dichas entidades no se atrevieron a conceder a sus ciudadanos un gran número de préstamos en condiciones privilegiadas, entendiendo por tales un reducidísimo tipo de interés y un importe del préstamo casi equivalente al del piso. En el fondo, no consideraban suficientemente buena la garantía (una vivienda en Alemania) aportada por los solicitantes del préstamo.

No obstante, sí se decidieron a otorgarlos, directa o indirectamente, en otras naciones. Así, prestaron a los bancos y cajas españoles, para que hicieran en nuestro país lo que ellos no se habían atrevido a hacer en el suyo, prácticamente todo el capital que desearon a un tipo de interés muy bajo. Tenían una confianza casi absoluta en la positiva evolución futura del mercado residencial español, por lo que consideraban excepcional la garantía (una vivienda en España) que respaldaba dichos préstamos. Esta confianza se basaba principalmente en un dato histórico extraordinario: entre 1980 y 2001 España fue el país avanzado donde en términos reales más subió el precio de los pisos (un 124 por ciento). De forma inaudita, en materia de vivienda, los principales banqueros alemanes se creyeron a pie juntillas el famoso eslogan turístico de los años sesenta: Spain is different.

Otro país donde invirtió masivamente el sector bancario alemán fue Estados Unidos. En este caso, el factor clave de la inversión no fue la evolución histórica del valor de mercado de la vivienda, pues en el período 1980-2001 no fue brillante, aunque tampoco decepcionante (el precio subió un 20 por ciento en términos reales). En cambio, en la compra masiva de hipotecas subprime tuvo una gran importancia la confianza que infundía el prestigio de los principales bancos de inversión norteamericanos (sus principales comercializadores en el extranjero) y las magníficas calificaciones crediticias otorgadas por las agencias de rating a los productos financieros que las contenían. Una vez que llegó la crisis, un gran número de bancos regionales y cajas de ahorros alemanas decidió posponer la venta de dichos productos por considerar insuficiente su precio. Según diversas fuentes, la mayoría de ellos, casi seis años después, continúan en su balance y las pérdidas ocasionadas por ellos están escasamente provisionadas, lo cual lleva a pensar que el sector bancario alemán no está ni mucho menos tan bien como algunos de sus políticos nos pretenden hacer creer.

En definitiva, a medio plazo la estrategia diseñada por los principales banqueros ha resultado completamente fallida. No obstante, todos los ejecutivos que la adoptaron han sido ampliamente recompensados. La mayoría no por su éxito, sino por su fracaso como gestores y estrategas. A pesar de ello, en algunos países muchos de los responsables del desastre continúan siendo los principales directivos de diversas entidades financieras. La catástrofe no sólo ha afectado a sus empresas, sino al conjunto de la economía mundial y, especialmente, a la de los países desarrollados. En la historia del capitalismo es difícil encontrar ejecutivos, como los del sector bancario en la etapa descrita, que hayan hecho tanto daño a tantos y hayan sido tan bien retribuidos por ello.

Los charlatanes modernos

Históricamente, los buenos comerciales recibían el apodo de charlatanes. Los así denominados eran capaces de venderte casi cualquier producto, aunque inicialmente tuvieras un nulo interés en él y ninguna necesidad de adquirirlo. En las últimas dos décadas, una parte significativa de los mejores ha seguido una inteligente evolución. Ahora ya no se dedican al comercio como sus antecesores, sino a la tecnología, sin que los escasos conocimientos científicos de algunos de ellos sean un impedimento para triunfar en el nuevo sector.

A estos profesionales los llamo charlatanes modernos. En comparación con los viejos, se ganan mucho mejor la vida; algunos de ellos han conseguido en sus mejores años una remuneración de seis o más ceros. Su secreto: la adaptación de las técnicas de venta tradicionales a las características de los nuevos clientes. Antes el prototipo era la señora María; ahora lo es un inversor glamuroso, culto y sofisticado. En las empresas tecnológicas no ocupan un puesto cualquiera, sino que suelen formar parte de la alta dirección y alguno de ellos incluso es el máximo ejecutivo. Si bien es cierto que no todos los dirigentes de dichas sociedades son charlatanes, no lo es menos que en ellas trabajan como tales algunos comerciales excepcionales.

Entre los principales directivos de las compañías tecnológicas, distingo tres tipos distintos: los que han creado empresas rentables de larga duración, los que han conseguido vender la nada por mucho y los que han hecho desaparecer compañías que nunca han tenido viabilidad económica. Los primeros son ejecutivos admirables, pero los segundos y los terceros simplemente son charlatanes modernos. No obstante, entre los dos últimos hay diferencias considerables, ya que unos han embaucado a los directivos y propietarios de la empresa adquirente, mientras que los otros han engañado a sus propios accionistas. Así, mientras que los primeros han generado una gran plusvalía mediante métodos no convencionales, los segundos han conseguido que los propietarios de su empresa perdieran la totalidad o la mayor parte del capital invertido. Ambos han triunfado personalmente, dada la elevada retribución percibida. Sin embargo, desde una perspectiva empresarial, unos han cosechado un gran éxito y otros un impresionante fracaso.

Indudablemente, en todos los sectores hay charlatanes que ejercen como ejecutivos. Ahora bien, aunque su proporción depende en buena medida de la fase del ciclo económico por la que atraviesa el país, donde suele darse una mayor concentración de ellos es en las empresas tecnológicas. Éstas los atraen como el imán al hierro. El principal motivo es que la mayoría de ellas desarrolla su actividad en subsectores donde constantemente aparecen nuevos productos y servicios cuya rentabilidad económica es incierta. Además, dado que su éxito en el mercado no suele ser instantáneo y las inversiones generalmente son de una gran cuantía, unas pérdidas elevadas a corto plazo no descartan necesariamente el logro de grandes beneficios a medio y largo plazo.

Los charlatanes modernos se mueven en este ambiente como pez en el agua, utilizando su extraordinaria capacidad de persuasión para convencer a inversores y analistas de que su empresa, aunque pierde mucho dinero, sigue el camino del éxito. Por tanto, en el futuro el capital invertido en ella conseguirá una extraordinaria rentabilidad, pues su cotización bursátil se disparará. No obstante, no sería nada extraño que ésta ya fuera relativamente elevada, dadas las magníficas expectativas generadas por dichos ejecutivos y la mayor importancia que a veces el mercado de renta variable otorga a un probable fantástico porvenir que a un desastroso presente. Indiscutiblemente, en otros sectores más maduros, tales como la industria textil, siderúrgica o automovilística, semejante capacidad de persuasión provocaría un efecto muy diferente, pues prácticamente nadie creería que una empresa que en la actualidad obtiene elevadas pérdidas posee un futuro magnífico.

Durante la formación de la burbuja puntocom (agosto de 1995-marzo de 2000), los charlatanes modernos vivieron su período de esplendor. En dicha fase, casi cualquier persona que supiera vender adecuadamente un proyecto empresarial relacionado con internet, las telecomunicaciones o los medios de comunicación digitales conseguía toda la financiación que precisaba. No era necesario pedir crédito a las entidades financieras, ya que para obtener el volumen de dinero pretendido bastaba con sacar la empresa a Bolsa y realizar sucesivas ampliaciones de capital. Paradójicamente, casi ningún inversor exigía a los directivos de estas empresas la obtención de resultados positivos, ya que ellos y numerosos analistas les habían convencido de que no debían hacerlo, pues si los reclamaban saldrían perjudicados.

En esta etapa, ambos grupos les repitieron machaconamente que la búsqueda de la rentabilidad a corto plazo en dichas empresas perjudicaba notablemente su capacidad de innovación y lastraba su futura competitividad. Por tanto, si la compañía priorizaba lo primero, sería muy probable que a medio plazo desapareciera del mercado o únicamente tuviera una posición marginal dentro de su subsector, no convirtiendo jamás en reales los grandes beneficios potenciales inicialmente previstos. Expresado en palabras más sencillas, analistas y ejecutivos convencieron a los inversores de que exigir hoy pan aseguraba hambre mañana.

Este marco empresarial permitía a los directivos de las compañías tecnológicas disponer de carta blanca. O sea, podían hacer lo que quisieran. Por tanto, no resultaba extraño que dirigentes que realizaban una gestión desastrosa percibieran remuneraciones estratosféricas. Hicieran lo que hicieran, nadie les recriminaba nada. Al contrario, los accionistas a veces los felicitaban por lo que hacían, y en lugar de tildar el management efectuado por algunos de ellos de desastroso (el adjetivo adecuado), lo calificaban de diferente. El motivo era muy sencillo: todas las acciones de estas compañías subían, subían y subían en Bolsa, independientemente de la gestión de sus ejecutivos

En dicho período, las expectativas creadas por esta clase de negocios eran tan impresionantes que, según un estudio de la Universidad de Indiana, una empresa que añadiera a su nombre el sufijo .com conseguía que sus acciones subieran un promedio de un 125 por ciento entre los cinco días anteriores y posteriores a la realización del cambio de denominación. Incluso aumentaba la cotización bursátil de las sociedades que prometían la realización de inversiones para vender sus productos a través de internet, sin que para conseguir tal alza fuera necesaria la materialización de esas promesas. Así sucedió con Zapata, una empresa dedicada a la producción de proteínas de pescado controlada por el multimillonario Ross Perot. Después de prometer esas inversiones, sus acciones llegaron a revalorizarse un 300 por ciento. Por cierto, el compromiso adquirido no se cumplió.

El ocaso de los nuevos charlatanes que trabajaban como ejecutivos de empresas tecnológicas llegó cuando la burbuja explotó (abril de 2000). En poco tiempo, el Nasdaq 100 se hundió, perdiendo en un año el 65 por ciento de su capitalización bursátil. En aquel momento, la controversia que dividía a numerosos economistas y analistas de inversiones desapareció. El fenómeno observado en los años precedentes no era la aparición de una nueva economía, caracterizada por un elevado y prácticamente eterno incremento de la productividad capaz de mantener la inflación bajo control y garantizar continuas subidas de la Bolsa, sino simplemente un cambio técnico. No obstante, éste no era un cambio cualquiera, sino uno de gran calado, con algunas características similares al producido por los ferrocarriles a mediados del siglo XIX o por la electricidad a finales de dicha centuria.

La gran caída del precio de las acciones de las empresas tecnológicas evaporó la magia (capacidad de persuasión) de los charlatanes modernos. Esto hizo que muchos de ellos perdieran su empleo, pues ya no eran útiles para sus antiguas compañías. Algunos siguieron en el sector esperando tiempos mejores; en cambio, otros decidieron abandonarlo. La mayoría no pensaba hacerlo para siempre, sino que tenía como objetivo regresar cuando dichas empresas volvieran a ponerse de moda. Los más espabilados decidieron dedicarse al mercado inmobiliario, donde volvieron a extraer un gran partido a sus singulares cualidades.

¿CÓMO UTILIZAR LAS OTRAS CUALIDADES PARA TRIUNFAR?

La capacidad estratégica, la de gestión y la de innovación constituyen las cualidades técnicas más valoradas en un directivo. No todos los que las poseen llegan a serlo, ni todos los que lo son las tienen (véase el apartado B), pero gozar de ellas ayuda notablemente a triunfar como ejecutivo. No obstante, mi impresión es que tales atributos no son los más útiles para los economistas que pretenden tener éxito en otras tareas, e incluso algunas veces pueden suponer un inconveniente. La remuneración percibida en ellas es generalmente inferior a la obtenida por los ejecutivos más importantes de las principales empresas. A pesar de ello, puede calificarse de magnífica, ya que suele multiplicar por varios enteros el salario medio del correspondiente país.

Entre dichas actividades están la consultoría y la política, pero también una muy buscada y únicamente al alcance de unos cuantos privilegiados: la asistencia a los consejos de administración de una gran compañía como consejero independiente. En estos ámbitos, las cualidades verdaderamente más apreciadas no son las de tipo técnico (las propias de un economista bien formado), pues una gran parte de los que las poseen, después de muchos años de experiencia profesional, continúan trabajando como machacas. En cambio, las que más influyen en la consecución del éxito profesional en estos casos son las de carácter personal, en las que los economistas no tienen ninguna ventaja especial respecto a otros profesionales (abogados, ingenieros, etc.). Entre otras, algunas de las cualidades más importantes son la discreción, el don de gentes, la astucia, la diplomacia y la lealtad.

Los consejeros independientes: ¿cómo actúan?

Existen dos tipos principales de consejeros independientes: los verdaderos y los camuflados. Los primeros son escasos, los segundos abundantes. En la mayoría de las empresas, el apellido «independiente» es una auténtica burla, pues el grado de autonomía de esos consejeros varía entre escaso y nulo. No obstante, no es lo que dicen los códigos de buen gobierno, unos reglamentos elaborados con fines principalmente propagandísticos y que suelen tener una utilidad similar a la del papel mojado.

Un consejero independiente camuflado debe poseer dos virtudes principales: diplomacia y fidelidad. Una adecuada utilización de ambas aconseja que nunca exprese, ni verbalmente ni por escrito, lo que piensa, sino lo que es conveniente en aquel momento. O sea, debe poseer el don de la oportunidad. Ha de comportarse de esta manera no por el bien de la empresa, sino porque así le interesa a quien ha sugerido su nombramiento, generalmente el máximo ejecutivo de la compañía.

Además de estas dos cualidades, otro requisito para recibir tal designación es la posesión de una extensa red de contactos. A veces, una parte de la labor del consejero consiste en abrir determinadas puertas (aspecto en el que son especialistas los políticos retirados) a los ejecutivos de la empresa. Sin su intervención, el fácil acceso de éstos a determinadas personas clave para el futuro de la compañía sería imposible, ya que los directivos no suelen poseer unas relaciones personales tan excepcionales, aunque algunos de ellos las tengan muy buenas.

Dichas virtudes no son las que idealmente debe poseer un consejero independiente, pero sí las más idóneas para triunfar en un entorno en el que moverse adecuadamente casi nunca es sencillo y en bastantes ocasiones francamente complicado. Algunas veces lo es por las características propias del negocio al que se dedica la compañía, pero la mayoría por su auténtica estructura de poder, una configuración por lo general bastante diferente de la que sugiere la lectura de su organigrama.

En numerosas empresas el mando es único, y es difícil encontrar alguna donde la dirección sea verdaderamente colegiada. Así pues, en la mayoría de ellas, uno decide y todos los demás obedecen, normalmente sin rechistar. Tal capacidad suele ejercerla el consejero delegado, ya sea sutilmente o con mano de hierro, pues no todos tienen el mismo estilo de gestión. Por tanto, no es extraño que en la compañía nadie más que él tenga ideas brillantes (aunque algunas realmente sean ocurrencias), conozca las futuras claves del sector donde opera y sea capaz de interpretar de forma adecuada la próxima coyuntura económica (incluso si sus conocimientos macroeconómicos son escasos). En bastantes ocasiones, el inmenso poder que detenta le lleva a tener un ego desmesurado, y no soporta que casi nadie le lleve la contraria. Hacerlo prácticamente significa caer en desgracia. Sólo les suele permitir discrepar a los miembros del consejo de administración que representan a la propiedad, pero no a los independientes. La diferencia entre ellos está en que los primeros no han sido nombrados a sugerencia suya, mientras que los segundos generalmente sí.

Así las cosas, el consejero independiente astuto tiene claro lo que debe hacer: nunca proporcionar una idea ni proponer una estrategia en las reuniones del consejo. Cualquiera de ambas actuaciones podría ser interpretada erróneamente por el máximo directivo de la empresa y considerada por éste un acto de deslealtad. Así, no sería del todo extraño que creyera que detrás de estas propuestas se encuentra el deseo oculto de obtener un puesto de carácter ejecutivo en la empresa y, en el futuro, de sustituirlo como consejero delegado. Si pretende decir algo interesante en dichas reuniones y no simples banalidades, o elogiar las actuaciones efectuadas, primero debe pedirle permiso, lo que normalmente hará durante los días previos a la celebración del consejo.

No obstante, cuando el principal órgano de gobierno de la empresa está dividido y una pequeña fracción de sus miembros discrepa de la estrategia adoptada o de la gestión realizada por sus directivos, el consejero independiente puede desempeñar una función especial: la de reducir la tensión que se respira en las reuniones del consejo e intentar establecer puentes de unión entre las diferentes partes. Para conseguir sus propósitos, siempre siguiendo las instrucciones del máximo ejecutivo de la compañía, en determinadas ocasiones utiliza su capacidad diplomática y, en otras, su simpatía natural. Antes, en y después de las reuniones, algunos de ellos gastan bromas agradables, cuentan chistes graciosos y explican cotilleos interesantes. Y prácticamente nunca meten la pata. En nuestro país, aunque parezca increíble, escasean las personas relevantes con este especial savoir-faire. Debido a ello, aunque su capacidad técnica no sea nada destacable, algunas que lo poseen forman parte de varios consejos de administración.

En definitiva, el consejero independiente debe ser consciente de que generalmente se le paga por hablar de forma no insustancial sólo cuando se le pida (cuando el consejero delegado o un colaborador suyo lo llama a su despacho para que así lo haga) y por votar, en cualquier propuesta, lo mismo que los ejecutivos de la compañía. La locuacidad y la deslealtad, entendida ésta de una manera especial, son incompatibles con dicho cargo. Excepto si proporcionan contactos de alto nivel o ejercen una función mediadora en el seno del consejo, sus actuaciones tienen un notable parecido con las de un diputado o senador de base. Por tales, entiendo a aquellos que en toda una legislatura no han subido al atril ni han participado activamente en ninguna comisión y que tienen como principal actividad votar, aunque no de forma autónoma, sino completamente dirigida. Así, si el jefe del grupo parlamentario, o en quien éste delegue, levanta un dedo, votan a favor de la proposición; si eleva dos, en contra, y si enseña tres, se abstienen.

Sin embargo, la remuneración percibida por unos y otros no suele ser la misma, pues la obtenida por un consejero independiente de una gran empresa es notablemente superior. Así, en el 2012, la retribución media sufragada por las compañías del IBEX a dichos consejeros fue de 197.000 euros, y la pagada por las seis sociedades españolas de mayor capitalización bursátil superaba en promedio los 300.000 euros. Tanto una asignación como la otra no están nada mal, especialmente si se tiene en cuenta la escasa dedicación que le supone a la mayoría de ellos (en algunas empresas, la asistencia a menos de una reunión por mes).

La consultoría: ¿qué deben indicar los informes dirigidos?

En la mayoría de las ocasiones, los consultores, con larga experiencia y visión profesional, son rápidamente conscientes de lo que pretende la persona que les está encargando un informe. Aunque no hable claro, ellos le suelen entender. Basándose en la conversación mantenida, enseguida proceden a calificar el análisis solicitado de dos formas distintas: libre o dirigido (para más información, véase el capítulo 5). Si es del segundo tipo, y tienen alguna duda sobre lo que el cliente desea, no sería extraño que, después de unos minutos de retórica conversación, dijeran la frase clave: ¿qué conclusiones quieres que refleje el trabajo? Es la pregunta esperada por su interlocutor, especialmente si éste es consciente de que su exposición de motivos ha sido más confusa de lo deseado y no tiene la suficiente confianza para utilizar con los consultores un lenguaje más directo.

Si quien lo contrata es un ejecutivo, éste raramente pretenderá que la consultora realice un análisis creativo. Aunque parezca mentira, no le interesan sus propuestas originales para mejorar la productividad, incrementar las ventas y obtener a medio plazo un sustancial incremento de beneficios. Si quien recurre a los servicios de la consultoría es un político, en la mayoría de los casos tampoco aspira a obtener una gran utilidad del informe. Así, difícilmente le pedirá a aquélla que evalúe el verdadero impacto de las políticas efectuadas ni que proponga algunas innovadoras. Casi todos los clientes generalmente pretenden que el estudio muestre lo acertadas que son las últimas medidas que han adoptado, y no esperan encontrar en él nada más relevante. En definitiva, no desean que los consultores les digan lo que deben hacer, sino que con otras palabras lleguen a las mismas conclusiones que ellos y, por tanto, subliminalmente manifiesten que están efectuando una magnífica gestión.

Por tanto, en los informes dirigidos, los consejos, opiniones y análisis de los consultores no suelen reflejar su verdad, sino lo que quiere leer y escuchar quien lo ha solicitado. En teoría, el sector privado y el público constituyen dos mundos sustancialmente diferentes; sin embargo, en la realidad no lo son tanto. Entre otras, tienen una importante característica en común: quien tiene el poder es quien suele tomar las decisiones y normalmente no acepta con agrado que le discutan su criterio, ya sea de forma sutil o explícita.

Una vez obtenidos los resultados preliminares del informe, el economista que lo supervisa procede a valorarlos. Si éstos contradicen las opiniones del dirigente que lo ha contratado, un consultor avezado se dará cuenta enseguida del importante problema que pueden ocasionar. En cambio, si es un consultor ingenuo, aunque posea multitud de conocimientos técnicos, será incapaz de detectarlo. El primero, no así el segundo, intuirá el gran disgusto que provocaría en el político o ejecutivo la incorporación de las conclusiones iniciales en la versión final del informe. Por tanto, si no las cambia, sabe que está asumiendo un gran riesgo: perder prácticamente para siempre la cuenta y, en consecuencia, probablemente colaborar por última vez con la correspondiente compañía o Administración Pública. Si así sucede, es muy probable que sus jefes no lo feliciten por su valentía y sinceridad, sino que le reprochen su gestión.

Así pues, con la finalidad de evitar la pérdida del cliente, en la mayoría de las ocasiones el consultor supervisor opta por realizar los oportunos cambios en el informe final. Después de ellos, éste ya será del agrado de quien lo ha encargado. No obstante, el análisis efectuado no tendrá un carácter objetivo, sino uno considerablemente sesgado. En consecuencia, si el directivo no ha acertado con la estrategia aplicada hasta el momento, el informe difícilmente reflejará, entre otros aspectos, las ventajas competitivas de la empresa, las posibilidades de éxito de sus nuevos productos o los puntos fuertes y débiles de su gestión comercial. En el caso de que un político no haya atinado, el análisis puede convertirse en una perfecta guía de cómo fracasar en materia de política industrial, turística o social. En definitiva, de cómo malgastar el dinero público.

Por tanto, las empresas de consultoría tienen pleno conocimiento de que en los informes dirigidos a veces los análisis efectuados son erróneos y las recomendaciones realizadas contraproducentes. En este caso, no porque sus técnicos hayan hecho mal su trabajo, como en ocasiones sucede (para más información, véase el capítulo 5), sino primordialmente por seguir las instrucciones implícitas de quien los ha contratado. En ellos está muy presente el eslogan «el cliente siempre tiene la razón», lema que constituye la principal guía para los consultores.

No obstante, más de una vez, esta forma de actuar les genera algunos problemas. Así, si la estrategia aconsejada en sus informes conduce a las compañías contratantes a obtener abultadas pérdidas, o incluso llega a provocar su desaparición, es probable que sus directivos más importantes señalen a las empresas consultoras como los principales culpables del desastre acontecido. Así ha sucedido en nuestro país en el caso de determinadas cajas de ahorros. Una parte de sus ejecutivos, arguyendo que se limitaban a seguir las directrices establecidas por una reconocida consultora internacional, han eludido casi cualquier responsabilidad y le han adjudicado a ella la principal.

Este riesgo suele ser previamente valorado y aceptado por la dirección de dichas empresas. En la evaluación coste-beneficio efectuada, aquélla suele otorgar una mayor importancia al dinero recibido por la confección de los informes dirigidos que al probable prestigio perdido. Es decir, de forma nada sorprendente, suele valorar en mayor medida lo ocurrido a corto plazo (los ingresos obtenidos) que lo que puede suceder a medio plazo (la reputación dañada).

Indudablemente, el resultado de la evaluación está muy influenciado por una idea compartida por bastantes ejecutivos de empresas consultoras: los errores de diagnóstico cometidos deterioran escasamente el prestigio de la compañía. Dicha convicción se basa principalmente en dos hipótesis: la memoria de los directivos y políticos es sumamente débil y las equivocaciones cometidas, tanto en los análisis estratégicos como en los económicos, son muy frecuentes. Aunque es muy probable que ambas premisas sean parcialmente ciertas, un gran menosprecio del riesgo asumido ha comportado la desaparición de algunas consultoras y la conversión de otras en prácticamente marginales. El motivo es muy sencillo: no todos los fallos son iguales. Tal como indica el dicho, «hay errores que matan», o casi.

La política: ¿cómo conseguir una elevada remuneración aplazada?

En la mayoría de las ocasiones, los dirigentes de un país califican determinados objetivos políticos, sociales o ideológicos como los verdaderamente importantes, relegando a un papel secundario aquellos que tienen un carácter marcadamente económico. No obstante, estos últimos pueden adquirir una especial relevancia cuando el país está inmerso en una profunda crisis, una preeminencia que suelen perder en el momento en que el PIB vuelve a crecer de forma satisfactoria. Esta manera de pensar lleva a que un gran número de los dirigentes supedite la economía a la política y considere casi cualquier estrategia económica como un instrumento útil para la consecución de los objetivos de carácter político, mientras que el logro de algunos de los objetivos económicos constituye únicamente un paso intermedio.

Sin embargo, los gobernantes no siempre dicen a los ciudadanos lo que piensan. Algunas veces los engañan y les indican que la anterior relación es en sentido inverso. O sea, que la política depende de la economía. Generalmente recurren a dicha táctica para evitar críticas a determinadas medidas impopulares que han adoptado, y que intentan presentar como inevitables cuando algunas de ellas en realidad son fácilmente eludibles. Un claro ejemplo de ello lo ofrece el camino elegido por la UME para salir de la Gran Recesión, opción en gran medida política, ideológica y social, por más que los principales líderes europeos la han disfrazado de económica.

Los distintos Gobiernos democráticos, independientemente de su color político y de la etapa histórica considerada, suelen tener en común dos objetivos principales: mejorar, o mantenerlas si son buenas, las perspectivas electorales de su partido y satisfacer los intereses de los grupos de presión que los apoyan. El primero suele llevarlos a adoptar políticas populistas, especialmente en su último año de mandato. En bastantes ocasiones, éstas incluyen medidas que proporcionan buenos resultados económicos a corto plazo, pero negativos o desastrosos a medio plazo. El segundo supone a veces anteponer los intereses de determinados grupos de presión a los del país. A lo largo de la historia, un magnífico ejemplo de ello lo ha constituido la política comercial. En numerosas ocasiones y en múltiples estados, su diseño ha buscado beneficiar a las empresas autóctonas en lugar de a la nación en su conjunto y su aplicación ha comportado generalmente una reducción del PIB, puesto que la suma de las ganancias suplementarias obtenidas por las empresas nacionales y los ingresos extra conseguidos por la Administración ha sido inferior a las pérdidas sufridas por los consumidores.

Sin duda, los distintos Gobiernos son muy diferentes. Algunos ejecutan un programa continuista y unos pocos uno reformista. Los primeros prácticamente sólo pretenden la consecución de los dos objetivos que acabamos de presentar; los segundos, en cambio, buscan lograr otros notoriamente más ambiciosos, tales como la realización de un importante cambio social o la transformación de la estructura político-administrativa del país. A menos que pretendan suicidarse, estos últimos necesitan que la metamorfosis planeada sea apoyada por una gran parte de la población o, como mínimo, aceptada por ella. Para conseguir dicho apoyo, es imprescindible que convenzan a los ciudadanos de las numerosas ventajas, sean ciertas o no, que les reportarán los cambios propuestos. La economía es un magnífico instrumento para esta tarea, ya que proporciona una gran provisión de argumentos (verdaderos o falsos) que la población considera creíbles. Por ello, los políticos la utilizan partidistamente con gran frecuencia. Así lo hacen cuando, por ejemplo, plantean la necesidad de reducir las prestaciones sociales, traspasar a la Administración del Estado algunas competencias autonómicas o privatizar diversas empresas o servicios públicos.

En el primer caso, la excusa dada es extremadamente sencilla: las prestaciones sociales no se pueden sufragar tan generosamente como en la actualidad, pues no hay suficiente presupuesto. Indiscutiblemente, es probable que en algunos países así sea, aunque por lo general suelen darse dos condiciones políticas e ideológicas previas: su mantenimiento no constituye una de las prioridades principales del Gobierno y éste considera que su nivel actual supone en cierto modo un despilfarro de dinero público. En el segundo, el motivo indicado es la superposición de las competencias de las distintas administraciones y el sobrecoste que ello comporta. Sin duda, es imprescindible eliminar este último, pero el remedio no consiste necesariamente en volver a centralizar las competencias sino en organizar mejor la Administración Pública del país.

En el tercer caso, el argumento esgrimido es la superioridad de la gestión privada frente a la pública. Así, para muchos políticos, economistas y ciudadanos, ya se trate de la producción de bienes o de la prestación de servicios, la primera es más eficiente (mejor y con un coste inferior) que la segunda. En términos generales, me parece un auténtico mito, pues considero que dicha afirmación algunas veces es cierta y otras no. Un sector donde recientemente se ha observado lo segundo es el financiero. Basándose en este mito, en las tres últimas décadas distintos países procedieron a eliminar la banca pública y a reducir la supervisión de la privada, considerando al mercado como el mejor regulador posible de esta última (la posición defendida por Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal entre 1987 y 2006).

El resultado de ello fue la Gran Recesión, pues su origen está en la explosión de una burbuja inmobiliaria generada por una gran e imprudente expansión del crédito. Sin embargo, paradójicamente, casi ningún político importante ha sugerido el regreso definitivo de la banca pública, aunque en algunos países sigue sin fluir de manera adecuada el crédito a familias y empresas y los hechos recientes han demostrado que la banca privada no gestionaba tan bien, ni comparativamente tan mal la pública. En materia bancaria, sin ninguna duda, la preservación del mito responde a un motivo ideológico, pues en los últimos seis años la coyuntura ha cambiado sustancialmente, pero las ideas económicas predominantes no se han visto modificadas.

Todas estas razones determinan que la mayoría de los políticos consideren más importantes los intereses de su partido que los de su país. Por tanto, la estrategia económica del Gobierno de la nación debe priorizar los primeros sobre los segundos. Esta concepción comporta que en la elaboración de dicha estrategia la sabiduría política adquiera una mayor importancia que la económica y, por consiguiente, los políticos piensen que son las personas idóneas para determinar sus características principales. Así pues, aunque no poseen los conocimientos técnicos necesarios, los políticos consideran que tienen plena capacidad para tomar decisiones económicas cruciales para el futuro de la nación, relativas al modelo de desarrollo que se debe adoptar, la potenciación y postergación de algunos sectores o la construcción de determinadas infraestructuras.

Además, tal como normalmente sucede en el mundo empresarial, el mando en la política también suele ser único. La última palabra en las cuestiones esenciales siempre la tiene el presidente del Gobierno, independientemente de su capacidad para entender y comprender el alcance de los temas económicos. Le ha costado mucho alcanzar el poder y pretende ejercerlo tanto como le sea posible. En consecuencia, ni él ni ninguno de sus ministros dejarán que ningún técnico, analista o profesor universitario, con sus recomendaciones y estudios, les disuada de aplicar sus ideas y convicciones. No les inquieta nada que éstas puedan ser erróneas y su aplicación perjudique claramente al país en un futuro más o menos cercano.

Por tanto, los economistas que trabajan en la política, pero no ejercen como políticos profesionales, generalmente tienen un exiguo poder de decisión. Debido a ello, normalmente sólo se ocupan de dotar de contenido a la estrategia diseñada por los políticos. Si consideran que ésta es equivocada, la mayoría no se lo comunicará a sus superiores, aunque los errores sean grandes y relativamente obvios. Saben que si los contradicen perderán su confianza y el puesto de privilegio alcanzado, y que serán sustituidos por otros más obedientes (los políticos los denominan más fieles). En consecuencia, para numerosos expertos económicos que trabajan con dirigentes políticos, la frase «el rey (presidente, ministro o similar) está desnudo» continúa estando totalmente prohibida.

En cierta medida, un ejemplo de esto ocurrió en España durante la primera legislatura de Zapatero (marzo 2004-marzo 2008). El presidente basó una parte de su estrategia política en el aumento de las prestaciones sociales concedidas a los ciudadanos. Así, entre otras medidas, aprobó la ley de dependencia (señalada como el cuarto pilar del Estado del bienestar), incrementó sustancialmente las pensiones mínimas, instauró ayudas a la maternidad (cheque bebé de 2.500 euros) y concedió un subsidio a los más jóvenes (210 euros mensuales) para que pudieran sufragar más fácilmente el alquiler de una vivienda. Dicha estrategia solamente era posible y sostenible si los ingresos tributarios alcanzaban niveles muy elevados, cosa que dependía principalmente de la continuidad del boom inmobiliario. Aunque algunos economistas del entorno presidencial (probablemente muy pocos) pensaban que dicho plan era inviable a medio plazo y sumamente perjudicial para la economía española, no se lo indicaron. O si se lo dijeron, lo hicieron con escasa convicción. Insistir era excesivamente peligroso, ya que podía ser considerado una deslealtad, al poner en duda uno de los aspectos claves del proyecto político del presidente del Gobierno.

La inmensa mayoría de los economistas que trabajan en la política no reciben una retribución excepcional, especialmente si la comparamos con el salario medio percibido por los que destacan en la empresa privada. No obstante, si ocupan un cargo que aparentemente les permite influir en la adopción de importantes decisiones económicas y les proporciona una visibilidad significativa, una vez abandonado el cargo suelen recibir una magnífica recompensa por sus años de trabajo al servicio del pueblo. Entre otras vías, dicha recompensa proviene de las remuneraciones recibidas por su participación en diversos consejos de administración, su contratación como asesor de varias medianas y grandes empresas y la realización de numerosas conferencias (extraordinariamente retribuidas) en múltiples fundaciones y universidades. En definitiva, en materia económica, mientras están en política siembran y, cuando la dejan, recogen los frutos. Si el profesional ha sido hábil, la cosecha suele ser muy abundante y duradera.

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UNA UTILIZACIÓN INADECUADA DE LA IDEOLOGÍA POLÍTICA

En la mayor parte del mundo, las personas tienen un solo apellido, que suele ser el del padre. No obstante, la mayoría de los economistas disponemos de un segundo apellido, no precisamente el de nuestra madre, sino el conseguido después de años de formación y ejercicio de la profesión. Algunos lo conservan durante toda una vida; otros lo cambian una o más veces a lo largo de su existencia. Las experiencias profesionales vividas y el paso de la juventud a la madurez constituyen las principales claves que explican dichos cambios. Este segundo apellido no es específico, como lo sería si fuera un mote, sino considerablemente genérico: de derechas o de izquierdas.

Indudablemente, ésta es la forma más popular de clasificar a los economistas y está basada en la ideología política de cada uno de nosotros. Aunque es obvio que en mayor o menor medida prácticamente todas las personas poseen una, en casi ninguna otra profesión determina tanto la actuación de sus integrantes e influye tan decisivamente sobre lo que algunos de ellos dicen o escriben públicamente. Así, en otras disciplinas científicas, tales como la física, la química o la medicina, la ideología política raramente tiene una influencia significativa en las investigaciones llevadas a cabo por sus miembros. Por dicho motivo, nadie consideraría pertinente, sino una auténtica estupidez, una clasificación que diferenciara los físicos, químicos o médicos de derechas de los de izquierdas. En economía, sobre todo en determinados casos, es sumamente útil, ya que ayuda a valorar si los argumentos ofrecidos por los miembros de la profesión son ecuánimes o sesgados.

Un número muy considerable de economistas no necesita que nadie los califique de una u otra manera, pues ya lo hacen ellos mismos de forma suficientemente explícita. Tienen un posicionamiento económico muy claro, estrechamente relacionado con su ideología y basado principalmente en algunas de las siguientes razones: la política es su principal profesión, sus análisis defienden sus propios intereses en lugar de los del conjunto del país y carecen de la capacidad técnica necesaria para proporcionar una solución distinta a diferentes problemas. Los dos primeros motivos están sustentados en el deseo de obtener un provecho personal; el tercero, en su incompetencia. Ésta sería similar a la de un médico que recetara a todos sus pacientes una aspirina, tanto si presentan una herida en una pierna, padecen dolor de cabeza o tienen un problema de estómago.

Dichos economistas, sean cuales sean los principales problemas de una nación, siempre pretenden resolverlos con las mismas medidas. No obstante, las que proponen los que se califican a sí mismos como de derechas difícilmente son similares a las que plantean los de izquierdas. Así, algunos de los primeros creen que casi todo se arregla realizando reformas estructurales y disminuyendo los tipos impositivos, principalmente los que gravan la renta. Por el contrario, un número significativo de los segundos piensa que la solución maravillosa pasa por incrementar la inversión en infraestructuras y conceder mayores subsidios a las familias, especialmente a las más humildes.

A diferencia de estos profesionales, otros son mucho más sutiles y evitan en casi todo momento decantarse públicamente hacia uno u otro lado. Principalmente se comportan así porque son pragmáticos o muy diplomáticos. Los primeros suelen ser ideológicamente light y supeditan la política a la economía, exactamente lo contario de lo que suelen hacer los políticos. Los segundos pretenden quedar bien con todo el mundo, de forma que los políticos de derechas los consideren afines, y los de izquierdas, de los suyos.

En definitiva, actuemos de una o de otra manera, no podemos evitar que la sociedad nos adjudique un segundo apellido. No sólo sucede con los economistas importantes, sino con todos los integrantes de la profesión. Después de escuchar nuestras opiniones o leer nuestros escritos, así lo hacen los amigos, los compañeros de trabajo, los medios de comunicación o el gran público. Por tanto, es prácticamente inevitable que, cuando uno de nosotros firma un artículo sobre política económica, a ojos de los lectores aparezca nítidamente nuestro nombre y apellido personales (por ejemplo, Luis Alonso) y escondido entre las líneas del escrito el profesional (De Derechas).

Uno de los factores que más influye en nuestro pensamiento económico es la formación recibida. Ésta no es siempre neutra o equilibrada, sino que en determinadas universidades tiene un carácter considerablemente sesgado. En la actualidad, algunas de ellas son verdaderas fábricas de producción de economistas de derechas o de izquierdas. Así, por ejemplo, salen adornados con el primer apelativo la mayoría de los que obtienen el grado de Economía o Administración de Empresas en las más prestigiosas instituciones privadas de Guatemala. Este resultado no es una casualidad, sino una consecuencia de lo estudiado en múltiples asignaturas de la carrera. En ellas se evalúa de forma exhaustiva las políticas liberales, y por lo general los profesores loan sus ventajas y obvian sus inconvenientes. De forma relativamente increíble, estos docentes tienden a ignorar otro tipo de medidas, muy diferentes de las anteriores.

Por el contrario, posee las características de los segundos un gran porcentaje de los que finalizan dichos estudios en casi cualquier universidad pública de Argentina. En sus programas, la economía marxista continúa teniendo una notable relevancia. A pesar de que sus principales directrices únicamente son aplicadas en la actualidad, con escaso éxito, por unos pocos países, un elevado número de los profesores de estos centros la sigue considerando una alternativa válida al capitalismo. Para algunos de ellos, el colapso de la Unión Soviética y de los países de la Europa del Este que se produjo entre finales de los ochenta y principios de los noventa jamás tuvo lugar.

La carrera profesional desarrollada también tiene una importancia considerable en nuestra manera de observar la economía. No obstante, nos afecta de forma desigual, e influye más a unos que a otros. Uno de los grupos más influenciados por las experiencias vividas en el trabajo son los directivos principales de las empresas privadas. Es casi más difícil encontrar una aguja en un pajar que a un economista verdaderamente de izquierdas entre ellos, pues la mayoría se considera de derechas y casi todos los que niegan serlo se comportan como si lo fueran. Suelen serlo por intereses tanto personales como profesionales, dados los menores impuestos que generalmente pagan cuando gobierna un partido democristiano o liberal y las mayores facilidades que su empresa tiene para llevar a cabo determinados tipos de negocios.

En cambio, quienes han desempeñado desde hace años su labor profesional en un sindicato es muy probable que sean de izquierdas. En primer lugar, porque en los países democráticos es muy difícil encontrar a algún sindicato relevante que defienda las posiciones económicas de los partidos de derechas, como lo es encontrar una organización patronal que apoye a los de izquierdas. En segundo lugar, porque si no tuvieran tal ideología, difícilmente habrían conseguido trabajar para ellos, pues ésta es una condición implícita establecida por sus principales dirigentes. En resumen, si sus propuestas no tienen un perfil de izquierdas, sus superiores no las consideran adecuadas para lograr los objetivos perseguidos, sino contraproducentes.

Sin embargo, a diferencia de estos dos colectivos, existen otros muchos para quienes su trabajo no influye significativamente sobre su pensamiento económico. Por regla general, en este último grupo se encuentran aquellos economistas que ejercen una función principalmente técnica y no tienen responsabilidades ejecutivas. Entre ellos está la mayoría de los que se dedican a la contabilidad, las finanzas, el márketing, la logística, etcétera.

LA INFLUENCIA NEGATIVA DE LA IDEOLOGÍA POLÍTICA EN LA MACROECONOMÍA

En nuestros análisis, los economistas obtenemos un discreto porcentaje de aciertos, especialmente cuando en ellos incorporamos predicciones y nos aventuramos a indicar lo que sucederá en el futuro. Los motivos de nuestros errores son múltiples y sumamente diversos. Uno de los más comunes es la incorporación de la ideología política propia en nuestros análisis. Algunas veces la agregamos inconscientemente y otras de forma automática. No obstante, sea cual sea la causa, su influencia nociva afecta en numerosos casos a la utilidad de nuestras recomendaciones.

En la mayoría de los estudios realizados se observa esta repercusión perjudicial, aunque resulta especialmente acusada en los que tratan sobre temas macroeconómicos. En dicha área, con relativa frecuencia nuestra ideología política nos nubla la vista, nos hace perder la objetividad y nos confunde. Una vez detectado un problema, su perniciosa influencia provoca que numerosos analistas propongan la solución más compatible con sus convicciones políticas personales, en lugar de la mejor. A veces, el remedio propuesto no es tal, sino una dificultad añadida. Así, debido a su uso improcedente, más de una vez una recesión previsiblemente corta ha acabado siendo una crisis importante o una complicación económica relativamente fácil de resolver se ha convertido en un grave conflicto social.

En Estados Unidos, durante los primeros años de la década de 1930, se observó claramente la influencia negativa de la ideología política sobre la macroeconomía. Durante esa etapa, dicha influencia impidió que una gran reducción de la demanda de bienes del sector privado, derivada de una veloz e impresionante caída de la Bolsa (conocida popularmente como «el crac del 29»), fuera rápidamente compensada por la Administración con un aumento de la del sector público. El triunfo de la ideología política sobre la racionalidad económica condujo a numerosas familias a la más absoluta pobreza e hizo que muchos ciudadanos desperdiciaran casi una década de su vida, desde una perspectiva tanto personal como profesional.

En el período inicial de la crisis, la intensa y rápida disminución del precio de las acciones provocó una gran reducción del poder adquisitivo de un número de personas considerable. En poco tiempo, algunas de ellas vieron cómo su situación económica daba un giro de 180 grados y su nivel de vida, antes holgado, se volvía paupérrimo. Antes del 24 de octubre (día apodado como «el jueves negro»), disponían de un gran patrimonio, compuesto principalmente por su cartera de acciones, cuya revalorización en los últimos años había sido espectacular. En cambio, unos meses después, prácticamente sólo poseían deudas. Entre uno y otro momento se había volatizado la mayor parte de su patrimonio, y después del desplome de la Bolsa sus activos tenían un valor inferior al de sus pasivos. Esta gran destrucción de riqueza provocó un enorme descenso del consumo en bienes y servicios y en un breve período de tiempo llevó a numerosas compañías a la desaparición.

La gran tasa de paro observada, la escasa utilización de la capacidad productiva existente, el gran nivel de endeudamiento de familias y empresas y el colapso del mercado de crédito, originado por la quiebra de numerosos bancos, impedían que el sector privado actuara como motor de la recuperación económica a corto plazo. Era imposible que el consumo de los ciudadanos o la inversión de las compañías aumentaran de forma súbita y significativa. Dada esta situación, existían dos alternativas: la tradicional y la innovadora. La primera consistía en resignarse y esperar a que volviera a aumentar el nivel de gasto del sector privado, tardara éste poco, bastante o mucho. La segunda suponía activar una nueva fuente de demanda de bienes, entendiendo por tal la realizada por el sector público.

La primera solución fue la aplicada durante el siglo XIX, por lo que dicha centuria fue un período en que de forma relativamente frecuente los principales países del mundo alternaban etapas de gran expansión con otras de intensa recesión. Estas últimas eran asumidas por la profesión como irremediables. Incluso algunos economistas y hombres de negocios las veían como esenciales para la supervivencia del capitalismo, pues consideraban que purificaban el mercado al eliminar las empresas más ineficientes. La segunda constituía una novedad absoluta y era considerada prácticamente una herejía tanto por las autoridades como por los principales lobbies económicos de la época. Unos siglos antes, propuestas similares realizadas en otros ámbitos científicos condujeron a la hoguera a quienes las sostuvieron.

Esa calificación de «herejía» tiene como principal sustento la ideología económica de las corrientes políticas conservadora y liberal, las dominantes en la inmensa mayoría de los países avanzados de la época. Ambas consideraban que una intervención significativa del Estado en la economía sería extremadamente perjudicial para el país a corto, medio y largo plazo. Por el bien de todos, éste no debía impulsar ningún tipo de política económica activa, y su actuación debía limitarse prácticamente a proporcionar la suficiente financiación al ejército, la política y la justicia. Debido a ello, en la inmensa mayoría de los Gobiernos de la época el único ministerio económico era el de Hacienda. En aquel entonces, esta opinión era poco menos que un dogma de fe y se tachaba de socialista o comunista a quien osara contradecirla.

La solución ortodoxa (aunque no en todos sus aspectos) fue la aplicada entre 1929 y 1932 , pero en 1933 la llegada a la presidencia del demócrata Roosevelt, en sustitución del republicano Hoover, conllevó importantes cambios en la política económica realizada y la adopción de diversas medidas heterodoxas. Por un lado, supuso el abandono por parte de Estados Unidos del patrón oro; por otro, la implantación de una política monetaria considerablemente más expansiva. Desapareció la obsesión por el control de los precios y la Administración concedió una importancia considerablemente superior al impulso del crecimiento económico que al mantenimiento de una baja inflación.

Aunque a priori no lo parezca, la salida del patrón oro no fue una decisión más, sino una de gran trascendencia, hasta el punto de que algún partidario de la ortodoxia económica llegó a calificarla como el principio del fin de la civilización occidental. A partir de 1933, Estados Unidos ya podía utilizar el tipo de cambio como un instrumento más de la política económica e intentar depreciar su divisa para estimular las exportaciones, desincentivar las importaciones e impulsar el incremento de su PIB. No tardó en utilizar este recurso, pues, además de mejorar la competitividad de sus empresas, le ayudaba a salir de la deflación que había causado el hundimiento de la demanda de bienes de sus ciudadanos.

No obstante, lo más destacable fue la elaboración de un gran programa de gasto público conocido como New Deal, que comportaba la ruptura del principal dogma de fe liberal y la instauración de una política económica completamente nueva. Dicha política, que Keynes dotaría de consistencia teórica en su libro Teoría general del interés, la ocupación y el dinero (1936), suponía una forma alternativa de gestionar los países y daría lugar a una nueva corriente de pensamiento económico, el keynesianismo, que entre 1945 y 1973 sería la predominante en la mayoría de las naciones desarrolladas capitalistas. Hasta la primera crisis del petróleo, numerosos países que aplicaron los nuevos principios consiguieron resultados espectaculares, tanto en términos de crecimiento económico como en lo concerniente a la distribución de la renta. Por ello, dicho período es considerado por algunos analistas como la edad dorada de la economía.

La perniciosa influencia de la ideología política sobre la macroeconomía no sólo se ha observado en el primer mundo, sino también en múltiples ocasiones en los países en vías de desarrollo. Uno de los casos más célebres es el de la aplicación de la política de sustitución de importaciones por parte de un gran número de naciones de América Latina, la India y Pakistán durante los años cincuenta, sesenta y setenta. Inicialmente, esta medida pretendía que los ciudadanos de esas naciones reemplazaran el consumo de bienes extranjeros por otros equivalentes producidos en el país. Para conseguir tal propósito, la Administración adoptó una política proteccionista basada primordialmente en la imposición de restricciones cuantitativas a las importaciones (cuotas), de impuestos a los productos extranjeros (aranceles) y de controles cambiarios que dificultaran la realización de pagos en moneda extranjera.

Esta política comercial, apoyada por numerosos economistas de dichos países, estuvo promovida principalmente por el nacionalismo económico y se saldó con un completo fracaso, ya que fue incapaz de alcanzar ninguno de los dos objetivos principales que perseguía: la generación de empresas manufactureras competitivas a nivel internacional y la obtención de un incremento anual del PIB notoriamente superior al de la media de los países industrializados. Paradójicamente, las naciones que sí consiguieron estos dos propósitos fueron Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong, popularmente conocidas como los cuatro tigres o dragones. A diferencia de las anteriores, éstas optaron por promover la industria nacional con medidas de fomento de las exportaciones.

Ese fracaso hizo que la mayoría de los países indicados abandonara las políticas proteccionistas en la década de 1980 y abriera en un grado muy superior su economía al exterior. Las nuevas medidas adoptadas permitieron a algunos obtener resultados espectaculares, tanto a corto como a largo plazo. De todos ellos, probablemente el caso más destacado sea el de la India, debido al extraordinario nivel de crecimiento económico que ha alcanzado durante los últimos quince años (un promedio del 6,9 por ciento) y a su conversión en una de las principales naciones exportadoras del mundo (en el ranking de 2011 ocupaba el decimonoveno lugar).

El nacionalismo económico consideraba que la política de sustitución de importaciones era un instrumento importante para conseguir la completa independencia del país. A la de carácter político, obtenida años o décadas atrás, se uniría ahora la económica. Para algunos políticos y analistas de dichos países, la compra de numerosos bienes a las naciones del primer mundo constituía una nueva forma de colonización. Por otra parte, creían que la política proteccionista era la única manera de desarrollar una potente industria manufacturera propia, convencidos como estaban de que, si no les concedían ciertas ventajas y privilegios, las empresas nacionales jamás serían capaces de competir con las principales compañías extranjeras.

El plan ideado tenía dos etapas. En la primera, las restricciones y discriminaciones impuestas a los productos extranjeros entregarían el mercado interior casi en exclusiva a las empresas nacionales. Después de algunos años, la continua fabricación de manufacturas permitiría a éstas incrementar notablemente su competitividad. Según esta teoría, dicho incremento se basaría principalmente en el gran crecimiento de la productividad que se produciría como consecuencia de la experiencia acumulada a lo largo de los años por los ejecutivos y los trabajadores de las empresas y de la consecución de importantes economías de escala. Una vez alcanzado un nivel de competitividad similar al de las compañías de los países desarrollados, daría comienzo la segunda fase, en la que las empresas autóctonas no sólo venderían sus productos en el mercado interior, sino que también los exportarían a otras naciones, compitiendo de tú a tú con las principales empresas manufactureras en cualquier lugar del mundo.

A pesar de su atractivo y de la aparente lógica de sus argumentos, el plan jamás llegó a cumplirse en ninguno de los países que aplicó esta política comercial. Entre las razones de su incumplimiento, destacan especialmente las siguientes: la exigua dotación de mano de obra cualificada, el escaso número de ejecutivos y empresarios competentes, la inexistencia del nivel de capital mínimo para efectuar un volumen adecuado de inversión y unas instituciones débiles que obstaculizaban la deseada estabilidad política.

No obstante, durante todo este período, en todos los países señalados la política de sustitución de importaciones tuvo el respaldo de los principales grupos de presión empresariales. Aunque era negativa para el conjunto de la nación, tenía repercusiones muy positivas en las cuentas de resultados de las sociedades más importantes del país. La disminución artificial de la competencia extranjera permitía al capital nacional obtener una alta tasa de rentabilidad sobre recursos propios, sin necesidad de asumir un riesgo elevado ni de efectuar grandes inversiones. Fuera cual fuera su nivel de competitividad, las compañías de la oligarquía empresarial eran casi siempre sumamente rentables, debido a las impresionantes ventajas que les concedían las diferentes medidas proteccionistas instauradas.

Desde el punto de vista académico, esta política comercial se fundamentaba en el denominado argumento de la industria naciente. Dicho argumento legitima el proteccionismo temporal y considera que éste puede ayudar a crear una industria nacional potente si las empresas protegidas son capaces de aumentar en gran medida su nivel de productividad. Si así lo hacen, la eliminación de la diferencia de competitividad entre las compañías antiguas y las nuevas debería permitir a estas últimas competir con éxito en los mercados internacionales.

Aunque en el siglo XIX la aplicación de esta teoría permitió la creación de una industria nacional grande y competitiva en Estados Unidos y Alemania, no obtuvo los mismos resultados en la segunda mitad de la pasada centuria en ninguno de los países en vías de desarrollo señalados. La diferencia se explica porque en las dos primeras naciones había abundancia de mano de obra cualificada, numerosos empresarios y ejecutivos preparados, un gran volumen de capital disponible para la realización de inversiones arriesgadas y un marco institucional estable con reglas claras y permanentes.

LOS PROBLEMAS Y LAS SOLUCIONES MACROECONÓMICAS

En numerosas ocasiones, los principales problemas macroeconómicos de un país tienen una única solución adecuada. Por tanto, es aconsejable que para resolverlos se adopten medidas esencialmente pragmáticas y escasamente ideológicas. No obstante, muchos políticos y algunos economistas, especialmente los que los asesoran, desconocen esta norma o discrepan de ella. En la mayoría de los casos, consideran que existen como mínimo dos remedios: uno de derechas y otro de izquierdas. A pesar de ello, los políticos se comprometen con su electorado a aplicar sólo uno de los dos: el compatible con la ideología de su partido. Esta manera de pensar y proceder tiene mucho que ver con su verdadera consideración de la macroeconomía. De forma errónea, guiados por su instinto, la ven más como una rama de la politología que como un ámbito de la economía.

Esta consideración de las reflexiones y actuaciones de numerosos políticos en los asuntos macroeconómicos me permite llegar a una drástica conclusión: por regla general los políticos sostienen un criterio equivocado y actúan de forma incoherente. Por un lado, contemplan dos soluciones donde sólo hay una; por otro, se niegan por sistema a adoptar una de ellas. No hay duda de que el método utilizado para la toma de decisiones es francamente mejorable.

Una vez analizado el comportamiento de los políticos, creo que es relativamente fácil entender por qué aciertan tan poco, y no es para nada descartable que algunas de las veces en que atinan sea más producto de la suerte que de su capacidad. Los economistas que tienen a su lado les sirven de bien poco; ni suelen ayudarlos a entender la verdadera magnitud de los problemas económicos de la nación, al tender a infravalorarlos, ni los orientan adecuadamente respecto a las soluciones que deben adoptar, al priorizar las ideológicas sobre las pragmáticas. Algunas veces dichos economistas actúan así por incompetencia, pero la mayoría de ellas, como hemos explicado anteriormente, por miedo a perder el puesto de privilegio alcanzado. Este temor los induce a dar prácticamente siempre la razón a sus superiores políticos, ya sea correcta, mediocre o desastrosa la política económica por ellos propuesta.

Después de llevar un tiempo gobernando y de haber desdeñado las recomendaciones de diversos analistas independientes, algunos primeros ministros o presidentes del Gobierno se dan cuenta del grave error cometido. La solución adecuada para el país, la única válida desde una perspectiva pragmática, era la otra; la suya, la aplicada hasta la fecha, no sólo no mejora la situación de la economía nacional, sino que la empeora. En dicho momento, se enfrentan a un dilema: seguir equivocándose o tratar de rectificar. Si eligen la primera opción, el deterioro económico continuará y el descontento de la población hará que sea prácticamente imposible que su partido sea el más votado en las próximas elecciones, puesto que sólo una pequeña parte de sus antiguos votantes concederá mayor importancia al cumplimiento de su programa electoral que a la situación económica del país. La mayoría de ellos valorará más la mala gestión del Gobierno que el respeto de los compromisos electorales.

Por el contrario, si escogen la segunda posibilidad, es probable que la coyuntura mejore al cabo de un tiempo. En la mayoría de las ocasiones, lo hará paulatinamente; en unas pocas, de forma rápida. Este último caso generalmente sucede cuando ha tenido lugar una depreciación sustancial de la moneda nacional sin que haya originado un gran aumento de la inflación. En cualquiera de las dos situaciones, aunque especialmente en la primera, será muy difícil que el partido gobernante obtenga en las próximas elecciones unos resultados similares a los conseguidos en las anteriores. Aunque el país esté algo mejor de lo que estaba cuando llegó al poder, la política económica seguida ha decepcionado a una parte importante de sus antiguos votantes. La razón principal estriba en que ha incumplido casi por completo su programa electoral y ha adoptado una serie de medidas que son completamente antagónicas a las que había prometido.

En política, los errores, especialmente si son graves y de carácter económico, comportan un gran coste para quien los ha cometido. Dicho coste se visualiza en las próximas elecciones, cuando una parte de sus votantes tradicionales opta por otro partido, vota en blanco o decide quedarse en casa. Aunque el refrán dice que rectificar es de sabios, cuando lo hacen los políticos una gran parte de la población no les atribuye tal categoría. La mayoría los ve como unos inútiles, por no darse cuenta antes de lo que verdaderamente sucedía, o como unos traidores, por haber utilizado su confianza (otorgada mediante su voto) para implantar, al cabo de un tiempo, una política económica muy diferente de la que habían prometido durante la campaña electoral.

De estas dos posibilidades, la segunda es indiscutiblemente la mejor para el país. En determinadas ocasiones, la elección de esta alternativa conduce a los partidos a sustituir medidas ideológicas por otras de cariz realista y a recurrir a algunas otras que jamás hubieran querido adoptar. Así, es el pragmatismo lo que suele llevar a los partidos de derechas a subir la presión fiscal y a los de izquierdas a disminuir las prestaciones sociales.

Debido a la dificultad del Estado para financiarse de forma barata y a la imposibilidad de que el verdadero banco central de la nación le conceda directamente cualquier tipo de préstamo, el ejecutivo puede decidir subir los impuestos a las familias y las empresas, aunque sus ministros hayan repetido múltiples veces durante la campaña electoral que los bajarían cuando llegaran al poder. Dada su ideología de derechas, el Gobierno hubiera preferido reducir en mayor medida y más rápidamente el gasto público a subir los tipos impositivos de distintos tributos. No obstante, prácticamente no le queda más remedio que adoptar la segunda opción, a pesar de que ésta suponga el abandono temporal de uno de sus más importantes principios ideológicos.

Las principales razones para tomar dicha decisión suelen ser las siguientes: las considerables dificultades técnicas que supone la realización de forma rápida de una gran reducción del gasto público, las graves consecuencias políticas (probable aparición de revueltas populares) que puede generar una drástica disminución de las prestaciones sociales y la necesidad de complementar con un aumento de ingresos el ahorro en el gasto logrado, para llevar el déficit público a un nivel adecuado. Indudablemente, existe otra alternativa que no supone ni una subida de impuestos ni un recorte en las prestaciones sociales ni una disminución de la inversión en infraestructuras: la que lleva al país a la suspensión de pagos, solución que suele comportar a medio plazo un descenso del nivel de vida de los ciudadanos generalmente superior al producido por cualquiera de las otras opciones.

A su vez, un ejecutivo de izquierdas favorable a la extensión del Estado del Bienestar se enfrentaría a unos problemas similares si se hallara en una situación en que la caída de los ingresos estatales originase un elevado déficit público en relación con el PIB y existiera el peligro de que en un futuro próximo el país perdiera por completo la confianza de los mercados de capitales. Aunque sea con extremo disgusto, el Gobierno deberá diseñar un estricto programa de austeridad, a fin de mantener o recobrar el favor de los inversores internacionales y asegurarse la llegada de la suficiente financiación exterior.

Entre las medidas adoptadas por este hipotético Gobierno de izquierdas, muy probablemente estará la reducción sustancial de las ayudas directas a las familias y del importe destinado a financiar diversas prestaciones sociales. Además de otros muchos recortes, la nueva política económica previsiblemente supondrá menos dinero para los dependientes, el aumento del copago farmacéutico y el incremento del precio de las matrículas de la universidad pública. Aunque en el presupuesto del ejercicio el Gobierno haya priorizado el gasto social sobre la inversión en infraestructuras o en investigación, desarrollo e innovación, la necesidad de disminuir sustancialmente el déficit público le obligará a destinar a las partidas de carácter social un volumen de recursos menor que el del año anterior.

Por más que repita en reiterados mensajes a la población que sus presupuestos conceden prioridad a las partidas sociales sobre cualquier otro tipo de gasto público, y aunque tal afirmación sea cierta, el partido del Gobierno no convencerá a una parte sustancial de sus antiguos votantes. Las razones de dicho descrédito pueden ser muy diversas, pero seguramente incluirán la generación de expectativas excesivas cuando el partido estaba en la oposición, la consideración de sus argumentos como un pretexto para disimular su mala gestión y la sensación de que la política económica del Gobierno antepone el cumplimiento de los requisitos de los inversores internacionales a la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos del país.

¿CUÁL ES LA PRINCIPAL UTILIDAD DE LA IDEOLOGÍA POLÍTICA EN LA MACROECONOMÍA?

La ideología política no ha de estar siempre ausente en la macroeconomía, sino que es conveniente que aparezca en algunos —pocos— temas específicos. No obstante, nunca debería adquirir la extraordinaria relevancia que algunos dirigentes le conceden y, por tanto, jamás debería determinar las principales características de la política económica de ningún Gobierno. A pesar de ello, la ideología es esencial a la hora de establecer de qué manera se distribuye la renta nacional entre los distintos ciudadanos y, específicamente, sobre qué grupos o sectores recaen los costes o beneficios que conllevan las distintas medidas adoptadas por un ejecutivo. En dichos casos, no suele haber una única opción adecuada, sino que generalmente existen dos o más. La mayoría de las veces una es propugnada por los políticos y economistas de izquierdas y otra por los de derechas.

Históricamente, las propuestas de los primeros beneficiaban a las familias con rentas más bajas en mayor medida, o las perjudicaban en menor magnitud, que las de los segundos. En la actualidad, aunque entre unas y otras continúa habiendo algunas diferencias significativas, éstas son relativamente escasas, especialmente si las comparamos con las que existían entre los programas electorales de ambas clases de formaciones cuarenta años atrás. Esta evolución se debe principalmente a dos motivos: la distribución de la renta nacional entre la población ya no es un tema económico prioritario para casi ninguna de ellas y, en materia de impuestos, numerosos partidos de izquierdas han asumido una parte considerable del programa tradicional de los de derechas.

La evolución económica de los partidos de izquierda: algunas claves

Desde los años ochenta, aunque principalmente en la última década, casi todos los Gobiernos de las naciones avanzadas han puesto más énfasis en el nivel de crecimiento económico obtenido que en su reparto. Un gran número de ellos ha presumido de que el país iba bien cuando el PIB crecía por encima del 2,5 por ciento, sin dar casi ninguna importancia al método utilizado para conseguirlo y escasa a la manera en que dicho crecimiento se distribuía entre la población. En todo este período, esta visión gubernamental ha contribuido decisivamente a que en muchos países desarrollados la participación de los beneficios empresariales en la renta nacional aumentara en detrimento de la de los salarios.

En los últimos años, dicho fenómeno ha sido especialmente intenso en los países despectivamente denominados PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España). Los grandes ajustes realizados en ellos han conducido a una fuerte caída de la retribución anual obtenida por el conjunto de los asalariados. Los tres principales factores que explican esta caída son la considerable disminución del volumen de empleo, la bajada de los salarios y los aumentos de los tipos impositivos de numerosos tributos. En el caso de España, en el tercer trimestre de 2012 dichos ajustes condujeron al sorpasso en la distribución de la renta nacional. Por primera vez, como mínimo desde la entrada del país en la Unión Europea (1986), la participación de los beneficios empresariales (45,3 por ciento) en el PIB fue superior a la de los salarios (45,25 por ciento), situación sustancialmente distinta a la observada en 2007, pues en dicho ejercicio los primeros representaban un 5,97 por ciento menos que los segundos (41,89 por ciento versus 47,86%).

En relación con los impuestos, un gran número de los partidos socialistas de los países desarrollados ha aceptado explícita o implícitamente una de las proposiciones menos equitativas e históricamente más controvertidas de los conservadores y liberales: imponer elevados gravámenes a los ricos supone un error considerable. En el fondo, han otorgado veracidad a un argumento de la derecha económica sumamente discutible: establecer un mayor número de impuestos y gravar con tipos impositivos más elevados a la clase alta no conlleva un aumento significativo de la recaudación, y además suele producir numerosos efectos perjudiciales sobre la economía nacional. En concreto, son dos los principales argumentos utilizados por aquellos que suscriben o asumen dicho credo: la fijación de unos tipos impositivos elevados equivale a extender a los millonarios una invitación para abandonar el país y cualquier ciudadano acaudalado dispone de uno o más asesores excepcionales que obran regularmente milagros tributarios.

Para los defensores de esta teoría, la huida de un número sustancial de familias adineradas provocaría la disminución de las inversiones realizadas por ellas en la nación, y no sería para nada descartable que algunas optaran por no efectuar ninguna más en los próximos años. Por tanto, la subida de impuestos propuesta no comportaría un aumento sustancial de la recaudación, y en algunos casos podría ocasionar una disminución de ésta. Incluso es posible que originara más de un problema colateral, entre los que destaca el traslado de algunas empresas al extranjero y la consiguiente pérdida de empleos (deslocalización de inversiones y puestos de trabajo). Además, los partidarios de esta doctrina sostienen que, por más elevados que fueran los tipos que gravasen a los ricos, sus brillantes asesores conseguirían que pagaran un importe escaso en relación con su nivel de renta anual y su riqueza total. Entre los numerosos y distintos métodos empleados para tal fin, los más habituales serían el desarrollo de una contabilidad creativa legal y el traspaso de sus principales fuentes de ingresos y de una gran parte de su patrimonio a un paraíso fiscal.

A mi juicio, es totalmente coherente que cualquier sistema tributario prime la inversión, así como que intente penalizar la especulación. No obstante, un gran número de los existentes en la actualidad en los países avanzados no distinguen de forma apropiada una de otra. Así pues, considero adecuado que se beneficien de significativas desgravaciones fiscales aquellas personas que invierten sus ahorros o los beneficios obtenidos por sus empresas en la economía productiva, siempre y cuando mantengan dicha inversión durante un período de tiempo considerable (por ejemplo, una década). En cambio, no me lo parece que consigan esas ventajas, o que paguen tipos impositivos bajos, aquellos cuyos rendimientos provienen de operaciones especulativas realizadas en mercados bursátiles, inmobiliarios o de cualquier otro tipo. Cuando así sucede, como ocurre en la actualidad en numerosas naciones desarrolladas, el sistema tributario está dispensando un trato preferente a las rentas del capital en relación con las del trabajo.

En materia de impuestos, ningún asesor tiene una varita mágica. El mago Merlín tributario es una ficción, pues nunca ha existido. Por tanto, si la legislación fuera la adecuada, nadie sería capaz de hacer prodigios y evitar que sus millonarios clientes pagaran una elevada cuantía anual al fisco, por muy listo e inteligente que fuera y por muy preparado que estuviera. No obstante, a veces reciben la calificación de milagrosas operaciones en las que se infringe la legislación o en las que se utilizan las ventajas que la normativa vigente concede a las familias acaudaladas. Ilegalidad o trato de favor no tiene nada que ver con milagros tributarios, términos entre los que no existe ninguna confusión posible. Que yo sepa, ningún diccionario los contempla como sinónimos.

Por tanto, si los ricos pagan ahora proporcionalmente menos impuestos que en las décadas de 1950, 1960 y 1970 es porque los gobernantes así lo quieren. Dicen que es irremediable que así suceda, cuando única y exclusivamente es una cuestión de legislación. En la indicada época ya existían paraísos fiscales y también reputados asesores tributarios, y no hay ninguna razón objetiva que justifique que quienes ejercían la profesión hace unas décadas fueran más tontos o menos ingeniosos que los que la desempeñan en la actualidad.

Un caso extremo de discriminación impositiva lo denunció uno de los millonarios más conocidos del mundo: Warren Buffett. En 2011, en un artículo publicado en The New York Times y titulado «Dejad de mimar a los superricos», reclamaba que las personas acaudaladas residentes en Estados Unidos pagaran más al fisco. En unas manifestaciones posteriores, proporcionó un ejemplo que no dejó indiferente a nadie: «No es justo que mi secretaria pague proporcionalmente más impuestos que yo». Así, en la declaración de la renta correspondiente a 2010, mientras él ingresaba en Hacienda un 17,4 por ciento de sus ganancias, la media sufragada por sus empleados ascendía al 36 por ciento. Indiscutiblemente, sus ingresos anuales eran muy superiores a los de sus trabajadores.

El motivo principal de la elevada diferencia en los tipos impositivos radicaba en que Buffett declaraba la mayor parte de sus ingresos como rentas de capital, mientras que sus empleados los declaraban como salarios, y en que las primeras soportaban un gravamen (el 15 por ciento) notablemente inferior al que recaía sobre los segundos. No obstante, no siempre había sido así, pues en el período 1976-1977 los rendimientos del capital tributaban al 39,9 por ciento. Esto sucedía en el mandato del demócrata Carter, el presidente que precedió al republicano Reagan y a su revolución conservadora.

En mayor o menor medida, la inmensa mayoría de los países avanzados han seguido la tendencia observada en las últimas décadas en Estados Unidos y, por tanto, han disminuido los tipos impositivos que gravan las rentas del capital. Lo han hecho los partidos de derechas, pero también en algunas naciones los de izquierdas. Un ejemplo de ello lo constituye en España el «rojísimo» Zapatero, que en la reforma fiscal de 2006 primó la especulación al igualar los tipos impositivos de los rendimientos de capital obtenidos en un período inferior a un año a los de los conseguidos en un plazo igual o superior a él. Con la entrada en vigor de la nueva legislación, algunos especuladores que hasta la fecha pagaban a Hacienda el 45 por ciento de las rentas obtenidas (el tipo marginal máximo anterior) pasaron a sufragar sólo el 18 por ciento.

En las últimas décadas, una parte considerable de los cambios legislativos ha sido fruto de una nueva concepción de los impuestos: es prioritario que sean fáciles de recaudar. El de si son justos o no hace tiempo que dejó de ser un tema trascendental. Indudablemente, un enfoque muy diferente del adoptado por numerosos países desarrollados durante los años cincuenta, sesenta y setenta. En gran medida, esta evolución ha sido consecuencia del triunfo del criterio de los economistas de derechas sobre el de los de izquierdas, así como de la reconversión sufrida por algunos de estos últimos y se observa claramente cuando se analizan las sucesivas reformas fiscales emprendidas en el pasado reciente en distintas naciones del primer mundo, tanto por los partidos de derechas como por los de izquierdas.

Esta nueva perspectiva comporta que ya no pague proporcionalmente más quien más gana o tiene, sino quien cobra un buen sueldo por nómina, pues la capacidad de éste para esconder a Hacienda la mayoría de las rentas percibidas es prácticamente nula. Indiscutiblemente, los cambios introducidos en la legislación del impuesto sobre la renta no han sido neutros, pues han beneficiado claramente a los ricos y perjudicado principalmente a la clase media.

El reparto de los costes y los beneficios entre la población

Una coyuntura económica adversa suele obligar a los Gobiernos a adoptar determinadas medidas impopulares que normalmente comportan una disminución del nivel de vida de la población. Una de las más habituales es el aumento de los tipos impositivos de distintos tributos. Con esta actuación se pretende incrementar la recaudación de Hacienda y conseguir generalmente uno de los siguientes objetivos (o los dos): reducir el elevado déficit público incurrido durante el último ejercicio o compensar la reducción de ingresos tributarios provocada por la disminución del ritmo de la actividad económica.

No obstante, la obtención de cualquiera de estos dos propósitos no implica necesariamente la subida de los tipos impositivos de todos los tributos en la misma proporción. Es perfectamente posible que unos aumenten más que otros o incluso que la Administración combine el alza de algunos con la disminución de unos cuantos. En un número considerable de ocasiones, aunque ni mucho menos siempre, la decisión de cuáles aumentar o reducir, y en qué cuantía, no tiene un carácter pragmático, sino esencialmente ideológico. En dichos casos, está completamente justificado que el Gobierno utilice su ideología política para decidir a quiénes perjudica notablemente y a quiénes perjudica escasamente.

Si se pretende que en términos proporcionales el ajuste económico recaiga principalmente sobre los contribuyentes de rentas más bajas, como en algunas ocasiones desean los partidos de derechas, el Gobierno preferirá subir el IVA (un tributo indirecto) a subir el IRPF (un impuesto directo). El mayor perjuicio a los humildes se produce porque el primer gravamen es proporcional, mientras que en la mayoría de los países el segundo es progresivo. Por tanto, en este último suelen pagar relativamente más quienes mayores salarios perciben. Además, los ciudadanos con menos recursos dedican a la compra de bienes y servicios un porcentaje de su sueldo superior al dedicado por aquellos que obtienen ingresos elevados, pues los segundos tienen una capacidad de ahorro e inversión sustancialmente mayor que la de los primeros.

En cambio, si la decisión adoptada es que los más ricos sean los que proporcionalmente más contribuyan al aumento de la recaudación, los tipos impositivos que tendrían que subir en mayor medida serían los de los tributos de patrimonio y sucesiones y los que gravan los rendimientos del capital en el impuesto sobre la renta. Es decir, la riqueza poseída, la heredada, los frutos de ella y la conseguida mediante operaciones especulativas en distintos mercados. Además, en el IRPF, aunque aumentaran todos los tipos, los que deberían hacerlo en una magnitud superior serían los que gravan a las rentas del trabajo más elevadas. Indudablemente, tanto en términos absolutos como en términos proporcionales, aquellos que cobran salarios desorbitados (superiores al medio millón de euros) tendrían que ser los más afectados por dicha subida.

La importancia de la ideología política en la macroeconomía también se advierte cuando los ajustes económicos que debe realizar un Gobierno para lograr una financiación estable y relativamente barata lo obligan a reducir las transferencias destinadas a las familias (subsidios, becas y ayudas). Así, si la mayoría de las suprimidas son las que se otorgaban a cualquier hogar independientemente de cuál fuera el nivel de renta de sus componentes, el nuevo criterio de distribución perjudica en menor medida a las familias humildes que a las pudientes. La clave está en que los ingresos obtenidos por los hogares tienen ahora una mayor importancia relativa en la determinación del reparto de las subvenciones: a los ciudadanos con rentas más bajas les corresponde un porcentaje más elevado de ellas.

Un claro ejemplo de ello lo ofrecen las becas universitarias. Aunque las hay de muy diversas clases, en la mayoría de los países los principales tipos son dos: las que priman el talento y las que permiten continuar con sus estudios a los hijos de familias con escasos recursos económicos. Las primeras tienen como objetivo recompensar la excelencia en el estudio; las segundas, contribuir decisivamente al buen funcionamiento del denominado «ascensor social».

Si los recortes presupuestarios obligan a reducir el número de las becas y afectan en la misma proporción a ambas clases de ellas, los estudiantes más perjudicados serán aquellos cuyos padres poseen un nivel de ingresos reducido. Probablemente, la mayoría de ellos ya no podrá estudiar en la universidad, mientras que sí tendrán la posibilidad de hacerlo prácticamente todos los que tienen un gran expediente académico y forman parte de una familia pudiente o de clase media. Indudablemente, estos últimos también saldrán perjudicados, ya que deberán realizar un gasto adicional. Sin embargo, el perjuicio causado a unos y a otros será sumamente desigual. Por tanto, éste es un magnífico ejemplo de que a veces una medida presentada por los políticos como equilibrada y equitativa, aunque a priori lo parezca, realmente no lo es. La decisión adoptada afectará gravemente a la igualdad de oportunidades en la educación y hará que el ascensor social sólo funcione con llave (para unos pocos).

En un contexto de recuperación, también es perfectamente lícito que la ideología política influya en la adopción de determinadas decisiones económicas. Una de las más significativas tiene que ver con el destino del incremento de los ingresos obtenidos por la Administración. La inmensa mayoría de los Gobiernos optará por dedicar una parte de ellos a la reducción del déficit público y valorará dos alternativas principales para la parte restante: restaurar algunas de las prestaciones sociales eliminadas o reducir los tipos impositivos de uno o varios tributos. La primera supondría destinar una parte del dinero extra recaudado a la provisión de bienes y servicios públicos; la segunda, devolvérselo directamente a los ciudadanos.

De las dos opciones, la última suele ser la preferida por la mayoría de los políticos. En las tres últimas décadas, es la que han elegido prácticamente todos los partidos de derechas, pero también algunos autodenominados de izquierdas. La razón esgrimida es que el electorado, independientemente de si pertenece a la clase alta, a la media o a la baja, percibe de forma más clara y rápida los beneficios de la segunda alternativa que los de la primera. Por tanto, los políticos estiman que aquélla supone un anzuelo electoral notoriamente más efectivo que ésta, pues consideran que contenta a la mayoría de los fieles y permite captar el voto de una parte de los indecisos y también de algunos ciudadanos que votaron a otros partidos en las anteriores elecciones. Indiscutiblemente, dicha opción beneficia en mayor medida a las rentas más altas que a las más bajas, ya que las primeras perciben menos prestaciones sociales y hacen una utilización menor de diversos servicios públicos.

LA EXCEPCIÓN: LA MACROECONOMÍA INFLUYE SOBRE LA IDEOLOGÍA POLÍTICA

En determinadas y escasas ocasiones, la ideología política no es la que influye decisivamente sobre la macroeconomía, sino que es ésta la que lo hace sobre aquélla. Esta influencia, contraria a la habitual, generalmente tiene lugar cuando las medidas económicas convencionales no permiten solucionar de forma rápida y adecuada una crisis de carácter internacional. Dicha circunstancia genera un gran descontento entre la población, tanto por la elevada duración de la recesión como por los efectos negativos sobre su nivel de vida, y activa en ella el deseo de un profundo cambio político. Éste no sólo hace referencia a las personas, sino también a las ideas, especialmente a las de carácter económico.

En este marco, el éxito de las nuevas medidas, considerablemente diferentes a las anteriores, contribuye decisivamente a la aparición de una nueva ideología o a la adaptación de una ya existente que hasta la fecha no había tenido un masivo respaldo electoral. En gran medida, un ejemplo de lo segundo lo constituye el auge de la socialdemocracia en Europa Occidental durante la etapa posterior a la segunda guerra mundial. La incorporación de las principales medidas de la política económica keynesiana al programa electoral de las formaciones socialdemócratas fue una de las claves de su éxito. Los grandes logros de esta política durante la década de 1930 legitimaron la economía mixta y condujeron a la aparición del denominado Estado del Bienestar en numerosos países, dos aspectos históricos de los programas socialdemócratas.

Unos años más tarde, el fracaso de la política keynesiana, para resolver las crisis económicas provocadas por los grandes aumentos del precio del petróleo en los años setenta, facilitó notoriamente el regreso a la primera línea de una ideología histórica: el liberalismo. No obstante, como ésta fue presentada de una forma distinta y más moderna, los partidarios de ella recibieron el apelativo de neoliberales. Aunque este calificativo no constituía una novedad en los ambientes académicos, pues ya era utilizado por algunos economistas desde finales de los años veinte, sí que lo era denominar de dicha manera a determinados políticos. Indudablemente, los dos dirigentes más conocidos de la nueva corriente ideológica fueron Margaret Thatcher (Reino Unido) y Ronald Reagan (Estados Unidos). En sus respectivos países aplicaron medidas significativamente diferentes, pero basadas en unos principios económicos similares, y adoptaron algunas políticas sustancialmente distintas de las recomendadas por los liberales clásicos.

Ambos llegaron al poder por dos motivos principales: el fracaso de sus predecesores en la gestión de la economía nacional y la novedad de sus propuestas. En el primer país, el excesivo poder de los sindicatos impedía la transformación de la nación que exigía el nuevo contexto económico; en el segundo, una inflación desbocada erosionaba en gran medida la competitividad internacional de las empresas y hacía que el dólar dejara de ser para numerosos inversores un activo refugio. El éxito macroeconómico de las nuevas medidas establecidas, algunas de ellas conocidas popularmente como reformas estructurales, hizo que esta nueva versión del liberalismo se convirtiera en la corriente económica dominante. Este cambio hizo que Friedman sustituyera a Keynes como el economista teórico más influyente de la época.

En la actualidad, el fracaso de los partidos tradicionalmente mayoritarios en la obtención de niveles de crecimiento económico satisfactorios en la mayoría de los países de la UME, y especialmente en los denominados PIIGS, augura la llegada de un nuevo marco político. En dicho marco, según mi parecer, los próximos Gobiernos aplicarán medidas económicas completamente diferentes de las actuales, algunas de clara tendencia keynesiana y otras totalmente inéditas. En el nuevo escenario, tendrán una mayor relevancia partidos históricamente minoritarios (por ejemplo, Syriza en Grecia), y es sumamente probable que aparezcan numerosas formaciones o movimientos (del estilo del italiano Cinco Estrellas de Beppe Grillo) cuya manera de actuar y comportarse diferirá considerablemente de la adoptada por los partidos clásicos. Habrá una renovación de caras y de ideas, así como de mensaje económico y político.

En el momento en que una formación, ya sea por iniciativa propia o siguiendo las directrices de un economista innovador, acierte con las medidas adecuadas para superar la actual crisis y alcanzar elevadas tasas de crecimiento durante algunos años, tengo el convencimiento de que surgirá un nuevo modelo de capitalismo. Éste será el resultado de la aparición de una nueva ideología política o de una remodelación casi completa de algunas de las existentes. No obstante, hasta el momento, nada hace pensar que esté próxima la aparición de un nuevo Keynes o un nuevo Friedman ni tampoco la de uno o varios líderes políticos de categoría mundial, que posean la capacidad para transformar el statu quo actual. Una situación que hace que numerosos ciudadanos de la UME alberguen un sentimiento de impotencia y crean erróneamente que el futuro será peor que el pasado (véase capítulo 7).

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UNA FALSA PRUDENCIA

UNA PRUDENCIA QUE NO ES TAL

Los economistas falsamente prudentes en la política

A la mayoría de los economistas que alcanzan una gran relevancia política, como sucede con aquellos que consiguen ser presidentes del Gobierno, ministros o gobernadores del banco central, les gusta presumir de que la sensatez guía sus decisiones. A través de los medios de comunicación, suelen presentarse ante la opinión pública como personas prudentes. Algunos lo son verdaderamente, cosa que no les impide adoptar decisiones difíciles. En cambio, la imagen proyectada por otros contrasta en gran medida con su verdadero carácter.

En estos últimos, la pretendida prudencia no es tal, sino simplemente una excusa para esconder su pasividad e inoperancia. Ante una coyuntura compleja e imprevista, siempre dicen lo mismo a sus colaboradores: «No nos podemos equivocar». Una frase que en su jerga constituye un sinónimo de «no debemos hacer nada» y es considerablemente distinta de la que los ciudadanos estiman que debería pronunciar un buen dirigente: «Hemos de actuar rápidamente y acertar». El pánico a errar los lleva a esperar que los problemas se resuelvan por sí solos, pues consideran excesivamente arriesgadas las medidas necesarias para superar las dificultades económicas, ya sea por su novedad, por su escasa popularidad o por las pérdidas que pueden originar a algunos de los grupos de presión que los apoyan. Aunque su formación principal es económica, sus actuaciones son genuinamente políticas.

Los economistas falsamente prudentes se sienten cómodos legislando sobre asuntos de escasa importancia. Éstos constituyen su particular cortina de humo. Generando un gran debate público sobre ellos, pretenden aparentar que están haciendo algo trascendente, cuando en realidad no están haciendo prácticamente nada significativo. A lo poco realizado le suelen dar una gran publicidad, que utilizan asiduamente para disimular su ineficacia. Dado su temor a adoptar decisiones difíciles, casi nunca emprenden por iniciativa propia grandes reformas estructurales. Si las hacen, es porque políticamente no disponen de otra opción, debido a la imposición de una autoridad u organismo internacional, a la pésima situación económica del país o a las desastrosas perspectivas electorales de su partido.

Al verse enfrentados a considerables complicaciones macroeconómicas, susceptibles de empeorar a medida que pasan los meses, dichos economistas tienen la costumbre de pedir un tiempo adicional para tomar importantes decisiones. No suelen solicitarlo explícitamente a la población, sino que intentan convencerla de que sería una equivocación adoptar ahora nuevas disposiciones, pues lo que hoy es un problema mañana podría no serlo o transformarse en otro diferente. Aunque esta retórica puede convencer a los ciudadanos a corto plazo, la realidad suele ser cruel. El motivo es sencillo: más tiempo no es ninguna medida económica, por lo que difícilmente puede solucionar algún problema de esta naturaleza.

El período adicional implícitamente solicitado suele ser tanto más extenso cuanto más importantes son los problemas que padece la nación y más urgente es la elaboración de nuevas leyes de contenido económico. Aunque esta actitud puede parecer contradictoria a primera vista, es totalmente coherente con la personalidad de estos dirigentes, pese a que es sumamente perjudicial para el futuro del país. Así, cuanto más complicada es la coyuntura nacional, mayor es su perenne miedo a equivocarse. Por consiguiente, más grandes son también las dudas que los atenazan y más elevado esfuerzo que les cuesta tomar cualquier decisión, especialmente si saben que la mayoría de las que adopten tendrán una repercusión considerable.

Los economistas falsamente prudentes dedicados a la política parecen clones, ya que todos ellos actúan de una forma muy similar. Entre sus diferentes rasgos, dos son los que primordialmente los caracterizan: la pasividad y la inoperancia. Su singular proceder no es el resultado de la aplicación de una ideología concreta, pues unos son de derechas y otros de izquierdas. Tampoco es culpa del cargo que ahora desempeñan, ya que en todos los que han ocupado se han comportado más o menos igual. Su conducta viene explicada principalmente por sus características personales, las experiencias acumuladas en su carrera profesional, los intereses de los grupos de presión que los apoyan y la escasez de ideas propias. Especialmente este último aspecto determina que no suelan destacar por su brillantez intelectual o gran capacidad de gestión. Así pues, no son estas cualidades las que les han permitido acceder al puesto de gran responsabilidad que ahora ocupan, sino principalmente su tenacidad, la buena imagen de sí mismos (completamente falsa) que proyectan a la población y la suerte (eran la persona menos inadecuada en el momento oportuno).

Les gusta mucho el consenso, tanto que algunas veces lo buscan de forma casi obsesiva. Indiscutiblemente, los grandes pactos económicos y sociales son magníficos para el futuro del país, siempre y cuando su consecución no se logre mediante el redactado de disposiciones retóricas que eliminen o reduzcan notoriamente la eficacia de las reformas estructurales que la nación periódicamente necesita realizar. Desgraciadamente, esta última posibilidad con frecuencia se transforma en realidad, cuando los acuerdos con los agentes sociales (sindicatos y patronales) y otras formaciones políticas son impulsados por este tipo de economistas. El principal motivo radica en que en numerosas ocasiones éstos no fomentan el consenso por convicción, sino por diluir o compartir la responsabilidad de la gestión. Una táctica que ni mucho menos suele proporcionar buenos resultados, pues, si las medidas acordadas fracasan (por ser equivocadas o light), la población suele culpar primordialmente de los errores cometidos a quienes gobiernan y únicamente de forma excepcional a aquellas formaciones políticas o agentes sociales que puntualmente les apoyan.

Tienen una gran desconfianza hacia cualquier medida completamente novedosa. Si el país va mal, están dispuestos a efectuar pequeñas variaciones en la política económica adoptada. No obstante, por iniciativa propia, prácticamente nunca emprenderán grandes transformaciones, posición que justifican con el argumento de que son partidarios del cambio tranquilo, pero enemigos de cualquier tipo de revolución. Esta frase constituye un buen eslogan, especialmente cuando se acercan las elecciones, pero no responde a la realidad. Si no están presionados por la coyuntura, el mantenimiento del statu quo económico (dejemos los temas importantes como están) es su opción predilecta. En definitiva, esta clase de economistas considera que nuevo es sinónimo de desconocido, que a su vez lo es de peligroso, exactamente la otra cara de la moneda de lo que ellos, cuando se mienten en el espejo, creen que son: prudentes.

Por tanto, si en un raro arranque de sinceridad e imaginación (véase el capítulo 2) algunos de sus asesores o subordinados les proponen adoptar una política sustancialmente diferente a la actual, es bastante probable que procedan a descalificarla o incluso ridiculizarla. Para conseguir tal efecto, no sería extraño que emplearan una frase tan concluyente como la siguiente: «Esto ya lo probamos hace quince años y la economía, en lugar de mejorar, empeoró; parece mentira que no lo sepáis». En la mayoría de las ocasiones, las anteriores palabras no describirán la realidad y serán simplemente una excusa, ya que la política propuesta jamás se aplicó en el país. No obstante, con su sequedad y brusquedad, dichos economistas habrán conseguido su objetivo: eliminar por completo cualquier posible debate en torno a las nuevas medidas planteadas. A veces, su rechazo a las novedades, especialmente a las que consideran como radicales, está basado en el conocido refrán «más vale malo conocido que bueno por conocer» y viene explicado por su recelo a casi todo aquello relevante que no haya sido previamente probado con éxito en diversas ocasiones. El miedo los atenaza y, aunque lo intenten, les impide comportarse de otra manera.

Los economistas falsamente prudentes en la empresa privada

En la empresa privada, además de en la política o en la Administración Pública, también existen economistas falsamente prudentes. Los directivos que presentan tales características no suelen ser especialistas en estrategia empresarial ni tampoco visionarios hombres de negocios, pero sí generalmente muy buenos relaciones públicas. Poseen un gran don de gentes, numerosos contactos y una enorme habilidad para parecer lo que no son: magníficos gestores. Si el país va bien, la empresa que dirigen generalmente obtendrá buenos resultados, gracias a las cualidades que acabamos de enumerar. Por tanto, los propietarios estarán satisfechos, y casi ninguno de ellos echará de menos un verdadero plan estratégico que permita adaptar la compañía al cambiante entorno económico y continuar obteniendo grandes beneficios en el futuro.

Es muy probable que dicho plan exista, pero también que sea papel mojado, dada la gran cantidad de paja existente en él. O expresado de otra manera: que contenga mucha grasa y poco músculo. No será así por casualidad, sino por orden expresa del máximo ejecutivo de la empresa: un economista falsamente prudente. A los redactores del plan les pide que sean diplomáticos, ya que su habitual precaución (realmente, incapacidad) le impide posicionarse claramente en cualquier tema importante. Así, en las cuestiones trascendentales les indica que digan «sí», pero también «no», y finiquiten la deliberación con un «puede ser». Eso sí, con habilidad, de forma que el lector no se dé cuenta de la ambigüedad de su discurso o sólo la perciba débilmente en determinados asuntos muy comprometidos. Debido a ello, la propuesta presentada tiende a ser grandilocuente en la forma (grandes principios teóricos) y escasamente valiosa en el fondo (no aporta casi nada en términos de management).

En numerosas ocasiones, una parte fundamental del plan está dedicada al apartado conocido como misión, visión y valores de la empresa. Normalmente, este apartado refleja una especie de filosofía de gestión moralista, falsa, sonrojante desde el punto de vista académico y dudosamente útil para el futuro desarrollo de las diferentes líneas de negocio de la empresa. A veces, la sección más importante, la dedicada a los instrumentos utilizados para conseguir los objetivos propuestos, es una de las que menos espacio ocupa.

La lectura de sus líneas no suele permitir descubrir cuáles son las claves del know-how de la compañía, ni tampoco las principales estrategias que ésta debería seguir en el futuro. No es una táctica destinada a preservar la originalidad de las propuestas, ya que es relativamente frecuente que algunas partes del plan estratégico sean de acceso restringido, sino el fruto de la ineptitud de su máximo dirigente, pues éste es el principal responsable del plan trazado. Así, casi cualquier nueva iniciativa propuesta es una copia prácticamente exacta, aunque disimulada, de las emprendidas con éxito por la competencia en los últimos años. En definitiva, dicha sección suele estar llena de buenas intenciones, algún que otro sueño inconcreto y numerosas imprecisiones, hasta tal punto que a veces ni tan sólo las metas perseguidas están suficientemente detalladas. Sin embargo, no aporta casi nada desde una perspectiva estratégica, a priori la clave del plan.

Aunque resulte sorprendente, la propuesta elaborada con las anteriores directrices suele ser aceptada con agrado por los principales accionistas de la empresa, que en algunas ocasiones incluso felicitan efusivamente por ella a su máximo responsable. Les gusta porque sus redactores han creado una música alegre, pegadiza y optimista (la canción del verano), en consonancia con las principales tendencias del momento. Consideran que si a la empresa le ha ido bien en el pasado, no hay ningún motivo para pensar que no le vaya también estupendamente en el futuro (véase el capítulo 4), siguiendo los mismos criterios de gestión o casi sin ningún tipo de ellos. Por tanto, no les importa que la empresa no posea una estrategia definida, siempre y cuando crean que continuarán percibiendo elevados dividendos y que éstos aumentarán con el transcurso del tiempo. Si la música les agrada y el estribillo es pegadizo, algunos de los accionistas más importantes de la empresa ni se fijarán en el resto de la letra. Les da igual que la canción (el plan estratégico) diga simplezas y obviedades, no ofrezca casi ningún mensaje nuevo ni detalle con exactitud las próximas actuaciones de la compañía.

Las verdaderas características de este tipo de directivos se observan con claridad cuando la economía empieza a ir mal y los resultados de la empresa se resienten. Antes la propiedad únicamente era consciente de sus cualidades, ahora también percibe sus defectos. Con sorpresa, advierte que son numerosos y considerables para dirigir una compañía en un período de estancamiento o recesión económica. En la nueva coyuntura, su enorme capacidad para las relaciones públicas ya no ofrece las ventajas de antaño y pronto será prácticamente ineludible la adopción de difíciles e importantes decisiones, cosa que no suele dárseles nada bien. Ante tal situación, tal y como sucedía con los economistas falsamente prudentes dedicados a la política, intentan obtener un tiempo adicional. No lo piden al consejo de administración explícitamente, sino de forma implícita, indicando lo arriesgado que es tomar medidas trascendentales con excesiva premura y los escasos datos disponibles sobre el comportamiento de los consumidores y los competidores en la nueva etapa económica. Debido a ello, ordenan a sus colaboradores que sin pérdida de tiempo les hagan llegar más, más y más cifras, algunas de ellas sumamente irrelevantes.

Estos economistas pretenden encontrar en los datos certezas que no existen y la seguridad de la que carecen, pero no lo consiguen, pues sus dudas son de tal magnitud que les suelen impedir razonar de forma adecuada. Por otra parte, no están dispuestos a delegar la toma de decisión alguna importante en ninguna otra persona, por mucha confianza que tengan en ella. Creen que si lo hicieran su autoridad en la empresa quedaría seriamente mermada y el mantenimiento de su privilegiada posición correría un grave peligro. Así las cosas, la estrategia finalmente seguida será en gran medida fruto de la casualidad, ya que la congénita indecisión del máximo ejecutivo hace que lo que hoy opine sea diferente de lo que ayer pensaba y de lo que probablemente considerará mañana. Increíblemente, el sentido común tiene un papel irrelevante en su proceso de toma de decisiones y el pánico a errar explica que, después de estudiar múltiples datos y meditar mucho las diferentes alternativas, las soluciones que adopta sean frecuentemente la consecuencia de un acto impulsivo.

UN EJEMPLO DE FALSA PRUDENCIA: LA POLÍTICA ECONÓMICA DE JAPÓN EN LA DÉCADA DE 1990

La política económica de Japón en la década de 1990

La actuación de las autoridades japonesas en los años noventa ofrece un magnífico ejemplo de inoperancia en la resolución de una crisis. La política económica desarrollada fracasó estrepitosamente, ya fuera por adoptar decisiones contrarias a las convenientes o, principalmente, por tardar demasiado en tomar medidas convencionales adecuadas. La demora en la adopción de estas medidas las convirtió en algunos casos en ineficaces y en otros en perjudiciales para el futuro económico del país.

Después de la explosión de la burbuja bursátil (1990) y la inmobiliaria (1991), el Banco de Japón redujo lentamente su tipo de interés de referencia. Lo hizo así por prudencia, pues pensaba que una disminución más rápida podía provocar un aumento considerable de la inflación. Dicho miedo, totalmente injustificado, lo llevó a consentir una gran apreciación del yen durante los primeros años de la década (originando la importación de desinflación) y a descartar medidas extraordinarias de generación de liquidez como, por ejemplo, la relajación cuantitativa (conocida popularmente como manguerazo monetario). Indiscutiblemente, la prudente actitud del banco central no fue un acierto, sino un grave error. Un auténtico ejemplo de su incompetencia. En el año 1998, cuando estableció de forma duradera un tipo de interés nominal nulo, ya era tarde. La existencia de deflación había vuelto ineficaz la política monetaria convencional, ya que el tipo de interés real (equivalente a la diferencia entre el tipo de interés nominal y la tasa de inflación) era excesivamente elevado para una etapa de contracción económica. Así pues, dicha política ya no era capaz de reactivar la demanda de familias y empresas, con lo que un tipo de interés nominal tan reducido no consiguió un efecto positivo sobre el PIB digno de consideración.

A principios de la década, tanto el Ministerio de Finanzas como el Banco de Japón estaban convencidos de que la crisis inmobiliaria tendría una corta duración. Por tanto, pensaban que el precio de la vivienda pronto volvería a subir. Esta errónea percepción conllevó que consideraran innecesaria la realización de una reestructuración profunda del sector bancario. El motivo era la creencia de que los agujeros advertidos en el activo del balance de las entidades financieras, causados principalmente de forma directa e indirecta por la explosión de la burbuja inmobiliaria, desaparecerían por sí solos. En su opinión, no hacía falta hacer nada significativo para eliminar dichos agujeros, ya que si una recesión inmobiliaria los había creado, una recuperación de las ventas y de los precios de las viviendas los taparía. De este modo ambas instituciones llegaron a la misma conclusión: la política bancaria más adecuada era la inacción, es decir, dejar pasar el tiempo. Hasta 1998 no reaccionaron de forma adecuada y procedieron a cambiar por completo su política. Ocho años después del comienzo de la crisis, decidieron iniciar un plan de saneamiento del sector. Su duración inicial fue de cuatro años y, entre otras medidas, incluía la nacionalización temporal de entidades con la finalidad de evitar su quiebra.

Indiscutiblemente, la política fiscal tuvo un carácter expansivo. No obstante, no sólo se emprendió ésta de forma tardía y discontinua, sino que además el volumen de gasto movilizado para reactivar la demanda agregada fue marcadamente insuficiente. Un ejemplo de la intermitencia en la aplicación de esta política lo ofrece la subida del impuesto sobre las ventas y la reducción del gasto público implantadas por el Gobierno en 1997. Sin duda, dos grandes equivocaciones, y otra muestra de equivocada prudencia económica, amén de un claro caso de giro de 90 grados en la orientación de la política fiscal. Dicho giro estuvo motivado principalmente por la consecución durante el año anterior de un incremento del PIB del 2,6 por ciento. Este buen dato llevó al Gobierno a concluir que la crisis ya había acabado, con lo que ahora su principal preocupación pasaba a ser la disminución del elevado déficit público. Una conclusión completamente errónea, ya que en 1998 y 1999 el PIB cayó un 2 por ciento y un 0,2 por ciento, respectivamente.

Repercusiones y lecciones derivadas de la experiencia japonesa

La nefasta gestión de la crisis tuvo considerables repercusiones en el nivel de crecimiento de Japón durante una gran parte de los noventa y afectó de forma decisiva a su importancia en la economía global. En pocos años, el país asiático pasó de ser considerado por algunos analistas el nuevo líder mundial, sustituto de Estados Unidos, a ser tratado como un magnífico ejemplo de nación en decadencia. A pesar de que en dicha etapa su PIB únicamente disminuyó durante dos años, la escasa eficacia de las medidas aplicadas ha hecho que un buen número de economistas considere que la de los años noventa fue una década perdida para el país nipón. Este diagnóstico está basado en gran parte en la comparación con el período anterior. Así, entre 1992 y 1999 dicha nación creció en promedio anual a un ritmo del 0,9 por ciento, muy por debajo de la media del 4,6 por ciento obtenida durante los ochenta, al mismo tiempo que su peso relativo en el PIB mundial descendió de forma ostensible, pasando de representar el 9,3 por ciento en 1991 a superar ligeramente el 6 por ciento en el año 2000.

El caso de Japón demuestra con claridad las desventajas que en economía tiene una actuación tardía. Por tanto, las autoridades, además de establecer las políticas adecuadas, deben activarlas en el momento preciso. Una medida correcta implementada en un tiempo inadecuado puede producir una repercusión positiva, nula o negativa. En el primer caso, aunque ayude a mejorar la economía nacional, sus efectos muy probablemente serán menos beneficiosos que los que habría conseguido si se hubiera aplicado en un momento más apropiado. Así, por ejemplo, en un contexto caracterizado por la disminución de la demanda, una bajada del tipo de interés de referencia del banco central suele tener mayor repercusión sobre el PIB cuando la nación está a punto de entrar en recesión que en un período en el que ya está inmersa en ella.

En consecuencia, una vez comprobadas las primeras repercusiones negativas que sobre el crecimiento económico tuvo la explosión de la burbuja bursátil y la inmobiliaria, las autoridades japonesas deberían haber procedido a efectuar rápidamente una serie de reformas estructurales e implantar diversas medidas coyunturales con el objetivo de minimizar el impacto de aquéllas a corto y medio plazo. Entre las primeras, serían especialmente destacables la completa reestructuración del sector bancario y el establecimiento de una legislación que impidiera la existencia de participaciones accionariales cruzadas entre las grandes entidades financieras y los principales conglomerados industriales del país (los denominados keiretsu). Entre las segundas, la combinación de una política monetaria y fiscal sumamente expansiva con la decidida intervención del Banco de Japón en el mercado de divisas para lograr una fuerte depreciación del yen respecto a las principales monedas mundiales. A corto plazo, las autoridades deberían haber priorizado la consecución de un nivel significativo de crecimiento económico sobre la de un exhaustivo control de los precios. Indiscutiblemente, no lo hicieron así, ya que no varió la cifra de la tasa de inflación considerada adecuada.

Adicionalmente, el ejemplo nipón nos muestra la dificultad de solucionar grandes problemas económicos únicamente mediante el uso de medidas convencionales. Cuando una crisis asola a un país, es mucho mejor que el presidente del Gobierno (o el ministro de Economía, si goza de la suficiente autonomía) sea un político valiente que uno temeroso. El motivo es que si tiene las características del primero no lo atenazará el miedo a equivocarse y estará dispuesto a adoptar diversas medidas heterodoxas o novedosas para sacar a la nación lo más rápidamente posible de la recesión. En cambio, si posee las características del segundo es probable que únicamente se atreva a adoptar medidas convencionales y pretenda, por encima de todo, mantener controlados el déficit público y la tasa de inflación, con la esperanza de que el propio devenir de los hechos contribuya decisivamente a sacar al país de la recesión. En economía, especialmente en los tiempos difíciles, comportarse de forma radical no equivale a hacerlo de manera equivocada.

Después de un período de recesión o estancamiento de más de veinte años, tengo la impresión de que, por fin, el primer ministro del país nipón es un político valiente. A diferencia de los anteriores, Shinzo Abe (el actual) parece tener claro que a corto plazo la consecución de un crecimiento económico satisfactorio es más importante para Japón que el mantenimiento de una baja inflación. Para lograr el primer objetivo tiene previsto desarrollar una política fiscal muy expansiva y una política monetaria heterodoxa, además de depreciar en una medida sustancial el yen respecto a las principales monedas mundiales, e incluso considera la posibilidad de elaborar una nueva legislación que reduzca la amplia autonomía de que actualmente goza el Banco de Japón. Esta última propuesta, que tiempo atrás habría sido denostada de forma prácticamente unánime por la profesión, ya cuenta con el apoyo de una parte de ella, debido a los importantes errores cometidos por algunos bancos centrales durante la última década. En definitiva, el actual primer ministro pretende llevar a cabo todo aquello que desde hace más de veinte años deberían haber hecho sus predecesores pero que ninguno de ellos se atrevió a emprender.

LAS DISTINTAS REACCIONES DE LOS ECONOMISTAS ANTE UNA RECESIÓN

Los economistas falsamente prudentes versus los competentes

Los economistas falsamente prudentes rara vez adoptan medidas preventivas para impedir la llegada de una recesión, aunque uno o más indicadores la presagien desde hace tiempo. No obstante, a veces tampoco lo hacen otros más competentes, ya que en las fases expansivas es relativamente frecuente en la profesión sobrevalorar las buenas noticias y minimizar la importancia de los malos augurios. Sin embargo, unos y otros difieren notablemente en la manera en que afrontan el inicio de una contracción económica. Los primeros generalmente la niegan, consideran que se trata de una simple desaceleración y estiman que en los próximos trimestres la economía volverá a la senda del crecimiento por sí sola. Por tanto, concluyen que no hay ningún motivo relevante para cambiar la política económica actual (inmovilismo total).

En cambio, los verdaderamente prudentes se dan cuenta enseguida de la gravedad de la situación y proceden a adoptar diferentes medidas. Si la crisis es de oferta, su actuación generalmente consiste en la realización de importantes reformas económicas. Éstas tienen como objetivo conseguir a la vez un mayor incremento de la productividad y una menor tasa de inflación subyacente (también conocida como estructural). Si se logra dicho objetivo, muy probablemente la nación habrá recuperado la competitividad perdida durante los últimos años. En cambio, si la crisis es de demanda, las medidas adoptadas normalmente conducirán a un incremento del gasto de la Administración Pública y al establecimiento de incentivos para que familias, empresas y extranjeros aumenten su consumo de productos nacionales. La idea es compensar, con un aumento equivalente, la reducción observada en la demanda agregada del país. En ambos casos, la reacción de los economistas suele ser rápida, aunque lo es especialmente en el segundo.

Sin embargo, no siempre es fácil advertir la probable entrada en recesión de una nación en un futuro más o menos próximo. El problema primordial para detectar dicho peligro con suficiente antelación estriba en la falsa imagen que en algunas ocasiones ofrecen de un país sus principales cifras económicas. Aunque parezca mentira, a veces éstas engañan. Así, por ejemplo, la combinación de un elevado incremento del PIB, un gran crecimiento del empleo y una importante subida de la Bolsa durante cierto período no constituye necesariamente el reflejo de una buena salud económica, sino que en determinados casos únicamente revela una bonanza efímera. En esta última situación, suelen pasar inadvertidos los indicadores que alertan de la llegada de una crisis en algún ejercicio próximo, ya sea porque se interpretan erróneamente (como, por ejemplo, el origen de una elevada revalorización bursátil) o porque se menosprecia su importancia, como suele suceder con la balanza por cuenta corriente y de capital.

Las cifras engañan (I): el caso de Estados Unidos

En el año 1999, los ciudadanos de Estados Unidos vivían en la denominada goldilocks economy (economía de cuento de hadas). El crecimiento del PIB era del 4,1 por ciento, la tasa de inflación únicamente del 2,2 por ciento, el porcentaje de desempleados se situaba en el 4,2 por ciento (prácticamente existía pleno empleo) y la Bolsa subía espectacularmente. Así, durante dicho ejercicio, el índice Dow Jones aumentó en un 25,22 por ciento y el Nasdaq en un 85,59 por ciento. Los datos macroeconómicos no auguraban la llegada de una contracción económica, pero sí debían suscitar un gran recelo los bursátiles, ya que en este año la burbuja de la nueva economía estaba en plena ebullición. Pese a los denodados intentos de un gran número de analistas de valores, era muy difícil justificar desde casi cualquier perspectiva la elevada valoración de numerosas empresas del sector TMT (tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones), especialmente la de aquellas que, después de varios años de existencia, continuaban cosechando grandes pérdidas.

En el ejercicio de 2001, principalmente como consecuencia del estallido de dicha burbuja, Estados Unidos entró en recesión. No obstante, ésta fue muy suave, debido especialmente a la rápida adopción de una política monetaria y fiscal sumamente expansiva. Por un lado, la Reserva Federal, presidida por Alan Greenspan, bajó en aproximadamente año y medio el tipo de interés de referencia desde el 6,5 por ciento al 1,75 por ciento. Por otro, la administración Bush incrementó el gasto público en bienes y servicios, aumentó las transferencias a las familias y redujo en gran medida los tipos impositivos de diversos tributos. El incremento de la demanda de bienes causado por dichas medidas permitió contrarrestar en poco tiempo la disminución provocada por la explosión de la burbuja de la nueva economía.

Las cifras engañan (II): el caso de España

En 1990 la economía española iba francamente bien. El PIB aumentaba a un ritmo del 3,6 por ciento, la productividad por trabajador lo hacía al 2,2 por ciento y el empleo al 1,4 por ciento. A finales de año, la bajada del precio del petróleo descartaba la aparición de una gran crisis económica internacional. En este contexto, casi nadie otorgaba importancia a la elevada sobrevaloración de la peseta respecto a las principales divisas europeas. Incluso el ministro de Economía (Carlos Solchaga) presumía de su gran valoración, y en alguna ocasión llegó a calificarla como la moneda más fuerte del Sistema Monetario Europeo (SME). Sin duda, dada nuestra inflación comparativamente elevada, una auténtica paradoja.

A todas luces, dicha sobrevaloración, al comportar una disminución sustancial de la competitividad de los productos españoles, presagiaba que nuestro país podía tener graves problemas económicos si no emprendía rápidamente una gran devaluación de su moneda. La llegada de las dificultades se observó con claridad en el segundo trimestre de 1992. En dicho período, el PIB cayó un 1 por ciento respecto al primer trimestre (era la primera vez que bajaba desde 1981). No obstante, la crisis fue relativamente breve y de intensidad moderada, sobre todo si la comparamos con la que padecemos en la actualidad. Las tres devaluaciones de la peseta ocurridas entre septiembre de 1992 y mayo de 1993 (en este período la moneda perdió un 20,2 por ciento de su valor) y las importantes reformas estructurales efectuadas por el nuevo titular de Economía (Pedro Solbes) permitieron una rápida salida de la crisis. En 1994 España ya crecía a un ritmo anual del 2,4 por ciento.

La pérdida de valor de la moneda nacional no fue deseada, sino obligada, dada la intensa presión ejercida sobre su cotización por numerosos especuladores nacionales y extranjeros. Las crecientes dudas sobre la creación de la UME en los plazos inicialmente previstos, después del no danés al tratado de Maastricht y la gran incertidumbre sobre el resultado del referéndum francés (sólo fue apoyado por el 51 por ciento de los votantes), hicieron que aquéllos consideraran insostenible a medio plazo el vigente tipo de cambio de la moneda nacional. Esta expectativa originó un gran exceso de oferta de pesetas y obligó al ejecutivo a aceptar una disminución de su valoración en los mercados de divisas.

Por el contrario, el Gobierno sí tuvo un papel decisivo en la rápida implantación de diversas reformas. Entre otras cosas, éstas permitieron flexibilizar el mercado de trabajo, reducir el déficit público estructural, mejorar la viabilidad del sistema de pensiones, liberalizar algunos sectores y aumentar la competencia entre las empresas en otros. La combinación de las devaluaciones (una cuarta tuvo lugar en marzo de 1995) y las reformas estructurales permitió generar un nuevo modelo de crecimiento económico que tuvo como principal eje la creación de ocupación (la tasa de paro llegó a ser del 24,5 por ciento en 1994) y que permitió combinar hasta el final de la década elevados incrementos del PIB con tasas de inflación relativamente reducidas. El éxito de dicho modelo, seguido desde 1996 por el nuevo ministro de Economía del PP (Rodrigo Rato), permitió a España cumplir en 1998 la totalidad de los criterios de convergencia y entrar al año siguiente en la UME con la categoría de miembro fundador, objetivo que en 1993 la inmensa mayoría de los analistas, incluido el ministro Solbes, consideraba casi inalcanzable.

La balanza por cuenta corriente y de capital: un indicador fiable

La interpretación de la balanza por cuenta corriente y de capital

Uno de los indicadores más fiables de un próximo cambio de tendencia económica de una nación lo constituye un saldo muy desfavorable en la balanza por cuenta corriente y de capital. Ésta nos indica si el país vive por encima (presenta déficit) o por debajo de sus posibilidades (tiene superávit). En el primer caso es financiado por el resto del mundo; en el segundo, exporta capitales en términos netos a otras naciones. Si el déficit es muy elevado (gasta mucho más de lo que produce), las perspectivas a corto o medio plazo no son nada propicias, si el ejecutivo no impulsa un profundo cambio en la orientación de su política económica. Así pues, aunque en la actualidad el país disfrute de una fase expansiva, la previsible coyuntura futura aconseja la adopción de medidas que incrementen la competitividad de sus empresas y reduzcan el excesivo nivel de vida de la población (dada su producción potencial).

El objetivo perseguido con el aumento de las exportaciones y la disminución de las importaciones es la reducción de la elevada dependencia que la nación tiene de la financiación extranjera, debido a la gran volatilidad que en algunas ocasiones ésta muestra. En la mayoría de los casos, al provocar un menor crecimiento del consumo y la inversión privada, dichas medidas acarrearán en los próximos años una desaceleración económica, pero evitarán la llegada de una recesión importante.

¿Qué sugería la balanza por cuenta corriente y de capital de España en 2006?

Un ejemplo de la gran importancia que en determinadas ocasiones tiene la balanza por cuenta corriente y de capital nos lo proporciona España durante su último período expansivo. En el ejercicio de 2006, un crecimiento del 4 por ciento y una creación de empleo del 3,3 por ciento coexistían con un déficit en dicha balanza del 8,4 por ciento respecto al PIB. Este elevado desequilibrio constituía un claro signo de que la economía española no era lo suficientemente competitiva para mantener en el futuro el nivel de vida alcanzado por los ciudadanos. Con la finalidad de equilibrar la balanza y dejar de incrementar la dependencia del país respecto de la financiación extranjera, el Gobierno podía haber adoptado en dicho año algunas de las siguientes medidas: devaluar la moneda (la salida del euro), acometer importantes reformas estructurales, incentivar el aumento del ahorro o estimular la disminución de la inversión nacional.

Las dos primeras acciones pretenden aumentar la competitividad de las empresas abaratando las exportaciones y encareciendo relativamente las importaciones. No obstante, difieren en el procedimiento. Una lo hace mediante el tipo de cambio, mientras que la otra busca reducir de forma directa los costes de las compañías nacionales respecto a los de las extranjeras. En el año 2006, la salida del euro suponía una actuación totalmente descartable, dada la situación de bonanza económica, la inexistencia de ataques especulativos contra la deuda pública española y los elevados costes políticos y sociales que hubiera comportado el abandono de la moneda única europea. En términos coloquiales, podemos decir que habría sido como matar moscas a cañonazos.

En dicho ejercicio, cualquier análisis profundo de la economía española aconsejaba la necesidad de encarar un gran número de reformas estructurales de amplio alcance. Para incrementar de forma directa la competitividad de las empresas hubiera sido muy conveniente reducir algunos de los impuestos que gravaban su actividad, instaurar una nueva legislación laboral que facilitara la adaptación de las compañías a la coyuntura económica y empresarial del momento e introducir medidas que aumentaran el grado de liberalización de diversos mercados de bienes y servicios. La primera medida suponía la reducción de las cotizaciones sociales y de los tipos de gravamen efectivos de las pequeñas y medianas empresas en el impuesto de sociedades. La segunda permitía a las compañías mejorar su organización, disfrutar de una mayor flexibilidad salarial e impulsar el trabajo a tiempo parcial. La tercera posibilitaba la reducción del excesivo margen de beneficio por unidad vendida de algunas compañías (permitiendo un mayor control de la tasa de inflación) e incentivaba a éstas a aumentar en mayor medida su productividad.

La obtención de un incremento del ahorro nacional hubiera hecho imprescindible la realización de políticas de contención del gasto público o de disminución del elevado endeudamiento de familias y empresas. Con la finalidad de alcanzar un nivel de superávit presupuestario superior (en el 2006 fue del 2,4 por ciento del PIB) y obtener un mayor colchón por si volvían los malos tiempos, las primeras políticas aspiraban a limitar el crecimiento del consumo público a un nivel significativamente inferior al de la producción prevista. Las segundas pretendían impulsar el ahorro de las familias a medio y largo plazo mediante el establecimiento de incentivos fiscales, a la vez que reducir a niveles sostenibles el crecimiento del crédito (el hipotecario aumentó un 24,6 por ciento en 2006). En el caso de las empresas comportaban la limitación de la deducción de los gastos financieros (los intereses que pagan por sus deudas) en el impuesto de sociedades. Así se hubiera evitado un excesivo acomodamiento de múltiples compañías y el sobreendeudamiento de numerosas familias.

La disminución de la inversión nacional (en términos absolutos o en porcentaje del PIB) habría procedido principalmente de una reducción de la actividad del sector de la construcción. Para conseguir dicho objetivo, era imprescindible que los bancos y las cajas disminuyeran los préstamos otorgados a empresas promotoras y constructoras. Si así hubiera sucedido, no existirían en la actualidad numerosos edificios de viviendas en ubicaciones donde ni había, ni hay ni habrá demanda solvente. Por otra parte, la conjunción de una inferior disponibilidad de gasto por parte de la Administración y de una menor capacidad financiera de las empresas constructoras habría impedido la construcción de infraestructuras completamente innecesarias, tales como algunos aeropuertos, autovías, redes ferroviarias, hospitales, etcétera.

Dado el carácter sistémico de la crisis actual, una combinación de las anteriores medidas posiblemente no habría evitado que España cayera en recesión en 2009. No obstante, es muy probable que su intensidad y duración hubieran sido notablemente inferiores. Por tanto, nuestra tasa de paro sería considerablemente menor que la actual y a buen seguro no habríamos necesitado pedir ningún tipo de rescate a las autoridades europeas (ni siquiera el de la banca).

EL MIEDO AL CAMBIO DE POLÍTICA ECONÓMICA: DISTINTAS RAZONES

En algunas ocasiones, el equipo económico del Gobierno es consciente de que la continuidad de la presente política, de innegable éxito en la actualidad, podría tener a medio plazo consecuencias negativas para el país. A pesar de ello, suele ser bastante inusual que el ministro de Economía proponga al presidente del Gobierno un gran cambio de orientación en ella, y mucho más que lo presione para lograr semejante fin. Las razones que lo llevan a callarse y a no formular tal propuesta son múltiples y diversas. Según mi opinión, están relacionadas principalmente con su peculiar concepto de la lealtad, con las características profesionales propias de un economista falsamente prudente, con un profundo respeto a su presidente o con diversos motivos exclusivamente personales.

Algunos ministros de Economía, como numerosos otros políticos, consideran que sus intereses personales están muy por encima de los del país y los del partido. No creen que deban una especial lealtad ni a uno ni a otro, ni siquiera a su actual jefe. En cambio, se consideran en deuda con diversos grupos de presión empresariales que los han apoyado decisivamente a lo largo de su carrera y, si les siguen siendo fieles, los recompensarán con un magnífico cargo y una millonaria retribución cuando dejen la política o ésta los abandone. Dado que las medidas adoptadas por el ejecutivo están proporcionando grandes beneficios a dichos grupos, un cambio sustancial de su orientación les puede perjudicar notablemente. Por tanto, están convencidos de que, si lo proponen, estos grupos no lo aceptarán con agrado, cosa que puede comportar la pérdida del apoyo de éstos, un rápido final de la propia carrera política y un aciago futuro profesional. Ante tal perspectiva, prefieren morderse la lengua y aguardar futuros acontecimientos. En el fondo, esperan tener suerte y que no se cumplan sus previsiones negativas.

En cambio, a otros les gustaría cambiar el modelo económico del país, pero su perpetuo miedo y su incapacidad profesional se lo impiden. Poseen todas las competencias para hacerlo, pero no saben ni qué nueva política establecer ni cómo imponerla. Además, tienen pánico a fallar y que el remedio sea peor que la probable enfermedad. Presentan las principales características de los economistas falsamente prudentes. Aunque algunas veces ven el peligro, prefieren obviarlo y pensar que nada malo pasará, ya sea porque algunos países se convertirán en locomotoras del suyo o porque la nación continuará disfrutando durante un largo período de tiempo de un elevado y creciente volumen de préstamos extranjeros a un reducido tipo de interés.

Unos pocos dicen que respetan mucho al presidente del Gobierno. No obstante, sería más apropiado decir que tienen miedo, incluso auténtico pavor, a contrariarlo. Debido a ello, no se atreven a indicarle lo que podría pasar en el futuro en la economía nacional. Además, están convencidos de que sus argumentos no lo convencerán y los desaprobará utilizando una de las frases más míticas de la política: cuando algo (la economía) funciona bien, mejor no tocarlo. Incluso piensan que es posible que sus propuestas de cambio los hagan caer en desgracia y les cuesten el cargo (véase el capítulo 1 y el apartado A.1 del presente capítulo).

Los motivos personales suelen ser bastante más diversos que los anteriores. Los principales son la previsible pérdida de prestigio, el sumamente probable rechazo de los ciudadanos a las medidas propuestas y un escaso interés por el futuro del país a medio y largo plazo. Indiscutiblemente, su reputación a corto plazo (la que normalmente más importa a los dirigentes políticos) se vería afectada por la peor evolución de la economía nacional, circunstancia que reduciría los logros globales conseguidos bajo su mandato. Además, están convencidos de que el prestigio que les podría reportar evitar una considerable contracción económica difícilmente compensaría la pérdida de reputación sufrida anteriormente. La desaprobación social de las nuevas disposiciones comportaría una gran disminución de su popularidad y, por tanto, un futuro menos prometedor, si su objetivo es hacer de la política su profesión.

La tercera causa, menos frecuente aunque no tan inusual como cree la mayoría de los ciudadanos, se observa cuando el modelo implantado combina deliberadamente un gran crecimiento a corto plazo con una elevada inestabilidad económica un poco más allá. En este caso, se valoran mucho más los beneficios proporcionados a corto plazo por la estrategia seguida que los perjuicios causados por ella en un futuro más lejano. No se hace esta valoración pensando en el país, sino en ellos mismos. Los modelos de estas características suelen ser especialmente apreciados por equipos económicos cuyo mandato tiene una duración específica, como es el caso de los que forman parte de un Gobierno cuyo presidente únicamente puede ser reelegido como máximo una vez. En bastantes ocasiones, cuando dicho equipo termina su mandato, el país está viviendo notoriamente por encima de sus posibilidades, circunstancia de la que presumen y que presentan como un gran éxito de su gestión, ya que los ciudadanos disfrutan de una situación de gran bonanza, aunque desconocen que es pasajera y, por tanto, falsa.

5

EL FUTURO ES UNA REPETICIÓN DEL PASADO

¿POR QUÉ NOS BASAMOS TANTO EN EL PASADO?

Una explicación general

A menudo, los economistas utilizamos el pasado como salvavidas. A los mediocres los saca de muchos apuros, especialmente cuando no saben qué decir ni qué escribir, ocasiones en las que intentan disimular con él su falta de imaginación y creatividad útiles. No obstante, los brillantes también recurren a él, incluso con excesiva frecuencia. No lo hacen porque carezcan de los atributos que acabamos de nombrar, sino para dotar a sus discursos o escritos de una cualidad extra: una mayor credibilidad. Suelen conseguirla porque, tanto en el ámbito empresarial como en el macroeconómico, la mayoría de los ciudadanos piensa que es más probable que suceda lo que ha ocurrido que aquello que no tiene precedentes. Es el denominado sentido común aplicado a la economía, un sentido que más de una vez engaña.

En numerosas ocasiones, muchos ejecutivos y analistas utilizan el pasado para explicar el presente o el futuro. Algunas veces es una técnica adecuada y, por tanto, su uso está completamente justificado. No obstante, en un elevado número de ellas no es más que una excusa para dotar de cierto contenido a aquello que, desnudo de tal referencia, únicamente constituiría un conjunto de banalidades expuestas con mayor o menor gracia. En dichos casos, principalmente se recurre al ayer por rutina, indolencia o incapacidad para encontrar cualquier otra explicación relativamente convincente.

Estos motivos son la causa principal por la que algunos consejeros delegados, en sus discursos sobre el futuro de la compañía, disertan largamente sobre las enseñanzas que proporciona el pasado y dedican escasa atención a los cambios que la empresa debe impulsar para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado. Por tanto, los que lleve a cabo probablemente llegarán tarde y serán prácticamente una copia de los emprendidos por la competencia más directa.

A un analista que redacta un informe sobre las perspectivas del país, las mismas razones lo incentivarán a indicar que lo que sucederá en la nación será una extensión de lo que últimamente ha ocurrido o de lo que está pasando. Es decir, estimará que el crecimiento del PIB en el futuro próximo será más o menos equivalente al registrado en el pasado reciente o en la actualidad. Sin embargo, si ya empieza a ser obvia la llegada de un cambio de ciclo económico, no sería extraño que advirtiera sobre la próxima entrada del país en recesión y pronosticara que su extensión e intensidad será similar a la que tuvo la última crisis padecida por los ciudadanos.

En determinadas ocasiones, algunos economistas utilizan el pasado para dar mayor credibilidad a sus palabras o escritos. A diferencia de los anteriores, no les falta imaginación ni creatividad útiles. No son mediocres, sino muy listos. Su prioridad principal no es decir su verdad, sino conservar su privilegiada posición (véase el capítulo 1), pues en la mayoría de los casos consideran incompatible lo primero con lo segundo. Puesto que no quieren correr riesgos innecesarios, desestiman la posibilidad de ejercer de gurús económicos, aunque reúnen numerosas condiciones para serlo. Además de la suficiente formación, suelen tener una gran intuición y un notable carácter estratégico.

Sus diagnósticos son muy calculados, basados en lo sucedido en el pasado y dotados de algunas dosis de ambigüedad. Utilizan el ayer para demostrar que sus argumentos son sólidos y difícilmente refutables, aunque saben perfectamente que lo que dan a entender probablemente no será lo que pasará. No pretenden acertar con sus análisis, sino únicamente expresar medias verdades, susceptibles de ser interpretadas de diversas formas. Por tanto, si creen que la gestión de una empresa requiere una profunda renovación, probablemente dirán que es necesario un cambio tranquilo que permita conjugar los valores tradicionales de la compañía con los nuevos tiempos. Con esta estudiada frase, pretenden tranquilizar a los empleados (la mayoría es reacia a la realización de grandes cambios), evitar el enfrentamiento con la cuestionada dirección actual y ofrecer una relativa seguridad y estabilidad a los accionistas.

En el ámbito macroeconómico, si piensan que el país entrará en el futuro próximo en una inevitable recesión, posiblemente escribirán que la nación corre el peligro de iniciar un importante proceso de desaceleración, parcialmente eludible si se efectúan algunos significativos cambios en la política económica desarrollada por el Gobierno. Indiscutiblemente, con dichas palabras, aunque infravaloran los problemas que a buen seguro aparecerán pronto, advierten que la coyuntura venidera será peor que la presente y aconsejan al Gobierno variar su hoja de ruta económica. No dicen todo lo que piensan porque consideran que el anuncio de la llegada de los malos tiempos en una época de abundancia puede ser sumamente impopular y perjudicial para su cartera (véase el capítulo 1). Por tanto, pretenden que la frase anterior pueda interpretarse como que la nueva etapa no tiene por qué ser necesariamente mala, sino que es posible que sólo sea menos buena.

Dado que estos últimos economistas son más la excepción que la regla, podemos concluir que una gran parte de la profesión, con la finalidad de explicar el presente o el futuro, adopta como método principal el análisis del pasado, al que en algunas ocasiones llegan a dar una mayor importancia que a la observación detallada del contexto actual. De forma implícita, consideran que las coyunturas económicas y empresariales se repiten y que las situaciones sin precedentes son extremadamente raras. Aunque no lo reconozcan, su principal fuente de inspiración es la experiencia vivida, determinados libros de historia económica y distintos casos de gestión empresarial estudiados en alguna escuela de negocios.

A veces, la gran importancia que en economía se concede al pasado ocasiona el nacimiento de mitos. Uno de los más extendidos tiene que ver con determinadas características de los ciclos económicos. De forma —a mi juicio— incomprensible, algunos analistas, periodistas especializados y hombres de negocios coinciden con la errónea visión que respecto a la extensión de dichos ciclos tienen muchos ciudadanos dotados de sentido común pero con escasos conocimientos técnicos. Así, actualmente goza de gran popularidad la corriente de opinión que equipara casi de forma exacta la duración de los períodos de expansión y la de los de recesión, y que además afirma que los primeros conducen necesariamente a los segundos (véase el capítulo introductorio).

Incluso hay unos pocos que, implícitamente, opinan que una de las principales incógnitas sobre los ciclos económicos fue resuelta hace ya muchos siglos en Egipto, cuando, según el libro bíblico del Génesis, José interpretó un sueño del faraón en el que siete vacas flacas devoraban el mismo número de vacas gruesas. Esta interpretación significaba que un período de abundancia y prosperidad (siete años de buenas cosechas) sería sucedido por otro de escasez y penurias (otros tantos años de malas producciones). Aunque en algún caso concreto la extensión de ambos períodos puede haber coincidido, la documentación disponible desmiente con rotundidad que dicha coincidencia sea una regla general. Además, no existe ninguna razón científica por la que pueda considerarse que el siete es el número más importante de la economía.

Un ejemplo macroeconómico: la errónea solución a la primera crisis del petróleo (1973-1975)

La aplicación a la macroeconomía de la creencia de que el futuro es en gran medida la repetición de algún pasado ha conllevado importantes perjuicios a numerosos países. En diversas ocasiones, dicha creencia ha estimulado la adopción de medidas erróneas que han causado un largo estancamiento económico, en lugar de proporcionar una salida satisfactoria de la recesión. Un claro ejemplo de ello son las medidas que se tomaron para intentar resolver la primera crisis del petróleo (1973-1975). Otro, de características completamente distintas, lo constituyen las empleadas en la actualidad para estimular el escaso crecimiento económico observado en la UME.

El episodio inicial que desembocó en la denominada crisis de los setenta fue la suspensión de las exportaciones de la OPEP a los países que habían apoyado a Israel en la guerra del Yom Kippur. En pocos meses, concretamente entre octubre de 1973 y marzo de 1974, dicha suspensión provocó una espectacular subida del precio del crudo (aproximadamente de un 300 por ciento). Este gran incremento condujo a una gran transferencia de rentas desde los países consumidores de petróleo en términos netos a los productores y conllevó la aparición de recesión y elevada inflación en la práctica totalidad de las naciones desarrolladas. Esta última combinación representaba un nuevo fenómeno económico, ya que en las grandes crisis la recesión solía ir acompañada de la deflación.

En la actualidad, los economistas no tendríamos ninguna duda: la calificaríamos como una crisis de oferta. No obstante, inicialmente no fue diagnosticada como tal. El motivo era muy simple: nadie conocía los rasgos principales de una recesión prolongada o de un largo período de estancamiento económico causado por el elevado aumento del precio de una materia prima o fuente de energía, ya que nunca antes había tenido lugar otra de características semejantes.

Debido a que prácticamente todas las crisis anteriores fueron provocadas por una demanda insuficiente, inicialmente los equipos económicos de los diferentes Gobiernos decidieron recurrir a las medidas tomadas tradicionalmente en tiempos de recesión (las que habían funcionado en la década de 1930). Así, optaron por impulsar el gasto (incrementar la demanda) para solucionar una gran complicación observada en la cadena de producción y transformación de los bienes (un problema de oferta). En términos médicos, equivaldría a operar la pierna derecha para curar una herida de la izquierda, actuación con la que no sólo no desaparecerán los problemas en la segunda, sino que incluso puede surgir alguno en la primera. Más o menos eso fue lo que sucedió en materia económica

A finales de los setenta, la receta basada en el pasado había sido incapaz de devolver a la normalidad a la mayor parte de los países desarrollados, ya que no había solventado ninguno de los principales problemas de oferta que la actuación de la OPEP había contribuido a generar. Así, la tasa de desempleo era notablemente superior a la de los primeros años de la década, la inflación mucho más elevada y el crecimiento notoriamente más reducido. La solución fue un cambio total de orientación de la política económica y el predominio durante los años siguientes de las medidas de oferta (popularmente conocidas como reformas estructurales) sobre las de demanda.

Un ejemplo empresarial: los resultados desastrosos de la inversión inmobiliaria en los países de la Europa del Este

Entre 2004 y 2007, un gran número de promotores e inversores inmobiliarios españoles realizaron importantes compras de solares y edificios en diversos países de la Europa del Este. En gran medida, lo hicieron guiados por su experiencia. En otras palabras, por el conocimiento adquirido gracias a su actividad en el mercado residencial nacional, en algunos casos de más de dos décadas y en otros de únicamente dos o tres años. Dicha experiencia los llevó a pensar que lo que había sucedido en los últimos ejercicios en España (una espectacular subida del precio de los terrenos y de la vivienda) ocurriría en los próximos años en Europa Oriental. En definitiva, estimaron que el futuro del mercado residencial en dichas naciones sería más o menos equivalente al reciente pasado inmobiliario de nuestro país.

En dicho período, los grandes beneficios o plusvalías obtenidos en los últimos años en España, junto con una impresionante capacidad para obtener financiación bancaria para casi cualquier operación, permitían a numerosos promotores e inversores disponer de una capacidad de compra de activos como nunca antes habían tenido. Los reducidos precios de los solares y de los pisos en la Europa del Este, en comparación con los existentes en nuestro país, así como la aparente seguridad que otorgaba la pertenencia de dichas naciones a la UE, hicieron que numerosos ejecutivos e inversionistas consideraran dicho territorio como el Eldorado inmobiliario.

En un gran número de casos, la decisión de invertir en un país de Europa Oriental u otro no estuvo basada en un amplio conocimiento de sus mercados residenciales. Paradójicamente, los inversores tampoco habían estudiado a fondo las peculiaridades de sus coyunturas macroeconómicas ni sus respectivas perspectivas de crecimiento a medio plazo, ni tan siquiera las características principales de sus sistemas bancarios. Sin duda, se guiaron primordialmente por su intuición. El gran éxito de su negocio en España, basado en la existencia de una demanda de vivienda casi infinita, condujo a la mayoría a considerarse auténticos gurús del management inmobiliario y a creer que su olfato sería capaz de distinguir casi cualquier oportunidad existente en el mercado residencial, aunque estuviera situada a miles de kilómetros de la ciudad donde la empresa realizaba mayormente su actividad.

Entre los diferentes países de Europa del Este, la mayoría escogió invertir en Polonia, ya fuera prioritaria o exclusivamente. El principal motivo de su decisión respondía, a mi juicio, a una absoluta simplicidad, por más que a ellos les pareciera de sentido común: Polonia era el país de la zona más similar en extensión y número de habitantes a España. Por tanto, consideraban que si aquí les había ido muy bien, en el país clon les iría fenomenal.

Después de conocer Varsovia, la mayoría pensaba que la inversión en dicha ciudad iba a ser una de las operaciones más acertadas de su vida, incluso mejor que las que recientemente habían realizado en nuestro país, aquellas que les habían permitido obtener rentabilidades espectaculares y casi nunca vistas con anterioridad. Un gran número de ellos compararon la capital de Polonia con la de España y, basándose en su memoria, intentaron determinar en qué año esta última tenía un desarrollo inmobiliario equivalente al que ahora poseía aquélla. Algunos veían Varsovia relativamente similar al Madrid de 1985, otros la comparaban con el de 1980 e incluso a unos pocos les recordaba al de 1970. Las opiniones eran notoriamente diversas al respecto. No obstante, casi todos coincidían en que, como la evolución económica de Polonia iba a ser análoga a la que tuvo nuestro país después de su entrada en la UE, disfrutarían de un mínimo de dos décadas de boom inmobiliario. Indudablemente, estaban soñando despiertos.

Unos pocos no siguieron esta estrategia y, dentro de Europa del Este, optaron por concentrar sus inversiones principalmente en Rumania y Bulgaria. Esta decisión no obedecía a un análisis más detallado de las variables económicas, financieras e inmobiliarias de la zona, sino básicamente a una intuición diferente. Dado que, en términos de PIB per cápita, eran los países más retrasados de la Europa Oriental que formaban parte de la UE, en el futuro iban a ser las naciones de la región cuyos ciudadanos verían aumentar más sus salarios y su capacidad de compra de viviendas. Esta hipótesis, totalmente discutible y nada documentada, se basaba en la idea de que la entrada de cualquier país emergente en la UE suponía un elevado aumento del nivel de vida de sus habitantes y, en un futuro más o menos lejano, la homogeneización de su renta per cápita con la media comunitaria. Por tanto, según este razonamiento, Bulgaria y Rumania eran un destino para la inversión inmobiliaria mejor que Polonia. Aparentemente, si esta nación constituía una magnífica oportunidad, aquéllas se presentaban como dos auténticos chollos, ya que los inversores pensaban que en ellas el boom inmobiliario se prolongaría como mínimo una década más que en la anterior.

Apenas puede sorprender que las previsiones de los promotores e inversores españoles no se cumplieran. A partir de 2007, especialmente del segundo semestre, los cuantiosos beneficios obtenidos en el mercado nacional se convirtieron en ingentes pérdidas y las plusvalías latentes en minusvalías. El principal motivo fue la internacionalización de la crisis de las hipotecas subprime de Estados Unidos y sus repercusiones negativas sobre el crédito disponible para la adquisición de vivienda. No obstante, en la evolución del sector inmobiliario español también tuvieron una gran importancia la compra de solares a precios excesivos en los años previos, la existencia de un gran exceso de oferta de pisos en numerosas poblaciones y la disminución de la demanda debido a los elevadísimos precios existentes y a la subida del tipo de interés.

En un primer momento, los promotores e inversores españoles intentaron compensar parcialmente las pérdidas obtenidas en España con los beneficios generados por la desinversión en Europa del Este. La inmensa mayoría no consiguió su propósito, dado que los especuladores, los principales actores del mercado en dichos países, desaparecieron de la noche a la mañana y prácticamente nadie estuvo dispuesto a comprar nada por los importes que poco tiempo atrás habían desembolsado los promotores e inversores españoles. Aunque estos precios eran reducidos en comparación con los de España, en muchos casos eran considerablemente elevados para la capacidad adquisitiva de la inmensa mayoría de las familias de las naciones de la región.

En la actualidad, algunos de ellos piensan que los pésimos resultados obtenidos en Europa del Este se debieron principalmente a la mala suerte, ya que nada de lo sucedido hubiera pasado si no hubiera existido y se hubiera expandido por casi todos los países desarrollados la crisis de las hipotecas subprime de Estados Unidos. Indiscutiblemente, la fortuna no los acompañó, como sí lo hizo durante muchos años en España. No obstante, su desastrosa gestión contribuyó decisivamente a provocar las elevadas pérdidas que la mayoría sufrió en Europa Oriental. Los inversores y promotores españoles no valoraron de manera adecuada los riesgos que comportaba invertir en mercados prácticamente desconocidos, recurrieron excesivamente al crédito (la mayoría de las compras estaban muy respaldadas) y, sobre todo, creyeron que el futuro inmobiliario de los países de la Europa del Este sería prácticamente una repetición de nuestro pasado. Esta creencia es inaudita y difícilmente comprensible, si uno no conoce las principales características de nuestra profesión.

¿POR QUÉ A LOS ECONOMISTAS NOS FALTA IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD ÚTILES?

El constante recurso al pasado es una de las principales consecuencias de la falta de creatividad e imaginación útiles de la mayoría de los economistas. La escasa posesión de ambas cualidades no es un problema particular de algunos licenciados o graduados, sino una seña de identidad de la profesión. Carecen de ellas un gran número de los que trabajan tanto en el sector público como en el privado, así como los que ejercen cargos directivos, son mandos intermedios o únicamente trabajadores sin responsabilidades ejecutivas. A mi modo de ver, la carencia de ambos atributos responde a múltiples causas, y probablemente las principales son la inadecuada formación recibida y las características de la práctica profesional.

La formación de los economistas: ¿por qué no es adecuada?

En numerosos países, en las facultades de Economía y Empresa, los estudiantes aprenden principalmente conocimientos técnicos y escasamente creatividad e imaginación. Debido a ello, tienden a aplicar en su trabajo prioritariamente lo primero y muy poco lo segundo. La experiencia acumulada en su carrera profesional posibilita que adquieran nuevas capacidades, pero no les permite aumentar en una medida significativa la posesión de ambas cualidades, ya que el simple paso de los años no suele constituir un factor que mejore el talento creativo de las personas.

Las características en exceso técnicas de la formación universitaria en Economía y Administración de Empresas vienen determinadas principalmente por dos factores: una estructura de los planes de estudio inadecuada y un claustro de profesores poco equilibrado. En muchas naciones, ambos factores determinan que la mayoría de sus facultades tengan entre sus principales objetivos el de producir investigadores magníficos, y que sea una minoría la que pretende forjar un gran número de excelentes administradores y gestores de empresas. De esta manera, prácticamente queda asegurado que el perfil profesional de los nuevos economistas no responderá a las necesidades del mercado laboral, pues las ofertas de trabajo suelen ser escasas para los primeros y generalmente abundantes para los segundos. Por tanto, aunque parezca increíble, la mayoría de ellos se ha preparado para desempeñar unas funciones que nunca realizará y ocupar un puesto de trabajo que difícilmente le ofrecerán.

La desconexión existente entre lo ofrecido por las universidades tradicionales y lo demandado por las empresas es la consecuencia de un gran error de planificación y un lastre para la competitividad actual y futura de las compañías. Adicionalmente, supone un considerable despilfarro de recursos públicos, ya que una parte sustancial de los centros, que prioritariamente pretenden formar investigadores, son propiedad de la Administración o están financiados parcialmente por ella.

Dicha desconexión motiva que numerosos nuevos economistas, cuando acceden a su primer puesto de trabajo, se vean a sí mismos como unos simples aprendices. Indiscutiblemente, necesitan adquirir formación adicional. A los más afortunados se la proporciona la empresa, ya sea a través de su universidad corporativa (cada vez hay más compañías que tienen una) o mediante la financiación de un programa de alta dirección de una escuela de negocios (constituye frecuentemente una forma de premiar o fidelizar al personal). Esta nueva formación generalmente proporciona útiles herramientas para la gestión y administración de las empresas, pero no ayuda casi nada a desarrollar la creatividad e imaginación de los economistas, ya que en dichos programas suele darse una importancia secundaria a la potenciación de ambas cualidades.

En la inmensa mayoría de las facultades de Economía y Empresa, los planes de estudio vigentes sobrevaloran la importancia de las asignaturas con un gran número de contenidos matemáticos e infravaloran las que incluyen fundamentalmente experiencias empresariales y habilidades prácticas. Probablemente, la razón principal sea que a las primeras asignaturas se concede un valor científico mucho mayor que a las segundas, aspecto este esencial, ya que la mayoría de los expertos en educación consideran que en dichos centros universitarios debe explicarse principalmente ciencia, mientras que la enseñanza de otro tipo de conocimientos empresariales debe dejarse a otras instituciones de menor rango y prestigio académico.

En numerosos casos, el claustro de profesores está compuesto prioritariamente por investigadores, especialistas en la construcción de modelos y teorías, cuya experiencia práctica en la dirección y administración de empresas es prácticamente nula. Dado que los profesores instruyen a sus alumnos en lo que ellos saben hacer, les enseñan fundamentalmente a investigar. En cambio, como jamás han dominado las principales herramientas de gestión, creatividad e innovación, son incapaces de adiestrar a sus alumnos en el hábil uso de ellas, pese a que es uno de los requisitos más demandados en un gran número de ofertas laborales.

Las características del claustro son el resultado del diseño de la carrera profesional de los profesores. Generalmente dicho diseño es obra de políticos, burócratas o expertos en educación, con escasa contribución de los docentes y, en la mayoría de los casos, con participación prácticamente del sector empresarial. Aunque no es igual en los diferentes países, en la mayor parte de las naciones desarrolladas dicha carrera presenta unos rasgos bastante homogéneos. Así, en ella se prioriza la capacidad investigadora sobre la docente (en algunos centros, ésta casi no es reconocida como un mérito) y, dentro de la primera, la de carácter teórico es mucho más valorada que la aplicada.

Indudablemente, los economistas que construyen modelos y teorías poseen una gran dosis de imaginación y creatividad, mucho mayor que la de la mayoría de empresarios y directivos. Sin embargo, sus investigaciones generalmente tienen una dudosa utilidad práctica. Así, es difícil advertir su influencia en el diseño de la política económica de un país, los planes de mejora de la competitividad de una determinada industria o la elaboración de un nuevo producto o servicio (excepto si es financiero). Por tanto, la economía real no suele beneficiarse en una medida significativa de dichas dotes.

Esta situación es consecuencia de la evolución seguida por la investigación durante las últimas décadas. De manera progresiva, ésta ha ido otorgando una importancia mayor a la forma que al fondo, es decir, al planteamiento o desarrollo de los modelos que a la utilidad de sus resultados. Así, cada vez es más frecuente encontrar artículos con más de una decena de páginas de elegantes desarrollos matemáticos y menos de media de conclusiones, algunas de ellas considerablemente obvias. Incluso empieza a ser relativamente habitual observar modelos que desarrollan una realidad paralela y que algunas veces encuentran soluciones a problemas que en ella existen, pero que hasta ahora prácticamente ningún país o sector económico ha sufrido y difícilmente padecerá en un futuro.

Dicha tendencia ha conducido a algunas universidades e instituciones financieras a considerar a los matemáticos como los mejores economistas. Desde su perspectiva, son los que disponen de una mayor y más adecuada preparación, aunque no hayan obtenido un grado, licenciatura o doctorado en Economía. La incursión de los matemáticos en los asuntos económicos y empresariales ha conducido en bastantes ocasiones a convertir lo probable en indudable, dada la tradicional desconfianza de los economistas en casi cualquier resultado propuesto (para la profesión, pero es algo más que una conjunción) y la elevada confianza de los matemáticos en los que ellos han logrado.

La mayor dedicación de los matemáticos a dichos temas, especialmente a los relacionados con las finanzas, explica en parte el gran incremento de los riesgos asumidos por entidades financieras e inversores, así como la sucesión de burbujas especulativas observadas en distintos activos, productos y países durante los últimos quince años. La elevada confianza transmitida por los matemáticos a los directivos de las entidades financieras y a los asesores de los inversores, en relación con la seguridad de las predicciones de sus modelos, comportó un notable cambio en la clasificación de determinadas operaciones e inversiones. Así, algunas calificadas por veteranos economistas como de alto riesgo, no fueron mayoritariamente catalogadas como tales debido a la influencia de los matemáticos y a sus infalibles modelos. El riesgo observado en estos modelos era notoriamente inferior al reconocido por los analistas anteriores. Desgraciadamente, en un número significativo de casos importantes, la realidad dio la razón a los economistas más veteranos.

En definitiva, la creatividad y la imaginación son dos cualidades con un gran componente innato. Por tanto, existen algunas personas que las poseen sin haber hecho ningún esfuerzo y, en cambio, otras que han hecho muchos no han conseguido alcanzar un mínimo grado de ambas dotes. Sin embargo, en la mayor parte de la población ambas serían más abundantes si se ofreciera la formación adecuada para desarrollarlas. A pesar de ello, en estas materias ni siquiera la mejor educación logrará suplir nunca el verdadero instinto.

En las facultades de Economía y Empresa, por las razones anteriormente expuestas, no se suele estimular el desarrollo de ambas cualidades. Además, la escasa creatividad e imaginación asimilada en ellas tiene una utilidad dudosa, ya que está orientada a la formulación de modelos y teorías que difícilmente encontrarán una aplicación adecuada a la política económica de las naciones y, especialmente, a la gestión y administración de las empresas. A mi parecer, es indudable que ambos aspectos contribuyen decisivamente a que los economistas carezcamos de dichos atributos.

Las características principales de la práctica profesional

Una de las grandes ventajas de la profesión es la gran capacidad que sus miembros tienen para realizar múltiples funciones y adaptarse a las características de puestos de trabajo muy diferentes. Esta versatilidad y flexibilidad de sus componentes contribuye decisivamente a que en la plantilla de numerosas pequeñas empresas haya al menos un economista, y bastantes más de uno en la de prácticamente todas las medianas y grandes.

Entre sus principales inconvenientes está el carácter marcadamente reiterativo de numerosas tareas, la obligación de aplicar un enfoque excesivamente normativista en otras y la sensación de que casi cualquier cambio que propongan los economistas será rechazado por sus superiores, debido a la visión tradicionalista que éstos tienen de la práctica profesional. Indudablemente, ninguno de estos aspectos favorece la innovación, sino que la dificulta en un grado sustancial. Por tanto, en un gran número de actividades propias de la profesión, como por ejemplo el control presupuestario, la gestión de proveedores y clientes o la auditoría de cuentas, es francamente difícil aplicar en una medida significativa la creatividad y la imaginación.

Estas características determinan que numerosos economistas que trabajan en las áreas de contabilidad y finanzas se consideren a sí mismos como contables modernos. Ya no llevan visera ni manguitos, ni utilizan calculadoras mecánicas como la mítica Curta. Sin embargo, muchos siguen dedicando buena parte de su tiempo a hacer sumas y restas (ahora con la ayuda del ordenador), a equilibrar las partidas del debe con las del haber y a cuadrar el balance.

Ahora bien, algunos analistas consideran que existen unas finanzas diferentes a las tradicionales, en las que la imaginación tiene un papel esencial. Dichas finanzas son conocidas popularmente con el nombre de contabilidad creativa. Desde mi punto de vista, un calificativo totalmente inadecuado, ya que sería mucho más apropiado llamarla pícara, dado que tiene mucho de ladina y poco de innovadora, aunque sea legal (y algunos ejemplos históricos como los proporcionados por Enron, Worldcom y Parmalat, entre otros, demuestran que no siempre cumple la legislación vigente).

Un ejemplo engañoso de innovación: la contabilidad creativa

La contabilidad pícara, más conocida como creativa, tiene entre sus principales objetivos maquillar el resultado del ejercicio. Gracias a ella, un beneficio pequeño puede transformarse de forma legal en uno elevado y unas pérdidas importantes acabar desapareciendo. En numerosas empresas, la magia financiera, capaz de conseguir semejantes metamorfosis, se sustenta principalmente en la venta de activos inmobiliarios, filiales que obtienen considerables ganancias o líneas de negocio de éxito. En otras palabras, consiste en una manera de operar singular, identificada y denostada hace ya muchos años por uno de los refranes españoles más conocidos: «pan para hoy y hambre para mañana».

Estas actuaciones difícilmente beneficiarán a los accionistas de las compañías, especialmente a medio plazo. No obstante, sí favorecerán a sus máximos ejecutivos, ya que les permitirán esconder, al menos durante un tiempo, los resultados de su desafortunada gestión. Para justificar las decisiones adoptadas, probablemente califiquen estas ventas como las desinversiones efectuadas en el marco de un profundo cambio en la gestión de la empresa. En realidad, una sencilla excusa expresada de forma rimbombante.

Previsiblemente, dicho cambio también será publicitado por sus directivos como la consecuencia de un intenso proceso de reflexión que ha conducido a la implantación de una nueva estrategia, cuyo principal objetivo es la potenciación del core business de la compañía. Es una manera de indicar que a partir de ahora la sociedad concentrará sus recursos en el desarrollo de sus actividades principales y abandonará las secundarias. A veces, el pretexto surte efecto y algunos analistas consideran que se trata de una estrategia idónea. Tal diagnóstico probablemente sería acertado si la empresa tuviera una posición competitiva relativamente buena, múltiples líneas de negocios y escasas sinergias entre ellas. En cambio, sería erróneo en el caso de que el proceso de desinversión pretendiera única y exclusivamente ocultar unos resultados decepcionantes.

En algunas ocasiones, el giro estratégico publicitado no ha sido muy meditado, sino que se basa en la improvisación. Así suele suceder cuando de forma inesperada la explotación del negocio origina pérdidas y los principales directivos consideran imprescindible llevar a cabo una rápida venta de activos, con la finalidad de evitar que aquéllas conduzcan al final del año a un resultado negativo del ejercicio. En unos pocos casos, esta forma de proceder comporta que la empresa venda las líneas de negocio que van bien y conserve las que van mal. Aunque probablemente no era el objetivo inicial de sus directivos, las prisas por camuflar las pérdidas sufridas y la falta de ofertas adecuadas por las segundas provocan este auténtico disparate empresarial.

La curiosa imaginación y creatividad de la banca

Las entidades financieras son las sociedades que tienen un mayor margen para manipular legalmente el resultado del ejercicio. En numerosas ocasiones, no les hace falta vender nada para incrementar artificialmente sus beneficios, pues les basta con dotar unas provisiones inferiores a las recomendables, ya sea para cubrir posibles insolvencias de clientes o la depreciación de algunos activos. En períodos en los que hay una gran crisis bancaria, como ocurre en la actualidad en diversos países desarrollados, su elevada capacidad manipuladora conduce en algunas ocasiones a una aparente gran paradoja: ampliar el crédito disponible a las empresas desahuciadas y negarles nuevos préstamos a numerosas compañías potencialmente viables.

Aunque lo parezca, la banca ni ha enloquecido (si acaso lo hizo financiando directa o indirectamente la burbuja inmobiliaria) ni ha empezado a creer en los milagros económicos. Simplemente, con dicha actuación está defendiendo los intereses de sus ejecutivos. En la actual coyuntura, un número significativo de entidades opera con una visión de cortísimo plazo, dado que personalmente sus directivos no observan otro futuro que no sea ése.

En este contexto, aplican la magia financiera con la finalidad de reducir artificialmente su nivel de morosidad y presentar unos resultados del ejercicio menos malos de lo que verdaderamente son. Así, cuanto más reducido es el volumen de dudosidad, menores son las provisiones que las entidades tienen que dotar y más elevado es su beneficio o menor su pérdida. Por tanto, sus ejecutivos recibirán menos críticas por su gestión, ya sea de la propiedad o de los analistas, y tendrán más posibilidades de conservar su actual puesto de trabajo.

Por consiguiente, una vez interpretada de forma adecuada la anterior situación, la paradoja no es tal. La banca otorga más crédito a empresas zombis para asegurarse de que éstas continúan pagando los intereses de sus préstamos y, por tanto, eludir un aumento significativo de la morosidad padecida. Dichas compañías no podrán utilizar la ampliación concedida para mejorar su nivel de liquidez o financiar nuevas inversiones que mejoren sus desfavorables perspectivas, sino que aquélla únicamente servirá para sufragar los intereses comprometidos e impedir que la dudosidad aumente en una cuantía equivalente al importe del préstamo inicialmente concedido.

Los ejecutivos de la banca saben perfectamente que dichas compañías no tienen ningún futuro ni a corto ni a largo plazo y, por tanto, ni ahora ni nunca podrán devolver el capital prestado. No obstante, optan por aplicar la técnica conocida como patada hacia delante. Ésta conduce a una morosidad menor en la actualidad, pero sustancialmente superior un poco más allá. Sin embargo, en términos de gestión bancaria, como ya hemos dicho, en el momento actual a un considerable número de entidades financieras casi sólo les importa el presente.

Por otra parte, la mayoría de los bancos considera un elevado riesgo dar nuevos préstamos a empresas solventes, aunque éstas les presenten proyectos atractivos que a medio plazo podrían conllevar un aumento sustancial de sus beneficios. Hace casi una década, cuando la economía estaba en pleno auge, prácticamente cualquier tipo de riesgo era infravalorado; en cambio, ahora, cuando la mayoría de los países desarrollados pasa por un período de crisis o de estancamiento económico, casi todos ellos son sobrevalorados. Además, numerosas entidades financieras estiman que poseen en su balance excesivos créditos y escasos depósitos y, por lo tanto, consideran conveniente reducir los primeros y aumentar los segundos. Los principales propósitos de dicha actuación consistirían en conseguir una financiación más estable de su activo, así como reducir la elevada dependencia que en la actualidad tienen de los mercados de capitales y de su banco central.

La consultoría: una actividad con muchas posibilidades y pocos resultados

En otras actividades, bastante más propicias que la contabilidad y las finanzas para desarrollar la creatividad y la imaginación, la profesión tampoco destaca especialmente por el uso de ambas cualidades. Una de ellas es la consultoría. En teoría, constituye una herramienta sumamente útil para mejorar la gestión de una empresa (tanto la de un área determinada como la de toda ella), ya sea en la actualidad o en un futuro próximo. Entre los múltiples tipos de consultoría existentes, considero especialmente relevantes la estratégica (el posicionamiento de la compañía en los distintos mercados), la organizativa (la mejora de los procesos administrativos) o la productiva (la consecución de una mayor eficiencia en la fabricación de bienes o servicios).

No obstante, la realidad es otra. Así, en numerosas ocasiones la utilidad que se le supone no se corresponde con la verdaderamente proporcionada. En mi opinión, sólo unas pocas veces la contratación de una consultora supone una inversión magnífica; en cambio, en bastantes casos el importe pagado a casi cualquiera de ellas debería ser considerado únicamente como un gasto superfluo. La primera situación tiene lugar si sus consejos conducen a un aumento significativo de la competitividad de la compañía en cuestión. La segunda se observa cuando el valor añadido aportado por la consultoría es prácticamente inexistente.

Los informes de consultoría pueden ser clasificados principalmente en tres categorías: brillantes, pelotas o decepcionantes. Los primeros son escasos, sumamente originales y muy técnicos o estratégicos, dependiendo de los objetivos perseguidos por la dirección de la empresa. Sus consejos presentan elevadas dosis de creatividad e imaginación y permiten mejorar en una medida considerable la gestión de la empresa. Los informes pelotas recomiendan, de forma más o menos disimulada, seguir las directrices establecidas por la dirección. En este caso, los consultores son plenamente conscientes de que no se les ha contratado para indicar a los principales ejecutivos de la compañía lo que deben hacer, sino primordialmente para apoyar algunas decisiones controvertidas adoptadas por ellos (véase el capítulo 1). Los del tercer tipo son relativamente frecuentes, suelen incluir mucha paja y poco grano y generalmente son un compendio de lo manifestado por distintos componentes de la organización en las diversas entrevistas y reuniones llevadas a cabo.

Dichas entrevistas y reuniones constituyen la clave del modus operandi de las consultoras que aportan escaso o nulo valor añadido con sus informes. Indudablemente, todas las empresas de consultoría recurren a ellas; no obstante, las que venden humo es prácticamente lo único que hacen. Especialmente en las grandes empresas, los consultores, ya sean brillantes o decepcionantes, se reúnen principalmente con ejecutivos júnior y mandos intermedios. En las reuniones, exponen diversos temas y estimulan a hablar con libertad a los participantes. En las entrevistas, extraen de su cartera un cuestionario, algunas veces adecuado a las características de la compañía analizada (si la consultora es profesional) y otras completamente estándar (si es amateur), plantean muchas preguntas y esperan respuestas sinceras por parte de los entrevistados. Tanto en unas como en otras toman abundantes notas.

Los consultores brillantes utilizan las reuniones y entrevistas para conseguir información adicional; los decepcionantes, en cambio, para aprender. El motivo es que estos últimos tienen un conocimiento escaso sobre el negocio de la compañía, las actuaciones de la competencia y los principales retos de futuro del sector. Aunque todos ellos se venden como expertos (su márketing suele ser excepcional), realmente sólo unos pocos lo son, ya que ni la formación de la mayoría (excesivamente generalista) ni su experiencia (un gran número suelen ser muy jóvenes) son las adecuadas.

Desde la perspectiva de la empresa estudiada, dichas reuniones y entrevistas sólo son interesantes si los consultores consiguen que los empleados se expresen con sinceridad y expongan claramente lo que a su juicio funciona en la compañía bien y lo que va mal. No obstante, ni mucho menos siempre se muestran claros y sinceros, pues numerosos ejecutivos y mandos intermedios están convencidos de que los consultores son submarinos de la dirección y, por tanto, ésta pronto sabrá con exactitud todo lo que ellos han dicho. El miedo a posibles represalias hace que se abstengan de explicar sus verdades, es decir, lo que verdaderamente piensan sobre la sociedad.

En el caso de que la consultora contratada haya trabajado recientemente para una empresa similar, de aproximadamente el mismo tamaño e idéntico sector, las reuniones y entrevistas suelen llevarse a cabo por puro compromiso. Cree que, si sus consultores no las hacen, la dirección de la empresa no valorará adecuadamente su labor. Por tanto, en las reuniones y entrevistas, los consultores oyen mucho, pero escuchan poco y escriben menos en sus libretas o blocs de notas. No obstante, el número de reuniones y entrevistas es bastante inferior al habitual, ya que los consultores no pretenden aprender prácticamente nada en ellas ni tienen un gran interés por conseguir información adicional sobre la empresa.

Desde su contratación, ya saben casi todo lo que deberían saber sobre la empresa: es lo aprendido en la compañía analizada anteriormente. Por tanto, desde el primer momento han tenido muy clara la manera de enfocar el informe, las soluciones que ofrecerán a los problemas actuales de la empresa y las recomendaciones sobre sus actuaciones a medio plazo. Aunque disfrazadas adecuadamente, las propuestas presentadas son prácticamente las mismas que las ofrecidas a la anterior compañía estudiada. Increíblemente, a la mayoría de consultoras les importa muy poco que en la actualidad los problemas de una y otra puedan ser sustancialmente diferentes, así como que sus direcciones respectivas posean un plan estratégico distinto que les lleve en un futuro a seguir caminos contrapuestos. Para un gran número de ellas, lo verdaderamente importante es que el encargo ha resultado muy fácil y la rentabilidad de la nueva cuenta muy elevada.

Generalmente, las consultoras tienen muy mala fama entre los trabajadores de las empresas analizadas. Las razones principales son tres: no les gusta su forma de trabajar, piensan que la mayoría de los consultores carecen de los conocimientos suficientes para desempeñar la tarea que les ha sido encomendada y sospechan que su informe servirá para justificar diversos recortes de gastos. A la mayoría de los empleados les disgusta reunirse o entrevistarse con los consultores, pues consideran que el dedicado a ellos es tiempo prácticamente perdido. Creen que las sesiones de brainstorming con representantes de la alta dirección, si ésta fuera capaz de crear un clima de sinceridad y fomentar un debate abierto, serían más productivas que las charlas con personas que no poseen en la mayoría de las ocasiones los conocimientos adecuados ni de la empresa ni del sector al que ésta pertenece.

En algunas ocasiones, manifiestan un gran recelo respecto a las consecuencias que, tanto para la empresa en su conjunto como para sí mismos, pueda tener el informe elaborado. Piensan que éste puede contribuir decisivamente a cambiar la línea estratégica actual de la compañía, ya sea porque la dirección haga caso a la consultora o porque ésta refuerce una idea equivocada de aquélla, con lo que tienen auténtico pavor a que después de la contratación de la consultora la empresa vaya peor en lugar de mejor. Por otro lado, un gran número de trabajadores piensa que el informe detectará falsos despilfarros y propondrá diferentes acciones para mejorar la productividad de la empresa, bastantes de las cuales serán meras ocurrencias, más que verdaderas ideas. No obstante, a pesar de su poco acierto, servirá como pretexto para adoptar una política agresiva de recorte de costes que probablemente conducirá a un ajuste de personal, principalmente mediante la externalización de determinadas actividades, la venta de algunas líneas de negocio o la unificación de diversos departamentos en uno solo.

La creación de nuevas empresas: no todo lo que parece es

A priori, la formación de nuevas empresas constituye la actividad económica donde más necesaria es la aplicación de la creatividad y la imaginación. No obstante, la creación de una centrada en la producción de productos y servicios radicalmente innovadores no es una garantía de éxito, pues es posible que los consumidores aún no estén preparados para comprar bienes tan diferentes de los habituales. Por tanto, aunque no lo parezca, una innovación excesiva puede ser tan perjudicial para una compañía como una innovación escasa.

La mayoría de las nuevas empresas resultan ser proyectos fallidos que acaban desapareciendo poco después de nacer. Así, en un gran número de países desarrollados, la mayor parte de ellas no llega a los tres años de vida. A veces falla la gestión; otras, el concepto de negocio. Entre las nuevas compañías, destaco dos tipos principales: las originales y las copias. En ambas, dicho concepto fracasa cuando no satisface los deseos de los consumidores, ya sea porque no presenta las adecuadas dosis de creatividad e imaginación o porque es una reproducción muy defectuosa del modelo.

En el primer caso, el problema generalmente reside en un equívoco. No es un equívoco especial, sino considerablemente común. El emprendedor está convencido de que su negocio es el resultado de una o más de sus brillantes ideas. No obstante, en lo esencial es la consecuencia de determinadas ocurrencias suyas, algunas de ellas francamente desafortunadas. Indiscutiblemente, la frontera entre unas y otras es delgada y porosa. Debido a ello, la capacidad para distinguir si una nueva propuesta es una idea o simplemente una ocurrencia constituye en determinadas ocasiones una de las claves más importantes del éxito empresarial.

En el segundo, la complicación normalmente proviene de las características de la copia realizada, que presenta pocas de las virtudes de la idea original y, en cambio, numerosos de sus defectos. Además, el emprendedor suele añadir unos retoques personales al concepto reproducido, pues está convencido de que así conseguirá que su copia sea un negocio mejor que el original y tiene la esperanza de obtener una rentabilidad superior a la de éste. En la mayoría de las ocasiones, esta forma de pensar y actuar supone un auténtico ejercicio de autoengaño. El empresario se cree un innovador, cuando realmente debería considerarse un horrible imitador.

Los emprendedores son sumamente diferentes entre ellos y notablemente singulares. Sin embargo, aquellos que tienen la misma profesión presentan ciertos rasgos comunes. Así, los ingenieros tienen una significativa predisposición a crear empresas sustancialmente distintas a las ya existentes en el mercado; en cambio, los economistas prefieren copiar, de forma más o menos disimulada, determinados proyectos que han tenido un éxito notable en su país o en el exterior. Indudablemente, el riesgo asumido por los primeros suele ser considerablemente superior al que corren los segundos, y la rentabilidad esperada también lo es. Desde la década de los ochenta, los economistas suelen obtener mayores beneficios o plusvalías con la realización de operaciones financieras que mediante las puramente empresariales, lo que ha hecho que, hasta la llegada de la Gran Recesión, cada vez un porcentaje mayor de ellos se dedicara a actividades especulativas y uno menor a las consideradas como productivas.

Un modelo de negocio donde la copia es lo normal y la innovación lo excepcional lo constituye la franquicia. En términos porcentuales, el número de empresas franquiciadoras realmente innovadoras es muy reducido, mientras que es considerablemente elevado el de las que pueden ser consideradas una reproducción de otras (algunas de ellas son verdaderos clones de las ya existentes). En un gran número de casos, las franquicias clónicas son creadas por consultores y responden al encargo de unos emprendedores que no tienen una gran imaginación y creatividad, pero sí una perspicaz visión de la evolución a corto y medio plazo de un determinado sector empresarial (por ejemplo, agencias de viaje, tintorerías, moda infantil, etcétera).

Su objetivo es captar en un breve período de tiempo un gran número de franquiciados para transformar su actualmente pequeña compañía en una mediana o grande y obtener un elevado beneficio. Para conseguirlo ofrecen a inversores, a desempleados y a trabajadores por cuenta propia y ajena una oportunidad que consideran prácticamente irresistible: la de convertirse de la noche a la mañana en empresarios de éxito mediante su entrada en un sector en auge. En la publicidad, califican, de forma explícita o implícita, de prácticamente infinita la demanda de los productos y servicios ofrecidos por la franquicia. Por tanto, pretenden convencerlos de que es imposible que un franquiciado suyo pierda dinero y extremadamente fácil que gane mucho.

En bastantes ocasiones, la consultora ofrece a los emprendedores que pretenden convertirse en franquiciadores la creación de un proyecto llave en mano, con lo que éstos pueden empezar a comercializar su franquicia el día después de haberla recibido. Indudablemente, ésta es una gran ventaja. No obstante, dicho proyecto también suele comportar un importante problema: es casi igual al entregado en los meses anteriores a otros emprendedores que desean expandir su compañía dentro del mismo sector. La consecuencia es obvia: todas las empresas franquiciadoras creadas por una misma consultora son prácticamente idénticas, y sólo se diferencian entre ellas en algunos aspectos relativamente secundarios, tales como las características de la decoración de la tienda, el número de metros cuadrados del establecimiento típico o el importe del canon de entrada o de los royalties. Durante la última década, ésta ha sido la razón por la que en muy poco tiempo han aparecido en diversos países multitud de nuevas agencias inmobiliarias, firmas de refinanciación de deudas, oficinas de adquisición de objetos usados y establecimientos dedicados a la compraventa de oro.

Algunos de los nuevos empresarios franquiciadores son conscientes de que están impulsando una franquicia de vida limitada. Saben que su supervivencia será de unos pocos años, pues la actual demanda de sus productos o servicios es excepcionalmente elevada y se desplomará prácticamente de un día para otro. No obstante, no les importa demasiado, ya que la rentabilidad obtenida durante el período de supervivencia habrá sido muy alta, pues se habrán conseguido unos beneficios elevados arriesgando un escaso capital. Evidentemente, siempre y cuando la nueva franquicia no haya salido al mercado poco antes del derrumbe de la demanda de los bienes que ofrece. En definitiva, cuando la enseña desaparece o entra en declive, el pensamiento de dichos franquiciadores es más o menos el del castizo después de unos días inolvidables o una magnífica noche: «que me quiten lo bailao». Es su filosofía empresarial.

ALGUNAS CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD

La elaboración del presupuesto de una empresa

En el mundo empresarial, un claro ejemplo de la falta de imaginación y creatividad de los economistas lo ofrece el proceso de confección del presupuesto de una compañía. Excepto en la mayoría de las grandes y algunas de las medianas, la principal referencia adoptada en su elaboración es el pasado. Así sucede tanto si la empresa es pública como si es privada, y tanto si el responsable de dicho proceso es el director financiero, quien suele poseer una elevada formación académica, como si es un contable con una preparación relativamente escasa.

Por definición, el presupuesto es el principal instrumento de planificación del porvenir más inmediato de una sociedad. No obstante, de manera increíble según mi parecer, la mayoría de las cifras que incluye suelen tener más en cuenta lo que sucedió hace un tiempo (el pasado) que aquello que probablemente pasará durante los próximos meses (el futuro). Por tanto, los números que más influyen en él son los ingresos obtenidos y los gastos realizados por la empresa durante el ejercicio que está a punto de finalizar, ya que se el presupuesto se elabora antes de que el período anterior haya acabado.

Aunque casi todos los presupuestos tienen una referencia común (el ayer), la gran diversidad de las empresas existente comporta que las técnicas de elaboración empleadas en su confección sean sustancialmente diferentes y, excepto en la mayoría de las grandes compañías, bastante rudimentarias. La utilización de unas u otras depende en gran medida de la idiosincrasia de la empresa, la situación específica del sector al que ésta pertenece y la etapa del ciclo en la que se encuentra la economía nacional (si es una pyme) o internacional (en el caso de una multinacional importante). Dado que los ingresos obtenidos por la compañía dependen en mayor medida del volumen de actividad económica que de los gastos, al ser casi todos los primeros variables y los segundos en una gran parte fijos, los presupuestos suelen reflejar de forma más verídica los gastos que los ingresos.

En el proceso de elaboración del presupuesto, una vez observado y examinado con detalle el pasado reciente, los ejecutivos consideran las principales características de la coyuntura económica futura. En su análisis no suelen utilizar los métodos más apropiados, circunstancia que generalmente impide que el presupuesto cumpla con su finalidad principal: ofrecer una guía útil para saber cómo le irá a la empresa en el próximo ejercicio. En el fondo, generalmente no pasa de ser una declaración escrita del deseo de sus directivos para dicho período, lo que conlleva que en determinados casos las cifras presupuestadas tengan poco que ver con las reales. Indudablemente, el presupuesto es la expresión de un plan y no el reflejo de una realidad. No obstante, a veces el desacierto en su confección es de tal magnitud que las previsiones formuladas y los resultados obtenidos por la compañía parecen la cara y la cruz, respectivamente, de una misma moneda.

Los distintos tipos de presupuestos

En relación con la coyuntura futura, los directivos distinguen básicamente tres contextos macroeconómicos: optimista, neutral y pesimista. Raramente consideran otras opciones. La elección del primero supone enviar a los accionistas el mensaje de que la economía continuará yendo bien o pronto empezará a ir bien, ya sea porque el país (o el mundo) está inmerso en una fase expansiva o porque recientemente ha salido de una etapa de crisis. El segundo es escogido cuando la dirección estima que macroeconómicamente el próximo ejercicio será un clon del actual y en él no sucederá casi nada significativamente nuevo. La adopción del tercero implica transmitir a la propiedad que la evolución del PIB será decepcionante, dada la reciente entrada en recesión del país (o la economía mundial) o la continuidad durante el próximo ejercicio de la existente desde hace algún tiempo.

En el caso de un marco optimista, los directivos suelen plantear tres tipos de presupuestos: conservador, estable y atrevido. En el primero, normalmente consideran que los ingresos futuros crecerán aproximadamente igual de lo que en promedio lo han hecho durante los últimos tres, cuatro o cinco años. En el segundo, el incremento planificado es similar al observado en el ejercicio que está a punto de finalizar. En el tercero, el alza proyectada supera considerablemente a la conseguida en cualquiera de los períodos anteriores. Dadas las favorables expectativas económicas, la mayoría de las empresas no suele proponer ninguna actuación destacable para reducir los costes fijos o disminuir el ritmo de crecimiento de los variables. Por tanto, consideran que el incremento de beneficios esperado vendrá proporcionado principalmente por la subida del volumen de ventas y sólo de forma secundaria por el aumento del margen de ganancia obtenido por cada unidad vendida.

De estas tres clases de presupuestos, el calificado como atrevido es el que comporta un riesgo superior para el principal ejecutivo de la empresa, debido a la mayor posibilidad de incumplir las expectativas creadas. No obstante, dada la tradicional correlación positiva entre riesgo y rentabilidad, es probable que el máximo ejecutivo utilice el carácter marcadamente optimista del presupuesto para pedir a la propiedad un aumento sustancial de su salario (tanto de la parte fija como de la variable).

En un escenario pesimista, se elaboran dos tipos principales de presupuestos: inmunes (tranquilidad en la empresa) y afectados (alarma en la compañía). En los primeros, la coyuntura recesiva no comporta una reducción de los ingresos de la sociedad; en los segundos, en cambio, éstos disminuyen en una medida significativa. En el inicio de una recesión, una gran proporción de los presupuestos presentados son del tipo inmune. En cambio, cuando se llevan varios ejercicios de coyuntura adversa, a la mayoría de los ejecutivos no les queda más remedio que elaborar uno que responda a las características del anteriormente calificado como afectado. En caso contrario, prácticamente nadie daría credibilidad a una planificación en la que los ingresos casi no varían respecto al ejercicio anterior, especialmente si desde el inicio de la crisis han disminuido año tras año.

En tiempos difíciles, la confección de un presupuesto inmune pretende transmitir a los accionistas y los mercados financieros un mensaje de confianza y una imagen positiva de la empresa. En el fondo, la dirección quiere indicarles que la compañía está a salvo de casi cualquier contingencia económica, gracias a la magnífica gestión de sus ejecutivos. Este mensaje es prácticamente incompatible con la puesta en marcha de un programa ambicioso de reducción de costes, especialmente si éste implica un número de despidos considerable. No obstante, si la recesión no desaparece relativamente pronto, y sobre todo si en los próximos ejercicios se acelera la caída del PIB, será prácticamente inevitable que la empresa active dicho programa. Por tanto, los nuevos presupuestos presentados ya no podrán ser calificados de inmunes, sino necesariamente como afectados.

La elaboración de un presupuesto de tales características supone el reconocimiento por parte de los ejecutivos de una empresa de que ésta va mal. Dado este diagnóstico, y con el objetivo de mejorar los resultados de la compañía, la mayoría de ellos opta por aplicar una política de reducción de costes. Dicha política puede salvar a la empresa o hundirla definitivamente. El primer caso se produce cuando los directivos distinguen perfectamente los gastos esenciales de los superfluos y adoptan una estrategia apropiada tanto a corto plazo (cuyo objetivo sería evitar la desaparición de la empresa) como a medio plazo (cuya pretensión consistiría en dotarla de una elevada competitividad). El segundo caso sucede generalmente cuando los recortes aplicados son indiscriminados, no tienen carácter estratégico y se aplican en las partidas de gasto más voluminosas (por lo común, en la de personal), pero no en las menos necesarias. En definitiva, en un contexto caracterizado por una larga y profunda recesión, la salvación o la desaparición de la empresa dependerá en gran medida de si sus ejecutivos son estrategas o simplemente manostijeras (véase el segundo apartado de esta sección).

En los presupuestos afectados, la disminución de ingresos prevista normalmente no está basada ni en las características de la recesión (si va a menos o a más) ni en la competitividad relativa de la compañía (si disminuye o aumenta), sino prioritariamente en el pasado. De forma relativamente simple, sus autores suelen considerar que si durante el próximo ejercicio el PIB sigue cayendo, los ingresos disminuirán de una forma similar a como lo han hecho durante el período anterior. Una muestra indiscutible de que en materia presupuestaria, tanto si el viento sopla a favor como en contra, la mayoría de las compañías considera el pasado como su principal referencia.

Las limitaciones macroeconómicas de los directivos

Dada la considerable influencia del entorno económico en los resultados empresariales, los ejecutivos más importantes, además de un profundo conocimiento de las técnicas de gestión más avanzadas, deberían tener la suficiente capacidad para examinar detalladamente las perspectivas macroeconómicas globales, nacionales y sectoriales. No obstante, debido a la escasa formación recibida (las escuelas de negocios no lo consideran un tema preferente), la mayoría de ellos no dispone de tal capacidad. Por tanto, únicamente son competentes para analizar de forma superficial la coyuntura futura.

Algunos son conscientes de este déficit de formación y otros no. No obstante, casi todos se niegan a suplirlo mediante la contratación, aunque sea ocasional, de un analista macroeconómico sincero y experto (véase el capítulo 1). Ambas clases de ejecutivos están convencidos de que dicho analista no les dirá casi nada que ellos no sepan y, por consiguiente, de que su aportación a la empresa será notablemente inferior a la que pueda ofrecer un asesor fiscal, laboral, jurídico o financiero. En definitiva, muchos de ellos estiman que contratar a un analista de estas características equivaldría prácticamente a tirar el dinero a la basura.

El rechazo de su contratación viene dado por dos motivos primordiales: la sobrevaloración de uno mismo y la abundante información económica superficial. Un elevado número de consejeros delegados creen que disponen de una gran visión estratégica. Probablemente así sea en materia empresarial, pero dado su déficit de formación difícilmente la tendrán en temas macroeconómicos. No obstante, se engañan a sí mismos y piensan que su gran intuición suple cualquier posible deficiencia. Aunque es indiscutible que la intuición ayuda, no le es menos que resulta insuficiente para analizar de forma adecuada la coyuntura futura.

Otros ejecutivos, aun siendo plenamente conscientes de su escasa preparación en dichos temas, tienen el pleno convencimiento de que disponen de la capacidad necesaria para adoptar decisiones fundamentales sobre el futuro de la empresa, contando única y exclusivamente con el asesoramiento macroeconómico que proporciona la consulta de determinados medios de comunicación. Para muchos de ellos, la lectura diaria de la prensa les basta e incluso les sobra, dada la gran cantidad de información económica que en ella aparece. No se dan cuenta de que, aunque los diarios y revistas que leen estén especializados en dicha información, en ellos la coyuntura futura es estudiada de forma superficial, ya que se pretende que su análisis pueda ser comprendido por la práctica totalidad de sus lectores. Por tanto, no me pareció nada extraño que, cuando pregunté a algunos directivos de empresas medianas españolas por qué no tenían en su plantilla a un analista macroeconómico, su respuesta casi unánime y francamente previsible, aunque decepcionante, fuera en resumen ésta: «No lo necesitamos. Ya leemos La Vanguardia y Expansión casi cada día. Es más que suficiente para saber lo que pasará».

Indiscutiblemente, las importantes limitaciones de la ciencia económica, unidas a las considerables y cambiantes repercusiones que sobre la coyuntura venidera tienen diferentes acontecimientos (políticos, sociales e incluso climatológicos), hacen que nadie sea capaz de predecir con un elevado grado de certidumbre el futuro económico a corto, medio y largo plazo. No lo puede hacer ni siquiera el mejor analista del mundo. No obstante, en un significativo número de ocasiones, el consejo de un macroeconomista experto puede disminuir los errores cometidos en la elaboración de un presupuesto, así como advertir que en un período de tiempo relativamente breve puede producirse una profunda transformación económica que haga que el país (o el mundo en su conjunto) pase de una coyuntura expansiva a otra recesiva.

Un ejemplo de una situación similar a ésta tuvo lugar en 2007. Como consecuencia de la internacionalización de la crisis de las hipotecas subprime, en menos de un año la economía mundial pasó de gozar de excelentes perspectivas a tenerlas pésimas. En este contexto, si las empresas medianas y grandes hubieran tenido un analista experto que hubiera advertido a su cúpula directiva del riesgo existente, muy probablemente habrían soportado mucho mejor de lo que lo hicieron el período de crisis posterior (la denominada Gran Recesión). Así, algunas habrían evitado su desaparición y otras limitado en gran medida las ingentes pérdidas que sufrieron.

Los ejecutivos inconscientes y los manostijeras

Un gran número de empresas tiene como principal objetivo la obtención de un elevado beneficio. No obstante, los propietarios de algunas de ellas, especialmente las que cotizan en el mercado bursátil, no se conforman con su nivel actual (sea cual sea éste) y pretenden que crezca de forma notable año tras año. Dado que el beneficio puede definirse como la diferencia entre ingresos y gastos, es muy probable que las compañías que buscan un contino incremento de éste deban elegir entre uno de los dos siguientes caminos: aumentar los primeros o disminuir los segundos.

La elección de una u otra vía no es una opción más, sino una decisión empresarial de las más decisivas, ya que las estrategias adecuadas en uno u otro caso son por lo general muy diferentes. Por tanto, también lo han de ser las características de los ejecutivos que deben diseñarlas y llevarlas a la práctica. Este aspecto permite dividir a los directivos en dos grupos principales: los generadores de ingresos y los recortadores de gastos. No es ni mucho menos la única clasificación de ejecutivos que existe, pero probablemente sí sea la más popular.

Desde hace aproximadamente tres décadas, están de moda los directivos especializados en la realización de ajustes. Según mi opinión, dos son los principales motivos: las características de la formación recibida en un gran número de escuelas de negocio y las mayores facilidades que en comparación con épocas anteriores ofrece la legislación para recortar los gastos, especialmente los de personal. No obstante, en los períodos en los que la economía está en plena expansión, la balanza entre ambos grupos de ejecutivos no presenta un desequilibrio tan grande como cuando se encuentra en recesión. Así, en las fases expansivas suele aumentar de forma notable el número de ejecutivos, ya sean nuevos o conversos, que tienen entre sus objetivos prioritarios el de lograr un gran incremento de los ingresos de la empresa. La explicación es sumamente sencilla: en los períodos en que crece el gasto de las familias es mucho más fácil conseguir dicho aumento que en aquellos en los que disminuye.

En la etapa considerada, la mayoría de las escuelas de negocio han impulsado nuevas tendencias de management basadas principalmente en la reducción de los costes, dejando casi de lado las estrategias que tendrían como objetivo la generación de incrementos sostenibles de los ingresos. Así, en la mayoría de sus programas educativos, las horas dedicadas por los profesores a explicar cómo se efectúa un adecuado ajuste presupuestario superan con creces a las destinadas a detallar la manera en que se consigue aumentar de forma no ocasional los ingresos de la empresa. No obstante, los ajustes que se explican en algunas de estas escuelas no son ni mucho menos los apropiados, sino que resultan tan desafortunados que en numerosas ocasiones ponen en peligro el futuro de la compañía que los aplica. Aunque probablemente no sean conscientes de ello, estas escuelas han creado un nuevo tipo de directivos: los manostijeras.

Desde principios de los años ochenta, las numerosas reformas estructurales emprendidas en los países avanzados, como las impulsadas por Margaret Thatcher o por Gerhard Schröder (la denominada Agenda 2010), han modificado en gran medida la dinámica de las negociaciones laborales entre las patronales y los sindicatos, favoreciendo los intereses de las primeras y perjudicando los de los segundos. Por otro lado, han dotado la gestión empresarial de nuevos instrumentos para ejecutar recortes de gastos. Debido a ello, en la mayoría de dichas naciones las compañías han gozado, entre otros aspectos, de mayores facilidades para externalizar una parte de la producción, cerrar plantas escasamente productivas, despedir al personal fijo (cada vez con menor coste) y contratar en mayor medida a trabajadores temporales y a tiempo parcial.

De las dos clases de ejecutivos antes presentadas, los generadores de ingresos suelen ser sumamente más populares que los realizadores de ajustes. Así, los primeros son amados y, a veces, idolatrados en su empresa o incluso en su país; los segundos, en cambio, son odiados y, en determinadas ocasiones, vilipendiados. Indudablemente, es mucho más fácil ser apreciado por la comunidad cuando la empresa que uno dirige genera numerosos nuevos empleos que cuando pretende destruirlos. No obstante, la popularidad (en bastantes ocasiones transitoria) no siempre es la consecuencia de una buena gestión. Por consiguiente, tanto unos como otros, ya sea en tiempos de bonanza o en épocas de crisis económica, pueden ser directivos magníficos o desastrosos.

Entre los ejecutivos generadores de ingresos distinguimos dos tipos principales: los visionarios y los inconscientes. Los primeros, escasos, son unos auténticos cracs empresariales. Poseen grandes dosis de creatividad e imaginación. En numerosas ocasiones consiguen que la empresa que dirigen aumente sus beneficios tanto gracias a la mejora del margen de beneficio por unidad vendida como mediante el aumento del volumen de ventas. Entre sus virtudes está la de impulsar la creación de un número significativo de nuevos productos, dotar de mayor valor añadido algunos de los antiguos, reducir de forma no traumática los costes de producción o entrar con éxito en nuevos países o territorios. Además, no es extraño que, cuando la economía entra en una fase recesiva que se prevé larga y profunda, cambien rápidamente y en una medida sustancial la oferta de productos de la empresa para ajustarla a la nueva capacidad adquisitiva de los consumidores.

Los inconscientes son aquellos que consiguen incrementar los ingresos de la sociedad principalmente con la compra de otras compañías, financiadas prioritariamente mediante endeudamiento. A diferencia de los anteriores, que triunfan tanto si la economía está en expansión como si sufre recesión, sólo se desenvuelven bien cuando la economía pasa por una fase de gran auge. Son unos auténticos echaos p’alante que prácticamente desconocen lo que significa la palabra «riesgo». Su creatividad e imaginación es escasa, todo lo contrario que su osadía y desconocimiento.

A veces, en plena fase expansiva de la economía, algunos periodistas, deslumbrados por el márketing que de sí mismos hacen los ejecutivos inconscientes , los califican como gurús. En la década pasada, en plena burbuja inmobiliaria, así fueron denominados en distintos países numerosos ejecutivos del sector de la construcción. Indudablemente, este calificativo era completamente inapropiado, ya que la mayoría no tenía un talento especial para los negocios y mostraban una manera de actuar extremadamente sencilla y escasamente imaginativa y creativa. Así, su principal modus operandi consistía en adquirir numerosos activos o empresas de las que se esperase una rentabilidad superior al coste inicial de la deuda contraída para financiar la compra, sin que importara casi para nada si las adquisiciones generaban sinergias o no entre esas empresas o con los negocios que ya poseían. Por consiguiente, una parte considerable de estas compras no tenía ningún sentido estratégico.

El éxito de los ejecutivos inconscientes tiene fecha de caducidad. Disfrutan de él mientras el crédito es abundante, los tipos de interés son reducidos y la economía va estupendamente. No obstante, en el momento en que el PIB empieza a contraerse y la banca se niega a concederles nuevos préstamos, con la finalidad de disminuir su endeudamiento y conseguir alguna liquidez deben desprenderse urgentemente de algunas de las empresas o líneas de negocio adquiridas poco tiempo atrás. Además, obligados por sus acreedores, no tienen más remedio que recortar gastos en las que les quedan, gastos que no suelen ser anecdóticos precisamente, sino más bien salvajes.

En dicho momento, caen definitivamente del pedestal en que los medios de comunicación los han situado, y en un breve espacio de tiempo pierden la consideración pública de gurús empresariales y adquieren la de directivos desastrosos. Aunque los ejecutivos que los sustituyen realicen una gestión adecuada, buena parte de sus compañías acaban desapareciendo o pasando a manos de sus acreedores (generalmente entidades financieras). El motivo principal estriba en la gran caída observada en el valor de los negocios y propiedades inmobiliarias adquiridas en la época de bonanza. Dicha caída provoca que la valoración de la empresa en el mercado se sitúe por debajo del importe de su deuda, lo que puede conducir a su desaparición u obligar a sus accionistas a realizar nuevas aportaciones de capital.

A pesar de su mala fama, hay buenos y malos directivos recortadores de costes. A los primeros podemos llamarlos ejecutivos conscientes; a los segundos se los puede calificar de manostijeras. Los conscientes realizan ajustes con la finalidad de reducir la vulnerabilidad de la empresa en tiempos de crisis. No utilizan el método contable de los manostijeras, quienes principalmente hacen recortes en las partidas de gastos más voluminosas, sino que usan la estrategia. Pretenden liquidar los gastos superfluos, despedir al personal fácilmente prescindible y vender las líneas de negocios con peores perspectivas a medio y largo plazo. Su objetivo es eliminar la grasa sin afectar ni a los huesos ni a los nervios de la compañía. Indiscutiblemente, un propósito nada fácil de obtener. No obstante, si lo logran, pueden reducir en gran medida las pérdidas de la empresa, e incluso en algunos casos conseguir el equilibrio en la cuenta de resultados.

Los manostijeras se caracterizan por los recortes de gastos indiscriminados y sin ningún sentido estratégico. En numerosas ocasiones, estos recortes repercuten en los ingresos de la compañía, que por su causa sufren una disminución. Al reducirse tanto los gastos como los ingresos, las pérdidas generalmente continúan siendo considerables. Además, la falta de estrategia y el despido de personal esencial hacen que disminuya significativamente la cuota de mercado de la compañía en distintos productos y servicios. Por tanto, no es nada descartable, sino bastante probable, que la gestión de estos directivos ponga en grave peligro la supervivencia de la empresa en un futuro próximo. Así, a veces dichos ejecutivos no sólo eliminan gastos, tanto muchos de los superfluos como otros que no lo son, sino que también liquidan sin querer sus empresas.

6

EL DESPRECIO U OLVIDO

DE LOS COSTES SOCIALES

¿TECNÓCRATAS O POLÍTICOS?

Introducción

En las facultades de Economía más prestigiosas, siguiendo los textos de los principales manuales, los profesores enseñan a sus estudiantes las políticas económicas que un país puede adoptar para incrementar su crecimiento sin provocar un aumento significativo de la inflación. No obstante, raramente les instruyen sobre los costes sociales que dichas medidas comportan. Algunos no los tienen en cuenta porque consideran que sus explicaciones deben ser meramente técnicas, otros porque les otorgan una escasa importancia. Tanto unos como otros, consciente o inconscientemente, están formando tecnócratas.

En la actualidad, en múltiples países los políticos están sumamente desprestigiados. A pesar de ello, como norma general los prefiero a los tecnócratas, aunque la formación de los primeros sea mediocre y la de los segundos excelente. La excepción a la anterior regla la constituyen algunos de los políticos visionarios y muchos de los populistas. Los primeros conducen a un retroceso social que probablemente sus sucesores, si lo intentan, tarden más de una década en revertir. Un gran ejemplo es Angela Merkel, cuyas decisiones están afectando negativamente no sólo a Alemania, sino al conjunto de la zona euro. Los segundos suelen dejar a sus herederos una economía destrozada. A veces, por unos pocos años; en ocasiones, para casi toda una década. Dos magníficos ejemplos lo constituyen Zapatero en España y Cristina Kirchner en Argentina. En el primer país el desastre es perfectamente visible, en el segundo ya lo empieza a ser.

La anterior está basada principalmente en la distinta concepción que ambos grupos tienen de una buena política económica. Para los tecnócratas, ésta es la que proporciona resultados globales satisfactorios (por ejemplo, un gran incremento del PIB), sin que casi nunca sean relevantes las medidas adoptadas para obtenerlos. En resumen, para ellos el fin prácticamente siempre justifica los medios. En cambio, un elevado número de políticos, aunque sólo sea para conseguir su propio provecho personal (la obtención de un éxito electoral), pretenden que su gestión satisfaga los deseos de una gran parte de la población y logre a la vez unas excelentes cifras macroeconómicas. Por tanto, si las actuaciones necesarias para conseguirlas son sumamente impopulares, una determinada política económica no es acertada, sino inadecuada. En definitiva, para éstos el medio utilizado es tan importante como el fin buscado.

Políticos = tecnócratas: algunas consecuencias

En ciertas ocasiones, especialmente cuando gobiernan, los políticos consideran que no tienen más alternativa que actuar como los tecnócratas. En dichos casos, abandonan sus prioridades y aceptan las de los otros. No es extraño que, cuando esto sucede, el ejecutivo sufra una remodelación. Ésta generalmente comportará que en las carteras económicas, o en destacados puestos de los ministerios de Economía y Hacienda, algunos técnicos (analistas o profesores de universidad) sustituyan a determinados políticos. Indudablemente, la nueva manera de proceder no es grata para los gobernantes, ya que en numerosos temas tendrán que hacer lo contrario de lo que habían prometido (véase también capítulo 5), pero están convencidos de que es lo mejor para la nación y especialmente para sus intereses.

Este cambio de conducta lo suelen adoptar cuando se cumplen dos condiciones: el país está inmerso en un largo período de recesión o estancamiento económico y las perspectivas electorales del partido gobernante empeoran mes tras mes en las encuestas. Por tanto, si éste sigue con la actual política económica, es prácticamente seguro que después de las próximas elecciones pasará a la oposición y su principal líder probablemente deberá dar por finalizada su carrera política. Así pues, prácticamente no tienen nada que perder con una variación radical de su política. Por el contrario, con ella vuelven a disfrutar de la esperanza, aunque sea remota, de que una rápida recuperación económica del país haga cambiar de opinión a una parte significativa de la población y ésta los vuelva a votar.

Por lo general, el resultado es la realización por parte de los partidos de izquierda de grandes reformas estructurales (políticas de oferta) que normalmente conllevan dos efectos colaterales sumamente impopulares: el desmantelamiento parcial del Estado del Bienestar y una más desigual distribución de la renta entre la población. A diferencia de los partidos de derechas, los de izquierda no suelen incorporar estas medidas en su programa electoral, y si las incluyen únicamente integran las de carácter light. No obstante, en situaciones límite para sus intereses políticos, como la descrita anteriormente, las formaciones socialistas o socialdemócratas son capaces de imponer algunas reformas que jamás se hubiera atrevido a emprender la mayoría de los partidos conservadores o liberales. El motivo principal es el mayor temor de estos últimos a que sus actuaciones inciten una protesta social masiva y ésta acabe dando lugar a continuos disturbios callejeros.

Un ejemplo de atrevimiento, y de causa de numerosos costes sociales, es la denominada Agenda 2010 del canciller alemán Gerhard Schröder, sin duda el proyecto de reformas más completo de cuantos se han impulsado en Europa Occidental desde el acometido por Margaret Thatcher en el Reino Unido en los años ochenta. No obstante, tal y como demostró Lula en Brasil (2003-2010), las políticas de oferta también pueden favorecer principalmente a las familias más pobres y, por tanto, contribuir a reducir las desigualdades sociales. Aunque no es frecuente, es posible que así ocurra. En determinados casos, es simplemente cuestión de voluntad política.

Las reformas estructurales: ¿una necesidad o una excusa?

Las reformas estructurales suelen tener como principal objetivo el aumento del crecimiento potencial del país mediante el impulso de la productividad y la disminución de la tasa de inflación estructural (conocida técnicamente como subyacente). Pueden afectar a un sector concreto de la economía o a su conjunto. Entre las del primer grupo cabe destacar las que comportan grandes cambios en la sanidad, la educación, la regulación del mercado energético o el funcionamiento de la Administración Pública. De las del segundo, tienen especial importancia las que afectan a las relaciones laborales, la seguridad social o el sistema impositivo, así como las que conllevan la privatización de numerosas empresas públicas, una mayor liberalización de diversos mercados (tanto de bienes y servicios como de activos) y el impulso de la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I + D + i).

Desde la perspectiva de la teoría económica, las reformas estructurales son necesarias cuando las ineficiencias observadas en la producción de bienes y servicios (el lado de la oferta de la economía) impiden la obtención de un nivel de crecimiento económico satisfactorio y una tasa de inflación relativamente reducida. Es decir, cuando la subida excesiva de los precios no es la consecuencia directa de un gran incremento de la demanda de familias, empresas o Administraciones Públicas, ni la reducción del PIB lo es de una súbita disminución de ésta.

Sin embargo, en las últimas décadas algunos Gobiernos las han establecido no sólo cuando los problemas económicos del país provenían de su oferta, sino también cuando la recesión padecida era el resultado claro de la falta de demanda nacional. En este último caso, dichas reformas no constituyen la solución adecuada, pues la más oportuna es el incremento del gasto en bienes y servicios. No obstante, las han impuesto porque han considerado la mala situación económica como una magnífica oportunidad para promover una transformación profunda de la sociedad. Un cambio que no responde a ningún problema económico importante, aunque así se lo digan a la población, sino a la ideología política del partido gobernante.

Un ejemplo de ello es la propuesta que hizo a sus ciudadanos el nuevo Gobierno holandés formado por una coalición de liberales y socialdemócratas. A través de un reciente discurso del rey Guillermo (septiembre de 2013), les propone sustituir el clásico Estado del Bienestar de la segunda mitad del siglo XX por una sociedad participativa. Indudablemente, con este eufemismo se hace saber a la población que, para reducir un déficit público excesivo, causado por la falta de crecimiento, el Gobierno tiene previsto reducir próximamente las prestaciones sociales.

El diagnóstico oficial, totalmente sesgado e interesado, es que no hay ni habrá dinero para mantener el actual Estado del Bienestar. A diferencia de lo ocurrido en otras naciones europeas, el pasado desarrollo económico de Holanda no se ha basado en la formación de una burbuja inmobiliaria (como en el caso de España), ni sus empresas tienen en la actualidad problemas de competitividad a nivel internacional (como le sucede a Francia). Esta última circunstancia queda clara cuando comparamos su posición en el ranking mundial de exportaciones en 2011 y la que ocupaba ese mismo año en el del PIB total. En el primero estaba en el séptimo lugar; en el segundo, en la decimosexta posición.

Las reformas estructurales de derechas. El caso de Alemania: la Agenda 2010

Repercusiones generales

Gerhard Schröder ganó las elecciones de septiembre de 2002 por un estrecho margen. Este hecho, unido a la decreciente popularidad de su Gobierno en los siguientes meses y al empeoramiento de una ya deficiente situación económica, hizo que durante 2003 el principal dirigente del partido socialdemócrata llegara a la conclusión de que debía realizar un profundo cambio en la política desarrollada hasta la fecha. Un giro del que en ningún momento advirtió a sus ciudadanos durante la anterior campaña electoral, lo cual supone una característica relativamente común entre los modernos líderes de izquierdas de los países desarrollados.

El resultado fue la elaboración de la denominada Agenda 2010, una serie de reformas de carácter liberal auspiciadas paradójicamente por un Gobierno rojiverde, es decir, por la coalición entre socialdemócratas y verdes. Esta decisión se debió a dos motivos principales: el convencimiento de Schröder de que sólo si adoptaba medidas tradicionalmente consideradas de derechas (políticas de oferta) lograría una rápida recuperación de la economía y su creencia de que únicamente si el PIB volvía a crecer vigorosamente podría ganar las próximas elecciones.

No hay duda de que sus expectativas no se cumplieron. La nueva política económica conllevó un fuerte descontento social y una importante escisión en el partido socialdemócrata. Esto último supuso la creación de una nueva formación y un rival electoral directo: Die Linke (La Izquierda). Ambos aspectos le obligaron a adelantar las elecciones a noviembre de 2005. Unos comicios que perdió, a pesar del recelo que suscitaban en buena parte de la población algunas propuestas económicas del partido democristiano y del escaso tirón popular del que gozaba en aquellas fechas su principal dirigente, Angela Merkel. El destino de Schröder fue el mismo que después han padecido casi todos los líderes de izquierda europeos que vieron en la disminución del gasto público y en la realización de algunas políticas de oferta innecesarias una solución adecuada a los principales problemas económicos de su nación.

Desde una perspectiva general, la Agenda 2010 pretendía convertir a Alemania en la economía más dinámica de Europa y establecer un nuevo modelo de desarrollo. En dicho modelo, las exportaciones tendrían un papel esencial y sustituirían en gran parte a la demanda nacional como motor económico del país. En términos específicos, el propósito era incrementar el ritmo de crecimiento económico, a la vez que reducir el nivel de déficit público respecto al PIB. Entre 2001 y 2005, un nivel de éste superior al 3 por ciento hizo que la nación incumpliera el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE. Este incumplimiento, unido a una evolución decepcionante del PIB desde 1992, llevó a numerosos analistas a considerar Alemania como una rémora para Europa, en lugar de una locomotora, como tradicionalmente había sido vista. En este contexto, la Agenda 2010 nacía con el objetivo de transformar el país y convertirlo en el referente económico del viejo continente. En palabras de Schröder, había que convertir al hombre enfermo de Europa en la mujer sana y bonita de la que todos podemos aprender.

En el aspecto macroeconómico, el éxito del programa de reformas, que entró en vigor el 1 de enero de 2014, es indiscutible. Si en 2003 el PIB decrecía un 0,2 por ciento, en 2007 aumentaba a un ritmo del 3,3 por ciento. Además, entre uno y otro año, un déficit público del 4,2 por ciento del PIB se convirtió en un superávit del 0,2 por ciento. No obstante, si analizamos otras variables, los resultados logrados son notoriamente más controvertidos. El lado positivo de las medidas adoptadas fue sin duda el aumento de la competitividad de las empresas del país; en cambio, su cara negativa fue el debilitamiento del Estado del Bienestar.

Repercusiones en el Estado del Bienestar

La Agenda 2010 supuso una considerable disminución de las prestaciones sociales. Sus medidas afectaron principalmente a los pensionistas actuales y futuros, a los parados y a los usuarios de la sanidad pública. Los primeros sufrieron una reducción de su poder adquisitivo debido a la congelación de su remuneración durante varios ejercicios. También se vieron perjudicados por la propuesta de retrasar la edad de jubilación de los sesenta y cinco a los sesenta y siete años, un proyecto que el Gobierno rojiverde finalmente no se atrevió a llevar a cabo debido a la gran contestación social desencadenada, pero que sí materializó el siguiente ejecutivo, formado por la CDU / CSU (cristianodemócratas) y el SPD (socialdemócratas). Dicha medida se aprobó en el año 2007 y en 2012 empezó a aplicarse de forma progresiva.

Los desempleados, excepto los mayores de cincuenta y cinco años, vieron cómo el período máximo de percepción del subsidio de paro se reducía de 32 a 12 meses. A partir del año, la Administración se comprometía únicamente a prestarles una ayuda social, cuya cuantía era sustancialmente inferior a la del subsidio de desempleo, y que además podía verse reducida, o eliminada por completo, si los parados disponían de patrimonio o de ahorros o percibían otros ingresos.

El acceso a la sanidad pública quedó afectado por el aumento del copago en los medicamentos, la retirada de determinados servicios del catálogo de prestaciones públicas y el establecimiento de tres nuevas tasas de 10 euros. La primera, por día de hospitalización durante las 28 primeros días; la segunda, por trimestre, si durante dicho período el paciente visitaba un médico de la red pública, y la tercera, por ir a un especialista, sin ser enviado por su médico de cabecera, o a los servicios de urgencias. Las dos últimas tasas fueron retiradas en 2012 por Angela Merkel, ya que no consiguieron alcanzar el principal objetivo por el que fueron creadas: disminuir la frecuencia con que los ciudadanos utilizan los servicios sanitarios públicos.

Repercusiones en el mercado de trabajo

Los principales efectos de la Agenda 2010 recayeron sobre el mercado laboral. La medida estrella fue la regulación y oficialización de los denominados minijobs, un tipo de trabajo que previamente en Alemania casi sólo existía en la economía sumergida. De forma escueta, pueden ser definidos como un conjunto de empleos a tiempo parcial mal retribuidos. La modalidad principal tenía como techo salarial los 400 euros (en enero de 2013 aumentó hasta 450) por una jornada semanal máxima de 15 horas, con un coste total para la empresa de 520 euros.

La regulación y oficialización de esta nueva forma de empleo pretendía facilitar la incorporación de parados, mujeres y jóvenes al mercado de trabajo, así como hacer aflorar una gran parte de la economía sumergida (especialmente en el Este) heredada del período de estancamiento que sufrió el país después de la reunificación. Inicialmente, no eran considerados como una solución definitiva al problema del paro en Alemania (la tasa de desempleo se situó en un elevado 9,8 por ciento en diciembre de 2003), sino únicamente como una medida temporal. La perspectiva era que, cuando la coyuntura económica mejorara y el PIB creciera a buen ritmo, una gran parte de los trabajos a tiempo parcial se convirtieran en empleos a jornada completa.

Casi una década después de su introducción, el balance de los minijobs es desigual. En el lado positivo se encuentra su contribución a la disminución de la tasa de paro. En septiembre de 2013, los casi ocho millones de empleos a tiempo parcial constituyen la principal clave que explica el reducido nivel de desempleo existente en Alemania (5,2 por ciento), uno de los porcentajes más bajos de Europa. En el lado negativo, está su decisiva aportación a la formación de un mercado de trabajo dual y notoriamente más precario, donde los bajos salarios no constituyen una anomalía, sino algo relativamente normal.

En la actualidad, conviven en la nación una población altamente cualificada que percibe una remuneración elevada con otra generalmente poseedora de una baja formación que recibe una retribución escasa y que en una gran proporción tiene un poder adquisitivo considerablemente reducido. A diferencia de lo que ocurría en los años ochenta, en el momento actual el desempeño de un trabajo en la economía oficial no garantiza a los ciudadanos un nivel de vida digno. Así lo certifica la Oficinal Federal de Estadísticas, según la cual en 2011 el 16,1 por ciento de la población se encontraba en riesgo de pobreza.

Las previsiones de la parte principal de las reformas Hartz (el apartado laboral de la Agenda 2010) no han llegado a cumplirse. En contra de lo inicialmente esperado, numerosos alemanes que consiguieron un minijob no han logrado con el paso de los años y la mejora de la economía acceder a un puesto de trabajo a tiempo completo. En algunas ramas del sector servicios, tales como la limpieza, la hostelería o el comercio, los empresarios han hecho todo lo contrario de lo previsto: han sustituido empleos a jornada completa por otros a tiempo parcial, pues fiscalmente los segundos son más beneficiosos para ellos que los primeros. La creación de los minijobs tampoco ha permitido reducir en gran medida el fraude laboral, ya que es relativamente frecuente que las pequeñas empresas, en especial si pertenecen a los sectores anteriormente citados, contraten trabajadores a tiempo completo por sólo unas horas y les paguen en negro la jornada suplementaria. El resultado de todo ello es un aumento del número de empleos precarios.

Por otra parte, la nueva regulación laboral, al favorecer los intereses de los empresarios en detrimento de los de los trabajadores, ha conducido durante la última década a una elevada contención salarial. Ésta ha contribuido a aumentar la competitividad de las empresas alemanas y a atraer una mayor inversión extranjera, pero también ha provocado un considerable deterioro del nivel de vida de numerosos ciudadanos. A finales de 2012, 1,3 millones de trabajadores a tiempo completo, cuya retribución era inferior a 850 euros netos mensuales, tenían concedida una ayuda social. Además, con la finalidad de mejorar su poder adquisitivo, 2,66 millones de personas complementaban un empleo a jornada completa con un minijob. En esta fecha, el 9,1 por ciento de los cotizantes a la Seguridad Social de Alemania compatibilizaban dos puestos de trabajo, porcentaje que prácticamente duplicaba al registrado una década atrás.

En definitiva, el secreto del reducido paro en Alemania no es un magnífico mercado de trabajo, sino uno cada vez más precario, tanto desde una perspectiva salarial como desde el punto de vista de la estabilidad laboral. Ofrece una muestra de ello un informe reciente del Instituto de Trabajo y Cualificación de la Universidad de Duisburgo-Essen, en el que se indicaba que aproximadamente 2,5 millones de personas percibían por su labor un salario inferior a 6 euros/hora y que 1,4 millones no llegaba a los 5 euros/hora. Indiscutiblemente, en términos reales se trata de unas retribuciones muy difíciles de encontrar antes de la aplicación de la Agenda 2010.

Los últimos Gobiernos del país no han tenido éxito en la generación de ocupación, sino en el reparto del trabajo. Así, según la Oficina Federal de Estadísticas, Alemania obtuvo en 2012 el récord histórico de personas ocupadas: 41,5 millones. Sin embargo, en términos de horas realizadas, el volumen de empleo se situaba a niveles de 1991. La reducción del tiempo de trabajo no es un éxito, sino un considerable fracaso, ya que a una gran parte de los ciudadanos que tienen un minijob les gustaría disponer de un puesto de jornada completa. De todo lo anterior se deduce que en la actualidad en Alemania hay escasez de buenos empleos y exceso de trabajo mal retribuido. Por tanto, el milagro laboral no es tal, sino en gran medida un espejismo.

Las reformas estructurales de izquierdas. El caso de Brasil: la política económica de Lula

Expectativas afortunadamente incumplidas

En los meses previos a octubre de 2002, fecha de celebración de las elecciones presidenciales de Brasil, todas las encuestas reflejaban el mismo resultado: el ganador será Lula da Silva. Una expectativa que alarmó en gran medida a los inversores internacionales, dada la pertenencia del candidato a una formación de izquierdas (el Partido de los Trabajadores) y su histórica fama de radical. Éstos temían que el nuevo máximo mandatario implantara una política económica populista, parecida a la seguida por líderes de similar ideología en otras naciones de América Latina y completamente distinta a la de su predecesor: el moderado Fernando Henrique Cardoso. Una política que había provocado grandes desequilibrios macroeconómicos en dichos países y ocasionado cuantiosas pérdidas a numerosos inversores.

En concreto, los mercados financieros pensaban que, si Lula salía elegido presidente, Brasil corría el riesgo de padecer uno o varios de los siguientes problemas: un gran déficit público, una elevada inflación, una considerable disminución del valor de su moneda y el impago de su deuda externa. Además, también creían probable la nacionalización de algunas de las principales empresas de sectores tales como el agua, la energía, las telecomunicaciones o el transporte, considerados estratégicos por parte del nuevo Gobierno. Era lo que habían observado previamente en otros países de América Latina cuando un líder de la izquierda radical llegaba al poder.

Para los inversores internacionales, el primer problema aparecería por el elevado gasto público efectuado. En gran medida, su financiación provendría de la emisión de moneda por parte del banco central, y sus principales destinos serían la subvención de numerosos productos básicos de la cesta de la compra, la concesión de ayudas directas a las familias y la construcción de infraestructuras. El segundo tendría como base un considerable incremento de la cantidad de billetes en circulación, pues el Banco Central de Brasil, siguiendo las instrucciones del Gobierno, probablemente procedería a utilizar con excesiva prodigalidad la máquina de hacer dinero.

El tercero surgiría como consecuencia de la pérdida de competitividad de las empresas brasileñas, derivada esencialmente de la elevada inflación generada y del rechazo de los inversores a las políticas económicas adoptadas. El cuarto vendría dado por el incremento del valor en moneda nacional, fruto de la importante devaluación observada, de la deuda pública emitida en dólares y por la progresiva reducción de la capacidad de pago del país producida por la disminución de sus exportaciones.

En el ejercicio de 2002, estas expectativas condujeron a una elevada salida de capitales al exterior. La huida de numerosos inversores provocó un gran aumento de la prima de riesgo, una importante caída de la Bolsa y una sustancial depreciación del real. El riesgo país llegó a un máximo de 2.400 puntos básicos, un dato que implicaba que los inversionistas, para adquirir deuda de la nación, exigían percibir un interés un 24 por ciento superior al de los títulos del mismo plazo emitidos por el Tesoro de Estados Unidos. El Bovespa bajó un 16,82 por ciento y el real perdió un 53,25 por ciento de su valor con respecto al dólar.

Sin embargo, los pronósticos de los inversores internacionales no se cumplieron. Especialmente en la parte inicial de su primera legislatura, Lula adoptó una política pragmática, en lugar de una esencialmente ideológica (como querían muchos de sus partidarios), haciendo oídos sordos a determinadas peticiones de las bases de su partido. A diferencia de otros gobernantes de izquierdas de la zona, principalmente en el primer año de su mandato priorizó el control de la inflación sobre el crecimiento económico. En contraste con los principales líderes de derechas de América Latina, el nuevo presidente de Brasil tenía claro que un elevado incremento del PIB no asegura la consecución de una distribución de la renta más igualitaria ni una disminución sustancial de la pobreza, y que para conseguir ambos propósitos es imprescindible la realización de importantes reformas estructurales. No obstante, también era consciente de que sería muy difícil lograr una reducción significativa del número de pobres si la economía no crecía o lo hacía débilmente.

Pragmatismo económico

Debido a su escaso nivel de ahorro interno, la obtención por parte de Brasil de un elevado crecimiento económico hacía imprescindible la llegada al país de una gran cantidad de capital extranjero. No obstante, éste sólo vendría masivamente si la nación cumplía con los requisitos que tradicionalmente exigen los mercados financieros, la mayoría de ellos impuestos por el FMI como condición necesaria para el progresivo desembolso del nuevo préstamo acordado en agosto de 2002. Por tanto, con el objetivo de satisfacer dichos requisitos y contentar a los inversores internacionales, en el ejercicio de 2003 las autoridades económicas implantaron una política monetaria y fiscal sumamente restrictiva. Indudablemente, algo inaudito en el primer año de un mandatario latinoamericano de izquierdas.

La política monetaria tenía como objetivo conseguir una reducción progresiva de la tasa de inflación, pero especialmente erradicar cualquier expectativa de hiperinflación, fenómeno relativamente frecuente en la historia económica reciente del país, como demuestran los distintos episodios ocurridos en las décadas de los setenta y ochenta y en los inicios de la de 1990. Así, en 1993, un año antes de la instauración del plan real, los precios llegaron a aumentar un 2.500 por ciento anual.

Para conseguir ambos propósitos, Lula ratificó la independencia del poder político del Banco Central de Brasil, nombrando presidente de dicha institución a un antiguo directivo de la banca: Henrique Meirelles. Tal designación fue acogida con notable satisfacción por parte de los inversores internacionales, pues aseguraba la realización de una política monetaria ortodoxa. A corto plazo, esta política conllevó un aumento del tipo de interés nominal de referencia, que llegó a alcanzar el 26,5 por ciento durante 2003, año en que el tipo medio en términos reales (una vez descontada la inflación) se situó en el 12,9 por ciento. Ambos tipos fueron, en su respectiva categoría, los más elevados de los registrados en los principales países emergentes. El resultado fue el esperado: una reducción significativa de la tasa de inflación, que en promedio pasó del 14,7 por ciento en 2002 al 10,4 por ciento en 2003.

La política fiscal conllevó una fuerte reducción del gasto público. Su principal objetivo era conseguir un superávit primario, indicador que no tiene en cuenta los intereses sufragados por la deuda contraída por las Administraciones Públicas del país, mayor que el inicialmente acordado con el FMI (3,75 por ciento del PIB). Aunque dicha medida afectara negativamente al crecimiento económico, con ella el Gobierno pretendía ofrecer una imagen de rigor en la ejecución presupuestaria y disipar las dudas sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas. Actuando de esta manera, esperaba conseguir una importante disminución del riesgo país y alejar definitivamente el fantasma del impago de la deuda. Esta pretensión hizo que la inversión realizada fuera únicamente el 46 por ciento de la prevista en los presupuestos de 2003, lo que provocó el aplazamiento de diversos proyectos sociales y de desarrollo urbano considerados clave en el programa electoral del Partido de los Trabajadores.

La adopción de una política monetaria y fiscal restrictiva comportó una notable reducción de la demanda nacional de bienes y llevó el país a la recesión. En el año 2003, el PIB de Brasil decreció un 0,2 por ciento. Sin embargo, los inversores internacionales aplaudieron las medidas tomadas por Lula, totalmente sorprendentes para ellos, e invirtieron de forma masiva en el país. Las principales consecuencias fueron una gran caída de la prima de riesgo, una subida espectacular de la Bolsa y una considerable apreciación del real.

La primera pasó en un año de 2.400 puntos básicos a situarse por debajo de los 600, la segunda se revalorizó durante el 2003 un 96,89 por ciento, incrementando en dicho período el valor del real un 18,36 por ciento con respecto al dólar. Esta apuesta de los inversores por Brasil tenía como base un cambio completo de percepción del país. En 2002, lo consideraban un lugar escasamente fiable para invertir; en cambio, un ejercicio después, en vista de la política económica llevada a cabo por el nuevo Gobierno, ellos mismos lo calificaban como el país de las oportunidades.

Las reformas estructurales de izquierdas

Una vez estabilizada la economía y obtenido el plácet de los mercados financieros, Lula procedió a realizar diversas reformas estructurales. Sus principales objetivos eran estimular el crecimiento del PIB a medio y largo plazo, reducir la desigualdad en la distribución de la renta y disminuir la pobreza. A diferencia de numerosas naciones de América Latina, el precario Estado del Bienestar del que disfrutaba la mayoría de los brasileños no tenía como base una presión fiscal reducida, sino una distribución escasamente equitativa de las prestaciones financiadas por los tributos. En el ejercicio de 2002, los impuestos recaudados representaban el 35,33 por ciento del PIB de Brasil, un nivel equivalente al de un considerable número de países avanzados (en España, por ejemplo, significaban el 34,8 por ciento).

Las principales medidas adoptadas supusieron la reforma de la Seguridad Social, del sistema tributario y la creación de nuevos programas sociales. La primera tenía un objetivo doble: reducir progresivamente el déficit de la Seguridad Social y aumentar su equidad. En 2002, el desequilibrio entre sus ingresos y sus gastos alcanzó el 5,5 por ciento del PIB. En contraste con lo ocurrido en la mayoría de países desarrollados, el déficit acumulado no era principalmente consecuencia del envejecimiento de la población, sino de las extremadamente favorables condiciones de jubilación y de las nulas aportaciones al sistema realizadas por los funcionarios. Así lo demuestra que durante dicho año los pensionistas que habían trabajado en el sector público fueran responsables del 76,36 por ciento del déficit, pese a que su número era notoriamente inferior al de los que habían tenido una ocupación en empresas privadas.

Los más afectados por la reforma fueron los trabajadores de la Administración, tanto los actuales como los ya retirados. Los primeros perdieron una parte sustancial de los privilegios de que gozaban en comparación con los empleados del sector privado. La nueva ley los obligaba a pagar las cotizaciones sociales y jubilarse más tarde (la edad mínima aumentó a cincuenta y cinco años para las mujeres y a sesenta para los hombres) y reducía el importe de la futura pensión de los funcionarios de más alto nivel. Después de la completa entrada en vigor de la nueva legislación, la cuantía máxima mensual percibida no podría exceder de los 2.400 reales (un poco más de 700 euros), cantidad equivalente a la más elevada de las obtenidas por los jubilados del sector privado.

Los pensionistas perjudicados fueron principalmente los que recibían los mayores importes. Por un lado, un nuevo impuesto gravaba con un 11 por ciento las pensiones federales superiores a los 1.440 reales mensuales (aproximadamente 425 euros). Por otro, una parte de los beneficiados por las prestaciones de viudedad y orfandad sufrieron una reducción del montante bruto de su pensión. Si percibían una cuantía igual o inferior a 2.400 reales (alrededor de 700 euros), las nuevas medidas no les afectaban. En cambio, si recibían un importe adicional, la retribución suplementaria obtenida disminuía en un 30 por ciento.

Aunque fue una reforma trascendental, no era la deseada, ya que no contemplaba uno de los principales propósitos iniciales de Lula: la extensión de la cobertura de la Seguridad Social a la práctica totalidad de la población. En 2002, alrededor del 60 por ciento de los trabajadores no disponía de ninguna protección social, pues no trabajaba en la economía oficial, sino en la sumergida. En mayor o menor medida, una característica relativamente frecuente en el Tercer Mundo.

La reforma tributaria pretendía principalmente simplificar el sistema impositivo, evitar la competencia fiscal entre los distintos estados, favorecer las exportaciones y reducir el fraude. El primer propósito supuso la sustitución de una legislación innecesariamente compleja y extremadamente diversa por otra notoriamente más sencilla. Entre otros aspectos, dicha simplificación buscaba atraer a la economía oficial a numerosas pequeñas empresas que operaban en la economía sumergida. Si se conseguía este objetivo, el fraude fiscal disminuiría y la recaudación aumentaría.

El segundo consistía en establecer un marco regulatorio que impidiera la realización de continuas bajadas de impuestos por parte de los estados para atraer inversiones empresariales, situación que daba lugar a evitables rivalidades entre ellos y comportaba globalmente una disminución del dinero recaudado. El tercer propósito buscaba estimular el incremento de las exportaciones mediante la disminución de los tipos del tributo que las gravaba. El aumento de las exportaciones, unido al establecimiento de presupuestos ortodoxos, permitiría mejorar el rating del país y conseguir una mayor disminución de la prima de riesgo. Si así sucedía, disminuiría el dinero destinado al pago de los intereses de la deuda pública y la Administración dispondría de mayores fondos para hacer inversiones o aumentar los gastos sociales.

En términos globales, esta reforma fiscal merece ser calificada de incompleta, ya que tuvo un alcance notoriamente inferior al inicialmente previsto. La causa principal fue la falta de apoyo político. La necesidad de llegar a un gran consenso para aprobarla, puesto que el Partido de los Trabajadores no tenía la mayoría parlamentaria suficiente, hizo que saliera descafeinada. Entre otros aspectos, no se afrontó una de las principales metas que Lula se había marcado: el aumento sustancial de la progresividad del sistema, de tal manera que quienes más renta y riqueza tuvieran pagaran bastantes más impuestos que antes.

No obstante, el principal proyecto del nuevo presidente fue el denominado Plan Hambre Cero. Comprendía más de treinta programas y tenía como principales pretensiones combatir la miseria, aumentar la igualdad social e incrementar la esperanza de vida de la población más humilde. En términos más concretos, su objetivo prioritario era sacar de la pobreza a cincuenta millones de brasileños. Indudablemente, la meta principal de sus dos legislaturas. No consiguió del todo su propósito, ya que a finales de 2010 (el último año de su segundo mandato) sólo 28 millones habían logrado abandonarla. A pesar de ello, es considerado internacionalmente como un éxito y un ejemplo para otros países en vías de desarrollo.

A diferencia de la mayoría de los proyectos sociales de América Latina, el Plan Hambre Cero, vigente en la actualidad, no tiene un carácter fundamentalmente asistencial, sino que constituye una verdadera política pública de inserción social. Los principales colectivos a los que va dirigido son los campesinos sin tierra (una de las finalidades de la reforma agraria era ofrecerles campos cultivables), los catadores (las familias que habitan en las grandes ciudades y cuyo único sustento es el reciclaje de la basura), los indígenas (especialmente los que viven en las aldeas) y los descendientes de esclavos que residen en quilombos (comunidades muy pobres). Desde una perspectiva geográfica, su principal destino es la región nordeste, comprendida por 11 estados cuya población tiene una renta per cápita sustancialmente inferior a la media del país.

El Plan Hambre Cero está sustentado esencialmente en tres clases de programas distintos: los que comportan transferencias de rentas, los que facilitan la inserción laboral y los que mejoran la educación. El más importante de todos es el conocido como Bolsa Familia. En sus inicios, suponía un ingreso de entre 17 y 33 euros para cada familia (el salario mínimo era aproximadamente de 85 euros), siempre y cuando cumplieran las siguientes condiciones: no hubiera analfabetos en ella (si los había estaban obligados a ir a clase para dejar de serlo), los hijos estuvieran escolarizados hasta los quince años y todos sus componentes siguieran un programa de salud en un centro médico. En una primera fase, se destinaron al programa unos 1.800 millones de euros, una dotación relativamente modesta. No obstante, en los siguientes años su importe aumentó sustancialmente, debido tanto a la mayor recaudación fiscal obtenida (entre 2004 y 2010, el crecimiento económico promedio fue del 4,12 por ciento) como al superior porcentaje del presupuesto dedicado a gastos sociales.

En definitiva, las reformas estructurales de Lula permitieron incrementar sustancialmente el PIB, ocasionaron un rápido crecimiento de la clase media (exactamente lo contrario de lo observado en los últimos años en la zona euro) y sacaron de la miseria a una parte sustancial de la población. No obstante, como sucede con cualquier político, por buena que sea su gestión, no todo su legado es positivo. Al final de su mandato (diciembre de 2010), ya se observaban en Brasil importantes señales de la existencia de una incipiente burbuja inmobiliaria. Tres años después, ésta ya es colosal en algunas de sus principales ciudades. Por tanto, si las autoridades económicas no la reconocen o fracasan en su intento de desinflarla poco a poco, su explosión provocará considerables perjuicios económicos y sociales a muchos de sus habitantes. Para ellos, muy probablemente el futuro próximo será peor que el pasado reciente.

¿SON EVITABLES LOS COSTES SOCIALES?

Introducción

Los nuevos costes sociales que recaen sobre los ciudadanos de un país pueden dividirse en dos grandes categorías: evitables (parcial o totalmente) e ineludibles. Su clasificación en una u otra categoría depende principalmente de las características de los problemas más importantes de la nación. No obstante, debido a la adopción de medidas contraproducentes o a la mala gestión de las autoridades económicas del país, en ciertas ocasiones los ciudadanos asumen como inevitables costes sociales perfectamente eludibles. Indudablemente, con un márketing eficiente, algunos políticos contribuyen decisivamente a crear esta opinión, con lo que consiguen disimular sus errores u ocultar las verdaderas intenciones de las disposiciones que han adoptado.

En cierto modo, dichos costes pueden equipararse a los efectos secundarios de los medicamentos, constituyendo en ocasiones la función de las políticas económicas la misma que la de los fármacos en medicina: curar al (país) enfermo. Que dichos efectos sean prácticamente inexistentes o considerables depende generalmente de la gravedad de la enfermedad (las dificultades económicas observadas), las cualidades de las medicinas (la eficacia de las medidas adoptadas) y la pericia de los médicos (la gestión de los políticos).

La mayoría de los problemas importantes, como los provocados por una elevada inflación o por la explosión de una burbuja bursátil o inmobiliaria, es prácticamente imposible que se resuelvan sin una reducción significativa del nivel de vida de una parte sustancial de los ciudadanos. Para solucionar cada uno de estos problemas, los economistas disponemos de diversos medicamentos, entendiendo por éstos distintos cócteles de medidas. Aunque ninguno de los existentes es maravilloso, siempre hay uno que es bastante mejor que los demás, y éste es sin duda el que menos efectos secundarios conlleva, es decir, el que da lugar a unos costes sociales inferiores. Por tanto, según la política económica efectuada, la crisis puede ser corta y suave o larga y profunda, y puede repercutir relativamente por igual sobre toda la población o afectar principalmente a uno o varios de los grupos que la componen (como, por ejemplo, la clase media, los más ricos o los más pobres).

No obstante, como ya he indicado en el capítulo 3 y en las primeras páginas del presente, puede suceder que al partido gobernante no le interese aplicar las medidas más adecuadas para resolver los problemas existentes con los menores costes sociales posibles. Algo impensable en medicina, ya que sería como no querer recetar el mejor medicamento a un paciente, pero no del todo infrecuente en la política. Si el Gobierno es de derechas, esta situación suele acontecer cuando su presidente o primer ministro es un líder visionario que se niega completamente a aplicar medidas contrarias a su ideología, aunque la coyuntura así lo requiera. También cuando pretende aprovechar la crisis existente para operar un profundo cambio en el modelo de sociedad, un propósito que difícilmente podría justificar en un período de bonanza. En cambio, si el ejecutivo es de izquierdas, la anterior posibilidad generalmente se observa cuando su principal dirigente queda abducido por los tecnócratas, hasta el punto de que los considera intelectualmente superiores a los políticos y poseedores de una varita mágica económica.

Indudablemente, si ésas son sus intenciones, justificarán generalmente sus nuevas medidas como las únicas posibles o como consecuencia de una imposición de algún organismo o autoridad internacionales (por ejemplo, el FMI, la Comisión Europea, etc.). Muy probablemente ocultarán a los ciudadanos los verdaderos costes sociales de sus políticas, con el argumento de que sus resultados positivos, que se observarán a medio y largo plazo, compensarán sobradamente las penurias actuales. En la mayoría de las ocasiones, no les dirán que su objetivo es impulsar una profunda transformación del modelo de sociedad, sino que su única pretensión es sacar al país lo antes posible de la actual crisis y hacerlo más competitivo que nunca.

En definitiva, algunas veces, determinadas políticas equivocadas sugeridas por organismos internacionales son recibidas con íntimo entusiasmo por el Gobierno de turno. Perjudican los intereses del conjunto de los ciudadanos del país, pero favorecen los de ellos y los de los grupos que los apoyan. Esto tal vez explique por qué en la actualidad están de moda procesos como la devaluación interna, legislaciones laborales que favorecen descaradamente las pretensiones de los empresarios y disposiciones que permiten la sustitución de diversas prestaciones públicas gratuitas por otras sólo disponibles previo pago.

Como dicen los eternos optimistas, crisis equivale a oportunidad. No obstante, en la zona euro, y especialmente en los PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España), únicamente es así para unos pocos. Entre ellos, se encuentra un número sustancial de los que con sus actuaciones, probablemente de forma no intencionada, contribuyeron a generarla. Para cualquiera de los países de la zona euro, existen sin duda diversas alternativas económicas a las políticas actuales, algunas de las cuales son mejores que otras. No obstante, especialmente en el caso de los PIIGS, la clave de la solución a sus problemas más importantes probablemente esté en el cambio político, concretamente en la jubilación anticipada de los dirigentes de sus principales partidos. Los ciudadanos, mediante sus votos, son los que deciden. El refrán «más vale malo conocido que bueno por conocer» no es aplicable en esta ocasión.

¿Son equivalentes la devaluación interna y la externa?

La explosión de la bomba de relojería

Un crecimiento excesivo del gasto de las familias, las empresas y las Administraciones Públicas durante diversos años generalmente conduce al país a sufrir una considerable y constante pérdida de competitividad. Una muestra de esta pérdida normalmente la constituye la creciente diferencia anual entre importaciones y exportaciones de bienes y servicios, circunstancia que casi siempre lleva a la nación a vivir notoriamente por encima de sus posibilidades y a acumular un elevado endeudamiento con el extranjero. En numerosos casos, éste convierte al país en una auténtica bomba de relojería. Aunque el PIB continúe creciendo a buen ritmo y la tasa de paro sea reducida, las perspectivas económicas de la nación no son nada propicias.

Si el Gobierno no detecta el problema, lo advierte demasiado tarde o, conociéndolo con suficiente antelación, no es capaz de imprimir un profundo cambio a su política económica, en un momento u otro la bomba explotará y la nación entrará en un período de recesión. Ésta será más o menos larga y traumática, según la magnitud de los desequilibrios macroeconómicos acumulados y las características de las medidas adoptadas. Aunque los economistas somos incapaces de averiguar con una relativa exactitud cuándo comenzará la crisis, sí sabemos cuáles serán las causas que harán que algunos de los potenciales problemas del país se conviertan en reales. Los motivos principales suelen ser dos: un elevado encarecimiento de los préstamos concedidos por los inversores extranjeros o la negativa de éstos, prácticamente sea cual sea el tipo de interés ofrecido por empresas y Administraciones Públicas, a continuar financiando el creciente endeudamiento de la nación.

Una vez que el país ha entrado en recesión, la salida de ella tiene un diagnóstico claro: la nación debe recuperar la competitividad perdida durante los últimos años. Para conseguir tal finalidad, existen dos políticas principales: la devaluación externa y la interna. La primera consiste en la depreciación de la moneda nacional; la segunda, en un proceso de reducción de salarios, márgenes unitarios de beneficios y precios. Según múltiples manuales de economía, el resultado obtenido por estas medidas, en caso de tener éxito, es el mismo. Dada la gran influencia de estos manuales sobre los profesores, la inmensa mayoría de ellos así se lo cuenta a sus alumnos.

No obstante, a pesar de que parezca extraño, numerosos libros y muchos docentes están parcialmente equivocados. Aunque es cierto que las dos políticas mencionadas utilizan un modelo idéntico para salir de la crisis, que consiste en el impulso en cascada de las exportaciones, la inversión de las empresas y el gasto de las familias, existen diferencias notables entre ambas soluciones. Las principales están relacionadas con los siguientes aspectos: la distinta celeridad en la consecución de la recuperación económica, los desiguales costes sociales generados y los diferentes peligros que una y otra comportan.

La recuperación económica: distintas características

La devaluación externa proporciona inmediatamente a la nación una elevada ganancia de competitividad, lo cual sin duda posibilita un rápido aumento de las exportaciones, a la vez que una disminución de las importaciones, e impulsa el PIB. Así pues, desde un primer momento, la economía mejora y, por tanto, el país camina hacia delante. En contraste, la devaluación interna generalmente obliga al Gobierno a reducir el gasto público y estimula a familias y empresas a disminuir el suyo. Por consiguiente, durante la etapa inicial, un período que puede durar varios años, la economía empeora y, por tanto, el país camina hacia atrás.

Debido a ello, la salida de la crisis, así como la recuperación del nivel de vida previo a ella, generalmente se produce de forma mucho más rápida cuando la medida adoptada es la devaluación externa. No obstante, únicamente pueden aplicarla los países que disponen de una moneda propia. Los que tienen una moneda compartida (como es el caso de los que forman parte de la UME) o adoptan una moneda extranjera como divisa nacional (por ejemplo, el dólar por parte de Ecuador y Panamá) deben recurrir necesariamente a la devaluación interna para mejorar de forma considerable su competitividad.

En caso de que los costes sociales y de otro tipo que dicha opción conlleva parezcan excesivos a sus Gobiernos , la única alternativa disponible es la renuncia de la divisa extranjera o compartida y la creación de una nacional. Una decisión controvertida, puesto que generalmente el paso de una a otra supone un gran aumento de la inflación y el impago de la deuda externa denominada en moneda foránea. No obstante, en el ejercicio de 2002, al presidente de Argentina (Eduardo Duhalde) no le quedó prácticamente otra opción que decretar el abandono de la que entonces era la verdadera moneda nacional: el dólar. Por medio de numerosas protestas, disturbios y saqueos a supermercados, la población dejó claro a sus dirigentes que no estaba dispuesta a soportar los tremendos costes sociales que implica una devaluación interna, un proceso iniciado aproximadamente dos años atrás y que estaba previsto que continuara durante algunos más.

Una de las principales virtudes de la devaluación externa es su capacidad para generar de forma relativamente rápida creación de ocupación neta. Al dotar de mayor competitividad a las empresas nacionales, permite que éstas en poco tiempo incrementen de forma notable sus ventas, tanto en el exterior como en el interior, lo que las llevará a ampliar su plantilla y a aumentar sus inversiones para hacer frente a la creciente demanda. Esta última actuación conducirá a un nuevo incremento del empleo, que a su vez aumentará la renta disponible de las familias y el gasto que ellas efectúan. Es decir, si las empresas son capaces de mantener la mayor parte de la competitividad ganada gracias a la depreciación de la moneda nacional, se creará un círculo virtuoso (prácticamente todo irá bien durante algunos años).

En cambio, la devaluación interna, al impulsar normalmente una política de austeridad en el gasto, comportará en un primer momento la desaparición de numerosas compañías y un elevado aumento del desempleo. En el nuevo contexto económico, para no ser expulsadas del mercado y sobrevivir a la crisis, un gran número de empresas deberá reducir el precio de sus productos. No obstante, dada la fuerte disminución de la demanda nacional, ni mucho menos todas las que adopten dicha medida tendrán garantizada su supervivencia.

Paradójicamente, la mayoría de los empresarios y directivos no suelen adoptar esta decisión de forma rápida, sino después de uno o más años de crisis económica, una demora que afecta muy negativamente a los resultados obtenidos por sus sociedades. Con la finalidad de disminuir los precios de venta de sus productos e intentar asegurar la viabilidad futura de sus compañías, sus máximos responsables generalmente optarán por reducir el margen de beneficio por unidad vendida, despedir a una parte de la plantilla y prácticamente obligar al resto de los empleados a trabajar más horas y cobrar menos.

El elevado incremento del paro, la desaparición de numerosas empresas, la reducción de los salarios y los menores beneficios de la mayoría de las compañías supervivientes condenarán a la pobreza a una parte significativa de la población y harán que disminuya considerablemente el número de familias integrantes de la clase media. Indudablemente, la economía ha entrado en un círculo vicioso (casi todo va mal), siendo ésta una condición sine qua non para su mejoría posterior.

Después de varios años, dicho círculo se romperá. Esto sucederá cuando la continua caída de los salarios, la reducción de los márgenes unitarios de beneficios y el gran aumento de la productividad de los trabajadores, vuelvan internacionalmente competitivas a las empresas del país y conviertan las exportaciones en el motor de la recuperación económica. En ese momento, después de sufrir una parte considerable de la población una disminución sustancial de su riqueza y renta, la devaluación interna empezará a conseguir los mismos resultados macroeconómicos que los obtenidos a muy corto plazo por la depreciación de la moneda nacional.

La última diferencia importante entre ambas devaluaciones tiene que ver con su distinta repercusión sobre el nivel de los precios. La externa conlleva el peligro de una elevada inflación; la interna, el de una deflación corrosiva. La primera puede anular en un breve espacio de tiempo los efectos positivos que tiene sobre el PIB una depreciación de la moneda, como sucedió en diversas naciones de América Latina durante la década de los ochenta. La segunda puede contribuir decisivamente a que un país entre en un largo período de crisis o estancamiento económico. Lo ocurrido en Japón a finales de los noventa ofrece un magnífico ejemplo de ello.

La devaluación externa provoca de forma casi inmediata la subida del precio en la nación de la inmensa mayoría de los productos extranjeros. Además, de forma indirecta y menos rápida, también puede conllevar el aumento del importe de numerosos bienes fabricados en el país, dada la menor competencia que ahora suponen las compañías foráneas para las nacionales. Si el incremento de la tasa de inflación es muy elevado, y especialmente si ésta continúa a un alto nivel durante los años posteriores al de la gran depreciación, la política económica adoptada se habrá saldado con un sonoro fracaso. El principal motivo será la obtención de una ganancia de competitividad únicamente eventual, pues la elevada subida del nivel de los precios habrá hecho desaparecer la mejora inicialmente advertida. Por consiguiente, a los problemas que ya tenía el país, ahora deberá añadírsele uno más: una gran inflación.

Por tanto, cuando un país lleva a cabo una devaluación externa, es aconsejable que también establezca inicialmente distintas medidas que permitan amortiguar las subidas salariales, reducir el gasto público y restringir la expansión del crédito. Dichas medidas, cuya finalidad indiscutible es la de evitar un incremento excesivo del nivel de los precios, también impedirán que a corto plazo todos los trabajadores salgan beneficiados de la depreciación de la moneda nacional. Aunque la situación de los nuevos empleados habrá mejorado indudablemente, la mayoría de los que antes ya tenían trabajo perderán poder adquisitivo durante un tiempo, pues el aumento de salario obtenido será inferior al importe de la inflación anual.

En contraste, es bastante probable el proceso de la reducción de márgenes unitarios de beneficios, salarios y precios de distintos bienes y servicios conduzca a un país a caer en la denominada deflación corrosiva. En un contexto caracterizado por una elevada tasa de paro, una considerable reducción del poder adquisitivo de numerosas familias y un gran pesimismo respecto al futuro, la existencia de rebajas permanentes puede provocar que la mayoría de los consumidores retrase una parte sustancial de sus compras. Al plantearse la adquisición de, por ejemplo, unas maletas, numerosos ciudadanos podrían hacer una reflexión como la siguiente: dado que las que ya tengo aún resisten y pronto estarán más baratas, creo que lo mejor será esperar un poco más para comprar unas nuevas. Finalmente, si tienen suficiente dinero, las acabarán adquiriendo cuando las que poseen estén completamente rotas, pero difícilmente antes.

Esta actuación por parte de las familias impedirá, incluso en algunos casos después de la reactivación de las exportaciones y la inversión de las empresas, un incremento relativamente rápido del consumo privado y, por tanto, la consecución de un elevado crecimiento económico. En la mayoría de las naciones desarrolladas, una fase expansiva sólo se puede logar si existe un aumento anual significativo del gasto de los consumidores, ya que ésta constituye la principal partida de demanda de bienes y suele suponer entre un 55 por ciento y un 70 por ciento del PIB. En resumen, la existencia de una deflación corrosiva puede alargar una crisis económica y hacer que ésta sea sustituida por un período de estancamiento, en lugar de por uno de prosperidad.

Un ejemplo de las distintas repercusiones de las devaluaciones externa e interna lo constituye España. La crisis iniciada en 1992, cuyo punto álgido se observó en 1993 (caída del PIB de un 1,1 por ciento), fue superada rápidamente, pues en 1994 el crecimiento económico ya era del 2,4 por ciento. Para salir de ella, el país devaluó la peseta un 20,2 por ciento entre septiembre de 1992 y mayo de 1993, además de adoptar diversas políticas de oferta que permitieron aumentar la productividad de los trabajadores y reducir la tasa de inflación subyacente (también denominada estructural). Por tanto, desde un primer momento, el país caminó hacia delante.

La iniciada en 2008 continúa vigente en 2013, tal y como lo demuestra la previsible disminución del PIB durante este último ejercicio en un 1,2 por ciento. Después de seis años horrorosos, el proceso de reducción de salarios aún no ha terminado, como tampoco lo ha hecho la destrucción de empleo (el Gobierno prevé una disminución de la ocupación del 0,2 por ciento en 2014). Por tanto, la devaluación interna, unida a la negación de la crisis inicialmente realizada por el gobierno de Zapatero, han hecho que el país camine hacia atrás aproximadamente durante un sexenio; más aún, es muy poco probable que en términos constantes el PIB de 2017 sea superior al de 2008.

En definitiva, la manera de resolver la actual crisis habrá hecho perder a España aproximadamente una década, bastantes más años de los estrictamente necesarios. No obstante, en relación con el volumen de empleo, el tiempo perdido será notablemente superior. Así, me parece prácticamente imposible que en 2019 vuelva a haber 20.510.600 trabajadores ocupados en nuestro país, como los hubo en el tercer trimestre de 2007 (máximo histórico), y muy difícil que los haya en 2022.

En gran medida, este resultado desastroso es consecuencia del abandono de la peseta y de la imposibilidad de manejar el tipo de cambio del euro según los intereses del país. Aunque la adopción de éste como moneda nacional fue considerada por los españoles como un gran logro, a medio plazo ha supuesto para el país unos impresionantes costes, de carácter tanto económico como social. Si España no hubiera entrado en la Unión Monetaria Europea, probablemente no habríamos padecido las repercusiones de una burbuja inmobiliaria tan gigantesca, ni tampoco la crisis actual sería tan dura, larga y profunda.

La obtención del pleno empleo: pros y contras

La consecución del pleno empleo: la teoría y la realidad

En las últimas cuatro décadas, el pleno empleo ha constituido uno de los objetivos macroeconómicos más difíciles de alcanzar (especialmente por los países con un elevado volumen de población), entendiendo por tal logro la existencia de una tasa de paro igual o inferior al 4,5 por ciento de la población activa. No obstante, hay una gran excepción entre las principales naciones del mundo: Japón. No es una salvedad ocasional, consecuencia de un largo período de crecimiento económico (como, por ejemplo, lo fue la de Estados Unidos a finales de los noventa), sino regular. Así, incluso cuando su economía está en recesión o pasa por una fase de estancamiento, es difícil advertir en este país una tasa de desempleo significativamente superior al 5 por ciento. Dicha excepcionalidad tiene como principal explicación las relaciones laborales existentes entre empresarios y trabajadores, sustancialmente diferentes de las observadas en los países occidentales.

No obstante, desde una perspectiva teórica, su obtención es relativamente fácil, ya que en cualquier tipo de actividad existe una remuneración que equilibra la oferta y la demanda laboral, disponiendo de una ocupación toda persona que desea trabajar, siempre y cuando acepte hacerlo al salario vigente (de equilibrio). Según este enfoque, equivalente al de un mercado de trabajo libre de cualquier regulación, quien no trabaja es porque no quiere. En dicho mercado, la retribución de los empleados tendería a aumentar cuando la economía fuera bien y las empresas necesitaran contratar a más personal, mientras que disminuiría en el momento en que sucediera lo contrario. De esta manera, en las recesiones, la variable que principalmente se ajustaría sería el salario, en lugar de la ocupación, tal y como sucede en la actualidad en un gran número de países. El ajuste no sería lento, sino rápido, y permitiría preservar la inmensa mayoría de los puestos de trabajo existentes. Por tanto, en las condiciones expuestas, en ninguna nación habría jamás una elevada tasa de paro. Históricamente ésta ha sido la solución liberal al problema del desempleo.

Este mercado laboral aparentemente idílico no es en verdad lo que parece, ni funciona tan bien como aparenta. Entre otros defectos, el salario percibido por los trabajadores (especialmente los menos cualificados) no siempre les garantiza la obtención de un nivel de vida digno y, aunque da la impresión de que sí, tampoco permite a un país conseguir en cualquier coyuntura el nivel de pleno empleo. La primera cuestión constituye una de las principales causas por las que la Administración interviene en el mercado de trabajo, un aspecto que lleva a numerosas naciones a establecer un salario mínimo, conceder subsidios a los desempleados e impedir el despido libre.

La segunda quedó demostrada fehacientemente en Estados Unidos durante la Gran Depresión de la década de 1930. En un marco donde existía una escasa regulación laboral, la tasa de paro llegó a alcanzar al 25 por ciento de la población activa. Esta tasa tan elevada no fue en modo alguno el resultado de la intervención de la Administración en el mercado de trabajo, sino consecuencia de una impresionante reducción de la demanda de bienes, derivada de la explosión de una gran burbuja bursátil y de las erróneas políticas adoptadas por las autoridades económicas para contrarrestar sus repercusiones.

En definitiva, sea cual sea la manera en que esté estructurado el mercado laboral, si la demanda de bienes (nacional más exterior) no es relativamente elevada, la consecución del pleno empleo es casi siempre una entelequia. Así pues, si todas las empresas venden muchas menos unidades que antes, en uno u otro momento tomarán la decisión de reducir su producción. En consecuencia, necesitarán menos trabajadores, perciban éstos una retribución igual o inferior a la que obtenían anteriormente. Por tanto, durante un tiempo más o menos largo, existirá en la nación un considerable volumen de desempleados.

La regulación del mercado de trabajo: aspectos favorables y desfavorables

Por regla general, los países con un mercado de trabajo ampliamente regulado, donde existe un elevado salario mínimo, unas generosas prestaciones por desempleo y unos considerables costes de despido, tienden a poseer una mayor tasa de paro que aquellos cuyo funcionamiento viene determinado principalmente por la oferta y la demanda laboral. No obstante, esta circunstancia no presupone necesariamente que los Gobiernos de los segundos sean más eficientes que los de los primeros, sino que tienen distintas prioridades.

Así, mientras unos valoran principalmente el volumen de empleo y otorgan una escasa importancia al reparto del PIB entre la población, otros priorizan la calidad de la ocupación y tienen como uno de sus principales objetivos la consecución de una distribución de la renta entre sus ciudadanos relativamente equitativa. Dadas las distintas preferencias de ambos tipos de ejecutivos, es evidente que la política económica desarrollada por los primeros generará unos menores costes sociales que la efectuada por los segundos. No obstante, existen serias dudas sobre cuál de los dos conseguirá en la mayoría de las ocasiones un mayor crecimiento económico.

Un elevado salario mínimo afecta principalmente a la capacidad de encontrar empleo por parte de los trabajadores menos cualificados. Dicha remuneración hace que algunos empresarios consideren que ya no es rentable llevar a cabo en el país determinadas actividades que permitirían a aquéllos conseguir una ocupación, y prefieren trasladarlas a otras naciones (deslocalización de la producción). Además, incentiva a otros empresarios a acelerar la mecanización de sus procesos de fabricación e instalaciones y, por tanto, a sustituir trabajo por capital físico. Ambos efectos generalmente comportan un incremento de la tasa de paro y hacen que ésta sea especialmente relevante entre los obreros sin una formación específica.

Por otra parte, algunos economistas alertan del riesgo inflacionario que supondría un aumento sustancial del salario mínimo. El peligro provendría principalmente del denominado efecto contagio, pues dicho aumento previsiblemente estimularía a los empleados cualificados a pedir mayores incrementos retributivos. En cambio, la repercusión de esta medida en el nivel de los precios en mi opinión únicamente sería significativa y, por tanto, perniciosa si no hubiera en el país un elevado grado de competencia entre las empresas. Si éste existiera, la mayor parte de los aumentos retributivos los absorberían ellas y sólo trasladarían una pequeña proporción a los precios de sus productos. En este último caso, la principal consecuencia del aumento salarial sería una transferencia de rentas desde los empresarios hacia los trabajadores, dado que aumentaría la participación en el PIB de los salarios y disminuiría la de los beneficios.

Sin embargo, sin lugar a dudas, el principal efecto positivo de un salario mínimo elevado consiste en garantizar a la inmensa mayoría de los ciudadanos que disponen de un empleo, posean o no una adecuada cualificación profesional, el disfrute de una calidad de vida digna. Por tanto, el nivel de pobreza en el país, si existe una adecuada protección a los parados, sería muy reducido. Algunos políticos y economistas indican que el desempleo es la mayor plaga que azota en la actualidad a los países desarrollados. Muy probablemente tengan razón. No obstante, desde mi punto de vista, el mayor motivo de desesperanza de los ciudadanos es disponer de uno y pasar hambre. Quienes están en el paro suelen pensar que una gran parte de sus problemas se resolverán cuando consigan un puesto de trabajo; en cambio, muchos de los que tienen uno y continúan siendo pobres creen que, prácticamente hagan lo que hagan, su situación económica no mejorará.

A veces, tal y como sucede en la actualidad en Estados Unidos, el establecimiento de un salario mínimo relativamente reducido constituye una forma oculta de subsidiar a múltiples empresas privadas. Normalmente no supone una donación a compañías con problemas para sobrevivir en el mercado, sino una implícita subvención que permite a empresas pequeñas, medianas y grandes de determinados sectores obtener unos beneficios notoriamente más elevados. Así, entre las favorecidas, están gigantes del mundo de los negocios tales como McDonald’s y Wal-Mart Stores, con una capitalización bursátil a finales de 2013 de 96.966 y 255.276 millones de dólares, respectivamente. Indudablemente, supone una gran burla a sus ciudadanos que la Administración del país, considerado a sí mismo como el más liberal del mundo, utilice dinero público para mejorar las cuentas de un número considerable de compañías privadas.

El método utilizado es el siguiente: el salario mínimo fijado permite a algunas compañías pagar a una parte de sus trabajadores un sueldo insuficiente para disfrutar de una calidad de vida digna. Por tanto, dado su bajo nivel de renta, estos trabajadores tienen derecho a recibir ayudas gubernamentales que complementen la remuneración recibida. Dichas ayudas no son esporádicas, sino permanentes y principalmente van destinadas a personas que trabajan en determinados sectores, especialmente aquellos que ofrecen numerosos empleos que no requieren una formación específica. En concreto, las reciben aproximadamente el 30 por ciento de los empleados de la industria de la construcción y el comercio al por menor, casi el 35 por ciento de los que trabajan en la agricultura, la silvicultura y la pesca y más del 40 por ciento de los empleados en la restauración (especialmente en el segmento de la comida rápida).

Un subsidio de paro generoso y de larga duración (por ejemplo, durante un período máximo de 24 meses) suele desincentivar la rápida búsqueda de un nuevo empleo, a la vez que perjudica la movilidad laboral de los trabajadores. Por tanto, tiende a incrementar el número de desempleados. Dichos efectos especialmente tienen lugar si la indicada subvención es equivalente, o escasamente inferior, al salario neto que percibía el parado en su última ocupación. También si ésta es otorgada sin exigir a los desempleados el cumplimiento de casi ningún requisito, como la asistencia a cursos de formación o la obligatoriedad de aceptar algunas de las ofertas de trabajo recibidas (por ejemplo, una de las tres primeras) aunque las empresas que las hayan efectuado tengan sus instalaciones relativamente lejos de su lugar de residencia.

Por el contrario, si la ayuda a los desempleados está bien diseñada, no siendo equivalente a un subsidio para mitigar la pobreza, y el país dispone de unos servicios de ocupación eficientes, aquélla puede hacer compatible la adquisición de una formación especializada y el reciclaje profesional con el mantenimiento de un nivel de vida digno. El papel de dichos servicios debería consistir primeramente en identificar las nuevas fuentes de empleo. Una vez detectadas, estimular, y si es necesario obligar, a los parados sin formación específica a optar por una que ofrezca atractivas salidas laborales. En relación con los desempleados cualificados, su principal función consistiría en proporcionarles una nueva especialización que les permitiera trabajar en empresas de sectores en auge actualmente o en el futuro, debido a las considerables dificultades que muchos de ellos tendrán para conseguir en los próximos años un empleo en la actividad que venían desempeñando hasta el momento.

Indudablemente, los subsidios de desempleo también tienen repercusiones sobre el nivel salarial de los trabajadores. En una recesión económica, si éstos son elevados, concedidos por un período de tiempo relativamente largo y otorgados sin apenas contraprestaciones, dificultan notoriamente la disminución de los sueldos. Dada esta circunstancia, la Troika (BCE, FMI y Comisión Europea) aconseja de forma más o menos explícita a los países de la zona euro que están inmersos en un proceso de devaluación interna que dificulten las condiciones de acceso a dichos subsidios, disminuyan su importe mensual y reduzcan su duración.

Si así lo hacen, también conseguirán controlar en mayor medida su déficit público, dado el elevado coste en términos de PIB que dichas prestaciones suponen para las naciones que presentan una gran tasa de desempleo. No obstante, las medidas planteadas comportan un importante peligro: la estimulación de un estallido social, pues el seguimiento de las recomendaciones de la Troika dejaría a un número mucho mayor de familias sin ningún sustento. Esta posibilidad ha hecho que el actual Gobierno de España rechazara dichas propuestas y dejara prácticamente inalterada la regulación del subsidio de paro.

Unas elevadas indemnizaciones por despido otorgan a los trabajadores una mayor seguridad en el empleo, lo cual los incentiva a pedir aumentos salariales a la dirección de sus compañías, además de otras prestaciones como el incremento de los días de libre disposición, el pago de un seguro médico, vales de comida o tickets guardería. Sin embargo, dicha seguridad, si los principales ejecutivos de la empresa son hábiles y saben motivar a la plantilla, normalmente redunda en la consecución de un aumento de la productividad, dado el mayor compromiso de los empleados con la compañía y la superior experiencia que suelen atesorar los trabajadores fijos. Por tanto, si la empresa no despide a una parte significativa de su plantilla, unas indemnizaciones más elevadas no contribuirán necesariamente al aumento de sus costes laborales, sino que perfectamente pueden comportar lo contrario. Este segundo caso se produciría cuando la reducción generada por el suplemento de la productividad conseguido superara el incremento adicional observado en los salarios.

No obstante, si la dirección está escasamente capacitada en materia de recursos humanos, intentará por todos los medios disponibles tener el mínimo de trabajadores con contrato fijo y el máximo con uno temporal. El motivo es su convencimiento de que la estrategia del miedo (a ser despedido) es la que permite obtener un mayor rendimiento a la plantilla. A mi modo de ver, dicha estrategia constituye un gran error, especialmente si la empresa quiere ofrecer productos y servicios de calidad. Una pretensión difícil de conseguir por aquellas compañías que no quieren o son incapaces de fidelizar a sus trabajadores.

Por el contrario, las indemnizaciones elevadas desincentivan a las empresas a contratar a más trabajadores cuando aumenta la demanda de sus productos (generalmente prefieren pagar horas extras) o a convertir en fijos los que ahora son temporales. El motivo es que consideran a aquéllas, especialmente las compañías más pequeñas, una carga tan pesada como una hipoteca. Además, cuando llega una recesión, dichas compensaciones frenan las bajadas salariales y encarecen notablemente los ajustes de plantillas, una situación que provoca la desaparición de un número de empresas mayor que el que justifica estrictamente la caída de la demanda. En resumen, generalmente comportan una cifra de desempleados más elevada.

En definitiva, una regulación estricta del mercado de trabajo tiende a provocar un volumen de paro mayor que una laxa, pero también unos costes sociales superiores. En términos de nivel de vida de la población, no existe una supremacía de una opción sobre la otra, ya que los resultados proporcionados por cada una de ellas dependen de múltiples factores, entre los que destacan las características concretas del país y la coyuntura económica internacional. Sin embargo, generalmente la primera alternativa sí suele conducir a una distribución de la renta más equitativa que la segunda. En conjunto, la elección de una u otra opción constituye una decisión compleja, y la legislación laboral adoptada depende principalmente de la ideología del Gobierno de la nación.

No obstante, en algunos contextos económicos están claras las medidas que convienen al país, sean cuales sean las características ideológicas del partido gobernante. En los países desarrollados, dos son los principales casos observados. Uno sería el de una nación con una reducida tasa de paro y una creciente desigualdad en la distribución de la renta; el otro estaría representado por un país con una elevada tasa de paro estructural, lo cual implica un número de parados considerable tanto en los períodos de recesión como en los de expansión económica.

Un ejemplo del primer caso lo representa Alemania. En dicho país, desde la aplicación de las reformas Hartz (la parte de la Agenda 2010 relativa al mercado de trabajo), la legislación laboral es excesivamente favorable a los intereses de los empresarios. Debido a ello, el reciente establecimiento, a instancias de los socialdemócratas, de un salario mínimo de 8,5 euros/hora (antes inexistente) significa un paso en la buena dirección.

Una muestra de la segunda situación la ha ofrecido recientemente España. En 2007, después de un período de catorce años de elevado e ininterrumpido crecimiento económico, la tasa de paro aún estaba situada en el 8,3 por ciento de la población activa. Indudablemente, un nivel excesivo para un país que ha gozado de un ciclo expansivo tan largo. La culpa no era de una insuficiente demanda de trabajo, tal y como lo demuestra la llegada de 4.519.809 inmigrantes entre 1999 y 2008, sino de una legislación laboral inadecuada. La mayoría de estos inmigrantes vinieron a nuestro país a trabajar, y ocuparon un gran número de puestos de trabajo que los españoles no querían, ya fuera (principalmente) por el salario ofrecido, las características del empleo o el lugar donde éste se ofrecía (relativamente lejos del lugar de residencia). Sin duda, la solución era una reforma laboral, aunque probablemente no la que en plena crisis económica ha emprendido el Gobierno actual.

TERCERA PARTE

LA RECONCILIACIÓN DE LOS ECONOMISTAS CON LOS CIUDADANOS

A veces, los economistas acertamos, aunque últimamente lo hemos hecho muy poco. Espero y deseo que próximamente lo hagamos de forma reiterada y comencemos a dar motivos a la población para que nos perdone los grandes y múltiples fallos que hemos cometido en el pasado reciente. Creo que lo conseguiremos si somos capaces de generar un nuevo modelo de capitalismo que mejore notoriamente los resultados, en términos tanto de crecimiento económico como de distribución de la renta, que ha proporcionado el conocido como capitalismo financiero. Indiscutiblemente, un modelo que ha sido en gran medida culpable de la crisis sufrida por la mayoría de los países desarrollados durante los últimos años.

El próximo y último capítulo del presente libro representa una modesta contribución personal al espíritu de redención de los economistas. En él indicaré las principales características que debería tener dicho nuevo modelo y las diferencias más destacadas que lo distinguen del actual. De este modo, espero ayudar al lector a reconciliarse, aunque sólo sea un poco, con la profesión, después de una serie de apartados en los que he subrayado mucho más nuestros defectos que nuestras virtudes.

Dadas las limitaciones de los economistas, especialmente las derivadas de la comparativamente lenta evolución de la economía como ciencia, descarto que en un futuro próximo los ciudadanos nos vean como ahora contemplan a los médicos. Por tanto, me parece sumamente improbable que nos acerquemos a su nivel de prestigio popular. En cambio, me gustaría creer que podemos llegar a ser merecedores del prestigio del que en la actualidad gozan los meteorólogos. La de éstos es una profesión con un poder de predicción relativamente escaso (ningún modelo es capaz de pronosticar con relativa exactitud el tiempo que hará de aquí a un trimestre), cuyos miembros a veces aciertan y otras se equivocan, pero siempre buscan lo mejor para la población. En la actualidad, su principal misión es la de minimizar los efectos adversos de los fenómenos meteorológicos; en nuestro caso, debería serlo la de evitar en la mayor medida posible las crisis económicas y contribuir decisivamente a la existencia de largos períodos en los que fuera posible combinar un elevado crecimiento económico, una distribución de la renta más igualitaria y una moderada, pero no muy baja, tasa de inflación. Indudablemente, en la actualidad estamos muy lejos de alcanzar dichos objetivos. No obstante, especialmente en tiempos de crisis, la esperanza es lo último que uno debería perder.

7

UN NUEVO MODELO DE CAPITALISMO:

¿CÓMO Y CUÁNDO?

¿POR QUÉ EL FUTURO SERÁ MEJOR QUE EL PASADO?

En los últimos seis años, el pesimismo económico (véase el capítulo 1C) ha logrado extenderse por los países desarrollados. No obstante, lo ha hecho en una magnitud desigual, afectando de forma diferente a distintas naciones e incluso a las diversas clases sociales en las que éstas se estructuran. Así, se ha expandido en mayor medida en la UME que en Estados Unidos y, dentro de ambas áreas, más entre los trabajadores sin una formación específica que entre los profesionales cualificados.

El distinto nivel de propagación del virus en ambas zonas está estrechamente relacionado con las diferentes prioridades de sus autoridades económicas. En la actualidad, las norteamericanas consideran la creación de empleo como su principal objetivo; en cambio, las europeas priorizan el control del déficit público y de la inflación. Debido a ello, en el año 2012 Estados Unidos no sólo registró un nivel de paro (8,1 por ciento) significativamente inferior al de la UME (11,4 por ciento), sino que creó empleo neto mientras ésta lo destruía, por lo que los ciudadanos del primer país consideran que tienen menos posibilidades de perder su puesto de trabajo, y más probabilidades de encontrar uno nuevo, que los de la eurozona. Esta sensación es uno de los principales motivos por los que los estadounidenses son más optimistas que los europeos respecto a la proximidad del final definitivo de la crisis.

La diferente manera en que la nueva enfermedad afecta a las clases trabajadoras de ambas regiones tiene que ver principalmente con la gran caída de la actividad del sector de la construcción en las dos áreas y la menor ductilidad de los empleados no cualificados. A éstos la crisis los ha perjudicado en mayor medida que a los otros, pero también los ha afectado más que en las últimas recesiones. La explosión de la burbuja inmobiliaria y la fuerte restricción del crédito hipotecario han provocado en numerosos países del primer mundo una crisis larga e intensa del sector de la construcción, así como la práctica eliminación de una de las mayores fuentes de generación de empleo no cualificado.

Una menor formación supone siempre un mayor problema de empleabilidad, dada la menor capacidad de adaptación de la mano de obra no cualificada a puestos con distintos requerimientos específicos. No obstante, en los períodos de recesión dicho problema se agudiza, ya que la escasa demanda de trabajo existente hace que profesionales cualificados compitan con los que no tienen formación específica por múltiples empleos, situación que no se produciría en una coyuntura normal, pues los primeros difícilmente estarían interesados en puestos donde el salario ofrecido es bajo y las características del trabajo impropias de personas de su preparación. Indudablemente, la conjunción de todos estos factores está haciendo que la crisis de empleo observada en numerosos países desarrollados sea especialmente dura para la mano de obra no cualificada.

Sin duda, el grupo de países más afectado por el creciente pesimismo económico es el formado por los PIIGS. En ellos, esta nueva enfermedad no sólo afecta a quienes han perdido la ocupación o a los trabajadores sin formación específica que perciben ahora un salario de subsistencia, sino también a una buena parte de la clase media, un porcentaje importante de la alta y a bastantes personas con una gran preparación académica y profesional. Debido a ello, en dichos países cada vez es más frecuente oír en reuniones con ejecutivos, pequeños y medianos empresarios o profesores universitarios frases tan apocalípticas como las siguientes: «Nuestros descendientes vivirán peor que nosotros»; «No estoy preocupado por mí, sino por mi hija (tiene diez años), pues creo que nunca tendrá un buen trabajo»; «Al paso que vamos, en el 2020 la clase media prácticamente se habrá extinguido en los países del sur de Europa» o «La emigración a un país emergente es la única solución que tengo para escapar de la crisis actual».

En términos generales, esta percepción es completamente errónea, y su falsedad está avalada por numerosos datos históricos. A largo plazo, el nivel de vida de una población aumenta aproximadamente lo mismo que la productividad del trabajo y ésta casi siempre se ha incrementado de forma continua en los distintos países capitalistas, hasta el punto de que incluso es difícil que disminuya durante algún ejercicio concreto. En un año, donde no existe ni creación ni destrucción de ocupación, puede crecer a un ritmo elevado (más del 2,5 por ciento) o reducido (menos del 1 por ciento), pero sólo en circunstancias excepcionales la productividad por empleado bajará y prácticamente nunca lo hará la rendida por hora trabajada.

En países con una legislación laboral que fomenta el mantenimiento de los puestos de trabajo en un contexto de recesión económica, a veces se observa la disminución puntual de la primera, pero no de la segunda. Si dicha disminución es muy intensa, un gran número de empresas reducirá la jornada de una parte de sus empleados, con lo que se reducirá en buena medida el número total de horas trabajadas en el país durante un año concreto y, por tanto, la productividad por empleado. Dicha legislación no me parece un problema, sino una virtud, dado que tiende a fomentar el ajuste de los salarios en lugar del empleo cuando la economía empieza a ir mal y permite que los trabajadores disfruten de una mayor estabilidad laboral.

A mi modo de ver, los principales riesgos que afectan a medio y largo plazo al nivel de vida de los ciudadanos, o al de una gran proporción de ellos, tienen que ver con la existencia de conflictos bélicos o con considerables cambios en la distribución de la renta nacional. En las últimas dos décadas, la inmensa mayoría de las naciones capitalistas que han sufrido una acusada reducción en su PIB per cápita han padecido una guerra civil o una guerra contra otro país. Aunque es factible, en las naciones democráticas es bastante improbable que una mayor desigualdad en la distribución de la renta conlleve la disminución del nivel de vida de una parte considerable de la población. Esta posibilidad se vuelve remota si en el país la presión fiscal (definida como el ratio recaudación tributaria/ PIB) es elevada y las personas que más riqueza y renta poseen son gravadas con tipos impositivos sustancialmente superiores a las demás.

Desde principios de la década de 1980, en un gran número de países desarrollados la parte proporcional de los salarios en el PIB nacional ha disminuido. Aunque en la mayoría de esos países la reducción no se ha registrado en todos los años considerados, la tendencia es muy clara. A pesar de ello, en este período los salarios de los trabajadores han aumentado en términos reales (poder adquisitivo), aunque a un ritmo inferior al del incremento de los beneficios empresariales. Por tanto, aunque la distribución de la renta nacional sea más desigual, en dichas naciones los obreros gozan de un nivel de vida superior al que tenían hace treinta años.

Sin embargo, en los últimos años existe una gran excepción: los PIIGS. El método utilizado por la UME para salir de la crisis, consistente en la combinación de una política de austeridad en los países que van mejor con un proceso de devaluación interna en los que van peor, es el principal culpable. Dicho método ha provocado en estas naciones una gran destrucción de ocupación y una considerable disminución de los salarios y, por tanto, ha causado una reducción sustancial del poder adquisitivo de muchos trabajadores. Algunas muestras de los problemas económicos que afectan a sus ciudadanos son el gran aumento de la pobreza relativa observado en Italia (el mayor nivel desde el inicio de la estadística en 1997), el fuerte incremento del número de españoles atendidos por los servicios de acogida de Cáritas (930.000 desde el inicio de la crisis) y el regreso a Grecia de enfermedades como la malaria y la peste, estrechamente relacionadas con la miseria.

La desastrosa situación económica actual de los PIIGS habría sido evitable si se hubieran dado las siguientes condiciones: la instauración de medidas que incentivaran el aumento del gasto en las naciones de la UME sin importantes problemas estructurales, una considerable devaluación del euro respecto a las principales monedas mundiales, la adquisición regular por el BCE de la deuda pública de los países cuya coyuntura era más adversa y la rápida realización por parte de sus dirigentes de las reformas necesarias para combatir adecuadamente la crisis, en lugar de negar su existencia o menospreciar su alcance, tal como hicieron algunos de ellos. El incremento de la pobreza observado tampoco habría tenido lugar si dichas naciones hubieran continuado teniendo una divisa propia. En este caso, el nivel de crecimiento económico generado por una fuerte devaluación de la moneda nacional habría impedido el gran aumento del paro registrado y habría hecho innecesario el recorte de numerosas prestaciones públicas.

Por tanto, en los países democráticos, a menos que nuestros dirigentes se equivoquen mucho y de forma continuada, la principal duda no es si el futuro será mejor que el pasado, sino si la mejora del nivel de vida promedio de la población aumentará a un ritmo superior o inferior al de las últimas décadas. Esta incógnita no es nueva, sino sumamente antigua y constituye uno de los principales retos de la ciencia económica. Si los gobernantes tienen la posibilidad de errar numerosas veces o de poner en práctica políticas que generan una distribución de la renta cada vez más desigual, generalmente es porque los ciudadanos confían en ellos y les han votado de forma masiva en más de una ocasión. En consecuencia, éstos también serían parcialmente culpables del empeoramiento de su situación.

No obstante, los políticos casi siempre deben pagar los errores cometidos, especialmente si son considerables y tienen contenido económico. Por tanto, generalmente no tienen demasiadas posibilidades de repetirlos. Con mayor o menor celeridad, estos errores suponen la pérdida de una gran parte o la totalidad del poder e influencia de los gobernantes, pérdida que puede tener como punto de partida un mal resultado electoral, una gran protesta popular o la disminución de la confianza que tenían en ellos algunos de los grupos de presión más importantes del país. En caso de que las autoridades nacionales no sean quienes verdaderamente dirijan la política económica del país, tal como sucede ahora en los PIIGS, dicha pérdida de poder e influencia vendría dada por el abandono de todos o algunos de ellos de la UME. En la actualidad, no es probable que así suceda, pero ni mucho menos cabe descartar esa posibilidad si continúa la actual política económica.

En definitiva, a medio y largo plazo, el porvenir no es ni mucho menos tan preocupante como cree una gran parte de los ciudadanos de los países desarrollados y, en especial, de los PIIGS. El futuro, aunque en algunos países tarde en llegar, probablemente será más brillante que el presente y el mejor pasado. Incluso no es impensable que en pocos años el PIB per cápita mundial crezca de forma continuada a un nivel desconocido hasta la fecha. Esta última posibilidad sería factible si los economistas fuéramos capaces de acertar en mucha mayor medida en nuestras predicciones, en el diagnóstico de los principales problemas, en las soluciones que se deben aplicar para resolverlos, y, especialmente, si tuviéramos la clarividencia necesaria para evitar la aparición de crisis importantes. No obstante, encontrar el Santo Grial de la Economía sería equivalente a descubrir qué debemos hacer, y específicamente dónde y en qué invertir, para conseguir un incremento de la productividad elevado y constante. Sin duda, no es una tarea fácil, pero tampoco imposible.

EL MODELO ACTUAL: EL CAPITALISMO FINANCIERO

La sustitución del capitalismo keynesiano por el financiero

En los inicios de los años ochenta, después de la llegada al poder de Margaret Thatcher en el Reino Unido y de Ronald Reagan en Estados Unidos, en ambas naciones se sustituyó el capitalismo keynesiano por el capitalismo financiero. Unos años después, éste fue adoptado por la mayoría de los países capitalistas desarrollados, dados los malos resultados económicos proporcionados por aquél. En la década indicada, los principales dirigentes europeos creían que dicho cambio era la única manera de acabar con la euroesclerosis, un fenómeno caracterizado por un nivel de crecimiento económico relativamente bajo y una escasa o nula creación de empleo, y convertir el viejo continente en un área más próspera y dinámica.

Una muestra de la implantación del nuevo modelo de capitalismo en la Unión Europea la ofrece la definición de los criterios de convergencia de Maastricht (febrero de 1992), cuyo cumplimiento es necesario para los países que pretenden entrar en la zona euro. Dichos criterios conceden una gran importancia a variables especialmente valoradas por los financieros, tales como el déficit público en relación con el PIB y el tipo de interés a largo plazo, y ninguna a otras variables consideradas esenciales por numerosos macroeconomistas, como es el caso del nivel de desempleo y el volumen de capacidad o necesidad de financiación de una nación.

La instauración del capitalismo financiero conllevó la cesión voluntaria de una parte sustancial del poder e influencia de los políticos a los banqueros e inversores, es decir, a lo que comúnmente se conoce como los mercados. En esta nueva etapa, los segundos son quienes en gran medida marcan la agenda económica de los primeros y no al revés, como hasta el momento sucedía. Para congraciarse con los nuevos dueños de la situación y obtener su apoyo a las medidas adoptadas, los tecnócratas van sustituyendo paulatinamente a los políticos en las plantillas de los ministerios de contenido económico. Cada vez es más frecuente que ellos ocupen los puestos de mayor responsabilidad en los escalafones ministeriales, hasta el punto de que en ocasiones el ministro es el único político del ministerio y ya no es insólito que tampoco él lo sea.

Sin embargo, donde los tecnócratas han triunfado por completo, alcanzando un poder casi plenipotenciario, ha sido en la mayoría de los bancos centrales. En numerosos países, sus estatutos han sido reformados progresivamente para facilitar una gestión independiente de los intereses coyunturales de los políticos. Así, aunque es relativamente común que quien nombra al máximo responsable de esas entidades financieras sea el Gobierno, o el Parlamento a propuesta de él, también es frecuente que éste no lo pueda cesar, prácticamente sean las que sean las medidas (acertadas o equivocadas) adoptadas por el banco central. Esta independencia operativa ha provocado la aparición de unos nuevos zares económicos: los presidentes de los bancos centrales, cuyas decisiones a veces tienen una influencia muy superior, tanto en la economía productiva como en la financiera, a las tomadas por los propios ministros de Economía.

Los líderes políticos cedieron una parte esencial del control económico a los mercados por dos razones principales: los deficientes resultados obtenidos, después de la crisis del petróleo de 1973, por un mayor intervencionismo del sector público en la economía y cierto complejo de inferioridad intelectual de los propios dirigentes políticos (especialmente de los de izquierdas) respecto a los inversores y los banqueros. La mayoría de ellos prefirieron perder una parte de su poder a correr el riesgo de ceder su privilegiado puesto a otro dirigente, ya fuera por equivocarse en las medidas adoptadas (como se habían equivocado sus predecesores) o por no ser suficientemente dócil a los designios de los mercados.

Una vez estabilizado el precio del petróleo, aunque a un nivel sustancialmente más elevado que el registrado antes de la guerra de octubre de 1973 entre Israel y diversos países árabes, los Gobiernos de los principales países desarrollados intentaron reactivar la economía mediante el aumento del gasto público. Era lo que tradicionalmente habían hecho durante muchos años con gran éxito. No obstante, éste es un remedio oportuno para solucionar una recesión por falta de demanda, pero completamente inadecuado para una economía que tiene un grave problema de oferta, como sucede cuando aumenta de forma considerable el precio de algunas materias primas o de un factor de producción. Debido a ello, aunque dicha política permitió que el PIB volviera a crecer, esto no ocurrió al ritmo de antaño, sino a uno considerablemente inferior. Sin embargo, no fue ésta la principal complicación advertida, sino una inflación elevada (que amenazaba con convertirse en un problema estructural) y la aparición de una significativa tasa de paro en países acostumbrados a tener un nivel de ocupación cercano al pleno empleo.

Las dos crisis del petróleo (1973 y 1979) desorientaron notoriamente a los políticos en materia económica. Lo que ellos habían aprendido o experimentado ya no servía, con lo que se volvía inútil una gran parte de lo que hasta el momento era adecuado para impulsar el PIB y la creación de ocupación. Por tanto, decidieron dejar la economía en manos de expertos (tecnócratas), a quienes consideraban mucho mejor preparados que ellos para afrontar los desafíos existentes y cuyo nombre solía ser sugerido por influyentes ejecutivos.

Los tecnócratas, ya fuera por motivos ideológicos o simplemente por agradecimiento, procedieron de forma paulatina a elaborar leyes que favorecían los intereses de las empresas y perjudicaban los de los trabajadores. Los líderes de la derecha ya estaban de acuerdo con ellas, ya que eran coincidentes con su ideología. La nueva coyuntura ofrecía las condiciones adecuadas, inicialmente económicas (un largo período de escaso crecimiento) y posteriormente de tipo político (la desaparición de la URSS), para realizar grandes reformas estructurales que, debido a la oposición de la mayoría de la población, habrían sido imposibles unos años antes.

En cambio, a los políticos de izquierdas esas leyes no les gustaban nada, ya que su contenido era claramente contrario a lo que tradicionalmente habían defendido. No obstante, asumían con resignación que debían realizarse las reformas y las consideraban como el peaje que había que pagar por la consecución del éxito económico. El fracaso obtenido por aquellos que volvían a implantar en sus países las medidas tradicionales les convencía de que la nueva política económica, de clara orientación neoliberal, era prácticamente la única posible.

Un magnífico ejemplo de ello lo ofrecen las actuaciones del primer Gobierno de François Mitterrand (1981) en Francia. En plena segunda crisis del petróleo, su primer ministro Pierre Mauroy decidió adoptar una política económica compatible con su ideología (socialista) y sustancialmente distinta de la llevada a cabo por los principales países desarrollados. Éstos priorizaron el control de la inflación sobre la consecución de un incremento satisfactorio del PIB y, por ello, implantaron políticas de ajuste económico. En cambio, el nuevo ejecutivo francés optó por medidas de incremento de la demanda, aumentando especialmente el gasto social. El resultado fue horroroso. Para conseguir un escaso crecimiento, Francia acumuló un elevado déficit público y una inflación cercana al 15 por ciento. Esta última deterioró considerablemente la competitividad de las empresas francesas y conllevó un gran déficit en la balanza por cuenta corriente (hizo que los ciudadanos franceses vivieran notoriamente por encima de sus posibilidades). Para solucionar los grandes desequilibrios macroeconómicos causados, el Gobierno no tuvo más remedio que devaluar el franco y cambiar completamente la orientación de su política económica.

Las principales características macroeconómicas del capitalismo financiero

Las prioridades macroeconómicas del capitalismo financiero son la obtención de una inflación muy reducida (igual o inferior al 2 por ciento) y el equilibrio de las cuentas públicas. En un segundo nivel, está la consecución de un elevado crecimiento económico y la continua creación de ocupación. En cambio, no es para nada importante cómo se distribuyen entre la población los frutos del crecimiento ni si el empleo generado permite a los trabajadores contratados disfrutar de un salario elevado o reducido. En definitiva, la distribución de la renta, lejos de ser un tema trascendental, es completamente insignificante.

Sus prioridades son las de los mercados, pues el logro de ambos propósitos favorece los intereses de los inversores, esencialmente de los que invierten en acciones y en renta fija a medio y largo plazo. Indirectamente, dicho capitalismo facilita en gran medida la obtención por parte de la banca, especialmente la de inversión, de su objetivo más importante: un elevado incremento anual de sus beneficios. Una de las principales maneras de lograrlo es mediante la reducción de la rentabilidad en términos reales proporcionada por los activos convencionalmente considerados como seguros (por ejemplo, depósitos o letras del Tesoro a un año) y el aumento, al menos durante cierto tiempo, de la ofrecida por los de riesgo (por ejemplo, la Bolsa o la vivienda). En el nuevo contexto financiero, la rentabilidad de los primeros activos es tan reducida y la de los segundos tan atractiva que numerosas personas prudentes se ven incitadas a cambiar, aunque sea ligeramente, el sesgo de su cartera de inversiones e introducir en ella cierta dosis de riesgo. Dicho cambio permite a la banca incrementar sus beneficios debido a dos razones principales: la ganancia obtenida por la comercialización de los productos de riesgo supera a la conseguida por la venta de los conservadores, y la adquisición de los primeros normalmente comporta un aumento de la demanda de préstamos que, cuando permite fidelizar al cliente (como normalmente logran los de carácter hipotecario), conduce a un acentuado aumento del volumen de operaciones de los bancos. Por tanto, el nuevo entorno macroeconómico deseado y buscado por los políticos, tanto por los de derechas como por casi todos los de izquierdas, constituye una gran oportunidad para la banca.

Una inflación muy baja

Una inflación sumamente reducida conduce a los bancos centrales a establecer tipos de interés muy bajos, un aspecto que provoca la disminución del margen de intermediación de las entidades financieras por unidad monetaria negociada. Esta situación prácticamente las obliga, si quieren continuar consiguiendo incrementos anuales de sus beneficios, a aumentar considerablemente el crédito concedido a familias y empresas. Dicho aumento de los préstamos genera una excesiva abundancia de capital en la economía y tanto las familias como las empresas destinan el dinero sobrante a uno —o los dos— de los siguientes usos: la compra de bienes y servicios o la de activos.

Si el primero es el destino primordial, el IPC aumentará de forma significativa. Este incremento provocará un cambio radical en la política monetaria adoptada por el banco central, el cual subirá rápidamente el tipo de interés de referencia con la finalidad de enfriar la economía. Poco a poco, la tasa de inflación volverá al nivel deseado, pero el país abandonará la etapa expansiva para entrar en un período de recesión o estancamiento económico.

Si va principalmente al segundo destino, dicho capital contribuirá decisivamente a producir un alza en el precio de distintos activos. Aunque ésta sea muy elevada, si el incremento del IPC continúa estando por debajo del 2 por ciento es probable que el banco central no actúe, lo haga escasamente o demasiado tarde. El motivo de este posible comportamiento es un dilema difícil de resolver: ¿la gran subida de la Bolsa, del valor de mercado de la renta fija a medio y largo plazo o de los precios de la vivienda es exuberancia irracional o simplemente un reflejo adecuado de la buena marcha de la economía?

Dado que su principal misión es el control de la tasa de inflación de bienes y servicios, si ésta no da motivos para la preocupación, a veces el correspondiente banco central puede decidir mantener el tipo de interés de referencia a un nivel extraordinariamente reducido durante demasiado tiempo. Lo hará así para no adoptar una posición excesivamente precavida, como sería la que supondría una subida significativa de dicho tipo, que daría por finalizada la actual etapa expansiva de la economía.

No obstante, también puede actuar de esta manera porque confía en que la excelente evolución del país desde hace un tiempo no se deba, como otras veces ha sucedido, a un simple cambio técnico, sino a la aparición de una nueva economía. Éste fue el pensamiento de la Reserva Federal a finales de los noventa. O porque, dada la continuada subida del precio de la vivienda durante los últimos treinta y cinco años, el banco central descarte totalmente que en un futuro próximo dicho precio disminuya mucho, durante un largo período y en cualquier lugar de la nación. Así lo creyó el Banco de Japón en la segunda mitad de los años ochenta.

Un elevado aumento del crédito, unido a la falta de reflejos del banco central o a la imposibilidad del país de adoptar la política monetaria más conveniente para sus intereses (por ejemplo, Irlanda y España durante una gran parte de la década pasada), puede conducir a la creación de una o más burbujas especulativas. En su proceso de formación, éstas reparten felicidad y prosperidad entre la población. Además de contribuir decisivamente a aumentar las ganancias conseguidas por inversores y entidades financieras, permiten que una parte sustancial de los ciudadanos viva mucho mejor que antes. Los principales motivos son tres: las elevadas plusvalías obtenidas, la gran creación de puestos de trabajo y el mayor endeudamiento.

La crisis actual ha demostrado que el aumento del nivel de vida conseguido por numerosas familias durante la última década en diversos países fue un completo espejismo. La explosión de la burbuja inmobiliaria ha hecho que inversiones que proporcionaban fáciles y rápidas ganancias dieran lugar a pérdidas imposibles de recuperar, desaparecieran muchos de los empleos recientemente creados y numerosas familias tuvieran que reducir considerablemente sus gastos para hacer frente a la devolución de la deuda contraída y al pago de los intereses. Si antes esta deuda era soportable, ahora se ha convertido en una mochila muy difícil de llevar. En resumen, el estallido de la burbuja inmobiliaria ha empobrecido y ha hecho desgraciadas a muchas personas.

El paso en pocos años de una sensación de elevada felicidad a otra de tremenda desdicha es lo que provoca que una parte considerable de la población se deje llevar por el pesimismo y piense equivocadamente que el futuro será necesariamente peor que el pasado. Una economía basada en gran medida en la especulación provoca que en la fase de formación de la burbuja un elevado número de ciudadanos viva mucho mejor de lo que se merece. Sin embargo, estas personas no son conscientes de ello y, por tanto, desconocen que sólo podrán mantener su actual estatus durante un período de tiempo relativamente corto.

Por el contario, una vez que la burbuja ha estallado, los mismos ciudadanos pasan a tener un nivel de vida notoriamente peor del que les correspondería. Durante el período posterior a la explosión, se resisten a admitir que la principal causa del deterioro de su bienestar está en el pasado y que, si los dirigentes del país aciertan con las medidas adoptadas, su situación actual no tendrá un carácter definitivo ni durará mucho tiempo, sino que será solamente transitoria. Indudablemente, nada de eso habría ocurrido si en los últimos años las actividades económicas esenciales hubieran sido las productivas, y las especulativas únicamente hubieran sido un fenómeno ocasional, como sucedía cuando el modelo de capitalismo hegemónico era el keynesiano.

Un nulo o escaso déficit público

El compromiso por parte del Gobierno de incurrir en un nulo o escaso déficit presupuestario pretende la consecución de dos objetivos principales: impedir que la Administración incremente de un modo significativo el capital demandado en los mercados de renta fija y que intervenga excesivamente en la economía. En la nueva etapa, la actuación del sector público como estabilizador de la economía y corrector de los desequilibrios causados por el sector privado ya no constituye una prioridad, como consideraba la mayoría de los ejecutivos de los países desarrollados entre 1945 y 1979. Así, en el modelo de capitalismo keynesiano, la Administración debía incrementar la demanda de bienes cuando existía peligro de que el país entrara en recesión, sin importar excesivamente cuál fuera el nivel del déficit presupuestario a corto plazo, y disminuirla cuando una gran expansión amenazaba con provocar una elevada inflación.

Una muestra de la pérdida de dicha función está en la invariabilidad del criterio déficit público / PIB establecido en la zona euro. Tanto en las fases expansivas como en las recesivas, los países integrantes de la UME deben impedir que dicho ratio no exceda el 3 por ciento. A mi juicio, es un completo disparate, pues en las primeras se obtiene una recaudación muy superior a la conseguida en las segundas, y el gasto social es necesario para asegurar un nivel de vida digno a la población notoriamente inferior.

Además, si una crisis disminuye considerablemente los ingresos de la Administración y hace que ésta infrinja dicho requisito, las naciones europeas están obligadas a poner en marcha un programa de reducción de gastos públicos para limitar el déficit público. Dado que dichos recortes supondrán una caída del PIB y harán más intensa la recesión, parece claro que los Gobiernos de los países de la UME priorizan el mantenimiento de un desequilibrio presupuestario reducido sobre la obtención de un nivel de crecimiento económico satisfactorio, prioridad que es sumamente dudoso que tenga un respaldo mayoritario de la población en un gran número de países de la zona euro.

Con el escaso o nulo déficit público se pretende que la Administración consiga un mayor grado de autofinanciación de sus actividades. De esta manera, la Administración facilita de forma indirecta a las empresas una gran disponibilidad de fondos a un bajo tipo de interés, al competir escasamente con ellas en los mercados de capitales. Si así sucede, las compañías adecuadamente gestionadas conseguirán incrementar su rentabilidad económica, en la mayoría de los casos tanto por el aumento de su margen de beneficio unitario como por el superior volumen de operaciones realizadas. Por consiguiente, el resultado será un considerable crecimiento de su valor bursátil y la obtención por parte de sus accionistas de una elevada ganancia patrimonial.

La mayor disponibilidad de fondos por parte del sector privado a un bajo tipo de interés facilita la realización de operaciones especulativas, al hacer más factible la adquisición por parte de una compañía de una empresa rival, un fondo de inversión o el capital riesgo. En dichas operaciones, el precio total sufragado suele incluir un escaso porcentaje de capital propio y uno elevado de capital ajeno, el cual generalmente se obtiene por medio del endeudamiento con una o varias entidades financieras. Este último aspecto obliga a veces a la nueva propiedad a vender algunas partes de la compañía adquirida, circunstancia que suele perjudicar al proyecto empresarial previamente existente.

En otras ocasiones, la enajenación de algunas de divisiones o filiales de la empresa no es realizada por obligación, sino que constituye una parte de la estrategia de los nuevos propietarios. Éstos, al igual que las entidades que han financiado la adquisición, tienen el convencimiento de que el mercado bursátil asignará a la empresa un precio significativamente mayor si valora sus partes de forma independiente que si lo hace de manera conjunta, como hasta ese momento. Por tanto, los adquirentes tienen claro que no les interesa mantener su estructura y dimensión actuales, ya que les impide obtener plusvalías mediante la venta de algunas de sus divisiones o filiales y reduce la capitalización bursátil de la empresa.

En la decisión adoptada, tiene una escasa importancia el componente puramente empresarial, y raramente se considera, entre otros múltiples aspectos, la pérdida de las sinergias entre las distintas partes de la compañía. La adecuada valoración de éstas supondría otorgar trascendencia a cuestiones claves para el futuro a medio y largo plazo de la empresa, un aspecto totalmente secundario para el modelo del capitalismo financiero, que pretende que los máximos ejecutivos prácticamente sólo concedan importancia al corto plazo. Para conseguirlo, prima salarialmente tal comportamiento, mediante la asignación de elevadas retribuciones ligadas a los resultados obtenidos por las compañías en los próximos ejercicios o al valor bursátil alcanzado por ellas.

En el mercado de renta fija a medio y largo plazo, un menor déficit público conduce a un inferior aumento de la oferta de bonos y convierte a éstos en un activo relativamente más escaso. Dicha escasez tiende a generar una subida de su precio y, dada la relación inversa entre su valor de mercado y el tipo de interés a medio y largo plazo, a provocar una bajada de este último. Indiscutiblemente, dicho aspecto beneficia a la Administración al reducir el coste de su deuda.

No obstante, también favorece en gran medida a los inversores, quienes obtienen una interesante rentabilidad (generalmente bastante más elevada que la ofrecida por los depósitos) con un riesgo reducido. Sin embargo, a quien más beneficia el escaso déficit presupuestario es a la banca, ya que históricamente es el principal tenedor privado de deuda pública, y aquél le permite conseguir una considerable ganancia patrimonial sin hacer prácticamente nada especial. Así, cuanto más desciende el tipo de interés a medio y largo plazo, más elevado es el aumento observado en el precio de los bonos de su cartera y mayor la plusvalía potencial o real conseguida.

Uno de los principales objetivos del capitalismo financiero consiste en la reducción de la participación del sector público en la economía. Este objetivo tiene como base uno de sus principios fundamentales: una empresa privada realiza siempre una gestión más eficiente que una pública. Un principio sumamente discutible, pero que es considerado un dogma de fe por numerosos analistas y cada vez más políticos. Para quienes así piensan es conveniente adelgazar el sector público privatizando algunas empresas, cerrando otras y externalizando al sector privado ciertas partes de las que continúan siendo propiedad de la Administración.

Debido a ello, en sectores tales como la energía, las telecomunicaciones, la sanidad e incluso la educación, ahora es relativamente fácil para inversores y especuladores hacer buenos negocios, posibilidad notoriamente más difícil cuarenta años atrás en numerosos países desarrollados. Especialmente controvertidos han sido algunos procesos de privatización de empresas en diversas naciones, al suponer numerosas veces la conversión de un monopolio público en otro privado y al ceder mediante ellos la Administración a los accionistas de una compañía una fuente de obtención de elevados beneficios, dada la práctica inexistencia de competencia.

En los casos detectados, el resultado no es fruto de la casualidad o la impericia del privatizador, sino totalmente intencionado, ya que la venta de la empresa pública no ha ido acompañada de la correspondiente desregulación del sector. Probablemente, aunque sea de forma principalmente indirecta, el partido gobernante en su conjunto, así como individualmente algunos de sus miembros más significados, serán generosamente recompensados por los nuevos propietarios de la compañía.

En definitiva, con la aparición del capitalismo financiero, la producción y venta de bienes y servicios ha dejado progresivamente de ser el aspecto central en la mayoría de las economías de los países desarrollados, posición que poco a poco ha sido ocupada por las actividades especulativas. Este proceso se ha hecho especialmente visible durante la última década, con la generación de diversas burbujas de materias primas y activos, pero sobre todo con la formación simultánea de una de carácter inmobiliario en numerosas naciones, una situación que jamás se había dado previamente. Debido a ello, el principal termómetro de la situación económica ya no es el salario medio percibido por los ciudadanos, ni el volumen de empleo estable a tiempo completo, sino la evolución de los mercados, especialmente de la Bolsa.

EL NUEVO MODELO: ¿CUÁNDO VENDRÁ Y CÓMO SERÁ?

La crisis internacional generada y las desastrosas soluciones adoptadas en numerosos países desarrollados, especialmente en los integrantes de la zona euro, comportarán probablemente la desaparición del capitalismo financiero. No será un fenómeno nuevo, sino conocido, pues motivos más o menos similares fueron los que acabaron con el modelo liberal en la década de los treinta y con el keynesiano en los setenta. No obstante, su sustitución no será rápida, sino progresiva, circunstancia que hará que el período de transición sea largo, como lo fue en los dos casos anteriores (duró prácticamente una década).

El proceso de sustitución empezará cuando la completa recuperación económica de los países no comporte la del nivel de vida de las familias. Es decir, cuando la economía vuelva a estar bien, pero muchos ciudadanos se encuentren peor de lo que estaban en 2007, debido a un reparto de los ingresos considerablemente más desigual. Así, a un número considerable de ellos la consecución de un empleo no les permitirá abandonar la pobreza, dados los bajos salarios percibidos. En dicho momento, una parte sustancial de la población dejará de creer en uno de los principios en que se sustenta el capitalismo financiero: lo importante es crecer, pues un PIB más elevado acaba beneficiando en mayor o menor medida a todos. Esta nueva manera de pensar hará que los ciudadanos concedan una gran importancia a un tema al que numerosos políticos, economistas y electores han dado una escasa relevancia en los últimos treinta años: la distribución de la renta.

En una fecha incierta, pero no demasiado lejana en el tiempo, los votantes dirán basta. Esto significa que ya no estarán dispuestos a aceptar la elevada desigualdad económica existente entre los más ricos y los más pobres, una situación que hace que en la actualidad las veinte personas más acaudaladas de España acumulen una riqueza equivalente a los ingresos obtenidos por el 20 por ciento de la población más pobre (aproximadamente nueve millones de personas). Una desigualdad que ha aumentado en la mayoría de los países avanzados de forma acusada en el reciente período de crisis, sin que casi ningún gobernante haya hecho nada trascendental para impedirlo.

La nueva actitud hará que la inmensa mayoría de la población considere injustificables y reprobables las elevadas remuneraciones de numerosos ejecutivos e incluso las espectaculares ganancias obtenidas por algunos accionistas. Prácticamente nadie ya creerá que son una adecuada recompensa al inmenso talento de los primeros y al elevado riesgo corrido por los segundos. En definitiva, los ciudadanos ya no se conformarán con pequeños cambios, tanto económicos como sociales, prometidos por los políticos convencionales, sino que exigirán que éstos sean profundos. Y esa transformación únicamente será posible si se crea un nuevo modelo de capitalismo.

Tal y como ha sucedido en otras ocasiones, los ciudadanos con sus votos serán los impulsores del cambio, penalizando previsiblemente a una generación de políticos de ideología diversa que durante muchos años han estado actuando y legislando a las órdenes de los mercados, es decir, de los banqueros e inversores. La desastrosa gestión de la crisis económica por parte de los políticos en numerosos países avanzados comportará la aparición en ellos de nuevas formaciones, incluso la presentación a las elecciones de algunos movimientos populares, y una completa renovación de las caras, los programas y la manera de actuar de los partidos tradicionales. Si éstos no la acometen, no sería de extrañar que algunos de ellos acabaran desapareciendo, mientras que otros se convirtieran en marginales, cuando pocos años antes gobernaban en solitario o eran el principal partido de la oposición.

Los nuevos dirigentes, independientemente de cuáles sean las características de la formación a la que pertenecen, tendrán clara la principal prioridad de los ciudadanos: los mercados deben estar controlados por los representantes del pueblo. Sin duda, un gran cambio, ya que durante muchos años ha sucedido lo contrario. Para conseguir dicho propósito, los nuevos gobernantes desarrollarán una legislación que dificulte notablemente las operaciones especulativas, circunstancia que hará que la Bolsa vuelva a ser principalmente un instrumento de financiación de las empresas y no un fin en sí mismo. El eje del modelo de capitalismo imperante ya no será la economía especulativa, como sucede en la actualidad, sino la productiva.

Para conseguir dicha finalidad, los Gobiernos deberían limitar los salarios actuales y diferidos (las aportaciones al plan de pensiones realizadas por la empresa) de los ejecutivos, desligarlos de la evolución bursátil de la compañía y relacionarlos con los percibidos por la media de los trabajadores de la empresa. A mi modo de ver, de la misma manera que es conveniente que exista un salario mínimo también lo es que haya uno máximo, que en ningún caso debería superar los 500.000 euros anuales, una retribución suficientemente atractiva para motivar a cualquier ejecutivo y recompensar su hipotético talento.

La desconexión de los salarios de los principales directivos respecto del valor de mercado de las acciones de la empresa incentivará a aquéllos a establecer estrategias a medio y largo plazo, mantener el volumen de empleo de la compañía durante las etapas recesivas y emplear en las inversiones un mayor porcentaje de recursos propios. Indudablemente, esta última circunstancia reducirá la tasa de rentabilidad de las compañías en las etapas de expansión, pero ayudará a su supervivencia en las de recesión. En la crisis actual, una parte sustancial de las empresas desaparecidas tenía un elevado endeudamiento. En el momento en que la caída de la demanda de sus productos provocó una fuerte disminución de sus ingresos, numerosas compañías no pudieron hacer frente a los intereses de su deuda y, aunque procedieron a reducir los costes de personal (mediante despidos y bajadas de salarios) y a vender algunos de sus activos, desaparecieron.

La legislación debería obligar a las empresas a que, cuando van bien, todos sus integrantes se beneficien de forma relativamente similar de su buena marcha. No es lo que sucede en la actualidad, pues las compensaciones las obtienen principalmente sus directivos y en muy escasa medida los trabajadores. Para conseguir tal propósito, dicha legislación debería relacionar con un múltiplo fijo (por ejemplo, 10) el salario cobrado por el máximo ejecutivo con el percibido por el trabajador medio, de tal manera que el primero sólo pudiera aumentar si el segundo también lo hace. Dicho múltiplo variaría según las características de las compañías y los sectores a los que éstas pertenecen.

En las últimas décadas, la desigualdad de las retribuciones entre unos y otros ha sido escandalosamente creciente. Así, en 1968, el principal dirigente de la General Motors percibía un sueldo 66 veces superior al del empleado medio. Sin duda, una diferencia elevada, pero minúscula si la comparamos con la que existe en la actualidad entre el sueldo del presidente de Wal-Mart Stores y el de dicho empleado: el primero es 900 veces mayor. A mi juicio, no hay justificación alguna para dicha diferencia, aunque el trabajador medio de Wal-Mart esté escasamente formado y el máximo responsable posea una capacidad de gestión extraordinaria.

En términos macroeconómicos, me gustaría que en el nuevo modelo la consecución de una inflación extraordinariamente reducida (igual o inferior al 2 por ciento) ya no constituya uno de los principales objetivos de los países, sino que sus dirigentes estén satisfechos con un nivel algo más elevado (por ejemplo, 6-8 por ciento). Dicho nivel permitiría reducir, más rápidamente y con menores sacrificios, la verdadera carga de la montaña de deuda que en numerosas naciones acumulan en la actualidad empresas, familias y Administraciones Públicas. Además, evitaría un elevado crecimiento de los préstamos, dificultando con ello la generación de nuevas burbujas. Indudablemente, la inversión en Bolsa ya no sería tan rentable ni los bancos ganarían tanto dinero como lo hicieron durante la última década.

En dicho modelo, creo conveniente que los bancos centrales continúen siendo independientes del poder ejecutivo, con la finalidad de evitar la aparición del ciclo económico-político, tan popular en los años sesenta y setenta. En esta etapa, el ministro de Economía, de quien dependía en última instancia la política monetaria, solía dar órdenes al banco central para que bajara el tipo de interés de referencia aproximadamente un año antes de las elecciones generales o presidenciales, aunque la situación económica no lo aconsejara. Esta actuación, al descontarla finalmente todos los agentes sociales, daba lugar a expectativas crecientes de inflación, un fenómeno que sin duda conviene evitar.

No obstante, me parecería adecuado que los zares económicos que en la actualidad son los presidentes de los bancos centrales perdieran parte del poder que atesoran, y se centraran algo más en estimular el crecimiento y un poco menos en controlar la inflación. En los últimos años, la gestión de la mayoría de ellos no ha sido magnífica y han tenido una gran responsabilidad en la formación de diversas burbujas durante la última década. Además, en el caso del BCE, su máximo responsable hizo que la entidad adoptara una política monetaria desastrosa al inicio de la crisis actual. Así, por ejemplo, durante los primeros meses de 2008, Trichet confundió una crisis de demanda con una de oferta y, en lugar de bajar el tipo de interés de referencia, lo subió en julio desde el 4 por ciento al 4,25 por ciento. La pérdida de poder de las entidades financieras se obtendría principalmente con un mayor control de sus actuaciones por parte del Parlamento. A diferencia de lo que ahora sucede, la cámara legislativa podría cesar a su presidente y nombrar a uno nuevo después de dos años, aunque su mandato fuera de cuatro o seis, si éste hubiera cometido importantes errores de gestión.

La Administración debería volver a ejercer con mayor decisión su papel de estabilizador económico. En cuanto al superávit o déficit público, su nivel debería estar relacionado con el del crecimiento previsto. Así, por ejemplo, un incremento del PIB del 4 por ciento debería conllevar que el Gobierno se marcara un objetivo de superávit presupuestario mínimo del 1 por ciento, y una reducción del 3 por ciento, un déficit máximo del 7 por ciento. La Administración también debería contribuir decisivamente a reducir las diferencias entre los que más ganan y tienen y los más pobres. Una manera de lograrlo sería subiendo los impuestos a los más ricos y destinando el incremento de la recaudación obtenida a aumentar el gasto social dirigido a los más desfavorecidos. El sistema tributario no debería centrarse en gravar a quienes son más fáciles de controlar (la clase media que trabaja por cuenta ajena), sino en la progresividad, para lo cual habría que subir los tipos de los impuestos directos y reducir la mayoría de los indirectos. De esta manera, se invertiría la tendencia existente en los últimos años.

En definitiva, el modelo de capitalismo financiero está en trance de desaparición, y la principal causa de ello es la creciente y elevada desigualdad entre los más ricos y los más pobres. Los mercados han mandado excesivamente durante los últimos años y los políticos (los representantes del pueblo) escasamente. El balance cambiará próximamente, perjudicando claramente a los primeros y beneficiando a los segundos. Los políticos también serán muy diferentes a sus predecesores, no tanto porque ellos quieran cambiar, sino porque los ciudadanos se lo exigirán. Los rasgos del nuevo modelo pueden ser o no algunos de los indicados. No obstante, casi nada será igual, sino mejor. Así lo indica la historia de la economía y las represalias de la población a los representantes que los decepcionan. Si finalmente no sucede así, cosa que sería sumamente sorprendente, la culpa será de ustedes, ya que sus votos deciden el futuro de su país. Éste está en sus manos.

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La gran mentira de la economía
Gonzalo Bernardos

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