SINOPSIS

Lo que el lector tiene en sus manos es una radiografía de la Europa que emerge después del tsunami de la Gran Recesión. Es también un repaso al estado actual de la Unión Europea en general y de los países que la forman en particular, con el foco puesto en los partidos y movimientos políticos surgidos en la estela de la crisis y a los que se ha dado en llamar populismos. Desde los dos extremos políticos, esos partidos retan a las fuerzas que han sido hegemónicas en Europa desde la segunda mitad del siglo XX, se dirigen a sectores amplios de la sociedad y aspiran a conseguir el poder.

Este es un libro que se mueve sobre un terreno en constante evolución. Cada semana se transforma el paisaje. Primero fue el brexit, que cambió completamente el proyecto europeo. A continuación, llegó la sorprendente elección de Donald Trump en Estados Unidos, que añadió elementos desestabilizadores, especialmente por su antieuropeísmo e incluso por su intención de abandonar la Alianza Atlántica. Lo último han sido las elecciones en Reino Unido, Alemania y Francia. En Europa, ahora, puede pasar cualquier cosa. Y este libro es el mapa para entenderlo.

J. M. Martí Font

Christophe Barbier

LA FORTALEZA

ASEDIADA

Los populismos contra Europa

Traducción de los textos en francés de María Méndez

AL LECTOR

¿Por qué este libro? ¿Por qué ahora?

Desde hace años, la ola populista es constante en Europa, y esto se confirma elecciones tras elecciones y en un país tras otro. Pero el populismo no está definido; avanza enmascarado, suma extrema derecha y extrema izquierda y mezcla nacionalismo y anticapitalismo. Ya es hora de descifrar su ADN.

El punto en común entre todos, o casi todos, los movimientos populistas es atacar a Europa, poner en duda el proyecto europeo, propugnar una vuelta atrás, un desmantelamiento, volver a los Estados nación. Su prosperidad electoral viene de los puntos débiles de la Unión Europea (UE) y los agrava. Es un círculo vicioso. Ahora bien, menos unión supone más nacionalismos; y más nacionalismos, un riesgo de conflictos.

No obstante, las líneas se están moviendo y hay abundantes signos de una contraofensiva de los eurófilos. La Unión gestiona el brexit con firmeza, con el más estricto respeto a sus intereses, e inicia acciones contra Polonia, uno de sus miembros, que va en contra de valores fundamentales de la Unión. Bruselas evoluciona, corrigiendo la pauta de los trabajadores desplazados o aplicando el plan Juncker a las inversiones. Los populistas marcan el paso en las elecciones, como Geert Wilders en Holanda o Marine Le Pen en Francia. Por último, la llegada al poder en París de Emmanuel Macron, que cuenta con un liderazgo reforzado por las dificultades de Angela Merkel, augura una era de «refundación» europea.

¿Y si mañana fuera el momento no del triunfo populista sino de la réplica europeísta? Las elecciones al Parlamento de Estrasburgo en junio de 2019 lo dirán. Por eso era necesario hoy llevar a cabo esta reflexión y analizar a fondo Europa de los populismos.

PRÓLOGO

¿QUÉ ES EL POPULISMO?

«CUALQUIER EXCUSA ES BUENA…»

POPULISTA, UNA ACUSACIÓN INÚTIL

Populismo es una de las palabras comodín a las que suele recurrirse en la política europea desde hace unos veinte años, especialmente desde la crisis mundial que desencadenó el 11 de septiembre de 2001, con una mezcla de dificultades económicas y «choque de civilizaciones». Una crisis agravada por los derrumbes sistémicos de 2007 y 2008. Curiosamente, la denominación «populista» se ha mantenido a lo largo de los años como una acusación, incluso un insulto, multifacético, sin que su definición haya llegado a afinarse demasiado. «Populista» es, en primer lugar, el calificativo que se lanzó a los partidos extremistas de derecha cuando dejaron de serlo, ya fuera porque los superaron otros más extremistas que ellos o porque adoptaron una estrategia para dejar de ser demonizados, como en el caso de Marine Le Pen con el Frente Nacional (FN) en Francia; o de normalización, como la formación de Geert Wilders en los Países Bajos. Cuando un partido deja de utilizar esbirros, de recurrir al puñetazo, de verse ante los tribunales o saltar a los titulares por exabruptos verbales xenófobos o antisemitas, le resulta más difícil alinearse en los extremos y, al mismo tiempo, se expone a la acusación de populismo.

Pero lo más curioso es que a los populistas a su vez les gusta tratar de eso mismo a sus adversarios electorales, incluyendo a los más moderados, cuando se dedican a hacer promesas sospechosas de demagogia. Entre partidos de gobierno clásicos y moderados, la expresión «¡populista!» también suele arrojarse a la cara. A Nicolas Sarkozy se lo ha tachado a menudo de populismo, una imprecación que igualmente se ha dirigido a Emmanuel Macron durante la última campaña presidencial francesa, a pesar de que la mayoría de sus posiciones eran centristas. Por el hecho de no tener un partido clásico que respaldara su acción sino un movimiento «escoba» en el que todo cabe, por dirigirse al electorado por encima de los políticos y los órganos intermediarios, derecha e izquierda lo han calificado de «populista». Igualmente, a Bernie Sanders, alguien bastante inclasificable a la izquierda del Partido Demócrata, se lo acusó de populismo durante la campaña primaria de 2016 en Estados Unidos porque defendía a los sectores más desfavorecidos. Así, bajo esta etiqueta se encuentran fusionados los conceptos más diversos, desde el electoralismo más banal hasta el nacionalismo más fundamentalista, pasando por todos los grados de la demagogia.

«Hay que distinguir en el populismo el contenido de la forma», puntualiza Edoardo Novelli, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Roma Tres. Un político moderno está casi obligado a adoptar formas populistas; hay excepciones, tecnócratas como Paolo Gentiloni en Italia, que escapan a esta norma pero que nunca podrán ganar unas elecciones. Un líder tiene que ser populista, está obligado a pasar por encima de las instituciones, dirigirse a las personas de manera directa, hacer uso de las emociones en sus discursos, mostrarse empático, hablar de amor, utilizar la historia… Todo ello forma parte del portafolio de cualquier político que quiera actuar en nuestra época. Así funcionan las redes sociales. Las formas populistas se encuentran por todas partes. Los contenidos populistas son otra cosa; hay que buscarlos en los verdaderos partidos populistas de derecha o de izquierda, o entre los que dicen ser posideólogos, como el M5S (Movimiento 5 Estrellas), que precisamente se ve obstaculizado porque cuenta con una base electoral de izquierda y de derecha.

Al igual que el populismo se alimenta, como veremos, de la aversión a las élites, dichas élites suelen confundir con demasiada frecuencia la atención que se presta a las capas populares con la solicitación populista.

«El miedo a que los pueblos sean arrastrados por “malvados pastores populistas”, que podrían incitarlos sin escrúpulos a que dejen de votar como desean las élites, los ha llevado desde hace años a denunciar el populismo a base de discursos indignados y sermones», denuncia Hubert Védrine, nada sospechoso de simpatía por los extremos, en Sauver l’Europe!, publicado en francés por la editorial Liana Levi. «Esto tranquiliza la conciencia pero no hace retroceder el populismo.» En efecto, si bien podemos, como reza el dicho francés, «ahogar al perro acusándolo de tener la rabia», lo que da a entender que cuando uno se empeña en algo cualquier excusa es buena, lo cierto es que no sirve de nada acusar de populismo a un enemigo electoral que cuenta con el favor de los sufragios más populares. Al contrario, eso refuerza al votante en su opción y ahonda aún más la brecha entre las élites biempensantes, que saben, y las clases sociales, que soportan. Pero cada voto tiene el mismo peso en las urnas y, a menos de disolver a la población o abolir la democracia, es una estrategia destinada al fracaso; el populismo se combate con el éxito de los políticos que van en contra de él (lo que no sucede con frecuencia) o mediante una argumentación paciente, nunca dirigida a desacreditar —eso es lo que lo distingue de los extremismos clásicos, fáciles de demonizar por basarse con frecuencia en una terminología disparatada que anula su credibilidad.

Los verdaderos populistas, por otra parte, los que intentan ser elegidos en sus países y destruir la UE, devuelven la acusación de populismo en forma de patente de abnegación al servicio del pueblo. Así, el 18 de enero de 2012, en Metz, Jean-Luc Mélenchon en un mitin de su campaña presidencial se enorgullece ante sus militantes: «A mí me califican de “populista” porque “populista” contiene “pueblo”. ¡Pues bien, yo estoy orgulloso de ser del pueblo, y si estar al lado del pueblo es ser populista, entonces soy populista, queridos!». Pueblo, popular, populismo. A partir de la misma raíz brotan palabras generosas o venenosas.

«NOSOTROS CONTRA ELLOS.» PUEBLO, EL ABUSO DEL LENGUAJE

No obstante, hoy la bruma se va disipando y es posible establecer características de orden científico, al menos politológicas, para definir y resumir el populismo. De este modo, Jan-Werner Müller, un alemán profesor en Princeton, establece que «el criterio principal de identificación de los populistas es el hecho de reivindicar el monopolio moral de la representación del “pueblo auténtico”. Su lenguaje se apoya fundamentalmente en el “nosotros”, en el rechazo a la legitimidad de los demás actores políticos: “Nosotros, y solo nosotros, somos el pueblo”. Así pues, el populismo es, en esencia, el antipluralismo. Al mismo tiempo, el discurso populista se apoya sobre una gran manipulación. Se inventa al pueblo, poniendo en su boca las palabras que alguien eligió en su lugar». Claro está, esta definición no hace sino desplazar el problema ya que, si el populista es aquel que habla en nombre de lo que él mismo decreta que es el pueblo, a partir de esto hay que definir al pueblo. «El pueblo del populismo es una agregación de iras individuales, de protestas dispares fragmentadas, que no tienen mucho que hacer juntas, cuando no son pura y simplemente contradictorias», considera el politólogo francés Dominique Reynié en Les Nouveaux populismes (Pluriel). Añade: «Apelar al pueblo es el centro del discurso populista (…) El pueblo de los populistas no conoce las clases sociales, con excepción de una división única, o principal, que opone el pueblo a las élites. El movimiento populista es por construcción una empresa escoba en la que todo cabe».

En esto los «populistólogos» discrepan; algunos insisten en el individualismo inherente al populismo, otros, en cambio, destacan sus aspectos comunitarios. Es el caso de Eva Illouz, socióloga, profesora en la Universidad Hebrea de Jerusalén y jefa de estudios en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París: «La sociedad moderna tiende a atomizarnos, a privilegiar al individuo, a deslegitimar las pertenencias comunitarias», analiza. Si bien el populista dice: «Pertenecemos a un grupo digno de ser amado». Del mismo modo, Marcel Gauchet explica en Comprendre le malheur français (Éditions Stock) cómo la mundialización ha provocado lo que las élites llaman populismo destruyendo las comunidades que garantizaban la socialización. «Por un lado está el mundo, por otro los individuos, y entre ambos no hay nada, ya no hay naciones, ni pueblos, ni instituciones. El objeto de la política se limita a asegurar la cohabitación armoniosa de dichos individuos a escala planetaria.» En cambio, para Reynié «el estilo de vida que hay que defender no es tanto una cultura nacional que quisieran hacer que se viva y se transmita como un modo de vida que quieren preservar para disfrutarlo más tiempo. No se trata tanto de un “yo colectivo”, mítico y glorioso, como de un “yo privado”, doméstico y corriente».

Este desacuerdo acerca del grado más o menos elevado de «lo individual» y «lo colectivo» dentro del populismo, remite a una disputa más fundamental: el populismo en sus formas contemporáneas ¿es o no un nacionalismo y de qué tipo? Para Marcel Gauchet hay que evitar amalgamar populismo y nacionalismo, sobre todo si se atribuye a este último las características que se podían observar en los siglos XIX y XX. «La asimilación corriente de los populismos de hoy a los nacionalismos del pasado solo da testimonio de la ignorancia de la historia —escribe—. Incluso sus expresiones xenófobas son puramente defensivas. Nada que ver con lo que eran los delirios de superioridad de los nacionalismos en su fase de incandescencia.» Por el contrario, Dominique Reynié mantiene la filiación clásica: «El populismo está siempre en relación con un pensamiento nacionalista. No hay excepción a esta regla: el populismo es un nacionalismo. El pueblo es nacional».

«LOS PRIMEROS SERÁN LOS ÚLTIMOS.»

EL POPULISMO CONTRA LAS ÉLITES

Más allá de estas diferencias de enfoque y de análisis, ya se ven rasgos que se distinguen y que permiten circunscribir el populismo. Empezando por la lucha contra las élites.

El populismo es una ideología, o un conjunto de ideas sobre las relaciones entre «la buena gente» y las «élites diabólicas», dos grupos homogéneos, explica Matthijs Rooduijn, sociólogo de la Universidad de Utrecht y especialista en movimientos populistas. Las élites explotan, traicionan o corrompen a la «buena gente». El mensaje es que la voluntad del pueblo debe ser el punto de partida de la toma de decisión política. Esto es lo que hacen Podemos, Die Linke y Francia Insumisa (FI), pero también Marine Le Pen, Geert Wilders o Alternativa para Alemania (AfD). Luego esto se mezcla con una ideología de derecha o de izquierda, y es lo que los distingue, igual que el tipo de élites a las que demonizan.

No se trata únicamente de agrupar a «los de abajo», «la gente», como a Jean-Luc Mélenchon le gusta llamarlos, además hay que movilizarlos contra los de arriba, ya pertenezcan a las potencias políticas, financieras o mediáticas. Beppe Grillo y su Movimiento 5 Estrellas muestra cómo la burla de los poderosos puede llevar a la política por la vía del populismo. De este modo al jefe de una multinacional, al ministro, al periodista de televisión se los mete a todos en el mismo saco, que el líder populista, como buen intrigante astuto de la era de la mundialización, no se privará de moler a palos. Bajo el influjo del civilizado Luigi Di Maio, el movimiento entabla un proceso de lógica de moderación, no se cierra a las alianzas y procura tranquilizar a una parte de las «élites». Estrategia ganadora, con más de 220 escaños de diputados que surgieron de las legislativas del 4 de marzo de 2018. Pero permanece fiel al dégagisme (de dégage!, ¡despejen!, ¡váyanse!) y adepto a la estrategia «en la que todo cabe». Las cinco estrellas que dan su nombre al movimiento no solo evocan sus combates iniciales (gestión pública del agua, cero residuos, mejora de los transportes, energías renovables y wifi gratuito), sino que también la V, el cinco en números romanos, recuerda la primera consigna: Vaffanculo: «Que te den». ¿Cuáles son estas nuevas élites, estos aristócratas de la era de internet, estos google kulaks? «Desde los años setenta —explica Eva Illouz— asistimos a una división entre los “sedentarios”, por retomar la expresión de Zygmunt Bauman, y los “nómadas”. Los primeros están vinculados a un lugar, creen en una tradición, una nación y una historia. Los segundos son élites cosmopolitas, financieras, universitarias o artísticas, para quienes el viaje es un modo de vida.» «Las élites se definen a partir de entonces prioritariamente en función de esta apertura de las sociedades a lo internacional, con lo que implica de lo personal especializado», insiste Marcel Gauchet. «Este problema de las élites no es propio de Francia; se plantea por todas partes en el mundo occidental, como demuestra el auge de los populismos. Jacques Julliard lo ha resumido con una fórmula excelente: “El elitismo de las élites alimenta el populismo de los pueblos”. Me parece que traduce bastante bien esa pareja infernal que ocupa cada vez más nuestro horizonte político.»

Lo que Jean-Pierre Raffarin llamó «la Francia de abajo», tras la victoria de Jacques Chirac contra Jean-Marie Le Pen en las elecciones presidenciales de 2002, son los «sedentarios», pues el gran viaje no se hace solamente en business class en los largos recorridos; utiliza también el ascensor social. Marcel Gauchet es más virulento. Para él, que fustiga la imprecación del escritor Philippe Sollers contra la «Francia enmohecida»: «corresponde a lo que Pascal Perrineau expresó como teoría de la oposición entre “apertura” (global) y “cerrazón” (local). En efecto, por ahí pasa la línea divisoria más profunda de nuestra vida política, entre los “territorializados enmohecidos” y los “desterritorializados universales”. (…) En el caso de los burócratas y de los políticos, este modelo encuentra un soporte natural en la referencia a Europa. Esta proporciona el punto de apoyo externo que permite mirar desde muy arriba a los pueblerinos locales y emprender su reeducación. Ya que las miras doctrinarias y moralizadoras son fundamentales en esta recomposición del enfoque». A la UE, como se verá, se la acusa por supuesto de ser el vehículo principal de las élites del viejo continente, respaldadas por sus homólogos de Estados Unidos, a quien superan en celo desregulador y en destrucción de las identidades.

Pero esta noción de élite no solo engloba a la estrecha casta de quienes sacan provecho de la mundialización y son sus máximos exponentes y apologistas; los verdaderos populistas la emprenden también contra los que, por ignorancia, interés y cobardía, sostienen este sistema y aseguran su supervivencia a través de la democracia representativa. Votantes ingenuos, tontos útiles para los poderosos o también vestales a sueldo del poder, ellos mismos están también condenados a la vindicta. ¿Cómo funcionan los populistas? «En primer lugar fustigando a las élites, acusadas de corruptas, incompetentes y enemigas de la nación», explica Jan-Werner Müller. «Pero esto no es lo fundamental. Los populistas afirman sobre todo que los ciudadanos que no los apoyan tampoco pertenecen al “pueblo de verdad”. Son dos exclusiones a la vez. No se trata solo de dividir el campo político entre las élites y el “pueblo de verdad” sino también de arrojar la sospecha sobre todos los ciudadanos que combaten los movimientos populistas privándolos de su estatus moral.» El reproche que dirigen a las élites las masas «populistizadas» no es de naturaleza estática, no consiste en impugnar que algunos acaparen las riquezas y el poder, ni tampoco en luchar contra una opresión cuantificable, como pueden haber reivindicado el comunismo o incluso el fascismo. Esta vez el reproche es de carácter dinámico: las élites han gestionado mal el avance hacia delante de la historia, no han sabido asociar al pueblo a los beneficios esperados de la mundialización, no han estado a la altura de su tarea secular. Pues el neopopulismo contemporáneo, aun cuando se revista de un nacionalismo o un etnicismo reconocidos, impugna la «aldea global» y la irreversible mundialización exigiendo normas y, sobre todo, un reparto más justo de los beneficios. Los pueblos quieren subirse al tren de la historia e imponerle que vaya más despacio, incluso que dé marcha atrás, más bien que hacerlo descarrilar. Este es el aspecto en el que los movimientos populistas son paradójicamente revolucionarios: es evidente que quieren tener el poder, derrocar los regímenes establecidos y cambiar la naturaleza política de los sistemas vigentes; pero rechazan (de momento) la tentación del acto de fuerza, participan en la democracia y no son belicistas.

«¡ADELANTE CON LA MARCHA ATRÁS!»

EL POPULISMO REVOLU-REACCIONARIO

Dominique Reynié asume esta paradoja. Primero nos dice que «el populismo reactiva el mito de un pueblo rebelde conducido por dirigentes afectuosos hacia un orden nuevo. Reactiva la gesta revolucionaria, de tipo socialista o nacionalista». Lo ilustra la epopeya del belga Jean Thiriart, populista anclado muy a la izquierda antes de colaborar con los nazis. Intentó organizar a los partidos nacionalistas de Europa al servicio de una revolución social. El nacionalsocialismo, de hecho, no es sino una prueba de que el oxímoron es superable. Más adelante, Reynié se contradice, o más bien se completa: «El populismo es siempre una variante del conservadurismo. No es una política de conquista sino una política de defensa. No es una política progresista sino una política de preservación. En esta resistencia al cambio que representa el populismo también está la resistencia al cambio cultural». Esta contradicción es solo aparente, ya que el populismo es a la vez revolucionario y conservador. Es revolucionario, porque quiere derribar los partidos clásicos y sobre todo derrocar regímenes, las organizaciones diversas de la democracia representativa en las sociedades occidentales. Así, la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon promete una Sexta República en el país, igual que el partido en el poder en Polonia intenta manipular las instituciones. Es conservador en el ámbito de los valores, hasta tal punto que el populismo dice ante todo estar vinculado a conceptos amenazados, a modos de vida que corren peligro y a logros sociales contestados. Su utopía es ese «cambiar todo para que no cambie nada».

Así pues, esta mezcla de revolución y conservadurismo le da al populismo un carácter profundamente reaccionario. Siempre se trata de recuperar un equilibrio, una calidad de vida, tradiciones que los gobernantes reformadores, al fracasar en retener la marcha de la historia, no supieron defender. Cuando se escarba en los discursos de los partidos populistas, en los fundamentos de su filosofía se encuentra siempre «la edad de oro». La edad de oro de la clase obrera solidaria y conquistadora por medio del pleno empleo y la reivindicación permanente. La edad de oro de la cultura nacional intangible, que integra sin dificultad a unas poblaciones dispuestas a abandonar muchas de las tradiciones de sus orígenes. La edad de oro de una economía controlada por el Estado y fácil de dominar en su marco nacional. La edad de oro de los gastos sociales financiados sin preocupación por el crecimiento económico y sus flujos de cotizaciones casi indoloros. Los partidos extremistas del siglo XX, tanto de derecha como de izquierda, engañaron a los pueblos hablándoles de un futuro radiante y un mañana que iba a ser feliz, ya se tratara del sueño comunista con sus «letrinas de oro» o del «Reich que duraría mil años». Los populismos contemporáneos glorifican más bien la restauración de un pasado reciente pero perdido, en el que todos vivían mejor, antes de la gran desestabilización de la mundialización de la economía y las grandes migraciones. Son «revolu-reaccionarios».

Esta referencia al tiempo, a la historia, es fundamental. Son los partidos reformistas los que miran adelante y proponen acelerar hacia el futuro, y los partidos populistas los que frenan y preconizan la marcha atrás. Por otra parte, a eso apunta con precisión Marcel Gauchet, el más inteligente de los denigradores de la gobernanza europea actual, en Le nouveau monde (NRF Gallimard): «De ahí (…) el error de diagnóstico que comparten las élites europeas y que añade crisis a la crisis. Consiste en atribuir el trastorno de sonambulismo que atormenta al viejo mundo a engorrosos y vanos remanentes del pasado, a una gravedad de la historia en forma de freno de la que habría que deshacerse cuanto antes. No es posible estar más equivocado. En realidad, Europa no adolece de vejez, sino de juventud. Tiene dificultades porque la velocidad adquirida en su recorrido la ha propulsado a la vanguardia de lo moderno. Ahora le corresponde sufrir los inconvenientes, pagar la novatada de esa manera de ser inédita del establecimiento humano social». Este es un punto fundamental: mientras que el futurismo, tanto político como estético, envolvió las aventuras fascista y comunista, la nostalgia es lo que ilumina el populismo actual. Sus dirigentes y militantes consideran que el mundo, y ante todo Europa y las naciones que la componen, avanzan demasiado deprisa y en la dirección inadecuada.

Esta vocación reaccionaria del populismo permite comprender su doble genética, sus dos raíces, ahora bien delimitadas por los especialistas tanto si son hostiles como indulgentes con relación a estos movimientos políticos.

«LOS CUARENTA ANSIOSOS.» LA CRISIS, MOTOR DEL POPULISMO

La causa primera del populismo, la matriz, la madre, es la crisis económica. Desde el shock del petróleo de 1973, Occidente ha dejado de experimentar la prosperidad constante agravada aquí y allá por accidentes breves, bolsas de aire, desaceleraciones coyunturales; al contrario, es un marasmo permanente, en el que la pendiente de dificultades, déficits, desempleo parece no tener fin. Por recurrir a una metáfora meteorológica, el mundo desarrollado, el de las democracias estables y sensatas, ha pasado de un clima templado, con su suavidad sacudida a veces por una tormenta, una ola de frío o una canícula, a un clima tropical, siempre oprimente, aparte de raros periodos agradables. A «les Trente Glorieuses», los treinta años gloriosos, o edad de oro del capitalismo posterior a 1945, más bien que «les Trente Piteuses», o treinta años lamentables, como los describió el ensayista francés Nicolas Baverez, les han sucedido en Europa «les Quarante Anxieuses», o cuarenta años ansiosos.

Las capas populares, primeras víctimas de la crisis, no tardaron en extraer de ella lecciones políticas. Después de creer en las promesas de la izquierda, socialdemócrata o reforzada por reivindicaciones más «rojas», pronto se cansaron de esas experiencias, que no hacían sino agravar la crisis con la aplicación de programas costosos seguidos por cambios marcados por el rigor y que exigían sacrificios. Entonces, esas clases desfavorecidas optaron por la ira y se volvieron hacia opciones populistas, sin creer demasiado en las virtudes de los programas que presentaban. Se trataba en primer lugar de protestar, y si fuera posible castigar, a esos dirigentes incapaces, instalados en una alternancia derecha-izquierda. Después, en muchos países vino la voluntad de derrocar a los regímenes establecidos con el fin de cambiar la naturaleza misma del poder e intentar poner en práctica esas ideas poco fiables pero que contaban con la ventaja de no haberse intentado nunca. La virginidad de los programas populistas acaba por escamotear su irracionalidad. «Llama la atención constatar hasta qué punto esos “izquierdolepenistas” han atravesado épocas de grandes dificultades y soportado auténticos sufrimientos económicos y sociales», concluye Pascal Perrineau tras haber estudiado cómo y por qué sectores enteros del electorado francés, que procedía de los socialistas y los comunistas, se inclinaron hacia el Frente Nacional. «La precarización del empleo, quedarse de forma duradera en “pequeños trabajillos”, salir de la economía oficial, el paro, el quedarse en la calle y el estatus de los “sin domicilio fijo”, el derrumbe del nivel de vida son otras tantas experiencias que se encuentran entre los “izquierdolepenistas” procedentes de los ambientes populares. (…) Ese desclasamiento social a través de la precarización del empleo y la caída en la pobreza acarrea una verdadera desafiliación social pero igualmente política. El desclasado pronto abandona sus opciones de izquierda, porque la izquierda en el poder no aportó remedio alguno al proceso de desclasamiento. Pero el desclasamiento mismo —a veces rápido y súbito— puede actuar igualmente como un verdadero desencadenante de politización y radicalización hacia el Frente Nacional.»

Es esta una explicación económica bien conocida, que en primer lugar no ha sorprendido a ningún analista. En cada crisis económica, las capas populares se convierten en presas fáciles para demagogos y charlatanes de la ideología. Más inquietante aún, porque la crisis dura, es el derrumbe de los enlaces habituales de la reivindicación y la protesta. «En los años cincuenta, las clases obreras estaban defendidas por los sindicatos y podían esperar ver que sus salarios y los de sus hijos aumentarían, y así concebir una movilidad social que tuviera por base la seguridad del empleo», recuerda Eva Illouz, antes de comprobar que «la deslocalización debilita a los sindicatos y [que] una incertidumbre crónica caracteriza al mundo del trabajo obrero».

«Hay que volver a leer La gran transformación, de Karl Polanyi, publicado en 1944», recomienda el sociólogo español Joan Subirats. «A medida que se desarrollaba el industrialismo, las personas no vivían ya verdaderamente de su trabajo sino que trabajan, les pagaban y con ese dinero compraban aquello que necesitaban; ese es el proceso de “mercantilización”. Esto crea un sentimiento de abandono al destruir las redes que compensaban los desequilibrios y da lugar a una demanda de protección muy fuerte ante el Estado. Además, explica reacciones como el fascismo, el comunismo, el New Deal y el Estado benefactor. El pacto socialdemócrata es también una solución en un esquema en el que unos y otros ganan. En el centro y el norte de Europa, donde está más anclado el Estado benefactor, la mayoría de las reacciones de extrema derecha se producen por miedo a perder una situación estable: extranjeros y terrorismo se perciben como los dos elementos que perturban ese bienestar. Los miembros de la clase media se vuelven xenófobos porque piensan, a semejanza de un Le Pen, que si en lugar de dejar la puerta de casa abierta la cerráramos, los que quedaran dentro podrían sellar un pacto. La paradoja del pacto lepenista es que pretende renovar el pacto socialdemócrata. En el fondo, hacen lo que la socialdemocracia ha dejado de hacer. Trump se dirige al mismo público. La derecha ha anticipado mejor ese fenómeno de deseo de protección. La izquierda está siempre bloqueada en un internacionalismo que le ha impedido darse cuenta de lo que pasaba. Podemos, en España, lo ha intentado, pero hoy los acontecimientos de Cataluña han vuelto inaudible su discurso.»

« LOS NUEVOS DINOSAURIOS.» MIOPÍA FRENTE A LA CRISIS

A finales de 2010, apareció un doble error, una doble ilusión óptica. Primero, la crisis no es una crisis. Lo que las economías y las sociedades están sufriendo hoy no es una purga temporal, una renovación dolorosa del sistema, sino definitivamente su pura y simple desaparición, mientras está surgiendo un nuevo mundo. Se había subestimado la amplitud de la globalización, así como la profundidad de la revolución digital. El término mismo, crisis, es inadecuado, pues es la naturaleza de lo que conocíamos desde la Revolución Industrial lo que ha cambiado radicalmente. La época actual no cuestiona el mundo tal como es desde 1973 o desde 1945, ni siquiera desde 1918. Es Occidente, tal como se ha edificado y estabilizado entre la invención de la máquina de vapor y la de la electricidad, el que de pronto está sufriendo una mutación. Nuestras sociedades, desde la Revolución Industrial, se habían instalado en prosperidades sucesivas, solo perturbadas por legítimas iras sociales que con bastante frecuencia se compensaron con mejoras en la condición obrera y, sobre todo, por la destrucción creadora debida a las innovaciones, es decir, episodios en los que después de ellos se creaba más riqueza que antes y se trataba tan solo de atravesarlos aguantando la respiración con la mayor solicitud posible hacia el pueblo llano. Lo que estamos afrontando hoy día es una mutación histórica mucho más violenta, marcada por una «creación destructora», ya que se hace evidente que la digitalización no solo no crea más empleos de los que destruye sino que está pulverizando el trabajo asalariado, la relación de las empresas con los Estados, los sistemas fiscales y sociales, etcétera. De 1750 al año 2000 hemos conocido una evolución darwiniana al rojo vivo, en la que la selección de las especies fue drástica y violenta; desde hace más de quince años, vivimos un episodio de la historia de la humanidad que se acerca más a la desaparición de los dinosaurios.

La segunda ilusión óptica es haber creído que la traducción política de ese desbarajuste pasaría por canales clásicos, principalmente las fuerzas de izquierda más radicales, esperando a que la prosperidad recuperada calme todos los ánimos y transforme como siempre a los revolucionarios de ayer en burgueses de mañana. Pero como la crisis no es una crisis, nada ha ocurrido como se preveía. La izquierda de gobierno se ha derrumbado por todas partes en Europa, ya sea la que sigue el culto dispendioso del Estado benefactor, como en Francia, o la que intenta reformas valientes como en Alemania. François Hollande ilustra de maravilla el error de análisis económico de la socialdemocracia a la antigua. Convencido de que la crisis que llegó a Europa en 2008 duraría, como todas las semejantes a ella, unos cinco años, se instala en el poder, en mayo de 2012, con la firme voluntad de alcanzar la recuperación de 2013 cuidando simplemente de proteger a su electorado de las sacudidas más violentas y sangrando aún un poco más a los contribuyentes alejados de su campo. La recuperación no llega, la «inversión de la curva del paro» no se produce, los franceses más ricos huyen del país para no someterse a las duras exigencias fiscales y los sectores populares, algo más deteriorados por el paro y el empobrecimiento, se desvían violentamente de la izquierda clásica, provocando casi su desaparición electoral y, en todo caso, su muerte ideológica.

«El socialismo era el grito de dolor de las clases populares a principios del siglo XX, el populismo es el grito de dolor del ciudadano frente a un sentimiento de abandono», profundiza el sociólogo Joan Subirats. «El socialismo no sirve ya para nada, su pacto es inoperante porque depende del Estado nación. Europa no se construyó sobre la unidad de sistemas del Estado protector porque esos sistemas son nacionales y distintos; cada uno responde a un pacto que se llevó a cabo en cada país. Lo único que se ha construido es el mercado común. En el sur, el populismo tiene un carácter más de izquierda porque la construcción del Estado protector no se ha completado, la sensación de protección es más débil, el populismo es menos xenófobo y se vuelve contra las élites. En el norte es más xenófobo porque allí el sistema es más operativo, ahondando la separación entre los que están en el interior y los que vienen de fuera.»

«EL INFIERNO SON LOS OTROS.»

LA IDENTIDAD, CARBURANTE DEL POPULISMO

La otra raíz del populismo contemporáneo, el gen que le da su especificidad y limita las comparaciones con los extremismos de tiempos pasados como recurso a las soluciones que funcionaron antiguamente, es la identidad, o más bien la fiebre identitaria que se ha apoderado de las sociedades occidentales, especialmente europeas. La mundialización, vivida como una dilución nefasta, ha llevado hasta esas naciones una especie de reflejo inmunitario, la cristalización de la identidad bajo formas que van de la recuperación del orgullo a la agresividad xenófoba. Tal como lo constata Marcel Gauchet, la mundialización se caracteriza también por «el choque de identidad que inflige a todos los países comprometidos en el proceso, y especialmente a los países occidentales. Porque trae consigo una redefinición de la identidad de todas las sociedades que se abren al mundo; impone una relativización general de las identidades históricas, un cambio completo de sus modos de definición».

Este trastorno no procede de las mezclas cosmopolitas y los infinitos intercambios que ofrece la mundialización, con ayuda de las compañías aéreas de bajo coste y los operadores de internet. No está provocado verdaderamente por las grandes evoluciones económicas, aun cuando las deslocalizaciones han destruido en unos cuantos años sectores enteros del orgullo obrero y la identidad industrial de países que fueron víctimas de ellas. De lo que se trata en este caso es fundamentalmente de la inmigración. La que organizó el capitalismo mundializado para maximizar sus beneficios además de las deslocalizaciones (es el caso, en particular, de los «trabajadores desplazados» dentro de la UE), y que no es la prolongación de la inmigración organizada durante la época dorada. Es la que sufren tanto los países de emigración como los de inmigración, provocada por las guerras y sobre todo por la pobreza, combinada con una explosión demográfica que aún está fuera de control. Es, por último, la que el fin de las guerras continentales, la desaparición del bloque soviético y el progreso de los valores democráticos han favorecido en nombre de la libre circulación de las personas. Si los movimientos populistas, de derecha o de izquierda, entre ellos el 5 Stelle, han dominado la campaña y los resultados legislativos del 4 de marzo en Italia, esto se debe a la llegada de un número importante de inmigrantes al país. Del mismo modo, si Alternative für Deutschland ha logrado un avance electoral en las elecciones al Bundestag en el otoño de 2017, es porque la hospitalidad que ofrecía a los inmigrantes Angela Merkel ha empujado a una parte de la opinión pública al voto extremista.

Si la inmigración se ha vuelto traumática, causando un síndrome de asedio y las fiebres xenófobas que han sido útiles al populismo, es debido al fracaso de la integración. En la mayoría de los países europeos a quienes incumbe la inmigración, durante las primeras tres cuartas partes del siglo XX, la integración de los recién llegados se llevó a cabo, no sin fricciones ni daños, por tres motivos.

Primero, la voluntad de los que llegan de integrarse en el país de acogida, con el fin de eliminar cualquier vuelta atrás, principalmente para sus hijos. En Francia abundan los ejemplos de familias italianas, ibéricas o polacas que eliminan el uso de su idioma de origen en la vida cotidiana para asegurar a su progenitura un estatuto de «buen francés». Las nuevas oleadas de inmigrantes no han manifestado la misma voluntad de abandonar las raíces, nadie ha sacudido el polvo de sus sandalias al cruzar las fronteras. Al contrario, envalentonados por la ideología del derecho a la diferencia y el cuestionamiento del crisol republicano, estos inmigrantes han reivindicado cada vez más las ventajas que se les deben a las minorías, étnicas, lingüísticas o religiosas. Quieren practicar el culto, llevar vestimentas y poner nombres a los niños «como en el país». Ahora bien, las instituciones francesas han tirado la toalla y renunciado a integrar recurriendo a la indiferenciación. La incitación republicana: «haceos como nosotros» ha cedido el lugar al eslogan de McDonald’s: «Venid tal como sois». Por otro lado, el movimiento europeo ha puesto a los modelos de integración de países como Francia y, globalmente, del sur de Europa, a competir entre sí, con las estrategias comunitaristas aplicadas en otros lugares, como en Holanda o Gran Bretaña. Esta segunda filosofía ha desembocado en fracasos estrepitosos y situaciones de extrema tensión pero, de paso, ha debilitado, tal vez de manera fatal, el ideal de integración.

Igualmente, la máquina de la integración trabajaba a pleno rendimiento cuando el crecimiento económico estaba en el vértice. El pleno empleo enriquece al asalariado, cuya competencia adquiere más valor si la mano de obra escasea; la inflación provoca el desapalancamiento de la deuda de las parejas; las clases populares ven aparecer en el horizonte el Eldorado de la pequeña burguesía. Es el círculo virtuoso de la integración por medio del confort, el milagro del ascensor social que va banalizando a sus ocupantes a medida que va trepando pisos. En un movimiento paralelo, la vida social y política arrastra a esos nuevos ciudadanos en sus actividades colectivas: los sindicatos y los partidos refuerzan los logros sociales; los clubes de fútbol u otras asociaciones mezclan a la población y favorecen los matrimonios mixtos —entrar en una logia masónica o en el Rotary Club consagran la integración—. Con la inmigración de los últimos cuarenta años, todos los bonitos engranajes de este molino de la identidad nacional se han dañado y oxidado, desde el empleo, que se ha liquidado, hasta los partidos comunistas, que ha desaparecido. Al mismo tiempo, la crisis ha desclasado a las capas populares de ayer e impedido la dilución de los recién llegados, confortados además por la evolución legislativa en sus derechos de comunidades, como apunta Eva Illouz al recordar «las grandes avanzadas jurídicas y simbólicas de las minorías (a las que yo añado las mujeres), que han conseguido luchar contra el racismo y la discriminación, tanto en los medios de comunicación como en los tribunales. De este modo, el imaginario del hombre blanco, que Trump tan bien ha sabido poner en buena forma, moviliza a trabajadores cuyo estatus social y económico objetivamente ha disminuido, que se ven apartados de la sociedad al mismo tiempo que el estatus de las minorías ha aumentado significativamente». El populismo ha sacado tajada de este doble movimiento debido al marasmo económico. El rencor de los obreros «blancos» negados en su identidad y el resentimiento de inmigrantes enclaustrados en su comunidad. En una crisis «normal», la alianza de estos dos proletariados podría haber dado una revolución; en la que ahora atravesamos, su oposición adopta aires de guerra civil.

«ALÁ ES INOPORTUNO.» EL ISLAM ES LA CHISPA

Por último, hay una especificidad de los principales movimientos migratorios europeos de las últimas décadas, de la cual ignoramos si sería indolora y anecdótica en caso de prosperidad económica: el islam. A pesar del racismo y la competencia de los orígenes, los inmigrantes de principios del siglo XX y las poblaciones locales compartían la relación con la religión católica —el culto que entonces era seguido de forma unánime, o casi—. «La inmigración de las poblaciones musulmanas es uno de los grandes acontecimientos que hay que tomar en cuenta si se quieren comprender las tensiones que se establecen y las fuerzas que se ejercen sobre el sistema político europeo, tanto a escala de las naciones como de la Unión», considera Dominique Reynié. No hay ningún clero musulmán presente en los países de Europa Occidental para reagrupar a la grey de nacionalidades y culturas diferentes, pero de espiritualidad común. El islam, religión poco proclive a suavizar las asperezas de sus preceptos para fundirse entre otras tradiciones, ha topado con sociedades ya perturbadas por una descristianización galopante y su materialismo consumista sin trascendencia. La crisis es el motor; la identidad es el carburante; el islam es la chispa: el populismo puede arrancar, zumbar y acelerar.

Pero los populistas no se conforman con prosperar sobre el rechazo a la inmigración y al islam. Extraen de esta crítica la afirmación ofensiva de los valores de la sociedad, igualdad hombre-mujer, libertad de opinión y expresión, laicidad, etcétera.

La inmigración sin la crisis habría dado un melting pot europeo hirviente pero posible de gestionar gracias al enriquecimiento general. La crisis sin la inmigración habría traído protestas sociales virulentas pero clásicas, expresadas y canalizadas por los partidos y sindicatos habituales, sin «derechización» del debate. Y si las polémicas en torno al islam no hubieran abarcado todo con bastante frecuencia, cualesquiera que sean las responsabilidades en la relación de fuerzas entre religión y laicidad, otros fenómenos habrían hecho el oficio de detonante.

En verdad, es la mezcla explosiva de los dos fenómenos, el económico y el identitario, la que da su carácter específico a la tormenta de la sociedad, a la tempestad política que atraviesa Europa desde hace quince años. Esta mezcla es la que sirve de placenta al populismo tal como nos proponemos estudiarlo aquí. Nadie lo ha resumido mejor ni más crudamente que Dominique Reynié, cuyo análisis supera ampliamente el caso francés. «El repentino descubrimiento de la visibilidad de una Europa multicultural constituye ya, y más aún mañana, una de las piezas principales del juicio instruido contra las élites, a las que hoy se acusa de haberlo permitido, de no haber visto, o siquiera haber sancionado, el establecimiento de una sociedad tal. (…) La inmigración puede desencadenar dos formas de contencioso. El primero es de tipo económico y social. Se refiere a las cuestiones de empleo y salario. A los trabajadores inmigrantes se los acusa de quitarles empleo a los nacionales y de favorecer el descenso del nivel de las remuneraciones en una competencia que juzgan desleal con los asalariados del país de acogida. El segundo tipo de contencioso es cultural e identitario. Los inmigrantes ven cómo se les reprocha en esta ocasión no aceptar el estilo de vida, las normas y códigos culturales del país de acogida, de querer mantener para sí mismos sus propias normas y, al hacerlo así, constituir comunidades dentro de la comunidad nacional.»

«LA LUCHA DE RAZAS.»

EL POPULISMO, ¿UNA EXTREMA DERECHA HIPERTROFIADA?

La primera reacción, comprensible por el efecto óptico que proporcionan los escrutinios, es la de no ver más que el aspecto derechista del populismo, de no abordarlo sino por su lado derecho, e incluso «de extrema derecha». El combate contra la inmigración, cargado de equivocaciones y ataques contra los valores que parecían estar más anclados en las democracias desarrolladas, escamotea los otros rostros del populismo, especialmente la protesta más profunda contra la dilución de identidades seculares y la desesperación contra el tsunami de la nueva economía globalizada. Cuando los populistas gritan contra «la gran sustitución», es decir, la dominación cuantitativa, lenta y pacíficamente asegurada por los movimientos de población y los «resultados» diferenciales de natalidad de los inmigrantes musulmanes sobre los habitantes «de pura cepa», el argumento moral es el primero en ser desenfundado, seguido por la demostración demográfica: «La gran sustitución en curso no es la de una raza por otra sino la generalización del mestizaje, lo cual procura una gran diversidad biológica y una mejor posibilidad de supervivencia a la especie humana. Si la identidad de Francia tuviera que describirse en términos biológicos, sería por el mestizaje». Por eso el demógrafo Hervé Le Bras, plácido y demostrativo, intenta calmar las fiebres xenófobas. Y xenófobo, el populismo lo es, ya que pretende defender a un pueblo a la vez traicionado por sus élites dirigentes y amenazado por la competencia desleal y la inundación identitaria de los trabajadores extranjeros y sus familias.

¿Debe deducirse de ello que la radicalización xenófoba del discurso ha engullido todas las demás características del populismo, como si una enzima glotona de extrema derecha hubiera digerido las células procedentes de la izquierda y la extrema izquierda? Eso es lo que parece enunciar Jean-Christophe Cambadélis, antiguo primer secretario del Partido Socialista francés (PS), cuando afirma que «el etnicismo del discurso político es el corolario de la despolitización, del aumento de expertos, de la relegación de lo político. En una palabra, se ha pasado de la lucha de clases a la lucha de razas». El PS queda reducido a la nada, o casi, en los últimos escrutinios, por un populismo que no sería sino una extrema derecha hipertrofiada, inflada con helio por un racismo que los intelectuales o los medios de comunicación no han combatido lo bastante o lo han hecho mal. Un análisis elemental de los resultados electorales desmiente ese juicio tuerto, hemipléjico, que omite tanto la complejidad del hecho identitario como el componente económico del populismo. Cambadélis, que es mitterrandiano, lo cual no es sorprendente, detrás de los progresos electorales de Marine Le Pen en Francia o de Viktor Orbán en Hungría, no ve sino un nacionalismo impulsado por las redes sociales, pero esto es ignorar los éxitos de Podemos, de Syriza o del híbrido M5S de Beppe Grillo.

En la Europa del norte, bastión tradicional socialdemócrata, el racismo está presente en todas las formaciones populistas de derechas que han conseguido cuotas importantes de poder, a menudo formando parte de Gobiernos de coalición. La paradoja es que una vez instaladas en el ejercicio de la gestión política, descubren que compiten con la socialdemocracia por el voto del electorado obrero y de clase media baja, que básicamente pide que no se diluya la tradicional protección del Estado. Esta pugna produce efectos tan perversos como que cada vez más aparezcan gestos xenófobos o discriminatorios en el discurso o los programas de los partidos de izquierdas. En Alemania la líder de Die Linke, Sahra Wagenknecht, fue incluso atacada con un pastel de nata por miembros de su propio partido por sus declaraciones en contra de la inmigración. Durante la última campaña electoral Die Linke perdió bastantes votos en sus feudos tradicionales en favor del ultraderechista Alternativa para Alemania.

En el otro extremo del prisma óptico, Marcel Gauchet parece subestimar, pero de manera menos caricaturesca, la dureza xenófoba de esas nuevas iras populares cuando afirma que «el refuerzo de las naciones no es de tipo nacionalista, es el refuerzo de una adhesión que se ha vuelto ampliamente inconsciente, a la cual hay que dar el nombre de identidad. La identidad es la forma residual del sentimiento de pertenencia de una colectividad». Las transcripciones electorales desmienten en gran parte el irenismo del filósofo. Si es cierto que los pueblos tienen un reflejo identitario, los votantes tienen un comportamiento definitivamente nacionalista. Redescubrir quiénes somos, por la influencia de los partidos y los dirigentes políticos, tarde o temprano, nos empuja a criticar al otro, a desconfiar de él, a declararlo responsable de las propias desgracias. La xenofobia echa raíces en el terreno fértil de la identidad, y el nacionalismo, belicoso o enclaustrado, es su fruto.

Así sucede que los partidos de extrema derecha con frecuencia hacen suya la lucha por la más absoluta laicidad, cuando en realidad ellos mismos surgen de familias ideológicas caracterizadas por la ostentación de la fe cristiana. Es porque este compromiso les permite denunciar el islam y su proselitismo, de erigirse en garantes de las tradiciones republicanas y de este modo ocupar una posición más de centro en el tablero político. Ya sea que se sitúe la religión en el corazón de la lucha identitaria, ya sea que quede marginada para ceder su puesto a una veneración laica, ambas maniobras persiguen el mismo fin, emplear el discurso más ofensivo posible contra la inmigración, ya que la religión es el síntoma más discriminante, el más sensible en materia de identidad y sobre todo el que tiene más capacidad de suscitar debates públicos electoralmente fecundos. Con esta estrategia específica del populismo, que podríamos llamar «nacional identitaria» o «étnico-centrada», se puede temer que la extrema derecha haga su apuesta por tensiones comunitarias en la sociedad, hasta llegar a provocar rupturas definitivas y una recomposición de las naciones en torno a una «pureza» identitaria.

La crisis y los movimientos migratorios, igual que la abscisa y la coordenada de una gráfica de la angustia, permiten a los populistas de principios del siglo XXI dibujar la curva de sus progresos electorales e intensificar su doble filo: uno vertical, dirigido hacia arriba, contra las élites; el otro horizontal, destinado a los otros «pobres», los emigrantes. El pueblo de los populistas, resume Dominique Reynié, «es un pueblo, porque está expuesto a quienes lo gobiernan, pero es un pueblo nacional porque está expuesto al extranjero que lo amenaza». Esta mezcla es fundamental. No es una suma sino una multiplicación, sobre todo porque con el paso de la protesta económica a la ira identitaria, del nivel de vida a la cultura, de lo material a lo inmaterial quedan abolidas las clases sociales y se da lugar a la alianza, a la reunión en los mismos movimientos, los mismos mítines y las mismas votaciones, de los obreros más desclasados y la burguesía más fuertemente establecida. Cuando el «populista» sustituye lo «popular», la clase social se disuelve en beneficio de la comunidad, que se pretende nacional cuando no es sino partidaria.

«MIEDO Y PATRIMONIO.» PSICOANÁLISIS DEL POPULISMO

No obstante, hay que ir más lejos en la exploración de los mecanismos psicopolíticos del populismo para tratar de darle una definición. Lo que no calibran los politólogos ni los institutos de sondeo de opinión, lo que excluyen de sus análisis, es lo que llamamos «políticas sentimentales» que se encuentran en el origen de los fenómenos populistas de derecha. Los relatos culturales que se fundan en la marginalización experimentada (no necesariamente real) de una parte de los «hombres blancos» en las condiciones del neoliberalismo y la mundialización, generan una adhesión profunda.

Eva Illouz identifica tres emociones fundamentales en la psique de este nuevo homo politicus que es el elector populista: el miedo, el resentimiento y la intimidad. «El miedo es un instrumento primordial de los líderes populistas; consiste en crear enemigos imaginarios fuera y dentro a la vez. En Europa, vemos desarrollarse un miedo a los refugiados, un temor de ver cómo se transforma demográfica y culturalmente la textura misma de nuestras sociedades, y un miedo relativo a la seguridad, que es muy fácil vincular con el primero en lo que se refiere al islam. Miedo demográfico y miedo económico, miedo identitario y miedo por la seguridad.» Este primer ingrediente corresponde a la veta identitaria del populismo. En cuanto al resentimiento, «Max Scheler [filósofo y sociólogo alemán] decía que el resentimiento es la sed de venganza que no se puede calmar. Esa me parecer ser exactamente la situación del resentimiento en un régimen democrático», prosigue Illouz. Aquí volvemos a encontrarnos con lo esencial de las frustraciones y despechos nacidos de la crisis económica, principalmente la creciente certeza de que los hijos no conocerán el ascenso social soñado por los padres, esta «dulce venganza» frente a un destino que no ha mantenido las promesas del amanecer del milenio, que no ha permitido la realización de los sueños de juventud sino que los delega a la generación futura, autorizando una satisfacción o al menos la esperanza de una satisfacción, por poderes. Según Illouz, la intimidad consiste en «la capacidad de crear un vínculo entre un líder y una comunidad y recrear el amor del grupo». Este último dato es menos tangible, mezcla la fraternidad del grupo militante del tipo supporters a la solidaridad más comunitaria de una pertenencia regional o nacional.

Estos vínculos ponen a los militantes en situación de dependencia con relación al dirigente, crean adicción e instalan un clientelismo; el líder debe servir a su grey, que necesita su palabra. «Cuando un sistema funciona de manera clientelista», prosigue Dimitri Sotiropoulos, profesor de Historia Moderna en la Universidad del Peloponeso, «desarrolla inmediatamente una buena dosis de populismo —ambas cosas van estrechamente ligadas—. Después de la crisis el populismo ha adquirido otra dimensión totalmente inédita, ha asumido formas que sobrepasaban ampliamente lo real. En Grecia, por ejemplo, en el Parlamento se discutían teorías del complot de lo más descabelladas, como la que atribuye un significado a las líneas blancas que dejan los aviones en el cielo. Y esto con la mayor seriedad…». El populismo necesita sacar a los debates de la simple racionalidad si quiere prosperar. «Su desarrollo muestra que, con mucha frecuencia, las emociones lo dirigen todo», insiste el sociólogo Joan Subirats. «Un detalle dejado al margen, elementos extraños desfiguran y eliminan la racionalidad. Hay que comprender que la clase política “juega” con elementos no racionales, hay que entender esto para comprender lo que pasa.»

El episodio más devastador de esta política de las emociones lo ha protagonizado el independentismo catalán, que desde el considerable poder que le otorgaba el control del Gobierno autonómico, que maneja un importante presupuesto y no menos importantes medios de comunicación públicos, construyó sobre una vieja y conservadora base identitaria y cultural un relato irredento y visceral, de claros tintes supremacistas respecto al resto de España, con el objetivo de crear «un nuevo Estado de Europa», como decía su propaganda. Una construcción que se fue alejando de la realidad, tanto de la relación de poder con el Estado español, que no estaba dispuesto a permitir la secesión, como con la pretensión de que la UE, un artefacto formado por Estados, le otorgara su apoyo, cuando ni siquiera tenía el de la mayoría de la población de Cataluña. De la potencia de esta «política emocional» da idea el hecho de que, pese a que ningún Estado del mundo reconoció la autoproclamada República catalana, y que sus líderes acabaron en prisión o huidos en Bélgica, dos millones de votantes volvieron a darles su confianza.

Sin omitir esta dimensión emocional, podemos limitarnos a los datos racionales del populismo nuevo, que Reynié califica de «patrimonial» y define como «una oferta política constituida para sacar un provecho político de una doble inquietud que ahora se ha instalado entre los europeos y que concierne no solo a su patrimonio material o su nivel de vida sino también a su patrimonio cultural, es decir, su modo de vida». Este fenómeno no es únicamente el fruto venenoso de la crisis y los movimientos migratorios, es también el precio de evoluciones plebiscitadas por los ciudadanos: el materialismo triunfante (ya que el consumidor rey no puede criticar la mundialización que llena los estantes del supermercado ni las pantallas de su entretenimiento) o la reducción del tamaño del mundo (ya que el viajero que aprecia las vacaciones low cost al sol no puede condenar la libertad de circular). El mundo que hemos querido, en la misma medida que los desajustes que sufrimos, es el que ha creado el populismo new age.

No obstante, en la motivación consciente o no de los votantes solo cuentan los tormentos de los tiempos modernos. El voto populista es en primer lugar una respuesta, que pretende ser una legítima defensa, una reacción inmunitaria, incluso cuando es una agresión. «Este nuevo populismo ha sabido fijar la atención de los europeos empobrecidos por la globalización, o más bien temerosos de llegar a serlo pronto, y desorientados por la erosión de las identidades que estaban establecidas», resume Reynié. «La seguridad social y el Heimat parecen desaparecer al mismo tiempo.» Sí, es en nombre de un mundo que se hunde y para intentar frenar el naufragio de su Atlántida, por lo que los ciudadanos votan a los extremos, escuchan a los profetas de calamidades del populismo y creen que los tiempos antiguos pueden volver.

«POR TODOS LOS FRENTES.»

EL POPULISMO, TANTO DE DERECHA COMO DE IZQUIERDA

Así es que, por sus motivaciones sociales e identitarias, el populismo ha contribuido a dinamitar la clasificación política clásica en derecha e izquierda. Las élites creyeron al principio que tenían que vérselas con movimientos clásicos de extrema derecha, no tan amenazadores para su supremacía pero peligrosos para el orden público. De modo que se dedicaron a descalificarlos usando sobre todo el argumento moral, sin caer en la cuenta de que los endurecían con ese hostigamiento y sin medir la profundidad del malestar popular. A continuación, con el descubrimiento tardío de la fuerza social del populismo, en sus avatares derivados del socialismo o del comunismo tanto como en las falanges de extrema derecha, los partidos clásicos, especialmente de la izquierda socialdemócrata, creyeron calmar las iras acentuando la redistribución y ampliando el sistema asistencial. Pero la fuerza del populismo viene de haberse catalogado como «ni de derecha ni de izquierda», sin dejar de cultivar las características más virulentas de la extrema izquierda y de la extrema derecha. Verdadero oxímoron político, el populismo no solo ha conseguido ser a la vez revolucionario y reaccionario, también se ha movido sigilosamente entre la derecha y la izquierda para vampirizarlas mejor. Así, en Francia, el Frente Nacional ha recuperado a antiguos comunistas atrayendo también a votantes de derecha que consideran que los partidos de gobierno posgaullista y centrista son demasiado blandos. En cuanto al partido de izquierda de Jean-Luc Mélenchon, convertido en Francia Insumisa, no podrá progresar todavía en las urnas si no es reciclando a ciudadanos que han pasado por el voto al FN. Es precisamente por no haber sabido atraer a esos «izquierdolepenistas» por lo que Mélenchon perdió la calificación para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en 2017, aun cuando ha endurecido sus posiciones sobre la inmigración y los migrantes. Del mismo modo, Beppe Grillo añade a posiciones de extrema izquierda una xenofobia cada vez más asumida que lo acerca a la extrema derecha. «Es un asunto de combinación», simplifica Reynié. «El populismo que pone el acento en la denuncia de las élites depende más de un populismo de izquierda, mientras que el populismo que insiste en la amenaza identitaria depende más de un populismo xenófobo, que suele ser más de derecha.»

De hecho, la reacción química es más compleja. El populismo ha existido siempre a la derecha de la derecha, mientras que, a la izquierda de la izquierda, el comunismo sustituyó al pueblo por el proletariado y ahogó la lucha populista en la lucha de clases. Con el resurgimiento de un comportamiento populista de izquierda, la fuerza electoral del populismo se ha decuplicado; son las fuerzas populares extraídas antaño a la izquierda radical las que permitieron a los partidos populistas cruzar un umbral crítico y destruir el paisaje político acercándose incluso a un posible acceso al poder. De este modo, los movimientos ideológico y electoral son corrientes contrarias. Aportando una reivindicación «de derecha», la identidad, a una ira «de izquierda», contra la crisis surgida de una mundialización defectuosa, así es como el populismo ha alcanzado una madurez, una «compleción» como corriente de pensamiento; con la llegada de muchos votantes «de izquierda» a los partidos etiquetados «de derecha», con frecuencia extremos, de este modo, el populismo ha salido de la marginalidad de la protesta estéril para adquirir en los escrutinios una capacidad de perjudicar, es decir, la posibilidad de hacer perder al adversario más detestado, incluso una fuerza suficiente para ganar. Es algo así como si el populismo hubiera encontrado su columna vertebral en la derecha y sus músculos en la izquierda, su casco en la derecha y sus velas en la izquierda. Lo importante aquí es que la crisis de la izquierda haya asegurado la prosperidad del populismo. Entre el pueblo y los políticos de izquierda el divorcio ha sido tan profundo que todo el paisaje político ha quedado patas arriba. No se trataba de una animadversión pasajera movida por el despecho, sino de un renegar definitivo, la ruptura de una tradición, el final de una cultura política.

La consecuencia ideológica de esta gran transfusión electoral es, en apariencia, una profunda derechización de las sociedades europeas. Lenta e inflexible, ha alimentado el fantasma de un retorno a los años treinta, pesadilla reforzada por las posturas y discursos de muchos líderes populistas europeos, de Jörg Haider a Franz Schönhuber, pasando por Silvio Berlusconi y Jean-Marie Le Pen. Aunque la realidad no es la de un neofascismo, es más compleja y contradictoria. No obstante, la derecha gana totalmente el combate de los valores y referencias; los de la izquierda desaparecen en el naufragio de las ilusiones nacidas en 1968. «La derecha brinda a quienes se sienten humillados por la bonita moralidad cosmopolita de la izquierda el volver a estar orgullosos del carácter estable de su identidad», explica Eva Illouz. «Los valores de derecha triunfan porque una de las apuestas de esta crisis es precisamente esta cuestión de identidad.» Ahora la batalla parece ganada. Habida cuenta de los movimientos geopolíticos y las tensiones económicas, no se ve cómo la inmigración y la identidad, en correlación con el imperativo de la seguridad, saldrían de la primera fila de las prioridades políticas que proclaman los políticos europeos. Frente a tales desafíos, reconquistar una credibilidad programática puede llevarle a la izquierda toda una generación, sobre todo si persiste en alejarse de los preceptos republicanos de los orígenes, que no desconocían ni la identidad ni la seguridad. Ofreciendo sacrificio al derecho a la diferencia, tanto por clientelismo electoral como por reblandecimiento ideológico, la izquierda se ha alejado del poder sin duda por un tiempo largo.

Para el geógrafo francés Christophe Guilluy, el cambio radical inducido por el populismo es aún más profundo. No solo es la izquierda, contrarrestada desde el origen de este electorado extraviado, la que queda destruida por la nueva situación, es toda la jerarquía social, es decir, el sistema de las élites, cualesquiera que sean sus compromisos partidarios: «Las clases populares han roto sus cadenas —dice en Le crépuscule de la France d’en haut («El crepúsculo de la Francia de arriba») publicado por Flammarion—, las de las pertenencias políticas tradicionales, y rechazan el papel rector de la clase política y cultural. Este gran fenómeno de cimarrones anuncia el esbozo de una contrasociedad en todo punto contradictoria con el modelo económico y social de las clases dominantes».

¿Puede que el populismo haya ganado ya? Bien organizado, en formación de batalla, parece prepararse para derrocar el sistema social y no solamente el sistema político. Así pues, con este estado de cosas, el rodeo por el nacionalpopulismo más reaccionario (fronteras, idiomas, tradiciones, religión, identidad…) desembocará en una subversión, una inundación revolucionaria. Entonces, el populismo reducirá su oxímoron, las líneas paralelas que enmarcan este fenómeno de izquierda y de derecha a la vez acabarán por encontrarse en una especie de infinito, y su proyecto de invertir el orden del tiempo tendrá éxito: la sociedad estará a la vez cabeza abajo, ideal revolucionario, y quedarán restaurados los valores del pasado, nirvana reaccionario.

Pero para alcanzar esta victoria, los populistas de todo pelaje tienen que triunfar aún sobre dos adversarios. El primero es la democracia. Aunque los modos de escrutinio y los protocolos democráticos han permitido el crecimiento de los partidos populistas, también instalan cerrojos de seguridad. La democracia segrega anticuerpos, incluso contra los monstruos engendrados por ella misma. El segundo es Europa. Al igual que la democracia, es la cuna del populismo tanto como su enemiga; lo ha favorecido por sus fracasos y excesos en la misma medida que lo combate por sus valores y por el mismo principio de alianza supranacional. Democracia y Europa: los últimos diques, las últimas murallas, las últimas esperanzas.

«EL DEMOS Y EL KRATOS.» LA TRIPLE CRISIS DE LA DEMOCRACIA

Cuando la democracia representativa era fuerte, los populistas la atacaban de frente: esa es toda la estrategia antiparlamentaria de la extrema derecha a principios del siglo XX, simétrica con la voluntad revolucionaria de la extrema izquierda. Derribar el régimen, destruir la democracia representativa para sustituirla por el culto al líder o la dictadura del proletariado —o ambas cosas—. Que el populismo contemporáneo quiera encajar en el sistema democrático presentando candidatos a las elecciones e impidiendo con ello las tribunas de las asambleas, en un primer momento puede tranquilizar: estos tiempos ya no son buenos para los golpes de Estado ni los levantamientos populares, como la Revolución de Octubre o la Marcha sobre Roma. Pero al observar más de cerca, es porque la democracia está debilitada, sin aliento, por lo que los populistas han decidido sitiarla, considerando más fácil devorarla desde dentro que derrocarla. A la táctica de la tempestad le ha sucedido la de las termitas. Más allá de este método para asediar las plazas del poder, los populistas vuelven a tomar incluso la defensa de las joyas de la corona republicana, de los factores fundamentales de la democracia. El imperativo de seguridad desdibuja el de la sedición, y los populistas se comprometen a preservar los logros del sistema. Como explica Dominique Reynié: «Ayer las democracias europeas podían sentirse amenazadas por partidos radicales, de extrema derecha o de extrema izquierda, que admitían tener el proyecto de derrocar el régimen; actualmente, las democracias europeas se ven confrontadas con adversarios que aseguran querer salvar la democracia y el estado del bienestar».

En efecto, Occidente en su conjunto vive una triple crisis de la democracia representativa, y Francia es un vivo ejemplo de ello. El ciudadano ha dejado de creer en los políticos, que considera faltos de honradez e ineficaces, y los descarta, en un movimiento internacional que se ha dado a llamar dégagisme. La idea de que la democracia selecciona a los mejores, por el mérito, para dirigir nuestros destinos, actualmente está controvertida. El pueblo considera que las élites han confiscado el sistema republicano para garantizar su reproducción y el mantenimiento de su casta en el poder. En otras palabras, lo que tendría que permitir a los individuos surgidos del pueblo subir en la escala social se ha convertido en un ascensor privatizado. Para las clases populares y parte de la clase media, el declive, la certeza de que nuestros hijos no vivirán tan bien como sus padres. Para la élite, el monopolio del poder, la garantía de que su descendencia asistirá a escuelas de prestigio y obtendrá buenos puestos, buenos empleos, buenos ingresos. Se ha roto el vínculo entre la democracia, que es un medio, y la república, que es un fin, incluso un ideal. Los pobres, al votar, tienen la impresión de prolongar el sistema, de asegurar la supervivencia de las élites y prorrogar la dominación de algunos sobre casi todos. No solo es la república la que ya no cumple sus promesas y por consiguiente es cuestionada; es la democracia, como medio para lograr el interés general por voluntad de la mayoría.

No se violenta la democracia en su expresión del sufragio universal. Al contrario, todos los partidos populistas y contestatarios utilizan el escrutinio, quieren participar en las elecciones, pues han comprendido que nuestras sociedades son demasiado viejas para la revolución y que el golpe de Estado ha dejado de ser aceptable ante las opiniones y la comunidad internacional. Esta conversión de los populistas al funcionamiento democrático y al sufragio universal es un acontecimiento histórico. Esto los distingue de todos los movimientos fascistas, comunistas o insurrectos del siglo XX. También plantea un problema a los partidos de gobierno clásicos. ¿Cómo denunciar a un enemigo que respeta las reglas del juego? Entre los populistas hay una especie de fair play; quieren ganar sobre el terreno, utilizando las armas y los medios de sus adversarios sociales democráticos.

Pero los partidos extremos han encontrado la fisura que les permite criticar a la democracia en nombre de la democracia. Denuncian la falta de representatividad del voto. Para ellos, el sufragio universal ha sido desviado, en virtud de modos de escrutinio perversos, con el fin de garantizar el poder perenne de los partidos de gobierno. A los populistas les gusta el referéndum, les gusta la representación proporcional. El primero favorece los debates públicos intensos, como se ha visto en Suiza con la votación contra los minaretes, o en Francia con el debate sobre el Tratado Constitucional europeo. La segunda permite entrar en las asambleas y considerar el uso de la palabra en la tribuna parlamentaria como un mitin permanente. Los populistas se consideran incluso como los mejores demócratas, ya que preconizan los modos menos sesgados de consulta popular. Si atacan a las élites es, desde luego, en nombre de una democracia más democrática, intentando mostrar que estas han establecido una plutocracia disfrazada de democracia.

La segunda crisis se da por la ineficiencia de los Gobiernos sucesivos, lo que ha arrojado dudas sobre la democracia representativa. Se ha dejado de creer en la representación, es decir, en el poder que se otorga a algunos para decidir en lugar de todos nosotros durante un tiempo limitado. Por último, el pueblo ya no cree en el hecho democrático en sí mismo, esto es, en la ley de la mayoría. La conquista del sufragio universal ha sido larga y dolorosa; votar parecía un ideal; esto, definitivamente, se acabó. Hoy en día, la ejemplaridad cívica está casi anticuada; votar en todas las elecciones casi da risa. El viejo eslogan de mayo del 68: «Élections, piège à cons» («Elecciones, trampa para idiotas») se ha convertido en un dicho ampliamente compartido. La abstención, la desobediencia civil, la indiferencia democrática están de moda. Detrás de estos fenómenos electorales deplorables se oculta un profundo movimiento político emparentado con un rechazo al contrato social. Supuestamente nadie puede ignorar la ley, pero la ley parece menos legítima. Las decisiones tomadas en un ámbito regional o nacional han quedado desacreditadas por una mezcla de mundialización e individualismo. ¿Para qué obedecer la ley cuando se sabe que otras fuerzas más poderosas le arrebatan toda la eficacia, ya se trate de la globalización o del capitalismo salvaje?

A la inversa, esta crisis filosófica de la democracia entraña también un cuestionamiento del derecho del individuo a decidir sobre su propio destino. Cada vez más los ciudadanos consideran que la autocracia es quizá una vía mejor. Esto hace que surjan principalmente «democraduras»: los ciudadanos votan y luego el poder es absoluto, o casi. Orbán en Hungría y Erdoğan en Turquía son representaciones de este fenómeno, así como Chávez o Maduro en Venezuela. Dejar que los ciudadanos decidan, respetar lo elegido por la mayoría, no da necesariamente como resultado buenos gobiernos ni buenas políticas. Partiendo de esa base, ¿por qué no recurrir a un hombre fuerte, con tal de que haya en el punto de partida una legitimidad popular? En esto los populistas pueden ser legítimamente ejemplares y reivindicar lo autoritario. En el extremo opuesto al ultrademocratismo del individuo absoluto, tal como el objetor de conciencia, o al grupo pequeño que lo bloquea todo, tal como los activistas que boicotean los proyectos controvertidos, abogan por la razón eficaz del individuo único, elegido por la masa, confirmado por plebiscitos frecuentes, pero solo en el poder.

Así sucede que la democracia, contestada por quienes quieren más individualismo, menos autoridad vertical y menos orden, pero también por los que quieren más autoridad vertical y más orden, aparece como un episodio de la aventura colectiva humana, un modo de funcionamiento tal vez cercano a su fin que, en todo caso, es objeto de la competencia de otros modelos que nos parecían obsoletos, incluso inaceptables, hace veinte años. Entre anarquía y dictadura, el espectro de organizaciones de poder es amplio; la democracia representativa no es más que un pequeño segmento. En la crisis de la democracia, el demos es tan criticado como el kratos; al pueblo se lo cuestiona tanto como al poder. En esto consiste la oportunidad del populismo, que pretende reinventar al pueblo, redefinirlo, tanto como tomar el poder. En esta doble redefinición del demos y del kratos, empieza por contestar la organización actual de la democracia, ilustrando el pensamiento soberanista de Marcel Gauchet: «[La democracia] queda rotundamente expurgada de sus relaciones de origen con un supuesto pueblo, entidad ahora desprovista de consistencia y devuelta a una mitología primitiva. Esta democracia sin demos no conoce, de hecho, más comunidad de ciudadanos que unas colecciones de individuos presentes en un momento dado en un territorio dado». A este desarraigo político, a esta democracia reducida a las listas electorales, los populistas oponen la reconstrucción de un pueblo identificado, reconstituido alrededor de un agrupamiento comunitario orgulloso de sus atributos, sus orígenes y su cultura. Gauchet prosigue su razonamiento contra Europa planteando el problema del ejercicio del poder, es decir, el kratos. «Las nociones clásicas de soberanía, de poder, de gobierno, pierden parte de su pertinencia en ese marco (…) Es lo político, ni más ni menos, lo que se encuentra expulsado de la democracia.» Aun cuando el pensador no tiene este objetivo, proporciona a los populistas la demostración que forja las dos partes de su tenaza. Un pueblo que ha dejado de ser popular elige, por medio de una democracia que ha dejado de ser democrática, un poder que no tiene poder alguno.

He aquí, pues, la democracia transformada en campo de batalla en el que se enfrentan tres fuerzas. Los demócratas clásicos, apegados al sistema de la representatividad; los activistas o los ultraindividualistas, a veces cercanos a la anarquía —cuyos vecinos son algunos populistas de izquierda—, y por último los populistas situados más bien a la derecha, partidarios de una autoridad vertical incontestada, de un jefe.

Europa, a través del modelo socialdemócrata o de su primo hermano cristianodemócrata, ha llevado hasta lo más alto los valores y la complejidad del sistema de democracia representativa. Por eso no es de extrañar que sea el principal enemigo de los populistas, el frente de esta batalla de la democracia.

CARTHAGO DELENDA EST.

EUROPA, DENOMINADOR Y DETONADOR COMÚN DE LOS POPULISTAS

De izquierda o de derecha, comunitaristas o nacionalistas, laicistas o ultracristianos, las diferencias abundan entre las diversas formas de populismo, que pueden reivindicar una clasificación afinada y el rechazo a una amalgama con un término único. Pero hay un incontestable punto en común, una caracterización que reúne a todos los movimientos populistas y se comporta como una especie de gen: la oposición acérrima a Europa. Después de las elecciones europeas de 2014, de los 751 diputados elegidos, hay 150 que pueden considerarse hostiles a la construcción europea. ¡Hay peleas dentro del caballo de Troya! Además, muchos recuentos de votos nacionales refuerzan a los populistas, vale decir los soberanismos, cuando no el nacionalismo más brutal. En Polonia, Hungría, Francia, Bélgica o Austria acortan distancia con el poder, influyen en él o lo ocupan. En Alemania, Francia y Holanda, y en la mayoría de los países con votaciones generales, pesan hoy más que ayer. ¿Y menos que mañana? En Italia, Matteo Salvini, líder de la Lega, la derecha dura, predica una «salida ordenada» del euro: «La moneda única no es un dogma, declara el 22 de febrero de 2018. No es una Biblia, no es irreformable, no es irreversible». Apenas fue nombrado principal dirigente de su movimiento, en 2013, ya estaba agrediendo a la Unión: «Estamos hasta la coronilla de que Bruselas nos diga cómo vivir; es un gulag». Luigi Di Maio, el sucesor de Beppe Grillo, pasa por proeuropeo cuando simplemente menciona un posible referéndum sobre el euro y jura no ser una amenaza para Europa. Marc Lazar, historiador francés especialista de Italia, ve que se está operando un cambio de carácter en el país: «Italia ha sido siempre un país eurófilo. Se ha convertido en un país euroescéptico, escribe ante las inminentes legislativas de marzo 2018. Ahora los italianos son más euroescépticos que los franceses. Y los partidos han convertido el euroescepticismo en uno de sus grandes recursos políticos. La Lega Nord, Fratelli d’Italia, el Movimento 5 Stelle y una parte de la pequeña coalición de la izquierda llamada Liberi e Uguali». En cuanto a la Alternative für Deutschland, su propuesta es volver a la letra del Tratado de Maastrich y refrenar la solidaridad de los Estados de la zona euro, lo cual llevaría a los más frágiles a una forma de bancarrota y, por consiguiente, a abandonar la moneda única.

El Parlamento Europeo es, además, la única instancia en la que una verdadera internacional populista, fijada, por cierto, a la derecha de la derecha, ha podido cobrar forma. Esta oposición adopta formas diversas; algunos movimientos concentran sus ataques en la Comisión de Bruselas, otros en el conjunto del proyecto político continental, del mismo modo que divergen las principales reivindicaciones, que pueden ir desde simples exigencias de otra gobernanza hasta la voluntad de abandonar la UE tras las huellas del brexit.

Otras maniobras son aún más complejas. Al poner bajo presión, en la competición electoral nacional, a dirigentes incompatibles, los populistas los convierten en soberanos por representación. Así, David Cameron empezó por sobrepujar una y otra vez en sus exigencias hacia Bruselas, antes de conceder la organización de un referéndum sobre la continuación en la Unión con fines puramente electorales. Esta astucia lo convirtió durante unos meses en el héroe de un escrutinio victorioso y, luego, por toda la eternidad, en el hombre del brexit —la historia juzgará—. Otra astucia: en vez de derribar a Europa, algunos sugieren desarticularla, desmontarla por bloques. Esa fue la propuesta de Joseph Stiglitz de repartir la zona euro en cuatro conjuntos vinculados por una solidaridad flexible, igual que un mismo tren puede llevar vagones de distintas clases. Los populistas se lanzaron sobre esta idea del economista porque ven en ello el medio de dislocar el euro, y este entusiasmo ya basta para descalificarla.

Ese «máximo común denominador» se completa con una especie de indización del resultado electoral sobre la radicalidad soberanista. Dicho de otro modo: cuanto más se oponen a Bruselas, más fuerte es el éxito en las urnas. Este dato, que hay que moderar a la vista de los últimos escrutinios, se nutre de varios fenómenos. Primero, Europa ha entrado en crisis políticas a merced de referéndums, organizados en algunos países en los que han obtenido in extremis avanzadas institucionales (el Tratado de Maastricht, en 1992) o desembocado en frenazos espectaculares (la Constitución de 2005). La estructura binaria de tales consultas con un «sí» o con un «no» simplificó el trabajo de descrédito desarrollado por los populistas y creó una ilusión óptica al asimilar su fuerza real a la puntuación del no, cuando en realidad era una respuesta coyuntural y de una sola vez, que por otra parte amalgamaba a electorados muy dispares. Esto no quita que los partidos populistas, dispuestos a agrupaciones que no eran alianzas, experimentaron momentos de fuerte aceleración a raíz de esos referéndums.

Por otra parte, los debates y votaciones sobre Europa hacen estallar la discrepancia derecha/izquierda, ya que cada campo posee sus verdaderos soberanistas y sus casi federalistas. Los partidos de gobierno atraviesan esos periodos en un clima de división que los debilita de modo duradero. Además, tanto a la izquierda como a la derecha, los gobernantes más razonables se encuentran generalmente en la posición de apoyo a Europa, proporcionando así a los populistas el argumento fácil de la unión de las élites y de las falsas escisiones para engañar al pueblo. Curioso ataque, cuando se ve que los antieuropeos proceden también de los dos bandos. Como recuerda Dominique Reynié a propósito del referéndum sobre la Constitución europea en Francia, en mayo de 2005: «No todos los votantes del “no” son populistas y xenófobos, pero todos los populistas y los xenófobos votaron “no”. (…) En el recuento del 29 de mayo de 2005, entre todos los electores que han votado “no”, el 53 por ciento piensa que hay demasiados extranjeros en Francia».

¿Por qué el debate acerca de la construcción europea es un terreno tan fértil para el «virus» populista? Tal vez, como afirman los soberanistas, porque Europa ha desestructurado más que en otros lugares la jerarquía antigua de las autoridades y los poderes, porque dejó que sus sociedades tradicionales fueran trituradas por las mandíbulas de la modernidad, a saber, el individualismo y la mundialización. De este modo, el populismo podría ser una reacción inmunitaria de los organismos nacionales frente a su disolución, especialmente viva en las categorías sociales más apegadas a la protección del Estado, a los sistemas colectivos de solidaridad y a las pertenencias comunes a círculos de identidad. «Es necesario haber medido, con la fuerza de este vínculo, la profundidad de la ansiedad generada por la impresión oscura de que está en marcha su abolición, para formarse una idea ajustada de las vueltas incontrolables de la restricción política con que nos amenaza», dice Gauchet muy enfadado. «Repliegues identitarios en tentaciones autoritarias, sus prefiguraciones de ahora en adelante están presentes en el paisaje.»

Esta teoría del anticuerpo tiene sus límites. Frente a los peligros llegados del exterior, a saber, la mundialización con su precarización social y la inmigración con su precarización identitaria, el reflejo podría ser una aceleración de la integración europea, con el fin de alcanzar una talla crítica apropiada para regular la globalización y construir una identidad continental alrededor de un bloque de valores compartidos e intangibles. De modo que para los populistas no se trata tanto de preservar logros sociales o culturales como de tomar el poder en sus naciones respectivas y apoderarse del Estado y sus recursos. Si los partidos populistas desarrollan un discurso antieuropeo, no es tanto en un marco mundial, para ejercer su peso sobre una evolución aterradora, como en un marco nacional, para intentar un nuevo camino hacia la cumbre. Criticar (y no sin razón) la administración de Bruselas, la deriva kafkiana de las directrices o las trabas del Parlamento de Estrasburgo es una táctica con objetivo electoral nacional. Siendo los enemigos la multinacional y el inmigrante, se acusa a Europa de pasividad, de permisividad, y se ve atacada como cómplice, no como autor. El peligro que se denuncia es más lejano que Europa, está en América, en China y en África; el objetivo al que se apunta es más cercano que Europa, está en cada país y es el poder nacional. La suma de ambos temas, de las dos luchas, contra la mundialización y contra la inmigración, se vuelve una multiplicación electoral, y por eso los populistas de izquierda han añadido el segundo al primero, aprovechando sobre todo la oleada migratoria nacida de los acontecimientos de Siria y Libia. La extrema izquierda, abjurando del internacionalismo y la alianza planetaria de los proletarios para volverse discretamente xenófoba, se junta con la extrema derecha. La denuncia de Europa ya no es entonces sino un segmento común, el campo de batalla, y no la fortaleza que se espera tomar.

Por otro lado, para hacer política Europa ofrece una ventaja sobre los otros fenómenos denunciados: mientras que la mundialización, la inmigración, el envejecimiento de la población y la descristianización son fenómenos que han sobrevenido, que ningún partido ni hombre de poder haya decretado, ni siquiera deseado explícitamente, la construcción europea es la obra de una generación, es un proyecto querido y edificado. Tan estéril como denunciar las mareas y los vientos, rechazar la globalización o el impacto de lo digital pronto choca contra la evidencia del mundo tal como es. En cambio, es creíble y fecundo atacar a los que han alardeado de Europa como el mejor navío para cruzar el mar de la modernidad. «Sin duda alguna, el estallido de la UE se convierte en una posibilidad», escribe Ulrich Beck en 2012 en Una Europa alemana (Paidós). «El mercado único favorece el enriquecimiento de los países ricos y el empobrecimiento de los pobres. Esto no facilita el entendimiento ni la cooperación en una sociedad. Si las reglas europeas continúan empobreciendo a los pobres y enriqueciendo a los ricos, la situación se volverá insostenible. La triste realidad es que la zona euro habría podido resolverse de otra manera. Podríamos haber admitido que la crisis de Grecia no era solo un problema griego, sino de todos los europeos.»

Continuamente se produce un debate público o hay una fecha electoral para vincular esta lucha con un objetivo político. La mundialización no tiene rostro, aparte de los semblantes prósperos de los señores de las multinacionales y otros GAFA (Google, Apple, Facebook y Amazon), inaccesibles a las invectivas de los populistas e incluso muchas veces a las acciones de los Estados. La inmigración no tiene rostro, aparte de los rostros desesperados de los inmigrantes en los barcuchos —al menos de los que no se ahogan en el Mediterráneo—. En cambio, Europa tiene múltiples semblantes, de las caras austeras de los comisarios de Bruselas a las sonrientes de los eurófilos más optimistas, pasando también por las del «fontanero polaco» y su sucesor el «trabajador desplazado», que son otros tantos blancos para los populistas.

«CUANDO SE EXTIENDE EL TRABAJO A DESTAJO.»

SOBRE LOS TRABAJADORES DESPLAZADOS

El asunto de los trabajadores desplazados es emblemático en la crisis europea actual. Primero, porque es concreto y real, y no una fantasía imaginaria como muchos de los reproches dirigidos a Bruselas. La directiva en cuestión ha desregularizado muchos sectores económicos, ha creado una indudable desleal competencia social y destruido empleos en los países más generosos con los derechos de los asalariados —y los más onerosos en materia de costes sociales—. Luego porque, debido a sus consecuencias, alimenta el discurso populista y le aporta muchos sufragios. Se puede deplorar la voluntad de Bruselas de controlar la recaudación procedente de los quesos locales y de uniformizar el calibre de los pepinos o la composición del chocolate, pero es difícil situarse en los extremos únicamente por eso. En cambio, la destrucción concreta de puestos de trabajo y de pymes al completo mediante el impacto de la directiva de «trabajadores desplazados» es un motivo poderoso de voto populista. Por último, la directiva de «trabajadores desplazados» es emblemática de las idas y venidas de la UE y de su malentendido sobre las virtudes del mercado único y la libre circulación de las personas. Pagar a un trabajador el salario mínimo del país en el que trabaja y al mismo tiempo pagar cotizaciones sociales de un nivel fijado por el país de origen es ya una ventaja competitiva enorme de la que se benefician los países que no han establecido un sistema de solidaridad ambicioso —aunque es verdad que esto facilita los intercambios de competencias y permite reducir las tensiones en la contratación cuando ciertas cualificaciones escasean—. Pero el hecho de no funcionar bien en materia de control, dejar que las empresas implicadas hagan trampa con las horas trabajadas, la duración máxima de presencia en un país extranjero o la realidad del salario pagado (recargándolo con gastos de alimentación, alojamiento y transporte) es autorizar una cortapisa regulada de muchos sectores económicos en los países más ricos. Después de que los timaran abundantemente los estafadores con el tráfico del derecho a contaminar, los Estados europeos soportan la doble pena de menos cotizaciones sociales y más desempleados.

El problema de los trabajadores desplazados, transformado en crisis política por Emmanuel Macron a finales del verano de 2017 y concluido en el otoño con una reforma seria, pero con un largo calendario de aplicación, ha excavado un doble abismo en Europa. En primer lugar, entre los países «pobres» y los países «ricos». Las naciones menos favorecidas han encontrado aquí un precioso viático para exportar una mano de obra excedente, que vuelve al país a invertir y gastar dinero ganado en otros lugares —y bloquearán durante el mayor tiempo posible cualquier cuestionamiento de la directiva—. Después, en los países «víctimas» del fenómeno de los trabajadores desplazados, la protesta contra la decisión política se ha inflamado con virulencia, a beneficio de los partidos más antieuropeos y populistas. «La desestabilización de algunos de estos votantes “izquierdolepenistas” es tanto más fuerte porque tienen la impresión de que todo retorno hacia una inserción socioprofesional estable en lo sucesivo les está prohibido», considera Pascal Perrineau. «Su edad y la competencia muy fuerte en el mercado del trabajo se destacan para explicar ese sentimiento. La cuestión de los “trabajadores desplazados” la mencionan con mucha frecuencia los trabajadores manuales interinos y se abre a un discurso antipatronal y muy favorable a la preferencia nacional en materia de empleo.»

A los dirigentes nacionales se los considera cómplices de la fechoría e incapaces de repararla una vez reconocidos los daños que causan. A los ojos del pueblo parece que en París reina la impotencia y el perjuicio en Bruselas. La directiva de los trabajadores desplazados, pan bendito para los extremistas, se ha convertido en un maná electoral. Mientras que las temáticas europeas, complejas y técnicas, reclaman matices, el asunto de los trabajadores desplazados, igual que la Constitución europea en 2005 o el Tratado de Maastricht y la moneda única en 1992, establecen una confrontación binaria, un pro o un contra nefasto en el que se enfrentan dos bloques. Por un lado, los que consideran que no se puede hacer de otra manera, incluso si reconocen los daños causados; por el otro, los que afirman que la legitimidad de las decisiones tomadas en el ámbito europeo es nula, ya que las poblaciones las rechazan, aunque sus dirigentes y representantes en el Parlamento de Estrasburgo las hayan avalado. Para Jan-Werner Müller, «el riesgo que existe es el de una polarización, con la tecnocracia por un lado y el populismo por otro. Los encargados de las decisiones en Europa dicen: “Solo hay una solución para salvar el euro”. Y cortan por lo sano el debate; no hay pluralidad de opinión. Pretender que Europa está en crisis partiendo de la base de que la opción de las élites no se adopta sin discusión no es conforme al espíritu democrático. De hecho, la tecnocracia y el populismo tienen rasgos comunes: en primer lugar, parece haber una sola decisión correcta; en segundo lugar, parece como si hubiera una sola voluntad del pueblo, auténtica y homogénea. Esto contribuye fuertemente al debilitamiento continuo de la representación política. Los ciudadanos quieren tener la sensación de que hay varias opciones posibles, de que existe un debate para discutir una alternativa». Lo cual habría que demostrar.

La Europa institucional, por supuesto, tiene su parte de responsabilidad en esta deriva. Hubert Védrine, que vio el crecimiento de esta Europa nueva estando muy cerca de François Mitterrand, saca una afligida conclusión: «La ambición europea parece reducirse a una manera burocrática de nivelar el mercado único a golpe de directivas y normas intrusivas y puntillosas, lo cual enfurece a una parte del electorado». El texto sobre los trabajadores desplazados entra directamente en el marco de esta acusación. «Funciona —dice Védrine—, pero las fragilidades son cada vez más visibles. A propósito de la Unión tal como se concibe hoy, no es exagerado hablar de crisis existencial.» Y el antiguo ministro de Asuntos Exteriores de Jacques Chirac y Lionel Jospin concluye: «Con el tiempo se ha construido un “complejo” jurídico burocrático Comisión-Parlamento Europeo-Tribunal de Justicia que pone en marcha un engranaje, con un efecto de raqueta que ya no tiene sino una relación lejana con la legitimidad democrática…».

«¡ACUSADA EUROPA, PÓNGASE EN PIE!»

PROCESO RETROSPECTIVO DE LA UNIÓN

Tempus fugit… A falta de saber «¿de quién es la culpa?», es posible saber «¿cuándo se ha cometido?». ¿En qué momento empezó el mal funcionamiento de la UE, sumergiéndose en el doble drama de no ser ya capaz de cumplir sus promesas y proporcionar argumentos a toda suerte de populistas? Para los más soberanistas entre sus detractores, desde el origen, al terminar la Segunda Guerra Mundial, Europa está viciada, como si un virus hubiera entrado en su sistema digital, como si un gen se hubiera vuelto loco. Bajo la autoridad de los estadounidenses a partir de 1945, Europa parece haber malvendido con celo sus tradiciones identitarias y puesto en obra la construcción de un mercado económico compatible con el sistema capitalista mundial de Estados Unidos. En otras palabras, parece que la UE es uno de los vehículos teledirigidos por Washington para exportar su imperialismo. Los que no ven en Jean Monnet sino un «lacayo de Estados Unidos» transformado en agente doble durante la guerra, un exportador de bebidas alcohólicas ávido de fluidificar el comercio transatlántico, ponen en lugar privilegiado este análisis. Para algunos de estos eurófobos, el viejo continente quiso incluso ganar la partida al nuevo redoblando su activismo y esforzándose en ser el alumno que supera al maestro. Así pues, Europa se volvió mucho menos proteccionista que Estados Unidos y mucho menos preocupada por la homogeneidad identitaria, patriótica, de sus distintas naciones. Por supuesto, este cuestionamiento fundamental de lo que constituye Europa desde el Renacimiento, o al menos desde que se establecieron los Estados nación, no podía darse sin resistencia por parte de los pueblos, mucho menos propensos que las élites a renunciar a su identidad y sus fronteras. La prosperidad del populismo es, pues, responsabilidad de los constructores de Europa, y esto desde el inicio de la reconstrucción del continente después de la Segunda Guerra Mundial.

Para otros críticos, es la reducción de las fronteras con vistas a la creación de un mercado único, con libre circulación de los bienes y las personas lo que ha constituido un error fatal. El Acta Única de 1986 es el manifiesto de una Europa, entonces de doce miembros, que niega las naciones, expone las economías y amenaza los sistemas sociales. Poner en común unas políticas, ya se trate de la producción de carbón o acero o de la agricultura, desembocaba en una suma; crear un mercado único entre países que van a seguir siendo competidores no puede sino ocasionar una confrontación desastrosa. A partir de ese momento se desencadena un engranaje fatal, que el efecto catalizador de la ampliación de Europa hacia el este va a llevar a realizar estragos colosales, en los que el «fontanero polaco» en 2005 y luego el «camionero rumano» en 2017 se van a convertir en figuras míticas. Sobre todo, aboliendo las barreras aduaneras en su interior sin levantar otras más sólidas hacia el exterior, Europa se ha comportado como un gallinero que organizara jornadas de puertas abiertas permanentes en un mundo lleno de zorros. No solo ha incitado a los países europeos a competir entre sí con un dumping fiscal y social, sino que ha permitido que las potencias extranjeras inundaran esta reserva de consumidores sin contrapartida. En otras palabras, los fabricantes del sector textil o del calzado se han dejado desplumar por China, con sus salarios más bajos, y los proveedores de servicios son expoliados por Irlanda o Eslovenia, con impuestos no tan elevados. Pugilato por dentro e ingenuidad por fuera parecen haber llevado a Europa a un despojo generalizado que ha precipitado a la población a la pobreza o a la precariedad, y por consiguiente a los brazos de los extremistas. Una vez más, Marcel Gauchet es quien mejor describe el impacto «psicopolítico» sobre las poblaciones de este abandono: «Los expone a todos, de manera más o menos intensa, a un dilema paralizante. Es imposible fundirse en el baño global y desaparecer en él; imposible salir e imposible protegerse de él. (…) El sentimiento de impotencia que paraliza las democracias surge de esta inhibición. Hablando con propiedad, es la sensación de una imposibilidad de implantarse como entidad política. De ahí su carácter mortífero. ¿Cabe sorprenderse de las reacciones que suscita esta parálisis?».

Si continuamos recorriendo la agenda europea, hay otros momentos que parecen fatídicos a quienes buscan un «error en el cambio de agujas». Para buena parte de la izquierda soberanista, el tren se ha equivocado de vía cuando François Mitterrand quiso sustituir la ambición europea al ideal socialista, en 1983-1984, para justificar una política de rigor en Francia por la imperiosa necesidad de construir Europa, única vacuna contra los nacionalismos belicistas. Además, el malentendido perdura con los famosos «criterios de Maastricht», que Francia sigue sin llegar a respetar, sin por eso renegar de ellos. Para convencer a Mélenchon de votar a favor del Tratado de Maastricht, Mitterrand le dice que eso permitirá dejar a los alemanes sin salida; pero Mélenchon considera que es Alemania la que ha dejado sin salida a Francia, impidiéndole desarrollar su propia política. Decepcionada al no ver a la Europa nutricia tomar el relevo del Estado benefactor, una parte creciente de la población parece haberse vuelto euroescéptica, y luego definitivamente eurófoba. La agenda de Lisboa, programa exageradamente optimista redactado en el año 2000, contribuyó a ahondar aún un poco más el abismo entre la promesa y la realidad. Entretanto, François Mitterrand impuso la moneda única a Helmut Kohl, garantía de que una Alemania reunificada no abandonaría su tropismo occidental por una Ostpolitik arriesgada. Para los soberanistas, el euro, al impedir las devaluaciones competitivas entre las naciones, ha perjudicado a las menos exitosas, ahogando un poco más sus economías y proporcionando un precioso argumento a los populistas.

Por último, la gran ruptura entre Europa y los pueblos suele datarse en el año 2005, cuando el electorado francés, seguido por los ciudadanos neerlandeses, descartan de manera rotunda el tratado llamado «constitucional». En efecto, la política europea parece no tomar en cuenta esa repulsa y mantiene el rumbo con el Acta Única de 1986. Peor aún, tres años más tarde, el Tratado de Lisboa viene a reafirmar los objetivos destruidos con el fracaso de 2005, y parece demostrar que los dirigentes se ríen de la voluntad del pueblo, que construyen la Europa que ellos quieren, con el asentimiento de los electores cuando pueden, y sin él cuando deben. Sin embargo, es fácil replicar a estos críticos que desdeñan la Unión que si la opción de los electores no alcanzó en 2005 el resultado de una nueva Europa, es porque no existía un «plan B» de los partidarios del «no», que era un planteamiento destructivo y no sustitutivo. Pero ese momento decisivo de 2005 ha quedado en los anales como la coyuntura en la que los partidarios de Europa han soslayado el veto de los pueblos, no como la ocasión en que los oponentes de Europa mostraron las limitaciones de su alianza y su incapacidad para proponer algo distinto de una vuelta al nacionalismo y a los egoísmos.

Sea cual fuere la precisión de este proceso «cronológico», llega a una situación incontestable: las andanzas y fracasos de Europa, la sensación global de que la idea europea se diluye en la ampliación de la Unión y el hecho de quedarse sin aliento frente a la mutación de la economía mundial emprendida en 2007, han reforzado continuamente, o casi, los movimientos populistas. Y así estamos en 2018.

«Dentro de una perspectiva histórica, me parece que ya se puede decir que la Presidencia de Hollande ha sido la de la agonía de la mentira mitterrandiana: el socialismo por otros medios, en este caso Europa. A la llegada, tenemos Europa sin el socialismo, del que no queda casi nada», afirma, sin piedad, Marcel Gauchet. Es verdad que de François Hollande, hijo espiritual de Jacques Delors, se podía esperar algo mejor. En 2012, le basta con tomar las herramientas que dejó su mentor y arrastrar a Alemania; en lugar de hacerlo así, el presidente francés lo retarda, espera a las elecciones legislativas alemanas —que no le aportan al compañero socialdemócrata esperado—, y luego la composición de un gobierno de coalición en Berlín; luego las elecciones europeas; luego que se instale una nueva Comisión en Bruselas; luego… Como mucho, impide con su embajada voluntarista, en julio de 2015, la exclusión de Grecia de la zona euro. Europa se hunde, Europa retrocede, el soberanismo progresa. El brexit es también criatura de Merkel, que no piensa más que en Alemania, y de Hollande, que solo piensa en su reelección.

La deriva es quizá más antigua. El proceso de desolidarización, la marcha hacia el final de la solidaridad empezó en la última década del siglo pasado, con la volatilización de los elementos que constituían la socialdemocracia, afirma Josef Früchtl, filósofo y profesor en la Universidad de Ámsterdam. «Tony Blair es el último ejemplo de esta desnaturalización del pacto socialdemócrata, al igual que Gerhard Schröder en Alemania. Son dos políticos muy especiales que han desencadenado los problemas que tenemos hoy», prosigue este especialista de la «democracia emocional». «Hay que añadir a Bill Clinton, un demócrata. Abrieron las puertas de par en par, legitimaron en el pensamiento progresista lo que Ronald Reagan y Margaret Thatcher habían empezado en los años ochenta.»

Para Gauchet, «la construcción europea, tal como existe hoy, es un fracaso. Y es, además, un fracaso francés, en el sentido de que es el fracaso de un proyecto particularmente deseado por los franceses, de modo que es especialmente difícil de reconocer y digerir por parte de Francia. Europa es doblemente una idea francesa: los franceses estuvieron en el origen de la construcción europea y también en el origen de su extravío con Mitterrand y Delors. Es un fracaso punzante y al mismo tiempo inconfesable para las élites francesas, que han apostado por un proyecto que sobre todo ha mostrado su incompetencia, en muchos aspectos, para finalmente desembocar en un desastre: Francia ha perdido su influencia, ya no pesa gran cosa, y la promesa que se hizo a los franceses es burlada cada día».

Si creemos en las palabras del filósofo, el eje de la crisis europea, el punto fijo en el que se apoya el atlas populista, para levantar un continente e intentar revertirlo, se encuentra en Francia, con «una crisis política crónica, un divorcio sin salida entre las poblaciones y unos gobernantes prisioneros de los compromisos europeos consentidos por Francia, que no se atreven ni a repudiar ni a confesar por sí mismos (…) La construcción europea prosigue hoy contra una gran parte de la opinión pública».

Parece extraño que con semejante constatación de fracaso y una presencia tan vigorosa del populismo en las urnas, la construcción europea aún no se haya bloqueado y desmantelado. Las poblaciones, aunque no han descubierto las vías al paraíso ni a Eldorado gracias a Bruselas, tienen que salir beneficiadas de esta aventura colectiva. En primer lugar está la paz, nunca tan garantizada en el continente como por la UE, y que los nacionalismos, aunque a veces son fermentos de grandeza y solidaridad, siempre han amenazado. También están, sin duda alguna, los beneficios contantes y sonantes de las políticas que ha llevado a cabo Bruselas al servicio de ciertos sectores y de muchas regiones. Europa está lejos de ser perfecta, pero no es el agujero negro que describen quienes consideran que solo el miedo a lo desconocido impide a los ciudadanos romper los lazos que se han creado con los vecinos. Si lo desconocido da miedo, es que lo conocido no es tan terrorífico… Igual que sucedía con la democracia según Churchill, Europa, tal como se ha construido, es quizá el peor de los sistemas con excepción de todos los demás —lo cual no dispensa de mejorarlo, e incluso superarlo—. Esto podría explicar por qué los electores se pronuncian contra Europa pero no quieren abolirla.

El retorno a los Estados nación separados podría ser un destino para Europa sin el espectro de la guerra. Las guerras de Bosnia, de 1991 a 1995, y luego en Kosovo, y más tarde en Ucrania han mostrado que el polvorín seguía estando ahí y que la UE representa el cubo de agua cuando el nacionalismo es, desde la noche de los tiempos, una caja de cerillas. Una historia del bis repetita que recusa Marcel Gauchet: «El nacionalismo es un epifenómeno ideológico propio de la era de los extremos de principios del siglo XX. Corresponde a la exacerbación de la dimensión imperial que seguía viva en las naciones, en particular las nuevas grandes naciones que eran Alemania y en menor medida Italia. Este desdoblamiento entre fórmula nacional y fórmula imperial es lo que está en el origen de los terribles conflictos que asolaron el continente, como es también el alma de los bandazos totalitarios. Es el signo de lo inacabado de las naciones, no la expresión de su esencia. En el sentido opuesto, nos encontramos hoy en Europa, en parte gracias a la construcción de una comunidad de naciones que ha servido de acelerador, con naciones plenamente consumadas, es decir, totalmente liberadas de la fórmula imperial. (…) Una nación que ha dejado de ser imperio, es una nación que tiene por principio el reconocimiento de la semejanza de su fórmula con la de sus vecinas. Una nación plenamente madura no conoce sino a semejantes, que por ello tienen las mismas aspiraciones: la libertad de sus miembros en la prosperidad y la paz. Su tendencia es a desarrollar un alto grado de interdependencia, de ningún modo a desencadenar conflictos. El interés de todas ellas es poner lo más posible en común». De este modo, no solo el nacionalismo, instigador de guerras, dejaría de existir en una Europa madura, sino que la Unión incluso habría sido útil en este proceso de «descontaminación», de «desactivación» —lo que permite a los soberanistas rendirle homenaje y echarla por tierra al mismo tiempo—. «Al querer superar a las naciones, la construcción europea involuntariamente ha dado a luz naciones más maduras y menos contestables. Esto es lo que se ha jugado en última instancia en esta construcción europea y es lo que se puede salvar.» Tan astuto como conciliador, el filósofo se desvía y podría replicársele que naciones dirigidas por Viktor Orbán, Marine Le Pen, Geert Wilders y Jarostaw Kaczyński parecen muy poco dispuestas a privilegiar «la libertad de sus miembros en la prosperidad y la paz»… Para responder a los desafíos del siglo XXI y calmar las legítimas iras populares, más vale avanzar hacia más y mejor en Europa que desandar camino hacia una suma de naciones dispuestas a devorarse entre sí detrás de sonrisas de fachada y baladronadas egotistas, prolegómenos habituales de la confrontación de los nacionalistas. El populismo lleva al nacionalismo, y el nacionalismo lleva a la guerra. ¿Es este el deseo profundo de los pueblos?

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EL REGRESO A LAS FRONTERAS.

LA INMIGRACIÓN

Un simple repaso al conjunto de las naciones del planeta muestra que Europa es un oasis de estabilidad y prosperidad en un mundo plagado de conflictos bélicos y violencia institucional, con amplísimas capas de pobreza y enormes desigualdades, numerosos Estados dictatoriales o autoritarios, rígidas teocracias y pésima calidad de vida. Consecuentemente, la UE, junto a un puñado de democracias realmente efectivas, es un polo de atracción casi irresistible para ciudadanos de todo el mundo. Esta es básicamente la razón de que uno de los principales problemas a los que se enfrenta es cómo gestionar la enorme ola de inmigración, multiplicada en los últimos años por el alud de refugiados provenientes de las guerras que se libran muy cerca de sus fronteras, en Oriente Próximo. En este sentido, la UE es una fortaleza asediada.

Europa es un mosaico de culturas, lenguas y tradiciones que conforman identidades construidas a lo largo de los siglos. Identidades raramente homogéneas que se solapan y confunden muy a menudo, y que a su vez provocan conflictos internos. Estos, combinados con las políticas de poder y las ambiciones nacionales, han generado guerras devastadoras a lo largo de su historia. Hay que reconocer que una herencia de este pasado es el racismo y la xenofobia, más o menos latente pero siempre presente. Se manifiesta siempre que se producen situaciones de crisis, momentos en los que la pulsión identitaria se inflama y se proyecta contra el exterior, contra lo que viene de fuera, contra la inmigración. La última gran guerra tuvo precisamente en su origen un clarísimo componente racista; fue el mayor canto al supremacismo étnico jamás escuchado en el continente.

Esta no es la única línea divisoria de nuestras sociedades, en las que la lucha de clases ha sido en buena parte sustituida por la lucha de identidades, una batalla mucho más confusa y compleja porque son atributos que se superponen. Un trabajador puede ser al mismo tiempo gay y alemán o extranjero y mujer. Los modelos de gestión socialdemócrata que sirvieron para la lucha de clases han quedado obsoletos. Algunos instrumentos se han mostrado efectivos, al menos en parte, para satisfacer los agravios de estos colectivos. Sin embargo, las cuotas de mujeres o el matrimonio entre personas del mismo sexo, que inciden en las políticas clásicas de igualdad, no sirven para otros conflictos culturales o religiosos, como, por ejemplo, definir exactamente dónde comienza lo que se entendería como acoso sexual en el trabajo o la prohibición del velo total en las mujeres o la aplicación de la sharía. Este tipo de conflictos son difíciles de resolver con compromisos; tiene que decidirse a favor de un grupo y en contra de otro, lo que significa que siempre habrá perdedores que considerarán herida su identidad y se generará un componente de odio en el debate público.

Lo mismo sucede en las luchas identitarias de corte nacionalista. No hay que retroceder mucho en el tiempo para encontrarnos con las terribles guerras yugoslavas de finales del siglo pasado alimentadas con enormes cantidades de odio entre comunidades cuyas diferencias no eran ni étnicas, ni lingüísticas, ni tan siquiera correspondían a una lucha de liberación tras una larga opresión de un grupo sobre el otro. En la Yugoslavia del mariscal Tito todas las comunidades actuaban en pie de igualdad, y la convivencia y los matrimonios mixtos estaban a la orden del día. Había diferencias religiosas entre cristianos ortodoxos, católicos y musulmanes, pero todos hablaban el mismo idioma: el serbocroata, la lengua de los eslavos del sur. Los croatas la escribían con caracteres latinos y los serbios, con caracteres cirílicos. Pero, cuando Slobodan Milošević prendió el incendio del odio en Kosovo, todas las diferencias culturales y religiosas se transformaron en esencias irrenunciables y los agravios de la historia —una historia que vista desde fuera podía parecer remota— pasaron a ocupar el presente y a provocar un cruel y salvaje conflicto bélico que se llevó cientos de miles de vidas por delante y causó un inimaginable sufrimiento.

Tradicionalmente, los chivos expiatorios del viejo continente eran los judíos. Ahora el «enemigo» es la población musulmana; un colectivo de orígenes muy diversos, pero que —al menos desde la percepción popular— es fácilmente identificable por sus rasgos culturales. Según los agitadores del odio, este colectivo actúa siguiendo un guion cuyo objetivo final es borrar la cultura occidental del mapa e islamizar Europa. Lo primero que hay que señalar es que la percepción de que Europa está siendo invadida por el islam está muy lejos de corresponderse con la realidad. En la UE viven actualmente unos veinte millones de musulmanes de muy distintas procedencias, lo que supone el 3,8 por ciento de la población total. Pero las sociedades europeas perciben esta presencia de un modo totalmente distorsionado. Una reciente encuesta mostró, por ejemplo, que los franceses y los belgas creen que los musulmanes constituyen un 30 por ciento de la población, cuando la cifra real no llega al 7 por ciento, y los húngaros piensan que son el 7 por ciento, cuando no llegan al 0,1 por ciento. El movimiento Pegida, en Alemania, que pedía la expulsión de los musulmanes y acabó confluyendo con el partido xenófobo Alternative für Deutschland (Alternativa para Alemania, AfD), celebraba sus manifestaciones en Dresde, una ciudad en la que prácticamente no hay inmigrantes.

LAS DISTINTAS HERENCIAS DEL COLONIALISMO EUROPEO

Cada país europeo tiene su propia versión del fenómeno de la inmigración, que viene determinada por factores históricos: desde el pasado colonial hasta la presencia de ciertos grupos que, por su número, se han convertido en minorías dentro de un país. Alemania, por ejemplo, no tiene un pasado colonial digno de resaltarse, pero alberga desde hace ya más de medio siglo una muy importante comunidad de origen turco, a la que ahora se le ha sumado la que forman los refugiados de Siria, Irak y Afganistán, lo que la convierte en uno de los países europeos con un mayor índice de inmigrantes. A finales de 2016, según datos oficiales de la Comisión para las Migraciones, los Refugiados y la Integración, el 21 por ciento de la población alemana (unos diecisiete millones de personas) tenía orígenes extranjeros, la mayoría con raíces en Turquía, Polonia o Rusia, la mitad de los cuales tenían la nacionalidad alemana, lo que quiere decir que habían nacido y se habían educado en el país. A partir de la crisis de los refugiados, la población de origen extranjero aumentó en 1,8 millones de personas. Este es precisamente el gran argumento para proclamar que Europa es, ahora, una fortaleza asediada; fortaleza en tanto que intenta protegerse de lo que le llega de fuera y asediada porque, supuestamente, los bárbaros están a las puertas dispuestos a arrasarlo todo. Pero este dato tiene un matiz: más de la mitad de los extranjeros que llegaron a Alemania en 2015, por sorprendente que parezca, procedían de países de la UE.

Los trabajadores turcos empezaron a llegar a Alemania a finales de la década de 1960 y, según los datos oficiales del censo, en estos momentos representan el 3,7 por ciento del total de la población, incluidos los que son ciudadanos alemanes. En su día llegaban como Gastarbeiters, trabajadores invitados, al igual que lo fueron los españoles, italianos o portugueses, que al cabo de dos años debían regresar a su país, de modo que se produjera una rotación. Esta cláusula, sin embargo, se eliminó a petición de los empresarios alemanes, que no querían prescindir de los buenos trabajadores. Legalmente, no obstante, se mantuvo la ficción de que los turcos iban a regresar a su país. Pero no solo no sucedió, sino que la mayor parte se trajo a su familia. El Estado alemán, no obstante, no articuló ninguna política para integrarlos. Para acabar de complicar la situación, los que nacían en Alemania o los poquísimos que conseguían la nacionalidad —algo casi imposible en un país que se regía entonces por el ius sanguinis— conservaban su nacionalidad turca. Finalmente, en el año 2000, ya con el Gobierno de coalición entre el SPD y los Verdes, presidido por Gerhard Schröder, se adoptó el ius soli, aunque no de forma completa, lo que permitió a muchos turcos adquirir la nacionalidad.

Algo muy parecido sucedió en Holanda. Durante los primeros años de la posguerra, las grandes empresas de los Países Bajos contrataron trabajadores de los países del sur de Europa: españoles, portugueses, italianos, griegos, etcétera. En una sociedad tan segmentada como la holandesa, en la que el sistema de pilares impedía incluso la relación entre las distintas comunidades del país, estos «trabajadores invitados» eran mantenidos en una especie de guetos temporales, de modo que no se mezclaran con la población local —impedir los matrimonios mixtos era una de las principales preocupaciones—, y se los contrataba por periodos de dos o tres años. La mayoría de estos trabajadores volvían a sus países de origen con unos buenos ahorros que les permitían abrir pequeños negocios o invertir en sus explotaciones agrícolas. El siguiente paso fue ir a buscar mano de obra más barata en Marruecos, concretamente en las zonas rurales del Rif o del Atlas, con la misma intención de que regresaran a su casa después de un cierto tiempo. Pero esto no sucedió. No solo no regresaron, sino que se trajeron a sus familias a Holanda. El Estado holandés, sin embargo, mantuvo la ficción de que solo estaban allí provisionalmente, por lo que no se propuso en ningún caso implementar políticas de integración. El resultado es que, hoy en día, en las principales ciudades hay auténticos guetos magrebíes donde se vive al margen de la sociedad holandesa, de manera que todo, desde las tiendas de comida hasta las de ropa, pasando por los comportamientos sociales más banales, reproduce una identidad imaginaria que se sitúa al margen del país de acogida.

Esta tendencia a refugiarse en las identidades como una forma de protección funciona también en el otro sentido; la población autóctona —por llamarla de alguna manera— busca distinguirse de una multiculturalidad que percibe como una imposición y enfatiza sus raíces nacionales. En Alemania, por ejemplo, se está empezando a popularizar el término Biodeutscher, que significa «biológicamente alemán», a menudo sin apercibirse de que se trata de un concepto completamente racista porque identifica a las personas con los mismos criterios que lo hacía el régimen nacionalsocialista.

EL CHOQUE DEL ISLAM CON LA LAICIDAD FRANCESA

En Francia, la inmigración se convirtió en un problema político a principios de los años ochenta y continúa hasta hoy, por razones económicas, culturales e histórico-psicológicas. Aunque las estadísticas difieren según los modos de investigación, es evidente que un 10 por ciento de la población es inmigrante; el 12 por ciento de los franceses tienen uno o dos progenitores inmigrantes, aun cuando ellos mismos hayan nacido en suelo tricolor. En 2008, los inmigrantes stricto sensu se estiman en unos 5,3 millones, es decir, un millón más que en 1999. Esta alza de un 22 por ciento mientras la crisis económica y el paro persisten, ha tenido una fuerte consecuencia política. El Frente Nacional ha utilizado cada vez con más éxito el argumento migratorio para convencer a los votantes de que el trabajo lo captaban los inmigrantes, mientras que los gastos sociales aumentaban significativamente, por el hecho de su consumo médico y su elevada natalidad, generadora de subsidios familiares. Los estudios más serios han establecido que el balance de la inmigración era positivo para Francia, habida cuenta de la riqueza generada, los impuestos pagados y las cotizaciones con las que contribuyen. Pero esto no ha evitado la eficacia electoral antiinmigrantes.

A este razonamiento económico tendencioso se ha añadido una pregunta relativa a la cultura y al culto. Llegados de países musulmanes, principalmente del Magreb, y de una parte de África negra, ¿pueden esos inmigrantes integrarse en una república laica y a una sociedad cuya cultura y orígenes son, con toda evidencia, judeocristianos? La realidad de una integración difícil, del rechazo de parte de los musulmanes a los fundamentos de la cultura republicana francesa, principalmente la laicidad y la igualdad hombre-mujer, no debe quedar comprometida por la crítica legítima de las explotaciones políticas que hizo el Frente Nacional y por una parte de la derecha, pero también, en diversas épocas, por la izquierda radical. La incapacidad de la comunidad musulmana para organizarse y erradicar sus franjas más integristas, el debilitamiento de los instrumentos de integración tales como el Partido Comunista, los sindicatos, las asociaciones de jóvenes o la Iglesia han acabado de agravar el problema. Más allá de esta constatación, varios intelectuales han teorizado sobre la «gran localización». Sin violencia, tan solo por la fuerza de su demografía, el islam va a cercar la sociedad sin por ello conseguir necesariamente el poder y diluir, de forma lenta pero segura, la identidad francesa. Éric Zemmour o Alain Finkielkraut, entre otros, han encarnado esta escuela de pensamiento, encontrándose con un importante éxito de opinión, pero sin que eso resultara en una fuerza política evidente. Desde que Marine Le Pen es su dirigente, el voto del Frente Nacional se ha alimentado tanto, si no más, del rechazo al islam como del miedo a la inmigración, pero sus progresos no le han permitido acceder al poder.

La fuerte presencia de inmigrantes procedentes de la Unión Europea rara vez ha planteado problemas en épocas recientes, aun cuando no conviene idealizar las oleadas migratorias pasadas: polacos, italianos, españoles e incluso portugueses, todos fueron víctimas de ostracismo cuando llegaron a Francia en gran número. Sin embargo, el fuerte crecimiento económico de tiempos concomitantes a esas antiguas inmigraciones, principalmente durante la época dorada de los treinta gloriosos y el hecho de compartir una cultura católica común facilitaron y aceleraron su integración. Además, esas poblaciones deseaban ardientemente fundirse en la nación francesa y no reclamaban ningún derecho a la diferencia, ni reivindicaban la persistencia de su identidad de origen. Con la inmigración más reciente, principalmente su componente musulmana, las exigencias identitarias y la dureza económica y social de este tiempo han complicado la situación. El hecho de que la llegada de refugiados, los boat people, a finales de los años setenta, no provocara dificultades ha reforzado la impresión de que el problema es el islam. Por último, la acción reciente del Colectivo contra la Islamofobia en Francia (CCIF), pretendiendo combatir un racismo para esconder mejor su proyecto político identitario, claro está, ha arrojado más leña al fuego.

Hoy todos los campos políticos intentan ser creíbles en materia de inmigración, es decir, en un triple programa: hacer que se reduzca la inmigración clandestina; regular, cuantificar y cualificar la inmigración económica legal, considerando incluso en algunos casos la práctica de cuotas por país de origen y especialidad profesional; prolongar la tradición de hospitalidad de la patria de los derechos humanos con respecto a los demandantes de asilo, víctimas de persecución, así como de estudiantes prometedores. Numerosas tradiciones de la política migratoria francesa están ahora en tela de juicio. La reagrupación familiar, que permite después de unos años de presencia, y si se tienen los medios para asegurar su subsistencia, reclamar al cónyuge y los hijos, excepto los casos de poligamia; el derecho al suelo, que concede la nacionalidad francesa a todo niño nacido en el país, cualquiera que sea la de sus padres, con tal de que la pida a los dieciocho años; la apertura a recibir a estudiantes se cuestionó incluso durante un tiempo bajo el Gobierno de Sarkozy, y disminuyó durante unos años.

Finalmente, la inmigración es traumática por motivos históricos que tienen que ver con la psicología colectiva. La descolonización no se hizo bien en la región magrebí del imperio francés. Las heridas, abiertas a finales de los años cincuenta por la guerra de Argelia, aún siguen sangrando. El drama de los repatriados, la tragedia de los harkis y el choque migratorio han mantenido un litigio político y un malestar social, político e intelectual evidente y al parecer incurable. Las relaciones con Argelia, pero igualmente con la población de origen magrebí presente en Francia, siguen envenenadas por ello desde hace tiempo. Las derivas de la memoria histórica, que impulsan a algunos a reclamar a Francia arrepentimiento y reparación, mientras que otros han querido establecer en la ley los «aspectos positivos» de la colonización, adoptan una y otra vez un giro polémico. Durante las elecciones presidenciales de 2017, cuando el candidato Emmanuel Macron calificó la colonización de crimen contra la humanidad, una vez más se encendió la disputa. La capacidad de Francia, pero también la de Argelia, para gestionar su memoria histórica respectiva complica aún más la integración de todos los inmigrantes musulmanes, lo que hace el juego a los partidos extremos.

En las elecciones presidenciales de 2012, la derecha encarnada por Nicolas Sarkozy adoptó un cariz identitario, mientras que la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon mantenía un discurso hospitalario hacia las poblaciones del sur, lo que le valió sinsabores en las urnas. En 2017, la derecha, representada por François Fillon, se quedó con su aspecto «identidad», mientras que Jean-Luc Mélenchon, so capa de criticar la política alemana ante los migrantes, ha dejado de propugnar la inmigración para abrazar un soberanismo amplio. El peligro de los próximos años es ver a la derecha dura, la extrema derecha y la extrema izquierda en convergencia hacia unas políticas extremas con respecto a los inmigrantes. Si la crisis económica perdura, si el peligro islamista persiste y si la comunidad musulmana no se organiza más para integrarse mejor en el modelo republicano, esta estrategia encontrará sin duda un éxito significativo.

También el Reino Unido tuvo un imperio y soporta una fuerte presión migratoria de todas sus antiguas colonias, con las que, además, mantiene importantes lazos políticos a través de la Commonwealth. Paradójicamente, el brexit estaba dirigido contra la inmigración llegada de otros países de la UE, especialmente contra los polacos, convertidos en los chivos expiatorios de las capas de rentas más bajas británicas. Se calcula que en el Reino Unido residen cerca de setecientas mil personas nacidas en Polonia, que se suman a los descendientes de los más de doscientos mil inmigrantes que se asentaron allí después de la Segunda Guerra Mundial. Son el segundo colectivo no británico del país por detrás de los nacidos en la India, y la lengua polaca es la tercera más hablada después del inglés y el galés.

Este conflicto entre británicos y polacos, sin embargo, desaparece cuando ambos se enfrentan a un enemigo común: el islam. Sirva como ejemplo lo sucedido en Birmingham en el verano de 2017, cuando se reunieron una serie de activistas de extrema derecha de toda Europa en un mitin antimusulmán. El principal orador iba a ser el sacerdote católico antisemita Jacek Międlar, un polaco de veintiocho años, al que acompañaban su compatriota el activista Piotr Rybak y el ciudadano holandés Edwin Wagensveld, jefe de la rama holandesa del movimiento islamófobo Pegida. Para decepción de los organizadores, todos fueron detenidos tan pronto como bajaron del avión. Międlar, un párroco suspendido por el Vaticano, no solo denuncia la «agresión islámica», sino que considera que los judíos son un «cáncer».

LA XENOFOBIA CONTRA EL EXTRANJERO INEXISTENTE

Polonia, con una importante tradición antisemita, pero donde prácticamente ya no quedan judíos, ha desarrollado un fuerte sentimiento xenófobo hacia todas las minorías, principalmente hacia los inmigrantes de origen árabe. Este fenómeno se extiende a la gran mayoría de los países de Europa del Este, donde la tradición democrática es escasa y la multiculturalidad es muy incipiente, tanto que en algunas zonas es casi imposible encontrar a un extranjero. Todas las encuestas muestran un profundo rechazo en Polonia a acoger inmigrantes, especialmente musulmanes. Hasta el punto de que un sondeo del semanario Polityka reveló que un 57 por ciento de los polacos estaban dispuestos a renunciar a los generosos fondos de cohesión que reciben de la UE para mantener cerrada la puerta a la inmigración musulmana, y un porcentaje similar (51 por ciento) para mantener su postura de rechazo a los refugiados procedentes de países musulmanes. Asimismo, el 51 por ciento de los encuestados estaban de acuerdo con abandonar la UE para proteger la homogeneidad étnica y cultural de Polonia.

No es de extrañar que el Gobierno ultraconservador de Beata Szydło, que basa su propaganda política en presentarse como la única fuerza capaz de mantener a los 38 millones de habitantes del país a salvo de los terroristas, rechazara el plan acordado en 2015 por la UE para acoger refugiados procedentes de las guerras de Oriente Próximo. A Polonia se le atribuyó una cuota de 6.182 refugiados, que rechazó, aunque finalmente se comprometió a recibir a cuatrocientos solicitantes de asilo sirios, preferentemente cristianos. Según el líder del gobernante partido conservador (PiS), Jarosław Kaczyński, adalid del ultranacionalismo, los refugiados traen consigo virus y parásitos.

La sociedad polaca es la más homogénea de Europa en términos étnicos —alberga a menos de un 1 por ciento de extranjeros— y nunca ha sido receptiva a la inmigración musulmana, pese a que en Polonia existe una comunidad de origen tártaro de unos cinco mil individuos, descendientes de un grupo turcomano procedente de Asia Central que emigró hacia el Báltico en el siglo XIV y que conserva su identidad cultural y profesa la religión musulmana. Están concentrados en la región de Podlaquia, en la zona de los grandes bosques del nordeste, en la que todavía conviven iglesias ortodoxas y católicas, sinagogas y mezquitas; una diversidad religiosa sorprendente en un país abrumadoramente católico y considerablemente xenófobo.

A Polonia, que, recordemos el dato, tiene menos de un 1 por ciento de población extranjera, se le pidió que acogiera a poco más de seis mil refugiados, una cifra que no parece capaz de afectar a su homogeneidad étnica. El país alberga cerca de un millón de ucranianos y bielorrusos que, según el presidente de la Confederación de Empresarios, Cezary Kaźmierczak, son «los mejores del mundo», porque no les quitan el trabajo a los polacos y no cuestan nada a los contribuyentes, ya que no reciben subsidios. En estas condiciones no es de extrañar que un 59 por ciento de los polacos esté de acuerdo en abrir las puertas a estos vecinos que se integran fácilmente, son trabajadores, aprenden el idioma y, finalmente, también son eslavos. Lo cierto es que Polonia necesita inmigrantes para mantener el crecimiento económico y asegurar las pensiones.

El ejemplo de Polonia ha encontrado imitadores en la región. Hungría también se negó en redondo a participar en cualquier iniciativa de distribución de refugiados (tenía 1.294 asignados) y la República Checa hizo otro tanto tras haber acogido a doce personas de las 2.691 previstas. El caso del Gobierno de Viktor Orbán, en Budapest, es de los más significativos en tanto que, por estar en primera línea de las fronteras exteriores de la UE, en su frontera con Serbia, ha protagonizado algunos de los episodios más vergonzosos por la gran brutalidad en el trato dado a los refugiados. Recientemente el Ejecutivo húngaro creó una nueva fuerza fronteriza, denominada los «cazadores de la frontera», para ayudar a la policía y a las fuerzas armadas a detener migrantes y refugiados, y el Parlamento aprobó una nueva ley que permite detener a los solicitantes de asilo incluso si son menores de edad y sin tener en cuenta sus circunstancias personales.

Hungría, Polonia y la República Checa formaron el llamado Grupo de Visegrado para oponerse de forma coordinada al reparto de cuotas de refugiados diseñado por Bruselas. La Comisión Europea ha protestado de forma reiterada ante esta actitud y ha amenazado con represalias, pero se muestra incapaz de tomar medidas efectivas. A principios del verano de 2017 anunció la apertura de procedimientos de infracción contra estos países, sin que todavía esto haya tenido ningún efecto. «Hemos agotado todos los medios en el último año», dijo el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramópulos. Si de Varsovia y Budapest —y de sus líderes autoritarios— no cabía esperar menos, se esperaba que Praga tomara una postura más moderada. Pero el Gobierno checo ha mantenido su negativa a las cuotas de refugiados, al considerar este acuerdo de la UE como un incentivo a la inmigración ilegal. Los checos han quitado importancia al procedimiento de infracción. «El sistema de redistribución es una oferta para la inmigración ilegal», según el primer ministro checo, Bohuslav Sobotka.

La cuestión es que la libre circulación de personas es un hecho incuestionable en la Europa comunitaria y difícilmente los ciudadanos europeos renunciarán a la libertad de movimiento de la que gozan. La mayoría de los miembros de la UE y algunos de fuera, como Noruega o Suiza, han suscrito el Acuerdo de Schengen, que en la práctica ha supuesto la desaparición de los controles de aduanas, es decir, de las fronteras, al menos en lo que afecta directamente al ciudadano. La inmigración, por tanto, ya no es un problema de cada país, sino europeo. Es cierto que, cada vez que hay una crisis o se produce un episodio de terrorismo yihadista, se despiertan las pulsiones aislacionistas que piden un regreso a las fronteras. Se restablecen algunos controles aleatorios aquí y allí, muy visibles para que los ciudadanos comprueben que sus temores se tienen en cuenta, y después todo vuelve a ser igual.

El Reino Unido, uno de los pocos países europeos que se ha mantenido al margen del Grupo de Schengen, tal vez por su condición insular, tampoco ha podido escapar al efecto de la desaparición de las fronteras y se enfrenta ahora, después de haber votado por la salida de la UE, al gran problema que le supone restablecer la frontera entre la República de Irlanda y el Ulster, una de las zonas más violentas y problemáticas del continente, ahora totalmente pacificada en parte gracias, precisamente, a la desaparición de la frontera. Por no hablar de los problemas que surgirán en Gibraltar cuando la «verja» que separa el peñón de España pase a ser una frontera exterior de la UE, como si fuera la famosa «valla» de Melilla con Marruecos.

La población inmigrante de Europa tiene orígenes muy diversos. En primer lugar, están las migraciones internas, como las que han protagonizado en las últimas décadas los ciudadanos de los países del este de Europa hacia los miembros más ricos de la UE. En España, por ejemplo, el segundo grupo más numeroso de la nueva inmigración es el compuesto por ciudadanos rumanos. También en España es muy importante la inmigración latinoamericana, menos relevante en otros países de la Unión. Pero tanto polacos como rumanos o latinoamericanos tienen una ventaja comparativa respecto a los musulmanes: proceden de culturas con bases similares a las de los países de acogida, tienen creencias cristianas y asumen las esencias del modo de vida capitalista, lo que los hace menos vulnerables al activismo de extrema derecha que prolifera en Europa, formaciones que ya no son simples grupúsculos, sino grandes partidos con importante presencia en los parlamentos de cada país, como el Frente Nacional en Francia, el partido de Geert Wilders en Holanda o Alternative für Deutschland en Alemania, todas ellas formaciones de inspiración xenófoba y antieuropeísta. Son partidos que explotan el miedo de las sociedades ricas y opulentas a compartir o soportar cualquier mínima interferencia en su modo de vida. En la totalidad de los países escandinavos, estos partidos ya forman parte de la normalidad y en muchos de ellos del Gobierno.

LA DEFENSA DE LOS ÚLTIMOS BASTIONES DE LA SOBERANÍA

Lo que hay que lamentar es que la Unión Europa no haya sabido —ni aparentemente querido— gestionar bien la inmigración, tal vez porque los Estados miembros se resisten a ceder uno de los últimos baluartes de soberanía que les quedan. Mientras tanto la gestión de este problema es pura improvisación. El Sistema Europeo Común de Asilo, el llamado Acuerdo de Dublín, contempla que el peticionario de asilo debe registrarse y hacerlo en el primer país de la UE en el que ponga pie. Cuando los inmigrantes procedían básicamente del África subsahariana o del Magreb y llegaban a Italia o España en pateras, barcos desvencijados o escondidos en contenedores, lo que pretendían en su gran mayoría era seguir su camino hacia el norte: hacia Francia, el Reino Unido, Alemania o Suecia. Por esta razón, las autoridades italianas y españolas empezaron a incumplir sistemáticamente la obligación de registrar los datos y tomar las huellas dactilares de los peticionarios de asilo y les dejaban libre el camino hacia el norte. Cuando, a partir de 2014, el flujo de los refugiados que huían de las guerras empezó a llegar por el este, por la vía turca, pasando por Grecia y atravesando los Balcanes, este incumplimiento se hizo norma, entre otras cosas porque el Gobierno de Atenas, que en aquellos momentos estaba técnicamente en quiebra, en medio de un fuerte pulso con las autoridades financieras europeas, no podía hacer otra cosa.

Alemania se convirtió en el gran polo de atracción para cientos de miles de refugiados cuando trascendió que el Gobierno de Berlín había decidido no enviar de vuelta a los solicitantes de asilo al país por el que hubieran entrado en la UE, lo que implicaba no aplicar el Acuerdo de Dublín. La canciller Merkel anunció que su país estaba en condiciones de recibir ochocientos mil refugiados al año, lo que aumentó aún más el flujo de llegada. Familias enteras llegaban a las islas griegas, pasaban al continente y atravesaban las fronteras hacia el norte, evitando registrarse hasta llegar al lugar deseado que de forma mayoritaria era Alemania, aunque también Austria. Las imágenes de aquellos días, las alambradas y las brutales cargas de los guardias fronterizos húngaros quedarán en la retina de los europeos durante mucho tiempo.

Aquella crisis tuvo importantes efectos en las sociedades europeas. Por un lado, desplegaron extraordinarias redes de solidaridad y, por otro, hubo profundas grietas de racismo y xenofobia. Políticamente ha habido un antes y un después, como lo prueba el auge de los partidos de extrema derecha en todo el continente. En Alemania se produjeron episodios como el de la Nochevieja de 2015 en la Estación Central de Colonia, donde «hombres de apariencia árabe o del norte de África» que no hablaban alemán agredieron sexualmente a las mujeres que celebraban el fin de año, lo que sirvió como desencadenante de una fuerte reacción antiinmigrante. Nada trascendió al día siguiente, pero en los días posteriores se empezó a presentar un alud de denuncias por múltiples casos de agresión sexual, robos y al menos dos por violación. Paralelamente, otras ciudades reportaron incidentes, entre ellas Berlín, Bielefeld, Düsseldorf, Fráncfort, Hamburgo y Stuttgart, y hubo noticias de agresiones similares en Austria, Finlandia, Suecia y Suiza.

Se acusó a las autoridades y a los medios de comunicación de haber ignorado deliberadamente lo sucedido para evitar las críticas a la política de asilo de la canciller Merkel. Una semana más tarde el jefe de la Policía de Colonia, Wolfgang Albers, fue suspendido del cargo, acusado de haber querido ocultar el incidente. Se arrestó a treinta y un sospechosos, de los que ocho eran solicitantes de asilo, aunque la acusación era de lesiones y robo y no de agresión sexual. Pese a lo confuso del episodio, aquello supuso un punto de inflexión y la política sobre los refugiados se endureció progresivamente.

EXPORTANDO EL PROBLEMA LEJOS DE LAS FRONTERAS DE LA UE

Tras la gran oleada de 2015, la UE empezó a taponar las vías de llegada, comenzando por firmar un acuerdo con Turquía por el que, a cambio de tres mil millones de euros, Ankara cerraría la puerta a los que intentaran pasar a las islas griegas. El acuerdo entró en vigor el 20 de marzo de 2016. Turquía se comprometía a aceptar la rápida devolución de los inmigrantes en situación irregular y de los solicitantes de asilo llegados a Grecia desde Turquía cuyas solicitudes de asilo hubieran sido rechazadas. La UE, a cambio, aportaba fondos a Turquía, aceleraba la concesión de visados a los ciudadanos turcos y se comprometía a reactivar las negociaciones de adhesión de Turquía a la UE. Ankara consiguió en torno a otros seis mil millones de euros de Bruselas para gestionar la crisis de los refugiados, una cifra que puede parecer muy elevada, pero que hasta cierto punto corresponde a las dimensiones del problema al que se enfrenta Turquía, que acoge a más de tres millones de refugiados sirios y una cifra indeterminada de gente procedente de otros países. Los sirios pueden, eventualmente, regresar a su país con solo cruzar la frontera, lo que ya ha empezado a suceder conforme la guerra civil siria ha ido perdiendo intensidad, especialmente tras la derrota de Estado Islámico en Al Raqa. El acuerdo establece que Turquía no procesa las peticiones de asilo de los no sirios, lo que supone que, según las asociaciones de defensa de los derechos humanos, «la UE ha elegido dar protección a las personas según su nacionalidad y no según sus necesidades reales», lo que contraviene sus propios principios.

El llamado Acuerdo del Egeo supuso un drástico descenso en el número de refugiados que llegaban a Grecia desde Turquía. Si entre abril y diciembre de 2015 llegaron 844.282, según datos de ACNUR, en el mismo periodo de 2016 la cifra se redujo a 21.995. A la isla de Lesbos, a la que llegaban más personas debido a su proximidad geográfica con la costa turca, en 2016 la cifra se redujo a menos de un centenar al día, cuando un año antes eran diez mil. Como consecuencia de este acuerdo, en Grecia han quedado atrapados, es decir, sin posibilidad de seguir su viaje hacia el norte, pero ya dentro de la UE, algo más de sesenta mil personas que el Gobierno de Atenas tiene que acoger. En su mayoría están repartidas en media docena de campos, en condiciones mucho más estables que cuando se hacinaban en lugares que han pasado a la historia de la infamia, como Idomeni, en la frontera con Macedonia, y algunos ya están siendo alojados en ciudades como Atenas o Salónica.

A partir de ese momento, el flujo de refugiados empezó a descender en toda Europa. Si en 2015 Alemania superó la cifra récord de 1,1 millones de refugiados (el 40 por ciento provenientes de Siria), a lo largo de 2016 esta cantidad se redujo a menos de un tercio, exactamente 304.929, con Siria (86.219), Afganistán (47.227), Irak (44.740), Irán (12.382) y Eritrea (10.860) como principales países de origen. Ese año las autoridades alemanas resolvieron 615.527 solicitudes y el 60 por ciento de los peticionarios recibieron algún tipo de protección que les permitía vivir legalmente en el país, pese a que la mayoría de las demandas de asilo fueran sistemáticamente rechazadas. Sin embargo, los peticionarios de asilo, aunque no se les acepte su pretensión, consiguen habitualmente un permiso de residencia y algún apoyo económico mientras se procesan sus solicitudes, lo que podría explicar el hecho de que sigan llegando supuestos refugiados, ya no de las guerras de Oriente Próximo, sino de países africanos o de Kosovo, atraídos por esta posibilidad.

Pero el cierre de la puerta turca supuso la reactivación de la puerta libia, un Estado fallido controlado por milicias de todo tipo, en el que varios Gobiernos se disputan la legitimidad y distintas fuerzas policiales se enfrentan por el control del territorio. La de Libia es la ruta hacia las costas italianas, en especial Lampedusa y Sicilia, un trayecto mucho más largo y peligroso que se cobra anualmente miles de vidas. En 2016, las personas llegadas a Italia pasaron de 143.677 a 162.659, lo que supuso un incremento de la presión sobre el Gobierno de Paolo Gentiloni por parte de casi todo el espectro político, que ha visto en el tema de la inmigración un elemento para desgastar al PD de Matteo Renzi.

Finalmente, el ministro del Interior Marco Minniti —un hombre con credenciales progresistas— se involucró de manera personal para conseguir un acuerdo con Libia que frenara la llegada de inmigrantes. La Guardia Costera libia, a la que se consideraba prácticamente cómplice de los traficantes de seres humanos, de pronto empezó a detener embarcaciones ilegales y a impedirles zarpar con destino a Italia con su carga de inmigrantes. Por otra parte, la ruta del desierto se comenzó a cerrar gracias a los acuerdos firmados por el Gobierno italiano con alcaldes de diferentes localidades del desierto, en el sur de Libia, lo que se sumó al efecto determinante del mal tiempo durante el mes de julio. Si en julio de 2016 desembarcaron más de veintitrés mil inmigrantes, un año más tarde fueron tan solo unos once mil, según datos del Ministerio del Interior. «La situación está controlada; Italia ha jugado un partido extraordinario y está dando una lección al resto del mundo, y eso ha sido reconocido», se atrevió a decir Minniti. Bruselas, sin embargo, hizo un llamamiento a la prudencia. Dimitris Avramópulos, comisario de Migración, Asuntos Internos y Ciudadanía, reconoció que era una buena noticia, pero advirtió de que era muy pronto para sacar conclusiones porque seguía habiendo mucha gente en las costas de Libia a la espera de embarcarse.

Todos saben —políticos y expertos— que el problema empieza mucho antes de las costas de Libia o de cualquier país ribereño. El problema nace tierra adentro y se va alimentando mientras cruza el continente. El portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Flavio Di Giacomo, reconoció la labor de las autoridades costeras libias, que finalmente habían cambiado de campo para pasar a combatir a los traficantes de carne humana, pero dejó claro que la reducción del flujo migratorio no comienza en el mar, sino en tierra. «No se están interceptando más embarcaciones ilegales, sino que son menos las que zarpan», dijo Di Giacomo. El trabajo diplomático y de cooperación, amén del reconocimiento de sus propios intereses nacionales, está llegando a los países por los que pasan los inmigrantes de camino hacia Libia y otros lugares de embarque, que están cerrando sus fronteras y controlando los flujos. Por ejemplo, Sudán, con la asistencia técnica de la UE, ha establecido controles mucho más severos, tan «severos» que Amnistía Internacional y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados han denunciado numerosos casos de violencia y torturas en centros de detención de estos países de tránsito.

La presión para cerrar el flujo migratorio afecta también a las ONG que se dedican al rescate de quienes se pierden en el mar o naufragan. Las autoridades italianas a menudo son críticas con estas organizaciones, a las que acusan de operar en el límite de las aguas territoriales libias y así facilitar la labor de los traficantes. La táctica de las mafias consistiría en meter a los inmigrantes en botes de goma impracticables, que no tienen ninguna posibilidad de navegar mar adentro, contando con que de inmediato los rescatarán estas organizaciones o buques mercantes. Tal vez por eso la Guardia Costera libia ha anunciado varias veces su intención de ampliar su zona de búsqueda y rescate más allá del límite de sus aguas territoriales, y en ocasiones lo ha hecho.

El Gobierno español fue pionero en este tipo de estrategias para frenar la ola de inmigración ilegal que llegaba en pateras por la zona del estrecho de Gibraltar y también hacia Canarias. Hace ya más de una década que Madrid firmó tratados de repatriación con una decena de países africanos, desde Marruecos hasta Malí, incluidos Mauritania, Guinea-Bisáu, Nigeria o Senegal, acordados la mayoría a partir de 2006, con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno. Estos acuerdos han sido uno de los pilares de la gestión migratoria española, un modelo que las instituciones europeas estimulan y avalan. «Es un buen ejemplo para la UE y me gustaría que Frontex se comprometiera con este tipo de cooperación», declaró el director de Frontex, Fabrice Leggeri, tras constatar que por España entra una ínfima parte de los inmigrantes irregulares. En 2016 un total de 521 personas fueron repatriadas en aviones fletados por España o juntamente con Frontex; unos 900 argelinos fueron deportados en barco y 1.237 personas fueron expulsadas directamente por los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla.

La UE pretende emularlo. El objetivo del fondo fiduciario de emergencia para África aprobado por los Veintiocho en La Valeta (Malta) en 2015 y dotado con 1.800 millones es luchar contra las causas de la emigración, pero al mismo tiempo mejorar la «contención» y la «readmisión de efectivos», es decir, vigilancia fronteriza y repatriaciones. Pese a estos controles, el flujo de inmigrantes irregulares hacia la península Ibérica ha vuelto a aumentar. En 2016 se detectaron cerca de 10.700 inmigrantes cuando intentaban llegar a través de las rutas africanas; un 46 por ciento más que en 2015 y un 21 por ciento más que en 2011, el año del anterior récord. En su mayoría eran originarios de Guinea, Argelia y Costa de Marfil. En los pasos de Ceuta y Melilla, sin embargo, se registró la cifra más baja hasta el momento, alrededor de un millar de irregulares, probablemente debido a la construcción de la famosa valla con alambradas, aunque a finales de 2016 unos cuatrocientos subsaharianos, el mayor grupo en una década, consiguieron saltarla en Ceuta.

Parece evidente que, con barreras, Europa no conseguirá parar el flujo migratorio. El hecho de haber empezado a comprender que la solución hay que buscarla en los países de origen, no solo entrenando y financiando a las policías y a los guardacostas, sino con programas de desarrollo y empresas conjuntas, como las pesqueras que España tiene con Senegal, abre un resquicio a una cierta política de contención más preventiva. Sin embargo, la verdadera fuerza que mueve a estos ciudadanos de todo el mundo a jugarse la vida y gastar todos sus ahorros para alcanzar Europa es una idea, un sueño, el de un paraíso al alcance de los más osados. Porque son precisamente las personas más ambiciosas, más determinadas, las que emigran, lo que cierra el círculo de un subdesarrollo redundante.

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GRECIA COMO ADVERTENCIA

(DEUS EX MACHINA)

Los griegos inventaron la tragedia (y también la comedia). El eje de toda tragedia es el doloroso restablecimiento del orden y el traumático alumbramiento del deber. Nunca ha habido tantos teatros llenos en Atenas como ahora. Desde que empezó la crisis, los griegos buscan una catarsis. Pero, como dijo Eurípides, lo esperado no sucede, es lo inesperado lo que acontece. Tras el descenso a los infiernos de los últimos años, la sociedad griega padece una melancólica depresión que la paraliza. Cuando han tocado suelo, los griegos se han visto obligados a aceptar que se trata pura y simplemente de la realidad que durante mucho tiempo intentaron negar. Atenas combina ahora ruinosos bloques de apartamentos y viejas viviendas descarnadas —cubiertas por tanto grafiti que es casi imposible adivinar cuál era el color original— con la aparición de todo tipo de bares y restaurantes. Todos los cafés y restaurantes de Atenas están llenos, señala el sociólogo Panayis Panagiotopoulos. ¿Por qué?

La primera respuesta sería que nunca se han vaciado, salvo en algunos momentos de gran crispación, cuando había miedo. Pero yo tengo la sensación de que estos espacios son el último refugio del consumo. Las compras en los supermercados han caído un 15 por ciento, las ventas de ropa están bajo mínimos y hay mucha gente que ni siquiera puede pagar sus impuestos. El Gobierno lo sabe y les permite pagar a plazos. Así que los cafés y restaurantes quedan como la única posibilidad de consumir.

En Grecia gobierna una coalición formada por un partido populista-nacionalista de izquierdas y un partido populista-nacionalista de derechas. El populismo forma parte de la totalidad del espectro político. Syriza, la supuesta izquierda radical, asume esta etiqueta. Sus teóricos, como el miembro de su secretariado político Yiannis Bournous, proclaman sin reparos que la mejor arma para luchar contra la extrema derecha es el populismo de izquierdas y se identifican con las tesis de Ernesto Laclau, que también forman parte del ideario de Podemos, en España. Menos con la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, y algo más con la versión del laborismo británico que lidera Jeremy Corbyn. Sin embargo, Syriza comparte Gobierno con populistas de derechas: los Griegos Independientes, un partido minoritario que recoge el voto de la clase militar, una parte del funcionariado y sectores del clero, y que ocupa el Ministerio de Defensa, entre otros.

Grecia tiene el Gobierno más nacionalista de toda Europa, formado por un partido nacionalista de derechas y otro de izquierdas, o como ironiza el músico y compositor Mikis Theodorakis —un icono nacional—, «desde la independencia de 1832, nunca ha habido en Grecia un Gobierno más de derechas que el actual». Tal vez esto sea una exageración, pero es una muy buena metáfora de lo que sucede en el país. El populismo griego nace directamente del nacionalismo, denominador común de todas las formaciones políticas. Es un nacionalismo identitario, como corresponde a una nación joven que solo consiguió su independencia en el siglo XIX, la consolidó ya entrado el siglo XX y construyó su narrativa frente a un poderoso enemigo: el Imperio otomano. Es una mezcla extremadamente potente, caracterizada, como sucede en muchas otras partes, por la necesidad de simplificar la gran complejidad de las sociedades y definir al ciudadano-patriota como una persona amenazada por los enemigos. Los principales enemigos de los griegos son los turcos —y también los judíos, por supuesto—, aunque ahora esta consideración se ha extendido a los inmigrantes y refugiados y a todas las minorías. Para construir este discurso colectivo, Grecia dispone de una herramienta que ya ha desaparecido de la mayoría de los países europeos: el servicio militar obligatorio de nueve meses para todos los varones por encima de los dieciocho años, que nutre a un ejército con más de ciento setenta mil efectivos. Grecia es el país de la UE con mayor proporción de militares en relación con la población total.

Este país extraordinariamente diverso no fue del todo independiente hasta 1920, cuando se produjo la gran migración de decenas de miles de turcos en dirección a Anatolia y de otros tantos griegos —muchos de los cuales solo hablan turco— en sentido contrario. Hay cientos de islas donde vive una población cuya memoria griega solo tiene tres generaciones; ciudades como Salónica hunden su cosmopolitismo y su diversidad en la historia; la gran metrópolis de Atenas, con una mancha urbana de más de cuatro millones de habitantes, pasó por genoveses, venecianos, turcos y fue fuertemente bizantina. El norte es claramente parte de los Balcanes, pero Grecia también es el Levante. Atenas tiene algo en común con El Cairo, un cierto easy living, y mira aterrorizada a los refugiados que llegan de Alepo, en los que descubre algo familiar. Es muy diferente estar en una isla que ha sido turca durante quinientos años o en Corfú, donde son medio italianos.

La minoría turca sigue formando parte de la Grecia moderna. Son unos ciento cuarenta mil y viven en la Tracia griega, junto a Xánthi. La mayoría es de etnia turca, aunque también se incluyen los pomacos, musulmanes de etnia búlgara. Tienen libertad religiosa y pueden hablar su idioma, pero no se les permite llamarse turcos. En la década de 1990 llegó un millón de trabajadores de otros países balcánicos, básicamente albaneses, la mayoría de los cuales se han integrado sin grandes problemas, más allá de una cierta xenofobia cotidiana. Solo en un país como Grecia el nombre de una joven república vecina puede convertirse en una cuestión de honor, capaz de bloquear acuerdos internacionales. La Macedonia surgida de la división de Yugoslavia no se puede llamar así porque Macedonia es una marca registrada griega. Atenas ha acabado aceptando el acrónimo FYROM, es decir: Antigua República Yugoslava de Macedonia en sus siglas en inglés. Últimamente se han propuesto denominaciones menos humillantes, como Macedonia del Norte, pero todavía hay muchas reticencias.

Casi desde el primer momento de la independencia, los partidos políticos tuvieron mucho que ver con las familias, con las redes tradicionales. La Iglesia ortodoxa siempre jugó un papel decisivo; fue —y todavía es— muy influyente y posee grandes extensiones de tierras. Grecia es uno de los pocos países europeos donde es habitual cruzarse con clérigos —popes, en este caso— con sotana negra por la calle. El país vivió una guerra civil que se encadenó con la Segunda Guerra Mundial. Duró casi una década y causó cerca de cien mil muertos, setecientos mil desplazados, la destrucción de las infraestructuras y una durísima represión de los vencidos. También tuvo una dictadura entre 1967 y 1974, la de los llamados Coroneles, encabezados por Georgios Papadópoulos, en parte consecuencia de la profunda división política dejada por la guerra civil.

DE LOS CORONELES A LA EUROPA DE LA MONEDA ÚNICA

PARA CAER EN LA GRAN RECESIÓN

A partir de la caída de la Junta de los Coroneles, las cosas empezaron a mejorar. Grecia entró en la Comunidad Económica Europea en 1981 y los beneficios pronto se hicieron notar. También consiguió formar parte de la moneda única en 2002, aunque luego se supo que el Gobierno había falsificado los informes que garantizaban que cumplía las condiciones exigidas por Bruselas. En el año 2000 albergó los Juegos Olímpicos, con más de un agobio para acabar las grandes infraestructuras deportivas, la mayoría de las cuales están ahora abandonadas y semiderruidas. Poco después llegó la crisis, la quiebra de Lehman Brothers, la Gran Recesión y la crisis del euro.

Dicen los expertos financieros que, en el origen, Grecia solo tenía una crisis: la de la deuda. Tal vez por eso la quiebra de Lehman Brothers no tuvo un gran impacto. Después aparecieron la crisis política, económica y todo lo demás. Analizado con la perspectiva actual, se llega a la conclusión de que una larga concatenación de errores, piedra a piedra, acabó creando una avalancha. También se descubren las corrientes profundas que provocaron los errores. Las raíces inmediatas de la crisis de la deuda hay que buscarlas en las decisiones que se tomaron entre 2004 y 2009, durante el Gobierno del conservador Kostas Karamanlís, de Nueva Democracia, y en una cultura política de endeudamiento. Según el historiador Dimitri Sotiropoulos, no solo tuvo aspectos económicos y financieros, sino que emergió de un grave problema cultural, «empezando por el hecho de no querer entender que, además de las medidas de austeridad o de cómo gestionar la deuda, había una cuestión de cultura política a la que debía enfrentarse la sociedad griega». No se disponía de un verdadero sistema impositivo ni de capacidad recaudatoria. Sotiropoulos piensa que, si en lugar de estallar primero en Grecia, la crisis hubiera empezado en Irlanda, España o Portugal, el escenario habría sido completamente diferente.

Las élites financieras y políticas europeas vieron con preocupación cómo tanto el Gobierno del Pasok de Yorgos Papandréu, que sucedió a Karamanlís, como el de coalición presidido por Lukás Papadimos, que vino después y en el que también estaba Nueva Democracia, implementaron algunas de las medidas de la crisis, pero con muy poco entusiasmo. Kostis Hatzidakis, vicepresidente de la conservadora Nueva Democracia, que fue ministro de Transporte y Desarrollo en los Gobiernos de 2007-2009 y 2012-2014, reconoce que Grecia «vivía por encima de sus posibilidades» y que su partido fue culpable de practicar una política populista y de no tener el coraje necesario para implementar las reformas que se necesitaban, aunque lo justifica por el «populismo irresponsable de nuestro adversario en la izquierda, el Pasok, que había hecho promesas imposibles de cumplir a los electores, parecidas a las que hizo después Syriza».

«Europa no estaba preparada para esta crisis; era inconcebible que algo así pasara», piensa el economista Panagiotis Korliras, que preside el Consejo Fiscal de Grecia, el órgano encargado de controlar que se cumpla el memorándum:

Grecia tomaba prestado de los bancos alemanes a intereses muy bajos. Era un sistema casi perfecto, si no fuera porque los fundamentos eran un desastre. Se olvida que el país ya estuvo bajo supervisión de la Comisión en 2004 y en 2007. Cuando desde Bruselas se le dijo al Ejecutivo de Karamanlís que ya había recuperado el equilibrio y se levantó la supervisión, el Gobierno griego se volvió loco y empezó una danza loca consistente en gastar todo el dinero posible, nombrar todo tipo de cargos y lanzar proyectos faraónicos. Todo esto era posible porque el dinero era muy barato, lo que trajo un rápido deterioro de la deuda.

Korliras cree que Grecia no estaba preparada para entrar en el euro. «Tal vez podría haberlo aplazado o haber devaluado la dracma antes de entrar para hacerlo en mejores condiciones, pero nada de esto sucedió. Entramos en el club con una moneda sobrevalorada y con escasa competitividad. Esta fue otra de las causas de la crisis.»

En cualquier caso, pese a que se tomaron algunas decisiones importantes, quedaron ocultas por una cascada de acontecimientos de orden social y político que dejaron al descubierto las tensiones subyacentes y que se concretaron en 2011 en las grandes movilizaciones de «los indignados» en la plaza Sintagma, frente al Parlamento, al estilo del 15-M español. Fue «el momento revolucionario» en que la gente de Syriza —un partido de izquierdas nacido en 2004 como una coalición de trece grupos, que nunca había superado la barrera del 3 por ciento en unas elecciones— empezó a desarrollar su propia agenda, que después los iba a llevar al Gobierno con una propuesta populista. De ese vivero salieron los ministros y colaboradores de los Gobiernos de Tsipras. Hatzidakis, a quien los manifestantes de la plaza Sintagma le propinaron una brutal paliza, acusa a todo el arco político griego de no querer ver lo que estaba sucediendo. «Todo el mundo quería vivir su mito particular. Había demasiadas fantasías, vivíamos de las percepciones y negando la realidad.»

El partido neonazi Amanecer Dorado, que ya existía antes de la crisis, pero era electoralmente irrelevante, también eclosionó en aquel momento. En las concentraciones de la plaza Sintagma, la gente de Amanecer Dorado y de otros grupos de extrema derecha se situaban en la parte alta, lo que se conocía como la plaza Alta, mientras que los de Syriza y la gente de izquierdas se colocaban en la parte posterior de la plaza. «Todas las teorías conspirativas sobre quién empezó la crisis, por qué empezó y quién estaba detrás nacieron en ese momento frente al Parlamento y se propagaron como la pólvora a través de internet», explica Sotiropoulos. Se lanzaban consignas populistas que estaban muy lejos de la realidad: había que enfrentarse a los acreedores y no pagar la deuda; no era cierto que el país estuviera arruinado ni que debiera dinero; las medidas de austeridad eran una trampa, una conspiración de Alemania y del FMI para robar el dinero de los griegos. Curiosamente fue también entonces cuando nació el partido que gobierna en coalición con Syriza, los Griegos Independientes, una formación populista-nacionalista de derechas.

2011 fue el año clave en que se produjo un cambio en la percepción que la sociedad griega tenía de sí misma, lo que llevaría a un posterior cambio político. En 2012 las encuestas ya daban a Syriza más de un 10 por ciento de intención de voto, y en las elecciones europeas de 2014 el partido de Alexis Tsipras se hizo con la hegemonía en la izquierda a costa de destruir al viejo Pasok. En las legislativas de 2015 Syriza llegó al Gobierno, y a partir de ese momento el problema de la crisis ya no giró en torno al componente técnico de cómo pagar la deuda, sino que pasó a ser esencialmente una cuestión política y social. Fue la coyuntura para que el brillante y extravagante ministro de Finanzas Yanis Varoufakis protagonizara su espectacular duelo con Bruselas y Berlín en torno al pago de la deuda enfrentándose a los acreedores, al Banco Central Europeo, a la Comisión, al Fondo Monetario Internacional y, especialmente, al ministro de Finanzas alemán Wolfgang Schäuble, convertido a ojos de la sociedad griega en la representación del Maligno. «El gran mito de Syriza, que les ha sido muy útil, era Schäuble, que representaba al dragón», piensa Hatzidakis.

El resultado fue que Tsipras acabó por convocar un referéndum de tintes dramáticos sobre si aceptar o no el memorándum a cambio de un nuevo paquete de ayuda económica. Se planteó como un voto a favor o en contra de la moneda única; a favor o en contra de Europa. Fueron días de gran efervescencia colectiva. Grecia se volvió loca, se inflamó, ardió. El Gobierno de Syriza ganó el referéndum contra Europa. El 61 por ciento dijo no al programa de austeridad y solo el 39 por ciento estuvo a favor de las condiciones de Bruselas. De una manera u otra, toda Grecia se había instalado en la ilusión de que era posible rechazar las exigencias de los acreedores y no descartaba salir de la moneda única si eso era necesario. No solo los partidos de izquierda; buena parte de los votantes conservadores también lo creían posible.

TRAS EL DESAFÍO, UNA DURA CURA DE REALIDAD

Pero la realidad se impuso por su propio peso. Pocas semanas después, el propio Tsipras viajó a Bruselas y aceptó las medidas impuestas por la Troika, con lo que dio un giro de ciento ochenta grados a la gran ilusión creada por el referéndum. Todo el país miraba al Gobierno sin saber lo que hacía. Sin ninguna información. «Se limitaban a contar mentiras», piensa Sotiropoulos. Syriza se justifica. Yiannis Bournous explica la decisión de no sacar a Grecia del euro por «razones estratégicas». «La vuelta a la moneda nacional habría supuesto una inmediata devaluación salvaje porque Grecia no tenía ni un importante sector productivo para apoyar una moneda nacional, ni una reserva suficientemente grande de moneda extranjera», reconoce. Calcularon que se habría producido una devaluación de entre un 40 y un 50 por ciento, lo que habría depreciado enormemente las pensiones y afectado sobre todo a las rentas medias y bajas, no a las grandes fortunas, que ya tenían el dinero a buen recaudo. Además, Grecia habría conservado la misma deuda, pero la tendría que pagar con una moneda devaluada, lo que a su vez llevaría a un aumento de la deuda sin poder acudir a los mercados financieros.

Los líderes de Syriza dicen que visitaron Moscú y Pekín en busca de ayuda, pero la respuesta en ambos casos fue que debían quedarse dentro del euro antes de poder establecer cualquier tipo de cooperación. El resultado fue que Tsipras primero destituyó a Varoufakis, que se había convertido en el gran dolor de cabeza de los poderes financieros europeos, y después puso en marcha un paquete de medidas aún más duro que el anterior. Tras aceptarse lo inevitable, imponer controles al capital, frenar las inversiones, reducir las pensiones, los salarios y llevar el desempleo a más del 25 por ciento, la sociedad griega se sumió en una especie de desesperación colectiva para caer después en una depresión pasiva. Fue entonces, tras la euforia del referéndum ganado contra Europa y perdido en el tiempo de descuento, cuando arrancó la verdadera catarsis.

Pese a echar pestes de Tsipras, Hatzidakis cree que su misión ha sido la de convencer a los griegos de que no pueden ignorar la realidad, el sentido común y el pragmatismo. Según el sociólogo Panayis Panagiotopoulos, esto es lo que ha sucedido, y por eso la sociedad griega está paralizada:

En estos momentos la actitud es extraordinariamente pasiva, la gente no pide nada. Quienes pedían el voto contra Europa y el euro no hacían un análisis crítico de las medidas de austeridad, solo denunciaban una conspiración y que era el memorándum el que producía la crisis. La explicación de todo lo que ha sucedido está en la victimización, en agitar una conspiración que quería desposeernos de nuestras riquezas y de nuestra identidad.

La periodista Kaki Bali, directora del periódico Avgi, cercano al Gobierno de Tsipras, piensa igual:

Desde el comienzo de la crisis, todo el mundo en Grecia se negaba a aceptar que lo que sucedía era cierto. Incluso cuando en 2014 empezaron a pagar impuestos directos, que hasta entonces prácticamente no existían, y los sueldos empezaron a bajar entre un 30 y un 40 por ciento de media, siguieron pensando que no era más que una pesadilla de la que pronto despertarían. Entonces llegó la crisis de 2015, una crisis descomunal que cayó encima de la anterior y el principio de realidad acabó por imponerse. Ahora ya solo hay resignación. Ya no hay más rabia. Ya no hay gente manifestándose, cada cual va por su lado sin pretensión de tomar la palabra; una situación de silencio pese a que hay gente que ni siquiera puede comer.

Según Panagiotopoulos, en Grecia ya no tiene lugar ningún tipo de debate público:

No hablamos en absoluto de la cuestión urbanística o de cómo queremos las ciudades. Tampoco hay ningún debate sobre cómo gestionar la cuestión de los refugiados, ni se discute la cuestión de la laicidad mientras la Iglesia juega un papel cada vez más importante. En otros países europeos se debate sobre todo esto; hay muchas posturas sobre el islam, sobre el comunitarismo, sobre la laicidad. Aquí no. Aquí solo hay tabús. Tampoco hay ninguna aportación al debate europeo sobre qué Europa queremos, aunque este sea uno de los países donde más se han sentido las distorsiones de la UE actual.

Después del referéndum, señala Bali, durante un tiempo el partido de Tsipras fue cayendo en las encuestas. «El nivel de pesimismo era muy alto. La derecha de Nueva Democracia recuperaba espacio y se situaba ampliamente por encima de Syriza. La distancia, sin embargo, se ha reducido considerablemente y el pesimismo parece remitir, aunque sea solo muy ligeramente.» En opinión de esta periodista, que colaboró con el primer Gobierno de Syriza, Tsipras se ha olvidado de la revolución y una parte de los miembros del partido se han convertido en cínicos socialdemócratas, pese a que no quieren ser llamados así. Los realos, dice utilizando el término que define a la facción más pragmática de los Verdes alemanes que encabeza Joschka Fischer, intentan persuadir al ala más dura de que siguen en la brecha, de que avanzan, aunque sea poco y muy despacio. «No está claro que pierdan las próximas elecciones —cree—, pero lo que sí parece es que Tsipras conseguirá llegar hasta el final de la legislatura, algo que no ha conseguido ningún Gobierno desde el comienzo de la crisis.»

El partido intenta construir un relato que, a la vez que asume los errores aunque sea de forma indirecta, sigue proclamando la viabilidad de un modelo político en fase de reconstrucción. «Es la primera vez que un partido de izquierda no socialdemócrata llega al poder en Europa en unas elecciones», recuerda Yiannis Bournous:

Hemos acumulado una gran experiencia que será de gran utilidad para la izquierda europea; una experiencia a menudo amarga, pero con momentos muy luminosos. Hemos tenido que sacrificar algunos dogmas que teníamos en el pasado y aceptar compromisos. Nosotros decidimos disputar el relato tradicional y perdimos, pero con nuestro intento de cambiar las reglas de la Comisión y el subsiguiente crashing on the wall del neoliberalismo, toda Europa entendió cuáles eran las reglas del juego y las consecuencias del modelo neoliberal. Fuimos sometidos a chantaje. Esto fue lo que pasó con el referéndum.

Pero miran a su alrededor y encuentran pocos aliados. Dicen que están cooperando con el «experimento portugués» y que el éxito de António Costa consiste en haber conseguido recuperar la confianza y el crecimiento, justamente lo que todavía no ha logrado Syriza.

DE LA DEPRESIÓN COLECTIVA HASTA TOCAR FONDO

Hay señales, sin embargo, de que se está produciendo una mejora, de que se ha tocado fondo, pese a que seis de cada diez griegos no creen que la crisis acabe en la próxima década. Las previsiones del Gobierno para 2018 contemplan un crecimiento del 2,4 por ciento y un superávit primario —que excluye el pago de intereses de la deuda— del 3,57 por ciento del PIB, algo por encima del 3,5 por ciento que exige el programa de rescate hasta 2021. El superávit primario de 2017 se calcula en un 2,2 por ciento del PIB, bastante por encima del 1,75 por ciento exigido por los acreedores. Para 2018 se espera un superávit presupuestario del 0,6 por ciento. Panagiotis Korliras recuerda que han aumentado las exportaciones, especialmente los derivados del petróleo —Grecia dispone de tres importantes refinerías— y los productos químicos y farmacéuticos. También se detectan mejoras en el sector alimentario y la exportación de materias primas como el mármol, que compra China, y de los llamados metales raros, de los que el país es rico. El primer motor, sin embargo, sigue siendo el turismo, que también crece considerablemente. El sector de la construcción también parece despertar de la pesadilla. Durante la crisis los precios de la vivienda cayeron en un 50 por ciento. Parte de este repunte se debe a fenómenos como el de Airbnb, al menos en Atenas, que se está convirtiendo en una ciudad turística al estilo de Barcelona, en buena parte gracias a que los precios de hoteles y restaurantes están muy bajos. Por otra parte, los barrios del sur de Atenas están siendo objeto de la atención de capital ruso y árabe en el sector inmobiliario. Tras años sin realizar inversiones, lo que se puede percibir por el estado de las calles de Atenas y de las carreteras y autopistas, el Estado está volviendo a realizar importantes trabajos sobre todo en infraestructuras, para lo que en 2017 había presupuestados mil millones de euros, procedentes en su mayoría de fondos de cohesión europeos.

Si por algo será recordado este Gobierno es por haber creado una Hacienda robusta con capacidad recaudatoria y por subir los impuestos. Había que llenar las arcas del Estado. «Antes de la crisis mucha gente no pagaba impuestos», reconoce Yorgos Prokopakis, un ingeniero educado en Estados Unidos, donde fue profesor de la Colombia University.

El fisco era muy amable con los profesionales liberales. Abogados, ingenieros, arquitectos, médicos o economistas pagaban poquísimos impuestos. Los primeros 130.000 euros anuales estaban exentos. Hacia el año 2000, cuando empezó a cambiar el modelo fiscal, esta clase social abarcaba unos trescientos mil sujetos impositivos, lo que significaba un vivero de al menos dos millones de electores. Esta laxitud fiscal con el sector de los profesionales liberales también tenía el efecto de mantener relativamente bajos los gastos de los empresarios en minutas profesionales.

Cuando llegó la crisis, explica, «de no pagar prácticamente impuestos empecé a pagar casi el 50 por ciento de lo que ganaba, con el añadido de que, además, mis ingresos se redujeron drásticamente».

La laxitud fiscal con estos profesionales tenía también efectos perversos en el sistema público de salud, que había sido creado en la década de 1980 por el Pasok. A lo largo de los años acabó convirtiéndose en una maquinaria que trabajaba para el sector privado por la vía de la externalización. El Estado dejó de invertir en infraestructuras y de adquirir material sanitario e instrumentos de diagnóstico como escáneres o rayos X. Tampoco se preocupó de controlar si sus empleados médicos cumplían su horario laboral. Básicamente se enviaba a los pacientes al sector privado para que realizara estas pruebas y el Estado pagaba. Todos ganaban, menos el tesoro público. «Este es uno de los mejores ejemplos para definir la burbuja de la deuda, que está en el origen de la primera crisis», señala Prokopakis.

El Gobierno intenta justificar la presión fiscal con una retórica populista: tomar el dinero de los ricos para dárselo a los pobres. Pero lo cierto es que hay cerca de un millón de personas con sus cuentas corrientes intervenidas. Todo lo que entra en estas cuentas por encima de un tope de 1.250 euros se confisca de inmediato. Los pequeños negocios ya no aceptan tarjetas de crédito para que Hacienda no les confisque lo que deben. Ha vuelto a circular el dinero en efectivo o, lo que es lo mismo, se ha creado un área llamada de economía gris, donde se vuelve a defraudar al fisco. Hay quien dice que la sociedad griega se divide en dos: quienes tienen dinero en efectivo y quienes viven de un sueldo controlado. La desigualdad ha crecido enormemente y la clase media ha visto caer sus ingresos. Antes de la crisis se hablaba de la generación de los setecientos euros, que era lo máximo que ganaba un joven cuando entraba en el mercado laboral. Ahora son trescientos setenta euros al mes.

La cuestión es que el tesoro público no solo necesita dinero para pagar la deuda, sino también para prestaciones esenciales como las pensiones. Pese a que sufrieron importantes recortes, el coste de las pensiones en Grecia representa el 17,5 por ciento del PIB, del que solo un 7 por ciento lo aportan los trabajadores con su cotización, mientras que el Estado se hace cargo del 10 por ciento restante. En Europa el coste medio de las pensiones se sitúa en torno al 12 por ciento del PIB, y el Estado se hace cargo de un 2,5 por ciento. El modelo tradicional de la socialdemocracia europea se basaba en la existencia de grandes empresas con muchos trabajadores y en el acuerdo entre los sindicatos y la patronal para costear la Seguridad Social. Pero en Grecia hay muy pocas grandes empresas. El 95 por ciento tiene menos de nueve trabajadores. El 80 por ciento del impuesto de sociedades lo aportan tan solo unas ciento cincuenta empresas. Se puede decir que el sector industrial es residual. Nunca hubo una importante economía productiva, pero no hace mucho todavía había grandes astilleros, ahora cerrados. Una contradicción en un país que posee la mayor flota mercante del mundo, eso sí, navegando bajo bandera de conveniencia. Aunque prácticamente no pagan impuestos, las navieras junto con el turismo son dos de las dos bases de la economía griega porque dan trabajo a mucha gente. Las navieras llegaron a representar un 10 por ciento del PIB, comparado con el 17 por ciento del turismo. Ahora el turismo ha subido hasta un 20 por ciento y el sector naval se ha reducido. El único astillero importante que queda, Hellenic Shipyards, en Skaramanga, era propiedad en un 75 por ciento del gigante alemán ThyssenKrupp tras la privatización de 2005, aunque esta participación la ha adquirido Abu Dhabi MAR a cambio de que el Gobierno griego le encargue la construcción de dos submarinos para la armada.

En Grecia, aseguran todos los analistas, no existe una burguesía nacional en el sentido marxista del término. La clase social más rica depende en gran medida del Estado, con el que practica un descarado clientelismo para conseguir contratos públicos. Estas élites económicas están ahora muy preocupadas porque, según las nuevas regulaciones impuestas por Bruselas y el FMI, la banca griega tiene que atenerse a estrictos criterios profesionales. Esto implica que estos empresarios ya no pueden sentarse en el consejo de administración y actuar como lo hacían antes, cuando un consejo de administración otorgaba un crédito a un amigo que se sentaba en el consejo de administración de otro banco, y viceversa. Ahora acusan al Gobierno de poco patriota por «desnacionalizar la banca griega».

La crisis ha despertado la xenofobia, la búsqueda de un chivo expiatorio. Es cierto que de los cientos de miles de refugiados que llegaron a las costas de las islas griegas en 2015 y 2016 solo algo más de sesenta mil se han quedado en el país, casi todos atrapados tras el acuerdo con Turquía. En su mayoría siguen en centros más o menos organizados esperando que las autoridades europeas decidan si les conceden la condición de refugiados. Algunos, sin embargo, ya están siendo colocados en las ciudades, y su sola presencia ha servido para despertar el racismo de una parte de la población.

A principios de la década de 1990, tras el derrumbe del imperio soviético y la caída del régimen comunista en Albania, un gran número de albaneses emigraron a Grecia. Trabajaron duro y sufrieron el racismo y el desprecio, pero, como mano de obra barata, ayudaron mucho a la economía griega porque se dedicaron a trabajos que los griegos no querían hacer. Como la situación en Albania mejoró sensiblemente, con la llegada de la crisis a Grecia muchos de los que ya estaban instalados e incluso habían adoptado la nacionalidad griega regresaron a Albania, lo que provocó una grave distorsión en ese país. Por un lado, al reducir el flujo de dinero que enviaban a sus familias y, por otro, porque pusieron presión sobre el mercado laboral albanés. Hasta el punto de que el primer ministro albanés visitó Atenas para pedir ayuda.

AMANECER DORADO: NEONAZIS EN EL PARLAMENTO

Este caldo de cultivo está siendo aprovechado por un populismo que va más allá de la simple xenofobia para entrar de lleno en el fascismo puro y duro. Es lo que representa el auge de Amanecer Dorado, el partido neonazi que ha conseguido colocar veintiún diputados en el Parlamento y que practica otro nivel de odio. No surge de la nada, sino de la historia griega del siglo XX, del mito construido en torno a Ioannis Metaxás, un dictador que en la década de 1930 construyó un protofascismo griego en la línea de otros líderes autoritarios de la Europa de entreguerras, como Józef Piłsudski en Polonia, el almirante Miklós Horthy en Hungría o el mariscal Ion Antonescu en Rumanía. Metaxás era un líder autoritario de ideas fascistas, pero ocupaba el puesto de primer ministro cuando la Italia fascista de Benito Mussolini invadió Grecia. Por oponerse a la ocupación italiana, Metaxás se convirtió en un héroe, en una figura de culto. Así blanqueó su pasado y es el gran referente de la galaxia nacionalista y ultraderechista de Grecia.

En las décadas de 1950 y 1960, después de la guerra civil, surgieron todo tipo de movimientos estudiantiles de raíz fascista, y todos ellos reivindicaron a Metaxás. La base intelectual la proporcionó Kostas Plevris, un abogado y escritor prolífico, que se autodefine como nazi, fascista, racista, antidemócrata y antisemita. Plevris fundó varios partidos ultranacionalistas y todavía tiene un programa semanal de televisión llamado Edo Ellas. Amanecer Dorado nació a comienzos de la década de 1980 de un reducido grupo de gente: intelectuales y escritores admiradores del nazismo y de las teorías nacionalsocialistas que escribían sobre estos temas en una revista con este nombre, Amanecer Dorado. Al principio no querían convertirse en un partido político. Sin embargo, Nikolaos Mijaloliakos, que con solo dieciséis años ya militaba en uno de los partidos fundados por Plevris, transformó estas redes en un partido político —cuyo símbolo recuerda la cruz gamada nazi— pese a la oposición del resto y se hizo con su liderazgo.

Mijaloliakos creó una organización muy cerrada, con pocos miembros —entre doscientos y trescientos—, que tenían una agenda y realizaban acciones. A mediados de la década de 1990 empezaron a participar en las elecciones con un apoyo muy escaso, menos del 0,5 por ciento. Su agenda se puso en evidencia a mediados de la década de 1990 cuando los primeros inmigrantes, básicamente albaneses y de otros puntos de los Balcanes, llegaron a Grecia y se produjo una movilización nacionalista saldada con agresiones contra inmigrantes y homosexuales. También en las grandes manifestaciones en contra de que la Macedonia resultante de la desmembración de Yugoslavia utilizara este nombre. Eran los tiempos de las guerras yugoslavas, y hay pruebas de que muchos de estos militantes participaron en acciones bélicas junto a las tropas serbias de Slobodan Milošević y Radovan Karadžić.

También han atacado a manifestantes antifascistas, hasta el punto de que tienen causas pendientes por agresiones. En un corto periodo de tiempo se ha transformado en una especie de organización paramilitar, una milicia al estilo nazi. Se dice que también tienen conexiones mafiosas, y hay jueces que investigan actividades de crimen organizado y tráfico de armas. De hecho, el número 2 del partido está en la cárcel. A la Justicia no le es nada fácil probar si los que delinquen son o no miembros del partido porque sigue siendo una organización cerrada que no deja que se sepa lo que sucede dentro. Sus miembros no son muchos más que los originales, aunque hay seguidores y votantes que están a otro nivel. Conseguir ser aceptado como miembro de Amanecer Dorado no resulta sencillo. No consiste en inscribirse y pagar las cuotas, sino que hay que pasar por un proceso de adoctrinamiento con distintas fases, basado en la narración que hace Amanecer Dorado de lo que es Grecia y de lo que es Europa.

Así lo explica Vassiliki Georgiadou, profesora de Ciencia Política en la Universidad Panteion de Atenas y especialista en movimientos extremistas:

Es muy diferente de otros partidos de extrema derecha en Europa, como Alternativa para Alemania (AfD) o el Frente Nacional en Francia. Sus diputados en el Parlamento Europeo no forman parte del grupo de la Europa de las Naciones, donde está reunida toda la extrema derecha populista europea. Que obtengan un 7 por ciento en unas elecciones generales es algo que tampoco sucede en Europa.

La diferencia, explica Georgiadou, es que Amanecer Dorado tiene una milicia, y en eso se parece más al NPD, la formación neonazi alemana, y a Jobbik, en Hungría, que también está presente en el Parlamento de Budapest y que, a su vez, tiene una milicia, una fuerza de choque formalmente no relacionada con el partido, pero que en realidad es parte del mismo.

Son casos muy parecidos, como los de otros grupos ultranacionalistas que forman una especie de red en Europa, pero son muy minoritarios comparados con Amanecer dorado y Jobbik. En Rusia son más importantes, y ahora en Italia ha surgido CasaPound, con quien también se relacionan, así como con el British National Party. Es decir, no están aislados.

Desde la perspectiva de la demanda, Georgiadou explica este fenómeno por la debilidad de los partidos tradicionales y la pérdida de confianza en el sistema de partes importantes de las sociedades europeas, lo que ofrece posibilidades a las formaciones que se presentan como radicalmente antisistema.

Desde el punto de vista de la oferta, no hay que olvidar que estas organizaciones hacen cosas para ganarse el apoyo de la gente. Durante el periodo más crítico de la crisis, los griegos no se daban cuenta, no querían ver que estaban en medio de una crisis, y mucha gente con miedo de lo que podía suceder prestaba oídos a lo que decía Amanecer Dorado, que entonces acentuó su presencia en determinados lugares donde sabía que podía ser escuchado, en espacios sociales y geográficos en los que ya había semillas de odio, cuentas históricas sin saldar, presencia de movimientos identitarios o viejos resentimientos. Y construyeron redes con la gente, con los primeros afectados por la crisis, que tenían miedo, miedo a los inmigrantes, y se hizo fuerte. En un contexto de debilidad de los partidos políticos tradicionales, era una formación vitalista organizada en milicias precisamente para mostrar su fuerza, y esto también tuvo impacto en mucha de la gente pobre que los apoyó.

El papel de los medios de comunicación fue muy importante, según Georgiadou:

Muchas webs, pero también bastantes periódicos de importante circulación, mostraban a los líderes y militantes de Amanecer Dorado en sus páginas de estilo. Escribían sobre sus modos de vida, cómo practicaban el culto al cuerpo —muchos de ellos son fisicoculturistas—, publicaban fotos de sus casas, de las mujeres guapas que los acompañaban… de manera que conseguían hacer creer a los griegos que eran gente normal, atractiva; que eran modelos a seguir.

Los medios jugaron un papel determinante incluso sin ser conscientes de las consecuencias. En 2012, uno de sus líderes atacó violentamente a dos mujeres de otra formación política en un programa de televisión de mucha audiencia, y la escena fue emitida una y otra vez por los medios. En lugar de perjudicarlos, los benefició, porque sus potenciales seguidores lo entendieron como una muestra de fuerza, como un reconocimiento del machismo tradicional. Los sondeos mostraron una subida importante tras este episodio.

«Grecia es una sociedad muy tradicional con una cultura muy machista», opina Georgiadou. «Hay una gran discriminación contra los gais, y Amanecer Dorado los ataca sistemáticamente. De hecho, hay más ataques contra homosexuales que contra inmigrantes, aunque últimamente se han centrado en los musulmanes y los refugiados, sobre todo en las islas.» La policía no consigue atribuirles estos delitos, pero hay estudios que muestran claramente que han estado detrás de la mayoría de los ataques contra refugiados. Su violencia está perfectamente canalizada hacia objetivos muy concretos; no es violencia por el placer de la violencia; no tiene nada que ver con el fenómeno de esos individuos que acuden a las manifestaciones para sentir una descarga de adrenalina.

Lo más preocupante, según Georgiadou, es que todos los estudios señalan que los votantes de Amanecer Dorado ya no lo hacen como una simple protesta contra el sistema:

Por lo que sabemos, la mitad de estos votantes ya han tomado esta decisión dos veces seguidas o más. Ahora ya es una cuestión de fidelidad, y esto es muy importante. Por otro lado, su presencia en el Parlamento griego o en el europeo no ha servido en absoluto para cambiar lo más mínimo su sustancia; la práctica de la política cotidiana no los transforma.

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ESPAÑA: DE PODEMOS

AL INDEPENDENTISMO CATALÁN

España fue uno de los países europeos más fuertemente golpeados por la Gran Recesión. Había transitado con éxito el camino desde el espacio extramuros de la dictadura franquista hasta convertirse en uno de los Estados del núcleo duro de la UE, con un sistema democrático relativamente estable y un modelo constitucional que, aunque no del todo federal, sí supuso una fuerte descentralización. La cura de austeridad fue durísima: el país entró en recesión, el desempleo alcanzó cotas históricas —más del 25 por ciento en 2012— y el bipartidismo imperfecto que había permitido saludables alternancias en el Gobierno saltó por los aires. Tras la atroz purga, cuando el crecimiento regresaba a la economía y empezaba a generarse empleo a un ritmo sostenido, irrumpió uno de los fenómenos políticos más desestabilizadores que han marcado el arranque del milenio en Europa: el independentismo catalán, un nacionalismo populista con profundas raíces históricas, trazos visionarios, elementos supremacistas y una extraordinaria capacidad de gestión social, de propaganda y agitación, capaz de movilizar en las calles a cientos de miles de personas una y otra vez, conjugando el dominio de las redes sociales con las técnicas de mercadotecnia más profesionales y las escenografías más espectaculares.

Sin embargo, antes de la eclosión del proceso de independencia catalán, España ya había dado a luz otro movimiento populista, aunque de muy distinto signo, que había hecho temblar los cimientos del sistema democrático nacido tras la muerte del dictador Francisco Franco. En la estela de «los indignados», de las movilizaciones ciudadanas del llamado 15-M, cuando en mayo de 2011 miles de personas acamparon en la Puerta del Sol de Madrid y en las plazas de otras grandes ciudades contra las élites políticas y económicas bajo la consigna «no nos representan», nació Podemos, un partido que planteaba una enmienda a la totalidad del modelo político derivado de la Constitución de 1978; un partido que se reclamaba abiertamente populista y anunciaba una lucha entre «la gente» y «la casta», un término que no solo se aplicó al poder político y económico, sino también a las instituciones que habían permitido que una España carcomida por la corrupción y gestionada con ineptitud se viera empujada a la catástrofe social. El populismo de derechas es horizontal, se establece en función de nosotros contra ellos, los de aquí contra los de afuera, los nuestros frente a los bárbaros que nos invaden. El populismo de izquierdas es vertical: la gente contra las élites.

España es, en gran medida, un país sectario en el que no se admiten componendas. La política española se caracteriza por la existencia de innumerables líneas rojas que separan a los votantes de izquierdas de los de derechas, a los nacionalistas periféricos de los grandes partidos conservadores españoles con su correspondiente dosis de nacionalismo, que no pueden ser traspasadas. Esto ha sido fuente de graves conflictos en el pasado —la Guerra Civil es un ejemplo paradigmático— y complica enormemente la formación de gobiernos cuando no se producen mayorías absolutas. Tras la muerte del dictador Francisco Franco y la modélica transición a la democracia, se gestó un sistema que permitió la alternancia entre la izquierda, encarnada en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y la derecha del Partido Popular (PP).

Más que en ningún otro país europeo, en España hay un antes y un después de la crisis. El socialista José Luis Rodríguez Zapatero había conseguido ser reelegido presidente del Gobierno en 2008, tras un primer mandato en el que todos los indicadores iban viento en popa y la economía española asombraba a propios y extraños. Tal vez por eso no supo calcular las dimensiones de la crisis que estalló al poco de iniciar su segunda legislatura y no tomó medidas —o tomó las equivocadas—, lo que precipitó al país en el abismo de la recesión. Muestra del caos en el que se encontraba fue una de sus últimas decisiones: hacer aprobar por la puerta trasera la modificación del artículo 135 de la Constitución española, introduciendo el concepto de estabilidad presupuestaria y la prioridad en los presupuestos generales del pago de la deuda pública sobre cualquier otro gasto del Estado. El Ejecutivo del PSOE se sometió así a las presiones de Berlín, Bruselas y el Banco Central Europeo para calmar a los mercados e intentar salvar a España de una intervención. Corría el año 2011 y con esta medida Zapatero dio por cerrada la legislatura —las elecciones serían en otoño—, mientras España se despeñaba por una profunda depresión con un desempleo masivo, oleadas de desahucios y la desestabilización del sistema financiero, arrastrado por el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Los orígenes de Podemos y del proceso independentista catalán se pueden situar prácticamente en el mismo momento: en la primavera de 2011. El 30 de abril, es decir, dos semanas antes del 15-M, se creó la Conferència Nacional per l’Estat Propi, el embrión de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), la organización que iba a liderar el proceso para llevar a Cataluña a la independencia. Los «indignados», por su parte, tomaron forma política y dieron lugar a la creación de Podemos en 2014. Ambas fuerzas emergentes, pero aún en construcción, se vieron las caras en junio de 2011, cuando el presidente de la Generalitat Artur Mas, varios consellers y la presidenta del Parlament tuvieron que acceder en helicóptero a la cámara porque estaba cercada por «indignados» que protestaban por los recortes en políticas sociales. Un episodio que muchos analistas establecen como el momento en el que Mas y el partido del catalanismo conservador decidieron pasarse al independentismo.

LA DERECHA APLICA LA GRAN CURA DE AUSTERIDAD

Las durísimas reformas aplicadas por el nuevo inquilino del palacio de la Moncloa, el conservador Mariano Rajoy, aupado en la mayoría absoluta que consiguió el Partido Popular (PP) en el otoño de 2011, comportaron de modo casi inmediato una gran bajada salarial; la única forma de conseguir el equivalente a una devaluación de la moneda sin salirse del euro. Si antes de la crisis el término «mileurista» se aplicaba de forma despectiva a los jóvenes profesionales que, pese a su formación y capacidades, no podían pasar de un salario de mil euros al mes, esta cifra se convirtió por ensalmo en el objeto de deseo de todos aquellos cuyos ingresos se redujeron en más de un 25 por ciento. La productividad, naturalmente, aumentó de manera exponencial y España se convirtió de la noche a la mañana en uno de los más importantes fabricantes de automóviles de Europa. Por otro lado, se introdujo una fuerte dosis de dumping fiscal. Para relanzar la economía, se exoneraron los impuestos para las empresas y los inversores, una estrategia no cooperativa para atraer capital.

Por otro lado, el mantra de que España era uno de los países más descentralizados del mundo ya no reflejaba la misma verdad que inspiraba la Constitución de 1978, en la que participó directamente el nacionalismo catalán. El proyecto recentralizador de los Gobiernos de José María Aznar (1996-2004), que había quedado en standby durante los años de Rodríguez Zapatero, encontró un implacable aliado con la llegada de la crisis financiera y las políticas de austeridad impuestas desde Bruselas. El Ejecutivo de Rajoy se dotó de poderosos instrumentos para controlar la acción política de los Gobiernos autonómicos a través de la financiación. El independentismo catalán y Podemos son, aparentemente, cosas muy diferentes, pero ambos responden al agotamiento de la utopía neoliberal, cuando se visualiza que el instrumento para afrontar la crisis de la deuda consiste básicamente en ir bajando la fiscalidad a los ricos y los salarios a los pobres, lo que fuerza las costuras de la democracia.

«No nos representan» era el lema que se coreaba en las plazas y en los mítines de los círculos de Podemos, que funcionaba de forma asamblearia, una manera de señalar el desprestigio del modelo de democracia representativa clásica, pervertido por el sistema de listas electorales cerradas, que había dado lugar a una partitocracia ajena a la ciudadanía. El núcleo original estaba formado mayoritariamente por profesores y académicos de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid. Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Luis Alegre, Carolina Bescansa e Íñigo Errejón —«los cinco de Podemos»— empezaron a ocupar los medios de comunicación, especialmente la cadena privada La Sexta. Cuando, a finales de julio de 2014, se abrió la posibilidad de que los simpatizantes se inscribieran como miembros del partido a través del sitio web de Podemos, se apuntaron 32.000 personas en las primeras 48 horas y en pocas semanas la cifra superó los 100.000. En octubre, Metroscopia les dio un 13,8 por ciento en intención directa de voto, por delante del PP. Cuando el presentador Jordi Évole entrevistó a Pablo Iglesias en su programa Salvados, batió su récord de audiencia con cinco millones de espectadores.

El mensaje era muy claro y muy simple: desmarcarse de la práctica política tradicional al establecer una dicotomía entre «la casta», asociada a cualquier tipo de poder institucional y a los grandes escándalos de corrupción, y «la gente», es decir, los de arriba contra los de abajo, huyendo de forma deliberada de expresiones como «pueblo» o «clase trabajadora». La disyuntiva, aseguraban los líderes de Podemos, ya no se articulaba en torno al eje izquierda-derecha, sino en la confrontación entre la élite y la ciudadanía. En poco tiempo, a través de las apariciones en televisión de Pablo Iglesias —un líder al que definía su aspecto físico, con coleta y una vestimenta no solo informal, sino deliberadamente sobria y sin ningún tipo de pretensión—, consiguió que lo importante no fuera lo que decía, sino marcar la agenda política.

EL IMPACTO DE LA «NUEVA POLÍTICA» TRANSFORMA EL PAISAJE

El impacto de la nueva política en la sociedad española fue espectacular. Casi sin tiempo para organizarse, Podemos se presentó a las elecciones europeas de 2014 y consiguió 1,2 millones de votos y cinco eurodiputados. Tras las europeas, su ascensión continuó de forma meteórica. Dos meses después el sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) los situó como la segunda fuerza política en intención directa de voto, por delante del PSOE y a menos de un punto del PP. En las redes sociales su presencia era abrumadora. En Facebook pasó en dos meses de cien mil seguidores a seiscientos mil, y el hashtag Pablo Iglesias fue trending topic número uno en Twitter en múltiples ocasiones.

La falta de estructuras los llevó a no presentarse directamente a las municipales de 2015, pero sí apoyaron candidaturas afines que obtuvieron un éxito inesperado: la conquista de siete grandes capitales, entre las que se encontraban Madrid y Barcelona, las dos mayores ciudades de España. Un episodio revelador en tanto que mostró las dimensiones que, más allá de Podemos, había adquirido la «nueva política». En Barcelona surgió la emblemática figura de Ada Colau, una activista social que se había dado a conocer encabezando la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el movimiento antidesahucios con el que había conseguido llevar al Congreso una iniciativa popular avalada por seiscientas mil firmas para cambiar la Ley Hipotecaria, introducir la dación en pago y evitar que la deuda por una vivienda siguiese más allá de la pérdida de esta. En Galicia, otro movimiento similar, las Mareas, se hizo con las alcaldías de A Coruña y Ferrol, y otro tanto sucedió en Cádiz y en Zaragoza. Podemos se ensanchaba con las llamadas «confluencias» que mostraban su impacto en las grandes ciudades españolas y le construían un aura federal, que ya no vestía ningún otro partido en España.

Todo estaba listo para asaltar los cielos, es decir, para conseguir el poder en las elecciones generales de diciembre de 2015. «El cielo no se toma por consenso. Se toma por asalto», había dicho Pablo Iglesias en el congreso fundacional de la formación morada, pues este fue el color elegido para su logotipo. Era un concepto tomado prestado de Karl Marx, con el que el padre del comunismo había descrito las aspiraciones de la Comuna de París de 1871. En la campaña, sin embargo, ya se pudo percibir que en las aguas profundas el enemigo a batir no era la derecha, sino el PSOE, al que los líderes de Podemos, especialmente Iglesias, pretendía sustituir en el espacio de izquierdas. Fue la primera pérdida de la virginidad populista, pero casi consiguieron adelantar a unos socialistas en horas bajas. En las generales de 2015 Podemos atrapó cinco millones de votos y se quedó a muy pocos escaños del PSOE. La aparición de otro partido en el espectro de centroderecha, Ciudadanos, contribuyó a romper completamente el bipartidismo imperfecto en favor de un sistema de cuatro grandes partidos y varios pequeños, básicamente nacionalistas. Izquierda Unida (IU), la heredera del viejo Partido Comunista de España (PCE), quedó reducida a dos diputados.

Rajoy pagó la impopularidad por las reformas y la corrupción de su partido, pero el PP siguió siendo el más votado. PSOE, C’s y Podemos intentaron, sin mucha convicción, un pacto para desalojar a Rajoy, que no funcionó. Tras casi un año con un Gobierno en funciones y después de comprobar que no había forma de salir del impasse, los españoles volvieron a votar a finales de 2016. En ese tiempo Podemos se fue transformando; aunque siguiera practicando y exhibiendo modos y tácticas populistas, perdió su esencia asamblearia en favor de un liderazgo fuerte y vertical para convertirse de forma acelerada en un partido de izquierdas tradicional, y estableció alianzas electorales con Izquierda Unida. Casi seis años después del 15-M, y dos años y medio después de que Pablo Iglesias prometiera «asaltar los cielos», se presentó en el mismo escenario, el pabellón de Vistalegre de Madrid, sumido en una profunda crisis interna, haciendo juegos malabares de egos al borde del precipicio, jugando a los tronos y abierto en canal para descifrar cómo gestionar un éxito único sin destriparse en el intento. Iglesias se impuso e impuso un liderazgo personalista frente a la facción liderada por su número 2, Íñigo Errejón. Fue el principio del fin del asalto al llamado Régimen del 78.

El Partido Popular volvió a ganar los nuevos comicios, pero seguía sin disponer de los escaños suficientes para formar Gobierno. El establishment económico, político y mediático, en lo que podemos definir como un ataque de pánico, desató una guerra sin cuartel contra Podemos, con acusaciones falsas de financiación irregular que llegaban, paradójicamente, de miembros de un partido con cientos de casos de corrupción sistémica abiertos en los juzgados. Ataques de todo tipo en forma de campaña de desprestigio llovieron desde prácticamente todos los medios de comunicación, entre los que destacó el diario El País, el gran referente de la izquierda, que, en un giro copernicano derivado en buena parte de su agónica situación financiera, se dedicó día sí y día también a las labores de demolición de la formación morada.

Salir de este nuevo impasse que amenazaba con devenir en un bucle electoral se convirtió en la prioridad de lo que Podemos llamaría «la casta». Para poder formar Gobierno, Rajoy necesitaba no solo el apoyo de Ciudadanos, que Rivera le entregó casi sin condiciones, sino la abstención de, al menos, un puñado de diputados socialistas. Pero Pedro Sánchez se negaba con la frase «no es no», e insistía en su promesa electoral de no hacer presidente a Rajoy. Entonces se puso en marcha una verdadera conspiración para hacer caer a Sánchez de la Secretaría General del PSOE. En uno de los episodios más lamentables de la —todavía— joven democracia española, con el apoyo descarado y demagógico de los medios de comunicación, aparecieron en escena los viejos dinosaurios socialistas, desde Felipe González hasta Alfonso Guerra, y con su anuencia se organizó un auténtico golpe de Estado que liquidó a Sánchez e instaló una gestora al mando del partido para que, finalmente, se abstuviera en las Cortes de modo que saliera adelante el Gobierno del PP. Así, a finales de 2016, tras un año «en funciones», el Ejecutivo retomó su titularidad con muy escasos cambios.

En una pirueta digna de película épica de Hollywood, Pedro Sánchez volvió a presentarse a las primarias para recuperar la Secretaría General del PSOE. Su adversaria no era otra que la candidata del viejo establishment, representante del poder regional más conservador, la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz. Sánchez venció por una amplia mayoría, lo que puso en evidencia la escasa sintonía de los cuadros socialistas con sus bases, que resultaron estar mucho más a la izquierda de lo que creían. Con el PSOE ocupando el espacio de Podemos y viceversa, el discurso populista impregnó totalmente la política española, aunque ninguno de los partidos que lo practican pueda ya considerarse genuinamente populista. Podemos, integrado en el sistema, ya no canalizaba el descontento de «la gente» y perdió la posibilidad de convertirse en el partido hegemónico de la izquierda, pero conservó parte de su clientela, aquella que nunca podría volver a votar a un partido tradicional. A la derecha, Ciudadanos también adoptó posturas populistas y una demagogia nacionalista derivada, probablemente, de sus orígenes anticatalanistas, y en este proceso Rivera descubrió que su gran caladero de votos no estaba en el centro, sino a la derecha del PP.

EL PROCESO DE DESCONEXIÓN DE CATALUÑA

Mientras esto sucedía en Madrid, en Cataluña comenzaba una auténtica desconexión con el Estado realizada desde una parte del Estado, pues eso y no otra cosa son los poderes autonómicos. La tradición pactista de Convergència i Unió (CiU), el nacionalismo catalán conservador, se transformó con gran rapidez en un enfrentamiento sin matices con el poder central. La vieja CiU —al igual que el PP— también estaba manchada por una corrupción sistémica, e incluso su líder histórico, Jordi Pujol, y su amplia familia, tenían que desfilar por los tribunales. A los elementos desestabilizadores ya descritos, en Cataluña había que sumar otros argumentos que siempre habían estado allí, desde que en el último tercio del siglo XIX naciera el catalanismo político, y una serie de circunstancias multiplicaron su potencia exponencialmente.

En 2002 el socialista Pasqual Maragall había sustituido como presidente de la Generalitat a Pujol, el hombre que controló durante veintitrés años la Generalitat y cuyo lema era «hacer país». Tras largas negociaciones a varias bandas, tal vez para demostrar sus credenciales catalanistas, Maragall consiguió sacar adelante un nuevo Estatuto de Autonomía. Pese a haber sido aprobado en el Parlamento español y posteriormente ratificado en referéndum en 2006, el PP recogió casi cuatro millones de firmas «contra los catalanes» y lo recurrió ante el Tribunal Constitucional. A principios del verano de 2010 el Alto Tribunal declaró inconstitucionales catorce de sus artículos. La decisión era esperada y produjo una reacción de indignación popular, potenciada por una larga lista de irregularidades que habían desprestigiado el Alto Tribunal. El sábado del 10 de julio de 2010 tuvo lugar una manifestación masiva, probablemente la más concurrida hasta entonces, de rechazo a la sentencia. Y se visualizó un cambio: por primera vez los gritos y las pancartas fueron mayoritariamente en favor de la independencia y las banderas independentistas, la estelada con su estrella de cinco puntas sobre fondo azul, superaron a las senyeres tradicionales. La manifestación fue convocada por la propia Generalitat bajo el lema «som una nació; nosaltres decidim» («somos una nación; nosotros decidimos») y la organización corrió a cargo de Òmnium Cultural, una entidad catalanista surgida durante el franquismo para defender la cultura catalana. El presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla —inmigrante nacido en un pueblo de Córdoba—, recibió todo tipo de insultos e incluso un conato de agresión, y tuvo que abandonar la marcha protegido por su servicio de seguridad.

Unos meses más tarde, los socialistas del PSC pagaron los platos rotos con un pésimo resultado en las elecciones autonómicas, y el catalanismo conservador, de la mano de Artur Mas, recuperó el poder. Pero pintaban bastos. Mientras que en el resto de España el Gobierno del PSOE todavía no había puesto en marcha las medidas de austeridad, en Cataluña el nuevo Gobierno convergente —que se autocalificaba como business friendly—, con el apoyo parlamentario del PP, se puso como objetivo la austeridad y emprendió con ansias la labor de poda del estado del bienestar con recortes en las prestaciones sociales, en la sanidad y en la educación públicas. Consecuentemente, los «indignados» también ocuparon la plaza de Catalunya, en Barcelona, en mayo de 2011. Pero esta ocupación fue disuelta a los pocos días por los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica, con un alto grado de violencia —incluido el uso de pelotas de goma que hicieron perder un ojo a una mujer— y un saldo de 121 heridos. Ni que decir tiene que el catalanismo político recibió muy mal a este movimiento. Josep-Lluís Carod-Rovira, líder de Esquerra Republicana (ERC) y vicepresidente de la Generalitat con Pasqual Maragall, escribió: «Los españoles tienen todo el derecho del mundo a indignarse. Pero, si quieren hacerlo como españoles, lo mejor es que no se equivoquen en el mapa y que se meen, pinten, griten e insulten donde les corresponde: en su país».

El evidente rechazo social de los recortes y la gran manifestación contra la sentencia del Tribunal Constitucional fueron los dos elementos que sirvieron de detonante para que Artur Mas pusiera en marcha la transformación de la pactista y conservadora CiU en la locomotora de lo que se bautizaría como el proceso independentista. A este movimiento, liderado y gestionado desde el poder de la Generalitat, se sumaron, además de otros partidos catalanistas como ERC o las CUP, una serie de asociaciones de la sociedad civil, como las antes mencionadas Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. En el horizonte inmediato, además, estaba la celebración de los trescientos años de la caída de Barcelona frente a las tropas borbónicas durante la guerra de Sucesión, que para el catalanismo supone el momento de la pérdida de las libertades colectivas, el fin de la existencia de Cataluña como nación. Un episodio que, al igual que sucede con los serbios y la batalla de Kosovo contra el Imperio otomano, sirve para conmemorar una derrota y marca en cierto modo el elemento de agravio permanente que caracteriza el catalanismo político.

En septiembre de 2012 Mas acudió a Madrid para pedirle a Rajoy que concediera a Cataluña el llamado concierto económico, que suponía disponer de una Hacienda propia al igual que el País Vasco y Navarra, recaudar y gestionar la totalidad de los impuestos y pactar con el Gobierno central el denominado «cupo»: el pago de una cantidad en concepto de los servicios que presta el Estado. Pero el presidente del Gobierno, que en aquellos momentos vadeaba lo peor de la crisis de la deuda en una situación bastante desesperada, no le escuchó. Mas se lo tomó como un agravio colectivo y así lo comunicó públicamente. Unos días más tarde, el Parlament de Catalunya aprobó una moción pidiendo la convocatoria de una consulta sobre la independencia. Se puede situar en ese momento el arranque del proceso independentista que culminó cinco años más tarde de la peor de las maneras.

En noviembre de 2012, cuando solo había transcurrido la mitad de la legislatura, Mas disolvió la cámara y convocó elecciones anticipadas con la esperanza de aumentar su mayoría y poder prescindir del apoyo que le prestaba el PP. Pero solo consiguió cincuenta escaños y necesitó los veintiuno de ERC para mantenerse al frente de la Generalitat. El nuevo Gobierno se declaró ya abiertamente independentista y dirigió su acción con este objetivo. En Madrid Mariano Rajoy hacía oídos sordos a todas las peticiones que le llegaban de Barcelona, adoptando una táctica habitual en él, la de sentarse encima de los problemas y esperar que desaparezcan. Cada 11 de septiembre, día de la Fiesta Nacional de Cataluña que conmemora la fatídica caída de Barcelona frente a las tropas borbónicas, ANC y Òmnium convocaban manifestaciones multitudinarias de coreografías espectaculares reclamando la independencia y un referéndum. Cada Diada —así se conoce esta jornada— tenía un argumento temático. Cientos de miles de personas llegaban de todo el país con camisetas de determinados colores, llenando avenidas u organizadas en una cadena humana que recorrió Cataluña de una punta a otra, a imitación de la protagonizada por los países bálticos antes de separarse de la Unión Soviética. Ya no era solo una cuestión política o una reivindicación social: el soberanismo, el proceso a la independencia se convirtió en un modo de vida, en una creencia para llenar el armario identitario que abarcaba todos los detalles de la vida cotidiana. Ya no eran manifestaciones, sino peregrinaciones organizadas con una precisión milimétrica.

El siguiente paso fue convocar una «consulta» sobre la independencia para el 9 de noviembre de 2014. El Gobierno central presentó entonces dos recursos de inconstitucionalidad contra el decreto de convocatoria y contra la ley en la que se amparaba el proyecto inicial de referéndum. El Ejecutivo catalán optó por improvisar un «proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña». Oficialmente se desentendía y lo dejaba en manos de la sociedad civil. Rajoy pareció aceptar este cambio y no se opuso frontalmente. Más tarde se supo que había pactado con Mas que los resultados no se harían públicos desde el palacio de la Generalitat para mantener la pretensión de que era una iniciativa privada de poca importancia. La votación se realizó sin incidentes. Participaron poco más de 2,3 millones de personas, un 33 por ciento del censo, y el 80,76 por ciento de los votantes respondieron sí a las dos preguntas propuestas: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado?» y «¿Quiere que este Estado sea independiente?». Pero Mas no resistió la tentación de atribuirse el éxito de la convocatoria y anunció los resultados oficialmente a bombo y platillo.

La relación entre Madrid y Cataluña se endureció. Mas volvió a adelantar las elecciones. Para entonces los catalanes habían acudido a las urnas siete veces en cinco años. Los casos de corrupción empezaban a hacer mella en la vieja marca pujolista, CiU, por lo que se buscó la complicidad de todas las fuerzas independentistas bajo un paraguas bautizado Junts pel Sí ( JxS), que incluía a los restos de Convergència y hacía subir al mismo barco a ERC, para entonces ya una fuerza que amenazaba la hegemonía convergente, así como a otras formaciones escindidas de socialistas y democristianos. Las elecciones se convocaron con el marchamo de plebiscitarias, en el sentido de que una victoria de las fuerzas soberanistas validaría la independencia. Pero, de nuevo, Junts pel Sí se quedó corta. Mas esperaba una holgada mayoría absoluta, pero no la tuvo ni en votos ni en escaños, y se vio obligado a pedir el apoyo de una formación de extrema izquierda, las Candidaturas de Unidad Popular (CUP). Lo primero que hicieron los dirigentes de esta formación, realmente populista y asamblearia, fue pedir su cabeza, y la consiguieron. El nuevo presidente de la Generalitat —con el visto bueno de las CUP— era un político bastante desconocido, se llamaba Carles Puigdemont y era el alcalde de Girona.

EL DESAFÍO DEL REFERÉNDUM PARA LA INDEPENDENCIA

El programa electoral de JxS contemplaba la declaración de independencia en un plazo máximo de dieciocho meses. Lo que no se produjo. A cambio se decidió convocar un nuevo referéndum para el día 1 de octubre de 2017, esta vez vinculante, para la creación de la República catalana, y poner a la Generalitat a trabajar en la creación de las estructuras necesarias para construir un Estado propio. Durante meses el Gobierno catalán y el de Madrid jugaron al ratón y al gato; unos escondían sus intenciones y otros buscaban medios para paralizar el proceso. Rajoy optó por judicializar el problema, presentando recursos ante el Tribunal Constitucional de todas y cada una de las leyes que aprobaba la cámara catalana. Esto no hacía más que animar a los independentistas hacia la vía unilateral. En la primera semana de septiembre el Parlament se saltó todas las reglas, silenció a la oposición —medio hemiciclo quedó vacío— y aprobó la convocatoria del referéndum y la llamada Ley de Transitoriedad que debía regir los primeros pasos de la nueva República. El Ejecutivo central intentó evitar que se celebrara la consulta por todos los medios, bloqueó las partidas para comprar urnas e incluso las buscó activamente. Pero el Gobierno catalán consiguió esconderlas y así se llegó a la infausta jornada del 1 de octubre de 2017.

Ese día en los colegios electorales aparecieron las urnas, que algunos ciudadanos habían guardado celosamente en sus casas. Muchos militantes independentistas habían dormido en las escuelas y los centros de votación para defenderlos de una posible acción policial. En lugar de contemporizar, el Gobierno de Rajoy optó por una posición de fuerza: intentar impedir la votación con el único medio que tenía a su alcance, la Policía y la Guardia Civil, que habían llegado días antes a Cataluña. La Generalitat, por su parte, se había garantizado la complicidad de los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica, que se jugaba mucho en el envite en tanto que estaba obligada a cumplir las órdenes de los jueces. La jornada fue caótica. Se produjeron numerosos enfrentamientos en un buen número de colegios cuando las fuerzas antidisturbios cargaron contra quienes intentaban votar, lo que propició imágenes de inaudita violencia, que dieron la vuelta al mundo y reforzaron el victimismo de los independentistas. Estos creyeron que la visión de este «martirio» les granjearía la suficiente simpatía internacional como para que la UE o al menos algunos de sus Estados reconocieran la República cuando esta se proclamara.

Sin embargo, lo que no calcularon los independentistas fue que, por estas mismas razones, los días siguientes se iba a producir un pánico irrefrenable en el sector económico, que se saldó con la salida de Cataluña de tres mil empresas, entre ellas los dos principales bancos: CaixaBank, el segundo más importante de España, y Banco Sabadell, el quinto. Tampoco calcularon que este episodio despertaría a la silenciosa mayoría no independentista —unionista, según la jerga del proceso—, que básicamente era la otra mitad de la población. Pocos días después de este episodio, por primera vez el centro de Barcelona acogió una manifestación igual de multitudinaria que las independentistas en favor de la unidad de España, repleta de banderas españolas. El proceso independentista se había dado a conocer en todo el mundo, pero partió a la sociedad catalana por la mitad.

Pareció que la amenaza del Gobierno de Madrid de aplicar el artículo 155 de la Constitución, que suponía de facto la intervención de la Generalitat, y la incertidumbre creada por la espantada económica y financiera llevarían a Puigdemont a convocar elecciones y dejar las espadas en alto. Pero, como acostumbra a suceder en los procesos nacionalistas, a partir de un determinado momento el compromiso se convierte en traición. Cuando todo parecía indicar que el presidente catalán, con base en un pacto con Madrid acordado con los auspicios del lendakari Iñigo Urkullu —otra paradoja que fueran los vascos los que intentaran moderar las ansias separatistas—, iba a disolver el Parlament, una lluvia de amenazas e insultos en las redes sociales, de calificativos de traidor, una manifestación de estudiantes que se desvió camino de la plaza de Sant Jaume y la actitud contraria de sus socios de ERC le llevaron en la dirección opuesta. Al día siguiente la cámara catalana, en la que de nuevo faltaba casi la mitad del hemiciclo, proclamó la República.

Pero no ocurrió nada. La bandera española siguió ondeando sobre el palacio de la Generalitat. De la euforia se pasó a la incertidumbre. El Senado español votó a favor de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y el Gobierno de Rajoy lo puso en marcha inmediatamente. Destituyó al Ejecutivo catalán y convocó elecciones en plazo muy breve, una jugada política que dejó poco margen a los independentistas, obligados a presentarse a los comicios ante el riesgo de perder cualquier anclaje en el poder real. Durante el fin de semana Puigdemont se dejó ver por su ciudad, Girona, y la televisión pública catalana emitió un discurso suyo grabado deliberadamente ambiguo. El lunes Puigdemont y cuatro de sus consejeros aparecieron en Bruselas. Ningún país del mundo reconoció la República catalana. Los miembros del Gobierno catalán que acudieron a la Audiencia Nacional, en Madrid, acusados de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos, acabaron en prisión y los que habían huido a Bélgica se convirtieron en fugitivos de la Justicia.

La presencia de Puigdemont en Bruselas no fue casual; fue una manera de intentar poner en evidencia su frustración y echar en cara el apoyo unánime que las instituciones europeas habían dado a Rajoy más allá de lamentar con la boca pequeña la violencia del día 1 de octubre. Arrastrado por su propia lógica interna, el independentismo catalán pasó de ser un movimiento que llevaba el europeísmo como bandera a convertirse en uno de los problemas más importantes que tuvo que afrontar la UE en el tumultuoso año 2017. A los pocos días de su huida a Bélgica, el destituido Puigdemont, claramente contrariado por la falta de apoyo de las instituciones europeas, cambió su discurso por uno con muchas similitudes al de la eurofobia de los movimientos populistas de extrema derecha, como el Frente Nacional de Marine Le Pen. La UE, dijo, era «un club de países decadentes y obsolescentes en el que mandan unos pocos, además muy ligados a intereses económicos cada vez más discutibles» y «donde hay varias varas de medir». Puigdemont, que esperaba en esos momentos la decisión de la Justicia belga sobre la demanda de extradición presentada por el Gobierno español, descartaba uno de los elementos clave de la campaña independentista, el que daba por hecho que, en caso de independencia, Cataluña seguiría formando parte de la UE, al asegurar que iban a ser los catalanes quienes «deberán decidir si quieren pertenecer a esta UE» y «en qué condiciones».

Sin embargo, pese a tener que dirigir una campaña electoral desde la distancia, las elecciones convocadas el 21 de diciembre por el Gobierno central, en virtud de las prerrogativas que le concedía el famoso artículo 155 de la Constitución, volvieron a dar un resultado casi idéntico al de 2015; una mayoría independentista en escaños, encabezada por el expresidente Puigdemont desde su exilio de Bruselas, frente a una mayoría de más de un 52 por ciento del bando no independentista. La estrategia de pedir el voto para «la restauración de la República» dio resultado en un electorado que ya, abiertamente, había abandonado la política de los intereses y la gestión por la de las emociones. Con sus principales líderes en prisión o en el exilio fozoso, con sus fuentes de financiación exangües, el independentismo no solo no cedió, sino que intentó forzar la proclamación de Puigdemont como presidente de la Generalitat desde Bruselas, proponiendo fórmulas como la proclamación telemática de un Ejecutivo que gobernaría a través de internet.

Como dijo el editor Andreu Jaume, lo que se dirimía en Cataluña y en toda Europa era la «batalla entre la democracia representativa y una supuesta democracia plebiscitaria de la que no sabemos nada, salvo que quiere instaurar una república de gente buena». «La abstracción del pueblo —el Volksgeist— se ha puesto por encima del Poder Legislativo y del Poder Judicial con un Ejecutivo que actúa como oráculo visionario de la voluntad demótica», añadió. El proceso catalán tiene mucho en común con el brexit en el sentido de negar la realidad y aferrarse a una única idea marco: el objetivo final, y pasar por encima de cualquier otra consideración de tipo práctico. Los partidarios más extremistas del brexit, frente a las dificultades que encuentra el Gobierno de Theresa May en las negociaciones con Bruselas, dificultades que nunca quisieron contemplar, optan por la patada adelante, por una desconexión unilateral pura y dura, pase lo que pase, en contra de lo que realmente sería el interés «nacional».

Los dos populismos españoles surgidos de la Gran Recesión han protagonizado viajes completamente opuestos. Mientras que el independentismo catalán sigue navegando a lomos de los movimientos de masas, de la visceralidad, de las emociones, sin cambiar básicamente su discurso mesiánico, a Podemos el proceso catalán lo ha cogido con el pie cambiado y se ha visto obligado a mezclarse en una guerra que no era la suya; una guerra que escapaba del eje arriba-abajo para constituirse en el nosotros-ellos. En Barcelona, el colauismo, que parecía encaminado a un futuro hegemónico, tras mantener difíciles equilibrios, no ha podido soportar la presión del independentismo, ha doblado el espinazo gracias a su modelo de democracia asamblearia y ha roto el pacto con los socialistas con el que gobernaba la capital. En España ha sucedido lo mismo. Podemos cae en las encuestas a una velocidad de vértigo, mientras Ciudadanos se acerca peligrosamente al PP para robarle la hegemonía en la derecha. Si algo confirma lo sucedido en España en los últimos años es que es la derecha la que realmente ha entendido cómo funcionan los medios de comunicación y las redes sociales, la que sabe cómo tocar la fibra visceral, lo emocional, mientras que la izquierda acaba perdida en el laberinto de las pasiones y no sabe cómo explicarse a sí misma.

El gran vencedor de esta crisis política ha sido Ciudadanos, un partido fundado en Cataluña en 2006 para enfrentarse a la hegemonía del nacionalismo en lo que parecía una batalla perdida. Sin embargo, su líder Albert Rivera se perfila ahora en todos los sondeos como el principal aspirante a relevar en el Gobierno de Madrid al desgastado Mariano Rajoy, castigado finalmente por la corrupción sistémica del PP, que los españoles descubren día sí y día también en las decenas de casos que dirimen los tribunales, y por su pasividad ante los problemas por los que atraviesa la sociedad española, empezando por el catalán. El éxito de C’s (así es el logotipo de la formación) en las elecciones al Parlament de Catalunya de diciembre de 2017, cuando por primera vez en la historia desde la restauración de la Generalitat, un partido no catalanista, Ciudadanos, resultó ser el más votado y el que mayor número de escaños obtuvo, tuvo el efecto de propulsarle a nivel español. Rivera, como Inés Arrimadas, la vencedora en Cataluña, representan además el cambio generacional que se está produciendo en las filas conservadoras.

Desde la izquierda y desde el independentismo llueven las descalificaciones sobre C’s, a quienes se acusa de populistas e incluso de fascistas. Sin embargo, es un hecho que, además de llevarse votantes del PP, también los está sacando del PSOE e incluso de formaciones más a la izquierda como Catalunya en Comú, la formación impulsada por la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, y socio electoral de Podemos. Si esto se produjera a nivel estatal, las fuerzas de izquierda probablemente tardarían mucho tiempo en poder reconstruir su espacio e incluso, en el caso del socialismo, podrían convertirse en irrelevantes. El exeurodiputado Ernest Urtasun, miembro de Catalunya en Comú, apunta a que Ciudadanos intentará ubicarse a nivel europeo en el mismo espacio que el del presidente francés Emmanuel Macron, y señala: «El riesgo que tenemos en los próximos meses es que el movimiento que lidera en Francia y que se articulará en el Parlamento Europeo como uno de los grupos más grandes quiera a C’s dentro de su proyecto». Desde la perspectiva de Bruselas, muchos sitúan a Rivera como un posible Macron español, capaz de sumarse a la refundación europea. Sin embargo, a nivel nacional, el profundo sectarismo de la sociedad española probablemente impedirá que cuaje una opción centrista. El problema de España es de índole estrictamente política. No hay un bloqueo económico y las reformas implementadas por el Gobierno de Rajoy, con sus muy importantes daños colaterales, están impulsando un crecimiento sostenido. Por el contrario, el modelo de representación política, el marco constitucional, hace aguas por todos lados y nadie se atreve a reformarlo.

PORTUGAL, LA IZQUIERDA GESTIONA CON ÉXITO LA CRISIS

En Portugal ha ocurrido todo lo contrario que en España. La derecha aplicó las reformas, pero en las urnas perdió la mayoría por escaso margen. Los socialistas consiguieron hacerse con el apoyo de los comunistas y otras fuerzas de izquierdas que no exigieron entrar en el Gobierno. Portugal es en estos momentos una rara avis en Europa. Lisboa está de moda y probablemente acabe sustituyendo a Barcelona en el imaginario del turismo urbano en busca de ese componente lúdico y sensual que tan bien representó la capital catalana. Lisboa también es el símbolo del inesperado éxito de Portugal, uno de los pocos modelos de gestión que puede reclamar la izquierda europea, una vieja izquierda no populista, básicamente la socialdemocracia de toda la vida. António Costa consiguió en su momento formar un Gobierno en minoría en alianza con los comunistas y el Bloco de Esquerda, en el que hay quien ve una suerte de Podemos luso, pese a tener casi dos décadas de existencia. Fue una carambola. El conservador Pedro Passos Coelho (PSD) había ganado las elecciones de 2015, pero sin mayoría, e incluso recibió el encargo de formar Gobierno de parte del jefe del Estado, Marcelo Rebelo de Sousa. Nada permitía pensar que Costa lograría superar el histórico odio entre su partido (PS) y el comunista y antieuropeísta PCP, pero consiguió su apoyo para gobernar en minoría y desplazó a Passos Coelho. Nadie apostaba por su supervivencia, pero dos años más tarde Costa, uno de los pocos socialistas que gobiernan en Europa, lidera los sondeos con un 42 por ciento de intención de voto, 17 puntos por encima de los democristianos, y Portugal se ha convertido en el alumno aventajado de la UE, que como reconocimiento ha elegido a su ministro de Finanzas, Mário Centeno, para presidir el Eurogrupo.

Lo más sorprendente es que Portugal fue intervenido por la Troika y tuvo que gestionar un rescate de 78.000 millones. Sin embargo, con una gran dosis de pragmatismo, el Gobierno de Costa consiguió distanciarse de la austeridad a ultranza sin por ello apartarse de la ortodoxia que exigía Bruselas. Subió el salario mínimo, aprobó medidas contra la pobreza energética, aumentó los días de vacaciones y puso fin a los recortes salariales a los funcionarios. Con un 2 por ciento de déficit en 2016 —cinco décimas menos de lo que exigía Bruselas— y el paro por debajo del 10 por ciento, el PIB portugués acumulaba trece trimestres al alza a finales de 2017. Para aplicar recortes y reducir el déficit sin demasiadas protestas en las calles, el Gobierno socialista ha contado con el apoyo de sus socios de la izquierda. El precio a pagar fue que la deuda pública subió al 130,4 por ciento del PIB, por encima del 125 por ciento previsto, solo por debajo de Japón (239,2 por ciento), Grecia (181,3 por ciento) e Italia (132,6 por ciento).

Una de las razones por las que la vieja enemistad entre socialistas y comunistas no fue impedimento, en esta ocasión, para que estos últimos permitieran la formación del Gobierno fue la emergencia del Bloco de Esquerda, un partido fundado en 1999 como un conglomerado de fuerzas de extrema izquierda, desde antirrevisionistas ortodoxos hasta trotskistas, pasando por otras minorías. Liderado por Catarina Martins, ha evolucionado hacia un perfil del estilo de Syriza o Podemos y ha desplazado electoralmente al viejo PCP. En las últimas elecciones presidenciales, su candidata, la europarlamentaria Marisa Matias, dobló en votos al candidato comunista. Al igual que Podemos, el Bloco de Esquerda apuesta por candidatos jóvenes que rechazan la vieja línea dura de los comunistas; pero, a diferencia de sus correligionarios españoles, ha optado por la colaboración crítica con el Ejecutivo socialista de António Costa.

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ITALIA, EL GRAN LABORATORIO

Italia se ha convertido en el «hombre enfermo» de Europa, para usar una vieja terminología de la geopolítica, y en el principal foco de incerteza en lo que se refiere al proceso de construcción europea. La reforma electoral que, a falta de la reforma constitucional que fue rechazada en el referéndum de diciembre de 2016, debía servir para propiciar mayorías capaces de formar Gobierno, dio a luz en los comicios del 4 de marzo de 2018 un tablero político endiablado: tres bloques, a priori incompatibles y ninguno de ellos por encima del 40 por ciento mínimo para poder gobernar. Signo de los peligros que acechan a Europa, los dos vencedores indiscutibles han sido dos partidos populistas y euroescépticos, aunque de distinto modelo: uno, el Movimento 5 Stelle (M5S), una formación antisistema creada por el cómico Beppe Grillo y liderada ahora por el jovencísimo aspirante a primer ministro, Luigi Di Maio, de treinta y un años, se inscribe en el eje vertical: la gente contra las élites gobernantes. El otro, la ultraderechista Lega, en populismo tradicional: nosotros (los italianos) contra ellos (los de fuera). La Lega quiere directamente abandonar el euro. El M5S prometía lo mismo hasta hace poco, aunque ahora parece más dispuesto a aceptar un compromiso.

El éxito de los grillini del M5S es incontestable: se han convertido en el primer partido de Italia con 11 millones de votos y un porcentaje de más del 32 por ciento. En cuanto a la Lega, desprovista de su componente separatista y liderada por Matteo Salvini, un político abiertamente xenófobo, con más de un 17 por ciento ha superado a Forza Italia, el partido de Silvio Berlusconi con el que compartía una coalición poselectoral que estipulaba que correspondía presidir el Gobierno al líder del partido más votado. Pero esta coalición tampoco ha superado el 40 por ciento. El último heredero de la vieja política, el Partido Democrático (PD), en el que encontraron refugio democristianos y eurocomunistas, supervivientes del naufragio del «compromiso histórico», apenas ha llegado al 20 por ciento, certificando la debacle de su joven y ambicioso líder Matteo Renzi, que al día siguiente anunció su dimisión de la presidencia del partido y cuyo futuro político, por más habituado que esté a resucitar, está más en duda que nunca.

Los analistas sentenciaron que el 4 de marzo había nacido una incierta Tercera República. Italia siempre ha sido el gran laboratorio político de Europa. Todos los fenómenos sociales, cualquier nuevo instrumento o tendencia que surja en la tensión entre el poder y los contrapoderes, ya se ha probado antes allí. En Italia la vieja política se viste de nueva política y la nueva política se pone la piel de los viejos zorros. No es de extrañar, pues, que el populismo hipermediático, el mismo que llevó a Donald Trump al poder, el que llevó a los británicos a votar por salir de la UE e incluso el que manejan las nuevas pseudodemocracias autoritarias —como la Rusia de Vladímir Putin— para cohesionar y mantener la adhesión de la ciudadanía, tenga patente italiana: es la gran construcción de Silvio Berlusconi, el precedente ineludible, el hombre que cambió la manera de hacer política en Italia y también en Europa y que, octogenario, sigue en activo aunque muy lejos de haber recuperado la hegemonía en la derecha.

El populismo, que es una acepción de los sistemas democráticos tan vieja como estos mismos sistemas, se adapta al relato de cada momento y a los medios disponibles para propagarse. Il Cavaliere le dio carta de naturaleza, lo que le sirvió para ser tres veces presidente del Gobierno italiano y transformar radicalmente el paisaje político. Lo hizo, hasta cierto punto, forzado por las circunstancias, porque no era un político. Miembro de una familia de clase media, muy alejada del arrogante empresariado milanés tradicional, Berlusconi hizo de todo, incluso de cantante y animador en cruceros, hasta que consiguió hacer una fortuna en el sector inmobiliario. El siguiente paso fue comprar una serie de emisoras locales de televisión, que, por ley, no podían competir con la televisión pública, la RAI, sino que estaban obligadas a ceñirse al ámbito municipal. La RAI, que emitía en blanco y negro, tenía el monopolio incluso de la publicidad, y Berlusconi vio la oportunidad.

Envió a su gente a comprar derechos de películas y series de televisión en Hollywood. Empezó a emitir concursos y programas de variedades con jóvenes ligeritas de ropa. Estableció un sistema por el que repartía las cintas grabadas de la programación diaria de manera que cada televisión local de su propiedad emitiera lo mismo y colocó por primera vez la mosca, el logotipo de Canale 5, en la pantalla. Entró en la competencia por la retransmisión de los partidos de fútbol y él mismo adquirió el Milan. En contraste con la sobriedad de la cadena pública, pedagógica y educativa, concebida como servicio público, la televisión de Il Cavaliere era puro entretenimiento altamente sexualizado; una oferta basada ciento por ciento en el consumo que se emitía por primera vez las veinticuatro horas del día.

Fue una auténtica revolución que, en opinión del sociólogo Edoardo Novelli, transformó profundamente la propia identidad de la sociedad italiana y dejó abonado el camino para la gran transformación del paisaje político. El modelo político nacido en la posguerra, el llamado compromiso histórico entre la democracia cristiana y el Partido Comunista, estaba agotado. La sociedad italiana acusaba el cansancio de los «años de plomo», del terrorismo de extrema izquierda y extrema derecha. En este contexto, a través de la televisión de Berlusconi, en Italia se apagó la dimensión colectiva, la de las luchas obreras y la militancia sindical, la que se articulaba en torno a los criterios de la gran cultura, del conocimiento, de la honestidad intelectual, y la sociedad se refugió en el ámbito de lo privado, de la familia y los amigos, se alimentó de hedonismo y asumió la insolidaridad de lo cotidiano. Se abrieron de par en par las puertas de lo que se llamó la posmodernidad.

Todo sucedió muy rápidamente. En 1980 Canale 5 tenía el 13 por ciento de la cuota nacional y dos años más tarde ya ocupaba el 40 por ciento. En 1983, cuando llegó a la Presidencia del Gobierno italiano el socialista Bettino Craxi, amigo personal de Berlusconi, ya superaba a la RAI sin haber tenido que cambiar las reglas. Pero a finales de octubre de 1984, de manera coordinada, a instancias del ente público, varios magistrados de distintas ciudades ordenaron la suspensión de las emisiones con el razonable argumento de que la cadena realizaba «transmisiones nacionales ilegales». Pero para entonces Il Cavaliere ya era poderoso y contaba con la amistad de Craxi, a quien convenció para que firmara un decreto autorizando de nuevo las emisiones.

TANGENTÓPOLI Y EL FIN DEL SISTEMA DE POSGUERRA

En este contexto se produjo el descubrimiento de la inmensa charca de la corrupción que se había generado bajo el viejo sistema de partidos, lo que se bautizó como Tangentópoli (tangente es «soborno» en italiano), que implicaba a todos los principales grupos políticos con la gran industria. En 1992 el fiscal Antonio Di Pietro abrió un proceso judicial bautizado con el nombre de Mani Pulite (Manos Limpias) que puso bajo sospecha a cerca de cinco mil figuras públicas, hasta el punto de que en un determinado momento más de la mitad de los miembros del Parlamento eran investigados. Unos cuatrocientos ayuntamientos se disolvieron por cargos de corrupción. El punto culminante de esta tragicomedia que provocó suicidios y graves condenas se produjo el 30 de abril de 1993, cuando la gente tiraba monedas y billetes por la calle. Craxi, que había conseguido mantenerse en el poder más de una década —récord absoluto en la Italia de la posguerra—, también acabó ante los tribunales acusado de corrupción y, antes de ingresar en prisión, en 1993, escapó a Túnez, donde murió un año más tarde.

Todo estaba dispuesto para que alguien ocupara el vacío que dejaba la vieja clase política en desbandada, y en este contexto Berlusconi se hizo político de una manera natural. Il Cavaliere sondeó la posibilidad de intervenir en política. Necesitaba aliados en la cúpula del Estado para proteger su imperio mediático. Pensó en impulsar a Mariotto Segni, un democristiano que había fundado el Movimiento Popular por la Reforma y la Alianza Democrática. Pero ni Segni ni otras figuras públicas con las que contactó se lo tomaron en serio, y se decidió a liderar él mismo el proyecto.

Para entonces ya llevaba diez años sembrando una ideología política de su propia cosecha en Italia, con un sustrato cultural al que muchos sociólogos atribuyen claros componentes protofascistas que serían el caldo de cultivo de un nuevo populismo. Hay elementos que en Italia reaparecen una y otra vez, y Mussolini es uno de ellos, sin que necesariamente deba identificarse con el viejo fascismo, sino con las formas, el estilo; desde los parecidos personales, como el aspecto físico, hasta la exhibición de hazañas sexuales, pasando por la banalidad del discurso. Berlusconi, como Mussolini, se mostraba en público como un cierto tipo de gran amante y, en este sentido, anticipó muchas cosas del presidente norteamericano Donald Trump.

La llegada de Berlusconi al poder supuso un cambio radical en el panorama político italiano. El presidente del Gobierno, además de controlar la televisión pública, era el propietario de la televisión privada. Esto le permitió transformar el modelo italiano a su imagen y semejanza, y hacerlo sin necesidad de tocar la Constitución, con un modelo presidencialista al estilo de Francia o Estados Unidos. La televisión se convirtió en la máquina absoluta en la que confluían el espectáculo y la política, y el país vivía en una situación de campaña electoral permanente. El partido que fundó, Forza Italia, con un nombre sacado del mundo del fútbol, se configuró como una estructura destinada a apoyar al líder, un líder que debía comunicar los 365 días del año. La función de la comunicación se sobrepuso a la función del gobierno. Los partidos clásicos y sus ideologías fueron completamente desplazados por lo que el politólogo Edoardo Novelli llama «la turbopolítica», regida por las reglas y los ritmos de la televisión y el espectáculo.

Paralelamente nació el otro gran polo populista, la Lega Nord, una formación que explotaba básicamente el resentimiento de los ricos del norte, de la llamada Padania, contra los holgazanes del sur y, de paso, contra el Gobierno de Roma por derrochar los recursos obtenidos de los impuestos sacados del norte. Su líder, Umberto Bossi, que proclamaba este supremacismo, fue elegido senador en 1987. Como Berlusconi, también tenía un pasado en el mundo del espectáculo, como cantante. En 1987 consiguió ser elegido senador como miembro de la Liga Lombarda, y en 1991, mediante la fusión de varios partidos regionales, fundó la Lega Nord. Su eslogan era: «Roma ladrona, la Liga no perdona». Como Berlusconi, se encontraba en el lugar correcto en el momento oportuno. Tras las elecciones generales de 1994, Forza Italia y la Lega formaron una coalición para hacerse con el Gobierno.

Han pasado más de dos décadas y ambas formaciones políticas siguen en la brecha al tiempo que todo el resto del arco parlamentario se ha vestido de populismo. La Lega ha aceptado, por la vía de los hechos, formar parte de la Roma que detestaba. Sus miembros han presidido la cámara de representantes y han participado en varios Gobiernos junto a Berlusconi. Ha borrado la referencia geográfica de su nombre, ahora es solo la Lega, y ya no quiere la independencia de la Padania. Sus ansias secesionistas han ido dejando paso a un discurso xenófobo y racista contra la inmigración. Bossi, un personaje bronco y desagradable, ha envejecido y, acusado de corrupción, ha dejado el partido en manos de Matteo Salvini, un tipo mucho más joven que ha intentado —con éxito— reconvertir la Lega en un partido de ámbito nacional al estilo del Frente Nacional francés.

Se trata de un hombre que ha dicho: «Soy populista y presumo de ello». No esconde sus credenciales ultraderechistas, su xenofobia y racismo ni su admiración por Donald Trump o Marine Le Pen. Hace gala de su euroescepticismo y ha prometido renegociar todos los tratados europeos y sacar a Italia del euro. Habrá que concluir que, entre todas las posibilidades que hay de formar Gobierno, uno presidido por Salvini sería sin duda la más demoledora para el futuro de la UE. Lo paradójico es que, para convertirse en un serio candidato a presidir el Gobierno italiano, Salvini ni siquiera ha tenido que cambiar el teórico objetivo de su partido, que sigue siendo el de una Padania independiente, según figura en la última versión de sus estatutos, aprobada tan recientemente como en 2015.

La Lega tan solo promete en su programa electoral la transformación de Italia en un Estado federal, con una fiscalidad igualmente federalizada y mayor autonomía de las regiones, para lo cual ya le han servido los referéndums para la autonomía en Lombardía y Véneto, que considera como signos de la fuerza del partido más que de cualquier división interna. Ahora proclama que, para afrontar los desafíos del presente, que trascienden las fronteras nacionales, «Italia solo tiene un futuro si se mantienen unidos el norte y el sur, valorando las diferencias entre ambos en lugar de contemplarlas como un problema». Este transformismo se sostiene porque el pegamento que utiliza ha sido agitar la ola del sentimiento antiinmigrante y potenciar la xenofobia.

Uno de los primeros en felicitar a Salvini y en alegrarse por el éxito de la extrema derecha y el fracaso de la política tradicional fue el gran gurú del nacionalismo populista, el norteamericano Steve Bannon, ideólogo del presidente norteamericano Donald Trump, que durante las elecciones se encontraba en Italia, donde viaja a menudo y mantiene importantes contactos con los sectores más reaccionarios de la Iglesia católica enfrentados al papa Francisco. «Los italianos», dijo tras conocer el resultado, «a menudo se consideran provincianos en la política mundial, pero no es el caso: están en la cresta de una ola, son un banco de pruebas fundamental del poder de la soberanía nacional».

BERLUSCONI CREA ESCUELA CON SU MODELO POPULISTA

Los italianos se sorprenden ahora de que sus vecinos europeos se escandalicen ante la llegada sincronizada y en todas sus variantes del populismo en el continente, porque ellos ya llevan veinticinco años viendo la evolución de este fenómeno. Y es precisamente en el fecundo vientre de la televisión berlusconiana donde nacen los personajes que fabrican el artefacto político populista de última generación: el M5S, liderado por el cómico Beppe Grillo —otro más que procede del mundo del espectáculo—, que se reclama posideológico y parece serlo.

Fueron las cadenas de Berlusconi las que en la década de 1990 contrataron a una serie de personajes como Antonio Ricci, que acabaría siendo el guionista del show de Beppe Grillo. En los últimos años de la década de 1980, Canale 5 empezó a emitir Striscia la notizia, un programa que pretendía ser una especie de informativo dedicado a la defensa del consumidor, a reivindicar los derechos de los ciudadanos frente a los engaños de los poderosos. El formato era extremadamente agresivo: el presentador y las cámaras acudían sin previo aviso a los lugares sobre los que habían recibido denuncias y humillaban públicamente a los responsables del desaguisado. El protagonista era un personaje que imitaba el acento genovés y las maneras rudas de Beppe Grillo. Fue en Striscia la notizia, en una televisión de Berlusconi, donde nació el populismo 2.0: el M5S. Grillo era un cómico de mucho éxito en Italia, volcado en la denuncia social y en la crítica del sistema, fustigador de la corrupción y defensor de todas las causas, desde la ecología hasta la transparencia del Estado. En 2005 empezó a publicar un blog en internet: Il Blog di Beppe Grillo, que ahora es uno de los más visitados del mundo, y paralelamente creó una plataforma para agregar gente en un momento en el que aún no existía ni Facebook.

A través de esta plataforma, los seguidores de Grillo empezaron a discutir sobre los problemas sociales, la corrupción, las mafias, las energías renovables y la economía ética. Proponían cosas muy concretas, como la necesidad de que el agua fuera un bien público. Funcionaban con el agregado de la democracia participativa y directa. «Nosotros queremos que la gente vote sobre cosas concretas, solo así volverá a interesarse por la política —explicaban—, queremos una democracia directa.» Desde el blog, Grillo impartía consignas y disparaba contra el establishment. Para denunciar el parasitismo de la clase política italiana, en la cabecera del blog una especie de marcador indicaba los días, horas y minutos que faltaban para que los parlamentarios sentados en las cámaras accedieran a la privilegiada pensión autoconcedida, un dato muy revelador para calcular si se iban o no a adelantar las elecciones. Era una manera muy efectiva de señalar a la casta, al enemigo. El viejo establishment acusó a Casaleggio Associati, el administrador del blog, de utilizar sus sitios web afiliados para difundir noticias falsas con el fin de dañarlos.

Todavía no estaban preparados para entrar como actores en la arena política, pero sus iniciativas, siempre nacidas en la red, comenzaron a interactuar con el sistema. En 2006 lanzaron, a través de la red, una iniciativa bautizada Parlamento Pulito que recogía los datos de los parlamentarios involucrados en casos de corrupción o nepotismo, y pidieron a los partidos que borraran de sus listas a quienes hubieran sido condenados por corrupción. Solo el partido del juez Di Pietro, Italia de los Valores, lo hizo. En los comicios de aquel mismo año apoyó a algunos candidatos de Romano Prodi contra los de Berlusconi. En las municipales avalaron a algunos candidatos, pero con resultados muy discretos.

El 4 de octubre de 2009, el día de San Francisco —un detalle que los grillinos se esfuerzan en señalar— se fundó el M5S. Junto a Grillo estaba el personaje clave en la evolución del movimiento, el magnate de las telecomunicaciones Gianroberto Casaleggio, que creó la estructura real del partido, muy diferente de la tradicional, con aspectos que la asemejaban a una empresa privada, especialmente los relacionados con la llamada Red Rousseau, que permitía a todos los militantes participar en la elaboración de programas y leyes. En la fase inicial el coste fue cero porque el M5S nació sin infraestructura y además renunció a la financiación pública. Todo seguía estando en internet, lo que suponía un gran ahorro de dinero y medios. Los grillinos ganaron el referéndum sobre el agua pública y contra las centrales nucleares, surgido de una recogida de firmas, y organizaron una curiosa acción en la que tres mil personas rodearon el Parlamento con un mejillón en protesta contra la corrupción.

Grillo, su principal activo, no podía presentarse como candidato porque estaba inhabilitado a causa de una condena sufrida años antes por un accidente de tráfico con víctimas mortales. Pero el M5S hizo de la necesidad virtud. El líder carismático no entró en las listas, se mantuvo al margen de las luchas por el poder, conservó intacto su carisma y permitió contrarrestar las acusaciones de hiperliderazgo formuladas por las demás formaciones políticas. Nadie manda en el M5S, decían, todo se discute y se vota. Con el M5S, internet y las redes sociales tomaron la política italiana. El mensaje era que ya no hacían falta los partidos ni las votaciones. Cada día, cuando se levantaba por la mañana, el ciudadano encendía su ordenador o su teléfono móvil y votaba sobre algo.

UN PARTIDO POSIDEOLÓGICO: EL M5S

Pronto demostraron ser unos genios de la comunicación política. Sus tácticas electorales eran de una eficacia deslumbrante. En la campaña electoral de 2013, que fue su verdadera presentación en sociedad, el M5S rechazó utilizar los espacios que las televisiones ponían a su disposición, como a la del resto de los partidos. Sus candidatos se negaron a acudir a ninguno de los cientos de programas de entrevistas que hay en Italia. ¿Con qué fin? Desconfiaban del trato que les darían los medios tradicionales, pero sabían que tenían un personaje que era pura carne de televisión, Beppe Grillo, y que, si él no iba a las televisiones, las televisiones irían a él. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Para concederles el mismo o similar tiempo en antena que a los otros partidos, las cadenas se veían obligadas a ir a los mítines de los grillinos, y esos mítines se retransmitían durante el debate al que sí que acudían representantes de los demás partidos. El resultado era que aparecían en televisión el doble de tiempo que el resto de los grupos políticos, cuyos candidatos, además, se veían obligados a hablar del M5S durante los debates, mientras que los grillinos se evitaban tener que debatir. Las elecciones generales de 2014 fueron su puesta de largo: consiguieron el 21,3 por ciento de los votos y 120 parlamentarios entre la Cámara de Diputados y el Senado. En las municipales de 2016, dos mujeres del M5S, Virginia Raggi, una joven abogada de treinta y nueve años, y la economista Chiara Appendino, de treinta y dos años, se convirtieron en las alcaldesas de Roma y Turín.

Pero, al margen del elemento populista, tanto formal como de contenidos, la característica más novedosa del M5S es que es un partido genuinamente posideológico; un fenómeno políticamente anómalo, sin identidad precisa en los parámetros derecha-izquierda, una criatura ambigua centrada en la protesta contra el sistema y con un programa vago y a veces contradictorio, cuyo objetivo es pescar en todos los caladeros. Entre sus militantes y también entre sus votantes hay un claro componente de antiguos electores de izquierda, incluso de extrema izquierda o similar a los comunes españoles —que también en algún momento pretendieron no ser ni de izquierda ni de derecha—, y otro de antiguos electores de derecha e incluso de extrema derecha. En la elección de Raggi, en Roma, que en la segunda vuelta superó de largo el 60 por ciento de los votos, ya se vio claramente que el M5S era apoyado de modo explícito por partidos y electores de la derecha radical. También es un hecho que esta condición posideológica les crea graves problemas y contradicciones cuando tienen que posicionarse respecto a determinados temas.

Tras el fallecimiento de Gianroberto Casaleggio a mediados de 2016, la «empresa» que gestiona el M5S ha pasado a manos de su hijo David, de quien se dice que está más cerca de los círculos de poder que su padre y que intenta acercar al partido a posiciones más conciliadoras, principalmente con la Iglesia católica, que todavía representa un poder muy respetable en Italia. La prensa católica considera que tienen «impulsos anticlericales y laicistas». Pero Grillo parece tener una buena sintonía con el papa Francisco. «Somos como los franciscanos —dice—, aunque la Iglesia tiene su propio mensaje evangélico y nosotros tenemos nuestra propia visión de la sociedad.» En muchos asuntos tienen visiones irreconciliables, sobre todo en los temas sociales de fondo como el aborto o la eutanasia, y también en aspectos más prosaicos, como la financiación de las escuelas privadas o el pago de impuestos por parte de la Iglesia. Lo cierto es que, ocho años después de su fundación, el M5S parece haber perdido parte de su inocencia original, que según algunos observadores ha reemplazado por un cierto instinto asesino.

Grillo ha ido cambiando sus opiniones según cambiaba el paisaje. Capitalizó rápidamente el resentimiento de los italianos que se sentían marginados y perdedores contra la UE, en especial contra la introducción del euro, pero ahora ya no es tan radical al respecto y prefiere mostrarse más ambiguo. Según Luigi Di Maio, Italia se encuentra en una gran dificultad económica y social, con diecisiete millones de ciudadanos en riesgo de pobreza. El Estado, asegura, tiene una burocracia tan densa que no permite a los ciudadanos acceder a los derechos fundamentales y a los servicios esenciales, por lo que la prioridad de los grillinos es desmantelar esa jungla normativa en la que anida la corrupción. Para ello quieren limitar los mandatos y eliminar la inmunidad parlamentaria.

En el campo de la economía y el trabajo, sus propuestas no son precisamente de izquierdas. Denuncian que el contexto productivo italiano es de los que más impuestos paga de todo el mundo, con una carga fiscal que roza casi el 60 por ciento y que proponen reducir considerablemente. Prometen una renta de ciudadanía de 780 euros mensuales para nueve millones de ciudadanos, cuya financiación saldría de los diecisiete millones de euros que quedarían disponibles al reducir los costes de la política. Esta prestación implicaría realizar trabajos de utilidad pública para el Estado y llevar a cabo estudios de formación destinados a la futura reinserción laboral. Son partidarios de mantener el subsidio de desempleo, pero exigen que los parados acepten las ofertas de trabajo y proponen que, si se rechazan más de tres propuestas, se pierda el derecho al subsidio.

Especialmente significativa ha sido la deriva de su posición respecto a uno de los temas centrales de la política italiana en estos momentos: el de la inmigración. Un estudio del Observatorio Europeo sobre la Seguridad de 2017 señaló que el 47 por ciento de los italianos estaban convencidos de que la inmigración era una emergencia. De la acogida y la solidaridad, la sociedad italiana ha pasado primero a la indiferencia y después al miedo, algo que la clase política no ha dudado ni un segundo en capitalizar. Tras una serie de importantes oleadas migratorias que aprovecharon la proximidad entre Sicilia o islas como Lampedusa y la costa libia, todos los populismos coinciden en señalar a los inmigrantes y refugiados como el origen de todos los males, incluido el M5S.

Tras el relativo fracaso en las municipales parciales de la primavera de 2017 —en las que los grillinos optaban a determinadas alcaldías, pero fueron derrotados—, en un claro intento de recuperar popularidad y atacar de paso a Matteo Renzi, el líder del PD y candidato a la Presidencia, el M5S acusó al Gobierno de querer llegar a un acuerdo con Bruselas por el que, a cambio de la indulgencia de la Comisión Europea por el incumplimiento de las normas presupuestarias por parte del Ejecutivo italiano, Roma se comprometería a seguir acogiendo refugiados. El ala derecha del M5S acusa a las ONG que recogen a los inmigrantes que naufragan de actuar como efecto llamada y animar a los traficantes de seres humanos a seguir con el negocio. El M5S necesita reforzar su voto en el sur, concretamente en Sicilia, que está en primera línea en la crisis migratoria, y cree que una postura de firmeza en cuestiones de seguridad nacional le dará buenos resultados.

«Renzi nos ha vendido a los burócratas de la UE por ochenta euros», dijo Di Maio en referencia a una reforma tributaria aprobada por Renzi cuando era primer ministro, que incluía un subsidio mensual de ochenta euros para los bajos ingresos y a la que se atribuye el desvío presupuestario. Di Maio, que describe la labor de las ONG que rescatan a los inmigrantes en alta mar como un servicio de «mar taxi», acusa a Renzi de haber cerrado un acuerdo con la Comisión Europea en virtud del cual Italia coordina la misión de rescate de la Operación Tritón a cambio de la flexibilidad presupuestaria. Una de las características de los grillinos es su gran afición por todo tipo de teorías conspiratorias, incluida la que sospecha de las campañas de vacunación tradicionales.

LA INMIGRACIÓN DA ALAS AL NEOFASCISMO

La alcaldesa de Roma ha pedido insistentemente al prefecto de la provincia una moratoria sobre la acogida de nuevos inmigrantes y el desmantelamiento de los campamentos de gitanos en varias zonas de la periferia de la capital. El propio Grillo, por su parte, anunció que el M5S se opondría al proyecto de ley para instaurar el ius soli («derecho de suelo»), que daría automáticamente la nacionalidad italiana a los hijos de inmigrantes, una medida que está exactamente en la línea de la Lega. Roma ha acogido menos migrantes de los que se comprometió y menos que otras ciudades, como Milán. Esta deriva derechista ya ha provocado importantes tensiones internas entre los grillinos, una parte de los cuales ve con preocupación cómo el M5S parece acercarse a las posturas de la Lega Nord. El diputado Girolamo Pisano, de Salerno, avisó de que abandonaría el partido si se intenta una alianza electoral con la Lega, una posibilidad que, aunque Grillo siempre descarta, surge intermitentemente porque este endurecimiento de sus posiciones ante la inmigración parece señalar una cierta voluntad de competir por el electorado de derechas.

El acoso a los inmigrantes se ha convertido en una política muy rentable, y a esta tentación tampoco se ha resistido el Gobierno del PD. El acuerdo que selló el ministro del Interior, Marco Minniti, con algunos jefes de las tribus locales libias para que impidieran la salida de embarcaciones con destino a Italia dio frutos rápidamente y los desembarcos se redujeron a la mitad. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se pasó de veintitrés mil en julio de 2016 a menos de once mil en agosto de 2017. Estas cifras han servido para colmar de elogios a Minniti, un hombre de izquierdas, por sus cuestionables tratos con Libia. Felicitaciones que le llegaron incluso desde la derecha más radical. Alessandra Mussolini, nieta del Duce y europarlamentaria de Forza Italia, lo felicitó por «poner un dique a la inmigración». También los pequeños movimientos de centro vinculados al mundo clerical, como el minipartido del ministro de Asuntos Exteriores, Angelino Alfano, han dejado de lado los valores cristianos y muestran su rechazo a las propuestas de ampliación del ius soli a los inmigrantes residentes. Incluso el PD, a su manera, a través del problema de la seguridad, ha lanzado su proyecto de ley sobre la ampliación de la ciudadanía de carácter claramente regresivo. La paradoja es que la natalidad sigue cayendo en Italia; cada año hay menos habitantes que en el precedente y lo único que frena el declive es la llegada de extranjeros.

De ser uno de los fundadores de la actual UE —el Tratado de Roma muestra precisamente el certificado origen— y tras haberse beneficiado enormemente de la creación del mercado único y de las ayudas de todo tipo durante décadas, Italia ha sufrido un cambio radical propiciado por la crisis y agitado por unos políticos sin muchos escrúpulos. Ahora la sociedad italiana es una de las más euroescépticas del continente. Si se escucha lo que dicen Beppe Grillo y Matteo Salvini, Italia sería el país de donde podría surgir el caballo de Troya que hiciera descarrilar el proyecto europeo, empezando por la moneda única. Según Salvini, el euro es un experimento fallido que terminará saltando por sí solo. «Ya estamos preparando el día después, la salida de seguridad. Si un país controla su moneda y sus bancos, es más libre», asegura. En una entrevista con Daniel Verdú en El País, dejó claro que, si llega al Gobierno, ni siquiera lo sometería a referéndum. «Quien vota Liga me da su mandato para recontratar Maastricht, Schengen, Dublín, Lisboa, el comercio… Si tengo éxito, bien, y si no, tiro recto.» Grillo, por su parte, siempre ha sido euroescéptico y Di Maio, aunque con matices, mantiene el mismo discurso. Si la UE no atiende a las peticiones de Italia de reformular aspectos clave del mercado único que, en su opinión, afectan a la competitividad de Italia, abandonarán el barco: «Si la UE no escucha, el último recurso es salir del euro».

El populismo de la Lega y del M5S ha encontrado en el euroescepticismo una buena herramienta para cohesionar sus bases. De nuevo, como en el caso de la inmigración, el peligro viene de fuera. Pero no hay que olvidar que en la política italiana hay que distinguir entre el contenido populista y las formas populistas, que son parte inseparable de la práctica política, se encuentran en todos los partidos y en todas las ofertas. Se trata básicamente de saltarse las instituciones, los órganos intermedios, hablar directamente a las personas, centrarse en los aspectos más emotivos, mostrar empatía en todo momento, hablar de amor… exigencias ineludibles porque las redes sociales funcionan así. Es una ola que afecta a todo el mundo, incluido el papa Francisco, de quien se dice que solo es un gran reformista en lo que se refiere a las formas, pero no al fondo.

Formalmente, Matteo Renzi ha sido uno de los líderes más populistas de Italia. El hombre que lo ganó todo y lo volvió a perder al convocar un referéndum sobre la reforma constitucional que se convirtió en un plebiscito sobre su persona, es, en las formas, la versión 2.0 de Berlusconi, que todavía sería un líder del siglo XX, populista pero analógico. El exalcalde de Florencia sabe usar muy bien la televisión y aún es mejor en las redes sociales. Tiene una aplicación propia y hace un programa en directo en Facebook que se llama Matteo risponde, que en su forma no difiere mucho del Aló Presidente del venezolano Hugo Chávez. Cuenta la periodista Wanda Marra que Renzi, supuestamente aconsejado por Berlusconi, quiso «aprender» de las series de televisión norteamericanas, hasta el punto de que se compró el libro de Michael Dobbs en el que se basa la serie de televisión House of Cards, sobre unos inquilinos extremadamente maquiavélicos de la Casa Blanca. Enterado Dobbs, le envió un mensaje a Renzi en el que le explicaba que «el libro no es un manual de instrucciones, sino simple entretenimiento». Claro que Renzi es también el hombre de los anuncios no cumplidos. Cuando llegó al poder, elaboró lo que llamaba el cronoprograma: poner en marcha una reforma cada mes. No hizo ninguna. Como parte de su campaña, se subió a un tren para recorrer las 107 provincias italianas, visitar fábricas, niños, señoras, alcaldes y dar besos, saludos y discursos una y otra vez. Y en eso es imbatible.

A nivel individual sigue habiendo excepciones que resisten la marea populista. La más notoria, Paolo Gentiloni, el discreto sucesor de Renzi al frente del Gobierno, que, aunque nadie le concede la más mínima posibilidad política en el futuro, ha seguido presidiendo el Gobierno con total tranquilidad mientras se buscaba una salida al rompecabezas dejado por los comicios de marzo de 2018. Porque más allá de la lucha partidista, Italia siempre ha echado mano de los llamados «Gobiernos técnicos» encabezados por personas sensatas y trabajadoras a las que se encarga sacar al país del marasmo. Fue el caso de Mario Monti, cuando en plena crisis desde Europa se exigió la salida de Berlusconi. Ahora, cuando se busca una figura redentora, se piensa en tipos como Carlo Calenda, el actual ministro de Desarrollo Económico, que fue representante de Italia ante la UE. Un personaje joven, construido fuera de la política, con un currículo sugerente en el que destaca haber sido responsable de publicidad y programación en la cadena privada Sky Italia y también de las relaciones con las instituciones financieras y con los clientes de Ferrari. Tiene un halo muy parecido al del presidente francés Emmanuel Macron, en tanto que fue viceministro de Economía con Letta y lo volvió a ser con Renzi en 2015, que antes lo mandó a Bruselas. Sigue sin militar en ningún partido. Berlusconi, por su parte, inhabilitado para ejercer cargo público hasta 2019 tras haber sido condenado por fraude fiscal, durante la campaña propuso para presidir el Gobierno al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, que aceptó la oferta. Era una solución inteligente porque tranquilizaba a Bruselas, pero imposible una vez que Forza Italia quedó por detrás de la Lega de Salvini.

LAS REFORMAS QUE NUNCA LLEGAN

Italia es un país económicamente estancado que no ha emprendido reformas. Sus cifras macroeconómicas son muy poco alentadoras y su deuda pública es descomunal. Su sistema financiero hace aguas, hasta el punto de que ahora es la principal preocupación del Banco Central Europeo. El Estado italiano tiene una burocracia tan densa que no permite a los ciudadanos acceder a los derechos fundamentales y a los servicios esenciales. Desmantelar esa jungla normativa en la que anida la corrupción, tanto entre los burócratas como entre los políticos, y de la que vive una capa social nada despreciable —a cualquier europeo le sorprende el número de bedeles que pueden encontrarse sentados frente a una mesa vacía en cualquier institución— es una de las prioridades y la base de cualquier reforma que libere el potencial económico y creativo del país. Pero es una tarea hercúlea que choca frontalmente con la tradición clientelar del Estado italiano.

En Italia no existe una tradición fuerte e institucional del Estado como referencia. Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1946, en un referéndum se rechazó la monarquía, manchada por su connivencia con el fascismo. De hecho, todas las instituciones estaban manchadas por el fascismo. Por eso el régimen que surgió tenía una sola legitimidad: la de los partidos. Incluso una de las portavoces del PD, Anna Ascani, reconoce que buena parte de las demandas de los grillinos son legítimas:

Tenemos un sistema institucional que no funciona, así que la idea de algo que rompa el sistema es muy atractiva. El actual sistema no soluciona los problemas de desempleo, falta de crecimiento económico, seguridad y ausencia de un futuro mejor. Si la clase política es ineficiente por falta de reformas constitucionales y el modelo económico no proporciona crecimiento, lógicamente hay campo abierto para que las fuerzas antisistema crezcan.

Desde la crisis del sistema, en poco más de dos décadas Italia ha cambiado de Gobierno doce veces. El profesor de Ciencia Política y experto electoral Roberto D’Alimonte ya adivinaba que la nueva ley electoral, que apunta a un modelo en buena parte proporcional, lllevaría a un resultado inconcluso, en el que ninguno de los grandes partidos tendría la capacidad de formar una mayoría parlamentaria estable. «Italia ha sido siempre un país de coaliciones, la diferencia es que antes las coaliciones eran preelectorales, ahora serán poselectorales», dice D’Alimonte, que anunciaba como así fue, «un puzle complicadísimo de armar» para el que haría falta buscar alianzas desconocidas.

Más allá de la Lega, Italia tampoco escapa al neofascismo. CasaPound —así llamado en memoria del poeta norteamericano Ezra Pound, gran propagandista del fascismo— constituye un paso más en el regreso desacomplejado fascio en Italia, donde siguen habiendo importantes sectores que no parecen dispuestos a olvidar del todo a Mussolini. Constituida como partido político en 2009, basa su programa en el derecho a la vivienda y favorece la ocupación de viviendas y locales vacíos, pero solo para italianos. Tiene cerca de veinte mil militantes y 99 sedes a lo largo de toda Italia con retratos de Benito Mussolini y del filósofo Julius Evola, uno de los filósofos de cabecera de Steve Bannon. A diferencia de otros partidos de ultraderecha, como Forza Nuova o Roma ai Romani, no defienden ni la moral católica ni la homofobia, lo que les da un brillo de modernidad social y acceso a los más jóvenes.

Con consignas xenófobas y un discurso del odio, los militantes de CasaPound contribuyeron decisivamente a que la campaña electoral alcanzara niveles de tensión desconocidos, salpicados incluso por ataques racistas, como el sucedido en Macerata el 4 de febrero, cuando un antiguo candidato de la Lega, envuelto en la bandera tricolor, disparó contra inmigrantes, después de escenificar el saludo fascista o el apuñalamiento de un militante del movimiento izquierdista Poder al Pueblo mientras pegaba carteles electorales. La rama de Umbría de CasaPound explicó en su página de Facebook que «los agresores son militantes de CasaPound Italia que se han limitado a defenderse de un ataque anterior».

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FRANCIA: DEL POPULISMO PARDO AL ROJO

EL POPULISMO PARDO: LA LARGA EPOPEYA DE LOS LE PEN

En Francia, el populismo de extrema derecha tiene un nombre nada más: Le Pen. Hoy, Marine, pero sobre todo Jean-Marie. Jean Le Pen, nacido en 1928, que adopta el nombre de Jean-Marie para seducir a los votantes católicos en su primera campaña, sale elegido diputado por el departamento de Seine, es decir de París, el 2 de enero de 1956. Se presentó por el movimiento poujadista, por el nombre de Pierre Poujade, su animador carismático. El poujadismo, al principio agrupación de comerciantes y artesanos contra la administración fiscal, se convierte muy pronto en un auténtico movimiento populista, es decir, contra las élites. El tema de la «Argelia francesa» acaba de inscribirlo en la derecha dura y convertirlo igualmente en un nacionalismo.

Cuando se da cuenta de que la lucha por una Argelia francesa es una causa muerta, Jean-Marie Le Pen acepta la oferta que, por su pasado de diputado, le hacen los dirigentes de Orden Nuevo para que sea el primer presidente del Frente Nacional, a la vista de las legislativas de 1973. Los resultados electorales son decepcionantes. El ascenso del Frente Nacional empieza de verdad con la era Mitterrand. La izquierda en el poder significa, para empezar, la desintegración de la derecha. La crisis de la familia gaullista permite que el Frente Nacional recupere votantes que buscan una manera más dura de atacar a la izquierda. La izquierda en el poder supone también para Mitterrand la tentación maquiavélica de ayudar a la extrema derecha con el fin de fragilizar a la derecha. Al apoyar a Jean-Marie Le Pen para que acceda a las grandes emisiones de televisión, pero sobre todo instaurando la representación proporcional para las elecciones legislativas de 1986, Mitterrand es el más valioso aliado del FN. Gracias a él, treinta y cinco diputados lepenistas son elegidos para la Asamblea Nacional, en la que Jean-Marie Le Pen no había vuelto a poner los pies desde 1962. La izquierda en el poder supone sobre todo establecer una política más acogedora con respecto a los inmigrantes. Y era precisamente este el tema de movilización que faltaba en el FN desde hacía diez años: la inmigración. Jean-Marie Le Pen lo convierte en el centro de sus discursos, explicando que los inmigrantes son una amenaza económica, especialmente responsable del paro, pero también cultural, que pone en peligro la identidad francesa.

El ascenso es rápido y regular. En las elecciones cantonales de 1982, el FN irrumpe alcanzando el umbral del 10 por ciento en muchas ciudades, principalmente aquellas en que la presencia de inmigrantes es fuerte. En las elecciones municipales de 1983, el candidato lepenista en Dreux (Eure-et-Loir) logra asociarse con la derecha clásica, que gana la alcaldía. Este acontecimiento es un seísmo: a partir de entonces, aliarse o no aliarse con la extrema derecha se convierte en el dilema de la derecha clásica. En las elecciones europeas de 1984, Jean-Marie Le Pen y sus amigos superan el 10 por ciento. Llegan las presidenciales de 1988 y al obtener más del 14 por ciento, Le Pen crea la sorpresa. A pesar de todo está decepcionado, ya que creía que pasaría por delante de Raymond Barre y Jacques Chirac para enfrentarse a François Mitterrand en la segunda vuelta. En menos de diez años, el FN se ha convertido en un pilar de la vida política. Francia pasa de los cuatro partidos (gaullismo, centrismo, socialismo y comunismo) a los tres: derecha y centro unidos, izquierda fundida en el Partido Socialista y Frente Nacional.

Esta fase se va a prolongar hasta 2002. El Frente Popular de Jean-Marie Le Pen tiene un peso en la vida política, sin conseguir nunca resultados mayoritarios. Las elecciones municipales de 1995 se significan por la toma de solo algunas ciudades, entre ellas Tolón y Orange. Las elecciones regionales de 1998 ven cómo el FN obliga a la derecha a aliarse con él para imponerse en algunas regiones, aunque luego abandona por presiones de la opinión pública. El FN entonces es, en primer lugar, un partido destructor de la derecha, que no puede ganar sin él y no tiene derecho a ganar con él. De modo que es un aliado objetivo de la izquierda.

Sin embargo, se ha dado un importante giro sociológico durante el segundo mandato de François Mitterrand. El fracaso de la izquierda frente a la crisis económica, así como el derrumbe del comunismo tras la caída de la Unión Soviética, arroja hacia la extrema derecha un inmenso electorado popular. Antiguos comunistas, parados de larga duración, votantes de regiones arruinadas por la crisis, principalmente en el nordeste y el este. Ha nacido el «izquierdolepenismo». Ya no es la derecha la que está debilitada por la existencia del FN, es la izquierda la que está anémica por la pérdida del electorado popular. El resultado de esta evolución se mide el 21 de abril de 2002: al atardecer de la primera vuelta de las elecciones presidenciales es el candidato de izquierda, Lionel Jospin, el que queda eliminado. No es tanto que Le Pen pase por delante de él como que Jospin pasa por detrás de Le Pen, pues ha perdido 2,4 millones de votos desde las presidenciales de 1995.

Esta era nueva va a durar a todo lo largo de los años dos mil. Para la derecha, el Frente Nacional sigue siendo un problema ético, pero ya no es verdaderamente una preocupación electoral. La prueba es que Jacques Chirac es reelegido presidente en 2002 con más del 82 por ciento de los votos, y Nicolas Sarkozy le sucede en 2007, después de haber trasvasado una buena parte del electorado lepenista —Le Pen vuelve a caer al 10 por ciento en la primera vuelta—. En cambio, para la izquierda, el FN es cada vez más peligroso. Al encabezar la formación Marine Le Pen, en 2011, la problemática social del Frente Nacional se acrecienta mientras que el rechazo a la inmigración y el miedo al islam siguen progresando en la sociedad. El summum de este fenómeno sobreviene en las elecciones regionales de 2015: la izquierda está obligada a retirar sus listas en el norte y en el sudeste para evitar la victoria del Frente Nacional, y así deja que la segunda vuelta se desarrolle entre la derecha clásica y derecha extrema. El Frente Nacional ha estado debilitando a la derecha durante mucho tiempo. He aquí que ahora destruye a la izquierda.

Estos años 2010 son fundamentales en la evolución global del populismo francés. El tripartidismo explota en unos pocos años. La derecha dominada por los gaullistas y la izquierda dominada por los socialistas caen en picado después de fracasar frente a la crisis económica, durante más de treinta años, en una alternancia en el poder siempre decepcionantes. Sus aliados, centristas por un lado y radicales o ecologistas por otro, se hunden con ellos, salvo los que abracen, más o menos pronto, la aventura de Emmanuel Macron. Después de las elecciones de 2017, el paisaje político francés se compone de un inmenso centro macronista y dos extremos: a la derecha con Marine Le Pen y a la izquierda con Jean-Luc Mélenchon.

En esta revolución, el recorrido del FN es especialmente interesante. Desde su toma de poder a la cabeza del partido, Marine Le Pen inicia una doble estrategia. Primero la «desdiabolización». Se trata de romper definitivamente con las posiciones incendiarias y las palabras nauseabundas de su padre. En especial, arranca al FN toda sospecha de antisemitismo. Para ello ha ido hasta excluir a su padre del partido, no sin dificultad. Una pequeña parte de los viejos militantes, pero también la Justicia, dificultan esta maniobra. En las elecciones presidenciales de 2012, Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon se disputan esa «Francia de abajo» a la que tanto sedujo Sarkozy en 2007, antes de perderla por su política fiscal y social y por su actitud en el poder. Los dos extremos están en igualdad de condiciones hasta el día en que Mélenchon, en un mitin en Marsella, hace un elogio de la inmigración y preconiza la hospitalidad debida a los extranjeros. Entonces, Francia cae en la cuenta de que el electorado popular, el prole, se ha vuelto xenófobo, considerando al mismo tiempo que el trabajador inmigrante crea paro y favorece la bajada de salarios, y que el islam pone en tela de juicio la identidad francesa.

Durante todo este periodo, a saber, el doble ascenso del FN, el de Jean-Marie Le Pen en la segunda vuelta de las presidenciales en 2002, y el de Marine Le Pen, hacia el resultado del 33 por ciento en la segunda vuelta de las de 2017, hay un tema crucial: Europa. En las elecciones europeas de 1984, el FN no es hostil a la construcción de la Unión. Para el Frente, Europa es una muralla que puede defender la civilización occidental. Los más ideólogos de la extrema derecha consideran incluso que la construcción europea es el legado del sueño continental fascista o hitleriano. El giro interviene a finales de los noventa. El FN se vuelve profundamente populista, se dedica a criticar a las élites que nos gobiernan, y la Europa de Bruselas aparece como el parangón de esa oligarquía. Jean-Marie Le Pen, antes reaganiano, se vuelve antieuropeo por interés electoral nacional. Comprende que los electores populares están indignados contra París y Bruselas y lo que más tarde se llamará la mundialización liberal —y que Le Pen llamará «mundialismo»—. Al volverse antieuropeo, se distingue también de la derecha y la izquierda gubernamentales que apoyaron el Tratado de Maastricht. El referéndum de 1992 para ratificar el texto, un momento clave, ancla al FN en el campo del soberanismo, nuevo nombre del nacionalismo.

Con Marine Le Pen, el combate antieuropeo se vuelve fundamental. Su principal lugarteniente, Florian Philippot, viene de la izquierda social y anti-Bruselas (también anti-Berlín), la izquierda que antes fue la de Jean-Pierre Chevènement, antigua gran figura del socialismo y candidato a la Presidencia en 2002. Philippot no solo estructura la oferta social del Frente Nacional sino que también hace más estricta su estrategia antieuropea. La salida del euro se convierte asimismo en un argumento de choque en las campañas electorales: París queda sometido a Bruselas, que está sometida a los mercados financieros. Salir del euro, incluso salir de la UE, es recuperar la soberanía monetaria y, por consiguiente, la libertad económica y la prosperidad social.

Desde que Marine Le Pen se ha puesto a la cabeza, el Frente Nacional ha vivido un progreso asombroso. Desde su primera candidatura a las presidenciales, en 2012, viene superando el mejor sondeo de su padre: el 17,9 por ciento frente al 16,8 por ciento que obtuvo él en 2002. Inmediatamente después, el Frente Nacional vuelve a la Asamblea Nacional, encarnado en la nueva generación: Marion Maréchal-Le Pen, nieta del fundador del Frente, y Gilbert Collard, abogado tempestuoso que no es miembro del FN sino de la Agrupación Azul Marino, una especie de escotilla creada para atraer a los votantes que aún están asustados por el FN. En 2014, las municipales permiten al Frente obtener más de mil quinientos concejales municipales y un puñado de ayuntamientos. Ese año sobre todo las elecciones europeas son un triunfo: el Frente Nacional es el primer partido de Francia, con el 24,8 por ciento de los votos, y envía al Parlamento de Estrasburgo la más importante delegación tricolor. Treinta años atrás era Simone Veil quien mantenía esta posición… Por último, las elecciones al Senado de ese otoño permiten al Frente Nacional entrar por primera vez en la Cámara Alta. Ya nada parece poder detener al populismo de extrema derecha. La victoria de los soberanistas británicos con ocasión del brexit y la elección sorpresa de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, con un fondo que da rienda suelta al populismo, completan el cuadro. A finales de 2016, muchos observadores se preguntan si Marine Le Pen no va a entrar en el Elíseo meses más tarde. Esta victoria era evidentemente imposible, teniendo en cuenta el modo de escrutinio francés. Con dos vueltas, el Frente Nacional, que no tenía ningún aliado, de entrada queda condenado.

Si Marine Le Pen no convenció a la «Francia de en medio» y a la «Francia de arriba», es por varias razones. Primero, la falta de credibilidad gubernamental del Frente Nacional y su programa. Este mal persigue al FN desde su creación. A continuación, la posición europea de la candidata. Salir del euro, considerar el final de la UE es enajenarse a las clases medias y lo principal de la derecha. Por último, la presentación desastrosa de la candidata en el tradicional debate televisado que se organizó entre las dos vueltas. Este naufragio personal, tanto en el tono como en el fondo, se convierte en un problema político. No obstante, no está en el origen de las dificultades de Marine Le Pen en estas presidenciales. Aunque se le atribuía cerca del 30 por ciento en algunos sondeos del otoño de 2016, perdió ya muchos puntos en la noche de la primera vuelta. Este reflujo se explica por su programa y su campaña, así como el endurecimiento a la derecha del candidato de Los Republicanos y la actuación de Jean-Luc Mélenchon, que ha atemperado sus tesis internacionalistas y su indulgencia hacia los inmigrantes para no asustar al electorado popular. El debate fallido no hace sino precipitar el naufragio de un navío que ya daba de banda.

Al final de esas presidenciales, el FN debería ser la segunda fuerza política del país y encarnar a la oposición. Pero sucede que está dubitativo sobre su programa, en crisis sobre su estrategia y con carencia de liderazgo. Marine Le Pen ha reunido a un votante de cada tres en la segunda vuelta de las presidenciales, superando los diez millones de sufragios, pero no evitará la crisis de su partido. La cabalgata de las valquirias va a transformarse en la epopeya del barco fantasma.

En las legislativas de junio de 2017, el FN recoge 2,9 millones de votos contra 3,5 millones en 2012. Y si se lleva ocho escaños contra los dos que obtuvo cinco años antes, ve cómo su rival en el campo populista, la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, saca diecisiete y puede formar, al contrario que él, un grupo parlamentario: una baza crucial en el combate político.

A finales del año 2017, en la perspectiva de su congreso de febrero de 2018 el Frente Nacional envía a sus afiliados un largo cuestionario. Lo hace para pedir su parecer sobre ciertas posiciones ideológicas, especialmente Europa y el euro. También se trata de organización del partido. Sutilmente es, por supuesto, el papel de Marine Le Pen lo que debe quedar definido a través de este episodio. Remitirse así a la base es confesar hasta qué punto la plana mayor del FN está desorientada. Sin embargo, una simulación de las presidenciales (¿qué pasaría si volviéramos a votar hoy?), realizada por un instituto de sondeo en octubre de 2017, muestra que la base electoral del lepenismo, incluso representada por la hija del fundador, está intacta. La ira popular se halla siempre disponible, simplemente está en sordina, en standby, porque los franceses han decidido dar tiempo a Emmanuel Macron para demostrar su valía.

El horizonte es brumoso para el populismo de extrema derecha en Francia. Jean-Luc Mélenchon, aunque no haya sublevado las calles contra el Gobierno Macron, encarna mejor que Marine Le Pen la contestación radical. Laurent Wauquiez, nuevo jefe de la derecha, desarrolla ideas que pueden atraer a los electores que se habían acercado al FN, principalmente las tesis identitarias y de seguridad. El soberanismo, con Florian Philippot y Nicolas Dupont-Aignan, tiene sus camarillas, mientras que la construcción europea encuentra un nuevo aliento en Francia con el discurso de Emmanuel Macron, el 26 de septiembre de 2017 en La Sorbona. Los traqueteos del brexit, las incertidumbres alemanas y los impulsos populistas que atraviesan muchos países de la vieja Europa del Este cambian la situación.

Las elecciones europeas de 2019 serán decisivas para Marine Le Pen. Victoriosa en 2014, no puede permitirse un fracaso, sobre todo si la superan en la crítica de Europa Jean-Luc Mélenchon o la derecha clásica. Ese escrutinio será el de su repunte o, tal vez, el de su caída. No hay que olvidar que el fracaso de su padre en las elecciones europeas de 1999, solo precedió en menos de tres años su ascenso a la segunda vuelta de las presidenciales. «¡Le Pen, se acabó!», ese fue el titular de Le Nouvel Observateur, semanario de izquierda, en junio de 1999. Ya vimos lo que vino a continuación. ¿La historia volverá a dar una segunda oportunidad a la familia Le Pen?

EL POPULISMO «ROJO»:

LA FULGURANTE AVENTURA DE JEAN-LUC MÉLENCHON

En Francia el populismo de extrema izquierda tiene solo un nombre y nada más: Jean-Luc Mélenchon. Nacido en 1951, Mélenchon es un profesional de la política, un hombre que no habrá conocido otra experiencia en su vida y que habrá realizado una extraña trayectoria, de la extrema izquierda a la extrema izquierda, pasando por un socialismo de opiniones sólidas. Profesor, periodista, en sus comienzos nunca deja de ser militante, adoctrinando a estudiantes y obreros contra el capitalismo. Su primer compromiso es el trotskismo y, como muchos miembros de esta familia política, como Lionel Jospin, prosigue su recorrido de militante en el Partido Socialista.

Muy pronto se afianza en él como un partidario, con marcado celo, de François Mitterrand. Su compromiso de masón y sus incuestionables convicciones republicanas y laicas completan su panoplia ideológica. En 1986, se convierte en uno de los más jóvenes senadores (entonces treinta y cinco años es la edad mínima para entrar en la Cámara Alta). Desaparecido Mitterrand, Jean-Luc Mélenchon se afirma como un oponente interno a la línea mayoritaria de Lionel Jospin, en las presidenciales de 1995 y más tarde en el poder, después de las legislativas ganadas en 1997. Rehúsa entonces entrar en el Gobierno y defiende una moción de oposición en el siguiente congreso del Partido Socialista. No obstante, se convierte en ministro delegado en el año 2000. Tras el desastre del candidato socialista a las presidenciales de 2002, la izquierda socialista explota y Mélenchon evoluciona hacia la izquierda radical con su corriente Nuevo Mundo, cada vez más opuesto a la evolución liberal de la socialdemocracia francesa.

Lo que va a enemistar definitivamente a Mélenchon con el Partido Socialista es Europa. En 1992, por fidelidad a Mitterrand, vota «sí» al Tratado de Maastricht, pero pronto lo lamenta. Después lucha contra el Tratado de Ámsterdam y lidera la campaña del «no» al proyecto de Constitución europea. El 29 de mayo de 2005, el Partido Socialista elige el «sí» pero el pueblo francés vota «no». Jean-Luc Mélenchon saca la conclusión de que hay que elegir a un partidario del «no» para representar al socialismo en las presidenciales de 2007. La designación de Ségolène Royal en noviembre de 2006 y después el fracaso de la candidata frente a Nicolas Sarkozy alejan un poco más a Mélenchon de su partido. Aunque el ala izquierda del PS se agrupa alrededor de una misma moción con vistas al Congreso de Reims, en noviembre de 2008 su fracaso está consumado. Jean-Luc Mélenchon saca las conclusiones y deja el PS después de treinta y dos años de militancia en el partido del puño y la rosa.

Tres semanas después, el 27 de noviembre de 2008, con el modelo de Die Linke, la formación de Oskar Lafontaine en Alemania, Mélenchon lanza el Partido de Izquierda. Se trata de una formación antiliberal, antimundialización, anti-Unión Europea y preocupada por la ecología y de defensa de las minorías. El primer acto estratégico que realizan es el acercamiento al Partido Comunista, para formar el Frente de Izquierda. Las relaciones nunca serán idílicas, pero el PCF, con falta de líder y de asidero en la sociedad, no tiene muchas posibilidades de escoger. En junio de 2011, Jean-Luc Mélenchon obtiene lo esencial: los delegados del Partido Comunista lo invisten para ser candidato a la elección presidencial. Después de las campañas alentadoras para las elecciones regionales de 2009 y para el escrutinio europeo de 2010, las presidenciales son un trampolín principal. Durante mucho tiempo, Mélenchon espera superar a Marine Le Pen e imponerse como «el tercer hombre» detrás de François Hollande y Nicolas Sarkozy. Es un fracaso: obtiene el 11,1 por ciento de los votos, frente al 17,9 por ciento de la candidata del Frente Nacional. Es incluso un doble fracaso, ya que en las legislativas que siguen va a desafiar a Marine Le Pen en la circunscripción en la que se presenta en el Paso de Calais y no logra siquiera pasar a la segunda vuelta.

La sociología del voto en las presidenciales explica el fracaso de Jean-Luc Mélenchon tanto como las disputas de organizaciones. No llegó a reconquistar al electorado popular que se había ido al FN desde hacía años y que los especialistas llaman «izquierdolepenistas». Perdió especialmente el voto obrero, al expresarse en Marsella, en la playa, delante de ciento veinte mil personas. Tras hacer el elogio de la clase obrera, ese 14 de abril de 2012, alaba el legado del Mediterráneo y la tradición cosmopolita, hospitalaria, de Francia. Elogia el mestizaje y se reivindica «del partido que se dice contento de estar mezclado». Esta incomprensión de las tendencias xenófobas del proletariado explica en gran parte su fracaso electoral. Es un error que ya no volverá a cometer en 2017.

Aunque llama a que voten por él, Jean-Luc Mélenchon, de entrada, adopta de lleno la vía de la oposición virulenta al Gobierno y la política de François Hollande, a quien ha calificado de «capitán de embarcación a pedal» desde el principio de la campaña. A lo largo de todo el quinquenio va a denunciar la deriva socioliberal del poder y endurecer el tono contra la Europa de Bruselas y la mundialización capitalista. Este discurso populista se completa con ataques sistemáticos contra las élites y «el sistema».

Sobre todo, Mélenchon la emprende con los medios de comunicación y los periodistas, acusados de complicidad servil con el poder. Todo empieza con invectivas personales al hilo de la campaña de 2012: a alguno lo califica de «fascista perfumado», a otro de «mente corrompida», etcétera. Luego teoriza esta agresividad: «El sistema mediático no es un espejo, ni siquiera deformante, sino la segunda piel del sistema», escribe en 2016. «La mejor manera de atravesar la piel es, primero, atacarlo, en lugar de contentarse con utilizar la jerga contra el sistema.» Hay aquí un rasgo clásico del populismo. En 2017, Francia Insumisa decide lanzar su propio canal audiovisual y, a guisa de spot publicitario, presenta los logos de los principales medios franceses arrojados a una gran hoguera, en un terrorífico auto de fe.

Durante mucho tiempo, no obtiene ninguna recompensa electoral por esta estrategia extremista. Las carencias de su programa, su defensa empecinada de Hugo Chávez y del modelo posmarxista venezolano, así como del legado castrista o de la política de Vladímir Putin, e igualmente su tendencia a despotricar, le hacen perder mucha credibilidad y simpatía entre el electorado. En las elecciones intermedias, el Frente de Izquierda, con frecuencia dividido, multiplica los reveses, mientras que el voto protestatario parece enteramente ganado para Marine Le Pen y el Frente Nacional.

A pesar de esos años de andanzas y desencantos, Mélenchon, una vez más, va a tener una intervención brusca en el juego político. En la primavera de 2016 se declara candidato a la Presidencia de la República, sin siquiera comunicárselo a los dirigentes del Partido Comunista. Esta táctica unilateral, solitaria, podría costarle caro, pero Jean-Luc Mélenchon ha analizado bien el agotamiento del comunismo francés. Justo antes de esta iniciativa, crea la Francia Insumisa que tomará el relevo del Frente de Izquierda obsoleto. La dirección del PCF acaba siguiéndolo, pero el «parlamento» comunista rechaza el honor. A finales del otoño de 2016, los militantes rojos acaban por investir a Mélenchon, ahora único embajador del populismo de izquierda radical.

El concepto de Francia Insumisa es decisivo para comprender la naturaleza de esta ideología inédita: «La palabra insumiso es lo que mejor corresponde a la individuación de las relaciones sociales de nuestro tiempo», explica Mélenchon. «Al principio, la idea era “rebelde”. Pero rebelde no dice nada de quien lo es. Insumiso nos lleva a la raíz individual del combate por la emancipación. Yo digo: la insumisión es un nuevo humanismo. He vinculado nuestro movimiento a sus raíces muy profundas: la época en que el oscurantismo religioso empieza a relajar las mandíbulas de hierro y en la que emerge el Renacimiento, y con él un deseo de libertad de pensamiento y libertad política. El insumiso es un concepto en trabajo. Con el lápiz en la mano, yo completo en este momento la tesis de la insumisión humanista.»

La campaña presidencial de Mélenchon es un modelo de este estilo. El fracaso total del quinquenio Hollande lo favorece, pero al designar los simpatizantes socialistas, como candidato a las presidenciales, a Benoît Hamon, un escéptico radical opuesto a la línea del presidente de la República, lo amenaza. Hamon, ¿no es acaso Mélenchon, solo que más joven y moderno? En las semanas que siguen a las primarias socialistas, además, Hamon adelanta a Mélenchon en los sondeos.

Esto supone no contar con la combatividad y el ingenio del viejo guerrero político. Mélenchon pone al rojo vivo su talento de orador y encarna, más aún que en 2012, al tribuno inspirado. No solamente celebra mítines especialmente espectaculares, sino que renueva el estilo. Así lo vemos utilizar un holograma para estar presente en varias salas a la vez. Igualmente, recurre más que los otros candidatos a las redes sociales e incluso crea su propio canal de televisión, con muchos seguidores en YouTube. En los debates televisados, es a la vez lírico y belicoso. Pero su mayor habilidad es sin duda ocultar los defectos de su pensamiento. Desvía los ataques a su marxismo arcaico, que sin embargo lo llevan a hacer un elogio delirante de Fidel Castro cuando este muere, en noviembre de 2016. Soslaya las críticas a su indulgencia con respecto a Rusia ahogándolas en su combate contra el capitalismo mundializado de esencia estadounidense. Por último, aprende las lecciones de 2012 y no dice nada bueno de la inmigración, limitándose a clamar por que se dominen los azotes que provoca la inmigración. So capa de criticar a Angela Merkel y el capitalismo ávido de mano de obra a bajo coste, expresa palabras bastante duras contra los migrantes. De este modo, en ningún momento durante la campaña presidencial se enajena a los votantes más xenófobos del proletariado. Por eso también consigue seducir a un número importante de personas con titulación académica y de profesionales intelectuales, cautivados por su tentativa de superar el socialismo en crisis. Su esfuerzo permanente por teorizar la lucha y la expresión talentosa en palabras de su programa le valen la asombrosa adhesión de un electorado que, sin embargo, por su formación debería recusar el voto Mélenchon en nombre del realismo. Ante la grey de ovejas perdidas de la izquierda, desorientadas por la extinción del socialismo, Mélenchon aparece como un pastor creíble.

La mañana de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 23 de abril de 2017, los allegados de Jean-Luc Mélenchon están convencidos de su presencia en la segunda vuelta; la dinámica electoral les parece irresistible. De modo que para ellos resulta un jarro de agua fría el cuarto lugar que revelan las estimaciones y luego los resultados del escrutinio. No obstante, con más de siete millones de votos y cerca del 20 por ciento de los sufragios emitidos, Mélenchon obtiene un resultado excepcional, superando el número de votos del candidato comunista, Georges Marchais, en la primera vuelta de 1981, justo antes del ocaso rojo. Así pues, simplemente ha invertido el sentido de la historia. Pero al campeón de Francia Insumisa le faltan seiscientos mil votos para enfrentarse en el duelo final a Emmanuel Macron, descrito por Mélenchon como el representante de la mundialización liberal.

Al atardecer de esa primera vuelta, el 23 de abril de 2017, Jean-Luc Mélenchon empieza por poner mala cara y cuestionar la veracidad de los resultados. Espera hasta esa noche, muy tarde, para reconocer su validez. Aunque había llamado a votar a Hollande contra Sarkozy, se niega a dar una consigna precisa de voto a Macron para obstruir a Le Pen.

El 2 de mayo, los simpatizantes de Francia Insumisa se pronuncian entre abstenciones, voto en blanco o nulo y voto a Macron. Hábilmente, la opción «voto a Le Pen» queda excluida. Los resultados son edificantes: de 243.128 votantes, 36,1 por ciento reivindican la papeleta en blanco; 34,8 por ciento recomiendan la opción Macron, y el 29 por ciento abogan por la abstención. El movimiento está, pues, claramente dividido y vacilante. Además, entre los partidarios del voto en blanco o de la abstención, es evidente que se esconden futuros electores de Marine Le Pen. Al día siguiente de la primera vuelta, los sondeos miden una intención de trasvase bastante elevada del candidato de Francia Insumisa hacia la candidatura del Frente Nacional: el 19 por ciento. Tras dos semanas de campaña y el debate televisado entre las dos vueltas, catastrófico para Le Pen, solo el 14 por ciento vota por la extrema derecha el 7 de mayo, después de haber votado a la extrema izquierda el 23 de abril. Un resultado nada despreciable, pero muy inferior a la transferencia de votos de François Fillon hacia Marine Le Pen: el 24 por ciento. No obstante, la lección es clara: existe definitivamente un electorado rojo que elige el color pardo cuando se trata de contrarrestar a un candidato partidario de Europa y la mundialización.

El análisis sociológico de esos trasvases de votos, en la segunda vuelta, de Mélenchon hacia los dos finalistas es interesante. Los electores de las grandes ciudades, es decir, personas con diplomas, de Francia Insumisa, eligieron a Macron; el componente popular del voto rojo no ha sido indiferente a Marine Le Pen. Los votantes en posesión de un título universitario votaron por Macron el 53 por ciento y por Le Pen el 9 por ciento. Los que solo cuentan con el bachillerato o un diploma inferior han votado el 43 por ciento por el futuro presidente y el 16 por ciento por la rival.

En las elecciones legislativas de junio de 2017, la división entre comunistas y mélenchonistas causa estragos, lo cual sin duda priva a la izquierda radical de varios escaños. Francia Insumisa, sin embargo, ve a diecisiete diputados llevar sus colores en el hemiciclo de la nueva Asamblea Nacional. Este grupo especialmente activo enturbia la instalación de la mayoría conseguida por Emmanuel Macron y anima con virulencia los primeros debates parlamentarios. No obstante, es en la calle donde Mélenchon quiere celebrar y ganar la revancha de la batalla de las urnas —una vez más, una táctica populista—. Está convencido de que las primeras medidas del presidente Macron, especialmente la reforma del Código del Trabajo, van a acarrear una inmensa protesta popular, manifestaciones gigantes y un bloqueo del país. Apuesta por un mes de septiembre negro para el poder. Pero la movilización no acude a la cita y, a mediados del otoño, Mélenchon tiene que reconocer su fracaso: los franceses le dan tiempo a Emmanuel Macron.

Definitivamente, es la manera de organizar la política de izquierda lo que ha revolucionado Jean-Luc Mélenchon. Jacques Julliard no se llama a engaño y constata que la forma antigua del «partido político» ha sido suplantada por un modelo inquietante: «La nebulosa de su movimiento de los insumisos totalmente organizada alrededor de su persona, con instancias flotantes y mal definidas más cercanas a las corrientes populistas de América Latina favoreciendo el arrastre de masas, el despotismo de la emoción y la oscilación permanente entre las tentaciones autoritarias de la extrema izquierda y las de la extrema derecha».

El balance de esta larga secuencia electoral y política permanece como increíblemente positivo para Jean-Luc Mélenchon y Francia Insumisa. Ha borrado del tablero al viejo comunismo e incluso ha trasvasado a la extrema izquierda trotskista, cuyos más de dos tercios de los electores de 2012 votaron a Mélenchon en 2017 desde la primera vuelta, a pesar de que los representaban dos candidatos.

Esta nueva izquierda populista, eurófoba y carismática ha vampirizado en gran parte al socialismo agotado por el vano ejercicio del poder. Solo el 16 por ciento del electorado de François Hollande en la primera vuelta de 2012 vota en 2017 por el candidato del PS, Benoît Hamon; el 48 por ciento elige a Emmanuel Macron y el 26 por ciento a Jean-Luc Mélenchon. Es el resultado de la «estrategia del cascanueces» teorizada por el dirigente de Francia Insumisa: entre el socioliberal Macron y el posmarxista Mélenchon, Hamon queda aplastado. Por otra parte, Macron no puede evitar triunfar: «El PS ha sido arrollado», afirma menos de seis meses después de las presidenciales. «No se levantará antes de mucho tiempo, si se levanta algún día. Su base social ha desaparecido. No porque se ha ido sino porque ya no existe. Esa base era la clase media urbana en ascenso de los años 1970. (…) La clase media ya no es ascendente, tiene miedo al desclasamiento de sus hijos y se ha hundido en el zapping consumista. El aglutinante a partir del cual el PS agrupaba a los obreros y los ingenieros se ha roto. Ha optado por la huida hacia delante en la ilusión liberal de las clases medias superiores; esa es la causa profunda de su aislamiento casi total.»

El análisis dice la verdad. La izquierda nacida en 1971 cuando François Mitterrand decide acercar al PS del PCF, ha muerto, como lo confirma el politólogo Bruno Cautrès en Le vote disruptif, publicado por Presses de Sciences Po, una obra colectiva que descifra los resultados de las elecciones de 2017: «Por medio del juego de la unión de la izquierda y de la candidatura única de François Mitterrand en 1974, el Partido Socialista había visto, progresivamente y durante más de cuarenta años, asentar su dominación electoral sobre el conjunto de la izquierda, incluido el Partido Comunista. En tan solo cinco años, de 2012 a 2017, sobre las ruinas de una izquierda socialista dividida, minada y desgastada por el ejercicio del poder, Jean-Luc Mélenchon ha conseguido, con Francia Insumisa, simplemente desmantelar la paciente construcción política de François Mitterrand».

Francia Insumisa también empezó a rivalizar con el Frente Nacional en una reconquista del voto popular. Creó incluso su propio electorado; entre los votantes que tienen de dieciocho a veinticuatro años y por consiguiente vivían su primera elección presidencial, así como entre los que declaraban votar por primera vez, el marcador de su candidato sube al 30 por ciento. Igualmente, Mélenchon es el candidato de los trabajadores en paro (26,8 por ciento) y de los asalariados en situación precaria (28 por ciento entre los titulares de contratos de trabajo de duración determinada), pero también de los franceses que tienen miedo al futuro: 23,6 por ciento entre los electores que piensan ejercer una profesión que está en declive.

Por último, Jean-Luc Mélenchon, aunque estaba en cuarto lugar al final del día de la primera vuelta, ha obtenido los galones de «primer opositor de Francia» y parece haberse instalado en un frente a frente con Emmanuel Macron que conviene tanto al uno como al otro.

Europa, principalmente, constituye un objetivo importante. La lucha contra la UE es fundadora del «mélenchonismo». Desde 1995, la posición que hay que tomar sobre el estatuto del Banco Central Europeo y el euro separa a JeanLuc Mélenchon de Lionel Jospin. En 1992, si votó por el Tratado de Maastricht y la moneda única es para obedecer a François Mitterrand e impedir que los alemanes «vayan por su lado». Mélenchon cuenta en 2016 que Mitterrand le ha dicho entonces de ellos, para justificar el «sí»: «Los dejará sin salida». Candidato a las presidenciales de 2017, en su libro de campaña, Le choix de l’insoumission, publicado por Seuil, declara: «Veinte años después de la caída del Muro, es fácil comprobarlo: los alemanes imponen su política a toda Europa. (…) Son ellos quienes nos han “dejado sin salida”».

La eurofobia de Mélenchon es bastante arcaica y casi romántica. Sueña, y así lo confía, con una Europa que sea una gran Francia, dirigida por la idea republicana. Considera que la frontera cultural no se ha movido en Europa desde el Imperio romano: por un lado la nación cívica; por el otro, la nación étnica. Fundir ambas, incluso reunirlas, le parece no realista. Por eso siempre opone a Francia y a Alemania, y considera que la política de la segunda, preocupándose de una población nacional cada vez de más edad, es incompatible con la de la primera, al servicio de un pueblo joven. Europa, según Mélenchon, es la perpetua e irreductible confrontación francoalemana.

El proyecto europeo de Jean-Luc Mélenchon y de Francia Insumisa es con toda evidencia un punto muerto, pero en el ámbito nacional es un potente motor electoral. En junio de 2019, las elecciones europeas bien podrían ser una prueba más de todo ello.

EL MACRONISMO, ¿UN ANTÍDOTO AL POPULISMO?

Desde 1789, a Francia le gustan las revoluciones. La de 2017, si bien no es sangrienta, no es la menos profunda. En el momento de las elecciones presidenciales los franceses tienen opción entre dos aventuras. La primera es la aventura del populismo, con una opción a la extrema derecha, Marine Le Pen, y otra a la extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon. Es una tenaza populista con mandíbulas potentes, lepenismo y mélenchonismo, lo que se cierra sobre el hexágono de Francia a principios del año 2017. Sin embargo, es otra la aventura que eligen los electores franceses en el siguiente mes de mayo: la aventura Macron. Los ciudadanos confían el destino de su país a un hombre joven, de treinta y nueve años, que nunca ha sido elegido para un mandato anteriormente y no tiene en su haber más que una breve experiencia de treinta y seis meses a la cabeza del Ministerio de Economía. ¿Es Macron un antídoto al populismo? ¿Es simplemente la última oportunidad concedida a las élites para salvar el sistema, antes de confiar el poder a los extremos en caso de fracasar? ¿Es ambas cosas?

No hay que engañarse sobre la naturaleza del macronismo. Detrás del buen alumno que ha sabido añadir a su carisma la fuerza de la superación de la división izquierda-derecha, está también una especie de populista, soft, que prohíbe los silbidos en sus mítines pero tiene como fin último recortar los antiguos partidos. La política de «dégagisme», Mélenchon habla de ella, Macron la realiza. Una vez elegido, el presidente continúa su devastación. Por la composición de sus sucesivos Gobiernos, por la división de la oposición parlamentaria frente a reformas que hablan a veces a la izquierda, a menudo a la derecha, por la regular desmovilización de personalidades, el presidente prolonga la descomposición de los partidos clásicos, varios meses después de la campaña presidencial —y tiene la intención de llevarla adelante durante bastante tiempo aún—. El macronismo no es un seísmo determinado, es una especie de volcán que continúa extendiendo su lava, que recubre al endurecerse sectores enteros del paisaje político antiguo.

Es cierto que nunca se encuentra en Emmanuel Macron esa violencia de discurso contra el sistema de partidos que se puede oír en los de Marine Le Pen o de Jean-Luc Mélenchon. Pero si bien es moderado en la forma, a veces es más duro que esos extremos en el fondo. No son los partidos lo que quiere ver desaparecer, sino el mismo sistema partidario tal como existe en la Quinta República desde 1958. En pocas palabras, Macron quiere suprimir todos los partidos excepto el suyo e instalar de manera duradera una vida política en la que un inmenso corpus central agrupado alrededor de sus ideas no estuviera en competencia con nadie, y solo fuese agredido permanentemente por los extremos, lo que reforzaría su homogeneidad. Es la estrategia de «la tortilla»: Macron está de acuerdo en cortar los dos extremos, con tal de que el resto ocupe todo el plato. En esta revolución política, de hecho, Emmanuel Macron es un populista que no es demagogo. Ningún término agresivo, ningún ostracismo, ningún anatema, ninguna promesa irrazonable, ningún chivo expiatorio, ninguna vindicta: todo el mundo es bienvenido a casa, pero no hay más que una sola casa.

Una vez elegido, siguen tachándolo de populista por su comportamiento de jefe de Estado. Como él mismo ha comparado su función y su persona con los de Júpiter, da lugar a la acusación de bonapartismo. Al despedir secamente, tras un discurso humillante, al jefe de Estado Mayor de los Ejércitos franceses, parece abusar del poder personal. Del mismo modo interviene en todos los dosieres, tiene precedencia sobre cada uno de sus ministros y rebaja al primero de todos ellos a la categoría de simple ejecutante. Las instituciones políticas francesas favorecen el centralismo de la decisión, mientras que la elección del presidente de la República por sufragio universal directo le confiere un poder personal y una representación simbólica exorbitantes. Muy activo en el plano internacional, en el que privilegia las relaciones viriles de hombre a hombre con Donald Trump o Vladímir Putin, Macron completa él mismo el cuadro. Su actitud autocrática, real, no es excesiva en el contenido de su política, pero es palpable en el estilo de su gobernanza.

Si bien hay puntos en común con los populistas en esta manera de arrasar la antigua organización de la vida política y de llevar el traje de presidente, si hay dégagisme en el método utilizado para hacer campaña y cesarismo en la manera de ejercer el poder, Macron es fundamentalmente antipopulista en sus grandes opciones políticas.

Mientras que Jean-Luc Mélenchon, al igual que Marine Le Pen, a imagen de la mayoría de las formaciones populistas de Europa, son favorables a un Estado fuerte e intervencionista, que dirige la economía y domina lo social, Emmanuel Macron es profundamente liberal. Este compromiso primero lo marginó dentro del Gobierno de izquierda al que pertenecía, antes de ponerlo en el centro de gravedad del debate público. Pues Macron solo es liberal para poder ser social. No es «socioliberal», como François Hollande o Manuel Valls, que emprendían reformas liberales después de haber decretado promesas sociales y aumentado los impuestos con el fin de financiarlas. Emmanuel Macron, por su parte, quiere ayudar a las empresas a crear riqueza, ocasionando así un crecimiento que llenará las arcas del Estado y permitirá una política social ambiciosa y una redistribución justa. Cuando declara ser «de derecha y de izquierda» no miente, salvo que la verdad es que es primero de derecha para después ser de izquierda. Su cantilena «y al mismo tiempo», debe tomarse en sentido longitudinal: primero, relanzar la economía francesa para, a continuación, refundar y salvar el modelo social del país.

Hay también una contradicción filosófica entre el macronismo y el populismo. El segundo es, por esencia, identitario, halaga las raíces y alardea de sedentarismo: es evidente que las migraciones son contrarias a esta visión del mundo y el mestizaje se considera como una dilución. Por sus convicciones personales tanto como por su recorrido, Emmanuel Macron, al contrario, dirige una mirada de apertura al mundo, una aceptación de la mundialización. Quiere fronteras alrededor de Europa por razón y no por principio. Considera que Francia debe ser la pieza maestra de una UE que haya llegado a ser poderosa, unida y considerable en el panorama planetario. El nacionalismo le es ajeno. Del mismo modo, parece firmar un elogio del nómada sin por ello negar el valor de la identidad: hay que saber de dónde se viene para ir de manera eficaz adonde se va, pero hay que ir. Su visión de la humanidad, igual que la del futuro, es profundamente dinámica. Cree en el progreso, quiere que Francia pertenezca a su tiempo.

Y en último lugar, pero con más fuerza que en los otros proyectos, su compromiso europeo lo sitúa en las antípodas de Mélenchon o de Le Pen, pero también muy lejos de los euroescépticos que representaban en las elecciones presidenciales a la derecha (François Fillon) y a la izquierda (Benoît Hamon) clásicas. En ese escrutinio, de once candidatos Emmanuel era de hecho el único que recogía la herencia europea y quería llevar más lejos la construcción de la Unión. Es una clara señal, una señal fuerte, el que los franceses hayan confiado su destino a aquel que mantenía encendida la llama de la fe europea.

Concretamente, cuando pronunció su gran discurso sobre Europa el 26 de septiembre de 2017, Emmanuel Macron propone una convergencia de las principales tasas de imposición, pero también criterios básicos de progreso social. No se trata de obtener una Europa uniforme, sino de mantener entre las economías de los básicos países de la UE diferencias soportables, que no induzcan diferenciales que dependan de la competencia desleal. Francia quiere «reconstruir la gramática de un modelo social renovado». Así, propone «un salario mínimo adaptado a la realidad económica de cada país».

Emmanuel Macron tiene así la intención de relanzar la vida democrática europea. Comprendiendo la trampa de los populistas, a saber, hacer a los pueblos una pregunta que hay que responder con un «sí» o con un «no», lo que casi siempre trae la victoria del «no», tiene la ambición de proponer a los ciudadanos un proyecto más complejo. No obstante, le queda concretarlo… Mientras tanto, su voluntad de crear listas transnacionales para las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 señala una verdadera ruptura: el espacio democrático de la Unión ya no es la suma de los territorios nacionales, puede existir por sí mismo. Es el primer paso hacia la instauración de un demos europeo, es decir, en última instancia de una nación europea. Esta iniciativa simbólica es un signo de voluntad federalista, aun cuando el federalismo es para él un horizonte inaccesible, una quimera.

«El tiempo en que Francia hace propuestas ha vuelto», clamaba Emmanuel Macron al final de su discurso sobre Europa, antes de invitar a los países voluntarios a componer a su alrededor un «grupo para la refundación europea». Ese es, sin discusión, el principal manifiesto antipopulista que proclamó después de su elección. Y él mismo señaló lo que está en juego en esta refundación europea: si los dirigentes de la Unión no la cambian en profundidad, eso equivaldrá a «dejar un poco más de espacio en cada elección a los nacionalistas, a los que detestan a Europa y, dentro de cinco años, dentro de diez, dentro de quince, aquí estarán». Emmanuel Macron no es el hombre de la fortaleza asediada, sino el capitán de la fortaleza que da respuesta, que sale de sus murallas para reconquistar el terreno perdido y hace retroceder el populismo a los márgenes del territorio común.

Ahora, el futuro del populismo en Francia está íntimamente ligado al de Emmanuel Macron. Si el nuevo presidente fracasa, sobre todo si fracasa pronto, hay pocas oportunidades de que a la izquierda y la derecha clásica les haya dado tiempo de reconstruirse, elaborar un programa y designar un líder incontestable. Entonces, con la fuerza de las vacilaciones que lo zarandearon entre 2012 y 2017, el pueblo elegirá probablemente la aventura populista. ¿Pero cuál? En la primavera pasada, fue la extrema derecha de Marine Le Pen la que pareció estar más en condiciones de aprovechar semejante oportunidad; en el otoño, fue la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon la que estaba en candelero y aparecía como la única oposición, el posible relevo. Al final del año, Macron y su equipo parece que han obtenido de la opinión nacional un verdadero aplazamiento. No obstante, la próxima y primera cita electoral, una verdadera guillotina del juicio popular, serán las elecciones europeas destinadas a enviar parlamentarios a Estrasburgo. Ahora bien, por lo poco claro de sus retos, los temas que suscita y el afianzamiento que brinda a la demagogia, ese momento democrático será especialmente favorable a los extremos.

Emmanuel Macron no se inquieta por esta situación. Para él, mientras la oposición, la alternativa, la encarne la extrema derecha y/o la extrema izquierda, puede contar con el apoyo del corpus central de la nación francesa y, por rechazo, se reunirá en torno a él cuando haya que apartar ese peligro. Pero hay dos hipótesis en las que este optimismo pasa cosas por alto. La primera es la confrontación, en una segunda vuelta de las presidenciales, o en segundas vueltas de elecciones legislativas o locales, de la extrema derecha y al mismo tiempo la extrema izquierda: cuando cada extremo de la tortilla resulta más grueso que su centro.

En 2017, a Jean-Luc Mélenchon no le faltaban más que seiscientos mil votos para acceder a la segunda vuelta. Es cierto que esos sufragios estaban con Marine Le Pen: electores de izquierda en otro tiempo que pasaron al Frente Nacional debido a la crisis económica y al peso de la inmigración, parece que, al volver a Francia Insumisa, hacían bajar el marcador del lepenismo. Populismo de izquierda y populismo de derecha funcionan tal vez así como vasos comunicantes, llamados uno tras otro a enfrentarse al campo moderado, que reunirá cada vez a bastantes electores para ganar. Pero si se levantan las iras populares, si ganan a las clases medias inferiores (comerciantes, artesanos, ciertas profesiones liberales…), no es seguro que se evite siempre una final Le Pen-Mélenchon.

La segunda hipótesis es la de una alianza entre la extrema derecha y la extrema izquierda. No una alianza por arriba, ya que todo acuerdo oficial entre una y otra plana mayor no es concebible ideológicamente; pero sí una alianza por abajo, es decir, un acercamiento a los electorados sobre temas concretos. La destrucción de la Europa de Bruselas puede ser uno; el papel del Estado y el lugar de los servicios públicos, otro.

Sin embargo, la sociología electoral de cada uno de los dos candidatos populistas muestra la complejidad de esta ecuación. Marine Le Pen ha alcanzado la puntuación de 39 por ciento entre los obreros, frente al 25 por ciento de Jean-Luc Mélenchon. Ella domina también entre los empleados (un 30 por ciento frente a un 24 por ciento), mientras que él se toma la revancha entre las profesiones intermedias (un 26 por ciento frente a un 17 por ciento) y entre los ejecutivos superiores (16 por ciento frente a 10 por ciento). El estudio del nivel de títulos académicos es igualmente elocuente. Entre los franceses que no tienen el bachillerato, Marine Le Pen recoge el 30 por ciento de los votos, mientras que Jean-Luc Mélenchon no alcanza sino el 20 por ciento. Y entre los franceses que han superado el nivel de bachillerato más dos años de estudios superiores, sucede a la inversa: el 16 por ciento votan al candidato de Francia Insumisa y el 8 por ciento a la representante del Frente Nacional. Igualmente, Mélenchon atrae hacia sí a dos «clientelas» reacias al voto lepenista: los franceses sindicalizados (un 34 por ciento de votantes cercanos a Fuerza Obrera y un 48 por ciento de los de la CGT) y los votantes que se declaran de confesión musulmana (un 37 por ciento votaron por él, frente a un 5 por ciento que prefirieron a Le Pen). Sumar todos estos electorados antagonistas no puede realizarse sino en circunstancias históricas excepcionales o sobre temas muy concretos que escapan a otras discrepancias.

Jean-Luc Mélenchon obtuvo un importante resultado en el centro de ciudades con una «élite pobre», una sociología de profesiones intelectuales desvalorizadas (docentes, pequeños funcionarios, estudiantes) y en los barrios de las grandes ciudades, sobre todo con ese voto musulmán a su favor —lo que no deja de ser una contradicción con su compromiso personal por la República más laica—. Marine Le Pen, por su parte, se ha llevado los votos de la Francia profunda, la de las pequeñas comunas olvidadas por la mundialización, los vientos del progreso y las redes 4G. Es poderosa en esta Francia periurbana, demasiado alejada de los centros de las ciudades para disfrutar de su atractivo económico y cultural, y demasiado alejada de las zonas rurales para no sentirse desarraigada, con una identidad amenazada por una inmigración presente en los suburbios cercanos o en la televisión.

No nos engañemos. Francia es un enorme polvorín de ira, un arsenal a disposición de los populistas. Pero estas «reservas» siguen estando aisladas las unas de las otras y ninguna mecha las ha unido todavía. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen: cada cual a su aire, jugando con fuego. Hoy en día falta un tema, una ocasión y quizá un líder para que esta suma explosiva se cumpla. Entretanto, la derecha clásica tiene la intención de quitarle al Frente Nacional una parte de sus electores, mientras que, por su parte, el Partido Socialista emprende su reconstrucción en una línea que parece radical, con el fin de contrarrestar a Jean-Luc Mélenchon. Quizá han pasado ya los buenos tiempos del populismo francés. Quizá, por el contrario, está al borde de una oportunidad histórica de acceso al poder. Y, una paradoja tan solo aparente, la verdad es que tal vez está viviendo una y otra hipótesis, en paralelo, en una carrera contrarreloj cuya llegada será entre las europeas de junio de 2019 y las presidenciales de mayo de 2022.

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REINO UNIDO: EL BREXIT,

¿POPULISMO O NEOCONSERVADURISMO?

El 4 de julio de 2016, la noticia sorprende al Reino Unido y a Europa: Nigel Farage deja la dirección de su partido, el United Kingdom Independence Party (UKIP), unos diez días después de haber logrado una victoria histórica, el brexit. Esa es también la razón que señala el líder euroescéptico para retirarse: «Mi objetivo de salir de la UE se ha cumplido —declara—, he cumplido mi misión». Pero aprovecha esta declaración para puntualizar las cosas: él nunca prometió, como pretenden algunos medios de comunicación continentales, que esta salida de Europa permitiría al Reino Unido recuperar trescientos cincuenta millones de libras esterlinas por semana, es decir, cuatrocientos diecisiete millones de euros, que podrían así reasignarse al funcionamiento del sistema de salud, el National Health Service. Ahora bien, esta afirmación sobre el dinero contante y sonante fue uno de los argumentos más poderosos del bando del Leave, anunciado a bombo y platillo con paneles publicitarios en las carrocerías de los autobuses y a través de todo el país. De hecho, fue Boris Johnson, antiguo alcalde de Londres, y su agrupación Vote Leave los que se comprometieron a dicha devolución, después de que esta fuera designada por la comisión electoral como organismo oficial de la campaña favorable al brexit y dotada para ello con una partida de gastos de siete millones de libras.

No obstante, Farage utilizó también el argumento financiero para convencer de la pertinencia de la salida de la UE. Explicaba que los británicos abonaban cincuenta y cinco millones de libras diarias a la UE y deducía las sumas entregadas cotidianamente por Bruselas en forma de ayudas diversas, y concluía que el Reino Unido era deficitario en diez mil millones anuales por causa de Europa. En los debates del referéndum se comprometió a gastar esos treinta y cuatro millones de libras ahorradas cada día al servicio de la salud y de las escuelas.

Así pues, la ecuación financiera fue decisiva en la argumentación de los partidarios de la salida de la UE. Si bien esos cálculos son altamente cuestionables. Así, de los dieciocho mil millones de libras entregadas cada año por Londres a Bruselas, hay que deducir los cinco mil millones de devolución, famosa rebaja negociada por Margaret Thatcher en 1984, gracias a su célebre consigna: «I want my money back». Las ayudas europeas entregadas al Reino Unido alcanzan cada año cuatro mil millones, y el sector privado británico por su parte percibe, según estimaciones de The Guardian, 1.400 millones de libras. Por último, el acceso al mercado interior que permite la adhesión a la UE autoriza a su vez sustanciales economías de derechos de aduanas e impuestos diversos. Saber si el brexit es un buen o un mal negocio financiero depende, pues, del cálculo aleatorio. Solo después de varios años de haber salido de la Unión se pueden medir los posibles beneficios o estimar el coste suplementario de una decisión así. Y como dice un comisario europeo: «No se pueden tener las ventajas de Noruega y las restricciones de Canadá, no se cambiarán las reglas del mercado único porque les convenga a los británicos».

Por supuesto, los partidarios del brexit se han guardado mucho de advertir a los votantes del coste de la salida en sí misma. Se sabe desde entonces: a la vista de las negociaciones, son alrededor de cincuenta mil millones de euros lo que va a pagar el Reino Unido para asumir las obligaciones presupuestarias que votó con los otros veintisiete países. Como en una copropiedad, estas obligaciones hay que cumplirlas más allá de la fecha del «divorcio». «Ni pensar en pagar entre veintisiete los presupuestos votados por veintiocho», advirtió Bruselas desde el principio de las negociaciones.

La utilización sesgada de estas estimaciones financieras bastaría para calificar la campaña por la salida de la UE de campaña populista. Esto se vuelve evidente cuando se elabora la lista de los demás argumentos empleados contra Europa, ya se trate de especulaciones sobre el tamaño de los plátanos que se autorizaría en el país o de los fantasmas esgrimidos en materia de migraciones. Así, Boris Johnson profetiza que la entrada próxima de Turquía en la Unión va a venir acompañada «de asesinos, terroristas y secuestradores». Además, Johnson compara Bruselas con Adolf Hitler. Luego explica que permanecer en Europa traerá un 10 por ciento de inmigrantes adicionales, lo que provocará una bajada del 2 por ciento de los salarios británicos. La habilidad de los oponentes al Remain es criticar la presencia y el impacto económico de los trabajadores venidos de otros países de la Unión, escapando así a la acusación de xenofobia para quedarse solamente en el terreno de la reflexión en materia de competencia.

Cualquiera que haya sido la parte de demagogia en el discurso de los partidarios del Leave, el resultado está ahí: el 23 de junio de 2016, con una participación récord que supera el 72 por ciento, los votantes británicos eligen en un 52 por ciento frente a un 48 por ciento salir de la UE, en la que el país había entrado en 1973. El Leave tiene 2,7 millones de ventaja sobre el Remain. Este resultado es un acontecimiento imprevisto ya que, aun con márgenes estrechos, las cifras de los sondeos permanecían favorables al Remain pocos días antes de la votación. El shock es político, pues provoca la caída del Gobierno de David Cameron y la apertura de una crisis dentro del Partido Conservador; el shock es geopolítico, pues es la primera vez que un país abandona la Unión Europea, dando credibilidad a la idea de que esa estructura puede deshacerse; el shock es económico, ya que las primeras consecuencias de esa votación son negativas en la City igual que en la economía real y permiten augurar un «castigo» a medio plazo. Michel Barnier, designado poco después por Bruselas para negociar en nombre de los 27 miembros la salida del 28.º, da cuenta del seísmo: «Cuando realicé mi primera vuelta por los países miembros, noté una toma de conciencia general. El brexit ha sido un shock en todas partes, ya que cada cual se decía: “Me puede pasar a mí”. El segundo shock fue la elección de Donald Trump a la Casa Blanca. El tercer shock fue la oleada de terrorismo que alcanzó a países que hasta entonces se habían librado de él».

El análisis del voto en las trescientas ochenta y dos circunscripciones en las que se organizó el referéndum, pronto va a entregar enseñanzas sociológicas propias a establecer si el brexit es o no un fenómeno populista. La primera lección está clara: la parte del reino que ha sacado provecho de la mundialización votó por el Remain. La que parece excluida de los circuitos de prosperidad votó por el Leave. La correlación es igualmente elocuente entre la opción electoral y la creación de riquezas locales, o incluso los ingresos medios de los habitantes. Escocia, Londres y sus alrededores, las metrópolis dinámicas, como Brighton o Manchester, las ciudades universitarias como Oxford o Cambridge y finalmente Irlanda del Norte recomendaron permanecer en la Unión, mientras que las zonas estancadas en la crisis económica, así como la mayoría de las zonas rurales, sobre todo del este y de las Tierras Medias le volvieron la espalda, al igual que los feudos laboristas tales como Sheffield o Birmingham. Siete de los sectores que más votaron por el Remain se sitúan en Londres.

En cambio, se ve que la decisión de los electores no es correlativa a la presencia o no de una concentración importante de inmigrantes originarios de países de la UE. El Leave simplemente se benefició en las ciudades en las que esta afluencia de trabajadores ha sido reciente y brusca. No obstante, este indicador debe mirarse de manera más matizada. En su libro, Brexit No Exit (I. B. Tauris), el antiguo ministro de Asuntos Europeos británico Denis MacShane recuerda que los ciudadanos que se definen como «ingleses pero no británicos» han votado en un 80 por ciento por el Leave, mientras que los que se declaran «británicos y no ingleses» eligieron el Remain en un 60 por ciento. Es indudable que existe un componente identitario en la votación del 23 de junio de 2016, lo cual es un rasgo fundamental del populismo. «El brexit puede verse, pues, como una afirmación del monoculturalismo blanco inglés», concluye MacShane.

El análisis del voto según la edad aporta una visión adicional y polémica sobre la legitimidad del brexit —aun cuando los sondeos realizados por el instituto YouGov, justo antes del escrutinio, han recibido críticas—. Según dichos estudios, el 66 por ciento de los británicos entre los dieciocho y los veinticuatro años de edad votaron por el Remain, y el 52 por ciento de los de veinticinco a cuarenta y nueve años hicieron otro tanto. En cambio, el 58 por ciento de los electores entre cincuenta y sesenta y cuatro años votaron Leave, un resultado que sube hasta el 62 por ciento entre los mayores de sesenta y cinco años. Esta discontinuidad queda disminuida si se tiene en cuenta el hecho de que han sido muchos los jóvenes que han pasado de las urnas. Muchos de estos abstencionistas habrían votado por el brexit si hubieran llegado a votar... Más allá de la polémica cuantitativa, el debate que se produce a continuación constata que el destino del reino fue elegido por británicos que no verán sus efectos, por estar llamados a abandonar este mundo en los años que vienen. En cambio, los más jóvenes vivirán mucho tiempo fuera de la UE aun cuando deseaban seguir siendo ciudadanos de ella.

El verdadero criterio discriminatorio que explica el resultado de los argumentos populistas en la campaña es el nivel de calificación académica. El Reino Unido poco cualificado es el que votó Leave. La British Election Study llevó a cabo una encuesta entre treinta y un mil votantes, que establece que los postgraduate degree votaron Leave en un 27 por ciento, frente a un 75 por ciento de los «sin cualificación».

La índole populista del voto del referéndum también se inscribe en el afianzamiento ideológico de los partidarios del Leave. El resultado del 23 de junio es el triunfo del UKIP, es decir, del Partido de la Independencia del Reino Unido. La finalidad de esta formación, su «objeto social», en cierto modo, es la salida de la UE desde su creación, en 1993. A pesar de las vicisitudes de la vida política, el efecto eliminatorio del modo de elección uninominal mayoritaria de una sola vuelta, la solidez del bipartidismo británico y los asuntos político-financieros que alcanzan a algunos de sus elegidos, el UKIP progresa con regularidad. Sin embargo, con esta culminación del proceso llega el principio del fin para los leales a Nigel Farage, que lo presiente y abandona el partido justo después de la victoria. Diane James, que lo sucede, tira la toalla en otoño. Después, Paul Nuttall, tras un ínterin de Farage, lleva al UKIP hacia las legislativas anticipadas de 2017, donde le espera un desastre: el 1,8 por ciento de los sufragios, cuando en 2015 había alcanzado el 12,6 por ciento y, sobre todo, el 27,5 por ciento en las elecciones europeas de 2014, cuando los ciudadanos lo situaron en primera fila de las formaciones políticas del Reino Unido. No obstante, si el soberanismo también disminuye no es tanto porque se ha alcanzado el fin supremo. Es, en realidad, porque el brexit pronto aparece como un engaño, perjudicial a medio plazo para el conjunto de los ciudadanos del país.

Es demasiado fácil atribuir la victoria del Leave solamente a la propaganda firmada por el UKIP. Primero, porque la campaña oficial en favor de esta opción la dirigió la franja soberanista del Partido Conservador. Es una parte muy antigua de la identidad de los tories la que ha mantenido este euroescepticismo. Quizá incluso se trate del ADN fundamental del partido, escamoteado por la voluntad europeísta de Edward Heath, primer ministro que organizó la entrada del país en la UE en 1973. Margaret Thatcher fue la primera encarnación del reflujo de esta estrategia en los conservadores y de un comportamiento soberanista dentro de la Unión. Su actitud en las cumbres europeas mostró en más de una ocasión hasta qué punto desaprobaba la entrada de su país en la UE. En 1997, derrotados por los laboristas de la mano de Tony Blair, los tories encuentran un nuevo líder, William Hague, que sitúa el combate antieuropeo en el centro de la refundación conservadora. Prometiendo y luego provocando el referéndum, David Cameron intentó quizá ser el descendiente de Heath, y se encontró con que era el hijo de Hague.

Al hilo de los últimos años, varios conservadores, de los cuales un diputado a la Cámara de los Comunes, abandonaron su partido para unirse al UKIP. Así pues, la victoria del Leave es también, entre los tories, una victoria del campo soberanista sobre el campo europeísta, de Boris Johnson sobre David Cameron. La suerte de Europa ha quedado secuestrada por una lucha intestina en el Gobierno y la mayoría británicos.

Esto no bastó para garantizar la victoria del brexit, que solo quedó asegurada por el apoyo de una parte de los laboristas. Denis MacShane, ministro de Asuntos Europeos en el Gobierno de Tony Blair de 2002 a 2005 demuestra, en Brexit No Exit, hasta qué punto la tradición eurófoba de la izquierda británica siguió estando viva más allá del eclipse del blairismo. Para toda una generación, la UE no es más que el nuevo vehículo que ha utilizado Alemania —a la cual Francia está mecánicamente unida— para dominar el continente. El posicionamiento ambiguo de Jeremy Corbyn, líder del laborismo, que votó por el Remain sin luchar verdaderamente contra el brexit, suscita críticas, pero deja la vía libre al soberanismo popular, absolviendo de entrada a los votantes del Leave que venían de la izquierda. Después del escrutinio, es objeto de una tentativa de deponerlo dentro de su partido, pero una votación lo confirma a la cabeza de los laboristas por más del 60 por ciento de los votos. Si bien él mismo no es una figura del euroescepticismo, por su posicionamiento muy a la izquierda refuerza el basismo soberanista. «Jeremy Corbyn no es Jean-Luc Mélenchon», dice un antiguo comisario europeo francés. «Es más estructurado, menos ideólogo. Si él fuera primer ministro negociaría para el Reino Unido un estatus a la noruega, con ayuda de los liberales.» Esa es realmente la finalidad de Corbyn: que el brexit se termine con la caída de los conservadores y que él pueda negociar nuevas relaciones entre la UE y el Reino Unido desde el número 10 de Downing Street.

Así, tanto a la derecha como a la izquierda, el referéndum del 23 de junio de 2016 se instrumentalizó por razones de política interior e incluso por disputas intrapartidarias, y la desviación populista no fue sino una consecuencia provisional de esta batalla derecha-izquierda y en el interior de los laboristas y los tories.

La epifanía y la epopeya del UKIP tuvieron al menos el mérito de favorecer al British National Party (BNP), la extrema derecha que se instaló en el Reino Unido a partir de los años treinta. Tras haber ganado dos escaños en las elecciones europeas de 2009, el BNP declina, para desaparecer casi por completo del paisaje político en 2017, mientras el UKIP está a su vez en regresión. En las legislativas, el BNP no está en condiciones de presentar sino diez candidatos en todo el país, que van a sumar solamente un total de cuatro mil doscientos votos. Queda, pues, bien claro, a fin de cuentas, que el efecto principal del brexit no es que el populismo se instale en el corazón de la vida política británica, sino el regreso de los soberanistas al primer plano dentro del Partido Conservador y la posición de los laboristas en una emboscada para tomar el poder cuando la trampa costosa del brexit atrape a la derecha.

Esto manda de vuelta a los tories a una parte oculta de su identidad, encarnada por un famoso diputado: Enoch Powell. Formado en Cambridge en las líneas más clásicas del saber, diplomado en estudios orientales y africanos, Powell surge en la historia política inglesa el 20 de abril de 1968 con una ponencia conocida como «discurso de ríos de sangre». Describe lo que serán, según él, las consecuencias nefastas de la inmigración descontrolada, principalmente la que viene de las antiguas colonias. Este discurso incendiario suscita una virulenta reacción antirracista y le vale a su autor un ostracismo inmediato en la clase política, pero también un eco inédito en la población. El «powellismo» es sin duda la médula espinal del populismo británico. Si bien pasa a situarse en el centro del esqueleto del partido tory.

Dos politólogos británicos, Matthew Goodwin y Oliver Heath, han definido muy bien el perfil sociopolítico de los votantes del Leave. Para ellos, se trata de ciudadanos left behind, es decir, los dejados en el olvido, los marginados de la mundialización y del éxito a la moda del siglo XXI. Según estudios de ambos, estos votantes son víctimas de un doble castigo, de una mala suerte redundante: el «doble maleficio». A su falta de cualificación, que hace que su acceso al empleo sea difícil, se añade la falta total de oportunidades que pudiera ofrecer una sociedad moderna que ya no los necesita ni les concede el mínimo reconocimiento. Prisioneros del «antiguo mundo», el 23 de junio de 2016 dicen «no» al nuevo.

Para Denis MacShane, la explicación adopta otro giro. Considera que la «generación E» ha sido derrotada por la «generación B» en el referéndum del 23 de junio de 2016. La primera, desarrollada en los años dos mil, es la generación E, de Europa, vinculada a la época en que el New Labour de Tony Blair dominaba la vida política británica. La segunda, la generación B, de brexit, corresponde a la regeneración del Partido Conservador sobre bases soberanistas, nostálgicas y «powellianas». Es esta una visión sociopolítica que desvincula el brexit de un puro populismo para relacionarlo con un cóctel que mezcla la revancha de los duros dentro de los tories, el impacto de una prensa sensacionalista francamente populista (Daily Mail, The Sun, Daily Express) y el laxismo voluntario e hipócrita de los laboristas ciertamente proeuropeos, pero más preocupados por una derrota de David Cameron que por la suerte del Reino Unido y de la UE.

La mayoría de los sondeos que siguieron al referéndum del 23 de junio de 2016, hasta finales del año 2017, han mostrado que los ciudadanos británicos estaban más preocupados que antes por su futuro y que una parte nada despreciable de los partidarios del Leave lamentaban su voto antieuropeo. Sin duda ese sentimiento va a incrementarse hasta la salida efectiva, en marzo de 2019, y después, ya que la factura será sustanciosa. Para Bruselas se trata incluso de un castigo, ya que el brexit debe ser la ocasión de dar un ejemplo. «Es una negociación histórica que debe seguir siendo única», dice Michel Barnier con ánimo de no ocultarlo. «Al final debe quedar claro que más vale estar dentro que fuera.» Desde hoy, según los sondeos, un nuevo escrutinio no tendría la misma conclusión que el del 23 de junio de 2016. No son sino estudios y no la realidad de una verdadera campaña, pero al menos establecen lo que entonces fue la opción de los electores: más aún que un momento populista, un verdadero aventurismo.

IRLANDA, LA FRONTERA Y EL ANTIPOPULISMO

Entre los muchos problemas y facturas que el brexit deja como herencia, figura la posibilidad de reabrir una vieja herida entre vecinos si, como bien podría suceder, se instala de nuevo una frontera física entre Irlanda del Norte, parte del Reino Unido, y la República de Irlanda, uno de los países a los que mejor ha sentado la integración en Europa y su pertenencia a la moneda única y que ha pasado de ser uno de los más pobres del continente a tener una de las rentas per cápita más altas. La isla de Irlanda albergó uno de los conflictos más crueles y sangrientos que tuvo que soportar la Europa del último tercio del siglo pasado; una guerra civil que se desarrolló principalmente en Irlanda del Norte, parte del Reino Unido, entre los republicanos católicos —el Sinn Féin y su brazo armado, el IRA— y los unionistas protestantes y sus milicias leales a la Corona británica, y que provocó más de tres mil quinientos muertos a lo largo de veinticinco años. El Acuerdo de Viernes Santo (Good Friday), firmado en Belfast el 10 de abril de 1998 por los Gobiernos británico e irlandés y aceptado por la mayoría de los partidos políticos norirlandeses, puso fin al conflicto de una manera razonable, hasta el punto de que, salvo incidentes de tipo más personal que político, se puede dar por acabado.

Uno de los elementos clave de este acuerdo, aunque no figurara de forma explícita, fue la desaparición de la frontera entre las dos partes de la isla, que a efectos económicos y sociales hoy en día funcionan como un solo espacio, según el modelo clásico de integración europea. El brexit, sin embargo, amenaza con volver a abrir la herida. Una casi inevitable consecuencia del brexit es volver a colocar la frontera. Es prácticamente imposible que el Reino Unido quede fuera del mercado único y de la unión aduanera y que siga sin existir una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Por ejemplo, en 2015 Donegal y Derry, a ambos lados de la frontera, decidieron unirse y crear una zona económica y administrativa única. Actualmente el 10 por ciento de los habitantes de Derry ya viven al otro lado. Hay cincuenta pasos fronterizos asfaltados entre los dos municipios que sería imposible controlar.

El Gobierno conservador de Theresa May, compuesto en buena parte —empezando por ella misma— de políticos contrarios al brexit, quiso pasar de puntillas por encima del tema irlandés, pero no contaba con la rápida intervención de un sorprendente político, el primer ministro irlandés Leo Varadkar, de treinta y ocho años, gay e hijo de un inmigrante indio, que amenazó con vetar el avance de las negociaciones si no obtenía garantías de que habría una solución específica para los problemas de la isla. Todos los socios europeos le apoyaron, lo que obligó al Gobierno de Londres a pactar una serie de medidas para garantizar que en el futuro se mantendrá una frontera «blanda» entre ambas partes. Varadkar, quien forma parte de la nueva hornada de jóvenes políticos que en los últimos tiempos están accediendo al poder de manera nítida, representa en sí mismo el cambio profundo que se está produciendo en una sociedad tradicionalmente muy conservadora como la irlandesa.

Irlanda fue uno de los primeros países de la zona euro en sentir los efectos de la Gran Recesión. Tras un periodo de gran crecimiento, gracias a políticas fiscales muy atractivas para los inversores y a una escasa vigilancia de la supervisión bancaria, la burbuja financiera estalló a finales de 2007 y en 2009 entró en una depresión económica. Muchos negocios cerraron y el desempleo subió del 8,75 por ciento de 2008 hasta un 14,6 por ciento en febrero de 2012. De la gravedad de la crisis da idea que, en el primer trimestre de 2009, el PIB cayó un 8,5 por ciento respecto al primer trimestre del año anterior, y el PNB se encogió el 12 por ciento. Sin embargo, a principios de 2010 Irlanda había recuperado la velocidad de crucero y saneado su tóxico sistema financiero. Sorprendentemente, en todo este episodio la sociedad irlandesa no parece haber apostado por salidas populistas, aunque se da la paradoja de que ahora pueda ser víctima del populismo de sus vecinos.

7

ALEMANIA SE NORMALIZA

Y AUSTRIA SE DERECHIZA

Alemania ya es un país «normal», proclamó un veterano periodista de la televisión pública después de las elecciones de septiembre de 2017. «Bien, ahora todo esto ha acabado, ahora ya somos un país como los demás.» Desde que el Gobierno federal se trasladó de Bonn a Berlín en 1999 —salvado con un aprobado alto el trauma de la reunificación— y apareció la Alemania que ahora conocemos, los europeos la han mirado con una mezcla de admiración, envidia e irritación. Mientras en sus respectivos países tenían que lidiar con parlamentos ingobernables, partidos populistas de izquierdas y de derechas que no lograban ponerse de acuerdo en nada y Gobiernos débiles incapaces de sacar adelante ninguna reforma, en Berlín se sucedían los ejecutivos estables con una alternancia modélica y cada legislatura construía sobre la anterior. Se formaban coaliciones de amplio espectro —incluso grandes coaliciones entre los dos principales partidos— y la economía tiraba de toda la zona euro, a cuyos miembros se regañaba y sancionaba por su falta de rigor presupuestario.

Ahora el mapa político alemán se ha desbordado por ambos lados del espectro y por uno especialmente peligroso: la extrema derecha. Alternative für Deutschland (AfD), un partido xenófobo, populista e islamofóbico, ha conseguido una gran franja de electores a la derecha de los democristianos y los socialcristianos. Con casi un 13 por ciento de los votos, se ha convertido en el tercero del país y ha colocado cerca de un centenar de diputados en el Bundestag. Los dos grandes partidos hegemónicos, la CDU/CSU y el SPD, se han encogido hasta contar con poco más del 50 por ciento del apoyo ciudadano. Primero hubo un intento de formar un Gobierno estable liderado por la cancillera Angela Merkel que dejara a los socialdemócratas en la oposición, tal y como ellos mismos deseaban y, además, estableciera un cordón sanitario frente a la extrema derecha. Pero la llamada coalición Jamaica, que reunía a democristianos (CDU/CSU), liberales (FDP) y Verdes, fracasó. Aparcada la posibilidad de convocar de nuevo a los ciudadanos a las urnas, por miedo a que el populismo de AfD creciera aún más, la presión sobre el SPD para reeditar la grosse Koalition entre democristianos y socialdemócratas de la última legislatura, liderada por Angela Merkel, fue imposible de resistir por el viejo partido de la izquierda alemana, aun a sabiendas de lo mucho que se juega en el futuro y de que el hervor populista tiene mucho que ver con el centrismo de los últimos cuatro años. Así, cinco meses después de los comicios, y tras durísimas negociaciones, las bases del SDP dieron el visto bueno al acuerdo y abrieron la puerta a la investidura de Merkel.

En el camino, tanto democristianos como socialdemócratas se dejaron muchas plumas. Schulz tuvo incluso que abandonar la presidencia del SPD, que ha vivido un debate muy agrio y ha visto como sus juventudes, los famosos Jusos, rechazaban abiertamente el pacto y abrían una brecha en el viejo liderazgo con la emergencia de un joven político radical al que se le augura un futuro importante: Kevin Kühnert. Para Merkel, sin duda, este será su último mandato. Como reconociéndolo, la canciller abrió la puerta de su sucesión nombrando a Annegret Kramp-Karrenbauer como secretaria general del partido, tras forzar la renuncia del veterano Peter Tauber. Desde los sectores más conservadores de la CDU, y especialmente desde sus socios bávaros de la CSU, se acusó a Merkel de haber cedido en demasía a las pretensiones del SPD, a quien entregó una pieza tan importante como el Ministerio de Finanzas. A los socialcristianos les produce vértigo el irresistible empuje de AfD, que puede hacer que en las elecciones que tendrán lugar en Baviera a finales de 2018 les aparte por primera vez del poder que ostentan en este land desde la fundación de la República Federal. Para compensarlos, Merkel tuvo que ceder a la CSU otra pieza clave: el Ministerio del Interior, concretamente a su líder Horst Seehofer, el presidente de Baviera, cargo que tuvo que dejar. Además de vanagloriarse de haber conseguido establecer un tope anual de entrada de solicitantes de asilo, Seehofer anunció una curiosa medida simbólica, pero que muestra a las claras como el «efecto AfD» está cambiando las cosas en Alemania. El Ministerio del Interior cambia su nombre y se llama ahora Ministerio de Interior, Construcción y Patria, en alemán Heimat). La palabra heimat, como tantas otras en Alemania, tiene connotaciones abiertamente nacionalistas, significa patria, pero también terruño, casa o país natal. Originalmente fue muy utilizada en el periodo del Romanticismo alemán, pero los nazis también la usaron, razón por la que solía evitarse.

Fundado originalmente por elementos conservadores y reaccionarios de extracción académica sobre la base del rechazo al euro durante la crisis griega, AfD ya estuvo a punto de superar el listón del 5 por ciento en las elecciones de 2013. Pero, con la llegada de la ola de refugiados y la política de puertas abiertas de la canciller Angela Merkel, el partido olvidó el tema monetario y evolucionó hacia una oferta de extrema derecha xenófoba, al tiempo que devoraba a sus líderes más carismáticos. La última, Frauke Petry —artífice de la transformación del partido, que se sumó en la inquietud popular por la inmigración para anclarlo definitivamente en el paisaje político alemán—, acabó desplazada por el ala más radical. Pero AfD no viene del pasado ni es comparable a los partidos de extrema derecha que han ido apareciendo y desapareciendo en la historia de la República Federal. No es el lugar a donde van a morir los viejos nazis. Es una amalgama de honrados conservadores, nuevos nacionalistas, insoportables racistas e ilusionistas políticos. No es muy distinto a otras formaciones europeas que, con el mismo discurso nacionalista y xenófobo, se han nutrido de votantes irritados por la globalización y los cambios sociales.

Desde la Segunda Guerra Mundial, tratar de definir la identidad nacional alemana —y aún más celebrarla— ha sido tabú. Se entendía como un primer paso hacia el tipo de nacionalismo que degeneró en el Tercer Reich. Las banderas tenían poco protagonismo, al igual que el himno nacional. AfD rompió este tabú agitando la sensación de que Alemania había perdido el control de sus fronteras y estaba siendo invadida. Ya no se trataba solo de un problema económico o político, sino de un peligro grave para su propia identidad; el caldo de cultivo clásico de la xenofobia. Hasta ese momento, ninguno de los partidos tradicionales vendía «identidad» en su programa. AfD fue la primera en proporcionarla y en incorporar el patriotismo a la política. Introdujo el tema en la conversación nacional con un discurso especialmente atractivo para importantes sectores de la sociedad alemana: desde los perdedores de la crisis necesitados de protección hasta los creyentes nacionalistas o los nostálgicos del supremacismo ario.

No es más ultraderechista AfD que el Frente Nacional francés o los partidos racistas escandinavos; simplemente sucede que en Alemania esto adquiere tintes más siniestros. Europa es más igual a sí misma de lo que algunos pretenden, y el racismo y la xenofobia se pueden encontrar prácticamente en todos lados. Desde la derrota del régimen nazi en 1945, la única definición positiva de la identidad alemana era la construida sobre la base del «nunca más». Después del proceso de reunificación, cuando Alemania emergió como la gran potencia europea y antes de que aparecieran las crisis financiera y migratoria, las élites políticas y culturales intentaron construir lo que se llamó el patriotismo constitucional, que formó parte de la escenografía del Campeonato Mundial de Fútbol de 2004, un campeonato que ni siquiera ganó la selección alemana. Pero el intento de esconder el sentimiento de Deutschtum («germanidad») bajo la identidad europea no ha funcionado. A muchos alemanes ya no les basta Europa, ni siquiera saben si les gusta la UE; son varias las encuestas, como la del Pew Research Center, que indican que más de la mitad alberga un alto grado de euroescepticismo.

LA DERECHA XENÓFOBA

NO QUIERE HABLAR MÁS DEL HOLOCAUSTO

Hasta ahora los partidos políticos tradicionales se habían resistido a incorporar el elemento identitario a su discurso, lo que dejaba el campo abierto a la AfD. Björn Höcke, uno de los más vehementes oradores de esta formación, no tiene ningún reparo en criticar el recuerdo del Holocausto como parte de la historia nacional. «Somos el único país del mundo que ha levantado un monumento a la vergüenza en el corazón de su capital», dice en referencia al monumento del Holocausto en Berlín. Los alemanes, denuncia, «tienen la mentalidad de un pueblo totalmente vencido, cuando la verdad es que Alemania es un pueblo grande y viejo que ha aportado más que ningún otro a la humanidad». No todo el mundo en AfD comparte el discurso de Höcke, pero es una buena muestra del tipo de mensaje con el que el partido reivindica el orgullo patriótico, algo hasta ahora ausente del discurso político oficial.

El elemento determinante del ascenso de AfD ha sido la inmigración. Cerca de un millón y medio de refugiados llegaron a Alemania entre 2015 y 2016. Fue una oleada estremecedora con todos los elementos de un cataclismo social, con imágenes difundidas a todas horas que provocaban temor. Era la huida del infierno de las guerras de Oriente Próximo, en cuyo origen estuvo presente Occidente, que muchos percibían como una invasión en toda regla. El Gobierno de la canciller Merkel optó por abrir las puertas de par en par. Hubo mucha solidaridad; una parte importante de la sociedad se volcó en ayudar a los recién llegados. La memoria de su propio éxodo, cuando tras la derrota millones de alemanes fueron expulsados de los territorios del este adjudicados a Polonia y hubo más de un millón de muertos, no se había extinguido. Pero otros alemanes lo vivieron como un ataque a su modo de vida.

Finalmente, en un momento dado, Merkel cerró las puertas. Se estaba produciendo una desestabilización no solo interna, sino también en los países vecinos. Ahora la cuestión central es cómo se integrará esta masa de población en los próximos años. «Lo gestionaremos», dijo la canciller en el peor momento de la crisis, pero nadie sabe cómo conseguir, a medio y largo plazo, que los inmigrantes musulmanes de Afganistán, Irak o el norte de África acepten sin ambigüedades valores como la tolerancia religiosa, la igualdad de derechos de las mujeres y la prioridad de la ley terrenal sobre los mandamientos divinos. Lo paradójico fue que, durante la campaña del verano de 2017, los candidatos de AfD no tuvieron que insistir en este asunto porque quienes acudían a sus mítines lo daban por descontado, lo que les permitía definirse como un partido protector de la gente común y enemigo de las élites políticas, que supuestamente habían secuestrado el debate sobre la historia y la cultura alemanas. El tema de la integración estuvo ausente de la campaña, pero Merkel, durante la campaña, ya introdujo elementos de dureza para los inmigrantes que pretenden mantener hábitos y reglas que muchos alemanes no están dispuestos a aceptar. «No nos pertenecen», dijo, refiriéndose a las mujeres que se cubren toda la cara.

El éxito electoral de AfD ha tenido un gran impacto, aunque en términos reales siga siendo un partido minoritario con nulas expectativas de llegar al poder. Su agenda populista se ha ido filtrando en la sociedad alemana y ha entrado de lleno en la batalla por la hegemonía cultural. En las filas conservadoras, las críticas a la canciller Merkel por su política centrista —amén de su decisión de abrir la puerta a los refugiados— son cada vez más fuertes, tanto en la CDU como en su socio la CSU bávara, que ya no duda en ofrecer dosis de patriotismo y xenofobia a sus votantes tradicionales. AfD se frota las manos. «Habrá una caza contra Merkel», dijo su líder, Alexander Gauland, la noche electoral. Gauland, que nació en Chemnitz, en la antigua Alemania comunista, pero emigró de joven a Fráncfort, proviene de las mismas filas que la canciller y ocupó cargos de relevancia dentro de la CDU en Hesse. No fue hasta 2013 que rompió con los democristianos y acusó a Merkel de despojar al partido de su identidad conservadora. Ya entonces ventilaba sus pulsiones xenófobas con comentarios racistas como los que lanzó contra la presencia de jugadores «no alemanes» en la selección de fútbol, en referencia a los de origen extranjero, especialmente africano. Muestra del amplio espectro que ambiciona el partido es que el bronco Gauland, de setenta y seis años, comparte el liderazgo de AfD con Alice Weidel, de treinta y ocho, economista y empresaria, lesbiana y feminista, que vive con su pareja esrilanquesa y sus dos hijos, y que es partidaria de la salida de Alemania no solo del euro, sino también de la UE.

Como sucede en muchos otros países europeos, los votantes de estas formaciones populistas de extrema derecha proceden de capas sociales muy diversas y de amplias franjas de edad. Sus votantes —mayoritariamente masculinos, eso sí— se sitúan entre los veinticinco y los cincuenta y nueve años, y en especial entre los treinta y cinco y los cuarenta y cuatro. No salen solo de las filas tradicionalmente conservadoras del país, sino que provienen de la práctica totalidad del espectro social y político, y una parte importante son votantes frustrados que llegan de la izquierda. Según un estudio del instituto Infratest Dimap, solo medio millón salieron de la CDU, una cifra relativamente baja si se tiene en cuenta que otro medio millón llegaron del SPD socialdemócrata y otros cuatrocientos treinta mil de la izquierda populista de Die Linke. Pero lo más significativo es que un millón de votantes de AfD eran habituales abstencionistas, un dato inquietante que revela el nivel de populismo del que se alimenta.

El problema de mantener a los partidos de extrema derecha en cuarentena una vez que han obtenido representación parlamentaria es que produce un efecto perverso en el sistema. A medida que aumenta el número de votantes de estas formaciones, crece la presión sobre los principales partidos para que se conjuren con el fin de cerrarles la puerta al poder. A menudo esto fuerza la unión de los dos principales partidos en una gran coalición, a pesar de sus diferencias políticas. Al actuar así la política puede comenzar a parecerse a un cártel de élite, en el que el establishment mantiene un consenso para gobernar y las opciones se reducen a un carril cada vez más estrecho, descartando lo que los votantes demandan. Esto no hace sino alimentar el discurso de los partidos populistas de extrema derecha acerca de que todos los partidos principales son iguales y están controlados por élites que no escuchan a la gente.

LA LARGA TRADICIÓN DE GOBIERNOS DE COALICIÓN

Todos los Gobiernos alemanes desde 1949 han sido Gobiernos de coalición y, hasta ahora, siempre han funcionado. El fracaso de las conversaciones a tres bandas —entre democristianos (CDU/CSU), liberales (FDP) y Verdes— para formar Gobierno muestra hasta qué punto la fuerza de AfD ha corrompido la capacidad de alcanzar un compromiso. Los populistas han conseguido desacreditar el compromiso como un valor central de la democracia. Fueron los liberales de Christian Lindner quienes dieron el portazo. Volvían al Bundestag tras pasar una legislatura en el frío exterior. En 2013, después de haber gobernado en coalición con Merkel, el FDP lo pagó quedando por debajo del 5 por ciento mínimo para obtener representación. Ciertamente había algunos temas conflictivos; en concreto el de la reagrupación familiar de los refugiados, que los liberales no aceptaban. Los Verdes, por su parte, querían que se fijara una fecha para el cierre definitivo de las centrales eléctricas de carbón, entre otras cosas. Pero todos eran temas negociables y se estuvo muy cerca de llegar a un acuerdo. La inesperada decisión de Lindner de abandonar las negociaciones fue un fuerte golpe para la imagen global de Alemania como una potencia estable y responsable, en especial si se entiende que fue provocada precisamente por el temor al uso que los populistas podían hacer del hecho de haber llegado a un compromiso. Por primera vez desde los días de la República de Weimar, los partidos democráticos eran sometidos a una gran presión por parte de la extrema derecha.

Para los Verdes la negociación era una auténtica prueba de fuego. La formación ecologista se ha ido adaptando al cambio de los tiempos con bastante éxito. En la década de 1980, cuando su militancia se componía mayoritariamente de jóvenes revolucionarios de raíces sesentayochistas, la batalla se produjo entre los llamados fundis —fundamentalistas opuestos a cualquier concesión al sistema— y los realos —realistas abiertos a jugar dentro de las instituciones—, y fue ganada por estos últimos, liderados por el carismático Joschka Fischer, que más tarde llevaría a su partido al Gobierno federal como socio minoritario del SPD, y ocuparía el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Alemania recién unificada. El apoyo de Alemania al bombardeo de Kosovo en 1999 ya provocó entonces un intenso debate en el partido. Sin embargo, los Verdes no han sido nunca un partido obrero ni han tenido relaciones dignas de resaltar ni con el movimiento sindical ni con movimientos sociales, más allá de lo estrictamente relacionado con el medio ambiente.

En el otro extremo del espectro político, Alemania tiene también un partido populista con rasgos semejantes a los de otras formaciones europeas de similar ideología. Die Linke es el heredero del SED, el antiguo partido comunista de la RDA reconstruido tras la reunificación como PDS, cuya supervivencia ya es en sí toda una hazaña. Fundado por Gregor Gysi, un abogado de los disidentes políticos de la Alemania Oriental y miembro de una de las familias de la aristocracia comunista del régimen, adquirió protagonismo en los años de la caída del Muro de Berlín, lo que le sirvió para refundar el SED y erigirse en defensor de la causa de los ciudadanos del Este. En este largo viaje de más de un cuarto de siglo ha ido añadiendo elementos, empezando por la facción más izquierdista del SPD encabezada por Oskar Lafontaine, que fue secretario general socialdemócrata y ministro de Finanzas en el primer Gobierno de Gerhard Schröder, con quien chocó por las políticas liberales que, en su opinión, llevaba a cabo el Ejecutivo.

En 1999 Lafontaine renunció a sus cargos en el Gobierno y en el partido, y se convirtió en una de las voces más críticas de las reformas efectuadas por el Gobierno de Schröder que afectaban a la jornada laboral, el seguro de desempleo, la sanidad y los derechos de los trabajadores. En 2005 abandonó el SPD y se presentó en las listas de Die Linke, en una operación que extendió el ámbito real de la formación a todo el país y que le supuso un 8,7 por ciento de votos y 54 escaños en el Bundestag. Retirado Lafontaine por problemas de salud y con Gysi lejos de la primera línea, Die Linke se ha apropiado de una franja de en torno al 10 por ciento del electorado, lo que ha contribuido al adelgazamiento del espacio socialdemócrata. En la anterior legislatura, Die Linke era la primera fuerza de la oposición en el Bundestag y debatía la posibilidad de un acercamiento estratégico a los socialdemócratas y los Verdes para formar una coalición de Gobierno. Como todo partido populista que se precie, Die Linke también intenta pescar votos en todas las aguas. La actual líder del partido y presidenta del grupo parlamentario, Sahra Wagenknecht, la joven esposa de Oskar Lafontaine, no solo ha mostrado sus simpatías por las políticas económicas de Donald Trump, sino que ha defendido, en contra de la línea del partido, una política restrictiva respecto a la acogida de refugiados, por lo que ha merecido el aplauso de la extrema derecha. Por esta razón, en el congreso de Die Linke de 2016, Wagenknecht recibió una tarta de chocolate en toda la cara, obsequio de un grupo llamado Iniciativa Antifascista.

UN BUNDESTAG DE DIMENSIONES GIGANTESCAS

Con estos dos partidos populistas en los extremos, la arquitectura política de Alemania ha alcanzado un grado de complejidad e incertidumbre desconocido en el país. El debate parlamentario ha cambiado de tono y todo indica que cada vez será más bronco. El Bundestag resultante de los comicios de 2017 amenaza con ser ingobernable. El sistema de adjudicación de escaños exige que se amplíe el número de diputados hasta que se llegue a un reparto perfectamente equitativo. Esto ha propiciado una cámara de dimensiones gigantescas, la más numerosa del mundo occidental, con una cifra récord de 709 miembros. La bronca, como ya han adelantado, correrá a cargo de AfD con sus 92 representantes. Este gigantismo tampoco augura nada bueno para el trabajo diario de la cámara, aunque para intentar que funcione la preside uno de los políticos más veteranos —y también más inflexibles— de Alemania, el antiguo ministro de Finanzas Wolfgang Schäuble, que fue elegido por primera vez en las listas de la CDU en 1972.

Los funcionarios del Bundestag han tenido que buscar despachos a lo largo y ancho del Regierungsviertel —el distrito gubernamental de Berlín— para poder albergar a todos los diputados, porque la nueva extensión de la cámara, que contará con trescientos despachos, lleva cinco años de retraso tras encontrarse filtraciones de agua. También ha habido que colocar nuevos escaños en el hemiciclo, que ahora llenan del todo la enorme sala del viejo Reichstag. Nadie quería sentarse junto a los diputados de AfD, relegados al extremo derecho del hemiciclo; les ha tocado a los liberales del FDP que volvían al Bundestag después de cuatro años de travesía del desierto. El nuevo Parlamento les costará a los contribuyentes 75 millones de euros adicionales cada año. La mayoría de los expertos constitucionalistas consideran que esta cámara de más de setecientos miembros acabará invalidada por el Tribunal Constitucional, pero calculan que la batalla legal no se solucionará hasta que prácticamente haya acabado la legislatura. AfD no solo desestabiliza el trabajo parlamentario en términos políticos, también en puros términos funcionales. Al ser nuevo en la cámara, el partido necesitaba dotarse de personal y de expertos en todos los campos, para lo que se lanzó a una agresiva política de fichajes y drenó las estructuras funcionales de los viejos partidos. Los nuevos diputados de AfD han fichado a los asistentes de los diputados democristianos que perdieron sus escaños, conscientes de que vencían sus contratos de trabajo.

Una de las ventajas que planteaba la no reedición de la gran coalición entre democristianos y socialdemócratas era que no le correspondería a AfD el papel de principal partido de la oposición, sino al SPD. Ahora, la nueva grosse Koalition finalmente pactada entre Merkel y Schulz para evitar la repetición de unas elecciones en las que AfD tenía mucho que ganar, devuelve a la ultraderecha el papel de primer partido de la oposición, con todos los atributos que le concede el reglamento de la cámara. AfD ya ha anunciado que aprovechará sus privilegios y hurgará en el tema que le ha dado alas, el de la inmigración. Entre otras cosas, pretende crear un comité que investigue la gestión de Merkel durante la crisis de 2015. Para ello, sin embargo, la ultraderecha necesita reunir al menos ciento veinte votos, lo que supone el apoyo de veintiocho diputados a sumar a los suyos. De momento no parece estar a su alcance, como lo demuestra que no ha conseguido colocar a su candidato, Albrecht Glaser, en una de las vicepresidencias de la cámara. Glaser, de setenta y cinco años, se pasó de la raya en su islamofobia cuando sugirió que los musulmanes que viven en Alemania deberían perder su derecho a la libertad de religión, con el argumento de que la fe de los musulmanes no respeta esa libertad. Los nombramientos de las vicepresidencias requieren una mayoría parlamentaria. Glaser solo recibió el apoyo de 123 diputados. Pero AfD lo aprovecha todo y el caso de Glaser le ha servido para denunciar «barreras hipócritas» a la libertad de expresión en las instituciones democráticas y alimentar el victimismo marca de la casa. Antes de la votación, Bernd Baumann, su portavoz parlamentario, comparó una moción aprobada al final de la anterior legislatura para evitar que fuera un diputado de AfD quien pronunciara el discurso de apertura de la cámara con un episodio de 1933, en el que el jerarca nazi Hermann Göring bloqueó el discurso de la líder comunista Clara Zetkin. Un relato que no se ajusta a la realidad histórica, pero que dice mucho del cinismo de esta nueva extrema derecha alemana.

Con todos estos elementos, incluida la presencia de una izquierda alternativa que no le hace ascos al populismo más banal, parece evidente que esa Alemania sobre la que pivotaba —y todavía pivota— el proyecto europeo ya no es la locomotora incansable que tira del resto; eso sí, sacando buen provecho de su liderazgo. Como señaló el periodista citado al comienzo de este capítulo, ahora es un país normal, no más estable que las demás democracias europeas y abierto, por lo tanto, a cualquier tipo de disfunciones. ¿Qué ha sucedido? Alemania sobrevoló la gran crisis mucho mejor que el resto gracias, en parte, a que se adelantó a las reformas que la Gran Recesión impuso por la fuerza de los hechos a sus socios europeos. Tras la reunificación, la absorción de la Alemania comunista por la República Federal tuvo un coste exorbitante: dos billones de euros según los cálculos de la Universidad Libre de Berlín. Más del 60 por ciento se destinaron a prestaciones sociales, en especial a pensiones. En 2004, por tercer año consecutivo, el déficit público superó el 3 por ciento establecido como límite en el Tratado de Maastricht y en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y se situó en el 3,7 por ciento del PIB, mientras que la deuda alcanzaba el 66 por ciento.

Fue un Gobierno de izquierdas —el más escorado a la izquierda en la historia de la República Federal— el que asumió la tarea de poner a dieta el generoso sistema de prestaciones sociales y aplicar una reforma laboral. La llamada Agenda 2019 fue obra del canciller Gerhard Schröder, que gobernaba en coalición con los Verdes, liderados por Joschka Fischer. Es el terrible destino de la socialdemocracia europea: clama desde la oposición y recorta desde el poder. Se liberalizaron las condiciones de trabajo y se abrió la puerta a los contratos de tiempo parcial y al trabajo temporal. El subsidio de desempleo se redujo a un año —dieciocho meses para los mayores de cincuenta y cinco años—, siempre a condición de no rechazar los trabajos que se le ofrecieran al parado. Hasta la reforma, era posible disponer de un segundo par de gafas cada año a cargo de la Seguridad Social o pasar una semana de descanso en un balneario del Rin para curar el estrés del invierno. Ahora las prestaciones se limitan a un sistema de salud y ayudas sociales siempre condicionadas y nunca permanentes.

EL PROBLEMA DE LOS TRABAJADORES POBRES

Las empresas transformaron los contratos a tiempo completo en los llamados minijobs, que crearon un falso aumento del empleo consistente en redistribuir el trabajo existente, pero en condiciones de precariedad. Más de siete millones de alemanes tienen este tipo de trabajos: repartidores, empleadas del hogar, servicios de limpieza, cuidadores de niños o de ancianos, pintores o camareros en las horas punta… todos ellos empleos para los que no se requiere una cualificación especial. Muchos no llegan a fin de mes y necesitan un segundo trabajo, otro minijob, y un gran número de jubilados forman parte de este colectivo. Cuanto más tiempo se ejerce un minijob, más complicado es lograr un trabajo a jornada completa que permita cotizar a la Seguridad Social y acceder a una jubilación mínimamente decente. Un año de trabajo en un minijob solo da derecho a una pensión mensual de 3,11 euros; y una vida laboral de cuarenta y cinco años, a menos de 140 euros. Sin ingresos suplementarios, estas personas solo tendrían derecho a percibir la pensión básica de 688 euros mensuales que garantiza el Estado como jubilación mínima. A la precariedad se le une la humillación social. Por ejemplo, una mujer de treinta y cinco años, divorciada y con un hijo adolescente, perdió su trabajo hace años y sale adelante gracias a las ayudas sociales, pero si quiere seguir accediendo a los subsidios está obligada a aceptar un trabajo de los que le ofrece la oficina de empleo, y actualmente limpia la escuela en la que estudia su hijo.

La reforma de Schröder es uno de los elementos clave del éxito de la economía de Alemania, que ha conservado su capacidad de fabricación mucho mejor que otras economías avanzadas. La manufactura, por ejemplo, sigue representando el 23 por ciento del PIB, frente al 12 por ciento en Estados Unidos y el 10 por ciento en el Reino Unido, y da empleo al 19 por ciento de la mano de obra alemana, frente al 10 por ciento en Estados Unidos y el 9 en el Reino Unido. Algo que contrasta abiertamente con la práctica habitual de las economías más ricas: externalizar la manufactura a otros lugares con costes de mano de obra más bajos. Alemania nunca ha aceptado esta práctica y ha mantenido su liderazgo en la fabricación a través de un compromiso para procesar la innovación, respaldado por una red de institutos de investigación.

Pero la reforma recortó la capacidad negociadora de los poderosos sindicatos, tradicionalmente integrados en la gestión de las empresas. Ahora solo tres de cada cinco trabajadores están protegidos por los convenios firmados por los sindicatos. Con estos datos es fácil entender que una parte importante de la sociedad alemana se sienta desprotegida y abandonada, pues se ha roto el pacto «socialdemócrata» de la posguerra precisamente donde mejor se había articulado. Se trataba de recuperar la competitividad y —de paso— reformular el estado del bienestar. Como dicen algunos analistas, consistió en pasar del welfare state al workfare state, en el sentido de la maldición bíblica: del bienestar al trabajar. Quienes caen en el territorio definido por los minijobs quedan atrapados y pasan a formar parte de una clase social instalada en el resentimiento: la mejor gasolina para el populismo y uno de los viveros de votos de AfD y Die Linke.

Otro de los elementos que han contribuido a la ola populista es la división entre el este y el oeste y la cultura del agravio que se ha instalado en muchos lugares de la antigua Alemania comunista, pese a que pronto hará tres décadas de la caída del Muro de Berlín. Los estudios señalan, por ejemplo, que el voto a AfD ha crecido de manera exponencial en las zonas cercanas a la antigua frontera. La RDA desalentó activamente la mezcla social y procuró que estos lugares fueran poco atractivos para vivir, y menos aún para gente con buen nivel de estudios y con ambiciones. Un experimento casi antropológico que ahora explica el carácter especialmente reaccionario de algunos de estos pueblos y ciudades donde se pide el regreso del antiguo Estado protector.

Die Linke, hasta cierto punto sucesora de ese Estado, insiste en su programa en que su objetivo es lograr «un nivel de vida igual en el este y el oeste». Pero quien realmente ha triunfado en el este ha sido AfD, que, con porcentajes superiores al 20 por ciento, incluso se ha colocado en el primer lugar en algunas circunscripciones. Y lo ha hecho con un discurso por completo opuesto al de Die Linke, abogando, por ejemplo, por la abolición del impuesto de sucesiones, uno de los mecanismos para cerrar la brecha de riqueza entre el este y el oeste. Sus militantes y cuadros no se centran tanto en el discurso económico como en el ideológico. Alimentan el resentimiento que todavía tienen muchos ciudadanos contra la antigua República Federal, que consideran ajena a su concepción del mundo. Una vieja división cuyo origen está mucho más lejos que la que impuso la Guerra Fría. En cierto modo es la Alemania del Elba contra la Alemania del Rin, prusianos contra renanos, en un ejercicio de reduccionismo. El líder de AfD en Turingia, Björn Höcke, pide abiertamente una vuelta a los «valores prusianos», mientras que Alexander Gauland sugiere que la política de Alemania hacia Rusia debe inspirarse en la del canciller Otto von Bismarck. André Poggenburg, que dirige AfD en Sajonia-Anhalt, exige un sistema de educación centralizado basado en «virtudes prusianas clásicas como la franqueza, el sentido de la justicia, la honestidad, la disciplina, la puntualidad, el orden, el trabajo duro y la obediencia».

En Alemania hay un partido neonazi, el Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), que carece de representación en el Bundestag aunque tiene un representante en el Parlamento Europeo. El NPD vivió su mejor momento a finales de la década de 1960 y tuvo una segunda juventud en la primera década de este siglo, cuando consiguió entrar en los parlamentos de Sajonia y Mecklemburgo, en la antigua Alemania Oriental. Pero la emergencia de AfD lo ha devuelto a cifras por debajo del 1 por ciento. Otras organizaciones filonazis, como la Deutsche Volksunion, o partidos similares a AfD, como Die Republikaner, emergen en periodos de crisis o cuando, como ahora, la CDU-CSU se mueve hacia el centro para formar coalición con los socialdemócratas. El peso real del movimiento neonazi en Alemania es difícil de precisar, no tanto por la indudable presencia de individuos y grupúsculos que se reclaman seguidores de las doctrinas de Adolf Hitler, sino en cuanto a su verdadera dimensión política. En 2003 el entonces ministro del Interior, el socialdemócrata Otto Schily, intentó prohibir el NPD. En el proceso de ilegalización se descubrió que al menos un tercio de los dirigentes nacionales del partido eran agentes infiltrados por el propio Ministerio del Interior, lo que echó por tierra el intento. Para mayor vergüenza de las autoridades policiales, quedó en evidencia que los líderes neonazis que fomentaban actos violentos que pudieran ser achacables al NPD eran precisamente los policías infiltrados en la formación neonazi. Hubo otro intento en 2012, esta vez a cargo del Bundesrat, la cámara territorial, que presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional. Esta ha sido rechazada recientemente alegando que, si bien el NPD persigue «objetivos anticonstitucionales», no está en posición de poder cumplir estos objetivos por su escasa presencia en el ámbito político alemán.

LA EXTREMA DERECHA SE INSTITUCIONALIZA EN AUSTRIA

La extrema derecha populista no es ninguna novedad en Austria, un pequeño país que padece de una evidente macrocefalia en forma de una capital imperial: Viena, que concentra dos millones y medio de habitantes de un total de ocho y medio, y donde hay una larga tradición de mezcla y cosmopolitismo, pero también de racismo y antisemitismo, que se manifestó abiertamente y sin complejos cuando, tras la Anschluss, pasó a formar parte del Tercer Reich en 1938. El populismo de derechas está fuertemente enraizado. En 2000 el ultraderechista Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), liderado por el extravagante Jörg Haider, consiguió entrar en el Gobierno tras una campaña abiertamente xenófoba. Ahora ha regresado al poder en Viena tras obtener el mejor resultado de su historia, mejor que el logrado por Haider en 1999. Hay un chiste, ya clásico, sobre cuál es el país más inteligente del mundo. La respuesta es: Austria, porque ha conseguido hacer creer al mundo que Hitler era alemán y Beethoven austríaco, cuando es justo al revés.

La formación de aquel Ejecutivo fue muy tormentosa. Pasaron casi cinco meses desde los comicios de octubre de 1999 hasta la toma de posesión en febrero de 2000. El presidente federal Thomas Klestil encargó al democristiano Wolfgang Schüssel, del Partido Popular Austríaco (ÖVP), la formación del Gobierno y, amparándose en sus poderes, llegó a vetar a dos ministros del FPÖ: Thomas Prinzhorn, por sus «descarrilamientos verbales», y Hilmar Kabas, por su verborrea xenófoba durante la campaña. Los Gobiernos europeos reaccionaron con indignación. Tras muchos desencuentros, la UE llegó incluso a imponer sanciones diplomáticas y el Parlamento Europeo amenazó con la suspensión. Israel retiró a su embajador en Viena y The New York Times instó a la Administración Clinton a hacer lo mismo. Pese al descalabro del FPÖ en los comicios de 2002, cuando perdió dos tercios de sus diputados, la coalición sobrevivió a su condición de paria durante cinco años, que fueron muy duros de transitar para la diplomacia de Viena, y se vino abajo en 2005.

Para entonces el líder del FPÖ ya era Heinz-Christian Strache, y nada hacía prever que se recuperaría de aquel desastre. Pero Strache ha convertido los últimos doce años de su carrera política en una campaña permanente, y ha logrado una buena dosis de respetabilidad para el FPÖ, al tiempo que servía de modelo para Alternative für Deutschland. Lo paradójico es que la indignación y el rechazo que provocó el 13 por ciento de AfD en septiembre de 2017 no se vieron por ningún lado cuando, pocas semanas más tarde, el FPÖ consiguió más de un 26 por ciento y se convirtió en socio de Gobierno. La diferencia es que en Austria forman parte de la política cotidiana desde hace décadas. La otra diferencia es que Strache es el primer político con un pasado neonazi que forma parte de un Gobierno europeo. El FPÖ, sin embargo, no logró protagonizar el sorpasso al Partido Socialdemócrata de Austria (SPÖ) del canciller Christian Kern, que aguantó mejor de lo que se esperaba con un 26,9 por ciento de los sufragios. Pero los socialdemócratas, al igual que sus correligionarios alemanes, no quieren repetir la gran coalición con el ÖVP y prefieren recuperar fuerza y credibilidad desde la oposición.

El gran vencedor de estas elecciones, sin embargo, ha sido otro: el joven líder de los democristianos Sebastian Kurz, de treinta y un años, ministro de Asuntos Exteriores en una legislatura que acabó antes de lo previsto por la crisis de Gobierno que él mismo precipitó. Tras llevar a su partido, el ÖVP, a la victoria con un 31,7 por ciento de los votos, se ha convertido en el jefe de Gobierno más joven de Europa. La suya es una ascensión meteórica. Hasta que se postuló como candidato, el ÖVP languidecía en las encuestas, superado por los socialdemócratas, sus socios en la coalición gobernante, e incluso por detrás del FPÖ. Kurz decidió cambiar radicalmente la imagen del viejo partido conservador, en el que militaba casi desde la adolescencia. Lo rebautizó como Nuevo Partido Popular, cambió los colores de su logotipo y rediseñó el modelo de campaña con carteles que anunciaban la llegada de «un tiempo para algo nuevo». Y tuvo éxito. Consiguió hacer olvidar que, pese a su juventud, él mismo era uno de los ministros con más años de servicio en el gabinete y que el ÖVP llevaba más de tres décadas sin abandonar el poder.

Tras abrir negociaciones con el FPÖ, Kurz se deshizo en elogios sobre Strache, al que había acusado de neonazi una y otra vez durante la campaña. Destacó su «fuerte voluntad creativa y su deseo de cambiar Austria», lo que no impidió que, cuando este aceptó la invitación a las conversaciones de la coalición, le advirtiera que «no facilitaría las cosas para el ÖVP» porque el FPÖ no iba a renunciar —como se le pedía— a su pertenencia al grupo de extrema derecha de la Europa de las Naciones y de las Libertades (ENF, por sus siglas en inglés) en el Parlamento Europeo. Pero a Kurz esto no parece importarle. Pretende difuminar la división entre derecha e izquierda. Cuando el semanario Der Spiegel le señaló que, juntos, su partido y el FPÖ habían conseguido más del 60 por ciento de los votos, él respondió que otro tanto podía decirse de la suma entre los socialdemócratas y la extrema derecha, y señaló que el ÖVP solo había ganado en dos ocasiones las elecciones en los últimos cincuenta años y que parte de su éxito se basaba en haber conseguido los votos de muchos votantes habituales de los ecologistas de Alternativa Verde. Kurz promete bajar los impuestos y luchar contra la inmigración en una sociedad que, como algunos observadores señalan, se ha visto a sí misma en la primera línea de defensa de la cristiandad contra el islam, como lo fue en 1683 al resistir el asedio turco de Viena. Los aspavientos en las cancillerías y las presiones internacionales para evitar que el FPÖ pasara a formar parte de un Gobierno brillan por su ausencia.

Los vaivenes electorales que han agitado a Austria en los últimos años ilustran el nivel de volatilidad no solo austríaco, sino del escenario político europeo. En las elecciones presidenciales de la primavera de 2016, los candidatos de los partidos que formaban la coalición de Gobierno (SPÖ y ÖVP) por primera vez quedaron muy lejos del ganador, el candidato del FPÖ Norbert Hofer, y del segundo, Alexander Van der Bellen, un miembro de los Verdes que se presentó como independiente. Los resultados de la segunda vuelta, ganada por Van der Bellen por un muy estrecho margen, fueron anulados por el Tribunal Constitucional, que obligó a repetir la votación. Fue realmente un cara a cara entre dos mitades del país tan polarizadas como la personalidad de los dos candidatos. Europa contuvo la respiración porque no habría sido la primera vez que Austria tuviera un jefe de Estado con connotaciones de este tipo. Ya había sucedido con Kurt Waldheim, un antiguo nazi que consiguió ocultar su pasado y que no solo ocupó la Presidencia austríaca entre 1986 y 1992, sino que ya había llegado a ser secretario general de las Naciones Unidas entre 1972 y 1981. Finalmente, Van der Bellen ganó por un 53,8 por ciento de los votos frente al 46,2 por ciento de Norbert Hofer, con una participación del 74,2 por ciento.

Alemania, Austria y parte de Suiza concentran más de cien millones de ciudadanos de habla alemana, que comparten una misma cultura con pequeñas variantes. Europa se construye en torno a este eje que forman el Rin y el Danubio, dos ríos que nacen a menos de cincuenta kilómetros de distancia en la Selva Negra, en la divisoria continental, y uno toma el camino del Atlántico y el otro, soria del mar Negro. Lo que suceda en esta franja determinará el futuro de Europa.

8

LA XENOFOBIA ESCANDINAVA

Y EL NATIVISMO

El populismo de izquierdas es vertical; la gente contra las élites, los de abajo contra los de arriba. El de derechas es horizontal: nosotros, los de aquí, contra los bárbaros que vienen de afuera. En el norte de Europa, donde más se ha desarrollado el estado del bienestar, más miedo existe a perder la estabilidad. Esto hace que se perciba a los extranjeros —y al terrorismo que se teme que pueden traer consigo— como una amenaza para el bienestar. Los sectores de clase media se vuelven xenófobos porque piensan, en la línea de las teorías de políticos de extrema derecha como Marine Le Pen o Geert Wilders, que, si en lugar de tener la puerta del apartamento abierta, la cerráramos, los que nos quedamos dentro podríamos volver a ponernos de acuerdo para restablecer el pacto social acordado en la posguerra y que ahora se desvanece bajo el peso de la globalización, la presión migratoria y el neoliberalismo. Según el sociólogo Joan Subirats, lo paradójico del mensaje que podríamos llamar lepenista es que, básicamente, pretende una renovación del pacto socialdemócrata; en el fondo, los partidos populistas de derechas intentan hacer lo que la socialdemocracia ha dejado de hacer. Se podría definir como «nacionalismo del bienestar», el modelo con el que la extrema derecha estaría robándole sus últimos votantes a la izquierda socialdemócrata.

Las sociedades escandinavas, en las que de forma permanente ha prevalecido la hegemonía socialdemócrata, son ahora el mejor muestrario de los populismos de corte xenófobo de toda Europa. Durante décadas estos países tuvieron sus puertas abiertas de forma ejemplar a los refugiados procedentes de todo el mundo. No se puede hablar de una Escandinavia homogénea; cada país tiene configuraciones sociales y políticas diferentes. Pero en todos ellos —Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia— existen partidos cuya principal seña de identidad es el rechazo a la inmigración, y son formaciones que integran las coaliciones de Gobierno o al menos tienen el peso suficiente como para ser determinantes en la configuración de la acción política. Lo más notable de esta transformación del marco político es que estos partidos, con su propuesta de «nacionalismo del bienestar», están robándole los votantes a la socialdemocracia, que, a su vez, intenta recuperarlos adoptando algunas de sus características.

En algunos países escandinavos, como en Suecia, existe realmente una gran presión migratoria; casi un 15 por ciento de la población ha nacido en el extranjero y otro 12 por ciento tiene al menos algún progenitor llegado de fuera del país. Uno de cada cuatro suecos es de origen foráneo, uno de los porcentajes más altos de Europa. En 2015 llegaron a Suecia 163.000 inmigrantes, el equivalente al 1,63 por ciento de su población, que no llega a los diez millones. El FMI estima que Suecia dedica un 1 por ciento de su PIB (512.000 millones de euros) a los refugiados, mientras que Alemania, la otra gran receptora, solo invierte el 0,35 por ciento. Este fenómeno ha propiciado el crecimiento de un partido abiertamente xenófobo y antiinmigrante: Sverigedemokraterna (Demócratas de Suecia, SD), que en las elecciones de 2014 dobló con creces sus escaños y se convirtió en la tercera fuerza del país, con casi un 13 por ciento de los votos. Las encuestas le conceden hasta un 18 por ciento para los comicios de 2018. Su líder, Jimmie Åkesson, ha conseguido llevarlo desde la franja marginal de la extrema derecha hasta el centro de la política sueca, subido al resentimiento contra los extranjeros. Su consigna se puede resumir en un tuit: «La próxima elección es una elección entre la inmigración masiva y el bienestar. Tú eliges».

Ahora las puertas de Suecia se han empezado a cerrar. Durante tres años, los refugiados no conseguirán el permiso de residencia permanente, sino solo temporal, y no podrán traer a sus familias si no tienen ingresos. A quienes se les deniega la petición de asilo se los fuerza a abandonar el país, salvo que tengan hijos menores de dieciocho años, y pierden el derecho a un techo, a la comida y a la paga de seis euros al día para gastos, las condiciones en las que han esperado la resolución de su caso. Esta medida, sin embargo, tiene un impacto relativo: un 76 por ciento de los demandantes obtuvieron el asilo en 2014. El Gobierno prevé expulsar a entre sesenta mil y ochenta mil de los solicitantes llegados en 2016, pero el tiempo de tramitación para conceder permisos de residencia supera el año. Aprobar estas medidas consensuadas entre seis partidos fue un auténtico trauma para el Gobierno de coalición entre socialdemócratas y verdes. «Me duele que Suecia no sea capaz de recibir solicitantes de asilo al alto nivel actual. Simplemente, no podemos hacer más», dijo el primer ministro Stefan Löfven mientras a su lado, la líder de los Verdes, Åsa Romson, intentaba contener las lágrimas.

Como en muchas otras sociedades occidentales, el populismo xenófobo sueco ha encontrado el campo abonado en una franja social que se considera maltratada, que piensa que ha sido olvidada por sus políticos, que padece las consecuencias de las tensiones emergentes en la estructura del estado del bienestar. Los votantes de SD son más pobres que la media, más viejos, visten menos a la moda… Pertenecen a una Suecia abrumadoramente provinciana, muy distinta de la que hasta ahora mostraba al mundo su cara más atractiva, generosa y solidaria. Han roto su silencio y no parece preocuparlos mucho los elementos racistas e incluso neonazis que arrastra consigo SD, como el hecho de que algunos de sus candidatos tengan que retirarse cuando aparecen fotos suyas con un brazalete con una esvástica o cosas similares. No es ningún secreto que entre sus militantes abundan los elementos abiertamente racistas, homófobos, machistas y antisemitas, que protagonizan actos vandálicos y agresiones contra minorías.

Por este extremo el SD se toca con los movimientos abiertamente neonazis, como el Den Nordiske Motstandsbevegelsen (Movimiento de Resistencia Nórdico, NMR), el grupo más activo en Escandinavia, que ahora, al amparo del auge de la ultraderecha, multiplica su presencia. Fundado en 1997 a partir de un grupúsculo llamado Movimiento de Resistencia Sueco, el NMR ha ganado fuerza en los últimos años y se ha extendido al resto de Escandinavia, razón por la que ha cambiado de nombre. Hay razones históricas que hacen a Suecia, la mayor potencia regional, más proclive a albergar movimientos supremacistas. Hasta comienzos del siglo XX la Corona sueca todavía controlaba Noruega. También Finlandia antes de que se la anexionara el Imperio ruso. En ambos países hay importantes minorías suecas, hasta el punto de que el idioma sueco es cooficial. El NMR, que defiende un Estado nacionalsocialista y lucha «por la libertad y la supervivencia de la raza nórdica», ha multiplicado su presencia en manifestaciones y protestas hasta convertirse en el grupo neonazi más activo y peligroso, al que se atribuyen acciones como ataques con explosivos contra viviendas de solicitantes de asilo o librerías y un intento de atropello contra una manifestación prorrefugiados. La Fundación Expo —que se dedica a investigar las actividades de la ultraderecha, y en cuya creación participó el fallecido escritor Stieg Larsson, autor de la célebre saga Millennium— cifra en trescientos los miembros del NMR, de los que ciento cincuenta serían suecos.

Sobre Suecia pesa la sombra de su papel durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras que Dinamarca y Noruega fueron ocupadas por las tropas del Tercer Reich, Suecia, al igual que Suiza, se mantuvo neutral, aunque favoreció a los alemanes. Inicialmente, el Gobierno sueco consideró que no estaba en posición de oponerse, y más tarde colaboró con el régimen de Hitler. Voluntarios suecos formaron parte de unidades de las SS y participaron en primera línea en la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. También proporcionó a los alemanes las materias primas, esencialmente acero, para construir submarinos y tanques, y el Gobierno de Estocolmo permitió a la Wehrmacht usar sus ferrocarriles en las campañas contra Noruega y la URSS. Como dijo el propio Larsson, los suecos no son los herbívoros pacíficos que mucha gente imagina, y recordó que el primer ministro Olof Palme fue asesinado a tiros en una calle de Estocolmo en 1986 y que, más recientemente, en 2003, la ministra de Asuntos Exteriores Anna Lindh murió apuñalada en unos grandes almacenes.

En 2014, tras ocho años de hegemonía conservadora, los socialdemócratas volvieron al poder en Estocolmo. El primer ministro Stefan Löfven, un antiguo sindicalista, formó un Gobierno en minoría con el apoyo de los Verdes, que dos meses más tarde a punto estuvo de caer y provocar unas elecciones anticipadas. Estas se evitaron con un acuerdo con el bloque de la oposición conservadora tradicional, que no incluye a la extrema derecha. Todo apunta a que los comicios de 2018 pueden transformar radicalmente el mapa político sueco. El bloque de centro-derecha —los Moderados de Anna Kinberg Batra y el Centerpartiet de Annie Lööf— cree todavía posible conseguir una mayoría alternativa a la actual coalición sin la necesidad de contar con el apoyo del Sverigedemokraterna de Jimmie Åkesson. Pero lo tienen muy difícil. Todas las encuestas sitúan a la extrema derecha como la segunda fuerza política del país, con más del 20 por ciento de intención de voto, solo por detrás de los socialdemócratas de Löfven, con un 27 por ciento. En el bloque conservador ya se escuchan voces que matizan el extremismo de Åkesson y aseguran que se ha «moderado mucho» respecto a sus inicios. Su entrada en un Gobierno ya no parece tan remota.

DINAMARCA: EL NACIONALISMO DEL BIENESTAR

Aunque Dinamarca es menos inquietante, lo cierto es que la extrema derecha ya ha entrado en el Gobierno. En el país más feliz del mundo, según la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) —una condición que alterna con Noruega—, una formación xenófoba se ha convertido en la segunda fuerza política. El Dansk Folkeparti (Partido Popular Danés) que lidera Kristian Thulesen Dahl protagonizó la gran sorpresa de las elecciones generales de junio de 2016 al alzarse con el segundo lugar y un 21 por ciento de los votos. Su programa incluía dos promesas clave: aumento del gasto público, por un lado, y restablecimiento de los controles fronterizos y lucha contra la inmigración, por el otro.

El DF nació en 2005 en la estela de la llamada crisis de las caricaturas. La publicación en el periódico Jyllands-Posten de una docena de caricaturas satíricas en torno a la figura del profeta Mahoma, fundador del islam, entre las que figuraba una en la que escondía una bomba dentro de su turbante, desató una reacción con episodios de gran violencia en muchos países musulmanes, que lo consideraron una provocación, la misma consideración que le mereció a la Iglesia católica. Sobre los dibujantes y los editores cayeron amenazas de muerte y uno de ellos, Kurt Westergaard, sufrió un asalto a su casa en Aarhus por parte de un hombre armado con un cuchillo y un hacha, con estrechos lazos con el movimiento islámico somalí Al Shabab y Al Qaeda en África Oriental. Ni el periódico ni el Gobierno danés pidieron disculpas. Alegaron que se trataba de un ejercicio de libertad de expresión, y posteriormente las caricaturas fueron publicadas por diarios y revistas de todo el mundo. Este episodio y la irritación de la sociedad danesa fueron hábilmente utilizados por Pia Kjærsgaard, la fundadora de DF, para lanzar la formación a la arena política ya de entrada con este componente islamófobo.

Kristian Thulesen Dahl, que reemplazó a Pia Kjærsgaard —ahora presidenta del Parlamento—, procede de Jutlandia, la curva del flanco occidental de la península, parte del «plátano podrido» arruinado por la despoblación y el desempleo. A sus habitantes, los jyllanders, les gusta decir que viven fuera de la vista y del pensamiento de los políticos de Copenhague que deciden el destino del país. Dahl, de cuarenta y cinco años, arrasó en Jutlandia y fue recibido como un héroe en su condado natal de Vejle, donde acude siempre que puede para jugar al fútbol con sus viejos amigos. Se dice que comprende las preocupaciones de la gente de los pueblos y las ciudades pequeñas, las mismas zonas rurales que se consideran perdedoras en el mundo globalizado y que desconfían de los inmigrantes. Según una encuesta reciente, el 55 por ciento de los daneses creen que los inmigrantes eligen su país para acceder a los beneficios sociales, y que esto produce el efecto de reducir las pensiones y los derechos sociales de los daneses más pobres.

En Dinamarca viven, según cifras de Naciones Unidas, unos quinientos ochenta mil inmigrantes, poco más de un 10 por ciento de la población del país, lo que lo sitúa en el puesto 57 entre los países del mundo en porcentaje de inmigración. Parecería una cifra importante vista desde la perspectiva de la oleada de refugiados que alcanzó Europa Occidental en los últimos años. Pero lo cierto es que los inmigrantes en Dinamarca no son mayoritariamente árabes que llegan huyendo de las guerras de Oriente Próximo, sino que proceden sobre todo de Alemania, Turquía y Polonia. La presión ha aumentado en los últimos años. En 2012 Dinamarca recibió a 11.800 refugiados, la cifra más baja en décadas, y en 2016 fueron 33.436 quienes pidieron asilo, todavía por debajo de las cifras de principios de este siglo. En cualquier caso, son cantidades muy inferiores a las de sus vecinos Alemania y Suecia. La reticencia hacia los extranjeros, especialmente los que llegan de culturas consideradas ajenas, es decir, los musulmanes, viene de lejos. Al menos desde 1997 los Gobiernos de Copenhague vienen ofreciendo dinero en efectivo a los inmigrantes para que abandonen el país si no pueden asimilarse a su cultura local. Con el fin de evitar que el reagrupamiento familiar se convierta en un sistema de naturalización, la ley establece que, para que el cónyuge extranjero de un ciudadano danés pueda optar a la ciudadanía, tanto el danés como el extranjero deben tener al menos veinticuatro años de edad. Para solicitar asilo se exigían tres años de residencia y ahora se han aumentado a siete.

La ley más radical para frenar la llegada de refugiados es la que permite confiscar bienes a solicitantes de asilo para financiar su estancia en este país nórdico. El Parlamento, con el apoyo de fuerzas que suman tres cuartas partes de los escaños, aprobó un paquete de medidas sobre política de asilo que incluye una ley que permite confiscar efectivo y objetos cuyo valor supere las 10.000 coronas (1.340 euros). El Gobierno liberal, en el que participa el DF, quiere ir más lejos y ha presentado un plan titulado «Una Dinamarca más fuerte. Control del influjo de refugiados», que contempla prisión incondicional durante dos semanas, uso de la fuerza y devolución inmediata en la frontera. «Esto crearía una sensación de seguridad y traería la paz y el orden», aseguró el Ejecutivo cuando lo presentó en la cámara. De momento, sin embargo, este paquete de medidas no ha conseguido superar la mayoría parlamentaria.

Pero, aparte de utilizar la cuestión de la inmigración como arma populista electoral, el Dansk Folkeparti también pretende robarle la cartera a la izquierda tradicional. Durante toda su historia se ha situado claramente en las antípodas de los socialdemócratas; el primero en el bloque azul de centro-derecha y los segundos como líderes del bloque rojo de centro-izquierda. La línea dura antiinmigración era lo que identificaba al DF. Pero, en los últimos años, los socialdemócratas se han movido a la derecha en este asunto, hacia el «nacionalismo del bienestar», en un intento de evitar la fuga de votantes de las clases trabajadoras y de niveles adquisitivos más bajos hacia la derecha, como ha sucedido en Francia y otros países en los que la extrema derecha se ha nutrido de antiguos votantes comunistas.

El eslogan de la campaña del DF era: «Ya sabes por lo que estamos» («Du ved, hvad vi står for»), un lema que encaja perfectamente en el ovillo de sobreentendidos en el que se mueve la extrema derecha europea. No hace falta decirlo; los inmigrantes económicos, la Europa federal y el fundamentalismo islámico son los temas estrella que alimentan el apoyo popular de estos partidos. Son mensajes difíciles de contrarrestar, más allá de las acusaciones de racismo y xenofobia. Pero, como sucede con todos los movimientos populistas, es cierto que saben a lo que se oponen, pero no dicen —o no saben— lo que proponen, y este es el secreto de su campaña, porque permite a los votantes llenar los espacios en blanco con su causa favorita: para unos, el regreso a los buenos viejos tiempos anteriores a la globalización, el orden e incluso la socialdemocracia protectora; para otros, la libertad o la expulsión de los extranjeros.

Como laboratorio político, lo que está sucediendo en Dinamarca ejemplifica los dilemas a los que se enfrenta la socialdemocracia europea. Los nuevos populismos de derechas coinciden con ella en la necesidad de aumentar el gasto en el sector público, en el rechazo a bajar los impuestos a las rentas más altas y a aumentar la edad de jubilación. Toda una paradoja porque en la segunda mitad de la década de 1990 en los países escandinavos se produjo un auge de los partidos conservadores y liberales, que emprendieron reformas en clave económica neoliberal para revitalizar sociedades que, tras largas décadas de Gobiernos socialdemócratas, habían perdido competitividad y cuyas economías e ingresos fiscales se resentían. Estas políticas supusieron una reducción del gasto público y de la presión fiscal. Ahora, en cambio, la nueva derecha populista y xenófoba que representa el DF va en dirección opuesta. En las últimas elecciones ofreció un aumento del gasto público sensiblemente mayor que el que figuraba en el programa de los socialdemócratas de Helle -Thorning-Schmidt y —en clave nativista— se comprometió a desviar recursos destinados a refugiados y solicitantes de asilo para mejorar la atención de los ancianos. Una de sus promesas más populares, que atendía a una preocupación generalizada por la calidad de la asistencia social, era garantizar que los ancianos y enfermos que viven en su propio hogar reciban al menos un baño por semana.

Si esta derecha populista quiere ser fiel a sus votantes, tiene que conseguir acuerdos en torno a temas como la resistencia ante la globalización no regulada y el control de las políticas neoliberales, empezando por la creciente y desestabilizadora desigualdad, los derechos de los trabajadores frente a la presión por liberalizar el mercado de trabajo, la gestión estricta de la inmigración y el acuerdo para la integración de los refugiados legales; todos ellos temas que forman ahora mismo el corpus del programa socialdemócrata. También sobre la cuestión europea el DF se ve obligado a mantener posturas ambivalentes, lejos del euroescepticismo tradicional del partido. Para tranquilizar a sus votantes, necesita seguir siendo crítico sobre ciertos temas, pero no puede sino aprobar políticas comunitarias de claro tinte socialdemócrata como la lucha contra los paraísos fiscales, la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras y todo lo relacionado con la educación pública o las regulaciones laborales.

Los socialdemócratas (SDP), consecuentemente, tienen problemas para mantener su condición de partido de amplio espectro al tiempo que hegemónico entre las clases trabajadoras sin entrar en algún tipo de alianza con el DF, lo que supone adoptar una perspectiva nacionalista. Por el momento, esta complicada relación lo que hace es reforzar la legitimidad del DF en sectores del movimiento sindical y de la derecha pequeñoburguesa de voto socialdemócrata, pero a costa de duras batallas internas. Por otro lado, el ala más internacionalista y progresista del SDP considera que hay que ir más allá del antiglobalismo pequeñoburgués y enfrentarse abiertamente a los populistas de derechas si quieren recuperar el liderazgo político entre los votantes de la clase trabajadora y distanciarse del populismo genuinamente. Episodios como la entrevista conjunta que Dahl y la líder socialdemócrata Mette Frederiksen dieron a la revista sindical Fagbladet 3F, en la que se elogiaron mutuamente y aseguraron haber desarrollado una buena relación de trabajo, son una excelente muestra de esta conjunción de intereses.

NORUEGA: USAR EL PETRÓLEO PARA UN ESTADO PROTECTOR

El espacio populista lo ocupa en Noruega el Fremskrittspartiet (Partido del Progreso, FrP), una formación muy peculiar de ya larga historia, originalmente libertario en la acepción norteamericana del término —no pagar impuestos y apartar al Estado—, pero que finalmente también ha acabado por unirse al coro de quienes reclaman el regreso del Estado protector. La diferencia de Noruega con los demás países escandinavos es, básicamente, que los otros no tienen el maná del petróleo. En 1990, la asamblea legislativa, el Storting, decidió crear el Fondo de Pensiones Global del Estado noruego con las ganancias del petróleo para contrarrestar los efectos de la futura disminución de los ingresos provenientes del crudo del mar del Norte y atenuar los efectos de la fluctuación de los precios en la economía noruega. Desde entonces el fondo, que depende de una autoridad independiente del Gobierno, invierte en los mercados financieros internacionales y se ha convertido en uno de los mayores del mundo. En 2017 su valor total era de 857.000 millones de euros, representaba el 1,05 por ciento de los mercados bursátiles mundiales y era el mayor propietario de valores en Europa. Pese a su nombre, no se trata de un fondo de pensiones porque no se nutre de las contribuciones de los trabajadores, sino de los beneficios del petróleo.

Como sus vecinos, tras la Segunda Guerra Mundial Noruega vivió un largo periodo de hegemonía socialdemócrata que llegó hasta la última década del siglo pasado. El Partido del Progreso nació en 1973 como el proyecto personal de un personaje extravagante de apariencia aristocrática, por más que en Noruega no haya aristocracia: Anders Lange. Su objetivo era forzar al Gobierno a bajar los impuestos y reducir los subsidios sociales. Lange pronunció un famoso discurso en una plaza de Oslo, frente a las sedes del Partido Laborista y de los sindicatos. Abrió una botella de licor de huevo y bebió directamente de la botella, lo que entonces era ilegal en Noruega. No consiguió un gran apoyo popular. Pocos años más tarde, en 1978, tomó las riendas del partido Carl I. Hagen, un auténtico populista y demagogo dotado de una gran capacidad retórica.

Hagen, en la misma línea que Lange, criticaba el despilfarro de la socialdemocracia gobernante, exigía una bajada de impuestos y acusaba a la gente del norte del país de ser vaga y vivir del Estado, lo que le valió el apoyo de la pequeña burguesía. En Noruega el norte es más pobre y está más despoblado; sucede al revés que en la Europa meridional. El norte, además, está ocupado por los samis (también conocidos como lapones), un pueblo al que tradicionalmente el sur ha considerado inferior y al que se intentó asimilar —sin éxito— porque su idioma y su cultura —y también las tesis raciales que los consideraban no arios— se veían como un obstáculo para la consolidación del Estado nacional. Durante la Segunda Guerra Mundial el Nasjonal Samling (el Partido Nazi noruego, NS) planeó erradicar a los samis y, mientras duró la ocupación de Noruega por los nazis, se produjo una cruel persecución contra ellos que estuvo a punto de derivar en genocidio.

Paradójicamente, los tics raciales de Hagen respecto a los samis no impidieron que pocos años más tarde el FrP consiguiera un importante apoyo en el norte, derivado del resentimiento tradicional de los habitantes de estas zonas periféricas contra el sur y especialmente contra Oslo, la capital, porque Hagen se enfrentaba precisamente al poder establecido. Popularmente se conocía al FrP como «el partido de los propietarios de excavadoras» porque una buena parte de los miembros del partido tenían una pequeña excavadora, vivían de eso y no querían pagar impuestos. Los pequeños empresarios autoempleados eran los más fieles al partido.

En el Partido del Progreso siempre hubo dos corrientes. Una era totalmente neoliberal —ultralibertaria al estilo de su fundador—; estaba a favor de que desaparecieran las fronteras, de abrir la puerta sin reparos a la globalización y a la inmigración. La otra corriente era mucho más conservadora y con tendencia a la xenofobia. Con olfato populista, Hagen pronto descubrió que había un amplio descontento, un malestar en las clases trabajadoras y las rentas más bajas, gente sin trabajo o con trabajos ocasionales, y finalmente expulsó a la corriente libertaria, transformó el partido en el defensor de las clases menos privilegiadas y se convirtió en partidario del estado del bienestar. La pregunta que pasó a hacer Hagen en sus mítines fue: ¿por qué no podemos subvencionar a nuestra gente si este es el país más rico del mundo? Y la respuesta fue: vamos a gastarnos el dinero. Hay incluso gente en el Partido del Progreso que propone que se reparta el fondo soberano entre toda la población.

Sobre Europa, Hagen era al principio favorable a entrar en la UE, luego fue neutral y ahora está en contra. Sigue siendo contrario a la inmigración. Como todos los países nórdicos, Noruega ha recibido un número importante de inmigrantes en lo que va de la década, con un aumento de algo más de doscientas mil personas procedentes principalmente de Polonia (12,50 por ciento), Suecia (6,74 por ciento) y Lituania (4,92 por ciento). Según cifras de Naciones Unidas, en 2015 había en el país 741.813 inmigrantes, un 14,23 por ciento de la población total.

El FrP, que ahora lidera Siv Jensen, tuvo un momento de auge durante la primera década del siglo, cuando llegó a ser el segundo partido noruego. La matanza de Utøya en 2011, cuando el supremacista neonazi Anders Behring Breivik asesinó a 77 personas en la isla de este nombre y en Oslo, le ha supuesto un retroceso. Pese a que Noruega vivió entonces el peor episodio de violencia neonazi probablemente desde la Segunda Guerra Mundial, los movimientos de este tipo son muy reducidos en el país, a diferencia de la vecina Suecia. El hecho de que sufriera la ocupación de las tropas del Tercer Reich hace que las simpatías por el nazismo sean escasas. Esto no ha impedido que recientemente se produjeran episodios de exaltación racista, como cuando en el verano de 2017, en la localidad de Kristiansand, desfilaron cerca de un centenar de miembros del Movimiento de Resistencia Nórdico, en su mayoría suecos, junto a unos pocos finlandeses y noruegos.

LA ORIGINALIDAD FINLANDESA

Si se pueden establecer muchas características comunes entre suecos, daneses y noruegos, no sucede lo mismo con los finlandeses o fineses, cuya lengua es una de las pocas lenguas oficiales de la UE que no descienden de la familia indoeuropea, lo que los separa en la práctica de sus vecinos, que básicamente pueden entenderse entre ellos. Su relación con Rusia —de la que formó parte hasta que obtuvo la independencia en 1917, aprovechando la revolución bolchevique, y con la que luchó una cruel guerra en la que perdió la región de Carelia— también le confiere características distintas del resto de los países escandinavos. Su situación fue peculiar durante la Guerra Fría: la neutralidad que le impuso Moscú dio lugar al término «finlandización» para señalar la reducción de la soberanía política de un país.

Desde la desaparición de la URSS, Finlandia ha evolucionado hasta convertirse en uno de los países más prósperos de Europa, con un modelo de estado del bienestar muy desarrollado, una política altamente democrática y niveles sumamente bajos de corrupción. Esto no ha impedido, sin embargo, que el populismo xenófobo de extrema derecha también se hiciera presente. El partido Perussuomalaiset (Verdaderos Finlandeses) considera a los inmigrantes como criminales y parásitos que viven del dinero de los contribuyentes y se declara abiertamente euroescéptico. Tiene un apoyo electoral en torno al 20 por ciento y forma parte de la coalición que gobierna Finlandia en la actualidad. Creado en 1995 de los restos del Partido Rural de Finlandia, al igual que sus primos hermanos daneses y noruegos, es crítico con el capitalismo globalizado, defensor del estado del bienestar y partidario de aumentar la presión fiscal para pagar subvenciones al sector agrícola y aumentar la presencia del Estado en el sector industrial, potenciar las inversiones en infraestructuras y aplicar una legislación medioambiental radical.

Su proyección a la primera línea de la política finlandesa se produjo en las elecciones parlamentarias de 2011, cuando se convirtió en la tercera fuerza política del país. En 2015, bajo el liderazgo de Timo Soini, quedó en segundo lugar y consiguió entrar a formar parte del Ejecutivo del conservador Juha Sipilä. Pareció que moderaba su euroescepticismo, en tanto que uno de sus principales líderes, Sampo Terho, ocupó el Ministerio de Asuntos Europeos y no se produjeron desencuentros en Bruselas. Sin embargo, para sustituir a Soini, el partido ha elegido al eurodiputado Jussi Halla-aho, un personaje que se sitúa mucho más a la derecha, representante del ala más ultraderechista y xenófoba, y que podría amenazar la estabilidad del Gobierno. Conocido en los círculos nacionalistas incluso antes de entrar en política a través de su blog —en el que publicó escritos abiertamente racistas y antiislámicos, por los que fue condenado en 2012—, Halla-aho tiene el dudoso honor de haber sido mencionado en el manifiesto que escribió Anders Breivik antes de perpetrar la matanza de Utøya.

Últimamente los Verdaderos Finlandeses parecen pagar cara su presencia en el Ejecutivo. Todos los sondeos detectan que en intención de voto han perdido prácticamente la mitad de los apoyos que tuvieron en las generales de 2015: han caído del 17,6 por ciento a apenas el 9 por ciento. La elección de Halla-aho parece ir en la línea de recuperar las esencias más extremistas y xenófobas con el fin de recobrar apoyos. Este doctor en Filosofía de cuarenta y seis años es partidario de que Finlandia abandone la UE, pero ingrese en la OTAN, una ausencia herencia de la neutralidad de la Guerra Fría. Sus compatriotas no parecen compartir esta idea, y también son partidarios de permanecer en la UE. Halla-aho propone, además, endurecer las políticas de inmigración.

Según los últimos datos publicados por la ONU, en Finlandia había 315.881 inmigrantes en 2015, un 5,76 por ciento de la población, cifra que lo sitúa en el lugar número 78 de los países del mundo por su porcentaje de inmigración. Los principales países de procedencia de la inmigración en Finlandia son sus vecinos: Estonia (16,28 por ciento), Suecia (13,10 por ciento) y Rusia (4,56 por ciento). En lo que va de la década el número de inmigrantes ha aumentado en 67.746 personas, en buena parte llegados de Oriente Próximo y África: unos doce mil iraquíes viven actualmente en Finlandia, un país que no conocía el fenómeno de la inmigración, hasta el punto de que en fecha tan cercana como 2008 el Gobierno estableció medidas para promover la llegada de inmigrantes debido a que es el segundo país con menos densidad de población de Europa, probablemente a causa de su clima extremo.

LA MEMORIA RUSA DE LOS PAÍSES BÁLTICOS

La extrema derecha populista también está presente en las tres pequeñas repúblicas bálticas. El Partido Popular Conservador de Estonia (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond), la Alianza Nacional de Letonia y la Unión Nacional Lituana (Lietuvių tautininkų sąjunga or tautininkai) comparten el virus identitario y ultranacionalista, el rechazo a la acogida de refugiados y el deseo de diferenciarse de otras «etnias», aunque con distinta suerte en sus respectivos países. En Letonia forman parte del Ejecutivo tripartito de centro-derecha y ya han forzado a que el país se declare insumiso en lo relativo a las cuotas obligatorias de refugiados repartidas desde Bruselas. En Estonia fueron excluidos de las conversaciones para formar Gobierno, mientras que en Lituania los desplazó la Unión de Campesinos y Verdes, que ha formado Gobierno con los socialdemócratas.

La Unión Nacional Lituana es una vieja formación fundada en 1924, en el breve periodo de independencia que precedió a la Segunda Guerra Mundial. Llegó al poder gracias a un golpe de Estado en 1926 y permaneció hasta la ocupación soviética de junio de 1940. Fue restablecida cuando Lituania declaró su independencia en 1990. Al contrario que en los países escandinavos, la bandera de la lucha contra el neoliberalismo la asumió en Lituania el Partido de los Campesinos liderado por Ramūnas Karbauskis, un empresario y filántropo que ha prometido revocar la liberalización de las leyes laborales e introducir una fiscalidad progresiva.

El principal problema de Letonia, que tiene menos de dos millones de habitantes, es que la población de origen letón representa poco más de la mitad de los habitantes del país y es minoría en Riga, la capital, cuyo alcalde, Nils Ušakovs, de origen ruso, es uno de los personajes más influyentes. Un 27 por ciento de la población es de origen ruso y hay importantes porcentajes de bielorrusos, ucranianos, lituanos y polacos, sin contar minorías históricamente presentes como la alemana y la judía. La inmigración, en consecuencia, es uno de los asuntos políticamente más incendiarios. La UE pidió a Letonia que acogiera a 531 refugiados en dos años, lo que creó un gran debate político en esta nación, a pesar de que solo han llegado seis de estos refugiados.

El Gobierno letón lo preside Māris Kučinskis, del Partido de Liepāja (LP), una inusual formación de centroderecha resultado de una alianza de agricultores y ambientalistas. Pero, al no disponer de mayoría, el LP tuvo que buscar el apoyo de la Alianza Nacional, que a cambio exigió endurecer la política migratoria. Lo paradójico es que Letonia es un país que no solo envejece a gran velocidad, sino que también pierde población. Los jóvenes emigran a otros países europeos en busca de mejores oportunidades.

9

HOLANDA Y BÉLGICA,

SOCIEDADES ESTRATIFICADAS

En los primeros meses de 2017 todo el mundo tenía puestos los ojos en Holanda, un país relativamente pequeño, rico, miembro del embrión original que dio lugar a la UE y con fama de albergar una de las sociedades más tolerantes del mundo: fueron de los primeros en legalizar el consumo de drogas, el matrimonio homosexual o la eutanasia, entre otras cosas. Una imagen que podía saltar en pedazos si Geert Wilders —un político populista de pelo oxigenado, islamófobo, que comparaba el Corán con Mi lucha de Adolf Hitler y prometía a sus votantes cerrar las fronteras a la inmigración, librarlos de la «escoria marroquí» y prohibir las mezquitas y cualquier tipo de velo islámico— conseguía —como auguraban los sondeos— convertir su partido, el PVV, en el más votado de Holanda y así abrir la puerta al caos en un año repleto de citas electorales en toda Europa.

Las expectativas no se cumplieron. Entre otras razones, el enfrentamiento del Gobierno presidido por el liberal Mark Rutte con el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, que pretendía hacer campaña entre la comunidad turca de Holanda para apoyar su referéndum de reforma constitucional, tuvo el efecto de robarle a Wilders la exclusividad del discurso xenófobo. Algo determinante cuando un partido político se centra en un solo tópico. Los liberales (VVD) de Rutte conservaron la hegemonía pese a bajar a 33 escaños, el PVV se quedó en 20 y en tercer lugar, con 19, se situaron los democristianos (CDA) y los socioliberales (D66). Una de las sorpresas fue la entrada en el Parlamento del partido islamista DENK, que consiguió tres escaños. La otra fue la llegada de un nuevo partido de izquierdas, GroenLinks, con un líder sorprendentemente fresco, Jesse Klaver, de solo treinta años de edad, pura mezcla étnica —padre de origen marroquí y madre mezcla de holandeses e indonesios—, que hizo campaña a favor de la construcción europea y de los refugiados, lo que le permitió ocupar casi todo el espacio dejado por los socialdemócratas.

La socialdemocracia (PvdA), que había gobernado con Rutte, se derrumbó: cayó de 38 a 9 escaños. El PvdA pagó la ingenuidad de haberse unido a un Gobierno liderado por un neoliberal que propugnaba una «sociedad participativa» para navegar hacia la salida de la crisis financiera, lo que básicamente suponía que los ciudadanos tenían que recurrir a sus redes familiares porque el Estado solo intervendría en caso de extrema necesidad. Esto supuso recortes de todo tipo. La edad de jubilación pasó a los sesenta y siete años, las becas para estudiantes se sustituyeron por préstamos que han dejado endeudados a muchos jóvenes, el mercado laboral fue convenientemente flexibilizado y los servicios sociales se jibarizaron y transfirieron a los ayuntamientos sin dotación adicional de recursos. Justo lo contrario de lo que el PvdA había prometido durante su campaña. Cuatro años después, como era de esperar, quedó reducido a cenizas. Si siempre había sido difícil formar Gobierno en Holanda, en esta ocasión la dispersión del voto lo complicó mucho más. Wilders, por supuesto, se convirtió en un apestado con el que nadie quería pactar, pero en cierto modo fue uno de los vencedores de las elecciones porque, con su sola presencia, consiguió mover hacia la derecha a todo el bloque parlamentario.

Siete meses después de las elecciones, tras una larguísima negociación en la que se probaron todo tipo de combinaciones, aunque en ninguna de ellas figuraba el PVV de Wilders, se consiguió formar un Gobierno encabezado por Rutte. El Ejecutivo nació muy débil, con el apoyo de cuatro partidos: el liberal conservador VDD (33 escaños), los democristianos de la CDA (19), el liberal progresista D66 (19) y los calvinistas de la Unión Cristiana (5). Suman un total de 76 diputados en un Parlamento de 150 escaños, lo que augura una legislatura inestable. Hubo un intento de incorporar al GroenLinks, la formación liderada por Jesse Klaver, que fracasó, lo que pone a las claras el carácter derechista del nuevo Ejecutivo y el hecho de que Wilders puede cantar victoria, al menos en cuanto a que ha impuesto su rumbo al país.

¿TOLERANTES O SIMPLEMENTE INDIFERENTES?

«La gente cree que somos una sociedad tolerante», nos cuenta un viejo amigo holandés. «Pero no es así, solo somos indiferentes.» La sociedad holandesa fue siempre un mosaico compuesto por distintas identidades, básicamente relacionadas con la religión, conjuradas para no mezclarse. Los protestantes se casaban con protestantes, compraban en tiendas protestantes, jugaban en clubes de fútbol protestantes, votaban por partidos protestantes, leían periódicos protestantes y eran enterrados en cementerios protestantes. Lo mismo era cierto para los católicos, y también para los agnósticos, es decir, los socialistas. Cada comunidad estaba ligada a su propia red sociopolítica y cultural, los llamados «pilares», o zuilen, en holandés. En términos de ciencia política, el modelo holandés se conoce como consociacionalismo (consociationalism): un sistema democrático estable en sociedades profundamente divididas, basado en compartir el poder entre las élites de los diversos grupos sociales. La política descansaba en compromisos tejidos por los líderes de estos pilares, que manejaban juntos las instituciones en Gobiernos de coalición cuidadosamente construidos en largas negociaciones en las que se dirimían todo tipo de detalles.

Así funcionó Holanda a partir de la reforma de 1857, dividida en cuatro pilares no territoriales: calvinista, católico, socialista y general. En su apogeo, cada uno comprendía grupos fuertemente organizados, escuelas, universidades, hospitales y periódicos, todos divididos a lo largo de una estructura social polarizada. Este modelo empezó a colapsarse a partir de finales de la década de 1970 y prácticamente desapareció con el cambio de siglo. Como explica el escritor e historiador Ian Buruma, «aparte de la monarquía, descendiente de Guillermo, príncipe de Orange, que se rebeló contra la España católica en el siglo XVI, y el equipo nacional de fútbol de color naranja, no hay mucho más que defina hoy en día la identidad nacional holandesa». Tal vez por ello toda la discusión se centra en la identidad holandesa, sin que nadie sepa exactamente qué quiere decir eso y qué es lo que hay que proteger de esa identidad. Es el territorio de los nativistas, del hombre blanco. La nación está amenazada por lo que llega de fuera, que puede ser cualquier cosa.

«La tolerancia era una herramienta para sobrevivir en una sociedad con muchas minorías», cree el escritor Geert Mak.

Nos parecemos a los norteamericanos; nunca hemos tenido una Iglesia nacional y durante siglos ni siquiera tuvimos un rey. La sociedad holandesa solo se entiende cuando se contempla como una república con el rey como jefe de Estado. Justo lo contrario de la francesa: un reino con un presidente de la República. El sistema de pilares fue en realidad un método de pacificación. La subida del populismo no habría sido posible con el sistema de pilares. Una vez desaparecido, las políticas de minorías están de regreso y la estabilidad se resiente. Los ciudadanos cambian de partido, de periódico, de barrio… y, electoralmente hablando, Holanda es ahora mismo uno de los países más volátiles. En cualquier caso, son optimistas respecto al futuro. «Estamos condenados a seguir juntos —se dicen—, no podemos permitirnos pelearnos porque en el origen fue la necesidad de defendernos del agua lo que nos unió.»

El modelo de crecimiento económico que se implantó en Holanda en los años de la posguerra, cuando la reconstrucción de la Europa devastada producía tasas de crecimiento cercanas al 10 por ciento, se basó en la importación de mano de obra extranjera, barata y disponible, al igual que en Francia o Alemania. A los trabajadores españoles, portugueses o italianos se los mantenía apartados, al margen de la sociedad holandesa, para evitar que se mezclaran con la población local. En su mayoría, estos europeos meridionales regresaron a sus países a finales de la década de 1970 con sus ahorros y sus pensiones. Pero no sucedió lo mismo con los trabajadores turcos o magrebíes, procedentes en parte de las zonas rurales del Rif, que tampoco fueron integrados. Se quedaron, y además trajeron a sus familias. En cierto modo, al menos en este sentido, el modelo de pilares ha seguido funcionando. Han crecido como una sociedad dentro de una sociedad ya de por sí fragmentada.

MANIFESTACIÓN EN FAVOR DE ESTADO ISLÁMICO

EN UN BARRIO DE LA HAYA

Schilderswijk es un buen ejemplo. La Haya es una capital muy coqueta, todo parece en su sitio, pero esconde muchas sorpresas. El barrio de Schilderswijk, en el centro, junto a la Estación Central, es el gueto marroquí. A primera vista, sin embargo, nada parece indicar que se trata de un gueto. Tiene una arquitectura de buena calidad, edificios de no más de tres plantas bien conservados, espacios ajardinados, bicicletas —no muchas— junto a los portales. Pero un breve paseo por sus calles desvela que todos sus habitantes son musulmanes. Las mujeres llevan velo y túnica larga; muchos hombres visten chilaba. Las tiendas solo venden productos acordes con la ortodoxia islámica: las tiendas de ropa, las carnicerías y las librerías, que se surten exclusivamente de textos en caracteres árabes. «Son todos marroquíes y tienen todos parabólicas», oímos comentar.

En agosto de 2014, la Marcha de la Libertad, una manifestación contra Estado Islámico convocada a través de Facebook que contó con varios centenares de personas, cruzó parte de este barrio. Una serie de personas, obviamente partidarias de este grupo terrorista, se enfrentaron a los manifestantes y a la policía. Una unidad móvil de una cadena de televisión recibió una lluvia de piedras y un cámara fue acorralado y amenazado por un grupo de unos quince individuos, que le destrozaron su equipo. Hubo seis detenidos y un oficial de policía resultó herido. No hacía ni un mes que Schilderswijk había sido el escenario de una manifestación antijudía en la que participaron varios cientos de personas y que acabó con varias detenciones.

De visita en La Haya, acompañamos a una amiga periodista a un hospital cercano a Schilderswijk. Una colega suya ha tenido un ataque de apendicitis y la han operado de urgencia. Es fin de semana y los médicos la quieren mandar a su casa solo cuarenta y ocho horas después de la operación. El hospital es impecable; reúne todas las condiciones de una buena institución sanitaria. El personal es, básicamente, blanco, aunque hay excepciones. La intervención se la han realizado por laparoscopia, lo que acelera la recuperación, pero no lo suficiente como para que no sufra todavía fuertes dolores y dificultades de movilidad. El problema de fondo, nos explican, es que esta joven, aunque ciudadana española, tiene apellido árabe, lo que sería la causa del trato que le dispensan en el hospital. Mi amiga llama por teléfono a su pareja, un holandés de mediana edad con indudable aspecto de holandés de varias generaciones. No va a decir nada, solo estará presente cuando ella hable con las enfermeras para decirles que la paciente todavía no puede ser enviada a casa. La conversación con el personal del centro se produce tal y como estaba previsto. El marido se mantiene en silencio mirando a las enfermeras. Finalmente, la joven se queda.

La comunidad marroquí tiene mala fama; se la asocia con la criminalidad y el terrorismo. Así lo explica Ahmed Marcouch, un político socialdemócrata de origen marroquí, que ha perdido su escaño en las últimas elecciones:

Cuando un ciudadano de origen marroquí es un gran jugador de fútbol de un club importante, nadie habla de un futbolista marroquí, sino de un futbolista holandés; pero, si es un ladrón, entonces se convierte en un ladrón marroquí. Este es un ejemplo clásico de cómo enfocan la cuestión de la identidad la sociedad holandesa y especialmente los medios de comunicación.

Según Marcouch, en la comunidad marroquí se cultiva el miedo a perder la identidad; las familias fuerzan a sus hijos a aprender árabe, a ser buenos musulmanes y fieles a sus orígenes.

Los educan en la dicotomía nosotros-ellos. Pero algo muy parecido sucede con las instituciones holandesas, que a las personas de origen extranjero les exigen, si quieren ser consideradas holandesas, abandonar su religión y extirpar cualquier identidad que no sea la que ellos entienden por holandesa. No aceptan ningún tipo de complejidad en lo que a la identidad se refiere.

El vencedor de las elecciones, Mark Rutte, contagiado del virus Wilders, ya lo dijo en la campaña electoral: hay que ser «normal». Esto equivalía a decir: «Sed como yo». En opinión de Marcouch, esto deja el campo abonado a los grupos salafistas, muy organizados, que proporcionan a estos jóvenes una fuerte identidad.

Son grupos muy poderosos en los barrios. Disponen de una buena financiación y predican con eficacia su ideología radical desde hace décadas. Tienen, incluso, lo que podríamos llamar uniforme, una determinada manera de vestir, un lenguaje corporal que hace que se reconozcan entre ellos. El dinero les llega de las monarquías del Golfo que se dedican a construir mezquitas; wahabismo y salafismo son productos de exportación de Arabia Saudí. Marcouch intentó sin éxito pasar una moción en el Parlamento para prohibir estas organizaciones que se disfrazan de ONG caritativas, porque su mensaje y su objetivo van contra la democracia y las libertades. En Holanda muchas familias han perdido hijos, que se fueron a luchar con Estado Islámico. Se calcula que más de medio millar viajó a Siria.

¿Por qué en Holanda se crean guetos y en otros países europeos no? Algunos sociólogos apuntan razones de tipo urbanístico. En Alemania, por ejemplo, donde existe una muy importante colonia turca y de otras nacionalidades, prácticamente no hay guetos porque se vive en casas de alquiler de forma generalizada. No hay problema en mudarse de barrio o de ciudad. En Holanda no es así. Se vive en casas de propiedad y para ello hace falta dinero. El mercado dicta el precio, y es natural que la gente se reúna en barrios. La única alternativa es la vivienda social. El Estado holandés y los municipios construyen vivienda social, pero la demanda es alta. Los ciudadanos tienen derecho a ella. Deben inscribirse en una lista y esperar una media de seis o siete años para que se les adjudique una casa. Pero la gran ola migratoria y la llegada de refugiados ha roto el sistema. Llegan de países pobres, sin prácticamente nada, sin dinero para comprar, y hay que buscarles un lugar para vivir. Se les dan viviendas sociales y pasan por delante de gente que lleva años esperando. Esto crea mucho resentimiento.

A consecuencia del citado sistema de pilares, durante décadas los partidos políticos y las instituciones no prestaron la más mínima atención a la importancia de la religión y la cuestión de las identidades. No se empezó a hablar seriamente del problema hasta que en 2004 se produjo el asesinato del cineasta Theo van Gogh a manos de un joven marroquí radicalizado. Van Gogh había realizado la película Submission, en la que abordaba el tema de la violencia contra las mujeres en las sociedades islámicas. Cuenta Marcouch, por entonces concejal del Ayuntamiento de Ámsterdam, que la policía no sabía absolutamente nada de estos grupos radicalizados, que hacía décadas que existían.

La problemática de la comunidad turca es otra. Es un colectivo muy nacionalista, acostumbrado a la existencia de un Estado fuerte y que mantiene casi en todos los casos la doble nacionalidad. Hay más de cuarenta mezquitas turcas y todas ellas son dirigidas desde Ankara. De hecho, los turcos que discrepan con la postura oficial del Gobierno de Erdoğan a menudo son intimidados por sus compatriotas. Hay un gran control porque esa doble nacionalidad implica que los hijos de estos ciudadanos también siguen siendo turcos, y sus nietos. Erdoğan juega un papel paternal, y les recuerda su «turquidad». Mientras, los políticos holandeses insisten en que son ciudadanos holandeses y les piden que elijan. Una amplia proporción de turcos siguen cultivando una estrecha relación con su país de origen. Ahora la comunidad turca ha creado DENK, un nuevo partido, populista y étnico, turco e islámico, que ha sacado tres escaños en el Parlamento. Básicamente es un regreso de los pilares. Hay cerca de un millón de musulmanes en Holanda y DENK consiguió unos doscientos diez mil votos. No todos los musulmanes les dieron su voto, pero sí una proporción importante.

EL TRAUMA CULTURAL DE LA GLOBALIZACIÓN

Fuera de Ámsterdam y de las grandes ciudades, la problemática adquiere otro color. En muchos pueblos pequeños la frustración de los votantes de Wilders tiene más que ver con la realidad de la inmigración y menos con la percepción de esta inmigración. Hay localidades que han sido abandonadas por buena parte de sus habitantes y quedan solo algunas parejas de jubilados, gente mayor que vive mundos propios. De pronto se dan cuenta de que poco a poco las casas son habitadas por inmigrantes con culturas que les son completamente ajenas. Se sienten invadidos, inseguros, perciben que ya no están en su casa en su propio país. Este sentimiento es un trauma cultural que tiene mucho que ver con la globalización.

En Volendam, un tradicional puerto pesquero donde ya no hay peces que pescar —en parte porque han desaparecido y en parte porque las regulaciones europeas no lo permiten—, todo el mundo odia a Bruselas. Su modo de vida y las tradiciones de muchas generaciones ya no existen. Es muy similar a lo que sucede en Inglaterra o en Estados Unidos, en zonas rurales o en pequeñas ciudades industriales que han visto cerrar las empresas. O en Francia, en los pueblos donde cierran los pequeños comercios locales. La gente se siente abrumada y no sabe adónde ir, no entiende el nuevo paradigma. Entonces, por supuesto, la inmigración aparece como la clásica cabeza de turco. Esta es la clave profunda del brote populista. Sucede, sin embargo, que mucha gente acaba votando en contra de sus intereses. En Róterdam hay muchos votantes de Wilders. Pero, si ganara las elecciones, Róterdam caería en la miseria, abandonaría el comercio que es la base de su economía. En el Reino Unido, la mayoría de los agricultores dependen de las ayudas europeas para su subsistencia, y la mayor parte votó por el brexit.

Pero tampoco es la economía lo que impulsa el voto populista y no se puede hablar de un rechazo de la política, porque la participación sigue siendo muy alta, cercana al 80 por ciento. El populismo xenófobo nace de algo irracional, emocional. No es cuestión de si el ciudadano podrá seguir cobrando su pensión o la ayuda estatal que le corresponde, sino de que piensa que nadie protege sus necesidades culturales. «Es un problema de alienación cultural, de gente que se siente completamente abrumada por el presente», piensa el escritor Geert Mak, que acusa a los líderes políticos, principalmente a los socialdemócratas, de desconocer cuáles son las preocupaciones de estos ciudadanos y en especial de los votantes más jóvenes. «Esta es una de las razones de su desplome, que pudo verse contemplando su propia reacción de incredulidad cuando conocieron los resultados. Mucha gente que había votado socialdemócrata durante generaciones abandonó el partido, los castigaron por su labor en el Gobierno con la derecha.»

La derrota de Wilders, siempre relativa, parece indicar una pérdida de espacio del voto abiertamente populista. El problema de estos partidos es que se dirigen casi exclusivamente a su gente, a los que ya están convencidos. Las elecciones de 2017, sin embargo, muestran que el sistema de representación política está en quiebra y que los partidos tradicionales no acaban de entender que los problemas de la sociedad son transversales y no partidistas. A la división tradicional entre derecha e izquierda hay que añadir la que separa a los partidarios de una sociedad abierta de los que la prefieren cerrada, y también la pulsión colectiva frente a la pulsión individualista. Estas divisiones se combinan. Los socialdemócratas en Holanda eran abiertos y colectivos; los liberales, abiertos pero individualistas. En estas cuatro esquinas, la que representa a los individualistas cosmopolitas es bastante pequeña, y este es básicamente el gran problema de la UE: representa este modelo de forma preeminente, cuando en realidad solo se trata de una pequeña parte de las sociedades del continente.

Como piensa el sociólogo Matthijs Rooduijn, la fragmentación de los sistemas políticos no es un fenómeno exclusivamente holandés, sino que parece ser la regla en Europa.

Aumenta la polarización y las redes sociales son una de las principales causas porque la gente solo escucha, ve y cree a sus «amigos», a quienes están previamente de acuerdo con su manera de pensar, los mensajes que confirman los prejuicios de cada uno. La gente no cambia sus opiniones incluso cuando se enfrenta a opiniones distintas. Sucede lo mismo con la opinión pública y con los medios de comunicación. Un ejemplo es la inmigración; las clases menos educadas cada vez son más contrarias a los inmigrantes mientras que los más educados son favorables.

Lo cierto es que, al igual que en toda Europa, pero con sus peculiaridades y variantes, una Holanda convertida en un mosaico cada vez más complejo se adentra en un territorio inestable. Nadie en su sano juicio apostaría por el nexit (de Netherlands y exit), pero tampoco son muchos los que proclaman su amor por Bruselas.

De la complejidad de esta Holanda dan idea algunos de los principales temas de fricción que surgieron durante las conversaciones para formar Gobierno. En las cuestiones de orden social, por ejemplo, la Unión Cristiana no aceptaba la propuesta de D66 de ampliar el derecho de la eutanasia a personas mayores que, sin estar enfermas, sintieran que sus vidas «estaban terminadas». La solución salomónica fue que el Ejecutivo no hará suya la propuesta de D66, pero tampoco se opondrá a que su grupo parlamentario la presente en el Parlamento, aunque sea poco probable que encuentre apoyos suficientes. Los partidos religiosos, por su parte, han tenido que ceder en otro asunto de ética médica. El nuevo Gobierno propondrá que se amplíe la actual ley de reproducción asistida con un aumento de las posibilidades de selección de sexo para reducir los riesgos de enfermedades hereditarias muy graves, y también propondrá que Holanda se implique más a nivel internacional en la investigación con células madre.

Otro asunto delicado ha sido la propuesta de legalizar la paternidad múltiple; es decir, que un niño pueda tener legalmente más de dos progenitores. Si se aprobara una ley en este sentido, un padrastro podría tener los mismos derechos y obligaciones que el padre biológico sobre los hijos de su nueva pareja, o en el caso de una pareja homosexual que utilizara un vientre de alquiler para tener un hijo, la madre biológica se registraría también como madre legal.

En lo que se refiere a la cuestión económica y laboral, el nuevo Gobierno no ha escondido el giro a la derecha. En el espinoso tema de la precariedad laboral, se ha limitado a apuntar un «nuevo equilibrio entre el trabajo fijo y el trabajo flexible», sin cambiar la «incertidumbre fundamental» en el mercado laboral, como señaló el presidente del sindicato CNV, Maurice Limmen. Otro sindicato, De Unie, acusó al nuevo gabinete de Rutte de representar tan solo a la patronal, de haber abandonado a la clase media y de no haber incluido en su programa una agenda educativa real. En el mismo sentido se pronunció la poderosa confederación de pensionistas ANBO, que considera que el nuevo Gobierno pretende beneficiar a las clases más pudientes en detrimento de los grupos de bajos ingresos.

Sin embargo, el nuevo gabinete no parece tener planes para afrontar el principal problema que ahora mismo tiene Holanda, a tenor de los resultados de las últimas elecciones: qué modelo de integración se puede aplicar para afrontar el hecho de que crezcan los populismos de extrema derecha —contra los que el Estado se ve obligado a crear un cordón sanitario— o los nuevos populismos identitarios, como ha ocurrido con la eclosión de un partido musulmán. Tampoco parece que busque soluciones al problema de los refugiados, como denuncia la ONG VluchtelingenWerk Nederland, para la que el Ejecutivo está decidido a descargar completamente la responsabilidad en este tema sobre los municipios. Nada parece indicar que la gestión de los nuevos guetos en los que se vitorea al Estado Islámico entre en los planes de Rutte.

BÉLGICA, UN POPULISMO ROJO,

MARRÓN Y SOBRE TODO AMARILLO Y NEGRO

No se puede rastrear la historia del populismo belga sin mencionar la personalidad de Jean Thiriart. Nacido en 1922, este aventurero de la política se compromete primero en la izquierda, antes de participar en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente afiliándose al movimiento Fichte Bund. A semejanza de un Marcel Déat en Francia, su recorrido del socialismo al fascismo es elocuente, y pone las bases de la ideología que adoptará después del eclipse que le infligirá la depuración. En efecto, Thiriart es el principal teórico del nacionalcomunismo europeo. Para él se trata de poner en líneas convergentes un nacionalismo extendido en el continente y una voluntad revolucionaria comunista. Es, pues, la encarnación absoluta del «rojo marrón».

La descolonización da un segundo impulso a su nacionalismo. Thiriart defiende a los belgas de África, se acerca a la organización armada secreta francesa, OAS, e intenta reunir a continuación varios partidos nacionalistas europeos, sobre todo italiano, alemán y británico. Las divisiones internas y el final de la colonización arruinan este primer proyecto, pero se han sentado las bases de un nacionalismo europeo que rechaza tanto el atlantismo como el alineamiento con Moscú y la aceptación de una Europa dividida en dos. Thiriart tendrá más éxito con su segundo movimiento, Joven Europa, profundamente antiamericano, antisionista y revolucionario. La China maoísta se convierte en la referencia principal y la finalidad política es la constitución de una Europa verdaderamente unida, uniforme, llamada a negociar con la Unión Soviética un reparto del continente. Al nacionalismo de fusión, mezcla de todos los nacionalismos de los Estados independientes, se le supone que traerá una revolución anticapitalista. Los dos populismos vuelven a unirse en esta teoría.

Desaparecido en 1992, Jean Thiriart no pudo ver los éxitos más recientes del nacionalismo flamenco y su alejamiento radical de sus tesis. Oriundo de la Bélgica romana, dedicado a trascender las naciones en un nacionalismo europeo, no parece reconocerse en las tesis de los partidos de extrema derecha flamencos. La ruptura lingüística y política entre las dos partes de Bélgica, entre esos dos populismos, entre el rojo y el marrón, es el fracaso de las tesis de Thiriart, tras el éxito electoral relativo de los extremos a los que perteneció.

¿Se reconocería tal vez un poco en el Partido del Trabajo de Bélgica (PTB)? Surgida del nacionalismo flamenco y muy vinculada al marxismo-leninismo, esta formación creada en los años sesenta reivindicó durante mucho tiempo una relación privilegiada con China y con Corea del Norte, antes de echar agua en su cerveza roja y preconizar un reformismo radical. Ausente de las principales asambleas, abonado a los resultados mediocres, el PTB ha irrumpido con fuerza en los años dos mil. Hoy es el principal partido de la izquierda radical belga, una especie de equivalente a la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon o de Die Linke de Oskar Lafontaine en Alemania. Con un 3,72 por ciento de los votos en los escrutinios de 2014, el PTB supera los doscientos cincuenta mil votos y saca dos escaños en el Parlamento federal, cuatro en el Parlamento bruselense, ninguno en el Parlamento flamenco y dos en el Parlamento valón. La progresión es modesta pero significativa en el paisaje muy fragmentado de la vida política belga.

Si se leen los textos surgidos de su último congreso, o la prosa de su líder Peter Mertens, se comprueba que el PTB es una reencarnación bastante fiel del comunismo de antaño. La fidelidad al marxismo-leninismo es total, se reivindica la apropiación social de los medios de producción y la guerra al capital es permanente. Por último, el internacionalismo se proclama como un valor fundamental sin que sea explícita la búsqueda de alianzas. El populismo del PTB no parece corresponder a la corriente principal de las iras contemporáneas.

En el otro extremo del tablero político, el Partido Popular que se creó en 2009 encarna otro fracaso del populismo belga. Su presidente fundador, Mischaël Modrikamen, instala su formación política en el segmento poujadista, aprovechando el escándalo de la banca Fortis, que le da la confianza de muchos pequeños accionistas. Solo más tarde añade tesis hostiles a la inmigración, al islam y a la UE. Así, el PP se hace miembro de la Alianza por la Democracia Directa en Europa, agrupación de soberanistas dirigida por el británico Nigel Farage y el francés Nicolas Dupont-Aignan.

Comparado con el Frente Nacional, el Partido Popular nunca pudo copiar el desarrollo de su poderoso vecino. De hecho, no pudo atraer a las clases populares, quedándose en un partido burgués obsesionado por la fiscalidad y la burocracia puntillosa. Además, hay muchas disensiones internas que no dejan de debilitarlo. Los cofundadores del partido se desgarran, el PP excluye a su único diputado al Parlamento de Bélgica y de este modo pierde la dotación pública que le es asignada. No pasa una sola temporada sin que la cizaña sea de actualidad en el partido. Detrás de estas tensiones hay una sola y única razón: la estrategia política. Entre la voluntad de atraer a una derecha conservadora pero clásica, inspirada en el ejemplo de Nicolas Sarkozy a mitad de la década de los años dos mil, y la tentación de ir hacia el populismo consumado, la vacilación es permanente, focalizando el discurso sobre la inmigración y buscando recuperar la dinámica desarrollada en Francia por el Frente Nacional. Derecha dura o extrema derecha, el Partido Popular se muere por esta vacilación, que otros lograrán superar, en especial la N-VA.

La gran aventura populista belga, principalmente su resonancia internacional, está en otra parte. Y en primer lugar en la aventura de Vlaams Blok convertido en Vlaams Belang. Las denominaciones de este partido, por otra parte, no dejan de tener importancia. Igual que un virus, la formación populista muta, integrando nuevas temáticas y «purificando» su ideología. En su origen es fruto de una fusión de los dos componentes del nacionalismo flamenco, el partido nacional y el partido popular, a saber el Vlaams Nationale Partij y el Vlaamse Volkspartij. Esta doble identidad, estos dos hemisferios, constituyen su fuerza inicial: alrededor del nacionalismo, un pensamiento de derecha, identitario, y una preocupación de izquierda, redistribuidora, se reencuentran. Pero muy pronto la primera prevalece contra la segunda y esta alianza da a luz un Vlaams Blok donde lo «nacional» pesa más que lo «social». Lanzado a la competición electoral en diciembre de 1978, este nuevo partido en primer lugar tiene dificultades para conquistar a los votantes, pero no cesa de progresar, hasta reunir un cuarto de los votos en Flandes en 2004, lo que lo convierte en el segundo partido de esta región. El declive que viene a continuación no es un retroceso de sus ideas sino más bien la captación de fondo ideológico y su potencial electoral por parte de otros nacionalistas. Los que se agrupan alrededor de Bart De Wever y de la N-VA, la Nieuw-Vlaamse Alliantie, la Nueva Alianza Flamenca, cuyo mismo nombre indica la continuidad con las familias anteriores, el Blok y el Belang, y muestra su obsolescencia. El dirigente del Blok, Filip Dewinter, lo dice entonces: la N-VA cosecha lo que ha sembrado su partido.

LA SOMBRA DEL NAZISMO SOBRE EL NACIONALISMO FLAMENCO

Pero la evolución es más interesante que una simple captación de votos. En el linaje del fundador, Karel Dillen, los sucesivos presidentes no han cesado de situar en el centro de su programa la inmigración y el islam. Acusado por la izquierda de tener muchos dirigentes que en su juventud estuvieron cerca del neonazismo, y de haber recurrido a menudo a la violencia, el Vlaams Blok perece por sus excesos, por su radicalidad. Después de largos procesos judiciales, varias asociaciones cercanas al partido son condenadas por racismo y xenofobia. El partido mismo se arriesga a sumergirse en la ilegalidad y a encontrarse disuelto por decisión de la Justicia, y por ese mismo motivo arruinado por la supresión de toda financiación pública. Para evitar esta catástrofe, sus dirigentes deciden cambiarle el nombre y, el 14 de noviembre de 2004, el Blok se convierte en el Belang. Los dirigentes son los mismos, el programa no varía apenas, pero este cambio de nombre es interesante. Ya no hay un «bloque» sino un «interés» (belang) flamenco. Parece que la hora de los grupúsculos violentos ha quedado atrás, a la radicalidad la sustituye un lobbying más civil y más racional. Los nacionalistas comprenden entonces que necesitan cultivar la credibilidad y la respetabilidad. No obstante, esta táctica puede alejar de ellos a la franja más radical de los votantes. Esta encuentra siempre en el programa las ideas que sostiene, pero el discurso público se ha edulcorado. Esta reorientación, cosmética por otra parte, precipita el declive del Belang. Y es entonces cuando la Nueva Alianza Flamenca, más nueva como su nombre indica y más respetable, sin la carga de los excesos del pasado, empieza a trasvasar el electorado nacionalista.

Si bien hoy ya no es una amenaza electoral, el Vlaams Belang ha amontonado los corpus ideológicos del populismo belga. Primero, la identidad flamenca exacerbada. Bélgica es para los Belang una construcción artificial que hay que desmontar dejando a Valonia acercarse a Francia y proclamar una Flandes independiente; la inmigración es una amenaza económica, pero también cultural, para Bélgica y para toda Europa; el islam es una religión hostil que no puede fundirse en la identidad occidental. El bilingüismo del país funda una parte importante de esta ideología. Primero está el rechazo al Estado belga, que se percibe como un obstáculo a una Flandes poderosa, pero también acusado de negligencia en cuanto a las finanzas públicas o al mantenimiento del orden. El asunto Dutroux, un criminal pedófilo que durante mucho tiempo escapó a la policía, el caso de Molenbeek, un suburbio de Bruselas convertido en hogar de terroristas islamistas, la incapacidad de constituir un Gobierno durante varios años, numerosos aspectos de la actualidad han desacreditado al Estado belga a ojos de los nacionalistas flamencos. Esta crítica se ha extendido a Europa, incapaz de contener el flujo de migrantes, de limitar la escalada del islam y de disminuir el paro. De este modo, el populismo flamenco se ha ido acercando lentamente a los otros populismos europeos. Lucha contra la inmigración, denuncia del islam y cuestionamiento de la UE son rasgos comunes a los extremistas continentales. Por esta evolución, el Belang ha cavado su propia tumba; al alejarse de sus aspectos específicos preparó el terreno para un partido clásico, mejor adaptado al nuevo reto, a saber integrar el poder ejecutivo.

El recorrido electoral del Vlaams Belang resume esta historia. En 1978, no obtiene sino un escaño en el Parlamento federal, tras reunir un 1,37 por ciento de los votos. En 2003 y en 2007 se acerca al 12 por ciento y obtiene hasta dieciocho escaños. Dentro del Parlamento flamenco sube hasta un cuarto de los votos en 2004 y obtiene treinta y dos escaños de un total de ciento veinticuatro. La crítica a Europa le vale unos éxitos igualmente amplios y más precoces. En 1994, el nacionalismo flamenco alcanza el 12,5 por ciento de los votos. En 2004 sube al 23 por ciento. Los modos de escrutinio y la tradición de alianzas políticas en Bélgica le impidieron acceder a la parte del poder que podría haber esperado. En este aspecto al Belang lo superará la N-VA. En 2014 el Belang no atrae más que al 3,6 por ciento de los sufragios a la Cámara de Representantes federales; incluso en el Parlamento flamenco, cae hasta por debajo del 10 por ciento.

El retroceso de esta familia política, el principio del fin de una historia que empezó en 1978 pero enraizada en las tradiciones ideológicas surgidas de la Segunda Guerra Mundial, debe datarse en la ocasión del cambio de nombre, en el año 2004. Se produce entonces una disyunción entre lo que dice el partido y lo que piensa, entre su escaparate y su fondo de comercio. Las apariencias intentan ser más respetables; la realidad sigue siendo inaceptable. Así es como el Belang, igual que el Blok antes de él, es víctima de lo que los observadores belgas llaman «cordón sanitario». Nadie se alía con él porque supone garantía de quedar desacreditado. Sin embargo, la angustia ante la inmigración, el miedo al islam, las tensiones entre Flandes y Valonia, así como el rechazo a los dogmas europeos continúan creciendo en el seno de la opinión pública. Mientras que el Vlaams Belang va a volver al margen de la vida política, y sus dirigentes van a quedarse a las puertas de los ministerios, esas temáticas entrarán con fuerza en el paisaje y los debates públicos «normales». En otras palabras, los «bárbaros» del Belang son rechazados en su asalto a la ciudadela; sus ideas penetran en ella con mucha fuerza.

Es esto lo que va a encarnar la Nieuw-Vlaamse Alliantie, la N-VA. Más que Nueva Alianza Flamenca, conviene llamarla Alianza Neoflamenca. En efecto, no es tanto la alianza la que es nueva sino su relación con el nacionalismo flamenco, la estrategia seguida para alcanzar una finalidad (la independencia) por medio de la promoción de temáticas (crítica al Estado, cuestionamiento del concepto de Bélgica, ataque contra Europa, inquietud ante los flujos migratorios e islamización de Europa, defensa de una economía liberal y de austeridad). Creada en 2001, esta variante moderna del movimiento de habla flamenca ha surgido de una última fracción de la Volksunie. Esta matriz de nacionalismo flamenco, nacido en 1954 para reciclar y blanquear a los partidos nacionalistas comprometidos con la Alemania nazi, por anteriores secesiones ha dado lugar al nacimiento del Vlaams Blok. La N-VA y el Belang tienen pues antepasados comunes, pero la primera va a florecer en el sistema, mientras que el otro prosperará fuera de él.

La Alianza Neoflamenca concreta este entrismo gracias a los cristianodemócratas y flamencos, el CD&V, una formación que tiene la intención de luchar contra su declive mediante esta transfusión de sangre nueva. Así ve la luz el cártel flamenco, que obtiene el primer puesto en las elecciones legislativas de junio de 2007. La alianza de los cristianodemócratas pronto se fragiliza, pero se ha alcanzado lo esencial. La N-VA es ahora un partido inscrito en el corazón de la vida política belga. En junio de 2010, las legislativas federales confirman este éxito: la Alianza Neoflamenca se convierte en el primer partido del país con el 17,4 por ciento de los sufragios y veintisiete elegidos de ciento cincuenta en la Cámara de Representantes. Bart De Wever, su líder carismático, entra en el Senado y ve como el rey le confía la misión de componer un Gobierno federal. Fracasa muy pronto. Bélgica se hunde en una crisis gubernamental como nunca había conocido en su historia. La razón profunda de esta inestabilidad es realmente el avance de la N-VA, aun cuando la incapacidad de entenderse de los partidos clásicos para gobernar parece explicarla con el paso del tiempo.

La Nieuw-Vlaamse Alliantie continúa su marcha hacia delante. En octubre de 2012, en las elecciones locales alcanza el 28 por ciento en Flandes y, sobre todo, gana en la ciudad de Amberes. Este símbolo es de gran importancia, tanto más cuanto la victoria arrancada por Bart De Wever en persona se la lleva la N-VA trasvasando los votos del Belang. La extrema derecha, el nacionalismo flamenco, se redefinen y se recomponen, y eso es lo que permite al populismo belga acercarse al poder. El amarillo y el negro, los dos colores que caracterizan a Flandes, se convierten en los tonos políticos del país; el rojo, valón o socialista, declina. El hecho de que la N-VA vampirice de este modo el nacionalismo flamenco sella el final de su componente popular. En efecto, Bart De Wever no oculta sus ideas liberales y su cercanía con los empresarios. Lo que le quedaba de función promotora a la extrema derecha belga, queriendo servir al proletariado con el nacionalismo, está obsoleta. La ideología de seguridad, antiinmigración e islamófoba permanece; la crítica al federalismo y a Europa persiste; la dimensión de justicia social se desvanece.

En mayo de 2014, la N-VA supera el 20 por ciento de los votos en las legislativas. Su líder es, pues, elegido una vez más para formar Gobierno, pero vuelve a fracasar. No obstante, ve la luz un Gobierno federal, dominado por la Nieuw-Vlaamse Alliantie, pero dirigido por el liberal Charles Michel, un francófono de treinta y ocho años que dirige el Movimiento Reformador, coalición de derecha moderada que se pretende vinculada al liberalismo social. Para sus detractores de izquierda, Michel no es más que una marioneta, un hombre de paja en las manos de la N-VA. Esta, en efecto, tiene en sus manos las carteras de Interior, Finanzas, Defensa, de la Función Pública de la Migración (sic) e incluso de la Lucha contra la Pobreza, que se confía a una joven de origen kurdo. En menos de quince años, la Nieuw-Vlaamse Alliantie ha arrancado el nacionalismo flamenco a su reducto de extrema derecha para izarlo a la cumbre del poder, aunque no sea propiamente su rostro. El éxito de la N-VA es haber convertido a buena parte de Bélgica al populismo. Incluso se pasó del populismo belga a la Bélgica populista.

La personalidad del dirigente de la N-VA no es ajena a su éxito. Bart De Wever pertenece a la era del carisma telegenético. Ha sabido reponerse de vivas polémicas cuando fue sospechoso de negacionismo, de racismo antivalón o de homofobia. Fue capaz de perder varias decenas de kilos para cambiar de idiosincrasia, es un tribuno de calidad y temible en los debates por sus cualidades oratorias; forma parte de una nueva era de líderes populistas, a imagen de Marine Le Pen en Francia o de Geert Wilders en los Países Bajos. Alejado de los tiempos sombríos (nació en 1970 y salió con bien, no sin cierta dificultad, de una controversia sobre la participación de su abuelo en el colaboracionismo), no tiene demasiadas cuentas que dar sobre su pasado. Le favorece la actualidad, que pone en el primer plano de las preocupaciones electorales los temas preferidos del nacionalismo; también cuenta con la ayuda de modos de escrutinio complejos y, finalmente, por una realidad política federal binacional, bicultural, que exacerba y legitima el debate identitario.

EL FIN DEL SISTEMA DE PILARES

Por supuesto, Europa proporciona temas de controversia a este nuevo populismo belga. Principalmente, la política de acogida a los inmigrantes y de derecho de asilo permite a De Wever dar un paso más hacia la derecha clásica. En 2016, expresándose en la misma tribuna que Nicolas Sarkozy, entonces presidente de Los Republicanos en Francia y ya candidato a la próxima elección presidencial, el dirigente de la Nieuw-Vlaamse Alliantie reclama una nueva política, rechazando toda entrada ilegal de extranjeros y confinando a los refugiados en su propio país, con una política de asistencia humanitaria y de retención. Este es el último paso que el populismo belga intenta dar: ir al unísono con los otros grandes partidos conservadores europeos, los mismos que se entregan a un endurecimiento derechista, con el fin de reforzar su credibilidad gubernamental.

En Bélgica esto corresponde también a una mutación sociológica. En efecto, el país está estructurado por lo que se conoce como la «pilaridad». La organización social belga funciona sobre «pilares» que son los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones, las corporaciones y otros. Mientras el populismo belga estaba al margen de la vida política, no constituía un nuevo «pilar»; los éxitos de la N-VA le brindaron ese estatus de «pilar», que nunca ha alcanzado en Francia el Frente Nacional, a pesar de sus resultados electorales. Y he aquí al populismo belga en el centro mismo del sistema político. Será difícil sacarlo de él y podría tener su peso duradero en la vida al otro lado del Quiévrain. Tal vez prosiga su normalización limando las asperezas de su discurso. La N-VA ya ha disminuido considerablemente sus reivindicaciones por lo que atañe a la independencia de Flandes, descrita como un objetivo natural que tarde o temprano se alcanzará y no como una victoria que hay que conseguir de inmediato, por decreto, de manera coercitiva. Quizá endurezca sus posiciones si los temas tan apreciados (inmigración e islam) continúan inscribiéndose de forma traumática en el centro de la vida nacional y europea. Esta hipótesis es tanto más probable sobre todo porque la opinión pública belga es un territorio favorable para ese neopopulismo «desextremizado». La Fundación para la Innovación Política realizó en 2017 una amplia encuesta que muestra la especificidad belga, a través de veintidós mil entrevistas realizadas en veintiséis países. Los belgas, más que los habitantes de muchos otros países de la UE, principalmente los que fueron sus fundadores en 1957, consideran que Europa debilita la democracia en el país y que el poder nacional debería reforzarse, en detrimento de Bruselas. De modo que la N-VA inscribe su ascenso en un deseo soberanista, al mismo tiempo que se critica el Gobierno federal y la unidad del país está amenazada. Frente al 67 por ciento de los europeos que están preocupados por la inmigración, entre los belgas es el 73,5 por ciento. Igualmente, hay un 28 por ciento que dice que le perturban las opiniones religiosas distintas, un sentimiento que no alcanza sino al 17 por ciento de los franceses. Y cuando el 68 por ciento de los franceses o los italianos están preocupados por el ascenso del islam, el porcentaje que alcanza en Bélgica es del 73 por ciento.

Con un potencial semejante en la opinión pública, está claro que el populismo belga, que ha conocido tantos avatares, no está precisamente al final de su historia.

10

EL PAPISMO CENTROEUROPEO

Y LAS DEMOCRACIAS AUTORITARIAS

En 1989 cayó el Muro de Berlín y en pocas semanas se liberaron uno tras otro los países de Europa Central y Oriental que habían quedado atrapados en el imperio soviético. Muchos europeos occidentales descubrieron que el otro lado del Telón de Acero —un territorio opaco del que llegaban pocas noticias— estaba ocupado por pueblos y naciones de los que solo se conocía el nombre, pero de cuya realidad y diversidad, historia y cultura, nada sabían; las había ocultado el grueso manto uniformador del llamado socialismo real. Aparecieron países como Checoslovaquia, que, tres años después de celebrar eufórica la Revolución de Terciopelo y colocar al frente de la nación a un dramaturgo irónico e irreverente, se partía por la mitad de la mano de personajes adustos, muy lejanos al ideario europeísta de aquellos momentos. Se sabía poco de Hungría, porque su fallida revuelta contra la dictadura comunista se remontaba a los primeros años de la posguerra, y aún menos de Bulgaria o Rumanía, ya en el extremo del territorio europeo.

Se sabía de Polonia por el desafío que había protagonizado el sindicato Solidaridad, por su líder Lech Wałęsa y especialmente porque el papa de Roma se llamaba Karol Wojtyla y era polaco. Fue este personaje carismático, extremadamente conservador en lo moral y visceral anticomunista, quien encendió la mecha del derribo controlado del bloque soviético cuando, en su primera visita a Polonia como papa en junio de 1979, dijo a sus conciudadanos: «No tengáis miedo». Tan solo un año más tarde se fundó el sindicato Solidaridad. Juan Pablo II, que había sido actor y director de teatro, dominaba el arte de la comunicación de masas. Para la Iglesia católica supuso un renacer popular de la mano de un comunicador extraordinario y un regreso a la vieja ortodoxia, con la contrapartida de alienar a todos los movimientos renovadores surgidos del Concilio Vaticano II, como la teología de la liberación.

Solo quienes conocían bien Polonia y su sociedad entendían que el conservadurismo moral y la tendencia de Wojtyla a hacer política con la religión eran, en realidad, la esencia de la Iglesia polaca a lo largo de su historia. Dado el laicismo imperante en Europa Occidental, donde la influencia de la religión en la política —concretamente del catolicismo— había ido pasando a un segundo plano, era difícil predecir que una década después de salir del largo sueño del comunismo, al entrar a formar parte de la UE, estos países iban a provocar una transformación radical del proyecto europeo. Por una parte, en términos geopolíticos el espacio central se desplazó hacia el este y Alemania se convirtió en el núcleo sobre el que pivotaba todo. Por otra, aparecieron sociedades cultural y políticamente muy diferentes de las occidentales. Entre los recién llegados, la religión no solo formaba parte de su historia y su cultura, era también un elemento identitario y el gran referente de la lucha contra el comunismo, de la resistencia a Moscú. En Europa Occidental, en cambio, tan solo en Irlanda el catolicismo seguía siendo parte esencial de su identidad.

En término «papismo» nació en la Inglaterra del siglo XVI durante la imposición de la Reforma, y todavía existe legalmente para definir la imposibilidad de acceder al trono. Desde el punto de vista histórico se aplica, con una clara intención derogatoria, a la influencia que la jerarquía católica ha tenido sobre Polonia, Hungría, Eslovaquia y Croacia, entre otros. Se utilizó para explicar y justificar el reconocimiento de Croacia y Eslovenia por Juan Pablo II, que llevó al canciller alemán Helmut Kohl a hacer lo mismo de inmediato; una decisión que encendió definitivamente la guerra de Yugoslavia.

Con el banderín de enganche del catolicismo, los populismos de extrema derecha ejercen un papel determinante en estos países. Tan determinante que en Polonia y Hungría gobiernan con amplia mayoría y constituyen el mejor ejemplo del deterioro de los sistemas democráticos y el nacimiento de una versión neoautoritaria del Estado. Es cierto que hay una línea de continuidad en el modelo de gobernanza de estos países, ambos con escasa tradición democrática. Tras volver a existir como nación en 1916, después de más de un siglo dividida entre Rusia, Alemania y el Imperio austrohúngaro, Polonia nunca consiguió articular un sistema democrático estable. Su gran héroe y el padre de la patria fue el mariscal Józef Piłsudski, un dictador carismático que utilizó el terror policial y toda clase de violencia para mantenerse en el poder. La paradoja es que Piłsudski, que a su muerte en 1935 era un hombre completamente desprestigiado, se convirtió en un héroe nacional gracias a la invasión alemana de 1939, la ocupación y el régimen comunista impuesto por la Unión Soviética.

Tras la caída del comunismo, Polonia tuvo una serie de Gobiernos formados por intelectuales surgidos de la órbita de Solidaridad, como Hanna Suchocka o Jerzy Buzek. Pero dos personajes secundarios del movimiento que lideraba Lech Wałęsa, los gemelos idénticos Jarosław y Lech Kaczyński, fundaron Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco), que ganó las elecciones de 2005 con un programa muy reaccionario y la acusación dirigida al resto de las formaciones de esconder a miembros del antiguo aparato comunista. Lech Kaczyński fue elegido presidente del país, pero falleció en 2010 en un accidente de avión en Smolensk, lo que ha dado pábulo a infinidad de teorías conspirativas, a las que el PiS es muy aficionado. Tras una legislatura dominada por Donald Tusk, de la Plataforma Cívica (PO, por sus siglas en polaco), cuando este dejó el Gobierno para asumir la Presidencia del Consejo Europeo en Bruselas, el PiS regresó al poder en 2015 con el 37,7 por ciento de los votos, que le otorgaron la mayoría absoluta en el Parlamento. Lech Kaczyński prefirió permanecer fuera del Gobierno, que quedó en manos de Beata Szydło, pero se convirtió en el auténtico poder en la sombra.

Si hasta entonces el PiS y otras formaciones ultranacionalistas de extrema derecha habían tenido que renunciar a algunos de sus objetivos programáticos más radicales, la mayoría absoluta —que por primera vez disponía un partido desde la transición a la democracia en 1989— le permitió llevar a cabo una verdadera reestructuración del modelo político y erosionar sensiblemente la separación de poderes para dar lugar a lo que se ha bautizado como una democracia autoritaria o «iliberal», por utilizar el término que paralelamente desarrollaba su vecino Viktor Orbán en Hungría. Si el fallecido Lech tenía una personalidad más amable y componedora, Jarosław es todo lo contrario: vitriólico y misántropo. No se contiene. Llama a sus adversarios «gánsteres» y descalifica a quienes critican a su Gobierno como «el peor tipo de polacos».

Desde que el PiS volvió al poder, el Parlamento ha tomado el control directo de los medios de comunicación públicos con el argumento de que «ignoraban su misión ante la nación» y se ha atribuido el nombramiento directo de los altos funcionarios con el objetivo de «eliminar la patología social» que, en su opinión, padecen las élites del Estado. Con estos poderes y un discurso que proclama que el PiS representa a la gente común, a los de abajo frente a los «intelectuales» que pretenden imponer sus criterios al pueblo, en pura clave populista, el Gobierno se ha dedicado a legislar en todos los campos para desmantelar cualquier regulación que estorbe a su visión del mundo.

POLONIA, DONDE PLANTAR ÁRBOLES

ES UNA ACTIVIDAD SUBVERSIVA

El ministro de Medio Ambiente Jan Szyszko, por ejemplo, dictó una ley que elimina la obligación de los propietarios privados de solicitar permiso para cortar árboles, pagar compensaciones o informar a las autoridades locales, lo que abrió la puerta a la destrucción de la masa forestal incluso en lugares tan emblemáticos como el famoso bosque de Białowieża, el último bosque primario de Europa, patrimonio de la humanidad. Szyszko, profesor de silvicultura, proclama su desprecio por los activistas medioambientales y opina que los recursos naturales de Polonia tienen como único destino el desarrollo económico y los intereses financieros derivados de los negocios forestales. Su lema es: «El hombre es el sujeto del desarrollo sostenible por lo que no solo tiene el derecho, sino el deber de usar los recursos naturales». Y añade: «El desarrollo humano no es perjudicial para el medio ambiente». La Polonia de Kaczyński se parece bastante al Estados Unidos que quiere modelar Donald Trump, quien al frente de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) ha puesto a Scott Pruitt, un negacionista del cambio climático.

Wojciech Lubawski, un diputado conservador del Parlamento polaco por Kielce, una ciudad de tamaño mediano al sur de Polonia, en una de las escasas zonas montañosas del país, descubrió un día que un bosque del municipio había sido completamente talado y convertido en un erial. Entonces le pidió permiso al alcalde de Kielce para plantar robles en ese lugar. Cuál fue su sorpresa cuando el permiso le fue denegado alegando que «tal iniciativa podría considerarse como una participación de nuestra ciudad en una protesta contra el Gobierno». En Polonia, pues, la siembra de árboles es una actividad disidente.

Para alentar a las parejas a tener más hijos, el Ministerio de Salud ha publicado un vídeo protagonizado por conejos. Las hembras de esta especie tienen la particularidad de estar casi permanentemente en celo, razón por la que se reproducen masivamente. El anuncio, que dura treinta segundos, muestra conejos comiendo lechuga y zanahorias. Un narrador revela el secreto de sus grandes familias: ejercicio, una dieta saludable y un nivel mínimo de estrés. «Si queréis ser padres, seguid el ejemplo de los conejos», concluye el narrador. Polonia tiene una de las tasas de fecundidad más bajas de Europa: 1,32 hijos por mujer en 2015, según Eurostat, muy por debajo de lo que los demógrafos llaman el umbral de renovación, que es de 2,1 hijos por mujer, la media necesaria para mantener una población estable.

El PiS ha construido su proyecto político en torno a varios elementos: por un lado, las transferencias sociales y una economía estatal de la vieja escuela; por otro, la irresponsabilidad fiscal, y finalmente un nacionalismo agresivo, un populismo antiinmigrante y la rusofobia tradicional. Jarostaw Kaczyński ha llegado a afirmar en público que los refugiados «traían el cólera a las islas griegas, la disentería a Viena y varios tipos de parásitos». El Gobierno polaco fue el primero en enfrentarse a la Comisión Europea por las cuotas de refugiados, pese a que solo se le asignaron siete mil solicitantes de asilo. Bruselas ha amenazado una y otra vez a Varsovia de las consecuencias de su negativa, pero lo cierto es que un 70 por ciento de los polacos no quieren que su país acoja refugiados de países musulmanes. Italia y Suecia, grandes receptores de inmigración, cuestionan abiertamente esta actitud y proponen que se cierre el grifo de los fondos comunitarios a los países que no respetan las normas. Polonia es la octava economía de la UE, la Bolsa de Varsovia es la más importante de Europa Central y Oriental, pero también es el mayor beneficiario de fondos de la UE y será muy vulnerable en las próximas negociaciones presupuestarias. Para el periodo 2014-2020 tiene asignados 77.600 millones de euros, una cifra que disminuirá a medida que el brexit reduzca el tamaño del presupuesto global.

Al Gobierno del PiS le preocupan especialmente los planes del presidente francés Emmanuel Macron de crear un presupuesto común de la zona euro porque supondría menos dinero y menos influencia para los países que están fuera del euro, como Polonia. El viceministro de Relaciones Exteriores Konrad Szymański se ha quejado abiertamente de que Francia quiera crear una vanguardia de integración en la eurozona basada en los bonos del euro y la mutualización de la deuda y de la política fiscal. La paradoja es que los ultranacionalistas polacos confían ahora en que su otro gran enemigo, la Alemania de Angela Merkel, se oponga a la creación de los eurobonos. Polonia no descarta entrar en el euro, pero lo pospone. El presidente polaco Andrzej Duda dijo que el país estaría listo para adoptar el euro cuando los polacos comenzaran a ganar lo mismo que los europeos occidentales.

Además de la utilización partidista de la administración pública y la manipulación y el control de los medios de comunicación, el otro gran proyecto de Jarostaw Kaczyński fue el de acabar con la independencia de la Justicia, lo que rompería el principio básico de la separación de poderes que rige en la UE. Solo una protesta social de grandes dimensiones consiguió parar el paquete de leyes que, a instancias del Gobierno de Beata Szydło, el Parlamento ya había aprobado para controlar políticamente el Poder Judicial. La legislación consagraba que el Ejecutivo —el ministro de Justicia— podría destituir y nombrar a los presidentes de los tribunales y al órgano que los nombra —hasta entonces autónomo— a través del Parlamento y que el Gobierno tendría la capacidad de destituir a los 83 jueces del Tribunal Supremo. Según el PiS, la reforma pretendía «agilizar» el funcionamiento de los tribunales y acabar con el control de la Justicia por una «casta privilegiada» de abogados y jueces. De nuevo: el pueblo contra la casta, los de arriba contra los de abajo; eso sí, dirigidos por el poder. Para Kaczyński los tribunales «son el bastión de los poscomunistas en Polonia», el Tribunal Supremo «protege a las personas que sirvieron al viejo régimen comunista» y el sistema judicial «está controlado por izquierdistas y subordinado a fuerzas extranjeras».

En Polonia el papel del Supremo es determinante. No solo es el último tribunal de apelación para todos los casos penales y civiles, sino que también dictamina sobre la constitucionalidad de las leyes y las acciones del Gobierno y otros organismos estatales; decide sobre la validez de las elecciones; aprueba las cuentas del Estado y de los partidos políticos y juzga los procedimientos disciplinarios contra los jueces. Es, de hecho, el último control sobre el Ejecutivo. El proyecto del PiS no solo desmontaba estos controles, sino que además obligaba a los magistrados del Tribunal Supremo a considerar los «valores cristianos» al emitir sus fallos. Decía concretamente: «En la vida social, además de las normas legales, también opera un sistema de normas y valores que no está definido en las leyes pero que deriva de la moral y los valores cristianos. El Tribunal Supremo debe tener en cuenta esta dualidad en sus fallos».

La presidenta del Supremo, Małgorzata Gersdorf, escribió una carta abierta a la profesión judicial instando a los juristas a «luchar centímetro a centímetro» por su independencia. Pero, cuando intentó hablar ante el Parlamento para defender la independencia del Alto Tribunal, fue recibida con gritos de «¡piérdete!» y «¡mentirosa!» desde los bancos del Gobierno. Solo entonces miles de manifestantes se concentraron frente al edificio del Supremo en la plaza Krasiński y protagonizaron una vigilia a la luz de las velas. Las protestas masivas consiguieron que el presidente Andrzej Duda —exmilitante del PiS— vetara dos de las tres leyes. Dejó vigente solo la tercera, la que otorga al ministro de Justicia el poder de nombrar los magistrados que presiden los tribunales. Pocos meses antes, movilizaciones similares habían conseguido echar abajo el intento del Parlamento de prohibir totalmente el aborto, cuando en realidad la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo es una de las más restrictivas de Europa. Fueron cientos de miles de manifestantes, en su mayoría mujeres vestidas de negro, quienes tomaron las calles. Como auténticos populistas, los dirigentes del PiS solo temen la ira de las calles.

En Bruselas este ataque a los principios básicos del sistema democrático hizo sonar todas las alarmas y la Comisión Europea amenazó al Gobierno del PiS con abrirle un expediente de infracción —algo inédito en sus sesenta años de historia— si no se rectificaba en sus reformas constitucionales. A cualquier país candidato a entrar en la UE se le exige cumplir los llamados «criterios de Copenhague» y demostrar que se adhiere a los principios del Estado de derecho, a la democracia y al respeto de los derechos fundamentales que promueve la Unión. El problema se plantea cuando estos países —a los que no se les exige más que una declaración de intenciones al respecto— incumplen estos criterios una vez que han entrado a formar parte del club. Es el llamado «dilema de Copenhague», porque no hay mecanismos para controlar y, si es necesario, sancionar esta actuación.

El exacerbado nacionalismo de la sociedad polaca se explica, en parte, por su tumultuosa y complicada historia. Tras haber sido una gran potencia en los siglos XVI y XVII —la nación más extensa de Europa en asociación con el Gran Ducado de Lituania—, entró en decadencia a partir del siglo XVIII y literalmente desapareció del mapa en 1795. Rusia, Prusia y Austria se repartieron el territorio polaco. Emparedada entre el espacio germánico y el ruso, la sociedad polaca se aferró a su identidad a través de su cultura y de la religión. El catolicismo la diferenciaba de la Rusia ortodoxa y de la Prusia protestante. De esta colonización que duró más de un siglo, salió un país económica y socialmente muy heterogéneo. Los polacos se integraron relativamente bien en el modelo federalizante del Imperio austrohúngaro, que les permitió tener representación en el Parlamento y dirigir sus propias universidades. Prusia, sin embargo, germanizó el sistema escolar y tuvo poco respeto por la cultura y las instituciones polacas. El Imperio ruso, por su parte, consideró a Polonia el enemigo a destruir e hizo lo posible para empobrecer y anular cualquier intento de mantener una identidad. El este de Polonia sigue siendo eminentemente rural y más pobre que el resto.

Sin embargo, en términos nacionales se produjo una extraordinaria homogeneización. La sociedad polaca está compuesta por un 98,7 por ciento de polacos frente a un 1,3 por ciento de personas de otros orígenes, principalmente alemanes, lituanos, ucranianos y bielorrusos, además de judíos y gitanos. Fuera de sus fronteras viven otros doce millones de polacos que se repartieron por todo el mundo en sucesivas oleadas migratorias: en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Lituania, Ucrania, Letonia, Bielorrusia, Argentina, Brasil, Uruguay y Costa Rica. Solo en Chicago, por ejemplo, viven 1,8 millones de polaco-estadounidenses. En el Reino Unido residen cerca de un millón de polacos, más del total de británicos que viven en otros países de la UE. De la homogeneidad da una idea que el 95 por ciento de los polacos son católicos y un alto porcentaje —muy por encima de la media europea— se considera practicante.

Desde que el PiS volvió al poder, las pulsiones nacionalistas se han exacerbado. Ahora, el día que se conmemora la independencia tiene lugar una marcha organizada por grupos de extrema derecha, pero a la que acuden todo tipo de ciudadanos. En 2017 se calcula que participaron sesenta mil personas, muchos con el rostro cubierto, pero también familias, que cantaban «Dios, honor y patria», «gloria a nuestros héroes» o «Polonia pura, Polonia blanca». La novedad fue la recuperación de una vieja canción religiosa polaca que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había citado durante su visita a Varsovia y cuya estrofa principal reza: «Queremos a Dios». Por su parte, los grupos neonazis polacos han rescatado la falanga, un símbolo parecido a la cruz gamada que data de la década de 1930. En todo caso, la influencia de estos grupos es marginal porque queda poco espacio para respirar junto al partido fundado por los gemelos Kaczyński. A la marcha acudieron líderes de extrema derecha de toda Europa, pero para la televisión pública fue una «gran marcha de patriotas».

HUNGRÍA: UNA EXTREMA DERECHA A LA DERECHA

DE LA EXTREMA DERECHA

En Hungría, como sucede en Grecia, la ultraderecha antisemita y xenófoba con ribetes nazis está presente en el Parlamento. Jobbik, una formación que hasta hace muy poco tenía cuadros que desfilaban uniformados, obtuvo el 21 por ciento de los votos en las elecciones de 2014, lo que la convirtió en la tercera fuerza del país. La Guardia Húngara, vinculada a Jobbik, ha sido acusada de llevar a cabo actividades contra los derechos humanos de las minorías garantizados por la Constitución. Sin embargo, el problema de Jobbik y de su fogoso líder, Gábor Vona, es que queda muy poco espacio a la derecha del Gobierno de Viktor Orbán, el inventor de la expresión «democracia iliberal», y de su partido, Fidesz (Unión Cívica Húngara), también xenófobo y de extrema derecha. El 8 de abril de 2018, Orbán logró su tercer mandato consecutivo (su cuarto, ya que estuvo en el poder entre 1998 y 2002) con un discurso extremadamente nacionalista y ultraconservador. La participación fue una de las más altas de los últimos años y obtuvo el 49 por ciento de los votos.

Orbán (Székesfehérvár, 1963) es un personaje curioso que ha evolucionado desde el liberalismo ingenuo de la resistencia contra el poder soviético hasta un autoritarismo populista con todos los ingredientes del cóctel centroeuropeo: desde la xenofobia hasta el desdén por el modelo democrático de separación de poderes. En junio de 1989, meses antes de la caída del Muro de Berlín y con solo veintiséis años, pronunció un encendido discurso en el homenaje a Imre Nagy, el primer ministro ejecutado por los soviéticos en 1958 por haber liderado la revuelta húngara, y exigió la salida del país del Pacto de Varsovia. Un año antes había fundado Fidesz con otros jóvenes húngaros. En 1998 obtuvo casi un 30 por ciento de los votos, lo que, gracias al complicado sistema electoral húngaro, lo aupó como la principal fuerza del Parlamento. Orbán se convirtió en primer ministro húngaro y en el gobernante más joven de Europa. Durante su mandato, metió a Hungría en la OTAN, contuvo la inflación y logró un crecimiento sostenido a la par que culminaba el proceso de privatizaciones iniciado por sus antecesores.

Pero llevaba el populismo en la sangre, y rescató la vieja reivindicación de las minorías húngaras de los países vecinos, un elemento explosivo en esta región de Europa, que ya adelantaba su reencarnación ultranacionalista. Perdió las elecciones de 2002 y pasó ocho años en la oposición, pero regresó en 2010 amparado en una mayoría absoluta con dos tercios de los escaños del Parlamento. Para entonces ya había desarrollado una visión muy negativa del proceso de construcción europea —pese a las importantes ayudas que Hungría recibe de la UE— y su admiración por autócratas como Vladímir Putin o Recep Tayyip Erdoğan. Lo primero que hizo fue atribuirse el poder de nombrar nuevos jueces del Tribunal Constitucional sin pasar por el Parlamento. Cambiado el Alto Tribunal, Fidesz empezó a demoler las instituciones democráticas por el sistema de colocar en todas ellas a miembros del partido y reestructurarlas para privarlas, por ley o en la práctica, de ejercer un control efectivo sobre el Ejecutivo. Orbán aprovechó su rodillo parlamentario para redactar una nueva Constitución, controlar los medios de comunicación, llenar el Tribunal Constitucional con sus partidarios, purgar el Ministerio de Asuntos Exteriores y el cuerpo diplomático, reestructurar el Parlamento y rediseñar los distritos electorales en su favor.

Orbán ha sabido instrumentalizar el nacionalismo magiar alentando los sentimientos de agravio y utilizando a las minorías húngaras que quedaron en los países vecinos tras el Tratado de Trianón de 1920: una nueva ley electoral que les permite votar al concederles la doble nacionalidad de forma automática. Los vencedores de la Primera Guerra Mundial despiezaron el Imperio austrohúngaro, que era un Estado multicultural y multiétnico, muy federalizado, en el que las minorías convivían y se solapaban. Al margen de las pérdidas territoriales, difíciles de valorar en tanto que el Reino de Hungría estaba poblado por grupos nacionales muy diversos, es indudable que en términos de población los magiares salieron muy perjudicados por el rediseño del mapa de Europa y la creación de nuevos Estados como Checoslovaquia, Yugoslavia y la gran Rumanía. De ocupar un territorio de 325.000 kilómetros cuadrados antes de la Gran Guerra, el Estado húngaro independiente solo conservó 93.036, mientras que Rumanía se quedó con 103.093; Checoslovaquia, con 61.633; Yugoslavia, con 63.092, e Italia, Austria y Polonia, con porciones menores. Pero, de los casi diez millones de habitantes de lengua magiar que poblaban el Imperio austrohúngaro, más de tres se quedaron fuera, en países vecinos, especialmente en Rumanía, Checoslovaquia y Yugoslavia.

Con este bagaje, el cóctel nacionalista-populista es fácil de agitar. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hungría se unió al Tercer Reich, en cuyas tesis raciales los magiares estaban bien considerados. En 1941 las fuerzas húngaras participaron en la invasión de Yugoslavia y en la de la Unión Soviética junto a la Wehrmacht. Cierto que, mientras combatía contra la URSS, el regente Miklós Horthy mantuvo negociaciones de paz secretas con Estados Unidos y el Reino Unido. Hitler descubrió la traición y en 1944 las fuerzas alemanas ocuparon Hungría para evitar una deserción similar a la de Italia. Se ha dicho a menudo que Hungría ha ejercido el papel de gendarme en el complicado espacio centroeuropeo y también balcánico, porque no hay que olvidar que ocupa la franja más septentrional de la península, lo que se visualizó cuando se produjo la ola de refugiados que cruzaban a Grecia desde Turquía, atravesaban Grecia y Macedonia y se plantaban en la frontera húngara.

Orbán dice defender la Europa cristiana contra la horda musulmana. En la conferencia de los conservadores europeos que tuvo lugar en Madrid, aseguró que los inmigrantes eran lo más parecido a un ejército de ocupación. «A lo que nos enfrentamos no es a una crisis de refugiados —dijo—, sino a un movimiento migratorio compuesto por migrantes económicos, refugiados y también combatientes extranjeros; un proceso incontrolado y no regulado.» Al igual que Polonia, Hungría se negó a aceptar las cuotas de refugiados que le atribuyó la UE y Fidesz organizó una campaña popular bajo el lema «paremos a Bruselas», que apareció en miles de anuncios por todo el país.

A Orbán le gusta verse a sí mismo como alguien que siempre va contra las tendencias dominantes. Cuando lo dominante era el socialismo de Estado, él era un liberal anticomunista. Cuando los vientos giraron a favor de los liberales, él se convirtió en nacionalista. Ahora siente que el atlantismo y la UE son la opción predominante, y por eso adopta posturas antioccidentales y se burla de los países que se rigen por una democracia liberal. En sintonía con Vladímir Putin, a quien admira, Orbán ha declarado la guerra al multimillonario y filántropo George Soros, nacido en Hungría, pese a que fue gracias a una beca de su Fundación que en 1989 pudo estudiar en el Pembroke College, en Oxford. Según Orbán, Soros, con el respaldo de la UE, quiere que Hungría sea invadida por inmigrantes. Con esta excusa ha promovido una ley cuyo objetivo es cerrar todas las instituciones impulsadas por Soros en Hungría, empezando por su universidad, la CEU, la de mayor prestigio. La ley obliga a las organizaciones que reciben más de veinticuatro mil euros de financiación directa o indirecta procedente del extranjero a inscribirse de nuevo como «organización cívica financiada desde el extranjero» y a proclamarlo en sus páginas web. La regulación también afecta a observatorios de los derechos humanos como Transparencia Internacional o el Comité Húngaro de Helsinki.

Según la Comisión Europea, la ley húngara viola varias «libertades fundamentales» garantizadas en las normativas europeas, desde las libertades de prestación de servicios y de establecimiento hasta los derechos a la libertad académica y a la educación. También considera que es contraria a la Carta de los Derechos Fundamentales. Orbán está acostumbrado a lidiar con la Europa «liberal» que tanto detesta, y la respuesta de Budapest fue como mínimo original. Los diputados europeos de Fidesz enviaron una carta a sus colegas del PPE —en el que están insertos— en la que aseguraban que era «absurdo» pensar que el Ejecutivo pretendiera cerrar la CEU y denunciaban una campaña «políticamente sesgada» contra su Gobierno, pero reconocían, eso sí, que su Gobierno a menudo es partidario de «acciones contundentes y poco ortodoxas» para alcanzar sus objetivos, y pedían que Bruselas entendiera que este es «el modo de hacer política en Hungría». El propio Viktor Orbán se invitó al debate en el pleno del Parlamento Europeo, y además de cargar contra el «especulador norteamericano» Soros, pidió a sus socios que no le juzgaran solo por tener «opiniones diferentes». A su juicio, el problema no es que Hungría tenga que adaptarse a las normas europeas, sino que la UE debe reformarse. En la Eurocámara Orbán encuentra uno de sus apoyos más fuertes en el seno de la UE: el del Partido Popular Europeo al que pertenece, que hasta el momento ha protegido a su hijo descarriado.

Su postura contra la cuota de refugiados que le tocaba acoger (1.294) y, en general, contra cualquier tipo de inmigración le ha enfrentado a la Comisión, que le amenaza con sanciones. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falló en contra del recurso presentado por Hungría y Eslovaquia y dictaminó que ambos países deben acatar la política de reparto de refugiados establecida por la UE en 2015 y no pueden negarse a reubicar a los solicitantes de asilo llegados desde Grecia e Italia. Una sentencia que el ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, calificó de «indignante» e «irresponsable», y añadió que la decisión del Alto Tribunal «pone en peligro la seguridad y el futuro de Europa», «no significa ninguna obligación de ejecución» y que Hungría «no está dispuesta a aceptar ni a un inmigrante».

Hungría, que se encontraba en la primera línea en el camino de los refugiados hacia Alemania, fue el país que más brutalmente reaccionó. Ha construido vallas en sus fronteras para detener a los refugiados y aplica una legislación draconiana que castiga con hasta cinco años de cárcel el cruce ilegal de sus fronteras. Todo el mundo recuerda las imágenes del trato brutal que se daba a quienes intentaban cruzar la frontera, incluso de las agresiones protagonizadas por individuos particulares contra familias de refugiados, como el famoso caso de la periodista que hizo caer a un padre con su hijo pequeño a cuestas. Y es que el 70 por ciento de la población húngara está en contra de acoger refugiados del tipo que sea, y menos si son musulmanes.

Sobre la integración europea, sin embargo, Orbán es muy ambivalente. Desafía a Bruselas en el tema de los refugiados, pero luego no se suma a las iniciativas más extravagantes de sus vecinos; acude al Parlamento Europeo para defender sus posiciones y trenza alianzas de todo tipo; se acerca a la provocación y luego da marcha atrás. Hungría, con diez millones de habitantes, es un país de tamaño medio en términos europeos y realiza el 80 por ciento de su comercio dentro de la UE, especialmente con miembros de la zona euro, como Alemania. Hungría ha sido un gran beneficiario de los fondos estructurales y de cohesión de la UE. Orbán es un político que valora enormemente la soberanía monetaria, pero no descarta la entrada en el euro, aunque la aplaza hasta que se alcance un muy amplio consenso social y político, concretamente una mayoría parlamentaria de dos tercios para poder enmendar la Constitución.

Frente a esta acción de Gobierno, los neofascistas de Jobbik tienen dificultades para encontrar un programa alternativo. Lo primero que han hecho ha sido suavizar sus formas e incluso, en perfecta sintonía con el populismo posideológico, declarar que quieren superar la vieja división entre izquierda y derecha y buscar un consenso social. El antisemitismo y el racismo contra los gitanos ya no son de recibo, dice su líder Vona, siguiendo el ejemplo de Marine Le Pen y el Frente Nacional de Francia. No todos sus miembros consiguen ocultar sus pulsiones autoritarias. La diputada Dóra Dúró, por ejemplo, primero pidió el voto de los homosexuales de Budapest, pero luego hizo campaña contra el desfile del Orgullo Gay y las uniones civiles entre homosexuales.

ESLOVAQUIA: LA TRADICIÓN XENÓFOBA Y COLABORACIONISTA

Eslovaquia también forma parte del papismo tal y como lo hemos definido. Cuando Checoslovaquia se dividió en 1993, no hubo ningún referéndum. La separación no estaba sobre la mesa mientras se configuraba el nuevo modelo de Estado tras la caída del régimen comunista. La partición se produjo sin que la gran mayoría de la población supiera por qué. Tras la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia en 1968 para acabar con la experiencia del «socialismo con rostro humano» que lideraba el reformista Alexander Dubček, en 1969 su sucesor, el comunista ortodoxo Gustáv Husák, cambió la Constitución y el Estado se convirtió en una federación de la República Socialista Checa y la República Socialista Eslovaca, siempre bajo el férreo control del Partido Comunista Checoslovaco.

Tras la llamada Revolución de Terciopelo en 1989, el dramaturgo Václav Havel —uno de los más famosos disidentes de la Guerra Fría— accedió a la Presidencia. El Gobierno de Chequia (Bohemia y Moravia) lo ocupó un personaje ultraliberal llamado Václav Klaus, que no soportaba el prestigio y la autoridad de Havel. En Eslovaquia, el hombre fuerte y el presidente del Parlamento local era Alexander Dubček, que tras la invasión soviética no había sido fusilado, sino enviado a un remoto puesto de guardia forestal donde pasó los siguientes veinte años. Pero Dubček murió en un accidente de coche y un populista corrupto, Vladimír Mečiar, empezó a agitar los sentimientos nacionalistas eslovacos. Eslovaquia era —y es— más pobre y conflictiva que Chequia, entre otras cosas porque alberga importantes minorías (rutenos, húngaros, romas...), algo que no les ocurre a los checos gracias a que los alemanes de los Sudetes fueron expulsados al final de la Segunda Guerra Mundial. Klaus vio la manera de librarse de la parte menos atractiva del país y de paso devaluar la figura de Havel, y propuso a Mečiar dividir Checoslovaquia en un plazo muy corto y sin consultar a la población. Tras unas breves negociaciones, Eslovaquia y la República Checa se separaron de común acuerdo el 1 de enero de 1993.

Klaus consiguió lo que quería, y Mečiar se convirtió en un autócrata extravagante que ocupó intermitentemente el poder en Bratislava durante la década de 1990 y cuyos modales avergonzaban al país. Este exboxeador, con importantes vínculos con el crimen organizado, fue el primer ejemplo del nacionalismo papista que se lleva en esta parte de Europa y también de un estilo de Gobierno autoritario que luego han desarrollado y perfeccionado en el vecindario Orbán y los Kaczyński, hasta el punto de que sus años en el Gobierno eslovaco se conocen ahora como el meciarismo. Cuando perdió el Gobierno intentó presentarse a la Presidencia del país, pero los eslovacos no lo votaron.

Como en los casos de Polonia y Hungría, Eslovaquia también es una nación con problemas identitarios y un pasado muy complicado, más allá del divorcio de terciopelo antes descrito. Para hacerse una idea de las distintas capas históricas y culturales sobre las que existe el país, basta con saber que el nombre eslavo de la capital, Bratislava, solo apareció a finales del siglo XIX. Antes se llamó Pressburg —en alemán—, Prešporok —en eslovaco— y Pozsony —en húngaro—. Fue parte del Reino de Hungría durante siglos, incluso la capital de Hungría hasta 1848, antes de que pasara a Budapest. Tras el Tratado de Trianón, Eslovaquia pasó a formar parte de la recién creada Checoslovaquia, que en la tumultuosa década de 1930 fue acosada por la Alemania hitleriana y la Hungría revisionista, hasta que se la dividió en los Acuerdos de Múnich de 1938. En 1939, Eslovaquia se convirtió en un protectorado del Tercer Reich, una especie de Estado dictatorial bajo el mando del sacerdote católico Jozef Tiso. Este adoptó abiertamente la ideología nazi y practicó una rigurosa política antisemita que supuso el genocidio de la población judía eslovaca, prácticamente exterminada. Tras la derrota del Eje, Tiso fue ejecutado en la horca.

La herencia de Tiso, sin embargo, permanece viva en Eslovaquia bajo la forma del Partido Popular Nuestra Eslovaquia, que lidera Marian Kotleba y que entró en el Parlamento en 2016 con un 8 por ciento de los sufragios, casi el triple de lo que le auguraban las encuestas. Esta formación es heredera directa de la Hermandad Eslovaca, cuyos miembros vestían los uniformes negros de la Guardia de Hlinka de tiempos de Tiso y conmemoraban el Estado eslovaco de 1939-1945. La Hermandad fue disuelta en 2006 por difundir el odio. Entonces Kotleba fundó un nuevo partido y cambió el uniforme por un traje y los mítines neonazis por la retórica racista y contra la inmigración, con un énfasis especial en la importante minoría gitana de Eslovaquia. Antes Kotleba ya había conseguido el puesto de gobernador de Banská Bystrica, en el centro del país, con un discurso abiertamente racista contra los romas, lo que explica muy bien la profundidad del sentimiento xenófobo en esta parte de Europa.

Con catorce diputados en un Parlamento de ciento cincuenta escaños, Nuestra Eslovaquia no tiene mucho peso en la política nacional, pero sí ha ganado visibilidad. Kotleba, un antiguo maestro de escuela, ha sabido capitalizar el discurso contra la inmigración que en las últimas elecciones había entrado a formar parte del programa de casi todos los principales partidos políticos —incluido el del primer ministro Robert Fico—, que así intentaban dar respuesta al descontento por la oleada de refugiados. Pero el resultado ha sido que la extrema derecha se ha aprovechado del racismo desinhibido. El discurso antieuropeísta, crítico con la UE y la OTAN, también forma parte del programa de Kotleba, así como el rechazo a la homosexualidad, todos elementos de un discurso que funciona especialmente bien en las regiones más pobres, lejos de la ahora deslumbrante Bratislava, una de las capitales más caras de Europa y sede de numerosas empresas de alta tecnología.

Eslovaquia forma parte de la eurozona, a diferencia de la República Checa, y esta es una de las razones por las que ahora vive un importante boom económico, que coloca al país en una situación más abierta al compromiso con Bruselas y menos dada al discurso antieuropeísta. El problema es que coexisten dos países en uno: las ciudades y el mundo rural, donde Kotleba hace campaña. En 2015 se celebró un referéndum contra el matrimonio homosexual y la adopción por parte de parejas del mismo sexo, promovido por Alianza por la Familia (AZR), que reunió cuatrocientas mil firmas para convocarlo y fracasó al no superar la participación del 50 por ciento del censo. La razón de que solo un 33 por ciento de los votantes acudiera a las urnas, señalan los sociólogos, es que sus organizadores —que contaban con el apoyo de la Iglesia católica— esperaban una mayor respuesta en las ciudades, donde tuvo escaso eco. Pero los representantes de AZR ya tienen en marcha una nueva campaña para otro referéndum. Quieren que los padres puedan negarse a que sus hijos reciban formación en materias como la educación sexual o la eutanasia.

CHEQUIA: POPULISMO DE DISEÑO

En la República Checa el populismo tiene otras formas; más suaves, pero también extravagantes, porque en las últimas elecciones legislativas triunfó el multimillonario Andrej Babiš, líder de la populista y euroescéptica Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO), al que muchos comparan con Silvio Berlusconi o con Donald Trump, aunque no se parezca mucho ni a uno ni al otro, a no ser por su condición de hombre de negocios triunfador. Babiš fundó ANO (acrónimo que en checo significa «sí») en 2011 y consiguió un buen resultado en los comicios de 2013. Gracias a ello entró en el Gobierno de coalición con socialdemócratas (CSSD) y democristianos (KDU) como viceprimer ministro y responsable de Finanzas hasta que fue destituido en mayo de 2017, a pocos meses de las elecciones.

El partido de Babiš obtuvo el 29 por ciento de los sufragios, seguido por los conservadores del ODS del empresario de origen japonés Tomio Okamura, con el 11,3 por ciento, y el Partido Pirata (Piráti), que se presentaba por primera vez a unos comicios, con un 10,8 por ciento. La ultraderecha checa (SPD), con un discurso contra los gitanos, los musulmanes y los refugiados en general, también superó el 10 por ciento y entró en el Parlamento, pese a que en Chequia apenas hay inmigrantes y solo ha acogido a doce refugiados de los 2.691 que le asignó Bruselas. Los socialdemócratas (CSSD), que presidían el Ejecutivo, perdieron más de la mitad de su electorado y se quedaron en un 7,3 por ciento.

Babiš, de extracción humilde, es el propietario del grupo Agrofert, con intereses en prácticamente todos los sectores productivos. Su fortuna personal asciende a unos 4.100 millones de dólares, según la revista Forbes, y es propietario de dos importantes diarios de tirada nacional y dos cadenas de televisión y de radio, lo que le pone en una situación similar a la de Berlusconi. En 2017 fue acusado de evasión fiscal y uso fraudulento de fondos comunitarios en sus empresas y se le retiró la inmunidad parlamentaria para que la Fiscalía del Estado pudiera proceder. Su discurso, como no podía ser menos, se basa en la ya clásica dicotomía populista del eje «los de abajo contra los de arriba» y en la denuncia de la corrupción, el euro y los inmigrantes. Babiš desdeña a la clase política tradicional con independencia de si son de izquierdas o de derechas, y se presenta como un gran gestor, capaz de llevar a Chequia con la misma eficiencia con la que logró el éxito de sus empresas. Si Babiš ya lidera un partido euroescéptico, el SPD de Okamura le supera. Está abiertamente en contra de la UE, rechaza la inmigración y se opone al islam. Ni uno ni otro, sin embargo, parecen dispuestos a abandonar el club europeo, como buenos hombres de negocios. En Bruselas se entiende que una cosa es el populismo electoral y otra el ejercicio del Gobierno.

Por su parte, el presidente de la República Checa —un cargo esencialmente representativo, pero al que corresponde encargar la formación de Gobierno tras las elecciones legislativas y el nombramiento de jueces— es Miloš Zeman, asimismo un notorio euroescéptico. En enero de 2018 Zeman consiguió revalidar su cargo por otros cinco años, al ganar en la segunda vuelta por un estrecho margen al independiente y europeísta Jiří Drahoš. Populistas pero pragmáticos, Zeman y Babiš se sostienen mutuamente; el segundo apoyando al primero en la campaña de las presidenciales y este, a su vez, proponiendo a Babiš para seguir al frente del Ejecutivo pese a su minoría en el Parlamento, hasta conseguir el apoyo de los socialdemócratas.

Polonia, Hungría y Checoslovaquia formaron el Grupo de Visegrado el 15 de febrero de 1991 en la localidad húngara de este nombre, rememorando una vieja alianza, un pacto de no agresión que firmaron en 1335 los soberanos de Hungría, Polonia y Bohemia. Se trataba de establecer una cooperación entre estos tres Estados —que con la división de Checoslovaquia pasaron a ser cuatro— para acelerar el proceso de integración europea. Una vez que se produjo la adhesión, en 2002, el G-4 se transformó en una coalición cuyo fin era enfrentarse a las decisiones de Bruselas que pudieran perjudicar a estos países o contravinieran los intereses políticos de los Gobiernos de turno. Y funcionó relativamente bien, hasta el punto de que Alemania mantiene reuniones periódicas con este grupo. Ahora lo que está en juego es la capacidad de Europa Central para influir, o incluso detener, iniciativas como la Europa de varias velocidades que promueven París y Berlín como elemento determinante de la futura reforma de la Unión.

Pero la discordia ha empezado a crecer entre los líderes de los cuatro países. La Francia de Macron ha impulsado una serie de normas laborales transfronterizas para endurecer las regulaciones sobre trabajadores empleados por una empresa local que trabajan en países de la UE que no son el suyo. El modelo actual hace que sea muy fácil para los empleadores evitar el pago de las contribuciones a la Seguridad Social en países como Francia, donde son más altas. Para el presidente francés se trata de un «dumping social». Eslovaquia y la República Checa apoyaron el proyecto de Macron, pero Polonia y Hungría lo rechazaron, argumentando que la reforma acabará socavando el mercado único y perjudicará a sus ciudadanos. Lituania y Letonia también se opusieron a la medida.

Lo que en realidad preocupa a Budapest y a Varsovia es que el acuerdo abra la puerta al proteccionismo dentro del mercado común al establecer un precedente para elevar los estándares, lo que colocaría a los países más pobres de la región en una clara desventaja. En cualquier caso, la iniciativa de Macron ya ha tenido el efecto de abrir una brecha en el Grupo de Visegrado. La diplomacia francesa lo niega, pero el presidente francés se ha cuidado de cultivar abiertamente la relación con los líderes de Eslovaquia y la República Checa —a quienes, en comparación con Orbán y Kaczyński, se los considera pragmáticos—, y se ha reunido con ambos. De hecho, se especula con que el nuevo líder checo, Andrej Babiš, podría alejarse de la alianza, que no parece estar entre sus prioridades.

FANTASMAS BALCÁNICOS

Tras la entrada de la pequeña Eslovenia en el club europeo, cuando la gran ampliación al este de 2004, el siguiente Estado procedente de la desmembración de Yugoslavia en hacerlo fue Croacia, en 2013. El populismo y el ultranacionalismo son algunas de las señas de identidad de este país del Adriático, cuyo oscuro pasado nazi se proyecta en el presente. Durante la década de 1930, cuando al amparo del Tercer Reich se creó el Estado Independiente de Croacia (NDH) —una nación títere del nazismo—, la Ustacha, una organización terrorista basada en el supremacismo croata y un racismo religioso, ocupó el poder y practicó una crueldad extrema contra los serbios, los judíos, los gitanos y cualquier otra minoría en campos de exterminio iguales que los alemanes. Tras la guerra y en la Yugoslavia del mariscal Tito, este tipo de organizaciones desaparecieron. Pero cuando estalló la guerra yugoslava a principios de la década de 1990, del mismo modo que surgieron grupos de extrema derecha serbios, también reaparecieron formaciones que se miraban en la Ustacha y volvieron a demostrar su crueldad en aquel conflicto. Tras la independencia de Croacia, parecieron desvanecerse, al menos sobre el papel.

Han pasado casi dos décadas del fin de aquel conflicto y Croacia es miembro de pleno derecho de la UE. El actual Gobierno de Zagreb lo forma una coalición de centro-derecha dominada por el histórico partido conservador católico HDZ junto a los extremistas HSP y HCSP. Entre los lemas oficiales de esos grupos, figura el saludo ustacha «za dom spremni» («listos por la patria»), y algunos de sus militantes no esconden sus simpatías por el régimen pronazi croata. Ivan Tepeš, vicepresidente del Parlamento y líder del HSP, participa en manifestaciones ultranacionalistas en las que se corea este saludo, que se oye frecuentemente en los estadios de fútbol y en conmemoraciones históricas con toda impunidad. El ministro de Cultura, Zlatko Hasanbegović, del conservador HDZ, considera que los miembros de Ustacha fueron «héroes y mártires», y recientemente este historiador de formación ha elogiado el documental Jasenovac, la verdad, sobre el campo de trabajo de Jasenovac, donde Ustacha cometió todo tipo de atrocidades y exterminó comunidades enteras de forma sistemática. Los prisioneros eran ejecutados a tiros, martillazos y hachazos, o degollados con un cuchillo al que los verdugos llamaban el «mataserbios». Según el titular de Cultura, Jasenovac no era un lugar de exterminio, sino un simple «campo de trabajo», y las matanzas las habrían cometido partisanos antifascistas después de la Segunda Guerra Mundial.

El europeísmo croata es bastante tibio. El referéndum de 2012 sobre la entrada en la UE se saldó con un 66 por ciento a favor y un 33 en contra, pero con una participación de tan solo el 44 por ciento del censo, una cifra muy baja si se tiene en cuenta que, para Croacia, la entrada en el club europeo era el verdadero espaldarazo de las naciones civilizadas a un país que salía de una mortífera guerra en la que se cometieron todo tipo de atrocidades, muchas en el bando croata. Tres años después de su ingreso en la UE, la situación económica sigue siendo negativa, con un 16,2 por ciento de paro y un crecimiento inferior al 2 por ciento. Los fondos de cohesión y estructurales que llegan de Bruselas y se pueden visualizar en la construcción de importantes infraestructuras podrían estar cambiando esta percepción, junto con el hecho de que su archienemigo, Serbia, sigue llamando sin éxito a la puerta de la UE. Pero Croacia continúa enredada en el laberinto balcánico —mantiene malas relaciones y reivindicaciones territoriales con la mayoría de sus vecinos— y es incapaz de ejercer un mínimo liderazgo en la región.

En Rumanía el problema no es tanto la extrema derecha, sino la corrupción que todo lo engulle y se muestra con un descaro difícil de creer. La única formación de extrema derecha es el Partidul România Mare (Partido de la Gran Rumanía, PRM), liderado por Corneliu Vadim Tudor, que en el año 2000 consiguió llegar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, para luego perder por un gran margen frente al incombustible Ion Iliescu. Lo más sorprendente del PRM es que fue creado por el propio Iliescu a principios de la década de 1990 para fingir pluralidad financiando formaciones que tuvieran un discurso de oposición, pero que en la práctica colaboraran con el poder. Actualmente, sin embargo, el PRM ha quedado reducido a una fuerza marginal con solo un 2,3 por ciento en las últimas elecciones.

De la disfuncionalidad de la Rumanía actual, todavía ajena al fenómeno de los nuevos populismos, da idea el hecho de que, tras ganar las elecciones los socialdemócratas del PSD con un abrumador 45,5 por ciento de los votos, a los pocos meses el primer ministro Sorin Grindeanu fue destituido por una moción de censura de su propio partido. Lo cierto es que Grindeanu había encabezado las listas del PSD porque su líder Liviu Dragnea no podía ser primer ministro por haber sido condenado por corrupción. Según la prensa rumana, Dragnea habría exigido al jefe de Gobierno que impulsara medidas para reducir las penas de políticos corruptos, a lo que Grindeanu se opuso, lo que acabó costándole el cargo. El nuevo primer ministro es el antiguo titular de Economía, Mihai Tudose. La población rumana, sin embargo, no se conforma con esta situación y periódicamente sale a la calle para protestar contra la corrupción, sin demasiado éxito por el momento.

En Bulgaria la extrema derecha entró en el Gobierno en 2017, por primera vez desde la caída del régimen comunista en 1989. El populista Boiko Borísov, de la conservadora Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB), ostenta por tercera vez desde 2009 el cargo de primer ministro, pero ha tenido que pactar con una coalición de ultraderecha llamada Patriotas Unidos, una alianza de tres formaciones con un discurso xenófobo y euroescéptico. El GERB tiene 90 escaños y junto a Patriotas Unidos alcanza una ajustada mayoría de 122 diputados. No deja de resultar inquietante que uno de los líderes de Patriotas Unidos, Valeri Simeonov, ocupe la cartera de Economía y Política Demográfica y que el ultranacionalista Krasimir Karakachanov sea el responsable de Defensa y de Seguridad Nacional.

Si Rumanía tiene serios problemas de corrupción política, en Bulgaria se trata de corrupción policial y crimen organizado. Bulgaria es el país más pobre de la UE y, diez años después de su entrada, sigue bajo la tutela de Bruselas y fuera del espacio Schengen, que permite viajar sin pasaporte. El acuerdo de Gobierno contempla que a lo largo de la legislatura el salario mínimo pase de los actuales 230 euros a 325 y que la pensión mínima aumente de 80 a 100 euros mensuales. En las últimas décadas, más de dos millones de búlgaros han emigrado, lo que ha creado una grave crisis demográfica. Una quinta parte de los siete millones de habitantes del país vive en situación de pobreza, mientras que otro tercio de la población tiene serios problemas para llegar a fin de mes, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, la palabra «pobreza» no figuraba en ninguno de los programas de los partidos que se presentaron a los comicios.

EPÍLOGO

LA RESPUESTA DE EUROPA

Si bien las campanas no están doblando a muerto por Europa, no obstante, se han desatado a tocar a rebato desde hace varios años, y ha llegado la hora de proponer a los pueblos algo distinto, de restablecer aspiraciones razonables, políticas y ambiciosas.

Michel Barnier, que ha dedicado lo esencial de su vida política a Europa, en calidad de ministro, parlamentario y comisario, insiste en el paralelismo de varias gráficas: la del voto populista, la del paro, la distancia hasta la estación más próxima, la distancia hasta el médico más cercano. A su parecer, Europa debe dedicarse a estos males sociales si quiere que baje el voto en los extremos y el sentimiento antieuropeo. «Tomar a Europa como chivo expiatorio es un punto en común de los populismos, salvo algunas excepciones, como en Cataluña. Los populistas halagan los sentimientos antieuropeos atribuyendo la culpa de la pobreza y la exclusión a Bruselas.»

Europa tiene que solucionar los problemas de los ciudadanos y al mismo tiempo repensar su acción y su legitimidad en un nuevo marco político. Pues, a los problemas económicos y sociales de los pueblos, se han añadido las disfunciones institucionales de la Unión. La inevitable dilución en la ampliación insoslayable, impuesta por las felices contingencias de la vida geopolítica —el final del imperio soviético—, ocasiona paralizaciones o lentitudes demasiado frecuentes. En lo sucesivo, la Unión debe crecer no en tamaño, sino en madurez, profundizarse más que agrandarse. La Europa construida de 1947 a 2017, de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero hasta el brexit y los brutales asaltos populistas de los últimos recuentos de votos importantes que se organizaron entre sus miembros, ha quedado desfasada. No obstante, el tiempo se acaba, con una resistencia sorprendente ante los demagogos y con la buena reacción al brexit: firmeza frente a los británicos y comienzo de una nueva fase política con el discurso de Macron. La futura Europa, la de la integración total de ciertas políticas públicas, la de las instituciones más legítimas para el pueblo y más eficaces frente al mundo, está ante nosotros. El círculo de los veintiocho —muy pronto veintisiete— miembros es demasiado amplio, como también lo es el del euro y sus diecinueve miembros. La refundación europea será asunto de unos cuantos pioneros, y ese es todo el reto del quinquenio del presidente Macron (cuyos grandes rasgos trazó en su discurso fundamental en La Sorbona el 26 de septiembre de 2017) como el del nuevo mandato de la canciller Merkel (que desde marzo de 2018 cuenta con una grosse Koalition, o gran coalición formada con el SPD, y un Gobierno operativo). Esta nueva Europa debe responder a lo que Marcel Gauchet llama la «cuestión decisiva», la del lugar del viejo continente en el mundo, es decir, su capacidad de hacer que sus ciudadanos suban al tren de la mundialización, no de hacerlo descarrilar ni mirarlo pasar.

El filósofo Josep Ramoneda lo deplora: «Las pruebas de una regresión autoritaria en Europa son evidentes. Lo establecen la legislación antiterrorista, la política salarial o las gráficas de la fiscalidad. Los más ricos, que pagaban el 70 por ciento de los impuestos en los años sesenta, no pagan casi nada hoy día. De hecho, no hay posideologías en Europa, no hay más que una ausencia de proyecto político. Se tiene un proyecto político y el poder, o si no, no se tiene nada». Los gobiernos se vuelven rígidos, se «populizan» porque los movimientos extremistas los amenazan en las urnas; entonces estos partidos se endurecen a su vez para afirmar su diferencia. Los ecos de Marine Le Pen en Francia o de Geert Wilders en Holanda no deben ocultar la realidad, que bien ilustran los progresos de la AfD en Alemania, de la Lega Nord, de Fratelli d’Italia, del Movimento 5 Stelle y de otras pequeñas formaciones en Italia. El agua populista va subiendo cada vez más alrededor de la fortaleza de la UE. Las votaciones de 2019, a pesar de las diferencias de modos de escrutinio de un país a otro y de las potentes divergencias entre los partidos soberanistas, serán las elecciones de todos los peligros. Los antieuropeos no serán mayoritarios en el Parlamento de Europa, pero pueden alcanzar una minoría de bloqueo que obligue a la coalición ganadora a legislar en una frágil mayoría relativa. También pueden llevar al Partido Popular Europeo, la mayoría saliente, a endurecer sus posiciones y a convertirse en euroescéptico por instinto de supervivencia, como camaleón ideológico.

En todo caso, en esta desagregación, Europa tiene varias oportunidades. Por una parte, sigue manteniendo la confianza de una mayoría de los ciudadanos de la Unión, aun cuando a veces es necesario recurrir a las sutilezas del modo de escrutinio para que esta mayoría pueda asentar su poder. Además de la paz, Europa ha consolidado libertades fundamentales y progresos sociales de la mayor importancia, por contagio de los modelos. Y si la competición mal organizada entre sus miembros ha alcanzado desde hace veinte años el resultado contrario, a fuerza de competencias desleales, la máquina del progreso conjunto puede volver a ponerse en marcha en la buena dirección. Además, aun cuando los electores duden de Bruselas, rechazan aún más las soluciones populistas, principalmente la salida del euro, que se percibe como lo que en realidad sería: un empobrecimiento brutal de la nación fugitiva, con una excepción quizá si se tratase de Alemania, la única economía viable en solitario, o de uno de los paraísos fiscales alojado en la Unión. Por último, el brexit es la ocasión histórica de lanzar, al lado de la «Europa espacio», horizontal y superficial, por la que se circula y en la que se intercambia, una «Europa árbol», que fusiona sus reflexiones, coordina sus acciones y forja lentamente una identidad común. Si esta oferta común, primero pensada y puesta en práctica por unos cuantos, no acude a la cita en los próximos años, las poblaciones de los países más grandes, unas tras otras, colocarán la idea de «comunidad nacional» por delante de la de la Unión, incluso levantarán la primera contra la segunda y pronto se dará al traste con Europa. Este es el movimiento nefasto que los populistas han tratado ya de catalizar en las elecciones recientes en Alemania, Francia, Italia, Austria y los Países Bajos, entre otras.

Frente a esta tendencia, lenta pero pesada, la réplica no puede ser una mitología, como en 1957 con el Tratado de Roma, ni tampoco una mitomanía, como en el año 2000 con la agenda de Lisboa. El sueño federal sin duda alguna se acabó. O, más bien, para ser virtuoso y no convertirse en una quimera, aterradora para los escépticos y desalentadora para sus seguidores, permanecer en estado de sueño. Los Estados Unidos de Europa o, mejor, la «nación europea», es el horizonte que va retrocediendo siempre ante el marino pero este nunca deja de tener la mirada fija en él.

Dentro del principio de realidad, hay una primera escuela de pensamiento que aboga por la profundización de Europa por integración, la más lograda de las políticas llevadas a cabo. «La europeización de las grandes políticas públicas es también la seguridad de reducir el nivel de gastos públicos en cada uno de los Estados miembros realizando economías de escala», adelanta el politólogo parisino Dominique Reynié. «Europa es el continente que inventó el movimiento obrero, el Estado social, aun cuando fuera durante un tiempo el de la barbarie», recuerda el socialista francés Jean-Christophe Cambadélis. «Europa ha dado sus cartas de nobleza a la democracia, al Estado de derecho, a la separación de los poderes, a la protección social y a la de los individuos.»

Esta estrategia, que pasaría por nuevos tratados de abandonos de soberanía y por la transferencia a Bruselas de competencias suplementarias, deja escéptico al antiguo ministro de Asuntos Exteriores Hubert Védrine (1997-2002) que sin embargo era un eurófilo incontrovertido —pero temperado—, como él mismo escribe en Sauver l’Europe!: «Frente a la crisis, las propuestas de los medios europeístas dependen prácticamente todas de la huida hacia delante institucional. So pretexto de audacia, de coraje, de iniciativa y de sobresalto, se trata de integrar aún más la zona euro (…) No se ve muy bien en qué podría esto despertar la confianza de los pueblos en la construcción europea, a no ser que se sueñe con crear así una nueva fuente de dinero público. Se sabe que ningún nuevo tratado, sobre todo si es más integracionista, sería ratificable en el contexto actual». La ambición de unos frente al realismo de los otros.

Antes de hablar de «tratados» o de «instituciones», primero hay que refundar el pensamiento de Europa, reavivar la idea europea. A esto se ha dedicado Emmanuel Macron desde su llegada al poder, en sus viajes por Europa y sobre todo en su gran discurso del 26 de septiembre de 2017, en la Universidad de La Sorbona. Celebrada al día siguiente de las elecciones legislativas en Alemania, esta ponencia ha permitido relanzar la reflexión política sobre los objetivos y el funcionamiento de la Unión política. El presidente francés considera que esta evolución domina las reformas institucionales, ya que adoptar un nuevo tratado es peligroso, así como el contenido técnico de las políticas que se han llevado a cabo. ¿Qué filosofía, qué valores, qué humanismo poner de relieve para convencer a los ciudadanos de que lo europeo es superior a lo nacional? La idea única de la paz ya no basta para unos pueblos que piensan —y se equivocan— que la guerra está obsoleta y es imposible en nuestras tierras. Toda la primera parte del discurso de Macron tiene que ver con esta filosofía. Él no oculta su ambición: refundar la Europa política sobre una matriz intelectual francesa. La canciller alemana, que releyó varios días antes de enunciarse el borrador del discurso del presidente francés, lo aprobó «con reserva de algunos detalles».

Con temor al «europeísmo», varios círculos de pensamiento abogan sobre todo por un pragmatismo ambicioso, apoyado en los países motivados y sobre una nueva subsidiariedad, en el único marco que hoy les parece practicable y que Jacques Delors llamaba «federación de Estados nación». Una expresión que Védrine considera un «oxímoron inteligente que Delors empleaba, además, en un sentido bastante federal, pero en el que cada palabra cuenta, incluso Estados y naciones».

El antiguo ministro de Asuntos Exteriores francés propone un método en tres tiempos —pausa, conferencia, refundación—. En este caso se trata de detener la integración de las políticas europeas, con el fin de convocar una especie de asamblea constituyente de la que debe salir una nueva filosofía, una especie de nuevo Tratado de Roma, que permita a la vez redefinir las misiones de Europa e integrar la problemática identitaria en esta orientación. Védrine va incluso a redactar el manifiesto que se supone que fundará esta era inédita, esta Europa del siglo XXI, menos determinada por la memoria de los dos conflictos mundiales y la presión de la Guerra Fría, más adaptada a las tormentas de la mundialización. Le da la forma solemne de un «Escrito dirigido a los pueblos» y redacta un modelo: «Pueblos de Europa, estáis apegados a la identidad y la soberanía que habéis conservado. Es legítimo. La construcción europea no tiene por finalidad disolver vuestras identidades, sino aportarles un valor añadido. Necesitamos ser fuertes juntos para que Europa tenga su peso en el mundo. Nuestra soberanía la ejerceremos en común, pues somos interdependientes, pero os comprendemos y decretamos un descanso para reflexionar y hacer balance antes de ponernos en marcha de nuevo».

Este stop and go que pretende hacer una pausa en Europa para limpiarla, volver a enmarcarla y ponerla sobre los rieles adecuados presenta una doble ventaja: apaciguar a las poblaciones furiosas antes de que pongan a populistas eurófobos a la cabeza de las principales naciones, y volver, después de la pausa, a reemprender una marcha clásica en su desarrollo, es decir, los pormenores diplomáticos e intergubernamentales que están vigentes desde el Tratado de Roma. Pero este método implica también un doble riesgo. Primero, nada garantiza que saldremos de la «pausa». Una vez que esté en suspenso la voluntad unionista, es probable que los egoísmos la paralicen definitivamente. Si la teoría de la bicicleta (se pedalea o se cae) no basta, por cierto, para justificar todos los avances, cualesquiera que sean sus vicios, sin duda alguna funciona en el otro sentido: cuando se ha puesto pie en tierra, volver a subirse al sillín es más arduo que nunca. Y también, aun cuando la «pausa» sea virtuosa, no es seguro que la «conversación» europea pueda reemprender su curso con eficacia. Tal vez sea una lengua muerta la que prevaleció en el siglo XX, adaptada al compartir ideas y proyectos dentro de un puñado de naciones similares por la herencia cultural y el proyecto democrático, y no la Torre de Babel en que se ha convertido la Unión ampliada hacia el este y sometida a las cacofonías de la mundialización.

Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, no se somete a tales conjeturas y busca respuestas concretas al ascenso de los populismos y, ante todo, a la crisis económica. En julio de 2014 presenta su plan para relanzar la industria en Europa. Prevé trescientos quince mil millones de euros de inversión de 2015 a 2017, garantizados por un reembolso de posibles pérdidas más adecuado: el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), respaldado por el Banco Europeo de Inversiones, y su respuesta económica a las causas del populismo.

Michel Barnier, por su parte, insiste en la necesidad de restaurar la función protectora de Europa, para no dar tanto pie al discurso populista. Propugna también la creación de una fuerza de protección civil, cuyas intervenciones en catástrofes naturales, o a guisa de prevención, mostrarán concretamente que la UE es útil a la hora de ayudar a sus ciudadanos. Esta filosofía de la protección también la desarrolla Emmanuel Macron en su discurso del 26 de septiembre de 2017. El presidente francés reúne la lucha contra el terrorismo, la defensa militar y la convergencia de los derechos sociales y las políticas fiscales bajo el mismo vocablo de «la Europa que protege».

Desde que fue elegido, el presidente francés no deja de abogar por la «refundación» de Europa. De entrada, reanudó un diálogo intenso con Alemania, volvió a poner a Francia dentro de las líneas de sus compromisos presupuestarios y efectuó una vuelta a Europa para sentar las bases de la famosa «refundación». Su breviario lo planteó en términos casi definitivos en Salzburgo, donde Emmanuel Macron se expresó junto con los responsables austríaco, eslovaco y checo, el 23 de agosto: protección contra el terrorismo, organización frente a las migraciones, armonización fiscal, revisión de la directiva sobre los trabajadores desplazados, presupuesto común, Parlamento de la zona euro, etcétera. «Por mi parte estoy convencido —y este es el compromiso que he adquirido en la campaña francesa— de que Europa necesita un momento de refundación importante.»

Seguidamente, esta visión adoptó la forma del largo discurso pronunciado en La Sorbona, el 26 de septiembre, detallando su plan de acción, aunque su calendario sigue sin ser preciso. Esta lista de proyectos, si se añade al estancamiento de Angela Merkel en sus negociaciones para construir una coalición mayoritaria, instala a Macron al mando de Europa. Vista desde dentro de los veintisiete países de la UE como desde el resto del mundo, la capacidad de iniciativa es ahora francesa. Emmanuel Macron no podrá escribir lo que quiera en el guion del futuro, pero tendrá en sus manos la pluma y elegirá el color de la tinta.

Además de la lucha coordinada contra el terrorismo, el relanzamiento de la defensa europea y la armonización de las políticas de asilo e inmigración, Macron abre tres proyectos: económico, cultural y político. El primero apunta a reforzar la zona euro, a dotarla de presupuesto; aquí hay un desacuerdo manifiesto con Jean-Claude Juncker, igual que con lo más importante de la derecha alemana. Los liberales, principalmente, se oponen a toda reorganización que pudiera alentar las derivas presupuestarias de los Estados menos rigurosos. A pesar de que Macron al parecer ha renunciado a la creación de un Ministerio de Finanzas para la zona euro, insiste sobre todo en la creación de una gama de tasas impositivas a las sociedades. A semejanza de la serpiente monetaria, que en otro tiempo impedía que las monedas se alejaran en exceso unas de otras, esta franja evitaría la competencia desleal. El objetivo es también iniciar una armonización, una convergencia de los modelos sociales, empezando por el salario mínimo. Por otro lado, la generalización de un impuesto sobre las transacciones financieras, cuyo producto se destinaría a la ayuda al desarrollo, podría ser una respuesta de fondo al problema de las migraciones. Por último, la acción rápida y bastante eficaz de Emmanuel Macron para reunir a una mayoría cualificada para revisar el estatuto de los trabajadores desplazados, ha mostrado su relevancia y su voluntad de deshacer aquello en lo que Europa había fracasado o que ha producido efectos perversos.

La obra cultural se preocupa de la juventud. La creación de una red de universidades europeas que permitan un Erasmus de la enseñanza superior, que cada ciudadano domine dos lenguas europeas además de la materna y que todo joven antes de cumplir los veinticinco años pase un periodo de seis meses en otro país de la UE son los puntos fuertes. Pero el presidente francés añade una reflexión sobre lo intraducible y lo indecible presentes en cada cultura, en cada nación. Esto vincula los debates económicos a las constantes culturales; así, dice Macron, la palabra «deuda» no tiene el mismo sentido, no refleja el mismo sentimiento en Francia y en Alemania. Igualmente, «lo indecible de Alemania es la transferencia de financiamientos; para Francia, es el tratado». La cultura, las culturas, para relanzar Europa. Este respeto por las identidades lo preconiza también Michel Barnier, antiguo comisario encargado de las «regiones». «Europa debe estimular el compartir de las culturas sin negar las identidades nacionales», explica. «El general De Gaulle decía que “La UE no debe mezclar a los pueblos como si fueran puré de castañas”. Es exactamente así. Es necesario que esté unida pero no que sea uniforme. Pero es complicado.»

La obra política e institucional es de primera importancia en el proyecto de Macron, pero es prudente. Propone crear listas transnacionales para las elecciones al Parlamento Europeo, empezando por la reasignación a esas listas de setenta y tres escaños de diputados liberados por los británicos para el escrutinio de 2019; en 2004, todas las listas, según él, deberían ser transnacionales, distinguidas por su opción política y no por su nacionalidad. Esta reforma aterra ya a los pequeños países, que temen ver diluida su representación. La proposición siguiente tendrá el mismo efecto: pasar de una Comisión de treinta miembros a un equipo de quince miembros. Aunque imprescindible para ganar en eficacia y desligar definitivamente a los comisarios de los intereses nacionales de sus países de origen, resultará complejo hacer que se adopte esta modificación. Por difíciles que sean estas ideas son fundamentales si se quiere quitar a los populistas un argumento contundente (la ineficacia opresiva de Bruselas) y un campo de batalla favorable a sus tesis (el terreno nacional en las elecciones al Parlamento Europeo). Al no sugerir más que la fusión entre la presidencia de la Comisión y la del Consejo de Europa, Jean-Claude Juncker propone la oferta más baja y a la vez es más tecnócrata. Presentar listas transnacionales es la etapa constitutiva de una ciudadanía europea, la que sentará las bases de una nación europea. Así pues, Emmanuel Macron se inscribe en la perspectiva de un relanzamiento profundo de una Europa política.

Wolf Lepenies, sociólogo y politólogo alemán, ocupó durante un tiempo la cátedra europea del Colegio de Francia. Su lección inaugural se tituló «La fin de l’utopie et le retour de la mélancolie. Regards sur les intellectuels d’un vieux continent» («El final de la utopía y el retorno de la melancolía. Visión de los intelectuales de un viejo continente»). Hoy considera que un «momento francés» se está abriendo en Europa.

Alemania se ha felicitado mucho tiempo —irritando a los demás— de estar aparte, de tener algo especial. La Deutscher Sonderweg, la «vía particular alemana», fue parte de la comprensión propia, desarrollada en Alemania, del tardío proceso de unificación de la nación, en el siglo XIX, hasta la reunificación. Esto ha cambiado. Tras la crisis del euro y de los inmigrantes, Alemania, tal como está representada por el mandato duradero de Angela Merkel en la Cancillería, no ha sido capaz de forjar, de diseñar políticas europeas. En política interior, la gestión de los migrantes incluso ha permitido la formación de un partido de extrema derecha por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Pero todo esto no debe ser causa de preocupación. El «regreso a la normalidad» no es el peor de los mantras en política. Y aparece también como un alivio el que no pueda ni quiera pretender por más tiempo ser un modelo para los otros países europeos. Sin embargo, esto se presenta en el momento en que Francia, por iniciativa de Emmanuel Macron y gracias al brexit, una vez más, empieza a tener un papel decisivo en los asuntos europeos. Aunque esto pueda golpear el orgullo germánico, hay que recordar que Europa adopta siempre un giro favorable cuando Francia asume el papel de líder político del continente y Alemania se limita a representar el papel principal en el desarrollo económico.

Es demasiado pronto para saber si esta nueva etapa se atravesará con éxito, pero con Emmanuel Macron hay un voluntarismo, una audacia e incluso una fiebre que atrae. No obstante, esta refundación depende de múltiples factores que escapan a la voluntad de los dirigentes (principalmente los resultados de las elecciones nacionales, cuyo calendario es un campo de minas en medio del cual no deja de bailar la Unión), e incluso escapan a la de los pueblos (el retorno de la crisis económica —abundan las burbujas— y el ascenso de los peligros —rugen las bombas—). A pesar de todo, es posible pensar ahora «la Europa 5G»; las cuatro primeras generaciones se han regido por la paz, las políticas comunes, la moneda única y la ampliación.

Esta Europa será primero la de un pequeño grupo de países, sin duda más estrecho aún que el club de las seis naciones de los orígenes, decidiendo integrar lo más posible y lo más deprisa posible, todas las políticas posibles. Fiscalidades, estrategias económicas, objetivos sociales, ambiciones educativas, esfuerzos de investigación e irradiaciones culturales, entre otras, se coordinarían poderosamente, a la espera de una fusión. Esta utopía, en el fondo, no es menos realista que la reconciliación de Alemania y Francia menos de quince años después del final de la Segunda Guerra Mundial, o que la RFA abandonara el marco a cambio de la reunificación alemana en 1990.

Aunque parezca imposible, es una nación europea la que puede servir de nuevo horizonte, superando el sueño federalista de antaño. En el contacto áspero con la realidad, este ideal encontrará sus limitaciones y sus contornos definitivos, pero la puesta en común será más importante de lo que nunca lo ha sido en la historia del continente y permitirá combatir mejor a los populismos. Estos, en efecto, quedarían inscritos dentro de un nuevo campo y ya no podrían acusar a un peligro o a un responsable externo, a luchar o a abandonar. Esta «nacionalización» de la eurofobia tendría la virtud de contenerla en un espacio democrático circunscrito, de delimitarla en el mismo terreno que las demás fuerzas políticas. Esto no haría que el populismo fuera menos peligroso, pero le quitaría un margen de maniobra. La fiera nacionalista ya no estaría en una jaula pero no evolucionaría en una selva sin barreras; estaría en el zoo.

Cualesquiera que sean los retos y sus fundamentos, esta nueva Europa estará permanentemente bajo amenaza, y con ella todo el edificio democrático, otro blanco del populismo. «El nacionalismo es la guerra», demostró François Mitterrand en su gira de despedida de 1995 ante el Parlamento Europeo. Es precisamente lo que está en juego en los años que vienen. Si el populismo se impone en un número importante de naciones, o bien en las elecciones europeas de 2019, será inevitablemente nacionalista, primero por la economía, luego por la política y quizá finalmente por las armas. Si la situación de los individuos más maltratados por la mundialización mejora en la mayoría de los países, principalmente Francia, Italia y España, si la situación económica y geopolítica aligera las presiones migratorias, si los dirigentes más visibles diseñan un proyecto inspirador para los pueblos, entonces la integración europea proseguirá y el populismo se verá reducido a iras domésticas y efímeras.

Regresar al siglo XX y sus tormentos trágicos, o bien inventar el siglo XXI y escribir su epopeya, esta es la alternativa en la lucha actual entre los populismos y Europa.

AGRADECIMIENTOS

J. M. Martí Font quiere agradecer su colaboración a Nick Malkoutzis, Alexandra Voudouri, Saskia Otter, Rachel Esner, Isabel Ferrer, Daniel Verdú, Sandra Buxaderas, Silvia Mota, Joan Subirats, Josep Ramoneda, Javier Pérez Andújar, Einar Hagvaag, Roberta Bosco, Can Dündar, Enrique Müller y al Dr. Wolf Lepenies.